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Junio de 2020

1 de junio de 2020 · 311 notas

Notas de este número

1 de junio de 2020
Covid-19: La Matanza, distrito de riesgo

La situación sanitaria en el distrito más poblado de la Provincia de Buenos Aires se agrava con el correr de los días, en sintonía con el ascenso de la curva de contagios en CABA y en el territorio bonaerense, de carácter verdaderamente explosivo. “A nivel provincial, son 4.752 casos confirmados, con 1219 recuperados y 210 fallecidos. La tasa de letalidad es del 4,59 % y la cantidad de testeos es de 48.782” (Primer Plano On Line, 27/5). En los barrios más vulnerables del conurbano, “los casos se triplicaron en una semana. Según el ministro de Salud provincial, Daniel Gollán, ‘el 14 por ciento de positivos viven en villas de emergencia’” (La Nación, 27/5). En La Matanza, se duplicaron los casos de personas fallecidas por covid-19: en pocas horas, el número muertos por la enfermedad saltó de 10 a 19, sobre un total de 601 casos confirmados, según un informe de Matanza Digital (28/5). Hasta el momento, la única reacción del intendente Espinoza, ante la pandemia, ha sido instalar camas en clubes, polideportivos y hasta boliches bailables. Lejos está la posibilidad de apurar la inauguración y puesta en funcionamiento de los hospitales construidos en Laferrere y Rafael Castillo, como así también de equipar los hospitales que se encuentran funcionando en el distrito. En este momento, La Matanza cuenta con solamente 60 respiradores. Por otra parte, Espinoza aprobó la vuelta al trabajo -de la mano de la flexibilización de la cuarentena impulsada por los gobiernos nacional y provincial- de 75 empresas, entre ellas, las más grandes y emblemáticas del distrito, Acindar -donde continúa librándose una importante lucha contra los despidos y suspensiones- y Mercedes Benz. Todo el arco político patronal cede ante la presión del capital. El FdT local de Espinoza-Magario no es la excepción. Hace algunas semanas atrás, el intendente anunció un nuevo desembarco de gendarmería, cuyo número de efectivos en el distrito crece día a día. Denunciamos esto como una tentativa de armar una nueva “Villa Azul” e ir cercando los barrios donde exploten los contagios. Los trabajadores debemos actuar si queremos poner a resguardo nuestra salud y nuestras vidas mismas. Tenemos que organizarnos en cada barrio y en cada lugar de trabajo, en torno a un programa: Comisiones de higiene y seguridad en los barrios y lugares de trabajo, electas en asambleas por el voto directo de los compañeros. Elaboración de protocolos de seguridad e higiene. Provisión de EPP, a cargo de las patronales y del municipio. Testeos masivos para la población del municipio. Que el municipio garantice la provisión de bolsones de alimentos en la cantidad necesaria y con la calidad adecuada a las necesidades nutricionales de la población. Que garantice, también, la provisión de alimentos para los comedores populares. Inmediata inauguración de los hospitales de Laferrere y Rafael Castillo y equipamiento de los mismos, con todos los insumos necesarios para enfrentar la pandemia; nombramiento de todo el personal de médicos, enfermeros y paramédicos, como así también del personal de limpieza y cocina. Ampliación de los servicios de atención en los hospitales ya en funcionamiento. Construcción de espacios adecuados para que los enfermos de covid-19 puedan llevar a cabo la cuarentena en las mejores condiciones; en su defecto, que se intervengan los hoteles y se pongan a disposición para tal fin.

1 de junio de 2020
Catamarca: rebelión de docentes y estatales

Por segunda semana consecutiva, los trabajadores catamarqueños salieron a la calle a luchar contra las reformas que el gobierno de Jalil pretende imponer contra los trabajadores estatales, docentes y municipales del interior, haciendo tabla rasa con las conquistas contenidas en el Estatuto del Empleado Público y en el Estatuto Docente. Con el argumento de la necesidad de recortar el gasto en el empleo público, Jalil impulsa reformas que van a conducir a cesantías y a consagrar la precarización en la docencia: el proyecto de reforma apunta a eliminar por esa vía las vacaciones, el pago de zona desfavorable y a infligir un nuevo golpe al régimen de licencias, entre otros. Bajo la justificación de que cada docente y estudiante asista a la escuela de su barrio, promueve un ajuste histórico con la quita de derechos que datan de los años ’70 y la eliminación del boleto estudiantil. Con el mismo contenido, pretende avanzar sobre los empleados públicos. Por medio de un decreto al que la legislatura ha dado carácter de ley, las reparticiones que tenían carácter autárquico (Vialidad, Catastro, etc.) fueron disueltas y por lo tanto han dejado de contar con presupuesto propio. El gobierno ahora va a ir a por las conquistas y los derechos laborales y salariales de sus trabajadores. El gobierno maniobra frente al rechazo En un primer momento, el gobierno impulsó en el ámbito de la docencia una instancia de concertación, dando lugar a la oposición legislativa, pero también a la burocracia de los seis sindicatos que agrupan a los docentes. Esta “mesa de concertación” entró en crisis ante el repudio de la docencia, una vez que se conoció el alcance de la reforma del Estatuto y por el hecho de que los dirigentes estaban actuando en forma inconsulta. Esto terminó provocando que cinco de los seis gremios se retiraran. Estos proclamaron que la reforma se debía realizar luego que pasara la pandemia. El gobierno ratificó que, con representación docente o sin ella, se iba a reformar el Estatuto y que esto iba a ser implementado a partir del 2021. La movilización del 20 de mayo pasado tradujo el repudio general a las reformas. Sin embargo, el gobierno decidió crear una Secretaría específica para avanzar con ellas y anunció que, en 15 días, dictaría una ley marco que pautaría el ajuste que pretende imponer. La movilización del 29 Desde entonces, se produjeron un sinnúmero de protestas, movilizaciones en el interior de la provincia y manifestaciones a través de los medios y redes. Precisamente, a través de las redes surgió una autoconvocatoria que obligó a la dirigencia de los sindicatos docentes y estatales tomarla en sus manos. Así fue que se concretó la convocatoria a un “Banderazo” del pasado 29. El 29, la Plaza 25 de Mayo se vio colmada por dos mil a tres mil manifestantes de distintos niveles y áreas de la educación. Allí se realizó un acto, montado por la Intersindical docente. Los dirigentes gremiales, sin embargo, dieron un discurso conciliador, defendiendo la idea de una reforma concertada. En el caso de la docencia, durante el acto se les negó el micrófono a los dirigentes de las delegaciones docentes del interior que expresan las posturas más combativas en este proceso de lucha. Fue notable la ausencia de un planteo de continuidad y un plan de lucha, reclamado a viva voz por los manifestantes. Continuidad y perspectivas A través de las redes y por medio de delegados y dirigentes combativos de distintas localidades se han anunciado distintas medidas de movilización. El repudio y el espíritu de lucha son generalizados. La dirigencia burocrática no tiene intenciones de unir y darle continuidad a la lucha. Está planteado superar este sabotaje. En varios sectores se ha abierto la discusión de poner en pie una coordinadora de lucha contra la reforma ajustadora. Este sería un paso fundamental para unificar las medidas de lucha que emergen en todos lados y una base para arrancar o autoconvocar un congreso de delegados mandatados para votar un plan de lucha de conjunto que lleve a la victoria la lucha en defensa de los derechos laborales y salariales de los trabajadores estatales, municipales y docentes y por todas las reivindicaciones pendientes.

1 de junio de 2020
George Floyd, Los Ángeles 92, y la posibilidad de que ya nada sea igual
Hernán Moreno

El asesinato de George Floyd, a manos de la policía de Minneapolis, el pasado 26 de mayo, está provocando un levantamiento generalizado no solo en esa ciudad, sino en los principales bastiones de la comunidad negra en los barrios donde es mayoría. Suele existir una tendencia a intentar comparar, y establecer puntos en común y diferencias con otros levantamientos de la población negra norteamericana, ante hechos de brutalidad policial. Es importante no caer en una linealidad simple del conflicto, pero sí encontrar los elementos comunes que permiten comprender de manera más acabada a este último ascenso de revueltas, y así visualizar los elementos que pueden posicionar a la clase obrera norteamericana, contra la estructura de dominación burguesa y su estado imperialista. En los últimos treinta años existen en la historia de la conflictividad racial norteamericana, hitos específicos de la protesta de neto corte de clase/raza. Los Ángeles de 1992 es, hasta hoy, el máximo estertor en la lucha abierta de sectores de la comunidad negra contra la policía Angelina, que, tras dos días, se vio sobrepasada, y el Estado tuvo que recurrir a la Guardia Nacional ante la conmoción interna y la propagación del conflicto. “L.A. Riots”, como se lo conoce, pueden ser analizado desde el presente, pues muestra no solo lucha y protesta defensiva (en respuesta hacia una amenaza previa de las fuerzas policiales), sino que implicó un control territorial específico de la ciudad, expulsando a la policía. Solo luego de varias jornadas de violencia (59 muertes oficiales, y más de 2.000 heridos), y con la represión de la Guardia Nacional, se logró recuperar una zona geográfica específica donde los sectores más radicalizados de la comunidad negra (jóvenes, desocupados), en una alianza táctica novedosa con parte de la comunidad latina obrera de la ciudad, controlaron la situación. Las enormes movilizaciones de los años 2014 al 2016, la consolidación del movimiento “Black Lives Matter”, luego de las revueltas en Fergusson, Baltimore, represión brutal mediante, y detención de cientos de jóvenes, sin embargo, no llegaron al nivel de control geográfico de territorio, como sí lo fue Los Ángeles del 92. El contexto en que se desenvuelven hoy los levantamientos, si bien conserva el carácter de lucha abierta de miles de jóvenes de la comunidad negra en sus fracciones más oprimidas, vuelve a recrear en parte la alianza táctica con grupos sociales de comunidades también foco de la estigmatización, la violencia y la segregación. Latinos, y un sector de la comunidad asiática, confluyen con vastas capas sociales en muchas ciudades, pudiendo imprimir un tinte diferente, que rompa la lucha defensiva histórica, y actúe ofensivamente, agrupando a sectores duramente golpeados por el contexto de descalabro social y económico, dentro de la terrible pandemia del Covid19. Una crisis económica en ascenso, índices de desocupación solo comparables a la recesión del 29, millones solicitando seguros de paro (desempleo), y una crisis sanitaria y social sin precedentes en el país imperialista son factores que actúan mostrando en muchos habitantes del país la incompatibilidad de un sistema social agotado que no puede resolver las demandas más esenciales de su población, como son la salud, el empleo. Quienes hoy chocan con la policía en las principales ciudades de los EEUU, encuentran un medio social de descontento creciente, hambre, miseria y la imposibilidad de asegurar sus condiciones de vida. Condiciones donde la solidaridad obrera es un elemento que diferencia la muerte de George Floyd, con las revueltas de L.A. En Nueva York el sindicato del transporte de pasajeros se negó a llevar detenidos en las protestas, y a transportar efectivos policiales. Una acción que recuerda la solidaridad de los chóferes de micros en el área de la Panamericana, negándose a llevar gendarmes y policías luego de las represiones a los obreros de la fábrica Lear. El reclamo por la segregación racial y de clase, empalma con una tendencia creciente en grandes sectores de la clase obrera no blanca y acomodada, al hartazgo con el gobierno de Donald Trump, principal causa de miles de muertes en esta pandemia, muertes que golpean desigualmente a los sectores más precarizados, pobres y excluidos de la sociedad. Desde la incipiente alianza entre distintos sectores (quienes sufren históricamente la violencia policial y la segregación racial, muchos de ellos parte activa de la clase obrera de EEUU) , puede romperse el freno y el cerco también histórico que ante estas manifestaciones, aglutina a una franja social amplia, de mayoría blanca, que se opone y recurre al establishment político, Partido Republicano, o el factor de contención política de la comunidad negra y las minorías, el Partido Demócrata, y así avanzar en la organización independiente de la clase obrera norteamericana, que rompa los canales que actuaron como válvulas de institucionalización e integración del conflicto, y choque contra todo ese sistema de opresión y explotación que normaliza y torna en estadística fría a quienes como Floyd cayeron a manos de la violencia policial.

1 de junio de 2020
Ahora Techint no quiere el ATP

En Política Obrera hemos denunciado el desconocimiento de la llamada prohibición de despidos de parte de Techint, primero 1.450, encuadrados en la UOCRA y luego los despidos masivos en la tercerizada de Siderca, Ferrúa, de Campana. Denunciamos también el armado de una tercerización del 50% de su personal y las intenciones de despedir 1.500 trabajadores más de sus empresas. “Planeros, pero hasta ahí” La distribución del ATP -por la cual el gobierno nacional se hace cargo transitoriamente del pago del 50% de los salarios de las empresas que adhieran a este plan de asistencia- se ha revelado como una verdadera caja de pandora. En el primer anuncio se anotaron 480.000 empresas para acceder a estos beneficios, pero solo 280.000 de ellas lo han hecho efectivo, pues al revelarse la lista de beneficiarios -que incluían a grandes grupos económicos- comenzaron a introducirse mayores controles y requisitos para acceder al beneficio, miles de empresas lisa y llanamente desistieron del reclamo iniciado e incluso muchas de ellas -entre otras, las tres de Techint- devolvieron los préstamos del ATP, incluso con intereses. ¿Que hizo que se produjera ese “desinterés”? Los motivos son varios. En primer lugar, porque las nuevas reglas limitan la compra de divisas de las empresas. Segundo, prohíben distribuir dividendos -al inicio del programa de ATP, la prohibición de distribuir dividendos era por un período fiscal y sólo para empresas con más de 800 empleados; posteriores resoluciones, emanadas el 12 y el 17 de mayo, extendieron la prohibición hasta diciembre de 2022 e incluyeron a todas las firmas que recurren al ATP. Una resolución oficial instruyó a la AFIP y a la Anses a brindar la información del ATP a la Jefatura de Gabinete, medida que los abogados de las grandes patronales la consideraron violatoria del secreto fiscal y un mensaje extorsivo violatorio de la ley de protección de Datos Personales. Entre no presentar el verdadero movimiento de las empresas y recibir el 50% del salario, las patronales están eligiendo lo primero. Es una fuerte apretada política al gobierno, para que acuerde con los bonistas y libere el mercado de cambios. Paolo Rocca, presidente del Grupo Techint, participó hace poco de una charla con el ministro Guzmán y se decidió por rechazar los ATP e ir a fondo con los despidos. La primera decisión fuerte que ha tomado fue suspender hasta el 8 de junio las actividades de Siderca y negociar con la UOM las características salariales y de condiciones de trabajo del reinicio. Hasta ahora, Techint viene pagando el 80% del salario de las suspensiones, como está establecido en un acta anterior a la pandemia, vigente hasta el 1 de julio, pero ahora Rocca quiere rediscutir. El “apagón” de Siderca arrastra despidos en decenas de tercerizadas que no se pueden acoger al convenio basura de la UOCRA pues la mayoría de ellas están en la UOM y en petroleros. Las grandes patronales pelean por darle fin al DNU de prohibición de despidos. ¿Y las PyMEs? Si la posible difusión de los secretos comerciales generó escozor en las grandes empresas, muchas PyMEs -también flojas de papeles- empezaron a mirar con recelo los ATP. La decisión de que la Jefatura de Gabinete de Ministros proceda a publicar en la web datos de los beneficiarios de la postergación o reducción de hasta el 95% de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Previsional -incluyendo sus números de CUIT, nombres, actividad y especie de beneficio acordado; créditos percibidos a tasa cero y la obligación de actualizar periódicamente, tanto ante la Anses como la AFIP, esa información para “su correcta difusión”- también asustó a los patrones “pequeños” y “medianos”. Los patrones de las PyMEs han llegado a la siguiente conclusión: “si por acudir a la ayuda oficial por dos o tres meses, me ato las manos hasta el 2023 y no puedo utilizar los dividendos de la empresa por un largo periodo, no acepto la ayuda”. Como se aprecia las patronales argentinas quieren salvarse ellas y seguir especulando en el mercado financiero, seguir estableciendo triangulaciones comerciales en el exterior, que no se visibilice en sus libros y esto lo defienden a costa incluso de recibir una ayuda que los obligue a dar datos que están bajo siete llaves. La respuesta de la clase obrera ya está en marcha. Ningún despido. Reclamar la estatización bajo control obrero. Choferes, municipales, trabajadores de la salud: la unión de las luchas industriales y estatales es indispensable. Coordinación de todas las organizaciones en lucha para imponer un plan político de los trabajadores.

1 de junio de 2020
La rebelión que recorre a EEUU

Las protestas que se están desarrollando desde el Pacífico hasta el Atlántico, por el asesinato de George Floyd, ha dejado al desnudo un régimen social en descomposición y un régimen político en crisis. Según los datos de Mapping Police Violence, el 24% de los asesinatos policiales en EEUU son contra afroamericanos, cuando dicha comunidad representa solo el 13% de la población total. Detrás le sigue la comunidad hispana en el ranking del gatillo fácil. La particularidad de los asesinatos que explica la reproducción de estos durante décadas es que queda impune el 99% de los casos. Los fiscales ni siquiera levantan cargos en contra de los policías. Los números son impactantes: entre 2013 y 2019 fueron asesinados 1.949 afroamericanos a manos de la policía. Y al correr de las últimas semanas, con pandemia y todo, ha habido varios casos que fueron de público conocimiento. El racismo y el clasismo El gatillo fácil no es el único aspecto que sufre la población afroamericana. Es la comunidad que encabeza los índices de mortalidad con el coronavirus, de desocupación, de pobreza y de falta de vivienda. Teniendo en cuenta de que representan una minoría poblacional, queda en evidencia un régimen social segregacionista, aunque en los papeles se consagre la igualdad de derechos. El patrón que une a los crímenes raciales como también al resto de las carencias sociales, desde la falta de acceso a la educación y a la salud hasta a un trabajo estable, que sufren la mayoría de los afroamericanos, es su condición de clase. Esto es lo que divide a los trabajadores afroamericanos de los Obama, y lo que, al mismo tiempo, los une con los trabajadores latinos. La cuestión latina merece un texto aparte, ya que este sector de la sociedad que se destaca por desenvolver los trabajos más duros y en las condiciones más precarias. La crisis sanitaria y económica que encabeza EEUU tiene características excepcionales. Combina más de 1.700.000 contagiados y más de 100.000 muertos, según los datos de la Universidad Hopkins, con una recesión económica que ya tiene más de 40 millones de desocupados. El escenario en su conjunto es expresivo de un régimen social capitalista en completa descomposición, incapaz de resolver positivamente la crisis social, sanitaria, y económica. Democracia burguesa y libertades democráticas Las movilizaciones que atraviesan a los Estados Unidos han dejado en evidencia al régimen social, pero también a quienes lo sostienen. El régimen político en su conjunto, desde los alcaldes y los gobernadores hasta el presidente de la nación, sin distinción entre demócratas y republicanos, han respondido a los reclamos populares con represión y la aplicación del estado de sitio. La democracia burguesa e imperialista ha mostrado su incompatibilidad con las libertades democráticas más elementales, como lo son la igualdad ante la ley -que no corre para afroamericanos y latinos-, el derecho a la protesta -duramente reprimidas con gases lacrimógenos, balas, asesinatos y detenciones-, y a la libertad de prensa -avasallada con la detención del periodista latino de la CNN. "El país de la libertad" ha violado todos los artículos de su tan citada constitución, expresando el carácter reaccionario de los Estados imperialistas en la etapa de decadencia del capitalismo. El Estado, que a través de su Parlamento, ha salido al rescate de las grandes corporaciones capitalistas con subsidios billonarios, es el mismo que reprime a su población con la policía y la guardia nacional, mientras con su ejército, bombardea Irán o bloquea a Venezuela. Rebelión y clase obrera Las movilizaciones populares se han unificado detrás de las consignas de justicia por Floyd y otros afroamericanos asesinados ("las vidas negras importan"). Se orientaron sobre todo hacia las comisarías, pero también hubo protestas en centros políticos como la Casa Blanca. A la calle han salido la juventud, organizaciones políticas de izquierda y organizaciones de derechos humanos, lo que expresa tendencias combativas en algunos sectores de trabajadores, estudiantes y de la pequeña burguesía progresista. No obstante, el gran ausente de las protestas ha sido la clase obrera organizada. A diferencia de la reacción al crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, en la Argentina, que derivó inmediatamente en paros y movilizaciones de distintos sindicatos, con el asesinato de Floyd no se vio lo mismo. La clase obrera norteamericana no lo percibió como un crimen contra su clase a pesar de que George Floyd haya sido un trabajador no organizado sindicalmente. Esto último es esencial tenerlo en cuenta, primero para tener una imagen real del estadío de la lucha de clases en EEUU, y segundo, para promover la intervención política de la clase obrera norteamericana en la crisis, que para los socialistas es fundamental para abrir camino a un gobierno de los trabajadores.

1 de junio de 2020
El colapso en el Hospital Ramos
El gallo López

En el marco de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid-19, quiero expresar mi punto de vista acerca de esta insólita e indeseada situación en el Servicio de Neurología del Hospital Ramos que paso a relatar: El servicio se cerró por completo a raíz de contagios masivos de covid19, tanto de pacientes como del personal de salud. A modo preventivo, fueron todos declarados en cuarentena y se realizaron testeos al personal. Hasta acá, parecería todo normal, salvo el trasfondo. Para lograr los primeros hisopados, el viernes 15 de mayo, cuando nos enteramos de que el paciente de cama 707 era positivo, tuvimos que atravesar una situación dramática. Ese mismo día les informé a los enfermeros que viven cerca del Hospital -que son varios- que se apersonaran a la UFU (el container de la Unidad de Febril de Urgencia) para que le realizaran los exámenes correspondientes, ya que había un caso en concreto. Se originó la siguiente situación: el personal a cargo de la UFU no quería realizar los hisopados correspondientes porque, según el protocolo, este se hace por presentación de síntomas. Entre idas y vueltas, el clima se puso tenso por el lógico temor de los compañeros de ser positivos sin saberlo y la posibilidad de contagiar a sus familiares directos. Cabe destacar el maltrato que recibieron por el personal de la UFU de ese turno, la forma intempestiva de tratar de disuadir por la negativa. Recién cuando amenazamos con llamar a la prensa, accedieron a realizar los hisopados - con pocas ganas, obvio. Ya estaban los ánimos caldeados al grado que a una colega la dejaron a la buena de Dios, esperando en un cubículo que tiene el container, de un metro por un metro, cuya puerta no se puede abrir desde adentro, carece de picaporte y sin ventana, sin informarle noticia alguna de cómo iba a continuar el trámite. Luego la internaron en la sala de Stroke y a sus otros compañeros, en la sala de dermatología, a la espera de los resultados de los hisopados y a ser derivados a hoteles o domicilio, dependiendo del caso particular. No fue que quisiéramos recibir un trato diferencial por ser personal del hospital sino humanidad. Para finalizar la situación -todo esto comenzó a las 17 horas y los estudios lo realizaron a las 23 horas, gracias a la firme acción de enfermería- se demostró el cuidado a tomar en cuenta: de los ocho hisopados de ese día, cuatro arrojaron positivos. A partir de entonces, se activó el protocolo para la cuarentena preventiva de todo el personal – de otro modo, hubiera comenzado a regir a partir del día lunes 18 de mayo, es decir, tres días después. Los controles se realizan con turnos al azar, una desorganización total y soberbia de parte de algunos facultativos que no escuchan criterios y siguen las directivas a raja tabla que baja el Ministro de Salud, que obviamente no quieren gastar un peso y, en definitiva, por no hacer los testeos a tiempo, el costo es más caro. Ahora junto a un Cesac perteneciente al Área programática del Ramos, también en cuarentena, son casi 80 soldados menos para enfrentar la batalla contra el virus. No miden costo-beneficio. No se puede sostener bajo estas modalidades improvisadas que constituyen un escenario precario, con bajos recursos para mantener la asistencia a la comunidad. Por otro lado, hacía más de dos meses que veníamos reclamando medidas de seguridad específicas para no llegar a esta situación de colapso, dificultades que se presentan con frecuencia, como la falta de un sistema ágil de entrega de insumos básicos -ni hablar de la calidad de los mismo-, la falta de protocolos de asistencia a pacientes con Covid19 acordes a la realidad, capacitación del personal para los respiradores que supuestamente van a comprar -unos 30 anunciaron. Queda flotando el interrogante de quiénes los van a manejar si no toman personal. ¿Quedarán juntando polvo? Bien se puede decir, además, que el Ramos no califica como contenedor del virus. Las salas son generales y antiguas, dificultan el aislamiento. Todos vieron el video de una madre reclamando un espacio aislado que se viralizó en las redes. Se trata de la sala de pediatría, donde aguardaban todos juntos, positivos y sospechosos. A esto se suma la falta de personal en todas las áreas desde hace años y de un plan de contención, porque se está trabajando día a día con directivas cambiantes que generan desconcierto, estrés, angustia y temor. Este virus es tan virulento porque tiene varios aliados la corrupción, la desidia, la mezquindad, la imprudencia, la estupidez, la soberbia humana y el mal desempeño de los funcionarios de turno. Por eso se hace tan difícil luchar contra el covid19. Los directores del Ramos, como de otros hospitales, están desbordados por el mal desempeño y no cuidan a su personal “esencial” como se debe. Tienen que renunciar. El otro aliado del covid19 es nuestro gremio, ausente desde que comenzó la pandemia. Se puede decir que cumplen la cuarentena al pie de la letra. No realizan medidas para reclamar por la provisión de los equipos de seguridad en cantidad y calidad suficientes para cuidarnos ni se ocupan de nuestro salario precario. El covid también hizo desaparecer por arte de magia a las paritarias; más aún, no depositaron los 5.000 pesos del incentivo de salud anunciado en marzo. Saludos cordiales.

1 de junio de 2020
Larreta juega con el hambre: nuevo ajuste a la alimentación

Durante los últimos días, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha desarrollado un nuevo ataque a docentes y familias a través de modificaciones en el Servicio Alimentario Escolar (SAE) que se entregaba quincenalmente y que, a partir de esta semana, se hará de forma mensual. Asimismo, el gobierno porteño ha vuelto a incumplir en la entrega de elementos de seguridad e higiene para el personal docente que realiza los repartos de bolsones. A las faltantes de estos materiales para algunos docentes, se suma que algunos elementos entregados son tan precarios como una placa de acetato ajustada con abrochadora. Desde el principio de la cuarentena obligatoria, los docentes hemos dado una batalla para garantizar que las familias puedan seguir recibiendo alimentos que, mínimamente, cubran los desayunos, meriendas y almuerzos que se entregan diariamente en las escuelas. En los primeros días, el gobierno se limitaba a entregar un mísero sánguche que parecía una provocación ante el hambre creciente de nuestros alumnos y sus familias. Finalmente, cuando logramos que se entreguen bolsones de comida, limitaron su acceso a quienes ya habían tramitado de forma online la beca alimentaria y, más aun, la entrega del almuerzo sólo a los alumnos anotados en jornada completa. Apenas empezaron las entregas, pudimos comprobar que ´los bolsones´ eran más bien bolsitas con una cantidad escueta de alimentos poco nutritivos. Pero esta situación se vio agravada cuando comenzamos a verificar que algunos productos llegaban en mal estado e incluso vencidos. Es así que muchos docentes tuvimos que llamar a las familias, post entrega, para pedirles que revisen fechas de vencimiento, escuchando la angustia de muchas madres que contaban con ello para la comida del día. Esta semana, además, hubo faltante de productos como aceite y azúcar en cada bolsón por los que el GCBA dice pagar $1.575, mientras las 19 concesionarias que entregan la mercadería reconocen que valen la mitad de ese valor. ¿Adónde va el dinero de la comida de nuestros alumnos? Todo esto ocurre mientras la curva de contagios se ha disparado de forma alarmante, sobre todo en las villas de la ciudad, y ante el total desentendimiento de Larreta y Fernández de las necesidades de vivienda, ampliación de IFE, alimentación y elementos de seguridad e higiene que a muchas de nuestras familias les urge para sostener una cuarentena en regla. En este marco, el Ministerio de Educación comunicó, mediante una resolución, una modificación en el servicio alimentario, por la cual los alimentos entregados entre el 26 y el 29 de mayo, serían los últimos hasta dentro de un mes, sin que se prevea duplicar la cantidad de alimentos entregados por bolsón y sin aclarar cómo será la próxima entrega. Se trata de un ajuste que no podemos permitir. El gobierno que acaba de votar la Ley de Emergencia Económica. Como denunciamos entonces, la Ley sólo significaría un ataque a las familias trabajadoras, y este ajuste a la alimentación de nuestros alumnos es sólo un botón de muestra. Esto representará un crecimiento del hambre en las villas y asentamientos, y tendrá como consecuencia el crecimiento en la demanda de raciones de comida en comedores y ollas populares en los barrios, a los cuales el estado tampoco abastece. Mientras tanto, los docentes y el personal no docente seguimos expuestos durante estas entregas. Tras varias semanas sin enviar ningún tipo de protección, esta semana han enviado una máscara de acetato ultradelgada, abrochada de forma precaria. El gobierno incumple el fallo que lo obliga a proveer los kits de seguridad, por lo que los docentes debemos hacernos cargo de los elementos necesarios para realizar las jornadas. Esto ha provocado que hoy algunos docentes se encuentren en aislamiento por 14 días ante posible contagio de covid-19, sin más protocolo que asistir a un centro médico sólo si pasan más de tres días con fiebre. Exigimos testeos a las docentes que hoy deben aguardar síntomas, cuando sabemos que el virus también puede ser asintomático. La docencia debe deliberar en cada escuela y distrito para preservar nuestras vidas si no se garantizan las condiciones sanitarias que necesitamos. El Estado debe hacerse cargo de la entrega de alimentos en cada barrio para evitar aglomeraciones y posibles contagios, garantizando que todas las familias reciban los bolsones de forma universalizada. Rechazamos de plano cualquier tipo de ajuste a la alimentación de nuestros estudiantes. LEER MÁS CABA: una campaña política en los barrios

1 de junio de 2020
Canastas, salarios, 82% móvil

¿Por qué en los últimos 15 años los distintos organismos del estado o privados no calculan la canasta familiar? ¿Por qué se ha establecido como norma hacer popular la canasta de pobreza? ¿Por qué ningún gobierno en los últimos 50 años ha logrado establecer el 82% móvil en las jubilaciones? Actualmente, en Argentina, hay dos canastas que se calculan normalmente. Una es la Canasta Básica Alimentaria (CBA) que ronda, para una familia tipo, los $19.000. Aquellas familias cuyos ingresos se ubiquen por debajo de esta cifra son consideradas indigentes. La otra es la Canasta Básica Total (CBT), establecida en $44.000 -también para familia tipo-, por debajo de la cual se ubica la categoría de pobreza. Hoy, el 45% de los trabajadores es pobre. Y los jubilados que cobran el haber mínimo de $16.000 -aproximadamente el 80% de los jubilados- somos indigentes. Pero la canasta familiar, de la que nadie habla, para una pareja con 2 hijos necesita, para vivir en Capital Federal, $ 98.000. Sin embargo, el salario mínimo vital y móvil en nuestro país es de $ 16.875. Dice la ley de contrato de trabajo sobre este salario: "la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión". Con ese monto, no es posible siquiera pagar un alquiler. El movimiento obrero debe luchar por un salario igual a la canasta familiar. Por otra parte, la jubilación es un salario diferido que se acumula durante toda la vida laboral. El 82 % móvil, sancionado por primera vez en 1958, fue una consigna histórica levantada por partidos y organizaciones obreras. Hasta la fecha, el régimen previsional ha sufrido cientos de cambios y reformas: en 1966, Onganía decretó el aumento de la edad para los hombres y mujeres (60 y 65 años) y el requisito de los 30 años de aportes necesarios para acceder al haber; más adelante, llegaron las AFJP con Menem, la rebaja del 13% en época de la Alianza, el veto de Cristina Kirchner al 82% móvil, la rebaja del reajuste de haberes del macrismo, impuesta con represión en diciembre del 2017, y ahora el congelamiento de la movilidad de FF. Los fondos previsionales han sido utilizados por los distintos gobiernos capitalistas para sus negociados. Ahora, el tema previsional es la prenda de cambio en la reestructuración de la deuda externa. El objetivo de los capitalistas con estas reformas previsionales -que son un verdadero ataque al conjunto del movimiento obrero- está apuntado a desvincular a la jubilación del salario en actividad y convertirlo en una pensión a la vejez. No acordamos con el calculo que hace la Defensoría de la Tercera Edad de una canasta de $45.000 por considerarla de pobreza. Los jubilados y pensionados debemos luchar por un haber mínimo igual al 82% de la canasta familiar. Es evidente que este sistema capitalista es incapaz de resolver los problemas más elementales de las masas trabajadoras y nos está arrastrando a la barbarie. Desde Jubilados Clasistas llamamos a todos los jubilados y pensionados a organizarnos y luchar junto al movimiento obrero, a las organizaciones de desocupados, a la juventud estudiantil y barrial, a la mujer. Formemos coordinadoras a lo largo y ancho del país por nuestras reivindicaciones, solo nosotros somos la garantía para conquistarlas.

1 de junio de 2020
Villa Azul: “El Estado no garantiza los testeos ni la comida”

¿Cómo se viene desarrollando la vida dentro del barrio? Desde el domingo que vinieron a poner las vallas empezó a generarse un revuelo y una organización entre los vecinos, porque nadie nos decía que hacia la policía cerrando el barrio. No había ninguna explicación. Ahí armamos un grupo de WhatsApp para poder comunicarnos, donde iban llegando mensajes avisando que había casos de abuso policial. A muchos vecinos no los querían dejar pasar a su casa ni salir a sus trabajos. Entonces decidimos organizarnos para poder estar todos unidos los vecinos. ¿Pudieron hacer asambleas? El lunes mismo nos juntamos aproximadamente 50 familias, que fue el primer grupo que se organizó para ver tres problemas vitales. El primero, que se estaban desabastecidos los comercios del barrio y no se los dejaba salir a conseguir mercadería para ingresar al barrio. El segundo, que no queremos a la policía dentro del barrio, sino que necesitamos testeos masivos y al personal de salud. El tercero, que el Estado garantice las provisiones necesarias para todas las familias del barrio. ¿El Estado está abasteciendo a los vecinos? Los municipios están entregando bolsones que son insuficientes, en el lado de Avellaneda nos trajeron un bolsón el lunes y recién otro el viernes, lo que hace imposible sostener una alimentación digna. No se entrega prácticamente carne, nos dieron un pollo por familia para toda una semana y todavía no sabemos cuándo va a llegar más. Así se hace imposible. Después tenés una particularidad a cada lado del barrio: en Avellaneda, la comida la trae directamente el municipio, pero en la zona de Quilmes el municipio se la entrega a los punteros y ellos reparten luego a dedo. ¿Tomaron medidas ante esta situación? El miércoles a la noche hicimos un cacerolazo, primero, en solidaridad con los vecinos que viven en la parte de Quilmes, porque ellos son los que peor están. No tienen ningún tipo de urbanización, viven muy precariamente y por eso no es casualidad que allí estén la mayor cantidad de casos confirmados. Después para exigir las provisiones y nuevamente los testeos masivos. Además, comenzamos una campaña llamando a la solidaridad a todas las organizaciones sociales y políticas para acercar donaciones y eso lo manejamos directamente los vecinos. Nosotros tenemos la cuenta de 380 familias, así que las donaciones que llegan intentamos hacer el reparto más equilibrado posible, sobre todo, de verduras y frutas que es lo que menos llega. Para colmo el municipio intenta que no hagamos este reparto, nos han venido a amenazar que las familias que reciben cosas de afuera no van a recibir más bolsones. Los vecinos respondimos evitando que se lleven esta mercadería, hay miedo, pero también hay mucha necesidad. La mayoría vive al día, hasta pusieron un cajero acá en el barrio, pero no va nadie, no hay un peso. ¿Existe alguna garantía sobre el cobro de los jornales perdidos por el aislamiento? Bueno, a esos vecinos les prometieron un certificado desde el municipio. Pero la verdad no hay ninguna garantía. Del barrio no dejan salir a nadie, incluso al personal de salud, varias vecinas son enfermeras del Hospital del Wilde o de la salita y no están dejándolos salir. Tampoco los convocaron para realizar algún tipo de asistencia sanitaria. ¿Se realizan testeos? Eso sale en los medios, pero es mentira. Pasan por las casas haciendo preguntas, y solo si tenés síntomas o fiebre te llevan para hacer el hisopado. Y este virus lo que tiene es que hay contagiados sin síntomas, entonces es imposible saber si algún vecino está enfermo. Entonces necesitamos los testeos masivos, de verdad.

1 de junio de 2020
"Catorini no es nada sin sus trabajadores. Deberían habernos cuidado"

Entrevistamos a Cristina, esposa de un trabajador de la fábrica del vidrio Catorini Hnos. Su marido tiene 19 años de antigüedad en la empresa y el testeo de Covid19 arrojó positivo. Vecina del barrio de San José, en Almirante Brown, madre de 9 hijos, Cristina enfrenta con entereza y sin temores la defensa de la vida de su familia en un cuadro adverso. Cristina ¿cómo fue el diagnóstico de tu marido? Mi marido empezó con síntomas hace 15 días. Lo atendió un médico de la fábrica que le dijo que era una gripe, le dio antibióticos y le dijo que siga trabajando. Durante casi 15 días mi marido continuó trabajando y, cada dos días, era revisado por el médico. Siguió empeorando día a día. Comenzamos a sospechar de Coronavirus porque ya me había comentado que había varios casos en la fábrica, compañeros internados y en terapia, pero que el municipio de Quilmes había ido a controlar las medidas de seguridad y había dicho que estaba todo perfecto y que la fábrica podía continuar funcionando. Mi marido se descompensa y lo llevamos a la clínica. Llevábamos cuatro días de internación y la fábrica aún no se había comunicado con nosotros. Decidimos llamar e informar lo que estaba pasando, nos derivaron con el médico de la fábrica y después con el responsable del área de personal. Le reclamamos por no haber tomado las medidas necesarias, a pesar de saber de los casos y fuimos maltratados. La fábrica solo le daba un barbijo transparente y les hacía meter los pies en un fuentón con lavandina. Ellos no se preocuparon por los trabajadores ni por sus familias. Esto no se hace con la gente pobre. Porque Catorini no es nada sin sus trabajadores, deberían habernos cuidado. Nos reclamaron que les lleváramos el certificado de Covid positivo sabiendo que esta toda nuestra familia en cuarentena. ¿Qué hizo la empresa? Al día siguiente vinieron dos representantes de la fábrica en un auto y nos dejaron un bolsón de mercadería miserable que ni a los perros se les da eso. ¿El Estado se ha acercado? Dos de mis hijas comenzaron con síntomas. Nos comunicamos varias veces y desde la municipalidad de Almirante Brown nos dijeron que nos iban a mandar una ambulancia para hacernos testeos a todos: nunca vinieron y nos cortaban el teléfono. En mi barrio, San José, hay muchos casos, la gente está asustada. El municipio no hizo ni un solo testeo por acá. siguen pasado las horas y no tenemos respuestas, no sé si mis hijos están enfermos. Uno es paciente oncológico y necesitamos que vengan a vernos a casa. El 911 activó un protocolo y pudimos trasladarlas a la clínica Boedo, de Lomas de Zamora, pero ahora las quieren trasladar a La Matanza o Merlo porque mi obra social, Ospat, solo cubre guardia en esta clínica y no quiere hacerse cargo de la internación. Hoy impedí que se las lleven cuando las estaban subiendo a la ambulancia. El Ministerio de Seguridad se comprometió a resolverlo para que yo pueda continuar la cuarentena. Con mi marido también tuvimos problemas, estaba en muy mal estado en el policlínico de La Matanza. Nos quejamos y nos dijeron que si nos lo queríamos llevar que nos lo lleváramos y conseguimos que lo reciban en el hospital del cruce de Varela. Nos sentimos abandonados. Pero no voy a bajar los brazos, voy a hacer esto publico todo lo que haga falta. Mis hijos me dicen que no tenga miedo. No voy a tener miedo.

1 de junio de 2020
Científicos advierten contra una apertura prematura

Luego de aplicar la teoría de la “inmunidad de manada”, cambiar de opinión e imponer una cuarentena tardía, Gran Bretaña es el país con más muertos en Europa y el segundo en el mundo. Boris Johnson plantea una nueva fase de desconfinamiento para el lunes. Sin testeos La falta de centralización, testeos y vigilancia en los hogares de ancianos disparó la cantidad de casos. En estos lugares no se disponía de la ropa adecuada, no hubo controles estatales y tampoco entrega de materiales a tiempo. Cientos de médicos y enfermeros han muerto por no contar con los materiales adecuados, y más de 16.000 ancianos también perdieron la vida. Todos hechos completamente evitables. El 10 de mayo, en la primera fase de apertura, se abrió la economía a la construcción y las fábricas. Las fábricas y empresas no garantizan un trasporte seguro, por lo que el transporte público se abarrotó de personas, y aumentando el contagio. En las últimas semanas los casos y las muertes no bajaron. El profesor de medicina Jeremy Farrar, miembro del Grupo de Asesores Científicos para Emergencias británico (SAGE, en inglés), ha afirmado en un mensaje en Twitter que “el COVID-19 se está extendiendo demasiado rápido como para levantar el confinamiento en Inglaterra”. Agregó que, “en este momento, con una incidencia relativamente alta, al relajar las medidas y teniendo un sistema de detección (de contagios) que todavía no ha demostrado eficacia, estamos corriendo algunos riesgos”. Planteó que no hay u sistema de TTI (testeo, seguimiento y aislamiento) necesario para cualquier tipo de flexibilización. La patronal británica no incluye en sus protocolos este tipo de controles. John Edmunds, experto en enfermedades infecciosas de la Escuela de Londres de Higiene y Medicina Tropical dijo: “Creo que muchos de nosotros preferiríamos ver una incidencia más baja, porque eso significa que tendríamos menos casos antes de relajar las medidas”, señaló a The Guardian. El Ministerio de Salud del Reino Unido informó el viernes 324 muertes (38.161 total) y 2.095 contagios en 24 horas. Para la Oficina Nacional de Estadísticas británica (ONS), las infecciones diarias reales en Inglaterra pueden ser de en torno a 8.000 (Página12, 30/5). A partir del 15 de junio Johnson quiere avanzar con la apertura de los secundarios. Los docentes denuncian que esto es imposible, y muchos padres no enviarán a sus hijos a las escuelas. También los científicos lo consideran prematuro (Infobae, 30/5). El alcalde londinense, Sadiq Khan, afirmó en las redes sociales que estaba “profundamente preocupado porque estamos dándonos demasiada prisa en levantar las medidas de confinamiento”. Escocia e Irlanda no apoyan estas medidas. Nicola Sturgeon (Escocia) dijo que era necesaria una planificación más cuidadosa. Mark Drakeford de Gales, y Arlene Foster Irlanda del Norte dijeron que no pasarán de fase todavía. La crisis impulsada por esta pandemia pone a diferentes gobiernos a actuar en función de los intereses de la patronal financiera e industrial, forzando grandes choques, crisis políticas y debilitándolos.

2 de junio de 2020
Deliberemos por una lucha efectiva contra el COVID-19 bajo control obrero

A 7 meses de la rebelión popular, una recesión económica en curso y una pandemia que ha cobrado 630 vidas a la fecha inició una de las semanas más convulsivas desde la irrupción del Covid-19 en el país. Las jornadas de protestas desplegadas en El Bosque, replicadas en distintas comunas y regiones, son la expresión del choque directo de la clase trabajadora contra la política sanitaria del gobierno. Por cadena nacional Piñera abortó el plan “retorno seguro” y admitió que “no estábamos preparados” para enfrentar la pandemia. En marzo pasado, el mismo Piñera y Mañalich aseguraban tener la mejor salud de la galaxia y un sistema preparado para evitar un colapso. El gobierno pinochetista declara su fracaso en la semana más crítica y apenas días después de declarada la cuarentena total en la Región Metropolitana, cuya capital supera los 4 mil contagios diarios y al borde del estallido de la crisis sanitaria. La pandemia del hambre y el desempleo Mientras los contagios avanzan de forma explosiva en la zona sur de Santiago, en La Pintana los pobladore/as han salid a manifestar: “Si no nos mata el coronavirus, nos mata el hambre. Ya no nos escucharon sin meter bulla, tuvimos que salir a la calle, hacer una fogata, y estar pendientes de que no nos repriman, no nos mojen, ni nos baleen para pedir una ayuda (...) nos hemos ayudado entre los mismos vecinos, pero ¿qué va a pasar cuando se acabe nuestra propia ayuda?”. Es que el aumento del precio en la canasta básica de alimentos por sobre la inflación de un lado, más el desempleo, las suspensiones y las rebajas salariales, del otro, no lo remedia el aporte miserable de 65 mil pesos del Ingreso Familiar de Emergencia que recibirán las familias que no tienen ingresos formales. Se han multiplicado las ollas comunes y el reclamo al Estado por alimento y trabajo. Asimismo, se han levantado numerosos comités de cesantes y de resistencia. Las contradicciones que provocaron la rebelión de octubre, se han agravado con la receta pro empresarial de Piñera. Al ya insuficiente Ingreso Familiar de Emergencia y el bono COVID de 50 mil pesos, el paquete de asistencia social para contener la crisis y la entrega miserable -sin fecha definida y al “70% del 40% más pobre” como sostuvo Sichel- de 2,5 millones de cajas de mercadería, no resuelven nada. La compra de esa mercadería ha sido efectuada por medio de un operativo millonario a cargo de Comercial Sudamericana y la comercializadora-distribuidora Llacolen S.A -ligada al sector minero-, quienes, sin perder oportunidad de negocio, ya se han adjudicado cerca de 14 mil millones entregando solo 400 mil cajas del total prometido por el gobierno. Por otro vértice, el desempleo y las suspensiones laborales ya alcanzan el millón cien mil (10%) y una proyección de desocupación del 18% para los próximos meses. La burocracia sindical de la CUT y Unidad Social, se han limitado a monitorear la catástrofe social y colaborar parlamentariamente con el PC y el FA las leyes hambreadoras de Piñera y los capitalistas. La crisis sanitaria La crisis del sistema de salud es extraordinaria. Lo muestra una ficticia disponibilidad de 47 camas (95% ocupación) UCI, al 19 de Mayo según Sochimi. Una cama de cuidados intensivos se compone de un catre con monitor, ventilador mecánico, fármacos y equipo de profesionales para atender al paciente. Todos estos factores hacen agua dentro del sistema hospitalario. Por eso reconvierten camas intermedias y se valen de ventiladores inadecuados, El personal de salud enfrenta contagios, muertes, falta de personal, ausencia de insumos de seguridad y turnos extenuantes. A la fecha, la única exigencia del gobierno al sistema privado de salud ha sido aumentar hasta un 20% las camas UCI disponibles, en ningún caso poner la salud privada a disposición del problema hospitalario, bajo la tutela única del comité de expertos. Las manifestaciones en distintos hospitales y centros asistenciales de la Región Metropolitana no se hicieron esperar. Distintos funcionarios/as del Hospital San José, Barros Luco, Sótero del Rio, Padre Hurtado, entre otros, han levantado el reclamo contra la pésima gestión de la pandemia y por elementos de protección personal acordes al riesgo de la labor asistencial, el reforzamiento de recursos humanos en toda la red, testeos periódicos a todo el personal de salud para la detección precoz de focos de contagio, y otros factores urgentes para la continuidad del trabajo que permite proteger la vida de las y los trabajadores de la salud. Nuestro programa En este marco Piñera y quienes sostienen el régimen han hecho andar un billonario rescate al capital por la vía del endeudamiento público y con el FMI por 23mil millones de dólares y otros 7 mil millones previos ya traspasados al Banco Central y Fogape para “estimular la liquidez”. Los trabajadores, por nuestro lado, enfrentamos el peor escenario económico desde la crisis de los 80’, -cuando el hambre alcanzaba a los 5 millones de habitantes y la solidaridad de clase se desplegaba en múltiples ollas comunes. El gobierno traspasa la plata de todas y todos los trabajadores a negocios privados, pero ningún peso a la construcción de hospitales o a la intervención financiera del desahuciado sistema de salud. La pelea por la vida, el pan y el trabajo obliga una salida de las y los trabajadores: un programa de control obrero de la salud y el sistema sanitario, la producción, la banca y el comercio. Todo el sistema privado de salud debe quedar bajo gestión y control democrático de sus trabajadores; los grandes hoteles deben ser reconvertidos para el resguardo de contagiados; el control obrero de monopolios farmacéuticos; la contratación inmediata de personal de salud bajo turnos de 4 horas sin afectar el salario, el pase a planta, reducción de jornadas laborales, protocolos de higiene y testeos masivos a la población. Más que nunca, Fuera Piñera, Asamblea constituyente y gobierno de la clase trabajadora.

2 de junio de 2020
Chile: Cuarentena en Santiago Centro, una ilusión
Ricardo Vásquez - Secretario Sindicato Starbucks

Santiago Centro desde el 26 de marzo mantiene por mandato de gobierno una cuarentena por la enorme cantidad de contagios en la comuna, sin embargo, las calles del centro de Santiago se mantienen con enormes cantidades de gente deambulando entre comercio no esenciales que mantienen su funcionamiento pese al agravamiento sostenido de contagios y muertes con más de 73 mil contagios y 761 fallecidos a la fecha, dejando a Chile segundo el ranking de tasa de letalidad, después de Estados Unidos y superando a Brasil (infoBae). La estadística fue dada a conocer por un punto de prensa del Gobierno trasandino de Alberto Fernández el pasado sábado, y a desmentirse casi inmediatamente por Nicolas Monckeberg, embajador chileno en Argentina, acusando un error en las cifras de letalidad. Lo que sigue sin esclarecerse son las enormes contradicciones entre las cifras del MINSAL y el registro civil sobre las muertes “cardiorespiratorias”, y la enorme cantidad de pacientes que mueren a la espera de los resultados de los exámenes PCR que no quedan registrados como muertes por coronavirus. En medio de la catástrofe, el plan de retorno seguro - más allá del establecimiento de la cuarentena total para la región metropolitana – se mantiene en los hechos mismos. El centro de Santiago mantiene una enorme cantidad de comercio no esencial con sus puertas abiertas, en muchos casos con escasas medidas de seguridad y higiene. Los paseos Bandera, Ahumada, Estado y Huerfanos mantienen un flujo en extremo contradictorio con el confinamiento obligatorio, y que, existiendo circulación de seguridad municipal y policial en la zona, mantienen niveles de fiscalización cercanos a cero. La acción coercitiva para el resguardo de la vida de millones no existe, y se sigue dejando en claro el rol exclusivamente represivo de pacos y milicos en las calles. Las declaraciones del alcalde Alessandri (RN) semanas antes de la explosión de contagios eran "ahora, viendo los últimos números de contagiados, que han aumentado exponencialmente, yo creo que tenemos que ser súper restrictivos y que la ciudadanía tiene que entender que de la pandemia salimos todos juntos" una falacia absoluta de ser contrastada con la realidad de las calles santiaguinas. En medio de las semanas más convulsivas tras el acelerado crecimiento epidémico, se hace necesaria la lucha por la cuarentena efectiva con salarios y sin despidos, cierre de todo comercio no esencial, la disposición tecnológica de bancos y centros de pago para evitar salir de las casas, y testeos masivos no solo en centros asistenciales, sino también en las calles del país. 28.05.2020

2 de junio de 2020
No a las suspensiones y cortes de salarios en Aerolíneas Argentinas

Los trabajadores de Aerolíneas Argentinas se enteraron por los medios de la intención de las autoridades de suspender a cerca de 8 mil empleados. Nada de esto fue anticipado por Ceriani -el actual presidente de AR- durante la charla virtual abierta que mantuvo con los trabajadores, con motivo de generar un intercambio sobre los anuncios de desaparición de Austral Líneas Aéreas. Justamente una de las primeras preguntas que le hicieron los trabajadores fue si existía la posibilidad de tener descuentos en los sueldos, la respuesta de Ceriani fue “no está dentro de nuestros planes”. La presidencia de Ceriani va de ajuste en ajuste. Adeuda la recomposición salarial 2018-19, que aún no se ha cerrado, y ni hablar de la 2019-20. Segundo, pretende hacer desaparecer Austral y con ellos el convenio de sus trabajadores que, en todos los sectores, supera en condiciones de sueldo y conquistas a los convenios de Aerolíneas. Tercero, a dos meses de paralizada la actividad aérea, ya plantea suspensiones con rebajas salariales. La pregunta que deberían hacerse todos los trabajadores de Aerolíneas es: ¿cuándo terminan los ajustes de Ceriani? O mejor dicho ¿hasta dónde vamos a permitir dichos ajustes? Gremios patronales Desde el fin de semana pasado, todos los trabajadores han estado tratando de desmenuzar si los sindicatos aeronáuticos sabían o no de las suspensiones. Por los dichos de Juan Pablo Brey (Aeronavegantes) estaban avisados desde el martes 26 de mayo pasado. Las noticias periodísticas llegaron recién el domingo 31. En sus comunicados, APLA y UALA no rechazan de plano las suspensiones ni las reducciones salariales. Los sindicatos no tienen mandato para decidir sobre una reducción en el ingreso de los trabajadores. Los trabajadores de Aerolíneas vienen haciendo un inmenso esfuerzo de manera voluntaria miles en los vuelos de repatriación y de búsqueda de insumos. Los medios informan de la intención de aplicar a los aeronáuticos la medicina que ha aceptado la burocracia de otros sindicatos: suspensiones masivas y reducción del salario al 75%, no remunerativo, o sea sin aportes patronales. La Asociación de Aeronavegantes habría rechazado el planteo, replicando que el subsidio a la patronal se limite al no pago de aportes. En muchos casos la reducción salarial es mayor porque se incluye en el 75% los aportes previsionales de los trabajadores. No hace falta decir que la depreciación salarial es mucho mayor a la que se propone, esto por obra de la inflación y de la suspensión de las paritarias. Rechazamos este ajuste brutal y reclamamos la discusión anual del convenio laboral. La dilación de las paritarias fue un recurso de primer orden del gobierno macrista. Es necesaria una asamblea general en cada sindicato y para votar medidas de lucha frente a esta catarata de anuncios de ajuste.

2 de junio de 2020
Sobre el lanzamiento de SpaceX y la NASA

La burguesía norteamericana dio un paso hacia la privatización del transporte espacial con el lanzamiento hacia la órbita baja terrestre de un cohete y una cápsula fabricados por la sociedad anónima SpaceX de Elon Musk para acoplarlo a la Estación Espacial Internacional, en un show montado para la ocasión. En la nave viajaron dos astronautas. El lanzamiento forma parte de un programa de participación público-privada financiado en su totalidad por el estado norteamericano. Planea entregar, sólo en esta etapa, casi 7 billones de dólares en contratos (Nasa.gov, 2014). El sector privado sólo se hará cargo de los “montos fijos” de los emprendimientos, como el cisti del contratista encargado de un “monitor preventivo” de los contratos. Tim Fernholz, periodista especializado en temas del espacio en el New York Times, informa que “el enfoque encarna contradicciones. Celebra el aprovechamiento del capital privado de las compañías que se asocian con la agencia espacial de los Estados Unidos, pero ni la agencia ni las compañías revelarán cuánto se ha invertido. El proyecto que se acaba de materializar tiene un retraso de 3 años respecto a lo firmado por la Nasa y SpaceX y cuenta con cinco explosiones consecutivas del cohete Starship. La indudable hazaña es el fruto de la investigación de miles de ingenieros y técnicos, la fuerza laboral de estos proyectos y de la enorme inversión pública en el pasado. Todo este avance científico será puesto al servicio de los negocios de un puñado de empresarios que competirán por las licitaciones, con la promesa de encontrar “pasajeros potenciales que podrían ser astronautas de países ricos con nuevos programas espaciales, como los Estados Árabes Unidos; individuos ricos, como el viaje que SpaceX ya tiene bajo contrato con la firma de turismo espacial Axiom” (NYT, 30/5). A su vez, la privatización configura un cambio de paradigma para la comunidad científica relativo a la divulgación de los descubrimientos logrados, que serán ahora propiedad privada. Uno de los méritos más renombrados por los medios es haber bajado u$s30 millones en el costo de los viajes al espacio que EEUU pagaba a Rusia. Esta visión oculta que esos costos podrían ser más bajos si se excluye del cálculo la ganancia empresarial. Elon Musk vendría a ser el Franco Macri o el Lázaro Báez del comercio espacial, que tuvo un crecimiento acorde al vaciamiento de la NASA, desde que Bush (hijo) decidió cerrar, en 2004, el programa de transbordadores tras la tragedia del Columbia, y con el impulso de Obama en perjuicio de otros proyectos mundialmente importantes, como el telescopio Hubble, un monstruo tecnológico que dio grandes resultados y que se encuentra relativamente “jubilado”. Trump dijo que el lanzamiento era un logro de la “unión de los norteamericanos” a pesar de que Musk es sudafricano y que “la mayoría de los estudiantes en las escuelas de posgrado de ciencias e ingenierías en EEUU son extranjeros” (1). Esta concentración del conocimiento explica la distancia que existe entre USA y el resto del continente en términos científicos y tecnológicos y quizás también sea una de las razones que explique que un becario del Conicet no cubra con su sueldo la canasta familiar. La privatización viene a profundizar esas contradicciones. El fuego del cohete, que alcanzó los 27mil km/h, no encandiló, sin embargo, al fuego que prendían en el mismo momento decenas de miles de manifestantes por el asesinato de George Floyd, la respuesta de la juventud a la creciente crisis económica que afronta el país y a los estragos provocados por el COVID19. Las rebeliones populares son la mayor demostración del divorcio (y no la unión) que existe entre los negocios del Estado y la vida en la tierra y de la incapacidad de la burguesía como clase dirigente de garantizar las necesidades de la humanidad. (1) De Grasse Tyson, Neil “Crónicas del Espacio” p. 38 Buenos Aires Crítica 2015

2 de junio de 2020
La UJS (oficialista) renueva mandato de la rectora Torlucci en la UNA

En la última sesión virtual del Consejo Superior de la Universidad Nacional de las Artes las consejeras de la UJS-PO oficialista (Movimiento y Visuales) votaron a favor de extender el mandato a la rectora Torlucci, así como el de todos los consejeros de claustro. Días antes habían hecho lo mismo con la decana Gigena en el consejo de Movimiento. Es la primera vez en la historia de nuestra corriente política, que se convalida a las autoridades responsables del vaciamiento y privatización de la universidad. Torlucci, además, forma parte del gobierno nacional: es la encargada de la difusión de la "Ley Micaela" y de los protocolos de género controlados por los rectores de las universidades. Usurpación Este apoyo directo a la rectora se llevó adelante usurpando la representación conquistada en el departamento de Visuales. El programa por el que fuimos electos desde Caleidoscopio (conducción del CEAVI), se da de patadas con un aval a la gestión y su régimen de gobierno anti-democrático. Que esta conquista ahora se utilice para rendir tributos a los representantes del capitalismo de la UNA, expresa la estafa que ha consumado el oficialismo del PO hacia los estudiantes. La consejera superior de la UJS (O) -Amancay Speranza- cortó abruptamente lazos con nuestra agrupación (por la que fue electa) hace ya casi un año; ahora vota este apoyo a la gestión en forma discrecional. Si tuviese un mínimo de honestidad política, debería poner su lugar en el consejo a disposición de la agrupación y de los estudiantes de Visuales. Por nuestra parte, desde Caleidoscopio (que integramos los compañeros de la UJS Partido Obrero -Tendencia - e Independientes) sí hemos publicado y difundido nuestras posiciones con las que intervenimos en el Consejo Departamental de Visuales, continuando así el método histórico y el programa político de la UJS en la UNA. Obviamente, hemos votado en contra de la extensión del mandato a las autoridades. Integración al régimen En las reuniones de las conducciones de centros de estudiantes de la UNA, la UJS (O) venía insistiendo en el "funcionamiento de los consejos universitarios". Una vez convocados, fundamentaron: “vamos a votar a favor y avanzar con esta decisión, justamente para que se respeten estos espacios y para que los estudiantes tengamos voz en la discusión”. Ellos mismos están destacando que su voto es una defensa política del actual régimen universitario. Contrastó de lleno con nuestra orientación: promover la organización y la acción del movimiento estudiantil por sus reclamos, en torno a un plan de lucha para conquistarlo (reuniones, juntada de firmas, tuitazos, etc); sin ningún "respeto" o expectativa por el gobierno anti-democrático de camarillas, un engendro impuesto por el menemismo aún vigente al día de hoy. Lo que advertimos -y debatimos- con varias agrupaciones en la conducción de otros centros, se confirmó por completo. En ese mismo Consejo Superior se bloquearon los reclamos que presentamos los centros de estudiantes. El régimen que se autoperpetúa en la UNA (por unanimidad) es incapaz de resolver los problemas elementales de la cursada. ¿Y la FUNA? Si queda alguna duda del desprecio del aparato de la UJS (O) por los organismos estudiantiles de lucha, el cual combina con su nuevo fanatismo por las instituciones del estado o semi-estatales, como las universidades, cabe señalar la disolución de la federación estudiantil de nuestra universidad (FUNA); que llevaron adelante desde su propia presidencia. Sin explicación alguna, no convocaron al Congreso de la FUNA que debía ser en diciembre de 2019; para renovar su conducción y realizar su asamblea para votar un plan de acción en 2020. La misma consejera de la UJS (O) que reclamó (y votó) un “respeto” para los espacios de la gestión, actuó en forma opuesta hacia la federación por la que fue electa como presidenta. Previamente, había proscripto al centro de Visuales en la FUNA, luego de que fracasara el intento de usurpar sus espacios y su representación gremial. Estamos frente a una banda sin rumbo. Desde la Tendencia de la UJS-PO hemos advertido y denunciado esto -oportunamente- en nuestra nota “¿A dónde va la FUNA?” (23/10/19), así también en nuestra “Carta Abierta al BUM” (5/11/19) desde Caleidoscopio. Anticipando esta orientación liquidadora, planteamos que se haga un plenario de la conducción de la federación y que se reúna su mesa ejecutiva, para votar un plan de lucha y rescatarla de su muerte silenciosa. El desbarranque del oficialismo del PO en la UNA forma parte de una deriva política mucha más amplia, como lo demuestran los quórums y apoyos en el congreso nacional a distintas fuerzas enemigas de la clase obrera. Una vez más se confirma el acierto de pelear nuestro derecho a Tendencia en el Partido Obrero y en la UJS. Los luchadores y simpatizantes de la UNA deben tomar nota de esto. Está en juego toda una trayectoria muy cara para el movimiento estudiantil.

2 de junio de 2020
La crisis de la cuarentena y el gobierno de la Provincia

En las últimas horas, el viceministro de Salud, Nicolás Kreplak, anunció la necesidad de volver atrás con la apertura de la actividad de la provincia. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, advirtió la posibilidad de que colapse el sistema sanitario si no se endurece la cuarentena. Con 4660 camas de “cuidados intensivos”, hay 1940 ocupadas, de las cuales 300 se utilizan para la internación de contagiados por COVID 19. Es decir que más del 40% de las camas para cuidados intensivos están ocupadas por distintos tratamientos, cuando continúa en pleno ascenso la curva de los contagios. La tasa de duplicación en el AMBA está en el orden de los 10 días; en Quilmes y sectores de Avellaneda, llega a 6 días Es un incremento de cuatro veces la tasa de contagio que tenía como objetivo el gobierno hace solamente dos semanas. Pese a los anuncios de retroceder a fase 1 de administración de la cuarentena, el Boletín Oficial informa la apertura de nuevas actividades en los municipios de San Miguel, San Isidro, San Fernando, La Plata, Ituzaingó, Hurlingham, General Rodríguez y Berazategui. La industria en el conurbano nunca paró y fue uno de los vectores de transmisión más importantes del virus. Los frigoríficos, industrias del vidrio y metalúrgicas rápidamente fueron los focos de contagios que se diseminaron en los transportes públicos y la población. El virus se expande en las villas y asentamientos del conurbano. El desarrollo de la cuarentena da lugar para que la crisis política muestre la precariedad del armado político bonaerense. Por más que se desarrolle una buena convivencia entre los intendentes y Kicillof, basado en el anuncio de obras públicas para los distritos y ahora la “apertura” de la industria, el ariete parece llevarlo Berni. En su visita a Zárate increpó al intendente al no dejarlo pasar al centro de monitoreo ante la denuncia del robo a una jubilada (“parece que al intendente solo le interesa el negocio inmobiliario” - en propias palabras de Berni). Los enfrentamientos con parte del gabinete de Kicillof alrededor de la liberación de los presos, ahora se suma a los dichos respecto de la “flexibilidad del ministro Gollán” sobre cómo abordar los testeos en las villas. En una reciente entrevista con Viviana Canosa, el cirujano militar caracteriza que luego de terminada la pandemia la salida tiene que ser “por derecha” - la línea con que piensa postularse para 2023. Las bravuconadas políticas no dejan de inscribirse dentro de un régimen en crisis. Desarrollamos esta caracterización en función de una organización independiente de los trabajadores, para hacer madurar una salida política dirigida por la clase obrera.

2 de junio de 2020
CEFyL sin plan de lucha hacia el 3J
Sofía Luna y Pablo Fridman

A tres días del quinto Ni Una Menos, jornada de lucha contra la violencia hacia la mujer, que recrudece en el contexto de pandemia, la conducción del FdT del CEFyL, El Colectivo, brilla por su ausencia como factor organizativo de esta lucha. Los reclamos de las compañeras por las condiciones de cursada y por su sostén material, por un régimen especial para aquellas que son madres o tienen familiares a su cuidado, frente a la violencia de género, son inadvertidos para el CEFy; la parálisis se arrastra desde comienzos de año. Las únicas asambleas que se realizaron fueron arrancadas por el activismo y la izquierda, ante el arrebato del Umbral, la dirección del Centro, por parte de la gestión de la Facultad. En los meses sucesivos, la conducción del centro no promovió ninguna instancia de debate y organización. El planteo la UJS PO Tendencia, para llevar adelante una asamblea del CEFyL para preparar las jornadas del 28M y el 3J, fue ignorado. Como tampoco hubo instancias de organización y debate hacia el 8 y 9M pasados, el día internacional de la mujer trabajadora. Tenemos que organizarnos Es imperioso establecer un pliego reivindicativo y una salida política. El confinamiento sanitario no es excusa para diluir la tradición de organización y lucha del CEFyL, de acusado protagonismo en las iniciativas emprendidas por el movimiento de mujeres los últimos años. Aumento del Presupuesto Educativo bajo control soberano de estudiantes y trabajadoras, Democratización del Protocolo de NO Violencia, apertura de un gabinete de atención a los casos de violencia con presupuesto y control intergremial, Dotación de becas de estudio, incremento de las existentes (Jauretche, Sarmiento, Progresar) para quienes las necesiten sobre la base de un relevamiento general, Convocatoria a concursos docentes y desdoblamiento de cursadas. Salario mínimo de convenio igual a la Canasta Familiar y bajo convenio. ESI laica y científica, Aborto Legal, seguro y gratuito, -Desconocimiento de la deuda esclavizante.

2 de junio de 2020
Fracasa el cerco en Villa Azul

El cerco puesto por Berni para aislar a los vecinos de Villa Azul ha fracasado. La malograda aventura tiene que ver con el Plan Detectar, sólo testea sintomáticos. Mientras Kicillof anunciaba que habían finalizado los testeos en Azul, en la vecina Villa Itatí, de 15 mil habitantes, ya hay más de una decena de casos confirmados y 75 sospechosos. Los vecinos denuncian que hay casos en todo el distrito – Monte Matadero, la Ribera, La Paz, y la lista sigue. Quilmes pica en punta como unos de los distritos con mayor cantidad de contagios. Los números oficiales representan apenas la punta del iceberg. Por otra parte, la organización de los vecinos para vencer el cerco e ingresar alimentos a la barriada resultó incontenible para el vallado que montaron las fuerzas de seguridad; tampoco pudo evitar las enormes muestras de solidaridad que se ha desplegado sobre los vecinos. A la luz de esto, la intendenta Mayra Mendoza ha convocado a las organizaciones que actúan en los barrios para formar “comités de emergencia”. Propone incorporar a los hombres y mujeres de las organizaciones sociales a las recorridas del Plan Detectar. Presentada como una mesa de “diálogo” y “coordinación”, no contempla ninguna medida de seguridad más que un barbijo y una planilla, menos que el mismo plan que son convocados a apoyar. La convocatoria privilegia a las organizaciones alineadas con el gobierno, a cuyos punteros asigna la parte del león de los recursos, lo que redunda en una desprotección del mismo barrio. Los vecinos vencieron y han conquistado con sus protestas los limitados testeos que se realizan, los alimentos y, lo que no es poco, la llegada de brigadas de AYSA para reestablecer el agua corriente. En medio de la discusión berreta y distraccionista entre la ‘infectadura’, por un lado, y la ‘’saludcracia, por el otro, los trabajadores vencen los cercos y combaten el hambre por medio de la organización y la movilización.

2 de junio de 2020
Importante reunión de Tribuna Docente (Tendencia) de San Isidro-San Fernando

El martes 26 se realizó una videollamada organizada por quienes conformamos Tribuna Docente (Tendencia) de San Isidro y San Fernando. Participaron cerca de 30 docentes, mientras que algunos compañeros no pudieron hacerlo por problemas técnicos. En el informe inicial se destacó la imposición de la cuarentena como un triunfo la docencia, que ya desde el lunes 15 de marzo se negó a entrar a trabajar, a pesar de las presiones de los inspectores y del ministro Nicolás Trotta. Entre las intervenciones de los compañeros se destacaron los siguientes puntos: la necesidad de incluir a la rama adultos en la entrega de bolsones de alimentos; la necesidad de liberar internet y los datos móviles de los celulares en el horario escolar; también se manifestaron por la recuperación del salario, denunciaron las condiciones impuestas para el acompañamiento virtual de los alumnos (estamos usando nuestros mail y computadoras personales, falta de capacitación docente) y se reclamó, como la medida más urgente, la entrega de productos de limpieza y vacunación para aquellos compañeros docentes comprometidos en la entrega de bolsones de alimentos y material didáctico a los alumnos. Con estas conclusiones cerramos la charla para llevarla a la reunión de delegados convocadas que tardíamente convoca la burocracia de Suteba.

2 de junio de 2020
Playón de Chacarita-Carbonilla: la organización independiente y la coordinación se imponen ante la crisis
Corresponsal

El virus llego al playón de Chacarita y a la Carbonilla. Hasta el momento, se contabilizan 2 y 25 casos positivos, respectivamente, sin que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hiciera nada, como ocurre frente a enfermedades como el dengue, TBC e infecto contagiosas que silenciosamente se esparcen por los barrios desde hace años. Ante esta situación crítica, los vecinos se ven obligados a reaccionar. Los luchadores y activistas están en la primera línea - muertes como las de Ramona lo demuestran. Resulta imperioso discutir protocolos en asamblea, implementados por personal pertinente, con los medios necesarios y bajo convenio con un salario que cubra la canasta familiar, garantizado por el estado. Las postas y el reforzamiento para la detección temprana no son suficiente. Se necesita resolver el hacinamiento y las carencias más elementales, que son el producto de una política que combina precarización laboral con especulación inmobiliaria. Los procesos de "urbanización" no han sido más que la fachada de campañas electorales y negocios jugosos con la obra pública, además de una forma de cooptación y dominio del estado, por medio del IVC, sobre la voluntad de los trabajadores de las barriadas y sus organizaciones. Resulta imperativo construir comités de lucha contra el coronavirus en cada barrio y lugar de trabajo. Los mismos tienen por tarea fiscalizar y hacer cumplir los protocolos discutidos. El IVC, el Ministerio de Salud, el de Hábitat y Desarrollo y el de Espacio Público e Higiene Urbana, deben rendir cuentas ante estos. Por una acción de lucha unificada de las villas de la ciudad. Esta es la perspectiva que trazamos y el llamamiento que hacemos a las organizaciones de lucha. Por un congreso de las asambleas y comités, para discutir la intervención de los trabajadores ante la crisis. Por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS CABA: una campaña política en los barrios

2 de junio de 2020
Conferencia de Prensa en Villa 21

Este lunes, la Red de Mujeres y Disidencias de la villa 21-24 y Zavaleta, junto a otras vecinas y vecinos, nos reunimos en una conferencia de prensa para denunciar los cortes masivos de agua y luz, y exigirle al Estado la declaración de emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria, y la implementación urgente del impuesto a las grandes fortunas. Primera fallecida Minutos antes de dar inicio a la conferencia de prensa, las organizaciones presentes fuimos notificadas de la primera fallecida de Covid 19 en la villa. Se trata de la vecina Ramona Collante, anciana de la manzana 19, que falleció durante el sábado pasado, y que habría dado positivo en el hisopado post mortem. Ramona llevaba semanas con problemas respiratorios y fiebre. Durante el viernes, la familia había llamado a la ambulancia del SAME, y al llegar, los funcionarios de salud señalaron que “no había condiciones para el trasladarla a un centro de salud”, medicándola únicamente con paracetamol. El sábado los familiares llamaron por segunda vez a la ambulancia, la que demoró dos horas en llegar; y para cuando lo hizo, Ramona ya había fallecido. Migliore miente Como se denunció en la conferencia, la manzana de Ramona Collante es uno de los sectores sin agua, situación que en otras manzanas se viene arrastrando hace 60 días. Por esto, las dirigentes desmintieron los dichos de la ministra de Desarrollo Humano y Hábitat, María Migliore, quien aseguró a la prensa que todos los problemas de agua estaban solucionados; pues después del corte de calle que organizó la Red la semana pasada, las únicas medidas que tomaron los gobiernos, fueron llevar por única vez un camión cisterna, y entregar sachet de agua - los que en ocasiones se entregan vencidos. Se denunció también que el Estado le pagó a las empresas constructoras POSE y COPAR la totalidad de las obras de alcantarillado que aún no están terminadas, y que debieron ser entregadas el 2018. Por su parte, los vecinos que sí tienen agua, denunciaron que hace un año y medio, estudios de laboratorio confirmaron que las cañerías de la villa están contaminadas con al menos tres bacterias fecales. Las reivindicaciones La Red de Mujeres y las organizaciones presentes reclamamos durante la conferencia: Atención de salud de primera calidad; que se implementen protocolos de atención y que en los traslados y lugares de espera de diagnóstico o estadía se respete el aislamiento; que se garanticen las ambulancias; que la infraestructura de la Ciudad esté a disposición de la emergencia sanitaria para garantizar lugares de aislamiento dignos y seguros; que se entreguen insumos básicos y preventivos sanitarios para las compañeras de comedores; que se entreguen artículos de higiene a todas las familias de las villas; que se abra el “Programa de ayuda a grupos comunitarios”, para la sostener nuevos comedores donde hayan ollas populares; que se fumigue contra el dengue; que se entregue vivienda y comida para las personas en situación de calle; que se entreguen subsidio habitacionales; que se entregue equipamiento tecnológico y acceso a wifi para las y los estudiantes; que se de solución habitacional y laboral para mujeres y disidencias en condiciones de violencia; y que todas estas medidas se tomen en el marco de una declaración de emergencia alimentaria, habitacional y sanitaria, con un impuesto a las grandes fortunas. También adhirieron a estas reivindicaciones trabajadores de la salud de los CESACs. Estado de alerta y movilización El reporte de contagiados por Covid-19 al interior de la villa ascendió hoy a 338 casos, y los funcionarios de salud del CEMAR ya informaron de un segundo fallecido. Y frente al ascenso de la curva de contagios y víctimas fatales, las mujeres de la villa 21-24 se han transformado en la vanguardia de una lucha de vida o muerte: somos las que sostenemos los comedores, las que levantamos ollas populares, las que hacemos el relevamiento de los sintomáticos, las que presionamos afuera de los centros de salud hasta largas horas de la noche para exigir el traslado y aislamiento seguro de los vecinos testeados. Somos las mujeres las primeras en denunciar y rechazar que funcionarios de gobiernos y dirigentes de algunos partidos políticos, llamen a algunas/os activistas para “apretarlas/os” con la intención de desmovilizar la villa; y también somos las primeras en tomar acciones de fuerza cortando la calle. En vísperas del 3J, la lucha de las activistas de la villa 21 demuestra que todas las perspectivas de organizarse, discutir, deliberar y actuar, están abiertas; y que el programa de las mujeres trabajadoras se encuentra inevitablemente integrado en el programa de la clase obrera. Frente a las mentiras, amenazas y ensañamiento del Estado contra las familias obreras, organicemos comités barriales con independencia de los gobiernos de Larreta, Fernández y las iglesias, y respondamos única y exclusivamente al interés de nuestras vecinas y vecinos de la villa 21-24. Justicia por las Ramonas; Ni una compañera menos; el Estado es responsable. 02 de Mayo del 2020 LEER MÁS CABA: una campaña política en los barrios

3 de junio de 2020
La mujer en este aniversario del #3J

A 24 horas del quinto aniversario del 3 de junio, las trabajadoras discutimos -en pleno aislamiento por la pandemia, en pleno colapso social y sanitario- cómo intervenir planteando nuestras reivindicaciones y sobre todo, nuestros hartazgos: el coronavirus funciona como un gran espejo que refleja y magnifica las lacras del régimen social que nos oprime. En estas horas, nuestras miradas se vuelven a los Estados Unidos, donde miles de hombres y mujeres de todos los colores desafían al fascista de Donald Trump y exigen justicia para el hermano caído, pero también exigen justicia para todas las injusticias: los millones de muertos del Covid -y sobre todo del gobierno yanky y de la medicina privada-, los millones de desocupados y hambrientos en el país más rico de la Tierra. Las militantes del Plenario de Trabajadoras, en la Tendencia del Partido Obrero, sostenemos que el movimiento de mujeres ocupa un lugar principalísimo, como primera línea en la lucha no solo contra la pandemia sino contra la catástrofe social y sanitaria a la que un régimen social en descomposición nos arrastra. Enfermeras, médicas, docentes, trabajadoras de limpieza, trabajadoras del estado, de comercio, mujeres de las villas y barriadas se han plantado para defender el derecho de los explotados, de la familia obrera, a la vida, al alimento, a la atención médica, a la educación. Enfrentan a un gobierno que prometió “ponerles plata en los bolsillos” y terminó subsidiando al gran capital con los fondos de los jubilados. Enfrentan a un gobierno que se apresta a firmar un acuerdo de deuda -impagable- que lleva a un ajuste brutal mientras se han perdido miles de puestos de trabajo y hasta las trabajadoras bajo convenio cobran salarios que no superan la línea de pobreza. Ese enorme protagonismo de las trabajadoras, que se potencia en cada una de las grandes crisis, necesita de un programa de independencia política, sin un gramo de confianza en las variantes patronales, que sea capaz de unir la lucha de las mujeres con la del conjunto de la clase trabajadora, y ponerla en la perspectiva de la demolición de este régimen social. Con ese propósito hemos impulsado actos por delegaciones con un programa independiente en las Plazas Políticas, pero entendiendo esos actos como un aspecto de un plan de lucha más amplio, que se propone abrir espacio al estado deliberativo que ya recorre a grandes sectores de trabajadoras. Queremos discutir un pliego de reivindicaciones, sí, pero junto con una salida política propia. Proponemos hacerlo en asambleas y movilizaciones a los municipios y en las barriadas donde tomen la voz las mujeres que luchan en las ollas populares, contra el hambre, contra la violencia, contra las redes de trata. Proponemos hacerlo en asambleas y cartelazos en los lugares de trabajo de las actividades esenciales -como hizo el hospital Moyano el 28 de mayo- donde se pronuncien las trabajadoras de los call centers, de comercio, de la salud -primera línea en la lucha contra el coronavirus- que ven cómo se contagian sus compañeros porque las patronales privadas y las autoridades hospitalarias retacean los equipos de protección, porque los salarios miserables obligan al pluriempleo, porque las condiciones de trabajo las exponen a ellas y a los pacientes. Proponemos un paro de pantallas que se convierta en asambleas virtuales de las mujeres licenciadas o en teletrabajo, que han perdido todas las reglas de sus convenios laborales y trabajan sin horario y sin franco mientras cuidan de sus familias. Y son amenazadas con descuentos salariales o directamente el despido. Las direcciones de CTA y ATE se han opuesto con distintos subterfugios a estas medidas, intentando bloquear las iniciativas de delegadas antiburocráticas. La dirección “clasista” de AGD-UBA rechazó con argumentos administrativos llamar siquiera a una hora de paro en coincidencia con el horario del acto en Plaza de Mayo. Sin embargo, estas formas de lucha que ya se expresaron el 28 de mayo, han tomado nuevos bríos y alcanzan a numerosas trabajadoras de call center, de comercio, docentes, estatales, trabajadoras de la sanidad y de hospitales que ya recorrieron la experiencia de los paros de los otros 3J y no entienden cómo no hacer nada justo en éste. Este año, las feministas kirchneristas -que suelen arrogarse la dirección del movimiento- brillan por su ausencia. Las dueñas del palco del 8 de marzo, las de los ultimátum a las trabajadoras clasistas, han pergeñado en soledad un breve documento en el que anuncian encuentros virtuales, subrayan que “no estarán en las calles” y repiten que se quieren libres, vivas y desendeudadas, una manera de declararse a favor del pago de la deuda porque cualquiera sabe que no hay otro modo de ser desendeudada que pagar las deudas. Muchas de sus intelectuales, artistas y funcionarias son signatarias de una inolvidable solicitada de respaldo a las negociaciones del gobierno de Alberto Fernández con los acreedores internacionales. En un momento donde las masas enfrentan la vida y la muerte por una catástrofe natural que el capitalismo agudiza, han dado la espalda al movimiento de mujeres. Por otro lado, un bloque de organizaciones de izquierda -el FITU, el MAS y varias otras agrupaciones- convocó una “Asamblea de Mujeres y Disidencias” con la propuesta de movilizar a Plaza de Mayo. Nos sumamos a la asamblea y saludamos la iniciativa de dar el presente el 3 J en la calle, tomando todas las precauciones que exige la pandemia. De esa Asamblea surgió un extenso documento que el PdT (T) resolvió firmar en defensa de un frente único de lucha y porque tenemos acuerdo con el pliego de reivindicaciones. Sin embargo, nos importa llamar la atención sobre algunos aspectos de ese documento que se distancian de una visión socialista de la liberación de la mujer. El documento se dirige a las mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales y no binaries es una triste concesión al feminismo identitario, que disuelve el colectivo de las mujeres y pone por delante de la pertenencia de clase a las diferencias de género, de etnia, de orientación sexual. La clase social, la identidad “trabajadora” es entonces una más de la infinidad de identidades que definen a un grupo social. Si las diferencias de género son lo mismo que las de clase, estamos a dos segundos de esconder al capitalismo y al régimen de clases detrás de los brumosos velos de una supuesta sociedad transhistórica patriarcal y el feminista “sexo contra sexo”. Encima, es una concesión a un fantasma, puesto que ni uno solo de los agrupamientos “identitarios”, en general rabiosamente filo k, se han sumado al acto de la asamblea. No hay lucha consecuente por la liberación de las mujeres sin que esté colocada en el andarivel de la lucha de clases, en unidad con los hermanos de la clase y en la perspectiva del gobierno obrero. Vamos por el aborto legal, contra el pago de la deuda y acuerdo con el Fondo, contra las suspensiones y despidos, contra los femicidios y la violencia, y vamos por todo eso, y por la construcción de un mundo que merezca ser vivido.

3 de junio de 2020
La maternidad de Pilar prohíbe a las familias ver a los bebés internados en Neonatología

Las autoridades de la maternidad municipal de Pilar “Nuestra Señora del Pilar”, con el argumento de la pandemia, prohibieron el ingreso de los padres a los partos, cesáreas y visitas a Neonatología. Las y los trabajadores de la maternidad del sector de Neonatología se organizaron y enviaron una carta para reclamar un protocolo en defensa de la salud de las madres y de los neonatos, y solicitar el ingreso de los padres a Neonatología, “ya que muchos de sus hijos están internados en estado crítico”. “El siguiente pedido se hace porque hay muchas mamás que no pueden ver a sus bebés desde que nacieron y otros ni siquiera tuvieron contacto con sus padres ya que fallecieron producto de enfermedades de base o prematurez. El prohibir el ingreso a los padres a ver a sus hijos coarta los derechos de los niños como pacientes, así como también prohibir el ingreso a los partos o cesáreas considerándose esto violencia obstétrica”, señala la carta. “Dicha prohibición (…) fue tomada por la dirección de dicha maternidad en conjunto con la jefa de enfermería e infectología, no teniendo en cuenta el daño que causa a la madre y al niño sobre el vínculo entre los mismos considerado indispensable para la mejoría del neonato”. Las enfermeras y enfermeros concluyen reclamando “un protocolo con todos los recaudos y equipos necesarios, con un organigrama de horarios, días y duración de visitas de las madres y padres, como así también apoyo psicológico constante a las madres para así poder sobrellevar la internación de sus hijos y el período de duelo en caso de fallecimientos”. Las y los trabajadores no exhiben sus nombres ni sus rostros por la persecución sindical sistemática que padecen por parte de las autoridades. Catástrofe sanitaria El vaciamiento del sistema de salud data de hace años. La culpable no es la pandemia. En los centros de salud maternales e infantiles del distrito de Pilar, desde hace mucho tiempo las mujeres tienen que esperar horas para ser atendidas. En el único hospital pediátrico del distrito, siempre hubo un cartel que menciona que si el caso no es urgente -riesgo de muerte- el paciente debe esperar un mínimo de 4 horas, en una sala de espera completamente hacinada, sin calefacción y con los virus a flor de piel. Las mujeres embarazadas no están siendo atendidas en sus controles, tienen que pagar más de 5 mil pesos para una ecografía y ni hablar de la provisión de las vitaminas. Tampoco están garantizando los anticonceptivos ni el misoprostol. Esto es el resultado, antes que nada, de un sistema político que se cae a pedazos. Desde el PdT- Tendencia, en la multisectorial “Asamblea de Mujeres de Pilar”, discutimos y elaboramos en conjunto un documento y una campaña de fotos para el 28M -Día Internacional de la Acción por la Salud de las Mujeres- donde exigimos al Estado de un protocolo para habilitar las visitas de las familias, la legalización del aborto, la adhesión del protocolo ILE para Pilar y la responsabilidad absoluta del Estado en la situación que padecemos las mujeres. En ese sentido, desde nuestra organización, el día 3J realizaremos actividades políticas entorno a la lucha de la mujer, enlazando la lucha de las mujeres con la lucha de los trabajadores, mostrando una salida de conjunto, con los compañeros de nuestra clase en contra del sistema capitalista.

3 de junio de 2020
#3J Las docentes nos organizamos en la escuela
Melina López · Tribuna Docente Tendencia

Las docentes de la escuela de Lomas de Zamora donde trabajo nos reunimos para deliberar la situación de las mujeres, en las vísperas de un nuevo #3J. Analizamos nuestras condiciones de trabajo y de otros sectores laborales, como el de las compañeras de la salud. Incluimos en el temario los casos de femicidio, las condiciones de vida de nuestros alumnos y alumnas, la ILE, el pago de la deuda externa. Participaron del debate compañeras nombradas por el plan PIEDAS. Dicho plan las excluye de los derechos que nos otorga el Estatuto del Docente, sentando un precedente peligroso. La pandemia ha desnudado lo que el sistema capitalista es. Las compañeras expresaron de manera sencilla un concepto profundo: “nos oprime el Estado porque desde las escuelas se nos demanda constantemente el relevamiento de datos, atender a nuestros alumnos y alumnas durante todo el día, los siete días de la semana, porque en los hogares existe un celular para tres, cuatro o cinco niños y adolescentes en edad escolar, además de atender a nuestros propios hijos e hijas y los quehaceres de la casa”. A medida que se desarrollaba la reunión, los acuerdos eran unánimes. La explotación es el denominador común de todas las trabajadoras, cualquiera sea el rubro. El Estado subsidia a los monopolios y a las grandes empresas mientras se devalúan nuestros salarios. En cambio, de la reapertura de paritarias no se habla. Es escandaloso el papel que juegan los burócratas sindicales, acordando con las patronales los salarios a la baja, las suspensiones. La falta de decisiones políticas por parte del Estado repercute en el aumento de los femicidios, falta de continuidad en la anticoncepción, implementación de la ILE en tiempo y forma. Como resultado del debate, acordamos las siguientes propuestas: Conformar un grupo de WhatsApp como “espacio pensado para debatir, organizarnos y luchar por nuestros derechos laborales y en contra de la opresión hacia las mujeres”, según las palabras de nuestras compañeras. Realizar una edición de pancartas con nuestros reclamos y todo lo discutido en la charla el #3J y las publicaremos en las redes sociales. Seguiremos organizándonos para poner en pie un programa clasista que sea tomado y defendido por las compañera. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

3 de junio de 2020
A Mariano...

El próximo 3 de junio, Mariano cumpliría 33... Y no solamente eso, sino que hubiera sido un niño que luego de 20 años de lucha militante hubiera formado su propia familia o tal vez no. No lo sabremos, por que lamentablemente a Mariano, un 20 de octubre, lo mató una patota junto con el apañamiento de la burocracia sindicalista de la verde y bajo la protección de la policía Bonaerense. Y eso sin quitar el dedo encubridor del Gobierno de los Kirchner. Hoy posiblemente Mariano estaría reuniéndose con sus compañeros, tal vez de alguna tornería o si hubiera podido estudiar Historia con el grupo Docente. Pero quién sabe. Tal vez estaría pasando a visitar a Beatriz, su mama o estaría siendo tan baboso con su sobrino, hijo de Pablo. Todo esto se marca como un tal vez... Porque lamentablemente a Mariano Ferreyra lo asesinaron. Mariano, el próximo 3 de junio hubiese sido tu cumpleaños y estoy ciento por ciento segura, que habría estado el Be, Mauro, Luciano, María Paz y muchos de tus amigos acompañándote y festejando con su hermosa sonrisa. Pero todo esto, hoy no se podrá realizar porque te mataron. Eras tan joven y de pelo risueño decía una canción... Eras un pibe que siempre se te veía con la luz prendida de tu pieza y siempre leyendo, hasta que Beatriz, te pedía que apagues la luz. Eras un chico tímido, pero al hablar, eras un gran soldado revolucionario... Te preocupabas por todos tus compañeros... Eras una gran persona. Tengo que decir, nos dejaste un gran vacío en nuestros corazones... Vos fuiste el reflejo e impulsor de todas nuestras luchas por tu memoria. Luchamos para encarcelar a tus asesinos... Y por tu memoria lo conseguimos... Luchamos por un juicio para todos los que te callaron y lo conseguimos... Luchamos para demostrar la liberación de la zona por parte de la policía con el único fin de proteger un negociado entre un gobierno y los empresarios y los demostramos... Luchamos para seguir más unidos entre los trabajadores y tu bandera fue la Unión... No me puedo despedir de vos por que despedirme significaría dejar de luchar... Hoy, Mariano vos eres el mejor ejemplo de lucha... Eres la persona que incondicionalmente estaría levantando el puño si no te hubieran callado. Solo me queda decir Feliz Cumpleaños Mariano.

3 de junio de 2020
Aparición ya de Valeria López y todas las desaparecidas en democracia

El 26 de mayo pasado se cumplieron cuatro meses de la desaparición de Valeria López, de 35 años, vecina de la localidad de Virreyes, partido de San Fernando. En plena cuarentena, su familia la busca sin ninguna respuesta por parte de la justicia ni de los gobiernos municipal y provincial. Hace algunas semanas el expediente apuntaba hacia la isla del Delta sin ningún elemento que determinara que allí podría estar, y no investigaba una cantidad de testigos que se acercaron a la familia. Esto llevó a que la Fiscalía de San Isidro, a cargo del fiscal Gonzalo Acosta, trasladara el desarrollo de la investigación a la Comisaría 5° de Beccar, dadas denuncias de irregularidades de la Comisaría 4° de Virreyes, que había llevado el caso hasta ese momento. La zona norte de GBA tiene la característica, que ha sido levantada como bandera por los gobiernos municipales, de destinar una cantidad importantísima del presupuesto a la seguridad. La mayoría de los distritos cuenta con una fuerza policial propia y tiene instaladas cientos de cámaras que monitorean las calles. Sin embargo, se suceden una enorme cantidad de desapariciones de mujeres en el año sin que las familias puedan tener acceso al registro de esas cámaras y en las narices de todo el dispositivo policial. La familia de Valeria, al igual que ha ocurrido con los casos de Luna Ortiz en Tigre o de Marcia Reyes en Escobar, no tiene acceso a las grabaciones de las cámaras de vigilancia, que se borran a los 15 días. En la gran mayoría de los casos, la policía insta a esperar las 48 horas para iniciar la búsqueda y tardan muchos días más en llevar la denuncia a fiscalía, quién tiene la potestad de solicitar órdenes de resguardo. Los 15 días se disuelven en la acción diletante de la justicia cuando una mujer desaparece. Durante la cuarentena se han sucedido casos de desaparición en la zona con un supuesto operativo de las fuerzas represivas fuerte en las calles que controlaban el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Pues bien, mujeres de entre 13 a 25 años circularon sin certificado ni DNI, muchas cruzaron todo el conurbano bonaerense hasta la zona sur, casualmente sin ser detectado por los controles policiales. Ahora sí, a la mamá de Valeria la han echado de la comisaría cuando iba en busca de respuestas porque estaba incumpliendo la cuarentena. Estas fuerzas policiales han recibido capacitaciones en “perspectiva de género” luego de la sanción de la Ley Micaela, y el resultado ha sido el mismo: por acción u omisión, son responsables de que las mujeres no aparezcan. Este 3 de junio, donde volvemos a levantar la voz contra la violencia contra las mujeres, tenemos que plantar bandera también ante los cientos de desapariciones de mujeres que ocurren año tras año. Tenemos que levantar comisiones de familiares, amigos y vecinos en cada barrio cuando desaparezca una compañera, que se ocupe de exigir la rápida búsqueda, que oriente hacia los lugares correctos para que no desvíen la investigación hacia callejones sin salida y monitoree todas las acciones que lleve adelante la fiscalía y las fuerzas policiales a cargo. El Estado capitalista se nutre económicamente del negocio de la trata de personas, que secuestra miles de mujeres y llena de a millones las arcas de los bancos y los bolsillos de los funcionarios. Existe un interés de lucro por el cual ninguna capacitación va a tener efecto alguno, y razón por la cual se vuelve fundamental la organización independiente para recuperar a cada una de las compañeras desaparecidas. Aparición con vida de Valeria López y todas las mujeres desaparecidas en democracia. Desmantelamiento de las redes de trata y de todo este régimen social que no puede garantizar la vida de la clase obrera.

3 de junio de 2020
Frigorífico Santa Giulia: unidad de los trabajadores de la carne para derrotar la impunidad patronal
Brian Sordelli · Bárbara Carrillo

En el año 2018, la patronal de Santa Giulia impuso un cambio en el convenio laboral, cercenando las condiciones de trabajo de los trabajadores. En ese momento, el frigorífico, ubicado en Alejandro Korn, contaba con 300 obreros que dejaron de cobrar por hora, pasando a un régimen atado a la productividad. Es decir, prácticamente a destajo. Esto no podría haberse impuesto sin la intervención de la burocracia de Fantini, que en ese momento irrumpió para desplazar al sector de Vallejos (FESITCARA). Esta disputa intersindical dio como resultado no solo un nuevo régimen laboral, sino también una decena de despidos. Como el salario está atado a la productividad, los trabajadores comenzaron a dejar su salud en el frigorífico para no perder su sueldo, el cual, además, cobran mitad en negro. Problemas en la columna, en las manos, cortes en sus extremidades y problemas en los pulmones. En resumen, los ahora 600 trabajadores llegan a esta pandemia con su salud destruida y totalmente precarizados. Tras el inicio de la cuarentena, el 19 de marzo, los trabajadores plantearon ante la patronal una serie de medidas para prevenir los contagios. Hicieron pedidos de barbijos, de alcohol y de elementos de seguridad e higiene. Exigieron cuestiones tan básicas como el pedir vasos para el dispenser. Pero el dueño, José Somma, se negó rotundamente. Y mantuvo la producción sin ninguna medida. Ni siquiera otorgó las licencias a trabajadores con patologías previas. El 16 de mayo, tras conocerse el primer caso positivo de coronavirus, llegó una inspección del municipio, con autoridades del gobierno, de la Provincia de Buenos Aires y del sindicato. Esta inspección, después de haber desinfectado el lugar en pocas horas, concluye en que la planta se encuentra en condiciones de seguir trabajando. Y el frigorífico se reabre al día siguiente. Frente a esto, los trabajadores se niegan a entrar y realizan una reunión en el playón del frigorífico, a la que asisten 200 compañeros. Esta asamblea autoconvocada discute la necesidad de protocolos de salud, de una desinfección verdadera y de que se realice un testeo masivo a todos los trabajadores. En medio de esta deliberación, aparece el patrón Somma con un papel en la mano gritándole a los trabajadores que está todo legal y que está avalado por el municipio, por la provincia y por el gremio. Y que si los trabajadores quieren hacer cuarentena que la hagan, pero sin goce de sueldo. Es más, José Somma declara en un reportaje que él está avalado por los ministerios de Salud y Trabajo y por el propio intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza. "Yo no obligo a nadie, la planta está trabajando", afirma Somma. Y aun así, más de la mitad de la planta decide tomar esa licencia, ante el peligro que significaba para ellos seguir trabajando en esas condiciones, defendiendo la salud de ellos y sus familias. José Somma, ante la decisión de los trabajadores para resguardar sus vidas, de manera trapera, les niega la parte del sueldo en negro en forma de castigo. Dos días después de todo esto, se conoce el segundo caso, y casi la totalidad de los trabajadores se niegan a ingresar. Aún frente a la amenaza de represalias de parte del sector de recursos humanos que tomó nota de cada uno de los obreros que se habían negado a ingresar. Días después, con un tercer contagio y con 58 trabajadores aislados a la espera del hisopado, se toma la decisión de cerrar el frigorífico. Pero aún con ocho trabajadores contagiados, el frigorífico sigue manteniendo el sector de administración y depostada. Esto demuestra una impunidad total frente a la gran cantidad de contagiados a quienes además se les está negando su salario. Este repaso por los hechos ocurridos en el frigorífico Santa Giulia, demuestran la responsabilidad de la patronal, de la burocracia sindical y del propio gobierno municipal. Si José Somma se paró en la puerta frente a 200 trabajadores instándolos a trabajar sin ninguna medida de seguridad, es porque recibió el aval del gobernador, del intendente y del propio sindicato. Son también responsables de enfermar a los obreros. Pero este repaso muestra, también, el hilo de continuidad que existe en todos los frigoríficos del país. Los trabajadores de la carne se encuentran en estos momentos deliberando y dando una batalla contra los empresarios de la carne, y con una burocracia sindical que intenta aplacar esas luchas apelando a la división. La disputa entre los dos gremios que se había dado dos años atrás en Santa Giulia es lo que hoy mantiene en pie de guerra al Penta. Es necesaria y urgente lograr la coordinación de todas estas luchas. Desde el Penta hasta Santa Giulia. Por un paro nacional de los trabajadores de la carne, por protocolos de seguridad e higiene discutidos por los trabajadores. Que se garantice el salario y los puestos de trabajo. Reintegro de los días caídos ningún descuento, pago total de los adicionales en negro.

3 de junio de 2020
La Nirva: ingreso a la fábrica y asamblea permanente

Luego de ocho meses sin cobrar los sueldos y un mes de acampe, las trabajadoras votaron en asamblea ingresar a la fábrica y declararse en asamblea permanente. La patronal incumplió el compromiso firmado en un acta emitida por el Ministerio de Trabajo provincial de abonar parte del sueldo el día 28 de mayo. Ante este incumplimiento, las compañeras se movilizaron al sindicato de pasteleros para exigir respuestas. Al llegar, el dueño de la fábrica Matías Pérez Paradiso se encontraba dentro. Salió a pedir “perdón” y prometer abonar lo adeudado el lunes 1 de junio. Las trabajadoras lo increparon -“¿Vos sabés lo que pasamos?” “¿Cómo te vamos a creer?” “¿No podés ser tan sinvergüenza”. El lunes, finalmente, la plata de los sueldos no apareció. Al día siguiente, las compañeras se concentraron en las puertas de la fábrica, mientras los delegados estaban reunidos en el Ministerio de Trabajo de La Plata con los apoderados de la patronal y los abogados del sindicato pastelero, donde tampoco hubo ninguna propuesta concreta. Después de atravesar todas estas instancias, las trabajadoras votaron el ingreso y la permanencia pacífica dentro de la planta para que se paguen los sueldos adeudos y en defensa de sus puestos de trabajo. El conflicto viene arrastrándose desde hace más de un año y medio. En estos meses han recibido amenazas de muerte, intimidaciones, cheques sin fondos y hasta el desalojo policial del acampe que mantenía en las puertas de la fábrica. El sindicato jamás apareció por la fábrica ni emitió ningún pronunciamiento. Eso sí, después de que los trabajadores le arrancaran a la patronal un compromiso de pago, el sindicato salió a adjudicarse el logro como mérito propio. ( https://pasteleros.org/notaFederacion/659-la-nirva-la-%C3%BAnica-verdad-es-la-realidad-parte-ii ) Las trabajadoras de La Nirva, la fábrica de alfajor Grandote y otros productos de confitería, ubicada en Lomas Del Mirador, en La Matanza, siguen firmes en la lucha por sus salarios y sus puestos de trabajo, ahora desde adentro de la fábrica. Rodeemos de solidaridad la lucha de las compañeras. Por el triunfo de La Nirva y de todas las luchas en curso

3 de junio de 2020
Las trabajadoras de supermercados gritamos ¡Ni una menos! el Estado es responsable

Este miércoles se cumplen 5 años del día en que, por primera vez, se ponía en la calle el grito del NI UNA MENOS, y una concentración multitudinaria de mujeres marchamos en contra de los femicidios y la violencia de género. Este aniversario nos encuentra en medio de una pandemia, que ha sacado a la luz la crisis fenomenal que enfrentamos, tanto sanitaria como social y laboral. En comercio, las trabajadoras de los Carrefour Express nos estamos organizando. En nuestro gremio, sufrimos la violencia patronal a diario. Y la pandemia dejó en claro qué poco les importa nuestra salud: son centenares los mercantiles infectados por Covid19 debido a la negativa de las empresas a reducir la jornada laboral o garantizar elementos efectivos de protección. Justamente fuimos las mujeres -junto con nuestros compañeros- las que nos tuvimos que organizar para denunciar las condiciones en las que trabajamos, exigir garantías para el cuidado de nuestra salud, defender nuestro salario y nuestras conquistas laborales. Las mercantiles -como el resto de las mujeres de la clase obrera- estamos en la primera línea, batallando para que se nos pague las licencias por el cuidado de nuestros hijos. Hace unos días hubo un fallo a favor de una trabajadora de Carrefour porque la empresa le negaba la licencia paga a la que tenía derecho para cuidar a sus hijos durante la cuarentena. El desprecio a la maternidad no es nuevo: somos las que cuidamos de los niños cuando se enferman, y las empresas castigan la maternidad y nos descuenta el día laboral. Somos las cajeras las que sufrimos acoso laboral, como sucedió el 14 de abril, cuando una compañera fue amenazada de muerte por el empresario Guillermo Navone. Con la cuarentena, la situación se ha puesto peor. Las mujeres tenemos que cuidar de nuestra familia, sumando a las tareas del hogar el acompañamiento de las tareas escolares de los niños, con recursos insuficientes, haciendo largas colas para poder comprar, haciendo maravillas para llegar a fin de mes. No hace falta explicar que un salario de $36.000 por la jornada completa es insuficiente. Estamos obligadas a trabajar domingos y feriados 10 horas para llegar a fin de mes. Desde 2018 Carrefour aprovechó la firma del PPC (procedimiento preventivo de crisis) para profundizar la precarización y flexibilización laboral y la reducción salarial. Sin demostrar las pérdidas, la empresa cerró locales y hubo más de 1.000 despidos en todo el país, a través de los "retiros voluntarios", que habitualmente es solo un despido encubierto. Desde la agrupación Combativos Mercantiles planteamos que, si no nos organizábamos para frenar esta avanzada, la empresa intentaría ir más a fondo con la quita de conquistas de los trabajadores. Hoy el clima entre los compañeros y compañeras es más que alentador, nos fuimos reagrupando durante la pandemia. Los trabajadores pusimos en jaque a las direcciones burocráticas del gremio, tanto de Cavalieri, como del sector que lidera Muerza, que se habían apurado a firmar acuerdos con la patronal. Las compañeras de Carrefour y otras mercantiles, en este clima, nos organizamos este 3j para difundir nuestras exigencias: Basta de violencia de género. Ni una menos el Estado es responsable. Reducción de la jornada laboral a 6 hs por trabajo insalubre sin afectar el salario. Cierre los domingos y feriados. Reapertura de paritarias. No a los despedidos, suspensiones, reducción salarial y sanciones arbitrarias. Licencia paga para todas las madres que lo requieran. Licencia paga cuando exista violencia de género. Por el funcionamiento de la Secretaría de la mujer del SEC, donde nos podamos organizar por todos nuestros reclamos. Por el derecho al aborto seguro legal y gratuito. Mayor presupuesto para la salud. No al pago de la deuda usuraria.

3 de junio de 2020
Operativo Detectar en Villa Monte Matadero: una truchada
Corresponsal

Después de haberse confirmado dos casos positivos de Covid19 en el barrio Monte Matadero (Quilmes) y tras muchísimos reclamos de los vecinos por testeos masivos -ya que ni siquiera se hicieron los testeos a los contactos estrechos de las personas con diagnóstico confirmado-, en el día de hoy se presentó en el barrio el Operativo Detectar. En un recorrido casa por casa, los agentes del “operativo”, fueron haciendo una encuesta de una sola pregunta: si en los últimos 15 días tuvo alguno de los síntomas -sin especificar cuáles son- y pidiendo los datos de las personas que viven en la misma casa. Nada más. La “encuesta” no incluye ninguna pregunta sobre la situación económica de la familia, ninguna pregunta sobre cuántas personas de grupo de riesgo viven en la casa, mucho menos sobre necesidades estructurales – agua, luz, cloacas, etcétera. Es de público conocimiento que, en los barrios populares, se sufren necesidades estructurales desde siempre. Es intolerable que el municipio nos siga marginando y pase casa por casa preguntando si tuvieron síntomas y no tomen nota sobre la necesidad de que tenemos los vecinos del barrio. Necesidades reales que impiden el distanciamiento social, que impiden el buen lavado de manos, y la higienización de las casas, así como la buena alimentación para tener las defensas necesarias para combatir al virus. Además, la gente del barrio tiene miedo de tener los síntomas, informarlo y que la lleven a un lugar donde no saben si les van a garantizar la alimentación y los cuidados necesarios. Pudimos comprobar que muchos de los vecinos de la Villa Azul fueron trasladados a distintos lugares para su aislamiento y supuesto cuidado, pero ellos mismos denunciaron que el municipio los tenía en un abandono total. Necesitamos que hagan los testeos a todos los contactos estrechos de aquellos que dieron positivos de coronavirus, por más que no tengan síntomas, para detectar los casos asintomáticos. Los vecinos del barrio Monte matadero necesitamos cloacas, agua potable y energía eléctrica. Necesitamos que nos garanticen la alimentación, ya que muchas de las personas que viven en este barrio viven de changas y, por la cuarentena, no llegan a cubrir ni la alimentación de sus familias. Testeos masivos ya.

3 de junio de 2020
Por una lucha unificada por los reclamos de los trabajadores desocupados y precarizados

El impacto de la pandemia en nuestro país ha desnudado la profunda crisis social que hace décadas arrastran las villas miseria y los barrios más pobres de la Capital y el Gran Buenos Aires. La crisis sanitaria se ha potenciado al extremo, pero de ninguna manera se trata de una novedad. Los problemas de salud por las condiciones de vida en barrios hacinados y con viviendas precarias han pegado un salto dramático con la irrupción del coronavirus. Gobiernos de todos los colores han pasado por el Estado nacional y por el porteño, sin que ninguno resuelva los problemas habitacionales que se agravan cada año. La falta de comedores y recursos para una alimentación adecuada durante décadas es abono para el desarrollo de todo tipo de enfermedades físicas. Los constantes cortes de agua colocaron permanentemente a la población de estos barrios a las puertas contagios e infecciones. El desarrollo vertiginoso del coronavirus en las villas de la Capital y el conurbano le está mostrando al país entero la situación explosiva de los barrios que muchos funcionarios preferían ocultar. Colapso oficial A esta altura, debe estar claro para todos que las políticas oficiales han fracasado. El colapso del sistema sanitario, junto con el elevado porcentaje de personal de la salud contagiado por coronavirus, como así también la irrefrenable multiplicación de los contagios en las villas, son todas pruebas de ello. La política de convertir la Villa Azul en un ghetto, ante la incapacidad del Estado para contener la propagación del virus con medidas sanitarias, revelan más que nada el colapso moral y político de la política oficial. Ante la falta de recursos por parte del Estado, fueron los propios vecinos de los barrios quienes, aun exponiendo su salud y su vida, se han colocado a la cabeza de combatir el hambre y la miseria. Por todo el país se levantaron ollas populares a partir de la solidaridad entre los propios trabajadores ocupados y desocupados. Desde esas ollas vienen combatiendo el hambre y organizando a los vecinos de los barrios por todo tipo de reclamos -del agua a la violencia de género, de la desinfección de pasillos y viviendas a la falta de elementos de higiene y de mercadería, etc. Las organizaciones que intervenimos en los barrios, que organizamos a los desocupados y trabajadores precarizados, a las mujeres que paran la olla, a los jóvenes que enfrentan la precarización, debemos sacar las conclusiones de esta situación y ponernos a la altura de las circunstancias. La cooptación del Estado a través del Ministerio de Desarrollo Social ha manifestado todos sus límites en el momento actual. Es necesaria una intervención que levante todos los reclamos necesarios para defender la vida de los que viven de su trabajo y que se encuentran en la primera línea de exposición ante el coronavirus. Las divisiones que impone el gobierno entre las organizaciones para evitar una intervención de conjunto deben ser superadas con una acción unitaria de todos los barrios por nuestros reclamos elementales. Es la vida misma lo que está en juego. Desde esta perspectiva, saludamos la carta abierta firmada por varias organizaciones (FOL, Darío Santillán, Aníbal Verón, Izquierda Latinoamericana Socialista, entre otras) llamando a todas las organizaciones que trabajamos en los barrios a unificar la lucha por los reclamos que día a día llevamos al Estado en forma separada y sin obtener respuestas. Miles de compañeros quedaron sin trabajo ni ingreso, a lo que se suma la falta de mercadería en los barrios y el sostenimiento de merenderos y comedores. Son alrededor de 350.000 compañeros los que efectivamente cobran un plan social, de $8.500 congelados en medio de un brutal encarecimiento, con una desocupación ronda el 20% y la pobreza, un 40%. A fines del año pasado realizamos acampes y movilizaciones por estos reclamos. La Emergencia Alimentaria que fue aprobada por el Congreso en diciembre no sólo no significó ninguna asignación de recursos de ningún tipo para los desocupados, sino que además fue justificativo para directamente cortarnos las entregas de mercadería y retrasarlas en otros casos. Ya en cuarentena, el Ministerio de Desarrollo Social detuvo las compras debido a las denuncias por sobreprecios. Se removió a todos los funcionarios y, durante ese mes, también se cortó la entrega de mercadería para los comedores y merenderos. Ahora, con las nuevas autoridades, las entregas siguen retrasadas o, en algunos casos, directamente no llegan. Lo concreto es que el gobierno, como dicen los compañeros en su carta, no atiende las necesidades de los desocupados y los sectores más empobrecidos, como sí cumplen con los grandes empresarios a quienes les ha entregado las ATP para el pago con subsidios del 50% de los salarios, liberando a las patronales de hacer también los aportes correspondientes. En momentos en que el gobierno se apresta a firmar acuerdos con los bonistas de la deuda y el FMI, para rescatar al capital, este llamado a un reclamo unificado y una acción común abre la posibilidad de construir un polo único de lucha del movimiento de desocupados. Desde la Tendencia del Polo Obrero venimos sacando artículos y materiales con el mismo planteo. De la misma manera, las organizaciones agrupadas en el Encuentro Socialista Antiimperialista (Tendencia Guevarista, MTR Histórico, MTR 12 de Abril, PCT, MTL Rebelde) han realizado un llamado a unificar y coordinar las luchas. Creemos que es hora de concretar todos los llamados en un plan de acción único que permita reagrupar a los trabajadores ocupados y desocupados del país para imponer un programa que reorganice todos los recursos para ponerlos a disposición de la población que está siendo golpeada por la pandemia. Queremos aportar, para que se sume a lo ya presentado, un pliego de reclamos sanitarios fundamentales contra el Covid 19 y el dengue, que están haciendo estragos con la salud y las vidas, principalmente de aquellos que viven hacinados en villas y barrios sin servicios elementales ni viviendas dignas. Reclamamos los testeos para aislar a los contagiados evitando la expansión del contagio, bajo el control de las organizaciones barriales y vecinos. Declarar de utilidad pública los hoteles y edificios vacíos para el alojamiento para la población afectada. Fin del acaparamiento inmobiliario en las grandes ciudades. Centralización de todo el sistema de salud. Inmediata contratación de trabajadores de salud, trabajadores sociales y voluntarios, con salarios y convenio para todas las tareas de diagnósticos, relevamiento, higiene y saneamiento de los barrios. Reconversión de las villas y asentamientos en barrios con la construcción de viviendas. Asistencia alimentaria incondicional a toda la población en los barrios, bajo control de las organizaciones sociales y barriales. Entrega de barbijos, elementos de limpieza y sanitarios. Desconocimiento de la deuda externa. Es necesario movilizar a la fuerza de todos los luchadores por este programa, unificando a los trabajadores desocupados y ocupados para coordinar movilizaciones y cortes en la perspectiva de una salida de los trabajadores.

3 de junio de 2020
UNSa: las autoridades impulsan la vuelta a clases en medio de la crisis
Elías Mérida

En las últimas semanas, las autoridades de las diferentes facultades han organizado reuniones con los docentes buscando el respaldo a un plan para el cierre del cuatrimestre de forma virtual, con vistas a la vuelta a clases presenciales. Según el plan que barajan, se pretende volver en agosto o septiembre, en una modalidad de cuatrimestres reducidos a dos meses. A pesar de que en las últimas resoluciones reafirmaban que la universidad era de régimen presencial y que no se puede evaluar a estudiantes, han propuesto que se avance en evaluaciones para poder darle la regularidad a los estudiantes que han podido llevar adelante el cursado en forma virtual. Se plantea que así se ayudaría a descomprimir cuando volvamos a las aulas, para poder cumplir con los protocolos de distanciamiento establecidos. Pero este plan no viene acompañado de ninguna definición ante los reclamos de docentes y estudiantes sobre las clases virtuales, y mucho menos de las condiciones que las diferentes carreras necesitan para llevar adelante el cursado presencial respetando las medidas de bioseguridad básicas. Todas estas plantean la necesidad de un aumento de emergencia del presupuesto universitario, pero existiría un acuerdo entre rectores para no exigir una partida presupuestaria extraordinaria al gobierno, en función de “priorizar la salud”, dejándole el camino libre al gobierno para que destine los recursos del país, no a la salud, sino al pago de la deuda externa. La situación es crítica. Los docentes, en base a su propia voluntad, se han ocupado de sostener la educación financiando con sus salarios el contacto virtual y trabajando más de lo que se les reconoce, pero se acerca a un punto de quiebre. Debemos preparar la respuesta de docentes y estudiantes frente a esto. Los sindicatos Ante el levantamiento de la cuarentena en la provincia por parte del gobernador Sáenz, se discute en las cátedras el problema de la vuelta a clases. En las reuniones con las autoridades, estas dejan saber que se espera que los docentes nos adaptemos a una situación que claramente profundizará la deserción estudiantil, que es muy grande, especialmente en los primeros años. Las asambleas organizadas por el gremio han expresado estos debates, pero la orientación de la dirección es no resolver concretamente un pliego ni votar un plan de lucha para conseguir su satisfacción, alineándose así con la orientación de la CONADU (H), cuyo apoyo crítico al gobierno deja de lado la lucha ante los problemas que todos dicen reconocer. Apoyados en la creciente deliberación que surge por la incertidumbre y el silencio del gremio, es necesario construir los espacios de debate y organización, sean reuniones por departamentos o escuelas, asambleas por facultades, y asambleas de ADIUNSa resolutivas, donde se organicen los reclamos docentes, empezando por el equipamiento y conexión a internet, la designación de docentes y apertura de más comisiones para evitar la sobrecarga laboral. Esta discusión debe involucrar también a los estudiantes y al personal no docente. No se puede volver a clases de manera improvisada, sin aval de la comunidad universitaria ni con el correspondiente aumento presupuestario para hacer frente a la infraestructura deficiente. Menos aún que este regreso a las aulas se haga en base a la sobreexplotación de los trabajadores y que sean docentes y estudiantes los que paguen los platos rotos de una educación en crisis, llevada a este extremo por la complicidad de rectores y decanos con el ajuste que sufre la universidad de hace años. En esta perspectiva nos colocamos, y llamamos a todos los docentes a debatirla y organizarse por nuestras reivindicaciones.

3 de junio de 2020
Villa Azul: la organización desde adentro

Villa Azul se ubica en el límite entre Quilmes y Avellaneda. Se compone de 5.000 viviendas, entre casillas o “casitas”, como les dicen a los pocos departamentos de material que le ganaron hace algunos años al municipio. Por cada vivienda hay -mínimo- diez habitantes. Hace más de medio siglo, estas casitas precarias fueron rodeando la fábrica metalúrgica Flor Calde que se encontraba justo en la entrada de Ramón Franco (donde aparecen los departamentos que se muestran en televisión). Luego del cierre de la planta, su estructura fue copada por distintas familias sin hogar. Los servicios como luz y agua llegan a menos del 10% de la población. El resto de las familias continúa con empalmes para abastecerse de electricidad. Muchos se cuelgan de los cables que pasan por la autopista. El agua no existe. Los vecinos tienen que caminar más de 10 cuadras arrastrando baldes. Cuando llueve, viven en un verdadero pantano, incluso dentro de sus casas. Los pasillos de Villa Azul son interminables. Tenés que jugar de local para no perderte ni meterte en lugares donde “te podés meter en líos” o, de pronto, aparecer en el patio de alguna familia. La estrechez y la cantidad de casillas no dejan que entre la luz del sol. La música se empalma de una casa a otra y los chicos corren con pelotas y camisetas de Racing e Independiente en eterna rivalidad. Muchos laburantes cruzaban el acceso en diagonal con la tranquilidad de cruzar una calle con semáforo para llegar a la estación de Wilde y tomar el tren a sus trabajos. Otros preparaban los caballos y el carro para salir a buscar “lo que le sobra a los demás”. Mujeres arrastraban chicos a la escuela, saltando sobre las piedritas entre el barro, muchos con bolsitos de distintos clubes que prometen ser el próximo Tévez. En estas condiciones llegó el coronavirus a Villa Azul. Donde hay un infectado, hay diez más. La cadena es interminable. Todos tuvieron contacto con todos. Si corrieron con la suerte de ser testeados y el resultado fue negativo, es casi “un milagro”. Los vecinos, arduos en la organización de comedores para “que todos los pibes coman”, se organizaron rápidamente para asistir y reclamar lo que les corresponde. Desde el corte del acceso por el pedido de testeos, la quema de materiales por comida hasta los aplauzasos a las ocho de la noche al grito “viva el que lucha”, muchas veces en la oscuridad por los frecuentes y extensos cortes de luz. Los testeos llegaron, pero no fueron masivos. La respuesta del gobierno fue cercarlos con rejas y policías para que no se muevan de la villa. No tenían comida, ni dinero y los almacenes tenían poca mercadería. El gobierno envió productos secos, algo de fideos y aceite, y seis días después, media bolsa de verdura, pero nada de carne. Los municipales encargados de repartir no daban abasto por lo que la organización de los vecinos más jóvenes ayudó a descargar y repartir la comida, que muchas veces no alcanzó ni al 50% de las casas. La organización de “los de afuera”, impulsada desde los vecinos desde adentro, reunió rápidamente una ola de donaciones de organizaciones, de otros barrios, de equipos de fútbol y familiares. La policía no permitía acercar donaciones de nadie, los obligaban a dejársela a ellos en la entrada. Pero finalmente no llegaban en manos de los vecinos. La bronca y el miedo a las protestas lograron que las donaciones se nucleen directamente con vecinos seleccionados por pasajes o zonas. En este método se organizaron desde ollas en los bordes del barrio y consiguieron ambulancias en las inmediaciones. Si bien las necesidades incumplidas en Villa Azul son muchas, la fortaleza de la organización barrial por la vida es enorme. La conformación de comités barriales por alimentos y salud está a la orden del día. LEER MÁS La crisis de la cuarentena y el gobierno de la Provincia

3 de junio de 2020
Concentración de los prestadores de salud en La Plata

Los trabajadores prestadores de salud de la ciudad de La Plata, nos concentramos este lunes 1 en las puertas de la gobernación bonaerense para reclamar por los honorarios adeudados por IOMA, por un lado, y la interrupción en la continuidad de los tratamientos y pagos durante el período de aislamiento social. La pandemia ha acelerado una crisis que emerge de un sistema de salud hecho trizas. El ensanchamiento del mercado “de las prestaciones”, proporcional a vaciamiento del sistema público, impacta en las condiciones laborales de los prestadores, de por sí paupérrimas (monotributistas sin licencia por enfermedad o embarazo, sin aguinaldo ni vacaciones); en el contexto de cuarentena, las condiciones laborales empeoraron, y ni siquiera hemos podido ingresar en el cobro del IFE. Los créditos a tasa cero, otro gran engaño que miles de prestadores se ven impulsados a tomar y que se volverán contra el bolsillo de los trabajadores, dado que el Estado no provee el pago en tiempo y forma de las prestaciones. Las Obras Sociales han realizado recortes en miles de prestaciones y, en muchos casos, han establecido un tramiterío complementario, completamente burocrático, para el reconocimiento de las mismas. Por su parte, los usuarios se vieron perjudicados por la interrupción y los prestadores, sin salarios para afrontar la cuarentena. La obra social bonaerense, IOMA, una de la más importantes del país, con más de 2.600.000 afiliados y una facturación anual superior a los 50 mil millones de pesos, deroga y patea los pagos de miles de prestaciones. ¿A dónde va el dinero de los miles de afiliados? Es la gran incógnita. En casa de gobierno salieron a indagar cual era nuestro reclamo e intentaron persuadirnos, responsabilizando a IOMA por la falta de pagos. La respuesta de los prestadores presentes fue contundente: el único responsable del vaciamiento progresivo de la obra social es el estado y, por lo tanto, de ustedes, los funcionarios. Mientras el presidente nos exige que cumplamos con el aislamiento, los trabajadores precarizados quedamos librados a nuestra propia suerte. Si el gobierno quiere preservar la vida, tiene que garantizar el pago total de los salarios, y de todas las prestaciones. La concentración alcanzó el compromiso de una reunión con funcionarios de la casa de gobierno, ministerio de Salud y autoridades a IOMA. La conquista de nuestras reivindicaciones vendrá de la lucha de prestadores y afiliados y de todos los trabajadores. Se hace imperioso poner en pie una coordinadora inter salud que unifique a todos los sectores y luche por todos nuestros reclamos. Los prestadores precarizados en La Plata seguimos en lucha por el pago inmediato de todo lo adeudado, aumento salarial acorde a la canasta familiar, que el estado y obras sociales garanticen las condiciones de seguridad e higiene para los tratamientos presenciales y medios técnicos para efectivizar los tratamientos virtuales. Por el cese de la precarización laboral y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores.

3 de junio de 2020
Mondelez suprime la licencia de maternidad por cuidado de hijos mayores a 9 años

La multinacional alimenticia Mondelez -que es noticia porque ayer se confirmó un primer caso de Covid 19 en planta-, anunció a su Comisión Interna que a partir del día 8 de junio elimina la licencia paga a las trabajadoras que estén a cargo del cuidado de hijos mayores de 9 años. Ha citado a las trabajadoras para plantearles la vuelta al trabajo o bien convertir la licencia en suspensión, con pago del 70% del salario, en el marco del acuerdo UIA-CGT. Mondelez ha sido denunciada por stockearse durante la pandemia y por suspender a toda la planta de Victoria con el pago del 77% del salario. Ahora, en la fábrica de Pacheco, desconoce la licencia mencionada, en medio del cierre de establecimientos educativos y guarderías. La patronal coloca a las compañeras ante una opción perversa, y tras confirmarse el primer contagio entre los trabajadores. Lo que ocurre en Mondelez es una avanzada de la política de las patronales en el próximo periodo, con un gobierno que ha fomentado o concedido suspensiones y rebaja salarios por millones en todo el país. Las mujeres son el sector más vulnerable al ataque en sus condiciones de trabajo, dado el rol de doble opresión que configura en el régimen capitalista. Este 3J, también, hay que denunciar todos los atropellos contra los salarios de las trabajadoras, que las expone aún más a la violencia en aumento. Pago al 100% del salario para las trabajadoras con hijos a cargo, ningún recorte salarial.

3 de junio de 2020
La pandemia en la Zona Sur del Gran Buenos Aires
Tendencia del Partido Obrero Zona Sur

A 70 días de la “cuarentena administrada” del gobierno de Fernández-Kicillof y los intendentes, crecen exponencialmente los contagios y las muertes por coronavirus en todo el sur del Conurbano. El número de contagios en se duplican cada 10 días. A pesar de que el gobierno dice mantener solo actividades esenciales, la industria nunca cerró sus puertas, convirtiéndose en verdaderos focos de contagio. La reapertura de la cuarentena se pactó con las patronales, no tuvo en cuenta la salud de los vecinos. Los contagios se recrudecieron rápidamente en Villa Azul, Itatí y otros barrios del Conurbano. En vez de realizar los testeos masivos sobre ellos, Berni y Kicillof convirtieron Villa Azul en un ghetto. No se solucionan los problemas aislando durante 15 días a miles de personas sin los elementos mínimos de higiene. Los testeos son muy pocos. En lugar de relevar las verdaderas necesidades de los trabajadores en los barrios, los gobiernos municipales pusieron en pie “comités de crisis” que aún no han resuelto nada. Los testeos se consiguieron allí donde los barrios se organizaron. Hay menos de 1.000 camas de terapia intensiva para todo el conurbano. En muchos barrios las ambulancias no entran. Los hospitales de todo el conurbano están saturados y el personal trabaja en condiciones inhumanas Los trabajadores de la salud en todo el país toman en sus manos los reclamos por insumos y elementos de protección personal, ese es el camino. No se ha avanzado en un plan de “urbanización de las villas y asentamientos”. Falta luz, pavimento y la carencia de un sistema sanitario (agua y cloacas) ayuda a propagar el coronavirus entre los pobladores. Los vecinos de los barrios pegados a la Cuenca Matanza Riachuelo son afectados por los desechos tóxicos vertidos por las fábricas. El dengue es otra enfermedad que azota los barrios. En Presidente Perón, los vecinos del asentamiento La Toma, que luchan por su vivienda propia y urbanización, fueron cercados con alambres de púas ¡Todo esto no es producto de la pandemia sino de todo un régimen social! La “seguridad” alimentaria no es garantizada por el gobierno. La mercadería que reparte el gobierno no alcanza, tampoco los kits de alcohol en gel y los barbijos, los $10000 del IFE no llegaron ni al 25% de los trabajadores que se anotaron. Para paliar el hambre, los vecinos organizaron merenderos y comedores en los barrios, con prácticamente ningún apoyo del gobierno. Frente a todo esto, es necesario impulsar la deliberación del conjunto de los trabajadores de la provincia. Tenemos que debatir un programa y un plan de acción. Los recursos económicos de la provincia se deben volcar hacia los barrios afectados, para asegurar una atención masiva e inmediata que contenga los contagios y no para transformarlos en ghettos. Testeos masivos ya a todos los pobladores y plan de vacunación, que parta de un relevamiento de los trabajadores. Centralización de todo el sistema de salud, para darle lugar a los habitantes contagiados que requieren asistencia y atención médica. Distribución de alimentos y elementos de higiene a todos los comedores populares, bajo control de los trabajadores y organizaciones sociales. Trabajo genuino. Subsidio universal al parado de $40.000, salario igual al costo de la canasta familiar. Ejecución de redes de agua y cloaca en todos los barrios, bajo estricto control de los trabajadores. Desconocimiento de la deuda de la Provincia de Buenos Aires, todos los recursos para financiar la emergencia sanitaria. Fuera Berni y su política de todos los barrios populares. Es necesario transformar todas las ollas y comedores en asambleas populares para discutir este programa. Pongamos en pie comités barriales que deliberen una salida en favor de los trabajadores de todos los barrios. Por Partido Obrero Tendencia - Zona Sur

3 de junio de 2020
Chile: la lucha de las familias de las tomas “Violeta Parra” y “Macarena Valdés”

Durante la madrugada de este miércoles 3 de junio, familias que componen múltiples comités de vivienda de las tomas de terreno Violeta Parra y Macarena Valdés ubicadas en la comuna de Cerro Navia, en el sector de “La Hondonada”, hicieron efectiva la ocupación de viviendas de la constructora OVAL ante sus consecutivos engaños. Las y los pobladores -que superaron el centenar de personas- denuncian que las autoridades les han prometido muchas veces cupos de postulación en el proyecto inmobiliario que constituye la villa social “Las Viñitas”-, desentendiéndose una y otra vez de esto y sometiendo a las familias a la completa desesperación. Las familias denunciaron a viva voz, y mientras se viralizaba el hecho, que los departamentos, a punto de ser terminados para su entrega, fueron prometidos reiteradas veces por la autoridad para “avanzar en las soluciones” frente al problema habitacional que aqueja al extremo a más de 4.000 familias en la comuna. Las familias se encontraban organizadas y listas para habitarlos, cuando la autoridad local adjudicó arbitrariamente las viviendas a otras familias, no respetando los compromisos previos y buscando claramente debilitar a los pobladores con motivo de generar el quiebre entre los comités. La policía llegó al lugar y amedrentó a los pobladores. Después de resistir pacíficamente y denunciar la problemática, finalmente éstos fueron desalojados. Al parecer no hubo detenciones. Esta jornada constituye un gran paso adelante en la lucha de las familias de las tomas de Cerro Navia, y constituye una acción ofensiva de primer orden, que será la lumbrera para las futuras tomas del país que perfilan como legítimo y real el ejercicio de la expropiación obrera. Este salto cualitativo, indudablemente, ha sido producto de la inmensa crisis que atraviesa la sociedad capitalista, por un lado, como también del incansable empeño que han puesto ahí los aguerridos pobladores sin casa y sus dirigentes honestos. Las familias comprenden claramente su situación y saben que ninguna familia es enemiga de la otra; todas unidas deben exigir al Estado que, inmediatamente, decrete la ubicación de todas y cada una de ellas en los jugosos proyectos inmobiliarios que están “listos para ser entregados” (a compradores que ni siquiera existen), para que la crisis -y la vivienda necesaria para realizar el aislamiento- la paguen ellos, para que la paguen los capitalistas. ¡NINGUNA FAMILIA SIN VIVIENDA! ¡VIVAN LOS Y LAS POBLADORAS DE CERRO NAVIA!

3 de junio de 2020
Un planteo derrotista acerca de la rebelión norteamericana

En un artículo que lleva la firma de Guillermo Kane, “Prensa Obrera” (segunda época) brinda una caracterización de la rebelión popular en los Estados Unidos que probablemente no encuentre parangón en ningún periódico del mundo, cualquiera sea su orientación. Luego de reseñar las movilizaciones que tienen lugar desde la noche del jueves, el articulista asegura que “el magnate [Trump], aún en una crisis explosiva que genera crecientes reacciones de masas, es el que tiene la iniciativa”. Pocas horas después de esta afirmación, Trump debía ser trasladado al bunker presidencial de la Casa Blanca, por temor a que la movilización en Washington desbordara los diques de la seguridad oficial. En la propia capital, las bravuconadas de Trump no hicieron más que reforzar la presencia multitudinaria de manifestantes en las horas posteriores. El miércoles 3, el jefe del Pentágono y el del estado mayor, que horas antes habían acompañado una exhibición de Trump, declararon que el propósito de éste de enviar un proyecto de ley que autorice la intervención de las Fuerzas Armadas era “inconstitucional”. Kane, como se ve, lleva la declinación de Prensa Obrera al subsuelo político. Para sostener que Trump, en esas condiciones, “maneja” la crisis, hay que ir, sin dudas, más lejos en los argumentos. Detrás del aserto de que “Trump rocía el fuego con nafta”, esto para “montar una mayor polarización”, asoma una conclusión no escrita: la rebelión popular es ‘funcional’ a Trump. Es un refrito clásico del reformismo y del centrismo ante cualquier situación política con alcances históricos. “Puebladas”, “protestas” El cronista de “Prensa Obrera” (segunda época) abunda en los clásicos adjetivos que, en términos de definiciones políticas, no dicen nada - ´crisis explosiva´, ´crecientes reacciones´. Pero finalmente, calcula muy bien su caracterización de lo que ocurre en Estados Unidos: el título lo califica como una ´pueblada´ - o sea, un movimiento popular que irrumpe fuera del momento histórico propicio, sin un contexto de crisis política, ni como reflejo de una bancarrota económica enorme. Este martes, el FIT-U encuadró a una movilización en Buenos Aires como un apoyo a las ´protestas´ (sic) en Estados Unidos. Mal que le pese al articulista, el régimen que ha pretendido montar Trump estalla bajo el peso de contradicciones insuperables – en primer lugar, el retroceso del capitalismo norteamericano en la economía mundial, que se manifiesta en la agudización de las guerras económicas y militares. Trump llega al gobierno luego del derrumbe de la gestión ´amable´ e ´integradora´ de Obama. La pandemia y sus 100.000 muertos; los choques con los gobernadores por la cuarentena o la ´apertura´; los 43 millones de desocupados adicionales, la deuda pública y las quiebras de las compañías, irrumpen en la crisis de los de arriba, por un lado, y en la acción más decidida de las masas, por el otro. Las masas ganan la calle a partir de un detonante -el crimen racial- pero buscan una salida al impasse intolerable de todo un régimen (“no puedo respirar”). La Nación señala que las marchas del martes, cuando Trump amenazó con intervención militar, que “hubo, esta vez, no sólo mensajes contra la violencia racial y la brutalidad policial, sino contra el propio Trump”. La rebelión popular adquiere de este modo el carácter político que lleva adentro desde un comienzo . Para Kane, “estas puebladas se enmarcan (sic) en esta crisis histórica de Estados Unidos”. No, Kane: buscan romper ese ´marco´ - nos diferencia de este conformismo verborrágico un abordaje revolucionario de la lucha de clases. Kane expone sin disimulo la ruptura histórica del aparato con el Partido Obrero. Método Es significativo que Kane caracterice los enfrentamientos de Trump con China como “una fuga hacia adelante”. Si esto es así, Trump ya es cadáver – quiere decir que sus guerras no lo llevan a ningún lado. ¿Dónde está, entonces, “la iniciativa”? El ´aparatchik´ no advierte, sin embargo, que lo mismo ocurre con las arengas del ´magnate´ contra el levantamiento popular: no ha reunido los medios para sus propósitos (Trump representa el subsuelo o sótano del capital financiero, incapaz de exhibir su declaración de impuestos de las últimas décadas). Trump no podría imponer un régimen político que establezca la necesidad de un permiso para transitar, aunque la tendencia general del estado vaya en esa dirección. El grupo dirigente del PO entiende las tentativas fascistizantes del capital como una señal de “iniciativa estratégica”. Es lo contrario: es la reacción del capital ante la pérdida completa de perspectiva estratégica. Trotsky lo había puesto de esta manera: “Marcha a ciegas hacia el abismo”. Kane incurre en un furcio típico del diletante: afirma que Trump ha fracasado hasta ahora en movilizar a su base social derechista o religiosa contra la rebelión. No se la ha ocurrido siquiera que la crisis política del trumpismo puede haberla neutralizado, confundido e incluso inclinado hacia el campo opuesto. Para Kane, hay una base fascista ´estable´, incluso inconmovible, y debe pensar lo mismo de la ‘base progresista’. Es natural que un aparato piense en esos términos, porque se funda en el inmovilismo, jamás concibe las transiciones ni los giros de las masas y de su conciencia política. Este asunto de método ha ocupado un lugar de primer orden en la lucha política al interior de nuestro Partido Obrero Quién tiene la batuta La crisis política gigantesca (crisis de dominación) que se ha desatado en USA es una evidencia clara y suficiente, no ya de la pérdida de peso histórico del capital, sino del agotamiento de la iniciativa política precaria que llevó a Trump al gobierno. Recordemos que ganó por un arbitrio del colegio electoral, con tres millones de votos abajo de Hillary Clinton – en un proceso en el que el auto asumido socialista, Bernie Sanders, obtuvo 20 millones de sufragios en la interna del partido demócrata. ¿Entonces la iniciativa la tienen ´las masas´? Esto es así, efectivamente, por el momento. La reivindicación del levantamiento - “justicia para George Floyd” - es insuficiente, sin embargo, para mantener esa iniciativa en el tiempo. Los tres policías que cometieron el crimen todavía no han sido imputados; si llegan a serlo, el juicio demorará más que el de Cavallo y Sturzenegger por el megacanje de 2001. La rebelión no tiene, por las características de su irrupción, reivindicaciones sociales y políticas relativas al feroz ataque que sufren como consecuencia de la bancarrota económica. No parece haber en desarrollo, como ocurre en Chile, asambleas populares que den una forma concreta a muchos reclamos. Muchas de estas carencias pueden ser superadas en el curso ulterior de la lucha, en especial si Trump no desensilla para evitar una mayor radicalización, y en lugar de eso duplica la apuesta represiva, con la finalidad de conservar alguna posibilidad en las elecciones de noviembre, contra su rival demócrata presumido. También podría ni siquiera llegar a esa fecha si pierde el control de sus instintos. Más allá de estas alternativas, la inmensidad del derrumbe económico desarrollará un ´flanco´ de combate, que ha dado sus pasos en los últimos años: huelgas sindicales y huelgas de conjunto de los trabajadores. De modo general, si consideramos al conjunto de la etapa, la iniciativa ha pasado a las masas. Estados Unidos ha ingresado, con sus características, en una etapa de transición, que los clasificadores de escritorio quieren ´enmarcar´ en iniciativa sí, iniciativa no, y que encima no distinguen las batallas cotidianas de la gran lucha de clases del cuadro estratégico. La sociedad ha dejado de estabilizarse en puntos fijos, si alguna vez ocurrió en el pasado asiático o el feudalismo europeo – va de una transición a otra, entre avances y retrocesos. La existencia social de cualquier burocracia determina la conciencia social metafísica de esa burocracia. Fuera Trump Kane, en realidad el aparato, traza una perspectiva abstracta. “Las conclusiones de los combates en curso plantearán a miles la necesidad de una organización política propia de los trabajadores”. Clarísimo: ´hagan lo que puedan, nuestra receta llega hasta aquí´. Una “organización propia” solamente existe, o es realmente tal, si tiene una estrategia, en primer lugar, y una política acorde. Una ´pueblada´ está todavía lejos de plantearse la cuestión política, porque para que algo exista ya tiene que estar adentro, o sea ser potencialmente real. El planteo “Fuera Trump”, significa destacar la incompatibilidad entre los objetivos elementales de la lucha presente con el gobierno actual y con su régimen político y con el Estado (capitalista). Es definir los campos. En tanto período transicional, debe exponer todas las reivindicaciones de la clase obrera, los trabajadores, las mujeres y las poblaciones negras, latinas, que le dan significado concreto, o sea contenido al poder político que debe sustituir al poder del capital que engendra monstruos como Trump y todos sus antecesores nacionales e internacionales. Kane y Prensa Obrera, es obligado señalarlo, reaccionan como en el experimento de Pavlov. Cuando en Argentina se planteaba echar a Macri, nuestros contradictores nos respondieron asustados - ¿y si gana Cristina, decían, antes incluso de que pusiera al frente al otro Fernández? Fue lo que ocurrió, porque el pueblo no vio a ninguna otra fuerza, en especial la izquierda, que peleara la dirección por acabar con el macrismo. ¿Y si gana Biden, se atemorizan ahora los izquierdistas argentinos y también algunos norteamericanos? Aunque la contienda Trump-Biden será influida por la crisis enorme que se está desarrollando, el planteo de un socialista no está condicionado por el acontecimiento electoral. No se trata de cazar votos sino de agrupar fuerzas revolucionarias de clase. El desenlace de las próximas elecciones no será indiferente para la situación política, por cierto, pero no será más que un accidente de recorrido en la lucha por ese agrupamiento revolucionario de fuerzas. Solamente un timorato advierte acerca de peligros reales o imaginarios; la tarea del político revolucionario es llamar a explotar con osadía las crisis poderosas que golpean la dominación del capital. Nuestra palabra de orden es: “Fuera Trump, viva la rebelión popular” LEER MÁS: [Estados Unidos: viva la rebelión popular, abajo el fascismo, fuera Trump[( https://politicaobrera.com/internacionales/1439-estados-unidos-viva-la-rebelion-popular-abajo-el-fascismo-fuera-trump )

4 de junio de 2020
El colapso encima de la crisis sanitaria
Lucas Feley

El colapso que atraviesa el hospital San José -y otros centros asistenciales del país- no se dan en abstracto, sino que es la expresión del total abandono estatal con el sistema de salud público que inició la dictadura y profundizaron todos los gobiernos que le sucedieron. A la fecha la falta de capacidad en la que se encuentran los hospitales en la RM es absoluta y se contabilizan cifras de 86.943 contagios y 890 personas fallecidas. Frente al colapso, las medidas del MINSAL han sido el traslado de pacientes desde la capital a Concepción y Puerto Montt, pretendiendo descongestionar los recintos que, desde un principio, han sido focos de contagios. Nivel nacional y RM Así lo reafirmó el vicepresidente de la Confederación Nacional de Funcionarias y Funcionarios de la Salud Municipal (Confusam), Esteban Maturana, quien comentó a radio U. de Chile sobre el desfinanciamiento, el desabastecimiento, la no reposición de equipos, la falta de recursos humanos e insumos de protección para el personal -entre otros padecimientos- que ha sufrido la salud pública durante estos 30 años, y cómo esto afectará a la hora del peak de contagios y muertes por Covid-19. Por su parte, el subsecretario de redes asistenciales, Arturo Zúñiga, afirmó la ocupación del 95% de las camas UCI en la RM y el 79% en todo el territorio nacional, al 20 de mayo, lo cual es coherente con la información que ofrecía, dos días antes, la sociedad chilena de medicina intensiva (Sochimi), donde revelaba que, en base a 122 centros de salud, existían 1.899 camas de cuidados intensivos y 1.771 camas de cuidados intermedios, de las cuales el 81% de las intensivas y el 79% de las intermedias ya estaban ocupadas por algún paciente. El día 26 de mayo, el jefe de la UCI de Clínica Indisa, Sebastián Ugarte, declaró a CNN que el índice de ocupación de camas en la RM superó el 93% y hasta el 97% en otras regiones. Haber llegado a este punto -que parece sin retorno- no es mera gracia del virus, sino que responde, sobre todo, a la negativa del gobierno de decretar cuarentena total en todo el territorio y, como decíamos, al histórico déficit en el plano de la salud pública. Es que, desde un principio, bajo las políticas de “nueva normalidad” y “retorno seguro", el gobierno pretendió “reactivar la economía” a costa de la salud y vida de los trabajadores. Sin ir más lejos, por ejemplo, la presidenta del Colegio Médico (Colmed), Izkia Siches, ha sostenido en reiteradas ocasiones que, para haber combatido con mayor éxito a la pandemia, era necesaria la cuarentena nacional cuando los contagios no superaban aún los 1000 casos a nivel país. Así, el retraso en la medida estuvo lejos de ser accidental; respondió, desde un principio, a la lógica de que los capitalistas siguieran explotando trabajadores para asegurar cierto nivel de tasa de ganancia. A los efectos nefastos de esta política, se suman los pocos -o nulos- insumos que ha recibido el personal médico. Mientras a las FF.AA. y Carabineros se les entregan cientos de miles de mascarillas N°95 (evaluadas en casi 500 millones de pesos) y se compran carros represivos evaluados en más de 6.6 mil millones, la clase obrera es la que pone a las y los muertos. Hospital San José El hospital San José es ícono de la negligencia criminal del gobierno de turno, como también ejemplo clásico de abandono de los gobiernos anteriores. En este respecto, que Urgencias colapse no es una novedad, ya que, al ser el único centro de contingencias mayores de la zona norte de Santiago, todos los inviernos entra en fase crítica. La angustia entre las y los trabajadores aumenta ya que, este invierno, sin duda la situación será de mayor gravedad. Al respecto un médico del recinto que por miedo a represalias no dijo su nombre, denuncia que: “hay carpas de campaña montadas en el patio de ambulancias y sin las protecciones necesarias ni para funcionarios ni pacientes. Además de que cada tanto se quedan sin oxígeno, debido al colapso, las ambulancias paradas en la entrada de la urgencia tienen que esperar con pacientes en su interior entre 30 minutos a 12 horas para que un box pueda estar disponible y recibir al paciente. A raíz de esto, el recinto opta por trasladar entre 8 a 15 pacientes diarios a otros hospitales del extrasistema, aumentando la carga laboral de cada personal -con todo los trámites que esto conlleva- mientras los box de urgencia siguen estando llenos de pacientes por atender (...) La situación de los cuerpos apilados en el hospital es crítica ya que las familias no los pueden retirar por estar en cuarentena y por no tener container frigorífico (...) La unidad de urgencia no cuenta con ningún ventilado invasivo, ya que los dos que tiene son prestados de otras unidades.” Pero no sólo los trabajadores han protestado. Cheryl Muñoz, quien relató su experiencia a Chilevisión este martes por la madrugada, expuso que su mamá de 81 años “no es prioridad al ser adulta mayor; a los ancianos se les está dejando morir por falta de recursos médicos (...) Hay una serie de fases antes de que éstos puedan ser atendidos en las UCI; primero pasan por una carpa, luego reciben oxígeno y, si resistes hasta ahí, puedes pasar a la unidad. Cheryl aclara: “La gente que trabaja en el hospital hace todo lo humanamente posible (...) es la falta de recursos la que está matando al pueblo de Chile”. Por supuesto, el Subsecretario de Salud, Arturo Zúñiga, y el director del hospital Luis Escobar, rápidamente salieron a desmentir la falta de insumos y amenazaron con sumariar a las y los funcionarios denunciantes asegurando, con motivo de contener a pacientes y trabajadores que iban a hacer llegar un par de ventiladores al recinto para normalizar la situación. A la crítica situación del Hospital San José, se suma el Carmen de Maipú, los Pinos San Bernardo y el Sotero del río en Puente Alto. Por una salida socialista Luchemos por: centralizar la atención sanitaria subordinando el sistema privado de salud bajo las indicaciones de la red pública; la nacionalización de la industria farmacéutica bajo control de las y los trabajadores; la reconversión de hoteles de lujo y edificios públicos como espacios de aislamiento para la población que esté contagiada y sin posibilidades de una cuarentena efectiva; que el Estado provea de insumos de protección a la población; la contratación a planta de personal de la salud inmediata con turnos rotativos de 4 horas sin afectar el sueldo; y la reducción de jornadas laborales al resto de la población junto con mayores y mejores protocolos de higiene y testeos masivos.

4 de junio de 2020
Chile: lucha de clases en la minería
Felipe Godoy

Chile tiene el primer lugar mundial en producción de Cobre, seguido por Perú y China. El sector de la minería representa el 10% del PIB Chileno. En el mismo sentido, el cobre es el principal producto de exportación del país, representando el 50% de las exportaciones. Todo lo anterior significa que el sector es importante para la recaudación fiscal. Sin embargo, producto de la crisis mundial del capitalismo, además de la crisis provocada por el virus COVID 19, la minería chilena no ha podido escaparse de las consecuencias que lo anterior conlleva. Hoy, el sector minero en Chile, a diferencia de otros como el comercio, por ejemplo, no se ha detenido ni cerrado, las minas siguen abiertas, sin embargo, si ha detenido varios proyectos de ampliación que se tenían contemplados, se ha tomado ciertas reducciones en servicios que prestan empresas contratistas, es decir, se han detenido servicios que no influyen directamente en el proceso de producción. Todo lo anterior, sumado a la crisis mundial y crisis nacional ha desembocado en que, si bien la minería no ha entrado en recesión, si entró en un estado de desaceleración, en otras palabras, no ha dejado de crecer, pero si ha bajado su ritmo de crecimiento. En la minería tienen una participación muy importante las contratistas (o llamados “amablemente” como empresas “colaboradoras”) este sector de trabajadores son el 70% de la mano de obra minera (según Izquierda diario, no pude corroborar ese dato). Y es precisamente este sector al interior de la minería el más golpeado por la crisis. Si bien en la minería no se ha aplicado la ley de protección del empleo si se han detenido varios proyectos o servicios donde participaban contratistas, lo cual en la práctica ha derivado en la pérdida del empleo para les compañeres. A pesar de que actualmente se están llevando dos huelgas sindicales mineras en Guanaco y Franck, los sindicatos más grandes de la minería no se han manifestado mucho frente a todo este panorama. Si bien la Federación de Trabajadores del Cobre, la Federación Minera de Chile, e incluso la Confederación de Trabajadores del Cobre (integrada principalmente por contratistas) se han manifestado en favor de los trabajadores frente a esta crisis, ese discurso no se ha llevado a la práctica, a lo más se han volcado a “fiscalizar” las medidas sanitarias de las empresas. A contra pelo de lo anterior hoy en día, tal cual como en el Octubre Chileno del año pasado, les trabajaderes se están organizando y están enfrentando la crisis en los territorios, pasando por sobre las burocracias sindicales que demuestran nuevamente su desconexión con la base. El panorama anterior nos lleva a pelear tanto a nivel sindical como en los territorios. Por un programa minero que nos dé una salida a la crisis, por formar agrupaciones clasistas de trabajadores y/o de cesantes. Todo lo anterior en perspectiva de un Congreso de trabajadores y desempleados de base que luche por una salida a la crisis.

4 de junio de 2020
EEUU: la clase obrera norteamericana lucha contra el racismo

La clase obrera se solidarizó con la rebelión popular de diferentes maneras. Los transportistas de Minneapolis se negaron a transportar a los detenidos por la represión policial. Lo mismo sucedió en Nueva York. Diferentes sindicatos docentes y enfermeras, que protagonizaron históricas huelgas, expresaron su solidaridad. También las organizaciones de trabajadores inmigrantes, de obreros automotrices (UAW) y de telecomunicaciones. Según el Washington Post y UFCW (sindicato de la alimentación), que representa a 1,3 millones de trabajadores, al menos 100 trabajadores de tiendas de comestibles han muerto por la pandemia, 5.500 han dado positivo y más de 10.000 han sido infectados o expuestos al virus. A medida que se abre la pandemia, las empresas cancelan lo que llamaron bonos “hero” (héroe) o “hazard” (peligro). Esto ha provocado protestas y protestas de miembros de la UFCW. Desde el 7 de mayo, los trabajadores de siete almacenes de empaque de frutas se declararon en huelga o protestaron por las condiciones de trabajo: Allan Bros, Roche Fruit, Frosty Packing, Monson Fruit, Hansen Fruit, Columbia Reach Pack y Matson Fruit. Al menos 44 trabajadores de empacadoras de carne han muerto por el virus y más de 3.000 han dado positivo, según el UFCW . Cerca de 30 plantas han cerrado en los últimos dos meses, afectando a más de 45.000 trabajadores (Político, 2/6). Trump que no usó la Ley de Defensa de la Producción para obligar a las empresas a reorganizar la producción en función de las necesidades sanitarias (por ejemplo, para hacer respiradores o barbijos), sí la usó para reabrir Tyson, un enorme frigorífico, a pesar de haberse registrado cientos de casos positivos y denuncias de los trabajadores. A pesar de eso, se estima que más de 10 millones de cerdos serán sacrificados porque no hay lugar para contenerlos, otra de las locuras del sistema capitalista. Su subsidio (ley CARES) está ligado a la declaración de que el trabajador se compromete a retomar la actividad y que, de no hacerlo por miedo a contagiarse, no será beneficiado. Con media sanción, una ley impulsada por los demócratas, le otorga a la familia de los muertos por la pandemia un subsidio y otro beneficio para la universidad de sus hijos. La patronal usa todos los recursos para la “vuelta al trabajo”. Walmart, la mayor tienda de comestibles del país, y Amazon, propietaria de Whole Foods, también han dejado de pagar más a los trabajadores y de cubrir los bonos, mientras obtuvieron un 29,3% más de ganancias sólo en abril civileats, 2/6 . Las huelgas salvajes en estos mega-comercios siguen produciéndose. Los trabajadores de Fight For $15, pelean por un básico de 30 dólares la hora para la primera línea, y han desarrollado huelgas exitosas en todo el país. En Facebook, 400 empleados organizaron una huelga virtual el lunes, al menos dos empleados renunciaron en protesta, otros amenazaron con renunciar, y varios gerentes de alto nivel públicamente no estuvieron de acuerdo con la postura de Zuckerberg, pidiéndole que derribara o moderara de alguna otra manera a Trump .

4 de junio de 2020
Centro de Exactas, la violencia del ´micromachismo´

El domingo pasado se reunió la comisión de mujeres con la finalidad de discutir una campaña de cara a la jornada del Ni una Menos. Cabe recordar que la asamblea del CECEN, a instancias de Identidad-La Cámpora, resolvió que los reclamos de las estudiantes frente al 3J no sean discutidos en la propia asamblea, sino que “pasaran a comisión”. Método Las comisiones del centro de estudiantes funcionan sobre la base del “consenso”, un método defendido desde siempre por el FEM e Identidad, aunque basta con que alguien no acuerde para que sea quitado de la discusión. Desde la izquierda y desde En Acción, siempre hemos rechazado esta modalidad. Nuestro “método” no tiene mucha novedad: si hay posiciones distintas se tiene que votar, qué aprueba la mayoría y qué sostienen las minorías. El ‘método’ del consenso impidió a la comisión de mujeres sentar posición. Sea sobre la crisis de deuda, el robo a los jubilados, un posicionamiento frente al gobierno de turno y las medidas durante la cuarentena y los reclamos particulares que tenemos las estudiantes en Exactas. Todos estos temas de vital importancia han quedado por fuera de la declaración consensuada por Identidad y el sector oficialista de la UJS-En Acción. El resultado es que nada de lo fundamental se logró resolver ni en la asamblea como tampoco en la comisión supuestamente destinada a eso. La misma transcurrió durante horas y horas en que estas agrupaciones hacían un esfuerzo extremo en acordar párrafo por párrafo, palabra por palabra. ¿Y los reclamos? Luego de 6 horas de estas “discusiones” quedaron “para la próxima”. Acuerdos Finalmente, la declaración publicada con acuerdo de La Cámpora, el FEM y el oficialismo de En Acción describe la violencia hacia la mujer como el resultado de “micromachismos”, omitiendo la responsabilidad de un régimen social que se sirve de la opresión a la mujer para garantizar la explotación de las mayorías trabajadoras. El acento se coloca sobre el individuo “machista” y no en un sistema de rapiña que reproduce la violencia a través de las instituciones y todo el entramado social. Por consiguiente, la responsabilidad estatal se coloca de forma abstracta. Reclama que el Estado garantice una “atención integral a las víctimas de violencia”, pero no emite una palabra sobre la realidad de que es el mismo Estado el que destina todos los recursos del país en pagar la deuda y rescatar a las empresas capitalistas. La “responsabilidad estatal” mencionada en el texto se desvanece en una reivindicación del ministerio de mujeres y la línea 144, que no han resuelto un solo problema que afecte a las mujeres. El consenso de una parte de la izquierda solo logró mencionar que “esto no es suficiente”, como sucede en todos los ítems. Es decir, se comparte el camino. Defendamos un rumbo Desde En Acción-Tendencia, llevamos adelante un pliego de reclamos que pueda servir de campaña para organizar a las mujeres de Exactas. Históricamente nuestra agrupación en la facultad ha defendido el agrupamiento independiente de las estudiantes y se ha esforzado durante años en explicar las trampas y engaños que caracterizan a las fuerzas políticas defensoras del régimen actual. Retomando ese camino convocamos a todas las compañeras a debatir y pronunciarse este 3J por todas las reivindicaciones.

4 de junio de 2020
Estados Unidos: el alto mando militar confronta a Trump

El lunes pasado Donald Trump se abrió paso desde la Casa Blanca hasta una iglesia contigua para posar ante la televisión nacional. Fue un ´gesto´ que pretendía neutralizar la información de que había buscado refugio en un bunker de la sede de gobierno – como lo describe una serie difundida por Netflix, aunque en esta oportunidad para huir de una masa de manifestantes en la capital. Recurrió para esto a un pelotón del ejército que fue traído de Carolina del Norte. Lo hizo acompañado por el secretario de Defensa, el general Mark Esper y por el jefe del Estado Mayor, Mark Milley. En el itinerario Trump reclamó a los gobernadores que “aplastaran” las movilizaciones populares que exigen “justicia” por el asesinato del trabajador negro George Floyd y amenazó con sacar las fuerzas armadas a la calle en caso de que no viera resultados. En las horas subsiguientes, la situación política pegó un viraje, cuando los mencionados Esper y Milley reprobaron la acción de Trump que ellos mismos habían acompañado y anunciaron que no admitirían de ningún modo la participación militar en la represión de lo que llamaron “las protestas”. Como en una secuencia, enseguida se vieron apoyados por los tres últimos jefes de Estado Mayor y por el ex secretario de Defensa de Trump, John Mattis, quien fue también alto comando de la OTAN. Esper y Milley reprobaron la represión, incluido el gas pimienta, a los manifestantes que habían rodeado la Casa Blanca, en tanto otros líderes militares se pronunciaban en apoyo a las manifestaciones y a su consigna de Justicia. Fue el caso Mattis, quien goza de gran autoridad en los rangos militares, denunció el intento de politizar a las fuerzas armadas e incluso lo calificó como una “amenaza a la Constitución” y una conducta filo-nazi. En una entrevista llegó a plantear “podemos unirnos sin él (Trump)”, aunque, agregó, “no va a ser fácil, como se ha demostrado en las últimas semanas”. Para una mayoría de observadores, la presidencia de Trump se ha acabado. De Macri a Alberto Los pronunciamientos citados no provienen de nenes de pecho sino de responsables de innumerables crímenes de guerra, lo cual resalta el alcance de la ruptura política con Trump. Incidentalmente, una demócrata afro-americana acaba de ganar la Intendencia de la ciudad de Missouri, donde en 2014 se produjo una rebelión popular por el asesinato de un joven negro por la policía, mientras que un veterano legislador republicano perdió, en Iowa, la nominación para las elecciones de noviembre próximo. La ruptura política del alto mando militar con Trump se conjuga con una tendencia electoral completamente desfavorable para él. Estados Unidos se encuentra, a su modo, en una situación hasta cierto punto análoga a la que siguió al resultado de las PASO en agosto del año pasado, cuando el FMI acuño la caracterización de “un vacío de poder”. Se trata, en realidad, de una transición política muy crítica, porque la presidencia de Trump no concluye en las elecciones de noviembre próximo sino a finales de enero de 2021, cuando tiene lugar el pase del mando. Como advierte un columnista inglés, Trump es negligente para gobernar, pero muy diligente para lograr la reelección, y esto por una razón prosaica – cuando pierda irá preso, por un cúmulo de acusaciones de corrupción, y verá desplomar su corporación inmobiliaria. Sin embargo, si seguimos la analogía con Argentina, la crisis política de transición seguirá con el nuevo gobierno, por razones diferentes y otras parecidas a las que enfrenta el binomio Fernández. La agenda de la transición es explosiva por el desastre que es la gestión de la pandemia en Estados Unidos; por el derrumbe económico, que supera a la bancarrota de 2007/9; por la tasa de desocupación fenomenal que han creado decenas de millones de despidos; y, por último, por la crisis de dirección y de manejo que sufrirá la guerra económica desatada contra China e incluso contra países ´aliados´, todo en vínculo estrecho con choques políticos internacionales. Antes que Biden se quede con una Presidencia que parece regalada, el conjunto de la crisis norteamericana cobrará una altura sin precedentes. Esta evolución explosiva de la situación norteamericana no excluye una salida fascista, sino que desarrolla sus premisas. No será a corto plazo, claro, cuando la ultraderecha deberá batirse en retirada, pero sí más adelante, cuando la gestión centroizquierdista muestre todas sus limitaciones y dé paso a una polarización en el escenario de la lucha de clases. Es decir que la transición que se inicia creará, dentro de plazos que aún no están definidos, situaciones revolucionarias. Bolsonaro Obviamente, esta crisis no impactará solamente sobre Bolsonaro, pero el efecto que tendrá en Brasil puede tomarse como una metáfora del alcance que tendrá más allá de Brasil. La trenza de movimientos fascistas en Europa va a quedar muy golpeada en términos de autoridad y relación de fuerzas. A diferencia del pasado, el fascismo en el viejo continente no crecerá contra las tendencias democráticas que conservaba Estados Unidos, sino cuando cuente allí con aliados poderosos. A cuenta de una investigación más cuidadosa, podemos apostar que tendrá una influencia positiva de lucha en China, Asia y Rusia. La crisis política norteamericana no solamente tiene un alcance mundial – es ya mismo una crisis mundial. En el caso de Brasil, la crisis entre el Pentágono y Trump elimina la posibilidad de que los militares brasileños continúen apostando a Bolsonaro . La trenza militar-policial que buscó anudar Trump no tiene viabilidad en Brasil, luego de la ruptura que observamos en Estados Unidos. Bolsonaro no puede gobernar solamente con los votos parlamentarios de la centroderecha, la que está demostrando en los hechos que no resiste un carpetazo ni una crisis con el poder judicial. La crisis del gobierno Trump obliga a un cambio de método de dominación en Brasil, cuando han pasado apenas cuatro años del golpe contra Dilma Rousseff y dos años de la victoria de la derecha. Los entrelazamientos sociales, políticos y económicos que determinan un periodo revolucionario van tomando forma, incluso en forma zigzagueante. El activismo obrero, no solamente de Argentina, debería discutir las consecuencias de esta crisis para la lucha de clases, que los ´ajustes´ capitalistas harán cada vez más intensa. VER MÁS Entrevista a Marcelo Ramal

4 de junio de 2020
Maternidad y Teletrabajo en el Estado: la doble opresión a la vista

Cuando el gobierno nacional declaró el inicio del Aislamiento Social Preventivo se informó que quienes tuvieran hijos en edad escolar, sufrieran alguna de las causas de riesgo o tuvieran a su cuidado discapacitados o adultos mayores quedaban exceptuados de realizar tareas remotas. Una declaración que la secretaria de Gestión Pública, Ana Castellani, no se cansa de repetir. Al punto que elaboró un informe sobre el tema. Sin embargo, el gobierno admite que “del personal civil, el 80 por ciento está trabajando, en forma presencial o remota. Sólo el 5 por ciento no puede trabajar de modo remoto debido a la naturaleza de su tarea. El resto se encuentra con licencias por cuidado de niños y niñas menores” . Más allá de que los números no parecen contemplar a monotributistas, no es verdad: muchas estatales que estamos al cuidado de niños y niñas, también estamos trabajando, igual que el resto. Una semana después de aquel 19 de marzo, algunas áreas de Recursos Humanos enviaron una Declaración Jurada para que todos los empleados informaran qué actividades iban a realizar desde sus casas. La DDJJ no distinguía entre quienes tenían derecho a licencia y quiénes no. Desde entonces, las tareas llegan por email o por WhatsApp, a las horas más extrañas, muchas veces acompañadas de frases del tipo: “con lo que tus tiempos te permitan” o “sin ninguna presión, pero necesitamos que nos ayudes con...”. Como si fuera poco, ni siquiera piden las mismas tareas que se realizaban antes de la cuarentena. El mismo informe de Castellani reconoce que “a partir del mes de marzo, se pierde la división entre feriados y días hábiles, dándose igual cantidad de accesos en ambos días”. La funcionaria alude al sistema digital por el que trabajamos la mayoría de los estatales, GDE. La secretaría tiene claro que los estatales trabajamos de lunes a lunes. Sin embargo, no hace ningún relevamiento para pagar las horas extras o para otorgar compensatorios a aquellos que trabajan 7x7 cuando antes trabajaban 5x7 y no más de 8 horas diarias. ¿Por qué una trabajadora estatal entraría espontáneamente un domingo a realizar una tarea? Lo que ocurre es que a las actividades laborales se superponen las tareas de la casa. Ya no es salir corriendo de la oficina para ir a buscar a los chicos al colegio o llamar para ver si están haciendo las tareas. Desde hace 60 días de corrido, sin francos ni feriados, se trata de acompañar la tarea escolar, preparar la comida y contestar el teletrabajo todo en simultáneo. Una jornada laboral no es contigua de la hogareña, sino que se superponen llevando a realizar de forma caóticas ambas. Desde que comenzó la pandemia, durante la semana, en los horarios de nuestra jornada laboral habitual además de atender el trabajo atendemos las tareas del hogar. La mayoría de las familias, si tienen computadora, tienen una sola – hace años que no se entregan las netbooks del Plan Sarmiento. Las tareas escolares de los chicos se hacen en aplicaciones en la computadora, muchos juegos también dependen de las pantallas. Recién cuando los más chiquitos se duermen las mujeres podemos dedicarle la cabeza al trabajo. Esto hace que no haya horas o días de trabajo, sino momentos que no guardan ninguna relación con los horarios dispuestos por los convenios laborales. La madre con teletrabajo no ficha nunca, siempre está en deuda o con las tareas de la casa o con las de la oficina. O con las dos. A través del informe Castellani el gobierno ofrece “recomendaciones para el buen desempeño del teletrabajo”. Casi como un chiste de mal gusto propone que organices “una rutina diaria” y “tener un espacio propio donde trabajar”, entre otros. Son contados los casos en los que los funcionarios se tomaron el trabajo de preguntar si había condiciones para realizar las tareas, si había una compu, si había una casa, si había un “espacio propio”, si se contaba con Internet. Mientras ATE y UPCN quieren reglamentar el teletrabajo, relevando a través de encuestas las condiciones de las y los trabajadores, ya van 60 días en que las estatales hacemos malabares con los pibes, el trabajo y las tareas del hogar. El costo se mide en salud, con un enorme estrés. Las consignas por el derecho a la desconexión, o de reglas claras para el trabajo remoto no surgen de ningún espacio de deliberación de las y los trabajadores. Son las mismas voces que sostienen que “hay quienes prefieren trabajar así porque si no tienen que viajar dos horas o no llegan con el sueldo a pagar todas las horas del cuidado de los hijos que se necesitan”. Otra vez esconden el verdadero problema. La precariedad laboral y el atraso salarial. Debemos organizarnos en asambleas virtuales por sector para exigir que se respete la jornada laboral. Efectiva licencia sin afectar el salario a las mujeres y varones con niños en edad escolar a cargo, con enfermedades de riesgo o con personas discapacitadas o adultos mayores bajo su cuidado. Salario igual al costo de la canasta familiar. Pase a planta permanente de todos los trabajadores monotributistas y tercerizados.

4 de junio de 2020
Fuerzas del orden y justicia de Israel: tan o más racistas que las yanquis
Jacobo Feurmann

“Para los racistas pro-Trump en Estados Unidos e Israel, las vidas de negros y palestinos realmente no importan” , tituló Joshua Shanes (Haaretz, 3/6). Shanes, profesor de estudios judíos en el Colegio de Charleston, describe que en el mismo momento que se asesinaba a George Floyd en Minneapolis, “un palestino autista de 32 años fue muerto a tiros por un soldado israelí a metros de su escuela porque ´parecía armado´ (no lo estaba) y cuando gritó que parara, saltó detrás de un poco de basura para esconderse” (ídem). Frente al asesinato de Eyad Hallaq, “un destacado abogado israelí afirma que sus padres tienen la culpa de ´permitir´ que una persona con necesidades especiales salga por su cuenta. Un hombre que luego culpa a los palestinos escribe en grande por ser tan estúpido y tan violento que nos obliga a ´nosotros´ a matarlos” (ídem). “Israel -dice Joshua Shanes- no es responsable del racismo o del sistema de opresión racista que ha dado forma a Estados Unidos de diferentes maneras durante más de cuatro siglos. Israel si es responsable de las armas que envía a los regímenes opresivos, pero de lo contrario solo es responsable de lo que hace en sus propias fronteras y territorios ocupados. Entonces, ¿por qué la opresión racista en Estados Unidos e Israel / Palestina se confunde conmigo ahora, más allá de mi conexión emocional con Eyad Hallak?”. “Primero, en ambos casos, hay un grupo empoderado sobre otro, y particularmente facultado para infligir violencia con casi total impunidad. Es sistemático, involucra expropiación y violencia continuas durante generaciones, y aquellos que se benefician en ambos casos parecen incapaces de reconocer ese privilegio y en su lugar culpan a las víctimas por su estatus. En segundo lugar, en ambos casos, existe el fenómeno de aceptar teóricamente la protesta, pero solo si no es violenta. Pero no así. O así. Tercero, en ambos casos, aquéllos en las fuerzas armadas facultados para infligir violencia lo harán. En algunos casos, el ejército y la policía atraen voluntarios que buscan infligir violencia. En otros casos, condiciona sistemáticamente a las personas a usarlo una vez que tienen el poder para hacerlo, especialmente cuando el sistema lo alienta. Cuarto, en ambos casos hay un grupo y una deshumanización en todas partes. Desde el presidente hacia abajo hay ataques contra la ´escoria izquierdista´, inmigrantes como serpientes, ataques contra ´matones´ que reemplazan la palabra n, y, por supuesto, suposiciones de los palestinos como algo menos que igual, incluso menos que humano, y ciertamente menos que una nación digna de igualdad de derechos”. “Israel tiene el mayor apoyo para Trump en el mundo y el movimiento evangélico (con sus aliados judíos "pro-Israel" y pro-Trump de derecha), representados por grupos como Cristianos Unidos por Israel y predicadores y políticos racistas como John Hagee y Mike Huckabee, ven explícitamente a Israel como un puesto de avanzada blanco contra la barbarie musulmana, la frontera de poder del mundo cristiano occidental”.

4 de junio de 2020
Telefónicos: quieren flexibilizar cuarentena y el salario

Mientras los telefónicos seguimos trabajando y manteniendo un servicio esencial, las empresas se niegan a recomponer el salario, a pesar de que mantienen elevadas ganancias. La “operación de prensa”, denunciada por Foetra mediante un comunicado, no es virtual o ficción: quieren congelar los salarios. Pero si la intención patronal es congelar el salario, o una recomposición miserable que vuelva a golpear nuestro nivel de vida, ¿no debería convocarse el plenario de delegados? La reducción de horas extras con que se completaba el ingreso es, en los hechos, una reducción del salario. Cuando gran parte de la actividad económica y de nuestras tareas se realiza vía remota, en el gremio de las telecomunicaciones no se utiliza esta tecnología para poner en conocimiento los problemas y debatirlos en todo el gremio. En casa de herrero, cuchillo de palo. En los medios se agita el levantamiento de la cuarentena, la reforma laboral y previsional, y las suspensiones masivas. Pero no solo las patronales. Para Cavalieri, del Sindicato de Comercio, el coronavirus “va a imponer una reforma laboral”. ¿No hay nada para discutir? La directiva de Foetra, que sigue firmando actas aumentando la jornada, como ahora en el Noc de Telecom, probablemente no. ¿A quién se rescata? El Gobierno dice rescatar la “economía” y las “empresas”, pero lo que rescata es al capital, que recibe subsidios enormes, sin que se exija la apertura de los libros contables de las empresas. Muchas devolvieron el ATP (pago del 50% de salarios por el Estado) cuando se puso trabas para repartir dividendos y operar con el dólar paralelo, exponiendo para que quieren usar los subsidios estatales. Mientras la población trabajadora recibe asistencia a cuentagotas, se discute un acuerdo con los acreedores de la deuda externa, que para pagarles implica un ajuste y que un hipotético rebote económico se lo llevaran los especuladores, en lugar de los trabajadores o el sistema de salud. Foetra debería pronunciarse rechazando acordar con los buitres. Las comerciales La flexibilización no es parte de un plan sanitario, sino de la presión patronal para volver a explotar a los trabajadores. No les importa que los positivos por Covid se disparen, y las muertes aumenten. Claro, fracasó en abrir las oficinas comerciales de Lomas, Olivos y San Miguel, pero lo consiguió en Lanús. No se trata de si un gobierno las habilita o no, sino que su apertura en el actual contexto de avance de la enfermedad no tiene nada de esencial. A propósito, ¿Foetra firmó un protocolo al respecto? Mientras pasa de todo Foetra discute entre cuatro paredes ¡Que convoquen un tele-plenario de delegados para discutir! Cuando aceptamos “normalizar” las tareas y los protocolos, porque es materia de todos los trabajadores, que somos quienes mantenemos el servicio y ponemos el cuerpo. Necesitamos una recomposición salarial acorde a la canasta familiar que, en abril, según ATE (estatales), alcanzó los $66.013 para una familia tipo. Que los gastos del teletrabajo corran a cargo de las empresas. Rechacemos los aumentos de la jornada laboral.

4 de junio de 2020
“Uso barbijo hasta cuando le doy la teta”

“Mis padres viven en Villa Azul. Cuando me diagnosticaron CODVI 19, vine para estar en la casa de ellos porque vivo sola con los nenes y quedé encerrada en el cerrojo que le pusieron al barrio”, relata María, desde la villa ubicada en el límite de Quilmes y Avellaneda. Es enfermera y transcurre la cuarentena con su bebé. ¿Cómo organizan la comida con este cerrojo? En los domicilios del lado de Avellaneda, Ferraresi manda camiones con mercadería. El día viernes mandaron una vianda, el jueves trajeron verduras y el sábado recién algo de carne y pollo. Cuando ingresan a los pasillos hay punteros y están los comedores que tiene un grupo de personas, que mandan las bolsas de alimentos a cada casa, pero no llega a todas o les llega la mitad de la mercadería. Hace poco empezaron a llegar los pañales, pero sólo si te anotás, es decir, si te llega es porque sos cercano, ya que los punteros tienen su gente y saben a quién entregar las cosas. El tema es con los que no están en ese núcleo porque les puede llegar como no. Dependen de las ganas de los punteros. ¿Cómo te arreglas con los chicos? El bebé está conmigo y uso barbijo en todo momento, hasta cuando le doy la teta o duerme, porque aún lo hace conmigo. Mi hija esta con mis padres, que casi no tenemos contacto, aunque estemos en la misma casa. Por suerte, siempre tengo cosas acá, de mi mamá. El bebé toma el pecho, tengo algo de pañales, creo que llego para esta semana, pero si mantienen cerrado el barrio voy a tener que ver quien me compre. Mis hermanos están viendo como alcanzarme frutas y yogurt, por ahí algo de carne, para esta semana, que es lo que más falta. Algo de ropa tengo, así que con eso me manejo. ¿Cómo es la convivencia en tu casa? Mantenemos la distancia porque en Villa Azul no se conoce a nadie que sea negativo, todos son positivos. Vine hacer la cuarentena donde todos son positivos. Conozco gente que no salía, se cuidaba, todo eso, y le dio positivo a todos. También pasa que muchos dan positivo, pero no los encuentran en el sistema. La secretaria de Salud estuvo llamando para conocer los estudios y en la lista todos eran positivos, entonces muchos empezaron a pedir certificados para los trabajos y no los tenían en el sistema, entre ellos, a mi sobrino. Así que estaban dando la afirmación sin comprobante porque supuestamente el sistema cayó o no se organizó. Entonces no sabés exactamente cuántos somos los contagiados ni donde se ubican. Otras personas se hicieron el testeo con la obra social después del testeo acá y les daba negativo, así que no se sabe. ¿Le hicieron los testeos a toda la familia? No, no les hicieron a todos porque no tienen síntomas. Solo nos pidieron aislamiento por separado. Nosotros solo compartimos el baño, así que cuando voy higienizo todo hasta el picaporte. Cuando cocinan, me dejan en la puerta, estoy totalmente aislada. Entonces, ¿no dieron certificados para los trabajos? Del Ministerio de Trabajo mandaron un papel que confirma que está prohibido salir, si es que estas en el sistema. El comprobante no tiene ninguna confirmación médica ni de bioquímicos. Se los pedí, pero dan vueltas, dicen que tiene que ser suficiente con ese papel. Soy enfermera y en mi trabajo no me dijeron nada, ahora sé que estaban hisopando a mis compañeros que compartí dos o tres horas antes del encierro. Por suerte dice que a todos les dio negativo. ¿Cómo es el trato con la policía? Dentro de todo bien… pero es un barrio privado, seguridad puerta a puerta, patrullero, ambulancia… hay más policías que en CABA (risas). Al principio no dejaban entrar a nada ni a nadie hasta que empezaron a organizarse los vecinos. Sobre todo, porque acá no hay nada, uno sale a las Flores, al centro de Wilde, a comprar. En la villa no hay carnicería, solo verdulería o algunos almacenes y la venta fue hasta acabar stock. Entonces llamamos a familiares y amigos para que nos alcancen cosas hasta las vallas. Algunos productos de higiene porque el municipio mandó lavandina, jabón tocador, jabón en pan y un detergente y por ahí necesitábamos papel higiénico o dentífrico, servilleta. La policía tuvo que dejar que nos alcancen elementos de higiene que en definitiva son de protección. Ahora recorren las calles, los pasillos y acompañan a los enfermeros hacer los testeos si hay síntomas. Última: como colega, ¿ves al personal de salud bien equipado en la pandemia? En la empresa sí, tienen de todo, equipo de protección, el barbijo N95 y los otros barbijos, cofias, guantes por ahora nos dieron todo. No sé cómo me contagié, si me aislé y venía con mucho cuidado. Los enfermeros de los testeos tienen algunos elementos, pero no sé si los suficientes para recorrer la villa de forma segura.

4 de junio de 2020
Covid19 en Granja Tres Arroyos

Los trabajadores de Granja Tres Arroyos han denunciado a los medios y a través de las redes sociales, una cadena de contagios al interior de la planta faenadora de pollos de Capitán Sarmiento. Hasta ayer distintas versiones hablaban de 10, 14 o 25 casos confirmados de la empresa y 22 en la localidad, de familiares de trabajadores. Se encuentran la espera del resultado, además, unos 70 hisopados. A pesar de esta "circulación laboral" del virus, la empresa convocó al turno mañana -que no fue hisopado- a retomar tareas para el día de hoy. La conformación de un Comité de Crisis entre organismos del Estado, la empresa y el STIA no ha modificado la situación: la empresa no fue obligada a hisopar a la totalidad de los trabajadores -medida necesaria antes de retomar cualquier tarea-, ni a esperar la totalidad de los hisopados. El funcionario municipal que forma parte del comité de crisis deslindó responsabilidades del gobierno y de la empresa: "Los primeros casos fueron de personas que trabajan en un mismo lugar. Los últimos 10 son personas que no trabajan en la granja Tres Arroyos, pero son contactos estrechos de trabajadores. Los casos que fueron apareciendo fueron por no cumplir la cuarentena". Lo que si se llevó la empresa de este Comité es la autorización para convocar a los trabajadores del turno mañana, sin objeción de parte del STIA. La empresa Granja Tres Arroyos de la localidad bonaerense de Capitán Sarmiento ocupa a unos 800 trabajadores en dos turnos de 9 horas. La mayoría de los trabajadores de Granja Tres Arroyos habita en la localidad o en ciudades aledañas como Arrecifes, Salto, Solís, Carmen de Areco y San Antonio de Areco. Ninguna de estas localidades cuenta con la infraestructura necesaria para afrontar un brote masivo de la pandemia, mucho menos con los respiradores necesarios. Al comienzo de la pandemia la empresa, adaptó la producción a tres turnos de 7 horas, reduciendo el salario. Esto despertó un conflicto en la planta de la misma empresa en Concepción del Uruguay, Entre Ríos. La empresa finalmente terminó pagando las horas, pero como un adelanto -lo que significa que las descontaría en el futuro. El modo de embasamiento en todas las plantas avícolas es manual, por lo que el distanciamiento social necesario mayor a dos metros no puede cumplirse sin una adecuación de parte de la empresa. La reducción horaria no ha resuelto este problema, y la posibilidad de un contagio masivo es real. Además de la cadena de contagios en Granja Tres Arroyos, se confirmaron casos de Coronavirus en Mondelez Planta Pacheco, de una administrativa en Felfort y un trabajador en La Serenísima General, además del caso de Alacor, en Luján. Estamos ante el desembarco del virus en las fábricas esenciales, y la aplicación de un protocolo de la OMS que se limita a sanitizar por 24 horas y a hisopar solo a los contactos estrechos definidos por la empresa. Hace pocos días, la empresa perteneciente a la familia De Grazia fue también noticia por haber percibido el subsidio ATP, en el que el Estado paga el 50% del salario de la empresa, a pesar de no haber sido afectada por la cuarentena: la empresa no paró un minuto desde el decreto inicial, por ser calificada la producción avícola como esencial. Este desvío de fondos del Estado, hacia la empresa, operó como un rescate a una empresa que inclusive estaba descontando salarios. El STIA Provincia de Buenos Aires se limitó a emitir un comunicado en el que resalta la aplicación inmediata del protocolo y que la situación está a cargo de las autoridades. Además, destacó que ninguno de los casos es todavía de gravedad. Sobre el comunicado de la empresa que convoca a reiniciar actividades no dice una palabra. Las denuncias de la situación dramática del pueblo de Capitán Sarmiento y de las familias de trabajadores circulan en las redes sociales de los empleados de la empresa. En Granja Tres Arroyos de Capitán Sarmiento se produce un nuevo choque entre los intereses del capital -retomar la producción en forma inmediata, hisopar lo menos posible, no adecuar las condiciones de trabajo, descontar el salario- con los intereses de los trabajadores -la protección sanitaria, el hisopados masivo antes de retomar la producción y el cobro de la totalidad del salario. El Estado y sus protocolos de Salud -avalados por la OMS- actúan en función de una conciliación favorable a la empresa: reinicio de la producción inmediata, hisopados limitados a los contactos estrechos, subsidios a la empresa. Es necesario que los trabajadores deliberen sobre sus reivindicaciones y las tomen en sus manos. Ni la empresa, ni el Estado, ni el STIA lo harán. LEER MÁS La crisis de la cuarentena y el gobierno de la Provincia

4 de junio de 2020
Catamarca: se formó la asamblea de docentes autoconvocados

Luego de la masiva movilización docente, estatal y municipal del viernes 29 contra del plan de reformas ajustadoras que impulsa el gobierno de Raúl Jalil, el martes 2 de junio se produjo una gran autoconvocatoria docente que se constituyó en asamblea y marchó alrededor de la plaza central. Mientras los docentes daban pasos consistentes para superar la política colaboracionista de las burocracias de los sindicatos docentes, en el gobierno tomaban nota del proceso de lucha que, como reguero de pólvora, se iba extendiendo a lo largo y ancho de la provincia. Inicialmente el gobierno había formado una comisión reformadora del Estatuto Docente cuya función era la de elaborar un proyecto de ley. A dicha comisión se habían integrado en forma inconsulta los dirigentes de los seis sindicatos docentes de la provincia. Cuando comenzaron a florecer los pronunciamientos de repudio y las primeras movilizaciones en el interior, la mayoría de los dirigentes se retiraron de la Comisión Reformadora, procurando reacomodarse ante el descontento en las bases. Días después, el gobierno anunció que la reforma del Estatuto Docente se iba a materializar en conjunto con el resto de la reforma del Estado provincial, por lo cual la cuestión docente la pasaban a esfera del ministerio de Gobierno y procedía a formar una secretaría específica para elaborar los proyectos de reforma estatal. Toda esta voltereta duró muy poco. El mismo día que se producía la asamblea autoconvocada de la docencia, la Intersindical docente era convocada desde la gobernación. La burocracia de los sindicatos docente volvía a reunirse con los funcionarios y como resultado de ello, salieron a proclamar que el gobierno había dado marcha atrás, que se había comprometido a respetar los derechos adquiridos, que la reforma era para los nuevos docentes, que toda discusión se iba a desenvolver en el marco de las paritarias. En otras circunstancias, estas declaraciones hubieran servido para calmar las aguas. Viniendo de una dirigencia que no ha movido un dedo por la cuestión salarial (los salarios se mantienen inalterables desde el mes de diciembre) y tampoco frente a los atropellos del sobre trabajo y los costos de la enseñanza online desde que se suspendieron las clases presenciales, en forma inmediata se expresó en las redes la desconfianza (“que den a conocer el acta acuerdo”) y luego el repudio (“es más de los mismo”). Las declaraciones del día siguiente de parte del ministro de Educación despejaron las dudas, al confirmar que el gobierno mantiene en pie todo su proyecto de ataque a las conquistas contenidas en el Estatuto. La autoconvocatoria y las perspectivas La asamblea autoconvocada del 2 de junio, concretada desde las redes, concentró a más de doscientos docentes, mayoritariamente de la capital, pero también de las localidades de Valle Viejo y de Fray Mamerto Esquiú. Unos tras otros, los docentes tomaron la palabra para presentar sus puntos de vista y propuestas. En la asamblea se desenmascaró los propósitos del gobierno de arrasar con cuestiones vitales de los derechos docentes, tanto salariales como laborales. Las resoluciones fueron votadas a mano alzada y de manera unánime. Se reivindicó la lucha contra la reforma del estatuto que se expresa en toda la provincia. Se votó impulsar un plan de lucha y la necesidad de una lucha de conjunto, por eso se aprobó impulsar una coordinadora provincial para unificar las acciones que casi a diario se producen en distintos puntos de la provincia. Ese mismo día, en simultáneo con la asamblea autoconvocada se producían movilizaciones docentes en la ciudad de Belén y en Paclín. Finalmente se definió una nueva acción de lucha mediante una nueva autoconvocatoria para el viernes 5, esta vez en las inmediaciones del predio de la administración pública provincial. La rebelión de los trabajadores contra la política ajustadora del gobierno del Frente de Todos catamarqueño se va consolidando. ¡Adelante!

4 de junio de 2020
#3J en Tucumán: actos en las barriadas y hacia el poder político

La acción del 3J, jornada de lucha nacional por el aniversario del colectivo Ni una Menos, empalmó en Tucumán con las acciones por el 28M y la lucha contra el dengue y el hambre, que lleva adelante el Polo Obrero. La situación en las barriadas es explosiva: la epidemia del dengue supera el registro oficial de 6.000 infectados, los especialistas sostienen que esa cifra hay que multiplicarla por 10 a 20 y el gobierno no asegura ninguna medida para frenar y prevenir el avance del contagio. En los CAPS (centros de salud) de los barrios no se brinda atención médica; no hay un solo refugio para mujeres en situación de violencia y el gobierno se niega al aumento de las partidas alimentarias. Las condiciones de vida se agravan y frente a esto crece la deliberación y organización de las compañeras. En la asamblea preparatoria conjunta del Polo y el PdT se resolvió movilizar a las plazas de las comunas y municipios, como continuidad de un plan de lucha hacia el poder político. En función de ello, este 3J se concretaron concentraciones de delegaciones en distintos puntos de la provincia: frente a Casa de Gobierno, en la capital de Tucumán, en las plazas de los municipios de Tafí Viejo y Las Talitas, en la plaza de la comuna de Los Ralos, en el departamento de Cruz Alta, un bloqueo de calle en El Corte, en el municipio de Alderetes y frente a las comunas de Nueva Esperanza de Tafí Viejo y en la comuna de Viclos, en el departamento de Cruz Alta. En el departamento de Leales, las compañeras elaboraron videos con fotos. Y en la comuna de Colombres, cercada por la policía por un caso positivo de coronavirus, las compañeras y compañeros se organizaron desde sus casas, con la pintada de carteles y fotos. En las concentraciones se llevó adelante la lectura de un documento, se distribuyeron volantes a los vecinos de los barrios y se grabaron videos, exponiendo los reclamos. En Alderetes, la jornada transcurrió alrededor de una olla de mate cocido. En Las Talitas, participaron 60 compañeras y compañeros, quienes luego de deliberar en asamblea, decidieron marchar alrededor de la plaza. Las consignas de la jornada se desprendieron del programa de la mujer trabajadora, integrado a la lucha general de la clase obrera, contra la violencia hacia las mujeres, el hambre y la impunidad, por el derecho a la salud y la vida de la familia obrera, por el aborto legal y en defensa del trabajo y del salario. Tenemos por delante seguir desarrollando los comités barriales contra la violencia de género y que las asambleas de vecinos debatan e integren todos los reclamos de las mujeres al programa de lucha. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

4 de junio de 2020
#3J en Berisso: marchamos por testeos masivos
Sofia Mariezcurrena

En el marco de la jornada del #NiUnaMenos, nos movilizamos hacia el Municipio de Berisso para exigir, principalmente, testeos masivos, acceso al agua potable y alimentos para los comedores. Producto de ello, logramos el compromiso por parte del Secretario de Desarrollo Social de que esta semana vuelvan a repartir bolsones de comida y elementos de limpieza para los comedores, como así también iniciar un trabajo de mejoramiento en las calles de acceso a los comedores y buscar una solución a la falta de agua. La falta de alimentos, elementos de limpieza y servicios básicos condena a los vecinos al contagio. Es en este cuadro que, en Villa Nueva, la Villa 31, Villa Azul y en el barrio José Luis Cabezas, de Berisso, aparecieron los primeros casos sospechosos de Covid19. En este escenario, las probabilidades de propagación del virus son altísimas. La respuesta por parte del gobierno de cercar los barrios sin proveerlos de alimentos suficientes sólo condena al contagio y la miseria. Un Estado incapaz de anticiparse y dar respuesta Más allá del compromiso alcanzado, los funcionarios reconocieron la incapacidad del municipio para garantizar los testeos masivos, a excepción de que haya un brote de casos. Explicaron que habían iniciado una campaña para empezar a realizarlos en el barrio José Luis Cabezas, pero allí tampoco pudieron garantizarlos, y que por ello proceden a cerrar el barrio, como ya sucedió en Villa Azul. La política del gobierno y su impotencia condenan al aislamiento sin un plan sanitario a barrios enteros. En las últimas semanas, el municipio ha dejado de repartir mercadería, dejando a varios comedores sin elementos básicos para las ollas, pero a su vez exigiéndoles que se mantengan abiertos, obligando a los propios vecinos a poner comida de sus bolsillos rotos para paliar la situación que el Estado provoca. Frente a este escenario, las compañeras se encuentran en la primera línea de organización. Por nuestros comedores pasan 600 personas por día para recibir algo de comida y mercadería. Son ellas mismas las que han reforzado las medidas de seguridad e higiene, mostrando una vez más que somos los trabajadores los únicos que velamos tanto por la salud de todos los vecinos, como por el cumplimiento de la cuarentena, luchando por hacerla efectiva, frente al apriete en que nos pone el gobierno, obligándonos a elegir entre contagiarnos o no comer. La salida es independiente La situación es apremiante, y las compañeras muestran ser la vanguardia que se prepara para la etapa en la que entramos, dando cátedra de lucha contra el estado, que nos condena al contagio, a la miseria y la muerte. Las ollas populares han servido como puntapié inicial en la campaña por organizar comités obreros en cada uno de los barrios, permitiéndonos deliberar con los vecinos sobre las causas de las problemáticas. A raíz de esta iniciativa, hemos armado un petitorio que contiene las principales demandas del barrio y que permitió acercar vecinos que se sumaron activamente a la campaña e ir casa por casa para discutir con las familias la importancia de organizarnos. Es este método el que no sólo nos ha permitido agrupar a vecinos sino también militantes de base de otras organizaciones, como Barrios de Pie, quienes encuentran en este accionar un canal de organización para darle una salida a nuestra clase frente a la crisis. En el mismo camino nos hemos unido en la pelea junto a los compañeros de Izquierda Latinoamericana Socialista. Siguiendo el camino marcado por las compañeras, vamos por la conformación de comités obreros en cada barrio que peleen por testeos masivos a todos los vecinos, alimento y elementos de higiene para los comedores, subsidio al desocupado y salario igual a la canasta familiar. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

4 de junio de 2020
San Fernando: Usurpan terrenos de la Universidad de Luján

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), por medio de una resolución, cedió al municipio de San Fernando 9,5 hectáreas pertenecientes al Profesorado Universitario de Educación Física (PUEF) perteneciente a la Universidad de Luján (UNLu). Un hecho que fue a espaldas de la comunidad educativa. La intendencia de San Fernando, según consta en la resolución AABE, quiere construir en ese terreno “un parque costero, dotado de espacios verdes y recreativos accesibles, senderos, playones deportivos y plaza de juegos inclusivos”. Pero lo que no especifica la dicha resolución es si el terreno puede ser fraccionado o concesionado. Esto permitiría que sea utilizadas partes del inmueble para negocios privados. El argumento para esta usurpación en medio de la cuarentena fue que el predio se encontraba en abandono, pero en realidad es uno de los lugares que los estudiantes del PUEF utilizan para sus prácticas y diversas asignaturas. En sí, el lugar posee dos canchas de futbol once, dos palos de rugby, una pista de atletismo y un sector de salto en largo. Además de que es utilizado para otras actividades, como campamentos o recreación. Por otro lado, es cierto que el terreno posee partes que están en pésimas condiciones y sin mantenimiento, como es el sector del rio, lugar donde se practicaba la -ahora cancelada- cursada de remo. Lo que le sucede al PUEF es producto del constante ajuste en el presupuesto educativo, que lleva una precarización de las condiciones de cursada y de los contenidos, siendo esta universidad el mejor ejemplo de ello. El colmo es que el Estado utiliza su desfinanciación, para proceder a esta amputación. La comunidad educativa viene llevando adelante asambleas inter claustros que han resuelto continuar con la visibilización del conflicto en las redes sociales, con hashtags temáticos y juntas de firmas online. Estas acciones se irán modificando según cómo avance la negociación del rectorado con la municipalidad, el Ministerio de Educación y la AABE. Llamamos a toda la comunidad a rechazar la medida inconsulta de la AABE y del intendente de San Fernando. Apoyamos la organización de la comunidad educativa. El desarrollo de los espacios verdes debe ser debatido por todos los vecinos del distrito, y controlada sus obras para que no termine en la especulación inmobiliaria de unos pocos. Desde que inició su gestión, el intendente Andreotti llevó adelante un desmantelamiento de los centros culturales del distrito que se autogestionaban, incluso amenazando con derribarlos con topadoras, como ocurrió en el Centro Cultural Villa del Carmen. Hace unas semanas también se realizó un reclamo de organizaciones barriales denunciando que el municipio no entrega alimentos para las ollas populares que se están levantando ante la enorme crecida del hambre en San Fernando. La docencia denuncia también la falta de entrega de materiales de sanitización y de alimentos para las escuelas. Si el municipio sigue avanzando, la comunidad deberá optar por imitar los trabajadores que están luchando aún en medio de la pandemia. Aquí en zona norte, tenemos como ejemplos a los obreros de Fate, de Bed Time, las enfermeras del Hospital Mercante, los municipales de Tigre, las enfermeras del Hospital de Boulogne. Se debe tomar de estos la organización, la movilización, la olla popular y la ocupación, con los resguardos correspondientes a la pandemia, como método para ganar esta lucha.

4 de junio de 2020
Sobrecarga laboral, polifuncionalidad y pandemia

El ciclo escolar, en tiempo de cuarentena, se desarrolla por medios virtuales. La continuidad pedagógica en Argentina se despliega en un marco internacional donde el capital busca por todos los medios sostener la acumulación de capital vía superexplotación de la mano de obra, única fuente de creación de la riqueza bajo este sistema social. Tal es la situación, que existen una innumerable cantidad de escritos en diarios y medios digitales que describen la flexibilización de tareas laborales por medio del teletrabajo y otras formas de organización del proceso productivo. El objetivo de esta flexibilización laboral es claro: aumentar la rentabilidad del capital. Una de las características fundamentales del teletrabajo es la pérdida de las fronteras entre las tareas domésticas y las laborales en un alto porcentaje. El capital logra, por medio del teletrabajo, extender la jornada más allá de lo estipulado por los convenios laborales. Sumado el cuidado de los hijos y de adultos mayores, que se encuentran a cargo del trabajador, las jornadas laborales son un verdadero infierno. En este cuadro, los docentes estamos viviendo una experiencia de sobrecarga laboral y mayor presión por parte del personal jerárquico y el Estado para cumplir con múltiples funciones. A las tareas de enseñanza que implican el dictado de clases, corrección y seguimiento del proceso de aprendizaje de cada alumno, se suman requerimientos de orden administrativo en cualquier día y horario, la recepción y distribución de los alimentos que se entregan a las familias de nuestra comunidad, reuniones con directivos, etc., etc. Los sindicatos docentes expresaron que existe una alta sobrecarga laboral (Página 12, 05/05). Esto motivo reuniones con el gobierno para presentarle la nueva realidad y un esquema de organización sobre nuevas condiciones laborales en la pandemia. El “reclamo” de las burocracias docentes no paso de la mera formalidad. Retomar el control sobre el proceso de trabajo Con aplicaciones digitales como classroom se intensifica la explotación del docente porque el docente debe atender los requerimientos de cada alumno en forma dispersa en el tiempo y espacio. En cambio, con las clases presenciales la dinámica es otra: el proceso de enseñanza-aprendizaje es colectivo y simultáneo lo que hace más eficiente nuestro trabajo. La falta de conectividad digital por parte de alumnos lleva a tener que “dictar” clases por fuera del classroom. Es decir, además del classroom damos clases por WhatsApp, por teléfono, por mail, etc. En conclusión: trabajamos más horas y en forma más intensiva. Las consultas fuera del horario escolar suceden frecuentemente. Según datos del Observatorio Argentino de la Educación existe una baja conectividad en el país debido a que el 54% de las conexiones son de una velocidad menor a los 20 Mbps, lo que no asegura actividades sincrónicas. Un 36% de ellas se encuentran en el orden de los 6 Mbps. Dentro de las estadísticas se estableció que un 20% de alumnos de primaria a nivel nacional no tiene conexión a Internet desde sus hogares y ese índice se dispara mucho más en las provincias más pobres. Por otro lado, las dificultades tecnológicas del lado docente no se quedan atrás. Definido en un informe del sindicato SADOP, un 63% de los maestros no poseen una PC propia. En el caso de los preceptores, el seguimiento de alumnos y control de planillas para el servicio alimentario son requeridas en tiempo y forma, llevando a exigencias mayores, estirando la jornada laboral. En conclusión: en el cuadro de la pandemia y la continuidad pedagógica virtual, los docentes trabajamos más horas y realizamos tareas que no están contempladas en nuestro estatuto. Todo este esfuerzo no tiene ningún tipo de compensación salarial por parte de nuestro empleador. Es necesario abrir un debate a fondo sobre este cuadro de aguda superexplotación laboral y reclamar al Estado recursos tecnológicos para docentes y alumnos que posibiliten la continuidad pedagógica virtual, aumento de salarios, protocolos de trabajo que preserven la salud física y psíquica de los trabajadores.

4 de junio de 2020
Después del ataque de la patota de Bruzzese, los trabajadores del Penta no aflojan

Las reuniones entre el ministerio, la patronal y el sindicato no llegan a un acuerdo. Los trabajadores de Penta siguen reuniéndose en asamblea, en la puerta del frigorífico, para discutir los pasos a seguir. En la última asamblea, a comienzos de esta semana, las patotas de Fantinni, quién disputa la federación con Vallejos -actual secretario general- y Bruzesse, el patrón del frigorífico, corrieron a los trabajadores a tiros. Hablamos con Rubén, delegado de la planta. Contanos qué pasó Estábamos en la asamblea, planeando qué hacer, adónde ir, a quién llamar para que se haga visible nuestro reclamo. Habíamos decidido ir a Quilmes a seguir el fondo de lucha con todos los compañeros y las banderas para que se hagan visibles nuestros reclamos. En ese momento, tipo 10 de la mañana, estábamos los compañeros fuera del portón sacándonos una foto y desde adentro una patota, de más o menos 80 personas, empezó a insultarnos, putearnos y amenazarnos con armas. Se armó una discusión. Nos tiraron algunos tiros desde adentro. Nosotros fuimos hacer una denuncia en la comisaría 5° de Quilmes y estamos esperando… bajaron del ministerio a pedirnos la denuncia así el fiscal de turno manda un allanamiento y sacan a las patotas armadas que tienen adentro. En esta situación estamos y ahora se pone peligroso porque nos amenazan con armas desde adentro para afuera. ¿En qué situación se encuentra el conflicto? Después de 75 días de luchas seguimos esperando una respuesta de parte del Ministerio de Trabajo. Ya han pasado las dos conciliaciones obligatorias, pero Bruzesse no acató ninguna, no acató tampoco el decreto del presidente. Además de lo legal, ¿van a llevar alguna otra acción adelante? Si, vamos a hacer una asamblea. La idea es juntarnos con otras empresas que están pasando algo similar a nosotros, unirnos y cortar el puente Pueyrredón. Esta tarea la estaríamos tomando para el viernes, si es que sale. Ahora estamos con los compañeros acá charlando porque hubo una reunión con la patronal. Vamos a ver qué sale y qué comunican desde el sindicato. Mañana vamos a ver qué hacer e intentar llamar a las otras empresas que están pasando una situación similar para confirmar un horario e ir a cortar el puente. ¿Qué novedades tienen de la reunión? El sindicato se reunió con la patronal y el tipo salió con lo mismo - que quiere suspender por 90 días a 19 compañeros y a los delegados dejarlos afuera con el sueldo pago y a los 19 compañeros pagarle mitad de sueldo. Después, a la gente que entra a trabajar, pagar una quincena cuando nos está debiendo cinco quincenas, así que rechazamos la propuesta. Seguimos en plan de lucha, volvemos a la asamblea en la puerta de Penta, daremos una conferencia de prensa al periodismo de Quilmes, seguramente van a venir algunas organizaciones. Más adelante, vamos a cortar el puente, como dije, con otras fábricas que están pasando la misma situación con nosotros. Después si sigue la medida vamos a ir a cortar al Mercado de Liniers, ahí sí va a hacer mucho ruido porque si no dejamos salir hacienda, si no dejamos salir a los camiones, se va a poner heavy. Ojalá que no tengamos que llegar a eso, pero son cosas que vamos pensando para intentar hacer un poco de ruido porque ya es demasiado, ¿viste? Nosotros confiamos que el gobierno nos iba a poder destrabar y, bueno, no pasó nada. El tipo no acató la conciliación obligatoria de Nación, por lo cual le cobraron una multa de casi 10 millones de pesos. No sé si la pagará o no, eso es problema de él. Una conciliación que se terminó la semana pasada, el viernes, del ministerio de provincia, tampoco la acató. Pasaron los días, las prórrogas, tampoco la acató. Seguimos en la calle. El decreto del presidente tampoco lo acató, siendo que nosotros somos una planta alimenticia, la carne está produciendo un montón con el consumo interno y la exportación. Los frigoríficos están laburando cada vez mejor, así que trabajo no falta. Son todas cosas del tipo que no quiere al cuerpo de delegados que pelea para los trabajadores y a quienes supuestamente están atrás de los delegados.

4 de junio de 2020
La educación privada en terapia intensiva

La agudización de la crisis capitalista, acelerada por el Covid-19, puso al desnudo la bancarrota histórica de este sistema social. Repentinamente, el conjunto de la sociedad visibiliza lo “invisible” como miles de villas miserias que cubren gran parte de la geografía nacional o que más del 50% de los trabajadores registrados perciben salarios inferiores a $28.000 netos. O sea, la mayoría de la fuerza de trabajo ocupada y en blanco es pobre. Este cuadro de crisis social intenta ser tapado, sigilosamente, por los explotadores y sus medios de comunicación. Misión imposible. Los diarios especializados en economía escriben ríos de tintas sobre la crítica situación por la que atraviesan tal o cual rama de la producción como forma de colaborar con la campaña de “normalización de la economía”. Sin embargo, poco se sabe de la crisis por la cual atraviesa el sistema educativo privado cuyas consecuencias están golpeando fuertemente a miles de trabajadores y estudiantes de todos los niveles educativos. Contra las cuerdas La educación privada viene creciendo con fuerza desde hace varias décadas, pero muy especialmente desde las reformas educativas privatistas de los 90´con su secuela de ajuste permanente al sistema educativo público. Actualmente, según diversas estimaciones, el sistema privado acaparo 1/3 de toda la matrícula estudiantil a nivel nacional y en el caso de la provincia de Buenos Aires esa cifra asciende al 43% (ver La Nación, 20/05, y primerplanoonline.com.ar, 13/05). Es evidente, de acuerdo a estos datos, que el capital avanzó implacablemente sobre el sistema público y gratuito y que los capitalistas del sector amasaron grandes beneficios. A pesar de esta tendencia general, el sistema educativo privado es muy sensible a las crisis económicas. Cuando el ciclo económico entra en su fase recesiva se asiste a una migración de matrícula desde el sistema privado al sistema público. Tiende a ocurrir lo contrario en la fase de auge del ciclo económico. Es así, que en la crisis de la convertibilidad de 2001/2 se produjo una gran migración al sistema público que fue revertida en los años posteriores signados por la reactivación capitalista de la economía. En la actualidad, la agudización de la recesión, que tiende a transformase en depresión, puso en jaque todo el sistema de educación privada. Esto que acabamos de afirmar lo pone en palabras el secretario ejecutivo de la cámara empresaria bonaerense (AIPBA), Martín Zurita, quién afirma que “el 70% de las familias dejaron de pagar las cuotas” en abril y que el impago se profundizará en los meses venideros. Concluye Zurita “Estamos preocupados porque la situación es crítica (…) todas las semanas cierran jardines maternales.” (Lapolíticaonline.com, 27/05/20). Peligran los puestos de trabajo, el salario y la continuidad pedagógica Ni lerdas ni perezosas todas las cámaras empresarias del sector educativo privado emprendieron un trabajo de lobby sobre los diversos poderes del Estado para reclamar más subsidios. En el caso de la provincia de Buenos Aires se reunieron con dirigentes de FdT y de JpC. En ninguna de esas reuniones la preocupación fue la defensa del derecho a la educación, las fuentes de trabajo o el salario. Los patrones sólo quieren preservar la ganancia capitalista por encima de todo (Diputadosbsas.com.ar, 23/05/20; Eldia.com, 28/04/20). Hace dos semanas Trotta recibió a los máximos representantes de los institutos privados y les prometió una ayuda que excede el habitual subsidio que perciben las escuelas de gestión privada para el pago de salarios. Se trata de un “refuerzo” con ATP que, seguramente, se embolsarán las patronales. Según un informe de AIEPA/JUNET en abril el 80% de los trabajadores cobraron el 100% del salario a pesar de ser un rubro que no cesó en su actividad. Es más, las labores docentes bajo la modalidad virtual se incrementaron. Con los salarios de mayo, en cambio, sólo el 40% de los trabajadores percibieron el 100% de sus salarios. Lo peor está por venir Esta crisis es la punta del iceberg porque la recesión pos-pandemia se hará sentir en todo el cuerpo social y el sector educativo privado será uno de los más golpeados. Esto planteará varios problemas para los trabajadores: defender los puestos de trabajo, las condiciones laborales y el derecho a la educación de miles de alumnos. La nacionalización sin pago de todo el sistema educativo de gestión privada está a la orden del día. Tenemos que abordar esta situación con un programa de lucha en defensa de todos los puestos de trabajo y condiciones laborales y la defensa de una educación estatal única, laica y gratuita. Mayor inversión en educación (infraestructura, capacitación, etc.). No pago de la deuda externa. LEER MÁS: Educación privada: paremos los despidos y la reducción salarial Por Federico Cano, 29/05/2020.

5 de junio de 2020
Contagio masivo en el Sanatorio Güemes
Rosa Lux · Soledad Domínguez

Según trascendió públicamente, 36 trabajadores del Sanatorio Güemes se encuentran infectados con Covid-19 y 47 se encuentran en aislamiento. Entre los casos positivos hay médicos, enfermeros, tres camilleros, médicos de UTI, infectólogos, supervisores, personal de laboratorios, de limpieza y casi la totalidad del plantel de cocina. Un desastre anunciado El director del sanatorio, Alfredo Vidal, en su raid mediático refirió que "lo más relevante es que estos contagios sucedieron fuera del centro de salud y que el personal que se contagió dentro del Sanatorio se infectó de sus compañeros de trabajo" (Página/12). En varias entrevistas televisivas, además, declaró que los trabajadores se protegen para atender a los pacientes, pero, cuando salen de la sala, tienden a relajarse. De esta forma, responsabiliza a los trabajadores. Quienes hoy son responsabilizados de haberse contagiado entre ellos, hace más de un mes vienen anunciando el desastre ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/972-sanatorios-de-la-providencia-y-guemes-negligencia-patronal ). Debieron reclamar los elementos de protección personal (EPP) y han denunciado la precariedad del resto de los elementos. Desde la patronal han promovido la reutilización de camisolines, por ejemplo, no reponen barbijos desde el mes de abril, se rompen tensiómetros y termómetros que no se reponen corriendo el riesgo de que los mismos se reutilicen en pacientes sin diferenciar patologías. Las capacitaciones además de tardías fueron realizadas en principio por personal no profesional y de manera ineficiente y no presencial – se actualizan los protocolos semanalmente por medio de un sitio web. Ahora, frente al conocimiento de los casos el personal no es aislado de forma completa y los médicos que trabajaron junto a trabajadores infectados de Covid o aislados por sospecha, deben seguir asistiendo. La empresa se niega a testear al conjunto del personal excusándose de que deben tener síntomas, ocultando la posibilidad de casos asintomáticos. En este cuadro, es probable que la cantidad de trabajadores infectados sea mayor. A la explosión de contagios, se le suma que los trabajadores cobraron el sueldo en dos partes debido al ingreso en el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) por parte del sanatorio, y los depósitos se realizan en momentos diferentes. Además, varios de sus trabajadores manifiestan que no se realizan los aportes de la jubilación y de las obras sociales o prepagas. La complicidad de ATSA Bs. As. En una reunión que organizó, la patronal dio estímulo y agradecimiento al personal y lamentó que el hecho haya salido en los medios, más preocupados por la reputación del sanatorio que por la salud del personal. En línea con la patronal, la responsabilidad en la desprotección de los y las trabajadoras de la salud privada también le cabe a la burocracia sindical de la Celeste Y Blanca. Atsa Bs. As, no ha se ha manifestado en defensa de los y las trabajadoras del sanatorio Güemes, lo mismo sucedió con la Providencia, CIAREC y otras tantas situaciones que no son públicas pero que son conocidas entre los y las trabajadoras de Sanidad. Lanzaron un numero de WhatsApp para que se realicen las denuncias ante incumplimientos de protocolos, luego de que estallen los contagios en el Italiano y La Providencia, pero, ante la aparición de los casos, adopta el discurso de las patronales en la línea de no generar alarma. Mientras a espalda de los y las trabajadoras, el secretario general Héctor Daer acuerda que se paguen los sueldos en dos cuotas y reducciones salariales. El sindicato debería estar poniendo toda su fuerza a disposición de la defensa irrestricta de los trabajadores. También es responsabilidad del Estado (Nación y Ciudad) que no realiza controles sanitarios orientados a resguardar la salud del personal ni siquiera ante las reiteradas denuncias de los propios trabajadores, pero si interviene con rigurosidad para homologar suspensiones y para rescatar las finanzas de la patronal. Por el cumplimiento del aislamiento y los testeos La situación entre los y las trabajadoras es de preocupación. Es urgente el aislamiento de todo el personal que estuvo en contacto con los casos confirmados, así como la realización de los testeos a todo el personal. La entrega de los elementos de protección personal de alta seguridad y de calidad, es una prioridad para prevenir que sigan expandiéndose los contagios entre trabajadores. El desastre del Sanatorio Güemes fue anunciado por los y las trabajadoras, está claro que son quienes pueden darle una salida a esta situación. Es necesario reforzar la organización sobre la base de asambleas y la elaboración de protocolos por parte de los trabajadores. Y para fortalecer nuestros reclamos, es necesaria una coordinación con el conjunto de los trabajadores de la salud pública y privada.

5 de junio de 2020
#3J en Tucumán: la licencia por violencia de género y la lucha de la docencia universitaria

El 3 de junio la ADIUNT (el sindicato de la docencia universitaria) estuvo presente en el acto y concentración que se hizo ante el quinto aniversario del Ni Una Menos. El gremio viene reclamando la aprobación de una “licencia especial por Violencia de Género”, que fue elaborado por la Comisión de Género del Sindicato, y presentado en el rectorado para ser tratado en la paritaria local el 9 de marzo. La docencia de la Universidad de Tucumán ha iniciado una campaña activa en las redes sociales de pronunciamientos, videos y fotos para marcar la urgencia de que este proyecto sea aprobado, ante el cuadro de violencia que padecen las mujeres y que se ha manifestados en forma agravado en la cuarentena. En la primera reunión de paritaria, el punto no llegó a tratarse. Las reuniones siguientes, el rectorado las viene postergando, por lo que la discusión de la licencia por violencia de género y las reivindicaciones en su conjunto que lleva adelante la ADIUNT está pendiente. El reclamo de la licencia por violencia de género viene acompañado del reclamo por que se reconozca la licencia por hijos o familiares a cargo, fijada en el CCT; ya que en este proceso de cuarentena el “trabajo domiciliario” de clases virtuales han agravado la situación de las docentes. En las escuelas o facultades donde las licencias por familiares o hijos a cargo son reconocidas, algunos docentes deciden no pedirlas para evitar generar una sobre carga a sus propios compañeros de cátedras que quedarían solos a cargo de comisiones con más de 300 estudiantes, en algunos casos. Por eso, junto con el reconocimiento de licencias, la ADIUNT lleva paralelamente el reclamo de que se designen docentes suplentes que puedan cubrir los cargos, y de esta manera aliviar las tensiones. La designación de docentes suplentes requerirá indudablemente una partida presupuestaria especial, por lo tanto, se hace imprescindible el aumento presupuestario destinado a la educación y no en el pago de la deuda. La docencia de la UNT viene de protagonizar un paro de 24 horas la semana pasada, se prepara para una nueva asamblea el jueves 4, que discutirá de qué manera se profundiza el plan de lucha por el conjunto de reclamos que no han sido atendidos: mejoras en la obra social, bono especial para los docentes (que en este periodo de cuarentena han tenido que invertir en arreglos o compras de computadoras, celulares, o el pago de datos para garantizar la conectividad); y también la licencia en violencia de género. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

5 de junio de 2020
EEUU: Se vino el estallido

El sistema político de Estados Unidos colapsó la semana pasada. Hay que decirlo sin rodeos pues muchos izquierdistas en un proceso acelerado de domesticación política y adaptación a la “opinión pública” han renunciado a desarrollar un planteo de poder, o en el mejor de los casos, lo alojan en algún lugar distante de sus elaboraciones y propaganda. ¿Por qué es importante este punto? El que le puso el cascabel al gato fue nada menos que Donald Trump: “Son los antifascistas y la extrema izquierda. ¡No echen la culpa a otros!” escribió en twitter, luego reiteró lo mismo con un fondo de estrellas y el logo de la NASA, en conferencia de prensa desde el centro espacial de Florida. No se puede reducir esta crisis a un incidente represivo. La belicosidad de las protestas que Obama en un intento de mediar calificó como positivas y en las que sólo una minoría incurría en enfrentamientos, no se corresponde con la movilización de la Guardia Nacional, un cuerpo militarizado en 140 ciudades de una veintena de estados. Todo el mundo advierte que hay una crisis que raja las paredes. Por eso hay un enésimo intento por fundar una especie de frente que se ha denominado “Internacional Progresista”. Una de sus impulsoras manifestó “El motor del capitalismo se ha averiado durante suficiente tiempo como para que podamos examinar sus componentes y buscar uno nuevo” . También dicen que hay que “negociar un nuevo contrato social” algo que por otra parte reclama hasta el Financial Times. Nadie se priva de registrar la crisis sistémica, pero esto ya es hasta una moda. Este armado es una improvisación de urgencia para desviar los procesos en marcha. Va desde el Frente Amplio chileno y el PT de Brasil hasta Voroufakis y Chomsky. Hace 15 días en la prensa de todo el mundo se discutía sobre las movilizaciones de los sectores anti-cuarentena que se paseaban por las calles con armas automáticas. Hasta la semana pasada el tema era que EEUU llegaba a 100 mil muertos por la pandemia y era tapa de todos los diarios. La demolición de la infraestructura básica del país quedó de manifiesto por la rápida propagación del covid-19 que ya supera el millón de infectados. Izquierda La izquierda que se proclama revolucionaria no ha recogido el guante del presidente yanqui. Se limita a describir los hechos como cronista, mientras enchaleca la disputa con el ala progre del Partido Demócrata (Ocasio-Cortez/Sanders) en términos electorales. Esta izquierda siempre dubitativa tiene su expresión más reciente en el Frente de Izquierda de la vecina orilla. En la última cría que ha alumbrado sostiene que la burguesía tiene la iniciativa estratégica por todo un periodo debido a la ausencia de organizaciones revolucionarias que se propongan el socialismo y trabajen por ello. El pesimismo lo hace invertir la ecuación pues la organización (el aparato) no crea la política revolucionaria, es está la que engendra aquella. Una “tesis” estrecha que desoja la margarita y agiganta las capacidades de los Trump, como antes de los Macron frente a los Chalecos amarillos y de Piñera ante la revolución chilena. Trump ha entendido inmediatamente y en forma perfecta que el movimiento de masas tiene un impulso subterráneo que va muchísimo más allá de la indignación causada por la rodilla del policía Derek Chauvin que asfixio George Floyd. Mientras estas líneas son escritas despliega al ejército en Washington para combatir el “terrorismo interno”. Antes ha manifestado que “si comienzan los saqueos, empieza el tiroteo ” (que twitter se vio obligado a eliminar) y sobre quienes manifestaban frente a la Casa Blanca:* “nadie se acercó a atravesar la valla. Si lo hubieran hecho, habrían sido recibidos por los perros más feroces y las armas más amenazantes que he visto jamás.”* Refiriéndose a sus matones del servicio secreto. Esto no es sólo fanfarronería, es el lenguaje de la guerra civil. Ciega y sorda la rebelión pretende clausurarla con el rótulo de “espontanea”, que en el lenguaje de los escépticos es igual a “efímera”. Incapaz de registrar el viraje en el proceso político en marcha sueñan con su entierro, a decir de Lenin. En lugar de trabajar por elevar el movimiento a un grado superior cuando el espanto y las divisiones en la burguesía son más agudas que nunca. Marx no tenía mucha consideración por estos teóricos “Desde luego, sería sumamente cómodo hacer la historia universal si sólo se emprendiera la lucha cuando las probabilidades fueran infaliblemente favorables” (Carta a Kugelmann). Este debate en la izquierda tiene un alcance internacional. Una rebelión popular que no es en la periferia, sino en el nido mismo de la clase capitalista. Una izquierda que no vea la potencialidad de lo que ocurre en el corazón del imperialismo, está muy cerca de dejar de ser izquierda en cualquiera de sus variantes. Estamos frente a acontecimiento de significación revolucionaria. LEER MÁS Estados Unidos: viva la rebelión popular, abajo el fascismo, fuera Trump

5 de junio de 2020
Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

El anuncio de la nueva fase de la “cuarentena” en Capital y Buenos Aires es la imposición de todos los planteos de apertura a actividades que venía formulando el macrista Rodríguez Larreta, incluso más allá de la Ciudad. La ´apertura´ es el resultado de un implacable trabajo de demolición política, por parte de Larreta, de todas las resistencias que venían ofreciendo Kicillof y Fernández a la ´flexibilización´ de actividades. Estos choques terminaron en la reunión de Larreta con el gobernador bonaerense hace tres días atrás, cuando acordaron que cada distrito llevaría adelante su política - mayor restricción en provincia, apertura en la CABA. Pero en cuestión de horas, esa concesión a Larreta tuvo consecuencias mayores, porque los intendentes bonaerenses presionaron a Kicillof para abrir, ellos también, sus actividades comerciales. Ni qué decir que la apertura en la CABA obliga a miles de trabajadores que viven en el conurbano, pero trabajan en locales porteños, a trasladarse diariamente. De este modo, el trío Fernández-Kicillof-Larreta anunció una “nueva fase” que poco tiene de cuarentena. Es un gran protocolo de reanudación de actividades económicas, en los términos en que los venía reclamando el intendente macrista de la Ciudad. La nueva cuarentena se parece bastante a la “apertura inteligente” pregonada incluso por la recalcitrante “derecha que no gestiona”, y que tiene como estandarte a Patricia Bullrich. Pandemia El trío del AMBA, sin embargo, se ha comprado el pasaje de ida a un posible colapso sanitario y también político, y sus funcionarios lo saben. La apertura tiene lugar cuando la curva de contagios se empina cada vez más intensamente, sin que los límites de esa expansión se encuentren a la vista. Daniel Gollán, ministro de Salud de Kicillof, anticipó una saturación del sistema sanitario en la provincia para mediados de julio. Investigadores del CONICET pronosticaron algo similar para CABA, incluso con anterioridad. Los funcionarios dicen que reemplazan a la “cuarentena general” por una focalización en las zonas más comprometidas por el virus. Pero cometen una impostura por partida doble: primero, porque en las zonas ´calientes´ los testeos continúan siendo insuficientes. Segundo, porque -como consecuencia de lo anterior- nadie conoce certeramente cuáles son esas ´zonas calientes´, e incluso si el virus respeta ya esos límites. Los testeos han llegado demasiado tarde para reemplazar al aislamiento. En estas condiciones, es muy claro que la “apertura” llega impuesta por la brutal presión del capital, y a contrapelo del progreso de la epidemia. La “nueva normalidad” La aceptación de una pretendida "normalidad" que enfila al abismo sanitario es una señal al capital que excede la cuestión de la pandemia. Tiene su correlato en la cuestión del arreglo de deuda, donde el gobierno ha contraofertado condiciones tales –adelantamiento de pagos, capitalización de intereses, cupones atados al PBI- que convertirían al presupuesto público en una agencia recaudadora de los bonistas y el FMI. Los economistas del “establishment”, mientras tanto, anticipan que ese arreglo de deuda podría poner fin al cepo cambiario, devaluación mediante, claro. Nada menos que el presidente del BCRA refrendó esa posición. Una parte de la clase capitalista -280 empresas de porte- han renunciado a los subsidios para pagar salarios, ello, ante la exigencia oficial de que, para seguir recibiéndolos, debían dejar de operar en el mercado paralelo de cambios o de recomprar acciones de sus empresas. Los pulpos reclaman ´libertad económica´, la misma que le han arrancado al “trío del AMBA” para empujar a la población trabajadora a las fábricas y comercios, en el momento más álgido de los contagios. Los capitalistas presentaban a las suspensiones, despidos y reducciones salariales como la consecuencia inevitable de la cuarentena. Pero ahora que arrancan la apertura, los aceleran: en la agenda de la “nueva normalidad”, está el fin de la doble indemnización, la suspensión de las paritarias y el pago del aguinaldo en cuotas. En medio del descalabro económico local e internacional, los capitalistas no tienen otro rumbo para ofrecer que el de una reestructuración social antiobrera. El diseño de una crisis política La forzada apertura de actividades -disimulada como “prolongación de la cuarentena”- anticipa mayores choques sociales y una crisis política. Los comentaristas caracterizan a esta nueva fase como la consecuencia inexorable del agotamiento de la cuarentena. Lo que ha entrado en crisis, sin embargo, es la gestión capitalista de la crisis del covid 19, que ha residido centralmente -aquí y en el mundo- en una operación de rescate al capital. Los recursos fiscales y la emisión monetaria han sido exprimidos en función de ese rescate. El régimen social y político ha sido incapaz de operar una reconversión industrial en función de las necesidades sanitarias, lo cual hubiera implicado, también, un formidable impulso a las fuerzas productivas -“la economía”- en condiciones, claro, de cuidado y seguridad de las condiciones sanitarias. Ello vale doblemente cuando se pretenden escalar suspensiones y despidos, ¡incluso cuando la falta de instalaciones hospitalarias, camas, respiradores y kits auguran un colapso sanitario y exigirían por lo tanto un enorme esfuerzo industrial y edilicio para proveer los elementos necesarios! En momentos en que todas las clases sociales discuten una salida a la encerrona existente, la clase obrera debe plantear la propia. Sus planteos centrales pasan por la nacionalización de la gran industria, la banca, el comercio exterior y el control obrero general, junto al desconocimiento de la deuda; un plan enérgico de refuerzo de las necesidades sociales y sanitarias votado por un congreso de trabajadores; ningún despido ni suspensión; testeos masivos y asistencia alimentaria a los barrios, bajo control de comités barriales. Los que nos gobiernan marchan al abismo sanitario, económico y político. La salida depende de los trabajadores. LEER MÁS La crisis de la cuarentena y el gobierno de la Provincia TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Cómo enfrentamos el colapso político que se avecina

5 de junio de 2020
El Ministerio de Educación de CABA realiza encuestas contra la docencia

Esta semana ha trascendido que el Ministerio de educación de la CABA realiza encuestas telefónicas a todas las familias de los establecimientos educativos porteños. Lejos de ser encuestas que busquen relevar si el estudiantado cuenta o no con conectividad, si tiene acceso a equipos tecnológicos adecuados para el desarrollo de la modalidad virtual educativa o si tiene sus necesidades básicas cubiertas, las familias denuncian que se les pregunta datos sensibles, por el nombre y apellido de los docentes, sobre la cantidad y tipo de actividades y materiales pedagógicos que se les propone o si el docente hace devoluciones de las propuestas de trabajo. Un claro mecanismo de auditoria sobre la docencia e injerencia en la libertad de cátedra. Sin embargo, no resulta extraño que intenten controlar cómo estamos trabajando los docentes para estigmatizarnos y así justificar los salarios de miseria que nos están pagando. Anteriormente intentaron imponer de forma obligatoria una plataforma virtual, “Mi Escuela”, para centralizar allí de forma oficial la conexión de todos los docentes con estudiantes y familias; esto fue rechazado de plano por el conjunto de la docencia entendiendo, no sólo la complejidad en el acceso a la plataforma, sino que esto significaría un monitoreo total sobre nuestro trabajo por parte del Estado. No está de más aclarar que la implementación de plataformas educativas virtuales es un negociado multimillonario a nivel global estimulado por el Banco Mundial y los grupos empresarios desde hace décadas y que viene constituyéndose en un medio para la flexibilización de las condiciones laborales de la docencia. Al mismo tiempo estás encuestas constituyen un avance más con relación a la vulneración de la privacidad de datos sobre la que ya hubo intentos injerencistas por medio de las encuestas que se introducen en dispositivos evaluatorios externos, como el Operativo Aprender, implementado desde 2016. El Ministerio de Educación, que conduce Soledad Acuña, no sólo no se preocupó en casi 70 días de cuarentena de desplegar un plan integral educativo que dé respuesta a los problemas de la virtualidad que atraviesa a estudiantes y docentes, sino que intenta utilizar como factor de control de la docencia a familias que, por falta de políticas públicas, pudieron acceder de manera dispar o casi nula a los contenidos digitales. Esta inequidad en el acceso a la educación virtual se ve agravada en los sectores más vulnerables de la ciudad a los que no sólo no se les está garantizando por parte del gobierno porteño el derecho a la educación mediante la entrega de equipos funcionales, sino que tampoco se les brinda un plan alimentario adecuado y nutritivo. Los equipos tecnológicos existentes están obsoletos y los bolsones de alimentos de Larreta son abiertamente miserables. Condiciones de teletrabajo docente Desde el Ministerio impulsan una medida para auditar el teletrabajo docente desde una perspectiva punitivista, sin dar cuenta de las condiciones penosas en las que se desarrolla el mismo durante el aislamiento social obligatorio. La mayor parte de la docencia tiene que acumular dos o tres cargos para llegar a un sueldo que le permita vivir y pese a esto sigue quedando por debajo de la canasta familiar mientras en la Legislatura promulgan emergencias que congelan los sueldos estatales. Esto genera una sobrecarga laboral agravada por el teletrabajo en cuarentena. Esta situación es más exacerbada en el caso de los profesores curriculares y de educación media dado que deben planificar actividades para muchos cursos lo que equivale a decenas y decenas de estudiantes. A esto hay que sumarle las tareas administrativas, las videoconferencias institucionales y con los estudiantes, así como el acompañamiento afectivo y social a las familias. Son los mismos docentes quienes pagan su conectividad a Wifi y ponen sus teléfonos personales para mantener comunicación con las familias a cualquier hora del día extendiéndose la jornada laboral ampliamente. Esto se sobrepone a las tareas del hogar y cuidado de los hijos porque los y las docentes son madres y padres en pandemia y tienen que atender a sus propios hijos en cuarentena asistiéndolos en sus responsabilidades escolares o están a cargo de adultos mayores. Exigimos al Ministerio que cese con esta medida punitiva de control contra la docencia y que desarrolle un plan educativo integral ajustado al contexto de aislamiento social obligatorio que garantice la conectividad, el equipamiento tecnológico funcional para estudiantes y docentes, recursos materiales y pedagógicos adecuados y todos los derechos básicos a nuestros estudiantes y sus familias. LEER MÁS Maternidad y Teletrabajo en el Estado: la doble opresión a la vista **

5 de junio de 2020
Chaco: abajo la represión de Capitanich

Los hechos sucedidos en la localidad de Fontana, ubicada en el denominado “Gran Resistencia” se encuadran en una situación de amedrentamiento contra el conjunto de los trabajadores de Chaco y en particular contra la comunidad Qom. El pasado domingo, la policía del Chaco ingresó de manera ilegal a un hogar bajo el pretexto de que cuatro jóvenes habrían atacado una comisaría, lo que terminó con la detención de ellos, la golpiza y tortura en la comisaria y el abuso sexual de dos detenidas. La familia y la comunidad Qom dieron a conocer los hechos, dando lugar a un escándalo provincial y nacional. El “despegue” posterior de funcionarios provinciales y nacionales no ha conducido, sin embargo, al desplazamiento de ninguno de los responsables políticos. Peor aún: horas después, se difundió un video dando cuenta de apremios a un joven en otra comisaría, así como la represión contra la organización 15 de Mayo, en la localidad de Quitilipi. Mucho más que piedras La comunidad Qom se encuentra actualmente en una situación crítica. En el barrio Toba, ubicado en Fontana, se esparce el virus entre los asentamientos precarios, el hambre y el hacinamiento. La respuesta del gobierno de Capitanich ha sido emular los “cordones sanitarios” de Kicillof- Berni en el conurbano bonaerense. Salvo que en lugar de efectivos colocaron montículos de tierra para evitar que salgan del barrio. La ayuda sanitaria que necesitan los vecinos no ha llegado, salvo en cuentagotas y motivada por el escándalo del pasado domingo. Confesiones Ha quedado desnudado el abordaje reaccionario y represor de la pandemia por parte del gobierno Capitanich, para la cual no ha ofrecido ninguna respuesta sanitaria. Así lo demuestra la instalación del ghetto en el barrio Toba, medida que no ha sido tomada en ningún otro barrio o zona que ha presentado brotes de contagio en la provincia. Según informaciones de organizaciones sociales de la provincia, en el Chaco se han producido15.200 detenciones desde que comenzó la pandemia. Como contrapartida, Chaco presenta uno de los niveles de fallecimientos más altos por Covid 19 (10% de decesos del total nacional). Repudiamos la represión del gobierno Capitanich. El pueblo chaqueño precisa un plan de testeos masivos; y la asistencia sanitaria y alimenticia a los barrios que han sido abandonados durante décadas.

5 de junio de 2020
A 3 años del femicidio de Luna Ortiz seguimos exigiendo Juicio y Castigo a todos los responsables

El 2 de junio del 2017, Luna Ortiz salió de su casa en Benavídez (Tigre) hacia una entrevista laboral y nunca regresó. Luego de horas de intensa búsqueda, el 3 de junio Luna fue hallada sin vida en la casa de una familiar de Isaías Villareal, a pocas cuadras de su domicilio. A partir de ese momento, y habiendo reconocido el cuerpo de su hija "por fotos", los padres de Luna comenzaron una verdadera travesía para dar con el cuerpo de su hija. Finalmente lo encontraron en una casa velatoria: bañada, vestida y maquillada. Una vez que la Justicia abrió la investigación, los padres solicitaron las cámaras de seguridad, que les fueron negadas tanto por el fiscal de la causa Marcelo Fuenzalida, como por el propio intendente de Tigre, Julio Zamora. Finalmente, las cintas fueron borradas. La única que lograron conseguir muestra a la adolescente, casi desvanecida, llevada a la rastra por Isaías Villareal (único detenido), saliendo del Casino de Tigre y entrando a Villa Garrote. El juicio en el TOC N°7 de San Isidro condenó a 14 años a Villareal e imputó a otros dos sujetos, pero no bajo la carátula de femicidio. A 3 años del femicidio de Luna Ortiz seguimos exigiendo justicia Las pruebas presentadas por la familia Ortiz y otros testimonios, prueban que la muerte de Luna tuvo como antesala un proceso de violencias sistemático, que escaló hasta acabar con su vida en una casa de Benavídez, propiedad de un familiar de Villarreal. Los relatos exponen la historia de una piba de un barrio obrero, de familias trabajadoras, golpeadas por los despidos, los tarifazos, la precarización laboral y la falta de oportunidades. Luna salió a buscar trabajo, "quería salir adelante", reafirmó una profesional de la salud que la atendió meses antes del asesinato. Luna había conocido por las redes a Villareal, que el día que la mató la llevó a su casa, donde lo esperaban dos hombres más. Juntos, la drogaron, la alcoholizaron hasta dejarla inconsciente y la violaron reiteradamente. El cuadro de vulnerabilidad social empujó a Luna a ser víctima de las redes de explotación sexual y narcotráfico. El fiscal Fuenzalida cajoneó las causas por narcotráfico y trata de personas con fines de explotación sexual, apuntando a Luna como responsable de su propia muerte por sobredosis. Las filmaciones de las cámaras de seguridad que el intendente Zamora les negó a los padres hubiesen sido un valioso aporte para esclarecer de la actividad de esta banda criminal. Al encubrimiento no se le escapó ningún detalle: la Justicia informó que las pruebas de ADN se “habían degradado”, porque la policía entregó el cuerpo lavado y maquillado. Este impidió averiguar quiénes fueron todos los que violaron a Luna esa noche. Este sistema de impunidad de los femicidas chocó con la fuerza de la organización independiente, que forjó un polo de reagrupamiento por la justicia por Luna en Tigre. La visibilización y denuncia se apoyó en importantes movilizaciones, cortes de calle, festivales, radios abiertas, pintadas, entre otras. Finalmente logramos arrancarle al Estado cómplice de las redes de trata, una condena de 14 años a Villareal y la imputación de sus acompañantes. La crisis sanitaria y económica deterioró aún más las condiciones de vida de las mujeres trabajadoras y del conjunto de la clase. El 40% de la población está sometida a la falta de empleo, subempleo, precarización y paupérrimas condiciones de vida. El incremento significativo de femicidios, desapariciones y todo tipo de violencias hacia las mujeres, infancias y adolescencias, muestran que no son problemas de corte individual, sino la política del Estado que la garantiza. Como con ocurrió con Luna, la respuesta es la organización de la mujer trabajadora, de las barriadas y sectores populares. Así fue cómo este 4 de mayo recuperamos a Marcia Reyes en Escobar, quien pasó 10 días en cautiverio. Y así seguimos en la intensa búsqueda de Valeria Lopez, quien lleva desaparecida cuatro meses en San Fernando. A 3 años del femicidio de Luna Ortiz exigimos que se dicte sentencia firme a Isaias Villareal. Que sean enjuiciados y condenados todos los responsables del femicidio de Luna. Justicia por Luna Ortiz. Aparición inmediata de Valeria López. Desmantelamiento de las redes de trata, pedofilia y pederastia. El Estado es Responsable.

5 de junio de 2020
Petroleros: se renueva el acuerdo de la infamia

El sindicato petrolero llegó a un nuevo acuerdo marco a nivel nacional, por el cual el personal suspendido o sin afección a tareas -varias decenas de miles de trabajadores- continuará cobrando el 60% del salario. Además, desde la Presidencia de YPF se anunció la necesidad de reducir la masa salarial, lo que fue interpretado como un anuncio de despidos o suspensiones masivas. La respuesta de los trabajadores ha desatado conflictos en distintas plantas de Santa Cruz y Tierra del Fuego. El anterior acuerdo entre los gremios petroleros y las cámaras había sido firmado antes de que se decretara el pago del subsidio ATP y se estableciera el "barril criollo", e inclusive antes que el también infame acuerdo entre la CGT, la UIA y el Gobierno, que establece el pago del 75% del salario de los trabajadores suspendidos. Además, como YPF incumplió con los proveedores, en distintas empresas petroleras de servicios, los trabajadores denunciaron que directamente no cobraron, o cobraron en forma desdoblada. La expectativa era que, ante la catarata de beneficios que han recibido del Estado (Barril criollo, ATP, Fondear, etc.), las empresas petroleras se avengan a pagar la totalidad del salario de sus trabajadores. Sin embargo, los sindicatos petroleros nucleados en la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos (FSUPEH), renovaron el acuerdo por el mismo porcentaje del 60%. Guillermo Nielsen, presidente de la empresa, señaló públicamente que, con este nivel de producción de petróleo, era “insostenible la masa salarial vigente”, con lo cual son de esperarse nuevas suspensiones masivas y recortes. YPF afronta una “readecuación” de sus finanzas y anunció que buscará reducir un 30% sus gastos. Los salarios de los contratistas son sus principales objetivos. El Secretario General de Petroleros de Tierra del Fuego, Sosa, denunció, respecto al pago del 60% del salario para los suspendidos, que "no han cumplido con eso ni con los que han trabajado permanentemente. Llegó el fin de mes y no pudieron cobrar, ni los que se quedaron en sus casas ni los que trabajaron. Entonces los hemos hecho responsables, porque no han cumplido el acuerdo”. “YPF viene ahogando a todas las contratistas, a las grandes y a las chicas”, apuntó. En Santa Cruz, el sindicato petrolero ha rechazado el acuerdo de la Federación y, en distintas empresas, ha conquistado el pago del 100% del salario. En los accesos de Río Gallegos, trabajadores de Pecom realizaron piquetes exigiendo el pago de la totalidad. "Las empresas aducen haber tenido pérdidas por este tema de la crisis, pero eso no es cierto ya que han vendido petróleo, gas y gas no convencional a un muy buen valor, por lo cual es evidente que están especulando desde hace dos meses con el salario de los trabadores”, puntualizó un delegado de los trabajadores, Cabrera. La perspectiva de la "readecuación de costos" abierta por YPF es una declaración de guerra contra el salario y los puestos de trabajo. Cuenta para ello con la complicidad manifiesta de la burocracia de la Federación Petrolera, encabezada por Guillermo Pereyra. La renovación del acuerdo del 60% debe ser rechazada por todos los trabajadores. Debemos tomar en nuestras manos la defensa del salario, de los protocolos sanitarios y de los puestos de trabajo. LEE MÁS Cómo enfrentamos el colapso político que se avecina

5 de junio de 2020
Textil Rio Grande en lucha

Entrevistamos a Nicolás, trabajador de la Textil Río Grande, en la Provincia de Tierra del Fuego, desde hace siete años. Junto a sus compañeros, viene llevando adelante un acampe en los portones de la empresa por el cobro de sus salarios. Convocan a una movilización para el próximo lunes. ¿Por qué se inició el conflicto? ¿Qué reclaman? Antes que se declare la cuarentena ya veníamos en conflicto con la empresa porque estábamos cobrando la quincena desdoblada, o sea en dos cuotas. Cuando entramos en cuarentena, la empresa nos debía la segunda quincena de marzo. La cobramos recién a mediados de abril. A principio de mayo cobramos el famoso ATP. Luego nos notificaron los retiros voluntarios. Hicimos una asamblea donde resolvimos no aceptar los retiros. Se mencionaron un par de acciones, como la toma de la fábrica o instalar una carpa afuera de la misma. Hay mucha gente con muchos años trabajando y lo buenos es que la mayoría estamos en la carpa para fortalecernos como compañeros. La carpa la pusimos en pie el 25 de mayo. Nos juntamos todos los días, de lunes a sábado, desde las 10 de la mañana hasta las 18. El clima y la policía no nos permiten seguir más tiempo en la carpa. Estamos completamente seguros de que fuimos traicionados por la burocracia. La empresa no nos quiere pagar el mes de abril y mayo, porque aduce q no nos debe nada porque, para ellos, el primer acuerdo de la AOT sigue vigente [se refiere al acuerdo de pago de una suma no remunerativa de $17.000 para cada trabajador]. La empresa sigue firme con la desvinculación y amenazando con el cierre y nosotros seguimos firmes en la carpa, reclamamos que no haya despidos y que nos paguen lo que nos deben. ¿Qué medidas están tomando ahora? Primero la puesta de la carpa, hicimos una olla popular y ahora tenemos una marcha para el lunes, convocando a todos los trabajadores textiles y de otras fábricas para que acompañen. ¿Cómo ves el apoyo popular a la medida? La gente nos apoya. La olla popular se hizo a través de donaciones. Ahora, para la marcha, tenemos varias fábricas que confirmaron que van a marchar con nosotros. Eso nos fortalecen mucho. ¿Cómo afectó la pandemia la situación de los trabajadores? Nos pegó fuerte porque hay compañeros que no podían pagar el alquiler, no tenían obra social, sin mantener a la familia, pagar la luz, gas, impuestos. El ATP es de 30.000 pesos y aquí, en Tierra del Fuego, la canasta familiar es de $70000. Imaginate vos ahí, compañeros con 4 o 5 hijos. Y también hay compas con dos familias. ¿Cómo ves el rol de los sindicatos en esta lucha? El gremio pelea a través de un escritorio, haciendo los trámites burocráticos. Estos vienen a la carpa a caretear de vez en cuando. O mensajes a los delegados, si hay alguna novedad. Son unos parásitos. Quieren llevar el control de la lucha nuestra. Porque ayer organizó una reunión d delegados de todas las fábricas de la AOT para organizar la marcha. Después de la marcha, voy a llamar a una asamblea para organizarnos. ¿Cómo interviene el Estado en el conflicto? Tuvimos un par de reuniones con un ministro y legisladoras. Planteamos nuestro problema y tomaron nota. En caso de cierre, yo pregunté sobre la expropiación o estatización. Los tipos no tenían ninguna respuesta. Lo único que dijeron que los problemas de empresas privadas los resuelve Nación. Dijeron también que se iban a poner en contacto con los políticos de Trelew para resolver el conflicto. Recibimos el bolso alimentario de la provincia. Estamos en la incertidumbre no sabemos nada y nadie da la cara. No sabemos nada de la empresa y nada del gobierno.

5 de junio de 2020
#3J: mujeres de las barriadas de Zona Norte en pie de lucha

El 3 de junio, en un nuevo aniversario del Ni una menos, nos encuentra a las mujeres de los barrios de zona norte en la primera línea de lucha, levantando ollas populares en consonancia con las históricas piqueteras del 2001. Enlazamos la lucha contra la violencia hacia la mujer a la lucha contra el hambre y la pandemia. Las compañeras de los barrios de Pilar (en Agustoni y Del Viso), Villa Zagala (San Martin) y en José C. Paz levantamos desde la tarde las ollas con carteles con consignas como “con hambre no hay cuarentena” y “ni una menos, el estado es responsable”. Las compañeras que sostienen la cuarentena en los barrios gracias a su organización y lucha. Las ollas populares se llevan adelante con sus aportes y algunas mercaderías que reservan, ya que los gobiernos nacional y provincial, dejaron de entregar la mercadería a los comedores desde principios de la cuarentena. Algunos gobiernos municipales entregan mercadería solo a los comedores de organizaciones afines a su partido. En esta jornada, la olla popular del Barrio San Cayetano, en San Isidro, no pudo realizar la actividad debido a que el gobierno de Posse no le entrega alimentos, ni siquiera para dar una merienda a los niños que a veces no tienen otra comida en el día. La desocupación, la inflación, el trabajo precarizado y los despidos se han agudizado desde la cuarentena, y en las barriadas todos los días son una lucha constante por comer. Por este motivo, la organización barrial cada día crece más y es un factor de reagrupamiento, discusión y deliberación de los vecinos y vecinas, hacia una lucha contra el estado, responsable de todas las miserias de la clase obrera. No es solamente la cuestión de los ingresos, es que se vive en hacinamiento, sin agua o luz o gas, y en casillas que conviven con la humedad y el frío. El narcotráfico crece en los barrios y las miserias sociales en este contexto se profundizan, y con ello también ha habido un recrudecimiento de la violencia contra mujeres e infancias. Esta gran acción del PDT y el Polo Obrero Tendencia también es un homenaje a la compañera Nora Eliçabe, quién ha sido una gran organizadora de los barrios de Pilar y nos ha marcado un camino en la puesta en pie de comités de mujeres que se organizaban contra la violencia y la trata de personas. Levantemos ollas populares y asambleas en todos los barrios, y saludamos a todas las compañeras desocupadas que luchan en medio de la pandemia contra el hambre y la violencia. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

5 de junio de 2020
CABA: una campaña política en los barrios
Cecilia P

En el contexto de la crisis social y sanitaria que golpea a las villas de la Ciudad, la Tendencia del PO en la Ciudad está desarrollando una campaña de agitación política, con un volante-aficheta que plantea “paremos con la masacre sanitaria en los barrios”. Luego de denunciar la extensión de la pandemia en las villas porteñas, la declaración señala que “la propagación del virus es fruto de una orientación de estado y de gobiernos que han servido al gran capital a costa de los trabajadores.” Desde que comenzó la cuarentena, los compañeros del PO y el Polo Tendencia en CABA llevaron adelante una tarea de denuncia y organización frente a la situación de hacinamiento e insalubridad en las villas. Aún sin recibir alimentos del gobierno, hemos sostenido ollas populares en base a una gran campaña de donaciones. En este cuadro, entendemos que este trabajo de organización de las barriadas tiene que combinarse con la difusión de nuestros planteos políticos. Así, la militancia salió a ganar las paredes de la Ciudad con una aficheta. Esta semana, fuimos con nuestras pegatinas a las escuelas, hospitales, estaciones de subte y de trenes, paradas de ómnibus y supermercados del barrio, desde La Boca hasta Almagro, Barracas, Parque Patricios, Balvanera, Liniers y muchos barrios más. Con entusiasmo militante continuaremos con esta campaña los próximos días, para defender nuestra salud y la de nuestras familias. -Testeos masivos en barrios y lugares de trabajo, bajo control de comisiones internas o barriales. -Que se declare de utilidad pública la capacidad de los hoteles del centro de CABA; centros privados de exposiciones y otras instalaciones para albergar a toda la población que necesita ser aislada. -Protocolos sanitarios supervisados por los propios trabajadores. -Subsidio a toda la población precarizada que debe ser aislada o puesta en estudio, para asegurar el sostenimiento de su núcleo familiar. -Vigencia plena de las paritarias, salarios pagos al 100%, cualquiera sea el nivel de producción. Ningún despido. -Repudio de la deuda, nacionalización de la banca, control obrero general. LEER MÁS: Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

5 de junio de 2020
Universidad de Catamarca: exámenes virtuales desde garitas de colectivos
Maga Maza

La noticia de un estudiante de Capayán que rindió un examen desde la garita del colectivo recorrió todos los medios locales esta semana. Alberto Mayco, estudiante de la carrera de Ciencias Agrarias de la UNCa, fue noticia por haber rendido y aprobado un examen desde la garita de un colectivo a la vera de la ruta, a la que tuvo que trasladarse par tener mejor señal de internet - escasa en su casa. Noticias de este tipo son cada vez más comunes. Días atrás, El Ancasti publicó la historia de cuatro estudiantes de Cóndor Huasi que, para poder cumplir con las clases virtuales de su escuela deben trasladarse todos los días, bajo el frío o la nieve, hasta una loma, ya que ese es el único punto con buena señal en la localidad. Casos como estos ponen de manifiesto que la virtualidad es sostenida principalmente en el esfuerzo de los docentes y estudiantes. Sus sacrificios para sostener la cursada virtual son la contracara del rotundo fracaso de las medidas del gobierno y las autoridades universitarias - han provocado, ya esta altura del año, una deserción masiva de la cursada. Las becas de conectividad de la UNCa, por ejemplo, fueron otorgadas tan solo a 600 de los 900 estudiantes inscriptos. La mayoría de los estudiantes ni siquiera pudo cumplir con la cantidad de restricciones que se pusieron a la inscripción para becas. Mientras tanto, el Centro de Operaciones de Emergencia (COE) y la UNCa anunciaron que están trabajando en un protocolo para la vuelta a clases prevista para agosto, pero hasta ahora solo se avanzó en el dictado de cursos de capacitación a no-docentes, sobre quienes recaería la tarea de desinfectar uno por uno a quienes ingresen a las instituciones educativas. Sobre lo que no se dijo una palabra es sobre si habrá una mayor contratación de docentes para evitar el hacinamiento en las aulas y un plan de obras para poner en condiciones las que sean necesarias. El reclamo histórico de la Facultad de Humanidades de un edificio propio, que hoy comparte con una preuniversitaria, está más vigente que nunca. Cabe aclarar que todo esto ocurre mientras los docentes de toda la provincia se encuentran en franca rebelión contra el intento del gobernador Jalil de reformar el estatuto docente para ajustar a la educación pública y quitar el subsidio al boleto estudiantil, reforma que, como señalamos en otra oportunidad, es una punta de lanza para ataques más profundos contra la educación pública. Las autoridades han aplaudido al estudiante de Capayán y lo han colocado como ejemplo. Con ello pretende ocultar que estamos asistiendo a un ataque de conjunto, nacional y provincial, contra los derechos docentes y de los estudiantes. Frente a este escenario los estudiantes tenemos que organizarnos junto a los docentes y discutir una salida y una lucha de conjunto: Por la ampliación de las becas de conectividad para que lleguen a todos los que las necesitan, entrega de computadoras, salario docente igual a la canasta familiar, abajo la reforma del estatuto docente provincial, refacción de todas las escuelas y facultades, edificio propio para humanidades y aumento del presupuesto educativo. Por un plan de recuperación presencial de todos los estudiantes que desertaron garantizando el cursado y los exámenes. Por la incorporación con todos los derechos de docentes para asegurar las condiciones sanitarias en condiciones de presencialidad.

5 de junio de 2020
Del Viso: “una beba con fiebre no es una urgencia”

El 30 de mayo fue confirmado el primer caso de coronavirus en el Barrio El Rocío, de Del Viso, una beba de 9 meses. Cuando los padres llamaron al hospital Falcón para pedir una ambulancia, se la niegan alegando “que la fiebre de una beba de nueve meses no era una urgencia”. Ante esta situación los padres se vieron obligados a llevar a la beba al hospital, donde finalmente se confirmó que era covid-19. El abandono del sistema de salud derivó, en principio, en el contagio de un niño de 10 años con factores de riesgo. Luego, la beba estuvo sin control médico desde su salida del hospital. Les prometieron el seguimiento telefónico de una asistente social y un pediatra que no existió. Nadie se comunicó para ver la evolución de la niña. Los testeos a los que conviven con la beba nunca llegaron, primero con el argumento de que “los familiares no estaban registrados para hisopados”, después “porque hay mucha demora para hisopados residenciales”. Las campañas publicitarias sobre los protocolos a seguir ante síntomas de covid-19, tanto del gobierno nacional, como del provincial y el municipal, son una farsa. Acción del barrio La misma desprotección y abandono la sufrió el barrio en su conjunto. Nadie del Municipio se acercó a dar ningún tipo de directiva de información de prevención, no hubo ningún control, ni en el geriátrico del barrio, ni en los comercios, ni tampoco proveyeron los insumos necesarios para la sanitización de dichos lugares. Los vecinos se organizaron en una comisión barrial, tomaron la iniciativa de dar aviso de la presencia del virus a la gente que se encontraba en la plaza con niños, hablaron con los dueños de los comercios sobre el cumplimiento de los protocolos y se ocuparon de controlar el cumplimiento de la cuarentena, el uso de barbijos y ofrecer asistencia a la familia. Otra acción por parte de la comisión barrial fue comunicarse con el funcionario Daniel Hirsch, para coordinar algunas acciones con el municipio, y en principio que se le realicen los hisopados a toda la familia. La respuesta que dio fue que “había que hacer lo que dicen los médicos, aunque éstos sugieran romper el aislamiento para que la familia vaya a hacerse los hisopados por su cuenta”. En el medio de eso, la madre pide una ambulancia porque la beba tenía problemas respiratorios, cuando llegan al hospital le dicen que no tiene nada y que no llame a la ambulancia “por pavadas”. Ante la bronca, los vecinos reforzaron la organización y redactaron una carta dirigida al intendente de Pilar, Federico Achával denunciando la situación del barrio y un petitorio hacia el municipio, en donde exigen la separación y aislamiento de los familiares sanos de aquellos que los testeos den positivos, para evitar el contagio intrafamiliar. Testeos masivos reales en ambos barrios para poder aislar el virus y evitar su propagación. Control médico, asistencia económica, alimentos, artículos de higiene personal, desinfección y limpieza, y todos los recursos necesarios para las personas que deban permanecer aisladas, durante todo su periodo de aislamiento. Control de la circulación interna y del cumplimiento riguroso de la prohibición del uso de los espacios públicos. Una vía de comunicación despejada para dar aviso de situaciones que pongan en riesgo la salud del barrio y sus vecinos. Presencia del municipio con información y protocolos para el correcto funcionamiento de la prevención en ambos barrios. La rápida difusión en redes sociales y medios locales del petitorio logro que al otro día por la noche la niña y la madre fueran trasladadas en ambulancia al Hospital Falcon ambas quedaron internadas en aislamiento y con el correspondiente control médico. Finalmente, y después de infinitas marchas, contramarchas, órdenes y contraordenes del sistema de salud todo el grupo familiar fue testeado y aún esperan los resultados. La organización barrial se abre camino en momentos donde la vida de las familias obreras corre riesgo, la solidaridad, deliberación y movilización del barrio le arranco al Estado la asistencia a la beba y su familia. Como respuesta al reclamo del barrio, el municipio activo el “plan detectar” -un simple nivelador de fiebre- que para los pacientes asintomáticos no sirve. Esto deja de manifiesto que la lucha de los vecinos no termina, faltan testeos en todo el barrio y la correcta asistencia del Estado para que el virus no se propague, insumos necesarios de sanitización y un subsidio para aquellos que necesitan estar aislados. Falta mucho todavía, pero este es el camino. LEER MÁS La crisis de la cuarentena y el gobierno de la Provincia

6 de junio de 2020
Villa La Cava en peligro
Florencia Blumen · Manuel Lafita

La villa La Cava, en el partido de San Isidro, está entrando en una situación de profundo peligro. Estos días han sido de enorme deliberación ya que el coronavirus ha llegado al barrio. La Cava es uno de los asentamientos más grandes de toda la zona norte del conurbano, y aloja cerca de 15 mil personas. Linda con “Las Lomas de San Isidro”, el barrio que tiene el metro cuadrado más caro del país. La vida en La Cava se desarrolla en condiciones de hacinamiento, con enormes tasas de contaminación ambiental, sin agua potable, ni servicios básicos. En estos días fue difundida la “iniciativa” del gobierno municipal de Gustavo Posse con relación al plan Detectar. En el sitio oficial del municipio (29/5) señalan que se llevó a cabo el operativo sanitario en ese barrio, en el que se realizó el control en 1.999 viviendas a 7.856 vecinos. Lo notable es que de ese total solamente se hicieron hisopados -test PCR- a seis (!) personas, y es que el operativo no fue de testeos masivos sino de toma de temperatura e información “casa por casa” (donde las cámaras filmaban) sobre los síntomas para promover el aislamiento. Es incluso sensacional que en estos días de fríos sólo seis personas tuvieran temperatura entre casi 8.000. Lo cierto es que los trabajadores no comen vidrio, y hasta los propios punteros del possismo han comenzado a recorrer los pasillos y mensajear a los vecinos para que no salgan de sus casas porque el virus ya está circulando y “podría colapsar el sistema sanitario local y no alcanzarían los respiradores”. A tan solo dos días de la puesta en escena del “Plan Detectar” es un hecho conocido en el barrio que hay ya varios vecinos infectados y familias que han sido aisladas. La pregunta que se hacen los vecinos y trabajadores de La Cava es ¿cómo sostenemos una cuarentena en estas condiciones? La situación general de La Cava es compleja: los vecinos vienen denunciando que producto del hacinamiento y la prevalencia de zanjas, desagües precarios internos, y contaminación (la basura se retira cada tanto) el dengue azotó durante el verano y todo el otoño y persiste ahora en paralelo al coronavirus. La distribución de alimentos y elementos de higiene para las familias es limitadísima (aparte de ser utilizados como premio para quienes son “fieles” a sus punteros, o la mercadería es vendida). El acceso al agua y los servicios es precario y, a toda esta situación, se le suma la escalada de violencia que ha tenido en estos últimos meses balaceras cotidianas que se han cargado varios muertos. Producto de denuncias por abuso policial poco claras, fueron retiradas hace pocas semanas las postas de gendarmería, que antes hacían la vista gorda, pero ahora desencadenaron en guerras internas, dejando al barrio librado al copamiento completo de grupos parapoliciales y traficantes. Los vecinos, frente al blindaje mediático y el abandono absoluto al que han sido empujados por las autoridades locales, han tomado en sus manos la organización aún en este dificilísimo cuadro: vía mensajes de WhatsApp y la creación de un Facebook tejen redes de apoyo, prevención y comunicación. Es preciso avanzar sobre esta base para exigir una respuesta urgente a los reclamos elementales, la deliberación está en pleno desarrollo y está planteada la posibilidad de un corte, NO a pesar de la crisis de salud y economía, sino para darle una salida. Vamos por: Testeos masivos y provisión de elementos de higiene a todas las familias. Plan de vacunación contra gripe y neumonía. Desinfección permanente de pasillos. Pago salarial a los desocupados, changuistas y suspendidos. Unificación del sistema de salud público y privado (que en San Isidro es gigante) bajo comando común de los trabajadores. Por comités barriales para que organicen los protocolos y la vida en el barrio. Basta de violencia en el barrio. LEER MÁS Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena” **

6 de junio de 2020
El FA, el PITCNT y su 4J, sólo un ademán de protesta

Hay una declaración de guerra contra el pueblo trabajador desde el gobierno y desde las grandes cámaras empresariales. Desde el Fa y la dirección del PITCNT, se dice que el gobierno viene arrollando con los derechos de los trabajadores el pueblo. Han señalado el carácter reaccionario de la LUC e inconstitucional, aunque van a votar algunos de sus artículos en ella, señalan además las emergencias económicas en el pueblo. Dicen que la “emergencia es la gente”, o que el “pueblo no debe pagar la crisis”, pero el pueblo trabajador viene pagando la crisis hace rato. No hay más que ver los 275. 000 trabajadores que están siendo sostenidos por los fondos del BPS, no por las empresas, sino por el aporte mayoritario a esos fondos de los trabajadores. Sea por seguros de desempleo con 200.000 y 75000 por ser grupos de riesgo frente al covid 19 y estar certificados por ASSE.Se prevé que 100000 de esos trabajadores ya en julio no vuelvan a su trabajo por cierres de empresas o por reducción de personal. Ejemplo de esto, son los 2000 trabajadores de Caputto, y sus derivaciones en la industria del empaque, PAMER, y transporte. Estamos hablando de 60% de las exportaciones citrícolas del país. Otra en ciernes, es la situación de los 600 trabajadores del Frigorífico Canelones, que están finalizando su seguro de paro y la empresa no da noticia sobre el reinicio de la actividad, Este cuadro estaría significando un golpe sobre la vida del pueblo de Salto y Canelones, respectivamente. Sin dejar de señalar por supuesto que estas no son situaciones aisladas sino es la tendencia en toda la industria capitalista. Además, y así fue denunciado por el delegado de la Federación de trabajadores de la industria láctea, en la mesa representativa del PIT.CNT, las empresas están utilizando los envíos al seguro de paro para desembarazarse adentro de las plantas de los delegados sindicales. La mayoría de los convenios colectivos, públicos y privados calculados a inflación futura, han legitimado la caída del poder de compra de los salarios, ya que la inflación, vía tarifazo, devaluación y aumento de los precios, trepó rápidamente por encima de lo previsto situándose en valores generales del 11 %, y en particular en valores alarmantes de la canasta básica de alimentos y de higiene (pandemia mediante) que treparon hasta 16%. Es decir que está claro que los trabajadores están pagando la crisis hace rato, para mantener la renta de ganancia del capitalista. La última mesa representativa del PITCNT En la última mesa representativa del PITCNT hubo dos caracterizaciones claras de como moverse frente la crisis capitalista y el gobierno de Lacalle y la coalición de derechas. Una que plantea un “diálogo social con el gobierno” para entregar parte de las conquistas de la clase obrera bajo el justificativo de la crisis económica. Es decir, concebir la posibilidad de la continuidad del trabajo según las exigencias de la crisis capitalista. Trabajo, pero precarizando los contratos laborales y el salario, es decir que la crisis la siga pagando el pueblo trabajador y sostener el funcionamiento del capital, una renovada versión de las entregas de los derechos de los trabajadores como en el 90 o en el 2002. Esto se expresa en los esfuerzos denodados de F. Pereira presidente del PITCNT, como es el caso de sus conversaciones con Di Candia, puenteando a ADEOM, para generar “puestos de trabajo” chatarras con salarios que no permiten cubrir ninguna necesidad básica de una familia obrera y a término mientras hay 600 obreras para entrar legítimamente por concurso a tareas permanente e imprescindibles. La otra alternativa fue presentada por ADEOM ya en la anterior mesa representativa, un mes antes casi, que esta M.R del 27. Adeom planteó un programa obrero y popular, para que los capitalistas y el gobierno paguen la crisis. Es decir, tocar “la perilla del capital”, que en el tablero comando del gobierno de la coalición de derechas y de la coalición progresista, no quieren tocar. El FA no lo hizo antes con 15 años de gobierno y con regalías históricas al capital (como UPM), a los bancos, a los Fernández de FRIPUR, etc., y en este período, tampoco lo harán. No figura en sus manuales, hay un pacto entre derecha y progresismo, de no tocar al capital. Un programa de ningún despido, que se mantengan las plantillas de trabajadores anteriores a la pandemia, defensa del salario con ajustes acordes a la inflación, que el enfrentamiento a la pandemia se concrete en una centralización de todos los recursos sanitarios bajo el estado y las organizaciones sindicales de los trabajadores de la salud y de la ciencias, que se grave al gran capital para fortalecer el combate a la miseria y a al covid19. No fue considerado por las corrientes mayoritarias alineadas con el FA en la mesa representativa del PITCNT . Se deliberó sobre el alcance de la medida, que obviamente estaba subordinada a la caracterización de quien paga la crisis. Obvio que nadie vino con un mandato de base, a pesar que la dirección sindical invoca el estatuto para poner un mes de deliberación para votar un paro general. La dirección sindical frenteamplista del PITCNT La mesa representativa votó este paro del 4 de junio de 9 a 13 horas con concentración y nada más. El paro de 24 horas que estaba, desde hace un mes atrás en debate, e impulsado por ADEOM y otros sindicatos, quedó para evaluarse si hay condiciones el 10 de julio, es decir convalidar por la vía de los hechos que la LUC siga avanzando, que los despidos sigan avanzando, que la rebaja salarial siga avanzando y que la “normalización” que expone a la pandemia a los trabajadores y al pueblo, por la necesidad de salir a ganarse el pan, siga avanzando. El único sindicato que voto el paro de 24 horas para este 4 de junio fue ADEOM, y lo formuló con concentración y movilización parando de 10 a 10 horas, intentando viabilizar que la movilización de FUCVAM a la 18 y 30 h. estuviera rodeada por un paro general y nacional. El delegado de ADEOM (quien escribe) dijo que era un paro de carácter electorero, para denunciar al gobierno, pero no para parar las consecuencias de su política contra los trabajadores, sino para capitalizarlo electoralmente poniendo a los trabajadores ante dos alternativas de defensa del capitalismo y de su crisis. Denunció también que hay dirigentes de sindicatos que votan paros parciales, pero luego no los impulsan. La enseñanza, el transporte, la banca, es decir no hay ningún efecto sobre paralizar el país y demostrar quien posee el poder en nuestra economía. Buscan una “mesa de diálogo” con el gobierno, no conquistar las reivindicaciones. La “coordinación de los 8” no acompañó la propuesta de votar el paro de 24 horas, “En Lucha” mucho menos ya que en la intervención de sus dirigentes se alinearon con la posición oficial. El grupo de los 8 o “coordinación de sindicatos”, intentó a través de una moción de que quedara votado en la sesión del 27, el paro de 24 horas y el 10/7 solo se le pusiera fecha, moción que naufragó, por el voto de las corrientes frenteamplistas que dirigen, F.Pereira, M.Abdala y En Lucha. Quedando claro las intenciones del oficialismo de dilatar un paro general y todo plan de lucha consecuente para imponer a las patronales y al gobierno un programa frente a la crisis capitalista y la pandemia. En este marco de regimentación de la lucha obrera es que el FA sale a apoyar la movilización del 4 de junio Pero es obvio que la crisis abierta no se cierra con intenciones “de dialogo social” y acuerdo con el gobierno bajo “el lema lo urgente es la gente” como lema de campaña. Si lo urgente es la gente, hay que defender hoy con la lucha esas urgencias, y observar que no hay varias posibilidades, o la crisis la pagan los capitalistas o la pagamos nosotros. Esto lo puso en evidencia en la conferencia de la Intersocial el secretario general de FUCVAM G. González cuando dijo “la crisis la deben pagar los capitalistas”. Hay que constituir un reagrupamiento obrero, clasista y popular en los barrios, en las fábricas en los las organizaciones de lucha de los trabajadores bajo la consigna que la crisis la paguen los capitalistas, ajustemos a nuestros ajustadores. Artículo publicado en periódico Partido de los Trabajadores (Uruguay)

7 de junio de 2020
Martín Guzmán debe renunciar

Está a punto de perpetrarse una de las mayores estafas financieras de la historia argentina – caracterizada por un récord de estas estafas financieras. Nada menos que en una cuarentena, donde se decía que la salud es más importante que los negocios y los negociados. Luego de una campaña que aseguraba que no se podía pagar una deuda calificada de “insostenible”, el gobierno del FdeT, con el ministro de Economía, Martín Guzmán a la cabeza, se apresta a firmar el compromiso que le han puesto sobre la mesa los fondos internacionales más poderosos, en perjuicio, como siempre de la masa empobrecida de los trabajadores de Argentina. Del planteo original del gobierno, que ya era muy generoso con los fondos internacionales, no ha quedado nada. La gracia de cuatro años, sin pagar intereses, se ha convertido en una desgracia, porque esos intereses se convertirán ahora en nueva deuda – acompañada de nuevos intereses. Hay que recordar que, desde el comienzo de las negociaciones, el ‘master’ argentino en negociación de deudas ya ha pagado u$s4.100 millones de dólares, más aquellos que pagaron los gobernadores ‘nacionales y populares’, como es el caso del ‘revolucionario’ Kicillof. El capital de la deuda, unos u$s65 mil millones, no sufre prácticamente ninguna ‘quita’. Si este atropello se consuma, Argentina seguirá pagando una tasa de interés superior a la de cualquier país latinoamericano, porque los descuentos que se discuten la siguen colocando, lejos, arriba de ellos. Esto puede ser aún peor, ya que emitiría un nuevo bono, asociado al crecimiento del PBI, con veinte años de vigencia, en los cuales Argentina seguramente crecerá, año sí, año no, desde el subsuelo en que ha quedado una economía parada. El FMI se haría cargo de determinar ese crecimiento, en lugar del Indec. En este caso, gracias a la muñeca de Guzmán, Argentina terminará las negociaciones con una deuda superior a la que había antes de empezar. Los fondos internacionales se atajan, lo mismo que sus secuaces criollos: no, dicen, el “valor de mercado” de la deuda quedará en un 50 o 40% menor su “valor nominal”. Pero Argentina va a pagar el “valor nominal”, o sea el ciento por ciento del valor que se acuerde, no lo que cotice el mercado. El “valor de mercado” tiene que ver con el negocio de los fondos, Argentina queda comprometida a pagar la deuda completa como figura en los acuerdos. Esta estafa financiera, que el pueblo de Argentina pagará con la salud y la vida, se convierte en el modelo de otra deuda, la que el país ha contraído bajo legislación local. Supera los u$s65 mil millones – a lo que hay agregar la deuda con el FMI y ‘organismos financieros internacionales’, en el mismo orden de números. Llegamos así a algo como u$s250 mil millones, más unos u$s20 mil millones por las Leliq. Las mismas Leliq con las que Alberto Fernández prometió mejorar a los jubilados. El acuerdo que se apresta a cerrar el ´master´ Guzmán convertirá a la gran masa que trabaja en Argentina en una multitud de jubilados. Guzmán ha capitulado ante la finanza internacional – al menos en lo que tiene que ver con lo que ha cedido en las ‘negociaciones’. Ha permitido, además, que un grupo de saqueadores manipule el valor del dólar en la Bolsa, para hacer subir el “valor de mercado” de la deuda, de modo que los fondos internacionales se plantaran en subir más sus exigencias. Las negociaciones han sido acompañadas con una mayor fuga de capitales. Los grandes grupos económicos de Argentina (bancos, Techint, Arcor, Pérez Companc, Aceitera General Deheza y otros tantos) dependen financieramente de esos mismos fondos u otros. Guzmán y todo el equipo económico deben renunciar y las negociaciones de deuda deben ser rotas. En medio de las enormes necesidades económicas y financieras que exige el tratamiento del Covid-19, firmar un acuerdo de estas características lleva al colapso de Argentina y al ajuste más brutal de los brutales ajustes que hemos conocido. En los lugares de trabajo y de estudio, y en las barriadas, debemos votar el rechazo al acuerdo desvergonzado con los fondos internacionales. Nuestro partido, el Partido Obrero (Tendencia) reafirma su posición de desconocer la llamada deuda externa, que ha sido en el último medio siglo un instrumento de sometimiento nacional, desvalijamiento financiero y empobrecimiento de las grandes masas. Decimos, al mismo tiempo, que no debe ser una medida en sí misma sino formar parte de un plan económico al servicio del salario, la salud, la educación y la vivienda de los trabajadores. Por eso mismo solamente puede ser ejecutado por un gobierno de trabajadores. La capitulación ante los buitres del capital no le evitará al gobierno del FdeT una crisis política. Al revés, será usado por los grandes capitales, por los ‘ejecutivos’ del macrismo y por el gorilaje histórico, incluido el que anida en el peronismo, para apretar aún más las clavijas políticas en función de la satisfacción de sus intereses. Los trabajadores, mientras luchamos por el derecho al trabajo, un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, el 82% móvil para los jubilados, la convocatoria de las paritarias y la elección de delegados por medio de asambleas, debemos votar el rechazo al acuerdo anti-obrero y anti-nacional que el gobierno anuncia que está a la firma con la usura capitalista internacional. LEER MÁS POLITICA OBRERA Nro 14

7 de junio de 2020
Violación en manada en Chubut: aval y encubrimiento del Estado
Sofia Mariezcurrena

El 3 de junio, en medio de la movilización #NiUnaMenos, nos enterábamos de que el fiscal Fernando Rivarola de Rawson propuso un acuerdo a favor de “la manada” de Chubut, al reducir la calificación de “abuso con acceso carnal” a “abuso sexual simple” por la violación cometida en la ciudad de Playa Unión, en el año 2012, cuando un grupo drogó y abusó de una chica de 16 años durante una fiesta de la primavera. Este cambio implica que el juicio sería abreviado, con una pena de 3 años sin aplicación efectiva para los únicos tres imputados por el hecho. Otros tres acusados fueron liberados de cargos durante la investigación. La víctima realizó la denuncia en el año 2019, luego de años de tratamiento psicológico. Tuvo que emigrar de Puerto Madryn -donde residía- por el hostigamiento y las amenazas que recibió por elementos acomodados y ligados al poder en esa ciudad. Esto implicó un daño irreparable que hoy culmina con su revictimización. La “justicia”: un problema de clase Este caso muestra con claridad cómo funciona la justicia en este régimen. Con esta propuesta del fiscal, el poder judicial responde favorablemente a la clase a la que representa. Los acusados no son ni más ni menos que los hijos del poder de Madryn y Trelew. Hijos de los dueños de inmobiliarias y de empresas del ámbito pesquero, así como nietos y hermanos de ex y actuales intendentes y gobernadores de la provincia que pertenecen al armado político tanto del peronismo como de la UCR. Se trata de la misma provincia que adhirió y celebra la ley Micaela, y que dice asegurar la formación en género de todos los funcionarios del gobierno. Incluido el fiscal de esta causa, que no dudó en llamar “desahogo sexual” a una violación en manada, en función de que los responsables no vayan presos. La "perspectiva de género" no movió el amperímetro de la impunidad de la que gozan los poderosos, revelando el carácter de clase del poder judicial, que aplica a los casos de violencia a la mujer. La repetición de estas situaciones, a lo largo de los años, es el resultado de un Estado que no toma las denuncias por violencia sexual, y de las que se toman, muy pocas son investigadas y llegan a una condena firme. Según el informe de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres del año 2019, la Encuesta Nacional de Victimización llevada a cabo por el INDEC y el Ministerio de Seguridad arroja que el 87,4% de las víctimas de abusos sexuales no ha realizado denuncias, producto principalmente de la desconfianza en el accionar de las autoridades. Este informe arroja otra cifra escalofriante: solo el 15,5% de las denuncias efectivamente realizadas llegan a una sentencia condenatoria por estos delitos contra la integridad sexual. Es este mecanismo perverso el que nos lleva a las mujeres a no denunciar, a tener que optar por abandonar las causas o aceptar resoluciones que lejos están de impartir justicia. No tenemos que olvidar que gran parte de los femicidios en nuestro país son hacia víctimas que previamente denunciaron a sus agresores. El mismo Estado que desarrolla la precarización, diferenciación salarial y el trabajo doméstico gratuito, es el que no tiene un plan integral contra este flagelo y actúa garantizando la impunidad de los agresores. No es un fiscal, es un régimen putrefacto Este caso cobra importancia por involucrar a círculos con vínculos estrechos con el poder político provincial. Es por esto que las autoridades que responden a Arcioni, así como él mismo, han intentado desviar activamente la mira para dejar impune al régimen político en su conjunto. En el día de ayer el pueblo de Madryn marcho exigiendo justicia en confluencia con el personal de salud, estatales y docentes. Este es el camino. Los responsables del ajuste son los responsables de la impunidad. Vamos por la deliberación del conjunto de las mujeres y por la conformación de una comisión independiente que lleve adelante el seguimiento de la investigación. Desarrollemos la pelea en las calles por el cambio de calificación de la causa y la condena correspondiente. Hoy más que nunca el movimiento de mujeres debe responder con la organización contra un sistema político y social que de conjunto no tiene nada más que ofrecer que la barbarie. Exigimos el juicio y castigo a todos los violadores y encubridores de “la manada” y la investigación de toda la trama de amenazas y de impunidad. Elección popular de jueces y fiscales.

8 de junio de 2020
Córdoba: el intendente busca dividir, las bases se unen

Los municipales protagonizaron una segunda marcha el jueves 4, más contundente aún que la de la semana anterior. Fue en respuesta a una provocación del intendente Llaryiora montada contra los inspectores municipales, a los cuales intenta remplazar por abogados monotributistas. La marcha también levantó el rechazo a la rebaja salarial, que se empezó a descontar con el cobro de junio - proporcional a una parte del mes de mayo. La movilización superó las 4.000 personas. La convocatoria se produjo a través de grupos de WhatsApp. La dirección sindical, escudada en la cuarentena, no ha llamado públicamente a ninguna de las dos marchas, mientras los trabajadores salen masivamente. Por abajo está aflorando la conciencia de una lucha de conjunto y contundente. Provocación Llaryiora montó un ataque contra los inspectores municipales al intentar sacarles la chapa habilitante a un gran porcentaje de los mismos. De este modo, perderían una parte importante de sus salarios. La gestión intenta así dividir entre los inspectores que tienen la chapa y los que no. El gran objetivo es ir a un nuevo descuento general de los salarios. “Hasta ahora, la gestión Llaryora había recortado adicionales como horas extras y prolongaciones de jornada, pero no había tocado las bonificaciones. Lo concreto es que el Ejecutivo empezará por los inspectores una revisión que luego extenderá a otras áreas” )La Voz del Interior, 3/6). Por otra parte, creció la cantidad de “servidores urbanos”, trabajadores precarizados, con sueldos de 10.000 pesos por jornadas de cuatro horas, realizando las tareas de los municipales en cuarentena. La burguesía ha celebrado esto, dice, porque “con el sueldo de un municipal se pagan los planes sociales de 13 servidores urbanos” (La Voz del Interior, 3/6). Por medio de una lucha sostenida, los trabajadores municipales han logrado un sueldo digno, que supera la canasta familiar, por medio de una cláusula de ajuste mensual por inflación. “En el marco del conflicto más profundo con el Suoem en décadas, esa fuerza informal [la de los servidores urbanos] y precarizada está siendo vital para Llaryora. Y lo será más cuando el Ejecutivo y el Suoem finalmente se sienten a negociar. Todo indica que falta bastante para eso, ya que al cambio que prevé la ordenanza que estableció el recorte le falta aún la reorganización del esquema de trabajo de los municipales. El Ejecutivo prevé completar ese proceso antes de restablecer conversaciones” (ídem). El gobierno pretende precarizar a la masa de asalariados para pagar las deudas a los usureros y subsidiar -como lo viene haciendo- a los grandes grupos económicos. Pero el problema es que esa deuda es impagable. Todo los “ahorros”, con el ataque al salario y a la caja previsional de la provincia, arrojan migajas para pagar una deuda de 180.000 millones de pesos (mayormente nominada en dólares) y un déficit fiscal de más de 150.000 millones de pesos. Por esto, el ataque del gobierno es un barril sin fondo: no es un ajuste más, sino un ataque histórico contra las condiciones de vida de las masas trabajadoras. La estrategia de los trabajadores deber ser ir a una lucha de fondo, planteando el camino de la unidad, con un programa – unidad de los trabajadores de todos los municipales, ningún trabajador precarizado, pase a planta. Es necesario ir a la Huelga General Municipal. Asamblea para deliberar y resolver un programa y un curso de acción. No pago de la deuda provincial para obtener los recursos, y control obrero de los mismos. Resolver un camino de fortalecimiento en la coordinación con el resto de los trabajadores del transporte, docentes, Luz y Fuerza, recolectores, jubilados, y demás, estatales y privados, y de todas las luchas que atraviesan la provincia. LEER MÁS La pelea por las liquidaciones abril y el aguinaldo

8 de junio de 2020
La pelea por las liquidaciones abril y el aguinaldo

Una de las batallas sordas que libra la clase obrera en la pandemia es la defensa del salario ante las rebajas salariales encubiertas en las liquidaciones de los haberes de los meses de marzo, abril, y mayo. Centenares de empresas han confeccionados las liquidaciones de haberes con su propia interpretación del DNU sobre la prohibición de despidos - los artículos 223 bis (suspensiones por razones de fuerza mayor) y 208 (remuneración de accidentes no inculpables) de la ley de Contrato de Trabajo. Cuando se realizaron las liquidaciones de la mitad de marzo (la cuarentena comenzó el 20 de marzo) y casi todas las de abril, aún no se habían firmado el llamado ´acuerdo marco´ de la CGT y la UIA, que rebaja el 25% del salario de las suspensiones, ni las actas de las grandes fábricas donde se discutió la letra “chica” de las mismas. El grueso de la patronales tomó el criterio de pagar el salario básico más la antigüedad, dejando de lado todos los premios y las actas adicionales de empresas; en consecuencia, lass rebajas salariales, en algunos casos, llegaron al orden del 40% al 50%. Los acuerdos posteriores dejaron como resultado cientos de millones de pesos de salarios no percibidos, pues establecieron que las liquidaciones debían realizarse sobre los salarios netos (básicos más premios y actas acuerdo internas). Esos salarios retroactivos que se mantuvieron impagos, en la mayoría de los casos, sobre el mes de abril, y, en muchos casos, en la primera y segunda quincena de mayo, aún no han sido regularizados, y son parte de una batalla de los cuerpos de delegados. A pesar de que el DNU presidencial es muy claro al establecer que los trabajadores de los “grupos de riesgo” cobran el 100% de sus salarios durante la pandemia, las patronales han liquidado los haberes desconociéndo el pago de ese 100%; con un desconocido de criterio de “equidad”, hacia abajo, como hacen los K con los jubilados, dictaron un DNU empresario para pagarles lo mismo que a los trabajadores que tienen suspensiones rotativas. El tema suscitó decenas de denuncias en la justicia laboral, pero la plata de estos haberes impagos permanece en manos de las patronales. Otra enorme retención indebida de las patronales está ocurriendo con todos los pagos de turnicidad de las plantas, pues donde no se ha firmado establecer en acta que establezca que los feriados y francos se pagan al 100% (lo que eleva el promedio salarial en casi un 7%) las patronales han liquidado todo como días hábiles, ahorrándose millones de pesos. El aguinaldo: otra batalla Las patronales son reacias a pagar los aguinaldos. Primero, tratan de formular con la burocracia de los gremios un pago diferido en dos o tres cuotas, cuestión absolutamente ilegal; pero, además, al igual que con los retroactivos impagos, comienzan a dar una batalla para el pago del aguinaldo sobre “la ley vigente” -artículos 121 y 122 de la Ley de Contratos de Trabajo-; es decir, sobre la doceava parte del total de las remuneraciones de lo trabajado. Las suspensiones desde marzo reducen este aguinaldo sobre la “ley vigente”, a dos tercios del mismo, cuando los trabajadores no tienen ninguna responsabilidad sobre sus faltas y corresponde que cobren el 100%. El reclamo de los haberes impagos y la liquidación del 100% del aguinaldo es fundamental. Algunas internas combativas han establecido un acuerdo para que, en la agenda de la discusión con la empresa, los jefes de las liquidaciones de sueldo deben estar presentes en la primera reunión, a los efectos de cobrar rápidamente los retroactivos impagos. La responsabilidad de los cuerpos de delegados sobre los recibos de sueldo exhibidos en las carteleras gremiales e incluso cursos sobre la interpretación del mismo, son parte de la defensa integral de un salario que se pretenden robar las patronales y un tarea del activismo en la actual situación porque la burocracia sindical, una vez establecido el llamado acuerdo “marco”, se ha desentendido como nunca del salario y del trabajo.

8 de junio de 2020
Redoblemos esfuerzos por la organización de los docentes de “gestión privada” en la Ciudad

Los docentes de escuelas de gestión privada en CABA viven una sobrecarga laboral con jornadas extenuantes, la crianza y sostén de hijos en edad escolar y las dificultades en la conectividad que plantea la continuidad pedagógica bajo cuarentena. A esto se suma un conjunto de otros graves atropellos. Despidos, suspensiones, recortes salariales y presiones son moneda corriente en el sector privado del que la docencia no queda exenta. El aislamiento social, preventivo y obligatorio comenzó tempranamente para la docencia de la Ciudad y el país , siendo impuesto por los propios trabajadores de la educación frente a las precarias condiciones de higiene y seguridad existentes en las escuelas para hacerle frente a la pandemia. El relato y la realidad El Ministro de Educación Trotta, afirmó el 4/6 a través de un Facebook Live, que desde el Gobierno citaron "a las cuatro asociaciones que nuclean a las instituciones de gestión privada, para que se pueda postergar el pago de las cuotas de los colegios, sin intereses y que se retroceda en el aumento de las cuotas, que se han dado en marzo". Remarcó que al gobierno le preocupó "la mora, porque hay un retraso de los pagos muy marcado. Y tenemos que garantizar el pago de los salarios de los docentes y los no docentes" y agregó que "el Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) ayuda a pagar los salarios, hasta la mitad del salario de los trabajadores. Se presentaron 3600 escuelas de “gestión privada” para pedir ayuda y pagar los salarios del mes de abril". A esto se le suman las recientes declaraciones del presidente acerca de que el programa ATP no incluirá a los aguinaldos de julio. No obstante, se acrecienta el número de escuelas privadas en las que se realiza el pago de salarios al 100% para los docentes que integran la Planta Orgánica Funcional (POF), mientras que al conjunto de los trabajadores por fuera de la POF, se les comunica la ‘cuotificación’ de sus salarios, en el contexto de una carestía agravada por la pandemia. Pretextan la imposibilidad de pago en tiempo y forma, aun recibiendo diversos porcentajes de subsidios por parte del Estado, debido a la mora de las familias en las cuotas. Es necesaria la apertura de los libros contables bajo control y gestión de sus trabajadores, la estatización de las escuelas privadas que despidan o suspendan y un convenio colectivo de trabajo en el marco del Estatuto Docente. La situación en la “gestión privada” Los colegios privados en la CABA no están librados a la “suerte del mercado”: sólo el 35% de esos establecimientos no reciben ningún tipo de subsidio. El 71,2% de los colegios privados de los niveles obligatorios recibe algún tipo de subsidio y el 30% de los colegios reciben el 100% del financiamiento de la plantilla docente. Las escuelas privadas gozan de exenciones impositivas en IVA, Ganancias y aportes patronales. Los maternales y jardines, son los más afectados. En Argentina, el Nivel Inicial es el más privatizado del sistema educativo. 1 de cada 3 niños concurre a una guardería o jardín privado, según un estudio del Observatorio Argentinos por la Educación. La falta de vacantes para niños en Escuelas Públicas de Nivel Inicial es alarmante y se agrava por la enorme carencia de escuelas y la falta de construcción de nuevos establecimientos. Ante esta situación de amenazas de despidos y suspensiones, Sadop manifiesta su repudio y sus “acciones” no pasan de imposturas verbales que no se orientan a organizar a la docencia. La Celeste de UTE, continúa sin impulsar instancias de deliberación y resolución para la lucha de la docencia en general y de privados en particular. La coordinación de las luchas Recientemente, se conoció el caso de 8 docentes del Colegio Norbridge en Del Viso, que fueron informadas que serían suspendidas “sin goce de sueldo”. Las familias a través de un pedido lanzado en la plataforma Change.org, comenzaron una campaña para que las autoridades retrotraigan la medida. A esto se suma la quita de becas a los hijos de los docentes que estudian en el instituto. Hay que coordinar las luchas con un planteo de conjunto por la totalidad de las reivindicaciones de la docencia y la clase obrera.

8 de junio de 2020
Pergamino: entre la inacción del gobierno y el avance del virus
Lucas Giannetti, PO de Pergamino

La segunda sección de la provincia de Buenos Aires está asistiendo a la propagación del Covid. Baradero, San Nicolás, San Pedro registran casos. En Zarate, se han registrado casos en cinco empresas. Terminal Zarate (portuaria), Softys (ex Papelera del Plata), Toyota y Quilmes y en el Centro Nuclear Atucha, sumando un total de 40 contagios. San Antonio de Areco cuenta al día de hoy 21 casos (2 recuperados, 1 fallecido). En Capitán Sarmiento se registran 22 casos, siendo, la avícola Granja Tres Arroyos el foco de contagios, con 10 trabajadores infectados. Sin testeos y protocolos laxos, la patronal es responsable junto a la dirección del gremio de la alimentación (STIA). Arrecifes ha contabilizado dos casos positivos, trabajadores también de Granja Tres Arroyo. En este marco de situación, en las últimas horas se ha conocido un pedido firmado por más de 50 intendentes opositores, dirigido al gobernador, para que dé “más autonomía en la cuarentena”. Entre los firmantes figuran los intendentes de Arrecifes, Capitán Sarmiento, Pergamino, Ramallo, Rojas y San Nicolás. Las grandes patronales que operan en la segunda sección, presionan para llevar adelante un levantamiento total de la cuarentena. Desde Paolo Rocca (Siderar) hasta Pagani (Arcor), pasando por las demás patronales de la zona, quieren el fin de la cuarentena. Mientras tanto en Pergamino son casi nulos los controles en las entradas a la ciudad y la cuarentena, prácticamente, se reduce a la paralización de las actividades comerciales a las 17. Mientras el virus avanza en las localidades vecinas, el ejecutivo municipal, presiona a provincia para que se habiliten actividades no esenciales como, por ejemplo, el bingo. El gobierno municipal tiene al frente de una de sus principales secretarías, como la de Acción Social, a Lucas Marino Aguirre, militante anti cuarentena, que hace oídos sordos a los reclamos más sentidos de los barrios populares, que en los últimos años han tenido un desarrollo exponencial. Se contabilizan más de 20 asentamientos en la ciudad. El déficit habitacional de pergamino supera largamente las 5000 viviendas. El gobierno tiene una clara orientación del desarrollo de los barrios privados y de favorecer la especulación inmobiliaria. Los déficits estructurales: el hacinamiento, la degradación residencial, la falta de servicios públicos sanitarios (agua, cloacas, etc.), la mal nutrición persistente, se han agravado estrepitosamente, en el marco de la crisis del Covid 19, agudizando todas las contradicciones. Asentamientos enteros que no cuentan con agua potable y el hacinamiento de las familias, en casas o casillas de chapa, son las condiciones materiales, para que, en una posible entrada del virus, encuentre un caldo de cultivo para su desarrollo y expansión. Es así que Pergamino es un polvorín. Más teniendo en cuenta las políticas llevadas a cabo por parte del municipio, que al igual que Kicillof, se niega a realizar testeos masivos. Asistimos a una expansión de la pobreza, sin precedentes. La tercerización, subocupación y la desocupación, asolan a la ciudad. Las últimas mediciones de 2018 arrojaban una tasa de desocupación superior al 9 % y una subocupación del 12%. Estos números se han disparado, con la vía libre que se ha dado a empresarios para despedir y suspender. Con salarios de pobreza que promedian los 30.000 pesos, el 50% de la población pergaminense se encuentra por bajo del nivel de pobreza. Ante la falta de respuesta del gobierno y, más precisamente, de Marino Aguirre, que no ha solucionado ni uno de los problemas de barrios y villas, en principio no ha garantizado la llegada efectiva de alimentos, desde la tendencia del Partido Obrero y Polo Obrero, nos hemos puesto a la cabeza de ollas populares, llevando una orientación de organización de comité barriales, para arrancarle al estado, lo que el mismo no puede solucionar. Es momento de unificar y coordinar las luchas de trabajadores ocupados y desocupados y conformar de comités barriales, que discutan y organicen un pliego de reivindicaciones: por hisopados generalizados a toda lo población, abastecimiento alimentario y de elementos de higiene para las familias que lo necesitan de parte del Estado, reequipamiento inmediato de insumos y personal en las salas médicas, urbanización y vivienda, contratación de trabajadores de salud, trabajadores sociales y voluntarios, con salarios y convenio para todas las tareas de diagnósticos, relevamiento, higiene y saneamiento de los barrios. Declarar de utilidad pública hoteles y edificios vacíos que sirvan de alojamiento para la población afectada. Centralización del sistema sanitario y no pago de la deuda externa.

8 de junio de 2020
Precarizados de Santa Fe: todos a la segunda gran jornada provincial de lucha

El viernes 29 la asamblea interministerial de trabajadores precarizados de la ciudad de Santa Fe dio muestras de un nuevo impulso. Sumándonos a la convocatoria de ATE Rosario, convocamos en la capital santafecina a concentrar en casa de gobierno contra los cientos de despidos y cesantías orquestados tanto por el ex gobernador Lifschitz, como por el actual Perotti, y en absoluta complicidad con las comisiones directivas provinciales (CDP) de ATE y UPCN. La convocatoria contó con el apoyo de distintos sectores sindicales y agrupaciones gremiales, además de Ate Rosario, también Siprus Santa Fe, la junta interna del Hospital Eva Perón y el frente docente 4 de abril. Si bien la inmediata incorporación de trabajadores despedidos y cesanteados fue la consigna central, el reclamo apuntó también a exigir se paguen los salarios ilegalmente adeudados en múltiples sectores, por la reapertura de paritarias, el aumento de emergencia, el PASE A PLANTA de todo el personal precarizado del Estado, y la derogación del decreto 337, que bajo el pretexto de sancionar a los estatales que incumplan la cuarentena, se busca disuadir la lucha. Bajo esas consignas, la actividad -con distanciamiento social cumplido por todos los manifestantes- cerró con una gran instancia de deliberación que motorizó la jornada del próximo martes 9, donde resta confirmar la participación de nuevos espacios sindicales. Hartazgo de las bases La comunicación virtual permitió que compañeros estatales precarizados de otras localidades de la provincia se sumen a la asamblea y expresen las desidias de cada zona. Es decir, que desde las bases hemos puesto en marcha espacios de deliberación. Desde Reconquista hasta Rosario, los trabajadores precarizados por todos los gobiernos no soportan más la burocracia de las direcciones sindicales. La desolación de mujeres y hombres a cargo de hogares que hoy no cuentan con un ingreso apunta a ser superada por la organización. Unos pocos días nos separan de esta próxima jornada, en donde todo el activismo obrero santafecino tiene que estar abocado a defenderla. El sostenimiento sistemático de un plan de lucha coordinado en defensa del trabajo y el salario nos llevara a la conquista de nuestras reivindicaciones. Para esto es necesario que las conducciones combativas y de oposición, convoquen a plenarios para dar impulso a estas jornadas, como un canal para la expresión de unificación de todas las luchas. En Santa Fe, a las 11hs en casa de gobierno. En Rosario, a las 11hs en sede de gobernación. En Reconquista, a las 16hs en el triángulo de acceso. LEER MÁS La pelea por las liquidaciones abril y el aguinaldo

8 de junio de 2020
Muere un obrero en Rigolleau: ¡justicia por Víctor! ¡Cattorini es responsable!

Víctor falleció mientras cumplía su horario laboral en la fábrica Rigolleau, cuando se le cayó una bolsa de arena encima. Sus compañeros cuentan que desde la fábrica ya salió sin vida, aunque la patronal quiso ocultarlo. Sin la indumentaria necesaria -ni guantes ni botines y con overoles viejos- para trabajar con vidrio y sin ningún tipo de medidas de sanidad y seguridad -ni antes ni durante una pandemia- lo que le sucedió a Víctor no es más que el resultado del abandono patronal y del Estado a la clase trabajadora. Varios de los obreros trabajan, aunque tengan enfermedades respiratorias, hernias o aún bajo el peligro de que una chapa dentro de la misma planta le corte la vena de la muñeca. La impunidad de esta patronal de añares es enorme. El sindicato, dominado por la patota de Valdéz, sólo se encarga de amedrentar a cualquiera que levante la voz por sus derechos. Hace apenas dos días llegaron a los empujones a una asamblea al grito de "laburen, maricas" cuando se planteaba el cese de actividades por casos de coronavirus. Rigolleau, que fabrica botellas para bebidas alcohólicas y copas, truchó certificados para llamarse "esencial" durante la pandemia. Ahora, los casos de coronavirus rondan la decena de trabajadores. En Cattorini -fábrica gemela situada en Quilmes- ya hay casos en siete sectores distintos y un trabajador en estado crítico. La organización de los trabajadores por su vida es fundamental por el cese de actividades para cumplir la cuarentena y testeos para todos y sus familias con el sueldo al 100%, por medidas de seguridad e higiene, y para sortear todas las trabas de la patota de Valdéz a la organización obrera por sus derechos. Justicia por Víctor.

8 de junio de 2020
#3J en Santa Fe: Una confrontación con el PJ
Sofía M

Santa Fe también replicó la lucha a cinco años del primer Ni Una Menos. Desde el Plenario de Trabajadoras (T) defendimos una concentración con distanciamiento social frente a la Casa de Gobierno y la necesidad de ganar la calle. El PJ-K de la Mesa de “NI una menos”, aparateó, sin embargo, la jornada. En la provincia de Santa Fe, y en la ciudad capital en particular, hace semanas se desarrollan diversas concentraciones y reclamos que protagonizan numerosos sectores que están atravesando situaciones desesperantes. En nuestra intervención destacamos la lucha de los precarizados que venían de una jornada provincial y se encaminan a otra el próximo 9 de junio; las manifestaciones de la docencia, de trabajadores del correo, deliverys, entre muchos otros, que ya decidieron salir a la calle a exigir respuestas. “Yo me siento cuidada por Alberto” Con esa frase, el sector PJ-K hizo la defensa de la cuarentena en los términos del oficialismo, o sea, precarias condiciones de trabajo para el personal de salud, piedra libre a la salud privada, subsidios a las grandes patronales, ausencia de medidas de protección de emergencia para atender la violencia contra la mujer, suspensiones laborales con bajas remuneraciones y eliminación de la movilidad jubilatoria. A ello hay que agregar un esquema político ‘anti-grieta’, con la derecha, funcional a la aceptación de los planteos de los fondos internacionales por la deuda externa, y utilización de la cuarentena contra la movilización en la calle. Desde el PDT de la ciudad dimos una batalla política enorme y desnudamos la defensa de los gobiernos, tanto provincial como nacional, como un apoyo a la clase capitalista y un intento de frenar la organización y el avance del movimiento de mujeres. Las funcionarias de Perotti o las burócratas sindicales de Amsafe, Ate o Sadop, no tuvieron un solo comentario sobre las mujeres precarizadas (que son el 70% de quienes trabajan en el Estado de manera informal), de la sobreexplotación docente o la falta de elementos de protección para el personal de salud. Por medio de una lamentable e impotente campaña en las redes, estos grupos progubernamentales montaron un ataque contra 'las troskas', por el cual recibieron el repudio de las compañeras independientes y honestas, y sumar descrédito. En las asambleas denunciamos los límites de sus planteos, la burocratización del espacio y los insultos recibidos, lo que nos valió un reconocimiento y solidaridad. Crisis en la mesa NUM La mesa NUM de la ciudad está en estado terminal. La defensa del gobierno provincial y nacional es un freno objetivo a la posibilidad de organización. El vaciamiento del espacio ya era visible hace más de un año, cuando sus militantes tuvieron que hacer campaña por Perotti, un antiderechos. Muchas funcionarias y trafican posiciones por cargos, y abandonan y niegan cualquier instancia de lucha u organización del movimiento mujeres. El PDT local se ha ganado una autoridad política y ha llevado las denuncias al seno mismo de la mesa. Participamos activamente en la elaboración de los documentos, que siempre nos tienen como protagonistas, y hemos podido instalar reivindicaciones muy importantes para el movimiento de mujeres y las trabajadoras. En la elaboración del escrito instalamos la consigna del no pago de la deuda externa, de la necesidad de la apertura de paritarias, el salario mínimo igual a la canasta familiar y el pase a planta permanente de los precarizados. A su vez, se dejó en claro que la responsabilidad del aumento de la violencia y de las condiciones de miseria, es responsabilidad del Estado y los gobiernos, mientras que dimos cuenta de las múltiples formas que adopta la barbarie a la que nos impulsan en Argentina y en la provincia. Los desafíos que se presentan ahora son, por un lado, profundizar la delimitación política con los sectores que, de manera burocrática, agresiva y burda, prefieren la defensa de sus intereses personales y de aparato, antes que la organización y la vida de las mujeres y disidencias. Por el otro, avanzar con una campaña en toda la provincia por el derecho al aborto, en especial cuando crece el aborto clandestino, con lo que representa para la salud y la vida de toda persona con capacidad de gestar. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

8 de junio de 2020
Eslovenia: movilizaciones multitudinarias contra el gobierno derechista

Alrededor de 10.000 personas salieron a las calles de la capital, Liubliana, el viernes. Fue la sexta semana de protestas masivas en todo el país contra el primer ministro Janez Jansa, quien quiere seguir los pasos del primer ministro de Hungría, el ultra-derechista, Viktor Orban, que se auto-otorgó poderes dictatoriales en marzo. Jamsa argumenta que los poderes especiales son para proteger la vida de las personas, a pesar de haber declarado el “fin de la pandemia”. Todos los viernes miles de trabajadores salen a protestar. Los manifestantes y sindicatos independientes (Mladi Plus) exigen que Jansa se vaya, debido a su racismo, a la corrupción y al manejo de la pandemia. Al reabrir escuelas y lugares de trabajo, recomenzaron las protestas, con la particularidad que se realizan sobre bicicletas para evitar ser detenidos debido a las prohibiciones de circulación y los agrupamientos masivos. Crisis política de la extrema derecha El gobierno está constituido por una coalición de partidos de extrema derecha y declaradamente fascistas. La primera protesta ocurrió en febrero; hace unas semanas volvieron las movilizaciones. El PM acusa a los manifestantes de portar símbolos de la ex Federación Yugoslava. Jansa había sido ministro de defensa durante la ruptura de Yugoslavia, en la guerra de 10 días por la independencia. Este es un movimiento de masas para el pequeño país que es Eslovenia. Está desafiando lo que consideran como un golpe por parte del primer ministro. La izquierda, sindicatos, movimiento contra el cambio climático y grupos LGBT+ están en el centro de las protestas. Las protestas han obligado al gobierno a revocar los poderes de los policías para vigilar a las personas e ingresar a sus hogares. La gente movilizada crece semana a semana y está decidida a continuar, demandando la caída del gobierno de Jansa.

8 de junio de 2020
#3J en Salta: movilizaciones y jornadas de lucha en las barriadas

En el quinto aniversario del #NiUnaMenos, la movilización que impulsamos en Salta fue una expresión más de la lucha de las y los trabajadores ante la pandemia, frente a un gobierno que no solo no ha equipado el sistema de salud, sino que torpedea la cuarentena en favor de las patronales contra la salud de la población. La jornada estuvo cruzada por la confirmación de 8 nuevos casos de COVID en la provincia, que ya suma 20 en lo que va de la pandemia. La movilización arrancó con un piquete en Córdoba y San Martín para ir hasta el centro de la ciudad, junto al Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). De la marcha y el acto fueron parte los artistas independientes que hoy salen a luchar por el derecho al trabajo, contra el hambre y la represión, bajo el grito “que la rabia nos una”. También la histórica e incansable luchadora de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por la última dictadura, Mirta Torres, quien en referencia a los casos de gatillo fácil que cruzan la provincia, reivindicó que son las madres y los familiares que salen a luchar para enfrentar los atropellos policiales. Levantó su voz también por los 30.000 compañeros detenidos-desaparecidos, así como por las y los desaparecidos en democracia. Estuvieron presentes también los familiares de Agustina Nieto, asesinada en Salta hace 2 años. Débora, su hermana, denunció que “Nos entierran en un cementerio, pero también en los archivos de fiscalía”, con relación a la dilación de la causa y llamó a luchar por justicia y por “una vida digna y justa en nuestras casas y en nuestros trabajos”. El acto continuó con la intervención de María Bravo, dirigente de FOL, que denunció que “la pandemia arrasa nuestras condiciones de vida, golpea de una forma particular a las mujeres”. Reivindicó la acción de las mujeres que en las barriadas paran la olla, planteó Justicia para Ramona, la militante de la Villa 31, muerta por COVID. Colocó, a su vez, el enorme déficit habitacional de 70.000 familias sin viviendas y apuntó contra el gobierno que “no resuelve el problema de las madres, las familias y las mujeres”, que padecen el hacinamiento en inquilinatos, en casas de familia y muchas mujeres con el violento. Sáenz, como Romero y Urtubey, sostienen el “negocio inmobiliario como prioridad para ellos”. Para finalizar, nuestra compañera Gabriela Jorge señaló que este quinto aniversario muestra a las mujeres trabajadoras en la primera línea frente a una pandemia que expone todas las contradicciones de la sociedad capitalista: “mientras discutimos cómo acceder a derechos elementales, el gobierno y las patronales torpedean la cuarentena”, “colocan millones de recursos para el salvataje de las empresas capitalistas en contraposición de nuestras vidas”. Denunció la sobrecarga y precarización laboral en complicidad con la burocracia, así como a las patronales como Tabacal que obliga a seguir produciendo cuando Orán se ha convertido en un punto de contagios. Reivindicó la lucha de las trabajadoras de la salud. A cinco años queda claro que el Estado capitalista es responsable, y salimos con un mensaje de organizar la autodefensa ante el deprecio de éste hacia nuestras vidas, expresado en el femicidio de Rosa Sulca o Liliana Flores. Se refirió a la lucha por el aborto legal, como una necesidad básica en la medida en que no se garantizan las condiciones para maternar, menos en la cuarentena, donde incluso se han exacerbado las situaciones de violencia, y que sólo se podrán arrancar “sobre la base de la acción directa, ninguna mediación con el Estado tutelado por la Iglesia”. Para ello, finalizó, debemos golpear con un mismo puño con nuestros compañeros de clase este régimen basado en la explotación, abriendo un curso para una salida obrera y socialista. El acto central fue acompañado por jornadas en los merenderos "Carita Feliz" de la barriada de Asunción y el "Dulce Mirada", de Mirador, donde a la par de la entrega de la merienda las compañeras realizaron acciones para denunciar las condiciones de miseria, hambre y hacinamiento en las barriadas, pero también para reivindicar la acción de las mujeres que se ponen en la primera línea para parar la olla. Ha sido destacada la acción y la deliberación previa con compañeras en el interior de la provincia. En Rosario de Lerma, junto a las Mujeres Organizadas, se colocó la lucha contra el cierre de la causa del sacerdote Lamas. Las acciones en Colonia Santa Rosa y en San Martín, se transformaron en cartelazos virtuales ante el crecimiento de los contagios de COVID y la vuelta a fase 1 en esa región. En la provincia, como en el país, la lucha que protagonizamos las mujeres se conjuga con la lucha general de la clase trabajadora, y las acciones de este 3 de junio son la base para un mayor desarrollo de la organización de las trabajadoras en una etapa signada por rebeliones y revoluciones. LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

8 de junio de 2020
Universidad de Tucumán: ADIUNT continúa el plan de lucha

La Asamblea General de la ADIUNT del pasado jueves resolvió realizar un nuevo paro de 24 horas el próximo 11 de junio, exigiendo la inmediata apertura de la paritaria salarial universitaria y que las autoridades de la UNT den soluciones a un conjunto de reclamos planteados. Desde el comienzo de la pandemia, ADIUNT reclamó que se convoque a la paritaria local para discutir las condiciones laborales mientras dure la cuarentena. La UNT se negó a hacerlo durante prácticamente 50 días, con el objetivo de operar de facto un cambio en las condiciones laborales, descargando todo el peso de la ´virtualización´ sobre las espaldas de los docentes y de los miles de estudiantes que no podían seguir los cursados. A mediados de mayo, como producto de la lucha gremial, la UNT tuvo que convocar a la paritaria, sin por ello abandonar su objetivo de dilatar las soluciones y seguir operando unilateralmente. Esto se vio claramente expresado con el levantamiento intempestivo de la segunda reunión paritaria y la suspensión -en principio, sin fecha- de la reunión prevista para el 2 de junio. Un día después de la numerosa y combativa asamblea del jueves 4, la UNT convocó nuevamente a la paritaria para el martes 9. La agenda que defendemos A la primera reunión paritaria, ADIUNT llevó un conjunto de planteos de defensa de los derechos docentes en el cuadro de la virtualidad: dispensas laborales, suplencias pagas, respeto a las cargas horarias y aumento de dedicación en los casos en que sea necesario; pago de retroactivos, compensación de gastos extras, regularización de los interinos, etc. También reclamamos la normalización de la Obra Social universitaria que, bajo la dirección del rectorado, ha abandonado a los afiliados a su suerte en medio de la peor crisis sanitaria de la que se tenga memoria, y la aprobación inmediata de un proyecto de licencia especial para docentes víctimas de violencia de género, que había sido presentado en marzo. Salvo el reconocimiento, sin acta mediante, de las dispensas laborales y de los recesos laborales de julio y enero, la UNT no resolvió ninguno de los problemas planteados. En la línea de dilatar, tampoco aceptó la propuesta de reuniones semanales que le formulamos desde ADIUNT. En la actual etapa de la cuarentena, las autoridades de la UNT buscan avanzar con las evaluaciones virtuales como única receta ante la creciente impaciencia estudiantil y el temor a la pérdida del año. En 75 días, ni el gobierno nacional ni la UNT han tomado alguna medida en serio para garantizar que los miles de estudiantes que tienen dificultades para seguir con el cursado (conectividad, habitacionales, alimentarias, sanitarias, etc.) puedan hacerlo. Las camarillas universitarias, de conjunto, pretenden aprovechar la pandemia para bajar la histórica cantidad de alumnos de las universidades públicas. En el caso de la UNT, se pretende avanzar con las evaluaciones sin consultar con la docencia (que no tiene una posición uniforme sobre este tema). La Asamblea de ADIUNT votó rechazar las presiones y aprietes que se están ejerciendo en este sentido en diversas facultades y escuelas. Los sectores alineados con la conducción de Conadu Histórica votaron en contra del nuevo paro. Sin embargo, el gobierno nacional acaba de levantar la paritaria para discutir condiciones de trabajo en la cuarentena (70 días después de iniciada) y tampoco ha dado señales de que vaya a convocar a la paritaria salarial, como lo pide la mesa ejecutiva de la federación. El salario de los docentes universitarios está en completo defol. El gobierno apuesta a un acuerdo de deuda que va a significar mayores ajustes sobre la universidad y que va agravar toda la crisis (precarización, deserción, etc.) El paro de ADIUNT marca un camino para salir de la pasividad. Es hora de que CONADU Histórica convoque a un Congreso “virtual” y vote un plan de lucha.

8 de junio de 2020
Grandes rebajas y cómodas cuotas: “Aguinaldo Hot Sale”

En los próximos días, los trabajadores en blanco de todo el país deberían percibir la primera cuota del SAC (salario anual complementario), el aguinaldo. Desde varios sectores de empresarios privados, con fuertes repercusiones en los principales medios del país, ya anunciaron que la idea es pagarlo en cuotas. Otros reclaman que el gobierno se haga cargo a través del ATP. Entre los estatales, las provincias anuncian pagos escalonados, condicionándolo a recibir ayuda extraordinaria y sustancial de parte del Estado Nacional. Mientras tanto la CGT renueva con la UIA el acuerdo de suspensiones al 75% del salario. La Nación (3/6) tituló que "comienza a ganar terreno una vieja idea de los 90s". Según el diario de los Mitre, "en el sector privado, viejos arqueólogos de la legislación laboral hicieron una excursión hasta los 90. Entonces desempolvaron una ley sancionada por el gobierno de Carlos Menem. Se trata de la 24.467, la llamada Ley de Pequeña y Mediana Empresa. El artículo 91 establece lo siguiente: ´Los convenios colectivos de trabajo referidos a la pequeña empresa podrán disponer el fraccionamiento de los períodos de pago del sueldo anual complementario siempre que no excedan de tres períodos en el año´". Esta campaña por liquidar el aguinaldo en cuotas se replica también a los sectores estatales. “Será muy difícil pagar el medio aguinaldo si no llega una ayuda sustancial de la Nación”, blanqueó el gobernador de Mendoza, el radical Rodolfo Suárez, al tiempo que reconoció que se analizan alternativas “como el pago en dos cuotas para los sueldos más altos, o diferirlos para fin de año”. El mismo esquema de pago escalonado plantean hasta el momento Santa Fe, Río Negro, Chubut y Chaco" (Ámbito, 4/6). Cómo se ve, la descarga de la crisis económica sobre las espaldas de los trabajadores no distingue a los gobernadores peronistas de sus adversarios de Cambiemos. El conjunto de las empresas, paradas o no por la cuarentena, ha recibido ya el subsidio equivalente al 50% del salario de los trabajadores (ATP). Solo se dieron de baja del plan algunas pocas, ante el anuncio de que el cobro del subsidio impedía la fuga de divisas a través del Contado con Liquidación (CCL). Además, las empresas fueron eximidas del 95% de los aportes patronales y han recibido créditos a tasa cero a través del Fondear. Además, la mayoría de las empresas han sido autorizadas a producir a pesar de ser esenciales, y en varios casos continúan pagando el 75% del salario pactado con la CGT. Este rescate del Estado a la clase capitalista -llamado ATP- tendrá un nuevo capítulo en el pago del aguinaldo: Es lo que buscan las Cámaras Empresarias al instalar esta campaña. La CGT, al mismo tiempo que ésta vieja idea de los 90s comienza a ganar terreno, renovó el acuerdo de suspensiones al 75% del salario y reclama que el Ministerio disponga de un esquema de "suspensiones exprés", con homologación automática. Al mismo tiempo, la CGT de los hermanos Daer ha dejado pasar la suspensión de la totalidad de las paritarias -con excepción de Aceiteros-, a la espera de que se dictamine un aumento por decreto. Es claro que para los muchachos de Azopardo la defensa del aguinaldo en una cuota no está en agenda: "Los empresarios ya avisaron que más de la mitad de las empresas "no tienen ninguna posibilidad" de pagar el aguinaldo. Pidieron ayuda estatal. La CGT confirmó que "se tiene que pagar". Se abrió la discusión para fraccionarlo en 3 o 6 cuotas" "...esta semana una importante cámara empresaria le acercó su borrador a uno de los sindicatos más populosos del país para resolver la situación. En él se proponía fraccionar el aguinaldo en 6 cuotas consecutivas. ´A nosotros el sindicato nos dijo que no suena ilógico´, confió una fuente" (Infogremiales, 5.6) A las batallas que tendrán que librar los trabajadores por el cobro del 100% del salario, por los puestos de trabajo, por los protocolos sanitarios, se le suma ahora la defensa del aguinaldo. Necesitamos un Congreso de Trabajadores que unifique cada una de estas luchas y desarrolle una alternativa de poder a la altura de la crisis en curso.

8 de junio de 2020
“Cientos de miles ganan las calles en todo EE.UU.”

El sábado por la noche “cientos de miles de estadounidenses salieron a las calles, en grandes ciudades y pueblos pequeños, de costa a costa, marcando una de las movilizaciones más extensas hasta ahora en las protestas nacionales contra la violencia policial y el racismo sistémico provocado por el asesinato policial de George Floyd en Minneapolis” (The Guardian, 7/6). En esta ciudad donde se produjo el asesinato “el concejo municipal votó el viernes prohibir a los oficiales el uso de estrangulamientos y aprietes al cuello, pero el alcalde Jacob Frey no se comprometió a eliminar a la policía. ´No apoyo la abolición total del departamento de policía´, dijo Frey a los manifestantes. Una movilización lo abucheó, cantando ´Vete a casa, Jacob, ve a casa´ y ´vergüenza´” (ídem). “Las manifestaciones continuaron hasta la madrugada en Seattle, donde la policía arrojó granadas de aturdimiento para dispersar a los manifestantes e informó que varios agentes resultaron heridos con piedras, botellas y explosivos improvisados. Mientras tanto, miles se reunieron en el Central Park de Nueva York y cientos más se reunieron en Harlem” (ídem). En Washington “más de 10.000 personas salieron a las calles, se reunieron cerca de Lafayette Square junto a la Casa Blanca, marcharon por el histórico Black Broadway de U Street y se unieron a los pies de Abraham Lincoln en su gigantesco monumento de mármol. Las palabras ´Black Lives Matter´ habían sido pintadas en letras amarillas brillantes a lo largo de una calle cerca de la Casa Blanca, donde solo unos días antes los manifestantes se dispersaron brutalmente con gas lacrimógeno … Cerca de allí, los manifestantes pintaron un mensaje adicional en las calles: ´Defund a la policía´” (ídem). “En Filadelfia, que vio una de las mayores movilizaciones de manifestantes en la ciudad desde que comenzaron las protestas, los activistas exigieron que el alcalde recortara al menos el 10% del presupuesto del departamento de policía, que recibirá más dinero incluso cuando otros programas enfrentan recortes. La presentación se produjo cuando el principal editor del Philadelphia Inquirer renunció, luego de un alboroto por un titular que lamentaba los daños a la propiedad que decía: ´Los edificios también importan´. Los residentes locales también habían sido sacudidos por una muestra de un grupo armado de hombres en su mayoría blancos en el vecindario Fishtown de la ciudad el lunes. Entre los filadelfianos que se unieron el sábado se encontraban miembros del equipo de baloncesto 76ers” (ídem). “En Louisville, una ciudad que está de luto por el asesinato policial de Breonna Taylor y David McAtee, el líder de los derechos civiles Jesse Jackson pidió a los legisladores que aprueben una ley contra el linchamiento y eliminen las protecciones para los agentes de la policía de los juicios. En el Simi Valley de California, donde cuatro policías blancos de Los Ángeles que golpearon brutalmente a Rodney King fueron absueltos en 1992, provocando disturbios, unas 2.000 personas marcharon al ayuntamiento, exigiendo el fin de la violencia policial. Miles de manifestantes inundaron el puente Golden Gate de San Francisco con el consentimiento de las autoridades. Los camiones de remolque detuvieron el tráfico de automóviles en ambas direcciones. En Denver, jugadores y entrenadores del equipo de fútbol de los Broncos se unieron a una marcha desde el capitolio estatal hasta el centro de Civic Center Park.´Tu voz es pesada, y es importante´, dijo el guardia de seguridad de quinto año Justin Simmons a la multitud. La NFL en 2016 despidió a Colin Kaepernick, el ex quarterback de los San Francisco 49ers, por liderar las protestas contra la brutalidad policial. Pero a medida que más jugadores hablaron después del asesinato de Floyd, el comisionado de la NFL emitió una disculpa” (ídem). EE.UU. está protagonizando un gran despertar político. Comienza la hora también del movimiento obrero más poderoso del planeta. Tan importante como esto es la inmensa movilización de solidaridad internacional que ha recorrido las capitales del mundo entero.

8 de junio de 2020
Bolsonaro utiliza la pandemia contra las mujeres

Tras sacar a dos ministros de Salud, Bolsonaro puso a un militar sin experiencia al frente. En pocas semanas se desató una nueva crisis en el Ministerio de Salud (MS) y un nuevo ataque contra la mujer trabajadora. Miembros del MS pidieron “garantías” para los abortos considerados legales a partir de la publicación de una ficha técnica, que Bolsonaro criticó y el ministro luego debió retirar, lo que pone en peligro no sólo los abortos legales sino al conjunto de derechos de salud sexual y reproductiva. La mujer Luego del inicio de la cuarentena en San Pablo, el Hospital Pérola Byington, donde van las víctimas de violencia sexual, suspendió la realización de los procedimientos de interrupción del embarazo. Las mujeres movilizaron y volvieron a realizarse los procedimientos. Hace una semana circuló una “nota técnica” del Ministerio de Salud que designaba al aborto bajo los “casos previstos por la ley”, como un servicio esencial y que no debía ser interrumpido por el sistema de salud durante la cuarentena, como venían denunciando muchas organizaciones. Bolsonaro tuiteó el 3 de junio que la nota es apócrifa y que el titular del ministerio está investigando quiénes fueron los autores. Dijo que el “Ministerio de Salud sigue fielmente la legislación brasileña”. La nota ‘apócrifa’ fue “elaborada por el equipo de Coordinación de Salud de la Mujer, que hace parte de la secretaría de atención primaria (…) firmado por tres coordinadores y una directora de área, y elaborado con el apoyo de la Organización Pan-Americana de Salud” (Nodal, 5/6). La nota (1/6), responde a una normativa de la OMS de salud sexual y reproductiva como servicio esencial. Habla de “aborto legal” para referirse a las prácticas autorizadas por la legislación brasileña, Bolsonaro la atacó diciendo que en Brasil el aborto no es legal y no lo será. Echaron a dos miembros de MS. “A pesar de la cita del presidente, el texto de la nota técnica revocada no citaba una propuesta para legalizar el aborto en general, sino solo el mantenimiento de los servicios en los hospitales para los casos previstos por la ley, hoy restringidos a situaciones de embarazo después de violación, que amenazan la vida de la madre y los fetos anencefálicos” (ídem). El documento dice que “deben considerarse servicios esenciales e ininterrumpidos para esta población: servicios para el cuidado de la violencia sexual; acceso a anticoncepción de emergencia; el derecho de las adolescentes y las mujeres a la SSSR [salud sexual y reproductiva] y al aborto seguro en los casos previstos por la ley; prevención y tratamiento de infecciones de transmisión sexual, incluido el diagnóstico y tratamiento del VIH / SIDA; y, sobre todo, incluir la anticoncepción como una necesidad esencial” (OGlobo, 5/6). Es un ataque en regla a todas las mujeres y al conjunto de la población. Especialistas denuncian que se utiliza la COVID-19 como excusa para no brindar métodos, no acompañar un embarazo, o realizar la interrupción legal del embarazo. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la incapacidad de obtener anticonceptivos durante la pandemia puede llevar en seis meses a siete millones de embarazos no deseados en el mundo. Los centros sanitarios brindan atención mínima y muchos hospitales no dan respuesta a las necesidades de salud sexual. Las propuestas de brindar atención por medio de la “Telemedicina”, sólo refuerza la diferenciación social. A la par de la pandemia, crece la violencia del Estado contra la mujer.

8 de junio de 2020
La estatua de Churchill en la Plaza del Parlamento

Las movilizaciones de estas últimas semanas en Londres han tomado las páginas de los principales diarios. Son parte de la lucha internacional contra el racismo y el fascismo desenvuelta en todo el mundo como respuesta al asesinato policial de George Floyd, en la ciudad estadounidense de Minneapolis. Las movilizaciones en Londres tomaron como uno de sus lugares la estatua de Churchill en Parliament Square, Westmister. Los manifestantes escribieron que Churchill “era un racista”, en referencia a tantos comentarios xenófobos del líder conservador, pero sobre todo, y sobre la política colonial del imperio británico, carne y uña del racismo. Pero no fue la única estatua objeto de las manifestaciones en el mundo: “las de los ex primeros ministros Lord Palmerston y George Canning, así como la de Abraham Lincoln, el presidente estadounidense que precisamente abolió la esclavitud, también han sido pintadas con el lema de Black Lives Matter. En Bristol, la ciudad de Banksy, derribaron y arrojaron al río el monumento dedicado a Edward Colston, un destacado comerciante de esclavos del siglo XVIII. Durante sus años en la Royal African Company (1680-1692), en torno a 84.000 hombres, mujeres y niños africanos fueron enviados a trabajar a las plantaciones de azúcar y tabaco en América y el Caribe” (elespanol, 8/6). Bengala, una masacre imperialista El 12 de agosto de 1941, Churchill y Roosevelt firmaron la “carta atlántica” que respetaba el derecho de los diferentes pueblos a elegir la forma de gobierno en el que deseen vivir, pero Churchill aclaró que para todos menos para la India, colonia británica. El objetivo de Gran Bretaña era preservar el imperio, y sólo por ese motivo enfrentaba a Hitler. Churchill hablaba de “razas amarillas” para referirse a los asiáticos, y proponía tutelarlos para que “no causen problemas” (Bambery, 354). El objetivo de Churchill era seguir explotando a 500 millones de personas: “No dejaremos que los hotentotes, por el voto popular, arrojen al mar a los blancos”. La India era la joya del imperio británico, un enclave bélico contra el eje. Su ferrocarril era el abastecimiento de las tropas. Gandhi y Nehru eran dirigentes que reclamaban la independencia luego de la guerra y promovieron una campaña que paralizó las líneas férreas. El movimiento obrero lanzó una huelga en 1942, con epicentro en la gigantesca planta de acero Tata Steel en Jamshedpur, y una huelga general de tres meses en el rubro textil. La respuesta fue el bombardeo de la RAF sobre los manifestantes que tomaron la ciudad de Patna (el PC Indio defendía a los británicos y denunciaba las huelgas como antagónicas a las lucha contra los nazis). El saldo fueron 100.000 detenidos y 10.000 muertos (Gluckstein, 199). No satisfechos con ello, Churchill promovió la idea de un estado “musulmán” en India, o sea, religioso. La política del imperialismo de utilizar diferencias raciales o ideológicas para dividir la lucha de la clase obrera. En 1943 la hambruna de Bengala fue producida por la orden de Churchill de vender excedentes de arroz en Oriente y utilizarlo para las tropas británicas. Causó la muerte de más de 5 millones de personas. Sin necesidad alguna, porque no había ningún tipo de escasez o necesidad. La hambruna fue una política deliberada por parte de Churchill para castigar a los indios por sus intentos de sublevación. Se aplicó también una política de “tierra arrasada”. Churchill declaró “Odio a los indios. Son un pueblo bestial con una religión bestial” y dijo que la hambruna era culpa de ellos porque “se reproducen como conejos”. “En conjunto, en 1943, la producción de arroz no sufrió mengua, pero las familias de jornaleros, campesinos y pescadores de Bengala vieron caer sus ingresos dos tercios, desde 1940, mientras el precio del arroz se disparaba” (Bambery, 360). Muchos hambrientos llegaron a Calcuta, las autoridades británicas los expulsaron “a morir en el campo”. Churchill bloqueó el envío de 100.000 toneladas de trigo y cereal desde Canadá. Churchill era un genocida racista, un imperialista de pura cepa. Estos crímenes del imperialista y racista Churchill se suman a tantos otros reproducidos en las diferentes colonias británicas. Entre otras cosas, apoyó al sionismo y la ocupación de Palestina. Como también a la campaña de los aliados bombardeando poblaciones civiles como Desde. Mientras la hambruna se producía en Bengala, Churchill ordenó la “masacre de Atenas” contra el pueblo griego organizado (EAM-ELAS) que había derrotado a los nazis y habían tomado el control de la capital. Las tropas británicas entraron masacrando a decenas de miles de militantes y recuperando el control de la ciudad. La lucha contra el racismo es inseparable de la lucha contra el imperialismo y el capitalismo. Bibliografía: Bambery, Chris, “Historia Marxista de la Segunda Guerra Mundial”. Gluckstein, Donny, “La Otra Historia de la Segunda Guerra Mundial”.

8 de junio de 2020
Alan Maidana: movilización contra el “gatillo fácil” en Berazategui

La tendencia del Partido Obrero de Berazategui, junto a compañeros de la UJS, del Polo Obrero-Tendencia y compañeros del Comité de Acción Barrial de Florencio Varela, nos hicimos presentes, con una delegación, en la movilización (con distanciamiento social) de este viernes 5 de junio por justicia por Alan Maidana, víctima del gatillo fácil en nuestro distrito. Alan, de 19 años, con todo un proyecto de vida por delante, estaba esforzándose por terminar el Colegio Secundario. Era un pibe de una barriada de condición humilde. Fue asesinado el domingo 24 de mayo a manos del agente de la Policía Federal, Germán Bentos. Más de 200 vecinos y jóvenes marchamos desde la Av. Florencio Varela y calle 114, donde cayó asesinado Alan Maidana, por un tiro que le ingresó por la nuca, hasta el Cruce Varela. Cortamos el Cruce durante más de 1 hora. El asesino está detenido y la fiscalía caratuló la causa como "homicidio agravado". Pero en estos casos, si no hay movilización popular, la corporación policial y judicial, el Estado y el régimen político, maniobran para la impunidad. El asesino sostiene que “se defendió de una agresión a su auto con objetivo de robo”. No lo vamos a permitir. El pueblo argentino tiene una larga trayectoria de lucha en materia de la defensa de los derechos humanos y las libertades democráticas, contra la represión institucional y el gatillo fácil. Según denuncian organizaciones humanitarias, desde 1983 (fecha en la que se restableció el orden "constitucional") se registran más de 5.300 casos de "gatillo fácil" o asesinatos a manos de fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo los ocurridos en protestas populares. Una víctima por día, como promedio, en los últimos 5 años, de una tétrica estadística que ha ido en ascenso, a la par de la descomposición de los aparatos del Estado. Y estos números reflejan solamente los casos que se denuncian, toman publicidad y conocimiento público. Muchos casos no se denuncian por el temor de las familias a represalias, por la estigmatización social, ya que en muchos casos los jóvenes que son víctimas del gatillo fácil son denostados por el régimen por presentar prontuarios delictivos. No es el caso de Alan Maidana, ni de la mayoría de los casos, que han dado a procesos de lucha vecinales, democráticos. Casos como los de Luciano Arruga, mostraron como la policía pudre a la juventud de los barrios pobres, los fuerza y los coopta a delinquir para sus "cajas negras". El gatillo fácil no es otra cosa que una ejecución extrajudicial, a manos de instituciones estatales cuya lógica última es el disciplinamiento social para preservar un régimen social en descomposición, que la crisis del capitalismo lo lleva al paroxismo; instituciones que además carecen del más mínimo control y fiscalización popular. Desde la masacre de Budge, pasando por Walter Bulacio, Luciano Arruga, los Qoms, Luis Espinosa en Tucumán, el accionar estatal es el mismo. La justicia se logra sólo a base de la organización y movilización popular contra el Estado y el régimen político, donde hay que sortear desde las maniobras de la "policía científica", la "institución armada", fiscales y jueces, el poder político, y todas las cooptaciones que se intentan en el medio con los familiares de las víctimas. En el caso de Alan Maidana ya ha metido “la cola” la “Dirección de Políticas contra la Violencia Institucional, de la Subsecretaría de Derechos Humanos” del gobierno bonaerense, y la “Dirección de Grupos en Situación de Vulnerabilidad”, o sea el taparrabos que llega luego de cada asesinato policial, NUNCA logró evitar que se sigan sumando nuevas víctimas. El gatillo fácil como violencia institucional, como política no asumida del Estado “democrático”, es un mecanismo de control e intimidación social, es el producto de un régimen social en descomposición que exuda violencia por todos sus segmentos. Justicia para Alan. Pongamos en pie una comisión de lucha independiente, con familiares, vecinos y jóvenes del barrio, que le dé continuidad a la lucha y garantice justicia. Que oriente la lucha por justicia como una exigencia al Estado, al poder político. Basta de gatillo fácil contra la juventud de los barrios.

8 de junio de 2020
Crisis en las villas: conclusiones de un debate

Alrededor de 100 compañeros y compañeras, trabajadores, activistas y militantes participaron este sábado del plenario convocado por las agrupaciones Tribuna de Salud, Tribuna Docente y por el Polo Obrero (Tendencia) para debatir la crisis acuciante que atraviesan los llamados barrios “vulnerables”, o vulnerados, ante la emergencia de contagios de Covid. Participaron profesionales de la salud de hospitales como el Moyano, el Penna, el Ramos Mejía o el Tornú, de diferentes CeSACs, trabajadores sociales dependientes del GCBA, docentes de las escuelas de Villa Oculta, las villas 20, 21-24 o 1-11-14 de Bajo Flores, del plan Fines, de referentes del Polo Obrero de Villa 31, de La Boca y de diferentes barrios de CABA y el ex legislador y dirigente de la Tendencia del Partido Obrero, Marcelo Ramal. El plenario abordó la situación dramática que se desarrolla en las barriadas. Los activistas y militantes villeros fueron quienes, en ausencia de toda previsión y acción planificada desde el Estado y los gobiernos de CABA y Nación, les pusieron el cuerpo a las necesidades más urgentes. Las diferentes intervenciones dieron cuenta de cómo las condiciones de hacinamiento, carencia de recursos, de servicios elementales contradicen el mandato oficial, “quedate en casa”. Los gobiernos de la especulación inmobiliaria ahora corren desde atrás a la pandemia en las villas, poniendo de manifiesto el carácter trucho de sus “urbanizaciones” El lanzamiento del operativo “Detectar”, precario e insuficiente, se hizo una vez constatado el aumento de contagios. Esta precarización envuelve también a los trabajadores de salud, que luchan por sostener sus labores incluso a pesar de las directivas oficiales, y a los trabajadores de la educación, comprometidos en la asistencia alimentaria sin elementos de protección adecuados, y en una educación virtual sin medios a su alcance. La llegada del Covid a las villas, con más de 5.000 casos confirmados y 47 fallecidos al momento de realizar el plenario, puso en alarma a las organizaciones barriales, sociales y los trabajadores que desenvuelven sus tareas en esos barrios. Se realizaron asambleas comunes, intersectoriales, que pusieron por escrito sus denuncias y realizaron cortes y otras acciones de lucha, como ocurrió entre el Piñero y las organizaciones de Bajo Flores, o entre los CeSACs del Penna y la Villa 21-24 y barrio Zavaleta. Las reivindicaciones contra el hambre, la falta de elementos de limpieza y los cortes de agua y luz se unieron a los pedidos de protección para los trabajadores de la salud y educación y a la necesidad de establecer protocolos barriales para prevenir, detectar y asistir a las personas contagiadas. Caracterizamos que la “prolongación” de la cuarentena dispuesta por Larreta-Fernández-Kicillof ha dado vía libre a todo tipo de actividades comerciales y productivas no esenciales, y esto incrementará la circulación del virus, colocando al rojo vivo todos estos problemas no resueltos. El plenario profundizó en la situación de las ollas populares puestas en pie por el Polo Obrero gracias a una campaña solidaria de donaciones. Las ollas irrumpen en las barriadas, convocando y asistiendo sin distinción a los vecinos aledañas a ellas, rompiendo con la tradicional fragmentación que pretenden imponer los punteros y sus organizaciones integradas al Estado. Rechazamos la política tercerizadora de los gobiernos, que en algunos barrios pretendieron parcelizar las manzanas, colocándolas bajo la responsabilidad de diferentes organizaciones que quedarían convertidas en brazos ejecutores del Estado. En oposición a este intento de integración de las organizaciones sociales a una suerte de disciplina de la miseria, postulamos la transformación de las ollas en asambleas populares y la elección de representantes para conformar organismos colectivos, con delegados de las diferentes manzanas, organizaciones y sectores. El desarrollo de estas asambleas y comités, integrando a trabajadores de la salud y de la educación, es una tarea que cobra un contenido inconfundiblemente político. Empujados por la crisis y la necesidad de dar respuesta a los problemas más acuciantes, vecinos, activistas, docentes, trabajadores sociales y profesionales de la salud ponen en pie una organización propia, que confronta con la organización social dispuesta en la Ciudad y su política anti-sanitaria de rescate a los capitalistas. El plenario votó emitir una declaración alentando este proceso de unificación por abajo y la construcción de redes y comités comunes allí donde aún no existen. Una primera parada la tendremos este próximo miércoles 10 de junio, donde diferentes asociaciones y asambleas coordinarán una jornada de lucha de la salud, con cortes, aplausazos y acciones en hospitales, CeSACs y las barriadas, ante la parálisis cómplice de las grandes organizaciones sindicales. LEER MÁS Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

8 de junio de 2020
Precarización, pandemia y muerte en el Ferrocarril Mitre
Alexander Vladimir

Miguel Ángel Olmedo, de 64 años, trabajador de seguridad del ferrocarril Mitre, falleció tras contagiarse coronavirus en su puesto de trabajo. Clarín dice que “Más de 40 trabajadores de las líneas de ferrocarril Mitre y San Martín fueron aislados tras la muerte de uno de sus compañeros a causa de coronavirus y la detección de otro caso positivo” (3/6). La familia de Miguel responsabiliza a Murata S.A., la empresa de seguridad privada en la que trabajaba. “Según contó su hija, Nilda, Olmedo se comunicó con recursos Humanos de la empresa para solicitar licencia. Le fue otorgada hasta el 13 de abril y al prolongarse la cuarentena, comenzó a ser hostigado por la empresa para volver a trabajar” (eltribuno, 6/6). La hija explica: “Mi papá quería cumplir pese a que estaba a tres meses de jubilarse, pero tenía cierto temor porque a mi hermano ya lo habían despedido de la empresa. Pidió dos semanas de licencia médica y le dijeron que iba a ser sin goce de sueldo. Cuando volvió a trabajar lo castigaron cambiándolo de lugar: lo mandaron del Cementerio de Recoleta a la Villa 31. Lo obligaron a viajar más de 3 horas y a un lugar donde existe un mayor riesgo de contagio” (periodicoelprogreso, 4/6). Agregó que “el personal de MURATA no cuenta con los elementos de bioseguridad para trabajar” (ídem). La empresa había sido denunciada por los trabajadores por no aplicar medidas de seguridad y protocolos. Empresas y Estado contra los trabajadores esenciales Los trabajadores de seguridad privada son uno de los rubros más precarizados y golpeados por la crisis económica y la pandemia. Desde el primer momento, la seguridad privada fue denominada “actividad esencial”, pero las empresas no les proveyeron a sus trabajadores los materiales necesarios para su cuidado, como los barbijos, alcohol en gel, buenas condiciones de trabajo. Se obliga a los trabajadores a comprar los materiales de prevención, a pesar que su salario no cubre ni la mitad de la canasta básica. Murata es contratista del Estado y es una de las empresas con mayor número de contagios en el rubro de seguridad privada, e incluso con un muerto, ha tenido que aislar a más de 70 compañeros entre tres servicios -la cabecera de retiro de la línea de tren San Martín, el centro cultural Kirchner y el parador de indigentes de la villa 31 (donde falleció el vigilador Miguel Olmedo)- lo que pone de manifiesto la irresponsabilidad de las autoridades de Murata y las de Trenes Argentinos. Los trabajadores denuncian persecuciones laborales, despidos y suspensiones de trabajadores sin goce de sueldo y que deben trabajar más horas de lo habitual para llegar al básico. El personal de estaciones no tiene control alguno, tampoco se reforzaron la limpieza y las medidas de higiene, en algunos baños no hay agua o están directamente clausurados. El personal ferroviario también ha sufrido una reducción salarial disimulada, pues aquellos que no pueden trabajar no cobran sus viáticos, ni la dieta, lo que reduce su salario considerablemente. Los trabajadores hicieron asambleas y pararon por todas estas demandas. Los compañeros de la empresa de Federal Service, de seguridad privada, están en una situación similar, cobrando un salario de 22 mil pesos promedio, porque según la empresa no trabajan las horas suficientes para llegar la básico (200 horas en seguridad privada). Alberto Fernández, Larreta y Kicillof flexibilizan la cuarentena exponiendo a la clase obrera al contagio. Ponen así a los trabajadores entre dos alternativas fatales, morir sin salario y comida o morir por el COVID19. El Ministerio de Trabajo no hace nada frente a las denuncias de los trabajadores, beneficiando a estas empresas negreras. Los trabajadores de seguridad discuten en asambleas protocolos hechos por los trabajadores, aumento de emergencia para llegar a la canasta básica, realización de testeos masivos, cuarentenas pagadas por las empresas, reducción de la jornada sin afectar el salario, paritarias ya, y el plus por trabajo esencial.

8 de junio de 2020
Para defender al IPS se impone la lucha por el pase a planta permanente

La asamblea de trabajadores enrolados en ATE en la Legislatura bonaerense convocada para, entre otros temas, debatir la situación deficitaria de nuestra caja previsional, concluyó que la principal causa del déficit es la precarización laboral que, con múltiples modalidades, venimos sufriendo los estatales desde hace décadas. Los gobiernos que se sucedieron en la gobernación, pasando por Scioli y Vidal y ahora Kicillof, tuvieron como denominador común la precarización laboral y sueldos depreciados por debajo de la inflación. Dos elementos que influyen directamente en la recaudación del IPS, al que hay que agregar los desvíos arbitrarios y desmanejos de sus fondos. La alarma se disparó con el Decreto Nº261/2020, firmado por el gobernador Kicillof, referido a un convenio bilateral entre Anses y la Provincia para el financiamiento del IPS. El convenio fue firmado en el contexto de la Ley 27.260 de Reparación Histórica, que establece la armonización de las cajas previsionales provinciales con la ANSES y un mecanismo de simulación que le otorga crédito a favor a cambio de la base de datos. La caja previsional de los empleados estatales de la Provincia fue superavitaria durante más de 26 años. Sin embargo, hoy, a través del decreto en cuestión, se recurre a un rescate económico de 6.000 millones de pesos para cubrir el déficit de la caja previsional provincial del ejercicio del año 2019. La principal causa para convertirla en deficitaria, aunque no la única, y que impacta directamente a las condiciones laborales de los estatales, es la precarización laboral a la que están sometidos miles de trabajadores de la provincia. Las diferentes modalidades creadas para precarizar a los estatales, como monotributistas, cooperativas de trabajo, becarios, y servicios tercerizados provocan el desvío de fondos a Nación, dado que sus aportes no entran al IPS, aunque sus magros ingresos son provinciales. Las sumas fijas -que no son remunerativas ni bonificables y conforman los salarios- también desfinancian la caja. Por último, el otro factor generador de déficit es que, durante la mayor parte del tiempo, los gobiernos de la provincia han recurrido a ella para financiarse a un bajo costo, emitiendo a cambio Letras de Tesorería en función del excedente que los aportes acumulados de los trabajadores generaban. El gobernador Axel Kicillof culpabiliza el déficit del IPS a la gestión anterior, argumento recurrente en cada cambio de gobierno, pero, sin embargo, no ha hecho ninguna auditoría ni investigación que busque determinar las responsabilidades políticas correspondientes. Según Eduardo Santín, presidente de la Caja, el IPS tiene un déficit de $20.000 millones desde 2017 al 2019. La relación entre trabajadores activos y pasivos fue fuertemente declinando a lo largo de los años, acentuándose en el gobierno de Cambiemos: mientras en 2015 la relación era 3,47 trabajadores activos por cada pasivo, en 2019 cayó a 2,47 activos por cada jubilado. Ante esta situación, la asamblea, que contó con la presencia de trabajadores legislativos jubilados, concluyó que para defender y sanear nuestra caja se impone el fin de la precarización laboral. Terminar con los servicios de maestranza tercerizados y pase a planta permanente a todos los contratados es la tarea. Exigir una auditoría independiente, por parte de una comisión de jubilados y trabajadores que determine dónde están nuestros aportes. Para que no nos ocurra los que a los trabajadores cordobeses -donde, en una sesión exprés, la Legislatura aprobó la “armonización” con el Anses-, nos declaramos en estado de alerta y nos organizamos para librar esta lucha por el blanqueo de las sumas fijas, pase a planta permanente y apertura de los libros y un IPS dirigido por los trabajadores activos y jubilados. Reapertura de la paritaria por un salario mínimo igual a la canasta familiar. Nos pronunciamos por el no pago de la deuda externa. Los fondos del IPS y del Anses son nuestros aportes, por lo tanto, son nuestros sueldos diferidos. Ésta es una tarea que el conjunto de los trabajadores activos y jubilados estatales tenemos por delante. Por la conquista de estos reclamos, manos a la obra.

8 de junio de 2020
La Matanza: trabajadores de “El orden” en lucha por sus salarios

El jueves 4, los trabajadores de la fábrica El Orden realizaron un corte de la ruta 3 con una olla popular y bloqueos de portón denunciando suspensiones, rebajas salariales y una deuda del 50% del salario del mes de abril. La fábrica de empanados, ubicada en San Justo, La Matanza, pertenece al rubro de la alimentación, por lo que está exenta del decreto de aislamiento social obligatorio. Pero a pesar de que la fábrica está trabajando los tres turnos, la patronal ha suspendido a 130 de los 180 trabajadores que trabajan en la planta y sólo les han abonado el 20% del salario por los días suspendidos. El incumplimiento de los pagos viene de larga data. En 2018, la patronal despidió a 10 compañeros y comenzó a depositar las quincenas en cuotas. En enero del 2019, también por el incumplimiento de los salarios, los trabajadores también realizaron acciones de lucha. Ahora, la excusa que pone la empresa es que no le depositaron el ATP para no pagar los salarios mientras la empresa funciona, produce y vende desde el inicio de la pandemia. Cristian Cabeda, delegado de la planta denunció que están suspendidos desde el 22 de abril. “Hubo suspensiones arbitrarias, están haciendo uso del artículo 223 bis, lo cual no es legal ya que no tienen homologación del ministerio o acuerdo entre partes”, remarcó. “Hoy nos está pagando el 20% de las suspensiones mientras que nos habían ofrecido el 70%, porque supuestamente el Estado iba a dar el ATP pero todavía no se lo dieron. Esperan eso y nosotros todavía seguimos pagando la pandemia con este 20% miserable”. El día 23 de abril pasado se hizo la denuncia por parte del sindicato STIA en el Ministerio de Trabajo, de la cual aún no hay respuestas. Los trabajadores se encuentran discutiendo un nuevo bloqueo de portones y corte de ruta. Hacemos nuestro un extracto del texto que difundieron los trabajadores en un comunicado de prensa: “con el sueldo de los compañeros no se jode. Unidad de los trabajadores y al que no lo gusta se jode, se jode”. Todo nuestro apoyo a esta lucha.

8 de junio de 2020
El vaciamiento de Escuela de Maestros estalla con la pandemia
Tomás Rieznik

El 2 de junio se abrió la inscripción para los cursos de capacitación docente del segundo bimestre en Escuela de Maestros (ex CePA). En menos de 24 horas se agotaron todas las vacantes. Lo mismo pasó en la anterior inscripción. En momentos donde la pandemia obligó a la suspensión de las clases presenciales y todos los docentes debieron rápidamente migrar hacia el entorno virtual, el GCBA, a través de Escuela de Maestros, la institución que da cursos de formación y actualización gratuitos para docentes de todos los niveles educativos de la Ciudad, no ha realizado capacitaciones en servicio en pos de brindar herramientas a la docencia. Por el contrario, sólo habilitó un curso para el uso de la plataforma Mi Escuela cuando intentaron imponerla de forma obligatoria. Para peor, en este segundo bimestre se agregó el límite de sólo permitir la inscripción a dos cursos. Durante los gobiernos de Macri y Larreta se realizó un pronunciado vaciamiento de la capacitación gratuita y a cargo del Estado que estaba representada en CePa –hoy Escuela de Maestros-, mediante el cierre de postítulos y una importante cantidad de cursos. La reducción paulatina de la oferta de cursos gratuitos forma parte de las reformas educativas (UniCABA) y está hecha a la medida de las empresas privadas, que ofrecen opciones pagas que usualmente otorgan mayor puntaje. Cómplice de este vaciamiento es la burocracia sindical, que forma parte del negocio de cursos arancelados. Ejemplo de esto es el postítulo de especialización en educación de adultos que se quedo UDA. Más grave aún es la situación si se toma en cuenta que desde 2017 el puntaje obtenido por cursos vence cada 5 años, lo que en nombre de la “formación permanente”, asegura todos los años un público cautivo de docentes que, en carrera para titularizar, deben acumular puntaje a través de estos cursos. La formación docente es un derecho y debe ser garantizada por el Estado en forma gratuita y en servicio. Sin embargo, el Gobierno de la Ciudad no sólo ataca nuestro derecho a formarnos, sino también los derechos laborales de los docentes capacitadores. Desde el verano los docentes de Escuela de Maestros han estado en estado asambleario y realizando distintas acciones de lucha por sus condiciones laborales. Al igual que los docentes de los postítulos que intentan cerrar, los capacitadores forman parte de la planta precarizada con contratos que no están bajo convenio, sin actualizaciones salariales y con haberes muchas veces adeudados. Exigimos la apertura de más cursos y vacantes para que los docentes puedan formarse de forma gratuita, con una amplia oferta para poder decidir y con docentes que no se encuentren en condiciones de precariedad laboral. Rechazamos el desmantelamiento de Escuela de Maestros para que avance la UniCABA y así favorecer la privatización de la formación docente.

8 de junio de 2020
Hospital Mercante: cómo nos preparamos para la jornada de lucha del 10
Silvia Mitchenko · Paola Trejo

Después de 70 días de cuarentena y congelar las luchas, las distintas burocracias estatales quieren disimular su parálisis llamando a una actividad de protesta para el miércoles 10. Una actividad que ni siquiera se molestan en difundir o preparar. Sin embargo, desde el activismo independiente estamos trabajando para que ese día sea una gran jornada de lucha por los reclamos que venimos luchando los trabajadores de la salud. El miércoles 10 por la mañana haremos una radio abierta junto con los compañeros del Hospital para visibilizar nuestros reclamos- EPP y testeos masivos todo el personal de la salud, aumento salarial acorde al costo de la canasta familiar, hoy arriba de $60 mil pesos; reapertura de paritarias. En el hospital tenemos un reclama particular, porque faltan 32 cargos para contingencia Covid19, más lo nombramientos de los pendientes de la gestión anterior. Un escándalo que, en medio de una pandemia, falte muchísimo personal. Durante el fin de semana estuvimos recorriendo el hospital para divulgar la actividad entre los compañeros. Vamos a sumar a los compañeros de las salitas descentralizadas y la UPA de José C. Paz, que están con las mismas problemáticas. También vamos a realizar una fuerte campaña en los medios de comunicación locales para darle la más amplia difusión la jornada. Por último, nos comunicaremos con delegados y comisiones internas de otros hospitales de zona Norte para que envíen declaraciones con sus reivindicaciones particulares para ser leídas en la radio abierta. Concientizar a los compañeros de la necesidad de la unidad y coordinación es nuestro objetivo en esta jornada. Los contagios ascienden entre los colegas; las presiones para trabajar sin EPP son moneda corriente, así como, las sanciones; pero también son moneda corriente los triunfos, como lo demuestra la reincorporación de las siete enfermeras suspendidas en el hospital de Boulogne. Hasta aquí queda demostrado, desde el inicio de la pandemia, que las medidas que no exijamos y reclamemos los propios trabajadores nadie más lo hará nuestra. Instamos a todos los sectores comprometidos e involucrados en la lucha de los trabajadores de la salud a acompañar esta actividad y a hacer del 10 una gran jornada de protesta contra la política de vaciamiento de nuestros hospitales.

8 de junio de 2020
El PDT (T) y el comité barrial plantaron bandera por el 3J en Florencio Varela

El PDT (T) y el comité barrial plantamos bandera por el 3J en Varela. Fuimos las únicas organizaciones que protagonizamos una jornada de lucha. El resto de las organizaciones se llamó a silencio. En Varela levantamos una tribuna de denuncia con una radio abierta, banderas y más de 300 declaraciones que atrajeron a decenas de mujeres con sus hijos y a los trabajadores, porque denunciamos el vaciamiento del hospital local "Mi pueblo", mientras nos presentan un Ministerio de la Mujer no destinan recursos para darle respuesta a la violencia de género. Para dar un ejemplo, en Varela hay una Secretaría de Género sin equipo de psicólogos, sin trabajadores sociales suficientes, y un solo hogar refugio sin cupo suficiente. El gobierno “resuelve” estas carencias flexibilizando a los trabajadores del equipo de planta, cuando las denuncias de violencia de género pasaron de 30 a 180 casos por mes. Estas cifras se suman a la falta de asistencia alimentaria, falta de trabajo y de subsidio al desocupado. El hambre crece y la rabia también. Es necesario un canal de expresión para semejante situación que agobia en cada hogar. Por eso llamamos a ponernos de pie en la lucha por nuestras necesidades más urgentes, que chocan con un estado impotente, ya que elige subsidiar de manera millonaria a los patrones y pagar intereses de deuda externa. La lucha es de vida o muerte. A la actividad se sumaron compañeros independientes, simpatizantes y de comedores kirchneristas. ¿Por qué? Porque no están recibiendo mercadería para sus ollas populares, no hay testeos masivos, ni hay asistencia sanitaria y sanitizante para protegernos del covid-19. Desde el comité barrial votamos continuar con un petitorio por todos estos reclamos y movilizarnos al municipio para arrancar soluciones. ¡Adelante, compañeros! LEER MÁS La mujer en este aniversario del #3J

8 de junio de 2020
Critica a la nota y caracterización sobre represión en Chaco

La primer parte de la nota “Chaco: abajo la represión de Capitanich” nos ilustra de los sucesos acaecidos en la localidad de Fontana, en una comisaría donde torturaron a un joven y sobre la represión contra la organización 15 de Mayo, en la localidad de Quitilipi, todo en la provincia de Chaco. Luego, continúa la nota, se plantea que “en el barrio Toba, ubicado en Fontana, se esparce el virus entre los asentamientos precarios, el hambre y el hacinamiento. La respuesta del gobierno de Capitanich ha sido emular los ´cordones sanitarios´ de Kicillof- Berni (…) Ha quedado desnudado el abordaje reaccionario y represor de la pandemia por parte del gobierno Capitanich, para la cual no ha ofrecido ninguna respuesta sanitaria. Así lo demuestra la instalación del ghetto en el barrio Toba”. Y remata: “Repudiamos la represión del gobierno Capitanich. El pueblo chaqueño precisa un plan de testeos masivos; y la asistencia sanitaria y alimenticia a los barrios que han sido abandonados durante décadas.” Surge de la nota, por lo tanto, que la represión descargada contra la comunidad Qom es consecuencia de la pandemia y la situación de cuarentena obligatoria. Si bien la denuncia que realiza el compañero coincide con el establecimiento de la cuarentena, la represión no es producto de ella, ya que desde hace años se vienen denunciando las agresiones contra la comunidad Qom y la miseria atroz en la que viven - desnutrición, falta de agua potable, viviendas precarias y mala atención en salud. Pero lo sucedido trasciende todos estos problemas. El planteo debería ser más directo sobre la responsabilidad del Estado, de sus órganos represivos y al poder político que se vale de ella. Estos hechos no pueden ser solo repudiados que, dicho sea de paso, quién ve lo sucedido no podrá más que repudiarlo. Ante semejante hecho, el cual debe ser “desligado” de la cuarentena, porque no es la causa, la represión en las provincias de Chaco, Formosa, el NOA es sistemática; los policías que actuaron en la redada no pueden actuar de esa manera si no es por el hecho de que se sienten inmunes a ese tipo de actuaciones, es un método establecido que, a diferencia de otras redadas, esta ha tomado estado público. El planteo no puede ser que “… el pueblo chaqueño precisa un plan de testeos masivos; y la asistencia sanitaria y alimenticia…” ante un acontecimiento como el sucedido. Se debe denunciar al aparato represivo y al sistema político que se vale de ese aparato represivo para subsistir y sojuzgar a toda la clase trabajadora y democrática del chaco. Creo que hay que ajustar, sobre el caso particular, el planteo, en primer lugar, debe partir por denunciar al Estado como responsable, no solo repudiar la represión. Hay que hacer un llamado a movilizarse contra el aparato represivo, Denunciar a los responsables de la cadena de mandos de la Provincia exigiendo su desplazamiento y juzgamiento y denunciar las responsabilidades políticas. No se puede dejar pasar una caracterización del rol que juega el aparato represivo, por su propia naturaleza, que va más allá de la coyuntura de la pandemia, no es solo el repudio de un accionar, es explicar el rol sobre su destacamento armado contra el pueblo y recién en ese contexto plantear las reivindicaciones sobre la protección contra el Covid19, que, hasta cierto punto, frente a semejante accionar represivo es secundario.

8 de junio de 2020
Tucumán: Call Centers, organicemos una lucha de conjunto
Corresponsal

El arranque de junio, para los trabajadores de los calls centers tucumanos, trajo de “regalo” enormes descuentos salariales, especialmente para quienes no pudieron hacer teletrabajo o lo hicieron de manera parcial el último mes. Tanto Teleperformance (TP) como Atento y Aegis, tres sites que agrupan a más de 6 mil trabajadores, realizaron recortes salariales masivos llegando, en algunos casos, ¡al 100% de rebaja! Indignados, compañeros de una de las sedes de TP realizaron una convocatoria en la entrada del call, imponiendo un paro parcial a la empresa y realizando una asamblea autoconvocada en la puerta. Anoticiados por esta respuesta autoconvocada y de carácter excepcional a una de las patronales más prepotentes del rubro, y para evitar un desborde, apareció en el lugar el secretario general del sindicato de comercio (SEOC), Brito, tratando de evitar que la medida de fuerza, “colgar la vincha”, se replique en todo el call y en otras empresas. La situación llamó la atención de todos los medios locales porque es sabido que TP no permite queja alguna sin tomarse revancha, algo que el gobierno y el sindicato han permitido que durante los 12 años que lleva instalada la empresa. No hay delegados y se despide sistemáticamente a los activistas. Se apilan los juicios contra la empresa por despidos sin causa y persecución gremial. Por la firmeza de los compañeros, la patronal no tuvo más que aceptar pagar el 100% del salario de quienes están haciendo teletrabajo desde el 15 de mayo y un 80% para el resto de los compañeros, estén haciendo Home Office o trabajando de manera presencial. Quedó para otra reunión ver la situación de los compañeros que estaban contratados por un mes y no fueron renovados. Por otro lado, la directiva del gremio tuvo que comprometerse a asegurar que se forme un grupo de delegados dentro de TP. En ese mismo día y en reclamo por los descuentos, en Aegis, hubo otra concentración autoconvocada en la puerta y por la tarde se realizó una similar medida en Atento. El malestar se ha extendido porque las provocaciones son demasiadas. El mes pasado, abril, las empresas desdoblaron el pago de haberes y retrasaron el pago una semana, los empleados/as que realizaban Home Office recibieron un 30% del sueldo en la fecha normal del pago y recibieron el resto en la otra semana. Además, los trabajadores que no podían realizar esta actividad tuvieron que esperar. De esta manera la empresa ya camuflaba una irregularidad, mover la fecha de cobro, creando una división entre los que trabajan y los que no pueden, repitiendo la fecha de pago demorada en este mes, consagrando esta irregularidad. Manzur ha habilitado la vuelta a la “normalidad” de los calls centers mediante un protocolo sanitario en extremo antiobrero, pues en este se quita gran parte de las responsabilidades a las patronales para prevenir el Covid-19, dejando a cargo de los laburantes llevar los barbijos y la limpieza de sus instrumentos. Por otro lado, aunque el trabajo telefónico tranquilamente podría hacerse desde la casa y el protocolo dice que debe “promoverse”, las empresas no se hicieron cargo de fomentarlo en toda la pandemia. No brindaron los elementos necesarios -PCs, conexión a internet, vincha y demás- a pesar de que los compañeros tenían predisposición de realizar home office. Teleperformance está yendo aún más a fondo, realizando entrevistas masivas para contratar personal que ya cuente con todo el material para hacer home office. Esto no es otra cosa que un apriete a los trabajadores para que vuelvan a los call center arriesgando su salud y las de sus familiares y allegados de manera innecesaria. Por su parte, la burocracia del SEOC se ha proclamado opositora de la federación nacional y declarado que pretende luchar por el 100% de los salarios, pero no ha movido un dedo. Los trabajadores y trabajadoras de los call-center necesitamos tomar una medida de conjunto para defendernos de estos atropellos. Llamamos a organizarnos en los distintos lugares de trabajo para tratar los problemas y organizar una coordinadora de los calls-centers, que organice las medidas por nuestros salarios y luche por la implementación del home office a cargo de las empresas, como así también por la implementación de las medidas de seguridad y el pase a planta de todos los contratados. Esta coordinación desde abajo es la única forma de defendernos de las represalias que puedan tomar las patronales y la única forma de defender nuestros salarios y salud. LEER MÁS Grandes rebajas y cómodas cuotas: “Aguinaldo Hot Sale”

9 de junio de 2020
Qué tiene que ver Vicentín con BlackRock

Pasaron unas horas de la intervención al grupo Vicentín, y Alberto Fernández se apresuró a aclarar que “no intervenimos empresas prósperas, sino a aquellas que están en quiebra”. Con ello, dejó en claro que el gobierno se apresta al rescate de un grupo capitalista en bancarrota. Las maniobras fraudulentas del grupo Vicentín son harto conocidas. La empresa tiene una deuda cercana a los 1.500 millones de dólares, donde se destaca el Banco Nación y la AFIP, pero -también- la banca internacional. El grupo culpó de su insolvencia a las sucesivas devaluaciones, que engordaron el monto de su deuda en pesos. Pero el 85% de sus ventas son exportaciones, que se cobran en divisas. Ocurre que una parte no determinada de esos ingresos queda en el exterior, en manos de las “subsidiarias” de Vicentin, con quienes el grupo triangulaba sus exportaciones en clásicas operaciones de subfacturación, que, por otra parte, son comunes a todas las grandes cerealeras. El posterior default de Vicentín transfiere a los acreedores la fantástica hipoteca de los préstamos impagos, pero deja en manos de los vaciadores los recursos fugados al exterior. El decreto oficial dejaría afuera de la intervención a estas empresas “controladas” y a otras subsidiarias, a donde Vicentín trasladó sus utilidades. La eventual expropiación posterior podrá capitalizar a favor del Estado argentino las deudas con el Banco Nación y con el Tesoro, pero también deberá tomar a su cargo la deuda de Vicentín con acreedores internacionales, que equivalen al 30% de sus pasivos actuales. En la conferencia de prensa, Alberto Fernández insistió con el concepto de hacer de Vicentín una “empresa testigo” del Estado en el mercado agroalimentario. Aunque Vicentin es un gran conglomerado, no tiene más del 10% de las exportaciones de estos productos, que están dominados por firmas internacionales como Dreyfuss, la americana ADM, Bunge y Cofco (China). Según trascendió, la intervención se precipitó cuando se supo que, en el marco del concurso preventivo, era inminente la compra de Vicentín por un grupo internacional o por un testaferro local de aquellos. La intervención parece haber frenado una operación que podía inclinar la balanza del negocio agroexportador local a favor de corporaciones norteamericanas o chinas. Pero el dominio de todas ellas sobre las exportaciones argentinas no queda desmentido por la intervención oficial. “Soberanía alimentaria”, esclavitud financiera Los derechistas argentinos se han mofado de los anuncios oficiales que relacionaron la intervención a Vicentín con la pretensión de alcanzar la “soberanía alimentaria”. Señalan que un país que exporta granos y derivados para abastecer a 400 millones de personas no puede sufrir ninguna restricción alimentaria en su mercado interior. Los agentes de la Rural y las exportadoras no se dan por enterados de que una parte importante de la Argentina se alimenta en comedores populares, porque el 40% de su población desempleada o precarizada no tiene con qué comprar lo que ofrecen los grandes pulpos de la industria alimentaria. Pero la intervención a Vicentín no va a resolver esa penuria, porque debe ser ubicada en el conjunto de la política oficial. En la misma semana de esta intervención, el gobierno ofrecerá a los fondos internacionales un arreglo de deuda que convertirá al Tesoro -y a toda la economía nacional- en una caja recaudadora de aquéllos. Acaba de trascender que, en esa oferta, podría incluirse un cupón atado al PBI o al ¡”crecimiento de las exportaciones”! (La Nación, 9/6). La captura de Vicentín ha sido presentada como un recurso para ´recuperar el control de nuestras divisas´. Pero incluso si fuera así, al menos parcialmente, el propósito final de este control es el pago de la deuda externa usuraria. Como en 2008, la estatización de Vicentin le ha generado al kirchnerismo un conflicto con el capital sojero. Pero como entonces, el choque no persigue la captura de la renta del campo argentino para una reorganización social – es una salvaguarda para el rescate de otra fracción del capital, el capital financiero internacional. Ese rescate tendrá lugar incluso en el marco de la propia Vicentín, que debe 430 millones de dólares a acreedores internacionales. La deuda externa privada de Argentina asciende hoy a unos 90.000 millones de dólares. Pero los activos argentinos en el exterior triplican esa cifra. Vicentín, en definitiva, es un retrato de la gran burguesía nacional. La quiebra de Vicentín es un botón de muestra de que la bancarrota argentina no es sólo una cuestión de las finanzas estatales. Detrás del déficit fiscal o del banco central, subyace la quiebra de la burguesía argentina y, por lo tanto, de todo un régimen social. El mismo gobierno que afirma un día que “estatizar es una locura” (en respuesta a la “compañera Vallejos”) debe salir al día siguiente en rescate de una organización social en disolución. El estado argentino, sin embargo, no tiene recursos para operar como rescatista del capital. La Federación Agraria ha salido a apoyar la intervención a Vicentín, en la expectativa de que los 2.600 productores que la proveyeron de granos cobren sus acreencias. Eduardo Buzzi, ahora oficialista, propuso una “futura participación” en la empresa expropiada. Implicaría convertir a esa deuda en acciones de una firma quebrada, y condenar a los productores a cobrarla con los recursos de su producción futura. El rescate de los vaciadores implica también esta confiscación. Los trabajadores El gobierno no se olvidó de mencionar que tanto la intervención como la expropiación de Vicentín apuntan a defender las fuentes de trabajo. La defensa de estos derechos, sin embargo, está asociada a otra reivindicación crucial – el control obrero, de las operaciones comerciales y de exportación y, naturalmente, la investigación de las maniobras pasadas de vaciamiento empresario y subfacturación. La exigencia de la apertura de los libros y del control de las operaciones debe convertirse en una plataforma para los trabajadores de toda la industria aceitera, y una palanca para un verdadero planteo antiimperialista: la expropiación sin pago de todo el complejo exportador cerealero y de los puertos privados; la formación de una empresa única de comercio exterior bajo control obrero; el desconocimiento de la deuda usuraria y la nacionalización de la banca. Un congreso de trabajadores del cordón industrial de Santa Fe podría unir estos planteos y esta lucha a la agenda inmediata por los protocolos obreros frente a la pandemia y la lucha por la estabilidad laboral. LEER MÁS Martín Guzmán debe renunciar

9 de junio de 2020
Las ollas vacías de Mussi y el Movimiento Evita

El armado con el cual el cuasi octogenario Barón del Conurbano retornó a la intendencia el pasado 10 de diciembre de 2019, replicó el armado nacional del “Frente de Todos”, una amalgama que incluyó al aparato histórico del PJ distrital, la vuelta al redil pejotista de ex “renovadores-massistas” y “ex peronistas de Cambiemos”, sectores de la burocracia sindical, el PCR- CCC, ATE-CTAA y el Movimiento Evita-CTEP. Como la cooptación peronista suele “pudrir todo lo que toca, y se deja tocar”, en estas horas ha estallado en el distrito un escándalo en relación a un hecho, en principio, trivial. Un periodista ´acólito´ del “viejo” Mussi, Jorge Tronqui, del Semanario “Verdad e Investigación”, denunció al subsecretario de Desarrollo Social Municipal, Matías Aguirre (Movimiento Evita-CTEP) por el manejo discrecional de los recursos del área y el acaparamiento de alimentos que deberían haber sido destinados a comedores, merenderos y ollas populares. Con esos alimentos se apuntala al aparato punteril municipal, ya que son excluidas de su distribución las organizaciones independientes. Según la denuncia de marras, producto de este acaparamiento, se habría vencido un tonelaje importante de asistencia alimentaria. De fondo, lo que estalló fue una crisis política entre Mussi y “el Evita”. Las “ollas de Mussi” y el Evita-CTEP, de cualquier modo, son insuficientes frente a las necesidades reales - funcionan de manera rotativa, una sola vez a la semana, en distintos puntos del distrito. A horas de la Jornada nacional de lucha de las organizaciones piqueteras combativas, prevista para el jueves 11 de junio, la tendencia del Polo Obrero de Berazategui ha formulado un planteo de movilización unitaria en el distrito por los todos los reclamos de los comedores, merenderos y ollas barriales autónomas a las que la Municipalidad ignora, mientras en Berazategui se arrojan a la basura alimentos no repartidos, pagados con el presupuesto público. Vamos a la Municipalidad con los reclamos de los barrios: asistencia con provisión de alimentos para los merenderos, comedores y ollas de las organizaciones y comunitarias autogestionadas, kits sanitizantes, elementos de limpieza, testeos masivos contra la extensión comunitaria del Covid19 (en un mes, se quintuplicaron los casos en Berazategui); fumigación de los barrios contra la expansión del dengue (que, en el distrito, suma más casos que el coronavirus), desratización y limpieza, obra pública de infraestructura y viviendas obreras para crear trabajo genuino con salario equivalente a la canasta familiar; pase a planta de los precarizados conchabados para tareas municipales, solución a los problemas de provisión y contaminación del agua de red municipal. Comités barriales que se pongan en pie en todos los barrios, por la apertura de los libros contables de la Municipalidad al control y fiscalización popular. El 11, a las calles por todos los reclamos. Por una cuarentena sin hambre. LEER MÁS Alan Maidana: movilización contra el “gatillo fácil” en Berazategui

9 de junio de 2020
Un temerario “regreso” a las aulas

En el marco de la flexibilización de la cuarentena, el gobierno nacional, con el concurso de los gobernadores, se apresta a programar el reinicio de las clases presenciales. Esto implica una movilización de quince millones de personas en todos los niveles educativos. La semana pasada debutó -con su primera reunión- el Consejo asesor para la planificación del regreso presencial a las aulas. Lo integran el ministro de educación, Nicolás Trotta, gremios docentes, funcionarios del ministerio de Salud, y otros especialistas. El objetivo del encuentro fue “avanzar hacia una planificación de los protocolos a implementar para el retorno a las clases en forma transparente, oportuna y consensuada” (Ámbito, 3/6). Un conjunto de provincias (Jujuy, Formosa, Catamarca, San Juan, Entre Ríos, Salta, La Rioja, Córdoba, Mendoza, Corrientes, La Pampa, Misiones y San Luis) ya habían fijado posición y dispuesto el regreso a las aulas en diferentes fechas y modalidades. En lo que respecta a la Provincia de Buenos Aires y CABA, foco de contagios, Trotta ha declarado, en Radio con Vos, que “el AMBA podría sumarse a la expectativa de volver en agosto si baja el nivel de los contagios” El Observatorio “Argentinos por la Educación” (OAPLD), a través de un informe, destacó cuáles son las medidas que se deberían garantizar en un protocolo: mayor distancia entre los estudiantes en el aula, barbijos obligatorios, contactos interpersonales reducidos, normas estrictas de higiene, controles de salud en la escuela y regresos segmentados por grupos (Diario BAE, 16/5). En escuelas de China, se implementó un protocolo que incluye cumplir una serie de postas antes de ingresar a las escuelas, que incluye fumigar sus zapatos, descartar el barbijo que usaron en el camino, pasar por una máquina de ozono, lavarse las manos y controlar la temperatura corporal. En la vecina Taiwán, los niños están protegidos por mamparas plásticas que separan a un pupitre de otro, impidiendo el contacto físico (Página 12, 11/5). La aplicación en Argentina de estas medidas de cuidado requeriría de un plan de inversión en infraestructura escolar sin precedentes en el país. El estado de los edificios escolares es calamitoso: escuelas sin agua potable, sin gas, techos que se caen y condiciones mínimas de seguridad e higiene que no se garantizaban desde antes de la pandemia. Sólo en la provincia de Buenos Aires, según un relevamiento de los sindicatos docentes, había 800 escuelas con problemas edilicios. En materia de hacinamiento, hay casos de hasta cuatro instituciones que comparten el mismo edificio. En otro relevamiento, sobre 700 escuelas de 126 distritos, en el 35% de ellas encontraron roturas y/o filtraciones de techos, faltante de aulas (21,4%), inconvenientes sanitarios (19,3%) y conflictos eléctricos (12,3%). Para “aumentar la distancia” entre los estudiantes -y con respecto al docente- se requeriría de la construcción de aulas para descomprimir los cursos superpoblados, instalación de pupitres individuales, espacios para realizar actividades físicas al aire libre, etc. Además, se debería proceder a un nombramiento masivo de los docentes faltantes en el sistema educativo para dividir los cursos. La toma de temperatura al ingreso de la escuela de docentes y estudiantes es otra medida crucial. El traslado de estudiantes requerirá el aumento en las frecuencias de los colectivos, para evitar la aglomeración. Los profes “taxis” también requerirán de controles estrictos para no esparcir el covid-19 de escuela en escuela. Otro tema que merece un tratamiento particular es como evitar la circulación del virus y la prevención de su contagio en los comedores escolares donde comen millones de chicos. Sin embargo, la CTERA le ha dado el visto bueno a este rumbo que han emprendido el gobierno y la oposición. CTERA plantea que la vuelta a clases se realice con el “consenso” de las organizaciones sindicales, pero no tienen el mandato ni el “consenso” de ningún docente para tal afirmación. En defensa de la vida y la educación La vuelta a clases “presenciales” de manera escalonada o mixta (presencial-virtual) ha colocado en la agenda de los trabajadores de la educación y del conjunto de la comunidad educativa un tema fundamental: no puede haber “retorno a clases” hasta que no estén garantizadas las condiciones de seguridad e higiene, la infraestructura escolar adecuada y garantizando todas las medidas para evitar la propagación y el contagio del virus. De lo contrario, podríamos asistir a una masacre sanitaria en las escuelas. El gobierno se apresta a firmar un acuerdo de deuda ruinoso con los bonistas extranjeros que significaría la ruina para la educación, la salud y las aspiraciones del pueblo, mientras la pandemia se desarrolla a toda velocidad en los centros urbanos. Debemos impulsar plenarios de delegados con mandato de escuela para elaborar un programa que contemple un plan de infraestructura integral, bajo control de las organizaciones sindicales de construcción de escuelas, aulas, reparación y reacondicionamiento de edificios escolares, y la exigencia de todas las medidas sanitarias y de higiene necesarias. Impulsemos una campaña de pronunciamiento en todos los sindicatos docentes colocando el rechazo al retorno a las clases presenciales sobre la base de defender la vida y la salud de los docentes y la comunidad educativa. LEER MÁS Redoblemos esfuerzos por la organización de los docentes de “gestión privada” en la Ciudad

9 de junio de 2020
Sobre el levantamiento del paro en Mondelez Pacheco

Los trabajadores de Mondelez Pacheco votaron el viernes pasado un paro total de actividades, en rechazo a la intención de la empresa de reiniciar el ciclo productivo cuando ya hay tres casos confirmados de Covid-19. Reclaman que se pare la producción durante 14 días para prevenir un brote masivo dentro de la fábrica. La conducción del Sindicato de la Alimentación (STIA), sin embargó, acordó el reinicio de la producción. Finalmente, al lunes siguiente, la Comisión Interna y la Verde del STIA forzaron el reinicio de la producción. Plantearon que "no había que excederse" y esgrimieron la posibilidad de descuentos salariales. Cuando la semana pasada, un trabajador había sido confirmado como positivo de Covid-19, la multinacional inició el protocolo definido por la Organización Mundial de la Salud, con el testeo de los trabajadores que hubieran tenido contacto estrecho. De los testeos realizados, dos casos más dieron positivos: la patronal evacuó al turno tarde y realizó una sanitización de la planta por 24 horas, y reinició la producción para el turno tarde a partir del viernes 5. El cuadro de agitación entre los trabajadores y el clima de descontento general dieron paso a una asamblea para denunciar el cese de tareas a las madres licenciadas con hijos mayores a 9 años, en desconocimiento de lo establecido por decreto presidencial. Quienes no vuelvan, pasarían a condición de suspendidas percibiendo el 75% del salario. Se trata de una presión para levantar las licencias de los trabajadores licenciados: la patronal también otorgó un bono de $2.000 por semana para aquellos que están trabajando, y abrió la puerta a aquellos que quieran poner punto final a su licencia para poder percibirlo. Por otra parte, Mondelez viene de cerrar su planta vecina en Victoria, dedicada a la producción de chicles Beldent y caramelos Halls; la empresa logró una autorización de esencialidad al inicio de la cuarentena, para luego suspender masivamente al personal, con reducción salarial. El Ministerio de Trabajo había homologado el acuerdo firmado entre la empresa y el Sindicato de la Alimentación. El STIA Buenos Aires, dirigido por Rodolfo Daer - uno de los principales dirigentes de la CGT-, participó de una inspección, realizada el jueves, junto a representantes del gobierno, de la empresa y la comisión interna. En el comunicado que emitió, el STIA planteaba que las decisiones a seguir en Mondelez estaban en manos del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, en base al protocolo sanitario nacional. Esta orientación es un calco de la que lleva adelante el STIA en la planta de Granja Tres Arroyos en Capitán Sarmiento y en líneas generales es la orientación de toda la burocracia sindical a lo largo y ancho del país. La exposición a la pandemia de los trabajadores esenciales llega ahora a un cuello de botella, a partir de la circulación laboral del virus y el choque directo entre la intención de las empresas de continuar la producción a toda costa, caiga quien caiga, y el interés de los trabajadores de preservarse del Covid 19. En esta confrontación de intereses, el STIA de Rodolfo Daer y finalmente también la Comisión Interna -de la lista Celeste y Blanca, orientada por el PCR- se ubica indisimuladamente en el campo del protocolo estatal, que preservar en última instancia los intereses de la patronal. La asamblea del turno tarde del viernes resolvió que se pare durante 14 días para prevenir la posibilidad de un contagio masivo; en la fábrica trabajan más de mil trabajadores. Si el protocolo de la OMS se aplicara correctamente, se deberían realizar hisopados a la totalidad del personal y la cuarentena preventiva hasta que estén los resultados. La resolución de la asamblea de Mondelez Pacheco, en defensa de la salud de los trabajadores, chocaba de frente con la agenda de la patronal, qué busca mantener la producción a toda costa. Se trata de una confrontación de intereses estratégicos, que se extenderá a todas las fábricas a medida que el virus se extienda a la par de la crisis capitalista. Será necesario un congreso que reagrupe a todos los trabajadores para coordinar esta batalla y desarrollar una salida que priorice los intereses de los trabajadores. El levantamiento forzado del paro, resuelto en asamblea, simplemente agudizará esta confrontación y clarificará frente al conjunto de los trabajadores de qué lado está cada fuerza. LEER MÁS Mondelez Victoria suspende, los trabajadores se organizan

9 de junio de 2020
Los trabajadores del hospital Ramos Mejía se organizan
Vir Lavini · Leo de Once

Los trabajadores del Hospital Ramos Mejía convocaron a una asamblea, en la cual participaron agrupaciones y vecinos de la Comuna 3. Los compañeros del Ramos denunciaron falta de personal y de elementos de prevención y de seguridad necesarios para trabajar en el contexto de la pandemia. Señalaron que los escasos elementos brindados para seguridad por parte del Gobierno de la Ciudad se encuentran, en su mayoría, en malas condiciones o no cumplen con las normas de calidad establecidas para su función. Los trabajadores advirtieron también que las áreas destinadas para atender a pacientes con covid-19 positivo o en estado de sospecha de portarlo, se encuentran colapsadas por la falta de personal y los pabellones no cuentan con las divisiones necesarias para el aislamiento. Hasta hoy, son 16 trabajadores confirmados de Covid positivo, entre médicos y enfermeros, y otros 30 casos de distintos sectores, que se encuentran a la espera del resultado de los hisopados por la Unidad Febril de Urgencia (UFU), que tardan hasta 36 horas en establecer el diagnóstico. A esto hay que sumarle 50 trabajadores licenciados por pertenecer a grupos de riesgo. Sin embargo, no se ha contratado nuevo personal para cubrir los cargos faltantes. También fue denunciada la falta de testeos a todo el personal. A pesar de haber presentado dos recursos de amparo, con fallo a favor, y una denuncia a la Defensoría del Pueblo, los trabajadores no encuentran respuestas a sus reclamos. "Solo están realizando testeos en el área de terapia intensiva, en aquellos hospitales en donde recién empezaron a realizarlo. Nosotros exigimos que los testeos sean masivos, a la totalidad de los empleados del hospital - 2 mil trabajadores", pronunció un trabajador. El gobierno, además, exige la reapertura de sectores sin contratar el personal necesario para hacerlo. Es el caso de neonatología en donde se cerró por la cantidad de casos de Covid-19 y pretenden reabrirlo forzando al personal a cumplir con horas extras (o módulos) muy mal pagos. "No tenemos por qué realizar tareas en donde no tengamos los elementos ni el personal necesario" dijo un trabajador en su intervención. En este cuadro de descontento generalizado, Rodríguez Larreta estuvo en la institución inaugurando una "nueva" unidad de terapia. "Tuvo que venir de forma clandestina, de espaldas a los trabajadores, porque sabía que lo íbamos a repudiar", dijo una trabajadora de la salud mental, que también contó que estaban organizando un equipo de contención para los trabajadores, que enfrentan una enorme angustia al verse obligados a trabajar a diario en estas condiciones riesgosas para ellos y sus familias. Otro trabajador denunció la ausencia del gremio Sutecba al no dar respuestas ni acompañar en todos estos reclamos y su complicidad con el gobierno. También denunció la tercerización de las tareas generales dentro del hospital – “los trabajadores de limpieza se encuentran super explotados, haciendo horas extras, y tampoco cuentan con los elementos necesarios para realizar dicha tarea". Reclamaron también un bono por incentivo y un plus sanitario. Los trabajadores del Hospital Ramos Mejía, con una historia de lucha muy reconocida, saben que esta decadencia y desidia del sistema sanitario, no es de ahora, sino que recorre a todos y cada uno de los gobiernos que llevaron a la debacle a la salud pública, en beneficio del negocio y la especulación privada. La resolución principal de la asamblea fue la de seguir en la lucha convocando a todos los vecinos, pacientes, agrupaciones políticas y de derechos humanos a conformar un Comité de Emergencia y a sumarse a la próxima asamblea para el próximo jueves 11, a las 10hs, con la perspectiva de unir y coordinar esta lucha con la de otros hospitales que se encuentran en la misma situación, porque como dijeron los trabajadores del hospital, "lo peor de la pandemia está por venir".

9 de junio de 2020
Choferes: la lucha por la salud y el salario

La muerte del chofer Norberto Lagos de la línea 520 de Lanús (grupo DOTA) pone en primera plana nuevamente la crítica situación de los trabajadores del transporte. Se sospecha que Lagos falleció por haber contraído coronavirus; sin embargo, tanto la empresa como la Secretaría de Salud del Municipio de Lanús mantienen en silencio el diagnóstico. Los trabajadores reclaman testeos masivos para todo el personal de la línea y sus familias. Además, denuncian el incumplimiento de los protocolos de prevención y desinfección. El caso de la línea 520 se suma a otros varios de la zona sur del conurbano: la 266 (Expreso Villa Galicia) -con, al menos, cinco casos positivos de COVID-19-; la 159 (MOQSA), así como la 129 que une CABA con La Plata. El gobierno de la provincia de Buenos ha fragmentado la responsabilidad por el seguimiento y la atención de casos en las secretarías de salud de cada municipio. Esta descentralización tiene como resultado una falta absoluta de información en lo que se refiere a casos positivos en el transporte urbano. Los casos salen a la luz en la medida que son denunciados por los trabajadores y sus familias. Para prevenir mayores contagios, corresponde la realización de testeos periódicos masivos para todos los trabajadores del transporte; la elaboración de informes públicos de la situación de contagios línea por línea; el estricto cumplimiento de los protocolos de seguridad e higiene bajo control de los propios trabajadores (si no están las condiciones dadas, no se sale); el aislamiento preventivo de todos los trabajadores que corresponda sin afectar salarios. Cobrar el sueldo también es salud Los choferes vienen cobrando de a puchitos y con retrasos sus salarios; en varios casos ni siquiera cobran el total del sueldo. Muchas empresas revientan a los laburantes con horas extra que no se pagan. Algunas patronales ya plantearon que quieren despedir. La pandemia ha expuesto a los empresarios como los entes parasitarios que son. Los subsidios millonarios que reciben nunca son suficientes para que los patrones paguen salarios y garanticen condiciones de trabajo seguras. Pues bien, que el dinero de los subsidios vaya directo a las cuentas sueldo de los trabajadores porque, en primer lugar, se debe preservar la salud y la vida de los trabajadores y sus familias. Esta es la lucha que están emprendiendo los choferes en todo el país. Aquí en la zona sur, la línea 141 de Lomas de Zamora lleva un mes de paro por sueldos atrasados. La semana pasada, tanto la línea 540 de Lomas como la 148 (El Halcón), que une Constitución-Florencio Varela, llevaron adelante una retención de tareas. Y en el caso de la 148, los trabajadores cortaron la Av. 12 de Octubre, donde se encuentra una de las terminales. Con la coordinación de las luchas, activistas y trabajadores conscientes de cada línea, debemos poner en pie un programa y plan de lucha por el 100% del salario, la reducción de la jornada laboral, testeos periódicos masivos y protocolos de seguridad e higiene bajo control de comités de trabajadores por empresa.

9 de junio de 2020
El gobierno acuerda con ATE y UPCN el congelamiento del salario de los estatales nacionales

La reunión paritaria del Convenio Colectivo de Trabajo General de la Administración Pública Nacional, que rige para los 187.000 trabajadores de los Ministerios y Organismos públicos nacionales, quedó congelada sin aumento salarial. El 29 de mayo pasado, en una serie de actas firmadas entre el Estado Nacional como empleador y las representaciones de UPCN y ATE acordaron un “cuarto intermedio” sin tratar aumento salarial alguno para las y los trabajadores estatales. Este acuerdo es referencia y condiciona las propias paritarias de los otros entes (como PAMI o AFIP), las empresas y los medios públicos de comunicación. A pesar de que, según medios periodísticos, la Secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani, había esbozado que este año habría paritarias para el sector público e incluso habló de un “bono extraordinario” para los sueldos más bajos, en los hechos los trabajadores estatales seguimos postergados por el gobierno nacional. De las actas de la Comisión Negociadora podemos decir que nada se habló con relación a la brutal pérdida salarial que venimos sufriendo los estatales hace años, ni a la necesidad urgente de un aumento que exigen nuestros ajustados bolsillos. Tampoco hablaron de cómo estamos atravesando la pandemia con condiciones de trabajo presencial y teletrabajo paupérrimas. Por el contrario, en dicha instancia se ha congelado el salario y el presentismo en el marco de una feroz inflación. Mientras el resto de las actas se refieren a licencias, franquicias y condiciones de convenio que mayormente ya estaban en vigencia. Los sindicatos UPCN y ATE han pasado a un “cuarto intermedio” sin aumento mientras sacan comunicados para la tribuna donde exigen y reclaman por salario. Ya habían entregado las revisiones de la paritaria 2019, que debían tener lugar en noviembre y marzo últimos. Antes, habían aceptado un pacto que condicionó nuestros salarios, así como los de los jubilados, al acuerdo y pago de la deuda externa. A cambio, solo cobramos una suma fija de $ 3.320 aquellos trabajadores que no llegamos a $49.800 de bolsillo. Nada de esto llevó a los gremios a convocar asambleas. El carácter de burocracia de estos dirigentes se acentúa con la firma de acuerdos sin mandato alguno de sus representados, ni siquiera una consulta a los delegados, nada. Claramente, anteponen sus intereses del grupo de dirigentes, su adhesión política al aparato de gobierno y sus prebendas tejidas desde hace años, antes que las necesidades de las y los trabajadores del Estado. Hasta el momento la mayoría las Juntas Internas independientes de ATE solo han expresado su desacuerdo con el congelamiento salarial, limitando la crítica al empleador y sobrevalorando el resto de lo acordado como “avances”, sin que surjan iniciativas de organización. Distinto ha sido el comunicado de ATE INTI que han convocado a las juntas de delegados, a trabajadores y activistas a discutir un plan de lucha por todas nuestras reivindicaciones. Llamamos a tomar esa iniciativa como punto de apoyo y construir una coordinación de todo el activismo del Estado Nacional para enfrentar el ajuste de nuestro salario y defender nuestras condiciones de trabajo y de vida, necesitamos superar la entrega de las conducciones sindicales. Ejemplo aparte es el del sindicato específico de Radio Nacional (ATRANA), que ha defendido un protocolo que resguarda la salud y ha puesto en pie el reclamo de aumento de salario por medio de asambleas y la coordinación con los demás sindicatos de la radio. . Es la muestra de que podemos dar una lucha independiente y democrática por nuestros reclamos. Los trabajadores debemos tomar nota de esta realidad, superar la incapacidad de las direcciones sindicales y volver a hacer de los sindicatos una herramienta de lucha y un canal de reclamos. Pongamos en pie un movimiento por un salario mínimo para todos los escalafones del Estado que cubra la canasta familiar, hoy en $ 67.731 según ATE INDEC, y aumento según la inflación. Debemos terminar con toda precarización y pasar a la planta permanente. Necesitamos defender a los trabajadores esenciales durante la pandemia, principalmente a los de hospitales nacionales y organismos de la salud, con protocolos bajo control de los trabajadores y el reconocimiento salarial. Nos ponemos en campaña para deliberar en asambleas y resolver en cada lugar de trabajo con este programa como punto de partida. LEER MÁS La pelea por las liquidaciones abril y el aguinaldo

9 de junio de 2020
FASTA: El Estado financia el oscurantismo

La Fraternidad de Agrupaciones Santo Tomás de Aquino (FASTA) es una organización que actualmente administra 23 colegios, un instituto y una universidad, distribuidos en todo el territorio nacional. En los últimos días han sido publicadas una serie de notas en el diario Página /12 abordan las denuncias impulsadas por denuncias de un grupo de ex-alumnos vía Instagram. En estos artículos se abordan el origen de FASTA, sus vínculos con militares y nazis, los métodos militares que utiliza con sus alumnos, el material usado en las aulas, cómo se tratan los casos de sacerdotes pedófilos y, finalmente, el financiamiento del Estado a esta institución profundamente reaccionaria. ¿Cómo aparece FASTA en el sistema educativo? FASTA se constituye en 1962 como una “milicia juvenil” con el objetivo de “hacer penetrar en la sociedad los principios cristianos”. En 1971, es nombrada Fraternidad Laical de la Orden Dominicana, aprobada por el cardenal Primatesta, uno de los prelados más cuestionados por sus vínculos con la última dictadura militar. FASTA comenzó a formar parte del sistema educativo en 1978, cuando funda su primer colegio, y a partir de la década del 90 comienza a expandirse con velocidad, absorbiendo colegios de congregaciones que ya existían con anterioridad. Cuando inaugura la sede de la Universidad de Bariloche, se hace bajo un convenio con la Agrupación Germana Argentina, presidida por el nazi Erich Priebke. Más tarde, el fundador de FASTA se solidarizó con Priebke cuando Italia lo extraditó para juzgarlo por los crímenes de las fosas ardeantinas. Adoctrinamiento, violencia y encubrimiento Según testimonios de ex-alumnos, esta institución utiliza los peores métodos contra sus estudiantes: castigos físicos, promoción del hostigamiento entre compañeros, instrucción extracurricular militarizada e incluso encubrimientos sistemáticos a un sacerdote abusador de menores, que era trasladado de escuela en escuela cada vez que aparecía una denuncia. Uno de los manuales más utilizados en la institución, llamado Nueva Evangelización y Cultura, es un compendio de las ideas más nefastas y reaccionarias, en el que se cultivan la homofobia y la transfobia, pasando por los planteos contra el divorcio, los métodos anticonceptivos, el aborto y el matrimonio igualitario, entre otras. Incluso hay alumnos que cuentan que los obligan a participar de las movilizaciones para que el aborto continúe en la clandestinidad. Todo esto con el claro fin de ejercer un control físico e ideológico sobre los alumnos. Los mismos métodos oscurantistas y reaccionarios que la Iglesia católica sostuvo a lo largo de muchísimos siglos. El Estado, financiador de FASTA La investigación publicada en Página/12 da cuenta que el 76% de las escuelas recibe subvención estatal, la mitad de las cuales está subvencionada al 100%. Entre las beneficiarias, se encuentra esta “fraternidad” ultrareaccionaria. Es decir, el Estado financia a una institución oscurantista, que disciplina a sus alumnos con los peores métodos conocidos. Este caso pone de relieve toda la urgencia de la separación de la iglesia y el estado. El Estado financia a la Iglesia porque la utiliza como herramienta de contención social. La Iglesia, para el Estado capitalista, es un brazo más mediante el cual descargar su violencia para disciplinar a la clase obrera. Por eso, reclamamos la inmediata separación de Iglesia y Estado. Así debemos ir a la organización y deliberación independiente de las trabajadoras y los trabajadores, para acabar con la alianza clerical y estatal. De esta manera habremos generado mejores condiciones para lucha por un gobierno de los trabajadores, el único capaz de acabar de raíz con todas las formas de explotación.

9 de junio de 2020
Brasil, la próxima parada

El lunes pasado, La Nación dio cabida a tres corresponsalías acerca de Brasil, que ilustran la transición política desatada por los golpes que ha recibido el gobierno de Bolsonaro. Hemos desarrollado, en varias ocasiones, no solamente en Política Obrera, que las crisis políticas no deben entenderse como una suerte de vacío de poder, sino como la irrupción de una etapa política diferente, como una transición, cuyo desenlace se encuentra condicionado, al menos en última instancia, por la actuación de las clases en presencia. De Trump a Bolsonaro Un cable de Brasilia informa la ruptura con Bolsonaro de parte de Olavo de Carvalho, un mentor del presidente, que vive en Estados Unidos, en términos muy violentos. De Carvalho, lo que sería el ala fascista del gobierno, denuncia la inconsecuencia y hasta la “cobardía” de Bolsonaro para llevar adelante el enfrentamiento contra los poderes judicial y parlamentario de Brasil, y el desarrollo de milicias para combatir no ya el comunismo, sino las orientaciones de género y a los movimientos antirracistas. En un gabinete copado por militares retirados, los improperios de Olavo constituyen un ataque dirigido al mando de las Fuerzas Armadas, e intenta dar voz a los sectores de la escala inferior de ellas y de la policía. El Tribunal Superior de Justicia se ha transformado en una cabeza de la agitación política contra Bolsonaro, lo cual permite entender por qué el ministro de Educación los calificó, en una reunión de gabinete, que se hizo pública, de “vagabundos que debían estar en cana”. En el Parlamento, Bolsonaro se moviliza para comprar al bloque conocido como ´centrao´, con la mala fortuna de que quienes fueron nombrados para cargos públicos muy importantes en términos de dinero, tuvieron que ser cesanteados en horas, debido al pedigree que ya tienen en los tribunales. No es casual, entonces, que Bolsonaro haya perdido el apoyo de Trump. En una semana, de corrido, Trump prohibió el ingreso de viajeros desde Brasil y condenó enseguida la política de Bolsonaro frente a la pandemia, sin reparar que el brasileño la ha copiado del norteamericano. La crisis que sí ha tenido Trump con sus ministros militares y el alto mando ha puesto fin a las veleidades golpistas de Bolsonaro. De Carvalho, desde su puesto en USA, puede observar de cerca cómo se pulveriza el bolsonarismo en EEUU, debido al asedio de una rebelión popular. De Minneapolis a Sao Paulo La rebelión popular, para quien la quiera ver, se expande ´urbi et orbi´. Frente a tanto macaneo sobre la ´subjetividad´ y la ´consciencia´ de las masas, es muy instructivo que en Gran Bretaña se derriben estatuas de negociantes de esclavos y, además, filántropos, del siglo XVIII, como la del padre espiritual de Boris Johnson, Winston Churchill, el colonialista por excelencia. Es lo que se desarrolla también en Brasil, a pesar de las limitaciones de una cuarentena que enfrenta un veloz desarrollo de la pandemia. La cuestión de la brutalidad policial contra las personas negras es más fuerte que en Estados Unidos – en gran medida porque los descendientes de esclavos, en Brasil, son mayoría de la población, y la esclavitud ha sido tres veces mayor en números. Brasil vive bajo tensión de una rebelión inminente. El tercer artículo de La Nación es para guardar en una carpeta. Conspiradores truchos Se trata de tres entrevistas: al ex gobernador del estado de Ceará, y ex candidato a la Presidencia, Ciro Gomez; al expresidente Fernando Henrique Cardoso; y al presidente del parlamento, Rodrigo Maia – de quien depende autorizar el tratamiento de un juicio político a Bolsonaro. La conclusión del trío es la misma: no conviene echar a Bolsonaro, dice, por ahora. Uno de ellos fija la fecha para voltearlo en agosto, para cuando presume el reflujo de la pandemia. Esta tesis no se ha verificado para Estados Unidos. Henrique Cardoso esconde su inacción con un concepto: “Será el mismo presidente el que genere esas condiciones” – de su caída. La conclusión de Cardoso, en términos más concretos, significa que no tienen aún el apoyo de los militares. Lo cual significa también que la variable que no exhiben, pero más probable, sea un golpe, porque Brasil, o sea el pueblo, no aguantaría el largo proceso parlamentario de un ´impeachment´. Detrás la ´flema´ que exhiben los entrevistados por La Nación en cuanto a la salida de Bolsonaro segura y ordenada, se encuentra un ´impasse´, o sea la tendencia al inmovilismo que engendra el temor a que una crisis por arriba desate una irrupción de las masas. Pero una salida parlamentaria es lo que proponen o plantean los sectores democratizantes, el PT y la burocracia de la CUT. Se trata, es claro, de un freno político contra la intervención de las masas, que tendrá lugar de todos modos, mediante huelgas y manifestaciones. La cuestión negra vuelve a la agenda política de Brasil como consecuencia de la crisis excepcional en desarrollo. No fue resuelta en el siglo XIX porque en Brasil la esclavitud no fue liquidada en forma revolucionaria, como tampoco lo fue el ´apartheid´ en Sudáfrica, en tanto que la emancipación arrancada por medio de la guerra civil, en Estados Unidos, fue liquidada por la contrarrevolución en el período de la reconstrucción ulterior. El racismo es una forma de explotación social asociada a la contrarrevolución burguesa; solamente puede liquidarlo una revolución socialista de alcance mundial. Que se vuelva a plantear de nuevo, en medio de la crisis sanitaria y la bancarrota económica, es una demostración de la naturaleza universal de la transición histórica revolucionaria actual. LEER MÁS Estados Unidos: el alto mando militar confronta a Trump

10 de junio de 2020
Joaquín V. González: El pos-título de Educación Sexual Integral no se cierra

Docentes, egresados, egresadas y aspirantes a cursar el Postítulo en Educación Sexual Integral del Joaquín V. González nos encontramos exigiendo que comience a funcionar con la cohorte 2020, en pleno mes de junio. Horacio Rodríguez Larreta y su ministra de Educación, Soledad Acuña, no firman la resolución que lo autorice. "Han demorado administrativamente la evaluación del proyecto, lo que debería haber ocurrido el año pasado, y ahora argumentan que debe brindar más herramientas concretas para el aula en los diferentes niveles educativos”, nos cuenta María Eugenia Otero, una de las docentes fundadora y constructora del pos-título. El pos-título en ESI funciona desde hace 10 años, sembrando de docentes formadxs en ESI no solo de CABA sino de todo el conurbano bonaerense. Formación que se extiende a ámbitos de la salud, espacios comunitarios, artísticos, desplegando así una red que trabaja en el acompañamiento de niñas, niños y adolescentes y sus entornos. Podríamos citar un inagotable número de experiencias en el trabajo con la ESI: ya no se trata de planificar algunas actividades, sino que para quienes hemos transitado su camino, se ha convertido en un nuevo modo de interpelar el mundo, la historia y a nosotrxs mismxs. Este pos-título no consiste en leer un conjunto de libros, documentos y apuntes sueltos, tal como lo conciben Larreta y compañía. La ESI comienza a ponerse en práctica en el saludo, la disposición de una clase, el análisis o la elección de los textos a trabajar, la confianza que despertamos en lxs estudiantes, de quienes en muchos casos hemos sido confidentes, detectores, denunciantes y acompañantes en situaciones muy duras de abuso u otros tipos de violencia (como me ha sucedido tantas veces en las escuelas secundarias donde me desempeño en la periferia de Lomas de Zamora). En otras palabras, la ESI atraviesa cada segundo del intercambio educativo. Siempre partiendo desde una perspectiva científica, de género y de clase, promoviendo prácticas de cuidado de la salud y garantizando derechos, poniendo en acción herramientas y recursos teóricos y metodológicos que nos permiten avanzar y dar respuestas ante situaciones problemáticas o inquietudes que nos presentan lxs estudiantes. Otra situación que se suma al retraso mencionado es la falta de apertura de comisiones: solo 200 de los 2.000 aspirantes logran ingresar a la cursada a través de un mecanismo de sorteo. Uno de los motivos que genera esta concentración de matrícula es la oferta inexistente en los terciarios de la Provincia. Hace 10 años que el Gobierno de la Ciudad renueva el vínculo laboral con sus 16 docentes mediante contratos basura, sin vacaciones pagas, sin estabilidad laboral, y este año se ha confirmado descaradamente: no se firmó la resolución, no comienzan las clases, no cobran sus salarios (como si fuera poco, menor que el del resto). Se les ha negado sistemáticamente el pase a Planta Orgánica Funcional, es decir, formar parte estable del plantel docente del Joaquín. Luego de una serie de protestas virtuales, el director de la Unidad Coordinadora del Sistema de Formación Docente (UCSFD), Emanuel Lista, responsable en el Ministerio de Educación de autorizar la cohorte 2020, comunicó que en estos días llegarán novedades. Denunciamos que esta incertidumbre es recurrente: hace años que la resolución se firma sobre la hora. Esta situación de precariedad laboral se extiende al resto de los postítulos de Formación Docente, en línea con la política de vaciamiento y aniquilación de los 29 institutos mediante la creación de la UNICABA, como ya sabemos votada a espaldas de todas las comunidades educativas de La Ciudad. Durante la pandemia se han registrado los números más altos de violencia de género, la población de las villas y barrios marginales se encuentra hacinada, las clases virtuales con las limitaciones por todxs conocidas recae sobre los hombros de docentes, estudiantes y familias. Es ahora cuando se torna más necesaria la formación de las y los trabajadores de la educación en el área y cuando más se pone al descubierto que existe un recorte a las partidas presupuestarias, ajuste extendido también a la Provincia de Buenos Aires y a La Nación. Es necesaria la deliberación y organización conjunta de docentes y estudiantes en rechazo a este ajuste y ataque a la formación de lxs maestrxs por parte del gobierno de Larreta. Que los sindicatos y la coordinadora de estudiantes terciarios convoquen a asamblea virtual organizativa de un plan de lucha por la inmediata apertura y funcionamiento de la cohorte 2020 del postítulo de ESI del Joaquín V. González.

10 de junio de 2020
Los servicios de inteligencia: un hilo conductor

En el transcurso de la última semana hemos asistido, una vez más, a un nuevo ciclo de denuncias por parte de los servicios de inteligencia. Una de esas denuncias es la que hace a las tareas de espionaje realizada sobre casi quinientos periodistas y organizaciones políticas a los cuales se le confeccionaron fichas personales de dirigentes y militantes. El escándalo se dio a conocer por medio de la entrega de un pendrive de parte de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño. El adminículo habría sido hallado en las oficinas de la AFI y fue entregado en el juzgado de Marcelo Martínez De Giorgi. El mismo juez tiene a cargo varias causas contra CFK, en las cuales el espía y vertebrador de la ex SIDE, Jaime Stiuso, fue testigo clave. En el año 2012 explotó el escándalo del Proyecto X, un programa de infiltración de gendarmería en movilizaciones obreras. A la luz de las denuncias impulsadas a raíz de las distintas infiltraciones, la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, expuso que el proyecto había sido organizado en el 2002 bajo el gobierno de Eduardo Duhalde, el mismo que se cobró las vidas de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán y dejó a decenas de heridos en la masacre de Avellaneda. El Proyecto X sería revalidado, según la Ministra Garré, en 2007. Cambiemos Durante el gobierno PRO-radical, la dupla Macri-Bullrich se abocó a reforzar el aparato represivo para lanzarse a la persecución de opositores políticos K en su estrategia de polarización. Mientras pasaban a represión la contrarreforma jubilatoria fuertemente combatida por el movimiento obrero tras lo que se procesaron a luchadores como Arakaki, Dimas Ponce y Romero que hoy está encarcelado y para quién exigimos su inmediata liberación. Los carpetazos de la mano del poder judicial con testigos como el espía Jaime Stiuso disparando contra CFK se pusieron a la orden del día. Pero Stiuso no fue un espía macrista. Fue un hombre que, al servicio del poder de turno, se ocupó durante cuatro décadas de sostener el régimen "democrático" desde el espionaje. Fue parte del aparato de inteligencia de Néstor Kirchner quien lo puso a "trabajar" con el fiscal Nisman en la causa AMIA mientras ambos se dedicaron a refritar información que les pasaba la CIA. El aparato de Inteligencia fue utilizado por Bullrich para vigilar a la familia Maldonado tras el asesinato de Santiago a manos de la Gendarmería. Al mismo tiempo formas de ciber patrullaje terminaron con la detención de personas por posteos contra las políticas cambiemitas. Fernández-Fernández Cómo se verá el ciber patrullaje como método de "control del humor social" levantado y luego negado por la ministra de Defensa, Frederic, tampoco es novedad. El gobierno de Alberto Fernández parece tener la necesidad imperiosa de "controlar el humor social" y crear una polarización distraccionista que ataque a Macri, pero que deje a resguardo a Larreta, que es parte del trío en conferencias de prensa pandémica. AF, por un lado, se ve atravesado por una crisis sanitaria sin precedentes bajo la pandemia Covid-19 que se convirtió en un catalizador de una crisis económica y social que aún no ha tocado fondo. Por el otro, las negociaciones de la reestructuración de la deuda están llegando a momentos cruciales y el gobierno está empeñando las arcas nacionales con tal de pagar a cualquier costo. En este marco aparece esta sucesión de "nuevos" escándalos de espías del cual la inteligencia sobre periodistas y dirigentes políticos es sólo una punta. Conclusiones necesarias El espionaje es el motor del Estado capitalista, que vigila al conjunto de la población bajo el control de los diferentes gobiernos de turno que manejan los hilos de esta maquinaria profesional de persecución y aprietes. Mientras se reclama la apertura de sus archivos (tanto los de la dictadura como los de la democracia) es necesario no depositar ninguna expectativa en que sea el mismo Estado burgués quien desmantele los servicios de inteligencia. Esta tarea sólo puede ser llevada a cabo desmantelado al conjunto del Estado capitalista, por lo tanto, dirigida por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS AFI: El espionaje político de la democracia

10 de junio de 2020
AFI: El espionaje político de la democracia

Los archivos encontrados en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI, ex SIDE), reunidos bajo el gobierno Macri, dan cuenta de un exhaustivo trabajo de inteligencia sobre todo el arco político de la Argentina, incluyendo a los propios macristas, así como periodistas y académicos. Este hecho ha pasado a ocupar un lugar destacado en los medios locales, abordado desde diversos ángulos. Página/12 da un lugar especial al espionaje realizado con motivo de la cumbre del G20, EN 2018. Los archivos revelan que las acreditaciones de periodistas, locales e internaciones, fue cotejada una a una por los propios servicios de inteligencia, que no solo buscaban información relativa a la seguridad del evento, sino que se explayaban largamente sobre las conexiones políticas y empresariales de cada uno de los solicitantes. Esta operación había sido habilitada por una “circular interna” proveniente del Ministerio de Seguridad, presidido por Patricia Bullrich al momento de los hechos, y puesto en marcha por Gustavo Arribas, ex titular de la AFI. Los archivos dan cuenta de un largo trabajo de seguimiento a más de 500 personas, en donde no solo se incluyen a estos periodistas antes mencionados sino a actividades que se realizaban cerca de la fecha del G20. Bajo el rotulo “fuentes propias”, se pone de manifiesto el uso de infiltrados o contactos de primera mano dentro de las organizaciones que participaron de sus convocatorias. Por otro lado, Rolando Graña, en A24, presentó escuchas del espía Alan Ruíz, que dan cuenta de todo un armado de espionaje entrelazado con el poder judicial. La red es tal que el propio juez federal Villenas, que habilitó las escuchas, es ahora quien tiene a cargo la causa contra la AFI por espionaje ilegal al Instituto Patria. Ruiz actuaba en estrecha relación con los titulares de la AFI, Arribas, antes mencionado, y su número dos, Silvia Majdalani. La amplia red de espionaje desarrollada por la AFI incluye desde la intervención en organizaciones sociales hasta maniobras para el armado electoral del 2019. Además, incluye espionajes dentro de las propias cárceles, donde los servicios recibían informes políticos, disimulados como relativos a presos asociados a causas de narcotráfico y proxenetas. Denuncia Estos hechos han salido a la luz por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien el viernes 6 de junio hizo formalmente la entrega de esos archivos en el juzgado a cargo de Marcelo Martínez De Giorgi. El mismo juez tiene a cargo varias causas contra CFK, que cuentan con declaraciones de Jaime Stiuso, el ex mandamás de la ex Side. Estos carpetazos dejan expuestos a los servicios de inteligencia, durante el breve período macrista. Ni siquiera exponen las conexiones del jefe del espionaje macrista, Gustavo Arribas, con el ‘affaire’ Odebrecht, en el cual están involucrados también varios altos personeros del kirchnerismo (soterramiento del Sarmiento). Cuando, en C5N, Aníbal Fernández fue interpelado acerca de lo que pasaba antes de Macri, respondió, sin que se le retrucara, que él no lo había investigado. El entramado estatal, en sus tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial, no solamente ha sido víctima de la infiltración – ha sido, sobre todo, el artífice de las actividades de espionaje. Las figuras repetidas durante las sucesivas causas dan un amplio muestreo de esas relaciones existentes no solo en los entes locales sino internacionales. Los espías como Stiuso no tiene ninguna fidelidad “de bandera” sino que se guían por sus asociaciones con el mundo empresarial y de los altos servicios de inteligencia manejados por el imperialismo como la DEA, el servicio secreto británico o el Mossad. Esto tampoco lo expuso Caamaño. La ley anti-terrorista aprobada por el gobierno de CFK es el gran paraguas de los acuerdos internacionales de espionaje, pero su derogación no figura en ninguna de las agendas corrientes. Las tensiones y los choques se desarrollan de manera permanente y se asocian a una actividad manejada completamente a espaldas del pueblo trabajador, que solo logra conocer la punta del iceberg cuando cobran carácter público algunos escándalos, que son lisa y llanamente operaciones de alineamiento político. La causa abierta sobre la red de espionaje de la AFI ha sido tomada por el oficialismo para dar impulso a sus reformas de inteligencia y de la justicia. La secretaria de Seguridad, Sabina Federic, ha dado, sin embargo, carta oficial al cyberpatrullaje, que sería un espionaje ‘bueno’ porque lo patrocina un gobierno en forma oficial. Estaríamos ante la infiltración ‘transparente’, un oxímoron, si los hay. Las redes digitales se han convertido, en manos de los monopolios, en una fabulosa masa de datos, que es vendida al mejor postor, como ha sido informado, o sea de los servicios de inteligencia. Algunos ‘pensadores’ ya han incorporado esta violencia contra los derechos democráticos en lo que llaman la ‘nueva normalidad’. El reclamo para que el estado abra sus archivos es puramente ilusorio, porque, en primer lugar, es necesario preguntarse porqué existen. Ellos forman parte del monopolio de la violencia que todo estado reclama como su derecho supremo, por eso cuenta con la colaboración de las comisiones parlamentarias de inteligencia en todo el mundo. La libertad y el derecho a la intimidad presupone el desmantentalmiento del Estado, que solamente podría llevar a cabo un gobierno de trabajadores de alcance internacional. LEER MÁS Los servicios de inteligencia: un hilo conductor

10 de junio de 2020
Telefónicos: frente a la apertura de las oficinas comerciales

Según el director de la OMS, Tedros Ghebreyesus, la pandemia de coronavirus está "empeorando" en el mundo. En Argentina, los contagios crecen particularmente en el AMBA, y también en nuestro gremio, tanto entre los trabajadores efectivos como tercerizados. Con el ritmo actual de contagios, para el Ministro de Salud de Buenos Aires, Daniel Gollán, el sistema sanitario colapsaría para mediados de julio. Ahora bien, si el ‘servicio’, que funciona correctamente desde inicios de la cuarentena con las oficinas comerciales cerradas, no necesita la apertura, ¿porque las abren ahora? Foetra denuncia que Claro abrió sus locales de la provincia de Buenos Aires sin tener la autorización del gobierno de Kiciloff, que sí habían obtenido en la Ciudad de Buenos Aires gobernada por Larreta. La ‘apertura’ es parte de la exigencia de las patronales para “normalizar” la economía, que significa la “libertad” de volver a explotar a sus trabajadores. No se trata de comercios de barrio que necesitan subsistir o cuentapropistas que se ganan el pan del día. Esta “apertura” es el resultado de un implacable trabajo de demolición política, por parte de Larreta, de todas las resistencias que venían ofreciendo Kicillof y Fernández a la ´flexibilización´ de actividades. La conducción de Foetra, cuya política es apoyar a los gobiernos de Fernández y Kicillof, se convierte, por vía del seguidismo a sus jefes políticos y por su pasividad en los hechos, en correa de transmisión de esta política de desmantelamiento de la cuarentena. Como el tero, que grita en un lado y pone el huevo en otro, el trio que cogobierna anuncia extensiones de la cuarentena, mientras la van desarmando en función de las exigencias de las grandes patronales; no de un plan sanitario, que exigiría una gran cantidad de test para la rápida identificación y aislamiento de los infectados, para controlar los contagios. Así, la ‘apertura’ se asemeja a un paso al vacío. A pesar de que las nuevas aperturas deben ser con transporte a cargo de las empresas, éstas se toman de la esencialidad del servicio para obligar al uso del transporte público. Pero ¿de qué sirven los detallados protocolos dentro la oficina comercial si el principal foco de contagio es el transporte? Las aperturas forzadas por Claro siguen las anunciadas por Personal, y luego seguirá Movistar. ¿Y Foetra? El sindicato, debe representar los intereses de sus trabajadores, de ninguna manera ser la extensión de las oficinas de (ningún) gobierno. Debió haber bloqueado las comerciales que Claro fue abriendo con el cuerpo de delegados -en condiciones de hacerlo y guardando distanciamiento social- hasta obligarla a desistir. Ahora, debe garantizar a los trabajadores los elementos para un análisis y debate, independientemente de la filiación política de sus dirigentes. Exigimos un Plenario de Delegados para discutir. No es el momento de abrir las oficinas comerciales. Que las empresas se hagan cargo del transporte de los trabajadores. Recomposición salarial acorde a la canasta familiar que, en abril, según ATE (estatales), alcanzó los $67.731 para una familia tipo.

10 de junio de 2020
Ciudad de Buenos Aires: “Servidores públicos”, programa insalubre

El gobierno de Rodríguez Larreta, a través de una resolución emitida el 19 de mayo, dispuso que todos los trabajadores municipales de la Ciudad que no desempeñan tareas esenciales pasan a revestir en el “Programa Servidores Públicos”, pudiendo reorientar sus tareas. Así fue como el Gobierno de la Ciudad envió a trabajadores de otros ámbitos a cumplir “tareas de concientización en calle, en el acompañamiento de las personas mayores, de personas en situación de calle, en el apoyo administrativo en vacunatorios, hospitales, centros de aislamiento…”, entre otras. Es decir, “a poner a los trabajadores a disposición de las áreas definidas como esenciales”, para las cuales no fueron preparados. Al mismo tiempo, se avanza en la flexibilización laboral, habilitando a la gestión del programa a “modificar los horarios habituales de trabajo o lugar de prestación del servicio”, según la necesidad, teniendo en cuenta, “las tareas en función de los perfiles, habilidades y disponibilidad de los recursos afectados”. Esta resolución revistió de carácter “legal” los aprietes que sufrían los trabajadores de manera oficiosa por parte de los jefes de área. Entre los afectados, se encuentran los trabajadores que participan de los programas socio-educativos de la Ciudad. La conducción de UTE-CTERA, que se pronunció en contra de la implementación del “programa de servidores públicos”, ha dejado a esos trabajadores precarizados librados a su suerte. En pésimas condiciones de trabajo y, en muchos casos, bajo contratos basura, los trabajadores se encuentran entre la espada y la pared para aceptar cualquier destino, sin ningún elemento de seguridad, por miedo a perder sus fuentes de ingresos. Por su parte, Sutecba, que fue cómplice de la implementación de este programa, ahora advierte sobre los peligros que entraña. La precariedad laboral se cobró la vida de Víctor Ávila, del programa Juegotecas Barriales. Sus compañeros denunciaron que este “sector esencial, que se caracteriza por no tener todos los elementos que se requieren para llevar adelante la tarea. Con falta de personal, con problemas edilicios, con escasos elementos de seguridad e higiene. Tal es así, que las y los trabajadores del programa Juegotecas Barriales tienen que llevarse sus barbijos, y utilizando en muchos casos el transporte público” (Nueva Ciudad, 1/6). Es necesario organizar a los trabajadores de los programas e impulsar la más amplia deliberación en defensa de la cuarentena. Es necesario un plan de lucha por el pase a planta de todos los trabajadores (bajo el Estatuto del Docente) y por un salario igual al costo de la canasta familiar indexado automáticamente por inflación; en caso de convocatoria a cumplir tareas en sus áreas respectivas, provisión de todos los elementos de protección, cobertura de salud, bonificación salarial. La mayoría de estos programas educativos se desarrollan en las villas. Es una tarea primordial desarrollar asambleas y comités barriales que nucleen a los trabajadores de la salud, educación (incluidos los programas) y movimientos barriales. Ante la crisis sanitaria y económica en curso, los trabajadores debemos discutir nuestra propia salida.

10 de junio de 2020
Hospital Gandulfo: acto de lucha y homenaje a enfermera fallecida por Covid19
Enrique Castañón

Con una olla popular y un acto en las puertas del Hospital Gandulfo, el lunes 8, trabajado-res de la salud y organizaciones sociales denunciaron el fallecimiento por Covid19 de María Esther Ledesma, enfermera de Pediatría, como un verdadero asesinato. María Esther había presentado tres veces el pedido de licencia por ser hipertensa e insuli-nodependiente y las autoridades del hospital se la negaron en las tres oportunidades. Se-gún denuncian los trabajadores del hospital, sigue habiendo trabajadores con licencias solicitadas desde hace más de 80 días, pendientes de respuesta. En el acto se reclamó licencia para todos los trabajadores del hospital que han presentado los certificados médicos. Se denunció la precarización laboral y la falta del pago de sala-rios por parte de la empresa privada de limpieza. Varias intervenciones hicieron eje en la falta de equipos de protección y la mala calidad de los que son suministrados. “La com-pañera cocía los camisolines hechos de bolsas de residuos para sus compañeros”, recorda-ron sus compañeras. Se denunció también la falta de pago del bono de $5.000 que entre-gó el gobierno, y destacaron que están poniendo a los contagiados de Covid19 en habita-ciones dobles, sin ningún tipo de aislamiento. La llegada del covid-19 ha sacado a la luz el colapso sanitario de Argentina. Y continuaba con médicos y enfermeras que deben atender una masa de pacientes cada vez mayor, que acuden al hospital público porque han perdido sus empleos y con ello sus obras sociales. Mucho más que un problema sanitario, desnuda un régimen social y político que es inca-paz de colocar los recursos del Estado al rescate de la población. El Gandulfo, hospital zonal de agudos de Lomas de Zamora único hospital con esas ca-racterísticas, en un partido con casi un millón de habitantes. Como María Esther, médicos, enfermeras y auxiliares están dejando su vida en la lucha contra la pandemia. El Ministerio de Salud de la provincia, con Daniel Gollán a la cabeza, y los directivos del Gandulfo deslindan responsabilidades. Los directivos, con gran cinismo e hipocresía, ase-guran que “se estaba completando el expediente”. María Esther falleció como resultado de su negligencia. ¡Basta de asesinatos laborales! ¡El Estado es responsable! Justicia para la familia de María Esther. Por un protocolo integral que proteja a los traba-jadores y sus familias.

10 de junio de 2020
Por una lucha unificada en el Ramos Mejía
Corresponsal

En los últimos días, se divulgó un video realizado por la Asamblea de residentes y concurrentes del Hospital Ramos Mejía, en el cual se mostraban las condiciones en que los trabajadores deben atender a los pacientes: EPP de mala calidad, falta de formación al personal, prácticas contrarias a las indicaciones divulgadas por la OMS, concurrentes trabajando sin salario ni ART. Esto generó un gran revuelo tanto en el propio hospital como públicamente. Dos días atrás, Larreta se acercó al hospital para inaugurar una unidad de terapia intensiva nueva. Sin embargo, el resto del hospital sigue en las mismas condiciones tras las denuncias de los trabajadores. Sigue el colapso en el Ramos Hace unas semanas, un video filmado al interior del hospital por una paciente que provenía de Villa 31, denunciando la falta de testeos y reclamando la presencia del director hizo que el hospital Ramos Mejía apareciera en todos los medios de comunicación. Ya se venían realizando asambleas generales donde son las enfermeras las que evidencian la falta de elementos de protección personal bajo la frase “no quiero que se hagan cargo de mí si me muero, quiero que me cuiden antes de morirme”. A esto se suma la cantidad de personal de salud contagiado, debido a la falta de protocolos y EPP correspondientes. Gran parte del servicio de Neurología y enfermeras se encuentran aislados. Eso hace que, al no haber personal suficiente, haya servicios y guardias sin ningún tipo de atención. El director del hospital ya tiene realizados varios recursos de amparo, debido a las condiciones negligentes en los que los trabajadores deben desarrollar sus actividades. Además de esto, se sumó una denuncia pública de una médica infectóloga, encargada de diseñar programas de control de infecciones en el mismo hospital. Detectaron varios desvíos en procesos de seguridad del personal y de seguridad de los pacientes. Estos desvíos que incluyen EPP de mala calidad o falta de ellos, desvíos en políticas de residuos, dificultades estructurales y de distribución de recursos, que fueron reportados oportunamente, sin respuestas efectivas. Ante esta situación, el director del hospital decidió prohibirle el ingreso al hospital a la médica infectóloga que hizo la denuncia. Acción que, naturalmente, va en dirección opuesta a cuidar la salud de los trabajadores y los pacientes en medio de la pandemia. La lucha de residentes y concurrentes avanza Es en este contexto que el director del hospital convocó a una reunión a los trabajadores para hablar de lo sucedido. La asamblea de residentes y concurrentes del hospital elaboró su pliego de reclamos: participación en los comités de crisis, EPP de calidad, formación del conjunto de los trabajadores de la salud, equipos rotativos, y la precarización laboral de los concurrentes que no poseen ni salario, ni ART. El director escuchó todos los reclamos de los trabajadores, sin realmente dar una respuesta concreta. Se logró, mediante esta reunión, que la asamblea tenga participación en los comités de crisis, lo que abrirá una nueva experiencia. La salida es de los trabajadores Esto es un primer paso del movimiento de residentes y concurrentes que se afirma y va dando forma a su organización. En el Ramos como en el resto de los hospitales de CABA las asambleas de residentes y concurrentes hacen su experiencia y afirman pasos de organización para la lucha de los trabajadores. Es momento de un próximo paso. Unir a los residentes y concurrentes con el resto de los trabajadores de planta en una asamblea general, para plantear una salida a los problemas del hospital que sea de conjunto.

10 de junio de 2020
Sobre estatuas caídas
Teresa Contreras

Estimado director de Política Obrera: Sigo con bastante asiduidad el periódico y, atento al rigor que lo caracteriza me permito llamar la atención sobre un hecho no tratado en sus páginas. Es una lástima que Política Obrera se haya privado de la primicia que dio The Guardian (5/6) de que “Se quitará una estatua confederada del centro de Richmond, Virginia. Los líderes negros han alabado la decisión del estado de derribar el imponente homenaje al general Robert E Lee que se encuentra en la avenida Monument de la ciudad”. Robert E. Lee es a la tradición de los ´confederados´ racistas del sur lo que el Gral. Roca es en Argentina a los defensores de las “campañas contra el indio”. A diferencia del Gral.Roca ´victorioso´ Lee estaba al frente del ejército confederado de Virginia; es decir, en el bando ´perdidoso´. Los estados del sur racista perdieron la guerra, pero a su manera salieron con las suyas (incluso, como lo prueban diversos estudios, la esclavitud persistió durante varias décadas a pesar de la abolición de Lincoln. Ni hablar de la persecución y la desigualdad racial que llega hasta nuestros días, especialmente en esos estados). A diferencia de los perdedores de las campañas del desierto en nuestras pampas, en EE.UU. y en particular en los estados del sur, los Lee eran considerados hasta ayer nomás ´héroes´. La estatua de Lee jamás fue tocada hasta ahora. Por su significado para EE.UU. la caída de ese monumento es equivalente a lo que sería sacar el monumento a Roca en la Avenida Diagonal Sur a una cuadra de la Plaza de Mayo. En EE.UU., en cierta medida, retirar la estatua a Lee es equivalente a la caída de las estatuas de Stalin o Ceausescu en su momento; o la de Churchill ahora –incluyendo el daño a otros monumentos señeros de la opresión colonial inglesa (Lord Palmerson y George Canning). Como revolucionarios que nos nutrimos de las luchas de quienes nos precedieron saludamos estos hechos. Trump en la lona (pero que el oficialismo del PO caracterizó de estar a la “ofensiva” ¡e incluso calificó de Bonaparte!) echó más lastre sobre el legado racista de EE.UU. que el ´negro´ Obama (contra la voluntad del primero of course, en medio de la mayor rebelión popular de los últimos 52 años en EE.UU.).

10 de junio de 2020
Egresados de Farmacia: precarizados por la UBA y el Gobierno de la Ciudad

Los estudiantes y graduados de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA, a través de la Secretaría de Extensión Universitaria de la Facultad, pueden acceder a algunos puestos de trabajo mediante convenios que realiza la Facultad con ciertas empresas y con instituciones públicas. La Facultad de Farmacia y Bioquímica ha realizado un convenio con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para cubrir cargos de farmacéuticos en hospitales municipales y en los diversos Cesac (Centros de Salud y Atención Comunitaria) con egresados de la UBA. Pero no todo es color de rosa. Detrás de ese convenio, se esconden contratos basura y precarización laboral. La misma facultad que emite los títulos, desarrolló convenios de explotación laboral para sus egresados, desvalorizando todo el esfuerzo de sus propios estudiantes. Esos egresados son tomados bajo contrato, sin pase a planta, y debiendo facturar como monotributistas, desconociendo el Estado la relación de dependencia establecida con sus trabajadores. Estos no cuentan con cobertura de ART, por lo tanto, en caso de accidente de trabajo o enfermedad laboral están completamente desprotegidos. En caso de enfermedad, les descuentan los días no trabajados ya que, al ser monotributistas, no les reconocen las licencias. Por la misma razón, no tienen vacaciones pagas. Y carecen de representación gremial y no están comprendidos en las paritarias. Actualmente, los egresados de Farmacia cobran aproximadamente $32.000 por mes en los hospitales públicos, generalmente con dos meses de retraso. El hecho de estar bajo contrato y no tener representación gremial, hace muy difícil poder encarar un plan de lucha por parte de esos trabajadores, bajo la presión de que no les renueven el contrato – por supuesto que, tratándose de monotributistas, no reciben indemnización. Se encuentran en una posición muy vulnerable frente a la patronal. Por eso, desde Tribuna de Salud Farmacia, consideramos necesario encarar la lucha contra los convenios basura de los egresados, apañados por la Facultad, de manera conjunta con los estudiantes que actualmente cursan la carrera. En primer lugar, denunciando entre los estudiantes de la carrera cuáles son las condiciones establecidas a través de los mencionados convenios. Y, mediante asambleas estudiantiles, plantear un plan de lucha para presionar al decanato y lograr mejoras laborales. Creemos que podría ser una tarea conjunta, de trabajadores y estudiantes, con todo el potencial que tiene la unidad obrero estudiantil.

10 de junio de 2020
La pseudo nacionalización de Vicentín

Con la intervención al grupo Vicentín y un proyecto de ley de expropiación, el gobierno promete rescatar a una empresa productiva de la quiebra a la que fue llevada por sus dueños. Promete rescatar también los créditos financieros concedidos por bancos oficiales y los comerciales de los proveedores, mediante los resultados de la explotación a cargo de una empresa mixta público-privada. En este caso se estaría comprometiendo, aunque no lo dice, a rescatar al grupo que produjo la quiebra, al elevar la cotización de los activos de la quiebra, o sea pagando indemnizaciones como si se tratara de un caso de "utilidad pública". Es claro la fraseología de la empresa-pública privada encubre el rescate del grupo, o conduce a ese rescate. La expropiación debe ser sin indemnización, y debe incluir los otros patrimonios del grupo propietario. Es incorrecto que la expropiación asegure la ‘soberanía alimentaria’, o sea alimentación barata . Para eso debería eliminar la renta del comercio exterior, mediante un impuesto extraordinario a las ganancias. Esto perjudicaría a la empresa público-privada que dice querer, y va en contra de los acuerdos que se apresta a firmar con los fondos internacionales y el FMI. Confiesa, vale la palabra, el propósito de generar un flujo seguro de fondos en dólares por medio la nueva empresa, pero toda Argentina sabe que sería para pagar la deuda usuraria impagable. Las empresas públicas no estatales, como es el caso, son empresas capitalistas que, como todas las demás, quieren baja de salarios, precariedad laboral, pasantías y liquidar el sistema previsional La asociación con YPF significa el intento de levantar una empresa quebrada, por razones conocidas, y por lo tanto a sus accionistas internacionales. Estas contradicciones muestran que el gobierno está improvisando, intentando salir de cualquier modo de una crisis que no ha previsto, a un mayor costo para la población y los trabajadores. Nuestra posición: La intervención debe contar con la presencia de delegados de Vincentin y de YPF La expropiación, sin pago, debe incluir los patrimonios de los propietarios hasta la cancelación de los créditos recibidos Las estatizaciones aisladas tienen limitaciones insalvables, porque deben lidiar con un entorno económico monopólico e internacional. El comercio exterior debe ser nacionalizado en su totalidad. El propósito de asegurar para el Tesoro un flujo de fondos mediante una empresa exportadoral estatal-privada, es una garantía adicional a los fondos internacionales titulares de la deuda externa, y está al mismo tiempo en contradicción con ese objetivo, porque los Vicentín son los clientes de esos fondos internacionales. El anuncio de un objetivo estratégico detrás de una medida aislada, es una demostración inequívoca de un gobierno sin rumbo. El desconocimiento de la deuda externa, enteramente usuraria, instrumento de una mayor explotación social, debe ir acompañada por un plan económico integral, votado en un Congreso de Trabajadores. Para comunicarse: Jorge Altamira 15 4423 7873 Marcelo Ramal 15 5690 1943 LEER MÁS Qué tiene que ver Vicentín con BlackRock

10 de junio de 2020
CTERA convalida el vaciamiento educativo
Emiliano Fabbris - Secretario de Finanzas - Suteba Bahía Blanca

A casi tres meses de la declaración del “aislamiento obligatorio”, el gobierno convocó a una paritaria para definir las condiciones de trabajo la docencia bajo la cuarentena. La CTERA -que presentó el acuerdo como un “triunfo”- fue el único sindicato nacional, junto con SADOP , en firmarla. Al mismo tiempo que firmaba este acuerdo sin mandato de los docentes, se estaban llevando a cabo, por ejemplo, reuniones de delegados en la provincia de Buenos Aires. Los sindicatos docentes de la CGT rechazaron firmar. El acuerdo que se propone reglamentar el “trabajo docente en contexto virtual o no presencial” no resuelve ninguno de los problemas que fueron visibles desde el día uno de la “continuidad pedagógica virtual” y que ha fracasado rotundamente. En primer lugar, por la enorme carencia de lo que se define como “las tecnologías de comunicación e información aptas para ser aplicadas en la virtualidad”. Estos recursos son puestos en su mayoría por los propios docentes, mientras que los estudiantes reciben a cuentagotas las computadoras. El acceso a Internet sigue siendo absolutamente restringido. En lo que hace al enorme déficit de los “recursos tecnológicos”, el Estado seguirá sin poner un peso: la única salida planteada en este acuerdo es un “programa progresivo para promover el acceso por los/las Docentes”, es decir, “préstamos” para que los docentes se paguen su propia PC cuando todos estos gastos debieran ser cubierto con el pago de un bono extraordinario a cargo del Estado. Es en estas condiciones -a las que se suman los problemas habitacionales y económicos millones de familias- que la docencia debe hacer un sobreesfuerzo para poder garantizar una llegada a los estudiantes. Aun no pudiendo hacerlo con todos, la virtualidad implica un notable incremento en las horas de trabajo producto de la ausencia de una simultaneidad de las clases presenciales y de la posibilidad de suplir temporalmente esto mediante recursos virtuales. El acuerdo plantea “respetar un tiempo laboral equivalente a la carga horaria que determina el cargo y/u hora cátedra” a sabiendas que este es un tiempo insuficiente para atender todas las demandas bajo las precarias condiciones con las que se lleva a cabo el trabajo virtual. Por otra parte, el llamado “derecho a desconexión” tampoco va a tener lugar, ya que el principal medio de contacto entre los docentes y estudiantes, de nuevo por la falta de otras herramientas digitales, es mediante grupos de WhatsApp. Luego, el “tele-trabajo” involucra una seria de accidentes laborales y enfermedades profesionales que el acuerdo paritario presenta en forma general pero no determina en forma específica para ser eventualmente cubiertas por la ART, como es el caso de los síndromes de túnel metacarpiano y los derivados de la utilización continuada de pantallas. También existen consecuencias psicológicas del aislamiento o de las derivadas de la libertad de distribución del horario laboral. A pesar de ser un acuerdo paritario por condiciones de trabajo, se incluye un punto salarial que plantea que “el/la Docente, en el marco de este contexto extraordinario de desempeño de su actividad, conserva sus plenos derechos a la percepción del salario”. Algunos gremios que rechazaron el acta criticaron al gobierno por esto: “Si uno lee el acta casi dice que tenemos que agradecer que nos sigan pagando el sueldo” (Infobae, 4/6). El gobierno se ha esforzado en definir la actividad docente como un “acompañamiento” que bien podría utilizar para justificar una suspensión o recorte del salario, alegando un “contexto extraordinario”. Por su parte, la CTERA ha archivado la reapertura de paritarias. La frutilla del postre de este acuerdo anti-educativo lo representa el apartado de “reinicio de las actividades presenciales” que luego fuera desarrollado por declaraciones en los medios del ministro de educación Nicolás Trotta. Allí se plantea que “deberán tomarse los recaudos necesarios” cuando de lo que se trata es de partir de las condiciones anti-sanitarias actuales de la mayoría de las escuelas en el país: sobre pobladas, sin agua potable, sin gas, techos que se caen, etc. No hay que tomar recaudos, hay que incurrir en fuertes inversiones. La conducción CTERA, integrada al gobierno de Alberto Fernández, le ha puesto la firma una crisis monumental que atraviesa la educación pública. El gobierno utiliza la pandemia y la cuarentena como excusa para un vaciamiento. Queda en mano de la docencia y los sindicatos docentes combativos y recuperados organizar el rechazo a este acuerdo, mediante plenarios y congresos de bases. LEER MÁS Un temerario “regreso” a las aulas

10 de junio de 2020
Vicentin: una quiebra que golpea el sistema económico y político

La quiebra de la cerealera Vicentin ha pasado de los tribunales de Reconquista, en el norte de la provincia de Santa Fe, donde el concurso de acreedores continúa, a las aguas más inquietas del Ejecutivo, el Congreso y el poder judicial, o sea que ha adquirido un carácter definidamente político. Vicentin es el cuarto exportador de soja y de harina y aceite de soja, pero a la vez la empresa más importante de un conglomerado, Vincentin Family Group, que reúne a casi una treintena de empresas más. El destino de la quiebra redibuja el mapa del poder económico en Argentina. En los tiempos recientes del gobierno nacional y popular de CFK-Boudou, la china Cofco adquirió el paquete mayoritario de Noble y Nidera, para convertirse en una de las líderes del mercado agroexportador del país. No es una crisis ‘empresaria’ Las causas aparentes que llevaron a la quiebra a Vicentin apuntan a un ´shopping´ de empresas agro-alimentarias financiadas con créditos bancarios de corto plazo, como es el caso de la adquisición de Sancor – convertida en Alimentos Refrigerados, o en inversiones en empresas satélites, por ejemplo, el frigorífico Friar. Otro motivo podría ser el emparejamiento de las retenciones a la soja, por un lado, y al aceite de soja por el otro, lo que encareció la materia prima a elaborar. Un tercer elemento en la baraja es la adquisición forzada de granos que realizó Vicentin, con precio a fijar y sin pago inmediato a miles de productores de soja, que llega ahora al 25% del pasivo total. Finalmente, como en toda crisis, interviene el fraude o la malversación, en este caso el desvío de fondos al exterior, mediante la ‘triangulación’ de exportaciones, que son reexpedidas desde una sucursal, por ejemplo, en Paraguay, donde quedan retenidos los ingresos en divisas. Cuando el llamado ´stress financiero´ de la compañía era un hecho, el Banco Nación continuó otorgándole créditos, que Vicentin habría usado para fugar dinero, en lugar de saldar la deuda que tenía con los productores. Además del Nación y otros bancos locales, Vicentin tiene una elevada deuda en divisas con las finanzas internacionales – la tercera parte del total de u$s1.500 millones. Estas variantes, juntas o separadas, son la resultante de una crisis capitalista más amplia, no un fenómeno aislado como pretenden los voceros nacionales y populares. Eso lo prueban las quiebras de Garbarino y Ribeiro; la renegociación de deuda a que tuvieron que recurrir, entre muchas otras, Arcor y Ledesma; el desplome de las cotizaciones de las acciones empresas de Argentina en la Bolsa; la cantidad creciente de cheques sin fondos y las interrupciones de pagos; o los socorros que prodiga Alberto Fernández a las mayores corporaciones económicas, con el pretexto de la cuarentena, incluidos los salarios de sus ejecutivos. En una reunión reciente con funcionarios públicos, los representantes patronales urgieron una solución al pago de la deuda externa de Argentina para evitar la quiebra de grandes empresas locales endeudadas con fondos internacionales. Clarín, que provee la información, pone esa deuda en u$s15 mil millones, algo inverosímil cuando fue durante mucho tiempo cuatro veces mayor, y debió haber subido aún más bajo el macrismo. La caída del “valor de mercado” de la deuda pública de Argentina ha golpeado a las compañías locales que se atiborraron de títulos públicos bajo el macrismo. Más que pelea por el mercado En el concurso de acreedores, que lleva ya medio año, los Vicentin rehusaron vender los activos de la cerealera o del grupo, para saldar las deudas. Sólo lo hicieron en el caso de Renova, la empresa de bio-combustibles que comparte con Glencore, un ´trader´, o intermediario, que se ha convertido en protagonista industrial, a quien le vendió el 16,5% de su participación. De acuerdo con lo que ha trascendido, ofreció pagar a los acreedores sojeros con una quita del 50%, o hacer a ocho años, acompañado de un pago inmediato en efectivo. Rechazó, asimismo, una compra de activos de parte de su socia Glencore, no sabemos si como accionista minoritaria o mayoritaria. Vicentin pretende salir del concurso sin resignar la participación de mercado del conjunto del Vicentin Family Group. El decreto de intervención a la empresa y el proyecto de ley de expropiación ha sido determinado por la crisis del concurso; más precisamente por la perspectiva de desguace del Group. La oferta de compra hecha por Manzano, un ex directivo de Dreyfus y dos o tres grupos más, no solamente encuentra la resistencia de los Vicentin, sino de todos aquellos persuadidos de que se trata de testaferros de otros intereses. Las iniciativas del gobierno apuntan a resolver este impasse. Se diferencian de cabo a rabo de la ´estatización´ de Repsol, porque la española no estaba en quiebra ni tenía a un sector económico como rehén, mediante el default de su deuda. En ningún momento nadie usó la palabra “rescate”; aquella medida tenía en vista sacar a Repsol de lo que despuntaba como un gran negocio -Vaca Muerta - para pasarlo a tropa propia, Galuccio, y a una socia, Chevron. Alberto Fernández parece no recordar y Claudio Lozano lo omite, que fue con Chevron que se firmó un acuerdo para que “el flujo de dólares” fuera al exterior, por medio de una cuenta ´off shore´, conocida como paraísos fiscales - no a Argentina, como se pretende que ocurriría ahora con una nacionalización de Vicentin. El acuerdo YPF-Chevron fue algo más turbio que el retiro a Suiza de los fondos de Santa Cruz, obtenidos por la privatización de YPF, por parte de Néstor Kirchner. Pocos advirtieron, si es que alguno, la aprobación que recibió el anuncio de Alberto Fernández del “rescate” de Vicentin por parte del estado. Héctor Huergo, editor de Clarín Rural y vocero máximo del capital sojero, se vio obligado a convencer a un atónito panel de TN, de lo pertinente del “rescate”. Lo impulsaba, por otro lado, el hombre que pronto sacará a Argentina del ignominioso default. Las cosas cambiaron enseguida cuando el oficialismo comenzó a hablar de crear “una empresa testigo”, asegurar “el flujo de dólares” al país y alcanzar “la soberanía alimentaria”. O sea, crear una empresa gigante, público-privada, que intervendría en el mercado agro-industrial, suplementada por regulaciones del gobierno. La intervención estatal a Vicentin, como paso a su expropiación, por medio de una ley, quedó a cargo de YPF-Agro, un departamento de la petrolera, que manejar en forma transitoria los negocios de la cerealera. Atrapado Bien mirado, la intervención no supera el impasse, deja todo en ´modo espera´, al igual que la prórroga del concurso hasta agosto, por parte del juzgado de Reconquista, con el agregado de que la sede judicial tiene supremacía sobre el Ejecutivo. El proyecto de expropiación no se conoce, por lo cual no se sabe si se expropia el capital accionario de la empresa o sólo sus activos; si es solo sobre la cerealera o la totalidad del Grupo, en cuyo caso el estado se convertiría en socio minoritario de numerosas empresas; si es no o una expropiación selectiva. En cualquier caso, los $18 mil millones que Vicentin debe al Nación, no alcanzarían para cubrir el monto de las indemnizaciones y el pago del restante dos tercios de la deuda total. Los funcionarios de YPF que administrarán el fideicomiso YPF-Vicentin (el CEO, Afronti) han dicho que la deuda con los productores se saldaría con los ingresos de la empresa de aquí en adelante. Como una situación de quiebra produce una devaluación del capital accionario, porque éste deja de producir ganancias y acumula deudas, el interrogante es si el tasador del estado valuará a Vicentin de acuerdo a su quebranto o a su puesta de nuevo en funcionamiento. En este sentido, la intervención a Vicentin es, sí, una operación de rescate de los accionistas – la familia Vicentin. Entretanto habrá que ver si la justicia valida la intervención del gobierno o continúa con la soberanía exclusiva sobre el concurso. Que un estado quebrado salga a rescatar a los accionistas de una corporación privada, no solamente es una paradoja, sino que comporta una confiscación al conjunto del pueblo. Argentina se encuentra en default con su deuda financiera y forzado a financiar la economía con créditos del Banco Central . Reduce el poder adquisitivo de los salarios y las jubilaciones. En estas condiciones, si quiere mantener una unidad de producción o incluso evitar la injerencia de capitales extranjeros, no debe rescatar al capital quebrado sino proceder a una expropiación sin indemnización. Sin embargo, para que esa expropiación sin pago sirva a los intereses populares, falta todavía que se deroguen los cepos salariales y jubilatorios, se abola la precarización laboral, se respete las ocho horas de trabajo, se repongan los aportes jubilatorios de la patronales. El carácter progresivo o progresista de una expropiación lo determina la mejora que introduce en la vida de los trabajadores, no el rescate del capital a expensas de los trabajadores. Sobre expropiaciones En algún reportaje, Alberto Fernández aseguró que podía “rescatar” Vicentin con la deuda, por $18 mil millones, que Vicentin tiene con el Nación. Esto representaría una confiscación del patrimonio financiero del banco. El Nación ha sido usado, antes por los K y luego por Macri, para comprar deuda externa, al igual que el Banco Central, que hoy cotiza a menos de la mitad del valor a la que fue adquirida. Una expropiación sin pago no debe ser en perjuicio del Nación, que deberá recuperar lo prestado en otras condiciones, determinadas, llegado el momento, por una política propia de los trabajadores y la clase obrera, no para que el banco oficial sea la caja del capitalismo agrario y del pago a los fondos internacionales. Por otro lado, las expropiaciones aisladas, como la que se insinúa, inserta al estado en una competencia con rivales capitalistas de infinito mayor poder financiero y político. El objetivo que persigue la expropiación del capital es suplantar y abolir la anarquía del mercado, para proceder a una planificación orientada a los intereses de las mayorías. Por eso, la expropiación del gran capital debe tener un carácter colectivo. El trámite de la intervención preventiva a Vincentin y del proyecto de expropiación, han desatado una crisis política de gran alcance. Ha sido golpeado el sistema económico en su núcleo duro: el que no enfrenta crisis, siempre tiene financiamiento – se puede endeudar en dólares porque ‘produce’ dólares. Vicentin ingresa a la quiebra como producto del derrumbe económico bajo el macrismo, no como resultado de un gobierno ‘populista’; remata la quiebra del macrismo. El proyecto de expropiación aborda un escenario incierto. No tiene los números en Diputados y debuta con un conflicto con el concurso judicial. Cuando se observa el recorrido del tándem Fernández-Guzmán en la negociación de la deuda externa , entregado a los fondos internacionales, las negociaciones por la expropiación parecen encaminarse hacia el mismo fiasco. La crisis política responde a una bancarrota del sistema capitalista en su conjunto, generando opciones ´estratégicas´ conflictivas en el campo capitalista. Es una crisis y un debate de poder . Los socialistas debemos aprovechar el momento estratégico para reforzar el debate y la propaganda estratégica, con vistas a abrir una perspectiva revolucionaria. LEER MÁS Qué tiene que ver Vicentín con BlackRock

11 de junio de 2020
En memoria de Juan “Pepe” Escalas

Juan “Pepe” Escalas, con tan solo 19 años, tuvo en 1966 dos acontecimientos importantes en su vida. Por un lado, ese fue el año en el que ingresó a trabajar en el Banco Nación. Fue allí que Pepe pasaría a tener el trabajo de su vida, desempeñándose 46 años como bancario, hasta su jubilación en el 2012. Por otra parte, fue también en 1966 que comenzó sus estudios superiores, en la Facultad de Ciencias Económicas. En aquellos años como estudiante, Pepe tuvo una vida social que lo llevó a conocer a quien sería el amor de su vida entera, Ana. En el caso de la Facultad de Económicas, no solo conoció compañeros valiosos con los que desarrolló sus estudios, sino que también allí forjó amistades que fueron importantes para él. Uno de sus amigos, en aquel entonces, fue Pablo Rieznik. Con este y otros amigos, Pepe comenzaba a discutir las caracterizaciones de la situación política que pasarían a ser totalmente relevantes en su vida. La militancia en Política Obrera y el Partido Obrero Habiendo dejado de lado el activismo en la Democracia Cristiana, hacia finales de los ´60 y principios de los 70, Pepe tuvo un breve paso por el ERP, que finalizó con una decisión que procesó a través de un debate que desarrolló a fondo. En este sentido, los debates que aquel joven Pepe tuvo con sus compañeros y amigos lo llevaron a delimitarse definitivamente del foquismo e incorporarse activamente a la militancia en Política Obrera. En esos años de militancia, trabó amistad con Fernando "Cura" Sánchez, compañero de Política Obrera desaparecido en 1977. Ya con el regreso a la democracia, las vicisitudes de la vida y las elecciones personales llevaron a Pepe a tener, en 50 años, cuatro idas y venidas del Partido Obrero. Durante los ´90, se profundizó su militancia y su activismo en el Banco Nación. Allí, con un conjunto de compañeros, llegaron a desarrollar unas elecciones de un cuerpo de delegados clasistas que se impuso, en las narices de la burocracia sindical. Jubilados Clasistas Durante agosto del 2016, en el marco de una charla que dio Jorge Altamira en el local de Paternal, CABA, Pepe dio su último paso hacia la militancia. Fue allí que se incorporó al círculo de jubilados, siendo una parte importante de la naciente agrupación, Jubilados Clasistas. En ese contexto, en las enormes luchas contra la reforma previsional que se desarrollaron el 18 de diciembre del 2017, Pepe se destacó por un espíritu combativo indomable. Con un conjunto de compañeros que se bancaron la represión, fue herido en un brazo con dos balas de goma, situación que no lo frenó en su lucha por los derechos y conquistas de los jubilados y del conjunto de la clase obrera. Tras un breve paso por el círculo de jubilados de Villa Crespo, regresaría a militar en el círculo de jubilados de Paternal. Lucha en favor de la Tendencia del Partido Obrero Durante los inicios del 2019, Pepe siguió muy de cerca los debates desarrollados en el seno del Partido Obrero, que terminaron de cristalizar la gravísima desviación política del aparato usurpador del Partido Obrero, su degeneración metodológica y la verdadera afrenta producida contra su historia y el conjunto de los compañeros que la defendían. La charla brindada por Jorge Altamira en la Facultad de Ciencias Sociales, en oportunidad de los 50 años del Cordobazo, fue esclarecedora para Pepe, en materia de lo que significaba la lucha por la recuperación y superación del Partido Obrero, por su programa, metodología, principios e historia. Recuerdo a Pepe leyendo la última Política Obrera impresa, de fines de marzo, con una lucidez que le dio pie a discutir las posiciones expresadas en el artículo de tapa, con el que acordaba. El mundo va a ser un lugar más frío sin vos. Sin embargo, continuaremos luchando para cambiar al mundo de base, por la victoria de la clase obrera, para terminar con la opresión y con toda explotación. Querido compañero, querido papá ¡Hasta la victoria, siempre!

11 de junio de 2020
San Antonio de Areco: no al desalojo de la Escuela de Arte
Estudiantes de la Escuela Gustavo Chertudi

La Escuela de Arte No. 1 "Gustavo Chertudi", ubicada en San Antonio de Areco, Buenos Aires, fue fundada en 1990. Funcionan en la institución cinco carreras: los profesorados en Artes Visuales y Educación Musical y las tecnicaturas superiores en Realizador de Artes Visuales, Diseño Gráfico y Cerámica, brindando la posibilidad de estudiar a alrededor de 300 alumnxs de distintas localidades de alrededor. Muchos de nuestros alumnxs, egresados y docentes fueron y son activos protagonistas del sector cultural de la región, contribuyendo nuestra escuela, a la formación de hacedores que enriquecen el patrimonio tangible e intangible de San Antonio de Areco, la provincia y el país. Desde que nuestra institución, que hoy depende de la provincia de Buenos Aires, fue inaugurada, no tuvo un edificio propio. En 2012, y después de mudarse a varias sedes, se estableció en la Fundación Laplacette, una casona propiedad del Municipio que nos fue otorgada por 20 años mediante un comodato y que vencía en el año 2032. Cuando comenzó la emergencia sanitaria aún vigente, el intendente Francisco Ratto solicitó las instalaciones a las autoridades educativas desmantelando a la Escuela, y trasladó allí distintas dependencias del hospital municipal Emilio Zerboni. Durante estos meses, sufrimos la destrucción de parte del patrimonio artístico de nuestro espacio. Numerosas veces presentamos reclamos y pedidos de información acerca de la situación del edificio y su patrimonio, pero no fuimos escuchados. El pasado 5 de junio del presente año, nos enteramos de que el comodato que nos habilitaba a estar en el edificio fue revocado. A cambio nos ofrecen diseminarnos en diferentes sedes a corto plazo, mientras que a largo plazo sólo proponen soluciones parciales. Estas opciones, no resuelven nuestra problemática debido a las necesidades específicas de nuestra escuela: cantidad de carreras y alumnxs, materiales y herramientas de difícil transporte y mucho cuidado, tamaño de algunas aulas requeridas, etc. Tampoco consideramos una solución posible y adecuada la división de la institución en distintos edificios de nuestro pueblo. Esto acarrearía distintos inconvenientes, como pérdida de identidad y presencia comunitaria, superposición horaria a docentes, movilidad del alumnado por distintas zonas del pueblo con los consiguientes inconvenientes que ello conlleva, entre otras. Son reales los problemas sanitarios de Areco, pero estamos segurxs que no pueden solucionarse invisibilizando a una institución de 30 años de vida. El derecho a la salud no puede ni debe pasar sobre el derecho a la educación, sino que ambos deben ir de la mano. Le solicitamos al gobierno municipal que tome en cuenta las problemáticas planteadas y dé lugar al planteo de retrotraerse en la decisión de dividir la institución hasta que dé una solución que no conlleve dichos riesgos. También hacemos llegar nuestro justo reclamo a las autoridades provinciales, de quienes dependemos y quienes deben proveernos de un edificio propio, y a autoridades del Ministerio de Educación de la Nación, quienes también deben velar por el pleno desempeño de nuestras instituciones educativas, garantía de la igualdad de oportunidades y justo crecimiento de nuestro pueblo. Mientras tanto y ante esta situación, la comunidad de la escuela Gustavo Chertudi nos declaramos en estado de alerta y movilización permanente y decimos ¡NO AL DESALOJO!

11 de junio de 2020
El gobierno de Fernández intenta avanzar en la regulación de la prostitución

Este domingo por la tarde, se habilitaba la inscripción al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (ReNaTEP) y dentro de las categorías aparecía la opción de “Trabajadores Sexuales”. Por primera vez, el gobierno avanzaba en la regulación de la prostitución sin siquiera anunciarlo. Hacia el final del día la categoría de registro había sido anulada de la web, pero desde el gobierno anunciaron que están armando una Mesa de Trabajo a la que se convocará “a representantes de los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, de Seguridad, de Trabajo y de las Mujeres, Géneros y Diversidad; y a organizaciones sociales y diversos colectivos para analizar las distintas perspectivas” (Infobae, 8/6/20). Prostitución y pandemia El negocio de la prostitución es una de las “industrias” capitalistas más redituables del mundo. Está entrelazado a las empresas, bancos y financieras más importantes y llena las arcas de funcionarios de todos los poderes del estado. Las organizaciones de mujeres en situación de prostitución, como AMMAR o ATTA (Asoc. de Trans y Travestis de Argentina), se crearon para la defensa de las compañeras contra el proxenetismo y de las fuerzas policiales, de quienes denunciaban todo tipo de hostigamiento para arrojarlas a las redes de trata. Luego de haber sido cooptada por el Estado, AMMAR inició un lobby para regular lo que consideran “trabajo sexual” planteando que esas mismas instituciones, que las hostigaban y las entregaban a los proxenetas, ahora iban a protegerlas. Lo cierto es que ya desde hace algunos años, se han sucedido denuncias y procesamientos en todo el país contra dirigentes de AMMAR acusadas de regentear mujeres en prostíbulos contra su voluntad. La apertura de la categoría de “trabajadores sexuales” propuesta por ReNaTep tenía como opción a marcar si era cuentapropista o “bajo relación dependencia”, que no significa otra cosa que la habilitación del regenteo de mujeres. La situación de las compañeras insertas en el régimen prostituyente las convierte en uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, y esto se agrava fuertemente con la pandemia en curso. La exposición a la violencia, violaciones, amenazas y al contagio de enfermedades venéreas se suma a la completa exposición al coronavirus, siendo, muchas de ellas, población de riesgo. El sector trans es uno de los más golpeados en ese sentido y tienen hoy una expectativa de vida de 35 años. El gobierno tiene que responder cómo puede llamarse profesión o trabajo una actividad que destina a una esperanza de vida que involuciona hacia la época de las cavernas. El ReNaTEP y una regulación en línea con la decadencia del capitalismo Georgina Orellano, y el feminismo regulacionista, sostienen que la mejor manera de sacar a las prostitutas de la situación de precariedad y vulnerabilidad es que el Estado las reconozca como trabajadoras y le otorgue los derechos laborales legislados. En principio, omiten que el desarrollo de la crisis mundial, sumado a la pandemia, ha avanzado contra los derechos y condiciones de vida de la clase trabajadora. Asistimos a millones de despidos y suspensiones, que se suman a una base de un 40% de precarizados. Este es además un condicionante fundamental que lleva a cercar a las mujeres a la prostitución como única salida para alimentarse ella y sus hijos. El ReNaTEP se crea para el blanqueo del trabajo precario. La regulación propuesta por el gobierno de Fernández ni siquiera quitaría a las mujeres en situación de prostitución de la precarización- hoy embellecida bajo el nombre de “economía popular”. Les otorgarían al parecer las magníficas condiciones de vida de vendedores ambulantes o cartoneros. No garantizan estabilidad salarial, ni obra social, ni aguinaldo, no garantizan una vivienda sin hacinamiento o con agua, ni tampoco insumos para la protección al contagio de coronavirus. Las mujeres que vivimos de nuestro trabajo no queremos que nos registren bajo un trabajo precario, queremos trabajo digno, en condiciones y con salarios igual a la canasta familiar. Es urgente la lucha por un subsidio a las desocupadas de $30.000, por el cupo laboral trans, contra el hacinamiento y la falta de agua. Exigimos el desmantelamiento de las redes de trata y la confiscación de bienes que puedan transformarse en ayuda económica para las víctimas. Se vuelve necesaria la deliberación y la organización independiente del Estado y sus organismos, cómplices y garantes del negocio multimillonario de la explotación sexual.

11 de junio de 2020
Clínicas, hospitales, salud: una crisis anunciada
Marcela Storni

Con la pandemia que azota al mundo entero el Coronavirus llegó a Argentina dejando al descubierto el abandono de la salud, la falta total de insumos, de respiradores (que la fábrica Toyota supuestamente se iba a poner a fabricar y no vimos ni uno solo aún). Sumado a esto la falta de personal médico, enfermeras y auxiliares, así como los que ya están trabajando y cobran míseros salarios, nos encontramos con personal auxiliar (limpieza, por ejemplo) y enfermeros que fueron tomados de emergencia por la contingencia sanitaria y desde el comienzo de la pandemia aún no cobran sus sueldos y son sometidos a la máxima precarización laboral sin insumos, sin elementos de protección. Es en estas circunstancias que atienden a los jubilados y a los pacientes en general en los diezmados hospitales públicos y ni que hablar de las clínica privadas que capitan al PAMI, donde nos encontramos con falta de camas, falta de turnos, reprogramación de cirugías y de estudios indispensables sin que te ofrezcan otra fecha, las guardias son prácticamente inexistentes salvo si aparece la sospecha de síntomas del Covid19, los jubilados/as no se pueden enfermar de otra cosa, no tienen quien los atienda, un abandono total de persona. Tenemos compañeros/as en nuestra agrupación que, siendo enfermos oncológicos, han tenido que padecer reprogramaciones de cirugías que han costado conseguir llevarlas adelante, incluso se ha llevado la vida de nuestra compañera Nora Elicabe o de otros compañeros que están a la espera de controles médicos vitales, hablamos de controles oncológicos o de cualquier otra enfermedad grave. ¡No es el Covid-19 o atender una enfermedad preexistente, es el Covid-19 y nuestras enfermedades preexistentes! Es dar solución a las dos cosas porque está en juego la vida humana y es aquí, cuando estamos en riesgo con una enfermedad tan letal como el Coronavirus que el sistema se deja ver tal cual es: ajusta y reduce cada vez más los costos en salud, los costos en prevención, en investigaciones científicas y sale a hacer vorazmente sus negocios. Nos preguntamos, ¿por qué no se está testeando a la población con el Neokit-Covid-19, el testeo rápido desarrollado hace un tiempo atrás por los científicos del Conicet? “Investigadores argentinos lograron detectar de manera rápida el coronavirus COVID-19 en muestras de pacientes positivos para esta enfermedad, lo que abre la posibilidad de realizar el diagnóstico en el centro médico o punto de atención y obtener el resultado en solo una hora. Esta prueba es confiable, funcionó muy bien para el dengue. Tiene la ventaja de detectar en pacientes asintomáticos la portación del virus y su costo es de tan sólo de dos dólares." Son los asintomáticos los que deberían rastrear a través de hisopados masivos ya que son los que, sin saberlo, propagan el virus, esto quedó más que claro con el tema de los contagios en los geriátricos, donde las enfermeras, auxiliares de limpieza y cocina, las cuidadoras, por los bajos salarios deben trabajar hasta en dos lugares diferentes. Esto es la circulación del virus a través de los trabajadores que son los que deben salir a trabajar y exponerse hasta la muerte para solventar a sus familias y atender a los abuelos internados en los geriátricos. Ganancia para los dueños, maltrato, destrato, precarización, falta de humanidad tanto para los abuelos y sus familias, como para los trabajadores. La pandemia ha llegado para poner a la vista de todos el vaciamiento en salud y la precarización laboral tanto en el sector público como en el privado quedar al descubierto todo el entramado de negocios como la unificación de las clínicas que atienden al PAMI con los hospitales públicos vaciados, con falta de insumos, camas y de personal, aquí vemos cómo todo se encuentra atravesado por contratos y arreglos entre el PAMI y los dueños de los Pool de clínicas que hacen su negocio millonario con la salud de los adultos mayores, con los miles de trabajadores/as jubilados/as que han pagado toda su vida y aún siguen aportando por un servicio de salud que es un negocio redondo de un grupo de inescrupulosos capitalistas, por todo esto es nuestras vidas o la del capital. Nuestras reivindicaciones: Duplicación del presupuesto para salud prestaciones y medicamentos al 100% Testeos masivos a todos los adultos mayores con factores de riesgo (en especial a los que se encuentran en geriátricos y todo) y a todo el personal. ¡PAMI y ANSES dirigido por sus trabajadores y afiliados, basta de intervención! Por un plan de emergencia especial para los afiliados del PAMI en las clínicas y Hospitales, ante el primer síntoma. Que dicho plan sea controlado por los trabajadores y afiliados. Por un plan de emergencia sanitaria y la reorganización de turnos y operaciones quirúrgicas, turnos a especialistas y controles de salud de manera urgente. Que nos provean de todos los elementos necesarios para enfrentar la pandemia: elementos de limpieza, alimentación (incluidos productos frescos) y medicamentos. No al pago de la deuda externa Organicemos nuestra lucha con los trabajadores de la salud.

11 de junio de 2020
El escenario de la izquierda brasileña frente a la crisis política y el comienzo de movilizaciones populares

Las manifestaciones contra Bolsonaro, el pasado 7 de junio, tuvieron lugar en al menos 20 capitales y varias ciudades del interior. Participaron partidos de izquierda, movimientos sindicales, sociales, populares y del movimiento negro. Levantaron la consigna “Fora Bolsonaro”. En las últimas semanas hubo intercambios políticos en la perspectiva de un frente de “defensa de la democracia”. El 21 de mayo unas 400 organizaciones, entre ellas, PT, PCdoB, PCB, PSTU, PCO, PsOL y UP, habían dado a conocer un documento para reclamar el juicio político, o ‘impeachement’, contra Bolsonaro. En caso de que el Senado destituyera a Bolsonaro, la presidencia debe ser asumida por el general (r) Hamilton Mourao – el vice. Manifiestos como “Estamos juntos” plantean “Fuera Bolsonaro” una “defensa de la democracia”, en función de otra perspectiva - impulsar una alternativa electoral en 2022. “Somos el 70%”, es otra de las plataformas que se inscribe en una defensa de la democracia. Los excandidatos Ciro Gomes y Marina Silva llamaron a un “frente amplio por la democracia”, junto al expresidente Henrique Cardoso. El intelectual progresista Eduardo Soares publicó en O Globo una nota en la que pide evitar las movilizaciones. El senador del PT, Jacques Wagner, firmó una carta junto a Sustentabilidade, PSB, PDT y Cidadania, desaconsejando participar en movilizaciones que estaban programadas. Fue apoyado por el gobernador de Ceará, Camilo Santana. Advertían que movilizar significaba correr el riesgo de ser provocados por bolsonaristas infiltrados o darle excusas al gobierno para defenderse. La presidenta del bloque de diputados del PT, Gleisi Hoffmann, por el contrario, cruzó a ambos, en apoyo de las manifestaciones. El diputado federal Marcelo Freixo, del PSoL dijo que “si no tuviera una pandemia, estaría en las calles todos los días contra Bolsonaro” (Poder360), o sea que “se queda en casa”. Boulos candidato presidencial del PSoL, MTST (trabajadores sin techo), con el Frente Povo Sem Medo, convocaron, junto al PSTU, PCB y UP a actos en la calle. El PCdoB (cabeza de la central CTB) no convocó, sin embargo, a su activismo. Sí lo hizo la central sindical Conlutas. El PSTU denunció que PSoL ,“aunque participaron activistas de base, no estuvo presente en los actos como partido” (PSTU, 8/6). Boulos (PSoL), que habló el domingo en los actos, dijo que estaba al tanto de los riesgos, pero no creía que “si les dejamos las calles, estaremos evitando” la escalada autoritaria de Bolsonaro. Desde el PSoL Resistencia, Valerio Arcady, durante décadas dirigente del Pstu, explicó que “debemos tener cuidado con la omnipotencia de pensar que la izquierda tiene más autoridad que la que tiene” (esquerdaonline, 7/6). “Nadie sabe si Bolsonaro tendría apoyo militar para una aventura provocativa para imponer una maniobra bonapartista. La importancia de alinear las Fuerzas Armadas con Bolsonaro para preservar el mandato no se puede minimizar. Las amenazas de provocación son al menos un intento de blindaje” (3/6). Para este sector del PSoL hay que presionar “en las calles” al Congreso para conseguir el impeachment. Dicen: “Debemos luchar por la construcción de la unidad democrática más amplia, incluidos todos los sectores burgueses y de derecha (…) no se puede confundir con una alianza estable con los sectores empresariales y la derecha, bajo pena de la izquierda sucumbiendo al liderazgo y al programa de la oposición burguesa” (ídem, 9/6). La clave está en la palabra “estable”, sin establecer cuánto duraría esa ‘estabilidad’, ni la relación entre el éxito de un ‘impeachement’ y la asunción de Mourao, el militar vice. Plantean una “tercera vía” entre “Frente Amplio” con la derecha y el “Frente Único” de los trabajadores. Reclaman al PT ponerse a la cabeza del frente, aunque el PT quiere a la cabeza a una fuerza que esté a su derecha. “Fora Bolsonaro”, agregan, debe ser el piso para una amplia unidad de acción. El PSTU plantea, en cambio: “Fuera Bolsonaro y Mourão, además de una cuarentena real para salvar vidas, con trabajos garantizados, salarios, ingresos, apoyo para pequeñas empresas, y contra el genocidio negro y en defensa de las libertades democráticas” (ídem). Para alcanzar este objetivo plantea la convocatoria de elecciones ‘ya’. Para el MRT (PTS), “los actos dejaron a la derecha a la defensiva”. Plantean una “Asamblea Constituyente libre y soberana”. “Para eso, las centrales sindicales deben (…) convocar una paralización nacional, como ocurrió recientemente en Italia” (esquedadiario, 9/6). La “paralización” nacional tiene como objetivo “expandir la democracia”: “En una Constituyente libre y soberana impuesta por la lucha, será posible someter al voto popular todos los principales problemas nacionales y la dirección del país (…) no será volver al proyecto del país del PT (…) Será avanzar en un proyecto de país donde realmente las mayorías populares, la clase trabajadora, cada vez más femenina y negra en nuestro país, puedan tomar las riendas de las decisiones sobre los grandes problemas y avanzar para hacer que los capitalistas paguen por la crisis” (ídem). No dice quién convocaría a esa Constituyente, ni si ella sería ejecutiva. Se deduce que es una forma expandida del parlamento, en el marco de la división de poderes. La izquierda brasileña plantea una variedad de salidas: ganar las elecciones en dos años, adelantar las elecciones ‘ya’, proceder al juicio político contra Bolsonaro u otorgar al parlamento funciones constitucionales. Desde la primera propuesta a la última, ninguna prevé una crisis de poder, un desplome social y política, una irrupción de luchas generalizadas, ni la emergencia de situaciones revolucionarias. Tampoco se prepara para ese escenario, mediante una acumulación revolucionaria de fuerzas en la clase obrera. LEER MÁS Brasil, la próxima parada

11 de junio de 2020
Des-cuarentena: entre "runners" y aperturas comerciales

La nueva fase de la "cuarentena" anunciada el viernes pasado por Fernández, Kicillof y Rodríguez Larreta, se configuró en términos del jefe de Gobierno porteño. Luego de que el gobierno de la Ciudad habilitara la actividad deportiva al aire libre, miles de "runners" salieron a correr y caminar en diferentes espacios públicos y parques de la CABA sin mantener las normas de protección y distancia social obligatoria. Este suceso pareció una marcha anticuarentena bajo la forma de una "maratón. El episodio dejó expuestos de manera inmediata los límites de "la apertura inteligente" que propala la derecha y la fragilidad política del trío que comanda y gestiona la cuarentena del AMBA. El trío se dobla, pero no se quiebra... por ahora Un suceso como este, que parece anecdótico y hasta bizarro, dio cuenta de algo más profundo. Sin demora, Sergio Berni explicitó la tensión que crece entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia en una entrevista que brindó a TN, en la cual sostuvo que la flexibilización del aislamiento social obligatorio que permitió el gobierno porteño rompió el vínculo de solidaridad entre ambos distritos. El funcionario sostuvo: "No podía creer lo que veía…Me parece que lo que se acabó fue la solidaridad, en la Provincia estamos en una situación muy delicada...El desastre del lunes ya está hecho. El daño ya está hecho". Será cuestión de ver dentro de diez días más qué impacto tuvo, efectivamente, la aventura deportiva de la administración larretista. Por su parte, el presidente Alberto Fernández dijo en una entrevista con Radio 10 que se alarmó al ver la cantidad de "deportistas" porteños, pero remarcó una y otra vez que "es muy bueno" el trabajo mancomunado con las autoridades porteñas. La alianza se dobla, pero no se quiebra. Por lo menos hasta no esté definida la reestructuración de la deuda, ya que es una misión que estaría necesitando de la menor turbulencia posible. El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, por su parte, dijo que no habrá modificaciones en el esquema que permite la actividad física. Apeló a "la responsabilidad" individual y dijo que fue normal lo que pasó porque "después de 80 días encerrada, toda la gente quiso salir". Una no política basada en el espontaneísmo, a pesar de que la salida masiva de los “runners” puede constituir en una crisis sanitaria aún mayor que la actual. Apertura a contramano La apertura, bajo presión de las patronales, se da al mismo tiempo en que, según el reporte diario vespertino del Ministerio de salud Nacional, al 10 de junio suman 25.987 casos positivos en todo el país y 735 fallecidos. La CABA lidera la tabla con 12.487 casos confirmados, la provincia de Buenos Aires le sigue con 10.211. Entre ambos distritos concentran el 87% de los casos a nivel nacional y el 95% de los nuevos casos registrados, que escalan a la alarmante cifra de 1.142 casos nuevos en 24 horas. Mientras los números demuestran que la curva de contagios crece a paso acelerado, concentrándose este crecimiento en las villas del AMBA, las autoridades bonaerenses ceden ante el pedido de apertura económica de los intendentes, al mismo tiempo que fluctúan entre cercos policiales fallidos y hacer uso de centros médicos montados de manera improvisada en diferentes zonas frente a la posibilidad cierta del colapso del sistema sanitario. Por su parte, las autoridades porteñas abren cada vez más la economía y las actividades recreativas. Una política a contramano de la realidad. Ninguno de los dos gobiernos presenta un plan integral sanitario y alimentario para controlar el avance de la pandemia. A nivel nacional, todos los distritos están embarcados en poner en marcha la vuelta a clases. Es evidente que, si los adultos vuelven al trabajo, tiene que tener donde dejar a sus hijos. La escuela actual es concebida, por el Estado capitalista, como un depósito de niños. Mientras Kicillof, en la conferencia de prensa del miércoles 10, habló de "integrar el sistema de salud público y privado" y subrayó que "la pandemia golpeó al sector privado que está empezando a quebrar...En colaboración con sus representantes empezamos a diseñar una batería de medidas para sostener al sector privado durante la pandemia". La medida se financiaría poniendo a disponibilidad 400 millones de pesos mensuales del IOMA. Un rescate más al sector privado mientras el sistema sanitario público se cae a pedazos. Se impone más que nunca la defensa de la vida obrera por sobre la presión al retorno a "una nueva normalidad" a la que el capital nos quiere llevar a expensas de nuestra propia salud.

11 de junio de 2020
Chubut, Madryn: Los violadores son el poder político

Cuando el fiscal de Rawson, Chubut, justificó como un “desahogo sexual” una violación ´en manada´ ocurrida en 2012, en Puerto Madryn, la corriente del feminismo cultural creyó encontrar un ejemplo mayúsculo del machismo anidado en la sociedad, y el sector oficialista se sintió reivindicado en su objetivo de impulsar “la perspectiva de género” en el Estado. En aplicación de la ley Micaela, el gobierno ya ha tomado medidas en ese sentido, por ejemplo, la capacitación de centenares de policías. El fiscal en cuestión entendió que su caracterización justificaba un cambio de carátula de la causa, que pasó entonces a abuso sexual simple de la que establecía, con anterioridad, el abuso sexual agravado con acceso carnal. La nueva calificación permitía solicitar un juicio abreviado y una condena de hasta tres años, que podía quedar en suspenso. Que una violación ejecutada en grupo (“manada”) debía merecer un cambio de carátula y la reducción de la pena, si obedecía a un ‘un desahogo’ colectivo, hacía ver a quien quisiera que estábamos ante un claro abuso político, o sea de poder. Ocurre que un juicio abreviado no es prerrogativa del fiscal si no está respaldada por un acuerdo de partes; en 2017 la víctima se había animado a hacer la denuncia del delito. De otro lado, el juicio abreviado debe ser refrendado por el juez. Todos los diarios informaban que los victimarios eran “hijos del poder” de la ciudad, Madryn. Finalmente quedó claro que el poder había comprado ese juicio abreviado mediante un arreglo económico con la familia de la joven violentada, lo cual desmentía que la víctima hubiera tomado la iniciativa, para no alargar en el tiempo la experiencia por la que fue forzada a atravesar, e incluso repetirla en un juicio oral y público. No sabemos todavía si la indignación popular que causo el manoseo del fiscal, o por otras razones, el juez rechazó el cambio de carátula, y la defensa apeló la sentencia de primera instancia. En los fundamentos, el juez revela que el acuerdo de partes no fue tal, sino ‘a la Trump’, o sea acallar a la víctima por dinero. La presencia del dinero confirma que se trata de una coacción de los ‘padres del poder’, con la complicidad del fiscal. Estamos ante una cuestión política de pies a cabeza, y no de una deriva ‘cultural’, que en todo caso no sería sino la expresión justificatoria del poder y del abuso de poder. Solamente destruyendo este poder se puede eliminar la impunidad de una violación de los derechos humanos de la joven, y de la mujer. Es claro que solamente bajo otro poder, de los trabajadores, y en definitiva bajo la abolición de todo poder, o sea de toda forma de opresión y subordinación, se pueden desarrollar las condiciones históricas para acabar con la opresión milenaria de la mujer. La cultura es un arma para luchar por la abolición de toda opresión, cuando en lugar de operar como una justificación del orden existente, la cultura machista y no el orden social y político, opera como crítica práctica de ese orden. Con esta comprensión, propugnamos la formación de un movimiento por el juicio rápido y por la condena de la ‘manada’, sin que nos corresponda a un juicio sobre la aceptación del juicio abreviado por parte de la querella – haya mediado dinero o no. No admitimos sumar a aquella violación otra violación, como condenar a la víctima por el papel que se le atribuye acerca del juicio abreviado. Simplemente nos sumamos a una movilización política por el juicio y castigo a los culpables

11 de junio de 2020
IPESA y Publiexpress: los obreros se presentarán a retomar sus puestos de trabajo

Los trabajadores gráficos de IPESA y de prensa de Publiexpress, histórica grafica que produce entre otras la Revista Pronto, fueron despedidos masivamente por la patronal a solo días de establecerse el decreto de prohibición de despidos y en franca violación al mismo. Ahora, tras obtener una serie de fallos favorables en la justicia, se presentarán el viernes por la mañana a reclamar su ingreso, cuando vence el plazo de la patronal de cumplir con lo ordenado en las sentencias, es decir reincorporar efectivamente a los trabajadores. La patronal de IPESA obtuvo ganancias extraordinarias, el año pasado, como fruto de la impresión masiva de boletas electorales, entre ellas, las de Cambiemos y el Frente de Todos. Esto no impidió que, pocos meses después, a fin de año, despidiera masivamente a la mitad de su personal gráfico, lo que fue resistido por los trabajadores, ante la pasividad absoluta del sindicato que no hizo más que acompañar audiencias en el Ministerio de Trabajo. Este año, a días de haber obtenido una licitación millonaria con el Ministerio de Educación para producir cuadernillos para la educación pública durante la pandemia, la empresa cerró las puertas de la planta, despidió a la inmensa mayoría del personal de IPESA y Publiexpress, mientras mantuvo un reducido staff para la edición web de la Revista Pronto, el mantenimiento de la empresa y seguridad, el área comercial y algunos sectores técnicos, para diagramar la tercerización de trabajos que sigue realizando y produce en talleres precarizados. La propia patronal ha reconocido que no descarta reabrir en el transcurso de los próximos meses, pero de este modo se “cubre” de las pérdidas que pronostica por la caída de las ventas por el Covid-19 -razón por la que discontinuó la impresión de Pronto, la revista más vendida del mercado editorial- y por los parates productivos que pudieran ocurrir a raíz de la pandemia. Además, de este modo, pasa a precarizar masivamente el trabajo echando a sus empleados con antigüedad y conquistas laborales. “Modelo” que ya tomaron Clarín con AGR y La Nación con el diario. Ante esta completa arbitrariedad, el gobierno y el ministro de Trabajo, Carlos Moroni, no hicieron nada, el sindicato tampoco, mirando impávidamente como los trabajos de IPESA se hacen en decenas de talleres. Los trabajadores empujados a ir a la justicia ahora han obtenido estas resoluciones que la patronal ya adelantó que piensa incumplir. Los trabajadores reclaman la inmediata intervención del estado, que hasta el momento viene premiando a la patronal con licitaciones millonarias, y que les sean devueltos sus puestos de trabajo, indudablemente estos fallos fortalecen su lucha que llamamos a que sea acompañada por todo el movimiento obreros que lucha.

11 de junio de 2020
Los Fernández reculan ante la extorsión de un monopolio cerealero

La noticia de las últimas 24 horas es la disposición del gobierno a abandonar su propósito de proceder a expropiar la cerealera Vicentin por medio de la sanción de una ley. El obstáculo más significativo para avanzar con la expropiación es la posibilidad de que no reúna los votos necesarios en Diputados, incluso por la oposición de la tropa propia, desde el gobierno de Santa Fe y por parte de Sergio Massa. Del otro lado, y sin la herramienta de una expropiación, la quiebra de Vicentin no tendría salida. En este caso se llevaría puesta al Banco Nación y a numerosos capitales agrarios medianos. El Nación tendría un peligro patrimonial cierto, incluso sin el pagadiós de Vicentin, porque tiene una cartera de títulos públicos que cotizan en el mercado a la mitad del valor que figura en sus libros. El concurso de acreedores que se ventila en Reconquista, Santa Fe, se encuentra estancado desde febrero, y el juez lo prorrogó hasta agosto, quizás por las vacaciones de invierno. La convocatoria debutó con una linda expropiación de los acreedores de la firma, incluido el Nación y los productores, porque el juez pesificó los reclamos sobre la empresa, para poder discutir sobre números inamovibles. Los créditos financieros a los exportadores (prefinanciación) se otorgan en dólares, porque el prestatario exporta en divisas internacionales. Entre los pesificados se encuentra la Corporación Financiera Internacional, de modo que una entidad internacional, al menos por una vez, deberá sufrir los rigores de la justicia local, con sede en el norte santafesino. El concurso no va para ningún lado, porque Vicentin no acepta otro arreglo que no se compadezca con la continuidad mayoritaria del grupo, sea por número de accionistas o porque quede establecido en los estatutos. Así, rechazó una oferta de compra por parte de Glencore, su socia en Renova: lo mismo hizo con un grupo encabezado por el ´memorable´ José Luis Manzano, ligado al grupo Vila; otro de un ex ejecutivo de Dreyfus, así como de otros. A los acreedores agropecuarios le propuso el pago del 50% de las acreencias. Los negocios del conjunto del grupo Vicentin, Vicentin Family Group, han sido afectados, como lo prueba que la planta de elaboración de aceite en San Lorenzo trabaja a la mitad de su capacidad. El asunto es que, si no se llega a un acuerdo, el juez debería fallar la quiebra de la empresa, y el pago a los acreedores con lo que recaude con la venta de los activos. El resultado de la quiebra es la posibilidad de que los acreedores vayan por el resto del Vicentin Family Group. Vicentin se encuentra entre la pared de una quiebra de su principal negocio y la espada de una adquisición por parte de un grupo financiero inamistoso. Quienes desfilan por Reconquista para defender a Vicentin ni saben que el grupo enfrenta por un lado la quiebra, y por el otro una absorción hostil. Los Fernández han salido a entrometerse en este impasse sin tener un plan de negocios que haga viable cualquier arreglo que logre con los acreedores. Intervenir una empresa es manejarla: conservar clientes y proveedores y obtener financiación. Es difícil hacerlo sin la garantía que otorga un derecho de propiedad, o sea que tiene que expropiar. Para intervenir necesita autorización del juez que, precisamente, debe tratar de rescatar el negocio. Si obtiene la autorización, el concurso queda congelado. A partir de aquí tiene abierto el camino para llevar un proyecto de expropiación al Congreso. Los opositores al planteo del gobierno conocen esto mejor que nuestro partido y nuestra tendencia. Por eso, mientras atacan los slogans de la Cámpora y de Grabois, acerca de la ´empresa testigo´ y la ´soberanía alimentaria´, negocian en la trastienda una salida que el concurso de acreedores no ha conseguido acordar. Con el Nación quebrado, YPF con una deuda ocho veces superior a su capital en bolsa, y el estado entero en ´default virtual´, la consigna del gobierno es ´vayamos, y veremos que hacemos´. En pocas semanas recibirá el dictado del FMI sobre lo que debe hacer. El concurso de acreedores y una eventual quiebra ponen en jaque la financiación de todo el comercio agrario, basado en créditos internos en dólares, cuando la financiación internacional se repliega. Por si esto fuera poco, el ´pibe´ Guzmán se propone ofrecer a los fondos internacionales un bono que reditúa con el crecimiento de las exportaciones, que se quedarán de este modo con una parte de la renta de exportación. Los socialistas hemos planteado desde cerca de un siglo la expropiación sin pago de toda empresa que despida, suspenda o cierre. Es una defensa de la clase obrera frente a la quiebra capitalista aislada o general. Una cosa diferente es apoyar una expropiación realizada por un gobierno capitalista para rescatar al capital, con el argumento de que el estado preserva el empleo. Esto es teóricamente insostenible, porque una gestión estatal sigue siendo una gestión capitalista, cuando el mismo estado quiere envolver la expropiación dentro de una empresa público-privada. YPF ha anunciado que la crisis petrolera le ha creado un sobrante de cinco mil obreros, que va a despedir, quizás bajo el paraguas de la doble indemnización, que hoy es chaucha. YPF es una sociedad anónima, gracias a Néstor, entre otros, público-privada, que arriesga un juicio por u$s12 mil millones, por no haber expropiado e indemnizado a los accionistas privados, cuando lo hizo con el 51% de Repsol. Sobre Argentina no flamea aún la bandera roja del comunismo, pero sí la del martillero. Los sindicatos de la agro-industria no deben mirar esta crisis desde la óptica de algún interés de corto plazo, por otra parte dudoso, sino con el entendimiento de que la crisis capitalista está instalada a largo plazo, que es sistémica y de conjunto, más precisamente, que tiene un contenido histórico. Por eso no deben despilfarrar fuerzas en apoyar una nacionalización capitalista, por otra parte, incierta, hipotética, y que acabará, de una u otra forma, en un rescate de las patronales a costa de la masa laboral. LEER MÁS La pseudo nacionalización de Vicentín VER MÁS Entrevista a Jorge Altamira canal 5 Saladillo - 12-06-2020

11 de junio de 2020
Sobre la esclavitud en Brasil y EE.UU.

En su brillante artículo Brasil, la próxima parada , Altamira hace una afirmación incorrecta. En Brasil, dice, “la cuestión de la brutalidad policial contra las personas negras es más fuerte que en Estados Unidos – en gran medida porque los descendientes de esclavos, en Brasil, son mayoría de la población, y la esclavitud ha sido tres veces mayor en números”. Pues bien, me permito corregirlo. Es erróneo que la esclavitud en Brasil haya sido tres veces mayor: EE.UU. fue, desde mediados del siglo XVIII, -es decir desde poco antes de la guerra de independencia hasta poco antes de la guerra de Secesión- el mayor importador de esclavos africanos a escala planetaria. Superó primero a Santo Domingo, hasta la guerra nacional e instauración de la primera república negra (Haití) que Toussaint L´Ouverture emancipó de la esclavitud. De paso sea dicho: ni la famosa “declaración universal de los derechos humanos” de la revolución francesa cuestionó la esclavitud, ni siquiera en la era jacobina. Luego, bajo el thermidor napoleónico, Francia llevó a la masacre al pueblo haitiano. (Haití era la colonia más famosa y próspera del planeta; antes de su independencia reportaba casi un tercio del producto bruto francés). EE.UU. supera después a Jamaica en importación de esclavos, a pesar de que la colonia inglesa relativamente suplanta a Haití como principal economía de plantación azucarera en el Caribe. Por último, EE.UU. supera cómodamente a Brasil durante todo el siglo XIX. Brasil comienza entonces ya su largo estancamiento. En EE.UU. ocurre todo lo contrario. Las colonias del sur esclavistas, según todos los historiadores, fueron durante los 50 primeros años de EE.UU. independiente la columna vertebral de la economía yanqui. Ésta se afirmó a base del desarrollo y ampliación de la economía de plantación-esclavista de tabaco y algodón. Los ´padres fundadores´ de EE.UU., en su inmensa mayoría del estado más racista de todos, Virginia, con excepción del también virginiano Thomas Jefferson, fueron todos esclavistas. De ese estado que reunía la mayor concentración de esclavos de todo EE.UU. salieron casi todos los presidentes hasta 1830. Mientras en toda la historia del Brasil esclavista (colonial e independiente) ingresaron alrededor de 3 millones de esclavos; sólo en los 80 años que van desde la independencia de EE.UU. hasta la guerra de Secesión ingresaron a EE.UU. casi 1 millón y medio de esclavos. EE.UU. fue el país más pérfido del planeta por perpetrar lo que hoy ´castiga´: ¡EE.UU. no pagó (desconoció) su deuda externa a Francia y España, sin cuya ayuda Washington y los suyos jamás hubieran triunfado en la guerra de independencia (1776-1783). Luego, EE.UU. bajo presión internacional, desde principios del siglo XIX formalmente ´prohíbe´ el tráfico de esclavos, pero en verdad se burló siempre de ello. La mayor parte de los esclavos africanos recalaban primero en puertos del Caribe y de allí eran trasladados de contrabando a puertos de EE.UU., especialmente a los nuevos estados, la mayoría de los cuales nacen como estados esclavistas (todos los estados del Mississipi). ¿Por qué este señalamiento? En absoluto por una cuestión académica o histórica. Contra la supuesta ´excepcionalidad´ que toda una corriente historiográfica afirma sostener y se dice ´izquierdista´, es falso que EE.UU. se distinga de América Latina porque en el norte no se planteó la cuestión ´indígena´ o de los pueblos ´originarios´. En toda América los conquistadores, y luego los “criollos” de aquí y de allá, buscaron esclavizar primero a los indígenas. Cuando esto no fue suficiente (porque se los exterminó por enfermedades que portaban los blancos o porque se los extenuó en obrajes, minas y plantaciones) y se requirió de más fuerza de trabajo, se recurrió al trabajo esclavo. En esto no hubo diferencia alguna entre británicos, franceses, holandeses, españoles o portugueses y sus ´herederos´ de todas las colonias. Lo que sí diferenció a EE.UU. del resto del continente fue otro fenómeno de carácter absolutamente único. Nadie lo explicó mejor que un gran historiador norteamericano que revolucionó la historiografía: Edmund Morgan. En EE.UU. se presentaron “dos procesos aparentemente contradictorios” pero que “ocurrieron simultáneamente”. Por un lado, un movimiento revolucionario democrático que abrazó a todas las colonias, pero que tuvo su principal impacto en el norte no esclavista (Massachusetts, Filadelfia) y lideró la que, con seguridad, es la segunda mayor expresión de la revolución burguesa-democrática, junto a la gran revolución francesa. Esa revolución ´inconclusa´ llevará 80 años después a la guerra de Secesión, segundo episodio de la gran revolución norteamericana. Por el otro, junto a esto y dándole la espalda a los reclamos de las masas indígenas y negras esclavizadas, EE.UU. fue el país que vivió la mayor acumulación capitalista de la historia contemporánea a base de la esclavitud (la esclavitud yanqui abonó el surgimiento capitalista norteamericano, explicó Marx). En palabras de Morgan: “Durante un período de tiempo prolongado, desde el siglo XVII hasta el siglo XIX, es la paradoja central de la historia de los Estados Unidos de Norteamérica” (“Esclavitud y Libertad en los Estados Unidos, de la colonia a la independencia”, Siglo XXI editores, 2009). En EE.UU., en la época de la guerra de independencia y hasta mediados del siglo XIX, los negros constituían más de un 20% de la población. Si se considera a los indígenas, probablemente superaran el 30%. Lo que hoy se vive bajo la pandemia del coronavirus, que se cobra tres veces más vidas de negros que blancos, ocurrió siempre durante toda la historia de EE.UU. bajo condiciones de vida y trabajo absolutamente más gravosas (la expectativa de vida de los negros hasta hoy es menor en EE.UU. en negros que blancos). Todo esto llevó al descenso relativo de la población negra. A esto se suma que en los últimos 50 años a esa población precarizada se han sumado a los EE.UU. más de 60 millones de asiáticos y ´sudacas´ que compiten por esos puestos de trabajo. Es todo este fenómeno el que explica que los negros hayan retrocedido relativamente en proporción a los blancos en EE.UU. –Brasil no vivió nada comparable. En este sentido, la opresión racial yanki está sin dudas entre las más altas. Es incorrecto buscar un medidor de ´brutalidad´ para comparar EE.UU. y Brasil. Según el último número de The Economist, por choques entre negros y la policía en EE.UU., “entre los años 2000 y 2014 murieron 2.445 uniformados cumpliendo sus obligaciones. Pero a la inversa el fuego policial mató a alrededor de mil personas cada año. Los afroamericanos tienen en promedio más probabilidades de ser asesinados por la policía que los blancos. En EE.UU. ser asesinado por la policía es actualmente la sexta causa de muerte entre los jóvenes negros”.

12 de junio de 2020
#9-10 Balance de las jornadas de lucha de Salud

El martes 9 y miércoles 10 se desarrollaron dos jornadas nacionales de lucha de la salud en el todo el país, convocada cada una por diferentes organizaciones gremiales. El crecimiento de contagio entre los propios trabajadores de salud es alarmante, sobre todo en el sector de enfermería. El reclamo más sentido fue el de los kits de alta seguridad, los testeos generales y periódicos en los hospitales y la aplicación de los protocolos. El problema estratégico del contagio sigue siendo el multi trabajo, por lo que se necesita una urgente transformación del régimen de trabajo que reduzca la jornada a 6 horas por un salario igual al costo de la canasta familiar. En CABA, el reclamo de pase a profesional de enfermería es fundamental. En el conjunto de las provincias se recordó el crimen de estado cometido contra la enfermera del Hospital Gandulfo, Ester Ledesma, a quien se le negó su licencia de grupo de riesgo y falleció por coronavirus. La cantidad de trabajadores aislados y el desgaste ya existente requiere del fin de las cesantías, los nombramientos aún pendientes, del pase a planta, el salario y ART para los concurrentes y residentes y una masiva contratación de personal de enfermería y demás servicios como trabajo social. El salario aprieta El problema salarial toma mayor protagonismo y unifica al conjunto de los trabajadores. Hay provincias como Chubut donde el personal no cobra hace meses y, en el conurbano, el personal que ha ingresado de refuerzo en abril aún no cobra. Mientras el estado subsidia a las grandes empresas en “crisis”, escamotea el aumento de salarios y amenaza con el pago en cuotas del aguinaldo. El bono de salud de 20 mil pesos en cuatro cuotas aún sigue siendo una promesa que el gobierno parece querer olvidar. Los trabajadores no olvidan y le ha dado impulso para el reclamo de la apertura de paritarias que ha dejado en total evidencia a la burocracia sindical. Es que mientras los trabajadores desarrollaban sus jornadas, la burocracia de ATE y UPCN discuten el convenio anual sin aumentos marcando pauta para las paritarias regionales. Esto explica su ausencia cómplice en las jornadas. Las jornadas La jornada del martes 9 fue convocada por Fesprosa con propósito deliberado de diferenciarse de los convocantes del 10. Tuvo un eco considerablemente menor a otras ocasiones. Careció de todo preparativo y discusión con los trabajadores. Aun así, un sector del activismo se movilizó. En Santa Fe, la comisión interna del hospital Eva Perón, de ATE Baigorria, se sumó a la convocatoria y confluyó en una jornada de lucha con los docentes y resto de estatales. La jornada del 10 tuvo como único convocante, en el conurbano, a Cicop que desenvolvió actos en la puerta de hospitales. Por el lado de ATE, la única comisión interna que participó fue la del hospital Mercante. En la ciudad, la APSS (trabajo social), AGHIM (Hospital Moyano), residentes y concurrentes y otras asociaciones impulsaron una campañas de fotos en los distintos efectores y convocaron junto ATE Garrahan, la comisión interna del Hospital italiano y la Inter Hospitalaria, entre otros, a un acto en el Obelisco. Una mención especial merece la acción de los trabajadores de centros de salud (Cesac), que salieron a las calles a manifestarse en algunos casos con gran convocatoria. En algunas de sus acciones confluyeron con organizaciones sociales y docentes de los barrios con los que transitan cotidianamente los problemas de los trabajadores. La asamblea del hospital Piñero fue una expresión de esto. El rol cómplice de las burocracias sindicales médicas ha generado un movimiento autoconvocado de médicos en todo el país que ha resuelto una segunda jornada de caravanas, para este viernes 12, en todo el país. A pesar de no empalmar con las jornadas del 9 y 10, los médicos llevarán a las caravanas gran parte de los reclamos que están presente en el conjunto del movimiento de la salud. Nuestro planteo Las jornadas han demostrado la voluntad de un activismo. Ha quedado expuesta la necesidad de defender un método: preparar mediante asambleas y reuniones la próxima jornada que entendemos deben ser solo una. Desde Tribuna de Salud Tendencia, hemos impulsado estas jornadas con una declaración nacional que se propuso organizar una jornada común de los trabajadores con un norte muy claro: la necesidad de superar la complicidad de las burocracias sindicales y la fragmentación del movimiento de salud a través de una coordinadora nacional de salud que ponga en pie un plan de lucha por todos los reclamos. LEER MÁS Clínicas, hospitales, salud: una crisis anunciada

12 de junio de 2020
Vicente López: 500 trabajadores de la salud en lucha por sus puestos de trabajo

Trabajadores de la salud del sanatorio Pelliza de Munro y del Centro de Salud Norte de Villa Adelina se encuentran luchando por sus puestos de trabajo. En el caso del Centro de Salud Norte, la clínica fue clausurada definitivamente el pasado 29 de mayo, luego de la denuncia por la muerte de una paciente. La denuncia derivó en la detención del empresario Benjamín Teitelbaum, titular de la firma ROPHE SA y responsable de ambos establecimientos. Fue acusado de “propagación dolosa”, homicidio culposo y de falsificación de las historias clínicas, ocultando los resultados positivos de covid-19 y exponiendo a trabajadores y pacientes al virus. La jueza Sandra Arroyo Salgado, quien está a cargo de la investigación por esta muerte, le había pedido en abril al Ministerio de Salud de la Provincia intervenir ambos centros de salud, y la cartera sanitaria no accedió. En cambio, ofreció realizar una inspección sanitaria cada quince días. La jueza estaría investigando una serie de escuchas de estos empresarios con la titular de PAMI de la regional San Martin, donde se nombran a los diputados del PRO Waldo Wolff y Nicolás Massot, a Emilio Monzó y al ex juez de San Isidro Alberto Piotti, sospechando de tráfico de influencias. La misma aseguro que el móvil de las acusaciones que se le adjudican a la firma ROPHE S.A. es la maximización de la ganancia de la institución reduciendo los costos de funcionamiento. En el caso del Sanatorio Pelliza, este fue clausurado el sábado por la noche, pero en este caso resuelto por el Municipio de Vicente López por medio de un acta donde se consignó que el sanatorio "no da cumplimiento a las normativas vigentes en materia de seguridad e higiene”. La clausura por parte del Municipio se aceleró después de que PAMI resolviera rescindirle el contrato como prestador. “Se trata de una clínica privada y por el personal deberá responder la sociedad Rophe que la administra”, respondieron los funcionarios municipales cuando fueron consultados por los medios. Dejando en claro que no intervendrán para resolver la situación de más de 500 familias que no sólo se encuentran sin saber que va a pasar con sus salarios y sus puestos de trabajo, sino que también están atendiendo a los pacientes que aún permanecen internados en el nosocomio. Los trabajadores venían denunciando que desde febrero ROPHE estaba abonando el sueldo en cuotas, y que no se pagaron los bonos dispuestos por el Gobierno nacional. En mayo cobraron la mitad del sueldo de abril, por el aporte del Anses pero la empresa no puso la otra parte. Ningún directivo se hace cargo. Tampoco lo hace el Municipio, ni el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Enfermeros y enfermeras, mucamas, administrativos, cocineras, técnicos de rayos y camilleros no saben qué va a pasar con su trabajo. “Tenemos comida para los pacientes que están internados hasta el jueves, nos estamos organizando con los insumos que hay. Si llega a ocurrir alguna urgencia, no tenemos acceso a ningún directivo o responsable de la clínica que se haga cargo” expresaron. Frente al colapso del Hospital de Vicente López, los compañeros señalan que el municipio podría disponer de las dos clínicas y del personal calificado que tienen. Aldana Castañeda, delegada y enfermera en el Sanatorio Pelliza desde hace 21 años, nos contaba: “Este es un sanatorio de alta complejidad, con cirugía cardiovascular, neonatología, terapia intensiva y respiradores. No debería estar cerrado en el marco de esta pandemia". Y agregó que ninguno de los trabajadores esta contagiado y que cumplieron con todos los protocolos establecidos. Contrario a la política de lo ya anunciado por Kicillof de rescatar a la salud privada con los fondos de la obra social de los trabajadores de la provincia -IOMA-, el estado debe expropiar inmediatamente, sin indemnización, ambas clínicas y ponerlas a disposición de la salud pública para la lucha contra la pandemia, garantizando todos los puestos de trabajo y los insumos necesarios para que los trabajadores puedan seguir atendiendo sin poner en riesgo su vida y la de los pacientes.

12 de junio de 2020
Jornada nacional de lucha contra el hambre y la pandemia

Organizaciones sociales piqueteras protagonizamos este jueves 11 una jornada nacional de lucha con cortes de calles y rutas, ollas populares y movilizaciones. En Capital Federal, marchamos al Ministerio de Desarrollo Social. La jornada surgió a partir de una discusión que se realiza en los movimientos sociales con los que organizamos medidas de lucha y presentamos diferentes reclamos, a los cuales el gobierno nacional a través de desarrollo social ha hecho oídos sordos. Participaron de la jornada el Polo Obrero (Tendencia), FOL, Frente Popular Darío Santillán, MTD Aníbal Verón, Izquierda Latinoamericana, MTR, MIJD, Agrupación Mariano Ferreyra, Movimiento Territorial de San Juan, Frente de Lucha, MST-Teresa Vive y Barrios de Pie. Mientras el gobierno de Alberto Fernández subsidia con las ATP a las patronales para el pago de salarios y paga puntualmente los intereses de la deuda externa, retacea la entrega de mercadería a los comedores populares, los planes sociales siguen congelados en $8.500 y el subsidio IFE, de $10.000, ha dejado afuera de la inscripción a miles. Los desocupados y precarizados somos el sector que está sufriendo el ataque del coronavirus hacinado en las villas, asentamientos y barrios populares; sin servicios de cloacas, sin agua y, en muchos casos, fuera del radio de atención de la salud pública. Las organizaciones sociales veníamos denunciando esta situación y movilizando en forma separada, ahora hemos dado un salto en nuestra lucha, organizando el reclamo común y una acción en común. Debemos discutir cómo continuamos este plan de lucha y un programa. ¿Hay otra salida? Sí. Desconocer la deuda externa y destinar ese ahorro de la deuda a un plan frente a la crisis sanitaria que contemple testeos masivos en los barrios y ciudades para aislar a los contagiados y detener la propagación de los contagios. Poner todas las plazas disponibles de hoteles, disponer de los edificios vacíos y las viviendas ociosas para que los infectados puedan cumplir el aislamiento en condiciones adecuadas; destinar fondos para la construcción de viviendas. Se debe atender las necesidades de alimentos de productos de higiene sanitaria de todos los que pueblan villas, asentamientos y las barriadas más empobrecidas en Capital, el Gran Buenos Aires y el Chaco, donde se registran los mayores índices de contagio. Los desocupados salimos a la calle cumpliendo con todas las medidas de distanciamiento. Llegamos a esta acción con un camino recorrido, luego de haber presentado una carta firmada por varias organizaciones y con otras que adhirieron luego. Por su parte, la Utep, el pretendido sindicato de la economía popular, que forma parte del gabinete de Desarrollo Social, abandonó esta convocatoria por un acuerdo de un bono de 3.000 pesos para sólo un sector de compañeros con plan y una promesa de discusión de poner en marcha un programa social, una limosna. Este sector encabezado por Grabois, Pérsico y Menéndez, venía de las treguas firmadas con Macri y ahora, funcionarios, siguen en la tregua, mientras los desocupados padecemos la pobreza a la que nos quieren acostumbrar. Organicemos el reclamo de trabajo genuino que nos permita comer en nuestras casas con nuestras familias como es el derecho que tiene cada ciudadano qué trabaja. El Polo Obrero (Tendencia) cumplió esta jornada en todo el país desde Río Grande hasta Jujuy, Colonia Santa Rosa, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Posadas, El Dorado en Misiones, en el gran Buenos Aires, La Plata, Mar del Plata, Berisso, Pergamino, Moreno, Pilar, Guernica, Berazategui, tanto en Capital como en las distintas localidades y municipios confluimos en los ministerios de desarrollo.

12 de junio de 2020
Los músicos, ¿volvemos a los escenarios?

Los músicos fuimos sorprendidos el martes 9 de junio por el anuncio de algunos medios de comunicación: “Los músicos vuelven a los escenarios”, rezaban los titulares. Poco después, en el Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires, nos encontramos con una resolución del gobierno porteño que, en realidad, comprende un largo protocolo sanitario para retornar a las salas de ensayo y de conciertos, sin público. La habilitación en cuestión permite realizar conciertos en vivo para ser trasmitidos por plataformas virtuales. La resolución enumera, además, una larga lista de requisitos, como la permanencia de un máximo de diez personas en simultáneo en la sala o una persona cada 15 m2. También se restringe, con excepciones, la presencia de artistas y técnicos mayores de 60 años, embarazadas o cualquier persona que esté dentro de los grupos de riesgo. “Al mismo tiempo, se consideran solo aptos a realizar un evento aquellos que cumplan al menos una de estas condiciones: tener un disco editado por una disquera tanto independiente como multinacional, ser socio de SADAIC/ AGADU /SGAE, de AADI o bien ser socio de ACCMA o AADET (minutouno.com, 9/6). De este modo, florecerá la oferta de shows en vivo vía transmitidos por streaming, en la modalidad ´pay per view´. Entre las plataformas que ofrecen los servicios de transmisión del evento hasta la venta de tickets y la publicidad en redes sociales, se encuentran Ticketek, Livepass, Platea Net, entre otras. La habilitación responde a una demanda de la industria, que se encuentra en un completo impasse desde que se declaró la cuarentena. La suspensión de shows en vivo y eventos masivos probablemente se dilate aún bastante. Esta alternativa no contiene a una inmensa cantidad de músicos, como aquellos que ofrecen servicios en fiestas y eventos privados, músicos callejeros o viven de dar clases particulares. La Asamblea de Trabajadores de la Música presentó una carta al Ministerio de Cultura de la Nación -que hacemos extensiva al Gobierno de la Ciudad- para que el Estado subsidie con el equivalente a dos sueldos mínimos a los músicos, como medida elemental para paliar esta crisis fenomenal. La resolución del gobierno porteño, por otra parte, no contiene ninguna propuesta cultural dirigida a la población, cuando podría poner a disposición los teatros y centros culturales y los recursos de la Ciudad para financiar un ciclo gratuito de conciertos en vivo, pagando un cachet que debe salir de la partida sin ejecutar del Ministerio de Cultura. Larreta habilitó a los ´runners´, con el argumento de que “la gente no aguanta más”, pero no ha dispuesto un plan cultural para llevar la música y el teatro porteños a los hogares de las familias en cuarentena. Esta rehabilitación de los shows en vivo continúa la lógica de un relajamiento de la cuarentena bajo la presión capitalista. Por otro lado, los músicos debemos poder opinar sobre los protocolos establecidos. El Sindicato Argentino de Músicos, que debería estar al frente de la defensa de nuestro sector, no ha hecho nada hasta hoy, que ha publicado en su página oficial publica esta noticia, sin dar cuenta de la situación de conjunto de los trabajadores. Entendemos que esto es solo un pequeño parche para un puñado de artistas. Pero en esas reuniones de las entidades musicales y managers con el gobierno, la enorme mayoría de los músicos y creadores quedamos afuera, como si no existiéramos.

12 de junio de 2020
Covid19 en Arcor-Bagley Salto
Mario Charras · Lucas Giannetti

El virus se esparce por la industria alimentación. Un operario de Bagley Salto, residente en la ciudad, ha dado positivo al test de Covid19. Desde la patronal cortaron todas las líneas de producción y se comunicó que deben esperar el aviso para volver al trabajo. Ante los casos positivos en Granjas Tres Arroyos (Capitán Sarmiento) y en otras localidades cercanas a Salto, el gobierno municipal (FdT) había dispuesto, la semana pasada, que los trabajadores oriundos de otras ciudades debían ser licenciados por las empresas hasta el domingo 7 de junio. Arcor-Bagley hizo caso omiso a las resoluciones del ejecutivo municipal y dio vía la libre a la entrada de operarios de otras localidades. Desde la empresa se llevó adelante una extorsión contra los trabajadores, ya que se les comunico, que se les daba “libertad de acción”, es decir, podían no ir a trabajar, pero, sin goce de sueldo. Salto es un polo obrero al que arriban diariamente trabajadores de Arrecifes, Pergamino, Junín, Chacabuco, Carmen de Areco, Capitán Sarmiento. Quedó de manifiesto que las patronales marcan el paso de la cuarentena. Pagani, CEO de Arcor, desde el comienzo de la cuarentena, se ha dedicado a dinamitarla. Si bien, el grueso de la producción del Grupo Arcor es la elaboración de golosinas, logró el permiso de esencialidad para poder seguir con la producción. A su vez descontó un 30% del salario a aquellos operarios licenciados por pertenecer al grupo de riesgo. A todo esto, los delegados de la verde del STIA actúan como una correa de transmisión de la empresa. No solo han dejado pasar las reducciones salariales, sino que también se ha amoldado a los laxos protocolos de seguridad e higiene. Por ejemplo, trabajadores de distintos sectores fueron repartidos por la planta para reemplazar a los primeros puestos en cuarentena. Se priorizó la producción y no la preservación de los grupos de trabajo, exponiéndolos aún más a la circulación del virus. Los trabajadores y activistas deben tomar nota, y trazar una perspectiva de organización, que proteja no solo el salario y las condiciones laborales, sino también la vida misma. Los trabajadores de Arcor, donde trabajan 1.000 operarios, deben imponer, mediante una asamblea por turno, la suspensión de la producción por 14 días, con goce de sueldo para prevenir cualquier posible brote del virus. A su vez deben exigir que se cumpla un protocolo propio de los trabajadores, que vaya más allá del de la OMS: un protocolo obrero comenzaría por realizar hisopados a todo el personal pagado por la empresa y la cuarentena preventiva hasta que estén los resultados. Como nunca antes, se contraponen las ganancias de los capitalistas, por un lado y por el otro la vida de los trabajadores. La crisis del Covid19, dará paso a un nuevo activismo y vanguardia, que debe dar una respuesta unificada y coordinada a los problemas inmediatos de los trabajadores.

12 de junio de 2020
El Covid-19 en Merlo

La semana pasada, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, advirtió que de continuar la dinámica de contagio que adquirió la pandemia, el sistema de salud colapsará irremediablemente (La Nación, 04/06). Esta caracterización del ministro fue confirmada por el propio gobernador Axel Kicillof quién, en conferencia de prensa, afirmó “Si no tomamos medidas necesarias de aislamiento, si nos relajamos y bajamos los brazos, no importa qué hayamos hecho para preparar el sistema de salud, nada alcanzará" (Ámbito.com, 11/06). A esta caracterización de colapso general del sistema de salud bonaerense no escapa, obviamente, el distrito gobernado por Menéndez. La curva de contagios en ascenso El gobierno municipal oculta deliberadamente la información en torno a la curva de contagios. En la página oficial del municipio no hay información disponible sobre la evolución de la pandemia. El último informe epidemiológico oficial es del 22 de mayo. Sin embargo, no se puede tapar el sol con la mano y ocultar que Merlo está en el puesto 1, en cantidad de casos positivos según población, en toda zona oeste. En cambio, si miramos la cantidad de positivos en términos absolutos, Merlo está en segundo lugar detrás de La Matanza. A mediados de abril los casos positivos de Covid-19 era de 41 personas, quince días después la cifra ascendía a 80. O sea, la curva de contagió se duplicaba cada 2 semanas. Entre mediados y fines de mayo pasamos de 80 positivos a 202. Es decir, en 2 semanas la cantidad de positivos creció 150%. Al 8 de junio la cantidad de positivos supera los 300 casos. Merlo, además de encabezar este lamentable ranking, es el distrito con más cantidad de muertes por cantidad de población (Elcactus.com.ar, 20/05). La situación crítica descripta más arriba es, sin embargo, la punta del iceberg porque no existe por parte del Estado una política de testeo masivos para detectar a los casos positivos, aislarlos y asistirlos para curar a la población. El Plan Detectar es inocuo porque no testean en forma masiva en las barriadas. Donde se desarrolló el Operativo Detectar los vecinos denunciaron que no se les practicó el hisopado a todos sino solamente a aquellas personas que tenían varios síntomas. Fragilidad del sistema sanitario Merlo cuenta con 4 hospitales generales, tres municipales y uno provincial. Esto a primera vista es alentador porque es uno de los distritos con mayor oferta de salud pública. Sin embargo, los hospitales de Merlo están vaciados y cualquier merlense que haya sido atendido en el sistema público lo sabe porque conoce de los avatares para obtener un turno de la especialidad que sea o algún medicamento para paliar alguna patología. En lo que respecta a las UTI el sistema público no cuenta con más de 30 camas de las cuáles en una alta proporción están ocupadas por pacientes con diversas patologías. Un profesional de la salud del Héroes del Malvinas denuncia que “la cantidad de camas con respiradores asciende a 12 de las cuales 10 están ocupadas y, en este tiempo, sólo incorporaron 4 camas más. En merlo la cantidad de contagios aumenta rápidamente y si 7 u 8 pacientes requieren respirador no los tenemos. La situación es crítica”. En lo que respecta al personal de salud existe un gran déficit en todos los hospitales. Faltan médicos, enfermos, trabajadores de limpieza, técnicos, etc. En los hospitales municipales la gran masa de trabajadores está precarizada bajo diversas modalidades tales como monotributo, tercerizados, etc. Los salarios de los trabajadores son extremadamente bajos. En el caso de enfermeros y trabajadores de limpieza los salarios netos están por debajo de la línea de pobreza obligando a los trabajadores a hacer horas extras transformando la jornada de trabajo en un infierno. El gobierno provincial y municipal incorporó, recientemente, un contingente de médicos venezolanos fuera del convenio laboral y bajo la figura de “becarios”. En el caso del personal de limpieza, los trabajadores denuncian que no se suplantan a los compañeros licenciados por ser personal de riesgo. Entonces, los trabajadores existentes deben hacer el mismo trabajo con menos personal. En síntesis, el distrito está provisto de hospitales, pero los mismos están vaciados y sin la cantidad adecuada de personal de salud para dar respuesta a las demandas de la población. Esta situación de precariedad se agravará con el desarrollo de la pandemia. Cuarentena agujereada La escalada de contagios crece sin cesar en todo el distrito y Menéndez flexibiliza cada vez más la cuarentena a pedido de sus mandantes: la clase capitalista. Recientemente, el gobierno nacional habilitó la reapertura de varias metalúrgicas en el distrito tales como Libermet, Fucile y Alumantec (Infoban.com.ar, 09/06/20). La reapertura de más ramas económicas, en especial las grandes concentraciones fabriles, está facilitando la circulación del virus. Esta situación puso en pie de lucha a varios sindicatos. A la cabeza de esta lucha está el Sutna que para este viernes 12 por la implementación de mejores protocolos sanitarios en defensa de la salud y vida de los trabajadores. La evolución de la pandemia en el distrito, la fragilidad del sistema sanitario y la cuasi total flexibilización de la cuarentena configuran una perspectiva de crisis social explosiva. Ante esta situación de conjunto, el movimiento obrero ocupado y desocupado, los sindicatos y comisiones interna del distrito tiene el enorme desafío de tomar en sus manos la defensa de la vida y la salud de los trabajadores. Prohibición de todos los despidos. Aumento de jubilaciones y pensiones. Desarrollo de protocolos controlados por los trabajadores en cada lugar de trabajo. Designación de personal efectivo suficiente en todos los hospitales. Apertura de bocas de alimentos en cada barrio donde se necesite. Aumento de las partidas de alimentos en las escuelas, comedores y merenderos. Testeos masivos con hisopados y asistencia médica necesaria en cada barrio. Desconocimiento de la deuda externa.

12 de junio de 2020
Huelga en USA

Hoy, miles de trabajadores del transporte de los EEUU de la International Longshoremen´s Association (Asociación Internacional de Estibadores) perteneciente a la AFL-CIO (American Federation of Labour-Congress of Industrial Orgatizations) y la International Longshore and Warehouse Union (ILWU) pararon y pidieron justicia para George Floyd y las incontables víctimas que sufrieron antes que él. Los miembros de la ILWU dejaron de trabajar durante 9 minutos -el mismo tiempo que el cuello de George Floyd fue aplastado por la rodilla de un oficial de policía de Minneapolis causándole la muerte. Al mismo tiempo nuestros compañeros y compañeras de la ILA llevaron a cabo protestas en los muelles durante una hora. Los sindicatos marítimos de EEUU tienen un orgulloso historial de luchas contra la injusticia en el país y el fuera de él. En una declaración la ILWU expresó: “es hora que la ILWU continuando con nuestra historia de lucha por la justicia racial y social sea escuchada”. “Nuestro sindicato tiene una larga historia de lucha contra el racismo en el trabajo, en nuestras comunidades y en todo el mundo”, dijo el presidente de la ILWU Internacional, Willie Adams. “Hoy en día estamos reuniendo millones de personas que demandan justicia y un cambio fundamental. El sindicato llama a todos los funcionarios electos de los gobiernos locales, estatales y federales a abrir los ojos y el corazón para iniciar un verdadero cambio en nuestro actual sistema y extraer de raíz el racismo institucionalizado y la brutalidad policial que han infestado nuestro país y nuestros ciudadanos durante demasiado tiempo”. El presidente de la ILA Internacional Harold J. Daggett dijo: “Juntos debemos cerrar nuestras grúas y computadoras, apagar nuestro equipamiento y reflexionar sobre cómo encontrar un camino para ser mejores como individuos y un país donde se garantica a todos los ciudadanos el mismo respeto, libertades y derechos”. ¡La cuestión racial es una tarea de los sindicatos! Las vidas negras importan. LEER MÁS Brasil, la próxima parada

12 de junio de 2020
Teletrabajo y “nueva normalidad”

La masificación del teletrabajo que trajo la pandemia puso en práctica una modalidad que para las empresas puede representar importantes ahorros de costos operativos, incluso la venta de inmuebles. En Telefónica, por caso, ya se escucha que la empresa baraja el objetivo de mantener una dotación mínima (del 10%) trabajando rotativamente en oficina, y el resto conectado desde sus hogares. El teletrabajo se impuso, durante la cuarentena, como política de salud pública. Por otra parte, muchas veces se presenta para los trabajadores como una forma de resolver problemas de la vida moderna: atender a los hijos sin depender de favores, hacer compras, administrar arreglos, ahorro de costo y tiempo del calvario del transporte, etc. Pero es un arma de doble filo. El capital utiliza los avances tecnológicos para incrementar la productividad del trabajo. El teletrabajo se presenta como una oportunidad para acrecentar sus beneficios. Esta modalidad es el puente perfecto para la extensión horaria, sea incrementando la jornada, o por la vía de las ´llamadas´ pidiendo ´ayuda´. ¿A quién no le pasó recibir algún pedido de tareas, en cualquier momento del día, “si total estás desde tu casa”? En el teletrabajo, la distancia se incrementa, no sólo físicamente. Se atomizan los lazos de solidaridad entre compañeros que, de otra manera, comparten un lugar y horas diarias. Además, la mayor cantidad de horas en el domicilio personal, en el mediano plazo, puede afectarnos psicológicamente, alterar las relaciones de convivencia, así como el cuidado de los hijos y, finalmente, incrementa el stress. El teletrabajo requiere tener un lugar para tal fin. Para muchas tareas, como la atención telefónica, puede resultar especialmente agotador la combinación de trabajo y hogar. La organización gremial se fragmenta y la empresa gana “libertad” para imponer sus políticas, sin que podamos vernos las caras y reaccionar. El “mundo” del teletrabajador se tiende a achicar a sus cuatro paredes. La vida moderna es la puja entre capital y trabajo por “el tiempo” del trabajador. Las empresas están haciendo una prueba piloto y sacan conclusiones sobre cómo implementarlo. En el Congreso se discuten cerca de 20 proyectos de ´regulación´ del teletrabajo. Y el que teletrabaja, ¿cuándo opina? Las patronales deben hacerse cargo de los costos de conexión, luz, elementos ergonométricos, etc, de forma retroactiva al comienzo de la pandemia. Asimismo, de ninguna manera puede habilitar un acuerdo permanente y compulsivo. El teletrabajo es un cambio profundo de las condiciones laborales, y ningún trabajador puede estar obligado a trabajar desde su hogar. Esta modalidad toca varias fibras sensibles de los trabajadores y, especialmente, de las trabajadoras. Al finalizar la pandemia debe abrirse un verdadero debate en todo el gremio, por medio de asambleas, comisiones de especialidad y plenarios de delegados. Mientras tanto exigimos: tele-plenario de delegados para discutir el plus compensatorio y salario mínimo igual a la canasta familiar - según ATE INDEC, hasta abril, equivalente a $67.731.

12 de junio de 2020
Refugiados, inmigrantes y COVID 19 en Europa
Adriana de Carvalho Medeiros · Antonio Bosi

Según la OIT, actualmente se estima que hay 258 millones de inmigrantes, incluidos 19 millones de refugiados. Los inmigrantes que trabajan (mayores de 15 años) constituyen 234 millones de este grupo, y son el 4,2% de la clase trabajadora mundial (también mayores de 15 años). En Europa, aproximadamente 1/4 de los trabajadores son inmigrantes. Estas cifras, aunque estimadas, señalan la significativa presencia de inmigrantes en Europa. Desde que los inmigrantes de países considerados pobres formaron corredores permanentes hacia Europa, su historia ha estado marcada principalmente por prácticas de discriminación racial, económica, social y cultural diseminadas en diferentes segmentos de la población y por políticas públicas. Esta estigmatización es funcional para el capitalismo cuya necesidad de mano de obra barata, informal y precaria es suministrada por los inmigrantes. Los inmigrantes han sido un factor fundamental en la acumulación de capital en Europa y convertirlos en una fuerza laboral activa o de reserva resulta prácticamente sin costos. Por el contrario, el camino para llegar a los países ricos está lleno de obstáculos. Desde 2014, más de 4 mil muertes se han registrado anualmente en corredores de migración, un número muy por debajo de la realidad. Es una experiencia de degradación de la vida que ha empeorado con la falta de protección y atención que ofrecen las diferentes políticas públicas en los países europeos frente al COVID-19. Desde principios de este año, la pandemia que afecta al planeta ha expuesto las desigualdades económicas y sociales que existen en cada país, incluso en las economías más desarrolladas. En este sentido, en los países europeos, aunque cada país ha optado por un modelo de contención de la pandemia, se observa que las medidas tomadas para mitigar los impactos sociales, económicos y humanos han excluido a muchos segmentos de la clase trabajadora, como es el caso de los refugiados e inmigrantes no regularizados. Los migrantes indocumentados y refugiados, incluso antes de la pandemia, ya vivían al margen del derecho a la ciudadanía y, por lo tanto, sin tener acceso a los derechos sociales básicos sobre las condiciones de vida y de trabajo. El estado precario en el que viven y trabajan en Europa es bien conocido. Con la pandemia, la situación que ya era mala, se deterioró rápidamente. Esto se puede ver en los campos de refugiados y entre los trabajadores migrantes fuera de ellos. Una tipificación forzada de estos trabajadores muestra (i) inmigrantes desplazados, (ii) que esperan en las fronteras, (iii) refugiados ya recibidos en países europeos y (iv) inmigrantes en situación irregular, indocumentados. En el caso de los campos de refugiados, en febrero de 2020, instituciones como Médicos Sin Fronteras y Amnistía Internacional denunciaron las condiciones infrahumanas en que vivían los trabajadores de diferentes orígenes en los campos de refugiados en Grecia. Imagen 1 – Inmigrantes en cuarentena en Grecia. 4/5/2020 Con un número de personas mucho más allá de su capacidad (como en el caso de Mória, que tenía alrededor de 20 mil personas a principios de 2020), estos campamentos fueron denunciados varias veces debido a condiciones de insalubridad y la escasez de equipos básicos como baños, dormitorios (o alojamientos), escuelas y lugares de recreación para niños y jóvenes, y la falta de equipos médicos. Además, la completa falta de seguridad, la incertidumbre y la demora en juzgar las solicitudes de asilo político, han convertido los campamentos de refugiados como Mória, un lugar que es perjudicial para la salud física y mental de los migrantes que esperan allí una respuesta sobre sus solicitudes permanencia. Imagen 2 – Campo de refugiados de Moria (Grecia) En estas condiciones, COVID-19 aumentó el miedo y la inseguridad de estos trabajadores refugiados. Sin condiciones para mantener la higiene necesaria, algunos de los campos de refugiados de Grecia entraron en cuarentena y cerraron sus puertas por completo como forma de contener el virus. Otros campos de refugiados y migrantes en Europa, aunque aparentemente menos precarios que los campos en Grecia, también han sufrido el endurecimiento de las leyes de contención de la pandemia y el desprecio por los migrantes y refugiados. Según The Guardian, del 9 de abril, en el campo improvisado de refugiados e inmigrantes en Calais (Francia), los primeros casos ya habían sido diagnosticados a principios de abril. Según el informe, COVID-19 se estaba extendiendo rápidamente a través de campamentos improvisados, donde más de 1,000 personas estarían sin asistencia sanitaria básica adecuada, agua o alimentos, como se muestra en la imagen a continuación, realizada por Sebastien Courdji. Imagen 3 – Campo de refugiados de Calais (Francia) Del campo de refugiados de Calais hay relatos de ataques policiales con gases lacrimógenos para contener todo tipo de desorden y peleas entre migrantes. El hacinamiento y la incertidumbre de los refugiados potencian los conflictos entre ellos y todo tipo de insultos racistas. Aunque es difícil decir que esta situación es el resultado de una política del gobierno (quizás del Estado), la historia reciente ha demostrado que el hacinamiento, los alojamientos precarios y los campos de refugiados son prácticas políticas permanentes y causan conflictos entre los grupos raciales y étnicos, un hecho que tiende a hacer poco viable la unidad de clase entre los trabajadores migrantes. Además de enfrentar la ilegalidad y muchos estigmas, los migrantes y refugiados viven actualmente dos dramas: temen al hambre y el contagio de COVID-19. Las medidas de cuarentena adoptadas por el gobierno francés, por ejemplo, restringen el movimiento de inmigrantes sin la documentación que se considera adecuada, impidiéndoles ingresar a los supermercados para comprar alimentos. Por lo tanto, se vuelven dependientes de un paquete diario distribuido por el gobierno que contiene solo pan y queso. Amnistía Internacional ha alertado contra hechos como este destacando que las medidas de contención global de COVID-19 no han tenido en cuenta la situación de los refugiados y migrantes. Muchos migrantes están "presos" en las fronteras sin acceso a agua potable y condiciones sanitarias e higiénicas adecuadas, expuestos al hambre y la propagación de enfermedades. Incluso los migrantes y refugiados que han sido reubicados y llevados para ser recibidos e integrados en países europeos no comparten mejores condiciones. El COVID-19 expuso las precarias condiciones de acogida que ya ofrecen algunos países, como Portugal. En la ciudad de Lisboa, 138 de un total de 181 refugiados, que viven en un albergue, dieron positivo por COVID-19. El albergue fue evacuado y sus moradores se distribuyeron entre varias instituciones y asociaciones de migrantes. Entre los infectados, solo había hombres, solicitantes de asilo, bajo la guarda del gobierno que pagaba el alojamiento local donde los migrantes vivían amontonados en pequeñas habitaciones y espacios, compartiendo baños y cocinas poco salubres. Según el Consejo de Refugiados de Portugal, 800 refugiados acompañados por la institución, viven en albergues en la ciudad de Lisboa, en condiciones muy similares. Hacinados en habitaciones con más de diez personas, comparten un baño y otras áreas comunes, lo que hace imposible mantener el aislamiento social requerido para contener la pandemia. En una nota publicada en las redes sociales, la Asociación de Refugiados en Portugal reveló que la pandemia expuso la situación de fragilidad que viven los refugiados debido a la falta de un plan de integración estructurado, que para ellos, es una de las causas de las controversias sobre las condiciones de vida de esta población. En este sentido, afirman que han recibido muchas llamadas telefónicas de refugiados que necesitan atención médica inmediata pero no tienen acceso. Este hecho puede ser justificado porque la salud de los refugiados probablemente no está contemplada en los presupuestos, no hay mediadores debidamente capacitados que estén disponibles para acompañar a los trabajadores refugiados a la consulta, además de, en algunos casos, tener que pagar sus propios medicamentos. Después de este primer caso, el gobierno portugués dio prioridad a testear a refugiados que vivían en otros albergues en vista de las condiciones de habitabilidad y el peligro inminente de contagio debido a la aglomeración. El gobierno portugués, luego del inicio de la cuarentena, decidió otorgar todos los derechos civiles a los inmigrantes en espera de regularización y a los solicitantes de asilo, durante el período de validez del estado de emergencia (que comenzó el 19 de marzo y se extendió hasta el 2 de marzo de mayo). Con esta medida, pretendía facilitar principalmente el acceso a la salud pública y los cuidados médicos, pero otras medidas como la ayuda económica, quedaron restringidas solo a un grupo de la población que tenía contratos de trabajo o trabajadores independientes que contribuían a la seguridad social. Pero esta no es la realidad en toda Europa. Aunque el presidente del Comité de la ONU sobre Trabajadores Migrantes, Can Unver, y el relator especial sobre los Derechos Humanos de los Migrantes, Felipe González Morales, afirmaron que los gobiernos deben garantizar el acceso a los servicios sociales para los migrantes y sus familias y que esta asistencia no puede depender del status del migrante, lo que se puede ver es que parte de esta población ha sido excluida de la mayoría de los planes de asistencia social. En algunos países europeos como Italia, Malta y Croacia, continuaron los arrestos y deportaciones, incluso como medida de seguridad y contención de la pandemia. Mientras tanto, la situación de aquellos que están en la frontera o en movimiento se ha deteriorado rápidamente. La ONG alemana Alarmphone denunció que desde el 13 de abril no ha habido ningún buque de rescate civil en el mar Mediterráneo central. Alegando medidas para contener la pandemia, el gobierno italiano y maltes han restringido los barcos de rescate y se han negado a recibir barcos que hayan realizado operaciones de rescate marítimo. Hasta el 29 de mayo, unas 435 personas rescatadas de la costa maltesa y trasladadas a embarcaciones turísticas, esperaban desembarcar. Hasta esta fecha, el gobierno que había otorgado solo el aterrizaje de mujeres y niños, continuó impidiendo el desembarque, incluso después de que varias personas se arrojaron al mar y un joven se ahogó. Alarmphone denuncia además que el COVID-19 se ha convertido en la norma para la no asistencia y rescate en el Mar Mediterráneo Central. Según la declaración emitida por la ONG, la pandemia ha permitido a los estados europeos adoptar medidas de emergencia que restringen aún más el derecho y la libertad de circulación, dentro y fuera de Europa. También advierten que, aunque algunas de las medidas son justificadas para contener la propagación de la pandemia, las autoridades europeas han utilizado esta crisis de salud para normalizar una práctica ya existente de no asistencia en el mar. Incluso con la pandemia, la gente no ha dejado de huir. Solo entre los días 5 y 11 de abril de 2020, más de 1,000 personas intentaron cruzar el Mediterráneo en unos 20 barcos. La restricción adicional de circulación de la población se ha convertido en una preocupación de varias organizaciones de protección civil para migrantes y refugiados. Según Lya Johson (2020), solo en abril, más de 600 organizaciones hicieron un llamamiento a los líderes mundiales para que no utilicen la pandemia como pretexto para restringir el espacio cívico. Amnistía Internacional también ha denunciado casos de violencia y falta de respeto por los derechos humanos con refugiados e inmigrantes en las fronteras de Europa. Un caso destacado por la institución fue el de los migrantes que esperaban la reapertura de la frontera entre Bosnia Herzegovina y Croacia, a quienes se les cortó el suministro de agua como una forma de obligar a las personas a abandonar los campamentos improvisados. En otros lugares, como Calais, en Francia, es frecuente que se impida la circulación, incluso para obtener alimentos. La regla es la falta de agua, alimentos y deportaciones sin el debido proceso como medida de contención de la pandemia. La crisis que afecta a los inmigrantes (desempleo y disminución de ingresos) también afecta a los países que dependen de "flujos de remesas financieras", transferencias de dinero hechas por inmigrantes a sus familiares y amigos. Esas remesas de 2019 hechas por inmigrantes a países pobres totalizaron $ 554 mil millones. El PIB de Haití, por ejemplo, ha dependido progresivamente de las remesas de los inmigrantes. En 2019 representaron el 31,7% del PIB. En Sudán, también en 2019, fueron del 34,4%. Ciertamente, la caída en los ingresos de los inmigrantes que sustentan este tipo de remesas afectará negativamente el PIB de los países pobres. El Banco Mundial proyecta una disminución del 19.7% en estas remesas en todo el mundo y reconoce que esta disminución se deberá (y se debe) en gran parte a la crisis económica causada por la pandemia de COVID-19; de hecho, esa disminución se debe al agravamiento de la ya existente crisis económica causado por el COVID-19. Si bien el gobierno europeo no ofrece respuestas rápidas para auxiliar a los migrantes y refugiados, varias instituciones y organizaciones de carácter civil y no gubernamental han estado haciendo campaña para disminuir los impactos de la pandemia entre los migrantes y los refugiados. En Portugal, la plataforma Humans Before Borders (HuBB), dedicada a la acción y a la sensibilización sobre las condiciones de los campamentos de refugiados en Europa, lanzó la campaña La solidaridad no hace cuarentena, con el objetivo de recaudar fondos para "financiar el plan médico de emergencia para apoyar a los refugiados en los campos de Moria y Samos” en Grecia. Otras ONG europeas (BRF, Kitrinos, MVI, Health Point Foundation, Med'EqualiTeam) también lanzaron campañas destinadas a comprar equipos de protección personal (EPP), medicamentos, entre otros. Durante el período de emergencia de la cuarentena, la Casa de Brasil en Lisboa, celebró varias sesiones de conocimiento online para migrantes con problemas relacionados a los derechos laborales, especialmente el acceso a la salud. También llevó a cabo otras campañas para ayudar a los migrantes y turistas brasileños que estaban aislados o sin alojamiento al comienzo de la pandemia. A principios de mayo, a través del Proyecto Informa en Acción, se lanzaron tres guías de información sobre acceso y atención médica para migrantes y profesionales de la salud en seis idiomas. Como medida urgente, varias asociaciones (Fórum Refugio, CRESCER) recolectaron alimentos y donaciones para migrantes y refugiados que estaban desempleados y que estaban en condiciones de miseria y hambre. El Foro Refúgio, también anunció que a través del financiamiento de la Alta Comisión para las Migraciones y la Fundación Calouste Gulbenkian, se lanzó el Plan de Apoyo al Refugio en el contexto de la emergencia Covid-19, que será administrado por la Asociación de Refugiados en Portugal, con el objetivo de Apoyar a las personas en situaciones de refugio, con una red de atención en cuatro idiomas. En resumen, la información sobre la situación de los migrantes y, especialmente, de los refugiados en los países europeos, muestra desprecio, discriminación y políticas que han expuesto a estos trabajadores extremadamente vulnerables al contagio de COVID-19. Por el contrario, existen viejas y nuevas iniciativas de solidaridad con los migrantes, algunas de ellas formadas por otros migrantes legalmente instalados en diferentes partes de Europa. Este es un hecho que apunta a la unidad de los trabajadores como una forma de articular soluciones de crisis y, principalmente, una herramienta que, directa o indirectamente, expone las diversas políticas gubernamentales en los campos de refugiados centrados en COVID-19 que funcionan como prácticas de degradación de los trabajadores migrantes y refugiados. Fuentes: JOHSON, Lya. A Covid-19 relembra-nos que a sociedade civil é fundamental para a defesa do nosso bem-estar coletivo. In: ONGD Plataforma Portugues. Dossiê: A Pandemia de Covid-19 e os desafios do Desenvolvimento edição especial. Lisboa: junho de 2020. Government commissions fourth tourist boat as 425 migrants held offshore Space on Captan Morgan ships was running out. Time of Malta. 28 de maio de 2010. Disponível em: https://timesofmalta.com/articles/view/malta-commissions-fourth-tourist-boat-as-425-migrants-held-offshore.794873?fbclid=IwAR2VX18TRGLgQHaLh06uCIPYxZnd-uBPpLmFDDxFeCKdzy4HUec3qiQs_QU The Covid-19 Excuse: Non-Assistance in the Central Mediterranean becomes the Norm.. Alarm Phone Press Release. April 11, 2020. Disponível em: https://alarmphone.org/en/2020/04/11/the-covid-19-excuse/?post_type_release_type=post Relatores da ONU pedem proteção migrantes durante pandemia. ONU News. https://news.un.org/pt/story/2020/05/1714792 Bosnian police move hundreds of migrants to emergency tent camp. Info Migrant. Disponível em: https://www.infomigrants.net/en/post/24268/bosnian-police-move-hundreds-of-migrants-to-emergency-tent-camp Covid-19 spreading quickly through refugee camps, warn Calais aid groups. The Guardian. Disponível em: https://www.theguardian.com/global-development/2020/apr/09/covid-19-spreading-quickly-though-refugee-camps-warn-calais-aid-groups Coronavirus cases among refugees on Lesbos spark fresh calls for evacuation. The Guardian. https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/14/coronavirus-cases-among-refugees-on-lesbos-spark-fresh-calls-for-evacuation Annual Remittances Data (updated as of Apr. 2020) https://www.worldbank.org/en/topic/migrationremittancesdiasporaissues/brief/migration-remittances-data

13 de junio de 2020
Vicentin: la posición de la Federación de Aceiteros

En un comunicado del 11 de junio, la comisión directiva de la Federación Aceitera y la comisión interna y los delegados de base de la planta Vicentin de Avellaneda, manifiestan que "Apoyamos la intervención del Estado para la defensa de los puestos de trabajo en Vicentin". Expresan la confianza de que “esta medida llegue para poner fin al período de incertidumbre que viven los trabajadores del Complejo Industrial Vicentin de Avellaneda, Provincia de Santa Fe”. Este pronunciamiento desmiente la campaña que acogieron los medios de comunicación, acerca de un apoyo a la patronal del pulpo por parte de lo que llaman “la comunidad” del norte de Santa Fe. Los obreros, los primeros afectados por la crisis y el vaciamiento de la compañía, no la apoyan. La “incertidumbre” laboral no se limita a esa región – es ostensible en la planta de San Lorenzo, al sur de la provincia, que se encuentra operando a la mitad de la capacidad. El Grupo Olio, por ejemplo, acaba de arrendar la planta, hasta fines de año, para moler sus propios granos. Estamos ante de un ejemplo claro que los Vicentin ‘no quieren o no pueden’ financiar el movimiento de la empresa, o sea que van a la quiebra o a la venta al mejor postor. En este caso los perjudicados serían los obreros, porque cobrarían del fondo residual que deje una cosa o la otra. El problema ahora es este: ¿La intervención del estado, que decretó Alberto Fernández, despeja esa “incertidumbre”? No hay nada que permita afirmarlo. La intervención no ha definido un plan de acción, ni los recursos de que dispone para ello. Además, ha pedido que el juez del concurso otorgue el aval a la intervención, de modo que se coloca bajo la tutela del concurso de acreedores. Mientras la Federación y los delegados estaban en la tarea de redactar el comunicado, comenzaba una huelga petrolera en protesta porque YPF rechaza iniciar la discusión del convenio colectivo. La “azul y blanca” de los combustibles ha anunciado incluso que “le sobran” cinco mil trabajadores. Curiosamente, sería precisamente YPF la empresa que tanto Fernández como Nardelli pretenden asociar a Vicentin. Todo indica que la intervención oficial crea más ´incertidumbres´ de las que dice venir a superar. El gobierno, en parte porque la intervención es una salida de apure, ha ratificado la intención de proceder a la expropiación de Vicentin, por medio de una ley que la declare de “utilidad pública”. En ese caso deberá indemnizarla, lo que sería tanto injusto como perjudicial para los contribuyentes, aunque parece que tiene pensando aminorar el costo inmediato, mediante el pago con deuda pública en lugar dinero efectivo – que no tiene – incluido a acreedores internacionales de Vicentin, que tienen el 40% del total de la deuda. Esta forma de pago sería vetada por los fondos internacionales que están negociando con Guzmán la salida al default. Fernández, por otro lado, defiende la creación de una empresa-público-privada, o sea una sociedad anónima constituida por accionistas. Una forma de explotación capitalista sería reemplazada por otra. El apoyo a una intervención no significa solamente sacar del manejo de Vicentín a los Nardelli, significa apoyar los intereses sociales y la política de esa intervención. Los trabajadores debemos oponer nuestros intereses y reivindicaciones a los intereses de una intervención, no enredarnos en ella. Debemos presentar nuestro programa y nuestra política. En las plantas de Ricardone y Avellaneda, encuadradas por distintos sindicatos, se viene incumpliendo con una gran parte del pago de los salarios y con lo acordado por las dos paritarias firmadas, incluido el bono anual que se debía haber pagado en enero pasado. El SOEA, en San Lorenzo, ha manifestado estar dispuesto a trabajar “el 100% en comunión con la intervención”, como estuvo dispuesto a trabajar el 100% con Vicentin para aprobarles convenios a la baja Que la intervención pague los salarios y otros rubros adeudados. Que se adopten los protocolos de salud en los lugares de trabajo, que elaboren las comisiones internas y cuerpos de delegados, con el voto de los trabajadores. Que el salario mínimo no baje de los $70 mil pesos, que es el costo de la canasta familiar. Por la apertura de los libros y el control obrero de las empresas de Vicentin y de todos los acreedores financieros. Toda Argentina es Vicentin. Todos los grandes capitales están quebrados y despiden y reducen salarios, y viven del rescate del estado. Es necesario un congreso de trabajadores que vote un plan económico y un plan de lucha. Por un gobierno de trabajadores. LEER MÁS Vicentin: una quiebra que golpea el sistema económico y político VER MÁS Charla: El movimiento obrero frente a la pandemia

13 de junio de 2020
Paro total y piquete en la planta de Algodonera Avellaneda S.A.(Grupo Vicentín)

El viernes 12, los obreros de la Algodonera Avellaneda S.A. resolvieron en asamblea el paro total con bloqueo de los accesos a la planta por el reclamo de deudas salariales y condiciones de trabajo. Luego de realizar, ese mediodía, una presentación en la delegación del Ministerio de Trabajo de Reconquista, donde además denunciaron el hostigamiento y malos tratos hacia el personal por parte de la empresa. Señalan que les descuentan el porcentaje de la obra social que no funciona. Han tomado la resolución de parar la planta, apostándose y bloqueando los accesos a la misma hasta el próximo martes 16 de junio. Esta empresa del Grupo Vicentin no se encuentra dentro de las que fueron objeto de intervención por parte del Gobierno Nacional. Allí trabajan alrededor de 500 operarios, que reclaman además de la situación laboral y salarial, la renuncia de la conducción sindical de AOT (Asociación Obrera Textil), encabezada por Rubén Lemos, su secretario general, a quienes los trabajadores y la delegada de la planta, Sonia Zanel, denuncian por su borrada frente a los reclamos obreros, que se suceden desde hace largo tiempo, por las condiciones de trabajo y ataques permanentes de la patronal. Los trabajadores de la Algodonera perciben un salario de $116 la hora. La actividad en la planta se realiza de forma ininterrumpida durante todo el año, incluyendo fines de semana y feriados, con turnos rotativos. La empresa, cuyo directorio está representado por Roberto Vicentín, ha establecido un salario de $21.000 al mes. Este salario de los obreros textiles de Avellaneda es uno de los más bajo de la zona, donde, además, el año pasado se perdieron más de mil puestos de trabajo en el rubro. Vicentín es una de las principales compañías agroexportadoras de la Argentina. Comunicó “estrés financiero” a inicios de diciembre de 2019, por la abultada deuda de Vicentin SAIC, que ronda los 1.350 millones de dólares, con bancos y empresas del sector agrícola. El Secretario de Trabajo, Juan Manuel Pusineri, en horas del mediodía de este sábado, dictó la conciliación obligatoria en el conflicto de Algodonera. Frente a esto, los trabajadores han dispuesto realizar una asamblea para resolver si acatan la medida dictada por el Ministerio, o mantienen las acciones de lucha dispuestas y para determinar de qué manera continúan con los reclamos. LEER MÁS Vicentin: una quiebra que golpea el sistema económico y político

13 de junio de 2020
SUTNA va al paro para proteger la vida de los trabajadores

Las tres grandes fábricas del neumático (FATE, Pirelli y Bridgestone) fueron ayer al paro en el contexto de una lucha por las condiciones de seguridad e higiene ante la pandemia de Covid-19. Durante el fin de semana pasado, el Sindicato había presentado un Protocolo, con las medidas de prevención necesarias para resguardar la salud de los compañeros. Sin embargo, ante la actitud dilatoria de las patronales y tras la aparición de los primeros casos de Coronavirus, el SUTNA convocó a un paro de 24 horas. El protocolo Además de aferrarse a sus propios protocolos, las patronales (Firestone, Pirelli y Fate) han intimado a continuar en el trabajo a "contactos estrechos" de casos confirmados, cuando correspondía que se acogieran a una cuarentena. Cada empresa aplica su propia interpretación del protocolo de la OMS, siempre priorizando el lucro (evitar costos) sobre la salud de los trabajadores. El protocolo del Sutna recoge las principales preocupaciones que surgieron entre los trabajadores en los primeros días del reinicio de actividades e incorpora las recomendaciones de expertos y profesionales. Con este aval ha presentado un pliego de reivindicaciones y los fundamentos correspondientes. Por un lado, reclama que el transporte llegue hasta la cercanía de la casa de cada uno de los compañeros, entradas múltiples para el ingreso, el retiro de los molinetes, la creación de vestidores por sector para evitar la aglomeración en el vestuario, y un largo etcétera. Por otro lado, plantea un “encapsulamiento”, que consiste en segmentar por núcleos para evitar el contacto entre grupos. El planteo implica que no se crucen los compañeros unos con otros ya sea en la línea de producción, el comedor ni los descansos. Demanda una reorganización de las fábricas, de sus sistemas de turnos y del trabajo continuo. Además, el protocolo incorpora un detallado pedido de testeos: a) a casos sospechosos; b) a aquellos trabajadores cuya función implica un nivel mayor de exposición (limpieza, seguridad, recepción); y, c) la aplicación de testeos aleatorios por sector para separar casos asintomáticos. El protocolo del Sutna advierte del riesgo de un brote en las zonas aledañas a las empresas, o en las propias fábricas, ante lo cual establece “implementar una cuarentena de todas las cápsulas que componen la planta, estudiar el tiempo necesario para normalizar la situación sanitaria en la empresa afectada y una vez regularizada la situación comenzar en forma progresiva las actividades aplicando nuevamente todo el programa del protocolo”. A contramano de estas demandas, la aparición de los primeros casos de coronavirus en los lugares de trabajo puso al desnudo la irresponsabilidad de las patronales. Como decíamos, Bridgestone llegó al extremo de incumplir la normativa vigente, que obliga al aislamiento de los contactos estrechos de un caso confirmado. Los ministerios de Salud y Trabajo fueron avisados inmediatamente, a pesar de lo cual no tomaron cartas en el asunto con la urgencia que amerita. En este contexto, la convocatoria al paro deja en claro que los trabajadores no están dispuestos a soportar la dilación y el ninguneo patronal y estatal. Plan de lucha El paro de 24 horas desde las 06:00 del viernes, constituye el inicio de un plan de lucha; es una lucha estratégica por la salud. Una conciliación obligatoria, ante un tema de salud que atañe al conjunto de la población, estaría por fuera de la jurisdicción por parte del ministerio de Trabajo y lo colocaría en conflicto con toda la campaña de combate al Covid-19. Las demandas planteadas del paro son las siguientes: Mejoras concretas en las condiciones de prevención ante el covid 19. Que las patronales escuchen el justo reclamo de los trabajadores. Que las autoridades nacionales y provinciales intervengan en favor de la salud de los trabajadores. Cuestión de conjunto Estamos ante el peligro de la circulación laboral del virus, y es más necesario que nunca una respuesta obrera de conjunto. El paro votado en Mondelez Pacheco -y levantado por el STIA de Daer- y el paro del Sutna de ayer, son los primeros escenarios de una gran batalla que se viene para todos los trabajadores: si se aplica nuestro protocolo en defensa de la vida, o si se aplica el de las empresas en defensa del capital. Los trabajadores necesitamos un congreso propio para elaborar una política propia que dé salida a la crisis sanitaria y a la crisis nacional, económica y política, que unifique la agenda de luchas. El Sutna está destinado a jugar un rol protagónico en esa perspectiva.

13 de junio de 2020
Terciarios de 25 de Mayo: brota la lucha en el ISDFyT N°28
Natalio Moreyra Presidente del Centro de Estudiantes · Alejandra Recalt - Estudiante del Prof. De Química

El ISFDyT N°28, de 25 de Mayo, se ha visto sacudido por la intervención estudiantil ante la problemática generada por la virtualidad y la desidia en la que el Estado nacional ha dejado al estudiantado. En mayo, la nueva dirección del terciario intentó imponer -de modo repentino y desorganizado- las mesas postergadas de marzo. Lo peculiar de la cuestión es que solo separaba del anuncio hasta la primera mesa, un fin de semana. Esto generó una explosión de mensajes hacia el Centro de Estudiantes, pidiendo información al respecto. Tras una serie de correos electrónicos enviados al equipo de gestión institucional, la problemática creció adoptando nuevas aristas y animando a más estudiantes a canalizar sus manifestaciones. La consulta de nuestra compañera Alejandra en el Facebook oficial del terciario generó la reacción de la prehistórica camarilla de profesores, persecución y ataques. Desde la dirección del Centro emitimos el inmediato repudio y reclamamos el pedido de disculpas que la compañera merece. A su vez, realizamos un pliego de reivindicaciones inmediatas para exigir respuestas ante la abnegada accesibilidad a la formación académica de muchos y muchas estudiantes. Necesitamos saber qué será de la instancia de examen que se sitúa a mediados de año, ya que han quedado superpuesta con la instancia postergada en marzo. Pero la respuesta nunca existió y se decidió acudir a los medios. La llamada A través de un comunicado en los medios de comunicación, el Centro de Estudiantes logró atravesar las estructuras conservadoras del instituto y ampliar el debate en la comunidad veinticinqueña. La ausente respuesta de los directores obligó a la inspectora regional a salir al rescate del inexperto Equipo de Gestión, que solo optó por preocuparse por la "mancha" que este comunicado generó a la institución. Oficiando de mediadora, la inspectora se comprometió a garantizar cada uno de los derechos estudiantiles en esta modalidad virtual y la plena disposición ante la manifestación canalizada por el presidente del Centro de Estudiantes. Nuestra lucha Sin lugar a duda, esta lucha se ha iniciado en base a consultas y testimonios realizados por estudiantes. Pero es importante aclarar que nuestra intervención no intenta trabar el desempeño de muchos compas que sí están accediendo a la virtualidad. Lo importante en ésta y todas las luchas es nivelar para arriba. En todos los rincones del país se viene destapando una olla que contiene las limitaciones del sistema capitalista ante la pandemia y la educación pública lo viene expresando claramente. Estudiantes y docentes de todos los niveles somos víctimas del desamparo que los FF ofrecen en la continuidad del ciclo lectivo 2020 en cuarentena. La punta del ovillo Por lo tanto, aclarando que la garantía de la preservación de los derechos estudiantiles la generará el movimiento estudiantil organizado, seguimos avanzando y exigimos: No a la persecución y ataques contra estudiantes. Gestión para liberar del depósito sin uso de las conectar igualdad. Al Estado: Liberación de datos para quienes no cuenten con servicio de internet. Plan de becas municipales y provinciales.

13 de junio de 2020
Segunda reunión abierta del CBC: los centros de estudiantes tienen que impulsar los reclamos estudiantiles

El jueves 4 se llevó a cabo la segunda reunión abierta del CBC convocada por la UJS (Tendencia). Su objetivo fue seguir discutiendo de qué manera nos organizamos de cara a una cursada virtual que está dejando afuera de la universidad a cada vez más estudiantes. Lejos de haber mejorado, las condiciones de cursada han sufrido un deterioro en las últimas semanas. El “inicio” de clases del 1 de junio ha sido un fiasco absoluto. En muchos casos, fue reprogramado para varios días después, producto del nulo funcionamiento del campus virtual, de los limitados canales de comunicación disponibles entre estudiantes y docentes y de la saturación de estos últimos, quienes han tenido que salir a dar la cara por todos estos problemas. La gestión del CBC hace oídos sordos ante todos estos problemas. Las reuniones abiertas que venimos impulsando han hecho eco de estas problemáticas a partir de una nutrida concurrencia de estudiantes de diversas carreras y facultades: una consecuencia lógica, también, de la inexistencia de cualquier instancia de organización convocada por alguno de los trece centros de estudiantes de la UBA. Mucho menos la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), conducida por Franja Morada, ha recogido el guante de esta situación. Entre las resoluciones votadas se encuentra enviar comunicados a los centros de estudiantes y a la propia FUBA planteando la necesidad de que tomen nota de los reclamos expresados masivamente por los estudiantes y se sumen a impulsarlos. No hacerlo significa avalar la crisis que estamos atravesando. Con las firmas de los propios estudiantes del CBC nos hemos dirigido a los centros de Sociales, Filosofía, Medicina, Derecho, Exactas, FADU e Ingeniería. Frente a lo que posiblemente puede ser el mayor proceso de deserción estudiantil en la historia del CBC es necesario con urgencia poner en pie asambleas de cada sede, las cuales permitan nuclearnos masivamente. En la última semana han surgido varios petitorios que han tenido una adhesión masiva: todos expresan el reclamo de miles de estudiantes por sus condiciones de cursada. Una asamblea convocada por los organismos estudiantiles permitirá darles un canal de expresión y un método de acción a esas demandas. Por último, cabe señalar el debate político más general, que fue procesado en nuestra reunión y aparece como telón de fondo de la crisis del CBC. La cuestión del limitado presupuesto universitario juega su rol y guarda una relación profunda con el problema más general de la crisis política nacional atravesada por el principio de colapso sanitario y la entrega completa de los recursos nacionales para pagar la deuda externa. Los estudiantes debemos discutir el acuerdo que se presta a firmar el gobierno con los acreedores internacionales. Esta estafa pretende ser abordada a partir de un ataque gigantesco a las condiciones de vida de los trabajadores. Frente a este panorama, nos proponemos seguir desarrollando un plan de lucha y una gran discusión política. LEER MÁS CBC: un modelo de cursada que nos deja afuera

13 de junio de 2020
Colonia Santa Rosa: una tregua parcial y precaria

El gobernador Gustavo Sáenz y el intendente Guerra se han visto obligados a revisar su línea de ajuste en Colonia Santa Rosa. Después de varios meses de reclamos de los vecinos de 15 barrios y una huelga municipal que ya ha sobrepasado dos semanas, la provincia ha decidido habilitar la entrega de harina, garrafas sociales, mercadería y el municipio a realizar obras de limpieza en algunos barrios. A su vez, Guerra ha anunciado unilateralmente un aumento del 10% a fines de junio a los salarios municipales. Este lastre es, sin embargo, limitadísimo. Las asambleas barriales exigían también obra pública de urbanización y el equipamiento de salitas y el hospital. Los municipales reclaman el pago del 30% de aumento conquistado en 2019, los aumentos dados este año para los estatales provinciales y la reincorporación de trabajadores despedidos por luchar, entre otros reclamos. El recule gubernamental se ha producido después de que una rebelión de vecinos y trabajadores municipales copara el concejo deliberante y obligara a los ediles a votar la suspensión del intendente Guerra y la conformación de una comisión auditora que incluía representantes de trabajadores y vecinos en lucha. Sin embargo, los concejales no han hecho nada para hacer cumplir su resolución y ahora se declararon en cuarentena, garantizando la continuidad del intendente Guerra. “Tiempo fuera" A este cuadro, se le sumó la alarma por nuevos contagios de COVID-19 en la zona y también un llamado a conciliación obligatoria a los sindicatos que se declararon de paro para precipitar esta maniobra, que fue rechazada por los municipales autoconvocados. El cuadro creado le ha regalado al gobierno una suerte de “tiempo fuera". Por el alcance de las reivindicaciones obreras y populares y por la quiebra del municipio, la crisis está muy lejos de resolverse. La premisa establecida por el secretario provincial de asuntos municipales, Mario Cuenca, de que “con Guerra o sin Guerra el municipio de Colonia Santa Rosa no puede seguir funcionando si no reduce la planta de empleados municipales”, sigue siendo la orientación fundamental del gobierno provincial, que además acaba de desdoblar el pago del medio aguinaldo para los estatales. El gobernador ha rescatado a un intendente que hoy en día ni siquiera puede salir a la calle sin recibir el repudio popular. El reclamo histórico de los municipales autoconvocados de la apertura y control de las cuentas del municipio por parte de la población trabajadora comenzaba a ser levantado por huelguistas y los manifestantes de los barrios. Tareas Esta tregua debe aprovecharse para defender la continuidad de las asambleas barriales y la asamblea municipal y evitar la usurpación de una representación electa y revocable por los punteros y burócratas ligados al gobierno y los partidos patronales. Las concesiones obtenidas son fruto de la lucha y no de gestiones o padrinazgos. La experiencia del último período ha dejado claro para una vanguardia, que Guerra no se irá del municipio si no es echado a través de la lucha. Es necesario poner en pie un congreso de trabajadores que pugne por una real apertura y control obrero y popular de las cuentas y el suelo del municipio y el departamento. Extensión Los conflictos municipales por el salario y falta de insumos de trabajo comienzan a extenderse a otros municipios como Hipólito Yrigoyen, Salvador Mazza y Aguaray. En Salta Capital, la intendenta Bettina Romero tantea un desguace de las áreas municipales de tránsito y obras públicas entre otras. Se plantea la necesidad de la coordinación de estas luchas y un congreso de bases de trabajadores municipales, que supere la fragmentación administrativa e impuesta por decenas y decenas de sellos sindicales burocráticos. Los municipios y sus trabajadores son los eslabones más débiles de la cadena del estado y jugarán un rol destacado en las luchas de clase que se avecinan.

13 de junio de 2020
La Junta Interna de ATE-INTA y la lucha por paritarias y el protocolo de vuelta al trabajo

La junta interna de ATE INTA Castelar viene desarrollando desde los primeros días de 2020 una serie de actividades, pronunciamientos y exigencias a INTA de abrir las paritarias sectoriales. La conciencia de los trabajadores por el reclamo de un nuevo convenio colectivo sectorial está a flor de piel. El INTA fue el primer organismo público nacional con autarquía que tuvo un proceso pre paritario genuino que duró seis meses. El deber de su junta interna es transformar en mandato estas necesidades y abrir un proceso deliberación colectiva, lo que deberá chocar indefectiblemente con la tregua burocrática -llamada “cuarto intermedio”- de UPCN y ATE en la discusión del convenio general. Hace más de 14 años que se replica este fraude montado por el estado y los sindicatos que toma la forma de la “Comisión Negociadora General del Empleo Público”, mal llamada paritaria general, pues nunca existió un proceso pre paritario y paritario de tal magnitud. Los salarios y condiciones de trabajo de los estatales son negociados año a año con la entrega de UPCN y la convalidación testimonial de ATE, sin el menor mandato de sus bases y realizado a la medida del pago a rajatablas de la deuda externa y de los saqueos capitalista, el rescate de los grupos monopólicos, de los cuales el mejor ejemplo actual, es la “expropiación” de Vicentin de parte de un estado quebrado y en default que rescata a los accionistas privados, liquidando los sueldos, los aumentos salariales, las paritarias y las jubilaciones. De algún modo, esta importante e incipiente deliberación adquiere importancia relevante, en el marco de la paritaria sectorial y la lucha por elevar ese reclamo, agotando todas las vías para organizar a los trabajadores. La Junta Interna de ATE INTA Castelar viene produciendo documentos para el debate, declaraciones y deliberaciones sistemáticas que foguean dicho proceso a lo largo y ancho del país, apoyada también por los delegados de la Mesa Nacional de ATE INTA, quienes llevan el reclamo a todos los compañeros que debe atravesar la cuarentena y el aislamiento social. El INTA tiene cerrado el 90 % de sus 400 unidades. Claramente ha comenzado una deliberación colectiva que, aun con este nivel de dificultades, no deja de expresarse como una necesidad y una perspectiva, no solo del activismo politizado sino de los propios trabajadores. El desafío de su junta interna es amalgamar estas necesidades con su programa histórico, por lo que ha lanzado un pronunciamiento nacional para que los trabajadores y delegados se pronuncien y tomen en sus manos esta lucha mediante asambleas generales y la deliberación colectiva, que podrá arrancar este estratégico reclamo al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de la Función Pública un convenio colectivo sectorial que saque a los trabajadores del hundimiento laboral y económico. porque tendrán que jugar roles de mayor importancia y desafíos ante el quiebre y el hundimiento del estado capitalista, esta es la tarea del momento y están garantizado todo el proceso para llevarlo adelante. Son ellos o nosotros. Un claro ejemplo de este compromiso y este proceso que se viene desarrollando se refleja en la participación paritaria de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT), donde impusimos nuestros propios protocolos, pero no avalamos y rechazamos el presentado por el “estado empleador” y el INTA. La lucha por las paritarias y los derechos laborales encierran un importante e invaluable componente, la seguridad e higiene, el medio ambiente y la salud laboral, las enfermedades profesionales, los accidentes mortales y el aprovisionamiento de todos los elementos de seguridad personal y biológicos; sin duda, son esenciales para la futura vuelta al trabajo.

13 de junio de 2020
Comisión de Mujeres de Ansabo produce sanitizantes

En el marco del corte en el triángulo de Bernal por la Coordinadora de Trabajadores de Zona Sur, del pasado jueves 11, Silvia nos cuenta sobre la decisión de la Comisión de Mujeres de Ansabo de comenzar a producir sanitizantes. “Ansabo es una papelera que está cerrada desde hace once meses y está tomada por sus trabajadores para tratar de producir bajo gestión obrera. Fue en esta fábrica donde se inicia la Coordinadora de Trabajadores de la Zona Sur. Nos encontramos en una lucha intensa porque se vive en el día a día. Ahora, con la pandemia, está mucho más limitado todo, pero a pesar de eso seguimos todos los días. La fábrica, en realidad, hace bobina de papel. Lo que hicimos fue reconvertir la oficina de quien era la dueña para hacer un laboratorio y sacamos una producción de sanitizantes de alcohol que tiene como fin devolver a la comunidad toda la ayuda que nos brindó en estos meses y nos siguen dando. Participamos la comisión de mujeres y otras personas que están colaborando, como técnicos y profesores de química que nos ayudan en la producción que aún es chica, pero de ahí sale una proporción para hacer donaciones. Por ejemplo, esta semana vamos a hacer las donaciones a Villa Azul, tenemos por delante llevar donaciones a comedores y al hospital de Solano. Para nosotras es gratificante poder ayudar, dar una mano en esta situación. Lo que estamos vendiendo son frasquitos de 250ml que salen $160. Intentamos que sea accesible para que la gente pueda comprarlos, aunque sabemos bien que los elementos de higiene tienen que ser brindados por parte del Estado y que esto no sucede. Para nosotras es la manera de devolverle al pueblo, a los barrios, lo que hicieron por nosotros.” También nos cuenta otras acciones que llevan adelante para los vecinos dentro de las instalaciones de la ex Ansabo. “Otra acción que intentamos llevar adelante son ollas populares que hacemos junto a organizaciones los sábados y domingos a las 12:30, se entregan casi 200 raciones por día. Este lunes, también, comenzamos con un merendero que también llega a repartir 120 porciones. Y ahora, recibimos donaciones de alimentos, artículos de higiene, de los sanitizantes como hacemos nosotras para llevar a Villa Azul que están pasando por esta situación de abandono en la pandemia. Repito, la finalidad es devolverle a la gente todo lo que hicieron por nosotros”.

13 de junio de 2020
La jornada de lucha del 11J en Zona Norte

El 11 de junio, en el marco de una nueva jornada nacional de lucha, el Polo Obrero Tendencia se movilizó en varias provincias. En la Zona Norte de Gran Buenos Aires, el Polo Obrero Tendencia participó con una delegación de compañeros de Pilar, José C. Paz y San Isidro. La jornada de lucha se desarrolló en 197 y Panamericana, en la puerta de Centro Médico El Talar, en solidaridad con los trabajadores despedidos y contagiados con Covid19. La actividad fue convocada por el Polo Obrero Tendencia, FOL, FAR, MTL, MTD, Teresa Vive, Frente Popular Darío Santillán y Barrios de Pie, compañeros desocupados, precarizados, con un sólido pliego reivindicativo: apertura y duplicación YA de los planes sociales, sostenimiento de todos los comedores y ollas populares por el estado, plan de viviendas populares para terminar con el hacinamiento, y los testeos masivos, desde el Polo Obrero Tendencia, intervenimos y discutimos con las organizaciones la necesidad de coordinar en cada distrito un plan de lucha por la mercadería de los comedores que cada vez es más escasa y en muchos casos, nula. La concentración comenzó a las 9 de la mañana, continuó con una olla popular para todos los compañeros y culminó en una radio abierta que contó con la solidaridad de agrupaciones obreras, como la comisión interna del Hospital Mercante de José C. Paz y el Suteba Tigre. Durante toda la jornada estuvo presente la solidaridad con los trabajadores del centro médico del Talar, que se contagiaron por la negligencia patronal y cuando sus compañeros denunciaron esto públicamente, la patronal los echó, siendo trabajadores "esenciales”, en plena pandemia y con un decreto que lo prohíbe. En la acción de lucha quedó de manifiesto la necesidad de coordinar las luchas entre trabajadores desocupados y los trabajadores que están sufriendo miles de atropellos, desde suspensiones, despidos, recortes salariales y superexplotación en el teletrabajo. También la urgencia de dejar de pagar la deuda externa, que será a costa de más ajuste a la clase obrera. La acción del 11 de junio fue un paso en la deliberación del movimiento obrero para llevar a la victoria todas reivindicaciones de los desocupados.

13 de junio de 2020
Jumbo Pilar: un foco de contagios

El pasado lunes 5 de junio, un trabajador de Jumbo Pilar, que se encuentra dentro del shopping “Palmas del Pilar”, fue diagnosticado con coronavirus. El compañero había informado a la empresa que había tenido contacto directo con una persona contagiada, pero fue citado a trabajar de todos modos por no presentar síntomas. Luego de la noticia del diagnóstico, la patronal dispuso el cierre temporario del supermercado para su desinfección y el aislamiento e hisopado de los trabajadores que hubieran tenido contacto directo con el compañero. Para el jueves 11, ya se contaban seis contagiados más. Actualmente, el hipermercado se encuentra clausurado por la municipalidad. Esta acusa a la firma de no haber informado los primeros casos en tiempo y forma, y amenaza con multar a la empresa por esta cuestión. Hasta el momento, sin embargo, el municipio no ha dispuesto de testeos masivos a todo el personal de la sucursal ni ha sumado a las exigencias a Cencosud el financiamiento de los mismos. La faja de clausura y las multas que se puedan aplicar no funcionan como método sanitario contra la propagación del virus. En Pilar ya se cuentan más de 230 contagios oficialmente, y crecen las denuncias de casos ocultos en los barrios y hasta delegaciones municipales. Tras recibir la noticia del primer contagiado, los trabajadores de Jumbo exigieron medidas concretas como aislamiento e hisopados para todos, ya que el criterio de “contacto directo” que contempla el protocolo de la OMS, que se aplica en el país, choca con la realidad de la “multitarea” de los trabajadores, que desarrollan sus labores en varios sectores y comparten de manera masiva comedores y vestuarios. Como pasó en Carrefour de Pilar, donde los contagios se propagaron entre el personal de distintas áreas y turnos que no habían tenido contacto directo entre sí. ( https://politicaobrera.com/movimiento-obrero/1001-contagios-en-carrefour ) El cuerpo de delegados, en un primer momento, se limitó a pedirles “paciencia” a los trabajadores y a remarcar que las medidas de aislamiento y los hisopados sólo corrían para los sectores de cajas y electrodomésticos del turno tarde, donde se desempeñaba el primer contagiado. En una cuestionable posición de culpar en parte a los propios trabajadores que representan, los delegados intentaron colocar que la falta de protección se dio por el mal uso de los elementos y no por su insuficiencia. Tras la confirmación de los otros casos -con el diario del lunes- se enfilaron en el reclamó de los trabajadores por los testeos masivos. Hasta ahora, sin embargo, sin anunciar medidas para lograrlos. La exigencia por protocolos acordes a la etapa de la pandemia en la que nos encontramos tiene que estar en la agenda de todos los trabajadores de los supermercados. Están pagando su condición de esencialidad con su salud y la de sus familias. Los elementos y medidas no pueden ser iguales a los tomados al comienzo de la cuarentena y los testeos masivos preventivos se deben dar a todos los trabajadores que vienen teniendo contacto entre sí y con clientes y proveedores, y deben ser financiados por las empresas. La identificación y seguimiento a los clientes que se convierten en potenciales contagios debe ser una de las tareas a tomar por el municipio, anticipándose a la realidad del colapso sanitario que se avecina a este ritmo de propagación sin control dentro del distrito. Llamamos a la organización y coordinación de las acciones entre los trabajadores de supermercados y comercios de Pilar, en general, discutiendo protocolos obreros y planes de lucha para imponerlos en defensa de la vida y la salud de ellos y su familia. LEER MÁS Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

13 de junio de 2020
El 16 todos a la olla de los ferroviarios en lucha

El 16 de junio, a las 11 horas, los ferroviarios despedidos del ex ferrocarril Roca instalarán una olla popular en la plaza frente a la estación Constitución. Los compañeros convocan a todas las agrupaciones ferroviarias, gremiales, sociales y políticas. Desde octubre de 2019, estos trabajadores han producido distintas medidas de lucha, votadas en asambleas de 200 y más compañeros. Han mostrado una voluntad granítica en su lucha. Este movimiento nació al calor de la lucha contra la depredación de la tercerización en el ferrocarril, donde se producen fraudes laborales con el guiño de las empresas y del propio Estado nacional. Las patronales defienden esta modalidad porque rasguñan ganancias entre las miserias que producen la desocupación masiva y la falta de inspección sobre el trabajo precario y en negro. A esta política delictiva se agregan los despidos de efectivos, la mayoría de ellos, víctimas de la persecución patronal, y otra política engañosa y fraudulenta como son los retiros voluntarios. Desde octubre de 2019 a febrero de 2020, los ferroviarios despedidos produjeron acciones de distinto cuño, desde movilizaciones, cortes de molinetes, volanteos y batucadas en las principales estaciones y también movilizaciones y concentraciones sobre las vías. Sufrieron, además, las provocaciones de la burocracia de la UF y sus patotas, un método que no se extinguió junto con Pedraza y el “Gallego” Fernández. Con su lucha, los compañeros consiguieron, a la llegada del nuevo gobierno, que se abriera un proceso de reuniones con los ministros Cafiero (jefe de Gabinete) y Meoni (de Transporte). Como resultado de esas reuniones con los funcionarios, un sector de la dirección del movimiento fue cooptada por el gobierno. El movimiento, rápidamente, se ha reorganizado y trazado reuniones y asambleas y un plan para reactivar el reclamo de los despedidos ferroviarios. Pronunciémonos en apoyo a esta lucha. El 16, todos a la olla. Preparemos una gran movilización al Ministerio de Trabajo y a la jefatura del ferrocarril para entregar los listados y que comiencen el proceso de reincorporaciones, como ya ha sucedido en otras reparticiones del Estado. LEER MÁS SUTNA va al paro para proteger la vida de los trabajadores

13 de junio de 2020
Tucumán: gran jornada de lucha piquetera

Este 11 de junio, Tucumán fue un hervidero de reclamos y movilizaciones. Tuvo lugar el segundo paro virtual por 24 horas y concentración de Adiunt en el rectorado; se movilizaron los odontólogos en la legislatura; y hubo asambleas y paro de los trabajadores del principal call centers de la provincia. Con todo, la más importante fue la que concretaron las organizaciones sociales como parte de su jornada nacional de lucha. Alrededor de 1.500 personas se concentraron frente a la casa de gobierno. La columna más numerosa fue la del Polo Obrero (Tendencia), que marchó con 500 compañeros; la Darío Santillán lo hizo con 300, y otras decenas de organizaciones sumaron el resto. El Polo (oficial) se hizo presente con un grupo de 50 compañeros. En la columna del Polo (Tendencia) marchó por primera vez el núcleo de compañeros del Corte, en la zona de Alderete, que hace 15 días rompieron con el Polo “oficial”. El Polo Obrero (Tendencia), además, realizó concentraciones en San Javier, donde se montó una olla popular; en Leales, con otra olla popular y corte en la ruta 9; y en el Mojón, donde se concretó una marcha a la comuna. El gobierno recibió a dos bloques de representantes. A la Darío Santillán y la FOL, por un lado, y al resto por el otro. La respuesta fue que cada organización presentara sus peticiones en Desarrollo Social de la provincia, cuestión que ya se ha realizado en anteriores movilizaciones sin que atendieran los reclamos, lo que preanuncia que la lucha no solo va a continuar sino que se va a tener que profundizar. Cuando salieron los representantes del primer bloque de organizaciones se concretó un acto. A la salida del segundo bloque de organizaciones, se realizó un segundo acto. En ambos, distintos oradores del Polo Obrero (Tendencia) hicieron uso de la palabra. El Polo “oficial”, en cambio, no quiso hablar. El Polo (Tendencia) venía de realizar 10 días atrás una importante jornada de lucha sobre los municipios y comunas, haciendo eje en reclamos frente a la pandemia del Covid 19, como a la epidemia del dengue y varios referidos a atender la crisis social en curso. Luego fue parte activa de varias iniciativas con relación a la jornada del 3J del #NiUnaMenos. Todo ello, junto con un plan de reuniones y asambleas virtuales y presenciales, permitió hacernos presentes con una importante columna de compañeros integrados con delegaciones de 30 zonas (barrios de la capital, comunas e intendencias del gran San Miguel). LEER MÁS Jornada nacional de lucha contra el hambre y la pandemia

13 de junio de 2020
En el centro de la provincia la “nueva cuarentena” hace estragos

La situación en el centro de la provincia, que tiene como epicentro a Olavarría, ha dado un giro. La circulación de casos autóctonos no solo presenta el riesgo de contagios que ingresan por el AMBA, ahora también, por propagación local y regional. La carencia de planes integrales alimentarios y sanitarios tienen como damnificados directos a los barrios populares, donde el hambre y la desocupación crecen desmesuradamente. La falta de alimentos y elementos sanitizantes dejan en claro que la preocupación de Galli y Bertellys está en garantizar los intereses de Loma Negra, General Electric y el gran capital. La declaración de emergencia financiera que han llevado en simultaneo un importante número de distritos bonaerenses ha sido la excusa de negación de demandas populares. Las consecuencias de la “nueva cuarentena”, han avanzado a velocidad del rayo hacia el interior de la provincia, acelerando incluso la posibilidad de un colapso hospitalario. Los choques entre provincia y CABA tienen sus réplicas en el interior. Los Jefes Comunales confederados bajo el liderazgo de Vidal intensificaron la presión a Kicillof para la flexibilización de la cuarentena, con la apertura de comercios, restaurantes, bares, la habilitación de actividades deportivas y paseos. En estos horizontes lo que se esconde es un protocolo a merced del gran capital, subordinando la política sanitaria de las ciudades a los intereses empresariales. El ejemplo más claro es la apertura forzosa de actividades en Olavarría, donde en menos de una semana los casos pasaron de ser escasos o nulos a estallar en casi un centenar, registrándose hasta el momento de escribir esta nota un fallecido de 81 años, paciente de un geriátrico. Sin embargo, hasta hace pocos días el intendente macrista Galli era uno de los abanderados “anti-cuarentena”, incitando al levantamiento de la misma en sus redes sociales. Los resultados de esa política se cristalizan al día de la fecha. Hoy con una ciudad desbordada y con vastos choques sociales en puerta, el ejecutivo olavarriense se dedica a despotricar contra los vecinos. Incluso cuando los primeros contagios se sucedieron en Loma Negra, la cementera más grande del país. El retroceso a fase uno en la ciudad del cemento no contempla el cese de actividades productivas, exponiendo a los trabajadores a contraer el virus y a transmitirlo en forma mucho más virulenta. En Olavarría el colapso sanitario está al caer, y esto sacudiría a los hospitales de la región donde ya comienza a crecer la demanda propia. En el caso de Azul, el intendente Bertellys sigue los pasos de su ciudad vecina, anunciando que la circulación del virus se dará más temprano que tarde. A pesar de ello, el ejecutivo ha mostrado todas sus ansias de habilitar las salidas recreativas, y la apertura de bares y restaurantes a un 50% de su capacidad. Los contagios en el Parque Eólico, y la falta de condiciones de seguridad e higiene en el frigorífico Devesa, han puesto sobre el tapete la complicidad del gobierno con el empresariado, quedando de manifiesto quienes llevan las riendas. Las denuncias de los trabajadores de las distintas áreas han atinado fuertes golpes a la imagen del ejecutivo, decayendo a su vez su credibilidad. La reducción del 30% del salario a funcionarios de segunda línea, y la fricción de la coalición gobernante (Pro, pejotistas, radicales, ex Gen) encuentra a un gobierno sumamente debilitado, que no puede dar un paso sin tropezar sobre el próximo. Mientras tanto en los lugares de trabajo se delibera y se acciona ante los atropellos de los gobiernos y las patronales. El caso más elocuente es el de los operarios de la construcción de L amali, (Loma Negra), quienes movilizaron por el pago de salarios y por las condiciones de trabajo en forma independiente a la UOCRA. Planteamos que se discutan protocolos de seguridad e higiene en asambleas obreras, clausura de actividades con goce de sueldo en todos los lugares de trabajo donde se registran casos de COVID. Ningún despido ni suspensión. Refuerzos alimentarios y sanitarios que abastezcan las necesidades de las barriadas bajo el control de las asambleas vecinales, urbanización de los barrios. Abastecimiento de insumos en hospitales y salas periféricas. La clase obrera debe discutir una salida propia ante el desastre al que nos conducen los gobiernos y el capital. LEER MÁS Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

14 de junio de 2020
José C. Paz: En el Jardín 918, Alimentos en descomposición

Desde hace unos días circula en redes un video donde una persona, que no se da a conocer, muestra un tarro de dulce de leche vencido y en estado de descomposición. Quien protagoniza el video asegura haberlo recibido para alimentar a los niños del Jardín 918, del barrio 9 de Julio, José C. Paz. Al poco tiempo, la comunidad del Jardín confirmaba la noticia: el SAE les había entregado dulce de leche vencido y con hongos, para que distribuya a las familias de la comunidad, además de otra novedad, más dramática aún, como el contagio de una niña del 918 y de varios miembros de su familia, con COVID-19. Las familias comenzaron a difundir la noticia en los grupos de WhatsApp, junto con las fotos y videos que la prueban. Acusan al SAE, al Consejo Escolar, y a los gobiernos municipal y provincial. Esta denuncia se suma a la que difundieron medios locales hace unos días atrás, el aparato de punteros del municipio que comanda Mario Ishii acopia alimentos en los domicilios de los referentes barriales y entrega comida infestada de insectos. El aumento de la miseria, el hambre y la desocupación requiere de medidas excepcionales para asegurar que cada familia permanezca en su hogar. Que el Estado distribuya los alimentos y elementos de higiene casa por casa, urgente provisión de agua potable (según la UNPAZ, solamente el 13 % de la población de José C Paz cuenta con agua de red, y el 6 % con cloacas), provisión de elementos de seguridad a los docentes que asisten voluntariamente al reparto de alimentos, así como una remuneración por ello y el pago de viáticos. La docencia y las familias que se aglomeran en las escuelas para la distribución de alimentos y elementos de seguridad deben estar resguardadas, sin protocolos de prevención el gobierno nos expone al COVID-19, más aún con casos confirmados en el Barrio. Debemos conformar comités en cada comunidad para controlar los alimentos que envía el SAE y las condiciones de seguridad de las escuelas. Antes y luego de cada entrega las escuelas deben ser desinfectadas por personal calificado. Sabemos que la cantidad y calidad de los alimentos entregados en las escuelas son escasas. Deben entregarse alimentos recomendados por la OMS para las infancias y adolescencias, acorde a los valores de la canasta alimentaria mensual. En muchos casos son los propios docentes y directivos quienes compran los “bolsones” ya que el SAE no los provee, sino que entrega “packs” de alimentos embalados, haciendo más ardua la tarea de los voluntarios, así como exponiéndolos durante más tiempo a un eventual contagio. La pandemia y la cuarentena están agudizando las condiciones de pobreza en los barrios. La provisión de alimentos (pocos) y en mal estado por parte del Estado, muestra la farsa del discurso de garantías para la cuarentena. La comunidad del Jardín 918 y toda la comunidad educativa del Gran Buenos Aires debemos garantizar la cuarentena, así como la calidad, cantidad y entrega de alimentos y elementos de higiene, contra la improvisación y desprecios del Municipio, Consejo Escolar y Gobierno Provincial, organicémonos en comités de docentes, estudiantes y familias, independientes del gobierno, para luchar por la defensa de la vida y la educación.

14 de junio de 2020
Salta: la lucha contra el gatillo fácil crece

El viernes 12 se desarrolló una nueva movilización de los familiares que luchan contra el gatillo fácil. Los atropellos policiales durante la cuarentena no han cesado; sin embargo, han tenido una respuesta inmediata por parte de la población. Las calles del centro de la ciudad se llenaron de gritos exigiendo justicia por Guri Farfán, Martín Carreras, David Alfonso y Cristian Gallardo y con los reclamos de basta de policías asesinos y de premios a fiscales encubridores como Sodero Calvet, abajo el decreto 255/20, elección de jueces y fiscales por el voto popular, el estado es responsable. El próximo 21 y 22 de junio se cumplirá un año de los asesinatos de Martín Carreras y David Alfonso. La comisión de familiares que se constituyó el año pasado, durante el gobierno de Urtubey, viene denunciando sistemáticamente los atropellos policiales y el gatillo fácil en las barriadas. Sáenz se ha servido de la represión policial, durante la cuarentena. El caso del crimen de Rosa Sulca conmovió a la población y vecinos que marcharon en tres oportunidades hacia la comisaría, que no respondió al llamado de auxilio de la docente. En este mismo sentido, los familiares contra el gatillo fácil señalaron que esta es la misma comisaría de donde salieron los policías que asesinaron a David Alfonso. Todo un dato. También confluyeron en la movilización los familiares de Agustina Nieto, víctima de femicidio, en el cual estaría implicado un efectivo de la policía. Jorge Farfán, padre de Guri, pidió justicia para todas las víctimas del gatillo fácil y los atropellos y llamó a movilizar una vez al mes. Alicia Salas, madre de Cristian Gallardo denunció que las causas están dormidas en la Ciudad Judicial y llamó a seguir en las calles hasta que se haga justicia. El crimen de Cristian le significo una crisis al exgobernador, Juan Manuel Urtubey, quien debió intervenir el Centro de Investigaciones Fiscales, por las denuncias de los propios familiares por maniobras en los resultados de los peritajes. Urtubey se ha valido de ley de microtráfico y des federalización para negociar unos 550 millones pesos abarrotando las cárceles de jóvenes, víctimas de las drogas. En el acto, unos de los delegados de los trabajadores de remises denunciaron la reciente represión que Sáenz ordenó. Los compañeros se encontraban en la legislatura salteña denunciando los negociados entre la Autoridad Metropolitana de Transporte y la mafia empresarial de las agencias de remises que monopolizan las licencias y se quedan con más del 50 % de los viajes. El actual gobernador sigue los pasos de sus padrinos, Juan Carlos Romero y Urtubey. Su policía descompuesta ha torturado a Agustín Arroyo en la localidad de Rosario de la Frontera. Los vecinos denuncian que, o es tierra de nadie o es del expolicía y actual diputado Gustavo Orozco quien llegó a la legislatura de la mano del explotador Alfredo Olmedo. La Comisión de Familiares es una respuesta muy valiosa frente a los atropellos de la policía que cada vez más se enfrenta al repudio generalizado de la población como sucedió en Tucumán con el crimen de Luis Espinoza o la represión a la comunidad Qom y Wichi y las violaciones a las mujeres de las comunidades originarias. Coordinemos la lucha de los casos impunes con un encuentro provincial y un plan de lucha común para imponer la elección de jueces y fiscales con mandatos revocables y por voto popular; por peritos de parte elegidos por los familiares y sostenido económicamente por el Estado. Por el desmantelamiento de la cúpula policial, su reemplazo por un cuerpo de seguridad seleccionado y bajo control de los organismos de DDHH independientes y de los propios familiares contra la impunidad, la apertura y control de los libros de guardia por parte de los vecinos de cada barrio. La lucha contra esta política y el aparato policial descompuesto, desde su cúpula y dirección política, con el represor Pulleiro, demanda además la anulación del código de contravenciones, la figura ilegal de “averiguación de antecedentes” y todas las leyes represivas. Debemos poner fin al negocio de apresamiento por microtráfico y avanzar contra los narcos que destruyen la vida de nuestros jóvenes a través de la investigación de la ruta del dinero y las redes de complicidades del propio Estado. Justicia para todas las víctimas de gatillo fácil. ¡Gury Farfán, Martín Carrera, David Alfonso y Cristian Gallardo presente! VER MÁS Gabriela Jorge, dirigente del @POdeSalta, con los familiares que luchan contra la impunidad policial. Nos sumamos para exigir #Justicia por Gury Farfán, Cristian Gallardo, David Alfonzo, Agustina Nieto y todas las víctimas de #GatilloFacil

14 de junio de 2020
Larreta contra los jóvenes en vulnerabilidad bajo pandemia

El pasado 11 de junio el Gobierno porteño hizo oficial el cierre del Programa Adolescencia que depende de la Dirección General de Niñez y Adolescencia, Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad y está destinado a adolescentes y jóvenes de entre 14 y 21 años en situaciones de vulnerabilidad social. Al mismo tiempo que Rodríguez Larreta declaró servicio esencial al Ministerio de Desarrollo Social, deja librados a su suerte a miles de jóvenes en su mayoría de la zona sur de la CABA. El 35% de los inscriptos vive en las villas de la Ciudad donde el coronavirus, el dengue, la tuberculosis, el hambre y la precariedad habitacional están haciendo estragos por falta de políticas públicas. Una impostura a la que el jefe de gobierno nos tiene acostumbrados. Entrega bolsones de alimentos paupérrimos, no garantiza protocolos acordes y testeos masivos en los barrios populares mientras se fotografía en Hospitales haciéndose el preocupado, pero se escapa cuando los reclamos de los trabajadores de salud por falta de insumos de protección y personal llegan en masa, como sucedió en el Durand. El programa, pese a su precarización, es muy importante. Funciona hace más de diez años a través de una beca (350 pesos por mes por chico) para que los adolescentes accedan a actividades tecnológicas, recreativas, deportivas y culturales ofrecidas por ONGs con las que el Estado firma convenios de gestión asociada. Además, los profesionales que se desempeñan en el mismo, quienes históricamente vieron vulnerados sus derechos laborales al ser contratados bajo convenios basura (abril a diciembre), son quienes se encargan de organizar y hacer un seguimiento de las actividades para que existan, sean acordes a las necesidades y tengan perspectiva en protección de derechos. Este cierre deja sin su fuente laboral a más de 1.000 trabajadores. En la actualidad se habían inscripto al programa durante los dos primero meses del año, 13 mil adolescentes en situación de vulnerabilidad social, pero había vacante para aproximadamente 9 mil. El gobierno no sólo no amplió las vacantes si no que, bajo la pandemia y el aislamiento social obligatorio, suspendió toda actividad pese a que sus trabajadores presentaron un proyecto de "contingencia" para el seguimiento y acompañamiento virtual de los adolescentes que habían quedado inscriptos y a que 42 instituciones ya estaban comprometidas para trabajar con el programa hasta fin de año. Esto sucede mientras el Ministerio de Educación nacional reconoce que tras la cuarentena se va a dar una deserción escolar muy fuerte en la educación media. Habría que informarle a Larreta que el Programa Adolescencia que acaba de cerrar propicia el sostenimiento y la reinserción de los jóvenes en el sistema educativo formal generando lazos comunitarios y espacios de orientación vocacional. En esta misma línea de ataque va la no renovación de contratos, el no pago de salarios y el cese del desarrollo de las actividades del Plan Fines, que apunta a que jóvenes y adultos puedan terminar sus estudios. Los trabajadores del Hogar Eva Duarte del barrio de Paternal, que aloja a adolescentes, embarazadas o con hijos, que atraviesan situaciones de violencia de género denuncian que el martes último, asesores de la Secretaría de la Mujer, que depende del Ministerio de Desarrollo de la CABA, les avisaron que el dispositivo “se muda” para evitar contagios por la pandemia del coronavirus. Sostienen que no es mudanza, sino desalojo con intención de cierre. Exigimos que el Gobierno de la CABA retrotraiga estas medidas que no son más que parte de un ajuste brutal que golpea a los sectores más vulnerables en una época de crisis sanitaria, económica y social sin precedentes

14 de junio de 2020
ADIUNT y la necesidad de una lucha del conjunto de Conadu (H)

El paro de ADIUNT de este jueves 11 tuvo mayor adhesión entre la docencia y mayor repercusión en los medios de comunicación que el paro del 27 de mayo. Este nuevo paro había sido votado por una Asamblea General en la que también se había registrado una concurrencia mayor a la asamblea precedente. ADIUNT se encuentra en un plan de lucha por el reconocimiento de un conjunto de derechos laborales y por la defensa del salario docente. Las autoridades de la UNT, como las de casi todas las universidades, se resisten a reconocer derechos que le pongan un límite a la precariedad laboral y educativa que se ha acrecentado por la pandemia. El plan de lucha ha logrado instalar estos temas en la agenda y ha arrancado su debate en paritarias. El nuevo paro estuvo precedido de una fuerte agitación por la aprobación del proyecto de Licencia por Violencia de Género para las docentes de la UNT. La violencia de género se ha incrementado con la cuarentena y no se puede admitir ninguna razón para dilatar la lucha para enfrentarla. Una agenda contra la docencia El paro de ADIUNT tuvo lugar un día después de la primera reunión de la paritaria nacional sobre condiciones de trabajo, una reunión que debió haber sido convocada apenas iniciada la cuarentena, pero que el gobierno demoró 80 días y a la que encima concurrió “sin propuesta”. Finalmente, el viernes 12, giró un borrador de acta con “recomendaciones de condiciones laborales mínimas para la emergencia”. Bien miradas, estas “recomendaciones” constituyen un ataque a los derechos docentes: aunque incluyen el pago íntegro de salarios y el cumplimiento de las designaciones horarias, en el contexto del sobreesfuerzo que la docencia está realizando por la baja de la productividad del trabajo virtual, lo que correspondía era el pago de un diferencial salarial o una reducción de la cantidad de horas efectivas frente a los dispositivos. Algo similar sucede con los recursos tecnológicos para el desarrollo de las actividades virtuales: el documento del gobierno no garantiza la provisión de computadoras ni siquiera la compensación de los gastos que ya han realizado los docentes en estos 80 días. Mucho menos garantiza la conectividad de estudiantes y docentes. Ni una palabra sobre el carácter voluntario del trabajo virtual ni sobre el problema de las evaluaciones, un tema en el que deja libertad de acción a las camarillas que, de conjunto, pretenden aprovechar la pandemia para cepillar una parte de la masa de estudiantes de las universidades públicas. Aunque el documento del gobierno plantea algunos cuidados sanitarios básicos, la mayor parte de las camarillas están organizando posibles retornos a la presencialidad a espaldas de los trabajadores e incluso chocando con los gremios docentes y no docentes. Conadu Histórica había llevado a la reunión con el gobierno un pliego reivindicativo, pero las “recomendaciones” del gobierno van en la dirección contraria, lo que era previsible toda vez que el gobierno marcha a un acuerdo de deuda que significará mayores ajustes para los trabajadores y para la educación. El nuevo escenario plantea la necesidad de un congreso de la federación y de un plan de lucha del conjunto de la Conadu Histórica tanto por el salario como por las condiciones laborales.

14 de junio de 2020
La expropiación como un rescate

Cuando el gobierno kirchnerista 'expropió' Repsol, el ministro de Economía en aquellos años había dado a conocer un informe lapidario. El grupo español estaba vaciando la empresa mediante el sencillo método de distribuir dividendos, a sus accionistas internacionales, por montos superiores a las utilidades. De este modo, el pasivo que proveía los fondos para girar más dinero que el que se ganaba, iba creciendo sin pausa. El informe concluía, con lógica pedante, que el traspaso del 51% de la compañía a YPF no debía redundar en ningún monto de indemnización. Pocas semanas más tarde, sin embargo, Kicillof reconocía un resarcimiento de u$s8 mil millones al grupo hispano. Para conseguir el dinero de la dádiva, se endeudó por medio del banco Morgan, con la carga de intereses correspondientes. Eran “los últimos días de la víctima”, Kicillof y CFK, que serían desalojados de la vivienda alquilada en Balcarce 50 por el macri-massismo. Cuando no se han cumplido aún las 48 horas de la intervención a la cerealera Vicentin, nos enteramos, al menos por La Nación, que su patrimonio contable es cero, y el capital, uno de los rubros del patrimonio, es negativo. Los activos estarían valuados en mil millones de dólares y el pasivo en u$s1.500 millones - la diferencia se anota como pérdidas contables. Se dice que Vicentin operaba como un banco, que recibía mercadería que pagaría cuando la hubiera vendido o exportado, y que ahora sufre una ' 'corrida' - los proveedores quieren la plata. Vicentin llegó a esta cesación de pagos, adquiriendo empresas agrarias de distinto tipo (Sancor, de engorde de ganado), que hoy no rinden lo que se esperaba ni valen lo que se pagó por ellas, y que incluso exigió nuevos préstamos para que pudieran funcionar. Otra imputación es que se quedó sin dinero a mano, porque lo fugó al exterior, mediante operaciones de exportación 'trianguladas'. Con la crisis mundial que detonó la pandemia, tampoco luce tan promisorio, como hace algunos años, el precio internacional previsible por el poroto y el aceite de soja. Estamos ante una crisis capitalista de conjunto, con sus fraudes y estafas, como lo muestra que alrededor de mil compañías de porte alto se encontrarían en concurso de acreedores. El estado no tiene condiciones de proceder a un rescate masivo. Por esta razón, la expropiación aparece como la única forma de rescate, en la que el estado recupera el funcionamiento del negocio, y luego lo privatiza, para pagar a los acreedores de la quiebra. La palabra expropiación suena muy revolucionaria, pero figura en todos los códigos que regulan los contratos. El “rescate” de la cerealera, imposible o costoso para Vicentin, lo es también para quien venga en su socorro, por eso fracasó el intento de los dueños de la cerealera de llegar a un acuerdo extra-judicial. Alberto Fernández dice que la salida es la expropiación, o sea que el estado se hace cargo del pasivo de la empresa. De acuerdo también a La Nación, Martín Redrado, un antiguo presidente del Banco Central bajo NK y CFK, habría propuesto zanjar el litigio mediante la entrega de la empresa a sus acreedores. Entre ellos se encuentran productores y compañías cooperativas, como ACA, bancos como el Nación, Provincia y Ciudad, y acreedores internacionales. Con esto se evitaría que la acaparen Glencore-Manzano u operadores de mercado que responden a fondos internacionales. En un mercado de monopolios, esta solución es muy frágil. El Nación, por otro lado, se encuentra en una situación límite, porque los gobiernos lo obligaron a comprar deuda externa a valor de origen – una estafa que empequeñece a Vicentin, sin que a nadie se le haya ocurrido imputar del delito de desfalco a las autoridades, simplemente porque era una operación servicial para los fondos internacionales. También circula la versión de incorporar a YPF en la gestión, pero esto es lo último que quieren los productores, a los que YPF extorsiona con el precio del gas oil. La misma YPF cotiza en la Bolsa al 10% de su valor histórico, en momentos en que quiebran las compañías petroleras norteamericanas que explotan el gas y el petróleo no convencional. El ruido político que suscita esta crisis es, en buena parte, ficticio, ya que responde a otros intereses que no están conformes con la política del gobierno en lo que atañe a sus negocios. Hay un dato contundente: la Bolsa de Cereales de Rosario no apoya a Vicentin – lo acaba de señalar su presidente a Clarín; a principios de año expulsó a Padoan, uno de los principales accionistas de la cerealera y de todo su holding de empresas. El juez de la causa autorizó la intervención, algo inusitado, aunque siga conservando el concurso de acreedores. El gobernador de Santa Fe se alineó con AF, aun a costa de una crisis en su gabinete. La “soberanía alimentaria”, en Argentina, no se juega en esta disputa – el hambre crece en Argentina por la desocupación y la baja de salarios y jubilaciones que prosigue este gobierno, y por la expropiación, sí, expropiación de la fuerza de trabajo mediante el monotributo y el teletrabajo, o sea el despojo de las condiciones históricas de trabajo de la clase obrera. La repercusión de esta crisis obedece a que es la punta del témpano de un derrumbe del capital en su conjunto. El capital se podría rescatar a sí mismo con los fondos que tiene acumulados en fondos internacionales, las bolsas y los bancos, pero sólo para llevar a la quiebra a todos ellos. El propósito del gobierno es armar un consorcio capitalista que rescate a Vicentin, pero esto significa un perjuicio descomunal para las finanzas públicas. No hay salida a las crisis sin nuevas crisis. Los sindicatos del aceite no deben apoyar rescates capitalistas, esto porque el primer punto de la agenda de cualquier rescate, es atacar las condiciones salariales y laborales. Los vendedores de buzones dirán: hay que hacer un sacrificio por la patria. Deben adoptar una posición crítica frente a la intervención y a la expropiación, mediante el señalamiento de sus componendas, limitaciones y políticas que afectan los intereses de la clase obrera. Esto contribuirá al desarrollo de una conciencia socialista entre los explotados, y ayudará a capacitar al trabajador para una lucha política por su propio gobierno. Con este método, es necesario presentar a la intervención las reivindicaciones sindicales, y lo mismo al gobierno, que promete el oro y el moro a los trabajadores para neutralizarlos en la crisis, mientras baja salarios y jubilaciones y autoriza despedidos. Mientras se apresta a firmar uno de los peores acuerdos de deuda externa de la historia de Argentina. LEER MÁS Los Fernández reculan ante la extorsión de un monopolio cerealero VER MÁS Entrevista a Jorge Altamira canal 5 Saladillo

14 de junio de 2020
Por un plan de testeo universal gratuito simultaneo y obligatorio
Federico Faber

Según datos oficiales, notoriamente cuestionados, son ya cerca de 373.000 las víctimas mortales. Se cierne la amenaza de cientos de miles más. Sucesivas olas de contagios en los próximos meses, alimentan la voracidad de decenas de grupos capitalistas, competidores por una vacuna y que buscan imponer la derrota al resto, para alzarse con la ansiada montaña de oro al final del camino. Pero el virus no es un “enemigo”, aunque sea vital combatirlo. Podemos identificarlo. Podemos aislarlo y lo podremos controlar. La pandemia iniciada hace cinco meses, pone en evidencia de un modo agudo y concentrado el enfrentamiento entre las clases dominantes y la humanidad de conjunto, que caracteriza el capitalismo agonizante, el capitalismo pandémico. La sangría de víctimas que el virus está sembrando puede detenerse. Pero las clases sociales dirigentes, las que hoy controlan los resortes del poder, se han mostrado absolutamente inútiles para hacerlo. Antecedentes Hace ya 19 años, en noviembre del 2002, apareció el primer virus de tipo Corona en la provincia de Cantón, desconocido hasta ese momento, denominado por sus efectos SARS (Síndrome Agudo Respiratorio Severo). En pocos meses se propagó a 29 países, infectando, según cifras “oficiales” a 8.492 personas y matando a 926. Apenas se conoció su virulencia, grupos capitalistas se interesaron en financiar la obtención de una vacuna. Sin embargo, cuando la epidemia logró ser controlada, se detuvieron las investigaciones en curso. Diez años después, en 2012, surgió otro coronavirus denominado MERS-Cov (Síndrome Respiratorio de Medio Oriente) originado en camellos. La enfermedad se esparció por Medio Oriente, se retomaron las investigaciones hasta que también fueron interrumpidas una vez que la enfermedad se controló por otros medios. Sin embargo, un grupo de científicos había logrado superar los ensayos preliminares. “Habíamos terminado los ensayos y … pasado por el aspecto crítico de crear un proceso de producción de la vacuna a escala piloto” (1) declaró María Elena Bottazzi, codirectora de la Escuela Nacional de Medicina Tropical del Colegio Baylor de Medicina de Houston y codirectora del Centro para Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas, en Estados Unidos. Pero como la vacuna era para un coronavirus ya controlado, el SARS de 2002, los “inversores” se esfumaron. El nuevo coronavirus, llamado SARS-Cov-2, causante de la enfermedad Covid-19 es “primo cercano” del coronavirus que causó el SARS-Cov de 2002. “Tanto el SARS-CoV como el SARS-CoV-2 exhiben un alto grado de similitud genética y se unen al mismo receptor de la Enzima Convertidora de Angiotensina 2 (ACE2, por sus siglas en inglés) de la célula huésped”. Dra. Aída Edith Sterin Prync (2) Siendo en un 80% genéticamente similares, y “como su vacuna ya había pasado por los procesos necesarios para la aprobación, esta hubiera podido adaptarse más rápidamente al nuevo Covid-19… Tendríamos ya la experiencia de ver dónde surgen problemas con la vacuna y cómo resolverlos… Porque ya vimos cómo se comportó preclínicamente la vacuna del SARS… Ya hubiéramos podido tener un perfil de seguridad en humanos”, agregó la doctora Bottazzi. (1) Sin embargo, “…hoy en día contamos con cientos de vacunas para coronavirus, pero… todas son para animales: cerdos, pollos, vacas, etc.” Peter Kolchinsky, (1) virólogo y director de la compañía de biotecnología RA Capital. Se trata de vacunas para maximizar los beneficios de la agroindustria. ¡Vacunas contra coronavirus para vender cerdos, pollos y vacas…supuestamente “sanos”!! Asistimos entonces a un circuito criminal. El capital agroindustrial promueve instalaciones gigantescas de monocultivo genético de vacas, pollos y cerdos en condiciones de hacinamiento tal que deprime la respuesta inmunológica, y estimula una veloz transmisión viral. Frente a los coronavirus que atacan a los animales se inoculan vacunas, lo que a su turno produce nuevas mutaciones, alimentando la industria farmacológica en la búsqueda de nuevas vacunas. A su vez, la creciente deforestación, impulsada por el propio capital agroindustrial, obliga a un creciente contacto entre animales industrialmente producidos, con animales de hábitats naturales, o entre las mismas especies salvajes, obligadas a vivir en espacios cada vez menores. Simultáneamente, las mutaciones virales promovidas por el debilitamiento de las barreras inmunitarias naturales, facilita los saltos virales entre especies. Ese fue el origen del SARS Cov-1, del Mers Cov y del SARS Cov-2 “Por sus inmensos monocultivos, los productores de cultivos y carne también están industrializando plagas y patógenos, aumentando la frecuencia, la escala y los plazos de los brotes. En resumen, la producción industrial ofrece menos protección contra un creciente peligro epidemiológico de su propia fabricación.” (3) Rob Wallace. Cuando los virus atacan pollos, vacas o cerdos, el capital agroindustrial se convierte en ávido cliente de vacunas para proteger sus mercancías. Cuando los virus ofrecen muertos humanos, los capitalistas sobrevuelan el escenario como cuervos al acecho y aceitan los procesos de investigación para obtener vacunas. Pero cuando los virus en humanos se calman, el escenario es abandonado. En las ruedas de las Bolsas de valores del mundo, las inversiones sin futuro inmediato serían castigadas. Deben ver sangre fresca para creer que los beneficios llegarán. Ni siquiera fueron suficientes las advertencias de un informe escalofriante del organismo de prevención de emergencias sanitarias creada por la Organización Mundial de la Salud, que manifestó en su primer reporte anual, de setiembre 2019: “Si bien la enfermedad siempre ha sido parte de la experiencia humana, una combinación de tendencias mundiales… (inseguridad…condiciones climáticas extremas) han aumentado el riesgo. La enfermedad … ha tomado ventaja; los brotes han ido en aumento…existe una amenaza real de una pandemia de un patógeno respiratorio de rápida reproducción y altamente letal que podría matar a entre 50 y 80 millones de personas y aniquilar hasta el 5% de la economía mundial… creando un caos, inestabilidad e inseguridad generalizados. El mundo no está preparado…” (4) El salvajismo capitalista, que sujeta todo desenvolvimiento productivo a la obtención de lucro privado, se alza como una barrera estructural a cualquier preparación o planificación de la humanidad de conjunto y de largo plazo, de tal modo que, en este caso, mantuvo amordazada e inutilizada la capacidad científica existente. Pandemia En este escenario y bajo la dictadura de la burocracia restauracionista del PCC, la pandemia estalló en Diciembre- Enero. Esta hecatombe sanitaria sólo fue posible como producto directo del feroz desenvolvimiento capitalista en los últimos decenios en territorio chino, que desarrolló a escala monumental la depredación de ecosistemas y equilibrios naturales. Así fue que, en la sangre y pulmones de los viajeros, en su mayoría turistas y “hombres de negocios”, el virus bajó de los aviones, burlándose de los termómetros que buscaban síntomas, para diseminarse por todos los rincones del planeta. Penetrando las ciudades, fábricas, barriadas populares y desnudando la sistemática destrucción de la salud pública en beneficio del negocio privado, que no reconoce fronteras. Los Bolsonaro y Trump compararon el virus con una simple gripe o sencillo resfriado. Boris Johnson apostó en principio a la inmunidad de rebaño. Mientras tanto, la velocidad reproductiva del Covid-19 (R2,7) colapsó la capacidad sanitaria, obligando principalmente en España e Italia a seleccionar quién vivía y quien moría ante la escasez de camas y respiradores. Enfrentando el dantesco escenario de los fallecimientos diarios en todos los rincones del planeta, fueron estudiados nuevos hallazgos relacionados con características específicas de la enfermedad que significaban desenlaces mortales en pacientes jóvenes y niños o que no pertenecían a grupos de riesgo, ni padecían enfermedades crónicas. (5) (Ver Anexo 1) En este cuadro pavoroso, las curvas de contagio amenazaban con arrasar a nivel mundial todos los derruidos sistemas de salud, lo que invariablemente orientaba a una crisis política de una profundidad catastrófica. La reacción obrera y popular, a escala planetaria, no se hizo esperar. Frente al horror de la pandemia, y el espanto de la burguesía, en centros de salud y grandes concentraciones industriales de todo el mundo, tanto en España, Italia, Alemania, EEUU, como en América Latina, México, en la industria automovilística, astilleros, industria aeroespacial, de la alimentación, del transporte, etc. la lucha de los trabajadores en defensa de la vida tomó la forma de paralizaciones espontáneas y huelgas salvajes. Este movimiento cobró carácter nacional en Italia, a través de la convocatoria de la USB (Unión Sindical de Base) a Huelga General el 25 de marzo. Desplegando la hermandad proletaria en defensa de la vida, los trabajadores enfrentaron la indolencia de las patronales y obligaron a la burguesía gobernante a reaccionar y profundizar medidas de mitigación de la pandemia. A lo largo del planeta, con diferentes intensidades y ritmos, los gobiernos patronales apelaron al salvavidas transitorio de las cuarentenas para generar aislamiento entre personas mediante distanciamiento físico. Declaraban el objetivo de disminuir la velocidad de contagio, para mejorar la capacidad sanitaria, reconociendo de paso la destrucción anterior. En muchos casos, las principales industrias, en una primera etapa esenciales o no, siguieron funcionando y en condiciones de completa precariedad sanitaria. Las burguesías gobernantes, a nivel mundial, entre bravuconadas trumpistas y bolsonaristas o detrás de grotescas máscaras a veces “compasivas”, otras “paternales” o “científicas”, repartieron miserables migajas entre los trabajadores paralizados, despedidos o con los salarios impagos. Simultáneamente, en el marco de una crisis económica muy anterior a la pandemia, y agigantada por la misma, el capital entró en pánico por la parcial parálisis de su única fuente de reproducción y crecimiento, la fuerza de trabajo obrera. Para sacarlo del coma, los bancos centrales aprobaron en todo el mundo sucesivos paquetes de rescates billonarios, llegando a sumar a nivel mundial el escalofriante monto de 20 billones de dólares. Asimismo, en Europa, ante la amenaza de quiebras generalizadas de empresas, principalmente en Alemania y Francia el estado ya apunta directamente a participar accionariamente de las mismas, profundizando el rescate operado por los bancos centrales. Como dijo la Asociación Empresaria Argentina, cuando presionó y logró la reapertura de actividades no esenciales, todo sea para “mantener vivo el sistema productivo”. (6) Mientras tanto, ¿cuántos cientos de miles ya murieron? ¿Cuántas son las víctimas? “Oficialmente” 373.000 vidas perdidas y 6.200.000 infectados. (7) Sin embargo, las cifras oficiales han sido cuestionadas desde el comienzo mismo de la pandemia en China. Durante marzo y abril, tanto en Nueva York, como en Holanda y Reino Unido, las cifras oficiales fueron objeto de controversia. La británica Oficina Nacional de Estadísticas (ONS, según sus siglas en inglés) informó en abril que el número real de muertes por coronavirus podría ser el doble. Restando a las muertes totales efectivamente ocurridas, las estadísticamente esperadas de acuerdo a los fallecimientos de años anteriores, los resultados mostraban una mortalidad de casi el doble de lo registrado oficialmente. Sucede que las cifras “oficiales” sólo informan los muertos que fueron testeados y dieron positivo, mientras que aquellos que fallecieron fuera del derruido sistema de salud pública, en sus casas, en residencias de ancianos o en las calles, no tuvieron lugar dentro de las estadísticas de la epidemia. “Creo que la única forma en que podremos hacer una comparación justa es mirando el exceso de mortalidad cuando termine la epidemia”, dijo el campeón de la inmunidad de rebaño, Boris Johnson, en conferencia de prensa el pasado 30 de abril. ¡Los Johnson, no solamente no son capaces de siquiera registrar los cadáveres por Covid-19, sino que esperarán el final (¡!) para hacer comparaciones! Analizados 14 países, según un estudio publicado el 26 de abril por Financial Times, dicho “exceso” puede situarse en un 60%. (8) Quienes nos han conducido sistemáticamente al abismo de la miseria, hambrunas, guerras y destrucción del planeta, hoy ni siquiera pueden contar las víctimas. ¿Cuál es finalmente la magnitud de esta matanza a manos de un virus producido por la barbarie capitalista? En medio de los aislamientos y cuarentenas, ante la expansión de la pandemia, a mayor o menor velocidad, la orientación fue y sigue siendo actuar frente a la aparición de síntomas, ante los que se realizan las pruebas de diagnóstico para confirmar la presencia del virus y actuar sanitariamente en consecuencia. En algunos países, principalmente Alemania, Corea del Sur e Islandia se realizaron testeos de mayor masividad, orientados a detectar el virus en aquellos que estuvieron en contacto con los contagiados, basados en la información del paciente. Sin embargo, se desarrolló una experiencia hasta ahora única en el mundo, a principios de febrero. Cuando en Italia recién comenzaba la penetración de la pandemia, en un pequeño pueblo de aproximadamente 3.000 habitantes, ubicado en la región del Véneto, Vo’ Euganeo. Los primeros contagiados, dos amigos, Adriano y Renato activaron las alarmas. Uno de ellos, Adriano, fue el primer fallecido por Covid-19 en Italia poco tiempo después, el 21 de febrero. Ante el hecho de que nunca habían viajado ni estado en contacto con enfermos de Covid-19, las autoridades aislaron el pueblo en cuarentena y con un kit elaborado por la Escuela de Medicina de la Universidad de Padua, bajo la dirección de Stefano Merigliano, profesor de Cirugía en la Escuela de Medicina de la Universidad de Padua, realizaron testeos a la totalidad de la población entre el 23 y 29 de febrero. El resultado de los testeos arrojó 89 contagiados, de los cuales el 55% eran asintomáticos. "Eso es algo que no había ocurrido en ninguna de las epidemias del último siglo", declaró a BBC Mundo el profesor Merigliano. "Tener este porcentaje de asintomáticos es peligrosísimo…porque esas personas siguen su vida habitual y contagian a un número muy elevado de personas" añadía el profesor Andrea Crisanti, profesor de Epidemiología y Virología en el Hospital de la Universidad de Padua y del Imperial College de Londres. Los 89 contagiados, con y sin síntomas, fueron aislados en sus casas durante 14 días, al cabo de los cuales se realizó un nuevo testeo a toda la población. Los casos esa vez fueron ocho, de los que solamente dos eran nuevos. Sin embargo, como el testeo de la totalidad de la población y el aislamiento de los contagiados, sintomáticos y asintomáticos, se limitó a Vo’ Euganeo, era completamente previsible por la circulación de personas entre las diferentes regiones, que poco tiempo después aparecieran nuevos contagiados, lo que ocurrió el 20 de marzo, cuando se detectó un nuevo brote. Crisanti comparó la experiencia de Vo' Euganeo con el crucero Diamond Princess. "Ante la aparición de casos … realizaron los exámenes sólo a los que iban presentando los síntomas…A bordo había unas 3.000 personas… número parecido al de la población de Vo' Euganeo… Después de dos semanas de cuarentena…se reportaron unos 542 casos positivos”. (9) Los procedimientos en el Diamond Princess fueron los mismos que se realizaron y realizan mayoritariamente a nivel mundial. Testear los sintomáticos. El 24 de abril, un estudio dirigido por la doctora Mónica Gandhi, lleva por título la clave para enfrentar y combatir la pandemia, mientras no exista una vacuna probada. El título es: “Transmisión asintomática, el talón de Aquiles de las estrategias actuales para controlar Covid-19” “Cuando Covid-19 irrumpió…se implementaron las mismas intervenciones que se utilizaron para controlar SARS-Cov-1 …detección de casos basada en síntomas…Este enfoque inicial se justificó por las muchas similitudes entre el SARS-CoV-1 y el SARS-CoV-2, incluyendo una alta relación genética, transmisión principalmente a través de gotas respiratorias, y la frecuencia de los síntomas respiratorios inferiores (fiebre, tos y dificultad para respirar) …Sin embargo…las trayectorias de las dos epidemias han tomado direcciones dramáticamente diferentes. En un plazo de 8 meses, el SARS-CoV-1 infectó aproximadamente 8.500 personas en áreas geográficas limitadas (y mató 916 personas, nota mía) En 5 meses, el SARS-CoV-2 ha infectado a más de 2,6 millones de personas (hoy 5,7 millones y mató “oficialmente” 373.000) continuando su propagación rápidamente por todo el mundo”. Según el informe Gandhi, un factor central en la transmisibilidad de Covid-19 es el alto nivel de desprendimiento de SARS-CoV-2 del tracto respiratorio superior, con parecida carga viral, incluso entre pacientes sintomáticos, pre-sintomáticos y asintomáticos, lo que lo distingue del SARS-CoV-1, donde la replicación se produce principalmente en el tracto respiratorio inferior. “La transmisión asintomática del SARS-CoV-2 es el talón de Aquiles del control de la pandemia de Covid-19…El cribado basado en síntomas tiene utilidad, pero las evaluaciones epidemiológicas de los brotes de Covid-19 …demuestran firmemente que nuestros enfoques actuales son inadecuados”. (10) Los “enfoques actuales” a que se refiere la Doctora Gandhi consisten en el mentado aislamiento físico, reaccionando exclusivamente frente a los casos sintomáticos. Si bien esto resultó en una disminución transitoria de la transmisión, expresada en los aplanamientos de las curvas de contagio, con el fin de mantener la tasa de reproducción en R menor a 1, creó una ficción de control de la misma, porque finalmente lo que logró es su limitada postergación en el tiempo. Por otro lado, la tasa de reproducción se construye en base a los casos sintomáticos, lo que distorsiona completamente la realidad, ya que no registra el contagio entre asintomáticos, que silenciosamente hace saltar nuevamente la curva de sintomáticos en cualquier momento. Actuar exclusivamente frente a los síntomas desconsidera la etapa de varios días de pre-síntomas en que el contagio ya comenzó. Y aún más grave, desconsidera la transmisibilidad de los asintomáticos, que, no siendo identificables sin testeo, también esparcen el virus, y todos con la misma carga viral. Adicionalmente, las cuarentenas de aislamiento, al mismo tiempo juntó contagiados asintomáticos con no contagiados. Corresponde denominarlas correctamente. No son, ni fueron cuarentenas. Fueron y son semi-cuarentenas. Un reciente estudio, fechado el 20 de mayo, del Dr. Carlos Villalobos, Universidad de Talca, Chile, es concluyente respecto de la relación inversamente proporcional entre magnitud de testeos y magnitud de muertes. Su título es: “Infecciones SARS-CoV-2 en el mundo: Una estimación de la población infectada y una medida de cómo las tasas de detección más altas salvan vidas” (11) Esta investigación se sustenta en una comparación entre los testeos que han hecho los diferentes países. Su conclusión es tajante en el sentido de que los niveles más bajos de detección, que no considera población asintomática o pre-sintomática multiplica significativamente el número de muertes, por lo cual obviamente testear la totalidad de la población conduciría a evitar las muertes. POR TESTEOS UNIVERSALES SIMULTANEOS Y OBLIGATORIOS La experiencia de estos meses de pandemia es concluyente. Las semi-cuarentenas y aislamientos, reaccionando exclusivamente frente a los síntomas es insuficiente y por lo tanto ineficaz. Asimismo, establecer el seguimiento de los vínculos del contagiado y testarlos es una carrera de antemano perdida, tanto por la velocidad reproductiva del virus, como porque es imposible retomar el hilo total de los contagios de cada portador sintomático y de los asintomáticos que este hubiera generado. No hay ruta lineal pasible de reconstruir cuando el virus se contagia a través de micro gotas por contacto o que pudieron quedar en alguna superficie. Esto ha quedado firmemente demostrado con la experiencia de nuevos brotes a mediados y fines de mayo en Corea del Sur, China y Alemania, que en mayor o menor medida intentaron al principio de la pandemia realizar un seguimiento histórico de los contactos de cada paciente contagiado. (12) (13) Así vemos en Argentina cómo el frágil control de la transmisión, logrado con los aislamientos, se derrumba cuando la población reanuda, aunque sea parcialmente su circulación, ante la presión de las patronales que imponen límites a los mismos en nombre de la “economía”. O al decir de AEA, en nombre de la salud del sistema productivo. O sea, la salud de la economía capitalista, sobre las espaldas de la enfermedad de la población trabajadora, que pone en riesgo sus vidas Se trata de la salud empresaria, que no es otra cosa que la reanudación de la explotación de los trabajadores, aumentada de un modo escandaloso por los subsidios del estado a las patronales, rebajas salariales, suspensiones y despidos. Mientras en Argentina se implementaban estos subsidios, Fernández alardeaba por TV que “no le iban a torcer el brazo”, simulando demagógicamente pulseadas ilusorias. De administrador de los intereses de conjunto de la clase capitalista, el estado burgués, bajo la pandemia, profundiza su papel de pulmotor de la agonía capitalista. La burguesía gobernante no solamente no es capaz de contar los muertos por Covid-19, sino que no es capaz de evitar esas muertes, existiendo los medios técnicos y la capacidad de identificar el virus con absoluta claridad, cercarlo y aislarlo, como forma de controlar la pandemia. Como toda actividad productiva bajo el capitalismo, es el mercado quien finalmente gobierna todos los movimientos. Y el estado actúa salvaguardando los intereses del capital. Como lo definieran Marx y Engels, hace 170 años: “El gobierno del Estado moderno no es más que una junta que administra los negocios comunes de toda la clase burguesa.” (14) Asistimos así a una hecatombe generalizada en villas y asentamientos y la generalización de contagios en lugares de trabajo, lo que ha acelerado desde las bases de los propios trabajadores y pobladores el reclamo de testeos de mayor masividad. Sin embargo, los testeos masivos, aislados en el tiempo y circunscritos a un espacio delimitado, lugar de trabajo, concentración humana o población, enfrentan el límite de que el virus sigue transmitiéndose constantemente fuera de ese espacio testeado. Por tanto, aquellos que dieran negativo, inmediatamente se encuentran expuestos al contagio posterior, cuestionando la efectividad de los testeos realizados en un corto plazo, tal y como ya sucedió en Vo’ Euganeo. Últimos anuncios de Fernández En el último anuncio de prolongación de la semi-cuarentena, como en todos los anteriores, Fernández se jactó de tener bajo control la pandemia, advirtiendo esta vez que “los casos subirían”. También anticipó que la semi-cuarentena “va a durar lo que tenga que durar para que los argentinos estén sanos y no se mueran". Fernández no ignora que como él mismo afirmó, los casos subirán y esta suba se acompañará inexorablemente con la sombra de los muertos. Tampoco ignora que las semi-cuarentenas seguirán mientras los contagios sigan. Por lo tanto, deben leerse correctamente las palabras del presidente. Las semi-cuarentenas durarán lo que tengan que durar, a costa de que los argentinos se enfermen y mueran. ¿Dónde está el virus? También nos dijo Fernández, refiriéndose a la catástrofe sanitaria de las villas y asentamientos, que ya se habría detectado “dónde está el virus” y que por ende no habría de qué preocuparse. ¿Cree seriamente el presidente que en las condiciones actuales alguien puede afirmar que sabe dónde está el virus? Lo que Fernández sí sabe perfectamente es que esa es la pregunta aún sin respuesta y que aqueja hoy a casi toda la humanidad. Y esa es la respuesta que a nivel mundial los gobiernos burgueses y la burocracia restauracionista del PC chino se han mostrado completamente incapacitados para encontrar. Siendo que el virus se encuentra en los contagiados, asintomáticos, pre-sintomáticos y sintomáticos, saber dónde está con precisión, para aislarlo, obliga a testear a toda la población. Las semi-cuarentenas y aislamientos podrían convertirse en poco tiempo en cuarentenas y aislamientos de los efectivamente contagiados, de modo de frenar de cuajo la transmisión. Es indudable que esto requiere una contundente acción colectiva en esa dirección que la burguesía no está en condiciones de comandar. Se debe poner bajo control de los trabajadores toda la industria farmacéutica y laboratorios para organizar un plan único de testeos universales, aplicando todos los avances científicos ya logrados en ese sentido. Debe organizarse la producción de millones de kits. Deben asegurarse las líneas de producción suficientes para este objetivo en forma urgente. Debe imponerse un inmediato impuesto a las grandes fortunas para desenvolver esa capacidad productiva. Considerando los plazos de evolución de la enfermedad, desde el contagio hasta su desenlace, debieran realizarse al menos tres testeos a toda la población, o sea universales, y en forma simultánea, uno cada 14 días, en el marco de una cuarentena y aislamiento general. Esto permitiría atender sanitariamente los casos graves, conjuntamente con el aislamiento y control de los asintomáticos y casos leves dentro de cada domicilio, en hoteles o ubicaciones especiales. ¿Es esto posible? ¿Nos dirán que no hay recursos? Considerando el costo del Neo-Kit Covid-19 de U$S 8 la unidad, desarrollado por el equipo de investigación del ICT Milstein- Conicet, que no requiere equipamiento complejo para su ejecución y cuyo resultado se obtiene en dos horas, (15) (16) (17) realizar tres testeos universales a la totalidad de la población argentina significaría una inversión de 1.080 millones de dólares. Comparemos. Casi la totalidad de esa suma, 1.020 millones de dólares fue a parar a los bolsillos de los empresarios al liberarlos del pago del 50% de los salarios de los trabajadores, bajo el programa de ATP (18). Asimismo, desde que asumió el gobierno actual ya se han pagado 4.700 millones de dólares de deuda externa usurera y fraudulenta. De ellos, en plena emergencia sanitaria se cancelaron 570 millones de dólares. Esta política, de hambre y miseria, hoy es, en tiempos de pandemia, de hambre, miseria y luto colectivo. Sin embargo, protegido por sus patentes, el único laboratorio que produce el Neo-Kit–Covid, es el Laboratorio privado Neo-Kit perteneciente a Jorge Cassará, participante del consorcio “público-privado”, para decirlo correctamente, consorcio de inversión estatal y ganancias privadas, formado para desarrollar el test. Cassará, en feroz competencia, le ganó la mano a Elea-Phoenix, de Hugo Sigman, que se encuentra desarrollando un prototipo similar. Cassará fue en su momento el elegido de Macri para rubricar el primer convenio con Pami bajo su nueva política de acuerdos entre la mayor Obra Social del continente y los laboratorios privados. A su vez, Sigman, propietario de Sinergium Biotech, una de las naves insignias de los consorcios “público-privados”, es el mayor proveedor de vacunas antigripales al estado nacional desde 2010, cuando el gobierno de Cristina Fernández se comprometió a comprarle toda su producción hasta el 2022. (19) Entre pomposos anuncios, cuando el 15 de mayo se comunicó la creación del Neo-Kit, se repitió el parasitismo que caracteriza toda la industria farmacéutica, consistente en que, siendo el estado, el principal comprador de los medicamentos, y en este caso por ahora el único, la industria se encuentra mayoritariamente en manos privadas, recibiendo subsidios para incluso la etapa de investigación. La previsión de producción del Neo-Kit, según informa Clarín, será de 400.000 testeos mensuales, menos del 1 % del total de la población. El camino de esa productividad llevará a mantener la ilusión de control de la pandemia, reaccionando frente a los sintomáticos e intentando la imposible tarea de reconstruir la ruta histórica de sus contactos. Se deben producir millones de kits. Se debe cubrir la totalidad de la población. Se deben evitar más muertes. Pero, ¿cómo razona el capital frente a la posibilidad de destinar cientos de millones de dólares para invertir en la producción de millones de kits? Prepararse productivamente para esa cantidad, con el objetivo de ser utilizada en un cortísimo plazo, como sería para acorralar el virus, llevaría a que la demanda desaparezca en ese mismo plazo. Sumado a ello, hay competidores en pugna, no solamente a nivel local, sino mundial, que pueden aparecer en cualquier momento. Asimismo, en la carrera por la vacuna, ya hay grupos que se encuentran en Fase 1 y se estaría contemplando que los organismos reguladores aprueben alguna de estas vacunas bajo la denominada emergencia en forma rápida. “Los reguladores, como la Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos (FDA), pueden autorizar el uso de emergencia, mientras se recopilan datos adicionales para autorizar una vacuna” informa la Dra. Sterin Prync. (2) El capital mide cada paso con la prudencia de preservarse y multiplicarse, la lógica “empresaria” no considera la imperiosa necesidad de millones de testeos para frenar la pandemia. Los trabajadores reclaman testeos en los lugares de trabajo, los pobladores los exigen en villas y asentamientos, crece el reclamo de acordonar y aislar el virus. Es posible desarrollar estas exigencias, superar sus límites y demoler a nivel nacional la política criminal de esperar síntomas. El virus es invisible, pero los trabajadores pueden hacerlo visible mediante la movilización, imponiendo una salida en esa dirección, así como en los inicios de la pandemia fueron las movilizaciones obreras y populares las que impusieron las semi-cuarentenas y aislamientos. A fines de febrero, mientras el virus se esparcía por todo el mundo y comenzaba la competencia por camas y respiradores para definir quien moría y quien vivía, el ministro de salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, afirmó que el sarampión y el dengue eran más importantes y que la gente estaba “hipersensibilizada”. (20) Hoy Gollán es el campeón de la semi-cuarentena, cuando declara que “si se levanta la cuarentena, apilaríamos cadáveres”. Gollán propone ahora que los cadáveres sean menos y aparezcan de a poco. Es vital un cambio radical de orientación. Es necesario sostener una real cuarentena y asegurar testeos universales de toda la población. Para ello: Salario Universal igual a canasta familiar para todos los sin ingresos. Implementación urgente de alojamiento adecuado para asegurar aislamiento de casos leves y asintomáticos que no dispongan de espacio propio. Provisión universal de agua potable. Producción insumos y materiales sanitarios, de higiene y desinfección. Internacionalismo Las consecuencias devastadoras de la pandemia, desatadas por la destrucción ambiental capitalista no tienen solución local. El virus se encuentra diseminado por todos los rincones del planeta. Los trabajadores pueden enfrentar este virus con un programa superador de las miserias localistas de cada burguesía y sus gobiernos. Mientras una cura definitiva no haya sido desarrollada e implementada, las oleadas de contagios y muertes que seguirán y las respuestas anárquicas que cada gobierno nacional y local van implementando para el tan mentado achatamiento de la curva, obligan a una respuesta de conjunto. Es imperiosa una campaña internacional por testeos universales. Vacuna Ciento dos grupos, registrados por la OMS, compiten para obtener una vacuna segura y eficaz. De ellos, el 94 % responde directamente a grupos capitalistas, algunos de ellos aceitados por fondos estatales. Se han desplegado 8 estrategias vacunales diferentes, entre ellas algunas que nunca antes han sido probadas en humanos y que proponen inyectar “…instrucciones genéticas (en forma de ADN o ARN) para que el organismo … exprese una proteína de coronavirus de forma que… provoque una respuesta inmunitaria…(ó)…cápsulas vacías que imitan la estructura del coronavirus, pero no son infecciosas porque carecen de material…(llamadas) …“Partículas similares a virus” o VLP (por sus siglas en inglés Virus Like Particles).” (2) Los 102 grupos involucrados trabajan aisladamente, sin intercambiar sus experiencias, cuidando el secreto necesario para impedir que cualquiera de los contendientes obtenga la delantera aunque eso signifique bloquear la velocidad que provocaría el intercambio de experiencias. Son miles de trabajadores científicos que participan de este despiadado enfrentamiento. Una extraordinaria fuerza humana creativa, puesta al servicio del lucro privado, donde la meta son miles de millones de dólares de premio. Resulta imprescindible inscribir en el programa frente al Covid-19 la consigna de la abolición del secreto comercial, de investigación y de patentes. ¡Unificación internacional de la ciencia! Información pública de todos los avances y centralización de los procesos de investigación bajo control de los propios trabajadores científicos a escala mundial. Nacionalización de la industria farmacéutica y sistema privado de salud para abastecer la demanda. Impuesto global a las fortunas para financiar programa de urgencia sanitaria. Testeo universal simultáneo y obligatorio a toda la población nacional y mundial. Federico Faber Bibliografía (1) [María Elena Navas. BBC News Mundo.] ( https://www.bbc.com/mundo/noticias-52216766 ) (2) 7-05 Aída Edith Sterin Prync (3) Rob Wallace. Diez tesis sobre la agricultura y la enfermedad. (4) Reporte anual para emergencias de salud de la Junta Mundial de Monitoreo de Preparación de la Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial. Setiembre 2019 https://apps.who.int/gpmb/assets/annual_report/GPMB_annualreport_2019.pdf (5) 22-04 Laura Plitt BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-52326745 (6) 6-05 Declaración de AEA reclamando apertura cuarentena https://www.infobae.com/economia/2020/05/06/los-empresarios-de-la-asociacion-empresaria-argentina-le-reclamaron-al-gobierno-volver-a-producir-y-evitar-el-default/ (7) Última actualización de cifras: 28 de mayo de 2020 16:23 GMT Universidad Johns Hopkins https://www.bbc.com/mundo/noticias-51705060 (8) Murdoch, Romei, Giles. Financial Times. Londres 26 de Abril 2020 https://www.ft.com/content/6bd88b7d-3386-4543-b2e9-0d5c6fac846c (9) Angelo Attanasio- BBC News Mundo 24-03 https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52010013 (10) 24-04 Monica Gandhi, M.D., MPH Profesora de Medicina Jefa de División HIV y Enfermedades infecciosas y Medicina Global del Hospital General de San Francisco. Deborah S. Yokoe, M.D., M.P.H., y Diane V. Havlir, M.D. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2009758 (11) 20 May Carlos Villalobos Universidad de Talca https://www.researchgate.net/publication/341550218_SARS-CoV-2_infections_in_the_World_An_estimation_of_the_infected_population_and_a_measure_of_how_higher_detection_rates_save_lives (12) 11-05 James Griffiths CNN Español https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/11/los-nuevos-brotes-de-coronavirus-en-corea-del-sur-alemania-y-china-muestran-que-sigue-el-riesgo-a-medida-que-mas-paises-buscan-reabrir/ (13) 29-05 BBC News Mund https://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-52848224 (14) Carlos Marx, Federico Engels. Manifiesto Comunista. (15) 15-05 Clarín https://www.clarin.com/politica/alberto-fernandez-presento-kit-testeo-rapido-coronavirus-fabricado-cientificos-argentinos-soberania-_0_NCtZOTqBx.html (16) 16-05 Página 12 https://www.pagina12.com.ar/266176-coronavirus-nuevo-test-argentino-para-detectar-el-virus (17) 25-05 Analía Llorente BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-52780148 (18) 30-04 Santiago Spaltro- El Cronista https://www.cronista.com/economiapolitica/Subsidio-a-salarios-suman-mas-empresas-al-beneficio-y-detallaran-como-liquidar-los-haberes-20200429-0040.html (19) 18-05 Cristina Kroll- Pharmabiz https://www.pharmabiz.net/cassara-pico-en-punta-con-kit-covid-19/ (20) 26-02 BAE Negocios https://www.baenegocios.com/sociedad/Gollan-El-dengue-y-el-sarampion-son-mas-importantes-que-el-coronavirus-20200226-0027.html Anexo 1 En este Anexo cito los hallazgos presentados en la prensa, relacionados con características específicas de la enfermedad que significarían desenlaces mortales en pacientes jóvenes y niños o que no pertenecen a grupos de riesgo, ni padecen enfermedades crónicas. “…algunos pacientes que mueren podrían tener polimorfismos o mutaciones en los genes que los predisponen a una respuesta inflamatoria excesiva…”. Stephen Chapman, especialista en enfermedades respiratorias e investigador de Genética Humana del Wellcome Trust Centre de la Universidad de Oxford, en Reino Unido. (1) “Estas variaciones genéticas, principalmente vinculados a la respuesta inmunológica…pueden estar latentes por décadas, hasta que se produce una infección por un microbio en particular" Jean-Laurent Casanova, profesor e investigador de la Universidad Rockefeller en Nueva York, EE.UU. (1) "Es muy probable que otro coronavirus que está circulando y del que no se ha hablado mucho, llamado HCoV-229E …que produce resfriado común y esté sensibilizando al sistema inmunitario…puede hacerte más inmune o todo lo contrario…hipersensible,” Michael Snyder, Biólogo de sistemas y Director de genómica y medicina personalizada en la Facultad de medicina de la Universidad de Stanford. (1) Otro cuadro fatal ha sido la llamada “hipoxia silenciosa”, donde el desenlace es el fallecimiento por neumonía severa, sin presentar los síntomas comunes de ese cuadro. Los pacientes llegan a un nivel de falta de oxígeno en sangre, con índices de 50%, de modo asintomático, produciendo solamente una aceleración de la respiración para compensar esa falta. “El paciente no busca ayuda médica y pasa parte de la enfermedad en casa. A medida que aumentan los niveles de dióxido de carbono, se acumula líquido y los pulmones se vuelven rígidos, la falta de oxígeno ya ha comprometido otros órganos como el cerebro, riñones y corazón. El daño, en estos casos, es irreversible…el desenlace es una afección respiratoria aguda…” Richard Mark Levitan. Profesor clínico de medicina en Dartmouth College y médico en ejercicio en el Hospital Regional de Littleton, Nueva York. (2) (3) Médicos irlandeses revelaron también que el virus causa en los pulmones micro-coágulos de sangre mortales. “Nuestros novedosos hallazgos demuestran que COVID-19 está asociado con un tipo único de trastorno de la coagulación sanguínea… Los micro coágulos explican por qué los niveles de oxígeno en sangre caen dramáticamente… (lo que) contribuye sin duda a los altos niveles de mortalidad”. Investigación publicada en el British Journal of Haematology dirigida por James O’Donnell, hematólogo consultor del Centro Nacional de Coagulación del Hospital St James de Dublín. Asimismo, según este estudio “…el riesgo de trombosis debido a diferencias genéticas es tres o cuatro veces menor en los chinos en comparación con los caucásicos y … significativamente mayor en los afroamericanos…... nuestros hallazgos plantean la … posibilidad de que la vasculopatía pulmonar (trastorno de los vasos sanguíneos en los pulmones) pueda contribuir a las diferencias inexplicables que están empezando a surgir, destacando la susceptibilidad étnica a la mortalidad por COVID-19” (4) (5) El hallazgo de los coágulos se repitió en otras partes del cuerpo. "Hemos encontrado micro coágulos en los vasos sanguíneos pequeños de los pulmones, pero también coágulos grandes en las mayores arterias Más del 25% de los pacientes tienen coágulos importantes…cuanto más espesa es la sangre, más grande el problema", declaró Hugh Montgomery. Profesor y Director del UCL Institute for Human Health and Performance en la University College de Londres. Los pacientes de Covid-19 "son mucho más propensos a tener una trombosis venosa profunda… y a sufrir de embolismo pulmonar si uno de estos trombos viaja por el cuerpo y bloquea el suministro de sangre a los pulmones, sumándose al problema de la neumonía…Los coágulos también dificultan la llegada de la sangre a otros órganos, como el corazón o el cerebro, lo cual deja a los pacientes graves en riesgo de sufrir un ataque cardíaco o cerebral” manifestó Beverley Jane Hunt. Profesora de Trombosis y Hematología en el King's College de Londres. (6) En Abril, médicos británicos alertaron sobre un síndrome inflamatorio multisistémico (en más de dos órganos) en niños contagiados, caracterizada por inflamación según laboratorio y evidencia de enfermedad clínicamente severa requiriendo hospitalización, con compromiso multisistémico de órganos (corazón, riñón, renal, respiratoria, sanguínea, gastrointestinal, dermatológica y/o neurológica). El llamado síndrome inflamatorio multisistémico en niños (MIS-C) se detectó en toda Europa y 18 estados de EE.UU “La mayoría de los niños dieron positivo ya sea para la infección actual de covid-19 o una infección pasada”. En algunos casos el desenlace fue mortal, aunque la mayoría se recuperó.(7) Bibliografía (1) 22-04 Laura Plitt BBC News Mundo https://www.bbc.com/mundo/noticias-52326745 (2) 21-04 Richard Levitan New York Times https://www.infobae.com/america/the-new-york-times/2020/04/21/la-infeccion-que-esta-matando-silenciosamente-a-los-pacientes-con-coronavirus/ (3) 7-05 https://www.infobae.com/america/eeuu/2020/05/07/que-es-la-hipoxia-silenciosa-el-mal-que-afecta-a-algunos-pacientes-con-coronavirus-y-que-puede-ser-letal/ (4) 2-05 Infobae https://www.infobae.com/america/mundo/2020/05/02/una-estudio-cientifico-explica-por-que-hay-mas-muertes-por-coronavirus-en-europa-y-eeuu-que-en-asia/ (5) 30-04 Science Daily https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200430113015.htm (6) 25-05 BBC News Redacción https://www.bbc.com/mundo/noticias-52793269 (7)15-05 Maggie Fox CNN https://cnnespanol.cnn.com/2020/05/15/los-cdc-advierten-a-medicos-de-ee-uu-sobre-enfermedad-infantil-relacionada-con-covid-19/

15 de junio de 2020
EEUU: huelgas acompañan las manifestaciones contra el racismo

Tras la rebelión popular tras el asesinato de George Floyd en Minneapolis, trabajadores del transporte se solidarizaron con los manifestantes y se negaron a trasladar a los detenidos como el ATULocal1005 en Minneapolis. Trabajadores de Starbucks llegaron a sus trabajos con insignias de Black Lives Matter (BLM). El viernes, en Seattle, BLM convocó un paro general y a una marcha del silencio. Miles de personas marcharon en 30 comunidades del estado de Washington. Las movilizaciones tienen el apoyo del 70% de la población (WashingtonPost, 11/6). La Legislatura de Seattle fue convertida en una zona de control popular, “libre de policías”; se movilizaron 60.000 personas según BLM. Pararon fábricas, trabajadores de Amazon (día libre), Boeing, docentes, transportistas, y más de 50 negocios (seattletimes, 12/6). La policía asesinó otro afroamericano por la espalda, en Atlanta (CNN, 13/6). Esto detonó una multitudinaria movilización con más de 36 arrestos (ajc). En ciudades de EEUU se retiran estatuas de líderes de la esclavitud y de la secesión del siglo XIX; o del KKK. EEUU fue testigo en estos últimos meses de numerosas huelgas, ocupaciones de empresas, paro el 1° de mayo en servicios esenciales (Amazon, Instacart, Target, Walmart, Whole Foods, General Electric, luchas y paros de trabajadores inmigrantes, alimentación, trabajadores postales, telecomunicaciones (laborstart.org). Los reclamos por las condiciones laborales durante la pandemia , contra las medidas de apertura de Trump o de los propios gobernadores. La mayoría de los trabajadores no tienen cobertura por enfermedad, y Trump tuvo que dar un subsidio de 1.200 a 2.400 dólares. El último jueves, miles de trabajadores portuarios de la costa este y oeste de EEUU pararon en solidaridad con el asesinato de George Floyd (Labornotes, 11/6). Se trata de un hecho inédito: es la primera vez en la historia del país que una acción conjunta se realiza en los puertos de ambas costas del país. La ILWU (Unión Internacional de Estibadores y Almacenes) paró por 9 minutos, el tiempo en que Floyd fue estrangulado por la policía. En la costa opuesta, los trabajadores de ILA (Asociación Internacional de Estibadores) lo hicieron por una hora. Se está discutiendo una huelga el 19 de junio, el aniversario de la proclamación de la emancipación de los esclavos de Texas (#Juneteenth es el hashtag que conmemora el final de la esclavitud). Reclaman “terminar el racismo sistémico, parar el terror policial y con la privatización del Puerto de Oakland” (ILWU, 10/6). Pararán 29 puertos en la costa oeste. ILWU, la Federación de Maestros de Minneapolis. BLM convocó a una huelga general para la misma fecha, con el hashtag #StrikeForBlackLives (Newsweek, 13/6). La burocracia de AFL-CIO propone el 17 de junio una “caravana” de autos. Con este método pretende “asegurar que los trabajadores de primera línea de nuestra nación estén protegidos, para garantizar que cada trabajador tenga acceso a un seguro de salud, para proteger las escuelas públicas y el Servicio Postal” . En muchas ciudades se reúnen Asambleas Populares: Nueva York, Oakland, Portland y Seattle. En esta última se ha constituido una “zona autónoma” alrededor de Capitol Hill, exigiendo la renuncia del alcalde Jenny Durkan (junto al sindicato UFCW) y la desafiliación de la policía de Consejo Laboral de la ciudad. Organizaciones como “People’s Strike” (Huelga popular), convocan a una huelga general para el primero de julio . LEER MÁS Huelga en USA VER MÁS Entrevista a Marcelo Ramal- Crisis en EE.UU.

15 de junio de 2020
Las máscaras N95 y el capitalismo

Hace unos meses atrás, la revista Rolling Stone denuncia la negligencia de Trump. Dice que “A medida que se avecinaba la pandemia, el depósito nacional de máscaras N95, esencial para evitar que los trabajadores de la salud se contagiaran COVID-19, estaba casi vacío, con menos del 1% de 3.500 millones de máscaras que los modelos gubernamentales habían indicado durante mucho tiempo que serían necesarias en una pandemia” (RS, 11/6). Un hospital puede usar 6.000 máscaras N95 por año, con una demanda nacional que alcanza aproximadamente 25 millones. Las máscaras N95 utilizadas en medicina generalmente están hechas de fibra plástica, cuestan alrededor de un dólar. La probabilidad de una escasez de máscaras N95 se informó muchas veces según del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales (National Academies’ Institute of Medicine). El 3 de marzo en el Senado, el republicano Mitt Romney le preguntó al director del ASPR (HHS, Salud y Servicios Humanos) Kadlec: “¿Qué porcentaje de lo que necesitaríamos para nuestros profesionales médicos está en la Reserva Estratégica Nacional?”. Kadlec dijo contar con 35 millones de máscaras N95, que es “el 10 por ciento de lo que necesitamos (...) si fuera un evento grave”. Si embargo, 35 millones es solo el uno por ciento de los 3.500 millones necesarios. “El Dr. Kadlec simplemente mintió” dice un portavoz del HHS a Rolling Stone. El Departamento de Salud y Servicios Humanos también reveló que las reservas de N95 era apenas un tercio de lo que Kadlec anunciaba, sólo 7 millones. La producción no se puede aumentar inmediatamente porque existen cuellos de botella, declaró en mayo Mike Bowen, CEO de la compañía de máscaras quirúrgicas más grande de Estados Unidos, Prestige Ameritech (ídem). La producción se trasladó a fábricas Chinas que concentran el 95% de la producción. Bowen dijo que estos “centavos” ahorrados “Nos ha costado la vida”. Bowen advirtió que si China cortaba el suministro en una pandemia estamos acabados. Y testificó el 9 de enero y del 27 de febrero a la HHS. Rolling Stone denuncia que “El HHS llevó a cabo un juego de guerra pandémica de un mes de duración llamado ‘Crimson Contagion’”, el año pasado, en donde reconoció los déficits asistenciales. Desde enero le advirtieron a Trump sobre la falta de preparación para la pandemia, momento en que decía que se trataba de una simple “gripe” que desaparecería. Trump finalmente invocó su autoridad bajo la Ley de Producción de Defensa a mediados de abril para exigir la producción de máscaras N95. Pero por sólo 39 millones de máscaras. A mediados de mayo, la Fuerza de Tarea de Coronavirus entregó solo 46,4 millones de máscaras N95, poco más del 10% de lo que el país necesita. Un ataque premeditado “Los médicos, enfermeras, técnicos de emergencias médicas, asistentes de hogares de ancianos y otros trabajadores de primera línea han tenido que reutilizar máscaras N95 diseñadas para un solo uso, a veces durante semanas. Otros se han visto obligados a conformarse con máscaras quirúrgicas menos efectivas. Cientos están muertos”. Una encuesta realizada en mayo por el sindicato Sindicato Nacional de Enfermeras (NNU) encontró que el 87% reutilizaron máscaras de un solo uso, y que el 28% tuvo que usar respiradores descontaminados (ídem). Otro estudio sugiere que los trabajadores de la salud son hasta el 11% de los casos de EEUU (cdc.gov, 14/4). Más de 26.000 personas murieron en geriátricos por falta de máscaras. El sistema hospitalario fue duramente atacado por la pandemia, y algunos pacientes salieron de los hospitales con millonarias deudas. The Lancet descubrió que los trabajadores de la salud representaban el 5% de los pacientes con COVID en estado crítico en hospitales de la ciudad de Nueva York (19/5). El NNU ha documentado 100 muertes de enfermeras. El “soplón” (whistleblower) federal Rick Bright (director de un departamento de Salud y Servicios Humanos) declaró que sabían la escasez de N95, y que hubo una “negativa desmesurada” para solucionarlo. Fue destituido por Trump en abril, “Lo que faltaba era la acción”, dijo (ídem).

15 de junio de 2020
Kicillof pone a IOMA al servicio del rescate de las clínicas privadas
Brenda Ainchil · Sebastián Rubolino

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Salud, Daniel Gollán, anunciaron la llamada “Propuesta de Sustentabilidad del Sistema Sanatorial”, en conjunto con representantes del sector privado. La “propuesta” representa un plan de rescate de las clínicas y sanatorios privados de la provincia de Buenos Aires. Este salvataje al sector privado se dará a través de un vaciamiento del IOMA, la obra social de docentes y estatales bonaerenses, la cual destinará 400 millones de pesos mensuales a las empresas privadas de salud de la provincia con el objetivo que estas clínicas “no se fundan”, como destacó el director de la Obra Social, Homero Giles. A la política general del gobierno FF de rescate al capital con medidas como el ATP y la “intervención estatal” de Vicentin, se suma ahora la “propuesta” de salvar a más de 190 clínicas privadas -con la excusa de más disponibilidad de camas ante un inminente colapso del sistema público de Salud-, con recursos aportados por los trabajadores. El vaciamiento de IOMA Este financiamiento del sector privado se enmarca en una política de vaciamiento de IOMA que se arrastra desde hace años y alcanzó su punto más alto durante la gestión de María Eugenia Vidal, cuando la ex gobernadora subejecutó el presupuesto estatal destinado a la obra social. Ahora, el gobierno de Kicillof, en lugar de de emplear los fondos de la Obra Social en la mejora y al aumento de las prestaciones y las coberturas médico-asistenciales, les hace pagar a los más de 2 millones de trabajadores afiliados y a los prestadores de servicios el rescate de las empresas privadas de salud. Hace años que IOMA deja a los prestadores y a los usuarios a la deriva, adeudando por meses el pago de los salarios, obligando a los afiliados a hacerse cargo de ese pago (al tiempo que se les aumenta la cuota mensual). Estas condiciones se han profundizado durante la pandemia, ya que no hay ni siquiera la garantía del pago de las prestaciones realizadas. Al respecto, los prestadores, especialmente Acompañantes Terapéuticos y Cuidadores Domiciliarios, vienen dando una fuerte pelea contra la precarización impuesta por el Estado y la Obra Social, movilizando por salarios dignos y al día, por condiciones laborales dignas. Mientras los fondos del IOMA van al rescate de la salud privada, las “respuestas” ante los reclamos de los prestadores son incluso provocadoras. Tal es el caso de la implementación de un nuevo sistema para gestionar vía online los reclamos. Este se presenta como “un avance” con relación a la deuda que se mantiene con los prestadores, pero es un fraude. Una salida al colapso sanitario Este anuncio, además, pretende hacer pasar un rescate a la salud privada como una articulación del sistema de salud. Kicillof sostiene que es necesaria una asistencia para el sector privado durante la pandemia y que es “un paso histórico en la articulación entre el sistema público y el privado”. Al mismo tiempo, Gollán reivindica los subsidios a los sanatorios privados porque, afirma, esto permitirá “agregar” 1.500 camas al sistema de salud provincial. Pero la centralización y unificación del sistema de salud debería poner a disposición de la salud pública bajo control del Estado, así como los recursos de las clínicas, sanatorios y laboratorios privados. Con el aumento de casos de COVID-19, estamos frente a un colapso sanitario que se materializa en falta de insumos, de camas y el aumento de la precarización laboral de los trabajadores de la salud. La salida del gobierno frente a este colapso es hacerse cargo de las deudas de las empresas privadas de salud, evitar su quiebra a través de los fondos que los trabajadores pagan a su obra social. Los trabajadores de la salud, los prestadores y usuarios de IOMA, debemos organizar instancias de deliberación y movilización contra el vaciamiento de la principal obra social de la provincia de Buenos Aires. En vez de financiar a las privadas, IOMA debe abocarse al pago de los salarios adeudados a los prestadores y a la cobertura de todas las prestaciones brindadas durante la pandemia. Es fundamental también la apertura los libros contables para que los usuarios y prestadores conozcamos a donde se destina nuestro dinero. El derrumbe del sistema público de salud exige un aumento extraordinario del presupuesto y la puesta a disposición de todos los recursos del sector privado, confluyendo en un sistema de salud unificado, bajo control de sus trabajadores.

15 de junio de 2020
Se fortalece la lucha de los obreros de Algodonera Avellaneda: ratifican el paro y la toma

Los obreros de la Algodonera Avellaneda S.A., del Grupo Vicentin, rechazaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo y resolvieron continúar con las medidas de paro y permanencia en las instalaciones hasta la resolución de sus reclamos por las deudas salariales, las condiciones de trabajo de superexplotación y los atropellos y agravios reiterados que sufren por parte de la patronal y encargados. El martes 16, a las 9:30, marcharán desde la planta, ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, hasta la audiencia que se realizará, a las 11, en el Ministerio de Trabajo, arrancada gracias a la lucha llevada adelante. Luego de ser informados de la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, durante el mediodía del sábado 13, los obreros de los cuatro turnos realizaron ese mismo día una asamblea de toda la fábrica, donde han resuelto por absoluta mayoría continuar con las medidas, sosteniendo la permanencia y el bloqueo de los ingresos a Algodonera Avellaneda. Ese mismo sábado, por la noche, sorpresivamente, funcionarios del Ministerio de Trabajo se acercaron a la planta para convocar a los trabajadores a una audiencia para el martes 16, cuando antes les habían respondido que, hasta el jueves, sería imposible que los convoquen. Una primera conquista obtenida por la firmeza y la determinación obrera, frente a la patronal y a la conducción sindical que los trabajadores y trabajadoras de la fábrica califican de entregadora. El domingo 14 se realizó una nueva asamblea con la concurrencia de todos los turnos. Allí se aprobó la convocatoria a la movilización de los trabajadores y familiares del martes, desde la planta hasta la Secretaría de Trabajo de Reconquista. Sonia Zanel representa a uno de los cuatro turnos de la planta. Ella pertenece a la nueva camada de delegados de la fábrica. Fundamentó la decisión de la asamblea expresando que “ya existen reiterados precedentes de que, frente a la presentación de reclamos, se arriba a un compromiso con los directivos, en los que se comprometen a su resolución, pero estos son desconocidos por la patronal ni bien se retoman las actividades en la empresa”, recurriendo incluso, como ha ocurrido en ocasiones anteriores, a represalias por parte de la empresa y encargados contra delegados y trabajadores. Al respecto, los trabajadores manifiestan que estos atropellos han ocurrido antes, siempre con el acuerdo y la vista gorda de la conducción de la AOT (Asociación Obrera Textil), a quienes los obreros le reclaman la renuncia. La delegada expresó que, luego de este gran paso organizativo, los trabajadores se encuentran hoy más unidos, resolviendo en asambleas y tomado en sus manos la lucha por sus reclamos. "No estamos dispuestos a dejar pasar más atropellos, en adelante pararemos frente a cada ataque", anunció. “Con esta lucha, nos hemos fortalecido, logramos poner en debate y visibilizar a la luz pública todos los problemas que tenemos en la fábrica, porque se ha llegado a una situación desesperante, con uno de los sueldos más bajos del sector ($21.000 al mes), con turnos rotativos y trabajo ininterrumpido fines de semana y feriados. Donde trabajadores con de 20 años de antigüedad cobran apenas $10 más por hora. En los últimos tiempos se ha eliminado innumerables beneficios conquistados, se quitó arbitrariamente el pago de la productividad, el premio de fin de año y cada vez más hemos perdido en bonificaciones y condiciones de trabajo”. Viva la lucha de las obreras y obreros de Algodonera Avellaneda. ¡Por la victoria de todos sus reclamos! Por una gran movilización obrera el martes 16 en Reconquista. LEER MÁS Paro total y piquete en la planta de Algodonera Avellaneda S.A.(Grupo Vicentín)

15 de junio de 2020
Johnson cae como las estatuas

Johnson implementó la teoría de la “inmunidad de manada” con resultados catastróficos. La cantidad de muertos (más de 41.000) y las perspectivas económicas son las peores en Europa. Perdió la batalla sanitaria y económica. Aplicando el mismo método inmunitario, quiso abrir las escuelas desoyendo la oposición de especialistas y científicos, y tuvo que dar marcha atrás. El 50% cree que está haciendo mal las cosas, cayendo 22 puntos en el último mes. Las protestas globales de Black Lives Matter (BLM) irrumpieron con enorme fuerza en Gran Bretaña. Durante dos semanas miles salieron las calles. Muchos optaron por atacar símbolos del colonialismo y el imperialismo británico. Johnson los calificó como “thugs” (matones). Actualmente hay 130 municipios que plantean sacar las estatuas para que no corran la misma suerte, y la estatua de Churchill en Parliament Square (frente a la Cámara de los Comunes) puede ser llevada a un museo. En YouTube, desde el 10 de junio se puede encontrar un video de la prestigiosa BBC con el título “Churchill: ¿héroe o villano?”. La pregunta no es inocente. En Londres, los manifestantes antirracistas y antifascistas chocaron con hooligans de ultraderecha. Londres está en toque de queda desde las 5 de la tarde, lo que fue desafiado por miles de manifestantes en las calles. Los hooligans hacían saludos y cantos nazis, y gritaban “Churchill es uno de los nuestros”.

15 de junio de 2020
Terciarios: la estafa de la "continuidad" de Larreta y las autoridades

En mayo, Rodríguez Larreta y las autoridades de los institutos terciarios de CABA depositaron en manos de los diferentes institutos la potestad de elaborar sus propias versiones del “Plan Excepcional de Continuidad de la Formación en el Contexto de Emergencia Sanitaria” (resolución 2020-1585 MEDGC). Cada instituto determinaría “las estrategias a implementar a los fines de garantizar la continuidad de la formación académica”. Las mismas, según el gobierno, apuntan a mantener un “acompañamiento y seguimiento de los procesos de aprendizaje, así como para la evaluación y acreditación”. En un contexto en que la curva de contagios se ha disparado, las clases virtuales se presentan como la única manera de mantener la cursada sin exponer la salud de estudiantes y trabajadores de la educación. Sin embargo, los institutos terciarios se encuentran absolutamente vaciados, sin presupuesto para desarrollar las clases bajo la modalidad virtual, ni salarios acordes a la canasta familiar para los docentes, becas estudiantiles, ni entrega de las computadoras del Plan Sarmiento. El programa SAE (Servicio Alimentario Escolar) tampoco rige para todos los terciarios. Para que las clases virtuales puedan llevarse adelante de manera eficaz, el Estado debe expedir el presupuesto necesario para garantizar estos reclamos. De lo contrario, los planes de continuidad se implementarán bajo condiciones paupérrimas. Las autoridades de los terciarios se adaptaron al cuadro de desfinanciamiento por parte del gobierno de la Ciudad, elaborando planes que no contemplan las necesidades presupuestarias reales de los institutos. La rectora del Joaquín V. González, Rosetti, ligada a la burocracia sindical de UTE, envió su proyecto el día sábado 6 y lo hizo aprobar por el Consejo Directivo el martes 9 en sesión virtual. Como puede verse, los estudiantes y docentes del JVG no fueron llamados a deliberar en torno al plan de continuidad, que deberán acatar sin contar con las condiciones materiales necesarias. En la misma sesión, se votó un pedido de aumento de presupuesto, luego de aprobar el plan; Rosetti primero cumple con lo que le pide Larreta y después finge expresar condiciones. Por su parte, Patria Grande-La Caravana (conducción del CEJVG) no solo convalidó la aprobación de un plan sin presupuesto, sino que ni siquiera llamó a una asamblea para que los estudiantes tuviéramos algún espacio para debatir, como si sucedió en otros terciarios. Asimismo, también ha faltado en su labor como conducción de la Coordinadora de Estudiantes Terciarios (CET), pues no ha llamado a los estudiantes de los distintos institutos a impulsar acciones de lucha coordinadas en lo que va de la cuarentena. Frente al desfinanciamiento, la pauperización de estudiantes y docentes, la falta de computadoras y acceso a Internet y edificios que no cumplen con las condiciones higiénicas y de seguridad para retomar la presencialidad, los planes de continuidad deberían ser discutidos en asambleas docente-estudiantiles. Asimismo, la condición previa a la elaboración de dichos planes es la expedición de un presupuesto que garantice sueldos dignos a los docentes, becas a estudiantes, reparto de computadoras, acceso a Internet y recursos suficientes para el SAE. Por todo ello, desde la UJS- PO (Tendencia) instamos a que los centros de estudiantes terciarios llamen a asambleas para organizamos y exigirle al Estado el cumplimiento de nuestros reclamos.

15 de junio de 2020
Crisis del transporte público en Bariloche

El transporte público en Bariloche está nuevamente en crisis. La empresa Mi Bus, parte de Grupo Semisa-Transporte Amancay SRL, extorsiona al gobierno municipal: si no recibe más subsidios, amenaza, se retirará de la localidad, como ya lo hizo en Villa La Angostura. En estos momentos, circula una versión acerca del retiro de la empresa y la entrega del servicio a Vía Bariloche, de la muy mentada familia Trappa, a la que se les renovó escandalosamente la concesión del Cerro Catedral. Esto no está confirmado, pero cuando el río suena, agua lleva. El transporte de pasajeros es un servicio público tan necesario que es, por ley, responsabilidad del estado, como la salud y la educación. El transporte público permite el crecimiento del pueblo en el que vivimos. Por eso es esencial para la producción y la conectividad. Después de una perseverante lucha de la población y la Multisectorial por el Transporte Público, a través de numerosas audiencias públicas, movilizaciones y la judicialización con la que se reclamó la presentación de los balances anuales, estos fueron suministrados por la fiscalía en que se dirime el asunto. De ese modo, se tuvo acceso a los balances de los años 2016, 2017 y 2018. En ellos se constatan graves irregularidades, como no tener la flota de unidades exigida en el contrato, ya que son dueños de sólo 19 de los 79 colectivos que efectivamente brindan servicio; además, discordancias en las identificaciones de los vehículos y otras. Pero, sobre todo, no contiene información sobre el destino de los subsidios millonarios que recibió mensualmente del gobierno municipal, provincial y nacional. Los usuarios padecemos cotidianamente la poca frecuencia de los servicios, los recorridos inadecuados e insuficientes, el abandono o directamente la falta de paradores y el abuso de la tarifa, una de las más alta del país. Y los trabajadores del transporte, el incumplimiento reiterado del pago del salario, las sanciones económicas, la confección de “prontuarios” que rebajarían la indemnización en caso de despido y la sobrecarga laboral de quienes prestan el servicio en esta cuarentena. Luego de tantas experiencias fallidas y costosas con las concesionarias privadas, de una vez por todas el transporte público debe estatizarse, bajo control de trabajadores y usuarios. La empresa debe ser expropiada sin indemnización y la planta de personal de la empresa debe mantenerse con el convenio de la UTA y de todas las prerrogativas obtenidas por los trabajadores. Esta es la salida a la crisis que proponemos desde la Tendencia del Partido Obrero.

15 de junio de 2020
La Matanza: 5 Hispanos-Krachitos, en huelga en defensa del salario

Los trabajadores de la fábrica “Los 5 Hispanos” se encuentran en lucha luego de rechazar el pago en cuotas del 50% de los sueldos adeudados y el pago en cuatro cuotas del aguinaldo. El pasado jueves empezó el paro de actividades en el turno mañana hasta el turno noche, y el viernes continuó, también, con un paro de actividades en las plantas de Ramos Mejía y Tablada. La patronal de la fábrica de café y snacks “Krachitos” argumenta que no recibió el beneficio ATP del gobierno nacional, por lo cual abonó el 50% del sueldo de abril y mayo. La fábrica pertenece al rubro de la alimentación y trabajó los tres turnos durante toda la pandemia por estar dentro de la categoría de esenciales. Por esto mismo, los trabajadores no aceptan el pago en cuotas ya que no hay crisis en la fábrica. El paro fue impulsado por los trabajadores de la planta de Ramos Mejía, a la que luego se sumaron los trabajadores de la sede Tablada, que lo votaron en su asamblea. En Ramos Mejía, donde trabajan 300 compañeros, luego del paro, la patronal respondió cerrando sus puertas el viernes en el turno noche. Hasta el día de hoy, los trabajadores no pueden ingresar a sus puestos de trabajo. Es una maniobra que pretende romper la organización y la deliberación de los compañeros. Otro de los aspectos que están en juego es la modificación del régimen laboral. La patronal quiere extender el turno americano, que ya rige en portería y mantenimiento, a todos los sectores de producción de la fábrica. Este miércoles se realizará una reunión virtual entre el ministro de Trabajo, el sindicato STIA y la patronal. El reclamo de los trabajadores es claro: exigen que se les pague el sueldo como corresponde, en tiempo y forma, al igual que el aguinaldo, ya que ellos han trabajado desde el primer día del aislamiento social y obligatorio. Todo el apoyo a los compañeros.

15 de junio de 2020
Frente al fracaso de Piñera – Mañalich: una cuarentena bajo control de la clase trabajadora

Informando un nuevo récord de contagiados y fallecimientos por efectos del coronavirus (casi 7 mil nuevos casos reportados positivos y 220 decesos) asume el nuevo ministro de salud Enrique Paris, después de la salida de Jaime Mañalich. Piñera defendió y resistió todo lo que pudo a su ministro “mano derecha” en el cargo, pero su insistencia de informar solo casos de fallecimientos que tuvieran un examen PCR positivo, negándose a integrar a quienes el registro civil atribuyó su muerte al COVID-19, reabrió las críticas y agudizo la crisis política. El articulo lanzado por el medio CIPER el pasado fin de semana, donde revelaron que el MINSAL informo más de 5.000 decesos, que contrastan con los 3.000 que el gobierno reporto en su ultime informe diario, termino por empujar la salida de Mañalich. El fracaso de la estrategia capitalista Mañalich defendió hasta el último día la estrategia capitalista frente a la expansión del coronavirus. Estiró al máximo la aplicación de una cuarentena total en la región Metropolitana para defender la continuidad de la actividad económica planteando que habíamos llegado a una “meseta de contagios” donde nos teníamos que preparar para una apertura del comercio bajo una “nueva normalidad” y promovió la idea de generar un “inmunidad de rebaño”, declarando que “todos se deben contagiar, pero de forma lenta” para no colapsar al sistema de salud. Como el mismo reconoció, su estrategia se “derrumbo como un castillo de naipes” y hoy se vive en el país una pandemia descontrolada, donde solo un 2,9% de la población contagiada ha generado una inmunidad comprobable. Su salida es un golpe duro para el gobierno, dado que pierde a un aliado que recibía de frente los golpes de la crisis sanitaria y que ayudaba a sacar de la polémica a un Piñera que carga con profundo rechazo de masas desde la rebelión de octubre. El nuevo ministro, quien hasta la semana pasada era director de la privada clínica Las Condes, tuvo pantalla en la televisión en varias ocasiones, donde defendió la receta de Mañalich, fue enemigo abierto de la cuarentena para Santiago cuando los casos iban en aumento, planteando que era una medida “populista” que traería consecuencias negativas para la economía del país. Hoy acorralado y la cabeza de una política sanitaria fracasada, se ha esforzado por mostrar un “mejor tono” que Mañalich, y se ha mostrado abierto a recibir las “criticas” de la comunidad científica y médica. Las consecuencias más crudas del fracaso de la estrategia capitalista frente a la pandemia hoy se viven en las poblaciones más empobrecidas de la región Metropolitana. En comunas como El Bosque, La Pintana San Ramón, la movilidad solo se redujo en un 15%, siendo que los viajes al interior de esas comunas debían reducirse a un 20% o 30%, y lo mismo con la movilidad que proviene desde otras zonas de la ciudad. Pero aquello no ocurrió: “Nos enfrentamos a una situación completamente distinta: la movilidad al interior de esas comunas indica que el 70% de los viajes se mantuvo y, lo peor de todo, es que la movilidad desde las comunas que llamamos dormitorio, como La Granja, San Joaquín o La Pintana -que hoy son de las más afectadas-, se redujo solo entre un 30% y 40%” (CIPER, 03/06). La clase obrera al no tener recursos asegurados para poder realizar una cuarentena que les permita confinarse en sus casas, deben salir de ellas y se exponen al contagio. Si sale Mañalich, que entre la clase obrera organizada Bajo este contexto, es prioridad que la clase obrera irrumpa en este escenario como una necesidad de primer orden. Ya quedó demostrado que el gobierno no protegerá a la clase obrera. Es por esto que los sindicatos deben abrir un debate de forma urgente, donde puedan denunciar a los sectores no esenciales que aún mantiene a las y los trabajadores expuestos al contagio en los lugares de trabajo y transporte público reclamando su cierre. Donde se acuerde desarrollar la lucha por un salario de emergencia de $500.000 para todas y todos los trabajadores de labores esenciales, para los suspendidos, informales y cesantes para que nadie pase la pandemia con recursos por debajo de la línea de la pobreza y donde esto sea financiado con un impuesto extraordinario al gran capital. Urge que los sindicatos saquen adelante protocolos sanitarios que se ajusten a sus necesidades, para evitar los contagios y promover las organizaciones de las asambleas en los lugres de trabajo. Es por esto que las asambleas populares, junto con organizar los comités de cesantes y reclamar que las ollas comunes sean financiadas por los municipios y controladas por los vecinos, se hace urgente organizar un plan sanitario. Desde las asambleas se puede realizar un catastro de los vecinos contagiados, reclamar el testeo masivo de todas las poblaciones y en base a trazabilidad de casos contagiados, reclamar una residencia sanitaria para todos quienes no tengan un lugar adecuado para realizar una cuarentena. Urge abrir el debate y empujar la acción por un programa de control obrero de la salud y el sistema sanitario, la producción, la banca y el comercio. Todo el sistema privado de salud debe quedar bajo gestión y control democrático de sus trabajadores; los grandes hoteles deben ser reconvertidos para el resguardo de contagiados; el control obrero de monopolios farmacéuticos; la contratación inmediata de personal de salud bajo turnos de 4 horas sin afectar el salario, el pase a planta, reducción de jornadas laborales, protocolos de higiene y testeos masivos a la población. Más que nunca, Fuera Piñera, Asamblea constituyente libre y soberana. LEER MÁS El colapso encima de la crisis sanitaria

15 de junio de 2020
La Nirva: “Este es el camino, tenemos confianza”

Las trabajadoras y trabajadores de la fábrica La Nirva, ubicada en Lomas del Mirador, partido de La Matanza, se encuentran actualmente en asamblea permanente dentro de la fábrica. La permanencia es el resultado de varios meses de lucha por el pago de más de ocho meses de salarios adeudados. Los trabajadores impulsaron un fondo de lucha, su causa ha sido abrazada por los vecinos, varias organizaciones sociales y sindicales del distrito. El sábado nos acercamos a la fábrica para bridar nuestro apoyo y charlamos con tres trabajadoras, Roxana, Marta y Gloria, quienes nos comentaron su situación. ¿Cuánto tiempo hace que trabajan en la fábrica? Roxana : Yo hace 5 años que trabajo en la fábrica. Soy de las más nuevas y la verdad es que, durante esos años, trabajamos y vivíamos bien, pero desde que vino este hombre [Matías Pérez Paradiso, dueño de la fábrica], ahí empezó todo mal. Vino a fundir la fábrica. ¿Cómo es su situación familiar? ¿Cómo lo están viviendo? Roxana : Yo tengo a mi marido, que también trabaja, pero no quiero perder mis ingresos, mi fuente de trabajo. Hay compañeros que la están pasando mal, que no tienen para darle de comer a sus hijos y la verdad eso me pone muy mal. Gloria : La mayoría de las compañeras son sostén de familia, no tienen otro ingreso. Yo tengo a mi hijo que tiene 18 años, pero depende de mí, el año pasado terminó el secundario. En mi caso, mi pareja me está bancando los gastos, él me apoya. ¿En qué situación se encuentra el conflicto? Roxana : Estamos haciendo guardias y el lunes tenemos una asamblea dónde vamos a definir los pasos a seguir. Este es el camino, tenemos confianza. Entre todos yo sé que vamos a salir adelante, que vamos a hacer muchos alfajores, que se va a vender. Por ahí esto de la pandemia nos atrasa un poco pero ya se va a terminar esto, no va a ser para siempre. Gloria : Es el día a día, todos los días va surgiendo algo nuevo. El otro día vino la policía. Ayer fuimos a la fiscalía por la denuncia de desalojo, pero por el tema de la pandemia está cerrada, así que quedó en la nada. Mantenemos la reja cerrada por seguridad. El otro día vino el dueño e ingresó, lo filmamos y vieron la reacción de las compañeras que le gritaron de todo. Él se creyó que iba hacer acá lo mismo que en otro lado y se encontró con nuestra resistencia. ¿Tienen contacto con otras fábricas? Gloria : Hablamos con cooperativas y fábricas recuperadas, vinieron, nos dieron charlas. Una de laboratorio, aceitera, Mielcitas, vinieron a contarnos su experiencia. Conocimos a un montón de gente que nos acercó su solidaridad, fuimos al centro y a varias marchas. ¿Qué rol tuvo el sindicato? Gloria : El sindicato nunca nos apoyó, en ningún momento apareció, sólo el día que entramos. Marta : Ni siquiera se acercó para darnos un vaso de agua, o preguntar si necesitamos algo. Las chicas llamaban y decían “ya vamos a ir” y nada. Hay compañeras y compañeros de alto riesgo y durante el acampe estaban afuera, de día de noche. Llegamos hasta acá con la gente que se acercó a ayudarnos a darnos donaciones de dinero, mercadería. Hacíamos cosas para vender bizcochuelo, tortilla. Le agradecemos mucho a la gente que se acercó y nos dio una mano y se siguen acercando. ¿Cómo ven la situación general del país y de los trabajadores? Marta : Hay muchos conflictos que dicen basta de despidos, porque con el asunto de la pandemia la mayoría de los empresarios y patrones no nos defienden, nos dejan en banda. Todos somos gente y tenemos familia que mantener, ellos piensan para el bolsillo de ellos, no para el lado de nosotros.

15 de junio de 2020
Por la reincorporación de las compañeras del Centro Médico Talar

En la Clínica “Centro Médico Talar”, de Tigre, las compañeras elegidas entre los propios trabajadores para ser sus representantes gremiales -ya que los delegados de los sindicatos brillan por su ausencia- fueron despedidas cuando estaban desarrollando una serie de reclamos por la provisión de insumos y equipos de protección personal, ya que la clínica empezaba a tener casos entre los trabajadores. Como ocurre en todas las instituciones de salud, el abandono es total, dejando expuestas las vidas de los médicos y enfermeros. Finalmente pasó lo que era previsible: 36 confirmados de covid-19 y otros tanto aislados. Por esta lucha, que encabezaron las compañeras, en defensa de sus compañeros, la patronal reaccionó despidiendo a Alejandra y Ruth. Antes, la patronal las había intimado, por carta documento, para que se rectificaran y limpiaran el "buen nombre" de la empresa. En la empresa rige un sistema de trabajo que los trabajadores llaman "el diezmo". Consiste que los enfermeros deben “regalar” 7 horas de trabajo, cada dos meses, para realizar las guardias los domingos. Si el trabajador se niega, puede ser sancionado o sujeto a descuento salarial. Nada de esto pasaría si no hubiera un sindicato cómplice, ATSA, que bloquea toda organización e inactiva de los trabajadores. Es vox populi entre los trabajadores que cualquier denuncia que se realice ante el sindicato, la patronal se entera a los dos minutos. Por la reincorporación de las compañeras, por los equipos de protección personal, por los insumos, por el pago de salarios adeudados. Convocamos a todo el activismo a hacerse presente en la convocatoria del martes 16, a las 10, en la puerta de la clínica ubicada en Hipólito Irigoyen 2717 (197 y Panamericana).

15 de junio de 2020
Femicidio de Carla Milens en Pilar: 9 años de impunidad

El 12 de junio se cumplieron 9 años del asesinato de Carla Milens, una joven que desapareció cuando salía de trabajar en el Bingo Oasis, de Pilar: Su cuerpo fue encontrado a metros de su casa, en el barrio El Manantial, golpeado y quemado. Hasta el día de hoy, no hay acusados ni imputados por el crimen. El día anterior a su asesinato, Carla cumplía 19 años. Ese domingo, salió de trabajar y fue a la casa de su novio, quien declaró haberla acompañado hasta la parada del colectivo de regreso a a su hogar, pero nunca llegó. La encontró su hermano, a metros de su casa, en la planta alta de una obra en construcción abandonada. La mataron de forma salvaje: la apuñalaron, la remataron con un piedrazo en la cabeza, la prendieron fuego y tiraron su cuerpo en dicho lugar. Pero apenas 72 horas después del crimen, en un hecho inédito, la Municipalidad de Pilar destruyó la casa y limpió la escena, eliminando todo tipo de evidencias y pruebas, a raíz de un supuesto pedido de los vecinos del barrio. Sin embargo, uno de ellos reconoció que les hicieron firmar papeles luego de haber pasado las topadoras. El autor de la demolición fue el secretario de Obras Publicas de aquel entonces, José Kastelic, con el aval del intendente Humberto Zuccaro. El secretario de Obras fue imputado por falsificar las firmas de aquellos vecinos que "pidieron la demolición", pero nunca tuvo un juicio por el encubrimiento del hecho. El entonces concejal por la oposición, Gabriel Lagomarsino, hizo una acusación sobre el hijo del ex intendente "Quique" Zúccaro como uno de los autores del crimen (Infonews, 3/10/13). Zúccaro gobernó Pilar durante 12 años, tiempo que tuvo para entablar negocios con jueces y fiscales que no hicieron otra cosa que dilatar el caso al punto de no tener ni un solo imputado en la causa. Los padres de Carla se mantienen firmes exigiendo justicia. En 2017, se encadenaron al municipio exigiendo respuestas que nunca obtuvieron. El papá de Carla, Claudio Milens, en ese momento, denunciaba que “los escombros se siguen revolviendo. Eso lo puede hacer solo una topadora”. Analia Palatnik, la madre, afirmaba "todo fue mal hecho desde el principio. Durante las pericias a mi hija la cepillaron y después hicieron la autopsia y su ropa estuvo un año en la comisaría, sin usarse como prueba" (Perfil, 1/10/12). En 2018, José Kastelic fue citado a declarar por falsificación, pero no se presentó. El estado, representado en el poder judicial y en el poder político, son los garantes de la violencia a las mujeres trabajadoras. El hecho de Carla, como el de Luna Ortiz, desnuda a un estado que se nutre de las peores aberraciones para sostenerse, siendo funcional a la impunidad de una determinada clase social. El carácter de clase del estado no lo cambiará ninguna reforma ni ninguna "ley Micaela". No se trata de un problema cultural o de “formación” de los funcionarios del Estado: es un entramado corrupto, en el cual las mujeres valemos lo mismo que un envase descartable, al que debemos tirar abajo. ¡Justicia por Carla! El Estado es responsable.

16 de junio de 2020
Deuda Externa: Argentina es Vicentin

Al vencimiento de los “acuerdos de confidencialidad” entre el gobierno y los acreedores, se han filtrado las alternativas, de una y otra parte, de la negociación en curso. La nueva oferta argentina eliminaría el escaso descuento o quita sobre el capital de la deuda que Guzmán pretendió conseguir; duplica los intereses ofrecidos inicialmente, y también reduce el plazo de gracia, para reanudar los pagos en 2022 y no en 2024, e incluso adelantaría un pago extraordinario por los intereses que vencen en lo que resta del año. Para redondear la jugosa factura, ofrece un bono que se pagaría de acuerdo a la evolución de las exportaciones agrarias. Con estos procedimientos, en lugar de una reducción de la deuda tendríamos un aumento, porque los intereses que se postergan se capitalizan, o sea que pasan a rendir interés, y porque se suma una deuda nueva, atada al comercio exterior. La novedad de estas horas, sin embargo, es que los bonistas no se declaran conformes con esta contraoferta. Aunque se dan cuenta que Argentina les pasa a deber más que antes y a pagar una masa mayor de intereses, tienen puesta su mirada en el llamado “valor presente”, que se refiere a cuánto va a cotizar la deuda en el mercado al día siguiente del acuerdo. Para subir ese valor, que les permitiría ganar dinero vendiendo los títulos en forma más o menos inmediata, reclaman también el pago de los intereses de todo el año, aun cuando durante las negociaciones se pagaron 4000 millones de dólares que debían haber quedado suspendidos. Una fracción de los bonistas, además, que tienen vencimientos de deuda más próximos, reclaman una reducción todavía mayor del período de gracia. Algunos periodistas especializados sugieren que al menos dos de los tres comités de bonistas se han coaligado en sus reclamos, lo cual compromete poder alcanzar el número de adhesiones para finalizar el acuerdo. Mientras tanto, el gobierno se apresta a pagar este viernes la friolera de 130 mil millones de pesos del BoPoMo (Bono de Política Monetaria), a la espera del inicio de la renegociación de deuda contratada en el mercado local. El BoMopo tiene como principal acreedor al fondo internacional Pimco. Atado a las exportaciones Todo este juego de concesiones diarias a los acreedores ha creado una crisis en el gobierno. La posibilidad, ahora, de un ´bono atado a las exportaciones´ levantó en pie de guerra a las patronales agrarias. Presumen que el pago de este bono se hará con las divisas que generen las retenciones a la exportación, haciendo efectiva la consigna de Verbitsky y de la ‘academia de izquierda’, de que la burguesía local pague la deuda internacional. Es lo que ocurrió bajo el gobierno de NK y CFK, aunque no hubiera un bono/exportación. En verdad, estaríamos ante una transferencia automática de esas retenciones a los bonistas. Es lo que ocurre con la provincia de Chubut, donde el pago del bono externo “atado a las regalías”, tiene lugar en forma automática, a través de una transferencia entre cuentas bancarias. A los trabajadores debería preocuparles todavía más, por la posibilidad de que el capital agro-exportador sea compensado mediante devaluaciones regulares del peso. La estafa que se apresta a convalidar el dúo Fernández-Guzmán supera las advertencias que hizo el FMI, cuando dijo que la deuda argentina es insustentable. Todo el mundo admite que el nivel de deuda que se está pactando es insostenible, no ya para los trabajadores, sino -de acuerdo a las proyecciones macro-económicas- para Argentina. La cuenta se complica, finalmente, con el mismísimo FMI, del cual el gobierno debería obtener el apoyo financiero para hacer frente a lo que estaría por firmar. Es lo que viene enseguida, cuando comience la negociación por la deuda de 44 mil millones de dólares con el organismo que dejó Macri. La contrapartida será exigir un ajuste aún más brutal que el que está en marcha. En la fila de los acreedores se ponen ahora el Banco Mundial y otros, cuando haya que arreglar con ellos la deuda que Vicentin le deja al estado nacional, por vía de una expropiación – unos $33 mil millones de pesos, o 470 millones de dólares, más o menos. O el nuevo juicio que enfrenta YPF en los tribunales de Nueva York, por 3 mil millones de dólares, y que puede llegar a 12 mil millones. Decir que para hacer frente a toda esta monumental factura el gobierno tiene cerrados los mercados financieros internacionales, es un eufemismo. En el paquete, es necesario incorporar la deuda externa privada, que sabemos que los capitalistas no pueden o quieren pagar, sino refinanciar, o sea, patearla hacia adelante. En Argentina el capital enfrenta una bancarrota insuperable, más aguda que la que afecta al conjunto de la economía mundial. Llamamos a denunciar esta negociación, peor que la que hizo Macri con los fondos buitres en 2016, y a reclamar la ruptura. El ministro Guzmán se tiene que ir. Es necesaria una campaña y una movilización política. La deuda externa es una estafa. No al pago de la deuda pública financiera, local e internacional. LEER MÁS Vicentin, la crisis política y los trabajadores y la izquierda VER MÁS Entrevista a Jorge Altamira, sobre Vicentin y la situacion politica. 13/06/2020

16 de junio de 2020
Vicentin, la crisis política y los trabajadores y la izquierda

La cuestión de Vicentín ha dado en las últimas horas varias vueltas de tuerca que, por cierto, no serán las últimas. Después de su reunión con los directivos de la cerealera, el gobierno ratificó la decisión de expropiar la empresa, aunque no dio a conocer todavía la ley que habilita la expropiación. Por otro lado, como la empresa se encuentra concursada, son muchos los que sostienen que la ley sería inconstitucional – el avasallamiento de un poder por otro. No es indiferente, entonces, que el gobierno haya protegido la intervención con una autorización del juez de la causa. La ley de expropiación deberá dejar en manos de los tasadores públicos el resarcimiento económico que establece la Constitución, lo cual será parte de otro tramo de la crisis política, dada la presencia de acreedores de fuste, como el Banco Mundial y otros extranjeros, por 35 mil millones de pesos, y el Nación, y la Cooperativa Agraria y productores por más de 50 mil millones. En las últimas horas, trascendió que ese grupo de bancos internacionales, liderado por el Banco Mundial, estaba haciendo su propia investigación, que no se limita al concurso judicial, sino al procedimiento llamado “discovery”, que es hurgar las tenencias de Vicentin y sus accionistas en todo el sistema financiero internacional, incluido los paraísos fiscales. El grupo Vicentin, ante esto, ha renunciado al secreto fiscal y comercial. Así las cosas, la expropiación ha desatado un amplio frente de oposición, que se filtra al interior del propio gobierno. Al menos medio gabinete del gobierno de Santa Fe se opone a la expropiación; en el de Córdoba hay un silencio ensordecedor. No debe sorprender, entonces, que el gobierno está raspando la olla para conseguir el quórum y los votos para la expropiación, y que el escenario político aparezca cada vez más incierto. En oposición al proyecto oficial se ha articulado un bloque que incluye a Lavagna, al Frente Cívico Social de Santa Fe (socialismo-UCR) y probablemente al massismo. Contigiani, un diputado del PS ligado a la Federación Agraria, presentó un proyecto de expropiación alternativo, que prevé la formación de una sociedad mixta, donde el Estado capitaliza sus acreencias en la firma y toma su control, pero sin prescindir de la patronal de Vicentin. Para ciertos ‘agitadores’ encumbrados, como los periodistas Pagni y Billoti, “Alberto se sacó la máscara” o, más moderadamente, se acabó el palabrerío ‘anti-grieta’ - Argentina vuelve a la “guerra gaucha” o a la ‘guerra civil’ que arrancó con la 125. Esto implicaría una crisis en el comando político de la cuarentena – el trío Larreta-AF-Kicillof. Entuerto político Más allá de la cuestionada viabilidad parlamentaria o constitucional de este proyecto ´alternativo´, lo cierto ha dado paso a una fractura al interior de la coalición oficial. Perotti podría alinearse con la variante de Massa-Lavagna-Contigiani, y parece suceder lo mismo con el ministro de Agricultura, que salió a decir que “se enteró por los diarios de la expropiación”. La injerencia de los bancos internacionales, a su turno, cruza la crisis con la cuestión de la deuda, aún irresuelta. Los jinetes del ´proyecto alternativo´ especulan con asestarle un golpe a la fracción kirchnerista del gobierno. Ello no significa, de ningún modo, que tengan las cartas para resolver la crisis de Vicentin. Este entrevero de intereses condiciona la forma y el alcance de la expropiación. Quienes la apoyan, en las cúpulas de los sindicatos, cometen por lo menos un error de apresuramiento. El reemplazo de una gestión capitalista que ha quebrado, por otra gestión capitalista interesada en salvar los intereses comprometidos, no es una salida para los trabajadores – ni inmediata, ni menos de conjunto. Que se convoque a un plenario de delegados electos de todas las empresas afectadas, acompañado de la discusión de un pliego de reivindicaciones frente a esta crisis. El Frente de Izquierda ha presentado un proyecto de expropiación sin pago, que obviamente no tendrá tratamiento parlamentario, y sólo podría ser viable bajo el capitalismo y su estado y gobierno, en circunstancias excepcionales. El oficialismo necesita sus votos para sacar el proyecto que sea. La izquierda también debería convocar a un plenario de delegados electos, que esté abierto al movimiento obrero dispuesto a elegir delegados por la base. LEER MÁS Deuda Externa: Argentina es Vicentin VER MÁS [VIDEO] Entrevista a Jorge Altamira, sobre Vicentin y la situacion politica. 13/06/2020

16 de junio de 2020
Vicentin en Córdoba

La Voz del Interior, el principal diario cordobés, asegura que la “estrategia de Schiaretti es no hablar del tema Vicentin” (LVI, 10/6), porque habría quedado “en una incómoda encrucijada: no podía votar en contra de la voluntad del Gobierno nacional, por la dependencia financiera de la Provincia, pero respaldar la expropiación significa enfrentarse con el sector agropecuario y el grueso de la clase media cordobesa, vital en el caudal electoral del PJ provincial” (LVI, 11/6). El gobierno cordobés tiene una deuda de más de 170.000 millones de pesos (la mayoría nominada en dólares) y un déficit fiscal anual similar. “Schiaretti actúa en defensa propia, más que en favor de la intervenida empresa santafesina. No obstante, no marcar claras diferencias con la Casa Rosada es un reflejo de la debilidad política de Schiaretti. También, de la dependencia económica de su gestión respecto del Gobierno nacional” (LV 12/6). “El fin del ´cordobesismo´”, lo tituló La Voz del Interior. Pero también Roberto Urquía -dueño de Aceitera General Deheza -, uno de los primeros grandes empresarios en apoyar a Fernández, ha decidido "no hablar de este tema [Vicentin] por ahora" (LN, 14/6). Vicentin y el agro cordobés El 27 % de los acreedores de Vicentin se encuentra en Córdoba. Se trata de 518 proveedores rurales por un monto de 5.200 millones de pesos. La lista la encabezan Monte Maíz con 563 millones de pesos, Justiniano Posse con 450 millones y Marco Juárez con 400 millones. Pero también se destapó en estos días que “el grupo cordobés Navilli [es] otro gigante del agro con una deuda multimillonaria” (LV, 11/6). El grupo de Laboulaye, que produce el aceite Cañuelas y las galletitas 9 de Oro, posee una altísima deuda impagable. “Este grupo es propietario de las firmas Molinos Cañuelas y Compañía Argentina de Granos (CAG), que, en conjunto, registra un pasivo, al pasado marzo, de 28.237,1 millones de pesos con una docena de entidades financieras” (ídem). El 54 por ciento de la deuda del Grupo Navilli con los bancos está en la categoría de alto riesgo y el 46 por ciento restante se considera directamente incobrable. La diferencia con Vicentin sería que Navilli concentra su pasivo incobrable en entidades crediticias y no registra cheques rechazados, es decir, que no tiene compromisos impagos con sus proveedores. Pero eso explotará en el momento que se produzca una eventual quiebra. El Banco Macro ya le pidió la quiebra a Molinos Cañuela en marzo (LN, 14/6). Al igual que Vicentin, el mayor acreedor es el Banco Nación, al que Navilli debe 7.171 millones de pesos en grado 4 (“alto riesgo”). El Banco de Córdoba, por su parte, suma acreencias por más de 600 millones de pesos en grado 5 (“incobrable”). La burguesía de Córdoba se encuentra atravesada por una crisis de deudas generalizada. A pesar del silencio ordenado por el gobierno cordobés, la crisis ya ha iniciado. A diferencia del gobierno, que prefiere callar, el avispero sojero se ha revuelto. Esto explica que Marcelo Huergo, editorialista de Clarín Rural, defienda la “expropiación” para que el estado les pague a los productores, amenazados con verse arrastrados a la quiebra. Sin embargo, el diario La Nación (14/6) da cuenta de que la decisión de avanzar con la expropiación ha generado un clima de inquietud en “el campo”, lo que dio origen a una movilización rural en la ruta 5, en Salliqueló. “En este contexto, la Sociedad Rural de Jesús María, Córdoba, también se declaró en estado de ´alerta permanente´ por la situación creada en torno de Vicentin (...) ´Velaremos por nuestros derechos y la propiedad privada, buscando el apoyo de la sociedad, las fuerzas vivas y representantes de diversos estamentos`, remarcó la Rural de Jesús María”. La expropiación de Vicentin es un intento de salvataje por parte de un Estado también quebrado y a punto de suscribir un acuerdo con los bonistas internacionales que colocará el presupuesto nacional en la picota. La crisis de Vicentin exhibe un hundimiento de la burguesía en su conjunto. La crisis planteada con los agroexportadores -cuyo origen es anterior a la pandemia- ofrece dos conclusiones importantes para los trabajadores. La primera, de orden práctica para los trabajadores cordobeses cuyas luchas, por estos días, se manifiestan en las calles , es asumir la magnitud de lo que enfrentamos los explotados. Es esencial la coordinación y un congreso de trabajadores que plantee una estrategia histórica de los explotados. La segunda conclusión nos marca el rumbo. Mientras la pandemia nos demuestra que este régimen social no es capaz de utilizar el conocimiento y el desarrollo científico acumulado en más de 400 años para centrar todos los recursos en la defensa de la salud y la vida; con la alimentación ocurre otro tanto, ya que toda la riqueza social es dilapidada por el accionar capitalista . Necesitamos un régimen de planificación en manos de los trabajadores: el socialismo. LEER MÁS Deuda externa: Argentina es Vicentin VER MÁS [VIDEO] Entrevista a Jorge Altamira, sobre Vicentin y la situacion politica. 13/06/2020

16 de junio de 2020
San Isidro: Posse no paga salarios a los árbitros municipales

En San Isidro, el intendente Posse adeuda tres meses (abril a junio) de salario a más de 30 árbitros que dirigen en los torneos municipales de fútbol. Como las competencias están suspendidas, los funcionarios decidieron no pagarle sus salarios y dejarlos sin obra social. Y pensar que hace un año exacto, el intendente Gustavo Posse, salía en los medios a decir que los 290 mil pesos que él cobraba no le alcanzaban para vivir. Muchos árbitros se manifiestan furiosos por la situación. No solo no le pagan sus salarios, sino que además les niegan cualquier tipo de ayuda (caja de alimentos, bono extraordinario, etc). Tampoco hay certezas sobre el cobro del aguinaldo. El olvido sobre los árbitros en la liga san isidrense viene de hace tiempo. No les brindan la ropa y elementos necesarios, cobran por módulos (partidos) a mes atrasado. Los viáticos (en negro) están a cargo de los clubes ($500 por jornada). Si se suspende una jornada y, por lo tanto, no pueden dirigir varios partidos, se quedan sin cobrar los módulos correspondientes. Trabajan a destajo. Hay árbitros que llevan años ejerciendo, incluso décadas, pero el municipio no los pasa a planta permanente. Recientemente, dos árbitros - Juan Sebastián Cocuzza y Jacqueline Albornoz- han presentado un recurso de amparo contra la municipalidad de San Isidro e IOMA (Expediente 27616). A las irregularidades antes mencionadas, agregan un panorama negativo para los árbitros, ya que el torneo municipal probablemente se suspenda en lo que resta del año y no creen que el municipio cambie su postura ajustadora. Quienes conocemos la situación edilicia y los recursos disponibles de los clubes de barrio, sabemos que difícilmente puedan lograr un mínimo protocolo sanitario posible. Por lo pronto, ante la presentación judicial, IOMA debió dar marcha atrás y atenderlos. Desde las contundentes huelgas en Colonia Santa Rosa en Salta, marchas en Córdoba de más de 3 mil municipales hasta los trabajadores de Tigre y San Fernando como experiencias más cercanas observamos grandes reservas de lucha organizada por los trabajadores de los municipios. Ante tal situación, llamamos en San Isidro a los trabajadores municipales del deporte, espacio público, salud, etc, perjudicados con el accionar de un gobierno ajustador, a organizarse en asambleas, votando un pliego de reclamos en común. Por el pase a planta permanente de los trabajadores temporales. Basta de trabajo a destajo. Por un bono extraordinario de 30 mil pesos. Por el cobro de los salarios adeudados.

16 de junio de 2020
Crisis de Covid en Salud Mental de la Ciudad
Tribuna de Salud CABA

Los trabajadores del Hospital Moyano convocan para este miércoles a una asamblea general -en Brandsen y avenida Carrillo- donde se discutirá el curso a seguir ante la delicada situación en que se encuentran los trabajadores de las instituciones de salud mental ante la pandemia. Se llevan registrados una treintena de casos en el Hospital José Borda; contagios entre, al menos, 22 trabajadores y 4 pacientes en el Hospital Moyano -incluida una interna que falleció-; y tres casos comprobados y varios a confirmar en el infanto juvenil Tobar García. Los trabajadores reclamaron una y otra vez insumos de bioseguridad y protocolos que los protejan. Avanzaron a fuerza de asambleas, a pesar de las reticencias de las autoridades hospitalarias y de Humberto Persano, titular de la Dirección de Salud Mental del Gobierno de la Ciudad. Tuvieron que apelar a la Justicia para que se les provea el equipamiento indispensable. El costo de no oír los reclamos de profesionales y trabajadores de la salud mental está a la vista. La cadena, como siempre, se rompe por el eslabón más débil: es el caso de los sectores tercerizados sin ningún tipo de protección. Los contagios comenzaron por limpieza y mantenimiento y se propagaron al personal de planta y también a los pacientes. En los hospitales de salud mental, en general, los internos no están postrados. Deambulan por los espacios comunes, por los pabellones y el parque, y comparten salas, baños, cantinas. Es impensable que cumplan el distanciamiento físico que bloquea o limita los contagios. Esto potencia peligrosamente la circulación del virus. Los trabajadores hoy están luchando por dos cuestiones fundamentales. Primero, por los equipos completos de alta seguridad para poder ingresar al hospital con el menor riesgo posible. Segundo, por un testeo que abarque a la totalidad de los pacientes y el personal. Hace dos semanas atrás, el gobernador bonaerense Axel Kicillof atacó el reclamo de los testeos masivos. Ahora, el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reconoce que se debería haber empezado antes con los testeos. Recientemente, las autoridades del hospital Moyano han destinado el pabellón Bosch 2do para atender a pacientes con covid del mismo hospital. Bajo estas circunstancias, es un factor que agrava la crisis. También han aceptado la internación de pacientes para liberar camas en los hospitales generales. Todo esto sin reforzar los planteles de personal en los distintos servicios donde ya se siente el agotamiento. Persano, el director de Salud Mental es responsable del descuido sistemático de pacientes y trabajadores. Por eso los trabajadores piden su renuncia. La asamblea convocada en el Hospital Moyano es una alternativa para que los trabajadores de todos los hospitales de salud mental se encuentren y elaboren un plan de lucha por el conjunto de sus reivindicaciones. Desde Tribuna Salud planteamos: • Garantizar equipos de alta seguridad para todo el personal, monitoreados por una comisión de control votada por los trabajadores de cada hospital • Testeos regulares para el personal y los pacientes • Un protocolo discutido por trabajadores de todos los sectores • Personal para reforzar los servicios • Bono de salud YA para todos los trabajadores sin distinción ni atadura al presentismo • Reapertura de paritarias. Salario igual a la canasta familiar • Pase a planta de todo el personal tercerizado.

16 de junio de 2020
ATE no avala el protocolo de regreso al trabajo
Delegadxs de ATE INTA

Durante la primera semana de junio se llevaron adelante distintas reuniones de la delegación de la CYMAT Nacional del INTA con el objetivo de elaborar un protocolo para garantizar el retorno “seguro” al trabajo. Desde ATE participamos realizando importantes aportes y debates sobre el borrador de Protocolo presentado por las autoridades. Como gremio hicimos un conjunto de planteos respecto a la propuesta institucional del Protocolo que se estaba tratando, la entendimos como un reglamento que pone énfasis en el cumplimiento de los trabajadores de forma individual y que el INTA no toma casi ningún compromiso institucional real respecto a su obligación como empleador para garantizar las condiciones adecuadas para un retorno seguro al trabajo. Entre otras falencias importantes, podemos mencionar que la propuesta no consideraba a la totalidad de los trabajadores, tampoco especificaba los recursos económico-financieros ni recursos humanos especialmente designados para las tareas que se desprenden de ese Protocolo. El protocolo real El día miércoles 3 de junio en la reunión nacional de CYMAT hicimos la consulta sobre la veracidad de un trascendido acerca de que un importante miembro de la conducción del INTA, y que actualmente es el responsable del equipo que viene desarrollando tareas de diagnóstico de COVID en INTA Castelar, había contraído la enfermedad. Las autoridades máximas presentes negaron tal hecho. Desde ATE en su momento ya habíamos elevado nuestras preocupaciones y solicitada información que nos fue otorgada a destiempo, cuando ya habían comenzado las tareas de diagnóstico. Finalmente, ante nuestra insistencia, las autoridades tuvieron que reconocer los trascendidos. Es decir, confirmamos que el INTA tenía conocimiento de esta situación desde el viernes 29 de mayo y que este hecho había sido ocultado expresamente a nuestro gremio y al conjunto de los trabajadores del INTA no involucrados en la tarea de diagnóstico, quienes se fueron enterando de esta noticia por otras vías en los días sucesivos. También hemos corroborado que la población de los barrios aledaños al INTA estaba al tanto de esta noticia Conclusión A nuestros reparos y argumentos iniciales se suman el ocultamiento de información y la duda que nos generan las conductas asumidas por las autoridades del INTA; porque no avalamos este tipo de proceder, que a todas luces nos parecen grave y de mala fe, es que tampoco vamos a avalar el Protocolo propuesto en ese marco, por inaceptable. Para nosotros esta situación no es nueva, es una forma habitual de proceder de las autoridades del INTA. La actitud histórica es que el trabajador es el culpable de su propia desgracia y que el INTA no tiene ninguna responsabilidad. El ejemplo más claro es el de nuestro compañero Diego Soraire, que viene siendo culpabilizado por su propia muerte, en una explosión también en INTA Castelar en septiembre del 2016, sin que se haya determinado ninguna responsabilidad institucional. Sabemos que el relato institucional se fundará en no asumir que se produjo una fuga en los laboratorios de Castelar y apuntará a instalar que ‘el contagio se produjo afuera’. Al día de hoy, el INTA y sus autoridades continúan bloqueando la información a la opinión pública, violando disposiciones y resoluciones nacionales. Esto también pone de relieve lo endeble que es la actual inclusión de COVID19 como enfermedad profesional no listada, ya que su reconocimiento está condicionado a que se demuestre que se contrajo en el lugar de trabajo. Ya vemos en este primer caso positivo cuál va a ser el proceder institucional: decir que se contagió afuera, aún en los casos donde la exposición a los riesgos de contagios es obvios y evidentes. En definitiva, rechazamos este Protocolo porque no confiamos en que la institución tenga como prioridad velar por la salud y seguridad de sus trabajadorxs. Esta tarea debe ser asumida por los trabajadorxs en su conjunto y organizadxs, controlando que se cumplan las medidas, que haya insumos y elementos de protección personal necesarios y, en última instancia, NO acatando la orden de vuelta al trabajo si estas condiciones de seguridad no están dadas.

16 de junio de 2020
“Y mientras tanto el sol se muere”

Sergio Lanaro perteneció a ese selecto grupo de compañeros que representa la honestidad “a prueba de balas”. Ninguna circunstancia personal la quebraría. Un ejemplo de superación frente a la vida. Nació en el seno de una típica familia obrera en la “República de la Sexta”, un barrio del sur de Rosario. Su padre vino desde Italia. Así como todo obrero, trabajó duramente de albañil para sostener a su familia con dos hijos. Sergio incorporó el clasismo desde muy joven, comenzando a trabajar antes de los 18 años, en un pequeño taller metalúrgico. El Flaco, como todos los conocidos le decimos cariñosamente, se interesó por el arte, la música y las visuales. En sus primeros años, cultor del rock metálico, su grupo insignia era Black Sabbath, pero también admiraba a Jimi Hendrix. Al conocernos, avanzado los ´80, coincidiríamos con el “Culto Ricotero”, yendo con alumnos incluso a varios recitales de los Redondos y luego del Indio Solari. Su figura longilínea apareció por la Escuela Municipal de Artes Plásticas “Manuel Musto” para hacer dibujo y pintura. Rápidamente El Flaco, comenzó a canalizar sus inquietudes y agudas observaciones. Así, se acopló “naturalmente” al proyecto educativo que dirigieron Osvaldo Boglione (1936-1996) y Mónica Calagari (1950-2000), su compañera y docente de grabado. El Negro Boglione me pidió, finalizando los ´80, que armara un taller pedagógico-didáctico, lo que denominamos cariñosamente “la incubadora” de ese proyecto. Se trataba de tomar la posta educativa, adaptada, de lo que fue ese hito histórico que todos conocemos como “La Vigil”. Así comienza mi relación estrecha con Sergio. Primero como mi ayudante en Dibujo, luego como docente en este y en el Taller de Pintura. Varios docentes en la actualidad, vienen de la “incubadora” del Negro Boglione. Dos trabajos Su capacidad y responsabilidad, hizo que fuera cambiando de distribuidoras de acero, hasta que cumpliera un rol importante en Sidersa (uno de los mayores proveedores y procesadores de insumos) de fluida relación con Siderar (ex Somisa) del grupo Techint. En La Musto, se relaciona con el Partido Obrero y comienza una militancia progresiva. En algún momento su experiencia en logística lo llevó a centralizar administrativamente al Polo Obrero Rosario, recorriendo los barrios, en esa explosión de crecimiento a partir del año 2000. Alguna vez le reclamaron desde un barrio (algo común) por la distribución de planes y comida. El Flaco, que era una máquina de precisión y honestidad, les desplegó en asamblea todos los libros con comprobantes fehacientes, los ingresos y egresos. Fin de las dudas. Así era el Flaco. La patronal de Techint terminó despidiéndolo porque siempre aconsejaba a los obreros sobre sus derechos y reclamos laborales. Su capacidad laboral lo llevó a que un cliente importante de Sidersa, lo incorporara hasta la fecha, para que se encargara del ingreso y egreso de insumos, la logística. Cuando fue incorporado a planta permanente de La Musto, trabajaba de 8 a 21. Ya no le quedó tiempo para una militancia organizada. Sergio se incorporó inmediatamente a la Tendencia del Partido Obrero por su absoluta consciencia en la defensa histórica de nuestro programa. Siguió suscripto a Prensa Obrera y luego pasó a “devorarse” Política Obrera y cuanto artículo y comunicado apareciera., aportando siempre a la organización. Organizador en las artes visuales Fue uno de los motores organizativos de un grupo de estudiantes que constituyó “ApARTE” (Agrupación por un Arte Revolucionario de Trabajadores y Estudiantes), donde confluyeron los alumnos de La Musto con algunos de la Facultad de Humanidades y produjeron murales callejeros y la primera bandera artística dentro de las filas del Partido Obrero. Hicieron una exposición memorable en el local de calle San Luis, casi Italia, a la que concurrió Eve Cossettini, la madre de Mónica, que se emocionó hasta las lágrimas con el grupo de jóvenes productores que establecieron una continuidad con la posición artística de Osvaldo y Mónica. Un detalle importante, el nombre del grupo, lo propuso luego de intercambiar opiniones con una alumna de la Facultad que no pertenecía al PO, pero que denotaba la defensa del Manifiesto por un Arte Revolucionario de Trotsky-Breton. Estos grupos, pese a la atención que podíamos darle con el Flaco (él en primer lugar), terminó disolviéndose, pero conservando la comunicación entre muchos integrantes y recalando, algunos de ellos, en los Talleres de la Musto. Sergio era una máquina, una usina organizadora. Así fue que realizó una edición especialmente cuidada del Manifiesto que vendimos entre docentes y conocidos para recaudar fondos para ApARTE. Desde hace varios años junto a otros dos docentes, Susana y José, organizaban visitas a las muestras importantes en los Museos en CABA, como el MNBA, PROA, MALBA, MAMBA etc. Dentro de muy pocos días, El Flaco hubiese cumplido 63 años. A pesar de llevar una vida sana, el doble trabajo comenzaba a “pasarle factura” en sus articulaciones, algo normal en todo laburante. Sergio que era celoso guardián de la seguridad laboral para sus compañeros. Solamente se pudo descuidar en cuarentena y en su hogar. Fatídica combinación. Con Sergio una sabía que tenía las espaldas cubiertas. Un cómplice estético impecable, un conspirador contra el orden social, por una sociedad sin explotadores ni explotados. ¡Por la revolución socialista! Seguramente muchos ex alumnos y alumnos seguirán con su ejemplo. Será difícil intentar llenar el hueco que nos dejó. Al hermano que me dio esta vida, lo despido como corresponde con un fragmento del tema que está en el título: “Te voy a encontrar En la oscuridad Algún día, pronto, una de mis vidas Va a intentar matarme y lo va a lograr ¿Cómo será andar solito allá en la muerte?” ¡Hasta la victoria siempre, compañero y hermano! (“Y sin embargo el sol se muere”, Porco Rex, El Indio Solari y los fundamentalistas)

17 de junio de 2020
Naturgy: crónica de una patronal negrera
Dote de Gas Natural

La empresa distribuidora de gas natural en la zona oeste y norte del GBA y aledaños, Naturgy S.A. (ex Gas Natural Fenosa), se mantuvo operando pese a la cuarentena, ya que la actividad que desarrolla fue declarada esencial. Sin embargo, el decreto no especificaba qué tareas dentro de la industria eran realmente esenciales y cuáles no lo eran. Esto fue aprovechado por la empresa que empezó a convocar, desde principios de abril, a trabajadores cuyas actividades dentro de la misma no cumplían un rol esencial. A otros, por lo general tercerizados, los convocó porque "... así podían cobrar algo". Todos ellos fueron sumándose a los compañeros que sí cumplían tareas esenciales como el CAU (urgencias) o mantenimiento de red, los que más se exponen al contagio al coronavirus, trabajando en los centros neurálgicos donde se concentran los casos de infectados a esta enfermedad. Ante cada jefe y en cada sector hubo que pelear para que provean en cantidad y en tiempo los elementos de protección - caretas, barbijos, alcohol en gel o lavandina. Esto porque, a tres meses de declararse la pandemia, la empresa tan solo hizo un borrador de protocolo de seguridad que no contempla las necesidades del personal. Como si todo esto fuera poco, las empresas tercerizadas aprovechan la "confusión reinante" para pagar sueldos en forma atrasada y fraccionada. En primer término, liquidan lo que las empresas perciben por ATP (Asistencia al Trabajo y la Producción) y el resto se cobra a duras penas, si es que se cobra. En el caso de Naturgy, ya estamos entrando a la segunda quincena de junio y hay tercerizados que, del mes en curso, sólo han percibido el 50%% de su salario, es decir que la patronal no puso un peso. Recién en estos días, la empresa y los sindicatos tuvieron la primera reunión para discutir las paritarias del 2020, sin ninguna novedad por ahora. Los bolsillos de los trabajadores son castigados por la carestía de productos básicos, sin que en los últimos tiempos hayan percibido alguna mejora salarial, salvo lo recibido por el cierre tardío de las paritarias 2019. Todo esto cuenta con el antecedente, ocurrido en febrero de este año, de tener tres compañeros quemados mientras intentaban reparar un caño pinchado por una máquina vial. Este suceso expuso tres cosas: Que la propia patronal impide a sus trabajadores un servicio de calidad y seguro, tanto a usuarios como a trabajadores. Las frágiles condiciones laborales de los tercerizados. El escaso plantel que hay en cada sector. Naturgy cuenta, aproximadamente, con el 60% de su personal tercerizado o contratado en la modalidad monotributistas. Todo esto potenció aún más la superexplotación del plantel porque se diezmó, debido a que hay compañeros que deben cumplir obligatoriamente la cuarentena por estar dentro del grupo de riesgo de contagio. Naturgy no es una empresa insolvente que justifique esta situación. El último año, presentó utilidades por poco más de 3.600 millones de pesos por el ejercicio 2019; fondos más que suficientes para enfrentar con solvencia la crisis del COVID, y pagar como mínimo un salario igual a la canasta familiar, sin necesidad de ninguna ATP, ni de tener a sus empleados contratados de manera ilegal e ilegítima. Es por eso, que resulta imprescindible discutir en asamblea, un plan de lucha que contemple en el reclamo paritario: 1.La efectivización del personal tercerizado. el pago inmediato de la totalidad de los salarios adeudados a los tercerizados. El ingreso de nuevos trabajadores. Una bonificación para aquellos que debieron exponerse al contagio. Que se declare la actividad, como tarea riesgosa, dado que lo es. ¡Manos a la obra!

17 de junio de 2020
Trump reconoce su bancarrota

En el mundo se está discutiendo una nueva ola de infecciones por Covid19. Incluso se afirma que la nueva ola puede producirse antes de que haya terminado la primera. En países como China se plantea una nueva cuarentena en Pekín por un rebrote en el principal mercado de alimentos de Asia (BBC, 16/6). Muchos países retrotrajeron fases (España, Italia); otros, como Gran Bretaña, volvieron atrás en la apertura de clases. Japón tuvo un rebrote en Tokio. Suecia, con su “inmunidad de manada” es un “fracaso”, según Financial Times. Boris Johnson también la implementó y fracasó estrepitosamente. Regímenes enteros no puede sostenerse sin abrir la economía al capital, y caminan al abismo en medio de una situación frente a la cual no se prepararon y no tienen medios para enfrentarla. “No podemos volver a cerrar la economía” Con 44 millones de nuevos desocupados, un estimado de más de 7% de caída del PBI para 2020 (casi 10% en caso de rebrote), y en medio de una guerra comercial con China sin descanso, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dijo: “no podemos cerrar la economía nuevamente, aunque aumenten los casos de coronavirus, porque de hacerlo, estaríamos acabados” (Político, 12/6). Trump no tiene los recursos para gobernar sin abrir la economía y, al mismo tiempo, la decisión de mandar a los trabajadores a morir en sus lugares de trabajo lo empuja a una crisis política inexorable. Los enfrentamientos que estos choques económicos y sociales suponen al interior de la propia burguesía y entre ésta y la clase obrera, plantean la perspectiva de situaciones revolucionarias. EEUU registra un aumento de infecciones diarias, particularmente en estados como California, Carolina del Norte y del Sur, Florida y Texas. “Se espera que entre 5,000 y 6,000 estadounidenses mueran cada semana por Covid-19 desde ahora hasta el 4 de julio, según los expertos” (Político, 12/6). Algunos estados reportaron picos recientes en los casos de Covid-19 a medida que las medidas de aislamiento se atemperan. En al menos nueve estados crecen la cantidad de internaciones, 22 registran crecimiento en los casos. La Dra. Deborah Birx, coordinadora de respuesta al coronavirus que aparecía junto a Trump hace unos meses, admitió el viernes que “hay algunas brasas encendidas en algunos lugares” (Político, 12/6), mientras que otros dicen que hay un “rebote” de la primera ola. La Casa Blanca tuvo que salir a responder: “No hay emergencia. No hay segunda ola ", dijo Larry Kudlow el mismo que había asegurado en febrero que EEUU había logrado contener el virus. Hoy, EEUU lidera la cantidad de contagios y muertos. Kudlow agregó que “el presidente no está dispuesto a cerrar la economía, al igual que el vicepresidente” (Fox, 15/6). “Creo que cerrar la economía podría ser peor para nuestra salud que no cerrarla”, pero se refiere a la salud del capitalismo, opuesta a la de la clase obrera. Trump no brindó los recursos necesarios para combatir la pandemia. La FDA (que regula el uso de medicamentos en el país) declaró que no usará la Cloroquina e Hidroxicloroquina en el país, un golpe contra Trump que incluso la había tomado “preventivamente”. Sin vacuna, la única salida con la apertura es que se llegue al objetivo de Johnson, la inmunidad de rebaño, para lo que al menos se tiene que contagiar del 60 al 85% de la población (NYT, 1/5). Pero con una población de 340 millones de habitantes, en EEUU sólo hay 2,1 millones de contagiados, menos del 1%. La tasa de mortalidad supera el 5%, por lo que si tuvieran que contagiarse 260 millones más para alcanzar la inmunidad de manada, la cifra intolerable de muertos alcanzaría los 13 millones. El choque de Trump con las fuerzas militares muestra que está buscando todos los recursos disponibles para mantener a raya la insurgencia social y la economía abierta, incluso recurriendo al uso del ejército en las calles. Trump no tiene salida y va a una guerra contra la clase obrera, la respuesta política del proletariado vendrá dictada por la diferencia entre la vida y la muerte.

17 de junio de 2020
Crecimiento de la pandemia, impotencia de los que gobiernan

Los casos de coronavirus siguen aumentando en el país, con epicentro en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde los focos infecciosos y el pico de contagios es cada vez más grave. En la Ciudad de Buenos Aires, casi el 45% de los casos testeados dio resultado positivo, es decir, más de cuatro cada diez, cuando según la OMS para avanzar en un control de la curva el resultado debería ser de uno cada diez testeos. En este contexto, sin embargo, el gobierno continuó avanzando en el levantamiento de la cuarentena. Según sectores de la salud, en un mes, el AMBA pasó de recibir 250 casos diarios, de los cuales seis iban a terapia intensiva, a la llegada de 1.200 pacientes diarios, de los cuales 17 o 18 van a terapia (La Nación, 16/06). Estas cifras nos colocan a las puertas de un colapso sanitario, que calculan podría estallar dentro de un mes, teniendo en cuenta que, actualmente, el 35% de las camas ya están ocupadas y que el ritmo de recuperación de quien se interna es de 28 días (Idem, 16/06). Larreta ha señalado al transporte entre capital y provincia como quid de la cuestión, ante lo cual, dijo, serán "más estrictos". Sin embargo, no se trata del rigor en los controles, sino de la apertura del período de aislamiento que obliga a la clase obrera a volver a sus lugares de trabajo. En tiempos normales, la Ciudad de Buenos Aires duplica su población durante la jornada laboral - tres millones de personas que viven en el conurbano pero trabajan en capital. Ese traslado es imposible de ser contenido si se empuja a la vuelta a la vuelta al trabajo presencial, sea por la reapertura de locales y comercios o por la presión económica que rige sobre los trabajadores informales. Mientras tanto, en provincia focos como el de Villa Azul se extienden por el conurbano, junto con el aumento de contagios en las fábricas. Las referencias a la “responsabilidad individual” rayan el cinismo, toda vez que se trata de una consecuencia de la política oficial. El aumento de casos sucede cuando a nivel nacional se ha reanudado el 85% de la actividad económica. La relación entre los dos factores es indudable. El intento de conciliar el levantamiento del aislamiento y el control del virus ha puesto en crisis al trío Fernández-Larreta-Kicillof, lo que se evidencia en el pase de facturas y los choques entre funcionarios. El capital asiste, en Argentina y en todo el mundo, a una encrucijada. En otros países, la premura por reabrir la producción está llevando a rebrotes, como está ocurriendo en China. Un régimen social que, para sobrevivir, exige que continúe la explotación de los trabajadores, es incapaz de poder abordar la crisis planteada por la pandemia. El crecimiento de casos por la apertura de la economía, de un lado, y el desmoronamiento de la economía, del otro, están alimentando el fuego de una crisis política. Se impone cada vez más la necesidad de coordinación entre los distintos sectores de la clase obrera en sus lugares de trabajo y en los barrios que deliberen un pliego reivindicativo y todo lo requerido para imponer una cuarentena bajo el control y la dirección de los trabajadores, o sea, conquistando todos los recursos que se ameritan para transitarla sin hambre, pobreza y condiciones sanitarias paupérrimas. LEER MÁS Larreta marca los términos de la nueva “cuarentena”

17 de junio de 2020
Tucumán: Bussi denunciado por abuso sexual

Tucumán es nuevamente escenario de una denuncia por abuso sexual que involucra a un integrante del poder político. Esta vez, las acusaciones apuntan al legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, el “Bolsonaro tucumano”. Hijo del genocida, Bussi (h) es conocido en la provincia por sus posiciones reaccionarias y oscurantistas. Hace un mes atrás, con motivo del debate por la adhesión a la Ley Micaela, manifestó desconocer la existencia de mujeres víctimas de femicidios. La denuncian es de una colaboradora de su partido. Acusa a Bussi de haber abierto una cuenta bancaria a su nombre sin que ella lo supiera, en la que depositó medio millón de pesos. Cuando ella reclamó ante el partido, Bussi la abusó sexualmente como represalia “y método de coacción” para que cesara en sus denuncias. El legislador, en un intento de revertir los términos, acusó a su víctima de tramar una venganza y de montar una operación política en su contra “porque es opositor”. Pese a la gravedad de los hechos denunciados, a casi 10 días de la denuncia todavía no se inició la investigación y la justicia no brindó protección a la víctima. Además, desde el gobierno no se han pronunciado y muchos medios provinciales no se han hecho eco de la noticia. Este amparo a Bussi no tiene que ver con el peso de la herencia bussista sino por sus vínculos con el gobierno provincial, de quien es aliado en la legislatura. La denuncia contra Bussi se suma a un listado en el que se encuentran José Alperovich, ex gobernador durante 13 años y actual senador nacional por el Frente de Todos; José Orellana, ex diputado nacional y actual intendente de la ciudad de Famaillá; Ariel García, ex legislador radical, y otro legislador del partido de Bussi, Horacio Vermal. El denominador común de todas estas causas es la impunidad. Casi todas se encuentran paradas porque la Justicia no avanza. Con maniobras dilatorias se asegura que estos personajes sigan ocupando cargos en el Estado y prescriban las causas. Sólo aquellos casos que se apoyan en la movilización popular logran avanzar, como ocurrió con los de Paulina Lebbos y Marita Verón. Es fundamental desarrollar una campaña por justicia para la víctima mostrando que la lucha es el único camino para lograr juicio y castigo, y sumar al conjunto de los casos de abusos impunes que involucran al régimen político.

17 de junio de 2020
Deuda: bonistas toman a Argentina por el cuello

A pocas horas del vencimiento -ya prorrogado- de las negociaciones de deuda, todo indica que el gobierno deberá pedir una nueva postergación. Se ha confirmado en estas horas que las nuevas concesiones de Guzmán no han hecho sino azuzar mayores aspiraciones de los bonistas. Los tres comités de acreedores internacionales, según se informa, han coaligado sus principales reclamos. En ese sentido, BlackRock y otros lograron que endureciera sus posiciones el comité liderado por el fondo Fintech, con fuertes intereses en Argentina (Telecom, Cablevisión, Clarín). Entre las pretensiones que se colocan ahora, están: una nueva reducción del período de gracia, para que Argentina comience a pagar en el último trimestre del 2021 y acelerar el monto de los pagos posteriores; reducir a la mínima expresión la quita de capital, y reconocer los intereses no liquidados en el 2020. Además, se mantiene el planteo de un “incentivo”, o bien ligado a las exportaciones agropecuarias, o bien a la evolución del PBI. En este punto, y según informa Ámbito, se abrió una discrepancia entre los acreedores. El fondo BlackRock reclamaría ahora volver a un “cupón atado al PBI”, con una razón muy clara: sería el pretexto para introducir desde ahora al FMI, con el pretexto de que las estadísticas de crecimiento económico deberían ser auditadas por el organismo. El monitoreo del FMI coloca la agenda del ajuste y del “plan sustentable” (para el pago de la deuda) que exigen los acreedores. Juicios futuros Pero entre las discrepancias de la mesa de negociaciones, existe una que retrata como ninguna cuál es la visión “estratégica” de los acreedores respecto de Argentina. Nos referimos al reclamo de los bonistas que detentan la deuda del período macrista, para que se elimine la llamada “cláusula antibuitre”. A través de esta disposición, y en el caso de una futura insolvencia de Argentina, los acreedores no podían litigar individualmente, ni hacerlo antes del vencimiento de capital de sus títulos. BlackRock y otros están pidiendo ahora que esa cláusula sea derogada en los bonos renegociados. La razón es clara: el valor de reventa de los bonos será otro si se facilita un futuro litigio contra Argentina, ante el previsible escenario de que no pueda pagar sus compromisos. El “valor presente”, por lo tanto, aparece asociado a la “cobrabilidad” en un futuro default. Los mismos bonistas impulsores de este acuerdo tienen claro que Argentina marcha a una bancarrota, y toman sus recaudos. El carácter entreguista del rumbo de la negociación en curso se advierte, por otra parte, en el anuncio de Guzmán de convertir los actuales vencimientos de deuda en pesos en títulos en dólares. Es lo que haría este viernes con el vencimiento de los 130.000 millones de pesos del BoPoMo, también conocido como “Bono Pimco”. El gobierno ofrecería a este fondo un ´título puente en pesos´, con el compromiso de dolarizarlo… apenas cierre el acuerdo de deuda con legislación extranjera. Lo mismo planea hacer, según informa el periodista Wende (Infobae), con próximos vencimientos de deuda en pesos. A través de estas renovaciones, el “negociador” Guzmán le está diciendo a los acreedores que el arreglo de deuda tendrá lugar a como sea, y aún en las condiciones más lesivas para el país. Es muy claro, a esta altura, que se está pergeñando un operativo económico y político de confiscación de la Argentina en beneficio de los fondos internacionales, y de la burguesía local que es socia de ellos o que es también -tenencia de títulos mediante- acreedora del país. Que se vaya Guzmán, desconocimiento de la deuda financiera pública y privada.

17 de junio de 2020
Paro nacional de la Alimentación

Con una paritaria vencida a fines de abril, el sindicato de trabajadores de la industria de la alimentación anunció para el día de mañana un paro nacional de dos horas por turno, en reclamo de que "no nos frenen la paritaria". El pedido del Sindicato a las empresas es una paritaria trimestral de un 15% en tres cuotas y la oferta de la cámara Empresaria es una suma de 4.000$ en dos cuotas y volver a negociar en setiembre. Durante la jornada de hoy se realizan asambleas en las fábricas para aprobar la medida, por lo que no se descarta que se dicte la conciliación obligatoria antes de entrar en paro, lo que les daría a las empresas 40 días más para dilatar las negociaciones. La convocatoria al paro es una expresión refractada en la dirección de la FTIA de un cuadro de luchas extendido a todo el país. El salario inicial de un trabajador del STIA ronda los 40 mil pesos, como resultado de años de negociaciones a la baja. El principal referente del STIA, Rodolfo Daer, declaró hace unos días que la situación de algunas empresas era “insostenible”. Sin embargo, Daer es parte del pacto entre la CGT y la UIA de reducciones salariales, y deja pasar en cada fábrica los planes de las empresas; por ejemplo, las reducciones salariales en Farm Frites, el cierre de Mondelez Victoria, los descuentos salariales en Lagomarsino, y la lista sigue. Todas las alimenticias continuaron produciendo desde el día 0 de la pandemia, por lo que son las menos afectadas por la crisis. Sin embargo, la paritaria está congelada y la oferta realizada no pasa de una provocación. La rama avícola de la Alimentación realizó la semana antepasada una medida de lucha con reducción de la producción a la mitad, y sus negociaciones paritarias se encuentran también trabadas por la conciliación obligatoria. Lo mismo pasa con la rama pesquera de Santa Cruz, donde la convocatoria al paro fue frenada por la conciliación. Aquí, las empresas ofrecen sumas por única vez a cambio de que el STIA se siente a negociar el salario de los trabajadores en situación de riesgo. También se encuentra en conciliación obligatoria el conflicto de las plantas de Arcor de todo el país, que le paga el 75% del salario a los trabajadores afectados por la pandemia. La paritaria nacional encuentra a los trabajadores en pleno proceso de lucha, enfrentando las reducciones salariales, la pandemia, los contagios, y el aguinaldo en cuotas. En Trelew, continua la ocupación de Fyrsa y Agropez. En Madryn los pesqueros de La ex Alpesca hicieron piquete en defensa del salario. Krachitos sigue en medida de fuerza por los salarios adeudados en ambas plantas, lo mismo que la Planta el Orden de Lagomarsino. Mondelez Pacheco paró contra la imposición patronal de arrancar a pesar de los contagios. Mientras tanto, la circulación laboral del virus no se detiene; los números se multiplican en Mondelez Pacheco y Granja Tres Arroyos Capitán Sarmiento. A la vez, aparecen nuevos casos en Alibue, en Okebon, en Bagley Salto y otras. El protocolo que se aplica, con el aval expreso del STIA, es el de las empresas: 24hs de sanitización, testeo sólo a los contactos estrechos y volver a producir. Así, los casos de multiplican, por ahorrar en los testeos necesarios. La confrontación entre la vida de los trabajadores y las ganancias de los capitalistas está abierta, y encuentra a la conducción del STIA en el campo patronal. El escenario es claro como el agua: por un lado, un gremio a la cabeza del pacto de reducciones salariales y que actúa en cada fabrica en conflicto como agente de las empresas y avala el reinicio productivo sin testeos preventivos; y del otro lado, una masa de trabajadores con inmensa predisposición a luchar por sus reivindicaciones, y que necesita más que nunca poner en pie una nueva dirección para el gremio, a la altura de las batallas que se plantean. Por un salario equivalente a la canasta familiar, por paritarios electos en asamblea, por protocolos obreros frente al Coronavirus, por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida. Con este programa propio, los activistas de la Naranja de todas las fábricas vamos al paro nacional de la Alimentación.

17 de junio de 2020
La “jornada de lucha” del Plenario del Sindicalismo Combativo

La jornada nacional de lucha convocada por el Plenario del Sindicalismo Combativo apenas logró salir de la virtualidad. Convocada luego de un plenario de activistas de las organizaciones que componen el PSC, y con algunos sectores en lucha como invitados, la jornada apuntaba a una movilización central en Plaza de Mayo y acciones en todas las plazas del país. En la Zona Norte, uno de los núcleos del proletariado industrial más importante del país, la jornada del PSC coincidía en la convocatoria con la lucha por la reincorporación de trabajadoras de la Clínica Talar, despedidas por reclamar elementos de protección personal. El eje de la convocatoria estuvo colocado en el rechazo al pacto entre la Unión Industrial y la Confederación General del Trabajo, que reduce los salarios de los trabajadores afectados a la cuarentena al 75%; el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca y el comercio exterior, y el apoyo al impuesto a las grandes fortunas presentado por los diputados del Frente de Izquierda-Unidad. El plenario que precedió a esta convocatoria no estuvo acompañado de una campaña para interesar a otros sectores del movimiento obrero, particularmente a quienes se encuentran en lucha, sino que se limitó a reunir a las organizaciones o referentes que ya forman parte del PSC. Esta metodología, que se repite acción tras acción, ubica al Plenario del Sindicalismo Combativo en el campo de la autoconstrucción: en vez de intervenir en el riquísimo proceso de luchas obreras abiertas a nivel nacional, luchando por orientarlas y promover su coordinación, el Plenario se autoproclama como una "referencia" que todavía no es -por lo menos para el extendido proceso de luchas en curso- y convoca desde un sector minoritario del movimiento obrero, referenciado en el Frente de Izquierda. Esta convocatoria estuvo especialmente compuesta por dirigentes y referentes, sin que mediara en casi ningún caso un debate en sus organizaciones. Los referentes del PSC intervienen en sus acciones con carácter personal –en algunos casos, a partir de su liderazgo en importantes sindicatos y previas acciones de lucha. Pero la participación en estos plenarios no es el resultado de una deliberación previa entre los trabajadores que representan. Tampoco se elaboró un planteo de convocatoria para difundir masivamente como volante entre los trabajadores. Esta metodología no es nueva, sino que se repite una y otra vez, a pesar de las críticas que este tipo de actividad despertaron entre algunos participantes del plenario, en distintos momentos. El avance de la pandemia en el AMBA limitó la movilización de las organizaciones piqueteras y de otros núcleos de trabajadores, por lo que la movilización central a Plaza de Mayo fue descartada y reemplazada por una conferencia de prensa de los referentes del PSC. Las acciones nacionales no salieron de este esquema acotado por la pandemia, por un lado, pero también por la política autorreferencial de las organizaciones convocantes, del otro. En oposición a esta deriva autoproclamatoria, desde nuestras posiciones en el movimiento obrero planteamos defender el método de la acción obrera, poniendo en pie coordinadoras regionales de todas las luchas, luchando por la convocatoria a un congreso obrero con delegados electos que debata un programa de salida a la crisis en curso: defensa del salario igual a la canasta familiar, defensa de los puestos de trabajo, 82% móvil para los jubilados, derogación del impuesto a las ganancias, rechazo al pago de la deuda, la nacionalización de las principales empresas del país, de la banca y el comercio exterior.

17 de junio de 2020
Los soldados y los barrios

Una crónica publicada en Clarín sobre las labores asistenciales del Ejército en villas y barrios populares traza un perfil social de los soldados que merece atención. “Una gran mayoría de los soldados voluntarios, de los suboficiales y oficiales que dan de comer a los pobres de Argentina fueron o son pobres ellos mismos. Esa gran mayoría cobra salarios de 20.000 a 45.000 pesos, por debajo o en el límite de lo que una familia necesita en la Argentina para no estar por debajo de la línea de pobreza” (Clarín, 15/6). La cronista detalla que un suboficial mayor con diez años de antigüedad cobra 46.000 pesos. Históricamente, el Ejército siempre fue la más plebeya de las tres armas, en comparación con la Armada y la Fuerza Aérea. Su “profesionalización”, tras la derogación del servicio militar, se alimentó del reclutamiento de hijos e hijas de changarines de las zonas más hundidas del interior del país y del conurbano. Un atenuante a la condición de pobreza salarial es, para estos soldados “voluntarios”, la posibilidad de vivir en el regimiento y contar con obra social. Muchos de ellos cobran un plus por destino que representa entre el 30 y el 35% de sus ingresos. Se trata de una contribución “no remunerativa”, es decir, no se contabiliza a la hora de la jubilación o del retiro. "Yo estuve del otro lado. Vengo de Laferrere. Yo veía a los militares que ayudaban en las inundaciones, y estuve en la otra vereda, por eso para mí ahora es un orgullo ayudar estando en esta vereda. Veo a la gente y me siento muy identificado porque estuve en esa situación. Retribuyo en lo que puedo" (ídem anterior), sostiene un soldado de 26 años que terminó la secundaria en el edificio Libertador y aspira a ser profesor de Literatura. La pretensión, si se quiere, “estratégica” para la burguesía de contar con Fuerzas Armadas equipadas y operativas choca con el límite infranqueable de la bancarrota del propio Estado. La situación no se modificó con Milani ni tampoco con Macri. El deterioro afecta a las tres armas, como lo probó el colapso del submarino ARA San Juan hace tres años atrás. Sin hipótesis de conflicto regionales relevantes, políticamente hipotecado por la repulsa popular a los crímenes de la dictadura, desplazado de la frontera por Gendarmería -el recurso represivo “favorito” de los últimos gobiernos-, el ejército languidecía en los cuarteles hasta que se desató la pandemia. Ahora bien, la crónica antes citada revela hasta qué punto la distancia social entre la tropa y los vecinos de las barriadas se ha vuelto prácticamente nula. Esa interacción con las familias trabajadoras encierra un componente potencialmente explosivo. La agitación en los barrios y villas debe contemplar la agitación revolucionaria sobre la tropa, convocándola a fusionar sus reivindicaciones con las de los vecinos y trabajadores, atrayendo a los soldados al campo del proletariado y sellando una unidad de clase frente al Estado. En eso consiste una política revolucionaria hacia las fuerzas armadas.

17 de junio de 2020
Destripan el aguinaldo

Ha corrido mucha agua bajo los puentes desde que en 1945 Farrell (siendo Ministro de Trabajo Juan Domingo Perón) estableció el pago del aguinaldo a todos los trabajadores. En Argentina, el aguinaldo completo duró muy poco -exactamente 23 años. En enero de 1968, la dictadura de Onganía por razones de “caja” del estado estableció el pago desdoblado en junio y en diciembre y que el mismo se abonara sobre la base del promedio de los sueldos ganados en el semestre. En 1983 Raúl Alfonsín, en medio de una brutal inflación, estableció que se pagara en base al mes mejor remunerado del semestre. Ahora, el gobierno de Alberto Fernández ha decidido destripar el aguinaldo de los estatales, pagando en cómodas cuotas. Aunque la medida empieza por los sueldos altos, se hará extensiva en provincias y municipios, y seguramente con un mayor alcance. La decisión de desdoblar el aguinaldo estatal oficiará de caso testigo también para los privados, donde ya existen 3 millones de trabajadores con suspensiones que disminuyen su salario. La decisión encuentra a las direcciones de los dos mayores sindicatos estatales ATE y UPCN apoyando fuertemente al gobierno. Las mismas han salido a justificar en los hechos que el aguinaldo se pague en cuotas: “las dificultades son absolutamente razonable por al aumento de las erogaciones del Estado en el marco de la crisis que provocó la cuarentena y la pandemia” (Declaraciones de Cachorro Godoy a La Nación 19/6). Andrés Rodríguez es la punta de lanza del propio gobierno para la firma de paritarias a la baja y el sostenimiento de la precarización en el Estado. La decisión del gobierno, como ya señalamos, va a repercutir en la actividad privada. Las patronales son reacias a pagar los medios aguinaldos, y también a pagarlo en cuotas. Pero además el aguinaldo sufrirá otra rebaja salarial producida por las medidas de la pandemia: las liquidaciones las van a realizar sobre los sueldos de febrero o enero, pues pocos trabajaron al 100% marzo, abril, mayo y junio. Que destripen el aguinaldo merece un paro general de todos los estatales. La decisión de desdoblar el medio aguinaldo afecta a 500 000 trabajadores. Es una buena razón para salir a luchar, para que no sigan hundiendo el salario de estales y privados.

17 de junio de 2020
Algodonera Avellaneda: se afirma la lucha

Los obreros de la Algodonera Avellaneda S.A. protagonizaron, el martes 16 de junio, una enorme movilización que partió del Parque Industrial de Reconquista, donde se encuentra la planta, hasta la sede del ministerio de Trabajo, donde tuvo lugar una audiencia. La columna, que recorrió las principales calles de la ciudad, fue acompañada por familiares, por trabajadores aceiteros, de la salud (SIPRUS), de la carne (Tutto Porkis en lucha), municipales, docentes y estatales, y por un conjunto de organizaciones políticas y sociales. La audiencia en el ministerio se prolongó por tres horas y media. Participaron los delegados obreros, los representantes de la conducción gremial, el Secretario de Trabajo, Pusineri, y los directivos de la empresa del Grupo Vicentin. En esta primera instancia de la negociación, los trabajadores no han obtenido respuesta a ninguna de sus demandas. Mantienen un paro total de actividades, acampe y bloqueo a los ingresos de la planta. La mesa de negociación fue reconvocada para el martes 23 de junio. Los trabajadores denuncian que se trata de un aplazamiento injustificado y reclaman el adelantamiento de la convocatoria. La patronal de Algodonera Avellaneda, del Grupo Vicentin, se escudó en los convenios nacionales firmados a la baja por la burocracia textil y algodonera, para amparar la calamidad laboral a la que somete a los obreros. Ha aludido, además, que se niega a negociar con la planta parada. Un descaro. Esta patronal paga uno de los salarios más bajos del sector ($21.000 mensuales, $116 la hora), no reconoce categorías, ni antigüedad. Ha eliminado las bonificaciones por productividad, cuando la empresa ha multiplicado los ritmos de producción a costa de la superexplotación obrera, sin detener la producción fines de semana, ni feriados, con jornadas extenuantes bajo condiciones insalubres, sin reconocer el total de horas extras, ha quitado los premios de fin de año e incluso ha dejado de aportar a la obra social desde hace más de dos meses, aunque continúa descontándolo regularmente del salario. Víctor, uno de los delegados, expresó: "decidimos salir a la lucha porque, aunque trabajamos y estamos en blanco, vivimos en la miseria, cobrando la mitad de una canasta de pobreza. Eso significa que lo que está pagando esta empresa no nos permite ni siquiera cubrir las necesidades elementales de las familias. Por eso el tema de una recomposición salarial es uno de los primeros puntos que llevamos". La conducción sindical de la AOT (Asociación Obrera Textil), cuyos dirigentes son rechazados por los trabajadores por entregadores y corresponsables por su situación, han buscado en todo momento desalentar las medidas, aun cuando son resueltas por multitudinarias asambleas de los operarios, con la concurrencia de los cuatro turnos, que reúnen a 500 obreros. Los intentos por desmovilizar por parte de esta burocracia no han tenido acogida entre los trabajadores. Se trata de una conducción puramente testimonial y desacreditada, si autoridad, ni representación de ningún tipo en la planta. Los trabajadores de la algodonera los han emplazado a no hablar en nombre de ellos y la presencia de la dirección gremial fue recibida por expresiones de repudio durante la movilización. La movilización del martes demostró el respaldo social y la solidaridad que ha recogido la lucha los obreros de la algodonera. La patronal del Grupo Vicentín opera como un feudo en la localidad. Esta lucha ha atraído fuertemente la atención de otros trabajadores de la ciudad, que ven, en la pelea de los compañeros, reflejadas sus propias situaciones. Javier Cantero, delegado de la fábrica, resaltó este apoyo creciente: "el próximo martes, cuando repitamos la movilización desde el Parque Industrial hasta la Secretaría de Trabajo, hacia la nueva audiencia, será mayor aún la concurrencia ya que seguimos sumando manifestaciones de apoyo de más trabajadores de la zona, que también quieren hacer oír sus reclamos". En el conglomerado fabril de Reconquista toma forma un proceso genuino de convergencia y organización en las bases, saliendo a la lucha con métodos de democracia obrera y asambleas, que ha hecho a un lado a la burocracia impotente con el empuje de la organización obrera para arrancar a la patronal parásita de Vicentín sus reivindicaciones. ¡Los obreros textiles y algodoneros abren con su ejemplo una senda al conjunto de la clase!

17 de junio de 2020
Cuatro semanas: un informe crítico sobre la pandemia

La relación entre el progreso exponencial de los contagios y la situación de internacionales en el AMBA proyecta, en un plazo de un mes, un cuadro de colapso sanitario. Un examen de la situación de la CABA, hospital por hospital, da cuenta de ello. En el Hospital Muñiz, la ocupación de camas ya alcanza el 60%, mientras que, en el Cemic, la ocupación es del 90%. Los hospitales Fernández y Argerich (dos de los cuatro más importantes) ya están a tope. En el Durand, los trabajadores piden más respiradores para la internación. En el Penna deben abrir una nueva sala: días atrás, una paciente proveniente del Hospital Moyano, con Covid-19, murió en un pasillo. Según datos oficiales, en el Moyano hay más de 30 contagiados y otros tantos en el Borda. Todo el personal tercerizado del Moyano está afectado, mostrando la parte más cruel de la flexibilización laboral del Gobierno y de los sindicatos cómplices. Un brote de tres contagios en el Tobar García encendió luces de alarma para los trabajadores. En los hospitales de Salud Mental, las consecuencias pueden ser irreparables. En la Maternidad Sardá, hay ocho contagios. En el Fernández, superan los 30, y según uno de los sindicatos, suman 60. Apenas por debajo se encuentra el Ramos Mejía, en situación de colapso. Completan este panorama unos 15 casos en el hospital Piñero. La primera línea de trabajadores está sufriendo todas las consecuencias de este cuadro, sobre su salud y su vida. Murió otro compañero, esta vez en el Durand: Julio Gutiérrez, de 56 años de edad, enfermero perteneciente al grupo de riesgo. Tarde le llegó la licencia a Julio y a su esposa, también personal de salud, quien se encuentra en terapia intensiva por Covid-19. Rodríguez Larreta fue a visitar el hospital y tuvo que escapar cuando los trabajadores lo increparon. Ginés García, ministro de Salud, reconoció que se debió haber comenzado antes con los testeos. Recién ahora se está testeando en el Moyano y en el Argerich, pero ya hay servicios totalmente cerrados o con todo el personal en cuarentena. En este momento, una sola persona testea una enorme fila de gente en el Argerich. Los insumos siguen siendo escasos y de mala calidad en la mayoría de los hospitales: los trabajadores deben gastar sus magros sueldos para comprar equipos. Los trabajadores del Hospital Udaondo trabajan envueltos en bolsas de nylon, para no morir. El tratamiento con plasma -es decir con sangre que contiene anticuerpos para los enfermos en peor estado- está disponible sólo en seis hospitales. Entramos en la fase crítica del pico ascendente y los insumos, las camas, los respiradores y los tratamientos no alcanzan para todos. No queremos protocolos para elegir a quien salvar. Queremos que se centralice todo el sistema de salud privado y público bajo tutela del estado. Queremos que los nuevos protocolos sean discutidos en comités integrados por trabajadores electos en asamblea de todos los servicios, porque, como se ha comprobado en la mayoría de los hospitales, todos los insumos fueron arrancados por el reclamo de los trabajadores, que no están dispuestos a resignar sus vidas y la de sus pacientes en aras de la miseria presupuestaria de los gobiernos. Queremos los kits de alta seguridad para poder seguir atendiendo. Queremos aumento de salario ya y las licencias por grupo de riesgo.

18 de junio de 2020
Estado de excepción, estado de disolución, estado de rebelión

Apenas se extendió a los países de Europa, circuló con mayor o menor éxito la tesis de que la cuarentena instauraba un régimen político de excepción. El llamado “estado de excepción” alude a un sistema de dominación que puede estar más acá o más allá de la democracia formal, porque hace referencia al desarrollo de una capacidad extraordinaria del Estado para tutelar la vida individual, con relativa independencia de las características de sus instituciones políticas. En la caracterización convergieron una izquierda que se define “plural” y una derecha que se reivindica liberal. En uno y otro andarivel se destacaron quienes convocaban a una “rebelión” contra las cuarentenas; en Argentina tuvimos una polémica en defensa de la cuarentena contra la posición contraria del FIT; más allá, encabezaron la insurgencia contra ella los Trump, Bolsonaro, el inglés Johnson, el italiano Salvini y Sebastián Piñera. El ´estado de excepción´ estaba representado, en realidad, por el campo político crítico de lo que se dio en llamar el “aislamiento preventivo”. La defensa de la libertad individual o de circulación en una pandemia, puede convenir a las clases sociales pudientes, mientras representa una condena a muerte para los trabajadores o las masas más empobrecidas. Mucho más si se tiene en cuenta la desprotección sanitaria de las mayorías, en especial por la elevada privatización del sistema de salud y la destrucción del sistema público. La coacción estatal para contener una crisis sanitaria es relativamente progresista, en contraste al abandono del rol del estado, como representante de la “sociedad en general”, que está obligado a conservar, precisamente por el antagonismo de clases de esa sociedad. Otra cosa es, por supuesto, la capacidad real del estado para emprender una protección sanitaria real, en virtud de su carácter de clase y del monopolio de los medios de producción de parte de la burguesía. La crítica liberal al “aislamiento progresivo”, en una pandemia, pone de manifiesto su carácter reaccionario, al menos en la época de la decadencia capitalista. Como el “derecho al trabajo”, o sea el derecho a ser explotado, el derecho a la vida es uno de los derechos que se puede y se debe reclamar al Estado capitalista. Tres o cuatro meses después de iniciada la pandemia, asistimos a rebeliones populares extendidas – no a un ‘estado de excepción’, que impone el encierro político generalizado, sino a un estado de rebelión. Esto pone de manifiesto otra ficción de la crítica liberal – la de que la historia se hace por arriba, por medio de las instituciones, y no por medio de la lucha de clases. El “decisionismo” estatal no puede ser caracterizado como reaccionario en términos abstractos, o sea con independencia de su contenido en cada época histórica. En ese caso se debería condenar la dictadura jacobina en la Revolución francesa o la dictadura proletaria encabezada por Lenin y Trotsky. Si se mira con cuidado, se ve que no ha triunfado, sino que ha naufragado el intento de establecer un ´estado excepción´ en Estados Unidos, por parte de Donald Trump, que ha gobernado a fuerza de “órdenes ejecutivas” y de brutalidad policial. Tanto los intentos de Trump como Bolsonaro de establecer un estado policial se han arropado en la defensa de las libertades individuales. El liberalismo tiene una larga historia totalitaria en América Latina – la masacre de indígenas en nombre de la Ilustración. La rebelión popular en Estados Unidos ha arrancado una conquista que no por necesaria resultó inesperada: la derechista Corte Suprema acaba de dictar la ilegalidad de los despidos por causa de género. No es moco de pavo, porque la insidia más significativa contra este derecho a la diversidad sexual era que violentaba la conciencia de aquella parte del personal de un lugar de trabajo que rechazaba la diversidad. En medio de las advertencias de un avance del ´estado de excepción´, ha tenido lugar la rebelión contra la brutalidad policial y contra el racismo, más extendida de la historia. Es claro que el estado de rebelión es una continuidad de las rebeliones populares anteriores a la pandemia, que tienen que ver con el proceso de disolución capitalista, que se manifiesta en crisis internacionales a repetición, cada vez más acentuadas, y con epicentro en las metrópolis del capital. Para usar la cuarentena como un arma del estado de excepción, habría sido necesario el establecimiento de un período de reacción política. Los intentos en este sentido han sido generalizados, pero no han prosperado como tendencia de conjunto. Un aspecto de la dialéctica es apreciar los fenómenos dentro de una totalidad diversificada; cuando esto no está a mano del doctrinario, se cae en el impresionismo. La pandemia ha caído como una catástrofe para el capitalismo, simplemente porque ha expuesto sus falencias insuperables y su tendencia disolutoria. Claramente impulsa una nueva época – la ´nueva normalidad´ serán las revoluciones; el distanciamiento social deberá rivalizar con la aglomeración política de las masas. El estado de disolución se encuentra agrandado, como no debería sorprender a nadie, en Argentina. El estado se presenta como un “portador asintomático”, que va y viene entre la internación y la terapia intensiva – sin tests, respiradores u oxígeno. No tiene moneda, ni financiación, esta absorbido en un generalizado “concurso de acreedores”, y enfrenta resistencias populares, luchas y huelgas que, si se juntaran, entrarían en la categoría de la rebelión popular. Aunque gobierna por decreto, no constituye un “estado de excepción”, porque tendría que tener la capacidad de imponerlos en el tiempo. Para que el pueblo marche al son del gobierno, no son suficientes las formas jurídicas – es necesario el músculo político. Argentina está gobernada por una confederación, a punto de quebrarse, constituida por el oficialismo, que funciona como coalición; la oposición, donde la batuta la tienen los contemporizadores; los gobernadores de todos los signos. No es cierto que Alberto Fernández sea un árbitro, que no es lo mismo que un componedor; ni tampoco lo es la vicepresidenta, porque en política no existe el VAR. La posibilidad de un bonapartismo especial deberá esperar a que el equilibrio inestable vigente explote como consecuencia de una ruptura política. Es claro que la pandemia limita las movilizaciones populares, pero los despidos, y las modalidades y protocolos de trabajo han desatado numerosos conflictos, incluso cuando el compromiso de la burocracia sindical con el estado y las patronales está funcionando a pleno. Hay una lucha, que es fundamental, por el control de los lugares de trabajo. La crisis que sufre la cuarentena ya desemboca en luchas crecientes, a medida que la ´reapertura de la actividad´ multiplica las reivindicaciones reprimidas, y las que surgirán como consecuencia de esa ´reapertura´. La crisis de la deuda externa; el impasse político que ha alcanzado la intervención estatal en el holding Vicentin; el concurso preventivo (despidos y bajas salariales) que reclama Latam; el rebrote de la pandemia y la necesidad de hacerle frente con recursos y medias de intervención social; todo esto anuncia una crisis de gobierno a corto plazo, que movilizará a todas las clases sociales. Es necesaria la coordinación de todas las luchas, con métodos de deliberación clasista, para derrotar el intento del capital de volcar el costo de la crisis sobre los trabajadores. De otro lado es necesario abordar la crisis de poder en desarrollo. En función de esto planteamos un congreso de delegados electos, por iniciativa de las corrientes combativas, con el objeto de presentar un plan económico de la clase obrera, y con ello la candidatura al poder. La nacionalización sin pago de la gran industria y la banca, bajo control obrero, es una necesidad inmediata para enfrentar la catástrofe en desarrollo.

18 de junio de 2020
Deuda externa: momento de definiciones

La “oposición” le cuestiona al gobierno de Fernández-Fernández-Guzmán que no tiene un plan, aunque este ha repetido que ese plan está subordinado al arreglo con los acreedores. Desde fines de mayo fue modificando la propuesta inicial para acercarse a las exigencias de los bonistas. Las negociaciones son secretas para quienes tendrán de pagar, los trabajadores y contribuyentes. Los cambios fueron acortar los plazos de amortización del capital, aumentar las tasas de interés, anticipar pagos de capital en 2022 y se debate el otorgamiento de un bono que cubra los intereses de los bonos vencidos (Bonos Globales), que podría ser atado al crecimiento económico o las exportaciones. El acuerdo va dejando en el camino las quitas de capital, alargamiento de plazos y períodos de gracia sin pagar intereses. Cuando Alberto Fernández dice que no va a firmar algo que no pueda cumplir, debe entenderse que el plan es ajustar la economía al pago de la deuda. Las negociaciones avanzan y el gobierno retrocede Las negociaciones avanzan y el gobierno retrocede. La suba de precios de los bonos de la deuda en dólares y en pesos revelan que los bonistas están de parabienes. Las subas superan el 50% en bonos en dólares, y en pesos son incluso superiores El BoPoMo (Bono de Política Monetaria) ha subido de 25% al 95% de paridad por lamina de 100, más del 300% desde que comenzaron las negociaciones. En mayo venció la prórroga de un vencimiento de los bonos Globales por 503 millones de dólares, pero los bonistas no denunciaron el hecho como default para continuar las negociaciones. Ahora, el próximo 22 de junio hay otro vencimiento, el bono llamado BoPoMo, por 130 mil millones de pesos. El dinero del pago, unos 1.200 millones de dólares, puede ser volcado al “dólar bolsa”, y producir una nueva devaluación. La porción mayoritaria (65%) la tiene un fondo llamado PIMCO y junto con otros fondos tienen importantes participaciones en la deuda externa e interna; tiene capacidad de vetar un acuerdo y capacidad de extorsión par devaluar el peso. Una primera señal si se sella un acuerdo o se va al default es el pago a PIMCO. El gobierno desde que asumió pagó vencimientos por 4.600 millones de dólares, todo con “reservas líquidas”; han quedado disponibles unos 11 mil millones de dólares. El resto son prestamos de China, del Banco de Basilea y encajes en dólares. La devaluación y los exportadores Desde que asumió el gobierno de Fernández-Guzmán el dólar “blue” pasó de 70 pesos a 125 (luego de haber superado 140), esta “brecha” paralizó las liquidaciones de los exportadores. A ese boicot ha contribuido el mismo gobierno, que les mantuvo el privilegio de postergar la entrega de los dólares obtenidos con las exportaciones. El BCRA ha mantenido las Leliq y una serie de letras y bonos que dan continuidad a la rentabilidad que disfrutaron durante el gobierno macrista; la más alta del mundo.” El resultado del Ejercicio de Banco Galicia fue una ganancia neta de $ 35.230 millones que compara con una ganancia neta de $ 11.536 millones del año anterior se ha debido al “resultado neto de instrumentos financieros (que) alcanzó los $ 53.493 millones, generándose un incremento de $ 39.516 millones (283%) en comparación al ejercicio 2018. Se destaca, el crecimiento en el resultado generado por títulos públicos (314%).” (Memoria y Balance). Por otro lado, para financiar el pago de las rentas a los bonistas y el déficit del estado, el BCRA emitió pesos en concepto de ganancias ficticias por $1.6 billones. El BCRA es una institución insolvente, con deudas muy superiores a sus activos. Los buitres vuelan La serie de concesiones que el gobierno y el BCRA están realizando a los acreedores le permitió financiar algunos vencimientos en pesos, aunque de escaso monto. Ocurre que en junio tiene vencimientos (incluyendo los 130 mil millones del BoPoMo) por 172 mil millones; y hasta fin de año unos 965 mil millones de pesos, para 2021 los vencimientos superan 615 mil millones de pesos capital. Ante la dificultad de poder financiar estos vencimientos con nuevas emisiones de deuda en pesos, el gobierno anunció la próxima licitación de letras por 1.500 millones de dólares que se podrán canjear con las letras en pesos. En el juzgado de Loreta Preska, hay demandas por el impago de los cupones del PBI emitidos por Kirchner-Lavagna, debido a la manipulación estadística del INDE-K. Otro juicio es por la expropiación de YPF, que resarció a Repsol pero no al restante 49% de los accionistas. La actividad en el juzgado se mantiene activa, y algunos bonistas podrían recurrir a él si no se logra un acuerdo en las negociaciones. La pateada de la mesa de estos días incluye es por cambios en las cláusulas, que faciliten a los acreedores a litigar en Nueva York en caso de incumplimientos de pago por parte de Argentina. Este reclamo puede romper los acuerdos, porque los Fernández descuentan, que esos defaults parciales son inevitables. Si Guzmán no acompaña esta concesión, los acreedores condicionarán un acuerdo a obtener una injerencia directa en las designaciones del gabinete de Fernández. Una devaluación El “arreglo” o el default de la deuda va a ser el preludio de una devaluación, que ponga fin a las retenciones de soja en los silos y de los dólares de exportación. las liquidaciones. La creciente demanda de dólar futuro, unos 3500 millones de dólares, donde el único oferente es el BCRA, es otra señal de las presiones para devaluar. Los clientes de los fondos de inversión tienen una creciente demanda de instrumentos ligados al dólar (dólar link), ya que sus administradores prevén una devaluación en el segundo semestre. El arreglo con los acreedores incluye tarifazos, devaluación e inflación.

18 de junio de 2020
El default político de la coalición “de Todos”

La fractura de las negociaciones entre el gobierno argentinos y los grupos de bonistas -y el fin de la llamada “confidencialidad”- ha puesto de manifiesto tres cuestiones. En primer lugar, lo lejos que llegó el tándem Fernández-Guzmán en materia de entreguismo, al reducir los plazos de gracia, aumentar el pago de intereses, anticipar el vencimiento de los bonos “largos” y, finalmente, ofrecer un pago especial ´atado´ a las exportaciones agropecuarias. Pero la segunda cuestión es que los bonistas han rechazado incluso estas inmensas concesiones. En lo sustancial, los bonistas que le prestaron a Macri -encabezados por BlackRock- reclaman un adelantamiento aún mayor del inicio de pagos, el reconocimiento de todos los intereses de este año y, principalmente, que se pavimente el camino para el inicio de los juicios en los tribunales neoyorquinos. El significado de esta última exigencia es claro: facilita la reventa de los títulos argentinos a los fondos de alto riesgo (buitre), los cuales podrán enjuiciar a la Argentina ante el previsible default de la deuda impagable. En cuanto al inicio de pagos en 2021, empuja al gobierno FF a diseñar desde ya un plan de ajuste, ello, en medio de una crisis sanitaria que se agrava día a día. Para asegurar que el ajuste tenga un garante, BlackRock exige que el FMI audite un posible “cupón atado al PBI”, lo que instalaría desde ahora al organismo en el ministerio de Economía de los Fernández. En su rechazo a la propuesta de los bonistas, Guzmán-Fernández parecen apostar a que intervenga el FMI, al cual supone interesado en que Argentina deba lo menos posible a los bonistas y guarde las monedas necesarias para afrontar los 44.000 millones de dólares de deuda con el organismo. Pero el Fondo se ha declarado prescindente: conocida la fractura de las negociaciones, uno de sus principales directivos se apresuró a declarar que esa crisis “es una cuestión de Argentina y de sus acreedores”. El arreglo de deuda con los bonistas, en definitiva, diseñará los términos del futuro acuerdo con el FMI. Las expresiones de Kristalina sobre la “deuda insostenible” no pasan de exhortaciones. Pero la tercera cuestión que ha puesto de manifiesto la fractura del acuerdo es la conexión entre la cuestión de la deuda y una crisis política de alcance general. La escalada de los acreedores tiene lugar cuando, en el plano interno, la cuestión Vicentín ha dado lugar a un frente “oficialista-opositor”, que integra a Lavagna, a Massa, al PJ de Santa Fe y de más allá de Santa Fe, en torno del rechazo a la tentativa expropiatoria del gobierno. La coalición “de Todos” ya no tiene los votos para aprobar su proyecto en el Congreso, y tiene una fractura expuesta. El escenario se completa con el agravamiento de la crisis del coronavirus, como resultado de las concesiones sucesivas al gran capital en la reapertura de las actividades económicas. El país asiste al escenario cierto de un colapso sanitario en tres o cuatro semanas, el cual pondrá al desnudo, no solamente el derrumbe económico y social de década, sino también la impotencia del trío Larreta-Kicillof-Fernández, que pretendió conciliar los reclamos capitalistas con el manejo de la pandemia. En este cuadro, el retiro de Lan no es un episodio más, pues, en su contenido, resume a toda la extorsión de la clase capitalista, que exige una reestructuración antiobrera de gran alcance – lo que reclamó Lan en el curso de la pandemia. Es la misma orientación que se pone de manifiesto en la exigencia por el retiro compulsivo al trabajo y la política de suspensiones y reducciones salariales. La conjunción de todos estos hechos, aparentemente aislados, reconocen un hilo conductor: la impotencia del gobierno FF para arbitrar entre las pretensiones del capital en quiebra, de un lado, y el agravamiento de las condiciones sociales y sanitarias de las masas, del otro. El proceso político desnuda la precariedad del Frente de Todos, la coalición que se improvisó para dar cuenta de la desintegración del macrismo. A los que le auguraron larga vida a la “Argentina kirchnerista”, encontrando así un justificativo para su conservadurismo político, la crisis en curso les pasa también una sonora factura. Como nunca, tenemos que exponer esta crisis ante toda la vanguardia obrera, que verá cómo se multiplican sus escenarios de lucha – amputación del aguinaldo, Vicentín, Latam, la lucha por los protocolos obreros. Pero más allá de estas luchas, el default político de la coalición oficial plantea una deliberación política en la clase obrera. Impulsemos coordinadoras y congresos obreros; luchemos por defender todas las conquistas amenazadas de trabajadores y jubilados; la nacionalización integral, de la banca, el comercio exterior; fuera Guzmán y el equipo económico de la entrega nacional; desconocimiento de la deuda, plan industrial votado en un congreso de trabajadores.

18 de junio de 2020
Penta: a 100 días de lucha, los trabajadores siguen firmes por sus puestos de trabajo

Este jueves 18, los trabajadores del frigorífico Penta, de Quilmes, protagonizaron una nueva jornada de lucha. Nuevamente, arrancando desde plaza Alsina, la movilización llegó a la subida del puente Pueyrredón. Una aguerrida columna del Penta fue acompañada por organizaciones de lucha. Entre ellas, una delegación del Polo Tendencia de Avellaneda, que venían de movilizar al Municipio por reivindicaciones barriales. A casi 100 días del conflicto, la patronal no acerca ninguna alternativa a su decisión inicial de desprenderse de la comisión interna y otros 20 trabajadores, como primera condición para discutir la reapertura de la planta, ubicada en Camino General Belgrano y Pasco, en la localidad de San Francisco Solano. El día previo al corte del Puente, la patronal se ausentó sin previo aviso a una audiencia de partes en el ministerio de la provincia de Buenos Aires. Es una nueva provocación a los trabajadores, ya que los delegados tuvieron que trasladarse hasta La Plata, cuando están sin cobrar 6 quincenas. Esta provocación se suma a la efectuada por una patota, que hace un par de semanas atrás arremetió a los tiros desde adentro de la planta contra los trabajadores que se encontraban en la puerta, dispuestos a hacer una asamblea. Esto no mereció ni una acción del Sindicato, ni Intervención alguna por parte del Estado, ocupado en cercar Villa Azul y las barriadas obreras. El Estado deja correr, garantizando la impunidad de Bruzzese. De hecho, está asistiendo con ATP a los otros dos frigoríficos pertenecientes al propio Bruzzese La Huella y La Carolina. Mientras, Fetsicara -la Federación a la que adhiere el sindicato donde se encuentra enrolada la CI del Penta- le ha restado prácticamente todo el apoyo a este conflicto. Estos 100 días de lucha son sostenidos por la enorme voluntad de los compañeros de la base, que se convocan prácticamente a diario en las puertas del frigorífico, para escuchar y debatir las novedades, e impulsar el fondo de lucha con alcancías en la ruta, y recorriendo fábricas y dependencias estatales. Los trabajadores reclaman que las ATP que el Estado ha destinado a rescatar multinacionales, sea utilizada para garantizar un ingreso mínimo a los 240 trabajadores. A expensas del anuncio de Fernández de la expropiación a Vicentín, los obreros vieron la posibilidad que el Estado intervenga en este conflicto, expropiando el Penta para entregárselo a los trabajadores. Aunque los límites de la medida gubernamental se vieron inmediatamente, golpeando esa expectativa. La izquierda plantea, introduciendo una confusión enorme, la consigna de “hagamos como en Vicentín”, embelleciendo las maniobras del FdT, confundiendo un rescate a la patronal con una medida progresiva para los trabajadores. Al cierre del corte, los delegados dejaron clara la necesidad de profundizar la movilización y las medidas a tomar. Plantearon una movilización a la quinta de Olivos, virtual sede actual del gobierno. Es urgente la necesidad de que el sindicato de la Carne y la Federación lancen un paro nacional en apoyo a esta lucha y a las de otros establecimientos, por salario y por condiciones de higiene y salubridad. El Estado debe intervenir inmediatamente para garantizar los salarios, las quincenas adeudadas y hacia adelante, el blanqueo de toda la planta de trabajadores, y la reapertura de la planta en pleno funcionamiento, que es una actividad esencial, vital, para que las masas enfrenten la pandemia. Bruzzese ha planteado, en la última negociación a la que se presentó, la eliminación de la CI y la colocación de un interventor. El único que debe ser intervenido es él, por violar todas las disposiciones que lo obligaban a funcionar, el abandono ilegal del abono de salarios y el ataque a la organización obrera. La necesidad del control obrero de los libros contables del frigorífico es la garantía para asegurar todas las reivindicaciones obreras exitosamente.

18 de junio de 2020
Violencia contra la mujer en el ejército y la policía

Estados Unidos es uno de los 10 países más peligrosos del planeta para las mujeres, debido a la alta incidencia de violencia doméstica, violencia sexual y femicidios. El ranking fue elaborado por la Fundación Thompson Reuters, insospechable de antipatía por el imperialismo. Cerca de 1,3 millones de mujeres cada año sufren ataques sexuales por parte de sus maridos o compañeros, y el principal grupo de riesgo son las chicas entre 20 y 24 años. RAINN (Rape, Abuse & Incest National Network), la red de organizaciones contra la violencia sexual más importante del país, asegura que cada 73 segundos hay una violación. Los índices de violencia física y sexual se duplican entre las afroamericanas y latinas. En el país de la big data, el último año registro de femicidios data de 2016: 1.809, a razón de 5 por día. Cuatro de los cinco estados que encabezan la lista mortífera pertenecen al cinturón bíblico o al corredor mormón, corroborando que la religión es vehículo privilegiado de la misoginia. La violencia contra las mujeres se potencia en las fuerzas armadas y policiales, duplicando o triplicando los índices generales. En 2014, el Departamento de Defensa registró 20.000 casos de abuso sexual -“relaciones no consentidas”- en la Armada. De las víctimas que aún permanecían en la fuerza, el 62% había recibido represalias por denunciar los abusos. No es de extrañar que de esas 20.000 casi el 85% hubiera renunciado. La impunidad es estructural: el año anterior a la encuesta, el teniente coronel Jeffrey Krusinki, director de la prevención de abusos sexuales en las Fuerza Aérea, había sido denunciado por acoso sexual sin consecuencias. Y el 15% de los nuevos reclutas de la Marina fue admitido, aunque tuviera en su prontuario una violación o un intento de violación. Es conocido que la brutalidad, desórdenes mentales y hasta el retraso madurativo son rasgos que favorecen el ingreso al cuerpo de marines. Tan conocido como que el imperialismo utiliza la violación como arma de guerra. Respecto de lo que ocurre en la policía norteamericana, un informe del Centro Nacional para la Mujer y la Política indica que “al menos el 40 por ciento de las familias de los oficiales de policía experimentan violencia doméstica”. O sea que cuatro de cada 10 policías abusan o golpean a sus mujeres y, a veces, también a sus hijos. La prestigiosa revista The Atlantic, hace ya unos años, señalaba que por lo menos uno de cada 10 oficiales de siete agencias de policía admitió haber "abofeteado, golpeado o herido de alguna otra manera" a su cónyuge o pareja. Sin embargo, la violencia en el hogar no figura en los registros de inconducta policial. Las denuncias no son elevadas por los superiores sino resueltas “extraoficialmente” entre colegas. En más del 75 por ciento de los casos confirmados en el departamento de policía de Los Angeles, el expediente sobre abuso doméstico fue omitido o minimizado. De forma coincidente, una investigación The New York Times reveló que "en muchos departamentos, un oficial será despedido automáticamente por una prueba de marihuana positiva o por robar, pero puede permanecer en el trabajo después de violar o maltratar a un cónyuge". La violencia contra la familia se revela el correlato de los “derechos” que tienen las fuerzas de seguridad para ejercer la violencia contra el resto de la población, en representación y al servicio del Estado capitalista, con la garantía de total impunidad. Esa indulgencia tiene una explicación que va mucho más allá del “pacto entre machos” que supone el feminismo y que no se aplicaría ni ante el robo ni el consumo de drogas. Por más parloteo de género que divulgue, el régimen del capital lo que necesita son mujeres sometidas a la doble opresión. La violencia en el hogar, la desvalorización y el terror en el núcleo de los afectos, intenta maniatarlas a la familia, retenerlas fuera del ámbito social donde miles de otras mujeres buscan el camino para defender sus derechos ante la debacle capitalista. En la Argentina La situación no es muy distinta. Según la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia, en 2018 -el último informe publicado- el 4 % de los femicidios y femicidios vinculados (familiares, hijos o personas del entorno de la víctima de violencia, asesinados con el objetivo de dañarla) fueron cometidos por agentes de seguridad. La Casa del Encuentro informa que, entre 2008 y 2019, fueron 187 las muertes de mujeres y trans en manos de un femicida de uniforme. O sea: cada mes un integrante de las fuerzas de seguridad mata a una mujer en un contexto de violencia de género. El 21 % ya habían sido denunciados y tenían restricciones de acercamiento. Pero igual mataron con su arma reglamentaria (Clarín 8/3). En la Bonaerense, entre diciembre de 2015 y abril de 2019 se abrieron 4.800 sumarios, 4 por día, por violencia familiar (El Día, 15/5/19). Sin embargo, solo 150 efectivos fueron separados. Es lógico que la violencia de las fuerzas de seguridad no se detenga al salir del cuartel o bajar del patrullero. Los uniformados matan vecinos por ruidos molestos, transeúntes porque imaginan robos, adolescentes por portación de cara. Y cuando cruzan la puerta de su casa, con la misma arma, a veces matan a sus mujeres. Golpean y matan porque están entrenados para matar, y porque pueden, porque tienen garantizada la impunidad. Quien diga que un curso Micaela y un manual “con perspectiva de género” puede apaciguar esta barbarie o disuadir al régimen social de intentar someter por la violencia a las mujeres es un ingenuo o un farsante.

18 de junio de 2020
Maternidad de Pilar, foco de contagios

En la maternidad "Nuestra Señora del Pilar" fueron diagnosticados seis trabajadores de la salud y dos pacientes con covid positivo. El martes 2 de junio se había informado que había un médico con síntomas, pero las autoridades de la maternidad seguían citando a trabajar a todos los empleados. El 10 de junio confirmaron el contagio en un médico ecografista y un cirujano, quien había estado trabajando por última vez en el hospital municipal materno infantil cinco días antes. Hoy desidia continua. Las autoridades no entregan los EPP y los pocos que reciben los trabajadores no son de calidad – les entregan barbijos que deberían tirar cada tres horas para que los usen durante toda su jornada. Las autoridades de la maternidad, así como las del municipio, dejaron de manifiesto que no les importa la vida de los neonatos, de los familiares y mucho menos de sus empleados. Los trabajadores del lugar ya habían exigido al municipio un protocolo donde los familiares puedan entrar a visitar a sus bebés internados en Neonatología, pero su reclamo nunca fue atendido. A las pacientes internadas con sus bebés en neonatología les avisaron que "había un rumor de un doctor con coronavirus". Las hisoparon a todas y las aislaron en el edificio donde antes funcionaba la maternidad, que se encuentra en condiciones deplorables. A algunas de ellas les dieron el alta antes de informarles el resultado del test. Desde el municipio sostienen que la situación está "controlada", pero esconden información sobre la cantidad de contagios y se trata de ocultar lo que pasa en el distrito mediante un cerco mediático. Pero este caso de negligencia se cobrará vidas de trabajadores que están exponiéndose en plena pandemia, de madres, de mujeres embarazadas y de bebés internados en neo. Todas estas personas entraron sanas a la maternidad y hoy corre riesgo su vida. El intendente, Federico Achával tiene la responsabilidad política por el mal manejo del municipio con relación a la pandemia.

18 de junio de 2020
Humo en Rosario: multitudinario abrazo al rio Paraná en defensa de los humedales

Este miércoles se realizó un abrazo simbólico al Río Paraná, convocado por organizaciones ecologistas, políticas y sociales. La convocatoria fue multitudinaria. Respetando el distanciamiento social, en el marco de la cuarentena, se reunieron más de 600 personas en la costanera, mientras el humo de las islas no daba tregua. Durante el fin de semana, el fuego creció y el humo se extendió a toda la región del gran Rosario, inclusive llegando a zonas del norte bonaerense. A pesar de que el gobierno se expidió sobre la crisis, prohibiendo por 180 días la quema de pastizales en la zona del delta, el fuego continuó. El ataque a los humedales tiene como consecuencia un verdadero desastre ecológico, comenzando por la destrucción de la flora y la fauna autóctona, y, además, representa un peligro para la subsistencia de los habitantes de las islas. La llegada del humo a la ciudad ha ocasionado alergias, complicaciones severas en cuadros respiratorios previos (asma, EPOC), entre otras complicaciones. Los responsables, harto conocidos por tener antecedentes probados en estas prácticas, han sido contabilizados y denunciados con nombre y apellido. Son nueve las familias dueñas de terrenos en el territorio isleño, entre ellas, los Baggio, dueños de la empresa de jugos. La extensión de la frontera ganadera es de interés para los empresarios que tienen tierras en el delta del Paraná. La “renovación de pastizales” mediante la quema es ilegal y esta penalizada por la ley. La bajante del Paraná, la sequía y, en consecuencia, los pastos secos, han colaborado con la extensión del fuego. Aunque los dueños de tierras hayan salido a desmentir su responsabilidad, queriendo aducir que los fuegos se inician por “visitantes ocasionales”, está claro que estos son intencionales y producidos de manera adrede con fines lucrativos. A pesar de lo conocido de estas prácticas y sus responsables, los gobiernos de Entre Ríos y Santa Fe miran para otro lado, mientras el fuego crece. La concentración multitudinaria ha señalado un camino para la defensa del Paraná y de su riqueza natural: solo la movilización popular puede defender lo que los capitalistas depredan sin ningún tipo de consideración por el medio ambiente. La lucha por la defensa del medio ambiente no puede estar escindida de una lucha por arrebatarle control de los recursos productivos que el río brinda a los capitalistas y ponerlos bajo control de los trabajadores.

18 de junio de 2020
Coronavirus: paro total en Bridgestone

Desde la tarde del miércoles, el SUTNA convocó a un paro de actividades en la fábrica Bridgestone cuyo acatamiento es total. La irresponsabilidad de la patronal había sido denunciada por el sindicato en reiteradas ocasiones y fundamentalmente en el paro realizado este viernes . Bridgestone, contrariando la normativa nacional vigente y las recomendaciones básicas de los organismos internacionales de salud, se mantiene firme en su negativa a separar contactos estrechos de un caso confirmado de Covid-19. Mientras el conflicto estallaba nuevamente, dio positivo de Covid-19 un compañero al que la patronal le negaba el aislamiento ya que no lo consideraba contacto estrecho. “La patronal se negó al cumplimiento de la cuarentena de los casos estrechos de un compañero cuyo test resultó positivo. A pesar de que los propios compañeros manifestaban ser casos estrechos, los reclamos de este sindicato e incluso las indicaciones de la epidemióloga del ministerio de salud de Lomas de Zamora (distrito donde se encuentra la planta) la patronal mantuvo su negativa a dar el correspondiente aislamiento. Uno de estos compañeros, luego de continuar trabajando obligado por la empresa, comenzó con síntomas propios de covid-19, fue testeado y en el día de hoy se le comunico el resultado positivo del hisopado. Ante la negativa absoluta por parte de la patronal de Bridgestone a dar respuesta positiva alguna, sumada a esta gravísima situación, este sindicato ha llamado a un paro total de actividades en la planta por 24 hs”, señaló el gremio del neumático en un comunicado. Se comprobó el peligro que conlleva la intransigencia de la empresa y su total desprecio por la vida de sus trabajadores e incluso de toda la ciudadanía. Semejante prepotencia solo se puede explicar cómo una política consciente de imponerse sobre la voluntad de los trabajadores en el manejo de la pandemia dentro de la fábrica. Con la confirmación del caso positivo de hoy la patronal ha quedado desautorizada y el reclamo por el cumplimiento del protocolo presentado por el sindicato asume más vigor que nunca. El paro de 24 horas cuenta con el absoluto apoyo del conjunto de los trabajadores de la fábrica, absolutamente dispuestos a frenarle el carro a los atropellos de la patronal en esta delicada situación. La lucha en curso en Bridgestone, así como todas las luchas que se están llevando a cabo en el marco de la pandemia, son un asunto de salud pública nacional.

19 de junio de 2020
Movilización de los trabajadores de LATAM: Ningún despido. Familias en la calle nunca más

Las trabajadoras y trabajadores de LATAM convocamos a movilizarnos en defensa de las fuentes de trabajo al Ministerio de Trabajo (sede Alem) el viernes 19 a las 11hs. Ante los anuncios del Holding LATAM de cerrar su filial argentina las 1.800 familias vemos peligrar nuestro futuro laboral. Estos últimos anuncios de la empresa son un salto en la escalada que desde el día uno de la pandemia se descargó contra sus trabajadores. Descuentos ilegales del 50 %, aprietes individuales al personal, e inducir al empleado a que acepte míseros retiros voluntarios. Los anuncios últimos de la empresa se inscriben en lo que fue una verdadera película de terror para todas y todos los trabajadores. Llamamos a todas las organizaciones del campo gremial, social y político a solidarizarse con nuestra lucha y a levantar bien en alto las banderas para que ninguna familia quede en la calle. 18/06

19 de junio de 2020
Berni vs Frederic: segundo round

El enfrentamiento entre Sergio Berni y Sabina Frederic tuvo su segundo round, días atrás, en el programa “Animales sueltos”. El primer cruce entre los ministros de las carteras de seguridad había sido en diciembre, recién asumido el gobierno de AF, a raíz del uso de las pistolas Taser (que él defendió). En aquella ocasión, Berni reconoció como su jefa política a CFK y planteó que no había un claro comando nacional en esta materia. El enfrentamiento fue capeado y atado con alambre por Kicillof y AF. Fuego cruzado En esta oportunidad, ante la pregunta del periodista Novaresio sobre si contaba con el apoyo del gobierno nacional, Berni se despachó diciendo que no y que "en materia de seguridad estamos solos". Afirmó que no mantiene comunicación con Frederic desde mediados de marzo y remarcó, en cambio, la comunicación diaria y fluida que sostiene con el gobierno porteño. Esto sin desmedro de que, días antes, Berni castigara a Larreta por el episodio de los "runners" y asegurara que la solidaridad entre los distritos del AMBA se había “roto”). "No importa que seamos todos del mismo partido. Es la voluntad que tiene el gobierno de no asistir a una provincia que está en crisis de seguridad profunda", disparó Berni directamente contra AF. Reclamó la presencia de una dotación de gendarmería, a raíz de un tiroteo ocurrido en Villa Madero el miércoles pasado, entre dos bandas de narcos, que dejó un saldo de un trabajador herido. Los vecinos de la villa 2 de Abril cortaron la autopista Ricchieri en reclamo de gendarmes y seguridad, y en abierta desconfianza respecto de la bonaerense, a la que asocian con el delito. Por lo visto, el “paladín de la seguridad” no es capaz de controlar a la policía a su cargo, que sigue tan entrelazada como siempre con el delito organizado. Al hombre del fusil en mano se le termina la guapeza cuando tiene que pisar y ordenar una comisaría del conurbano. Al mismo tiempo, la respuesta de Frederic reveló que la gendarmería concurre a los municipios, pero a través de arreglos directos entre Frederic y los intendentes. Berni dice desconocer sus movimientos. Hasta ahora, Kicillof no se ha pronunciado sobre los dichos de su ministro. Pero su ministra de Gobierno, María Teresa García (del riñón de CFK), apoyó los dichos de Berni. Queda expuesta una fuerte fractura dentro del oficialismo, ni más ni menos que por la política de seguridad. Un sector de los monopolios mediáticos está levantando a Berni, en la tentativa de construir una figura política derechista y de mano dura. Hay que tomar nota que este engendro viene alentado por CFK y Kicillof, y por "la progresista" Cámpora. Sin embargo, y más allá de los sets de televisión, el "pseudo Terminator" sólo recibe traspiés en esa línea, como se revela en el amplio repudio que provocó la represión de Penta y en el cerco fallido en Villa Azul . El recule en chancletas, más allá de la verborragia, demuestra que el clima político de las masas en la Argentina rechaza al derechismo represor. La polémica interna en torno a la política de Seguridad se produce en el marco de otros escarceos, en torno a la expropiación de Vicentin -a la cual Perotti, y Massa se oponen - y a la renegociación de la deuda. En suma, el episodio Berni vs Frederic encierra un claro ejemplo de la tendencia a la disgregación política que recorre a la coalición oficial. En este caso, se cruza con la crisis en la Justicia y los “servicios”. En este punto, nunca está de más recordar que las actuales denuncias sobre “fichas” y fisgoneo sobre periodistas y dirigentes políticos se parecen mucho al proyecto X de Cristina Kirchner y Nilda Garré. Frederic, la actual rival de Berni, era asesora de aquel ministerio de seguridad. Aunque esta crisis en el aparato de seguridad se expresa en peleas por arriba, es indudable que lo que está en discusión es el carácter de la represión estatal, en momentos en que el derrumbe económico y social y el colapso sanitario azuzan las tendencias a la rebelión popular, en el mundo, sí, pero también en Argentina. LEER MÁS El default político de la coalición “de Todos”

19 de junio de 2020
Bahía Blanca: piquete de trabajadores de seguridad contra despidos y rebajas salariales
Sergio Cuello

El miércoles 17 trabajadores del sindicato de seguridad e investigaciones privadas bloquearon los accesos al Paseo del Sol (en donde funcionan tres hipermercados y varios comercios) de la ciudad de Bahía Blanca para exigir la reincorporación de tres compañeros despedidos por la empresa Comprivada (Compriv). Aquí otra comprobación de la deficiencia del decreto presidencial que suma ciento de miles de despidos en todo el país. Junto al reclamo por los despidos, en el bloqueo denunció ante medios de comunicación y transeúntes el reclamo de derechos laborales que no están siendo respetados, como la entrega de uniformes de trabajo, respeto a 48 laborales semanales, pago de horas extras, nocturnas y feriados y el pago de sueldos en tiempo y en forma. Los y las trabajadoras también denuncian la falsificación de firmas en recibos de sueldo que contenían esta mala liquidación de haberes y que, por ello, los trabajadores se negaban a firmar, amenazas de despidos por firmarlos en disconformidad y también por afiliación al sindicato o efectuar cualquier reclamo. Todo esto ocurre con la complicidad de las grandes empresas donde prestan servicio, como Walmart, Makro y Transba, entre otras. Delegados del supermercado de Wall Mart, donde recientemente tuvieron lugar asambleas en reclamo de un bono extraordinario y medidas de seguridad para los trabajadores y consumidores, nos acercamos para solidarizarnos con los trabajadores afectados. Luego de tres horas de reclamar, exigiendo la reincorporación y en contra de la precarización que se viene realizando en los distintos lugares, se llegó a un acuerdo. Se firmó un acta de compromiso en la cual se estableció el depósito completo de haberes y, dentro de las 72 horas, una reunión con las partes afectadas para la reincorporación a los lugares de trabajo, respeto del convenio y correcto pago de horas adicionales y extraordinarias. En el piquete se resolvió que, si no se resuelven todos los problemas expuestos, se continuarán con las medidas de lucha. La deliberación obrera y la acción directa marcan un camino para enfrentar los despidos y ataques al salario y convenios colectivos.

19 de junio de 2020
“Santa Evita”: restaurante “militante” ... contra los trabajadores

Los trabajadores del restaurante Santa Evita, del barrio porteño de Villa Crespo, se están organizando contra una serie de atropellos por parte de los dueños, quienes detrás de una retórica “nacional y popular” han hecho gala del repertorio completo de maniobras patronales contra los trabajadores en tiempos de pandemia. Al comenzar la cuarentena, en el mes de marzo, ya se habían trabajado 20 días de ese mes. Sin embargo, el salario fue abonado recién en la segunda quincena de abril, un mes más tarde, cuando los dueños obtuvieron un crédito blando por parte del estado. Mientras en sus redes sociales promocionaban venta de locros para pagar los salarios adeudados (“Mientras ciertos empresarios, por no ganar un poquito menos, despiden laburantes a mansalva, acá en el Santa Evita apelamos a la salida colectiva”, escribían), lo cierto es que los dueños se quedaron con el dinero recaudado. Misma actitud tomaron al promocionar sus comidas por el Día del Trabajador. Perfidia patronal en su máxima expresión. El prontuario de estos patrones de discursiva “popular” no comienza en cuarentena, ya el año pasado esperaron a diciembre para otorgar los aumentos de sueldo que, por ley, deberían haber otorgado en agosto. Mientras retienen los recibos de sueldo desde febrero, no han pagado el bono salarial de enero y adeudan los aportes a la obra social desde febrero, es decir, más de un mes antes de que estallase la pandemia. En medio de una crisis sanitaria de las proporciones que estamos atravesando, los dueños del “Santa Evita” no solo no pagan salarios, sino que juegan con la vida y la salud de sus trabajadores. Según comentan trabajadores despedidos que hoy se organizan contra esta patronal, el restaurante ha facturado en mayo una cifra por encima del millón de pesos, sin pagar alquiler, sin entregar facturas (o sea, sin pagar impuestos) y con tan solo seis empleados a medio sueldo, pues se han servido de dinero estatal para cubrir la otra mitad. Con tan solo lo recaudado el 25 de mayo -180 mil pesos- habría bastado para poner al día a los trabajadores. Finalmente, ante las intimaciones de un grupo de trabajadores, los dueños han desestimado sus reclamos y les han prohibido la entrada a sus puestos de trabajo, reemplazándolos por trabajadores en negro. Debemos visibilizar este reclamo. Todo el apoyo a los laburantes del Santa Evita. La patronal debe ponerse al día con salarios y aportes, y reincorporar a todos los trabajadores desplazados.

19 de junio de 2020
Pico de contagios: el problema no es el ‘running’

El país alcanzó los casi dos mil contagios por día (La Nación, 18/06), constituyendo el pico de casos desde que llegó la pandemia. En simultáneo, se acerca cada vez más el colapso en los hospitales: el 57% y el 45% de las Unidades de Terapia intensiva en capital y provincia de Buenos Aires, respectivamente, ya están ocupadas (Ámbito, 18/06). La crisis política del trío integrado por Fernández, Larreta y Kicillof se ha acentuado. Esta semana, el presidente salió al cruce de las medidas tomadas por la Ciudad ("querían salir a correr, ahí tienen las consecuencias"). El gobierno porteño, por su parte, respondió que no hay elementos para deducir que dichas actividades sean la causa del incremento de contagios (La Nación, 19/06). En cualquier caso, de un lado y del otro, hay un claro direccionamiento de la discusión hacia medidas superficiales y menores. Lo que realmente mueve el amperímetro del aumento de casos no son las salidas recreativas, sino la reactivación de la actividad económica que expone al contagio tanto en los lugares de trabajo como, especialmente, en el transporte público. El anuncio en boca del gobierno de una posible vuelta a la primera fase refiere, sobre todo, a las actividades por fuera del campo laboral (running, etc.). Medidas como la división de salidas según el número de DNI, anunciada por Larreta, son puramente cosméticas, así como las palabras de Alberto Fernández operan de distraccionistas del factor principal. El aumento de los casos de contagio en la industria ya tiene varios ejemplos, como viene pasando en la rama de la alimentación (Bagley, Granja Tres Arroyos, etc.), el neumático (Firestone), y muchos otros. En la rama de servicios, los supermercados han registrado un aumento explosivo de casos entre sus trabajadores. La reanudación de la producción en la mayor parte de la industria, dispuesta semanas atrás, y los pocos elementos de salud y prevención en los empleos “esenciales” desde el inicio de la pandemia, son focos de la expansión del virus en los trabajadores y en los barrios en los donde se ubican las fábricas o viven sus trabajadores. Por otra parte, los trabajadores de los hospitales también se ubican entre los conglomerados de contagios, en un cuadro en que los materiales necesarios para prevenirlos son suministrados en mínima proporción por parte del Estado. Para combatir el pico de contagios no alcanza con restringir algunas salidas individuales. Es necesario ir al centro del problema. Es cada vez más necesario que pongamos en pie coordinadoras que impongan protocolos que garanticen la prevención de contagios, la centralización del sistema de salud por el estado – bajo control de los trabajadores de la salud -, el refuerzo de las unidades sanitarias con el presupuesto correspondiente discutido por los trabajadores, asistencia alimentaria y testeos masivos controlados por comités barriales. En momentos críticos como el actual, se pone de relieve totalmente que la defensa de la vida depende de la clase obrera. LEER MÁS Crecimiento de la pandemia, impotencia de los que gobiernan

19 de junio de 2020
Latam: una extorsión

A través de una carta a los trabajadores y miles de mails a viajeros frecuentes y usuarios de su página web, el grupo Latam ha anunciado el cese de actividades de su filial argentina, para la cual trabajan más de 1.700 empleados y tiene actualmente 12 aviones matriculados en el país. El comunicado de la empresa tiene un fuerte tufillo a chantaje. “Las operaciones de las demás filiales del grupo hacia Argentina no se verán afectadas, siendo reanudadas cuando las restricciones sanitarias se levanten y exista demanda”, dicen los empresarios. El comunicado tiene un claro objetivo: mientras dure la pandemia, y hasta que se reanuden los vuelos y exista una demanda de pasajeros, apunta a desentenderse del pago de los salarios de los trabajadores. La empresa, mediante este procedimiento, actúa desconociendo abiertamente el DNU del gobierno, amenazando con un cierre que -según ellos mismos- será temporal, con el objetivo mal disimulado de reanudar las operaciones con mucho menos personal en el futuro. Apenas comenzada la pandemia y dictada la suspensión de vuelos en Argentina, el grupo Latam fue el primero en anunciar que iba a despedir a 1.400 trabajadores en varios países, y que iba a pagar el 50% de los salarios. Se realizaron numerosas audiencias ante el Ministerio de Trabajo. Los gremios aeronáuticos se opusieron, la cartera laboral ordenó que pagaran los sueldos en su totalidad o que se cumpliera el acuerdo “marco” de la CGT del 75%. En esas reuniones, el Estado terminó concediéndole a la multinacional los ATP. Sin embargo, luego de haber obtenido estos subsidios, Latam de todos modos presentó un recurso preventivo de crisis. La patronal va por todo: no pagar los sueldos, evadir las dobles indemnizaciones y reabrir cuando se le cante. La burocracia aeronáutica de los sindicatos oficiales se limitó a sacar un comunicado -hace más de tres semanas- anunciando un “cese de colaboración” frente al intento de llevarse los aviones a Chile. Y, si bien rechazaron la reducción salarial de manera formal, nada hicieron para impedirla de hecho. Entre el descontento de los trabajadores y la debacle y el desprestigio de la burocracia aeronáutica en Latam, se ha producido un verdadero desguace sindical. Se han formado sindicatos de “empresa” entre los técnicos y las azafatas, cuyas direcciones han provocado una enorme división entre los trabajadores que no ven en los viejos gremios respuesta alguna, pero, por otra parte, encuentran en las direcciones de los sindicatos de “empresa” a verdaderos voceros del chantaje empresarial. Es necesaria la movilización de la totalidad de los gremios porque si pasa este abierto desconocimiento del pago de salarios en la pandemia, algo similar va a desarrollarse en Aerolíneas Argentinas, que ya ha anunciado un plan de suspensiones que puede ser de largo plazo. La reunión y el acta firmada por los gremios aeronáuticos con el ministro de Transporte hasta ahora solo “manifiesta preocupación” por Latam. Es necesario expresar esta “preocupación” en acciones concretas de todos los gremios. Frente a las acciones de cierre es necesario preservar todos los activos de la empresa en el país (aviones) con una acción de vigilia permanente de los trabajadores, junto al reclamo del pago de los salarios. Latam debe transformarse en un gran conflicto nacional y Aeroparque, en el centro de una jornada nacional de lucha de los gremios aeronáuticos contra los despidos, en defensa de los convenios y las condiciones de trabajo de todos sus trabajadores. Toda la solidaridad con los trabajadores de Latam.

19 de junio de 2020
Aumento exponencial de los casos de Covid-19 en los supermercados

Con más de 200 diagnósticos positivos y sumando nuevos casos a diario, los supermercados se han convertido en verdaderos focos de contagios de Covid-19 como resultado de la desidia patronal. Por la salud de los mercantiles y la población en general, urge la implementación de protocolos de los trabajadores. La avaricia de los empresarios está generando una situación caótica y alarmante al incumplir incluso los ya limitados protocolos existentes y por no informar a los clientes de los casos positivos. Por caso, el Coto 65, ubicado en Quilmes, permaneció abierto durante dos semanas a pesar de haberse confirmado 12 trabajadores con Covid-19 positivo. Recién una vez que la situación tomara estado público por las insistentes denuncias y protestas de los empleados, se acercó el intendente y se dictó la cuarentena de los llamados “contactos estrechos”. Sin embargo, luego de una supuesta desinfección, el mercado reabrió de inmediato con trabajadores de otras sucursales. En Carrefour está pasando algo similar. Debido al aumento de los contagios en las tiendas, que ya de por sí funcionan con una dotación mínima, hacen rotar a sus trabajadores de una sucursal a otra, aumentando la flexibilización laboral y la circulación del virus, confirmando nuevos contagios. Como si fuera poco, el CEO de la multinacional francesa pretendió responsabilizar a los trabajadores por los contagios y justificar sanciones por no utilizar las máscaras en lugar de tapabocas, algo que no figura en el protocolo de la empresa, y por las llegadas tarde. Buscan allanar el camino para despedir “con causa” y ahorrarse incluso las indemnizaciones como hicieron a principios de año con 60 trabajadores. La empresa incluso empezó a ofrecer retiros voluntarios. Estas situaciones son la regla general en el conjunto de los supermercados y mayoristas. Ninguna empresa toma medidas a partir de los “casos sospechosos” sino que dejan correr el virus hasta la confirmación de los contagios. Por un protocolo de los trabajadores Mientras el gobierno anuncia sistemáticamente la “extensión de la cuarentena”, ha concedido a las patronales la habilitación de innumerables comercios e industrias que nada tienen de esenciales, aumentando peligrosamente la circulación y deja pasar todos los incumplimientos de las empresas. Incluso está utilizando nuestros aportes al Anses para cubrir los salarios que deberían pagar las patronales (los ATP). Por otra parte, el secretario general de la Federación de Empleados de Comercio, Armando Cavalieri, que no ha hecho nada para enfrentar las arbitrariedades y defender la salud de los mercantiles, negoció suspensiones con reducción de salario para el resto del gremio. Con la excusa de “defender los puestos de trabajo”, defiende las ganancias patronales. Frente a todo esto, fuimos los trabajadores quienes, mediante la deliberación, organización y acciones, impusimos en muchos mercados el cuidado de nuestra salud, y la de los clientes. Debemos continuar debatiendo y votando un protocolo propio. Ingresar aquí para acceder a la propuesta de la agrupación Combativos Mercantiles.

19 de junio de 2020
Catamarca: el intendente Enrique Aybar va a juicio por abuso sexual

Luego de 7 años, la denuncia por abuso sexual, el actual intendente de la Puerta de Corral Quemado, departamento de Belén, Enrique Aybar, será sometido a juicio a partir del próximo martes 23 de junio. Aybar está imputado por “abuso sexual agravado por la guardia en calidad de autor”, cuando en 2013, mediante engaños, llevó a una menor de 14 años desde su localidad de origen a la capital provincial con la mentira de conseguirle una beca estudiantil. Luego de un largo proceso ante la Justicia, va a ser juzgado por esta causa, la cual fue suspendida el año pasado, antes de las elecciones generales, en las cuales se presentó como candidato de Juntos por el Cambio y logró ser reelecto por un tercer mandato. Antes de volcarse a la actividad política, Aybar ejercía la docencia y era director de una escuela rural de la zona, donde abusó de varias niñas. Hasta ahora, cinco chicas se animaron a exponer los abusos y denunciarlos, pero solo una denuncia ha llegado a juicio Persecución e impunidad garantizadas por este régimen El caso de Aybar es una expresión de la impunidad que gozan violentos y abusadores que se valen de su influencia y poder garantizados por el Estado. En el pueblo, siendo director de la escuela o desde 2011 como intendente, ha actuado como amo y señor de sus habitantes, haciendo uso del soborno sobre el personal de justicia, disponiendo quién puede conseguir trabajo y quién perderlo, usando la policía y a sus matones para los aprietes. Todo es público y conocido en la provincia, pero salvo el movimiento de mujeres que se ha movilizado reclamando justicia. El gobierno provincial ha sido completamente incapaz de dar una salida a un flagelo generalizado en la provincia, como lo demuestra lo que ocurre con los curas abusadores, donde las denuncias y los procesos que se han abierto se dilatan en el tiempo, y los abusadores siguen en sus puestos eclesiásticos gozando de la libertad y de los privilegios que les da ser miembros de la iglesia. En cambio, las familias afectadas y todo aquel que se solidarice con la víctima son amenazados. Los acólitos y punteros del intendente Aybar han llevado adelante una campaña de difamaciones y hostigamientos contra quienes levantan la voz en sus pueblos y luchan en contra de su impunidad. A pesar de todo ello, no nos bajamos de una lucha imprescindible. Llamamos al movimiento de mujeres y al conjunto de la población dispuesta a combatir a los pedófilos y abusadores a sumarse a la lucha contra la impunidad. Vamos a esta nueva instancia a llevar a fondo esta lucha para exigir justicia para la víctima, mostrando que el camino para que todos los “Aybar” reciban su merecido castigo. Nos movilizamos el próximo martes 23 de junio para acompañar a la compañera en esta lucha, a las 8, en la Cámara Penal N°3.

19 de junio de 2020
Kicillof contra el aguinaldo docente

El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha informado que una franja muy importante de los docentes cobrará su aguinaldo hasta en cuatro cuotas. La medida va en consonancia con una decisión nacional que afecta a otros trabajadores estatales y que, previsiblemente, finalmente se trasladará al ámbito privado. La provincia, a través de un instructivo, señala que “el sueldo anual complementario correspondiente al primer semestre 2020 se abonará en cuotas en función del nivel remunerativo de los salarios que percibe el personal en la actividad de la administración pública provincial”. El “tope” que se coloca es de $65 mil pesos en mano para cobrarlo de una sola vez, en tiempo y forma. De allí en adelante, los que superen ese monto, lo cobraran en cómodas cuotas. Afecta a un universo que ronda el 30% de los docentes, lo que revela que el 70% cobra salarios por debajo del costo de la canasta familiar. Cobrarán en cuotas, por ejemplo, aquellos que desempeñen un cargo jerárquico, una maestra que trabaja dos cargos con 15 años de antigüedad, un preceptor con 24 años de antigüedad que trabaje en dos escuelas o doble turno, un profesor de secundaria con 17 años de antigüedad que tenga 30 módulos o un maestro de educación especial con 10 años de antigüedad y dos cargos. A diferencia de los docentes, el gobierno se encuentra pagando “en tiempo y forma” todos los vencimientos de deuda a la fecha. La noticia, como era de esperar, generó el repudio en amplios sectores de la docencia, que se expresó en los grupos de WhatsApp y en las redes sociales, incluyendo a la propia base de la agrupación celeste y otras ligadas al gobierno. Los gremios del FUDB han sacado un pronunciamiento donde consideran “inadmisible” que se afecte el salario y el aguinaldo de los trabajadores, pero no han convocado a ninguna acción, ni instancia para que los docentes deliberen y voten las medidas a seguir. Baradel ha manifestado que el camino es que el gobierno avance con el impuesto a las grandes fortunas. Les propone a los docentes un “camino” desconocido, ya que no se conoce ningún proyecto oficial al respecto. Un gremio que se integra políticamente al Estado, que se encuentra rescatando al capital en desmedro de los trabajadores, le pone un límite insalvable para defender consecuentemente los derechos de sus afiliados. Los SUTEBAS conducidos por la lista Multicolor han convocado a este Lunes 22/6 a un “Apagón Virtual” y a una campaña de fotos en las redes sociales. La medida coincidirá con la misma acción que realizará UDA y los gremios UTE y Ademys, en Capital Federal. La convocatoria a un plenario provincial de delegados con mandato es fundamental para que involucrar a un sector más amplio de compañeros que no está dispuesto a resignar sus conquistas. Impulsemos una gran campaña en los sindicatos docentes, convocando a asambleas y reuniones que voten el rechazo a los anuncios del gobierno y a organizar un plan de lucha por el cobro integral del aguinaldo y por todas las reivindicaciones pendientes.

19 de junio de 2020
Poryso, ex Papelera Ansabo, se reconvierte y produce sanitizantes

En una conferencia de prensa realizada en las instalaciones de la papelera recuperada Poryso (ex-Ansabo), se lanzó públicamente el sanitizante que los trabajadores producen en la planta. Con la Comisión de Mujeres al frente, las compañeras dieron a conocer el proyecto, cómo lo impulsaron y desarrollaron junto con técnicos y profesionales que colaboraron para su producción. La primera tanda de producción la distribuyó entre los vecinos de la Villa Azul, aislada por el gobierno por el estallido del Covid-19 en el barrio. Desde hace 11 meses, los trabajadores Papeleros de Ansabo y su Comisión de Mujeres vienen siendo un puntal para las luchas de la zona. En su predio, se reúne la Coordinadora de Trabajadores de la zona Sur desde hace 10 meses, por donde han pasado todas las luchas de la zona, y hoy continúa siendo una referencia para las que van surgiendo. La producción de sanitizante por la cooperativa Poryso (Papeleros Organizados y Solidarios), es un importante paso adelante, y demuestra que el planteo de la reconversión de la industria no-esencial para destinarla a atender las necesidades sanitarias del país es una salida perfectamente realizable. El Estado debe garantizar la producción de este sanitizante, y elaborar un plan centralizado para actuar frente a la crisis sanitaria. Saludamos a los trabajadores de Poryso y su Comisión de Mujeres. ¡Adelante!

19 de junio de 2020
Plan FinEs: ¨Los trabajadores estamos hace seis meses sin cobrar¨

Lili es docente del Plan FinEs, delegada de su sede en la Villa 1-11-14, y nos cuenta el proceso de lucha que están llevando adelante junto a los estudiantes. El Plan nació en 2007 cuando el Consejo Federal de Educación aprobó una resolución para la terminalidad de los estudios entre jóvenes y adultos de las villas y de los sectores vulnerables . ¿Cuáles son las condiciones de trabajo? Pasaron 10 años de sostenimiento de un plan precario para la población y para les trabajadores. Es un Plan Nacional, no todas las jurisdicciones tienen las mismas condiciones laborales . Yo me voy a referir a CABA donde trabajo. En la ciudad más rica del país, hasta 2019 se iniciaba un contrato basura (por fuera de todo derecho estatutario) en marzo, que concluía a fines de diciembre. No se cobraban enero y febrero, y recién volvíamos a hacerlo en mayo o junio del año siguiente. En 2020 directamente empezamos el año sin una resolución nacional que diera continuidad al Plan, mientras el GCBA decía que no pagaba salarios hasta que Nación no enviara la partida presupuestaria. La campaña de computadoras para estudiantes y becas, nunca incluyó a les estudiantes FinEs. Hoy, al calor de "la educación virtual", tan fogoneada por los gobiernos, denunciamos la falta de conectividad. Así se construyen materialmente las desigualdades, que hoy quieren encajarle como único responsable a Larreta. NO, el plan FinEs atravesó tres gestiones de gobierno y las villas siguieron sin tener agua, viviendas dignas, notebooks, educacción pública en edificios adecuados, etc. La realidad deja sin argumentos a todos los gobiernos que buscan denostar y liquidar el Plan. No hay otra educación pública en las villas, y si la hay, forman parte de programas precarizados que son para las personas precarizadas. Nosotres trabajamos con la ESI desde hace años, con mujeres que han podido estudiar trayendo a sus hijos y armando guarderias en las sedes. Si eso no es educación pública, ¿qué es? ¿Qué hicieron frente a esta situación? Cuando a mediados de marzo vimos que todo seguía en veremos empezamos a reunirnos para pensar qué hacer. Previo a la pandemia, nos autoconvocamos en asamblea aproximadamente 80 trabajadores, delegados y referentes de sede. Se resolvió una acción frente al Palacio Pizurno porque varios dimos la discusión de que el conflicto no sólo tenía como responsable al gobierno de Larreta sino también al gobierno Nacional. También discutimos, frente a las propuestas descentralizadas de la UTE, que la acción tenía que ser única. Fuimos varios docentes y estudiantes y,como no nos recibían, decidimos, en una asamblea in situ, cortar Callao y elegir democráticamente cuatro delegados para una potencial mesa de diálogo. Al mismo tiempo viralizamos por redes la situación. A la semana siguiente, gracias a la lucha organizada desde abajo, salió la resolución 146/2020 que da continuidad al Plan a nivel nacional. Nación exigía un plan a CABA que diera cuenta de las condiciones en que estaba el Plan y Larreta decía "no fumo". Se tiran la pelota uno al otro mientras los trabajadores estamos ¡HACE 6 MESES SIN COBRAR! En cuarentena se hizo una nueva asamblea virtual de la que salió un documento firmado por casi 120 docentes de todas las sedes. Una delegación llevó este pliego reivindicativo, cuyo norte es conseguir plenos derechos estatutarios, a la Jefatura de Gobierno de Parque Patricios e hizo un pequeño corte. También apuntamos a que sea levantado por los principales sindicatos UTE y Ademys. ¿Que hicieron los sindicatos? Hoy el órgano de mayor acción y representatividad es la Asamblea de docentes FinEs. UTE viene garantizando la precarización desde el inicio del Plan bajo el gobierno de CFK. Ayer se dignó, por primera vez, a llamar a una reunión de delegados que no resolvió nada y tuvo un claro manejo de aparato. Ademys hoy acompaña nuestra lucha con difusión y coordinación de programas y sectores de la docencia precarizados. Esto es así porque dimos una lucha organizada desde la Asamblea FinEs. Pero para el Concejo Educativo Federal, para la Ctera no existimos: por eso exigimos que delegados del plan participen de las mesas paritarias nacionales y jurisdiccionales, para protagonizar nuestras propias demandas. La falta de representatividad que tenemos los docentes del plan y su población ameritan una sola lectura: discriminación social y utilización política de la pobreza para sostener los privilegios de aquellos cuya vida fue mejorando a base de la miseria por la que hoy el virus arrasa en las villas. ¿Cómo van continuar la pelea? El 17/6 Nación habría aceptado el Plan de la CABA y supuestamente enviará un tercio de la partida presupuestaria sobre la que no hay claridad. Si en días no se resuelve favorablemente la situación, insistiremos armando frente único, coordinando con otros sectores precarizados y con todo trabajador que quiera luchar, y nos dirigiremos al Ministerio de Educación de la Nación. Hay que quebrar el cerrojo mediático. La situación es dura ante tanta indiferencia que no genera más que precarización.

19 de junio de 2020
A 200 años: Manuel Belgrano, entre la revolución y la contrarrevolución
Mauricio Fau

En la víspera del 20 de junio, bicentenario del fallecimiento de Manuel Belgrano, publicamos la siguiente colaboración del autor del ensayo “Belgrano, el contrarrevolucionario” . “Unos combaten por la federación, acaudillados por Artigas, personificación genuina de los instintos brutales de las multitudes (…) Otros resisten y contienen el incendio, dirigidos por Belgrano…” Bartolomé Mitre “La insurrección popular, brutal y viciosa… lleva en sí misma una fuerza de penetración y de disolución, superior a las fuerzas represoras que pudieron contrarrestarla” Oficio del General Manuel Belgrano al gobierno, 12 de abril de 1819 Introducción En 2006, un grupo de militantes e investigadores (Cecilia García, Jonathan Palla, Alejandro Barton y quien escribe) nos propusimos revisar las concepciones existentes sobre la Revolución de Mayo. ¿Había sido ésta un simple efecto secundario de la prisión de Fernando VII a manos de Napoleón? ¿Era un mero recambio político de la desplazada burocracia virreinal a manos de criollos que “aprovecharon la volada” y se hicieron del poder? Esta lectura es la de Luis Alberto Romero y la “Renovación” (corriente con fuerte influencia en la carrera de Historia de la UBA y adherente en su momento al alfonsinismo), tributarios a su vez de Tulio Halperín Donghi. ¿No había pasado nada realmente, como también nos decía el gran Milcíades Peña? ¿Era por el contrario Mayo una revolución acabada, completa, que dio a luz a la Argentina moderna? ¿Era la burguesía su clase revolucionaria, progresista, desarrolladora de las fuerzas productivas y del capitalismo? Es lo que nos enseñan desde chicos en los actos escolares, donde la pluma de los Mitre, López y Levene sigue teniendo su peso. Es curioso: los nacionalistas niegan que Mayo haya sido una revolución nacional contra la opresión colonial. Norberto Galasso sostiene que fue una lucha de liberales contra absolutistas y que sólo más tarde –cuando España volvió a un absolutismo intransigente– se planteó la independencia, lo cual es contrafáctico. Los nac & pop se encargan muy bien de asimilar el confederacionismo artiguista y su pretensión de un capitalismo a escala del viejo virreinato, con los mezquinos localismos de los “federales” truchos, al estilo de Ramírez, López y Rosas. En aquellos años, el grupo se abocó a investigar y refutar los puntos de vista dominantes. Fuimos constatando entonces la formación de una temprana burguesía ganadera, mucho antes de Mayo y del “vuelco” de 1820 del comercio al campo. Fuimos descubriendo la temprana participación de las masas gauchas e indias en las luchas nacionales y el rol destacadísimo de Artigas. Fuimos viendo que la lucha social de esas masas engarzó con los planteos independentistas y cómo algunos líderes jacobinos –Castelli, Moreno, Artigas, Rodríguez de Francia a su modo– vieron más lejos. Poco antes del Bicentenario de Mayo, el grupo le propuso a compañeros del PO (Pablo Rieznik, Norberto Malaj, el Colo Rath y otros) un intercambio de ideas sobre el tema. Las que iban a ser algunas reuniones, se convirtieron en un riquísimo debate, donde se analizaron temas como el papel estratégico de Artigas –pero también sus limitaciones–, la visión de Marx sobre Bolívar, las críticas a la historia K sobre el período, las revoluciones comuneras, haitiana y de Túpac Amaru, las juntas españolas de 1808, la relación entre hacendados y agregados en la campaña bonaerense, las misiones jesuíticas, las invasiones inglesas y largos etcéteras. Especial dedicación se le dio al tratamiento del Congreso de Tucumán, sus causas y consecuencias. Un artículo de mi autoría al respecto fue pensado para el número de En defensa del marxismo dedicado al bicentenario. Iba a ser publicado como “La independencia para poner fin a la revolución. El significado del Congreso de Tucumán”. Finalmente se convirtió en el capítulo 8 de La revolución clausurada. Con posterioridad me interesó profundizar en la figura de Belgrano, por su –por varias razones– carácter emblemático. Finalmente, en 2016 salió a la luz “Belgrano, el contrarrevolucionario”. La presente nota sintetiza lo esencial de todo lo anterior. Belgrano ® Manuel Belgrano es una marca registrada en el registro de patentes por Bartolomé Mitre, el inventor de la historia argentina. Pero ¿quién fue Belgrano?, ¿el revolucionario pacifista de los liberales?, ¿un revolucionario radicalizado como quieren los nac & pop?, ¿expresión de una burguesía criolla que no transformó nada ni nunca quiso hacerlo? ¿Por qué a pesar de las fuertes disputas políticas e historiográficas, Belgrano queda al margen de todo cuestionamiento en el panteón de los intocables, junto con San Martín? Trataremos de dar una respuesta en lo que sigue. Viva Belgrano Cuando Napoleón invadió España en 1808, desató un levantamiento democrático, nacional y revolucionario, con un pueblo armado y organizado en juntas que cuestionó el poder feudal y eclesiástico. Los grupos más conservadores de la burguesía frenaron ese proceso para maniatar la acción independiente de las masas españolas insurreccionadas. La Constitución de Cádiz expresó esa combinación de las aspiraciones revolucionarias con el temor al pueblo. También en América la burguesía criolla abandonó tempranamente sus pretensiones transformadoras, desbordada por los alzamientos indígenas en el Alto Perú y de los esclavos de Haití. En el Río de la Plata, las invasiones inglesas de 1806-07 desataron fuerzas nacionales contenidas, que rápidamente amenazaron con sobrepasar los moderados horizontes de los criollos. La caída del poder real era la oportunidad para un gobierno propio, pero los criollos miraron de reojo a esas masas armadas y politizadas –las milicias– que elegían a sus jefes y se llevaban las armas a su casa. ¿Qué fue la Revolución de Mayo?: un juego de pinzas de la ascendente burguesía criolla para desplazar a los monopolistas y simultáneamente edulcorar a un movimiento popular que potencialmente amenazaba con transformaciones sociales no deseadas. ¿Eran entonces los criollos revolucionarios o vulgares conservetas? Ambas cosas: querían hacer su revolución sin hacer muchas olas. Debieron lidiar no sólo con la “anarquía” popular sino también con un ala de criollos que estaban dispuestos a ir más lejos, hacia una revolución democrático-burguesa que permitiese un desarrollo del mercado interno, un proceso de industrialización, un accionar capitalista del Estado, el combate al latifundio. Esa revolución criolla no estaba destinada fatalmente a terminar en lo que terminó, en una burguesía antinacional opuesta al desarrollo burgués. Que había otro camino lo demuestran los derrotados Moreno y Artigas, pero también el Paraguay industrial burgués, aplastado cincuenta años después por Mitre en la Guerra de la Triple Alianza. Belgrano debutó en el ala revolucionaria de Mayo, junto con Castelli y Moreno. Sus campañas al Paraguay y a la Banda oriental fueron aplicación del Plan de Operaciones. Quería la revolución para que los criollos se apoderasen de los puestos burocráticos y para que hubiese un desarrollo nacional. Estaba dispuesto a favorecer a las masas, como se evidencia en el Reglamento para las misiones de fines de 1810. Pero su jacobinismo –como el de los burgueses liberales de Cádiz– llegaba “hasta ahí”: una cosa es liberar paternalmente a las masas y otra es permitir que éstas tengan una política independiente. Analizaremos a continuación algunos hechos clave en la vida de Belgrano, algunos conocidos y otros ocultos, cuidadosamente ocultos. Universidad de Belgrano Pasados los momentos épicos de la resistencia contra ingleses y españoles, la mayoría de la dirigencia de Mayo prefería desarmar a las milicias populares e institucionalizar un régimen pactado con España e Inglaterra. Cuando en 1806 Belgrano vuelve de la Banda Oriental, se encuentra con las elecciones de oficiales en el cuerpo de Patricios. Y escribe: “…empecé a ver las tramas de los hombres de nada para elevarse sobre los de verdadero mérito; y a no haber tomado por mí mismo la recepción de votos, acaso salen dos hombres oscuros, más por sus vicios que por otra cosa, a ponerse a la cabeza del cuerpo…recayó al fin la elección en dos hombres que eran de algún viso…” (1) (Saavedra, hijo de un funcionario colonial, Romero, gran comerciante y Urien, contador del Consulado). Los ignorantes “hombres de nada” y los “oscuros” debían servir como tropa, pero de ningún modo como jefes. “Apagar el incendio”: los Bomberos voluntarios de Belgrano Belgrano, Castelli, Vieytes, Paso, Pueyrredón y Nicolás Peña planteaban una mayor autonomía de la corona y un control criollo sobre la administración local, en desmedro de los peninsulares. Vieron en la Infanta Carlota –hermana de Fernando VII y esposa del Rey portugués Juan– la oportunidad de tomar distancia de Fernando e influir en el poder por medio de una Constitución, como contrapeso al monarca. Aprovechando la venida de la corte lusitana al Brasil, los “carlotistas” llamaban a romper con el poder español favoreciendo la continuidad de los Borbones en el poder. El 20 de septiembre de 1808 Belgrano escribía que: "Sin que nosotros hubiéramos trabajado para ser independientes, Dios mismo nos presenta la ocasión con los sucesos de 1808 en España y en Bayona (…) traté de buscar los auspicios de la Infanta Carlota y de formar un partido a su favor” (2), con el fin de instalar una monarquía constitucional. Claro, a la absolutista Carlota no le interesaba ninguna constitución ni ninguna autonomía rioplatense. Preocupado por la democracia juntista que se expandía en España y América, Belgrano manifestó que "...Si por desgracia nuestra metrópoli es subyugada, se celebren inmediatamente Cortes, para que, establecida la Regencia al cargo de (…) Carlota (…), haya un gobierno que sirva de exemplo a la decadente Europa (…) sin prestar oídos a los silbidos de la serpiente que quiere induciros a la democracia." (3) Poco después, los temores de Belgrano se hacían realidad con dos alzamientos anticarlotistas: el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca y el 16 de julio en La Paz, ambos sangrientamente reprimidos. Mientras los universitarios de Chuquisaca y los indios de La Paz bramaban contra los “traidores carlotistas”, Belgrano le rogaba a los Braganza que tomasen el poder: “…las provincias del interior, cada vez más caminan al desorden (…) la Capital de La Paz se había sublevado (…) tomando el Gobierno el Cabildo, quien ha libertado a los indios del tributo. Se realiza con esto nuestro temor de que seguirían el ejemplo de la de Charcas, y así irá sucediendo en las demás, si V.A.R. no se digna tomar la determinación de venir a apagar el incendio…” (4) Tras la Revolución de Mayo, Carlota propuso a Goyeneche que invadiera Buenos Aires y ejecutara a los revolucionarios con los mismos métodos de masacre usados en La Paz meses antes. Seis años más tarde, Belgrano propició la invasión de la Banda Oriental por parte de estos masacradores. Belgrano Cargas Luego de participar en la Revolución de Mayo como miembro de la Junta, Belgrano fue enviado a ganar el Paraguay para la causa revolucionaria. Aunque fue derrotado por los realistas en Paraguari y Tacuarí, poco después se produjo la declaración de la independencia paraguaya. En octubre de 1811, Buenos Aires reconoció la independencia del Paraguay y ambas provincias se unieron en confederación, eliminándose los impuestos (alcabalas y estanco de tabaco) sobre los productos paraguayos. Pero las instrucciones secretas del Primer Triunvirato a Belgrano decían “Que el vínculo sólo de federación no basta (…) que obligue al Paraguay a prestarse a una subordinación (…)” (5). Debía “insinuar (…) que la provincia quede sujeta a la capital del Virreinato (…) no bastando el mero “vínculo federaticio”…”. Quien dos años antes pidiera a Carlota que tomara el poder, debería ahora pedir que el Paraguay “no fuese sacrificado a la suerte de España ni a los derechos de la Princesa Carlota”. También se le instruía para “contener al príncipe Juan de Portugal dentro de los límites brasileños” (6). Cinco años después, Belgrano optará por Juan para frenar a los “federaticios”. Que la política de Buenos Aires era ya reaccionaria por esos días lo prueba que el 20 de octubre de 1811 Rondeau pactó el retiro de tropas de la Banda Oriental con el realista Elío, provocando el rechazo del artiguismo y el inicio del llamado Éxodo Oriental. En septiembre de 1812, el Triunvirato gravó el tabaco paraguayo, creando una aduana en Corrientes. Era una política contraria a la unidad de las Provincias Unidas. También en octubre de 1811 el gobierno porteño ordenó el procesamiento de Castelli por sus proclamas revolucionarias en el Alto Perú – que ciertamente poco afectaban a los criollos del Río de la Plata. En mayo de 1811, junto a Monteagudo proclamó en las ruinas de Tiahuanacu la liberación del indio y la independencia de América y dio a conocer un decreto planteando la igualdad absoluta de indígenas y nacionales, el reparto de tierras y la independencia del Estado respecto al clero, provocando la reacción de peninsulares y criollos. Aunque en el Reglamento para las misiones del 30 de diciembre de 1810 Belgrano había hecho planteos parecidos, dará marcha atrás con esas medidas y reforzará el compromiso con el clero, los terratenientes y dueños de minas. Muera Belgrano En noviembre de 1811, el Primer Triunvirato nombró a Belgrano jefe de los Patricios. El objetivo era frenar el poder de las milicias urbanas, simples habitantes de la ciudad que no eran soldados. Al ordenar que se cortasen la coleta que los distinguía, suboficiales y tropa se atrincheraron. Belgrano le ordenó que “si se movían los acabasen a balazos”, tras lo cual fue recibido al grito de “muera Belgrano” y con el planteo de que “quiere este cuerpo que se nos trate como a ciudadanos libres y no como a tropas de línea”. Estos “hombres de nada” pretendían elegir como jefe al capitán Juan Pereyra en lugar de Belgrano. Era el Motín de las Trenzas. Seis suboficiales y cuatro soldados fueron fusilados y las compañías rebeldes fueron disueltas, acabando con lo que Mitre llamó una “verdadera democracia militar”. Rivadavia se quedó con todo el poder. (7) Por este hecho, el historiador y firmante del Pacto Roca-Runciman, Miguel Ángel Cárcano, sostuvo que Belgrano “Es el creador del ejército nacional” (8). Los años dorados Sin dudas, sus campañas militares de 1812 y 1813 se cuentan entre lo mejor del legado del prócer, junto con sus aportes en materia económica y educativa. Confrontando con la timorata política porteña, en febrero de 1812 Belgrano impuso el uso de la escarapela y días después enarboló por primera vez la bandera nacional y la hizo bendecir en Jujuy, donde impulsó la acción heroica del Éxodo jujeño, donde todo un pueblo partió escapando de los realistas. Vinieron luego sus dos triunfos militares clave, Tucumán y Salta, para lo cual tuvo que desobedecer las órdenes porteñas de retirarse a Córdoba. Pero las victorias se convirtieron en derrotas tras la entrada a Potosí –la ciudad por la que realmente se peleaba en el norte, centro de la riqueza metalífera. A fines de 1813, Belgrano fue derrotado en Vilcapugio y Ayohúma y el Alto Perú se perdió. A comienzos de 1814, San Martín lo reemplazó al mando del Ejército del Norte y Posadas fue designado Director Supremo. Ya nada sería igual. A Rey muerto, rey trucho En diciembre de 1814 Belgrano y Rivadavia partieron con el mandato del Directorio de solicitar a las monarquías europeas el reconocimiento de la independencia. A Fernando VII deberían “felicitarlo por su vuelta al trono y (…) reclamar nuestros augustos derechos”. En las instrucciones reservadas tenían mandato de “asegurar la independencia de América” por medio de una monarquía constitucional “si la España insistía en la dependencia servil de las Provincias”. En el caso de ser viable la sujeción a España, era innegociable que los criollos conservaran “la administración en todos los ramos”. Si no, los negociadores debían conseguir una “protección respetable de alguna potencia de primer orden”. En mayo de 1815 Belgrano y Rivadavia llegaron a Inglaterra y se encontraron con Sarratea, con quien debatieron qué hacer frente al giro pro-español de Inglaterra y la caza de liberales que se estaba produciendo en España tras el retorno de Fernando VII. Sarratea les expuso su nuevo plan: coronar en Buenos Aires al Príncipe Francisco de Paula, hijo del destronado Rey Carlos IV y hermano de Fernando. Belgrano y Rivadavia apoyaron el plan. Belgrano redactó un proyecto de Constitución monárquica, con parlamento bicameral y senadores con títulos nobiliarios. Los diputados negociantes reclamaban para sí y los criollos ser nombrados duques, condes, marqueses y barones. Incluso “…se honrará a algún mestizo, a la manera de la nobleza carioca con su pigmento indígena” (9). La negociación pronto se convirtió en un sainete: el rumor –falso– de la sorpresiva muerte de Carlos IV llevó a Belgrano, Rivadavia y Sarratea a truchar la firma del difunto en un testamento apócrifo donde cedía el trono del Río de la Plata a su hijo Francisco de Paula. Independencia y “fin a la revolución, principio al orden” Sin conseguir nada concreto, pero con la realidad de la ola restauradora y monárquica en Europa, Belgrano se fue en noviembre de 1815. En Buenos Aires se reunió con el Director Álvarez Thomas, a quien adelantó su plan: ganar el apoyo de la corte lusitana, “quien pensábamos podía obligarse por enlace de una de las hijas con el Infante, para que nos favoreciese (…) así desterrábamos la guerra de nuestro suelo (y) conseguiríamos la independencia (…), puesto que en Europa no hay quien no deteste el furor republicano…” (10) El 5 de julio de 1816, cuatro días antes de la declaración de la independencia, Belgrano presentó su informe al Congreso de Tucumán: la revolución americana se había desmerecido “por su declinación en el desorden y la anarquía”, por lo que había que desechar la protección de Europa, donde “…había acaecido una mutación completa de ideas (…) como el espíritu general de las naciones en años anteriores era republicarlo todo, en el día se trataba de monarquizarlo todo”. Recomendó “…una Monarquía temperada; llamando la Dinastía de los Incas…” Pero el punto más delicado es –oh casualidad– el que la mayoría de los historiadores calla: respecto de Portugal, Belgrano dijo “que el carácter del Rey Don Juan era sumamente pacífico y enemigo de conquista, y que estas provincias no debían temer movimientos de aquellas fuerzas contra ellas”. Recordemos que está hablando de quien avaló la masacre de los insurrectos de Chuquisaca y La Paz y era el jefe del imperio que secuestraba a los indios para hacerlos esclavos. Poco después, se agregó que la emancipación era respecto a “toda otra dominación extranjera” (…) de este modo se sofocaría el rumor (…) de que el Director del Estado, el General Belgrano (…) y aún algunos individuos del Soberano Congreso, alimentaban ideas de entregar el País a los Portugueses”. Pero el rumor no se “sofocó” porque los acuerdos con Río siguieron adelante y porque el 7 de julio de 1816 – ¡a horas del discurso de Belgrano! – las tropas portuguesas habían ingresado a Banda Oriental. Así, la declaración de independencia fue simultánea con la entrega de la Banda Oriental a los portugueses. Belgrano estaba al tanto de la invasión, de la que culpó a Artigas: “Según avisos que tengo, los portugueses invaden la Banda Oriental, y dicen que sus miras son hasta el Uruguay; hace mucho tiempo que desconfío de Artigas, y no menos de Santa Fe y Córdoba, mucho me temo por lo que veo y observo, que la canalla trata de traicionarnos…” (11) El 1º de agosto, el Congreso emitió un Manifiesto que define los objetivos del partido directorial: “…la revolución toma un nuevo carácter y el país se presenta con un aspecto más funesto. El germen de la anarquía con la fermentación de cinco años desenvuelve todos sus principios (…) es decir que el estado revolucionario no puede ser el estado permanente de la sociedad: un estado semejante declinaría luego en división y anarquía, y terminaría en disolución. (…) Decreto: fin a la revolución, principio al orden…” Repetimos: “Fin a la revolución, principio al orden”. Barrancas de Belgrano En marzo de 1816 Belgrano fue nombrado por Álvarez Thomas jefe del Ejército de Observación de mar y tierra y mandado a combatir al artiguista santafecino Mariano Vera, sin éxito. Por esos días escribió: “Nuestra acción (…) no debe dirigirse a otro objeto que a destruir la anarquía antes que eche raíces más profundas…” (12) En agosto, Juan Pablo Bulnes alzó a Córdoba para auxiliar a Vera. Belgrano coordinó la represión y Bulnes fue declarado traidor a la patria. En septiembre, Juan Francisco Borges, un federal que participó en la Revolución de Mayo, alzó a Santiago del Estero. Belgrano ordenó a Gregorio Aráoz de Lamadrid apresar y fusilar a Borges. En sus Memorias, Lamadrid recuerda: “…recibí la contestación del señor general en jefe, felicitándome (…) y ordenándome fusilara inmediatamente al teniente coronel Borges…” (13), quien fue ejecutado sin derecho a defensa alguna. De inmediato, Belgrano le comunicó a Pueyrredón: “…ayer a las 9 de la mañana fue fusilado el reo Don Juan Francisco Borges (…) Tucumán, 3 de enero de 1817.” (14) Refiriéndose a Borges dirá Belgrano: “…es indispensable hacer uso de la cuchilla porque la gangrena no concluya con lo bueno”. Retomando el espíritu con que reprimió el Motín de las Trenzas afirmará que “Conozco la necesidad que hay de que todos sean soldados (…) pero aconsejo a V., que haya una sala al cuidado de la tropa veterana, donde se tengan las armas con el pretexto de limpieza, y de seguridad; que allí las reciban los Cívicos al ir al ejercicio, y las depositen al regreso, sin que a ninguno le sea permitido llevarlas a su casa; también vea V. los jefes que les pone, y no vaya a engañarse; que sean hombres que tengan qué perder, y mucho, porque éstos no intentan jamás revolucionarse”, concluyendo esta pieza con “Artigas nunca se ablandará, ya he dicho a V. mi concepto acerca de él: es un agente de los enemigos y muy eficaz…” (15) En febrero de 1817, Pueyrredón dio a Lamadrid, oficiales y tropa “…un escudo (…) con la siguiente inscripción bordada en oro: “Honor a los restauradores del orden” (16), por haber contribuido “a la destrucción de los perturbadores del orden”. Al mismo tiempo, el Directorio lanzó la cacería general de opositores, entre ellos los diputados cordobeses y los restos del morenismo de Buenos Aires. Belgrano le cuenta a Güemes con satisfacción que “Ya volaron para Norte América, Chiclana, French, Pagola, Agrelo, el cronista Moreno y un tal Castro: esos menos alborotadores nos quedan” (17). El caudillo salteño José Moldes, que había sido el principal rival de Pueyrredón en el Congreso de Tucumán, fue detenido por Belgrano y remitido engrillado a Chile junto con Isasa, donde San Martín lo encerró. Se comprendía ahora lo que el Congreso entendía con “poner fin a la Revolución”. Consumada la represión interna y con la oposición diezmada, el Congreso se sinceró, declarando en diciembre de 1817 que “El gobierno de las Provincias Unidas se obliga a retirar inmediatamente todas las tropas que (…) hubiere mandado en socorro de Artigas (…) y no admitir aquel jefe y sus partidarios armados en el territorio. Y cuando (…) no haya medios de expulsarlos (…) podrá solicitar la cooperación de las tropas portuguesas…” El 12 autorizó el envío de quinientos veteranos a Entre Ríos “para atacar en sus campos a un enemigo natural del orden público”. Belgrano de Córdoba Para combatir al caudillo santafecino Estanislao López –en el poder desde julio de 1818– Pueyrredón no logró el apoyo de San Martín ni del Ejército del Norte. Belgrano bajó desde Tucumán a poner orden, dejando solo a Güemes para combatir a los realistas. En febrero de 1819 San Martín entregó a Belgrano cartas para López y Artigas para intentar una mediación, pero éste las retuvo: “…no hemos creído oportuno remitirlo (…) esta guerra (…) la hacen hombres malvados (…) cuanto canalla quiere echarse a robar se levanta en montonera y se hace depender del Protector de los Pueblos Libres, que no tiene más idea que la destrucción del País…”(18) A fines de octubre de 1819, Rondeau pidió a Belgrano que desde Córdoba atacase Santa Fe y a los portugueses que hicieran lo propio con Entre Ríos. En su último acto antes de caer enfermo, Belgrano mandó tropas al mando de Bustos. Llegado a la posta de Arequito en enero de 1820, Bustos se negó a seguir, repitiendo el planteo de San Martín de priorizar el conflicto contra España por sobre las luchas intestinas. Los portugueses hacían su parte derrotando definitivamente a Artigas en Tacuarembó. Poco después, Belgrano moría y Artigas iniciaba su exilio definitivo. El Directorio caía y se iniciaba una nueva etapa. Defensores de Belgrano: aquí está la bandera idolatrada La historiografía mitrista oficial elaboró los mitos fundantes de la nacionalidad argentina, entre ellos la canonización de Belgrano y la estigmatización de Artigas. Conservadores, radicales y hasta izquierdistas han repetido la versión del Belgrano “bueno” y el Artigas “malo”: Halperín Donghi: Artigas fue un conquistador que “…no encontraba motivo para limitar sus ambiciones, y bien pronto marginó el territorio sometido a su influjo del proceso de reorganización…” (19) Además, “…la llegada de Pueyrredón a Buenos Aires marcó la instauración pacífica de un nuevo orden” (20). Para “salvarle las papas” a Belgrano lo presenta como de acuerdo con el Motín de Arequito, cuando aquel mandó tropas a reprimir a los artiguistas y éstas se rebelaron (21). La “Renovación” siguió la misma línea. (22) Félix Luna: “…cada vez que Pueyrredón le ordena sofocar a los movimientos que se sublevan en las distintas provincias, toma la decisión correcta (…) y logra imponer (…) la autoridad del gobierno central”. Sin embargo, “desconocía los motivos de la guerra” (¡) (23). Partido Comunista: justificando la represión del Motín de las Trenzas, plantea que “Saavedra había desnaturalizado el cuerpo de los patricios (…) en un conjunto de individuos de melena y taco alto, reclutados en el bajo entre elementos del lumpen (…)” (23) (¿No se habrán lavado las patas en la fuente también?). Para Leonardo Paso, “Con la caída del gobierno de Pueyrredón, se abría el período de la anarquía”. Para el PC, era el Directorio y no Artigas el que luchaba por la independencia. Éste “no tuvo en cuenta los intereses de la independencia (…) Este ha sido su gran error histórico” (24) Razón y Revolución: los burgueses como Belgrano hicieron la revolución burguesa en la Argentina, mientras que Artigas expresaba el localismo y el atraso: “Es decir, querían un Estado aparte. Desde el primer momento, Artigas declaró a la provincia oriental “soberana” (…) El federalismo era el programa de disolución de la experiencia nacional” y “cualquiera sea su variante, el federalismo (…) representaba la contrarrevolución”. (25) Una vieja tesis del PC, que además es inexacta: Artigas siempre se opuso a la independencia de la Banda Oriental. Al decir que la Argentina completó su revolución burguesa, RyR embellece a la oligarquía más rancia (desde Rosas a la Generación del 80), despreciando el carácter semicolonial del país. MST: “…San Martín (y) Belgrano (…) dieron su vida en esta causa (…) que conduce (a) la Independencia”. Cita a Floria: “Artigas dominaba una cuarta parte de la nación (y) los conatos subversivos se habían extendido a Santiago del Estero y La Rioja”. Luego, “…los acontecimientos fueron llevando a la Constitución de un país moderno y democrático que termina expresándose en la Constitución de Santa Fe en 1853”. Igual que RyR, a la aprobación a libro cerrado de lo realizado por la oligarquía de Mayo le sigue la apología de sus descendientes del modelo agro-exportador: “En 1810 la Argentina era aproximadamente, el 2 % de la economía de América Latina; un siglo después el 50 % y ahora ha retrocedido al 8 %. No son casuales estos números” (26). La enseña que Belgrano nos legó: Belgrano y Artigas, la argentinidad al palo A esa versión liberal de la historia, el nacionalismo respondió con la suya: ambos –Belgrano y Artigas– fueron revolucionarios: Felipe Pigna: para el kirchnerista más mediático “se trata claramente de un ideólogo de la subversión americana”. Raro subversivo éste que fusila a los “anarquistas” de la “insurrección popular”. Pigna simula desconocer esto y carga las tintas sólo en el Directorio, que quería “destruir a Artigas”, aunque debe reconocer que Belgrano fue enviado en 1820 “a pacificar Santa Fe”. Pigna también falsifica los hechos cuando dice que Belgrano “…sugirió no buscar príncipes en Europa sino entregarle el trono a un descendiente de los incas…”(27) Califica de “infame traición a la patria” el intento de “entregar el país a los portugueses”, pero el “hijo de la patria” fue protagonista principal de ese intento, cuando dijo que Juan eran “pacífico” y “enemigo de conquistas”, en el mismo momento en que el General Lecor entraba con las tropas lusitanas en la Banda Oriental. Efectivamente, “Iban por Artigas y su gente, a poner fin a la experiencia más democrática y popular de esta parte del mundo…” Belgrano también “iba”, Felipe. Alberto Lapolla (28): caracteriza a Mayo como una revolución no sólo burguesa, sino “tupamara-criolla” (indios y burgueses criollos). En su afán por criticar a la visión gorila de Feinmann o Horowicz –que desprecian décadas de insurrecciones en el continente– Lapolla también dice que el Congreso de Tucumán completó la “obra emancipatoria y americanista” de Moreno, Castelli y Belgrano, “el único sobreviviente del trío fundacional tupamaro-jacobino” (29). Pero el “tupamaro” Belgrano apoyó a los directoriales en contra de Artigas (es decir, en contra del Plan de Operaciones que el propio Belgrano inicialmente apoyó). Es falso que para Belgrano “el sujeto revolucionario debían ser las masas indias” (30): los indios que apoyaban a Artigas eran el motivo del plan invasor de la corte lusitana en Banda Oriental para “precaver la infección en el territorio del Brasil” (palabras de Belgrano en el informe al Congreso de Tucumán). PCR: una de las vertientes de la revolución estaba formada por “…el núcleo de revolucionarios, cuyas ideas avanzadas eran el corazón de la revolución”, entre ellos Belgrano (31). Igual que los “nac & pop”, el nacionalismo maoísta aprueba a libro cerrado el accionar de Belgrano. Bajo Belgrano Miradas críticas de Belgrano hay pocas. Basadas en Milcíades Peña, parten de la subestimación de la revolución americana: PTS: Mayo se produjo por los acontecimientos europeos, pero no había aspiraciones revolucionarias en los criollos sino la sola pretensión de ocupar el poder político y burocrático que quedó vacante con el derrocamiento de Fernando VII. “La “plebe”, el “populacho” o el “bajo pueblo” (…) no participaron de la Revolución de Mayo”. Al resistir la corona este intento de autogobierno, desencadenó una guerra anticolonial, donde “…las clases dominantes irán radicalizando sus posiciones, pasando de la búsqueda de una autonomía política a la ruptura absoluta con la monarquía española” (32). La realidad fue a la inversa: una revolución que se inició radicalizada, al menos en su ala izquierda, fue virando cada vez más a posiciones conservadoras y finalmente contrarrevolucionarias. MAS: la no existencia de una burguesía industrial mercadointernista impidió una auténtica independencia. Como Peña, el MAS pasa de largo los diez años de guerra civil, 1810-1820, que desembocaron en la Argentina semicolonial, no por fatalismo sino porque quienes podrían haber impulsado un desarrollo burgués desde el Estado –en lugar de esa burguesía incipiente–, fueron barridos. Paraguay refuta al gran Milcíades Peña. Si el MAS critica al PCR por magnificar la participación popular, incurre en lo contrario: subestima absolutamente a la misma. Para el MAS Belgrano no fue nunca revolucionario porque nunca hubo siquiera un intento de revolución. (33) Revolución, contrarrevolución y disgregación de las Provincias Unidas Las aspiraciones nacionales de la burguesía criolla latinoamericana impulsaron la gran lucha contra la opresión colonial, con el objetivo de reforzar su explotación de las masas sin la intromisión de los colonialistas. Por ser una clase semi-opresora y semi-oprimida, los criollos se vieron obligados a pedir el apoyo de esas masas, lo que explica las concesiones que debieron dar, entre ellas la abolición de tributos, la mita y el yanaconazgo y el aflojamiento de la esclavitud. Sin embargo, ya en el alzamiento de Túpac Amaru, los criollos bloquearon la formación de un frente nacional con los indios contra el imperio español por temor a una acción independiente de las masas. Desde época tan temprana entonces, fueron incapaces de encabezar un movimiento revolucionario que abriese un desarrollo capitalista autocentrado y un Estado nacional. Allí donde las masas y/o sectores criollos jugaron un papel revolucionario (Túpac Amaru, Haití, el México de Morelos, Artigas, el Paraguay del Dr. Francia y los Solano López), las burguesías procuraron su aplastamiento. El resultado fue que la toma del poder por los criollos en América Latina consolidó el latifundio primario-exportador, implementando un desarrollo burgués, sí, pero antinacional. Así, por temor a las masas, la revolución democrático-burguesa se frustró. Los liberales nos contaron una Argentina surgida de una revolución indolora y escolar. Los socialdemócratas negaron toda causa nacional y popular. En la actualidad, los kirchneristas llaman a completar la revolución burguesa que los sojeros no supieron acabar, pero que el pueblo unido de explotados y explotadores hará realidad. El PC y el PCR siguen llamando a la revolución burguesa contra las rémoras feudales. Pero para el caso da lo mismo: estos “comunistas” están enamorados de la burguesía. Entienden que sin ella nada se puede hacer. El problema es que la burguesía no hizo su revolución cuando la tenía que hacer –la emancipación americana se produjo durante el punto más alto de la revolución democrático burguesa mundial–. La Revolución de Mayo pudo haber sido una revolución nacional burguesa y terminó siendo una revolución de la burguesía contra la Nación. La burguesía de Buenos Aires liquidó todo lo burgués progresivo (combate al latifundio, pequeña propiedad, mercado interno, industrialización, distribución del poder y la riqueza) y el resultado fue la consolidación de una burguesía raquítica, oligárquica y semicolonial, que hizo todo lo posible para separar de las Provincias Unidas a la Banda Oriental, al Alto Perú y al Paraguay. Ni feudales ni burgueses: el carácter reaccionario de nuestra oligarquía se debe a su condición de burguesía semicolonial. Por eso 1820 fue la tumba, no de la revolución democrático-burguesa, sino de la burguesía argentina como clase revolucionaria. Doscientos años después, sojeros y nacionales son fracciones de una clase decrépita, incapaz de llevar tarea nacional o democrática alguna hasta el final. Todo por diez pesos Belgrano sintetiza todo este proceso con su trayectoria, de jacobino a gendarme del orden conservador. Belgrano seguramente era sincero cuando planteaba que se den tierras no cultivadas a “los que ahora casi se avergüenzan de presentarse a sus conciudadanos por su desnudez y miseria”, pero la realidad es que envió sus tropas para combatir al más fiel exponente práctico del hermoso postulado, Artigas. Es verdad que redactó el Reglamento para las misiones, pero acató la orden de suspenderlo. Izó la bandera, sí, pero la arrió por orden de Rivadavia. Artigas, en cambio, izó la bandera celeste y blanca cruzada con la banda roja de la federación y nunca la bajó. En 1810, Moreno repudió los intentos conciliadores con España de Strangford. Cuatro años después Belgrano fue a Río a suplicarle al ministro británico. Lo que la corriente nacionalista –que incluye a los mediáticos Galasso y O´Donnell– presenta como “liberalismo revolucionario” era un conservadorismo anti-absolutista pero también anti-republicano: democracia restringida, no radical; cooptación de masas, no la independencia de su programa. Es cierto: no lo hizo por dinero; en su humilde lecho de muerte, hasta le pagó a su médico con su reloj. ¡Ah!, eso les encanta a sus apologistas. Pero su honestidad no repara el rol contrarrevolucionario que acabó representando. Como símbolo, su hijo Pedro Pablo terminó acunado por Rosas, uno de los garcas más destacados de nuestra historia, para colmo con fama de “federal”. Cuando tendría que haber hecho su revolución, la burguesía “nacional” no la hizo. O, mejor dicho, la hizo y la bastardeó. No sólo Belgrano sino el propio Artigas deben ser hoy superados: las tareas democráticas y nacionales pendientes sólo podrán ser realizadas por los trabajadores. Notas (1) Citado por Halperín Donghi, Tulio, Revolución y guerra, Siglo XXI, Buenos Aires, 2005, p. 141. (2) Manuel Belgrano, Memorias, Museo Histórico Nacional, Bs. As., 1910, pág. 103. Citado por Roberto Etchepareborda, ¿Qué fue el carlotismo?, op. cit., p 78. (3) Manifiesto de Manuel Belgrano a los habitantes del Perú, enero de 1809. (4) Carta de Belgrano a Carlota, 13 de agosto de 1809, en Epistolario Belgraniano, Taurus, Buenos Aires, 2001, p. 81. (5) Ver Cabral, Salvador, Artigas y la Patria Grande, p. 48. (6) Instrucciones que deberá observar el representante de este superior gobierno con la Asunción del Paraguay, Buenos Aires, 1 de agosto de 1811, citado por Palermo, Pablo, “Heroísmo y derrotas allende el Paraná”, en Todo es Historia Nº 487, p. 35. (7) Ver Di Meglio, Gabriel, ¡Viva el bajo pueblo!, Prometeo, Buenos Aires, 2006, pp. 116-122. (8) Cárcano, Miguel Ángel, La política internacional en la historia argentina, Libro III, Tomo I, p. 307. (9) Cárcano, op. cit., p. 464. (10) Informe de Belgrano del 2 de febrero de 1816. (11) Carta de Belgrano a Manuel de Ulloa, 18 de octubre de 1816, en Epistolario, p. 300. (12) Cárcano, op. cit., p. 231. (13) Gregorio Aráoz de Lamadrid, Memorias, Tomo I, Buenos Aires, 1968, citado por Serrano, Mario Arturo, Arequito, ¿por qué se sublevó el Ejército del Norte?, Círculo Militar, Buenos Aires, 1996, p. 153. (14) Serrano, op. cit, p. 156. (15) Carta de Belgrano a Ambrosio Funes, 1º de febrero de 1817, en Epistolario, pp. 316-317. (16) Serrano, op. cit, p. 157. (17) Carta de Belgrano a Güemes, 10 de marzo de 1817, en Epistolario, p. 515. (18) Oficio de Belgrano a San Martín del 5 de marzo de 1819, en Epistolario, p. 410. (19) Ver Halperín Donghi, Tulio, Revolución y guerra, op. cit., p. 236. (20) Halperín Donghi, op. cit., p. 238. (21) Ver Halperín Donghi, op. cit., pp. 324-325. (22) Ver Goldman, Noemí y Ternavasio, Marcela, “La vida política”, en Gelman, Jorge (comp.), Argentina. Crisis imperial e independencia, Fundación MAPFRE y Santillana, Madrid, 2010, p. 72 y Gallo, Klaus, “Argentina en el mundo”, pp. 121-122. (23) Ferrer, Damián, “San Martín y la independencia”, en Argentina, 1816, Cartago, Buenos Aires, 1966, pp. 101-102. (24) Paso, “La declaración de la independencia…”, en Argentina, 1816, op. cit., pp. 78 y 25 respectivamente. Ver también Lombardi, Miguel, “El Congreso de 1816 y la organización nacional”, p. 144. (25) Harari, Fabián, “Artigas, los caudillos y las masas. Una crítica a la historia “nacional y popular””, en El Aromo Nº 24, Octubre de 2005 y “Suicidios inútiles. Un nuevo ataque a la ciencia y a la revolución por Pablo Rieznik”, en El Aromo Nº 51, noviembre-diciembre de 2009. (26) Pacagnini, Guillermo, “Una Argentina colonial”, en Alternativa Socialista Nº 522, 19-5-2010. (27) Pigna, Felipe, Los mitos de la historia argentina I, Planeta, Buenos Aires, 2009, p. 371. (28) Director del Instituto de Estudios de la Central de Movimientos Populares, CMP, encabezada por Luis D´Elía. (29) Lapolla, Alberto, “En defensa de Moreno, Castelli, Belgrano, el Plan de Operaciones y la Revolución de Mayo, en tanto continental e indiana”, 20 de junio de 2009. (30) Lapolla, Alberto, “La patria Grande perdida. El Congreso de Tucumán y el proyecto del Rey Inca de Belgrano, San Martín y Güemes”, 9 de julio de 2005. (31) Micucci, Horacio, “Bicentenario: dos proyectos, dos caminos”, (32) Feijoo, Cecilia y Grossi, Florencia, “Qué fue la Revolución de Mayo”, en La verdad obrera Nº 375, 20-5-2010. (33) Ver Yunes, Marcelo, “200 de país burgués y un balance lapidario”, en Socialismo o Barbarie Nº 177, 27-5-2010.

20 de junio de 2020
La clase obrera debe reunirse de emergencia

Despreciar la lucha por un plan de acción en el seno del movimiento obrero y de masas nos puede llevar a disputas puramente faccionales, propias de los aparatos, “desde las alturas”, y ajenas a la clase obrera. Impulsar el pliego de denuncias en toda organización, sea sindical, de mujeres, juvenil, ambiental, etc, es justamente una lucha política nuestra por direccionar hacia los intereses de la clase obrera, a esos movimientos. Debido a la ausencia de un Partido Obrero que pueda centralizar y orientar la lucha de los trabajadores hacia sus propósitos históricos, naturalmente, la clase obrera ha sabido contar con sus propias fuerzas y sus propias iniciativas, y siempre ha luchado por construirlo; sus organizaciones son el embrión del futuro poder. A lo largo de la historia de Chile, las grandes centrales obreras -desde las mancomunales hasta las centrales sindicales actuales- se han organizado con el objetivo de defender a la clase trabajadora y al pueblo de Chile de los ataques y excesos del sistema capitalista. Hoy por hoy, la clase obrera chilena se encuentra sin ninguna dirección política y, aún cuando cuenta con grandes organizaciones sindicales, la burocracia hasta aquí, absolutamente cooptada por el régimen, sólo ha desmoralizado a los trabajadores y ha contenido su lucha, bloqueando la posibilidad de que asuman la iniciativa, que deliberen un programa socialista, un plan de lucha independiente y que desde las mínimas exigencias al gobierno se preste a combatir el régimen. El tema, es que toda organización obrera ha sido construida por los obreros; les corresponde. En este respecto, las y los trabajadores de la CUT y de todas las centrales obreras, federaciones y confederaciones, deben reunirse inmediatamente bajo un criterio de emergencia y, junto a las asambleas populares y sus coordinadoras, asumir el control de sus planes de lucha de la clase obrera contra el coronavirus y los efectos de la crisis capitalista. La CUT y las Centrales tienen que intervenir sino, ¿Quién va a hacerlo? ¿Piñera o, sus fuerzas represivas? No. Un plan de emergencia para resguardar la vida y las condiciones de vida de la clase obrera no es un plan de lucha o un programa que corresponda al gobierno. El gobierno capitalista del capitalista Piñera -como todos los gobiernos capitalistas del mundo en mayor o menor grado- ha acudido a la única política posible bajo su régimen: el salvataje capitalista y la confiscación capitalista al bolsillo de la clase obrera. ¿Corresponde al gobierno de Piñera, impulsar un “plan de emergencia obrero”, si ya ha impulsado -en complicidad con todos los partidos del régimen- el plan de emergencia capitalista? El “Segundo plan nacional de emergencia” (1) que propone la CUT bajo la forma de una humilde petición al gobierno es, de hecho, el conjunto de medidas que la clase obrera, con su poder y sus organizaciones, deben poner en acción. Debemos discutir un plan de acción para que todas y todos los obreros, con todos recursos organizativos que tienen, lo pongan en marcha. Impulsemos protocolos en los lugares de trabajo esenciales; luchemos por el cierre de los centros de trabajos no esenciales; peleemos por una cuarentena estricta bajo el control de las asambleas barriales y los trabajadores; pongamos en perspectiva la nacionalización de todas las clínicas privadas y el control obrero sobre ellas. La CUT tiene que intervenir; tiene que convocarse de emergencia y, junto a las asambleas populares y los sindicatos, debe establecer un plan de gestión y control obrero de toda la crisis para confrontar al gobierno y, con esto, dar una salida a la clase obrera. ¿Quién sabe mejor lo que hay que hacer sino el conjunto de las organizaciones y centrales obreras? Sólo los trabajadores sabemos porque sólo las y los trabajadores sufrimos las carencias -en nuestros propios centros de trabajo y hogares. Con toda la CUT, con la Central Clasista y los sindicatos movilizados por la pandemia -por protocolos, reclamos de que los médicos trabajen 6 horas, que se reclute más médicos, de que se establezca la intervención en toda la medicina privada, que los hoteles de lujo se abran para la atención de la gente, etc., - sumado a este planteamiento político, confrontamos tanto con el gobierno de Piñera como con el régimen pinochetista. La burguesía es incapaz de dar una salida favorable a las masas. Entonces, intentemos mostrar cuán urgente es la necesidad de un gobierno obrero y pongamos en acción a la clase obrera deliberando el programa socialista en su seno. (1) Propuesta de las y los trabajadores para enfrentar la crisis

20 de junio de 2020
Los contagios en la minería
Víctor Sánchez

La propagación del Covid-19 se ha manifestado con fuerza este último tiempo en la minería. Al menos así lo dejó en claro este domingo un informe del MinSal según el cual, en el transcurso de 11 días, se habrían duplicado los casos por covid-19 en la región minera de Antofagasta, luego de que la autoridad sanitaria levantara las cuarentenas preventivas en las comunas de Antofagasta, Calama, Mejillones, San Pedro de Atacama, Tocopilla y María Elena. Medida que, sin lugar a dudas, ha incidido de manera dramática en las cifras que al día de ayer (17/6) registraban un total de 5.241 casos en la región, con 851 contagiados activos y 81 fallecidos. Mención especial en esta terrible cuenta han tenido las ciudades de Antofagasta y Calama, las que concentran los mayores índices de contagiados y casi la totalidad de muertos por coronavirus (87,6%) de la región, con 2.321 y 2.105 contagiados, y 33 y 38 muertos, respectivamente. De hecho, ha sido tal el avance del virus en esta última, que al gobierno no le quedó más que volver a decretar cuarentena preventiva para Calama hasta el próximo 26 de junio. A estas cifras generales de la región se suman las publicadas por la Seremi de Minería de Antofagasta (17/6), las que señalan que, de los 114 mil trabajadores mineros que hay en la región, 482 se han contagiado, reportándose 316 casos activos. De estos, 179, el 37,1% pertenecen a la división Chuquicamata de CODELCO, convirtiendo a la sección en un verdadero foco de propagación. Hecho que se agrava más, cuando consideramos que el 40% de estos trabajadores contagiados no son de la región, lo que estaría provocando una mayor propagación interregional del virus. Sin duda alguna, la responsabilidad de estos contagios la encontramos en la política del gobierno y las grandes compañías mineras, que, lejos de decretar una cuarentena total para los sectores no esenciales como la minería, para resguardar la vida de los trabajadores, han mantenido sus operaciones. De hecho la situación es tan clara en este sentido, que incluso la burocracia de los grandes sindicatos mineros - grandes ausentes también en las batallas de los trabajadores del último tiempo -, agrupada hoy en la Confederación de Trabajadores de la Minería, debió salir al paso a través de un par de comunicados emitidos esta semana. Aunque en un comienzo, junto con denunciar la “nueva normalidad” que intenta imponer el gobierno y las compañías mineras, denunciando el uso que estas últimas le han dado a la pandemia a la hora de despedir gente, hicieron un llamado a reevaluar la continuidad de las operaciones del sector frente al contagio descontrolado, a través de un comunicado emitido este jueves, le bajaron el tono a la denuncia, terminando de inscribirse en su ya tradicional espíritu de colaboración con el gobierno y las mismas compañías que critican, proponiendo la constitución de “una mesa de diálogo tripartito que sea capaz de unificar los criterios en cuanto a los protocolos sanitarios, medidas de control y de prevención para evitar que aún más trabajadores de la minería se contagien”. Sí, esas mismas mesas de trabajo entre gobierno, empresarios y trabajadores, que en vez de permitirnos pelear por mejoras sustanciales, terminan amarrándonos en treguas y pactos de los que nada sacamos al limpio. Una salida obrera y socialista para enfrentar el covid en la minería Lejos de la política criminal del gobierno, el resguardo de las ganancias empresariales y las mesas tripartitas de la burocracia sindical, desde el POR creemos, que la solución a la propagación del covid en la minería pasa por que el estado, al no ser un sector de primera necesidad frente a la lucha contra la pandemia, decrete una cuarentena total en la minería, imponiendo a las compañías el pago integro del sueldo a sus trabajadores, prohibiéndoles a la vez, que estas puedan efectuar despidos, cargándoles de esta manera a sus millonarias ganancias el costo de resguardar la vida de los trabajadores. Junto a esto, se les debe exigir el reintegro de todos los trabajadores despedidos desde la pandemia, y asegurar el sustento, mientras esta dure, a todos los desempleados a través de un ingreso de emergencia igual a la canasta familiar. Claramente, estas medidas solo pueden ser impuestas por la fuerza de los trabajadores movilizados que la burocracia sindical está lejos de organizar, protegiendo con esto la espalda de este gobierno que ya el pueblo puso en jaque el 18 de octubre. En este sentido, para enfrentar esta titánica tarea urge la formación de una agrupación clasista en la minería desde la cual, desde la más total independencia política, se plantee una lucha abierta por la vida de los trabajadores, contra las políticas de hambre del gobierno, los dueños de las compañías mineras y la burocracia sindical, que solo busca tratar con ellos en sus mesas tripartitas. Solo así, los trabajadores mineros podremos hacerle frente a los contagios en la minería.

20 de junio de 2020
Brasil: Conspiraciones a tres bandas

El ministro de Educación de Brasil renunció luego de una nueva crisis que se desató en el ejecutivo Bolsonarista. Es el décimo segundo ministro en abandonar el cargo desde que Bolsonaro asumió la presidencia en enero de 2018. Weintraub era el ministro con el que Bolsonaro quería hacer una “revolución cultural” para sacar a la izquierda de las escuelas y las universidades. En septiembre, Bolsonaro le exigió a Weintraub que prohibiera la “ideología de género” en la enseñanza básica. Era parte del ala ideológica del bolsonarismo. Se dedicaba a producir fake news (noticias falsas). El ministro perdió la mayor parte de las reformas que impulsó en el Congreso e intentó nombrar nuevos rectores (Folha, 18/6), algo inconstitucional y contrario a la autonomía universitaria. Organizaba marchas para cerrar el Superior Tribunal Federal, y pedía la intervención del ejército. La situación del ministro empeoró después de reunirse con los manifestantes de Bolsonaro tras el ataque del sábado al STF (un grupo de bolsonaristas disparó fuegos de artificio contra la sede del Supremo Tribunal Federal), y fue multado por ignorar las normas de distawnciamiento. Weintraub llegó a decir que los poderes de Brasilia “son el cáncer del país”, y que si fuera por él “encarcelaría a los 11 jueces del Supremo Tribunal Federal” (nodal, 18/6). Bolsonaro criticó la “imprudencia” de Weintraub en BandNewsTV (15/6). Tratándose de un elefante en un bazar, Bolsonaro se mostró moderado. El STF está investigando al presidente y su familia, y acaba de poner preso a un asesor del hijo de Bolsonaro, en la trama del esquema de desvío de salarios de funcionarios del gabinete para Flávio Bolsonaro en Rio de Janeiro. Esto llega hasta el mismo presidente, dicen en la Policía Federal (nodal, 18/6). El STF dijo que Weintraub no sólo “constituye una amenaza ilegal a la seguridad de los ministros del Tribunal Federal Supremo, sino que también tiene la clara intención de dañar la independencia del Poder Judicial y el mantenimiento del estado de derecho” (BBC, 18/6). Antes de irse, Weintraub revocó la gratuidad de posgrado de universidades federales brasileñas a negros, indígenas y discapacitados. El ex ministro fue apuntado por el STF y el ala militar del gobierno. Los medios estiman que el ala militar del gobierno pidió que el ministro renuncie, porque no están dispuestos a echar leña al fuego en medio de un país movilizado. La apertura del fútbol fue recibida por una manifestación por “Fora Bolsonaro” en el propio Maracaná. Algunos analistas indican que el ex ministro se resistía a la entrega de puestos al Centrão (diputados al mejor postor), un “toma y daca” político para garantizar el bloqueo parlamentario a las investigaciones contra Bolsonaro y su familia. Esto no significa cortar vínculos con los seguidores del ministro, sino defender su propio pellejo. “Tirando la cuerda” El ministro encontró lugar en el Banco Mundial (con un sueldo de 115 mil reales mensuales), apresurando su salida para darle seguridad a su familia, dice. Claro que la nominación de Weintraub al BM no es un premio consuelo sino una estrategia para evitar que vaya preso por el STF: En una entrevista con CNN Brasil dijo que “La prioridad total es que me vaya de Brasil lo antes posible. Ahora, es evitar que me arresten, me encarcelen y me maten”. Algunos legisladores del PT pidieron retenerle el pasaporte. Es improbable que el BM lo acepte. Es investigado por fake news que tramita el tribunal que ya significó la prisión de varios imputados. El camino del ministro puede ser seguido por el presidente. Los empresarios y los seguidores fascistas de Bolsonaro denuncian un “estado de excepción”, por parte del congreso y de la corte. Ramos, un militar que asesora a Bolsonaro advirtió a uno y otro que “no tiren demasiado de la cuerda”. Tres ministros de Bolsonaro acaban de ser designados para pactar con el STF una tregua política. El martes pasado fueron realizados allanamientos en residencias y oficinas de varios de los que esparcen fake news, además de empresarios sospechosos de financiar actos fascistas. Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal, ordenó romper el secreto bancario y que se allanaran también residencias y despachos de diez diputados y un senador bolsonarista. El ala militarmantiene silencio, pero realiza reuniones al margen del gabinete. De acuerdo al corresponsal de La Nación, se necesita conservar el impasse hasta que concluya la catástrofe sanitaria. Se conspira a tres bandas: Congreso-STF, el ejército, las milicias bolsonaristas. Los asesinatos de las bandas policiales en las favelas alcanzan a centenares de pobladores. “A vida dos negros, importa”.

20 de junio de 2020
Vicentin: golpe judicial, impotencia oficial y un alerta a los trabajadores

Los mentideros oficiales no le han dado el lugar que corresponde al golpe judicial perpetrado por el juez concursal de Vicentín, quien derrocó al interventor del gobierno, lo convirtió en “veedor” y restauró al viejo directorio de la empresa vaciada. El kirchnerismo, que suele denunciar al ´lawfare´, se encoge de hombros frente a un golpe político-judicial, adoptado por un magistrado que ni siquiera se tomó el trabajo de pronunciarse sobre la inconstitucionalidad que invocaban los detractores del decreto presidencial. La razón del “bajo perfil” del gobierno es muy clara: al fin y al cabo, el fallo judicial es un salvataje al gobierno; el proyecto de expropiación no contaba ni con los votos de su propia coalición; tampoco tenía el capital de trabajo para manejar la empresa, ni la colaboración del capital sojero; por último, quedaba entrampado en una deuda, que cada día que pasa descubre nuevos acreedores – hasta los propios Vicentin. En la misma línea de rescatar al pretendiente a rescatista, el gobernador Perotti anunciaba, horas después, un proyecto para convertir a Vicentín en empresa público-privada, pero “en el marco del concurso”, ahora, con el apoyo del propio expropiador, Alberto Fernández y co-pilota ejecutiva. Aunque el proyecto Perotti deja muchas lagunas, se diferencia de la expropiación en una cuestión muy clara: la decisión sobre la futura participación del Estado en la sociedad mixta queda subordinada a la marcha del concurso (el Estado, con sus bancos y el fisco, no es el principal acreedor de Vicentín). Luego, queda pendiente también la futura participación de la vieja patronal, que cuenta ahora con mayores chances de seguir formando parte de la empresa. Con la intervención y el anuncio de expropiación, el kirchnerismo y AF se habían embarcado en el compromiso de asumir la gigantesca hipoteca de la empresa quebrada, con un patrimonio equivalente a cero. A ese precio enorme, decía aspirar a incidir en el curso futuro de la cerealera, en medio de la disputa de grupos internacionales por el agronegocio argentino. Esta aspiración ha sido derrumbada por el golpe judicial y sus padrinos: entre ellos, al PJ de las provincias, con Schiaretti y Perotti a la cabeza, el massismo, Lavagna, el gran capital agropecuario y el macrismo. Ha quedado expuesta una fractura severa al interior de la coalición oficial, que tendrá consecuencias en todos los flancos políticos. La “solución Pescarmona-Macri” Fernández estudia en estas horas la salida que hace dos años atrás se puso en marcha con la quiebra del grupo Pescarmona, bajo el gobierno anterior. Por eso, La Nación (20/6) no tiene empacho en señalar que AF analizaba una salida “a lo Macri” para el caso Vicentín. En Pescarmona, los acreedores -entre ellos el Banco Nación- cambiaron sus deudas por acciones, y el grupo empresario original preservó el 35% de su participación. La totalidad de las acciones quedaron bajo custodia del Bank of New York y se designó un directorio “profesional”, donde los acreedores privados comparten sillas con los del Banco Nación y el Estado. El mismo diario relata que todos los acreedores debieron resignar el 50% de lo que le habían prestado al grupo, “con la expectativa de ganar cuando la empresa se venda” (LN, 20/6). Naturalmente, lo que no se dice es que la ´reestructuración´ de Pescarmona implicó un tendal de despidos de trabajadores, asociados a los recortes y desguaces propios de una bancarrota empresaria. El concurso de Vicentín también transitaba por esos carriles: ha trascendido que acreedores internacionales -como el Rabobank- ofrecieron cambiar su deuda por algunos activos de la cerealera, lo cual fue rechazado por el Banco Nación ante la evidente desvalorización que implica un desguace parcial de la cerealera. Pero la tentativa del “rescate integral” ha fracasado: la salida concursal –a la cual también apunta Perotti- devuelve la crisis de Vicentín a su condición de impasse anterior a la decisión oficial de intervenirla. Un escenario de maniobras, donde intervienen bancos extranjeros y posibles testaferros de las cerealeras internacionales. Conclusiones La invocación a Pescarmona demuestra que, en el caso Vicentín, se discute mucho más que una bancarrota particular. Vicentín forma parte de un tendal que involucra a la gran burguesía argentina, enfrentada a deudas impagables y al derrumbe simultáneo del mercado doméstico e internacional. El golpe judicial en el concurso de la cerealera es una señal política que trasciende al caso Vicentín: cuestiona la pretensión de los Fernández de desarrollar un arbitraje en ese proceso de bancarrota capitalista general. El gran capital nacional e internacional exige el “derecho” a que la depuración de capitales sobrantes tenga lugar con sus “métodos”, los cuales incluyen a desguaces, reestructuraciones, cierres, fusiones empresariales y, como corolario de todo lo anterior, despidos y recortes a los trabajadores. La impotencia oficial frente a esta orientación ha quedado expuesta, pues el apoyo de Fernández al proyecto Perotti compromete al gobierno FF en una salida a Vicentín dictada por los monopolios financieros y cerealeros. Es muy claro que los trabajadores aceiteros no pueden quedar prisioneros de esa política, y deben establecer su propio rumbo en la crisis. Es necesario un congreso de trabajadores de la industria, que establezca un programa y un plan de acción para defender todos los puestos de trabajo, las conquistas laborales, rechazar los planes capitalistas-oficiales y luchar por la nacionalización integral del complejo oleaginoso y sus puertos, sin indemnizaciones ni rescates financieros, bajo control obrero.

21 de junio de 2020
Trabajadores de Carrefour imponen clausura preventiva por caso de Covid

Los trabajadores de Carrefour de Malvinas Argentinas llevaron adelante una medida de fuerza reclamando el cumplimiento del protocolo frente a un caso de Covid positivo a un trabajador de seguridad. De este modo, lograron clausurar preventivamente el supermercado hasta que se haga efectivo un protocolo que garantice la seguridad de los trabajadores y las familias que allí se abastecen. Un trabajador de seguridad solicitó permiso para retirarse. Tenía dolor de cabeza y garganta, síntomas relacionados con el Coronavirus. Sin embargo, las autoridades de Carrefour decidieron anotar la salida como “descompostura”, denunció un delegado (SM Noticias), sin llevar adelante las medidas exigidas en el marco de una pandemia. La patronal no habilitó asistencia médica ni tampoco el procedimiento de hisopado y aislamiento del personal, ni realizó ninguna desinfección. Por el contrario, continuó con sus puertas abiertas al público y con la totalidad del personal. Ante la persistencia de los síntomas, acudió, por decisión personal, a realizarse el test y aislarse. El resultado del hisopado dio positivo. Una vez notificada la empresa, el supermercado aplicó una desinfección de cuatro horas y reabrió sus puertas sin aislar a los trabajadores que tuvieron contacto con el contagiado. La notificación del caso positivo, sin embargo, obligó la intervención del municipio de la mano de un operativo que puso de manifiesto que la patronal no cumplió con el protocolo. Esto es, cuando un trabajador presenta síntomas vinculado al Covid, la empresa debe pedir el hisopado, dar aviso al municipio para activar un protocolo de salubridad, por el que se procede a aislar al paciente y a los contactos estrechos. Como consecuencia, el supermercado fue clausurado preventivamente. Sin embargo, al día siguiente Carrefour volvió a abrir sus puertas al público, sin aislar a ningún trabajador ni llevar adelante ningún protocolo que garantizara la vida y la salud de sus trabajadores. Frente a esto, los obreros del supermercado se organizaron y realizaron una protesta en su lugar de trabajo, obligando al municipio a intervenir nuevamente. Se impuso la clausura preventiva en exigencia con el cumplimiento de un protocolo de seguridad frente a la pandemia. La situación de los trabajadores de Carrefour Malvinas no escapa a la realidad generalizada que padecen los obreros de otros supermercados ya que la polifuncionalidad, producto de la flexibilidad agobiante de las normas laborales, no permite llevar adelante los protocolos exigidos por la OMS, como ocurre también en Jumbo y Carrefour de Pilar, donde los trabajadores deben pagar con su salud la desidia patronal por falta de testeos masivos, elementos de seguridad sanitaria y un protocolo sanitario efectivo. La seguridad de la vida y la salud de los trabajadores solo puede ser garantizada por medio de la deliberación y organización obrera, estableciendo un protocolo que sea defendido y supervisado por los propios trabajadores, porque lo que dejaron al desnudo la patronal francesa y el Estado es la incompatibilidad de intereses. Por un lado, resguardar la vida y la salud y, por el otro, resguardar las ganancias.

21 de junio de 2020
Chaco: gobierno a la deriva
Aldo García

Cuando todavía resonaban los ecos del bastardeo de la directora del Hospital Perrando a los residentes, el fallecimiento por Covid-19 del jefe de Terapia Intensiva, Miguel Duré, tras permanecer 20 días internado en la misma sala que dirigiera, ahondó la crisis política en el Chaco, casi tan profundamente como la indignación causada por este desenlace. Al vaciamiento crónico del sistema público de salud, sin insumos, con centenares de trabajadores precarizados y salarios de miseria, se suma el índice de contagios de su personal (más del 30% del total); las dilaciones de las discusiones paritarias y el apriete policial (multas y causas penales) en las marchas en reclamo de soluciones para el sector. El nivel de precariedad es tal, que los choferes de ambulancias fueron destinados a un edificio en construcción, que no cuenta con sanitarios. Se suceden situaciones donde pacientes en estado de desesperación amenazan y agreden a médicos y enfermeros que sobrellevan la crisis como pueden, trabajando a destajo. Ese era el caso del Dr. Duré. No están organizados equipos médicos de reemplazo, ni hay suficiente personal. En su avance, el virus ya se encuentra a la puerta del Impenetrable, donde el desamparo sanitario y social de los pobladores wichí es total. Algo que hará parecer insignificante la situación del Barrio Toba de Resistencia. El “reconocimiento” de Capitanich de que su gabinete “no estuvo a la altura de las circunstancias”, formulado días atrás, encubre su propia responsabilidad política. Se vio obligado a atender personalmente los reclamos de los residentes. Corriendo la crisis desde atrás Según trascendió, Capitanich le ofreció a la UCR conformar un Comité de Emergencia (Diario21.TV) y avanzar, a instancias de ella, en una ley para el pago de un adicional por riesgo de salud para médicos y enfermeros. Ello, junto a una serie de medidas en respuesta al reclamo de los residentes (modificación del régimen legal provincial para incluir la cobertura de obra social, sistema de seguridad social y seguro de mala praxis) y la ampliación presupuestaria para insumos y medicamentos – lo que anticipa la vuelta de compras con sobreprecio. Ni hablar de un plan integral. Y, frente a la lucha de los residentes, se plantea incorporar los reclamos en una nueva legislación… a futuro. Acaba de revelarse que el gobierno ocupó las instalaciones ociosas de un lujoso hotel y centro de convenciones, para colocar allí decenas de camas de aislamiento. Una medida reclamada desde hace dos meses por especialistas, y que ha tomado ahora -sin que se sepa a qué costo-, acuciado por el desborde en los centros de salud tanto públicos como privados. La UCR que, como parte de una campaña anti-cuarentena, venía denunciando algunas situaciones sobre Salud Pública, ha sido llamada a “cerrar filas” ante la crisis, bajo la consigna “es la hora de trabajar todos juntos”. ¿Cómo reaccionará el aparato del Partido Obrero oficial, que posibilitó el quórum para la sanción del Presupuesto? Represión Anteriormente, ante la crisis- aún irresuelta- abierta por la brutal represión a una familia qom de Fontana, los diputados del Frente oficialista fueron llamados a respaldar a Capitanich. El respaldo fue negado por los tres diputados del CER de Gustavo Martínez (intendente pejotista de Resistencia), en tanto que se abstuvo el diputado del PCR, sin que ello implique su ruptura con el gobierno represor. ¿Significa esto que Capitanich pilotea la crisis? Ante el ingreso por la fuerza -que denominó “allanamiento sin orden”-, las patadas y apremios en Fontana, “Coqui” reaccionó anunciando un proyecto de “nuevo protocolo para la intervención policial”. Con seguridad, el “nuevo protocolo” seguirá la suerte del “viejo” y entrará en desuso, perdido en la cotidianeidad represiva. Con un 46% de pobreza (21% de indigencia), la situación social de la población chaqueña se combina explosivamente con esta crisis sanitaria (1.500 contagiados -85 fallecidos- y 3.100 casos de dengue). Capitanich no tiene condiciones para resolver ni la una ni la otra. Al Covid 19, le opone el control policial. Quiebra y ajuste La deuda pública de Chaco supera los 40 mil millones de pesos, 45% de la cual está contraída en dólares y cuyo vencimiento de capital comienza en 2 años. Esa deuda supera en un 35% a un presupuesto público abrumadoramente conformado por Fondos de Coparticipación Nacional; con un sistema productivo quebrado, mayormente explotado por arrendatarios de tierras para el cultivo de soja y depredadores de los montes; un déficit habitacional que se estima en unas 100 mil viviendas y con los peores indicadores sociales del país. En ese contexto, Capitanich quiere avanzar en la privatización de empresas estatales, habilitando la incorporación de capitales privados, y con la venta, negociados mediante, de inmuebles del Estado. Asimismo, pretende cerrar carreras terciarias y descentralizar la salud y la educación, transfiriendo su sostenimiento a los municipios. El creciente rechazo a la inoperatividad oficial en materia sanitaria y económica, se combina confusamente con planteos anti-cuarentena. A esto se suma la presión de la Cámara de Comercio de Resistencia y de la Federación Económica para liberar actividades. Del lado de los trabajadores, la lucha de los residentes, enfermeros y médicos de Salud Pública, se ha afirmado con los reclamos que parcialmente se le han arrancado al gobierno, mostrando el camino para el resto de los estatales. El bono de 5.000 pesos para los trabajadores de la salud ha caído como una burla que no hará más que acentuar el reclamo salarial. Ante semejante debacle, Capitanich espera el rescate sanitario, económico y político de Alberto Fernández. Pero a Fernández, ¿quién lo rescata? “Es hora de convocar a los que estamos en las trincheras” La frase, dicha en la despedida del médico fallecido, el Dr. Duré, lleva el germen de una salida a esta crisis. La deliberación de los trabajadores (“los que están en las trincheras”) debe dar paso a la ejecución de un programa integral, que no se halla en el horizonte de Capitanich, ni de sus rivales peronistas, ni de la oposición anti-cuarentena; solo será posible en manos de los propios trabajadores. Desarrollemos comités barriales, fabriles y de estatales: Por testeos masivos en los barrios, y protocolos obreros en las fábricas y lugares de trabajo; por la centralización de todo el sistema de salud: incorporación masiva de trabajadores de la salud al hospital público; inmediata reapertura de las paritarias; aumento salarial de emergencia; salario igual a la canasta familiar; pase a planta de todos los trabajadores precarizados; estatización sin pago de toda fábrica que cierre o despida; asistencia alimentaria incondicional controlada por representantes electos; repudio de la deuda usuraria; control obrero y gobierno de trabajadores. LEER MÁS Cuatro semanas: un informe crítico sobre la pandemia

21 de junio de 2020
Trabajadores cautivos en el Hipódromo de Palermo

“Unos 500 trabajadores del turf permanecen ´esclavizados´ dentro del Hipódromo de Palermo, privados de su libertad para salir del predio y bajo amenaza de perder el empleo, según relataron este jueves varios de ellos. Las autoridades del recinto hípico bajaron la orden de cerrar las puertas cuando se decretó el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio por la pandemia de coronavirus (Covid-19), el pasado 20 de marzo, y mantienen a los empleados de los studs ´en peores condiciones que durante la dictadura´" (BAE, 18/6). Los peones del hipódromo expusieron la situación a la que están sometidos desde el comienzo de la cuarentena mediante una manifestación en las puertas de las caballerizas. La administración del hipódromo impuso un mecanismo propio de patrones de estancia, prohibiendo la salida de los trabajadores bajo extorsión de pérdida del trabajo o descuento compulsivos. Los peones denunciaron las condiciones de hacinamiento a las que están sometidos. El hipódromo no garantiza condiciones mínimas higiene y seguridad, no hay un protocolo ni entrega elementos de protección. A partir de esta situación también se expusieron los niveles salariales de estos trabajadores, por debajo bajo la línea de indigencia por jornadas extenuantes. Según expone el mismo portal, “con 20 años de antigüedad laboral, Martín -un peón de caballos- percibe un salario neto de 9.000 pesos por mes, se levanta a las 5 de la mañana, entrena a los caballos hasta el mediodía, luego les da de comer, los baña y a las 18 parte rumbo a su casa” (ídem). Esta situación de semiesclavitud en el seno de un establecimiento icónico de la burguesía porteña cuenta con la complicidad del gobierno de Rodríguez Larreta y de la burocracia de la negrera Uatre, pero también con los nacionales y populares del Frente de Todos en sus diferentes variantes. Ocurre que los socios mayoritarios de HAPSA, la sociedad que explota el hipódromo de Palermo, es la familia del intendente ´nac&pop´ de Pilar, Federico Achával. Antecedentes Hace un año, el entonces concejal por el Frente de Todos despedía al 20% de los trabajadores del casino tragamonedas que funciona en los subsuelos del Hipódromo de Palermo por reclamar rebajas salariales y dejarlos sin obra social (noroesteconurbano.com.ar, 27/5/2019). “En Pilar, soy político y en el casino, soy patrón”, declaró el actual intendente según ese medio. Antes de desplazar al macrista Nicolás Ducoté de la intendencia de Pilar, Achával estuvo metido en los turbios negociados de las últimas décadas que incorporaban a macristas y kirchneristas. En 2013, el periodista Carlos Pagni describía de esta manera el lugar de los Achával, al exponer el negociado del casino de Palermo. “El pacto de las tragamonedas fue negociado por Federico Achával (padre), álter ego de Cristóbal López en Palermo, y Nicolás Caputo, el socio de Macri, que carece de funciones en el gobierno porteño. Caputo y Achával mantienen una vieja relación y tienen en común planes también en Pilar, donde desarrolla sus negocios César Mansilla, agente de prensa de López e íntimo del intendente Martín Zúccaro. El grupo podría promover al hijo de Achával, también Federico, de la Secretaría de Gobierno a la intendencia. Y tal vez conseguir la ampliación del Bingo Pilar, el más glamoroso del país. Achával Jr. milita en el Frente para la Victoria del Tortugas Country Club, Caputo es vicepresidente de Pro y Mansilla es consultor de Hermes Binner y Martín Insaurralde. Se va imponiendo la "cultura del encuentro", como quieren los obispos”. Con esta proyección, el periodista de La Nación se quedó corto. Hay un hilo conductor de clase entre la gestión del intendente y la actividad del patrón. Pilar es uno de los municipios con más contagios de Covid, pero las políticas de gobierno estuvieron orientadas en beneficio de los barrios privados y patronales en detrimento de los trabajadores del distrito: ordenanzas y decretos que establecían a los parquistas y pileteros como trabajadores “esenciales”, sin obligar a sus empleadores garantizar salarios y derechos; los trabajadores de la salud son perseguidos en las clínicas privadas por exigir los elementos de protección o condiciones de trabajo dignas; los grandes establecimientos comerciales, como Jumbo o Coto escatiman en protocolos y ocultan a los contagiados con la complicidad del municipio. Los negocios de la familia del intendente y su gestión se basan en las practicas patronales más miserables.

21 de junio de 2020
Defendamos el aguinaldo y el salario de los y las estatales

Mientras asiste con los ATP a las patronales de Clarín, Mitre, Rocca, Coca Cola y 240 mil empresas más, el gobierno giró un borrador de DNU donde estableces el pago en cuotas del aguinaldo de un número considerable de trabajadores estatales, aquellos que ganen salarios netos de $65 mil para arriba. El 37 por ciento de la Administración Pública Nacional cobrará el aguinaldo en cuotas, mientras que en las empresas de Capital mixto 62% de los trabajadores no tendrá su medio aguinaldo completo. Con el argumento de que no cuenta con recursos para afrontar el pago de la totalidad del medio aguinaldo, el Estado, al mismo tiempo, sienta las bases para que el fraccionamiento del medio aguinaldo se reproduzca en el sector privado, agravando los ataques a los trabajadores, ya golpeados por suspensiones, reducción salarial y despidos. Los dirigentes de los sindicatos estatales -ATE -Nacional y Capital-, UPCN y SUTECBA- coincidieron en rechazar el proyecto comunicado por Santiago Cafiero el lunes pasado. Sin embargo, semanas antes, ATE y UPCN habían firmado un cheque en blanco al gobierno por el congelamiento de las paritarias. Se llenan la boca diciendo que el salario de los trabajadores y trabajadoras estatales está depreciado, golpeado por las políticas del macrismo, retrasado por años de inflación, etc., pero no movieron un pelo para imponer una paritaria que recomponga el salario para el conjunto del gremio. Según Andrés Rodríguez (UPCN), los sindicatos rechazan el proyecto porque “el aguinaldo es un derecho adquirido” y “el aguinaldo no debe ni puede convertirse en medida de ajuste (...) castigando ya de por sí nuestros empobrecidos salarios”. Lo que no dicen es que llevamos años de paritarias firmadas por debajo de la inflación, entregando, inclusive, parte de nuestro convenio como con el presentismo. Producto de años de consagración de paritarias a la baja, en el Estado Nacional es más común encontrar trabajadores que ganan por debajo de la línea de pobreza (fijada en $43.080,38.- según el INDEC). Los burócratas alineados a ATE Nacional firmaron una “Carta Abierta al presidente Alberto Fernández” en la que no pierden espacios en alabar las políticas del gobierno nacional entre las que mencionan la IFE, sin decir que más de 4 millones de trabajadores se quedaron sin percibir el subsidio, para culminar pidiendo ser recibidos para “profundizar la impostergable situación laboral y salarial en el Estado”. De exigir que se respeten los derechos de los trabajadores, en cambio, ni noticias. La propuesta del gobierno más que un aleccionador para los propios estatales es una autorización firmada para las patronales privadas y para los gobiernos provinciales y municipales para implementar la medida adaptándola a las realidades de cada provincia y empresa. Larreta ya bajó el tope salarial de 66.400 pesos en mano a 50.000, dejando a gran parte de la docencia sin el aguinaldo. A los que cobren más de 85 mil, se lo pagarán en cuotas en agosto y septiembre. SUTECBA, al igual que ATE y UPCN, cacarea para la tribuna, pero siempre se alinea con el gobierno de turno en contra de las y los trabajadores municipales. Somos los trabajadores quienes sostenemos la defensa de la salud de la población, trabajando en hospitales y en la entrega de alimentos en las escuelas, recorriendo los barrios para hacer los test puerta por puerta. Las herramientas de seguridad rara vez son entregadas por el Estado o las patronales. También en el teletrabajo sostenemos las tareas pagando los abultados servicios de luz e Internet con estos salarios que no llegan a la línea de pobreza. La defensa, hoy, del pago completo del aguinaldo es la defensa contra el pago fraccionado del salario el día de mañana. Es menester el no pago de la deuda externa y destinar ese dinero para garantizar las condiciones de vida de las y los trabajadores y todo lo necesario para afrontar la pandemia, sus consecuencias económicas y sociales. Las y los estatales podemos poner fin a las intentonas de atacar nuestros derechos, necesitamos organizarnos en asambleas virtuales y en los lugares de trabajo -allí donde la tarea es presencial- para rechazar el pago en cuotas del aguinaldo y discutir la urgente reapertura de la paritaria. LEER MÁS: Destripan el aguinaldo El Gobierno acuerda con ATE y UPCN el congelamiento del salario de los estatales nacionales La pelea por las liquidaciones de abril y el aguinaldo

22 de junio de 2020
EEUU: Dos fallos de la Corte en un país en rebelión

Con el país conmocionado por las movilizaciones más enormes de su historia, en tan solo una semana, la Corte Suprema de Justicia -que Donald Trump modeló para garantizarse una mayoría conservadora- le dio importantes disgustos. La semana empezó mal para Trump: el lunes 15, la Corte Suprema votó 6-3 que la ley de Derechos Civiles protege a la comunidad LGBT de cualquier discriminación laboral y que nadie puede ser despedido por su identidad de género u orientación sexual. El Ejecutivo argüía que la Ley de Derechos Civiles de 1964 sólo prohíbe la discriminación por sexo -entendido como hombre o mujer, en un sentido estrictamente biológico- y abogaba por legalizar el despido de homosexuales, bisexuales o transgénero. El fallo, que es una victoria en regla, tiene un impacto directo sobre más de 8 millones de trabajadores LGBT: hasta ahora en más de la mitad de los estados era legal despedir a los trabajadores por ser ellos mismos. "Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o trans, despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado a miembros de otro sexo. El sexo juega un rol necesario e imposible de disfrazar en esa decisión, exactamente como lo prohíbe el artículo VII", argumentó en el fallo el juez Neil Gorsuch, el primer magistrado que Trump nominó para la Corte Suprema. La disidencia sexual es uno de los sectores sistemáticamente atacados por el presidente, que ha prohibido a las personas transgénero servir en el ejército, eliminó las normas que protegían a estudiantes e indigentes trans. El viernes, en un claro contraataque, el Departamento de Salud y Servicios Humanos emitió un reglamento que anula la protección de los pacientes transgénero frente a médicos, hospitales y compañías de seguros de salud. Esto significa que las compañías de seguros médicos ya no están obligadas a cubrir los tratamientos de transición. No terminó allí: el jueves, en una votación más ajustada (5-4), la Corte volvió a desairar al presidente fallando que los jóvenes hijos de inmigrantes, conocidos como #Dreamers, no pueden ser deportados. Esto bloquea el plan de Trump de poner fin al programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA). Los jueces calificaron este propósito como "arbitrario y caprichoso". La decisión del Supremo impide la expulsión del país a unos 670 mil jóvenes que llegaron al país antes de los 16 años, y podrán permanecer en Estados Unidos con permisos renovables. El 80% son mexicanos, y Trump los ha tratado varias veces de "violadores, delincuentes, matones y malos hombres". Los fallos, provenientes de un tribunal fundamentalmente conservador, fueron una sorpresa, señala el New York Times. Llegan en pleno desplome de popularidad del gobierno por la catástrofe sanitaria y el aluvión de despidos. Trump, que busca abroquelar a una base fascista mediante apelaciones a la homofobia, la xenofobia, el racismo y los prejuicios religiosos, acusó el golpe: "¿Tienes la sensación de que a la Corte Suprema no le gusto? ... Estas decisiones horribles y políticamente cargadas que salen de la Corte Suprema son disparos de escopeta en la cara de personas que se enorgullecen de llamarse republicanos o conservadores. Necesitamos más jueces o perderemos nuestro 2da. Enmienda y todo lo demás. ¡Vota Trump 2020!”. Trump a menudo ha sugerido que la Corte Suprema de tendencia conservadora lo protegería contra las decisiones adversas de los jueces de los tribunales inferiores (TWPost, 18/6). La afirmación de Trump de que en el viraje de la Corte influyen consideraciones políticas -en noviembre se daba por sentado que avalarían la política del Ejecutivo- es indudablemente certera. “El juez John Roberts, quien da forma a las decisiones de la Corte como presidente del tribunal, parece haber cambiado de bando en vista del cambio en el clima político y se niega a verter más gasolina al fuego” (WSWS, 16/6).

22 de junio de 2020
La nueva normalidad en Francia

Macron presentó la “nueva normalidad” tras anunciar la reapertura de comercios, restaurantes, escuelas e iglesias. Francia tiene una economía derrumbada y miles de trabajadores en las calles. La rebelión antirracista y contra la violencia policial, se suma a una enorme huelga hospitalaria (público-privada) con marchas en 220 puntos en toda Francia: “Contra el racismo, la represión y la precariedad”, cantando “Hospital-Educación, movilización”. Mientras Macron dice que sus políticas “salvaron la vida de miles de franceses”, los datos lo desmienten: murieron más de 30.000 personas, como consecuencia de la destrucción del sistema hospitalario y de las políticas privatistas. La industria automotriz, la aeronáutica, el turismo, y muchas más, reclaman un rescate del estado. Macron vuelve a exhibir, para eso, su reforma previsional (LCI, 17/6), para destinar ese “ahorro” a superar la bancarrota. Esta semana se desató una huelga de salud, cuyos trabajadores –antes declarados “héroes guerra” – viven con contratos precarios, con salarios que bordean la pobreza. En 25 años, el Estado ha eliminado 100.000 camas. El 16 de junio pararon acompañados de 220 movilizaciones nacionales. El INSEE (instituto de estadísticas) anunció la destrucción de casi medio millón de empleos en el sector privado, causado por un colapso 40% del trabajo temporal. Las industrias “insignia” de Francia: Renault, Airbus, Bombardier, Vivarte, Total, Hutchinson, siguen recortando empleos y suspendiendo. La re-apertura de la economía blanqueó los despidos. De los llamados “acuerdos de desempeño”, financiados por el Estado con el fin de no parar la producción, sobrevinieron los despidos. Estos nuevos desocupados tendrán una menor jubilación con el “sistema de puntos” cuyo tratamiento fue suspendido por la pandemia. Las vacaciones pagas tampoco se cumplen, aunque las empresas forzaron la marcha como nunca con el teletrabajo y fuerzan a los trabajadores a trabajar más. Airbus acaba de firmar un “Acuerdo de desempeño colectivo” (APC en francés), que prevé la quita de bonos, viáticos y comidas (el equivalente a 14 euros por día), y la supresión del decimotercer mes para los empleados que ganan más de 2,5 veces el salario mínimo. Esta pérdida representa alrededor de 500 euros netos por mes. PSA (Peugeot) quería traer trabajadores de Polonia y España para el turno nocturno, que dejaría sin trabajo a más de 1.000 obreros (en seguro de 1.000 euros por mes). La CGT dijo: “La dirección de PSA los hará venir a trabajar aquí en Francia en la fábrica de PSA en Metz Borny, a 1.200 km de su hogar. ¡Sepan que para nosotros no son nuestros enemigos sino nuestros hermanos!” (CGT, 18/6). Los salarios en PSA Borny son € 1.700 por mes. Primero es igualar condiciones salariales y que se les pague un plus por desarraigo. El “trabajo golondrina”, pasaría a ser la ‘nueva normalidad’. Los trabajadores irían de fábrica de fábrica en Europa (Francia, España, Inglaterra, Alemania, Polonia), hasta que sean descartados. Los convenios y salarios del Este son paupérrimos, y se trabaja los fines de semana. Los “sans papiers” marcharon el 20 de junio, los obreros salen a luchar, los chalecos amarillos siguen en las calles, salud y educación movilizados, en un estado de descontento, movilización y deliberación, aunque todavía sin coordinación.

22 de junio de 2020
Moratoria: Mucho más que Vicentin, un rescate general al capital

iProfesional, una página web destinada a grandes estudios contables y empresas la calificó de “Supermoratoria” y advirtió que es mucho más que eso: se trata lisa y llanamente de un “blanqueo” (19/6). Es decir, de un jubileo de deudas que abarca a obligaciones impositivas, previsionales y aduaneras que “tiene un alcance universal, dado que alcanzará a todo el sector privado”, sin importar tamaño del contribuyente. La diferencia entre grandes y pequeñas empresas se reduce sólo al plazo para el pago: las primeras sólo accederán a 96 meses, mientras que las otras a 120 (la tasa de interés es la misma). La moratoria incluye todo tipo de deudas con vencimiento al 31 de mayo, incluidas los aportes previsionales cuya retención por las empresas tiene alcances penales. Para estas deudas, como por los aportes patronales, la moratoria permitiría cancelarlas en hasta 60 cuotas (para las grandes empresas, sólo en 48). Todo esto está incluido en un anteproyecto que sería tratado de urgencia en el parlamento y que contaría con un amplio apoyo de oficialistas y opositores. Veinte días atrás, Carlos Pagni, en su programa Odisea, delató la gaffe de AF cuando preanunció la moratoria. “¿Quién va a pagar impuestos así?”, se preguntó. Por esto el gobierno se apresuró a presentar el proyecto. Es claro que con la producción y el comercio prácticamente en niveles de catástrofe esta moratoria es el anticipo de otras. Las patronales que incluso están de parabienes por la pandemia (que las hay en varios sectores) aprovechan la volteada para reclamar “un premio al cumplidor. Una reducción de anticipos o un descuento en el saldo de declaración jurada, por ejemplo. Una palmadita al contribuyente que siempre cumple", declaró César Litvin, un conocido tributarista. La “supermoratoria” no es otra cosa que un rescate general a la clase capitalista, sin que ella tenga que reclamar un concurso de acreedores. Le sigue a los subsidios para pagar salarios y a una emisión desenfrenada de moneda por parte del Banco Central para evitar bancarrotas generalizadas. Asistimos a una experiencia extrema de salvataje de una clase social, no solamente en condiciones extremas de penurias de las masas sino anunciadoras de una guerra de clases feroz, para cuando haya que rescatar al propio Estado por su munificencia actual, momento en que también quedará al desnudo la insolvencia que hoy se quiere ocultar. LEER MÁS Vicentin: golpe judicial, impotencia oficial y un alerta a los trabajadores

22 de junio de 2020
Huelgas del personal de salud en África

A lo largo de todo el continente africano se viven huelgas y manifestaciones de trabajadores de la Salud. Ocurre que en sólo dos semanas el número de casos COVID19 se triplicaron, pasando de 100.000 a 300.000, según datos de la OMS (Reporte, 20/06). El reclamo es común: más personal, más presupuesto para el pago del personal sanitario, elementos de protección sanitaria y recursos para atender a los pacientes con Coronavirus. Kenia En Kenia, la semana pasada 7.000 médicos y enfermeras declararon una huelga indefinida en numerosas ciudades de aquel país hasta que el gobierno solucione sus reclamos (El País,17/06). El doctor Chibanzi Mwachonda, secretario general interino de la Unión de Médicos, Farmacéuticos y Dentistas, afirmó “que muchos trabajadores se contagiaron en urgencias y en los bloques operatorios por pacientes que estaban siendo atendidos por otros problemas” (Idem). Sudáfrica El país es el más afectado por la pandemia en todo el continente, con 86.000 casos positivos y 1.700 muertes (Reporte OMS, 21/06). También es donde las movilizaciones y huelgas del personal de salud se viven con más repercusión. Aunque el país es el más desarrollado del África Subsahariana, cuenta con apenas 2.000 respiradores en áreas de internación. Los números de infectados son inciertos, dado que la infraestructura hospitalaria, la falta de testeos masivos y la atención es insuficiente en los guetos donde vive la población negra del país, signado por el régimen de apartheid, aún después de casi 30 años de haberlo desterrado formalmente. La mayoría de los casos está concentrada en tres provincias, Cabo Occidental (sur), Gauteng (norte) y Cabo Oriental (sur). Lugares donde reside la población negra y pobre. Según el Ministerio de Salud sudafricano, más de 2.000 profesionales contrajeron el virus y al menos 17 murieron. "Es difícil predecir si seremos capaces de administrar esta situación", dice un médico de la ciudad de East London, en Cabo Oriental. "El sistema ya funcionaba mal antes, por eso es difícil prepararse para una pandemia", dice otro médico de las afueras de Ciudad del Cabo, ciudad al sur de aquel país, (infobae, 20/06). En esa ciudad, cerraron la unidad de atención de terapia intensiva durante una semana tras descubrir un caso de COVID-19. A pesar de que se hicieron testeos al personal, se desinfectaron los consultorios y el establecimiento, de todos modos, algunos pacientes murieron. Varios hospitales del Cabo Oriental tuvieron que ser cerrados momentáneamente para descontaminarlos después de detectarse más de 200 casos positivos entre el personal sanitario de la provincia, según informó el sindicato Hospersa de personal de la salud de aquella provincia. (Idem). Otros hospitales cerraron por huelgas tras denunciar las condiciones de trabajo e insumos, la falta de higiene, las jornadas extendidas y las faltas de pagos de horas extras. La propagación de la pandemia se agrava dado que el gobierno sudafricano dio marcha atrás con el toque de queda que aplicó como “fórmula” para confinar a la población trabajadora negra de todo el país, debido a numerosas presiones de empresas y multinacionales del turismo para “volver a la normalidad”. Un claro ejemplo de las repercusiones por el retorno a la actividad empieza a tener consecuencias directas sobre el aumento de las infecciones por COVID-19. Lo que ocurre en la Ciudad del Cabo explica “por qué el principal centro turístico de Sudáfrica representa más de la mitad de todas las infecciones y la mayoría de las muertes” (AFP, 20/06). Nigeria En el país más poblado de África subsahariana, desde el lunes pasado el personal de salud se encuentra en huelga indefinida debido a un reclamo recurrente en el planeta: se registraron más de 800 casos y 11 decesos entre el personal de salud. "Somos una especie en vías de extinción. Nuestros miembros tienen que enfrentarse diariamente a riesgos de infección porque no hay suficientes E.P.I [Equipo de Protección Individual]", declaró un responsable de la Asociación de Médicos nigerianos. (AFP, 18/06). Túnez Un cable de la agencia AFP (18/06) habla de “varios miles de trabajadores médicos iniciaron una huelga general en Túnez el jueves y se manifestaron en la capital para exigir una mejora en la gestión de los hospitales públicos y una ley que regule su estado. Enfermeras y técnicos que trabajan en hospitales públicos se reunieron frente al Ministerio de Salud, agitando pancartas que decían "la salud pública es un activo nacional" o "los profesionales no retrocederán". Se avecina el desastre Todos los pronósticos vaticinan un aumento exponencial de los casos de infecciones a lo largo del continente africano. La OMS, en un informe preliminar proyecta que de propagarse el virus masivamente en la población de 1.200 millones de personas morirían alrededor de 300.000 (Reporte, 27/03). En una nota a la revista Time, Naylor-Ngugi, directora regional de la ONG Care dijo "Es muy difícil no imaginar una crisis humanitaria a largo plazo realmente devastadora en toda la región", (La Nación, 24/05).

22 de junio de 2020
Trump en caída libre

Lo que Trump prometía iba a ser su relanzamiento de campaña “se convirtió en humillación cuando no pudo llenar la arena en la fortaleza republicana de Oklahoma” (The Guardian, 21/6). El portal liberal oncubanews agrega: “Lo que se suponía iba a ser una muestra de brío político se caracterizó por miles de lugares vacíos y nuevos casos de coronavirus entre el personal de su equipo de campaña” (21/6). “Su campaña había afirmado que recibió más de un millón de solicitudes de boletos” para el ingreso al estadio de 19 mil asientos, pero éste exhibió un vacío de más de dos tercios. Según el insospechado de izquierdista Marcelo Longobardi, por radio Mitre, hoy lunes 22, los asistentes no fueron más de 6.200. El mitin había sido corrido un día porque la fecha inicialmente elegida, en la ciudad de Tulsa, era el aniversario de Juneteenth, y en aniversario de 1921 se produjo una matanza racial en esa misma ciudad en que los supremacistas blancos asesinaron a unos 300 residentes negros. “La reunión abrumadoramente blanca en la primera manifestación de Trump desde marzo fue eclipsada por las grandes multitudes multirraciales que marcharon por Black Lives Matter en todo el país en las últimas semanas, refuerza las críticas de que el presidente está muy fuera de sintonía con el estado de ánimo nacional”, concluye The Guardian. Trump y la inmensa mayoría de ese puñado de seguidores no solo se burlaron de todo distanciamiento social, casi nadie siquiera usaba barbijo. El protofascista y ´patriota´ Trump más que ´fuera de sintonía´ está virtualmente acabado: en un lapsus Trump se refirió a “la mayoría silenciosa”, como lo hizo en su momento Nixon y atacó violentamente a “la multitud de izquierdas desquiciada que destroza nuestra historia, profana nuestros monumentos, nuestros hermosos monumentos”. A estos los acusó de “matones” pero a sus fans de “guerreros”. “Somos el partido de Abraham Lincoln –agregó– y somos el partido de la ley y el orden ". De esto último seguro –aunque ni los militares ya lo acompañan–, de lo anterior bien lejos de la verdad. Lincoln contribuyó a la abolición de la esclavitud, Trump defiende a los herederos de la Confederación del Sur. Son estas estatuas de estos ´héroes´ las que caen en EE.UU. y en todo el mundo. Mientras tanto Oklahoma y Florida, los dos mayores bastiones republicanos de EE.UU. se transformaron en la última semana en los dos grandes picos de contagio del país. Trump no pega una. A la soltada de la mano de los militares, también durante la última semana fue el turno de la Corte Suprema. Ésta, con una composición ampliamente derechista, dio dos fallos antagónicos a la voluntad presidencial. El último: falló por 5 votos contra 4 a favor de los “dreamers”. De modo que las protecciones legales para 650.000 jóvenes inmigrantes del programa DACA, el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado hace ocho años por Obama se mantienen. Trump había amenazado con la deportación a los “dreamers”. Ahora estos migrantes quedan amparados y preservan sus permisos para trabajar en Estados Unidos. No es el último revés. En 2019 Trump superó el impeachment, ahora las revelaciones del libro que anuncia su ex consejero John Bolton amenazan con un escándalo mayor. Con todo, la mayor amenaza sigue siendo la pandemia de Covid-19 y la catástrofe económica. Según The Guardian (18/6) la masa de desempleados no cesa de crecer: “continuó la semana pasada, con otros 1,5 millones de personas que solicitaron beneficios de desempleo a pesar de las reaperturas en todo Estados Unidos y los signos de mejora en la economía”. Que por lo visto no es tal. “En los últimos tres meses, más de 45 millones de personas han presentado reclamos iniciales de desempleo a medida que las empresas han cerrado sus puertas y los consumidores han estado encerrados” (ídem). Mientras la ´potencia´ mundial se jacta de ´volver a la normalidad´ ni la tasa de contagios ni de muertes por el Covid –ambas en los niveles más altos del mundo– disminuyen. Por otro lado, según The Guardian “oficialmente, la tasa de desempleo mensual en mayo fue del 13,3%, por debajo del 14,7% de abril, aunque la dificultad para recopilar datos significaba que la cifra era probablemente un 3% más alta”. La ´euforia´ porque las ventas minoristas de mayo habrían aumentado un 17.7% a medida que los estados reabrieron no mueve el amperímetro. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, advirtió que hay "incertidumbres significativas". Según sus estimaciones la tasa de desempleo será de alrededor del 9,3% para fin de año, una cifra dos veces y media más alta que la tasa del 3,5% registrada en febrero. En el mitin de Tulsa-Oklahoma Trump descargó su furia contra “Sleepy Joe Biden” a quien acusó de ser “un títere indefenso de la izquierda radical" y de China. Pero más que dormido o agente de la izquierda Biden ha dejado en claro sus objetivos frente a la guerra comercial de EE.UU. con China (se ha alineado en toda la línea con Trump en la materia) y sus antecedentes en materia de seguridad nacional (e internacional) están a años luz de una posición ´radical´, ya no digamos democrática. El coqueteo de Biden con las manifestaciones anti-raciales no es más que una pantomima. Biden fue un cruzado del reclamo para erradicar el terrorismo interno. Biden insinúa sancionar una ley contra el terrorismo interno, luego de haber afirmado que la Patriot Act la escribió él. Biden declaró tener el mismo compromiso para erradicar el terrorismo interno que EE.UU. tiene para detener el terrorismo internacional. No se debe olvidar por otra parte que la violencia estatal de las últimas semanas ha sido principalmente el trabajo de gobiernos liderados por demócratas.

22 de junio de 2020
Uruguay: Primera gran crisis de la coalición derechista

La entrevista realizada a Ernesto Talvi en el diario El Observador (6/6) desató una crisis en el gobierno. En ella quedó expuesto el enfrentamiento con el sanguinettismo (“si pudiera volver atrás ‘probablemente’ no nombraría a Sanguinetti como secretario general del Partido Colorado”), pero sobre todo una divergencia con Lacalle en torno a Venezuela. Talvi se negó a utilizar la palabra “dictadura” en su rol de Canciller, y subrayó más las continuidades que las diferencias con el gobierno anterior. “Nuestra actitud es la de continuar promoviendo una solución pacífica a través del diálogo”, enfatizó. El ministro “habló con el canciller venezolano Jorge Arreaza y el canadiense François-Philippe Champagne, y luego con Julio Borges, el comisionado para las Relaciones Exteriores del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó”. El contacto con el representante de Guaidó fue para “conocer su perspectiva sobre la conformación del Consejo Nacional Electoral que determinará la legitimidad o no de las elecciones” (La Diaria, 13/6). Paralelamente, Talvi reveló que hay una discusión “estratégica” con el presidente respecto a qué embajador nombrar en EE.UU., deliberación que estaría vinculada al “tipo de vínculo que queremos privilegiar con Estados Unidos”. Talvi quiere nombrar a un diplomático “de carrera” para privilegiar un vínculo “comercial”; mientras tanto, Lacalle Pou quiere nombrar a un político. Hay que recordar que el presidente propuso al secretario de Estado yanqui, Michael Pompeo, un TLC bilateral. Talvi plantea que “la marca Mercosur es potente” y “es de interés para el país negociar en conjunto con el resto” con EE.UU. o China. Respecto a la propuesta de Lacalle sobre un TLC EE.UU.-Uruguay, el ministro dijo que “en la medida en que haya una respuesta positiva tenemos que conversarlo. Cualquiera de los socios (del Mercosur) tiene la obligación de abrir las puertas. Ahora después nos tenemos que dar vuelta y consultar con ellos.” Tras la entrevista, se abrió una tormenta política, en tanto el secretario de la Presidencia declaró públicamente que Lacalle Pou entendía que en Venezuela “hay una dictadura”, en una desautorización abierta al ministro de RR.EE. También desde el sanguinettismo se criticó la postura de Talvi, comparando su posición con la de Nin Novoa. El resultado fue la renuncia del canciller, aunque para rebajar su impacto político se acordó hacerla en diferido. La innovación de una “renuncia programada” busca minimizar las tendencias centrífugas en la coalición de gobierno, sobre todo mientras están votando la “Ley de Urgente Consideración” -tras la cual se vendrá la discusión presupuestal. La renuncia ha puesto de relieve las contradicciones existentes no sólo en el seno de la coalición, sino en el plano internacional entre las distintas fracciones capitalistas. El martes 9 el embajador yanqui se reunió con Lacalle Pou y obviamente hablaron de Venezuela. A la salida, el representante de Trump declaró: “Felicitamos a esta administración por marcar un nuevo rumbo (…), el voto de Uruguay para la reelección de Luis Almagro como Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA), y su apoyo público al Programa de Transición Democrática, representan nuevos pasos que continuarán ejerciendo presión sobre el régimen de Maduro, y en última instancia permitirán que Venezuela recupere su democracia» (El País). El planteo de Talvi de una “solución pacífica” y de “promover el diálogo” entre Maduro y la oposición derechista, sigue el libreto de la Unión Europea pero no es del agrado del gobierno de Trump. “A iniciativa del rey Felipe de España, Talvi y su par canadiense se han puesto al frente de los contactos con la misión de ‘unificar’ [el Mecanismo de Montevideo, el Grupo de Contacto Internacional y el Grupo de Lima] “y evitar una ‘dispersión’ de las ‘acciones ‘” (El Observador). El imperialismo europeo quiere un cambio de régimen en Venezuela, pero no la instalación de un gobierno exclusivamente digitado por EE.UU., sino uno que represente también los intereses de los capitalistas del viejo continente. Las reservas petrolíferas venezolanas son un botín que pretenden repartirse con las multinacionales yanquis, mientras que la política de Trump, que amenaza con una nueva Siria o un nuevo Irak en territorio latinoamericano, pretende monopolizar esos recursos. Por cierto, Trump no fue capaz de instalar a Guaidó como presidente y ahora está el mismo en la picota -hasta los mandos militares responsables de tantos genocidios y masacres han tomado distancia del presidente norteamericano. La disputa en torno a Venezuela forma parte de la pugna inter-imperialista, y refleja la fractura en el propio establishment de EE.UU. Talvi ha preferido explicar que quiere tener “otro rol” en la coalición, lo cual revela que como ministro está siendo opacado al aparecer como un subordinado de Lacalle y al dejar como vocero colorado al ex presidente Sanguinetti. No está claro si Talvi ingresará al Senado, o si quedará como líder de Ciudadanos exclusivamente, pero sí está claro que comenzará a disputar más abiertamente tanto al seno de su partido como con relación al curso del gobierno. Hace poco habíamos señalado como un triunfo de Lacalle el haber logrado comprometer a los principales líderes de la coalición dentro del consejo de ministros (con la excepción de Manini Ríos, que aceptó integrar a su esposa). Habíamos comparado el gabinete con una suerte de “colegiado”, donde el presidente no tiene toda la manija, sino que debe compartir el poder con sus socios. Sin embargo, Lacalle no respetó esta configuración de la coalición, y pretendió corregir públicamente a su ministro. Talvi reaccionó como un socio menor desairado, y se acabó el “colegiado”. Con la renuncia “programada” de Talvi, se esfuma la posibilidad de mantener hasta cierto punto encapsulada la discusión en el seno del pacto de la derecha vernácula. Cabildo Abierto ya ha dejado en claro que su integración al gobierno no evitará que exponga públicamente sus diferencias con sus socios. La interpelación realizada por el diputado Lust por un lado, y las declaraciones explosivas del (próximamente ex) vicepresidente de la Administración de Puertos, son sólo algunos botones de muestra. Ahora Talvi y Ciudadanos van también a marcar perfil y pugnar más abiertamente por sus posiciones, lo cual va a potenciar las tendencias centrífugas que amenazan a la coalición de derecha. Lo que antes referimos como un símil de un “gobierno colegiado”, se comenzó a deshilachar tras apenas 100 días desde la asunción presidencial. Quedó rápidamente expuesta la debilidad del gobierno derechista. La crisis capitalista expone y multiplica las contradicciones interburguesas, en un período en que la desesperación y la furia de los explotados tiende a expresarse en explosiones y levantamientos, que preparan un período de perspectivas revolucionarias.

22 de junio de 2020
Vicentin, Latam y los trabajadores

La semana pasada, numerosos sindicatos y dirigentes sindicales publicaron una solicitada de apoyo al gobierno en el asunto Vicentin donde estaba ausente la palabra “expropiación”. Antes, entonces, de que el juez del concurso echara a los interventores del gobierno, sus seguidores en el movimiento obrero habían arrugado a favor de un compromiso con los vaciadores. Ahora, los voceros de los sindicatos del aceite anuncian, por medio de Página/12, que apoyan “la solución Perotti”, que excluye por completo una expropiación; pretende financiar el giro, o capital de trabajo, de Vicentin, mediante una intervención de los órganos jurídicos de la provincia de Santa Fe. El recorrido de la política oficial en esta crisis es una clara demostración de que los trabajadores no pueden confiar en el gobierno de los Fernández: no es una garantía de defensa de la estabilidad laboral ni de los salarios. De otro lado, se hace cargo de un pasivo de 1.500 millones de dólares, a pesar de que el déficit fiscal y la deuda del Estado crecen sin parar. La misma situación se repite en Latam: se retira de Argentina y deja a 1.700 trabajadores en la calle. Las direcciones sindicales (no reconocidas por el ministerio de Trabajo) reclaman la aceptación de los planteos del pulpo aeronáutico, en tanto los de Aerolíneas incluso festejan que Latam se vaya, en una defensa del monopolio comercial, que todos los gobiernos capitalistas han gestionado en perjuicio del país e incluso llevando al quebranto de Aerolíneas. En la situación de Vicentin y Latam se encuentran numerosas empresas capitalistas, endeudadas hasta la coronilla bajo el macrismo, incluidos grupos agroindustrales, como Molino Cañuelas y otros. Más de mil están en cesación de pagos o directamente concursadas. ¿Vamos a cargar sobre nuestras espaldas con el rescate de sus dueños, accionistas y acreedores? Ese rescate conduce a decenas de despidos nuevos, porque todo rescate capitalista significa liquidar capital y trabajo “sobrantes”. Estamos ante un gran desafío de conjunto, porque asistimos a la quiebra de un régimen social – el capitalismo, no solamente en Argentina ¿Por dónde empezar? Creemos pertinente y urgente que los sindicatos afectados (todos los que actúan en las empresas del Vicentini Family Group) determinen lo que hay que hacer, por medio de conferencias o congresos de delegados, a partir de discusiones y decisiones en los lugares de trabajo. Es necesaria la expropiación de todos los capitales que quiebran, sin resarcimientos a ellos y a sus acreedores, que lucraron en forma extraordinaria cuando los negocios iban hacia adelante. La intervención estatal en esos grupos debe hacerse bajo el control de los obreros, con el voto de los trabajadores. Esos congresos deberían delinear un programa de la clase obrera y la mayoría trabajadora del país. Servirían de ese modo a la preparación política y práctica de un congreso nacional de la totalidad de los trabajadores. Es el camino a seguir con la pandemia: protocolos de los barrios y de las organizaciones obreras en cada lugar de trabajo; reclutar más personal de salud, con las protecciones completas, bajo convenio laboral y una jornada de trabajo reducida. El Covid-19 ha puesto al desnudo que el capitalismo es un enemigo de la humanidad. LEER MÁS Estado de excepción, estado de disolución, estado de rebelión Clases sociales, pobreza y pandemia VER MÁS [[VIDEO] Entrevista a Jorge Altamira]( )

22 de junio de 2020
Clases sociales, pobreza y pandemia

A medida que se flexibiliza la cuarentena se acentúa la crisis sanitaria y la crisis social. En esta situación emerge con mayor claridad que la peor parte de la presente crisis se la lleva la clase trabajadora. Un conspicuo representante de la gran burguesía, Enrique Law, miembro del Departamento de Política Social de la UIA, arroja algo de luz para entender por qué los trabajadores se llevan la peor parte. Law plantea que la pandemia “visibilizó” la existencia de asentamientos populares donde la población vive en “condiciones no dignas” y que “solo en el conurbano bonaerense se registraron 1.726 barrios de estas características, en los cuales el 83% viven sin agua corriente, el 63% sin conexión eléctrica, el 98% sin gas y el 97% sin cloacas. Allí coinciden el hacinamiento, la violencia y la desnutrición” (Cronista.com, 17/06/29). El hombre se queda en la mera descripción y no reflexiona sobre algo fundamental: la estrecha relación que existe entre la posibilidad de contraer el virus y morir con la situación socioeconómica de cada individuo. Una familia trabajadora mal alimentada porque se la privó de los medios de subsistencia, sea porque el salario está debajo de la línea de pobreza o porque carece de él, es una familia enferma. La salud es definida por la OMS como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es obvio que con el 45% de la población argentina debajo de la línea de pobreza y 10% de indigentes, no existe salud física y de ningún tipo. Un ser humano mal alimentado es un ser humano propenso a contraer diversos tipos de patologías porque su sistema inmunológico está debilitado. Estas familias de trabajadores pobres viven en barrios que carecen de agua potable, cloacas y en completo hacinamiento. En estas condiciones de vida, es un milagro que el virus no se propague como reguero de pólvora. Si luego asociamos pobreza y condiciones de vida, caemos en la cuenta de que los barrios populares, poblados de trabajadores pobres, son vectores de propagación del Covid-19. A su vez, esta situación incide sobre el conjunto de la sociedad en la circulación de casa al trabajo y en los mismos lugares de trabajo. La peligrosidad del Covid-19 y de cualquier otra enfermedad en los barrios obreros pobres contrasta con las condiciones de vida de la burguesía y de sus barrios. Por tanto, la probabilidad de contagios entre la clase obrera y la clase burguesa es diametralmente opuesta. Este enfoque analítico, aunque para otra época y país, ya fue abordado de manera profunda por Engels en su obra “La situación de la clase obrera en Inglaterra”. Allí, Engels expone, en base a un riguroso trabajo de campo, la relación estrecha que existe entre la alta tasa de contagios de una enfermedad infecciosa y las condiciones de vida paupérrimas de los trabajadores. Otro elemento fundamental a la hora de entender por qué el Covid-19 hace estragos entre la clase trabajadora es un hecho elemental: los obreros no tienen otro medio de vida que su salario o las changas para conseguir un ingreso en el caso de los desocupados. No pueden optar por hacer la cuarentena porque si no salen a ganarse el mango no comen. Es así que el slogan “Quedate en casa”, para los trabajadores, no es más que un slogan porque si se quedan en casa no comen. En cambio, la gran burguesía sí puede “Quedarse en casa”, en hermosas y confortables casas, porque tienen los medios de subsistencia necesarios para vivir. El relato del “virus democrático” no resiste el menor análisis. Las probabilidades de contagio y muertes por Covid-19 están determinadas por la condición de clase de cada individuo.

22 de junio de 2020
La Matanza: otra muerte por aborto inseguro

Otra muerte más por aborto clandestino, esta vez, en La Matanza. Así lo informaron desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La mujer “B” ingresó con severas complicaciones al hospital Materno Infantil Teresa Germani, en Laferrere. Luego sería derivada a terapia intensiva del Hospital “Simplemente Evita”, en González Catán, dónde falleció el 19 de junio. En abril de este año, la provincia de Buenos Aires resolvió garantizar el Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a interrumpir el Embarazo y el Acceso a Métodos Anticonceptivos. Esta práctica, que debería cumplirse sin demoras y con urgencia, enfrenta, sin embargo, un sinfín de trabas y dilaciones por falta de información para la población, falta de atención médica y medicamentos, persecución a médicos que implementan esta práctica, etc. Esta situación se profundizó con la pandemia, expulsando del precario sistema sanitario a las mujeres que acuden a ejercer su derecho a interrumpir el embarazo. Aborto legal ya Hace apenas dos semanas atrás nos convocábamos en la plaza de San Justo para participar de la Jornada por el 3J #NiUnaMenos. Allí denunciábamos los diferentes atropellos y violencia que sufrimos las mujeres por parte del Estado, ya sea por su incapacidad para dar respuestas a los reclamos sociales y sanitarios, como también por ser su responsable directo. Entendemos que dicha violencia es estructural al sistema capitalista, antecede a cualquier pandemia. Sin embargo, este contexto la ha potenciado. Con la excusa de la pandemia, el gobierno ha dilatado el tratamiento del aborto legal en el Congreso. Ni siquiera ha enviado su “propio” proyecto, cuyo contenido aún se desconoce. La profundización de la crisis sanitaria plantea un escenario cada vez más crítico para la atención integral de las mujeres en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos. La falta de acceso a la anticoncepción y la atención ginecológica aumenta los riesgos de abortos inseguros. El colapso sanitario deja aún más vulnerables a las mujeres. La muerte de B se suma, en los últimos días, a la de Ivana Micaela, en Formosa, ambas causadas por complicaciones de abortos clandestinos. Responsabilizamos a los gobiernos nacional, provincial y municipal por no garantizar el acceso a la ILE. Esta debe ser cumplida en todo el sistema de salud. Se debe cumplir el fallo FAL de la Corte, sin restricciones. Distribución gratuita de anticonceptivos. Se debe garantizar el acceso a la salud sexual reproductiva, que se habiliten centros de salud exclusivos para ILE, atención de embarazos y partos para que no se expongan al contagio de covid19. Que el Congreso vote de inmediato el proyecto de la Campaña. En defensa de nuestra salud y nuestras vidas ¡Aborto legal ya!

22 de junio de 2020
Después del paro en Firestone
Enrique Castañón

Entrevistamos a Eduardo Mansilla, de la mesa directiva nacional Sutna, y a Jorge Toledo secretario adjunto del Sutna, tras el paro de 24 horas en las tres grandes fábricas del neumático del 12 de junio, y del paro del 17 de junio en Firestone. De parte de los trabajadores, ¿qué ánimo existe con la patronal y con el gobierno? Los compañeros entienden que la cuarentena es la forma de preservar la vida de ellos y sus familias. Aunque existe fastidio respecto al Estado Nacional y Provincial, pues se está trabajando como si fuésemos servicios esenciales y no creemos que fabricar neumáticos lo sea. Además, está bueno lo de la cuarentena contra la pandemia, pero no están dadas las condiciones sanitarias para llevarlas adelante porque no se cuida ni a los trabajadores ni a sus familias. Acá en fábrica, la empresa no cumple con muchas de las normas acordadas en los protocolos del Covid-19 y el Ministerio del Trabajo no actúa como corresponde para encuadrar a la empresa. Después de las acciones que los trabajadores tomaron, ¿cuál es la situación en la fábrica? Luego de las acciones decididas desde la comisión directiva del Sutna, junto con la fuerza de los trabajadores, la situación actual es la siguiente: después del paro del viernes 12, por el descontento de parte de los compañeros, se desarrolló un nuevo paro el miércoles. Frente a estas acciones, desde el viernes y hasta el miércoles hay un claro retroceso de la patronal de Bridgestone. La patronal ahora empezó a cumplir con parte del Protocolo que presentó el sindicato, el cual en principio había sido desoído por la empresa que había tomado decisiones erróneas, no sólo respecto al “Protocolo de Prevención del Covid-19”, sino también con la forma de actuar frente a casos positivos detectados. Por la presión del sindicato y la exposición mediática que le dimos al conflicto, la empresa tomó decisiones intentando reposicionar a la burocracia, pero ésta quedó muy golpeada por inoperante. Las acciones comienzan a encaminarse en beneficio de los trabajadores, no obstante, entendemos que, en un marco de emergencia, las situaciones se presentan diariamente. ¿Cómo se organizaron? Mediante asambleas participativas. La fuerte militancia de los delegados de la Lista Negra, junto a la comisión directiva y la estrecha comunicación con los compañeros de la línea de trabajo, es lo que nos permitió trazar un camino de resguardo para la salud de la familia obrera del neumático mediante el Protocolo, que tiene por objetivo organizar en el marco de la emergencia sanitaria la mejor forma para que los trabajadores estén protegidos por medidas claras. Los trabajadores, como se ha votado en reuniones y asambleas, se sienten parte de los reclamos que hemos hecho como Sindicato a Bridgestone y a todas las otras plantas del neumático. Pero en el caso de Bridgestone la patronal está teniendo un muy mal manejo en la prevención y también en los casos positivos de Covid-19 detectados. La empresa le ha dado prioridad a la producción y a los procesos operativos de planta, postergando a un segundo plano la salud de cada uno de nuestros compañeros; fue por eso que hemos elaborado un documento y hemos tenido reuniones con la Empresa que se ha abroquelado en una negativa rotunda. Ante esto los compañeros se han organizado con el Sindicato y hemos decidido de conjunto realizar medidas de fuerza cuyos resultados positivos están a la vista. Por eso el próximo lunes tenemos dos audiencias: una de las cuales es con la Cámara de Empresarios del Neumático y la otra con la patronal de Brigestone Lavallol para revisar el conflicto interno. ¿La Lista Violeta participó como dirección seccional? La Lista Violeta de la seccional de Lavallol, en contraste con el sindicato y el reclamo legítimo de los trabajadores, trató todo el tiempo en acuerdo con la patronal “de calmar las aguas”, “poner paños fríos”, en una situación intolerable donde se jugaba la salud obrera y no sólo eso sino que ante una situación gravísima en que un compañero que había denunciado estar estrechamente ligado a una persona que dio positivo y que había sido desoído por la empresa, la Violeta no le dio ninguna importancia. La Lista Negra hizo el reclamo inmediato por este compañero para que accediera a la cuarentena obligatoria de 14 días, la empresa optó por negarse a autorizar la cuarentena domiciliaria del obrero de planta quien luego de 4 ó 5 días comenzó a tener síntomas de Covid-19. Los delegados de la Lista Negra efectivizamos la denuncia correspondiente, el compañero se hizo el estudio y el resultado fue positivo. Esto conmovió a la fábrica y produjo un escándalo ante la brutalidad con que se trató el caso y la desidia de la Lista Violeta que siguió intentando tirar la pelota afuera y dirigir la atención a otras situaciones inocuas. La burocracia de la Lista Violeta actúa en bloque con la patronal de Bridgestone, pero el Sutna mediante asambleas obreras que debaten y resuelven coordina la fuerza de los compañeros trabajadores de planta, no se dejó arrastrar por maniobras y desarmó los paños fríos y las contenciones que quisieron oponer la burocracia y la patronal. ¿Cómo ven la necesidad de una acción más colectiva del movimiento obrero? Frente a esta situación, es necesaria, por el simple hecho que las patronales y los sindicatos burocratizados borran cualquier reclamo obrero legítimo. La acción coordinada y colectiva corresponde mucho más en un marco donde la pandemia pende sobre la salud de los trabajadores y sus familias. Es necesario generar herramientas como los protocolos dentro de fábrica como garantía de vida y otros instrumentos, con los cuales todos aquellos que luchamos diariamente y que enfrentamos a las patronales no sólo podamos hacer valer los derechos de los trabajadores sino mejorar cualquier tipo de condición para los compañeros en todos los lugares de trabajo. En un marco de pandemia es importantísimo tener muy en claro que la prioridad en estos momentos es resguardar la salud de todos los trabajadores y junto a ellos de toda la sociedad. Por la coordinación de todos los trabajadores que luchan.

22 de junio de 2020
Disolución y desfinanciamiento policial en EEUU

La crisis capitalista y sanitaria en EEUU, es el escenario en el que el violento asesinato de un afroamericano diseminó una protesta masiva en todo el país, sólo comparable a las movilizaciones de la mujer o contra la guerra. Trump lanzó una feroz cacería de manifestantes, y desbordado, pidió la intervención del ejército. Black Lives Matter (BLM), recibe más apoyo y financiamiento que nunca antes en su historia (NYT, 10/6). Según Washington Post, la policía mata a más de 1.000 personas por año, la mayoría no son negros (WP, 13/6). Desde BLM, plantearon en distintas ciudades el desfinanciamiento y la disolución de la policía. En Minneapolis se pide desmantelar (‘disbanding’) el departamento de policía, pero sin definir quienes o qué lo reemplazaría. No es la primera vez que se plantea. En Camden (NJ) cerca de Nueva York, se disolvió la policía en 2012 por corrupción y violencia. Siete años después, recontrataron a más de 100 policías del antiguo departamento (CNN, 10/6). Deposit (NY) y Garden City (Missouri) disolvieron su policía debido a los costos. Algunos piden reemplazarla por CAHOOTS (Asistencia de Crisis y Ayuda en las Calles), entrenados en ayuda médica y mental (NYT, 9/6). En San Francisco también se avanza en separar el tipo de delitos (vox, 14/6). La “seguridad comunitaria” no reemplaza a la policía, atiende el 17% de las llamadas. Nueva York reformó la policía muchas veces sin éxito, y ahora elimina una unidad “anti-crimen” de 600 policías (NYT, 15/6), con historial de violaciones a los derechos humanos, debidamente “reasignados”. La “guerra” contra el crimen y drogas implicó una militarización de la policía y su capacidad represiva. La implementación tecnológica, no logró mejorar el problema (LAtimes, 15/6). Ninguna reforma puede ser ajena al sistema de clase sobre el que se sustenta y todas sus determinaciones, que en el caso del Estado imperialista norteamericano es la guerra y la ocupación militar. Es por ello que la policía es abastecida militarmente, con sucesivas compras de armamento militar: desfinanciar la policía no puede ser posible sin desmilitarizarla, y esto va de la mano del reclamo por el retiro de tropas y la eliminación del gasto militar. En Los Ángeles se redujo el dinero a la policía, pero sin ser reasignado a otras áreas, lo que constituye un ajuste en los hechos. Kshama Sawant, de Socialist Alternative, miembro del Consejo de la ciudad de Seattle propuso recortar a la mitad el presupuesto policial, expulsar a la policía del Consejo Laboral. Reasignando el presupuesto a áreas sensibles. Por principios, Lenin se oponía a votar “reformas que involucren el tutelaje de la policía y de la burocracia sobre la clase obrera”, pero en casos excepcionales, “cuando no hay duda que los trabajadores se van a beneficiar, es posible votar por un ítem particular” (Lenin, “Instrucciones prácticas para el Presupuesto”, diciembre 21-27, 1908). Aún votando por algunos puntos en particular, siempre es necesario expresar cuál es la posición socialista. Para muchos las reformas policiales se tratan de “un paso” para seguir peleando por más reclamos, aunque no se problematiza quién va a llevar adelante esas transformaciones. Muchos Consejos adelantan que van a realizar reformas (Filadelfia, Oakland, Minneapolis, Seattle, NY), para no ser superados por las movilizaciones. En Seattle, las masas ocuparon el departamento de policía y pasaron a la acción directa: se reclama la renuncia de la Alcalde y una seguridad que emane de la propia organización social y no del estado capitalista. Esto debe ser desarrollado con un programa socialista. Otros apuntan a expulsar a los sindicatos policiales de la AFL-CIO y de los Consejos laborales. Para muchos activistas, como los portuarios (ILWU), plantean que los sindicatos deben levantar demandas para desfinanciar a la policía y revocarlos de los Consejos, porque una vez que los trabajadores comienzan una huelga, los policías son usados por los patrones para reprimirlos (ILWU, 10/6). Pero también existen policías estatales, el ICE (departamento de inmigración), la patrullas fronterizas y las fuerzas de seguridad de las prisiones. La violencia estatal se expresa de muchas maneras. Los inmigrantes son perseguidos por la policía y deportados en masa. Las prisiones son enormes negocios capitalistas y del podrido aparato de inteligencia. Estos organismos de seguridad también deben ser desmantelados y puestos bajo el control obrero y popular. Muchos piden educar a la policía y más afroamericanos a la cabeza de los departamentos. Sin embargo, en relación al porcentaje de afro-descendientes, la policía tiene una proporción superior y muchos jefes son negros. La jefa de la policía de Atlanta, que renunció tras el asesinato de Rayshard Brooks, era negra. El problema es más profundo que un tema de educación o representación racial. El desfinanciamiento de la policía debe ser acompañado de un programa de transición que permita al proletariado tomar conciencia que la policía responde a los intereses de las patronales y sus gobiernos. Y para ser desmantelada necesita ser reemplazada por la organización de seguridad obrera y vecinal, revocable, decidida de manera colectiva. No puede haber planteos aislados o votaciones aisladas del problema del poder de clase. Los revolucionarios estamos por el desarme de la clase capitalista y de su Estado y el armamento de la clase obrera y su Estado, como parte de una transición política. LEER MÁS Trump en caída libre

23 de junio de 2020
Amenazas contra “Chinche” Medina, activista obrero y testigo en causas de lesa humanidad

El ex militante del PRT- ERP, ex detenido durante la última dictadura militar, Héctor “el Chinche” Medina, fue víctima de un ataque intimidatorio en su casa de Gálvez, ciudad lindera de Rosario. La denuncia llegó a las redes sociales a través de su hermano. Medina es querellante y testigo en causas contra genocidas. La familia Medina sufrió particularmente la represión de la dictadura. Catorce integrantes de la familia todavía se encuentran desaparecidos. Héctor Medina, hoy dirigente del Sindicato Telefónico de Rosario, estuvo 7 años preso. Su hermano Oscar Medina fue un dirigente obrero de la fábrica Fillipini, en V.G. Gálvez, y militante del PRT cuando fue detenido y desaparecido el 20 de octubre de 1976. Las agresiones se dan mientras se desarrollan juicios por crímenes de lesa humanidad que tienen al “Chinche” Medina como querellante y testigo, como la causa Klotzman, en la que “se juzgan 27 homicidios, privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos y asociación ilícita” a militantes del PRT-ERP (apdh.org.ar). Los hechos relatados deben ser una alerta para todos los que sean testigos en causas que investigan crímenes de la dictadura contra los trabajadores. En el año 2006, Jorge Julio López fue desaparecido luego de su declaración en el juicio en el que fue condenado Miguel Etchetolatz. La provincia de Santa Fe fue noticia cuando, el 29 de marzo de 2010, fue asesinada en Rafaela, Silvia Suppo, víctima de la última dictadura y testigo clave en la “Causa Brusa”. En ambos casos no se juzgaron los responsables políticos e institucionales de sus crímenes. La libre circulación de criminales de la última dictadura y sus vinculaciones con el aparato represivo del Estado son responsabilidad de un régimen político que los ampara. El Estado santafesino debe crear una comisión investigadora que se ocupe de clarificar los hechos ocurridos y que esté dirigida por los organismos de Derechos Humanos y por el propio Héctor Medina, a quienes enviamos toda nuestra solidarid

23 de junio de 2020
Pandemia sin freno, cuarentena sin aliento

La reunión de este lunes entre Fernández, Kicillof y Larreta tuvo como telón de fondo al agravamiento sin atenuantes de la pandemia en el área metropolitana. Mientras los contagios ya superan los 2.000 casos por día, la ocupación de camas de terapia intensiva se ubica entre el 60 y 70% de su capacidad. Los que proyectan la curva de casos prevén un colapso de estas unidades para mediados de julio, aunque la información sobre las camas del sector privado es mucho menos clara. Se suma a este cuadro la escasez de médicos y enfermeras especializados para las unidades intensivas, lo que se agrava por la escalada de contagios y muertes entre los trabajadores de la salud. Increíblemente, a pesar de este escenario el ´trío del AMBA´ postergó cualquier decisión. Según informan los diarios, se impuso la posición de Larreta de esperar hasta el jueves para adoptar cualquier medida restrictiva. Durante esa misma jornada, los infectólogos -y hasta el mismo Ginés García- clamaban por la vuelta inmediata a la fase 1, aunque según otros habría que dar marcha atrás con la reapertura comercial sin volver por completo a la etapa previa. Con seguridad, dispondrán algunas medidas menores de control sobre la circulación de las personas o los paseos recreativos, a sabiendas de que el Estado no tiene condición alguna para verificarlas o hacerlas cumplir. El corazón de la flexibilización, sin embargo, permanecerá intacto: nos referimos a la amplia apertura de industrias en la provincia y del comercio en la Ciudad, con el impacto consiguiente en la circulación del transporte. Las grandes fábricas de la provincia han sido el escenario de contagios en ascenso, al igual que los barrios obreros. De lo que no se habló fue del equipamiento de más unidades de terapia intensiva, menores jornadas diarias del personal de salud y mayores licencias; de un mejoramiento radical de los equipos de protección del personal sanitario; de la incorporación masiva de médicos, enfermeros y auxiliares de salud. El “endurecimiento” llega luego que gobierno FF ha despilfarrado enormes recursos fiscales y monetarios, no para preservar a la fuerza de trabajo, sino en aras de la “salud” de la clase capitalista, que recibió subsidios y asistencias de todo tipo, ya sea en forma directa o para garantizar el otorgamiento de créditos. En medio de una emisión récord y una caída también inédita de los ingresos fiscales, el gobierno no cesa de “recompensar” a los bancos con Letras de Liquidez (Leliq), equivalentes a toda la base monetaria actual. En vez de destinar los recursos del fisco y la propia emisión a la atención directa de la emergencia sanitaria y de la población afectada por la crisis económica, el gobierno hizo pasar la “asistencia” por el cedazo de la clase capitalista. Los resultados están a la vista: de un lado, continuidad de la fuga de capitales y superganancias bancarias. Del otro, un sistema sanitario sin equipamientos ni personal suficiente y el agravamiento de la miseria social. Las conferencias de prensa que hacían lucir a un presidente que decía conciliar “la salud y la economía” se han terminado. El gobierno ingresa ahora en el desmanejo. Es muy claro, entonces, que las luchas urgentes que tendrán lugar en hospitales, fábricas y grandes comercios necesitan un programa de conjunto: protocolos sanitarios redactados por los trabajadores; incorporación masiva de trabajadores de la salud para asegurar el turno de 6 horas para todos; equipamientos sanitarios obligatorios para todos los médicos y enfermeras; urgente subordinación del sistema de salud a las necesidades que plantea la pandemia, para establecer un plan único de atención y asignación de camas bajo control de trabajadores y técnicos. La nacionalización de la banca es un puntal de esta lucha, para que la financiación que desarrollan el banco central y el Tesoro vaya en forma directa a las necesidades de la salud y de la protección de la población, y no a sostener a los grandes capitales, que han entrado en un sistema de concurso de acreedores generalizado, como parte de la crisis capitalista internacional en su conjunto. Podría tenerse la impresión de que lo que ocurre con Vicentin, con Latam y con los acreedores internacionales nada tendría que ver con la política a seguir para derrotar la pandemia. No es así. El gobierno ha retrocedido frente a los Vicentin de todo el país, reforzando a la clase de los grandes capitalistas que exige poner fin a las cuarentenas, así como con los protocolos en los lugares de trabajo que contraríen sus intereses, o sea aumenten costos. Lo mismo ocurre con Latam, cuyo abandono de Argentina representa un costo fabuloso para sus trabajadores, la actividad aero-comercial y la producción en su conjunto. Todo este conjunto de intereses, bajo la batuta de los fondos internacionales que controlan el financiamiento y la inversión internacional, están imponiendo su política frente a la expansión del nuevo virus. La lucha por la salud y la vida aparece entonces como lo que es y siempre ha sido: una lucha política. Quienes defienden al gobierno por simpatías previas o como, incluso, un mal menor, no advierten la subordinación creciente de los Fernández a los mismo intereses que dijeron venían a combatir o al menos frenar. Es necesario, entonces, impulsar una movilización sobre la base de un programa de los trabajdores, no de quienes tienen otro diferente, e incluso abandonan ante las presiones del capital. Planteemos nuestras reivindicaciones de un modo integral; coordinemos las luchas para imponerlas; impulsemos un congreso de trabajadores que vote un programa económico y político de la clase obrera, en oposición a los planteos y acciones saquedoras de la clase patronal. VER MÁS

23 de junio de 2020
Luto y lucha: por qué los trabajadores de Salud mueren por Covid

Los trabajadores de la salud de la Ciudad de Buenos Aires han convocado a jornadas de lucha por el fallecimiento de dos enfermeros de los hospitales Rivadavia y Durand. En Chaco, se ha hecho lo propio por el deceso de un médico. En total, hasta ahora, suman quince los trabajadores de la salud que han perdido la vida. El malestar de los trabajadores se ha expresado no solo en Buenos Aires y Chaco. Mensajes de bronca y solidaridad han llegado de distintas provincias. Luto y lucha en los hospitales Distintas asociaciones gremiales, residentes y ATE se han sumado a la convocatoria de la interhospitalaria de enfermería para reclamar justicia por el compañero Julio Gutiérrez, enfermero del servicio de pediatría del hospital Durand, que fue licenciado tardíamente por las autoridades del hospital a pesar de formar parte del grupo de riesgo. Por su parte, los trabajadores de los Centros de Salud del hospital Santojanni se sumarán solidariamente a la jornada con acciones en sus lugares de trabajo. En la puerta del Durand, una trabajadora manifestó: “estamos a tiempo de parar eso, tenemos que coordinar entre los trabajadores de los distintos hospitales”. La falta de insumos de bioseguridad y de licencias es la causante de la muerte del compañero José Aguirre, del hospital Rivadavia, también parte del grupo de riesgo. En asamblea y con un importante corte de calle, las y los trabajadores de enfermería se manifestaron. Una trabajadora expresó: “prefieren que se muera un enfermero antes de darnos un barbijo N95, ¡qué les pasa!”. “Los trabajadores tercerizados de limpieza andan mendigando un barbijo porque no les dan nada”. ATE anunció “quite de tareas para garantizar la rotación de los trabajadores”. El gobierno es responsable La negativa a las licencias es la regla en todos los hospitales y centros de salud. El Gobierno de la ciudad se niega rotundamente a contratar nuevo personal. En abril, ingresó una dotación de enfermeros, pero aún no han cobrado sus salarios. El 12 de junio Larreta emitió un decreto que obliga a los franqueros que cubren fines de semana y feriados a trabajar durante toda la semana, a requerimiento de las autoridades de cada hospital. Esta política ha sido acompañada por una malversación de fondos para la compra de insumos de bioseguridad a sobreprecio y contratos jugosos con hoteles administrados por la familia de Rodríguez Larreta. El cinismo del gobierno ha llegado a la acusación a los trabajadores de robarse los insumos y exigir requisas a los trabajadores. Los trabajadores han enfrentado todo esto en soledad, ante el silencio de ATE y Sutecba, mientras el porcentaje de contagiados llega al 19% del total del personal en algunos hospitales. Los trabajadores, tanto en públicos como en privados, denuncian que se están dejando de contabilizar en los Informes oficiales los trabajadores contagiados. Una salida Mientras se desarrollan estas acciones, otro compañero enfermero del hospital Moyano pelea por su vida en el sanatorio Mendez. Es necesario que formemos una coordinadora única de CABA, que reúna a trabajadores de centros privados y público, para empalmar con las jornadas de lucha nacional que se vienen desarrollando desde las convocatorias de Cicop, Fesprosa, Residentes y Concurrentes y demás asociaciones.

23 de junio de 2020
Contra el gatillo fácil organicemos comités barriales

Los casos de gatillo fácil son moneda corriente en los barrios más pobres. Los jóvenes quedan a merced de la policía que se mueve con total impunidad entre las barriadas, en las cuales pretenden organizar sus entramados criminales. En las últimas semanas, Berazategui fue noticia por tres casos de gatillo fácil. El primero fue el de Alan Maidana (19), asesinado por la espalda por el cabo de la Policía Federal Germán Bentos, quien presta servicios en la Dirección General de Registros y Ciencias Biométricas y venía de hacer un adicional en el ferrocarril Belgrano Sur. Bentos disparó cinco tiros sobre jóvenes que estaban en la vereda, supuestamente, envueltos en una riña entre ellos. El argumento del asesino fue que le tiraron un cascotazo a su auto cuando pasaba por el lugar. A menos de un mes de la muerte de Alan, en el distrito del intendente del FdT Juan José Mussi, asesinaron dos jóvenes más. El primer caso fue en Plátanos, dónde un policía mató con nueve disparos a Augusto Iturralde (25). El nombre del policía se encuentra “resguardado” por el poder local. Nuevamente, intentan justificar un “enfrentamiento”, pero en las cercanías de su cuerpo solo encontraron vainas policiales. Un sobreviviente, que logró escapar en moto fue hallado muerto dos días después en el centro de la ciudad. Diego Arazamendia (23), el único testigo de la masacre de Plátanos, según la versión oficial, quiso atacar a un policía con un arma blanca. Los policías responsables por los asesinatos de Augusto y Diego están libres bajo el manto de protección de los distintos poderes del Estado. La organización de comités barriales en defensa de la vida ante la pandemia y ante los casos de gatillo fácil se vuelve fundamental, tanto con respecto a la lucha por protocolos de sanidad como la denuncia al Estado, que decide subsidiar grandes patronales y abandona las barriadas obreras y las deja a merced de las mafias policiales. Apertura de los libros de las comisarías. Basta de gatillo fácil. Justicia por Alan, Augusto y Diego. Organización popular contra la brutalidad policial

23 de junio de 2020
UBA: abajo el convenio con Shell

Hace pocos días se hizo público el proyecto de convenio que las autoridades de la facultad de Exactas-UBA se aprestan a firmar con la multinacional petrolera Shell. El mismo es un monumento al copamiento del capital imperialista por sobre la universidad argentina. La facultad dispone sus instalaciones, equipamiento y capital intelectual a libre disposición de la petrolera. La ´inversión´ (u$s30.000) significa para Shell un vuelto que abonará en cómodas cuotas. La subordinación del régimen universitario es completa, ya que se le otorga a la petrolera la última palabra en materia de orientación y difusión del curso de las investigaciones. La crisis energética busca superarse -“barril criollo” mediante- con la total entrega a los capitales internacionales. El convenio Exactas-Shell retrata a la facultad y al país. ¿Recule? Es llamativo que, habiendo elaborado un proyecto con todos los detalles resueltos, prácticamente cocinado, la sesión del consejo directivo del lunes 22 haya sufrido el segundo cuarto intermedio. El bloque oficialista, autor del convenio, reúne catorce de los dieciséis consejeros. Lo ocurrido, al menos, califica de traspié. La conducción del centro de estudiantes Identidad-La Cámpora (del decano) ha anunciado que votará en contra. El rechazo del acuerdo con Shell en la facultad se ha expresado en tiempo récord. De forma distorsionada la crisis que atraviesa el oficialismo de Exactas para aprobar el convenio es la expresión de un rechazo que puede convertirse en generalizado. El “voto en contra” de la conducción del CECEN, bien visto, buscar rescatar la política que expresa el acuerdo. Identidad reclama “discusiones estructurantes [antes] de avanzar con estos proyectos”. Le advierte, para el que quiera oir, a su decano por “los tiempos que corren”. Ya en su momento hemos señalado el ´disimulo´ que pretende mostrar esta conducción del centro sobre su política. El convenio con Shell, de tener éxito, va a comprometer al conjunto de las fuerzas políticas del oficialismo. Plan de lucha Sea cual sea el escenario del consejo del martes 23 todavía el proyecto de convenio debería ser discutido en otra instancia (consejo superior). Existe un amplio margen de difusión y organización del conflicto. Los organismos de gobierno de la Universidad son una vía muerta para la derrota del proyecto, por su composición el control de las camarillas es total. Es fundamental unificar a todo el movimiento que se generó en rechazo al convenio en la elaboración de un plan de lucha. ¡Abajo el convenio de Exactas-Shell!

23 de junio de 2020
A tres años del hundimiento del pesquero “Repunte”

¿Cómo pasaron este nuevo aniversario las familias del Repunte en medio de la cuarentena? Nos agarró en este contexto complicado, de no poder salir a la calle y fue difícil porque nosotras consideramos que la visibilidad y la lucha que hemos hecho cada 17 en la calle nos ha dado una fuerza que considerábamos que no teníamos en el acto virtual. Luego, cuando lo pudimos hacer, lo favorable es que participaron un montón de familiares que están en el extranjero, que años anteriores no pudieron participar. Eso es lo positivo. El video llegó a más de 7.000 personas. Consideramos positivo el anuncio del ministro Meone, que la junta de seguridad en el transporte va a comenzar a investigar el hundimiento del Repunte. ¿Avanzó la causa? ¿El resarcimiento llegó a los familiares? El año pasado los peritos presentaron el informe sobre las pericias que se hicieron en diciembre del 2018. Lo esperábamos porque las pericias habían sido incompletas. No pudieron filmar una parte del barco, los buzos estaban, pero como no habían llevado la cámara hiperbárica no pudieron descender. El informe fue como las pericias: muy básico. Nosotros en diciembre pedimos que el Juez les pidiera a los peritos que ampliaran algunas partes porque usaban pericias que había hecho Prefectura. Nosotros luchamos un montón para que Prefectura no hiciera las pericias y los peritos, cuando presentan el informe, lo presentan con partes de lo que hizo Prefectura. También pedimos que se ampliaran las pericias y propusimos una nueva tecnología. En la cuarentena, cuando se abrieron las causas de forma virtual, se abrió la del Repunte. El juez nos respondió que daba lugar al pedido de ampliación de las pericias y también al pedido de ampliación de informe. Pero nosotros teníamos que decir de dónde iba a salir el presupuesto para ampliar las pericias. Fue un “se hace, pero no”. ¿De dónde vamos a sacar nosotros la plata para la ampliación de las pericias? Le volvimos a escribir al Juez, le dijimos que no tenemos la plata para hacerlo y que se tiene que encargar el Estado. Es parte de lo que no se hizo, la pericia no se hizo completa. Tienen que hacer las pericias como corresponde. Sobre el resarcimiento, tenemos tres viudas que todavía no tienen el certificado de presunción de fallecimiento y no tienen pensión. Por ejemplo, mis sobrinos todavía no cobraron lo que les corresponde por la ART. Falta un montón. Las familias que cobraron, cobraron porque las ART les dijeron “yo les doy tanto” y aceptaron por la necesidad. En el caso de mis sobrinos ellos fueron a juicio porque lo que les ofrecieron no era lo que correspondía. Les querían pagar solo lo que cobraba en blanco. Todos saben que en la pesca todos tienen una gran proporción de su sueldo en negro. Hay una familia que fue desalojada, deben un año de alquiler. ¿Cambió algo con el cambio de gobierno? Nosotros no hemos tenido reuniones con nadie del gabinete ni con ningún ministro de este gobierno. Ni nos llamaron ni nada. Sí el Senavid, pero ya veníamos trabajando. Senavid es asistencia a la víctima del Ministerio de Justicia, la parte de los funcionarios de carrera. Pero del nuevo ministerio de Justicia nadie nos llamó. Sí es real que nosotros veníamos pidiendo que la junta de seguridad en el transporte comenzara a investigar sobre el hundimiento. En el gobierno de Macri nos dijeron que no porque “las leyes no son retroactivas”. Nosotros decíamos que teníamos del DNU anterior de la comisión de investigación independiente donde en uno de sus artículos figuraba que esta comisión iba a trabajar sobre las investigaciones que estaban en curso. No solamente el Repunte sino, por ejemplo, en el San Antonino (el Rigel no se había hundido todavía). Eso fue lo que dio la estructura jurídica para que ahora se pudiera investigar el caso del Repunte. Estas juntas de seguridad no buscan responsables, buscan las causas técnicas para prevenir futuros casos. Eso es muy importante para nosotros porque es uno de los pilares de nuestra lucha. Nuestra lucha es para que los responsables del hundimiento paguen, pero también para que no se vuelvan a repetir estas tragedias evitables. ¿Cómo sigue la lucha de los familiares? Nosotros seguimos, la cuarentena y no poder salir a la calle nos afectó. El primer mes lo pasamos más fácil, el segundo fue un decaimiento total. Sentir que no estamos pudiendo hacer nada. Tampoco nadie nos llamó. Sentíamos que caía en el olvido. También el covid tapó un montón de temas y especialmente estos. Ahora, después de haber pasado el 17 con todo lo que significó ese día, conmemorar a ellos, a la tragedia, para que no se olvide, para que siga vivo el recuerdo de que fueron a trabajar, murieron en el trabajo y era totalmente evitable. Por otro lado, sentir que avanzamos en un logro impresionante que también tenemos que valorar. La comisión de investigación independiente fue un proyecto que presentamos nosotras. Luchamos un montón para que se llevara a cabo. Hasta ese momento era prefectura el que dejaba salir los barcos en cualquier condición y quien investigaba. Entonces nunca se investigaba nada. El 17 fue ambivalente: sentir por un lado que ya se iba a comenzar a investigar, un logro fuerte e histórico porque conseguimos algo inédito. No existe en Latinoamérica un organismo similar. Solo en EEUU, Europa y ahora en Argentina. Esto tiene que ver con la seguridad de los trabajadores porque los obliga a los empresarios a cambiar lo que no está bien. Es ambivalente porque sabemos que todo esto avanzó sobre la muerte de ellos, es la realidad. No podemos salir a festejar. Nuestra lucha continúa, como dice la última parte del documental. Iremos viendo de qué manera a medida que avancemos. En tres años no hemos bajado los brazos ni un solo día, y veremos cómo seguimos. Nuestros dos pilares son la causa penal y la seguridad para los trabajadores. Con los medios que tenemos, con las armas que tenemos que son el trabajo, la convicción, el estudio. Con la profunda convicción de que esto no tendría que haber pasado: así seguimos. Nosotros familiares, no somos una agrupación ni un partido. No sabemos cómo vamos a seguir, somos familiares que vivimos los mismos problemas que todo el país con la cuarentena… lo que sí te puedo asegurar es que la lucha continúa.

23 de junio de 2020
Bancarios en alerta
Enrique Zaera

La gremial del Banco Provincia ha convocado sorpresivamente al primer plenario de delegados de base desde que empezó el año. Ha pasado mucha agua bajo el puente: la patronal se llevó por delante condiciones de trabajo, condiciones de bioseguridad y gran parte de nuestra paritaria. Hasta aquí, el gremio ha guardado silencio. La pandemia A comienzos de marzo, producto del colapso que se produjo en los primeros días de cobro de jubilaciones e IFE en cuarentena, la actividad bancaria fue declarada actividad esencial. Esto legalizó la precarización laboral en el gremio, acompañada por el silencio cómplice del sindicato. Comenzaron vulnerando el convenio colectivo de trabajo, obligando a compañeros a trabajar incluso fines de semana u horas adicionales, luego “compensadas” con un bono miserable. Hoy, si bien la situación se ha acomodado en algunos aspectos, ciertos bancos siguen incumpliendo no solo con las condiciones de trabajo, sino con el protocolo determinado por el Ministerio de Salud ante la pandemia. “Paritarias solidarias” Pregonando “la solidaridad”, el sindicato se ha llamado al silencio respecto de la paritaria, sin hacer ningún tipo de mención y aceptando un aumento miserable del 15% y un bono por única vez de $8.500 a modo de consuelo, con el que se busca estirar la reapertura por cláusula gatillo (ya desfasada al momento del cierre de la negociación). En sintonía con su alineamiento descarado con el actual gobierno nacional, la Bancaria se encargó de bajar la línea de “hay que entender la difícil situación que atravesamos”. Deberían saber de la “difícil situación” que atravesamos los bancarios, que en seis meses de gobierno sufrimos una devaluación brutal del salario. Se acerca el pago del medio aguinaldo correspondiente al primer semestre. Mientras el estado entrega recursos públicos para subsidiar a las patronales en “crisis” y desembolsa religiosamente para cumplir con los vencimientos de deuda con los fondos buitres, es de público conocimiento el pago en cuotas del aguinaldo para toda la administración pública de la provincia de Buenos Aires. La convocatoria a plenario de delegados por parte de la gremial en su seccional más grande (Buenos Aires) debe ser objeto de deliberación de todos los compañeros. Esperamos la convocatoria no sea para sugerir la “solidaridad” con los banqueros, intentando persuadir a los compañeros con sermones conformistas y derrotistas. Nuestra posición es rechazar cualquier medida de precarización laboral. Que no se sigan desplumando nuestras condiciones de trabajo y depreciando nuestros salarios. Tampoco que pongan en “negociación” ítems que los banqueros deberían cumplir desde que se instaló el protocolo. El plenario debe fijar posición sobre esto y discutir la condición salarial para exigir la activación de la cláusula gatillo. Convocar a asambleas en todas las sucursales y convocar a toda la Bancaria a un plenario general para preparar un plan de lucha.

23 de junio de 2020
EE.UU. sin agua potable, con suministros privatizados prohibitivos y aguas contaminadas

La burguesía que tanto se queja de pagar altos impuestos –lo cual es notoriamente falso– suele decir ´si por lo menos el país gozara de servicios como en el primer mundo´. Pues bien: “Imagine un país donde a más de dos millones de personas se les niega el acceso al agua corriente y a tuberías básicas de acceso a los hogares. Donde otros 30 millones viven en áreas donde carecen de agua potable. Donde 110 millones de personas están expuestas a productos químicos tóxicos en el suministro. Y donde el servicio se le ha cortado a 15 millones de personas debido a la gran crisis de asequibilidad del agua del país. Bienvenido a los Estados Unidos de América” (John Mulholland, The Guardian, 23/6). Este diario en asociación con Consumer Reports y otros, realizó una serie de informes e investigaciones que destacan la desigualdad, la pobreza, la contaminación y las fuerzas comerciales que están en el corazón de la crisis del agua del país. Entre otras ´perlas´ el estudio destaca el fabuloso negocio de “la industria del agua embotellada de miles de millones de dólares. Muchas de estas grandes empresas saquean las fuentes públicas de agua a bajo costo y luego obtienen ganancias desmesuradas vendiendo agua embotellada, a veces a personas cuyo suministro público está contaminado. Muchos estadounidenses creen que el acceso es universal. Pero, de hecho, millones de las personas más vulnerables del país, personas de bajos ingresos en áreas rurales, personas de color, comunidades tribales, inmigrantes, han caído en el olvido. La falta de acceso a agua potable y saneamiento hace que sea difícil mantenerse saludable, ganarse la vida, ir a la escuela y cuidar a una familia” (ídem). “Decenas de millones de estadounidenses más –dice el informe– están a merced de sistemas de agua anticuados que no suministran agua potable segura; o esos suministros están dañados por contaminadores industriales que no están suficientemente regulados. La minería, la agricultura y otras industrias de alta rentabilidad parecen tener la ventaja de evitar los derechos de los ciudadanos al agua limpia y segura” (ídem). Según dice el informe “millones de estadounidenses comunes y corrientes enfrentan facturas crecientes e inasequibles por el agua corriente, y corren el riesgo de ser desconectados o perder sus hogares si no pueden pagar. El análisis de 12 ciudades de EE. UU. muestra que el precio combinado del agua y las aguas residuales aumentó un promedio del 80% entre 2010 y 2018, con más de dos quintos de los residentes en algunas ciudades que viven en vecindarios con facturas inasequibles” (ídem). “La creciente crisis de asequibilidad del agua en Estados Unidos se produce cuando la pandemia de Covid-19 subraya la importancia del acceso al agua limpia. La investigación muestra que el aumento de las facturas no solo está perjudicando a los más pobres sino también, cada vez más, a los estadounidenses que trabajan” (ídem). Según Roger Colton, un destacado analista de servicios públicos, que participo del estudio "los datos muestran que tenemos un problema de asequibilidad en una abrumadora cantidad de ciudades en todo el país que no existía hace una década, o incluso hace dos o tres años en algunas ciudades. Las facturas de agua que exceden el 4% de los ingresos del hogar se consideran inasequibles” (ídem). Mientras las tarifas de los servicios privados se fueron por la nubes “la ayuda federal a los servicios públicos de agua, que atiende a alrededor del 87% de las personas, se ha desplomado” (ídem). “La financiación federal para los sistemas de agua ha caído un 77% en términos reales desde su pico en 1977, dejando a las empresas de servicios públicos locales para recaudar el dinero necesario para actualizar la infraestructura, cumplir con los estándares de seguridad para contaminantes tóxicos como PFAS, floraciones de plomo y algas” (ídem). Como resultado el desplome de la infraestructura ha sido pavoroso, no solo no hay controles sino que más grave aún se multiplicaron los focos contaminantes. Ningún país del mundo tiene mayores filtraciones de agua que EE.UU.: “se pierden anualmente más de u$s 6 mil millones en agua por fugas, según los analistas de la industria Bluefield Research. Se requerirían al menos u$s 35 mil millones cada año durante 20 años, según la Agencia de Protección Ambiental (EPA) para cumplir con las regulaciones federales de seguridad” (ídem). La cifra parece alta, pero son apenas limosnas por referencia a los subsidios que recibió el capital por la pandemia. En su época ascendente el capital desarrolló las ciudades con sistemas cloacales, de suministro de agua potable, terminando con las pestes y muchas de las enfermedades infecciosas que diezmaron a la humanidad en el pasado. En su época de decadencia deja hundir en el marasmo esas infraestructuras, no las renueva ni las amplía. Es lo mismo que sucede en otro plano con la industria de la carne. El frigorífico moderno terminó con muchas enfermedades del consumo de animales sin el debido tratamiento. Ahora esta misma industria se ha transformado en uno de los principales focos de contagio de Covid-19 a escala mundial, por la sistemática tendencia del capital a violar ya no solo los protocolos de seguridad de los trabajadores del sector frente al virus sino normas bromatológicas de todo orden. La defensa de la provisión del agua potable es una cuestión que también requiere de la revolución proletaria, en EE.UU. y en todo el mundo.

23 de junio de 2020
A 18 años de la Masacre de Avellaneda, ni olvido ni perdón

Este nuevo aniversario del asesinato de Darío y Maxi tiene la particularidad de encontrarnos a las puertas de la mayor crisis capitalista. El mundo entero se encuentra prácticamente paralizado. Millones de obreros son echados a la calle y otros tantos pierden hasta sus casas. La burguesía intenta, bombardeo propagandístico mediante, hacernos creer que este desastre es a causa del Covid 19, cuando en realidad es la consecuencia del ansia de concentrar más y más riquezas por parte de un reducido grupo de grandes ricachones. Nuestro país no está al margen de ello. También acá la parálisis económica, la decadencia social y la corrupción generalizada, son producto de las mismas causas que a nivel mundial, agravada por el carácter rapaz de nuestras clases dominantes acostumbradas a vivir de la explotación de sus trabajadores como del robo de las arcas públicas. Una situación que no hará más que agravarse debido al bochornoso acuerdo de deuda que prepara el gobierno con los acreedores extranjeros. Este acuerdo, que prevé el saqueo de los recursos del país por varios años, empujará la miseria a nuevos niveles. A la miseria social, se agrega el golpe a la salud y la vida de los trabajadores, que son los principales perjudicados por la pandemia. Los trabajadores de la salud y los desocupados de los barrios que sostienen todos los días comedores populares se encuentran en la primera línea de combate contra el virus, casi sin recursos del Estado. En las villas es donde más está creciendo la curva de contagios, sin que los distintos gobiernos tomen las medidas sanitarias necesarias para frenar la propagación de la enfermedad. No son pocos los trabajadores de la salud y luchadores populares de los barrios que ya han perdido la vida llevando a cabo esta tarea. Por ello es tan actual el ejemplo de solidaridad de Darío quien, aún a riesgo de su vida, no dudó en auxiliar a Maxi, ya herido mortalmente. 18 años de la Masacre y ni uno solo de los responsables políticos e intelectuales preso. Al contrario, nuevamente esos personajes son parte del gobierno de turno. Felipe Solá es Canciller, Aníbal Fernández es Interventor de YCFRT, mientras que Eduardo Duhalde es alabado por Alberto Fernández y Axel Kicillof por su manejo de la crisis capitalista del 2002, teniéndolo como consejero presidencial, mientras su mujer ocupa un lugar, como asesora, en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, adonde fue llamada para poner nuevamente en marcha a su red de “manzaneras”. Tan envalentonados se sienten los Duhalde que él se dio el lujo de aconsejar a Alberto Fernández de que era un error expropiar Vicentín, mientras su mujer reclamaba por la eliminación lisa y llana de las organizaciones piqueteras, justo una semana antes de una fecha tan simbólica como el 26 de Junio. Si este no fuera un motivo más que suficiente -además de honrar la memoria de los caídos en la lucha popular aquel 26 de Junio- para nuevamente estar en el lugar donde fueron asesinados Maxi y Darío tenemos, por otro lado, como en un juego de pinzas, las manifestaciones convocadas por los sectores más reaccionarios del país. Son los mismos que hace 18 años planteaban, desde el PJ y las Cámaras empresarias, que era necesario poner fin a las demandas de Trabajo y Dignidad del movimiento piquetero. Que hacía falta una lección ejemplarizadora, decían. Lo mismo que hoy -nuevamente- levanta la familia Duhalde como voceros de los sectores más concentrados y reaccionarios del Poder económico y político. Son esos sectores los que este sábado 20 de junio salieron a las calles en defensa de los explotadores, ladrones y desaparecedores de obreros como son los Vicentín. Pero no son todos ni los únicos; otros de los defensores de estos intereses permanecen agazapados en altas esferas del Poder del Estado, esperando el mejor momento para actuar. Massa es sólo uno de ell@s. Son los que enarbolan la defensa de la propiedad privada y el anti comunismo, cuando sabemos perfectamente que la miseria y el hambre de millones es producto -justamente- de que un pequeño grupo de capitalistas se queda con el 80% de la riqueza social. Los despidos, suspensiones y rebajas salariales tienen su razón de ser en las desmedidas ansias de enriquecimiento de esta ultra minoría, que son los que realmente viven del Estado. El caso Vicentín es una muestra perfecta de ello. Miles de millones de la banca pública fueron a parar a manos de estos fugadores seriales, que ya las ocultaron en los paraísos fiscales, como Macri, Rocca, Pescarmosna, etc, etc, etc. Ellos son los verdaderos planeros, pero planeros VIP, pues no viven con 8.500 pesos. Eso es menos de lo que pagan por un almuerzo. Mientras, quieren que nos acostumbremos a la miseria, a vivir con un cuarto de la canasta básica. No les molesta nuestra hambre, en realidad, nunca les importó. Lo que les molesta es la organización del Pueblo trabajador. Por eso reclaman acabar con los piqueteros. Por eso están saturando los barrios de policías, gendarmes, prefectura y hasta milicos del Ejército. No los mueve la solidaridad, sino controlar las barriadas. Saben que el descontento popular está en ascenso. Y también saben que su Plan es más hambre y miseria; porque esa es la consecuencia lógica de pagar la Deuda. Una deuda fraudulenta e ilegítima. Pagar la deuda es pagarle a los fugadores seriales. En vez de encarcelarlos se los premia con el pago. Lo mismo pasa con los defraudadores seriales, como Vicentín. Ahora se suma otro gran pool de los agronegocios: Naville, que debe -sólo al Banco Nación- 7 mil millones de pesos. Esos grupos económicos son los que están detrás de las movilizaciones. Y a esos solo se los para con organización y movilización popular. No dudamos, ni un instante, que lo mismo hubieran pensado –y hecho- Darío y Maxi. Porque hoy, estar en la calle, es la única manera de defender la vida. Una vida digna, que merezca ser vivida y que es lo único al cual se puede llamar vida. Lo otro es vegetar. Porque mientras nos dicen que nos quedemos en casa avanzan sobre nuestros derechos: nos echan de las fábricas, nos reducen los salarios; eliminan la movilidad jubilatoria, continúan destruyendo la salud y la educación pública; pretenden pagar el aguinaldo en cuotas, continúa aumentando el costo de vida mientras congelan paritarias y salarios. ¿De qué vida hablan? Maxi y Darío si son ejemplo de vida. De lucha por la vida. De entrega total en pos de esa Vida. Por eso convocamos a todas las organizaciones populares a marchar este 26 al Puente Pueyrredón. Siguiendo el ejemplo de la lucha de los piqueteros del 2001-2002, llamamos a todas las organizaciones a discutir la necesidad de un programa común para hacer frente a la crisis y las acciones necesarias para conquistar todas nuestras reivindicaciones. Ante la creciente miseria y el avance de la pandemia, necesitamos un congreso de trabajadores ocupados y desocupados que plantee las medidas sanitarias y sociales para salir de esta crisis y defender la vida de la clase trabajadora. Exigimos: Justicia para Darío y Maxi. Trabajo genuino para todas y todos, lo cual solo es posible con un plan de industrialización del país. No a la propuesta de 10 mil pesos por 60 horas de trabajo mensual. Eso es flexibilizar el salario. No al pago de la fraudulenta “deuda externa” de los fugadores seriales. Rompimiento con todos los Pactos que nos atan al Imperialismo. No a la militrización y segregación de los barrrios populares. No a la salida nazi-fascista de Berni y Duhalde. Libertad a Sebastián Romero. Castigo a los asesinos y desaparecedores de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel, luis Espinoza, Daniel solano, Luis Arruga, Magalí Morales; Iturralde, Anzamendia y Facundo Escalso. Repatriación y Libertad de Facundo Molares. Aborto legal, seguro y gratuito. Tierra y Vivienda para todas y todos. Basta de femicidios y todo tipo de violencia sobre las mujeres. Por una Argentina sin explotados ni explotadores. Concentramos 11,30 en Estación Avellaneda Polo Obrero (Tendencia) - Movimiento Teresa Rodríguez (histórico) - Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (Raúl Castells) - Partido Comunista de los Trabajadores - Movimiento Territorial Liberación Rebelde - Tendencia Guevarista - Razón y Revolución - Coordinadora Político Social 1 de Mayo - Colectivo Contramuro Adhieren: P.C. de Salta y Jujuy, Tigre, San Fernando y Mercedes (Bs As); Revista Centenario; Movimiento Rebelión Popular

23 de junio de 2020
UNGS: balance y conclusiones del primer cuatrimestre

El cuatrimestre está finalizando y amerita hacer un balance de lo que fue la cursada virtual en el contexto de la pandemia. En la UNGS, la gestión ha montado el sistema virtual sobre una educación desfinanciada replicando y potenciando en este formato los problemas que enfrentamos en las cursadas presenciales. Las clases a distancia requieren una atención individual que no puede ser resuelta con la misma cantidad de docentes (que ya era insuficiente) ni con las comisiones superpobladas. La ampliación y capacitación de la planta docente se vuelve fundamental en este contexto para que la crisis educativa no recaiga sobre nuestras espaldas ni la de nuestros profesores. El sistema virtual no deja atrás la deserción. La falta de recursos -computadoras e internet-, la poca disponibilidad de lugar y tiempo para conectarse convierte a la llamada deserción en una expulsión de los alumnos por parte del sistema educativo. A su vez, en el contexto actual de despidos y reducciones salariales, la juventud precarizada se encuentra entre los sectores más golpeados, esto desalienta cualquier posibilidad de seguir las cursadas. En este cuadro, la gestión de la UNGS se dedica a improvisar medidas. Luego de decretar a principio de la cuarentena una cursada mixta con clases virtuales y presenciales, dio marcha atrás y habilitó a los docentes a terminar las materias íntegramente en la modalidad virtual. Lo mismo ocurrió con el veto a la promoción de materias: a un mes de terminar las clases, la gestión solicitó a los docentes que vuelvan a habilitar la promoción luego que ya habían acomodado los contenidos sin esta condición. La incapacidad de la gestión para reorganizar el semestre no refleja solamente una inoperancia administrativa, sino que responde a una crisis educativa que es anterior y que supera a los problemas que acarrea la cuarentena. ¿Hacia dónde va el CEUNGS? El “Frente de Todos UNGS”, conformado por el FUNyP (Frente Universitario Nacional y Popular) y El Puente, presidencia del CEUNGS, ha mantenido el centro paralizado cuando debería ser un factor de organización del movimiento estudiantil. La única reunión de comisión directiva en la pandemia fue convocada con menos de 24 horas de anticipación y se realizó “a puerta cerrada”, para que no pudieran participar los estudiantes. Lejos de “poner en pie el CEUNGS” el Frente Todos lo vacía de estudiantes y se niega a cualquier instancia de debate colectivo. Este centro es funcional a la improvisación del estado y la gestión universitaria de la UNGS. Un planteo frente a la crisis Los problemas que afronta la universidad no se solucionan con algunas medidas aisladas e improvisadas. Es necesario poner en agenda un plan integral donde se discuta el presupuesto universitario en función de las necesidades de la comunidad educativa. En medio de la crisis hay que exigirle al gobierno becas para todos los que las necesiten y que estás sean de un monto suficiente para solventar los gastos de los estudiantes. Hay que garantizar las condiciones laborales de la docencia frente al “teletrabajo”, la discusión salarial también tiene que ponerse al orden del día. Discutamos entre estudiantes y docentes las formas de continuar las materias garantizando las mejores condiciones posibles, exigiendo el reparto de equipos electrónicos y medios de conexión a quienes los necesiten. Es fundamental que se garanticen capacitaciones pagadas y se brinden los tiempos y condiciones óptimas para adaptar la enseñanza a esta virtualidad. Lejos de querer discutir un plan de estas características la gestión de la universidad se ha dedicado a improvisar medidas que no solucionan los problemas de fondo; estudiantes y docentes debemos organizarnos para imponer en la agenda de la universidad estas cuestiones.

23 de junio de 2020
Enfermería CABA: rechacemos el decreto contra los franqueros

Por decreto, el Gobierno de la Ciudad deja a disposición de las autoridades de cada hospital la libertad para disponer, de forma excepcional y mientras dure la pandemia, del personal franquero de enfermería durante los días de semana según se requiera. Los franqueros cubren puestos sábado, domingos y feriados. El decreto no toca la carga horaria del convenio - de 30 a 35 horas semanales. Argentina encabeza la lista de países con más trabajadores de la salud contagiados -más del 15% del total de contagios-, con hospitales y clínicas públicos y privados que alcanzan picos del 19%. La semana pasada fallecieron el compañero Julio Gutiérrez, del hospital Durand, y el compañero José Aguirre, del hospital Rivadavia. Está internado en grave estado otro enfermero del hospital Moyano. La negación del gobierno de Rodríguez Larreta a otorgar licencias al personal que es parte del grupo de riesgo, la falta de insumos, testeos y descanso está haciendo estragos entre los trabajadores. Por el nivel de contagio se han vaciado servicios enteros en los hospitales. En muchos casos, se sostienen con un solo enfermero, con el relevamiento de los propios jefes de servicio o con una sobrecarga horaria (módulos) para los que aún permanecen en servicio y no han sido aislados. El personal de salud de la ciudad de Buenos Aires es insuficiente desde antes de la pandemia. El porcentaje de enfermeros por cantidad de pacientes coloca a nuestro país como uno de los peor posicionados de todos los países del cono sur. En muchos hospitales, aún están esperando los nombramientos de cargos previos a la pandemia. Desatada la pandemia, el gobierno porteño contrató personal temporal, pero como aún no han cobrado sus haberes desde abril, se va produciendo un reflujo de ese personal en busca de otras fuentes laborales. Los responsables El problema es claro: en vez de contratar enfermeros, se apela a la sobrecarga del personal en función. Con dos agravantes: por un lado, el personal se encuentra con un desgaste físico y psíquico considerable que baja las defensas del sistema inmunitario, dejándolo expuesto al contagio y a las fallas y omisiones en la práctica, producto de la extenuación, que pueden resultar de gravedad. Por otro lado, el trabajador de enfermería en Argentina cobra salarios de pobreza y es empujado al multi trabajo. Es por esto que los franqueros de la Ciudad de Buenos Aires trabajan, durante la semana, en otras dependencias. El decreto de Larreta coloca en una posición muy complicada al trabajador, ya que lo obliga -en corto o mediano plazo- a tener que dejar uno de sus trabajos o a arriesgarse a recibir una sanción. Una vez más, el problema del pase a profesional de la carrera de enfermería, con la reducción de jornada y el correspondiente aumento de salario, se pone sobre la mesa. Las direcciones gremiales de ATE, UPCN y Sutecba se encuentran entregando descaradamente la paritaria y el aguinaldo. Todo este diagnóstico de situación que se vive tiene a la mayoría de los delegados como rehenes de las políticas de las direcciones que utilizan a los gremios para sus acuerdos y carreras políticas con los gobiernos de turno. O terminan adaptándose y siendo cómplices a la miseria presupuestaria del Gobierno y de las trenzas sindicales a cambio de permisos gremiales para no ir a trabajar. O simplemente se alejan de la actividad desmoralizados. Es necesario abrir una deliberación en el personal de enfermería para formar una coordinadora única de enfermería de la Ciudad, de privados y público, para rechazar el decreto, exigir el pase a profesional de la carrera, las licencias por grupo de riesgo, los nombramientos pendientes, el pago de salario al personal incorporado y una nueva y masiva contratación. Por último, una reapertura de las paritarias para llevar al salario al valor de la canasta familiar ($67.371, según la comisión interna de ATE Indec) y el pago del bono de salud a todo el personal. VER MÁS **[[VIDEO] Marcelo Ramal: "Estamos en la cuenta regresiva de un colapso sanitario"]( )**

24 de junio de 2020
India y China, otro escenario de una guerra mundial

El choque entre tropas de India y China en el Himalaya, dejó el saldo de casi 60 soldados muertos. Aunque se trate del primer choque en 45 años, está lejos de ser un episodio de carácter aislado. La prensa asegura que esta escalada bélica deviene por los objetivos estratégicos de los dos países. Lo que perturbó a Pekín es la construcción, por parte de la India, de una carretera para conectar con una base de alta altitud que tenían sin funcionamiento desde 2008. “Los chinos se han ofendido por la construcción de eso porque eso permitiría a India movilizar tropas más rápidamente”. Ocurre que Pekín ha invertido unos US$60.000 millones en la infraestructura de Pakistán, el llamado Corredor Económico China-Pakistán (CECP), como parte de su Iniciativa de la Franja y la Ruta, y la carretera es clave para transportar bienes desde y hacia el puerto de Gwadar, en el sur de Pakistán (LN,5/6). India se suma de este modo a un reclamo político de Trump, para bloquear la expansión económica de China. Otra expresión de este choque es la política proteccionista que ha adoptado Nueva Delhi, que afecta especialmente a Huawei, el otro blanco de Trump. En este marco se pone en marcha un fortalecimiento de las relaciones de India con Estados Unidos, Japón y Australia. Esto le ha dado otro cariz a la agitación de la India respecto a retomar la región de Cachemira administrada por Pakistán, aliado de China. El gobierno hindú ha acentuado el chauvinismo anti-musulmán al prohibir la ciudadanía a los residentes musulmanes. Mientras tanto, la India es el cuarto país en muertes por COVID-19 con casi dos mil por día Estamos ante una movida geopolítica dentro de la confrontación entre Estados Unidos y China, que plantea un escenario de guerra, en otra de las fronteras de China, y que tiene como sujeto al nacionalismo hindú, en el marco de una crisis social explosiva de la India.

24 de junio de 2020
Algodonera Avellaneda: segunda audiencia sin respuestas

Durante once días, desde el viernes 12 de junio, los obreros de la Algodonera Avellaneda S.A.-Grupo Vicentín, sostuvieron una huelga total con acampe y bloqueo de los accesos a la planta, ubicada en el Parque Industrial de Reconquista, por mejoras salariales y condiciones de trabajo. Luego de una gigantesca movilización y una audiencia, el pasado martes 16, sin resultados, la mesa de negociación fue reconvocada para el martes 23 de junio. La asamblea de los cuatro turnos resolvió la continuidad de las medidas hasta entonces. De la audiencia de este martes, que se prolongó por más de tres horas, participaron el jefe de personal de la empresa, Oscar Ortíz, su abogado, el secretario de Trabajo de la provincia, Juan Manuel Pusineri, los delegados de la fábrica, dirigentes del sindicato y el periodista y diputado Carlos Del Frade. La patronal llevó la desfachatada propuesta, “para destrabar el conflicto”, de devolver los ATP, unos 18.000 pesos, que la empresa pretende descontar a los trabajadores, y el aumento de un monto ínfimo de $4.000 por mes (apenas $20 más por hora) en los salarios. La provocación fue rechazada de plano por los delegados obreros. Frente a esto, la audiencia pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes 29. La burocracia textil opera contra la lucha Luego de los infructuosos intentos por desmovilizar y quebrar el plan de lucha de los trabajadores de la algodonera, la conducción de la Asociación Obrera Textil (AOT), que opera como un apéndice patronal, repudiada por los obreros, desacreditada, e impotente, apeló a otra maniobra en el intento por quebrar la lucha. Durante el último fin de semana, el dirigente local de la AOT de Reconquista, Lemos, llegó hasta el acampe que realizan los trabajadores con una notificación del secretario general de la Asociación Obrera Textil nacional, Hugo Benítez, donde amenazaba descaradamente con que si los obreros mantenían la resolución de no acatar la conciliación y levantar el paro y las medidas de fuerza, el sindicato quitaría el respaldo gremial a los trabajadores y dejaría sin fueros gremiales a los cuatro delegados. Ante la apretada de la burocracia, los delegados llamaron a una asamblea, de la que participaron los operarios de todos los turnos. Allí resolvieron el reingreso a la planta y retomar la actividad hasta la realización de la audiencia. Luego del fracaso de la nueva negociación, quedó demostrado que la patronal de Vicentín, aún sin contar ahora con argumento de que no estaban dispuestos a negociar con la planta y la producción parada, la solución tampoco llegó y que quienes no tienen voluntad por destrabar el conflicto son los propietarios de la empresa. La lucha de los obreros de la algodonera es seguida con atención por los trabajadores del conglomerado industrial de la región, en especial por los obreros que en pie de lucha como los de Tutto Porkys y Buyanor S.A. El conflicto, en cambio, no registra la más mínima preocupación de parte de las centrales sindicales, presurosos a la hora de suscribir a medidas de los gobiernos, pero incapaces de motorizar plenarios regionales de delegados obreros para discutir y organizar los reclamos y las demandas de los trabajadores. Los trabajadores tienen la palabra Tras el resultado negativo de la audiencia, los obreros han resuelto el reingreso a la fábrica hasta que se lleve a cabo la próxima mesa de negociación, pero la puesta en marcha de la producción será con trabajo a reglamento y quite de colaboración. La patronal dijo que se tomará hasta el próximo 29 de junio para “elaborar” otra propuesta. Para la ocasión, los trabajadores convocarán una nueva marcha, retomando el camino de la resonante movilización anterior. Sonia, delegada fabril, dijo al respecto: "Hoy accedimos a presentarnos a la audiencia sin movilización, ya que nos habían pedido que, para que asista Héctor Vicentín, como reclamábamos nosotros, la patronal solicitaba que no haya marchas, ni medidas de lucha. Pero cuando llegamos nos encontramos que el Sr. Vicentín no se había presentado y que, en su lugar, estaban el Jefe de personal y el abogado. Ahora ya sabemos para la próxima, por eso vamos a ir con todo y una gran movilización, porque tenemos que conseguir una mejora significativa del salario, que no puede ser de menos de $20.000, que es el incremento para acercarnos a la canasta de pobreza, porque hoy las familias obreras se encuentran en la indigencia. No vamos a bajar los brazos".

24 de junio de 2020
Hospital de Clínicas: redoblemos la campaña contra la sanción a Daniel Iribarren
Agrupación Bordó Tendencia de Trabajadores del Hospital de Clínicas

Después de la suspensión de carácter persecutorio por 30 días sin goce de sueldo a Daniel Iribarren, camillero con más de 30 años de trabajo y activismo en el Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA, la dirección del hospital, y sin pronunciamiento alguno del rectorado, extendió por 60 días más la sanción. Este hecho sucede luego de que, pasados los primeros 30 días, el compañero trabajara el fin de semana del 13 de junio. Al reincorporarse, recibió numerosas muestras de solidaridad. La sanción contra Daniel fue una represalia de las autoridades por denunciar la precariedad que sufren médicos, enfermeros y todo el personal de Clínicas. Durante el periodo de la primera suspensión, realizamos una campaña de pronunciamientos contra este atropello al derecho a organizarse y luchar por condiciones de trabajo y salubridad, más ahora que enfrentamos una pandemia. Se recogieron firmas de variados sectores sindicales y políticos. Ahora, frente a esta nueva represalia, se impone extenderlo aún más. Evidentemente, la saña de la dirección del hospital y el silencio cómplice del rectorado tienen un porqué. Daniel encarna un activismo que se hace cada más necesario para enfrentar los planes antiobreros y de vaciamiento de la salud pública. Evidencia de esta política de conjunto son las numerosas luchas de los trabajadores de la salud y, en la UBA, la de los docentes y estudiantes para afrontar los desafíos educativos que impone la pandemia y cuarentena. Párrafo aparte merece la burocracia de APUBA, que no ha movido un dedo contra la sanción. Por el contrario, la burocracia actúa como agente regimentador y persigue a los compañeros que buscan organizarse. Es necesario reforzar la campaña de rechazo, dentro y fuera del hospital, a través de pronunciamientos contra este atropello y un fondo de lucha por el compañero. En función de esto, es fundamental hacer conocer la situación mediante la agitación entre los trabajadores del hospital y acompañar todas las medidas de lucha que surjan. Lo que está en juego no es solamente el trabajo de Daniel sino el derecho a organizarse, denunciar, deliberar y luchar por nuestras reivindicaciones. Abajo la sanción a Daniel Iribarren. Por protocolos de los trabajadores y bajo control de los mismos. Por los elementos de protección para cuidar nuestra salud y la de los pacientes. Pronunciamiento modelo. Para enviar adhesiones y firmas, escribir a sanciondaniel@gmail.com QUEREMOS BARBIJOS, NO MORDAZAS INMEDIATO RETIRO DE LA SANCIÓN A DANIEL IRIBARREN Los firmantes nos pronunciamos en rechazo a la sanción y suspensión por 90 días sin goce de sueldo, con pedido de cesantía definitiva, contra el trabajador de la salud Daniel Iribarren, camillero del Hospital de Clínicas, dependiente de la UBA. La misma fue aplicada por parte de la dirección del hospital con motivo de la denuncia realizada por el compañero ante la falta de condiciones laborales y sanitarias existentes en el Clínica y la consiguiente exposición de los trabajadores que ello implica. Estas sanciones y suspensiones constituyen un ataque a la libertad de organización, expresión y lucha de los trabajadores por sus reivindicaciones. Exigimos que se retiren las sanciones, se reinstale al compañero en su puesto de trabajo, en el que se desempeña hace más de 30 años, y expresamos nuestra solidaridad con el mismo.

24 de junio de 2020
Crisis educativa, capitalismo y pandemia
Política Obrera

El próximo sábado de forma virtual en la aplicación 'Zoom' estudiantes, docentes y trabajadores de la educación realizaremos un plenario que contará con la presencia de Jorge Altamira. El objetivo será discutir y profundizar una intervención política en la actual crisis educativa. El plenario será convocado en todas las provincias donde la Tendencia del Partido Obrero desarrolla su actividad. Tendrá un formato 'nacional' aunque significativamente atravesado por un debate y una crisis que recorre a todos los países. Contexto El rescate financiero fenomenal de los gobiernos a la clase capitalista -a costa de la vida y salud de millones- revela, cada vez más, un régimen inviable para ofrecer una salida a la actual crisis humanitaria. Esta crisis tiene su expresión propia en la educación. Según la UNESCO, la mitad de la población estudiosa se ha quedado fuera de la educación digital durante la pandemia. Mientras -en la mitad de “adentro”- crece la deserción, la imposibilidad de la aprehensión de conocimientos, una creciente precarización y sobrecarga de los docentes, etc. La crisis educativa actual muestra a la burguesía como una clase social incapaz de asegurar el proceso educativo. Una lucha abierta La cuarentena ha sido vista por el régimen político como la oportunidad para reunir condiciones para un ataque a la educación y sus trabajadores. El Senado acaba de aprobar -por unanimidad- una ley que abre la puerta a las clases virtuales en reemplazo de las clases presenciales para menores de 18 años, no sólo por la pandemia sino para cualquier “emergencia de fuerza mayor” en el futuro. La experiencia con estos intentos de avanzar en una reconfiguración a gran escala de las relaciones sociales educativas son los de chocar rápidamente con movimientos de lucha generalizados. Desde el Partido Obrero (Tendencia) intervenimos en toda esta etapa promoviendo instancias de lucha - a través de plenarios, asambleas, reuniones abiertas – para que el movimiento educativo irrumpa en la crisis con sus propias reivindicaciones. Programa Los socialistas tenemos el desafío de elaborar un programa para esta etapa, puesto a consideración del conjunto de la población educativa. Para dar un paso en este sentido resolvimos convocar la actividad de la cual este artículo informa. La convocatoria la haremos extensiva a todos los docentes y estudiantes que busquen un reagrupamiento político. Sábado 27, plenario nacional educativo por Zoom, a las 18 hs, para debatir y actuar. Pedí el link por mensaje.

24 de junio de 2020
San Antonio de Areco: los estudiantes se movilizan contra el desalojo de la escuela de arte
Corresponsal

La Escuela de Arte N° 1 "Gustavo Chertudi", ubicada en San Antonio de Areco, Buenos Aires, ha sido objeto de un engaño llevado a cabo por el intendente Francisco Ratto (Juntos por el Cambio), demostrando una vez más, junto a los concejales y consejeros escolares de su bloque que no tienen el más mínimo interés por la educación, aun cuando muchos de ellos son docentes o ejercen cargos relacionados a la educación. Esta afirmación se desprende de la decisión inconsulta y unilateral de dar de baja el comodato que le permitía a la Escuela de Arte funcionar como una institución escolar de nivel superior en el edificio de la Fundación Laplacette hasta 2032. Contexto En un principio, el edificio fue pedido con la promesa de ser devuelto terminada la pandemia. La comunidad educativa, estudiantes, docentes y directivos desalojaron el edificio para entregárselo al ejecutivo, quien montaría un anexo del Hospital "Emilio Zerboni", entendiendo la situación y a la espera de firmar un acta acuerdo que avale el préstamo. Ni bien la institución pasó a manos de la actual administración, diferentes espacios físicos intervenidos con producciones artísticas fueron destruidos, ejemplo de ello fue un mural realizado en el antebaño de mujeres que tenía por objetivo generar conciencia sobre la temática de género, atravesada por el contenido de ESI (Educación Sexual Integral) y que llevara un año de investigación y proceso. Frente a este y otros hechos, se comenzó a reclamar la firma del acta acuerdo de préstamo y compromiso de devolución pasada la pandemia, a lo que el Intendente respondió con la decisión unilateral de dar de baja el comodato que habilitaba al edificio a funcionar como una institución educativa. El ejecutivo presentó como “soluciones” diferentes propuestas, todas tendientes a desmembrar el funcionamiento de la Escuela de Arte Chertudi en varias sedes, o de hacinarse en espacios que no son adecuados a las particularidades de la Institución. La sociedad se despierta Ante la situación adversa para la Escuela, generada por el intendente y su gabinete, estudiantes, ex-alumnos, docentes y directivos emprendieron un reclamo generalizado, aunando fuerzas con la comunidad en general de la ciudad de San Antonio de Areco como de las vecinas Carmen de Areco, Exaltación de la Cruz, Capitán Sarmiento, Arrecifes, San Andrés de Giles, Mercedes. También la organización permitió llegar a diferentes artistas plásticos, ilustradores, músicos, cantantes, políticos, deportistas, de renombre nacional, e infinidad de personas de todas las latitudes, quienes han adherido a la consigna "Sí al arte, Sí a la Salud, Si a la Educación, No al desalojo de la Escuela Chertudi". Acciones El Intendente ejerce la irresponsabilidad agregada de poner a la sociedad en la necesidad y obligación de salir a la calle. Pese a la pandemia la comunidad en general, organizada con estudiantes, ex-alumnos y docentes, sale a reclamar para que el Intendente retrotraiga su decisión. Después de pedir por semanas poder reunirse con el ejecutivo, sin lograrlo, la comunidad educativa se reunió con el Concejo Deliberante con el fin de frenar el voto positivo ya anunciado por los concejales afines al intendente. También se acercaron al Consejo Escolar, obteniendo de los funcionarios solo evasivas. Por esta razón optaron por realizar un abrazo a la institución el jueves 11 de junio, tras el cual se acercaron a la intendencia para hablar con el intendente Ratto, quien a pesar de haber expresado por los medios que estaba dispuesto a reunirse en cualquier momento con la comunidad educativa, no tuvo tiempo para hacerlo sino hasta el día siguiente, donde se despachó ante los representantes de la Escuela con una postura elitista, meritocrática, retrógrada que no se condice con los tiempos que corren, pero que grafica a las claras la clase de liderazgo que busca ejercer: de espaldas a la educación. Días después, el ex senador Andrés Antedoménico criticó que, en lugar de presionar a la provincia para la construcción de una escuela, sería más factible pedir fondos para salud, ya que en este contexto de pandemia hay partidas dispuestas desde Nación y Provincia para estos fines. Con la intención de mostrar a la sociedad su quehacer diario y visibilizar el reclamo, la Escuela de Arte Chertudi dictó el pasado 17 de junio en la Plaza Ruiz de Arellano (frente a las sedes del Municipio el Concejo Deliberante y el Consejo Escolar) talleres abiertos de Grabado, Pintura, Dibujo y Cerámica, simbolizando con esto que la escuela está en la calle y sin techo, pero resistiendo. Si bien lo hecho a esta altura se hace incontable, el próximo miércoles 24 de junio, el Concejo Deliberante sesionará para terminar de avalar el cese del comodato, por lo cual artistas, estudiantes, ex-alumnos, docentes, directivos y vecinos se reunirán en el lugar para exigir que no atenten contra la Educación y por ende, no destruyan el futuro artístico de una comunidad educativa, tanto a nivel local como regional

24 de junio de 2020
“La Izquierda. Héroes, rebeldes y leyendas de la revolución socialista en la Argentina”, por Diego Rojas (Editorial Planeta)

La izquierda argentina, con sus distintos partidos y corrientes, está ligada al desarrollo de los combates de la clase obrera y se diferencia entre sí por las posiciones impulsadas en el seno de esos combates. Este es el núcleo de este libro, rico en historias que la juventud debe conocer y que a los viejos militantes les recuerda de dónde venimos y ayuda a pensar hacia dónde vamos. Temprano comienzan las organizaciones en la clase trabajadora. Según José Ingenieros, en 1871 se crea la primera sección de la Asociación Internacional de los Trabajadores, la Primera Internacional. Y en los dos años siguientes las secciones francesa, italiana y española de la AIT. Fue en estos años que llega al país un enviado directo de Karl Marx, el belga Raymond Wilmart, de 21 años. Wilmart, que tiene correspondencia directa con Marx, pronto comienza a desilusionarse de los trabajadores argentinos al creer que tendían más al mutualismo que a la construcción de un partido revolucionario. En 1877 la clase crea su primer sindicato, la Unión Tipográfica, la que al año siguiente decreta la primera huelga de trabajadores, que dura un mes e incluso cuenta con la adhesión de los tipógrafos uruguayos, que se niegan a recibir trabajos enviados desde las patronales argentinas. Entre sus reivindicaciones figuran el no al trabajo infantil y aumento de salarios. La huelga triunfa. Durante los años de la llegada al país de trabajadores escapados de Europa, trayendo sus ideas anarquistas y marxistas, sólo se leía El Capital en una mala y única traducción española, realizada desde el francés. Por esto el Dr. Juan B. Justo, a la par que fundaba el primer partido obrero argentino, el reformista Partido Socialista, emprende la traducción al castellano desde el original alemán, basándose en la cuarta edición alemana realizada por Engels. Esta traducción ‘argentina’ se comenzó a distribuir en cuadernillos quincenales. El Partido Socialista logró, en 1904, hacer elegir al primer diputado socialista de América latina, Alfredo Palacios. El sábado 7 de abril de 1894 apareció en Buenos Aires el primer número de La Vanguardia. “periódico socialista científico. Defensor de la clase trabajadora.”, el cual en su cenit llegó a vender 75.000 ejemplares. El libro de Diego Rojas, organizado cronológicamente, contiene muchas perlas, no conocidas u olvidadas. Entre estas está el viaje a la Argentina de parte de la tripulación del famoso Acorazado Potemkin (inmortalizado en la película de Serguei Eisenstein del mismo nombre), el que marcó un pico en la rebelión rusa de 1905 contra el zar Nicolás II. Los que huyeron de la represión posterior al ‘domingo sangriento’ partieron del puerto de Liverpool con rumbo a la Argentina. Una vez arribados, los marineros del Potemkin se dispersaron, pero el mayor contingente se dirigió a la única dirección que traían como referencia: la ciudad de Carlos Casares, provincia de Buenos Aires, en la que vivieron y trabajaron un largo tiempo. Muy detallada, día a día, es la narración de las jornadas de combate de los obreros metalúrgicos de los Talleres Vasena (sita en el barrio de San Cristóbal, calles Cochabamba y La Rioja) contra las fuerzas policiales y del Ejército y una incipiente milicia paraestatal de derecha, la Guardia Blanca. El sindicato de fábrica levantaba un pedido de aumento salarial. El 2 de diciembre de 1918, 2.500 obreros se declararon en huelga, con gran apoyo de la población porteña y una diseminación geográfica de los enfrentamientos. El día del entierro de los primeros caídos, una movilización de 200.000 trabajadores acompañó los féretros. La heroica lucha contra las muy superiores fuerzas de la represión duró ocho días y produjo mil muertos. En las fuerzas del Ejército hacía su debut el joven teniente de 23 años, teniente Juan Domingo Perón). De la influencia de huelgas de 1916 a 1919 y del triunfo bolchevique en Rusia, se organiza en el PS en 1918 una ruptura que da nacimiento al PS Internacionalista, que contaba con 766 militantes según su primer congreso. Este PSI, antecedente del Partido Comunista de la Argentina, adhirió a la Tercera Internacional, la de Lenin y Trotsky. Mientras que el PS rechazó ingresar a la Tercera luego de una votación de 5013 socialistas en contra y 3650 a favor del ingreso. Gran parte de estos luego rompería con el reformista PS y se sumaría al PSI y al PC. En octubre de 1920 llega a la Argentina el primer delegado de la Comintern, enviado directo del presidente de la III, Zinoviev. Nacido en Buenos Aires, su nombre real era Félix Weil, quien se transformó en el personaje central de la diplomacia secreta del país de Octubre. De regreso a Europa, este mismo Weil estuvo ligado a la fundación de la renombrada Escuela de Frankfurt. No faltaron en estos reagrupamientos quienes apoyaran a la Oposición de Izquierda soviética. Así, el obrero ebanista Roberto Guinney y el español Camilo López fundaron el Comité Comunista de Oposición, que fue el primer grupo trotskista de Argentina y de Sudamérica, en 1929. En los estandartes del movimiento obrero figura con luz propia la gigantesca huelga de la construcción que comienza el 7 de enero de 1936, narrada y analizada en el libro, que triunfó luego de 90 heroicos días de huelga y combate proletarios. Como escribí al comienzo, el libro está lleno de interesantes historias que involucran a estos primeros comunistas, detalles a veces menores pero jugosos y siempre ilustrativos. Rojas sigue minuciosamente el viraje del Partido Comunista, con la batuta de Victorio Codovilla, para adaptar su programa a los dictados del stalinismo, en particular la teoría de los frentes populares con las “burguesías progresistas” que lo terminó arrojando en brazos de la Unión Democrática, ese conglomerado que unía a la Unión Cívica Radical, el PS, el PC y el partido Demócrata Progresista, conjunto de partidos que era liderado desde las sombras (y no tanto) por el embajador estadounidense Spruille Braden para “luchar contra el nazi-fascismo” que encarnaría en el naciente peronismo. El deseo de ser minucioso en el relato del contenido choca con el espacio gráfico y el tiempo de la lectura. Por lo tanto, daré un pantallazo de lo que sigue en “La izquierda”. Nos encontramos con los pormenores de las tres entrevistas que el obrero argentino Mateo Fossa sostuvo con León Trotsky en México en septiembre de 1938, y el texto completo de la entrevista. Durante el peronismo hubo grandes luchas obreras y grandes persecuciones a la izquierda y en particular al Pc. El peronismo, “al que la izquierda no supo caracterizar” y que “obturaría no sólo su desarrollo sino la capacidad de intervención en varios de los conflictos que sobrevendrían”. Los capítulos siguientes se internan en los enfrentamientos políticos durante el peronismo, antes de abrir un nuevo y extenso capítulo sobre el trotskismo ante Perón, las tácticas zigzagueantes del grupo de Nahuel Moreno (agrupados en el GOM) que se cristalizan en el entrismo luego del golpe del 55 (“bajo las órdenes del General Perón y del Comando Superior Justicialista”), el posadismo (POR[T]), Liborio Justo y la LOR, y la política contrarrevolucionaria del PC. También es narrada la enorme gesta que libraron los obreros de la carne contra el intento frondicista de privatización del Frigorífico Municipal Lisandro de la Torre, del barrio de Mataderos, en 1959, con una enorme huelga en la que desenvolvieron todas las tácticas de la clase obrera en combate. La revolución cubana concretada en enero de 1959 fue un parteaguas en la izquierda. El rechazo de la revolución por parte del PC le costó múltiples fracturas, desprendimientos. Así el PC expulsó de un saque a 4.000 militantes, básicamente de la FJC, que dieron nacimiento al CNRR, luego PCR devenido maoísta, y posteriormente a nuevas escisiones de las que surge Vanguardia Comunista (maoísta). Están contadas en el libro las deliberaciones y enfrentamientos en el Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT, fraccionado luego en PRT La Verdad (Nahuel Moreno) y PRT El Combatiente (Roberto Santucho), que formaría su brazo armado, el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Y de telón de fondo, la posición de estos grupos frente al foquismo y al peronismo. Asimismo, nos cuenta la historia del grupo -MIR Praxis- reunido bajo el ala intelectual del filósofo marxista Silvio Frondizi (hermano del expresidente Arturo Frondizi). Es de este grupo que surgirá el grupo MIRA, el que luego de una nueva fractura (posición frente al retorno de Perón y la lucha armada) diera origen a Política Obrera. Estas discusiones teóricas y prácticas son explicadas con la transcripción de una larga exposición de Jorge Altamira (líder de PO). El Cordobazo tiene su tratamiento especial, como movimiento que abre una nueva etapa histórica del movimiento obrero, con el fortalecimiento de las corrientes clasistas en los sindicatos (el punto más alto lo marcan los sindicatos fabriles de las automotrices cordobesas, Sitrac-Sitram). A este proceso nacido en 1969 al que se debe el retorno de Perón, no a impulsar una revolución nacional sino a coartar y estrangular a las nacientes camadas de jóvenes obreros agrupados en coordinadoras fabriles que voltean los planes reaccionarios de Isabelita Perón y José López Rega en las históricas movilizaciones de junio-julio de 1975. El golpe militar de 1976 es la nueva respuesta de la burguesía a la imposibilidad del peronismo de detener estas movilizaciones, y dar un golpe de muerte a la clase obrera que se iba radicalizando en sus luchas y en su organización. El libro se acerca su final con un gran levantamiento popular, el Santiagueñazo (por la provincia de Santiago del Estero) de 1993, con el surgimiento del movimiento piquetero (obreros desocupados) y los debates surgidos en su interior. Y cierra con el Argentinazo (2001), el asesinato de Mariano Ferreyra y el surgimiento del Frente de Izquierda (PO-IS-PTS). Quedan fuera de esta reseña innumerables y poco recordados episodios de la lucha de clases en la Argentina. Para eso tienen que leer este excelente libro de historia, pero también de militancia diaria. ((((( )))))) Diego Rojas es periodista de varios medios, autor del libro “¿Quién mató a Mariano Ferreyra?” (entre otros) que fue considerado como una prueba judicial para la condena de José Pedraza, burócrata sindical ferroviario, autor intelectual del asesinato de Mariano. Actualmente milita junto a la Tendencia del Partido Obrero.

24 de junio de 2020
Plenario Sindical Combativo: los sellos y las masas

Lo que todas las organizaciones que integran el PSC consideraron sin pudor “como una extraordinaria jornada nacional de lucha” ha devenido en una escandalosa pelea faccional, con denuncias cruzadas de todos sus integrantes. Las respuestas cruzadas entre el aparato del PO, Izquierda Socialista, el MST y el PTS ha puesto de manifiesto que la convocatoria a la marcha a Plaza de Mayo, que finalmente devino en una conferencia de prensa, en el marco de una autopretendida jornada de lucha, arrastraba una crisis política desde su propia convocatoria. El MST denuncia ahora que las diferencias también existieron previamente, cuando el PSC había disfrazado un supuesto plenario presencial frente al Ministerio, en una radio abierta. El PSC tiene una falla estratégica de origen, que consiste en pretender que es un eje o referencia para la clase obrera, por la única razón de considerarse a sí mismos “combativos”. A esto hay que añadir que se trata de una coalición oportunista, en primer lugar, porque sus integrantes emparchan sus diferencias en lugar de proponerlas al debate, y en segundo lugar porque esas diferencias no las conoce nadie, como consecuencia de su inconsistencia; tampoco han pasado la prueba de los hechos. El PSC no ha reclutado nuevas fuerzas, a pesar de la crisis enorme que ha atravesado Argentina desde la creación de ese conglomerado, hace más de dos años, sino que retrocede ostensiblemente. Antes de la pandemia convocaba al movimiento social del Polo Obrero a las manifestaciones, para disimular las esmirriadas filas de militantes y activistas que lograba reunir. El PSC ha sido conservado en formol, como una colateral electoral del FIT-U, aunque sin la participación de quien es exhibido como ´líder´ - el PTS. Lo que hoy es la tendencia del PO advirtió contra esta deformación, cuando propuso en su lugar una campaña por coordinadoras y congresos de bases – empezando por los sindicatos y activos sindicales en los que tiene participación la izquierda. Las movilizaciones minoritarias y auto referenciales son un método inefectivo de lucha de clases, y sirven como paraguas de sellos electorales que hacen obrerismo democratizante. No es esto lo que critican los críticos de las convocatorias reconvertidas en charlas con periodistas. El PO, créase o no, acusa ahora al MST de “insensibles al pulso de nuestra clase”, una verdad que se convierte en mentira cuando la lanza el que adolece de lo mismo. Para el aparato del PO el pulso de la clase obrera no se recupera desde hace mucho tiempo, por eso ha hablado, junto al PTS, de “planchazo” - ahora encimado por la cuarentena. Para concluir este juego de paradojas y contradicciones, el PSC quedará barrido a la primera ola de luchas obreras generalizadas, de las que no podrá ser fuerza motriz. La brutal pelea faccional que se ha desatado muestra que cada organización utiliza el PSC con beneficio de inventario. El MST, al poco tiempo de ingresar al FIT-U, ya ha entrado en un cortocircuito que se reproduce en la mayoría de los frentes donde milita. No sería extraño que su experiencia con el FITU dure lo que con Proyecto Sur de Pino Solanas o el ‘proyecto progresista’ con Luís Juez. La ‘movida’ del MST frente a la UIA, paralelizando la fallida marcha a Plaza de Mayo, fue autorreferencial; la izquierda democratizante tiene un déficit de auto estima. Los participantes del PSC no llevan mandatos de asambleas, plenarios o congresos, no involucran a la clase – la única forma de tomarle el pulso -. La lucha faccional desatada debido al fracaso de la acción del 16 de junio debería advertir a los dirigentes obreros del PSC de que la previa deliberación de los trabajadores que dicen representar es una condición necesaria para avanzar en la lucha y la organización. El PSC se ha transformado en un campo de rencillas cuando hay una vastísima inquietud en los lugares de trabajo debido al fracaso de la cuarentena y al concurso de acreedores en que ha entrado la totalidad de la clase capitalista. Argentina funciona bajo el esteroide de la emisión monetaria. Los militantes de los diversos partidos de izquierda tendrán razón si consideran esta crítica como destructiva – se equivocan, en cambio, si la entienden como liquidacionista. Liquidacionista es pretender sustituir con sellos, coaligados o no, la acción de las masas agrupadas en los sindicatos en cada lugar de trabajo, y la de las no sindicalizadas que necesitan y buscan un camino de organización. Hoy mismo tenemos desafíos concretos: una intervención de masas en todo el territorio que va de Villa Constitución a Reconquista, en Santa Fe, pasando por San Lorenzo y Rafaela, por la crisis de conjunto que plantea la quiebra de Vicentin. Está abierta una gran lucha contra los pulpos cerealeros y los bancos que los financian, y una lucha política contra el intento del gobierno, que ofrece una salida a los capitalistas atrapados por la crisis, y quiere arrastrar a los sindicatos a servirle de furgón de cola. No es una política para este combate lo que está discutiendo el PSC. El otro desafío tremendo, el primero de todos, es la lucha de los trabajadores de la salud, que más allá de Sanidad, cómplice de las patronales, tienen numerosos cuerpos de delegados y sindicatos que enfrentan una situación catastrófica en una cuestión neurálgica. En este terreno hay una situación de vida o muerte - la cuarentena de los Fernández y de los Larreta los tiene en cuenta para precarizarlos más. Los litigios del PSC exponen el estado actual ideológico y político de la izquierda democratizante, y la distancia entre sus intereses políticos electorales y las necesidades políticas de combate de las masas.

24 de junio de 2020
"La Internacional Sindical Roja", de Reiner Tosstorff

Así como la Internacional Comunista encontró su historiador en Pierre Broué, el autor de Histoire de l'Internationale communiste, 1919-1943 (Paris: Fayard, 1997, 1.120 páginas), la Internacional Sindical Roja, comúnmente conocida como Profintern, otra institución creada por los bolcheviques para organizar a la clase trabajadora en pos de la revolución socialista mundial, encontró a su historiador en Reiner Tosstorff, quien conscientemente sigue los pasos de Broué. Desgraciadamente ninguno de los dos libros ha sido traducido al español (Sundermann editó una versión portuguesa en dos tomos de la obra de Broué), pero al menos la obra de Tosstorff Profintern: Die rote Gewerkschaftsinternationale 1920-1937 ha sido traducido al inglés por Ben Fowkes. Los primeros capítulos del libro de Tosstorff tratan del predecesor de la Profintern, el Consejo Sindical Internacional o International Trade Union Council (ITUC), que existió desde 1920 hasta 1921, así como de los esfuerzos de los bolcheviques para atraer a los sindicalistas a la causa comunista a través de una organización internacional de sindicalistas revolucionarios. Esto incluye un análisis, basado en las fuentes originales (la bibliografía abarca trabajos en ruso, alemán, francés, inglés, español, catalán, portugués, italiano y holandés), de todas las principales organizaciones sindicalistas, tales como los Industrial Workers of the World en los Estados Unidos, el movimiento de los Shop Stewards en Gran Bretaña y la Confederación Nacional del Trabajo en España, así como de su relación con el gobierno soviético temprano. Los debates con los sindicalistas se centraron en si las tendencias revolucionarias dentro de los sindicatos debían estar subordinadas o no a la autoridad de la Internacional Comunista y de los partidos comunistas, y si debían separarse de los sindicatos burocratizados para formar sindicatos revolucionarios o adoptar la táctica de formar fracciones comunistas dentro de ellos. La segunda, conocida como la “táctica de las células” (Zellentaktik), fue la política prescrita por la Profintern a las organizaciones que la integraban. En este contexto, Tosstorff también describe la lucha de los revolucionarios contra la burocracia sindical organizada en torno a la Federación Internacional de Sindicatos o International Federation of Trade Unions (IFTU) con sede en Ámsterdam, llevada a cabo bajo el lema “Ámsterdam o Moscú”. Tosstorff muestra cómo la Profintern fue capaz de avanzar en los países coloniales y semicoloniales debido a que la burocracia sindical agrupada alrededor de la IFTU, con sede en los países imperialistas, los había ignorado en gran medida. Esto es seguido por una descripción detallada del congreso fundacional de la Internacional Sindical Roja, que tuvo lugar en Moscú en julio de 1921, para que coincidiera con la celebración del tercer congreso de la Internacional Comunista. En el marco de dicho proceso, comenzó a cristalizarse un liderazgo en la Profintern centrado en la figura del sindicalista ruso Solomon Lozovsky, a pesar del hecho de que éste había tenido una relación difícil con los bolcheviques tanto antes como después de que tomaran el poder en 1917. El congreso fundacional de la Profintern dio como resultado el establecimiento de un Consejo Central, de Comités Internacionales de Propaganda y de medios de prensa tales como su órgano central, una revista mensual publicada en cuatro idiomas llamada Die Rote Gewerkschaftsinternationale (en español: La Internacional sindical roja: Revista mensual). Tosstorff luego describe el período que va desde el primer hasta el segundo congreso de la Profintern, celebrado en Moscú en noviembre de 1922, coincidentemente con el cuarto congreso de la Internacional Comunista. Poco después, los sindicalistas establecieron su propia organización internacional en Berlín, conocida como la Asociación Internacional de Trabajadores (International Workers' Association, IWA). La mayoría de las organizaciones sindicalistas, como los Industrial Workers of the World estadounidenses y la CNT española, se separaron de la Profintern, aunque muchas de ellas experimentaron escisiones que contribuyeron al desarrollo de los partidos comunistas nacionales, especialmente en Francia, donde la división condujo a la formación de la Confédération générale du travail unitaire, o CGTU. Incluso en aquellos casos en los que la mayoría de los militantes permanecieron en la antigua organización, las escisiones sindicales proporcionaron a la Profintern y a los partidos comunistas líderes prominentes, tales como Andreu Nin en España (Cataluña) y Bill Haywood en los Estados Unidos. El libro dedica un capítulo especial al papel de la Profintern en la crisis del Ruhr de 1923 y al fallido “octubre alemán” de dicho año, que marcó el fin de las esperanzas de extender la revolución a Europa occidental y proporcionó el contexto internacional necesario para el surgimiento de Stalin y su teoría del “socialismo en un solo país”. La lucha interna que estalló en el Partido Comunista Ruso a fines de 1923 entre Trotsky y la “troika” Zinoviev-Kamenev-Stalin se extendió a la Internacional Comunista y a la Profintern e impartió a sus actividades, que se subordinaron crecientemente a las necesidades de la política exterior soviética, un carácter cada vez más errático. El capítulo siguiente del libro de Tosstorff trata, por lo tanto, del quinto congreso de la Internacional Comunista, que tuvo lugar en coincidencia con el tercer Congreso de la Profintern, en julio de 1924. Todo este período estuvo dominado por un acercamiento de la Profintern a la burocracia sindical de la IFTU y particularmente por la experiencia del Comité Anglo-Ruso, formado en abril de 1925 a iniciativa de los dirigentes de los sindicatos rusos durante la conferencia sindical anglo-soviética que tuvo lugar en Londres. Esta experiencia terminó desastrosamente después de la traición de la huelga general en el Reino Unido en mayo de 1926, que paralizó al país durante nueve días, por la burocracia del Congreso de Sindicatos o Trades Union Congress (TUC). El capítulo siguiente está dedicado a un análisis de la política adoptada por la Profintern durante el período ultraizquierdista de la Internacional Comunista, de 1928 y 1934, en el contexto de la colectivización forzosa en la URSS. Esta política, conocida como el “tercer período” o “social-fascismo" (porque los partidos socialdemócratas fueron identificados como una variedad de fascismo) se caracterizó por la implementación de una política de escisiones en los sindicatos y por la formación de sindicatos “rojos”, que en la práctica estaban conformados solamente por miembros y simpatizantes de los partidos comunistas. En este marco tuvo lugar el quinto y último congreso de la Profintern en agosto de 1930. Después de la adopción de la política del frente popular en 1934-35, la organización perduró casi inadvertida durante tres años, hasta que fue disuelta el 17 de diciembre de 1937 (lo mismo sucedió con la Internacional Comunista en 1943). A su ex-líder Lozovsky se le permitió vivir otros quince años, hasta que finalmente fue ejecutado por orden de Stalin el 12 de agosto de 1952. Como en el caso de la Internacional Comunista, también al estudiar la Profintern es fundamental no tirar al bebé revolucionario con el agua de la bañera estalinista. Ambas organizaciones encarnaron las luchas de millones de hombres y mujeres trabajadoras en todo el mundo, y de sus experiencias se pueden aprender lecciones valiosas. Tosstorff ha hecho una contribución fundamental a esta tarea con esta obra maestra de erudición histórica y análisis político. The Red International of Labour Unions (RILU) 1920-1937, by Reiner Tosstorff (Historical Materialism Series 120). Brill: Leiden, 2016; Chicago: Haymarket, 2018. Pp. xviii, 918. Originalmente publicado en la revista Izquierdas (Chile), Número 49, junio del 2020.

25 de junio de 2020
El plenario educativo de Azul se declara en alerta

El plenario de estudiantes y docentes de Azul, que se vienen reuniendo de forma plenaria, resolvió en su tercera asamblea declararse en alerta de movilización. Esto se debe a la falta de respuesta por parte del estado ante las demandas planteadas hace más de un mes. Esta organización surge inicialmente de un reclamo levantado por el Centro Universitario Azuleño, al que se le pliegan una serie de problemáticas educativas confluyendo en un núcleo de unidad docente estudiantil. La agudización de las problemáticas sociales repercute en el seno del estudiantado azuleño, como así también, en aquellos estudiantes oriundos de Azul que han buscado desarrollar sus trayectorias en La Plata. La no entrega de fondos comunales para las becas habitacionales ha dejado sin recursos al Centro Universitario Azuleño, vulnerando una ordenanza conquistada en el 2019. Esto implicaría para el CUA la imposibilidad de afrontar el alquiler, y, por ende, que sus becados queden literalmente en la calle en medio de una pandemia que se encuentra en ascenso. Por su parte, estudiantes de tres ISFDyT, se han sumado al plenario manifestando la necesidad de becas, computadoras e internet para poder sostenerse en la virtualidad. Una encuesta virtual llevada adelante en el ISFDyT N°2, arrojó que casi un cuarto de los estudiantes se encuentra con dificultades de conectividad. Claro está, que esos índices son mayores, ya que, los principales damnificados no tuvieron posibilidad de ser censados. En época de cuarentena, somos férreos defensores de la virtualidad educativa. Sin embargo, en estos términos representa una práctica expulsiva, y una transferencia de desembolsos estatales a la comunidad educativa. Es, también, una política de fragmentación de la masa estudiantil. Sin la garantía estatal, “la continuidad pedagógica”, implica la liquidación del acceso y permanencia de buena parte de la clase obrera en la educación. A los despidos en masa de la juventud precarizada, y la devastación de los bolsillos de la familia obrera no puede sumarse el sostenimiento educativo. La participación de docentes y profesionales de la educación -ocupados y desocupados- en el plenario, pone la lupa sobre la mutilación del sistema educativo y la problemática conjunta de su comunidad. El Covid-19 ha precipitado una política sistemática de precarización y desvalorización educativa, la excepcionalidad huele a reforma por venir. El carácter mercantil de la educación se anuda directamente a una economía en debacle, arrojando al docente a ser mano de obra súper-explotada o un producto invendible. La destrucción de la matricula en la formación docente también obedece a esta lógica. El estudiantado azuleño cuenta en sus memorias que ha tenido que salir a luchar permanentemente contra la amenaza de cierres de carrera en educación superior. La reducción de la matricula advierte esa posibilidad. El estado en sus distintos niveles ha llevado adelante el mayor vaciamiento del presupuesto educativo de los últimos tiempos. En el caso de Azul, la declaración de emergencia financiera le ha servido de excusa al ejecutivo para disponer de partidas designadas y gastarlas a su antojo a modo de “urgencia”. Por ejemplo, haciendo entrega de $1.000.000 a empresarios afines por pintar una senda peatonal de doscientos metros, pero negándole el techo a los estudiantes. En pie de lucha y alertas La lucha levantada por el Plenario Educativo de Azul ha despertado las miradas de la clase política local. El ejecutivo (Cambiemos), accedió en primera instancia a discutir un pliego de reivindicaciones estudiantiles que planteaba en términos de urgencia el envío de fondos a las instituciones, un plan integral de becas, liberación de datos, acceso a servidores de internet y computadoras. La respuesta de las autoridades educativas fue “no hay dinero”, ofreciendo paliativos estériles. Por otro lado, la comisión de educación del Concejo Deliberante recibió al plenario, levantando un pedido de reunión entre los afectados, el ejecutivo, el legislativo y la Jefa Distrital de educación. Comienza a tomar fuerza el rumor de que se presentaría un proyecto de ordenanza de becas estudiantiles. Mientras tanto, estudiantes y docentes nos hemos puesto en alerta de movilización porque nuestra situación es insostenible. Ante la falta de soluciones; la movilización como método por nuestras condiciones de vida y estudio cobra un valor central. La penuria material de la familia trabajadora va en sintonía con el desfinanciamiento educativo. La educación y sus instituciones no son islas, por el contrario, se han convertido en reproductores de las contradicciones capitalistas.

25 de junio de 2020
Los repartidores organizan una nueva huelga internacional

El 1ºde julio se llevará a cabo un nuevo paro internacional de trabajadores de reparto, el mismo fue impulsado mediante una reunión a la cual asistieron repartidores y organizaciones de Brasil, Ecuador, México, Costa Rica, Chile, Venezuela, Guatemala y Argentina. El impulso inicial de la jornada prevista lo tuvieron los compañeros brasileños, que decidieron emprender un reclamo por sus condiciones de trabajo, así como una protesta contra el gobierno de Jair Bolsonaro, que alienta a las brigadas paramilitares que asesinan negros en las favelas y por su política criminal en el manejo de la propia pandemia. Estas jornadas internacionales han tenido como precedente acciones en muchos más países que los representados en la reunión internacional del pasado 19 de junio, como Hong Kong y Madrid. Este desarrollo de acciones coordinadas marca un camino de organización que nace al calor del agravamiento de las condiciones de vida y de trabajo de los sectores más precarizados de la juventud trabajadora. Argentina En la Argentina, los trabajadores de reparto han desarrollado diversas acciones motivadas con sus condiciones de trabajo, que han llevado a la muerte a 5 compañeros en plena pandemia. De esta forma se han ido conformando durante el último tiempo asambleas en varios puntos del país, abriendo paso a asambleas de carácter nacional de estos trabajadores. La última se realizó el pasado 22 de junio, en la cual además de discutir la adhesión a la jornada del 1 de julio, se discutió el proyecto de ley impulsado por Larreta en la Legislatura porteña, que, en palabras de los trabajadores, representa la consolidación de la precarización laboral y no, como es presentada por el gobierno, su regulación. Lejos de obligar a las empresas a garantizar los elementos de trabajo y reconocer la relación trabajador-patrón, consolida la figura de “colaborador” (monotributista) y deja como responsabilidad individual del repartidor garantizarse sus elementos de trabajo. De esta manera, no existe una responsabilidad legal sobre los accidentes de trabajo, las enfermedades ni siquiera de días no laborables. En la asamblea nacional de trabajadores de reparto, se había previsto movilizar en CABA hacia la Legislatura para rechazarla. Finalmente, la sesión ha sido postergada y el proyecto sigue pendiente para votarse sobre tablas, es decir, un trámite exprés. Rechazamos el proyecto de Larreta que consolida la precarización de un sector creciente de la juventud trabajadora, obligada a aceptar estas condiciones de trabajo por el desempleo y la miseria creciente en las barriadas. Apoyamos la medida de lucha de los trabajadores de reparto e impulsaremos cada medida de asamblea para seguir avanzando en la lucha por las reivindicaciones de los trabajadores.

25 de junio de 2020
El negocio de la capacitación docente

¿Qué define la mayor o menor probabilidad de conseguir trabajo en la docencia? El puntaje. Esto es lo primero que aprende el trabajador docente cuando ingresa al sistema. El puntaje base para tomar horas lo otorga el título de profesor y luego éste aumenta según la antigüedad, la calificación anual y otras variables. Pero del cúmulo de variables existe una decisiva: los cursos de capacitación docente. Estos cursos que tienen como finalidad la profesionalización de nuestra práctica profesional y, además, otorgan puntaje. Donde hay una necesidad … hay un negocio El domingo 21 de junio se informó, a través de los grupos de WhatsApp, que el lunes 22 se abría la inscripción a los cursos virtuales de formación docente. A la media hora de abierta la inscripción se agotaron los 22.500 cupos. Decenas de miles de docentes quedaron fuera. Cualquier observador, ajeno al gremio docente, puede interpretar este hecho como una muestra del gran interés de los trabajadores docentes por capacitarse y profesionalizar sus prácticas laborales. Sin embargo, esta apreciación sería unilateral porque obtura, que además del interés por capacitarse, el trabajador hace los cursos porque otorgan puntaje y éste es decisivo a la hora de conseguir trabajo. Todo el mundo sabe, incluida la burocracia estatal de la DGCYE, que existe un negocio fabuloso detrás de los cursos de “formación” docente que ofrecen diversas empresas a los más de 300 mil docentes de toda la provincia. Los vendedores de puntos desfilan por todas las instituciones educativas ofreciendo cursos que no capacitan a nadie pero que sí otorgan puntaje. Al no existir por parte del Estado una adecuada oferta de cursos y el hecho de que los mismos no se realicen en servicio (durante la jornada de trabajo), a los trabajadores docentes, no les queda otra alternativa que sucumbir ante los mercaderes de la educación. Los precios que se pagan por los cursos privados constituyen una verdadera estafa: 20 mil, 40 mil y hasta 60 mil pesos. La conclusión es que los docentes terminan endeudados hasta el pescuezo para aumentar las probabilidades de conseguir trabajo. Un negocio privado con encubrimiento del Estado Ofrecer 22 mil cupos para capacitaciones, en una cuarentena educativa que permite mayor flexibilidad horaria para hacer los cursos, es la señal para promover e impulsar el negocio capitalista de las capacitaciones que tienen un único beneficiario: la burguesía. A la formación docente no aporta nada y ello no redunda en un producto educativo de mayor calidad. Kicillof ya dio sobradas muestras de su defensa estratégica de los negocios privados contra lo público. Hace unas semanas anunció, en una rimbombante conferencia de prensa, el rescate, con dinero de los trabajadores estatales, de la salud privada. Ahora, con el vaciamiento de cursos de formación docente públicos sale en rescate de la privatización de la formación docente. Es imprescindible que, los agrupamientos sindicales clasistas de la docencia bonaerense incluyan en su programa el fin del negocio privado en la formación docente, por miles de cupos y cientos de cursos a cargo del Estado y por la capacitación en servicio.

25 de junio de 2020
La penetración evangélica en Cuba

Desde que el papa Juan Pablo II visitara la isla en 1998 hasta la más reciente de Francisco, en 2019, la presencia de la iglesia católica en la vida cubana es ostentosa. Un verdadero abismo con los primeros años de la revolución cuando, con el Che Guevara a la cabeza, la iglesia fue apartada de toda incidencia en la educación y varios eclesiásticos fueron reprimidos y/u obligados a emigrar por su conducta contrarrevolucionaria. La noticia ahora es que las iglesias evangélicas, como ocurre en toda América Latina, están tocándole los talones a la curia vaticana también en Cuba. Son “especialmente pentecostales y neopentecostales” que pregonan “la “teología de la prosperidad” y la “doctrina de la guerra espiritual”. “En Cuba, la mayoría de las iglesias evangélicas tienen una ´iglesia hermana´ en Estados Unidos, de la cual reciben apoyo financiero. El Cuba Money Project, del periodista Tracey Eaton, publicó una lista de los proyectos relacionados con Cuba que han recibido la mayor cantidad de fondos del gobierno desde que Trump asumió́ el cargo. El Evangelismo Cristiano Humanitario para Cuba ocupa uno de los primeros puestos (USD 1.003.674). El grupo recibió aproximadamente USD 2,3 millones del gobierno de EE. UU. desde 2009 a 2017”. Todo esto lo escribió Ailynn Torres Santana, en dos notas que publicó oncubanews (23 y 24/6), cuyo título es “Pandemonium: a propósito del programa religioso antiderechos cubano”. Lo más grave es que en Cuba, según explica Torres Santana, estas iglesias estarían en connivencia con sectores de la burocracia, la cual, como a quienes apañan, son partidarios del recorte de derechos a las mujeres y, más en general, de una línea fundamentalista “neoconservadurista antiderechos, tanto religiosos como seculares” (ídem). Ya en febrero de 2019, cuando el referéndum por la nueva Constitución, la burocracia había cedido a la presión de todas las iglesias y retiró del anteproyecto la legalización del matrimonio igualitario, prometiendo tratarlo en una reforma futura del Código de Familia. Los números de las encuestas previas a favor de esa legalización eran categóricos, pero la burocracia cedió igual. Textual de Torres Santana: “En el proceso se midieron actores diversos (que no hay que entenderlos de una sola pieza): comunidades de fe defensoras de derechos, colectivos LGTBIQ y feministas, organizaciones e instituciones defensoras de derechos, voces estatales democratizadoras, voces estatales conservadoras, ciudadanía conservadora sin adscripción religiosa y comunidades de fe antiderechos. La combinación de los tres últimos actores mencionados definió la pauta”. Pero eso no es todo. Según informa la periodista, en una nota, “durante las medidas de distanciamiento físico por la pandemia de la COVID-19 la televisión estatal (ha) habilitado” un espacio para “predicar” a estas iglesias; lo que les había sido denegado dos años antes. Las iglesias están envalentonadas y apuestan abiertamente, dice Torres Santana, a impedir que prospere el matrimonio igualitario en la discusión del proyecto de reforma señalado y van por más. Evangelistas han lanzado una campaña sucia acusando “la supuesta existencia de un colectivo que busca legalizar la pedofilia y reclama silla dentro de la comunidad LGTBIQ”. De modo que “ha vuelto a crisparse” el clima político “a propósito de una publicación que compartió en redes sociales la cantante Danay Suarez – evangélica, con antecedentes de pronunciamientos antiderechos”. Se ha revelado, dice la periodista, “que ese colectivo no existe”, lo cual “ha sido verificado” (ídem). Es indudable que las iglesias cabalgan sobre un “problema de fondo”: los “programas antiderechos ganan capilaridad en los barrios y territorios offline de una sociedad que ya mostró que los acoge y alimenta. En el mundo online eso también se verifica” (ídem). “El despliegue fundamentalista religioso no se realiza solo a través del cara a cara y puerta a puerta, aunque lo incluye. También se hace a través de redes sociales y plataformas digitales. Una parte de la campaña contra el matrimonio igualitario se hizo en ese registro. Además, realizan desde ´coaching de identidad´ para ayudar a los sujetos a ´reencontrarse con su heterosexualidad´ hasta talleres de youtubers para glorificar a Dios, como el realizado el pasado enero por la Liga Evangélica de Cuba” (ídem). Lo que resulta ciertamente sorprendente es que los evangelistas no se colocan como enemigos del régimen sino incluso en su defensa. Informa Torres Santana: “En la primera carta firmada por la Iglesia Evangélica Pentecostal «Asambleas de Dios», las convenciones bautistas orientales y occidentales, la Liga Evangélica de Cuba y la Iglesia Metodista de Cuba alegaron que la ´ideología de género´ no tenía ´relación´ alguna con nuestra cultura, nuestras luchas de independencia, (…) con los líderes históricos de la Revolución (ni) con los países comunistas´”.

25 de junio de 2020
Por el pago integral del medio aguinaldo

El decreto del gobierno nacional que estableció el pago del medio aguinaldo de julio en cuotas para los trabajadores del Estado nacional, se replicó rápidamente en provincias y municipios. Pero fue también la señal para que las patronales hicieron lo propio: José Urtubey, en representación de la Unión Industrial Argentina, anunció que el 50% de las empresas privadas lo pagaría en cuotas o directamente no lo pagaría del todo. Si bien la CGT rechazó el acuerdo, distintos se disponen a negociarlo. Por lo pronto, el co-titular de la central obrera Carlos Acuña (estaciones de servicio) acordó el desdoblamiento del aguinaldo en dos tramos. Luego del decreto de Alberto Fernández, otras provincias se han acoplado al pago en cuotas, incluida la Ciudad de Buenos Aires. En Santa Fe, Perotti recién está terminando de pagar la deuda del aguinaldo de 2019. En Chubut, provincia de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Entre Ríos, también habrá pagos retrasados o en cuotas. También se ha acoplado la Corte Suprema, algo que la UEJN, el sindicato que dirige Piumato, tituló: "Ni Cavallo se atrevió a tanto". Incluso los trabajadores esenciales de la Salud, expuestos en forma extraordinaria al contagio de la pandemia, serán víctimas del "aguinaldo hot sale" -a pagar con descuento o en cómodas cuotas. Las patronales reclaman su propio decreto para desgajar el SAC y otro para recibir un subsidio ATP-aguinaldo. José Urtubey declaró que una encuesta mostraba que el 50% no estaría en condiciones de pagar el medio aguinaldo de julio con normalidad. Un amplio sector directamente no piensa pagar nada, mientras que otra parte busca negociar con los gremios el pago en cuotas. La cuotificación del aguinaldo a los trabajadores se suma a una andanada de ataques contra el salario de los trabajadores y la postergación de las paritarias. El congelamiento de facto de las paritarias, las suspensiones al 75%, el fin de la movilidad jubilatoria, entre otras medidas, contrastan con el salvataje al capital, que fue eximido de pagar aportes, recibió créditos a tasas del 0% y se estatizó el 50% de su nómina salarial. Si bien la CGT dice rechazar el pago en cuotas, en la intimidad de cada gremio se sienta a negociar los términos. Quien hizo punta al respecto, como ya se dijo, fue Acuña. Se espera que otros gremios privados avalen el desguace del medio aguinaldo. Los gremios estatales dicen oponerse a la medida, pero de conjunto revisten en el campo del gobierno, por lo que no saldrían de una crítica verbal a la medida. El apoyo a un gobierno de orientación capitalista de sus representantes sindicales la pagamos caro para los trabajadores – y no precisamente en cuotas. Es necesaria una campaña en todos los ámbitos laborales para exigir el pago íntegro del medio aguinaldo que, de todos modos, ya se cobra fraccionado en dos.

25 de junio de 2020
State of emergency, state of dissolution, state of rebellion

As soon as the quarantine was adopted by the European countries, the thesis that quarantine set up an emergency political regime went around with more or less success. The so called “state of emergency” refers to a rule system that could be closer or further of the formal democracy, because it makes reference to the development of an extraordinary ability of the State to be the guardianship of the individual life, with relative independence of the characteristics of their political institutions. In the characterization converged a Left that defines itself as “pluralistic” and a Right that considers itself liberal. In both instances stand out those who called to a “rebellion” against quarantine, in Argentina we have had a discussion in defense of the quarantine confronting the FIT, abroad the insurgence against it was leaded by Trump, Bolsonaro, the English Johnson, the Italian Salvini and Sebastián Piñera. In fact, the “state of emergency” was represented by the political field critic of the called “social distancing”. The defense of the individual or circulating liberty in a pandemic could be instrumental to the wealthy social classes as it represents a death penalty for the workers of the impoverish masses. Even more if it is taken into consideration, the health lack of health unprotection of the majorities, specially because of the high rate of privatization of the health system due to the destruction of the public system. The coercion of the State to content a sanitary crisis is relatively progressive contrasting the abandonment of the state role as representative of the “society as a whole” that has the obligation to maintain precisely due to the class antagonism of this society. Of course, a different thing is the real capacity of the state to undertake a real sanitary protection, as a result of its character of class and the monopoly of the means of production which the bourgeoisie displays. The liberal critic to the “progressive social distancing” during a pandemic shows its reactionary character, at least in the capitalist decadence era. The same as the “right to work”, that is the right to suffer exploitation, the right to life is one of the rights that could and must be claimed to the capitalist state. Three or four months after the pandemic started, we contemplate extended popular rebellions –not “a state of emergency” that imposes the generalized political shut down, but a state of rebellion. This shows other fiction of the liberal critic – the one that says that history is made from above, through the institutions and not by means of the class struggle. The “decisiveness” of the state could not be characterized as reactionary in abstract terms, that is, independently of its content in each historical era. If that were the case, the Jacobine dictatorship in the French Revolution or the proletarian dictatorship headed by Lenin and Trotsky should be condemned. Carefully considered, it is possible to see that Trump´s attempt to establish a “state of emergency” in the EEUU has not succeeded but it has sunk. Trump who has ruled through “executive orders” and police brutality. Both Trump´s and Bolsonaro´s aim to set up a police state have wrap up in the defense of individual liberties. Liberalism has a long totalitarian history in Latin America -natives massacre in the name of Illustration. USA´s popular rebellion has got a conquest that, in spite of being necessary, happened unexpectedly: the right-wing Supreme Court has just ruled the illegality of firing employees on the basis of gender identity. It is not mere bagatelle because the more significative malice against the right of sexual diversity was that it violated the conscience of that part of the personal in a working place that refused the diversity. In the middle of the warnings about the advance of the “state of emergency” has taken place the most extended uprising against police brutality and racism in history. It is clear that the state of rebellion is a continuity of the popular rebellions previous to the pandemic that have to do with the process of the capitalist dissolution which repeatedly shows itself in an international crisis, increasingly accentuated and with it epicenter in the capital metropolis. To use quarantine as weapon of the “state of emergency” would have been necessary the set-up of a period of political reaction. There have been generalized attempts in this sense, but they have not flourished as a whole tendency. An aspect of Dialectics is to appreciate the phenomenon inside a diversified totality, when it is not at hand of the doctrinarian, the impressionism is the result. The pandemic has fallen on the capitalism as a catastrophe, just because it has exposed it insuperable mis statements and its dissolution trend. It clearly impulses a new era – the “new normal” will be the revolutions, the social distancing should be rival with masses political crowds. As anyone could be surprised this state of dissolution could be found enlarged in Argentina. The State present itself under the form of an “asymptomatic carrier” that goes and come between hospital confinement and intensive care – without testes, respirators or oxygen. It has not currency or financing, is taken over in a generalized “bankruptcy proceeding” and face people resistance, struggles and strikes that if brought together would fit in the category of popular rebellion. In spite of govern by executive orders it is not a “state of emergency” because it would need the capacity to impose them in the time. For a people to march in the way of a government the judiciary structures are not enough – it is necessary political muscle. Argentina is governed by a confederation, about to be break, formed by the party in power that works as a coalition, the opposition where the command is in hands of the acquiescent, the governors of the whole political spectrum. It is not true that Alberto Fernandez were the referee, it is not the same that be a peacemaker, the same is the case of the Vice-President because in politics the VAR does not exist. The possibility of a special Bonapartism should be wait till the present unstable equilibrium blow out as a consequence of a political breakup. Of course, the pandemic limits the popular rallies, but the layoffs and the work characteristics and protocols have unleashed a great number of conflicts, even when the compromise of the union bureaucracies with the state and the employers is fully working. There is a fright, which is a fundamental one, by the control of the working places. The crisis that the quarantine is suffering already lead to increasing struggles at the same time as the “reopening of activities multiplies the repressed claims and those that will be surge as a consequence of that “reopening”. The crisis of the foreign debt, the political impasse that the governmental intervention in Vicentin´s holding, the preventive bankruptcy proceeding (fires and reduced salaries) that Latam claims, the pandemic sprout and the necessity to fight agains it with resources and measures of social intervention, all this presages a short term government crisis that will mobilize all the social classes. It is necessary to coordinate all this fights with the method of class deliberations to defeat the attempt of the capital to throw the cost of the crisis over the workers. On the other hand, it is necessary to approach the power crisis that is developing. With this purpose we put forward a congress of elected delegates by initiative of the combative organizations, with the aim to present an economic plan of the working class and with this the candidature to power. The nationalization without payment of the great industry and the banks under workers control is an immediate necessity to confront the catastrophe that is developing.

25 de junio de 2020
Bolivia: denuncia del personal de salud por contagios por COVID-19

En las últimas horas se conoció, a partir de la movilización de los trabajadores del Hospital de Viedma, en Cochabamba, que 125 trabajadores de la salud fueron contagiados con el COVID – 19. El hospital tuvo que ser cerrado. En los tres hospitales de la región las 100 camas de terapia intensiva se encuentran ocupadas, lo que derivó en un colapso. El hecho se hizo público a partir de la denuncia que hicieron los trabajadores en las puertas del Hospital. Los trabajadores están en cuarentena y se estudia la propagación del virus en otros centros de salud (LosTiempos, 23/06). René García, representante de los trabajadores exigió a las autoridades de la gobernación que agilicen la toma de muestras del personal con sospecha de Covid-19 y habilite un centro de aislamiento para que el personal cumpla con el confinamiento para no exponer a sus familias. Además, señaló que "el principal problema es que el Viedma es el único hospital de tercer nivel en todo el departamento donde se maneja pacientes de alta complejidad con otras patologías no pueden convertirse en un centro Covid-19. Si lo hacen: ¿Dónde irán las personas que requieren atención de otras especialidades?". También denunció que profesionales se infectaron por coronavirus al atender a pacientes y por falta de implementos de bioseguridad. Precarización laboral y pandemia La propagación del COVID-19 en Bolivia se encuentra en ascenso, registrándose más de 1.000 casos positivos diarios y 827 muertes desde el inicio de la pandemia (Reporte OMS, 23/06). Los trabajadores de la salud se encuentran entre los más expuestos y precarizados para ejercer su profesión, no solo debido a las inseguras condiciones de bioseguridad a las que se ven sometidos sino también a contratos temporales, sueldos bajos, demoras en el pago de sueldos, despidos intempestivos y todos fuera de la Ley General del Trabajo (ANF, 20/06). Según denuncia el Sindicato de Ramas Médicas de Salud Pública (Sirmes) de La Paz, unos 17.000 profesionales del sector carecen de beneficios laborales. “La total inseguridad laboral en que nos encontramos es otro factor que está marcando esta situación tan crítica”, dijo refiriéndose a la pandemia y los problemas a los que se enfrentan en sus trabajos. El mismo Romero relata que en el resto del país hay renuncias debido a que los “ingresos bajos y sin ninguna protección laboral”. Y agrega, “si un médico se enferma gravemente y fallece, no está bajo la protección de la Ley General del Trabajo, y eso hace que, al terminar nuestra vida, luego nuestra familia quede a su suerte, y ahora tenemos más y más enfermos, más y más enfermedad, y sin tener Ley General del Trabajo”. Según datos de las distintas asociaciones profesionales de la salud, se registraron al menos 12 fallecidos en todo el territorio boliviano. En declaraciones, el médico Hugo Cardozo, representante de Sirmes en Pando, afirmó que en el departamento hay al menos 400 profesionales de la salud y un 40% del personal, entre médicos, enfermeros, bioquímicos, odontólogos, que trabajan por contrato. Y agregó, “A pesar de que somos los soldados de primera línea en esta batalla contra el Covid, el gobierno no da prioridad a las necesidades del sector, no ha ido mejorando nuestras condiciones de trabajo, ni de incorporarnos a la Ley General del Trabajo ni en infraestructura ni en equipamiento” (ídem). En una conferencia virtual llevada a cabo por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), el investigador Bruno Rojas señaló que los “los contratos temporales predominan en la salud pública”.

25 de junio de 2020
Huelga docente contra el ajuste de Perotti
Corresponsal

El jueves 18, el primer plenario de delegados (virtual) de AMSAFE Rosario, que reunió a 150 compañeros (entre activos y jubilados), resolvió una huelga y un “apagón virtual” de 48 horas para los días 25 y 26 de junio, que fue votado por cerca de cuatro mil docentes sobre un total de cinco mil quinientos. Lo mismo votaron, con el mismo método, los compañeros de Caseros, Belgrano y General López - departamentos que dirige la oposición. Conscientes del camino de unidad en la lucha que se abre y del golpe que la huelga asesta a su política de parálisis, AMSAFE Provincial y sus voceros han salido a una campaña de intimidación. Asimismo, un conjunto de organizaciones, como el Frente Docente 4 de Abril (La Capital), SIPRUS Regional Santa Fe (salud), los Docentes Reemplazantes Autoconvocados, Asistentes y docentes autoconvocados en lucha, la Asamblea Interministerial de Precarizados, anunció una “Movilización con distanciamiento social” para el próximo martes 30, a las 10, en la ciudad de Santa Fe, en lo que será la tercera jornada provincial de lucha. Avanza la coordinación de las luchas de estatales y docentes Los estatales y docentes hemos venido enfrentando el ajuste desde el gobierno anterior, que se profundizó con la asunción de Perotti. Los docentes reclaman la reapertura de la paritaria para activos y jubilados, por el salario de emergencia para los reemplazantes, contra la sobrecarga de trabajo virtual. Los precarizados y contratados de la provincia ocuparon reparticiones y se movilizaron para exigir el pase a planta permanente, mientras los trabajadores de la salud hicieron asambleas y cortes, para exigir la provisión de los elementos de bioseguridad. Por su parte, los jubilados de AMSAFE Rosario se movilizaron el lunes 22 a la Caja (Sede Rosario) para denunciar los brutales descuentos, por el iImpuesto a las ganancias” y reclamar la inmediata devolución, ya que ésta ignoró el beneficio de los seis salarios mínimos. En todo este período los sindicatos de oposición; las comisiones internas; los autoconvocados han hecho enormes esfuerzos, impulsando jornadas provinciales para unificar la lucha. En contraste las direcciones provinciales de AMSAFE y de ATE abandonaron todos los reclamos. Ni hablar de UPCN que movilizó a la “patota” para apoyar a Perotti y amenazar a médicos y enfermeros del hospital “Centenario”. Los reclamos son: Salario de emergencia para docentes y asistentes escolares reemplazantes escalafonados. Reincorporación de cesanteados y pase a planta permanente. Aumento de salarios. Salario igual a la canasta familiar. Apertura de paritarias. Repudio al descuento por paro a los trabajadores de la salud. Elementos de protección personal (EPP) de calidad y suficientes para todos los trabajadores que estén cumpliendo funciones en las diferentes reparticiones estatales.

25 de junio de 2020
Acindar Villa Constitución: piquete por el salario de los trabajadores con licencia
Christian Miguez · Comisión Interna de Acindar Villa Constitución

Comisión Interna Acindar En la tarde del martes los trabajadores de Acindar Villa Constitución llevamos adelante un corte en el ingreso de camiones para reclamar el pago íntegro del salario a los compañeros que están dentro del grupo de riesgo. La empresa, de acuerdo a su interpretación de la ley, está pagando como suspendidos a los compañeros ausentes ya sea por ser parte del grupo de riesgo, por enfermedad o accidente laboral. En todos los casos, estamos exigiendo que se cumpla con el artículo 208 de la ley de convenio de trabajo, la cual garantiza el pago del salario íntegro. Esta situación fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo, el cual si bien nos dio la razón, dilató los tiempos a la espera de un dictamen de la secretaria legal del mismo. Aún con el dictamen favorable a los trabajadores, Acindar sigue incumpliendo. En junta de delegados se resolvió iniciar con acciones directas. Así se resolvió el corte en el ingreso. De no corregirse la situación se irán profundizando las medidas. Este corte también sirvió para iniciar el reclamo por la discusión paritaria la cual debería haberse iniciado en abril y, sin embargo, desde la UOM nacional hay un silencio ensordecedor.

25 de junio de 2020
Cómo defendemos el salario y el trabajo en la ex Verbano

La patronal de Faiart SA cerró sus puertas con el inicio de la cuarentena y puso en venta la empresa. La ex Verbano es la única fábrica en América Latina que realiza la fabricación de platos por prensado isostático y esmaltadora automática, procesos que dan homogeneidad y brillo de esmalte a sus productos, cuenta con más de 120 trabajadores. En presencia de este panorama, los obreros realizaron una asamblea en puerta de fábrica y le exigieron al gerente de Recursos Humanos información sobre el futuro de los puestos de trabajos. Desde marzo, con el inicio de la cuarentena, la empresa ha dejado de producir y los trabajadores perciben el 50% de sus salarios, que provienen del programa nacional de Asistencia de Emergencia al trabajo y la producción (ATP). La patronal no cumple con el resto del salario, extorsiona aludiendo un achicamiento del mercado para su producción, baja en las ventas y el aumento de las importaciones. La pandemia puso de manifiesto una práctica patronal que no es nueva; el pago desdoblado de los salarios mensuales y el aguinaldo en cuotas. Los trabajadores enfrentan desde hace más de dos años esta situación. En marzo de 2019, la empresa suspendió a todos los trabajadores aduciendo una crisis financiera. Para enfrentar los despidos, los obreros marcharon al Concejo Deliberante el día del inicio de sesiones y a la sede del Ministerio de Trabajo provincial. Estas medidas de acción lograron arrancarle un acuerdo a la patronal de garantizar los salarios –se elevó del 55, 60% al 75%- hasta la puesta de producción y la continuidad laboral. La dirección del gremio ceramista viene ofreciendo una vía que no garantiza la continuidad de los puestos de trabajo y del salario. Su orientación esta puesta, exclusivamente, en la expectativa de que otros capitales se hagan cargo de la empresa, en medio de una recesión y crisis industrial. Mientras tanto, los trabajadores han cobrado recién en mayo, y en seis cuotas, los haberes de marzo. “En abril cerraron con los ATP y les depositaron 7 mil pesos correspondientes a la otra mitad. Nos adeudan la mitad de abril y la mitad de mayo” (La Capital, 22/6). Esta orientación sindical estuvo presente en la historia reciente del movimiento obrero y ha llevado al vaciamiento y al cierre de empresas como Malhe, AR Zinc, Petroquímica Capitán Bermúdez, Agrinar, Fundición Martinez, Buyatti, entre otras. Frente a este escenario de despidos y rebajas salariales, los trabajadores no pueden quedar prisioneros de esperar las promesas de futuros inversionistas para la empresa, corriendo el riesgo del cierre de la empresa y la pérdida de los puestos de trabajo. Para defender el salario y el convenio ceramista, es clave el funcionamiento de una asamblea general de fábrica que defina los pasos a seguir, entre ellos, una vigilia permanente para evitar el vaciamiento de la empresa y que un plenario de delegados de los gremios del Cordón resuelva un plan de lucha por Verbano, Vicentin y el conjunto de los reclamos de los trabajadores del Cordón Industrial.

25 de junio de 2020
“Defensores de la propiedad” vandalizan los pañuelos de las Madres en Plaza de Mayo

Durante el último cacerolazo contra la “expropiación” de la aceitera Vicentín y la cuarentena por el COVID 19, se realizaron ataques fascistas contra los pañuelos de las Madres en Plaza de Mayo. Las baldosas de los pañuelos que rodean la Pirámide de Mayo fueron tachadas con aerosol y pintados con una esvástica y un símbolo neonazi. Este nuevo agravio se produce después de los hechos de vandalismo derechista en Almagro, contra las baldosas de los desaparecidos del Normal 7, los murales de la memoria de dicho secundario, más los ataques al local del PO ‘oficial' y de la casa Teresa Israel del Partido Comunistas. Ahora, los actos fascistizantes tienen lugar en el centro político del país, durante el “banderazo” contra la “estatización” de Vicentin, en plena cuarentena obligatoria, con total impunidad. Los trabajadores y organismos sociales y de derechos humanos nos debemos organizar independientemente para denunciar lo sucedido.

25 de junio de 2020
CFK y Techint, impunidad de a dos

Cristina Kirchner, junto a De Vido, Baratta y otros funcionarios de su gobierno, lograron que les dictaran la ´falta de mérito´ en una de las causas de los ´cuadernos´. Lo mismo logró, por el mismo delito, aunque del otro lado de la mesa, el directivo de uno de los mayores grupos capitalistas del país – Luis Betnaza, de Techint. Un tiempo antes, su presidente, Paolo Rocca, había recibido el mismo beneficio por parte de la Cámara Federal porteña. Caracterizada por los suyos como el “terror de las corporaciones”, CFK zafó de una de las causas de corrupción más importante y más comprobada, de la mano de la mayor de las corporaciones. Si se considera a la totalidad de la causa de los cuadernos, el que involucra a Techint es el más comprometido y evidente, por la sencilla razón de que sus directivos confesaron las coimas que pagaron al gobierno argentino. Los pagos, según reconoció Betnaza, eran para que los funcionarios K intercedieran ante Chávez por la expropiación de la siderúrgica del grupo en Venezuela (Sidor). El éxito fue rotundo y 'justificó' mil veces la 'cometa', pues Techint consiguió que Chávez le pagara por la nacionalización de su sucursal Sidor más u$s4 mil millones – dos mil millones en concepto de indemnización y u$s2.200 millones por absorción de pasivos ocultos. Por entonces, el petróleo de Venezuela cotizaba arriba de cien dólares el barril, y Chávez nacionalizaba como en un casino de Las Vegas. El contador de Techint reconoció, en el marco de la causa, que 300 millones de dólares fueron para los funcionarios argentinos. Remuneración por servicios prestados. Según Betnaza, Techint actuó bajo extorsión, temiendo por la seguridad de sus empleados en Venezuela. En realidad, hasta cierto punto fue Chávez el extorsionado a forrar con dólares a Techint para no dañar la “alianza bolivariana”. Pero la ‘cometa’ que pagó Techint por el servicio indemnizatorio no justifica la cobranza del mismo por la actual Vicepresidente – ya que la dádiva es un delito, en especial para los funcionarios públicos. A Cristina le dieron la falta de mérito porque, de lo contrario, debían condenar a Techint. Rescates para todos y todas Es significativo que este episodio tenga lugar en medio de un mega rescate de la burguesía argentina, que está recibiendo 3 puntos del PBI en subsidios directos y créditos baratos a partir de la cuarentena. Vicentin reclama ahora que los F-F trate a su conglomerado como Chávez a Techint, o sea, pagarle la indemnización y absorber además los pasivos financieros, comerciales y los ocultos (con los propios accionistas). Pero el estado argentino no tiene las espaldas financieras que Chávez tenía en 2008. Sin embargo le da en el palo, porque una nacionalización “por utilidad pública” podría terminar de la misma manera: una indemnización y la absorción de las deudas del holding por parte del Estado. El asunto es bastante espinoso porque hay en el medio fuga de capitales. La pregunta es: ¿cuánto demoraremos en conocer los ‘cuadernos’ del ‘affaire’ Vicentin? La falta de mérito a Techint en esta causa caliente vale mucho más que cualquier “ATP”. A caballo de este rescate judicial, se cuela la absolución de los K. Cristina es eximida de Techint cuando la causa del espionaje macrista empieza a cerrar su círculo sobre su máximo responsable. Las camarillas judiciales pueden estar discutiendo un plan canje para un rescate 100% del conjunto del personal político de la burguesía. La olla podrida de estas causas -y sus cierres todavía más ignominiosos- reafirman la necesidad de que la clase obrera encamine un rumbo propio en vista de los numerosos “Sidor” que dejará la bancarrota sanitaria y social de la Argentina.

25 de junio de 2020
Coronavirus en Avellaneda (Buenos Aires)
Norma Giménez - Jubilados Clasistas

Avellaneda se convirtió en el primer distrito del conurbano en superar los mil casos de coronavirus. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires precisó que en las últimas horas se registraron 73 contagios por lo que la cantidad de infectados ascendió a 1.022. 19 fallecidos. La tasa de letalidad en Avellaneda es 1,86 por ciento. En tanto, hasta ahora, 3.707 personas fueron testeadas. Este informe no significa nada más que eso, un recuento numerológico de los avances del virus entre la población de nuestra ciudad - cuántos más contagiados, cuántos más muertos. Pero como alguien dijo: “la única verdad es la realidad”. Los casos han estallado en los barrios El Fortín y Villa Inflamable y desde allí, el mapa epidemiológico se expande hacia el centro de Avellaneda. Los últimos casos se registraron a tres cuadras de la Av. Mitre, en Deán Funes al 300. Después de larguísimas esperas en los hospitales del distrito (abarrotados de enfermos, de coronavirus o no, sin personal para la atención, ni insumos) se les “sentenció” cuarentena domiciliaria a las 200 familias que habitan esas construcciones precarias. Los datos de la pandemia tienen nombre y ubicación: Villa Azul, Itatí, Isla Maciel y las fábricas con las que compartimos cercanía territorial y “solidaridad” patronal, Cattorini, Rigolleau, Frigorífico Penta. El intendente Jorge Ferrarsi redujo los bidones de agua que recibían las familias de Villa Inflamable de tres a uno (en medio de la pandemia). No hay kits de protección contra el virus ni de limpieza (agua, lavandina, jabón). No hay desinfección en los barrios, a los cuales el dengue ha convertido en zonas rojas. No llegan provisión de alimentos en cantidad y calidad a los barrios, mientras la desocupación ha hecho estragos en las familias trabajadoras. Ya no quedan ni las changas. No se ha implementado un subsidio para los desocupados que ayude a paliar esta situación, y que, con una prestación bajo convenio, comience a organizar una salida laboral. Es momento en que los trabajadores de nuestro distrito tomemos la defensa de nuestras vidas en nuestras manos. La vida de nuestras familias está en juego: “Nos organizamos o nos dejan morir”. Por eso planteamos: testeos masivos para cuidarnos y tomar medidas de prevención; alimentos para las familias, provisión a comederos y merenderos a cargo del estado; subsidio de $30.000 para todos los desocupados. Pleno funcionamiento de salitas vecinales y hospitales del distrito. Trabajadores, jóvenes, jubilados, compañeras: conformemos las comisiones barriales en cada uno de nuestros lugares.

25 de junio de 2020
Hurlingham y la desarticulación de la cuarentena

Hurlingham encabeza el ranking de los contagiados en el conurbano. Teniendo en cuenta que el AMBA prácticamente se encuentra sin cuarentena, que dejó de existir después de las dos primeras semanas del aislamiento obligatorio, entre “excepciones” al comercio y la industria. Con casi 200.000 mil habitantes, con los impuestos y tasas más altas del territorio, el número de contagios aumentó en un 73 por ciento. El intendente Zabaleta está alineado a Gabriel Katopodis, y es considerado un “albertista” puro. Sin embargo, se encuentra en completa minoría en el Concejo Deliberante y tiene un comité de crisis paralizado. Ha actuado como defensor de “la producción” de patronales con largo prontuario negrero. Para Zabaleta se torna imposible volver a una fase más estricta, mientras el covid19 avanza cuadra por cuadra y casa por casa, especialmente en los barrios de San Damián, Williams Morris, Barrio Mitre, La Juanita, El Destino, dejando al desnudo una enorme desocupación y precarización laboral, urbano-ambiental y sanitaria. Los recursos sanitarios son insuficientes; el “centro de aislamiento” improvisado en el centro deportivo de la Iglesia bautista Pedro Días y Villegas, cuenta con apenas 100 camas, no tiene los elementos ni el personal entrenado para garantizar una atención debida. Si se contabilizan las camas de terapia intermedia e intensiva con o sin oxígeno y las camas con respiradores, la precariedad de este distrito de 200.000 mil habitantes queda alumbrada por la despiadada realidad. La disponibilidad de camas no alcanza las 90 unidades, de las cuales solo 34 tienen respiradores. Los trabajadores y los habitantes de Hurlingham debemos tomar nota de esta situación. El retorno a la fase 1 debe estar garantizada en términos de aislamiento y en términos de remuneraciones suficientes para todas las familias sin trabajo o con bajos ingreso, por parte del estado y el propio municipio.

26 de junio de 2020
Vicentin sigue haciéndole goles a los Fernández

Se ha levantado una gran polvareda por la sesión del Senado que votó la formación de una comisión investigadora de las “relaciones crediticias entre el Banco Nación y la empresa Vicentin”. La oposición señala que el proyecto no reunió los dos tercios necesarios, y que su posibilidad de denunciar esa situación fue “cercenada” por CFK. La crisis en torno de esta votación ha roto el acuerdo en torno de las sesiones virtuales. De todos modos, estamos ante un gran fuego de artificio. La “comisión” se propone investigar algo que ya está completamente claro y difundido, que son las “relaciones crediticias” entre el Nación y Vicentin. Los senadores oficialistas, con CFK a la cabeza, dejaron fuera de la investigación a las empresas off shore de la cerealera o los movimientos contables o dinerarios con las sucursales en Paraguay y Uruguay. La comisión sería una apretada mediática contra el concurso de acreedores que se tramita en Reconquista. El lío del Senado quiere tender un velo sobre el monumental fracaso del gobierno en la tentativa de expropiación e intervención de Vicentin. Como no tenía los votos para eso en Diputados, ahora desafía a los bloques que rehusaron acompañar la expropiación a que se atrevan a rechazar una comisión que investigue la estafa. Para salir del rechazo judicial a la intervención del gobierno nacional, los Fernández acogieron el plan del sojero Perotti en favor de una intervención consensuada con el juez concursal, los restantes acreedores y la patronal. Sin resultado, porque el juez del concurso de Vicentin resolvió archivar el plan Perotti. El gobernador de Santa Fe ahora quiere crear un “incidente” judicial apartado del expediente del concurso de acreedores. En buen español, lo cual no modifica la restitución del directorio de la empresa. Animado por esta evolución de la crisis, uno de los directivos de Vicentin, Máximo Padoan, reconocía que continúan las tratativas con Glencore para una venta parcial de los activos de Vicentin, en el marco del concurso. Todavía no aclaró, sin embargo, dónde están los u$s150 millones que recogió de la venta del 16% de la refinería Renova a ese mismo grupo, antes de declararse en cesación de pagos. El fracaso de la intervención-expropiación oficial devuelve la crisis de Vicentin a un concurso que se encontraba en un completo impasse, después de cuatro meses de trámites. Si la convocatoria se resolviera por medio de una extranjerización de la cerealera, el gobierno quedaría enfrentado a una crisis política mayor, en especial si ocurre antes del arreglo de la deuda externa. Los Fernández no han abandonado la actitud huidiza frente a la quiebra de Vicentin, ya que no responden cómo harán para pagar los pasivos declarados del grupo, que es de u$s1500 millones y los ocultos, de magnitud incierta.

26 de junio de 2020
Qué nos dice la discusión sobre ‘seguridad alimentaria’

El proyecto nonato de los Fernández para declarar de “utilidad pública” a Vicentin y proceder a su expropiación, ha dado lugar a lo que quiere parecerse a un debate sobre la “seguridad alimentaria”. Una mínima dosis de picardía sería suficiente, sin embargo, para advertir que estamos ante una cortina de humo, para que la mirada no se pose sobre el costo que implicaría para el estado la nacionalización de Vicentin, tal como la plantea el proyecto oficial. La expropiación por utilidad pública implicaría que el estado se hace cargo de un pasivo de u$s1.500 millones y del pago del resarcimiento que establezcan los tasadores del estado, sin contar las deudas ocultas que hayan dejado las maniobras de esta patronal. El concurso de acreedores busca legalizar un vaciamiento patronal, y habilitar el copamiento del Family Group por parte de algún cuervo internacional. También pone en evidencia la complicidad funcional de los bancos públicos con los vaciamientos empresariales. El relato oficial que incorpora a YPF a una reestructuración del comercio agrícola, tiene el inconveniente que la misma YPF es objetivamente una empresa vaciada. A seguro lo llevaron preso El tema de la seguridad alimentaria hizo su ingreso en la literatura económica y también política, como consecuencia de la internacionalización acentuada de la producción de alimentos en la década del 70 del siglo pasado. Países con población numerosa, como India o México, vieron derrumbarse su producción interna frente a la competencia internacional. El NAFTA, por ejemplo, puso fin al autoabastecimiento de maíz que tenía México, que pasó a importarlo de Estados Unidos. De esta crisis nació un movimiento que reivindica un regreso a la producción interna y a la pequeña producción y, más allá de esto, a la lucha contra la modificación genética de las semillas y el uso de agrotóxicos. La victoria descontada de la producción en gran escala arruinó vastas poblaciones locales, provocó migraciones internas masivas y aumentó considerablemente la pobreza. México perdió el maíz, pero ‘ganó’ las ‘maquiladoras’: el armado de automóviles, a un precio de ganga de la mano de obra, por parte de compañías alemanas, norteamericanas o chinas, con destino a la exportación a Europa, Estados Unidos y Canadá. El país que entró con mayor decisión en la internacionalización de la producción de alimentos fue Argentina, bajo el gobierno de Menem (Duhalde y Kirchner), al punto de reconocer el índice más alto de incorporación (90%) de semilla transgénica. Hasta ahora no se ha escuchado a ningún ‘fan’ de la seguridad alimentaria alentar el cese de las aplicaciones genéticas y diversos pesticidas a la producción argentina. Bajo los doce años del kirchnerismo, el avance de la química en el agro no cesó en ningún momento. El oficialismo no ha hecho siquiera un fugaz comentario al festejo a la reciente legalización, por parte de China, a la importación de alimentos genéticamente modificados. Como exportador neto de alimentos, Argentina se jacta de poseer una elevada seguridad alimentaria. Lo mismo decía Chávez de la seguridad energética de Venezuela, o Perón con referencia al trigo, que terminó en una aguda escasez de pan hacia fines de los 50. La ‘seguridad’ en materia económica, sin que importe la rama de que se trate, no existe, porque el capitalismo es un sistema de anarquía económica, donde lo que sobra en un momento falta en el otro, transitando por crisis cada vez más severas. Argentina también exporta automotores y eso no la convierte en ‘rodado seguro’, porque lo que tiene que importar para armarlos representa un valor muy superior a los ingresos de exportación del producto terminado. En el rubro agrario, es cierto, todavía existe un excedente entre los insumos que importa y los productos que vende al exterior, pero esto podría modificarse en breve tiempo dado el crecimiento de precios de la industria química internacional, por un lado, y el decrecimiento de los precios y del valor agregado de la exportación. Varios especialistas en temas agrarios han comenzado a hablar de “capacidad excedente” en la industria agroindustrial. El campo argentino pierde fertilidad debido al monocultivo, falta de rotación y exceso de química. Bien mirado, funciona como una ‘maquiladora’ agraria de la química internacional, o sea que metaboliza la genética y el agrotóxico. Los intentos de añadir el biodiesel a la producción refuerzan esta tendencia, aunque han fracasado por el proteccionismo de Europa y Estados Unidos. La ‘inseguridad’ capitalista ha crecido con la pandemia y la bancarrota capitalista internacional. Nadie puede conseguir barbijos si no pasa por China, que domina la cadena de producción de la máscara o tapaboca; los demás países deben importar partes del producto o insumos, lo que en la actualidad resulta casi imposible. Por otro lado, todos los gobiernos de los países desarrollados han tomado medidas para evitar que sus ´campeones´ estratégicos sean absorbidos por rivales internacionales, especialmente, ahora, en el rubro farmacéutico, en función del Covid-19 y sus secuelas. El capitalismo es incompatible, históricamente, con cualquier seguridad social. Por eso quiebran los sistemas previsionales y de salud – incluido el más relevante, el de Gran Bretaña. En el capitalismo, para asegurarse hay que comprar un seguro a una compañía de seguros, que seguramente habrá de quebrar, como ya ocurrió con AIG, en 2008, la más importante del mundo. El turno de una ‘nueva izquierda’ En este marco, la izquierda se ha metido en la polémica esgrimiendo lo evidente: en el país de la seguridad alimentaria la pobreza crece sin parar e incluso, agregamos, la desnutrición. No atribuye, sin embargo, esta pauperización a la decadencia capitalista y las crisis violentas y cada vez más próximas entre sí de las últimas décadas, sino, dice Gabriel Solano (ver Infobae, “La soberanía alimentaria le queda grande al kirchnerismo”), a que los alimentos se encuentran dolarizados y los salarios pesificados. Repite, probablemente sin saberlo, las tesis de los desarrollistas hace sesenta años, cuando iniciaron el ciclo de devaluar el peso y poner retenciones a las exportaciones agrarias. Denunciaban el ´modelo exportador´ porque encarecía lo que llamaban “bienes-salario”, es decir los alimentos y, como consecuencia, los salarios. Era necesario, sostenían, para la industrialización de Argentina, desdoblar el salario local del salario internacional. El intento del desarrollismo, que el peronismo luego intentó hacer suyo, terminó en un completo fracaso. Retomado por el gobierno de Onganía, se hundió con la devaluación de 1969 y el Cordobazo. Que la izquierda haya retrocedido de un pretendido marxismo al desarrollismo es un salto histórico insuperable, claro que hacia atrás. “Esta contradicción”, dice Solano en Infobae, (“alimentos en dólares y salarios devaluados en pesos”), “es la fuente principal (¡principal!) de creación de pobreza en el país”. No es siquiera un planteo original sino un refrito de Raúl Prebisch, un economista que recorrió todos los intentos de desarrollo de Argentina, desde el derrocamiento de Yrigoyen. Si el sistema de precios es la ´causa principal´ de la pobreza, el mundo entero debería nadar en la abundancia, desde Estados Unidos hacia abajo. Tres grandes exportadores de cereales, Canadá, Nueva Zelanda y Australia, deberían estar hundidos en la desnutrición. El hambre y la desnutrición existe en todo el mundo capitalista, en especial en Estados Unidos, donde más de 20 millones de personas viven del ‘stamp’, una tarjeta para comida. Es obvio que la pobreza no es el resultado de una contradicción de las estructuras comerciales, sino del capital y, sobre todo, de las crisis capitalistas. Para resolver esa contradicción de precios, a Solano no se le ocurre otra cosa que la nacionalización del comercio exterior, gran parte o todo el agro, etc. Propone expropiar el capital para resolver una anomalía del mercado. Es matar un mosquito con un misil. Es obvio, sin embargo, que una vez nacionalizado todo el complejo exportador, la tijera de precios, determinada por el mercado mundial, seguirá intacta. La expropiación del capital y el socialismo no tienen el propósito de estatizar los precios relativos, sino de modificar las condiciones históricas del trabajo por medio de una planificación gestionada por la clase obrera. Si los salarios altos perjudican la industrialización, eso seguirá sucediendo en un sistema estatal. La tesis de Solano, como la de los desarrollistas, es que la industrialización requiere una fuerza de trabajo desvalorizada y un salario inferior a la media internacional. Es eso mismo lo que están haciendo los Fernández. Solano lo confirma a pleno. Dice: “Se podría conjeturar que una vía distinta para lograr la soberanía alimentaria del pueblo no sería abaratar los alimentos dentro del país, sino aumentar los salarios de toda la población para que pudieran comprarlos a precio dólar. La objeción a este planteo es muy simple: Argentina no puede pagar salarios de ese nivel, porque llevaría a la quiebra a buena parte de su aparato industrial, que no podría sobrevivir con un costo de capital variable tan elevado. Después de todo, el nivel salarial depende de la distribución de la plusvalía entre capitalistas y trabajadores, es decir, de la lucha de clases, pero jamás puede superar el total de la creación de valor en un país”. Lo transcripto lo suscribiría cualquier directivo de la UIA (y la burocracia cegetista). Obviamente, “el nivel salarial” NO “depende de la distribución de la plusvalía entre trabajadores y capitalistas”, sino que depende del reparto del valor de la producción entre plusvalía, de un lado, y salarios, del otro. Como la tasa de plusvalía en Argentina no ha desaparecido, sino que es, por el contrario, muy elevada, los salarios pueden subir todavía mucho sin quedarse con el valor total del producto, ni provocando la quiebra de nadie. El planteo de Solano es la teoría del ajuste. El planteo de que un comercio estatizado repartiría de otro modo la renta agraria y la renta extraordinaria de exportación, no beneficia a los trabajadores sino a la burguesía industrial, que se quedaría con una parte de esa renta como consecuencia del abaratamiento relativo de la fuerza de trabajo. Es lo que han hecho todos los gobiernos hasta ahora, en cien años, con instituciones de control o con retenciones. El socialismo no se identifica con políticas de retenciones, IAPI’s, Junta de Granos, o una Corporación de Productores de Carne. Es en particular lo que hizo el kirchnerismo, reforzado incluso por otra pesificación - la de las tarifas. En aquel momento, el Partido Obrero denunciaba que la pesificación de alimentos y tarifas era un subsidio a la burguesía nacional, que lograba el abaratamiento de la fuerza de trabajo. Ahora Solano pide la pesificación porque "la industria (sic) no puede pagar salarios altos". La distancia entre el Partido Obrero de 2008 y el oficialismo del PO actual es, como se ve, cada vez mayor. En Argentina no solamente cae el Producto Bruto por persona – también cae la participación de los ingresos de los trabajadores en ese producto. Cae la parte del capital dedicado a la fuerza de trabajo y sube la plusvalía. También retrocede tendencialmente la participación de la fuerza de trabajo en el PBI, en Estados Unidos. Crece además la miseria social, que es la suma de pobreza, precarización laboral, condiciones de hábitat y la destrucción del medio ambiente. En resumen, es el capital y el estadio histórico de su decadencia. Recuperar el desarrollismo en una etapa de crisis excepcionales de la economía capitalista, supone una regresión teórica y por lo tanto política. La tendencia democratizante en la izquierda opera como un tumor, es decir que se va apoderando de todo el organismo. Va alumbrando con mayor claridad las delimitaciones políticas que tienen lugar en el campo de la izquierda. READ MORE What the discussion on ‘food security’ tells us

26 de junio de 2020
Córdoba: la “carta abierta” del intendente es una provocación

Con el cínico título de “A la ciudad la recuperamos con diálogo y trabajo, sin violencia ni agravios”, la Municipalidad de Córdoba publicó una carta abierta destinada a desprestigiar las asambleas y marchas que, por estos días, protagonizan los empleados municipales en defensa de sus derechos laborales, ante el feroz ajuste lanzado por el intendente Llaryora. El texto mismo de la carta confiesa nítidamente su propósito de debilitar la resistencia de los trabajadores ante el ataque en curso. Los funcionarios responsabilizan a los municipales de alentar el “conflicto permanente” por la pérdida de supuestos “privilegios”, ya que, según la carta, no entienden que el “esfuerzo debe ser de todos”. El texto señala que los empleados del municipio deberán asumir, de ahora en más, que (la) “violencia y los gritos no serán aceptados”. Además, acusa a quienes se movilizan contra los planes antiobreros de Llaryora de actuar “con prepotencia y actitudes violentas (que) desprecian y agravian el patrimonio de la ciudad”. En el colmo de la hipocresía, la carta afirma que la Municipalidad “no tiene dueños sectoriales” sino que sus “únicos dueños (son) los cordobeses”, y que “tampoco permitiremos un cogobierno” (con el sindicato de los municipales, el Suoem). Sin mencionarlas expresamente, la carta justifica las medidas contra los municipales (rebaja salarial a partir de la reducción de la jornada laboral, retiro de credenciales a inspectores de tránsito, congelamiento de vacantes, jubilaciones anticipadas, contratación de personal precarizado, equiparación hacia abajo del salario de los docentes municipales, entre otras), alegando que se trata de decisiones “en beneficio de toda la ciudadanía”. Hace dos meses atrás, la justicia del gobernador Schiaretti, mentor del intendente Llaryora (ambos enrolados en el peronismo de Hacemos por Córdoba), imputó a integrantes de la comisión directiva del Suoem por no haber observado la cuarentena, luego de que participaran de una protesta callejera. Fue un intento de amedrentar al conjunto de los municipales, lo cual no dio resultado: en las últimas semanas, los municipales ganaron las calles en masivas movilizaciones. Ante este fracaso, Llaryora busca por medio de comunicados oficiales descalificar ante la opinión pública a estos trabajadores. La pretensión del intendente es avanzar en una liquidación completa de las conquistas que los municipales supieron ganarse mediante memorables jornadas de lucha. Si detrás de este ataque se encuentra el quiebre de las finanzas municipales, hay que decir que ese desfalco es el producto de la orientación capitalista que han tenido las sucesivas administraciones, esto es, la de colocar los recursos de la municipalidad al servicio de los grandes grupos económicos que operan en la ciudad. Si ha habido un “cogobierno”, este ha sido con esos intereses concentrados, que siguen siendo los verdaderos “dueños sectoriales” de la Municipalidad, no “los cordobeses”. Con un municipio subordinado a estos intereses no va a haber ningún “mayor bienestar para todos” ni mucho menos se podrá sacar a Córdoba capital “del estancamiento y (el) atraso”, como reza el infame texto llaryorista. Ante los ataques del tándem Schiaretti-Llaryora, la lucha de los municipales debe profundizarse y gozar del apoyo de todo el pueblo trabajador de nuestra ciudad. Una derrota de los municipales le daría al intendente recursos políticos para aplicar a mansalva tarifazos e impuestazos confiscatorios sobre la población laboriosa, tornando aún más intolerables sus condiciones de existencia. Ya se sabe que el saneamiento de las cuentas públicas que encaran las gestiones burguesas lejos está de basarse en el esfuerzo “de todos”: están apuntadas a una reestructuración social anti obrera. Alentamos el triunfo de los trabajadores municipales por sus legítimos reclamos y bregamos por el apoyo popular a su lucha, contra las políticas de gobiernos patronales en crisis. Para el pueblo explotado una superación progresiva de la decadencia capitalista solo puede empezar a gestarse con la coordinación de las luchas obreras y populares. Impulsemos un congreso de trabajadores por la plena realización y vigencia de sus reivindicaciones e intereses.

26 de junio de 2020
Qué tienen en común Wirecard y Vicentín

Wirecard es una de las principales empresas financieras de Alemania. Se dedica a procesar los pagos con tarjeta de créditos (Visa, Mastercard) y los pagos en línea de cadenas de supermercados (Aldi, Lidi); varias aerolíneas y hasta sitios de pornografía en línea. Diariamente procesa decenas de miles de millones de dólares. Compró un banco y se convirtió en una empresa integral de servicios de cobro para sus clientes. Su rápido éxito la llevó a ser considerada una empresa ejemplar en tecnología financiera y fue ubicada como miembro del índice de mayores empresas de la bolsa alemana (Indice DAX). Los alemanes podían presumir de una empresa líder en tecnología financiera que compitiera con los gigantes de las finanzas mundiales. Su valuación de mercado llegó los 28 mil millones de dólares, que se vino a pique en estos días. Un olor nauseabundo, para el que nadie tenía olfato Durante meses el Financial Times denunció las inconsistencias en el balance de Wirecard, ganancias que no se podían demostrar y solvencia dudosa. Lo último fueron sospechas sobre depósitos bancarios que resultaron inexistentes, por cifras que eran la mitad del balance. Se informó que entre las reservas de la empresa figuraba un depósito de 1.900 millones de dólares en un banco de Filipinas. Aunque la empresa defendió su legitimidad, el auditor, una de las mayores empresas del mundo, Ernest&Young, no ha sabido explicar semejante desliz. Los depósitos resultaron estar respaldados por documentos falsos y las autoridades bancarias dicen que el dinero no está; ahora la pregunta es si alguna vez existió. El hundimiento de Wirecard en la bolsa alemana arrastró al resto de las cotizantes, ante la propagación de temores entre los accionistas. Aunque las noticias de ganancias dibujadas y fondos inexistentes eran informadas por la prensa, numerosos fondos siguieron invirtiendo y mantuvieron la “confianza” en Wirecard. El fondo alemán DWS invirtió en octubre del año pasado 450 millones de dólares, que hoy se han esfumado. Las informaciones de fraude contable por parte del FT fueron combatidas por la empresa durante meses, y denunciadas como una campaña contra una empresa alemana. Otra auditora (KPMG) tampoco hallaron los fondos que informaba la empresa. Inversores impávidos Pero el fraude no es solo la desaparición de dinero depositado, que todo indica que nunca existió. Las ganancias informadas eran “dibujadas”. Los mayores beneficios de la empresa provenían de empresas fantasmas asentadas en Asia. KPMG necesitó SEIS MESES para descubrir que las informaciones del balance no eran genuinas. Las denuncias que iniciaron esta investigación fueron realizadas por la prensa, los auditores no encontraron evidencias de ellas. Lo que se presentan como empresas “exitosas”, solo son ganancias infladas con préstamos de balances truchos. Los calificadores de riesgo, tampoco advirtieron las falsificaciones del balance. Los créditos a la empresa no se detuvieron, Los analistas de media docena de bancos siguieron recomendando invertir en la empresa y comprar sus acciones. Varios analistas bancarios incluso pronosticaban subas, el analista de Commerzbank que rechazaba las críticas a Wirecard anunció “una oportunidad de compra”. Todo cambió en pocas semanas, cuando la empresa reconoció que no puede respaldar las informaciones de sus ganancias ni dar informes sobre los depósitos que habían informado. Confirmando el fraude contable sobre activos inexistentes, el precio de las acciones se desplomó hasta desintegrarse. Las acciones a inicios de año cotizaban en 60 dólares, en estos días han caído debajo de 2 dólares. Una inversión de 1.000 dólares en enero de este año, hoy cotiza a 33,3 dólares. Cuando quebró el banco de inversión Lehman Brothers su calificación era la mayor disponible - TRIPLE A. Hasta el día anterior a su quiebra, auditores, calificadoras de riesgo, autoridades de control, no advirtieron del mayor fraude bancario de Wall Street. Si alguien cree que Vicentin es un caso aislado, Wirecard demuestra que hay muchas empresas “exitosas” que se “alimentan” de préstamos bancarios e inversiones, aunque sean una cascara sin nada adentro. Las empresas viven y se desarrolan en un entorno de finanzas amigables, con créditos fáciles y de bajas tasas apoyados por el estado. Antes y durante la pandemia.

26 de junio de 2020
La DEA «vuelve» a Uruguay

El ministro de Interior Larrañaga ha confesado que se está en tratativas para el regreso al país de la DEA norteamericana. La agencia dependiente del Departamento de Justicia yanqui se retiró en marzo del año pasado trasladándose a Buenos Aires. En un episodio por demás oscuro la explicación fue que se estaba efectuando una “reorganización de recursos”. El gobierno (de entonces) por boca de Bonomi dijo que se iban porque en Uruguay el narcotráfico no era un problema y la oposición porque la DEA no había recibido respuestas favorables. En honor a la verdad hay que decir que esto es un juego de sombras, pues la oficina de la DEA funcionaba en la embajada de Estados Unidos, es decir que nunca se fueron, pero sí les interesaba dar ese mensaje. Morabito Rocco Morabito, ciudadano italiano, vivió más de diez años en Punta del Este con identidad falsa. En su país era una de las cinco personas más buscadas por tráfico internacional de drogas. Líder del Cartel Ndrangheta, unos de los brazos de la Mafia Calabresa. En junio del año pasado se fue caminando literalmente de Cárcel Central. Jorge Diaz fiscal de Corte aseguró que la investigación fue “compleja porque involucra muchas cosas (…) El día que esa investigación salga a la luz muchos se van a llevar muchas sorpresas.” (El Observador 29/5). Es que la fuga del italiano era imposible sin colaboración interna. “El núcleo de quien arregló estas cosas está ahí adentro», dijo en ese encuentro el por entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez” (ídem). Se sabe que Morabito está en la zona de la Triple Frontera Brasil-Paraguay-Argentina, según trascendió protegido por “grupos criminales” y además se tiene casi la certeza de que estarían involucradas las policías locales. DEAler Desde la anunciada partida de la DEA se produjeron al menos tres casos de repercusión Internacional: La fuga de Morabito, junio; y dos incautaciones en Europa de cargamentos de cocaína muy voluminosos: 600 kilos en Francia trasportado en un jet privado, valuado en 180 millones (julio) y el gigantesco cargamento descubierto por las autoridades alemanas en un contenedor proveniente de Uruguay de 4.5 toneladas de cocaína camuflados entre granos de soja. El escándalo meses antes de finalizar la segunda administración de Vázquez y en medio de la campaña electoral fue de proporciones. Se especuló con la renuncia del ministro y varios otros jerarcas. En el caso del cargamento capturado en Francia la Europol y (vaya) la DEA sabían de su existencia desde por lo menos mayo. No asistimos a una pelea entre narcos y policías, sino a bandos entrelazados con el crimen organizado. La DEA tutela estas relaciones y rige sobre ellas según los intereses del momento del imperialismo. Resulta muy claro que Uruguay es un país de paso de la droga, aunque algunos observadores han señalado que también se ha transformado en uno de acopio. En medio de estos tejemanejes se ha filtrado el audio de la vicepresidencia con un elemento lumpen de su propio entorno que insinúa un sistema de escuchas telefónicas todo terreno. El bochorno tiene otros ingredientes: consumo de drogas, extorciones y amenazas en las altas esferas del poder del país. La cloaca es profunda. Todo este pantano no ha hecho mosquear al Frente Amplio que no sale de los comunicados de prensa de su bancada, mientras el gobierno utiliza la “guerra al narcotráfico” (una bravuconada) para un avance represivo de mayor alcance. El factor común es que tanto Argimon-Lacalle como el Frente Amplio forman parte de este mismo régimen social podrido y su estado. El griterío contra los atropellos policiales por parte de los legisladores del FA no debe llamar a engaño, fueron ellos quienes reforzaron legal e instrumentalmente la represión y el sistema de conspiración contra el pueblo: Guardian y ley de faltas. A la vez que le vota LUC y venias a los “fascistas”. Sobre eso se apoyan ahora la coalición derechista para avanzar en la línea de habilitar los allanamientos nocturnos, que tiene que ver muy secundariamente con el combate al narcotráfico. Mientras por puertos y aeropuertos salen contenedores y bolsos repletos de cocaína o los morabitos se van de la cárcel en Uber, Larrañaga nos viene con el cuento que hay que permitir irrumpir por las noches en los domicilios para desarticular carteles inexistentes, pues las bocas de los barrios apenas llegan al narcomenudeo, una parte ridícula del total de sustancias que circula en el país. Para defender a la juventud en los barrios contra los narcos y sus eventuales mafias y la policía que colabora activamente en la preservación de este delito junto a funcionarios corruptos desde aduanas a los juzgados y la política los trabajadores deben tomar la lucha contra el flagelo de las drogas en sus manos. La LUC presentada como la vacuna contra todos los males no va a resolver nada, en cualquier caso, empeorar las arbitrariedades y acoso a la población en los barrios. En esa línea hay que rechazar también los allanamientos nocturnos, la presencia de la DEA y reclamar la apertura de los archivos de todos los servicios, en dictadura y democracia Publicado en el semanario Voces el 25/6. El autor es dirigente del Partido de los Trabajadores (Uruguay).

26 de junio de 2020
El protocolo de retorno a clases: realidad versus ficción

El gobierno nacional presentó un protocolo marco para el regreso a las aulas en todo el país. Este protocolo sería aprobado por el Consejo Federal de Educación. Sus lineamientos incluyen medidas de distanciamiento social, de higiene y de asistencia alternada. El ministro de Educación, Nicolás Trotta, había anticipado que, en agosto, se retomarían las clases presenciales en aquellas provincias con nula o escasa circulación del virus. En el AMBA, Chaco y algunas provincias patagónicas, como Rio Negro, en cambio, se deberá esperar, aunque la decisión final será de los gobernadores. El protocolo oficial consta de dos etapas. Por un lado, la preparación para la reapertura de las escuelas por medio de la capacitación y vacunación antigripal al personal docente y no docente y el control del calendario vacunatorio de los y las estudiantes. Las escuelas deberán contar con los insumos básicos de higiene (agua potable, jabón, alcohol en gel, cestos de basura). Al mismo tiempo, se deberá organizar el espacio asegurando la distancia social de 2 metros para los espacios comunes y de 1,5 metros en el interior de las aulas. La modalidad presencial será alternada dividiendo cada curso y tendrán prioridad los últimos años de cada nivel (7°primaria, 5° secundaria). El horario de ingreso a los establecimientos escolares será escalonado por grado, con el objetivo de evitar saturación en el transporte público y aglomeraciones en el ingreso. Una vez que se produzca el retorno a clases, será obligatorio el uso de tapabocas. Si se llegara a detectar un caso sospechoso o positivo, se procedería a hisopar al estudiante o docente, a su aislamiento y al rastreo de sus contactos estrechos, tras lo cual quedarían suspendidas las clases en la escuela y se realizarían tareas de desinfección. A su vez, se prohibirán los actos escolares y reuniones masivas. También se contemplaría que los niños del mismo grupo familiar concurran a la escuela el mismo día y que uno de los progenitores goce de licencia para quedarse a cargo de los menores los días que no concurren a clases. Este protocolo tiene también un apartado para la universidad que estipula los mismos parámetros generales, pero hace excepciones para algunas carreras, como Medicina, que tiene prácticas obligatorias. Realidad vs ficción El Protocolo de vuelta a clases se discute a contramano de la realidad .El mismo día que se anunció, se registraron 2.635 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas. De ese total, 1.463 se registraron en la provincia de Buenos Aires y 1.012, en la Ciudad de Buenos Aires. Sabemos que estos datos son parciales porque hay insuficientes testeos. Por otra parte, en otros países, como Inglaterra, el escenario de vuelta a clases, en el medio del recrudecimiento de la pandemia, resultó imposible y criminal. Los ingleses decretaron la vuelta a las aulas y asistió apenas un 35% de la matrícula debido al temor de los padres de exponer a sus hijos. Rápidamente tuvieron que dar marcha atrás con la medida porque el ritmo de los contagios se aceleró y acrecentó de manera alarmante. En CABA, el Ministerio de Educación porteño, pese a que el número de casos detectados en la jurisdicción equivale al 38% del total nacional, insiste en forzar una cuarentena cada vez más flexibilizada y una apertura de las escuelas que haga posible que los y las trabajadores y trabajadoras tengan dónde dejar a sus hijos durante el horario laboral. El protocolo de Larreta y su gabinete de expertos responde a las necesidades del capital, mientras la cartera de Educación nacional habilita el juego del Jefe de Gobierno porteño ya que deposita la decisión final en los mandatarios jurisdiccionales. Aunque se disfracen bajo discursos demagógicos en defensa de la salud, queda claro que lo que está primero para todos los gobiernos es la apertura económica. Este protocolo presentado como "realista y posible" por el ministro Trotta se da de bruces con el estado de los edificios escolares, sin agua, gas ni baños en condiciones. En CABA, la compra de elementos de higiene está a cargo de las cooperadoras escolares, generando circuitos educativos (y ahora sanitarios) diferenciados entre escuelas donde el estudiantado puede pagar la cuota social y las que no. Un protocolo de esta magnitud requeriría de miles de millones de pesos destinados a su ejecución que el gobierno dilapida asegurando la sangría de las arcas nacionales en beneficio de los especuladores. Organización de las y los trabajadores/as CTERA reclama una paritaria nacional en donde se discuta, en términos amplios, el protocolo de vueltas a clases. Como su rechazo al pago del aguinaldo en cuotas, no pasó de un agite para la tribuna. En términos concretos, la CTERA no ha llevado adelante ninguna medida de acción de lucha. En CABA, por ejemplo, la UTE se limita a pedir su incorporación en la mesa de trabajo de Larreta. Se necesita la mayor deliberación de toda la comunidad educativa. Asambleas por escuela, plenarios provinciales de delegados y asambleas distritales, donde seamos los y las trabajadoras quienes discutamos el protocolo y la necesaria infraestructura escolar acorde a las medidas sanitarias y de higiene necesarias. El rechazo a la vuelta a clases en este contexto debe ser absoluto, en defensa de la vida de los y las docentes y las familias de nuestras comunidades educativas.

26 de junio de 2020
Córdoba: ataque a las escuelas municipales

El intendente de Córdoba ha enviado al Concejo Deliberante una reforma al reglamento que regula las remuneraciones docentes, limita los adicionales por "ubicación" (con lo cual se arrogará el juicio futuro de a quiénes les corresponderá y a quiénes no cobrar el mismo); restringe los alcances del régimen docente, introduciendo el criterio de que se “considere docente a quien imparte, dirige, asesora, supervisa u orienta la educación general, que tiene en su carga en forma permanente y directa la educación de los alumnos" (La Voz del Interior, 25/6), con lo cual intentará apartar del régimen salarial a los interinos; plantea que solamente los docentes con más de 20 años de antigüedad podrán hacer uso de licencias; los demás podrán ser trasladados a nueva funciones. De este modo, pretende liquidar no solo el salario sino a una gran cantidad de docentes municipales. El intendente está cebado y sigue con la táctica aplicada desde el principio de su gestión, de atacar por frentes separados al conjunto de los más de 10.000 empleados municipales. Pero esta vez el ataque va también contra la población de los barrios más pobres, donde las escuelas municipales se encuentran localizadas. Dos días antes del envío del ejecutivo al concejo hubo un sistemático ataque al “alto salario” de los docentes, de los principales medios, con comparaciones con privados, del costo por alumno, y con otras provincias. El diario La Voz del Interior publicó, el 17 de junio, una curiosa explicación de la Bolsa de Comercio de Córdoba acerca de las ventajas, “para el conjunto de la sociedad”, que ofrecería rebajar la carga en salarios estatales al nivel de los privados. Queda claro que asistimos a un ataque estratégico contra las condiciones de vida de la población trabajadora. Los trabajadores necesitamos nuestra estrategia. Es necesario profundizar la deliberación en las bases de los trabajadores municipales, y en el conjunto de los trabajadores estatales y privados, sobre dos aspectos esenciales: La crisis de financiamiento, provocada por los gobiernos capitalistas, no encontrará salida en el camino de robar recursos a los trabajadores para transferirlos al pago de los usureros de la deuda ($ 180.000 millones, impagables, debe Córdoba -la mayoría nominada en dólares-, que se podría multiplicar con una devaluación del peso). El camino elegido por Schiarett y Llaryora, del pago a los usureros, implicará mayor hundimiento y desocupación; es una encerrona para la población trabajadora en su conjunto; ésta debe ser nuestra agenda: ¿Dónde están los recursos? De esto deberíamos hablar los trabajadores. Al revés de lo que ellos pretenden, el camino de salida es un salario como el de los municipales para todos los trabajadores. Esto arrancaría los recursos que son transferidos al agujero negro del pago a los usureros y el subsidio a los grupos capitalistas, para transformarlos en recursos destinados a las necesidades de la población trabajadora. Lo segundo tiene que ver con el cómo. Está visto que la política de espera y de luchas aisladas que las burocracias sindicales mantienen solo sirve al gobierno. La situación estallará en mayores crisis políticas y esto nos plantea cambiar. Es necesario deliberar de conjunto en un congreso de trabajadores, preparar pronunciamientos, asambleas zonales y generales. Un congreso de trabajadores fijaría un camino de salida para el conjunto de la población trabajadora. Defendamos irrestrictamente a los docentes y a las escuelas municipales. La lucha de los municipales debe ser la lucha de todos. El gigante municipal puede arrastrar a una lucha que cambie el rumbo. Las bases municipales que el 18 de junio protagonizaron una marcha con más de 6.000 personas en plena cuarentena, mostrando una enorme disposición de lucha. ¡Manos a la obra!

26 de junio de 2020
Crisis habitacional y represión en José C. Paz

En los últimos días un intento de toma de tierras en Barrio San Atilio, donde funciona hace años un basural clandestino y un intento de toma de casas deshabitadas y sin terminar de planes de viviendas en el Barrio León fueron ferozmente reprimidos por la policía, dejando varios vecinos heridos. La represión se extendió hasta horas de la noche hacia todo el barrio. José C. Paz es uno de los distritos más pobres del conurbano. En los últimos años crecieron los asentamientos. Los barrios creados a través de planes de viviendas son grandes villas urbanizadas rodeadas de basurales y se extienden en forma de asentamientos aún más precarios en todos los términos. Un alto porcentaje del distrito carece de calles asfaltadas y no existe una red de agua ni cloacas. Una publicación señalaba que, por falta de medios, la población más humilde utilizaría combustión a leña para calefaccionarse y cocinar, provocando amplias zonas deforestadas. Un botón de muestra de la extrema pobreza en la se encuentran las familias obreras del municipio. La situación se agrava producto de la pandemia. José C. Paz es una expresión clara de la crudeza de la crisis social a la que están sometidos los trabajadores. A este cuadro de desidia se suma la precariedad sanitaria producto de políticas de vaciamiento y la cuestión ambiental que ha convertido al distrito en un gran basural. Todos estos problemas hacen que el aislamiento obligatorio como medida de prevención para poner en resguardo la vida y la salud sean imposibles. La aceleración de los problemas sociales ha generado expresiones de crisis políticas en el gobierno municipal, que se manifiestan en disputas entre distintos sectores de punteros. José C paz es el patio trasero de una provincia donde el gatillo fácil, la persecución y la represión hacia los trabajadores más precarizados, hombres, mujeres y jóvenes cartoneros, de la limpieza, la construcción, la salud y la educación son la respuesta política de Mario Ishii frente a la miseria, el hambre y la desocupación. Es necesario más que nunca un plan de lucha organizado por los vecinos mediante la deliberación de todos los problemas en asamblea que coordine todos los reclamos. Por un plan de viviendas. Basta de basurales clandestinos. Basta de represión en los barrios.

26 de junio de 2020
Bahía Blanca: coronavirus en Cooperativa Obrera
Bruno Díaz · Emilio Gauna

Ya son siete los trabajadores contagiados de coronavirus que desempeñan distintas funciones en la sucursal 28 de la Cooperativa Obrera, conocida como “el híper de Aguado”. Esto es el 20 por ciento de los testeados, pues hasta ahora se realizaron sólo 30 hisopados a los más de 200 trabajadores. Se intentó instalar desde el principio que el contagio obedecía a conductas irresponsables de los propios trabajadores. Autoridades de la empresa negaron que el carnicero, primer positivo detectado, atendiera al público, lo cual es falso. La intención inicial, se ve, era reabrir lo antes posible la sucursal, desligando a la empresa de sus responsabilidades. Con el transcurrir de los días se supo que el foco de contagio no fue un asado, como circuló en medios y redes desde el comienzo, sino el merendero del híper. Mientras tanto, los casos aumentaron, circunstancia que impuso el cierre del establecimiento por 14 días y la licencia a todo el personal. Desde que se decretó la emergencia sanitaria, los trabajadores mercantiles no tuvimos oportunidad de suspender nuestra labor, ni siquiera de manera preventiva para preparar las instalaciones. Las patronales fueron improvisando y, en el mejor de los casos, cediendo ante la organización de los trabajadores que exigían medidas de cuidado e higiene. En la Cooperativa, trabajadores y vecinos advirtieron sobre la cantidad de clientes que ingresaban y permanecían en el salón de ventas. A pesar de una reducción inicial, luego se volvió atrás y se decidió duplicar la cantidad, algo que nuevamente fue denunciado. Los trabajadores hicieron reclamos y sacaron fotos de pasillos llenos de personas. Mientras, autoridades de la empresa se dedicaban a sacar fotos de los pasillos vacíos. Una situación idéntica atravesaron los trabajadores de Walmart que lograron revertirla con varias asambleas que arrancaron medidas de prevención. Las inspecciones municipales dejaron pasar estos problemas. No corroboraron que el merendero de la Cooperativa aloja a 24 personas sentadas, en una sucursal donde trabajan más de 200 (el foco de contagio). Estas inspecciones se realizaron oportunamente -para la empresa- luego del horario de almuerzo, el momento del día en que hay menos clientes. Mientras nuestra paritaria continúa congelada, los grandes supermercados siguen facturando igual o más que antes de la pandemia. Lo que pone en jaque la salud no es una reunión social ocasional sino el interés patronal. Tampoco la desidia estatal se debe a la simple negligencia de algún funcionario, sino que obedece a un compromiso político, en defensa de esos intereses sociales. El intento de responsabilizar a los trabajadores por el brote de Covid-19 y el escarnio del que están siendo víctimas (algo que agudiza las presiones sobre su salud no sólo física sino también mental) son el taparrabos de esta componenda anti-obrera. Los trabajadores debemos elaborar nuestros propios protocolos y organizar comisiones de seguridad para garantizar su efectivo cumplimiento. En este sentido, adherimos a la propuesta de protocolo elaborada por la agrupación Combativos Mercantiles.

26 de junio de 2020
Como enfrentar a las patronales negreras del gas
Dote de Gas Natural

Con la "excusa" de la crisis del COVID 19, la discusión salarial del corriente año encontró a las patronales del gas abroquelados en una misma política: la negativa de ofertar ningún tipo de mejora en los castigados bolsillos de los trabajadores. Es decir, que se han confabulado para bloquear la posibilidad de una mejora salarial y otros reclamos. Las empresas de la industria del gas están empeñadas en darnos la razón cuando las definimos como lo que son: negreras. La prueba de ello son los recientes accidentes graves de tres compañeros en Naturgy durante sus tareas laborales, el reducido plantel de trabajadores, que además se encuentra diezmado por la crisis del COVID 19, sin que por ello se incorpore más personal para su reemplazo, la innecesaria exposición al contagio que promueven, con un plantel de entre un 50 y un 60% de trabajadores tercerizados o monotributistas que cobran su sueldo mensual con retraso y en cuotas, con sus aguinaldos en riesgo de correr la misma suerte y, para colmo de los colmos, ¡el congelamiento salarios! Sin embargo, para los empresarios el panorama es totalmente opuesto: a las empresas de la industria del gas no les podría ir mejor. Por ejemplo, la española Naturgy, tuvo dividendos por algo más de 3.600 millones de pesos, en las transportistas TGN (comandada por Techint, y CGC del empresario Eduardo Eurnekian) la ganancia operativa hacia setiembre del 2019 era de 4.108 millones de pesos, y lo mismo ocurre en TGS (controlada en forma mayoritaria por CIESA, a su vez controlada por Pampa Energía de Marcelo Mindlin), cuya ganancia operativa fue de 13.381 millones de pesos a setiembre del 2019. Estas empresas reciben la ayuda del gobierno a través de la ATP y que han hecho un frente único para avanzar sobre nuestras conquistas. Es por eso que resulta imprescindible preparar medidas e instancias de organización y discusión para enfrentar a una patronal que se presenta firme y decidida a aprovechar el momento para imponerle una seria derrota a los trabajadores de la industria del gas. Un primer paso es organizando asambleas en las distintas empresas para discutir los distintos criterios, el método y con qué programa de reivindicaciones salimos a luchar, para luego verterlo en un congreso único general de trabajadores de toda la industria. De esta manera se podrá golpear con un solo puño y enfrentar los abusos de estos negreros. Para luchar por estas reivindicaciones. Pago en término de sueldos y aguinaldo, principalmente a los contratados. Efectivización de tercerizados y monotributistas e incorporación de nuevos trabajadores. Recomposición automática de nuestros salarios, según la inflación. Bonificación inmediata para aquellos compañeros que debieron exponerse al contagio. Que se declare la actividad, como tarea riesgosa. El ingreso de nuevos trabajadores. Para obtener estos reclamos debemos impulsar: Asambleas en todos los lugares de trabajo, que definan un plan de lucha por nuestras reivindicaciones. Un Congreso Único Nacional de los trabajadores de Gas.

26 de junio de 2020
Berazategui: nos movilizamos al municipio

El miércoles 24 el frente de lucha de organizaciones piqueteras de Berazategui -compuesto por la Tendencia del Polo Obrero, el MIJD, el FOL, ILS, MULCS e Igualdad Social-, concretamos una conferencia de prensa pública en la entrada de la municipalidad, para hacer escuchar nuestros reclamos. Hasta ahora, el intendente se ha negado a recibir a las organizaciones para atender los reclamos presentados con la adhesión de centenares de firmas de vecinos. Los vecinos de las barriadas humildes y populares transitamos la cuarentena del covid-19 con hambre, con falta de asistencia sanitaria, agua potable, insumos de limpieza e higiene, déficits en la infraestructura y servicios municipales, en condiciones de precariedad laboral y habitacional, sumado a un acelerado y estructural deterioro en la calidad de vida de nuestras familias. La violencia que sufrimos las mujeres y niños se ve agudizada en el marco de la pandemia. La crisis del régimen capitalista repercute en nuestros barrios y familias. Las ollas populares, merenderos barriales, comunitarios y autogestionados, expresan una instancia de organización y reagrupamiento popular. Al intendente Juan José Mussi le reclamamos los siguientes puntos: Cuarentena sin hambre: provisión de asistencia alimentaria por parte del Estado Municipal a los merenderos y comedores barriales y ollas populares. Que dicha asistencia, sea de calidad nutricional. Reposición de los bonos y/o canastas entregadas por acción social municipal a los beneficiarios con los que incumplieron en los últimos dos meses. Provisión de elementos de limpieza e higiene, kits sanitizantes para las familias carentes y a los merenderos, y comedores barriales. Para que las tareas de acción social (esencial) que desempeñamos sea de forma segura. Testeos masivos contra el covid-19 en todos los barrios para cortar el alza de la cadena de contagios comunitarios. Fumigaciones en los barrios humildes contra el dengue, que se expande en el distrito. Atención permanente en los C.A.P.S con guardias las 24 horas en todos, con insumos adecuados y profesionales suficientes. Plan de obras públicas municipal para crear trabajo genuino con desocupados del distrito, con salarios y convenios que cubran la canasta familiar y estabilidad laboral; que sirva para reestablecer un servicio de agua de red potable, segura y de calidad a todos los barrios. Extensión, reparación y provisión de la red cloacal; desagües pluviales y entubamiento de zanjas para que no se aneguen los barrios; pavimentación de calles y construcción–reparación de veredas; tendido de luminaria pública; saneamiento y dragado de arroyos, eliminación de basurales y quemas. Parquización y forestación de las barriadas populares. Por un plan municipal integral de construcción de viviendas obreras, para terminar con el hacinamiento habitacional de los barrios populares y la falta de vivienda obrera. Rechazando la privatización del suelo urbano en beneficio del capital inmobiliario especulativo, que deteriora y afecta nuestro medio ambiente, que debe ser preservado. Esto como parte del reclamo de trabajo genuino. Por el pase a planta permanente del personal municipal de todos los precarizados. El “Potenciar Trabajo” es una truchada de precarización laboral que busca convertir a las organizaciones de trabajadores en “entes ejecutores”, o sea una maniobra de cooptación y corrupción de las organizaciones de trabajadores por parte del Estado. Hogares refugios municipales para las mujeres en situación de violencia de genero con subsidio a cargo del Estado para que puedan tener autonomía e independencia económica, y no compartir techo con el agresor. Por geriátricos municipales y guarderías materno – paternales municipales en los barrios populares. Por la organización independiente y de lucha de las mujeres trabajadoras. La salud del pueblo debe ser considerada de forma integral: que se garanticen las condiciones de vivienda, alimentación e higiene. Llamamos a conformar asambleas populares y comités barriales para desarrollar un plan de lucha por todas las reivindicaciones, en la perspectiva de organizar un Congreso de Trabajadores, frente a la crisis de poder que se va configurando durante y para la post pandemia. La salida será un gobierno de los trabajadores, también en el terreno de los Municipios, y debemos abonar esa perspectiva. Profundizaremos nuestro plan de lucha.

26 de junio de 2020
Licencias: el gobierno “feminista” recula ante las patronales

Una fallida resolución sobre licencias por hijos e hijas a cargo durante la cuarentena, muy celebrada por las feministas de Página 12, quedó cajoneada después de que las patronales la vetaran. La resolución era una trampa que fingía ampliar derechos en el sector privado pero su único punto progresivo era que obligaba a pagar los salarios. Todo lo demás era un retroceso. Aun así, no pasó por la impugnación de las patronales. La “resolución conjunta número 3” firmada por el ministro de Trabajo, Omar Moroni, y la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, era un retroceso si se la compara con las licencias de la Resolución 3/20 de marzo. Dice: “…la justificación de las inasistencias de los padres, madres o tutores a cargo de menores de edad que concurran a dichos establecimientos, mediante la debida certificación de tales circunstancias obrantes en sus legajos, encuadrando las inasistencias en razones de fuerza mayor…”. Días después, se incluyó claramente al sector privado (decreto Nº 297/2020): “Los trabajadores y trabajadoras del sector privado tendrán derecho al goce íntegro de sus ingresos habituales” en los casos que estén incluidos en “grupos de riego, mayores de SESENTA (60) años de edad o embarazadas, a aquellas personas cuya presencia en el hogar resulte indispensable para el cuidado de niños, niñas o adolescentes”. La resolución vetada ayer por las patronales disminuía en 9 años ese derecho, ya que planteaba que quienes tengan hijos mayores de 6 años deberían cumplir con la totalidad de sus tareas, que podrían interrumpir en dos oportunidades para atender a sus hijos. ¿Acaso la “ministra de mujeres” piensa que un niño de 7 años se las arregla solo? ¿Qué pasó hasta ahora? Las patronales, cuando otorgaban las licencias, reducían los salarios o no los pagaban. Esa fue la excusa para que Alcorta y Moroni sacaran una nueva resolución. Aunque limita las edades y los derechos, no fue satisfactoria para los patrones. En los cien días de aislamiento obligatorio la Administración Pública Nacional aplicó las licencias de manera desigual. En algunos organismos se cumplieron y en otros aprovecharon aquello de: “la realización de tareas desde el lugar de aislamiento, cuando ello fuere posible” haciendo que el “ser posible” sea la regla y no la excepción. Las trabajadoras de Estado madres entregamos trabajos de madrugada o los fines de semana “en la medida de nuestras posibilidades”. En la docencia no existió licencia alguna. Los docentes cargan con sus hijos y con los de todos los demás, preparan clases, corrigen, tratan de contener afectivamente y reparten alimentos de forma presencial cada 15 días. Las trabajadoras esenciales de la salud pública no tienen derecho a licencia, aunque les cueste la vida: Esther Ledesma, enfermera del Hospital Gandulfo, pidió seis veces licencia por ser población de riesgo. Esther contagió a su mamá. Las dos murieron. En el sector privado, las licencias se cumplen aún menos. Trabajadoras de la sanidad privada no tienen licencia, las de los call centers atienden los llamados de forma remota con las vocecitas cantarinas de fondo; las mercantiles no tienen ni reducción horaria- en el momento en que más facturan los comercios. Las tercerizadas de las empresas de limpieza recorren edificios públicos y privados sin la menor protección, siendo un vehículo de contagio y exponiendo su vida. ¿Perspectiva de género? En los considerandos de la resolución muerta al nacer se decía que los menores de SEIS (6) años requieren de un cuidado directo que “dada la falta de corresponsabilidad en el cuidado, está afectando mayoritariamente a las mujeres y al Colectivo de Personas Lesbianas, Gays, Bisexuales, Travestis, Transgéneros, Intersex y Más (LGBTI+)”. Y agregaba que “la corresponsabilidad en las tareas de cuidado debe extenderse a todos los miembros del hogar, sea cual fuera su conformación, para evitar la feminización de estos trabajos y la sobrecarga de las mujeres”. Si un solo adulto está dispensado de sus tareas, ¿quién creen que será? Lo que para Ely Alcorta alcanzaba para equilibrar las tareas domésticas era un acto de fe similar a que la ley Micaela convertirá a jueces y patrones en seres con empatía hacia las mujeres y su doble opresión. Justo a ellos, que se encargan de garantizarla para extraer la mayor plusvalía de nosotras y nuestras familias. La “ministra de las mujeres” utiliza la “equidad” en beneficio de las patronales. Normar que un niño de 7 años tiene autonomía para organizar su día y su madre debe trabajar “hasta dos interrupciones por jornada” es reglamentar la doble opresión no en favor del padre sino del patrón. Contestar las obligaciones laborales, cocinar, atender las tareas escolares, contener emocionalmente, todo en simultáneo. Ya no es la jornada laboral seguida de la doméstica: están encimadas. La ministra de las mujeres y el ministro de los trabajadores avanzaron en un proyecto que regala horas de trabajo al patrón y sienta un grave precedente. Que lo hayan frenado horas después de firmarlo, deja a las claras que empresarios y empresarias no están dispuestos a ceder ni un ápice a pesar de los subsidios a través de las ATP y los créditos a tasa cero. No habrá normativa de Estado que frene el despotismo patronal ni siquiera mientras los chicos menores de 6 años están en casa. Habrá que arrancárselo con la organización y la fuerza de trabajadores y trabajadoras, el único lenguaje que entienden.

26 de junio de 2020
Tucumán: la docencia autoconvocada, en la lucha

La suspensión de clases presenciales y su sustitución por la educación online ha resultado un fenomenal fracaso. Sin embargo, el ministro de Educación Litchmajer, se refiere al éxito del sistema, malversando estadísticas sobre el enorme porcentaje de alumnos que carecen de conectividad y de los recursos tecnológicos básicos o, como ahora denuncian los medios, del cansancio de los chicos que cierran sus conexiones. Aprovechando la cuarentena, el gobierno impuso una paritaria por decreto, con un aumento que no llega al 20%, en negro. Una de las cifras que conforma este 20% es la duplicación del incentivo docente que viene de Nación. Los docentes seguimos sometidos a presiones y amenazas, las cuales se exacerbaron frente al proceso de “evaluación valorativa” que lanzó el ministerio, sin ningún tipo de coherencia, donde cada zona de supervisión elaboró una planilla diferente, las cuales en ningún ítem consignan al alumno sin conexión. Todo esto generó un enorme malestar entre los docentes que se vieron presionados a falsear datos o brindar solo una información parcial. Los alumnos ausentes aparecen “en proceso”, tarea que se impone al docente de buscar los medios para contactar al alumno o a la familia, cuando sabemos que en todos esos casos la realidad es que no tienen posibilidades de sostener la conexión por lo tanto resulta imposible. Lo que el gobierno denomina conectividad o datos de manera abstracta significa dinero, que debe ser pagado por docentes y alumnos. En una provincia que tiene las cifras más altas de desempleo y trabajo en negro, la conectividad es un bien de lujo. La burocracia sindical del Frente Gremial Docente (ATEP, APEM, AMET) se mantiene completamente paralizada en nombre de que la conciliación obligatoria dictada en el mes de marzo aún no ha caducado. En este escenario, el movimiento de la docencia autoconvocada ha logrado mantener por medios virtuales el funcionamiento de su cuerpo de voceros departamentales e incluso realizar asambleas con las bases docentes. En las últimas dos semanas, se impulsó una campaña de asambleas cuyo resultado fue la aprobación de un documento en el que se caracteriza que la principal tarea docente hoy es la “Defensa de la educación pública y gratuita”, negada por la política educativa del Gobierno que sigue dejando a miles de estudiantes sin conexión, mientras la docencia y las familias de los alumnos somos quienes enfrentamos las dificultades y sostenemos los costos de la educación online. Frente a los sistemáticos atropellos, está ves frente al pago sin el aumento establecido en el mes de marzo se tomó la decisión de un paro virtual de 48 horas para los días lunes 22 y martes 23 de junio, y el miércoles 24 una movilización a la casa de gobierno. Ante esta decisión, el gobierno realizó innumerables maniobras para desactivar el paro, entre ellas el día martes depositó el faltante del incentivo docente, para las acciones votadas se llevaron a cabo igualmente por todos los reclamos pendientes y se las hizo conocer en la marcha a pie y en auto del día miércoles a casa de gobierno exigiendo: a) Garantizar la continuidad educativa de todos los alumnos y docentes, asegurando su conectividad. b) Provisión por parte del Estado de los recursos necesarios para poder impartir las clases desde las casas. c) Creación de una plataforma informática que resguarde un ámbito seguro de trabajo docente y aprendizaje escolar gratuito. d) Organizar la jornada laboral “desde casa” según las horas declaradas por cada docente en cada escuela. e) Habilitar inmediatamente los nombramientos de cargos en escuelas que están sin docentes; y permitir que realicen reemplazos y suplencias de cargos. f) Pago inmediato de la deuda por cláusula gatillo de 2019, al básico. g) Pago de un bono excepcional que cubra los gastos extraordinarios por conectividad y herramientas laborales que tiene la docencia en este período. h) Terminar con el trabajo en negro y precarizado en Educación. Regularizar la situación de los docentes del Plan Fines. i) Inmediata convocatoria a paritarias docentes provinciales; donde participen los Docentes Autoconvocados. Y lo acordado sea retroactivo al mes de mayo. j) Por una recomposición salarial que equipare el haber líquido mensual mínimo al costo de la canasta familiar. k) Ante un eventual retorno a las clases presenciales, total o parcial, planteamos: limpieza, desmalezamiento y mantenimiento higiénico de las escuelas, por parte del Estado, una vez por semana. Que en todas las escuelas haya agua; limpieza de los tanques cisterna; instalación, mantenimiento y reemplazo de inodoros, mochilas de agua, cañerías y grifería en los baños; limpieza higiénica constante y permanente de los baños; reposición permanente de elementos indispensables de higiene en el baño: papel higiénico, jabón, etc. l) Mayor cantidad de personal auxiliar.

26 de junio de 2020
Tucumán: llegó la hora de recrear la coordinadora

Tucumán es un hervidero de luchas por los más diversos reclamos. La Docencia Autoconvocada, luego de un proceso de asambleas virtuales, viene de cumplir un paro virtual de 48 horas y una movilización a casa de gobierno reclamando el pago completo del incentivo docente y una larga lista de reivindicaciones pendientes. La docencia universitaria, por su parte, viene de cumplir un paro virtual de 48 horas con movilización al rectorado en el marco de una paritaria local y ha reclamado a la Conadu H la necesidad de un plan de lucha por el salario y otras reivindicaciones pendientes. Asimismo, los trabajadores de la Salud por medio de asambleas autoconvocadas, superando el bloqueo de las burocracias de los distintos sindicatos de la salud, están reclamando insumos de protección y el pago de bono. La UTA llamó a parar este viernes por la falta del pago del 80% de salario de mayo y el aguinaldo de junio, y a la hora apareció el dinero, por lo cual se levantó la medida. Los trabajadores de Teleperfomance acaban de protagonizar una importante lucha en defensa de las fuentes de trabajo y el salario. El sindicato de Trabajadores Judiciales ha convocado a paro virtual por el salario, el aguinaldo y la retribución por la feria de invierno. Hasta la Fotia resolvió esta semana un paro de 48 horas en el marco de la paritaria, medida que se levantó apenas iniciada ante el anuncio de que las patronales habían ofrecido un aumento en blanco del 13% y del 25% en negro. El jueves 11, 1.500 compañeros de una decena de organizaciones piqueteras se concentraron frente a la casa de gobierno para reclamar medidas frente al crecimiento de la miseria e insumos de protección frente a la pandemia del Covid 19 y la epidemia del dengue. Entre los trabajadores del limón se han producido paros en los empaques y en algunas fincas frente a condiciones laborales que violentan medidas elementales de protección ante la pandemia. Este reguero de luchas es la respuesta que los trabajadores están dando al agravamiento de la crisis y la miseria social. El gran San Miguel es la zona con mayor nivel de desocupación del país. La precarización abarca la mitad de los trabajadores activos. Si se tiene en cuenta que las dos principales actividades productivas (limón y azúcar) ocupan alrededor de 70 mil obreros son actividades temporarias, y que la cosecha del limón está en su fase culminante, dan cuenta que Tucumán es una bomba social que no puede ser contenida con planes asistenciales miserables como los que otorga la Nación, con el agravante de que la válvula de escape de sobrevivencia para limoneros y azucareros siempre fue la emigración para trabajos de cosechas en otras provincias que, esta vez, debido a la pandemia, es posible que no se pueda implementar o se vea limitada. Por otro lado, el gobierno mantiene un creciente endeudamiento con Nación para cubrir el déficit fiscal – en julio va a superar los 10 mil millones de pesos. Los préstamos de Nación vienen condicionados a que el gobierno no emita cuasimonedas y adapte la cuestión salarial a la situación fiscal. Por eso, el gobierno de Manzur ha levantado todas las paritarias con los estatales y docentes y ha anunciado que este año no se va a poder aumentar los salarios. La Coordinadora La burocracia de la CGT y la CTA se han embarcado junto a la Sociedad Rural, la Federación Económica y la Unión Industrial de Tucumán en impulsar la constitución de un Consejo Económico y Social. A este engendro pretenden sumar a la Iglesia, a distintas ONG e incluso a la Universidad. Pretenden que alumbre por medio de una ley donde se establezca el carácter de organismo de consulta obligatoria de los poderes del estado (ejecutivo y legislativo) y que sus determinaciones sean vinculantes. Mientras la CGT y la CTA anudan lazos con las patronales negreras y se ofrecen como instrumento de colaboración permanente con el gobierno ajustador dando la espalda a todas las luchas en curso, en el seno del activismo y los dirigentes combativos se ha vuelto a plantear la necesidad de unificar los reclamos y las luchas. Antes de la cuarentena, Tucumán estaba recorrido por un proceso de rebelión, a cuya cabeza se encontraba la docencia autoconvocada, enfrentando un conjunto de medidas de ajuste contra los salarios y las condiciones laborales. Al calor de ese proceso, y por impulso de la docencia en lucha, se puso en pie una Coordinadora provincial que agrupaba varios sindicatos y sectores combativos y organizaciones piqueteras y bajo su iniciativa se realizaron varias medidas de acción unificadas. Ahora, nuevamente, los Docentes Autoconvocados han llamado volver a poner de pie a la Coordinadora con la función inmediata de unir las luchas, pero trazando la perspectiva de convocar a un Congreso de Base para resolver las salidas de conjunto a los reclamos de los trabajadores. Adelante, manos a la obra.

26 de junio de 2020
Una votación ignominiosa en la Legislatura porteña, impulsada por el gobierno nacional

El pasado jueves, la Legislatura porteña aprobó la incorporación de la definición de antisemitismo que establece la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). El proyecto llegó a la Cámara por una iniciativa del ministerio de Relaciones Exteriores, a cargo de Felipe Solá, que “invita” a los “poderes judiciales y legislativos” a adherir a aquella declaración. La invitación no es un detalle menor, pues al adoptar la resolución del Ministerio, el ámbito de vigencia de la disposición se extiende a todas las instituciones estatales del país, fundamentalmente en la docencia y la Justicia, donde podría suscitar acciones penales. La aprobación de la ley en la legislatura porteña se dio casi por unanimidad, con la única oposición de Autodeterminación y Libertad, que denunció vigorosamente el proyecto. Las bancas del FIT -PTS y PO (o), Myriam Bregman, Alejandrina Barry y Gabriel Solano- lo hicieron a favor, a pesar de esa advertencia, o sea sin confusión acerca de lo que estaba en juego. La definición del término “antisemita”, que acaban de adoptar los Fernández y los Macri, entiende por antisemitismo “una cierta percepción de los judíos que puede expresarse como el odio a los judíos. Las manifestaciones físicas (sic) y retóricas del antisemitismo se dirigen a las personas judías o no judías y/o a sus bienes, a las instituciones de las comunidades judías y a sus lugares de culto”. La resolución, votada por la IHRA en 2016, involucra entre las “instituciones” al Estado de Israel. Indica como “causal” de antisemitismo el “denegar a los judíos su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, alegando que la existencia del Estado de Israel es un empeño racista”. Y agrega, textual: “Las manifestaciones [consideradas antisemitas] pueden incluir aquellas dirigidas al Estado de Israel, concebido como un colectivo judío. No se considera antisemita toda crítica que pueda ser similar a la crítica a otros países”. Viola la Constitución nacional Este último párrafo haría llorar a Maimónides, tan grosero es el manoseo de las peripecias lógicas del Talmud. La determinación de Israel como “un colectivo judío” ocupa en la frase un lugar subordinado, cuando se trata del juicio principal. Se trata de un planteo racista, pues reserva la ciudadanía israelí a una clase especial de personas y no a todos los nacidos en su territorio o a quienes la solicitaran. La definición cancela los derechos ciudadanos del 20% de los habitantes árabes del territorio asignado al estado sionista en 1948, que tienen incluso partidos en el parlamento. La lucha contra el antisemitismo se convierte, de este modo, en una definición excluyente de derechos de parte de una entidad que reclama su condición de Estado. Una parte considerable de la población judía de Israel, a la que debe considerarse como tal porque es ella misma quien la asume, es ferozmente contraria a definir al Estado como un “colectivo (sólo para) judíos”. Netanyahu impulsa, desde hace tiempo, una revisión constitucional que ponga fin a los derechos de los llamados “árabes israelíes”. Está fuera del marco de este artículo conjeturar acerca del destino civil que le estará reservado a los matrimonios mixtos. Destaquemos solamente que en el período conocido como Jim Crow (a partir de 1880) fueron prohibidos, en EEUU, aquellos que involucraban a negros y blancos, y que lo mismo ocurrió en la Sudáfrica de los boer. La resolución del ministerio de Relaciones Exteriores y la que votó la Legislatura, al condenar el derecho a denunciar al Estado de Israel como racista y discriminatorio, son contrarias, por lo tanto, a los principios de la Constitución Nacional de Argentina y hace pasible de juicio político a quienes la propiciaron y votaron. Viola los derechos nacionales Israel, por otro lado, se apresta a anexar Cisjordania, lo cual lo convierte en “estado apartheid” formal. Los colonos judíos de esos territorios, apropiados por la fuerza, conservarán la ciudadanía israelí, no así sus residentes históricos, los palestinos. La categoría de “colectivo judío” adquiere ahora un carácter más discriminatorio – es una opresión nacional con todas las letras. El politólogo que advierta, en una clase universitaria, que este régimen político convierte a la población judía en opresora nacional sería apartado de su cátedra a partir del engendro que impulsaron los Fernández y Solá, y votaron los legisladores de CABA. Las potencias que han apoyado esta definición y que apoyan la soberanía israelí en los territorios ocupados, hacen por su lado la vista gorda al antisemitismo que apañan, cuando no promueven, en sus países. Representar la crítica al sionismo como una forma de antisemitismo violenta la pluralidad ideológica del judaísmo en toda su historia, en especial en el último siglo. Los socialistas y comunistas judíos estuvieron a la cabeza del combate al nazismo, en especial en defensa de las comunidades y ghettos judíos; el líder del sionismo que hoy encarna Netanyahu se entrevistaba amigablemente con Mussolini. Ya para la resaca, es necesario dejar constancia de que quienes propician esta violación a la democracia y a los derechos nacionales, lo hacen en nombre de las Naciones Unidas, cuyas resoluciones Israel ha violado todas las veces que le ha venido en gana. Declarar a la lucha contra el estado sionista como judeofobia es querer encuadrar a todos los judíos, sin distinción, en cómplices del sometimiento palestino y de las masacres que lo acompañan. Esto sí que es antisemitismo. El voto de la Legislatura porteña, y los que vendrán en las provincias y en el Congreso, son una advertencia contra la izquierda y los luchadores nacionales. Cuando la resolución dice que se puede criticar al estado de Israel como a cualquier otro estado, pero no adjudicarle a ese estado una connotación y condición discriminatoria, proto racista o nacional opresora, se convierte, ella, en cómplice del racismo, la discriminación, y la opresión nacional. El FIT-U No deja de sorprender que el Frente de Izquierda Unidad haya votado a favor de semejante atropello. Incluso si no compartieran los términos de las críticas que recibirán por ese voto, y pretendieran presentar lo votado como algo inocuo, hubieran debido hacerlo en contra, porque es claramente un aporte a la política de Netanyahu, y contraria a toda la tradición de la izquierda. Las excusas, a la basura. Perjudican la lucha por la autodeterminación nacional palestina y la lucha contra el imperialismo mundial, y la lucha por los derechos democráticos de los luchadores y la izquierda. Desde la Tendencia del Partido Obrero defendemos el derecho al retorno del pueblo árabe palestino a los territorios de los que fueron expulsados por el Estado de Israel y la confiscación de los colonos y tierras apropiadas por ese estado. La IHRA, que ha propiciado toda esta movida, es una organización de la que participan 34 gobiernos -la mayoría de ellos derechistas-, entre los que destacan el de Trump y varios integrados por filo-nazis y/o antisemitas como el de Orbán de Hungría, todos alineados con el estado de Israel y cómplices de la política genocida del régimen sionista con el pueblo palestino. Exigimos un pronunciamiento público de los partidos del FIT-U en repudio del voto de sus parlamentarios. (1) http://holocaustremembrance.com/sites/default/files/press_release_document_antisemitism.pdf

27 de junio de 2020
Los cien días de la cuarentena

El anuncio de la nueva cuarentena no se animó a enfrentar una nueva conferencia de prensa. Ocurre que el nuevo aislamiento se destaca por sus flagrantes contradicciones. Aunque reducen a 24 las llamadas “actividades esenciales”, la descripción de cada una de ellas deja ´adentro´ a una parte sustancial de la gran industria. Es donde se están registrando casos de Covid19 entre sus trabajadores. Las limitaciones y controles que se imponen al transporte son de difícil cumplimiento, cuando se admite un funcionamiento económico relativamente amplio. La exposición de estadísticas fue mucho menos rigurosa a la hora de presentar avances en el equipamiento sanitario. Quirós, el ministro de salud de CABA, anunció a la prensa la incorporación de 50 nuevas unidades de UTI (terapia intensiva). A un ritmo de mil contagios diarios en la Ciudad, representa estadísticamente las necesidades de internación de un solo día. Cien días Al comienzo de la pandemia, la cuarentena “dura” fue presentada como el recurso para “achatar la curva”. Cien días después, la escalada de contagios y muertes delata las graves falencias en los testeos, la expansión de camas y la incorporación de equipos de cuidado sanitario. El temor ahora es, precisamente, el colapso de la atención hospitalaria. Fernández dijo “la situación económica es grave”, como consecuencia de la pandemia. No: el Covid-19 se ha limitado a poner en evidencia los perjuicios de la ´economía de mercado´, como llaman los economistas a la anarquía capitalista. No hubo ni siquiera intención de producir una reconversión de la industria para atender a las necesidades sanitarias y sociales. Simplemente se adoptaron operaciones de rescate para mantener a la industria ociosa. El estado financió a la industria ociosa sin tomar a cargo la dirección de ella, sólo para evitar perjuicios a los capitalistas. Peor aún, volvió al sistema de Leliqs, que es una protección a los bancos a cargo del estado – en este caso el Banco Central. Tuvo que imponer restricciones al mercado de cambios, porque las patronales usaban el dinero para especular contra el peso, remitir utilidades al exterior o recomprar acciones. La cuarentena ha sido una operación capitalista, antagónica con las necesidades sanitarias. Habiendo destinado el 3% del PBI al rescate de las empresas - unos cinco billones de pesos-, el gobierno fue incapaz de imponer una reconversión industrial compulsiva, para asegurar la producción de respiradores mecánicos, equipamiento sanitario, unidades de terapia. Por último, y lo más importante, pagó intereses de la deuda externa por un monto igual a todas las ATP juntas, y pretende seguir por esta vía. Fernández, Kicillof y sus socios macristas de la Ciudad despachan la situación económica con una frase. La dicotomía salud-economía es típicamente capitalista. Pone de manifiesto la importancia de una economía planificada, o sea que no atienda a intereses de lucro del capital, sino que destine una parte de los recursos acumulados a la atención de la crisis sanitaria. La “economía” tiene mucha tela para cortar en función de la emergencia sanitaria. La pretendida “prohibición de suspensiones y despidos” resultó un fraude, porque el gobierno habilitó los acuerdos de suspensiones y rebaja salarial entre las patronales y la burocracia. Mientras tanto, el único subsidio directo a los trabajadores desocupados consistió en un “ingreso de emergencia” (IFE) de 100 dólares por cabeza, que muchos no llegaron a percibir. Advertencia Pero el señalamiento de Fernández sobre la “grave situación económica”, en momentos en que se discute la pandemia, tiene otro significado. El gobierno advierte que la clase capitalista no está dispuesta a más cuarentenas; los muertos no se contabilizan en el rubro de pérdidas de los balances. El palabrerío sobre el “fin de la paciencia ciudadana” o el “mal humor social” es un recurso para justificar la apertura de actividades, sin haber modificado antes las condiciones sociales que harían viable una actividad planificada, supervisada por los trabajadores en los lugares de trabajo. Quieren sobrevivir como lo hicieron cuando la ´gripe española´ (1918/9), a costa de más de cincuenta millones de muertes. La crisis de la cuarentena tiene que ser vista en el cuadro de una crisis política. Durante la “Argentina en aislamiento”, el gobierno FF aspiraba a poner en caja la cuestión de la deuda externa, para pasar a arreglar la deuda local (u$s65 mil millones), con el FMI y otras instituciones (una cifra similar), la deuda externa de las provincias, los bancos públicos y la del capital privado – todo sumado, unos u$s400 mil millones. Pero la negociación de deuda avanza hacia un acuerdo gravoso para el país, que sin embargo aún no cierra. En estas condiciones, la tentativa de expropiación de Vicentin se ha convertido en una crisis de carácter político, mientras la cuarentena vuelve al primer día. Ante el programa del capital, los trabajadores han ido desarrollando su propio programa. Por protocolos obreros, control de las condiciones de trabajo, incorporación urgente de trabajadores en hospitales, turno de 6 horas. Centralización de todo el sistema de salud, público y privado. Vigencia irrestricta de las paritarias, ningún recorte a salarios y aguinaldos. La lección de esta crisis es que el capitalismo es un obstáculo para proteger la salud. Esta planteada la nacionalización integral de la banca, la gran industria y el comercio exterior; un plan único para atender, en principio, la emergencia sanitaria y la crisis social. Es necesario coordinar las luchas sanitarias y sociales, desarrollar plenarios y congresos de delegados, en primer lugar, de los sectores en lucha, como personal de salud, la industria de Santa Fe y el grupo Vicentin, los docentes, y extenderlo a todo el movimiento de los trabajadores.

27 de junio de 2020
“Hablamos por los que fueron callados”

Recién estaba pensando, ¿cómo arranco? Siempre pienso lo mismo, pasan los años, ya 18, y siempre pienso lo mismo: qué voy a decir, cómo voy a arrancar y como nos vamos a ir de acá. Y a veces tengo que acomodar esas cuestiones en mi cabeza para saber qué es lo más importante y que no quede nada afuera. Hace 18 años, después de la muerte de Maxi, tuvimos que revisar todas sus cosas y encontramos un montón de textos suyos. En uno decía “hablamos por los que fueron callados”. Y eso es lo que hacemos nosotros, hablamos por los que fueron callados, para que no se olviden, para que sigan vivos, para que sigan vigentes. Porque su lucha, la lucha que ellos quisieron callar, nosotros, como familiares, como amigos, como compañeros, hijos, nietos, sobrinos, la seguimos manteniendo viva. Hace un par de días me decían, “¡¿ay, por la cuarentena que vamos a ir al puente?!”. No, carajo. La lucha se hace en la calle, todos los días y no se abandona por nada en el mundo. Porque a Maxi lo mató una bala en el pecho y a mí me puede matar una peste. Me importa tres carajos. Voy a seguir estando acá, en la calle, en el lugar donde él tenía que estar, por todos ustedes, por todos los que van a venir y por todos los que fuimos perdiendo a lo largo de estos 18 años. La lucha no se abandona, no se negocia y a los traidores hay que señalarlos y ponerlos en la vereda del frente. Por eso somos los que somos y estamos los que estamos acá, porque no somos ningunos traidores a la sangre derramada a la lucha que ellos dieron hace 18 años. Y hoy, 18 años después, estamos reclamando trabajo, vivienda, educación, salud, que el gobierno de mierda que tenemos no nos da; al contrario, nos sigue matando porque sigue negociando con algunos y, como decía la compañera, Chiche es una reverenda hija de p*. ¡Porque de la calle no me va a sacar nunca ni a mí ni a nadie que tenga ganas de luchar! Porque la vida de Maxi vale y vale mucho y valió mucho. ¡La suya, la de Darío y la de todos los compañeros que perdimos! Alberto, me importa tres carajos que seas Presidente, pero lo tenés a Duhalde, que es un asesino, con vos. Y vamos a seguir luchando y no vamos a abandonar nunca la calle y vamos a seguir tirando para el mismo lado y vamos a seguir poniendo el pecho como lo puso Maxi y vamos a seguir dándole la mano y acompañando como lo hizo Darío, pero en la calle, unidos y no negociando ni planes, ni IFE, ni la mar en coche; queremos trabajo genuino, queremos educación y queremos salud y una vivienda digna para todos nuestros hijos. Así que, compañeros, hoy de este puente tenemos que irnos pensando de que hay que seguir luchando y que no hay que bajar los brazos y seguir manteniendo viva y vigente la memoria de Maxi y Darío. Y todo aquel que quiera usar el nombre de Maxi y Darío en vano hay que darle un voleo en el culo como se lo merece, porque la lucha no se negocia con nadie, no se transa con nadie, y no lo vamos a permitir, vamos a continuar luchando acá en el lugar que nos pertenece, en la calle. Muchas gracias a todos por estar acá, por el esfuerzo que han hecho y por seguir acompañándonos y por seguir manteniendo la vida de Maxi viva y vigente. ¡Y no dejemos de luchar! Muchas gracias.

27 de junio de 2020
“Muchos antisemitas ven al sionismo con buenos ojos”

El bloque del FIT U, que conforma el PO 'oficial' y el PTS en la legislatura porteña, con Gabriel Solano, Miriam Bregman y Alejandra Barry, han votado el proyecto de ley de la UCR y todo el bloque patronal de la legislatura de la Ciudad. Con esa votación se dio por aprobada la nueva definición de antisemitismo de la Alianza Internacional por la Rememoración del Holocausto. Esta nueva definición equipara antisemitismo con antisionismo, condenando toda crítica al Estado de Israel y sus políticas racistas y genocidas en Palestina ocupada. Como judíos socialistas consideramos que la emancipación del pueblo judío se logra por medio de la lucha de clases con los demás pueblos y minorías oprimidas, explotadas y perseguidas. Ligamos la emancipación del judío, el negro, el homosexual, el migrante, etc, con la emancipación de la clase obrera en el poder y no por medio del nacionalismo. Los integrantes del pueblo palestino son nuestros compañeros y hermanos de lucha. A lo largo de la historia muchos antisemitas vieron al sionismo con buenos ojos, incluso la derecha sionista durante la segunda guerra mundial simpatizaba con Mussolini. Hasta la federación sionista alemana apoyó la asunción de Hitler proponiendo que, para solucionar el problema judío, tanto anti judíos como pro judíos debían apoyar la emigración masiva de judíos a Palestina, para evitar la asimilación en Europa, creando un estado judío en Palestina y así sacarle la molestia a los judeofóbicos de “soportar” a los judíos en sus países. En Argentina, donde tuvieron lugar los peores hechos de antisemitismo de América Latina -como los progromos del 10 de mayo de 1910 y el de la Semana Trágica, los atentados a la Embajada de Israel y a la Amia-, vive una burguesía fuertemente anti judía y pro sionista. Durante la dictadura videliana se dieron los mayores casos de antisemitismo en los campos de concentración, pero con un amplio apoyo al sionismo por parte de nacionalistas católicos como Videla, Ramón Camps, Massera, Aldo Rico y Onganía. Incluso el fundador del diario Clarín, Roberto Noble, era un fanático defensor del nazismo y hoy Clarín es un diario pro israelí. Pero la mayor razón por la que repudiamos al sionismo es porque su existencia se basa en el genocidio contra un pueblo, el palestino, que vive segregado, marginado y obligado a vivir en guetos como Gaza y Cisjordania, donde se les viola los derechos humanos básicos. Incluso en Israel, los judíos sefaradíes y afrodescendientes son discriminados por los Azkhenazis (judíos de ascendencia alemana y Europa del este, en su mayoría blancos). Hoy en día el sionismo es apoyado por fascistas de la derecha más rancia como Bolsonaro y Trump, supremacistas blancos y cristianos oscurantistas. Este proyecto de ley que voto el FIT-U es defendido por los antisemitas actuales, que son los nuevos fascistas y sionistas. Repudiamos el voto de los usurpadores del Partido Obrero, organización que siempre luchó por la emancipación del movimiento obrero, contra el antisemitismo y contra el sionismo. Ahora, por su política parlamentaria y centrista, se ven ante un peligroso viraje a la derecha. Por lo antedicho llamamos a los trabajadores y militantes revolucionarios a pronunciarse contra esta votación y por la derogación de la ley. LEER MÁS Una votación ignominiosa en la Legislatura porteña, impulsada por el gobierno nacional

27 de junio de 2020
La criminalidad policial en Tucumán

El pasado miércoles 24 la brutalidad policial se cobró la vida de Walter Nadal. En horas del mediodía, Walter era perseguido por la policía bajo sospecha de haber cometido un robo. Testigos que filmaron el momento de su detención muestran que fue derribado y asfixiado por dos agentes, pese a que les gritaba que le faltaba el aire. La autopsia realizada en el hospital Padilla, desmintiendo la versión policial de que Nadal había fallecido por un paro cardíaco, determinó que había muerto por asfixia. Las organizaciones políticas y de derechos humanos, y los propios medios de comunicación, advierten la similitud con el crimen policial de George Floyd en Estados Unidos. El ministro de Seguridad Claudio Maley lo confirmó, de algún modo, al decir que la intervención policial fue correcta y oportuna ya siguió “técnicas de reducción internacionales estándar” (La Gaceta, 27/06). Esta nueva víctima de la policía provincial se produce a un poco más de un mes de la desaparición forzada y asesinato de Luis Espinoza y de las repercusiones de gravísimas denuncias sobre atropellos represivos y hechos de corrupción de esta fuerza represiva. Como ocurre con el crimen de Espinoza, el gobierno y el ministerio de Seguridad han desplegado un cordón sanitario para salvaguardar el aparato de “seguridad” de la provincia. El argumento de Manzur es que siempre puede haber alguna “manzana podrida”. De ese modo, los operadores oficiales están procurando que la investigación por el caso Espinoza se remita a los policías que tuvieron participación en el crimen, cuando lo que se ha puesto al descubierto en este hecho es parte de un entramado de negocios con las carreras cuadreras en la que están involucrados los delegados comunales y otros políticos del oficialismo. Ahora, desde el gobierno y la jefatura del Ministerio de Seguridad se ha desatado toda una campaña para ganar a la opinión pública a favor del accionar policial que se cobró la vida de Nadal, presentado como ladrón y adicto, cuando el “correcto accionar policial” es desmentido por las cámaras de seguridad de la zona. El caso Nadal se suma a las decenas de casos de gatillo fácil y a los centenares de casos delictivos de todo tipo, donde la policía aparece asociada cuando no, directamente, en la organizadora de esos hechos. Como lo ha demostrado la experiencia, para que este nuevo crimen no quede impune, es necesaria la movilización popular, como quedó demostrado en los casos de Paulina Lebbos, Marita Verón, Ismael Lucena, entre otros. Pongamos en pie una coordinadora de familiares víctimas de gatillo fácil e impunidad, organizaciones de derechos humanos, sindicales, sociales y políticas para la lucha por justicia y por el desmantelamiento del aparato represivo. Justicia por Walter y todos los casos de gatillo fácil. Exigimos la renuncia de Maley y toda la cúpula policial.

27 de junio de 2020
Covid-19 en Acindar La Matanza

Dos compañeros de la planta de Acindar de La Tablada han dado positivo de coronavirus. Uno de ellos forma parte del plantel de una empresa contratista, Purita. El otro se desempeña en el sector de mantenimiento y, por sus funciones, tiene gran cantidad de contactos con el resto de los trabajadores de la planta. Una vez confirmados los casos, la Comisión Interna realizó las denuncias correspondientes al gremio, al Municipio e impulsó asambleas por sector. Luego de un debate con el conjunto de los trabajadores, se votó que correspondía aislar y sanitizar toda la fábrica. La patronal respondió a este pedido con la “propuesta” de desinfectar sólo algunos sectores. Pretendía seguir produciendo con una dotación mínima de trabajadores. Los compañeros rechazaron de plano esta medida y, en el transcurso de la tarde, la patronal informó que procedía a acceder a sus reclamos. Liberó de sus tareas a los compañeros, y cerró la planta para proceder a una desinfección general que culminará el lunes 29. Pocos días atrás, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza -que había habilitado a otras 53 empresas a producir- recibió al CEO de ACINDAR, Marcelo Marino, y al gerente de Relaciones Institucionales, Facundo Velasco. Allí acordaron ampliar al 47% del total la cantidad de personal habilitado para trabajar en la planta, de los casi 400 compañeros que desempeñan tareas. Acindar se había comprometido, declaración jurada mediante, a aplicar los protocolos sanitarios nacionales y al estricto cumplimiento del no uso de transporte público de todo su personal. Pero esto fue violentamente incumplido. La patronal se niega a colocar charters a los trabajadores tercerizados, no ha quitado los molinetes de la entrada del personal, que son un gran foco de contagio, ni ha realizado las modificaciones necesarias en los vestuarios, entre otros puntos que reclaman los trabajadores. El Grupo ArcelorMittal, como el conjunto de las patronales del país, pretende aplicar protocolos sin afectar un centavo de sus ganancias. La CI y el cuerpo de delegados ha expresado en un reciente comunicado gremial: “no esperemos que la empresa nos cuide, esto queda en nuestras manos, siendo conscientes y siguiendo organizados para pelear todos unidos esta lucha contra esta pandemia, en defensa de nuestras vidas y nuestra salud”. La lucha que brinda la clase obrera por imponer protocolos obreros, en las vísperas de un posible colapso sanitario, es, como nunca antes, de vida o muerte. LEER MÁS Los cien días de la cuarentena

27 de junio de 2020
A 18 años de la masacre de Avellaneda

Desde las 10 de la mañana nos juntamos en la estación “Darío y Maxi” de Avellaneda las organizaciones MTR histórico, el MIJD, la Tendencia del Polo Obrero, la Tendencia Guevarista, Razón y Revolución y el Partido Obrero (Tendencia) de zona sur. Ahí nos reunimos con las otras organizaciones, del Frente de Lucha, y familiares de Darío y Maxi, como Vanina Kosteki. El llamado a una convocatoria unificada que habíamos realizado el Polo (T), el MTR, el MIJD y otras organizaciones fue desoído por el “frente de lucha”. Estos fueron los últimos en definir una convocatoria. Lo expresó con claridad Leo Santillán, cuando reconoció, en su intervención en el segundo acto, que “llegamos tarde con la convocatoria”. Ya reunidos en Avellaneda, planteamos a todas las organizaciones subir en forma unificada al puente Pueyrredón y hacer un acto conjunto, donde se leyeran los documentos de ambos agrupamientos. Si hubo dos documentos fue porque no todos tuvimos la oportunidad de debatir uno solo, unificado. Tampoco podíamos suscribir el del “frente de lucha”, ya que carecía de una perspectiva para el movimiento de desocupado y la continuidad a la acción común del día 11 de junio. Desde nuestro punto de vista, hubiera significado la realización de asambleas, congreso de las organizaciones sociales y barriales para discutir no solo un programa reivindicativo sino un debate de la situación de hambre y miseria social, sanitaria y económica al que nos somete el gobierno de Alberto Fernández. Como no hubo acuerdo, hicimos nuestro propio acto, en el que hablaron compañeros de cada organización y cerró Vanina Kosteki, con un impresionante reclamo de justicia y denuncia contra los responsables políticos impunes que hoy forman parte del gobierno -Felipe Solá, Eduardo Duhalde, Aníbal Fernández. Los compromisos de pago de la deuda con bonistas y el FMI traerán más ajustes. Más temprano que tarde, se impondrá la necesidad de realizar acciones en común y el movimiento de desocupados deberá plantearse la coordinación, mediante asambleas y congresos, no solamente para discutir cómo conseguimos alimentos y trabajo genuino sino también para intervenir políticamente. El gobierno está firmando un pago de deuda que va a significar más hambre y miseria, luego de salir al rescate de las empresas, retaceando los recursos para salud y asistencia social. Debemos discutir cómo el movimiento desocupados se une a la clase obrera que está luchando por los protocolos, que discute el salario y que está peleando contra los despidos. Unificar la lucha en torno a un programa contra el pago de la deuda, aumento de salarios y jubilaciones, medidas sanitarias para hacer frente a la pandemia y preservar la vida de los trabajadores. Llamamos a sacar las conclusiones del acto de este 26 de junio.

27 de junio de 2020
Nuevos casos de COVID-19 en Expreso Villa Galicia (líneas 263 y 266)

Los casos de coronavirus en el transporte de la zona sur del conurbano siguen creciendo. Expreso Villa Galicia picó en punta con ocho casos confirmados desde el inicio de la pandemia. Esta última semana se confirmó el nuevo caso de un inspector que cumple servicio en la terminal de Banfield y cuyo hermano falleció de COVID-19 recientemente. Dos choferes también dieron positivo, uno de ellos responsable por la desinfección de las unidades. Cuando se conocieron los primeros casos, en el mes de abril, la repercusión mediática presionó para que la empresa tomara medidas de desinfección y prevención que hasta ese momento no había tomado. Ahora que las cámaras de televisión no andan rondando por la empresa, la patronal aflojó los controles sanitarios y los resultados están a la vista. Recién el 25 de junio, cuando ya llevamos cien días de cuarentena, la UTA publicó en su sitio web un protocolo en caso de sospecha de coronavirus. Sin embargo, en los lugares de trabajo, el sindicato brilla por su ausencia. En particular, el sindicato no se ha expresado en ningún sentido con respecto a Expreso Villa Galicia, donde se contabiliza el mayor número de casos positivos del transporte automotor urbano. Los trabajadores de EVG reclamaron a la patronal el testeo masivo de todos los trabajadores cuando ocurrieron los primeros casos, pero ante la negativa de la patronal, la UTA no tomó ninguna acción concreta. Situación salarial de los choferes Además de la exposición al virus, los choferes sufren la merma de sus ingresos. En el caso de EVG, debido al recorte de horas extra, los trabajadores perciben entre $7 mil y $10 mil menos que antes de la pandemia. En Empresa Andrade, que une Remedios de Escalada con Don Orione, los choferes están percibiendo el salario en “cuotas” de $4 mil, las horas extra no están siendo abonadas y hay una treintena de compañeros suspendidos. En el interior de la provincia de Buenos Aires, los choferes van al paro en reclamo de sus salarios en Mar del Plata (interurbanos) y Tandil. En el interior del país, continúan en conflicto Córdoba, Tucumán y San Luis. La situación varía de empresa en empresa, pero el resultado siempre es el mismo: recorte de salarios. La UTA evita nacionalizar el conflicto y su política responde a intereses de fracciones alineadas con diferentes grupos capitalistas. Frente a esta situación se hace necesario discutir la puesta en pie de un Congreso de Trabajadores del Transporte, con delegados electos por la base, para discutir un programa de defensa de todos los puestos de trabajo, el salario y la salud. LEER MÁS Los cien días de la cuarentena

27 de junio de 2020
Covid19 en Formosa: crisis e impericia

El virus COVID-19 ha pegado un salto en la provincia de Formosa, con 73 casos registrados. Las medidas de contención han fracasado y la circulación comunitaria del virus parece haberse iniciado. El gobierno de Gildo Insfrán actúa con gran impericia, generando angustia e incertidumbre en la población. La llegada del COVID-19 a Formosa, tardía, puso rápidamente al descubierto la fragilidad sanitaria de la provincia y las limitaciones del gobierno para lidiar con la situación. El gobierno creó el Consejo de Atención de la Emergencia COVID-19, que debutó con el licenciamiento del ministro de Desarrollo Humano José Luis Décima (so pretexto de un problema de salud). Sin embargo, el “licenciamiento” habría sido una medida preventiva desde el gobierno provincial porque Décima sería responsable de negociados con el deteriorado presupuesto destinado a la salud que harían sonrojar al mismísimo Insfrán. Entre otras cosas, este consejo es el que informa diariamente a través de sus conferencias de prensa describiendo monocromáticamente acciones referidas a contagios, a números de infractores de la cuarentena, etc. Pero guarda en secreto la información sobre la capacidad real del sistema público de salud, ya que no se cuenta con información referida a cantidad de médicos, enfermeros, auxiliares, insumos e indumentarias ni, mucho menos, respiradores. A juzgar por el nivel y la velocidad de contagio, la capacidad del sistema de salud de la provincia resultaría insuficientes. La mayoría de los contagios comenzó en los Centros de Alojamiento Preventivo donde se alojan las personas que llegan a la provincia y deben realizar un aislamiento de 14 días. El ministro González le ha sacado el cuerpo a la situación encubriéndose en “la velocidad de circulación viral”, transfiriendo la responsabilidad a la población por “descuidar las medidas preventivas individuales”. Sin embargo, el mismo ministro encabezó una rebelión contra el dictamen judicial que indicaba que estos Centros no se ajustaban a las normas establecidas por la Organización Mundial de la Salud en sus aspectos más elementales, como ser la realización de hisopados a la totalidad de los ingresantes y cantidad de personas por habitación. Si bien el COVID-19 es el centro de atención y preocupación, la constante suba de precios en alimentos básicos, tarifazos en luz y agua, en la provincia donde se registran los salarios más bajos del país, agudizan las carencias de los hogares de los trabajadores formoseños. Los 164 mil beneficiarios de la IFE, ayuda que tendrá el destino de una gota en el mar, son una muestra de la frágil situación social de los trabajadores de Formosa. El aumento del 15% para los estatales, con el supuesto compromiso de revisión en junio, es una verdadera vergüenza, avalada por las burocracias sindicales oficialistas y también “opositoras”. Por todo esto es que los trabajadores debemos abrir la deliberación y actuar en cada hospital, cada dependencia estatal y cada asamblea de barrio. Desde la Tendencia del Partido Obrero planteamos como perspectiva un congreso provincial de delegados electos en asambleas, que reúna al conjunto de los trabajadores estatales y de la salud en particular junto a los desocupados. LEER MÁS Los cien días de la cuarentena

27 de junio de 2020
La media sanción a la ley de teletrabajo

La Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a un proyecto de ley para regular el teletrabajo, surgido del consenso de 20 anteproyectos. Los medios reflejan disconformidad de industrias y ‘pymes’, que denuncian un proyecto de apuro. Añaden, que “sin regulación algunas industrias teletrabajan hace años con conflicto cero”. Infaltable, aseguran que amenaza al empleo si se introducen regulaciones. Por otro lado, los impulsores del proyecto reclaman establecer “un piso mínimo de derechos”. ¿Cuál es la verdad? Lo cierto es que este proyecto no protegerá a ningún trabajador a distancia. Como bien advierten las patronales, no contratarán a ningún trabajador en estas condiciones, incluso a pesar de los grandes márgenes de discrecionalidad que habilita el proyecto de ley que ahora será tratado en el Senado. Como ocurre actualmente en el 90% de los casos, continuará sometiendo a los trabajadores a las condiciones de empleo precario, vía contrato de locación o monotributo, o directamente en negro. Varios medios han caracterizado el proyecto como un triunfo de “los sindicatos”, cuando lo cierto es que la burocracia sindical no ha representado ningún obstáculo para que se incremente y flexibilice la explotación laboral en todas sus formas. Sencillamente, las negociaciones con la burocracia, siempre ordenadas a la plena potestad patronal de organizar el lugar de trabajo, son garantía de que no se cumplirá ningún “piso de mínimo de derechos”. El 40% de trabajo en negro, la enorme cantidad de monotributistas, fuera de convenio, tercerizados y la precarización creciente de los convenios son la prueba viva del rol de la burocracia que dirige los sindicatos. “Regulaciones” El proyecto en cuestión define que el teletrabajo como “voluntario”, pero deja abiertos “casos de fuerza mayor”, sin especificar de que naturaleza, en que puede ser impuesto por el patrón. El principio de “reversibilidad”, que permitiría a un trabajador revocar su consentimiento voluntario, en cuyo caso el empleador debería “otorgarle tareas en su antigua oficina o la más cercana a su domicilio”, se reduce a la posibilidad “de satisfacción de tal deber” por la patronal, que sencillamente puede negarse argumentado que no tiene lugar disponible. La compensación por los “mayores gastos en conectividad y/o servicios”, serán fijados en paritarias, donde las patronales buscarán neutralizarlo, como ya hacen con el salario, e incluso compensarlo con el no pago de los “viáticos”, ya que el trabajador no se desplaza. Por supuesto, está ausente la compensación por el espacio utilizado y el pago de parte del alquiler del trabajador, recientemente reconocida en Suiza. El estipulado “derecho a la desconexión digital” es un eufemismo patronal que oculta el poder de coerción sobre el trabajador. Precisamente, en otro artículo se establece que “el empleador deberá impedir la conexión del trabajador fuera de la jornada laboral”, pero no se establecen sanciones ante el incumplimiento. Luego, en las negociaciones colectivas, se acordarán artilugios como las “guardias pasivas” o la “disponibilidad”, compensadas por algún misérrimo plus, para habilitar el trabajo fuera del horario. O directamente, la extensión de la jornada. Además, por último, pero no menos importante, se permite el trabajo por objetivos, es decir, a destajo. La burocracia, a la que se le atribuye haber logrado que los teletrabajadores estén protegidos por los convenios colectivos de la industria correspondiente, ha ratificado el monopolio de su representación sindical, que habilita la recaudación de las cuotas convencionales, y conservar el poder de negociación (toma y daca). En este sentido, la regulación es una estafa. La disputa por las condiciones del teletrabajo, y especialmente por sobre la jornada, no se ve más protegido por este proyecto, ni mucho por las archiconocidas negociaciones convencionales de la burocracia. Quedará abierta, y planteará a su turno la intervención de Comisiones Internas, delegados, activistas y la masa de trabajadores. Los debates e iniciativas para garantizar la plena vigencia de los derechos sindicales, y contra los abusos patronales surgirá en el terreno de la organización que los trabajadores tengan el ingenio de crear en estas nuevas condiciones. LEER MÁS Los cien días de la cuarentena

27 de junio de 2020
Covid-19 en Danone Longchamps

Casi en el mismo momento en que se anunciaba el ingreso a una cuarentena "restrictiva", se conocía la noticia de que un trabajador del sector foguista (servicios auxiliares), en Danone Longchamps, había dado positivo por Covid-19. Si bien el trabajador fue aislado al conocerse el resultado, sus compañeros de sector, quienes todavía no fueron hisopados, pasaron horas de total incertidumbre. Recién al final del día apareció un comunicado de la patronal, en la que confirma el caso, pero a la vez anuncia que, “una vez desinfectada el área de manera exitosa", se seguirá trabajando como de costumbre. Hoy nos encontramos con el primer caso confirmado, pero varios indicios fueron advirtiendo que esto podía ocurrir. Hace unas semanas, un trabajador de otro sector se enteraba que un familiar suyo muy cercano estaba contagiado. Este compañero le solicitó a la patronal que active el protocolo, pero la gerencia de Recursos Humanos lo obligó a reintegrarse a su puesto. Luego de librar toda una batalla y enfrentar la persecución de la empresa -amenaza de despido incluida-, logró que le reconozcan el aislamiento hasta conocerse el resultado de su análisis. Días después, otro caso sospechoso, el de un trabajador que se trasladaba en las combis puestas por la patronal. Tampoco en esta oportunidad la patronal activó ningún protocolo. Lo único concreto que realizó la patronal es una persecución constante, utilizando a recursos humanos y a los médicos pro patronales para este objetivo. El sector lácteo, como toda la industria alimenticia, jamás dejó de producir durante la pandemia por ser considerado un servicio esencial. En el caso de Danone, durante las dos primeras semanas funcionó al 50 por ciento, con rotación de personal. Al mismo tiempo, el gobierno de Fernández le otorgaba el subsidio por el cual el Estado se hacía cargo de la mitad del salario de los trabajadores. Pero al conocer que esto duraría solo un mes, la patronal tomó la determinación de llamar a la totalidad de los trabajadores a sus puestos, exceptuando al grupo de riesgo. Por otro lado, y a pesar de que existe una cautelar en la justicia, la patronal borró de un plumazo todo un régimen laboral, afectando el salario. Con una planta abarrotada, con protocolos inentendibles para el comedor y con sectores que cumplen jornadas de más de 12 horas de trabajo (ya que el grupo de riesgo fue licenciado, pero la producción es la misma), era solo cuestión de tiempo el contagio dentro de la planta. La impunidad grosera de esta patronal multimillonaria se apoya en la complicidad de la burocracia sindical de Atilra. Su secretario general, Héctor Ponce, parece no haberse enterado de lo que está ocurriendo en una de las principales lácteas del país. Su atención se ha focalizado en gestionar un rescate de Sancor “a lo Vicentin", ahora que la cooperativa se encuentra totalmente desguazada, y los pocos trabajadores que quedan cobran migajas. En el caso de Danone Longchamps, hay una comisión interna dividida y quebrada. Pero ninguna de las partes está discutiendo lo que importa en este momento, que no es otra cosa que la salud y la vida de los trabajadores. Es urgente que los trabajadores deliberen y actúen. El ejemplo más claro se encuentra en el gremio del neumático, donde los trabajadores impusieron, por medio de la lucha, su propio protocolo. Que las patronales desprecien la salud de los obreros no es ninguna noticia. Pero en este momento está en juego la vida de las familias trabajadoras. Y por esta razón no se puede colocar en manos de estos negreros los protocolos de salubridad e higiene. Esto es algo que deben deliberar los propios trabajadores de toda la industria láctea y avanzar en este camino coordinando con todos los trabajadores de la industria.

27 de junio de 2020
Ademys: impulsemos asambleas en todos los distritos

Luego del apagón y paro virtual el pasado lunes 22, una nueva asamblea convocada por Ademys reunió a alrededor de 120 docentes, que se pronunciaron contra del pago del aguinaldo en cuotas y en rechazo al protocolo de vueltas a las aulas en las condiciones de aumento exponencial de casos de COVID en la Ciudad. La asamblea resolvió la realización de una caravana hacia Jefatura de Gobierno el 30 de junio, junto a otros sectores de trabajadores -en principio, los docentes universitarios de AGD UBA- y el lanzamiento de una consulta virtual sobre próximas medidas de lucha a llevar adelante. Otras problemáticas planteadas fueron las de los trabajadores y trabajadoras de jornada extendida y área socioeducativa, quienes denunciaron sus condiciones laborales (contratados, por fuera del Estatuto) y que son presionados por el gobierno porteño a realizar trabajo “voluntario”, expuestos al contagio; los compañeros del nocturno Avellaneda denunciaron reuniones de personal con participación de supervisores que intentan amedrentar a la docencia (en el marco de la avanzada contra las escuelas nocturnas); las extensas jornadas de trabajo “virtual”, la falta de conectividad en los barrios y sobrecarga laboral de los docentes; y la situación de los y las docentes del Plan FiNes, quienes se encuentran hace meses sin percibir su salario. Impulsemos asambleas distritales Tribuna Docente (Tendencia) señaló la importancia de impulsar las asambleas distritales para involucrar al conjunto de la docencia en estas luchas y la elaboración de protocolos de regreso a las aulas sobre la base de una discusión del conjunto, involucrando a toda la docencia de la Ciudad, al igual que el debate sobre las medidas de lucha en torno al pago del aguinaldo, cómo nos organizamos en los barrios en los cuales nuestras escuelas están insertas, cómo profundizamos el vínculo con las familias de nuestras comunidades educativas y exigimos la necesaria infraestructura escolar. Las asambleas por distrito son una canal para congregar a docentes de cada rincón de la Ciudad. También señalamos la importancia de coordinar con el sector de la salud y las familias de los barrios de cada distrito escolar. Está en juego la defensa de nuestra salud y, por ende, nuestra vida y la de las familias de nuestra comunidad educativa. ¡Vamos por las asambleas en todos los distritos de la Ciudad!

27 de junio de 2020
A 51 años de la rebelión de Stonewall
Florencia P · Matías S · Rai D · Nicolás Morel

El 28 de junio se cumplen 51 años de la rebelión de Stonewall, cuando la resistencia a una de las razzias policiales habituales en dicho bar frecuentado por los sectores más marginados de la comunidad LGBTI+ derivó en una batalla campal y grandes movilizaciones. La rebelión de Stonewall fue encabezada por trans y travestis qué más tenían que ver con la clase obrera desocupada que con el mundo de las fiestas y lujos de la pequeñoburguesia neoyorquina. Este sector sufría sistemáticamente la imposibilidad de acceso a un trabajo, empujado a la prostitución o la delincuencia como únicas formas de acceso al pan. Ya en ese entonces, los partidos del régimen sancionaban leyes y orientaban la represión a cualquier persona que “vistiera más de tres prendas del sexo opuesto”, esta última siendo una práctica que sigue vigente al día de hoy en algunas provincias de nuestro país bajo el nombre de "código de falta" o "contravencionales". Este acontecimiento no fue un hecho aislado: se inscribió dentro de un proceso de ascenso revolucionario a nivel mundial, a finales de los años 60, en el que se inscriben el Mayo francés, el Cordobazo, las movilizaciones contra la guerra imperialista en Vietnam y los levantamientos contra la burocracia estalinista en Europa del Este. El proceso abierto a partir de aquella noche del 28 de junio de 1969 se dirigió contra el Estado, garante de la represión a las disidencias sexuales y de género, y de la explotación en general. Esto fue tomado en cuenta, con sus matices y limitaciones, por varias de las organizaciones surgidas a la luz de los sucesos de Stonewall. Si bien ha pasado más de medio siglo, el lugar que ocupa el colectivo travesti-trans y sus condiciones materiales no han cambiado sustancialmente. Más aún, en el contexto actual de pandemia su situación solo se agravó. El ejercicio de la prostitución en condiciones que ponen en riesgo la vida sigue siendo una de las únicas fuentes de ingreso posible. El Ministerio de Desarrollo Social creó hace poco el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, en el cual se incluía la categoría de “trabajadorxs sexuales”, que a las horas fue quitado. El Estado, en lugar de asegurar un cupo laboral travesti-trans para posibilitar su integración al mercado laboral, apunta a reconocer la prostitución como un trabajo. En este contexto, la lucha por la inclusión laboral y el cupo laboral travesti-trans adquiere una importancia todavía mayor. Las posibilidades de acceder al trabajo calificado son también cercenadas por las dificultades para acceder a la educación. La expulsión de sus hogares a temprana edad deja, en muchos casos, a las personas del colectivo imposibilitadas de continuar sus estudios, y en el caso particular del colectivo travesti-trans, las pocas instituciones que les permiten completarlos ofreciendo a su vez contención y respeto hacia sus identidades, se encuentran con serias dificultades para seguir funcionando en el contexto actual debido a la falta de presupuesto y la negación de las autoridades a hacerse cargo (es el caso del bachillerato Mocha Celis). Cincuenta años después de Stonewall, la burguesía y los partidos del régimen pretenden decretar una supuesta igualdad "legal" que choca de manera brutal con la realidad. Los gobiernos de los Trump, Bolsonaro y Piñera, que reúnen el apoyo de sectas religiosas y bandas fascistas para disciplinar a la clase obrera, tienen como uno de sus blancos principales a la comunidad LGBTI+. En su intento de abortar cualquier proceso de organización de la clase obrera buscan destruir todo aquello que represente una "amenaza" para la familia tradicional. En vísperas de cumplirse un nuevo aniversario, el acceso gratuito a la salud, la educación y al trabajo genuino siguen formando parte de los reclamos de la comunidad LGTBI+. Problemáticas que se ven aumentadas con la crisis y la pandemia en curso. Como parte de la agrupación 1969, en el Partido Obrero Tendencia, consideramos que estos derechos básicos serán conquistados a través de la organización y unión de las luchas, que nos permita lograr la reglamentación efectiva del cupo laboral travesti-trans, el acceso de la salud gratuita y de calidad, la separación de la Iglesia y el Estado y la ESI laica y científica, mediante un programa de la clase obrera.

27 de junio de 2020
Provincia de Buenos Aires: camino a una rebelión educativa
UJS IPBA

La crisis abierta con el Covid-19 en los lugares de estudio agudizó el derrumbe de la educación pública. La deserción estudiantil (fuerte en los primeros años en los terciarios y los CBC de las universidades) producto de la falta de recursos para atravesar las clases virtuales, es la regla. Es el resultado de la crisis económica que atraviesa a la Argentina con anterioridad a la aparición del Coronavirus, que viene golpeando sin tregua a las familias trabajadoras y que coloca a la virtualidad como instrumento de profundización de las diferencias sociales. La situación empeora con los despidos y suspensiones, el precario y tardío IFE y la eliminación de la asistencia alimentaria a comedores y merenderos. El fracaso de la “continuidad pedagógica” es total. La casi inexistencia de entrega de becas, computadoras o acceso a Internet por parte del Estado coloca a los gobiernos nacionales, provinciales y municipales como los principales garantes del vaciamiento educativo. Este 2020 no solo carece de presupuesto educativo nacional, sino que la pandemia ha sido la excusa perfecta de los gobiernos para embestir contra la comunidad educativa. Como botón de muestra, basta observar el caso de la Escuela de Arte de San Antonio de Areco, desmantelada por el gobierno municipal con la excusa de ser utilizada para alojar enfermos de Covid. La tendencia al cierre y privatización de los terciarios en la provincia es de larga data. Un gran porcentaje de ellos no cuenta con edificio propio, lo que vulnera su continuidad cada vez que se vencen los contratos de alquiler. Esta tendencia se fortalecerá con la pandemia, pues el Estado tendrá como pretexto una importante baja en las matrículas, causada por la deserción estudiantil que él mismo viene generando. Una de las últimas resoluciones emitidas por el gobierno provincial, insta a los institutos terciarios a eliminar la promoción de materias, algo que ha despertado un revuelo entre estudiantes y docentes. La obligatoriedad de rendir una cantidad inmensa de finales será motivo de abandono de materias, sino de carreras completas, por cientos de estudiantes aplastados por la virtualidad. Un paso más allá fueron las autoridades del ISFDyT N°28, de la localidad de 25 de Mayo , quienes intentaron imponer las mesas postergadas de marzo con un fin de semana de anticipación a la primera de ellas. Párrafo aparte merece la situación docente. No solo los salarios no se han actualizado por la eliminación de la cláusula gatillo, sino que la carga horaria se ha incrementado de manera insoportable. La ausencia de un plan de capacitaciones que den las herramientas necesarias a los docentes para el uso de plataformas y programas informáticos ha convertido a las clases virtuales en un traumático berenjenal. Mientras el gobierno de Axel Kicillof desembolsó sin patalear U$S 277 millones para el pago del bono BP21, la educación en la provincia, con o sin pandemia, se cae a pedazos. Crece la organización Estos ataques no han pasado sin reacciones. Por el contrario, existe la iniciativa, en desarrollo, a la organización. Tanto en la localidad de Azul como en Pergamino, diferentes institutos unen sus reclamos conformando Coordinadoras. Se han puesto en marcha Plenarios Educativos donde docentes y estudiantes ponen sobre la mesa las problemáticas que hoy enfrenta la educación pública y debaten una salida propia e independiente. Desde la Tendencia de la Unión de Juventudes por el Socialismo llamamos a reforzar esta dirección. Es urgente la conformación de centros de estudiantes o cuerpos de delegados donde no los haya, que se pongan a la cabeza de organizar las luchas junto a los sindicatos docentes. De extenderse la pandemia, deben abrirse espacios de debate para discutir junto a docentes y trabajadores de la educación la manera de continuar y organizar el vínculo académico. Es necesario resolver el problema de las evaluaciones y cómo calificar a los estudiantes que no puedan asistir de manera presencial. También rechazar la eliminación de las promociones. Organicemos asambleas en todos los lugares de estudio. Por la defensa del salario docente, la capacitación integral a cargo del Estado y la defensa de todos los derechos laborales y educativos. Por un plan de incorporación masiva a la docencia donde se establezca un cupo máximo de estudiantes por comisión. El Estado debe afrontar los costos necesarios para el acceso de estudiantes y docentes a los elementos tecnológicos y la capacitación necesarios. Por la liberación inmediata del depósito sin uso de las Conectar Igualdad y una inmediata ampliación del programa. Por la liberación de datos para quienes no cuenten con servicio de Internet. Por un plan de becas provinciales y municipales. Reapertura y ampliación del PROGRESAR. No al pago de la deuda externa. LEER MÁS Los cien días de la cuarentena

28 de junio de 2020
La extranjerización de la industria de la alimentación

En un artículo del compañero Altamira sobre la discusión alrededor de la “seguridad alimentaria” se aborda un tema esencial: la dependencia cada vez mayor del agro argentino de la biotecnología extranjera. Es cierto que Argentina produce alimentos para 10 veces su población, pero esa producción creciente de materias primas y alimentos depende fuertemente de la industria química y de biotecnología propiedad de capitales extranjeros. Altamira afirma que “El país que entró con mayor decisión en la internacionalización de la producción de alimentos fue Argentina, bajo el gobierno de Menem (Duhalde y Kirchner), al punto de reconocer el índice más alto de incorporación (90%) de semilla transgénica (…) Bajo los doce años del kirchnerismo, el avance de la química en el agro no cesó en ningún momento”. A la luz de esta reflexión, queda claro que el aumento sostenido de la producción agraria a lo largo de las últimas décadas está determinado por la creciente utilización de productos químicos que no son producidos por capitales nacionales y tampoco en el país. La “seguridad” en este punto se diluye porque la producción de esos químicos y semillas transgénicas se definen en el terreno del mercado mundial. No obstante, lo señalado arriba hay un aspecto de la (in)seguridad alimentaria que no es abordado por Altamira. Se trata de una cuestión que, desde mi punto de vista, es central: la extranjerización creciente de la industria, en general, y de la industria de la alimentación, en particular. Marx enseñaba que el desarrollo del capitalismo y sus crisis conducen al monopolio de ramas económicas estratégicas. El proceso de centralización y concentración de capitales es inexorable y luego de cada crisis quedan cada vez menos y más potentes empresas que gestionan inmensas fuerzas productivas. Toda esta dinámica está regida por la ley general de acumulación de capital y por la ley del valor (El Capital, Sección VII). En Argentina, este proceso se ha constatado plenamente en la industria en general y en la industria de la alimentación en particular (ver, entre otras obras, “El nuevo poder económico en la Argentina”, Azpiazu-Basualdo-Khavise). La concentración, centralización y extranjerización de la industria de la alimentación Desde los años 70´del siglo pasado al presente la gran industria capitalista de la alimentación no para de concentrarse, centralizarse y extranjerizarse. Esta tendencia se agudizó durante el menemato y la convertibilidad. Empresas emblemáticas de la industria alimenticia nacional han desaparecido y/o han sido absorbidas por sus competidores: Sasetru, Terrabusi, Sacan, Águila, Bagley, Swift Armour, Cepa, Calcar, Fargo y un largo etcétera. En un trabajo de Schorr y Manzanelli, sobre la extranjerización en la gran industria capitalista posconvertibilidad, constatamos que grandes empresas alimenticias de capital nacional fueron absorbidas por capitales extranjeros (ver Revista “Problemas del Desarrollo Económico”, volumen 43). Lo interesante del caso es que esta tendencia hacia la extranjerización de empresas insignias de la “burguesía nacional” siguen cayendo en manos del capital internacional. Un caso paradigmático es el de Quilmes que fue absorbido por capital belga-brasilero. Otros ejemplos actuales, del proceso de centralización de capital y extranjerización, lo constituyen la quiebra de la láctea Sancor y el proceso se absorción de La Serenísima por Danone. En conclusión, la creciente extranjerización de la gran industria capitalista alimenticia, como así también, del complejo oleaginoso y de las acopiadoras de granos, ponen la discusión sobre la “soberanía alimentaria” en su verdadero lugar: una cortina de humo, porque la formación de un mercado mundial que integra a las diversas economías nacionales imposibilita cualquier pretensión de “soberanía” en cualquier rama económica.

28 de junio de 2020
Carta abierta a mis camaradas de la izquierda argentina
Yoav Haifawi

Mis queridos camaradas en la izquierda argentina, Mientras que la gente de todo el mundo lucha hoy por luchar contra la herencia del colonialismo, la esclavitud y la supremacía blanca que está profundamente arraigada en las sociedades e instituciones capitalistas occidentales, nuestro pueblo en Palestina sigue enfrentando las formas más crueles de colonización activa, con toda su brutalidad y descaradas injusticias. Estamos acostumbrados a la movilización de todas las fuerzas imperialistas para apoyar a Israel, militar, económica y políticamente, en su constante impulso por privar a todos los palestinos de los derechos humanos más básicos. Para gente como Trump y Bolsonaro, su apoyo a Israel es una extensión natural de sus políticas racistas y antidemocráticas en todas partes. Pero naturalmente esperamos que aquellos que luchan contra el racismo y por la justicia social en sus propios países se opongan al colonialismo israelí y al apartheid y apoyen la justa lucha de los palestinos para vivir como personas libres en su propio país. Por esta razón, me sorprendió el apoyo de los partidos de izquierda en la legislatura de Buenos Aires a una declaración que se supone que es contra el antisemitismo, pero de hecho le hace el juego a la campaña sionista para estigmatizar y deslegitimar las críticas de los crímenes de Israel. En la “definición”, la primera manifestación censurada de “antisemitismo” es “atacar al estado de Israel”. El texto cuidadosamente redactado sigue permitiendo “críticas de Israel similares a las que se realizan contra cualquier otro país”. Deberíamos preguntarnos: • ¿Qué otro país expulsó a la mayoría de la población nativa hace sólo 72 años, destruyó la mayoría de las aldeas y pueblos en todo el país, y evita que los refugiados regresen hasta el día de hoy? • ¿Qué otro país tiene a la mayoría de la población nativa bajo un gobierno militar directo sin derecho de autodeterminación? • ¿Qué otro país, hasta hoy, demuele casas, confisca tierras y evacúa pueblos enteros de la población nativa (en todo el país, tanto ciudadanos de Israel como bajo ocupación militar, sólo porque no tienen la religión correcta) con el fin de dar sus propiedades a colonos y construir asentamientos en su tierra para la gente de la religión del estado? • ¿Qué otro país tiene a 2 millones de personas (muchas de ellas, refugiados) en la cárcel más grande de la tierra, rodeadas de tanques y francotiradores, al borde de la inanición, con electricidad suministrada durante unas horas al día, y bombardeándolas regularmente? Lo siento, camaradas. De la “definición de antisemitismo” que adoptaron, se desprende que, si no critico a Dinamarca por hacer todas estas cosas, entonces culpar a Israel con tales acusaciones escandalosas está peligrosamente fuera de lo permitido. La misma definición sigue denunciando “negar al pueblo judío su derecho a la autodeterminación, por ejemplo, al afirmar que la existencia de un Estado de Israel es un proyecto racista”. ¿Cómo se puede llamar a un estado que se basa en la limpieza étnica sistemática, la expropiación, la opresión y la discriminación de la población nativa sobre la base de la raza y la discriminación religiosa de otra forma que no sea “racista”? ¿En qué léxico político el “derecho de autodeterminación” implica el derecho a colonizar otros países y expulsar a la población originaria? Y sí, el colonialismo, el racismo y la supremacía blanca no son “defectos” en el desarrollo del sionismo. Están en la base de la colonización sionista, como otros movimientos colonialistas de asentamiento. La diferencia es que Israel sigue en la etapa más brutal de expansionismo y expropiación, mientras que la mayor parte del resto del mundo está tratando de pasar a una etapa más civilizada en el desarrollo de la humanidad. En otra defensa hipócrita de Israel, la “definición” denuncia la existencia de un “doble rasero” y exige que Israel sea tratada como “cualquier otra nación democrática”. ¿Qué significa esto para millones de palestinos bajo ocupación israelí que no tienen derecho a hablar, protestar o votar? ¿Esperarían que el mundo tratase a Videla y a su Junta “como cualquier otro régimen democrático”? Defender los crímenes de lesa humanidad perpetrados sistemáticamente por Israel en nombre de la lucha contra el antisemitismo está haciendo un daño desastroso a la lucha contra el antisemitismo, contra el racismo en general y a la causa de la izquierda internacionalmente. No debemos olvidar la posición de la Unión Soviética y de los partidos estalinistas que apoyaron el establecimiento del estado colonialista de Israel en 1948 y suministraron gran parte de las armas que se utilizaron para masacrar y limpiar étnicamente a la población nativa palestina. Esta posición vergonzosa, que prefirió los intereses de una minoría de colonos europeos antes que los de la mayoría nativa, desacreditó la causa del socialismo en un período muy importante en la batalla estratégica por el futuro del mundo. No podemos permitirnos que se repitan este tipo de prejuicios en el siglo XXI. Me gustaría creer que simplemente no pensaron bien tu posición. Espero que tengan el coraje político y la responsabilidad de reconsiderar su posición y de pronunciarse claramente contra el sionismo, por los derechos del pueblo palestino, por el regreso de los refugiados y por un estado democrático en toda Palestina. Saludos camaradas, Yoav Haifawi 27 de junio del 2020

28 de junio de 2020
Salta: los mineros pueden conquistar la reincorporación

Hace cuatro semanas que los obreros despedidos de la empresa Mansfield mantienen un acampe en las puertas de la empresa. Exigen la reincorporación a sus puestos de trabajo, como obreros mineros de planta, luego de los despidos en el mes de marzo, por al contratista EDVSA, que los tercerizaba. Mansfield, UOCRA y el estado conspiran Para el gobernador Gustavo Sáenz, “la minería es una política de estado”. No miente. El estado provincial prepara la promulgación de la Ley de Promoción Minera y con ella, obras de infraestructura, energía y rutas que beneficiarán a las compañías para extraer miles de toneladas de mineral. Mientras tanto, las patronales mineras abaratan costos con la tercerización de obreros que desarrollan obras y actividades de mantenimiento, necesarias para la puesta en marcha de la explotación y su continuidad. Este es el caso de los 250 obreros mineros que, en marzo, fueron despedidos por EDVSA, la cual prestaba servicios en la mina Mansfield. Sus tareas eran de construcción, montaje y mantenimiento eléctrico de la mina, ubicada a 4.000 metros sobre el nivel del mar. Mansfield es una compañía canadiense que acaba de comprar el 100% de proyecto Lindero, en la cordillera salteña, para la explotación de oro, litio y plata. Contra la huelga, la Secretaría de Trabajo montó una audiencia de conciliación con las patronales y la burocracia de UOCRA, para consagrar los despidos. Los obreros se movilizaron a las puertas de la audiencia, exigieron participar con sus delegados, pero les impidieron ingresar. Sáenz y sus funcionarios desconocen a los obreros en lucha, como ocurrió con la docencia autoconvocada y los municipales de Colonia Santa Rosa, y bendice a los burócratas, que entregan a los obreros y sus reclamos. Por su parte, AOMA, el sindicato de los mineros, no denuncia los despidos, tampoco el esquema de tercerización y precarización laboral. El monotributo y la tercerización pulverizan derechos laborales fundamentales como los convenios colectivos de trabajo y el derecho a organizarse en sus sindicatos. La burocracia juega un papel clave para quebrar la capacidad de acción de la clase obrera. Sáenz y las patronales se valen de su complicidad para golpear a los trabajadores. Se desarrollaron un sinfín de reuniones con diputados y secretarios, que prometieron mediar en el conflicto en busca de una solución. Fueron una farsa para intentar desalentar los ánimos de lucha. Andres Suriani, presidente de la comisión de Minería, desnudó el carácter patronal de la cámara de diputados, al decir que “los obreros extorsionaban a la empresa” por reclamar su reincorporación en planta. La orientación del gobierno es desgastar el conflicto y dividir a los obreros en huelga. Ofrece, para el caso de que abandonen sus aspiraciones, algún contrato temporal en el futuro. Sáenz intenta preservar los beneficios de los especuladores del suelo y los grupos económicos que se enriquecieron con Romero y Urtubey a costa del empobrecimiento de los trabajadores salteños. Está dispuesto a pagar una deuda usuraria y a condonar la evasión fiscal de las patronales, que no tienen empacho en dejar a los obreros en la calle, cuando el covid-19 empieza a propagarse en Salta. Para llevar a fondo esta agenda, Sáenz tendrá que chocar más fuerte contra las masas, que cada vez soportan menos los embates del ajuste y los enfrentan. Coordinemos las luchas A pesar de las maniobras en curso, los obreros decidieron mantener el piquete y el acampe. El desarrollo del fondo de huelga es un punto de apoyo fundamental para el sostenimiento de las medidas de lucha y, sobre todo, de la ampliación del conflicto sobre otros sectores obreros. Esta experiencia ayuda a comprender que la conquista de los puestos de trabajo será el resultado de una acción organizada y cada vez más amplia de los obreros, contra el gobierno y las patronales, y no mediante las gestiones de uno u otro funcionario. El desarrollo del conflicto plantea la necesidad de una coordinación de las luchas en curso, para reforzar la batalla por la reincorporación de los obreros mineros y superar todas las formas de precariedad laboral. Junto a los remiseros y sus familias por la libertad de 7 trabajadores presos; los artistas independientes que frente a la pandemia vieron quebrados sus ingresos; los autoconvocados de salud que se rebelan contra un gobierno que no garantiza ni el personal para los hospitales; los compañeros sin techo. Se impone, como tarea, que la clase obrera actúe en común y supere, en la práctica, todas las divisiones formales que les impusieron en el pasado.

28 de junio de 2020
La jornada de lucha convocada por Conadu (H)
Diego Toscano - Secretario General de ADIUNT

Para el próximo viernes 3 de julio, CONADU Histórica ha convocado a una jornada nacional de lucha. Esta medida llega después de 100 largos días de clases virtuales, en las que se ha desarrollado una extrema precarización laboral de la docencia universitaria, que incluyó la rebaja salarial un día antes de la cuarentena, la fragmentación del aguinaldo, atropellos de diverso tipo en casi todas las universidades, para imponer una modalidad de trabajo sin garantizar las condiciones para su desarrollo, el abandono de los docentes por parte de las obras sociales y un largo etcétera. Diversas asociaciones de base venían llevando adelante luchas en sus universidades ante esta grave situación pero aisladamente, sin que la Federación hubiera tomado medidas de conjunto. La conducción de CONADU Histórica está enrolada en el Frente de Todos. Este alineamiento político se ha traducido en un impasse ante los grandes problemas de la docencia universitaria (y del país) como la discusión de la cláusula gatillo (y la postergación de la discusión salarial) y la discusión sobre condiciones laborales durante la cuarentena, a las que asistió sin una estrategia de lucha y sufrió fuertes desplantes de parte de su propio gobierno, que ha preferido viabilizar el ajuste universitario de la mano de los rectores y de la burocracia de CONADU y FEDUN. Estos desplantes forman parte de la crisis de fondo que se incuba en la coalición gobernante frente a los grandes problemas políticos, como el destino de la cuarentena, el pago de la deuda externa, la estatización de Vicentín, etc. El propio comunicado de convocatoria a la jornada señala que las medidas que viene tomando el gobierno descargan “la crisis sobre los trabajadores/as y el pueblo”. Sin embargo, la inscribe en una política de presión al gobierno para “legislar (sic) de manera urgente...un impuesto que grave a las grandes fortunas, la expropiación plena de Vicentin y la suspensión del pago de la deuda externa y su investigación” Pero el gobierno va en la dirección contraria al que plantea la conducción de la Federación y no se puede esperar nada de él, como lo alertamos desde la Secretaría General de ADIUNT en el plenario: va a un acuerdo con los bonistas en contra de los intereses nacionales, va al rescate de Vicentín y del conjunto de la gran patronal en quiebra, avanza en la precarización laboral y en el desmantelamiento de la cuarentena al servicio de las presiones empresarias, etc. Es llamativo que, en el comunicado de convocatoria de la Jornada de Lucha, no se llame a los sindicatos de las otras federaciones ni a sus bases a sumarse, a sabiendas que existen numerosos sectores combativos en sus filas. Es una concesión a la burocracia que históricamente nos ha entregado, y justo en la previa de la apertura de la discusión paritaria. Más que nunca, está planteada la necesidad de un congreso de bases de toda la docencia universitaria y la coordinación con el conjunto de las luchas que están emergiendo en este período para batallar por un salida a la crisis. También es sintomático que se haya retirado la palabra “paro” del comunicado de convocatoria a la jornada, cuando era el mandato de numerosas asociaciones de base y formaba parte de la votación (apagones,paros y actividades de difusión). Expresa una vacilación sobre la propia medida votada, que contrasta con la necesidad de una fuerte decisión de ir a la lucha por el salario y las condiciones laborales. Señalando estas limitaciones y luchando por superarlas, vamos con todo a la Jornada Nacional de Lucha del próximo 3 de Julio, con paros y apagones virtuales. Llamamos al conjunto de la docencia universitaria y al estudiantado a sumarse.

29 de junio de 2020
Petroleros: reincorporación de Néstor Vivares y Mario Baeza

El 5 de junio, en medio de una medida de fuerza por atrasos en los pagos de la petrolera OIL, de Cristóbal López, seis obreros recibieron telegramas de despido. Luego de gestiones con el sindicato petrolero y la UOCRA, fueron reincorporados los cuatro trabajadores de la construcción. La patronal dejó afuera a Néstor Vivares y Mario Baeza, ambos petroleros. Vivares es un activista de larga trayectoria. Fue parte de la dirección del sindicato petrolero en una camada de activistas que emergió de la gran huelga del petróleo contra el impuesto a las ganancias. Frente a un brutal proceso de burocratización del gremio dirigido por Claudio Vidal, Vivares y Oñate siguieron defendiendo las luchas de los petroleros. En febrero del 2014, organizaron un bloqueo de la petrolera Bacsa y fueron detenidos. El secretario general del sindicato petrolero, Vidal, con los compañeros presos les inició un desafuero argumentando que “tomaron atribuciones no fueron consensuadas por el resto de la dirigencia”. A pesar de esta brutal entregada se realizó una gran campaña nacional, logrando reunir cientos de pronunciamientos por la libertad de los compañeros, actos y movilizaciones hasta que, cinco meses después, luego de una importante marcha de delegados petroleros a la Cámara Penal, fueron liberados Para el activismo del país, su libertad fue el resultado de la movilización de las organizaciones obreras y populares. Nuevamente, redoblaremos la fuerza por su reincorporación. Néstor es un genuino representante vivo del activismo petrolero contra las patronales y contra la burocracia de Claudio Vidal.

29 de junio de 2020
Lo urgente es la defensa de la educación pública

El proyecto de Ley de Urgente Consideración que impulsó la coalición multicolor, está en las etapas finales de su “discusión” en la Cámara de Senadores. Si bien ha tenido modificaciones en áreas como el monopolio de ANCAP, en educación se registran acuerdos centrales, que ponen en práctica una verdadera reforma antieducativa, privatizadora, que centraliza (aún más) en el Poder Ejecutivo y el CODICEN de la ANEP las definiciones respecto a la política educativa y la enseñanza pública estatal. Cabe recordar que muchos de los planteos propuestos se enmarcan en acuerdos multipartidarios alcanzados en 2010 y 2012, durante el gobierno del FA, cuyos ejes de reforma iban en el mismo sentido que los planteados ahora -reforzar la injerencia del MEC, profundizar la privatización, aumentar las potestades de los Directores y fragmentar el sistema educativo en centros “autónomos”, entre otros elementos. Esto explica que no haya oposición en estos puntos en el parlamento y los partidos que lo conforman. Las implicancias de estas transformaciones tienen un carácter estructural, que flexibiliza las relaciones laborales con docentes y funcionarios, dotando a los equipos directivos de un poder de decisión en la selección y permanencia de los trabajadores en los centros educativos, dando el mismo peso en la carrera docente a la formación y al “compromiso con el proyecto de centro” (es decir, al grado de obsecuencia hacia la Dirección). Esta flexibilización se prevé para la confección y puesta en práctica de los lineamiento de la política educativa: planes y programas de estudio, evaluación, etc, ya que cada centro educativo implementaría los lineamientos que defina la Dirección. Incluso se otorgarían presupuestos distintos en función de los resultados, lo cual generaría no sólo mayor competencia, sino una profunda desigualdad: los estudiantes con mayores dificultades terminarían estudiando en instituciones con cada vez menos recursos. El ya magro presupuesto educativo se utilizaría, de esta manera, como canal para ajustar las cuentas del Estado y con ese ahorro pagar la deuda, exonerar a los capitalistas, subsidiar a los sojeros y además, presionar a los docentes para viabilizar una estafa educativa: bajar los contenidos que se enseñan, bajar los requisitos para aprobar los cursos, a cambio de tener bancos, productos de limpieza, ventanas con vidrios y algún material didáctico. La “oposición” parlamentaria Mientras se procesa este ataque en toda regla contra la educación de los hilos de los trabajadores, el FA se limita a buscar un “control de daños”, según Charles Carrera. En este sentido, estarían negociando qué artículos votar y que enmiendas proponer. Este método conduce a un callejón sin salida, supeditando la lucha para derrotar a la LUC a sus especulaciones electorales. Este proyecto de ley debe ser derrotado, no negociado. La burocracia sindical, nuevamente apuesta a la desmovilización La pandemia desatada por el virus COVID-19, colocó un freno al proceso de movilización que desee principios de marzo, comenzó a gestarse. Sin embargo, la objetiva necesidad de minimizar los contagios y respetar el “distanciamiento físico”, es utilizado como una coartada para no impulsar un verdadero movimiento de oposición a la LUC. En este sentido, la burocracia hipoteca una lucha crucial para el futuro de generaciones de estudiantes y trabajadores de la enseñanza (por mencionar tan sólo un sector de los afectados), a cambio de ir a la retranca del FA y generar ilusiones respecto a una posible recolección de firmas para una posible derogación de la ley. Una política criminal. En este sentido, la oposición a la LUC debe demostrarse en términos políticos, organizativos y militantes, no meramente en consignas o instancias de formación. Derrotar a la burocracia implica una superación de sus métodos claudicantes, no la adaptación a los mismos. Impulsar un movimiento contra la LUC y en defensa de la educación, vivienda y salario En este sentido, los militantes clasistas tenemos una tarea enorme: denunciar está nueva entrega e impulsar en el seno del movimiento obrero un plan de lucha, que unifique las reivindicaciones, anteponiendo al programa de las patronales y el gobierno, la agenda de los trabajadores. Es imperativo trascender las limitaciones impuestas por la burocracia sindical, a través de la organización en los lugares de estudio y trabajo, en los gremios y sindicatos, con el objetivo de coordinar movilizaciones, actos, concentraciones, acciones de agitación que coloquen el problema en forma masiva. La derrota de la LUC debe ser uno de los ejes de debate en el PIT-CNT, dónde un plan de lucha debe implicar una escalada de paros, iniciando con uno de 24 horas, dónde sé garantice el transporte para asistir a una movilización y acto en defensa de las condiciones de trabajo, del salario igual a la canasta, del derecho a huelga, autonomía y cogobierno en la educación pública, contra la reforma antieducativa, la represión y la privatización. Por una alternativa obrera La defensa de la educación pública está, nuevamente en manos de la clase obrera, que no puede esperar nada del FA, ni de la burocracia sindical, que buscan legitimar el gobierno de Lacalle Pou y garantizar la “gobernabilidad”. Es por esto que los trabajadores y la juventud deben forjar su propia alternativa política, con su programa y su orientación, su propio partido.

29 de junio de 2020
Vicentin y la dictadura

La empresa Vincentin, bajo el terror de la triple A y la dictadura militar de 1976-1983, fue cómplice de la represión, colaborando con la entrega de los delegados y activistas obreros de su fábrica. Vicentin no es una empresa más sino una de las más importantes de la Argentina. Desde 1929 hasta nuestros días, la empresa se convirtió en una poderosa multinacional aceitera, acumulando un gran poder político y económico en Santa Fe. La empresa dirige la política, la economía y la justicia del pueblo de Reconquista, donde pone y saca intendentes cuanto desee. Durante los años 70, la patronal jugó un tenebroso rol en la represión contra sus obreros. En 1974, durante el tercer gobierno peronista y las Tres A, la fábrica fue tomada por los trabajadores en medio de una huelga. Pasando por arriba de la burocracia sindical, los obreros de Vicentin decidieron en asamblea manifestarse por las malas condiciones laborales en que trabajaban y la injusticia de que, tras la muerte de un compañero, la empresa no reconoció el accidente laboral. Los activistas de esa gran huelga fueron detenidos y sancionados por la patronal, pero hizo que el sindicalismo combativo ganara, en 1975, la elección de la comisión interna de la fábrica. Tras el golpe militar del 24 de marzo de 1976, el horror llegaría a los obreros de Vicentin. Ya en enero del 76 hubo arrestos arbitrarios, pero tras la llegada de la dictadura de Videla, entre marzo y noviembre, 22 obreros -entre ellos, 14 delegados- fueron desaparecidos, varios de ellos secuestrados en sus horas de trabajo, adentro de la fábrica, señalados por la patronal que entregó a los genocidas aquellos obreros “molestos” para la patronal aceitera. Entre los secuestrados se encontraban Oscar “Cacho” Zarza, Aníbal Gall y Efren Venturini, quienes dirigieron la huelga en el 74. Hace apenas una semana atrás, Zarza declaró ante el fiscal federal de Reconquista por su secuestro. En declaraciones a Télam, Zarza relató que "me detuvieron en la fábrica, a poco de entrar a trabajar, y me hicieron un acta con una máquina de escribir que les dio personal de la empresa. Me llevaron a una sala y el que facilitó todo era un capataz que le decíamos 'El Sapo' Vicentin, pero no era parte de la familia que era dueña de la firma". Lo liberaron en febrero de 1976 y se reintegró a Vicentin. “Pero el 2 de noviembre de del mismo año volvió a ser secuestrado mientras volvía a su casa de trabajar en Vicentin. De acuerdo con el testimonio que brindó ante la Fiscalía en Santa Fe, ese día las fuerzas de seguridad secuestraron a 14 trabajadores que se desempeñaban como delegados sindicales en Vicentin” (minutouno.com, 28/6). Los obreros sobrevivientes fueron despedidos por la empresa. Durante 40 años, la empresa no afrontó ninguna causa judicial por su complicidad con la dictadura. El caso de Vicentín es un caso similar al de muchas patronales, como la de Ledesma, en Jujuy, y la de Mercedes Benz, activas responsables de la represión sobre el movimiento obrero. "Entre 1966 y 1983 [Vicentin] se hizo de tierras fiscales, puertos y fue beneficiada con la estatización tristemente célebre de la deuda privada en 1982. Como si fuera poco, la empresa ha sido denunciada por ex presos políticos y organizaciones de derechos humanos por facilitar la entrega, encarcelamiento y tortura de delegados y trabajadores durante el último gobierno de facto”, según el abogado Rafael Colombo (ídem anterior). La represión en Vicentín figura en los archivos de la Conadep desde los tiempos del gobierno de Alfonsín, pero ningún gobierno denunció la participación de la empresa en los crímenes de lesa humanidad. Frente a la impunidad de la pata civil de la dictadura, exigimos el juicio y castigo a los genocidas y a sus cómplices empresariales.

29 de junio de 2020
Bolsonaro y el parlamento aprueban privatización del servicio de aguas y cloacas

El Senado de Brasil aprobó el miércoles pasado un proyecto del senador oficialista Tasso Jereissati (PSDB) que da rienda suelta a los municipios para privatizar las empresas estatales de agua y saneamiento. El proyecto había recibido la media sanción de la Cámara de Diputados en diciembre del 2019. En el senado se impuso con una votación de 65 a 13. El proyecto le da la espalda a toda la experiencia mundial, ya que los Estados tuvieron que hacerse de la gestión de las empresas de saneamiento por el fracaso de las privatizaciones. Sin embargo, según Bolsonaro, su propósito es mejorar la infraestructura sanitaria a 35 millones de brasileños que carecen de agua potable y a 100 millones que carecen de sistemas cloacales, casi la mitad de la población del país, según datos del 2018 de Sistema Nacional de Informaciones sobre Saneamiento (SNIS). En momentos que la fuga de capitales alcanza niveles históricos en Brasil, esta ley prevé atraer inversiones por 700 billones de reales. El “marco legal” aprobado establece que los municipios deben elaborar planes de saneamiento básico estableciendo metas de indicadores de servicio (como ser porcentaje de cobertura del servicio sobre la población o disminución de pérdidas de agua, reutilización de aguas cloacales, etc); pone fin a las renovaciones por tiempo indeterminado de las empresas públicas con los municipios, privilegiando ahora el ingreso de consorcios público-privados para la operación de empresas de saneamiento. Con esta nueva ley, los estados y municipios no pueden contratar directamente a empresas públicas y ahora tendrán que pasar por licitaciones, favoreciendo a empresas como Nestlé y Coca-Cola, interesadas en el negocio. Con la excusa de atraer fondos privados y el argumento de que generarían un millón de nuevos empleos en los próximos 5 años, Bolsonaro y el Parlamento colocan al servicio de agua y saneamiento como un botín para las futuras operadoras público-privadas y para todo el sector de las constructoras, que se harán cargo de las obras de infraestructura de saneamiento. Si bien aún no se conocen los mecanismos de contratación, se prevé que las “inversiones” en infraestructura sean costeados por aumentos en las tarifas del servicio a los usuarios (tarifazos) o, en última instancia, mediante un subsidio de los gobiernos municipales, que será cargado en las boletas de agua y cloaca, para garantizarles las ganancias a las operadoras. El gobierno federal contaba con un fondo de 3 billones de reales, inicialmente destinados para obras de saneamiento básico, salud y educación, pero que luego fueron desviados para el “Fondo Electoral”. En el momento de que Brasil tiene el segundo mayor número de casos y muertes por covid-19 en el mundo, después de Estados Unidos, Bolsonaro y el Parlamento se unen para privatizar un servicio esencial para combatir los contagios. A principios de 2017 los trabajadores de la CEADE (Compañía Estadual de Aguas y Cloacas de Río de Janeiro) y otros sindicatos se movilizaron contra el paquete de ajuste y privatización de Temer y el gobernador de Río de Janeiro. La huelga evitó la privatización de los servicios de agua y cloacas.

29 de junio de 2020
La Plata: conflictos y movilizaciones de trabajadores de comidas rápidas
Corresponsal

Trabajadores de los locales de Mostaza, Burger King. McDonald´s y KFC se movilizaron el lunes pasado, en La Plata, al Ministerio de Trabajo de la provincia. Entre sus reclamos se encuentran el recorte de salarios, el robo de una parte del ATP por parte de las patronales y despidos en el gremio. “El recorte de salarios en medio de la pandemia es lo peor que nos podía pasar. Pasamos de trabajar un promedio de 180-200 horas a un tope de 60 horas mensuales. Del subsidio ATP que da el estado para nuestros salarios la patronal, se está quedando entre 2.000 y 6.000 pesos por salario”, denunció un trabajador de Mostaza a Política Obrera. Los trabajadores señalan que las irregularidades vienen de antes – pago en negro de una parte del salario, irregularidades en el pago de los feriados, descuentos en las licencias por embarazo, etc.). A todo esto, se suma la deuda de los bonos de 5.000 pesos de principio de año a todos los trabajadores. El sindicato de panaderos y pasteleros no tiene delgados sindicales en el local, a pesar de que todos sus trabajadores pagan la cuota sindical. El dueño de Mostaza ha trasgredido sucesivamente el convenio colectivo. Los trabajadores en lucha han comenzado los reclamos en el sindicato, el cual permanece mudo al respecto. Los atropellos en los locales de comida rápida vienen de hace tiempo, pero la pandemia ha puesto de relieve la necesidad de revertir esta cuestión. Es necesario un plan de lucha por el pago efectivo de la totalidad del salario, sin fracciones ni porcentajes en negro, que se respete el convenio colectivo de trabajo. Para impulsar la lucha, el sindicato de pasteleros debe convocar a un paro activo del gremio en toda la regional.

29 de junio de 2020
Izquierda del “7 de diciembre”: de la fase terminal al rigor mortis

La “Asamblea de la izquierda de oposición”, nacida del entusiasmo general de los organizadores y participantes [1], tuvo éxito en la difícil tarea de dar un salto de calidad en su desventura. Criticamos esta iniciativa desde el comienzo (por así decirlo, desde el comienzo del final), juzgándola como un montaje para dar un aspecto de vida a partidos en fase terminal, que no han sabido y querido reconocer las causas de su declive en los últimos años, causado por la degradación material de la clase trabajadora y la negativa a registrar el carácter catastrófico del capitalismo, que se debate en continuas crisis económicas y las consiguientes crisis de regímenes políticos en todo el mundo. Esa crisis, inevitable para el capitalismo, con la que cada izquierda que dice ser revolucionaria tiene el deber de confrontarse y fue durante esa asamblea ignorada y no mencionada, incluso de pasada – una misión improbable, pero cumplida. Como si la decadencia capitalista fuera un factor secundario y no decisivo de los escenarios políticos desarrollados en los últimos años, en los que la ex centroizquierda se ha movido cada vez más hacia la derecha (transformación de la socialdemocracia reformistas en partidos burgueses contra-reformistas), la izquierda radical, como consecuencia de su participación en los gobiernos burgueses, ha desaparecido de los parlamentos y sobre todo de los lugares de trabajo, y la dirección sindical, cediendo a las necesidades patronales, han cancelado la palabra “lucha” de su vocabulario, permitiendo la pérdida de la mayoría de las conquistas de los últimos 50 años, sin siquiera intentar oponerse. Las pequeñas izquierdas “clasistas” (sin la clase), han perdido cientos de militantes, pagando el precio de la ausencia de intervención en el proletariado y, en consecuencia, de un enfoque compulsivamente electoralista (para cubrir la ausencia de iniciativa), limitar su intervención en la clase trabajadora a la pura crítica literaria sin romper el cordón umbilical con la ex izquierda de gobierno y las burocracias sindicales. El “bloque social reaccionario que amenaza los derechos democráticos y las conquistas” en la prueba de la crisis En una fase de tal desesperación generalizada, todos los muros entre la autodenominada izquierda revolucionaria y la ex izquierda de gobierno se cayeron. Cualquier crítica de la izquierda “revolucionaria” a la izquierda de gobierno, incluida la que participó en los gobiernos que bombardearon Yugoslavia, desaparece. En diciembre, la “urgencia” que se informó como la razón básica de la asamblea fue la necesidad de construir una oposición de izquierda al gobierno Conte y cía., para contrarrestar la amenaza del avance de la derecha. Un análisis impresionista, superficial, epifenoménico, antimarxista, probablemente condicionado más por el sentimiento común y el éxito de las “Sardinas” (masa pequeñoburguesa que, de repente, reemplazó el histórico refrán de construcción del PCL del “pueblo de la izquierda”) que por el análisis de las condiciones materiales objetivas. Criticamos a la asamblea el 7 de diciembre argumentando que “la llegada de la derecha al poder no puede resolver ningún problema planteado por la crisis mundial y, por lo tanto, solo tendría un carácter temporal, episódico e incluso acelerado de la crisis del régimen”. Como habíamos previsto, la caracterización de un inminente avance imparable de la derecha se basó en un malentendido total de la crisis capitalista. La derecha populista, en su desarrollo, han acumulado una gran cantidad de contradicciones irresolubles e irreconciliables. Su consolidación como fuerzas gubernamentales o incluso, como afirma alguien delirante, como “protofascismo”, se ve obstaculizada por el hecho de que ninguna de estas fuerzas tiene la menor posibilidad de resolver la crisis. Su llegada al gobierno como producto de la crisis política y la debilidad de la clase trabajadora da lugar a una mayor aceleración de la crisis política. La parálisis de la fuerza laboral, en el terreno de producción y consumo, causada por la emergencia del coronavirus, ha desencadenado una nueva crisis económica, una profunda recesión ya anunciada en los últimos años por los economistas de cualquier tendencia. Esto está dando lugar a una grave crisis política en los estados y regiones gobernados por la derecha. En Brasil hay un intento de deshacerse de Bolsonaro mediante el bloque que hasta ahora ha apoyado al fascistoide. El intento de privatizar Embraer, el mayor fabricante de aviones, el feudo histórico de las fuerzas armadas, así como el intento de hacer frente a Trump en una guerra comercial contra China, especialmente en el tema del suministro de soja, terminó en un callejón sin salida. Pero es en relación con la crisis de salud que el bolsonarismo demuestra su inconsistencia con el mundo. Veintiocho días después de ser nombrado en el lugar de Luiz Henrique Mandetta como ministro de salud, Nelson Teich también tiró la toalla. En los Estados Unidos, Donald Trump (que obtuvo tres millones de votos menos que Hillary Clinton en las elecciones con la tasa de abstención más alta en los últimos 50 años) está en un punto muerto total amplificado por la gigantesca crisis de salud que afecta a los Estados Unidos. El intento de descargar la gestión de la cuarentena en los Estados federados (y la crisis económica que se deriva de la parálisis de las actividades económicas) exacerba las contradicciones y amplía las grietas internas en el régimen político. En Italia, la Liga Salvini sufrió un revés significativo. El desastre de salud en Lombardía (“el modelo Lombardo”, que se hizo pasar por “el mejor sistema de salud en Italia”) es un duro golpe para la imagen de Salvini, contra quién y detrás de quién, los jerarcas de la Liga del Norte preparando el regreso a las posiciones autonomistas, en línea con la representación de los intereses de la burguesía del Norte (“El euro no lo merece el Sur” , “Lombardía y el Norte, el euro puede permitírselo”, “El Sur es como Grecia y necesita otra moneda”). Este profundo proceso encuentra eco en los enfrentamientos internos de todo el bloque de centroderecha, sacudido por el tema del Fondo Salvastati y la “asistencia” europea, así como por la posibilidad de apoyo a un gobierno de unidad nacional dirigido por Mario Draghi, lo que marca la imposibilidad de consolidación de una centroderecha soberana, que explotó incluso antes de la caída del gobierno. Los campeones del hecho consumado El electoralismo continúa penetrando cada poro de la izquierda italiana en descomposición, si el 6 de marzo, ante la evidencia de la propagación de la epidemia y la crisis económica, nuestros héroes afirmaron estar “conscientes de los elementos de dificultad relacionados con el contexto. La proximidad de las elecciones regionales y en muchos municipios y el referéndum del 29 de marzo, posiblemente sujeto a aplazamiento, verán a las diversas organizaciones de coordinación involucradas en diversas formas, a pesar de que no son un campo de intervención de la misma”. [2] Aunque la inminente presentación electoral no es un terreno de intervención para la “Coordinación” (aunque fue pospuesta debido a la epidemia), es la primera de las causas enumeradas para evitar la campaña programada por la asamblea el 7 de diciembre. Obvio: para la izquierda italiana, tanto el gobierno como los “anticapitalistas” y “revolucionarios”, la presentación electoral es un elemento al que no se puede renunciar, a costa de no preparar políticamente a los propios militantes, de no distribuir una prensa regular , para no comenzar un trabajo serio de penetración en el lugar de trabajo a partir de las grandes fábricas. Todo es prescindible en el altar de la visibilidad. La segunda razón que el texto del 6 de marzo indicó entre los “elementos de dificultad” la concentración de la atención en la propagación de la epidemia [3]. Pero precisamente este catalizador de atención sobre la emergencia de salud destacó rápidamente, y no podría haber sido de otra manera, que, debido a la insuficiencia del sistema de salud para hacer frente a la emergencia, había dejando en claro que la existencia misma de este sistema pone en peligro la vida humana. Es una cuestión de vida o muerte y los gobiernos capitalistas, que recortan el presupuesto de salud, están del lado de la muerte. Esta es una ocasión importante para los revolucionarios, no un obstáculo en el maravilloso viaje de las campañas políticas programadas el 7 de diciembre. Sin embargo, a partir de lo que emerge del documento “Profundo cambio de escenario” [4] publicado en Facebook el 15 de abril, la asamblea de la izquierda de oposición es un “nuevo y extraordinario escenario”, que los lleva a “rearticular radicalmente las campañas lanzadas el 7 de diciembre”. “El tema social vuelve al centro de la escena, el escándalo de los recortes y las injusticias sufridas durante 30 años en nombre de las ganancias. El sentido común de las masas ha sido sacudido. El viejo imaginario xenófobo y justicialista de la Liga (y no solo), así como la cultura y prejuicios liberales, fueron desplazados”. El lector distraído puede pensar “más vale tarde que nunca”. Después de guardar silencio sobre la crisis económica y las consecuencias políticas para todo un régimen social, la izquierda parece haberse dado cuenta del cambio de marcha necesario. Sin embargo, esta vez también navegamos, como se ha hecho durante estos años cuando se propusieron caravanas de última hora en cada ronda electoral, sin tener en cuenta en lo más mínimo lo que está sucediendo en Italia y en el mundo. Lo que la “coordinación” simplemente considera es un cambio en la opinión pública, en una súper visión típica oficial y electoralista. La definición de este escenario “extraordinario” es limitante, y es igualmente limitante afirmar que la cuestión social ha reaparecido solo hoy. Estas son actitudes en línea con lo que ya definimos como un proceso continuo de auto absolución de la izquierda, para el cual siempre se ha buscado el motivo de sus fracasos en la crisis de conciencia de la clase trabajadora, que se aleja misteriosamente de la irresistible izquierda italiana. Lo que ha sucedido en los últimos meses destaca la naturaleza catastrófica irresoluble del capitalismo, que muestra un sistema cada vez más problemático que no ha podido ofrecer seguridad a los trabajadores durante una emergencia y está buscando cada vez más en la oscuridad una salida a la crisis. ¿Qué socialismo? El documento se refiere a la necesidad de “un proyecto capaz de relacionarse con la nueva situación y la sensibilidad de las masas, con un lenguaje simple y popular, para volver a proponer la centralidad de una perspectiva anticapitalista” y “una alternativa de poder que asigne el liderazgo de la sociedad a la clase trabajadora, y reorganizarla sobre nuevas bases. Para nosotros esta alternativa se llama socialismo”. ¿Explicarían los promotores de la coordinación a qué “socialismo” se refieren? Quizás el “camino italiano al socialismo” de Togliatti y Berlinguer, tan querido por el PCI de Alboresi. Que traicionó las razones sociales de la resistencia antifascista, permitiendo que el gran capital reconstruyera el estado burgués, subordinando los intereses de millones de trabajadores italianos a las necesidades del gran capital y por “lugar en el sol” para los líderes del PCI. O quizás el “socialismo” de la izquierda anticapitalista, cuya corriente internacional [5], después de declarar cerrada la experiencia de la revolución de octubre, la necesidad de la revolución socialista y la dictadura del proletariado y, en consecuencia, la necesidad de construir partidos obreros y una Internacional revolucionaria, participando, diluyendo, en las experiencias de los “grandes partidos anticapitalistas” (ecologistas, feministas y así ...), incluidos los que gobernaron con la burguesía, como en Dinamarca, Brasil o Italia (Gobierno de Prodi). O tal vez, nuevamente, el socialismo de la PCL (Partido comunista de los trabajadores), descrito en sus documentos fundacionales como la democracia de los Consejos Obreros, de hecho desautorizó al gobierno bolchevique, que debido a la guerra civil, que estalló unos meses después de la Revolución de Octubre, en realidad gobernó sin Soviets, y a pesar de ello aplicaron y desarrollaron el programa revolucionario que los Soviets, conquistados por los bolcheviques, apoyaron. Es precisamente la parábola del PCL la que ofrece al observador un compendio de las miserias de la izquierda italiana y su oportunismo. En nombre de la convivencia y el reconocimiento mutuo, la controversia política (en realidad la crítica literaria estéril) contra la izquierda del gobierno desaparece, entre los cuales se encuentra el PCI de Alboresi (anteriormente PdCI) que participó en el gobierno que hizo avnces significativos en los procesos de privatización de la educación y la autonomía escolar, contribuyeron al arresto del líder kurdo Ocalan, bombardearon Belgrado con bombas de uranio empobrecido y desintegraron Yugoslavia. Y de la misma manera, la controversia política contra la izquierda anticapitalista desaparece, a lo que el PCL reprochó los 23 votos de confianza al gobierno de Prodi. El PCL no es nuevo en la crítica política de geometría variable. Las críticas a Izquierda Anticapitalista (SU) desaparecieron durante la temporada de negociaciones para la formación de una lista común entre PCL, Izquierda Anticapitalista y Sinistra Classe Rivoluzione. Cuando la Izquierda Anticapitalista terminó prefiriendo Potere al Popolo (poder al pueblo), el PCL, traicionado en el orgullo, recuperó la controversia de diez años contra SA, recordando las malas acciones de este último en el momento del gobierno de Prodi. Para la PCL, y para la izquierda en general, no es necesaria la controversia política para clarificar. Es una campana que se agita solo cuando es necesario, para defender los intereses de otro pequeño grupo a la deriva en el mundo de la izquierda. La participación de SA en la mayoría que apoyó al gobierno de Prodi fue un ejemplo sorprendente de cooptación por parte del Estado y fue correcto recordar las responsabilidades de su equipo directivo. Pero es igualmente criminal enterrar las críticas a ese grupo en nombre de la vida tranquila. ¿Propiedad o expropiaciones? Después de la referencia al socialismo desprovisto de contenido, los autores del texto sienten la necesidad de “sintonizarse con este nuevo y extraordinario escenario” que requiere “no solo actualizar sino rearticular radicalmente el diseño de las campañas lanzadas el 7 de diciembre”. La reorganización está sujeta al cambio de opinión pública y la intervención propuesta poco después consiste, de hecho, en un puñado de demandas mínimas (el pago del 100% de despidos, activos, regularización de trabajadores inmigrantes, indulto por delitos menores, ingresos por cuarentena), que todos están de acuerdo, pero no van más allá del campo de una simple oposición reformista (a la que, por otro lado, varias organizaciones que participan en la “asamblea de izquierda de oposición” son atribuibles sin mucho esfuerzo de análisis político). Precisamente sobre la base de la afirmación de “un impuesto extraordinario en las grandes fortunas", hoy saludado por toda la izquierda “antagonista”, se verifica el carácter democratizante y reformista sobre el que se articula el programa de la “izquierda opositora”. La invocación de un “impuesto extraordinario”, a menos que los autores del texto puedan ofrecer una interpretación alternativa al adjetivo "extraordinario", significa un pago “único”. Sin embargo, lo que está en la agenda es una lucha para expropiar a los capitalistas, expropiar sus activos, derrotarlos como clase social. Solo de esta manera se pueden recuperar los recursos para reconstruir la economía sobre nuevas bases, sobre la propiedad social de los medios de producción. La huelga general y el gobierno obrero La huelga general nunca se menciona en documentos y propuestas socializados por la Asamblea de la Izquierda. Por el contrario, después de enumerar una serie de propuestas sobre el sistema nacional de salud con sugerencias de formas de nacionalización, hay una invitación para apoyar las propuestas a través de una petición en línea a través de una plataforma informática. La izquierda italiana está totalmente absorbida por el cretinismo democrático. Frente a una crisis económica y política que cuestiona la legitimidad del gobierno burgués, que sacude los cimientos del orden social en todo el mundo, la izquierda italiana continúa en su proceso de autodestrucción. La clase trabajadora no necesita peticiones “online”. La clase trabajadora necesita la construcción de una huelga general prolongada, de todas las categorías, construida por asambleas democráticas desde el lugar de trabajo y coordinada hasta el nivel nacional, con una importante campaña de recaudación de fondos para un fondo de resistencia nacional. Y esta huelga general de masas, combativa, debe tener como objetivo abatir gobierno de Conte (y a cualquier relevo que los partidos burgueses estén cocinando) y la lucha por una salida socialista y trabajadora a la crisis económica y política. Esta solución solo puede ser el gobierno de los trabajadores. Seguimos pensando que la eliminación del tema de la crisis del régimen político y la necesidad de la lucha por el gobierno de los trabajadores tiene el único objetivo de profundizar la derrota y la crisis de la izquierda, que inevitablemente asume un papel de retaguardia en la confrontación del gobierno con la realidad. La necesidad de un partido obrero revolucionario La izquierda italiana lleva mucho tiempo muerta. La escalada del conflicto social y la erupción de los trabajadores en el terreno de la lucha, en lugar de devolverlo a la vida, acelerará aún más su desintegración. Hoy más urgente que nunca la reconstrucción de una izquierda revolucionaria, de un partido obrero independiente, basado en un programa revolucionario, cuya actividad política se basa en un análisis materialista y científico (y no impresionista) del modo de producción capitalista, es urgente, sobre una estrategia revolucionaria. No hay otros caminos viables en el horizonte. Las condiciones materiales del capitalismo mundial, agravadas por la pandemia, presagian la escalada de la lucha de clases en los próximos años. Las luchas esparcidas por todo el mundo en 2019, ignoradas por casi toda la izquierda italiana, fueron solo una pequeña muestra y estamos seguros de que, contra las palabras desmoralizadas y desmoralizadoras de muchos “camaradas”, también tocarán nuestro país. La demora en la construcción de un partido revolucionario que sepa moverse en ese escenario es la mayor falla de la izquierda. Las generaciones más jóvenes de militantes tienen la tarea de hacer balance y repartir nuevamente. [1] Surgido de la iniciativa de PCL, Sinistra Anticapitalista y PCI, con su primera asamblea, celebrada en Roma en el Teatro de Servi el pasado 7 de diciembre, con Poder para el pueblo (Potere al Popolo), Refundación Comunista y otros partidos más pequeños de la izquierda. El objetivo declarado era involucrar al mayor número de organizaciones y estructuras nacionales y locales, comenzando naturalmente con las dos fuerzas principales presentes hoy, Refundación Comunista y el Poder Popular. Una asamblea que debía “unir las luchas, contra el gobierno patronal y contra la derecha reaccionaria”, cuya presidencia estaba compuesta por los tres organizadores (Ferrando para PCL, Alboresi para PCI, Turigliatto para SA) y por Imma Barbarossa (representando a la minoría de PRC -Refundación Comunista- que se comprometió a promover la asamblea). [2] https://www.facebook.com/sministredioppposizione/posts/146930973449149?__tn__=K-R [3] “Además, el brote de coronavirus tiende a catalizar la atención pública en una forma que lo abarca todo, desviándola a la emergencia de salud”. [4] https://www.facebook.com/sministredioppposizione/posts/158229355652644?__tn__=K-R [5] El Secretariado Unificado de la Cuarta Internacional. Lo que queda del SU (CI) hoy se afirma con orgullo como una agrupación no estructurada, y mucho menos centralizada, también y sobre todo en sus propias líneas políticas, de organizaciones que apenas se conocen entre sí. Una corriente internacional capaz de organizar poco más que sus campamentos, reuniones y fiestas en julio.

29 de junio de 2020
Radiografía de una ´rectificación´

Los diputados del Frente de Izquierda en la Legislatura porteña, Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry, han hecho circular una ‘rectificación’ de su voto a favor a un proyecto de ley acerca del antisemitismo. Se trata de la adhesión de Argentina a una resolución votada hace cuatro años por la “Alianza Internacional por el Recuerdo del Holocausto” (IHRA, por sus siglas en inglés). La ratificación de ese texto fue solicitada por el ministerio de Relaciones Exteriores (114/2020) a todos los parlamentos del país y a la Corte Suprema. La IHRA está solventada por las potencias imperialistas e Israel; Argentina es el único país latinoamericano entre sus 36 participantes. La ‘rectificación’ es un embuste, pero no por eso menos clarificador. Diez días antes, ocho días después La Legislatura votó ese proyecto de ley el jueves 18 de junio, a libro cerrado. La “rectificación” se produjo ocho días más tarde, ante una avalancha de críticas resonantes de distintas organizaciones de izquierda, incluso pertenecientes al FIT-U. Pero incluso diez días antes de la votación, el 8 de junio, el proyecto ya había sido duramente denunciado por el Comité de Solidaridad con el Pueblo Palestino, que enseguida recibió el apoyo de numerosas personalidades, encabezadas por Pérez Esquivel y Nora Cortiñas. En la sesión de marras, la diputada de Autodeterminación y Libertad votó en contra de la propuesta, y enseguida difundió un comunicado que explicaba políticamente el rechazo. El proyecto no fue tratado en bloque con otras cien leyes, como alegan los rectificados, sino por separado. La votación ‘en manada’ no fue de cien proyectos sino de 36, sin relación con el antisemitismo, votados con antelación al del que nos ocupa. Es cierto que se determinó que no hubiera discursos, pero hubo intervenciones, por ejemplo, de la legisladora del FdeT, Claudia Neira, que tuvo tiempo para agradecer por la iniciativa a las autoridades de la Comunidad Bet El. En la práctica parlamentaria, los discursos pueden ser sustituidos por textos con pedido de inserción en las actas de la sesión. De modo que la justificación del voto de adhesión a la resolución de la HIRA por un traspapeleo entre cien resoluciones votadas sobre tablas ese día, es una falta de respeto a los militantes y luchadores, lo mismo que la imposibilidad de expresarse sea en forma oral o escrita. La rectificación demorada, con conocimiento del tema, que se produce después de un aluvión de críticas, es por lo tanto una estafa política. ‘Definiciones’ sionistas La rectificación aludida deja de lado el palabrerío sobre el papeleo, y señala que no habían advertido que al incluir a “las instituciones de las comunidades judías” entre los afectados por críticas y acciones antisemitas, la resolución estaba blindando al estado de Israel. Es decir que no fue el papeleo la causa del voto al proyecto sino una interpretación inadecuada de los papeles leídos. Esto, sin embargo, también es sorprendente, porque no hay ninguna razón semántica ni política para incluir a Israel entre las “comunidades judías”, en tanto se reivindica y actúa como un Estado. En Argentina, una de esas “comunidades” sufrió un atentado político criminal en 1994, y ya le había ocurrido en 1919, cuando los fascistas criollos la denunciaron como “bolchevique”. Muchos de los que critican el voto reciente de los legisladores se negaron y se siguen negando a condenar el atentado a la AMIA, sin tomarse el trabajo de distinguir una comunidad judía del estado sionista. En verdad, el blindaje de la resolución de la IHRA al estado de Israel no se encuentra en el párrafo que se puso a votación, sino en el contexto político internacional, pues es el estado de Israel quien impulsa a la IHRA y la identificación entre judaísmo y sionismo, y el que denuncia la lucha contra el estado opresor nacional de Israel como antisemitismo. Esto debía bastar a diputados troskistas, no ya a votar en contra de este proyecto, no ya a denunciarlo sino por sobre todo a usar la tribuna parlamentaria para convocar a una campaña contra esta ley. La filiación sionista de la resolución se encuentra, con todas las letras, en la parte de la resolución de la IHRA que el ministerio de Relaciones Exteriores de Argentina no dio a conocer, o sea que ocultó. Es donde la IHRA afirma que: “Las manifestaciones (consideradas antisemitas) pueden incluir aquellas dirigidas al Estado de Israel, concebido como un colectivo judío. No se considera antisemita toda crítica que pueda ser similar a la critica a otros países”. La falacia de este planteo es indignante, pues viene a decir que es legítima toda crítica al estado de Israel, menos aquellas en la que invoca su condición sionista, como la expulsión de los palestinos para ‘recuperar’ el territorio bíblico de ese estado, que se extiende por otra parte a la otra orilla del Jordán. La IHRA condena, de este modo, a la Corte Penal Internacional, que denuncia a Netanyahu como criminal de guerra por los bombardeos a la población desprotegida de Gaza. Felipe Solá reclama otorgar a la resolución de la IHRA rango constitucional, como un “tratado o convención de derechos humanos”. Judicializa, sin ambages, la lucha contra el sionismo como un disfraz, del antisemitismo. En resumen, la ‘rectificación’ de los legisladores arrepentidos deja en claro la justificación de su voto: apoyar una condena abstracta del “antisemitismo”, e ignorar la campaña concreta del sionismo que exige interpretar como antisemita toda crítica y toda lucha contra la política criminal del estado de Israel. Los tres arrepentidos se han prestado a un juego contrarrevolucionario, con el pretexto de las ´definiciones´ pseudo democráticas. Fascismo laico Se plantea entonces la pregunta: ¿la izquierda debería suscribir un frente legal y constitucional con el macrismo y con la derecha, el centro y la izquierda del peronismo, en el caso de que obtenga una definición democrática de la lucha contra el “antisemitismo”? A esto apuntó el voto favorable al proyecto que adopta la resolución de la IHRA. Los frentes contra toda forma de opresión no pueden ser verbales o declamatorios. Tienen que ser de lucha, prácticos. Deben además caracterizar al agente del antisemitismo, que no es otro que el fascismo – que no se iguala a los prejuicios de un trabajador, tomado en forma aislada. Los partidos patronales albergan a numerosos fascistas abiertos o disfrazados, ni hablar de las ‘fuerzas de seguridad’ apañadas por el estado y por esos partidos. No hay que olvidar la triple A del peronismo, ni la dictadura de los abuelos del macrismo. El fascismo norteamericano es pro-sionista. La resolución de la HIRA tiene un lado avieso, en el que nadie ha reparado – no condena el fascismo. Admite un fascismo laico, que no se meta con el sionismo y que funja como su aliado. Hay numerosos ejemplos de esto. Pero un fascismo que no sea anti-semita es un oxímoron: el fascismo es enemigo de cualquier autodeterminación. Por ejemplo, Israel nunca condenó los crímenes antisemitas de la dictadura, a la cual apoyó. ´Fino´ Palacios, el jefe de la metropolitana de Macri y amigo de las autoridades de Israel, ha sido acusado de encubridor de los responsables del atentado a la AMIA. Manolo Romano, un dirigente de la segunda línea del PTS, escribió lo siguiente, el 26 de junio, en su muro de Facebook: ¿“ES CIERTO QUE... los Zamora boys votaron en contra del repudio al Holocausto en la legislatura porteña? Personalmente… Para mí Zamora no hubiera votado en contra si fuera diputado él mismo”. Como es sabido, la diputada de AyL votó en contra y denunció la resolución presentada. Por supuesto que no es el repudio al Holocausto lo que estaba en discusión, y ningún socialista puede repudiarlo de la mano de Macri o el peronismo; es el pretexto para una adaptación parlamentarista. Los traspiés constantes que ha tenido el FIT en el parlamento, como la habilitación del presupuesto a Capitanich, la votación de la emergencia alimentaria, y varias otras como la que acaba de producirse en la Legislatura porteña, incluidos todos los proyectos orientados a parlamentarizar la crisis del Estado y las luchas sociales; esos traspiés obedecen a una política de amoldamiento al parlamentarismo, como escenario para el arribismo electoral, en perjuicio de su uso como tribuna de clarificación y de defensa de las posiciones socialistas revolucionarias. Los ‘rectificadores’ hacen énfasis en su trayectoria de apoyo a la “causa palestina”, como una evidencia de que cometieron un error inadvertido. Las trayectorias, sin embargo, se ponen a prueba todos los días. Tampoco está en juego solamente la “causa palestina” -estamos ante la afiliación de Argentina a una alianza internacional con los Trump y los Netanyahu- que es una alianza de guerras imperialistas. De otro lado, la “causa palestina” ha sido históricamente saboteada por las direcciones palestinas. Como marxistas condenamos, de un lado, toda opresión nacional, y del otro no hacemos de las causas nacionales un fin en sí mismo, sino que las subordinamos a la revolución internacional. Urgente, que estamos en pandemia Es evidente la urgencia política de los Fernández y de los aliados de ellos en el otro lado de la grieta, por apurar, en plena pandemia y aislamiento social, la adhesión legislativa e incluso judicial de la resolución de la HIRA. El derecho al aborto, en cambio, puede quedar para la próxima generación. Adoptada por el poder judicial, esta resolución dejaría establecido el delito de opinión, claro que contra la izquierda que combate la alianza internacional de las potencias capitalistas con el sionismo. Advertimos que los Fernández pretenden cerrar “la grieta” en este punto, acosados por encontrar una salida a los procesos judiciales por la muerte no esclarecida del fiscal Nisman y el memorando de Argentina con Irán. Con más fuerza aún, advertimos que el apuro ocurre cuando es inminente el anuncio de Netanyahu de anexión de los territorios ocupados y del valle del Jordán. El pacto establecido para no tratar otros asuntos que no tengan que ver con la pandemia, será dejado de lado para hacer un servicio al sionismo. La ‘rectificación’ no incluye esta consideración entre los daños que causa su ‘error’ inadvertido y la caracterización equivocada del proyecto puesto a votación. La ‘rectificación’ no rectifica haber admitido, sin denunciar, un proyecto de este alcance estratégico sin debate - tampoco no haber exigido el uso de la palabra. No hicieron esta vez la ‘clásica’ - denunciar los proyectos y luego votarlo; lo apoyaron sin peros. Tampoco han ejercido el derecho a presentar una delimitación por escrito, para la versión taquigráfica de la sesión. La ‘rectificación’ evita tener que dar una explicación política de una posición contrarrevolucionaria; es un pedido de disculpas por lo que presentan como una distorsión administrativa, cometida por tres representantes al mismo tiempo, incluso a pesar de las advertencias que ya habían puesto en su conocimiento. Último, pero no menos importante: ¿por qué se ‘rectifican’ sólo los legisladores, y no lo hacen las direcciones políticas - incluso los partidos como un todo? La actividad parlamentaria es la que tiene que estar más sujeta al control de la base que cualquier otra, porque allí anida (junto a los aparatos sindicales) el arribismo político y la integración al estado. Izquierda Diario, dispuesta a competir contra el más pintado por la primacía de la información, dejó sus páginas en blanco sobre esta ofensiva del sionismo desde el mismo 4 de junio, cuando Solá lo largó en el Boletín Oficial. La conducta de los legisladores ha sido cuestionada por diversos campos y con diversas razones. Ninguna de ellas puede esgrimir la autoridad de la crítica de nuestra corriente, la Tendencia del PO. Es lo que hemos venido señalando desde hace casi tres años. Los militantes del oficialismo y de toda la izquierda tienen la palabra. LEER MÁS Una votación ignominiosa en la Legislatura porteña, impulsada por el gobierno nacional

30 de junio de 2020
Un año de la fundación de la Tendencia del Partido Obrero

Ya ha pasado un año de la asamblea donde casi 400 militantes del Partido Obrero proclamamos la constitución de una tendencia, en base a un planteo de principios presentado en un texto - “Por qué una fracción publica del Partido Obrero”- por siete dirigentes partidarios. Una semana después de aquella asamblea, el 29 de junio de 2019, un comunicado firmado por el Comité Central del Partido Obrero sentenciaba que “el grupo dirigido por Altamira ha resuelto romper con el PO para formar su propia organización”. Esta era la respuesta de la dirección del partido al reclamo por ejercer el derecho de tendencia, tal como figura en los estatutos del PO. Junto al texto expulsivo, el CC hacía público el documento de la fracción, que sus autores, sin embargo, habían enviado para su publicación en boletín interno. La asimilación del pedido de fracción como una ruptura era el único eje del texto del CC del PO - “Se han colocado por afuera del partido”. Luego, esta frase fue repetida hasta el cansancio en mensajes y citas posteriores de miembros del aparato partidario con los compañeros que adherían al documento de la fracción, para sustentar su expulsión. Militantes de medio siglo de acción política, como Néstor Correa, fueron expulsados por mensaje de voz. En una reunión internacional de la CRCI que trató la crisis del PO, y sobre la cual volveremos enseguida, un dirigente del EEK de Grecia recordó que el concepto de “colocarse por fuera de…” era el argumento clásico del estalinismo griego para expulsar a sus disidentes. De la supuesta reunión del CC que habría tomado esa resolución, no se conocen actas ni debate alguno, si es que la hubo. Tampoco se conoce quien votó a favor, en contra, o se abstuvo. Nunca pusieron con nombre y apellido quienes votaron la expulsión. Nuestra declaración de principios, en cambio, tuvo la firma de cada uno de sus adherentes. En la misma tarde del sábado 29, el texto expulsivo era precedido por verdaderos operativos-comando de usurpación de los recursos del partido, allí donde había militantes que adherían al pedido de fracción. Esto incluyó el cambio de cerraduras de locales a espaldas de los comités regionales y los círculos, invocando órdenes del Comité Central. La acusación de “romper la unidad de acción” no fue siquiera debatida, y mucho menos garantizado el derecho a defensa de los militantes acusados. Al poco tiempo, el CC -pretendido defensor de la “unidad de acción”- boicoteaba la campaña de los candidatos del Partido Obrero y del FIT-U adherentes a la Tendencia, o que simplemente -sin adherir a ella- habían repudiado las expulsiones – como sucedió en el cordón industrial de Santa Fe y en Tucumán. En ésta última provincia, el CC intervenía al partido distrital apelando a la justicia del Estado capitalista, habida cuenta de que el 90% de la militancia adhería a la Tendencia. Quisieron destruir a la mayor regional del interior del PO en número de militantes, y que actuaba como eje del Comité del NOA. La lucha contra esta intervención reveló luego la existencia de un “Congreso” partidario en los papeles y paralelo al real, constituido con el único objetivo de perpetrar maniobras jurídicas para habilitar la injerencia estatal y la centralización de los recursos partidarios en dos personas. A pesar de la pretendida “homogeneidad” de la política de expulsiones, la brutal acción de los usurpadores del PO conmovió a la militancia. Poco después de la asamblea que reunió a 370 voluntades para el pedido de fracción, el número de adherentes superaba los 800, y alcanzaría más de mil en pocas semanas más. Destacados dirigentes obreros, como Alejandro Crespo - miembro del CC y secretario general del SUTNA- expresaron por Facebook su rechazo al comunicado expulsivo de la dirección, junto a otros compañeros del SUTNA. Los antecedentes La proclamación de la Tendencia había sido precedida por el confinamiento político y la censura a los dirigentes que luego la encabezaron. Es el caso del rechazo y el boicot a que Altamira participara de las charlas conmemorativas del 50ª aniversario del Cordobazo -allí donde se hicieron, las regionales que lo invitaban tuvieron que reunir los recursos para pagarle el pasaje, y tolerar la hostilidad de quienes representaban al aparato central en esas provincias-; de la censura en el periódico y en la página a los artículos de Altamira; de la exclusión de los militantes o dirigentes disidentes de las listas electorales del PO y el FIT-U. En el caso de Catamarca, el aparato partidario optó por ceder la primera candidatura a diputado al MST… para que no fuera ocupado por un compañero del PO que había adherido a la Tendencia. Todos estos hechos ocurrieron después de un Congreso partidario donde los dirigentes con posiciones en minoría fueron virtualmente excluidos como informantes de los plenarios precongresales, lo cual no impidió que en importantes regionales -como Santa Fe, Tucumán, Salta o Jujuy- el documento de la minoría recibiera una aprobación abrumadora. El propio Congreso fue dominado por un reguero de acusaciones infames a los actuales integrantes de la Tendencia, precedidas por un operativo de espionaje de correos electrónicos. Aún bajo esas condiciones de escarnio, los dirigentes de la minoría fueron votados a la dirección por el 30% de los delegados. Pero ninguno de ellos ingresó al CC, lo que puso de manifiesto la manipulación que rodeó al Congreso del principio hasta el final. El aparato impulsó oficiosamente la votación por “lista”, para asegurar esa exclusión. Meses antes, uno de los principales dirigentes del actual aparato convocaba por boletín interno a consagrar un CC “homogéneo” (sic). La operación expulsiva, por lo tanto, comenzó bastante antes del Congreso, y fue rematada con el burdo comunicado de aquel 29 de junio. Adaptación política El documento que expuso las razones de principios que fundaban la tendencia o “fracción pública”, reclamando el derecho a expresar nuestras divergencias en el marco de la unidad de acción en el PO, explicaba que no arribábamos a ese planteo como resultado de una improvisación o de divergencias circunstanciales. Por el contrario, era la conclusión de toda una lucha política, que se extendió durante al menos dos años. En el curso de ella, quienes hoy constituimos la Tendencia nos reconocimos en una posición común a lo largo de un conjunto de debates políticos y de método. Esas discusiones tuvieron como principal escenario al Comité Central, pero también quedaron expresadas en el boletín interno partidario. En la hostilidad creciente hacia nosotros, los integrantes del aparato justificaban la censura -se llegó a formar un “comité especial” para ¡aprobar los artículos de Altamira!- señalando que, si queríamos expresarnos, teníamos que “formar una tendencia”. Pero cuando reclamamos ese derecho, nos expulsaron. En verdad, es cierto que ya operaba en el partido una fracción en las sombras: era la de la propia dirección, conspirando contra quienes esgrimían debates o cuestionamientos. En el plano político, nuestro documento fundacional arriba a una conclusión respecto de aquellos debates: “se ha desarrollado en el partido una corriente que pregona la adaptación al proceso político en nombre del ‘realismo’, que solamente admite un planteo de poder cuando las masas desatan una ofensiva potencialmente revolucionaria. Se trata de una adaptación electoral a la crisis política. La tarea de un partido obrero es plantear un camino, no seguir el camino que le imponen los hechos, como el acoplado de un camión” . El argumento de que las consignas debían estar ligadas a “la situación real” de las masas empujó al partido al empirismo, alejándolo, desde el punto de vista de la agitación política, de un planteo de poder. Ello constituyó un freno político, en primer lugar, para los obreros avanzados y para el reclutamiento en general. “La crisis política fue subordinada a las elecciones, y las elecciones a la subordinación de la crítica al gobierno a la crítica al kirchnerismo – convertido en el enemigo electoral principal” . Con ese prisma, la mayoría del CC rechazó durante meses levantar un planteo de poder -Fuera Macri, Constituyente Soberana, Gobierno de Trabajadores- con el pretexto de que era “funcional al kirchnerismo”. El macrismo asistía a su derrumbe inexorable, y el país debatía la cuestión del poder político. Pero la izquierda resolvió abstenerse de esa lucha, y salió tempranamente en busca de las migajas electorales que le permitieran alcanzar algún progreso parlamentario a un año y medio vista. Los resultados no pudieron ser peores: primero, el abstencionismo político del PO y de todo el FIT frente a la crisis le entregó la iniciativa a un kirchnerismo que, dividido y en retroceso, terminó improvisando una coalición junto a quienes habían sostenido al macrismo durante tres años. Después, las elecciones largamente preparadas por la izquierda terminaron en un fiasco para el FIT-U. En estrecha conexión con lo anterior, el aparato oficial del PO se fue deslizando hacia el parlamentarismo, es decir, al encorsetamiento de la acción política a los términos del Congreso y, por lo tanto, del propio Estado. Esa tendencia se había apreciado en el planteo del juicio político a Vidal en la legislatura bonaerense en ocasión de la crisis edilicia de las escuelas, y que sólo podía prosperar en el marco de una componenda parlamentaria con el massismo y el kirchnerismo. Más adelante, los diputados del FIT votaron en el congreso la ley Micaela, o sea, la “educación de género” nada menos que al funcionariado del “Estado responsable”. En el plano del movimiento obrero y su lugar en la crisis política, las divergencias se expresaron ya en el 25º Congreso, un año y medio antes de las expulsiones. A pocos días de su realización, los dirigentes del actual oficialismo del PO alteraron la orientación del debate precongresal, para comenzar -en nombre de que “no pasaba nada en el movimiento obrero”- la campaña electoral que tendría lugar… un año y ocho meses después. En ese Congreso, Ramal presentó -en minoría- un texto defendiendo la orientación que el CC había preparado y debatido durante meses, a saber, propiciar el frente único de la clase obrera y sus organizaciones de lucha, para enfrentar el previsible desbarranque del macrismo. El precario compromiso alcanzado en aquel Congreso derivó en el plenario sindical de Lanús, que rápidamente se convertiría en un colateral autoproclamatorio del FIT-U, escindido por completo del esfuerzo por involucrar a las bases obreras en una deliberación sindical y política que las convirtiera en protagonistas de la transición en curso. Nuestros planteos en favor de un Congreso Obrero destacaban el lugar de vanguardia que debía jugar el Sutna frente al conjunto del movimiento obrero; servían al desarrollo del clasismo en el sindicato mismo y promovía un reagrupamiento orientado a interesar a todos los obreros que luchan. En el PO oficial y en el FIT-U, esa política ha sido sustituida por acuerdos de tendencias y convocatorias de aparato, donde los dirigentes sindicales intervienen a título personal y sin que su actuación sea refrendada por asambleas de sus propios sindicatos. Un sector muy importante de la vanguardia obrera del propio PO identificó muy tempranamente esta desviación – por eso, muchos de los cuadros obreros más importantes de nuestro partido están agrupados hoy en la Tendencia. La lucha política que libramos se extendió también al Polo Obrero. Quienes hoy formamos la tendencia sostuvimos que el Polo debía converger, por medio de la acción del partido, a la formación de comités barriales y de acción común con el conjunto de la clase. Esa estrategia, señalamos, debía ser promovida por medio de una capacitación política y reclutamiento al partido en torno de nuestro programa. Es sobre estos principios que hoy se asienta el desarrollo del Polo Obrero Tendencia. Los compañeros que se sumaron a él debieron enfrentar la más ignominiosa de las extorsiones – las que se basaron en amenazar a los compañeros con quitarles las conquistas y recursos de sus comedores. Un año antes de las expulsiones, la tentativa de alterar y desconocer la historia política del PO volvió a manifestarse cuando el aparato partidario salió a cuestionar… tres líneas de un texto de Altamira, el que señalaba que la “burguesía ha perdido la iniciativa estratégica, la cual ha pasado potencialmente al campo de la izquierda revolucionaria” (Panorama Mundial, EDM 52). Atacar una frase en un largo texto político expresa el modo sinuoso a través del cual un aparato comienza a desembarazarse del patrimonio estratégico de un partido, sin todavía romper abiertamente con él. Naturalmente, las objeciones eran acompañadas de una posición derrotista y conservadora con relación a la lucha de clases continental, la cual, en muy poco tiempo, daba paso a la revolución chilena, o a las crisis recurrentes del gobierno Bolsonaro y en otros países del continente. El cuestionamiento del oficialismo partidario tenía un sentido claro: excluir la posibilidad, incluso potencial, de que la izquierda revolucionaria pudiera asumir una iniciativa histórica en el periodo próximo. El debate político al interior del PO se extendió, asimismo, hacia la cuestión del Frente de Izquierda. Nuestro Partido, al conformarse el FIT, llegó a caracterizarlo como “frente oportunista”. En efecto: la oportunidad de conformarlo para establecer un campo electoral común contra las candidaturas de la burguesía no eximía al FIT de su carácter de frente democratizante, partiendo de las posiciones históricas de nuestros aliados. Pero en oposición a ese señalamiento, la dirección del PO ha adoptado al FIT-U (con el MST incluido) como un frente de carácter estratégico o permanente. Ello constituye un factor de fenomenal confusión al interior de la propia vanguardia obrera, donde deberíamos desarrollar una delimitación estratégica en torno de la política de la revolución proletaria y, por lo tanto, de la necesidad de un partido revolucionario. Aparato Cometeríamos, sin embargo, un monumental error si caracterizáramos a la actual dirección del PO como una tendencia definida en torno de ciertas posiciones políticas. Ya hemos observado, por caso, que a la censura a un artículo de Altamira le siguió la publicación de un texto de los propios censores, copiando sus posiciones políticas. Al conservadorismo en el tratamiento de la lucha de clases continental, le ha seguido la exaltación -aunque sólo verborrágica- de la “revolución latinoamericana”. Toda la polémica referida a la “iniciativa estratégica” de la burguesía, que quiso ser fundamentada en el triunfo de Bolsonaro en Brasil, fue desechada sin mayores explicaciones, a la luz de la situación revolucionaria abierta en América Latina con las rebeliones y levantamientos en Chile, Colombia, Ecuador, Haití, Puerto Rico, y la reacción obrera y campesina contra el golpe de Trump-Bolsonaro en Bolivia. El aparato partidario carece de una ideología definida: su hilo conductor es la autopreservación, frente a la ´amenaza´ que suponen los virajes políticos de la lucha de clases sobre el apoltronamiento político y organizativo. El aparato partidario eligió desprenderse de 1.200 militantes, a aceptar el desafío de reconocer una tendencia y aceptar un debate político en regla, en el marco de la unidad de acción. Una lucha internacional La crisis en el Partido Obrero puso de manifiesto la crisis de dirección revolucionaria que atraviesa el movimiento obrero, y que recorre al conjunto de la izquierda internacional, en el marco de una bancarrota capitalista, crisis de regímenes políticos y el desarrollo de rebeliones populares. La CRCI no quedó indemne a este proceso. Producidas las expulsiones, las organizaciones de la CRCI emitieron posiciones diversas. El EEK convocó a “parar la guerra fratricida”, y simultáneamente a “parar con las expulsiones”. El DIP de Turquía se limitó a abogar por que “la coordinación internacional no sea interrumpida por esta crisis”. Lo que no tuvieron en cuenta estas exhortaciones es que la actividad internacional de nuestras organizaciones sería dinamitada por las expulsiones, y que la CRCI sólo podría sobrevivir con un pronunciamiento firme de sus integrantes en defensa del derecho de Tendencia del PO y en rechazo a las expulsiones. Esta fue la posición que adoptó el PT de Uruguay, que abordó la crisis del PO desde el punto de vista de su contenido. Emitieron un comunicado condenando las expulsiones y el espionaje y más tarde un documento donde fijan posición sobre las cuestiones en debate, y condenando los métodos represivos adoptados contra la disidencia partidaria. En Brasil, el compañero Osvaldo Coggiola sumó su firma a la declaración fundacional de la tendencia. El EEK y el DIP, en lugar de introducirse en las cuestiones políticas y de método que envolvían a la crisis, intentaron una conciliación o compromiso entre sus partes. No abordaron la crisis como una lucha política en torno a posiciones definidas, sino como una lucha de facciones. En ese marco, convocaron a “las dos fracciones del PO” a una reunión en Atenas, para discutir la crisis partidaria. La Tendencia concurrió a esa reunión con el siguiente programa: “1. Reconocimiento nacional e internacional de la Tendencia. 2. Reincorporación de todos los militantes expulsados; 3. Investigación del espionaje perpetrado en el 26º Congreso; 4. Retiro de la intervención judicial a Tucumán y fin del boicot a los candidatos de la Tendencia en la campaña electoral” (texto presentado en Atenas, 24/7/2019). En oposición a este planteo, los anfitriones de la reunión terminaron proponiendo una supuesta tregua, que comprometía a la tendencia a cesar en su acción política sin asegurar en cambio, la reincorporación de los expulsados, el fin del confinamiento político de sus dirigentes ni -mucho menos- el derecho de Tendencia. Una “conciliación con los despedidos afuera”. Se pretendía confinarnos a que “discutamos por BI”, mientras al mismo tiempo se seguían llevando adelante las expulsiones, la censura en el periódico y se desplazaba de las listas electorales a compañeros “críticos”. Pero los representantes del aparato del PO no se privaron de plantear “enmiendas” incluso más violentas al texto propuesto por el DIP y el EEK. Esas "enmiendas" partían, por un lado, del amordazamiento de la Tendencia, mientras que, por el otro, dejaban en manos de la "comisión de control" del aparato las investigaciones sobre el supuesto accionar "faccional" de Altamira-Ramal. De este modo, se pavimentaba el proceso acusatorio que preparara una eventual expulsión de los compañeros en el siguiente congreso. Apenas culminada la reunión, el aparato del PO presentó un “informe” de Atenas que pretendía responsabilizar a la Tendencia por su fracaso, manipulando aviesamente las posiciones vertidas por todos los que participaron del encuentro. El EEK, al conocer este informe, lo caracterizó como una “mentira deshonesta, desleal a todo sentido de unidad internacional principista”. “Lo que la delegación del CC en realidad consiguió en Grecia es destruir toda credibilidad para el EEK en la dirección oficial del PO” . En ese mismo texto, el EEK culmina reclamando la reincorporación de todos los militantes expulsados, la admisión de la “Tendencia con todos sus derechos”, en el PO y en la CRCI, y la investigación del episodio de espionaje contra Marcelo Ramal. El EEK, sin embargo, insiste en ese texto con un supuesto “ocultamiento” de la crisis por parte de “todas las facciones”. Pero los compañeros contaban con todos los elementos para caracterizar anticipadamente la crisis del PO: por caso, participaron del 25° Congreso del PO, donde, durante dos días, se debatieron en forma plenaria dos ponencias -mayoría y minoría- con relación a si la izquierda revolucionaria debía prepararse para una elección a dos años vista o luchar por unificar a la clase obrera y su vanguardia en la lucha contra el macrismo. A pesar de la aproximación del EEK a la verdadera naturaleza de la crisis del PO, la pretensión de presentar como una “sorpresa” o imprevisto a la ruptura y expulsiones es funcional a la versión de una “lucha de facciones”. Es necesario hacerse cargo de las posiciones en pugna y asumir resueltamente la defensa de posiciones revolucionarias. El derrotero posterior ha confirmado la afirmación que hicimos en Atenas, a saber, que estaba en juego la sobrevivencia de la propia CRCI. En efecto: la incapacidad para reclamar el reconocimiento de las tendencias en presencia colocaba a sus fuerzas bajo la mordaza del aparato, y, por esa vía, en un rumbo de segura disolución política. Meses después, el DIP, en un texto que cuestiona al catastrofismo y las tesis programáticas de nuestra corriente (2004), se proclamó "tendencia” de una CRCI a la cual, sin embargo, no reconoce como tal. El PO, por su parte, reclamaba un apoyo incondicional a la campaña electoral parlamentarista que llevaba en Argentina junto a sus socios del FIT-U, en un texto de completa disolución política en torno de las posiciones morenistas. Ese documento caracterizaba “una dura contraofensiva económica imperialista”, la emergencia de “partidos derechistas, xenófobos y racistas” y que Trump había “redoblado su ofensiva” sobre América Latina. Pero los que “emergieron”, tres días después de esta publicación, fueron los estudiantes chilenos, abriendo paso a un proceso revolucionario que pide la cabeza de Piñera y una Asamblea Constituyente Soberana. En vez de partidos “racistas” se produjo el levantamiento popular más grande de las últimas décadas en los Estados Unidos contra el “racismo” y los asesinatos a manos de la policía. La declaración común, sin delimitaciones de principios, era un guante a medida del “partido único” reclamado por el PTS algún tiempo atrás. En las difíciles condiciones del período posterior a la expulsión, la Tendencia no cejó jamás de darle un alcance internacional a la lucha política entablada, y batallar por un reagrupamiento de fuerzas. En Chile, y sólo por la lectura de las posiciones políticas en pugna, la enorme mayoría de los compañeros que habían militado en el POR -y que se encontraba disperso en vísperas de la gran crisis de octubre pasado- decidieron reagruparse en torno de las posiciones políticas de la Tendencia. En un plenario, nacional, los compañeros del POR de Chile aprobaron una declaración donde explican los motivos que los llevaron a adherir. En el texto señalan que “la revolución chilena volvió a poner de manifiesto más que nunca la crisis de dirección que atraviesa la clase obrera. Pero a su vez desmintió los pronósticos derrotistas y desmoralizados sobre la pasividad y la falta de iniciativa de las masas, por un lado, y de la capacidad del capitalismo y de sus regímenes políticos de abrirse un nuevo horizonte estratégico, del otro” . Y sobre el régimen interno partidario: “Defendemos el centralismo democrático como método de construcción del partido, contra la censura, el espionaje y las expulsiones que se llevaron a cabo en el PO argentino por parte de su dirección. Defendemos la formación de la Tendencia del Partido Obrero de Argentina como la continuidad histórica del programa del PO y de la CRCI.” Junto a los compañeros chilenos, sostuvimos el vínculo con el PT y reforzamos la relación con los compañeros de Prospettiva Operaria (Italia); Grupo Independencia Obrera (España) y Osvaldo Coggiola y el Boletim Classista (Brasil). Hay que señalar que, en medio del Covid 19, elaboramos un programa de acción internacional de la clase obrera para hacer frente a la expansión de la pandemia y la incapacidad de los regímenes políticos capitalistas para afrontarla. El último 1° de Mayo, realizamos un acto internacional con estas organizaciones, bajo la consigna “La lucha contra el capital es de vida o muerte”. El año después A un año de nuestra expulsión, las razones que dieron lugar a nuestra Tendencia no sólo se encuentran vigentes, sino que se han profundizado en dos sentidos. Por un lado, en la delimitación de posiciones que ha tenido lugar con el aparato del PO. Por el otro, en que esa delimitación se ha extendido hacia el conjunto de la izquierda que se asume revolucionaria. Es muy claro entonces que las razones de la crisis del PO trascienden definitivamente cualquier pretensión de lucha faccional, y hunden sus raíces en la agenda real de la lucha de clases, en un momento signado por una crisis excepcional. Apenas pasada la crisis de las expulsiones, esta delimitación se puso de manifiesto en el curso de la campaña electoral 2019. Allí, el FIT-U se dedicó a realizar planteos electoraleros y parlamentarios; estuvo ausente un análisis de la bancarrota económica en curso y de la crisis de régimen. Lejos de que ello redundara en un éxito electoral, el FIT retrocedió a los guarismos de 2011, sólo que una década después. El giro democratizante ha reunido numerosos episodios. Luego de rechazar desde 2018 una campaña política por echar a Macri y convocar una asamblea constituyente, el principal dirigente del Polo Obrero explicaba en cuanto medio de comunicación podía que “Macri debía gobernar hasta el final”. Le siguió la votación del FIT (con la abstención de IS) a la “emergencia alimentaria”, un verdadero llamado de la izquierda a abandonar las calles en medio del agravamiento de la miseria social, y a confiar el destino de sus reclamos en el parlamento y en una ley impotente. En 2020, el FIT-U daba quórum al gobierno nacional para avanzar en una reforma contra las jubilaciones judiciales reclamada por el FMI, como ariete para terminar con los regímenes jubilatorios de docentes nacionales, universitarios y otros supuestos “privilegiados”. Muy poco tiempo antes, le habilitaba el quórum al gobernador Capitanich para votar, en la legislatura del Chaco, nada menos que la ley de presupuesto de un estado y un régimen que protagoniza ahora el mayor vaciamiento sanitario y social del país en medio de la pandemia. Recientemente, en Córdoba, el FIT-U (con excepción del MST) se unió a una componenda con los partidos del régimen para violar el propio funcionamiento de la legislatura y aprobar la “reducción de dietas”, una coartada de Schiaretti para legitimar un ajuste contra todos los estatales. Cuando se cumplía un año de la formación de la Tendencia, las bancas del Po y PTS en la Legislatura porteña -Myriam Bregman, Gabriel Solano y Alejandrina Barry- votaban una resolución que caracteriza al “antisemitismo” en los términos del sionismo internacional, lo cual ha provocado un bochorno político entre las organizaciones democráticas, de derechos humanos, de la causa palestina y de la propia izquierda. A los quorum y votaciones funcionales al régimen político debe sumarse la acentuación del FIT-U como un frente exclusivamente electoral. Por parte del PO oficial, ha desaparecido la crítica al Frente de Izquierda por su inexistente accionar de frente único en todos planos. El único sindicato industrial dirigido por la izquierda -el SUTNA- es el terreno del mayor de los faccionalismos. El arribismo electoral ha conducido a la fracción oficialista a pulverizar toda delimitación política y estratégica con el morenismo, para reducirlo a ocasionales pendencias faccionales. No ha habido una sola polémica de este tipo en todo 2019 y lo que va del 2020. Pero esto se debe a la aproximación política del aparato del PO con el morenismo y no al revés. Esta disolución política en el FIT es una de las muestras más acabada de la destrucción de la trayectoria política e histórica del PO. Existe una marcada caracterización común de todos los partidos del FITU sobre el “planchazo de las masas” y por encima de las responsabilidades políticas de la propia izquierda. Esto abona a la ausencia de balances y de un debate estratégico. Conclusiones ¿Cuál es el escenario político de conjunto que envuelve a nuestro aniversario como Tendencia? La crisis sistémica que acompaña a este aniversario de nuestra expulsión puede ser atribuida por algunos a la “fatalidad” del coronavirus. Pero esa catástrofe sanitaria pone de manifiesto la crisis definitiva entre un régimen social y el medio natural que lo circunda –lo decisivo, por lo tanto, no es la circunstancia ´viral´, sino la incapacidad de la organización social existente para dar cuenta de ella. Las razones de esa impotencia estaban presentes mucho antes de la emergencia del Covid19. Asistimos a la forma agravada y extrema de aquellas contradicciones: las rivalidades comerciales y políticas, el desconcierto de quienes gobiernan y las crisis políticas recurrentes; el rescate del capital a costa de la indefensión de la humanidad entera. Quienes nos echaron del Partido, en el texto donde pretendieron apropiarse de la “continuidad histórica del PO”, nos acusaban de “considerar que el motor de la sociedad ha cesado de ser la lucha de clases para pasar a ser la “crisis capitalista”, como si la crisis capitalista no fuera la crisis del régimen social que vive del trabajo ajeno; y, por lo tanto, no debiera empujar obligadamente a rebeliones populares, crisis de régimen, desplazamientos políticos y transiciones revolucionarias. La crisis del PO, considerada en ese escenario amplio, es la confesión de que asistimos a una transición histórica; y que, como toda transición, ella debe colocar a prueba a las fuerzas políticas en presencia. La Tendencia del PO es la reacción obligada y necesaria de la militancia del Partido Obrero, de sus raíces históricas y su programa, a la pretensión de encorsetar al partido en la rutina de la autoproclamación y el electoralismo, allí donde la crisis capitalista revulsiona a todas las clases sociales y, en primer lugar, a la clase obrera. Por ese mismo motivo, la Tendencia ha dejado de ser la “mera Tendencia del PO”, para proyectarse como “tendencia” de toda la izquierda, dividiendo aguas al interior de sus partidos y atrayendo hacia nuestras filas a los militantes más resueltos e insatisfechos con el derrotismo y el conservadurismo políticos. Nuestros detractores nos reclamaron, entre otras cosas, “no desangrar a la militancia”, con una energía que no tuvieron para rechazar la verdadera sangría – la de las expulsiones y demás actos brutales del aparato del PO. Pero la vitalidad actual de la Tendencia, en la acción política, en los sindicatos, en las barriadas, hospitales y escuelas, demuestra lo contrario: hemos rescatado a un millar de militantes del veneno de la manipulación, el rutinarismo y el despotismo de aparato y, en última instancia, de la desmoralización. El examen definitivo será dado ante el conjunto de la clase obrera, en nuestra capacidad de orientar y organizar los acontecimientos excepcionales que se vienen y sumar a nuestras filas a sus mejores elementos. ¡Adelante! LEER MÁS Por qué una fraccion pública del Partido Obrero

30 de junio de 2020
Municipales de Córdoba: momentos decisivos

El conflicto de los trabajadores municipales de Córdoba se acerca a un punto decisivo: el martes próximo vencen centenares de contratos por tiempo determinado. Para La Voz del Interior (27/6), “la posibilidad de que se caigan los contratos es la estocada previa a una negociación (entre la Municipalidad y el Suoem) que dé por concluido el largo conflicto que ayer cumplió 50 días (…) (el intendente) Llaryora negociará con el Suoem algunas reincorporaciones a cambio de la aceptación de todas las medidas de recorte salarial que el Ejecutivo aplicó desde enero pasado”. En términos algo diferentes, esto ya pasó en el inicio de la gestión de Llaryora, a principio de este año, cuando, por primera vez en más de 30 años, la conducción gremial aceptó incorporar al salario sumas en negro a cambio del ingreso de contratados. En aquella oportunidad, no solo la directiva verde, sino agrupaciones de oposición -como la Fucsia (PO oficial)-, cantaron “triunfo”, cuando en realidad se trataba del inicio de un profundo ataque al salario y a las conquistas de los trabajadores municipales. Los ideólogos y estrategas de Llaryora vuelven ahora a la misma táctica. Los gobiernos de Llaryora y Schiaretti tienen dos varas diferentes para medir la crisis: a los especuladores y a las grandes empresas capitalistas les reconocen aumentos. Emitieron bonos por 2.000 y 9.000 millones de pesos, respectivamente, con aumentos y beneficios gigantescos para renegociar sus deudas. Para los trabajadores, en cambio, pretenden imponer una rebaja estratégica de salarios para pagar los vencimientos de deuda. ¡Aquí están los recursos que se roban a los trabajadores! Pero la gigantesca deuda provincial, como la crisis de deuda nacional, se encuentra en un callejón sin salida, porque el estado nacional también está quebrado. Pese a la opinión interesada de algunos medios de la burguesía, es una gran mentira el intendente se haya fortalecido. En realidad, está acusando un desgaste ante la lucha de los trabajadores que lleva 50 días. Se trata del conflicto gremial más prolongado de los últimos 20 años, cuando Germán Kammerath gobernaba la ciudad. Llaryora se ha visto obligado a recurrir al urgente llamado de cuadrillas de alumbrado, olvidándose de sus planteos de no pagar horas extras, y a los inspectores a los que pretendía reemplazar. La población de los barrios más pobres se ha pronunciado en defensa de las escuelas municipales que pretende atacar. Es un gobierno patronal que enfrenta la perspectiva de una inminente quiebra económica y política.

30 de junio de 2020
Caminata de 600 km para exigir justicia para Katherine Moscoso
Natalia Betti

Hace pocos días, Ezequiel Moscoso emprendió una caminata desde la localidad de Monte Hermoso hacia la ciudad de Buenos Aires, más precisamente la Casa Rosada, en donde espera ser recibido por Alberto Fernández. Ezequiel es el tío de Kathy Moscoso, una joven de 18 años con retraso madurativo que fue asesinada en 2015 y cuyo crimen sigue impune. El cuerpo de Katy fue encontrado luego de una semana de búsqueda en una zona previamente rastrillada. Las pericias indicaron que había sido enterrada viva. En el momento del hallazgo se produjo una pueblada que incendió literalmente la Comisaria del pueblo. En paralelo, también hubo incendios en la casa del Secretario de Seguridad de Monte Hermoso y de oficinas municipales con documentación, filmaciones vinculadas al caso, y una camioneta que contendría pruebas clave. Días después se produjo el linchamiento de un hombre señalado como testigo del entramado que rodea el femicidio. Esto sucedió luego de que la policía liberara la zona (según relatan familiares de Kathy y testigos en el juicio por el linchamiento). En abril pasado, a poco de cumplirse 5 años del femicidio, la familia de Kathy difundió un comunicado donde denuncia directamente a distintos funcionarios del Estado como responsables de encubrimiento. La única imputada del caso hasta el momento fue una amiga de Kathy, quien también sufre de un retraso madurativo. Por encubrimiento hay más de veinte personas involucradas en su denuncia, entre ellas, los fiscales Del Cero, Foglia y Viego , comisarios, policías, funcionarios políticos, empleados municipales y bomberos. “No solo se encubre a quien mató a Kathy, sino todo el trasfondo de droga, narcotráfico y chicas explotadas” denunció el abogado de la familia entre otras irregularidades, como por ejemplo, la negación del permiso para acceder a la causa . Las setenta personas que han sido citadas a declarar lo hicieron exclusivamente por iniciativa de la familia, que también denuncian aprietes de funcionarios públicos contra testigos. En ese entonces el secretario de seguridad de Monte Hermoso era Ricardo Triches (¡comisario separado de su cargo en Miramar por el femicidio de Natalia Melman!) ¡en cuya vivienda estaba el Centro de Monitoreo de Seguridad! Según los familiares, habría pruebas de sobra para demostrar que una de las personas que tuvo contacto con Kathy esa noche sería Mauro Fernández, el hermano de Marcos Fernández, entonces intendente de Monte (PJ-K) y dueño del local bailable donde asistió la joven. La denuncia quedó radicada ahora en el partido de Azul dificultando nuevamente el acceso a la misma por parte de la familia. Los familiares durante estos cinco años, desde la aparición del cuerpo de Kathy apuntan como principal responsable al poder político de Monte Hermoso donde gobierna y gobernaba el PJ-K. Ante este valiente emprendimiento, el intendente de Monte Hermoso Alejandro Di Chiara (FdT) respondió con una verdadera provocación, señalando por los medios que no permitirá el reingreso al pueblo de Ezequiel Moscoso bajo la excusa del COVID. En Monte Hermoso, el poder político está siendo apuntado como responsable de facilitar la prostitución de menores -especialmente de niñas vulnerables- junto al narcotráfico de drogas. El femicidio de Kathy tiene que ser objeto de una campaña nacional discutida por todas las organizaciones de mujeres, de DDHH, políticas y sociales, en la cual se denuncie el entramado de encubrimiento que lo rodea. El caso encuentra parangón con otros como los de María Soledad Morales (Catamarca) y Paulina Lebbos (Tucumán), en el cual el poder político está involucrado directamente, o jugó un rol central en garantizar la impunidad de femicidas, narcos y proxenetas.

30 de junio de 2020
Subte: entre las palabras y los hechos

Un mes después del 18 de mayo, cuando la dirección de la AGTSyP emitió un comunicado rechazando “el reciente acuerdo entre empresarios y un sector de la CGT que habilita las suspensiones y la rebaja de sueldos”, ese “acuerdo marco” rechazado en las palabras llegó al Subte. La UTA lo efectivizó de hecho en un acta donde se establece que la empresa pagará normalmente solo el 60% del salario y el otro 40% lo pagará en forma no remunerativa, una práctica de las patronales que, por reiterada, está llevando al vaciamiento absoluto de los fondos jubilatorios del ANSES. El acta además establece que el compromiso de no despidos ni suspensiones solo tiene alcance por un plazo de 90 días y establece un pago de 400 pesos de “viático” donde se deja afuera del beneficio a los trabajadores privados de trabajar por ser factores de riesgo en una abierta discriminación y rebaja salarial. La dirección del Subte fue prisionera de sus propias afirmaciones, pues una vez establecida el acta que rápidamente se homologó, decidió armar un plenario de delegados donde tiene mayoría y no tomar medidas de fuerza alguna y recurrir a la justicia, mostrando que su comunicado de mayo era solo palabrerío. Sin embargo hay sobradas razones para salir a luchar no solo contra este acuerdo de la UTA sino porque la burocracia no incluyó las reivindicaciones pendientes del bono que se adeuda, la reapertura de las paritarias -ultra necesaria frente a la galopante inflación- y un aspecto fundamental que es la defensa de un protocolo obrero en el Subte, pues lo que ahora hay en materia de seguridad frente a la pandemia esta dictado por una patronal que no le reconoce a la directiva ni la formación de un comité mixto de seguridad e higiene en un olímpico desprecio por la organización gremial mayoritaria en el Subte. Tiene entonces mucho valor ante el acta de la UTA y la parálisis de la dirección de la AGTSYP los planteos formulados en la asamblea del Taller Rancagua. Que en sus considerandos dice: Se resuelve rechazar en todos sus términos la propuesta de la empresa referida a liquidar en forma No Remunerativa el 40% de nuestro salario. La jubilación de los trabajadores no se toca. 2-Exigimos apertura inmediata de Paritarias con actualización salarial indexada por inflación. 3- Plantear pedido de Bono Extraordinario por situación de Emergencia Sanitaria. 4- NO al impuesto a las "ganancias" (salario) 5- 82% móvil para todos los compañeros jubilados. 6- Proponemos discutir un plan de lucha general del Subte para lograr todas estas reivindicaciones. Los compañeros de Rancagua sorteando la pandemia apelaron a una asamblea por teleconferencia hacer votar la voluntad de sus compañeros, algo que la directiva debería imitar para conocer en profundidad la posición de los trabajadores del Subte frente a todos estos atropellos. Si la directiva decide ir a la justicia, se deben replicar asambleas en todos los sectores como en Rancagua para diferenciar claramente las palabras de los hechos.

30 de junio de 2020
Brote descontrolado de coronavirus en Jujuy: Morales es responsable

En 15 días, Jujuy pasó de 9 casos aislados por coronavirus a 105, y a confirmar de manera tardía la circulación comunitaria en la provincia. El brote se inició por el contagio de dos policías de alto rango que participaron del operativo “fronteras seguras” en La Quiaca, junto a funcionarios del gobierno, a principios de junio. Estos oficiales circularon sin restricciones ni cuidados. Cuando fueron detectados, Morales tuvo que decretar el regreso a la fase 1 y, ahora, extenderla hasta el 5 de julio ante la multiplicación de casos. El 90% de los contagiados son policías, personal de la salud que tuvo contacto con ellos y familiares de estos. Se ha puesto en cuarentena a más de 200 policías y la cifra sigue creciendo. En varios lugares se han producido reclamos y suspensión de actividades por parte de efectivos rasos y la oficialidad, exigiendo testeos masivos. Recién ahora Morales dispuso la realización de testeos rápidos a la totalidad del personal policial y de salud. Descomposición policial y encubrimiento Los contagios policiales se habrían producido por el cruce de los dos comisarios a Villazón -Bolivia- para contrabandear doscientos kilos de hojas de coca. Así lo reconoció, tardíamente, el gobierno de Morales, que finalmente presentó una denuncia penal contra ambos policías, luego de encubrirlos durante una semana. La policía jujeña ha quedado en la picota, sumando el reguero de contagios a la represión contra los reclamos del pueblo trabajador y de cometer decenas de atropellos en el marco de la cuarentena. Para tratar de contener la crisis política, el gobierno anunció un bono para la policía y el personal de salud, con recursos de la provincia (el bono nacional sigue sin aparecer). También anunció el pase a planta, limitado, de un sector de trabajadores en salud. Por otro lado, ha habilitado una línea de créditos con período de gracia y a tasa 0 para pymes y comercios. También ha reforzado la asistencia alimentaria en comedores barriales, aunque restringido a aquellos manejados por punteros oficialistas. Ahora pedirá que el gobierno nacional siga cubriendo la IFE para los 160 mil jujeños que podrían dejar de cobrarla en julio. Todo el lastre echado es, de todos modos, absolutamente insuficiente. Esto ha abierto la deliberación del resto de los estatales, que no han recibido aumento alguno durante todo el año, aun cuando el presupuesto 2020 preveía un aumento del 34%. Para colmo, la docencia jujeña fue enviada a retomar el dictado en las aulas sin mínimas condiciones de bioseguridad, de lo cual Morales ha debido retroceder por este brote. Un sector relegado del PJ, en alianza con una parte del aparato policial, ha intentado terciar, exigiendo la renuncia del ministro de Seguridad. La izquierda, en particular el PTS, observa esta crisis desde una posición conservadora - caracteriza un reforzamiento de la política represiva del gobierno y del aparato policial, cuando la realidad es que el gobierno de Morales está a la defensiva y agota aceleradamente sus recursos políticos y económicos. Por protocolos y comités obreros y vecinales Por la red de contactos se activaron protocolos en el ingenio Ledesma, la cooperativa del tabaco de Perico y las minas de El Aguilar y Pirquitas. También en barrios de la capital y del interior. Pero en vez de realizar tests masivos y reforzar el sistema de salud, el gobierno ha reforzado su discurso sobre la responsabilidad individual en los contagios para deslindar responsabilidades. Es necesario reclamar el testeo masivo y los recursos necesarios para que las familias trabajadoras tengan los recursos necesarios para sobrellevar la cuarentena. Se debe triplicar el presupuesto de salud y colocarlo bajo control de los trabajadores del área. Establecer protocolos en cada lugar de trabajo y en las barriadas a través comités obreros y de trabajadores, electos y revocables, ante los límites insalvables de los comités elegidos a dedo por el gobierno provincial y los intendentes. Ante esta nueva evidencia de la descomposición de la policía jujeña, es necesario el desmantelamiento de su cúpula y la reorganización de la fuerza colocándola bajo control de las organizaciones obreras y de derechos humanos. La tropa baja debe elaborar y controlar su propio protocolo de bioseguridad. El gobierno y el estado han quedado expuestos en su incapacidad garantizar la seguridad y la salud de las familias trabajadoras jujeñas. Los trabajadores debemos tomar el asunto en nuestras manos.

30 de junio de 2020
Asamblea de AGD-UBA: la docencia universitaria va al paro

El pasado martes 23 se realizó la segunda asamblea de AGD en lo que va del año. Con la participación de alrededor de 140 docentes, se aprobó un paro de 24 horas para el próximo 3 de julio. Los reclamos centrales son el rechazo del pago en cuotas del aguinaldo, la reapertura inmediata de las paritarias y el reclamo por el pliego regulatorio del trabajo virtual elaborado por Conadu (h). La asamblea también rechazó el acta regulatoria del trabajo virtual acordado entre el gobierno y las burocracias de Conadu y Fedun. El debate central de la asamblea giró en torno a la necesidad de poner en pie un plan de lucha en AGD y a nivel nacional. Sobran las razones para ir a un plan de acción de amplio alcance: el recorte de la cláusula gatillo en febrero, el miserable 6% de aumento en 2020 (recortado de la cláusula gatillo), el costo de los materiales de trabajo (computadoras, internet) trasladado al bolsillo del docente y aumento del volumen de trabajo en el marco de las clases virtuales; y ahora, como si lo anterior fuera poco, el pago del aguinaldo en cuotas. Hace un mes atrás, en la primera asamblea virtual de AGD, desde la Naranja (Tendencia) planteamos aprobar un plan de lucha que incluyera un paro de 24 horas, clases públicas virtuales para debatir sobre las condiciones de la virtualización con los estudiantes, campaña de visibilización de los reclamos por redes sociales e impulsar asambleas en cada facultad. Nuestra propuesta fue rechazada por la conducción del sindicato con el pretexto de esperar a las resoluciones de la Conadu (h). Denunciamos en aquel momento una adaptación al inmovilismo de la Conadu (h), cuyo apoyo a las políticas del gobierno es cada vez más explícito. En esta oportunidad, pusimos esta propuesta nuevamente a la consideración de la asamblea, sumando también la propuesta de avanzar en paros escalonados en caso de no obtener respuestas a nuestros reclamos. A la conducción del sindicato no le quedó otra alternativa que apoyar el paro de 24 horas, pero rechazó el resto de las propuestas, a pesar de ser necesarias para preparar una medida exitosa y generar las condiciones de una continuidad. Vale resaltar que la posición de la conducción naranja de AGD dio un giro. En la asamblea anterior, se opusieron de manera rotunda a exigir un pliego regulatorio del trabajo virtual, incluso atacando a quienes llevamos este planteo como “cómplices del Banco Mundial”. Una semana después, la Conadu (h) levantó un pliego regulatorio con 18 artículos al que llamaron “recomendaciones para el trabajo virtual”. Estas recomendaciones no son otra cosa que una regulación del trabajo virtual en el marco del aislamiento social obligatorio. Los docentes de la UBA no tuvimos oportunidad de discutir el conjunto del pliego: la conducción de AGD ni siquiera se ruborizó por difundirlo una semana más tarde, cuando ya se había cerrado. El aspecto más grave es que se llegó una paritaria técnica nacional sin que la Conadu (h) ni la AGD-UBA plantearan una sola medida de lucha para imponerlo. Esto le abrió el camino al gobierno y a las burocracias para cerrar su propio pliego regulatorio, que deja por fuera cosas fundamentales como el acceso y los costos de los materiales de trabajo, las dispensas, etc. No existen conquistas de los trabajadores que no haya sido precedida por acciones de lucha que las impongan. Un gobierno que enfrenta una crisis de envergadura no va a regalarnos condiciones de trabajo dignas ni aumentos de salario. Basta con recordar que las paritarias están atadas al destino de la negociación de la deuda, que sigue en un impasse. Es necesario que la AGD se ponga a la altura de las circunstancias: este paro de 24 horas debe ser el inicio de un plan de lucha con paros escalonados e instancias sistemáticas de organización y debate. Las asambleas no pueden ser reuniones para ratificar lo actuado por la conducción del gremio y la Conadu (h), por el contrario, deben ser espacios orientados a generar la mayor participación y organización de la docencia. Con esta orientación nos sumamos al paro de 24 horas del 3 y nos comprometemos a continuar la lucha hasta conquistar todos nuestros reclamos. Planteamos: No al pago en cuotas del aguinaldo. Reapertura inmediata de las paritarias. Aumento de salario no menor al 40%, indexado mensualmente. Cumplimiento del pliego regulatorio del trabajo virtual elaborado por Conadu (h). No al pago de la deuda usuraria.

30 de junio de 2020
Transporte en Bariloche: el Estado debe garantizar su eficiencia

Los recortes en los servicios que aplicó en el último tiempo la empresa Mi Bus, que presta el servicio de transporte urbano de pasajeros en Bariloche desde 2016, ha producido un inmenso malestar en los trabajadores de la línea y en los usuarios. Dieciocho juntas vecinales de barrios del oeste se unieron para pedir al municipio mayor control. La empresa accedió a la concesión mediante un contrato directo, tras licitaciones fallidas. Redujo brutalmente las unidades y la situación se agravó con la pandemia, ya que Mi Bus retacea la salida de las unidades y corta servicios en una acción de chantaje por mayores subsidios. Al deterioro del servicio hay que agregar la desidia del Municipio y del Concejo Deliberante ante la falta de control y de hacer cumplir las normas a los empresarios. Se han limitado a constituir una “comisión de seguimiento” que no ha dado ningún resultado efectivo, y solo dilata la situación. Los habitantes de Bariloche no tenemos por qué sufrir las consecuencias de mala política de funcionarios y empresarios. Ante los fracasos señalados, es vital una salida que privilegie a trabajadores y usuarios, quienes deben constituirse en una comisión de control que garantice el buen funcionamiento de la línea. Como medidas transitorias: Ante la inoperancia del sector patronal, que los trabajadores, a través de una comisión electa por asamblea, tengan el control de los ingresos y egresos con poder de veto. Que el dinero de la recaudación y los subsidios sean destinados, prioritariamente, a los insumos para el funcionamiento operativo de la empresa y los salarios del personal. Que usuarios y trabajadores diseñen un servicio en función de sus necesidades. Ante la tentativa empresaria de obstaculizar esta iniciativa, y teniendo en cuenta que el transporte es un servicio público, el Municipio debe hacerse cargo de la empresa bajo control de los trabajadores. Esta experiencia es perfectamente posible. La vivimos en 2002 en Transporte del Oeste, que llegó a ser una de las empresas más importante del país, con 350 unidades y casi 1.500 trabajadores, a través de paros y movilizaciones con el apoyo de los usuarios. El cuerpo de delegados y trabajadores electos por asamblea constituimos una comisión con poder de veto que controló los ingresos y egresos de la empresa. Los trabajadores pasamos a supervisar su movimiento financiero. La prioridad fue el respeto por los salarios de los trabajadores y la compra de insumos. Los directivos pasaron a cobrar sus salarios de convenio igual que un trabajador. La comisión de control se dividió las responsabilidades, pasando a cubrir todas las aéreas de la empresa, talleres, administración, tráfico, etc. El control se hizo sentir a poco de andar, cuando se detectó la facturación trucha de 5.000 litros diarios de combustible, los curros con la rectificación de motores, y la sobrefacturación de los repuestos. La conclusión es que 1) Se puso de manifiesto de cómo deliberadamente se llevaba una empresa al vaciamiento. 2) El contubernio entre empresarios sin escrúpulos, funcionarios, la dirigencia gremial (UTA) y el poder judicial. 3) Que los trabajadores estamos en condiciones de llevar adelante una empresa. MiBus presta un servicio público. Quien debe garantizar su funcionamiento es el estado y lo puede hacer bajo control de los trabajadores. Manos a la obra.

30 de junio de 2020
“Coqui" García el falsificador

Prensa Obrera ha publicado un artículo sobre la jornada del 26 de junio, aniversario de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Dario Santillán, donde el escriba Juan García -apodado "Coqui" desde que habilitó el quórum para la aprobación del presupuesto de Capitanich en Chaco- se despacha con una serie de falsificaciones para acusar "al grupo de Altamira y el MTR Martino" de haber roto el acto en el Puente Pueyrredón. “Coqui” García escribe un relato en el que falsifica las discusiones e intercambios que se desarrollaron en las semanas previas al 26. Desde el 5 de junio, nuestra Tendencia del Polo Obrero tomó contacto con distintas organizaciones para discutir el carácter de la jornada. Para ese entonces, se debatía entre hacer un acto virtual o callejero. Avanzados los días, y sin resolución sobre la modalidad del acto, nuestra Tendencia del Polo Obrero y otras organizaciones, emitimos un documento llamando a poner en pie un acto unitario en el puente Pueyrredón por los 18 años de la Masacre de Avellaneda, denunciando la agudización de la crisis social y política en el marco de la pandemia y la capitulación del gobierno ante el capital financiero y el FMI, que someterá a los trabajadores a una miseria creciente. En nuestro texto denunciamos al gobierno por mantener la impunidad de los autores intelectuales y políticos de los crímenes de Maxi y Darío, como Felipe Solá y Aníbal Fernández -hoy funcionarios-, y Eduardo Duhalde y Chiche Duhalde, quienes ofician de consejeros presidenciales y del ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. A este llamado se sumó Vanina Kosteki, hermana de Maximiliano. Pero resulta que el 23 de junio, mediante un llamado telefónico a las diez de la noche, se nos informa que en una reunión virtual a la que no nos quisieron integrar, se había decidido convocar a un acto en el puente por parte de un conjunto de organizaciones. El emisario de la reunión de la que fuimos excluidos nos informó que se nos incorporaría a la discusión del documento común en un grupo de WhatsApp. Esa prometida incorporación a la discusión del documento no existió. El único contacto que se produjo, a través del MTR de Martino, nos conminaba a mandar algún agregado al documento sin posibilidad de otro intercambio. La discusión había sido cerrada de manera unilateral. El 26 en Avellaneda En este marco, resolvimos ir a Avellaneda y plantear a todas las organizaciones subir juntos al puente, como todos los años, que se lean los dos documentos y hablen los familiares de Darío y Maxi. Es decir, un planteo de acción unitaria para realizar el corte y el acto. El Polo Obrero, con Eduardo Belliboni a la cabeza, se opuso a este planteo al punto de amagar con irse a las manos si se discutía esta posibilidad. Acuso de "usurpadores" a militantes que durante 18 años nos movilizamos al Puente Pueyrredón y fuimos parte de aquella jornada histórica. Belliboni, al que no se le conoce intervención alguna en aquel periodo intenso de luchas piqueteras, pretende borrar con matonaje que en las filas de la Tendencia hoy militan los compañeros que fueron heridos, procesados e incluso juzgados y condenados por la lucha del puente Pueyrredón. Queda a las claras que no había ninguna disposición para un planteo unitario, como miente “Coqui”, sino acuerdos pre establecidos por algunas organizaciones para romper el acto. Se desoyó incluso el planteo de Vanina Kosteki de que se hiciera un corte y subida común al puente. Queda a las claras que “Coqui” García miente al acusar de que hubo dos actos por una acción de la Tendencia del Polo Obrero, el MTR Histórico, el MIJD y las demás organizaciones. Fue así que resolvimos subir al puente y realizar nuestro acto, donde hablaron Vanina Kosteki y un representante de cada organización. Las perspectivas del movimiento de lucha Lo que el fabulador del PO (o) evita poner en su cloaca publicada en Prensa Obrera es el carácter que asume hoy la lucha contra un régimen en decadencia. Como hace 18 años, se están poniendo en juego dos perspectivas. En aquel junio de 2002, con la sangre recién derramada de Maxi y Darío, con decenas de compañeros heridos con balas de plomo y muchísimos detenidos, el movimiento piquetero se debatió entre una posición que consideraba que se venía una reacción contra el pueblo trabajador y otra que denunciaba que el gobierno no tenía perspectivas y que una respuesta contundente abriría un nuevo curso a la lucha obrera. La respuesta inmediata y masiva en las calles sellaría ese debate con la caída de Duhalde y el fin de la tentativa de imponer por la fuerza una derrota al curso abierto por el Argentinazo. El "Coqui" dice que la Tendencia desprecia al movimiento piquetero para el consumo interno del aparato del PO. La Tendencia del Polo Obrero está en la primera línea de la lucha por la defensa de la cuarentena, organizando ollas populares que son la base para luchar por poner en pie comités barriales y darle una perspectiva política a la lucha dentro de las villas y barriadas obreras, en el momento que el estado y el capital buscan modificar las relaciones de explotación de los trabajadores y los expone, además, a un contagio masivo. Nuestro documento del 26 de junio señaló la necesidad de "un Congreso Nacional de Trabajadores que plantee las medidas sanitarias y sociales para salir de esta crisis". Un llamado que hacemos desde la lucha concreta que desarrollamos con muchas de las organizaciones que se movilizaron el pasado 26. Por eso fuimos parte de varios actos únicos en distintos puntos del país, del mismo modo que luchamos en común con varias organizaciones en diversos distritos y provincias Los que han votado la Emergencia Alimentaria enmarcada en los reclamos del FMI, dan quorum a los presupuestos fondomonetaristas o se negaron a luchar por terminar con el gobierno de Macri pretenden explicarnos que “el peronismo ha vuelto al poder”, como si no fueran parte de un frente de gobierno que se despedaza al calor de la crisis política. García y el PO (O) han entrado en una perspectiva de integración al régimen, funcionales a las políticas del capital. Nuestra Tendencia señala la necesidad de la coordinación de las luchas, su unificación con un programa de salida obrera, y congresos de trabajadores para enfrentar a la barbarie. Por eso llamamos a todos los trabajadores a discutir esta perspectiva.

30 de junio de 2020
La economía de la cuarentena

La información de que la “actividad económica” había caído un 26,4% en abril pasado con relación al año precedente, sirvió al arsenal de improperios que las grandes patronales descargan sobre la cuarentena, con la finalidad de obtener en tiempo rápido la llamada “reapertura de la economía”. Es de puro sentido común esperar un derrumbe de la producción, luego de una decisión de cerrar todas las actividades que no son esenciales para la subsistencia de la población, incluso se observa lo mismo en aquellos países que no han recurrido a la cuarentena, cada vez que se informa de un rebrote de la pandemia o del crecimiento de la curva de contagios. Lo que advierten los elevados números de caída de la actividad es el coronavirus que afecta a la economía mundial desde antes de la pandemia. El confinamiento productivo ha expuesto el nivel elevado de insolvencia del capital internacional, que a la velocidad del rayo colocó a numerosas compañías en default, o sea cesación de pagos; produjo un corte en la cadena de pagos; y desató un reguero de concursos de acreedores. Esto explica la inyección de decenas de billones de dólares de los bancos centrales más importantes en los mercados financieros e incluso directamente en el comercio y en la industria, y también el gasto público financiado con mayor deuda. Son varios los países que han visto una caída relativa mayor a la de Argentina, sin haber impuesto el aislamiento preventivo por medio de decretos. Si antes de la pandemia había un país que integraba el “grupo de riesgo” frente a un Covid-19 económico, ese era Argentina. En los tres años previos a esta crisis sanitaria, el capital internacional había convertido a Argentina en un gran “esquema Ponzi”, que consiste en pagar deudas con mayor endeudamiento, siempre más caro. Vicentin, Molino Cañuelas, Arcor, Ledesma, Garbarino y tantos más fueron desbaratados por el aprovechamiento que pretendieron sacar de esa especulación financiera. El macrismo inició la reprogramación de plazos para pagar la deuda pública, bautizada como ‘reperfilamiento’, seguido luego de un modo consecuente por los Fernández. La dicotomía economía vs. salud simplemente esconde la desesperante necesidad de un salvataje del estado al capital. Ningún economista intentó siquiera aludir a la estafa financiera que se encuentra mezclada en el porcentaje extravagante de caída de la “actividad económica”. En efecto, la actividad financiera apenas se deslizó un 3,5 por ciento, y esto por razones todavía más extravagantes. Ocurre que, en medio del derrumbe, el negocio de las Leliq, o sea el canje de dinero de los bancos por títulos del Banco Central, ha tocado un pico – sigue la curva de la misma pandemia, pues se aproxima a los dos billones de pesos, algo como 20 a 25 mil millones de dólares. De modo que el dinero para el IFE, los ATP y los diversos subsidios del gobierno se han convertido en un negocio bancario excepcional, porque la emisión de moneda para solventarlos está financiada por el sistema bancario a una elevada tasa de interés. Lo mismo ocurre con la emisión de títulos públicos para pagar aquellos que vencen, o para canjear los que están en pesos por otros en dólares. Algo más sofisticado, con otras variantes, tiene lugar en el resto del mundo, porque el dinero del rescate es usado para especular en la Bolsa, con la expectativa de zafar en los concursos preventivos, a costa de los acreedores y los trabajadores. Una empresa en situación de quiebra, Herz, vio subir un tres mil por ciento sus acciones, a la espera de una salida positiva a su ronda de discusiones con los prestamistas. Los Fernández han financiado la cuarentena con un incremento enorme de la deuda pública con el sistema financiero, minando: uno, la solvencia del estado; dos; la capacidad de sostener con mayor amplitud las economías familiares; los recursos para una salida a la crisis tomada en su conjunto. El alcahueterismo mediático disfraza a los rescates como una salida a la crisis, cuando en realidad la intensifica en extremo grado. La expectativa del capital no es salir de la crisis mediante rescates, sino imponiendo una reorganización económica y política de mayor sometimiento de la fuerza de trabajo. Que esta tendencia se tenga que enfrentar a una sociedad que tiene mayor consciencia ahora de la crisis de salud, de vivienda y de trabajo que cerca sus vidas, sólo convierte a ese antagonismo en más explosivo. Una economía de subsidios, determinada por una cuarentena social de salud, representa una contradicción, en principio, con la acumulación de capital que gobierna a la sociedad actual, porque se sustenta en el flujo de fondos, que es destinado, debido a una emergencia, a la producción y el consumo esenciales. El escenario de los capitales individuales, que procuran capitalizar ganancias, pasa a ser ocupado por el estado, que se mueve con un mecanismo de ingresos y egresos. Ese flujo de fondos es nutrido por los recursos monetarios públicos, por los impuestos que paga el sector productivo ‘esencial’ y por el stock de ahorros disponibles del sector privado. En este sector ‘esencial’ debería incluirse si existiera, como demandantes de recursos, a los sectores industriales capaces de una reconversión funcional al combate al virus. Los gobiernos de turno, sin embargo, enchalecan la economía de flujos en el proceso de acumulación de capital, al que siguen reservando la financiación de la economía. Una consciencia parcial de esta contradicción la mostraron el inglés Boris Johnson cuando firmó un acuerdo de servicios con sanatorios privados a precio de coste sin lucro, o la Reserva Federal de EEUU, que condiciona su ayuda financiera a que las empresas no repartan dividendos. Los Fernández, repetimos, financian la cuarentena con Leliqs y un mayor endeudamiento del Tesoro. Una economía de flujos de fondos de parte del estado exige la estatización del sistema financiero y de la industria, y naturalmente el cese del pago de la deuda pública – con la excepción de los acreedores pequeños Cuando se toma en cuenta esta ley económica interna que rige la cuarentena de los Fernández, es claro que el abusivo 26,6% de caída que registró la “actividad económica” de abril, es un anticipo del choque de placas tectónicas que enfrenta Argentina. En lugar de canalizar los recursos sociales acumulados para enfrentar la pandemia, lo cual implica, en última instancia, una estatización de la economía, ha despilfarrado los recursos limitados del estado, incluida la autoridad para imponer las reglamentaciones necesarias en una situación excepcional. A diferencia de 2002, no cuenta con la posibilidad de un empuje del comercio internacional. En cuanto al financiamiento internacional, su viabilidad está condicionada a una re-colonización industrial por parte del capital financiero – así como al desarrollo de la crisis mundial. La agitación de las expropiaciones, desde los grupos económicos hasta la pequeña burguesía por la crisis de Vicentin, suena a tufillo golpista en cuanto se refiere a las intenciones políticas de los Fernández, pero no en cuanto advertencia de que las expropiaciones están colocadas en la agenda de la crisis mundial, sin ninguna duda. VER MÁS [VIDEO]