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Marzo de 2020

1 de marzo de 2020 · 211 notas

Notas de este número

1 de marzo de 2020
2M: marzo arranca con lucha

El inicio de las sesiones legislativas de la Ciudad de Buenos Aires, originalmente previsto para el 2 de marzo, fue adelantada al domingo 1, entre gallos y medianoche. De este modo, Rodríguez Larreta pretende esquivar las movilizaciones de los trabajadores de enfermería y de los hospitales de salud mental y de los residentes de los hospitales porteños. Además, la docencia afiliada a Ademys ha votado el no inicio y la movilización y la confluencia con la lucha de la salud pública. Los trabajadores del subte por su parte se encuentran luchando para que sea eliminado el cancerígeno asbesto de las líneas y talleres, con una retención de tareas que van tomando cada vez más sectores. Los desocupados, por su parte, vuelven a las calles el jueves 5 frente a la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad. La lucha es salud El pasado 18 de diciembre, el movimiento de enfermería, que viene luchando contra el gobierno de la ciudad y los gremios involucrados (AMM y Sutecba) por el pase a profesional de su carrera, desarrolló un paro con movilización que finalizó con una asamblea general en Acoyte y Rivadavia. Allí, los trabajadores votaron un paro y movilización para recibir el inicio legislativo con su reclamo. Desde entonces, los trabajadores enfermería han trabajado en la organización de esta medida a través de asambleas generales abiertas y ambulantes por distintos hospitales. Enfermería lucha por el aumento salarial, por el pase de su carrera a la categoría profesional y la reducción de la jornada a seis horas por insalubridad. La lucha contra el desmantelamiento del sistema de salud mental de la ciudad, por su parte, está protagonizando un nuevo capítulo de lucha, luego de la derrota del Gobierno de la Ciudad en 2013, cuando se produjo aquel violento intento de desalojo del hospital Borda. Rodríguez Larreta ha dispuesto en una nueva ofensiva de desmantelamiento de los hospitales psiquiátricos, pero esta vez por etapas, bajo el manto de un plan de “refuncionalización” de los hospitales. Este plan se propone, desde hace tres décadas, perpetrar negocios inmobiliarios con los terrenos que ocupan. Por su parte, los capitalistas de la medicina privada, los laboratorios y los negocios ligados a la investigación en “neurociencias” se han beneficiado al amparo de la tercerización prevista en la ley de salud mental de la ciudad, inspirada por la progresía K. La última asamblea de los trabajadores de la salud mental votó asistir a la jornada de lucha de enfermería para confluir con los reclamos de la defensa de la salud mental pública, el aumento salarial, nombramientos pospuestos y la defensa de los puestos de trabajo. A inicios del verano, veinte días antes de la asamblea de enfermería que votó el paro de este 2M, Rodríguez Larreta intentaba atacar los derechos de los trabajadores residentes y concurrentes. Esto desató un movimiento masivo que derrotó al gobierno y elaboró su propia agenda de reivindicaciones por las que está luchando ahora. Frente a la falta de respuestas de la última reunión en el Ministerio de Salud, los trabajadores se han convocado también el 2M. Se ha conformado de esta manera, un movimiento de salud que avanza en la unidad y coordinación de la lucha en la conformación de una asamblea interdisciplinaria de todos los hospitales de la ciudad. Adelante, maestro Tanto UTE como Ademys han rechazado la oferta salarial de Rodríguez Larreta. En el caso de UTE, sin embargo, la conducción celeste evade el no inicio -como sí lo ha votado la asamblea de afiliados y no afiliados de Ademys- y diluye sus perspectivas en un difuso “cronograma de medidas”. En línea con el gobierno y el alcahueterismo de CTERA, UTE apoyó el resultado (mezquino) de la paritaria nacional. En el debate de la asamblea de Ademys, los compañeros y compañeras de Tribuna Docente (Tendencia) defendieron tenazmente la confluencia con los demás sectores. Esta posición se abrió paso y logró revertir la negativa de algunas agrupaciones, como el caso de Tribuna Docente “oficial”, que finalmente unificaron posición con la mayoría. Una situación similar se produjo en la asamblea de Residentes y Concurrentes, donde los compañeros de Tribuna de Salud (Tendencia) plantearon unificar con Enfermería y la agrupación Naranja del PO oficial se opuso. Finalmente, la asamblea resolvió a favor de la unificación. Este proceso, de unidad en las luchas es clave de cara al futuro y está precedido por el debate del conjunto de los trabajadores y sus expresiones gremiales y políticas de cómo organizarnos de cara a la crisis. La coordinación para sobrepasar la contención de las burocracias es de orden prioritario y esta movilización, servirá para dar paso a una unidad mayor en el conjunto de los gremios para defender nuestros derechos más elementales como son la jubilación y el salario.

1 de marzo de 2020
Alerta Salud: Larreta y AMM avanzan en un acuerdo a nuestras espaldas

Esta semana, la conducción de la Federación de Profesionales, que nuclea a las diferentes especialidades mal llamadas “no médicas” que intervienen en el sistema de salud de CABA (Psicología, Nutrición, Trabajo Social, Kinesiología, Antropología, Sociología, Comunicación, solo para mencionar algunas), denunció que fue excluida de una serie de reuniones mantenidas entre el Ministerio de Salud del gobierno de Rodríguez Larreta y la conducción de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) que dirige el radical Jorge Gilardi. Cláusula gatillo y pérdida salarial La exclusión de la Federación viola los acuerdos paritarios de 2019, que aseguraban la participación de las diferentes asociaciones firmantes. De hecho, la paritaria está vencida desde diciembre pasado, cuando se debería haber debatido y firmado un nuevo acuerdo para este año, lo que viene siendo postergado por decisión del gobierno de Larreta. Las reuniones con AMM vendrían a saldar una diferencia que los gremios mantenían con el Ejecutivo, con relación al pago de la cláusula gatillo del mes de diciembre. Según trascendió, ésta se abonaría en dos cuotas no remunerativas y el objetivo del gobierno porteño es que no forme parte del salario base que se toma para calcular los aumentos de 2020. La componenda privada entre Rodríguez Larreta y Gilardi es extremadamente costosa para lxs trabajadores de la salud. Según los cálculos realizados por la Asociación de Profesionales del Servicio Social (APSS), lxs profesionales de la salud acumulamos una pérdida salarial en los últimos dos años del 21,2%. A los magros acuerdos firmados en 2018 y 2019, se añade el hecho de que las cláusulas gatillo no son retroactivas, por lo que solo recompensan lo perdido con la inflación al final del período, nunca lo perdido en los meses anteriores. Si la comparación se realiza con el valor del dólar, la situación del poder adquisitivo de nuestros salarios es simplemente de derrumbe. El acuerdo privado entre Larreta y AMM en torno a la cláusula de diciembre anticipa que buscarán adoptar el mismo método para imponer salarios a la baja en la paritaria de este año. Como telón de fondo de este pacto opera la política del gobierno nacional de los Fernández, que está empeñado en patear las paritarias con sumas fijas, liberando el terreno para la negociación con los bonistas y el FMI –a la que lxs trabajadores deberíamos ajustar nuestras pretensiones después. De Cavalieri a Baradel, toda la burocracia sindical está plegada a garantizar este esquema anti-obrero. Lucha y plan de lucha Mientras Larreta y Gilardi conspiran, el movimiento de lxs trabajadores de la salud sigue su curso. Este lunes 2 de marzo tendrá lugar un paro y movilización a la Legislatura de enfermería, organizado desde abajo contra las trabas de la burocracia de Sutecba –la otra gran aliada de Larreta. También pararemos residentes y concurrentes y nos volveremos a movilizar a un Ministerio de Salud que se niega a dar respuestas a nuestros reclamos. El martes 3 será el turno de lxs trabajadores de la salud mental, que marcharán a la Jefatura de Gobierno para rechazar el plan de compactación (ajuste) de sus hospitales. En rigor, todas las reivindicaciones en juego forman parte de las negociaciones paritarias y estarán condicionadas por ellas. Por ejemplo, un aumento salarial para residentes o la reducción de nuestra inhumana jornada laboral (¡100 horas por semana!), son temas que tendrían que debatirse en esa instancia. Lo mismo ocurre con el otorgamiento del salario para lxs concurrentes, o el pase a carrera de enfermería –todas cuestiones que hacen a la masa salarial y las condiciones de trabajo. Por eso un error aceptar la fragmentación sectorial a la que nos induce el Ejecutivo, como ocurrió en la última asamblea de residentes y concurrentes cuando la agrupación del PO oficial se esforzó por bloquear una confluencia con la movilización de enfermería. El plan oficial es claro: dilatar las reuniones por sectores para desmoralizar al movimiento y agotarlo. En ese camino promueve activamente la división entre profesionales médicos y no médicos, con la colaboración entusiasta de la burocracia de AMM y los directores de los hospitales. En paralelo, su objetivo cerrar un acuerdo paritario con AMM y Sutecba que le permita poner un punto final al movimiento de lucha de la salud que comenzó contra la carrera profesional en 2018 (enfermería) y se redobló en diciembre pasado contra la ley de residencias. El pago cuotificado de la cláusula de diciembre apunta a calmar las aguas para lograr este propósito estratégico. A este plan lxs trabajadores de la salud necesitamos oponerle nuestra propia política. La única vía para torcerle el brazo a los acuerdos privados es el paro y la movilización conjunta de todos los sectores afectados. El Congreso Extraordinario de la Federación de Profesionales, que sesionará el próximo jueves 5, tiene el desafío de tomar las iniciativas de lucha que le permitan revertir su exclusión de las negociaciones. Un paro de protesta, preparado con asambleas en todos los hospitales y centros de salud, que no distingan entre especialidades, agremiaciones o formas de contratación, podría ser el punto de partida para poner en marcha un plan de lucha progresivo que nos permita imponer nuestros reclamos. Como hicimos en diciembre, podemos derrotarlos si vamos a una lucha decidida.

1 de marzo de 2020
Jujuy: enjuician a partidos, sindicatos y organizaciones sociales

El gobierno de Jujuy está decidido a avanzar a como dé lugar en la causa contravencional que abrió contra organizaciones sociales, sindicales y políticas que se movilizaron en abril de 2018 a la apertura de sesiones legislativas, para protestar por el salario, trabajo y contra la criminalización de la protesta social y que fueron brutalmente reprimidas. Testigos truchos Luego de la primera semana de audiencias, plagada de irregularidades (ver nota anterior), el juicio continuó con las declaraciones de testigos en la causa. Los convocados por el departamento contravencional no aportaron ninguna prueba contra los imputados, pero han dejado expuesto el carácter improvisado de la causa. Estos “testigos" son policías que en su mayoría formaron parte del operativo represivo contra la manifestación en 2018 y declararon casi exactamente lo mismo. Inclusive dejaron expuestas varias irregularidades: por ejemplo, se presentó el testigo Darío Salomón, quien en el expediente figura como testigo “voluntario” y en su declaración afirmaba ser empleado público, y cuando llegó a la audiencia lo hizo vestido con uniforme policial. También llamaron como testigo al oficial Jorge Valdiviezo, quien declaró que no estuvo presente el día del hecho en las inmediaciones de la legislatura. El juicio no solamente es una decisión política para criminalizar la protesta social, se ha convertido también en un intento de la policía de salvar su propio procedimiento contravencional plagado de irregularidades. Todo el departamento contravencional forma parte de la institución policial, desde su jefe, Rubén Rodríguez, el defensor contravencional, Ariel Roldan, hasta el propio juez Ustarez. Provocaciones policíacas En la audiencia del 26 de febrero, Julio Quintana, dirigente del PO jujeño y de la tendencia del Partido Obrero, declaró en calidad de testigo. En su descargo, dejó en claro que a los manifestantes se les impidió apostarse frente a la Legislatura por el vallado policial y fue brutalmente reprimida, a diferencia de los sectores oficialistas de la UCR y las organizaciones sociales cooptadas por el gobierno que marcharon ese día. Durante este interrogatorio, el defensor contravencional incurrió en una serie de provocaciones que desató la oposición de los abogados de las defensas. Ustarez se vio obligado a hacer lugar a estos reclamos anulando cada una de las preguntas inquisitorias y fuera de lugar. Es que el abogado Roldan desnudó su filiación policíaca intentando infructuosamente que Quintana buchonee los nombres de los militantes del PO movilizados el día de la represión y de los que conformaban su comité provincial. Un ataque fascistoide A estas alturas es claro que más allá de la inexistencia de pruebas contra las organizaciones, acusadas de cortar el tránsito, portar armas y haber promovido disturbios, el juez Ustarez se dispone a fallar contra los imputados. Para eso deberá omitir las escandalosas irregularidades y vicios procedimentales que abundan en todo el proceso. Las multas con que se podría sancionar a todos los imputados representan decenas de miles de pesos por cada organización. Además, sienta un precedente que abre la puerta para una avanzada contra las organizaciones que puede llegar hasta la suspensión de las personerías. Una orientación fascistoide contra las conquistas políticas y sindicales de la clase obrera. Con la suspensión de las personerías, las organizaciones sociales perderían la asistencia social conquistadas, los sindicatos su derecho a discutir paritarias, y los partidos, el PO y el PTS, hasta su derecho a presentarse en las elecciones. Esta avanzada ya la sufrió la organización Tupac Amaru: luego de voltear su personería, el Estado le confiscó todos los centros educativos, sanitarios y recreativos de la provincia. Aun así, las organizaciones sociales y sindicales vinculadas Frente de Todos solo atinan a una defensa legal en un intento de compromiso con Morales para negociar sus sanciones. Esta línea es impulsada principalmente desde el PJ ´rivarolista´, aliado de Morales y proclamado “albertista", a pesar de que tiene como imputado al presidente del bloque peronista en la legislatura, el secretario general de Luz y Fuerza Jujuy, Pedro Belizán. En el concejo deliberante capitalino acaban de hacer caer por falta de quórum, una sesión extraordinaria impulsada por los concejales del PTS para declarar el repudio a este juicio trucho y pedir su anulación. El PTS por su parte solo denunció al concejal pejotista faltante, escindiendo su conducta de la orientación de este partido patronal sobre el juicio. Por el derecho a manifestarse y luchar Estamos frente a una causa armada que amenaza el derecho de protesta, por lo que debe ser rechazada activamente por todas las organizaciones obreras y democráticas. Por esta razón, los compañeros del PO jujeño impulsaremos este miércoles 4/3 una radio abierta en la peatonal Belgrano como parte de una campaña para explicar a los trabajadores lo que se juega en este juicio y promover el reclamo por la anulación de este juicio trucho y del código contravencional reaccionario con el que se funda. Esta lucha democrática puede confluir con los reclamos por la apertura de paritarias y por un aumento salarial, que comienzan a presionar desde abajo a las direcciones de los gremios estatales, y ha obligado a las burocracias docentes de Cedems y Adep a convocar a un paro el 2 de marzo. El represor Morales no la tiene fácil.

1 de marzo de 2020
"Gobierno de Progreso", falsas concesiones para ocultar su cara ajustadora

El gobierno de coalición PSOE-UP en menos de 60 días ha pretendido vender como progresos sociales medidas dudosas o simplemente inexistentes y modificaciones ineficaces a leyes vigentes, mientras en otros terrenos mantiene las políticas de sus predecesores como el problema de la inmigración. Ha sustituido las concertinas por una elevación de las vallas en Ceuta y Melilla, y el Ministerio del Interior mantendrá las devoluciones en caliente mientras los ministros de las dos formaciones dicen rechazar el fallo del Tribunal Europeo de Justicia que convalida la devolución de los inmigrantes detenidos en el acto de entrar a España. El Gobierno intenta frenar la desilusión con falsas concesiones mientras la crisis creciente lo empuja a un enfrentamiento con los trabajadores. Los políticos burgueses tienen por tradición brindar a un nuevo Gobierno 100 días de tregua. El escenario político español está muy lejos de ese objetivo idílico. La coalición entre el PSOE y Unidas Podemos (UP) se encuentra bajo la presión permanente de los partidos a su derecha de un lado y las exigencias de las agrupaciones nacionalistas, que son sus aliados circunstanciales y esquivos, porque exigen concesiones a cambio de su apoyo. En este cuadro general el presidente Pedro Sánchez y su “gobierno de progreso” que cumplirá los primeros dos meses desde su investidura el 7 de marzo se ha dedicado a desnaturalizar los compromisos políticos de su campaña electoral. Las pocas decisiones políticas que adoptó, pretenden crear la imagen de que están destinadas a satisfacer las reivindicaciones de los trabajadores y los sectores empobrecidos de la sociedad. Pero ese engaño no cuela, porque no logra disfrazar que sus medias tintas diluyen las promesas electorales por sus concesiones a las patronales y a los intereses capitalistas. Esto ha convertido al gobierno del PSOE y UP en el Gobierno del como si… Todo es como si se fuese a satisfacer demandas sociales, pero en realidad no lo hacen. Es decir que lisa y llanamente mienten. El consejo de ministros del 18 de febrero derogó el artículo 52d del Estatuto de los Trabajadores (ET) que establecía que una de las causas de “despido objetivo” era el absentismo justificado. El despido por el 52d suponía 20 días de indemnización por año trabajado por ser una causa objetiva admitida. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y su valedor el vicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias, dijeron que: “Mandamos un mensaje a la sociedad de que a partir de hoy a nadie se le va a despedir por tener una causa justificada de baja por enfermedad”. También dijeron que se comenzaba a desmontar la reforma laboral del gobierno de Mariano Rajoy. Mentiras. La realidad es que a los trabajadores los podrán despedir y la única diferencia es que el despido se considerará improcedente, con lo cual la indemnización será de 33 días por año trabajado. Las cinco causas de despido objetivo recogidas en el artículo 52 del ET están allí desde la aprobación del Estatuto en 1980. Este despido no fue introducido por Mariano Rajoy. En 2010 quien si lo endureció fue el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero… Para eliminar realmente la posibilidad del despido por acumular bajas justificadas por enfermedad habría sido necesario modificar el artículo 53.4 en el cual se establece cuándo un despido por causas objetivas es nulo. Pero aun peor, puedes estar de baja justificada por enfermedad y sufrir un despido por otra causa objetiva que será valida, y por lo tanto estando de baja sufrirás un despido procedente y te pagarán 20 días por año trabajado y a la puta calle. Pablo Iglesias y Yolanda Díaz mienten por la cara. El ministro de Consumo Alberto Garzón anunció las líneas generales de las limitaciones a las apuestas deportivas y a las casas de juego. Existe una verdadera presión por parte de las asociaciones de vecinos de los barrios de trabajadores, y de las asociaciones de consumidores, por la presión de las casas de juego sobre una juventud que busca una escape a su situación de postergación social en la ilusión del juego como forma desesperada de salir de sus privaciones. Bajo el argumento de que en Italia la prohibición de la publicidad del juego de azar desató un crecimiento de las apuestas, Garzón defendió una serie de tibias limitaciones como un gran progreso. Este consiste en que la publicidad del juego en radios y televisión dentro de los espacios dedicados a las retransmisiones deportivas sólo se hará a partir de las 20.00 horas. Mientras tanto, como denuncian los propios empresarios de la radio y la televisión, la emisión de esa publicidad por Internet, que es la que domina entre los jóvenes, se hará libremente. Tampoco se han tomado medidas sobre la expansión territorial de las casas de apuestas en los barrios humildes de las grandes ciudades donde se concentran sus ingresos. La tibieza de Garzón tiene una razón de fondo, las apuestas on line mueven 2.580 millones de euros con ingresos brutos para las casas de apuestas de 724 millones de euros. Las promesas electorales se han diluido ante los intereses empresariales, del juego, los medios de comunicación de masas, en especial radio y televisión, de los clubes de fútbol y de Internet. El dirigente comunista ha pretendido empaquetar a las asociaciones de consumidores que lejos de dejarse encandilar rechazan su política. El martes 25 de febrero el Consejo de Ministros aprobó por decreto una reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria en un intento de frenar la movilización de los productores agrarios asfixiados por años de precios en origen por debajo de los costes de producción. Los pequeños productores agrarios, carecen de la posibilidad de reducir sus costes de producción por la propia limitación a su capital que se deriva de la escasa extensión de sus explotaciones cuando son propietarios de suelo, o de los costes, incluido el arriendo de la tierra, cuando no. El Gobierno que prometio soluciones a los productores movilizados ha manifestado su absoluta impotencia al decidir que los precios en origen no deben ser inferiores a los costes de producción, pero ha dejado la definición de esos costes en manos de productores y compradores. Son estas partes enfrentadas las que deben decidir cuales son los costes. Esto tiene una consecuencia inevitable. Los compradores que son las grandes cadenas de distribución y comercialización de la alimentación van a “fijar” cuáles son los costes de producción a los que están dispuestos a comprar. Por añadidura en el supuesto que se vendiera a costes de producción reales los productores no obtendrían margen comercial, mientras que los consumidores, es decir los trabajadores de la ciudad pagarían en el precio final la “bondad” de los acaparadores. Para los productores que emplean mano de obra asalariada la solución será la misma que hasta ahora: pagar salarios de hambre a sus trabajadores. Los que no, aumentarán su trabajo cada vez peor remunerado hasta que las deudas los lleven a la quiebra. Mientras, las medidas adoptadas en materia laboral para el sector agrario son de misericordia. El 14 de febrero Yolanda Díaz y Pablo Iglesias prometieron a los sindicatos que en atención a las graves condiciones meteorológicas de esta campaña las peonadas necesarias para acceder al subsidio agrario por el paro se bajarán de 35 a 20. Una solución coyuntural que no va al fondo de la cuestión, la estacionalidad del trabajo y la falta de alternativas ocupacionales en el sector agrario. El Gobierno ha hecho una tímida defensa del salario mínimo interprofesional para el sector agrario que las asociaciones de productores dicen no estar en condiciones de pagar, y autorizará a los inspectores de Trabajo el acceso a las viviendas que los productores ofrecen en la campaña de recogida a los trabajadores aunque no estén en el predio donde se trabaja. La decisión es risible, porque los pequeños productores para sobrevivir pagarán por debajo del SMI, y por el otro lado no hay inspectores suficientes para supervisar las condiciones de vida miserables de los trabajadores contratados para las cosechas. Es decir, el gobierno no resuelve el problema de los pequeños productores, no puede fijar precios mínimos en origen, capitula ante los grandes intereses económicos, y no puede proteger a los trabajadores del campo de las condiciones de explotación extrema que sufren. Gobierno de Progreso… Mientras tanto la Plataforma de afectados por la Hipoteca (PAH) ha denunciado que en los 42 días de “Gobierno Progre” se han registrado 8.316 deshaucios “Sin embargo, al portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, le ha dado por hacerse el gracioso. Y es que no se le ha ocurrido otra cosa que enviar su agradecimiento a la (PAH), porque mantiene su presión al nuevo Ejecutivo, para que este «no sólo reciba presiones de la banca o la CEOE»”, señala insurgente.org. Vale la pena recordar que la ministra de Igualdad Irene Montero es una ex activista de la PAH que también contó con la simpatía de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. El poder hace de la memoria un acontecimiento fugaz. Mientras tanto el Gobierno anuncia para dentro de poco una ley de control del precio de los alquileres que los pulpos inmobiliarios se ocuparán de moderar o dejar en la nada. Hay una acción del gobierno que lo pinta de cuerpo entero como publicista de su incapacidad. Los ministro se han llenado la boca con métodos de recaudación radicales, y entre ellos señalaron la Tasa Google, es decir un impuesto a las grandes plataformas digitales que no tributan en los países en los que hacen su negocio y se amparan en países con un trato fiscal privilegiado, como Irlanda en el caso de varias de ellas incluida Google. El consejo de ministros del 18 de febrero aprobó este impuesto del 3% sobre la publicidad dirigida, intermediación y venta de datos. El gobierno dijo en enero, cuando trató el tema por primera, vez que recaudaría 1.200 millones de euros. Ahora dice que serán 968. Sin embargo ha dejado su aplicación en suspenso hasta diciembre de este año. No ha dicho porqué. Pero lo cierto es que teme la reacción de Estados Unidos como la aplicación de tasas a las importaciones desde España. Francia aprobó la misma tasa y la dejó sin afecto después de las represalias de Washington. El equipo de Sánchez tiene la esperanza que en la OCDE se apruebe una tasa consensuada con EEUU, que está en proceso de discusión desde hace un año, y que es posible que se materialice de aquí a diciembre. Eso le sacaría las castañas del fuego. Estas iniciativas son en algunos casos manifestaciones de impotencia disfrazadas de medidas progresistas, y en otros un vulgar engaño que de conjunto pretenden crear la ilusión, la imagen, de que este es un gobierno de progreso. Mientras tanto la triste realidad es que la crisis capitalista progresa de forma imparable. Airbus Industries ha anunciado despidos y a sus operaciones en España le toca recortar 630 puestos entre Sevilla y Cádiz. La industria del automóvil hace frente a una caída global de las ventas, en particular en China, que fuerza a recortes de plantillas a las grandes empresas del sector. Ford, Nissan, Renault, PSA maduran sus regulaciones de empleo. El turismo cae en picado y las empresas del sector sufren las consecuencias, mucho antes de la crisis del coronavirus. Quiebran tour operadores centenarios como Thomas Cook. Hay una crisis industrial internacional que afecta de forma directa a España. La desaceleración económica internacional se va a agudizar y todo indica que golpeará a España con fuerza. El deterioro de la economía anuncia una tendencia al ajuste en contra de los intereses de los trabajadores que hará inevitable su choque con el Gobierno. Es en este escenario que una parte de los partidos que se dicen revolucionarios llama a movilizarse para exigirle al Gobierno nada menos ¡que proteja los intereses de los trabajadores y garantice el empleo y el salario! El supuesto de que esta es una forma de generar un movimiento reivindicativo sobre la base de que tenemos un gobierno de progreso social constituye un verdadero engaño para los trabajadores. Este no es un gobierno de progreso social. Es un intento trasnochado de rescatar a España del desmoronamiento de su régimen político pactado en la Constitución de 1978. La coalición PSOE-UP aspira a encontrar una salida ordenada a la crisis de régimen, en particular a la demanda de autodeterminación en Cataluña. Con el telón de fondo de un agravamiento progresivo de la crisis capitalista a escala nacional y global, el objetivo del Gobierno -que se basa en el engaño de las masas sobre sus verdaderas intenciones- está destinado a saltar por los aires. El Gobierno prepara un ajuste profundo de las condiciones de trabajo mediante su propia reforma laboral y de ataque a las pensiones públicas cuya reforma espera poner en marcha a través del Pacto de Toledo. Alentar ilusiones en el Gobierno es desarmar a los trabajadores ante estos planes para llevarlos a la derrota. Solo la organización de los trabajadores en un partido independiente de los intereses de la patronal y los capitalistas, con un programa de combate contra la explotación y por el socialismo, puede generar una diferenciación respecto de los intereses de la burguesía y garantizar la movilización de los trabajadores por sus propios intereses.

1 de marzo de 2020
FIT: "No es el primer ni será el último quórum que daremos al Estado capitalista"
Comité de Redacción

Los intentos ‘polémicos’ del oficialismo del PO y de la dirección del PTS ya tienen características de embuste. Si la posición de nuestra Tendencia, contraria a otorgar el quórum al gobierno, en ocasión de tratamiento de las jubilaciones en la justicia y la diplomacia, nos pusieron, como dicen, en el campo de Negri y la casta judicial, ¿por qué se abstuvieron a la hora del voto, y no votaron a favor del proyecto oficial, que supuestamente atacaba al uno y al otro? En sus discursos, los diputados del FIT habían denunciado lo contrario de lo que sostienen ahora, a saber, que el proyecto del gobierno no afectaba a la casta judicial de ninguna manera. ¿No es esto una confesión explícita de que dieron el quórum a un proyecto conservador y continuista en lo que hace al aparato del Estado representado por el poder judicial? Del Caño o Del Plá dijeron en sus discursos que el proyecto del FdeT “deja en pie los privilegios de la casta”. No tuvieron el coraje político de abstenerse de dar el quórum, pero tampoco de votar en contra del proyecto, ya con el quórum asegurado por el FIT mismo, incluso cuando no estaba comprometida su aprobación. El proyecto garantiza doblemente la autoridad y los privilegios del poder judicial, porque de un lado no toca los sueldos sobre los que los jueces tienen garantizado el 82%, y porque esta reforma tiene lugar en el marco de una cesación de pagos que compromete la continuidad de los sistemas privilegiados. El Presidente deberá reglamentar el cálculo del promedio de sueldos de los diez años previos a la jubilación, para reemplazar al último salario, como ocurría hasta ahora. Las imposiciones y exigencias de la crisis se ven en que el gobierno ha tenido que afectar parcialmente a la clase capitalista para cumplir con el FMI y los fondos internacionales, como ocurre con las retenciones a las exportaciones agrarias, el aumento del impuesto a bienes personales o el congelamiento temporal de tarifas, que ya había iniciado Macri. La reforma que impusieron los Fernández en Diputados es la que exigió Lagarde a Dujovne en junio de 2018. “Alberto lleva adelante un ajuste de la economía que el FMI pondera”, festeja Clarín (28.2). La reforma previsional de la justicia forma parte de la agenda que pretende liquidar los regímenes especiales que benefician a docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos o trabajadores de luz y fuerza. Después de haber dado el quórum, la abstención no es otra cosa que una posición vergonzante, armada para disimular la complicidad con el oficialismo. De acuerdo al oficialismo del PO y a la dirección del PTS, habríamos asistido a un gran choque entre el gobierno y el aparato judicial, insinuando que el primero sería un aparato cualitativamente diferente al del segundo. Estamos por cierto ante un descubrimiento tardío; en nuestro caso hemos escrito en forma abundante sobre esto. Al dar el quórum, los jefes del FIT se han colocado del lado del gobierno, que necesita con urgencia una salida, en primer lugar a los casos de De Vido, Boudou y Milagro Sala, más los que atribulan a CFK, para evitar la ruptura del FdeT. Todo esto es por demás ‘curioso’ porque el oficialismo del PO nunca se ha pronunciado por el cese la preventiva a los detenidos K. El tema no son entonces las jubilaciones de privilegio, sino las vacantes que dejarán quienes se acojan al régimen actual, para que el gobierno pueda meter allí su personal político. En segundo lugar, el gobierno necesita un poder judicial pos deuda externa, o sea que no falle a favor de los jubilados o los trabajadores contra la derogación de la movilidad jubilatoria. El jueves pasado, en esta línea judicial fondomonetarista, AF reveló a radio 10 la intención de pasar la justicia laboral nacional a la Ciudad, o sea a Larreta. Bravo para los contrincantes de Negri y la casta. Los dirigentes del PO y el PTS han convertido al FIT en una rueda auxiliar del estado burgués. La salida judicial K es de neto corte estatal capitalista; ¿por qué el quórum, entonces? El otorgamiento del quórum se ha convertido en tendencia del FIT desde el que se dio a la sesión ómnibus de noviembre de 2015; y el caso escandaloso del Chaco, donde Capitanich consiguió aprobar el Presupuesto debido al quórum del PO oficial. Lo que se votó es una farsa, dirigida a encubrir otro choque y otra crisis: la de un gobierno que, en aras de sus promesas al FMI, ha decidido reventar las conquistas jubilatorias de los trabajadores. Lo que estaba en juego era si se habilitaba este pérfido operativo político, brindando quórum, al comprobar que el gobierno no reunía mayoría propia. ¿De FIT-U a FIT K? El ‘negacionista’ Eduardo Salas (un negador serial de los retrocesos electorales del FIT) cree ver en todo esto “una fractura del régimen político” que viene negando desde que estalló la crisis en 2018; lo que ‘no ve’ es que se alineó con una de las fracciones capitalistas que se esmeran por superarla. Prensa Obrera y LID se admiran a sí mismos por la “critica demoledora al proyecto oficialista” del ´dictamen de minoría´ de sus diputados. Pero esa crítica se convirtió, por medio del quórum, en un apoyo todavía más demoledor a la posibilidad de que se apruebe el “proyecto oficialista”. Precisamente lo que importaba al FMI. La disputa sobre los detalles del debate parlamentario del proyecto oficial deja de lado, sin embargo, el punto estratégico. La izquierda que lucha por el reemplazo revolucionario de la dominación política de la burguesía (gobierno de trabajadores) no le da quórum, en línea de principio, al Estado que lucha por destruir. Que este planteo se encuentre alejado de los argumentos de ambos aparatos, en la defensa que hacen del quórum dado a los Fernández, habla montones de la deformación colosal del FIT. Otro oráculo, Guillermo Kane, llamó al FIT a tener una actividad parlamentaria “propositiva”, que se distancie del ‘charlatanerismo’ - en referencia a las posiciones revolucionarias. La caza del voto es oportunismo, y el oportunismo - ‘hacer lo que es posible’ - es una forma clásica de integración al estado capitalista. Para una corriente histórica que defiende una justicia electa y revocable, bajo un gobierno de trabajadores, sería un desatino denunciar el aumento de la edad jubilatoria de los jueces. En ese caso, su atornillamiento en el cargo – la inamovilidad judicial - ¡se extendería aún más! El oportunismo ciega. Habilitar al tratamiento de una ley, aportando una presencia decisiva para que eso ocurra, y luego calificarla como “un engaño” encierra una contradicción insalvable. “Qué hubiera pasado si naufragaba el proyecto por iniciativa de los Negri”, se pregunta Salas. Maravilloso. ¿Puede alguien admitir con mayor candor que fueron a las bancas a salvar el proyecto oficial y al propio gobierno? ¿No es claro que el método polémico de esta gente es un embuste? El gobierno violó principios democráticos elementales al sacar la media sanción en 48 horas, o sea sin habilitar un debate en el pueblo. Demoró apenas una semana desde que Noticias apostilló al aparato del PO como “trosco-liberal”, para que éste mostrara su fisonomía anti-democrática. Nadie puede saber de antemano que habría pasado si fracasaba la sesión, salvo el oráculo Salas. Solamente sabemos que habría tenido lugar en medio del default, de la crisis de las negociaciones de deuda, de las huelgas docentes en varias provincias y de una resistencia diversa, de trabajadores y jubilados, contra el ajuste. Habría mostrado el coraje consecuente de la izquierda que no presta apoyo al Estado y al régimen político del capital. Bien usado, ¡una gran, pero gran, tribuna obrera y socialista! Salas hace lo contrario: en un violento volantazo a la derecha (y sin consultar a los militantes) reniega de la independencia política del PO en ocasión del llamado ‘conflicto con el campo’. Ahora, deplora el desenlace de la “frustrada resolución 125, que contribuyó a que levante cabeza la oposición demagógica derechista”. Esto no es poca cosa, porque justifica el pago de la deuda externa. Hasta donde cualquiera sabe, el kirchnerismo se recuperó de una derrota autoinflingida en 2009, cuando adelantó seis meses las elecciones, y ganó las de 2011 con el 54% de los votos. Izquierda Diario cree oportuno recordar que “los poderes judiciales se fueron transformando (sic) en América Latina en una herramienta política del imperialismo y la gran burguesía”. ¿Los militares no? ¿Los parlamentarios tampoco? Es la burguesía y el Estado, mal que les pese. A Dilma Roussef, a Zelaya, Lugo y Evo no los volteó solamente el poder judicial. La torpeza de distinguir a un poder judicial anterior que no era herramienta de la gran burguesía y el imperialismo, solamente se le puede ocurrir a una corriente política que ha archivado los principios Capitanich El tratamiento encubridor que los redactores de LID y Prensa Obrera le dan a esta cuestión se manifiesta en el modo como abordan la cuestión del Chaco. Prensa Obrera ha llegado a la conclusión que “para nuestros críticos (nosotros) no dar quórum está elevado a la categoría (¡) de una premisa inamovible (¡) para un revolucionario en el parlamento”. Salas denuncia con un razonamiento invertido la posición revolucionaria, porque, en efecto, en línea de principio, no debemos dar quórum al estado capitalista, o sea, operar como una red de seguridad o rescate. Con rimbombancia Salas quiere justificar el arreglo con Capitanich, en Chaco, para sacar el presupuesto capitalista de la provincia. Por su parte, el PTS e Izquierda Diario, denunciador serial de la izquierda, no ha tenido un instante, en lo últimos dos meses, para referirse al quórum brindado por el PO oficial´ en la legislatura chaqueña. ¿Qué nos dicen ahora? Que no comparemos a “la ley de leyes”, a “la ley de presupuesto de una gestión capitalista” (sic), con “este engaño”. Lo del Chaco sería grave, lo del Congreso, una pavada. Pero el PTS jamás lo dijo antes. La analogía entre uno y otro, sin embargo, es completa, en línea de principio. En los dos casos, la izquierda aportó una presencia decisiva para habilitar una ley del régimen. LID advierte que, si no hubiera dado quórum, “el FIT no podría haber utilizado esa tribuna”. Al final, lo que importaría es el ‘discurso’ y no la acción política. Se trocaron principios por unos minutos de figuración política. La banalidad de este planteo político es monumental. La lucha contra el régimen político Esta crítica, sin embargo, no debe conducir a la conclusión de atribuirle al FIT U o al PO oficial una tendencia “nacionalista” o filokirchnerista. El aparato del PO está al servicio de sus propios intereses, el arribismo parlamentario. En los tiempos de Macri, rechazaban reclamar el derrocamiento del gobierno por parte de las masas “para no ser funcionales a los K”. Ahora, le dieron quorum al recinto de la liquidación previsional “para no ser funcionales a Negri”. En la declaración constitutiva de la Tendencia del PO, señalamos que “La crítica integral a las fuerzas políticas del capital arranca del ataque a las fuerzas que están en el poder del Estado” (Porqué una fracción pública del PO, ver en www.politicaobrera.com) . El aparato del PO y el FIT U han actuado al revés, enmascarando la adaptación al régimen de turno con la obsesión de “no quedar pegados” a los circunstanciales opositores. Se ha renunciado, en definitiva, a ejercer una oposición de carácter estratégico, o sea obrero y socialista, al régimen político y social. El quórum a la ley fondomonetarista es aleccionador en otro punto decisivo: la crisis del PO, la tendencia democratizante, el arribismo parlamentario atraviesa el conjunto de la izquierda. La transición política que se ha puesto en marcha con el derrumbe del macrismo –y que tiene en el gobierno del Frente de Todos sólo un episodio- sacudirá todas las estanterías preexistentes, y obligará a una reestructuración política de la militancia y de la izquierda revolucionaria.

1 de marzo de 2020
Interbloque

El artículo de Guillo Pistonesi con relación al quórum del FIT encierra una cuestión colateral. LID alude a un “interbloque” del FIT-U en el Congreso, cuya constitución no ha sido comunicada ni explicada, al menos públicamente. Nunca, en textos anteriores, el PTS y el PO se habían referido a un interbloque. Cuando ingresaron los primeros diputados del FIT, en 2013, el PO planteó la gestión colectiva en el Congreso. El PTS se opuso para defender un frente exclusivamente electoral y convertirlo en “campo de disputas”. Un bloque del FIT U hubiera obligado a determinar una estrategia y a proceder mediante debates. El PTS, en cambio, propuso un “interbloque” - “en disputa”. Pistonesi no aclara si Izquierda Socialista integra el “interbloque”, a pesar de su presencia en el Congreso por vía de rotaciones. La existencia de un “interbloque” actual en el Congreso lleva a pensar que el PO ha aceptado la tesitura del PTS, es decir, que se ha abandonado el reclamo de gestión colectiva. No conocemos, sin embargo, cuál es el balance y las razones que han llevado a esa decisión, ni si fueron discutidas en el PO, bajo el régimen del centralismo democrático. Tampoco se conocen las bases políticas o metodológicas que fundamentan el “interbloque”, que el PO rechazó en el pasado, ni las consideraciones que llevaron a su constitución. Asistimos a una manipulación parlamentaria, donde los aparatos no rinden cuentas ante el electorado del FIT y la militancia partidaria. Los quórums intempestivos tienen que ver con estos procedimientos. El régimen interno del Partido Obrero ha sido desnaturalizado de cabo a rabo.

2 de marzo de 2020
Una declaración del Centro "Christian Rakovsky" sobre Palestina

El Centro 'Christian Rakovsky' publicó una declaración contra el “plan de paz entre Israel y Palestina” anunciado por Donald Trump, titulada “Abajo el ´plan´ de Trump para la liquidación de Palestina, fuera el imperialismo de Medio Oriente”. El texto, suscripto, entre otros, por el EEK, el DIP, la OKP de Rusia y el MTL de Finlandia. La declaración denuncia al “plan de paz” de Trump como una “cínica declaración de guerra contra el pueblo de Palestina y su inalienable derecho a la autodeterminación”. Denuncia la pretensión del sionismo de anexar el valle del Jordán y de imponer a los palestinos un régimen de apartheid, a cambio de la promesa a las “élites locales” de 50 mil millones de dólares en contratos con compañías norteamericanas. “Un plan para transferir a la población palestina que vive en el llamado ´Triángulo del Norte´ de Israel a pequeños bantustanes [Territorios que operaron como reservas tribales de habitantes no blancos en Sudáfrica y Namibia durante la época del apartheid, NdeR.] desarmados, enclaves dispersos de un falso estado palestino, rodeado por el ejército sionista, privado de instalaciones de agua y otros recursos materiales (…) Un plan de abolición de todos los derechos y aspiraciones del pueblo palestino, incluido el derecho al retorno de los refugiados”. Los compañeros concluyen que los Acuerdos de Oslo, suscriptos en 1993 por Rabin y Arafat, bajo el patrocinio de Bill Clinton, que proponían una “solución falaz” de dos Estados, se encuentran definitivamente “enterrados”. “El ´plan de paz´ de Trump, continúa la declaración, no puede implementarse sin medios y medidas de guerra (…) Tal guerra no puede limitarse a Cisjordania y la Franja de Gaza, sino que se expandirá hacia una conflagración general en la región”. El propósito del imperialismo, denuncian los compañeros del Centro Rakovsky, “es construir un eje israelí-saudita en una guerra reaccionaria contra Irán”, desde el Líbano y Siria a Yemen, “para reestablecer el destrozado orden imperialista en Medio Oriente”, promoviendo los enfrentamientos sectarios. “El imperialismo actúa de la manera más bárbara sacudido por una crisis histórica del capitalismo en declinación, la cual, al cabo de más de una década sin resolverse, está ingresando en una nueva fase explosiva e impulsa nuevos movimientos de masas de América Latina a Oriente Medio, Europa y más allá”. La declaración también denuncia que el ´plan de Trump´ “produjo una explosión de ira entre las masas populares de la Palestina ocupada y todo el mundo árabe-musulmán”, no solo en Cisjordania y Gaza, “sino incluso en Tel Aviv”. “Esta presión masiva desde abajo, en una región sacudida nuevamente por la agitación revolucionaria, desde Sudán y Argelia hasta Líbano e Irak, fue lo que obligó tanto a la colaboracionista "Autoridad Palestina" de Abbas como a la Liga Árabe a formalmente oponerse al plan de los Estados Unidos”. “Los imperialistas y las clases dominantes locales, todos los reyes, emires, dictadores militares, incluso los falsos ´antiimperialistas´ disfrazados de religiosos o seculares, intentan detener y destruir el surgimiento revolucionario de las masas populares exacerbando y explotando a todos los grupos étnicos locales, divisiones religiosas, tribales, etc. para asegurar sus intereses de bandoleros y un gobierno reaccionario sacudido”. “Solo una clase social puede superar estas divisiones y unificar a las masas populares oprimidas y empobrecidas contra el imperialismo y los tiranos locales, en una lucha revolucionaria por la liberación nacional y social, por una emancipación humana universal, el socialismo: la clase trabajadora , empleada y desempleada, particularmente su generación más joven, organizada y liderada por la vanguardia, el partido revolucionario marxista de combate, parte inseparable de la lucha por construir una nueva Internacional revolucionaria”. La declaración concluye llamando a luchar “por el derecho de autodeterminación nacional del pueblo palestino, por el derecho de retorno de los refugiados. ¡Por una Palestina unida, libre, democrática, secular y socialista, donde los árabes y judíos palestinos vivirán pacíficamente junto con los mismos derechos y dignidad en todo el territorio de la Palestina histórica!” La declaración puede leerse completa en redmed.org/article/statement-international-socialist-center-christian-rakovsky-down-trump-plan-liquidation Nuestra crítica La Mesa Nacional de nuestra Tendencia ha discutido el punto durante su última reunión y decidió, por unanimidad, no suscribir el texto. Ocurre que el llamado a “los mismos derechos y dignidad en todo el territorio de la Palestina histórica”, consagra las usurpaciones territoriales del sionismo y el régimen capitalista y colonial montado sobre ellas. La igualdad en Una “Palestina unida, libre, democrática, secular y socialista” requiere, como condición, la abolición de los derechos de los colonos judíos sobre los territorios confiscados a los árabes durante el último siglo. El derecho al retorno de la población árabe despojada, es incompatible con la igualdad formal de derechos creados por la desigualdad. Este es el punto que con mayor claridad debe ser expuesto en cualquier declaración socialista. Sin la confiscación de los confiscadores, el derecho al retorno de los refugiados se convierte en una abstracción. La resolución de la Mesa Nacional de la Tendencia del Partido Obrero fue comunicada a los compañeros del Centro 'Christian Rakovsky' a través de la carta que reproducimos a continuación. "A los compañeros del Centro Rakovsky: Luego de un debate en las filas de nuestra Tendencia (PO), hemos concluido que no podemos suscribir vuestra declaración sobre el ‘plan’ de Trump, que fue dado a conocer recientemente, por razones que no son de forma sino de principios. Hacia el final del texto se reclama una “Palestina libre, democrática, secular y socialista, en la que los árabes palestinos y los judíos vivirán juntos pacíficamente con iguales derechos y dignidad...”. Aunque es obvio que bajo el socialismo habrá igualdad de derechos en cualquier lugar del mundo que ponga fin al capitalismo, no solamente en Palestina, una declaración concreta sobre la situación concreta por la que atraviesa Palestina en la actualidad, debe plantear la abolición de los derechos de la población judía sobre los territorios usurpados y confiscados a los árabes a lo largo de un siglo, así como de toda la estructura de propiedad territorial de los judíos y sobre el régimen capitalista que se ha montado sobre esa expropiación, dominado también por los judíos. La fórmula de la igualdad de derechos pudo ser válida en la lucha contra el mandato británico, como una consigna de unidad de los trabajadores árabes y judíos de Palestina – definitivamente no lo es ahora. La fórmula del socialismo no debe ser una abstracción que esquive las contradicciones concretas de la actualidad. El derecho al retorno del pueblo árabe palestino es incompatible con la igualdad de derechos, concretamente, con los judíos que usurparon las tierras de ese pueblo mediante la expulsión forzada de su suelo nacional. Es claro que la consigna de la autodeterminación nacional no puede referirse al voto de los judíos, y sería por lo tanto una vulneración de derechos. Existen corrientes que han abandonado su posición a favor de dos estados y que abogan ahora por una república única, con derechos iguales, que respeta el orden establecido. Fue lo que ocurrió en Sudáfrica; en Rhodesia, en cambio, los colonos blancos fueron expropiados, bajo la república de Zimbabwe. Un gran abrazo socialista a todos. Por Partido Obrero (Tendencia) – Marcelo Ramal, Eva Gutiérrez, Jorge Altamira, Juan Ferro, Pablo Busch, Mariano Hermida, Jacyn. Voto unánime en la reunión de la Mesa Nacional, domingo 17 de febrero".

3 de marzo de 2020
Discurso al Congreso: Fernández decretó la "conciliación obligatoria"

Alberto Fernández abrió las sesiones ordinarias del Congreso como si sus casi tres meses de gobierno no hubieran transcurrido. Después de reseñar las medidas asistenciales que aplicó en ese lapso, se aferró a los dichos del FMI sobre la deuda ´insostenible´. Se atrevió a decir que “prefería” un “acuerdo razonable” -dejando las puertas abiertas para oficializar el default de la deuda. Sonó, sin embargo, como una extorsión banal, en momentos en que llega una misión del FMI, para ‘auditar’ las cuentas públicas, o sea determinar la capacidad de pago de Argentina, más allá del relato oficial. Fernández hizo referencias al “presupuesto 2021”, sin que el Congreso haya votado el del 2020: las cuentas y gastos de este año están supeditadas al acuerdo con los acreedores. Petroleras, mineras y Malvinas Fernández volvió a anunciar un régimen especial para las explotaciones petroleras y mineras sin, de nuevo, explicitar que se trataría de autorizar la remisión de utilidades, exención de impuestos, flexibilidad laboral. La posibilidad, sin embargo, de que las petroleras importen maquinaria al tipo de cambio oficial, o de expatriar ganancias u obtener financiamiento, desataría las denuncias del resto de los capitalistas, privados de semejantes beneficios. Tanta habladuría sobre Vaca Muerta simplemente esconde la intención de producir, junto a un arreglo de la deuda, una mega-devaluación del peso, que haga factible la liberación del mercado de cambios. Es esta variable la que inhabilita al gobierno la confección de un Presupuesto, que la oposición tampoco le pide. Esto explica también el encono de los Fernández hacia la movilidad jubilatoria y la cláusula gatillo, que no es más que la movilidad de los salarios. Hasta que el oficialismo no logre reunir las condiciones para proceder a una devaluación y a la liberación cambiaria, los discursos de Fernández seguirán poblados de críticas a la hipocresía, la defensa de una economía moral y otra sarta de definiciones similares, que contrastan con lo que él ha hecho en su trayectoria política. La referencia a Malvinas intentó, antes que nada, marcar una diferencia de estilo con Macri, orientado con los intereses británicos y con un discurso globalista. Una vez cumplida la obligación de tocar la cuerda nacional y popular, sin mayores efectos prácticos, se puede ver en este tema alguna intención de aprovechar la ruptura de Gran Bretaña con la Unión Europea, para meterse en el negocio de la pesca, que es un rubro que podría provocar una guerra económica que destruya la posibilidad de un acuerdo sobre el Brexit. Después de todo, Fernández se dio un tiempo con el francés Macron, el italiano Conti, la alemana Merkel y el castellano Sánchez, pero no tuvo un minuto para el trumpista Boris Johnson. Lo que vale para la pesca se aplica al petróleo, ante la manifiesta tendencia de las petroleras a desinvertir en Vaca Muerta, para pelear concesiones ‘off shore’, en la plataforma marítima de Argentina. Aquí, de nuevo, se especula con la posibilidad de aprovechar el Brexit, para obtener un respaldo en la UE frente al ocupante de Malvinas. Todo esto está condicionado a un arreglo de la deuda externa y a un acuerdo con el FMI -con el cual se podrían postergar vencimientos de deuda, bajo el programa de Facilidades Extendidas, lo que supone un plan de ajuste. No son pocos, sin embargo, los que pronostican que la crisis de financiamiento subsistirá después de cualquier arreglo de deuda, la cual no es la causa de la crisis de Argentina sino un efecto de ella, que agrava e incluso acelera el estallido de esta crisis. Los grandes filones de FF -shale gas, petróleo, litio- tropiezan con la crisis mundial, que tiene a la gran industria que consume combustibles y minerales bajo la picota de los precios bajos y el exceso de capacidad. El discurso de AF ni rozó al escenario internacional. Apenas dedicó unas palabras a América Latina, pero sólo para encubrir, detrás de palabras edulcoradas, a los golpes, conspiraciones políticas y rebeliones populares que atraviesan al continente. No condenó el golpe en Bolivia ni las persecuciones y proscripciones contra el MAS. La omisión revela que el gobierno ha colocado a la política exterior bajo la égida del FMI y de sus jefes políticos, en la búsqueda de algunos puntos de quita de la deuda “insostenible”. Distraccionismo Para eludir el impasse de su gestión económica, Fernández llenó su discurso con otras cuestiones, aunque para llegar a contradicciones similares. Les dedicó un párrafo a los servicios de inteligencia y a la difusión de sus archivos, con la liviandad propia de quien nunca hubiera intervenido en la gestión del Estado. El kirchnerismo mantuvo a Stiuso al frente de la SIDE durante más de una década, a sabiendas de su colaboración en paralelo con la CIA y el Mossad. Stiuso sólo fue desplazado en ocasión de la crisis por el memorándum con Irán, y para reemplazar a la SIDE por la inteligencia militar (Milani). Con esos antecedentes, cualquier ´apertura de archivos´ sólo puede culminar en un nuevo encubrimiento o, a lo sumo, en un ajuste de cuentas entre diferentes fracciones del Estado. Fernández anunció una reforma judicial, que pretendería ampliar al elenco de jueces a cargo de causas federales. Pero los nuevos jueces provendrán de los juzgados de CABA, nombrados por Larreta y antes por Macri. Esto pone en tela de juicio el reclamo de la fracción cristinista del gobierno –la libertad de los De VIdo y compañía, así como la cuestión de las causas a CFK. El nudo del acuerdo entre los dos Fernández, que era asegurarle al kirchnerismo un salvoconducto judicial, continúa en crisis, y probablemente más acentuada después de estos anuncios. Fernández anticipó la presentación de una ley de aborto legal cuyo contenido, una vez más, no reveló. En esta ocasión, aseguró que el proyecto se conocerá “en diez días”, o sea, después de la gran movilización del 8M. No quiere que esa jornada concentre los rechazos que pueda despertar su ley si, por ejemplo, se incluye la objeción de conciencia institucional. “Normalidad” “Mañana empiezan las clases en todo el país”, dijo Fernández, celebrando la supuesta capacidad del FdeT para mantener a raya los reclamos docentes, después de haber anunciado un salario inicial que cubre la mitad de la actual canasta de pobreza. Fue como si dictara, desde el mismo Congreso, una gran conciliación obligatoria. Pero en seis distritos del país no arrancaron las clases, y numerosas asambleas de los SUTEBA bonaerenses se pronunciaban en el mismo sentido. Muy poco tiempo antes, había tenido lugar un paro aceitero por el salario, y la cuestión paritaria es objeto de una viva deliberación en varios otros gremios estatales y privados. El inmovilismo oficial puede llenar con palabras la apertura del Congreso, pero no llena las reivindicaciones –ni “los bolsillos de la gente”, como se decía hasta hace poco tiempo. Fernández arrancó destacando “el valor de las palabras”. Los trabajadores comenzarán a responderle con el valor de las acciones.

3 de marzo de 2020
Abajo los procesos judiciales contra los trabajadores de Kimberly

El 27 de febrero tuvo lugar la primera audiencia en los tribunales de Quilmes por el juicio que se les sigue a 11 trabajadores de Kimberly Clark a raíz de la ocupación de la planta contra los despidos. La Justicia ni siquiera se han atrevido a caratularla como usurpación, sino que acusa a los compañeros por “turbación de la propiedad”. La audiencia, de carácter informativa, fue acompañada por la movilización de trabajadores de otros gremios y organizaciones. Se hicieron presentes trabajadores telefónicos, de comercio, activistas de la papelera Ansabo, una delegación de la comisión de ferroviarios despedidos del Roca, parte de la Junta interna de la legislatura platense, y una presencia de la comisión directiva de ATE Quilmes, que viene de una ocupación del edificio municipal contra el despido de 31 empleados municipales. Durante estos casi tres meses transcurridos desde el brutal desalojo por la policía provincial, la patronal se ha dedicado a vaciar la producción, y anunció que va a desmantelar la planta Bernal. Sostienen sus ventas en el país importando productos. El plan de “achicamiento” de Kimberly Clark, discutido a nivel internacional, focalizó sobre la afianzada organización sindical desarrollada por los trabajadores de Bernal. La patronal contó con el activo boicot del sindicato Papelero, que trabajó para aislar a la ocupación de Kimberly de los trabajadores y plantas de toda la zona. El desalojo de la planta se produjo pocos días antes de asumir el nuevo gobierno. Contó con un evidente acuerdo político de los salientes y los entrantes, para desactivar la gran ocupación de 72 días de una lucha histórica. Esa orientación persiste, ya que no existe el menor amague de dar repuesta a los reclamos por el derecho al trabajo de los compañeros despedidos, por parte de los gobiernos de todos los niveles. Los que están mendigando ante el FMI no quieren choque alguno con una multinacional papelera. En la ocupación libramos, desde la Tendencia del PO, una lucha política enorme para desarrollarla como factor de reagrupamiento de los sectores en lucha, una coordinación efectiva de las ocupaciones y el frente único, que contrastaba con la estrategia del oficialismo del PO, que planteaba cocinarse en la salsa del FIT-U. En el SUTEBA Matanza, la solidaridad con los papeleros la propusieron nuestros compañeros, como en otros sectores. La derrota total de los procesos judiciales contra los Papeleros de Kimberly es una tarea inevitable para los luchadores y el clasismo. Se trata de la defensa de la organización y la lucha obrera, frente a la bancarrota capitalista. Llamamos a redoblar la campaña por el cierre de todas las causas contra los Papeleros de Kimberly Clark. Foto: RaraAvis

3 de marzo de 2020
Ernesto Cardenal, poeta de la revolución sandinista

El nicaragüense Ernesto Cardenal era un poeta popular. Falleció este domingo a las 16 horas a los 95 años. Durante sus décadas de residencia en la tierra había sido sacerdote, integrado las filas del sandinismo –que dirigió la revolución que desplazó al dictador Anastasio Somoza del poder– y había sido un gran poeta, tanto que sus versos eran memorizados por generaciones de toda América Latina al punto que muchos de ellos perdían la firma, es decir, adquirían el carácter de anónimos, se transmitían de boca en boca, se pintaban en paredes y se escribían en cuadernos y en agendas sin que importara quién había sido su autor, porque pasaban a pertenecer a quien los leía o recitaba. Su poesía se había incorporado a la cultura de masas. Es que Cardenal era un poeta popular. Había nacido en el seno de una familia acomodada de la ciudad de Granada, en Nicaragua, en 1925 y, según sus memorias, vivió una vida disipada hasta los 30 años, en los que estudió Letras en la Universidad de México, vivió en Nueva York y viajó por Europa durante años. Regresó a Nicaragua y en 1954 participó de un frustrado intento de derrocamiento de Anastasio Somoza padre, luego de lo cual viajó a Estados Unidos para integrarse a la comunidad trapense dirigida por el sacerdote estadounidense Thomas Merton, en Kentucky. Merton también escribía poesía y su planteo sacerdotal incluía la meditación y la incorporación de disciplinas orientales. Había traducido, por ejemplo, a Lao Tsé. La voz poética de Cardenal está atravesada por la influencia de Walt Whitman, el poeta de estadounidense de la democracia, cuyos versos de largo aliento también poseen una narratividad que el nicaragüense manejará con maestría. Así escribe su primer libro Hora 0, que se detiene en la lucha y asesinato de Sandino: “y la gran sombra, la del gran crimen,/ la sombra de Augusto César Sandino. / Todas las noches en Managua la Casa Presidencial se llena de sombras. / Pero el héroe nace cuando muere / y la hierba verde renace de los carbones”. En 1960 regresa a Nicaragua, ya como cura que adhiere al tercermundismo, funda una comunidad en la isla de Solentiname donde campesinos y pescadores asisten a misas cargadas de reflexión política y a la manera de las primeras comunidades cristianas. Escribe sus famosos epigramas, que se recitarán en las verbenas populares sin importar el autor: sus poemas a Claudia son ya legendarios. “Muchachas que algún día leáis / emocionadas / estos versos / y soñéis con un poeta: / sabed que yo los hice para una como vosotras/ y que fue en vano”, dice uno. O este otro: “Me contaron que estabas enamorada de otro / Y entonces me fui a mi cuarto / Y escribí ese artículo contra el Gobierno / Por el que estoy preso”. En 1962 escribió su celebrada “Oración por Marilyn Monroe”. Su adhesión a la Teología de la Liberación y su rol como poeta lo convirtieron en un intelectual de relevancia pública y comprometido con la causa antidictatorial. En 1979 las tropas del Frente Sandinista de Liberación Nacional ingresaron en Managua en el marco de una huelga general mientras el presidente Somoza escapaba en avión hacia los Estados Unidos y daba comienzo así la revolución sandinista, cuyo líder era Daniel Ortega, miembro de la Tendencia Tercerista (las otras dos eran la Tendencia Guerra Prolongada y la Tendencia Proletaria, una campesinista y la otra centrada en la clase obrera), que planteaba un gobierno de coalición amplia. De ese modo, se consagró una junta de gobierno que integraron, además de Ortega, representantes empresarios, intelectuales y hasta Violeta Chamorro, quien luego derrotaría en elecciones en 1990 al sandinismo. Cardenal fue designado ministro de Cultura, aunque fue boicoteado por Rosario Murillo, esposa de Ortega, quien logró finalmente que se cierre el ministerio en 1987. Los Contras financiados por el imperialismo yanqui ejercieron un rol de oposición militar a la revolución. Juan Pablo II visitó la nación centroamericana en 1983 con el objetivo de concentrar a la oposición al sandinismo. Cardenal, que al llegar el papa había gritado en una misa en la Catedral: “¡Viva la revolución!”, fue amonestado públicamente por el pontífice contrarrevolucionario, quien lo sancionó quitándole su rol sacerdotal. Cardenal se sometió a la disciplina vaticana. Luego de que Daniel Ortega entregara la revolución en elecciones en las que la oposición contó con la ayuda económica estadounidense, Cardenal se retiró a Solentiname, donde siguió escribiendo. En 2006, Ortega volvió al poder bajo las siglas del FSLN, pero nada quedó del programa sandinista en su gobierno, que ejerce hasta hoy con mano dura, represiones y asesinatos de manifestantes, a la vez que si bien forma parte de los gobiernos “bolivarianos” no cesa de ejercer políticas de ajuste. Cardenal se convirtió en una voz y una figura de la oposición a Ortega, a quien denunció como autoritario y destacó el gobierno familiar ejercido por el antiguo comandante del FSLN y su esposa Rosario Murillo. Ernesto Cardenal murió este domingo. Uno de sus últimos poemas decía así: “(...) el universo consciente de sí mismo: / polvo de estrellas / que puede en la noche / mirar las estrellas / Nacidos de explosión de supernovas / Hijos del Sol y del Sistema Solar / ¿Tenemos un rol en el universo? / Yo diría que sí”.

3 de marzo de 2020
Revisión paritaria del STIA: la entrega de la Verde, una fija

En el día de ayer la Federación de Trabajadores de la Alimentación (FTIA) cerró el acuerdo de la cláusula de revisión correspondiente al periodo diciembre 2019 a abril de 2020, con la sola entrega de una suma fija por única vez de $4.000 no remunerativos en marzo, y la incorporación al básico a partir de abril de la suma fija de $4.000 decretada por Alberto Fernández. La paritaria del STIA, que va de mayo de 2019 a abril de 2020, originalmente había cerrado un 28% de aumento para el período en 6 cómodas cuotas, por lo que había sido rechazado ampliamente por el activismo del gremio. La revisión, pautada para diciembre, debía compensar la diferencia entre el 28% acordado y la inflación anual del 53,8%, que el Indec midió para el año pasado. Sin embargo, las empresas dilataron las negociaciones por tres meses, en los que el aumento de sumas fijas decretado por el gobierno actuó como un freno a cualquier tipo de oferta, a pesar de haber sido anunciado como un adelanto de la paritaria 2020. El cierre de la negociación -sin consultar con un solo trabajador de la Alimentación- coloca al STIA de Daer y Morcillo a la cabeza de los gremios que a tono con la política de los Fernández, reemplazan las paritarias por sumas fijas, achatando el escalafón salarial y desindexando los salarios. Contrasta con lo cerrado por otros gremios de la CGT como Camioneros, y con los métodos de los Aceiteros, que ante las dilaciones de la negociación decretaron el paro nacional. Con la Verde adelante, el salario de los trabajadores de la Alimentación continuará bajo la línea de pobreza -36.000$ el básico inicial- por lo menos hasta la próxima negociación. La lucha por un salario equivalente a la Canasta Familiar está entonces indisolublemente ligada a la construcción de una nueva dirección para el STIA. Las elecciones en distintas seccionales, que se desarrollarán a lo largo del 2020, son una buena oportunidad para esa lucha.

3 de marzo de 2020
Tucumán: la rebelión docente se profundiza

El viernes fue un día a pura adrenalina en el gobierno. A sabiendas que se venía un paro general de 48 de la docencia, decidió una maniobra: con otro decreto eliminaba un punto del decreto ajustador 1/1 referido a la suspensión de la Cláusula Gatillo, destacaba que reconocía la deuda acumulada y que la iba a abonar en función de los fondos que dispusiera la provincia y que a partir de marzo otorgaba un adicional del 15,22% no remunerativo, no bonificable para siempre. Este anuncio se hizo en presencia de distintos dirigentes sindicales estatales y municipales que salieron a declarar que el conflicto salarial había concluido. En simultáneo el gobierno “actuando como juez y parte” decretó la conciliación obligatoria para aquellos gremios que habían dispuesto medidas de fuerza. Esto le sirvió a la dirigencia del Frente Gremial Docente, para resolver el viernes a la noche que se levantaban los paros de 48 hs. programados. A partir de ese momento Manzur y sus ministros anunciaron que este lunes iba a ser un día normal de clases. La única verdad es la realidad El paro que habían anunciado algunos gremios ya venía siendo organizado por la docencia autoconvocada y por algunos sindicatos que integran la Coordinadora de Lucha. Por medio de comunicados e intervención directa se desenmascaró la maniobra del gobierno y se ratificaron los reclamos: pago inmediato de todas las deudas, vigencia de la clausula gatillo, paritaria ya, repudio a los adicionales en negro, titularización de la docencia interina, mayor presupuesto. Sadop lo había resuelto en un plenario de delegado. Adiunt (Docencia universitaria) en una asamblea numerosa para la época (casi 100 docentes) votó movilizarse el 2 y 3 y parar el 9 (en el día internacional de la mujer trabajadora). El activismo docente autoconvocado, por su parte, se hizo presente en cuanta convocatoria institucional de los sindicatos existentes hubo en esa semana y dio batalla a favor del paro. En el plenario de ATEP de la Capital la burocracia decidió elevar al congreso del gremio la moción de expulsión de Raquel Grassino, la principal referente de la docencia autoconvocada lo que dio lugar a una campaña explosiva de pronunciamientos por escritos (con la excepción del oficialismo del PO, el PTS y los agrupamientos burocráticos opositores a la burocracia oficial). En paralelo, el activismo docente multiplicó el esfuerzo, autoconvocaron a asambleas en numerosas ciudades y pueblos, donde se votó parar y las medidas para asegurarlo. Esta acción se redobló en el fin de semana, cuando el Frente Gremial Docente decidió levantar el paro. Por medio de la redes, reuniones de emergencia, se decidió que el paro y la concentración en la plaza Independencia no se levantaba. La campaña del gobierno y la burocracia se hizo frenética señalando todas las penalidades que podían sufrir los docentes si faltaban a clase. La rebelión en marcha El lunes se despejó la pulseada: el 80% de las escuelas vacías y miles y miles de docentes de toda la provincia, de la parte pública y privada, marcharon y se concentraron en el acto de la Docencia Autoconvocada. La docencia municipal fue de la partida, así también delegaciones de estudiantes secundarios. Algunas reparticiones estatales por primera vez se hicieron presentes al igual que sectores de la salud. Se cantó contra la burocracia y contra el gobierno. Hubo un intento de hacer un acto paralelo de parte de ATE que finalmente se pudo superar integrando dos oradores de ellos, y 4 oradores de la Coordinadora de Lucha. El cierre estuvo a cargo de Raquel Grassino, que llamó asegurar el paro de este martes, a impulsar miércoles, jueves y viernes asambleas en las escuelas, elegir delegados donde no los hubiere, a votar mociones y a reunirse en un congreso de delegados de base el sábado próximo. El consenso unánime es profundizar el plan de lucha, algunos opinan con paro de 72 horas, otros, muchos, con la huelga indefinida.

3 de marzo de 2020
Qué pasa en las asambleas que preparan el 8M

Desde hace un mes se vienen realizando en la Mutual Sentimiento del barrio de Chacarita, una vez por semana, las asambleas preparatorias de la jornada del 8 de marzo. En principio, habrá una concentración el 8 frente a Plaza de Mayo y la Catedral, en repudio a la misa convocada por la Iglesia Católica en Luján en contra del aborto, y un paro y una movilización el lunes 9, cuyo recorrido está en disputa. En las asambleas se han desenvuelto una serie de discusiones en lo que respecta al paro, la movilización y a la situación que atraviesa a las mujeres. "Desendeudadas"... Uno de los ejes centrales del debate es la cuestión de la deuda y el FMI. Esto estuvo presente desde la primera asamblea, cuando el colectivo Ni Una Menos trajo un texto de apertura con la consigna "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos". El sector oficialista que compone la asamblea ha colocado el problema de la deuda y el FMI a tono con lo que el kirchnerismo lo viene haciendo a nivel nacional. Nos querernos “desendeudadas” y la postura contra el Fondo Monetario Internacional obedece al planteo del pago de la deuda en cómodas cuotas, lo que permitiría que el cumplimiento con los fondos internacionales y el FMI no afecte, supuestamente, afecte las necesidades populares. ¿Quién dijo que esto sería así? ¿AF y Martín Guzmán, Kristalina y Joseph Stiglitz? ¿Por qué no los invitamos a encabezar la marcha, después de todo tenemos a una feminista cristiana ortodoxa en la dirección del FMI? Que el pago de la deuda externa implica un ataque hacia los derechos de las trabajadoras, lo muestran los ataques a la movilidad jubilatoria y salarial, y el ataque a las huelgas mediante la conciliación obligatoria. Sostener lo contrario es una obcecación interesada. Al poder político Por otro lado, la última asamblea estuvo atravesada por el debate respecto del recorrido de la marcha del lunes 9; a Plaza de Mayo o al Congreso. El kirchnerismo se ha abroquelado en torno a la segunda opción, para presionar a la institución que tratará la ley. En rigor, lo que las oficialistas pretenden es circunscribir la movilización del 8 M únicamente a la legalización del aborto. Pero las mujeres nos movilizaremos también por el ataque generalizado a nuestras condiciones de vida, por las paritarias, contra los femicidios, por trabajo genuino, la separación de la iglesia del Estado, entre tantas otras reivindicaciones. Y, por supuesto, por el No pago de la deuda y la ruptura con el FMI. Más allá de esto, ni siquiera tenemos el proyecto de ley de legalización del aborto, que sigue en manos del poder ejecutivo. Reclamamos que no se diferencie del proyecto de la Campaña. Por otro lado, es falso que el Congreso sea el lugar de la decisión (de un proyecto que desconocemos), porque sus miembros obedecen a intereses de clase, de camarillas, de lobbies, del clero. La presión debe estar dirigida al conjunto del sistema político y de los intereses que ese sistema representa y defiende, cuyo sitio histórico de poder es la Casa Rosada. Contrariando todas las tesis feministas, acerca de la autonomía del movimiento de mujeres, las corrientes K las quieren supeditar al gobierno de turno, pobladísimo de clericales. La autonomía del movimiento de la mujer es imposible sin un programa político independiente, ligado a los intereses de los trabajadores y de las rebeliones populares. ¿Asambleas de aparato? Quedó claro también que los sectores burocráticos y afines al gobierno han avanzado en su política de vaciar las asambleas y restringirlas a los aparatos partidarios. Alegan que las asambleas no son operativas. No proponen, sin embargo, si este fuera el caso, la convocatoria de asambleas en lugares de trabajo, estudio o residencia, que elijan delegadas con mandatos. El argumento no operativo es un embuste. Las trabajadoras ocupadas y desocupadas y las estudiantes debemos impulsar asambleas en nuestros ámbitos que discutan la organización del paro, la movilización y un pliego reivindicativo. El único método para que las asambleas que discuten la jornada central de este 8 y 9 de marzo sean representativas es que participen compañeras con mandato de base.

3 de marzo de 2020
El reclamo de justicia a 14 años del crimen de Paulina Lebbos

La jornada de lucha contra la impunidad, convocada a 14 años del crimen de Paulina Lebbos, fue nuevamente el canal para que se expresaran casi un centenar de familiares y víctimas en una concentración que reunió a varios miles de personas. La descomposición del régimen político ha transformado la provincia en zona liberada del narcotráfico, la trata, y todo tipo de redes delictivas cuyo accionar no sería posible sin la complicidad y participación del Estado y sus instituciones. En el acto se hicieron presentes familiares de provincias del NOA, invitados por el PO Tendencia: Paola Morales, mamá de Silvia Maldonado, joven fusilada por la policía de Santiago del Estero; Mario Salto, papá de Marito Santo, niño brutalmente asesinado en Quimilí; y familiares de Román Paz González, joven santiagueño asesinado por rugbiers también en esa provincia; Jorge Farfán, papá de Guri víctima de gatillo fácil en Salta; Miguel García, primo de Agustina Nieto víctima de femicidio de Salta; y Claudia Véliz mamá de Diego Pachao víctima de gatillo fácil en Catamarca. Los familiares denunciaron el carácter clasista de la justicia que por la condición de pobreza no agiliza las causas y protege o beneficia a los victimarios. En los casos de gatillo fácil pusieron al descubierto la descomposición de la policía, los apremios y torturas y el accionar de fiscales y jueces en el encubrimiento. En las conclusiones que aportaron distintos familiares se pudo observar que algunos conservan la ilusión de que con leyes y voluntad política de los nuevos gobernantes se pueda poner un freno a esta situación. Otros fueron más allá, planteando la necesidad de hacer avanzar la lucha, apuntando al desmantelamiento del aparato represivo, la elección popular de los jueces y una reorganización social. El PO Tendencia, que interviene en la organización de los familiares, da la lucha política en el desarrollo de esta conciencia. En el acto, Alperovich fue denunciado como el gran encubridor del crimen de Paulina, pero también fue denunciado el conjunto del régimen político. En su cierre, Alberto Lebbos reconoció en la militancia del PO tendencia, la posibilidad y garantía de que la jornada de lucha se haya concretado y que sus militantes son los que sostienen desde hace 14 años la organización de la Comisión de Familiares Victimas de la Impunidad y su marcha de todos los martes.

3 de marzo de 2020
Triunfo en el Posadas: reincorporaciones y flexibilización laboral
Carlos López

Los trabajadores del Hospital Posadas han emprendido una lucha mediante movilizaciones, amparos, judicialización, desde julio de 2017, primero contra el aumento de la jornada laboral que continuó con una lucha sin cuartel producto de cientos de despidos y empeoramiento de las condiciones de trabajo; con el cambio de gobierno, los compañeros siguieron movilizándose, realizando asambleas y exigiendo la reincorporación de todos los despedidos con voluntad de volver. Actualmente suman unos 240, aproximadamente 206 de ellos serían enfermeros, sector donde comenzó el conflicto en junio de 2017, ante la imposición de tener que cumplir 12 hs. noche por medio. ATE Morón, desde un comienzo, actuó con la dirección patronal del Hospital y saboteó toda lucha contra el aumento de la jornada laboral y después contra la reincorporación. Los compañeros se organizaron mediante la Comisión de Despedidos, obtuvieron el apoyo de la Asociación de Profesionales CICOP Posadas y STS, quienes fueron a una mesa de negociación con el Ministerio de Salud y, luego de idas y vueltas, con propuestas de reincorporación a cuenta gotas, el miércoles se firmó un acta de ingreso de los compañeros a razón de 30 trabajadores por mes, según la cáusula quinta, abría un compromiso para que, "en caso de ser posible”, se destinarían medios para acelerar los tiempos de ingreso. El acta plantea también que se reincorporaran bajo la modalidad prestacional que poseía el trabajador al momento de su desvinculación, lo cual trae el problema de si los enfermeros del turno noche ingresan con las 10 horas, noche por medio, o se le aplicaría la jornada de 12 horas noche por medio, lo cual excede lo establecido en el Convenio General para el Empleado Público Decreto 214/06, donde se establece una jornada máxima de 6 horas para el trabajo Nocturno y en áreas críticas de hasta 130 horas máxima para el mes. La otra cuestión pendiente, tratándose de un gobierno que se reivindica popular es la modalidad de contratación, que vuelve a los Contratos que deberán renovarse una vez al año, no olvidemos que la Administración Macrista aprovechando esta precariedad laboral, argumentó que en el Hospital Posadas no existían despidos sino fin de contrataciones, hay que agregar que en el Hospital también se toman empleados monotributistas que deben facturar por las tareas realizadas, quienes no cuentan con convenio, vacaciones, aguinaldos, en definitiva, un peldaño más abajo que el contrato laboral. A este ritmo, si la administración cumple de buena fe el acta, recién en agosto concluiría con todas las reincorporaciones. Es popular el dicho de que peor que ser explotados es ser un desocupado, entonces más que un “Acuerdo” ha sido una imposición, los compañeros firmaron el Acta para que puedan ingresar los compañeros despedidos, pero son conscientes que reingresan en condiciones laborales precarizadas, similares a las condiciones que se vienen aplicando por más de 30 años y que aún no ha sido resuelta, es decir, continúa en juego la estabilidad laboral. Los protagonistas de esta negociación, son los compañeros de la Comisión de Despedidos, son los que se mantuvieron unidos a los trabajadores, que llevaron el conflicto por todas las instancias posibles, asambleas, actos en el hospital y judicialización de los casos, en este camino debieron enfrentar el sabotaje permanente de ATE Morón que firmó la conformidad de la Resolución 333/2017, antecedente del conflicto y los despidos y el camino a una mayor precarización laboral, esto, a pesar, de atentar contra el artículo 48 del Convenio General para el Empleado Público Decreto 214/06. Por lo visto, la nueva Administración continúa aplicando la Ffexibilidad laboral y la precarización, las condiciones ofrecidas son “aceptas estas condiciones o te quedas sin trabajo, sabemos que los compañeros no tienen otro modo de sustento de sus familias que el derecho a ser explotados, la “aceptación” de estas condiciones no han sido paritarias, han sido una imposición. Todas estas modalidades son un atentado a las conquistas plasmadas en la Ley de Enfermería y el Decreto 214/06, se hacen los “distraídos” con la clara intención de mantener un retroceso en las condiciones de trabajo y salarial, se continúa el camino de Flexibilizar las relaciones laborales con o sin reforma de la Ley de Contrato de Trabajo. El reingreso de los compañeros, a pesar de sus límites, ha sido un paso muy importante y un triunfo que es consecuencia de mantener presente esta reivindicación. Habrá que reagrupar fuerzas para luchar contra un Régimen Laboral Esclavizante, impidiendo que se nos destruya física y psíquicamente; si bien han impuesto de hecho las condiciones ya tantas veces repudiadas por los compañeros, hay reservas para reagruparse y levantar la voz contra la flexibilidad en Enfermería, contra los Contratos Temporarios que impiden la Estabilidad laboral, y ahora habrá que luchar también, por la efectivización de todos los compañeros despedidos y trabajadores monotributistas en el Hospital, por el respeto a las conquistas del CCT Decreto 214/06. Habrá que mantener las asambleas entre los que ingresen y los que por el momento se encuentran a la espera de ingresar, ir preparando las condiciones para retomar la lucha por las reivindicaciones que no se respetan, solo será posible mediante la reorganización desde la base, no hace falta decirlo, ninguna confianza a ATE Morón que se adaptó a cada gobierno anti obrero que se cruza en el camino.

3 de marzo de 2020
Vecinas y vecinos: si no nos organizamos nos secuestran

A principios de febrero, en el cruce de Chiclana y La Rioja y a plena luz del día secuestraron a una chica mientras paseaba su perro. Esto se supo gracias a denuncias de vecinos por las redes y boca en boca en el barrio que rápidamente se hizo eco. Una vecina quiso hacer la denuncia en la comisaría, pero no se la tomaron por no ser "testigo directo" del hecho. No es un caso aislado. Semanas antes, en Chiclana y Salcedo, sucedió un hecho similar que fue registrado por cámaras de seguridad e incluso tuvo alguna repercusión mediática. Gracias a la intervención de un vecino, se pudo evitar otro secuestro. A estos hechos se suman denuncias por robos en la vía pública y en casas particulares, la venta de droga a toda hora y a escasos metros de escuelas. La ausencia de personal policial en las zonas que le competen las comisarías 28°, 32° y la 34° -tristemente célebre por la película Rati Horror Show-, completan el panorama del barrio. La policía y Rodríguez Larreta no responden Estamos ante una clara zona liberada donde las mujeres son “presas de los cazadores”. Sabido es que las zonas liberadas no existen sin una complicidad policial. Estos hechos sucedieron a pocos días de que parte del personal a cargo de la comisaría 34° fue relevado. El nuevo comisario se reunió en la comuna con un grupo de vecinos que se han puesto en alerta ante los intentos de secuestros, pero no recibieron soluciones concretas. Grupos de vecinos concurrieron en reiteradas ocasiones a las reuniones que el vice jefe de Gobierno, Diego Santilli, da por los diferentes barrios. Cuando le tocó el turno a Pompeya, le plantearon los graves problemas de inseguridad, el aumento del narcotráfico y la prostitución, todo de la mano de la mirada esquiva de la policía. Han pasado las elecciones de 2019 y las promesas de campaña siguen quedando en palabras vacías. La zona liberada sigue existiendo y debemos organizarnos entre los vecinos para ponerle fin. Qué hacer En diferentes puntos de la ciudad se han organizado corredores seguros, como fue el caso del barrio de Núñez, que, en 2005, a raíz de sucesivos ataques y violaciones a mujeres, la organización de los vecinos logró generar un lugar seguro para transitar; lo mismo ocurrió en la zona que circunda a la facultad de Psicología en el barrio de Once, donde las chicas que concurren a estudiar eran víctimas de intentos de secuestros. Se acerca el 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora y las mujeres saldrán a las calles para manifestar su lucha. En parque Patricios y la zona sur, las redes de trata se están llevando pibas. Necesitamos una organización y movilización independiente de las vecinas y vecinos por nuestra propia seguridad y la de nuestras familias. Exigimos respuesta al Gobierno de la Ciudad. El estado es responsable.

3 de marzo de 2020
Aníbal Fernández contra las fuentes laborales en YCRT

A un mes de que Alberto Fernández designara de interventor de YCRT a Aníbal Fernández, este despidió a 419 trabajadores de la mina de Rio Turbio. La excusa para semejante atropello fue tirarle la pelota al anterior interventor macrista, Omar Zeidán, quien los contrató en pésimas condiciones. Los interventores de esta manera pretenden colocar de rehenes a los trabajadores de las querellas patronales que buscan a su modo flexibilizar las condiciones laborales de los mineros de la cuenca. Los trabajadores no tienen que dejarse engañar por esta pantomima que tiene como objetivo dividir al movimiento obrero como condición para avanzar contra sus derechos. "Nada se puede hacer ante un hecho consumado", dijo cínicamente el funcionario del Frente de Todos frente a la cara de los despedidos y sus familias que sufrían este atropello. Compañeras de trabajadores lamentaron en llanto porque no podrían sostener sus hogares con esta situación. Hasta tuvo el descaro de culpabilizar a los propios mineros diciéndoles "¿Ustedes sabían que estaban haciendo las cosas mal?". Pero la realidad es que estas 'irregularidades' son la regla de los interventores y no la excepción. Situación similar ocurre con los trabajadores municipales, que son tomados bajo contrato a último momento por una gestión y despedidos por la próxima. Los intendentes que se suceden como los interventores en YCRT quieren quedar impunes de sus responsabilidades y desviar la mirada para otro lado. La línea de la dirigencia de ATE ha sido, por su parte, de conciliación con los verdugos de los trabajadores. De hecho, la conducción de ATE se acercó a los estrados de la Justicia para solicitar que se procesen los despidos de estos centenares de trabajadores. La burocracia en estos tiempos actúa como riñón del gobierno. Nunca ha sido tan clara su capitulación con los intereses de la clase obrera. La respuesta de los despedidos de YCRT ha sido la acción del corte de ruta en Río Turbio, exigiendo la reunión con los intendentes de 28 de Noviembre y Rio Turbio para solucionar el conflicto. La unidad de los trabajadores en defensa de las fuentes laborales y la cuenca es la premisa sobre la cual dar una lucha consecuente frente a las maniobras de las distintas gestiones. Los trabajadores deben ver detrás de estos funcionarios K y M los intereses sociales que representan y contraponer a ello la unidad sobre la independencia política de clase. Desde el Partido Obrero Tendencia sostenemos el reparto de las horas de trabajo para terminar con la desocupación y que la mina pase a estar bajo control obrero.

3 de marzo de 2020
Ramal en Bariloche
Corresponsal

El pasado viernes 28 de febrero realizamos una charla debate con Marcelo Ramal. Una nutrida concurrencia -de Bariloche y de localidades cercanas, como El Bolsón y Villa La Angostura- se hizo presente en el Salón Cultural de Usos Múltiples (SCUM) en pleno centro de la ciudad. Previamente hicimos una intensa recorrida por radios y televisión en las que se anunció la actividad y Marcelo Ramal expuso los ejes centrales de lo que se trataría por la tarde -los desafíos de la Izquierda y el movimiento obrero en la etapa actual. Se abordó la caracterización del gobierno actual, sus dificultades e intereses, la cuestión de la deuda, la aprobación de la reforma de las jubilaciones de privilegio y sus verdaderas implicancias, la responsabilidad del FIT al dar quórum. Se resaltó la importancia de la clarificación de la situación de los trabajadores en esta etapa de endeudamiento sin igual y el default de hecho en que se encuentra Argentina. Sus consecuencias inmediatas como ser la anulación de la movilidad jubilatoria, la eliminación de la cláusula gatillo, las paritarias suspendidas o a la baja. Finalmente se dio lugar a un rico, intenso y prolongado debate con los asistentes entre quienes estaban estudiantes de la UNRN, del Comahue, docentes, jubilados, trabajadores municipales, de Luz y Fuerza. El balance arroja que la discusión suscitó entusiasmo frente a las tareas planteadas.

3 de marzo de 2020
Paritaria de aceiteros: paro nacional y conciliación obligatoria

El 26 de febrero se realizó el paro nacional que la Federación de Aceiteros había convocado en defensa del salario mínimo vital y móvil -equivalente a la canasta familiar-, ante las dilaciones en las negociaciones de parte de las cámaras empresarias del sector. El paro nacional, contundente en todo el país, fue levantado a partir de las 16 horas, cuando el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria. El paro nacional aceitero es en sí mismo un hecho político, que coloca la defensa del salario en medio de la ofensiva contra las paritarias emprendido por el Gobierno, que busca reemplazarlas por "sumas fijas", con el objetivo explícito de desindexar el salario. El sindicato aceitero, que se mostrara cercano a los Fernández durante la campaña electoral, se anota el primer paro nacional contra su política. El salario inicial aceitero, sobre el cual se deben calcular las paritarias actuales, es de $54.902, por encima de los salarios promedio de los gremios industriales. La política de lucha de parte de la Federación les ha rendido frutos a los trabajadores en este sentido. Mientras Alimentación, Comercio, CTERA y un sinfín de gremios se anotan en las sumas fijas, Aceiteros patea el tablero defendiendo su paritaria y convocando a un paro nacional. Pero no todas son rosas: como dijimos en Política Obrera (12/10/2019), "Los acuerdos económicos positivos que viene firmando la federación aceitera aún dejan pendientes cuestiones vitales para los trabajadores aceiteros, pues entre las dos últimas paritarias se han producido centenares de despidos y cierres de empresas como Viluco o Nidera que no han tenido una respuesta de la Federación". A este cuadro hay que sumar ahora la crisis de la Aceitera Vicentín, el despido de 32 trabajadores en BioRamallo como respuesta a una medida gremial y la amenaza de retiros voluntarios en Dánica. Los despidos y cierres también requieren de una lucha de conjunto de parte de la Federación. La lucha salarial de los Aceiteros marca el camino.

4 de marzo de 2020
La cuestión de la guerra en 2020

Hace varios meses, Nouriel Roubini se había hecho notar por una evaluación de los factores que podrían desatar un estallido financiero internacional. La notoriedad que alcanzó por su previsión minuciosa de la crisis que estalló a partir de junio/julio de 2007 y culminó en la virtual parálisis del mercado financiero internacional, en septiembre de 2008, cuando fue a la quiebra Lehman Brothers y se produjo el rescate de último momento de la mayor aseguradora del mundo, AIG. Esa notoriedad generó una cierta expectativa con relación a sus nuevas previsiones. El nuevo escenario que dibujaba Roubini enumeraba un agravamiento de la guerra económica entre Estados Unidos y China, una quiebra de las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Europea con motivo del Brexit, el bombardeo de Irán por parte de Trump y, por último, para sorpresa de muchos, una ruptura de Argentina con el FMI. En ese momento no podía imaginar una pandemia de coronavirus. Ahora, en un artículo que reproduce Clarín, bajo un titular convencional (“Los riesgos y desafíos globales del 2020”), la preocupación de Roubini por descifrar el detonante de un estallido financiero, se convierte en la descripción de una (tercera) guerra mundial. Gran parte del análisis elabora por su cuenta lo que son las hipótesis de guerra de los estados más importantes y de varios de la periferia. A Roubini ya no le preocupan la bulla inmobiliaria en varios países, el default de la deuda estudiantil norteamericana (dos billones de dólares), ni el cúmulo de deuda que supera el flujo de fondos que recibe el 35% de las compañías internacionales de distinto porte. Tampoco el corte de financiamiento que ha sufrido en varias ocasiones el mercado interbancario, especialmente el neoyorquino. Ahora le entra en forma directa al “desafío global de EEUU”, por parte de China, Rusia, Irán y Corea del Norte, y al “esfuerzo” de Trump por gatillar el cambio de régimen en esos cuatro países. “Cambio de régimen” Desde la guerra del Golfo, en 1990, y el asalto a Yugoslavia un poco después, el eufemismo “cambio de régimen” desató varias guerras – Afganistán, Irak, Libia, Yemen, Siria, y algunos golpes internacionales, como el que alistó a Ucrania con la OTAN y la contrarréplica de la ocupación de Crimea por parte Putin. Guerras para producir cambios de régimen y nuevas guerras, y cambios de régimen para crear las condiciones favorables para emprender una guerra. Las sanciones económicas, los embargos y los bloqueos se han convertido en las armas predilectas para la preparación política e internacional de la guerra. El propósito de “gatillar cambios de régimen” en Rusia y China constituye de por sí una declaración de guerra. No es un secreto que el Pentágono ha declarado a esos dos países “rivales estratégicos”. La impresión de que Roubini no habla solamente por cuenta propia, sino que se hace cargo de una operación del ‘establishment’ consagrado a la guerra, se ve en que no descuida la crisis política que atraviesa Estados Unidos, que él atribuye a operaciones de sus rivales internacionales – del mismo modo que Piñera adjudicó la responsabilidad del levantamiento popular en Chile a “agentes de Maduro”. Es claro que una acentuación de la lucha de clases en Estados Unidos y un reforzamiento de las luchas por derechos civiles y políticos, debilitan la capacidad del capital financiero y la derecha para llevar a los norteamericanos a la guerra. Trump ha alentado a los grupos fascistas en EEUU a actuar en forma más abierta y agresiva, mientras sus emisarios procuran anudar un frente internacional con la derecha europea y latinoamericana. El bloqueo casi completo contra Venezuela forma parte de una estrategia internacional. Lo mismo ocurre con la presión política sobre los países que tienen un comercio activo con China y son receptores de inversiones chinas. Roubini pone la mirada en las elecciones generales en EEUU de este año, y advierte contra “una ruptura del sistema político”. Por eso no se cuida en anunciar “que 2020 podría ser un año crítico (…) debido a la elección presidencial. En este punto Roubini se supera a sí mismo, porque atribuye a China y a Rusia la intención y la capacidad de producir un “cambio de régimen” en su propio país de adopción –EEUU. Despojados de sus ambiciones ‘comunistas’, rusos y chinos podrían, por fin, subvertir a los Estados Unidos mediante una suerte de quintacolumna. Si el estado más poderoso del planeta no es capaz de cuidar su sistema informático, qué esperanzas tiene el resto del mundo de proteger el suyo de la infiltración norteamericana. La mentalidad macartista ha sobrevivido a la ‘guerra fría’, por la sencilla razón de que no tiene su origen en ella, sino en la guerra de clase del capital contra la clase obrera. Irán Roubini vuelve a anunciar una escalada bélica contra Irán, hasta “una guerra en escala completa”, para “los próximos meses” - “este año”. La vía libre dada por Trump a Netanyahu para anexar los territorios ocupados constituye un preparativo político para esa guerra –como antes el asesinato del líder militar iraní, Husseín Soleimani. El régimen de los ayatollas se encuentra debilitado por las sanciones económicas y por la política de ajuste contra el pueblo, que antecede a esas sanciones. En las elecciones parlamentarias recientes votó menos del 40% del padrón. La firma de un tratado con los talibanes en Afganistán, vecino de Irán, constituye sin duda un nuevo revés histórico del imperialismo yanqui, derrotado con las armas por la milicia de un pueblo atrasado, pero constituye al mismo un reaseguro para un ataque militar contra Irán – que, en 2001, colaboró con la ocupación norteamericana de Afganistán y, en 2003, con la de Irak. De todos modos, la guerra en Afganistán continúa, en la medida en que el gobierno títere instalado por los yanquis sigue en su lugar. Un ataque a Irán pondría en llamas al Medio Oriente, pero de acuerdo a los politólogos, le daría la victoria electoral en noviembre a Trump. Mientras esto puede ser utilizado para imprimir un giro a la derecha en la situación política norteamericana, el balance de fuerzas en el país también podría precipitar a EEUU a una situación pre-revolucionaria, que Roubini tiene inscripta en su radar cuando dice: “Con el electorado ya polarizado, no es difícil imaginar partidarios armados tomando las calles para desafiar los resultados, lo que llevaría violencia grave y caos”. Hay “sospechas sobre el escrutinio”, escribe. China Con relación a China, el hombre que previó la última crisis financiera hace la siguiente previsión. “Para el próximo año, el conflicto EEUU-China podría haber escalado desde una guerra fría a una casi caliente”. Contra toda evidencia, Roubini atribuye la iniciativa de una escalada a China, apremiada por conflictos internos, que ahora se agudizan con las cuarentenas de centenares de miles de habitantes debido al coronavirus. China no inició siquiera la guerra de Corea de 1950, como le atribuye la literatura anti-comunista; recuperó Hong Kong y Macao sin disparar un tiro, aunque con un cohete más eficaz – la promesa de restaurar el capitalismo en China. Roubini sí señala las conspiraciones anti-chinas en Hong Kong, Vietnam y en Taiwán y el patrullaje de la flota norteamericana en el mar de China. Llama la atención que a Roubini se le escapa la ausencia de acuerdo en el capital financiero de Estados Unidos acerca de una guerra con China. Es cierto que la expectativa de una colaboración entre el capital internacional y la nueva burguesía en China ha entrado en crisis – las grandes compañías colaboran con el gobierno en el desarrollo tecnológico que desafía a Estados Unidos. Pero la restauración capitalista en China no puede progresar en términos autárquicos, como tampoco el famoso “socialismo en un solo país”. La competencia entre monopolios capitalistas lleva necesariamente a la guerra, y más aún, a la necesidad de copar mercados ‘emergentes’ - el más importante es China. Pero el alineamiento de fuerzas en una guerra no se encuentra aún determinado. Lo que todo esto demuestra, en todo caso, es que la restauración capitalista no es un proceso ‘pacífico’, sino todo lo contrario. Turquía-Siria Donde la guerra puede adquirir enormes proporciones, no en 2020 sino en este mes de marzo, es de nuevo en Siria, donde Turquía, luego de aliarse con Rusia contra la OTAN, ahora reclama el apoyo de la OTAN contra Rusia, para retener su presencia en el norte de Siria, con la mira puesta en extender su dominación en el norte de Irak y participar de la explotación petrolera en el mar Egeo. Las combinaciones diplomáticas de Putin han saltado por los aires, porque ahora es Rusia que se encuentra empantanada en el extranjero desde hace cinco años. El oleoducto construido para transportar petróleo por Turquía y el mar Negro, sufrirá las contingencias de la guerra, como ocurre con el que construye en el Báltico, abandonado por las compañías extranjeras por las presiones de Trump. Putin ha asistido a Bashar al Assad para recuperar territorio sirio ocupado por fuerzas islámicas armadas por yanquis, franceses y turcos, pero ahora se ve ante una crisis de la cual solo puede salir reculando – o atacando a Turquía. Situación ideal para Netanyahu, que ha obtenido de Putin el derecho a bombardear el sur de Siria, contra milicias libanesas e iraníes. Asistimos a una guerra en desarrollo, con una poderosa fuerza expansiva, no solamente a un pronóstico geopolítico. El ataque que Roubini anuncia contra Irán, e incluso un cambio de régimen, se desarrolla en un escenario que va de Asia central a los Balcanes, y que ha vuelto a provocar una oleada de migrantes desesperados, a quienes todos los estados le cierran las fronteras. Guerra y Revolución La guerra y la revolución son hijas de un mismo proceso histórico, el agotamiento o decadencia del capitalismo. La guerra es el fascismo, la revolución el gobierno de trabajadores. La clase obrera debe debatir la cuestión de la guerra, que está en estado avanzado de preparación, como lo ilustra el artículo de Roubini. La guerra pone fin a la fantasía progresista, que se predica como posible bajo este capitalismo moribundo, y de la democracia, cuya decadencia Roubini no analiza ni comprende, pero que la describe con hechos puntuales. La capacidad destructiva sin precedentes de las armas modernas no aleja la posibilidad de la guerra, que el capitalismo pretende hacer más brutal aún perfeccionando el arsenal que ya posee. La guerra es también el fenómeno internacional por excelencia. La clase obrera no puede enfrentarla sin construir su propia organización internacional –obrera y socialista.

5 de marzo de 2020
Paritaria en crisis y paro Multicolor en Buenos Aires

El gobierno de Kicillof apostó a esconder hasta último momento la oferta salarial, en tándem con las burocracias sindicales y un despliegue de artillería mediática que ya anunciaba el meneado “inicio de clases con normalidad”. Sin embargo, las asambleas del SUTEBA y posterior paro de seccionales Multicolor reflejaron se un enorme rechazo de la docencia a seguir con un salario inicial de pobreza y a la eliminación de la cláusula gatillo. El rechazo prevaleció en distritos conducidos por la Multicolor como La Matanza, Escobar, Ensenada, Tigre, Bahía Blanca, Marcos Paz y Madariaga, en algunos de ellos por unanimidad. En Berazategui (distrito conducido por la Azul y Blanca/PCR) también se rechazó; mientras que en Quilmes las mociones de rechazo empardaron con la de aceptar la oferta. En seccionales conducidas por la Celeste de Baradel como La Plata, San Martín, Varela, San Isidro y Merlo más de un tercio de las asambleas votó el rechazo e ir al paro. La Celeste clausuró el debate en muchísimas asambleas, para frenar la duda y oposición que fue despertando en la propia base celeste la propuesta salarial de pobreza del gobierno. Así las cosas, Baradel oculta la verdad cuando dice que la oferta fue aceptada “por amplísima mayoría”, cuando en distritos celestes con presencia de militancia Multicolor es de al menos el 30% en promedio. Pero lo fundamental es que omite que tanto la FEB como UDOCBA rechazaron la oferta -sin convocar a medidas-, abriendo una crisis dentro del propio FUDB. Baradel le entregó, de esta forma, un inicio “normal” de clases a Kicillof al menos por parte de SUTEBA, pero no exento de crisis. La docencia no le dio un cheque en blanco a Fernández/Kicillof. Así el paro de 24 horas convocado por Suteba Multicolor el 2 de marzo se fue instalando también en seccionales celestes, teniendo un impacto de alrededor del 30% en toda la provincia, que empalma con una tendencia a la lucha de la docencia bonaerense y nacional. Este rechazo a la oferta en Buenos Aires se enmarca en una rebelión de la docencia que recorre el país, conformando un no inicio con paros y movilizaciones que se desarrolló en 14 provincias. Paro multicolor y perspectivas En los distritos conducidos por la Multicolor, el debate en las asambleas abordó acciones concretas para repudiar la oferta del gobierno. Las seccionales de Matanza, Escobar, Ensenada y Madariaga resolvieron parar y realizaron junto con Ademys y delegaciones de varios distritos una importante movilización del Congreso al Palacio Pizzurno que hizo activo el paro del 2. Este importante paro no ha sido, sin embargo, una acción común del conjunto de la Multicolor. En otros distritos Multicolor, las conducciones no impulsaron el paro como Tigre (Verde) o votaron en contra como Bahía Blanca (Encuentro Colectivo/Rompiendo Cadenas, junto con Tribuna Docente “oficial”). Si ha tenido lugar por parte de varias de estas corrientes un planteo común de “exigencia” a la burocracia, cuando esta ha revelado rápidamente su deseo de integrar el sindicato al gobierno. Plantear expectativas en ellos confunde a la docencia y la aleja de la construcción de un plan de lucha independiente. Tribuna Docente-Tendencia sostuvo el planteo de rechazar esta propuesta ya que esta al orden del día la necesidad de un salario mínimo igual a la canasta familiar, así como la aplicación de la cláusula gatillo como reaseguro frente a la inflación (propuestas que fueron bien recibidas por el activismo en las asambleas). Luego del paro y movilización del 2 que impulsamos en toda la provincia es necesario poner en pie desde los Suteba Multicolor un plenario provincial de delegados de escuela con mandato, como canal de lucha para organizar la defensa del salario, las jubilaciones, las condiciones de trabajo y darles continuidad a las medidas.

5 de marzo de 2020
Trotta, el ministro de las Iglesias

Tucumán está viviendo una verdadera pueblada como producto de la movilización docente que copó la Plaza Independencia con miles y miles de trabajadores de la educación en defensa de las condiciones de vida y de trabajo. En ese contexto, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, se apersonó en la provincia para inaugurar el ciclo lectivo 2020, cuando gran parte de la docencia, desde abajo, superando a las burocracias sindicales celestes y de la CTERA, arrancaron un no inicio contundente. Buscando esquivar la movilización hicieron un acto en la localidad de Burruyacú, a 65 km de la capital tucumana. Trotta se pronunció sobre la implementación de la Educación Sexual Integral en la provincia de Manzur, antiabortista declarado y torturador de niñas obligadas a parir sin cumplir siquiera con la ley de ILE para casos de abuso sexual. El diario La Gaceta levantó las declaraciones del ministro que planteó: “lo dijo el Presidente de la Nación, la ESI tiene que aplicarse en todas las provincias. Y esta Ley de Educación Sexual que está vigente, seamos conscientes que suma la perspectiva también de la Iglesia Católica y la Iglesia Evangélica. Hay que respetar la mirada de lo que pueden ser las distintas fes religiosas, pero siendo conscientes que hay contenidos básicos que deben llegar a todas nuestras escuelas”. Las declaraciones de Trotta lesionan por completo el carácter laico y científico que debería tener, incluso en marco (limitado) de la ley 1420, la educación pública o subvencionada por el Estado. Las Iglesias son enemigas declaradas de la implementación de la ESI. Hacen campañas declarando que la ley es propaladora de "ideologías contrarias a la vida". No se puede negociar su implementación con estas instituciones oscurantistas, reaccionarias, homofóbicas que encubren la pedofilia de sus curas acusados de abuso sexual infantil, que se organizan contra el derecho al aborto o que en Brasil son ariete de la reacción bolsonarista. Se posiciona totalmente de espaldas al movimiento de mujeres que tiene esta reivindicación como una demanda nodal. La ley 26.150 de ESI aprobada por el Consejo Federal de Educación en el 2006 bajo el gobierno de Néstor Kirchner, en su artículo 5 y 8 deja abierta la puerta de la educación pública a las iglesias de la mano del concepto de "integralidad" y de "respeto al ideario institucional según convicciones de sus miembros". Pese a eso la ley es progresiva en tanto fija contenidos nacionales, en todas las escuelas de gestión estatal (públicas o privadas) que hacen al conocimiento y cuidado del cuerpo propio y ajeno, al respeto de las diversidades sexuales, a los vínculos saludables, etc. Frente al intento de conciliación como parte negociada del pacto social del gobierno de Fernández que pasea por el Vaticano para negociar una ley de aborto amañada es necesario organizarse y pelear por reivindicaciones mínimas como la implementación efectiva de una educación sexual laica y científica en todo el país, por cursos de capacitación en servicio a la docencia, por material didáctico gratuito en las escuelas, por democratizar la información a las familias de conjunto y por el repudio a toda persecución a los y las docentes que a pulmón ya brindan ESI en sus clases. La lucha por todas estas reivindicaciones debe estar ligada a la pelea estratégica por la separación de la Iglesia del Estado para liquidar la injerencia de religiosa en la educación pública y terminar con los privilegios salariales y previsionales de curas y obispos y con las subvenciones a escuelas confesionales solventadas por el Estado para que esos recursos se destinen a cubrir las necesidades del pueblo trabajador.

5 de marzo de 2020
Tucumán: gobierno acorralado y burocracia en crisis ante la rebelión de docentes y estatales

El martes se cumplió el segundo día de paro docente y comenzó el primer día de paro de 72 hs de los trabajadores de la salud repudiando el decreto ajustador emitido el 6 de enero por parte del gobierno de Manzur. Los trabajadores exigen que se cumpla con la actualización salarial (cláusula gatillo) del último trimestre 2019, a partir de ello, iniciar las discusiones paritarias 2020, que se mantenga vigente la cláusula gatillo, el pase a planta de los precarizados, entre otros puntos. El día anterior, la provincia había asistido a una enorme rebelión docente. Según diversos medios las escuelas estuvieron abiertas pero en más del 80% no hubo clases y entre 10 y 15 mil docentes se movilizaron a la plaza, convocados fundamentalmente por los Docentes Autoconvocados, todo esto en el marco de una conciliación obligatoria que solo la dirigencia burocrática de los gremios docentes y estatales respetó pero no así la docencia en todos sus niveles. La jornada del martes, según informaron los supervisores de zonas, el paro docente fue aún más masivo y supero el 90%. Incluso la movilización fue superior. Como planteo Raquel Grassino, la principal referente de los docentes autoconvocados, en el cierre del acto del lunes 2, la jornada del día 3 iba a ser de paro con concentraciones en todas las ciudades, incluida la capital. Efectivamente, la rebelión docente demostró de manera acabada que tiene un alcance provincial. En la Plaza Independencia asistieron alrededor de 5000 docentes, y en ciudades como Monteros, Concepción, Aguilares, Alberdi, Tafi Viejo, hubo manifestaciones y en algunos casos se reunieron multitudes. En la capital, la concentración docente coincidió con la convocatoria del SITAS (Salud), que tenían organizado un acto en acuerdo con varios sectores de la docencia, minoritarios (con una agrupación derechista, con ATE-docente, e incluso con la agrupación del PTS) dejando de lado a la Docencia Autoconvocada, que siendo completa mayoría, se hizo oír y obligó a que Raquel Grassino fuera una de las oradoras principales de la jornada. En el caso de la salud, el clima de descontento se ha profundizado. El paro docente y las movilizaciones repercuten en el ánimo e incluso en varias asambleas hospitalarias se han votado mociones de paro por tiempo indefinido, paro con abandono e incluso en diversas zonas se han dado los primeros pasos de coordinación zonal para darle mas contundencia a las medidas. Un gobierno acorralado y una burocracia en crisis El martes 3, se concretó la primera reunión de la conciliación obligatoria trucha. La reunión duro media hora y la dirigencia del Frente Gremial Docente solo pudo informar que se había acordado una nueva reunión para el viernes 6. El ministro de educación de la provincia, Lichtmajer había declarado que el lunes iba a haber 2000 escuelas abiertas, y que quizás algún docente iba a faltar a clase. El lunes, pegó una voltereta y declaró que había que escuchar el reclamo de la calle. Desde varios sectores sostienen que el ministro tiene los días contados, incluso es cuestionado por todo un sector de la iglesia que ha alentado las medidas de fuerza en algunos colegios religiosos. Contradiciendo al ministro, pero cerrando los ojos, otros funcionarios sostuvieron que con las ultimas medidas modificando el decreto 1/1 se había repuesto la cláusula gatillo pero que se iba a hacer efectivo mediante un adicional no remunerativo a partir de marzo, y que las deudas salariales se reconocían pero recién en julio se iba a ver como se las pagaba. Precisamente la rebelión docente repudió a esta maniobra para mantener el plan de ajuste. Por un congreso de base que elija una dirección que dirija la lucha El repudio de la docencia se extiende a toda la dirigencia del Frente Gremial Docente, la dirigencia burocrática de la docencia que lidera Toledo que reconoció el reclamo de la calle, pero que “había que ser orgánico”. El martes 3, luego del acto con los trabajadores de la salud, la Docencia Autoconvocada, se movilizó (eran cerca de 3.000) a la sede de ATEP, que estaba inundada de policías. Allí se hizo una asamblea, y se volvió a ratificar el congreso de base del sábado 7, una convocatoria que ha sido tomada con entusiasmo. Hay un despertar de miles de docentes. La desorganización sindical es profunda. Donde existen delegados de ATEP u APEM en la mayoría de los casos actúan como punteros de la burocracia desalentando y ahora amenazando a quienes toman medidas “inorgánicas”. Son tres días de clases los que se vienen, pero también tres días deliberación para fijar los pliegos y elegir los representantes e instalar así un congreso de base, democrático, de lucha, que elija una dirección responsables que lleve la rebelión en curso a la victoria.

5 de marzo de 2020
Recta final en las elecciones en el SUTNA
Marina Santos

Las elecciones en el sindicato del neumático serán otra instancia de lucha contra la patronal, el Estado y sus agentes burocráticos en el movimiento obrero. Esta pugna se puso de manifiesto desde el momento mismo de la convocatoria a elecciones, cuando la Violeta (la lista de la burocracia) intentó impugnarlas con el auxilio del ministerio de trabajo (ver artículo Política Obrera N°5). El repudio que suscitó esta maniobra entre los trabajadores obligó al ministerio a dar marcha atrás, y a la Violeta a desistir del reclamo. La lista Negra, que conquistó el sindicato en 2016, representa, en el movimiento sindical, una alternativa de dirección a la burocracia. En el SUTNA, organizó la pelea por las condiciones de trabajo y la defensa del salario. Entre esas batallas, la que se libró contra el extorsivo “preventivo de crisis” presentado por la patronal de FATE, la persecución sindical en Bridgestone y la pretensión de cambiar el sistema de trabajo en Pirelli. Por seccional La lucha en cada seccional, sin embargo, presentará características particulares. LLavallol presenta un desafío especial, ya que es la única que sigue en manos de la Violeta y se presenta como último refugio de la burocracia. En la seccional Merlo, la consigna “Burocracia Nunca Más” tiene un significado especial: Pirelli fue la fábrica más afectada en sus derechos en el período que dirigió la burocracia. En San Fernando, donde la organización e historia de la lista Negra es más fuerte y extendida en el tiempo, tendrá lugar una confrontación con otras cuatro listas. Además de la Negra y la Violeta, se presentará una ruptura de ésta última (Azul y Blanca), vinculada políticamente a corrientes internas del kirchnerismo; luego, un desprendimiento de la Negra (lista Verde). Finalmente, se presenta una lista ligada a una parte de la izquierda (PTS, MAS, PRC), que sin embargo apoya a la Negra a nivel nacional. Esta duplicidad revela un oportunismo organizativo, porque se propone una acumulación sectaria de fuerzas, (o sea una desacumulación) cuando está abierto el frente único de la Negra para debatir delimitaciones políticas. Los alcances El voto a la Negra, en este cuadro, está fuertemente vinculado a los actuales desafíos del movimiento obrero. El SUTNA tiene un lugar, en el movimiento sindical, que trasciende al sindicato individual. Esto se va a poner de manifiesto en las próximas tratativas paritarias, donde el gobierno de los Fernández cuenta con obtener la adhesión de la burocracia a la desindexación salarial, como acaba de ocurrir en CTERA. Apenas un mes después de las elecciones, comenzará la nueva negociación paritaria: “en marzo votás, en abril paritarias”. La defensa del salario y de las condiciones de trabajo es clave en la próxima etapa y la elección definirá un pronunciamiento en este sentido, a corto y mediano plazo. La consigna “en marzo votás, en abril revisión de paritarias”, así como la perspectiva fijada de poner en pie un nuevo convenio colectivo, unificado y a la medida de los trabajadores, proyecta una perspectiva de lucha hacia el período que se viene. La lucha del SUTNA se convertirá en referencia y orientación de todo el activismo y las organizaciones obreras que pugnarán por abrir un camino de lucha, frente al colaboracionismo de los agentes del gobierno en el movimiento obrero. Este horizonte marca, objetivamente, las elecciones del SUTNA, haciendo pesar la defensa del voto a la Negra en el conjunto de los trabajadores y activistas de las tres plantas. En esta perspectiva, convocamos al voto activo y militante a la Lista Negra. En Llavallol, Jorge Toledo; en Merlo, Juan Achaba; en San Fernando, José Meniño, y Alejandro Crespo como secretario general.

5 de marzo de 2020
La lucha por la liberación de la mujer
Gregorio Goyo Flores

El Día Internacional de la Mujer conmemora a las 129 obreras que murieron quemadas en New York, cuando el patrón prendió fuego a la fábrica, después de que las compañeras se declararon en huelga. Con este motivo tuvieron lugar, a principios de marzo, actos y manifestaciones en homenaje a las víctimas de aquel infausto día y contra la opresión que afecta a la mujer. Una de las consignas coreadas en una de esa movilizaciones fue: “se va acabar, se va acabar, esa costumbre de pegar”, ese gravísimo flagelo reactualizado por el caso Monzón ¿Cruzada anti-masculina, entonces? No creo, sin embargo, que el problema deba abordarse de esta manera. Tenemos que esforzarnos por interpretar la causa de la violencia contra la mujer (¡y contra el niño!) que se producen cotidianamente. La expresión más alta de la violencia es el crimen, el cual aparece en los albores mismos de la humanidad. Si hemos de dar crédito a los investigadores como Morgan, Engels y otros estudiosos de las comunidades primitivas, es posible encontrar muy tempranamente las primeras manifestaciones de violencia, debido al medio natural hostil en que se desenvolvió el hombre primitivo. Pero la violencia institucionalizada, y junto con ella el sometimiento de la mujer, hace su aparición mucho más tarde, cuando la sociedad se divide en clases. Al decir de Engels: “El primer antagonismo de clase que apareció en la historia coincide con el antagonismo entre el hombre y la mujer en la monogamia; y la primera opresión de clases, con la del sexo femenino por el masculino. La monogamia (matrimonio único) surge de la acumulación de la riqueza en una mano, de la necesidad, [como dice Engels] de traspasar esas riquezas a los hijos de ese hombre y a ningún otro” (“Origen de la familia…”) Morgan dice: “Fue el desarrollo de la propiedad y el deseo de que fuese transmitida a sus hijos lo que hizo de fuerza motriz para introducir la monogamia” (“Origen de la civilización”). Quiere decir entonces que los antagonismos entre el hombre y la mujer tienen un origen económico y no es ningún modo innato a la diferencia de sexos. Para cambiar esta situación hay que modificar las condiciones sociales de la vida humana. Si en lugar de la propiedad privada que permite la acumulación de riquezas en pocas manos, con la desigualdad consiguiente, socializamos esas riquezas, habremos eliminado uno de los principales factores de la opresión. Esta es la primera cuestión. En segundo lugar, los actos de violencia que nos sacuden a diario tienen sus raíces en un orden social y político que no podría sobrevivir ni un instante sin el auxilio de la violencia. El Estado es antes que nada una organización concentrada de la violencia, que permite a una clase explotar a la otra. De sus filas e instituciones salen los culpables de los crímenes más atroces contra los oprimidos; ¡y también los jueces que los absuelven. Esto alcanza para explicar a los “monzones” que con fama y dinero tienen la impunidad prácticamente asegurada. Si el Querubín de la muerte, Alfredo Astiz, es ascendido y liberado después de estar imputado en los asesinatos de Azucena Villaflor, las monjas francesas y la Hagelin; lo de Monzón es una cuenta más en el largo rosario de crímenes efectuados al amparo del Estado burgués. La liberación de la mujer no puede ser concebida a expensas del hombre, sino en la lucha en común por el derrocamiento de la burguesía y la destrucción del Estado burgués, como tránsito necesario a la abolición de los antagonismos de clase y de todos los derivados de él. La mujer revolucionaria se inspira en el legado histórico de una Juana Azurduy, una Flora Tristán, una Rosa Luxemburgo, nuestras Madres y las millones que tomaron por asalto los castillos de Versalles, los palacios de Invierno, y los cuarteles de un Batista o un Somoza.

6 de marzo de 2020
Rafael Nahuel: un nuevo encubrimiento
Fernanda Bono Páez

El jueves 5 se conoció que, entre los elementos que debían ser peritados en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales del Ministerio Público de Salta, faltaban el proyectil extraído del cuerpo de Rafael Nahuel y los subfusiles de Javier Pintos, el principal imputado por el asesinato del mapuche, y de Ramón Obregón. Todos los subfusiles de los prefectos del Grupo Albatros que reprimieron el 25 de noviembre del 2.017 y que terminó con la vida de Rafita, debían ser sometidos a peritajes por tercera vez. Con el primer peritaje, la Cámara Federal de General Roca procesó a Pintos como el autor del homicidio; sin embargo, este fallo fue revocado por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal por el resultado del peritaje realizado por Gendarmería de Salta, cuya conclusión fue que el subfusil de Pintos no estaba involucrado en el ataque. Ahora, la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca, ordenó un tercer peritaje de parte frente a los resultados contradictorios de los dos primeros. Cabe señalar que los elementos “extraviados” se encontraban en Bariloche rompiendo la “cadena de custodia” de la Prefectura de Seguridad Aeroportuaria. Encubrimiento de Sur a Norte Que los elementos más importantes a ser peritados el miércoles 4 de marzo en la provincia de Salta, hayan desaparecido implica un nuevo encubrimiento. El primer encubrimiento fue la designación de la “custodia” bajo otro cuerpo de las fuerzas armadas como la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), que remite al dicho: “Entre bomberos no nos pisemos la manguera”. El segundo encubrimiento corresponde al propio Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Los familiares que luchan contra el gatillo fácil en Salta tienen elementos de sobra para cuestionar esta sentencia. El caso de Cristian Gallardo, que produjo un fuerte cuestionamiento al ex-gobernador Urtubey, delató el carácter encubridor del CIF determinando que la joven víctima “había sufrido descompensaciones perdiendo la vida” durante un traslado. Gallardo había sido detenido por un supuesto robo. El informe del hospital donde llegó el cuerpo de Cristian determinó que tenía hematomas y signos de tortura; hace un par de meses, un testigo que aducía haber sido víctima de robo por parte de Gallardo fue arrestado por falso testimonio. Otro elemento probatorio del encubrimiento del CIF es la pericia de parte que realizó Jorge Farfán, padre de Gury. El informe de la junta médica del CIF establece que Gury murió por una sobredosis y alcoholismo. Recordemos que Gury fue asaltado mientras salía de una reunión de amigos y familiares y en defensa propia corrió para recuperar sus pertenencias donde fue golpeado por sus asaltantes y luego detenido por la policía, que lo torturó hasta la muerte. La autopsia de parte y la junta médica determinaron los signos de tortura y que Gury no contenía sustancias tóxicas en la sangre. Así se podría enumerar una larga lista de casos de gatillo fácil que el CIF encubre. Actualmente, de todos los casos, solo están detenidos los policías asesinos de Cristian Gallardo pero con prisión domiciliaria. El organismo en cuestión ahora esta bajo la dirección de la fiscal Sodero Calvet quien ha sido la responsable de que no avancen todas las causas de víctimas de gatillo fácil, por lo menos, que se nuclean en la Comisión de Familiares de Salta. Abajo el régimen del gatillo fácil. Las fuerzas represivas de General Roca ya han sido encubiertas por la Gendarmería de Salta en el segundo peritaje. ¿Por qué tanto encubrimiento? Rafael Nahuel fue asesinado por intentar recuperar, junto a su comunidad, sus tierras enfrentando a los grandes terratenientes como Benetton. La “Conquista del Desierto” sigue su curso. El peritaje de parte para esclarecer el caso del crimen de Rafael Nahuel nuevamente corre riesgo de impunidad bajo la órbita del CIF y el gobierno de Sáenz y Fernández. Sáenz continúa la línea represiva heredada de los anteriores gobiernos. En la provincia hay alrededor de 500 agentes de la policía denunciados por violencia familiar. La designación de Sodero Calvet frente al CIF y el sostenimiento de Abel Cornejo, responsable de las muertes tras las represiones entre el 2000 y 2001 en General Mosconi, como Procurador de la provincia, son la clara expresión de impunidad que pretende llevar adelante el gobernador Sáenz. Justicia Organicemos la más amplia movilización de Norte a Sur y de Este a Oeste para terminar con el gatillo fácil y la impunidad como ya lo vienen haciendo las comisiones de Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Catamarca. Abajo el régimen del gatillo fácil. Desmantelamiento del aparato represivo. Elección popular de jueces y fiscales con mandatos revocables. Justicia por Rafael Nahuel y todas las víctimas del gatillo fácil.

6 de marzo de 2020
Otra vez en las calles contra los femicidios y la opresión

Convocada por familiares, amigos y el Movimiento de Mujeres y Diversidad de Mar del Plata y bajo las consignas NiUnaMenos y VivasNosQueremos; el miércoles 4 se llevó a cabo en la ciudad balnearia una masiva movilización en repudio al asesinato de Jordana Belén Rivero producido el lunes 2 de marzo y para exigir la aparición con vida de Claudia Repetto, la mujer de 53 años que desde el domingo por la noche se encuentra desaparecida. La joven estudiante de psicología de la Universidad Nacional de Mar del Plata, murió tras ser brutalmente golpeada y arrojada desde el séptimo piso de un edificio ubicado en pleno centro de la ciudad por Luis Baraj, un hombre de 50 años oriundo de Ushuaia, que llegó a Mar del Plata este verano. Este femicidio se suma a los otros 4 perpetrados apenas iniciado el mes de marzo: el de Brenda Gordillo de 24 años en Catamarca; Guadalupe Ezeiza de 8 años en Lobos; Octavia Colque, en Las Toninas; y Agustina Atencio en Río Negro. En lo que va del 2020, 66 mujeres resultaron asesinadas en el país; una cada 22 horas en promedio. Las cifras dejan al descubierto que ninguno de los gobiernos ha demostrado con hechos concretos la intención de combatir y terminar con este flagelo. El intendente Guillermo Montenegro, quien afirmó en el inicio de las sesiones ordinarias del Concejo Deliberante que la problemática de la violencia de género es una prioridad, no ha emitió una palabra sobre el crimen de Jordana que acababa de conocerse ese mismo día. Tampoco lo hizo después. La gestión del estado municipal en este tema por parte del partido y el hombre elegido por la ex gobernadora Vidal, se limita elaborar un protocolo especial de intervención y por la concurrencia a una reunión mensual de algunos de sus funcionarios. En la última, al día siguiente del homicidio de Jordana, se planteó el problema por la lista de espera que hay con los botones antipánico. Fernanda Raverta, la rival de Montenegro por el Frente de Todos en las últimas elecciones y hoy ministra de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires; de calificar en la campaña electoral como “alarmante” la situación referida a los femicidios y de apuntar a la falta de políticas de estado para abordar de raíz esta problemática; pasó a reproducir a través de su cuenta de tweet las noticias que ya circulaban sobre el hecho. En las vísperas del Día Internacional de la Mujer Trabajadora, es necesario emprender una campaña a fondo para exigir justicia por Jordana y todas las víctimas de femicidio, en primer lugar en la universidad con medidas de acción directa. Desde la exigencia de aprobación inmediata del proyecto de legalización del aborto de la Campaña, pasando por el reclamo de educación sexual laica en todos los niveles educativos, hasta la separación de la iglesia del estado; el movimiento de mujeres instala de hecho, una discusión sobre el poder. Por eso, este 8 y 9 de marzo nos preparamos para protagonizar una vez más, una poderosa movilización en solidaridad con toda la clase obrera y con la rebelión de las mujeres en el mundo. Saldremos a las calles otra vez para combatir a este régimen que nos explota, reprime y mata. Un régimen social en el que el gran capital, el FMI, los fondos internacionales, el clero y el Estado, descargan toda su violencia y opresión haciendo insostenible la vida misma.

6 de marzo de 2020
Paritaria docente 2020

En la última semana se ha hablado y escrito en abundancia respecto a la paritaria nacional que se desarrolló sin que mediara lucha alguna por parte de las burocracias sindicales. Acertadamente se denunció que la oferta de Fernández-Trotta consiste en convalidar salarios más cerca de la indigencia que de la línea de pobreza (en marzo el salario del maestro de grado pasaría de $22.250 a $23.000. La entrega de esta paritaria por parte de las burocracias sindicales es rematada con la eliminación de la indexación salarial, exigida por el FMI, en un cuadro de recesión e inflación creciente. Los números de la paritaria nacional La oferta del gobierno nacional fue de 23,5% sobre el salario neto para todo el año 2020. Estos 23,5% se abonan en 2 tramos (13,5% en marzo y 10% a partir de julio). Al primer tramo se le suman 4 cuotas mensuales, por única vez y no acumulativas, de $1.210. En números redondos tenemos un aumento nominal de salario neto para el primer semestre de 19,5% y partir de julio se deja de percibir la suma fija de $1.210 (6% del salario neto) y se incorpora la segunda cuota de 10%. En el primer semestre el aumento nominal de salarios arranca en 19,5% y decrece a medida que aumenta la antigüedad del trabajador. Esta paritaria de indigencia a nivel nacional, celebrada por todas las burocracias, representa en los hechos una caída del salario real porque la inflación en alimentos según INDEC fue en enero de 5% y proyectada a junio no bajará del 25-30%. ¿Por qué importa la inflación en alimentos, bebidas, textiles, etc.? Porque los salarios que están por debajo de la línea de pobreza se destinan íntegramente en alimentos, vestimenta, etc. En síntesis: una inflación semestral de 25-30% contra 19% de aumento salarial. Paritaria Bonaerense A diferencia de la paritaria nacional donde la burocracia se mostró unida, en la paritaria bonaerense emergieron ciertas fisuras que, sin dejar de ser relevantes, no pasan de la mera verborragia. La FEB y UDocBA “rechazaron” la oferta por considerarla insuficiente, pero no convocaron a ninguna medida de lucha (laverdadonline.com, 28/2/20). En los hechos, el Frente de Unidad Docente en su conjunto se sometió a la paritaria de hambre propuesta por Kicillof y el FMI. Lo más interesante de la paritaria bonaerense es que la misma está muy por debajo de la paritaria de Fernández-Trotta aunque tal apreciación, en apariencia, resulte inverosímil. Los números La oferta de Kicillof, aceptada sin chistar por Baradel, es más ruinosa para los docentes bonaerenses que las consecuencias de la paritaria nacional. En concreto, Baradel aceptó 8% sobre el salario básico a partir de marzo y 8,5% más a partir de julio. Este 8% de marzo sobre un salario neto de $25.111 del maestro de grado representa 3,8% de aumento salarial. Sumando las 4 cuotas fijas el aumento total sobre el salario neto no llega al 9% para el primer semestre del año¡! Al igual que en la paritaria nacional a medida que aumenta la antigüedad el 9% de aumento nominal decrece porque el impacto porcentual de la suma fija sobre un básico mayor es menor. En pesos constantes y sonantes, la paritaria bonaerense representa $2.156 hasta julio (!). La conclusión que emerge de aquí es la siguiente: el ajuste a los salarios docentes del “soviético” Kicillof es más brutal que el ajuste del “liberal” Fernández. El contraste es agudo. No obstante, no sorprende el guadañazo del gobernador porque mostro la hilacha cuando opto por Fidelity contra los trabajadores docentes. Abramos una amplia deliberación entre los docentes de todo el país, en especial entre los docentes bonaerenses respecto al ajuste de Kicillof y la entrega de las burocracias sindicales para que, a partir de una compresión común, preparemos la organización y el programa de lucha, que mas temprano que tarde, deberemos dar contra los gobiernos fondomonetaristas.

6 de marzo de 2020
Sobre el crimen de Fernando Báez Sosa: pedagogía socialista y lucha de clases

"...recordar y olvidar todo al mismo tiempo, mientras giraba en la arena y tiraba patadas en el aire, sin que me importara el pelotazo en la cabeza que me tiraron los chicos, sin prestarle atención a sus risas ni a sus gritos, quedarme así, en la arena, tirando patadas en el aire así. (…) después el Oso quedó abajo y lo aplastamos, volvimos a aplastarlo y esta vez me tocó encima de todos, encima de Felipe, que me mordió el brazo sin producir dolor, sus dientes en mi carne de plastilina y el dolor que no llegaba, un dolor que se extendía hacia el horizonte de médanos y no llegaba a doler, dolor sin dolor, hermano querido, era eso, ser el brazo y los dientes que lo muerden, simplemente eso, nada más, se me ocurre que era simplemente eso" Hernán Vanoli, Pinamar Hasta que dejamos de militar juntos, a un compañero del partido, responsable, le gustaba pegarme pequeñas trompaditas en el hombro. Lo hacía cada vez que nos encontrábamos en alguna reunión y el chiste era siempre el mismo. Ese lugar, que han elegido por décadas los adolescentes para comunicarse corporalmente a través de la violencia, le servía al camarada para “sacarse la bronca” contra mi “pinta de rugbier” (quizás porque soy más o menos alto, morrudo, blanco). ¿Era, en alguna dimensión, su manera de mostrar autoridad sobre mí? Nada que me haya ofendido ni pretenda denunciar: es el trato habitual al que muchos varones nos acostumbramos –y practicamos- en los más diversos ámbitos de nuestra sociabilidad. Sin embargo, a la manera de una caldera que cede ante las presiones largamente acumuladas, el crimen del joven Fernando Báez Sosa a la salida de un boliche en Villa Gesell conmocionó los pilares más profundos de la sociedad, (des)ordenada en sus relaciones capitalistas: un estado de riesgo permanente, de atrocidad, de violencia, muerte y una descomposición que se precipita sobre la moral. Rosa Luxemburgo fue precisa: la barbarie. La escena, que vimos repetida infinitas veces desde ángulos precarios, es conmocionante: un grupo de pibes (palabra crítica aquí, que no pretende ser indulgente pero sí echar sal sobre el dramático “crimen entre pares” –o bien, vale pensar, ¿qué diferencias había entre Fernando y los otros diez?) mata a otro a trompadas y patadas. Ahora lo medios agregan otro video, grabado por los atacantes: “matalo, dale”, dicen que se oye. ¿De qué reían los diez pendejos del rugby? ¿De qué hablaban cuando volvían? ¿Cómo les cayó la hamburguesa del bajón? ¿A qué hora se durmieron? Es muy importante el debate que abre en Política Obrera N°6 el compañero Emiliano con su artículo “Disparemos contra la masculinidad”, respecto de la enorme polémica social (manipulada espantosamente por los medios de comunicación, que hacen gala de un punitivismo fascistizante) abierta tras el crimen. Sin embargo, creo que el tratamiento sobre el problema de la violencia en su cruzada conceptual clausura el debate ideológico que se abre frente a la “agresión entre explotados”, esa que también destruye los lazos sociales bajo la forma aberrante de la violencia de género. El análisis de las condiciones concretas en que se desarrollan las relaciones entre individuos debe ser la estructura para indagar las particularidades que se anudan en determinadas circunstancias históricas, como la insignificancia de una puerta de boliche que dispara una polémica que haga, como afirma el autor, que “el debate sobre la masculinidad ocupe ahora las portadas de los diarios”. La violencia capitalista, por un lado, y la violencia revolucionaria por el otro: en el trazado certero de estos dos campos, Emiliano parece olvidar las implicancias de la tozudez de quienes insisten en discutir “masculinidades”. ¿Hay, acaso, una forma de “ser varón” en las relaciones sociales capitalistas? Seguramente coincidiríamos en responder que sí, dado que ninguna categoría abstracta –como las de “masculinidad” o “femineidad”- puede evitar definirse “ligada a las relaciones concretas de los individuos sociales” pues “existe una relación dialéctica entre naturaleza e historia (sociedad), como también entre la producción y reproducción de la vida social”. En todo caso, como en cada batalla ideológica y conceptual (como la que con mucho tino abre Emiliano), en nuestra lucha para “superar la sociedad capitalista, que sobrevive mediante una violencia histórica sin precedentes”, confrontamos –bajo la disciplina de una moral socialista- con una “masculinidad capitalista”, la que por caso despilfarra Donald Trump mientras bombardea pueblos enteros para su sometimiento. A esta violencia debemos oponerle, efectivamente, la violencia revolucionaria, la de las milicianas kurdas o las compañeras chilenas que quemaron comisarías tras las denuncias de violaciones y abusos. La mera afirmación –cierta- de que a la violencia del Capital debemos oponerle la violencia revolucionaria en un artículo que reconoce a la tragedia de Villa Gesell como puntapié de una polémica (contra la malversación ideológica de la burguesía) olvida dialogar con la preocupación inicial que moviliza un debate generalizado. Amplias capas de trabajadores discuten el crimen de Fernando; no han sido pocas las “marchas autoconvocadas” en cientos de puntos del país para exigir “Justicia”. El fundamento de la violencia social como un mecanismo de opresión debe ser el terreno para el análisis de los casos particulares que funcionan como emergentes sociales. Los compañeros y compañeras docentes, por caso, lidian diariamente con la violencia entre los jóvenes. Los medios de comunicación, a los que se sumó la demagogia estatal, hacen gala de un punitivismo fascistizante. No sólo pretenden disolver los debates centrales de las y los trabajadores –referidos a la deuda externa, el salario, el trabajo- bajo el concepto “líquido” de la “masculinidad”, además criminalizan a la juventud, en un verdadero lobby para el reforzamiento de la represión. La justicia burguesa viola todos los derechos y garantías de los acusados. Sus declaraciones, sus chats y conversaciones se filtran a los medios. Largas editoriales reclaman el endurecimiento de las penas. Interesa pensar en la responsabilidad del boliche, del sistema que lo ampara, el efecto disciplinante de un uso de la noche dentro de lo general de un negocio gigantesco. La muerte de Fernando opera sobre los comportamientos de un espacio sagrado de la juventud, que es el ocio. El Partido Obrero ha producido textos excepcionales en crímenes sociales como los Cromañón o la fiesta electrónica Time Warp. A los Trump debemos oponerle la más sentida violencia revolucionaria. ¿Debemos oponerle la violencia revolucionaria a la patota de rugbiers, agencias de la violencia sistémica de las relaciones sociales capitalistas? Definitivamente no. Debemos oponerle la más certera educación y pedagogía socialista, discutir cómo le oponemos una “masculinidad” libre, diversa, solidaria, que esté a disposición del desarrollo del sentimiento de camaradería. Oponerle la militancia y la organización como “formas de vida” que concentren los esfuerzos de todas las generaciones y todos los géneros e identidades de la clase obrera en la construcción del socialismo. Oponerle, a fin de cuentas, una ideología del amor socialista. En el complejo desarrollo de las relaciones sociales, Emiliano quizás simplifique cuando afirma que “muerto el perro, muerta la rabia”. El perro y la rabia deben matarse en la misma confrontación. Alejandra Kollontai, en mayo de 1923, hablando del amor en una “carta a la juventud obrera”, se preguntaba: “¿Cómo será posible establecer relaciones entre los sexos que contribuyan a hacer a los hombres más felices, pero que al mismo tiempo no destruyan los intereses de la colectividad? A la juventud trabajadora de Rusia se le plantea actualmente el mismo problema. (…) El amor es un precioso factor social y psíquico que la Humanidad maneja instintivamente según los intereses de la colectividad. La Humanidad trabajadora, armada con el método científico del marxismo y con la experiencia del pasado, tiene que comprender el lugar que la nueva Humanidad tiene que reservar al amor en las relaciones sociales. ¿Cuál es, pues, el ideal de amor que corresponde a los intereses de la clase que lucha para extender su dominio por todo el mundo?”. Kollontai termina la epístola afirmando: “La solución del problema están en manos del proletariados precisamente. Pertenece a la ideología y al nuevo género de vida de la Humanidad trabajadora la solución de este problema” (1) (1) Alejandra Kollontai, “¡Abran paso al Eros alado! (Una carta a la juventud obrera)”, Traducción de Daniel Gaido, Marxists Internet Archive, agosto 2017.

7 de marzo de 2020
Jubilaciones: van contra los regímenes especiales y el 82% móvil

“Un Informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) pone en la mira los regímenes jubilatorios especiales, en particular el de los docentes nacionales, Luz y Fuerza y Fuerzas Armadas y de Seguridad”, consigna Clarín (4/3). A pocos días de su media sanción en Diputados, la información corrobora que la ley que recorta las jubilaciones de los jueces fue el primer paso hacía el desmantelamiento de los llamados regímenes especiales –en esencia, la liquidación de todo vestigio del 82% móvil para las jubilaciones. “Es que, aunque arranca con el impacto fiscal de los regímenes del Poder Judicial y del Servicio Exterior, el informe analiza la incidencia en el gasto y en el déficit total de todos los sistemas especiales, que incluye a los docentes, docentes universitarios, investigadores científicos, Luz y Fuerza, YCF y Fuerzas Armadas y de Seguridad”, continúa el diario. El propósito de la Oficina de Presupuesto del Congreso, creada por la ley de “emergencia y solidaridad” aprobada en diciembre pasado, es revisar, en el plazo de 180 días, “la sustentabilidad económica, financiera y actuarial y proponga al Congreso de la Nación las modificaciones que considere pertinentes relativas a la movilidad o actualización de los regímenes especiales”. El ministro de Trabajo, Claudio Moroni, lo anticipó con toda claridad: “El sistema de financiamiento de seguridad social no tolera más regímenes tan diferenciales porque vamos a tener problemas severos de financiamiento” (Clarín, 27/02). Que la ley aprobada en Diputados el pasado 27 de febrero no significa ni un rasguño a los privilegios de la “casta judicial” lo confirma el hecho de que “la oposición expresó que ´compartía el espíritu´ de la propuesta, pero rubricó un dictamen en minoría con pedidos de cambios en algunos artículos” (Télam (5/3). El jefe del interbloque de senadores de Cambiemos, Luis Naidenoff expresó de este modo la ´profundidad´ de sus reservas: "´No estamos cambiando nada porque se mantienen los regímenes especiales. A la prudencia y la moderación muchos la llaman gatopardismo: cambiar algo para que nada cambie. Lo que estamos discutiendo es poder. ¿Cómo vamos a llenar las vacantes?´, se preguntó Naidenoff, antes de anticipar que pulsará el botón verde en la sesión del próximo miércoles" (La Política Online, 5/3). La oposición macrista y radical apura ´por derecha´ al gobierno en materia de destrucción del sistema previsional, mientras está preocupada por incidir en una nueva configuración de la palestra judicial. La norma no afecta los derechos adquiridos de los funcionarios involucrados, ya sea que se jubilen hoy o continúen trabajando hasta los 75 años. Tampoco se verán perjudicados los ministros de la Corte Suprema -cuyas jubilaciones, según la denuncia del sindicato judicial, superan los $700.000- ni de la Corte provincial, cuyos regímenes no se modifican. Los más afectados, en cambio, serán los empleados judiciales, con el aumento a 65 años de la edad jubilatoria en el caso de los varones y la aplicación del 82% móvil sobre el promedio de sus remuneraciones de los últimos diez años, lo que, según algunos cálculos, podría representar al momento de la jubilación, el 60% del último salario en actividad. El asunto ha dejado en off side a los partidos del Frente de Izquierda, cuyos diputados aportaron quórum y luego se abstuvieron de rechazar en la votación el proyecto oficial, para no quedar atrapados, dicen, “en el campo de la derecha y la casta judicial”. Por su parte, Izquierda Socialista rechazó esta posición y denuncia haber sido marginada de la decisión (“Jubilaciones de jueces y diplomáticos: PTS-PO ¿Había que dar quórum?”, en izquierdasocialista.org.ar). La cuestión previsional se encuentra en el centro de una reestructuración social capitalista, apuntada a barrer conquistas históricas de los trabajadores. Su objetivo es convertir a las jubilaciones en un subsidio a la vejez. Para aquellos trabajadores que quieran cobrar jubilaciones más altas, la alternativa sería aportar a un fondo de capitalización para cobrar un suplemento al momento de su retiro de la actividad. El ajuste ´solidario´ implementado por el gobierno FF representa un ´ahorro fiscal´ de casi 100 mil millones de pesos. En los últimos dos años, con el cambio de la fórmula de movilidad, “entre septiembre de 2017 y diciembre de 2019, los jubilados y pensionados perdieron casi el 20%” de sus ingresos (Clarín, 6/2). Mientras que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES, inundado de títulos públicos que son un pagadiós, perdió la friolera de 32 mil millones de dólares entre 2017 y 2019 (ídem).

7 de marzo de 2020
Los desocupados salieron a las calles en todo el país

El discurso de Alberto Fernández en la inauguración de sesiones legislativas dejó en claro que el gobierno no tiene un plan para salir de la crisis ni una orientación para recuperar el empleo y el salario. El presidente decidió que no haya presupuesto definido este año hasta no llegar a un acuerdo sobre la deuda externa, es decir que estamos supeditados a lo que decida FMI. Mientras tanto, tratará de pilotear la crisis dando manotazos aquí y allá. Con la mención a la Tarjeta Alimentaria, que aún no ha llegado a la mayoría de los distritos, el gobierno pretende dar por cerrado el problema del hambre y la miseria en los barrios. Pero la Tarjeta Alimentaria es incompatible con algunas asignaciones sociales que ya reciben muchos desocupados y no resuelve la situación de emergencia que están atravesando los desocupados de este país. La Tarjeta Alimentaria pretende ser la carta que va a mostrar el gobierno frente al reclamo social durante toda esta etapa de su mandato, mientras subordina el presupuesto nacional al pago de la deuda. Por lo tanto, está claro que para encontrar una salida para los que viven de su trabajo, el no pago de la deuda externa y la ruptura con el FMI tiene que ser el punto de partida. Con esa consigna, el 5/3 se movilizaron las organizaciones de desocupados en una jornada nacional de lucha en los distintos puntos del país. En medio de una enorme lucha docente en varios puntos del país y con la cuestión de las paritarias abierta en varios gremios, la irrupción de los desocupados configura un escenario político nacional de lucha obrera. La jornada tuvo dos movilizaciones. Una encabezada por el Polo Obrero oficial con el MST y otras organizaciones, la otra por la Tendencia del Polo Obrero, junto con el MIJD y otros. La responsabilidad de la división del movimiento de desocupados en dos movilizaciones separadas por reclamos similares recae exclusivamente en el Polo Obrero oficial, que desarrolla una política sectaria y mezquina entre las organizaciones, principalmente contra la Tendencia. La negativa insistente de sus dirigentes a la integración de los compañeros de la Tendencia a la mesa del "Frente de lucha" que ellos encabezan corrió exclusivamente por su cuenta, demostrando que ponen por delante sus propios intereses antes que los del conjunto de la clase obrera. La movilización de la Tendencia La Tendencia del Polo Obrero se movilizó en Buenos Aires, Salta, Tucumán, Misiones, Santiago del Estero y Pergamino. En varios distritos salimos en un frente de lucha con otras organizaciones, como el MIJD y la Tupamaro, la Agrupación “Mariano Ferreyra” en Mar del Plata y el Movimiento Territorial por la Vivienda, de San Juan. Llevamos la consigna del no pago de la deuda y fuera el FMI, junto con un pliego de reclamos que incluía el trabajo genuino, por un plan de obras públicas, nuevos cupos de los planes sociales y aumento de los montos, sostenimiento de comedores y merenderos y guardapolvos y útiles escolares. La respuesta del Ministerio de Desarrollo Social frente a estos reclamos fue que han sufrido un achique de partidas presupuestarias y, por lo tanto, no pueden dar una respuesta a ninguna de las necesidades que se vive en los barrios. Esta respuesta pinta de cuerpo entero a un gobierno que subordina las necesidades sociales de la población al pago de la deuda externa. La primera conclusión que debemos sacar es que la promesa de campaña de “meterle plata en el bolsillo” a la gente ha quedado en el olvido para el gobierno a sólo tres meses de asumir. Lo que está en marcha es un plan de ajuste para pagar la deuda, es decir, sacarle plata del bolsillo a la gente para ponerla en el bolsillo de los acreedores privados. Pero la política de ajuste que está llevando a cabo Alberto Fernández choca con la pobreza que aumenta en el país, la persistencia de la falta de trabajo y la tendencia a la lucha que crece entre los trabajadores ocupados y desocupados. Se desarrolla en la conciencia de la clase obrera la conclusión de que la satisfacción de las reivindicaciones de los trabajadores sólo se va a lograr quebrando la orientación política del gobierno, que es la orientación del acuerdo del pago de la deuda externa que aún no encuentra cauce. La Tendencia del Polo Obrero vuelve a los barrios con estas conclusiones y desarrollará una campaña para organizar más compañeros en los barrios y lograr imponer una salida. El gobierno no logra arreglar con los acreedores de la deuda ni tiende a resolver las necesidades sociales crecientes de la población. El callejón sin salida del gobierno nos llama a organizarnos en los barrios e intervenir en la situación política. No cabe duda de que la agudización de la crisis y de la lucha de clases encontrará a los trabajadores desocupados en la primera línea de batalla por la satisfacción de sus reclamos.

7 de marzo de 2020
Mar del Plata: 400 familias en la ruta por el derecho al trabajo

Más de 350 compañeros desocupados, representando a 400 familias, cortaron y acamparon en la Ruta Nacional 2 durante la jornada del miércoles, reclamando por trabajo genuino y actualización de los montos de los planes, en el marco de la movilización nacional en la que ha participado el Polo Obrero Tendencia. La agrupación barrial Mariano Ferreyra donde se organizan compañeros de distintos barrios de la ciudad de Mar del Plata, resolvió el corte de ruta y acampe en 17 asambleas barriales previas. El referente de la organización, Pablo Barragán, afirmó durante el reclamo “los montos de los planes sociales se encuentran congelados desde diciembre pese a los reiterados aumentos”. Esto deja en claro la “política social” del gobierno nacional, que apunta al reemplazo del asistencialismo, como señaló Daniel Arroyo (Desarrollo Social), por trabajo extremadamente precario. En este marco, la exigencia de trabajo genuino cobra una importancia mayúscula, o sea, el reclamo por un convenio colectivo de trabajo y la jornada laboral de 8 horas, así como el pase a planta de los trabajadores de obras públicas. El planteo de la llamada “CGT de los desocupados no es más que un contrato de 3 meses por $17.000, menos de la mitad de la línea de pobreza; con 30 mil puestos, menos del 10% de los desocupados inscriptos en el programa social. En Mar del Plata, la tarjeta alimentaria que forma parte de la “política social” de AF, ni siquiera arribó. Exclamó el referente: “el programa de alimentación que anunció el gobierno, con bombos y platillos, en Mar del Plata no está y cuando llegue, será para un número reducido”. Es que la tarjeta no sólo representa un parche de un 10% de la línea de pobreza -$4.500, sino que además la recibirán solo las familias con hijos menores de 6 años. Esto será anulado rápidamente por la creciente inflación y no resolverá la miseria social de las familias obreras. Contra la estructura de “economía popular” que se enfoca en la cooptación de las organizaciones sociales al Estado, debemos darnos el debate en las organizaciones sociales para analizar a dónde se pretende llegar con esta llamada “política social” que no es más que el intento de superación del creciente desempleo por trabajo ultra-precarizado, una política que lleva el FMI en todo el mundo. La organización independiente y un programa de los desocupados precarizados, es esencial en esta lucha que se acrecienta con reclamos, hoy, en 23 provincias del país. Por trabajo genuino, jornada de 8 horas bajo convenio colectivo, pase a planta de trabajadores de obras públicas; universalización de la tarjeta alimentarias a todas las familias desocupadas; aumento inmediato de todos los planes sociales; regularización de la entrega de mercadería.

7 de marzo de 2020
"Puerta 7" y otro frustrado intento de hablar sobre las barras bravas
David Irribarren

Una tarde de sol y fútbol como cualquier otra se ve interrumpida por un atentado contra la vida de “Lomito” (Carlos Belloso), jefe de la barra brava del ficticio Ferroviarios Fútbol Club, en el medio de la tribuna. Con intenciones de frenar la violencia que empaña la imagen de la institución en un año electoral, y con el equipo peleando el campeonato, el presidente del club contrata a Diana (Dolores Fonzi), una abogada progresista y “humanitaria”, descendiente de un viejo directivo, para recortar el poder de los barras. Así comienza la primera temporada de “Puerta 7”, la cual consta de ocho capítulos, es producida por Polka, dirigida por Adrián Caetano (“El marginal”) y guionada por Martín Zimmerman. “Puerta 7” logra sintetizar las virtudes y méritos de los dos grandes ángulos de abordaje sobre las barras bravas que dominan las ciencias sociales y el periodismo. Por un lado, hay una mirada que podríamos denominar policiaca/judicial, de mano dura, frente a los criminales. Esta mirada encuentra su expresión en Diana, acompañada por el leal Cardozo (Daniel Araoz), quien va radicalizando y oscureciendo más sus medidas contra “Lomito” y su gente, episodio tras episodio. Del mismo modo, muchos dirigentes revelan estar involucrados en esta trama de corrupción, negocios y muertes, debiendo Diana ampliar aún más el tamaño y el alcance de sus denuncias y acciones. El otro ángulo de abordaje es la que dice oponerse al “reduccionismo” de la mirada anterior, buscando “complejizar” a los barras mostrando sus “códigos”, sus redes sociales de contactos, su vínculo afectivo y su relación de lealtad con sus “seguidores” y el barrio. El director busca explorar está mirada contando la triste historia de un joven trabajador, habitante del barrio del club, quien producto de la desesperación de su situación socioeconómica, termina trabajando para los barras. Así, el joven Mario (Ignacio Quesada), lleva y trae en coche a los muchachos que van a hacer los “trabajitos”, participa de apretadas, cobro de sobornos y espionaje, sino que también ingresa a la trama de relaciones que caracterizan el mundo barra. Se describe a “Lomito” como un sujeto paternalista que ayuda, es solidario, tiene códigos, da trabajo, pero que siempre termina en posición ventaja a en esta cada de dar-recibir-devolver favores. Mario establece vínculos afectivos con la gente de “Lomito”, obtiene beneficios y se le abren muchas puertas. Pero también es despedido de su viejo empleo, y su nueva vida es rechazada por su novia y padre, quien en todo momento actúa como la voz de su conciencia señalando los peligros de sus nuevas amistades. El padre de Mario representa el estereotipo del “gil laburante”, habitualmente primereado y abusado por los barras y sus aliados. Sin embargo, el propósito de exhibir estos abordajes (y por qué no, hacer que dialoguen entre ellos) fracasa al eliminar un elemento fundamental para el real funcionamiento de lo que estos pretenden describir: el poder, la política y el Estado. No hace falta haber pisado una tribuna para saberlo. Todo aquel que conozca el funcionamiento de los partidos patronales y la burocracia sindical, conoce el rol que cumplen los barrabravas en el esquema de poder y amedrentamiento de la burguesía. Es el mismo que le costó la vida a nuestro compañero Mariano Ferreyra. Para el director de la serie, la riqueza e impunidad de los barras solo sería generada los fines de semana. El Estado solo aparece a través de su brazo represivo y judicial, que actúa de acuerdo a la pulseada de poder entre los protagonistas. El problema de los barras aparece como un problema auto-contenido y auto-explicativo en sí mismo, que genera comportamientos y prácticas que “irradian” hacia otros campos sociales. Lo mismo ocurre con el origen de sus negocios y la fuente de su poder. Por ello los derechos de admisión y medidas represivas contra los hinchas que suelen promover quienes abordar este problema desde esta mirada, están destinados al fracaso. Asimismo, en aras de realizar una descripción de la penetración del barra en el entramado social, al faltar el elemento político-estatal, esta es incompleta. Por eso, si el objetivo de la serie era situar el espectador en el submundo de las barras bravas, la misma, en su primera temporada, no cumple con su propósito. El mensaje final es desesperanzador para todos los que amamos el fútbol de los fines de semana. Solo sería posible cambiar el club, recurriendo a las mismas artimañas que los criminales a los que “los buenos” decían combatir. Esto ocurre por la ausencia de una mirada de conjunto del tema, que permita localizar los puntos nodales del problema vinculándolo con otras problemáticas. Pero esto solo será posible el día que se coloquen los artículos sobre barras bravas no en la sección “policiales”, “deportiva” o “sociedad” de los diarios, sino en la sección “política”.

7 de marzo de 2020
Salta: refuerzan represión contra docentes autoconvocados

La docencia autoconvocada salteña cumplió su primera semana de huelga con un promedio ascendente de un 70% de acatamiento. Su paro votado por tiempo indeterminado en reclamo de un aumento inmediato del 30%, la aplicación de una real cláusula gatillo y un bono de 20 mil pesos, no ha sido respondido. Peor aún, el gobernador decidió reprimir este viernes 6 a los delegados docentes apostados en la casa de gobierno (Grand Bourg), mientras anunciaba que no realizará ninguna oferta más y que los autoconvocados debían ceñirse a sus direcciones gremiales traidoras. Un docente se fue internado por la represión. Maniobras fracasadas Sáenz intentó quebrar esta huelga por todos los medios. Primero cerrando un acuerdo de aumento del 8% al básico a cobrar en marzo con la burocracia sindical de la intergremial docente (ADP, SADOP, UDA, AMET, SITEPSA, ATE y UPCN) y al ser inminente la huelga ofreció un bono de 2 mil pesos. Una vez que los autoconvocados entraron en paro, el gobierno lanzó una campaña de tipo macartista en redes sociales y por WhatsApp, tildando a la huelga de “manipulación política del PO”. La misma involucró al ministro de Seguridad y sus punteros al interior de la autoconvocatoria, pero melló también en los delegados autoconvocados y hasta en los militantes docentes del oficialismo del PO, que intentaron expulsar de una marcha a los compañeros de Tribuna Docente y el PO salteños. Posteriormente, el miércoles 4, casi a la media noche, anunció un aumento escalonado del 28,7% que en realidad ronda el 23% a julio, que al revés de lo que esperaba provocó un incremento del paro. En el medio, también fracasó en su intento de dividir internamente a los autoconvocados, mediante la acción de los ex delegados capitalinos Murga y Caliva, quienes fueron revocados por quebrar la lucha el año anterior y que ahora convocaron su propia asamblea bajo planteos “antipartido” y “apolíticos”. La asamblea de capital impulsada por Caliva y Murga no superó los 50 docentes. Ahora Caliva, intenta reponerse como delegada de capital mediante maniobras. Salarios y deuda Sáenz se negó a realizar nuevas ofertas afirmando que eso sería “hipotecar la provincia”, pero en realidad la provincia ya fue hipotecada por sus socios Romero y Urtubey, por lo que éste debe afrontar vencimientos por $9.800 millones de pesos este año que piensa pagar sin chistar. Tampoco le importó que la ley de moratoria y subsidios al capital que hizo aprobar hace semanas por la legislatura salteña profundice esa hipoteca. Su planteo sólo busca reaccionariamente confrontar el reclamo de la docencia con los reclamos populares, que de todos modos no van a ser satisfechos por este gobierno, porque de esta confiscación depende poder honrar a sus mandantes capitalistas. Asamblea y marcha Provincial La represión a los delegados docentes ha causado una indignación, tal vez mayor que el ninguneo a la autoconvocatoria. Los sindicatos de la intergremial no tienen la más mínima posibilidad de encuadrar la huelga. En los pueblos y ciudades del interior se ha profundizado la deliberación desde las bases que ya discuten cortes, movilizaciones y asambleas locales y el reforzamiento del paro para el lunes. A la par crece el reclamo de una asamblea provincial ya que esta no fue fijada cuando se votó el paro por tiempo indeterminado el 29 de febrero pasado. Un sector mayoritario de los delegados departamentales se niega a convocar en nombre de que el gobierno no los recibe y que no tienen ninguna oferta que poner a discutir, sin tener en cuenta que la asamblea será un gran factor de cohesión e impulso de la lucha. La asamblea provincial debe definir los trazos fundamentales de un plan de lucha y una nueva marcha provincial, que históricamente ha sido una demostración de fuerzas importante al movilizar a más de una decena de miles de docentes y concentrar la simpatía y el apoyo popular en su recorrido. También debe llamar al conjunto de los estatales a sumarse a la lucha, como ya lo están discutiendo las ordenanzas de escuela. El reforzamiento de la huelga, el desarrollo de un enorme cerco de solidaridad popular y su extensión a otros sectores estatales, serán claves para quebrar la resistencia del gobernador Sáenz, quien ahora se jugará al desgaste.

7 de marzo de 2020
Los Fernández en un impasse

No es necesario infiltrarse en un estudio de Nueva York para saber que la negociación de la deuda externa se encuentra en un impasse o, traducido, en un callejón sin salida. Esto implica un impasse de carácter político si se acepta la posición oficial de que una resolución del endeudamiento es la condición para una reactivación de la economía. Como quiera que ésta no ofrece signos vitales, con una elevada capacidad ociosa de la industria, y que el llamado ‘riesgo-país’ ha superado los 2.400 puntos, la conclusión no puede ser otra que el gobierno marcha a una crisis con los ojos vendados. Desde que naufragara el propósito de Kicillof de reprogramar un vencimiento de u$s250 millones de la deuda de la provincia de Buenos Aires, el gobierno ha fracasado, una y otra vez, en imponer una quita a los vencimientos de la deuda nacional que se rige por legislación local. Esto significa, nada menos, que los acreedores internacionales y los tenedores locales no aceptan otorgar quita alguna sobre el monto total de la deuda con el sector privado, que es de u$s150 mil millones, a cortísimo y mediano plazo. Hace un mes, el intento de canjear un bono llamado ‘dual’ (se ajusta por dólar, pero se podía comprar, indistintamente, en pesos o en dólares), con una quita del 20%, no encontró aceptación. Como el estado no tenía el dinero para cancelarlo, lo reprogramó en los términos originales por un par de meses, para evitar una declaración de default. Lo ocurrido hace, digamos, algunas horas, ha tenido un resultado, si se quiere, más negativo. El ministro de Economía intentó reprogramar un título, llamado Bogato, casi a la par, o sea sin pretensión de quita. Aunque ahora no recibió un portazo, una proporción elevada de bonistas rechazó el canje, para señalar su interés en el pago inmediato. Como, de nuevo, la plata para cancelar el vencimiento no está, todo indica que habrá, aquí también, una reprogramación. En el medio, Anses salió a comprar bonos al mercado, cuando el bono cotizaba alto debido a la cercanía de la fecha de vencimiento. No va más Las desventuras de los Fernández con los bonos domésticos demuestran que no existe un acercamiento de posiciones con los acreedores, incluso porque cuando el bono es cobrado en pesos la conversión a dólares sólo puede hacerse en uno de los mercados paralelos, donde la cotización del peso es un 25 inferior a la del mercado oficial. Es que los default o cesación de pagos no se arreglan nunca con una discusión aislada de quitas o no, sino que plantean la tutela del capital financiero sobre el conjunto de la política económica del estado deudor. El gobierno ha dado un paso al frente en la aceptación de esa tutela al admitir que el FMI audite o supervise las cuentas públicas y las proyecciones económicas. Es un arma fuerte, que le permitiría al Fondo cuestionar el cuadro financiero de Argentina, y dejar planteada la necesidad de una política fondomonetarista ‘clásica’ - de ajustes y entreguismo. Mientras tanto, el gobierno sigue aplicando - dice que a cuentagotas- esa política fondomonetarista en salarios y jubilaciones, y en la prometida reforma de los “regímenes especiales” de previsión social. Como Macron, en Francia, pretende meter a todos en la caja única de Anses, de modo que borra la conexión entre aportes y jubilación al cese, para integrar en forma completa la previsión social al Presupuesto público. De esta forma, la jubilación perderá relación con los aportes y dependerá del saldo fiscal. El escenario de una crisis de negociación de la deuda ya está montado, pero no todavía el del lugar de cada fuerza en la crisis política que será su resultado. Para cortar el nudo del impasse es probable que se plantee negociar con el FMI un tipo de acuerdo diferente al firmado con Macri, conocido como “facilidades extendidas”. Esto supone la supervisión económica y política del Fondo a cambio de una reprogramación de la deuda que Argentina tiene con el FMI. Un aporte adicional sería usado como ‘endulzante’ de un acuerdo con los fondos internacionales, que podría contemplar alguna quita, si no directa al menos otorgando un período de gracia de cuatro años para el capital y una reducción modesta de intereses. Se trata de encarar una ofensiva contra los trabajadores en un sentido amplio –salarios, servicios sociales, educación, liquidación de aportes patronales a la previsión social. Sin salida Este recorrido divide al campo de partidos patronales y, antes que nada, al Frente para Todos, que no ha resuelto aún la cancelación de los juicios a CFK o la revisión de las condenas, algunas firmes, contra De Vido, Boudou o Milagro Sala, entre otros. Un reciente rechazo, del poder judicial de Argentina, a la recepción de pruebas del poder judicial de Brasil, por los negociados de Odebrecht, deja ver un intento de impunidad para delitos cometidos tanto por kirchneristas como macristas –por ejemplo, Calcaterra o el ex servicio Gustavo Arribas. Lo que más temen oficialistas y opositores es, sin duda, una rebelión popular. La tenacidad de la insurgencia del pueblo chileno aterra a patronales y políticos en toda América Latina. Es significativo que los precios no paren de aumentar con un cambio y tarifas congeladas. Esto no lo va a cambiar la ley de góndolas. La inflación de precios refleja el desequilibrio económico y financiero de conjunto, y el colapso de la demanda de lo que no sean alimentos. El gobierno ‘nacional y popular’ acaba de hacer una concesión fenomenal a los bancos, a quienes ha autorizado a utilizar títulos de la deuda de Argentina, en default, como encaje o reserva, en lugar de dinero. Con el pretexto de liberar plata para el crédito, sustituye un respaldo por el cual paga intereses a los depositantes, por otro, el bono, por el que cobra intereses en lugar de pagarlos. Fomenta, de este modo, una presión sobre el dólar, porque hay pocos que puedan garantizar la obtención de créditos. El gobierno que prometió acabar con las Leliq las sigue renovando, a tasas de interés inferiores pero muy altas. Si esto no es un impasse mayúsculo, habría que preguntarse qué es un impasse. Un arreglo de la crisis de deuda no resolvería nada – esto es fundamental; podría empeorar lo que ya está bastante mal. Nada en el escenario mundial indica que superada la crisis de deuda fueran a venir inversiones a Argentina. Menos que nada a Vaca Muerta. Desde antes del coronavirus, el precio del crudo venía en picada, lo mismo el gas, por debajo del costo de producción del combustible no convencional. En Estados Unidos, el principal productor de ‘shale’ ha pedido, por estas razones, convocatoria de acreedores. El exjefe de gabinete, convertido en Presidente, simplemente no sabe adónde va; para su consuelo, los críticos tampoco. Crisis mundial Encima cayó la abuela. La devaluación del real, un 15% desde principios de año, marca tendencia. Es el resultado de una fuga de capitales que recuerda a la de Argentina desde principios de 2018. Julio Guedes, el Caputo brasileño, ha ido bajando la tasa de interés para animar una economía moribunda y el sistema de crédito interno, y para subsidiar las exportaciones, por supuesto. Nada que no hayamos visto. La caída precipitada de los rendimientos de los bonos del Tesoro en USA, revela que EEUU está chupando la liquidez del sistema mundial. Los títulos de cortísimo plazo han bajado al 0.5% anual, en contraste con lo que ofrece la misma Reserva Federal - un interés del 1,25% por el mismo plazo; el costo del financiamiento es más caro que su rendimiento. A estos niveles de tasas, la suba del oro advierte que el capital busca refugio, no riesgo – el motor se para. ¿Los trabajadores pueden sacar de todo esto una conclusión provechosa? Sí. El cuento de que el sacrificio de hoy es para la prosperidad de mañana es sólo eso. A la luz de este cuadro, las peleas que se comentan entre los intendentes y Kicillof; entre De Vido y AF; el semi-acuerdo de éste con el jujeño Morales para que Sala siga como presa domiciliaria; las diferencias en los pronunciamientos entre AF, de un lado, y CFK, del otro, remite a algo más vasto: cómo se plantarán a medida que el impasse se haga insostenible. Una crisis de gobierno constituye un pasaje inevitable y obligado en el estallido de este impasse. Ahora bien, los representantes de la burguesía, sea cual fuere la fracción que representen, no manejan la situación, son arrastrados por ella. Polémica La polémica desatada en la izquierda acerca del parlamentarismo, como rescate del estado capitalista, por un lado, y el uso revolucionario de la tribuna parlamentaria para desarrollar una alternativa revolucionaria en la vanguardia y las masas, por el otro, alcanza en este cuadro político todo su significado.

7 de marzo de 2020
Un punto de inflexión
Comité de Redacción

La crisis de orientación y estrategia política de la izquierda es evidente para quien quiera verla. En las sesiones extraordinarias de hace mes y medio, el FIT votó el proyecto de emergencia alimentaria, que no ha servido para resolver ningún problema relativo al hambre, como lo demuestran las movilizaciones sociales en desarrollo. Izquierda Socialista, todavía con una diputada, acompañó la denuncia del proyecto con la abstención a la hora de la votación. Ese proyecto, acompañado sin grietas por parte de oficialistas y opositores del campo patronal, fue la base de la posterior votación del proyecto de ‘sostenibilidad’ de la deuda, que otorgó al gobierno un mandato en blanco para pactar la negociación de la deuda con el FMI. En forma paralela a todo esto, el oficialismo del PO dio quórum a Capitanich (le faltaba un diputado para conseguir número), para posibilitar la aprobación del Presupuesto, que fija el pago de la deuda del Chaco. Ninguna corriente del FIT recogió la denuncia que en forma oportuna realizara nuestra Tendencia (“el que calla, otorga”). Al final, las bancadas del FIT-U en el Congreso -ocupadas por el PO y el PTS- habilitaron el quórum para hacer pasar la reforma de jubilaciones de jueces, trabajadores judiciales y diplomáticos, que luego sus diputados denunciaron en el recinto como funcional a los intereses de la casta judicial. Estamos ante un giro estratégico de parte de una fuerza política, el FIT, que plantea el derrocamiento de la burguesía y un gobierno de trabajadores, mientras opera en sentido contrario, o sea, oficiando de rescatista de un régimen político atrapado en una crisis terminal, debido a una completa parálisis de las fuerzas productivas y una hipoteca impagable con el capital financiero internacional. Quórums La defensa, con los tapones de punta, de esta política, por parte de los oficialismos del PTS y el PO, interviene como un punto de inflexión, porque una cosa es no acertar con la política adecuada, otra es defenderla en términos de principios. Izquierda Socialista volvió a colocarse en una posición más acertada, porque criticó el otorgamiento de quórum (la sesión se caía sin la presencia de los diputados del FIT), pero denuncia arbitrariamente a nuestra Tendencia de querer destruir al Frente de Izquierda, cuando ha sido la Tendencia, no IS, la que denunció primera este quórum y la única en el caso del presupuesto de Capitanich. Calificar como “destructiva” a una crítica correcta es el colmo del faccionalismo. La presencia parlamentaria de la izquierda debería servir para desplegar una oposición sistemática al régimen imperante, con su quórum `estratégico´, el FIT ha demostrado lo contrario. Luego de la andanada de difamaciones acerca de nuestra ´funcionalidad´ a Cambiemos, la UCR y la casta judicial, los primeros se aprestan a votar a favor en el Senado el proyecto que habilitó el FIT; las anunciadas renuncias masivas en la casta judicial, por ahora, no han tenido lugar. Los trabajadores judiciales sí están en una lucha. La reforma de los regímenes especiales de jubilaciones, incluida la del poder judicial, fue pedida, como hemos documentado, por el FMI a Macri, en junio de 2018. Cuando aún no recibió la sanción final del Senado, una comisión de diputados se encuentra dando los puntos finales contra la que establece el 82% para docentes nacionales, docentes universitarios, investigadores científicos y trabajadores de Luz y Fuerza. El PO oficial y el PTS se negaron, sin embargo, a hacer caer la sesión con su presencia, cuando la tarea estratégica de la izquierda no es rescatar el parlamento sino luchar contra sus maquinaciones anti-obreras por medio de la denuncia y la lucha. La ley votada es parte de la articulación del ajuste. Un artículo reciente de Eduardo Salas advierte que acompañaría un aumento a las retenciones a las exportaciones agropecuarias, si esto fuera necesario por ley, revisando la posición histórica del FIT, que ha denunciado que es una exigencia del FMI, para que lo recaudado sirva al pago de la deuda externa. Por los puertos privados de Rosario-San Lorenzo, una buena parte de la soja exportada sale en negro. El PTS pretende desligar el quórum en el Congreso al otorgado a Capitanich en Chaco -dice que “no es lo mismo”. El diputado del PO chaqueño habilitó el quórum reingresando al recinto, y permitiendo a Capitanich contar con su ley de ajuste. El PTS está “estudiando” el caso chaqueño desde hace dos meses, por lo visto, sin arribar a ninguna conclusión. Mientras tanto, siguió los mismos pasos en el Congreso nacional. No hay que dejarse distraer, sin embargo, por esta acumulación de casos ‘puntuales’. Frente a una situación de conjunto, caracterizada por un impasse descomunal de todo el régimen político, el deber número uno de la izquierda revolucionaria es plantarse ante las masas como una alternativa política a ese régimen, y sobre esta base impulsar una lucha de masas por el poder político. Rescate La habilitación a esta ley de ajuste no puede ser explicada por razones circunstanciales. El FIT votó el proyecto de ley Micaela, que ordena instruir a los funcionarios del Estado, en primer lugar, la policía, en cuestiones de género. Un verdadero despropósito, que fue denunciado por los compañeros que luego formarían la Tendencia en boletines y conferencias del PO. Se alegó, para justificar ese voto, por un lado, que había sido pedido por la familia de la joven víctima de femicidio, por el otro que no había que quedar ‘pegados’ al fascista Olmedo, el único que votó en contra. El cálculo electoral por encima de los principios políticos, pues se encargaba a la burocracia civil y a la represiva del ´Estado es Responsable´, la protección de la mujer contra la violencia machista y la violencia misógina en general, pero no contra la violencia represiva. Estamos aquí ante un cretinismo parlamentario manifiesto y una integración al Estado, pues se olvida que el parlamentarismo ha sido históricamente un método de integración de la dirección o cúpula de la clase obrera al Estado -no lo es solamente la estatización sindical. En definitiva, la izquierda no se prepara para desempeñar un rol revolucionario en tiempos de derrumbe político, por un lado, ajustes y ataques capitalistas por el otro, y rebeliones populares, por último, que en el cuadro de la crisis política opera como algo más estratégico Cuando el congreso sancionó la ley de “emergencia alimentaria”, en medio de un derrumbe económico y social manifiesto, y de una temprana crisis política del nuevo gobierno en espera, esa ley inocua y mentirosa promovía una “reasignación de partidas” – para señalizar una “unión nacional” que sería capaz de resolver la crisis. El voto a esta ley, nada menos que por parte del FIT (repetimos, con oposición abstencionista de IS) fue un instrumento para promover el abandono de las calles, y canalizar “institucionalmente” la crisis social. Los voceros del aparato del PO en el movimiento de desocupados llevaron hasta el final esta conclusión política, cuando señalaron a los medios que “querían que Macri concluyera su mandato”. La discusión ya no es si esto constituye una integración parlamentaria al Estado, sino si estamos ante una inflexión política concertada en el FIT. Desenlace y conclusiones Lo que sí está redondamente claro es que asistimos a una inflexión política en el debate abierto por la Tendencia, que ha sido difamada como peleas personales, o carentes de contenido. Hoy tenemos a todo el FIT en la discusión, a la que se suma una larga periferia. El PTS cristalizó los términos del debate cuando sostuvo que la cuestión de la deuda externa no es ideológica. No podía haber sido más claro, porque es la admisión de que no plantea una cuestión de poder, ni política en general. Este enfoque pragmático es el sustento del oportunismo parlamentario. La inflexión tiene que ver con otro punto más: hasta 2014-2015, el PTS tenía una política anti-parlamentaria, el llamado cretinismo anti-parlamentario. Un debate en 2012 mostró su total oposición a la presentación de proyectos de leyes, despreciados como ‘reformismo’, sin importar si servían o no a una agitación política. No habían aprendido nada del proyecto de reducción de la jornada laboral en el subte, en 2002. Es indudable que el PTS ha pegado una voltereta, y que habrá muchas otras en el camino. El Partido Obrero advirtió que el FIT, aunque necesario y positivo, era un frente con partidos de carácter centrista o democratizante, incluso “frente oportunista” (ver Prensa Obrera, abril de 2011 y El Ascenso de la Izquierda). Oportunista porque no estaba basado en un programa, sino que constituía una respuesta inmediata a una situación política concreta. Positivo por esa respuesta y porque reunía a una larga masa de activisimo obrero, vinculada a la lucha de trabajadores. Los aspectos oportunistas de este frente se han acentuado, y los positivos han retrocedido. El oportunismo parlamentario ha crecido como consecuencia de esta tendencia, en especial por el pasaje del PO (oficial) al campo democratizante. La evolución conservadora y electoralista del aparato del PO ha volcado la balanza del FIT-U hacia sus vertientes democratizantes. Ello explica que hoy el PTS salga al rescate, no solamente de su propia política sino de la política del aparato del PO. Este derrotero ha tenido lugar en medio de una transición política signada por el derrumbe del macrismo, o sea del capital financiero. Esto, en medio de las crisis políticas y rebeliones populares en el continente y en numerosos otros países. Como todas las transiciones históricas, ésta también ha conmovido a las fuerzas políticas en presencia, y cruza vertebralmente al conjunto de la izquierda. Lo que hemos señalado al constituirse la Tendencia, se confirma plenamente: la lucha política por el lugar de la izquierda en esta transición histórica recorrerá a todos sus partidos

7 de marzo de 2020
"Valientes y viriles" contra la barbarie capitalista

La agudización de la crisis capitalista global y el alza de la lucha de clases reaviva la discusión sobre la estrategia para terminar con "la violencia patriarcal": ¿revolución deconstructiva o cambio en las condiciones materiales (históricas) de existencia? Una síntesis dialéctica como superación de binarismos infructuosos. Deconstrucciones La Nación, en un artículo reciente titulado ¨Ni viriles ni valientes. El desafío de una masculinidad que rompa con los estereotipos¨, plantea que la causa de la violencia machista y la desigualdad sería ¨el modelo hegemónico de masculinidad¨. Este “modelo”, dice, debería ser desarmado en la familia y la escuela por medio de la educación y la puesta en cuestionamiento de los micromachismos cotidianos y de los estereotipos. La vía de resolución para la alta tasa de femicidios y la violencia machista es planteada como una batalla cultural-ideológica. Pero profundizando en la cuestión queda en evidencia que, por más deconstrucciones lingüísticas que se promuevan, si no se atacan las condiciones materiales (históricas) de existencia que generan relaciones sociales basadas en la cosificación y mercantilización de los seres humanos, la violencia se reproduce como un factor inherente al sistema capitalista. Nada nuevo bajo el sol La Nación no levanta un debate novedoso. En la década del 60/70 el posestructuralismo se condensa en discusión con el Mayo Francés y se estructura como una corriente ideológica política contraria a la organización del movimiento obrero-estudiantil. Siguiendo sus planteos, si el problema está en las ideas no está en el mundo material y si los poderes no son centrales están difuminados en la sociedad civil como redes de micro-poder. Se veló así el rol del Estado capitalista como gerente y reaseaguro de la explotación y la violencia sistémica. Desde este ángulo la lucha de clases no sería la salida. Hay que ¨deconstruir¨, ¨desprogramar¨ los géneros, las sexualidades y las relaciones para ir hacia un mundo más humano, pero siempre capitalista. Oxímoron total. No es casual que estas discusiones resurjan al calor de una bancarrota de régimen a nivel global y en ascenso de la lucha de clases desde Irán hasta Chile. Es expresión del intento de desvío del foco principal: la necesidad de la toma del poder político por parte del proletariado como base necesaria para una transformación de las relaciones sociales y para la emancipación bajo el socialismo. Impugnar la violencia en general adscribiéndola a una “naturaleza masculina fija” lleva a la parálisis de los explotados que para liberarnos vamos a tener que recurrir a la violencia revolucionaria. Perspectivas en pugna Mientras las feministas culturalistas se vuelcan por la deconstrucción de “lo femenino” y “lo masculino” como categorías abstractas, las feministas radicales promueven el separatismo entre hombres y mujeres desde un biologicismo rampante. Ambos sectores abandonan una perspectiva estratégica para atacar al Estado capitalista y ponen el foco en “las masculinidades tóxicas” de sujetos individuales. Frente a estos planteos polarizantes las socialistas revolucionarias planteamos la necesidad de atacar las bases materiales (históricas) de la explotación capitalista y damos batalla contra la superestructura político-ideológica que las sustenta. Esta pelea la damos de conjunto con los hombres de nuestra clase rompiendo con la fragmetación que la burguesía busca imponer el movimiento obrero. Esta perspectiva es la que buscamos extender en el movimiento de mujeres que tiene una potencialidad revulsiva enorme, aunque aún limitada por su carácter policlasista y por las corrientes reformistas que disputan su dirección en pos de demandas parciales desvinculadas del norte estratégico de la toma del poder. Por esto damos la batalla para trocarlo en revolucionario y así poder acabar con la violencia de una vez y para siempre. Así que, valientes y viriles, ¡todas y todos contra la violencia capitalista!

7 de marzo de 2020
Brasil: etnocidio y complicidad internacional

Por Sergio Gómez de Saravia El gobierno del fascistoide Bolsonaro fue denunciado el pasado 3 de marzo ante la ONU por riesgo de genocidio de los pueblos indígenas aislados y por el desmantelamiento de su estructura estatal para combatir la deforestación. Ya el 2 de marzo de 2019 el obispo auxiliar Monseñor Vicente de Paula Ferreira denunciaba al gobierno por las practicas mineras que se realizan en Brasil a dos meses de la ruptura en la represa de Brumadinho que se cobró 250 muertos y al día de hoy, 20 desaparecidos. En su momento el obispo señaló que las licencias se otorgan de forma ilegal y sin ningún tipo de consulta a las comunidades que se verán afectadas por el negociado. Ese mismo mes de 2019 y ante la ONU Bolsonaro fue denunciado por querer conmemorar a los golpistas de 1964. Toda una colección (de denuncias). Brasil tiene la mayor cantidad de pueblos aislados en el mundo, con 115 registros, 28 confirmados y los restantes en investigación. En estas poblaciones en especial se intensifico la tala y deforestación, cabe destacar que son estas tribus las más sensibles a enfermedades y a la pérdida del bosque. En todos los casos de comunidades indígenas, la deforestación supera la media y en el caso de las poblaciones aisladas la deforestación creció un 113%. Un estudio señala que seis tierras indígenas que tienen 10 registros de pueblos aislados representan el 90 por ciento de la deforestación registrada en la Amazonia brasileña. La incapacidad de la ONU Las denuncias ante la ONU caen en saco roto; ya que todos los estados que intervienen en ella son súbditos y directores de las principales empresas que gestionan la destrucción del ambiente. Es así que, incluso luego del incendio que se extendió por todo el suroeste de Brasil-Bolivia y parte de Paraguay, nada han podido hacer para detener la deforestación y la megaminería. El mismo FMI, propone a los países endeudados el desarrollo de la megaminería, el fracking y la expansión de la frontera sojera. En Argentina, en lo que va del año, se contabilizan ocho niños muertos por desnutrición. En Salta junto a otros tantos están en tratamiento intensivo. La llamada cuestión ambiental está inserta en la lucha de clases.

8 de marzo de 2020
Tucumán: se realizó el Congreso de Delegados Autoconvocados

El sábado 7 se concretó el 1º Congreso de Delegados de la docencia autoconvocada. Su realización tuvo que vencer numerosos obstáculos, en especial por la intervención del gobierno, desde el gobernador, pasando por el ministro de Educación y los servicios, para que nadie, ningún club, facultad, colegio o centro cultural se atreviera a dar un espacio para que el congreso se pudiera reunir. A todo esto, se sumaron los aprietes y amenaza de descuento de los días de paro, en algunos casos hasta agresiones físicas, y una campaña sistemática procurando desprestigiar a Raquel Grassino Nada de todo esto impidió, que el congreso se realizara en un espacio, llamado el Piletón, del Parque Avellaneda. Allí se hicieron presentes 150 delegados representando a más de 2.000 docentes que se reunieron previamente en asambleas, volcaron sus inquietudes en pliegos y firmaron respaldando a los delegados que se mandataba a concurrir. Aparte de los delegados con mandato, se hicieron presentes alrededor de 90 docentes, que quedaron en calidad de invitados, en muchos casos delegados que no tenían mandato respaldatorio, y varios miembros de las distintas organizaciones que integran la Coordinadora de Lucha. El congreso se convocó para discutir dos puntos: el estado de la lucha contra la política de ajuste de Manzur y la elección de una dirección para el movimiento docente autoconvocado. La mesa del Congreso estuvo presidida por Raquel Grassino quien dio el informe de apertura. Luego hubo 60 intervenciones con mociones diversas sobre como continuar la lucha y denuncias escalofriantes del estado de abandono de las escuelas y la situación social de los alumnos. Todas las intervenciones denunciaban a la burocracia planteando la necesidad de recuperar al gremio. Todas expresaron el repudio y la solidaridad con la docencia salteña reprimida. Agotadas las deliberaciones se pasó a votar y las resoluciones principales aprobadas fueron: Continuar la semana entrante con un paro de 72 horas, miércoles 11 con concentración en la capital, jueves 12 y viernes 13 con concentraciones en las ciudades. El lunes 9 sumarse con columna propia a la marcha que organizan los movimientos de mujeres en la provincia. Convocar a las organizaciones de los estudiantes secundarios a coordinar las próximas acciones. Promover en todas las escuelas la formación de comité de padres en apoyo a la lucha. Preparar en conjunto con la Coordinadora de Lucha y otros sindicatos en lucha, una marcha provincial desde los cuatro puntos cardinales a la capital. Un conjunto de medidas de organización, desde la formación de un equipo legal, la salida de un boletín de lucha y una página oficial del movimiento, la formación de un fondo de huelga. Finalmente Se pasó a elegir una dirección aprobada prácticamente por unanimidad conformada por dos referentes de cada una de las asambleas autoconvocadas que ya demostraron su influencia y capacidad de organización y movilizaciones. Así, en la dirección electa se encuentran delegados de Alberdi, Aguilares, Concepción, Monteros, Famaillá, Tafí Viejo, Amaicha, Tafí del Valle, y la Capital. Un enorme paso adelantes de organización y de lucha de una extraordinaria vanguardia docente, que se debe extender a nuevas zonas y escuelas donde aún no se han podido dar pasos de organización. Los desafíos son enormes. Este congreso por otro lado apuntala a la propia Coordinadora de Lucha a la que se siguen sumando sectores que se incorporan a la lucha general que tienen planteando los estatales para derrotar el plan de ajuste de Manzur y compañía

8 de marzo de 2020
Las diez plagas de Egipto y el capitalismo

Las crisis ambientales y sanitarias desnudan inevitablemente la naturaleza de los regímenes sociales en las que se desenvuelven y sus límites históricos insalvables. La expansión del coronavirus a la categoría de una pandemia es precisamente este caso. Es claro que la irrupción del Covid-19 encontró a los países más afectados sin preparación. Con el antecedente de la cadena de epidemias de los últimos decenios, es notorio que los gobiernos se encuentran reaccionando frente a los hechos consumados, e incluso ocultando la tendencia de la enfermedad que, sin embargo, puede discernirse por medio de modelos informáticos. El virus ha alcanzado a cien mil personas, con una tasa de mortalidad en ascenso, de un 2% inicial al 3.4%, informa la Organización Mundial de la Salud. Se trata, por supuesto, de datos presumibles, debido a las semanas que puede llevar el periodo de incubación. El Congreso de Estados Unidos acaba de asignar una partida de poco más de ocho mil millones de dólares para enfrentar la epidemia, que son apenas centavos cuando se lo compara con el presupuesto militar, ni qué decir de la deuda pública que se negocia diariamente en los mercados. La tasa de beneficio que devenga una investigación de vacunas para presumibles, aunque reales, posibilidades de epidemia, es incomparablemente inferior, a la que ofrece el estallido de esa epidemia y la demanda que resulta de ella. La ley del beneficio impone su primacía a la salud, y se negocia en el mercado de la vida y de la muerte. Incluso los estados capitalistas más desarrollados carecen, en la actualidad, de un stock mínimo de equipo de pruebas para diagnosticar la enfermedad, que es sustituida por recomendaciones públicas para que cada uno tome en cuenta los síntomas. El sistema de salud pública se encuentra en ruinas, con excepción de algunos países, lo cual entraña una catástrofe anunciada si la epidemia se expande. En Argentina, los primeros afectados han sido turistas afiliados a una institución de salud privada – otra cosa se perfila si el virus se expande al gran Buenos Aires o las periferias de las ciudades. Bajo la presión del FMI y los bonistas para reducir el déficit fiscal, los Fernández no demorarán en justificar el deplorable presupuesto de salud, ni qué decir de la negativa a intervenir el sector privado, con el pretexto del respeto a la propiedad privada. Los países del cono sur siguen lidiando con una epidemia de dengue que crece, sin que se conozca nada para lograr su erradicación, ahora agravada por un brote de sarampión, que ha estallado también en Estados Unidos. Argentina se ha visto relativamente protegida por un verano particularmente caliente, aunque el contagio autónomo del coronavirus en Brasil muestra el límite del blindaje climático. Como sea, nos acercamos al otoño, cuando se inicia el período de gripe en Sudamérica. Los prodigios que la investigación científica ha desarrollado bajo el sistema capitalista chocan con los límites del propio capitalismo, que condiciona la investigación al lucro y que ha convertido al servicio de salud en una mercancía de demanda ‘inelástica’, o sea que no puede ser postergada. Con jubilaciones que no llegan al tercio de una canasta de pobreza, la expansión del Covid-19 puede ser devastador para la tercera edad, la víctima preferida del virus. El jubileo de la deuda pública de todos los países periféricos sería fundamental para lograr un presupuesto público que, bajo control de los trabajadores, se aplique a la contención de la enfermedad. Lo que tenemos, en cambio, es el default del Líbano, vaciado por una enorme fuga de capitales – el primero en esta nueva etapa de defaults en cadena. Las patronales, en todo el mundo, se niegan a otorgar licencias de enfermedad pagas a quienes experimentan algunos síntomas de infección viral. En algunos casos, especialmente en China, donde la epidemia es masiva, tienen lugar cierres temporales de empresas y del pago de salarios. “Los trabajadores chinos sufren despidos, cortes de salarios y cierres de lugares de trabajo” (The Wall Street Journal, 4/3). Entre los capitalistas se ha abierto una riña acerca de la cláusula de interrupción de contratos ante la emergencia de hechos excepcionales. Una suerte de ‘no pago de la deuda’, debido a interrupciones en la producción. En las compañías-dormitorio de China (y en todo el sureste asiático), donde los trabajadores solamente gozan de un día libre por semana, por ejemplo, Foxcom, con una plantilla de cien mil obreros, esta organización fabulosa de la superexplotación puede convertirse en un cantero de catástrofes. La cuestión de la gestión obrera se convierte aquí en el único seguro de una lucha eficaz contra la propagación de la epidemia. Por donde se lo mire, las limitaciones del capitalismo para prevenir la epidemia y combatirla, no digamos una pandemia, son extraordinarias. El afán de los gobiernos de ocultar el alcance de lo que ocurre, con la intención clarísima de tener que evitar la adopción de medidas extraordinarias contra el capital privado, no solamente violenta la capacidad de defensa de la población, sino que también bloquea una cooperación internacional en un caso de alcance mundial. Los sindicatos y las comisiones internas, así como el conjunto de las organizaciones populares, deben tomar la lucha contra la pandemia en sus manos, o sea exigir al Estado el acceso a los test necesarios para cada persona, el control de precios de medicamentos y provisiones (apertura de libros, control de stocks), licencia paga por enfermedad, ningún despido ni suspensiones – los derechos de propiedad privada deben ser suspendidos en beneficio de la protección colectiva. Por último y decisivo, los campamentos de refugiados de las guerras imperialistas – millones de seres humanos, vulnerables a todos, e incluso vehículos inocentes de enfermedades infecciosas. En medio de la pandemia, la Unión Europea y Gran Bretaña han reforzado el control de fronteras, dejando a los refugiados a la buena de dios, reprimidos por los gobiernos de Grecia y Turquía, y asolados por los bombardeos de Putin, Erdogan y Bashar al Assad, y de todos ellos juntos más Trump y Macron contra Libia. Un programa social y político de los trabajadores para enfrentar la eclosión de la epidemia debe plantear una acción internacional contra la guerra, en defensa de la autodeterminación nacional, la unión política de las naciones oprimidas y la revolución socialista internacional. El coronavirus le ha pegado al bajo vientre del capitalismo mundial. El derrumbe de las bolsas plantea una cadena de defaults y de quiebras, toda vez que el endeudamiento internacional con bancos y fondos de capitales es del 350% de la suma del PBI de todos los países: 280 BILLONES de dólares. Ha operado como un detonante, no una causa – se trata de tendencias que esperaban un accidente para ponerse de manifiesto. En América Latina ha desatado una cascada de devaluaciones, en primer lugar, del real y de una crisis entre los ministros militares de Bolsonaro y el Congreso, pero también del peso chileno, cuando vuelve a crecer la rebelión popular. La unidad política de todo este desplome es la gran crisis mundial de un capitalismo que se encuentra en la etapa histórica de una decadencia irreversible. Es necesaria una discusión política en la clase obrera, porque todas las conquistas y derechos están en juego.

8 de marzo de 2020
El PTS responde al "Grupo de Altamira"

El PTS ha debido salir, por segunda vez, en defensa del quórum que los diputados del FIT-U le dieron a una ley del FMI. Se trata de la que reduce cosméticamente las jubilaciones de jueces y diplomáticos, alegando que ataca a la ‘casta judicial’, en medio de reclamos para que se anulen condenas ya sentenciadas contra De Vido o Boudou. Es una ley que sí afecta a los trabajadores judiciales. La ley forma parte de la exigencia del FMI para que se deroguen todos los regímenes especiales, que mantienen el 82% móvil para los trabajadores, en un sistema que no distinga los recursos que recibe por aportes de aquellos que son impuestos – o que termina con el sistema de previsión social por completo y con los aportes patronales mismos. En la defensa de esta posición fondomonetarista, el PTS no sólo ha dejado de lado los principios sino también las formas. La “tendencia del partido Obrero” ha pasado a ser “el grupo de Altamira y Ramal”, copiando el estilo deslenguado de los usurpadores del PO. Mala noticia para los militantes del PTS, porque significa la derogación del derecho de tendencia en partidos que reivindican el internacionalismo. El PTS insiste en su temor a que el boicot a esta ley hubiera emparentado a la izquierda con la derecha y la “casta judicial”. Parece que no se han enterado de que “la derecha”, por boca del radicalismo, ya decidió el voto “en general” por la ley del gobierno en el Senado, lo que deja emparentado al PTS con esa derecha, y le da toda la razón a nuestro ‘grupo’. El “enfrentamiento con la derecha”, en nombre del cual el PTS y el PO oficial eligieron colocarse en el campo del gobierno (y el FMI), ha durado un suspiro. Pistonesi, autor del artículo de marras, afirma que “no toda (supuesta) oposición al FMI es progresiva. Rechazamos hacerlo desde una fracción social burguesa reaccionaria”. Pistonesi esgrime una ‘tesis’ que lo perseguirá sin piedad. Maravilloso, el pago de la deuda externa que quiere imponer el FMI pasa a segundo plano cuando aparece una fracción reaccionaria de la burguesía que votó la ‘sostenibilidad’ de la deuda, pero se opone a una (supuesta) rebaja de las jubilaciones de jueces. Pistonesi admite que puede ponerse del lado del FMI, mientras sus candidatos explican que “la crisis la paguen los capitalistas”, eso sí, sin “ideología”, como difundió Izquierda Diario. Lo único que debía hacer la izquierda, sin embargo, era oponerse al FMI desde ningún otro campo que el propio, no dando el quórum que el gobierno que cede al FMI no consigue reunir. Tampoco abstenerse en la votación, mientras sus diputados discursean sobre lo negativo del proyecto oficial. La tribuna parlamentaria se convierte en un púlpito cuando es usada para el oportunismo. No es lo mismo que los gobiernos “sean debilitados por la movilización obrera y popular que por sectores opositores reaccionarios”, pontifica Pistonesi. Obvio, pero no es motivo para apoyar al gobierno que pacta con el FMI. Elemental para cualquier socialista desde la redacción del Manifiesto. ¿Será que Pistonesi está anunciando que apoyará al gobierno contra el “bloque social burgués reaccionario” representado por la patronal agraria, frente a las retenciones aplicadas por los Fernández para pagar a los bonistas? Quórum y línea de principios Como no puede justificar este quórum desde los principios revolucionarios, Pistonesi se dedica a malversar y chicanear. Cuando dejamos de lado las chicanas, queda la cuestión de fondo: para el PTS, “dar o no dar quórum para los diputados obreros y socialistas es una cuestión táctica, un arma parlamentaria más”. Pero una cuestión táctica se justifica por una estrategia, que es, en línea de principio, no ir al rescate político del estado burgués. En una “línea de principios”, no habilitamos el quórum a las leyes de la burguesía, ni hablar del FMI. Si los bloques capitalistas quieren aprobar sus iniciativas de agresión a los trabajadores, no será por nuestra intervención. Pistonesi, siguiendo a un circunstancial tuitero del aparato del PO, confunde deliberadamente esta posición de principios con el abstencionismo parlamentario. Debería tratar de no ofender la inteligencia de sus lectores: es muy claro que, en la ley jubilatoria, EL QUÓRUM FUE HABILITADO POR EL FIT (y Scioli). Es muy claro que, en el presupuesto del Chaco, EL QUÓRUM FUE HABILITADO POR EL PO. “Dar” quórum es otorgar la presencia decisiva para el tratamiento de una ley, no sentarse en un recinto y luego combatirla. (De todos modos, insistimos, los diputados del FIT U, ¡ni siquiera la votaron en contra!) Si de abstencionismo parlamentario se trata, le recordamos al PTS que cuando el FIT conseguía sus primeras bancas (Neuquén) tuvimos que salir a combatir el extremismo antiparlamentario de sus diputados, que, por ejemplo, despreciaban la adopción de iniciativas legislativas que canalizaran reclamos obreros y contribuyeran a su organización. “En Neuquén se han presentado varios proyectos de declaración (…). Pero no existe una agenda de iniciativas legislativas -proyectos de ley-, relacionados con reivindicaciones sociales y políticas de los explotados. Pareciera que cumplir una función legislativa sería incompatible con el programa revolucionario, lo cual entraña una lista interminable de equívocos”. [Prensa Obrera, 7.6.2012, “La iniciativa parlamentaria de la izquierda revolucionaria”, Marcelo Ramal, hoy, en la página del PO, bajo la pudorosa autoría de “Redacción” (sic). Los que hoy habilitan el quórum a los proyectos de la burguesía, no querían tomar la lapicera, hace siete años, para impulsar iniciativas ligadas a la clase obrera y a los explotados. Un infantilismo senil, porque el PTS ha pasado del jardín de infantes a la senectud sin escalas. Antes, boicoteaba el aspecto progresivo de una acción parlamentaria de izquierda; ahora, apuntala al parlamento en su función reaccionaria, habilitando las leyes de la burguesía. En el medio, deberá explicar por qué otro ´querubín´- Izquierda Socialista- se ha escapado de la guardería, y critica al quórum del Congreso. (Ver aquí ) La polémica que hoy recorre a todos los partidos del FIT-U demuestra que la cuestión del quórum es una ´línea de principios´. El acceso de la izquierda al parlamento vuelve más riguroso -no menos- la delimitación con el Estado, el régimen y sus partidos. Es necesario que toda la militancia de la izquierda debata esta cuestión crucial.

8 de marzo de 2020
Izquierda Socialista y el quórum del FIT

Izquierda Socialista ha salido a criticar el quórum que los diputados del FIT-U le dieron a la ley de jubilaciones judiciales. El argumento es simple: si la ley era “para justificar el ajuste”; si Del Plá y Del Caño mismo lo denunciaron, “¿por qué entonces facilitaron el quórum para que salga la ley”? Izquierda Socialista, sin embargo, no explica este aparente contrasentido. En verdad, la denuncia de Del Plá y del Caño a la ley agrava la habilitación del quórum, porque revela que lo hicieron a sabiendas de sus implicancias. ¿Por qué IS no saca las conclusiones de su crítica? Este quórum no es una gaffe circunstancial, sino una adaptación al régimen político. Las diatribas escritas de los que dieron el quórum para responder a nuestra denuncia revelan, en sus argumentos, que no le sacan el cuerpo a una cooptación al Estado por la vía del parlamento. Mientras IS hace una crítica correcta después de los hechos, la nuestra se adelantó a esa posibilidad un día antes, advirtiendo contra cualquier forma de apoyo a ese proyecto de reforma jubilatoria del régimen especial de jueces y trabajadores judiciales, y los diplomáticos (“La ley previsional es una farsa”, Marcelo Ramal, en www.politicaobrera.com.ar). Los diputados del PO oficial y el PTS ya habían votado por la “emergencia alimentaria” consensuada entre Macri y los FF, también con la disidencia de IS. Es llamativo, sin embargo, que IS no mencione este episodio anterior. No quieren sacar conclusiones de una política de adaptación al Estado. Tampoco hay en IS ninguna mención al quórum negociado por el PO en el Chaco con Capitanich. En cambio, IS sí procura diferenciarse de la Tendencia del PO. Dice que el objetivo de nuestra crítica es “embestir una vez más contra el Frente de Izquierda, diciendo que ya no es más una alternativa de los trabajadores”. Raro. Se arroga el derecho de “embestir” para sí, no para otros. Esperemos que esto no anuncie un macartismo de izquierda contra la Tendencia del PO. Hemos apoyado electoralmente al FIT con actos y agitación, y hemos pedido un orador en el acto que convocó el FIT en ocasión del arribo de la delegación del FMI, que nos fue negado. Por otra parte ¿puede concebirse mayor “embestida” al FIT, a su militancia y a su electorado, que habilitar el quórum para la sanción de una ley antiobrera? Izquierda Socialista se aferra a una defensa burocrática y de aparato del FIT U -los “pactos preexistentes”- y soslaya la malversación de sus propósitos políticos, incluso en el plano estrictamente electoral o parlamentario. Mientras Altamira escribió largamente sobre la vulneración de los derechos políticos de los militantes, en la crisis del MAS, hace treinta años, la izquierda morenista no ha abierto la boca sobre la expulsión de centenares y centenares de militantes por el aparato del PO. La palabra Tendencia es urticante para todo el FIT porque recuerda a todos que no es posible construir frentes o partidos revolucionarios sin democracia interna. En anteriores respuestas a nuestra Tendencia, el PTS defendió el quórum en nombre de un “interbloque”. En su nota, IS denuncia que la habilitación del quórum no le fue consultada. El “interbloque”, por lo tanto, no es un principio (siquiera limitado) de gestión colectiva de las bancas del FIT-U, sino una componenda entre dos de sus partidos. Los métodos de aparato dominan en el FIT U. La crisis que es objeto de toda esta polémica y de varias anteriores demuestra que son necesarias más Tendencias y nada de aparatismo.

8 de marzo de 2020
8M: en Chile no hay lugar para maniobras

Al igual que en Argentina, el régimen en Chile intenta maniobrar contra la jornada internacional de lucha del 8 de Marzo. El pasado lunes 2 en una conferencia de prensa en el palacio de La Moneda, Piñera acompañado de la primera dama Cecilia Morel y la ministra de la Mujer y Equidad de Género Isabel Plá, promulgó la Ley Gabriela, elaborada por la "Comisión de Mujeres del Congreso" que incluye a diputadas del gobierno y la oposición, y que amplía la tipificación de femicidio y sus agravantes. La promulgación sólo podía aspirar a una jugada defensiva: primero, descomprimir la furia del movimiento de mujeres, y segundo, lavarle la cara a la ministra Plá que enfrentaría al día siguiente, una interpelación organizada por la oposición para responsabilizarla políticamente de los crímenes sexuales cometidos por las fuerzas represivas del Estado contra las manifestantes, que representan un 46% de las detenciones legales efectuadas a mujeres desde el 18 de octubre. Estos dos objetivos, además de imposibles, fueron para atrás cuando Piñera en su compulsiva necesidad de decir lo que realmente piensa, le tiró bencina las barricadas declarando apropósito de la Ley que "a veces no es solamente la voluntad de los hombres de abusar, sino que también la posición de las mujeres de ser abusadas". Las declaraciones de Piñera y la defensa de Plá suscitaron una oleada de repudios y manifestaciones. La burocracia El reformismo y las burocracias también maniobran contra el 8M. La CUT, que después de su último congreso prometieron llamar a nuevas Huelgas Generales partiendo por el 8 de marzo, hace unas semanas sólo invitaban a movilizar para el lunes 9 y sin un paro efectivo. El objetivo era contener, dividir, y vaciar el domingo 8 diluyéndolo en el "super lunes" - que al igual que el "súper viernes" y al margen de las fechas conmemorativas, son dos días fijos de la semana que los manifestantes establecieron para movilizar. Cuando vieron que el ánimo de las masas era movilizarse el domingo 8 como correspondería, la CUT se apresuró y anunció el miércoles 4 que adherían a la convocatoria de las organizaciones que llaman a Huelga General para 8 y 9. De convocantes pasaron a adherentes, y como adherentes no piensan garantizar productivamente ese paro, porque no llamaron a organizar asambleas ni de delegados ni de bases, y hasta el sábado 7 no han discutido con las direcciones de los sindicatos la paralización efectiva de las tareas productivas, ni acciones directas. Sin embargo, es muy probable que las multitudinarias movilizaciones y las batallas campales contra los pacos que se lleven a cabo domingo y lunes signifiquen un golpe para el comercio. Falsas corresponsales Las maniobras del gobierno chileno y la oposición encandilan a muchas de las militantes argentinas. Han acusado a las chilenas de querer movilizar sólo el lunes, han declarado a la Coordinadora Feminista 8M como la vanguardia del movimiento de mujeres en Chile, y han reducido la jornada internacional de lucha de la clase trabajadora trasandina a un día de mujeres progres. Pero lo cierto es que en Chile no sólo tienen la fuerza para salir a movilizar el 8 y el 9, sino que también vienen preparándose durante toda la semana con multitudinarias movilizaciones y enfrentamientos. El pasado “súper viernes”, por ejemplo, mujeres y hombres levantaron en Plaza Dignidad un pañuelo verde gigante por el Aborto Legal Libre, Seguro y Gratuito. Así que en Chile no hay lugar para las maniobras: el gobierno es su propio enemigo, los oportunistas y conciliadores de la oposición son desbordados y corridos por izquierda, y las mujeres a la vanguardia del movimiento no son las pequeñoburguesas separatistas, sino que las trabajadoras chilenas que unen sus reivindicaciones al objetivo de la revocatoria del gobierno y la conquista de la Asamblea Constituyente que reemplace los tres poderes del Estado. La vanguardia son esas mujeres que están dispuesta a marchar este 8 y 9 de marzo junto a sus compañeros y sus familias, esas que dan continuidad al legado de miles de madres, hijas y esposas que durante la Dictadura de Pinochet salieron a defender los derechos humanos y reclamar la aparición con vida de los detenidos-desaparecidos. Como hemos defendido desde el PdT Tendencia en numerosas asambleas de mujeres: ¡a este llamado internacionalista es al que debemos asistir en Argentina!

9 de marzo de 2020
Coronavirus: colapso sanitario, crisis política

La llegada del coronavirus ha sacado a la luz el colapso sanitario de Argentina. El ministro Ginés dice que, por ahora, el virus sólo alcanzó a “turistas que se atienden en centros privados”. Pero él sabe que una propagación mayor se encontrará con una realidad muy distinta. La internación de pacientes en aislamiento agravaría la ya deficitaria situación de los hospitales públicos, sin insumos o presupuesto suficientes. Y con médicos y enfermeras deben atender a una masa de pacientes cada vez mayor, que acuden al hospital público porque han perdido sus empleos –y con ellos, la obra social. O que abandonan la prepaga, ante la escalada imparable de sus cuotas. Los implementos sanitarios para prevenir o paliar la enfermedad comienzan a escasear. Para sus fabricantes, ello sólo representa mayores beneficios. Si el coronavirus llega a las barriadas, se encontrará con el hacinamiento, la ausencia de cloacas o agua potable. Los mismos factores que ya promueven el sarampión o el dengue. Ante esta situación dramática, los responsables de la salud pública y el gobierno deberían adoptar medidas excepcionales, para centralizar los recursos e intervenir al conjunto del sistema de salud para la atención de la emergencia. Pero las prioridades están en otro lado: en los acreedores de la deuda externa y al FMI, a quienes se les promete “cerrar los números fiscales”. No a costa de los usureros o los capitalistas, sino de los jubilados, la educación ¡y también de la salud! La llegada del coronavirus es mucho más que un problema sanitario. Desnuda a un régimen social y político que es incapaz de colocar la riqueza nacional para el rescate de la población trabajadora, incluso cuando son la salud y la vida las que están en la picota. Los trabajadores debemos tomar en nuestra s manos el destino de esta gravísima crisis: -Duplicación del presupuesto sanitario. -Ampliación de los turnos y personal en el conjunto de los hospitales públicos, con jornadas de seis horas. Control obrero de las condiciones de trabajo en la salud pública y privada. -Que se coloque a disposición los centros de medicina privados, para la atención de los enfermos. Plan de emergencia controlado por los trabajadores de la salud. -Nacionalización industria farmacéutica y de insumos médicos, bajo control obrero. Repudio de la deuda externa usuraria. Gobierno de trabajadores.

9 de marzo de 2020
El coronavirus ha puesto al capitalismo en terapia intensiva

El derrumbe de un 35 por ciento del precio del petróleo, desde que se informó el brote de Coronavirus, anuncia el default de las empresas petroleras altamente endeudadas y la parálisis de la explotación de yacimientos de escasa rentabilidad en todo el mundo; el repentino cierre del turismo hacia y desde las zonas afectadas por el virus genera la cancelación millones de viajes aéreos que hunde a las aerolíneas y la industria del turismo; la interrupción de suministros por parálisis de actividad industrial en China incluye metales; ensamblajes; partes de diversos sectores de la industria; elementos especiales de alta tecnología; etc. La caída del consumo en China afecta a las empresas que tienen allí su principal mercado. Las profundas caídas de las bolsas actualizan la precariedad del sistema financiero internacional que impulsaron a la Reserva Federal a actuar y redujo la tasa de interés en medio punto. La crisis del 2008 está más presente que nunca Este virus originado en el centro de China ha paralizado una parte importante del aparato productivo de la segunda economía del mundo e impactado en todo el mundo por su entrelazamiento económico. Vastos sectores de la industria automotriz; tecnológica; de producción de metales; turismo; etc.… han visto reducida o algunas paralizada su actividad por falta de suministros y cerrada las ventas hacia China por el confinamiento de millones de consumidores. La expectativa de menores ganancias para las empresas de China y las que dependen de su economía ha llevado a una presión de ventas y recortes de precios en las bolsas de China, Corea del Sur, Japón, Europa, Estados Unidos y los países de Latinoamérica. El derrumbe es global. Derrumbe bursátil y guerra comercial Esto ha llevado al banco central de Estados Unidos a una inesperada decisión de reducción de tasas de interés que tuvo el efecto de frenar la caída de Wall Street por 48 horas, pero luego se ha reanudado el derrumbe de precios en todo el planeta. La medida resultó ineficiente. Pero facilitó la devaluación del dólar, que cayó frente a las monedas de sus principales socios comerciales. Trump pidió más reducciones de tasas de interés, su programa incluye la devaluación del dólar para facilitar sus exportaciones, otro instrumento de guerra comercial. La caída de las bolsas ha tenido una velocidad y persistencia no vista en años, las bolsas cayeron siete días seguidos evaporando las ganancias producidas en seis meses, desde inicios de año están con rendimiento negativo. El gobierno de China facilitó a las casas de bolsa créditos para que compraran acciones y atenuar las bajas, un gasto que contuvo inicialmente la caída de precios, pero inútil ante la masividad de las ventas. La mayor burbuja de activos de la historia impulsada por emisión monetaria se desvanece Los mercados globales durante 2019 agregaron 17 billones en su valuación de mercado, comenzaron en 70 billones y finalizaron en 87 billones. La valuación de las empresas cotizantes ha subido 24% mientras el producto bruto global lo ha hecho en solo 3,2%, la producción industrial global creció menos del 2%; según datos del FMI (www.imf.org). Esta extraordinaria valuación de las empresas, sin relación con el crecimiento económico, la producción industrial o el comercio, es una creación ficticia de capitales que no está relacionada con la creación de valor en el sistema productivo, es una valoración artificial del capital, capital ficticio. Desde el 2008 y con la excusa de facilitar la recuperación post crisis financiera, los principales bancos centrales facilitaron crédito barato a bajas tasas emitiendo dinero para comprar la deuda que emiten los tesoros nacionales y bonos respaldados por corporaciones e hipotecas. Las empresas usaron la liquidez para tomar créditos e impulsar la valuación de sus empresas mediante la recompra de sus acciones. Esta práctica de emisión monetaria se convirtió en usual en Europa, Estados Unidos, Japón y varios otros países del “primer mundo”. Los bancos centrales han inflado sus balances con deuda de sus gobiernos y como respaldo de sus monedas. Lo que llaman monetizar su propia deuda se ha convertido en práctica aceptada por el FMI y el Banco Mundial. En 2017, los bancos centrales ya habían comprado una quinta parte de la deuda emitida por los tesoros nacionales y alcanzaban a 45 billones de deuda soberana y corporativa según datos del FMI. La emisión fue usada para financiar el déficit del estado y las empresas comprar sus acciones, sembrando la semilla de la próxima crisis de deuda El crónico déficit presupuestario de Estados Unidos ha llevado a un crecimiento exponencial de la emisión de deuda que ya ha superado a fines del 2019 al 103% de su producto, en 2007 antes de la crisis financiera era del 63%, según datos de la FED. La participación de la FED y organismos del estado ha tenido una participación creciente que ha suplido la caída de la participación de tenedores extranjeros, que se redujo del 34% en 2013 al 30% a fines 2019. Las empresas, ante la caída de la tasa de ganancia, han comprado las acciones para aumentar la capitalización de sus empresas y financiar fusiones comprando empresas de la competencia. El aumento de las valuaciones de las empresas han sido el resultado de movimientos financieros, y no de creación de valor en la actividad de producción mediante producción de plusvalía. El derrumbe de las bolsas que ha comenzado con el coronavirus tiene mucha más violencia en la depreciación de los activos que en el 2008. La crisis nuevamente se crea en el corazón del capitalismo, donde el endeudamiento masivo del estado, las empresas y los consumidores es el mayor de 50 años. El impacto es particularmente grave en los bancos que han dado crédito de baja calidad que ahora componen una creciente participación de sus carteras. La desaceleración económica que ya se verifica, los mayores bancos de Wall Street han encabezado el desbarranco accionario, J P Morgan, Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, etc. han caído más que el promedio del mercado. Las carteras de deuda de baja calidad preanuncian morosidad y default de los deudores. El petróleo en el centro de la escena de la guerra comercial El petróleo ha recortado su precio en los mercados internacionales un 35% en lo que va del año. Esta profunda caída es el preanuncio de una desaceleración económica. Los yacimientos de las empresas petroleras se han desvalorizado en igual medida, lo que se verá reflejado en sus balances, la deflación no es un pronóstico es una realidad de estos días. El 6 de marzo los precios del crudo se desplomaron un 10% adicional, una caída para un solo día no vista en décadas. Fue luego del fracaso de una reunión de países productores donde los delegados de Rusia trabaron una reducción de producción propuesta por los delegados de la OPEP liderada por Arabia Saudita para frenar la caída de precios. Los enviados de Putin evadieron un compromiso con la representación de la OPEP y los precios se desbarrancaron. ¿Cuál es la explicación de la actitud de los delegados de Putin? Rusia rompió un pacto con la OPEP para frenar el descenso de precios desatado por la caída de la demanda generada por el coronavirus. La actitud se explica porque la producción de esquisto en Estados Unidos deja de ser rentables con la caída de precios, y muchas petroleras norteamericanas tienen alto nivel de endeudamiento. Una baja adicional del precio los sacará del mercado y las llevará a la quiebra. El fracaso en reducir la producción puede resultar en un aumento, ya que los productores (estados y empresas) necesitados de efectivo tienen que producir más volumen para compensar la caída de precios. Desvalorización de activos impulsa una deflación global La desvalorización de activos de las empresas en la bolsa con valuaciones desvinculadas de sus ganancias operativas, de los yacimientos por la caída del precio del crudo, de las empresas altamente endeudadas, por la cancelación masiva de pasajes aéreos las aerolíneas están quedándose sin actividad y sus acciones se derrumbaron, la deflación de activos está ahora en primer plano. La crisis financiera que se avecina agravada por el sobreendeudamiento que ha producido burbujas financieras producirá una recesión de alcances globales. Antes de la crisis del 2008 la deuda corporativa no financiera era menor de 200 billones de dólares y alcanzaba el 280% del producto global, a fines del 2019, es de 320 billones de dólares y supera el 320% del producto. La respuesta de la Reserva Federal de Estados Unidos es una vuelta al pasado El Presidente de la FED anunció el 3 de marzo que repetiría las recetas del pasado, reducción de tasa y emisión monetaria con los planes de facilidades financieras (QE) que consisten en emisión monetaria y compra de deuda. Luego anunciaron la reducción de tasas de interés que produjo una veloz devaluación del dólar frente al Euro y el yen japonés sumado a las subas de tarifas con China, revela que el programa de guerra comercial tiene mayor vigencia que nunca. Se inaugura así una nueva ronda de devaluaciones monetarias, una forma de la guerra comercial. El vuelo a la calidad El derrumbe bursátil tuvo refugio en los bonos del tesoro, cuyo rendimiento se hundió a mínimos históricos inferiores a la inflación, o sea con rendimiento negativo. Esto lo llaman “vuelo a la calidad”, sinónimo de emisión monetaria. Un callejón sin salida para sus inversores, cuando las autoridades de la FED han anunciado mayores recortes y emisión monetaria. O sea, producir una mayor devaluación del dólar y, por lo tanto, de las inversiones en bonos del tesoro. Un sector creciente de inversores se ha volcado al oro, que ha recuperado sus precios y acumula una suba en dólares del 10% en lo que va del año. Este está actuando como lo ha hecho en el pasado como el termómetro de la crisis financiera. La crisis de la deuda La presente crisis financiera se presenta como una crisis de endeudamiento y de burbujas financieras, como ha sido la que se inició en 2007. Ahora la deuda de los estados y empresas es muy superior a la del 2007, los bancos centrales ya limitados por los bajos niveles de las tasas de interés apelarán a mayor emisión monetaria. Lo que lleva a una guerra de devaluaciones. La reorganización de la deuda argentina, que tendrá novedades en las próximas semanas es un esfuerzo en conectarnos “al mundo” que tienen las finanzas en una crisis creciente. Cualquier acuerdo es estrechar los vínculos con los centros financieros que irradian una crisis hacia todo el planeta. Es una apuesta sin futuro y que producirá nuevas y mayores crisis de deuda e inestabilidad política. En esta oportunidad hay una diferencia con la crisis del 2007-2008, la intervención de las masas desde el Líbano a Chile, pasando por Francia; Irán; Irak y un sinfín de países. La crisis financiera será un nuevo incentivo para defensa de los derechos de los explotados de todo el mundo y de nuevos levantamientos.

10 de marzo de 2020
24 de marzo; miles a las calles

La movilización del 24 de marzo es, desde hace varios años, la gran cita de los luchadores y luchadoras de todo el país. Al cabo de más de cuatro décadas del golpe de Videla, Massera y Viola, es una jornada de movilización que amalgama a varias generaciones y experiencias. La jornada del 24 de marzo une, una y otra vez, la lucha por el castigo a los culpables de la dictadura y a sus cómplices con las demandas sociales y democráticas de la actualidad, contra la represión y el hambre, contra la impunidad de ayer y de hoy. Vigencia El reclamo de castigo a los culpables sigue vigente: las estadísticas oficiales, proporcionadas por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, informan que actualmente son apenas 200 los genocidas presos en el sistema penitenciario. Entre los condenados, otros 600 cumplen -supuestamente- “prisión domiciliaria”. Se estima que hay 1.590 represores en libertad. Solo una mínima parte de ellos fueron juzgados o se encuentran en proceso. Los juicios a cuentagotas, en causas desmembradas, la lentitud del trámite judicial para confirmar las condenas, cuando no la condescendencia o la complicidad con los milicos, han mostrado la incapacidad del régimen que formó y cebó a la maquinaria militar, para rendir cuentas por el genocidio y tributar memoria, verdad y justicia a los 30 mil detenidos-desaparecidos. La razón de fondo de esta impotencia es que todos los gobiernos, de Alfonsín a esta parte, se afanaron por preservar el aparato represivo dictatorial y rescatar a los milicos de la picota. Los K comenzaron sus años de gobierno bajando el cuadro de Videla para culminarlos levantando el de Milani. El pueblo le dio un mentís rotundo al gobierno Macri cuando este quiso beneficiar con el 2x1 a los militares presos. Un millón de personas en las calles, en todo el país, autoconvocadas a la velocidad de un rayo, desbarataron la maniobra. Las declaraciones de Alberto Fernández en Campo de Mayo, durante la despedida a tropas que partían a desarrollar tareas de represión interna en Chipre, minimizando el genocidio (“la inconducta de algunos”) y dándolo por superado (“dar vuelta la página”), son una nueva advertencia al movimiento popular y democrático. Lo mismo ocurre con las maniobras militares con los marines yanquis, aprobadas por el Congreso. El militarismo es una tendencia irrefrenable de las “democracias” en tiempos de crisis. Marcha El 24 tendrán lugar dos actos centrales en Plaza de Mayo. Uno, convocado por los organismos de derechos humanos cooptados por los K. Se trata de una convocatoria sin consignas (“Vamos a la Plaza”) que apenas disimulan el propósito de malversar la jornada en una celebración por el regreso del elenco pejotista y kirchnerista a la Casa Rosada. Será un acto atravesado por choques acerca de la existencia o no de “presos políticos”, en alusión a los desmanes económicos de Boudou, De Vido, Báez y Jaime y de la misma Vicepresidenta de la Nación. El otro acto, organizado por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, levanta en su convocatoria la lucha contra la impunidad y contra un nuevo saqueo (“No al pago de la deuda, Fuera el FMI”). Nuestra Tendencia del Partido Obrero participará de esta convocatoria junto a decenas de organizaciones políticas, de derechos humanos, gremiales y estudiantiles. Esta marcha tendrá lugar pocos días después de otra gran jornada de movilización, la del 8M por el aborto legal. Cada una debe servir para impulsar la intervención del movimiento obrero, de la mujer y la juventud en el desarrollo de la inevitable crisis política que traerán aparejados la bancarrota capitalista y un nuevo pacto con el FMI. Organicemos una gran columna contra la impunidad de ayer y hoy; para repudiar la represión contra los trabajadores de Cresta Roja y los docentes de Salta; por el cese de la persecución a los luchadores (César Arakaki, Daniel Ruiz, Sebastián Romero, Kimberly Clark); en defensa del salario y las jubilaciones; en apoyo a todas las luchas de los trabajadores de Argentina y de todo el continente. 24 DE MARZO 44 años del golpe No damos vuelta la página: ¡CÁRCEL YA! A TODOS LOS GENOCIDAS ¡30.000 detenidos y detenidas desaparecidos-PRESENTE! No olvidamos-No perdonamos-No nos reconciliamos FUERA EL FMI NO AL PAGO DE LA DEUDA 15hs - Congreso a Plaza de Mayo Encuentro Memoria Verdad y Justicia

12 de marzo de 2020
“Desendeudadas nos queremos”

*En el cierre de la movilización del 9M, y desde el palco levantado frente al Congreso, se leyó un documento “consensuado”, entre las organizaciones K que cuentan con ministras y funcionarias en el gobierno -como La Mella o Barrios de Pie- hasta partidos del FIT-U. En el grupo de WhatsApp de intercambio entre organizaciones de la mujer, la representante del Pdt “oficial” lo giró el domingo por la noche, señalando que era el documento que “con mucho debate e intercambio varias organizaciones decidimos firmar”. En Prensa Obrera, en la crónica de la marcha del 9M, se señala que “se leyó un documento consensuado por las organizaciones participantes”, el cual está subido integralmente a la página del aparato del PO. Han presentado como un compromiso o acuerdo entre sus organizaciones, un texto que, sin embargo, tiene varias carillas de extensión. Un “consenso” de alcance tan vasto, no puede sino esconder un oportunismo sin límites y de todos los colores. El hecho de que reclame “un desendeudamiento”, en lugar del repudio de la deuda con el capital financiero, constituye un apoyo a las negociaciones del gobierno con el FMI, que las organizaciones K han etiquetado como “desendeudamiento. El “consenso” con este planteo, por parte de la izquierda, tira por la borda décadas de reivindicaciones políticas por “el no pago de la deuda”. Quienes advirtieron durante los años del macrismo a no ser funcionales al kirchnerismo han adoptado su programa político, incluso cuando está el gobierno está naufragando a ojos vista. La presencia en el escenario de Congreso, que luego será difundida generosamente en las redes, quedará como el recorte visual de una capitulación política al insepulto pseudo nacionalismo burgués., que no encuentra una tumba digna, precisamente por esta capitulación cíclica de una parte de la izquierda de Argentina. El movimiento de la mujer ha sido entregado a espaldas de las mujeres y en perjuicio de su independencia política. La invocación inicial del texto a las obreras norteamericanas y rusas es un menoscabo al propósito de sus luchas, contra las patronales, contra las autocracias, por el socialismo. El texto se aparta de los pronunciamientos de años anteriores, en nombre de una ‘sororidad’ que no es solidaridad de clase sino la quiebra de la independencia política frente a un gobierno patronal. Constituye una entrega ideológica al nacionalismo, con el lenguaje del feminismo académico protegido por la ONU y sus conferencias periódicas, y a los postulados políticos e incluso ideológicos de la izquierda nacionalista o pequeño burguesa que ha sido cooptada a las filas del gobierno. La adhesión de la izquierda a este texto es una capitulación que replica los quórum parlamentarios cuando los necesita el gobierno. * La deuda El documento denuncia “la deuda que el gobierno de Cambiemos contrajo con el FMI”, y que “sólo sirvió para fugar capitales y para el enriquecimiento de unos pocos”. Las redactoras olvidan que el kirchnerismo “nos dejó” ‘endeudadas’ en unos 250.000 millones de dólares, como resultado del rescate de la deuda defolteada en 2001 (megacanjes) y de sucesivas refinanciaciones usurarias. Hay otro olvido, sin embargo, y es que el crecimiento del endeudamiento por parte del macrismo fue votado por la mayoría parlamentaria de esos años, constituida por gran parte del Frente de Todos. Peor aún, si cabe, no se denuncia que el gobierno -del cual forman parte varias de sus firmantes- ha dicho que esa deuda es “legítima” porque la contrajo “un gobierno democrático”. De modo que cuando plantea la “investigación y el no pago de la deuda ilegítima y fraudulenta”, comete un embuste, porque el sambenito de la “investigación” ha sido usado hasta el hartazgo para disimular el rechazo al no pago, lo mismo que la distinción de deudas legítimas y fraudulentas de aquellas que no lo serían, pretendiendo llevar al campo del derecho y la juridicidad lo que es un caso de sometimiento nacional y expoliación social. El documento señala que “no nos resignamos a la explotación de nuestra vidas por las tasas de interés usureras de los bancos”. Pero cualquier tasa de interés que asigne a los bancos una tajada de la explotación de las trabajadoras y trabajadores, constituye una “usura” con relación a las condiciones de vida y de trabajo de los explotados y las explotadas. Las finas distinciones del texto sólo tienen por objeto rescatar la legitimidad política y social de la deuda pública contraída por lo que se llama “democracia”. En Argentina y en el mundo, el titular de la “deuda usuraria” es simplemente el capital sin distinciones de circuito. El capital de la industria que se cotiza en las bolsas no es otra cosa que capital financiero. Es en este cuadro que debe entenderse el slogan principal del documento –“desendeudadas nos queremos”. El término “desendeudamiento” no es un invento de las firmantes, fue acuñado en los años del kirchnerismo para reivindicar la política que CFK, en sus propias palabras, calificó de “pagadora serial” (de la deuda). Quien propició el acuerdo secreto YPF-Chevron, o pagó hasta el último dólar al Club de París, es la propietaria intelectual del slogan del “desendeudamiento”. Las redactoras fingen ignorar que el “desendeudamiento” es sinónimo de pago de la deuda, no importa aquí si es con ‘quita’ o no, porque las quitas no son establecidas por los gobiernos pseudo nacionalistas sino por el mismo mercado de solvencia o insolvencia que regula al capitalismo. El texto critica al “capitalismo neoliberal”, en una referencia a los que contraen la deuda, pero no a aquellos que la pagan o se “desendeudan”, para recomponer el proceso de financiamiento, es decir de nuevo endeudamiento. El “desendeudamiento” bajo el capitalismo es un oxímoron, o sea una contradicción de términos, porque no podría funcionar sin créditos y deudas, que se zanjan con quiebras o default en períodos de crisis. Los Fernández ya han comprometido su palabra en rechazar el default. Reperfilar una deuda es pagarla, no lo contrario. La ley de “sostenibilidad” de la deuda ha autorizado a tomar 4.500 millones de dólares del Banco Central para pagar vencimientos de deuda en 2020, pero el documento “desendeudado” que se leyó en la Plaza de los Dos Congresos, diez páginas, no lo denuncia, ni menciona. ¿Por qué las centenares de miles de compañeras y mujeres que marcharon por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora deben ser sometidas a la vejación de un documento que defiende los intereses de la clase capitalista y sus partidos? Un mundo precario La política “social” que emana del texto es, precisamente, la del Banco Mundial y la del FMI, largamente abrazada por los nac & pop y progres de todo el continente a la hora de los ajustes. El documento plantea el “reconocimiento y remuneración de las tareas de cuidado, que son la clave de la división sexual y jerarquizada del trabajo”. No es un secreto, sin embargo, que la “política de cuidados” se aplica en masa en Gran Bretaña, Italia, gran parte de Estados Unidos y numerosos países capitalistas desarrollados, o sea que asigna al capital un nuevo mercado, con subsidios incluidos, que reposa en salarios que están muy abajo de la media, por un trabajo sin límites horarios. Es la privatización del sector que subsiste de la asistencia social, y por eso es reclamado por el FMI, para reducir el déficit fiscal y poder pagar la deuda pública. Este es el compromiso que ha aceptado el FIT-U. Como quiera, sin embargo, que este capital se financia con deuda, el capital aplicado al negocio de los cuidados ha entrado en quiebra, como consecuencia de la crisis internacional. No sorprende entonces que el documento no reclame la socialización del trabajo doméstico -comedores, guarderías, lavanderías-, financiado por las patronales. Esto sería un poderoso alivio sobre lo que representa el yugo doméstico para las mujeres trabajadoras. El texto denuncia que los Centros de Primera Infancia, los jardines de la CABA manejados por organizaciones sociales se encuentran “desfinanciados y con riesgo de cierre”, pidiendo luego “que el Ministerio de Educación se haga cargo”. ¡Pero no reclama la titularización de sus docentes de esos centros y jardines en iguales condiciones a los del sistema educativo formal! Todo muy consecuente con la paritaria a la baja de los docentes y el propósito de liquidar sus regímenes especiales de jubilaciones. Contra la mujer El documento denuncia al poder judicial como “clasista y heterocispatriarcal”, pero absuelve al Congreso, al Ejecutivo, a las fuerzas armadas y policiales. El estado se reduciría a los jueces y fiscales, algo muy conveniente en la lucha de aparatos para salvar de la corrupción a la tropa propia y condenar a la rival. (¡Ha desaparecido la consigna “el Estado es responsable!) De Vido, por caso, no tendría responsabilidad por el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, víctima de una mafia ferroviaria que integraban los concesionarios y la secretaría de Transporte bajo su supervisión, que explotaban la tercerización de tareas. Al documento ha adherido, sin embargo, el aparato del PO. En la violencia contra la mujer, la responsabilidad de las agencias de la rama ejecutiva del Estado no tiene nada que envidar al poder judicial. La casta parlamentaria y los estrafalarios salarios, que denuncia el PTS como sustituto de la lucha revolucionaria contra el Estado, es eximida del ‘lawfare’, cuando es el Senado quien designa a los funcionarios judiciales. El feminismo del documento no trepida en llegar a la farsa, para no reconocer que, en una sociedad capitalista, la emancipación de la mujer pasa por la revolución socialista – como la liberación negra, la erradicación del antisemitismo o la independencia de los pueblos semi-coloniales. El documento no está a la altura de la rebelión político-social del movimiento de mujeres en todo el mundo. Al referirse a la cuestión jubilatoria, el documento dice que “los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”. El enfoque antropológico de la lucha de la mujer llega aquí al absurdo. Los aportes se los afanó el Estado para subsidiar a la burguesía; el sistema jubilatorio es un régimen de confiscación de la fuerza de trabajo por el capital. La denuncia de que un patriarca se llevó los aportes es funcional a la orientación internacional de la burguesía de convertir al sistema jubilatoria en un sistema de pensión a la vejez, como lo piden exactamente el Banco Mundial y el FMI – el primero dispuesto a financiar “la transición”. No es para nada inocente que el documento “de compromiso”, por supuesto, no denuncie la supresión de la movilidad jubilatoria, que despojará a las compañeras jubiladas para pagar la deuda. El patriarcado revela entonces su identikit: la francesa Christine y la búlgara Kristalina – el patriarcado es una categoría muy estrecha para representar al capital. El documenta invoca a “nuestras maestras”, encubriendo la supresión de la cláusula gatillo a la totalidad de las educadoras del país, o sea, la consumación del despojo de la inflación galopante “que nos dejó el macrismo”. En este cuadro, sería una fabulosa concesión atribuirle al documento “la defensa de la mujer” y, en todo caso, “un insuficiente abordaje político”, el cual, por el contrario, es exhaustivo. No: el documento encubre los principales ataques a la mujer trabajadora. En medio de numerosas invocaciones a la “autonomía”, el texto deposita en el “Estado responsable” los derechos de la mujer. Pide la aplicación de la ley Micaela, o sea, que la organización estatal, que perpetra la violencia de clase-en especial la policía- prevenga los femicidios. Reclama presupuesto, pero no el manejo autónomo del mismo por parte de mujeres electas. El texto invoca a la mujer como recurso para encubrir al gobierno y al Estado. Y luego, somete la soberanía de la mujer al Estado, a la hora de sus principales reclamos. Izquierda Las jornadas del 8M y 9M han demostrado, en su masividad, la vigencia del movimiento de la mujer como fermento de la rebelión popular, porque su protagonista excluyente es la mujer trabajadora, aunque usurpe la representación de ella una clique que merodea las instituciones del estado capitalista o simplemente es parte de él. El “palco y documento” son una usurpación objetiva y una tentativa de cooptación. Pero el régimen vigente no tiene condiciones para satisfacer las demandas de la mujer. Los militantes y las militantes del movimiento de la mujer y de la izquierda tienen la palabra.

12 de marzo de 2020
8M y 9M en Tucumán

Tucumán, este 8 y 9 de marzo, fue parte de la tendencia a la rebelión popular que se expresó en todo el país y a nivel internacional. La columna del 9M se extendió por más de 10 cuadras al grito de aborto legal ya y separación de la iglesia del Estado, contra los femicidios, transfemicidios y travesticidios, los abusos y acosos. También, pese a los intentos de sectores de la burocracia y de organizaciones vinculadas al gobierno, se hizo sentir el rechazo al pago de la deuda externa y los planes de ajuste del FMI y el apoyo a la rebelión docente y de estatales frente a la quita de la cláusula gatillo. El propio 8 también se realizó un masivo festival con pañuelazo, convocado por el colectivo Ni Una Menos, en el que resonaron los distintos reclamos. Esta irrupción masiva se destaca aún más en el cuadro del boicot de los sindicatos de la provincia que ni llamaron a movilizar menos aún a parar. Sólo el sindicato de docentes universitarios, ADIUNT, votó en asamblea un paro de conjunto y agitó la movilización con actividades preparatorias y la presentación de un proyecto de licencia por violencia de género en el Rectorado. La docencia autoconvocada que encabeza la lucha votó en un plenario movilizar el 9 frente al desafío un paro de 72 horas desde el miércoles 11 en el marco de aprietes y presiones del gobierno y la burocracia sindical. Otra expresión contundente fue la columna de estudiantes universitarias que se organizan contra el acoso y el abuso en las aulas y que en los días previos realizaron una campaña en las facultades con relatos de las distintas situaciones de violencia y discriminación que se viven en el ámbito de la UNT. Este movimiento empalma con la lucha librada para separar a docentes abusadores, Hassan, en Odontología, y Chocobar, en Derecho, en 2018. También con la denuncia a Alperovich, ex gobernador y actual senador nacional, por el abuso a una joven. El gobierno, la Iglesia y sus correas de transmisión en el movimiento de mujeres El vínculo que tiene el gobierno provincial con la Iglesia es total. El arzobispado, como parte de una movida nacional contra aborto, organizó el 8 una misa a la que asistió la cúpula gubernamental, entre ellos el ministro de Educación, Juan Pablo Lichtmajer, y la ministra de Salud, Rossana Chahla. Lichtmajer, además de atacar al movimiento de docentes con amenazas de descuentos, avaló las declaraciones de Trotta, quien en el acto de inicio del ciclo lectivo dijo que es necesario trabajar para la nueva Educación Sexual Integral que suma la perspectiva de las iglesias. Chahla, por su parte, es la responsable de obstaculizar las ILE en la provincia y de torturar niñas, obligándolas a llevar a término sus embarazos, como quedó demostrado en el caso Lucía. Mención especial merecen las organizaciones que pretenden preservar al gobierno y la iglesia. La expresión más extrema en Tucumán la encarnó el PCR, quien encabeza la llamada Multisectorial de Mujeres. En una primera instancia se opuso a que encabece la consigna del aborto legal y en la propia movilización se bajó del escenario cuando se inició un pañuelazo masivo. Buscaron también embellecer al gobierno de Fernández, atacando solo al macrismo e incluso dejando de lado a los gobiernos provinciales peronistas. Cortaron el sonido cuando se estaba invitando a la movilización de los docentes y estatales por la cláusula gatillo. Desde el Pdt Tendencia dimos la lucha política para que el programa de las jornadas del 8 y 9 denunciara al conjunto del régimen político, empalme con las luchas en curso y levante no sólo la independencia política frente al Estado, sino que plantee una perspectiva en el cuadro de las tendencias a la rebelión popular. Queda claro que pese las organizaciones colocadas en el campo del gobierno de Fernández, y de Manzur en la provincia, no pueden ejercer una acción regimentadora y el dique de contención que pretenden imponer las llevará puestas frente a la brutalidad del ajuste que se viene, bajo las exigencias del FMI, y la inviabilidad de este régimen frente a las aspiraciones de enorme movimiento.

12 de marzo de 2020
Qué sucede en Santa Cruz

Antes de que se haya concretado el paro convocado por Adosac, el gobierno de Santa Cruz comenzó a mover todo su aparato para atacar a la docencia que, en sus respectivos órganos de deliberación y de manera democrática, votó por unanimidad el No inicio de clases y rechazar ser hundida por debajo de la línea de pobreza. La gobernadora Alicia Kirchner directamente barrió con un centenar de despidos a docentes que, hasta hace una semana atrás, habían tomado los cargos y horas cátedras y luego adhirieron al paro de 48 horas. El atropello tuvo una repercusión nacional y numerosas organizaciones sindicales docentes y luchas obreras mostraron su solidaridad ante estos despidos arbitrarios. El ministro de Trabajo de la provincia busca, además, quitarle la personería gremial a Adosac. Pero esta intención tiene pies de barro si se tiene en cuenta el creciente respaldo popular a los reclamos de la docencia santacruceña. Los despidos El escenario político en Santa Cruz se torna nuevamente convulsivo. De un lado, los despidos a mansalva de los trabajadores de YCRT y municipales ya no se sostienen mediante la lavada de manos del gobierno de turno en hacerlos pasar por "ñoquis K" o "ñoquis M", según quién detente el poder. A la vista de la población queda cada vez más claro que es el propio régimen político el que sostiene la desocupación. Esta tendencia está claramente marcada. El despido de docentes por haber ejercido su derecho a huelga significa un atropello que expresa la intención del gobierno de Alicia K por doblegar las reservas de lucha de la vanguardia y los sindicatos combativos. Los paros del lunes y martes en el arranque de marzo y la marcha del viernes 6 contra los despidos en la provincia marcaron una línea de resistencia. La provincia entra en un período de lucha de clases más abierta y frontal. Perspectivas En Santa Cruz además de congelar salarios frente a una inflación galopante, se desfinancian las cajas de los trabajadores - la de Previsión Social y de Servicios Sociales. Con el recorte del presupuesto de Servicios Sociales (CSS) se generó una ola de indignación y repudio por la muerte de Griselda "Titi" Cortés, quien cursaba un tratamiento y no fue derivada a tiempo por parte de las autoridades de la CSS. El aporte de trabajadores activos y pasivos que hacen a la caja es utilizada como 'caja chica' del Estado para otros chanchullos y no para garantizar el servicio y la salud a la población. Las muertes por la desidia del Estado, los despidos masivos y las paritarias que ofrecen sumas en negro expresan que las luchas en Santa Cruz como en el país van a revestir este año una bronca popular creciente, como consecuencia de haber hecho una experiencia acelerada con estos “Modelos M y K”. Más temprano que tarde el agotamiento de la tolerancia de las masas ante el ajuste colocará en la picota al régimen político en su conjunto. Los dirigentes K se elogian del momento histórico oportuno por tener Nación-Provincia-Municipio. La lógica formal diría que es una fuerza política consolidada, fuerte. Pero la situación de conjunto y las contradicciones de un régimen social que paga al contado los bonos de cientos de millones de dólares, por un lado, y no es capaz de garantizar siquiera el salario mínimo a la mitad de la población, por el otro, por esta razón más retratada a la vista va a estar su precariedad política, su carácter anti-obrero y su entreguismo abierto hacia el capital financiero internacional. La clase obrera necesita discutir un programa. En Santa Cruz ya tuvimos esta oportunidad con los dos "Plenarios Provinciales de Trabajadores" que pusieron a debatir a distintos sectores en lucha la salida a la crisis. Retomemos ese hilo de trabajo, partiendo de las reivindicaciones más inmediatas como la cláusula gatillo en las paritarias; 82% móvil para los jubilados; no a los despidos, reincorporación de los compañeros a planta permanente; enlazando estos reclamos hacia una salida de la bancarrota en Argentina, es decir orientando el nudo del problema hacia el poder político y por el gobierno de trabajadores.

12 de marzo de 2020
Chile: dos millones de proletarias contra el gobierno

El domingo 8 de marzo, 2 millones de chilenas y chilenos se movilizaron sólo en Santiago, y 3 millones y medio en todo el país. Durante la manifestación hubo centenares de enfrentamiento contra la represión, cobrando en Santiago un saldo de 65 detenidos, 12 heridos oficiales que debieron recibir atención hospitalaria, y 78 pacos lesionados. La operatividad de la represión estuvo a cargo de la generala Berta Robles, quien a primera hora de la mañana inició en la capital un despliegue de 1000 pacas, a las que se le sumaron otros cientos con el desarrollo de la manifestación. Bajo el mando de Robles, el régimen, o sea el gobierno y la oposición, se jugaba una maniobra ideológica mucho más elaborada que con la promulgación de la Ley Gabriela , pues unos días antes del 8M, Robles declaraba a la prensa que, aunque sin ser feminista, se sentía identificada con el feminismo, y que desde esa "esencia", como mujer, le resultaba triste pensar que podía recibir violencia de las manifestantes. Esta anécdota de “la paca general con perspectiva de género” respondida luego con repudios, expulsiones, y enfrentamientos por parte de las manifestantes de la convocatoria, encierra un exquisito resumen de las contradicciones en las que desenvuelve el movimiento de mujeres en Chile, y la tendencia general hacia la que avanza. Para hacer un balance político del 8M chileno, hay que deshacerse de absolutismos y esquemas, lo que para el caso significan algunas clarificaciones. Las reivindicaciones Medularmente, el crédito por la reivindicación más sentida del movimiento de mujeres en Chile no es del feminismo. El reclamo de juicio y castigo a la violencia sexual tiene inclusive más importancia que el del Aborto Legal, y se inscribe en la lucha del conjunto de los trabajadores contra la violencia generalizada del Estado, que ha cobrado centenares de violaciones a los DDHH y decenas de asesinatos. El concepto feminista de que la violencia y la violencia sexual son fruto del antagonismo entre los sexos y no un producto del régimen de clases, funciona como un agente de confusión dentro del movimiento de mujeres, porque desvía o intenta desviar la furia de las trabajadoras hacia los hombres de su propia clase, escondiendo que cuando uno de ellos ejerce violencia contra una de nosotras, lo hace como agente ideológico del verdadero responsable, el Capital; que con su doctrina de disciplinamiento, desprecio y odio, busca garantizar nuestro rol de reproductoras y cuidadoras de la fuerza de trabajo, y defensoras de la propiedad privada al interior de la familia. A la vanguardia de las reivindicaciones se encuentran las amas de casa y otras proletarias que, en la línea de la lucha contra la miseria y la injusticia, luchan por el trabajo, la vivienda, la maternidad digna, y contra la violencia sexual al interior de los hogares. El separatismo A las convocatorias del domingo y el lunes fueron compañeros organizados en columnas o de manera independiente, y algunos de ellos también se encuentran entre la lista de heridos por enfrentamientos. Sin embargo, las separatistas expulsaron en el desarrollo de la movilización a muchos de ellos. Como contrarrevolucionarias que son, varios días antes del 8M promovieron una uelga en la que sólo las mujeres podían parar, y dónde los hombres debían reemplazarlas en sus tareas productivas, o lo que es lo mismo, promovieron la superexplotación de sus compañeros y con ello, se transformaban en unas rompe huelga. Esto es lo que ocurre cuando el feminismo, como agente del régimen, suplanta la lucha de clases por la lucha de sexos, y en esa suplantación, la llamada "transversalidad del movimiento de mujeres" se transforma en un eufemismo de la conciliación de clases. Entonces ¿el feminismo fue representativo del movimiento de mujeres? Ojo, porque el separatismo no sólo es expulsivo de los hombres de nuestra clase, sino que también de la mayoría de las mujeres trabajadoras. Recordemos que en el periodo de constitución de algunas Asambleas Populares, se formaron "Comisiones de Género" que funcionaban como orgánicas aparte, elaborando sus propios protocolos contra el acoso y la violencia, sin discutirlos jamás con el conjunto de la Asamblea, ni siquiera para convencerla. Estas comisiones estaban compuestas en su mayoría por chicas jóvenes feministas, que en general, no representaban a las trabajadoras más empobrecidas y/o de más edad, que sin embargo, al interior de los barrios desempeñaban tareas que llamaríamos "piqueteras". En la preparación de la movilización, tampoco fueron el factor organizador. Sino, que nos digan a cuántas de esas dos millones de mujeres organizaron previamente en barrios y lugares de trabajo, porque inclusive suponiendo que entre las filas proletarias hay miles de mujeres que simpatizan con el feminismo, en el contexto de una ofensiva de los trabajadores en la lucha de clases, simpatizar no equivale a la voluntad de organizarse ahí. El feminismo es representativo principalmente de la pequeño burguesía tradicional y las primeras y futuras generaciones universitarias. Entonces, ¿dónde carajo se organizan esas millones de mujeres? La atención y responsabilidad de cualquier revolucionaria/o socialista debería estar ahí, sobre esas valiosísimas trabajadoras que también llenaron la Plaza Dignidad y que el feminismo no organiza. ¿Qué fue el 8M en Chile? En lo económico, y pese a que la burocracia de la CUT no garantizó la Huelga General del 8 y el 9, algunos sectores como los empleados fiscales, la salud, y la educación, sí paralizaron sus tareas. En lo político, recordemos que el 8M del 2019 tuvo una convocatoria de 400 mil mujeres en Santiago, y 800 mil en todo el país. ¿Qué pasó este año entonces? ¿El feminismo habrá militado 24x7 durante un año para quintuplicar su influencia en la capital? Lo que vimos el domingo no fue un hito aislado del proceso revolucionario en desarrollo, porque este año la línea organizadora de la manifestación fueron las consignas Fuera Piñera y Asamblea Constituyente Libre y Soberana votadas en el Encuentro Plurinacional de Mujeres, y aunque la Coordinadora Feminista 8M a favor al lobby separatista las omitió en la prensa cada vez que pudo, estuvieron presentes en miles de pancartas y cánticos. Esto también se vio expresado cuando centenares de manifestantes llegaron al frontis del Palacio de La Moneda dónde también se registraron enfrentamientos contra la represión. Así que, es imposible suponer que no hay filtraciones del régimen en el interior del movimiento de mujeres, pero también es equivocado pensar que estas filtraciones se encuentran absolutamente consumadas. El feminismo se mueve donde una dirección revolucionaria y socialista no ha estado presente; pero hay en todo caso, un fabuloso panorama en el que están todas las condiciones para que surgiendo esa dirección, pueda llegar ya no sólo a millones de mujeres, sino que también al conjunto de la clase obrera, la verdadera partera de esta jornada de lucha y combate en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Eso es en el fondo, lo que esconde una convocatoria con asistencia récord marcada por banderas violetas, que sin embargo, enfrentó a las pacas para gritarles que son el aparato represivo y por tanto, que no son compañeras; y nuestra tarea es ir a debatir y clarificar las confusiones y desviaciones, y avanzar en las luchas y victorias que como nunca son posibles en Chile.

12 de marzo de 2020
Uruguay: la rebelión ha comenzado por las mujeres explotadas

La movilización por el día internacional de la mujer trabajadora el 8M constituyó una verdadera pueblada. Aproximadamente 300 mil personas participaron de la multitudinaria marcha que ocupó 13 cuadras de la avenida 18 julio. Sin dudas la masividad de la movilización es por sí misma un mensaje político frente a las pretensiones clericales y de los sectores de la derecha que integran el nuevo gobierno de avanzar sobre los derechos de las mujeres, en particular en lo que refiere a la legalidad del aborto. Las masivas movilizaciones también expresaron la tendencia a la rebelión popular que está instalada en nuestro país y en el continente. El hecho de que cada vez más mujeres tomen las calles en una jornada de lucha evidencia que las condiciones actuales se han vuelto intolerables para cientos de miles. Tal vez una particularidad de este nuevo 8M es que además de las reivindicaciones históricas del movimiento feminista y de mujeres referidas a condenar las prácticas, la violencia y la cultura machista, han aparecido con más fuerza reclamos y denuncias dirigidas al Estado, señalando su responsabilidad política en la violencia y en la situación que afrontamos las mujeres en la actualidad. Así, ha sido señalada como vacía la ley de violencia de género que nunca tuvo presupuesto asignado, y también la responsabilidad del Estado y la policía en la emergencia de las redes de trata. El repudio a la represión estatal también fue un elemento que estuvo presente en la marcha, más aún con la provocación montada por Larrañaga con el operativo policial en los alrededores y la custodia y vallado a la iglesia del cordón. De alguna manera, las diversas consignas y la marcha fueron un anticipo de la resistencia del movimiento de mujeres y de las trabajadoras a la política conservadora, de ajuste y represión que comienza a poner en práctica el nuevo gobierno multicolor. Así lo pusieron de manifiesto también las numerosas columnas de sindicatos y organizaciones sociales como FUCVAM, que reafirmaron el carácter de clase del 8M y de la propia movilización. Allí se podía leer una pancarta que decía “trabajadoras unidas contra toda explotación”, y el cartel del sindicato de la aguja que decía “las aliadas del fascismo en la tahona, las calles son de las obreras y las trabajadoras”, haciendo una clara delimitación con las representantes del gobierno, que demagógicamente marcharon, dos cuadras al final de la movilización, posando para la foto, pidiendo “paridad”. De todos modos las pretensiones del nuevo gobierno y del propio FA de cooptar y dotar al movimiento de mujeres de un carácter inofensivo se avizora como algo cada vez más imposible. Pues la conclusión de esta gran jornada de lucha es que la guerra de clases que preparan las cámaras empresariales junto al gobierno derechista con sus representantes mujeres incluidas, encontrará en la primera línea en los barrios, en los lugares de trabajo y de estudio, y en las calles, a las mujeres explotadas. Entre otras cosas porque sabemos que es sobre nosotras sobre quienes se descarga más brutalmente la violencia de este régimen y sobre todo porque venimos dejando de manifiesto como lo hicimos este 8M que ya no estamos dispuestas a tolerarlo.

13 de marzo de 2020
8M en Rosario

Miles y miles de mujeres asistieron a la movilización del 9M. Su organización estuvo precedida por la deliberación política en asambleas a lo largo de un mes. En los días previos al 8M, la burocracia sindical y sectores feministas afines al Frente de Todos hicieron todos los esfuerzos para no efectivizar ninguna medida de lucha. Hicieron todo lo contrario a un intento de organizar una jornada de lucha, censurando la discusión en los lugares de trabajo, lejos de garantizar una jornada con cese de actividades. La conducción de Amsafe provincial salió a desconocer el mandato de las bases de parar el 9M y solo se remitió a “adherir” a la jornada. Al cuidado del gobierno Los sectores del peronismo, el kirchnerismo y la centroizquierda -Patria Grande, Ciudad Futura, PCR- avanzaron en una organización y estructura afín al gobierno de Perotti y Alberto con un recorrido vergonzante. Una movilización de gran magnitud fue cajoneada en un recorrido de cinco míseras cuadras, esquivando el poder político. La frutilla del postre fue la lectura de una “proclama” que no menciona el nombre del responsable político de la miseria social que padecemos. Se omiten los responsables políticos cuando Santa Fe se encuentra entre las provincias con el mayor índice de femicidios del país, con una desocupación que alcanza el 15%, con salarios por debajo de la línea de pobreza, la obra pública paralizada, un gobierno en default y otra gran cantidad de indicadores que retratan la crisis de la provincia. Proscripción en el sorteo Las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles y sindicales fuimos proscriptas del sorteo “oficial’’. Quienes marchasen exclusivamente con mujeres serian quienes encabecen, atento al resultado del sorteo, es decir, de los partidos del régimen y sus organizaciones feministas. Un ninguneo para la docencia o los estatales con sus gremios, que se encuentran en una batalla crucial. La posición de género frente al problema de la opresión de la mujer ha evolucionado en esta maniobra relegando a la clase trabajadora y a los sectores combativos. La organización de la marcha determinó que los sindicatos debían encolumnarse sobre el final por el hecho de llevar compañeros varones o, si no, dividirse por género. Es decir, que se fragmenten entre los propios trabajadores y trabajadoras o, en su defecto, que se retiren con sus banderas al fondo. Nuestra intervención La pelea del movimiento de mujeres no se reduce a las reivindicaciones propias del género, sino que se extiende a las reivindicaciones de toda la clase obrera; como la defensa del salario, la jubilación, de las condiciones de trabajo, etc. Por eso, nuestra columna estuvo conformada por trabajadoras docentes, enfermeras, obreras del cordón industrial, estudiantes y jóvenes. Queremos que las trabajadoras avancen también con las reivindicaciones propias de sus lugares de trabajo. La docencia, compuesta mayoritariamente por mujeres, hoy esta subsistiendo con un salario de pobreza y se les quiere imponer un miserable 3% de aumento. La defensa de la educación pública va de la mano con la victoria de la lucha docente. Es una lucha contra la clase capitalista y su Estado, responsables de la destrucción de las condiciones de vida de los estatales y de todas las violencias contra las mujeres y la clase obrera en su conjunto. El 9M en Rosario se abrió paso a pesar de todos los intentos de vaciamiento por parte de los sectores afines al gobierno. Perotti tiene en las calles a miles de mujeres organizadas contra la miseria, en medio de una crisis provincial de pies a cabeza. El incremento de la violencia hacia las mujeres tiene una relación directa con la crisis política y económica que atravesamos. Nuestro programa de reclamos es incompatible con el FMI, que nos hunde en esta brutal crisis que acarrea mayores sufrimientos para las mujeres. Por eso batallamos contra el régimen político en su conjunto, por el no pago de la deuda y la expulsión del fondo de la Argentina, de la mano de la pelea por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito sin condicionamientos, contra los femicidios y por el salario igual a la canasta básica familiar. Avancemos en nuestras demandas, para eso las fuerzas deben estar puestas en la lucha contra al todo el régimen: el Estado, los gobiernos y la iglesia que atentan constantemente contra la vida de las mujeres.

13 de marzo de 2020
SMATA al rescate de General Motors

Como ya es costumbre en los últimos años, la patronal de General Motors y la cúpula del Smata presentaron un esquema de suspensiones rotativas y un recorte progresivo de salarios. La producción de General Motors se ve afectada por un un stock de 20 mil autos en la planta de Alvear, que no logran compradores, y la sensible baja de demanda de Brasil, su principal importador. Los despidos son un arma utilizada por GM en todo el mundo para mantener la rentabilidad. El esquema afecta a 1.300 trabajadores que perderán el 30% de sus salarios hasta junio y el 40%, desde septiembre. Lo que se presenta como la preservación de puestos laborales es una imposición. En su lugar debería reducirse la jornada sin afectar el salario. Smata sale al “rescate” de General Motors, pero también del régimen político. Sin este esquema, la empresa avanzaría con despidos y una confrontación con los trabajadores. La tarea de una dirección gremial no es buscar alternativas beneficiosas a estos monstruos, sino defender, por medio de la deliberación en asambleas y acciones de lucha los puestos de trabajo y el salario de los trabajadores. No deben ser los trabajadores los que paguen los platos rotos de un sistema productivo que se encuentra totalmente paralizado. En las entrevistas que dio Marcelo Barros, secretario general de Smata, llegó a alegar que por la baja de la producción en General Motors “está claro que sobran 500 trabajadores” (La Capital, 9/3). El año pasado, Smata presentó, junto a Alberto Fernández, el “Plan Automotor 2030”, que contempla una rebaja de los impuestos a las automotrices y la flexibilización laboral para “mejorar la productividad”. Ante el silencio del gobernador Perotti y de todo el arco político patronal, planteamos: ningún despido ni suspensión. Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Que se conozcan los libros contables. De lo contrario se está aceptando de hecho una dictadura patronal.

13 de marzo de 2020
Berisso-Ensenada: los vecinos se organizan contra la contaminación

El miércoles 11 vecinos de Ensena y Berisso, acompañados por docentes de Suteba Ensenada, estudiantes de la UNLP y organizaciones de izquierda, llevaron adelante el corte al ingreso de la empresa Copetro. La medida fue resuelta en asamblea y ejecutada desde las 6 de la mañana y mantenida por 4 horas, impidiendo el ingreso de los camiones con los materiales de producción. La empresa se especializa en producir carbón derivado del petróleo, utilizando hornos de alta temperatura y metales pesados. Las emanaciones de ese proceso, hollín cargado de metales pesados, es rociado sobre las ciudades de Ensenada y Berisso de forma permanente desde 1982. La empresa ya ha enfrentado varios juicios por muerte a causa de cáncer en los que se ha comprobado la responsabilidad directa. Copetro se encuentra a escasas 3 cuadras del centro de Ensenada y esto es incompatible con una industria de categoría 3, altamente contaminante y nociva para poblaciones adyacentes. Las ciudades de Berisso y Ensenada se encuentran entre las diez más contaminadas de Argentina y entre los vecinos se percibe un sentido reclamo por las condiciones del ambiente donde viven. Esto se comprobó en los contantes saludos y bocinas dedicas, en tono fraterno, que los transeúntes dedicaron al piquete. El reclamo vecinal es concreto: que la empresa invierta en filtros para las chimeneas y que el gobierno provincial y municipal de Mario Secco dejen de mirar para otro lado a cambio de regalías mensuales. Desde Copetro responden que no contarían con el presupuesto para la inversión en dichos filtros y el Municipio de Ensenada opera censurando los espacios para desarrollar las charlas que planifican los asambleístas. Los vecinos y trabajadores tienen que ir por la apertura de los libros contables para que se corroboren las ganancias extraordinarias que tiene la única empresa productora de carbón derivada de petróleo de la Argentina y derribar el argumento con el que la compañía desinvierte en prevención e impone despidos. El potencial de los vecinos de Ensenada y Berisso para llevar hasta el final una lucha quedó comprobada en las sucesivas puebladas que recorren su historia. Está abierta la perspectiva de masificar el conflicto y llevarlo a la victoria con la unidad de los vecinos y los trabajadores de la empresa que enfrentan los despidos.

13 de marzo de 2020
El femicidio de Fátima Florencia Acevedo sacude al Estado

Después de siete días de búsqueda, el domingo 8 de marzo finalmente se dio a conocer oficialmente la noticia de la aparición sin vida del cuerpo de Fátima. La extendida conmoción de los paranaenses en los días previos, durante la búsqueda, se transformó en bronca e indignación generalizada. No sólo porque la noticia salió a la luz el mismísimo 8 de Marzo, sino sobre todo porque quedó expuesta la responsabilidad del Estado en el crimen. En este marco, la movilización del 9 de Marzo fue excepcional por varias razones: por su masividad, por su composición -juventud y mujeres trabajadoras-; y por la conciencia política general que se manifestó en los carteles y cánticos en torno a la responsabilidad del Estado provincial y municipal. Fátima venía haciendo denuncias sobre los ataques de su ex pareja desde hacía tres años. El juzgado de familia al cual acudió jamás tomó medidas al respecto. Finalmente, Fátima había radicado una denuncia en la fiscalía de género de la provincia, la cual había dispuesto una perimetral sobre Martínez y "sugerido" a Fátima alojarse en un refugio de mujeres del Estado municipal, provista de un dispositivo antipánico. Consumado el crimen, se supo que en el lugar no había señal de celular ni conexión wifi. Durante los días previos se habían viralizado los mensajes de WhatsApp de Fátima a sus amigas en los que relataba su impotencia y hartazgo ante la falta de respuesta estatal a sus denuncias. Los días previos Durante el viernes 6, uno de los principales medios de la ciudad subió a sus redes que en la zona de rastrillajes se había encontrado un cuerpo descuartizado. La ministra de gobierno, el fiscal de género y los jefes policiales que se hicieron presentes en el lugar. Finalmente, aseguraron, sólo se habían encontrado algunas prendas. La noticia fue descolgada del portal de comunicación a los pocos minutos. Dos días después se supo que el cuerpo de Fátima había sido encontrado por los bomberos en el mismo lugar, lo cual alentó las sospechas de que la comunicación fue demorada para no "empañar" la tradicional Fiesta del Mate, que atrae turismo a la ciudad. Sin embargo, el gobierno no pudo evitar que, en la primera noche del festival, decenas de personas concurrieran con carteles reclamando por la búsqueda y denunciando a las autoridades, y los artistas se solidarizaron desde el escenario. Para el 8M, el gobierno había preparado un escenario especial de artistas mujeres, pero debió suspenderlo ante la indignación popular y la decisión de las artistas de no participar, dado que no había "nada que festejar". El domingo hubo una convocatoria al Palacio de Tribunales para repudiar el femicidio y pedir cuenta a las autoridades. Ante el intento de las autoridades judiciales y policiales de hacer una conferencia de prensa a puertas cerradas, los manifestantes bloquearon todas las puertas exigiendo una explicación oficial. La acción se transformó en una vigilia hasta la marcha del 9M. La Asamblea Autoconvocada en la "Vigilia Justicia por Fátima" elaboró un programa en el que pidió la renuncia de los funcionarios responsables en todos los niveles y poderes del Estado. También exigió la declaración de la emergencia en Violencia de Género y la asignación de presupuesto real y el cumplimiento de otras leyes ya aprobadas y nunca reglamentadas. La imponente movilización tanto de la vigilia como de la marcha del día siguiente han desatado una crisis política. La lucha por justicia por Fátima ha señalado al Estado como principal responsable. Para alcanzar los reclamos es necesario sacar las conclusiones políticas y prácticas adecuadas y coherentes con este planteo fundamental.

13 de marzo de 2020
Coronavirus: la salud de los trabajadores depende de los trabajadores

La dinámica de expansión del virus covid19 (coronavirus) amenaza con convertirse en una pandemia. En los hospitales de la ciudad se multiplican las consultas y una mayor demanda de servicios asistenciales. Los enfermeros de los hospitales porteños denuncian que, en muchos casos, se está presionando al personal a trabajar sin condiciones de protección. Enfermeros del Udaondo, Ramos Mejía, Sardá, Argerich entre otros denuncian la falta de barbijos, camisolines, alcohol en gel y salas de aislamiento en los hospitales. El protocolo que el gobierno de la ciudad emitió para enfrentar la expansión del virus no se aplica en casi en ningún hospital aún. Los profesionales médicos o enfermeros no fueron capacitados para implementarlo. Recién se ha dado una charla en el hospital Gutiérrez y habrá una próxima en el Hospital Fernández. Este hospital, uno de los más importantes de la ciudad, no tiene personal en sector de información por falta de pago y el paciente que ingresa con síntomas de posible coronavirus debe deambular por todo el hospital hasta llegar a infectología. La falta de insumos en los hospitales y la falta de información también se denuncia en los hospitales privados. La falta de una campaña de prevención, que responde a la simple especulación de que no pasara nada, es la base de la falta de activación de los protocolos hasta ahora para evitar lo que ha ocurrido en el Argerich, donde falleció un paciente a causa del virus. El hombre, de 64 años, portaba varias patologías, y al personal de enfermería se les indicó como un caso de neumonía. Una vez fallecido, recién entonces el hospital comunicó la portación del virus del paciente. La desidia y la falta de responsabilidad de las autoridades generó una profunda preocupación y deliberación entre los trabajadores del hospital, que obligó a convocar a una reunión para informar la situación. Sutecba, cual vocero de las autoridades, informó que se pondría en cuarentena a los trabajadores que estuvieron en contacto con el paciente, pero sin denunciar la falta de insumos, trasladando la responsabilidad de tomar tareas en estas condiciones a los trabajadores (“no están obligados a tomar tareas en estas condiciones”). Sutecba actúa como bombero de las autoridades, ante el malestar de los trabajadores. Su denuncia al gobierno de la ciudad es para la tribuna. Alerta Llegando al otoño, la expansión del Covid-19 puede ser devastador. Las declaraciones del ministro de Salud, Ginés García, en una entrevista del canal América (“Pensé que iba a llegar mucho más tarde”) son la expresión viva de la desidia y total improvisación de todos los agentes intervinientes, desde el ministerio hasta las burocracias de AMM y Sutecba. Los dichos de Ginés dejan en claro que están muy por detrás del problema. Las directivas lanzadas desde el Ministerio de Salud se dirigen sólo a las personas que presenten síntomas, para que consulten telefónicamente y eviten el desplazamiento. Si el virus se desarrolla en las barriadas del interior, donde los hospitales ya están colapsados por el dengue y el sarampión, el panorama puede alcanzar la categoría de barbarie. Los trabajadores debemos intervenir Necesitamos asambleas para enfrentar el apriete de las autoridades, que pretenden forzar a los trabajadores a intervenir sin las condiciones adecuadas, exponiendo sus vidas. La gripe aviar en el 2010 dejó 10 trabajadores muertos. Debemos exigir licencias pagas por síntomas y prohibir suspensiones y despidos. Es necesaria una decidida intervención de los trabajadores para exigir la provisión de medicamentos e insumos. Es necesario una concentración de recursos para desarrollar un plan urgente de asistencia que disponga de los centros privados, para complementar la estructura pública. Es necesario el aumento del presupuesto para abrir más camas en el especializado hospital Muñiz como así también para la contratación y formación de mayor personal del conjunto de la salud pública.

13 de marzo de 2020
Por una coordinadora de trabajadores lácteos de todo el país

En el año 2004 se llevó adelante una de las estafas más grandes del país. El empresario Sergio Taselli, con la complicidad de todo el gobierno kirchnerista, cometió fraude tras fraude hasta terminar con el desguace de Parmalat. Una planta que ocupaba a 250 trabajadores. A pesar de la enorme lucha que dieron los activistas durante años, la burocracia sindical de Atilra se encargó de boicotear cada iniciativa de los trabajadores, en favor de la patronal hasta lograr el vaciamiento de la empresa. Lo que ocurrió con Parmalat se viene repitiendo desde esa fecha hasta el presente. Las patronales arremeten contra los trabajadores y la burocracia se encarga de aislar y llevar a la derrota cada lucha. Esta burocracia, comandada por Héctor Ponce, llamó a los trabajadores a "resistir" frente al gobierno de Macri. Pero ante la primera extorsión de parte del gobierno y las patronales, entregaron el convenio lácteo, quitando derechos elementales como la licencia por enfermedad. El caso de Sancor es el más reciente, pero también el más escandaloso. De los más de 5.000 trabajadores que eran empleados en la cooperativa solo quedaron unos 2.000. Pero este número es en realidad bastante inexacto. No toma en cuenta a los cientos de obreros que se encuentran bajo la modalidad de "jornada libre". Es decir, una especie de suspensión indefinida, con salarios de 10.000 pesos, lo que desgasta al trabajador hasta que renuncie o acepte el "retiro voluntario" (al 50% y en 6 cuotas). En esta situación se encuentran en este momento los 200 repositores de Sancor de todo el país. Los trabajadores que están en actividad cobran el 70% del sueldo, el aguinaldo en cuotas y sin las actualizaciones paritarias que hubo estos dos años. A esto se le suma la persecución a los activistas como es el caso de Alejandro Canda, quien fue suspendido de manera indefinida por haberse presentado a elecciones con una lista independiente de las diferentes facciones de la burocracia. Está claro que se busca el lento desguace de la cooperativa, al igual que en Parmalat. Y, ante esta situación, el papel del gremio es también el mismo. Dejar pasar, desgastar y derrotar las luchas que se van dando. En otras empresas lácteas del país, la situación de los trabajadores es bastante crítica. En la planta de la Serenísima-Armonía de General Rodríguez falleció un trabajador, Eloy Menéndez, tras la caída de un montacargas. Apenas ocurrido el hecho, los operarios de la planta salieron a denunciar que esto, lejos de ser un accidente, es un crimen patronal. La empresa invierte millones en nuevas maquinarias, pero no pone un peso en mejorar las condiciones edilicias y de seguridad de los empleados. En Danone-La Serenísima Longchamps, se comenzó a implementar la reforma del convenio lácteo, avanzando también sobre todas las conquistas: descuento por presentismo, multiplicidad de tareas, recortes en el comedor. Como así también el fin de las horas extras al 150% y la eliminación del franco compensatorio por el cambio del régimen laboral (7×2). A su vez, la patronal ha comenzado una persecución contra todos los activistas a través de un monitoreo constante, en todos los sectores, con la implementación de las cámaras de seguridad. Para defender los salarios, los puestos de trabajo, los derechos adquiridos y las conquistas que supieron conseguir los trabajadores en todos estos años es necesario unificar todas estas luchas, hasta ahora aisladas, para enfrentar el avance patronal, y por la defensa de los trabajadores lácteos.

13 de marzo de 2020
Sam Lorenzo: conflicto masivo d e los obreros de Synthon
Partido Obrero Tendencia - Cordón Industrial de San Lorenzo

La patronal de Synthon, industria química elaboradora de medicamentos genéricos, ha empujado a sus obreros sindicalizados al conflicto. Una empresa que exporta toda su producción a su sede central en Europa y está en plena expansión productiva, es porque tiene altas tasas de rentabilidad. Desde hace muchos años, la Comisión Interna luchó por sus derechos y esto es lo que siempre le molestó a la patronal. Desde el año pasado comenzó un incremento de la instigación empresaria sobre los delegados y los obreros afiliados al Sindicato Químico de San Lorenzo. Realizó, como todos los años, su propia evaluación del desempeño de sus obreros para otorgar un bono de fin de año, la novedad es que los delegados y obreros sindicalizados no lo cobraron porque no lograron la “meritocracia” que pretende la empresa. La empresa viene practicando una conducta antisindical, reintegrándoles a los obreros que no están afiliados el 2,5% de cuota que descuenta el Sindicato por uso de Convenio. También cambiando bruscamente procesos productivos nuevos, sin intervención del Comité de Seguridad e Higiene Interno. La empresa promocionó el conflicto. Así los compañeros químicos terminaron hartándose de estas conductas empresaria, el miércoles 11 por la tarde realizaron una masiva asamblea de fábrica que resolvió un paro por tiempo indeterminado hasta que la patronal de cumplimiento a sus reclamos elementales, a partir del 12, a las 7 hs, con un piquete en la puerta De la charla con los compañeros se puede enumerar sus reclamos: • Cese de los hostigamientos laborales. Producción respetando la Seguridad e Higiene. • Basta de prácticas anti sindicales, por parte de la empresa. Que anule el reintegro de cuota sindical a los no afiliados (que consta fehacientemente en sus recibos de sueldo) • Equiparación salarial con las empresas que comparten el predio: Nuoryon y Varteco, del 16% de adicional mensual. • Bono de fin de año retroactivo a la fecha. • Libre afiliación del resto de los obreros sin condicionamientos. Ninguna patronal y menos esta que embolsa super beneficios, debe atacar la organización sindical y el legítimo derecho a reclamar por los medios que decidan mayoritariamente. La CD del Sindicato Químico de San Lorenzo, hace rato que conoce estas actitudes antisindicales de la patronal. Debe convocar a una inmediata asamblea de delegados de todas las fábricas en la puerta de Synthon, que también es el ingreso de Nouryon y Varteco, para sacar un Plan de Lucha de todo el gremio en defensa de los reclamos de los compañeros de Synthon. Los empleados de Synthon ya reciben las quejas de los jefes de estas empresas, a quienes el viernes 13 no se les permitió ingresar con el auto, sí les permiten ingresar de a pie. La patronal Nouryon, retiró el uso del quincho de su propiedad a los obreros de Synthon, en un cambio de conducta hostil hacia los obreros en lucha, los que hasta ayer disponían de los baños y parrilleros. Luego se enteran de que retiró las llaves del quincho a pedido de la patronal Synthon. Este embate de la patronal de Synthon se convierte en una prueba empresaria, cuando se discuten las actualizaciones de salarios en todos los gremios del país. En momentos que los docentes santafesinos, en su segundo día de paro (12-03) han realizado una movilización hasta la sede del Ministerio de Educación, reclamando la actualización automática de sus haberes, se están abriendo las compuertas de una lucha generalizada de todos los sectores estatales y privados. ¡Toda nuestra solidaridad activa con los compañeros químicos de Synthon!!! ¡Adelante compañeros!!!

13 de marzo de 2020
Sigue fuerte la huelga de la docencia autoconvocada en Salta

La docencia autoconvocada salteña ha cumplido ya 9 días de huelga. En su asamblea provincial del lunes pasado, ha ratificado por unanimidad la continuidad del paro por tiempo indeterminado y su pliego de un aumento inmediato del 30%, la restitución de una real cláusula gatillo y un bono de 20 mil pesos. Luego que el vice gobernador Antonio Marocco atacara la huelga, afirmando que mil docentes no eran representativos de los 30 mil que prestan servicio, el paro recibía un acatamiento superior al 60% y más de 10 mil docentes, en capital, y otros miles desde el interior, se manifestaban este miércoles con movilizaciones y cortes. Gato por liebre Uno de los elementos que acicatea la voluntad de lucha de los docentes es que el gobierno afirma otorgar un aumento del 30% a julio. Ocurre que el ofrecimiento real es del 16,3%, pero a cobrarse en agosto, de modo que no tiene vigencia inmediata y puede ser condicionado a futuro, o sea que no existe como compromiso efectivo; el aumento para el mes de marzo apenas ronda el 5%. La propuesta oficial fue aprobada por la burocracia de los sindicatos de la Intergremial docente; a los autoconvocados se los intima a una suerte de “tómelo o tómelo”. Sáenz desató este ataque a la huelga, luego de una ‘visita de estado’ al acampe docente en plaza 9 de julio. Enseguida después anunció que la única representación docente que reconocía era la de lo burocracia para estatal de los sindicatos oficiales. Nuevos ataques Cortesías aparte, Sáenz anunció el descuento de los días de huelga, que luego fue retomado por todos sus funcionarios. En el pasado, sus padrinos Romero y Urtubey ya habían amenazado con lo mismo, sin obtener la capitulación de los huelguistas. Por otro lado, sigue promoviendo un quiebre interno de la huelga con sus alcahuetes, Patricia Caliva y Carlos Murga. Estos ex delegados capitalinos, autodenominados “autoconvocados puros, sin partidos ni gremios”, han proclamado por su cuenta el levantamiento del paro en una asamblea de no más de 40 docentes, y ahora han sacado una carta abierta que repite todos los argumentos del gobierno. Llegan a decir que la cláusula gatillo no es necesaria, amenazan sutilmente con los descuentos, como si fueran funcionarios, y hacen macartismo contra la masa de los huelguistas, con el latiguillo de “militantes gratis” del PO. Semejante provocación está siendo rechazada tajantemente por los docentes que sostienen la huelga con todos los medios. Lamentablemente, el sector dirigente del cuerpo de delegados, antes aliado a Caliva y Murga, continúa con una política reñida con la democracia de los trabajadores, al rechazar el derecho de participación de las corrientes históricas de la docencia salteña, como es el caso de Tribuna Docente, aunque sin éxito. Con el argumento de que las corrientes “dividen”, con excepción de ellos mismos, claro, desenvuelven una política divisionista. No hay nada nuevo aquí, sin embargo, porque siempre ha aparecido un núcleo de estas características desde la primera huelga autoconvocada de la docencia salteña. No es casual que estos delegados, con la capitalina Silvia Di Piazza a la cabeza, hayan rechazado la solidaridad de los obreros viales, que reclaman por su pase a planta, y la coordinación de acciones, cuando esta solidaridad y esta coordinación ayuda a la victoria de la huelga docente. Por la victoria Mientras que en capital se mantiene una adhesión del 60%, en Orán y San Martín el acatamiento supera el 80%. Lo mismo sucede en la mayoría de los departamentos del interior. Hay decenas de cortes docentes bloqueando las principales rutas de la provincia. Una docente ya ha iniciado una huelga de hambre. La docencia está recorrida por una enorme deliberación. El activismo forjado en 15 años de experiencias de autoconvocatoria, acicatea a las nuevas generaciones al paro, peleándolo en cada establecimiento, y explicando cómo en los paros anteriores se derrotaron las amenazas de descuentos y sanciones y las maniobras divisionistas. En Orán, el acatamiento subió sensiblemente apenas el activismo nombró como delegada departamental a la histórica dirigente de Tribuna Docente y el PO, Josefa Cardozo, hoy simpatizante del PO salteño y la Tendencia Nacional del PO. No es para menos, Josefa fue una de las dirigentes de la huelga autoconvocada de los docentes de Orán en 2004 y una de las convocantes a la primera asamblea provincial autoconvocada en el 2005. Es una luchadora reconocida por su firmeza e incondicionalidad con los intereses de la docencia y la clase obrera. El empuje de las bases es tal, que derrotaron las maniobras del sector de Di Piazza para no reconocerla como parte del cuerpo de delegados. El gobierno se juega al desgaste negando cualquier reunión con los autoconvocados. Por eso un importante sector del activismo y las bases ven necesario convocar a una nueva asamblea provincial este próximo fin de semana, para organizar la lucha en la tercera semana de huelga. Desde el PO salteño, impulsamos la solidaridad activa del conjunto del pueblo trabajador con esta nueva huelga histórica de la docencia salteña autoconvocada.

13 de marzo de 2020
Mariano y su lucha

Comunicado Saludamos fraternalmente a las madres del Jardín de Infantes Provincial N°934 de La Saladita, quienes eligieron el nombre de Mariano Ferreyra para identificarlo. Mariano fue un revolucionario que luchó contra la explotación del hombre por el hombre. El nombre de Mariano tiene un hondo significado para la juventud y los trabajadores y estamos muy felices que las madres de los niños que hacen las primeras experiencias escolares lo hayan elegido. Mariano fue una víctima de la mafia que protegía, desde el gobierno, el trabajo tercerizado en el ferrocarril; un régimen de las tercerizaciones que beneficiaba a empresarios y burócratas sindicales, al amparo del Estado y de los funcionarios de las carteras de Transporte e Infraestructura. La emboscada en Barracas que derivó en el asesinato de Mariano fue precedida por la liberación de la zona por parte de la policía y del ministerio del Interior. El modelo de tercerización y precarización del trabajo humano contra el que luchaba Mariano hace 10 años Mariano se replica en el municipio de Avellaneda y en la obra pública en el distrito. La lucha por Justicia por Mariano fue acompañada por decenas de miles de trabajadores, jóvenes, luchadores, artistas e intelectuales de todo el país y el mundo. Gracias a esa movilización extraordinaria, logramos encarcelar a Pedraza y su patota. ¡Viva el Jardín N°934 de La Saladita Mariano Ferreyra y la lucha de Mariano y sus compañeros!

14 de marzo de 2020
La "emergencia sanitaria" de los Fernández es un fraude

No habían pasado más de 12 horas desde la cadena nacional de AF, y las limitaciones de la “emergencia sanitaria” dictada por el gobierno ya eran inocultables. En medio del desabastecimiento de implementos sanitarios básicos de prevención del virus, el decreto se conforma en establecer unos vagos “precios máximos”, en lugar de asegurar la entrega de esos elementos por vía del estado. Luego del serrucho a los salarios y las jubilaciones, es un crimen político recargar la canasta familiar con estos productos en la lucha por la vida de las personas. La llegada del coronavirus ha puesto de manifiesto la absoluta falta de personal médico y de enfermería en el sistema de salud pública. Pero el decreto sólo dispone la incorporación de personal en forma transitoria, con reglas de precariedad laboral. Tampoco coloca a disponibilidad las camas y la estructura de los centros privados de salud, ni los recursos e inventarios de los laboratorios farmacéuticos. Cuando es más necesaria que nunca la centralización de todos los recursos para atender la emergencia, el decreto oficial se detiene ante la propiedad y los intereses de la salud privada. Ello ocurre cuando la privatización y la asfixia presupuestaria han reducido al gasto público en salud al 30% del total del gasto del sistema sanitario. El decreto no prevé la licencia con goce de sueldo de todo trabajador afectado por la infección o por el cuidado de familiares afectados. Esa licencia paga debe quedar a cargo de las patronales. La emergencia oficial insiste en las medidas de aislamiento y cuarentena, a sabiendas de que la contrapartida es la parálisis de la producción en un país con 20% de desocupados y sub-ocupados. No dispone, en cambio, la entrega masiva de kits para pruebas que permitirían un diagnóstico masivo e inmediato, copiando esta negligencia del conjunto de los gobiernos capitalistas, con la excepción parcial de Corea del Sur. El decreto destina a la emergencia unos 30 millones de dólares, cuando acaba de pagar intereses de deuda por una cifra diez veces mayor, sin que le molestara hacerlo con emisión monetaria. No hace falta agregar que los acreedores usaron buena parte de ese pago para comprar dólares, lo que fue seguido de inmediato por una devaluación del peso y el encarecimiento de los insumos médicos y hospitalarios. La política oficial no sólo es limitada para atender la emergencia sanitaria: incentiva la carestía y, por lo tanto, a los especuladores capitalistas contra la salud. La emergencia oficial apunta contra las aglomeraciones o reuniones masivas. Más allá de los espectáculos culturales o deportivos, esas reuniones pueden abarcar a las asambleas o movilizaciones de los trabajadores, en defensa de sus derechos. El gobierno se sirve de esa restricción para avanzar en recortes a conquistas salariales –por caso, las cláusulas gatillos de indexación salarial, y jubilaciones. Exigimos que el gobierno anule la derogación de la movilidad salarial y jubilatoria y reestablezca de inmediato la vigencia plena de esos derechos. La desvalorización de los ingresos de los trabajadores en el marco de una epidemia, es una condena a la infección y a la muerte. La insuficiencia de la “emergencia” oficial ya ha sido colocada en el tapete por los trabajadores de la salud: en asambleas y pronunciamientos, en hospitales, centros de salud privados o laboratorios, médicos y enfermeras denuncian la falta de insumos, de personal, la improvisación e insuficiencia de medidas adecuadas a la envergadura de la crisis. La conclusión es clara: la “emergencia” no puede quedar librada a las corporaciones capitalistas, ni a la orientación de un decreto que ratifica el ‘ajuste’. La emergencia sanitaria exige el cese inmediato del pago de la deuda pública: la que está en dolares (80%) porque liquida las reservas internacionales y la que está en pesos, porque se dispara al mercado de cambios. La crisis de salud ha colocado la cuestión de la deuda como una cuestión inmediata, que el gobierno no encara en defensa de los intereses capitalistas. Como quiera que esto ocurre, además, cuando estalla una ola de defaults en los países desarrollados, y cuando el banco central de EEUU se ve obligado a rescatar la deuda del Tesoro norteamericano, resulta de una violencia extrema que una nación empobrecida y saqueada como Argentina, libere fondos para el salvataje del capital financiero y sus estados. Siguiendo el camino de los trabajadores de la salud, es necesario una movilización para que la población trabajadora tome cartas en la crisis. Formemos comités de trabajadores, compañeros de la salud, educadores, vecinos, y levantemos un programa frente a la crisis: -Entrega gratuita de elementos sanitarios a los barrios afectados. Distribución masiva de kits de pruebas, para asegurar el diagnóstico y tratamiento tempranos. -Que se pongan a disposición recursos e inventarios de los laboratorios y centros de salud privados. -Control de los trabajadores de lugares de trabajo y reparticiones, para que el Estado y las patronales aseguren la prevención y todos los elementos necesarios. -Duplicación del presupuesto público de salud; incorporación de médicos y enfermeras con estabilidad laboral y convenio, bajo turnos de 6 horas. -Ningún despido o suspensión. Vigencia de la movilidad salarial y jubilatoria. -El cese inmediata de todo pago de intereses o capital de la deuda pública. Las grandes emergencias ponen al desnudo el carácter verdadero de los gobiernos, los regímenes políticos en presencia y el Estado. Les preocupa proteger a la clase capitalista a la que sirven, incluso cuando la amenaza tiene un alcance colectivo. Por un gobierno de trabajadores.

14 de marzo de 2020
9M

El 9 de marzo fue una vigorosa demostración de fuerza del movimiento de mujeres en todo el país. En Buenos Aires fueron llegando hasta la Plaza de Mayo, Plaza Congreso, la 9 de Julio desde muy temprano, hasta convertirse en varias decenas de miles, mujeres de todas las edades, muchas muy jóvenes, sueltas, de a grupos, con sus madres, con sus hijas, con las compañeras de trabajo, con sus amigas. Las “sueltas” superaron ampliamente el número de mujeres organizadas en agrupaciones o partidos y le dieron su impronta a una jornada signada sobre todo por la denuncia de los femicidios y la exigencia de aborto legal. Porque si un color vistió la multitudinaria marcha del 9M fue el verde del aborto legal, seguro y gratuito. La columna de la Campaña por el Aborto Legal, interminable, estaba formada por miles y miles de mujeres que no integran esa federación de grupos, pero le reconocen una tradición de lucha por el derecho más sentido en el movimiento de mujeres. “Aborto legal en el hospital”, “no a la objeción de conciencia”, “el proyecto está en las calles”, Aborto legal Ya! Fuera la Iglesia! Separación de la Iglesia y el Estado!, rezaban las pancartas, muchas manuscritas o fotocopiadas. La otra gran exigencia fue terminar con la violencia, la denuncia de los femicidios (uno cada 13 horas en marzo). Horas antes había aparecido el cadáver de Fátima Acevedo, la joven asesinada en Paraná. Fátima apeló a todos los resortes del Estado, había denunciado seis veces a su ex marido, en la policía y en el juzgado, tenía un botón antipánico, vivía en la Casa de la Mujer, pero él la mató igual. Y aunque hubo performances y actividades artísticas que apuntaron exclusivamente a la responsabilidad masculina -“el violador eres tú”- también resonó la consigna histórica “El Estado es responsable”. El reclamo de educación sexual laica, científica, la exigencia de la ESI sin injerencia clerical, estuvo tatuada en las pancartas, en la frente, en la panza, de miles de jovencitas. Contra el acoso, contra el abuso, contra la violación, contra la violencia sexual. Apuntaron, a su manera, contra el Estado: “Me cuidan mis amigXs, no la policía”. Los derechos de la disidencia sexual, la denuncia de la persecución policial a migrantes y los crímenes contra travestis y lesbianas -el reclamo de desprocesamiento de Higui, entre otros- también estuvieron presentes. En muchas columnas estas demandas se mezclaban con el reclamo del derecho a la salud y a la vivienda; y a guarderías, jardines de infancia, vacantes en la escuela pública que hagan más sencillo el trabajo fuera del hogar. Otros carteles pedían igual salario por igual tarea, “igualdad laboral”, el desabastecimiento de los comedores, la falta de trabajo, la precarización. “Contra el imperialismo”, “no al pago de la deuda”, “no al FMI”, solidaridad con la rebelión en Chile, abajo el golpe en Bolivia. La movilización de las protagonistas de las enormes movilizaciones que llevan esas banderas en los últimos cuatro años desplegó como un enorme palimpsesto la magnitud de los agravios y las reivindicaciones del movimiento en pancartas y banderas firmadas muchas veces por pequeñas agrupaciones de disidencias, laborales, estudiantiles, de arte. Otro aspecto relevante fue la cantidad de mujeres que venían con sus parejas, sus hijos, sus padres, sus amigos, sus compañeros de trabajo o de militancia. Esto significa una derrota objetiva a la campaña separatista fogoneada por corrientes feministas y disidentes que se escandalizan con los “varones cis” pero no le hacen asco a votar a agentes de clero recontra cis como Manzur o los Cafiero. En ese contexto multitudinario, sobre un escenario de lujo, treinta mujeres -de organizaciones K, filo K, Poder Popular, y algunas del FITU- leyeron fragmentos de un documento que circuló restringidamente, que no se sometió a debate en ninguna asamblea ni lugar de estudio ni de trabajo y fue cocinado por fuera de las asambleas organizadoras del 8M entre el Ni Una Menos, Poder Popular y el FITU. El documento refleja esta componenda -basada en la exigencia de no criticar al gobierno- y está largamente a la derecha de la creación genuina que sucedió abajo del escenario. La columna del Plenario de Trabajadora en la Tendencia del Partido Obrero sumó medio millar de compañeras y compañeros que marchamos de forma independiente no solo de las variantes patronales sino de las componendas que trocaron un lugar en el escenario a cambio de evitar la menor crítica a los Fernández, más precisamente de apoyar su consigna de fondo: “Desendeudadas nos queremos. Hemos librado una lucha política en las asambleas y en los lugares de trabajo para que el programa del 8 y 9 expresara la independencia del movimiento de mujeres frente al Estado y enlazara nuestra lucha con las tendencias a la rebelión popular. Las organizaciones cooptadas por el gobierno de los Fernández no pudieron remolcar a la movilización a su propósito original, que era convertirlo en un acto más o menos explícito de apoyo al gobierno y a las ministras “feministas” de un gobierno comprometido a cumplir con las exigencias del FMI y a pagar la deuda. Se avecinan grandes jornadas en defensa del aborto legal sin cortapisas y de las condiciones de vida de las trabajadoras y sus familias.

14 de marzo de 2020
Coronavirus y derrumbe financiero desatan una crisis política mundial

La cadena nacional de Donald Trump, el miércoles pasado, dejó al desnudo una crisis política a nivel mundial, relacionada con el tratamiento a la epidemia del Covid-19. No podía ser de otro modo – la contradicción insuperable entre el modo de producción capitalista, por un lado, y las urgencias colectivas de salud, por el otro, debía traducirse de un modo concreto en el plano político. No asistimos solamente a una crisis de liderazgos sino de regímenes políticos. Los planteos de Trump, esa noche, fueron seguidos de inmediato por una caída estrepitosa de las cotizaciones de acciones y bonos corporativos. La flor y nata de la clase capitalista daba un voto negativo a la política oficial. El titular del editorial del Financial Times no podía ser más claro, al referirse al “discurso preocupante de Donald Trump sobre el coronavirus”. Salud y guerra entre capitalistas Trump aprovechó la declaración de la Organización Mundial de la Salud, que elevaba la difusión del coronavirus a la categoría de pandemia, para prohibir por 30 días los viajes entre los países de la Unión Europea y Estados Unidos, excluyendo de ese modo a Gran Bretaña. La medida, calificada de “nacionalista” por FT, no tenía otro propósito que avanzar en la guerra económica contra la UE, cuyos negocios financieros se desplomaron en el acto. Fue definida como un golpe a la actividad económica. Luego del Brexit, la excepción otorgada a Gran Bretaña confirmaba esa orientación, a pesar de que el virus ha causado igual cantidad de infecciones y muertes que en Estados Unidos, pero con un tercio de la población norteamericana. La crisis de salud no ha detenido ni por un momento la guerra económica y política entre las potencias capitalistas. Por otra parte, las sanciones de Trump a Irán y Venezuela propician una catástrofe sanitaria en esos países. La administración Trump también anunció ese día que reduciría el impuesto a la hoja de salarios que pagan patrones y obreros para financiar el sistema público previsional, unos u$s50 mil millones sobre un monto total de u$s1.3 billones. El alivio a la clase capitalista, calificado por el FT como “la pieza central” del discurso, fue acompañado por una propuesta de subsidio a la industria del gas no convencional, cuyas principales empresas se encuentra en convocatoria de acreedores. Para la atención de la emergencia sanitaria, Trump envió un proyecto que le asigna solamente u$s2.5 mil millones. En un país donde las pruebas de detección de la epidemia apenas se aplicaron a seis mil personas, el Presidente no hizo alusión en ningún momento al desarrollo de la capacidad de diagnóstico. En contraste, Corea del Sur lo ha aplicado a doscientas mil personas, y va en ascenso. El caso surcoreano ha servido para establecer que la infección del nuevo virus afecta a un número creciente de personas. Un modelo de previsión, sobre la base de la experiencia surcoreana, ha llevado a estimaciones de algunos millones de afectados para EEUU, sin que nadie puede identificarlos, ni conocer la expansión viral. El presupuesto del Comité de Detección y Previsión de Enfermedades ha visto su presupuesto y su personal recortados una y otra vez. País fantasma Es absolutamente claro que Trump intentó defender una salida privatista a la crisis de salud, en una lucha política de alcance nacional e incluso internacional, que no recibió apoyo de la clase capitalista. Entendió que la pandemia ha desatado una presión social por lo que algunos ya llaman “el retorno al estado administrador”, en contraste con la piedra libre al capital privado. En un forzado paso atrás muy parcial, Trump tuvo que avenirse a un acuerdo con el partido Demócrata asignar una partida de u$s50 mil millones de los fondos de reserva del Ejecutivo. Las patronales siguen sin poner un dólar, mientras se benefician con los recortes impositivos. Mientras Trump hablaba, la ciudad de Seattle, capital de la industria tecnológica de Estados Unidos, ya se había convertido en una ciudad fantasma, lista para ser puesta en cuarentena. La ciudad donde residen Apple, Microsoft, Amazon y otras de igual porte, se caracteriza por un gobierno carente de recursos, una salud pública sin capacidad para atender la demanda regular, ausencia completa de trabajo de detección de la enfermedad. El Comité de Detección de Enfermedades sólo ha realizado pruebas de salud a 1.700 personas. El sistema de salud de Estados Unidos, basado en gran parte en contratos de seguros de salud, ha entrado en un antagonismo irreversible con la salud pública. Dieciocho millones de personas carecen de cualquier seguro, mientras un 29% de la población se encuentra sub-asegurada -otros cien millones. Esto significa que el seguro no cubre la totalidad del espectro sanitario y que muchas atenciones requieren co-pagos; este sistema prohibitivo fuerza a muchos trabajadores a disimular los síntomas de enfermedad y no perder salarios por ausentismos laborales. La cuestión de la salud pública ha ocupado, en todas las últimas elecciones, el centro de los debates. Las huestes de Trump han denunciado la abolición del sistema de seguros privados de salud, como una tentativa comunista. La contradicción entre el régimen social, por un lado, y los desafíos de la epidemia, por el otro, se manifiesta en todos los países. El sistema hospitalario en Italia se encuentra al borde de la quiebra. Los cortes presupuestarios en salud han sido evaluados en 37 mil millones de euros, en la última década, y los despidos de operadores sanitarios, en 43 mil. En la zona más rica del país, Lombardía, no hay más camas disponibles; en el sur, donde la epidemia se encuentra en su comienzo, no hay desde ya condiciones de atención – por ejemplo, Calabria. Un observador de la crisis ha señalado que el estado italiano se encontrará, dentro de muy poco, ante la disyuntiva de arbitrar a quienes dar prioridad de servicio. La lista que privilegia a las fuerzas armadas, servicios de emergencia, sectores de la salud, tendría que ser alargada, lo que podría suscitar el estallido de la inmensa mayoría de las masas excluidas. En Argentina, el gobierno de los Fernández acaba de reforzar el sistema público de salud en u$s30 millones de dólares, lo que equivale a “una mojada de oreja” a la población trabajadora. El sub-seguro de salud rige para el 90% de ella, sea por los sistemas de co-pago como la insuficiente cobertura de la prestación mínima obligatoria. En lugar de encarar este problema, el gobierno paga en efectivo los vencimientos de deuda que no logra reperfilar – unos $600 mil millones, o u$s10 mil millones. Derrumbe financiero del Estado La crisis política suscitada por el nuevo coronavirus se acentúa como consecuencia de la recesión industrial que pronostican diversos analistas internacionales, pero, más explosivamente, por el derrumbe de la deuda pública. El caso de Estados Unidos puede provocar un cataclismo que empequeñece a la crisis de 2007-2009. Ocurre que la quiebra de compañías privadas ha provocado un retiro generalizado de fondos del mercado de bonos soberanos, concretamente a la deuda del Tesoro. Boeing, una compañía con una caja abundante, ha comenzado a retirar fondos de las líneas de crédito que tiene en diversos bancos. El Tesoro norteamericano no encuentra financiamiento y esto reduce su calidad como colateral de garantía de los préstamos, paralizando al mercado entre bancos. El Banco Central de USA ha tenido que proveer u$s2 billones al sistema, nada menos que la mitad de su balance. Si el carácter sistémico de la crisis se acentúa, ese dinero solamente servirá para incrementar la huida de la moneda hacia el oro. La posibilidad de que el derrumbe se manifieste en cortísimo plazo la ofrece el caso de Italia, cuyo riesgo-país ha subido a 300 puntos. La declaración de Christine Lagarde, de que no saldría al socorro de Italia, provocó enseguida un derrumbe en los mercados de capitales de la Unión Europea. Las compras de títulos públicos, bonos de corporaciones, y acciones de compañías, por parte de los bancos centrales de USA, Gran Bretaña, la Unión Europea y Japón, los ha convertido en dueños de gran parte del capital en circulación y en algunos casos el accionista principal. El capital ha abdicado ante su propio estado, y el estado ha perdido la autonomía frente al capital, que necesita sin embargo para seguir gobernando. La crisis política mundial y los trabajadores La crisis política mundial que ha instalado, en primer lugar, el antagonismo entre el capital y los gobiernos, por un lado, y la salud, por el otro, plantea un desafío importante e interesante a los trabajadores. ¿Cómo abordar esa crisis política generalizada como nunca antes? Es claro que esa crisis repercute en las posibilidades de recibir un tratamiento de salud adecuado, con un régimen de salud que es cada vez menos adecuado. La lucha por la defensa de la salud del mundo del trabajo desata de inmediato un conflicto político con los gobiernos que no quieren atender esa necesidad, ni están con capacidad de hacerlo por su atadura a los intereses capitalistas. La lucha por la licencia paga por enfermedad para todos los trabajadores, efectivos y precarios; la anulación de todas las restricciones a la atención correspondiente, sean co-pagos o dolencias fuera de cartilla; la movilidad de salarios y jubilaciones por inflación; la intervención compulsiva del estado en el sistema privado para paliar los déficits del sistema público; la exigencia de pruebas de diagnóstico gratuitas para el ciento por ciento de la población; la incorporación de personal al sistema de salud bajo las condiciones del convenio colectivo de trabajo; todo esto y más, es lo que debiéramos discutir en la clase obrera y el conjunto de los trabajadores, para establecer un petitorio de demandas y una movilización y plan de lucha. Estas necesidades entran en conflicto con el problema económico y político principal de Argentina – una deuda pública (el 80% en dólares) confiscatoria, y con los gobiernos y regímenes políticos empeñados en pagarla, incluso en medio de una pandemia y del default de los Tesoros más poderosos del mundo. La intervención masiva de los trabajadores por el derecho a la salud irá mostrando la necesidad de un gobierno de trabajadores, y desarrollará la consciencia y los medios políticos para alcanzarlo.

14 de marzo de 2020
Una reglamentación trucha para los repartidores de apps

La lucha que han desenvuelto los repartidores de aplicaciones, más puntualmente Glovo, PedidosYa y Rappi, ha concitado una nutrida convocatoria en diversos puntos del país: Córdoba como epicentro e impulso de las réplicas en diversas provincias y ciudades, como CABA y Mar del Plata con cientos y cientos de repartidores. La precarización extrema a la que están sometidos, registrados como monotributistas, donde la patronal no reconoce ninguna relación de dependencia laboral y por ende ningún derecho; fueron los detonantes de dichas jornadas de lucha. En Mar del Plata, el alcance y la organización excedió a este sector de repartidores. Por ejemplo, los trabajadores de La Veneziana, reconocida empresa de helados, realizaron una retención de tareas contra el salario de miseria que reciben, un elemento más en el marco del trabajo en negro y de la irregularidad laboral a la que están expuestos. Esta experiencia sienta un precedente en los trabajadores que verificaron que a través de la organización pueden torcer el brazo de la patronal y arrancar sus reivindicaciones. “El mal menor” El Frente de Todos anunció que presentará, en el Congreso, un proyecto de reglamentación de la actividad. El objetivo “será el de ampliar la cobertura para los repartidores, aunque evitará nominarlos como trabajadores en relación de dependencia” (Ámbito Financiero, 04/03). El oportunismo y la perfidia del Frente de Todos no tiene límites, pues la nueva “reglamentación” no ataca el principal problema que es la discontinuidad laboral, el salario de miseria y las jornadas laborales que superan ampliamente las 8hs. Los trabajadores, de esta manera, continúan siendo “autónomos” quedando por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT). La reglamentación del Frente de Todos está hecha a la medida de las patronales: les garantiza la precarización y flexibilización laboral. Ergo, no impedirá que repitan y hasta redoblen el ataque, tal como sucedió cuando los trabajadores buscaron sindicalizarse en la Asociación del Personal de Plataformas (APP), y con total impunidad despidieron a 450 trabajadores de PedidosYa simplemente bloqueándolos de la aplicación. La nueva medida que auspicia el gobierno nacional forma parte del paquete de reformas que le exige el FMI para el pago de una deuda impagable. Así como se quitó la movilidad jubilatoria y ahora se atacó el régimen de jubilaciones especiales, como parte de la reforma previsional; esta ley de “reglamentación” viene a aplicar de lleno una reforma laboral monstruosa para los trabajadores, precarizando al máximo las condiciones laborales y brindando libertad de acción a las patronales, quienes se encuentran en un limbo jurídico, fuera de la LCT, que las exime de toda responsabilidad. Contra los ataques permanentes de las patronales y la reglamentación trucha del gobierno, es fundamental darle continuidad a la organización de los trabajadores en asambleas, para discutir un programa acorde a las reivindicaciones que no les garantiza nadie y organizarse con los métodos históricos de movilización y lucha que ya han demostrado desde el 2018 y hasta la fecha. Por todos los derechos laborales: convenio colectivo de trabajo y derecho a la sindicalización; paritarias abiertas; salario igual a la canasta familiar; jornada laboral de 8 horas; cobertura de seguro y salud y vacaciones pagas.

14 de marzo de 2020
Espionaje a los trabajadores en el INTI
Equipo Inti Tendencia

En el transcurso de la Asamblea general de los trabajadores de INTI convocada para el 12/03, se detectó una persona desconocida sacando fotos de la Asamblea, el cual, al ser identificado, intentó retirarse, pero fue rápidamente rodeado por los trabajadores presentes que le impidieron la huida. Este individuo, que no llevaba ninguna documentación personal, se identificó como personal policial realizando tareas de inteligencia de “observación e información sobre la concentración de manifestantes” mostrando la orden asignada por el comisario Inspector Fernando Villegas a cargo de la Dirección General de Operaciones, personaje, este último, imputado por la represión del 20/12/2001 por violencia y vejaciones contra las Madres de Plaza de Mayo. El agente policial se comunicó con el comisario Alejandro Cabo de San Martín para que lo identifique, el cual se hizo presente y lo reconoció como el subcomisario José Bravo de su seccional, siendo interpelado directamente por la Asamblea de trabajadores los cuales le cuestionaron el accionar de espionaje. El comisario Cabo intentó negar el espionaje, amparándose en la orden, llevándose irónicamente el celular del infiltrado con el material registrado de la Asamblea. Las autoridades del INTI se hacen presentes alegando desconocimiento de este accionar y que el subcomisario Cabo ingresó al Inti sin identificación ni autorización de ellos, apresurándose a sacar un comunicado repudiando lo sucedido. Convocan al Jefe del Área 10 de San Martín de la Policía Federal y se procede a labrar un Acta donde consta lo sucedido. El motivo Durante la gestión Macrista, luego de los despidos masivos, se militarizó el predio con cámaras, policía federal dentro del PTM disparando a metros del jardín y seguridad privada MURATA. Al inicio de la nueva gestión se retiró la seguridad privada, pero los métodos de control siguen intactos, como parte de la continuidad de una política de Estado. En el cuadro de ajuste del gobierno actual, para dar una respuesta a los requerimientos del FMI, es claro que una Asamblea de trabajadores que se convoque para debatir un plan de acción por nuestros reclamos enciende las alarmas de los ajustadores. En vísperas de la 44 conmemoración del 24 de marzo, en donde los trabajadores del Inti seguimos exigiendo justicia por nuestros compañeros Giorgi y Artero desaparecidos en el genocidio de estado, reconfirmamos que las fuerzas represivas y de inteligencia siguen intactas. Los trabajadores hemos reaccionado frente a este accionar y realizaremos nuestra asamblea para debatir nuestra agenda de reivindicaciones, los pasos a seguir y el repudio a este accionar.

14 de marzo de 2020
Boletazo en Pergamino
Lucas Giametti

En la primera sesión del año, el Consejo deliberante aprobó un boletazo, que llevará el costo del transporte de $33,85 a $45 desde el 1° de abril y tendrá otro reajuste en junio, a $50. En total sumaria un 48 % de suba. Si tomamos los aumentos que les han sido otorgados a la Nueva Perla desde 2018, el acumulado a octubre de este año sumará casi un 200% de aumento. Se trata del boleto en el más caro de la provincia de Buenos Aires Una vez más, el HCD actuó como lobbysta de la empresa de transporte. Oficialismo y oposición estaban de acuerdo en realizar un “reajuste” tarifario. El bloque del Frente de Todos (oposición) no se quedó atrás en la defensa del aumento del boleto. Esta falsa oposición ha venido cogobernando con el macroradicalismo los últimos cuatro años, es la mejor defensora de la gobernabilidad del intendente Martínez y actúa como salvaguarda en los debates legislativos. El Frente de Todos no solo convalidó la suba del boleto, sino que presentó un dictamen de minoría, el cual expresa que se le otorgue un subsidio por $1.500.000 mensuales, con el objetivo de congelar la suba. Este subsidio debería salir de lo recaudado por el nuevo sistema de estacionamiento medido. Nada nuevo bajo el sol, como siempre, los vecinos son los que deben bancar el subsidio a la empresa. La Nueva Perla han recibido, durante más de 10 años, suculentos subsidios. Los usuarios nos preguntamos: ¿adónde fue el dinero? Evidentemente no se ha volcado a mejorar la calidad del servicio. Las unidades se caen a pedazos, los horarios son reducidos, se eliminó el servicio de combinación, los recorridos son permanentemente recortados y no están equipados para el correcto traslado de personas discapacitadas. Mientras los empresarios la han levantado en pala con los subsidios, los pasajeros padecen la baja calidad de los servicios, y en algunos casos terminan en tragedia. Los subsidios a La Nueva Perla, desde 2013 a la fecha, han superado ampliamente los 100 millones de pesos. La patronal los ha utilizado, entre otros, para la compra de la sodería Prascilio. Por lo tanto, el reiterado “argumento” de la empresa sobre el déficit se convierte en una provocación para los usuarios y a su vez en una extorsión cuando amenaza con dejar de prestar el servicio público si no se le otorgan los aumentos arbitrariamente estipulados. El boletazo se suma a un tarifazo de las tasas municipales, superior al 100%, que ha afectado en mayor medida a los barrios donde la desocupación es lo que abunda. En el marco de una crisis política, económica y social que atraviesa a toda la provincia de Buenos Aires, con municipios que han declarado la emergencia económica (Salto, Rojas, entre otros), el intendente Martínez sigue con su política de ajuste permanente sobre los trabajadores. El Concejo Deliberante ha demostrado que actúa como una escribanía de los intereses de La Nueva Perla y el empresariado en general. Desde el Partido Obrero Tendencia llamamos a los trabajadores a rechazar este nuevo robo al bolsillo de los trabajadores. Es necesario poner en pie una coordinadora con todos los sectores que quieran enfrentar el ajuste. Anulación del boletazo. En defensa de los salarios. Apertura de los libros contables de La Nueva Perla. Boleto obrero a cargo de los patrones. Expropiación sin pago y municipalización del servicio de transporte publico bajo control de los trabajadores y usuarios.

14 de marzo de 2020
Coronavirus y crisis educativa: la docencia se rebela frente a la inacción estatal

La propagación del coronavirus, el dengue y otras enfermedades han colocado al inicio del ciclo lectivo en completa crisis. Luego de que la OMS declarara “pandemia” al covid-19, el gobierno nacional decretó la emergencia sanitaria por un año. En conferencia de prensa, Gines García anunció, sin embargo, que por el momento “sería contraproducente cerrar los colegios”, ya que en palabras del ministro de Salud: “los chicos no son un grupo vulnerable. Y si no van a la escuela, están en otro lado y aumenta el riesgo para los adultos”. Pero los “adultos” (docentes, auxiliares) se encuentran trabajando en las escuelas, aumentando el riesgo de contagio para ellos mismos y para toda la comunidad. Las “recomendaciones” que dictan los organismos oficiales para evitar el contagio del virus, por otra parte, se chocan de frente con el estado ruinoso de las escuelas públicas: la falta de insumos, el nombramiento de personal, elementos de higiene, etc. siguen ausentes. Es evidente que continuar con las clases en este contexto sólo hará que el virus se propague con mayor celeridad. La “crisis sanitaria nacional e internacional” devenida en crisis política, también ha dejado al desnudo la continuidad del derrumbe del sistema educativo. A contramano de la decisión nacional, cada vez más universidades e Institutos terciarios están decretando la suspensión de clases. Las provincias de Jujuy y Misiones han declarado ya la suspensión por 14 días, en el primer caso para evitar el contagio del coronavirus, en el segundo, debido al dengue. En Chaco, el Frente Gremial Docente ha decretado un paro para toda la semana entrante (Primicias Chaco 14-3), ante la no suspensión de clases en la provincia. En línea con la decisión del gobierno nacional, este jueves 12, el gobernador Kicillof, vía Decreto 2020-132 declaró: "el estado de emergencia sanitaria en la provincia por 180 días". Tarde, ya que ya existen casos en la provincia y, por otro lado, las clases transcurren sin las medidas básicas de prevención (como lo vienen denunciando los propios docentes): la mayoría de las escuelas no fueron desinfectadas (DDD) ni desmalezadas, no se limpiaron los tanques de agua, no existen elementos de higiene mínimos (lavandina, alcohol en gel, jabón, etc). Un reciente protocolo en la provincia establece que “de notificarse que un estudiante o docente es caso sospechoso, se debe proceder al cierre del grado o sección hasta que esté el resultado del test de laboratorio o por un plazo de 14 días”. En caso de que se confirme un caso de coronavirus “deberá suspenderse el dictado de clases en toda la escuela, también durante 14 días corridos”. Una suerte de suspensión de clases “a cuenta gotas” que aumenta el riesgo de potencial contagio. Los empleados públicos que deban “auto aislarse” por haber provenido de países de riesgo o tengan casos confirmados de coronavirus, podrán utilizar una licencia por 14 días (Decreto Nº 127/2020). Nada se sabe aún sobre el procedimiento para los grupos de adultos en riesgo (asmáticos, diabéticos, etc.) que en el caso de la docencia ya está reclamando la aplicación del 114h del Estatuto docente. Mientas la situación sanitaria se agrava, el Gobierno Nacional se encuentra pagando “cash-cash” intereses de deuda. Sólo en febrero desembolsó unos 704 millones de dólares (45.000 millones de pesos), pero anunció en estos días una partida presupuestaria "especial "de 1.700 millones de pesos para afrontar la pandemia. La sumisión al programa del FMI y el arreglo con los bonistas hace inviable brindar una respuesta sería a las necesidades elementales de la población para enfrentar estas epidemias. Ante esta emergencia, se requiere la triplicación del presupuesto para salud y educación, para la implementación de acciones de prevención y control sanitario en las barriadas obreras, a los docentes, alumnos y sus familias, y que ¡ni un peso más! del presupuesto nacional se destine a los usureros internacionales. En un país con más de un 30% de pobreza, las epidemias pueden correr como reguero de pólvora sobre una población vulnerable. Mientras tanto, otra “epidemia” (para el gobierno y la burocracia sindical) sigue su curso: la lucha de la docencia por su salario. En Salta, continúa en desarrollo una huelga general que ya lleva 9 días, impulsada por docentes autoconvocados. En Santa Fe se cumplieron las 48 horas de paro -11 y 12 de marzo- que terminó en una masiva movilización provincial. El gremio AGMER, de los docentes de Entre Ríos, ha votado en su último congreso la continuidad del paro por tiempo indeterminado y el viernes 27 se movilizarán en toda la provincia (Entre Ríos Ahora, 11-3). En Tucumán, un congreso provincial de delegados autoconvocados ha votado la continuidad del paro general, que empalma con otros sectores de trabajadores (municipales, choferes) que salen a enfrentar los planes de ajuste de Manzur. La prohibición de reuniones o concentraciones masivas no puede ser utilizada para extorsionar a los trabajadores en lucha, mientras el gobierno le sigue negando la satisfacción de los reclamos, que los trabajadores necesitan para hacer frente a la crisis. El movimiento obrero necesita defender a rajatabla la libertad de organización para no perder derechos y conquistas adquiridas. La rebelión que se produjo a nivel nacional contra la paritaria a la baja del gobierno es inseparable de la lucha por las condiciones de trabajo, que se presenta ahora con más urgencia en ocasión de la propagación del coronavirus. Se ha abierto una intensa deliberación entre los trabajadores de la educación, que se refleja en reuniones, asambleas, en la elaboración de petitorios y en el reclamo al Estado de que se suspendan las clases. Los gremios afines al gobierno se han limitado a reproducir las indicaciones oficiales, pero no se encuentran organizando ningún tipo de acción que atienda a las necesidades de la docencia. UDOCBA se acaba de pronunciar por la suspensión de clases en toda la Provincia de Buenos Aires. Las seccionales de SUTEBA conducidas por la multicolor (La Matanza, Tigre, Escobar, Bahía Blanca) han reclamado la suspensión preventiva de clases. Se están preparando acciones de movilización a los Consejo Escolares en los próximos días. Se hace fundamental la conformación de comités de salubridad e higiene en cada escuela, formado por docentes, padres, alumnos y auxiliares, que se pronuncien por la inmediata suspensión de clases como primera medida preventiva de propagación de la epidemia. Sobre esta base impulsar en todos los sindicatos la convocatoria a asambleas y a plenarios de delegados con mandatos, para reclamarle al Estado la aplicación urgente de una política integral de prevención y salubridad; la entrega gratuita de elementos sanitarios a los barrios afectados, la distribución de kits de pruebas para asegurar un diagnóstico y atención temprana donde sea necesario, la duplicación del presupuesto de salud y la atención a toda la comunidad educativa, bajo control de los trabajadores y sus organizaciones.

14 de marzo de 2020
"¿Quién cuida a los chicos?"

En un raid mediático reciente, el ministro de educación, Nicolás Trotta, dio una serie de definiciones que permiten discutir cuál es el rol social que cumple, bajo el capitalismo, la escuela. Trotta dice que "la continuidad escolar es la mejor medida para resguardar la salud de los jóvenes". La afirmación es cierta -no por el Coronavirus-, solo en tanto admitamos que nuestro sistema educativo cumple una función hoy que no debería: hay decenas de miles de niños y jóvenes que, si no van a la escuela, no comen. Y no comen, porque los salarios combinados de su grupo familiar no alcanzan a cubrir la canasta básica. La escuela (el estado), suplementa ahí donde la patronal (los privados) no cubre: al menos un tercio de los menores de edad en Argentina sufren desnutrición endémica. Otra función social de la escuela bajo este sistema: la guardería. El lugar donde dejar a los hijos mientras los padres procuran el sostén de la familia. Mandarlos a casa pondría sobre el tapete la necesidad de otorgar licencia con goce de sueldo a la inmensa mayoría de trabajadores que no puedan pagarle a alguien para cuidar a sus hijos. Hacer eso, implicaría a su vez una reducción productiva - imposible, dados los compromisos con los acreedores internacionales, si bien hasta el FMI mandó a sus trabajadores a casa en las oficinas de Washington tras detectarse un caso- o la contratación de trabajadores eventuales para cubrir esos puestos. Nuevamente, la escuela (el estado), salvavidas de las patronales (los privados), o, en boca de Trotta en los medios: "¿Quién cuida a los chicos si no van a la escuela?" El jueves pasado, el Ministerio de Educación decretó que, ante un caso confirmado o sospechado, ya sea de un alumno o docente, el establecimiento debe cerrar por dos semanas. El decreto, aparte de seguir en línea con la política del gobierno nacional de actuar solo ante el hecho consumado en lugar de prevenir, hace una ridícula distinción: si se detecta un caso, confirmado o sospechado, de COVID-19 en un directivo, auxiliar o personal no docente, solo se debe aislar a la persona y desinfectar el establecimiento, sin afectar su normal funcionamiento. Como si los estudiantes no tuviesen contacto ni lugares en común con estos trabajadores. Otra de Trotta para justificar la continuidad escolar: "en las aulas aprenden higiene y cuidado personal". Mientras, Ginés, ministro de Salud, subraya que los chicos "no son un grupo de riesgo", a pesar de lo cual son grandes transmisores del virus. Alberto Fernández nos manda a usar jabón y nos advierte severamente sobre las responsabilidades penales que tendrán quienes no cumplan la cuarentena. La pregunta es, si esta política del hecho consumado fracasa, y Argentina se convierte en Italia... ¿Quién asumirá las responsabilidades, sociales y penales? ¿Le cabe responsabilidad al ministro de salud, quien "pensó que iba a llegar mucho más tarde" el virus y no preparó medidas preventivas? En última instancia, ¿cuántas vidas vale sostener un sistema herido de muerte, como es el capitalismo? En las universidades, mientras tanto, se está dando un proceso desigual: los rectores sostienen en general el inicio de clases pautado para la semana próxima, pero algunas facultades de UBA, departamentos de la UNA y la UTN, lo han postergado para fines de marzo, otra evidencia de la falta de decisión centralizada en cuanto a la prevención y contención del virus. La facultad de Ciencias Sociales ha optado por suspender las actividades "masivas" extraordinarias, por un lado, ridículo, pues las clases teóricas ordinarias son masivas, y por el otro, perverso, en una facultad con un reconocido activismo docente, y cuando el mismo Trotta acaba de negarle la cláusula gatillo a los docentes universitarios, lo cual generó un amplio rechazo y prefigura la organización de asambleas que discutan medidas de lucha. Urge que la comunidad educativa de todos los niveles se organice en asambleas, luche por medidas concretas en defensa de la salud y la educación, que no son garantizadas por el propio Estado y, llegado el caso, por un gran paro educativo. A priori, una postergación generalizada de las clases en todos los niveles, garantizando el salario docente y la posibilidad para los padres de quedarse cuidando a los menores, sin represalias por parte de los empleadores. En el epicentro de la crisis, el gobierno intenta atar con alambre una crisis que raja las paredes. Está en cuestionamiento el poder político de conjunto.

14 de marzo de 2020
Coronavirus: las razones sociales de una reacción tardía
Cecilia P

Al momento de escribir esta nota, Italia tiene a más de 7.000 personas infectadas, con aproximadamente 463 muertos por Coronavirus, y se encuentra bajo medidas de cuarentena. En España, hay cerca de 4.200 personas contagiadas y 120 muertos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, declaró que va a decretar el estado de alarma en toda España durante los próximos 15 días (El País, 13 de marzo). Estas medidas tardías llegan mucho después de las advertencias de médicos que retrataban, semanas atrás, el escenario dramático de su lucha contra la pandemia. A pesar de las invocaciones del gobierno de ese país -y de otros de Europa- a la “tranquilidad”, el pánico se instaló igualmente cuando se informó que la supuesta meseta había explotado, llegando el número de contagiados a cifras inusitadas. Pero esta agudización en el aumento de casos no era imprevisible. Al menos, desde que China difundió, hace meses atrás, que el genoma del coronavirus es de fácil contagio y propagación. Los especialistas de ese país informaron también que es una cepa específica y que, por lo tanto, no sería la última. En este escenario, los trabajadores de la salud, conscientes de la gravedad, advertían sobre el “exceso de confianza” de los gobiernos, dilatando la adopción de medidas preventivas y limitándose a intentar bloquear, sin éxito, la cadena de contagio. Los médicos, mientras tanto, denunciaban angustiados la llamada “masacre de ancianos”, ya que debían optar entre aquellos enfermos que presenten una mayor probabilidad de sobrevida para poder acceder a los cuidados intensivos, dada la escasez de equipos para la asistencia respiratoria. El balance, en España y en Italia, es muy claro: la cuarentena llegó con demora, se tomaron tarde las medidas para evitar el ingreso proveniente de países en riesgo. En palabras del conocido virólogo italiano Roberto Burioni, traducidas de un tweet del día 10 de marzo: el gobierno “solo minimiza. Esta actitud de las autoridades que ha hecho un daño enorme en las últimas semanas ya no es tolerable. La gente MUERE DE CORONAVIRUS. Esto debemos detenerlo”. “Se podía haber hecho algo más y esto habría retrasado” la epidemia, expresó por otro lado el virólogo Giorgio Palú, médico italiano también, quien no critica al gobierno por las medidas que tomó en la actualidad, sino que señala que éstas llegaron muy tarde. (El mundo, 2 de marzo) Un médico que se identificó bajo el seudónimo de “Carlo” planteó medidas fundamentales en la batalla contra el coronavirus: 1- aumentar el número de plazas de cuidados intensivos, incluso en los hospitales alejados de las zonas más afectadas". 2- posponer todas las operaciones aplazables para ahorrar recursos y reducir el número de personas que acudirán al hospital. Luego de pedirle a la población que asuma cuidados sanitarios en sus viviendas, el médico señala: “es importante que lo hagan, porque estamos cansados, trabajamos muy duro y somos pocos debido a los años de recortes en la sanidad pública" (World Economic Forum, 13 de marzo). Este comentario da pie a los otros protagonistas de esta historia: los gobiernos ajustadores de los países envueltos en la pandemia. En este caso, representados por la ministra de Economía de España, Nadia Calviño, quien justificó la reacción tardía de su gobierno señalando que "no se trata de tomar medidas que no tienen efecto sobre la enfermedad y tienen impacto negativo sobre la economía" (20minutos.es. 10 de marzo). Pocas semanas atrás, era común escuchar que no era innecesaria la interrupción de la circulación turística entre Italia y España, en defensa de la “industria del turismo”. Recomendaciones para cortar esa circulación, formuladas por médicos de la Universidad Complutense de Madrid, fueron desoídas para “no asustar al mercado”. Muy poco tiempo después, se pasó de 300 contagiados un viernes a 1.000 enfermos más el lunes. El “estado de alarma” en España (a igual que Italia) ha llegado tarde. Argentina A la luz de todo lo anterior, los papelones “tranquilizadores” del ministro Ginés González García no son un error personal, sino que forman parte de una lógica de clase. Para preservar la obtención de beneficios, el capital y sus Estados postergan hasta último momento, y a regañadientes, la adopción de medidas de emergencia. El decreto de emergencia oficial dispone la cuarentena para quienes regresan del exterior. Pero ¿quién tomará cuenta de aquellos –por ejemplo, el personal doméstico- que interactuará con esos viajeros en sus domicilios? Por otra parte, han transcurrido largas semanas con miles de turistas que regresaron de sus viajes sin esa prevención. Todas estas personas volvieron a sus hogares en transporte público, compraron en negocios cercanos o fueron a sus trabajos. Por lo tanto, la posibilidad del contagio social local ya está instalada. La alternativa de testear masivamente a estos potenciales portadores –como ha ocurrido en Corea del Sur - no ha sido contemplada. Las prevenciones que se declaran no se encuentran a la altura de lo que todos esperan. Lo del médico italiano - “no daremos abasto, teniendo en cuenta los recortes que ya se hicieron en salud”- tiene plena cabida en Argentina. Sobre una salud pública en ruinas, debemos exigir que los recursos de la salud privada se coloquen a disposición de la crisis sanitaria. Finalmente, está por definir cómo protegerán a quienes deberán enfrentarse en la primera línea de combate con el virus: esto es los trabajadores de salud. Las condiciones de su cuidado deben ser establecidas e impuestas por ellos mismos, a través de la formación de comités de control en hospitales y sanatorios. Es necesaria una enérgica movilización de las enfermeras, maestras, trabajadores, universitarios, estudiantes. Somos nosotros los que podemos enfrentar la pandemia tomando en nuestras manos la crisis, por encima de un Estado y gobiernos que han reaccionado tarde –no por ignorancia, sino para proteger al capital.

14 de marzo de 2020
UTA: se agitan las aguas en la 720

El lunes 2 de marzo, entró en vigencia un aumento de salario en la línea 720. Con una particularidad más que importante: estuvo precedido por una asamblea arrancada por los choferes a los delegados (3) en la que se modificó el ítem donde se debía aplicar el aumento salarial. La línea 720 de la empresa Micros Omnibus de Tigre S.A. (M.O.T.S.A.) aún paga salarios a comisión por boletos vendidos, es decir que a la rentabilidad que le da a este rubro los subsidios del estado, en este caso, se suma la condición de poder pagar calculando sobre la riqueza que genera el trabajador. Algo similar a lo que viven los trabajadores ultra precarizados de los call center, entre otros. Esta condición de precarización es completada con turnos de hasta 12 horas, obligatorios, en la mayoría de los casos con solo cuatro francos mensuales, en vez de seis como establece el convenio. Y por supuesto con una gran complicidad de la burocracia sindical de la UTA de Fernández a la cual responde el cuerpo de delegados. Esta línea ya fue noticia por persecuciones y despidos a choferes que han decidido organizarse y reclamar alguno de los derechos que carecen y/o algún atropello de los tantos que viven a diario. En esos casos se han llevado adelante estos ataques con la complicidad de los delegados que han sido los vigilantes que dieron los nombres a la patronal de los que levantaron la cabeza en ese momento. Algo similar pasa con quien intenta armar una lista opositora en la línea, no se privan de ningún método para desactivar esas iniciativas y así seguir logrando renovaciones de mandatos por ser “lista única”. Con esas experiencias a cuesta, los choferes ya cansados de que los aumentos no sean completos, sino estén sujetos a condiciones climáticas, recorridos asignados o simplemente que no se rompa el colectivo, para poder generar su salario que depende casi en su totalidad de la cantidad de pasajeros que suban en el mes, decidieron organizarse y reclamarle una asamblea general a los delegados, que sea antes del aumento y en donde todos los choferes que quieran puedan participar - esta línea lleva varios años sin hacer una asamblea, solo los más “viejos” habían participado de la última. Sin poder escapar de la situación, los delegados fijan la fecha del 28 de febrero, desdoblada en dos asambleas -una a las 12, para que concurran los trabajadores del turno tarde antes de fichar, y otra a las 14, para los trabajadores del turno mañana que terminaban sus recorridos. La semana entre la convocatoria y dicha asamblea estuvo plagada de bajezas por parte de la burocracia y la patronal; aprietes y amenazas por redes y en persona como es el caso de la patronal que no se privó de hacerse presente para amedrentar. Asamblea El viernes 28, la primera asamblea se realiza con la presencia de todos los delegados de las líneas de MOTSA sin informarle a los trabajadores, quienes se encontraban en inferioridad numérica por el “efectivo trabajo” de vaciamiento de la asamblea por parte de los delegados y sus allegados. En la asamblea los trabajadores expresaron su descontento respecto a su salario a comparación con otras líneas y su rechazo a la propuesta de aumento de la patronal que eran 3 puntos porcentuales sobre los boletos vendidos, esta propuesta ya había sido aceptada y defendida por el cuerpo de delegados. La contra propuesta de los choferes fue que el aumento se dé sobre la suma fija denominada "sentada" que es una suma fija que cobra el trabajador por día que concurra a trabajar independiente si el vehículo esté roto o el monto que facture ese día el colectivo. La sentada estaba establecida a la suma fija de 250 pesos por día en todos los casos. Las conclusiones de esta asamblea fueron un puñado de promesas de nuevas "negociaciones" con la patronal, la suspensión de la asamblea de las 14, ante el clima tenso que se vivió en la primera y una nueva asamblea en 30 días. Conquista. La misma noche del viernes 28, por medio de mensajes de Whatsapp los delegados anunciaron que la patronal cedió al reclamo de los choferes. La sentada pasó a ser de la siguiente manera: choferes de hasta 5 años de antigüedad $520 por día, de 5 a 10 años $540 por día, de 10 a 15 años $560 por día y más de 15 años $600 por día. Esta victoria representa un avance en la lucha contra el régimen de comisiones que mantiene MOTSA y abre una perspectiva de luchas en la línea hacia ese horizonte. Cómo era de esperarse, la patronal avanzó sobre los trabajadores que se plantaron, hostigándolos por medio de cambios de turno y vehículos principalmente, y plantando la campaña del miedo colocando el rumor de que va a haber despidos si continúan los reclamos de los trabajadores. Mientras algunos caracterizan un planchazo, este tipo de iniciativas de las bases, independientes de los intereses cruzados en la interna dentro de la UTA, aparecen en casi todas las líneas de transporte. Apoyamos acciones futuras y llamamos a todos los trabajadores a sumarse a la lucha por los derechos que aún carecen y contra la persecución y el hostigamiento de los que luchan. Cumplimiento del convenio colectivo: 6 francos mensuales. Eliminación del régimen precarizador de sueldos por comisión. Por una nueva dirección en la UTA. Basta de persecución a los choferes.

15 de marzo de 2020
SUTNA: llamamos a votar a la Lista Negra

Las elecciones del Sutna, ya en su tramo final, darán nuevamente el veredicto de los trabajadores, renovando el voto a la lista Negra. Desde 2016, el Sutna ha organizado una pelea fuerte por las condiciones de trabajo y el salario. Introdujo la implementación de asambleas generales frente a las decisiones a tomar en paritarias y libró una importante lucha contra la aplicación del “recurso preventivo de crisis” presentado por la patronal de FATE para implementar despidos masivos, defendiendo la totalidad de los puestos de trabajo. Nada que sorprenda, porque es así como había luchado durante años en la dirección sindical de Fate y de la seccional de San Fernando, acompañada de los activistas de las diversas fábricas de la industria. Las fábricas del neumático combinan una explotación brutal a través del régimen de premios (celulares) a la producción, pésimas condiciones de trabajo y una sistemática política antisindical de las tres grandes patronales (Fate, Pirelli y Bridgestone). Llamamos a votar a la lista Negra nacionalmente y en todas las seccionales, particularmente en Lavallol, donde aún se mantiene en la dirección de la seccional la burocracia de Pedro Wasiejko. Inmediatamente después de la elección, vendrá una importante batalla en defensa de paritarias con indexación. Mientras la burocracia sindical ha dejado de defender las cláusulas de revisión, el Sutna se planta con su orientación, en una referencia de todo el activismo y las organizaciones obreras, frente a desafíos inmediatos como la defensa de los trabajadores frente a la epidemia del nuevo coronavirus y en oposición al colaboracionismo de los agentes del gobierno en el movimiento obrero. La clase obrera enfrenta un enorme problema de salud pública, provocado por una sucesión ininterrumpida de gobiernos privatistas y pagadores seriales de la deuda financiera. Todas las agrupaciones de izquierda llaman a votar a la Negra en el orden nacional. El MAS y el PTS, sin embargo, presentan juntos con la Roja una lista de oposición a la Negra en la estratégica seccional San Fernando, mientras que el MAS lo hace también con la lista Marrón en la seccional de Córdoba. Esta disputa ‘localizada’ significa que han establecido una diferencia de principios con la Negra, que no tiene alcance nacional solamente porque no han reunido las condiciones para hacerlo. El MAS acusa a la Negra de divisionista y antidemocrática, lo que no es poca cosa ni un asunto de distrito, y el PTS lo hace en términos muy similares. Se desarrolla, de este modo, un “campo de disputas”, a pesar de que todos pertenecen al FIT (ahora FIT-U). Esta pelea sin principios muestra el grado de distancia de la izquierda con los obreros del Sutna, una característica muy acentuada en esta elección. La Lista Negra del SUTNA ha sido la expresión de un frente único de activistas por la recuperación del gremio, de modo que el debate debería darse en el seno de la agrupación, pero para ello tendría que tener relevancia política y no apetito de aparatos. Las listas de izquierda que se han unido contra la Negra en San Fernando saben bien que la disputa en la seccional incluye a la burocracia de Wasiejko, a la lista Verde (un desprendimiento de la Negra), y a otra lista pejotista (Azul y Blanca). Con todos estos elementos reunidos, el PTS y el MAS han optado por una acumulación de fuerzas sectaria, enteramente perjudicial. La disputa en San Fernando, por la importancia histórica de la seccional, es equivalente, desde el punto de vista político-sindical, a la elección nacional. La Negra llega a las elecciones con la autoridad ganada en estas luchas y con importantes desafíos. La continuidad del método de los plenarios de delegados del gremio es su mejor arma contra las conspiraciones del gobierno ‘nacional y popular’ del FMI, que se vienen desarrollando contra las conquistas de los trabajadores, unido a una política de mayor estatización de los sindicatos. El Sutna tiene el propósito de sacar un boletín mensual del sindicato que exprese la vida del gremio y a los activistas, y que podrá ser una tribuna de debate para el conjunto de los luchadores. La Tendencia del Partido Obrero ha caracterizado desde hace mucho que las circunstancias de la crisis nacional colocan al Sutna como una referencia de la clase, en una línea histórica que arranca de la lucha del subte por las seis horas y la expulsión de la UTA; sigue en el gran movimiento clasista que se desarrolló en el norte del gran Buenos Aires, y continúa su desarrollo en la conquista de delegados e internas en numerosas empresas. En esta perspectiva, apoyamos el voto masivo a la lista Negra nacional, y en todas las seccionales.

16 de marzo de 2020
El gobierno patea la crisis sanitaria hacia adelante

La conferencia de prensa que dio Alberto Fernández este domingo, acompañado de Horacio Larreta y Axel Kicillof, pretendió obrar como demostración de la atención con la que el gobierno encara la epidemia del Covid-19 en Argentina. Lo que mostró, sin embargo, son, por un lado, los límites enormes de esa preocupación y, del otro, su orientación definidamente clasista, o sea en función de los intereses capitalistas. Las cuestiones fundamentales de la crisis epidemiológica no salieron de la boca del Presidente, sino de los periodistas que lo interpelaron. A todas ellas Alberto Fernández respondió que serían tratadas al día siguiente, el lunes 16. El único anuncio efectivo de parte del gobierno fue la suspensión de las clases hasta el 31 de marzo, una fecha mágica que ya había usado como plazo tope para la solución del default de la deuda pública. Las licencias laborales para la población mayor de 60 años todavía necesitan un decreto que establezca quién se va a hacer cargo del pago de las inasistencias. En esa incertidumbre, cuenta también la cuestión del presentismo, que ocupa un lugar creciente en el salario de los trabajadores. La suspensión de clases, por otra parte, ha sido presentada en términos contradictorios, pues prevé que los establecimientos sigan abiertos con presencia de docentes, en función de la atención alimentaria de los alumnos, la cual sumó por su parte otra contradicción: no será usados los comedores escolares, sino que las viandas deberán ser retiradas de las escuelas. Nada fue dicho sobre el conflicto laboral que plantea para los padres la necesidad de atender a niños y adolescentes en el horario escolar. El llamado del Presidente a disfrutar de la permanencia en las casas mostró la distancia que lo separa del hacinamiento de millones de familias y del déficit descomunal de viviendas que existe en Argentina. Alberto Fernández escondió los límites de sus planteos con un recurso académico por antonomasia: “la situación es dinámica”. Esta caracterización es peor que falsa, es distraccionista. Con la aparente excepción de China, donde la expansión de la infección habría llegado a un tope de acuerdo a las autoridades, en el resto del mundo la curva sigue en ascenso; por eso la Organización Mundial de la Salud la re-calificó como pandemia. La principal autoridad médica de los Estados Unidos declaró, sin pelos en la lengua, que la difusión de la epidemia “va a empeorar”. En definitiva, la situación es negativamente dinámica, y la fecha del 31 de marzo busca disimular una perspectiva que supera esa fecha. La acción oficial apunta “a evitar (que) el aumento exponencial de los casos sature los sistemas de salud”. Otra forma de alcanzar ese mismo objetivo debería ser, sin embargo, aumentar en forma drástica el gasto público en salud y, por otro lado, poner a todo el sistema privado bajo la tutela del estado, en un comando único. En lugar de esto, y como viene ocurriendo en todos los países capitalistas, se aplican “las medidas fiscales y monetarias para ‘mover la economía’”, o sea subsidiar a las patronales. Fernández no dijo nada acerca de aquello que se reclama cada vez más en todo el mundo, que es reforzar la capacidad de diagnóstico, mediante la producción de equipos de pruebas, para poder detectar en forma preventiva la presencia del virus y prever la tendencia general de la difusión de la epidemia. El plan del gobierno es atender la crisis por medio del sistema de salud actual – con carencias y déficits abismales y brutalmente desigual en términos sociales. La crisis económica desatada por la expansión del Covid-19 no obedece a una sobreproducción de mercancías o a un déficit de la demanda. Es una crisis de producción centrada en una crisis de la fuerza de trabajo, que cambia radicalmente los términos del conjunto de la crisis capitalista. Millones de trabajadores dejaron de ir a sus oc upaciones en ciudades y provincias de China por las cuarentenas que fueron decretadas. Las cadenas de producción quedaron afectadas dentro de los países y a nivel internacional. En Italia, a partir de las huelgas en Fiat-Pomigliano, que se expandió a los establecimientos de la firma en Melfi y Cassino, los paros laborales se han generalizado para exigir el cierre de las empresas donde se aglomeran miles de obreros. Estas huelgas han arrancado desde abajo - ninguna fue decretada por las burocracias sindicales. Fabricar automóviles de alta gama, como Alfa Romeo, a costa de la salud de los obreros, es completamente prescindible en las circunstancias actuales. “Nuestras vidas son más importantes que sus beneficios”, no es una consigna electoral en Italia, sino la contraseña de un movimiento de huelgas. La patronal de la Fiat decidió, ante esta ola de descontento, paralizar rotativamente sus establecimientos. La crisis ha puesto en evidencia lo que muchos académicos han insistido en ignorar: que la única fuente de creación de valor es la fuerza de trabajo – o sea, la clase obrera. El Estado y los capitalistas deben asegurar el pago de la licencia laboral de toda la población trabajadora que ingrese en una suerte de cuarentena. El movimiento obrero debe discutir esta agenda en Argentina, y exigir la mayor protección necesaria para el personal de salud. ¿Qué puede resolver, en esta crisis de la fuerza laboral, la reducción de las tasas de interés por parte de los bancos centrales, o la inyección de dinero por medio de la compra de títulos públicos, o sea emisión de dinero? La cancelación anticipada de las deudas de las compañías capitalistas, por estos medios, no pondrá en marcha el proceso productivo, que responde a una crisis de la fuerza de trabajo, ni dotará de liquidez al sistema, no importa la decisión de la FED de emitir, en etapas, entre 1.5 y 2 billones de dólares. La liquidez es un proceso de crédito, que se encuentra fuertemente congelado, no un proceso de creación de moneda. Lo que el movimiento obrero debe exigir es una fuerte expansión del gasto público en salud y para atender a la fuerza de trabajo en cuarentena, con mayores impuestos al capital y una emisión de moneda, sí, que sea dirigida a esos objetivos. La crisis plantea una fuerte reglamentación de la producción y los precios, incluida la nacionalización de servicios esenciales, como los farmacéuticos y de salud. Todo esto lleva al tema recurrente del pago de la deuda pública financiera, que los Fernández están decididos a llevar adelante, no importen las pandemias ni el mapa genético del virus. Al final, la política de “hacer tiempo”, que preconiza Fernández, en reemplazo de una enérgica política de salud, pretende hacer compatible lo incompatible: el mayor esfuerzo fiscal y monetario que exige el tratamiento de la pandemia, por un lado, con el acuerdo con los fondos internacionales acreedores, por el otro. ‘El pago de la deuda es más importante que nuestras vidas’ - es la consigna de los negociadores de ese pago. Un ‘acuerdo’ sería, por esto, un crimen político. Por otro lado, todos los parámetros de la negociación se han caído, porque, como dicen los salones financieros, reina “la incertidumbre”. Cualquier ‘oferta’ de reestructuración de la deuda, por parte del gobierno, será rechazada, por parte de fondos internacionales que no saben si seguirán en pie luego de la salida tormentosa de dinero de sus aportistas y depositantes. Llamamos a los trabajadores a discutir la situación que enfrentamos, a elaborar pliegos de reclamos y a desarrollar un plan de lucha por su satisfacción.

16 de marzo de 2020
8M en el deporte
David Irribarren

La amplitud y potencia del movimiento de mujeres ha sacudido todos los ámbitos de nuestra sociedad. En el plano estrictamente deportivo, logró una profesionalización parcial del futbol femenino. Pese a sus límites (cantidad de profesionales por plantel y salario), representa un triunfo de las deportistas en pos de equipararse a sus pares masculinos. La popularidad de esta importante lucha es notoria, lo cual se vio reflejado en aquella inolvidable jornada de noviembre de 2018 en que la selección femenina clasificó al mundial en un estadio copado por el movimiento de mujeres y de pañuelos verdes. Estas tomaron como propio el derrotero de las chicas argentinas, tanto en las eliminatorias como en el mundial. En tiempos de cooptación estatal y feminismo pequeño burgués, vale recordar que la lucha de la mujer y las reivindicaciones obreras lograron darse la mano, ya que la profesionalización mejora sensiblemente las condiciones laborales. Ni lerdos ni perezosos Desde luego, los dirigentes argentinos tomaron nota y recaudos para no ser tapados por “la ola”. No sólo se mostraron permeables a los reclamos de las futbolistas, sino que también se dieron los medios para canalizar e institucionalizar diversos planteos que pudiesen surgir de trabajadoras y socias de los clubes. Es por eso que vivimos, en muchas instituciones, un auge de las comisiones de mujeres, así como de espacios inter-institucionales como el MACFUT (Mujeres Asociadas a Clubes de Fútbol). Con variantes y a su modo, intentaron visibilizar la violencia contra la mujer y la discriminación, pero siempre dentro de los estrictos marcos institucionales, jamás escapando el control de las comisiones directivas. El enfoque es “deconstructivista”. El deporte, en tanto ámbito masculino, debe ser deconstruido, para así las mujeres poder integrarse a la actividad deportiva. Por eso, los paneles y los talleres son el santo y seña de quienes promueven esta línea. El problema, como con los rugbiers asesinos, es la “masculinidad hegemónica”. Una de las tantas salidas ensayadas son los cupos femeninos en las comisiones directivas, porque los clubes necesitarían “la mirada de la mujer”. Pero, como sabemos, el mundo del discurso empequeñece ante la realidad material. En estos espacios no se dice una palabra acerca de la situación de las trabajadoras de los clubes, ultra precarizadas y tercerizadas. Tampoco sobre los representantes y directivos, hombres y mujeres, que levantan la mano a cambio de vaya uno a saber que dádivas, avalando recortes y ajustes sobre los socios y socias. Perspectiva de clase, siempre El movimiento de mujeres en Argentina vive horas claves ya que sufre los intentos de estatización por parte del gobierno de los Fernández, quien astutamente mete una cuña en el movimiento, intentando oponer géneros, para que no se opongan las clases. Para ello, cuenta con el concurso de la izquierda democratizante, quien aporta su cuota de impotencia y complacencia, abandonando día a día la perspectiva de clase y borrando sus fronteras con el feminismo (policlasista). Todo esto se ve expresado, en el mundo de los clubes, en los “cupos”, en funciones directivas, y en el reciente pedido de aplicación de la “Ley Micaela” y de la ESI (a cargo de instituciones privadas clericales o directamente bajo tutela de la Iglesia), por parte de los sectores vinculados al kirchnerismo (Coordinadora de Hinchas). No caben dudas que, ante la creciente pauperización que viven los clubes de barrio, por un lado, y las tendencias crecientes a privatizar la actividad de los grandes clubes, por el otro, la perspectiva de género se realizará bajo la forma de Ceo’s o ‘partners’ femeninos de compañías capitalistas – de ningún modo bajo la posibilidad de la práctica del deporte para las jóvenes trabajadoras. En oposición a esta deriva anti-igualitaria, planteamos la socialización del deporte, bajo un gobierno de trabajadores.

16 de marzo de 2020
Una guerra mundial en tiempos de pandemia

La ruptura del acuerdo de producción y precios entre Arabia Saudita y Rusia ha sido señalada como el segundo ‘cisne negro’ junto a la difusión del coronavirus. La crisis de liquidez y el derrumbe del mercado accionario a nivel internacional aparece como un “cisne blanco”, simplemente porque no lo ha visto venir quien no quería. El detonante del derrumbe de los precios del petróleo fue naturalmente la caída de la demanda internacional, ocasionada en parte por tendencias recesivas y fundamentalmente por el estrago del coronavirus en China, el primer importador de petróleo, a partir de principios de año. Cuando Arabia Saudita le propuso a Rusia reducir la producción para defender el precio de los combustibles, Putin le bajó el pulgar luego de varios años de operar como un cartel con los países de la Opep. Existen razones que podemos llamar técnico-económicas para justificar la propuesta del príncipe Mohamed Ben Salman, el Calígula que se ha impuesto como el dictador del reino, en detrimento de la dominación colectiva de la casta de príncipes. Aunque los expertos aseguran que el costo del barril de petróleo es alrededor de tres dólares en Arabia Saudita, ese monto llega a cerca de treinta dólares cuando se le añade las necesidades financieras del déficit fiscal. Algo similar ocurre en Rusia, donde al costo del barril, más alto que el saudita, se le agregan las necesidades fiscales, menores que en Arabia. Estas ecuaciones atendibles palidecen cuando se incorpora el factor fundamental de la crisis: la guerra económica petrolera desatada por Trump contra Rusia. Ocurre que un conjunto de factores ha llevado a una gran parte de las compañías que producen petróleo y gas no convencional (de la roca) en Estados Unidos, a la crisis y a la cesación de pagos. El precio de los combustibles que empareja la ecuación costo-precios (ganancia incluida) de las compañías norteamericanas está en un nivel de cuarenta dólares, aproximadamente, algo parecido a la ecuación del pre-sal de Brasil. Lo que permitió que la industria se expandiera fue la baratura del crédito, que llegó al uno por ciento anual. Las bajas tasas de interés financiaron la explotación de roca para empresas que casi no aportaron capital. La acumulación de deudas eleva el costo norteamericano más allá del yacimiento, porque debe cubrir el pago de deudas enormes. Lo último que querrían los capitales estadounidenses y Trump es una guerra de precios internacional. Es lo que pretendió evitar Ben Salam cuando propuso un nuevo acuerdo a Rusia. Putin no lo vio de la misma manera –y por una razón muy simple: la campaña de sanciones de Trump contra Rusia para dominar el mercado del gas y el petróleo. Hace pocos meses, Trump consiguió que las compañías internacionales se retiraran de la construcción del último tramo del segundo gasoducto que debía unir a Rusia con Alemania. Al mismo tiempo, sabotea políticamente el flujo de gas ruso que debe transitar a Europa por medio de un gasoducto a través del mar Negro, que esquiva la vía actual por medio de Ucrania. Ucrania sigue siendo el gran contencioso entre la OTAN y Rusia, debido a la ocupación del este de Ucrania por milicias pro-rusas y la ocupación de Crimea por parte de Putin. Este entretejido explica la hostilidad de Estados Unidos hacia el turco Erdogan, a quien intentó voltear mediante un sangriento golpe de Estado. Explica también las alianzas y des-alianzas entre Putin y Erdogan en Siria, a lo cual se añade la disputa de Turquía con Grecia, Israel y Egipto por los yacimientos del oriente del Mediterráneo, que ha devuelto la posibilidad de una guerra civil e internacional por el control de Chipre, central en la zona en conflicto. De igual importancia es la guerra que Trump ha desatado contra la petrolera rusa Rosneft, en especial en Venezuela, pero también con relación a Irán, dos estados fuertemente sancionados por Estados Unidos – un bloqueo naval y comercial. Rosneft ha jugado un papel fundamental para comerciar el petróleo de Venezuela, y tiene poder de veto en Citgo, la refinadora y distribuidora de combustible venezolana en Estados Unidos, sobre la que pesan embargos judiciales de capitales norteamericanos. Las fuerzas armadas de Rusia son el obstáculo más importante para un ataque militar de EEUU y sus cómplices del “grupo de Lima”, tanto por el abastecimiento material bélico, radares y drones, como por la presencia de asesores del estado mayor de las fuerzas armadas de Rusia. La supervivencia de Rusia frente a Estados Unidos se juega en un tablero internacional. Las tentativas de arribar a acuerdos que protejan los intereses estratégicos de uno y otro han fracasado. El disparo contra los precios internacionales propiciado por Putin quebró la tentativa saudita de ponerles un piso, y desató la réplica de Mohamed Ben Salman. La consecuencia ha sido brutal sobre las compañías norteamericanas de shale gas y shale petróleo, ni qué decir sobre los bancos que financiaron casi el ciento por ciento de las inversiones. Putin ha lanzado su contraataque a sabiendas de la crisis financiera monumental que suscitaría, y del debilitamiento político que provocaría a Trump. Rusia no tiene ninguna posibilidad de desafiar la dominación internacional de Estados Unidos, de modo que este golpe financiero será seguido, en tiempo oportuno, por represalias políticas y militares norteamericanas. La crisis política que todo esto representa en Estados Unidos no encuentra eco en la campaña electoral, ni en las internas del partido Demócrata, lo cual constituye un desfasaje de alcances catastróficos, que irrumpirá con ese impacto en los meses que vienen. Putin, por su lado, ya llamó a un plebiscito para asegurar su continuidad en el poder por más de una década adicional. Todo, claro, muy precario. Así como la crisis del coronavirus ha demostrado la contradicción insoluble entre el capitalismo y la salud y la vida, este nuevo salto en las tendencias a la guerra debe suscitar la atención de los trabajadores. La humanidad vuelve a enfrentar, sin que en ningún momento haya dejado de hacerlo, la amenaza de la barbarie.

16 de marzo de 2020
Jujuy: la lucha de las mujeres contra la violencia criminal
Gaby R

Por Gaby R. El pasado 10 de marzo arrancó el juicio oral y público contra Gustavo Isidro Garzón, por el intento de femicidio cometido contra su ex pareja, Verónica Castillo, hecho ocurrido en la ciudad de San Pedro de Jujuy el 29 julio de 2018. En aquella ocasión Garzón disparó cinco veces en contra de su víctima con claras intenciones de darle fin a su vida. Al no lograr su objetivo utilizó la misma escopeta para golpearla en la cabeza y en distintas partes de su cuerpo hasta romper la culata del arma. Verónica sobrevivió a semejante agresión por razones ajenas a Garzón y hoy vive con 3 balas alojadas en su cuerpo. Tuvo que volver a su provincia de origen y reiniciar su vida junto a su hija. Se desempeña como acompañante terapéutica y forma parte de una organización que brinda acompañamiento a las víctimas de violencia de género en una red nacional. En el transcurso de la audiencia, como querellante, reiteró su pedido de cadena perpetua para Garzón, el cual fue también reiterado por el fiscal. Estado responsable Luego del hecho, Verónica recurrió a la ayuda las instituciones estatales de Paridad de Género, quienes asumieron la atención legal del caso y se constituyeron en querellantes. Sin embargo, no recibió contención de ningún tipo, ni psicológica, ni económica, ni legal. En la etapa preparatoria del caso se negaron constantemente a brindarle información sobre su desarrollo, como así también de la posibilidad de colaborar y sumar testigos. ¡Tal es así que se enteró que iniciaba el juicio oral y público con tan sólo dos semanas de anticipación! Queda en evidencia una vez más el carácter reaccionario de la tutelada justicia jujeña. Los femicidios bajo la alfombra El juicio contra Garzón, sólo ha comenzado por la tenacidad de Verónica en su reclamo de justicia y por la alevosía del caso, lo que le permitió enfrentar todos los escollos interpuestos desde el propio Estado y sus organismos. Es que el gobierno de Morales está empecinado en dibujar y tapar las cifras sobre violencia de género porque estas crecen a la par de la profundización del ajuste, la desocupación, la miseria y el hambre. Sólo en 2019 hubo más de 10 mil denuncias, que triplican al año anterior e indican que 1 de cada 4 mujeres sufre violencia de género. Su última invención, un Consejo de la Mujer, creado recientemente para acomodar a la ex diputada nacional Alejandra Martínez en algún cargo ya ha mostrado su carácter reaccionario. Nada menos que en vísperas del 8M, Alejandra Martínez y Soledad Sapag, de Paridad de Género de la Provincia, se animaron a mentir sobre la efectividad de las políticas de género del “gobierno de Morales” llegando a afirmar falsamente que en lo que va del 2020 hubo un solo femicidio, cuando las organizaciones de mujeres llevamos contabilizados cinco. Retomemos la lucha El juicio contra Garzón inicia un día después de una multitudinaria movilización de las mujeres jujeñas por el 8M y se presenta como una oportunidad para darle una continuidad concreta a la lucha contra la violencia y la opresión sobre la mujer trabajadora. El reclamo de perpetua para este femicida en grado de tentativa, arrancado por la organización y la lucha de las mujeres jujeñas en unidad con el conjunto de las organizaciones obreras y populares, será un refuerzo importante para desmontar el Estado reaccionario y clerical. Desde el Plenario de Trabajadoras de Jujuy vamos a continuar acompañando a Verónica junto a sus amigos y familiares. El debate del juicio continuará su desarrollo el martes 17 de marzo a hs. 8.30, día en el que se espera el dictado de la sentencia. Llamamos al resto de las organizaciones del movimiento de mujeres a movilizarnos hasta los tribunales para que no quede impune este caso.

17 de marzo de 2020
En defensa de los luchadores de Kimberly Clark

El aparato oficial del Partido Obrero ha desplegado una escalada de ataques faccionales para defender lo indefendible, a saber, la política autoproclamatoria y parlamentarista que siguió a lo largo del conflicto de Kimberly.Esta acción tiene hoy dos aristas: de un lado, la pelea sin principios en la que se ha embarcado con el PTS y, del otro, el ataque incalificable a los obreros de Kimberly que adhieren a la Tendencia del PO, protagonistas indiscutibles de esta lucha. El alcance del conflicto El PTS tuvo una presencia marginal a lo largo del conflicto. Pero una vez producida la desocupación violenta de la planta, ha salido a publicar “balances críticos” con el diario del lunes, donde pretende colocar en la misma bolsa al aparato del PO y a nuestra Tendencia. En estas “lecciones” tardías, el PTS se envuelve en adjetivos: los intentos de coordinación fueron “declarativos”, “sin preparación previa” y otras afirmaciones sin sustento. Lo que debe quedar es lo siguiente: fueron los delegados y compañeros de la Tendencia quienes defendieron a rajatablas la lucha por una coordinación que superara el marco estrecho de los voceros del sindicalismo de izquierda, y convirtiera a Kimberly en una referencia de la lucha de clases regional y, hasta cierto punto, de los grandes cónclaves obreros del país. El plenario del 1° de noviembre, con la participación de direcciones obreras de la zona y de la propia coordinadora de la zona Sur -con Ansabo y otras luchas- estuvo casi exclusivamente a cargo nuestro. Fueron los compañeros de la Tendencia, en persona, quienes llevaron la solidaridad de Kimberly a los obreros de Minetti, en Córdoba, proponiendo una coordinación de todas las ocupaciones en curso. Fueron, también, quienes viajaron al cordón de San Lorenzo, enclave industrial fundamental del país, a reunirse con las direcciones obreras de la zona y recabar solidaridad. Fueron los papeleros de la tendencia del PO, en asamblea, quienes mocionaron el corte a la autopista La Plata, que atrajo la atención sobre Kimberly en los momentos más difíciles del conflicto.El PTS fue convidado de piedra o gran ausente en todas estas iniciativas, impulsadas por nuestros compañeros. Ahora, quiere ocupar el lugar de “crítico del PO oficial”, y explotar las graves defecciones que tuvo el aparato partidario en Kimberly.En su segunda respuesta, el PTS se acuerda que “el PO no puede responder ¿por qué si se vieron aprestos preparativos del desalojo desde la 01.00 se avisó a las organizaciones…después de las 6.00, cuando el desalojo ya estaba consumado?” Esto fue denunciado en nuestro balance de Kimberly (ver Política Obrera, 12/1), y el PTS lo recoge recién ahora. Proscripción de un luchador procesado El aparato NUNCA ha respondido a esta grave denuncia. En los largos párrafos con insultos y acusaciones que ha desplegado en “Prensa Obrera”, no ha podido dedicar una línea a responder la cuestión de las cuestiones, a saber: porqué, si supo con casi medio día de antelación de los aprestos del desalojo, el aparato del PO no lo informó al colectivo de la fábrica. En cambio, y para encubrir este encubrimiento, pusieron en marcha una infame campaña de proscripción contra los compañeros de la Tendencia del PO, explotando la dispersión y reflujo del colectivo de la fábrica en los días posteriores al desalojo. En efecto: en una “asamblea” ultraminoritaria, los representantes del aparato oficial del PO resolvieron desplazar a Patricio como uno de los voceros del conflicto. La decisión no sólo implica atacar a quien jugó un papel de inocultable liderazgo durante la toma de la fábrica. Tratándose de un compañero encarcelado durante el desalojo, y actualmente procesado, es una proscripción funcional a la acción represiva del Estado y la patronal. El aparato del PO ha instigado, en Kimberly, los métodos expulsivos y represivos que llevó adelante al interior del partido con quienes se expresaron en disidencia con sus métodos y orientación política. La democracia obrera implica la libertad de debate y reflexión sobre nuestras luchas, en el marco de la unidad de acción. La proscripción de los activistas es el método de la burocracia sindical y el Estado. Ya que el PTS se encuentra tan “activo” en los balances de Kimberly Clark, sería bueno que se pronuncie al respecto. Faccionalismo o lucha política El artículo de balance sobre el conflicto, en nuestra prensa, fue escrito y firmado por uno de sus líderes, Patricio Lara. Los ataques sin principios de “Prensa Obrera” y “La Izquierda Diario” no cuentan con esa condición. La firma de Patricio tiene un sentido claro: el balance es un aporte al activismo, en primer lugar, de Kimberly; y luego, de todo el clasismo. Los “balances” de Prensa Obrera y LID apuntan a una guerra sin principios al interior del FIT-U, ya característica de los sindicatos donde la izquierda cuenta con una posición. Defendamos a los luchadores de Kimberly de la tentativa represiva del Estado; pero también, de los aparatos de “izquierda” que quieren introducir sus métodos expulsivos al interior de la clase obrera.

17 de marzo de 2020
Una risposta operaia alla emergenza coronavirus

L’epidemia da Coronavirus, scoppiata in Cina alla fine del 2019, è giunta in Italia con diffusione a macchia d’olio e effetti catastrofici. Mentre scriviamo, circa 20 giorni dopo l’introduzione delle prime zone rosse, ci sono circa 13mila positivi e oltre mille morti, facendo dell’Italia il secondo paese al mondo con più deceduti, dopo la Cina. Le zone più colpite sono le regioni del Nord (e tra esse soprattutto la Lombardia), produttrici dell’80% del PIL del paese. Al panico iniziale, e al successivo tentativo, sotto la pressione di borghesia grande e piccola, di sminuire la portata della epidemia (“è solo un influenza!”) - che secondo l’OMS è già definibile come pandemia globale- il governo ha approvato una serie di misure per cercare di limitare il contagio. Tra queste, l’uso massiccio, dove possibile, dello Smartworking e del telelavoro, il divieto di circolazione salvo comprovate ragioni, varie misure di profilassi pubblica, e la chiusura di attività commerciali tranne quelle di prima necessità (settore alimentare, farmacie, benzinai, ecc.…) e le attività produttive (fabbriche, logistica, ecc.). I ritardi delle misure adottare, soprattutto a causa della pressione da parte del padronato (si veda la posizione pubblica della Confindustria della Lombardia, regione che conta la metà dei contagi totali) che si oppone alla eventuale chiusura totale delle attività produttive (per l’appunto escluse dal decreto) e che espone i lavoratori che non possono adottare lo Smartworking alla possibilità di essere contagiati, creano un inaccettabile diseguaglianza tra lavoratori di diverse categorie, e tra lavoratori e commercianti e capitalisti. A queste misure si registrano casi di sacrosanta ribellione con scioperi e manifestazioni. Un esercito senza armi L’Italia affronta l’epidemia di Coronavirus sprovvista di mezzi. Lo smantellamento del Servizio Sanitario Nazionale per favorire la sanità privata regionale, con la conseguente perdita di migliaia di posti letto e professionisti (medici, infermieri, personale tecnico, ecc.…) ha generato una situazione insostenibile che costringe il personale sanitario ha turni massacranti, anche in Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (i cui Servizi Sanitari Regionali sono considerati i migliori d’Italia). La roboante propaganda dal sapore bellico stride pesantemente con l’assenza di mezzi coi quali affrontare il virus nemico. Ma la crisi di queste settimane ha dimostrato, più in generale, la fragilità e l’impreparazione di una società che vantava, dopo trent’anni di privatizzazioni e liberalizzazioni, di essere più efficiente e più razionale. L’economia del “just in time”, della rinuncia al magazzino, ci priva di qualunque minima riserva di mascherine, tamponi, gel disinfettante, medicinali necessari in questo momento. Il tutto nonostante la serie di epidemie e catastrofi sanitarie ed ecologiche dell’ultimo ventennio: mucca pazza, SARS, febbre suina, MERS, ebola, ecc. Se questo problema affetta paesi ricchi e sviluppati come Usa e Germania, riguarda ancor di più l’Italia. Secondo gli esperti della John Hopkins School l’Italia è al 51esimo posto per capacità di risposta e mitigazione di un'epidemia. Le avvertenze dell’OMS, relative all’aumento della probabilità di diffusone di pandemie, in una società globale altamente connessa, sono state ampiamente ignorate. Le misure di sicurezza e di prevenzione, avrebbero richiesto miliardi di euro di investimenti in ricerca e sviluppo, attrezzature sanitarie, strutture, che invece sono regolarmente sacrificate per sussidiare banchieri e industriali. Dal 1992 l’Italia spende regolarmente (con l’eccezione dell’anno 2009) meno di quanto incassa come entrate tributarie. L’avanzo primario così generato serve a pagare gli interessi su un insostenibile e impagabile debito pubblico La crisi capitalista e il default Il Coronavirus arriva in un momento di enorme difficoltà per l’economia mondiale e in particolar modo per quella italiana. Le banche centrali sono costrette a immettere grandi liquidità nel sistema bancario per sostenere l’economia; ma così facendo non fanno altro che gonfiare ancora di più la gigantesca bolla speculativa che ha permesso al capitalismo di non crollare sotto i colpi della crisi 2007/2008. L’intrecciarsi della crisi pandemica e di un vertiginoso crollo del prezzo del petrolio del 35% può avere come effetto l’innesco di una nuova recessione mondiale, da tempo paventata anche da economisti dell’establishment. A guerra commerciale, Brexit, guerra USA-Iran e default argentino (i quattro probabili “inneschi” di una nuova recessione mondiale descritti dall’economista Roubini) si aggiunge la pandemia da Coronavirus. Il pacchetto economico straordinario approvato dal governo (25 mld di euro) col beneplacito dell’Unione Europea che ha acconsentito allo sforamento dei parametri di Maastricht (consapevole che a breve stessa sorte potrebbe toccare agli altri paesi dell’UE), non può salvare il paese dalla crisi mondiale e da un probabilissimo default. Il governo dei padroni e la lotta per un governo dei lavoratori La scelta del governo Conte di non bloccare la produzione è una scelta criminale che mette a repentaglio la salute e anche la vita dei lavoratori e delle lavoratrici. È una scelta dettata da Confindustria e banche, e la dimostrazione che per la società capitalista i proletari sono carne da macello, sacrificabile sull’altare del profitto. Occorre, nonostante la fase difficile, che non si privi questo governo di un’opposizione sociale al governo dei padroni, amministratore dell’austerità capitalista. Non è possibile uscire dall’emergenza se non si adottano misure di rottura con l’austerità capitalista e le necessità del padronato. L’unica risposta al Coronavirus e al virus del capitalismo è operaia e rivoluzionaria. Rivendichiamo: il raddoppio del budget sanitario e un piano immediato di recupero dei posti letto persi negli ultimi trent’anni; esproprio delle cliniche private inquadrandole nel SSN; gratuità di tutte le prestazioni sanitarie una giornata lavorativa di massimo 6 ore e settimana lavorativa di massimo 30 ore per i lavoratori del settore sanitario, del settore farmaceutico e del settore dell’industria biomedicale l’assunzione immediata, a salario pieno e a tempo indeterminato, di tutto il personale necessario. NO al lavoro straordinario! controllo operaio sulle condizioni di lavoro del personale di questi settori Nazionalizzazione dell’industria farmaceutica e dell’industria delle attrezzatture sanitarie e biomedicali; distribuzione gratuita di mascherine e gel disinfettante Ai lavoratori che possono lavorare in modalità lavoro agile (“Smartworking”), che le aziende forniscano tutti i mezzi necessari: computer, utenze necessarie (gas, luce, telefono, ecc.); tutti gli altri lavoratori a casa a salario pieno se tutti devono tare a casa bisogna dare una casa a chi non ce l’ha: requisizione delle case sfitte e esproprio del patrimonio immobiliare nelle mani del Vaticano e dei grandi gruppi NO alle ferie forzate! NO al divieto di sciopero! Fermare la produzione di tutti i rami dell’industria non necessari a fronteggiare l’epidemia! Indulto/amnistia per i carcerati Per finanziare queste misure: NO al pagamento del debito pubblico! Nazionalizzazione del sistema bancario e dei grandi patrimoni sotto il controllo operaio! Sciopero generale! Governo dei lavoratori!

17 de marzo de 2020
"Reclamamos un plenario de delegados de base, desde el Cordón hasta San Lorenzo"

Los trabajadores de la química Synthon, del Cordón Industrial de Santa Fe, continúan en conflicto. Luego de haber votado el paro indeterminado en asamblea el miércoles pasado, el lunes 16 tuvieron una audiencia en el Ministerio de Trabajo. Pero no han obtenido respuestas. Roberto Vila, trabajador de la empresa, destacó la responsabilidad de la patronal por el conflicto. “Nuestros planteos tienen varios puntos. Influye un bono anual que se ha quitado hace varios años y se viene reclamando. Incluye equiparación salarial con todas las empresas vecinas que son del mismo gremio, pero que cobran adicionales por encima del convenio nacional, que es del 16 por ciento. Este es un reclamo histórico que mantenemos”. “También la equiparación salarial con trabajadores de la empresa que, al no estar afiliados, la empresa le devolvía el 2,5 por ciento de la cuota sindical, en un claro ataque a la organización gremial. Denunciamos hostigamiento laboral y persecución sindical dentro de la fábrica, ataque y amenazas de sanciones. Hay un clima de malestar permanente”, enfatizó. “Tiene que ver también con la cuestión de seguridad, porque han estado realizando procedimiento sin discutirse en el Comité de Seguridad. Esto pone en riesgo nuestra salud y seguridad”. -¿Como fueron las medidas de lucha?, le preguntamos al compañero. “Esta lucha, con estas características, no tiene antecedentes en Synthon. Hay mucho hartazgo, pero también creció la discusión entre los compañeros, y la importancia de fortalecernos en nuestra organización como trabajadores”. La lucha arrancó el miércoles pasado, con un paro en el comedor de la fábrica. Ya el jueves se resolvió cortar frente a los portones y el viernes se bloqueó el acceso hacia el interior del predio. “Esto generó conflictos con las empresas Nouryon y Varteco, que están en el mismo lugar. Por eso también salió la audiencia en el Ministerio”, destacó. “La audiencia terminó sin ninguna propuesta de parte de la empresa”, explicó Roberto Vila. “No quieren negociar nada de los puntos que tenemos. Los delegados se mantuvieron firmes en la reunión y aclararon que el conflicto va a continuar como fue definido en asamblea. Y eso hay que destacarlo, porque todo se ha definido en asamblea. La medida, los reclamos y la continuidad”. Sigue el conflicto “Todos estamos de acuerdo en que se va a escuchar las propuestas de la empresa, pero sabemos que puede no haberla. Sabemos que pasados los quince días de conciliación obligatoria volveremos a tomar las mismas medidas de fuerza que sostenemos ahora”, afirmó. “Ahora empezaremos una campaña dentro de las otras fábricas químicas, con la idea de convocar a un plenario de delegados en la puerta para discutir qué medidas de conjunto podemos tomar desde el sector. Esto sirve para avanzar con nuestros derechos de conjunto”, refirió. Por último, señaló: “hace años reclamamos un plenario de delegados de base desde el Cordón hasta Villa Constitución. Está pendiente e intentaremos impulsarlo”.

17 de marzo de 2020
"Seguridad" en Santa Fe: complicidad de los partidos patronales con el poder narco policial

La provincia de Santa Fe asiste en estos últimos días a Una situación extremadamente delicada. Luego de 3 meses de iniciada la Gestión de Omar Perotti en la gobernación de la provincia, el número de homicidios asciende a más de 50 personas. La vinculación de una parte sustancial de ellos con los ajustes de cuentas relacionadas con el negociado narco deja entrever que el entrelazamiento entre las cúpulas policiales, el crimen organizado y el estado se mantiene intacto a pesar del cambio de gobierno. La “transición” desordenada La semana pasada, en la capital, se desenvolvió una autoconvocatoria con el lema “Santa Fe sangra. ¿Esperas que te maten o te unís al reclamo?, por vos, por los tuyos, por mí”. Esta manifestación se suma a otras autoconvocatorias en diferentes puntos de la provincia, que tuvieron Una participación masiva. Estas manifestaciones, con una impronta fuertemente heterogénea en tanto a que hacer ante la inseguridad, han tocado las fibras del nuevo gobierno. La crisis económica, la desocupación record en la ciudad de Rosario (solo comparada con la ciudad de Mar del Plata), la carestía de vida ha generado un proceso que acentúo la proliferación de villas miseria que son el caldo de cultivo para la instalación de los famosos “Bunkers” donde el narcotráfico monta sus redes operativas. Las declaraciones del ministro de Seguridad, Marcelo Saín, en un programa porteño -“Vine a descansar a Buenos Aires porque si me quedo allá me cagan a tiros”- pinta de pies a cabeza la situación de la provincia. A pesar de las grandilocuentes declaraciones del ministro prometiendo el descabezamiento de los mandos policiales corrompidos y el fin de la violencia narco, estos últimos siguen operando con una parte de sus cabecillas presos. Las detenciones de agentes de la delegación local de la Policía Federal por regentear la organización de una red de robos y corrupción están lejos de representar solo a “un sector” de las fuerzas policiales. Es una institución que está comprometida por entero en la defensa de los negociados multimillonarios que la involucran en la entrada y salida de droga por los puertos privados del Paraná. La detención del ex-jefe de la Policía de la Provincia Hugo Tognoli por su vinculación con el narcotráfico fue solo un episodio de la larga película que refleja la complicidad entre funcionarios (esto incluye, indudablemente, al Frente Progresista, anterior gobierno de la Provincia) la policía y las bandas narco criminales. Impunidad Empalmando en el tiempo con las manifestaciones y autoconvocatorias contra la inseguridad, en la provincia de Santa Fe han saltado rápidamente casos de gatillo fácil que involucran a la policía y a las fuerzas federales. El reciente asesinato del joven metalúrgico de 23 años Carlos Orellano, supuestamente arrojado al río por patovicas de un boliche con complicidad policial, se suma a los casos de “Pichón” Escobar, Franco Casco y decenas de hechos donde se repite el modus operandi de asesinato y posterior encubrimiento. La movilización masiva convocada por los familiares de “Bocacha” Orellano es un botón de muestra de la fuerte reacción de la juventud contra la impunidad. Las declaraciones de Alberto Fernández de crear nuevas dependencias judiciales en la provincia para combatir el narcotráfico con una dependencia especial en San Lorenzo, deja de lado la complicidad del aparato judicial con el narco lavado y solo responde a la necesidad de tratar de encarrilar a las corporaciones y elementos rebeldes de la policía provincial. El régimen que sostiene el negociado narco está fuertemente ligado al negociado de los puertos privados, a cientos de hectáreas que funcionan como aterrizaje de cargamentos de droga y a los meganegociados inmobiliarios para el lavado del dinero, algo que Alberto Fernández ni Perotti están dispuestos a alterar. Una salida desde los trabajadores La ley de Emergencia en Seguridad de Perotti tiene la insignia de la “mano dura” para solucionar el problema de la inseguridad. La posibilidad de que los policías lleven balas en la recámara es un llamado de atención para todo el movimiento popular (Se repite el esquema de Patricia Bullrich) En un marco de acentuación de los choques con el gobierno por parte de sectores importantes del movimiento obrero como los docentes y estatales, esas balas se pueden redirigir contra la protesta social. El régimen narcosojero que es el garante del crimen organizado y la proliferación del negociado de la droga en los barrios, que destruye a la juventud y la empuja a la salida laboral de “soldadito narco” debe ser removido por los trabajadores mediante la movilización popular. La nacionalización de los puertos, el control de las fuerzas de seguridad y las comisarías por parte de las organizaciones vecinales y de derechos humanos y el fin de la impunidad para los responsables del gatillo fácil solo serán impuestos por la acción de las grandes mayorías populares y un gobierno propio.

18 de marzo de 2020
El ajuste en medio de la pandemia, una condena a los docentes universitarios

El gobierno anunció que no va a pagar la cláusula gatillo correspondiente al mes de febrero de 2020. Esta cláusula gatillo es la segunda de una paritaria a la baja que constó de un 16% en 3 cuotas y una actualización del 7% en octubre contra un 54% de inflación acumulada durante 2019. Se estima que los docentes universitarios deberíamos percibir en nuestra próxima liquidación un aumento del 14,57%. En cambio, el gobierno ofreció una suma de 9,7%. En cuanto a la paritaria 2020, propusieron un aumento del 2,3% en mayo y del 3% en junio. Se trata de un ajuste brutal: el 5% que recortan de la cláusula gatillo lo deducen de las dos cuotas de 2020, o sea que queda un aumento del 0% para este año. Este ajuste tiene lugar en medio de la emergencia sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. Al mismo tiempo que toma medidas de aislamiento y cuarentena, el gobierno recorta y ajusta los salarios de los trabajadores que tenemos que afrontar los mayores costos de los insumos sanitarios para prevenir el contagio de nuestros propios bolsillos. La política de ajuste en el medio de una pandemia es una condena a la muerte. En la UBA se suspendieron las clases hasta el 12 de abril. Algunos funcionarios evalúan la posibilidad de dictar las clases de manera virtual, una sobrecarga laboral para los docentes universitarios. La virtualidad requiere de plataformas aptas, la familiarización con dichas plataformas, grabar clases, disponer de material de apoyo a cargo del docente y, por supuesto, contar con los medios necesarios (computadoras y una buena conexión a internet). Como si esto fuera poco, Dosuba se encuentra en un estado de quiebra, que pretende enjugar aumentando los aportes personales de los docentes a la obra social. Hace apenas una semana, el consejo superior de la UBA votó un incremento de la cuota que llega en el caso de las designaciones simples ($12.500 brutos) al 10% del salario. El saqueo a los docentes universitarios no puede continuar. En lugar de reclamar el aumento de los salarios docentes y el pago de la cláusula gatillo, la UBA actúa de bombero del gobierno. Las medidas de aislamiento y cuarentena están alcanzando a las asambleas e instancias de deliberación de los docentes. En efecto: la asamblea de AGD prevista para el 17 de marzo debió ser cancelada. Pero el gobierno se está sirviendo de esta circunstancia para ir contra nuestros salarios y jubilaciones. Una verdadera emergencia sanitaria debe partir de la duplicación del presupuesto para la salud y la educación, salario igual a la canasta familiar y $40.000 pesos para el cargo testigo. En cuanto a las jubilaciones universitarias que se encuentran en peligro, privar del 82% móvil a la población de mayor riesgo frente al coronavirus es un crimen social. No al aumento de los aportes a DOSUBA. Pago íntegro de la cláusula gatillo. Aún sin poder asambleas, la docencia universitaria y su gremio -la AGD UBA- tiene una circulación “virtual” y por redes, que debemos emplear para discutir medidas contra el recorte a nuestros salarios y conquistas.

18 de marzo de 2020
Osplad: las condiciones se agravan, la lucha se profundiza
Agostina U. y Germán K

Luego de un mes de haber depositado los salarios fuera de término, en marzo, Osplad se ocupó de agravar las condiciones del pago. En esta oportunidad, a más de una semana del día de cobro, Osplad sólo depositó 2.800 pesos en las cuentas de los 1.500 trabajadores. A eso se le suman 3.700 pesos de la deducción de aportes patronales generadas por el preventivo de crisis. El ataque se acentúa. En este marco, continúan las medidas en todo el país convocadas por el Sitos (trabajadores de Osplad). A la retención de actividades, se sumaron dos días de paro durante la primera semana del mes (uno en sectores administrativos y dos en el policlínico) y tres días más la semana pasada (dos y tres días, respectivamente). Las medidas fueron contundentes. En varias delegaciones del país, directamente se cerraron las puertas. También se sumaron cortes frente al Policlínico del Docente y a la sede de la calle Paraguay. Por su parte, Osplad sigue en su postura de silencio y de generar incertidumbre. Únicamente se pronunció tras la reunión que mantuvieron el ministro de Salud Ginés González García y los gordos de la CGT por los fondos adeudados a las obras sociales. González García se comprometió a saldar las deudas del Estado nacional con las obras sociales “en los próximos 50 días”. Osplad se sumó al pronunciamiento: “respaldamos, soportamos y enarbolamos cada uno de los reclamos”, dice. Además, en las audiencias en el ministerio únicamente se ocupan a prometer el arribo de sumas y de responsabilizar a los trabajadores por la situación. Que quede claro. Osplad es conducida mayoritariamente por Ctera -Daniel Perata, Mora Pared, Juan Carlos Valdés y Luis Bianchi-, junto a Saeoep -Guillermo Marconi- y Amet -Edgardo Bessone. Ellos son los principales responsables de una política de desidia y abandono a sus trabajadores y afiliados. Es más. La situación de Osplad deja al descubierto el decreto de emergencia sanitaria a raíz de la pandemia del COVID - 19. La medida, que no prevé ni la entrega de insumos a hospitales ni garantiza una cobertura sanitaria acorde, destina una suma 10 veces inferior al pago de la deuda externa y no incluye, desde ya, el pago de las deudas a las obras sociales. ¿El pago de las deudas que prometió Ginés se hará efectivo en este contexto? Una orientación política que privilegia la especulación financiera y el ajuste por sobre la salud pública de la población. Llamamos a toda la comunidad educativa, docentes, no docentes, agrupaciones, afiliados y trabajadores en general, a pronunciarse por la lucha de los trabajadores de Osplad. Vamos por el pago total de los salarios, en tiempo y forma. Y por un aumento que iguale la canasta familiar. ¡Osplad es de los trabajadores! Para adhesiones, copiá y pegá el siguiente enlace en la barra de tu navegador: text https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1dXj6b1dKYKciERQN0sOklC61W6z62hvKRcHLPZzLacukvA/viewform

18 de marzo de 2020
8M en Santa Fe: masiva movilización
Sofía M

En una histórica jornada, el 9M se movilizaron cerca de ocho mil personas en la ciudad de Santa Fe. Cuadras enteras iniciaron su recorrido desde el Ministerio Público Fiscal, pasaron por la Legislatura provincial y llegaron a una Plaza de Mayo llena de gente. Si bien hubo una negativa a movilizar el 8M, las diferentes agrupaciones y el mismo colectivo Ni Una Menos fueron desbordados por la gran cantidad de personas que se sumaron a la jornada: familias y mucha juventud que coparon las calles con carteles y diversos reclamos. Crisis en la mesa NUM La organización de la jornada estuvo caracterizada por la ausencia del PJ-Kirchnerismo y la burocracia sindical. En las asambleas Ni Una Menos se notaba el vaciamiento de estos sectores que intentaron de manera artera, por redes o cambiando la información, que la marcha tuviera consignas lavadas y poco claras. La diferencia radica en que muchas de las que antes asistían ahora son funcionarias del Estado provincial, y las encargadas de defender su política de miseria y precarización. Ante un movimiento de mujeres que se plantó en sus reclamos, sus contradicciones las superaron. Vale destacar que hubo una gran presencia de sectores de la “economía popular”, cuyos planteos apuntan a reivindicar la precarización laboral y manipular la comisión sindical para que los reclamos concretos por trabajo genuino y pase a planta no tuvieran lugar. Pero la asistencia de agrupaciones nuevas, por ejemplo, relacionadas al fútbol, o de sectores independientes o autogestivos, y la intervención de la izquierda, dio todo un carácter diferente a la puesta en marcha de este 8M en Santa Fe. La burocracia sindical, en silencio En la plaza se leyó una proclama que recibió la aceptación y los aplausos de la mayor parte de los presentes, menos de la burocracia sindical y de los sectores aliados al gobierno. En forma de consignas, el documento concentró las reivindicaciones más sentidas del colectivo, como el aborto legal y la defensa del proyecto de la Campaña; hasta la defensa del salario y las jubilaciones, y la exigencia de la mejora integral de nuestras condiciones de vida. A su vez, se posicionó contra el saqueo y tuvo como consigna central: La deuda es con nosotras, no al pago de la deuda, fuera el FMI. La nota del día fue la negativa del Movimiento Obrero Santafesino (MOS) a leer el texto. Luego de disputas y de intentar ganar un lugar que no les correspondía por haber desaparecido de los preparativos, no firmaron “por no acordar con partes del documento”. Es que el movimiento de mujeres y disidencias supo denunciar su entrega: el reclamo contra la precarización en el Estado, por el pase a planta, por un salario igual a la canasta familiar o la defensa de la cláusula gatillo hizo enmudecer a una burocracia que ya demostró sus alianzas con el gobierno ajustador de Omar Perotti. La intervención del Plenario de Trabajadoras Desde el PDT en la Tendencia del Partido Obrero asistimos a las asambleas con un planteo claro, que buscó relacionar las demandas del movimiento de mujeres y disidencias con los reclamos del conjunto de la clase obrera. La disputa al interior de la mesa NUM nos tuvo como impulsoras de la jornada. Propusimos la iniciativa de enviar una carta a las centrales sindicales para que se posicionen por el paro activo el 9M, medida que fue tomada y marcó un antecedente en la ciudad. A su vez participamos de la redacción y leímos un documento que fue ampliamente celebrado por una plaza llena de gente, con reivindicaciones concretas y una denuncia integral. Este 8M y 9M, el movimiento de mujeres y disidencias de Santa Fe demostró a la burocracia sindical y al aparato PJ - K que intentaba manejar la mesa Ni Una Menos que no está dispuesto aflojar en sus reclamos, y que va a organizarse por la victoria de todas sus reivindicaciones.

18 de marzo de 2020
La “emergencia” de los Fernández, Kulfas y Guzmán no es una salida para la crisis, ni está al servicio de los trabajadores

El programa de medidas anunciado por el gobierno, para “reactivar la economía”, deja de lado a la mayoría que vive de su trabajo. Ninguna reactivación es posible sin reactivar la salud y al mundo del trabajo. Los funcionarios han señalado que el incentivo equivale 2 puntos del PBI, unos $700 mil millones, lo cual deja un saldo negativo cuando se computa el ‘ajuste’ aplicado contra jubilados y trabajadores, equivalente al 2,4% del mismo PBI, o sea unos $840 mil millones. En el caso del ‘incentivo’, la mayor parte del dinero va para los capitalistas; en el caso del ‘ajuste’, la mayor parte fueron recortes de ingresos a los trabajadores. En efecto, los aumentos que se acaban de anunciar para jubilados y desocupados son pagos, de nuevo por única vez, de $3.000 mil para los que cobran la mínima, AUH y embarazadas. Este pago extra se evaporará entre los mayores costos de los alimentos, artículos sanitarios y de limpieza que caracteriza a esta “emergencia”. Por lo demás, se ha dispuesto un programa de créditos a empresas “que sufren baja en su actividad, para darle liquidez y acotar sus efectos”. Los créditos apuntan a mejorar la posición financiera de sectores capitalistas, sin ninguna obligación de sostener la producción ni el plantel de trabajadores. Precisamente, el “salvataje” no plantea impedir cualquier despido o suspensión de trabajadores – la condición básica para que no se hunda el consumo. En cambio, el Estado se hace cargo de pagar los salarios de determinadas empresas, por medio de Repros, y del seguro de desempleo. Como en crisis anteriores, los capitalistas y el Estado aprovechan para implementar una nueva rebaja -“transitoria”- de los aportes patronales. El “programa” servirá para mejorar la posición financiera de los balances, pero fracasará como medio de reactivación económica, la cual se encuentra bloqueada por las cuarentenas a millones de trabajadores, al transporte, servicios y comercio. El mundo no enfrenta una crisis de sobreproducción, sino una crisis de la fuerza de trabajo debido a la privatización y encarecimiento del sistema de salud; al derrumbe de la salud a cargo del estado; y a la insuficiencia de inversiones capitalistas para prever y anticipar crisis virológicas y bacteriológicas. Los créditos oficiales dirigidos a la “renovación tecnológica para facilitar el teletrabajo”, no dicen en qué consisten, son simplemente un cheque al capital. El ‘trabajo a distancia’ no cuenta aún con la infraestructura necesaria. En cambio, nada se ha anunciado para compensar los costos inmediatos que sufren los trabajadores que, para evitar el transporte público, se movilizan en auto, y pagan combustibles y peajes para llegar a sus trabajos. La estratégica producción de respiradores y otros insumos sanitarios queda supeditada a un difuso “programa técnico financiero”, o sea que el paquete no le entra al corazón de la crisis. De otro lado, se ha difundido que China enviaría respiradores y equipos de diagnóstico, pero no su costo, su forma de pago, ni los medios para financiarlo. Asegurar esta entrega es más importante que las operaciones de rescate del capital por parte del estado. En Estados Unidos, Trump ha hecho conocer un plan de salvamento de las compañías aéreas, que se han quedado sin clientes, haciendo caso omiso que ellas han duplicado su capital en los últimos cinco años, por medio de la inversión de sus ganancias en la recompra de sus propias acciones. Es allí a donde se dirigirá el dinero que les envíe el estado – al rescate de los accionistas de estas compañías. Por lo demás, los créditos para el consumo, vivienda o pequeñas refacciones serán apenas unas gotas en el océano, porque representan un importe financiero muy reducido, que los trabajadores tampoco podrán tomar porque carecen de capacidad de devolverlos, cuando corren, además, riesgo de despidos. La clase trabajadora en blanco ya se encuentra fuertemente agobiada por deudas de préstamos y tarjetas, como ocurre en todo el mundo, que son el resultado de un salario que no cubre el costo de la canasta familiar. Por el lado impositivo, ni siquiera se ha contemplado la suspensión del impuesto a las ganancias para la 4ª categoría – el impuesto al salario. Tampoco la suspensión del cobro del monotributo, que afecta a miles de trabajadores precarizados. Ni qué decir del IVA, que continúa gravando a los alimentos y productos sanitarios. Pero principalmente, la “emergencia” no contempla el aumento de los salarios, único recurso de los trabajadores para ampliar su canasta de medios de vida en medio del colapso. Esa medida está fuera del plan oficial, junto a la devolución de todas las cláusulas de movilidad para jubilados, estatales y maestros. La emergencia plantea mayores envíos de alimentos a los comedores de los barrios. Pero se “olvida” que esos comedores se encuentran hacinados, y que, en medio de la crisis sanitaria, necesitan de mayores espacios –galpones, terrenos- para poder funcionar con mínimas condiciones de salubridad. Los predios públicos y privados ociosos de los barrios deberían ser puestos a disposición de esa tarea. La emergencia, finalmente, no dispone una medida crucial de “protección” del Tesoro y de las reservas internacionales, que es la suspensión de todo pago de intereses o capital de la deuda pública, en dólares o pesos. Algunos medios de comunicación aseguran que el gobierno pretende aprovechar la crisis mediante una oferta de pago de la deuda pública, en dólares y en pesos, que representaría una quita del 30 por ciento – también prevén que será rechazada y que Argentina anunciará el default. Pero el gobierno está lejos de preparar el terreno para una cesación de pagos, lo que plantearía nacionalizar los bancos e intervenir la gestión de las exportadoras y las mayores compañías capitalistas que operan en Argentina. Francia e Italia acaban de anunciar la nacionalización de un par de monopolios capitalistas nacionales – con la intención de devolverlos a sus accionistas una vez que la crisis de la pandemia se haya superado. Nadie tiene, sin embargo, la menor idea acerca de qué clase de economía quedará en pie luego de la tormenta. Lo cierto es que los recursos públicos no están, precisamente, al servicio de la lucha por la defensa de la salud y la vida Estado y “mercado” El periodismo oficial considera a los anuncios “la victoria del Estado sobre el mercado”. Alude al hecho de que los Fernández han decidido un gasto fiscal mayor al previsto, infringiendo los límites pactados por Guzmán con el FMI. También ha venido violando los compromisos de financiación del gasto fiscal por medio de emisiones del Banco Central. El Estado, sin embargo, siempre “vence al mercado” cuando se derrumba la economía capitalista, incluso cuando el detonante es una crisis de salud que castiga a la fuerza de trabajo. Estamos ante una verdad de Perogrullo. Nunca lo mata tampoco por completo, siempre le deja la posibilidad de la revancha. Si el estado no fuera el recurso último del capital, simplemente no existiría. Lo que oculta el discurso del estado versus el mercado es que, como en todas las crisis de este régimen social, el Estado sale al rescate de las relaciones capitalistas. A lo que nos lleva este asunto es que para que el Estado atienda a la necesidad social y no a los intereses capitalistas que conecta el mercado, el Estado debe estar en manos de los trabajadores. El Estado capitalista, y no especialmente en Argentina, se encuentra ante un desafío extraordinario: fijar el precio a las mercancías y al capital que se transa en el mercado. Lo que la jerga financiera llama ‘volatilidad’ e ‘incertidumbre’, alude en forma velada a esto – a que no hay precio, o sea, no hay mercado. Pero para fijar precios por vía del Estado, se requiere gobierno ‘fuertes’ y regímenes políticos con capacidad de coacción. No es el caso de los Fernández, quienes acaban de decidir que en las conferencias de prensa los periodistas no pregunten, con el pretexto de que las preguntas desvían la atención de los anuncios. Pero si el periodismo actúa así, es sólo porque los anuncios no tienen la entidad que requiere la situación. Alberto Fernández está intentando un bonapartismo actoral, para ver si esto lo conduce a un bonapartismo efectivo. La amplitud de la crisis y las limitaciones insalvables de los gobiernos patronales dejan en claro que las autoridades de turno no van a resolver nada que choque con el capital, o sea que no van a resolver nada. Por esto planteamos organizarnos y establecer un programa: -compra masiva de respiradores y equipos de diagnóstico, plan de detección masiva de infecciones, bajo control de médicos y para/médicos; -control obrero de la industria farmacéutica, incluso su nacionalización; -intervención estatal en la medicina privada, para un uso planificado de los recursos de salud, y control de costos y tarifas de salud; -contratación masiva de personal de salud en conformidad con los convenios colectivos, reducción de la jornada de trabajo a seis horas en hospitales, sanatorios y centros de salud, sin afectar el salario: -cuatro turnos laborales en empresas y fincas, sin afectar el salario -aumento salarial de emergencia, paritarias libres; restitución de todas la movilidad salarial y jubilatoria por inflación; -ningún despido ni suspensión; compensación por transporte a los que concurren a sus lugares de trabajo; exención de impuestos a los asalariados; licenciamiento pago –incluyendo premios y presentismo- a todos los trabajadores en riesgo. -plan estatal de producción de alimentos y elementos sanitarios esenciales; -ruptura con el FMI, repudio de la deuda externa; Gobierno de Trabajadores.

18 de marzo de 2020
Minetti: allanamientos policiales a viviendas de activistas molineros

Los delegados, activistas y la comisión de mujeres de Minetti convocaron a una conferencia de prensa el viernes 13 en el gremio de Luz y Fuerza para repudiar los allanamientos policiales a sus domicilios, producidos a partir de una falsa denuncia de la patronal por la supuesta sustracción de armas de la planta fabril. El delegado Maximiliano Gómez hizo una profunda descripción sobre el accionar de la patronal y sus “planes” para la fábrica y el papel del Estado. La conferencia mostró la intención de continuar la lucha y no bajar los brazos hasta conseguir que se paguen los salarios adeudados y se recupere la fuente laboral. Los activistas, luego del desalojo y con un gran esfuerzo, han venido resolviendo actividades, buscando su cohesión y la difusión de su situación, a través de reuniones sociales para reunir un fondo de lucha para su subsistencia y la defensa de su judicialización. La patronal, con el respaldo del gobierno, luego del despido sin causa de 150 trabajadores y de presentarse en concurso de acreedores al día siguiente, para no pagar los salarios adeudados ni indemnizaciones, y luego de haber sitiado al mejor estilo de la dictadura para desalojar a los trabajadores que defendían sus puestos de trabajo, está armando ahora un operativo de vaciamiento final. Ha resuelto el ingreso en fecha reciente de 9 operarios, manteniendo la fábrica a puertas cerradas. Esto, se supone, sin conocimiento de la jueza. La empresa se apresta a reprocesar toda la harina almacenada, para su venta. Sin embargo, el principal negociado, denunciado en la conferencia, es el que está por venir. La patronal busca la quiebra de la empresa para montar en el predio que ocupa la fábrica un mega emprendimiento inmobiliario. La zona se ha revalorizado con los grandes proyectos inmobiliarios de la desarrollista Edisur, liquidando para ello, previamente, áreas de reserva verde de importante valor para la vida de la ciudad. El negociado será avalado y defendido por los estados provincial y municipal -ambos en manos del PJ cordobés. “Servicios” en democracia En la conferencia de prensa también se denunció el espionaje sobre la vida de los trabajadores, luego del desalojo de la planta. Cada vez que los despedidos de Minetti organizaban una actividad o reunión para exteriorizar el conflicto y mantener alto su legítimo reclamo, el gobierno respondía con su aparato represivo. Trece compañeros del cuerpo de delegados y activistas se encuentran judicializados. Quince viviendas fueron allanadas por la policía en forma simultánea y planificada, a raíz de la falsa denuncia patronal (no se encontró una sola arma en los domicilios de los trabajadores). Un evidente acto de intimidación. El horizonte de una lucha común de la clase obrera cordobesa en un marco social y económico cada vez más grave es algo que preocupa, y mucho, al gobierno provincial. Los luchadores de Minetti representan, por su fuerza, por su empeño y por su comprensión política, un eslabón del movimiento de luchas que se vislumbran en todo el continente. Es fundamental apoyarlos en la continuidad de su actividad en defensa de los puestos de trabajo y por el cobro de los salarios que adeuda la patronal, colaborando también en la obtención de recursos para su fondo de lucha. Y es necesario sacar todas las conclusiones de esta rica experiencia de lucha. La perspectiva de una victoria para los compañeros y las compañeras de Minetti pasa por la vinculación con otras luchas obreras, hacia la unidad de clase de los trabajadores, en favor de un horizonte obrero y socialista.

18 de marzo de 2020
El coronavirus y los lugares de trabajo

Mientras el gobierno ha anunciado una suerte de cuarentena nacional, el comercio, la producción y los servicios continúan como si nada pasara. Pretende acomodar esta contradicción a los feriados y fines de semana del cierre de marzo. Millones de trabajadores siguen obligados a desplazarse en los días hábiles que quedan, lo que contrasta con el modo imperativo con que se ha anunciado “el distanciamiento social”. “Quedate en casa”, dice la campaña, pero no se ha hecho nada para que ello ocurra. Los subsidios asignados al trabajo temporal suponen que, en abril, luego del aniversario de Malvinas, el gobierno tiene la intención de hacer lo que en el resto del mundo: continuar con la actividad laboral sin tomar medidas que aseguren la salubridad del trabajo, las licencias pagas, ni prohibir suspensiones y despidos. Esta situación está generando una irritación creciente entre los trabajadores. Siguen en actividad todos los sectores que no tienen nada que ver con la emergencia sanitaria, desde las automotrices a la industria de línea blanca, los call center que, por ejemplo, se dedican a la venta de celulares o tarjetas, o los propios shoppings, en estos últimos se vienen produciendo una verdadera rebelión, como los cacerolazos y batucadas que se han registrado entre otros en Paseo Alcorta y el DOT, donde suelen ir turistas a realizar compras suntuosas. En el gremio telefónico, luego de que los trabajadores rechazaran ingresar a realizar reparaciones a hogares, el sindicato firmó un protocolo que aclara que el cumplimiento de estas labores “no es opinable”, es obligatorio y bajo sanción de denuncia penal. La obligatoriedad de ingresar a las casas lleva el requisito de una “declaración jurada” previa firmada por los habitantes de la misma, lo que ha generado un enorme repudio, porque responsabiliza a obreros y vecinos por las consecuencias eventuales. El Ministerio de Trabajo ha planteado la “prohibición” de asambleas por 30 días. Una aberración con la que se pretende cercenar el derecho de protesta cuando los trabajadores deben enfrentar todo tipo de atropellos por parte de las patronales, incluso para defender condiciones elementales de higiene y prevención, y cuando, además, la crisis amenaza con la ruptura de la cadena de pagos y los trabajadores enfrentaran la pretensión de tirarles la crisis en la cabeza. Se han tomado disposiciones suprimiendo eventos de concentración masiva, y se han levantado las clases en las instituciones educativas de todo el país, pero absurdamente los docentes fueron convocados a concurrir a las escuelas. En CABA la burocracia de UTE llamó a la docencia a ser “solidaria” sin rechazar esta arbitrariedad. Finalmente, en muchas escuelas, los mismos docentes han establecido guardias mínimas para garantizar el reparto de viandas a los chicos escolarizados con comedor, y que se otorgue licencia la mayor parte de los días de la cuarentena. Esta lucha también ocurre en la docencia de GBA. En el caso de los judiciales, el sindicato convocó un paro sanitario de 14 días, ante la absurda demora de la Corte Suprema en adoptar resoluciones, empujado por el reclamo de numerosas internas y de los trabajadores; horas después la CSJN ordenó una feria judicial. Entretanto para la generalidad de los trabajadores, el gobierno dispuso licencias absolutamente insuficientes. Mientras son pagas para la población de riesgo, nada se ha dispuesto para sus convivientes que deben seguir concurriendo al trabajo. Se dispuso la justificación del día para los padres que deben cuidar a sus niños, pero nada respecto al pago. Cientos de empresas han tomado la posición de Swiss Medical, que anunció que los trabajadores “tendrán esas ausencias justificadas, pero no remuneradas”. El dueño de Swiss Medical es señalado como asesor ‘experto’ de los Fernández. Se impone como un tema clave la defensa de todas las licencias pagas. En el sector salud los trabajadores reclaman por falta de personal, y la carencia de insumos -incluso básicos como guantes y barbijos- y denuncian que se ha convocado a trabajar a jubilados (en lugar de contratar nuevo personal). La denuncia de los trabajadores de laboratorios Craveri es una muestra de un cuadro más general: reclaman que en nombre de la “esencialidad” de la actividad, se suprimen las licencias, incluido para empleados con riesgo. Los reclamos de los sectores laborales obligados a mantener sus tareas por estar afectados a la crisis sanitaria deben poder ser discutidos y votados en asambleas generales o delegados con mandato de asambleas por departamento o sección. Los estatales en muchas reparticiones plantean el pago integral del presentismo, e incluso su incorporación al básico, para que los compañeros licenciados, o con problemas de transportes no vean afectados sus ingresos. Cuanto más precarizados los lugares de trabajo mayor las arbitrariedades, ni hablar para el enorme porcentaje de trabajadores en negro. Muchos trabajadores son compelidos a tomarse vacaciones en lugar de reconocérseles licencias. El colapso sanitario se suma a al colapso económico. Frente a este panorama catastrófico los trabajadores debemos organizarnos, y defender más que nunca ese derecho y el de protesta. La crisis sanitaria ha puesto nuevamente de relieve, lo que ya evidenciaba la crisis mundial: la producción y la economía al servicio de la ganancia capitalista es una losa que no puede generar más que barbarie.

19 de marzo de 2020
La lucha por la salud y la vida sólo puede ser ganada por los trabajadores

La economía se va deteniendo a pasos agigantados. El parate derivado del Covid 19 tiene dos vertientes. Por un lado, las restricciones de las actividades productivas, deportivas, culturales y de todo tipo; y, por otro, el perjuicio para la salud y la vida de los trabajadores, como consecuencia de las condiciones de trabajo, transporte y vivienda. El cierre de las fronteras constituye un golpe adicional a la continuidad de la producción. Se insiste en el peligro de infecciones que representa el tránsito de turistas, pero esto es para nada comparable con la llegada de barcos (95% extranjeros) que trasladan el 90% de las exportaciones, la semana próxima. Si se cierran los puertos, incluidos los que recorren la hidrovía desde y hacia Paraguay, no saldrán cereales ni llegarán productos de importación. La situación se agrava para el sector de la población que está en negro -más del 36% de los trabajadores- y ni siquiera es monotributista, sino que changuea en cualquier tipo de actividad, La cuarentena que se ha dictado parcialmente en estos días, en las próximas semanas tenderá a ser total. En cada industria y servicio, fundamentalmente a través de las bases, se está estableciendo una especie de protocolo anti coronavirus, mientras la burocracia sindical se subordina a la acción del gobierno – como lo han reiterado muchos de ellos. Esos protocolos son medidas mínimas de protección, como el reclamo de guantes, alcohol, elementos de limpieza y desinfección, barbijos etc. Es lo que ocurre en aeronáuticos, las cajeras de los supermercados y todos los cajeros del comercio, los trabajadores del Subte, los ferroviarios, los choferes. y los propios compañeros de la salud. La crisis del coronavirus ha demostrado en forma superlativa que la clase productora es la clase obrera. Somos los trabajadores los que tenemos que tomar en nuestras manos el destino de esta crisis, levantar un programa y organizarnos. La primera medida es dejar de pagar la deuda interna y externa, algo que con lo cual está flirteando el gobierno, a través de un default. Esto no liberará recursos que el Estado no tiene (por eso ha caído en una cesación de pagos), pero debería permitir el desarrollo de una política económica que no esté condicionada a acumular superávits financieros y reservas internacionales, como exigen los acreedores y el FMI. Los impuestos a los grandes capitalistas (y no los subsidios que se está anunciando) y la centralización de los recursos que se creen de aquí en más, deberán ser usados para la construcción inmediata de hospitales, la compra de los kits de prueba del coronavirus, la intervención de todo sanatorio y clínica privada del país para ponerlo bajo la dirección del estado con control de los trabajadores. La apertura de los libros de la industria farmacéutica y el control obrero deberán asegurar el incremento de la producción de los medicamentos prioritarios, a precios accesibles. Lo mismo debe hacerse con la salud privatizada, de modo que no falte atención, camas y la imprescindible terapia intensiva. En la salud pública, jornada de seis horas para todos sus trabajadores. Incorporación de enfermeras, médicos y técnicos para cubrir nuevos turnos de trabajo, con salario y convenio. Nacionalización de la industria farmacéutica y sanitaria, para colocar todos sus recursos a la atención de la crisis. Jornada laboral reducida sin afectar el salario en todas las actividades de atención al público -comercio, colectivos, micros, bancos, reparticiones-, rotación bajo el control de representantes obreros. Por comités electos de higiene y salubridad en todos los lugares de trabajo, con poder de veto sobre cualquier situación lesiva o riesgosa para la salud. En el trasporte la disminución de la frecuencia y el límite de pasajeros impiden el cumplimiento de un horario fijo de entrada. Los que se desplacen a trabajar en auto deben recibir un viático equivalente a dos horas de su categoría. Las empresas deben duplicar el número de charters para posibilitar una distancia adecuada entre los trabajadores. El decreto gubernamental dejo abierto el reconocimiento la inasistencia justificada, pero la condiciona cuando establece que el estado pague los salarios, cuyo incumplimiento llevará a suspensiones no pagas y despidos. La industria de la alimentación debe priorizar la esencialidad de determinados productos -una cosa son las golosinas y otra los alimentos básicos. La licencia por enfermedad o tratamiento tiene que ser claramente paga –incluyendo adicionales y presentismo. El seguro al parado debe cubrir a cuentapropistas y precarizados en negro, por un monto equivalente al 82% de una canasta familiar. Ningún ajuste salarial: vigencia de todas las cláusulas de movilidad salarial o jubilatoria. Ningún despido ni suspensión. Bono de emergencia de 10.000 pesos a los jubilados y a todas las tarjetas alimentarias y extensión de las mismas. Por un aumento de emergencia a los planes sociales y duplicación de los cupos de comida perecedera y fresca que reciben todas las organizaciones sociales y las organizaciones de jubilados. La clase obrera enfrenta una nueva experiencia, después de la fiebre amarilla de 1878, que diezmó barrios populares enteros. Los activistas están coordinando acciones en la salud, la docencia y el transporte Mientras el gobierno prohíbe las asambleas, alegando que lo hace “en defensa de la salud”, ellas son más necesarias que nunca, al menos por secciones y el voto de un mandato a sus delegados, para un plenario. Ello impulsará el desarrollo de coordinadoras sindicales e inter-gremiales, y obligará a una acción a los propios sindicatos. El gobierno ha salida a enfrentar prioritariamente la crisis en los términos de los capitalistas. El Congreso no lo hará mejor: no es la hora de una movilización parlamentaria, y menos cuando los parlamentarios han recibido cien mil pesos cada uno, para los subsidios de su preferencia – que será seguramente su bolsillo: es la hora de la movilización trabajadora.

19 de marzo de 2020
Coronavirus en Palestina

Belén, la mítica ciudad de la Cisjordania, se encuentra cercada y en cuarentena desde el 5 de marzo por decisión conjunta de la Autoridad Palestina y del estado sionista, cuando se detectaron siete casos positivos de coronavirus. Sus “residentes –informaba Haaretz, 8/3– han criticado que … en Cisjordania se toman medidas más extremas que dentro de Israel …Fadi Katan, propietario de un hotel y miembro de la asociación de hoteles de la ciudad, dijo a Haaretz que a pesar de que hay más casos en Israel que en Cisjordania, ´allí nadie ha pensado en cerrar las ciudades. Aquellos que están enfermos en Belén se contagiaron de personas que vinieron aquí desde Israel”. Efectivamente la pandemia se desarrolló en amplitud en Israel (hay 350 casos positivos y 5 enfermos graves), con “más de 50,000 israelíes en cuarentena, dice el Ministerio de Salud de Israel” (ídem, 17/3); en Gaza, mientras tanto, no hay registros de coronavirus todavía y en Cisjordania son 41 los casos positivos, todos bajo control (ídem, 17/3). En Israel el virus se expandió rápidamente; ahora se teme su expansión a los ´territorios´. Es precisamente el temor a que Israel quede ´rodeado´ por un vecindario pandémico lo que ha llevado el pánico al estado sionista. La pandemia se podría a los más de 10 millones de refugiados que se hacinan en los campos de los ´territorios´ palestinos, de Siria, Yemen, el Líbano, etc. “El Líbano cerró sus fronteras, con la policía vaciando la famosa cornisa costera de Beirut” (ídem). Irak “se prepara para un toque de queda de una semana como parte de los esfuerzos regionales para contener el nuevo coronavirus” (ídem). Egipto ya tiene dos muertos, Turquía y Jordania tienen varios cientos de infectados y el virus llegó hasta las barbas de los ricos emiratos del Golfo Pérsico (Bahrein informó el primer muerto allí). Con todo, la situación más calamitosa es la de Irán, bloqueada por Trump; el régimen de los ayotallas ha pedido un apoyo al FMI. A pesar de que aún no se reportaron casos, “el coronavirus es una sentencia de muerte para los palestinos enjaulados en Gaza … un pequeño brote entre la población densamente poblada y bloqueada pondría una presión imposible en un sistema de salud que ya está al borde del colapso. Imagine dos millones de seres humanos viviendo en el espacio de solo 365 kilómetros cuadrados … no pueden irse, incluso si quisieran, sin grandes dificultades” (ídem, 12/3). Los asentamientos que ocupan los colonos judíos se cuentan más infectados que entre la población palestina de la Cisjordania. Al ´cerco´ sanitario sobre Belén, ahora se ha sumado “la ciudad palestina de Tulkarm cerrada también después de que otro residente dio positivo por coronavirus. Eso significa que nadie puede entrar o salir de la ciudad” (ídem, 17/3). El abismo en materia sanitaria entre Israel y los ´territorios´ es, por supuesto, enorme. “El sistema de salud (en los territorios) sufre una escasez regular de medicamentos, instrumental, médicos especialistas y personal médico en general (…) Ocasionalmente, los pacientes son enviados a farmacias para comprar inyecciones, mientras que el personal médico a veces carece incluso de equipos básicos como jeringas y guantes de goma…los pacientes son derivados para recibir tratamiento médico fuera de la Autoridad Palestina, a Israel, Egipto o Jordania, y diversos tratamientos y procedimientos médicos están cada vez menos disponibles para los palestinos” (ídem). “La esperanza de vida, en promedio, de los hombres y mujeres israelíes es aproximadamente 10 años mayor que la de sus homólogos palestinos, según el informe …Otro indicador de la calidad de la atención médica es la mortalidad infantil, medida por el número de muertes de bebés por cada 1000 nacimientos … en los territorios es de 18.8 muertes por cada 1,000 nacimientos para los menores de 1 año. En Israel, por el contrario, es 3.7, una de las tasas más bajas del mundo” (ídem). “El informe indica que hay 1.76 médicos especialistas en Israel por cada 1,000 personas, en comparación con 0.22 especialistas en los territorios. El número de enfermeras por cada 1.000 habitantes en Israel es de 4.8, en comparación con 1.9 entre los palestinos, el número de camas de hospital, que es una medida de la capacidad del sistema para brindar atención indica 3.27 camas por cada mil personas en Israel, y 1.23 camas por cada mil palestinos. La tasa de ocupación de camas de hospital en Israel es en realidad más alta que en la Autoridad Palestina, donde es solo del 76 por ciento (...) “El sistema de salud palestino también está sujeto a limitaciones y a acuerdos económicos con Israel. La importación de medicamentos en los territorios se limita a los medicamentos que también están registrados en Israel, lo que en la práctica bloquea el acceso a los medicamentos de los mercados árabes vecinos que podrían suministrarlos a precios más bajos” (ídem). La salud del estado sionista y los trabajadores palestinos En este cuadro, Israel ha discriminado a su propia población palestina (la que vive entro del estado sionista) “por no distribuir adecuadamente las pautas de coronavirus en árabe”, para prevenirla frente a la pandemia (ídem, 17/3). Los tratamientos se planificaron sólo para los judíos. La pandemia de coronavirus ha acentuado la dependencia sionista de la mano de obra palestina, sin la cual ´servicios´ básicos dejarían de funcionar. Si a los trabajadores de la Cisjordania que trabajan en el sistema de salud de Israel, se suma a aquéllos que viven dentro de Israel, resulta que entre uno y otro probablemente representen entre el 40 y el 50% del personal de salud del país: “se estima que 87,000 palestinos que viven en Cisjordania tienen permisos de trabajo” dentro de Israel (entran y salen de Israel todos los días) y “más de 30,000 trabajan en asentamientos judíos” en la Cisjordania (ídem, 16/3). Israel no sólo no puede prescindir de ellos sino que debido a la emergencia del coronavirus “el ministro de Defensa, Naftali Bennett, dio una orden especial para facilitar permisos de trabajo en las actividades de salud, agricultura y construcción” dentro de Israel, permitiéndoles pernoctar tres días a la semana” (ídem). Los únicos exceptuados son los palestinos de las áreas como Belén, afectadas por el coronavirus. Es en los sectores de la salud que los palestinos israelíes han alcanzado sus mayores logros, acercándose a los standard y condiciones laborales de sus pares judíos. “Según cifras oficiales del Ministerio de Salud y la Oficina Central de Estadística, a petición de Haaretz, el 17 % de los médicos de Israel, el 24 % de sus enfermeras y el 47 % de sus farmacéuticos son árabes” israelíes (17/3). Claro que “los israelíes árabes luchan contra el coronavirus como médicos de primera, pero son tratados como ciudadanos de segunda clase” (ídem). Tras el ´acuerdo del siglo´ de Trump “la discriminación y el racismo contra los árabes israelíes ha aumentado junto con la propagación del coronavirus” (ídem). Entre las principales razones que explican el fenómeno, “la enfermera Sanabel Lafi señala que ella puede tratar indistintamente a cualquiera, pero a la sociedad israelí le resultaría más difícil aceptarla como maestra en una escuela judía” (ídem).

19 de marzo de 2020
“Huelgas salvajes” en Italia

De norte a sur, en Italia, los trabajadores bloquean y ocupan fábricas. A diferencia de aquellos trabajadores que pueden hacer la cuarentena y el aislamiento, con tareas en casa, una inmensa mayoría tiene que ir a sus lugares de trabajo. Mientras los operarios fabriles (y también cuentapropistas), reclaman una licencia laboral paga, las patronales recurren a las suspensiones sin goce de sueldo o directamente despidos. La tasa de desocupación que prevén los econometristas, en Estados Unidos y el Reino Unido, podría superar el 20% de la población activa. La anarquía de mercado se levanta como un obstáculo insuperable para resolver la contradicción entre la salud, por un lado, y el trabajo, por el otro. Es necesaria una planificación centralizada, lo que supone la intervención del poder público en la propiedad privada de los medios de producción, circulación y financieros. Para frenar la producción de aquellas empresas que no cumplan con las condiciones de salubridad y parámetros de distancia, en varias empresas metalúrgicos de Italia se suspendieron las actividades, por la presión de las bases, hasta el 22 de marzo. El primer ministro Conte advirtió que los trabajadores debían seguir “produciendo” y que no se podía “paralizar el país”. La patronal Cofindustria reclama que el proceso de producción no sea detenido, con independencia. El presidente de Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, denuncia que las huelgas son “irresponsables”. Federmeccanica asegura que tiene la capacidad de proteger la salud de los empleados, sin entrar en mayores detalles. El jefe de Protección Civil, Angelo Borrelli, reclama el uso del barbijo, pero los barbijos no existen prácticamente en Italia - el Estado no los garantiza ni al personal de salud. Desde Confindustria dicen: “Fábricas cerradas, supermercados vacíos, perspectivas de recuperación en peligro. A corto plazo, lo que se arriesga al cerrar el sistema industrial italiano es que no puede garantizar los suministros necesarios para las familias italianas”. “Es escandaloso, replica Francesca Re David de Fiom-CGIL, que los trabajadores corran el riesgo de sanciones disciplinarias o incluso el despido si se niegan a una protección de salud inadecuada”. Los reclamos de los trabajadores son claros: condiciones de salubridad e higiene en las fábricas esenciales y paralización de las actividades en las fábricas no esenciales. La semana pasada, desde el sindicato USB se declaró una huelga general por 32 horas, renovable. La CGIL, CISL y UIL pidieron parar la producción hasta el 22, sumándose a los sindicatos de trabajadores metalúrgicos Fim, Fiom y Uilm. Ningún sector de esta burocracia sindical había hecho antes estos planteos, acompañando en segundo plano al gobierno. Los tres sindicatos metalúrgicos han amenazado con “el paro nacional unilateral de todo el sector de producción”. Los sindicatos solicitan al gobierno “regulaciones claras y vinculantes para las compañías” y un cierre ‘temporal’ de todas las compañías para “desinfectar, asegurar y reorganizar todos los lugares de trabajo”. Es un planteo dilatorio para desviar la presión huelguística de los trabajadores En las provincias de Asti, Vercelli y Cuneo se producen huelgas continuas en las fábricas con muy altas adhesiones comenta la seccional Fiom-Cgil de Piamonte. Se refiere a empresas como Mtm, Ikk, Dierre, o Trivium. Los trabajadores dicen “no somos carne de res (carne de cañón)”. Italia enfrenta una revuelta obrera. Seis mil trabajadores de la Fiat-Chrysler, en Nápoles, paralizaron la planta, lo mismo en Alfa-Romeo. En el sur, el primer infectado por Coronavirus es un obrerro la FCA (Fiat-Chrysler) en Pomigliano, de 5000 trabajadores. Se teme que Avio Aero, que está al lado y cuenta con 1.100 trabajadores, cierre sus puertas. (En EEUU, han parado los trabajadores de FC de Warren Truck de Detroit, siguiendo el ejemplo de los trabajadores de Windsor, Ontario). Desde el sindicato de envíos a domicilio Riders, Bologna, dijeron que “Creemos que la situación es muy grave y que debemos detener la infección, antes que nada. Si la distribución de alimentos en el hogar se vuelve indispensable, el Estado, la Protección Civil y los organismos pertinentes deben pensar en ello. Nosotros paramos” (Il Messaggero, 12/3). Piden extender la red de Ingreso Básico de Italia (Bin) a todos los trabajadores para garantizar el aislamiento. El gobierno prohibió los despidos por dos meses, pero excluye el despido por “motivos disciplinarios”, o sea las huelgas. De una ayuda de 25.000 millones de euros para la Protección, sólo 10.000 millones irán a empleo. Se estima que la asistencia a los autónomos será de 600 euros mensuales, lo que no cubre los gastos de un alquiler. Dos trabajadores del servicio postal murieron en Bergamo el viernes. El sindicato pide cerrar el servicio postal, como ya ha ocurrido en Gran Bretaña - de no hacerlo amenazan con un paro general. Los astilleros también pararon, igual que la acería Ast de Terni o la Briton de Cormano. La huelga de trasporte aéreo del 25 de febrero sigue hasta el 2 de abril. En Liguria paran los estibadores y portuarios. El sábado, el gobierno, sindicatos y patronales firmaron un protocolo de seguridad. Fiom-CGIL anunció que “Las iniciativas de los trabajadores y las conversaciones con las empresas para reclamar la plena aplicación del Protocolo firmado por Confindustria y Cgil, Cisl y Uil para la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores han continuado en todo el territorio nacional”. La burocracia sindical procura justificar su renuencia a desempeñar un papel independiente. Dos mil trabajadores del almacén de Amazon en Castel San Giovanni, en la provincia de Piacenza, están en huelga por el incumplimiento del protocolo mínimo por parte del gigante del servicio de entregas: “la logística en todo el país podría colapsar hoy debido a la huelga de almacenes proclamada por los sindicatos Si Cobas y Adl-Cobas” (lasinistraquotidiana, 18/3). Las empresas resisten la formación de “comisiones corporativas” de control, como lo fija un decreto, para defender el derecho a decidir en forma unilateral. Las “huelgas salvajes”, como se las llama la prensa, muestra el carácter social de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. Las patronales italianas, preocupadas por el índice del ‘riesgo-país’, unos 300 puntos encima de las tasas italianas se encuentran bajo la doble amenaza de un default y una rebelión popular.

19 de marzo de 2020
Chile: protestas y advertencia de Huelga General
Unidad Social

La declaración de “estado de catástrofe” anunciada por Piñera no ha apaciguado la situación en Chile. Esta le da atribuciones, por 90 días, para mantener la cadena de abastecimiento, restringir libertades de movimiento y movilizar a las Fuerzas Armadas, entre otras cosas. Incluye, además, la prohibición de reuniones y una normativa de excepción que, de fondo, implica la autorización a allanamientos y desalojos sumarios, sin orden judicial, en caso de ocupación en los lugares de trabajo y escuelas. Por último, suspende por tiempo indeterminado el plebiscito convocado por la constituyente. Los trabajadores, sin embargo, han debido continuar sus labores sin mayores precauciones. Esto ha desatado protestas y luchas parciales, como en el caso de los trabajadores de los shoppings de Santiago, La Serena, Temuco, Chillán, Copiapó, Talcahuano y otras ciudades. También los choferes de la empresa Subus Chile S.A., fueron a la huelga para exigir mejoras en la calidad de trabajo y reclamaron medidas de prevención y sanitarias necesarias para protegerlos ante posibles contagios de COVID-19. La situación, explosiva, ha empujado a la Mesa de Unidad Social -que reúne a sindicatos y organizaciones políticas- a reclamar un conjunto de medidas para proteger a los trabajadores y a amenazar con la huelga general en caso de que no se cumplan esas demandas. A continuación, reproducimos el documento público divulgado por la MUS. DECLARACIÓN PÚBLICA DE UNIDAD SOCIAL ANTE LA PANDEMIA CORONAVIRUS Ante el impacto de la pandemia del coronavirus en nuestra patria, desde Unidad Social llamamos al pueblo a enfrentar esta emergencia sanitaria con solidaridad, organización y responsabilidad, adoptando medidas de autocuidado colectivas e individuales para detener y controlar el contagio, privilegiando el cuidado de nuestros adultos mayores y enfermos, de nuestras niñas y niños y del conjunto de la población. La profunda crisis social e institucional sumada a la actual emergencia sanitaria por la pandemia del coronavirus golpearan a nuestro pueblo de manera muy severa debido a la crisis estructural de nuestro sistema público de salud generado por el modelo económico neoliberal, que ha transferido millonarios recursos del sector público hacia el sector privado provocando en la salud pública, entre muchos efectos, un alto déficit en la infraestructura y capacidad hospitalaria, en el acceso a la atención, recursos humanos y disponibilidad de medicamentos e insumos. Las medidas anunciadas por el gobierno del Presidente Piñera han sido tardías, titubeantes y parciales, pues han privilegiado el interés de sector privado, del gran empresariado y la actividad mercantil por encima del interés colectivo y de la salud del pueblo chileno. En momentos en que la movilización social ininterrumpida cumple ya 5 meses y crece la demanda social y la exigencia del cambio del modelo económico e institucional neoliberal, Piñera y su gobierno cada vez más minoritario y aislado no cuenta con el respaldo y la credibilidad ciudadana para implementar medidas eficaces ante la emergencia sanitaria actual. Ante esta situación Unidad Social convoca al pueblo de Chile: A exigir del gobierno la aplicación inmediata de una cuarentena preventiva nacional y al cese inmediato de actividades laborales, productivas y económicas en todos los servicios y sectores que no sean imprescindibles para el abastecimiento y aseguramiento de condiciones básicas para la vida y salud de la población. Cierre inmediato de lugares que no sean esenciales como Malls, cines, restaurantes, museos y otros, manteniendo abiertos farmacias, supermercados y establecimientos en los barrios proveedoras de productos de primera necesidad para la población. De no cumplirse esta exigencia no quedará otro camino que la huelga general inmediata para garantizar la salud de los trabajadores sus familias y la población en general. Toda la Red de atención en salud pública y privada debe estar el bajo control del Estado. El Ministerio de Salud debe garantizar y centralizar la red sanitaria pública y privada (clínicas) y de las FFAA. Se deben generar hospitales de campaña y lugares de hospitalización, para atender la demanda con prioridad en los sectores más vulnerables y desfavorecidos, (particularmente hacia adultos mayores), que siempre son postergados en relación a aquellos de mayores ingresos. El poder político debe adoptar las medidas legislativas, constitucionales y legales para dotar al estado de los recursos e instrumentos administrativos y de gestión que se requieran para enfrentar la crisis, entre otras traspasar al estado entidades privadas necesarias para garantizar atención sanitaria, fijar, regular y controlar de inmediato los precios para productos esenciales para el abastecimiento de la población, en especial medicamentos e implementos de higiene y prevención, tales como, alcohol, gel, guantes, mascarillas y otros insumos de primera necesidad. Centralizar la producción y asegurar la distribución pública de mascarillas y sancionar en forma drástica el abuso comercial que se hace de ellas. Realización en forma gratuita de los test diagnósticos y en el caso de los adultos mayores más desvalidos efectuarlos en sus hogares. Licencias médicas adultos mayores de 65 años que trabajan para evitar que sean víctimas de contagios. La paralización de todas las actividades y servicios asegurando turnos éticos para los servicios esenciales y estratégicos para la población. Esto debe incluir que se mantengan activos los procesos de extranjería para los trámites de regularización de la población migrante. En lo económico-social: Adoptar las medidas económicas y disponer y destinar por parte del estado todos los recursos económicos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria, entre ellas el uso del 2 % constitucional, y para asegurar las condiciones que permitan a los trabajadores y sus familias mantener las condiciones de vida adecuadas en este periodo de excepción que empezamos a vivir. Asegurar el pago de la subvención y la alimentación escolar. Los establecimientos educacionales deben seguir abiertos para proporcionar alimentación a los niñas y niños de Chile. Debe aplazarse en lo inmediato el pago de obligaciones hipotecarias, dividendos, deudas bancarias y crediticias con tiendas y servicios, sin cobro de intereses para l@s trabajadores y sus familias. Suspender las acciones ejecutivas de desalojos, incautación de enseres y remates por parte de la Tesorería General de la República y del Poder Judicial. Las empresas privadas y sector público deben otorgar obligatoriamente las facilidades para que l@s trabajadores puedan cumplir sus obligaciones desde su hogar, evitando el riesgo del desplazamiento y las aglomeraciones en el transporte público. Durante la emergencia el Estado tiene la obligación garantizar y subsidiar los productos básicos de la canasta básica familiar para l@s jubilados que reciben pensiones miserables y para todos aquell@s que perciben sueldo mínimo y menos y aquellas jefas o jefes de familia que no tienen trabajo remunerado. Garantizar un subsidio para las y los trabajadores informales y asegurar redes de denuncia frente casos de la violencia doméstica y abuso sexual en periodos de cuarentena. Cambio de medidas cautelares para tod@s l@s pres@s polític@s desde el 18 de octubre: de Prisión Preventiva a Arresto Domiciliar Libre acceso al agua en todas las comunas del país para asegurar medidas mínimas de salubridad Finalmente, y con mayor razón reiteramos nuestro llamado al Congreso a congelar la tramitación legislativa que se insiste en llevar de espaldas a las y los trabajadores y al pueblo. Chile exige el termino de los abusos, el fin de las AFPS y un nuevo sistema de Seguridad Social y la derogación inmediata de las Leyes (recientemente aprobadas o en trámite) que buscan criminalizar la movilización social. Crece la exigencia de la renuncia de Piñera y ahora debe dar un paso al costado y permitir que un equipo con legitimidad y con la capacidad política y técnica se haga cargo de conducir a la solución de la crisis. Frente a esta emergencia epidemiológica nacional llamamos a impulsar acciones solidarias, serias y responsables partiendo desde el nivel poblacional y comunitario para asegurar el autocuidado del pueblo frente a la enfermedad del coronavirus. En estas nuevas circunstancias mientras dure la emergencia sanitaria, nos mantendremos activos y coordinados y readecuaremos las movilizaciones de manera creativa partiendo por los cacerolazos masivos desde nuestros territorios y viviendas a partir de mañana miércoles 18 de marzo en que se cumplen 5 meses desde el inicio del levantamiento social del 18 de octubre. Por último, en relación a la posibilidad de postergación del plebiscito, nuestra opinión es que cualquier modificación al cronograma establecido debe ser fruto de un amplio consenso social y político y un compromiso serio por parte de todas las fuerzas políticas y sociales de garantizar un proceso constitucional que culmine con el logro de la demanda social de una nueva constitución soberana que reemplace la actual constitución pinochetista. ¡Nos cansamos, Nos unimos! UNIDAD SOCIAL Chile, 17 de Marzo de 2020.

19 de marzo de 2020
El campamento de la UJS (T) en el NOA

La regional del NOA tenía previsto un curso con alrededor de 200 jóvenes provenientes de distintas provincias a realizarse en El Cadillal, Tucumán, durante tres días. Sin embargo, para evitar la propagación del virus COVID-19, nos vimos obligados a suspender la actividad y reformularla. De tal modo, reemplazamos el campamento por un curso acotado a 15 cuadros de la UJS, provenientes de cinco provincias, quienes tendrán la tarea de replicarlos en sus respectivas regionales. El curso estuvo a cargo a Luciano G., de Tucumán, Julio Quintana, Fefe, de la UJS T nacional, y con la participación en los debates del dirigente del Partido Obrero (T) de Tucumán, Daniel Blanco. En un clima de camaradería desarrollamos, de sábado a domingo, entre el 14 y 15 de marzo, las tres clases. El curso La elección del Programa de Transición como objeto de estudio apunta a brindar una comprensión de la importancia de la defensa de un programa y método, una cuestión vital en la lucha orientada a recuperar al Partido Obrero de su deriva actual y crucial para toda la izquierda. Cada una de las clases tuvo un gran nivel político y teórico para abordar el estudio de los programas obreros, desde los elaborados desde la época del ascenso y desarrollo del capitalismo, como el Manifiesto Comunista de 1848, a la etapa actual de agonía del capital, como el Programa de Transición de 1938 hasta las Tesis de la CRCI del 2004. A partir de ellos, analizamos las transiciones históricas que fueron base para la redacción de cada uno de ellos. Durante la segunda clase, abordamos la crisis mundial y la restauración capitalista en los ex Estados Obreros como parte de un análisis de conjunto, que demostró los límites insalvables del capitalismo, el papel de las burocracias en esta restauración y su entrelazamiento con el imperialismo. En la última clase, finalmente, se puso en discusión la cuestión del fascismo y los frentes populares, los últimos recursos del capital contra la revolución social, en ligazón con el cuadro convulsivo alrededor del globo y las tendencias políticas en presencia. Conclusiones y campañas Tras este curso de formación de cursillistas, ahora tenemos la importante tarea de profundizar en la temática para reproducir el curso de manera clara, pedagógica y política en provincias y regionales. El objetivo es formar a los cuadros revolucionarios capaces de construir una juventud de masas y una dirección que esté a disposición de la lucha por el poder de la clase obrera. En este camino, la juventud del NOA tiene el mandato de realizar, en las provincias, el curso de formación en pequeños grupos, con compañeros secundarios, terciarios, universitarios y del Polo Obrero, para que ninguno de los 200 compañeros que se habían anotado para participar del campamento se quede afuera. Los 15 compañeros nos llevamos a nuestros espacios de militancia este curso, a pesar de todas sus complicaciones, como una victoria política. Quedó demostrada, en la campaña de preparación del campamento, la vitalidad de una juventud socialista, organizada y defensora de los métodos históricos del Partido Obrero, como es el auto financiamiento. Reivindicamos el esfuerzo personal y colectivo del conjunto de nuestros compañeros de la Tendencia en la instancia preparatoria del campamento y en la realización del curso intensivo. Ahora quedará en agenda poder hilar estos eventos de formación de la juventud (Ramallo y el NOA) y poner en un frente nacional centralizado por una dirección, que esté al frente de la recuperación de la UJS y el Partido Obrero, como la única organización revolucionaria capaz de guiar a la clase obrera al poder. Vamos por la conformación de una UJS Tendencia Nacional.

19 de marzo de 2020
El coronavirus y los reclamos de los monotributistas
Guillermo C

La suspensión de eventos, salones y cierres de lugares de trabajo por la cuarentena dictada ante el coronavirus está golpeando como un mazazo los ingresos de los trabajadores monotributistas. Hablamos de alrededor de 2 millones de trabajadores que ejercen los oficios, profesiones y disciplinas más variadas. Entre estos, más de 300 mil son población de riesgo. El parate llega poco después, además, del aumento del 51% del monotributo y se suma a la recesión que venía asomando. La situación se hace desesperante. Los monotributistas reclaman la condonación del pago del monotributo y la asistencia mediante un seguro de desempleo ante las pérdidas totales de ingresos. Un petitorio que circula en las redes sociales ya recogió casi 40 mil firmas. El movimiento de monotributistas -en el que participan sectores de ATE, la izquierda y activistas- se movilizó en dos oportunidades. Una delegación mantuvo una reunión con los funcionarios, ante los cuales exigieron la derogación del aumento del monotributo, el pase a convenio de quienes revisten una relación laboral encubierta y la posibilidad de continuar facturando, aunque exista deuda con el AFIP, entre otros. La reunión se levantó con el compromiso de establecer una “mesa de diálogo” que hasta el momento no se ha concretado. Mientras el gobierno reclama el cumplimiento de las medidas dictadas sobre cuarentena, no da garantías para su ejercicio. Por ejemplo, entre los prestadores de salud -que facturan a obras sociales y prepagas- existe incertidumbre sobre el cobro de sus honorarios. Ni que hablar del resto de los monotributistas, para los cuales la única recomendación ha sido quedarse en sus casas, sin garantía de percibir el dinero necesario para los gastos corrientes y con ingresos en descenso abrupto. El coronavirus ha expuesto la gravedad del régimen de precarización laboral montado sobre el monotributo y deja desnudo al gobierno en su incapacidad de dar una respuesta. En lugar de atender estos reclamos, viene desembolsando dinero a raudales para sostener vencimientos de deuda y aliviar el bolsillo de los capitalistas. Los monotributistas necesitamos seguir cobrando, que se nos garantice el ingreso y los derechos laborales que cotidianamente se nos niegan, como por ejemplo las licencias, así como la estabilidad laboral. Se plantea el siguiente pliego de reivindicaciones inmediatas: bonificación del monotributo en su totalidad durante la cuarentena, seguro de desempleo, licencias pagas, pase a planta de los contratados en relación de dependencia encubierta, cobertura inmediata e irrestricta por parte de las Obras Sociales a todos los monotributistas. Para que estas se cumplan es necesario impulsar la lucha contra los responsables políticos de esta situación, tender un puente con los compañeros que trabajan bajo convenio y poner en pie comités de salubridad e higiene que controlen el cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno y las condiciones necesarias para ello.

19 de marzo de 2020
Coronavirus: precarizados a casa, sin cobrar

Pasaron 48 horas desde que el presidente nos pidió que nos quedemos en casa hasta que escuchamos el “mañana no vengas” o el recorte de horas por parte de las diferentes patronales. Las disposiciones municipales en Mar del Plata y Pinamar de cerrar todo tipo de bares, restaurantes, cafeterías y heladerías, fue conforme a la emergencia anunciada desde el gobierno nacional. Las medidas también apuntaron al cierre de hoteles y balnearios, así como cualquier atracción, para reducir la aglomeración de turistas. Ninguna tiene en cuenta que la mayoría de sus trabajadores se encuentran precarizados, con contratos por día o semana y en algunos casos en negro o registrados como monotributistas, es decir, trabajadores autónomos. Por supuesto, en los casos de trabajadores encuadrados en la Ley de Contrato de Trabajo, con convenio colectivo, la extorsión de las patronales no se hizo esperar y los intentos de hacer pasar el “distanciamiento social” como vacaciones adelantadas, estuvieron a la orden del día. Lo concreto es que, cualquiera sea el caso, la suspensión “per se” de estas actividades, implican directamente una vulneración brutal al derecho al trabajo. Es decir, la “recomendación” de Alberto Fernández de “no ir a trabajar”, se traduce en un impacto salarial abrumador y, en algunos casos, pérdida laboral. Puerto anclado Mar del Plata se encuentra en el top del ranking de trabajo precario, en su mayoría jóvenes o sustento de familia, donde las condiciones de contratación no cubren ni lo indispensable para la subsistencia. El puerto de Mar del Plata es el ejemplo más completo y testigo en primera fila de la reforma laboral, con su correlato en el “convenio pyme” (ver nota en Política Obrera, 23/02). Un acuerdo firmado por los gremios portuarios SIMAPE, SOMU, Centro de Patrones y SICONARA definió paralizar la partida de buques pesqueros “como medida preventiva para salvaguardar la integridad física de los tripulantes y su grupo familiar” (Revista Puerto, 17/03). En cuanto a los marineros y las tareas que siguen en la rueda de producción, se abre una escena de total incertidumbre laboral, muchos de los trabajadores de este sector provienen del interior del país y sumado a no poder embarcarse, quedan varados en la ciudad por la suspensión del transporte de larga distancia. Es decir, la misma patronal y el gobierno que no pueden garantizar el derecho al trabajo, tampoco pueden asegurar la vuelta de los trabajadores de embarcación con sus familias. En consecuencia, la medida tomada por los gremios en sintonía con el gobierno municipal y nacional producirá, más temprano que tarde, un estancamiento en todas las plantas del puerto incluyendo lavado, fileteado, transporte, redes, astilleros, etc. Que los trabajadores deliberen El avance de la pandemia en nuestro país continuará con el colapso sanitario en curso y el vaciamiento de la salud pública por la fuga de capitales para el pago de una deuda externa impagable. Esta decisión política del Frente de Todos, cruza por la tangente los intereses de los trabajadores y nos empuja a condiciones de indigencia y agravamiento de la miseria social, en un cuadro de salud crítico. Cobra absoluta necesidad la conformación de comités de emergencia que permitan la deliberación independiente de los trabajadores, para resolver las condiciones de trabajo o el paro de producción con garantía salarial para su sustento, mientras dure la emergencia por el COVID-19. Regularización bajo convenio colectivo de trabajo. Pase a planta permanente. Salario igual a la canasta familiar. Licencias con pago total del salario. Prohibición de despidos. Cobertura irrestricta de las obras sociales.

19 de marzo de 2020
Trabajadores precarizados, organicémonos

Los trabajadores informales, precarizados, los famosos “emprendedores”, somos millones de personas. No tenemos aguinaldos, vacaciones pagas, obra social, ni ninguno de los derechos con los que cuentan los trabajadores formales. En este universo de trabajadores nos encontramos desde los repartidores de grandes empresas como la plataforma digital Rappi hasta los trabajadores del Estado, a los cuales les hacen facturar para trabajar en sus dependencias, pasando naturalmente por los feriantes. Ya veníamos seriamente afectados con la retracción económica, las caídas de las ventas, la suspensión de las changas, etc. Las políticas de cuarentena dictadas por el gobierno de Alberto Fernández hacen de cuenta que nosotros simplemente no existimos. Contagio o miseria Estas son las variables a las cuales nos enfrentamos. Si trabajamos nos exponemos al virus, con el agravante de que en la Argentina en general, el sistema de salud público está destruido. Si no trabajamos, nos sumimos en la miseria. No es posible determinar cuál es el motivo de la cuarentena hasta el 31 de marzo. ¿Será esta una fecha clave en la cual el virus simplemente va a desaparecer? No parece ser realista. En casi todos los países del mundo esperan un incremento de los casos en las próximas semanas. Más probable es que para esa fecha, el virus este en pleno ascenso. “Nuestras vidas son más importantes que sus beneficios” Este planteo, de los obreros italianos que están desarrollando paros laborales que se han generalizado para exigir el cierre de las empresas, cobra absoluta vigencia. Con más fuerza que nunca se expresa la enorme contradicción que existe entre el beneficio capitalista y la vida de los trabajadores. En este cuadro, seguir discutiendo el pago de la deuda externa es una política criminal, por la sencilla razón que implica utilizar los recursos que deberían utilizarse para nuestra supervivencia, para seguir abultando las extraordinarias riquezas de los usureros internacionales. En el marco de esta crisis, el pago de la deuda externa en lugar de triplicar el presupuesto de salud, habilitar centros de diagnósticos, repartir gratuitamente los insumos elementales para protegerse del virus, poner a las clínicas privadas al servicio gratuito de la atención del público en general, etc, es criminal. Alberto Fernández y el gobernador Schiaretti, mientras tanto, nos mandan a que nos encerremos en nuestras casas. Hay que organizarse Sin dudas, solo estamos viendo los primeros efectos de una enorme crisis que se cierne sobre nosotros. El impacto económico de esta pandemia, dicen ya muchos analistas, será incluso peor que la pandemia misma. Tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial han dado muestras que, frente a la crisis, están dispuestos a seguir garantizando las ganancias capitalistas en contra de nuestras condiciones de vida. No podemos aceptar que nos digan “enciérrense en sus casas y esperen”. Abramos un debate nuestras reivindicaciones. *Subsidio de $20.000 para los trabajadores precarizados. *Eximición del pago de impuestos y servicios. *Análisis gratuitos y urgentes para todo aquel que exprese síntomas. *Si el municipio no cuenta con los recursos para satisfacer estas demandas, que la provincia destine los recursos. No al pago de la deuda externa nacional ni provincial. Llamamos a todos los trabajadores precarizados, a los municipales, a los feriantes de otras zonas, etc a sumarse a una lucha de conjunto.

19 de marzo de 2020
Rebelión docente y Covid-19

La docencia nacional está siendo recorrida por una tendencia a la rebelión popular contra los salarios de hambre y el derrumbe educativo al que nos llevaron los sucesivos gobiernos capitalistas. Algunas expresiones de esta tendencia se manifiestan en las auto-convocatorias docentes de Tucumán y Salta que han puesto en jaque las políticas de ajuste de AF y los gobernadores. En este contexto, el gobierno nacional y los gobiernos provinciales tuvieron, hasta último momento, como política rectora ante la crisis sanitaria en desarrollo, el funcionamiento normal de la economía capitalista y la producción de plusvalía. En lo que respecta al sistema educativo, el ministro Trotta se opuso implacablemente contra toda tentativa de suspensión de clases argumentado que tal medida no podía tomarse “…porque es lo que quiere la gente…” y que debía ser resultado de la consulta con los especialistas (Clarin.com 14/03). Esta política cambió abruptamente el domingo pasado como consecuencia de la bronca entre la docencia nacional que se corporiza en la convocatoria a un paro provincial en Chaco y el pedido de UDocBA, por medio de un comunicado, a suspender las clases en la provincia de Buenos Aires. Ante el ascenso de la rebelión docente en todo el país, en defensa la salud y la vida de los trabajadores, es que AF y Trotta deciden la suspensión de clases hasta el 31 de marzo. Suspensión de clases “con cumplimiento de horario” El lunes 16 se desenvolvió en las escuelas de la provincia de Buenos Aires una verdadera guerra contra Kicillof que instruyó a su ministra de Educación, Agustina Vila, a obligar a los docentes a cumplir horario en los colegios a pesar de la suspensión de clases. Esta política se llevó a cabo con la colaboración explícita de los intendentes que a través de los inspectores y directivos hostigaron permanentemente a los trabajadores para que cumplamos horario bajo amenaza de iniciar sanciones y descontar salarios. Merece un capítulo aparte la vergonzosa colaboración de la burocracia del FUDB con esta política de hostigamiento hacia los trabajadores. Los delegados de la burocracia hacían la vista gorda ante la imposición de cumplir horario con suspensión de clases. La lucha en cada escuela fue tan aguda que en varios colegios los activistas y la base docente impusieron el criterio de entregar consignas para la continuidad pedagógica e irse. Otros compañeros recurrían al uso de licencias médicas para evitar estar en colegios que no habían sido desinfectados y que no contaban con las condiciones de salubridad e higiene mínimas para reducir las probabilidades de propagación del Covid-19. Kicillof-Menéndez mandan a los trabajadores al matadero Ya es grave que nos obliguen a cumplir horario en lugares de trabajo sin ninguna condición de salubridad e higiene para contener el desarrollo de la pandemia del Covid-19. Pero más grave y criminal es que el gobierno provincial y municipal saben de la circulación del virus desde el 15 de marzo y, a pesar de ello, nos obligaban a cumplir horario. Basta el siguiente ejemplo para observar lo precario de la medida: en un comunicado con fecha 16 de marzo, el propietario del Instituto Nicolás Avellaneda, colegio privado de San Antonio de Padua, informa a los inspectores que licenció todo su personal porque el papá de un alumno de la institución está “presumiblemente” infectado. El personal docente y las familias de los alumnos están en cuarentena desde el domingo 15 de marzo. Los docentes en cuarentena, quienes probablemente estuvieron en contacto con el virus, a su vez, trabajan en otras instituciones educativas del distrito y podrían haber contagiado a otros trabajadores y alumnos. Rebelión de las bases La actitud criminal de Kicillof-Vila y Menéndez sólo puede ser emparentada con las patronales de comercio que obligan a sus trabajadores a abrir los locales de los shoppings, anteponiendo el lucro capitalista a la salud y vida de los trabajadores. Pero, a pesar de los aprietes, los trabajadores hacen sentir la bronca en los lugares de trabajo. En esa sintonía, en la provincia de Buenos Aires, los trabajadores docentes arrancamos la suspensión de clases sin obligación de cumplir horario en los colegios que son, en las condiciones actuales, medios poderosos de la propagación del Covid-19. Planteamos: comités obreros de salubridad e higiene, desinfección inmediata de todos los establecimientos educativos e inversiones en infraestructura escolar para que las condiciones de trabajo sean compatibles con la salud y vida de los trabajadores. La actitud criminal del gobierno Nacional y provincial nos advierte que la propagación del Covid-19 solo será revertida con la organización y lucha de los trabajadores mismos.

19 de marzo de 2020
En plena pandemia: cierre y persecución en el frigorífico Penta Quilmes

Mientras la clase trabajadora es empujada a asistir a sus empleos en plena expansión de la pandemia en medios de transportes hacinados y sin las medidas de higiene correspondientes, en el andamio de la crisis económica y sin ningún tipo de resguardo del gobierno contra los despidos, suspensiones y descuentos, Ricardo Bruzzese -presidente de la Cámara Argentina de la industria frigorífica - cerró las puertas del Frigorífico Penta exigiendo el despido de ciertos trabajadores. Entre ellos, los delegados. Los trabajadores de la carne tienen experiencias en defender sus conquistas, en el 2014 dieron una gran batalla contra el ataque a sus salarios de la cual salieron victoriosos. Ahora, nuevamente decidieron ocupar la puerta de la planta para exigirle al municipio que intervenga contra la persecución a sus compañeros y la decisión de Bruzzese, quien adelantó que no acataría ninguna conciliación obligatoria e incluso retiró los animales y los derivó a otros frigoríficos de su propiedad, “Arenales” y “La huella”, dejando sin ingresos en plena crisis sanitaria y económica a 240 familias. La situación del Penta se suma a otros cierres y conflictos en el distrito. Los trabajadores de Kimberly Clark ocuparon la planta de Bernal durante 70 días en defensa de sus puestos de trabajo y ahora luchan por el cierre de las causas judiciales que el Estado y la patronal promueven contra la organización obrera. Mayra Mendoza, actual intendente de Quilmes, durante la campaña recorría varias de estas fábricas -incluida Ansabo en proceso de cooperativa- prometiendo “promover la industria”. Sin embargo, los conflictos obreros se suman en el distrito y el municipio solo demuestra llevar adelante las políticas presentada por el gobierno de resguardar a los capitalistas con el “programa de créditos a las empresas” y no a los trabajadores frente a las suspensiones y despidos. Sin ir más lejos, la “mimada” de los Fernández lleva decenas de despidos en las áreas estatales del municipio. La salida está en manos de la clase obrera El gobierno y las patronales empujan a los trabajadores a concurrir a sus lugares de empleo, pero advierten sobre realizar asambleas y “las probabilidades de contagio”. Esto demuestra que sus intereses están en salvar de la crisis a los capitalistas y desorganizar a la clase obrera. Sin embargo, los métodos de deliberación obrera es el centro de la lucha para llevar adelante coordinadoras sindicales y plenarios de delegados de base que lleven adelante un plan de lucha por el no pago a la deuda externa que libere fondos para la salud y el trabajo. La industria de la carne y los alimentos se vuelve fundamental en medio de la crisis, su defensa es incondicional bajo control de los trabajadores.

19 de marzo de 2020
La defensa de la vida y la salud depende de los trabajadores y su organización, no de las requisas policiales

El presidente circunscribió su segunda cadena nacional de esta semana al anuncio de un reforzamiento de las medidas de aislamiento social –ahora, “obligatorias” para todas las personas, con excepción de servicios esenciales, la producción y el comercio de alimentos, fármacos o energía. Los medios destacaron la “brevedad del mensaje”. Es que, en verdad, los anuncios no pasaron de este aislamiento compulsivo. No hubo ninguna información sobre lo que ocurre con el sistema de salud, o sea, si se están adoptando medidas efectivas para la prevención de la pandemia y el tratamiento de los enfermos. No se permitieron preguntas de la prensa. Mientras se imponía el decreto compulsivo, el país tomaba conocimiento de que las pruebas de diagnóstico –un elemento esencial para detectar anticipadamente a quienes se han contagiado- se siguen haciendo de a cuentagotas y en un solo lugar. La disponibilidad de camas para terapia intensiva y de respiradores, y la incorporación de trabajadores de la salud, todo lo cual exige de recursos económicos extraordinarios y de la intervención sobre el sistema privado de salud, continúan siendo un angustioso interrogante. El presidente anunció medidas represivas para quienes se encuentren circulando “sin motivo”, pero no tuvo esa precisión para responder qué ocurrirá con los salarios de los trabajadores durante la cuarentena forzosa, ni cómo se asistirá a los millones de trabajadores en negro o precarizados, que representan al 40% de la fuerza laboral y que deberán seguir viajando y concurriendo a sus trabajos para poder comer, más allá de la promesa difusa de “ocuparse de ellos en los próximos días”. El caso más expresivo de la indiferencia oficial es el licenciamiento “pago” para las empleadas domésticas, a sabiendas de que éstas carecen de instrumentos para hacer valer ese derecho ante sus patrones. Fernández justificó el aislamiento compulsivo en los “irresponsables” que se van a la costa. Pero en estos días, asistimos a una circulación mucho más riesgosa y hacinada -la de los miles que se dirigieron a los trenes del conurbano para poder asistir a sus trabajos precarios. Es claro que la emergencia sanitaria se combina con una grave crisis social -el gobierno tiene respuestas ultra limitadas para la primera, y casi ninguna para la segunda. Eso es lo que explica la impronta represiva que el presidente le imprimió a los anuncios de hoy. El mensaje estuvo teñido de repetidas advertencias a la población, anunciando la presencia de la prefectura y la policía en las calles. Esta orientación represiva se combina con otros anuncios anteriores, como la prohibición de “asambleas” o “concentraciones” de trabajadores, según reza un decreto del día de ayer. Ninguna emergencia sanitaria justifica estas prohibiciones. En primer lugar, han sido los trabajadores los que anticiparon y exigieron, a través de diversas reacciones colectivas, las medidas de prevención que el gobierno más tarde juzgó como indispensables. Es también la organización colectiva de los trabajadores la que velará por la salud y la vida en fábricas y reparticiones, frente a la voracidad patronal y la indiferencia estatal. La organización obrera es, en estas circunstancias, un “servicio esencial”, el más esencial de todos. Es significativo que los dirigentes de la oposición, desde los jefes de bloque hasta gobernadores, hayan ungido reiteradamente en estos días a Fernández como el “comandante en jefe” del país. El régimen político, visiblemente impotente para dar cuenta de la pandemia, como ocurre en todo el mundo, se sirve sin embargo de ella para establecer las bases de un estado de excepción, en este caso, bendecido por la “unidad nacional” que adicionan macristas y radicales. Se busca un régimen personal, no para dar cuenta de la pandemia, sino de una crisis social pavorosa, que incluso la precede. En estas circunstancias, es absolutamente crucial que defendamos la deliberación colectiva de las organizaciones obreras. Los trabajadores son los más responsables y cuidadosos de la salud colectiva, y existen numerosos medios y recursos para deliberar y defender nuestras conquistas sin ponernos en riesgo. Libertad de organización, para luchar por el salario y el derecho al trabajo y, principalmente, para defender la vida y la salud de los trabajadores, en las fábricas, escuelas y hospitales.

20 de marzo de 2020
Kristalina rechaza ayuda a Venezuela para combatir la epidemia

En un mundo donde los imbéciles no escasean, la solicitud de un préstamo por parte de Venezuela al FMI, u$s5 mil millones, fue recibida con mofas. Como hacen los resentidos, que también abundan, la solicitud fue respondida con la factura de críticas y agravios que, desde Chávez en adelante, y, sobre todo, Maduro, endilgaron al Fondo. El pedido oficial de Venezuela, sin embargo, no se encuentra en contradicción con aquellos epítetos y denuncias. La demanda de Maduro, el 15 de marzo reciente, apuntaba a financiar la compra de equipos esenciales para combatir la pandemia internacional en Venezuela -de ningún modo para aplicar un programa de ajuste o para pagar la deuda externa en default, que todo sumado alcanza a imposibles u$s150 mil millones. Al día siguiente, el FMI informó en su sitio de Internet que había decidido movilizar un billón de dólares, sin interés, para asistir a los países que enfrentaran problemas de balance de pagos para financiar la lucha contra el coronavirus. Para los países en desarrollo asignaba u$s50 mil millones de dólares, y diez mil millones para aquellos de menores ingresos. A la velocidad del sonido, sin embargo, el FMI rechazó la solicitud de Venezuela, sin importarle que Maduro, en el pedido, la tratara de “honorable institución”. Un trámite que lleva normalmente su tiempo, incluida la necesidad de reunir al directorio de la entidad, fue resuelta en una forma, digamos, extra estatutaria. La central de la industria farmacéutica de Venezuela, al igual que los productores de equipos médicos, habían asegurado que estaban en condiciones de aumentar la producción, siempre que contaran con financiamiento para importar maquinarias e insumos en falta. Kristalina Georgieva, una cristiana ortodoxa que comulga al mismo tiempo con el papismo católico, prefirió dejar de lado su reiterado llamado a acudir en socorro de los pobres, y dejar a Venezuela sin financiación. Venezuela es miembro fundador del FMI, reconocido en listado oficial de países que integran el Fondo, con el respectivo aporte societario y con derecho incluso a utilizar los “derechos especiales de giro”, un financiamiento adicional que se adjudicó al FMI hace un tiempo. Los u$s5 mil millones pedidos para financiar la importación de insumos farmacéuticos y equipos médicos contrastan con los u$s700 mil millones que la Reserva Federal de Estados Unidos ha decidido emitir para algo muy diferente, aunque también a interés cero: rescatar a compañías internacionales, como parte de un paquete global de dos billones de dólares, en medio de una escasez de tipo similar a la venezolana, pero a una escala diez veces superior. En los últimos sesenta días, los pedidos de seguro de empleo en Estados Unidos aumentaron en quinientas mil personas. Venezuela es un caso ejemplar de que el capitalismo relega el combate a la pandemia en un segundo lugar respecto a la defensa del capital y de los intereses del capital. Claro que con una reserva, porque el gobierno de Trump ha pretendido comprar a la principal empresa alemana, en semanas recientes, dedicada a la producción farmacéutica. La defensa del capital ‘en general’ viene acompañada de un reforzamiento de la lucha entre capitalistas; si no que lo diga Italia, que está siendo empujada al default por parte del Banco Central Europeo, o sea Alemania y Francia, con una palmadita al hombro del lado de Trump. No es una casualidad que el coronavirus haya ampliado ‘la grieta’ entre los socios del gobierno itálico, que en cualquier momento puede derivar en una caída del primer ministro, Conte, empujado por el derechista Salvini. El rechazo al préstamo pedido por Venezuela, por parte del FMI, constituye un bloqueo económico contra Venezuela, por un lado, y otra manifestación, si faltaba, que Trump prepara una solución de fuerza contra ese país, por medio de una cuarentena política. ¿Por qué los Fernández no han abierto la boca hasta ahora, cuando celebran la creación de un estado de excepción con los Negri y los Larreta, ni tampoco lo hayan hecho los kirchneristas más ostentosos, que ‘se quieren desendeudados” de la mano del FMI de la misma Kristalina confesional?

20 de marzo de 2020
El subte en tiempo de coronavirus

La cuestión del transporte público, y en particular del Subte, es un tema sensible en el contexto de la pandemia mundial del COVID-19. Por un lado, es necesario mantener el transporte para garantizar el traslado por ejemplo del personal de salud y numerosos servicios esenciales de la vida social, por el otro se trata de un ambiente cerrado, húmedo, en el que se produce constante hacinamiento, insalubre, con material cancerígeno, los cuales pueden ser un caldo de cultivo para la propagación del virus. Por el momento se ha dispuesto la reducción del servicio a una cantidad menor de estaciones que las habituales y que los pasajeros viajen sentados. Respecto de las condiciones laborales, en un principio el otorgamiento de licencias para los trabajadores fue dispar, ahora con la presión de la organización obrera su cumplimiento se ha ido generalizado incluyendo a quienes son población en riesgo y padres de niños escolarizados. Sin embargo, queda pendiente quienes son convivientes con población de riesgo, una reivindicación muy sentida. Los trabajadores también exigen que se garantice en todos los sectores de trabajo los insumos de higiene y prevención necesarios (barbijos, alcohol en gel, etc), y la contratación de personal para reforzar la limpieza y cubrir a compañeros licenciados. Coronavirus y la lucha contra el asbesto En el Subte, además, el virus ha llegado al país justamente cuando los trabajadores se encuentran luchando por la erradicación del asbesto en las líneas. Material cancerígeno que se encuentra prohibido hace años, pero con el que sin embargo igualmente fueron adquiridas formaciones por parte de Metrovías y SBASE. Se ha comprobado que se encuentran contaminados con este elemento trenes de las líneas B (la mayoría de sus formaciones), E y C, además de los talleres en los que estos se reparan y las líneas en que estos circulan. Por este motivo varios talleres se encuentran realizando retención de tareas, algunos desde hace casi un año, como Rancagua de la línea B. En tráfico de la C los trabajadores han votado no trabajar sobre las formaciones que contienen asbesto. En el mismo sentido, el sindicato ha obtenido una medida cautelar en la justicia de la ciudad que manda a Metrovías y el gobierno a cambiar las formaciones y entre tanto resguarda a los trabajadores para que no sean obligados a trabajar con material contaminado. Como la fibra de asbesto afecta los pulmones, pudiendo generar neumoconiosis, luego asbestosis, y en el cuadro más grave cáncer de pulmón, esto agrava los riesgo respecto de la pandemia. Los trabajadores, su cuerpo de delegados y el sindicato (AGTSyP) vienen reclamando además de la desabestización completa del subte, varias reivindicaciones, entre ellas que se ingrese al Registro de Agentes de Riesgos (de la ART) y se le hagan con celeridad estudios al conjunto de los trabajadores, lo cual fue extendido por el fallo mencionado también a ex trabajadores. Sin embargo, hasta ahora ha sido analizado un porcentaje minoritario de trabajadores, tan solo 700 sobre un total aproximado de 4.000. En 18 de ellos se han confirmado afecciones pulmonares derivadas del asbesto, y dos de ellos tienen cáncer. Ello implica que la mayoría de los trabajadores del subte desconocen si, por la desidia del estado y la empresa, sus pulmones se encuentran afectados y, por lo tanto, si pertenecen a la población de riesgo. Motivo por el cual es clave que las licencias se extiendan a la mayor cantidad de personal posible con un sistema de guardias rotativas La defensa de las 6 horas En este cuadro el cuerpo de delegados del sindicato del subte (AGTSYP) acaba de rechazar en forma rotunda la “propuesta” de extender la jornada laboral de seis a ocho horas realizada por SBASE (Subte de Buenos Aires Sociedad de Estado) -organismo dependiente del gobierno de la ciudad, titular de las formaciones y túneles- que fuera trasmitida por la directiva del sindicato, y que fuera planteada para cubrir personal licenciado por ser población de riesgo del coronavirus. Inicialmente esta propuesta en nombre de la “solidaridad” contó con un apoyo solapado de sectores K de la directiva del gremio, pero que debieron reacomodarse rápidamente ante el rechazo generado Debe recordarse que las seis horas son una conquista histórica del subte, justamente obtenida como parte de la lucha por el reconocimiento de la insalubridad de este servicio, reconocida en varios países del mundo, y que aún tiene pendiente el reconocimiento de la jubilación anticipada. En el subte, como en todo el país, la mejor y única garantía para defender la salud pública, es la organización de los trabajadores.

20 de marzo de 2020
Tucumán: la rebelión docente y las epidemias

La expansión de la epidemia del coronavirus y de otras epidemias, como el dengue, han creado un nuevo escenario. En el caso de los docentes autoconvcados de Tucumán, han obligado a un replanteo del plan de lucha que había votado el congreso de delegados el 7 de marzo pasado, donde se había ratificado la lucha por la derogación del decreto 1/1 del 6 de enero que eliminaba la cláusula gatillo, incluso en términos retroactivos, desconociendo la actualización salarial del último trimestre de 2019 y acumulando una enorme deuda salarial. Una semana convulsiva La semana del 8 al 15 de marzo fue tremendamente convulsiva. Arrancó con un paro general por tiempo indefinido de UTA, cuando las empresas dejaron de pagar los salarios, alegando que el gobierno provincial no entregaba los subsidios a los concesionarios. La situación se remedió precariamente el martes 10, cuando Manzur encontró el dinero para pagarlos, aunque no para atender los reclamos docentes y de los estatales. En paralelo, la burocracia de ATE-Docente venía agitando también un paro de 72 horas, para neutralizar a los autoconvocados y tomar el control del conflicto. Lo mismo hizo Sáenz en Salta. El martes 10, para sorpresa de muchos, la burocracia de ATE central, integrada al gobierno nacional y de la provincia, levantó la huelga de ATE-Docente. El atropello determinó la renuncia de todos sus dirigentes y la disolución de ese aparato creado desde arriba para dividir y frenar la lucha docente. Con ese escenario, el miércoles 11, Tucumán asistió a un nuevo paro masivo y a una enorme concentración (20 mil personas) de la docencia autoconvocada, sectores estatales, la docencia privada y universitaria, la salud, y los movimientos sociales. Luego de la intervención de varios oradores, cerró el acto Raquel Grassino, quien llamó a parar en los lugares de trabajo, el jueves y viernes, y a completar la elección de delegados en toda la provincia. La pandemia y el ajuste Ya esta semana, el tema de las pandemias, sumado a la decisión de AF de suspender las clases, obligó a un replanteo de la lucha. Enseguida, Manzur emitió un decreto que elimina la cláusula gatillo y establece el pago de la deuda salarial a partir de julio en 6 cuotas, sin actualización. En paralelo suspendió las paritarias hasta junio y otorgó un adicional no remunerativo del 15,11 % y otro de 1.800 pesos como suma remunerativa. Descontando el repudio que iba a causar, el gobierno militarizó la capital y las principales ciudades del interior. Clima de rebelión El anuncio, efectivamente, generó una ola de repudio. Las direcciones burocráticas del Frente Gremial Docente o ATE justificaron la medida por la vigencia de una conciliación obligatoria. Los autoconvocados respondieron con una campaña de afiches en los comercios y en las redes, para denunciar la precarización educativa y el rechazo a los decretos, y hacer conocer los pronunciamientos a favor de la lucha. En el caso de la salud, desde el Hospital de Niños se hizo una enorme movilización. La denuncia del estado de improvisación, falta de insumos y equipos del personal del Hospital tuvo un alto impacto. De la misma manera, se produjo, por primera vez, un paro en uno de los call center más importantes instalado en la provincia, donde al personal se lo obligaba a trabajar sin ningún recaudo frente a las epidemias. Otros sectores, como músicos y teatristas perjudicados por el corte de sus ingresos, en el marco de las cuarentenas, están tomando por referencia a la docencia autoconvocada y a la Coordinadora. Lo mismo ocurre, en el plano político, con corrientes opositoras en sindicatos burocratizados.

20 de marzo de 2020
No al cierre de la Orquesta Municipal de José C. Paz
Lucas Verón · Paula Jove

La Orquesta Municipal de José C. Paz es un organismo sinfónico creado a fines de 2011 a raíz de una iniciativa de músicos y músicas de la región. Con los años fue incorporando más profesionales en calidad de ad honorem, hasta que en 2014 ingresaron contratados, lo cual representó un salto cualitativo en lo musical y en lo laboral. A finales de 2015, en conjunción con la política de ajuste de Macri, se producen los primeros despidos, por goteo; en los primeros meses de 2016, todos los profesionales fueron “dados de baja”. En ese marco, a fuerza de asambleas y organización, y la elección de los primeros delegados internos y funcionamiento colectivo, la feroz lucha por la reincorporación se desarrolló con sistemáticos conciertos-protesta y hasta una gira internacional a Perú. El apoyo de la comunidad paceña fue vital para el triunfo logrado a comienzos de 2017: todos reincorporados a planta transitoria, con obra social y aportes jubilatorios. Desde entonces, la orquesta aumentó su calidad musical, expandió su alcance y se reafirmó en la experiencia de lucha y organización que concluyó con la victoria. Sin protocolo El día de hoy, después de meses de rumores y aprietes indirectos, violando todos los protocolos sanitarios dispuestos para estos días, el secretario de Gobierno, Claudio Pérez, confirmó los despidos de todo el cuerpo estable, ante la directora, acompañada de los delegados. Alegó problemas presupuestarios propios y los derivados de una interrupción de “coparticipación” provincial. El gobierno municipal había pretendido que fuera la propia directora de la orquesta la que aplicara los despidos, a cambio de una “reestructuración” en el que la salvarían a ella y a un grupo minúsculo, en adelante como "orquesta escuela" de no más de cinco o seis músicos. Una orquesta escuela también requiere de instrumentos y otros insumos, y de presupuesto propio y coparticipado. Los salarios miserables que venía pagando el municipio la Orquesta no implicaban un problema presupuestario, porque recibe aportes del con Fondo Educativo. Pérez esbozó la ‘idea’ de que, ahorrando en orquesta, compraría insumos sanitarios y contrataría personal médico. Con un ahorro de menos de cinco mil pesos por músico al mes, difícilmente cubriría las necesidades de un sistema sanitario colapsado y vaciado sistemáticamente, como las Salitas de Atención Primaria por las que se movilizan los vecinos desde hace años. Al mismo tiempo, ¿no sería una preocupación sanitaria dejar sin trabajo, sin salario y sin obra social a 41 trabajadores en medio de la pandemia? Claudio Pérez viene desde hace meses despidiendo personal municipal de diferentes áreas. Plan de Lucha La Orquesta, en base a la experiencia hecha en 2016, resolvió: Luchar por la reincorporación inmediata de todos los despedidos Visibilizar el conflicto por todas las redes al alcance y la realización de conciertos-protesta al finalizar la pandemia Desde el Partido Obrero Tendencia de José C. Paz llamamos a dar la más amplia solidaridad a los trabajadores de la Orquesta, acompañar activamente este conflicto y planteamos: Prohibición de todos los despidos durante la emergencia sanitaria y cuarentena en casa paga al 100% Incorporación de todos los trabajadores a planta permanente del municipio. SiALaOrquestaMunicipaldeJCP NoAlCierredelaOrquesta QueLaOrquestaSigaTocando BastadeDespidos

21 de marzo de 2020
Darwinismo social y pandemias

“Morirán miles de seres queridos”, advirtió Boris Johnson refiriéndose al brote de coronavirus. En Gran Bretaña, el primer ministro apeló a esta lógica cuando desechó el método de cuarentenas de otros países, asegurando que la diseminación del virus suscitaría una inmunidad natural, al mismo tiempo que el sistema de salud se encargaba de los infectados. No le duró mucho: tuvo que apelar a medidas más ‘restrictivas’ de movilidad –y a cadenas televisivas casi diarias. El hashtag #ToryGenocide (“genocidio tory”) se había hecho tendencia en Twitter. Sin embargo, no hubo suspensiones de eventos, ni de universidades o escuelas, hasta el viernes pasado; tampoco en fábricas y empresas. Las ganancias, primero. Hace una semana, Patrick Vallance, el principal asesor científico del primer ministro Boris Johnson, había dicho que “no es posible prevenir que todos se infecten y tampoco es deseable”, respecto d la teoría de la “inmunidad de grupo” o colectiva. Un paso el falso que tuvieron que corregir, aunque no en el fondo. La “ruleta rusa” de los contagios masivos que “inmunizan”: “Para conseguir la ‘inmunidad de grupo’ hace falta que, de cada 2,5 personas, 1,5 hayan superado el coronavirus, lo cual se traduce en un 60% de la población (1,5 dividido por 2,5). Ello significaría que 40 millones de ciudadanos enfermarían, y de ellos un uno por ciento morirían (400.000), según explica Tom Whipple, redactor jefe de la sección de Ciencia del Times” (La Vanguardia, 15/3). Son los “riesgos del mercado”, aplicados a una política sanitaria, un darwinismo epidemiológico. Trump lo vio con simpatía cuando exceptuó a GB de la prohibición de vuelos a Europa. El Covid-19 tendría que llegar al 60% de la población británica para desarrollar dicha inmunidad. Si la mayoría se contagia al mismo tiempo, el Servicio Nacional de Salud (NHS) no podría responder a la emergencia. Cuando se descubrió que el personal del Servicio de Salud no tenía medidas de seguridad e higiene, se desató un escándalo. Hay alrededor de 4.000 camas de UTI, cuatro quintos de los cuales están ocupados. El gobierno se niega a utilizar los recursos de los hospitales privados, cuyos profesionales (que escasean en el sector público) fueron formados por el NHS. Los tests no superan los 4.000 por día y no se realizan mediciones de temperatura en las fábricas y empresas, aunque sí en la entrada de Downing Street – la casa de gobierno. Un asesor científico dijo que sería un éxito si el número de muertes no supera los 20.000 pacientes. Johnson también dijo que el sistema de salud italiano era “excelente”, lo cual es cierto con relación a la capacidad profesional, pero desconoce los recortes millonarios que sufrió; Bergamo es considerada ahora la Wuhan de Europa, aunque la ha superado. Boris es responsable del desfinanciamiento de NHS británico, que en muchas oportunidades consideró obsoleto y que su partido se propuso desmontar. Anunció que “estamos en guerra”, como Macron, un eufemismo del ajuste. Lo usó Alfonsín en 1985. El Reino Unido ha anunciado una moratoria en el pago de impuestos; y un adelanto financiero para enviar a algunos trabajadores a casa. La mayoría de la población no recibirá estos beneficios y no se paralizarán las tareas no esenciales. Los estímulos van a usarse para pagar deudas de las compañías. Aunque los servicios de catering de los aeropuertos en crisis y sin pasajeros, pueden utilizarse para abastecer al NHS, pero no se hace porque eso sería infringir la propiedad privada. Obviamente, está escasos de recursos presupuestarios No se trata de respuestas ideológicas, dicen los líderes capitalistas, mientras defienden la propiedad privada con uñas y dientes. Los trabajadores del correo del Royal Mail dieron el puntapié y anunciaron un paro de actividades para que se tomen medidas de protección de la salud – cese de tareas sin dejar de percibir el salario. La presión popular ha logrado que cierren muchas escuelas y que se suspendan eventos multitudinarios. El pueblo pide más tests, no más policía y detenciones (The Guardian, 18/3). Me matan si no trabajo y si trabajo me matan En EEUU no se cuenta con un sistema de salud pública capaz, por lo tanto, de hacer frente a esta enfermedad de una manera organizada y coordinada. El sistema privado es financiado por medio de contratos de seguros, lo que significa que, frente a una expansión de la enfermedad, los costos van a aumentar. “Las 45.000 camas de la unidad de cuidados intensivos están muy lejos de las 2.9 millones de camas de cuidados intensivos que probablemente serán necesarias”, dice Robert Reich, ex ministro de Clinton. Trump anunció el 27 de febrero, cuando había 15 casos de Covid-19 que el virus era “estacional”. “Va a desaparecer”. Trump como el Pastor Giménez, aunque éste no recibe información de inteligencia -Trump desoyó informes acerca de la peligrosidad del virus y la expansión de la enfermedad. Antes, Trump se había encargado de restructurar y ajustar las unidades anti-pandemia que en mayo de 2018 fueron recortadas. El National Health Security (NHS) fundado por Clinton en 1998, fue cerrado por Bush y por Obama, luego reabierto. Tampoco se elaboraron estudios que puedan prever y anticipar las medidas necesarias para el “shutdown” (cierre) de la economía nacional. Otra de las preocupaciones es la deuda corporativa en EEUU, que es el doble de antes de la crisis de 2008, mientras la economía se contrae a un paso acelerado. Ahora evalúa en EEUU la pérdida de un millón de empleos, y una caída del 20% del PBI. Las medidas para que los trabajadores “se queden en casa” son mínimas, la mayoría de la clase obrera no recibe ningún tipo de ayuda.

21 de marzo de 2020
Piñera en "estado de catástrofe"

Cuando todo el mundo esperaba las medidas económicas y sanitarias que anunciaría en su conferencia de prensa del miércoles, Piñera decretó el “estado de catástrofe”. La medida saca a la calle de las Fuerzas Armadas por 90 días. La explicación de que se quiere cuidar los hospitales y la cadena logística la hace más intimidatoria. Mucho antes de la llegada del coronavirus, la crisis sanitaria en Chile ya era un escándalo. En el primer gobierno de Piñera, los fondos del Estado destinados a salud pública fueron cerca del 4%. El ministro de salud del momento, Jaime Mañalich, destinó sistemáticamente parte de ese presupuesto a la “venta de servicios”, por parte del sistema privado. Fue lo que ocurrió con la Clínica Las Condes, de la que Piñera era empresario y gerente. Antes de finalizar ese primer gobierno, Piñera y Mañalich eliminaron los registros hospitalarios de las listas de espera de pacientes que aguardaban para recibir atención especializada e intervención quirúrgica en los hospitales públicos. Con el posterior gobierno de Bachelet, las listas de esperas de los hospitales públicos aumentaron a dos millones de pacientes. Ahora, en este segundo gobierno de Piñera y sólo en su primer semestre de mandato, murieron 9.700 chilenos en las mismas mortuorias listas de esperas. De ahí que entre los reclamos más sentidos desde la rebelión de octubre esté el fin de la salud privada y el establecimiento de un único sistema de salud público, gratuito y con prioridad entre los presupuestos del Estado. Ahora, con la pandemia desatada, el colapso y la miseria no sólo golpea al sistema de salud, sino que también lo está haciendo en otras dependencias del Estado como las cárceles. El pasado jueves 19 se registró en la cárcel de Santiago N°1 un motín con plan de fuga con más de 200 reos que reclamaban no haber recibido aún ninguna prevención ni asistencia sanitaria contra el coronavirus, además de las condiciones de insalubridad generales en las que viven por el hacinamiento y el hambre. El amotinamiento incluyó la participación de los presos políticos encarcelados desde octubre por Piñera, quienes exigen su libertad. Queda de manifiesto que no será fácil impedir una rebelión popular, aún bajo el “estado de catástrofe”, o precisamente por eso. Por otro lado, la crisis económica se agudiza semana a semana. Una nueva disparada del dólar se combinó el miércoles pasado con un desplome de la bolsa. La cotización del cobre cayó un 6% y la situación económica se agravará con la caída del turismo y del comercio. Las grandes y medianas empresas, que esperaban oír en la conferencia de prensa de Piñera medidas de subsidio, se quedaron con las ganas. Como Trump y el inglés Johnson, Piñera sostiene que la defensa del mercado debe ser más firme en tiempos de cólera – de otro modo quedará abierto el camino ‘al socialismo’ y, sobre todo, a un reforzamiento de la clase obrera. A lo mejor cree que el coronavirus tiene poder de matar a la Asamblea Constituyente, como se lo reclama el ala derecha de la derecha. Piñera ha defraudado, por supuesto, a los trabajadores que hubieran tenido ilusión en oír medidas relacionadas al trabajo y al salario. La política criminal del gobierno encuentra una respuesta entre la clase obrera, como lo demuestran las protestas de los trabajadores en los shoppings, frente a la falta de medidas del gobierno para ordenar su cierre. Las protestas abrieron una crisis entre los alcaldes de La Florida y Providencia, de un lado, y el Gobierno nacional, del otro, ante la decisión de los primeros de dictar el cierre de los shoppings. Los trabajadores del Transantiago, asimismo, fuero a la huelga, en reclamo de medidas urgentes para proteger tanto a trabajadores como usuarios. Aparentemente Piñera tiene la ilusión de que la pandemia pudiera ser la intervención divina que necesitaba para salvar a su gobierno y mejorar su imagen pública, hoy desplomada. Ordenó la prohibición de las conglomeraciones y la presencia de las Fuerzas Armadas en la calle apenas disimula su objetivo puramente político. La idea de que el plebiscito y la Constituyente eran medidas suficientes para contener la rebelión no convenció a ningún partido. Para evitar los riesgos de que un “urnazo” por el “apruebo” a una Constituyente completamente electa, el gobierno está negociando con la oposición la postergación sin fecha del plebiscito. Los partidos de oposición que habían acordado la reforma con el gobierno han salido a reclamar inmediatamente su postergación; argumentan que la epidemia disminuiría la participación del electorado. La presencia de los militares en las calles fue decretada por 90 días, pero ya varios medios han advertido que probablemente no volverán a los cuarteles hasta que la rebelión haya sido sofocada. De esta manera, ya sea que el plebiscito se realice en abril o que se postergue, lo más probable es que la población que vaya a votar lo haga en medio de un estado de sitio con los militares controlando todo el proceso político. No hay que descartar, por lo tanto, que la caída del gobierno se produzca al margen del calendario constitucional. Pero la medida tomada por el gobierno no tardará en revelarse insuficiente e inútil para controlar la situación general, no sólo la pandemia. El derrumbe del consumo, combustible para la crisis, se agudizará toda vez que no se prohíben los despidos ni se garantiza el cobro íntegro de los salarios. Mientras el gobierno continúa con el proyecto de expansión del Aeropuerto de Santiago, que demandará un total de US$900 millones (que fueron en parte financiados con préstamos de diversos bancos extranjeros y nacionales), los gobiernos del mundo deben salir al rescate de las compañías aéreas que caen en picada por el cierre de fronteras. El desplome del transporte aéreo, uno de los más afectados, no es una buena señal para la cancelación de los préstamos para la obra del aeropuerto de Santiago. Asistimos ante la disolución de las relaciones capitalistas, en el sentido de que sin una fuerza de trabajo disponible no hay acumulación de capital. Esto no puede ser remediado por subsidios o rescates públicos, que sólo servirán para acentuar la crisis de las finanzas estatales. Los Estados salen, a sus expensas y de los trabajadores, al rescate del régimen social que protegen. El coronavirus no ha hecho más que poner de manifiesto la contradicción insoluble que existe entre el régimen capitalista y la salud y la vida de la clase obrera en todo el mundo. La crisis sanitaria sólo podrá ser resuelta suprimiendo todos los poderes actuales del Estado y que sean reemplazados por una Asambleas Constituyente que tenga el poder de tomar todas las medidas que son necesarias para defender la salud y la vida de la población. La consigna de ¡Fuera Piñera! se ha convertido en condición necesaria para hacer frente al derrumbe económico y sanitario que atraviesa el país.

21 de marzo de 2020
Salta: el levantamiento de la huelga docente

El sábado pasado, la asamblea provincial de docentes autoconvocados de Salta decidió, por 209 votos contra 73, suspender la huelga por tiempo indeterminado, que se había extendido durante dos semanas con un acatamiento promedio del 60% y con picos del 80%. Días antes del levantamiento, la docencia autoconvocada había copado las calles céntricas de la capital con una movilización de más de 10 mil docentes y varios miles más en el interior con movilizaciones locales y cortes. Pandemia y dirección Esta votación estuvo fundamentalmente ligada a los anuncios de cuarentena del gobierno, en primer lugar, el provincial. Poco más de 24 horas después, la asamblea provincial que había votado el levantamiento deliberaba con alrededor de 300 docentes, unos 700 menos que la precedente. De todos modos, el levantamiento de la huelga fue votado como un “cuarto intermedio hasta que termine la emergencia sanitaria”. La lucha autoconvocada sufría presiones para levantar la lucha, por parte de todo un sector de los delegados departamentales. Mientras el activismo de base se jugaba a defender el paro recorriendo escuelas y sosteniendo piquetes locales, estos delegados desmovilizaban planteando unilateralmente un “desgrane”, sin esperar a los decretos que suspenderían las clases. También invocaron una inminente reunión con el gobierno que nunca se dio. A pesar de la exigencia de las bases de convocar a la asamblea general, lo hicieron con apenas 15 horas de anticipación, impidiendo la asistencia de delegaciones del interior, cuando ya se conocía la decisión oficial de implantar la cuarentena. En la asamblea, volvieron a reglamentar el uso de la palabra limitándolo a solo 10 oradores, lo que fue criticado por los activistas. Un día antes habían improvisado una asamblea departamental de capital -con apenas 100 docentes- en donde promovieron el levantamiento del paro. Lo mismo hicieron en Rosario de la Frontera. Por el contrario, los departamentos Orán, San Martín, Metán, Anta, Chicoana y Cafayate asistieron con el mandato de continuar la huelga y rechazar el retorno a clases con escuelas sin agua, sin ordenanzas, sin insumos y con aulas hacinadas. La declaración de cese total de actividades en las escuelas salteñas dictaminado por el gobierno provincial, el martes posterior a la asamblea, les dio la razón a estos docentes, quienes, por ejemplo, en Orán ya habían impuesto desde el lunes el cese de actividades en varias escuelas, con todo un pliego de reivindicaciones para resguardar la salud del conjunto de la comunidad educativa. El trabajo de zapa de este sector de los delegados se combinó con la confusión y el miedo a la pandemia. Para este ablande y para el levantamiento, contaron con el oficialismo nacional del PO (ver nota aparte) y del PTS. El sector de Gamboa, una vieja camarilla que medra en el movimiento autoconvocado, votó a favor de la continuidad en tanto el levantamiento ya estaba asegurado. A todos ellos los une la consigna “cuidemos la asamblea”, no contra el gobierno, sino contra quienes critican sus chanchullos y su política. En esta ocasión la huelga se levanta sin que se hubiera derrotado los descuentos de sueldos anunciados por Sáenz. Reorganizar al activismo La parálisis total de la actividad escolar por el coronavirus evita, en lo inmediato, una deliberación general en las bases sobre este desenlace. Sáenz logró este levantamiento después de jugarse al desgaste, justo cuando comenzaban a producirse otras luchas obreras, como las de los ordenanza de escuela, los viales por el pase a planta, o los municipales en capital por el salario. Desde Tribuna Docente hemos señalado desde el principio la necesidad de pelear por el no inicio y por la puesta en pie de una dirección consecuente. Defendimos un pliego que reclama un salario igual al costo de la canasta familiar y la indexación mensual y automática del salario. Nuestra intervención nos ha valido una vinculación mayor con los docentes más combativos. Junto con ellos tenemos ahora el desafío de reestructurar política y organizativamente al activismo, en primer lugar, mediante el control de la acción del gobierno frente a la pandemia, que emite centenares de miles de millones de pesos para pagar a los tenedores de deuda que no aceptan los canjes, mientras mezquina el salario de millones de monotributistas y trabajadores en negro, y liquida la movilidad en un país con una inflación creciente.

21 de marzo de 2020
La verdadera cara del Instituto Malbrán
Tribuna Estatal Tendencia · Corresponsal

LA VERDADERA CARA DEL INSTITUTO MALBRAN Por Corresponsal - Tribuna Estatal Tendencia A la fecha “el ANLIS Malbrán” -la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud Malbrán- continúa siendo el único organismo encargado del diagnóstico del coronavirus. Se pretende en pocos días la transferencia de la técnica y los reactivos a 35 laboratorios de la Red Nacional de influenza y virus respiratorios distribuidos en el territorio nacional. La descentralización del diagnóstico implica equipar esos laboratorios, acondicionar áreas de trabajo y formar a los profesionales. Se trata de una medida tardía ya que los casos superan el centenar y los tiempos se acortan. El ministro de Salud Ginés González García visitó el Anlis Malbrán el sábado pasado en plena lluvia torrencial, es decir, evadió encontrarse con los trabajadores que puedan exponer sus paupérrimas condiciones laborales. ¡Es el mismo ministro que declaró que el virus llegaría más tarde a Argentina! Estamos en manos de un gobierno de improvisados con un sistema de salud colapsado hace años, del cual la ANLIS Malbrán no es la excepción. Representantes sindicales del organismo, que no se han presentado como tales, declararon en los medios que el instituto no está colapsado. Pero si no lo está es porque la cantidad de muestras que llegan son recibidas y analizadas por personal que trabaja más horas de las que debieran. Los mismos, han declarado también que la situación del Malbrán se agravó en estos últimos cuatro años, pero la realidad es que todos los gobiernos le han “echado tierra” al Malbrán durante estos años. Hace días Claudia Perandones, la titular del ANLIS Malbrán -después de las idas y vueltas al respecto sigue a cargo del organismo- declaró la emergencia institucional. Con esto cualquier trabajador del organismo debe estar a entera disposición por la pandemia, “cualquiera sea su situación y lugar de revista”, para afrontar las necesidades. Pero el equipamiento y las áreas necesarias para el diagnóstico son limitadas. Ni hablar de los reactivos que estarían en camino. El colapso es inminente en estas condiciones. Otra vez, la descentralización es una medida tardía. El Instituto Malbrán que se constituye de otros institutos además del encargado del diagnóstico del Covid-19, viene de años de vaciamiento sistemático, con presupuestos a la baja, estructura edilicia deplorable, instalaciones saturadas, equipos obsoletos, las malas condiciones de higiene y seguridad son innumerables, inundación del subsuelo donde funcionan varios servicios e inundación en obras sin terminar que son un foco de dengue!!, laboratorios con humedad, que se caen a pedazos, gatos en los pasillos que defecan, nacen y mueren, etc., quite de funciones a varios centros y profesionales, los bajos salarios y la precariedad laboral, la falta del pase a planta permanente, de recategorizaciones, e incluso muy recientemente los trabajadores profesionales de planta permanente han sufrido un saqueo a sus bolsillos con el argumento de una equivocación en las recategorizaciones! ¡Son los mismo que hoy están al frente del control de la pandemia! En este cuadro, y con las direcciones sindicales subordinadas al gobierno, es necesario que las y los trabajadores nos organicemos para defender nuestros salarios y mejorar las condiciones laborales.

21 de marzo de 2020
Trump lanza la pandemia contra la clase obrera

El presidente de EEUU dijo que enfrentaba una “guerra”, al referirse a la lucha contra el Coronavirus, un eufemismo para atacar a la clase obrera y ajustar. Trump es acusado de subestimar la pandemia, lo que puede llegar a costarle no sólo las elecciones, sino llegar a ellas. Ninguna “guerra” (ni siquiera una epidemiológica) anula la lucha de clases, y toda guerra se desarrolla sobre definidas líneas de clase, que separan a explotadores y explotados. La “guerra” a la que apelan los líderes de los países imperialistas sigue siendo una guerra comercial y una guerra contra la clase obrera mundial, por los medios de un estado policial y de excepción. Pero como en toda “guerra”, existe la posibilidad de revertir esta situación mediante los métodos de lucha de la clase obrera. Una ley contra las huelgas y protestas Trump dispuso el miércoles La Ley de Producción de Defensa, que en 1950 fue elaborada por el presidente Harry Truman durante la guerra de Corea. Truman la usó para tomar el control de las plantas acereras durante la huelga del acero de 1952, algo que la Corte Suprema declaró inconstitucional. Ahora no se puede justificar la “defensa nacional”. Desde entonces se ha invocado varias veces en una variedad de emergencias, incluida la guerra, los huracanes y la prevención del terrorismo. Se trata de una ley que contempla compensaciones a las empresas privadas, pero es sobre todo una ley que autoriza al gobierno federal a establecer acuerdos voluntarios con la industria privada y a bloquear fusiones y adquisiciones extranjeras consideradas perjudiciales para la seguridad nacional. Da atribuciones para forzar a los trabajadores a presentarse a trabajar y no boicotear la producción que el gobierno decida “indispensable para la seguridad nacional”, o sea, la prohibición de huelgas. El estado de excepción se completa con el pedido a las tecnológicas para el acceso a la geolocalización de los usuarios. Cuando fue consultado sobre la aplicación para producir elementos de prevención y testeos de salud, Trump dijo vía tweet: “Solo firmé la Ley de Producción de Defensa para combatir el ´Virus Chino´ (sic) si necesitamos invocarla en el peor de los casos en el futuro (sic) ¡Esperemos que no haya necesidad, pero todos estamos en esto JUNTOS!”. Espera que la industria “coopere”, no intervenirla y centralizarla. Esta “guerra” no implica incautar recursos privados para el bien público, o adaptar la industria a la producción de insumos médicos, sino prohibir las huelgas y combatir la resistencia de los obreros que defienden sus vidas. Mientras Trump promulgaba esta ley, el ejército dijo que acaparaba millones de barbijos y respiradores, no para ayudar a los trabajadores de la salud, sino los militares. El Pentágono incluso se ha visto obligado a bloquear la salida de las tropas de ocupación en Afganistán por temor a que su regreso pueda propagar el virus. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) pidió la reutilización limitada de máscaras faciales y sugirió el uso de máscaras quirúrgicas en lugar de las N95, que no filtran los virus transmitidos por el aire. Recomendaron usar “máscaras caseras (por ejemplo, pañuelo, bufanda) para el cuidado de pacientes con COVID-19, como último recurso” si no hay máscaras quirúrgicas disponibles (The Hill, 19/3). La industria farmacéutica depende de China en un 80% para la producción de medicamentos (tiempoar, 18/3), que ahora se encuentra “deslocalizada”, por el cierre de la producción. Pero Trump no tiene intenciones de relocalizar la industria a Estados Unidos, por el temor de hundir todavía más a la bolsa. En lugar de fomentar una cooperación internacional, ha elegido acentuar la denuncia del régimen chino, en función de una lucha estratégica por el control de China. Trump refuerza los controles migratorios, aumentado la crisis humanitaria en la frontera. Hay centenares de miles de pedidos de asilos bloqueados. Esos campamentos se encuentran hacinados, sin agua, medicamentos, o comida suficiente. Lejos de frenarse la guerra comercial durante la pandemia, Trump refuerza sanciones contra Irán. Las restricciones impiden conseguir los recursos necesarios para comprar los tests y medicamentos básicos para la población iraní. Teherán solicitó un préstamo de 5mil millones de dólares al FMI, pero todo sigue demorado porque EEUU dirige su directorio. Venezuela sufre lo mismo. Se usa la pandemia para precipitar un ‘cambio de régimen’ en esos, lo que puede precipitar una guerra. El presupuesto militar es de 736 mil millones de dólares, mientras el Presupuesto del CDC fue de 11 mil millones y de salud de 159 mil millones. El recorte de empleos de salud fue de 55.000 entre 2008 y 2017, un cuarto de la fuerza de trabajo (Latimes, 20/3). Hay escasez de kits de prueba, reactivos, hisopos, máscaras, respiradores, ventiladores, de camas y escasez de médicos y enfermeras, denuncian desde los sindicatos de médicos y enfermeras. La OMS dijo que la única manera de luchar contra esta enfermedad es aumentar los controles y el seguimiento junto a la cuarentena. En California hay 60.000 personas en las calles, cuyas condiciones de hacinamiento y desprotección los hacen blanco del contagio y pueden desbordar los servicios médicos disponibles. Medidas insuficientes y respuesta obrera Desde la crisis del Covid-19, en EEUU el 18% de los trabajadores perdieron el trabajo. El viernes la Cámara de Representantes aprobó un proyecto que garantiza “un pago por enfermedad de dos semanas para los trabajadores de empresas medianas, que emplean entre 50 y 500 trabajadores”. Es un tiempo breve y excluye a una mayoría de la fuerza de trabajo. Las licencias para cuidar a los niños serán de dos semanas. La ley reduce las contribuciones personales y patronales al presupuesto de salud (“payroll tax”), lo que significa un nuevo recorte de la seguridad social. Las “huelgas salvajes” se extienden por toda Norteamérica y Canadá, centradas en la industria automotriz y en las fábricas del gigante Fiat-Chrysler. Se trata de 150.000 trabajadores que no quieren seguir poniendo en riesgo sus vidas, en muchos casos forzando los abandonos de tareas contra el consejo de la burocracia de UAW. Esto es parte de una rebelión de los trabajadores de la industria en todo el mundo, desde España hasta Italia, México y Gran Bretaña. Los trabajadores piden medidas de seguridad e higiene, y en la mayoría de los casos, el cierre total con pleno goce de sueldo. Los docentes y estudiantes han forzado el cierre de escuelas y universidades, los trabajadores de comercio y postales se encuentran en un estado de deliberación. La OIT acaba de sacar un comunicado en donde dice que se van a perder 25 millones de trabajos en todo el mundo. También dice que habrá 35 millones más de pobres luego de la pandemia. Según Moody’s Analytics, casi 80 millones de empleos, más de la mitad de los empleos en la economía de EE. UU. están en riesgo debido al coronavirus. Socialismo o barbarie.

21 de marzo de 2020
Desidia empresarial y gubernamental en los puertos del Paraná

En las últimas horas se multiplicaron las denuncias por la falta de cumplimiento de controles y protocolos en los puertos exportadores de granos del río Paraná. Desde URGARA (recibidores de granos) denunciaron que “se detuvieron las inspecciones de bodega y documentación de buques” ante la falta de un “criterio conjunto de aplicación y control” de las medidas de prevención y que suspendieron las actividades “que impliquen subir a los buques” (InfoCampo, 20/3). Desde ese mismo gremio denuncian la falta de provisiones de camisolines impermeables, guantes, barbijos, antiparras y botas de goma. En una entrevista al diario La Capital, el burócrata del sindicato de trabajadores portuarios, Hermes Juárez, denunció que no existían controles a la tripulación de los barcos que llegan a cargar. “Fui a tomar un café y en la mesa de al lado había marineros ucranianos que no se habían sometido a controles sanitarios”, y reclamó la reactivación de la Unidad Sanitaria de Frontera que fue inaugurada en 2015 y cerrada a los pocos meses. Frente a la desidia gubernamental se deben por poner en pie comités de seguridad e higiene, controles, protocolos y de vacunación dirigidos y controlados por los trabajadores. El gobernador Perotti no realizó ningún anuncio hasta ahora en relación a este tema. El presidente comunal de Timbúes decidió unilateralmente el cierre de los puertos ubicados en su localidad hasta el 2 de abril ante la falta de políticas centralizadas. Consultado por Política Obrera, un obrero del sector de Embarque de una empresa de Puerto San Martín declaró “Estamos expuestos a todo. Ayer se fue un barco y a la hora vino otro. En 3 horas recibimos 600 camiones, la mayoría proveniente de Chaco”. “Solamente a los contratados nos tomaron la fiebre, no así a los efectivos y camioneros”. Cuando le consultamos sobre la acción de los gremios “No vino nadie. Nadie se hace cargo. Sabés cómo son estas empresas. Los efectivos reclamaron que le tomen la fiebre, porque muchos vuelven de vacaciones, y nada”. La falta de políticas de prevención de la pandemia en los puertos se suma a la falta de insumos en los hospitales públicos y sanatorios privados de la provincia y de un plan económico para defender los ingresos de salarios y jubilaciones ante el aumento de los precios. Llamamos a los trabajadores de toda la provincia a estar activos ante esta situación. Reclamamos a los gremios que intervienen en la actividad portuaria un cese de actividades hasta que se garanticen las condiciones de salubridad no sólo las relativas a la propagación del Covid-19, sino a las reivindicaciones históricas de los trabajadores portuarios. Ante la falta de acción de las burocracias, instamos a los trabajadores a copiar el ejemplo de otros puertos y fábricas y realizar asambleas, tomando todos los recaudos necesarios para deliberar y poner en pie un programa de defensa de la vida y las condiciones de trabajo.

21 de marzo de 2020
La educación universitaria frente al coronavirus

La epidemia del coronavirus ha empezado a mostrar sus consecuencias en la situación de las universidades del país. Si bien el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había recomendado seguir con las actividades, la disposición duró un suspiro. En la Universidad de Tucumán, en gran parte de la UBA y en la UTN, entre otras, ya se había suspendido; mientras que en Córdoba y en la Universidad de La plata el inicio se había pospuesto por al menos una semana. Hace algunas horas, fue el propio gobierno nacional el que ante la crisis tuvo que ir en contra de sus propios dichos del pasado jueves para aplazar todo. El coronavirus ha dejado expuesta la frágil situación universitaria nacional. Las facultades no dan abasto y no tienen los recursos para enfrentar la pandemia, a tono con lo que sucede en el país a nivel más en general. Fue sólo a partir del coronavirus que las autoridades dispusieron la colocación de insumos básicos como jabón en los establecimientos educativos. La ausencia de un presupuesto nacional que se traduce en un congelamiento, producto del impasse de la política de Fernández en medio de la negociación con el FMI, agrava el recorte de fondos que las universidades padecen desde hace años. En este cuadro, ante un empeoramiento sanitario y un aumento de casos de coronavirus, el ministerio de Educación no podría tomar otra resolución que no sea suspender o posponer las clases. Las condiciones de cursada habituales como la falta de agua e insumos para la higiene y el hacinamiento en las aulas aumentan el riesgo de los estudiantes y trabajadores que concurren a las facultades. Si los casos aumentaran como consecuencia del contagio, el sistema de salud pública no está apto para tomarlos. La desidia del sistema educativo tiene su correlato en la imposibilidad de que éste continúe su desarrollo mientras se combate al virus. La dilación de la suspensión que llevaron a cabo el ministro Trotta y el CIN es un intento de opacar lo máximo posible la crisis de los sistemas de salud y educativos, es decir, del país en su totalidad, que es lo que explicita el aplazamiento de las cursadas. A su vez, un parate en los sectores nodales de la actividad nacional pondría aún más de relieve la necesidad de que el Estado inste a los empresarios privados a frenar la producción para enviar a los trabajadores a sus casas como forma preventiva ante el contagio. Frente a esta situación, la resolución del problema no puede quedar en manos de Trotta y las autoridades universitarias. Los trabajadores y los estudiantes tenemos que discutir colectivamente y formar comités de seguridad e higiene que resuelvan las medidas necesarias y su presupuesto para enfrentar a la pandemia en cada lugar de estudio. Se deben entregar a estudiantes, docentes y no-docentes kits de pruebas para asegurar el diagnóstico y tratamiento de los afectados. La suspensión de clases no puede ser únicamente para los estudiantes y docentes; todo el personal administrativo debe tener el derecho de no concurrir a las universidades. El aplazamiento de las cursadas no puede afectar al ingreso salarial; el mismo debe ser para todos los trabajadores de la universidad, incluyendo los de planta permanente, los tercerizados, los docentes asalariados y los ad honorem. Las universidades dedicadas al estudio de ciencias, como Farmacia y Bioquímica, donde los estudiantes realizan investigaciones relacionadas a los medicamentos y vacunas, donde rige la legislación de patentes que impide la sociabilización de los descubrimientos en pos de preservar la actividad comercial, deben plantear la derogación del monopolio de patentes. Las empresas privadas no pueden hacer uso de las universidades y sus estudiantes para usufructuar de la mano de obra gratuita. El gobierno nacional tiene que aumentar el presupuesto para ciencia y técnica a fin de desarrollar los instrumentos necesarios para terminar con la pandemia; todo estudiante involucrado en esta tarea tiene que contar con un salario igual a la canasta familiar. El sistema farmacéutico tiene que nacionalizarse y funcionar bajo control obrero. Emergencias sanitarias como la actual ponen de manifiesto la situación de la educación universitaria nacional y el rol del gobierno y de las autoridades que condujeron a las mismas hacia un vaciamiento de enormes magnitudes, a acentuarse en virtud de desenvolver un ajuste mayor para tener los recursos para el pago al FMI. En contraposición al pago de la deuda, necesitamos un aumento del presupuesto para todas las facultades, que sólo puede ser logrado por medio del control de los trabajadores y estudiantes sobre la universidad.

21 de marzo de 2020
Merlo: cerrojo informativo sobre la pandemia

El 15 de marzo en el distrito de Merlo se conoció un “presumible” caso de covid-19. Se trata de un familiar de un alumno del Instituto Nicolás Avellaneda. El alumno, que tuvo contacto con el “presumible” infectado asistió normalmente a clases. De acuerdo a un segundo comunicado, subido al sitio oficial del INA, con fecha 17/3 se afirma, en un lenguaje intrincado, que existen “(…) posibles casos (…)”, sin ofrecer un número aproximado. Sin embargo, de una lectura atenta surge que, probablemente, el Covid-19 está circulando en el distrito desde hace una semana. Con esta información sobre la mesa el gobierno de Menéndez y Kicillof decidieron abrir todos los establecimientos del distrito en vez de cerrarlos inmediatamente en forma preventiva y proceder a la desinfección. El lunes 16 el INA estuvo cerrado y toda su comunidad fue puesta en cuarentena. No corrieron la misma suerte los otros establecimientos educativos del distrito a pesar de que muchos docentes del Instituto trabajan, a su vez, en otras instituciones escolares públicas y privadas de la zona. En este cuadro la decisión del poder político de obligar a los docentes a cumplir horario se puede caracterizar, sin lugar a dudas, como un crimen político. Un paso más en esta política lo tenemos en otro hecho luctuoso. El 18/3 se conoció la sorpresiva muerte de uno de los propietarios de una gran cadena de indumentaria deportiva de toda la zona oeste. El deceso se produjo por “un paro cardíaco” (primerplanoonline.com.ar). Sin embargo, los trabajadores de Solo Deportes están preocupados, puesto que viajaba permanentemente al exterior. Además, sospechosamente, no fue velado. El empresario fallecido tenía miles de millas recorridas y uno de sus lugares predilectos era Italia. Hasta el día de hoy la empresa permanece cerrada y la preocupación entre los trabajadores crece. Menéndez está al corriente de dicha situación. La burocracia de comercio hace la vista gorda a las constantes violaciones del convenio colectivo de trabajo por parte del difunto y su hermano Genaro, quién quedará al mando de la empresa. Reclamamos en forma inmediata que el gobierno provincial y municipal den a conocer la información que migraciones tiene en su poder para determinar a dónde viajo el último mes uno de los ex dueños de Solo Deportes.

21 de marzo de 2020
Cómo superamos las contradicciones de la “cuarentena” oficial

No pasaron 24 horas de la “cuarentena total” de Fernández y los gobernadores, y sus inconsistencias emergieron con toda su fuerza. En la noche del viernes, el gobierno dictó un decreto correctivo , ampliando las actividades que quedarían exceptuadas del encierro masivo. En ellas incluyó a las industrias que, por sus características, “podrían sufrir daños en sus máquinas ante la interrupción de su funcionamiento”. Es claro que esta excepción abarca a toda la gran industria de procesos continuos, como la siderurgia, el aluminio, la química y la petroquímica, entre otras. Esta ‘flexibilización’ dejaría funcionando a una elevada representación de la industria. Pero una interpretación amplia de ese mismo decreto podría extender su alcance a muchos otros establecimientos que se consideren perjudicados por las interrupciones. Cuando se señala que la producción de alimentos sería la única excepción a la cuarentena, no se tiene en cuenta el “arrastre” inevitable de esa industria hacia muchas otras, como ocurre con todo lo relacionado con envases de plástico, papel o vidrio. Luego, a sus respectivas impresiones flexográficas, y así sucesivamente (los alimentos no se venden “a granel”). La industria de la alimentación, por su lado, engloba producciones prescindibles como las golosinas, lo cual afecta a Arcor, entre otras, que se declara primera productora internacional. Finalmente, entre los exceptuados figuran también las “actividades impostergables vinculadas al comercio exterior”, ello, después que una huelga de recibidores de granos –reclamando por la completa indefensión de sus trabajadores- paralizó a los puertos exportadores del sur de Santa Fe. Los dólares para el pago de la deuda están por encima de la vida de los trabajadores. Los agujeros de la cuarentena industrial convierten a las excepciones en reglas y a las reglas en excepciones. “Reconversión” de beneficios La decisión de mantener activa a una parte sustancial del aparato industrial desnuda las limitaciones de la cuarentena oficial, que en cierto modo deja de ser tal, y pone en peligro la salud y la vida de millones de trabajadores. Como el capital inactivo representa una posibilidad de quiebras, el licenciamiento transitorio de la fuerza de trabajo es visto como una amenaza a lo que ha convenido en llamarse “la economía”. Se evita la cuarentena de los trabajadores, para resguardar la ‘salud’ del capital. La economía, en tiempos de pandemia, exige inversiones de otro tipo - para cuidados sanitarios, prevención, diagnóstico y finalmente el tratamiento de los casos más agudos. En este plano, la acción estatal y gubernamental corre muy por detrás. Mientras tanto, el DNU de Fernández que suspende el aporte jubilatorio, exonera de su compromiso a la patronal y, de paso cañazo, le regala a ella el aporte personal de los trabajadores. Los abogados laboralistas han denunciado este atropello. La industria automotriz se encuentra reconvirtiendo algunas de sus plantas globales –como la Ferrari en Italia o la General Motors en Estados Unidos- para producir respiradores. Según informan los diarios, alguna de las paralizadas terminales argentinas se encontraría detrás del mismo plan. Son decisiones impulsadas por “ventanas” u oportunidades de negocios que avizoran los monopolios capitalistas, y que por lo tanto seguirán las leyes del mercado, en tiempos de pandemia, sin subordinación a la reglamentación estatal. Como un respirador exige una articulación tecnológica –tratativas y negociaciones entre varias empresas -, la industria que queda fuera de la cuarentena, y el personal laboral que la ocupa, se acrecienta desproporcionadamente. Una reglamentación estatal debería establecer, en todas las industrias encargadas de producir para la salud y para el abastecimiento de la población, una jornada de trabajo de seis horas, en la que se observe la “distancia social” y todas las medidas de higiene, lo que implica establecer un cuarto turno laboral. Luego de esto, es necesario un control de los precios, lo que supone la apertura de las cuentas de las empresas. ¿O Alberto Fernández se refiere a alguna otra cosa cuando pide “transparencia”? El procedimiento es por demás sencillo, porque, por ejemplo, solamente dos empresas dominan el mercado de respiradores. Todo esto vale especialmente frente a la decisión de que los laboratorios privados sean instruidos en la labor de diagnóstico que desarrolla el Instituto Malbrán – sistemáticamente vaciado por todas las administraciones del Estado. Los trabajadores La cuarentena ha sido improvisada para aprovechar la cadena de feriados y días no laborables de finales de marzo – a la cual se ha desplazado la fecha conmemorativa de Malvinas. Los pronósticos para abril aseguran un incremento de las infecciones y enfermedades derivadas, lo que supone una extensión más completa de la cuarentena. El gobierno y sus amigos del macrismo no han dado mayores precisiones sobre esto -obsesionados por el temor a una “catástrofe social” y política. A esto responde el anuncio de un estado de sitio que anticipó la ministra de Seguridad y la militarización escenificada de la policía de la Provincia, por parte de Sergio Berni. La burguesía no puede convocar al pueblo a una movilización en la esfera del trabajo y la educación, ni siquiera la salud, porque no ha convocado -en la dimensión planteada por la crisis- a médicos, paramédicos y estudiantes de medicina, lo que posibilitaría acabar con las jornadas abusivas, reducir la jornada de trabajo y establecer un cuarto turno laboral. Están ausentes las consignas y los llamamientos para que los trabajadores elaboren planes de acción, como corresponde a una gran emergencia, y no dejarla en manos exclusivas de la corrupta burocracia del Estado. La intervención de los trabajadores en los establecimientos, reparticiones y fábricas, y más allá, es crucial. En Argentina, estas horas y días de cuarentena han sido el teatro de infinidad de conflictos entre la clase obrera, de un lado, y el Estado o las patronales, del otro. En todos estos choques, la defensa de la salud y la vida ha estado siempre del lado de los trabajadores. Es el caso de los técnicos a domicilio de las telefónicas, que se han rebelado contra la obligación de visitar a clientes en posible cuarentena; el de los compañeros de los delivery con aplicación, que exigen implementos sanitarios y de prevención para no seguir trabajando en la completa indefensión; el de los jóvenes de los call centers, obligados a seguir trabajando en condiciones explosivas para defender la continuidad del capital financiero (seguros, reclamos de préstamos); ni qué decir de todos los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras y técnicos que denuncian cotidianamente la falta de insumos y las condiciones laborales agobiantes. Es el caso de innumerables fábricas que exigen trabajar a distancia prudente, con turnos reducidos y en condiciones sanitarias adecuadas. Y finalmente, de los millones de trabajadores en negro y monotributistas, a quienes la cuarentena los condena a la absoluta falta de ingresos. La organización obrera en los lugares de trabajo, la coordinación de trabajadores y delegados incluso virtual entre diferentes establecimientos, con un programa que priorice la salud y la vida de los trabajadores, resulta imperiosa, más aún cuando la “cuarentena total” muestra sus límites para dar cuenta de la crisis. No hay otra vía que la centralización de los recursos y un plan industrial urgente que priorice la producción de los elementos de prevención y tratamiento para el virus, bajo la movilización y la dirección de la clase obrera. Rescate del capital En todo el mundo capitalista, la prioridad de los gobiernos es rescatar al capital: entre Estados Unidos, la UE, Japón y el Reino Unido, los Tesoros y la banca central han destinado alrededor de u$s10 billones, para hacer frente a lo que caracterizan como una “crisis de liquidez” internacional. Un retiro del mercado de semejante monto de dinero constituye algo muy diferente de un problema de liquidez – es un derrumbe social y político. Se prevé una caída de PBIs del 20% y más aún de empleo. La crisis política que se ha abierto (o, mejor, profundizado) en países como Brasil, EEUU, México, Italia y Chile, avanza en forma acelerada. En Argentina, la perspectiva de un arreglo de deuda con los fondos internacionales y el FMI se ha deteriorado considerablemente, en especial porque los Fernández han seguido pagando los intereses de esa deuda, y en muchos casos el capital mismo, a costa de los recursos públicos. El temor oficial a una catástrofe social y política ha llevado a que el gobierno esté preparando, con enormes vacilaciones, lo que los agentes de las finanzas llaman una “oferta agresiva”, no pagar nada hasta final de 2024, acumulando más deuda para esa fecha. Sería un default no declarado, que se vale del Covid-19 como un último recurso. Un default en los marcos de la política económica actual tendría agujeros por donde se lo mire, porque los Fernández siguen empeñados en conseguir el apoyo político de la burguesía argentina y del capital internacional que opera en el país. Unos y otros son dueños de la mitad de la deuda pública. Para salir del derrumbe es necesario centralizar compulsivamente todos los recursos del país, en función de un plan social y económico único – integral – bajo la movilización y la dirección de los trabajadores. Partido Obrero (Tendencia), Mesa Ejecutiva, 21 de marzo de 2020

22 de marzo de 2020
Jorge Altamira: “La pura cuarentena no sirve de nada si no se complementa con medidas decisivas en salud”

Entrevista a Jorge Altamira publicada en Prosa Urgente, 21/3/20. “El otro aspecto que importa también es que no atiende lo que en todo el mundo parece ser un eje crucial del combate a esta epidemia, que es el servicio público de salud, o el servicio de salud en general. No hay previsto nada. Hay indicaciones, recomendaciones, pero no hay ningún plan definido que apunte, por ejemplo a duplicar o triplicar el personal médico y no médico. Algo que sería muy necesario porque además debiera reducirse el tiempo de atención diaria entiendo que a 4 horas por día. De manera que se necesitarían 4 turnos de actividad en el día y no hay nada al respecto. Con 4 turnos se aminora, se atenúa, bastante la posibilidad de que el propio personal de salud sea alcanzado, más allá de todo lo que se proteja, con la infección. En algunos países de Europa hay un número importante de médicos y no médicos que no solo se han contagiado sino que han fallecido”, continuó el entrevistado. Luego de hacer referencia a que tampoco está previsto “un incremento de los recursos de terapia intensiva, al menos no en una proporción importante”, también advirtió sobre el impacto de la pandemia y de la cuarentena en los trabajadores en negro, e incluso los despidos y suspensiones que ya se están llevando adelante en distintas ramas del ámbito laboral. “No fue una conferencia de prensa ni dio detalles, toca nada más que los problemas médicos y de aislamiento social. En ningún momento se refiere a los problemas económicos”, indicó Altamira respecto a la comunicación de Fernández en la noche del jueves. E insistió sobre el particular en que “no se refiere a los problemas económicos porque empezar a hablar de los temas económicos le descubriría a la población que hay un despilfarro de recursos brutal en asistencia a los tenedores de deuda”. Completó afirmando que: “Lo señalo porque esconde que recursos fundamentales que deben ser aplicados a la salud no se aplican a la salud porque se aplican a la cuestión de la deuda. Esto es absolutamente decisivo”. Altamira le dedica un buen tramo de su análisis al impacto de la pandemia en el escenario internacional y los límites políticos con los que las grandes potencias abordan la situación. Llega a trazar una interesante lectura respecto a la relación entre la restauración capitalista en China y las proliferaciones de epidemias en el país asiático. También se detiene en las asistencias selectivas del FMI (Fondo Monetario Internacional) a los distintos países del mundo, y en su negativa a aceptar el pedido de un préstamo por parte del gobierno de Venezuela. Volviendo al plano nacional, recalcó que “acá hay una especie de acuerdo entre el gobierno y la oposición en la que se cuidan las espaldas recíprocamente pero no hay ningún tipo de medida decisiva. Porque la pura cuarentena no sirve de nada si al mismo tiempo no se complementa con medidas de tipo decisivas en el terreno de la salud, del sustento de las familias trabajadoras, etcétera”. Y relacionó esa caracterización con la deuda externa del país y las negociaciones en curso con los acreedores internacionales. “El gobierno está manejando esta crisis con un ojo puesto en intereses que van más allá de la propia crisis”, esgrimió. Allí hizo referencia a la razón por lo cual se muestran unidos públicamente gobierno y oposición: “Podría recibir alguna consideración en la negociación de la deuda externa. Y si no es así que todo el arco político lo respalde en caso de que decida el default”. De todas formas, adelantó que “si hay una crisis de deuda, este frente ficticio que aparece en conferencia de prensa estalla”. El referente de la Tendencia del PO fue más allá, y afirmó que el “gobierno (de Argentina) es más consciente que otros gobiernos –por su defecto de nacimiento- que su propio destino está en juego”. “Cuando digo el defecto de origen de los Fernández es que es una amalgama oportunista para salir de alguna manera a enfrentar a Macri que se venía abajo. Es decir, aprovechando oportunistamente una crisis de poder”, continuó y ejemplificó con un diálogo ficticio entre los protagonistas (los Fernández): “Armemos algo que sea diferente a Macri para que el derrumbe de Macri no sea un estallido político general.” De ahí que Altamira concluya que el gobierno “asumió en condiciones de debilidad enormes”. En los últimos días se ha dado un debate importante en redes sociales y medios de comunicación, sobre todo impulsado por organizaciones de izquierda y derechos humanos, respecto a la tónica represiva de las disposiciones del gobierno para garantizar la cuarentena. “El problema no es que procuren mezclar medidas de salud con la intención de evitar que la clase obrera se agrupe porque lo que importa es la capacidad que tengan para hacerlo. Porque la gente ahora ya no está peleando un salario, una hora extra, una deuda; ahora está peleando su vida. Nosotros nunca vimos eso, cómo es la respuesta de la clase obrera a los problemas que plantean la vida”, reflexionó. Desde ya, no se dejó pasar la oportunidad para consultarle cómo debe intervenir la izquierda en todo este escenario harto complejo: “Nosotros tenemos que evitar cualquier identificación de la izquierda con el gobierno y con los partidos patronales. En cambio, he visto que el Frente de Izquierda protestó porque no se le dio acceso a la conferencia de prensa de Massa (Sergio)”. Respecto al juego parlamentario del Frente de Izquierda criticó que busca “ganarse autoridad mostrando que no somos quilomberos”, algo que consideró “que está totalmente fuera de lugar, es casi un pasaje al otro lado”. Altamira fue contundente en este punto: “Acá hay que decirles a los trabajadores dónde estamos parados. Y donde estamos parados es en una solución obrera a la salud”. “A partir de este enfoque estratégico, seguir atentamente (y estar presente también) los movimientos de reclamos de los trabajadores para descubrir la fisonomía que le van dando, y a partir de ahí poder formular una acción unificada. No imponer los términos de una acción artificialmente desde una organización, sino que sea la traducción de tendencias que se manifiestan en el mundo del trabajo como consecuencia de cómo vive la agresión de esta crisis sanitaria por un lado, y derrumbe económico y financiero por el otro”, cerró el dirigente. Escuchá la entrevista entera aquí Ilustración: Gastón Spur Publicado en https://prosaurgente.blogspot.com/

22 de marzo de 2020
Asambleas en tiempo de pandemia; cómo nos organizamos residentes y concurrentes

Desde las jornadas de diciembre, cuando 4.000 residentes y 1.500 concurrentes nos pusimos de pie para rechazar la ley precarizadora del gobierno porteño, en los hospitales y centros de salud se siguieron manteniendo instancias de organización, reuniones y asambleas. Así fue como este año impulsamos distintas acciones de protesta, desde movilizaciones hasta paros, que forzaron a las nuevas autoridades del Ministerio de Salud de CABA a convocarnos para tratar nuestros reclamos (sin dar, por el momento, soluciones). La llegada de la pandemia de Covid-19, combinada con el dengue y un rebrote de sarampión, lejos de disuadir este proceso de organización, lo tornó más vital que nunca. Quienes estamos en la primera línea del sistema de salud somos quienes percibimos de inmediato las deficiencias de la política oficial. En los hospitales, las medidas preparatorias se fueron tomando a cuentagotas, y muchas veces bajo la presión directa del propio personal de salud. En el hospital Tornú, por ejemplo, una reunión con delegadxs gremiales advirtió al director que, de no realizar un “triage” (método para diferenciar a las personas según su patología) adecuado en los accesos, por cada infectadx que circulara por donde no debía, un médicx, profesional o administrativx podría terminar con cuarentena en su casa. En los centros de salud la situación es aún peor, ya que ni siquiera cuentan con los elementos básicos para hacer ese “triage” correctamente, como barbijos quirúrgicos para Covid-19 o repelentes en caso de dengue. Esta semana, una asamblea general de residentes y concurrentes, reunida de forma virtual, pasó revista detenidamente a esta situación. Evaluamos con enorme preocupación lo que ocurre con lxs concurrentes, lxs “ad honorem” del sistema de salud. En diciembre, habíamos reclamado el otorgamiento de salario, obra social y ART para lxs 1.500 profesionales que trabajan en esta condición. La decisión del gobierno porteño de ignorar este reclamo obligó a que, frente al coronavirus, lxs compañerxs se organizaran para que les permitieran dejar de asistir a los hospitales y centros de salud. La circulación de estxs profesionales por la Ciudad, de un empleo al otro, era un factor de riesgo para toda la población. Además, si un concurrente llegara a contagiarse, automáticamente debía abandonar su otro trabajo, del cual depende su sustento cotidiano. En ausencia de salario y ART, los hospitales terminaron concediendo que lxs concurrentes dejaran de ir. Así es como el sistema de salud, en lugar de tener más, tiene menos profesionales desde que comenzó la pandemia. Frente a la necesidad de aumentar las dotaciones, el gobierno recurrió a la extensión de los contratos para residentes del último año y jefes, que debían cesar en sus funciones a fines de mayo. Ahora, les extendieron compulsivamente los contratos hasta septiembre. Al haber terminado su período de formación en las residencias, estxs compañerxs deberían ser contratados bajo las condiciones de un profesional de planta. El gobierno no está dispuesto, sin embargo, a otorgar el incremento salarial que eso supone. Sí les dispuso, en “compensación”, una reducción de la jornada laboral desde el mes de junio. Médicxs que no revisten en las residencias sí podrían ser contratados en estos días bajo las condiciones del convenio, pero en ese caso bajo un régimen de planta transitoria con fecha de finalización al término de la emergencia epidemiológica. La resistencia del gobierno porteño a incrementar las dotaciones permanentes desconoce que los efectores de salud tienen, con suerte, personal para funcionar durante la mañana, dejando tardes y noches al arbitrio de esquemas mínimos de guardias o emergencias. La exigencia de que el personal de salud mayor de 60 años o con hijxs a cargo siga trabajando sin derecho a licencia es una forma de reconocer esta carencia, resolviéndola de la forma más negativa posible, lo que ya generó innumerables reclamos. El otro gran punto que debatió la asamblea es la necesidad de poner en pie comités de crisis en todos los establecimientos de salud, integrados por representantes de los diferentes servicios, especialidades y sectores. Por disposición del gobierno, estos comités fueron creados pero muchas veces se restringen a personal jerárquico, poco consustanciado con las necesidades o problemáticas que atraviesan cotidianamente los equipos de salud. La apertura de canales para la comunicación permanente y el control efectivo de las condiciones de trabajo por parte de lxs trabajadores es fundamental para evitar un cuadro como el de Italia, donde el número de profesionales de la salud infectadxs se cuenta por miles. Con estas reivindicaciones en agenda, la asamblea resolvió reclamarle al Ministerio de Salud porteño que sostenga la reunión a la que nos había convocado para el día 30 de marzo, la cual podría realizarse por medios virtuales. Tomando en cuenta las restricciones que exige la pandemia, la semana próxima se realizarán asambleas por hospitales y una nueva asamblea general virtual para volver a evaluar el estado de situación, analizar la respuesta del gobierno y definir los pasos a seguir. En diciembre, con el paro por tiempo indeterminado logramos torcerle el brazo a Rodríguez Larreta (y a sus cómplices legislativos del peronismo). Hoy, sosteniendo nuestra organización y reclamos podemos vencer las trabas que la política oficial nos coloca a la hora de enfrentar el Covid-19. El ejemplo de organización de residentes y concurrentes puede ser replicado en cada lugar de trabajo y de estudio. Lxs profesionales de la salud necesitamos que esto suceda, ya que no hay forma de que el sistema de salud dé cuenta por sí mismo de la pandemia, si la vida social se orienta hacia otro lado, favoreciendo la circulación del virus. El nuevo gobierno de “unidad nacional” que se formó en estos días carece de una política para lxs trabajadores informales (¡el 40% del total!) o para las personas que viven hacinadas o directamente en la calle. Tampoco para evitar las suspensiones y despidos, que amenazan el sustento de miles de familias. Mientras Fernández apela a las fuerzas represivas y Guzmán elabora propuestas para los bonistas, solo la organización y la intervención masiva de lxs trabajadores en esta crisis es garantía de supervivencia.

22 de marzo de 2020
Morales y la pandemia

En medio de una crisis que sacude a la humanidad, el gobernador Morales el 12 de marzo emitió un decreto por el cual suspendía las clases por dos semanas en la provincia, y suspendió todos los eventos masivos públicos y privados por 60 días. Luego anunció el cierre de fronteras, la construcción de un “hospital de contingencia” y anunció en conferencia de prensa que iba a la reunión con el presidente para persuadirlo de que tome medidas “más profundas” para prevenir la propagación del virus (jujuyalmomento 18/3). En la reciente conferencia de prensa de AF, Morales compartió escenario junto a Perotti, Kiciloff y Larreta. Antes del estallido de la crisis por el virus, en la provincia se acentuaba el vaciamiento de la salud, donde los hospitales no contaban con insumos básicos como alcohol, gasas y suero. Morales intentó armar un nicho de nuevos negocios con el sistema sanitario, cobrándoles aranceles a extranjeros y personas con obra social, y privatizando sectores rentables (alta complejidad). A esto se ha sumado que la provincia no ha cubierto las vacantes de enfermería que se produjeron estos últimos dos años, buscando meter una cuña de flexibilización laboral y que los enfermeros facturen como monotributistas. Los límites de los anuncios de aislamiento Las medidas, que buscan reducir al mínimo necesario la circulación y el aglomeramiento de personas, presentan una limitación insalvable: por un lado, no hay ningún plan para volcar todos los recursos económicos y humanos necesarios en materia sanitaria; por otro, el gobierno tampoco dice una palabra sobre cómo se va a garantizar el ingreso para poder soportar la cuarentena a todo un sector de trabajadores (privados, monotributistas y trabajadores informales). En Jujuy, aproximadamente la mitad de los trabajadores se encuentran en este estado, y un sector mayoritario de estos depende de un circuito comercial de cuentapropista de pequeña escala (vendedores ambulantes, de comida al paso, en la construcción, etc.). El gobierno, en lugar de garantizar los medios necesarios para sobrellevar el aislamiento salió a levantar los puestos ambulantes y reprimirlos. En medio de la crisis y los anuncios por la instalación de hospitales de contingencia en la provincia, se produjo una movilización y reclamo por parte de enfermeros que reclaman el pase a planta y que se cubran todos los cargos vacantes en el estado. La creación de ocho centros de internación para casos de coronavirus supone inclusive ampliar el plantel de enfermeros, médicos y personal de maestranza. El Ministerio de Salud anunció que invertirá 45 millones de pesos en insumos, pero este monto representa el 0,5% del presupuesto provincial. El anuncio del COE (Comité Operativo de Emergencia) plantea la posibilidad de tener 2.000 camas para atender pacientes infectados en varios puntos de la provincia. Sin embargo, la provincia no llega a contar ni 100 respiradores, y muchos están siendo utilizados por pacientes con otras patologías. Los enfermeros que van a cubrir los puestos en estos hospitales de campaña son reemplazantes y monotributistas, y ni siquiera están por tomar la cantidad necesaria de profesionales de la salud. La policía ha perseguido y detenido a personas por no haber respetado la cuarentena, a pesar de que la mayoría de ellos eran trabajadores obligados a romper la cuarentena por las presiones de la patronal. El ministro de Seguridad de la provincia anunció que se habían producido 35 detenciones por “flagrancia” en el primer día de cuarentena nacional. Sin embargo, el gobierno no ha dado ninguna orden de controlar a las patronales que fuerzan a sus trabajadores a quebrar las medidas de aislamiento, so pena de perder el trabajo. Inclusive el emporio de Ledesma no permite a sus trabajadores en riesgo tomarse licencias pagas. La violencia con la que ha actuado la policía de Morales en la cuarentena es una extensión de la que viene aplicando contra los reclamos obreros y populares. El gobierno explota esta situación para quebrar cualquier tipo de protesta obrera o reclamo contra las patronales que obligan a sus trabajadores a concurrir al trabajo arriesgando sus vidas o que directamente han optado por la vía de despidos o suspensiones sin pago de sueldos. Una salida El gobierno provincial ha tomado, de manera anticipada, medidas limitadas y que apuntan a reforzar un estado represivo en un cuadro de crisis que se viene arrastrando de hace rato. El gobierno ha vuelto a negar paritarias libres en la provincia como desde que asumió, la provincia se encuentra fuertemente endeudada y todos los proyectos oficiales naufragan (tren a La Quiaca, parque solar, etc). Antes de la crisis del coronavirus, el gobierno tuvo que retroceder ante dos fenomenales movilizaciones populares: los docentes contra la grilla, y las movilizaciones contra los tarifazos en la energía. Un reforzamiento del aparato represivo para “asegurar” la cuarentena de los trabajadores apunta a buscar una desmovilización de los reclamos. Sin embargo, en la medida que el gobierno no vuelque los recursos necesarios para reforzar el sistema de salud y las patronales no cumplan con la cuarentena para sus trabajadores, la tendencia será de incrementar las protestas y ninguna represión va a garantizar la correcta atención que esas protestas reclaman. Morales busca explotar esta pandemia para apuntalar un gobierno que ya ha demostrado su fracaso. Este intento, por el contrario, encierra un choque mayor contra los trabajadores y explotados de la provincia

22 de marzo de 2020
Coronavirus, virtualidad y mercantilización de la educación en tiempos de la crisis capitalista mundial
Mara Campanella

CORONAVIRUS, VIRTUALIDAD Y MERCANTILIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN, EN TIEMPOS DE CRISIS CAPITALISTA MUNDIAL Ante el inicio de una nueva recesión en la economía mundial, en la que el coronavirus actúa como catalizador ¿cómo pueden relacionarse los elementos mencionados en el título de lo que intenta ser una nota crítica? ¿Cómo seguimos en la vorágine de la crisis social que genera una pandemia sin perder el sentido crítico? ¿Cómo podemos analizar lo que está sucediendo sin sostener teorías conspirativas que caen en saco roto y tienden a paralizarnos más que a movilizarnos? Escribo para organizar ideas, pero también para discutirlas. Escribo con la premura de las circunstancias, en las que nos están obligando a mudar nuestras clases a formatos virtuales, aun cuando los programas y contenidos no fueron pensados para ese formato. Y algo que parecía anclado al sentido común de los docentes que rompieron con la escuela tecnocrática, parece desaparecer. La idea de que la forma y el contenido tienen una relación dialéctica entre sí y por lo tanto no pueden aislarse, ni pensarse en un método universal de enseñanza para todo tiempo y lugar, se diluye de un sacudón. Lo que importa en tiempos de coronavirus es sostener y acompañar a los estudiantes, garantizar su derecho a la educación. Por supuesto, ningún/a docente podría oponerse a esto… Pero ¿es nuestro deber individual garantizarlo? Años anteriores se quiso contraponer el derecho a huelga con el derecho a la educación, como forma de deslegitimar los reclamos docentes. En la actualidad ese conflicto se reactualiza: hay que innovar para garantizar el acceso a la educación. En esta coyuntura, se nos instiga a capacitarnos en entornos virtuales. Sin ir más lejos, mañana la institución en la que trabajo brindará una capacitación en Google Classroom. Se puede tomar de manera virtual. Yo, como docente treintañera y entendida en cuestiones de tecnología, no me opongo a la incorporación de las TIC a la enseñanza, pero sí se me enciende una alerta roja cuando lo que debería ser una discusión política- pedagógica se convierte en un mandato institucional sin posibilidad de hacernos preguntas. Y esa alerta se fundamenta en el crecimiento que ha tenido en los últimos años cierto sector empresarial en temas educativos, y que ha redefinido lo que entendíamos como mercantilización de la educación. En un esquema clásico, la mercantilización estaba vinculada al crecimiento del sector privado, a propuestas de arancelamiento de algún nivel educativo, al financiamiento por la demanda (otorgar dinero a la institución por alumno, o a los padres para garantizar la “libre elección” de la “oferta educativa”). Pero el surgimiento de nuevas alianzas público/privadas y de empresas que venden “servicios educativos” y cotizan en bolsa, nos llevan a complejizar el concepto de mercantilización educativa. Y es llamativa la concordancia entre los lineamientos de organismos internacionales como el Banco Mundial (BM) con estas empresas. Hace algunos años, el BM viene elaborando documentos que ponen énfasis en el Aprendizaje en desmedro de la enseñanza. Al separar estos dos elementos, el BM refuerza la idea de que es posible aprender sin que haya un otro que enseñe. Desde este punto de vista, los docentes somos prescindibles. Basta un buen software educativo, un dispositivo móvil, y el acto educativo estará realizado. Esta idea un poco distópica, en la que niños y jóvenes aprenden a través de un ordenador, responde a los intereses económicos tanto del Banco Mundial como de las empresas que se dedican a comercializar softwares educativos y plataformas virtuales para eliminar la situación de enseñanza escolar tradicional. A los ojos de los Organismos Internacionales, esta opción es más económica porque resuelve de una vez por todas la conflictividad del sector docente. Y a los ojos (o mejor dicho: a los bolsillos) de las empresas como Pearson Education el negocio se vuelve cada vez más rentable. Pearson es la empresa que le vende a la OCDE la prueba PISA. Entre sus productos se encuentran: textos digitales, herramientas de enseñanza virtual, y desarrollo de plataformas digitales para realizar exámenes online. En 2015 tuvo una facturación de 5.655 millones de dólares (datos extraídos del libro “La privatización educativa en Argentina”, Feldfeber y otras, 2018) Otro de los interesados en hacer negocios con la educación es el conglomerado capitalista Silicon Valey, que hoy se vio afectado con grandes pérdidas ante el desplome de las acciones en otro lunes negro en Wall Street (la caída fue de 2 billones de dólares en total en el índice de Standard and Poor). El monstruo que reúne a las empresas tecnológicas más poderosas del mundo está desarrollando distintos proyectos vinculados al aprendizaje personalizado. Las propuestas tienden a reemplazar a maestros y profesores por sistemas de inteligencia artificial, que podrían personalizar el perfil de los alumnos a través de una serie de algoritmos. Entre las empresas vinculadas al proyecto de Silicon Valey se encuentran: Chan Zuckerberg (alianza entre Mark Zuckerberg y su esposa, Priscila Chan), Fundación Bill y Melinda Gates (Microsoft); y por supuesto, Google. Este escrito no intenta sembrar la duda respecto a la emergencia sanitaria generada por la expansión del COVID-19, tampoco poner en cuestión el derecho a la educación de los estudiantes, sobre todo en contextos de ajuste como los que vivimos hoy en Argentina. Pero sí intenta poner un manto de sospecha sobre los modos que tiene el capitalismo de aprovechar situaciones excepcionales para implementar políticas que en otras circunstancias hubieran sido puestas en cuestión. Recordemos que Milton Friedman antes de morir escribió un artículo en The Wall Street Journal a propósito de la inundación de Nueva Orleans en 2005, en el que se atrevió a escribir: “La mayor parte de las escuelas en Nueva Orleans están en ruinas. Esto es una tragedia. También es una oportunidad para emprender una reforma radical del sistema educativo”. Y precisamente esto es lo que sostiene Naomi Klein en La Doctrina del Shock: las reformas radicales vienen cuando la gente está demasiado ocupada en satisfacer sus necesidades básicas, que no puede ocuparse de nada más. Que la virtualidad no borre a los docentes del mapa. *La autora es Docente de Política Educacional, Delegada por el Depto. de Educación de ADU, FCH- UNSL.

22 de marzo de 2020
Declaración del EEK de Grecia

¡LA LUCHA POR LA VIDA, CONTRA LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS, EN MANOS DE LOS TRABAJADORES Y DEL PUEBLO, NO DE LOS DESTRUCTORES DE LA SALUD Y DE SU ESTADO POLICIAL! Por Partido Revolucionario de los Trabajadores (EEK – Grecia) El Partido Revolucionario de los Trabajadores de Grecia (EEK), en tiempos de crisis y amenazante propagación de la pandemia del Coronavirus, apela a la clase obrera y al pueblo, en contra de cualquier repatriación de refugiados. Tomen colectivamente en sus manos la defensa de sus vidas y su salud, la salud de sus seres queridos, parientes, amigos, vecinos, de cualquier comunidad desamparada y privada de derechos. Tomen las medidas de precaución recomendadas por los médicos especialistas. No cedan al espíritu de pánico que se extiende por los medios del sistema, ni ante la obscena e irracional retórica de la iglesia, de los reaccionarios y fascistas que inexorablemente se benefician de la ignorancia y la confusión. Nosotros no "descartamos", no agachamos las cabezas. No estamos confinados a nosotros mismos ni a nuestros gobernantes reaccionarios, aunque temporalmente nos veamos obligados a quedarnos en casa. Vivimos en casa, pero no vivimos solos. No estamos solos. Somos parte del grupo social más amplio de los oprimidos, nuestra clase, la clase trabajadora y el pueblo trabajador. Somos solidarios con los infelices, con los oprimidos. No nos encerramos, no nos aislamos, no perdemos humanidad; estamos pensando, críticos de las decisiones del poder, luchando por la salud, por la vida y en contra de la muerte, por una vida de dignidad y solidaridad social. La propagación del virus deja en claro que ante los grandes fenómenos epidémicos, sociales o naturales no existe una solución individual, sino una solución social compartida. Si bien es obvio que el virus puede no ser discriminatorio, su tratamiento es de clase y condena a muchos en beneficio de los pocos que tienen la riqueza y los medios de producción en sus manos. Y es aún más claro que la epidemia no puede combatirse individualmente, sino colectivamente con un sistema de salud pública gratuita de alto nivel, para todas las personas, bajo el control de los propios trabajadores. En este sentido, y en vista del riesgo de propagación descontrolada de la enfermedad, el EEK exige: Medidas de salud inmediatas para toda la población, residentes, refugiados, inmigrantes, personas sin hogar, prisioneros. Aumento del personal médico, de enfermería y otros profesionales permanentes en todos los hospitales públicos y UTIs. Actualmente, más de 100 camas de UTI están cerradas por falta de empleados. La contratación del personal médico y de enfermería debería haberse hecho ayer. La Asociación Helénica de Médicos Hospitalarios de Grecia (OENGE) denunció el ridículo de las falsas "súplicas" del Ministro Kikilia por el reclutamiento inexistente de médicos. Que inmediatamente se equipe a los Centros de Atención Primaria de Salud (K.Y.) - EOPY locales (IKA) por región que previamente fueron depreciados (con Adonis Georgiades a cargo). Reclamamos la inmediata VERIFICACIÓN de camas y UTIs en el sector privado, la incautación de productos farmacéuticos, la nacionalización sin pago y bajo el control de los trabajadores de productos farmacéuticos y el lanzamiento inmediato de una Industria Farmacéutica Nacional. Cuidar la supervivencia de la población más vulnerable, especialmente los desempleados y los pobres, proteger a los trabajadores del cierre de las empresas y ser obligados a quedarse en sus hogares. Prohibición de despidos y protección de todos los derechos laborales. ¡NINGUNA CASA EN MANOS DE LOS BANCOS! Proporcionar cupones de las cadenas de supermercados directamente a todos los trabajadores, desempleados y económicamente débiles. Condenamos el régimen policial establecido por el gobierno y el estado bajo la excusa de la pandemia. Necesitamos médicos y enfermeras, no fuerzas represivas. NO al "plan de Artemis". Ni pueden ni quieren controlar el Coronavirus, sino a las personas, durante la pandemia e inmediatamente después, en las ruinas de una crisis capitalista global sin precedentes que ya está galopando para sembrar el caos en todas partes. Ellos no cierran el Parlamento para aprobar una ley reaccionaria tras otra (contra manifestaciones, pensiones, etc.), manteniendo a las personas alejadas de la acción y la movilización. Ante su falso "estado de excepción", proponemos declarar nuestro propio estado real de emergencia con solidaridad y acción colectiva, en función de las necesidades de muchos y no al beneficio de unos pocos. Condenamos la brutalidad del gobierno, los fascistas y sus socios en el tratamiento de refugiados y migrantes. El intento original, ridículo y bárbaro de Mitsotakis de culpar a los refugiados e inmigrantes por el Coronavirus fracasó. Es un crimen contra la humanidad tener refugiados y migrantes viviendo en campos de concentración como el infierno de Morea o los centros ya cerrados (Malakasa, Serres, etc.). Libertad de circulación para los refugiados, emisión de documentos para circulación en el país y en el extranjero. ¡Demoler los muros! ¡No a la fortaleza europea! Medidas para proteger a los miles de prisioneros en las cárceles griegas contra el Coronavirus. Grecia es el país con la mayor población carcelaria en toda Europa. Por la liberación de los condenados a penas pequeñas y de aquellos que ya cumplieron una gran parte de la sentencia. Crear las condiciones sociales para una sociedad sin guardias, prisiones y prisioneros. El agravamiento de la crisis financiera mundial, la recesión global que está haciendo caer las bolsas de valores y los mercados de bonos, es un proceso que comenzó mucho antes del brote del Coronavirus. Desde 2018 y especialmente desde 2019, el EKK viene advirtiendo sobre el fracaso de las medidas ante la crisis global de 2007-08 y la caída en el peor caos global. El curso incontrolado de la pandemia hasta hoy no es la causa, sino un terrible acelerador de la crisis, demostrando, de la manera más dramática, que la existencia de la vida es ahora incompatible con el sistema senil del capitalismo en declive. Nerón Trump en Estados Unidos, Johnson y la "inmunidad del rebaño" en Gran Bretaña, todos los gobiernos catastróficos e incapaces de tomar medidas efectivas en la UE, fascistas neoliberales y Adonis fascistas que están cerrando hospitales y matando médicos. Nuestro futuro no es la pesadilla a la que su sistema nos condena. ¡Nuestro futuro es el derrocamiento del capitalismo y la reorganización de la economía y la sociedad sobre nuevas bases socialistas, con el poder de los trabajadores y la perspectiva de la emancipación humana universal, el comunismo libertario humano universal!

22 de marzo de 2020
Ciencia, capitalismo, libertades democráticas
Benjamín O

Desde Tel Aviv No es la primera vez que la humanidad enfrenta una pandemia virósica con riesgo sobre la existencia humana y alcances mundiales. La primera que se recuerda es la peste negra o bubónica, del año 1347. Fue devastadora, se difundió de la mano de los primeros pasos del capitalismo –aún bajo la época feudal. Curiosamente la plaga también se inició en China. Los comerciantes la transmitieron a través de la ruta de la Seda hasta Italia, avanzó hacia el norte europeo, llegando hasta Groenlandia. Las consecuencias de la plaga fueron catastróficas: dentro de los 10 años de su brote, un tercio de la población de Europa había muerto. “Se vaciaron ciudades y pueblos enteros", dice a Haaretz (21/3) el profesor Aviad Kleinberg, de la Universidad de Tel Aviv, experto en el tema y autor del libro Una breve historia del occidente medieval. “Se estima que murieron 35 millones de personas” (ídem). La epidemia “desencadenó un debilitamiento del orden social, y esencialmente destruyó el feudalismo… –dice Moshe Feinsod de la Escuela de Medicina Technion, de Israel–. Las primeras expresiones de un mundo más liberal arrancan entonces: fue una de las piedras angulares del Renacimiento, que comenzó en el siglo XV” (ídem). Ciertos especialistas, fuera de toda consideración social, han establecido que cada 100 años, más o menos, una gran plaga ataca a la humanidad. Nos formulamos la pregunta: ¿por qué? El último profesor citado, que sostiene lo anterior, reconoce que las circunstancias que explican la última gran epidemia virósica, la famosa gripe española que mató a más de 50 millones de seres humanos 100 años atrás –a diferencia de las anteriores– no fue fortuita o causada por razones desconocidas: “estalló cuando la Primera Guerra Mundial estaba terminando, después de la horrible masacre de Europa, y por lo tanto se pensó como un apéndice de la guerra" (ídem). Sospechosamente la epidemia nunca se estudió en profundidad: "Solo en los últimos años los académicos comenzaron a estudiarla como un evento independiente, junto con sus implicaciones" (ídem). Desde entonces la medicina y la farmacología han tenido avances extraordinarios. Hoy existe una batería de instrumentos que no estaban al alcance del hombre entonces, ni hablemos ya en el medioevo. Los antibióticos, los retrovirales, etc. ponen a nuestra disposición una batería de antídotos contra las enfermedades. Cuando estalló la epidemia del HIV se temía que podía ser más devastadora que la gripe española. Al principio, como afectó fundamentalmente al África negra –donde diezmó a pueblos enteros– los laboratorios medicinales no reaccionaron. Sólo cuando la epidemia se expandió mundialmente la industria capitalista y sus estados ´invirtieron´ para encontrar una respuesta. Hasta que se logró controlarlo, el SIDA mató ya a más de 25 millones de personas. La extraordinaria capacidad productiva del hombre en el presente, infinitamente mayor que cualquier otro momento histórico, no puede llevarnos a pensar –como sostiene gente que se reclama incluso de ´izquierda– en volver la rueda de la historia hacia atrás, restringiendo el comercio y/o las transacciones económicas. Mientras "la Peste Negra se extendió por todo el mundo en botes" -recuerda el profesor Feinsod- (la bacteria se propagó a la velocidad a la cual los pasajeros y los marineros podían caminar una vez que anclaban en un puerto. (Hoy) cuanto más avanza la humanidad, mayor es la tasa de diseminación, por lo que cuando emerge un virus en una región remota, como el SARS en Manchuria, todo lo que se necesita es un solo avión para que se propague rápidamente” (ídem). El problema, entonces, obviamente no son los aviones sino la negligencia capitalista en la desatención de la salud humana, la falta de medidas básicas de prevención, el desmantelamiento de los sistemas de salud pública, la absoluta falta de inversión de los estados en medicina preventiva y en el estudio farmacológico dirigido a estudiar eventuales eventos virósico/bacteriológicos. Todo esto es así porque el capitalismo se encuentra en su etapa senil, de ataque a las condiciones de vida de las masas. No prevalece el progreso, sino la descomposición social. El ´motor´ de nuestra sociedad es la acumulación del capital; o sea el beneficio arrancado de la explotación obrera (trabajo no pago y/o condiciones de trabajo y de vida denigrantes). El capitalismo no responde a las necesidades humanas sino de esa reproducción social o acumulación de capital. Es en circunstancias como estas que se pone a prueba la razón de ser de un régimen social: el capitalismo hace rato que es anacrónico. Ahora resulta lisa y llanamente mortal. El capital y sus instituciones ´madres´, el FMI, el Banco Mundial, etc., consideran el sostenimiento de los sistemas de salud públicos, como educativos y/o jubilatorios, una ´variable de ajuste´ para la defensa de la tasa de beneficio del capital. Los trabajadores debemos proceder al revés, primero está nuestra salud. Hay que imponer nuestras reivindicaciones ´cueste lo que cueste y caiga quien caiga´. ¡Presupuesto para salud antes que nada! Al carajo con la deuda pública, primero están los trabajadores y su salud. Lo del coronavirus saca a la luz, una vez más, esta cuestión. El Dr. Yochai Wolf del Instituto Davidson de Educación Científica del Instituto Weizmann, Israel, recuerda que desde la época del capitalismo colonial los europeos han sido los responsables de transmitir todas las pestes que inundaron al llamado ´tercer mundo´; entre las últimas “la viruela y el sarampión” aún no extirpadas del Nuevo Mundo y, más grave: “los virus que causan más problemas a los seres humanos … los transmitidos por mosquitos, especialmente en el mundo en desarrollo. Él dice que la combinación de presupuestos de investigación limitados para enfermedades que no se encuentran en los países más ricos junto con las rutas de diseminación más modernas y efectivas hace que sea más difícil eliminar estas enfermedades” (ídem). Ahora en nombre de “controlar la epidemia” los estados están avanzando sobre las libertades públicas. En todos lados los parlamentos se cierran lo cual sólo relativamente puede justificarse. Los ´representantes del pueblo´ (o sea los lobbistas del capital) cuidan su salud, pero cuando se trata de la de los trabajadores, ¡y especialmente de los empleados en la salud, los deliveries, o el transporte (todos los cuales se encuentran entre los más proclives a enfermarse, los peores pagos y más precarizados del mercado laboral), se los obliga a trabajar más, con la misma paga y sin ninguna precaución sobre su salud! Lo del cierre de los parlamentos encierra algo infinitamente más grave. En forma creciente, en Argentina y a escala mundial, se advierte una tendencia a obrar por decreto y violar normas básicas de respeto de las libertades públicas. Precisamente en Israel también el Shin Bet (los servicios secretos) han sido habilitados –aprovechando el receso del parlamento, la Knesset– a utilizar las escuchas telefónicas para hacer el seguimiento indiscriminado de enfermos y allegados. La periodista Nora Landau, en Haaretz del 19/3, denuncia que se trata de algo inaudito y completamente ilegal, de una medida que implica “la suspensión total de la libertad individual”. O sea, no una medida en defensa de la salud, sino de subordinación de la salud pública al aparato de seguridad del estado. En todos lados se impone impedir un nuevo avance del estado policial contra la población. La lucha contra el coronavirus exige la plena vigencia de las libertades públicas, de organización, reclamo y movilización de los trabajadores. Última cuestión: alertamos contra cualquier intento xenófobo y discriminatorio explotando la epidemia; lo cual como siempre ocurre proviene de los Trump, Bolsonaro, Netanyahu & Cía. de turno que buscan chivo-expiatorios. ¿O volveremos a la época de “la Peste Negra, cuando los judíos fueron acusados de envenenar pozos y propagar la enfermedad? Como resultado, miles huyeron de Europa occidental hacia el este para escapar del antisemitismo que surgió a raíz de la plaga” (ídem)

22 de marzo de 2020
Los trabajadores del vidrio frente a la pandemia

Argentina se encuentra en cuarentena “obligatoria”, sin embargo, llena de excepciones para la clase trabajadora. En las últimas horas se anunciaron diez rubros más que deberían continuar trabajando para “no dañar la producción en línea”. Es decir que el gobierno, además de subsidiar a las patronales, también les garantiza la producción -sin priorizar rubros ante la pandemia- a costa de la vida de los trabajadores. Entre estos rubros se cuenta, claro, el gremio del vidrio. Los trabajadores del vidrio han sido particularmente golpeados en los últimos tiempos. Las últimas paritarias no superan el 12 %, y el sueldo mínimo apenas alcanza el 26% de la canasta familiar aproximadamente. SOIVA, en manos de la burocracia de Valdez desde hace 18 años -titular, además, de la seccional Berazategui y de las 62 Organizaciones- es una patota sindical que intenta manejar los lugares de trabajo mediante agresiones para llevar adelante la precarización laboral de las decenas de trabajadores tercerizados, salarios de miseria y la falta de indumentaria de seguridad como guantes para la producción de copas, vasos y botellas. Así como también mediante amenazas y despidos bloquean cualquier intento de organización independiente, como ocurre la fábrica Pilkington, que se encuentra en lucha por la reincorporación de los trabajadores perseguidos sindicalmente. En las fábricas Rigolleau en Berazategui y Cattorini Hnos en Quilmes, la situación no es distinta. En los últimos meses, los trabajadores operaron de golondrinas entre una u otra fábrica en zona sur sin tener un puesto o lugar fijo de trabajo ni seguro laboral. Los despidos y suspensiones -que por ahora son a cuentagotas- es la “advertencia” de los secuaces de Valdez ante cualquier intento de protesta. Frente a la pandemia, y la “cuarentena obligatoria” anunciada por el gobierno, el sindicato se encargó de brindar una charla a sus delegados con el fin de explicarles que por su “cercanía a las calderas, no habría que preocuparse ya que el calor mataba al virus”. Con esta vil mentira y las amenazas de descuentos -excepto los de origen jerárquico y administrativos que cumplen la cuarentena en casa- le repartieron a sus trabajadores papeles que acreditan su circulación como “empleados de alimentación” y le aconsejaron que cuiden su higiene personal sin brindarles ninguno de los elementos necesarios. También se aseguraron de resaltar que no hay trabajador que sea de riesgo al menos que presente algunos de los síntomas reconocidos por el coronavirus, reconociendo que era por la única razón que el médico de guardia dentro de las plantas le daría la orden para el seguro médico laboral. Se olvidaron de mencionar, en cambio, la decena de camiones que llegaron de Brasil y Paraguay en los últimos días sin ningún tipo de control salubre. Sin embargo, en las últimas horas los trabajadores realizaron una asamblea y protestaron contra las condiciones laborales -sorteando toda traba y amedrentamiento burocrático- luego que dos de sus compañeros que viajaran al exterior y no pudieron cumplir la cuarentena con la amenaza de quedarse sin trabajo. La finalidad de las hermanas Cattorini, con complicidad del sindicato del vidrio y afines, es mantener la fábrica produciendo con toda su capacidad para continuar con sus ganancias resguardado por el gobierno nacional que no tomo ni una sola medida a favor de la clase obrera. Los trabajadores del vidrio deben convocar asambleas para deliberar sobre las condiciones laborales y reconocer qué tipo de producción es necesaria para combatir la pandemia y a la población, con reparto de horas sin tocar el salario, pero también luchar por una remuneración acorde a las necesidades básicas de cada compañero.

22 de marzo de 2020
Licencias y cuarentena en la salud

Las resoluciones adoptadas por los gobiernos nacional y de la Ciudad se caracterizan por su alcance limitado y contradictorio. Esto se pone especialmente de manifiesto en un área sensible, considerada esencial, como es el sistema de salud. Swiss Medical, para tomar un ejemplo claro amparado en las resoluciones oficiales -en este caso, el decreto 207/20- se desentiende del pago de los días de licencia para los trabajadores que deben resolver el cuiidar a sus hijos menores. El pago del presentismo, que forma parte de la conformación de los salarios y en algunos casos son muy significativos, tampoco está contemplado en los decretos. El decreto del Gobierno de la Ciudad obliga a los trabajadores de la salud a tener que presentar informes de sus enfermedades crónicas y a pasar por un comité de evaluación de grupo de riesgo monopolizado por la burocracia de AMM, poniendo trabas a los trabajadores que deben pasar a cuarentena (art 7. Resolución 2020-622-GCABA-SSGRH). Las enfermedades que enumera el decreto, a su vez, no incluye todas aquellas que involucran problemas respiratorios. Los héroes no son mártires La activación de estas reglamentaciones ha anulado licencias y vacaciones programadas, por haber sido declaradas sus labores de carácter esencial. Sin embargo, a pesar de la esencialidad de sus funciones, el lunes 16, en la Legislatura de la Ciudad, los trabajadores de enfermería fueron silenciados en la Comisión de Salud, cuando se acercaron a comentar su situación y reclamar su incorporación a la carrera profesional. El gobierno los exalta como héroes, pero eso no se expresa en sus condiciones laborales. Asimismo, las autoridades de los hospitales se han lanzado contra los trabajadores intentando impedir licencias de su población de riesgo. Desde los departamentos de recursos humanos se bloquean, sin garantizar el pago de las mismas, y poniendo en riesgo de cesantía a los trabajadores. En el Hospital Italiano, la patronal no reconoce la licencia a progenitores, en los casos en que ambos son personal esencial. En los centros de salud (Cesac), los problemas son los mismos: los trabajadores sin representación gremial se cubren entre ellos para cuidar a sus hijos en sus hogares. Por otra parte, las autoridades plantean la contratación temporal y flexibilizados de personal jubilado, a pesar de que reviste como población de riesgo. Esta “solución” tiene el propósito de evitar reclamos para su posterior contratación a planta permanente. Pretenden evitar lo ocurrido frente a pandemia del H1N1, cuando la organización de los trabajadores logró posteriormente el pase a planta de todos los contratados temporales. En Nación, y se prevé una resolución de CABA similar, han pospuesto los exámenes para las nuevas residencias y justifican así la prolongación del último año y jefaturas para no pasarlos a planta lo que significa un aumento salarial considerable. Cuando lo que esta crisis sanitaria ha puesto en evidencia, que es la falta de recursos y personal, el gobierno hace todo lo contrario. En el caso de los más de 1.500 concurrentes de la Ciudad, que trabajan ad honorem en los hospitales porteños, cuyos ingresos dependen de otros trabajos, las autoridades los hostigan y amenazan con cortar sus concurrencias. El sistema de atención de urgencia 107, como así las empresas de emergencias médicas se encuentran colapsadas. Las empresas sobrecargan las jornadas de trabajo, sin ningún tipo de condición de salubridad, mientras niegan las licencias. Las medidas gubernamentales no resguardan la salud de los trabajadores, mientras subsidia a los centros privados y los exime de carga impositiva.

22 de marzo de 2020
El estado de sitio infecta

Cuando Alberto Fernández, en la primera conferencia de prensa que brindó con motivo de la irrupción de la epidemia del corononavirus, se deslindó de cualquier intención de establecer un estado de sitio, enseguida interrumpió el hilo de su discurso para reivindicar los que había declarado Raúl Alfonsín, que se ha convertido desde hace poco en su prócer predilecto. No extendió su reconocimiento al que declaró De la Rúa el 19 de diciembre de 2001, aunque en ese entonces operaba a favor del gobierno de la Alianza en la Ciudad, en tándem con el intendente Aníbal Ibarra y la jefa del bloque legislativo porteño de la Alianza, Vilma Ibarra, ahora secretaria Legal y Técnica de la Presidencia. Alfonsín ‘contra la derecha’ En la primera declaración del estado de sitio, en octubre de 1985, Alfonsín violó la Constitución Nacional, porque lo sacó por decreto a pesar de que estaba en funciones el Congreso, el único con autoridad para hacerlo. Obviamente, las señoras y señores legisladores lo ratificaron con posterioridad, lo cual constituye una segunda violación constitucional. Dos violaciones sucesivas no se legitiman recíprocamente. El motivo del estado de sitio era una clara crisis de gobernabilidad, aunque el detonante fueron unos atentados a escuelas y complots políticos que fueron atribuidos a un grupo derechista - que defendía la auto-amnistía que había declarado la dictadura, en vísperas de los juicios a las Juntas. Fueron detenidas unas veinte personas, “a la orden del Poder Ejecutivo” por treinta días - los permitidos por la Constitución. Concluida la cuarentena fueron liberadas sin que mediara ningún proceso judicial ulterior. Una farsa. Cuando ese complot se convirtió en algo concreto, con la sublevación carapintada de abril de 1987, Alfonsín no decretó, sin embargo, un estado de sitio. Eso hubiera significado movilizar a las fuerzas armadas para enfrentar el golpe carapintada, que se vio imposible cuando el “mando leal” se quedó a mitad de camino de los cuarteles tomados. Al final el mismo Alfonsín envió al Congreso los proyectos de Punto Final y de Obediencia Debida con el apoyo de toda la ‘clase política’. La obediencia debida en tiempos de paz es un principio de militarización del Estado. Alfonsín contra la izquierda Cuando Alfonsín volvió a declarar el estado de sitio, en mayo de 1989, su gobierno estaba ingresando en la sala de velatorios. Como se puede apreciar, el estado de sitio no siempre representa la señal de fortaleza que pretenden dar los gobiernos. Dos semanas antes, el candidato de la UCR, Angeloz, había sido fusilado en las urnas por Carlos Menem. Entretanto, una crisis de deuda externa había desatado una mega devaluación y una hiperinflación descomunal. Este derrumbe provocó asaltos a supermercados, por un lado, espontáneos, por el otro, inducidos por el elenco estable de intendentes pejotistas. Alfonsín prefirió mirar para otro lado: declaró que “treinta trotskistas no me van a torcer el brazo”. Es así que hizo detener, por medio de jueces amigos, a una gran parte del Comité Nacional del Partido Obrero y a numerosos dirigentes y militantes. Evitó ponerlos a la “orden del Poder Ejecutivo”, dejando la posibilidad de obtener penas mayores. Que el hábito del estado de sitio termina mal, lo acabó demostrando De la Rúa que, de nuevo, lo sacó por decreto para defender a “la propiedad” contra la “turba”, logrando lo contrario de su propósito – que las clases medias se sumaran al movimiento piquetero para derribarlo con acciones callejeras. Estado de sitio Covid-19 El estado de sitio que la ministra de Seguridad de Alberto Fernández ha justificado como necesidad eventual (“no lo descarto”), serviría para detener a quienes sean sospechoso de violar la cuarentena, sin pasar por la Justicia. El estado de sitio suspende las garantías constitucionales. El “control de legalidad” de esos arrestos lo tendría el Poder Ejecutivo, no los jueces – en última cuenta la misma Secretaría, los Berni provinciales y, de un modo efectivo, la policía o el ejército. Quedaría instaurado un régimen extrajudicial de arbitrariedades, para llenar aun más de gente las cárceles abarrotadas. ¡Añadiría un problema adicional mayúsculo a la lucha contra la epidemia! La Suprema Corte, por su lado, decidió en plena emergencia social y sanitaria, una “feria judicial”, por ahora hasta el 31 de marzo, renunciando con ello a cumplir su propia ‘actividad esencial’, como está obligado a hacerlo, digamos, un supermercado. El juez federal de turno, Luis Rodríguez, se considera desbordado, según Clarín (21/3), por la situación. Argentina quedaría a merced de un estado de sitio por ‘default’ judicial. Las fuerzas armadas darían un salto brusco, en términos de facultades represiva, a las que le otorgaron Isabel Perón e Ítalo Luder en 1975. Hasta ahora, los mayores violadores de las normas de conducta en una epidemia, y los mayores violadores de las cuarentenas, han sido de la clase media y alta, como lo muestra el número de viajeros al exterior desde la primera detección del virus en Argentina, y el tránsito vehicular privado desde que se declaró la cuarentena. El pueblo realmente pobre enfrenta una crisis de empleo, comida, hacinamiento, asistencia de salud y carestía. El otro problema, el sistema de salud, se encuentra al borde de la quiebra, sin que los Fernández hayan tomado medidas de fondo, como sistemas de detección, respiradores, ampliación de camas regulares y en terapia intensiva. Esto se resuelve con una política de pago de salarios a los desocupados, changuistas, suspendidos y monotributistas – e intervención en el sistema privado de salud. El conservador inglés Boris Johnson acaba de decidir el pago de salarios, “por tres meses”, a siete millones de personas en condición precaria, por un monto total de 36 mil millones de libras esterlinas -aunque el dinero para rescatar capitalistas alcanza ya a los 300 mil millones de libras. Aunque con grandes limitaciones, ha impuesto una atención médica de parte de los institutos privados a precio de costo, que ya está supervisada por una auditoría especial. El interés del sistema británico de salud privada, en estas medidas, es que puede retener, en medio de la epidemia al personal médico propio que también trabaja hasta ahora en el sistema estatal (NHS). Para dar una pelea contra la epidemia sanitaria y social, Argentina debe repudiar la deuda pública financiera. Copiando a Trump Para algunos será curioso saber que Donald Trump pretende hacer lo mismo que se quiere hacer en Argentina. Para eso, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado autorización legislativa para arrestar personas sin necesidad de intervención del Poder Judicial (Político, 21.3). Invoca para eso la vigencia del “estado de emergencia”, que en este caso pasaría a ser un estado de sitio. Está claro que EEUU avanza hacia una crisis política pandémica, pero antes sirve como inspiración a los ministros de Seguridad de Argentina. Un decreto de AF ha suspendido las elecciones, asunción de autoridades, reuniones y asambleas de los sindicatos, con la justificación conocida del ‘distanciamiento social”. Ha puesto a los sindicatos en cuarentena (lo mismo que hace con el poder judicial), o sea que no los interpreta como canal de movilización popular en esta crisis. Los sindicatos, sin embargo, son más importantes que las fuerzas armadas; al final, la construcción de hospitales en tiempos de crisis no la harán los soldados sino los obreros de la construcción. Detrás de la cuarentena burocrática de los sindicatos anida la intención de impedir las asambleas obreras, cuando respondan a una lucha contra las patronales que ponen sus intereses por encima de la salud y la vida de los trabajadores. Pero estas asambleas van a crecer como nunca, incluido en el sistema de salud, o especialmente en él. Todo reunido, el gobierno de los Fernández se encuentra cruzado por presiones que lo pueden llevar a una catástrofe política anticipada. En la cuerda floja Es una señal de esto que los ministros operen como voceros oficiales de medidas en discusión y que diez gobernadores reclamen que el Congreso vote el estado de sitio – que esta vez no se lo autorizan al Presidente al margen del parlamento. Una medida de excepción que no puede durar más de treinta días, según la Constitución, obligaría a reunir diputados y senadores una vez al mes para renovarla. El Congreso se convertiría en un bocado de cardenal para el Covid-19, con buena parte de sus miembros en los “grupos de riesgo”. Como estas alternativas cuestionables ocurren cuando los diarios describen la oferta de negociación de la deuda de Guzmán como “agresiva”, y la reacción de los bonistas como “negativa”, ¿el gobierno piensa valerse de los poderes del estado de sitio, para la deuda externa? Todo el movimiento popular debe pronunciarse contra el estado de sitio y en favor del despliegue de las organizaciones populares para atender las necesidades de la mayoría sin trabajo regular o desocupada. Pronunciarse por el derecho a la deliberación de los trabajadores, no a pesar de la crisis de salud y de la crisis económica, sino para darle una salida.

22 de marzo de 2020
¡Fuera Bolsonaro! ¡Por el derecho a la vida: gobierno de los trabajadores!
Evandro Maia

El dominio político del capital en la fase de su declive coloca permanentemente a clase trabajadora en situaciones al borde de la barbarie. La crisis económica mundial llevó al límite el proceso de retrocesos en las condiciones de vida de las masas trabajadoras brasileñas. El golpe del 2016 abrió un período de ataques sin precedentes a las conquistas de los trabajadores, ampliando la precarización del trabajo, el desguace de los servicios públicos y la reducción del presupuesto (salario indirecto) de las áreas sociales, con el establecimiento del techo de los gastos públicos, para garantizar el pago de los intereses sobre la deuda pública usuraria. En medio a la más severa recesión de la historia brasileña y a una epidemia de desempleo, el régimen capitalista brasileño dio origen a un fenómeno político bizarro y sombrío. La llegada de Bolsonaro al poder fue la manifestación política de una profunda descomposición del Estado capitalista y al mismo tiempo la tortuosa reacción de las entrañas de ese mismo aparato estatal contra el riesgo de desintegración, con el objetivo de preservarlo. El agravamiento de la crisis mundial hizo que esa tentativa acabara acelerando el proceso de putrefacción. En la profunda perturbación provocada por los sucesivos golpes de la crisis, la gran burguesía, la pequeña burguesía parasitaria, el evangelismo mercantilista, el aparato represivo del Estado y sectores desclasados embarcaron en una aventura cuya aspiración común es el desmantelamiento total de las conquistas históricas de la clase trabajadora, incluyendo las libertades democráticas. El primer año del gobierno Bolsonaro-Guedes - mismo con la preciosa ayuda del Congreso y de los partidos patronales en la aprobación de la reforma de la Previdencia - mal consiguió producir un crecimiento miserable del 1,1%, en el contexto de un desempleo oficial del 13% y de una precarización del trabajo sin precedentes en el último siglo. Los cortes en los presupuestos de la salud, educación y políticas sociales fueron todavía más profundos, sin disfrazar el objetivo de desintegrar y atomizar a la clase trabajadora para tornarla en una masa amorfa y desestructurada, con un monstruoso ejército de reserva siempre al servicio de la esclavitud capitalista. Este impulso es visto por muchos en la izquierda como una seña de vitalidad y fortalecimiento del régimen, cuando lo que muestra es en verdad una absoluta incapacidad para dar cualquier respuesta a las exigencias más elementales para poder hablarse de civilidad. La salvajería diaria de un lumpen elevado a jefe de Estado no es nada menos que el espejo de la falencia moral y política de la clase dominante brasileña, que finge verla como el efecto colateral de un fenómeno político tan folclórico como funcional a sus intereses. En la avalancha causada por el coronavirus, donde ningún régimen está seguro, el Brasil es uno de los lugares donde la tendencia al colapso del orden social encuentra su expresión más aguda, como indican las caídas del real y del mercado accionario brasileño, entre las más pronunciadas de todos los grandes países capitalistas. La peculiaridad de la crisis del coronavirus contiene en su seno un salto de conciencia de los trabajadores que tendrá como eje de desenvolvimiento la movilización y la demanda masiva por el derecho a la vida y a la salud, de la misma forma en Brasil como en todos los países. La incapacidad de garantizar ese derecho y la acción sistemática de la clase capitalista para negarlo de todas las maneras posibles, a fin de limitarlo a un negocio privado - con retrocesos acumulados a lo largo de décadas que están gravados en la conciencia de las masas - será puesta al desnudo en el drama en curso. Las conmociones que se anuncian quedarán marcadas a fuego en la historia del Brasil y del mundo en las próximas semanas. El COVID-19 ocurre en una fase de la crisis mundial que apenas aguardaba la señal para detonar la flagrante contradicción entre la parálisis productiva crónica y una masa colosal de capital ficticio totalmente insustentable, a un nivel más profundo, la contradicción entre la naturaleza social de la producción y la apropiación privada de los beneficios. Desde la crisis financiera del 2008, los bancos centrales han actuado como un pulmón de acero en el rescate del gran capital y del sistema social en agonía, para darle una sobrevivencia parasitaria y monstruosa con plazo de validad. Llegó la hora del acierto de cuentas, colocando delante de los ojos de las masas explotadas de todo el planeta el agotamiento histórico del orden social capitalista. Las perspectivas sombrías de la situación brasileña anterior encuentran una seña irrefutable en la masiva salida de capitales del mercado brasileño - récord histórico en 2019 (US$ 44,5 mil millones), que todavía fue superado por un nuevo récord histórico ese año (US$ 44,8 mil millones hasta el 6 de marzo), ¡en menos de 70 días y antes del crash global! Temiendo una explosión de la caldera social en el país, el régimen solo aumentó, de todo el presupuesto nacional, los recursos destinados a los militares (110 mil millones de reales, aumento del 11%), a los que también concedió un régimen especial previdencial lleno de privilegios. En la crisis, los milicos brasileños garantizaron su propio “Mensalão”, a costas del hambre popular. Mismo esto no fue suficiente. Los fracasos de Bolsonaro y de Guedes los transformaron en agentes del debilitamiento de la autoridad del Estado, lo que fue provocando divisiones cada vez más serias en el seno del aparato de las Fuerzas Armadas. El apoyo militar a Bolsonaro responde inicialmente a la visión de un ala dominante em la cúpula del Ejército para enfrentar la crisis histórica del capitalismo brasileño a través de un completo alineamiento con el imperialismo americano. Las características del experimento Bolsonaro abrirán serios cuestionamientos sobre la estabilidad del régimen como un todo. La condición de últimos garantes de la preservación del Estado capitalista llevó a un ala entera de los militares a distanciarse del gobierno, cuyo porta-voz es el general Santos Cruz (“Las Fuerzas Armadas no caen en cantos de sirenas de WhatsApp”, El País, 5/3), el general de mayor prestigio y autoridad sobre las tropas - ya considerado enemigo por la cloaca bolsonarista y hace pocos días amenazado de muerte. Una alternativa "democrática" al gobierno fascista, con algunas salpicaduras nacionalistras-burguesas, fue lanzada y estaba ganando seguidores en el escenario pre-coronavirus, con un programa que proponía sacar la economía del pozo con el fin al techo de gastos públicos y un plan de inversiones. La riña de gallos entre el Congreso, Bolsonaro y Guedes sobre el Presupuesto Impositivo y la paralización del gobierno para elaborar los proyectos de reforma administrativa y tributaria fueron la expresión política de las divisiones dentro de la burguesía brasileña, con reflejos en la base del gobierno, y también de la escasez de medios políticos de Bolsonaro para imponer un rumbo. Fue eso lo que lo llevó a llamar a las personas a las calles contra el Congreso y el Supremo Tribunal Federal, bajo la bandera "foda-se" (que se joda) del general Heleno. La crisis en los mercados internacionales y la llegada del coronavirus arruinó cualquier posibilidad de encaminar todo ese desastre. El dólar a 5 reales coloca a millares de empresas endeudadas al borde de la quiebra e inviabiliza la producción que depende de insumos importados – más allá de incomodar a la pequeña burguesía "patriótica", tornando más caros sus preciados viajes al exterior. El grito de “Fora Bolsonaro” en los balcones de los edificios en San Pablo frente a la manifestación del 15/3 y el pedido de impeachment en la boca de Janaína Figueiredo y Miguel Reale no hacen más que dar voz a una tendencia de darle la espalda a Bolsonaro que ya estaba instalada. En ese pantano político, e con la bendición de Trump, Bolsonaro pretende explotar la crisis abierta por el avance del coronavirus para ejecutar su proyecto de cerrar el régimen e implantar una dictadura Bonapartista en regla. La grotesca acusación de fraude en el primer turno de las elecciones del 2018 que estrenó durante la visita a los Estados Unidos fue la señal de una tentativa anunciada de auto-golpe, que está abierta. La segunda quema de archivos del año (Bebianno), esta vez relacionada a crímenes de campaña, y a los cantos "espontáneos" en las manifestaciones proto-fascistas en Brasilia pidiendo un nuevo AI-5 (decretos de la dictadura militar 1964-1985) y el uso del artículo 145 de la Constitución para cerrar el Congreso, no dejan margen para dudas. La escena de Bolsonaro apretando las manos a su jauría prueba que la catástrofe sanitaria que se aproxima será explotada para procurar completar las condiciones para tal operación, intentando manipular la acción del Estado durante la propagación de la epidemia con esa finalidad. El negacionismo del coronavirus de Bolsonaro no es apenas una muestra de ignorancia o delirio; también existe un cálculo político. El Brasil es el país más afectado por la epidemia en América Latina, y el que tomó menos medidas para contenerla. Para el bolsonarismo - ellos lo dicen abiertamente - la crisis debe ser usada como un arma contra el "sistema", un eufemismo para referirse al régimen de libertades democráticas. El raciocinio por detrás es el mismo de Boris Johnson o Trump: permitir que la epidemia se expanda sin control, instalar la desesperación a la muerte, y conseguir, en estas circunstancias excepcionales, una concentración excepcional de poder en el Ejecutivo, al servicio del rescate del gran capital y al costo de miles o millones de vidas. Según estimaciones del Banco Central reveladas por el propio Guedes, la velocidad de contagio en Brasil es superior a la de Italia o la de China, pudiendo infectar hasta el 80% de la población (Folha de S. Paulo, 16/3). Un estudio de la Universidad de Oxford advierte que la epidemia puede costarle al Brasil hasta 478 mil muertes (The Intercept, 17/3). La política genocida del gobierno apunta a dejar correr a rienda suelta a la crisis e intervenir con el único criterio de poder utilizarla para perseguir aquel objetivo político. El "Mito" deja el caos avanzar para, en un segundo momento, intentar militarizar toda la vida social, con la desmoralización de las organizaciones de la clase trabajadora como blanco privilegiado. La barbarie como política oficial del Estado. Que esta es la verdadera política de gobierno frente al coronavirus fue revelada en una reunión entre el Ministerio de Salud y la Secretaría de Salud de Sam Pablo, el estado más afectado por la epidemia. Especialistas que hacen parte del comité de contingencia del coronavirus en San Pablo no fueron consultados sobre la estrategia gradualista del gobierno paulista, adoptada luego de una reunión con el Ministerio, reveló la Folha (14/3). Esto obligó al Ministerio Público de San Pablo a pedir que la capital y el estado den justificativas técnicas para no adoptar medidas a fin de evitar las aglomeraciones. Pero los técnicos paulistas dejaron claro que la estrategia no tenía ningún apoyo científico y estaba a contramano de las recomendaciones de todos los especialistas. Del lado de Guedes y del "mercado financiero", la falta de pudor compite con el de Bolsonaro, al utilizar la tragedia social del coronavirus como arma para extorsionar al Congreso. Los bancos y grandes fondos especulativos exigen que la respuesta al coronavirus sea la aprobación de una sola vez de toda la agenda de ataques a los trabajadores (privatizaciones, reforma administrativa, etc.), A la sombra de la desesperación general. Un proyecto genocida escondido bajo el disfraz de "política económica", creado por un grupo de canallas que son festejados como "equipo de lujo" por la burguesía, sus partidos e instituciones. Esto incluye a la prensa burguesa, con la red Globo a la cabeza, que, haciéndose de opositora, todavía hoy repite ese mantra ridículo y continua a ser un apoyo fundamental para Guedes y su jauría. En condiciones normales, Bolsonaro tendría que asumir el liderazgo, reuniendo todos los poderes y partidos del régimen para enfrentar la crisis del coronavirus. Las manifestaciones del 15/3, en tanto, fueron un movimiento arriesgado en la disputa con el Congreso por el control del proceso político, en un momento en que todos saben que, sin una acción coordinada, la lucha del orden vigente contra la epidemia está perdida. El delirio fascista (que tanto gusta de tiros) no consigue ver el gigantesco tiro por la culata que la imagen de un Bolsonaro posiblemente contaminada con COVID-19 puede tornarse al apretar la mano de centenas de personas en la Plaza de los Tres Poderes. A pesar del barullo de la mafia bolsonarista, el avance de la peste será la fuerza motriz por detrás de un creciente repudio del gobierno por parte de las masas populares. La lucha de clases en Brasil está entrando en una fase brutalmente convulsiva, combinando una disputa ciega por la sobrevivencia económica y política a partir de arriba, y una lucha en masa por el derecho elemental a la vida a partir de abajo. Lo que está en cuestión no es un mercenario infame que ostenta su abyección desde la cumbre del poder, ni siquiera un gobierno o una crisis de las "instituciones". Asistimos diariamente a la inescapable evidencia de la absoluta contradicción entre la continuidad del régimen social y las necesidades presentadas a os trabajadores para encontrar una respuesta al desafío del coronavirus - literalmente, la vida y la muerte. No es un cambio circunstancial de rumbo económico o político lo que está en juego, sino la existencia física de millones, aquí y ahora. Amenazas de esta naturaleza no son extrañas a la experiencia de los oprimidos del Brasil, muy por el contrario. Apiñados en los centros urbanos, en las favelas e caseríos pobres, los explotados brasileños han sido lanzados, generación tras generación, a la lucha por la sobrevivencia y a la explotación más salvaje sin encontrar otro horizonte que no sea la reproducción siempre empeorada de un agujero negro capitalista sin fondo. La respuesta del poder económico y político al coronavirus condensa en un momento histórico único la radiografía de un régimen moribundo, imposible de esconder debido a la gravedad y urgencia del problema. El desenvolvimiento de esta crisis precipitará la convergencia de las más variadas camadas de la población trabajadora en torno de una conciencia común de que delante de la peste solo hay un resultado que puede ser aceptado: vivir, y para vivir es necesario vencer. Lo que está por venir puede ser ilustrado por lo que sucedió con el primer caso grave de coronavirus en el país. Después de que una mujer internada en el hospital Daher en Brasilia (en el Lago Sur, residencia de la elite y de los políticos brasileños) desenvolvió un síndrome respiratorio agudo, esta fue transferida para un hospital público, pues el privado “no estaba preparado para atenderla”. El episodio debería ser suficiente para que el Estado asumiese la administración de aquel hospital para colocarlo al servicio de emergencia sanitaria. Pero la Agencia de Salud Suplementaria y el Ministerio son controlados hace décadas por los acuerdos (bancos), por las empresas privadas y por el lobby de los médicos que gerencian estos negocios. Juntamente con sus representantes políticos, esos intereses son responsables por el desguace del Sistema Único de Salud (SUS), por el número limitado de camas de UTI en el sistema público (16 mil para más de 150 millones de trabajadores, 95% de los cuales estaban ocupados mismo antes de la crisis) y por el déficit crónico de profesionales de la salud en municipios pobres. En un país donde reformas anti-laborales lanzaron a la mayoría de los trabajadores al mercado informal, cerca de 50 millones de personas no tendrán otra opción sino salir a las calles para ganar el pan del día, sin chance de tomar medidas profilácticas para evitar el contagio. Los trabajadores de la salud son los que van a vivir en la primera línea de esta catástrofe de tres cabezas que nos amenaza –la pandemia, el colapso capitalista y la descomposición del estado brasileño-. Todos los gremios deben colocar en la agenda la solidaridad con los trabajadores de la salud y transformarla en un eje de unidad y organización. Las iniciativas deben ser multiplicadas, enfatizando que los recursos necesarios para derrotar al virus solo pueden ser garantizados con la clase trabajadora como líder de la nación, y que las necesidades para defender la vida solo pueden ser atendidas por un frente único de las organizaciones obreras, tomando el control de la lucha contra la enfermedad en las propias manos. Es momento de desarrollar una movilización política sistemática, dirigida a toda la población, relacionando las tareas para enfrentar la epidemia con la denuncia de las responsabilidades de la clase capitalista y sus representantes políticos por la escases y precariedad de los medios materiales para enfrentarla. Brasil está en vísperas de una situación pre-revolucionaria, con lo cual la clase trabajadora brasileña entra en el torrente de la revolución latinoamericana que tiene a Chile rebelado como su expresión más avanzada. Un proceso donde todos los pueblos enfrentan el mismo desafío en condiciones muy semejantes, por la cual la experiencia viva de la lucha para enfrentarlo será un patrimonio a ser compartido y generalizado en la hora. Las organizaciones de trabajadores, movimientos sociales y partidos de izquierda brasileños precisan unificarse en una campaña política en torno de un conjunto de demandas inmediatas, con una estrategia de poder independiente. Atención universal de salud gratuita. Duplicación del presupuesto de salud. Expropiación de clínicas privadas para que Sean administradas por el SUS. Tests de diagnósticos gratuitos para toda la población. Nacionalización de la industria farmacéutica y de os equipamientos médicos bajo control de los trabajadores. Distribución gratuita de máscaras, alcohol en gel, elementos de higiene y canastas básicas. Jornada laboral de 6 horas para trabajadores de la salud. Empleo inmediato de todo el personal necesario para la lucha contra la epidemia, bajo el régimen de la CLT (Consolidación de las Leyes del Trabajo). Expropiación de inmuebles de grandes empresas y terrenos desocupados para garantizar la habitación y las condiciones sanitarias a las familias trabajadoras. Revocación de la reforma laboral. Escala móvil de salarios y jubilaciones por inflación. No a las horas extras. Distribución de las horas de trabajo sin reducción salarial en todas las categorías. Defensa del derecho a huelga. Prohibición de despidos. Pago integral de los salarios. No al pago de la deuda externa. Nacionalización del sistema bancario y del comercio exterior bajo el control de los trabajadores. Fuera Bolsonaro. Huelga general. Asamblea Constituyente Soberana. Gobierno de trabajadores. Publicado en Boletim Classista N°19, marzo de 2020

23 de marzo de 2020
Hospitales de campaña y cuarentena en Santa Fe

El Estado nacional declaró la cuarentena y promueve la creación de Hospitales campaña con la pretensión de que estos den soporte a un sistema de salud que viene siendo vaciado y golpeado sistemáticamente desde hace años. Uno de estos “hospitales” -en realidad, containers con divisiones de durlock- tendrá su sede en el predio del Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, en la zona del Cordón industrial. La campaña “quedate en tu casa” convive con otra realidad, anti-cuarentena y de riesgo social, a la que están expuestos los obreros y obreras de las grandes industrias del lugar y del puerto, ya que los patrones se niegan a parar la producción y amedrentan suspendiendo los pagos de salario o con la pérdida del presentismo. Son estas masas de trabajadores, que viajan y pasan horas durante sus jornadas laborales, pegados unos a otros, expuestos a más riesgo de contraer la enfermedad y diseminar el virus masiva y rápidamente. Ante la posibilidad inminente de que la etapa de “mitigación” (es decir, que haya la menor cantidad de muertes e infectados posibles) no sea del todo eficaz y el invierno que, anualmente, colapsa los servicios con afecciones respiratorias, nos coloque ante una crisis sanitaria nunca vista, es que el gobierno provincial ya ha comenzado a “reclutar” profesionales de la salud a través de un registro para “disponer” de ese personal “cuando haga falta”, por supuesto no menciona cuanto ni como les pagaría, o que condiciones de trabajo ofrece. Perotti acaba de anunciar con bombos y platillos un miserable bono por única vez de $3.000 para el personal policial, penitenciario, de comedores escolares y profesionales de la salud. Como si los $3.000, con salarios muy por debajo de la canasta familiar, pudieran compensar el sacrificio y el riesgo que estamos corriendo los trabajadores obligados a poner el cuerpo en forma directa en esta pandemia, sin planificación, capacitación adecuada, ni insumos suficientes. Es, por esto, que continuamos denunciando que los elementos básicos de seguridad no están cubiertos en ningún lado. Falta alcohol en gel, barbijos, antiparras, batas, hipoclorito de sodio, vestuarios, duchas y casilleros. Las carencias más alarmantes son paneles aspirativos y respiradores mecánicos, la disponibilidad de estructuras de terapias intensivas y, por supuesto, personal esencial, principalmente en enfermería y ordenanza. Planteamos que en este cuadro de situación, donde han suspendido paritarias, el gobernador saque por decreto el pase a planta de todos los trabajadores que ya se encuentran desempeñando sus tareas en los hospitales y centros de salud, algunos desde hace más de 10 años y que se respete el escalafón para el ingreso de personal bajo contrato con convenio colectivo con el Estado, que contemple todos los derechos de un trabajador de planta, obra social, seguro, aporte jubilatorio, pago de salario en tiempo y forma, con continuidad laboral y el posterior pase a planta . Frente a la parálisis de los sindicatos, los trabajadores tenemos que tomar la iniciativa, organizando comités que especifiquen las necesidades de cada lugar y hacer un seguimiento independiente de las autoridades y funcionarios. Asambleas y reuniones, manteniendo las medidas de seguridad correspondientes, en los cambios de turno, a la entrada y salida, en las puertas y patios. La cuarentena no significa un paro, en términos de una medida de lucha. Las centrales sindicales y los sindicatos tienen que llamar a parar la producción garantizando los salarios, hasta que se concreten los reclamos. Sólo con organización y control de la clase obrera podremos poner fin a esta pandemia y a la barbarie que nos ofrece cruentamente el régimen capitalista, ahora más que nunca por la organización socialista del mundo, por un gobierno de trabajadores. Marilin Gómez, Enfermera de Santa Fe-Capital, Jorgelina Signa, Enfermera en Neonatología, y Vanesa Blanco, Enfermera de la Junta Interna del Hospital Eva Perón

23 de marzo de 2020
Larreta ofrece un sánguche

El Gobierno de la Ciudad primero dispuso “la entrega del refrigerio o vianda”, a través de las Escuelas (res. 2020/1482 CABA) pero luego, por medio de una carta de la Dirección General de Servicios a las Escuelas, redujo el servicio a refrigerios. Soy maestra y delegada de una escuela de la Villa 1-11-14 en el Bajo Flores y quiero decir que lo que el gobierno de Larreta y la ministra Acuña les ofrecen a nuestros pibes es ¡un sánguche! Dos panes con una feta de fiambre y otra de queso. Lejos está de cumplir los requisitos nutricionales para enfrentar la pandemia, en un contexto de cuarentena que reduce sensiblemente los ingresos de las familias de nuestra escuela y de las familias trabajadoras del barrio De acuerdo a la normativa de la ciudad (Ley 3704) y la emergencia sanitaria, el servicio alimentario debería proveer una alimentación que eleve la calidad de vida. La zona sur de CABA (el distrito más rico del país) comprende no sólo la pandemia de coronavirus si no cientos de casos de dengue, sarampión y tuberculosis. Las familias viven en un contexto de alta precariedad habitacional, nutricional y falta de acceso a la salud El plato de comida que nuestros pibes comen en la escuela, en muchos casos es el único alimento diario. Al mismo tiempo el GCBA debería proveer a las familias de elementos de higiene y limpieza, repelente y alcohol en gel con instructivos para su uso y garantizando su correcta distribución. Estas medidas deberían abarcar a todos los niños y jóvenes en edad escolar desde los 0 hasta los 18 años. Pero lejos estamos de esto tanto a nivel jurisdiccional como nacional. La cuarentena necesaria para la defensa de la vida se hace imposible en los barrios populares, si no se brindan los medios materiales y económicos para las familias que viven de trabajos precarios, que changuean o que directamente están en situación de calle. La mayoría de las familias de mí escuela son inquilinas y tienen hijos y adultos mayores a su cargo. Muchos están por fuera de la cobertura de planes sociales y los que los reciben deben complementar ese ingreso con trabajos que hoy no pueden realizar. Janett, mamá de tres egresados míos me escribió y dice: "Es muy tensa esta situación profe nosotros trabajamos del día a día. Con esto más nos endeudados. Tenemos deudas de mercadería y ahora con todo lo que pasa más estamos en el horno. Y preocupa que lo que ganamos por cooperativa es para pagar los alquileres de cada casa. Y por eso en su mayoría trabajamos en las ferias para nuestros alimentos. Nico está con Yadi en lugano. No podemos verlos" El estado debe garantizar una asignación igual a la canasta básica familiar y a condiciones sanitarias integrales mientras dure la situación de emergencia. No es una alternativa morir de hambre para no morir de un virus. Los reclamos de gobernadores, de ambos lados de la ‘grieta’ para que se declare el estado de sitio, sería hablitar a las fuerzas de seguridad que organizan el delito, las redes de trata y narcotráfico en la Villa, a ejercer una represión social y política, sin el respeto por los derechos y garantías de la Constitución La lucha por la salud y la vida va a ser ganada por los trabajadores, la docencia y distintas organizaciones barriales que nos estamos organizando para que nuestras vidas valgan más que los beneficios del capital.

23 de marzo de 2020
Una nueva tentativa de trabajo precario

Desde principios de febrero diversos medios anunciaron el proyecto del gobierno de convertir los más de 500.000 planes sociales que están vigentes hoy en Argentina en trabajo activo. El objetivo sería que los beneficiarios de planes sociales comiencen a trabajar en áreas como “construcción, producción de alimentos, reciclado, empresas textiles y recuperadas, economía del cuidado y agricultura familiar” (Ámbito, 06/02). El proyecto, que iba a ser anunciado a principios de marzo, se postergó por la crisis de la pandemia, pero el gobierno ya ha avanzado con esto en reuniones con organizaciones sociales. No se ofrece un solo cupo nuevo para aquellos desocupados que aún no reciben ningún tipo de asistencia del Estado, pero se impulsa que los planes ya existentes se conviertan en trabajo precario, interesadamente bautizado como “economía popular”. Estos trabajos precarios no cuentan con obra social ni jubilación alguna y apenas alcanzan a cubrir el salario mínimo, hoy en $17.000. La crisis de la pandemia ha puesto de manifiesto la debacle del sistema de salud que atraviesa el país. La precariedad de trabajo deja aún más expuestos a los trabajadores que no cuentan con ningún tipo de cobertura de salud ni aseguradora de riesgo, no sólo ya para el Coronavirus, sino de todo tipo de enfermedades, como por ejemplo el dengue o el sarampión que también han hecho estragos. La crisis del Coronavirus ha puesto de manifiesto más que nunca la necesidad de luchar por el trabajo genuino, con todos los derechos que éste implica. Economía de mercado No es la primera vez que los gobiernos pretenden transformar a los planes sociales en trabajo precarizado. Con el objetivo a poner fin a los subsidios prespuestarios, se pergeña este trabajo basura, en términos laborales y salariales. Los más progresistas, campeones en eufemismos, le han puesto el nombre de “economía popular”, con el argumento de que esta economía “solidaria y cooperativa” sería lo opuesto a la “economía de mercado”, con fines de lucro. En un intercambio en La Nación entre una nota editorial y una respuesta de Daniel Menéndez, dirigente de Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social, cada uno defendió uno de los dos “modelos”. La realidad, sin embargo, es que no existen dos economías, sino una sola. La prueba de que “economía popular” es una forma de desvalorizar el salario la ofrece el gobierno de los Fernández cuando elimina la movilidad jubilatoria y salarial. Con el pretexto de que hay que atender con prioridad a quienes tienen ingresos por abajo del costo de subsistencia, el Estado los convierte en el piso de la remuneración de la fuerza laboral. Las llamadas “cooperativas” de trabajo suelen realizar labores de obra pública, que resultan más baratas que la contratación de trabajadores bajo convenio y con estabilidad laboral. Gran parte del trabajo municipal ha sido sustituido por trabajo precario, que no está protegido por los convenios colectivos. La pandemia y la crisis sanitaria han demostrado en plenitud el grado de fragilidad a que están sometidos los trabajadores precarizados. El nuevo proyecto del gobierno, sin embargo, encuentra muchas dificultades. La primera de ellas es la caída de la obra pública, que viene en declive desde el gobierno de Macri. Por otra parte, en una economía donde el desempleo viene en franco crecimiento, las cooperativas de trabajo son incapaces de absorber a las masas de trabajadores que se encuentran sin empleo. La caída del consumo le pone un límite claro a cualquier proyecto productivo. Las leyes del mercado se hacen sentir con toda su fuerza en la “economía popular”. Los trabajadores que son empleados por el gobierno en forma tercerizada o “cooperativa” son conscientes de su condición de empleados de segunda y empiezan a luchar por el pase a planta permanente. Esto complica no sólo al gobierno sino a la organización que regentea la cooperativa y que recibe parte del botín. Las burocracias sindicales ya hace décadas pusieron el ojo en el negocio de la administración de trabajo precario, como fue el caso de José Pedraza, que tercerizó el ferrocarril. Trabajo precario y cooptación Los anteriores proyectos de “poner a trabajar” a los beneficiarios de planes sociales han fracasado estrepitosamente; no sólo el ya olvidado “plan empalme” del Macri (cuyo gobierno no sólo que no eliminó, sino que terminó duplicando los planes sociales), sino también el proyecto de trabajo en escuelas, del gobierno actual, que duró menos que un suspiro. Ahora nuevamente se vuelve al intento unificación de los planes de Salario Social Complementario y Hacemos Futuro (de $8.500), para convertirlos en un empleo precario a cambio del salario mínimo, esto es $17.000, sin ningún tipo de cobertura ni estabilidad. Como ya lo vivimos con el Argentina Trabaja del 2010, algunas organizaciones (piqueteras en el 2001) se propusieron hacer la experiencia de funcionar ellos mismos como entes ejecutores de la autogeneración de empleo precario, en lugar de que ese papel lo asuma el propio Estado. Al asumir estas funciones, las organizaciones se convirtieron en las patronales de sus propios compañeros. El Estado se desentiende tanto de la ejecución del trabajo como de los trabajadores mismos – una suerte de ‘trosco-liberalismo’ propiciado por el Estado. Los “entes ejecutores” reciben dinero por parte del Estado que pueden administrar a su antojo, con lo cual sus propios intereses los fuerza a perpetuar esta situación. Se establece así una integración completa de las organizaciones sociales al Estado. . Esta colaboración no ha llevado a la creación de ningún puesto de trabajo genuino para los desocupados. Más bien lo contrario: a aceptar un plan de $8.500 que no llega a ser un cuarto del salario de pobreza. O sea, la “economía popular” ha fracasado como alternativa a la “economía de mercado. Hoy la pobreza ronda el 32%. Es lo que han logrado Emilio Pérsico del Movimiento Evita, Daniel Menéndez de Barrios de Pie, Rafael Klejzer del Movimiento Popular La Dignidad o Miguel Gómez del movimiento campesino del Evita que integra el Mocase. De la mano de las secretarías de gobierno que ocupan, la política de cooptación pretende integrar a más trabajadores: cosechadores,, siembra de verduras, talleres de costura y bloqueras, con sueldos de un plan social y, un poco más, en cartoneros, recicladores, obras en la vía pública, etc. La ley de Emergencia Alimentaria ha ampliado el trabajo precario. Dos políticas Desde el Polo Obrero (Tendencia) rechazamos la cooptación, o sea la formación de un capa de capataces de nuestros compañeros, encargados de controlar las asistencias y la realización de la obra y tareas. Vamos a empadronar en los barrios para exigir que el Estado se haga cargo del empleo. Rechazamos la autocontrucción y el punterismo que les ofrece el gobierno a las organizaciones sociales a través del desembolso de cuantiosos fondos. Para terminar con la pobreza, reclamamos el trabajo genuino a partir de un plan de obras públicas a cargo del Estado. Solo basta ver ante la crisis del Coronavirus: con $8.500 ningún desocupado puede atender en lo más mínimo ni siquiera su salud. El gobierno no ha entregado en los barrios más carenciados ni barbijos, ni lavandina o alcohol en gel, ni alimentos para la cuarentena y la falta de trabajo. Miles de compañeros se han quedado sin ingresos producto de la cuarentena y se preguntan cómo harán para llegar a fin de mes. Reclamamos que se decrete la prohibición de suspensiones y despidos y se garantice la licencia con sueldo para todos los trabajadores. Acorde con los tiempos que corren, el debut del sindicato de desocupados UTEP ante esta crisis fue un gran lavado de manos. Ni un reclamo ante su gobierno para favorecer a los que dicen representar, los desocupados. A través de las redes sociales comienza la agitación de los trabajadores que discuten sobre el despotismo de las patronales y la ausencia estatal. Llamamos a organizarnos en los barrios por todos los medios disponibles, para discutir las necesidades y reclamar a municipios, gobernación y gobierno nacional ante la crisis sanitaria. Prohibición de despidos y suspensiones Por el trabajo genuino y la planta permanente Apertura de los cupos y aumento de los montos Por un subsidio extraordinario para todos los desocupados por la crisis sanitaria Por la entrega de alimentos y productos de higiene en todos los barrios Por la organización independiente del gobierno de turno y los patrones No al pago de la deuda, fuera el FMI

24 de marzo de 2020
24 de marzo: no al Estado de Sitio

Hoy, hace 44 años, las Fuerzas Armadas instauraban una dictadura miitar genocida, como la estaban reclamando la totalidad de las entidades empresariales, los partidos políticos tradicionales, con algunas excepciones valientes, el clero (con excepciones mayores, incluso heroicas), la OEA y el capital financiero internacional y sus gobiernos más prominentes. Ese asalto del poder fue preparado a través del gobierno peronista que lo precedió por medio de la militarización del país (“aniquilamiento de la subversión”), la triple A y el establecimiento del estado de sitio. Bajo este régimen que suprimió las garantías y derechos constitucionales, miles de luchadores recibieron el golpe militar en las cárceles, “a la orden del Poder Ejecutivo”. Parte de los asesinatos y desapariciones de los 30 mil compañeros fue consumada en los dos años previos al inicio de la dictadura. Argentina no está en guerra La justificación para instaurar la dictadura fue: declarar que Argentina estaba en guerra. Es lo que hemos vuelto a escuchar de parte del santafesino Perotti, del santiagueño Zamora o del jujeño Morales - un arcoiris de los partidos que hoy gobiernan -, para reclamar la declaración del estado de sitio. No la han “descartado” tampoco algunas ministras y ministros, que se reivindican, históricamente, del lado de enfrente de aquella dictadura militar. Si los ministros ventilan el tema, una de dos: o anticipan una decisión de los Fernández, o el régimen político (gobernadores, Congreso, Justicia) enfrenta una crisis. En la línea del estado de sitio se encuentran Trump, que exige el derecho a detener gente sin control de la Justicia; Piñera, que ha instaurado un toque de queda (¡para evitar las fiestas nocturnas!); y Bolsonaro. Los Fernández deberán decidir si se unen al pelotón. La crisis sanitaria, financiera e industrial, ha desatado una crisis de régimen político a nivel mundial. Argentina no está en ninguna guerra, salvo que se caracterice como tal a la que tiene cercada a Argentina por parte de los tenedores de la llamada deuda externa. Una deuda que nunca ha parado de crecer – de los cuatro mil millones de dólares de aquel funesto 24 de marzo de 1976, a los cuatrocientos mil millones actuales. El comando de esa deuda lo comparten los fondos internacionales, de un lado, y la burguesía nacional, del otro, que estaban en la misma trinchera hace 44 años. Esta guerra se ejecutó por medio de ‘ajustes’ contra los trabajadores, precarización de la fuerza de trabajo, destrucción del sistema de salud y de previsión social – que hoy se manifiesta en un cuarenta por ciento de pobreza. Esta vez sus protagonistas son los hijos y nietos de aquellos mismos políticos y aquellos mismos partidos que apoyaron el golpe militar genocida o miraron para otro lado. Esa deuda fue pagada todo el tiempo, sin el menor escrúpulo, por todos los gobiernos. Han dejado en Anses, Banco Central y banco Nación, unos doscientos mil millones de dólares en forma de pagadios, porque el dinero fue a manos de los chupasangres financieros. Perotti y Zamora tienen una verdadera guerra delante de sus narices, el narcotráfico, pero nunca pidieron un estado de sitio para combatirlo. Es que simplemente no les serviría de nada cuando las fuerzas de seguridad que deberían implementarla son socias de los narcotraficantes. El estado de sitio infecta Ningún infectólogo ha diagnosticado que el coronavirus se combate con un estado de sitio. Tampoco se garantiza por medio del estado de sitio el cumplimiento de una cuarentena; el único propósito del estado de sitio es quitar la potestad de las detenciones al poder judicial y legalizar las que ejecutarían las fuerzas de seguridad, bajo la arbitraria figura de “flagrancia”. Ninguna cuarentena puede forzar a la reclusión a una familia de seis personas que se alojan en una pieza o casilla. Ninguna lucha contra la epidemia es socialmente viable cuando se pagan, como ocurre ahora, con emisión de moneda, la deuda con los bonistas que no ingresan en los ‘reprfilamientos’. El único método histórico eficaz para combatir una pandemia es por medio de la movilización popular y el desarrollo de una gran conciencia política a través de la movilización popular. La lucha contra la epidemia exige el establecimiento de protocolos de seguridad sanitaria para todos los trabajadores (redactados y aceptados por los trabajadores) que deban asegurar la producción imprescindible -en primer lugar la reducción de la jornada laboral, sin afectar el salario, y el control obrero de las condiciones de trabajo. En segundo lugar, una campaña masiva de detección de la enfermedad. La producción prescindible debe ser cesada, al menos por un tiempo, sin perjuicio de los salarios. El impuesto a la ganancia del capital, que hoy no recauda más de u$s15 mil millones, debe ser llevado por encima del 70%, que las grandes firmas pueden financiar repatriando los dólares que tienen en el exterior – so pena de incautación. Los “refuerzos” de tres mil a $10.000, como mucho, en el caso de un grupo familiar sin otro ingreso, son un insulto para los trabajadores monotributistas, los desocupados y los semi-ocupados. Una familia necesita, en la emergencia, un ingreso igual a la canasta alimentaria y de salud. En los hospitales, tanto públicos como privados, médicos, enfermeros y técnicos denuncian la ausencia de medidas de protección y falta de insumos básicos. Es necesaria la jornada de cuatro horas en la salud; seis turnos laborales; incorporación masiva de médicos y paramédicos, con salarios de convenio; una campaña masiva de detección de la enfermedad – kits de diagnóstico, respiradores. La salud privada en su conjunto debe ser incorporada a un sistema de trabajo único a cargo del Estado, a un costo controlado por auditorías de trabajadores. El estado de sitio, en las condiciones actuales, constituye un intento de salir de la crisis sin cuestionar la economía de mercado, o sea la piedra libre a una patronal sin control. Es el pueblo bajo vigilancia y sin libertades, para asegurar la libertad de empresa, como exigen los acreedores de la deuda y el FMI. Ajustar al capital La financiación de la economía por medio de créditos del Banco Central debe tener la contrapartida de una reglamentación estatal, para que los capitalistas no la instrumenten en su beneficio y la conviertan en una hiperinflación. La burocracia del estado no puede asegurarla; es necesario el control de los trabajadores, en primer lugar de los bancos, y de la industria, el comercio y el agro. Todo esto es tanto o más urgente cuanto que el gobierno no tiene ninguna previsión acerca de cuándo podría levantar la cuarentena, que por otra parte tampoco podría ser mantenida en el tiempo. Es necesario un nueva sistema político para garantizar la transición: el control obrero. Llamamos a los trabajadores a discutir esta perspectiva y cómo ponerla en marcha. No hay cuarentena posible en condiciones de hacinamiento: formemos comités de barrios y villas para organizar una cuarentena adecuada a las condiciones existentes. Advertimos lo siguiente: ni Trump, Bolsonaro, Piñera – tampoco los Fernández, tiene condiciones de gobernar por medio de un estado de sitio. Los estados principales de Estados Unidos han decidido actuar por su cuenta, en oposición a la política de Trump; en Brasil, este conflicto es mayor aún y deberá enfrentar a cortísimo plazo la opción del derrocamiento de Bolsonaro, o un auto-golpe de estado. Los Fernández atraviesan, en medio de la crisis sanitaria y económica, la última etapa de la negociación de la deuda. Desde la City de Londres anuncian que ‘los bonistas’ no aceptarán ‘quitas’. Si los Fernández se deciden por el estado de sitio, deberán modificar su régimen de gobierno, sin que se vean las alternativas correspondientes. La posibilidad de un estado de sitio deja al desnudo una gran crisis política – el gobierno renuncia a su legitimidad electoral. Hoy es el 44° aniversario del golpe asesino; no el 24 de marzo del ‘76, cuando había una derrota de los trabajadores y una ofensiva reaccionaria del capital En el Titanic capitalista, la burguesía exige prioridad en el rescate. Nuestra consigna es: niños y mujeres, primero – trabajadores, desocupados, jubilados, gobierno de trabajadores.

24 de marzo de 2020
Hospital Mercante: cómo nos organizamos

Los trabajadores de la salud asistimos a una crisis sanitaria antes de la llegada masiva de los casos esperados por el C19; a la fecha no se cumple con el protocolo, no hay una adecuada provisión de insumos, materiales, y personal, ya que muchos se encuentran de licencias varias. En nuestro hospital tuvimos que hacer una charla de epidemiologia a instancia y exigencia de los delegados. Allí aprovechamos la presencia de todo el personal directivo para leer el pliego de nuestros reclamos. Nos respondieron, cínicamente, que el mismo estaba en marcha y no faltaban insumos. La reacción de los presentes fue no dejar salir al director expresando que todos padecíamos la falta de barbijos, alcohol en gel, etc. Llamamos una asamblea y se decidió, como Junta interna de ATE, tomar las medidas correspondientes si la dirección no se ocupaba de efectivizar la provisión a todos los sectores, ya que nos encontramos en situación de vulnerabilidad y riesgo. El planteo nuestro fue claro e inequívoco: sin insumos no se trabaja. Al otro día le bajamos la ventanilla de turnos, a pedido del personal que seguía sin insumos, allí logramos que se haga presente, una vez más la dirección. Al medio día, la dirección citó de urgencia a una reunión al servicio de infectología, docencia, jefes de enfermería, encargados de limpieza y cuidador hospitalario, donde se informó la entrega de los kits a cada agente. Se logró además, la diferenciación de la circulación de posibles casos de C19. Nos informaron que la provincia había solicitado a cada hospital, el envío mediante un mail de los recursos destinados pero no tenemos fecha fehaciente de su concreción. Planteo La pandemia del coronavirus ha dejado al descubierto el derrumbe sanitario que se coronó con la descentralización sanitaria que impuso el menemismo, y que propició a la salud privada en detrimento de la salud pública. La regla fue el recorte presupuestario, y diversos contratos por fuera de convenio (residentes, becas sin estabilidad ni aportes, contratados diversos); esto incluye a los profesionales encuadrados dentro de la ley 10430 y 10471, alrededor de un 20% del personal. En cuanto a los trabajadores no profesionales, la salud pública se vio repleta de empresas tercerizadas como maestranza, cocina, y ropería que sirvieron para el enriquecimiento de los mismos funcionarios. Para enfrentar esta crisis sanitaria: Evaluar los problemas operativos a partir de constituir centros de traslados terrestres y aéreos. Toda la flota aérea disponible debe estar a disposición del comité de sanidad. Los vehículos de las fuerzas de seguridad deben quedar bajo este control total, de los trabajadores de la sanidad En base a la proyección de casos, realizar el cálculo para estimar costos y presupuesto por cada paciente, de modo que sirva para abastecer a los hospitales, en relación al número de camas, respiradores, materiales descartables, dispositivos de flujo para oxigenoterapia, y contar con el recurso humano necesario por demanda de paciente, quien no debe estar expuesto a más de 6 horas de trabajo indiferentemente sean las áreas guardias e internación. Esto exige el nombramiento de todo recurso humano necesario, que será considerado personal en riesgo y doblemente asegurado e indemnizado en caso de contagio y/o muerte por la ART provincial, por estar en primera línea de contacto. Los lavaderos de ropa que proveen a los hospitales, deben ser puestos a garantizar al personal sanitario, mediante la contra-entrega de ropa de trabajo en el ingreso y egreso las 24 horas. Todos los trabajadores deben recibir el vale para la comida en los comedores de los hospitales, y recibir un refrigerio de acuerdo a las necesidades nutricionales determinada por edad, y sexo. Así mismo una crisis sanitaria de tal envergadura debe obligar a cualquier gobierno, a tomar entre las llamadas medidas “drásticas” la exigencia a la medicina privada, los laboratorios, clínicas y sanatorios, poner a disposición enteramente su infraestructura, junto a sus recursos humanos, materiales y producción, en función de paliar las demandas poblacionales frente al colapso sanitario pre existente al covid19, los que se verán sobredimensionados indefectiblemente. Los elementos represivos del estado no pueden ser tomados como medidas de contingencia; se malgasta un uso de recursos materiales de los cuales los hospitales hoy no cuentan, como ser el uso de barbijos y elementos de bioseguridad para enviárselos a la policía ( ¡!) Quienes además no tienen ninguna finalidad más que la del control y represión de las masas obreras. Frente a la actual crisis sanitaria, lo que está ocurriendo en diferentes lugares de trabajo, es la manifestación de los empleados sanitarios, por el incumplimiento del protocolo, en distintos hospitales como Vicente López, San isidro, San miguel y José C. Paz. La prioridad debe ser el abastecimiento urgente a la salud pública. El personal sanitario, debería a la fecha estar inmunizado con la cepa influenza h1 n1 cepa 2020. Sin embargo no se sabe con certeza la fecha del envío de la vacuna antigripal. Comité de crisis sanitaria resolutivo, bajo control obrero para realizar el seguimiento de la situación frente insumo y personal, integrados por la comunidad: docentes; y vecinos. Salario igual a la canasta familiar. Pase a planta de becarios y residentes. Capacitación inmediata sobre el uso de nueva tecnología y capacitación. La declaración de la emergencia sanitaria, es solo demagogia si no se destinan todos los recursos necesarios al diagnóstico, tratamiento y prevención del virus. La autora es delegada ATE del Hospital Mercante

24 de marzo de 2020
La Boca: hambre, hacinamiento e insalubridad

La crisis desatada por la pandemia del Coronavirus no pudo caer en un momento más inconveniente en el barrio de La Boca. Al freno económico, la falta de changas y trabajos se le suma la profundización del problema habitacional producto de las políticas a favor de los negocios inmobiliarios de Larreta en el sur de la ciudad. El hacinamiento en viviendas y conventillos precarios, donde en uno solo pueden vivir de 40 personas a más, impide garantizar los mínimos requisitos sanitarios. Buena parte de las familias carecen de baños propios, conviven con cloacas nulas u obstruidas y deben compartir letrinas con decenas de personas. Esta semana las escuelas cerraron sus comedores que atendían a los niños y los reemplazaron parcialmente por viandas precarias. La realidad de todo el conglomerado barrial coloca a sus habitantes en un inmenso grupo vulnerable y de riesgo frente al virus. Ante esto desde la asamblea de la Tendencia del Polo Obrero de La Boca planteamos que el gobierno garantice los insumos como el agua lavandina, alcohol en gel y los elementos de limpieza como trapos rejilla y baldes para que las familias de trabajadores puedan, en la medida de sus posibilidades, sanitizar sus hogares. Sumándolo a un refuerzo en las partidas de alimentos para poder afrontar la angustiante situación económica. El parate de la actividad no tuvo ningún reparo para los trabajadores tanto sea regulados o no, la apertura de cupos de planes sociales y su aumento debe ser inmediata. El gobierno debe poner predios del barrio a disposición para garantizar el trabajo de comedores y merenderos y para evitar el hacinamiento de los vecinos. Y un plan de obras casa por casa con materiales y herramientas para brindar de la infraestructura necesaria. Es esencial implementar ya un subsidio al desocupado y subocupado, en lugar de subsidiar las pérdidas de los empresarios, con una eximición general de impuestos, servicios públicos y alquileres para el conjunto de los trabajadores y jubilados. A la fecha no existió ningún tipo de presencia de parte del gobierno para cubrir estos reclamos en nuestro barrio, generando una gran inquietud en las familias durante esta cuarentena. Esta situación vuelve a plantear como fundamental la lucha histórica por trabajo genuino, en blanco, con ART, y con todas las conquistas históricas del movimiento obrero. La falta de medidas para garantizar el derecho a la salud de la población trabajadora muestra que el gobierno defiende los intereses empresarios, ante todo, por eso debemos deliberar y tomar la defensa de nuestra salud y conquistas.

24 de marzo de 2020
Aplausazo y corte de los trabajadores del Hospital Italiano

El domingo 22, los trabajadores franqueros -que trabajan sábado, domingo y feriados- del Hospital Italiano, acompañados por la Comisión Interna, cortaron la calle Perón e hicieron un aplauzaso. Denunciaron falta de los insumos más básicos -por ejemplo, barbijos- y exigieron condiciones de mayor seguridad en su trabajo. El Italiano no respeta ni implementa protocolos de detección de casos (Triage) como ya se hace en el hospital Fernández o el Moyano. En un comunicado, la Comisión Interna informa que pacientes sospechosos de estar infectados han estado deambulando por el comedor de los trabajadores. El descuido de la vida y la seguridad de los trabajadores, como se ve, no solo está presente en la salud pública sino que forma parte del maltrato patronal en las instituciones privadas. También son perjudicados los pacientes que abonan mensualmente los onerosos planes de cobertura, pero se encuentran expuestos a estas irregularidades. Hace una semana, en Política Obrera, hacíamos referencia a la prepotencia patronal del Italiano que no respeta las licencias, otorgadas por los decretos presidenciales y del gobierno porteño para grupos de riesgo y de progenitores en caso de que ambos sean trabajadores de una rama esencial como es la salud. La dirección del hospital actúa con total impunidad presionando a los trabajadores para que desarrollen sus tareas sin los elementos necesarios. El día 19 emitió un comunicado interno titulado “plan de trabajo” amparándose en los artículos 63,64, 65 y 66 de la Ley de Contrato de Trabajo y de la resolución 207/20 del gobierno porteño para decretar la flexibilidad temporaria de la jornada de los trabajadores. Los trabajadores del hospital trabajan con miedo, y no a la patronal, sino a infectarse y ser transmisores para sus familias. El corte de calle fue acompañado por la Comisión Interna del hospital (agrupación Bordó, oposición a la Celeste y Blanca oficial de Daer). Una novedad al interior del gremio, que se mantiene por fuera del conjunto de los reclamos de los trabajadores, abandonándolos a los atropellos de las patronales privadas de la salud.

25 de marzo de 2020
El aparato del PO y la huelga docente salteña

La huelga de la docencia salteña ha puesto en evidencia, el abandono de posiciones clasistas y combativas por parte del aparato oficialista del PO y sus seguidores salteños. Lo demostró su adaptación sin límite a los delegados afines al gobierno que oficiaban de dirección del movimiento. Seguidismo En vez de combatir la campaña macartista del gobierno y sus agentes contra Tribuna Docente y el PO, en yunta con los delegados burocráticos, increparon a nuestros compañeros por repartir sus volantes que fijaban posiciones ante los desafíos de la huelga, e incluso exigieron que bajemos nuestras banderas. Estas campañas macartistas las había sufrido el PO en el pasado, cuando las respuestas de Del Plá, López y Foffani era combatir la violencia contra la democracia sindical. Vergonzosamente, evitaron fijar posición ante el intento de desconocer a los delegados departamentales de capital, primero, y Orán después. Actuaron como lo hacen en el Partido Obrero, violando la democracia interna, expulsando militantes y desconociendo el derecho a actuar como una tendencia – sólo que en Salta y en la docencia son absoluta minoría. El empuje del activismo de base y la lucha democrática de Tribuna Docente impidió que avance este macartismo. Ya desde el inicio de la segunda semana de huelga, en la asamblea provincial del lunes 9, mocionaron una contrapropuesta sin especificar si la huelga debía continuar o levantarse. Al día siguiente, hicieron suyo el latiguillo de que la huelga se estaba desgranando y que la pandemia de coronavirus planteaba su levantamiento. Es lo que defendieron después en una asamblea improvisada de capital y en la asamblea provincial del 14. Bien mirado, querían levantar la huelga antes de que se suspendieran las clases, o sea que convocaban a ir a las aulas en tiempos de pandemia Su “balance" de la huelga en Prensa Obrera busca presentar el levantamiento que ellos promovieron como una victoria parcial. Esgrimen que se obtuvo el compromiso de una titularización anual por decreto, sin decir que había sido acordada con la intergremial docente, para presentarlo como una oferta adicional a los autoconvocados. También, embellecen el acuerdo salarial firmado con esta misma burocracia, aunque a la par deban reconocer que fue rechazado. Su “balance” reivindica que el “espíritu” de la votación fue el de “suspender el paro para preservar la continuidad de la asamblea”, pero ésta no estaba amenazada por nadie, salvo que así se entiendan las críticas del activismo combativo a los delegados afines al gobierno. Igualmente es falso que haya promovido el levantamiento para “evitar una disgregación de la medida”, ya que sus intervenciones, al igual que la de los delegados burocráticos, presentaban unilateralmente a la huelga como ya desgranada. Para ello citan la baja asistencia a la última asamblea provincial, sin denunciar que la dirección del cuerpo de delegados torpedeó el paro durante toda la semana y que las bases le tenían una enorme desconfianza. Tampoco denuncian que estos delegados se negaron hasta el final a convocar a asamblea y sólo lo terminaron haciendo el viernes 13 a última hora, impidiendo la participación de las bases del interior. Nada de esto es denunciado porque esa fue la orientación del aparato del PO. Aprovechando la volada, éste trató de colocar al movimiento que ayudó a desinflar detrás de una acción parlamentaria de Claudio Del Plá por la derogación de la ley anti huelgas 6.821. Autoproclamación El “balance” del aparato nacional del PO se esfuerza por autoproclamarse como la “única" Tribuna Docente. Pero muy a su pesar, al conjunto del activismo combativo le ha quedado claro su desbarranque y que han abandonado una referencia histórica que alguna vez supieron construir. Su acusación de que los niveles de acatamiento provinciales presentados por Tribuna Docente, no tenían “ninguna relación con los debates que se desarrollaban en las escuelas”, refleja más bien un esfuerzo para dar un lugar determinante a ciertos debates en capital, único departamento donde militan, y que de todos modos mostraban una enorme desconfianza en una dirección conservadora que ellos defendieron en la última asamblea provincial. Del mismo modo festejan la abstención de uno de los delegados de Orán, departamento que traía como mandato la continuidad del paro. El aparato nacional del PO, representado en Salta por Del Plá, López, Foffani y cía, tuvo que disciplinar al puñado de luchadoras de capital que se fueron con ellos del PO salteño, para que jueguen un rol absolutamente reñido con su propia historia de lucha. En contraposición con este desbarranque, un importante sector del activismo ha valorado aún más la intervención de los compañeros y compañeras de Tribuna Docente y el PO salteños, en tanto abre un curso de salida a la enorme crisis de dirección de la docencia salteña.

25 de marzo de 2020
Piñera decreta estado de emergencia frente al avance del coronavirus y del desgobierno

Compartimos esta nota sobre la crisis política en Chile desatada por la pandemia, en el marco de la rebelión popular. El POR-Chile es miembro de la CRCI y es compañero de ideas de la Tendencia del Partido Obrero de Argentina. PIÑERA DECRETA ESTADO DE EMERGENCIA FRENTE AL AVANCE DEL CORONAVIRUS Y DEL DESGOBIERNO En la mañana de ayer, Piñera decretó estado de emergencia y excepción constitucional, el cual comenzó a partir de hoy jueves a las 00:00 y por 90 días. El principal objetivo de esta medida es poder sacar a los militares a las calles para el resguardo de los centros de salud, de fronteras, garantizar las cadenas de producción y distribución de abastecimiento y para tomar el control de la seguridad pública. Esto fue anunciado después de que desde el ministerio de salud se contabilizarán 238 personas diagnosticadas con COVID-19 positivo. La medida fue tomada por Piñera justo después de que miles de trabajadoras y trabajadores mineros, forestales, del comercio, retail y transportes se movilizan en todo el país frente a la obligación de presentarse a los lugares de trabajo, cuando consideran que no están las condiciones de resguardo de su salud frente al incremento de los contagios. Chile es el país con más casos de coronavirus en América del Sur y con una tasa mayor de diagnosticados- a igual número de días después del primer brote – que países como Italia y España donde la crisis sanitaria ha sido catastrófica. Las masas obreras y las capas medias del país no confían en Piñera, han adquirido una mayor conciencia de las contradicciones sociales que atraviesan al país después de iniciada la rebelión popular del 18-O, y han asumido, mirando muy de cerca la tragedia que la pandemia ha generado en los países europeos, quienes se encuentran en una verdadera lucha por la vida. Han tomado medidas de resguardo antes de que el gobierno las indique, presionado a los alcaldes de las comunas de Santiago – principalmente los de la coalición de gobierno – para el cierre de escuelas y de centros comerciales a contrapelo de las indicaciones de Piñera, reclamando que al presidente le importa más mantener la actividad económica y las ganancias empresariales que la salud de las personas que día a día se exponen al virus en sus lugares de trabajo y en el transporte público. El clamor popular reclama una cuarentena general y Piñera responde con la negativa a esa opción con militares en las calles tal como el paso 18 de octubre. Piñera está lejos de resolver su crisis y la del régimen completo que aumenta la intensidad de sus tendencias dislocadoras. La movilización de las masas no ha parado, ahora se manifiesta de otras formas, bajo un contexto de crisis económica y crisis sanitaria extrema. “Estamos mejor preparaos que Italia” Aseverando que el sistema de salud chileno está mejor preparado que el italiano para enfrentar la crisis del coronavirus, Piñera se resiste a tomar medidas de fondo para aplanar la curva de contagios y sigue apelando al “autocuidado de la población”. En la noche del miércoles, salió por los medios planteando que su gobierno no solo tiene que “proteger la salud de las personas, sino que también debemos preocuparnos que los que estén en su casa tengan electricidad, agua potable, telecomunicaciones, alimentos, medicamentos”, haciendo defensa del reclamo empresarial de mantener el mayor ritmo de producción posible en medio de la pandemia. Desde el Colegio Médico, su presidenta afín al Frente Amplio, Izkia Siches, ha manifestado que si las estimaciones sobre la que se basa Piñera son ciertas – 100 mil pacientes en el peak del contagio, 45 mil pacientes terminando abril hospitalizado y 4 mil con uso de respiración mecánica – sería como un “tsunami para la red sanitaria” que ya tiene las unidades de cuidados intensivos ya están llenas. Según fuentes del gobierno, entre el sistema público y privado se cuenta en la actualidad como alrededor de 1.200 respiradores mecánicos, instrumentos cruciales para el tratamiento de las personas que pasan por la fase crítica de la infección. Desde ahí el gremio médico ha planteado que “lo más prudente es limitar el movimiento de las personas, restringir al máximo y aumentar el distanciamiento social porque es una estrategia que nos puede dar tiempo" (La Tercera 18/03). Piñera en vez de reforzar las medidas de control del virus y de incremento de los recursos para potenciar la salud pública tanto en infraestructura, insumos y condiciones laborales de las y los trabajadores de la salud, ha tomado el camino de la militarización del país, para insistir en “tareas de orden público”. La clase obrera tiene motivos de sobra para desconfiar del presidente y organizarse por su salud y la de sus familias. Semi cuarentena ded facto Las medidas de resguardo que han tomado el grueso de las familias trabajadoras frente a la crisis de coronavirus, que ya no envían a sus hijos a jardines infantiles y colegios, y que en muchos casos han logrado acordar con los patrones, después de aplicar diversas formas de movilización incluso sin tener sindicatos activos, formas de “trabajo remoto” o “turnos éticos” para liberar de actividades a partes de los equipos de trabajos, ha generado en los hechos una semi cuarentena de facto. Sectores económicos como el transporte interurbano, las aerolíneas y el comercio en general, han manifestado que sus ventas han caído de forma dramática esta semana. Metro de Santiago ha anunciado que esta semana ha bajado el flujo de pasajeros a la mitad, lo que representado una paralización económica que está solo comenzando y en que avizora un próximo periodo de recesión. Es en este contexto es que los empresarios se han negado al cierre total de los centros comerciales, identificados como importantes focos de contagio. La presión popular obligó a que el alcalde Carter de La Florida y Matthei de Providencia – ambos de Chile Vamos –amenazaron con el cierre obligado de los mall en sus comunas. Esto provocó un nuevo choque al interior del gobierno y desde hoy los centros comerciales solo abrirán sus supermercados, farmacias y bancos. El problema es que los capitalistas están intentando aplicar múltiples mecanismos para traspasar la crisis a las y los trabajadores frente a la paralización económica. Crece el descontento entre los laburantes que se mantienen activos en sus lugares de trabajo en la más completa inseguridad, denunciado la ofensiva de los patrones quienes los han obligado a firmar vacaciones anticipadas, firmar de forma indefinida “permisos sin goce de sueldo” como ocurrió en los restaurants “La Píccola Italia”, dejándolos en completa incertidumbre respecto a los salarios y la tendencia al despedido. El caso más dramático es el de más una veintena de choferes de Subus que fueron desvinculados después de realizar una huelga ilegal reclamando condiciones mínimas de higienes para poder hacer funcionar los buses. Los despidos en general crecen cada día y se estima que para el próximo mes la tasa de cesantía se encumbre sobre el 10%. Bajo este escenario, es urgente que las y los trabajadores puedan deliberar y delinear un programa para organizarse y enfrentar esta crisis, donde Piñera no va a resolver nada que choque con el interés capitalista, o sea, nada en favor de las y los trabajadores. Es urgente la aplicación de un impuesto extraordinario a los grandes capitales y fortunas para apalancar los recursos fiscales que se están perdiendo por la caída del precio del cobre y la devaluación del peso. Urge la centralización de estos recursos para la construcción de hospitales, compra de respiradores mecánicos y la compra masiva de test de coronavirus para desplegar un plan de detección masiva. Intervención de las clínicas privadas, bajo la dirección de las y los trabajadores, para asegurar la atención de toda la población del país frente a la pandemia. Entrega gratuita de útiles sanitarios en todas las poblaciones afectadas. Creación de comités de trabajadores en todos los lugares de trabajo e instituciones estatales, para que el Estado y los patrones aseguren la prevención, elementos sanitarios básicos y licencias para ausentarse del trabajo sin descuentos de salario. Bono de emergencia para todas y todos los trabajadores informales y cesantes, para quienes ejercen el trabajo doméstico y canastas familiares para asegurar la alimentación de todos los desempleados del país. Duplicación del presupuesto público de salud. Incorporación de nuevos médicos y enfermeras con estabilidad laboral y bajo turnos de 6 horas. Derogación de los despidos “por necesidades de la empresa”. Prohibición de los despidos mientras dure la pandemia y fin al IVA a los productos de primera necesidad. La crisis del coronavirus, tal como la rebelión iniciada el 18-O, dejan al desnudo el carácter pro capitalista del gobierno de Piñera, donde su principal objetivo está puesto en proteger a los empresarios a los que sirve, incluso bajo una crisis sanitaria que amenaza la vida de todo el país. Vamos por una Asamblea Constituyente libre y soberana, vamos por un gobierno de las y los trabajadores.

25 de marzo de 2020
La “gripecita”, mucho más que un exabrupto de Bolsonaro

Las agencias noticiosas han mostrado esta mañana a Jair Bolsonaro reclamando -con el barbijo puesto- el reinicio de las clases, de la industria y del comercio, al tiempo que calificaba a la infección del coronavirus como una “gripecita”. Trump, días atrás había dicho “no podemos apagar la economía y pensar que estará bien. Eso provocará más muertes incluso que cualquier cosa que estemos hablando respecto el virus" (Expansión, 19/3). Mientras hacía esas declaraciones, Trump y los demócratas aprobaba un paquete fiscal de dos billones de dólares para comprar emisiones de bonos de los capitalistas, encima de los otros dos aprobados por la Reserva Federal para hacer algo similar. Los críticos del planteo se quejan porque no contempla, directamente, adquirir acciones de las compañías, para que el endeudamiento no se eleve a dimensiones incontrolables. El presidente de Boeing no es de esta opinión -prefiere el endeudamiento a una presencia propietaria del Estado en su compañía. El jefe del sistema de salud norteamericano, Fauci, opina, por el contrario, que el dinero hay que volcarlo a la salud y a financiar una cuarentena. El paquete oficial dio lugar a una recuperación de la bolsa, después de los derrumbes abismales de los últimos diez días, sin que ningún analista se atreva a conjeturar que esto representaría un cambio de tendencia. La perspectiva de una recuperación, después de todo, choca con el avance geométrico del número de infectados. Mientras el número de casos supera los 50.000, los especialistas auguran que podría extenderse incluso hasta mediados de 2021. Por las dudas, Trump advirtió que “pronto retomaremos los negocios” –dentro de tres semanas. En el entretiempo, más de veinte estados han ingresado en cuarentena. Cuarentena, sí o no El planteo de “volver al trabajo” retoma la orientación que había enarbolado Boris Johnson al comienzo de la pandemia. Consistía en dejarla avanzar a cambio de lo que iba a ser una inmunización masiva, y “bancarse” un cierto porcentual estadístico de muertos. Si esa política tuvo que ser dejada de lado, ello se debió, en parte, a la presión social, y luego, a que el desborde de los sistemas sanitarios llevaría a niveles imprevisibles el número de fallecidos. Hoy, la línea del contagio masivo sólo es auspiciada por el “nac&pop” López Obrador, aunque también en recule. Que los Trump y Bolsonaro vuelvan ahora con la cuestión del retorno al trabajo muestra la desorientación –marchas y contramarchas- de los estados capitalistas frente a la crisis planteada. Por un lado, la cuarentena es necesaria para moderar la propagación del virus; por el otro, es “letal” desde el punto de vista de la circulación y la acumulación de capital. Esta cuadratura del círculo no es sanitaria o epidemiológica, sino social; es decir, es una contradicción que resulta de las relaciones sociales capitalistas. Los “planes de estímulo” abordan la crisis desde el rescate del capital, cuando lo que está en juego es la vida y la salud de la fuerza de trabajo. El cheque por única vez de Trump -o los 10.000 pesos de AF en Argentina- no están acompañados de una intervención sobre los precios y libros contables de las empresas -serán devorados, por lo tanto, por la inflación, algo que está ocurriendo en estas mismas horas en los almacenes, supermercados y “chinos” de Argentina. Mucho menos por un plan industrial integral, priorizando los elementos necesarios para la supervivencia humana y preservando a la fuerza laboral que no está aplicada a ellos. Una reactivación impulsada por créditos baratos y subsidios al capital conducirá a dos caminos: o será utilizada por los capitalistas para licuar sus pasivos -y reemplazar créditos onerosos por financiamiento blando- o, en el mejor de los casos, reforzará la presión patronal para la “vuelta al trabajo”, el único camino para volver a amasar beneficios. La emisión de moneda, en cambio, debería estar aplicada a un plan enérgico de reforzamiento de la salud y de los elementos vitales para la nutrición y la higiene de las masas. Cuando lo que está en juego es la preservación de la fuerza laboral, el único camino posible es sostener a esa fuerza laboral a costa del capital, para que pueda transitar la pandemia con el menor riesgo posible. Ello exige una política de impuestos progresivos y eventualmente confiscatorios al capital acumulado. Los incentivos capitalistas, en cambio, son siempre incentivos a la explotación de esa fuerza laboral y, por lo tanto, a su exposición a la pandemia. La contradicción entre las producciones esenciales (alimentos) y la preservación de la cuarentena debe ser resuelta por la intervención colectiva de los trabajadores (control obrero), no por el interés patronal. La punta del ovillo de esta pelea estuvo presente en los paros de la Fiat de Italia o de la GM en Estados Unidos o, en Argentina, entre los docentes, en los recibidores de granos y muchos otros. Es necesario reforzar la organización -presencial o incluso digital- de todo el mundo del trabajo, para defender el derecho a no trabajar, por un lado, e impulsar protocolos de seguridad redactados por los trabajadores allí donde continúan las tareas, por el otro. Argentina En coincidencia con las bravatas de Trump-Bolsonaro, en Argentina se han multiplicado las voces del gran capital que exigen la reanudación de la actividad económica. La Nación se ha puesto al frente de ello. A sus columnistas más derechistas, se les ha despertado una súbita preocupación por el “hacinamiento de los que viven en villas”, donde “el remedio (de la cuarentena) puede ser peor que la enfermedad”. Los límites de la cuarentena se han puesto de manifiesto esta mañana, cuando, terminado el feriado largo, miles de automóviles y colectivos pugnaban por ingresar a la CABA, todos ellos transportando a quienes iban a ocupar sus puestos de trabajo. En Argentina, se añade la cuestión crucial de la deuda, cuya resolución se dilata mientras las reservas internacionales, progresivamente vaciadas por los vencimientos parciales de deuda, se acercan a un límite. Los especuladores que cuentan con seguros contra default de la deuda soberana argentina ya han comenzado las consultas del caso, respecto de si llegó el momento de cobrar. Una cesación de pagos exigiría la centralización estatal del comercio exterior y el crédito, para impedir una sangría de reservas, ello, junto al inmediato repudio de la deuda pública financiera. El horizonte social y política del gobierno de los Fernández está muy lejos de ello. Las contradicciones nacionales y mundiales sobre la cuarentena ponen de manifiesto, en suma, un gigantesco conflicto entre el capital y la fuerza de trabajo. A partir de cada choque, de cada peldaño de la organización obrera, es necesario que pongamos de manifiesto la enorme crisis de poder político que se está incubando, para luchar por un estado y un poder de los trabajadores.

25 de marzo de 2020
Cuestionan protocolos y la excepcionalidad en varias plantas de la industria

"Se acabó la Argentina de los vivos", dijo Alberto Fernández. Sin embargo, los límites del decreto presidencial a la hora de definir las excepciones han dejado un campo abierto para que miles de empresas que no fabrican elementos esenciales continúen trabajando como si nada. Esta "avivada" fue concertada con el mismo Alberto Fernández, Cambiemos, los gobernadores y las principales cámaras empresarias del país. Un decreto anterior, que otorga "ausencia justificada" a quienes tuvieran hijos a cargo sin clases, nada decía acerca de si esas licencias eran pagas o no. En varios establecimientos se otorgó la licencia, para después avisar que era sin goce de sueldo. Los grises de la letra de Alberto Fernández son para habilitar estás avivadas. En el listado de "vivos" se han anotado desde Arcor -que continúa produciendo golosinas en todas sus plantas del país-, Coca Cola, Mondelez -su planta de elaboración de chicles y caramelos en Victoria sigue funcionando-, PepsiCo -su planta de elaboración de snacks en Mar del Plata-, Georgalos en Córdoba, etc., etc. Lo mismo que ocurre con la industria alimenticia, ocurre para la industria farmacéutica. Hasta Atanor, que produce glifosato, fue habilitada para seguir produciendo este virus agro-químico como esencial. Cuarentena eterna Quien se acogió a una cuarentena eterna es la cúpula de la CGT, y no por pertenecer al grupo de riesgo de mayores de 65. Se apega a respetar los protocolos patronales de seguridad e higiene, todos truchos, sin ofrecer la alternativa de la licencia paga o protocolos de los trabajadores, previa determinación de la esencialidad de la industria o parte de ella. En algunos casos, como en Camioneros, los propios dirigentes sindicales aprietan. Pero si se puede asistir a trabajar, ¿por qué no se podría convocar a asambleas? La respuesta obrera El cuadro de efervescencia entre los trabajadores obligados a trabajar es creciente. Antes del decreto, los trabajadores de los shoppings venían impulsando aplausazos contra la obligación de seguir en sus tareas. En PepsiCo Mar del Plata los trabajadores iniciaron un paro para rechazar la condición de esencialidad de la empresa. En Mondelez Victoria hubo asambleas y protestas en Felfort, ambas fábricas dedicadas a la producción de golosinas. En las plantas de Arcor San Luis, la oposición a la Verde impulsa el reclamo de un protocolo de medidas de higiene. El propio Sindicato de la Alimentación ha tenido que presentar una nota al ministro Moroni, para reclamar que se precise qué alimentos son esenciales y cuáles no. Los trabajadores tenemos que luchar a pleno contra la falsa esencialidad, y reglamentar, dentro de una misma empresa, qué es esencial y qué no. Entendemos, asimismo, que es necesario incluir la reducción de la jornada laboral a seis horas, y establecer los cuatro turnos por jornada.

25 de marzo de 2020
Rosario: qué necesitamos los cadetes precarizados

En Rosario se conformó un ejércitos de jóvenes precarizados que trabajan en la cadetería, la mayoría dentro del rubro de “emprendedor autónomo” en las aplicaciones o apps como Rappi, Pedidos Ya, Rapi Boy, Glovo etc. Como es de conocimiento público, no están contemplados en el hashtag #QuedateEnCasa y a esta altura serían una suerte de “Highlander el inmortal” de los mandados, repartiendo comida y medicamentos con barbijos y guantes que tuvieron que conseguir por sus propios medios. Este escenario se desenvuelve en una ciudad donde el cuadro es explosivo. Días antes de la “cuarentena obligatoria”, la ciudad escalaba en el ranking de asesinatos violentos, más de 40 en lo que va del 2020, con implicancia de bandas narcos, las cúpulas policiales, el crimen organizado y la complicidad del Estado. El recambio de gobierno, con Perotti a la cabeza, acentuó este panorama. El primer día de la cuarentena obligatoria ya se registraron dos cadetes baleados y tantos otros sufrieron robos. Frente a esta situación, los trabajadores improvisaron reclamos, desde bocinazos masivos hasta asambleas en parques, donde la policía de la provincia los amenazó con llevárselos detenidos. Esto se suma a los abusos policiales en toda la provincia, que está haciendo estragos en las barriadas. Precariedad laboral La mayoría de los apuntados por la policía son monotributistas, sin ningún tipo de aporte patronal con contrataciones encubiertas de las empresas de apps (trabajadores “autónomos” quedando por fuera de la Ley de Contrato de Trabajo), el otro tanto en negro o contratos basura (“truchos”: le reconocen la mitad de su trabajo); por lo tanto, no cuentan con obras sociales. O sea que necesitan salir a trabajar, y en el caso de los monotributistas para seguir pagando impuestos. Una parte sustancial de ellos también son estudiantes, muchos extranjeros. Estado de sitio La amenaza de establecer un Estado de sitio nos deja en un estado de indefensión mucho más profundo. Los trabajadores tenemos que luchar por la entrega de mascarillas, alcohol en gel y hacer las pruebas de detección, por nuestro grado de exposición pública y contacto con la población. Necesitamos hacer asambleas en los lugares de trabajo para determinar si debemos acogernos a la cuarentena, que debe ser naturalmente paga. Una salida Los trabajadores de la cadetería contratados y precarizados, debemos abonar a la lucha por esta salida y por el cumplimiento de todo el pliego de nuestras reivindicaciones mediante un plan de acción: Subsidio de $30.000 para los trabajadores precarizados. Eximición del pago de impuestos y servicios. Análisis gratuitos y urgentes. Insumos gratuitos y de fácil acceso para la higiene y seguridad laboral. Formemos piquetes para defendernos del abuso policial. En Rosario, podés comunicarte al 341 3080557 para impulsar esta lucha.

25 de marzo de 2020
Coronavirus: “una oportunidad para repensar la educación”

La pandemia del COVID-19 ha ha repercutido en los sistemas educativos a lo largo y ancho del planeta. Según un reciente informe de la Unesco (17/3) ya son 102 los países que han decretado el cierre total de sus establecimientos junto a otros 11 que han adoptado la forma parcial. Se trataría, por lo tanto, de 850 millones de estudiantes, casi la mitad de la población educativa mundial. La cifra, por supuesto, está en continuo aumento. Para la directora de la Unesco, Audrey Azolay, de todas formas, la crisis desatada por el virus es “una oportunidad para repensar la educación, ampliar el aprendizaje a distancia y hacer que los sistemas educativos sean más resistentes, abiertos e innovadores”. El organismo dependiente de la ONU ha lanzado una “coalición mundial” junto a organizaciones multilaterales y empresas para “asesorar” a los países miembros. Gigantes capitalistas como Microsoft y GSMA (organización de operadores móviles) serían los encargados de “ayudar a los países a desplegar sistemas de aprendizaje a distancia”. Para este propósito, la Unesco, ya informa que se están manteniendo reuniones periódicas con los ministros de educación de todo el mundo. El desarrollo de la “educación a distancia” o “virtual” es un viejo planteo del capital financiero. Allí donde se ha puesto en pie ha significado un poderoso instrumento para la privatización de la educación y para que las grandes empresas se apoderen del presupuesto destinado a la educación. Lo que se presenta como una “revolución educativa” desvaloriza la fuerza de trabajo en el campo de la enseñanza. Destruye el proceso de socialización de los educandos y, al eliminar la relación educador-educando, limita la capacidad de una asimilación crítica, si no es que la destruye por completo. De acuerdo a la OIT, “El ‘home office’ produce una baja en la calidad y productividad” del trabajo (La Nación, 21/3). La verdadera revolución tecnológica, que el capitalismo está demorando, es la automatización de la producción mediante la inteligencia artificial, que requiere de un trabajo colectivo en tiempo y lugar, y que desenmascara al trabajo a distancia como una regresión de la capacidad productiva – aunque permita hambrear a los monotributistas y abolir las cargas sociales y sanitarias que debe asumir la patronal. Este reemplazo “virtual” de la educación presencial representa, en primer lugar, un ataque a los trabajadores de la educación. Acrecienta la superexplotación laboral y la precarización docente, aumentando enormemente la relación docente/alumno. A su vez, la “singularidad” de cada trabajador es abolida por videos y clases que se puede repetir al infinito, que reemplaza la interlocución por ‘gadgets’ y que empaqueta la enseñanza en una mercancía. De todas formas, en el cuadro actual de crisis educativa argentina, la propuesta de “virtualización” adquiere todas las características de una provocación, pues no existen los recursos, los medios y la preparación suficiente para poner en pie realmente un sistema educativo virtual. Lejos de “niveladora” la virtualización se convierte en un instrumento de profundización de las diferencias sociales. No hay nada nuevo en esta historia, aunque sus narradores la describan como un salto en la educación. Prolonga la orientación impulsada en los ‘70 del siglo pasado - “la educación permanente”. Esta evocación primitiva del slogan trotskista significaba en realidad la educación fragmentada, que debía ser seguida hasta la muerte en función de las obligaciones laborales de las personas. Un trabajador ‘fragmentado’ vale considerablemente menos, en el mercado, que uno completo; no solamente es más dependiente del capital en el sentido social, sino también en la capacidad de organización sindical, así como política. El movimiento estudiantil La crisis desatada por la pandemia de ninguna manera actúa como interludio o paréntesis entre la lucha del capital por ampliar su base de extracción de plusvalía y la clase obrera por defender sus derechos. Muchos opinadores han escrito que la crisis podría ser aprovechada para imponer la educación virtual en forma permanente. Es el momento ‘shock’ que denuncia la liberal norteamericana Noemí Klein. Esta distopía es, sin embargo, una expresión de deseos, porque no existe la preparación ni los medios para imponerla en medio de la crisis. Para el capital, de todos modos, la “educación a distancia” significa la posibilidad de encontrar una salida capitalista a la crisis del sistema educativo. No le faltarán nuevas crisis para proseguir en el empeño, y esto condicionado a la evolución de la crisis actual, que está hundiendo compañías y los Tesoros nacionales. En el caso de la Universidad, la “virtualización” siempre estuvo en función de entorpecer el acceso masivo a la educación superior. Así lo prueba el proyecto UBA XXI, donde los bochazos y la deserción adquieren características aún más dramáticas que en el dictado presencial. El movimiento estudiantil tiene que posicionarse frente a esta crisis. De extenderse la pandemia, y por lo tanto la suspensión de las clases, se debe organizar la discusión, en primer lugar, junto a los docentes y trabajadores de la educación sobre la manera de continuar y organizar el vínculo académico. Es evidente en ese caso que ingresamos en una contradicción: la situación de pandemia generalizada trastoca por completo todos los esquemas educativos previos, incluso los que vayan planificando los gobiernos y las grandes empresas. A su vez se dejan en evidencia las enormes diferencias de presupuesto y condiciones que atraviesan a cada carrera, incluso en la mismas Universidades; así como todo el entramado de desniveles de recursos entre los mismos estudiantes y trabajadores. El desafío es el de conformar un planteo alternativo integral que surja en base a la defensa del salario docente, la capacitación integral a cargo del estado y la defensa de todos los derechos laborales y educativos, entre ellos el acceso irrestricto y gratuito en todos los niveles de enseñanza. Mientras se les exige “que respondan”, los docentes llevan meses sin la actualización salarial correspondiente, debido a la eliminación de la cláusula gatillo. Hay otros centenares de miles que ni siquiera tienen algún salario. El aumento salarial tiene que ser inmediato. La sobrecarga de trabajo hacia los docentes que representa la virtualidad tiene que ser resuelta con un plan de incorporación masiva a la docencia donde se establezca un cupo máximo de estudiantes por comisión, dependiendo la materia y la modalidad de enseñanza en cada caso. Los elementos tecnológicos necesarios, así como la capacitación, tiene que ser integralmente afrontados por el Estado, tanto para docentes como para estudiantes. La cuarentena no sólo pone de manifiesto los límites de la virtualidad, sino que exaspera el conjunto de diferencias sociales previas que recorren al estudiantado. Hay centenares de miles de estudiantes que se inscribieron a carreras presenciales, muchos de ellos sin la posibilidad material de acceder a una computadora o a internet. Las condiciones de hacinamiento habitacional entorpecen la formación virtual también allí donde existen algunos de esos recursos. Junto con el vínculo académico necesario, los foros virtuales tendrán que convertirse en un receptorio de reclamos, reivindicaciones y soluciones planteadas para garantizar que el conjunto de los inscriptos pueda proseguir con sus estudios. La necesidad de reconstruir el vínculo quebrado entre los docentes y los estudiantes tiene que servir también para estos últimos, en caso de una virtualidad, para colocar a discusión y superar el autoritarismo y la verticalidad académica mayor que supone una enseñanza bajo este formato. El problema de las evaluaciones y cómo calificar a un estudiante sin la capacidad de este de asistir presencialmente tiene que estar en consideración en un debate general. En la Universidad la cuarentena pone de manifiesto todos estos límites, donde además no se conoce el destino de las prácticas médicas, los trabajos en laboratorios o las prácticas de campo en la construcción. En el caso de la la educación primaria y secundaria, el interrogante es todavía mayor. La inversión que debería afrontar el estado para armar un sistema virtual en estos niveles supera por lejos las capacidades presupuestarias de cualquier gobierno capitalista. Los centros de estudiantes independientes junto a los sindicatos docentes tienen la responsabilidad de comandar ese debate. Dejárselo al arbitrio del Banco Mundial, los gobiernos capitalistas y las grandes empresas es un suicidio educativo. La superación de esta crisis educativa (y sanitaria) tiene que partir de una movilización obrera de conjunto frente a la crisis pandémica del capitalismo, contra la ruinosa gestión del capital y de sus estados.

25 de marzo de 2020
Easy, Pepsico, Rigolleau, Metrovías, Massalin, SUTNA: Cómo se para la clase obrera frente a la crisis
Mercedes C

“Todos deben quedarse en sus casas”, dijo Alberto Fernández al finalizar la cadena nacional en la cual anunció una cuarentena total que, sin embargo, tendrá excepciones “para garantizar el abastecimiento de rubros esenciales como alimentos, medicamentos y combustibles” (P/12, 20/03/20). Estos grises de las “actividades económicas exceptuadas” abrió un campo de disputas y choques entre los trabajadores, por un lado, y la clase capitalista, por el otro. Con el correr de las horas comenzó a tomar forma la lucha entre el capital y el trabajo asalariado. El mismo jueves 20 los trabajadores de varios locales de Easy se autoconvocaron y decidieron cesar las tareas para proteger su salud y la de sus familias obligando a la burocracia a apoyar la medida de fuerza. El viernes 21, en Mar del Plata, los trabajadores de Pepsico paralizaron la producción y convocaron a asambleas en los 3 turnos para rechazar la imposición de la patronal de seguir produciendo en medio de la pandemia de Covid-19. Una trabajadora de la planta manifestó, en forma contundente, que “El riesgo es claro y conciso en este contexto: donde se contagie uno, se van a contagiar todos. Queremos que entiendan que esto es hacerle un mal a la salud pública de Mar del Plata, y sólo por hacer unas papitas". (0223.com.ar). En la misma sintonía se produjeron y se producen conflictos en muchos lugares de trabajo: Rigolleau, Metrovías, Masallin, etc. Un hecho distintivo en la lucha contra la pandemia y la porosa cuarentena albertista lo tenemos en el gremio del neumático. Ni bien termino la cadena nacional de AF la dirección nacional del SUTNA volcó a todos sus delegados a las fábricas para organizar junto a los trabajadores el cumplimiento de la cuarentena con pago de jornales hasta el 31 de marzo. La dirección del SUTNA no dejó ni reaccionar a las patronales del neumático para imponer, con la organización obrera, la cuarentena efectiva. Esto es cualitativamente diferente de muchas autoconvocatorias que imponen con mayor o menor éxito el cumplimiento de la cuarenta.

25 de marzo de 2020
Brutalidad policial y detenciones arbitrarias en bahía blanca

El sábado 21 de marzo, en la barriada de Villa Libre de Bahía Blanca, la policía bonaerense detuvo a los golpes y con disparos de balas de goma a tres integrantes de una familia, en su vivienda, sobre la supuesta razón de que no estaban respetado la cuarentena. La realidad es que uno de sus integrantes que se encontraba en la puerta de su propia casa fue empujado y recibió golpes de puño por parte de un efectivo policial. Pero las agresiones escalaron todavía más, ya que la policía destrozó a las patadas la puerta de la casa, e ingresaron disparando varias balas de gomas, que impactaron sobre dos de los adultos presentes y en presencia de tres menores en la casa. Los tres adultos fueron detenidos salvajemente y a uno de ellos lo golpearon en la cara con la culata de la escopeta y luego con más golpes de puño, a dos cuadras de la comisaria cuarta. Fueron insultados y amenazados por la policía: “a tu mujer la van a golpear”, “a tus hijas las van a violar” y “te van a robar todo de tu casa”. Los abusos continuaron en la comisaria. En el calabozo donde fueron detenidos se encontraban otras diez personas, amontonadas, sin ningún tipo de higiene, algunos de ellos desmayados de los golpes también recibidos por la policía. Ninguna de las medidas de prevención contra el contagio del virus. La pareja de uno de los detenidos fue obligada a los golpes a arrodillarse en el piso de un pasillo en donde fue detenida y testigo de una brutal golpiza a una persona detenida en la comisaria. A Miguel Ángel, quien recibió la mayoría de los golpes, no le brindaron asistencia médica hasta pasadas varias horas, a punto de desvanecerse. La medica que acudió a la comisaria planteo que era imposible darles atención al no cumplimentarse las medidas sanitarias en el calabozo. Después de todos estos atropellos, Miguel Ángel fue liberado ya que según la jueza interviniente “no se constataron motivos para su detención”. Miguel tuvo que volver por la tarde del día siguiente a revisar su mandíbula al hospital en donde constató una fractura derivada de la golpiza. El Partido Obrero tendencia denuncia estos abusos policiales, haciendo responsable de lo sucedido al Intendente Héctor Gay. En todos los barrios populares la policía arremete contra lo más humildes, intentando sembrar un verdadero terror no a salir, sino a debatir y hacer frente a la crisis social que se agudizado con la cuarentena. La prepotencia y brutalidad policial plantean la existencia de un virtual estado de sitio, en donde la policía actúa con atribuciones propias, violentando las libertades democráticas y el derecho a defensa, reprimiendo bajo la confianza de contar con una completa impunidad, todo esto mientras sectores de la justicia están en feria. Ya fueron detenidas más de 100 personas en la ciudad y, según CORREPI, 8 mil en todo el país. No al Estado de Sitio.

25 de marzo de 2020
Lecciones políticas del campamento de la UJS-Tendencia
Emiliano Mastrantono y Marcelo Silvera

En el medio de una América Latina convulsionada y una Argentina que transita su experiencia como epicentro de la crisis mundial, la UJS-Tendencia realizó del 22 al 25 de febrero su campamento, llevando adelante una gran instancia de formación política, deliberación, y organización revolucionaria. Un campamento en circunstancias excepcionales Realizar un campamento a casi un año de ser expulsado de tu organización, ser separado del local que mantenías con tu militancia, ser silenciado y calumniado, reviste una gran importancia, ya que expresa una fuerte voluntad de lucha, capaz de resistir a las presiones, no solo cuando estas vienen de las típicas organizaciones rivales, sino cuando estas salen de ex-compañeros. Lo más notable en este sentido es que no asistimos a un campamento de jóvenes desmoralizados sino todo lo contrario, militantes revolucionarios juveniles que afrontan su experiencia reciente mediante la discusión política y convencidos de la posibilidad de superar históricamente los errores que llevaron al desarrollo actual del PO. Esto sin contar el gran esfuerzo organizativo para reunir este grupo de militantes, a pesar de las carencias infraestructurales (ausencia de la caja del PO) por la ruptura, lo cual brinda una gran posibilidad de comprender políticamente la importancia de la lucha por las finanzas. Esta disposición socialista imprimió su carácter a la atmósfera del campamento, las ganas de aprender y debatir, la camaradería y solidaridad entre compañeros que algunos nunca se habían visto las caras, hizo que este fuera de un disfrute aún mayor que solo haber ido a estudiar. Otro elemento infinitamente positivo fue el método de organización del curso, ya que fue una escuela de formación de cursillistas, colocando a los propios militantes en la tarea de preparar el curso para el resto de compañeros, sin que nadie tenga una verdad iluminada para transmitir, sumado a esto está el hecho de que cada clase vino acompañada de intervenciones de debate muy ricas y que demostraron un alto nivel en las discusiones políticas que se procesan en la UJS-Tendencia, lo mismo pudo constatarse en las Comisiones que se reunían el día siguiente a cada clase del curso y discutían los contenidos del curso no solo teóricamente sino llegando incluso a conclusiones de deliberación, siendo todo volcado posteriormente en plenarios donde volvía a reunirse todo el campamento. Los compañeros de la UJS-Tendencia resaltaron el contraste existente entre este método y el que venía desarrollándose anteriormente en la UJS. Entre las distintas clases se daban instancias donde los compañeros se reunían en círculos para debatir sus intervenciones en distintos frentes, generar nuevos contactos, o simplemente estudiar para la siguiente clase, de forma más amena y camaraderil. Por último, en el campamento no estuvo ausente la cuestión de la recreación, con noches de juegos, noche cultural y fiesta, en las cuales se compartió el ocio y el entretenimiento desde una perspectiva de compañerismo. Curso político: El programa, la etapa y la historia La modalidad del curso fue el separarlo en tres clases, la primera sobre el programa de transición, la segunda sobre la crisis mundial y la restauración capitalista como claves para caracterizar la etapa actual y la tercera sobre el frente popular y el fascismo, como la historia política que ha experimentado la clase obrera y la ha llevado a grandes derrotas. Es una gran victoria política haber presentado este curso y haber clarificado las cuestiones esenciales de esta etapa, en lo que respecta al que hacer, poniendo sobre la mesa los acontecimientos latinoamericanos y cuestionando agudamente el cómo intervenir. El programa La cuestión del Programa de Transición (el programa histórico de la IV Internacional redactado por León Trotsky con el apoyo de varios revolucionarios internacionalistas) no fue estudiada como un simple texto teórico, sino que vino enmarcada en un espíritu de realizar una crítica programática superadora a la luz de la crisis del PO y la CRCI. Para llevar a cabo esta tarea profundizamos en la cuestión de que es un programa, de que implica la ausencia de un programa, de la necesidad de actualizar las Tesis programáticas para la CRCI del 2004. La cuestión de las Tesis del 2004 no es menor, el Programa es la conciencia que un sujeto tiene de la etapa histórica, su ubicación dentro de ella y sus ambiciones y tareas. Sobre la base de las Tesis del 2004 se logró llevar adelante un incipiente reagrupamiento entre organizaciones de todo el mundo, principalmente el PO, el DIP (Turquía), el EEK (Grecia), y el PT (Uruguay), pero también muchos grupos simpatizantes y reivindicadores de las Tesis. En este contexto se lograron llevar adelante Conferencias Internacionales con importantes caracterizaciones y resoluciones políticas, en el contexto de América Latina las Conferencias Latinoamericanas caracterizaron correctamente el periodo de decadencia de las experiencias nacionalistas burguesas, y a la vez como los recambios derechistas asistirían también a fuertes crisis políticas, todo un hilo de caracterización programática cuya culminación es la constatación de la pérdida de la iniciativa estratégica por parte de la burguesía y su potencial paso a las masas y la izquierda revolucionaria, confirmada por los procesos de Chile, Ecuador, Haití, etc. Esta caracterización no fue solo un testimonio teórico, sino que muchos compañeros participamos en nuestras respectivas organizaciones de masas aportando estas orientaciones y en muchos casos haciéndolas prevalecer, contra la deformación de la izquierda del Foro de Sao Paulo de la “contraofensiva derechista”. Sin embargo todo esto es insuficiente, el mayor grado de deliberación política alcanzado por la CRCI en los últimos años no pudo ser aprovechado, es evidente un abandono y hasta un boicot de quienes hoy integran el aparato oficial del PO a la iniciativa internacional del partido argentino, lo cual sumergió a la CRCI en un fuerte inmovilismo que explotó con la crisis del PO y con la incapacidad de la CRCI de garantizar el derecho de tendencia a 1.200 militantes revolucionarios, lo cual como señaló Jorge Altamira al final del campamento, puede constituir una señal tal vez crónica de la esterilidad de la CRCI para reconstruir la Internacional. Los internacionalistas debemos discutir intensamente este proceso, ¿se puede reconstruir un partido mundial de la clase obrera sobre la base de expulsiones masivas de constructores y cuadros partidarios? ¿Qué concepción política se esconde detrás de este proceso? ¿Cuál es la causa? Todas estas preguntas y cuestiones no pueden ser resueltas si no es sobre la base precisamente de la elaboración de un programa con una fuerte crítica a la experiencia reciente. El estudio del Programa de Transición giró en torno a puntos de distinta naturaleza. Uno de los primeros, recurrente en las polémicas con respecto al trotskismo y al PDT es la cuestión de ante qué estadio del desarrollo capitalista nos encontramos, la cuestión del cese del crecimiento en las fuerzas productivas y la declinación capitalista. Al respecto de este tema se discutieron importantes consideraciones en las comisiones, por ejemplo, la importancia de tener en cuenta el contexto en el cual León Trotsky caracteriza que “las fuerzas productivas han cesado de crecer”, es decir a la entrada de la segunda guerra mundial, con grandes crisis e impasses en distintos sectores de la economía mundial, y con fenómenos de barbarie civilizatoria tales como el nazismo. Esto no niega la posibilidad de un recuperamiento en el desarrollo de las fuerzas productivas posterior, teniendo en cuenta la naturaleza del Capital, el cual sin embargo tarde o temprano volverá a mostrar sus límites, signados por la tendencia al derrumbe descrita por Marx, en un mundo ya unificado mundialmente en torno a un sistema mundial (misión histórica de la burguesía), cuyos desequilibrios son cada vez más explosivos. Otro punto que se discutió en el marco del Programa de Transición fue el tema central de este: la crisis de dirección. Una caracterización que surcó las discusiones es la de la crisis de dirección de la clase obrera como una ley del proceso revolucionario, es decir como un elemento que ha permanecido en todo el desarrollo histórico y ha llegado tal vez al grado de estructura. La magnitud de este fenómeno deja una lección fundamental del campamento de la UJS-Tendencia: la crisis de dirección no se trata de la ausencia de un partido revolucionario al interior de cada país, sino de la ausencia de la Internacional, de un faro ideológico para los trabajadores del mundo. Sin este faro la clase obrera queda presa de las distintas variantes que intervienen en la política mundial e instalan sus discursos y explicaciones de la realidad. En las primeras dos décadas del siglo XX los periódicos socialistas en Uruguay notificaron constantemente sobre la 2da y la 3era Internacional sucesivamente, y sobre las luchas mundiales de la clase obrera, esta realidad era tan fuerte que creaba en los obreros una gran disposición de lucha, capaces de entregar la vida luchando en protesta por obreros de otros países. La lección política fundamental es que no hay Partido que esté orientando correctamente su política si esta se queda únicamente en los marcos nacionales, la orientación revolucionaria de un Partido lo es si este conjuntamente a la construcción nacional lucha por la construcción internacional del partido de la clase obrera. En palabras de Altamira “hay que disputar la orientación ideológica del mundo”. Para esto es un fundamental la elaboración de un nuevo programa. La etapa La 2da clase del curso tuvo como objeto la cuestión de “La crisis mundial y la restauración capitalista”. Ambos conceptos definen el eje de caracterización mundial de la CRCI desde su nacimiento. Ya en 1992 en el texto “Crisis Mundial” (estudiado en el campamento) de Jorge Altamira se introduce el enfoque de que la URSS estaba integrada en el orden mundial capitalista, y que los vaivenes de este condicionaban la política de la burocracia, esto revelaba la importancia de analizar el conjunto de la realidad mundial en torno al concepto marxista de totalidad, colocando como marco de análisis la totalidad del mundo capitalista en el contexto histórico de una crisis mundial. Luego de la caída de la URSS el imperialismo aún tiene cuentas que saldar con Rusia y China y coloca sobre sus regímenes políticos la presión de acelerar la restauración capitalista, la liquidación de los resabios estatales de los antiguos Estados Obreros degenerados. Las contradicciones de este proceso mundial cargan con un fuerte potencial de desequilibrio del capitalismo, y en un mundo donde varias chispas revolucionarias comienzan a encenderse a lo largo del mundo, se queda abierta la posibilidad de que las consecuencias de este proceso mundial dejen sentadas las bases de un nuevo ascenso revolucionario mundial tal vez de características inéditas. La Historia La lucha por un nuevo programa exige no solo mirar hacia el futuro, sino caracterizar el presente y comprender el pasado. Dos de las grandes variantes que han sido el principal factor de derrota de los procesos revolucionarios son el fascismo y el frente popular. Si queremos deliberar un programa superador es importante profundizar en los procesos vividos en este marco. La importancia tanto del fascismo como del frente popular en la historia del movimiento obrero es central, y la victoria de ambos fenómenos sobre las situaciones revolucionarias construidas por la experiencia obrera deja al desnudo la profundidad de la crisis de dirección. Tanto en la adaptación e integración del movimiento obrero a variantes políticas burguesas bajo el Frente Popular, como en el auge del fascismo en Italia, Alemania y otros países, las masas obreras han sufrido las consecuencias de tener una dirección que no vela por sus intereses, y la imposibilidad de construirla ha girado en parte en torno a la ausencia de una referencia política de clase desarrollada que sirva de inspiración en cuanto a programa y en cuanto a método para la vanguardia de la clase obrera. El seguidismo de la izquierda revolucionaria al Frente Popular en Chile en los 70 bajo la bandera de la Unidad Popular, respondía a una gran desorientación política fruto de la ausencia de una Internacional que mantenga vivo el método con el que los bolcheviques abrieron el camino para la Revolución de Octubre. Ante esta ausencia las distintas variantes políticas obreras se vieron presas de todas las corrientes internacionales que actuaban en el seno del movimiento obrero, tales como el Castrismo. El denominador común es la ausencia de la Internacional y más específicamente de la Cuarta Internacional. La importancia de este debate no es solo una cuestión historiográfica, sino que responde a problemas políticos actuales. La cuestión del fascismo ocupa cada vez mayor relevancia ante la aparición de fenómenos como el de Bolsonaro, Trump, Vox, etc. Sin embargo, para poder intervenir adecuadamente en este proceso debemos partir de una correcta caracterización de la situación. Una de las posturas más comunes es la de que estamos en medio de una avanzada fascista, es decir, que entre Bolsonaro, Añez, Piñera, etc., estamos rodeados de regímenes fascistas. Aquí es importante hacer dos precisiones; que hayan individuos fascistas dirigiendo un Estado no significa que tal estado sea fascista si no se da otro conjunto de condiciones sociales y políticas, y la otra el hecho de que a pesar de que no podemos hablar hoy en día de regímenes fascistas tales como los de Italia y Alemania, eso no quiere decir que en el futuro no puedan avanzar hacia regímenes completamente fascistas, y ante ese peligro potencial la clase obrera debe actuar no quedarse de brazos cruzados caracterizando. El fascismo representa una etapa de encabritamiento de las clases sociales donde el trabajo de dominación y represión al movimiento obrero que hacen los políticos del Estado burgués, abandona la órbita del Estado y se divide entre la pequeña burguesía, cuya exasperación y desesperanza revolucionaria (ya que la clase obrera no fue capaz de arrastrarla) la llevan a su punto más reaccionario, siendo capaces de participar en masa de la aniquilación física de la clase obrera y la izquierda. La cuestión del Frente Popular recobra mayor peso con la situación revolucionaria más avanzada que tenemos en este momento que es la de Chile. El pueblo chileno viene llevando adelante un increíble trabajo de recomposición de su vanguardia luchadora, integrando masas de jóvenes enteras a la Primera Línea de combate, organizando a los vecinos en torno al poder popular expresado en las Asambleas Territoriales y unificando a las masas en torno a la consigna de Asamblea Constituyente. Al igual que en los 70 este auge popular ejerce una especie de magnetismo hacia la izquierda, ya que las fuerzas del régimen necesitan dar un viraje izquierdista para no ser llevados por delante, incluyendo a la propia derecha. El encuadramiento de la rebelión en una Convención Constitucional limitada y paralela a los poderes políticos vigentes abre la posibilidad de que los Partidos más hábiles en la cooptación de las masas como el Partido Comunista repitan la experiencia del Frente Popular en Chile, debemos alertar sobre este intento y denunciarlo, el Frente Popular no puede repetirse. La clave para evitar esto y para asegurar la dirección revolucionaria del proceso chileno es la organización de todos los luchadores y sobre todo de la Primera Línea bajo un programa obrero y socialista. Conclusión La nueva etapa mundial implica un desafío de vida o muerte para la izquierda. Como en los grandes episodios de la lucha por la superación de la crisis de dirección (tales como la oposición de bolcheviques y alemanes espartaquistas a la 1era guerra mundial y la dirección del Partido Socialdemócrata Alemán con el posterior triunfo de la revolución de octubre y la fundación de la Tercera Internacional y más adelante la rebelión contra el estalinismo y formación de la Cuarta Internacional) los históricos desafíos que se vienen por delante arrastraran a algunos sectores de la izquierda cada vez más a la colaboración con el estado, y a otros a posturas más combativas y revolucionarias, la cuestión central va a ser como en medio de este campo se abre paso un programa revolucionario internacionalista, para refundar la Cuarta Internacional y completar su tarea. El trabajo revolucionario llevado adelante por la UJS-Tendencia en este campamento es un importante aporte a esta orientación ya que puso a cientos de jóvenes a discutir activamente estos puntos. Los compañeros de la Juventud del PT que asistimos nos vamos convencidos de la existencia de una perspectiva revolucionaria al otro lado del charco, con una gran comprensión del rol que el método marxista tiene en esa perspectiva y con el impulso de recorrer una experiencia en común con la clase obrera, como lo demostró la actividad en Siderar. Queda seguir trabajando, coordinando y luchando por los objetivos discutidos en el campamento.

25 de marzo de 2020
La crisis sanitaria en las cárceles

Con una superpoblación mayor al 16% (según informe del 2019 de la procuración penitenciaria de la Nación, PPN), las cárceles federales están excluidas de las medidas de profilaxis adoptadas por el gobierno. Son las razones que los convierten en gran grupo de riesgo. Sólo el 39% posee condena firme de los 70 mil presos en cárceles federales y bonaerenses, lo cual equivale a una prisión preventiva compulsiva. El nivel de hacinamiento llega a quintuplicar la capacidad de los pabellones. Solo en las cárceles bonaerenses, donde el cuadro es peor, se cuentan 3.144 detenidos en condiciones de riesgo ante el Coronavirus; ya sea por edad o estado de salud -hay un creciente brote de tuberculosis que en la provincia padecen 233 reclusos. Todo esto sin contar la cantidad de madres detenidas con sus hijos, y las embarazadas, quienes deberían ser enviadas a prisión domiciliaria, pero que la cuarentena judicial, paradójicamente, ha postergado. Cuarentena El anunció de la cuarentena social presenta sus propios problemas en los lugares de detención. Las familias de los detenidos tienen pocas o ninguna posibilidad de visitarlos, o el contacto se reduce el ingreso de alimentos y productos de higiene. La certeza de que está cuarentena va a empeorar la crisis carcelaria, alarma a los reclusos. En un penal de Bariloche exigieron a las autoridades elementos para aseo e higiene. A cambio, recibieron balas de goma y gases. El abandono es generalizado en todas las unidades federales y provinciales del país. No es un hecho aislado. Los equipos médicos son casi nulos en los penales, inexistentes en comisarías y en todos los casos sin insumos mínimos. El hacinamiento, la mala alimentación, poca actividad física y las condiciones insalubres van a ser un cóctel fatal frente a la pandemia que el sistema de salud carcelario no podrá si quiera diagnosticar a tiempo, ni hablar de atender y contener la propagación. Reacción El lunes se desarrolló un motín en el penal de Coronda, Santa Fe, donde los detenidos aseguran dos casos confirmados de Coronavirus dentro del penal. Los reclusos denuncian la falta de medidas de profilaxis por parte del personal del penal quienes son los potenciales transportadores y transmisores del virus desde afuera hacia el interior de la unidad. La respuesta de las autoridades fue una lluvia de disparos ante el temor de un “efecto dominó” en las demás unidades y penales del país, tras desatarse otro motín en Las Flores, a 60km de distancia, en dónde también fueron reprimidos dejando un saldo de cinco muertos y varios heridos entre ambas revueltas. En el penal de Florencio Varela también se registraron toma de pabellones. Se empieza a gestar nuevamente una huelga de hambre en reclamo de medidas y cumplimiento del protocolo covid-19 dentro de los penales. En Sao Pablo, Brasil, con una situación aún más grave que la de Argentina, se registraron 1.500 fugas en el contexto de incertidumbre por las escasas medidas del gobierno de Bolsonaro frente a la crisis sanitaria. En Chile, las cárceles de Santiago están abarrotadas de presos políticos capturados en su gran mayoría en los últimos meses, en las brutales represiones contra los manifestantes, es decir trabajadores, estudiantes, jubilados, etc. En el penal 1 de la capital chilena se registró un motín en el módulo donde se encuentra la mayoría de los detenidos en las revueltas, quienes denunciaron que no hay ninguna medida de prevención sanitaria. El resultado fueron al menos 25 heridos por la represión. Colombia no quedo exenta, ante similares situaciones se vivieron fuertes protestas y motines, teniendo su punto más fuerte en la cárcel modelo de Bogotá, donde se registraron 23 muertos y 83 heridos de distinta gravedad. La crisis sanitaria va a hacer estragos en los sectores más vulnerables. No aceptamos el abandono marginal a ningún sector. Exigimos una solución concreta al hacinamiento y los problemas de salubridad, liberación de todos los detenidos sin condena, basta de prisiones preventivas arbitrarias y compulsivas. Prisión domiciliaria a pacientes de riesgo, madres con niños y embarazadas, como para los reclusos con beneficios de salidas laborales y/o transitorias. Duplicación del presupuesto de salud nacional.

25 de marzo de 2020
África y coronavirus: el continente olvidado

Aunque la atención mediática mundial está centrada en Europa, Asia y Estados Unidos, en el continente africano ya son un total de 43 los países infectados por el coronavirus, con una cifra de al menos 1500 casos reportados, y advierten sobre numerosos casos no detectados y otros tantos no informados. Un análisis de 2016 de Rand Corporation, explicó que 25 países del mundo son los más vulnerables a brotes infecciosos, de los cuales 22 se encuentran en África. Esta cifra apunta a los países del África subsahariana, una franja de países asolados por conflictos, con altísimos índices de pobreza, desnutrición (58 millones de niños con desnutrición crónica) y enfermedades como el HIV (26 millones según la ONU) y tuberculosis en la población, sumado al déficit en infraestructura sanitaria y saneamiento humano, entre otras. En esta situación, la OMS explicó que, si comienza la circulación comunitaria del virus, no hay chances de que puedan contener el brote. Cabe destacar la emergencia sanitaria internacional a causa del ébola que los azota desde hace años con cifras espeluznantes: de 2013 a 2016 murieron más de 11.000 personas en África Oriental y recientemente en el Congo hubo unos 3400 contagiados, de los cuales murieron más de 2300, convirtiéndose en uno de los episodios más graves del mundo desde que hay registros, y de los que poco se habla. La pandemia y los gobiernos Aunque en la mayoría de los países aún no se decretó estado de urgencia, los gobiernos optaron por diversas políticas que van desde campañas de concientización hasta el cierre de fronteras, toques de queda y confinamientos. Pero de nada sirve el mero encierro si no hay medidas decisivas en materia sanitaria y laboral para hacerle frente a la pandemia y resguardar la vida de la población. Si bien en casi todos los países existen laboratorios para detectar el virus, la desigualdad de recursos y políticas gubernamentales entre las regiones es brutal: mientras en Kenia, por ejemplo, pusieron a funcionar un centro de cuarentena con capacidad para más de 100 personas y despliegues del protocolo en los aeropuertos para asistir a los pasajeros, en Togo solamente cuentan con 4 camas para enfrentar la pandemia, habiendo ya 16 casos confirmados en el país. A pesar de tener países con un gran desarrollo socioeconómico gracias al desarrollo desigual y combinado como Sudáfrica, Argelia, Túnez, Sudán, etc. África es el continente que más ha sido expoliado históricamente por el capital, quien sea el responsable de la pobreza y de la miseria estructural que predomina en la mayoría del territorio. Esto se ve reflejado en el áfrica subsahariana, donde aproximadamente 258 millones de habitantes se encuentran marginados, sumidos en la más extrema pobreza sin acceso a la información sobre las medidas de higiene y prevención a tomar para evitar la propagación, ni acceso al agua para higienizarse; donde el aislamiento social es una utopía en las ciudades cada vez más masificadas, con transportes urbanos atestados de gente y casas de 30m2 donde vive una familia entera. ¿Cómo enfrenta una pandemia un país con un sistema sanitario casi inexistente, donde escasean de manera criminal los recursos y los trabajadores de salud? Si Italia, con un sistema de salud en desbordado pero que supera ampliamente los anteriormente mencionados, tiene un obituario de más de 500 víctimas por día ¿cuál será el saldo para estas regiones? En África el COVID-19 se encuentra abriendo paso a la barbarie capitalista en todo su esplendor, donde los grupos más marginados y vulnerables encabezan la lista de víctimas fatales. Covid-19 y crisis económica Luego de golpear fuertemente a su socio comercial, China, sumado a la interconexión con las economías europeas y yanquis, también en baja, el COVID-19 está causando un impacto muy alto en la actividad comercial del continente: se estima que podría perder aproximadamente la mitad de su PIB. Si los precios del crudo continúan cayendo, la pérdida para los países exportadores de petróleo podría ser muy significativa, según datos de la CEPA, alcanzando los 65.000 millones de dólares. A esto debe sumarse la baja de los precios de las materias primas, el envío de remesas y la baja total de la actividad turística, una parte importante de la economía de los países menos desarrollados. Si la pandemia no se detiene, la contracción de mercados financieros, la desaceleración de la inversión y la fuga de capitales dará como resultado, inevitablemente, una cantidad incalculable de desempleos. Y como si fuera poco, la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África advirtió que puede reducirse los productos farmacéuticos importados a África, mayormente por Europa, reduciendo la disponibilidad de medicamentos y elementos de farmacia para el continente. También se teme a la escasez de comida, debido a que la mayoría de los países africanos son importadores de alimentos básicos. Nuevamente, todo el peso de la crisis recae sobre los trabajadores y desocupados. Por el momento se calcula que para detener la propagación, África tendrá que aumentar su presupuesto de salud en más de 10 mil millones de dólares, lo que sumado a la pérdida de ingresos podrían llevar a muchos países a una crisis político-económica insoslayable. En este escenario, el COVID-19 vino a acelerar un proceso de crisis financiera mundial ya comenzado, dejando bien en claro la barbarie a la que nos condena este régimen incompatible con la vida y la dignidad humana. Lejos de necesitar “solidaridad” de las grandes potencias mundiales, también inmersas en la actual crisis y con los antecedentes de que nunca han suscitado una salida de fondo, sino más bien han tratado de apagar un incendio con un vaso de agua, la clase obrera africana debe organizarse para reclamarle al Estado, en una gran lucha política, la garantía de todos los elementos necesarios para enfrentar la crisis sanitaria y defenderse de la pandemia y de las tantas otras epidemias mortales de las cuales son víctimas. Asimismo, los sectores más vulnerables y marginados del continente africano deben romper el cuadro de aislamiento en el que se encuentran, empalmando sus reclamos con el conjunto de la clase trabajadora, desarrollando un programa que les permita tomar iniciativas que contribuyan a elevar la conciencia de las masas y luchar por sus reivindicaciones. Por un gobierno de trabajadores. Socialismo o barbarie capitalista.

25 de marzo de 2020
Libertad y absolución para Rosalía Reyes

Rosalía Reyes, madre soltera y trabajadora precarizada en la localidad de Argerich (Villarino), fue condenada en febrero a 8 años de prisión por la muerte de su bebé, ocurrida en el año 2005, hecho que sobrevino tras dar a luz en su casa, en compañía solo de sus cuatro hijos menores. Los jueces Daniela Castaño, Eugenio Casas y Eduardo D’Empaire, integrantes del Tribunal Criminal N° 3 de Bahía Blanca, la condenaron por homicidio agravado por el vínculo, casi 15 años después del parto y luego de permanecer detenida desde junio de 2019. Rosalía trabajaba 12 horas diarias en un frigorífico avícola -creado por la Universidad Nacional del Sur- con un contrato precario. Era su único ingreso monetario para mantener a sus hijos. Ocultó su embarazo por temor a ser despedida. Rosalía ingresó en trabajo de parto a la noche, luego de trabajar desde las 5 de la mañana hasta las 21 faenando pollos. Parió en el baño, con inmensos dolores y hemorragias. Tuvo un desmayo. Al despertarse, encontró a su bebé sin vida y, en un cuadro desesperante, lo enterró en el patio de su casa. Rosalía estuvo detenida un año y en 2006 el defensor consiguió una excarcelación extraordinaria mientras se sustanciaba el juicio. En ese proceso, la mujer huyó de la ciudad a conciencia de que una condena significaba que sus hijos fueran separados e internados en hogares. El calvario de Rosalía se reanudó en junio de 2019, cuando fue reconocida por una cámara en Retiro y detenida. El aberrante fallo que la condena habla de “conductas omisivas” y que, por ser madre de otros cuatro hijos, Rosalía “tenía que saber cómo salvar al bebe”. Su abogada defensora, Fabiana Vanini, denunció la responsabilidad del Estado. Una madre sin estabilidad laboral, obligada a trabajar embarazada no es una homicida por tener que parir en su propia casa. Pero para la justicia las condiciones laborales semiesclavas nada tienen que ver con todo esto. La condena fue, sin embargo, atenuada por “circunstancias extraordinarias de atenuación (…) una dura historia de vida, en donde el denominador común resultó el abandono a su suerte de la procesada por parte de sus ex parejas, madre de cuatro hijos de padres ausentes, sorprendida por un nuevo embarazo, lo que la llevó a trabajar durante largas y agotadoras jornadas para el sustento familiar, todo lo cual dan el marco que requiere la figura atenuada…la inminencia del parto, el alumbramiento sin asistencia, los dolores, el cansancio extremo, el temor por su estabilidad laboral han limitado su capacidad de razonamiento, llevándola a obrar de la manera que lo hizo”. Esta determinante descripción, sin embargo, no estuvo al servicio de una absolución, sino de una condena. El objetivo del fallo es aleccionar a las mujeres pobres y trabajadoras, para quienes el “deber” de ser madre debe sobreponerse a la falta absoluta de condiciones sociales mínimas e incluso sanitarias. El Estado que no garantiza un trabajo en condiciones, obligando a madres a tener que trabajar todo el día para mantener a sus hijos y sin poder tener un servicio de salud adecuado, condena a las mujeres para disciplinarlas. El fallo, que convierte a la víctima en victimaria, refuerza la necesidad de que las mujeres contemos con el derecho al aborto legal, por un lado, el derecho a una maternidad plena, por el otro. Los jueces, por el contrario, trataron a Rosalía como una incubadora. Desde el día 19 de marzo a las 19 Rosalía cumple prisión domiciliaria. Esta decisión, resistida fuertemente por el fiscal Jorge Viego, llega luego de la presión de organizaciones sociales y políticas, que acompañamos el pedido de domiciliaria presentado por la defensora. El escenario del 8-9M en Bahía Blanca también fue puesto a disposición de sus hermanas que denunciaron ante miles de mujeres lo que estaba padeciendo Rosalía. Finalmente se constituyó un comité por la libertad y absolución a Rosalía, una causa que alcanza a todas las mujeres. El caso de Rosalía refuerza la necesidad de arrancar el aborto legal, seguro y gratuito, sin condicionamientos y garantizar ESI laica y científica, a los cuales Rosalía no accedió. Por el pase a planta y salario igual a la canasta familiar, que Rosalía no tuvo. Por guarderías en los lugares de trabajo y estudio, a los cuales sus hijos no tuvieron la oportunidad de concurrir. Por atención médica y psicológica y mayor presupuesto en salud, cuya ausencia llevó a esta situación desesperante a esta mujer trabajadora. Por la libertad a Rosalía y por todas las Rosalías de la Argentina y el mundo.

25 de marzo de 2020
Los docentes del Plan Fines, a la deriva

La crisis abierta por la llegada a nuestro país del coronavirus nos encontró a los docentes del Programa Fines totalmente desprotegidos, sin trabajo y sin garantía de cobertura de la obra social. Pero esto venía de antes de las medidas nacionales dictadas ante la epidemia. Sólo en la Provincia de Buenos Aires seríamos 30.000. El sábado 7 de marzo se produjeron las primeras asambleas, en CABA y en Lanús; en esta última, con la presencia de docentes de dicho distrito, Avellaneda, Presidente Perón y Ezeiza, entre otros. En ambas se votaron movilizaciones hacia los respectivos ministerios. El jueves 12 en La Plata el contingente docente fue recibido por asesores de la Directora de Educación de Adultos Silvia Vilte. Los mismos no dieron ninguna respuesta concreta a los reclamos recibidos, solo atinaron a decir que “ya se va a regularizar". En los días posteriores, entre las medidas por el avance del coronavirus, se incluyó la suspensión de las clases en todos los niveles y posteriormente la resolución de cuarentena general salvo para áreas esenciales. Pero los docentes de Fines nunca fuimos mencionados. Se anuncian partidas con pequeños montos para jubilados y trabajadores desocupados de planes sociales; lo mismo se anuncia para quienes no reciben estos planes y para quienes tengan empleo informal (no registrado). Lógicamente, están cubiertos los docentes del sistema formal, a los que, hay que decirlo, no se les regala nada ya que deben trabajar desde sus casas. En resumidas cuentas, los verdaderos parias del sistema terminamos siendo los docentes del Fines. ¡Los distintos gobiernos nos metieron en un limbo! Hemos sido víctimas de un fraude laboral, perpetrado por el mismo Estado. Muchos de nosotros trabajamos hace 8 o 9 años en el Programa, en forma precaria. A partir de todo esto, el lunes 16 se armaron como un reguero de pólvora un sinnúmero de grupos de WhatsApp de docentes del Fines, se elaboraron petitorios que recogieron miles de firmas en pocas horas, se movió cielo y tierra en todas las redes sociales. Esto llegó a los oídos y ojos de las autoridades, pero aun no hay respuesta. Suteba provincia elevó el jueves 19 una nota con la firma de Roberto Baradel donde piden que se nos extienda la obra social y que haya actos públicos para tomar cargo apenas termine la cuarentena, ¡pero nada dicen de nuestros derechos adquiridos como docentes provisionales, que nos debería habilitar para seguir cobrando nuestros salarios de acuerdo a lo trabajado el año pasado! Por todo lo mencionado, reclamamos: que se nos siga abonando el sueldo de marzo y el tiempo que dure la cuarentena. Cobertura salarial para todo docente, aunque no haya trabajado el año pasado. Iguales derechos para los tutores sociolaborales de los Fines con oficio. Continuidad laboral para todos los docentes. No a la precarización laboral. Vigencia del Estatuto del docente para todos. ¡los sindicatos deben ser los primeros en defender su cumplimiento! Ningún docente sin obra social (Ioma). ¡Hay compañeros/as con enfermedades crónicas que están en la incertidumbre! Con estos reclamos se está preparando una movilización a La Plata para el día posterior al fin de la cuarentena.

26 de marzo de 2020
Rebelión en los call center, mercados y shoppings

Los call center son centros de hacinamiento donde los tercerizados realizamos tareas insalubres para empresas multinacionales. Para violar la cuarentena, las patronales de los call center se han autoadjudicado el carácter de “esencial”, exponiendo a los trabajadores y sus familias. En esta línea, la Cámara Argentina de Centros de Contacto (CACC) envió una carta al Ministerio de Trabajo reclamando la exención de la cuarentena: de lo contrario, amenazaron, habrá unos 30.000 despidos. El miércoles a la mañana, sobre unos 300 empleados del call center ACC, fueron a trabajar poco más de una decena. Esta rebelión fue cimentada por una firme campaña de la Comisión Interna por la no concurrencia. La medida estuvo precedida por cuelgues de vincha y retención de tareas ante una patronal que desde hace un semestre viene pagando en cuotas y fuera de los plazos legales. ACC también intentó evadir el pago de los aumentos por decreto (665/19 y 14/20) en un clima de constante maltrato. Otro importante call center, Aegis, no solo intenta romper la cuarentena sino que amenazó con la “suspensión del contrato de trabajo” y descontar la mitad del salario si los trabajadores no aceptan el teletrabajo aunque no les garanticen ni las PC ni acceso a Internet. Un trabajador fue detenido por portar un permiso de circulación trucho entregado por la empresa. La empresa Cat Technologies también fraguó permisos para circular hasta que los trabajadores y la Comisión Interna lograron imponer el cierre del call y el trabajo en la casa. En shoppings y mercados La indignación de los mercantiles también se manifestó en shoppings y mercados. Desde antes de decretarse la cuarentena, trabajadores de los shoppings de la Ciudad y el Gran Buenos Aires reclamaron ruidosamente el cierre de estos locales, prescindibles y repletos de turistas. La Federación de Empleados de Comercio (Faecys) que dirige el eterno Cavalieri, firmó con la Asociación Supermercados Unidos (ASU) un “convenio” que fijó solo algunas normas de higiene. Es la política que llevó, en Italia y España, al contagio de cientos de trabajadores mercantiles. En estas semanas, las cadenas de supermercados más que duplicaron sus ventas con la correspondiente intensificación de los ritmos de trabajo. Ante la completa inacción del gremio y los delegados burocráticos, los trabajadores impusieron medidas preventivas como el ingreso limitado de clientes, distanciamiento de las filas, atención por ventanilla, cambios en la forma de reponer, y que se proveyera alcohol en gel para trabajadores y clientes. En los super con mayor organización se logró frenar los informes o descuentos por llegadas tarde, modificar horarios y la promesa de pago de las licencias por cuidado de hijos en edad escolar. Cavalieri pretendió frenar el estado de deliberación del gremio con la firma de un segundo convenio que fijó el horario de atención entre las 7 y las 20 horas. Lo presentó como un “éxito”. La Secretaría de Comercio, en sintonía, fijó las 13 horas como “horario mínimo”. En muchos super se terminó solapando turnos, cruzando horarios en los que trabajan el doble de empleados, dejándolos muchas horas expuestos al público. La rebelión de los mercantiles se ha ido generalizando por la reducción horaria de 10 a 18 horas (8 horas diarias. En Carrefour de CABA y GBA decenas de tiendas lo reclaman. El horario reducido de atención ya se impuso, por ejemplo, en Neuquén. Y queda pendiente la reducción efectiva de la jornada. Exijimos: Que se destinen los recursos nacionales a superar el colapso sanitario en lugar de negociar con el FMI y los acreedores el pago de la fraudulenta deuda externa. Cierre de toda tienda o call center que no sea indispensable para el abastecimiento de la población. Implementación de home office con herramientas e Internet a cargo de las patronales. En los locales que deben permanecer abiertos, reducción del horario de atención y de la jornada laboral sin tocar el salario. Aumento de los puestos de trabajo. Provisión de elementos de higiene para trabajadores y clientes, y desinfección de los lugares de trabajo. Licencia paga para quienes integran los “grupos de riesgo”, convivan con familiares en esa situación o tengan hijos en edad escolar. Límite de ingreso a los mercados. Respeto de la distancia recomendada para clientes y trabajadores. Por la formación de comisiones de seguridad e higiene independientes del estado y la patronal. Defensa del derecho de protesta, organización y asambleas (con los correspondientes recaudos). Cobertura sin copagos en todos los sanatorios de Osecac y médico a domicilio. 25/3/2020

26 de marzo de 2020
Alerta y movilización en Aerolíneas Argentinas

La cancelación de vuelos de repatriación se da en el marco de un crecimiento de los casos de coronavirus en el país y ante dos hechos puntuales, aunque desde el gobierno se plantee que la decisión había sido tomada con antelación. Por un lado, un pasajero de 70 años que en viaje desde Madrid abordó el avión con síntomas que databan de siete días antes. Por otro, el lunes 23 se confirmó el primer caso de Covid-19 entre los trabajadores de Aerolíneas Argentinas. En principio, a raíz del contacto con pasajeros provenientes de países afectados a través de un vuelo de cabotaje. Estos vuelos son muchas veces utilizados por pasajeros que arriban al país desde el extranjero para trasladarse dentro del territorio argentino y por tanto constituyen un factor de riesgo en la propagación del virus. Cabe destacar que al momento del abordaje los chequeos son mínimos, llegando en algunos casos a la simple declaración jurada. Las empresas no han tomado medidas preventivas, más bien aprovecharon la crisis para planteos antiobreros como la reducción salarial como en el caso de LATAM. Por el lado de las direcciones sindicales, estas no han sacado los pies del plato. Por ejemplo, el sindicato de Aeronavegantes planteó cancelar el servicio de catering en los vuelos de cabotaje y dejar a criterio de cada trabajador la realización de la cuarentena, descargando la responsabilidad individualmente sobre el laburante y sin ninguna garantía. A estos planteos, que no fueron acompañadas de proceso de organización alguno ni del planteo de la defensa irrestricta de los puestos de trabajo y de la integridad del salario, las patronales respondieron con 180 despidos en el caso de los trabajadores de Gate Catering -empresa tercerizada que brinda el servicio de catering- y con el descuento de adicionales cuando aparecían trabajadores negándose a realizar vuelos programados. Este desprecio por la salud y bienestar de los trabajadores aeronáuticos contrasta con la “exaltación patriótica” de su labor. Frente a la desidia y ataque a la seguridad y salud de trabajadores y pasajeros, las respuestas obreras empezaron a emerger. Por el lado de las tripulaciones aparecieron denuncias sobre lo inadecuado de los elementos que les brindan (poco alcohol en gel, barbijos inadecuados, etc.). Por su parte, la comisión interna de GPS -una empresa tercerizada de seguridad aeroportuaria que presta servicios para Aerolíneas Argentinas- emitió un comunicado el pasado 24 de marzo instando al cumplimiento de las medidas de seguridad e higiene necesarias: test de detección temprana, licencias, pago de salario completo y desinfección de Ezeiza y Aeroparque y el reclamo a la dirección de Upadep para que se ponga al frente ante esta crisis. Al día siguiente, la empresa anunció que, dada la parálisis de la actividad, y sobre la base de la libertad de acción a las patronales que la política del gobierno habilita, iniciará un proceso suspensiones, adelanto de vacaciones, despidos y recortes de jornadas que golpearían el salario. En respuesta a esto, las comisiones internas de GPS- Aerolineas Argentinas, representantes de la “Comisión de Seguridad e Higiene Aeroportuaria “, delegados de LATAM y SECURITAS realizaron una presentación legal denunciando estas amenazas, reafirmando el pliego de reivindicaciones y declarando el estado de alerta y movilización para “para actuar ni bien intenten avanzar sobre nuestros derechos”. La preocupación entre los trabajadores es creciente. Es necesario reforzar esta tendencia de los trabajadores a ponerse como garantes de la seguridad y salud propias y de los pasajeros ante semejante cinismo desde el estado, las patronales y la burocracia. Para ello es necesario profundizar el proceso de deliberación y organización y poner en pie comisiones de seguridad e higiene con poder de veto, electas por las propias bases y revocables para que el conjunto de las reivindicaciones contra los despidos, las reducciones salariales y por la seguridad y salud se impongan.

26 de marzo de 2020
“Dar Vuelta la Página” en tiempos de cuarentena
Martín Solo

En medio de la cuarentena y en vísperas del 24 de marzo, el presidente y sus adláteres se valen de la intervención de la Policía y las Fuerzas Armadas para afrontar distintas tareas que impide la curarentena, para desarrollar un objetivo político paralela, que es mostrar a las fuerzas represivas del Estado como auxiliares de la población trabajadora. En un acto en Campo de Mayo realizado por el mes de febrero, Alberto Fernández ya se había pronunciado por la reconciliación con las FFAA, diciendo que había que «dar vuelta la página», a la vez que caracterizaba el genocidio de Estado como «inconductas de algunos» (ver: https://politicaobrera.com/politicas/545-no-fueron-inconductas-fue-genocidio-de-estado ). En una conferencia de prensa de Agustín Rossi, titular del Ministerio de Defensa, y Deimundo Escobal, quien oficia de Comandante Operacional de las Fuerzas Armadas, se anunció el compromiso con una «operación de protección civil que se basa en el apoyo a la comunidad y la asistencia humanitaria». En ese mismo sentido se difundió un video de Sergio Berni, a cargo del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, arengando a la Policía Bonaerense para que haga cumplir la cuarentena, con la consigna de que «esta policía está cuidando a su familia». Más allá de los autopropinados halagos, ni Berni, otrora infiltrado en una protesta de los mineros de Río Turbio y, más recientemente, a cargo de las represiones del último gobierno de CFK, ni Rossi, defensor del ascenso de Milani, pueden hacerse pasar por garante de la seguridad y salud de nadie. La conexión entre aquellos dichos de principio de año y lo que ocurre ahora es clara. No se quiere advertir la contradicción que hay entre las fuerzas armadas y policiales controlando quien puede y no caminar por la calle, con las patronales de diversas fábricas obligando a laburar a los trabajadores en condiciones contrarias a las que podrían evitar la propagación del contagio. Mientras los periódicos y canales de noticias destacan los contagios contraídos por los uniformados, las redes sociales difunden centenares de videos en los que se ve a la policía agrediendo, golpeando y hasta repartiendo escopetazos a la gente en la calle o desde la calle a los inmuebles. En línea con esto es que aparecen las propuestas de declaración de Estado de Sitio (ver: https://politicaobrera.com/politicas/695-24-de-marzo-no-al-estado-de-sitio ), mientras el círculo íntimo de AF sostiene que, al revés, el estado de sitio sería contraproducente y comprometería la “vuelta de página”, porque cambiaría el acento de la ‘ayuda’ al de la represión.

26 de marzo de 2020
Estados Unidos: los negociados con la pandemia

En los últimos días ha tomado estado público que cuatro senadores norteamericanos, Richard Burr, presidente del Comité de Inteligencia del Senado, Kelly Loeffler, miembro del Comité de Salud, James Inhofe y Dianne Feinstein, esta última demócrata, se deshicieron de las acciones y otros instrumentos de deuda que tenían en sus carteras, después de una reunión con funcionarios que les adelantaron la irrupción de la pandemia en Estados Unidos. Ese mismo día, Trump reclamaba, en conferencia de prensa, que nadie saliera a vender en la bolsa, para distanciarse a tiempo de lo que se venía. También hubo compras de acciones que debían subir en la pandemia. Los senadores realizaron transacciones por diversos montos, que implican una movilización de millones de dólares. Entre las diversas ventas de acciones figura que, por ejemplo, “Loeffler y su esposo, Jeffrey Specher, que es presidente de la bolsa de Nueva York, por ejemplo, adquirieron acciones por un valor de entre 100,000 y 250,000 dólares en Citrix, una compañía de tecnología que ofrece software de teletrabajo y que ha visto un aumento de su cotización tras la explosión de la pandemia.” (Infobae, 20/03). Ante la publicación de estos datos, los senadores se distanciaron del asunto, aduciendo que son “asesores externos”, “fideicomisos ciegos”, “fondos de inversión” que actúan sin su conocimiento. En ambos partidos, republicanos y demócratas, exigen la dimisión de los senadores, varios de ellos en campaña por su reelección. Incluso ha proliferado una campaña de firmas y adhesiones bajo el título “Pandemic profiteers must go” (los beneficiarios de pandemia deben irse. El ala izquierda del partido Demócrata, la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, presentó un proyecto “para prohibir a los miembros del Congreso negociar acciones individuales”. Es un caso de charlatanería típico, porque es una prohibición fácil de evadir. Lo que se ha desnudado es que ni el dolor, la crisis o miseria detiene la maquinaria capitalista de hacer beneficios.

26 de marzo de 2020
Las cárceles infectan

A partir de la última semana, se han registrado una serie de reclamos en prisiones desde Provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Concepción del Uruguay, exigiendo mejores condiciones de higiene y seguridad, ante la manifiesta posibilidad de que el virus efectivamente ingrese en los establecimientos, como asimismo se cumplan con las garantías y los beneficios que la ley les otorga sobre salidas transitorias y medidas de aplicación de la pena que los exima del encierro. La difusión de videos y mensajes en las redes sociales sobre el hacinamiento que padecen caracterizan la situación. “De los 2.500 empleados que rotan semanalmente, ninguno utiliza protección recomendada y sobre los cuales sabemos que han tenido viajes y contactos en el exterior. Se nos informó que están preparando pabellones aislados, nos quieren dejar morir acá adentro” manifiesta un delegado de la cárcel de Coronda. Tengamos en cuenta que, según datos oficiales, en la provincia de Santa Fe se registran 7.000 personas privadas de su libertad donde conviven desde mujeres embarazadas, niños y mayores de edad junto aquellos que padecen tuberculosis, inmunodepresión y diabetes (La Capital 25/03) sumado a los 3.500 penitenciarios. Adherido a esto, el cese de las visitas y la imposibilidad de entregar alimentos por parte de estas, ante el pésimo estado de la que otorgan en los penales, cayó de mal en peor. El saldo de estas acciones de lucha ha sido de 5 muertes, cuyas autorías se desconocen, y una crisis política que vuelve a tener al verborrágico Saín en la escena. Las crónicas periodísticas sitúan encontronazos con los fiscales de turno a la hora de exigir autorización judicial para proceder mediante la fuerza y “retomar” el control de los penales (La Capital 25/03) sobre lo cual se emplearon a todas las fuerzas especiales para reprimir y sofocar los reclamos. Tomado de conjunto, Perotti que pregonó la “paz y el orden”, sigue sin encontrar el norte, porque la lista de homicidios, principalmente relacionados con el crimen organizado, no merma ni parece encontrar un límite. A su vez, la interna policial sigue haciendo estragos, hoy “concentrada” en amedrentar a la juventud en los barrios, reforzando su presencia en las calles. En una visión más general aún, se evidencia que las condiciones materiales para enfrentar la pandemia hacen agua por todos lados. El aislamiento, por sí mismo, no alcanza, cuestión que los trabajadores de la salud tienen muy en claro al denunciar la falta de insumos, personal e infraestructura para responder el pico de la demanda, como sucede en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria. La eventual declaración de un estado de sitio tenderá a agravar la situación que desde el principio es improvisada. Ninguna supresión de las garantías constitucionales hará de antídoto. Las reivindicaciones que se deben exigir a los estados Nacional y Provincial deberían partir de la deliberación de las y los trabajadores, nunca suprimiendo su derecho a organizarse. Con aquellos privados de su libertad, la declaración los sumergiría en una indefensión total. Por kits masivos, condiciones de higiene y salubridad en todos los centros penitenciarios. Cumplimiento de los beneficios de ejecución de la pena, con su correlativo control, en cada caso particular. Cese de las prisiones preventivas, basta de superpoblar las cárceles. No al estado de sitio, plena vigencia de las libertades democráticas.

26 de marzo de 2020
Pilar: Clínica Fátima, la punta de un iceberg

Si en los hospitales públicos las medidas preparatorias para hacer frente al coronavirus fueron tomando a cuentagotas, y en la gran mayoría de los casos bajo la presión directa de los trabajadores, en las clínicas privadas, donde la salud no es más que un negocio, las perspectivas pueden ser mucho peores. El caso de contagio de una enfermera de 24 años en la clínica Fátima de Pilar lo ejemplifica. La clínica Fátima de Pilar cerró sus puertas tras confirmarse que una enfermera del lugar dio positivo para coronavirus. Los medios locales dieron la noticia haciendo hincapié en que “la situación estaría controlada”, tomado como fuente principal al dueño de clínica: “Adoptamos todas las medidas que indica el protocolo. Una vez que dio positivo, se procedió a dictar la cuarentena para todo el personal, incluso al que no tuvo contacto con ella, por lo que la clínica no puede funcionar y cerró sus puertas, hasta tanto se contrate nueva gente” declaró a Pilar de todos Emilio Antonio Lagreca, propietario del lugar. Teniendo en cuenta que este sanatorio se caracteriza por la superexplotación laboral y la falta de condiciones de higiene y seguridad, tanto para el personal como para los pacientes, como mínimo es llamativo que los medios no cuestionen la declaración del dueño de la clínica. Un dato fundamental que omite (u oculta) el portal es que la trabajadora contagiada se encontraba, nada más y nada menos, que atendiendo las guardias de emergencia. Un dato alarmante debido que es un lugar neurálgico para cualquier centro de salud y por el que circula la mayor cantidad de pacientes. Otro portal verifica esta situación mediante declaraciones de un trabajador que no da su nombre por razones obvias: “Esta chica comenzó con tos el lunes, y ante la consulta dijo que no estaba utilizando el barbijo para no asustar a los pacientes y familiares(...), estuvo así hasta el miércoles a la mañana, donde ya no daba más y estaba con fiebre, por lo que la pusieron en observación en una habitación del primer piso. Yo fui el encargado de sacarle sangre, pero debo decir que siempre me cuidé porque a nosotros en el laboratorio nos dan todos los materiales necesarios”. Este caso reúne las características de la punta de un iceberg en el distrito y en el conurbano: las autoridades sanitarias en principio no han rastreado a todos los pacientes que circularon por la clínica. Precarización La precarización de los trabajadores de esta clínica es brutal (como la mayoría de los centros de salud privadas). Las enfermeras trabajan jornadas extenuantes, de hasta 16 horas, en donde realizan tareas que corresponden a tres puestos de trabajo; las licencias de cualquier tipo son negadas sistemáticamente por la patronal, siempre con la amenaza de despidos; las condiciones de seguridad e higiene son aún más precarias. La enfermera contagiada trabajaba en esas condiciones, presentaba síntomas sospechosos desde hacía una semana y no fue licenciada por la patronal. Las autoridades municipales de salud han tomado cartas en el asunto de manera cosmética e improvisada, su intervención se orientada a evitar la difusión del caso y que no se exponga la desidia en los centros de salud privados. En pleno desarrollo de la epidemia no se habían tomado las condiciones mínimas de higiene y seguridad, ni para los trabajadores ni para los pacientes. Ante los reclamos de los profesionales las respuestas entregaron dos antiparras comunes, y cuatro o cinco barbijos. La falta de insumos, personal y capacitación con respecto al Covid 19 es escandalosa. En la misma línea de improvisación, la patronal se apresuró a anunciar que la clínica reabriría de inmediato con personal nuevo, sin informar en qué condiciones, con qué personal y bajo qué protocolo. Que las autoridades sanitarias dejen de ocultar la crisis de la atención de clínicas y hospitales y rastreen a todos los pacientes que estuvieron realmente en circulación por ellas. Los reclamos de los trabajadores son concretos y dejan a la vista la desidia de la patronal: kits de seguridad e higiene correspondientes, protocolos de seguridad, apertura de puestos de trabajo.

26 de marzo de 2020
Comedores escolares: por un plan integral alimentario

La situación de las barriadas y barrios obreros deja cuenta de la brutal crisis económica y social en regla. En la provincia de Buenos Aires, hace años, se han naturalizado paisajes como los de los asentamientos y villas, con falta de acceso a los servicios básicos. Allí es donde se multiplican los porcentajes de precarización, tercerización o desempleo y de la mal nutrición/desnutrición de niños y niñas. Más del 40% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, es decir, subsiste con trabajo en negro (changas) y /o precarizado. Por tanto, se entiende que, al menos dicho porcentaje, no tiene acceso a una calidad alimentaria que garantice una buena nutrición, tampoco acceso a una vivienda digna y a condiciones de salubridad e higiene. Hoy el comedor escolar se ha vuelto factor determinante para la asistencia y permanencia en la escuela. El SAE (Servicio Alimentario Escolar) nace en el año 2003 con la idea de “garantizar una cobertura nutricional uniforme”. Actualmente, la provincia de Buenos Aires cuenta con el 34,4% del total de los comedores escolares y alcanza a más de 1.800.000 niñas y niños del nivel primario. Pese a la epidemia de COVID19, el presupuesto destinado es de $37 por cada cupo de comedor. Claramente, dicha cifra no alcanza para una dieta saludable, la cual debería componerse de carne, legumbres, verduras y un alto nivel de proteínas. Pero el problema radica sólo también en que, el Estado ni siquiera garantiza ese paupérrimo presupuesto para cada niña/o que solicite comer en la escuela. El acuerdo firmado entre Vidal y los intendentes (2016), para descentralizar el servicio alimentario, sigue en pie; por tanto, es el gobierno provincial quien envía ese calamitoso presupuesto para “las altas”, matrícula que decide otorgar a cada escuela o distrito, más allá de la necesidad real de las comunidades. Y son los ejecutivos municipales quienes elaboran un “Plan Nutricional” para los cinco días de la semana y también del mismo modo cada distrito decide a que proveedor contratar. Según relevamientos en las escuelas, el comedor escolar cuenta aproximadamente con el 50/60% de cupos que solicita a la Provincia. La carne y las verduras escasean y en la mejor de las circunstancias alcanza para un vaso de leche (en polvo) por niña/o para el desayuno y la merienda. Innumerables acciones de lucha, mostrando la enorme unidad entre la docencia y las comunidades educativas, se han dado para reclamar la inmediata puesta a punto del SAE. Año tras año, lejos de dar una respuesta a la demanda, el Estado provincial y Municipal se desligan la responsabilidad uno sobre otro. Mientras tanto, siguen siendo las y los trabajadores auxiliares de la educación, quienes deben racionar la mercadería para que alcance para los 5 días de la semana. El anuncio del gobierno de Kiciloff, frente a la suspensión de clases, de “entrega de bolsones de mercadería”, no dista mucho del escaso valor nutricional que propone em Estado para los menúes escolares. El bolsón cuenta con: 1 puré de tomate, 1 leche en polvo, 1 paquete de FIDEOS, 1 paquete de arroz y 1 paquete de lentejas (para familias numerosas en su mayoría). Y del mismo modo, como la cantidad de bolsones es en base a la matricula aprobada por la Provincia para el SAE, no son la totalidad de las familias que lo reciben. Luego de la rebelión docente por la suspensión de clases, el ministro Trota declaró en cadena nacional que “queremos a todos los docentes dentro de la escuela” y que debíamos garantizar la “continuidad pedagógica” y el servicio de comedor. Efectivamente la docencia, en todos sus niveles, elaboró los planes de contingencia a través de distintas modalidades. Pero el Estado no cumple con las mínimas condiciones de higiene y salubridad tanto para alumnos, como para sus maestros. Ante la epidemia, es el Estado Nacional, Provincial y Municipal quien debe garantizar el alta inmediata para todos los cupos de comedor solicitados por las escuelas, según su matrícula, y un plan nutricional integral para el conjunto de la población, que incluya la entrega a cada familia de los alimentos.

26 de marzo de 2020
Santa Fe: los femicidios y la violencia de género
Sofía M

Las denuncias por violencia de género y las llamadas a la línea 144, que atiende estos casos, aumentaron un 25% durante la cuarentena obligatoria. Cínicamente, el gobierno nacional anunció que habrá nuevas formas de comunicarse a la misma (como WhatsApp o correo electrónico) y que dispondrá de personal para la atención. Todo porque, según refieren comunicados oficiales con total liviandad, “esta situación de emergencia sanitaria trae aparejadas consecuencias sociales y económicas”. La necesidad de referirse al tema revela varios elementos. El más grave es que desde el mismo Estado se admite que el número de mujeres expuestas a violencia y explotación constante, atadas a sus condiciones de vida miserables, no deja de crecer sin que se haga nada para remediarlo. Por otra parte, no considera que la mayoría de las mujeres violentadas no pueden acceder ni a los medios ni a la denuncia. Tampoco se aclara en qué condiciones trabajarán las personas que serán tomadas... Toda una radiografía del interés que desprende el tema. Santa Fe En la provincia de Santa Fe, la secretaria de Estado de Igualdad y Género, Celia Arena, apareció junto al gobernador Omar Perotti en conferencia de prensa para anunciar que “se están instrumentando todas las medidas necesarias” para que el distanciamiento social “no impida el acceso a la denuncia”. La funcionaria expresó que se “implementarán acciones” y funcionarán “grupos interdisciplinarios de profesionales” para atender situaciones de violencia que podría generar la cuarentena. Pero nada en concreto sobre cómo resolver la situación en la que se encuentran miles de mujeres, ahora más aisladas por la pandemia, y con una secretaría de género que no tiene asignado un solo peso en el presupuesto 2020. Arena no dijo, sin embargo, que antes de la pandemia, inauguró su gestión desmantelando la Secretaría de Juventudes y con ello despidiendo trabajadoras (y trabajadores) con años de antigüedad de la manera más informal. Tampoco mencionó que fueron despedidas profesionales que atendían los “Teléfonos verdes” de Rosario y Santa Fe, que aún continúan en lucha por sus puestos de trabajo. Menos que menos dio cuenta de la precariedad en la que se trabaja en las pocas casas refugios de la provincia, o la situación que enfrentan las trabajadoras informales de Niñez, que deben pagar de su bolsillo el mantenimiento de los hogares. No replicó tampoco sobre el ataque de su gobierno a las condiciones laborales, ni a las medidas contra el salario y las jubilaciones, el aumento de la miseria social, los despidos y suspensiones, la extensión del trabajo precario y, finalmente, la eliminación de la cláusula gatillo y la suspensión de las paritarias, medidas todas agravadas por la cuarentena. Esto ocurre en una provincia con uno de los índices más altos de femicidios y travesticidios del país. Las trabajadoras de la salud se exponen al contagio del virus por no contar con los insumos básicos para trabajar, como ya denunciaron las enfermeras del hospital Eva Perón en el Cordón Industrial. Y las familias obreras están obligadas a seguir trabajando sin protección en los puertos y fábricas de la provincia. O a la mayoría de precarizadas y autónomas que tienen que salir a ganarse la comida. Es decir, poco le importan a la funcionaria y su gobierno cuál es la realidad de las mujeres trabajadoras en Santa Fe. Por una salida de la clase obrera En lo que va del 2020, hubo un femicidio o travesticidio cada 23 horas. Esto se agrava en un momento de reforzamiento del aparato represivo del Estado, con pronunciamientos a favor del estado de sitio como los del propio Perotti o de la ministra de Seguridad de la Nación. Debemos intervenir en la crisis con planteos reivindicativos concretos, intervenir en los barrios, los lugares de trabajo y estudio impulsando comités de pobladores y vecinos que organicen la producción y la vida cotidiana.

26 de marzo de 2020
Naturaleza, marxismo y pandemias

La pandemia ha sido pronosticada por especialistas de todo el mundo, para el cual los gobiernos no se prepararon – al revés, desinvirtieron en sistemas de prevención, de investigación científica y de salud. Las pandemias actúan en contextos sociales y económicos concretos. El virus detrás de la pandemia actual (SARS-CoV-2), al igual que su predecesor de 2003 (SARS-CoV), así como la gripe aviar y la gripe porcina antes, se gestaron en el nexo de la economía capitalista y la epidemiología. Por lo tanto, esta pandemia debe analizarse en la fase en la que se encuentra el actual modo de producción. Lo que conocemos como epidemias se generalizaron desde el neolítico a esta parte, debido a cambios históricos de la organización del trabajo social: la cría de ganado, la agricultura y el sedentarismo. El contacto directo con el ganado hizo cada vez más frecuente el esparcimiento de virus y bacterias, que comenzaron a viajar de continente a continente con el comercio de larga distancia. La pobreza y el hacinamiento de las poblaciones contribuyó a su propagación. La lista es interminable. Es la mayor causa de muertes humanas, más que todas las guerras juntas. (...) “la ciencia no es una función de los hombres de ciencia individuales; es una función social. La valorización social de la ciencia, su valoración histórica, queda determinada por su capacidad para incrementar el poder del hombre y para armarlo con el poder de prever los acontecimientos” (Trotsky, “El materialismo dialéctico y la ciencia”, 1925). La enfermedades y su relación con la condición social ya fue analizada por Engels hace más de 150 años: “cuando la epidemia (de cólera) amenazó, un pavor general se apoderó de la burguesía de la ciudad (Manchester); de pronto se acordó de las viviendas insalubres de los pobres y tembló ante la certidumbre de que cada uno de esos malos barrios iba a constituir un foco de epidemia, desde los cuales extendería sus estragos en todo sentido a las residencias de la clase poseedora” (La situación de la clase obrera en Inglaterra, p. 96). Restauración, crisis, pandemias La expansión de la mayoría de los últimos virus proviene de China. La restauración capitalista en China determinó una expansión enorme de las ciudades y por lo tanto la separación del campo y la ciudad. Este nuevo desarrollo de la división del trabajo escindió a formidables concentraciones humanas del terreno donde se producen los alimentos. El desplazamiento de la fuerza de trabajo hacia las grandes urbes implicó una movilización impresionante de personas del campo hacia la ciudad y problemas de alojamientos adecuados. Eliminación de las comunas agrarias mediante, la relación campo-ciudad adoptó un carácter mercantil donde antes era planificada. Creció en forma exponencial el hacinamiento, por un lado, debido al alojamiento de los obreros en las mismas empresas, por el otro como consecuencia de las expropiaciones de viviendas para instalar grandes proyectos inmobiliarios. La expansión de la demanda de alimentos, que antes no salían del marco campesino, por parte de urbes desorganizadas, propiciaron la trasmisión de la enfermedad, como la del SARS en 2002. Wuhan es una ciudad manufacturera por excelencia. Reproduce las condiciones laborales de la Gran Bretaña que analizó Engels. Es una ciudad industrial que se dedica a la producción de acero en altos hornos y a la construcción. La población creció un 20% en los últimos 10 años, la mayoría por la llegada de trabajadores del interior. El consumo de ganado y la expansión de la producción implican –bajo el capitalismo– un mayor uso de antibióticos y del sistema de feedlot. Esto no solamente es agresivo para el ecosistema, sino que es un medio de propagación de todo tipo de enfermedades. Éstas pueden pasar de animales a otros animales y de éstos a los seres humanos. La mutación de este virus sólo puede entenderse comprendiendo la forma en que el mundo capitalista produce sus alimentos y la forma en que vive la clase obrera. “La propagación de nuevas enfermedades a la población humana es casi siempre el producto de lo que se denomina transferencia zoonótica, que es una forma técnica de decir que tales infecciones saltan de animales a humanos. Este salto de una especie a otra está condicionado por cosas como la proximidad y la regularidad del contacto, todo lo cual construye el entorno en el que la enfermedad se ve obligada a evolucionar (…) La olla a presión evolutiva (es) la agricultura capitalista y la urbanización. Esto proporciona el medio ideal a través del cual las plagas cada vez más devastadoras nacen, se transforman, se inducen a saltos zoonóticos y luego se vectorizan agresivamente a través de la población humana. A esto se agregan procesos igualmente intensivos que ocurren en los márgenes de la economía, donde las cepas ‘salvajes’ se encuentran por personas empujadas a incursiones agroeconómicas cada vez más extensas en los ecosistemas locales. El coronavirus más reciente, en sus orígenes ‘salvajes’ y su repentina propagación a través de un núcleo altamente industrializado y urbanizado de la economía global, representa ambas dimensiones de nuestra nueva era de plagas político-económicas” ( http://chuangcn.org/2020/02/social-contagion/ ) La idea básica está desarrollada por el biólogo Robert G. Wallace, en su libro de 2016, “Big Farms Make Big Flu” (“Las grandes granjas crean grandes gripes”). Allí, la idea general es que la “lógica del capitalismo” se identifica con la “lógica de los virus”, lo que facilita su expansión y virulencia: “la lógica básica del capital ayuda a tomar cepas virales previamente aisladas o inofensivas y colocarlas en entornos hipercompetitivos que favorecen los rasgos específicos que causan epidemias, como ciclos de vida virales rápidos, la capacidad de salto zoonótico entre especies portadoras y la capacidad de evolucionar rápidamente nuevos vectores de transmisión. Estas cepas tienden a destacarse precisamente por su virulencia. En términos absolutos, parece que desarrollar cepas más virulentas tendría el efecto contrario, ya que matar al huésped antes proporciona menos tiempo para que el virus se propague. El resfriado común es un buen ejemplo de este principio, que generalmente mantiene bajos niveles de intensidad que facilitan su distribución generalizada a través de la población. Pero en ciertos entornos, la lógica opuesta tiene mucho más sentido: cuando un virus tiene numerosos huéspedes de la misma especie muy cerca, y especialmente cuando estos huéspedes pueden tener ciclos de vida más cortos, el aumento de la virulencia se convierte en una ventaja evolutiva” (ídem). El antagonismo entre el desarrollo capitalista y la naturaleza ya fue analizado por Marx hace más de 150 años. Marx describe el capitalismo como una ruptura con las ‘leyes naturales’ de la vida: “Por otro lado, la gran propiedad de la tierra reduce la población agrícola a un mínimo en constante caída y la confronta con una población industrial en constante crecimiento, aglomerada en grandes ciudades. Crea condiciones que causan una ruptura irreparable en la coherencia del intercambio social prescrito por las leyes naturales de la vida. Como resultado, la vitalidad del suelo se desperdicia, y esta prodigalidad es llevada por el comercio mucho más allá de las fronteras de un estado en particular” (Marx, El Capital, Vol. 3, VI, 47). La producción mercantil es el ambiente propicio para que nuevas epidemias y pandemias (cada vez más explosivas) se generen y propaguen. La producción agrícola y ganadera capitalista es el fermento de estos virus por la cantidad de patógenos volcados a la producción y el contacto estrecho entre animales y seres humanos. Y la mayor causa de deforestación y cambio climático. Propiedad privada, naturaleza y pandemias Desde joven Marx entendió la relación que existía entre la naturaleza y la propiedad privada, y así lo expresó en los debates del parlamento renano, donde discutía el derecho consuetudinario de los campesinos que “robaban” leña, cuando en realidad apoyándose en la propiedad privada, los terratenientes se apropiaban de algo tan “natural” y “comunal” como las ramas secas de los árboles. Allí Marx descubrió que el “interés general” y el “bien común”, chocan con la propiedad privada y el estado capitalista. La razón última de la explosión de las pandemias la encontramos en el funcionamiento de la sociedad capitalista: “La razón última de todas las crisis reales sigue siendo la pobreza y el consumo restringido de las masas en oposición al impulso de la producción capitalista para desarrollar las fuerzas productivas como si solo el poder absoluto de consumo de la sociedad constituyera su límite” (Marx, El Capital, Vol. 3, Parte V, 30). Las consecuencias de la producción capitalista son las devastadoras crisis de los sistemas de salud y de la destrucción de la fuerza de trabajo, porque esto es el funcionamiento “normal” de la acumulación del capital: “Por lo tanto, la producción capitalista solo desarrolla la tecnología y la combinación del proceso de producción social, al tiempo que socava las fuentes de toda riqueza: la tierra y el trabajador” (íbid). Hegel había marcado que la naturaleza no es pura y simple exterioridad, sino que conforma una unidad dialéctica con el hombre y su “esencia” social: “En su acción, el ser humano se comporta con la naturaleza como algo inmediato y exterior” (Enciclopedia de las ciencias filosóficas, p. 303). Marx y Engels tomaron esta lección y la generalizaron a todos los ámbitos sociales, incluida la producción. Y rápidamente entendieron que el capital plantea una situación de exterioridad con la clase obrera (alienación) y con la naturaleza. "Por lo tanto, en cada paso se nos recuerda que de ninguna manera gobernamos la naturaleza como un vencedor sobre un pueblo extranjero, como alguien que está fuera de la naturaleza, sino que nosotros, con carne, sangre y cerebro, pertenecemos a la naturaleza y existimos en medio de ella, y que todo nuestro dominio del mismo consiste en el hecho de que tenemos la ventaja sobre todas las demás criaturas de poder aprender sus leyes y aplicarlas correctamente”. (Engels, “El papel desempeñado por el trabajo en la transición del mono en hombre”, 1876). Ley del valor-trabajo y alienación En las guerras convencionales se movilizan los ejércitos a partir del reclutamiento forzoso o voluntario, y se orienta la producción a las industrias esenciales para alimentar y proveer a la población, y hacia la industria armamentística. En esta “guerra” lo que vemos es la escasez de mano de obra industrial y la necesidad de movilizar a la clase obrera hacia las industrias que proveen servicios de salud, construcción e insumos. La falta de fuerza de trabajo por motivos de salud pública hace imposible la explotación de la clase obrera, generando la alarma de todos los empresarios y sus gobiernos. Los capitalistas pueden tomarse todas las cuarentenas que quieran, pero no se puede prescindir de los trabajadores. EEUU anuncia un rescate del 10% de su PBI, Europa flexibiliza los regímenes fiscales y los préstamos. Pero ninguno de estos rescates puede reemplazar la producción de plusvalor real de la economía, la extracción de trabajo excedente. El capitalismo consiste en aumentar la proporción de plustrabajo frente al trabajo necesario. No existe masa de capital ficticio que pueda sostenerse si no existe una relación con la explotación de la fuerza de trabajo. La clase dominante sabe que ningún rescate financiero o crediticio puede reemplazar la generación de plusvalor. El año pasado se registró la mayor cantidad de deuda global, llegando al 322% del PBI mundial, o 253 billones de dólares. Pero el crédito barato se acabó y la ausencia de rentabilidad y de inversiones muestra la caída de la tasa de ganancia y el peso inexorable de la ley del valor. De lo que se trata es de revertir este proceso analizado por Marx: “La barrera del capital consiste en que todo este desarrollo se efectúa antitéticamente y en que la elaboración de las fuerzas productivas, de la riqueza general, etc., del saber, se presenta de tal suerte que el propio individuo laborioso se enajena; se comporta con las condiciones elaboradas a partir de él no como las condiciones de su propia riqueza, sino de la riqueza ajena, y de su propia pobreza” (Grundrisse, II, p. 33). Lo que defienden los capitalistas en la situación de crisis que atravesamos es la riqueza apropiada, y los recursos que reclaman los trabajadores para salir de la catástrofe son producto de su propio esfuerzo. La clase obrera debe entender su rol dirigente dentro de la sociedad.

26 de marzo de 2020
El turismo en terapia intensiva

Uno de los sectores más golpeados a nivel mundial por la pandemia del COVID-19 ha sido el turismo; agencias de viajes, aerolíneas, operadores turísticos, etc. El coronavirus dio rienda suelta a las empresas para ejercer una ansiada flexibilización, tal es el caso de LATAM, quien ya anuncio que reducirá los salarios de sus 43.000 trabajadores -aproximadamente 2.300 de ellos en Argentina- al 50% en los meses de abril, mayo y junio. Alitalia, desde hace años es vista como una aerolínea endeble económicamente, salió apresurada a rogar al gobierno italiano que la nacionalice nuevamente. En Argentina el gobierno tuvo que mendigar ayuda a las aerolíneas extranjeras, en su mayoría privadas, para repatriar argentinos, que se negaban a hacerlo para no volver con aeronaves vacías. Las agencias de viajes ya habían recibido un duro golpe cuando se anunció el llamado dólar solidarios o impuesto PAIS, el famoso 30% de incremento a los pasajes de avión, hoteles y tours, que enseguida despidieron a casi 500 trabajadores. Las patronales están despidiendo ahora a más trabajadores, flexibilizando el trabajo y anuncian reducciones de salarios. Al rubro turismo si algo lo caracterizó siempre fue el bajo salario en blanco, escudado en las “comisiones de ventas”, en negro, que sumadas llegaban cubrir el costo de la canasta básica El silencio Distintas asociaciones de agencias de viajes se reunieron en la última semana con el ministro Matías Lammens para “mostrar” su preocupación. Las respuestas del gobierno para los más de un millón y medio de trabajadores que alberga el turismo han sido nulas. Desde el Sindicato de Empelados de Comercio, que representa a todos los trabajadores de las agencias de viajes, su secretario general Armando Cavallieri, hace mutis por el foro, tal como se espera de él. La Asociación Internacional de Transporte Aéreo -conocida por su sigla IATA- semana a semana recauda lo que las agencias de viajes han emitido en lo que concierne a pasajes aéreos. Si una agencia no llega a completar el pago le otorgan una semana “más de vida” antes de declararla en default y quitarle la potestad de emitir. En la semana posterior al feriado del 24 de marzo, en pleno transcurso del Aislamiento Sanitario Preventivo Obligatorio, IATA determinó que las agencias deben pagar sin excepciones el viernes 27 de marzo. Atravesados por una “semana corta” y cerca de fin de mes, las compañías aéreas obligan las agencias de viajes a destinar fondos para pagarles a ellas antes que asegurar los sueldos de sus trabajadores, para evitar el default. Esto pone otra vez más de manifiesto a un sistema que privilegia el pago entre empresas antes que cerciorar los salarios. No debe ser el trabajador quien solvente a las empresas. En primer lugar es necesario que todas ellas abran sus cuentas al escrutinio de los trabajadores, para determinar, de un lado, sus deudas reales con las compañías aéreas; que éstas solventen la situación; y que se verifiquen los beneficios de unos y otros. En estas condiones, el estado debería asegurar el pago de los salarios, cuyo monto es considerablemente menor al pago corriente de los intereses de la deuda pública.

26 de marzo de 2020
La docencia de CABA frente a la epidemia

La Ciudad de Buenos Aires, junto a la Provincia, es la jurisdicción que concentra una mayor cantidad de casos de infectados por el COVID 19. Frente a la propagación de esta pandemia en nuestro país y en la Ciudad, los trabajadores de la educación fuimos protagonistas de un debate que dividió al gobierno: la suspensión de clases. Ésta, finalmente, se hizo efectiva el domingo 15, pero no estuvo exenta de irregularidades y directivas poco claras que pretendían que la docencia, en su conjunto, siguiera realizando tareas presenciales en las instituciones educativas. Los trabajadores frente a la pandemia Ante la pandemia del COVID 19 y la problemática del dengue (que, en el ámbito educativo, ya lleva más de una cuarentena de casos declarados en CABA y 600 confirmados en todo el país), los docentes venimos reclamando condiciones de higiene adecuadas tanto para las instalaciones como para el personal (docentes, auxiliares). La ausencia de elementos como lavandina, desinfectantes, desinsectantes, jabones y alcohol en gel hacen de las escuelas un lugar más que propicio para el desarrollo de las enfermedades. A este reclamo, se le sumó la preocupación por el avance del coronavirus. Cuando, el lunes 16, todos los docentes fuimos citados a concurrir a las escuelas, en el marco de la suspensión, el Ministro Trotta y el GCBA fueron contundentes: los maestros deberían seguir asistiendo. Pero fue la organización de los trabajadores de la educación la que marcó la agenda y se repartieron las horas de trabajo de forma tal que un docente no tuviera que ir más de un día (hasta el 31 de marzo) para garantizar las tareas exigidas. A su vez, impusimos el art. 70 S (licencia de fuerza mayor) para que los trabajadores mayores de 60 años, las madres y los padres con niños a cargo y los docentes con enfermedades de base consideradas de “riesgo” tuviera la cobertura que les permitiera, directamente, no asistir a las escuelas. Este es apenas un ejemplo más de cómo, efectivamente, son los trabajadores los que cuidamos nuestra propia salud. De todas formas, seguimos exigiendo que se contemplen las licencias para aquellos trabajadores que tienen familiares mayores a cargo y que no han podido ser cargadas en el sistema. Cuarentena obligatoria e imposiciones a los trabajadores de la educación Sin embargo, la implementación de la cuarentena obligatoria (jueves 19) no fue suficiente para el gobierno del GCBA. A pesar de que Larreta sale en conferencia junto al Presidente Fernández, igualmente intenta obligar a los directivos a seguir repartiendo las viandas paupérrimas que el mismo gobierno ofrece a las familias, sin siquiera las mínimas garantías higiénicas y de salud. Vale aclarar, además, que las viandas que se han estado enviando a las escuelas lo fueron en cantidades inferiores a las necesarias. Además, la “vianda” es un sánguche con apenas una feta de jamón y otra de queso, totalmente insuficiente no sólo para paliar el hambre, sino para fortalecer el sistema inmunológico necesario para hacer frente a cualquier enfermedad. Debido a esto, durante el fin de semana largo, se está llevando adelante un reclamo en contra de esa exigencia: un petitorio que solicita al GCBA que las viandas o bolsones se repartan con el personal especializado para la tarea, garantizado por el mismo estado, para no exponer a los trabajadores de la educación, sus propias familias y a las familias trabajadoras que deben movilizarse hasta la escuela, con todo lo que ello implica en este cuadro de militarización de los barrios. Este petitorio ya lleva más de 48 hojas de firmas de supervisores, directivos y docentes de las diferentes áreas. Medidas urgentes En este cuadro, es imperioso que los trabajadores de la educación nos pronunciemos por una serie de medidas tendientes a frenar el avance de esta epidemia. La cuarentena, por sí sola, no es suficiente para ello. Es necesario: Cuarentena efectiva para todos los trabajadores de la educación con percepción íntegra de haberes. Salario igual a la canasta familiar. Restitución de la cláusula gatillo. Realización de pruebas de hisopado a la comunidad de los barrios de cada escuela para garantizar el diagnóstico de la enfermedad y asegurar la atención temprana y el aislamiento de los casos pertinentes. Bolsones de alimentos no perecederos que entregue el personal especializado a todas las familias trabajadoras de los barrios de los distritos, con medidas óptimas de higiene y seguridad, organizado por el Estado. Comités de salubridad e higiene en cada escuela, formado por docentes, padres, alumnos y auxiliares, que sigan el avance de la pandemia y promueva la toma de medidas de necesarias para garantizar la salud de la comunidad educativa. Duplicación del presupuesto educativo. Resolución de los problemas de infraestructura de todas las escuelas del GCBA.

26 de marzo de 2020
Los pulpos agroexportadores contra la cuarentena de los obreros

Con la cobertura que les entregó Alberto Fernández, el DNU 297/20, su artículo 6, incisos 13 y 15, las agroexportadoras de la zona operan y operarán “normalmente”. Por este embudo exportador de granos, aceites y derivados, un 80% de toda la producción del país. implica a las ciudades de San Lorenzo, Puerto Gral. San Martín y Timbúes - en promedio 10.000 a 12.000 camiones por día. Es la mayor ruptura de la “cuarentena” oficial. La recepción de la cosecha gruesa de maíz y sobre todo soja, como es habitual en estas ciudades, bloquearán las tres vías de acceso. Largas filas de camiones sobre la banquina de la autopista Rosario-Santa Fe y las rutas y colectoras de acceso a las terminales portuarias. Todo se desarrolla ante la más absoluta impunidad. Los agroexportadores siempre sometieron a los camioneros (que no pertenecen al gremio de Moyano) a un trato inhumano. Sin servicios de ningún tipo en las playas de las empresas, varados varios días hasta descargar. Sus baños son las banquinas, unos pocos acceden a las escasas estaciones de servicio para combustible, el agua la traen en un tanquecito bajo el chasis. Ni qué hablar de la práctica habitual a que son sometidos, fumigando semi clandestinamente la carga, porque si tiene gorgojos no lo dejan descargar. El boquilleado, descartando el grano con el plaguicida, se puede ver año tras año sobre las banquinas. Como cita el inciso 15, “actividades impostergables vinculadas con el comercio exterior”. Al único sindicato que sacó un paro, desde el 20 hasta el 25 de marzo, fue URGARA (recibidores de granos), inmediatamente le dictaron la conciliación obligatoria. Su secretario general, Pablo Palacios, denuncia a las agroexportadoras por una interpretación aviesa del DNU. Lo hace para exculpar al mismo gobierno que decretó la imprescindibilidad de acopiadores, transportistas y terminales portuarias. Pero fue el único gremio nacional que intentó parar la actividad En los puertos agroexportadores trabajan miles de obreros distribuidos en más de una docena de plantas - aproximadamente 10.000 aceiteros y a eso hay que sumarle otro tanto entre otros gremios y de empresas contratistas. Solamente en el sector “marineros” (amarre, mercantes, estibadores, patrones de barco, de cubierta) hay cinco gremios, de escaso número, pero con un poder demostrado en el pasado por el reclamo del “COPA”, de paralizar los barcos. Sumando a los camioneros que llegarán y descargarán varios días después (los usan como “silos móviles”), con los obreros de distintos sindicatos trabajando en los puertos, playas e inmediaciones. Tenemos 50.000 – 60.000 personas en contacto directo e indirecto (los camioneros van cambiando, rotando). Una fantástica ruptura de la cuarentena bajo el paraguas del DNU presidencial. La CGT local y todos los sindicatos involucrados como el SOEA SL y no ligados a la agroexportación deben convocar a un paro total indeterminado hasta que se suspendan el transporte, circulación y embarque de granos y derivados – y, de acuerdo a la opinión de los obreros, redactar protocolos estrictos, con atención médica incluida. Hay que garantizar los salarios a los obreros de las contratistas, suspendiendo la actividad, y los fletes que no realizan a los camioneros. Si solamente Vicentín defaulteó una deuda de U$D 1.300 millones, el dinero es lo que les sobra a los empresarios. Que todos los empresarios integren personal especializado de salud, para realizar test a todas las personas que ingresan a sus plantas. La clase trabajadora, a través de sus delegados combativos y activistas del Cordón Industrial, deben sobrepasar a la timorata y acomodaticia burocracia sindical. Plan de lucha, pese a la cuarentena trucha, aunque sea cuestionada por las redes sociales. Están en juego la salud de manera inmediata, de toda la población del Cordón Industrial (Baigorria, Cap. Bermúdez, F.L. Beltrán, San Lorenzo, Puerto San Martín y Tímbúes), pegados a la segunda o tercera ciudad del país, Rosario.

26 de marzo de 2020
A los protocolos displicentes de las patronales opongámosle protocolos obreros

Se están elaborando en la mayoría de las fábricas del país protocolos de producción de las patronales frente al Covid 19. Los protocolos son absolutamente desiguales. Mientras que las grandes empresas garantizan medidas mínimas de prevención, otras se limitan a las provisiones de guantes y alcohol de muy bajo costo. Las respuestas de los trabajadores en algunas siderúrgicas son importantes como guía de acción. En Acindar los trabajadores han impuesto, hasta el 31 de marzo, que las únicas áreas que trabajen tengan que ver con el proceso ligado a partes vitales (hornos), por lo tanto, solo hay guardias mínimas y la totalidad del personal no concurre. Algo similar ocurre en las grandes fábricas del Neumático. Por otro lado, en Siderca Campana los trabajadores luchan por otras condiciones de trabajo mientras la burocracia de la UOM deja correr a la patronal. En todas las áreas laborales hay dos líneas de protocolos. Donde se imponen las patronales, la línea es que lo esencial es la continuidad de la producción a toda costa. Donde hay resistencia obrera, la “esencialidad” es la protección de la salud del trabajador. El área portuaria es una de las cuestiones clave de esta crisis. La batalla de los trabajadores en los puertos por sus protocolos va a desatar una lucha política. Las patronales (las que compran y las que venden) presionan para acelerar la carga y descarga de los puertos: Un barco cerealero paga alrededor de 100.000 dólares por toda la operación de ayudar al barco a entrar al puerto, amarrar, cargar y ayudar a salir; los costos de los barcos en la rada del puerto son elevadísimos, de ahí las urgencias patronales por acelerar la carga y descarga. Cuando el intendente de Timbúes, (Santa Fe) intentó preservar a los trabajadores de su municipio, que trabajan en las cerealeras, no previó la brutal presión de estas grandes patronales. Finalmente, lo hicieron retroceder. El Ministerio de Transporte elaboró un protocolo insuficiente para los puertos que sólo tiene en cuenta al barco cuya tripulación tenga un caso posible de Covid 19. Los recibidores de granos, ante los límites del protocolo ministerial, hicieron ellos un protocolo elemental y amenazaron con la huelga sino se daba cumplimiento. "Para los que se desempeñan como inspectores para revisar bodegas de buques, proveer de un kit descartable que contenga camisolín impermeable, guantes de látex, barbijo de tela y antiparras de plástico, además de botas de goma" (del protocolo de Recibidores de Granos) Este protocolo mínimo afecta sólo el 1% de los afectados a la carga y descarga. Pero la tarea dura la realizan los obreros en los puertos (mayormente tercerizados), que entran en las bodegas en turnos de 12 horas para acelerar la carga o descarga, no tienen condiciones mínimas de higiene frente al virus en baños, en comedores precarios, sin distancia entre ellos en las bodegas, lo que puede producir una verdadera catástrofe sanitaria. Los trabajadores de algunas de las tercerizadas de Acindar, que tiene puerto propio, dedicadas a este tipo de tarea comienzan a elaborar su propio protocolo: Capacitación acerca del Covid 19: Conocer el estado de salud de los tripulantes y que sea aplicado el protocolo del ministerio de transporte, con fecha 16/03/2020. Aislamiento de la tripulación. Desinfección de los accesos al buque, las bodegas y los guinches Si por algún motivo la tripulación rompe el aislamiento que se repita el punto 4. Que se suministre a los compañeros que ingresan al buque guantes, barbijos, mameluco descartable, alcohol en gel y desinfectante. Comedor y sector de recuperación acorde a la cantidad de compañeros y con una frecuencia y calidad de limpieza acorde a la actual situación. Con el fin de preservar la salud de nuestras familias y la comunidad solicitamos el aislamiento por 14 días de todos aquellos compañeros que hayan trabajado en el buque, a cargo de Acindar quien debe costear el alojamiento, comida y salarios. El programa del protocolo de los tercerizados de Acindar tiene su importancia en todas las áreas portuarias del país y, junto al de los recibidores de granos, muestran cómo los trabajadores van delineando un programa de la defensa de sus condiciones de salud y de vida. Este breve informe de la actividad portuaria en esta suerte de “lucha de protocolos” es una oportunidad para la intercomunicación entre internas y cuerpos de delegados de toda la industria. La burocracia sindical no va a dar respuestas, (¡el virus no le afectará, ya que nadie se ha lavado tanto las manos con los reclamos de los trabajadores!). Establecer una coordinación de estos protocolos obreros es fundamental. Está en juego nada menos que la “esencialidad” de la vida.

26 de marzo de 2020
La universidad frente al trabajo virtual
Agustina, Flavia y Hernán

En las facultades de la Universidad de Buenos Aires se ha postergado el inicio de clases hasta el 13 de abril para prevenir el contagio del Covid-19. El cuadro de crisis sanitaria que amenaza a toda nuestra población se suma a una crisis económica y de la deuda y un empeoramiento de nuestras condiciones laborales después de años de ajustes. En particular, los docentes universitarios acabamos de sufrir un enorme golpe al salario por el desconocimiento de la cláusula gatillo, que correspondía a un 14,56% de aumento a cobrar en abril, sumado a la exclusión del último bono de $4000 pesos y a la amenaza contra nuestro régimen jubilatorio. En la actualidad, la mayoría de los docentes no llega a cubrir con su salario la canasta básica. Por ejemplo, un ayudante de primera con dedicación simple hasta los 5 años de antigüedad gana hoy unos $8900 en mano, por lo que el actual panorama torna aún más grave su situación. Ya hemos denunciado esta cuestión y la emergencia en la obra social Dosuba, con aumentos en los porcentajes de aporte, disminución de la cobertura en medicamentos y aumento de los coseguros (ver https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/651-el-ajuste-en-medio-de-la-pandemia-una-condena-a-los-docentes-universitarios ). El rectorado se vale de la imposibilidad de realizar asambleas y medidas de fuerza para imponer el ajuste de forma exprés. En este marco de ataque contra nuestros salarios y servicio de salud, se busca imponer la modalidad de dictado de clases virtuales para el comienzo de clases. Entendemos que la virtualidad es una medida excepcional, por razones de fuerza mayor, y para proteger la salud de docentes y estudiantes. Sin embargo, imponerla de un día para el otro presenta dificultades que debemos resolver en lo inmediato, tales como: Recursos materiales para el trabajo virtual La realidad es que la situación de acceso a la tecnología necesaria para el trabajo virtual (una PC, smartphone, etc.) y servicio de internet es muy variable entre docentes y estudiantes que han visto deterioradas sus condiciones de vida durante los últimos años. La llamada “brecha digital” solo profundiza las contradicciones de clase. Por eso es necesario que la Universidad y el Estado se encarguen de proveer el equipamiento y servicios necesarios para llevar adelante este trabajo y que el gasto extra no tenga que ser absorbido por nuestros bolsillos o los de nuestros estudiantes. El trabajo y tiempo necesarios La planificación, armado de actividades y corrección con un nuevo sistema en general, como el virtual, significa mucho más tiempo del que invertimos habitualmente, y no estamos en condiciones de aceptar más trabajo no pago. Con cursos abarrotados de hasta 100 o más estudiantes, un seguimiento individual se vuelve imposible. Los docentes que trabajamos con aula virtual sobrepasamos largamente el tope de horas por las cuales es remunerada nuestra fuerza de trabajo. Capacitaciones pagas Los modos de aplicación de las aulas virtuales presentan una gran variabilidad según cada Facultad y materia. En la actualidad, la plataforma que provee la UBA a todas las unidades académicas y la capacitación para utilizarla presenta muchas limitaciones en cuanto a prestaciones y soporte para la carga masiva de información que deberá efectuarse en estos días. Básicamente, todo lo que supere la carga de material de lectura, guías y foros, correría por cuenta de cada docente, quedando sujeta a las posibilidades de formación de cada uno. Por eso, son necesarias capacitaciones pagas y provistas por la universidad. En la medida que se puedan resolver estas condiciones, podremos comenzar las clases de forma virtual. Sin embargo, proponemos un debate urgente por todos los medios posibles sobre qué medidas podemos tomar en defensa de nuestro salario y nuestras condiciones laborales, como pueden ser paros virtuales en defensa de la cláusula gatillo y de un aumento salarial indexado a la inflación. Nada de esto será posible tampoco, sin un aumento urgente del presupuesto universitario y la aplicación del convenio colectivo de trabajo. Planteamos: La provisión de dispositivos y de conexión a internet para cada docente y estudiante, a cargo de la Universidad. Discusión sobre el salario teniendo en cuenta la carga laboral extra que representa el trabajo virtual: el piso puede ser un cargo con dedicación semiexclusiva o una doble renta docente, según la cantidad de cursos o estudiantes a cargo. Capacitaciones pagas. Defensa de la cláusula gatillo y de un aumento salarial indexado a la inflación. Aumento del presupuesto educativo nacional y de la universidad.

26 de marzo de 2020
El capital infectado por el virus

Hace un par de días el ministro Guzmán sacó la caja de herramientas que le dieron en Columbia, y dictaminó que Argentina atraviesa una “crisis de demanda”. Lo mismo opinan muchos en el panel de la izquierda, como el geógrafo David Harvey, con referencia al hundimiento de la economía internacional. Coinciden con esto en el campo ideológico adverso – por ejemplo, varios columnistas del Financial Times. El razonamiento de todos estos analistas es el que sigue: la cuarentena pulverizó el consumo personal, a pesar de los esfuerzos del gobierno por mantener abiertas las fábricas, sin distinguir si su producción es imprescindible o no, ni tampoco si esto no constituye en forma abierta una violación de los decretos que han ordenado el "aislamiento social”. La caída de la demanda es atribuida, entonces, a los cierres de bares, restaurantes, shoppings, ausencia de trabajos por cuenta propia, o el retroceso de la circulación cotidiana. Un factor de mayor envergadura es el desplome de los créditos al consumo, que son los responsables de la mitad de la demanda final, por ejemplo, en Estados Unidos. Las conclusiones que se desprenden de esta caracterización de la crisis económica, es que la solución parte de una inyección de dinero primario, como se llama al que emiten los bancos centrales, no solamente para financiar el déficit fiscal sino a las propias compañías. A esto apuntarían los pagos por única vez a changuistas y monotributistas, o los subsidios a las Pymes – detrás de las cuales se disimulan grandes empresas. Que Argentina atraviese una insuficiencia de demanda personal, no luce como una interpretación correcta ni para explicar el derrumbe económico que se desató desde abril de 2018. Es cierto, por supuesto, que los salarios, las jubilaciones y otros ingresos fueron directamente diezmados, y que el consumo no dejó de retroceder mes a mes. Pero ello obedeció a una fuerte salida de los capitales que con anterioridad habían ‘bombeado’ la demanda, a la creación de moneda artificial por medio de Lebacs y Leliqs, que redituaban intereses demenciales, y a las consiguientes devaluaciones del peso y a la inflación de precios. Cualquier intento de reactivar la economía financiando el consumo por diversos medios, habría acentuado la fuga de capitales y la inflación. Para recuperar los niveles de consumo era necesario, antes, cerrar el grifo del vaciamiento de las reservas y la hemorragia que representa el pago de los intereses y las amortizaciones de capital de la deuda pública financiera. Convertir un colapso de sistema en “una crisis de demanda”, es recurrir a los eufemismos. Guzmán y los Fernández tampoco creen en su propio diagnóstico, pues siguen gatillando el pago de intereses de la deuda, capitalizan esos intereses en la deuda que ‘reperfilan’ y pagan a los acreedores que no aceptan los “reperfilamientos”. El cepo cambiario mitiga un poco el desangre, pero los mercados paralelos terminan llegando, por diversos vericuetos, a las reservas del Banco Central. El fondo que contrató a Macri para gobernar Argentina, Templeton, monopoliza la negociación de la deuda nacional. La crisis internacional corriente es tratada por estados y gobiernos como una crisis capitalista clásica: defaults empresarios, despidos masivos, caídas de inversión y del consumo. Se anticipa que el producto bruto caerá, en Estados Unidos, un 20%, en el trimestre abril-junio, cuando la desocupación crecerá en el mismo porcentaje. Las cosas pintarán diferentes, asegura Trump, enseguida después, o sea en las vísperas de las elecciones estadounidenses, como consecuencia de la inyección de cuatro billones de dólares, que hará, en última instancia, la Reserva Federal. Se frenaría de este modo la posibilidad de una crisis bancaria derivada de una crisis industrial, en contraste con 2017/9, cuando el derrumbe de los bancos llevó a un gigantesco parate económico internacional. A diferencia de una depresión económica ‘normal’, para revertir la situación hay que pedirle permiso al Covid-19. La pandemia ha provocado una crisis de la fuerza de trabajo del capital, interrupciones indefinidas de la producción y rupturas de las cadenas de producción, especialmente cuando recorren varios países. Con la perspectiva de cuarentenas crecientes, la salida que se pergeña es improcedente, porque para mover la producción no alcanza el dinero – hay que movilizar la fuerza de trabajo. El dinero no crea valor – depende de la fuerza de trabajo. El descuido de la fuerza de trabajo, por parte del capital, no es novedad – las condiciones y métodos de trabajo son cada vez peores. No sorprende que el Big Pharma no se haya interesado en la prevención, que no es redituable en lo inmediato, cuando sí lo es la demanda infinita que crea una pandemia. En estas condiciones, los rescates a los capitales super-endeudados o en default, no irán a la producción sino al dinero, o sea al oro. Para salir de una crisis es necesario, en primer lugar, un cambio en la tendencia de la tasa de ganancia, no un aumento artificial de la demanda (monetario). Al precipitar la crisis actual, la pandemia forzó al capital a reconocer que la tasa de beneficio venía cayendo, como se traducía en el retroceso de la inversión y de la productividad. Recuperar una tasa ascendente requerirá cambios de primera magnitud en la economía mundial – más guerras comerciales y no comerciales. En el caso que nos atañe ahora será necesario restablecer las condiciones para contratar mano de obra, que es confinada a una cuarentena y que sufre despidos masivos como consecuencia de ello. La crisis de demanda, de nuevo, no pasa de una etiqueta; están en quiebra las relaciones capitalistas, que no se reestructurarán por inyecciones monetarias. En las vísperas del estallido de la pandemia, la proximidad de una crisis capitalista había provocado una huida de todo lo que no fuera dinero contante, incluso por parte de los poseedores de oro. Estallaba una crisis de liquidez, que es el primer paso del gran desplome, porque nadie quería prestar a nadie. Ahora la huida de activos y bonos de deuda corporativa, así como de la moneda fiduciaria, se ha acentuado, lo que provoca una fuerte demanda de oro – cuyo precio comienza a subir a ritmo mayor. El efecto de la pandemia sobre la fuerza de trabajo provoca, al final de la rueda, también una crisis de demanda, como un efecto residual. Pero se trata, de nuevo, de un eufemismo – el sistema capitalista en su conjunto enfrenta un desplome. De aquí el comienzo de las crisis políticas – y de las huelgas. El gobierno que pretendía producir “cambios de régimen” contra sus rivales, nos referimos a Trump, podrá darse el lujo de importarlos a su propio país. La clase obrera enfrenta un desafío cualitativo: el capital le ofrece un régimen de trabajo que, además de la insalubridad, el cáncer, el agotamiento físico e intelectual, incluye la muerte. El cuento de la ‘demanda insuficiente’ es una distracción ideológica, de parte de quienes, como el kirchnerismo en particular, no tienen salidas, y encima las quiere compatibilizar con un acuerdo con Templeton y el FMI. Es la hora de un plan de acción internacional y una lucha política por una salida obrera y socialista.

26 de marzo de 2020
HIGA: los trabajadores de la salud luchan por su vida

En la jornada del miércoles, los trabajadores del Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), se manifestaron en las calles en reclamo por sus condiciones de trabajo. El personal de salud no cuenta con los elementos básicos de higiene tales como barbijos, botas y guantes, los kits médicos son insuficientes y los vestuarios están fuera de condición, lo que imposibilita la higiene adecuada de los trabajadores a la hora de salir y entrar de su puesto. A su vez, el traslado hacia el HIGA resulta un gasto extra que está siendo solventado por el propio bolsillo del personal. El transporte público presenta una frecuencia muy limitada y los remises son la única alternativa para no perder el día trabajado ni el presentismo. Esta problemática recorre al conjunto de los sectores obreros, quienes no encuentran en las medidas del gobierno nacional, las condiciones para el correcto aislamiento de la población. Dos días pasaron del anuncio de nuevos centros de atención para diagnósticos de infección de coronavirus, entre los cuales se encuentra el HIGA, donde se anunció que podría realizar hasta 2.000 pruebas por día. Queda al descubierto el vaciamiento en la salud pública con las condiciones en las que este se encuentra, siendo uno de los dos puntos de estudios para Gral. Pueyrredón, donde residen un millón de personas. Los reclamos que expresan los trabajadores son del conjunto del personal de salud y esto choca de plano con el vaciamiento presupuestario, consecuencia del pago de una deuda externa impagable a acreedores internacionales y al FMI, quien ha trazado un plan en regla para la reducción total del gasto fiscal y público. El método de asamblea de trabajadores es un ejemplo fundamental, debe reforzarse y replicarse como herramienta de coordinación, de debate y de resolución de acciones para garantizar el protocolo de seguridad por el COVID-19 en el hospital, para las condiciones de vida del personal y un correcto aislamiento en el marco de la expansión de la pandemia. -Distribución de kits completos de higiene para los trabajadores -Todo el presupuesto necesario para la salud -Ningún despido o suspensión -No al pago de la deuda, fuera el FMI

27 de marzo de 2020
Paro en Bimbo
María L

Los trabajadores de Bimbo, planta Victoria, enmarcados dentro del gremio pastelero, le han asestado un golpe a la patronal multinacional mexicana: el miércoles 25, una asamblea general de los turnos mañana y tarde votó de forma unánime ir al paro ante el peligro de contagio de Coronavirus y reclamar medidas de seguridad. Es que el sector alimenticio en su conjunto está atravesando una discusión clave: cuáles son los alimentos de primera necesidad que son esenciales en tiempos de pandemia. En Bimbo Victoria conviven los gremios de panaderos y alimentación, encargados de la producción de pan, y el gremio pastelero que fabrica medialunas y facturas congeladas, que en el último tiempo serían destinadas… ¡a la exportación!. Las patronales de la alimentación aducen que estos productos son esenciales en términos de ‘esparcimiento y dispersión’ en medio de la pandemia, intentando así ocultar su objetivo de sobrestockearse y no ir a perdida en medio de la crisis, a costa de la salud de sus trabajadores y familias. Los trabajadores de Bimbo tomaron la decisión de parar luego de denunciar la falta de medidas llevadas adelante por la empresa para preservar la salud en la planta: mientras directivos y gerentes hace días gozan de cuarentena en sus casas, los trabajadores son expuestos a estar en las líneas de producción con faltantes de barbijos y alcohol en gel, y sin respetar las distancias mínimas entre personas para evitar el contagio del Covid-19. La patronal ya ha amenazado con descuento de los días de paro y la quita de premios. Aun así el acatamiento al paro por parte de los pasteleros ha sido total: los trabajadores entienden que la cuarentena decretada por el gobierno es sólo una ilusión si en la fábrica no se respetan los protocolos de prevención y luego el virus es llevado a sus hogares donde se encuentran su familias en “aislamiento”. Esta situación se vive en otras fábricas del cordón industrial de Zona Norte. Mondelez Victoria está atravesando circunstancias similares, ya que la totalidad de su producción está enmarcada en el rubro de golosinas, alimentos totalmente innecesarios en medio de una pandemia. Esta fábrica aún sigue produciendo. Su comisión interna, que responde a la burocracia de la lista verde de Daer, es responsable de la situación. Las bases de Mondelez y otras alimenticias, que presionaron mediante asambleas, expusieron a la burocracia sindical que tuvo que pedir definiciones al ministerio de trabajo para que precise cuáles son las fábricas de producción esencial. Bimbo, ubicada a pocas cuadras de allí, alumbra el camino. Frente a la ‘viveza’ de las empresas de alimentos, los trabajadores nos ponemos en pie contra la falsa esencialidad, y para reglamentar, dentro de una misma empresa, qué es esencial y qué no. Toda la solidaridad y el apoyo a los pasteleros de Bimbo Victoria frente a los atropellos de una empresa multinacional que pretende sostenerse en medio de esta crisis en detrimento de las condiciones de vida de los trabajadores. Por la reducción de la jornada laboral a seis horas, y la implementación de los cuatro turnos por jornada. Por protocolos de seguridad e higiene discutidos e impuestos por los trabajadores en cada lugar de trabajo. Compartimos a continuación el link de la declaración de la comisión interna y asamblea general de pasteleros de Bimbo Victoria https://www.facebook.com/trabajadoresdebimbo.sanfernando.3/posts/101044511553566

27 de marzo de 2020
Los trabajadores de Yaguar Moreno se plantan ante la patronal
Malatesta

Luego del decreto presidencial de Alberto Fernández, que instala la cuarentena a punta de pistola, algunas ramas de la industria quedaron exceptuadas. Una de ellas fue la rama del comercio. Sus trabajadores vienen exigiendo a las patronales supermercadistas el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene. Los empleados del supermercado Yaguar, de Moreno, luego de reclamar a la patronal que cumpla con las normas de seguridad e higiene que requiere la pandemia, luego de una asamblea donde participaron la mayoría de los trabajadores, decidieron que como la empresa incumplía con las normas de seguridad no trabajarían los días 23 y 24 de marzo. El pedido reivindicativo era barbijos, alcohol en gel y distanciamiento preventivo en cajas. Al día 25 los trabajadores asistieron a su trabajo, tuvieron una reunión con la patronal, quienes le comunicaron que los elementos de seguridad reclamados se habían hecho efectivos. También en Moreno, choques y/o debates similares se producen en otros supermercados como Coto y Carrefour. El Estado, que arremete en su discurso y con la policía contra los "vivos" que salen a la calle, hace la vista gorda con los mayores vivos: los patrones. Por comisiones de seguridad e higiene a cargo de los trabajadores, reducción de la jornada laboral a 6 horas por turno sin afectar salario para tener el menor tiempo de contacto con el público, y licencias pagas para todos los trabajadores con enfermedades de base y embarazadas.

27 de marzo de 2020
Boris Johnson lanza la pandemia contra el personal de salud

El primer ministro Boris Johnson dijo que el Reino Unido “está haciendo frente muy bien a las circunstancias más difíciles posibles”, y añadió que el Gobierno estaba “intensificando masivamente” las pruebas. Lo opuesto es la verdad. No sólo él mismo contrajo la enfermedad, sino que la falta de kits de testeo para trabajadores del sistema nacional de salud (NHS) tiene como consecuencia la escasez de personal en los hospitales, según denuncian especialistas y trabajadores de la salud (FT, 26/3). El sindicato de médicos y estudiantes de medicina (BMA por sus siglas en inglés) advirtió que “los médicos y los pacientes morirán” (ídem) como resultado de la falla gubernamental en proporcionar el equipo de protección adecuado. Esto no sólo afecta a los hospitales públicos, sino también a las clínicas privadas, porque el personal médico es muchas veces compartido. Mientras el gobierno de Johnson prometió “priorizar a los trabajadores de la salud”, lo que ha hecho es lanzar la pandemia sobre ellos. Un Tsunami de casos Chris Hopson, director ejecutivo de los proveedores del NHS, dijo que los hospitales estaban experimentando una “explosión” de Covid-19. Hopson tuiteó: “Londres confía en que los CEOs están increíblemente orgullosos de cuánto se ha hecho, qué tan rápido, para despejar espacio / crear capacidad, pero están preocupados por la rapidez con que esta capacidad adicional se está llenando ahora. Es evidente que varios hospitales están en una trayectoria en que su capacidad de cuidados críticos se llenará en pocos días”. “Por ejemplo, en la mayoría de los lugares, las proporciones de pacientes / personal disminuyen rápidamente y los equipos separados más pequeños se colapsan en equipos más grandes para permitir que los especialistas puedan atender a tantos pacientes como sea posible” (Telegraph, 26/3). Agrega que “Ahora estamos viendo tasas de enfermedad del 30%, 40% y, de hecho, en algunos lugares del 50% a medida que el personal contrae el virus o está en grupos vulnerables o tiene que aislarse por sí mismo”, algo que “no tiene precedentes”. Sólo en Londres hay más de 600 pacientes que necesitan cuidados intensivos, cuando la cantidad de camas es escasa. Un estudio de la Universidad de Cambridge dijo que, en una quincena, cinco de cada siete regiones del NHS tendrán más pacientes de cuidados intensivos que camas (The Guardian, 26/3). Testear o morir Gran Bretaña ha sido noticia por el aumento exponencial de muertos en el último día (casi 600). Mientras Johnson minimizaba la acción del virus y luego apelaba a mecanismo de “darwinismo social” para enfrentarlo (inmunidad grupal), la OMS recomendaba hacer testeos y proteger al servicio médico. El gobierno llevó las pruebas a 5.500 y 6.500, lejos de las 10.000 diarias prometidas y las 25.000 propuestas para abril. Como no hay pruebas, el personal de salud (incluidos auxiliares) deben autoaislarse en caso de presentar síntomas, lo que redundó en una reducción del 10% del personal haciendo más difícil la rotación y los descansos necesarios, poniendo en mayor riesgo al personal y a los pacientes (FT, 26/3). El NHS les pedirá a los médicos que “duerman en el lugar durante seis semanas en el hospital Nightingale de nueva construcción, que se limite el número de pacientes que las enfermeras pueden atender en salas de cuidados intensivos y explorar si los ventiladores destinados a una persona se pueden utilizar para dos” (The Guardian, 26/3). El Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus (OMS) dijo que las medidas de cuarentena por sí solas “no extinguirá la epidemia” (The Telegraph, 26/3). “El objetivo de estas acciones es permitir las medidas más precisas y específicas que se necesitan para detener la transmisión y salvar vidas. Hacemos un llamado a todos los países que han introducido las llamadas medidas de bloqueo para usar este tiempo para atacar el coronavirus” (ídem). Los efectos de la pandemia sobre la fuerza de trabajo y la tensión constante de los capitalistas por seguir valorizando el capital generan una mayor tendencia a conflictos y huelgas, como las que suceden en Italia, Francia o España Lo que enfrenta Johnson es una crisis no sólo sanitaria sino del conjunto de las relaciones capitalistas. La perspectiva es una huelga general de la clase obrera que demanda medidas básicas de seguridad y medios para combatir la epidemia. Su estrategia para enfrentarla ha fracasado de cabo a rabo, lo que hace más que nunca necesario un gobierno de trabajadores.

27 de marzo de 2020
Italia contagia huelga general

Luego de las “huelgas salvajes” en Italia, el 25 de marzo se llevó a cabo una Huelga General por 24 horas contra el gobierno de Conte y Confindustria, convocada por la Unión Sindical de Base (USB), parte de la WFTU (Federación Sindical Mundial). Se trata de la primera HG en medio de la pandemia del Covid-19. La medida tuvo gran alcance, desde fábricas hasta servicios públicos esenciales y no esenciales. Los llamados del primer ministro Conte a la “paz social” fueron desoídos y los trabajadores volvieron a decir “no somos carne de cañón”. La huelga reclamó seguridad para la “primera línea” de trabajadores, rechazando el decreto de Conte y Confindustria (22 de marzo) que obliga a muchos a seguir trabajando. Reclaman al Estado recursos para enfrentar la crisis y no ser “carne de cañón”. Un estudio de la “Fondazione Sabattini” muestra que el decreto obliga a trabajar a un 40% más de los trabajadores en condiciones de quedarse en casa (4,5 millones). Confindustria quiere que sectores no esenciales (textiles, aeroespacial, defensa, bancos, metalmecánica, alimentos no esenciales, etc.) sigan produciendo. Conte propone un “pacto nacional” al estilo de la posguerra, pero esta huelga rompe con el “giro de Salerno” de sindicatos amarillistas y partidos. Estiman que la crisis va a ser más importante que la de la posguerra, y las ayudas (“bazucas” financieras), insuficientes. La Huelga General, ejemplo de lucha mundial USB anunció un acatamiento del 70%, sobre todo en las grandes empresas. Los sindicatos confederales no apoyaron la huelga, aunque denunciaron públicamente el decreto y “amenazaron” convocar medidas. En el sector metalúrgico y metalmecánico, el malestar y la agitación en las fábricas hizo que apoyaran la huelga general. Desde las casas, los obreros en huelga mostraron carteles de apoyo a la huelga. El sindicato de trabajadores de la salud propuso hacer un minuto simbólico de abstención, con el hashtag #iostoconchisciopera (“yo estoy con la huelga”), que tuvo gran aceptación y se viralizó. Los trabajadores de salud mostraron su solidaridad con carteles que decían #scioperaperme y pedían el “cierre de todos los trabajos no esenciales”. Hay denuncias hacia el sector privado porque no brinda la ayuda y las camas necesarias. Faltan tests al personal de salud, aumentado la escasez de personal y muertes. No hay una verdadera centralización de los recursos en beneficio del bien común por parte del estado. USB dice: “se han unido todos los comandos de los bomberos, enfermeras, médicos, trabajadores de la salud y el personal auxiliar de la red nacional de hospitales”. También trabajadores de todo el mundo, en especial los países más complicados con la pandemia como España, Francia, Alemania, Gran Bretaña y EEUU, mostraron carteles en solidaridad. La HG se puede generalizar. Reclamaron que “se debe llamar a la huelga en todos los lugares de trabajo cuando no se siguen las normas de seguridad” y “Nos comprometemos diariamente a romper este clima de ‘unidad interclasista’, comenzando con la denuncia del desmantelamiento del sistema público de salud nacional, que es la raíz de las dificultades que se encuentran hoy” (USB, 18/3). La FSM explica: “empresas han estado flexibilizando las horas de trabajo y obligan a los trabajadores a tomar licencias obligatorias (…) Muchas empresas, como se quejan los trabajadores en Italia, continúan operando normalmente sin las medidas de protección necesarias (…) En países como Palestina, las medidas para los trabajadores cuyos lugares de trabajo fueron cerrados debido al Coronavirus se resumen en un subsidio de hambre, mientras que las fuerzas israelíes continúan violando los derechos y también asesinan a los trabajadores palestinos” (25/3). Burocracia, Confindustria y la huelga general Los metalmecánicos de Lombardía, Lazio y otras regiones, apoyaron la medida (Fim-Cisl, Fiom, Uilm), también el sector químico, textil, energético y de manufacturas. Filctem, Femca, Uiltec, se quejan de que muchas actividades no esenciales se incluyeron en el decreto de Conte. Las patronales salieron a exigir prohibición de huelgas hasta el 30. Secretario General de Cgil, Maurizio Landini dijo que no va a participar de la HG pero que “en donde no haya condiciones de seguridad, si los trabajadores llaman a una huelga, la Cgil la va a sostener” (Repubblica, 24/3). Los sindicatos amarillistas (CGIL, CISL y UIL), que en febrero dijeron “Italia no se detiene” y acordaron un “protocolo” (14 de marzo), amenazaron la semana pasada con una huelga luego del decreto de Conte. Boccia, de Confindustria, dijo “perderemos 100 mil millones al mes, no entiendo las razones de los sindicatos”. Es el sentido de la “unidad nacional” de las patronales, socializar las pérdidas (la de ellos son billetes, las nuestras son vidas). La HG es una cuestión de vida o muerte, razones sobran. Contagio de la huelga general Durante la segunda guerra mundial, una huelga de los trabajadores de Italia fue el llamado y la luz de esperanza para el resto de los trabajadores de Europa. Las grandes huelgas comenzaron entre el 5 y 17 de marzo de 1943 (primero en la Fiat-Mirafiori); las fábricas de Turín de 100.000 obreros pararon contra el fascismo y la guerra, los soldados alemanes confraternizaban con los trabajadores italianos. Esta huelga general también puede ser el puntapié inicial de una gran movilización política de los explotados que les permita torcerle el brazo a los gobiernos y las patronales. Es más necesario que nunca un gobierno de trabajadores.

27 de marzo de 2020
Pilar: la cuarentena de Achával, una cuestión de clase
Corresponsal

En el marco de una pandemia sin precedentes, atravesando los días donde la cifra de contagios diarios aumenta jornada tras jornada -en Pilar, cuatro casos nuevos en las últimas 24 horas, lo que suma un total de 12 infectados-, contando ya más de medio millar de infectados por el virus en Argentina, el intendente Federico Achával decretó un nuevo rubro esencial a los ya expresados como excepciones en el DNU que estableció la cuarentena para todo el país. Se trata del personal que realiza tareas de mantenimiento en parques, jardines y piletas de los barrios privados del distrito, bajo la excusa de ser elementales para combatir y/o prevenir el dengue. Paradójicamente los barrios más marginados de Pilar son los que están sufriendo los brotes más fuertes de esta enfermedad, y para estos no designó ninguna cuadrilla municipal encargada del desmalezamiento y fumigación. En los días previos a este anuncio, el intendente participó de una reunión con el presidente Alberto Fernández, el gobernador Axel Kicillof, y miembros del gabinete nacional. El día posterior a este encuentro, Achával anunció que los propietarios de las casas de los countrys que vinieron a pasar la cuarentena a Pilar deberán quedarse hasta que termine la misma, mostrándose “firme” ante los que utilizan sus casas de descanso o fin de semana para atravesar los días aislamiento más cómodos, ¡cómo si ese no fuera su propósito! El rumor, casi confirmado, de que la cuarentena se estiraría hasta mediados de abril, extiende los tiempos de padecimiento de muchos trabajadores que se encuentran precarizados ante la incertidumbre de no tener como asegurar su comida y elementos de protección ante la falta de ingresos fijos y garantizados pese a la cuarentena. Lo que también parece generar está prolongación es la “necesidad esencial” de mantener parques y piletas prolijos dentro de los barrios privados, tarea que parece aparte de vital, imposible de realizar por los propietarios, entre los que se encuentra el propio intendente y gran parte de su equipo de gobierno. También esta resolución municipal deja abierta, tácitamente, la posibilidad de habilitar el trabajo doméstico El decreto establece un “estricto control” que quedaría en manos de la seguridad de los propios barrios, y una inscripción vía mail de los lotes y tareas a realizar. Cómo así también una lista de tres o cuatro elementos obligatorios de protección que debe tener el trabajador al momento de ingresar. Por otro lado, la resolución sostiene que el municipio deber desarrollar la tarea de “vigilancia y control del cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente” así como también “serán responsables en caso de incumplimiento se las sanciones correspondientes”. Lo que no controlaran seguramente son las condiciones de contratación y pagos correspondiente, por partes de los propietarios y residentes de los countrys a los trabajadores. Otra cuestión a tener en cuenta es que, de existir las tareas de inspección, por parte del municipio, significarían igualmente una exposición al contagio a cuenta de brindar un servicio secundario, o más bien un lujo innecesario. También representaría un desperdicio de recursos verdaderamente esenciales en medio de una emergencia sanitaria en un municipio que por su extensión, demografía y condición de a abandono en salud pública, es vulnerable a convertirse en un fuerte foco de Coronavirus. Esto sin contar que la infinidad de urbanizaciones cerradas que posee Pilar harían imposible la tarea. Exigimos la derogación del decreto, y reclamamos al municipio acciones concretas para proteger a los trabajadores del contagio no solo de coronavirus: en principio que los trabajadores parquista y pileteros de los barrios cerrados perciban el pago integral, de lo que correspondería a su salario, por parte de los propietarios y residentes por el tiempo que dure el aislamiento. Que el municipio garantice desmalezamiento y fumigación en los barrios trabajadores de Pilar. El aislamiento que impone la pandemia no puede estar subordinada a las “necesidades” domesticas de los residentes de los barrios privados.

27 de marzo de 2020
Pandemia coronavirus: cómo enfrentamos la catástrofe en ciernes

La expansión del Coronavirus ha trastocado sin lugar a dudas la vida de todo el planeta, generando una crisis social y económica sin precedentes en el capitalismo contemporáneo. Muchos expertos del campo de la biología y la medicina hacen referencia a que el virus por su virulencia y su alto grado de contagio, presenta altas tasas de morbilidad (en personas mayores a 65 años y pacientes con otras patologías previas), y ubican para nuestro país el último antecedente de una epidemia de estas características en 1918 con la expansión de la gripe española. De alguna forma, la situación que viven España e Italia con centenares de muertos por día y miles contagiados, confirman el potencial de catástrofe para América Latina. En el continente, nuestro país lidera la tasa de contagio per cápita en América Latina a pesar de que una gran parte de la población se encuentra en cuarentena hace 10 días. El gobierno multicolor fiel representante del empresariado y los terratenientes es contrario a que se paralice la producción, y se niega a garantizar los ingresos a decenas de personas que viven al día y que necesitan por tanto trabajar, arriesgando así la vida de miles de trabajadores al contagio. La política del gobierno frente a la pandemia es de absoluta desidia y desprecio por la vida de la población trabajadora. El método que han utilizado es el de la más completa improvisación, más preocupados por no aumentar el déficit fiscal y desenvolver el ajuste que por frenar la expansión del virus, como lo muestra el aumento de tarifas vigente. En oposición a esta orientación, se ha colocado en el debate público la necesidad de la cuarentena obligatoria, impulsada por el Sindicato Médico, respaldada por el Frente Amplio en la figura de Tabaré Vázquez y acicateada por la indignación que generó en el país la actitud de la empresaria de la moda Carmela Hontou que prácticamente se dedicó a esparcir el virus por toda la capital. De este modo, los partidos del régimen han colocado el eje de discusión para la resolución de la pandemia en la efectividad de la cuarentena para bajar la curva de contagio. Generando una especie de histeria colectiva que señala, responsabiliza y pide mano dura contra la población “egoísta, irresponsable e individualista que desoye las normas de quedarse en casa y sale a pasear”. Ninguno quiere hacerse responsable de la realidad que ha desnudado la pandemia, los miles de trabajadoras precarizados, cuentapropistas y que viven al día, en viviendas precarias, en los barrios pobres de Montevideo y de todo el país, a los que ahora se le suman los despedidos y los más de 50 mil envíos al seguro de paro. Tampoco quieren hacerse responsables de las condiciones de precariedad en la que se encuentra la salud pública y la falta de inversión a la que la han sometido durante décadas en beneficio del lucro privado. Tiene que quedar bien claro, ninguna cuarentena general es posible si el Estado no garantiza las condiciones mínimas de subsistencia de los trabajadores. La cuarentena no tiene ninguna utilidad, si junto a ella no se realiza una fuerte inversión en la salud pública, en la compra de insumos, camas e instrumentos necesarios para la prevención y atención, al mismo tiempo que se centralizan los recursos disponibles para hacer frente a la pandemia. En este sentido un punto clave para frenar la pandemia, lo constituye la utilización masiva de test para identificar quiénes están infectados antes de que presenten síntomas y así proceder al aislamiento. ¿Cómo enfrentamos la catástrofe que nos amenaza? Tres palabras: control, planificación y centralización. Para evitar ir por el mismo derrotero que los países europeos, es necesario re organizar la economía. Se requiere centralizar los recursos y redirigirlos. La primer medida es la moratoria o no pago de la deuda interna y externa, lo que liberará recursos para una política económica que no esté subordinada a los superávits financiero y reservas internacionales. La segunda es terminar con los subsidios e incrementar los impuestos a los grandes capitalistas que tienen mucha “espalda”. La tercera es garantizar el control del mercado de capitales, el comercio exterior y nacionalizar la banca. Cuarta: hacer uso de las reservas del Banco Central (7000 mil millones dólares de libre disponibilidad). El objetivo de estas medidas es centralizar recursos de la sociedad para la construcción inmediata de hospitales, compra de los kits de prueba del coronavirus para realizar test masivos; garantizar un subsidio (o renta) a los trabajadores y pequeños comerciantes golpeados por la crisis, y otorgar los recursos necesarios para la distribución de insumos de desinfección y prevención. Esta política debe ir acompañada por la centralización de la salud pública y privada para ponerla bajo la dirección del estado con control de los trabajadores y el impulso de un programa que contemple la jornada de seis horas en la salud, contratación de enfermeras, médicos y técnicos para cubrir los nuevos turnos de trabajo. Para proteger a los trabajadores: prohibir los despidos y un seguro de paro que cubra el 100% del salario. La pandemia ha dejado en evidencia quienes son el verdadero motor de la economía y los verdaderos productores de bienes y servicios; los trabajadores y las trabajadoras. En este sentido, debemos ser claros, de esta catástrofe sin precedentes sólo se saldrá positivamente de la mano de la acción colectiva y planificada de la clase obrera, que es la única capaz de organizar a la sociedad priorizando la defensa de la vida. *Artículo publicado en el Semanario Voces, 26/03/2020. Lucía Siola es dirigente del Partido de los Trabajadores (Uruguay.

27 de marzo de 2020
Una rebelión de los técnicos del gremio telefónico
Agrupación Clasista Naranja Telefónica

Como en todas las actividades económicas, el nuevo coronavirus ha causado un sacudón. Gran parte de las tareas se realizan de forma remota con teletrabajo, pero para muchas especialidades esto no es posible, y abrió una fuerte disputa. En la atención comercial, trabajadores y clientes estaban altísimamente expuestos al contagio por la gran afluencia en los centros de atención, con turistas recién llegados y gente que no cumplía la cuarentena. Solo horas antes del decreto de cuarentena obligatoria, Telefónica decretó la suspensión de atención al público, mientras en Telecom-Personal, del grupo Clarín, ya aparecían asambleas exigiendo el cierre, como en Caballito y Belgrano. En los técnicos de planta externa es donde se desarrolló la crisis más fuerte, ya que trabajan dentro del domicilio del abonado. Varios compañeros, luego de realizar su trabajo, eran informados por el cliente que se encontraba en cuarentena por venir del exterior. Esto resultó en resoluciones de no entrar más en domicilios para proteger al trabajador, sus compañeros y familias. Los sindicatos, que avalaron inicialmente y detrás de los hechos la medida, al día siguiente pegaron una voltereta y en el Ministerio de Trabajo junto a las empresas firmaron un protocolo de entrada en domicilio, que según el acta no era “materia opinable” por trabajadores y delegados y su no cumplimiento conllevaba “responsabilidades gremiales y penales”. Este protocolo indicaba que los clientes debían realizar una declaración jurada de no estar contagiados ni en cuarentena para que el técnico pudiera entrar. Lo cual es ridículo, porque el cliente puede no saber que está infectado, mentir o estar asintomático e igualmente contagiar. Inversamente, un técnico infectado y asintomático puede contagiar los varios clientes y familias que visita por día. Un disparate por donde se lo mire, y una afrenta firmada el mismo día del telefónico -el 18 de marzo. En la siguiente toma de servicio la respuesta fue un masivo rechazo de la base técnica al protocolo, manteniendo la negativa a entrar en domicilios. Con otra voltereta, las direcciones sindicales salieron del paso mediante resoluciones de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) y el Enacom, que avalaron el no ingreso a domicilio. Una victoria para celebrar su día, y un cimbronazo que llegó a las direcciones y precipitó un comunicado diferente de Foetra Buenos Aires y Chaco, al de Fattel (Federación de Trabajadores de las Telecomunicaciones). Planteamos: Establecimiento de guardias mínimas en plantel exterior, que son suficientes para garantizar el servicio esencial. El kit provisto por las empresas debe incluir barbijo. Ningún despido, suspensión o descuento para los tercerizados que hagan uso de las licencias decretadas y se nieguen a entrar en domicilios. Pase a planta. Defendemos el derecho a la organización, asamblea y no trabajar si la patronal no garantiza condiciones adecuadas, o sea, del derecho a huelga para proteger trabajadores y clientes. Que se realicen test masivos a nivel nacional para controlar la epidemia, y se financie el sistema de salud con el No pago de la deuda externa. La salud no puede ser un negocio.

27 de marzo de 2020
“Al Trinche, que fue mejor que yo”

Reabrimos en Política Obrera la sección “Solo para hinchas” Además de luchar con todo lo que podemos en la organización de los trabajadores en esta pandemia. No es malo tomarse algunos minutos de tiempo de lecturas de “cuarentena” Espero sean del agrado de los lectores Me fui a vivir a Rosario en el ‘74. Por aquel entonces era un despedido de la fábrica Yelmo y estaba haciendo mis primeros tres años de experiencia con Política Obrera. Estalló una gran huelga de Acindar en Villa Constitución y me enviaron junto a otros compañeros a apoyar el conflicto más apasionante que viví como activista en todos mis días. Tanto me gustó Rosario que me quedé durante muchos años a militar y también a disfrutar del fútbol. Me hice hincha de Newell’s, pero como vivía en la zona sur los sábados a la tarde cada 15 días iba a ver a Central Córdoba. Ahí vi. jugar al Trinche, para mí el jugador de mayor calidad que haya visto. Concurríamos entre doscientos y trecientos hinchas y nos instalábamos en un rincón de la tribuna principal del Estadio “Gabino Sosa”. Muchos éramos de NOB y de Central que íbamos a ver al Trinche. Hasta nos decían los “hinchas del Trinche” -con cierta distancia del hincha “puro” de Central Córdoba que concurría a la tribuna con la pequeña barra del club. Una vez sentado en un rincón alto de la tribuna vi a Marcelo Bielsa, que después me enteré era “trinchista”. El Trinche era un jugador extraño, fuera del molde clásico. Parecía que jugaba displicentemente. Era difícil verlo correr detrás de un jugador, o tirarse a los pies de algún rival, a pesar de que jugaba de 5 de los de antes, esos que eran claramente parte de la defensa. El espectáculo de verlo al Trinche era cuando comenzaba a tener la pelota. Nunca vi a nadie en el profesionalismo con más capacidad de bajar la pelota -viniera de donde viniera- parecía extremadamente lento, pero su razonamiento y su visión de compañeros y rivales era inversamente proporcional a su andar; nunca vi mejores pases entre las líneas rivales que los del Trinche. Los que lo íbamos a ver, siempre esperábamos “algo” durante el partido. Un lujo de esos que se ven de tarde en tarde. Él era un especialista en caños, y una de sus jugadas características (que era nuestro máximo deleite) era el llamado "doble caño", por el que hacía pasar la pelota entre las piernas del rival en dos momentos consecutivos, desairando dos veces al mismo jugador. El día de gloria de un ídolo pobre Como parte de la preparación para el mundial de 1974, la Selección argentina decidió jugar un amistoso con un combinado de jugadores de clubes rosarinos: jugaron Cinco por Central, cinco por Newell´s y el “Trinche” Tomas Felipe Carlovich. Los rosarinos le dieron una lección de fútbol a la Selección Argentina y al finalizar el primer tiempo ganaban 3:0 en la cancha de Newell’s. Nunca se comprobó, pero se comentó mucho que fue tan grande el baile que recibió la Selección que, en el entretiempo, el entrenador nacional Vladislao Cap pidió a Montes (técnico para ese partido por los rosarinos) que sacara a Carlovich. El "Trinche” salió y entró Berta -otro 5 de Newell’s- pero igualmente quedó el mito: El trinche había jugado los 45 minutos de su vida, ese día la rompió. El hecho de que la difusión del fútbol de ascenso en ese entonces fuera tan pobre impidió que existieran registros fílmicos de su juego. Esta ausencia no hace más que magnificar la figura de Carlovich, rodeándola de una mitología particular. Entre esos mitos, uno afirma que el Trinche ostentaría el récord de la máxima cantidad de tiempo consecutivo con la pelota en su posesión. Lo que sí es cierto son las declaraciones de técnicos importantes que lo reconocieron: dijo José Pekerman es "el futbolista más maravilloso que vi". César Luis Menotti ”fue uno de esos pibes de barrio que, desde que nacen, tiene como único juguete la pelota. Era impresionante verlo” Carlos Griguol "es un fenómeno de jugador, pero no le gusta el sacrificio, por eso no triunfó. Jugaba conmigo en Central y prefería irse de caza o de pesca. Tenía condiciones técnicas únicas. Al marcarlo, el tipo desaparecía por cualquier lado y con él desaparecía el balón”. En 2002 la Municipalidad de Rosario lo nombró Deportista Ilustre, lo que le permitió cobrar los únicos $150 que aportó mensualmente en la casa que compartía junto a su esposa y sus dos hijos por aquel entonces, hasta que comenzó a colocar pisos con uno de sus hermanos. Sus problemas de salud venían de antes, cuando comenzaron a aquejarle unos fuertes dolores que resultaron ser el producto de una osteoporosis de cadera, amigos y allegados se movilizaron y Carlovich pudo ponerse una prótesis en la parte derecha de su cadera en octubre de 2005 A los 70 años. El 20 de febrero de este año el Trinche tuvo otro día de gloria. En oportunidad de la visita de Maradona a Rosario como técnico de Gimnasia. En el hotel donde se hospedó, Maradona recibió a un invitado muy particular: quien le llevó una camiseta de Central Córdoba, el club de sus amores, y el “Diez” le estampó su firma con una frase muy especial. "Al Trinche, que fue mejor que yo". Hasta la próxima.

27 de marzo de 2020
Argentinavirus: nuestro país y la experiencia mundial

La cuarentena resulta insuficiente sin otras medidas de salubridad que puedan controlar y frenar el avance del virus. Existen países en el mundo que han podido contener el avance del COVID 19, inclusive países cercanos a China: Taiwán (23.600 millones de habitantes, 67 casos y un fallecido), Hong Kong (7.500 millones de habitantes, 155 infectados y 4 muertes), Japón (120 millones de habitantes, solo 800 contagiados) y Corea del Sur (reducción abrupta las últimas semanas). En Europa, se destaca Alemania: es el quinto país del mundo en registrar casos confirmados (31.000) pero tiene el menor índice de proporcionalidad de muertes (132 fallecidos). Esto es porque han hecho énfasis en campañas de prevención rápidas, análisis (realizan 12.000 test diarios) y han aumentado el presupuesto para salud en un 40%. Más allá de las características de los gobiernos de dichos países, la situación geográfica y su densidad poblacional, la clave fueron las medidas de salubridad que se hicieron efectivas. Medidas En un primer lugar: testeos masivos. Según recomienda la Organización Mundial para la Salud (OMS), este es el factor fundamental para contener la extensión de la pandemia. Debido a la característica inicial asintomática del virus, los tests revelarían con mayor certeza los casos existentes y se podría proceder a tomar acciones pertinentes a partir del conocimiento del impacto real del virus. En Argentina solamente se realizan 200 pruebas diarias y solo a partir de que los pacientes manifiestan dudas sobre si se han contagiado o no. Insuficiente. A su vez, otra medida necesaria es la atención temprana: el factor tiempo fue decisivo. Los países que destacamos en esta nota comenzaron a hacer test a las personas provenientes de otros países desde antes que se registrara transmisión local. En segundo lugar, el aislamiento efectivo de los contagiados. Esta forma contribuye a frenar la expansión del virus. Como ejemplo, en la ciudad de Pekín (China) el gobierno ha ido supervisando al extremo la detección de nuevos casos potenciales y aislado a los contagiados en “hoteles de cuarentena”. Además, actuar con rapidez en medidas como “el distanciamiento social” o “cuarentena” es fundamental para reducir los contagios. Pero, claramente, esta medida debe ser acompañada por las detalladas anteriormente, para conocer el cuadro real de infectados. En última instancia, pero no menos importante, la higiene. En los países de los cuales estamos hablando, se han reforzado las campañas para el lavado de manos a través de internet a la vez que procedían a un incesante mecanismo para la limpieza de las calles y los lugares públicos. Argentina La situación en nuestro país alcanza grados de alarma superlativos. Se ha publicado un relevamiento reservado del Ministerio de Salud que plantea 4 escenarios posibles en relación a contagiados, teniendo en cuenta proyecciones de pacientes que requerirán internación y la estimación de fallecimientos. Cualquiera de esos 4 escenarios representa un cuadro de colapso absoluto del sistema de salud, a lo que le suma años de vaciamiento del sistema de salud público. En esta sintonía, algunos gobernadores de las provincias del interior, incluso, analizan cerrar sus propias fronteras ya que caracterizan que el cuadro en CABA y Provincia de Buenos Aires “va a explotar”. En el conurbano bonaerense, en particular, las condiciones de vida en las barriadas más empobrecidas son otro factor explosivo a la hora de contener la pandemia: el déficit habitacional, el casi nulo acceso al agua potable y las cloacas, el hacinamiento, entre otros, son condiciones de base críticas. Bien lo saben los intendentes del conurbano, que piden eufóricamente a la Ministra de Seguridad que mande a la gendarmería y al ejército a sus respectivos municipios y barrios, pero no para “controlar” el #quedateencasa, sino para aplastar cualquier atisbo de organización mediante la regimentación, el disciplinamiento y la represión. Con esta crisis, además, se ha puesto de manifiesto con mayor claridad que la clase obrera es la que produce, la que mueve los engranajes Con un 40% de trabajadores en situación de “informalidad”, la crisis social es una caldera. Por eso, son necesarias medidas de fondo que contribuyan a frenar el avance de la pandemia y las consecuencias que la enfermedad cargará sobre la vida de los trabajadores.

28 de marzo de 2020
“Un juego de caballeros”: una historia del deporte… y la lucha de clases
David Irribarren

El desarrollo capitalista del siglo XIX alcanzó niveles sin precedentes, teniendo como epicentro a Gran Bretaña. El lucro y el capital penetraron violentamente en el entramado de relaciones sociales preexistentes, dando lugar a conflictos y contradicciones sociales. El mérito del primer episodio de la miniserie “Un juego de caballeros” (2020, Fellowes y Stærmose, disponible en Netflix) es contarle al espectador una historia de las repercusiones de este fenómeno en el fútbol. Esta es la historia del Darwen, un equipo de obreros dirigidos por su propio patrón Los dueños de la pelota Nos situamos en 1879, se produce un hecho inédito. Por primera vez un equipo integrado por obreros había clasificado hasta los Cuartos de final de la pionera FA Cup. Esto era novedoso, ya que el fútbol comenzó a jugarse en los College, entre las familias burguesas y de elite que dominaban los torneos. Pero una parte de ellos constituyó equipos con sus propios obreros, produciéndose el ingreso de los mismos al fútbol. He aquí una de las funciones ideológicas del deporte: la identificación de obreros y burgueses bajo la misma bandera. El relato inicia cuando los obreros de la fábrica Darwen se enteran de que dos nuevos compañeros escoceses, a quienes nunca vieron trabajar, serán titulares el próximo partido contra los Old Etonians, tradicional equipo de la burguesía. Estamos ante un caso de amateurismo marrón, modalidad de pago que utilizaban los burgueses para contratar de forma disimulada profesionales cuando esto estaba prohibido. En los jardines londinenses de la elite, se produce el encuentro. Se trata más que de una justa deportiva. Los burgueses saben que los obreros no pueden demostrar su superioridad, ya que se trata de “nuestro” deporte y “nosotros” lo inventamos: un deporte para caballeros. En este partido se contraponen dos estilos: “ir en manada” del equipo obrero, contra la fineza de los pases de los racionales burgueses. Pero si se creía que los caballeros tienen valores, ética y desinterés, estos fueron arrojados a la basura cuando, al ver que no podían ganar, apelaron a distintas formas de trampa. Lógico, se burlan un burgués, “¿Van a ir al tribunal de disciplina? ¡Somos nosotros!”. Lo que sucede con los Old Etonians, ocurría gradualmente con todo el deporte: la necesidad del resultado doblegó el “espíritu deportivo” de los sportmen. La lucha de clases El primer capítulo de la serie nos habla de un amateurismo agonizante, que la propia burguesía liquida con la contratación ilegal de jugadores. Estos talentos que, por su origen obrero, ya no podrán seguir fingiendo que tienen un trabajo estable, y no viven del futbol. A su tiempo, el deporte se proletarizará en todo el mundo. Pero la serie muestra que este proceso no ocurre de forma aislada. Se reúne el gremio de algodoneros: crisis en la industria, reducción de salarios. Los obreros de Darwen increpan al burgués: “¿Le estás pagando un sueldo a estos dos para que jueguen y ahora nos bajás el sueldo?”. El burgués tiene dos opciones: o el viaje al próximo partido o los salarios. La respuesta es la del pueblo trabajador, quien había seguido con admiración el desempeño de las dos nuevas estrellas: una colecta masiva para costear el viaje. La serie ilustra de forma acabada las contradicciones del proceso de profesionalización del deporte. Con él aparecen las idolatrías, el sentimiento, el arrojo, y la pasión propios del deporte de competencia. La penetración de las relaciones sociales capitalistas en el deporte alteraría el propio juego, más racional y expeditivo. Son los semi-profesionales quienes enseñan a los obreros a no jugar “en manada” y aprovechar mejor las virtudes de cada uno. La táctica. En una pandemia que será recordada por las extorsiones de los Fernández, Tapia y Tinelli, para que haya futbol (hecho repudiado por los futbolistas), este primer episodio puede ayudar a recordar su condición de clase. De ambos.

28 de marzo de 2020
Asambleas, deliberación y cortes en Salud

Una resolución del Gobierno de la Ciudad, fechada el domingo 22, ordena a los directores de los hospitales porteños el traslado de tres enfermeros por hospital para asistir a los argentinos repatriados, confinados en hoteles. Esta resolución ignora que, tanto en los hospitales públicos como privados, médicos, enfermeros y técnicos denuncian la falta personal, medidas de protección e insumos básicos. No contrata más enfermeros (por convenio), sino que redistribuye en forma arbitraria un personal insuficiente. “En un informe de 2018 de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) titulado Distribución de la fuerza de trabajo en enfermería en la Región de las Américas reveló que la Argentina posee una de las tasas más bajas de enfermeros por habitante, con 4,24 cada 10 mil personas, sólo por encima de Honduras, República Dominicana y Haití” (Infobae, 27/03/2020). En este contexto, las proyecciones de infectados que maneja el propio Ministerio de Salud anticipan un desborde del sistema sanitario. Los trabajadores En respuesta a esta resolución, el miércoles 25, una asamblea de trabajadores en el hospital Ramos Mejía se pronunció contra del traslado de enfermeros a los hoteles. Denuncia que se oculta la verdadera realidad del hospital. El ministro, quien visitó el hospital el mismo Domingo 22, evitó el encuentro con la mayoría de los trabajadores. Si hubiera hecho su visita en la semana, sin dudas los trabajadores le hubiesen informado lo qué pasa. La realidad es que en el Ramos como en todos los hospitales, los enfermeros son escasos, como todo el personal en general y los recursos de bio seguridad. Es por esto mismo que hicieron un corte y aplausazo los trabajadores del italiano, denunciando falta de insumos e irregularidades en el triage (detección de casos) que podría prevenir contagios. En estas horas profesionales del hospital Fernández están pujando por la reducción de la jornada. Enfermeros de distintos hospitales como Sarda, Italiano, Argerich entre otros se encuentran deliberando sobre esta resolución, mientras en el Garrahan, denuncian fuga de jefes y directores de área. No es el único caso, y de esta manera las responsabilidades recaen en los residentes, quienes reunidos en asamblea este último jueves 26 han elevado su reclamo al gobierno de la ciudad por la centralización de todo el sistema de salud, capacitación, protocolos, jornada de 6hs, salario para concurrentes y un salario inicial de 52 mil pesos (salario inicial de profesional de planta) entre otros. En el sanatorio Dupuytren, de San Cristóbal, la comisión interna denuncia al grupo Galeno por no cubrir los protocolos básicos de bio seguridad para poder trabajar. Han aislado un piso entero en el Hospital Santojanni ya que dio positivo de coronavirus el análisis del hisopado a una enfermera. Los medios, anticipan acciones legales contra esta trabajadora por no haber informado que a contra jornada, la compañera prestaba servicio en el sanatorio privado Anchorena, donde estaba en contacto con pacientes con el virus. Una colega del Santa Lucía comentando las discusiones sobre el decreto y las faltas de condiciones de seguridad, reflexionaba: “los que tienen doble empleo, todos, todos estamos en riesgo permanente. Y encima tener que afrontar un juicio. ¡Esto es una locura! ¿No vamos a hacer nada? No hay nadie que nos diga, mínimamente, qué es lo que podemos hacer. No podemos permitir tanto atropello. Sinceramente, nunca sentí tanto dolor, tanta bronca. Miren que amo mi profesión, pero sentir que, ante esta situación, encima nos pongan el pie en la cabeza, me destruya el alma” Es que esta es la situación de enfermería. La gran mayoría, en muchos casos sostén de familia, trabajan a doble turno como los maestros, o haciendo módulos (horas extras) en jornadas infinitas para poder llegar a cubrir las necesidades de cada mes. La situación de los enfermeros retrata el conjunto de la situación sanitaria y los riesgos a los que estamos expuestos el conjunto de los trabajadores. Por eso urge el pase a profesional de la carrera, lo que representaría una nueva base salarial, de derechos y una reducción de la jornada. Una semana ha pasado, y tantos en los hospitales públicos como privados las direcciones hospitalarias siguen obstaculizando y bloqueando las licencias decretadas por el mismo estado como son las de grupo de riesgo o padres con tareas esenciales. Esto responde a que como denuncian los trabajadores del Ramos, los anuncios del Gobierno de una mayor contratación de trabajadores, por ahora son solo anuncios.

28 de marzo de 2020
Pandemia, guerra y crisis migratoria

La crisis migratoria en Europa se reabrió antes del avance del Covid-19. La isla griega de Lesbos ya era un campo de concentración de refugiados a cielo abierto; ahora es una bomba de tiempo. Todos los estados nacionales han cerrado sus fronteras, pero no atienden las condiciones actuales de los refugiados, que constituyen un caldo de cultivo enorme para el Covid-19. Los “centros de refugio” son lugares de contención de los “puntos críticos” de migración hacia Europa. Allí hacinan a los migrantes hasta que se realiza la solicitud de asilo, y los rechazados van hacia Turquía. Erdogan cierra y abre fronteras según sus acuerdos con Rusia y EEUU por el desmembramiento de Siria. Es una política similar a la de Trump, que confina en la frontera mexicana a los migrantes, expuestos a condiciones de vida terribles mientras avanza la pandemia, antes de ser denegados los pedidos de asilo. Moria, el campamento principal de Lesbos en Grecia, ahora alberga a 21.000 personas en un sitio planificado para 3.000. Es un pozo negro insalubre, un campo de concentración. “No hay más carpas disponibles, incluso para ubicar a las personas fuera del campamento, en los campos de olivos. Los recién llegados reciben solo una manta y deben dormir en el piso. Por lo tanto, es probable que haya tensión cuando no hay suficiente comida y hay que hacer cola durante cinco horas para una comida”, dijo Bouchetel, abogada francesa que trabaja para Oxfam en la isla. Un tercio de los refugiados en el campamento son niños sumado a mujeres embarazadas. La OMS y distintas organizaciones sociales denuncian que las condiciones paupérrimas de estos centros (precariedad habitacional, hacinamiento, falta de agua, etc.) hacen imposible contener la situación en caso de un brote de Covid-19 entre esta población. Se le exige al gobierno derechista griego que se desconcentre a la población y brinde elementos de higiene e información sanitaria sobre la pandemia, pero nada de esto ocurre. La población debe ser alojada en condiciones para lograr el necesario aislamiento y evitar una tragedia humanitaria mayor. Covid-19 en África El COVID-19 se extiende por el continente al mismo tiempo que África enfrenta un número récord de desplazamiento poblacional. En la actualidad hay más de 25 millones de personas desplazadas por la fuerza, desplazados internos y refugiados, como resultado de conflictos bélicos, represiones o por cuestiones económicas. Los lugares de destino son las ciudades que permiten más oportunidades de trabajo y los asentamientos informales o campamentos. En todos los casos, los servicios de salud están sobrecargados o son inaccesibles, lo que aumenta el riesgo de exposición y vulnerabilidad a la infección. Las ciudades mismas se han convertido en trampas mortales para una población completamente hacinada, sin agua potable y alimentos. Si bien estas masas en desplazamiento no han sido identificadas como puntos clave de transmisión de COVID-19, las altas densidades y la movilidad de los migrantes hace que sean muy vulnerables a la exposición. La capacidad de estas comunidades para practicar el distanciamiento social es casi imposible. Si el coronavirus llegara a estos sectores de la población la propagación sería rápida y devastadora como ya fue señalado en Política Obrera (politicaobrera.com/internacionales/709-africa-y-coronavirus-el-continente-olvidado) La situación que se desarrolla en Europa, Estados Unidos y África se liga rápidamente a la luz de la política imperialista que continúa la guerra comercial y convencional desde Yemen hasta Afganistán. El pretendido desarrollo alcanzado por las metrópolis capitalistas presenta por supuesto diferencias en las condiciones materiales, pero el resultado es el mismo, el colapso del sistema sanitario. Vuelve a colocarse en la agenda de la clase obrera mundial, la necesidad de una acción coordinada de los explotados, empalmando con una creciente deliberación obrera que cuestiona las decisiones que toman sus gobiernos dictadas por los capitalistas y sus intereses.

28 de marzo de 2020
Despidos en aeropuerto de Ezeiza por reclamos de prevención
Corresponsal

En todos los medios y hasta desde el propio gobierno se resalta la labor heroica de los aeronáuticos que salen a repatriar argentinos. Sin embargo, un día antes del Día del Aeronáutico, el 26 de marzo, la empresa GPS despidió a Aye y Carlos, personal que participo de los operativos de repatriación, como respuesta al descontento, quejas, notas y acciones de lucha que los trabajadores impulsan reclamando las medidas de seguridad e higiene pertinentes para no exponer su salud ni la de los pasajeros. Los trabajadores de GPS en Ezeiza gracias a su organización y la votación de una comisión de salubridad e higiene arrancaron a la empresa barbijos, guantes y alcohol en gel. La actitud represiva de la empresa sobre los trabajadores que reclaman algo tan básico y necesario tiene antecedentes en el rubro, a raíz de la crisis del coronavirus Gate Catering despidió 180 empleados y en Aerolíneas Argentinas hubo descuentos a quienes se negaran a volar por la falta de condiciones de salubridad. Esta política antiobrera tiene sus responsables. Además de las empresas, las direcciones sindicales brillan por su ausencia. El propio Cirielli, secretario general de APTA, deja de manifiesto la falta de medidas de seguridad cuando alega que un pasajero abordo con síntomas un vuelo gracias a haber tomado paracetamol y no avisar antes de subir (Clarín, 25/3/20). La otra pata de esta responsabilidad es el propio gobierno que da vía libre a las patronales para actuar de manera arbitraria y luego monta campañas donde la responsabilidad de los contagios sería una cuestión de responsabilidad meramente individual. Estos despidos deben ser rechazados, no se puede permitir que se reprima a quien lucha por la seguridad de la población cuando justamente lo que tenemos en juego es eso mismo. Los compañeros de GPS están haciendo girar un petitorio por la reincorporación de los despedidos y desarrollando una campaña de vídeos y pronunciamientos, amén del proceso de organización que ya venían desplegando. Apoyar el petitorio y pronunciarse es un espaldarazo importante para la lucha contra el despotismo patronal. Los despidos recientes y el derrotero anterior ponen en primer orden la necesidad de la deliberación obrera, tomando estas experiencias, para poner en pie comités de salubridad e higiene. A los protocolos patronales debemos oponerles un protocolo de los propios trabajadores cuyas necesidades sean cubiertas por las empresas y el estado. Al día de hoy, el estado no ha intervenido sobre una empresa que pone en riesgo la salud de esta manera. La organización y lucha contra las patronales, la burocracia y el estado adquiere una dimensión dramática en este escenario.

28 de marzo de 2020
Desempleo y pandemia: el capital en terapia intensiva

La pandemia ha puesto de manifiesto la extremadamente precaria situación de los trabajadores en el mundo. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) prevé 25 millones desocupados (OIT, 20/03). Y eso que es sólo el comienzo. Se evalúa que la crisis ya es más grande que la de 2008 y se la compara con la restauración capitalista en la URSS, que arrojó una caída del 50% del PBI en pocos años y un crecimiento del desempleo descomunal. Esta situación golpea de lleno a la mano de obra joven, los trabajadores de entre 18 y 35 años figuran en el grupo más proclive a la pérdida del empleo, por su ya ingreso precario al mercado laboral. Entre ellos, las mujeres revisten el sector más vulnerable. Los rescates apenas sirven para salir del paso. El New York Times ha colocado en su tapa del pasado martes 27 un gráfico que da cuenta del extraordinario salto en la solicitud de seguros de desempleo: sobrepasa los 3 millones, mientras que la semana anterior había oscilado entre las 250 mil y las 290 mil solicitudes. Este salto exponencial no debe sorprender si partimos que, en la ciudad más afectada, Nueva York, con 15 millones de habitantes, el 40% de los trabajadores cobra por jornada trabajada o en situaciones aún más precarias. El cierre de comercios, la caída turística y el tránsito de personas al verse afectado, coloca a una enorme cantidad de trabajadores a la deriva. Otro caso importante, es el de España, donde los trabajadores asociados a las empresas de reparto (Glovo, Uber eats, Rappi, Pedidos Ya) han sido declaradas “esenciales”, pero sin ofrecer ningún tipo de permiso a sus trabajadores, por lo cual muchas veces son detenidos por la policía. Este cuadro se repite, por ejemplo, en la Argentina. Los denominados “changarines” o los trabajadores “golondrina” son otro de los sectores más afectados por la pandemia, debido a que no solo trabajan en situaciones precarias (sin derechos laborales en casi todos los casos) sino que directamente pierden la única posibilidad de empleo que poseen durante el año. Los trabajadores precarizados y la fuerza de trabajo inmigrante es la que realiza la producción de alimentos tanto en el sur de Italia como en España, se encuentran en la “primera línea”, aunque superexplotados por su condición de extranjeros y sin derechos. Los trabajadores formales tampoco se encuentran exentos de la catástrofe; una enorme cantidad de empresas alega “motivos de fuerza mayor” para justificar una enorme cantidad de despidos. Las aerolíneas piden ser rescatadas junto a todos los aeropuertos, tras procesarse miles de despidos. El capitalismo se niega a reconvertir la producción y los servicios a los fines de la salud pública y el bien común. Las ganancias van primero. “El colapso económico” como define el NYT en su tapa (27/03), revela el esquema precario sobre el que se para la economía mundial. Los trabajadores son colocados como el elemento a “sacrificar”, pero es justamente este camino el que acelerará aún más la crisis. Queda demostrado que ningún rescate puede reemplazar al trabajo como motor de la economía. El parasitismo del capital financiero queda al desnudo. India es el país con mayor cantidad de empleo informal y precario. Protagonizó hace pocos meses una huelga general con cientos de millones de trabajadores por reclamos salariales y derechos laborales, la perspectiva se redobla. Este es el espejo en el que se mira la crisis mundial. La crisis económica y política no pueden ser abordadas de manera separada. Se alimentan recíprocamente y contraponen de manera cada vez más decidida los intereses entre las clases, fundamentados en la necesidad de los artículos básicos para hacer frente a la pandemia, como las condiciones materiales de salud y trabajo. Los trabajadores debemos discutir una superación de la crisis humanitaria a la que nos empuja la barbarie capitalista, esa superación parte de una reorganización del mundo sobre nuevas bases sociales, que estructuren el trabajo según la necesidad y no la acumulación capitalista. Por eso es más necesario que nunca una salida obrera y socialista.

28 de marzo de 2020
El falso feriado puente

Cuando anunció la cuarentena total el viernes pasado, Alberto Fernández también el feriado del 2 de abril para el martes 31 de marzo, convirtiendo el lunes 30 en "feriado puente". Sin embargo, a la hora de redactar el decreto, el 30 de marzo quedó como "día no laborable", y se trabajará normalmente en los numerosos establecimientos exceptuados de la cuarentena. Este falso "feriado puente" de Alberto Fernández beneficia aún más a los capitalistas de distintas ramas que fueron exceptuados de la cuarentena por considerarlos "esenciales", en algunos casos en forma vergonzosa como Arcor, Coca cola, PepsiCo, dado que no producen nada esencial, e incrementa todavía más la exposición al contagio de millones de trabajadores obligados a asistir a las fábricas. El "día no laborable" significa normalmente un feriado para estatales y administrativos, que en su inmensa mayoría están incluidos en el decreto de cuarentena. Al final de cuentas, el día no laborable es no laborable para quienes ya no estaban trabajando, y laborable para los que están trabajando. Un negocio redondo para los capitalistas, que han incrementado en forma excepcional sus ventas por el temor de la población al desabastecimiento.

28 de marzo de 2020
Asamblea general en Granja Tres Arroyos Entre Ríos

Los delegados de la planta de Granja Tres Arroyos de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, convocaron a una asamblea general de trabajadores para discutir la adaptación al protocolo contra el Coronavirus que propone la empresa - incorporar un turno más de trabajo para disminuir la aglomeración del personal, pero con una trampa: una reducción de más del 20% del salario. Ocurre que el protocolo de la Organización Mundial de la Salud recomienda no trabajar a menos de un metro de distancia entre cada operario, y en las plantas avícolas hay sectores donde trabajan cuatro personas por metro cuadrado. La patronal, que concentra más del 80% del mercado de pollos del país, propuso en todas sus plantas dividir los turnos, pasando de dos de 9 horas, a 3 turnos de 7 horas sin pagar las horas canceladas. La propuesta de la empresa fue bien recibida por los dirigentes del Sindicato de la Alimentación (Stia) a nivel nacional. La línea de la burocracia es la misma que la de las empresas: "en medio de la cuarentena, no se puede hacer ni asamblea" (Dicho sea de paso, los dirigentes del STIA entrerrianos, presentes en la asamblea a pedido de la patronal, siguen al frente del sindicato a pesar de varios expedientes judiciales que consignaron que las elecciones, en la que se prescribió a la oposición, como fraudulentas.) Los noveles delegados de la Lista Naranja impulsaron la asamblea general para evitar la avivada patronal. Los empresarios avícolas están vendiendo más que nunca, a precios mucho más altos, obligando a sus trabajadores a exponerse al contagio del virus. La reducción horaria debe asumirla la empresa, no los trabajadores. A último momento, la empresa acercó un ofrecimiento: pagar las horas de reducción como un adelanto de salario, a descontar más adelante. Los delegados llamaron a rechazar la propuesta de una patronal que debe premios de varios años. La asamblea es el puntapié inicial en defensa del salario. Así lo expresaron todos los trabajadores que tomaron la palabra, llamando a los cientos de compañeros presentes a pelear.

28 de marzo de 2020
La pandemia parió una crisis política en la provincia

Los medios de comunicación han interpretado los dichos de Kicillof, de que “la pandemia no se resuelve persiguiendo a los que no cumplen el aislamiento” (acto en Pilar, 26.3), como una diferenciación con Alberto Fernández. En realidad, en la provincia de Buenos Aires, esa “grieta” entre Kicillof y Fernández, y los distintos intendentes, no se ha cerrado. Tiende a acentuarse, como lo demuestran las cuarentenas separadas entre estados municipales, provinciales y nacionales. Es el caso de Granados, intendente de Ezeiza, que ordenó la instalación de vallas en varios puntos, uno de ellos es sobre la avenida Catex, en el barrio de Canning. Lo mismo sucede en La Plata, en algunos accesos a la ciudad. Las medidas de “cierre de fronteras” van acompañadas de toques de queda; en el caso de Ezeiza a las 22:00 horas y en Pergamino a las 17:00horas. Los aislamientos distritales chocan con los intereses del comercio interprovincial e inter-municipal, que reclama, precisamente, ampliar las excepciones al aislamiento. En el fondo, el “autoacuartelamiento” de los intendentes es una represalia a varias medidas provinciales: los problemas creados por la insuficiencia de la coparticipación provincial y el monopolio de la seguridad otorgado a Berni - apostado recientemente en las oficinas de la Universidad Nacional de Quilmes. El centro de operaciones militares del ejército instalado en la cancha de Quilmes -un apoyo directo de Fernández a Mayra Mendoza- demuestra que los “kirchneristas duros” ven con mejores ojos el despliegue de las fuerzas de seguridad que, digamos, el radicalismo. Que Kicillof invoque “El artículo N°108 de la Ley Orgánica de las Municipalidades donde no concede atributos al intendente para la toma de esas decisiones in extremis”, no va a ayudar a recomponer lo que ya parece fracturado. Toda esta escaramuza oculta el colapso del sistema de salud. El vaciamiento, por ejemplo, del HIGA de Mar del Plata o el caso del hospital de Azul. En la reunión que convocó Kicillof con intendentes de la provincia. el 19/03, Pablo Zurro, quien mantiene el control de la región sanitaria (Pehuajó), y Mariano Barroso (9 de Julio) casi terminan a las trompadas. En forma desigual, algunos sectores del movimiento obrero ya están saliendo a reclamar por sus condiciones sanitarias y por la garantía de sus salarios ante las paradas de producción. Es el caso de los trabajadores de los hospitales. Recientemente, las asambleas impulsadas por los pescadores en Mar del Plata, que están “poniendo la cara” (a sabiendas que les pueden dar de baja sus libretas) exigiendo condiciones de seguridad e higiene en las embarcaciones.

28 de marzo de 2020
El coronavirus fragmenta a la economía mundial

El desarrollo de la pandemia producida por el coronavirus a nivel mundial ha implosionado las relaciones entre Estados Unidos y China, luego de la pretendida tregua de la guerra comercial anunciada en enero en la Casa Blanca entre Trump y Xi Jinping. The Economist lo tituló "The Blame Game" – después que Trump culpara a China por la diseminación del COVID-19. De un lado, Trump comenzó a referirse al "virus chino"; del otro lado aseguran que el virus fue propagado por parte del ejército yanqui que visitó el país asiático en ocasión de los juegos militares internacionales. En cualquier caso, el golpe a la economía, asestado por la pandemia, tiene como implicancia la agudización en la competencia comercial y financiera. Se calcula que el aumento del PBI chino de este año alcanzaría un 4,8%, lo cual significa el mayor retroceso de la tasa de crecimiento en las últimas tres décadas (BBC, 17/03); en Estados Unidos, la economía se contraería en un 12% a finales de junio (Página 12, 22/03). Organismos internacionales anunciaron ya que la pérdida de la economía global a partir de la pandemia rondará los dos billones de dólares (Infobae, 14/03). La depresión capitalista internacional, durante la primera mitad del 2020, es la peor al menos desde la segunda guerra mundial en adelante. La tregua, ya cuestionada desde sus inicios, resulta irrealizable en un contexto como el actual. En este contexto, China y Estados Unidos, principalmente, han entrado en una "carrera científica global" para probar fármacos solubles para el problema del coronavirus, mientras hacen lo propio para descubrir la correspondiente vacuna para esta enfermedad (El País, 20/03). La idea de que ambos sectores trabajen de manera cooperativa se da de bruces con la realidad. En Washington señalaron que “lo importante es quién consigue poner el virus bajo control, quién reconstruye antes la economía, la guerra de la imagen la ganará quien obtenga mejores resultados y para eso faltan unos meses” (El País, 22/03). Francia y Alemania están considerando la nacionalización de algunos polos farmacéuticos y de equipos médicos, para evitar que sufran una adquisición hostil de parte del capital norteamericano. En efecto, se ha desatado una lucha por el control de la producción sanitaria y farmacológica. La competencia es por respirados y equipos de detección, pero por sobre todo por los antivirales y la vacuna para el CO-VID19. Los intentos de resolución de la pandemia no están exentos de las leyes propias del funcionamiento del capital. Lo que se reivindica como una guerra contra un "enemigo común" para toda la humanidad, esconde la verdadera lucha intestina entre las potencias. El coronavirus no ha silenciado la guerra comercial, sino que la ha intensificado. El trabajo por la conquista de fármacos y vacunas, ni por la producción de respiradores artificiales no ha unificado a la economía internacional, sino que la fracturado como nunca desde la década del ‘30 del siglo pasado.

28 de marzo de 2020
Daniel Ángel Román, desaparecido de Política Obrera

Daniel Ángel Román, detenido desaparecido por los grupos de tareas de la dictadura el 19 de junio de 1976, era militante de la UJS Política Obrera - Mar del Plata y parte de la dirección de dicha ciudad. Según nos pudieron testimoniar viejos militantes de Política Obrera de Mar del Plata, Román se incorporó a la TERS (tendencia estudiantil universitaria por el socialismo), brazo estudiantil del PO, en 1974, mientras estudiaba en Económicas en la Universidad de Mar del Plata, se había proletarizado como obrero electricista de la construcción y también en el frigorífico San Telmo. En el Parque de la Memoria figura su militancia en las fuentes de datos, como PO, había sido secuestrado junto a su hermana Nora Román de Guerrero (perteneciente a otra organización partidaria), en el mismo operativo que secuestraron a otros militantes populares, de otros sectores, entre ellos Diego Leonardo Arias, Luis Antonio Conti, Elisabeth Franco, Gregorio Nachman (en cual su hijo Eduardo Nachman, nos confirma que Daniel era de Política Obrera) y Luis Zalazar, todo este operativo de secuestros sucedido el 19 de junio de 1976. Daniel Ángel Román tenia 22 años cuando lo desaparecieron los genocidas. Sus restos fueron identificados en 2011 por el Equipo Argentino de Antropología Forense y exhumados en el cementerio de La Plata. Tras la desaparición de Daniel Ángel Román, Política Obrera decidió que los compañeros de Mar del Plata se vayan a vivir a Ciudad de Buenos Aires, por seguridad. Después de casi 44 años de su secuestro por la dictadura genocida, recién se pudo volver a recuperar en el Partido Obrero (tendencia), la memoria del compañero, ya que durante este tiempo no se lo había registrado entre nuestros compañeros desaparecidos y asesinados del PO entre los años del Proceso 1976-1983. Esta nota es un homenaje que se le debía hace tiempo, es así que se lo recordará en cada lucha, en cada marcha, bandera y pancarta, como todos nuestros compañeros desaparecidos, que lucharon por un gobierno de los trabajadores y fueron parte de una generación de jóvenes revolucionarios exterminada, por una burguesía que llevo adelante el golpe del 24 de marzo, para terminar con aquel creciente ascenso obrero, que aumentaba desde el Cordobazo. Es así que decimos, desde acá: Compañero Daniel Ángel Román ¡PRESENTE! ¡AHORA Y SIEMPRE! ¡VIVA TU LUCHA OBRERA Y SOCIALISTA! ¡Juicio y Castigo a los Genocidas Civiles, Militares y Eclesiásticos!

28 de marzo de 2020
24 de marzo, 1976-2020: Política Obrera bajo la dictadura, una escuela revolucionaria

La evocación del 24 de marzo, desde el comienzo de la conspiración que llevó al golpe militar, no puede hacerse bajo el prisma de quienes la interpretan o caracterizan 44 años después. Es necesario un examen de los planteos y la acción de quienes intervinieron efectivamente en la lucha de esos años. Antecedentes La gestación de la dictadura hunde sus raíces en la descomposición del tercer gobierno peronista. Perón había regresado a la Argentina para frenar el ascenso obrero abierto con el Cordobazo (1969). Después de la breve “primavera” camporista, Perón pretende dar cuenta de la radicalización obrera y juvenil por la vía de la regimentación y la represión directa. Es el turno del pacto social, de la ley de asociaciones profesionales - que refuerza la dictadura de la burocracia en los sindicatos-, de la reforma reaccionaria del código penal y la destitución de los gobernadores de la izquierda peronista en Córdoba y Buenos Aires. Ese curso político encontrará una cobertura “democrática”: es la formación del bloque de los 8, un acuerdo de partidos patronales apoyado por el PC y el PST, el cual plantea defender la “institucionalización” para enfrentar la escalada derechista; se forma así el bloque, que luego sería de los 9, que reúne a todos los partidos parlamentarios, a excepción del frente peronista -Frejuli-, en defensa del gobierno de Perón. El partido comunista, que apoya al “gobierno popular” (Gelbard es ministro de Economía), y el PST presentarán al acuerdo como una defensa de las “libertades democráticas”, las que, sin embargo, solamente estaban amenazadas por el gobierno peronista. Política Obrera, en cambio, señala: “la defensa de la institucionalización es exactamente lo contrario de las libertades democráticas. El retroceso sufrido por las libertades fue impuesto por Perón en forma estrictamente institucional” (PO, 30.4.1974). La izquierda, con la excepción del PO, cauciona al gobierno que, en su descomposición, se volcará abiertamente a la represión oficial y paraoficial contra la clase obrera. El bloque de los 9 (con el PC y el PST adentro) se reducirá enseguida en un florero, sin por eso dejar de marcar una línea estratégica que se manifestará cuando se produce el golpe. Un año después, en junio y julio de 1975, la decisión de Isabel Perón de aplicar un ajustazo (rodrigazo) desata la más grande huelga de masas de la historia argentina, si consideramos la totalidad de sus características. Fue la respuesta desde abajo de las grandes fábricas, que dejaron de lado a la burocracia sindical, cómplice del ‘rodrigazo’, y se articularán en coordinadoras interfabriles. Se distingue del cordobazo porque tiene su cabecera en el gran Buenos Aires y una extensión nacional ininterrumpida en el tiempo. Luego de 32 días de huelgas generales, la burocracia sindical da un golpe político, para evitar que el movimiento huelguístico arribe a un desenlace revolucionario. Llama a un paro general el 8 de julio, en alianza con las patronales, para forzar la salida del gobierno de López Rega y Celestino Rodrigo y su equipo neo-liberal. La movida voltea al comandante en jefe del ejército, el nacional de derecha Numa Laplane y, al cabo de pocas semanas, el gobierno peronista designa en su lugar a Jorge Rafael Videla, caracterizado por el radicalismo y la izquierda como un “liberal”, afirmando que acabaría con las tres A y recuperaría el monopolio de la violencia para el ejército, en una línea democrática electoral. La ratificación de las paritarias fue interpretada como una victoria obrera, que terminaba, por otro lado, con dos años de “pacto social”. Pero la ‘victoria’ sirvió para poner fin a la huelga general. La Juventud Trabajadora Peronista (JTP) bajó la guardia de inmediato, para buscar refugio en las elecciones, para lo cual creó el Partido Auténtico. Siete meses antes del golpe, la izquierda parlamentaria y Montoneros se preparaban para una salida política que jamás verían. “Política Obrera” interpretó la situación de otro modo: era la cuenta regresiva del golpe militar – la consigna era “Fuera el golpe militar”. Es que la burguesía había logrado desarmar una huelga obrera que no tenía precedentes, sin ninguna concesión política, y la burocracia la había levantado en sus propios términos, después de cinco semanas en que no se atrevió a poner los pies en las fábricas. El cambio militar no obedecía a un propósito de desmantelar al lopezreguismo, sino que era parte de una recuperación del poder político por parte de las FFAA, como ocurría en todos los países que rodeaban a Argentina. 1973 había sido el año de los golpes militares en Chile y Uruguay, frente a los cuales el gobierno argentino no moverá un dedo, e incluso se apresurará a reconocer a sus dictaduras Al levantarse la huelga de junio-julio, dijimos: “la victoria se transformó en una ficción, fue frustrada. Sólo quienes buscan evitar la revolución obrera pueden proclamar como una victoria la desmovilización de las masas con el 90 por ciento de sus aspiraciones sociales y democráticas sin resolver". En cuestión de días, la carestía se devorará los resultados de las paritarias homologadas. La gran burguesía comenzará a contarle los días al gobierno peronista, mientras tiene lugar la reestructuración del alto mando militar en función de los objetivos golpistas. En diciembre de 1975, tendrá lugar el 1er congreso de Política Obrera. Su resolución política señalará que “un golpe militar que emerja del desarrollo de esta crisis no tendrá el carácter de la ‘libertadora’ ni del onganiato: se tratará de un golpe de liquidación de todo el régimen de libertades democráticas y de ilegalización del movimiento obrero, con métodos de guerra civil”. Sencillamente impresionante. Esta es la historia del Partido Obrero. En este breve período, nuestro partido sostuvo una polémica con el llamado lambertismo, la organización francesa compañera en el Comité de Organización por la Reconstrucción de la IV° Internacional, para el cual la victoria obrera en junio-julio era incuestionable. La OCI estaba cegada por un esquema: un año antes, como consecuencia de la victoria de la Revolución Portuguesa, había acuñado la perspectiva de una “Revolución Inminente”, inmune a los giros violentos de la lucha de clases. La respuesta de nuestro partido, en tiempo real, en agosto de 1975, fue oponer al esquema el análisis concreto de las situaciones concretas. Lo volvimos a hacer el 27 de marzo de 1976, cuando luego de señalar la enorme derrota que acabábamos de sufrir los trabajadores, aseguramos que no tendría larga vida, que caería bajo el peso de la crisis capitalista y sus propias contradicciones. En esta ocasión, volvimos a discrepar con el partido comunista, con el PST y con Montoneros. Los compañeros franceses nos ayudaron mucho durante la dictadura, mostrando que las discusiones leales fortalecen la unidad, y su ausencia lleva al abismo a los responsables de ella. El golpe Desde el vamos, Política Obrera caracterizará al golpe como una acción de toda la burguesía -la imperialista y también la “nacional”- para poner fin a un ascenso obrero y a una transición política al interior de la clase, signada por la huelga general contra el gobierno peronista. El golpe salía a abortar el desarrollo final de esa experiencia, que debía conducir a la formación de un partido obrero y a la lucha por un gobierno propio. La caracterización de PO volvió a trazar una línea divisoria con las diversas variantes de la izquierda, que vieron en el régimen videliano a un “ala democrática de las FFAA” (PC) o un “interregno militar” que debía dar paso a una salida institucional aperturista – el PST la caracterizó, por este motivo, de dictablanda. En 1981, promovió el apoyo a la automnistía que planteaba el gobierno militar. Opinaba que así saldrían numerosos compañeros de las cárceles – y se adelantaría la salida electoral. El “relato” que los partidos patronales y la mayoría de la izquierda han vendido durante décadas, presenta a la dictadura militar como un régimen “del capital extranjero y sus jefes militares”, con exclusión de la burguesía nacional. En el periódico “Politica Obrera” -que los militantes distribuían con enormes riesgos y sacrificios personales- denunciamos que la beneficiaria del endeudamiento exponencial de aquellos años era la gran burguesía nacional, encarnada en un conjunto de grupos -Pérez Companc, Garovaglio, Greco, Macri, Techint- que en esos años financiaron su mayor expansión, dejando una crisis de deuda enorme. Mucho antes de ello, los límites al golpe contrarrevolucionario fueron impuestos por una clase obrera que nunca dejó de luchar. Desde los paros el mismo 24 de marzo, los primeros movimientos salariales de 1976 en las fábricas automotrices; la gran lucha de Luz y Fuerza contra la privatización y los despidos (1977) hasta la huelga automotriz nacional de junio de 1981. Los partidos de la burguesía nacional -la UCR y el PJ- prestaron varios centenares de intendentes a la dictadura. La expresión más sutil, pero no por ello menos real, de esta colaboración fueron los demócratas de centro izquierda- que aseguraban que la liberación de los compañeros en las cuevas de torturas pasaba por la negociación con el ala ’blanda’ de los militares, no la denuncia abierta y franca, y la lucha. “Política Obrera”, de la mano de Cata Guagnini, jugó un papel colosal para organizar un bloque de familiares que impuso la consigna de la “aparición con vida”, en torno de la cual se articularon las primeras movilizaciones democráticas contra el régimen. En marzo de 1981, cuando aún faltaba un año para Malvinas y la debacle final, “Política Obrera” titulará: “Bajo el signo de la catástrofe”, volviendo a contar una cuenta regresiva, esta vez de la dictadura. Así caracterizamos una ‘mini’ devaluación del peso, por parte de Martinez de Hoz, que ponía en evidencia el definitivo impasse del régimen militar. Es que la maxidevaluación que exigían los exportadores para activar el comercio exterior, chocaba con el golpe económico que habría representado para el estado y los capitalistas endeudados en moneda internacional. Anotamos para la escuela política dejada por nuestro partido, el verdadero, esta secuencia de pronósticos políticos audaces y al mismo tiempo completamente realistas. Es asi que, en octubre de 1981, fuimos la única organización que acompañó a las Madres en una manifestación desde la 9 de Julio hasta la puerta de Balcarce 50. Malvinas “Política Obrera” volverá a ser puesta a prueba en el episodio final del régimen militar, la guerra de Malvinas. El gobierno de Galtieri buscó salir de su impasse económico y político con la ocupación militar de las islas, y un arreglo posterior con los imperialismos yanqui e inglés en torno a una ‘soberanía compartida’. “Política Obrera” desenmascara este propósito político desde el primer día de la ocupación, en contraste con el apoyo que recibe de la izquierda democratizante. Otro choque de planteos políticos ante acontecimientos históricos – no reyertas de sectas. Advertimos, sin embargo, que si la ocupación de Galtieri derivara en una crisis internacional y en un choque militar -lo que efectivamente ocurrió- “lucharemos por la derrota del imperialismo con los métodos de la clase obrera”. El 14 de junio, día de la derrota nacional, los militantes de “Política Obrera” volantearon la Plaza de Mayo, denunciando la capitulación y llamando al derrocamiento de la dictadura. El arco político “democrático”, que había apoyado la maniobra inicial de Galtieri, se refugió en la embajada americana cuando estalló la guerra, para comenzar a conspirar en favor de la capitulación. En esos conciliábulos, señaló Política Obrera, nacía el operativo “institucional” dirigido a encauzar la debacle de la dictadura, pero rescatando –bajo el ropaje de la democracia- los pilares financieros (deuda externa), laborales y jurídicos del régimen militar. El III° Congreso del PO, en el curso de una noche, en noviembre de 1982, advirtió que el probable beneficiario de la ‘normalización institucional’ podía ser Raúl Alfonsín, en ese momento cabeza de la fracción minoritaria de la UCR, el que más había conspirado con la embajada de EEUU durante la guerra. Otro acierto de un partido que discutía fuerte en condiciones de clandestinidad. Este congreso votó la iniciativa del comité nacional de legalizar un Partido Obrero, frente a la convocatoria militar – con la condición de combatir la línea electoralista y seguir con el planteo Abajo la dictadura . Balance En su primer número bajo la dictadura, final de marzo de 1976, Política Obrera destacó la creación de una situación contrarrevolucionaria, sin embargo “inacabada”. Apuntaba a mostrar los límites del golpe a la luz de las contradicciones del proceso capitalista a escala internacional, de un lado, y la resistencia obrera y democrática, del otro. Esta caracterización estratégica orientaría a un Partido, no para los 15 días siguientes, sino para todo un período político. Cuando los que habían anunciado una “dictablanda” se pasaban al campo del derrotismo político –y auguraban dictadura por años-, “Política Obrera” exponía los límites del planteamiento capitalista de Videla-Martínez de Hoz, a la luz de una nueva crisis mundial. La crisis mundial y la decadencia del capitalismo son las dos grandes ‘abstracciones’ del PO, que siempre, caracterizadas en términos concretos, con sus contradicciones y como una transición, ha sido la gran caja de herramientas de la historia de nuestro partido. En los días más negros de la represión videliana, PO planteó la perspectiva del derrocamiento de la dictadura. Cuando la presión por “sobrevivir el día a día” era feroz, nos servimos de la propaganda, la agitación y la organización para preparar el camino de las grandes conmociones políticas que iban a venir. En los días donde “la política” -y también la de izquierda- se debatía entre el empirismo y el derrotismo, Política Obrera desarrolló una escuela revolucionaria.

28 de marzo de 2020
Por la unidad del sindicalismo para enfrentar la crisis sanitaria
Corriente Sindical Obrera

Compartimos con los lectores de Política Obrera esta declaración de la Corriente Sindical Obrera, en la cual interviene el Partido Obrero Revolucionario de Chile, miembro de la CRCI. La crisis capitalista se profundiza en el país. A los más de 150 días de protestas se suma hoy la crisis sanitaria mundial detonada por el coronavirus. Para todas las organizaciones sindicales las medidas adoptadas por el gobierno han sido absolutamente insuficientes, debido a que, junto con propagar una especie de histeria colectiva, ha dejado a merced del empresariado todas aquellas medidas laborales (suspensión de jornadas de trabajo, por ejemplo) y de mercado (precios de insumos básicos) destinadas a controlar la propagación del virus. La ausencia de estas medidas ha llevado a algunos sindicatos del transporte y el comercio a hacer llamados a la paralización de sus funciones. Si el día de ayer en Santiago, el Sindicato de Trabajadores/as de Jumbo Portal – Portal La Dehesa llamaba a sus compañeras y compañeros de trabajo a no presentarse a trabajar, hoy, desde las 4:00 am. Trabajadores de Subus iniciaron un paro en los patios Santa Rosa y San José, afectando a las líneas 200 que van por Santa Rosa y Gran Avenida. Estos hechos se suman a las medidas adaptadas por los portuarios de San Antonio que se negaron a atender un crucero el día 15 de marzo, alegando que no existían las condiciones sanitarias para hacerlo, como también, a la reacción de otros trabajadores del mundo, como los obreros de la Mercedes Benz de España, que también se han negado a desempeñar sus funciones. Estas tendencias espontaneas al paro productivo, a nivel nacional e internacional, frente a la propagación del Covid-19, deben ser fortalecidas por la acción consciente de las organizaciones de trabajadores, como una medida para protegerse de la propagación del virus, asumir el control de los centros de trabajo e implementar las medidas necesarias para resguardar la integridad de los/as trabajadores/as. El fortalecimiento del sindicalismo en esta perspectiva también debería tender a la articulación del sindicalismo en lucha, para elaborar y poner en acción, no solamente un plan en respuesta a la crisis sanitaria, sino también, a la crisis general que presenta el capitalismo en Chile y el mundo. Tomando en consideración el escenario en su conjunto es que hacemos un llamado a las centrales sindicales y a la clase obrera para conformar comités de salubridad y discutir las medidas frente a la pandemia que nos afecta, poner en pie un plan de lucha que contemple el control del “mercado” de la salud y luchar por una huelga general efectiva para enfrentar el corona virus y poner a resguardo la vida de cientos de trabajadores. Que se garantice el derecho al trabajo y la salud de los trabajadores. No a los despidos, ni rebaja de salarios. Que se postergue el cobro de servicios básicos durante la cuarentena. Que se prohíba la especulación de las farmacias y se regule el precio de los medicamentos. Por la nacionalización de todas las clínicas y hospitales y la creación de un centro de abastecimiento medico, todo bajo el control de sus trabajadores. HUELGA GENERAL. FUERA PIÑERA. ASAMBLEA CONSTITUYENTE LIBRE Y SOBERANA. POR UN GOBIERNO DE LAS Y LOS TRABAJADORES 19/03/20

28 de marzo de 2020
EE UU: lanzan la pandemia contra el derecho al aborto

El COVID-19 avanza en EE UU que es el país con el mayor número de contagios. Al calor de la pandemia alrededor de 25 estados han pedido que se anulen las intervenciones no esenciales. Pareciera una medida racional si no fuera que la convirtieron en punta de lanza contra las mujeres apuntando contra el derecho al aborto legal. Ni lerdos ni perezosos los sectores más reaccionarios de Texas, Ohio y Mississippi se embarcaron en una empresa para limitar el derecho al aborto. Esto constituye un ataque en regla a los derechos de las mujeres, especialmente los derechos sexuales y reproductivos. El pseudo argumento que utilizan es que sería una "cirugía no esencial" por lo cual debe cancelarse o posponerse todo procedimiento relacionado con esta práctica. Contrariando este falso discurso el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos pidió que no se clasifique al aborto en esta tipificación ya que el retraso de sólo algunos días podría inhabilitar la práctica. Bajo el manto de "usar todos los recursos para atacar al Covid-19" cerrando las clínicas donde se los practica para liberar personal médico, se tapa una agenda conservadora contra el aborto Pero estas restricciones no son novedosas, sino que, especialmente en el sur del país en estados como Alabama y Georgia donde existe una mayor población latina, ya venían con avanzadas en este sentido. Por esta tendencia, son varias las organizaciones de DD HH que alertan que no sería de extrañar que estos movimientos se extiendan en otros estados de EE UU llegando a plantear que ven posible que otros gobiernos alineados con esta potencia imperialista tomen la misma decisión como el del antiobrero Bolsonaro declarado antiabortista. Amnistía Internacional a través de Tarah Demant, directora del programa de género, sexualidad e Identidad de este organismo en Estados Unidos, alerta: "En Estados Unidos, el aborto existe como un derecho y prohibirlo es inconstitucional. Es por eso que hay una demanda judicial de organizaciones como Planned Parenthood porque este hecho no es legal. La realidad es que cuando una persona necesita hacerse un aborto lo va a hacer, la pregunta es en qué condiciones y si va a ser seguro o no. Significa que hay más muerte materna". Al mismo tiempo lo que se evidencia es una clara maniobra política distraccionista para tapar los problemas reales a los que le hace frente EE UU: una crisis política, económica y social sideral que tiene a la principal economía capitalista del mundo en terapia intensiva frente al asedio del Covid-19. Mientras Trump quiere levantar la cuarentena para garantizar la reproducción del capital y no invierte lo necesario para resolver los problemas de un sistema de salud totalmente colapsado, el vicegobernador de Texas, Dan Patrick, en línea con el presidente dijo en una entrevista con Fox News que tanto él como los abuelos norteamericanos están dispuestos a morir de coronavirus para salvar a la economía de una depresión. Estas posiciones son el espejo de la crisis que atraviesa EE UU: la voracidad del capital redunda en cifras de infectados y muertos cada vez mayor y en cifras de desocupación y pobreza que van en aumento. Es en este contexto que quieren usar una crisis pandémica internacional para tratar de prohibir un tratamiento como el aborto que es un derecho que las mujeres organizadas han obtenido a base de movilización. En estos momentos queda en evidencia que los derechos democráticos mínimos como el aborto, desligados de una estrategia para la toma del poder político por parte de las mayorías laboriosas, quedan expuestos a los movimientos reaccionarios del capital que, para resolver sus crisis, busca liquidar las conquistas obtenidas a lo largo de la historia por el movimiento obrero. El movimiento internacional de mujeres ha demostrado tener enormes reservas de lucha. Orientemos todas sus fuerzas para liquidar la barbarie capitalista, sus guerras, sus miserias y sus pandemias.

28 de marzo de 2020
Comunicado de Prensa: caso Repetto, represión y angustia

Desde el Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero Tendencia repudiamos la represión que sufrieron los familiares y allegados de Claudia Repetto hace minutos en la sede de Tribunales al darse a conocer la confesión por parte de Rodríguez de que la mujer fue asesinada por él mismo en un ataque de celos. Entendemos que esta actitud por parte de las fuerzas represivas es totalmente repudiable además de que ni la fiscalía ni la policía hicieron nada para encontrar con vida a Claudia como bien venían denunciado los propios familiares los últimos días. La noticia del femicidio junto a la angustia de casi un mes de búsqueda generó que los familiares quisieran ingresar a tribunales en búsqueda de respuestas que no obtuvieron desde que la mujer desapareció el 1 de marzo. Lo que recibieron como respuesta fueron disparos de balas de goma. Nos solidarizamos con la familia y estaremos luchando en el pedido de justicia por el femicidio de Claudia Repetto. PLENARIO DE TRABAJADORAS- PARTIDO OBRERO TENDENCIA

28 de marzo de 2020
Mar del Plata, caso Repetto: represión y angustia

Desde el Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero Tendencia repudiamos la represión que sufrieron los familiares y allegados de Claudia Repetto hace minutos en la sede de Tribunales al darse a conocer la confesión por parte de Rodríguez de que la mujer fue asesinada por él mismo en un ataque de celos. Entendemos que esta actitud por parte de las fuerzas represivas es totalmente repudiable además de que ni la fiscalía ni la policía hicieron nada para encontrar con vida a Claudia como bien venían denunciado los propios familiares los últimos días. La noticia del femicidio junto a la angustia de casi un mes de búsqueda generó que los familiares quisieran ingresar a tribunales en búsqueda de respuestas que no obtuvieron desde que la mujer desapareció el 1 de marzo. Lo que recibieron como respuesta fueron disparos de balas de goma. Nos solidarizamos con la familia y estaremos luchando en el pedido de justicia por el femicidio de Claudia Repetto.

29 de marzo de 2020
El "pico" de la crisis social y sanitaria está por delante

El gobierno se apresta a prolongar la cuarentena hasta mediados de abril. Toma el argumento de la OMS y los virólogos de que necesita “aplanar” la curva ascendente de contagios, para retrasar la llegada de enfermos a un sistema sanitario sin recursos. Reconoce, bajo un manto de prudencia y realismo, la destrucción sistemática de la salud pública, en más de medio siglo, en beneficio de la privada. Se le escapa, sin embargo, un ‘detalle’: que en el entretiempo achatado no se hace nada para proteger al personal de salud, por ejemplo, mediante la reducción de la jornada laboral y la incorporación de más médicos y muchas más enfermeras. Tampoco construyendo más unidades hospitalarias. Ha lanzado una convocatoria para contratar nuevo personal, por el lapso de tres meses, los más cruciales para sus vidas, con el ‘incentivo’ de un sueldo de $30 mil pesos y el despido anunciado. Acerca de la construcción de hospitales o de la finalización de aquellos a medio construir, el asunto es peor, como lo demuestra el caso de los despidos masivos de parte de Techint Construcciones. Al gobierno no se le ocurrió intimar al principal monopolio del país a construir hospitales a toda velocidad, resignando beneficios, bajo la supervisión de una auditoría de trabajadores. Hasta Trump, un negacionista de la pandemia, ha ordenado a General Motors reconvertir parte de sus plantas para fabricar respiradores. Además de hospitales, son necesarias viviendas para salir del hacinamiento. La industria de la construcción, en estas condiciones, se convierte en imprescindible. Bien mirado, asistimos a una cuarentena de fachada. Se prohíbe a las personas salir de sus casas, y a cerrar comercios y centros comerciales, es cierto, pero la inmensa mayoría de la industria, que opera intra-muros, está autorizada a continuar operando. Lo único que se despeja son las calles, vigiladas por la Policía y la Gendarmería. Es por esto que numerosas ciudades han impuesto su cuarentena excluyente, que no permite el ingreso de camiones que trasladan la producción. La prioridad que se otorga al beneficio capitalista en perjuicio de la salud, es común a todos los países. “Aplanar” la curva, y no derribarla, como se ha hecho, al menos en principio, en China y en Corea del Sur, tiene en cuenta el interés del capital en detrimento de las masas trabajadoras. Es una necedad sostener que una cosa es encerrar a pueblos acostumbrados históricamente al sometimiento, otra cosa es hacerlo en países democráticos. Es un atropello intelectual y moral clasificar en esos términos a obreros y campesinos que protagonizaron, en el siglo XX, las mayores sublevaciones y revoluciones de la historia. Al final, someterse a una cuarentena prolongada es una señal de conciencia política. Las masas chinas y el proletariado surcoreano nos auguran nuevas revoluciones. Es obvio que para levantar el sistema de salud y sostener una cuarentena son necesarios los recursos correspondientes. Pero ellos están ahí: integrar el sistema privado de salud a la campaña nacional, bajo control de auditorías supervisadas por los trabajadores. Reconvertir industrias para construir hospitales. Dejar de pagar centenares de miles de millones de pesos en concepto de intereses de la deuda externa. El gobierno que se queja por su falta de recursos no hace más que despilfarrarlos. A los ínfimos subsidios que se han otorgado a diversas categorías de trabajadores desocupados o que han perdido sus trabajos particulares, y también las jefas de hogar, se los está comiendo la inflación de precios de los alimentos. ¿No es evidente la necesidad de someter a toda la industria y el comercio de la alimentación a un control obrero, y obligarla a reducir los precios al nivel de sus costos de producción menos las ganancias? ¿No hay que hacer lo mismo con la industria farmacéutica y las tarifas de las prepagas? Los Daer, Rodolfo y Héctor, burócratas de la Alimentación y de la Sanidad, respectivamente, encubren este latrocinio patronal. La atención médica obligatoria de las obras sociales debe extenderse a todos los rubros de la salud. Las patronales deben seguir aportando a Anses, de lo contrario el sistema previsional se hunde irrevocablemente. El gobierno las ha autorizado a que se queden con el aporte personal del trabajador; no, la patronal debe financiar todo el sistema, porque el aporte de ella es el pago de un salario diferido a lo largo de la vida laboral. Los recursos están. Primero hay que cesar el pago de la deuda y sus intereses. Segundo, hay que convertir al Banco Central en el único emisor de crédito, mediante la conversión del conjunto de la banca en sus sucursales. Se trata de una medida imprescindible para financiar la construcción de hospitales, más instalaciones de terapia intensiva, contratación de trabajadores de la salud, aumento de sus salarios. Tercero, los recursos no pueden ser chupados por la inflación, para lo cual se debe establecer un control de precios con todo rigor, solamente posible bajo el control de los trabajadores. Cuarto, hay que reconvertir en forma compulsiva a la industria que pueda producir, respiradores, equipos de detección de infecciones y otros implementos sanitarios elementales. Los capitalistas y sus propagandistas alertan acerca de una interrupción de la ‘cadena de pagos’ y reclaman que sea financiada por medio de un rescate fiscal. El rescate en cuestión, que los Fernández ya han puesto en marcha, incluso como prioridad, significaría un gran vaciamiento de recursos. El estado debe ordenar la continuidad de la producción en la cadena de producción esencial, estableciendo una cuenta de compensaciones (‘clearing’) entre unidades de producción, en el cual los saldos deudores queden como créditos del estado a la industria. La financiación de este crédito debe salir de un aumento del 50 al 80% de los impuestos a los ingresos personales del 5% más rico de la población, y lo mismo a las ganancias de las mayores empresas. Es necesario un gran protocolo de salud. Nos referimos al trabajo en industrias imprescindibles y a la vida cotidiana en las barriadas. No son necesarias las operaciones de las fuerzas de seguridad: las barriadas pueden organizar sus propias cuarentenas, cuando imperan situaciones de hacinamiento. El protocolo en la industria debe ser el que redacten los trabajadores – incluida la reducción de la jornada laboral sin perjuicio al salario de bolsillo. En lugar de esto, las patronales han comenzado con las suspensiones y despidos. Esto es más que una injusticia y un atropello, es socialmente significativo. La clase dominante, la que dirige políticamente la sociedad, no ofrece una salida, carece de ella. Sus intereses particulares chocan con esa sociedad. Lo hacen con la complicidad de la burocracia sindical. Pero la burguesía no cuenta solamente con su capital operativo – tiene un capital acumulado fabuloso. El fabuloso “1%” cuenta con billones y billones de dólares. Es incapaz, sin embargo, en ‘reconvertirlos’ para movilizar recursos productivos imprescindibles y atender a los obreros en cuarentena. La desocupación debido a despidos ha crecido en Estados Unidos un 50% en apenas dos semanas. Una de dos: o el Estado aplica un impuesto excepcional o incluso confiscatorio a esas fortunas, o se impone la expropiación sin indemnización. En varios países la burguesía se prepara para nacionalizar compañías, con el propósito de evitar sus quiebras o su adquisición por capital extranjero. La etiqueta del procedimiento no le quita nada a lo que son operaciones de rescate del capital. La expansión de la epidemia ha pinchado el mito de la ‘globalización’. Desde enero no se registra casi ninguna colaboración internacional en la lucha contra la pandemia; la OMS sólo hace recomendaciones. La disputa y la rivalidad internacional han saltado al primer plano de la escena como nunca. Todos cierran fronteras – a personas como a equipos de salud o intercambio de especialistas. El Banco Central Europeo, bajo la dirección de Francia y Alemania, ha buscado quebrar la deuda pública de Italia. Los gobiernos de la Unión Europea no se ponen de acuerdo para emitir un ‘coronabono’ que financie los gastos de salud. Alemania denuncia que Estados Unidos quiere apropiarse de sus empresas de salud, en medio del derrumbe del valor de los capitales en las bolsas. Francia advirtió que recurriría a nacionalizaciones para impedir que ello ocurra con sus compañías. El enfrentamiento de Trump contra China es mayor que nunca. Si la pandemia se prolonga en el tiempo, y con ello el derrumbe capitalista, la guerra subirá al primer punto de la agenda mundial. Trump, por de pronto, ha acentuado las sanciones y las operaciones subversivas contra Venezuela, Cuba, Irán y Rusia. Todos los gobiernos capitalistas han cerrado sus fronteras a los refugiados y a los ciudadanos de otros países, aunque integran su mismo bloque político. Los campos de refugiados, Gaza y Cisjordania, y la mayor parte de África están amenazadas de genocidio. La aceptación de las cuarentenas por parte del inglés Johnson y de Trump, constituyen un recule de quienes advierten que esta crisis pone al capitalismo en una encrucijada histórica. Han debido retroceder por el temor de que una expansión de la letalidad de la pandemia provoque un levantamiento popular. Pero saben y sostienen que el capitalismo no puede funcionar poniendo en cuarentena a la fuerza de trabajo del capital. Es lo que plantea también Piñera y Bolsonaro, ambos apoyados por el capital financiero (en Brasil, el ministro Guedes), que arriesgan una confrontación que puede acabar con un golpe o un autogolpe – el que sea más adecuado para evitar un estallido popular. Piñera sigue acechado por la rebelión popular. Cualquier economista que se respete a si mismo sabe que el capitalismo ha entrado en una depresión que no será revertida por el descubrimiento de una vacuna, que será operativa en año y medio. Las caídas de los PBI en tasas del 20% alcanza y sobra para encadenar una quiebra capitalista, que alcanzará proporciones mayores a las que indica su fenomenal tasa de endeudamiento. La cuestión de recuperar una elevada tasa de ganancia, disimulada por el endeudamiento, plantea una destrucción de capital sobrante nunca vista antes en la historia. La contradicción entre fuerzas productivas, de un lado, y capital, del otro, ha estallado de un modo evidente para un considerable número de personas. La investigación de los coronavirus ha sido frenada durante años, porque representaba una inversión ociosa que no tenía mercado. Hace varios años atrás, investigadores chinos y de otros países advertían sobre los peligros de que apareciera la enfermedad. El sistema sanitario ha quedado sub-invertido por la misma razón y para dar un mercado más remunerativo a la medicina privada y a las compañías de seguro de salud. Un ‘sanitarista’ norteamericano acaba de defender la capacidad de atención en terapia intensiva, asegurando que estaba sobre-expandida en tiempos ‘normales’, lo contrario del diagnóstico de la Organización Mundial de la Salud – ni qué decir de los países ‘pobres’. Ha quedado expuesto el antagonismo de mayor grado entre un sistema social y la sociedad en su conjunto. La clase obrera y las masas todas enfrentan el desafío más grande de la historia, desde que Hitler lanzó la segunda guerra mundial. A través de un programa de acción internacional que vaya a fondo en las reivindicaciones inmediatas, los explotados alcanzarán la consciencia y la capacidad de organización para acabar con el capitalismo y reorganizar la sociedad sobre bases socialistas internacionales.

29 de marzo de 2020
Sólo con la cuarentena en la mano

La decisión del gobierno de Fernández de prolongar la cuarentena -que se descuenta anunciará en las próximas horas- tiene una razón muy clara: el “aislamiento social” es la única carta con que cuenta el gobierno del Frente de Todos para enfrentar la pandemia. El ministro Ginés García se estuvo vanagloriando de que Argentina sería un “modelo” internacional, en función de un presunto amesetamiento o contención del número de casos. Los especialistas independientes, en cambio, colocan a esa información entre corchetes, porque Argentina carece de cualquier dispositivo de diagnósticos masivos para aseverar cuál es el grado de contagio. Así las cosas, el único “mérito” y recurso puesto en juego es el de la permanencia en las casas. Más allá del aislamiento, los límites expuestos por el gobierno FF en el abordaje de la pandemia son colosales. El mayor de ellos, como ya se dijo, es la ausencia de una política de detección de infectados a gran escala. Un embarque que debería arribar de China todavía es esperado –naturalmente, el sistema sanitario argentino no contaba con inventarios para diagnóstico, en prevención de situaciones de crisis. Los derechistas que en estos días propugnaban el retorno rápido a la actividad han debido bajar sus decibeles, precisamente, porque saben que sin kits masivos un levantamiento rápido del aislamiento podría redundar en una catástrofe sanitaria. Más grave todavía es el escenario de los críticos respiradores mecánicos. La intervención del gobierno al único productor nacional es un refuerzo de fondos, que en el mejor de los casos permitirá aportar unas 200 unidades semanales. Alberto Fernández, en la reunión virtual del G20, pidió una suerte de “pool” internacional de implementos para la emergencia, a sabiendas -o no queriendo saber- que la tenencia de respiradores, elementos sanitarios y eventuales vacunas constituye hoy el nuevo campo de batalla de la guerra comercial y política que cruza a Estados Unidos, China y la Unión Europea. En cualquier caso, para el “pool” que sí estaba al alcance de AF -la centralización de los recursos de salud privados y públicos en su propio país- no se dispuso ningún paso efectivo, más allá de la sesión de camas por parte de algunas obras sociales sindicales. (Camioneros, una de ellas, será seguramente una de las más afectadas por el coronavirus). El estado, al rescate del capital El escenario no es mejor en el plano de las “emergencias económicas” dispuestas por el gobierno. Un neoliberal, Marcos Buscaglia, ex economista de Merryl Linch, señala en La Nación (29/3) que el paquete de asistencia social dispuesto por el gobierno “brilla por su modestia”. En efecto: el refuerzo a la AUH y el “ingreso de emergencia” de $10.000 representan el 0,5% del PBI -unos 1.800 millones de dólares. Naturalmente, el hombre propone mejorar esa asistencia con un plan de reducción masiva de los salarios estatales. Se “olvida”, en cambio, que el ahorro nacional representa unos 45.000 millones de dólares anuales, equivalente a 25 “paquetes de ayuda” como los anunciados días atrás por Kulfas y Guzmán. Como es sabido, una parte sustancial de ese ahorro es destinado al servicio de la deuda pública, que el gobierno continúa pagando. En cuanto a la asistencia a los propios capitalistas, los fondos que los bancos privados prestarán a tasa baja a las empresas, para el pago de los sueldos, provendrán de los encajes no remunerados que estos bancos tienen depositados en el Banco Central. En otras palabras, el pretendido “aporte” de los bancos sólo será un nuevo buen negocio para estos. “Entre tener ese dinero encajado en el Central a tasa cero, o prestarlos a una tasa baja, los bancos prefieren esto último” (Infobae, 17.3) La “emergencia crediticia” dispuesta por el gobierno implica una intervención estatal del sistema bancario, pero en rescate del capital. Mientras tanto, el capital acumulado de bancos y empresas, expresado en dinero, inventarios y propiedades, no ha sido objeto de ninguna intervención siquiera en términos fiscales (impuestos extraordinarios). Cuarentena “light” Los capitalistas aceptan la extensión de la cuarentena a sabiendas de que su alcance viene “amortizado” por los feriados de semana santa. Pero para después, esperan imponer una cuarentena “acotada”, que preserve a los grupos de riesgo, pero devuelva a la fuerza laboral a las fábricas y comercios. Esta presión, sin embargo, coincidirá con el momento donde, según los sanitaristas, las medidas de aislamiento y cuidado deberían reforzarse con el mayor celo. Frente a este escenario, el gran capital se dispone a avanzar en la violación de la cuarentena “sin que se note”, sumando nuevos rubros a las excepciones industriales y comerciales. Allí donde esto resulte resistido, está presente la extorsión de las suspensiones y despidos, como acaba de disponer el grupo Techint. Los choques entre el capital y la clase obrera se replican, de un modo cada vez más extendido, en las empresas que están produciendo. Las asambleas y paros en reclamo de condiciones laborales seguras, reducción de turnos e interrupción de plantas o líneas de producción no esenciales se están multiplicando, como se vio entre los recibidores de granos de Timbúes, en Bimbo y varias otras alimenticias, entre los telefónicos. Estos movimientos, en su mayoría, han nacido desde abajo. La burocracia sindical acompaña pasivamente al embate y la voracidad patronal. La incapacidad del gobierno para hacer frente a la crisis sanitaria y social anticipa un escenario de polarización social, como ya ocurre en varios países europeos e incluso en Brasil y Chile. A partir de las luchas y choques en defensa de la salud y la vida de los trabajadores, es necesario desarrollar un plan de acción y una coordinación con los medios a nuestro alcance, para derrotar a la pandemia y a la impotencia de los gobiernos y gestiones capitalistas.

29 de marzo de 2020
Declaración del Partido Obrero Revolucionario de Chile

Reproducimos a continuación la declaración aprobada por un plenario nacional del POR (Partido Obrero Revolucionario) de Chile, que resolvió adherir a las posiciones del PO Tendencia en el marco de la CRCI. Los militantes que refundamos el POR hemos seguido de cerca los debates que atravesaron al Partido Obrero de Argentina y a la CRCI. Queremos presentar nuestra posición política al respecto: El desarrollo de la lucha de clases en América Latina encontró a la mayoría de la izquierda apostando a una política electoralista y parlamentarista. Esto no es en general una sorpresa, salvo para el caso de la mayoría de la dirección del Partido Obrero de Argentina que rechazó levantar la consigna Fuera Macri – Asamblea Constituyente luego del levantamiento popular del 2017 y del subsiguiente derrumbe económico, con el argumento de no hacerle el juego al nacionalismo burgués en las elecciones, dos años antes de las mismas. Este rechazo estaba en sintonía con la tesis de que la burguesía tenía la “iniciativa estratégica” en el continente, es decir que no nos encontraríamos en una etapa de agonía del capital donde la clase dominante se revela incapaz de ofrecer una salida para las masas. Por el contrario, Chile es el claro ejemplo de que la burguesía carece de cualquier base material de abrir un nuevo horizonte estratégico ante la crisis económica capitalista y que también carece un programa político propio frente a la rebelión popular. Para nuestra amarga sorpresa, la mayoría de la dirección del PO decidió apostar a una política electoralista, que redundó en un derrumbe electoral del Frente de Izquierda argentino. Luego de la expulsión de 1.200 militantes que se oponían a esta orientación, el derrotero del PO oficial se profundizó, llegando a adherir a los documentos del feminismo pequeño burgués (“los aportes que nos faltan los tiene el patriarcado”, “hacemos de los feminismos una forma de vida alternativa al capitalismo neoliberal”, etc.) y en el último tiempo decidieron garantizarle quórum al peronismo cada vez que sea necesario, con la excusa de no hacerle el juego a la derecha. Se trata de una adaptación total de la izquierda al régimen político. Rearfirmamos nuestra convicción de la necesidad de construir partidos obreros verdaderamente revolucionarios, lejos del arribismo electoral y de las políticas de aparato. Nuestra experiencia con la visita del PO oficial a Chile reafirmó aún más esta convicción, ya que vivimos en carne propia la política de un aparato que quiso subordinar una construcción política en nuestro país al sometimiento de sus directivas y extorsiones políticas. El POR se construye sobre las bases históricas del marxismo, en abierta delimitación de los sectores oportunistas y de los métodos guiados por la maniobra y la autoproclamación. Desarrollamos una posición de clase tanto en el terreno de la lucha de la mujer y como en el de la lucha ambiental. El agotamiento del capitalismo plantea la necesidad histórica de construir una dirección de la clase obrera que se coloque a la cabeza de todas las reivindicaciones de las masas, cuya satisfacción entra en conflicto directo con el régimen político y plantea la necesidad de un gobierno de los trabajadores. Defendemos el centralismo democrático como método de construcción del partido, contra la censura, el espionaje y las expulsiones que se llevaron a cabo en el PO argentino por parte de su dirección. Defendemos la formación de la Tendencia del Partido Obrero de Argentina como la continuidad histórica del programa del PO y de la CRCI. Defendemos los principios de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional plasmados en las Tesis de 2004 y apostamos a su construcción. La revolución chilena volvió a poner de manifiesto más que nunca la crisis de dirección que atraviesa la clase obrera. Pero a su vez desmintió los pronóstico derrotistas y desmoralizados sobre la pasividad y la falta de iniciativa de las masas, por un lado, y de la capacidad del capitalismo y de sus regímenes políticos de abrirse un nuevo horizonte estratégico. La crisis terminal del capitalismo nos pone sobre la mesa la disyuntiva que ya fue postulada por los revolucionarios hace más de un siglo: socialismo o barbarie. Viva la revolución chilena Por un Partido Obrero Revolucionario en Chile 24/03/20

29 de marzo de 2020
Un programa de acción internacional de la clase obrera

La crisis desatada por la expansión del coronavirus ha cobrado una nueva dimensión – sanitaria, económica y política. Por una parte, la cifra de enfermos se acerca a los 700.000 casos, aunque se estima que es ya mismo mucho mayor, porque las medidas de detección están ausentes en todo el mundo o su aplicación enfrenta considerables retrasos. Los muertos ascienden a treinta mil y, salvo excepciones, crece el índice de letalidad. La epidemia ha alcanzado al país más poderoso del mundo, EEUU, convirtiéndolo “en el epicentro” mundial de la epidemia. Luego de años de ajuste antisocial, en especial en el campo de la salud, el sistema sanitario, incluso en las naciones capitalistas desarrolladas, se encuentra enteramente colapsado. Por otro lado, los gobiernos ha abandonado cualquier interés en contener la epidemia, para pasar a defender una política de “mitigación”, llamada también “achatar la curva” en crecimiento. Es decir alargar la epidemia en el tiempo -para acomodarse a un sistema sanitario saboteado por todos los gobiernos. Las cuarentenas son completamente limitadas, debido a la presión capitalista para mantener en actividad la mayor parte de la producción- no solamente aquella imprescindible, como alimentos y salud y su cadena de insumos. El tercer aspecto es la adopción de gigantescos subsidios al capital financiero, que en el caso de Estados Unidos alcanza a cuatro billones de dólares entre paquetes fiscales y monetarios. Se trata de un gigantesco crédito de la Reserva Federal y del Tesoro, que se hurta a la financiación de salarios, jubilaciones, y asistencia sanitaria y social – que es interesadamente estigmatizada, solamente ella, como “inflacionaria”. Este subsidio sin precedente al capital lleva la crisis sanitaria a un callejón sin salida, porque sin un “distanciamiento social” enérgico, con el cierre de la producción y el transporte prescindibles, los trabajadores estarán condenados a morir en sus puestos de trabajo. Como el capital no existe en cuanto tal si se mantiene parado, sino por medio de su valorización ininterrumpida, los Trump, los Bolsonaro, los Piñera o Lacalle Pou han decidido pasar a la confrontación abierta contra los trabajadores, y también contra otros estados capitalistas, anunciando el levantamiento de cuarentenas o pautas de ‘distanciamiento’ y cualquier restricción a las industrias, comercios y boliches - “open up”, en palabras de Trump. Estados Unidos se convertiría, por esta vía, en difusor explosivo de la pandemia internacionalmente. Tanto en EEUU como en Brasil, esta decisión ha abierto una crisis política entre el gobierno central y los estados federativos más importantes, en uno y otro caso. Se abre así un período de crisis políticas en todo el mundo, que se percibe en tentativas de golpes contragolpes, oficiales y parlamentarios. La incapacidad para hacer retroceder la epidemia, delata el estado de ingobernabilidad de los estados. Esta incapacidad se manifiesta en otra incapacidad: la de lograr una asociación internacional para combatir la pandemia en forma concertada y cooperativa. En lugar de esto, se cierran fronteras que estaban abiertas, el caso de la UE, y todas las fronteras, e incluso se establecen fronteras al interior de las propias naciones; no hay unificación de esfuerzos para obtener una vacuna eficaz; crece la pelea por el control de la industria farmacéutica y de equipos médicos. No solamente siguen en pie las sanciones económicas, en especial de Estados Unidos contra Irán, Venezuela, Rusia y hasta China – se acentúan las guerras y la hostilidad y la represión contra los refugiados de esas guerras. En medio del desborde de los sistemas de salud y de la crisis industrial, el capital financiero y el FMI aprietan las clavijas para que las naciones dependientes cumplan los contratos de deuda, que suman billones de dólares. La crisis que está atravesando la humanidad no es virológica o de atención médica – es la crisis de un régimen histórico de dominación, cuyo manejo de la crisis es más catastrófico que lo que hizo para llegar a ella. No puede prescindir de la fuerza de trabajo, pero no es capaz de protegerla. Su lógica lo lleva a salir de esta crisis con los métodos tradicionales, a saber, la destrucción de las fuerzas productivas que se manifiesta en la desocupación en masa, la descomposición de las fuerzas materiales de producción y, en definitiva, las guerras. En la ocasión que atravesamos, condenando a la muerte viral de los trabajadores y los jubilados. Las estadísticas están mostrando que ni los niños escapan a los llamados grupos de riesgo. Es muy difícil pararse frente a esta situación sin una perspectiva de conjunto, en la que ancle un programa de acción. En efecto, la rebelión popular no se está haciendo esperar. Las huelgas ‘salvajes’ en Italia, España, Gran Bretaña, Brasil, Argentina y Estados Unidos, especialmente, responden al mismo propósito: “nuestras vidas, primero’. ‘Our lives, first’. La clase obrera reclama: el cierre temporal de las industrias no imprescindibles, sin mengua del salario; protocolos de salud e higiene propios emanados de las asambleas; reducción de la jornada de trabajo a seis horas y cuatro turnos por jornada, incorporando personal nuevo; jornada de cuatro horas para personal de salud y nuevas contrataciones amparadas por el convenio colectivo de trabajo; cuarentenas en las barriadas con protocolos que contemplen el hacinamiento habitacional y la falta de otros espacios propios; producción y adquisición de respiradores y de equipos (kits) de diagnóstico y un plan masivo de pruebas; completar la construcción de hospitales a medio construir; intervención estatal en la medicina y farmacia privada, bajo control de los trabajadores; ningún rescate al capital, nacionalización bajo control obrero, y destinar el dinero a la salud, a la vivienda, a la alimentación y a la medicina; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todo el mundo de trabajo – por lo tanto para trabajadores no registrados, monotributistas, desocupados, precarios, jefas de hogar; regularización inmediata para todos los migrantes irregulares; libertad a los presos sin condena, o condenados por delitos menores; urgente plan sanitario en los barrios populares de paises avanzados y atrasados (banlieu, favelas, villas miserias o slums), bajo control de trabajadores y vecinos; poner fin a todo pago de las deudas externas; fuera las sanciones internacionales; obligación del acogimiento de los refugiados por todos los países, en condiciones humanitarias, bajo supervisión de organismos de derechos humanos; plan especial de ayuda para el pueblo de Gaza, bajo supervisión humanitaria internacional; fuera todas las potencias de Siria; por la unidad internacional de la clase obrera; Un programa de acción de la clase obrera pondrá en la agenda internacional, como ya ocurre, el choque entre el capital y el trabajo. Las ‘contenciones’, ‘mitigaciones’ y ‘cuarentenas’ vienen acompañadas de represión policial. En Chile hay toque de queda; en Argentina se lanzan globos de ensayo para decretar un estado de sitio. En España, Estado de alarma . Bajo la presión de los trabajadores y la desintegración que amenaza a los gobiernos, por el impacto de la crisis sanitaria y del derrumbe económico, se ‘aggiornan’ los golpes de estado de los estados mayores de las Fuerzan Armadas. Frente al conjunto de la crisis, las burocracias sindicales se han alineado con los estados y gobiernos, protagonistas de las contenciones, mitigaciones y cuarentenas políticas de la clase obrera. Es necesario confrontar con la burocracia, llamando a los sindicatos a una acción independiente, y por sobre todo creando comités obreros. La lucha cotidiana debe llevar a una lucha de conjunto; no hay derecho a ninguna ilusión en salidas acantonadas a una empresa o industria, o a trabajadores de tal o cual categoría. Vienen por nosotros, con todos los recursos de la política y del estado; vamos en defensa propia con nuestros recursos políticos y organizativos: sindicatos y partidos independientes – concertación internacional de la clase obrera. Partido Obrero –Tendencia (Argentina); Partido de los Trabajadores (Uruguay); Partido Obrero Revolucionario (Chile); Prospettiva Operaria (Italia); Grupo Independencia Obrera (España); Osvaldo Coggiola, Boletim Classista (Brasil) 29 de marzo de 2020

30 de marzo de 2020
SALIÓ POLÍTICA OBRERA Nro 9

Descargá el PDF en politicaobrera.com ÍNDICE **TAPA ** El ‘pico’ de la crisis social y sanitaria está por delante EDITORIAL Sólo con la cuarentena en la mano por Marcelo Ramal MOVIMIENTO OBRERO Hospitales de CABA: deliberación, asambleas y cortes por Maxi S. Una rebelión de los técnicos del gremio telefónico por Agrupación Clasista Naranja Telefónica 24 DE MARZO, 1976-2020 ‘Política Obrera’ (Partido Obrero) bajo la dictadura, una escuela revolucionaria por M.R. INTERNACIONALES “Defendemos la formación de la Tendencia como la continuidad histórica del programa del PO y de la CRCI” por Partido Obrero Revolucionario (Chile) EE UU: lanzan la pandemia contra el derecho al aborto por Ana Belinco DECLARACIÓN Un programa de acción internacional de la clase obrera por Partido Obrero –Tendencia (Argentina); Partido de los Trabajadores (Uruguay); Partido Obrero Revolucionario (Chile); Prospettiva Operaia (Italia); Grupo Independencia Obrera (España); Osvaldo Coggiola, Boletim Classista (Brasil)

31 de marzo de 2020
GRAVÍSIMO: trabajadores del Hospital Italiano denuncian más personal infectado de COVID19 por negligencia

“Hay 5 trabajadores infectados y los casos se multiplican por negligencia de la gestión del Hospital” Los trabajadores/as del Hospital Italiano dieron a conocer una gravísima denuncia. A través de la conducción de la Comisión Interna de esa institución de CABA, su delegado general, César Latorre, declaró: “Hay 5 trabajadores infectados y los casos se multiplican por negligencia de la gestión del Hospital, ya que desestimaron todas las advertencias que les hicimos: le negaron licencia a una trabajadora que vino de viaje; demoraron días los testeos y aislar el servicio de laboratorio donde hubo casos positivos. Increíble, todo por seguir facturando sin importar las consecuencias”. Latorre, agregó: “Mañana con nuestros equipos de abogados vamos a presentar un amparo contra las ART que niegan licencias por el COVID19 a la que no reconocen como “enfermedad de riesgo”. Pero, además, exigimos que la gestión empresarial del Italiano testee a todo el personal del hospital de forma inmediata, que provea de todas las medidas de seguridad al personal, que garantice licencias pagas al 100 %, y nos integre al Comité de Crisis del hospital, ya que somos el 99 % de los que garantizamos todo y no se nos tiene en cuenta. Es muy grave”. Buenos Aires, 30/3/2020

31 de marzo de 2020
Minera del Altiplano rompe la cuarentena, los trabajadores responden con paro
Fernanda Páez

Los trabajadores de la Minera del Altiplano han entrado en paro desde el sábado 28 de marzo para exigir el cumplimiento total de la cuarentena para el conjunto de los trabajadores. Más de 100 trabajadores se encuentran, en este momento, en la planta ubicada en el límite de Salta y Catamarca. Con la excusa de la “guardia mínima”, la empresa retiene a los mineros en la mina ya que no tienen otra forma de volver a sus hogares si no es por vía aérea. La patronal ha solicitado, a través de una “carta de comité de crisis”, al gobierno nacional ser reconocida entre las actividades esenciales y espera una respuesta favorable hasta el 31 de marzo para continuar, normalmente, la extracción de litio en la zona. La Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM) ha decidió continuar con la extracción de minerales estableciendo un “protocolo”, en complicidad con la burocracia nacional de la Asociación Obrera Minera Argentina (AOMA), que ni siquiera se cumple. Más de 100 trabajadores de Minera del Altiplano han reclamado realizar la cuarentena en sus hogares que, ante la negativa de la patronal, han tomado en sus manos el mejor de los protocolos: el paro. La Comisión Interna coloca como problema, frente a la pandemia, el régimen laboral de los mineros, de rotación cada 7 o 14 días, que genera una circulación permanente de más de 500 trabajadores que van desde Catamarca, Salta y Tucumán; el hacinamiento en los espacios comunes como dormitorios, comedores, puestos de trabajo; el traslado a la mina que implica una enorme movilización de masas trabajadoras para llegar a extraer el litio. Esta comisión interna ya viene de una batalla contra los despidos en el último mes, logrando la restitución de algunos de los trabajadores; conquistando un 50% de aumento salarial en las últimas paritarias y ganando nuevamente la dirección de la comisión que ha desplazado a la burocracia de AOMA. Este reclamo se suma al de los 1.500 mineros que trabajan para Minera Mansfield y al paro que ya realizaron hace una semana los mineros de ERAMINE SUDAMERICANA S.A. quienes no volvieron a la puna salteña; ahora la patronal está exigiendo que suban 22 trabajadores para este 31 de marzo. Este reclamo alcanza a los trabajadores de las tercerizadas que prestan servicios en estas minas. Las comunidades de San Antonio de los Cobres están denunciado el flujo de trabajadores que están circulando por las minas y el poblado sin ningún elemento de resguardo sanitario. Los empresarios mineros, en la línea de todas las patronales industriales, se suben al barco de rescate de Alberto Fernández para seguir acumulando capital en detrimento de la vida y salud de los obreros. Producen para mercados exteriores. Minera del Altiplano ha empezado a extraer el litio con plazos más largos, lo que implica menos fuerza de trabajo. De este modo justifican los despidos a cuenta gotas, cuando debiera ser motivo para reducir la jornada laboral, sin afectar el salario. Al capital no le alcanza con llevarse los recursos, tampoco con las eximiciones impositivas que recibe de los gobiernos provinciales. Urtubey se fue dejando una ley de promoción minera que le otorga, con total discrecionalidad, cuantiosos beneficios ya que no se conocen el costo de las regalías mensuales, lo que si se conoce es que estas empresas mineras van expulsando a las comunidades originarias de sus territorios. Sáenz sostiene esta promoción a pesar de la crisis sanitaria por dengue y muertes de niños wichí por desnutrición en el norte de la provincia. Hay más casos de dengue que coronavirus. El carácter colonial en las minas sigue depredando a la masa trabajadora a favor de unos pocos. Ahora, más que nunca, pretende servirse de la vida de miles de mineros. Con el método de asamblea con resolución de paro que han adoptado los mineros para quebrar a la patronal, avancemos en cada lugar de trabajo, sobre todo en las otras minas. Que los protocolos los establezcan los propios trabajadores allí donde la producción sea esencial, donde no lo sea que se cumpla con la cuarentena sin afectar el salario, el presentismo ni demás ítems. Para enfrentar al COVID-19 hay que aumentar los impuestos a las ganancias personales de las patronales mineras, con impuestos a la extracción de los minerales. A la crisis del capital le oponemos la organización de los trabajadores por sus propias reivindicaciones.

31 de marzo de 2020
La educación no es un servicio de las telefónicas

Las más importantes federaciones estudiantiles del país (FUA, FUBA, FULP, etc.) lanzaron una campaña pidiendo a las compañías de telefonía que liberen datos móviles a fin de que "todos podamos seguir estudiando" durante la cuarentena. Para esta campaña, la Franja Morada y el kirchnerismo actuaron coaligados, en vinculación con los rectores y camarillas universitarias a las que responden. Poniendo el eje en la telefonía móvil, eximen al Estado como principal responsable de la crisis educativa agravada por la pandemia en curso y que ha puesto sobre el tapete la cuestión de la “virtualidad”. Una campaña de improvisados El intento de resolver la continuidad educativa por medios virtuales choca con la crisis educativa que atraviesa en general a la educación. Los “campus virtuales”, que colapsan en situaciones “normales” de inscripción todos los años, no están a la altura de la demanda de una transición del estudiantado completo a la virtualidad. En términos prácticos, lo que plantea esta campaña de Franja Morada y el Frente de Todos debe ser denunciado como la exclusión de todos los estudiantes universitarios sin acceso a conectividad ni dispositivos para seguir ninguna modalidad de cursada virtual. Los docentes, que vienen de sufrir un brutal ataque en términos salariales, no reciben capacitaciones pagas para desempeñar la tarea del pasaje a la virtualidad de sus clases, ni tampoco tienen opinión al respecto, sino que se espera que acaten la modalidad que a las autoridades universitarias les parezca. Lo que en la cursada regular son condiciones de hacinamiento en las aulas, se traduciría, de no mediar una contratación masiva de docentes para poder desdoblar las comisiones, en una total sobrecarga laboral para esos docentes. Las dudas, que seguro en esta modalidad se presentarían en toda su diversidad y amplitud, colapsarían la capacidad pedagógica de los mismos, de quienes además se espera total disponibilidad “virtual”. Seguir con la cursada a como dé lugar, sin garantizar las condiciones requeridas para ello y su correspondiente aumento presupuestario, implica impulsar una pauperización y vaciamiento aún más profundos. Un proyecto a la medida del capital El proyecto que estas agrupaciones presentan a la Secretaría de Políticas Universitarias merece un análisis en sí; sus profundas limitaciones rozan el ridículo. Propone priorizar la "utilización de material que ya está en internet" y “Diversificar los formatos y dispositivos para el dictado de las clases (videos cortos, audios, presentaciones escritas, etc.) y no utilizar únicamente transmisiones de clases en vivo para reservar el ancho de banda para garantizar el funcionamiento todas las áreas sin que la red colapse.” Esa propuesta es un engendro que solo redunda en la desaparición de las clases dictadas por docentes y la relación educador-educando en favor de pequeños “fragmentos pedagógicos” desconectados entre sí: un retroceso criminal para la educación. Más aún, la propuesta Franja-K pide demagógicamente “que lxs estudiantes sin recursos económicos no estén imposibilitados técnicamente a ejercer el derecho de estudiar desde sus hogares”, sin dilucidar de qué manera implementaríamos ese requerimiento. Para que esto pueda tomar una forma concreta, el gobierno debe garantizar becas y el acceso a los materiales necesarios a todo el que no disponga de ellos. De lo contrario, miles de estudiantes están siendo condenados a perder su cuatrimestre. Detrás de este proyecto la “educación virtual” implica profundizar el vaciamiento educativo, en términos de infraestructura, salarios docentes, etc. El capitalismo busca utilizar la “oportunidad” para emplazar esta pauperización: quitando contenidos a las carreras de grado, transfiriéndolos a posgrados pagos. Una perspectiva en defensa de la educación En defensa de las condiciones salariales de nuestros docentes, de nuestras condiciones educativas, y de la educación pública, debemos rechazar este proyecto de las agrupaciones ligadas a las autoridades universitarias y al Estado, reclamar de manera nacional en unidad docente-estudiantil por capacitaciones pagas para la docencia y actualización salarial. Las clases virtuales deben ser elementos complementarios a la cursada presencial, a retomarse una vez culminada la cuarentena con una rediagramación de los calendarios académicos, discutidos por docentes y estudiantes. El presupuesto educativo, hoy congelado en valores de 2019, debe ser aumentado por el Estado nacional, atendiendo a todas estas necesidades, lo cual es indisociable del cese al pago de deuda externa a los fondos de inversión y el FMI. Llamamos al movimiento universitario y estudiantil en su conjunto a discutir, mediante foros por universidad, facultad y/o carrera, el curso de acción a seguir. Los centros de estudiantes independientes y los sindicatos docentes de lucha deben jugar un rol preponderante en la organización de esta intervención. En última instancia, la democratización de la universidad para limpiarla de las camarillas que actualmente la gobiernan, la lucha contra la miseria presupuestaria y en defensa de la educación pública, ponen de relieve la necesidad de reorganizar la universidad sobre nuevas bases sociales.

31 de marzo de 2020
Asamblea en Hospital Sanguinetti de Pilar

En la mañana del lunes 30 de marzo se realizó una asamblea del personal del hospital central de Pilar, estuvieron presentes médicos, enfermeros, personal de maestranza, camilleros y representantes gremiales de CICOP, AMRA y CTA Autónoma. Los primeros 12 días de cuarentena por la pandemia del Covid-19 en el hospital Sanguinetti se atravesaron en condiciones similares a los demás nosocomios de la provincia, con elementos de atención, protección y tratamiento insuficientes y con exposición constante del personal dejando un saldo de 12 profesionales, entre médicos y enfermeros, aislados preventivamente por haber estado expuestos a personas infectadas sin las medidas adecuadas. Asamblea La asamblea se dio en el playón de ambulancias del mismo hospital. Participaron aproximadamente 60 trabajadores, donde se informó de una nota que llevaba un pliego de reclamos la cual llevaba el aval de CICOP y AMRA. En la asamblea surgieron detalles del día a día en el hospital en plena crisis sanitaria; partiendo desde productos de higiene de pésima calidad, “el alcohol no parece alcohol” aseguraron desde el personal, la lavandina en similar situación, desconocen el porcentaje de concentración, dato importante a la hora de esterilizar un área. Surgieron relatos de personal del hospital pediátrico Falcón atendiendo sin siquiera barbijos por falta de entrega por parte del municipio. La situación de llevar 12 días de comenzado el aislamiento sin que se haya terminado de acondicionar el área destinada a los pacientes que contraigan la enfermedad alarma a los trabajadores que aseguran aún no estar preparados. Los trabajadores también remarcaron el no estar informados del rol que cumpliría el lugar que se está acondicionado en Panamericana km 46 con el fin de atender y alojar infectados, lo que genera dudas sobre quiénes y en qué condiciones atenderían y cómo se complementarían las tareas con el mismo hospital. El personal del hospital exige que se los incluya en el comité de crisis. Los trabajadores son conscientes que el colapsó de la salud privada agudizará el cuadro en la salud pública recibiendo los pacientes que no se puedan atender en las clínicas privadas que cierren ante casos positivos, como lo fue en la clínica Fátima, lindante al hospital. El descontento por la falta de amparo de las ART a los casos de coronavirus se hizo escuchar en la asamblea, aún con los recursos adecuados, los trabajadores siguen siendo un grupo de riesgo, ni hablar en estas condiciones. El punto en común en las intervenciones fue que no hay obligación de atender sin elementos de protección, proponiendo la defensa de esta medida en todos los centros de salud del distrito. No quedo expresado el cese de tareas en lo inmediato, pero esto abre un debate sobre cuándo y en qué medida se empezará a aplicar. En conclusión, la asamblea expreso las realidades que hay por debajo de la pantalla mediática que impone el intendente, la organización de los trabajadores de la salud pública y privada se vuelve fundamental en este contexto. Acompañamos a los trabajadores del hospital Sanguinetti y todos los hospitales y centros de salud de Pilar en este justo reclamo, exigimos elementos suficientes y de calidad de protección e higiene. Expansión y acondicionamiento de los espacios destinados a la atención de los pacientes infectados. Ampliación inmediata de las afecciones cubiertas por las ART, incluyendo contagios de Coronavirus. Incorporaciones del personal de salud al comité de crisis municipal. Defendemos la decisión de no tomar tareas sin elementos y condiciones correspondientes, como medida única para evitar que los hospitales sean focos de propagación del virus. Por la duplicación del presupuesto de salud nacional. Aumento de salario a todo el personal. Recorte de turnos, sin afectar el salario.

31 de marzo de 2020
La Plata: el vaciamiento del sistema público de salud
Alejadra Greig

Un durísimo comunicado emitido por un conjunto de instituciones médicas, como la Agremiación Médica Platense - Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, entre otros, denuncia públicamente las paupérrimas condiciones laborales en las que deben enfrentar la propagación de este virus. Un botón de muestra es la solicitud de los profesionales que trabajan en el Hospital “Dr. Alejandro Korn”, de Melchor Romero, donde han lanzado una campaña pública para que la ciudadanía alcance insumos básicos para la atención, como guantes de látex, barbijos, camisolines, antiparras, etc. En el Hospital San Martín, llevan a cabo una división de la atención entre la guardia (común), y la guardia por el coronavirus. Literalmente una puerta separa ambas guardias, mientras son los mismos profesionales que tienen que atender a los pacientes y diagnosticarlos, sin los insumos apropiados para resguardar su propia vida. Mientras tanto trabajadores de clínicas privadas de La Plata denuncian que los administradores no proveen elementos de protección con el argumento de que deben guardarlos para el invierno. Además, advierten que las denuncias ante el sindicato ATSA no tienen ninguna respuesta. “Ni siquiera nos dan barbijos”, remarcaron (InfoBlancoSobreNegro, 27/3) “Nos están mandando a una guerra sin armas” dice una profesional de la Salud en las puertas del Hospital Pirovano, es la realidad de todos los profesionales de la salud, que desde que inició la cuarentena y a través de un decreto nacional son declarados “personal esencial” y obligados a permanecer en sus puestos de trabajo, sin recursos, y sin insumos y apropiados. Al día- en La Plata- 29 son los casos sospechados por coronavirus,y 3 los confirmados. Se trata de de dos personas que se han contagiado mientras estuvieron de viaje, y la última médica platense trabajadora del Hospital el Cruce en Florencio Varela. El informe presentado por el Ministerio de Salud Nacional sobre las medidas tomadas ante el avance del virus elevado el 19 de marzo, con tres víctimas, explica diferentes escenarios, pero en el “escenario pesimista”, habla de duplicación del número de muertos cada 3 días: a la fecha en Argentina se registraron 18 muertes; en el mismo informe establecen que en la Argentina pueden llegar a haber 2 millones de infectados y 20 mil muertos. Los anuncios que llegan desde el Ministerio de Salud de la Provincia a cargo del médico Daniel Gollán, en conjunto con las acciones publicitarias del intendente Garro, hablan de la compra de miles de insumos, y de la puesta de tres centros de atención intermedia para atender pacientes que necesiten permanecer en aislamiento por el Covid-19,( República de los niños, Centro Cultural y Polideportivo Los Hornos y Albergue universitario), con unas 400 camas, pero la realidad es que los hospitales de la región están desprovistos de recursos e insumos básicos, los profesionales de la salud a merced del contagio inminente y los nuevos centros sin profesionales para su atención. El gobierno tiene que profundizar en medidas profilácticas y de intervención inmediata La llegada del Coronavirus es mucho más que un problema sanitario. Desnuda a un régimen social y político, donde las riquezas nacionales son destinadas al pago del FMI, y no al rescate de la población trabajadora. Es necesario para hacerle frente a esta situación una partida presupuestaria de emergencia para la salud y un aumento sustancial en su presupuesto; la incorporación de profesionales pagos ( no voluntarios), y reforzar los equipos hospitalarios. Para el seguimiento cotidiano y poder profundizar en medidas pertinentes un comité central de crisis con la participación de los trabajadores sanitarios. Para aunar recursos es imprescindible la unificación del sistema público de salud y del privado.Para cuidar la vida de los trabajadores se necesita cumplir con todas las normas de bioseguridad y que haya provisión de todos los materiales de protección para el personal de salud que está expuesto al contagio del virus.

31 de marzo de 2020
La clase obrera no asiste pasiva a la pandemia

"El virus de la protesta se extiende por el mundo", así titulaba y describía el diario español La Vanguardia en diciembre de 2019 la situación en el mundo. Ese proceso de ningún modo se pudo haber extinguido en tres meses, porque no tiene que ver con una rebelión espontánea, episódica, sino con un estado de ánimo profundo de descontento generalizado al hambre y el desempleo que no resuelven los regímenes políticos. Ninguna cuarentena ni parcial ni total le podrá poner pausa a ese sentimiento de las masas que "salta de país en país, de continente en continente" (ídem). Frente a la negligencia patronal, organización y presión obrera La pandemia colocó a los ojos de los trabajadores el carácter anárquico del capital. Las empresas de distintos rubros en el desarrollo de esta situación regulan en función de su tasa de ganancia la vida de miles y miles de trabajadores. Desde la planta de Mondelez Pacheco (alimentos) en Tigre, el Astillero Río Santiago (ARS), Techint, al Ingenio Ledesma en Jujuy, por señalar algunos, la regla de las patronales fue el incumplimiento de medidas como establecer la distancia de un metro y medio entre trabajador y trabajador, permitir la aglomeración en lugares comunes (comedor, vestuarios, transporte), la falta de personal sanitario para el reforzamiento de la higiene en los pasillos, cocina y baños, y la ausencia de elementos para medir la fiebre en los accesos del personal. El régimen de licencia establecido por el gobierno se vio a las claras con graves limitaciones. Con asambleas por sector, los trabajadores del Astillero se dirigieron a la dirección de la empresa para que extienda la licencia a casos particulares no contemplados ya que el solo hecho de trasladarse en transporte público y la aglomeración de personal contradecía los "esfuerzos" para que el virus no circule. Con esta acción se logró que se reduzca la jornada laboral a cinco horas por turno y que los jueves y viernes haya asueto para desinfección y acondicionamiento del lugar. Donde ni siquiera se cumplía la resolución del gobierno fue en el Ingenio Ledesma, que se negaba a conceder licencia por 14 días a los mayores de 60 años, en nombre de la 'esencialidad'. Los call center, mercados y shoppings se encuentran sacudidos por rebeliones contra el hacinamiento de tercerizados. En distintos pueblos como San Pedro de Colalao (Tucumán) emprendieron el método de la acción directa armando piquetes en la ruta para no permitir el acceso a quienes no vivan en forma permanente en el pueblo. Advirtiendo a los turistas, restringiendo ómnibus, dejando ingresar solo a la gente del lugar, y permitiendo el paso de vehículos de proveedores de alimentos, remedios y artículos básicos, los pueblos de esta manera han tomado la defensa de la salud y sus vidas en sus propias manos y no la delegaron a ningún gobierno. Lucha en tiempos de pandemia El coronavirus tardó dos meses en desplazar su centro de infección de Asia a Europa, luego menos de treinta días en cruzar el océano Atlántico hacia EE.UU. La pandemia avanza con celeridad. En la marcha, vino a agravar las contradicciones sociales de clase, no a conciliarlas contra un "enemigo en común". En Italia ya tuvo lugar la primera "Sciopero Generale" (Huelga General) por 24 horas contra el gobierno de Conte, que fue saludada por la mayoría de las barriadas y trabajadores del país. Numerosos intelectuales de la pequeña burguesía han salido a concluir en las columnas de opinión de los diarios internacionales que luego de la pandemia "el mundo ya no va a ser igual". Y es que el curso "normal" de la crisis mundial ha sido alterado, en el sentido de una aceleración de ella. Tenemos a los estados capitalistas del mundo en plena desorientación, donde avanzan y retroceden no por voluntad propia (signo de vitalidad) sino por la presión de las circunstancias, es decir por el carácter potencial de rebeliones populares, por un lado, y recesiones y defaults por el otro. Los dos billones de dólares que el Congreso en Estados Unidos ha aprobado como "Plan de Emergencia", donde la mayor porción de la torta se la llevan las empresas, no va a solucionar de ningún modo el problema del desempleo que en la última semana de marzo ha ascendido a niveles históricos, con un total de más de 3 millones de despidos. Las "huelgas salvajes" de Italia probablemente tengan también lugar, pero con mayor grosor en EE.UU. "El virus de la protesta..." no tiene remedio en los marcos de una organización social volcada en función del lucro. Es precisamente esta pandemia de rebelión que "... se extiende por el mundo" el verdadero temor de los capitalistas, y por ello nuestro faro para una salida de fondo para los explotados del mundo. La explosión de las rebeliones populares en 2019 late y retumba en las cuarentenas más restrictivas del 2020.

31 de marzo de 2020
"La peste": crisis, resistencia y una posibilidad para la revolución

Al calor del avance de la epidemia del Covid-19 ha vuelto a ser lectura masiva un clásico de la literatura del SXX: "La peste", publicada el 10 de junio de 1947. Se piensa que la novela está basada en la epidemia de peste bubónica que sufrió la misma ciudad de Orán durante 1849 tras la colonización francesa, a pesar de estar ambientada en el siglo XX. La obra en cuestión es una novela del escritor francés Albert Camus (1913-1960) quien participó, durante la Segunda Guerra, de la resistencia contra los nazis siendo parte de la edición de Combat, periódico clandestino resistente, y eso seguramente tuvo un peso al momento de escribir "La peste", como así el hecho de que Francia siguió ocupando Argelia y masacrando a su pueblo a pesar de estar ocupada por los alemanes. "La peste" novelada En la ciudad argelina de Orán las ratas comienzan a afluir a plena luz del día desde las alcantarillas hacia los umbrales, las calles y las veredas para morir. La gente no alcanza a dimensionar las implicancias de este extraño fenómeno hasta que los mismos ciudadanos comienzan a enfermar y fallecer súbitamente en medio de un sufrimiento atroz. Luego de un periodo donde las autoridades gubernamentales buscan minimizar la situación para evitar la alarma y la parálisis de las actividades de la ciudad se pasa, por miedo a la propagación de la enfermedad, a una severa política de cuarentena y "puertas cerradas" ya que comienza a hablarse de una plaga que mata centenares de personas a diario. Esto va a ser acompañado de una escalada represiva por parte de la Policía por miedo a la sublevación debido lo severo de las medidas adoptadas y al colapso del sistema sanitario. El autor presenta una ciudad con una vida frenética cuyos habitantes no tienen una comprensión de lo comunitario, sino que transcurren la existencia como individuos para los cuales la prosperidad material siempre parece una meta más razonable que la búsqueda de la superación moral. Los personajes del libro (médicos, turistas, periodistas, amantes, comerciantes, curas, fugitivos, etc.) están entrelazados para exponer los efectos anímicos y morales que una plaga puede tener en una determinada población. La peste, presentada como lo absurdo o lo inasible, muestra cómo el hombre se enfrenta a la existencia. La clausura de puertas significa la separación de los seres queridos sin siquiera la posibilidad de correspondencia, el vacío interno, el exilio del propio tiempo, el deseo irrazonado, frente a la fatalidad presente, de volver hacia atrás o hacia adelante como dos flechas abrasadoras en la memoria a la vez que la reconciliación con el tiempo ante lo que no llega aceptando la condición de prisioneros. Esta densidad temporal lleva a la gente a dejar de hacer suposiciones sobre la duración del encierro por estar "Impacientados del presente, enemigos del pasado y privados del porvenir". Médicos que deben suspender su terror para actuar. Amantes separados, únicos capaces de evadir la angustia de la muerte trocada en angustia por el amado ausente. El discurso religioso que pierde sentido frente al absurdo de lo existencia. No hay Dios, hay humanidad sentida y deseo profundo de placer. Esta ausencia de sentido supremo es el "absurdo" y es algo que aunque desconcertante es potencialmente positivo ya que las nuevas razones de la existencia estarían ligadas a valorar la vida humana por sí misma y no por causas metafísicas. Algunos críticos ven en la novela una crítica a la restricción de las libertades democráticas. A menudo se la lee como un tratamiento metafórico de la resistencia francesa a la ocupación nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Covid-19: la peste hoy La proliferación y recurrencia de las enfermedades zoonóticas (transmitidas entre especies animales) como el Covid-19, es producto del modo actual de producción y de la precariedad de la vida, el trabajo, el ambiente. No hacen al absurdo de la existencia como experiencia metafísica en sí sino al absurdo de la configuración de las condiciones materiales de existencia bajo el sistema capitalista. Un sistema predatorio del ser humano y del medio físico en descomposición cadavérica profunda. "La peste" es lo que llevó el imperialismo yanqui a Yemen, Irak, Irán, Afganistán, bombardeando sus hospitales y destruyendo sus sistemas de salud. Al igual que lo que sucede con la ocupación israelí en Palestina. Gaza es un espejo actual, vivo, de lo que narraba Camus. O la situación de opresión Imperialista en África o Latinoamérica. La salud está reñida con el capital. Hoy se hace más patente que nunca la necesidad de enterrarlo de una vez y para siempre para organizar el mundo sobre otras bases y terminar con la barbarie a la que nos somete. Esto no es más que el gobierno de trabajadores y los estados unidos socialistas del mundo.

31 de marzo de 2020
Otro femicidio en Mar del Plata: ¡justicia por Claudia!
Lucía Lledó

Después de casi un mes de búsqueda de Claudia Repetto hoy se confirmó lo peor; Claudia fue asesinada por su ex pareja en un ataque de celos; según declaraciones del propio femicida Ricardo Rodríguez. Anoche Rodríguez fue encontrado caminando por la zona del puerto de Mar del Plata por los hijos y allegados de la víctima. Las zonas liberadas siguen, como en el femicidio de Lucía Pérez. Rodríguez, Hoy confesó ante el fiscal no solo la muerte de Claudia sino haber sido el autor material del hecho. La razón o móvil que esgrimió fue que haber visto que otro hombre la estaba esperando en una camioneta le provocó un ataque de celos que no pudo contener. Claudia y Rodríguez vivían en casas contiguas tras finalizar una relación que duró menos de año y por lo tanto él sabía de los movimientos de ella. Justamente ayer mismo, pero por la mañana, familiares y amigos de Claudia se habían concentrado en los tribunales marplatenses para exigir que se reanude la búsqueda ya que entendían que desde hace varios días desde el punto de vista judicial la misma estaba totalmente paralizada. El paso de los días sin respuestas se sumó a que pocos días atrás se lo había identificado al sospecho a través de las cámaras de seguridad caminando por la misma zona que fue encontrado sin ser detenido por los efectivos policiales. Parece que el toque de queda no existe para los femicidas. Como si esto, la perdida y de esta forma de un ser querido, no fuera suficiente hoy mientras se enteraban en la puerta de tribunales de la confirmación de la muerte de su madre los hijos de Claudia fueron brutalmente reprimidos cuando intentaron entrar en búsqueda de las respuestas que en 27 días el Estado nos les dio. Tuvieron que cubrirse de los palos de la policía y sufrir lesiones de balas de goma que dispararon los efectivos que custodiaban el palacio de tribunales como si fueran ellos los criminales. Los hijos de Claudia y sus amigos hicieron el trabajo que ni la fiscalía ni los efectivos policiales llevaron a cabo. La desprotección de las víctimas de violencia en este sentido es total. La policía está al orden del día para intimidar, hostigar, y patrullar controlando a los trabajadores que no cumplen con la cuarentena obligatoria porque deben si o si salir hacer changas para subsistir o sus patrones los obligan a ir a trabajar, pero nada hicieron en la búsqueda de una mujer que estaba desaparecida. La responsabilidad del estado queda en evidencia además con una búsqueda que no fue tal, el cuerpo se encontró enterrado a sólo 20 metros de donde se había encontrado una pala varios días atrás. Y también se ve reflejada en la acción que tuvieron de reprimir a los familiares una vez confirmada la noticia. La desaparición de Claudia impulsó una movilización de miles de mujeres en las jornadas previas al 8y9M, con un solo grito: ¡Queremos a Claudia, queremos a Claudia! Ante este nuevo femicidio, entendemos que las mujeres debemos organizarnos, en primera instancia para que haya justicia por Claudia y por todas, exigiendo entre otras cosas un presupuesto real para las víctimas de violencia de género. Que las acciones en materia de género no se diluyan en acciones de propaganda en un ministerio que intenta cooptar el movimiento de mujeres, que es el principal responsable de dejar a miles de mujeres a la deriva con incluso sus acosadores en el mismo domicilio mientras se realiza la cuarentena. Nos solidarizamos con la familia de Claudia Repetto y desde el Plenario de Trabajadoras en el Partido Obrero (tendencia) planteamos: Justicia por Claudia Repetto. Es Estado es responsable. Ni una menos.

31 de marzo de 2020
Ingreso Familiar de Emergencia: una explosión social

El 27 de marzo comenzó la preinscripción para el bono de $10.000 a desocupados y monotributistas. La medida fue una respuesta a la candente situación social que atraviesa la clase obrera, con huelgas y cortes en distintos puntos del país, y a la potencialidad explosiva cientos de miles de desocupados o trabajadores precarizados que se encuentran sin ningún tipo de ingreso en medio de una cuarentena que promete extenderse en el tiempo. La crisis sanitaria ha revelado el elevado porcentaje de trabajadores ocupados y desocupados que se encuentran en estado de completa precariedad, es decir, sin ningún tipo de cobertura de salud ni de derecho de licencia paga o seguro social que cubra las necesidades básicas. Este bono de $10.000 se anunció como pago extraordinario por única vez, aunque se sabe que no llegará a cubrir los gastos en que deben incurrir las familias sólo este mes en productos de higiene, remedios y alimentos, cuyos precios se han disparado. El nivel explosivo de crisis social se puede medir por un hecho no menor: el primer día de la preinscripción la página de ANSES en donde se cargan los datos para cobrar el bono se colapsó y aquellos que aún no se habían podido inscribir aguardaron varias horas para que se recomponga. Lo mismo sucedió el segundo día y todo indica que será igual los días que quedan. Según los medios, sólo el primer día hubo 1 millón de inscriptos. Pero en las villas del país, el acceso a internet o a una computadora no está al alcance de todos. Esta situación parece no haber sido contemplada por el gobierno a la hora de impulsar la inscripción on-line. Por lo tanto, muchos vecinos tienen que agolparse en los locutorios para poder hacer su inscripción, exponiendo así su salud a cambio de un bono. Para colmo, el colapso de la página agrava esta situación ya que los vecinos deben recurrir varias veces por día al locutorio para comprobar si ya pueden inscribirse. Pero la exposición en la calle no es sólo al virus, sino que también en los barrios se está presenciando el accionar represivo y el abuso de poder policial, ya que se intimida a los vecinos que salen siquiera a comprar pan o remedios, o que van al cajero para poder tener algo de efectivo. El gobierno no sólo que no ha salido a condenar públicamente los escándalos de tortura de las fuerzas represivas que se han viralizado en las redes y que han obligado a pasar a disposición a varios efectivos, sino que constantemente coquetea con el recurso al estado de sitio en sus discursos. El “quedate en tu casa” tampoco está solucionando el problema sanitario. Mientras se busca evitar la propagación del Coronavirus con la cuarentena, se propagan otras enfermedades, como el dengue, debido a la precaria situación habitacional. El propio INDEC ha revelado el estado de hacinamiento que se vive en el país, lo cual vuelve inviable el estado prolongado de cuarentena, como así también la exposición a todo tipo de enfermedades a que lleva esta situación. El instituto afirma que casi 2 millones de personas se encuentran viviendo en apenas 320.000 hogares en las zonas urbanas del país. Por otro lado, más de 6 millones de personas se encuentran viviendo en “hogares con saneamiento inadecuado” y 1.200.000 no tienen acceso al agua potable en su vivienda. Debemos formar comités barriales para organizar la vida cotidiana durante la crisis sanitaria, exigiendo al Estado todos los recursos necesarios para la evitar exposición de la salud y para garantizar la vivienda, el alimento y los productos de higiene necesarios. Organicémonos en los barrios para exigir al gobierno el cese de toda acción represiva. Debemos reclamar todos los medios necesarios para la inscripción universal a un subsidio al desocupado, con asistentes en los barrios y con los medios informáticos necesarios. Exigimos al Estado que se garantice la inscripción al bono a todos los trabajadores precarizados y desocupados. Vamos por el aumento de los montos del bono al desocupado y por su extensión durante todo el tiempo que dure la crisis sanitaria.

31 de marzo de 2020
La crisis sanitaria recorre el puerto

Hace una semana, pese a la resolución del gobierno nacional de catalogar la actividad como “esencial”, los distintos gremios habían resuelto un “parate” de las flotas pesqueras que derivaría en una parálisis general. Esta determinación vacía, llevó a los trabajadores a quedarse en sus casas sin percibir salario. Ergo, 400 marineros relevos de esas flotas, reclamaron “subsidios o vales de comida que ayuden a atravesar este momento de inactividad” (Revista Puerto, 25/03). En materia de salud, el puerto se encuentra vaciado. En Sanidad de Frontera, quienes debieran atender los casos y determinar un protocolo sanitario mientras dure la pandemia, nadie atiende el teléfono. Los gremios pesqueros firmaron un protocolo junto al Ministerio de Trabajo para reactivar la actividad desde el 01/04, por presiones del gobierno. Este protocolo obliga a las empresas a suministrar los elementos básicos de higiene y los estudios correspondientes, pero va en total detrimento de las condiciones laborales de los marineros y trabajadores de las diferentes plantas y “cooperativas”. En los frigoríficos se reducirán los grupos de trabajo y se hará la producción de manera escalonada con una actividad diaria, lo que implica una intermitencia laboral que ataca directamente el bolsillo de los trabajadores precarizados. En cuanto a las flotas, volverán al trabajo los efectivos, pero no los relevos, quienes son víctimas de la tercerización portuaria: si no pescan, no cobran. Una salida al colapso El coronavirus dejó al descubierto una crisis que lleva décadas en el puerto. Un porcentaje abismal de trabajadores no tiene seguro médico ni obra social, tampoco condiciones de seguridad básicas, ni asistencia médica en el momento. Esto ha sido una constante: cada barco hundido, cada obrero naval desaparecido y el último electricista fallecido, son víctimas de este vaciamiento. La mísera condición de salud está inscripta en un “Convenio Pyme” que permite a los empresarios y la burocracia sindical, administrar la miseria laboral de los trabajadores, quienes reciben un salario paupérrimo que intenta camuflarse con “plus” por producción, así como una inestabilidad laboral que los obliga a quedarse en sus casas sin cobrar. El acuerdo entre las cúpulas sindicales y el gobierno nacional no es más que un intento de tapar un vacío presupuestario en todas las ramas. Resulta primordial seguir el ejemplo de los marineros relevos, conformando comités de emergencia que discutan un plan de acción para resolver la situación crítica de todos los sectores obreros, así como la elaboración y ejecución de un protocolo integral en defensa de las condiciones de vida de los trabajadores, en oposición a los protocolos patronales que se limitan a la distribución de alcohol en gel, guantes y barbijos de bajo costo. Los trabajadores portuarios expresan su descontento con las condiciones de higiene deplorables. Se debe discutir, además, un paro por tiempo indeterminado hasta que se efectivice el protocolo y estén las condiciones de salubridad correspondientes, sin poner en riesgo la vida. -Convenio colectivo de trabajo -Licencias con pago salarial total -Cobertura médica irrestricta -Distribución de elementos de higiene y kits médicos necesarios -Desinfección de los accesos a buques y todas las plantas pesqueras

31 de marzo de 2020
El Estado no te cuida

En un artículo publicado en Página 12 (28/3), expertos coordinadores del Observatorio de Seguridad de la UBA se deshacen de elogios sobre el rol que están jugando las fuerzas represivas en el medio de la pandemia que azota al mundo y al país. En síntesis, estamos ante un programa político vehiculizado desde el mundo académico e institucional. Para estos, sobre las policías se soslayan diversas actividades “invisibilizadas” como “la mediación entre conflictos barriales, la atención de mujeres víctimas de violencias, la contención de personas vulneradas, entre otras tantas.” Sumado a la noble tarea que se les ha encomendado, de garantizar el aislamiento social durante la cuarentena, para los autores estaríamos frente a la oportunidad de dejar de lado el “paradigma securitario punitivo” sustituyéndolo por un “modelo de estatalidad centrado en el cuidado”, relegando a segundo plano su facultad de amedrentar y reprimir. Quien cuida a quien Según estos portavoces hay que “cuidar a quienes nos cuidan”, en referencia a mejorar sus condiciones laborales. Podemos deducir que son tributarios de la teoría que concibe que el agente bien remunerado sea menos propenso en corromperse, aunque ya es vox populi la relación que tienen con el crimen organizado. Para intranquilidad de estos, el gobierno ya anotició un bono de $5.000, endulzado con las palabras del ministro de defensa Rossi: “en muchos lugares, el Ejército es aplaudido”. Mientras se niega la movilidad salarial y jubilatoria junto a la exención de aportes patronales a los capitalistas, se premia a quienes no dejan de ser noticia por el hostigamiento a trabajadores y jóvenes que buscan su ingreso diario. Para colmo, ninguna ART pretende cubrir la infección del COVID 19 sobre el trabajador asegurado (Clarín, 28/3) instándolo a llegar a la Comisión Médica Central, que para entonces quien sabe cuánto tiempo habrá transcurrido. Hasta el 27 de marzo, 6.200 personas han sido detenidas y a 201.000 se los imputó penalmente (CORREPI). Por ejemplo, en Santa Fe, por la emergencia, el Poder Judicial se encuentra cerrado y por esto ha instruido que no es necesario el concurso del fiscal para formular la acusación de este delito. Si la justicia, que de por sí se encuentra abarrotada por el sin fin de causas diarias que debe atender, el embudo que se ha de generar en las próximas semanas puede desencadenar una suerte de indefensión generalizada. Vía libre para toda arbitrariedad policiaca y judicial. Orientación política Sobre el hilo de las declaraciones políticas del último mes ha quedado expuesta la contradictoria orientación política del gobierno. Desde “dar vuelta la página”, previo al 24 de marzo, atribuyendo el genocidio a “la inconducta de algunos” militares, junto la posibilidad de decretar el Estado de Sitio (pretende dos cuestiones fundamentales. Por un lado, encubrir la responsabilidad de años y años de desfinanciamiento de la salud pública, y por el otro, un mensaje aleccionador: la ‘unidad nacional’ es con la policía y los militares. Los límites inconmensurables del programa conciliador con los capitalistas del gobierno, para hacer frente a la pandemia y resguardar las garantías democráticas básicas de todo “ciudadano”, lo manifiesta la situación carcelaria que ha explotado la última semana. Tan solo en la Justicia Federal, el 60% de los privados de su libertad están bajo prisión preventiva, padeciendo las penosas condiciones de higiene y seguridad en cárceles superpobladas (Procuración General de la Nación, 25/03). Alberto es impotente hasta con los presos políticos kirchneristas de eximirlos de este foco infeccioso, beneficio que si están gozando 18 genocidas en sus domicilios (ANRed 27/3). Una salida En el preludio del pico de contagio, la reivindicación de las libertades democráticas debe tener un aspecto central. El derecho a organizarse y de luchar, es el presupuesto necesario ante cualquier intentona de estado de sitio, cuya declaración no resuelve la crisis sanitaria y el desfalco económico. En Italia, uno de los países más afectados, sus trabajadores han lanzado la huelga por sus reclamos. Debemos contribuir sobre esta perspectiva, programa mediante.

31 de marzo de 2020
La casa no está en orden y cómo salir del impasse

Al prorrogar la cuarentena hasta después de semana santa, Alberto Fernández no hizo más que atenerse a lo que indican hoy los virólogos y la Organización Mundial de la Salud: alargar en el tiempo la secuencia de contagiados, para que el sistema sanitario no colapse. Naturalmente, lo que Fernández no dijo es que el sistema de salud ya se encuentra colapsado. El 80% de las camas que disponen los hospitales y sanatorios del país –más de la mitad en manos de privados- están ocupados. Pero más grave, si cabe, es la “sobre ocupación” de médicos y enfermeras. Desde antes ya de la pandemia, venían transitando hasta dos y tres trabajos para redondear un sueldo. La incorporación de nuevos trabajadores de salud viene realizándose a cuentagotas y choca con limitaciones fundamentales: contratos temporales (tres meses) y salarios paupérrimos; jornadas prolongadas; restricciones presupuestarias de parte de gobernadores e intendentes. No es por accidente que en establecimientos del estado y privados se desarrollen denuncias contra las gestiones en presencia, y, por lo tanto, graves crisis de atención y de políticas sanitarias. Salud y economía Fernández dijo que entre ‘la salud’ y ‘la economía’, la controversia del momento, él optaba por la primera. De boca para afuera no hay nadie que se oponga. AF lo mismo, porque, aunque diga lo contrario, ha declarado esenciales a muchísimas actividades económicas, exceptuando a algunas del comercio minorista, para que no se vea gente en las calles. Han sido los trabajadores quienes, en distintas empresas, han impuesto limitaciones, como el parate parcial de la siderurgia y otras grandes compañías, sin dejar de cobrar los salarios. Otras limitaciones son el resultado de la crisis económica, pero en estos casos se manifiestan en despidos; allí, la cuarentena sirve como excusa a las patronales para liberarse del personal. Esta cuarentena trucha ha causado estragos en Italia y en España, y los está causando en Estados Unidos. Recién en el día de ayer el español Pedro Sánchez declaró “no esenciales” a todas las industrias, con excepción de las vinculadas a alimentación y salud. Los Fernández plantean “aplanar la curva” de contagios como Sánchez lo vino haciendo hasta ahora, con resultados trágicos. El enojo que manifestó con el grupo Techint es una prueba de esto, porque quiere que el pulpo siga funcionando en el ramo construcciones, como lo hace en otras actividades. Techint debiera cerrar sin desmedro del pago de salarios, en eso consiste una cuarentena, o reconvertir sus objetivos a la construcción de hospitales. En una demostración de imperdible anarquía, YPF y otras petroleras suspendieron las obras de Techint en sus instalaciones. De este modo, el gobierno paraliza actividades que quiere ver abiertas, mientras insiste en #quedémonosencasa para superar la epidemia. El caos conceptual y político del gobierno no hace más que reflejar las contradicciones insuperables entre el capital, de un lado, que pretende seguir su proceso de acumulación mediante rescates financieros del estado, y por el otro la lucha de los trabajadores en defensa de su salud y su vida. Si de rescates se trata, hay que apuntar que el fracaso de las medidas económicas oficiales aflora con toda su fuerza: el crédito bancario para salarios y capital de trabajo no aparece, mientras que la reapertura del clearing bancario ha roto la cadena de pagos. Programa Es necesario cerrar toda actividad económica no esencial, sin despidos y sin afectar el pago de salarios. El estado tiene la obligación de incautar las cuentas bancarias y no bancarias de las compañías capitalistas; colocar el sistema financiero en la órbita del banco central para organizar un servicio único de crédito para pagar salarios y todos los gastos sanitarios, cuyo monto será descontado de las cuentas de las empresas y el saldo será pagado por ellas al final de la pandemia. La emisión neta de crédito y de dinero puede ser reducida en forma drástica mediante la compensación de débitos y créditos entre empresas en el banco central. Una economía de racionamiento y regulación extrema solamente puede ser efectiva si se establece un control de los trabajadores en toda la cadena de producción y cambios. El punto de partida de todo esto, es obvio decirlo, es el cese definitivo del pago de la deuda pública, con excepción de las acreencias de muy pequeños inversores. La defensa de “la salud” contra “la economía” no tiene sentido, salvo como expresión de la contradicción de la salud y la vida del trabajador versus la economía del capital. Es necesaria imponer la economía política del trabajo, por un lado, como salida a la crisis, por el otro como una transición hacia otro régimen social donde quede abolida esa contradicción entre economía y trabajo. El ‘episodio’ Techint no es el único que ha obligado al gobierno, cuya doctrina es la colaboración de clases, a poner en evidencia lo contrario – un antagonismo de clase que es objetivamente insoluble. El otro caso es el del pulpo Roemmers, que ha respondido a una licitación de dispositivos de diagnóstico del gobierno con precios que triplican los que marcaba el mercado con anterioridad a esta crisis. Esto demuestra no solamente que el capital lucra con el infortunio – sino también que la reactivación de la economía, en los términos actuales, producirá una catástrofe inflacionaria de precios. Si es verdad lo que señaló un periodista, de que Fernández está muy preocupado por lo que se viene después de abril o incluso mayo, tiene motivos razonables para ello. La clase obrera debe tomar conciencia del conjunto de esta situación y presentar el programa de la economía política del trabajo. Los puntos básicos son: cuarentena total, sin perjuicio para el empleo y los salarios, en todo lo que no es esencial; protocolos laborales y barriales de los propios trabajadores – primero, reducción de jornada laboral, sin afectar el salario; segundo, cuarentena por manzana, barrio o localidad, previa detección sanitaria de toda la población, contra el encierro del hacinamiento; reducción inmediata de la jornada laboral del personal de salud; contrataciones masivas de médicos y enfermeras, en las condiciones establecidas por los convenios colectivos; reconvertir los capitales para construir hospitales y equipos médicos – camas, respiradores, caja de diagnósticos, campaña masiva de detección de la infección; un salario básico igual al costo integral de la canasta familiar, ajustado a las distintas necesidades sociales cese definitivo del pago de la deuda externa; Último punto. La movilización de trabajadores en las actuales circunstancias es excepcional – y apenas constituye un comienzo. Lo mismo ocurre en otros países, según surge de la información retaceada de los medios. Por la naturaleza de la crisis, esa movilización irrumpe con claras connotaciones políticas. Apuntalar esta renovación de fuerzas es la tarea más revolucionaria del momento.

31 de marzo de 2020
Ruidazo contra la violencia contra la mujer: un grito en la catástrofe

El ruidazo de los movimientos de mujeres, en la noche de este lunes, puso de manifiesto otra de las manifestaciones lacerantes del capitalismo –la violencia doméstica. El aislamiento social no ha hecho más que reforzar el infierno que soportan cotidianamente miles de mujeres, incluido el crimen. Pero si este flagelo se multiplicó en estos días, es porque la cuarentena no es más que el escenario agravado que caracteriza a la vida familiar bajo el capitalismo. El hacinamiento habitacional, que encierra a padres e hijos en una única pieza; la incertidumbre sobre lo que habrá para alimentarse y vivir, en medio de la precarización laboral, de las changas o despidos sorpresivos. O, en el otro extremo, el agobio del sobretrabajo y la violencia laboral, que luego se descarga en el hogar. Lo que los burócratas oficiales denominan “aislamiento social”, es para muchas familias la condena a otra peste –la opresión de la vida familiar, acentuada por el encierro, los espacios reducidos, el salario que no se cobra o el teletrabajo que se suma al cuidado de los niños y de la propia casa. La violencia contra la mujer de los días de cuarentena retrata, en una forma catastrófica, la violencia doméstica de todos los demás días. La ruta para luchar contra los femicidios y la violencia familiar: la unión de los trabajadores, hombres y mujeres, para enfrentar la pandemia con un programa propio, no el de los Techint, los Roemmer o los de Vaca Muerta y los usureros de la deuda pública. Llamamos a las mujeres que han salido a los balcones y veredas para repudiar el asesinato de mujeres y para reclamar que el Estado tome medidas de protección, que se vengan a la lucha con la clase obrera, porque el programa de aquellos pulpos como el del gobierno nacional y sus opositores aliados, nos lleva a una catástrofe mayor y un mayor número de víctimas. La caracterización de conjunto sobre este flagelo no exime a ningún trabajador de su responsabilidad en la conducta propia hacia su compañera. El abordaje político clasista y socialista es fundamental porque nos sirve para organizar la lucha contra la violencia contra la mujer en las organizaciones obreras, en las barriadas y lugares de estudio, y para luchar contra todas las opresiones.

31 de marzo de 2020
De cómo terminé “detenida” en un hotel de Buenos Aires
Guada Correa

En los medios de comunicación circula un discurso apuntando a la “solidaridad”, el “compañerismo”, el “cuidado” y la “importancia” de la salud que intencionalmente se combina con mensajes de odio contra los que hemos “osado” de encontrarnos en el exterior al momento de desatarse la epidemia que acecha al planeta entero. Aproximadamente dos mil personas estamos confinadas en pequeñas habitaciones de hoteles de CABA, este es mi séptimo día y lejos de mejorarse, la situación no deja de empeorar. Escoltados por la policía y sin firmar ningún tipo de consentimiento fuimos traídos en micros completamente amontonados. El traslado se realizó sin ningún protocolo que contemple la norma de un metro de distancia entre cada uno. Solo este dato retrata por completo el delirio de la situación que nos toca. Algunos de nosotros perdimos parte de las pertenencias en el aeropuerto en el medio del caos del operativo. Este (anti) “protocolo” solo lo lleva a cabo el Gobierno de la Ciudad, por lo que los residentes del Gran Buenos Aires o los que viven en otras provincias tuvieron se libraron de este sometimiento. La arbitrariedad de Larreta es completa. Aunque no hay ningún decreto específico que indique dicho procedimiento con aquellos argentinos que ingresan al país, el gobierno hace uso del decreto de la cuarentena obligatoria y aprovecha el miedo social para justificar cualquier tipo de medida. Las condiciones en las que nos encontramos son alarmantes. Desde que llegamos solo nos tomaron la fiebre el primer día y nunca más recibimos ningún tipo de asistencia de salud física ni mental. Dentro de nuestros contingentes hay gente mayor, con enfermedades de base, niños pequeños. En el hotel Deco falleció un hombre de 70 años y todo indica que el test de coronavirus dio positivo. Todos los viajeros que estuvieron con él en ese hotel fueron expuestos al virus sin ninguna necesidad. Estamos en peligro. A la situación de encierro forzoso en un lugar que no es propio se le suman las malas condiciones de higiene y salubridad. Los trabajadores del gobierno de la ciudad que se encargan de traernos la comida no cuentan con los elementos necesarios para evitar la transmisión del virus, la comida que nos brindan no cumple con los criterios mínimos nutricionales y muchas veces está cruda o con hongos así como no se respetan los menú de celíacos, hipertensos, diabéticos o alérgicos. En la mayoría de los hoteles dejan la comida en el piso sucio, delante de la puerta. No hay tampoco respuesta ante las muchas personas que sufren ataques de pánico, pueden pasar horas en una crisis sin que envíen a un profesional a asistirlo. Una supuesta psicóloga nos ha recomendado tomar clonazepam a mansalva –vaya elemento de adoctrinamiento-. Constantemente, además, somos amenazados con la policía si cuestionamos la realidad que estamos atravesando. Hay una guardia permanente. Generan focos de contagio Siguen llegando contingentes de repatriados y mientras tanto vivimos los días con miedo. No nos han traído alcohol común, mucho menos en gel, hasta ayer tampoco barbijos y nos someten a abrir la puerta y recibir alimentos 4 veces al día sin saber los criterios que se han tomado para la manipulación y transmisión de los mismos. Estamos altamente más expuestos así que cumpliendo la cuarentena en nuestros hogares. Queremos poder decidir sobre el cuidado de nuestra salud. La información es un derecho La situación es desesperante. No nos brindan ningún tipo de información de cuántos días debemos estar encerrados en los hoteles, ni de las medidas de salud que toma el personal del gobierno, ni si hubo algún caso de coronavirus en nuestros vuelos, así como tampoco fue estudiado el medio específico de cada persona o grupo familiar para establecer cuál es el espacio más apto para cumplir la cuarentena. Mientras tanto nos hemos organizado entre los hoteles, hemos redactado un comunicado denunciando nuestras condiciones, intentamos comunicarlo a los medios y acordamos hacer ruidazos a las 19hs en todos los hoteles. Denunciamos estos atropellos del Gobierno de la Ciudad, en particular al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta. El es responsable de todo lo que está sucediendo y lo que pueda suceder. Lejos de ser una medida de salud, esta es una medida de amedrentamiento a la población. Por eso, quien se hizo presente, tras la intimación de la Defensoría de la Ciudad a cargo de Patricio Canepa, fue Juan Pablo Arenaza, subsecretario de seguridad de la Ciudad de Buenos Aires que no hizo más que patotear y amenazar a los que se encuentran en el Hotel Ibis. Más allá del probable negociado que hay detrás del acuerdo con los Hoteles, esta medida parece funcionar como “el circo” que brinda el Estado a una sociedad en crisis y con miedo que necesita encontrar un culpable ante la desesperación en un contexto donde crece la militarización y donde parece valer todo para “salvarnos” ante el virus. El “remedio”, como se ve acá, es peor que la enfermedad. El Gobierno de la Ciudad debe tomar marcha atrás con esta medida arbitraria y peligrosísima. Estamos expuestos y a la deriva. Nadie responde ni se hace cargo de la situación diaria. Queremos cumplir la cuarentena rigurosamente en nuestros hogares y en forma digna. Denunciamos la exposición, el maltrato, las malas condiciones sanitarias y la falta de información. Queremos que se ocupen de los adultos mayores, los enfermos y los niños. Esto es una bomba a punto de explotar. ***Desde el Cyan Americas Tower

31 de marzo de 2020
A los millones de jóvenes combatientes, a los miles de presos políticos chilenos

Cada vez que tengo oportunidad, les cuento a los hermanos argentinos que sin interrupción desde 1986, todos los 29 de marzo nosotros, lo jóvenes rebeldes, conmemoramos en Chile el día del Joven Combatiente. Les cuento a ellos que, en 1985, los pacos de Pinochet asesinaron en el barrio Villa Francia, una pequeña población proletaria de la comuna de Estación Central en Santiago de Chile, a los hermanos Eduardo y Rafael Vergara Toledo, dos jóvenes de 21 y 17 años. Les cuento que eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario - MIR, y que ese día ellos se encontraban organizando en la calle, en pleno toque de queda, una protesta por el asesinato de Mauricio Maigret, otro joven militante. Les cuento también que tres años después, muere en una acción de combate su hermano mayor, Pablo Vergara Toledo. Les explico que el 29, los jóvenes organizamos una jornada nacional de protesta en centenares de barrios populares de todo el país, en la que hacemos intervenciones políticas y levantamos barricadas en honor a nuestros compañeros caídos. Les explico también cómo los distintos gobiernos de la democracia año tras año despliegan un operativo gigante para tratar de desmantelar nuestro día de lucha, sitiándonos con escuadrones de pacos, lanza gases, lanza aguas y buses de detención. Les cuento que en la Villa Francia precisamente y de dónde por cierto es mi familia, desviaban desde la mañana el transporte público para aislarnos, nos cortaban la luz a veces durante todo el día, y cuando se oscurecía nos sobrevolaban los helicópteros e iluminaban los patios de nuestras casas con sus linternas militares gigantes desde el aire. Les cuento que nos reuníamos para marchar, y que a punta de molotov si era necesario, llegábamos al memorial de la esquina donde fueron asesinados los chiquillos para gritar: <<-¡Hermanos Vergara Toledo!, -¡Presentes. Ahora y siempre!, -¿Quién los mató? -¡Los pacos culiaos!, -¿Quién los vengará? -¡El pueblo!, -¿Y cómo compañeros? -¡Luchando, creando. Poder Popular!>> Les explico que los 29 salimos a quemar neumáticos y a tirar piedras para repudiar la violencia de las fuerzas del Estado, y reivindicar el derecho del pueblo a la violencia organizada. El mismo derecho que ejercieron muchos de los jóvenes que cayeron en Dictadura, y el mismo que como estudiantes después aprendimos a ejercer. ¿Porque acaso se atrevería alguien a negar que esa era nuestra identidad cuando uniformados con camisas blancas y chalecos oscuros como pingüinos, salíamos miles de estudiantes pobres para exigir Educación Libre y Gratuita? ¿Recuerdan cómo todo el mundo, inclusive los que nos odiaban, envidiaban nuestra vitalidad para repletar la Alameda en pleno diluvio de julio, y aun mojándonos los calcetines teníamos energía para enfrentarnos como bestias contra los pacos? ¡Y todavía nos quedaba ánimo para ir cantando arriba de las micros devuelta a las asambleas! Ahora ustedes saben mejor que yo, que esa misma identidad combatiente está presente en la Primera Línea. Tuve ocasión de contar que ahí levantan trinchera y pasan a la ofensiva. Que ahí forman grupos que, organizados en filas, acarrean adoquines y escombros. Que desde ahí tiran todas las piedras y bombas caseras que son capaces de llevar. Que ahí las compañeras han formado escuadrones desde los cuales lucen con disciplina la puntería de sus resorteras. Que ahí, cuando la represión rompe el cerco, muchos de ustedes se quedan para enfrentarse cuerpo a cuerpo, y si es necesario, se suben arriba del lanza-aguas para romper el tubo de lanzamiento. Ahí compañeros, dónde no temen perder sus ojos, su libertad y sus vidas. A veces confundo cuánto narro de Chile y cuánto narro de la Ilíada. Son increíbles, compañeros, porque aún insatisfechos de sus proezas, con sus manos escolares y feroces clausuraron con toneladas de piedras la estación del Metro Baquedano, para que nunca más el enemigo la usara como centro clandestino de tortura. En menos de 24 horas, levantaron un memorial en nombre del Primera Línea Mauricio Fredes, caído en Plaza Dignidad. Volvieron, como Gustavo Gatica, a protestar a la misma Plaza donde meses antes la represión les mutiló los ojos y los hirieron con municiones de plomo. Ustedes compañeros, son lo que escribieron un boletín que, desde una cárcel del sur de Chile, exigen su liberación y llaman a sus familias y a toda la población a seguir luchando. Ustedes se amotinaron en la cárcel n°1 de Santiago para denunciar que no estaban recibiendo asistencia sanitaria en medio de la pandemia. Al enterarnos en casa de todas esas cosas lloramos de pura admiración. Lloramos de saber que combaten con furia, con urgencia, con necesidad, con belleza. Ahora es para derrocar al presidente, y aunque el sentido profundo de nuestro combate fue siempre el mismo, esta vez toda la clase obrera parece jovial también. Como dijo un camarada, la violencia no es sólo un agente del mal, porque desempeña también un papel revolucionario, un instrumento con el cual nos abrimos camino para parir una nueva sociedad, rompiendo las formas políticas muertas y fosilizadas. Este 29 de marzo será raro, ¿no? Acá pasó algo parecido con el 24 de marzo, la fecha del golpe militar argentino en donde el pueblo sale a marchar para conmemorar y exigir justicia por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura. ¿Cómo lo harán ustedes? ¿A qué hora se levantarán de sus camas? ¿escribirán comunicados? ¿pondrán canciones de lucha a todo volumen desde sus hogares o sus celdas? ¿los que puedan, llegarán a pisar de casualidad las veredas, afuerita de sus casas? Acá nosotros escribimos consignas sobre pañuelos blancos como los de las Madres de la Plaza de Mayo, y los colgamos desde nuestras ventanas y balcones. Si ahora no pueden, pronto ya será. Es irónico cómo para garantizar el aislamiento y la vida en esta pandemia, se está haciendo indispensable salir a reunirse para conspirar. Pronto volverá a ser furioso, urgente, necesario, y hermoso. Seguiremos luchando pronto todos. Pronto los libres y los encarcelados que exigimos liberar. Pronto allá y también acá. Será como ustedes mismo lo sentenciaron cuando durante el festejo de año nuevo, avanzaron con antorchas ardiendo cuáles prometeos, y extendieron ese lienzo que decía "2020: La Revolución Continúa" para anunciar la nueva era. En nuestro día, los abrazo compañeros. En mi puño, en mis banderas, en mi mente, en mi corazón, en mi vida, y en la Revolución: ¡Honor y Gloria a los Jóvenes Combatientes! Buenos Aires, 29 de marzo del 2020

31 de marzo de 2020
Denuncias y reclamos en el Hospital Italiano

El lunes 30, la Comisión Interna del Hospital Italiano, a través de un comunicado de prensa, denunció que cinco de los trabajadores de dicha institución se encuentran infectados de COVID-19. El comunicado denuncia que los trabajadores advirtieron los riesgos a los que se estaba exponiendo al personal y a los usuarios, pero que, sin embargo, las autoridades desoyeron sus reclamos en materia de bioseguridad. El domingo 22, acompañados por la CI, habían realizado un aplausazo con corte de calle en uno de los accesos al hospital para denunciar la falta de insumos básicos como barbijos y guantes y el incumplimiento de las licencias para grupos de riesgo. Esta acción fue la respuesta a un comunicado interno de la dirección del hospital que, días atrás, presentó un “plan de trabajo” basado en la flexibilización temporaria de la jornada laboral. Los trabajadores advertían que se estaba frente a un posible foco infeccioso dado que una de las trabajadoras, con Covid-19, había estado en contacto con, al menos, 70 compañeros antes de que le diagnosticaran la infección. Cabe agregar que el testeo de esta trabajadora fue voluntario, ya que no se realizaron análisis masivos entre los trabajadores aún. Los trabajadores denuncian, además, que una trabajadora ha sido obligada a presentarse a trabajar sin cumplir la cuarentena obligatoria y negándole la licencia al regreso de un viaje del exterior. También revelaron que los laboratorios donde se encontraron los cinco casos positivos no fueron aislados tal como indica el protocolo de bioseguridad. Los abogados de los trabajadores presentarán un amparo contra las ART, que rechazan las licencias por Covid-19, la cual no es reconocida aun como una “enfermedad de riesgo”. Antes de que el gobierno de Alberto Fernández decretara la cuarentena obligatoria, los trabajadores del hospital ya se encontraban en deliberando las medidas y denunciaban el riesgo que conllevaba la ausencia de medidas de protección frente a la pandemia que se avecinaba. Al día 29 de marzo, se hallaban 58 pacientes internados, de los cuales 15 ya son casos confirmados de Covid-19. Hasta ahora, se reportó un fallecimiento. Los trabajadores del Hospital Italiano realizan sus tareas con temor a infectarse y ser transmisores para sus familias y el resto de la sociedad. Frente a la negligencia de la dirección, la comisión interna reclama que los trabajadores sean incorporados al comité de crisis del hospital, que se garanticen las licencias al 100% y todas las medidas de bioseguridad que el personal reclama.

31 de marzo de 2020
Farmacity: asamblea y reclamos
Corresponsal

Los trabajadores de Farmacity han empezado a levantar la voz para resguardar su salud y las de sus familias frente a esta pandemia, en el marco de la cuarentena obligatoria decretada por el gobierno. En una punta de la cadena comercial están los trabajadores del Centro de Distribución (CDF), encuadrados en Camioneros. En el CDF hay unos 200 trabajadores efectivos más un centenar de eventuales, con contrato a plazo fijo y monotributistas que han establecido su desconformidad en seguir "produciendo" (distribuyendo a los locales) productos "no esenciales" como hebillas, snacks, golosinas, maquillaje, etc. El lunes 30, a las 6 de la mañana, los trabajadores del depósito de Ciudadela se convocaron en asamblea y decidieron dividir los turnos. Un rato después, llamaron a la gerente y al departamento de recursos humanos y éstos aceptaron que se dividiera la asistencia del personal por la mitad. Una semana trabaja cada grupo con pago del salario completo (que incluye viático y comida) para los licenciados. Un triunfo. La empresa había amenazado con descontar los ítems "no remunerativos" del salario a quienes tomaran licencias por tener cuadros de riesgo (algo así como el 40% del salario conformado del sector logística, que está encuadrados en Camioneros). El cuerpo de delegados, que responde al sindicato, no convocó a una sola asamblea para definir cómo proteger la salud de sus afiliados. Por el contrario, avaló los abusos patronales con la excusa de no generar "licencias desmedidas en el personal". El éxito es todo de los trabajadores. En las sucursales, donde la afiliación es al sindicato de farmacia (ADEF), los reclamos son: -Licenciar al personal de cosmética, ya que es innecesaria su exposición en un salón por el que circula mucha gente. -Reducción de la jornada laboral de todo el equipo para acortar el tiempo de exposición de los trabajadores y los peligros en horarios nocturnos. -Disminución del contacto con los clientes mediante la atención por ventanilla. La burocracia de ADEF no ha tomado nota, aunque el mayor núcleo de afiliados está, justamente, en Farmacity y el reclamo de "Farmacia si, Shopping no" se robustece hora tras hora. En este momento, los trabajadores de Farmacity cuentan con unas de las armas más genuinas de la clase obrera, organizarse para hacer frente a esta falsa cuarentena en donde el capital no quiere ceder ni un paso (ni un centavo) a costa de exponer la seguridad psíquica y física de los trabajadores.

31 de marzo de 2020
Coronavirus y asbesto: una alianza mortífera
Olga Cristóbal y Ramón Acuña

Paul Goldschmidt es un prestigioso virólogo y farmacéutico argentino radicado en Francia que acaba de establecer una relación directa entre la altísima tasa de mortalidad por coronavirus de la población de Lombardía y que en esa región de Italia estaban radicadas todas las fábricas de fibrocemento, que usaban asbesto (amianto), hasta que fue prohibido en 1992. Lombardía, dice Goldschmidt, es el lugar del mundo con más asbestosis y donde mueren más personas por mesotelioma, el cáncer de pulmón producido por asbestosis. Los techos, los aislantes, las paredes tenían amianto. “En las autopsias que se hicieron en Lombardía en los últimos diez años, el 85 por ciento eran por exposición laboral. Tumores malignos con localización pulmonar y peritoneal”, dice Goldschmidt. El amianto se pega a la ropa, a las fibras. Sus efectos son perdurables. “En 2019 hubo 3,6 por ciento más muertes que en años anteriores en hombres y en mujeres mayores de 65 años. Y hasta el 2030 se calcula que habrá 20 mil más”, dice el especialista en un largo reportaje de Infobae (28-3). Las razones de la catástrofe sanitaria no se explican, a su juicio, por la letalidad del coronavirus sino por la letalidad de los recortes presupuestarios que dejaron a España e Italia, entre otros países, sin camas, tomógrafos y respiradores, pero también sin un número suficiente de enfermeros, médicos y neumonólogos capaces de hacerse cargo de este tipo de crisis. En Italia, dice, “desde hace 25 años cierran camas y no crean cargos médicos. Y mucho menos médicos de terapia intensiva que trabajen en los hospitales. Prácticamente no hay servicios de terapia en las ciudades chicas”, agrega. En Alemania hay seis veces más respiradores que en Italia y diez veces menos muertos por la misma patología Pero en el caso de la Lombardía, al desmantelamiento crónico del sistema de salud se suma una población de personas mayores con pulmones con cáncer o lastimaduras crónicas, que hacen que una infección viral se transforme en una infección mortal. “Un pulmón agredido por una fibra mineral, tendrá una reacción distinta a un pulmón sano. Y no es casualidad que muera más gente donde están las fábricas de amianto.” Asbesto en el subte porteño Fueron los trabajadores del subte de Buenos Aires los que llamaron la atención sobre la presencia de asbesto -prohibido en el país desde 2001- en las formaciones. El taller Rancagua lleva 252 días de medidas de fuerza en defensa de la salud de trabajadores y usuarios. Hoy está probado que Mauricio Macri compró vagones usados a Madrid consciente de que tenían asbesto. La respuesta del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta fue miserable. Acusó a los trabajadores de fabular hasta que los estudios corroboraron que había trabajadores afectados con enfermedades pulmonares. Ante la evidencia, el gobierno realiza las pruebas médicas con cuentagotas. A la fecha, de los 4.500 del subte, solo se efectuaron estudios a 700. En 18 de los trabajadores estudiados se encontró neumoconiosis, una enfermedad pulmonar por exposición al asbesto. Hay 4 casos probados de cáncer y a un trabajador ya le sacaron un tumor. La exigencia de los trabajadores es clara: la renovación total de la flota de las líneas B, C y E. Un plan de desabestización de las seis líneas y el Premetro bajo supervisión de los trabajadores y usuarios. La incorporación de todos los trabajadores del subte al RAR, el registro de agentes de riesgo que implica un control anual con placas radiográficas y espirometrías. En la Ciudad de Buenos Aires el asbesto está presente también por lo menos en 24 escuelas públicas. Ni la desasbestización del subte ni la de las escuelas estuvo contemplada en el Presupuesto que votaron los legisladores porteños, mucho antes de que el coronavirus les sirviera como excusa.

31 de marzo de 2020
Alemania, un impasse sanitario y político

El ministro de finanzas de Hesse (región donde se halla Frankfurt, centro financiero alemán), Thomas Schaefer, se suicidó preocupado por las consecuencias de la crisis del covid19 en su país. Era parte del partido gobernante CDU (demócratas cristianos), de Angela Merkel, y era candidato para suceder al ministro de economía, Volker Bouffier (ámbito, 29/3). Alemania sería uno de los países cuyo sistema de salud es más “robusto”, ya que posee un mayor número de camas por habitante y hace mayor cantidad de tests. También su economía estaba por encima de la media europea y Alemania es considerada el “motor” de Europa. Se estima que el PBI alemán caerá un 5%. La “confianza empresarial” se derrumba, a pesar de anunciar el paquete de rescate más importante desde la segunda guerra mundial (750.000 millones de euros). Esto no evitó que el Thyseen Krupp haya anunciado despidos masivos hasta 2026, que afectarán a más de 3.000 trabajadores –ajuste bajo la supervisión del sindicato IG Metall. Las acciones subieron al otro día de anunciados los despidos. Se prevé una ola de despidos en Alemania por la caída económica mundial que preanuncian como una nueva “gran depresión”, que haría inefectivo cualquier intento de evitar despidos masivos. La precarización laboral y el amarillismo sindical aceleran los despidos y suspensiones. El seguro de desempleo se ubica en el 60% de los salarios netos, 67% para aquellos que tienen hijos. Esta situación anticipa choques sociales más severos. A los más de 8 millones de empleos precarios que registra Alemania actualmente, se les deben sumar la masa de desocupados y de empleos temporarios. Pero los trabajadores no-precarios también tienen grandes problemas para enfrentar la cuarentena porque, en promedio, el 30% de un salario está compuesto por primas, entre ellas, el presentismo. Volkswagen cerró temporalmente todas sus fábricas con 80.000 trabajadores y pasa por encima de los derechos de los trabajadores y los convenios firmados por la situación de “emergencia”, cuando en los tiempos “normales” cosecharon ganancias récord sin repartir un euro. Los empresarios no pagan los seguros sociales, deuda que recaerá bajo la forma de más impuestos sobre los trabajadores. El sistema de salud alemán perdió gran cantidad de camas, comparado con el período anterior a 1989, y hubo un avance significativo de la salud privada. Entre 1991 y 2017, el número de hospitales en Alemania cayó de 2.411 a 1.942, y el de las camas, de 665.565 a 497.182. El personal de salud gana en promedio menos de 12 euros la hora, sin licencias y con una baja rotación de servicios. Alemania tiene problemas con el suministro de máscaras y respiradores, según anunció Der Spiegel. Hay amenazas de cerrar hospitales enteros por los contagios sobre el personal y la falta de suministros de seguridad, hay faltantes de alcohol en gel y barbijos. Esto no es novedad, porque el ministerio de salud había sido advertido de los faltantes en enero, cuando se estima que la enfermedad podía golpear el viejo continente. Lothar Wieler, jefe del Instituto Robert Koch, dijo a Frankfurter Allgemeine Zeitung que Alemania tiene una baja tasa de mortalidad porque “estamos testeando a muchas personas”, pero “no podemos descartar que tendremos más pacientes que ventiladores en este país. Por supuesto, debemos esperar que las capacidades no sean suficientes” (29/3). A pesar de que las bolsas hayan “repuntado” después de los anuncios, y el “optimismo” de los líderes del gobierno, Schaefer “estaba muy preocupado de que no fuera posible cumplir con las enormes expectativas de ayuda de la población” (ámbito, 29/3). Alemania, el motor europeo, es la mejor representación del enorme impasse político de la burguesía mundial, que no posee ninguna salida ya no solo al Coronavirus sino directamente a la bancarrota que se ha desatado.

31 de marzo de 2020
Gaza, “una sentencia de muerte”

Ningún lugar del mundo está más en riesgo que la Franja de Gaza de transformarse en una catástrofe humanitaria. Ni siquiera África donde –dice Tal Harris, Coordinador de Comunicaciones Internacionales de Greenpeace África, desde Dakar, a título personal y sin comprometer a la ONG (textual)– “mil millones de africanos están en riesgo de contraer(lo)” (Haaretz, 31/3). En Gaza, “más del 70% de la población son refugiados que viven en una de las zonas más densamente pobladas del mundo…la falta de equipos de prueba ha significado que sólo 92 personas, sobre una población de 2 millones, haya hecho la prueba del virus. Tras 13 años de asedio israelí y la destrucción sistemática de infraestructura esencial, las condiciones de vida en la Franja están marcadas por la pobreza extrema, el saneamiento deficiente y la falta crónica de drogas y equipos médicos (por ejemplo, solo hay 62 respiradores en Gaza, y solo 15 de estos están actualmente disponibles para su uso)” (The Bullet, 31/3). Netanyahu está acusado por “crímenes de guerra” ante la corte internacional de la Haya por bombardeos sistemáticos y el crimen del encierro desde hace más de 13 años del pueblo de Gaza. Todas las fronteras y medios de trasporte para entrar o salir del territorio de sólo 365 km cuadrados se encuentran bloqueados. En este cuadro -dice Shannon Maree Torrens, abogada australiana ante la Corte Penal Internacional, de la Universidad de Sydney-, “el coronavirus es una sentencia de muerte para los palestinos enjaulados en Gaza”. Esto decía el 12 de marzo; el día 22, sentenció que es de prever “un desarrollo increíblemente aterrador, con consecuencias potencialmente devastadoras para quienes viven en el enclave. Si el COVID-19 se extiende en Gaza, y particularmente si se extiende por todo el territorio, las ramificaciones son absolutamente inmensas tanto para los habitantes de Gaza como para Israel como potencia ocupante” (Haaretz). Trump desde hace 18 meses ha bloqueado toda ayuda humanitaria a la Franja. Israel sólo ha proporcionado “unas 200 pruebas de coronavirus a Gaza”, o sea “una prueba por cada 10.000 personas” (ídem).

31 de marzo de 2020
Los trabajadores de Salud Mental frente al coronavirus

La resolución del domingo 22 del Gobierno de la Ciudad, que insta a los hospitales a derivar tres enfermeros por institución médica a los hoteles donde se encuentran aislados los repatriados, abarca a los trabajadores de los hospitales e instituciones de salud mental. La aplicación de esta comunicación tiene implicancias profundas en lo que respecta a los hospitales monovalentes de salud mental. En tres días han surgido fuertes denuncias de parte de los trabajadores. En estas instituciones conviven pacientes internados y pacientes con tratamientos ambulatorios. En el caso de los pacientes internados, los profesionales son su único contacto con el medio exterior en este momento, ya que las autoridades han determinado un cierre total de visitas a fin de evitar el ingreso del virus. Por otro lado, y teniendo en cuenta el riesgo al que están expuestos los trabajadores designados para los hoteles, su presencia y contacto con los internados podría desatar una ola de contagios. “La población internada se encuentra en situación de encierro en servicios donde comparten espacios comunes ser como baños, comedor, sum, kiosco, procedería y cantina. Transitando libremente por el parque del hospital, sin que se halla señalizado correctamente el espacio de circulación” (Comunicado Agrupación Naranja Blanca, Hospital Moyano, 28/03). Frente a esta delicada situación, los trabajadores reclaman que se haga cumplir la cuarentena correspondiente a los trabajadores el hospital que prestaron tareas en los hoteles, a fin de evitar contagios y una masiva propagación del virus dentro del hospital. En los centros de salud, a los que concurren los pacientes ambulatorios, los reclamos también se multiplican. Los profesionales denuncian que están siendo expuestos a graves riesgos, sin ninguna herramienta para detener el contagio. Los trabajadores profesionales del Centro de Atención de Salud Mental N°1 “Dr Hugo Rosarios” denuncian la falta de condiciones de bioseguridad, capacitación, directivas y organización; denuncian la falta de responsables y protocolos para poder desarrollar sus tareas. Los profesionales del Centro de Salud N°3 “Arturo Ameghino” denuncian que, frente al reclamo de protocolos claros, condiciones de bio seguridad y distintas propuestas de trabajo, para reducir riesgo, el gobierno ha respondido con un ultimátum, ignorando a los trabajadores. Los trabajadores de las instituciones de salud mental -desde los centros de atención hasta los hospitales Moyano, Tovar García y Borda- reclaman por procedimientos efectivos de triage, espacios confinados para pacientes de regímenes ambulatorios, que se respeten las licencias de población de riesgo, a fin de preservar el personal; cobertura de ART para todo personal que pueda sufrir de contagio. Los trabajadores se unen, además, al reclamo de los usuarios por líneas y teléfonos para poder establecer la comunicación con sus familiares.

31 de marzo de 2020
Sobre el artículo de Altamira sobre crisis capitalista y Covid19
Daniel Pateau

Jorge: Coincido con vos en muchas cosas, pero en tu artículo cometés varios errores. Algunas de mis opiniones. El derrumbe de Wall St. no fue un cisne negro-como dicen todos- sino una tormenta perfecta, aunque el capital jamás lo admitirá. En 2019, gracias al crédito regalado, las corporaciones recompraron sus acciones, creando una burbuja. Si mirás el precio de S&P 500 de hace solo 1 año es igual al de ahora después del derrumbe total. Y nadie decía que el precio del S&P 500 era bajo ni alto entonces. O sea, el derrumbe post-Covid19 es solo volver a los precios de 1 año atrás. Obvio, el que compró acciones en 2019 está jodido hoy. Los bonos corporativos bajaron de precio porque las empresas que los emitieron bajaron de calidad y futuro hoy. El virus solo aceleró lo que iba a suceder igual, aumentando la gravedad de la caída...pero no tanto. La respuesta para paliar esto, QE (Quantitive Easing) es la misma que en 2008/9, pero mayor. Los bancos centrales emiten dinero sin respaldo y salvan empresas (bail out). En EEUU emitir a lo bobo no implica inflación, como aquí. Ellos esterilizan emisión emitiendo bonos soberanos que todos compran como resguardo. Aquí hacen lo mismo con Lelic pero para eso deben pagar 70 % de tasa, no 0,50 % como allí. Ergo, es inflacionario. Decís que no funcionará porque a la riqueza la crea el trabajo, no el capital. Ojalá fuera tan así. Hay más dinero y riqueza creada por lo financiero que dinero relacionado con producción real. Hace mucho, lo sabés. El capitalismo tiene ganancia baja-coincido con vos- hace mucho, pero salvo las crisis (2008 y 12 años después, ahora) funciona inventando economía financiera. Un relato que, mientras todos los crean, funciona. Lo que sucede después de estas crisis, ahora potenciada por el virus y la disrrupción económica, es socialdarwinista. Supervivencia del más apto. Ergo mayor concentración de riqueza y caída de nivel de vida de las mayorías. Pero esto es inherente al capitalismo, no fruto de una situación de caída como decís vos. Es el camino a (perdón Lenin) la fase superior del capitalismo. Superior significa más concentrado y monopólico con gobiernos semifascistas votados por la gente (EEUU, gran parte de Europa, Brasil, etc.). o dictatoriales con características difíciles de definir como en China (no es más stalinismo, no es democracia burguesa, me encantaría que me dijeras qué es). Cuando hablas de "ir al oro " te contradecís entre un párrafo y otro. Decís que aumentará el precio del oro y después decís que no. A hoy no aumentó, los capitales que salieron de acciones y bonos no fueron al oro. Comprendo que por motivos propagandísticos debas decir que estamos al borde del derrumbe del capitalismo. No coincido. ¿Sería mejor si dijeras que vamos a una etapa como la que describo arriba en vez de crear falsas ilusiones? Sabés que solo caerá si es reemplazado por el socialismo, y como ni vos ves que estamos cerca de ganar la vanguardia de la clase obrera mundial para formar el partido que lo lidere, capaz que sería mejor decir la verdad. Sería educativo. Obvio, no ganaríamos adeptos nuevos. Eppur si muove.

31 de marzo de 2020
Coronavirus y ART
Pablo Diéguez

Los médicos, enfermeras, trabajadores de la salud están obligados a trabajar durante la cuarentena por ser considerar que desarrollan "actividades especiales", como los de la alimentación. Ahora bien, si contraen la pandemia o fallecen, estos trabajadores no son cubiertos por las ART. No reciben las llamadas "prestaciones médicas" y, en caso de fallecimiento, la familia no cobra la indemnización por muerte que le corresponde por ser un accidente trabajo. A pesar de los reclamos, en especial de los trabajadores de la salud, el gobierno no sacó ningún DNU y el Congreso tampoco trató ningún proyecto que incluya al Coronavirus como "enfermedad laboral" o "profesional", pasible de ser contraída en el lugar de trabajo o entre la casa y el domicilio donde trabaja o viceversa ("in itinere"). Son millones de trabajadores, entonces, los que están obligados a trabajar sin ninguna cobertura para ellos o sus familias. Las ART ya adelantaron que no se van a hacer cargo y que, si algún trabajador presenta un reclamo judicial, lo van a apelar, hasta llegar si es necesario a la Corte Suprema. Eso puede llevar a que el juicio dure varios largos años, mientras el trabajador y la familia continúan en el desamparo total.

31 de marzo de 2020
Recortes y ajuste en El Cronista

Los trabajadores de El Cronista logramos la proeza de, en horas, reconvertir todos nuestros procesos de trabajo para sacar el diario, las revistas y el 100% de los productos en forma remota. Lo hicimos desde nuestros hogares, con todos los costos de teléfono, internet y uso y desgaste de nuestros equipos, a nuestro cargo. En jornadas extenuantes. Fue tal el compromiso de los compañeros y el éxito del resultado que la empresa envió un mail de felicitaciones y agradecimiento a los trabajadores por los logros obtenidos, reconociendo el esfuerzo. Sin embargo, un par de días después la empresa informó que, a partir de Pascua, suprimirá la opción de pago en dinero de los feriados y francos trabajados y sólo los compensará con un día de descanso, en abierta violación de los estatutos y convenios que rigen nuestra actividad y desconociendo, además, los "usos y costumbres" establecidos en nuestra empresa, que tienen rango convencional. La decisión patronal es un ataque a nuestros salarios porque la opción de pago en dinero de los feriados es un recurso que la mayoría de los compañeros de la redacción usa para completar sus magros ingresos, resultado de cinco años de paritarias a la baja. Se debe recordar que los trabajadores de prensa somos casi el único gremio que no completó su paritaria 2019/2020. Por lo tanto, hemos atravesado todo este período inflacionario con tan sólo un 15% de aumento, más las subas por decreto del gobierno. En el caso de El Cronista estas sumas fueron indebidamente absorbidas con un adelanto a cuenta que habíamos conseguido mediante un plan de lucha, otro accionar ilegal y artero de la patronal. En una asamblea virtual realizada el lunes por la noche, ni bien se conoció la novedad, los trabajadores masivamente repudiamos la decisión y dejamos en claro que haremos uso del derecho que nos asiste de no trabajar los feriados si la patronal persiste en su decisión de no pagarlos. Tampoco aceptaremos adelantar trabajo en días normales para cubrir el feriado. Los trabajadores también resolvimos reclamar el reintegro de los gastos ocasionados por el teletrabajo, que serán debidamente documentados por cada compañero que incurrió en ellos. También y ante la posibilidad de que, luego de Semana Santa, el Gobierno suspenda o relaje el régimen de aislamiento social obligatorio, los trabajadores volveremos a nuestro lugar de trabajo sobre la base de ciertas condiciones de seguridad, higiene y prevención sanitaria que estarán contenidas en un protocolo que será discutido en las próximas asambleas. COMISION INTERNA El Cronista Comercial SiPreBA

31 de marzo de 2020
Trump exige cambio de régimen en Venezuela para levantar el bloqueo

Hace un par de horas el gobierno de Trump emitió una declaración que condiciona el levantamiento de las sanciones brutales contra Venezuela y el otorgamiento de ayuda económica para hacer frente al coronavirus, a que Maduro pase el gobierno a un Consejo de Estado que deberá ser electo por la Asamblea Nacional. El mundo asiste a una de las extorsiones más criminales que el imperialismo haya aplicado en su larga historia, para imponer un gobierno colonial que llevaría ese carácter desde su misma acta de nacimiento. Las sanciones en cuestión constituyen un bloqueo económico y político contra Venezuela en tiempos de paz. El planteo de un Consejo de Estado que designaría a un presidente bajo su control ya fue ventilado sin éxito en las negociaciones que tuvieron lugar en Oslo, entre oficialismo y oposición, bajo la mediación de Noruega. En el ultimátum de Trump al menos, se establece que sería designado por la Asamblea Nacional, para lo cual exige la asistencia de diputados exiliados o que se encuentran presos – de la oposición. La composición del Consejo, de cuatro personas, debe asegurar la paridad entre opositores y oficialistas, que deberán designar a un quinto individuo para Presidente, que no podrían ser ni Maduro ni Guaidó. Dos de los cuatro deben ser gobernadores en funciones, de modo que legitima la larga lista de mandatarios estaduales afines al gobierno. Las jerarquías de las Fuerzas Armadas conservan sus posiciones actuales durante el período de transición. El memorando elevado por Trump levanta las sanciones y pedidos de arresto contra los miembros del gabinete, las fuerzas armadas y los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Las elecciones a diputados y a presidente, que deberían tener lugar en seis a doce meses, serían precedidas por un Consejo electoral de composición paritaria, en conformidad con la Constitución de 1999 – la anterior al inicio del período chavista o bolivariano. La ‘oferta’ del imperialismo norteamericano sobreviene dos semanas después de que el FMI se negara, “rápidamente” dice con intención la prensa internacional, a dar un préstamo “humanitario” que solicitó Venezuela, alegando no saber cuál era el gobierno legal del país. Para Jorge Arreaza, el vicepresidente de Venezuela, este “Encuadre de un Transición Democrática para Venezuela”, que presentó oficialmente Mike Pompeo, el ex CIA que oficia de canciller de Trump, demuestra que Trump y la oposición venezolana “se han perdido en su propio laberinto”. Es claro que la propuesta sólo puede prosperar mediante un golpe de estado, para el que define un recorrido distinto al reclamo de sustituir a Maduro por Guaidó; de hecho, el reconocimiento de Guaidó como presidente, por parte de EEUU, la UE y el grupo de Lima ha sido echado a la basura. Trump ‘destituyó’ de hecho a Guaidó al pedir el acuerdo público de sus aliados. Que Elliot Abrams, un halcón de la política norteamericana, lo interprete como un apoyo a Guaidó, revela las fracturas que vuelven a manifestarse en el gobierno de Trump respecto a Venezuela. Algunos despachos de prensa dejan ver que Gran Bretaña y la Unión Europea no acompañan el propósito golpista – entienden, al revés, que hay que usar una ayuda contra la epidemia para avanzar en un futuro ‘cambio de régimen’ (editorial Financial Times, 3.3). El punto es, sin embargo, que Venezuela enfrenta el coronavirus en las peores condiciones imaginables, pues un barbijo cuesta, para el caso, ocho dólares cuando el salario mensual es de cinco, y el sistema de salud se encuentra en quiebra. Sin condiciones de proceder a una acción militar, dada la enormidad de la crisis mundial pandémica, política y económica en desarrollo, Trump intenta otra vez la vía de un golpe ‘incruento’, usando la presión de un peligro de catástrofe humanitaria en Venezuela. La extorsión criminal del planteo de Trump constituye por sobre todo, sin embargo, una suerte de declaración de guerra contra Rusia y una amenaza a Cuba. El manifiesto de Pompeo exige el retiro de las “fuerzas de seguridad” extranjeras, como denomina a los asesores rusos y cubano del gobierno caribeño. Se da en el contexto de una lucha a muerte que se desarrolla en el mercado petrolero, que ha obligado a suspender la producción de petróleo y gas no convencionales en Estados Unidos, y que ya ha producido varios pedidos judiciales de protección contra quiebras, por parte de las grandes compañías, con la excepción de Exxon y Chevron. Como ocurrió en el pasado con las sanciones norteamericanas a los bancos rusos, aunque por motivos diferentes, la petrolera Rosneft decidió enfrentar las sanciones de Trump por los negocios que desarrolla con Venezuela, transfiriendo sus activos en este país al Estado ruso. El jefe ejecutivo de Rosneft dijo que, ahora, Trump podía “meterse las sanciones en el culo”. La guerra de precios en el mercado petrolero es parte de un choque mucho más global, que se manifiesta en el sabotaje económico que lleva adelante Trump contra la construcción de gasoductos que la rusa Gazprom lleva adelante con Alemania y Turquía. La pandemia, como se ve, no ha abierto un período de tregua en las guerras económicas, ni tampoco en las militares – la ‘grieta’ se ahonda. Los gobiernos imperialistas abordan la pandemia con los ojos puestos en el conjunto de sus intereses; la pandemia no iguala nada, acentúa todas las miserias que el capitalismo lanza sobre el mundo del trabajo. Una catástrofe epidemiológica en Venezuela extenderá el efecto del virus a toda América Latina y a Norteamérica toda. Entre las reivindicaciones de la lucha contra la expansión de la pandemia, ocupa un lugar de primer orden el cese de las sanciones contra cualquier país que sea.