Diciembre de 2019

La nueva Ley de Residencias y Concurrencias del gobierno de Larreta y su ministra de Salud Bou Pérez puso en pie de lucha a lxs trabajadores de la salud pública. Los paros y movilizaciones masivas de este jueves y viernes, convocados desde las asambleas de residentes y concurrentes, fueron masivos. Tras la represión en la Legislatura, la Asociación de Médicos Municipales (AMM), aliado incondicional del macrismo, se vio obligada a adherir al paro del viernes, pero sin hacer mención a la ley del oficialismo. Durante el fin de semana el paro ha continuado, sin guardias, y el lunes habrá una nueva jornada de paro y movilización a Jefatura de Gobierno. Precarización La ley de Larreta-Bou es parte del “ordenamiento” laboral que propone la Cobertura Única de Salud (CUS) del Banco Mundial. El año pasado había tenido su primer capítulo con la aprobación de la carrera profesional. En ese momento se discriminó a enfermerxs y otrxs profesionales, desconociendo sus labores y dejándolos afuera de la carrera. Este paquete de reformas laborales en el campo de la salud apunta a flexibilizar y precarizar, aún más, las condiciones en las que desenvolvemos nuestra labor médicxs y profesionales. Es la contracara de la degradación del derecho a la salud pública que sufre el conjunto de la población trabajadora. El núcleo de la ley es el desenganche del salario de lxs residentes del de lxs trabajadores de planta. Hasta ahora, nuestro sueldo era equivalente al de un médico de 24 horas… si bien los residentes teníamos que cumplir jornadas de hasta ¡64 horas! (o aún más en el caso de clínica o las especialidades quirúrgicas). Ahora, ni siquiera tendremos derecho a esa (falsa) equivalencia. Esta jornada híper extendida se mantiene intacta en la nueva ley, revestida con el verso de la “formación intensiva”. Se pretende obviar que las guardias, además de instancias de formación, implican también una carga laboral. El colapso en muchos hospitales, provocado por el paro de este fin de semana, está sacando a la luz que las guardias son sostenidas por lxs residentes, sin personal de planta ni supervisión alguna. Como se coreaba en las movilizaciones, “sin residentes, no hay hospital”. Otro punto no menor es el de la elección de lxs jefxs de residentxs. La nueva ley pretende imponer que el derecho a ser elegidx cuente con aval de jefxs de servicio y/o coordinadorxs. Esta cláusula esta confeccionada a la medida de la burocracia de AMM. Este verticalismo se complementa con un régimen de sanciones. Además, la normativa pretende legalizar dos cuestiones ya existentes de hecho. Por un lado, que lxs residentes tendríamos licencias menores que lxs trabajadores de planta, a pesar de trabajar muchas más horas y asumir responsabilidades que no nos corresponden. Por el otro, que lxs más de 1.400 concurrentes del sistema seguirán trabajando sin cobrar un peso, desconociendo que su trabajo es indispensable para el funcionamiento de muchos hospitales. La ley declara a la concurrencia como un “trabajo honorario” al estilo de los “ad honorem” de la universidad. El quiebre La rebelión de lxs residentes contra esta ley–y, en verdad, contra las actuales condiciones laborales de superexplotación- descolocó a varios. Hasta último minuto, secretarixs de los Comités de Docencia e Investigación de los hospitales (CODEI) y coordinadorxs generales de residencias estuvieron metiéndole mano al proyecto, al igual que lxs legisladores del kirchnerismo. Al calor de la movilización de los residentes, el bloque K, que en la Comisión de Salud y Trabajo había avalado la ley, decidió retirar sus firmas. En represalia, el PRO dio de baja todas las modificaciones y terminó votando la versión más retrógrada de la ley. En una maniobra que invalida toda la votación, a lxs legisladores que salieron del recinto durante la represión no se les permitió volver a ingresar. Otro tanto ocurrió con la burocracia de AMM, que recién convocó al paro el viernes tras constatar la bronca que amenazaba con traducirse en desafiliaciones masivas en varios hospitales. La Federación de Profesionales, cuya dirección suele acompañar a AMM, dio aval gremial al paro del jueves a último minuto. Distinta fue la actitud de asociaciones como la APSS y APACSA, profesionales de las ciencias sociales, que convocaron a las mediadas desde el primer momento. Las asambleas y movilizaciones de lxs residentes lograron agrietar complicidades políticas, jerárquicas y gremiales de larga data. En todos los hospitales se desarrollaron asambleas. En la primera asamblea general de la semana, realizada el lunes en el Gutiérrez, no éramos más de treinta compañerxs. El viernes, en la movilización que partió de Corrientes y Callao, éramos más de cuatro mil. La asamblea del viernes votó extender el paro hasta el lunes, incluyendo las guardias de fin de semana. El ministerio respondió ofreciendo dinero para contratar a otrxs médicxs. En algunos hospitales, ofrecieron plata a sus mismxs residentes, que cotidianamente hacen esas guardias de forma gratuita como parte de su “formación”. Lxs residentes, en asamblea, rechazaron el “soborno” oficial. El lunes se realizarán asambleas en todos los hospitales durante la mañana y luego movilizaremos a Jefatura de Gobierno para exigir una reunión con el poder ejecutivo. Objetivos El principal desafío es lograr la anulación de la ley. Pero la profundidad de la rebelión de lxs residentes puso en cuestión el conjunto de las relaciones laborales en salud, que excede por mucho un texto legislativo. Al interior de cada hospital y centro de salud, al margen de cualquier ley, es necesario terminar con el sometimiento diario de lxs residentes por parte del personal jerárquico superior. Ni hablar de la situación de lxs concurrentes, que trabajan de forma gratuita y muchas veces ni cuentan con instructorxs para formarse. Está planteado constituir asambleas, votar delegados y formular los reclamos para modificar la relación de fuerzas tanto frente al gobierno como frente a cada jefe y director. Un tercer objetivo, nada menor, es el salarial. Tanto residentes como trabajadorxs de planta recibimos, al estar hasta ahora vinculadxs, el mismo 19% de aumento en cuotas a lo largo de 2019 contra una inflación que superará el 50%. En diciembre, está prevista una cláusula gatillo, que debería aplicarse con el índice de inflación de enero y pagarse de forma retroactiva en febrero. Sin embargo, muchxs descuentan que el gobierno se negará a compensar los más de 30 puntos que perdimos. Por eso, un tema fundamental es unir a residentes y trabajadorxs de planta para exigir que se aplique la cláusula gatillo sin manipulaciones y se otorgue un bono compensatorio de fin de año. Vamos por un plan de lucha de toda la salud. La ANM se mantiene al margen. Alcances El ataque a las condiciones de trabajo de residentes y concurrentes apunta al desguace del sistema público de salud. En el mejor de los casos, siguiendo las recomendaciones de la CUS, se pretende conservar un sistema público subsidiario, orientado a la contención de la población más vulnerable. La ofensiva contra los residentxs pretende dejar el campo de la salud libre para el copamiento privado. El avance de la privatización de la salud significaría, al mismo tiempo, una expropiación aún mayor de derechos y salarios para el común de lxs trabajadores. Del otro lado, la rebelión de lxs residentes no cayó del aire. Muchxs participaron de los estudiantazos contra las autoridades y gobiernos cuando fueron estudiantes. Otrxs, más recientes, vienen de protagonizar el movimiento por el aborto legal y todos los derechos de mujeres y disidencias; o la huelga universitaria de 2018 contra los recortes del macrismo. La lucha de lxs residentes se puede ver reflejada en la que dieron lxs docentes y trabajadores de Chubut, en ese caso contra un ajustador ligado al próximo gobierno FF. Y es parte, a su modo, de una tendencia que recorre a la juventud de América Latina, de Chile a Bolivia, de Colombia a Ecuador. Nuestro país, por más que se insista en aparentar lo contrario, no es inmune a esas luchas, incluso las encabeza. ¡Adelante compañerxs!

El tribunal oral federal de Tucumán absolvió al genocida Cesar Milani por la desaparición del conscripto Ledo, en 1976. Milani estaba acusado de haber falsificado el acta de deserción del conscripto, quien permanece desparecido. Diversos testimonios aseguran haber visto a Ledo en el Centro Clandestino de Arsenales, en diciembre, esto es cuatro meses después de su supuesta deserción. La familia de Ledo había pedido seis años de prisión para Milani. Por otra parte, el ex capitán Esteban Sanguinetti, quien se encontraba al mando de la Compañía de Ingenieros donde revestía Ledo, fue condenado a 14 años de prisión. Sin embargo, fue beneficiado con el arresto domiciliario. Los fundamentos de la sentencia serán dados a conocer el próximo 5 de diciembre. El tribunal hizo caso omiso de numerosos testimonios y pruebas presentados contra Milani, quien operaba en el ámbito de “inteligencia militar” bajo la dictadura. Ledo estaba identificado como militante del PRT-ERP. Su desaparición se produjo en el marco del entonces vigente “Operativo Independencia”. Semanas atrás, el 9 de agosto, a pocos días de las Paso, un tribunal riojano había absuelto a Milani por el secuestro de la familia Olivera, padre e hijo. Tras ese fallo, Milani recuperó la libertad. Su nombre figura en el Nunca Mas de La Rioja desde 1984. Con la decisión del tribunal tucumano, su impunidad queda garantizada. Poco antes del veredicto, Milani se refirió a "una campaña política, mediática y judicial inédita contra un jefe del Ejército, tanto aquí como en el juicio de La Rioja, basado en acusaciones falsas. Más que a mí se ha castigado al Ejército argentino, privándolo de una reconciliación definitiva con el pueblo, y de una recuperación de capacidades durante mi gestión, la más importante de los últimos años. Hoy el Ejército está de nuevo de rodillas, respondiendo a intereses de potencias extranjeras que nada tienen que ver con los de la patria, hoy vemos pueblos latinoamericanos de pie y Fuerzas Armadas dándoles la espalda. Acá me atacan los fundamentalistas de izquierda para dividir al campo popular". Como el uruguayo Manini Ríos, que se ve como la espada que refundará un ejército ariguista, Milani se reivindica como un jefe militar sanmartiniano – en ambos casos víctimas de una conspiración de la izquierda. Los argumentos de uno y otro delatan a dos impostores, que lustran sus credenciales para subirse a las fracciones políticas que ganaron las elecciones en ambos lados del Plata Milani, jefe de la Inteligencia militar, había sido nombrado a la cabeza del Ejército por CFK, tras la crisis por el memorando con Iran con la ex SIDE comandada por “Jaime” Stiuso. Ya se conocían en ese entonces las denuncias de las familias Ledo y Olivera. Finalmente, el pase a retiro de Milani estuvo marcado por sus intentos por sintonizar con el relevo del gobierno a manos del macrismo.Macri intentó ‘rehabilitar’ a las FFAA, como todos quienes le precedieron pero chocó con las grandes movilizaciones contra el 2x1 a los genocidas presos. Los familiares de las víctimas de Milani anunciaron que apelarían a los tribunales internacionales.

Colombia vive una fractura del régimen narco-paramilitar liderado por el uribista Duque. Es el segundo paro de 24 horas que viven los colombianos tras la movilización del pasado 21 de noviembre –que fue continuado con 6 días de paros. Ciudades como Bogotá, Barranquilla, Cali y Medellín (históricamente dominadas por el uribismo), se paralizaron. Por la resistencia de las jornadas de protestas, Duque anunció la incorporación de tres días sin IVA al año para que las familias y empresas puedan realizar compras, una echada de lastre que no soluciona la crisis de régimen colombiana. Aunque la mayoría de los analistas decían que se apaciguaría la situación, “una semana después las protestas y enfrentamientos con la policía han sido diarios” (lavanguardia, 28/11). Los acuerdos de paz fueron bañados en sangre (casi 800 muertos desde 2016), incluidos bombardeos sobre niños indefensos. Las protestas en las regiones de conflicto armado, donde se produjeron 210 mil desplazamientos campesinos desde el acuerdo de paz (2016) y los más de 7 millones de desplazados en décadas de conflicto armado (en niveles que se ubican sólo detrás de Siria), muestran la crisis de un régimen de acumulación de “bueyes” y “balas”. El “paquetazo” de Duque constaba de privatizaciones del petróleo, el sistema de jubilaciones, un impuestazo y la reducción del salario de los jóvenes al 75% del mínimo (Link de https://politicaobrera.com/internacionales/186-huelga-general-en-colombia ). La huelga general del 21N, inédita en la historia reciente del país, dejó 4 muertos y centenares de heridos, y al país en estado de sitio y militarizado. El asesinato por la espalda a Dilan Cruz, un joven estudiante de 18 años, por parte del tenebroso ESMAD (policía antimotines), generó el repudio de la sociedad. Las negociaciones luego de la huelga fracasaron y el 27 se lanzó otra Huelga General, en donde los convocantes dijeron que de no ser oídos pedirían la renuncia de Duque, o sea, una huelga política de masas que plantea el problema del poder. Uno de esos reclamos es la disolución de la ESMAD y la “depuración” de la Policía, levantado con fuerza por los estudiantes junto a la gratuidad del sistema educativo en todos sus niveles. Otras demandas del Comité Nacional del Paro son: derogación del holding financiero, un grupo estatal que pretende agrupar empresas para privatizarlas, rechazo a la reforma de pensiones, impositiva, no poner en marcha nuevas reformas laborales y la aplicación de los acuerdos alcanzados en 2016 (laopinion, 27/11). Sin embargo, el mismo lunes el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, formalizó la creación del holding financiero. Diógenes Orejuela, presidente de la CUT, respondió: “Nos parece una ofensa que, en medio de las movilizaciones, Carrasquilla haya tomado esa decisión” (ídem), y aseguró que no se levantarán de la mesa de negociaciones. La mesa de negociaciones del gobierno no logró desmovilizar a las masas. Por primera vez en la historia de Colombia se realizan cacerolazos, impulsados por la CUT y las organizaciones sociales. Los “piquetes” y las “cacerolas” no son dos reclamos separados, sino que expresan la tendencia a la unidad de las clases medias con las reivindicaciones obreras y populares. En ese marco también se intervendrá en el 1D, el cacerolazo latinoamericano (de México a Chile) contra la represión Estatal. Además, En el marco de las protestas en contra del presidente Iván Duque, movimientos sociales de Colombia se reunieron este sábado para la realización de asambleas populares, para organizar un plan de lucha coordinado (telesur, 30/11). Esto expresa un salto en la deliberación popular y en la coordinación de las luchas.

El jueves 27 y viernes 28 de noviembre se realizaron las elecciones para el claustro de graduados del CER (Consejo Resolutivo) del colegio Carlos Pellegrini. La novedad fue la victoria de la lista 10 “Proyecto Pelle” (Franja Morada, UES y CTERA) con 326 votos, otorgándole una mayoría automática al rectorado en el Consejo. En segundo lugar, se ubicó la lista kirchnerista (Emergente, La Cámpora) con 271 votos. Por su parte, en el último lugar, la UJS oficial -en soledad- recolectó apenas 54 votos. La comparación con la última elección del claustro revela que 160 egresados han decidido, esta vez, no ir a votar. La destrucción del frente ganador durante toda esta década, Frente de Graduados por la Democratización (FGD, que lideraba el PO), ha tenido un costo altísimo. La victoria del rectorado implica, en la práctica, la anulación de la conquista que significó la creación del Consejo durante la gran lucha del 2007. Desde ese año el CER ha funcionado como la caja de resonancia de los reclamos estudiantiles y docentes. Como ha sucedido con la FUBA y los centros de estudiantes de la UBA; en el Pelle, con este avance, el rectorado refuerza sus intenciones de copamiento del colegio y deterioro de la educación pública. Las condiciones de cursada, su presupuesto y los derechos de sus trabajadores se ponen aún más en cuestión debido al significado de este retroceso. La ruptura del histórico FGD es lo que explica esta nueva situación, ya que la lista de la Franja obtiene exactamente los mismos votos de siempre. Este frente, del cual la UJS-PO fue fundador y gran animador, fue la expresión del movimiento de lucha estudiantil y docente del colegio, combinando a su interior distintas agrupaciones políticas. En ese sentido, la responsabilidad del aparato que dirige oficialmente a la UJS es inesquivable. A la cooptación que sucumbió a buena parte de la lista (Ofelia Fernández, TPR) se la debería haber enfrentado convocando a los egresados a defender al FGD. Lejos de cualquier clarificación política, la UJS procedió a un abandono del FGD, sirviéndoles en bandeja a los cooptados K el monopolio de la oposición a la Franja Morada y a la burocracia sindical de CTERA. Ese abandono sin pelea ha disuelto y desmoralizado al activismo de izquierda que animaba el FGD. Como si fuera poco, la UJS oficial -teniendo el control de la página de Facebook- borró absolutamente todas la declaraciones y publicaciones... ¡de los últimos 10 años! Un crimen político contra la gran historia de lucha del colegio por parte de un aparato sin rumbo. El desprecio de la camarilla que controla la UJS por la lucha histórica del colegio, es incompatible con una organización militante En otras oportunidades, la oposición de la UJS (junto con el Revire) había logrado evitar el ingreso del aparato K en la lista. No se nos escapa tampoco que el papel de Emergente, con la legisladora del Frente de Todos Ofelia Fernández al frente, reforzó la tendencia de este sector a una integración al estado. Formar parte del próximo gobierno de Alberto Fernández coloca a este sector vinculado a la lucha del colegio en el campo de la burguesía . De nuevo, en ese caso, la UJS-PO tenía la responsabilidad de clarificar el alcance último de todas estas divergencias. La nueva etapa que se abre en el colegio exige que sus graduados, pero sobre todo sus actuales estudiantes y docentes, elaboremos un balance de la situación y un programa en defensa de las condiciones de cursada, por el presupuesto y por los derechos laborales de los docentes. La izquierda, por su parte, se encuentra en un largo impasse, que se agrava por el sometimiento a un aparato. La UJS-Tendencia convoca al movimiento estudiantil a procesar un balance político y a poner en pie una nueva alternativa de lucha y organización en el colegio.

Las comunidades del departamento de Antofagasta de la Sierra, al oeste de la provincia de Catamarca, están sufriendo todo tipo de atropellos dirigidos a imponer diversas medidas a favor de la empresa minera norteamericana Livent, que extrae litio en la zona del Salar del Hombre Muerto desde hace 25 años. Livent comenzó tiempo atrás la construcción de un acueducto de 30 km que va a conectar la planta minera con la zona de servidumbre de agua dulce proveniente del río Los Patos, ya que el rio Trapiche, desde donde la minera se abasteció de agua durante todos estos años se secó producto de la explotación intensiva del mismo. Durante 18 años, Livent no pagó ningún canon por el uso del agua. Los planes de la empresa prevén la duplicación de la producción actual de 17 mil toneladas anuales a 36 mil. El proyecto minero establece la creación de seis pozos para la toma de agua de los cuales se extraerían 650.000 L/h de cada uno. Teniendo en cuenta que Antofagasta es una zona árida y que ya secaron un río, una extracción de estas dimensiones del río Los Patos, el efluente más importante de todo el salar, es un ataque criminal contra las familias trabajadoras que habitan en la zona y que dependen del río para el consumo diario, para la cría de animales o el regado de cultivos. Es por esto que el proyecto despertó el rechazo de toda la comunidad de Antofagasta de la Sierra. En el mes de agosto se realizaron asambleas y cortes de ruta bajo la consigna 'no al acueducto'. La respuesta del gobierno fue la represión. El gobierno de Corpacci ha inundado de policía la zona para perseguir a los activistas ambientales. Se han producido seis detenciones. En agosto, fueron procesados tres integrantes de la familia Morales, conocida de la zona, cuya casa se encuentra en un nuevo camino que comunica a Antofagasta con el Salar. La familia fue golpeada, detenida y enfrenta ahora una causa por usurpación de tierras, impulsada por el Estado provincial. Luego fue detenido un cineasta y comunicador social de la asambleas Fiambalá Despierta, y la semana pasada fueron detenidos Hugo y Ramon Calpanchay. Una señal oficial a las empresas mineras para demostrar hasta qué punto el gobierno pretende garantizarles el negociado y para regimentar a las organizaciones sociales, ambientales y a todos los que luchan contra el saqueo y en defensa del medio ambiente. Como si de esto fuera poco, la gobernadora tuvo la caradurez de decirles a los antofagasteños que lo ocurrido con el río Trapiche fue "hace mucho tiempo, cuando ninguna de las autoridades miraba lo que pasaba", como si ella misma no hubiera sido autoridad durante 12 de los 25 años en los que se viene extrayendo el mineral. Todos estos atropellos han activados las asambleas ambientales de diversas localidades. Se han realizado diversas acciones en solidaridad con la familia Morales y más recientemente en Belén, donde habían sido llevados detenidos, con Hugo y Ramón Calpanchay. Es necesario impulsar la formación de una coordinadora de lucha provincial por el desprocesamiento de los comuneros de Antofagasta de la Sierra, por el retiro de la policía de la zona, el rechazo a la construcción del acueducto en defensa del río Los Patos.

Hace unos días, el ex canciller Bielsa presentó un libro –“Lawfare”- referido a lo que el kirchnerismo llama como “la guerra judicial-mediática construida con propósitos políticos”. En Argentina, solía asociarse esa escalada judicial al propósito de sacar a la ex presidenta del escenario electoral, como ocurrió con Lula en Brasil. Pero después de la victoria de la dupla F F, la secuencia de juicios contra Cristina se inscribe en un cuadro de otras características y de otro alcance. Esta semana, Cristina Kirchner deberá comparecer en la causa Vialidad , en referencia a las concesiones de obra pública a Lázaro Báez en Santa Cruz, donde se la imputa como jefa de una supuesta asociación ilícita . La indagatoria forma parte de una saga que incluye siete causas elevadas a juicio oral, cinco pedidos de prisión preventiva y nueve procesamientos. La renuncia de Cristina como senadora la priva de los fueros parlamentarios, aunque un hipotético juicio político y destitución de su cargo requeriría también de los dos tercios de la cámara de diputados para iniciar la acusación y, luego, del voto del Senado. En las últimas semanas, CFK colocó a su hijo al frente del bloque oficialista en Diputados, y también designó a una acólita, la ex gobernadora de Santiago del Estero, en la presidenta provisional del Senado, que integra la línea sucesoria del ejecutivo nacional. Reforzó este blindaje al vetar a varios potenciales integrantes del futuro gabinete, que en un caso de condena judicial pudieran renunciar a sus cargos si el Congreso no consuma el juicio político. Es el caso de Martín Redrado o Nielsen, que los medios interpretaron de otro modo, por supuestas divergencias acerca de la política económica. En el área de la Seguridad, quedó afuera el massista Diego Gorgal, pero quedó confirmado otro kirchnerista –Agustín Rossi, en el área de Defensa. El copamiento del futuro gobierno por parte de la ex presidenta, a expensas de los gobernadores del pejota y del massismo, responde en un 90% a las exigencias del blindaje judicial. Presos políticos o detenciones arbitrarias La guerra judicial ha dejado de ser el pasto de las fieras como Majul o Lanata, para trasladarse al teatro de la lucha de camarillas al interior de la precaria coalición de gobierno que asumirá el próximo 10. Al referirse a los funcionarios del kirchnerismo que se encuentran presos, Alberto Fernández se ocupó de aclarar que los consideraba “detenidos arbitrarios”, a causa de las prisiones preventivas, pero no “presos políticos”. Así dejó afuera de su paraguas, por ejemplo, a Boudou y Jaime, los dos con condena firme, y dejó entrever que no protegería a otros que fueran luego condenados. A contrapelo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner declarará en la causa Vialidad como “perseguida política”. Los diarios ‘hegemónicos’ denuncian la morosidad y tolerancia que gozan las causas contra CFK. Las causas judiciales serán un arma de extorsión en la lucha de poder al interior del Frente de Todos. En la agenda de esta pelea, están las discusiones de la deuda externa; la función de las fuerzas armadas y la “seguridad” interior; los acuerdos y desacuerdos económicos internacionales y en el Mercosur. La cuestión judicial condicionará la relación de las diversas camarillas sindicales con el próximo gobierno. El kirchnerismo no tardará en proclamarse perseguido, no ya por los renovados ‘destituyentes’, sino incluso por sus actuales socios del Frente de Todos, y por sobre todo por los acreedores internacionales y el mismo Trump. Es el escenario para las presiones del FMI. De modo que el flamante gobierno debutará en un escenario de crisis política que lo precede. La cuestión judicial podría convertirse en el ‘lei motiv’ golpista acondicionado a Argentina, si todo lo demás no se arregla – y rápido.

El Congreso Ordinario de SUTEBA, realizado el pasado 21 de noviembre, trató la memoria y balance del 2019 y la política gremial para 2020. En su informe, Roberto Baradel no hizo la mínima alusión a la reapertura de paritarias ni al reclamo de un bono de fin de año; tampoco acerca de la crisis de infraestructura que afecta a las escuelas de la provincia o sobre las reformas anti educativas de Vidal (EOE, BAO, Plan Maestro, Operativo Aprender etc). Reafirmó, en cambio, que pretende colocar al sindicato en el ´pacto social´ que promueven Alberto Fernández y Kicillof. Sorprendió, además, que abriera el paraguas al advertir que no se sumará a “ningún movimiento golpista”. De un lado, porque nadie en el kirchnerismo ha especulado con esta posibilidad, y del otro porque él tampoco le puso nombre y apellido al monstruo, con el cual AF está negociando una salida, o sea los fondos acreedores y el FMI. La advertencia del burócrata, por lo tanto, no parece dirigida contra ningún conspirador internacional sino contra los compañeros de su propio sindicato, al poner un pie de igualdad a las reivindicaciones postergadas con una intención desestabiizadora. Baradel grita ‘al lobo, al lobo´, pero apunta la artillería contra ‘las ovejas’. Si Argentina se convierte, próximamente, en un epicentro de la crisis de regímenes políticos, de un lado, y luchas populares, del otro, el ´Robi´ Baradel advirtió que su opción no será esta última. El día anterior al congreso se llevaron a cabo las asambleas ordinarias. En las seccionales conducidas por la lista Multicolor, la oposición se impuso en Tigre, Ensenada, Bahía Blanca y en Escobar. En La Matanza, en una asamblea con 700 docentes, un frente conformado por agrupaciones kirchneristas y peronistas, se impuso por 20 votos. La lista Azul y Blanca (PCR), que dirige las seccionales de Berazategui y Quilmes, rompió con el frente multicolor, para alinearse con el frente F.F. En los distritos conducidos por la celeste, se impuso la política oficial, dónde se registró un retroceso de la presencia multicolor. Las agrupaciones que dirigen las seccionales opositoras presentaron un documento de política gremial, que partió de una denuncia del gobierno de Alberto Fernández aun en espera. Criticó el anunciado pacto social, que todavía no se conoce, y reclamó un pliego de reivindicaciones. No planteó el no inicio de clases para apuntalar la paritaria que debe discutir las pérdidas salariales del período macrista, que en las categorías inferiores implica un 66% por debajo de la canasta familiar, así como la crisis edilicia y las pavorosas condiciones de trabajo. O sea que se presentaron críticas de principio al próximo gobierno, pero ninguna oposición al ‘período de gracia’ que éste querrá imponer. Diseñar una línea para las paritarias no es sinónimo de ultimatismo ni de aislamiento anticipado, sino recordar al gobierno de turno que el sindicato es una institución para defender a los trabajadores. Tribuna Docente (Tendencia) intervino en las asambleas seccionales y en el Congreso Ordinario señalando que Alberto Fernández deberá lidiar con contradicciones económicas y políticas extraordinarios, y que el mundo del trabajo no debe convertirse en el pato de la boda de esas contradicciones. En esa perspectiva colocamos que de no existir una recomposición salarial de lo perdido y un aumento acorde a la canasta familiar, debemos poner a debate un no inicio de clases para el 2020.

SE CONSUMÓ LA ESTAFA CONTRA LOS DOCENTES AD HONOREM Por Luisina Montenegro (Secretaria Gremial AGD Psicología) y Néstor Correa (Comisión Directiva AGD Sociales) La semana pasada se consumó la estafa del Rectorado que venimos denunciando desde que se conociera la distribución de los cargos remunerados destinados a pagarle a parte de los docentes ad honorem de la UBA. Lo más grave del caso es que, finalmente, la asignación a dedo de esos cargos, desconociendo el criterio de antigüedad defendido por la docencia, fue consumada con la "participación" de al menos una parte de la conducción de la AGD-UBA, violentando el criterio defendido históricamente por el gremio. Hace casi dos meses atrás, denunciamos que los cargos remunerados habían caído de los 1.000 comprometidos a 875, de los cuales 635 fueron repartidos entre las distintas Facultades según los criterios del Rectorado (criterio CIN y criterio federativo), generando desigualdades importantes entre las distintas unidades académicas; y que los 240 restantes habían sido confiscados por el Rectorado para otorgarlos discrecionalmente. Confirmando la estafa, en la sesión del Consejo Superior del pasado miércoles 27, el propio rector Barbieri señaló que mientras los primeros 635 se habían otorgado a docentes que eran Ayudantes de Primera simple con al menos un año de antigüedad (lo cual debe ser verificado por las gremiales y las comisiones ad honorem); los otros 240 no se atendrían a ninguno de esos criterios, lo que se vio reflejado en los 126 nombramientos que se resolvieron ese día (todavía falta asignar 114), en donde aparecen incluso personas que no contaban ni ejercían cargo ad honorem alguno previamente. En el listado del Rectorado, al menos una parte de la directiva de AGD tuvo participación incorporando “allegados” directos, comprometiéndose así con una política que atropella el reclamo y el derecho de miles de docentes que desde hace años dan clase en forma gratuita y deben cobrar una remuneración por su trabajo. De este modo, parte de lo conquistado ha sido confiscado por el Rectorado y también por quienes desde la conducción gremial han avalado su maniobra, con la asignación de cargos remunerados a dedo, en oposición al criterio elemental de la antigüedad. Por supuesto, dentro de los 126 nombrados, así como hay personas que no ejercen actualmente como docentes, también puede haber compañeros docentes a los que sí les corresponda la renta; no es a ellos nuestro cuestionamiento, sino al método de características punteriles, que deja de lado la antigüedad e impone la discrecionalidad. Una muestra del grado de alevosía con que se atropellaron los derechos de la docencia es el de la Facultad de Sociales, donde el Rectorado impuso un listado trucho de 45 personas, al margen del que había elevado la gestión de esa Facultad y que fuera elaborado con la participación de la comisión de docentes ad honorem de AGD. Pretendiendo encubrir esta inconducta, la secretaria general de gremio, Ileana Celotto, hizo extensiva a la comisión de Sociales una “oferta” del Rectorado de una cantidad de rentas extras -por fuera de esas 45- para que se repartieran al “activismo”. De este modo, se pretende sumar al activismo al método en la que ya ha incurrido la propia “conducción”, que constituye una fuente de faccionalismo y desmoralización. De ello, la secretaria general de la AGD dio pistas al señalar que, en otras Facultades, aquellas donde el gremio no tendría tanta fuerza, ya se había aceptado este tipo de ofrecimientos y también que AGD incorporó en los listados a “activistas” de otras facultades. De este modo, la estafa y corruptela por parte del Rectorado (la patronal de los docentes universitarios) pretendió ser presentada como una “conquista” de la AGD. Siendo la lucha por el salario para TODOS los ad honorem, mientras se obtengan conquistas parciales, el único método justo, clasista, que defiende la unidad del docente como trabajador y que evita la arbitrariedad y la discrecionalidad (que dan poder a la patronal), es que el otorgamiento de los cargos remunerados siempre sea según el criterio de antigüedad, jamás la designación a dedo, que pone a la directiva sindical y ahora pretende poner al activismo como administradores de la miseria, enfrentando a unos docentes con otros. Si el Rectorado dijera que sus designaciones fueron por criterio de “activismo”, y sobre esa base se le diera el salario a un docente con un año de antigüedad por sobre otro de 10, también lo rechazaríamos. Pero si el dedazo cuenta con la anuencia de “dirigentes” del sindicato, es todavía más grave, porque es la organización que nos debe unir y defender como trabajadores. Las rentas son de los docentes que trabajan, no son del Rectorado, ni de los consejos directivos, ni de ninguna facción política, ni de ninguna directiva gremial, incluida la de AGD. Por supuesto que todos los docentes merecen cobrar y que el activismo, como el de Sociales, viene peleando por este derecho consecuentemente. Por eso, la tarea nodal de un sindicato que se reivindica clasista es arribar con este colectivo que se viene organizando a las mejores conclusiones políticas, con los mejores métodos de clase. Por lo que rechazamos de plano este desbarranque, los intentos de acomodo y beneficio ya sea personal o de grupo, defendiendo en cambio el método de la asamblea, la solidaridad y la unidad de clase. A lo largo de este año, la dirección Naranja de AGD no sólo se negó a hacer una campaña sistemática contra esta usurpación de las rentas, por fuera de la denuncia relativamente aislada de lo ocurrido en Sociales; sino que incluso una vez que el Rectorado dijera que se reservaba 240 rentas para “situaciones particulares”, anticipando con ello la distribución discrecional que ahora se ha consumado, el consejero estudiantil de la UJS oficialista votó a favor de la distribución impuesta por el Rectorado de 875 rentas, lo cual fue defendido por el PO oficial y por la Naranja de AGD. Ahora, dicho consejero es uno de los "activistas" beneficiados. Las políticas de cooptación de nuestra organización gremial por parte del Rectorado deben ser rechazadas por la docencia en defensa del clasismo, que no es otra cosa que la independencia de los trabajadores respecto de las patronales y el Estado. La paritaria a la baja del 16%, cuya firma fue acompañada y defendida por la directiva en nombre de la conquista de las rentas para los ad honorem, termina en el bochorno de una directiva que se ve beneficiada con cargos para sus "activistas". Los docentes agrupados en el Partido Obrero (Tendencia) y sus simpatizantes nos oponemos a la distribución discrecional de las rentas. Reclamamos que la misma sea revisada y que todo cupo o renta obtenida por el sindicato sea distribuida por criterio de antigüedad. La AGD debe exigir que el Rectorado publique el listado de nombramientos realizados con la antigüedad, el cargo y las funciones de cada uno. Que se pegue en las carteleras de todas las Facultades para el conocimiento de todos los docentes de la UBA. Reclamamos también que el criterio sea estricto: antigüedad y estar trabajando, llamando a fortalecer la continuidad del movimiento ad honorem contra la fragmentación y la quiebra por la vía de la cooptación que pretende imponer el Rectorado. Por último, planteamos que se impulsen asambleas y reuniones en todas las Facultades, con los listados en mano. La única política clasista posible pasa por repudiar y combatir las políticas punteriles y los intentos de cooptación por parte de la patronal, eso es lo que estamos defendiendo y llamamos a defender al conjunto de la docencia, reivindicando con ello la trayectoria que históricamente tuvo la conducción naranja de la AGD.

Política Obrera, el periódico que el lector tiene hoy en sus manos, es el instrumento de una lucha política de alcances estratégicos. Recupera el nombre histórico de la corriente que ilegalizó la dictadura militar y que forzó su conversión en Partido Obrero, que siguió siendo PO. Recogemos nuestro nombre de origen para encarar una crisis política en el Partido Obrero, que ha ingresado en una etapa de liquidación de su trayectoria, de su programa y de su organización – pero no de sus cuadros, que se agrupan en la Tendencia del PO, que ya reconoce un crecimiento constante. En una etapa de crisis revolucionarias que abarcan el conjunto del planeta, el aparato del partido obrero ha ingresado en una fuerte deriva electorera, que es siempre sinónimo de una tendencia a la integración al estado capitalista. En un período de avidez política manifiesta de una generación enfrentada a la crisis y a la bancarrota del capitalismo mundial, el simulacro en que se ha convertido el partido obrero se manifiesta en el desarrollo de un aparato de estrangulamiento de las iniciativas de los militantes, incluida la expulsión sumaria de centenares y centenares de ellos, cuando no de un arribismo que no disimula sus ambiciones. Por su programa y sus métodos este aparato bloquea el desarrollo de una vanguardia obrera digna de ese nombre, o sea de un activismo que luche por el poder de la clase obrera y la revolución socialista a escala mundial. En las grandes luchas que hoy atraviesan a América Latina se advierte el espíritu militante de esta nueva generación – la premisa indispensable de los cuadros de un partido revolucionario. La lucha que ha encarado la Tendencia del Partido Obrero es de naturaleza política y no se confina, en sus alcances, a los límites de una organización. Asistimos a un largo período de crisis, que raya con la liquidación, de la izquierda mundial ajena a los partidos tradicionales. El FIT, en Argentina, se ha convertido en un partido de hecho, unido por el electoralismo, que no ha podido superar la rivalidad entre aparatos. La izquierda que se autodefine, en numerosos países, como revolucionaria, ha declarado cancelada la época de las revoluciones obreras, incluso antes de la disolución de la Unión Soviética y de la integración de su entorno geopolítico a la economía capitalista internacional. La historia de los últimos años ha demostrado que esa disolución sólo ha servido para ampliar el territorio y la magnitud social de la crisis capitalista. El mundo del capital se ha convertido como nunca desde la última guerra mundial, en un campo de crisis políticas internacionales, guerras, rebeliones populares y tendencias revolucionarias. Política Obrera tiene el propósito de convertirse en el periódico de la masa creciente de obreros y trabajadores que luchan. La lucha para acabar con la liquidación del Partido Obrero y recuperarlo para el programa de la revolución socialista no puede triunfar si no atiende al conjunto de los obreros que buscan una organización militante. En tanto el aparato oficial utiliza su prensa para el insulto, la mentira y la descalificación, método típico del liquidacionismo, Política Obrera se empeñará en la clarificación política y en la organización de los luchadores. Reclamamos el derecho de tendencia en el Partido Obrero, sin esconder nada de esta lucha de tendencia a los trabajadores y a los obreros que luchan. Política Obrera es un gran nombre para una prensa de la clase obrera, por su historia. Nació en 1964. El editorial de su primer número señalaba: “el dominio histórico de la burguesía se sostiene por la ausencia de dirección de la clase obrera (…) Nuestro punto de partida, debe ser, entonces, la construcción del partido revolucionario”. Política Obrera fue el periódico de la organización que entre 1964 y 1982 atravesó dos dictaduras militares, organizando a la clase obrera y a la juventud. Su trabajo de delimitación del nacionalismo burgués, en especial el retorno de Perón en 1972-3, que armó en los 70 a las tres A, ocupa un lugar histórico en la literatura clasista. En otro plano fue fundamental la delimitación del foquismo, que pretendía sustituir a la clase obrera como sujeto revolucionario de carácter histórico, y la formación de una vanguardia capaz de convertir a los trabajadores en clase dirigente. Las rebeliones populares y los procesos revolucionarios que se desarrollan en América Latina en la actualidad ocupan un lugar singular en la crisis del partido obrero y en la política liquidacionista del aparato. Porque fue objeto de divergencias precisamente lo siguiente: si la crisis mundial abriría a corto plazo una etapa de estas características insurgentes en América Latina. El aparato y el FIT-U respondieron con un No rotundo, para justificar de este modo su política electorera en Argentina, que finalmente terminó en un completo fracaso el 27 de octubre. Lo siguen planteando hoy. Nuevamente, la lucha del Partido Obrero (Tendencia), debido a su alcance, va más allá de las fronteras de PO y de Argentina. El agudo salto de la crisis mundial capitalista de 2007/2008 ha sacudido también a las estructuras y bloques políticos urdidos desde la última guerra; la tentativa de unificación mundial bajo la égida del capital ha sido reemplazada por la fragmentación y la guerra comercial; los equilibrios precarios, por las crisis políticas y las rebeliones populares. América Latina, uno de los “débiles eslabones” de la cadena de la dominación imperialista, está en el centro de esta situación convulsiva. La previsión de que la iniciativa estratégica ha pasado “potencialmente a la izquierda revolucionaria” muestra toda su vigencia. La izquierda mundial que se identifica como revolucionaria, vive bajo el peso de las revoluciones derrotadas. Eso es claro en el llamado morenismo (MST, IS, PTS) y ahora es la doctrina del aparato del partido obrero. En el PO esa deriva política fue respondida con una verdadera rebelión al interior del partido. En pocas semanas, un millar de militantes decidía adherir a esta Tendencia. Las expulsiones sumarias de todos ellos son un intento por acallar esta enorme reacción revolucionaria. Este periódico impreso es la manifestación más clara de que el programa y la estrategia del Partido Obrero no serán silenciados. Como ya lo hacemos en www.politicaobrera.com, desarrollaremos nuestra posición sobre la lucha de clases nacional e internacional, para atravesar en forma consciente el proceso de transición que lleva de la crisis y las luchas actuales a la victoria de la revolución obrera. El periódico impreso tiene el objetivo superior de establecer un vínculo directo con los luchadores y la vanguardia; es una propuesta para reunirnos, debatir y reclutar. La tarea que planteó Política Obrera en 1964 está completamente vigente. Las condiciones de este nuevo comienzo son, sin embargo, francamente superiores, por la asimilación consciente de décadas de luchas políticas y por el concurso de varias generaciones de militantes revolucionarios que nos acompañan.

El domingo 24 de noviembre asumió como presidente de la Cámara de Diputados el tabacalero Esteban “Tuty” Amat. Reemplaza a Manuel “indio” Godoy, una figura fundamental en el armado polítco de Salta en los últimos l 16 años. Godoy representaba una suerte de ‘progre’ en el peronismo, tipo ‘nacional y popular’. Otro tabacalero acompaña a Amat, se trata de el ex intendente de Rosario de Lerma, Ignacio Jarsún. ¿Quién es Esteban Amat? El sucesor de Godoy es actualmente el presidente de la Cámara del Tabaco y el mayor explotador de miles de peones y trabajadores rurales en el Valle de Lerma. En 2016, Roberto Amat adujo que Roberto Batallanes, un trabajador del Centro Comunitario de Estufado del Fideicomiso de la Cámara del Tabaco había fallecido por “razones ajenas al trabajo” y no por beber agua en bidones reutilizados de agro-fosforados. Junto a Batallanes hubo cuatro intoxicados más que, por la rápida atención de los trabajadores de la salud, no corrieron el mismo destino que su compañero rosarino. Esta situación es moneda corriente en las estufas de los patrones tabacaleros y también en las magnas plantaciones de tabaco. La UATRE, siempre afín a la patronal, hace la “vista gorda” ante las intoxicaciones y muertes de los peones rurales. La complicidad de los intendentes y diputados de las localidades vallistas es manifiesta. Quien ahora acompaña a Amat en la presidencia de la Cámara Baja, el diputado Jarsun, ha sido testigo silencioso ante la muerte del peón rural. Amat es el garante de las ganancias de todo el arco tabacalero. A principio del 2018, la caída de granizo develó q quién representa el presidente de los diputados. Mientras que los productores recibieron un pago por los gastos de producción por parte del Fondo Especial del Tabaco, los trabajadores y peones rurales no recibieron ni un solo peso. No pudieron trabajar, por ende, no cobraron. El programa de intercosecha que subsidia con $2.300 durante los 4 meses de receso no pudo ser cobrado por más de 6.000 trabajadores. Es que este programa exige haber trabajado al menos 3 meses para ser percibido. La crisis del gobierno de Macri comenzaba a profundizarse, tanto que ni siquiera pudo sostener los míseros $2.300 para estas familias trabajadoras. El “Tuty” fue el gestor de los despidos encubiertos en la planta de COPROTAB, una procesadora ubicada en la Capital salteña, obligando a “retiros voluntarios” a más de 150 trabajadores. La enorme lucha que desenvolvieron los trabajadores logró que la sangría no fuera mayor. El tabaco es el producto que más se exporta, lo hace en un 80% y Salta es uno de los principales enclaves con ganancias millonarias. El diputado de La Viña ha sido una pieza importante para el armado de Urtubey votando el pacto fiscal del 2017. Este mismo rol jugará con Sáenz. Ya lo avizoran los docentes y los trabajadores de la salud que empiezan a reorganizarse por las titularizaciones, las paritarias y el pase a planta permanente. La tecnologización para la cosecha del tabaco comienza a “prescindir” de los peones rurales y trabajadores industriales cíclicos, generando una mayor desocupación en el Valle de Lerma ya que la principal actividad es la tabacalera.

Iniciando el sexto día de paro, la organización de lxs residentes y concurrentes se sigue fortaleciendo minuto a minuto. En el día de ayer, se realizaron asambleas por la mañana en cada uno de los hospitales porteños. En algunos casos, era la primera vez que se constituía una asamblea de esas características, reuniendo a cientos de compañerxs de los diferentes servicios y especialidades. Se debatió cómo seguir con las medidas de lucha y se votaron dos delegadxs por hospital para participar de la reunión que estaba programada con la ministra Bou Pérez. También se sumaron a la movilización residentes de Nación y provincia de Buenos Aires. Bou Pérez, cercada en su propio ministerio La reunión convocada por la ministra ya era un hecho histórico en sí. Después de ningunearnos durante la elaboración de la ley y el debate legislativo, Bou Pérez se veía obligada a convocar a la Asamblea de Residentes y Concurrentes de CABA. Cuando nuestra columna de varias cuadras se arrimó a la entrada de Amancio Alcorta, lxs trabajadores del ministerio salieron a la puerta a recibirnos con aplausos y muestras de apoyo. Bou Pérez estaba cercada en su propia oficina. La reunión con la ministra fue un registro del vaciamiento del sistema de salud pública que ella conduce. Residentes y concurrentes denunciamos la falta de personal, las jornadas extenuantes y los bajos salarios, todo lo cual viene a agravar esta nueva ley. Lxs concurrentes, último eslabón de la cadena de precarización, rechazaron una la ley que ni los menciona, salvo en los últimos dos artículos para avalar el carácter gratuito de su trabajo. Planteamos que debía darse marcha atrás con la ley y abrir un debate real sobre la situación de la salud pública y nuestras condiciones laborales. La ministra se hizo la desentendida, tratando de deslindar responsabilidades en otros ministerios y en el poder legislativo. Reconoció, sí, un problema en la “comunicación”. Trató de justificar el ataque al salario y las condiciones laborales con el argumento de que lo fundamental en la residencia no era el trabajo, sino la formación, como si la degradación del primero no condicionara a la segunda. Nos pidió confianza afirmando que, ahora que ella asume como legisladora, podíamos trabajar en común en la reglamentación e incluso modificar algunos artículos de la ley. Un bicicleteo, en criollo, ya que de no vetarse en esta semana la ley entra en vigencia. Al terminar, la ministra había convocado a otra reunión con secretarixs de los comités de docencia e investigación (CODEI) de los hospitales, responsables del seguimiento de las diferentes residencias. Bou Pérez les pidió que la ayudaran a hacernos entrar en razón para que depusiéramos el paro. La respuesta fue unánime y contundente: denunciaron que su voz tampoco había sido tenida en cuenta, exigieron la anulación de la ley y manifestaron su apoyo a todas las acciones que resolviéramos residentes y concurrentes. Veto o paro La respuesta de la asamblea general que sesionó en la puerta del ministerio no dejó lugar a dudas: veto o paro. Se votó continuar con el paro por tiempo indeterminado hasta la anulación de la ley. Agotada la instancia con Bou Pérez, se resolvió exigir respuestas al dueño del circo, Rodríguez Larreta. Mañana miércoles, desde las 8 am, se instalará un acampe y carpa blanca en las puertas de la Jefatura de Gobierno porteña y se realizará una nueva asamblea general. La rebelión sigue creciendo. Hoy, martes, se realizó durante mañana la primera asamblea general de todxs lxs concurrentes de CABA. Residentes de Nación y provincia están debatiendo cómo sumarse a las medidas. La burocracia de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) tuvo que girar 180 grados y exige ahora el veto a la ley, pero no convoca medidas de lucha. En las asociaciones de base de la Federación de Profesionales, que a las disciplinas mal llamadas “no médicas”, crece el reclamo para un apoyo decidido que involucre también a lxs trabajadoxs de planta. ATE ya convocó a un paro de sus seccionales hospitalarias para participar de la concentración del miércoles. El jueves, cuando vuelva a sesionar la Legislatura, el reclamo de residentes y concurrentes podría confluir con el de enfermería, biomágenes e instrumentadores que se van a volver a movilizar contra su exclusión de la carrera profesional. La experiencia dicta que si cada sector de la salud lucha por separado contra el Estado es difícil ganar la pelea. Están dadas las condiciones para una huelga general de la salud pública porteña, que termine con la fragmentación unificando a trabajadorxs de planta y precarizadxs de todas las especialidades y escalafones. Es la forma para arrancar el veto y exigir la satisfacción de todos los reclamos del sector, empezando por la impostergable recomposición salarial. A organizar asambleas y mandatos y superar todas las trabas de los cómplices de Larreta. ¡A seguirla hasta el final!

Un gigantesco operativo conjunto de la Gendarmería y la Policía Bonaerense desalojó la papelera Kimberly, ocupada por sus trabajadores. Cerca de las cuatro de la mañana decenas de carros de asalto rodearon la fábrica mientras un comando ingresaba a las instalaciones portando armas de fuego, como se puede apreciar en las imágenes que mostramos. A la vez, un inhibidor de llamadas cercenó las comunicaciones durante más de una hora. Obreros de Kimberly y miembros del acampe solidario con su lucha fueron detenidos y llevados a la comisaría 8va. de Bernal, ubicada en Paraná 498, donde se produjo una concentración para reclamar su libertad. Fueron liberados horas después. Los trabajadores de la planta papelera se encontraban ocupando la fábrica contra los despidos. La policía ingresó a la planta sin presentar de madrugada, ningun papel, con armas de fuego en sus manos, y obligaron a todos a apagar sus teléfonos. “Cumplimos ya 70 días de ocupación contra el cierre de la planta –dice Marcelo Battiato, delegado de los trabajadores–. La última reunión con la Secretaría de Trabajo la tuvimos hace un mes y medio y ante su inacción, un juzgado de Quilmes llamó a las partes para la conciliación, pero los empresarios se negaron a asistir. Los compañeros están detenidos en la comisaría 8º de Quilmes, estamos concentrando en la puerta, le informaron a los abogados que serán notificados por el delito de usurpación. Luego, esperamos que salgan para decidir en asamblea los próximos pasos y cómo continuar la movilización”. Repudiamos el desalojo. Reincorporación de los despedidos. Ninguna causa penal contra los luchadores.

Tras siete días de paro, asambleas y movilizaciones, lxs residentes y concurrentes porteños conquistamos una victoria rotunda frente al gobierno de Larreta. Tan solo una semana después de reprimirnos con la policía y de votar una ley a nuestras espaldas, la misma Legislatura tendrá que volver sobre sus pasos y declarar la nulidad de sus agravios. Se trata de un triunfo arrancado sobre la base del método del paro por tiempo indeterminado y de la organización independiente de los trabajadores frente al Estado y a la burocracia sindical. La rebelión de los residentes logró abrir una crisis profunda en un gobierno como el de Larreta, que hasta el momento se consideraba infranquiable. Con el 55% de los votos mano, el hasta ahora sobreviviente del naufragio nacional macrista quiso demostrar que podía seguir arremetiendo contra los derechos de los trabajadores. Su objetivo era desenganchar el salario de los residentes del de médicos y profesionales de planta y legalizar las ya extenuantes jornadas laborales. A los concurrentes, que trabajan a la par de los residentes, se les intentaba perpetuar un régimen de trabajo gratuito sin derecho si quiera a ART u obra social. Para el gobierno porteño, esta degradación de las residencias era un paso más en el desplazamiento del sistema público de salud, necesario para liberar el terreno para el copamiento definitivo de las clínicas, hospitales privados y empresas de medicina prepaga. De fondo, está en juego incrementar la tasa de explotación del conjunto de la población trabajadora, que sufre el vaciamiento de las obras sociales, el PAMI y los hospitales públicos y se ve forzada a pagar cifras crecientes por coseguros y cuotas. No es casual que el nuevo Ministro de Salud porteño, Quirós, sea un ex gerente del Hospital Italiano. La ley de residencias y concurrencias formaba parte, también, de un reordenamiento reaccionario más amplio del régimen laboral en la salud, bajo la batuta de la CUS. El año pasado, el macrismo ya había avanzado votando una carrera profesional que excluyó a enfermeros, licenciados en bioimágenes e instrumentadores quirúrgicos. Para médicos y profesionales de planta se diseñó un régimen de manipulación de los concursos, que destruye la estabilidad de sus cargos. Pero los residentes y concurrentes le pusimos un freno y ajustamos cuentas con Larreta en nombre de toda la salud pública. El virtual cerco de la Jefatura de Gobierno en Parque Patricios, con miles de compañeros que rodearon los diferentes accesos, jugó un papel decisivo en la victoria. La burocracia de la conducción de la Asociación de Médicos Municipales (AMM), a quien el macrismo porteño entregó la dirección de los hospitales, brilló por su ausencia a pesar de que ahora pretenda atribuirse burdamente el triunfo. Al revés, la burocracia de AMM se jugó a la derrota del movimiento, consciente de que una victoria de los residentes ponía en jaque todos los negocios comunes que supo tejer con Larreta. Pero no pudieron. La rebelión de los residentes logró unificar lo que las burocracias de AMM o de Sutecba se esfuerzan por fragmentar todos los días. Día tras día, la solidaridad y la conciencia de que se trababa de una pelea común fueron creciendo entre los médicos, enfermeros y profesionales de planta. Las asambleas se trasladaron incluso al otro lado de la General Paz: este viernes está convocado un paro de residentes en la provincia de Buenos Aires con movilización a La Plata. También los hospitales dependientes de la UBA comenzaron a organizarse. La victoria arrancada por residentes y concurrentes deja en orsai a todas las burocracias sindicales y plantea, en contraste, un mensaje claro a todos los trabajadores acerca de con qué métodos podemos defender nuestros derechos. Es un golpazo al matrimonio Larreta-AMM, pero también es un tiro por elevación al próximo dúo FF-CGT y al pacto social con el cual pretenden maniatar las aspiraciones de los trabajadores a una economía dirigida a pagarle la deuda al FMI. La vuelta atrás de la ley es un gran triunfo para los residentes y concurrentes, pero el desafío ahora es ir por más. No volvemos a un punto cero, ya que la verdadera victoria que construimos es la organización y los cuerpos de delegados que ahora existen en todos los hospitales. Se abre una nueva perspectiva para el conjunto de los trabajadores de la salud y los municipales. En lo inmediato, está planteado empalmar con la pelea por impostergable recomposición salarial, la aplicación de las cláusulas gatillo y el bono de fin de año. Como nunca quedó en evidencia que “sin residentes, no hay hospital” y es la oportunidad para que tanto residentes y concurrentes como médicos y profesionales de planta formulemos todas nuestras reivindicaciones para dar salida al colapso de la salud pública. Reunión de trabajadores de la Salud Con la participación de Marcelo Ramal Sábado 7/12, 13 hs Álvarez Thomas 2370, CABA

El 5 de diciembre se desarrollará una huelga interprofesional en Francia, o sea una huelga general, a la que han decidido apoyar los ‘chalecos amarillos’. Se paralizarán trenes, aviones, aeropuertos, subte, transporte de mercancías, refinerías, trabajadores postales, abogados, docentes, estudiantes y hasta la Ópera Nacional de París. Se trata de la huelga más importante en un cuarto de siglo - muchos la comparan con la huelga de 1995 que derrumbó las reformas previsionales de Alain Juppé. Los trabajadores están dispuestos a continuar hasta que Macron abandone la reforma previsional. A ferroviarios, y otros sectores, se les quiere aumentar 10 años la edad jubilatoria. El primer ministro, Edouard Philippe, insistió en que el gobierno va a persistir en su intento de abolir “los regímenes especiales”. Macron imponer para principios de 2020 un sistema de jubilaciones por puntos, que haga caer las jubilaciones y aumente la edad jubilatoria (¿65-67 años?), y así unifique los 42 sistemas de pensiones que hay en Francia igualado hacia abajo. Para las mujeres será incluso peor, ya que tienen salarios más bajos y no se contemplan los períodos de maternidad. La jubilación perdería toda relación con el sueldo de los activos y dejaría de ser un “salario derivado” para pasar a ser un “subsidio de hambre”. François Hommeril, presidente de la CFE-CGC (que era oficialista y está a favor del sistema de puntos), dice que Macron “quiere pagar la convergencia de los sistemas para transformar las pensiones en un anexo del presupuesto y tratarlo como el presupuesto de la Seguridad Social, que se gestiona de forma catastrófica” (cfecgc, 4/12). La CFE llama a movilizar contra la reforma. Luego de la huelga del 13 de septiembre pasado, que paralizó Francia, el 16 de octubre organizaciones sindicales y de la juventud (CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNL, UNEF) acordaron impulsar la huelga y convocar a trabajadores públicos y privados a formar asambleas en los diferentes lugares de trabajo para preparar y continuar la medida. Muchos analistas comentan que las bases sindicales les han ganado la pulseada a las direcciones, y que éstas ya no controlan el destino de la huelga. SUD-Rail llama a una huelga por tiempo indeterminado en la SNCF (ferroviarios), y CGT Cheminots, CFDT-Cheminots y UNSA Ferroviaire llaman a movilizar y a un paro “renovable”. Seis sindicatos (CFE-CGC, CGT, FO, Solidaires, Sud y Unsa) llaman a los agentes del RATP (transporte región parisina) para comenzar una huelga indefinida, teniendo en cuenta que el 13 de septiembre el 90% paralizó París. “Los usuarios ya no pueden reservar boletos de TGV o algunos Intercités para viajes del 5 al 8 de diciembre” (Libération, 3/12). Un bus de cada tres circulará provisoriamente. Cientos de vuelos fueron cancelados, y Francia quedará prácticamente aislada. La SNCF planea poner conductores “rompehuelgas”, sin controles adecuados. Se prevé que sólo funcionarán el 10% de los trenes. CFDT-Cheminots anuncia que “Al elegir el conflicto, el gobierno elige la irresponsabilidad. Por lo tanto, quiere medir el nivel de movilización de los trabajadores ferroviarios” (2/12). El sindicato CFDT (uno de los tres más importantes juntos a FO y CGT, que organizan la huelga) apoya una reforma y no llama a parar, porque todavía está en “negociaciones”, mientras su rama ferroviaria llama a movilizar y a continuar la acción hasta que caiga la reforma. USAC-CGT (segundo sindicato de controladores aéreos) convoca a la protesta del 5 al 7 de diciembre. En Air France, 11 sindicatos llaman a la huelga (Libération). El Ministro de Educación Nacional ha anunciado una tasa de huelga del 55% en las escuelas (78% en París). Solo el 30% de las escuelas podrán brindar un servicio mínimo (c’estlagreve, 4/12), y “la mayoría de los sindicatos de docentes (SNES-FSU, SNUipp-FSU, SE-UNSA, Snalc ...) convocaron a los 900,000 docentes de primer y segundo grado a la huelga” (Le Monde). Los estudiantes anunciaron que participarán de la movilización y luchan contra la precarización, que llevó hace unas semanas a que un estudiante se inmolara como protesta por no poder costear su educación. Los trabajadores de Renault convocan a la huelga impulsados contra un proyecto de competitividad en la rama. En las redes sociales, muchas páginas de los Chalecos Amarillos (GJ) pidieron la movilización para el jueves. Uno de sus referentes dijo “Espero que (el paro) muestre a la gente que todos podemos estar unidos por una causa común, que será el comienzo, para ir más allá” (bfmtv, 3/12). Los chalecos llaman a la “convergencia de las luchas” y de las consignas. La “Asamblea de Asambleas” de los GJ de toda Francia (500 personas de 200 lugares) realizada en Montpellier aprobó la participación en la huelga del 5 de diciembre. Munchos trabajadores sindicalizados apoyan la participación de los GJ en la huelga. Organizaciones ecologistas como Extintion Rebellion van a participar de la huelga. La movilización comenzará de la Gare de l'Est en dirección a la plaza Nation. Solidaires, CGT, Chalecos amarillo, FSU, FO, CFE-CGC, y distintos partidos políticos marcharán encolumnados. Desde la mañana se concentrarán asambleas en locales y lugares de trabajo. Asambleas se harán el 6 para decidir la continuidad de la protesta.

El lunes pasado Cristina Fernández volvió a protagonizar la hazaña de hablar tres horas seguidas - claro que sentada. La performance anterior ocurrió en la apertura de las sesiones legislativas de 2014, muy recordada también porque el blanco de sus ataques fueron los docentes. La refutación de las acusaciones de corrupción en su contra, por parte de la justicia federal, que incluye el extremo de ‘jefa de una asociación ilícita’, abarcó distintos aspectos, pero se resumió en el argumento de que una Presidenta no puede estar al tanto de lo que hacen todos sus funcionarios, una vez que los presupuestos fueron aprobados por el Congreso y su ejecución pasó a ser supervisada por los jefes de Gabinete. En efecto, la Justicia tiene la obligación de probar la intervención personal del Ejecutivo en hechos ilícitos, no solamente establecer una conexión de responsabilidades. Es lo que deberá hacer el tribunal del juicio oral y público sobre la base del expediente acumulado. Que las hubo, las hubo La proeza oratoria de la ex presidenta y próxima vice presidenta tiene, sin embargo, más agujeros que ropa apolillada. Las acusaciones en su contra no comenzaron cuando ella se fue del gobierno, como sostuvo, sino casi desde el mismo momento en que asumió Néstor Kirchner, que ya había ocupado un largo periodo como gobernador. Compra a precio vil de terrenos en Calafate, que enseguida se convirtió en suceso inmobiliario; negociados en la pesca – incluso el fiel seguidor José Pablo Feinmann cuenta con alborozo, en su libro sobre el mandatario fallecido, como cooptaba punteros y políticos por medio de coimas. Hasta el final de su mandato, las denuncias por corrupción florecieron sin tregua, por parte del elenco de denunciadores Carrió, Stolbitzer, Lanata. Aunque no se haya probado su participación en el ‘affaire’ Ciccone, o en sus beneficios; en las tercerizadas de Pedraza en el sistema ferroviario, o en los negociados de los concesionarios y la complicidad de ellos en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, ni en el papel de Luna y Schiavi, de la secretaría de Transporte del ministerio de De Vido en estos negociados, todo esto era harto conocido, como el caso Skanska y los vaivenes del gasoducto prometido desde el norte al litoral. Lázaro Báez concentró obra pública en Santa Cruz extorsionando a empresas que existían con anterioridad y los Eskenazi no sólo se quedaron con el privatizado banco de la provincia, sino, gracias a una apretada del oficialismo de entonces, con una parte del capital de Repsol sin poner un mango. El fideicomiso ‘off-shore’ entre YPF y Chevron que pactó el gobierno de CFK ha seguido oculto por Laura Alonso, la furiosa anti-K de la banda de Macri. Si se trata de la participación personal de cada presidente en los delitos de su administración, Carlos Menem, por caso, no sólo podría clamar por la absolución de la historia, sino de carmelita descalza. Políticamente, al menos, Cristina Fernández estaba sobre autos de todo esto, más allá de lo que debían supervisar o no, según dijo, sus jefes de gabinete. Las denuncias de corrupción contra ella jugaron un papel central en las elecciones de 2013, que permitieron lanzar a Sergio Massa al centro del escenario y a CFK perder la posibilidad de otra re-elección. Nadie la vio aquella noche en Ezeiza, pero está probado que Antonini Wilson portaba una valija con 800 mil dólares, confirmado por el jefe de la policía aeroportuaria, el kirchnerista de paladar negro, Sain. La deuda contraída con Venezuela, a una tasa de interés de dos dígitos, fue luego en-te-ra-men-te vendida por Chávez en Wall Street, y sumó mucho a la abultada deuda externa de Argentina, que el gobierno de CFK pagó con dinero de Anses y el Banco Central, o sea con impuestos corrientes e inflación. Por todo esto, incluso si no se le prueba ningún delito, es improbable que la historia la absuelva de sus responsabilidades. Campaña golpista Con este prontuario a cuestas, es cierto que la campaña de judicialización del kirchnerismo por parte del macrismo, respondió al objetivo político de consolidar un gobierno anti-obrero y pro-imperialista, que carga en sus espaldas con tantos o más delitos económicos, en especial los que no se hacen plata en mano sino disimulados en operaciones electrónicas. La denuncia del objetivo político reaccionario del macrismo subordina los delitos que se puedan probar al kirchnerismo. Abstraer a la corrupción de la política es común en almas piadosas o en sectas; en nombre de la corrupción fueron volteadas por medio de golpes de estado Dilma Roussef y Perón, y provocado el suicidio del brasileño Getuilio Vargas. Los servicios de inteligencia y en especial el norteamericano tienen el monopolio del conocimiento de estos casos, y los manejan en función de los intereses de momento del capital y del imperialismo. Lo singular del enjuiciamiento a CFK es que ella se ha convertido en vice-presidenta, y su procesamiento es manejado en clave golpista potencial. Esto permite entender el abroquelamiento en el Congreso de bancadas oficialistas mayoritarias, capaces de blindar a la damnificada contra un juicio político. La probabilidad de que esto ocurra es por el momento menor, porque F-F es la única carta que tiene hoy la burguesía para evitar el colapso del régimen político. Pero la campaña de los medios de comunicación como Clarín y La Nación, es testimonio de que el golpismo está en la carpeta y en la agenda, lo cual dependerá de otros factores, como la salida de la crisis o la lucha que den los trabajadores. En cualquier caso, una condena en el juicio oral y público en desarrollo, sobre negociados en Vialidad, acentuará la crisis del régimen político y será un fuerte elemento desestabilizador. Ni encubrimos la corrupción, ni avalamos el golpismo al que apuntan los juicios por corrupción – por el contrario, advertimos contra él. Esta posición aparenta ser contradictoria, pero no es una contradicción de nuestra parte sino una contradicción inscripta en el régimen político vigente, el régimen de la clase explotadora. A esa disputa interna del capital, oponemos la convocatoria de una Asamblea Constituyente Soberana, la lucha por un gobierno de trabajadores y la unión socialista de América Latina. La historia me absolverá El intento de CFK de establecer una analogía entre ella y su política con Fidel Castro y la suya, está totalmente fuera de lugar. Fidel Castro no negó su delito ante los jueces, como lo hace ella, lo admitió. En efecto, fue el responsable del asalto al cuartel de Moncada y de las muertes que sobrevinieron al enfrentamiento con las fuerzas armadas. Pero lo justificó con un compromiso – llevar a la victoria una lucha revolucionaria, en cuyo caso y solamente en ese caso, “la historia me absolverá” -sentenció. CFK dijo lo contrario – que ya fue absuelta, sin precisar de qué delitos, porque niega todos los que le imputan. La gran reivindicación de sí misma por parte de CFK, contrasta enormemente con la de FC -dice haber desendeudado al país, o sea pagado el tributo colonial de la deuda externa al capital internacional. Fidel Castro declaró la independencia nacional de Cuba y el fin de todos los tributos. Punto.

El restablecimiento, por parte de Donald Trump, de los aranceles de importación al acero y al aluminio provenientes de Argentina y Brasil provocó una sorpresa natural debido a la alianza política que el mandamás de Estados Unidos se supone habría anudado con Jair Bolsonaro. Menos conocida, la otra sorpresa es que la medida afecta a capitales internacionales y latinoamericanos que acaban de reclamar, en una reciente asamblea de la siderurgia, la necesidad de desarrollar una guerra comercial contra China, a la que responsabilizan por la enorme sobreproducción de acero en el mercado mundial. En esta línea, el grupo Techint, por ejemplo, aboga por la integración comercial entre Estados Unidos y América Latina, parecida en cierto modo al tratado que une a México con sus dos vecinos del norte. Visto desde este ángulo, el desbocado Trump estaría disparando contra grupos económicos que están interesados en atarse a la guerra comercial que impulsa el gobierno yanqui. Cuando el conglomerado que lidera Paolo Rocca convoca a dar pelea a los chinos, incluye en el entrevero a los productos que tienen una proporción relativamente importante de materia prima siderúrgica. Cómo conseguir un superávit La otra sorpresa, si se puede llamar así, es que Trump atenta contra una de las salidas principales al default de Argentina, que es el aumento de las exportaciones. En tanto Alberto Fernández se devanea los sesos entre las distintas opciones para pagar la deuda externa a los fondos de Estados Unidos, desde el norte le disparan a la línea de flotación de cualquiera de esas variantes. La confusión de las acciones de Trump se revela en que justifica el proteccionismo contra el acero y el aluminio en una supuesta devaluación del peso y el real que perjudicarían la venta de soja norteamericana. Se trata de una pantalla grosera de la intención real de Trump, dado que la exportación de EEUU de soja no está afectada por el precio sino por las cuotas que China le ha impuesto como represalia. La incoherencia de las acciones de Trump se explica fácilmente por las contradicciones cada vez más explosivas que afectan a la economía y, sobre todo, a la política mundial. Estados Unidos ya no puede asegurar su superioridad internacional por medio de una productividad y una acumulación de capital crecientes, de modo que debe apelar a métodos de fuerza. Esa declinación de EEUU no es solamente un fenómeno nacional relativo al ascenso de rivales como China, sino que es la expresión de una crisis capitalista mundial de conjunto. Entre los instrumentos de fuerza se encuentra la guerra monetaria, pues el dólar es la unidad de cuenta y el medio de pago del 85% de las transacciones internacionales, cuando la participación de EEUU en el comercio mundial alcanza a sólo el 15% en la actualidad. Obviamente, una parte importante de ese comercio está a cargo de capitales norteamericanos que operan desde sus inversiones en otros países. Estados Unidos-China Las medidas contra las exportaciones de Argentina y Brasil tienen lugar en un momento crucial de las negociaciones entre Trump y Xi Jing pin, de modo que es una forma de meter presión en esta disputa. Bolsonaro parece haber dejado de lado su fobia anti-china del comienzo de su mandato, pues en una reciente reunión de países del BRIC (que incluye a China) aceptó ampliar el comercio entre ellos e incluso permitir la instalación de la tecnología china en las telecomunicaciones brasileñas, el 5G, que monopoliza la china Huawei. De acuerdo a Claudio Jacquelin, de La Nación, es la misma posición del equipo de Alberto Fernández. Los intereses agroindustriales de uno y otro país no podrían permitir en ninguna circunstancia que se atente contra sus exportaciones a China. De otro lado, el impacto descomunal del 5G en el comercio y la industria lo convierte en insustituible para cualquier economía, como lo prueba la disposición a adoptarlo por parte de la Unión Europea. Para el dueño de Aluar los perjuicios que afectan a la exportación de aluminio serían culpa nada menos que de Macri, una forma de presionar al gobierno entrante. Para este grupo, la eliminación de las retenciones a la exportación y un subsidio mayor a la electricidad y la reducción de salarios, permitirían absorber, con creces incluso, el mayor costo de los aranceles de Trump. Si esto no alcanzara, Aluar recomienda hacer concesiones a Trump en otros rubros. La absorción del arancel del 25% en la siderurgia ya no es tan fácil como con el aluminio – simplemente la oferta mundial de acero es el doble de la demanda. Esto plantea quiebras y concentraciones de empresas y el reparto de los costos entre China y el resto del mundo. Trump está bloqueando este proceso con su intento de salvar a la siderurgia más ineficiente, debido a su obsolescencia, que es la norteamericana. Viento en contra Los gobiernos capitalistas y Trump en primer lugar están intentando descargar los costos de una reestructuración capitalista, o sea quiebras, cesantías, concentraciones, sobre sus rivales, por medio de una guerra económica y presiones político-militares. Este es el núcleo de la cuestión. Las alianzas internacionales que ha pretendido tejer Bolsonaro se deshacen en el aire, minando por supuesto las bases de su gobierno. Para F-F, el pago de la deuda externa se le hará cuesta arriba, en especial cuando busque pasar la factura a los trabajadores. Asistimos, de nuevo, a un cambio de época, en relación a la victoria histórica que imaginó el capital cuando logró la disolución de la Unión Soviética y la expansión del capital en China.

El martes se reunieron Alberto Fernández y Moyano en una de las sedes del Sindicato de Camioneros en Constitución. También estuvieron presentes sindicalistas aliados al moyanismo como Plaini del Sindicato de Canillitas y Pignanelli del SMATA. La reunión es parte del itinerario que viene llevando adelante Alberto Fernández con distintos referentes de la burocracia sindical con el objetivo de ir cerrando acuerdos de cara al pacto social y la tregua de 180 días. Moyano en particular pidió a cambio que se le dé el control de la empresa OCA, la cual emplea a 7 mil camioneros y hoy está en quiebra, poder colocar alguno de sus alfiles en puestos claves como el ministerio de transporte y de trabajo y, en último lugar, el otorgamiento para sus afiliados de un bono de 20 mil pesos a pagar en 4 cuotas. Para justificar el pacto social y la tregua, el argumento que esgrimen es el mismo de siempre: la necesidad de sacar al país adelante después de la catástrofe que dejó el gobierno anterior, un retorno al cuento de "la pesada herencia". De los dos lados del mostrador El pedido del control de OCA de llevarse adelante coloca a Moyano como patrón y representante gremial de los 7 mil trabajadores camioneros empleados en la compañía postal. Una experiencia ya vivida cuando el mismo Moyano echó al entonces dueño, Patricio Farcuh, para ponerse el mismo al frente de la compañía, ante un conflicto gremial desatado por el atraso en el pago de los sueldos 2016 que llevó a un parazo, entonces, con asambleas, piquetes y movilización a pesar del gremio y que desnudo el vaciamiento realizado por la patronal con desvío de fondos en concepto de aportes previsionales y de obra social por más de 4 mil millones de pesos. Durante su intervención en el mando de la empresa postal, los desvíos de fondos millonarios continuaron en conceptos de donaciones al club del mismo sindicato mientras a los trabajadores se les pagaba los sueldos en cuotas, se recortaban horas extras, se avanzaba con los retiros voluntarios y se perseguía a los activistas que habían impulsado las asambleas y el paro. En otras palabras, como representante gremial Moyano termino siendo un patrón explotador como Farcuh. Hoy en día la empresa funciona bajo la figura de quiebra con continuidad, intervenida por un juez y un abogado del sindicato de camioneros, con una deuda que asciende a los 8 mil millones de pesos, con el pago de los sueldos en cuotas y la más absoluta incertidumbre con respecto al cobro de los aguinaldos, bonos y la continuidad laboral. El trabajo que realizaba oca se desvió a otras empresas de correo que lo realizan con trabajadores precarizados. Todo un ensayo de reforma laboral resultó ser OCA y no para el gobierno y las patronales, sino que para la misma burocracia sindical. En este sentido, la reunión entre Alberto Fernández y Moyano no es más que el ajuste en las clavijas de una estrategia que tiene como objetivo descargar la crisis sobre los trabajadores. La huelga general marca un rumbo para arruinar los planes del gobierno entrante y superar a la burocracia entreguista de los Moyano y compañía.

Las asambleas de los trabajadores de la 60 votaron un paro total de actividades por 24 horas para este jueves 5 y movilizar a la Secretaria de Trabajo (Mitre y Callao-CABA) a las 10 de la mañana. A principios de este año, mientras los delegados y trabajadores de la 60 se encontraban en lucha contra los juicios persecutorios y los despidos por goteo, la patronal DOTA, apoyándose en un preventivo de crisis trucho, realizó la propuesta de "readecuación" de 12 de los 19 recorridos de la Línea 60, lo que de hecho significaría la extinción de los mismos. Ante esta amenaza, los trabajadores realizaron asambleas donde votaron el rechazo a la medida. Sin embargo, continuaron los despidos por goteo, que la burocracia de la UTA justificaba como "legales" (artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo) ya que la patronal pagaba las indemnizaciones correspondientes. El 31 de octubre se conoció, a través del Boletín Oficial, que la readecuación de la 60 había sido aprobada. Lo que significaría, en un corto plazo, despidos masivos y un enorme deterioro en las condiciones de trabajo. Fue por eso que el cuerpo de delegados convocó nuevamente a Asamblea y se votó un paro total de la línea en defensa de sus puestos de trabajo. Rápidamente se dictó la conciliación obligatoria Pero el perjuicio no es solamente para los trabajadores de la 60. Las y los usuarios se verían fuertemente afectados, ya que la extinción de recorridos implicaría que deberían pagar 2 boletos en vez de uno. Por esto, al calor de la lucha y organización de los trabajadores de la Línea 60, se conformó un Comité de Usuarias y Usuarios. El domingo 1 llegó la noticia de que la readecuación había sido implementada. Pese a no contar con las condiciones mínimas y legales para su implementación. Esto es: un lugar de descanso para realizar la espera, para alimentarse y sanitarios; Larreta aprueba que se realice la espera sobre la avenida Libertador hasta la construcción de una cabecera en Barrancas de Belgrano, sin poder garantizar las mínimas condiciones de seguridad e higiene para los chóferes. Ante la exigencia del cuerpo de delegados de tener un lugar, el cual les corresponde por convenio, fueron amedrentados por una patota patronal con la cierta amenaza de ser perseguidos judicialmente. Por su parte, la Policía de la Ciudad llegó hasta la Avenida Libertador con el fin de realizarles multas por estar estacionados allí. Nos plegamos a la convocatoria de los trabajadores de la Línea 60 y hacemos extensivo el llamado a movilizar este 5 a Secretaria de Trabajo con el fin de revertir este desguace empresarial.

La doble indemnización por despido sin causa, decretada por Alberto Fernández para los próximos 180 días, ha sido presentada a la población como una medida que busca la protección del empleo. No tiene el alcance de la ley que fuera vetada por Mauricio Macri hace tres años, y que prohibía los despidos por ese lapso. Pero además, entre 2016 y el 2019, el grueso de las cesantías ya se ha producido, por lo que el empleo privado está hoy en su punto más bajo. El decreto excluye, además, a los trabajadores que sean contratados de aquí en más, como si se hubiera inaugurado una tendencia de empleo creciente. El decreto no pone fin, ni suspende, la ley que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis, que autoriza a reducir las indemnizaciones al 50% (y por 6 meses, al 25%). Además, la inmensa mayoría de las fábricas que despidió en los últimos años no pagó las indemnizaciones al 100%, o lo hizo en cuotas, sin que la Justicia laboral, ni el Ministerio de Trabajo hicieran nada. En muchos casos, las patronales directamente cerraron las empresas sin pagar un peso de indemnizaciones. El régimen legal y la justicia laboral aseguran que, en la práctica, los despidos no cuesten un peso a las patronales. Suspensión de las paritarias Mientras un gran número de gremios estaba discutiendo la revisión de sus paritarias -que cerraron, en promedio, aumentos de un 30% contra una inflación anual que rondará el 55%- el Gobierno anunció que decretará un aumento salarial único, y ordenó al Ministerio de Trabajo a suspender las negociaciones en curso. Si bien no están claros los detalles, las versiones hablan de un aumento no remunerativo de entre $6.000 y $10.000, en cuotas. Esta medida demuestra con claridad que la ‘desindexación’ de la economía empieza por el salario. Las sumas no remunerativas o los bonos eximen a las patronales del aporte previsional, de manera que se acentúa el desfinanciamiento de Anses y adelanta el propósito de producir una nueva reforma en perjuicio de los jubilados y los trabajadores (ver página 2). La eximición del aporte jubilatorio patronal es una reducción del salario que el trabajador cobra al cese de su ciclo laboral. La CGT ya anunció que no se opone a la suspensión de las paritarias ni a los aumentos no remunerativos, o sea que se pasa en bloque al campo patronal. No le reclamará nada a Alberto Fernández, y tampoco le pondrá plazos, es decir que está en el barco de la suspensión de las paritarias. Numerosos sindicatos y cuerpos de delegados rechazarán, sin embargo, esta entregada y abrirán un período de luchas de características especiales. El programa de la izquierda Es el momento, más que nunca, de ratificar la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que es de alrededor de $70.000, que no debe ser confundido con el de pobreza, que el Indec ha calculado en $38.000 a octubre pasado. La jubilación mínima debería ser el 82% de ese salario. Una clase obrera que se empeña realmente en su progreso social y en resistir la tendencia a la pauperización que quiere imponer el capital, no puede admitir salarios de indigencia. Esto vale con todo para la juventud. El régimen salarial que diseña el gobierno no solamente apunta a mejorar la tasa de explotación del capital y su margen de beneficios sino a pagar la deuda usuraria al capital financiero. Planteamos un debate el movimiento obrero acerca de este puntapié inaugural del gobierno de ‘coalición’ de “peronistas” y “kirchneristas”.

Francia fue paralizada por la huelga más importante en un cuarto de siglo. Se trata de una huelga “renovable”, que deciden asambleas diarias. El 74% de la opinión pública sostiene la huelga. Los sindicatos del transporte (SNCF y RATP) van a continuar la huelga hasta el lunes, cuando decidirán los pasos a seguir. 250 mil manifestantes se movilizaron en París. Allí, como en otros lugares de Francia, la policía decidió bloquear la manifestación. Cuando la noche caía, las primeras columnas sindicales llegaban a la plaza de la República, donde se registraron varios heridos. Los bomberos, en la primera línea, hicieron recular a la policía. Las fuerzas de seguridad anunciaron 97 detenciones y 9.000 controles. Se calcula más de un millón de participantes en todo el país. En Toulouse, una columna de casi 60 cuadras convocó a 100 mil manifestantes. Masivas movilizaciones se registraron en Montpellier, Lyon, Nantes, Toulon, Valenciennes, Clermont Ferrand, Orleans. 30 mil marcharon en Grenoble y Rouen, 50 mil en Bordeaux, 25 mil en Lille y 200 ciudades más. Es la primera vez que se ven movilizaciones así de numerosas en pequeñas ciudades de todo el país. Los ferroviarios británicos de la Southern Western Railway londinense se solidarizaron con sus pares franceses. Siete de las ocho refinerías francesas entraron huelga, por lo que se teme un pronto desabastecimiento. El 90% del servicio del TGV paró, y el 80% del TER. También pararon 11 líneas de metro. Según datos oficiales, 51% de los maestros de primaria y 42% de secundaria se movilizaron, y el 32% de la función pública. Sin embargo, desde los sindicatos docentes dicen que el acatamiento fue del 70%. El sindicato Solidaires anunció que propondrá movilizaciones unitarias de continuidad de la huelga en la Asamblea Intersindical del 6 a la mañana, con el fin de ampliar la huelga ilimitada. La Asamblea General Intersindical cuenta con la participación de los gremios convocantes: CGT, FO, CFE-CGC, Solidaires, FSU, sindicatos de estudiantes y organizaciones de la juventud. Los manifestantes, desde muy temprano en la mañana, decían que la reforma previsional “es un engaño”, “si [Macron] quiere aumentar las jubilaciones como dice, que aumente los aportes patronales, o aumente los salarios, que es de dónde sale el aporte del trabajador proporcional para la jubilación”). La clase obrera francesa cuela sus demandas (bajos salarios, extensión de la jornada, costo de vida, impuestos, precarización, reducción de presupuestos en salud y educación, etc.) bajo el paraguas de la lucha contra la reforma previsional. Esto explica la descomunal dimensión de la huelga. Martínez de la CGT señaló que “la tentativa de división del movimiento no funcionó” (CGT, 5/12). Didier Mathis (de UNSA Ferroviaire) agregó que “Mientras el gobierno juegue al gato y al ratón, permaneceremos en el movimiento”. Esto pareció no afectar a Gilles Le Gendre, diputado de La Republique en Marche de Macron, que declaró en la televisión: “Los sindicatos saben perfectamente que iremos hasta al final con esta reforma” (bfmtv, 5/12). Se trata de una declaración de guerra contra el movimiento obrero y popular. Desde los sindicatos la posición no es homogénea, muchos de ellos quieren sentarse a “negociar”, y otros piden la supresión de la reforma. Yves Veyrier, número 1 de Force Ouvrière, declaró: “No quiero que [el movimiento] dure porque queremos ser escuchados. Volvamos a la mesa de negociaciones” (Libération, 5/12). En las banderas de los Chalecos Amarillos (GJ) en París se leía: “Para acabar con los privilegios, disolución de la Asamblea General, convocatoria de una Asamblea Constituyente. Poder al pueblo”. En la marcha, los GJ se unieron a las columnas sindicales. La operación de Macron es tratar de dividir al movimiento obrero bajo el argumento que existen “privilegios”,en alusión a las cajas de diferentes ramas. Pero la reforma no toca las “cajas excedentarias”. Para el trabajador francés estable en actividad, la reforma previsional significa la reducción entre el 44 y el 50% de las jubilaciones para 2060, fijando el tope en el 14% del PBI. El objetivo de las reformas desde 1993 es allanar el camino para la capitalización. Obtener así recursos para financiar a la Bolsa y la deuda pública con el aporte jubilatorio de los trabajadores en actividad. Cuando Macron pensaba que había “controlado” a los GJ, ahora tiene que enfrentar una acción común de la clase obrera. El levantamiento popular de la mano de la huelga general profundiza una crisis de régimen. El capitalismo francés debe enfrentar la huelga por tiempo indefinido en medio de la guerra comercial.

El pasado martes 4 de diciembre se realizó un paro en el ferrocarril de la línea Sarmiento por el reclamo de un vestuario para las compañeras guardatrenes en condiciones para asearse, vestirse y esperar sus relevos de servicio. El reclamo de un vestuario apto y acorde a la normativa legal lleva tiempo, 5 años desde que las compañeras ingresaron al ferrocarril y fueron colocadas en un contanier de forma "transitoria" hasta que se construyera el vestuario que nunca llegó. Realizaron asambleas y medidas de fuerza para que se cumpla este derecho laboral. Ante esta exigencia, la Directiva Nacional representante de la Línea Sarmiento, había ubicado un container al costado de una vía general con solamente un paragolpes de madera como protección, en el mismo lugar donde hace 10 años una formación había embestido y destruido una boletería. Ante los reclamos de las trabajadoras y delegados, la empresa decidió clausurar la vía y colocar una trampa de descarrilamiento para casos de emergencia, pero sin dar una salida real al problema del vestuario. En el ferrocarril de la masacre de Once y de la muerte de Sebastián Carranza -el empleado de telecomunicaciones que perdió la vida trabajando en lo alto en Castelar en marzo de este año-, queda claro que importa poco la seguridad de las trabajadoras, que es puesta en riesgo constantemente por la empresa. Desde hace años que la empresa viene realizando campaña con el “Área de la Mujer”, creada supuestamente para atender las problemáticas que pudiera surgir con las trabajadoras de la línea. Sin embargo, continúa sin resolver los problemas de las compañeras, que son muchos. Prueba de esto es que, a comienzos de 2018, la empresa había despedido 'por faltas injustificadas' a Gisela Herrera, una trabajadora que había faltado en diversas oportunidades por ser víctima de la violencia de género. Cuando la compañera explicó la razón de sus inasistencias, los gerentes le contestaron que debería haber renovado la licencia por violencia de género que había pedido en 2017. La indiferencia -cuando no directamente la hostilidad- de la empresa ante los reclamos reales de las trabajadoras, y ante un reclamo tan básico como un lugar donde cambiarse no exija jugarse la vida, no es una distracción. Es una política consciente para mostrar quién manda en el lugar de trabajo. Un “Área de la Mujer” creada por la patronal por su propia iniciativa no se propone resolver las demandas “de género” de las ferroviarias sino salir al cruce de una posible organización autónoma. La patronal es la responsable de la explotación, los bajos salarios, la precarización: ¿qué violencias pueden evitar quienes promueven semejantes violencias? La medida de lucha del pasado martes fue cumplida por los hombres y mujeres de la línea. Luego del paro, las trabajadoras organizadas junto a sus compañeros conquistaron que el cuerpo de delegados esté en la discusión sobre un nuevo vestuario para las guardatrenes. Una lección de unidad de clase para quienes tratan de oponer a compañeros y compañeras. Y la forma más efectiva de arrancar las reivindicaciones de género, y todas las demás.

La dirección de la Naranja universitaria, integrante de la conducción de AGD, ha contestado rápida y falsamente el texto que compañeros docentes universitarios de la Tendencia del Partido Obrero redactamos días atrás. En ese texto, denunciamos que al menos una parte de la conducción del gremio se había asociado al reparto discrecional de los cargos remunerados destinados a pagarle a los docentes ah honorem, practicado por el Rectorado de la UBA. Recordemos que la conquista de dichos cargos fue el resultado de muchos años de reclamo por parte de la AGD y de la gran lucha docente de 2018, y también el principal argumento planteado por la conducción del gremio para acompañar la firma de la paritaria 2019. La respuesta de la Naranja a nuestro texto abarca muchos puntos, pero esquiva la cuestión central que allí se plantea, a saber: ¿se asoció o no la directiva del gremio a la arbitrariedad en el reparto de los cargos con salario impuesto por el Rectorado? Sí, se asoció. Y vamos a reiterar y precisar por qué. 1.- La distribución original de las 875 rentas votada a principios de septiembre, constituyó una auténtica confiscación a la docencia que trabaja sin cobrar por parte del Rectorado y el Consejo Superior. Las autoridades de la UBA repartieron 635 entre las distintas Facultades según las pautas del CIN (Consejo Interuniversitario Nacional) y un cupo mínimo federativo de 15 rentas para cada facultad, lo que generó que algunas unidades académicas con cientos de ad honorem (como Sociales) sólo recibieran este mínimo. Se estableció que estos cargos deberían otorgarse a Ayudantes de Primera simple con al menos un año de antigüedad, a partir de los listados elevados posteriormente por cada Facultad. A su vez, el Rectorado se quedó con 240 cargos (¡conquistados por los docentes y los ad honorem junto a la AGD, no por el Rector!) para distribuir atendiendo a “situaciones particulares” y sin fijar criterio alguno respecto a la modalidad en que se haría, quedando claro desde el comienzo que procederían a un reparto discrecional en función de las presiones que cada sector fuera capaz de ejercer. Esta usurpación debería haber sido denunciada en todas las Facultades, con carteles, volantes, comunicados, etc., para su conocimiento y proponiendo su rechazo por parte de toda la docencia de la UBA. Pero no fue esto lo que ocurrió. El reparto del Rectorado sólo fue denunciado abiertamente por la AGD-Sociales, donde se constituyó desde comienzos de año una combativa comisión de docentes ad honorem, y donde se desarrolló una fuerte campaña por elevar la cantidad de rentas para esa Facultad. No ocurrió lo mismo en las otras Facultades de la UBA. Es más, a contramano del rechazo por parte de la AGD-Sociales, el consejero superior de la UJS oficial (hoy beneficiado en el reparto) votó a favor de esta distribución original que ya implicaba claramente una estafa del Rectorado. 2.- El empadronamiento de los ad honorem por parte de AGD debía cumplir una función de fiscalización de los listados presentados por las autoridades de cada unidad académica, garantizando así que no se adulteraran y se beneficiaran los allegados al Rectorado y sus agrupaciones. Esta fue la función que desempeñó el empadronamiento en 2006 y el motivo por el cual se lo impulsó este año. Este rol de fiscalización fue ejercido por la comisión de ad honorem de AGD-Sociales, poniendo de manifiesto irregularidades importantes en el listado de la gestión de Mera que fueron denunciadas y se buscó revertir. Sin embargo, en otras Facultades menos organizadas los padrones no cumplieron esta función. Es indudable que la menor organización en una u otra Facultad dificulta, efectivamente, el control. Pero es justamente la agitación y defensa de los principios justos la que permite revertirlo. Así se fortaleció la AGD durante 20 años. La antigüedad no es un capricho, es el único criterio objetivo que asegura que no haya discrecionalidad en el reparto. El método que se ha defendido en este caso -que privilegia a los empadronados del gremio- se ve reñido con el clasismo, divide al movimiento docente y empaña gravemente la independencia y transparencia que ha caracterizado a la AGD. Allí donde las gestiones se negaron a mostrar los listados oficiales de ad honorem y los que presentarían al Rectorado, nuestra posición es que debería haberse planteado una campaña general del gremio dando a conocer la situación y exigiendo la publicación de los mismos. Esta campaña desde luego no la iban a hacer ni ADUBA ni FEDUBA que, hasta hace poco tiempo, negaban al igual que las gestiones la existencia misma de los ad honorem. La ausencia de una campaña de AGD en ese sentido, terminó desnaturalizando el empadronamiento llevado a cabo por el gremio en esas Facultades, que no fue utilizado para controlar a las gestiones y reclamar por la renta para los ad honorem más antiguos, sino para presionar por el ingreso de los activistas empadronados por la gremial. 3.- Pero lo más preocupante de todo, se vincula con la distribución de las 240 rentas a discreción, de las cuales hasta el momento se asignaron sólo 126. En el listado de asignaciones resuelto por el Consejo Superior el 27/11, aparece no sólo el listado trucho de 45 personas de Sociales (orquestado por el Rectorado y los sectores díscolos de la gestión de Sociales que rompieron con Mera), sino también la distribución en otras unidades académicas en donde se pone en evidencia que al menos una parte de la directiva de ADG (la Naranja oficial) privilegió el ingreso de algunos allegados directos que en varios casos revisten menor antigüedad que muchos otros docentes, cobran un salario por otros cargos o -en los casos más graves- ni siquiera eran docentes ad honorem de la UBA previamente. ¿Cómo llamar a esto? ¿Cómo calificarlo sino como una malversación de la lucha de años por terminar con la precarización y el trabajo gratuito en la docencia? En este marco, resulta llamativo el silencio de las otras organizaciones que componen la comisión directiva de AGD ante nuestro señalamiento, que no tiene que ver con “una interna del PO” sino con un problema gremial, que apunta contra un desvío de la trayectoria que históricamente ha caracterizado a la AGD en su disputa frente al Estado y las autoridades universitarias. 4.- A partir de esta práctica irregular, llevada a cabo en aquellos lugares donde, al decir de estos miembros de la directiva, “no funcionaba una organización del activismo”, se pretendió en determinado momento sumar a este criterio arbitrario al lugar donde sí funcionaba, o sea a la comisión ad honorem de Sociales, transmitiendo a sus integrantes el ofrecimiento por parte del Rectorado de un cierto número de rentas por fuera del listado trucho, para el activismo del gremio en esa Facultad. Esta propuesta fue rechazada por la comisión de Sociales, que en estos momentos continúa peleando para que se respete el listado de 108 elevado por la Facultad para asignar los 45 cargos otorgados y poder obtener su salario conforme a ese ordenamiento, que contempla -aunque no tan estrictamente como la comisión reclamó en su momento- el criterio de antigüedad, que es el criterio que históricamente hemos defendido desde la gremial para la asignación de los cargos remunerados. En otras palabras: mientras la comisión de Sociales rechazó el listado digitado, la dirección de la Naranja (PO oficial) aprovechó la ausencia de criterios en la distribución de las 240 impuesta por el Rectorado para facilitar el ingreso de algunos allegados en otras unidades académicas. Es falsa la afirmación de que se ha respetado la antigüedad de todos los docentes empadronados, sobre todo en los casos donde la antigüedad es nula, por la sencilla razón de que no se desempeñaban previamente como docentes de la UBA. De todas formas, lo correcto es reclamar al Rectorado que se publique la antigüedad y los cargos de todos los que figuran en ese listado de 126 -y en todo el listado de ad honorem incorporados a la planta transitoria- para esclarecer el asunto. Y si no lo hace, denunciarlo y convocar a los docentes a movilizarse por ello. 5.- Advertimos al conjunto de la docencia que el ofrecimiento de un “cupo” para los sindicatos representa una maniobra de cooptación por parte del Rectorado, que el clasismo antiburocrático debe rechazar sin vueltas. No le corresponde al gremio actuar como un mediador en la asignación de las conquistas arrancadas; éstas deben repartirse de acuerdo a un criterio justo y objetivo, que no enfrente a los trabajadores entre sí, y dicho criterio es la antigüedad en el ejercicio del cargo docente. Con cinismo, se nos dice que proponemos regalarle los cargos con salario al Rectorado. ¡De ninguna manera, por eso denunciamos desde el comienzo la confiscación que éste estaba llevando adelante! Pero si, a pesar del rechazo del gremio, el Rectorado nos “entregase” un número de cargos a repartir, el criterio de ese reparto no puede ser NUNCA que dichos cargos se asignen sin más a los “activistas” del movimiento. Lo que, llegado un caso semejante, planteamos que se debería hacer es convocar públicamente a todos los compañeros afectados y, en asamblea, decidir democráticamente cómo se asignarán los cargos con salario que fueron conquistados. Nosotros defenderíamos, en ese caso, el criterio de antigüedad que es el único compatible con una política clasista, que privilegia la solidaridad y los intereses del conjunto de los trabajadores. Los activistas luchan para toda su clase. Su principal “rédito” es el progreso en la conciencia y la organización de sus compañeros, como resultado de la lucha, las conquistas y los retrocesos parciales. Por eso, en lo que refiere a la distribución de los cargos remunerados, nuestro planteo es que la AGD debe ceñirse al criterio objetivo y de clase que históricamente defendió -la antigüedad. Según parece, para quienes nos responden, deberíamos mantenernos en silencio respecto de los atropellos cometidos, para no beneficiar a nuestros enemigos y a la patronal. Es exactamente al revés. Sólo la difusión, clarificación y corrección de estos hechos pueden salvar a nuestra AGD del error de método que implica promover que reciban salario los empadronados del gremio o los allegados de cuño propio. De lo contrario, la izquierda universitaria, forjada en la lucha contra las camarillas y trenzas asociadas al Estado y sus partidos, terminaría convirtiéndose en otra trenza y otra rosca más. Peor aún, se nos acusa pérfidamente de atacar a la comisión de AGD-Sociales, cuando participamos de ella desde su surgimiento y hemos impulsado todas sus actividades. Por el contrario, defendemos la lucha consecuente que ha dado la comisión y llamamos a que se mantenga firme en su pelea por el reconocimiento del listado elaborado por la mesa ad hoc de Sociales con su participación. Sobre la paritaria a la baja, firmada a cambio de un ingreso de ad honorem que ha devenido en lo que denunciamos ahora, ya lo hemos dicho todo, y en su momento. No vamos a entrar en el juego de distraernos del núcleo de nuestra denuncia actual. Por todo lo dicho, reafirmamos el llamado a rechazar la adjudicación discrecional de las rentas y realizar la más amplia difusión, agitación, y deliberación en la docencia universitaria a través de asambleas, como poderosa herramienta de organización. Proponemos exigir al Rectorado la publicación del listado de todas las rentas otorgadas hasta ahora con la antigüedad y los cargos de cada uno de los nombramientos realizados. Reclamamos que este criterio se aplique también a las 114 rentas que faltan adjudicar. Convocamos a movilizar el miércoles 11, a las 10 hs, al Rectorado juntos a la comisión ad honorem de Sociales.

El jueves 5, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) y el Polo Obrero (Tendencia) realizaron una de las mayores movilizaciones de los sectores desocupados y empobrecidos de la población, al reunir en la Plaza Independencia más de 5000 compañeros. Cada organización ingresó a la plaza por distintas calles. Barrios de Pie lo hizo con columna más numerosa (3.500), previamente habían realizado una concentración en el Anses. El FPDS y la FOL -con más de 1.000. El Polo Obrero encolumnó a más de 600 compañeros. Previamente, al pasar por el Concejo de Deliberante de la Capital se hizo un acto de repudio al reciente boletazo (ver…). Barrios de Pie viene de sufrir la baja de numerosos planes sociales luego de su alejamiento del macrismo, pasadas las elecciones provinciales. De la misma manera, vienen sufriendo el incumplimiento de diversos acuerdos por parte del gobierno de Manzur. A su vez, el FPDS viene de realizar un congreso nacional que sancionó la ruptura definitiva con el sector que decidió integrarse al Frente de Todos. Ellos también vienen sufriendo diversos incumplimientos de parte del gobierno provincial El desarrollo del Polo Obrero La movilización del Polo Obrero Tendencia ha sido la más importante en todo el año. El Polo venía de sufrir una escisión, cuando el CC de Belliboni y una patota de 20 personas a mediado de año impusieron un congreso provincial trucho, bajo amenazas de dar de baja de los planes a quienes no se alineaban con ellos. A la par de ello, lanzaron una campaña frenética con promesas de alimentos y planes. El objetivo era disimular el carácter famélico del sector partidario que se agrupo bajo la batuta del aparato del CC y la camarilla interventora judicial del Partido. Luego de esta ‘construcción’ artificiosa, la mayoría de los sectores que lograron arrastrar está retornando a las filas del Polo que se agrupa con la Tendencia del Partido Obrero. Primero fue un importante núcleo (alrededor de 100 compañeros) del Polo de la toma del municipio de Alderete, donde se produjo la ocupación de tierras de los sin techos más importante de la provincia. Este sector terminó influenciando, a su vez, a un núcleo de 20 compañeros de la Comuna de Colombres, que se integraron al Polo. Luego fue el turno de la barriada de San Lorenzo, en la comuna de Delfín Gallo, donde en una asamblea, 50 compañeros votaron reintegrarse al Polo histórico. El martes 3, en la zona más importantes donde aún conservan alguna influencia la camarilla del interventor Martin Correa, en la barriada de Posse (también en la comuna de Delfín Gallo), se realizó una asamblea con más de 70 compañeros que votaron sumarse a las filas del Polo. En esta asamblea reaparecieron antiguos integrantes del Polo del 2004-9. El plan de lucha continúa La presencia de la multitud frente a la Casa de Gobierno obligó rápidamente al gobierno a convocar a dos representes por organización para discutir los reclamos. Al salir de la reunión los delegados arengaron a los presentes a prepararse para volver a movilizar más fuerte el próximo jueves si no hay respuestas, e incluso acampar para la Navidad.

A diferencia de lo que vino ocurriendo en los últimos años, cuando los aumentos en el transporte se iniciaban en el municipio de la capital, esta vez fue Manzur quien actualizó el cuadro tarifario con un boletazo del 25%, llevando el mínimo a 30 pesos. Al día siguiente, se reunió el Concejo Deliberante de la capital y todos los bloques (PJ, macristas, bussistas) acordaron el aumento en el ámbito del municipio. En la agenda provincial y municipal de la semana próxima figura aprobar un aumento en el servicio de taxi. Además de este aumento confiscatorio, el gobierno provincial acordó adelantar a las patronales 170 millones de pesos en concepto de subsidios que hasta el año pasado eran entregados integralmente desde la Nación. Las patronales despidieron hace 60 días a 150 choferes y amenazó con llevar a 500 las cesantías si el gobierno no accedía al aumento y adelantaban los subsidios. Con este aumento (el tercero en el año), la tarifa mínima del transporte urbano e interurbano aumentó el 93,5%. La dirigencia de UTA saludó el acuerdo declarando que ahora iban a poder cobrar en tiempo y forma los salarios y recibir un bono de 5.000 pesos de fin de año. Los empresarios reincorporaron a los 150 choferes despedidos, pero advirtieron que tomaban a la suba del boleto y al adelanto de los subsidios solo como medidas coyunturales. El sistema de transporte opera con unidades en muchos casos en estado deplorables y frecuencias y recorridos reducidos. El pato de la boda del boletazo son los miles de usuarios. Desde el Partido Obrero (T) hemos planteado que la única solución de fondo pasa por la provincialización del servicio bajo control de los trabajadores y de representantes de los usuarios. El año pasado, bajo impulso del Partido Obrero, se formaron coordinadoras de los pueblos en lucha ante la decisión de la única línea de colectivo que pasaba por esos pueblos de suspender el servicio debido al mal estado de los caminos. Con acciones como el corte de la ruta nacional 9 y cortes generalizados en rutas de la provincia, se obligó al gobierno a modificar el plan de obra y el presupuesto para asegurar efectivamente la pavimentación de rutas y el arreglo de los caminos internos. Es una experiencia en la que nos debemos apoyar para encarar la lucha inmediata por la anulación del boletazo, por el reclamo del boleto gratuito para los desocupados, por el boleto estudiantil gratuito (T) para todos los niveles educativos y por todos los reclamos relativos a los recorridos y frecuencias.

Luego de la jornada inicial, cuando salieron a la calle un millón y medio de manifestantes para poner fin a la reforma previsional de Macron, las protestas volvieron a inundar las calles de París y toda Francia. La huelga general tomó mayor fuerza, lo mismo que los bloqueos a las destilerías de combustible . El transporte no funcionó en todo el fin de semana, con excepción de un servicio mínimo y de los subtes automáticos. La reforma pretende uniformar a la baja los regímenes especiales del sistema previsional, aumentar los aportes de los trabajadores y aumentar la edad de la jubilación. La protesta empujó a la calle a cientos de miles de estudiantes y trabajadores que sufren la precarización, la especulación inmobiliaria, la falta de alquileres accesibles, la caída de salarios, el aumento del costo de vida, la falta de acceso a servicios (crisis en hospitales y escuelas), y tantas otras demandas. Incluso a las organizaciones ecologistas. Muchos colegios secundarios – liceos – amanecieron ocupados y bloqueados por los estudiantes. y para el lunes se anuncia una “jornada de caos”. “Del lado de SNCF (ferroviarios), las tres centrales sindicales (CGT, Unsa y SUD) se reunirán el sábado a las 10 de la mañana en la sede de la CGT, Montreuil (Sena-Saint-Denis), para decidir sobre la continuación del movimiento. Este viernes, en Ile-de-France, solo circulaba 1 de cada 5 trenes. Y solo había 1 TGV y 3 TER. Según la gerencia, menos de un tercio de los trabajadores ferroviarios estaban en huelga el viernes, contra el 55% del jueves. Pero la movilización se mantuvo muy fuerte entre los conductores, el 87,2% en huelga y los controladores” (Libération, 6/12). Air France anunció el viernes la cancelación del 30% de sus vuelos nacionales y del 10% de su media distancia. Los camioneros prometieron quince bloqueos el sábado en Francia. Por su parte, la Intersindical anunció una gran movilización para el martes, en el marco de la continuidad de la huelga general. La secretaria confederal de la CGT, Catherine Perret, llamó el viernes al mediodía para extender la huelga contra la reforma de las pensiones y una nueva manifestación el martes en París, que terminará en Denfert-Rochereau. Asistirá el bloque de sindicatos que se oponen a la reforma. Para el trabajador francés estable en actividad la reforma previsional significa la reducción entre el 44 y el 50% de las jubilaciones para 2060, fijando el tope en el 14% del PBI.

A través de un comunicado, como de costumbre, el gremio dirigido por Héctor Ponce anunció un plan de lucha de un paro por 24 horas y quite de colaboración que abarca todo el fin de semana. Esto se dio a conocer luego del rechazo del gremio a la "última oferta de actualización salarial patronal". En las negociaciones llevadas adelante entre el Centro de Industria Lechera (CIL), APyMEL (Pymes) y el gremio, las patronales ofrecieron un 36% en cuatro cuotas. Aclarando que, con este incremento, el aumento salarial para el año 2019 sería de un 61%, tomando como base el 25% correspondiente al primer semestre del año. Pero la realidad es que, de ese porcentaje, un 2% pertenece al 2018 y un 5% corresponde al 2020. Los productos lácteos han tenido una suba interanual del 115%. El comunicado no da a conocer la propuesta del gremio ni la discusión en las diferentes seccionales. Las anteriores medidas de fuerza se levantaron sin conquista alguna y con el agravante de que no se reintegraron los días de huelga (o se reintegraron después de un mes) y se descuentan las horas de asamblea en horario de fábrica. El balance del año 2019 para los trabajadores de la industria láctea en el país es sumamente crítico. Se han producido despidos y suspensiones en empresas como Ilolay, La Suipachense y Lácteos Verónica. Pero hay un caso que es emblemático, SanCor. En 2017, utilizando como prenda de extorsión la situación de la empresa, se acordó la reforma del convenio lácteo entre el gobierno, las empresas y el gremio. Esto a cambio de un desembolso de 450 millones de pesos para evitar la quiebra de la cooperativa. El resultado fue una flexibilización total de los trabajadores que se demuestra en el fin de las horas extras al 150%, funcionalidad múltiple, y pérdidas de licencias por enfermedad familiar y por estudio. En cuanto a SanCor, su situación sigue siendo devastadora. Hace pocas semanas, se conoció el cierre de una de las plantas en Tucumán, dejando en la calle a 70 familias. Pero no es la única, los 21 trabajadores de Mendicrim, ubicada en la localidad de Arenaza, vienen peleando hace meses contra el cierre de la fábrica. En las grandes plantas como Danone/La Serenísima, a los extenuantes ritmos de producción con turnos rotativos, se le está sumando una gran cantidad de suspensiones y persecución patronal hacia los activistas. Y las pymes, las primeras en salir a pedir "cordura y sensatez" también son las campeonas en la superexplotación. Por todo esto, urge un verdadero plan de lucha votado y refrendado en asambleas, donde se discutan todos estos puntos. Pero ATILRA se niega a que los trabajadores tomen un papel protagónico. La base sabe muy bien que la burocracia dejó pasar todos los cierres de fábricas, desde Parmalat hasta SanCor, y coronó toda una serie de entregas que incluye la obra social, con la entrega del convenio como frutilla del postre. La paritarias no son de las cúpulas, son de los trabajadores. En el pliego de reivindicaciones tienen que estar como puntos principales el salario básico igual a la canasta familiar (hoy en $70.000), la defensa de todos los puestos de trabajo contra los despidos, las suspensiones, los cierres de fábricas, por el derecho a huelga y en solidaridad con los trabajadores de SanCor. Esta lucha debe garantizarse con los métodos históricos de la clase obrera: piquetes y ocupación de planta con un objetivo claro y discutido por el conjunto de los trabajadores lácteos.

El anuncio de la designación de Moroni, el flamante ministro de Trabajo, vino con la novedad de que la CGT se dispone a sacrificar las paritarias, que serían reemplazadas, en principio por el término de seis meses, por un decreto que otorgaría una suma no remunerativa. Las cifras que se manejan rondan entre los seis mil y diez mil pesos, y se da por descontado que se pagarán en cuotas. La suma fija representa un achatamiento fenomenal del escalafón salarial (para algunos gremios sería un aumento del 20%, mientras para otras no llegaría al 10%). El objetivo, pretenden, tanto desde la UIA como desde la CGT, es "bajar la expectativa inflacionaria". Para eso, sin embargo, el gobierno del FdeT había anunciado un congelamiento de precios, de modo que un aumento salarial que no compensa la inflación pasada es pura ganancia para el capital Por otro lado, no es un aspecto menor que los aumentos que se han negociado durante la ‘transición han sido, como la suma que se está discutiendo, “no remunerativos”, o sea que eximen a la patronal de los aportes previsionales y sociales. Linda forma de defender el sistema jubilatorio o, mś bien, de hundirlo en un déficit aun mayor. Vía libre a los despidos Desde las fuentes del futuro ministro Moroni ya descartaron cualquier tipo de "cepo" a los despidos - se rumoreaba un retorno a la doble indemnización, que no se concretará. (En la mayoría de los cierres y despidos, las patronales ni siquiera cumplen con los deberes indemnizatorios, pagando en cuotas o negociando quitas). El ‘congelamiento’ que acompañaría al pacto social, deja afuera a las cesantías, que funcioan como método de reemplazo por mano de obra más barata, o sea una reducción general de los salarios. Nuestra perspectiva Para los compañeron que votaron a F-F, el gobierno debutaría con una gran decepción para ellos. Lejos de ser un motivo para bajar los brazos, estas medidas deben servir para encarar una lucha que pare desde el vamos esta tentativa. Es necesario empezar a discutir en los lugares de trabajo una política propia para el mundo del trabajo. Necesitamos un salario mínimo equivalente a la Canasta Familiar, un aumento de inmediato por el total de la pérdida salarial del año, el 82 % móvil para los jubilados, la derogación del impuesto a las Ganancias para los trabajadores y el aumento inmediato de todos los planes sociales. El pacto social que trama AF, la UIA y la CGT ha recibido una respuesta anticiapada de partee de los residentes y concurrentes médicos, que liquidaron una ley ya aporbada de flexibilidad laboral, y las luchas de los ferroviarios del Roca y el Sarmiento, la ocupación en permanencia de Minetti y la lucha en Kimberly Clark luego del desalojo reciente. El mundo entero, con sus huelgas generales y sus rebeliones, nos está diciendo que la preparación de la lucha es ahora.

El nombramiento del economista ´académico´ Martín Guzmán como ministro de Finanzas zanjó la principal expectativa acerca del gabinete de Alberto Fernández. En el camino, quedaron una tanda de candidatos que perdieron, con el puesto, el planteo que tenían en carpeta acerca de la deuda externa y el conjunto de la política económica asociada a una renegociación de ella – tanto con los acreedores privados como con el FMI. Argentina acumula vencimientos de deuda por 63.000 millones de dólares por todo concepto –dólares y pesos, acreedores privados y públicos- en 2020. Se descuenta que la que está en manos de Anses o el Banco Central será prorrogada con otro bono intransferible, o sea que seguirá sin poder convertirse en dinero por un tiempo indefinido. El nuevo gobierno debuta con el mismo método confiscatorio que caracterizó a las cuatro administraciones que se sucedieron desde diciembre de 2001. La deuda El nombre de Martín Guzmán está asociado al planteo de suspender los pagos de capital e interés por los próximos dos años. Numerosas informaciones o des-informaciones señalan que esa medida podría estar acompañada con una quita, incluso significativa, en momentos en que la deuda externa cotiza al 40% de su precio de contratación. Otra variante es que sea acompañada de un “cupón” (pago de capital e interés) con una tasa fija, o que se ajuste al porcentaje de crecimiento de la economía (un simulacro del ‘famoso’ cupón-PBI). La propuesta de Guzmán podría ‘decepcionar’ a los acreedores, que parecen dispuestos a aceptar una quita ‘razonable’, sin dilaciones de pago, o una dilación ‘razonable’ sin quita o con una de poca cuantía. La posición de los acreedores depende de cómo entraron a la deuda, si la compraron al inicio o, más tarde, ya desvalorizada, en el llamado “mercado secundario”. Guzmán ha insistido en el carácter “amigable” o consensuado del arreglo que propone. Ha disimulado, en cambio, su planteo de negociación con el FMI. El dúo AF-Guzmán pretende imponer un margen de acción autónomo en materia fiscal y monetaria, dejando para el futuro la obtención de un superávit primario del presupuesto, por una parte, y ganando libertad para emitir dinero, por la otra, ya sea para comprar los dólares de exportación o para el financiamiento del Tesoro nacional. AF y Guzmán han asegurado que volverán a las retenciones a la exportación, para mejorar los ingresos del Estado, pero no esclarecen si también gravarán a la minería y a los combustibles, luego de haberles recontra prometido regímenes especiales para que no los paguen. La cesación de pagos de la multi-exportadora Vicentín pone de manifiesto los límites de las retenciones a la soja y a sus derivados. Mucho no podrá esperar tampoco de las exportaciones industriales, luego que Trump subiera los aranceles a la importación de acero y aluminio de Argentina, que alcanzan niveles enormes para el bío-combustible, o del anuncio del default de Celulosa. El kirchnerista Guzmán pretende cuadrar este círculo con dos instrumentos: el cepo cambiario y el congelamiento de precios y salarios. Todo reunido en un ‘pacto social’ que tiene un alcance político mayor: maniatar al movimiento obrero y favorecer la flexibilización laboral. Por lo pronto, el crecimiento de la brecha entre el tipo de cambio oficial – 63 pesos – y el de la Bolsa – 75 -, anuncia que la cuadratura ya es recibida con una mayor fuga de divisas y una mayor devaluación. Lo mismo ocurre con la inflación, que no para a pesar del cepo al dólar. La presión del ‘lobby’ industrial a favor de una mayor devaluación no se ve muy coherente con las promesas de congelar los precios. La explosión de las contradicciones del plan del nuevo oficialismo, es sólo una cuestión de tiempo. El FMI Para los analistas financieros, el nuevo gobierno buscaría un acuerdo con los acreedores privados para luego abordar al FMI. Sin embargo, el director de la calificadora de Riesgo Fitch acaba de señalar que “Me parece difícil que haya un canje muy amistoso sin el aval del Fondo (y a la vez, puede suceder que el Fondo considere que el mejor plan para todo el mundo sea una quita” (Ámbito Financiero, 6.12), insinuando que el acuerdo con el Fondo podría desbaratar un acuerdo con los ‘bonistas’. Guzmán es un discípulo de Joseph Stiglitz, el economista del Banco Mundial y del partido Demócrata que tejió una estrecha relación con el kirchnerismo y sus funcionarios. Stiglitz acuñó la expresión “pagar la deuda con crecimiento”, cuando criticó las medidas que la Comisión Europea adoptó en la crisis de 2010. Ya había saludado, antes, el desendeudamiento kirchnerista - la friolera de u$s174 mil millones, según confesó CFK en cadena nacional. Ahora, según cuenta Clarin, Stiglitz estaría colaborando con la futura administración F F, con menos pretensiones. En efecto: estaría negociando con el FMI para que se sume al arreglo de deuda propuesto por Guzmán. AF, superministro En el plano político, el nombramiento de un ministro de Finanzas sin antecedentes políticos o de gestión ha servido para reforzar la tesis de que “el verdadero ministro de Economía será Fernandez”, es decir, un Ejecutivo que deberá arbitrar entre los intereses contradictorios que pueblan el gabinete –desde los amigos sojeros de Gildo Insfrán hasta Techint; desde la burocracia sindical a los lobbystas de la dolarización de precios petroleros (Nielsen en YPF). En efecto: el ‘populismo’ acaba de poner en la cabeza de YPF a un representante de los accionistas de Wall Street de la petrolera ‘re-estatizada’. Tomando partido por todos los bandos capitalistas no hay arbitraje que aguante – menos si el pato de la boda es la clase obrera. Adicionalmente, este arbitraje presidencial guarda una incógnita, a saber, cuál de los dos Fernández lo va a ejercer. La precaria coalición política despejó en este viernes las últimas dudas del gabinete, y, principalmente, a su ministro de Finanzas. Las certezas de “nombres” sin embargo, multiplican el escenario incierto y explosivo que se asocia al nuevo gobierno. El escenario francés advierte lo que le espera a F-F si se propone ‘reformar’ el sistema previsional, como lo plantean los acreedores, el FMI, Guzmán y Stiglitz.

El 2 de noviembre pasado, tuvo lugar un “Congreso Extraordinario del Partido del Obrero”, con la pretensión de asumir decisiones soberanas que solamente le corresponden al Congreso anual del PO. El “Congreso” no fue electo por nadie; no fue precedido por ninguna clase de debate ni por ninguna deliberación. Hubo un boletín interno –distribuido 5 días antes– que, a guisa de anticipar su realización, tuvo el claro propósito de legitimarlo como un hecho consumado y estatutario. El único objetivo de este Congreso “de papel” fue intentar imprimirle un viso de legalidad a las decisiones fraudulentas que, en el plano de las personerías partidarias, el aparato del PO adoptó contra el Partido Obrero y su régimen interno. Nos referimos, en primer lugar, a la sanción de una “carta orgánica” que concentra decisiones fundamentales –como los recursos económicos percibidos desde el Estado o los derechos electorales – y en última instancia cualquier tipo de decisión con respaldo legal, en un puñado de dirigentes de la Capital y, en última instancia, en dos, ya que se habilita al ´presidente´ del partido al voto doble para desempatar. Las posiciones dirigentes en este ‘congreso judicial se repartieron entre miembros de familia, sin vínculo con la dirección que votó el último congreso del PO. Una suerte de apropiación del partido. La nueva “Carta orgánica”, además, adapta el estatuto centralista democrático del PO a la ley de partidos –en el punto que permite la intervención de los distritos por parte del partido nacional. La reforma, en este punto, tenía nombre y apellido: la intervención judicial del distrito Tucumán del Partido Obrero, por parte de estas ‘autoridades’ electas por nadie... En efecto: como el 90% del comité y de la militancia de ese distrito adhirieron a lo que hoy es la Tendencia del Partido Obrero, el CC del PO se sirvió de esta intervención legal para confiscarle los recursos económicos estatales de la campaña electoral al PO de Tucumán. Esta medida fue usada para sabotear la campaña de Ariel Osatinsky, cabeza de la campaña del PO y del FIT en ese distrito. Ariel no adhiere a la Tendencia, pero fue igualmente castigado por repudiar el espionaje, las expulsiones y, naturalmente, este mismo atropello contra la militancia de su provincia. Al arrancar la legalidad partidaria, ya hace varias décadas atrás, el PO debió asumir diferentes compromisos y mediaciones relacionadas con las exigencias de la justicia –nóminas de autoridades, apoderados y otras figuras para interactuar con las secretarías electorales de los juzgados.Fueron pasos insoslayables para la defensa de nuestros derechos políticos. Pero los “pasos legales” adoptados por la camarilla dirigente del PO en estos meses tienen un propósito muy diferente: obtener el respaldo legal para expulsiones sumarias de centenares y centenares de compañeros, y protección legal para el uso de los recursos partidarios sin la rendición de cuentas a los congresos regulares del partido. Han convertido a la legalidad partidaria en otra arma para violentar y agredir a la militancia –en primer lugar, el derecho de más de 1000 militantes a constituirse en Tendencia, y a defender públicamente sus posiciones, dentro y fuera del Partido, en el marco del centralismo democrático. Los actuales “pasos legales” de la camarilla usurpadora apuntan al uso del Estado contra el PO, por parte de un grupo auto-designado en el que ni siquiera están presentes la mayoría de los miembros del CC electo en el último congreso. En el caso de Tucumán, la intervención legal se hizo bajo el amparo de la supuesta legalidad de estas ‘autoridades’ auto digitadas. No fue precedida por discusión alguna en el comité partidario provincial, ¡ni siquiera existió una resolución del CC del PO interviniendo políticamente a la regional! NO: se trató sencillamente de un golpe comando, donde el pedido de intervención a la justicia fue acompañado del asalto al local central, la sustracción de documentos y objetos de valor. La sanción de la nueva “Carta orgánica” que precedió a esta intervención no fue discutida en el 26º Congreso del PO, a pesar de sus graves implicancias políticas – al contrario, le fue expresamente ocultada, mientras ocurría en forma paralela en el tiempo. Fue una conspiración política, para ajustar cuentas contra el 30% del Partido que, en ese Congreso, expresó posiciones divergentes a la de la camarilla oficial. Ese 30% ha crecido hasta convertirse en la mayoría real de la militancia activa. Los “arreglos legales” del aparato no defienden al PO frente al Estado, no, sino a los auto digitados. A través de ello, el CC del PO se asocia al Estado contra la militancia. “Congreso extraordinario” En ocasión de la intervención legal al PO, el Partido Obrero de Tucumán rechazó esta medida brutal demostrando, ante la Justicia, el carácter irregular de los pretendidos ´pasos legales´que la precedieron. Por caso,la sanción de una “carta orgánica” nueva a espaldas del Partido y de su congreso, o la convocatoria a ´congresales´ que no fueron resultado de elección alguna en sus distritos. A partir de nuestra apelación, la causa relacionada con la intervención a Tucumán sigue su curso. Precisamente, y con el propósito de “subsanar” (disimular) la operación fraudulenta consumada en esa intervención legal –y antes con la nueva carta orgánica- es que resolvieron la convocatoria de un nuevo congreso, llamado ahora “congreso extraordinario”, que “refrendara todo lo actuado” (Todo lo actuado contra la militancia del Partido Obrero, en Tucumán y en todo el país). Los operadores de este fraude se encontraron, sin embargo, con un inconveniente: entre el 25 y el 30% de los “congresales” registrados en sus libros han adherido a la Tendencia del Partido Obrero.¡Pero necesitaban de ellos para este “congreso extraordinario”! ¿Cómo hacer? Para subsanar este ‘inconveniente’ se cursaron invitaciones ‘amigables’ a los mismos compañeros y compañeras que habían sido expulsados en forma sumaria y descalificados en todo tipo de circunstancias, confiados, por un lado, en que serían una minoría y, por el otro, en que quizás se negaran a concurrir al engendro, incluida la dificultad de que debían abonar su propio pasaje, al revés de lo que estaba previsto para los ‘oficialistas’. En efecto: fueron invitados a concurrir como delegados de un congreso los militantes expulsados y descalificados por quienes ahora pretendían oficiar de anfitriones. Militantes y dirigentes del PO de todo el país, que en los meses anteriores habían sido privados de sus derechos militantes y excluidos como candidatos; retirados de grupos de WhatsApp; regionales a las que se privó de la prensa partidaria; compañeros a los que se propinaron los peores insultos; a todos ellos, se les enviaron “cordiales” cartas documentos o mensajes de WhatsApp provenientes de los apoderados partidarios, para que concurrieran al “Congreso extraordinario” . En suma, los invitaban a que se hicieran cómplices del arrebato del partido por un círculo auto proclamado. El aparato pretendía que los expulsados concurrieran a avalar las manipulaciones legales al servicio de las expulsiones. El desarrollo del “Congreso” La ´amable´ convocatoria, de todos modos, tuvo lugar con 48 horas de antelación al “Congreso” y, por supuesto, repetimos, sin ofrecer a ninguno de estos pretendidos ´congresales´ los recursos económicos para poder viajar, por caso, desde provincias tan distantes como Jujuy. En este cuadro, tres militantes de la Tendencia del Partido Obrero, Alejandra del Castillo (Tucumán), Jorgelina Signa y Germán Lavini (ambos de Santa Fe), concurrieron al “Congreso extraordinario” que tuvo lugar en el local de Bartolomé Mitre. Otros diez se manifestaron por medio de cartas-documento al juzgado electoral y que se pusieron en conocimiento de los tres veedores que el juzgado envió al Congreso. Ya en las puertas del local, la “amabilidad” de las invitaciones había desaparecido. El clima de hostilidad era abrumador. Trataron a nuestros compañeros como desconocidos y, refiriéndose a ellos como “señor” o “señora”, eran invitados a “acreditar su identidad”. Con la presencia de unos 40 supuestos “congresales”, y habiendo pasado escasos 5 minutos del horario de convocatoria, Solano abría el “Congreso”. Nuestro compañero Germán Lavini pidió la palabra enseguida, señalando que “he sido citado como Congresal de esta reunión cuando no he participado de ninguna instancia en la que fuera elegido como tal. Por eso, y como responsable político de la regional de Santa Fe Capital rechazo esta convocatoria, que es improcedente e ilegítima tanto desde el punto de vista político como legal.” Frente a la denuncia de nuestro compañero, Solano se limitó a plantear una moción de orden para que se le dé continuidad al Congreso trucho, sin dar lugar a discusión. Luego, se manifestó la compañera Jorgelina Signa, la cual, como Concejal del Partido Obrero en el Cordón Industrial de San Lorenzo y con dos mandatos sucesivos después de haber superado el 20% de los votos, señalaba que “mientras nos envían cartas documentos convocándonos como Congresales a esta reunión, en nuestras regionales los locales del PO están obstruidos con candados, no recibimos más el periódico, hemos sido expulsados de los grupos WhatsApp y de cualquier instancia de dirección de nuestro partido. Además de perseguidos, jaquearon nuestras cuentas e infiltraron nuestros correos personales”. Signa denunció que “en el Cordón industrial más importante del país , donde el FIT U obtuvo las mayores votaciones, no enviaron un peso para el desarrollo de la campaña electoral, a pesar de haber recibido esos recursos del Estado. El único “pecado” de los compañeros que encabezábamos las listas, es nuestra divergencia con la dirección que se ha apoderado de nuestro Partido, y que antepone sus intereses a los de la clase obrera. De este modo, no quisieron defender una bancada en el seno del corazón industrial de nuestro país” Por último, la compañera Alejandra del Castillo de Tucumán, señaló:“Han intervenido una regional por tener una posición disidente con el Comité Nacional del Partido. Y hemos sido notificados de la intervención vía judicial, lo cual representa una verdadera vergüenza. Ni siquiera se tomaron el trabajo de discutir de qué nos estaban acusando. Una vez notificados por el Estado nos enteramos que plantean que “hemos boicoteado la campaña electoral en Tucumán”. Es al revés: a pesar del boicot de ustedes, hemos desarrollado innumerables actividades. Repudio las expulsiones de numerosos compañeros en todo el país, estas acciones totalitarias y reaccionarias, reclamo el derecho a la Tendencia y el fin de la intervención a la regional en Tucumán”. Las denuncias de nuestros compañeros fueron proseguidas por gritos amenazantes por parte de varios miembros del aparato central, y alusiones que llegaron hasta ”la revolución rusa”. Pero no dijeron una sola palabra sobre los centenares de compañeros que no pueden acceder a los locales, ni porqué han judicializado al Partido Obrero. Allí, y delante de los tres veedores designados por la Justicia, nuestra delegación denunció todos los atropellos consumados contra la militancia del PO, en el plano político y en el legal, para luego retirarse. Otros 15 compañeros, también convocados, expresaron esa posición por carta documento, que también fue remitida al expediente judicial. De este modo, enfrentamos la pretensión de consumar una apropiación de los derechos político-electorales del Partido Obrero. Los tres funcionarios judiciales pudieron escuchar los insultos y descalificaciones que el oficialismo endilgó a los delegados que pertenecen a la Tendencia y a toda ella. Estado, legalidad y aparato La legalidad del Partido Obrero es una conquista política de su militancia e incluso de toda la clase obrera. Es un resquicio que hemos arrancado para una lucha política abierta contra el régimen político y social imperante. El aparato oficial del PO está convirtiendo esa conquista obtenida con enormes sacrificios por la militancia del PO (campañas de afiliaciones y adhesiones), en un arma para-estatal para consumar la liquidación de regionales y expulsión de militantes que exigen el respeto al régimen de partido, rechazan las expulsiones y reclaman el derecho de Tendencia. El aparato ha llevado al partido al tribunal del estado capitalista, para regimentar su organización. Estamos ante una apropiación indebida del Partido Obrero, para la cual el aparato procura el aval judicial. Seguiremos la causa contra la intervención al PO de Tucumán; por la restitución de sus autoridades legales y de todos los bienes usurpados, incluidos los fondos electorales; la lucha contra la apropiación del nombre Partido Obrero, que expresa una historia y un programa que hoy han sido desnaturalizados detrás del carrerismo y el electoralismo. Toda nuestra acción apunta a derrotar una política de liquidación del PO. Exigimos el reconocimiento de la Tendencia, la reincorporación de todos los militantes expulsados en forma sumaria y la investigación de los actos de espionaje interno perpetrados por el aparato. Denunciamos la apelación del aparato a la intervención del estado capitalista en la vida del partido. Defendemos la construcción del partido socialista y revolucionario y, más que nunca, en pleno auge de las rebeliones populares y las revoluciones en el centro y la periferia del capitalismo mundial, la refundación de la IV Internacional (CRCI).

El 5 de diciembre se inició una huelga de hambre en las cárceles bonaerenses. Los textos escritos por los internos la definen como pacífica, solicitan dialogar con la Gobernadora, el Ministro de Seguridad y Jueces, y reclaman falta de alimentos, problemas edilicios, superpoblación, hacinamiento y estancamientos de las causas judiciales. La gobernadora Vidal deja a las cárceles con un récord de superpoblación que duplica su capacidad. En celdas preparadas para dos personas convivan hasta cinco o seis internos/as, durmiendo en el piso, sobre frazadas o cartones. Hay falta de medicamentos y asistencia médica y psicológica; no funcionamiento el patronato de liberados. Estamos ante un cuadro de abandono de persona. Por si esto fuera poco, hace más de tres semanas que el gobierno ha suspendido el pago a las empresas proveedoras de alimentos y éstas suspendieron el servicio de alimentación. Los internos/as llevan semanas comiendo papas y fideos, los más “afortunados” reciben alimentos por parte de sus familias. La huelga que han iniciado también restringe las visitas. La crisis económica y social se ve reflejada en los porcentajes de pobreza e impacta directamente en la comunidad penitenciaria. Una huelga que comenzó muy tímidamente en algunos pabellones de Magdalena, UP 1 de Olmos, UP 23 y 32 de Florencio Varela, UP 21 y 41 de Campana, UP 6 de Dolores, Up 17 de Urdampilleta, Up 46 y 48 de San Martin, Up 33 de Los Hornos, UP 12 de Junín y Up 43 de La Matanza, con el transcurso de los días fue extendiéndose hasta abarcar a la casi la totalidad de las unidades bonaerenses. Hoy el conflicto está presente en cárceles de distintas provincias como Mendoza, Catamarca, San juan, Córdoba, Santa Fe, Salta, Neuquén, Entre Ríos, Santa Cruz y Chaco. El pliego de reclamos difundido es este: 1- peticionar que las decisiones judiciales respeten los estándares y pautas que deben observarse en los tratados internacionales que regulan el instituto de la prisión preventiva y el plazo razonable del proceso penal, interpretando correctamente los fallos que emanan de la corte interamericana de los DDHH- ultimo interprete de la convención americana de DDHH 2- que se promuevan ejecuten y activen los mecanismos que posibiliten alternativas a la medida cautelar de la prisión preventiva, detención y/o arresto domiciliario con pulsera GPS, y/o cualquiera de las condiciones que imponga el juez competente. 3- que se revea la forma en que deben ser elaborados y confeccionados los informes técnicos criminológicos. En tal sentido, solicitamos, que abandonen las fórmulas del derecho penal de autor que actualmente los rige, siendo que se corresponden con las ideas de punitivismo -la pena como revancha - vedando consecuentemente la posibilidad resocializadora de las personas privadas de la libertad. 4- solicitan el impulso de leyes o proyectos que aborden la emergencia y crisis que atraviesa el sistema penitenciario tanto provincial como nacional. Y ello en lo tocante al incremento de la sobrepoblación carcelaria. Al respeto ver documento sobre las condiciones de detención en la provincia de Bs As RC 2301/18, en fecha 9 de octubre del 2019 del tribunal de casación penal de la provincia. En efecto solicitamos que el máximo tribunal de la provincia de Buenos Aires se pronuncie en tal dirección, para que ambos ejerzan un fuerte liderazgo para la ejecución de las medidas que se estimen correspondiente. 5- se observa que el poder ejecutivo de la provincia de Bs As no utiliza el mecanismo constitucional de la conmutación de las penas- de usarlo podría atenuar el fenómeno de la sobrepoblación carcelaria- ver derecho comparado. Por ello solicitan que se evalúe la posibilidad de su empleo. El Servicio Penitenciario lejos de dar soluciones intenta con mano dura reprimir y aislar a los huelguistas, realizando traslados y requisas en forma violenta, por ejemplo, en una unidad de Florencio Varela los tuvieron en la cancha de futbol unas 3 horas al rayo del sol con 30°C, con la sola excusa de buscar una supuesta bandera que declaraba la huelga, con esto trata el Servicio de generar miedo para que otros no se sumen. Ya en el pasado los internos han desarrollado huelgas de hambre para hacer oír sus reclamos, lo que ahora marca la diferencia es la organización creciente del número de huelguistas y la fuerza con que se está gestando, llegando a ser una huelga nacional

Hasta ahora, las informaciones sobre las medidas futuras del ministro Martín Guzmán se han concentrado en la cuestión de la deuda. Guzmán propondría una postergación en los pagos del capital e intereses, y, según se dice, quisiera evitar ´imposiciones´ del FMI en materia de gasto público y emisión. Lo que no aparece claro es lo que ofrecería a cambio el “académico” para que los acreedores y el Fondo acepten el bicleteo. Pero una información del diario “La Nación” del día de ayer aporta una pista, en un aspecto central del gasto y de las exigencias fondomonetaristas–la cuestión jubilatoria. El editorialista del diario pone en boca del nuevo equipo económico el siguiente concepto: “La reforma (previsional) de 2017 fue perversa, ya que no compartió el crecimiento de la economía en el único año que hubo recuperación durante la gestión de Macri, y para adelante es un acelerador de la inflación que termina comiéndose la capacidad de compra de los jubilados" (La Nación, 8/12). La derogación del criterio de movilidad jubilatoria votado en diciembre del 2017 tendría lugar en las sesiones extraordinarias de las próximas semanas. Como se recordará, la fórmula de “movilidad jubilatoria” que existía antes de la reforma de diciembre de 2017 ajustaba los haberes considerando, por partes iguales, a la evolución de la recaudación de impuestos –que depende de la actividad económica- y del salario. En cambio, la reforma que desató la rebelión popular de diciembre de ese año pasó a ajustar los haberes por la inflación (70%) y los salarios (30%). Como dice Guzmán, la “perversidad” consistió en que en aquel año se produjo un crecimiento de la economía y, por ende, de la recaudación de impuestos, mayor al de la inflación. Como consecuencia del nuevo criterio de reajuste, los jubilados perdieron un 9% en los haberes de 2018. Guzmán, según parece, arremetería ahora contra esa “perversidad”. Pero no para subsanar el despojo a los jubilados, sino para continuarlo por otra vía. Ocurre lo siguiente: en el año 2019, la recaudación de impuestos se ubicará muy por debajo de la inflación, como resultado del derrumbe económico. En efecto: al menos en los primeros 9 meses del año, el Tesoro reunió un 42.7% más de impuestos que en el año anterior. Pero la inflación anual no será inferior a los 55/58 puntos. ¿En qué consistiría la nueva “perversidad” de Guzmán y su equipo? En vez de ajustar a los jubilados por un índice que tome en cuenta decisivamente a la inflación, volvería a un sistema de ajuste en base a la recaudación de impuestos… El mensaje sería más o menos el siguiente: “El año que la recaudación creció más que la inflación, Macri ajustó las jubilaciones con la inflación, y no con lo recaudado. Ahora, que la inflación se disparó por las nubes y la recaudación se derrumbó, nosotros ajustaremos los haberes …con la recaudación. Estamos ante la actualización de la “perversidad” de Macri a las condiciones económicas actuales. El ´chiste´ podría significar un despojo de entre el 10 y 15% de los haberes jubilatorios en 2020. Jubilados en la mira Cuando se anticipa que Guzmán dejaría de pagar capital e intereses de la deuda en 2020 y 2021, pocos tienen en cuenta que más del 40% de esa deuda es con el propio Estado argentino, y una parte fundamental de la misma es con el Anses. El recorte jubilatorio es la contrapartida de esa cesación de pagos, y prepara las condiciones de una reforma previsional de mayor alcance. La “desindexación” jubilatoria sería la contribución de los jubilados al pacto social que pergeña la nueva administración. En sus premisas, los mismos que están habilitando a la remarcación de precios sin límite, le atribuyen efectos “inflacionarios” a los salarios y a las jubilaciones. Es necesario denunciar desde el vamos este nuevo despojo, junto al reclamo de un aumento de emergencia para los haberes; la recuperación de toda la inflación del año que pasó y la jubilación mínima del 82% móvil de la canasta familiar, en base a la restitución de los aportes patronales y el Anses controlado por trabajadores y jubilados electos.

La nota titulada “Eduardo Salas: cuatro años de parlamentarismo revolucionario”, que acaba de improvisar la nueva legisladora del PO (¿o FIT-U?) en Córdoba, Soledad Díaz García enumera las acciones de la banca del PO-FIT, en la gestión pasada. Oculta un proceso de adaptación a la institucionalidad burguesa, que sigue la línea política nacional del PO “oficialista” que culminó con los apoyos a la Ley Micaela y la Ley de Emergencia Nacional Alimentaria. El auto-bombo que García ofrenda a Salas, es tan artificioso que resulta una sonora descalificación al resto de la bancada del FIT, como si el resto hubiera pateado en contra. ¿O cada bancada hace su propio panegírico? Cretinismo: los trabajadores al servicio del parlamentarismo El artículo enumera una lista de las acciones que realizó la banca hacia el movimiento obrero. Sin embargo, no menciona una muy especial: la formación de una coordinadora contra los despidos, que tuvo su actividad entre los años 2016 y 2017. Entre los principales participantes se encontraban los obreros de VW y los choferes de colectivos. No obstante, la nota de García no le dedica un solo renglón a esto. La coordinadora fue disuelta luego de la huelga de choferes del año 2017 que García sólo menciona al pasar. Una huelga que puso contra las cuerdas el armado capitalista en torno a los subsidios y que involucraba al Municipio cordobés, la burocracia de la UTA, y la FETAP. La huelga, que contó con la dirección del PO, culminó en una dura derrota, 150 choferes despedidos y el desmantelamiento de la comisión interna clasista del Trolebús. ‘Olvidar’ luchas de este porte, incluida una autocrítica a los métodos políticos empleados en ellos, invalida cualquier ‘balance’ parlamentario, al menos uno que sea revolucionario. El aparato semi-familiar que maneja al aparato oficial del PO en la provincia ejerció la responsabilidad principal en esas luchas – en la liquidación de una y en la derrota de la otra. La actualidad de este balance se manifiesta en las luchas actuales, que se mencionan en la nota de García: Minetti, Plascar, Municipales de Jesús María, etc. En todas ellas ameritaría impulsar la coordinadora contra los despidos y seguir el camino de las coordinadoras en Capital Federal y el Conurbano, con las que los compañeros de Minetti trabajan en común. Pero es evidente que su omisión responde a que el oficialismo del PO rechaza la formación de coordinadoras obreras. Lejos de ser una tribuna revolucionaria, que debe orientar un salto en la auto-organización de la clase obrera, para Díaz García la banca del PO-FIT sería un “local de reclamos” donde se despachan proyectos de fuentes sindicales y fabriles y se concretan audiencias públicas con delegaciones diversas. Aquí, la lucha de clases debe apuntalar el parlamentarismo, en lugar de que este apuntale la organización y conciencia de la clase. Con respecto a la lucha de Minetti, la movilización a la legislatura del 4 de diciembre pasado fue utilizada como propaganda al servicio del recambio parlamentario. Lo fundamental para el fortalecimiento de la lucha de los trabajadores está en el fortalecimiento de la toma, ganar al conjunto de la base de la planta para impulsar un reagrupamiento del movimiento obrero a partir de su experiencia. Es curioso que la nota de prensa obrera que cuenta la lucha de Molinos Minetti no nombre ni una sola vez la palabra “toma” ( https://prensaobrera.com/sindicales/66718-cordoba-movilizacion-de-los-trabajadores-de-molinos-minetti-a-la-legislatura ). Un parlamentario revolucionario debería utilizar su banca para llamar a todo el movimiento obrero a fortalecer la toma y poner en marcha la planta de Minetti. Debería denunciar que, mientras los depósitos de harina se encuentran llenos y a favor de la especulación con el dólar, existen 150 trabajadores que no solamente pueden hacer funcionar la planta, sino que pueden garantizar la producción para cubrir los comedores y el Paicor a un precio bajo. Debe explicar que detrás de la Legislatura y los legisladores y diputados de los partidos del régimen se encuentra un operativo por parte del Estado para desviar la lucha y llevarlos hacia un callejón sin salida. La última movilización a la Legislatura retrató a una izquierda que no tiene nada para ofrecer a los trabajadores salvo sus legisladores. La huelga universitaria y la Asamblea Constituyente La autora omite la huelga universitaria del 2018, en la cual nuestros referentes estudiantiles y docentes jugaron un rol importante. Según García: “nuestro legislador irrumpió en el recinto con carteles que expresaban ¡Vivan les estudiantes!, y con la presentación de proyectos de declaración contra la represión que pusieron sobre el tapete la complicidad del bloque oficialista y de todo el gobierno de Schiaretti con las políticas de ajuste a la educación desarrollado por el gobierno nacional de Mauricio Macri” (SIC). ¡Que lo parió! ¡Cuántas veces no hicieron lo mismo los parlamentarios patronales, en distintas circunstancias! Llevar un cartel no es “la consagración de la primavera”. En dicha huelga no solamente existió represión: nuestros compañeros, en la línea de frente, denunciaron el papel podrido de la burocracia de Carro, del Rectorado y el gobierno nacional. Con un añadido: agitaron la consigna de alcance nacional de “una asamblea constituyente y soberana”, consigna que el oficialismo del PO abrazo en su momento. Este planteo fue desarrollado por Daniel Gaido, cuya intervención fue ovacionada por los estudiantes y docentes en la asamblea inter-universitaria. Los activistas estudiantiles que dirigieron la toma actualmente se encuentran judicializados justamente por su rol a lo largo del conflicto. El abandono de la consigna de la asamblea constituyente lleva al oficialismo de PO a caracterizar la huelga desde el punto de vista puramente de la labor parlamentaria. Pero ¿puede ser un parlamentario revolucionario quien no agita sin cesar el cese del gobierno de Macri y la convocatoria de una Constituyente Soberana? El revolucionario es un agitador político, ¡especialmente en la banca del parlamento! Parlamentarismo Inclusivo La nota se esfuerza por destacar las acciones emprendidas a favor de la lucha de las mujeres y disidencias. Esto habría convertido a Salas en un Juan B. Justo o en un Lisandro de la Torre en la legislatura, pero no todavía en un revolucionario. Para García, la intervención de Salas en el Congreso Internacional de la Lengua Española que sesionó en nuestra provincia fue de “una verdadera provocación revolucionaria”, al leer su declaración en lenguaje inclusivo. A lo mejor una provocación mayor hubiera sido leer la declaración, ante el rey, en catalán o en una lengua aborigen; pero las monarquías modernas festejan algo que hoy es muy frecuente – el francotirador ‘disruptivo’. En la lucha, incluso contra la monarquía, lo que importa no es el idioma del discurso sino el contenido. A Salas le costó menos la proeza de evadir todas las zancadillas mentales del lenguaje inclusivo, al menos para quien hasta ahora hablaba castellano rioplatense, que pronunciar un discurso marxista. Para García, lo revolucionario no fue el contenido mismo de la declaración sino su lenguaje, cuando está probado que dos parlantes ‘inclusivos’ no forman una pareja de militantes socialistas. La falta de temeridad de García para la vulgaridad es típica de un político de aparato. La adaptación inclusivista tuvo su momento más visible a lo largo de la campaña electoral cordobesa a través de una serie de slogan como “ahora nosotres” y apuntadas hacia “más legisladores de izquierda en la legislatura”. El desplome de votos del FIT-U indicaría ‘que les votantes no se sintieron incluides’. El lenguaje inclusivo fue considerado un método más eficaz para impulsar las reivindicaciones de las mujeres y disidencias, que una asamblea constituyente. La nota de García revela la intención por colocar el movimiento de mujeres detrás o a la cola de las legislaturas. El aparato del PO impulsó un plebiscito por el derecho al aborto, sin discusión previa en el movimiento de mujeres, para tener una bandera electoral atractiva, sin contacto con F-F. Este artificio no solamente culminó en un rotundo fracaso, sino que el conjunto de las organizaciones feministas, colectivos de mujeres y de disidencias, llamaron a votar tanto por Schiaretti en Córdoba como por el binomio Fernández a nivel nacional. El artículo no menciona ninguna lucha política por desnudar la conciliación de clases que se escuda detrás de la “igualdad de género” y de la “sororidad” que ofrecen los partidos del régimen y las corrientes feministas. Lo mismo ocurre con la delimitación política con las corrientes plurinacionales, algo que se pudo evidenciar en la propia asunción de Soledad Diaz. Para la legisladora entrante la banca estaría a disposición para los levantamientos de los pueblos latinoamericanos. En su discurso y juramento lo hizo “por el triunfo de la rebelión en Latinoamérica, por el aborto legal y la separación de la Iglesia del Estado y por un gobierno de los trabajadores” y ante todo el auditorio “desplegó la wiphala” ( https://prensaobrera.com/politicas/66747-soledad-diaz-una-revolucionaria-y-socialista-asumio-en-la-legislatura-de-cordoba ). La bandera de la wiphala es el símbolo de los estados plurinacionales (Bolivia y Ecuador), del indigenismo y sobre todo del “capitalismo andino” creado por el derrocado García Linera (MAS). Sus flamantes colegas, los medios y todo el chetismo se espantaron menos que ante una bandera roja con la hoz y el martillo. Derrumbe del FIT El artículo en cuestión arma un “balance” a le medida del ego del legislador saliente – no ya de la Legislatura de Córdoba sino de la propia provincia. ¡Salas salió tan bueno que es exportable, por ejemplo, como interventor judicial en el PO de Tucumán! El matrimonio oficial de Córdoba se ha quedado con todo el mercado interno. En Salta atornillan a Claudio del Plá, mientras que para bloquear a la mayoría de Córdoba desatornillan a Salas, para dejarle el terreno a sus competidores internos. La nota no le dedica un solo renglón al derrumbe electoral que se reflejó en la reducción de tres legisladores a uno solo. Un balance serio debería colocar como problema la contradicción entre la “intensa” y “revolucionaria” actividad parlamentaria con la pérdida de tu propia banca. La necesidad por distorsionar radica en ocultar tanto a los trabajadores como a los propios militantes de nuestro partido el proceso de degeneración política y el derrumbe electoral del FIT que denunciaron en su momento Jorge Altamira y los compañeros de la Tendencia en Córdoba en sus dos balances electorales. La crítica no estaba dirigida a hacer leña del árbol caído sino por establecer un balance de la situación, ver los problemas y cambiar el rumbo a una orientación política nacional cuyos resultados se vislumbraron no solamente en Córdoba sino a lo largo del país. No solo eso, la consigna “que la crisis la paguen los capitalistas” que fue la consigna central durante todo el 2019 y durante la asunción de los nuevos parlamentarios provinciales y municipales, además de ser una abstracción, no ofrece ninguna perspectiva de poder para la clase obrera. La comitiva de legisladores que viajó rumbo a Chile a llevar el apoyo desde Córdoba y Argentina tuvo la misma pretensión que la nota de Díaz García: ocultar la incapacidad del FIT para ofrecer un canal de intervención a los trabajadores, con una dosis cuadruplicada de auto-bombo. Perspectivas En fin, el artículo de Díaz García culmina siendo una cita autorreferencial sobre el accionar de un parlamentario, que fue incapaz de desarrollar una propaganda socialista y una agitación política contra el gobierno de turno, por una asamblea constituyente con poder. La acción revolucionaria en un Parlamento no solamente debe ser la de desplegar un planteo revolucionario, sino la de denunciar el carácter reaccionario de las instituciones estatales, la adaptación al orden existente y la confusión política que impulsan las corrientes de colaboración de clases propias de la pequeña burguesía. La situación mundial y latinoamericana no solamente expresa el carácter contrarrevolucionario del Estado y sus instituciones como factor del antagonismo de clases. Un parlamentario revolucionario de un partido revolucionario debe apreciar esta situación y agitar a las masas en esa proyección.

“Una jornada muy perturbada” fue el juicio de radios y medios periodísticos, en lo que fue la tercera jornada de huelga general en Francia, sumada a la protesta número 56 de los Chalecos Amarillos (GJ). Las fuerzas de seguridad, acusadas de brutalidad (que dejaron el saldo de varios heridos, entre ellos un adolescente de secundario herido en la cabeza), no permitieron que las columnas de los Chalecos Amarillos se juntara con la de los sindicatos. Sin embargo, todos se unieron en las asambleas para continuar la huelga general. Todavía no se comprende la dimensión de esta huelga general. Para unos se trata de una “huelga defensiva” y para otros de la “bronca” social, sin ubicarla dentro del proceso de crisis mundial y de la crisis de régimen político que azuza la rebelión popular. De la caracterización de la película, dependerá la estrategia que se den unos otros. No escapa la comparación de esta huelga con la de 1995 contra la reforma de Juppé. Mientras que en 1995 la cantidad de manifestantes el primer día (24 de noviembre) alcanzó el medio millón (Libération, 6/12), en esta oportunidad (5 de diciembre) los manifestantes fueron el triple. Este dato, junto al altísimo número de franceses que apoyan la medida (más del 70%), y la disposición de los gremios a votar la continuidad de la huelga general, hizo que desde el Palacio Eliseo se adelante el anuncio del pliego completo de la reforma, que aún o es oficial, para el miércoles a las 12. Asistimos a una huelga general contra una medida en estado de proyecto, y ante un proyecto que no se convritió en oficial para acomodarlo a la temperatura de las masas y tomarle el tiempo a la política de la burocracia sindical. La semana comienza con una reunión de ministros con Macron, seguida de otra para el día siguiente con dirigentes partidarios, y en algún momento con la dirección sindical. El transporte (SNCF y RATP) comunicó que será discutida la reconducción de la huelga. El sábado, los camioneros cortaron 20 puntos a primera hora. El transporte urbano está casi paralizado. Caotrce líneas de subte paralizadas, salvo las que son automáticas. El lunes sólo circulará 1 subte de cada 3 programados. La huelga comienza a afectar al sector comercial y hotelero. Incluso el paro de los técnicos complicó a muchas emisoras. Los estudiantes de medicina (residentes y concurrentes) denunciaron el estado de la salud: “si los estudiantes no trabajan en los hospitales por sueldos miserables, los hospitales cierran” (Quoidenews, 8/12). La lucha contra la privatización de los Aeropuertos de Paris determinó la cancelación de muchos vuelos. Hubo tensión entre la policía y los manifestantes en Nantes (3 detenidos), Lyon, Toulouse, Marsella, Montpellier y Estrasburgo. El martes será otra jornada multitudinaria, convocada por la intersindical y los GJ, para rechazar el proyecto de reforma que se conocerá el miércoles al mediodía. Afectados El proyecto de reforma de pensiones del gobierno afectará severamente a los docentes. “Si se confirman las primeras estimaciones, la pérdida para un jubilado de la Educación Nacional podría ser de 300 a 900 euros por mes” (Libé, 6/12). Los salarios de los docentes franceses son los más bajos de la OCDE. Una maestra en jardín comenta: “Tengo 60 años y debería haberme retirado a los 55 años, eso fue lo que me vendieron cuando comencé como maestra (…) A cierta edad, con mala salud, ya no se puede trabajar. Este trabajo es agotador y las condiciones de trabajo se están deteriorando: yo misma estoy en baja por enfermedad debido a una dolencia psicológica”. Françoise, una jubilada de 74 años dice: “Macron no le importa porque está completamente en su burbuja. Prefiere chupar los huesos de los trabajadores de este país en lugar de ir a buscar el dinero de los bancos, los grandes jefes y los accionistas” (Libération, 7/12). Unidad de los trabajadores… Los Chalecos Amarillos piden la renuncia de Macron e incluso una Asamblea Constitiuyente, establezca “una democracia participativa”, pero no tiene los medios de acción que apuntales esa consigna., mientras que los sindicatos, liderados por la CGT, convocaron contra la “precarización y la desocupación”. La CGT y otros sindicatos convocaron a los precarizados, como estudiantes asalariados y los que reciben el seguro de desempleo, sin mayores precisiones. Phillipe Martínez (CGT), dice que el gobierno “debe escuchar a todos”, tirando una línea al gobierno, mientras promete que aguantarán hasta “el retiro de la reforma de pensiones”, lo que contradice la trayectoria capituladora y la política de aparato de este burócrata. Desde otros sectores el reclamo de una “negociación” es oficial. El presidente de CFE-CGC, François Hommeril, dijo que las direcciones partidarias de “acercar propuestas”, se encuentran bajo presión de las bases. La dirección de la CFE está a favor de la reforma. La CFDT no participa de las protestas y habla de un esquema “universal” de retiro, lo mismo que pretende la patronal. Para ganar, esta lucha deberá avanzar mucho más: hacia la huelga general indefinida y la ocupación de los lugares de trabajo y los edificios públicos

La camarilla que ha usurpado al Partido Obrero está realizando un viraje político y teórico extraordinario. En primer lugar, ha abandonado el análisis de la situación política mundial en el contexto de la bancarrota capitalista, es decir, de la etapa de decadencia del capitalismo, la fase imperialista. En la cual, el progreso de la humanidad, y de los trabajadores en particular, es inexistente si hablamos de una mejora de las condiciones de vida. Por el lado del capital, se agudizan las contradicciones entre distintos sectores de la burguesía que derivan en guerras comerciales, financieras y militares. Por un lado y por el otro, se desarrollan naturalmente, en la etapa imperialista, guerras y revoluciones que desintegran completamente al régimen social y se crean crisis políticas, es decir, de lucha por el poder. Por esto mismo, desde la concepción del socialismo científico/marxismo se ha concluido el agotamiento histórico del capitalismo y, por ende, la necesidad de superarlo luchando por la dictadura proletaria como transición al socialismo mundial. Esta caracterización es la que algunos denominan peyorativamente como "catastrofista". Hace falta abrir un diario, ir al supermercado o caminar por la calle para darse cuenta de la catástrofe humanitaria en el país y en el mundo. En segundo lugar, la comprensión de lo antedicho con la mayor profundidad de análisis posible es lo que, por un lado, nos da las herramientas para explicar la magnitud de la crisis, que está años luz de ser algo coyuntural, y por otro, evita caer en la vulgaridad política que lamentablemente predomina en las organizaciones de izquierda. Hay incontables rasgos que la expresan, pero la cuestión de fondo es el rechazo al "catastrofismo", y la teoría de que las crisis capitalistas son cíclicas, es decir, siempre pasa lo mismo, y estaríamos inmersos en un círculo vicioso sin salida (o no). Esta concepción esquemática y determinista, no sólo está alejada de una comprensión marxista de la historia, también de la realidad. Creo que no hace falta aclarar que las crisis y los procesos son únicos e irrepetibles, por sus componentes y sus particularidades, al igual que cada persona en el mundo. Quienes sostienen esta idea errada, terminan planteando la lucha por el socialismo como un tema moral "porque sería más justo", "porque el capitalismo genera desigualdad", y no como una necesidad histórica por el agotamiento de un modo de producción y de un régimen social. Entonces, para estas organizaciones el capitalismo no estaría en su etapa de decadencia, no estaría abierto un período de guerras y revoluciones, y mucho menos estarían dadas las condiciones objetivas para la dictadura proletaria y para el socialismo global. Esta teoría se ve expresada en la política cotidiana de la izquierda cuando levantan un conjunto de consignas ambiguas y abstractas sin importar el momento ni el lugar o al revés, se adaptan políticamente al movimiento de moda con consignas ajenas a un planteo socialista. Esto, sumado al parlamentarismo y al electoralismo son síntomas de una organización que no lucha por la dictadura proletaria, es decir, por el poder. De esta forma se explica la ausencia de consignas y planteos políticos que vayan en ese sentido, y, además, que se haga eje en una delimitación ideológica (sectaria) y no estratégica (lucha por el gobierno de los trabajadores) con el peronismo, lo que deriva en el autobombo infantil y en la marginalidad política. Estos son los pasos que sigue el FIT-U y el PO oficial, lo demostró muy bien Gabriel Solano ayer en su discurso de cierre del Picnic. En tercer lugar, el abandono del marxismo como método de análisis, te lleva a adquirirlo como dogma y esto se desarrolla en el PO oficial. El partido pasa a ser el dogma, y la organización "superpoderosa" o elemental o como dijo Solano ayer "la fuerza vital capaz de movilizar a los trabajadores". Deberían explicarnos entonces cuál es "la fuerza vital" que no sólo moviliza a los trabajadores que lleva a los trabajadores a realizar huelgas generales en Francia, Bolivia, Ecuador, Haití, China, Colombia, en donde no existe el PO ‘oficial’, esa única "fuerza vital". Otra vez, alejadísimos de la realidad y con un nivel de autobombo que da vergüenza ajena. Al parecer para Solano y el CC "la fuerza vital" de la revolución socialista no es la clase obrera sino el partido (en especial el que expulsa a mil doscientos compañeros); la revolución no la harían las masas sino el aparato. Toda una demostración del abandono del clasismo por parte del CC y de una concepción pequeñoburguesa que sustituye el papel histórico de la clase obrera por la clique narcisista.

La exgobernadora Vidal es responsable de la decisión de cortar el abastecimiento de alimentos por la falta de pagos a las empresas proveedoras a más de 52.000 presos en cárceles bonaerenses, motivo por el cual los internos llevan más de una semana de huelga de hambre, como medida de protesta. El mes de diciembre siempre es muy complicado en el ámbito carcelario, ya que se aproximan las fiestas y todas y todos desean pasar esas fechas con sus familias. A ello se le suma de que pronto comienzan las ferias judiciales y las causas quedan estancadas hasta febrero del año próximo. El nuevo gobernador Kicillof deberá ver la situación rápidamente, ya que el número de internos que están en huelga ha aumentado mucho en los últimos días. Pabellones enteros de todas las unidades bonaerenses están en huelga y unidades de diferentes provincias también. Las temperaturas se han elevado por encima de los 30°C y seguirán así toda la semana. Lo que complica mucho más aun la situación. Los huelguistas comenzaron a desmayarse y deben ser atendidos. La situación es como una olla a presión, continua la escasez de alimentos y empeora la salud física y mental de los presos. También se han sumado madres y embarazadas de la UP 33 de Los Hornos. Familiares y organizaciones sociales convocan a una movilización a gobernación, para el jueves 12 de diciembre, a las 10 hs, exigiendo una mesa de dialogo que contenga a personas privadas de libertad, liberados y organizaciones sociales. El abandono de las y los internos es total. Las condiciones de vida son infrahumanas: miseria, mugre, deterioro, todo en un mismo espacio. La población carcelaria el sector más bajo y desprotegido de la sociedad. Sus familias afuera sufriendo la pobreza, falta de trabajo genuino y ellos, del otro lado del muro en peores condiciones. El repudio total a la gobernación y al ministerio de justicia provincial, que han avalado la decisión del gobierno de Vidal y han provocado esta catástrofe en las unidades penitenciarias. En nuestro país mueren tres presos por semana. De hecho, el pasado 9 de diciembre se desató un enfrentamiento entre dos internos, en la UP 35 de Magdalena, en el pabellón 15 y uno de ellos perdió su vida. En este sistema capitalista las cárceles no funcionan como un sistema de reinserción a la sociedad, sino por el contrario agravan cada vez más la situación de violencia y exclusión. El servicio penitenciario continúa con su posición amenazante ante la situación desatada, pero el número de internos en huelga los ha superado, lo cual implica que sus políticas de aislamiento y traslado viene fracasando ya que todas las unidades están en la misma situación. De todos modos, siguen con los camiones de traslados preparados en las puertas de cada unidad y algunos pocos internos han sido movidos, generando aún más tensión. Las mujeres han viralizado varios videos poniendo el cuerpo a la lucha incluso junto a sus hijos e hijas. La situación se agrava a cada momento.

Luego de recibir los títulos de Presidente, Alberto fue más allá de pedir una superación de la famosa grieta, que había sido convertida en el chivo emisario de los no menos famosos ‘males’ de Argentina. Con relación a esa grieta, los mentideros políticos de este país sufren un verdadero caso de disociación traumática, porque por un lado elogian la transición pacífica que supimos conseguir e incluso el milagro de asistir al pasaje de un gobierno no peronista a otro que sí lo es, incluyendo peregrinación y misa en Luján, y del otro no dejan de machacar con el muro que separa al estado y a la sociedad civil. Esta inestabilidad, digamos que psicológica, es una versión deformada de una inestabilidad y un impasse de conjunto. Cuando se advierte la inmensa colaboración del peronismo con el gobierno saliente durante cuatro años, es inevitable llegar a la conclusión de que el peronismo está en los dos lados de la ‘grieta’ o quizás en ninguno. Quienes ahora se van del naufragio macrista con el 41% de los votos, reprochan justamente al triunvirato de Macri-Peña-Durán Barba no haber convocado, en tiempo, a los peronistas a un gobierno de unidad nacional. La segunda oportunidad, sin embargo, no sólo existe, sino que sería inevitable. Mientras que no hay quien no advierta que el discurso inaugural de Alberto Fernández no aportó nada, menos son los que señalan que esta carencia es una señal de crisis política. Bien mirado, AF y su compañera de ruta vienen deshojando la margarita desde las PASO, cuando señalaron por primera vez que el poder recién lo tendrían a partir del 10 de diciembre. Lo repitió AF luego de las generales, como una admisión de que el limbo era el espacio de su preferencia. La prórroga del presupuesto armado por Macri extiende la transición hasta marzo. La versión de que recurriría a un estado de emergencia, que Macri había derogado para dar piedra libre a privatizaciones y ventajas al gran capital, refuerza esa situación transicional. Es probable que la flamante administración anuncie aumentos de jubilaciones mínimas, sin que eso signifique una recuperación de lo perdido, o que decrete un bono para los salarios, para justificar de este modo un impasse con las paritarias, pero el núcleo de la transición que el pasaje de manos del gobierno no ha alterado, es la deuda externa, de legislación local como extranjera. Hasta que no se anuncie un default oficial, el limbo será el lugar de resguardo, antes de retomar camino – hacia el cielo o el infierno. No hay misterio –la prórroga de vencimientos no saldrá por acuerdo sino por vía unilateral, con la incógnita de si este procedimiento va a ser aceptado por el FMI para iniciar negociaciones, o si provoca una crisis política. AF ahuyenta el fantasma de la grieta para ver si logra que nadie saque los pies del plato en esa situación límite. La ‘transición’ es, asimismo, un arma de extorsión hacia los sindicatos, en especial aquellos del kirchnerismo que lucen de combativos, para que mantengan el inmovilismo mientras dura la ‘pelea’ de la transición. Por debajo del aparato sindical y sus tentáculos, la crisis acentúa el enfrentamiento de las patronales contra los trabajadores, y desequilibra el impasse de esta transición en permanencia. El nuevo gobierno, como ocurriera ya con el de Néstor Kirchner, pretende una nueva reforma previsional, para pagar la deuda pública con la recaudación de Anses. El desaire del enviado de Trump a la ceremonia de asunción, en protesta por la presencia de una delegación de Maduro y del ecuatoriano Correa, señala también que el limbo o la transición, como se quiera, sigue en pie a nivel internacional. La cuestión de Bolivia es fundamental, y llamativo que AF no se refiriera a ella en su discurso. Si el golpismo se sale con la suya, la administración entrante se verá en sus trece. Se pone a la orden del día una campaña por las paritarias y la libre acción del movimiento obrero y por el conjunto de las conquistas arrebatadas por el régimen de coalición del macrismo con el peronismo en los últimos cuatro años. Si el impasse de la transición deriva en una crisis política, el reclamo de una Constituyente Soberana cobrará de nuevo toda su actualidad. En la agenda de esta campaña se encuentra una acción internacional común de las organizaciones de masas que pelean en Chile para acabar con Piñera y en Bolivia con el gobierno golpista; una acción contra la injerencia de Trump y Bolsonaro; por el derecho de Evo Morales de residir en Argentina y contra cualquier compromiso del flamante gobierno de Argentina que afecte la independencia nacional de América Latina.

Este martes casi un millón de personas salieron en 200 ciudades de Francia a rechazar la reforma previsional de Macron-Phillipe. Había 400 km de tránsito en los ingresos a París (Sytadin). 885.000 se movilizaron según la CGT, y 180.000 en París según FO. Es la sexta jornada de huelga general que paraliza Francia desde el jueves. Diez líneas de subte cerraron, y circuló sólo el 50% de los ómnibus. Los trenes pararon en más de un 80%. El jueves anterior, un millón y medio de personas habían salido a las calles. Muchos analistas comparan los números del martes y el jueves, sin ver que la Huelga General ha pegado un salto cualitativo: no se movilizan solamente asalariados de regímenes especiales, sino el conjunto de la clase obrera (docentes, transporte, camioneros, industria química, abogados, desocupados, precarizados, trabajadores de la salud, etc.) tanto del sector público como una parte del sector privado. Durante el fin de semana y el lunes, dirigentes sindicales y el gobierno se reunieron para discutir el proyecto dado a conocer el miércoles 11. Uno de los cambios a la reforma fue la cláusula “del abuelo”, que aplica el nuevo cálculo previsional no sobre la generación laboral de 1963 sino la de diez años después, junto a la “progresividad” de los cambios. Sin embargo, todos concuerdan en que la reforma significa que los trabajadores tendrán que trabajar más y que las mujeres serán discriminadas. Para subsanar la “grieta”, el ministro de Educación prometió un aumento de sueldo para los docentes para 2021. Los medios de comunicación de la burguesía están librando una batalla enorme para poner la lupa en los “privilegios” y no en las reducciones de los aportes patronales al régimen jubilatorio. Los privilegios son los que tiene Jean-Paul Delevoye, “alto comisario de previsión” e ideólogo de la reforma. El hombre cobra 65.000 euros anuales por asesorar a una empresa de seguros que tiene interés en el avance de la reforma previsional, que habilita la capitalización privada. En la reforma prevista, se reducirá el sistema de seguro de desempleo que concierne a 1,3 millones de personas. El sistema tiene un “déficit” de 8 mil millones de euros y pasará a 17 mil millones en rojo para 2025. La salida a este debalance sería el pleno empleo, mediante el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral, sin afectar los salarios. Huelga general con continuidad Desde diferentes sectores se plantea que se le puede ganar a Macron. Los sindicatos han votado la “reconducción” de la huelga (SNFC, RATP, los maestros de primaria y secundaria, refinerías), y cada vez hay más voluntad de superar las divisiones e intereses particulares. Total, refinería francesa que cuenta con seis emplazamientos, reportó “dificultades de acceso” que “impidieron los recorridos en la ruta”. El secretario federal de la CGT de la rama dijo: “se trata de refinerías de Esso y Total, por lo tanto, de asalariados del sector privado, contrariamente a la comunicación del gobierno que quiere hacer creer que los movilizados serían solamente los asalariados de regímenes especiales” (Ouest France, 10/12). La intersindical, reunida después de la jornada de piquetes y movilizaciones, conformada por FO-CGT-FSU-Solidaires y cuatro organizaciones juveniles opuestas a la reforma de las pensiones, convocó a “acciones locales” para el jueves 12 de diciembre y a una manifestación en París para el 17. Gremios como la CFDT no movilizaron, aunque sí su rama de ferroviarios. La CFDT había dicho que de haber una “reforma paramétrica [aumento de la edad jubilatoria], la CFDT se movilizará”. Durante la jornada se realizaron piquetes de huelga de trabajadores indocumentados, de ferroviarios, asambleas generales, asambleas intereducativas y reagrupamientos, en diferentes lugares del país, de secundarios y universitarios. Todas estas asambleas, interprofesionales, estudiantiles, asambleas de huelga, deben convertirse en verdaderos comités de huelga que desde los diferentes lugares de trabajo organicen y coordinen las acciones de sindicatos, estudiantes y GJ. Los comités de huelga deben convertirse en los organismos del poder obrero que paralizó el país. La CGT y FO se presentan como las centrales que lucharán hasta “el retiro de la reforma de pensiones”. Desde otros sectores se pregona la “negociación”, como la CFE-CGC. La tercera central, la CFDT, no participa de las protestas, y habla de un esquema “universal” de retiro, un eufemismo para avanzar en lo que pretende la patronal. Una nueva etapa Todavía no se comprende la dimensión de esta huelga general. Para unos se trata de una “huelga defensiva” y para otros de la “bronca” social, sin ubicarla en un cuadro de crisis política de conjunto. Cobra actualidad lo que decía Trotsky sobre la huelga británica de 1926: “Aquellos que por la fuerza de las cosas han sido puestos al frente de la Huelga General están luchando contra eso [reconocimiento de la huelga general como hecho político] con toda su energía. Y este es el PELIGRO PRINCIPAL: aquellos que no querían una huelga general, que niegan su carácter político, que, más que nada, temen una huelga victoriosa, estos deben concentrar todos sus esfuerzos para limitar la huelga a una semi-huelga semipolítica, es decir, privarla de su poder” (“Adónde va Gran Bretaña”, ed. El Yunque).

En el discurso de cierre de Gabriel Solano del Pic Nic organizando por el oficialismo del PO se ensaya un balance del año que refleja una profunda regresión política. El marco fue una convocatoria visiblemente menor a los anteriores y muy por debajo de las infladísimas 10 mil personas que anuncia Prensa Obrera. El discurso de Solano presentó los ejes políticos que habrían sido objeto de un “gran debate” en el PO. Se trata de una forma vergonzante de referirse a la mayor crisis partidaria de nuestra historia, con más de mil militantes expulsados, intervenciones judiciales a regionales y congresos “extraordinarios” en las sombras, desconocidos por la militancia, para consumar modificaciones inconsultas de la Carta Orgánica y otorgar el monopolio del Partido a un reducido círculo semi familiar. “Fuera Macri”, nunca La dirigencia oficial del PO y de los demás integrantes del FIT-U, han rechazado categóricamente desarrollar una agitación política frente al derrumbe macrista, al punto de sostener por radio y TV que “Macri gobierne hasta el final”. Solano presenta este abstencionismo como una larga preparación para “el retorno del nacionalismo burgués al poder”. No importaba que Macri hambreará a las masas y saqueara el país, ni menos que se precipitara en una crisis política: para el oficialismo del PO, la prioridad era sostener una delimitación electoral en forma muy anticipada con el peronismo, incluso mucho antes de que se consumara la maniobra de F y F, la llamada “coalición peronista”. De la lectura del programa del FIT-U no se advierte, sin embargo, ninguna diferenciación del peronismo, que no se puede reducir a denuncias desordenadas, ni menos aún a pronosticar que realizaría un gobierno de ‘ajuste’ similar al de Macri. Enunciar las diferenciaciones ideológicas con el nacionalismo burgués en abstracto, no tenía otro propósito que salvar alguna banca parlamentaria, lo que terminó en un desplome electoral sin atenuantes. La verborragia electoral contra el kirchnerismo cedió lugar, en el desarrollo de la campaña, a la súplica de “cortar boleta” o en la votación en común de la “emergencias alimentarias”. Los electores no acompañaron el pedido de quienes sostenían que ‘lo que se viene, es peor’. El señalamiento de los límites cada vez mayores del nacionalismo burgués no tiene nada que ver con imputaciones inconexas de la realidad política. La bancarrota de Argentina y la crisis del régimen político y del aparato del Estado, obligan a todas las fuerzas políticas en presencia a determinar planteos políticos excepcionales, en un marco social explosivo y en un marco internacional de rebeliones populares. Estas cuestiones son el corazón del debate que debe impulsar una izquierda revolucionaria. Solano, en cambio, tiene en vista las parlamentarias de 2021. El discurso de Solano hace abstracción del agravamiento crisis capitalista mundial, de guerras comerciales y monetarias, incluso de crisis políticas seriales, que socavaron por completo el “retorno al mundo” del gobierno de Macri y al propio Macri. No solamente a éste – véase el destino de los Lenin Moreno, Piñera y Duque. Aunque AF ha repetido que defiende la ‘globalización’, lo cierto es que deberá arrancar desde un ‘default’, del cierre de los mercados de deuda, y de la descomposición del aparato judicial y de inteligencia, en medio de los procesos judiciales avanzados contra su copiloto. Las perspectivas de rebelión popular y revolución en América Latina fueron rechazadas una y otra vez, incluyendo por supuesto a Argentina. El aparato del PO se libró a una competencia interna acerca de quién era ‘más realista’ y más obsecuente en sus pronósticos negativos. La clausura de cualquier escenario de crisis de poder, por parte del oficialismo, no es el producto de un análisis, solamente del prejuicio natural de un arribismo electoral. A eso obedece el rechazo a la agitación política, que sólo es tal cuando es de conjunto y sistemática. Estamos ante dos estrategias irreconciliables, que derivan en dos métodos de construcción del partido. De ahí el monopolio de candidaturas, el puro aparato y la apropiación del partido mediante la exclusión sumaria de miles de militantes. La proclamación de Solano –“la independencia política frente al kirchnerismo” – es un repliegue del aparato sobre sí mismo, cuando lo que plantea la experiencia que inicia la ‘coalición peronista’ es con qué política y con qué método salimos a conquistar a la vanguardia de la clase obrera y a las masas. Para el aparato de Solano, el fracaso del nuevo gobierno no abre la posibilidad de situaciones revolucionarias que hay que preparar, sino de oportunidades electorales que no hay que dejar pasar. Electoralismo y “luchismo” Sorprendentemente, los resultados electorales del FIT-U no le merecen a Solano el más mínimo comentario, pese a que las elecciones fueron lo único que motivó a las direcciones del PO y del FIT-U en los últimos dos años. Convertido en un aparatito electoral, ni siquiera es capaz de elaborar conclusiones políticas en ese terreno. Con desprecio total por el procedimiento, el retroceso electoral es pasado de largo por completo. Solano reivindica lo que llama la presencia callejera del PO, sin advertir que defiende un método de secta, porque un partido no gana las calles como aparato autónomo sino en relación estrecha con la lucha de clases de los propios explotados. Dice que uno de los debates en el PO ha sido el partido de propaganda versus partido de combate, sin aclarar si a eso responden las expulsiones en masa. Las elecciones últimas mostraron que el aparato ha licenciado la propaganda en los focus group y en los especialistas en spot, y que el partido de combate, si no se basa en una estrategia y en un programa, y en la agitación política y la lucha de clases, es un foquismo 4D. El ‘combate’ sin programa es movimientismo; un “luchismo” de ocasiones que convive muy bien con el parlamentarismo. La presunción de que el aparato monopoliza la presencia física en las luchas es un insulto gratuito a todos los luchadores y una obsesiva auto-proclamación. Por otra parte, Solano y la dirección oficial del PO encabezan una lucha faccional contra los más de mil militantes del PO que han conformado la Tendencia y han sido expulsados de manera sumaria. Hemos sido objeto de boicots electorales y exclusiones de las listas; de intentos de proscripciones en elecciones estudiantiles, en actividades obreras e incluso en listas comunes del activismo en sindicatos. Censura de prensa y expresión a nuestros dirigentes históricos e incluso acciones de espionaje. Del robo de locales, bienes y hasta páginas de Facebook personales. De arrebato a compañeros del Polo Obrero que han adherido a la tendencia de los planes sociales conquistados con la lucha. De cordones “de seguridad” dirigidos contra movilizaciones de la Tendencia. Toda esta actividad de liquidación política seria la base para que, según Solano, ahora sí exista un “partido de la clase obrera en la Argentina”. XXVII Congreso del PO Solano presento la convocatoria al próximo Congreso del PO con la insistente aclaración de que “todos podrían dar su punto de vista”. Es un lapsus, las ‘garantías’ son siempre una concesión de aparatos. No dice si podrá participar el último expulsado, Julián Asiner, ex presidente de la FUBA. Las “garantías” de Solano no pasan de un cinismo grosero, cuando rechaza el reconocimiento de la tendencia más numerosa que se haya desarrollado en un partido de izquierda, conforme al estatuto del PO. Retrotraer todas las expulsiones, reconocer a la Tendencia e investigar el espionaje liberaría a Solano de ofrecer ‘garantías’ de un patrón de estancia. Solano y la dirección oficial se encaminan a un nuevo congreso partidario marcado por la regimentación.

El lunes 9, en el Obelisco se realizó un acto convocado desde las Coordinadoras de zona Sur y Caba. Las consignas fueron: por el triunfo de las luchas, contra los despidos y la defensa del salario. También fue denunciada la tentativa, por parte del nuevo gobierno, de imponer el reemplazo de las paritarias por un pacto social, con la intención de coartar la libre movilización del movimiento obrero. Participaron, entre otros, la papelera Ansabo de Quilmes, ocupada hace cinco meses; delegados de la Línea 60; enfermeros de la Interhospitalaria y residentes, que vienen de una importante victoria contra Larreta; la comisión de trabajadores despedidos del ferrocarril Roca; trabajadores despedidos del Centro Gallego; una delegación de Kimberly Clark, y numerosos activistas docentes, delegados de comercio, trabajadores de Coca Cola, de Siam, Aeronáuticos, etc. Participaron todos los partidos de izquierda con excepción del PO “oficial”, que ha declarado desde hace tiempo una guerra contra las coordinadoras, a las que denuncia por “falta de claridad política” y una suerte de rival Plenario Sindical Combativo, adscripto al FIT-U, y de la Coordinadora Sindical Clasista del propio aparato del PO. Patricio Lara, de la comisión Interna de Kimberly Clark, señaló que este “es un paso importante en el desarrollo de una herramienta propia de los trabajadores”, y llamó a desarrollar las Coordinadoras a nivel nacional, tomando el ejemplo de la que participan los compañeros de la ocupada Minetti, en Córdoba. Denunció a la burocracia sindical cómplice y al Estado, a partir de la experiencia transitada por los trabajadores de Kimberly, recientemente desalojada por un operativo policial, boicoteados por el sindicato de Papeleros. De conjunto, el acto del Obelisco marca el surgimiento de un reagrupamiento cuyo propósito es desarrollar una salida de frente único de las luchas, junto al sindicalismo combativo. El movimiento es una expresión de la claridad que una parte de la vanguardia tiene acerca del gobierno que se inicia: un gobierno patronal que se valdrá del aparato del estado para imponer una regimentación al movimiento obrero.

Durante la tarde del domingo falleció una mujer en el Hospital San Martin de La Plata luego de sufrir varias complicaciones producto de un aborto clandestino. La mujer había llegado el viernes con un grave cuadro a raíz de una infección generalizada por lo que en la guardia la derivaron a terapia intensiva. Los médicos infieren que habría llevado adelante una práctica casera para realizarse un aborto. Las autoridades del Hospital hicieron la denuncia que hoy se encuentra caratulada como "averiguación de causales de muerte". Se trata de una mujer de 34 años de un barrio humilde de la zona de Los Hornos en la ciudad de La Plata, su nacionalidad era paraguaya y tenía tres hijos. Según se supo, la familia no estaba enterada de su embarazo. La muerte de esta joven retrata una realidad en la que se funden el recién asumido gobierno y la iglesia. Alberto Fernández, semanas después de ponerse el pañuelo verde, participó junto al saliente Mauricio Macri de la homilía “por la unidad y la paz” en la Basílica de Luján. Este “gran gesto político” es toda una declaración de los vínculos que el gobierno va a sostener, porque es esa misma Iglesia la que convocará a las burocracias sindicales y movimientos sociales para firmar la paz social, es decir miseria y hambre para el pueblo. La Iglesia hace pocos días a través de su vocero, el ex arzobispo Aguer, declaraba: "las mujeres pobres no abortan, es un problema de la burguesía", criticando fuertemente el Protocolo para la Atención Integral para la Interrupción Legal del Embarazo. Claramente, el caso de esta mujer es una triste muestra de que las mujeres pobres abortan y de que lo hacen en las peores condiciones. Sobre el Misoprostrol Se calcula que por año se realizan en Argentina 354.627 abortos inseguros: es decir 41 abortos por hora (según datos oficiales del Ministerio de Salud del año 2005). El uso del Misoprostol ha bajado enormemente la tasa de muerte por aborto, pero los lobistas clericales intentan impedir su uso. A principios de mes se ha dado a conocer el fallo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 11 de Buenos Aires que “dispuso la suspensión de la venta de Misoprostol en todas las farmacias del país por considerar que es un medicamento peligrosísimo que solo puede usarse a nivel hospitalario, con alta vigilancia médica y no de manera domiciliaria". La Asociación para la Promoción de Derechos Civiles y la Asociación Civil Portal de Belén son quienes presentaron esta medida cautelar para la venta del medicamento y otra contra la implementación del Protocolo ILE que fue rechazada. Lo cual no solo fomenta la venta por otros medios inseguros, sino que aumenta el costo del mismo, haciéndolo inaccesible para la mayoría de las mujeres trabajadoras. Además de este fallo antiderecho, el aumento que se registra del valor del misoprostol es de un 400% más en los últimos cinco años, en la actualidad es equivalente a casi la mitad del salario mínimo. Frente a la transición de un nuevo gobierno nos encontramos ante una avanzada de la Iglesia por obstaculizar, ya no la aprobación del derecho al aborto, sino los caminos alternativos que impusieron las mujeres mediante la lucha como el Protocolo ILE y el uso de Misoprostol. El jueves 12, a las 13hs, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y diferentes organizaciones convocamos a una acción para denunciar este hecho en las puertas de la Municipalidad. Ni una muerta más por aborto clandestino ¡Aborto legal, seguro y gratuito ya!

La empresa tercerizada “Soluciones Integrales” despidió a 40 operarios que desempeñaban tareas para el pulpo siderúrgico Techint en la planta que está en el linde de los distritos de Florencio Varela y Berazategui (Camino General Belgrano y Av. Vergara). Hace meses la patronal había suprimido el turno noche, produjo cancelaciones “hormigas” de contratos y aplicó suspensiones periódicas. En la noche del jueves 5, a las 22, la salida del turno tarde se topó con un “rojo” en la recepción de las tarjetas por parte de los molinetes de entrada y salida de la fábrica. Esto provocó una inmediata deliberación de los trabajadores, que alertaron al turno mañana. El viernes 6, entre las 5.30 am y las 6 am, el turno mañana se encontró con que ya no podía ingresar a la planta a tomar tareas. Los compañeros convocaron al turno tarde y se concentraron en la puerta de fábrica, donde a media mañana, fueron recibidos por la patronal, luego de una reunión de los patrones de la tercerizada con la propia patronal de Siderar/Ternium, como empresa “madre”. El planteo que sostienen ambas patronales es pasar 20 despidos ya, con propuesta indemnizatoria en los términos convencionales, mientras que otros 20 compañeros se reintegrarían al trabajo, pero pasarían a revistar como contratados directos de Siderar/Ternium, por 90 días. La tercerizada se retira de la empresa, con la “promesa” de efectivización en planta por parte de Siderar. “Pero si esto no sucedería por la evolución del mercado siderúrgico”, serían 20 despidos más en marzo de 2020. Con los niveles de sobreproducción y stockeo, ante un mercado nacional e internacional en recesión, el hilo se corta por lo más finito, el despido de contratados y tercerizados. Como ocurre en casi todas las ramas industriales, afectadas por la recesión, el tamiz se aplica sobre los compañeros con mayor antigüedad o cargas sociales y familiares de la propia tercerizada. El Partido Obrero (Tendencia) de Berazategui les plantea a los compañeros afectados rechazar los despidos y organizarse para resistirlos. Reclamar a la UOM un plenario de delegados que unifique todos los conflictos y levante un programa: todos adentro, ningún despido, reparto de las horas de trabajo sin afectar salarios y condiciones convencionales. Paro seccional de solidaridad. Coordinación de las luchas. Las únicas luchas que se pierden son las que no se libran.

El viernes miles de manifestantes inundaron las calles de Argelia para protestar contra el poder militar que gobierna de facto luego de la renuncia de Abdelaziz Bouteflika, en abril pasado, y para boicotear las elecciones convocadas para el 12 de diciembre, cuando se cumple el cuadragésimo segundo viernes consecutivo de protestas contra lo que los argelinos denominan “Le Pouvoir” (el poder en francés, en el sentido del régimen político). Se prevé un gran nivel de abstención. El domingo pasado, cientos de argelinos opuestos a las elecciones salieron a las calles en París en medio de la Huelga del sector púbico contra la ‘reforma’ del sistema previsional de Francia Los manifestantes reclamaron una Huelga General y la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Argelia. Este no es el primer llamado a elecciones, en junio había fracasado otra convocatoria por ausencia candidatos. Los militares pretendían preservar el régimen, bajo un férreo control militar y represión. Cientos de activistas están en las cárceles. Las elecciones se desarrollan con medios censurados y detenciones arbitrarias. Amnesty denunció que “al menos 300 personas fueron detenidas entre el 17 y el 24 de noviembre”. Pero ese número podría duplicarse fácilmente, según el periodismo local. El gobierno español de Pedro Sánchez, que importa la mitad del gas de Argelia, apoyó las elecciones “militares”, porque defiende las inversiones de Repsol y Cepsa. La francesa Toral acaba de comprar la estatal Anadarko. Para el madrileño El País “han sido los intereses de países como “España, Francia e Italia los que han impedido cualquier pronunciamiento comunitario [UE]” (9/12), en relación al estado policial argelino Meses atrás, decenas de manifestantes fueron encarcelados por llevar banderas Bereberes a una manifestación. En Argelia viven 10 millones de bereberes, la mayoría de Kabylia, una zona montañosa al este de Argel. Continuismo por cinco Los candidatos tuvieron que evitar los actos en las principales ciudades del norte del País, debido al repudio popular; eran asaltados por manifestantes. Cinco candidatos pudieron cubrir los requisitos electorales: dos ex primeros ministros de Bouteflika, dos exministros y un ex dirigente del FLN, “todos ellos surgidos del Estado profundo que manda en Argelia” (El País, 6/12). Ali Benflis, un ex Primer Ministro de Bouteflika, fue escrachado públicamente. Abdelmadjid Tebboune aparece como otro favorito, se trata de un ex ministro de Bouteflika con lazos sectarios y con el capital extranjero. Azzedine Mihoubi, ex ministro de cultura de Bouteflika. Abdelkader Bengrina se presenta como representante de la “Hirak” (protestas contra el régimen), y como miembro de un partido de la coalición islamistas (El-Bina). Este partido sostuvo permanentemente a Bouteflika. El último de los candidatos, Abdelaziz Belaid, ex dirigente del FLN, también fue repudiado por la Hirak en Sétif, cerca de Kabylia, por haber sido sostén de Bouteflika. Se espera que la mayoría de la población en condiciones de votar no lo haga. Sólo el 37% del electorado se presentó en las legislativas de 2017, y el 50% en las presidenciales de 2014, cifras “infladas” según los observadores (tv5monde, 28/11). Por eso se estima que después de las elecciones se acentuará la fractura política entre el gobierno y las masas movilizadas. Los candidatos defienden la continuidad del régimen de privatización, acuerdos público-privados, reforma laboral y congelamiento de salarios, que se basaba en una alianza con el capital financiero y el imperialismo para dirigir la economía. Sea cual sea el resultado electoral, el proceso revolucionario en Argelia seguirá vivo.

[CORREO DE LECTORES] SOLANO, EL APARATO EN TODA SU GROSERÍA Por Julio Gudiño En el Correo de Lectores de Política Obrera el compañero Nahuel BA (10/12/19) aborda, muy agudamente, el discurso de Solano en el cierre del picnic en Parque Sarmiento. Solano habla todo el tiempo “del gran debate en el 26° Congreso” pero jamás señala en que consistió y, menos aún dice que, para silenciar “el gran debate”, el aparato del PO excluyó de los plenarios a Altamira y a Ramal, los llenó con sus alcahuetes, que procedieron en forma autoritaria; cuotificó los debates para que el documento de "Situación Política Nacional" se aprobara en treinta días o menos, y boicoteó el documento en disidencia de Altamira. El mérito del compañero Nahuel consiste en hacer visibles las cuestiones fundamentales que hacen a la crisis del PO, y que Solano oculta, a saber: la caracterización de la etapa histórica y del agotamiento capitalista, la crisis mundial y los períodos de guerras y revoluciones que esta abre, la cuestión del método de análisis, etc. Sin embargo, hay un punto que el compañero Nahuel no desarrolla y este constituye, según mi punto de vista, el núcleo de la intervención política de Solano. Partido de combate vs Partido de Propaganda Solano, en el discurso de cierre del picnic, afirma una y otra vez que más vale la acción de lucha que mil programas como si la cantidad de luchas en las que participa el partido sea como dirección o apoyándolas desde abajo, hacen al partido más o menos revolucionario. Esta posición fue patentada en 2017 por JP Rodríguez, para quien los programas, como dijo, carecen de importancia. La cosa viene de lejos y de más atrás también Es decir, si estamos en todas las luchas somos revolucionarios, si estamos en algunas luchas somos algo revolucionarios y si estamos en pocas luchas no somos revolucionarios. La brutalidad no ya metodológica sino teórica es asombrosa porque en una sociedad donde la lucha de clases ha alcanzado una extensión sin precedentes, no hay partido que no intervenga en las luchas, desde la fascista Le Pen, las bandas de Salvini, el peronismo por supuesto y la burocracia sindical, y la izquierda en ocasiones, dada su escasa estatura organizativa. Lo que distingue a este panorama variopinto es la orientación de unos y otros y de unos contra otras. El imperialismo ha impulsado luchas ‘coloridas’ de masas contra los regímenes burocráticos que sobrevivieron al derrumbe, y de regímenes árabes, como en el caso de Siria. En estos menesteres contaron con el apoyo de la izquierda que ignora el carácter de las fuerzas en pugna y apoyo la democracia imperialista cuando choca con la barbarie que gobierna las semi-colonias. Como Solano y su precursor desprecian el programa, corren en riesgo de ponerse del lado equivocado, como cuando se negaron a pelear contra Macri, para no favorecer, dijeron, electoralmente al peronismo. Marx tuvo una participación destacada en la revolución alemana de 1848, pero al lado de la burguesía liberal, algo que luego criticó en la Circular de 1850. De esta crítica salió un programa histórico: la revolución permanente y la organización del proletariado en partido. Incluso para aprender de los errores es necesario cometerlos en función de un programa. Una lucha sin programa es de descerebrados. El programa es la guía que orienta la acción y dota a la acción de una perspectiva histórica que se inscribe en la dinámica social regida por leyes sociales objetivas e independientes de la voluntad de los sujetos sociales. El Manifiesto del Partido Comunista, primer programa del movimiento obrero, fue la traducción científica de la lucha de clases protagonizada por el proletariado puesta en programa. Marx no inventó nada desde la especulación misma, y menos aún se hecho a dormir una siesta, sino que analizó con el método científico el movimiento real de la sociedad moderna y a partir de allí extrajo conclusiones provisorias que guían la acción revolucionaria de la clase obrera. Esas conclusiones provisorias se llaman programa y este no se opone a la acción directa como ser huelgas, ocupaciones de fábricas, piquetes, del mismo modo que el cerebro de un operario no se opone al producto que fabrica. Cortar una ruta per se no es revolucionario como afirma Solano. Lo que transforma las acciones de lucha en revolucionarias es si están inscriptas o guiadas por un programa revolucionario que es el germen del partido revolucionario y que debe culminar necesariamente en la dictadura del proletariado. Sin retroceder tanto en la historia de la teoría marxista, Altamira, en el informe político del Congreso de 2003 planteó este problema afirmando que “lo que distingue a la acción de un partido marxista, de la política de los partidos pequeñoburgueses, es la capacidad para oponer, en todas las circunstancias, los intereses históricos del proletariado a la burguesía y su Estado”. Para superar este economicismo berreta los militantes del partido debemos adoptar un “método político fundamental que exige, antes que nada, una agitación política de carácter revolucionario que sea independiente de esta o aquella lucha, y que tiene que ver con el conjunto del período histórico y con la totalidad de la lucha de clases, o sea con el Estado capitalista y el conjunto de las clases sociales. Solamente mediante la confrontación política con el Estado capitalista y con los partidos patronales puede un partido revolucionario delimitar a la masa de la burguesía, oponerlas como clase en su conjunto al régimen y a la sociedad burguesa, organizar a su vanguardia sobre una base de principios y de militancia, y abrir la ruta hacia el poder”. Finalmente, Altamira plantea adoptar este MÉTODO como el alimento diario que ingerimos para poder subsistir. De todos modos, Solano se apropia de un luchismo sin programa, que tampoco practica porque la crisis del PO lo ha destacado como un maniobrero de bambalinas, que incluso ha armado un congreso judicial trucho. Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario y el movimiento revolucionario es la síntesis en un momento dado de la teoría y la acción, del programa y de la lucha que se condensa en ese programa. El Partido, un fin en sí mismo La perla del desvarío democratizante de Solano lo tenemos en el minuto 7 de su discurso. Dice Solano “(…) el debate fundamental es transformar al Partido Obrero en EL Partido Obrero de Argentina” porque “la continuidad histórica del Partido Obrero es ser un partido de combate (…) este es el punto crucial y por eso somos un partido revolucionario”. Esto lo dice un activo protagonista electoral durante dos años al hilo. O sea, la tarea central es "hacer grande al PO" y participar de todas las luchas porque esto hace revolucionario al partido. Según la interpretación de Solano, sin partido de combate nadie guiará a las masas a la toma del poder, por eso en “Chile hay que construir un partido revolucionario”. Sin embargo, en Chile las masas no esperaron al partido de combate para salir al combate, lo que les falta es un programa y una organización basada en un programa. Es más, la acción revolucionaria de las masas parió una orientación política que ningún partido chileno impulsó: fuera Piñera, asamblea constituyente – reformulando la consigna que en el pasado levantó, en ocasiones, el Partido Comunista. Es falso que sin partido revolucionario no pueden producirse procesos revolucionarios o situaciones revolucionarias, porque en América Latina se abrió un proceso revolucionario y en Chile o en Ecuador no existen partidos revolucionarios. Esta idiotez anti empírica e insostenible es la consecuencia del razonamiento de aparato: si no está mi 'partido de combate', no pasa nada. En la revolución rusa, el partido bolchevique, el más preparado de todos los partidos desde el punto de vista del programa, tuvo hasta el mes de abril una orientación política no revolucionaria a pesar de que participaba enérgicamente en la lucha de clases. Lenin de regreso a Rusia analizó la situación política a la luz del método de análisis marxista y propuso un cambio de orientación radical a su partido: las Tesis de Abril. Había que dejar de pensar como “viejo bolchevique” decía. En resumidas cuentas: el proceso revolucionario ruso se desarrolló a pesar de la orientación política conservadora de la mayoría de la izquierda rusa. Las masas iban hacia adelante y establecieron un doble poder y lo fortalecieron. Un marxista y luchador interpretó el proceso vivo de la lucha de clases y lo puso en programa en las Tesis de Abril, contribuyendo de ese modo al desarrollo del partido revolucionario no como un fin en sí mismo (“hacer grande al POSR”) sino como un medio para la conquista del poder. LEER MÁS: Correo de lectores: Para el PO oficial la lucha contra el Capital es una cuestión moral Por Nahuel BA, 10/12/2019.

En el Correo de Lectores de Política Obrera el compañero Nahuel BA (10/12/19) aborda, muy agudamente, el discurso de Solano en el cierre del picnic en Parque Sarmiento. Solano habla todo el tiempo “del gran debate en el 26° congreso” pero jamás señala en que consistió y, menos aún dice que, para silenciar “el gran debate”, el aparato del PO excluyó de los plenarios a Altamira y a Ramal, los llenó con sus alcahuetes, que procedieron en forma autoritaria; cuotificó los debates para que situación política se aprobara en treinta días o menos, y boicoteó el documento en disidencia de Altamira. El mérito del compañero Nahuel consiste en hacer visibles las cuestiones fundamentales que hacen a la crisis del PO, y que Solano oculta, a saber: la caracterización de la etapa histórica y del agotamiento capitalista, la crisis mundial y los períodos de guerras y revoluciones que esta abre, la cuestión del método de análisis, etc. Sin embargo, hay un punto que el compañero Nahuel no desarrolla y este constituye, según mi punto de vista, el núcleo de la intervención política de Solano. Partido de combate vs Partido de Propaganda Solano, en el discurso de cierre del picnic, afirma una y otra vez que más vale la acción de lucha que mil programas como si la cantidad de luchas en las que participa el partido sea como dirección o apoyándolas desde abajo, hacen al partido más o menos revolucionario. Esta posición fue patentada en 2017 por JP Rodríguez, para quien los programas, como dijo, carecen de importancia. La cosa viene de lejos y de más atrás también Es decir, si estamos en todas las luchas somos revolucionarios, si estamos en algunas luchas somos algo revolucionarios y si estamos en pocas luchas no somos revolucionarios. La brutalidad no ya metodológica sino teórica es asombrosa porque en una sociedad donde la lucha de clases ha alcanzado una extensión sin precedentes, no hay partido que no intervenga en las luchas, desde la fascista Le Pen, las bandas de Salvini, el peronismo por supuesto y la burocracia sindical, y la izquierda en ocasiones, dada su escasa estatura organizativa. Lo que distingue a este panorama variopinto es la orientación de unos y otros y de unos contra otras. El imperialismo ha impulsado luchas ‘coloridas’ de masas contra los regímenes burocráticos que sobrevivieron al derrumbe, y de regímenes árabes, como en el caso de Siria. En estos menesteres contaron con el apoyo de la izquierda que ignora el carácter de las fuerzas en pugna y apoyo la democracia imperialista cuando choca con la barbarie que gobierna las semi-colonias. Como Solano y su precursor desprecian el programa, corren en riesgo de ponerse del lado equivocado, como cuando se negaron a pelear contra Macri, para no favorecer, dijeron, electoralmente al peronismo. Marx tuvo una participación destacada en la revolución alemana de 1848, pero al lado de la burguesía liberal, algo que luego criticó en la Circular de 1850. De esta crítica salió un programa histórico: la revolución permanente y la organización del proletariado en partido. Incluso para aprender de los errores es necesario cometerlos en función de un programa. Una lucha sin programa es de descerebrados. El programa es la guía que orienta la acción y dota a la acción de una perspectiva histórica que se inscribe en la dinámica social regida por leyes sociales objetivas e independientes de la voluntad de los sujetos sociales. El Manifiesto del Partido Comunista, primer programa del movimiento obrero, fue la traducción científica de la lucha de clases protagonizada por el proletariado puesta en programa. Marx no inventó nada desde la especulación misma, y menos aún se hecho a dormir una siesta, sino que analizó con el método científico el movimiento real de la sociedad moderna y a partir de allí extrajo conclusiones provisorias que guían la acción revolucionaria de la clase obrera. Esas conclusiones provisorias se llaman programa y este no se opone a la acción directa como ser huelgas, ocupaciones de fábricas, piquetes, del mismo modo que el cerebro de un operario no se opone al producto que fabrica. Cortar una ruta per se no es revolucionario como afirma Solano. Lo que transforma las acciones de lucha en revolucionarias es si están inscriptas o guiadas por un programa revolucionario que es el germen del partido revolucionario y que debe culminar necesariamente en la dictadura del proletariado. Sin retroceder tanto en la historia de la teoría marxista, Altamira, en el informe político del congreso de 2003 planteó este problema afirmando que “lo que distingue a la acción de un partido marxista, de la política de los partidos pequeñoburgueses, es la capacidad para oponer, en todas las circunstancias, los intereses históricos del proletariado a la burguesía y su Estado”. Para superar este economicismo berreta los militantes del partido debemos adoptar un “método político fundamental que exige, antes que nada, una agitación política de carácter revolucionario que sea independiente de esta o aquella lucha, y que tiene que ver con el conjunto del período histórico y con la totalidad de la lucha de clases, o sea con el Estado capitalista y el conjunto de las clases sociales. Solamente mediante la confrontación política con el Estado capitalista y con los partidos patronales puede un partido revolucionario delimitar a la masa de la burguesía, oponerlas como clase en su conjunto al régimen y a la sociedad burguesa, organizar a su vanguardia sobre una base de principios y de militancia, y abrir la ruta hacia el poder”. Finalmente, Altamira plantea adoptar este MÉTODO como el alimento diario que ingerimos para poder subsistir. De todos modos, Solano se apropia de un luchismo sin programa, que tampoco practica porque la crisis del PO lo ha destacado como un maniobrero de bambalinas, que incluso ha armado un congreso judicial trucho. Sin teoría revolucionaria no hay movimiento revolucionario y el movimiento revolucionario es la síntesis en un momento dado de la teoría y la acción, del programa y de la lucha que se condensa en ese programa. El Partido, un fin en sí mismo La perla del desvarío democratizante de Solano lo tenemos en el minuto 7 de su discurso. Dice Solano “(…) el debate fundamental es transformar al Partido Obrero en EL Partido Obrero de Argentina” porque “la continuidad histórica del partido obrero es ser un partido de combate (…) este es el punto crucial y por eso somos un partido revolucionario”. Esto lo dice un activo protagonista electoral durante dos años al hilo. O sea, la tarea central es hacer grande al PO y participar de todas las luchas porque esto hace revolucionario al partido. Según la interpretación de Solano, sin partido de combate nadie guiará a las masas a la toma del poder, por eso en “Chile hay que construir un partido revolucionario”. Sin embargo, en Chile las masas no esperaron al partido de combate para salir al combate, lo que les falta es un programa y una organización basada en un programa. Es más, la acción revolucionaria de las masas parió una orientación política que ningún partido chileno impulsó: fuera Piñera, asamblea constituyente – reformulando la consigna que en el pasado levantó, en ocasiones, el Partido Comunista. Es falso que sin partido revolucionario no pueden producirse procesos revolucionarios o situaciones revolucionarias, porque en América Latina se abrió un proceso revolucionario y en Chile o en Ecuador no existen partidos revolucionarios. Esta idiotez anti empírica e insostenible es la consecuencia del razonamiento de aparato: si no está mi partido de combate, no pasa nada. En la revolución rusa, el Partido Bolchevique, el más preparado de todos los partidos desde el punto de vista del programa, tuvo hasta el mes de abril una orientación política no revolucionaria a pesar de que participaba enérgicamente en la lucha de clases. Lenin de regreso a Rusia analizó la situación política a la luz del método de análisis marxista y propuso un cambio de orientación radical a su partido: las Tesis de Abril. Había que dejar de pensar como “viejo bolchevique” decía. En resumidas cuentas: el proceso revolucionario ruso se desarrolló a pesar de la orientación política conservadora de la mayoría de la izquierda rusa. Las masas iban hacia adelante y establecieron un doble poder y lo fortalecieron. Un marxista y luchador interpretó el proceso vivo de la lucha de clases y lo puso en programa en las Tesis de Abril, contribuyendo de ese modo al desarrollo del partido revolucionario no como un fin en sí mismo (“hacer grande al POSR”) sino como un medio para la conquista del poder.

Luego de la presentación formal del proyecto de ‘reforma’ previsional, la CGT, FO, las organizaciones ferroviarias SNFC, RATP y el sindicato de educación FSU, ratificaron la huelga y las protestas hasta el martes. El sábado tendrá lugar además la movilización de los chalecos amarillos. El proyecto anuncia una elevación de la edad jubilatoria y ratifica el conjunto del paquete: régimen único, nivelando hacia abajo; un sistema de puntos que afecta los años de aportes y prepara cuentas de capitalización individuales. Los sindicatos amarillos, como la CFDT, favorables a una reforma previsional “universal” y “democrática”, fijaron una jornada de paro y movilización para el 17. El miércoles 11, “uno de cada seis trabajadores ferroviarios (15.5%) estaban en huelga contra la reforma de las pensiones, con casi tres cuartos de los conductores (73.5%), la mitad de los controladores (49.9 %) y 20,2% de los huelguistas, según cifras de gestión” (Libération, 11/12). La letra de la reforma El texto será presentado a fines de febrero próximo al parlamento. La edad formal se mantiene en los 62 años, pero aumentará 4 meses por año hasta llegar a los 64 años en 2027. La primera generación que cotizará bajo este régimen será la de 2004, que tendrá 18 años a partir de 2022. Para los que nacieron en 1975 y que tendrán 50 años en 2025, sus “derechos” serán convertidos a puntos; se les considerará el 70% bajo el viejo régimen y el 30% sobre los puntos. La reforma fija una “edad de equilibrio” en 2027: en ese año, para aquellos con una edad legal de 62 años, la “edad de equilibrio” alcanzará los 64 años. “Cualquiera puede irse a los 62 años, pero necesita una edad de equilibrio y una edad de responsabilidad ", explicó el PM Édouard Philippe. Significa una “penalización” para aquellos que se vayan a jubilar antes y un “bono” para aquellos que contribuyan más allá. La “edad de equilibrio” es una “recomendación”, lo que significa que en realidad la edad de jubilación será más alta. Así se fuerza a extender la edad de jubilación para no caer en la miseria. Aseguran que, si una persona cumple con los años laborales necesarios, no cobrará menos de 1.000 euros, lo que consideran “una cuestión de dignidad”, según una secretaria de Estado, Marlène Schiappa. Hoy esa suma no cubre el costo de vida, y es un subsidio para una persona que trabajó durante toda su vida. Para los que no lo hayan podido hacer (desocupación, problemas de salud, etc), la propia existencia se verá comprometida. La reforma, en cambio, sí fue vista con buenos ojos por la patronal francesa, MEDEF. Su representante advirtió que el ejecutivo les “hizo perder seis meses”, aunque ahora “ya se pasó a la acción” (Huffingtonpost, 11/12). La Bolsa festeja. Philippe Martinez, secretario de la CGT, dijo “Es una reforma desigual, que va a individualizar el derecho a la jubilación”. Agregó que “podemos irnos a los 62 años, la edad legal, pero con un descuento. Incluso entonces, incluso a los 64 años, no es seguro que los empleados más modestos puedan jubilarse. Cualquiera sea la carrera, todos los trabajadores perderán” (Libération, 11/12). ¿Tous ensemble? En una entrevista Martinez dijo: “He oído de Unsa y de los trabajadores ferroviarios de CFDT que el movimiento debe intensificarse. Ahora queremos una intersindical ampliada a la CFDT, la CFE-CGC: cuando nadie está contento, deberíamos poder movilizarnos juntos. Nuestra puerta está abierta. Cuando todos los sindicatos están unidos, les da confianza a los trabajadores. Las divisiones solo sirven a los empleadores y al gobierno. La batalla por la opinión pública ya está ganada: la movilización está apoyada por una gran mayoría de los franceses” (Libération, 11/12). La incorporación del ‘amarillismo’ a la dirección del movimiento es una maniobra pérfida para sembrar la división. En lugar de comités de acción y comités de huelga responsables ante la base, se busca meter a los sectores más patronales en la dirección, con el cuento de la unidad. La concertación ha sido pactada de antemano y con la complicidad del gobierno. El movimiento de 2019 no es sólo una extensión de la huelga activa de 1995, que derrotó al gobierno de entonces. Se juega en las calles, entre los chalecos amarillos y las bases de los sindicatos que pasan por encima de las burocracias. La reforma de pensiones está generando una movilización muy fuerte. La acción de estas bases, que hacen que crezca el poder obrero, son las que deben organizar verdaderos comités de huelga y llevar adelante todas las medidas para que caiga esta reforma de Macron.

Los rumores del pasado octubre sobre despidos en la planta de Alliance One Tobacco, radicada en Estación Zuviría – El Carril, se hicieron realidad. La patronal tabacalera ha enviado telegramas a 249 trabajadores de planta permanente. La patronal declara que van a trasladar las operaciones de procesamiento del tabaco a la planta de Massalín Particulares que se encuentra en la localidad de Rosario de Lerma. Se trata de un contrato de 14 millones de kilos de tabaco que se suman a los 22 millones que ya procesa esta planta de Phillips Morris para la CoProTab (Cooperativa de Productores Tabacaleros de Salta). Alliance One reduciría de este modo el 50% de su plantel, es decir que solo sostendría el acopio y la venta hasta mayo del 2020, un claro mensaje de cierre definitivo dejando al otro 50% de los trabajadores en la calle. Massalín Particulares es la “esponja” de las procesadoras de tabaco cuando estas reducen su plantel. Ha pasado con la CoProTab, que en el 2016 despidió a 150 trabajadores de operaciones de proceso. Ahora, la historia se repite con Alliance One. Por su parte, Massalín no ha contratado a todo su personal cíclico este año, lo que significa una mayor explotación de sus trabajadores permanentes que, trabajan desde las 05 hasta las 17 horas. Esta reducción de la planta de obreros se debe a la tecnologización en la actividad tabacalera que reemplaza mano de obra, tanto en la industria como en la cosecha. La tecnología debe contribuir al desarrollo del ser humano, repartiendo las horas de trabajo necesarias, sin afectar el salario, con jornadas de 4 horas. La actividad tabacalera es la principal actividad del valle de Lerma. Más del 60% de la población trabaja en el cultivo y procesamiento del tabaco. Los gobiernos municipales y de la provincia no han resuelto el problema del monocultivo. La plantación de tabaco ha reportado cuantiosas ganancias para el sector que ahora reclama “reglas claras” ante las “ventas ilegales” que perjudicarían a las grandes procesadoras. De cualquier modo, esas ganancias no han aportado a sacar del atraso histórico a las localidades del valle de Lerma. Amat Lacroix ha salido a declarar que el problema es que el sector tabacalero no tiene una “seguridad jurídica que los respalde”, lo cual estaría “afectando sus ganancias” y, por lo tanto, dice Lacroix, “deben reducir sus presupuestos” y “los primeros que padecen esos recortes son los trabajadores”, una defensa explícita de los intereses de la burguesía agraria y el capital extranjero. Lo propio hace Martín de los Ríos, quien debuta como ministro de Producción y Desarrollo Sustentable aduciendo que van a “realizar capacitaciones” para que los desocupados consigan trabajo. Los trabajadores y la población ha rechazado a los despidos. Una movilización fue acompañada por docentes del pueblo de El Carril en defensa de los puestos laborales. En todo el valle de Lerma las familias se caracterizan por su composición docente-obrero del tabaco. Son las únicas fuentes de trabajo de la zona, junto a los comerciantes. Los trabajadores despedidos van a rechazar los telegramas y seguir la lucha por la continuidad en sus puestos laborales. El SOT (Sindicato del Obrero del Tabaco de Salta) ha realizado una presentación de conciliación obligatoria que fue aceptada por el Ministerio de Trabajo por el lapso de 15 días. Para derrotar los despidos en Alliance One planteamos el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ocupación de toda fábrica que cierre o despida bajo control obrero y con presupuesto a cargo del estado; por la diversificación del cultivo y la expropiación de la tierra para el consumo interno; apertura de los libros contables de las empresas tabacaleras y la CoProTab; impuestos a las grandes actividades económicas para el desarrollo urbanos de las localidades del valle de Lerma. Por una coordinación de las luchas ante los despidos en el sector tabacalero y Asambleas en los lugares de trabajo. ¡Abajo los despidos en Alliance One Tobacco Salta!

Los 81 obreros de Loimar S.A, una emblemática industria cerámica de la ciudad de Tandil, se enfrentan la amenaza de cierre de la empresa. Ante la noticia inicial (10 despidos y 31 suspensiones) los trabajadores votaron en asambleas medidas de fuerza (paros, acampe en puerta de fábrica, corte de ruta). Actualmente se encuentran cumpliendo con la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Cumplen sólo tareas de limpieza y mantenimiento. Pero lejos de dar marcha atrás, la patronal ha enviado nuevos telegramas. La patronal adeuda quincenas y aguinaldos que adeuda la patronal. A algunos empleados les debe hasta $80.000 o $100.000. También adeuda aumentos salariales y ha quitado el transporte a los trabajadores. Sin duda, se trata de otro cimbronazo, luego del cierre de otra histórica fábrica de la ciudad -Metalúrgica Tandil, de la firma Renault- y el despido de 130 trabajadores. La UOM dejó pasar el cierre, con la línea de contención “hay 2019”. Las grandes industrias locales, poco a poco, se ven desplazadas por el negocio turístico y la especulación inmobiliaria. Se trata de un cambio en las bases productivas de la ciudad, alentado por el intendente Lunghi (Cambiemos-UCR) a lo largo de más de 20 años de gestión, dejando a miles de familias afuera de este paraíso turístico, en las barriadas populares que aún no cuentan con los servicios básicos y donde crece la desocupación. La patronal de Loimar alega que los despidos se deben a la imposibilidad de afrontar los tarifazos energéticos y una caída en las ventas. Pero los dos Procedimientos Preventivos de Crisis solicitados por la patronal dejaron en evidencia que la rentabilidad de la empresa no mostraba crisis alguna, y fueron rechazados. Los trabajadores cuentan con una organización asamblearia de larga trayectoria y han sostenido luchas contra otros atropellos. Hay que exigir a los nuevos gobiernos, provincial y nacional, la reincorporación total, a partir del mismo lunes 16. Invitamos a todo el pueblo tandilense a preparar junto a los trabajadores de Loimar una multitudinaria movilización para defender el derecho al trabajo. Reincorporación ya. Pago de los sueldos adeudados.

A comienzos de semana, los estudiantes de la Universidad Católica de Salta pusieron a crujir al clero salteño denunciando el descomunal aumento de la matrícula y de las cuotas. En principio, implicaría empezar el ciclo lectivo 2020 con un mínimo $30.000. Estamos ante la punta de un iceberg que deja expuesto que las condiciones materiales que ofrece la Universidad privada no se condicen con el monto de las cuotas. Falta de recursos para las prácticas, máquinas obsoletas de la sala de informática, falta de espacios áulicos, clases, en ocasiones, al aire libre, goteras, cobro adicional para el uso de la pileta o el gimnasio, entre otros. La elevada recaudación no ve reflejada en ningún lado. Al planteo de dar marcha atrás con los aumentos, el arzobispo de Salta y Canciller de la Católica, Mario Antonio Cargnello, llamó a “encontrar la luz y solución de los problemas”. Para encontrar esa “luz”, los estudiantes empezaron a organizarse, manteniendo cortes sistemáticos en el acceso norte, movilizándose a la asunción del gobernador Sáenz, y ahora organizando un acampe. El ataque a la educación superior es la expresión de que se profundizan las contradicciones insalvables del conjunto del régimen político, incluso con el cambio de gobierno. El Estado y las autoridades educativas buscan arbitrar contra los estudiantes. Hace unos días, en el IES de Tartagal, la Rectora del Terciario Graciela Acosta ha negado la inscripción, con apoyo de la infantería, a decenas de estudiantes de otras localidades que por la falta de ofertas educativas en sus lugares de residencias acuden ahí. Cada vez son más los condicionamientos para poder empezar y seguir cursando una carrera, los cupos limitados de los terciarios públicos, el congelamiento y recortes de las becas PROGRESAR, la suba del costo de vida, que repercute en los precios de los materiales de estudios. La falta de ofertas y garantías en el sector público obliga a que miles de estudiantes tengan que acudir al sector privado, que monopoliza las carreras de gran interés. El reclamo en contra del aumento de la UCASal expresa sustancialmente la lucha por el derecho a seguir estudiando. El año 2018 estuvo marcado por la rebelión educativa en defensa del derecho a estudiar. Con esta perspectiva llamamos a todos los estudiantes terciarios y universitarios de la pública y privada a converger y golpear con un solo puño. Para el triunfo de la lucha de la UCASal y de todas las reivindicaciones estudiantiles debatamos en una ASAMBLEA GENERAL de todos los estudiantes como continuar la lucha. · Ningún aumento de las matrículas ni cuotas. · Por más becas completas y medias becas otorgadas por la curia a todo aquel que no cubra el salario igual a la canasta familiar. · Por la apertura de las carreras de Abogacía, Psicología, Trabajo Social, Veterinaria y Arquitectura en la UNSa. · Separación de la Iglesia del Estado significa, ante todo, la laicidad de la enseñanza y la transferencia al Estado de los recursos y propiedades del clero. · Apertura de los libros contables. · Estatización de la UCAS al bajo control docente –estudiantil. · Solidaridad con los compañeros de Tartagal. Que ninguno quede fuera. · Asamblea general de todos los estudiantes. · ¡Por el triunfo de la lucha estudiantil!

Este jueves, y tal como lo habíamos anunciado, marchamos al ministerio de Desarrollo Social junto a varias organizaciones. Entre ellas, Izquierda Latinoamericana –con quienes venimos de movilizar en Berisso y Pergamino- un desprendimiento de la Tupac Amaru y el MIJD, que marchó en 23 provincias. La movilización logró que las asambleas agrupadas en el Polo Obrero de los compañeros de la Tendencia recibieran una entrega de alimentos, después de varios meses sin recibir nada, y de varias movilizaciones anteriores. En el NOA, aún no hemos recibido ninguna entrega. Además, logramos levantar 20 bajas de las 30 que sufrimos en noviembre, y reclamamos por otras 100 que tuvieron lugar en diciembre. En su mayoría, esas bajas fueron pedidas por el Polo Obrero “oficial” para poder dar altas, de acuerdo con el último arreglo que alcanzaron con el gobierno macrista. En este cuadro, y con la consigna “por el trabajo genuino y una Navidad sin hambre” decidimos marchar a Desarrollo Social y Pami. Nos recibieron en Desarrollo las nuevas autoridades, quienes se comprometieron a reincorporar a las 100 bajas. El próximo martes discutiremos el sostenimiento por parte del Estado hacia nuestros merenderos y comedores. También reclamamos por el bono de fin de año, la entrega de alimentos navideños y nuevos cupos para el plan “Hacemos futuro”. La Tendencia del Polo Obrero soporta un doble asedio: el del Estado, contra nuestros derechos y conquistas, y el del oficialismo del PO, que está recorriendo las asambleas para perseguir y extorsionar a las compañeras que deciden adherir a nuestras filas. Quienes ahora nos acusan de “movilizar con Castells”, deberán dar explicaciones por las canalladas punteriles que llevan adelante contra los trabajadores desocupados, con el propósito –que no conseguirán- de ponerlos de rodillas. Son los mismos que, en las movilizaciones donde hemos coincidido, se han opuesto a que ingresen nuestros representantes a las reuniones con el gobierno. Todos estos métodos brutales refuerzan las filas de la Tendencia, que seguirá su lucha por recuperar al Polo Obrero de las garras de sus actuales punteros.

El viernes 13 tuvo lugar la audiencia con el Ministerio de Trabajo que los trabajadores ferroviarios despedidos de la Línea Roca arrancaron tras el corte de vías del 9 de diciembre pasado. De la audiencia participó una delegación electa en Asamblea. Arrancaron el siguiente compromiso: 1. Discutir la incorporación de 250 trabajadores empadronados. 2. Un Bono de fin de Año para los 250 mientras se acuerde el reingreso. Este compromiso constituye un avance concreto con una gran implicancia política. A la salida de la reunión, además, los compañeros votaron en Asamblea restituir en el hall de Constitución la placa homenaje a Mariano Ferreyra, que la administración retiró con la complicidad de la burocracia. Una masa de trabajadores ferroviarios ha sido despedida (5.235 compañeros) en todo el país en los últimos años, sin que el sindicato haya reclamado la reincorporación de ninguno de ellos. De allí surgió la agrupación “Ferroviarios sin trabajo”. La memoria de Mariano Ferreyra está presente en la conciencia de estos trabajadores permanentemente. Durante el mes de noviembre, las actividades públicas de estos compañeros fueron creciendo. A la liberación de molinetes se sucedieron dos cortes de vías a la altura de la estación Avellaneda. Los ferroviarios participaron también del acto en el Obelisco del pasado 11 de diciembre, convocado por las Coordinadoras obreras de Sur y CABA, y de actividades junto a los trabajadores de la 60, entre otros. De estar dispersos, completamente aislados por la UF, un puñado de trabajadores han reconstituido un movimiento de lucha de primer orden, contra la tercerización laboral y los despidos. Han colocado sobre la escena el método histórico de la asamblea de base y el piquete. Hay una caudalosa corriente de deliberación obrera y de acciones intentando encontrar una vía de superación al impasse y a la crisis que se desata sobre los trabajadores. La lucha consecuente por las reivindicaciones obreras pone a la orden la acción por la reapertura de las paritarias, por el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, de la recuperación de los sindicatos de las garras de la burocracia. La Tendencia del Partido Obrero está al servicio de esta causa.

Theresa May tuvo que abandonar el cargo de primera ministra cuando el parlamento de Gran Bretaña no le aceptó el acuerdo que había sellado con la Unión Europea para consumar el Brexit. Lo mismo le ocurrió a su sucesor, Boris Johnson, cuando pretendió declarar la salida de Gran Bretaña de la UE sin acuerdo alguno con ella. Los intentos de Johnson de resolver la crisis sin llamado a elecciones, a través de una decisión del partido conservador, fracasaron. La City de Londres denunció que una ruptura catastrófica con la UE desataría una crisis financiera imparable. Este panorama no fue superado a pesar del realineamiento de los bancos y los fondos de inversión para ajustarse a una salida de la UE. El impasse político condujo a elecciones generales anticipadas, que el mismo Johnson acaba de ganar por algo parecido a una goleada. ¿Se va entonces el Reino Unido de la UE con un portazo? Nada de eso; para ganar las elecciones, Johnson rectificó el tiro y aseguró que conseguiría el prometido retiro del país por medio de un acuerdo favorable. Los votos indican que BJ consiguió el apoyo tanto de quienes hace cuatro años votaron, en un referendo, por la salida de GB, como de quienes votaron en contra. Varios voceros de la Unión Europea negaron que hubiera indicios de que lo que conocen de la propuesta de Johnson ofrezca una posibilidad de acuerdo para la salida. Aunque el desenlace electoral es muy claro, no lo es el político. Incluso con una mayoría holgada, el parlamento no votaría una salida de GB de la UE sin un acuerdo con ésta. Los partidarios de permanecer en la UE libran una batalla de retaguardia contra la salida, apoyando a los conservadores que defienden una salida pactada, en oposición a una unilateral. El nudo de la crisis no se ha roto; lo que ha cambiado es que el impasse en que había entrado el régimen parlamentario se trocó en un régimen encabezado por un primer ministro plebiscitario. Esto podría ser el prólogo de una crisis de un alcance mucho mayor si Johnson no encuentra una salida de compromiso con la UE y tiene que enfrentar el desafío de ordenar una ruptura unilateral. El planteo de una salida unilateral no encuentra resistencias solamente en la City de Londres; es lo que ocurre también con Escocia y con Irlanda del Norte. Para los escoceses, el Brexit significa quedar sometidos a un nacionalismo inglés que los asfixiaría económicamente. Para Irlanda del Norte, significaría perder los beneficios de una eliminación de la frontera económica con la República de Irlanda. En uno y otro lugar, la votación fue abrumadoramente mayoritaria para los intereses nacionales, o sea seguir en la UE. La primera ministra de Escocia ya adelantó que llamaría a un referendo para votar la salida de ese espacio del Reino Unido, mientras que Irlanda del Norte trocaría la ciudadanía británica por una unidad nacional con la República de Irlanda. Estas perspectivas secesionistas entran en el juego de presiones recíprocas entre Gran Bretaña y la UE. Continúa en el tablero, por lo tanto, la posibilidad de más de una secesión – la de GB de la UE, y la de Escocia e Irlanda del Norte del Reino Unido. Labour La caracterización de las elecciones no puede dejar de lado el hundimiento del partido Laborista y de su líder del ala izquierda, Jeremy Corbyn. Es el punto central del resultado electoral. Porque la cuestión de fondo, detrás del zarandeo del Brexit, es el impasse del Reino Unido, que era lo que pretendía resolver la integración a la UE hace cincuenta años, en primer lugar. Gran Bretaña, y en especial Inglaterra, es un territorio social devastado, que disimula mediáticamente la City de Londres y su desarrollo inmobiliario. Esta situación explica el ascenso de Corbyn a la dirección del Labour Party, en oposición a todo su aparato. Esto mismo explica su hundimiento: con un Servicio Nacional de Salud, que durante décadas representó la mayor conquista del proletariado desde la segunda guerra, al borde de la bancarrota y la privatización, Corbyn y su grupo fueron incapaces en impulsar una movilización de clase en su defensa, y en combatir el enfrentamiento nacionalista por un enfrentamiento de clase. El hundimiento de la Participación Pública Privada, como herramienta capitalista para desarrollar la obra pública, abría el horizonte de la nacionalización integral como una salida de masas, bajo el control de los trabajadores. Corbyn, por el contrario, entró en la lid del Brexit con una posición favorable a la salida, que nunca llevó adelante tampoco en forma consecuente, porque ella era la bandera de la derecha nacionalista inglesa, por un lado, y por la presión del liberalismo de la City, por el otro. Mientras que la victoria de Johnson no resuelve, a término, el impasse del Reino Unido, el laborismo de izquierda ha sido arrastrado al derrumbe por su complicidad con ese mismo impasse, es decir, con el régimen de la burguesía imperialista en decadencia. La decadente Albion es el ejemplo más contundente de la pérdida de iniciativa histórica del capital, lo mismo vale para la desintegración de la UE. Que el oportunismo de izquierda sea arrastrado al derrumbe por estos mismos tutores, sólo puede probar la vitalidad del capitalismo para los necios. Estas consideraciones elementales de conjunto deben servir de guía para desarrollar una vanguardia revolucionaria. Al fin y al cabo, el ascenso de la izquierda laborista había marcado un intento de la juventud obrera y precarizada por rescatar para el proletariado su organización más antigua. Es necesario un balance para encarrilar ese intento en pos de un objetivo revolucionario claro.

La lucha de los trabajadores del subte contra el asbesto dio un nuevo paso con la importante movilización del viernes 13 de diciembre a la sede de la empresa Sbase. El asbesto en el subte, contra el que luchan los trabajadores, es un tema que hace al interés y la salud de toda la población. Participaron más de 300 compañeros de todos los sectores, pero especialmente de los talleres, donde sólo se mantuvieron guardias mínimas. Un grupo de delegados y directivos de AGTSyP se reunió con los funcionarios de la empresa, a los cuales presentaron un petitorio donde se reclama un plan de desasbestización de todo el subte, incluido el premetro; que se establezca fecha para el recambio de las flotas de las líneas B, C y E y la inspección de las instalaciones fijas; la incorporación al Registro de Agentes de Riesgo (RAR) de todos los trabajadores, y el fin de las cuadrillas de trabajadores no convencionados que desarrollan tareas de mantenimiento y se encuentran expuestos al mineral. Al término de la reunión, la empresa se comprometió a entregar una respuesta el miércoles 18, en una nueva audiencia. La lucha contra el asbesto es de una importancia crucial. Se trata de un material muy utilizado en la construcción. Sus fibras ingresan al cuerpo por vía aérea y quedan alojadas en la pleura, pudiendo desarrollar desde fibrosis hasta deficiencia respiratoria y cáncer de pulmón. A pesar de que se conocen sus efectos nocivos para la salud desde hace décadas, recién a partir de los 2000 comenzó a prohibirse su uso. En la Ciudad, está presente en hospitales y escuelas. La denuncia en el subte se difundió a raíz de la compra de material rodante al metro de Madrid, donde muchos trabajadores habían sido afectados. Pero luego se descubrió su presencia en numerosas formaciones, especialmente de las líneas B, C y E con las que realizan tareas de mantenimiento en los talleres. La movilización del viernes es un eslabón clave, por la unidad obrera que representó, de una cadena de medidas que se vienen desarrollando desde hace más de un año y medio e incluyeron quites de colaboración, retención de tareas y paros. En el caso del taller Rancagua, se registraron hasta ahora 12 casos de trabajadores afectados y uno en Urquiza, sobre 76 analizados. En Rancagua se desarrolla de hecho un paro total desde hace más de 160 días. En los últimos cinco meses, con la lucha logramos el reconocimiento de la presencia de la fibra, la inscripción de todos los trabajadores de los talleres y de los compañeros de tráfico de la línea B en el RAR y el análisis de los 4.000 trabajadores del subte y premetro, entre otros avances. Hasta ahora, fueron examinados 550 compañeros, la mayoría de los cuales sus resultados se darán a conocer en las últimas semanas de diciembre. Entre estos figuran trabajadores de los talleres Rancagua, Urquiza, Constitución, San José y tráfico de la B. La empresa dilata la entrega de los informes, la inscripción de todo el personal en el RAR y tampoco pone fecha para el recambio de la flota de material rodante. La bronca en los túneles va en ascenso, el reclamo se combina con otras reivindicaciones postergadas, como en el caso de la línea E. Asistimos a una lucha en defensa de la salud de los trabajadores y usuarios frente a una patronal criminal que ha contado con la complicidad del gobierno nacional hasta el traspaso a Ciudad y, actualmente, del gobierno de Rodríguez Larreta. En los últimos años se produjeron seis muertes laborales. Para llevar esta lucha hasta el final, como señaló el compañero Charly Pérez, delegado de Rancagua, a la salida de la audiencia en Sbase, el cambio de la flota no puede quedar en manos de los mismos responsables de esta política criminal sin la fiscalización de los trabajadores. Remarcó además la necesidad fundamental de involucrar a todos los sectores en esta lucha. Los delegados y trabajadores del subte que militamos en la Tendencia del Partido Obrero planteamos la necesidad de preparar una lucha de conjunto, superar la “sectorización” de esta pelea mediante una asamblea general que vote un plan de lucha progresivo hasta la paralización total del servicio. Es necesario reforzar la agitación y la campaña de concientización sector por sector, línea por línea, para sumar a todos los compañeros a la lucha contra el asbesto, en la que se juega la vida y la salud de los trabajadores, y también de los usuarios.

Una nueva jornada de lucha se desarrolló en Tucumán con gran entusiasmo y firmeza como parte de una jornada a nivel nacional. En Tucumán, el 5 de diciembre pasado se había concretado una enorme movilización que reunió cerca de 6.000 compañeros (de Barrios de Pie, el FPDS, FOL y la Polo Obrero (T). Como resultado de ello, el gobierno provincial se había comprometido a una reunión el miércoles 11, que incumplió. Por otro lado, numerosos compañeros de las distintas organizaciones se encontraron fuera de la lista de cobro de beneficios sin ninguna explicación. El Polo Obrero (T) se encolumnó con más de 600 compañeros, en la nueva jornada, con la presencia de nuevos núcleos que han roto con el Polo oficial, en este caso los compañeros de la Comuna de Nueva Esperanza en el departamento de Tafí Viejo. Otra columna, del FPDS y el FOL reunió alrededor de 1.500 compañeros. El MIJD sumó otros 400 compañeros. La movilización se trasladó a las oficinas de Desarrollo Social de la Nación, donde se dejó un petitorio con varios reclamos. Otra columna se trasladó a las oficinas del Anses donde se logró la puesta en marcha de la Encuesta de Actualización de Datos. Posteriormente las dos columnas, que superaban los 3.000 compañeros, confluyeron a la Plaza Independencia. En una reunión con el gobierno logramos el compromiso de la entrega de las canastas de Navidad y un 50% extra de alimentos en diciembre. El gobierno también aceptó discutir un bono de fin de año para los compañeros. Un aspecto destacable fue la movilización de una comisión de Trabajadores del Limón Autoconvocados de Tafí Viejo, junto al PO (T). El martes 1, en la entrada de Tafí Viejo, una asamblea con 200 compañeros decidió dar los primeros pasos para formar una coordinadora obrera en la zona, y llamar a las otras zonas limoneras de la provincia a unificar los reclamos. Esa misma mañana en las ciudades de Aguilares, Concepción y Famaillá trabajadores limoneros se volcaron a las rutas a realizar cortes. El planteamiento de los compañeros del citrus es que se incluya a todos los compañeros en el Programa Nacional Intercosecha o, caso contrario, en el programa provincial que existe para los mismos trabajadores, que los planes cubran por lo menos 4 meses y sean equivalente a un plan social de $8.000. Actualmente los planes intercosecha son de $2.300 pesos, más un plus que aporta el Renatre de $1.400 y por solo un mes. El gobierno respondió parcialmente estos reclamos. Esto determinó la decisión de que el viernes 13 se cortarían todas las rutas de la provincia, medida que posteriormente fue levantada, cuando el gobierno dio a conocer que iba destinar 28 millones de pesos para aportar 8.000 planes para diciembre y enero a los trabajadores temporarios del azúcar, la alimentación y rurales. La experiencia que se está desenvolviendo, da cuenta de la enorme miseria y calentura que hay entre los trabajadores.

"El país donde gobiernan las mujeres", así fueron titulando los diarios internacionales la asunción de Sanna Marin como primera ministra en Finlandia, y la coalición de gobierno liderada por mujeres. Sin embargo, se encargan de ocultar una importante crisis política que atravesó el país, y una Huelga General llevó a la renuncia del ahora ex-primer ministro Antti Rinne. A mediados de noviembre, los trabajadores postales en Finlandia protestaron en las calles contra la empresa Posti, que pretendía trasladar a 700 trabajadores a un "nuevo convenio colectivo", denunciado por el conjunto de los trabajadores y sindicatos por reducir en un 30% los salarios. Finlandia tiene convenios colectivos que cubren más del 90 por ciento de la fuerza laboral, con obligaciones de salario mínimo y otros complementos salariales que requieran (Valikko, 29/11). Como Posti no quiso dar el brazo a torcer, se produjo una verdadera ola de 'huelgas postales' y manifestaciones frente al Parlamento de Helsinki. Estas huelgas pegaron un salto cualitativo cuando los sindicatos marítimos comenzaron a negarse a cargar las cartas de los transbordadores de pasajeros; los trabajadores de la aviación se negaron a manejar el correo en los aeropuertos, cancelando 300 vuelos; y los conductores de camiones también se negaron a cambiar turnos hasta que se resolviera la lucha de los trabajadores postales (Heaven32, 24/11). El tráfico terrestre, marítimo y aéreo fue interrumpido en todo el país. Crisis política Al no poder desanudar el conflicto, el Partido de Centro -principal aliado de coalición del gobierno- le retiró su apoyó al primer ministro y toda la oposición le exigió la dimisión. Rinne dimitió dos horas antes de afrontar esa moción. En las elecciones parlamentarias de abril pasado, el Partido Social Demócrata (SDP) -el cual Rinne tenía la Presidencia y Sanna Marin la Vice- había logrado una agónica victoria sobre el partido de ultraderecha Verdaderos Finlandeses, al que se impuso por apenas 7.000 votos (La Silla Rota 09/12). La renuncia de Rinne tuvo el propósito de encauzar la crisis política para que no se transforme en una Francia envuelta en huelgas generales. Ahora, Marin, "la primera ministra más joven del mundo", vicepresidenta del Partido Social Demócrata que lidera Rinne, tendrá que surfear las aguas turbulentas de la lucha de clases que se ha puesto en movimiento.

Los primeros anuncios del flamante gobierno procuran sentar las bases para la negociación del default con el FMI y los acreedores nacionales e internacionales. Suspende las paritarias y decreta un aumento de ‘suma fija’ de los salarios, que está lejos de compensar la descomunal inflación del macrismo. Lo mismo para los jubilados que cobran la mínima Es un aumento salarial “no remunerativo”, o sea que excluye los aportes patronales al sistema previsional. Pretende ‘desindexar’ los precios con salarios por debajo de la inflación, y no vacila en desfinanciar el desfinanciado régimen jubilatorio. Los impuestos a las exportaciones o a ‘bienes personales´, que los capitalistas evaden de distintos modos, no representan otra cosa que una transferencia de ingresos de un capital a otro, como si el capital financiero no estuviera presente en todos ellos. Recaudar retenciones a los exportadores para recaudar para el pago de la deuda externa. Moratoria impositiva a las Pymes, para que paguen sus deudas con los bancos y grandes industrias. La “oferta” a los trabajadores se completa con la doble indemnización por despido, cuando la ley vetada por Macri los prohibía. La rebaja de medicamentos y productos esenciales está lejos de compensar a la carestía de las últimas semanas y meses. Pretende llevar este paquete “equilibrio fiscal” a la mesa de los acreedores internacionales y del FMI, para que acepten prorrogar el pago de vencimientos de la deuda. Finge ignorar que los acreedores y el FMI solamente firmarán un acuerdo cuyo cumplimiento ellos mismos controlen y ellos mismos reajusten, a sabiendas que el pago de esa deuda es imposible sin un ataque violento contra los trabajadores. Estamos ante un paquete que deja en pie el ajuste de Macri y que no representa una salida para el default o cesación de pagos. Además del control político del pago de la deuda se juega otra exigencia: no enfrentar los intereses continentales de Trump, Bolivia, Chile y de toda América Latina. Es así que Argentina sigue en el grupo pro-yanqui de Lima, acata las exigencias del estado sionista y recibe a Evo Morales para conseguir un compromiso con las ‘elecciones’ del gobierno de facto de Bolivia. La doctrina de “la conciliación del capital y el trabajo” tiene pocas chances en una situación de derrumbe capitalista. La burocracia sindical ha elegido ya el campo de la patronal. Que los trabajadores no están dispuestos a entregar sus conquistas y reclamos, está a la vista. Como se vio con los residentes médicos de CABA, los compañeros que ocuparon Minetti, Ansabo y Kimberly; los ferroviarios del Roca, los precarizados de Santa Fe, los trabajadores atacados por el asbesto en el subte o los obreros tucumanos del citrus. La fibra que recorre a estas luchas atraviesa a todo el continente. Llamamos a discutir una caracterización del nuevo gobierno a partir de estas medidas. Llamamos a una discusión política acerca de cómo luchar por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, hoy en $70.000, Por una jubilación mínima del 82% de esa canasta. Ningún despido. Paritarias libres. Abramos un debate, en nuestros lugares de trabajo y organizaciones sindicales, sobre la etapa que ha abierto en Argentina y América Latina, y la política y la estrategia de los trabajadores.

El sábado reciente Alberto Fernández disipó, en parte, el cuadro de impasse que dejó ver la falta de anuncios en su discurso inaugural, luego de cuatro meses de ‘transición’. Lo que puso sobre la mesa es el programa de medidas con el que pretende encarar la negociación con el FMI y los acreedores en el intento de salir, en principio, de la cesación de pagos en que se encuentra Argentina – el principal objetivo de Fernández y de cualquier gobierno capitalista. Las sociedades rurales ya anticiparon que van a hacer una agitación contra el aumento de las retenciones a la exportación, y Macri renovó su propósito de convocar a una concentración contra los proyectos de leyes de emergencia que se enviarán al Congreso para ser tratados en las sesiones extraordinarias. La primera espada del Presidente, Santiago Cafiero, le contó a los diarios que se incrementará el impuesto los llamados bienes personales, incluidos los declarados en el exterior. Se trata de una ruptura del compromiso de Macri con los evasores cuando los incentivó a pusieran las cuentas en orden, en ocasión del blanqueo de hace tres años. Los anuncios no prevén nada contra la evasión fiscal. De otro lado, el decreto de doble indemnización en casos de despidos sin causa ha servido para relegar de la primera plana la decisión de congelar las paritarias y limitar los aumentos de salarios y jubilaciones a porcentajes inferiores a la inflación, descargando sobre los trabajadores la faena de ‘desindexar’ la economía. Se trata, en el caso de los salarios, de aumentos no remunerativos, lo que exime a las patronales de aportar a Anses y somete a un mayor desfinanciamiento al deficitario sistema previsional – que de tal solamente le queda el nombre. Cafiero, también, anticipó a los diarios el propósito de modificar el componente de la inflación en el índice de ajuste de las jubilaciones, otro torniquete para ‘desindexar’ los precios, a costa de los trabajadores. A las Pymes, se les informó de una moratoria de sus deuda impositivas y previsionales, con el remanido argumento de promover la producción, a sabiendas que esas patronales utilizarán la dispensa para pagar sus deudas con los bancos y con la gran industria a la que se encuentran tercerizadas. El eclecticismo de las medidas es patente, porque unas apuntan a cubrir el déficit del Tesoro y otras a agrandarlo. El ‘ajuste’ que el nuevo gobierno se comprometió a no aplicar, sigue en pie como un remanente del que impuso el macrismo a los trabajadores, cuya situación no cambia, sino que incluso empeora. Emergencia Los proyectos de emergencia, que aún se desconocen, apuntarían hacia un freno a las tarifas de servicios, aunque acompañadas, por supuesto, de mayores subsidios. Además, las empresas proveedoras gozarán de “regímenes especiales”. Es el caso de las compañías que operan en Vaca Muerta, para que reciban sin descuentos el precio internacional del petróleo y, por lo tanto, subsidios para el destinado al consumo interno. La ruptura de los contratos sería subsanada por los poderes que autorizará la ‘emergencia’. El trato de excepción para los accionistas de YPF, Tecpetrol, Panamerican, Chevron, etc, es justificado por la necesidad de obtener dólares de exportación. Es un pretexto por lo menos curioso, ya que seguirán gozando del privilegio de no repatriar los ingresos que obtengan en el mercado internacional. Otro campo de aplicación de la emergencia es altamente explosivo: volver a ‘reperfilar’ la deuda contraída bajo legislación local, que está en manos también de fondos internacionales. La semana pasada, la administración ´nacional y popular´ se abstuvo de incumplir estos contratos y pagó el ciento por ciento de los vencimientos. El ‘tránsito ordenado’ se ha convertido, como se puede ver, en una sacudida del avispero. Los gobernantes que supimos conseguir, conscientes de los desajustes de su plan, tienen previsto cerrar la brecha con un ‘pacto social’ y la ‘solidaridad de los que más tienen con los que tienen menos’, un eufemismo hipócrita cuando se tiene presente la magnitud del abismo entre unos y otros. La burocracia ha anticipado que someterá a los sindicatos al Estado, por enésima vez, es decir al rescate del sistema capitalista en perjuicio del pueblo. La prórroga del presupuesto de Macri, decidida por Fernández, significará un empeoramiento de los servicios de salud y educación, ya que el nuevo plan sólo alude al congelamiento de una canasta reducida de medicamentos y muy parcial de las cuotas escolares y los gastos de las familias en educación. Acreedores y clase obrera Los grandes interrogantes son ahora dos: ¿alcanzará este diseño de pretendido ‘reequiibrio fiscal’ para ofrecer las bases de un acuerdo con los acreedores internacionales y el FMI? Algo que se olvida con frecuencia es que quienes tienen inversiones en deuda de Argentina son también accionistas de pools de siembra afectados por las retenciones, o de monopolios de electricidad que cotizan en las bolsas y al mismo tiempo, probablemente, dueños de numerosos inmuebles que forman parte del rubro de ‘bienes personales’. No es solamente el repetido ‘equilibrio fiscal’ lo que está en juego, como quizás supongan los académicos del nuevo gabinete, incluso si se doctoraron en Columbia University. El otro interrogante, menos enigmático, es la forma y los ritmos con los que la clase obrera y otros numerosos estratos de trabajadores asimilarán el ajuste de nuevo tipo, nacional y popular, para quien la retención a un exportador ‘equilibra’ otra reforma previsional en perjuicio de los jubilados, sean de la escala mínima o no. Eso no se arregla con una ‘canasta navideña’. Aún antes de los anuncios recientes se han desarrollado luchas por paritarias y otras de envergadura como la de los residentes médicos. Es necesario un debate en la vanguardia de la clase obrera acerca de cómo abordar la lucha por las conquistas amenazadas y contra el intento de regimentación de los sindicatos, en las nuevas circunstancias políticas. Se impone una campaña de debates, seguida de la votación de conclusiones, en todos los ámbitos de los trabajadores. Escenario continental El plan F-F, que se presentan unidos en este paquete de medidas, al margen de diferencias políticas y judiciales, tiene un componente ‘geopolítico’. F-F apelan a la benevolencia del ‘establishment’ norteamericano para mejorar sus chances de negociación financiera, manteniendo a Argentina en el ‘grupo de Lima’, donde la metió Macri, que es un ariete del golpe en Venezuela y, en consecuencia, un aliado del gobierno de facto de Bolivia. El grupo Lima, en suma, es un defensor del ‘violador en tu camino’, como ha denominado a Piñera y a los ‘pacos’ un colectivo femenino de Chile. F-F mantiene en la lista de “organizaciones terroristas” a Hezbollah, violando una resolución en contrario de las Naciones Unidas. Hezbollah integra el gobierno del Líbano, reconocido por Argentina, y es un protagonista activo en las negociaciones que acompañan la guerra desatada por EEUU y la UE en Medio Oriente. Por otra parte, no se ha escuchado nada acerca de la posibilidad de que sea derogada la ley antiterrorista aprobada por el gobierno de CFK. Por último, y probablemente lo más importante, AF ha otorgado la residencia en Argentina a Evo Morales para operar una ‘salida consensuada’ con el gobierno de facto en Bolivia. La cesación de pagos, por un lado, y la crisis internacional que las rebeliones populares han desatado en América Latina, por el otro, convierten a Argentina en un epicentro político, lo mismo que el gobierno que se acaba de inaugurar. La tarea más importante es, ahora, clarificar esta situación histórica, para preparar a los trabajadores más avanzados en las grandes luchas que se avecinan.

Luego de someterse a una revisión médica en Cuba, Evo Morales se ha instalado en Buenos Aires, no en calidad de asilado sino de refugiado. De acuerdo a los que dicen que saben sobre el tema, este último status le da más margen de acción política. Ya cuando se encontraba en México, Evo había señalado su intención de dirigir la campaña del MAS, su partido, en las elecciones que deberían tener lugar en Bolivia en un plazo aún no definido; lo acompaña su ex vice, García Linera, el intelectual que diseñó el programa del “socialismo andino”, que más tarde ajustó a “capitalismo andino”. Alberto Fernández acogió con simpatía al líder de los cocaleros indigenistas, de modo que la residencia de Evo en Argentina es una consecuencia del cambio de gobierno que tuvo lugar el pasado 10 de diciembre. La flamante coalición de pejotistas y kirchneristas no ha reconocido al gobierno impostor de Bolivia, como sí lo han hecho, sin embargo, el mismo Evo y el MAS. Con la presencia de Evo “entre nosotros”, la política boliviana se ha insertado en la de Argentina. ¿Qué cabe esperar de todo esto? Los más entusiastas dirán que tenemos a la vista una alianza nacional y popular para acabar con el episodio golpista en el Altiplano y dar un paso al frente en la perspectiva de la patria grande. Desde este ángulo, las crisis políticas en el continente y la política internacional han sido asumidas por el nuevo gobierno como un aspecto relevante de su estrategia política. Como Trump y Bolsonaro no la ven de la misma manera, F y F parecen haber decidido una política de confrontación con el ‘imperio’, que iría de la mano con su discurso adverso al ‘endeudamiento’ y ‘al ajuste’ del FMI. Sin desconocer en absoluto este aspecto de la crisis de conjunto, tanto latinoamericana como mundial, podría ser todo lo contrario, a saber, ahogar un proceso revolucionario que se manifiesta por sobre todo en Chile, pero se extiende por supuesto a Ecuador y Colombia, y a Haití y Puerto Rico. La expectativa de hacer un uso favorable de las elecciones que se prometen para Bolivia nos devuelve a una política conocida: “esperemos a 2019”, que el kirchnerismo esgrimió desde un comienzo y desde 2018 más decididamente, a la consigna que levanta Lula para 2023 en el caso de Brasil. La “campaña electoral” que desea dirigir Evo es la cobertura que pretende disfrazar la capitulación política de él y de su partido ante el golpe militar fascista en Bolivia, y una tentativa de salir del impasse creado por esta capitulación por medio de un acuerdo político nacional en el marco de esas elecciones truchas. En Bolivia aún no se ha podido nominar al nuevo Tribunal Electoral, lo que da largas a las elecciones que se habían previsto para marzo próximo, porque el gobierno golpista está empeñado en imponer sus candidatos, incluso cuando el MAS tiene la mayoría necesaria en la Asamblea Nacional para hacerlo por su cuenta. “Dirigir la campaña electoral” significa, en estas condiciones, el aval de Evo a un compromiso con los fascistas acerca de ese tribunal y el proceso electoral en general. Evo y sus seguidores tienen una claridad meridiana de que ‘el modelo del capitalismo andino’ se ha agotado como consecuencia de la acentuación de la crisis mundial. La asociación con el capital extranjero, con una participación excepcional para el Estado en la renta minera, ha caducado. Esto que se ha puesto de manifiesto con relación a los proyectos de explotación del litio, vale para los contratos petroleros y gasíferos. Bolsonaro ya ha advertido que renegociará a la baja los contratos de provisión de gas a Brasil que vencen el año que viene. Las nuevas condiciones colocan al indigenismo como segundo violín en la política boliviana. Lo más importante es, sin embargo, la posición de la camarilla militar, que advierte de las limitaciones políticas del MAS y Morales, para contener el estado insurreccional que la crisis de régimen político ha instalado en amplios sectores de las masas bolivianas. La “campaña electoral” del MAS que Evo quiere dirigir, debe ajustarse a las condiciones de la misma cúpula militar a la que atendió cuando le pidió su renuncia. El impasse político de Bolivia se ha trasladado desde el comienzo al mismo MAS, que hoy asiste a enfrentamientos internos acentuados acerca del rumbo a seguir. En resumen, la variante más probable es que el propósito de Morales sea cohesionar al MAS en un acuerdo con el régimen golpista -que más allá del facho Camacho aglutina a un arco de fuerzas políticas que incluye a la burocracia de la COB. Asistimos, con relación a Bolivia, a una rosca internacional. Trump y Bolsonaro saben que es inviable la instalación de una dictadura militar, no digamos un régimen fascista. Necesitan la colaboración política de sus adversarios, claro que en sus propias condiciones. Es esto lo que se negocia con la participación activa de Alberto Fernández. Como ocurre con el castillo de naipes, cada uno sabe del cuidado que debe poner para que una carta no haga caer el edificio. Mirado desde el conjunto, o sea, no en forma unilateral, asistimos a las crisis intermedias que han jalonado todos los procesos revolucionarios. Las rebeliones populares asumen un carácter no episódico sino revolucionario cuando se conjugan con crisis de régimen político y crisis revolucionarias. No hace falta tener un oráculo – el escenario habla por sí mismo.

En las últimas dos semanas, desde la India hasta París, desde Quilmes hasta Beirut, miles de mujeres siguieron la coreografía y gritaron en su propia lengua “Un violador en tu camino”. “El patriarcado es un juez/que nos juzga por nacer. /Y nuestro castigo/es la violencia que ya ves. / Es femicidio. / Impunidad para mi asesino. / Es la desaparición. / Es la violación / Y la culpa no era mía, / ni dónde estaba, / ni cómo vestía. / El violador eres tú.” "Son los pacos (carabineros). / Los jueces. / El Estado. / El presidente. / El Estado opresor / es un macho violador”. “El violador eras tú/El violador eres tú". Las autoras del así llamado “potente himno feminista” son del grupo Las Tesis, de Valparaíso, integrado por cuatro mujeres de 31 años, que se inspiran en textos de teóricas feministas y los llevan a la práctica a través de actuaciones. La puesta en escena que, dijeron, está basada en las ideas de la antropóloga argentina Rita Segato, abrió las compuertas de la enorme indignación de las mujeres contra los crímenes de la violencia sexista y “la complicidad” del Estado capitalista. Eso explica, probablemente, que “El violador eres tú” haya dado la vuelta al mundo. En Chile, donde se acumulan denuncias de violaciones y abusos sexuales por parte de los carabineros, muchos vieron en la performance una denuncia de la represión. Las autoras fueron ambiguas: “Nosotras no lo pensamos como un canto de protesta, sino que era parte de nuestra obra performática”, dice Paula Cometa, quien integra el grupo. (BBC News Mundo 6-12). Una “obra performática” puede ser, sin embargo, un misil político. LASTESIS apuntaban contra la violación. Hay "algo en las políticas públicas contra la violación que no está funcionando" y que permite que muchos casos “queden impunes”, opina Cometa, y agrega: “No somos partidarias como colectivo de ningún color político” (Milenio Digital). La denuncia es potente. Lo que llama la atención es que se ponga el foco en el “macho violador”, en la singularidad de la acusación - “tú”, mientras son las fuerzas represivas las que desnudan, manosean y violan a las detenidas (y a los hombres supuestamente homosexuales también) con el aval del presidente Piñera y sus comandantes. Hay 13 mujeres desaparecidas. ¿Quiénes serían los encargados de modificar “las políticas públicas” que “no están funcionando”? Estado y violación El Estado no se resume en la figura del macho violador, sino más bien es al revés – el macho violador es una agencia del Estado y de los regímenes políticos en la vida social cotidiana. El Estado es una organización despótica, destinada a asegurar la explotación social de una mayoría que no tiene otra propiedad que su fuerza de trabajo, sean machos o hembras. Es sobre la base del Estado que, desde el surgimiento de la propiedad privada, se desarrolla la violación de mujeres y niños, la opresión familiar por parte de los adultos y los hombres, o el oscurantismo religioso bajo la tutela de las iglesias – las primeras en el ranking de la opresión de la mujer y las violaciones. En Chile, el régimen político apela a la violación de las mujeres como el derecho de pernada de un Estado policial, así como apela a dejar ciegos a todos los que se rebelan - 352 manifestantes hasta ahora. O a la tortura, el asesinato y la desaparición. Disparar a los ojos no surge de una iniciativa personal, es un entrenamiento que desarrolló el sionismo contra los rebeldes palestinos. Es el mismo régimen político el que viola y tortura mientras -con la otra mano- intenta asfixiar la revolución chilena a través de un gran acuerdo nacional. La respuesta a las violaciones perpetradas por los ‘pacos’ han sido respondidas por los chilenos con la quema de comisarías. Ha sido hasta ahora la réplica más radical al ultraje contra la mujer. La performance, que reunió medio centenar de jóvenes feministas “de ningún color político” en Valparaíso, fue replicada por unas diez mil mujeres mayores -LASTESIS Senior- que llevaron la actuación a las puertas del Estadio Nacional, el mayor campo de concentración de la dictadura pinochetista. En muchas otras partes, mostrando a las mujeres con cuerpos y ojos sangrantes. El cuerpo de las mujeres es siempre botín en las guerras. Es utilizado para dejar mensajes en las guerras entre clanes narcos y entre las maras en Centroamérica. Sobre el cuerpo y el alma de las mujeres se desata la furia del Estado imperialista, del Estado represor, de las fuerzas para/militares y de las milicias fascistas. La antropóloga Sonia Montecinos opina que "el mensaje de Las Tesis apela al nudo más complejo y perdurable de las desigualdades, que es la de género. Y con ello abre un interrogante y una fisura a los discursos y prácticas del poder masculino en general y en particular a la cruda realidad chilena. (…) como expresión de un malestar y una denuncia femenina que atraviesa las culturas y las clases”. No ha sido “un mensaje”, sin embargo, lo que ha desatado la rebelión popular en Chile sino la persistencia del pinochetismo, disimulado como democracia por la Concertación y el partido comunista. Lo que importa de aquí en más es que ese “mensaje complejo y perdurable” opere como palanca para derrocar a Piñera y establecer una Constituyente Soberana, y que no se convierta en un desvío para el proceso revolucionario chileno por los laberintos de un discurso que ya no sería de género sino genérico. El diario La Nación (8/12) lo advirtió antes que nadie: “La convocatoria tuvo alta repercusión y también dio cuenta de otra situación: que por estos días se ha hablado más de Las Tesis que de los cambios a la Constitución de Pinochet.” Esos “cambios” son un fraude político, combinado entre el gobierno y la oposición, cuya denuncia debe servir para reforzar la movilización revolucionaria. El 14 de diciembre, en la plaza Italia, renombrada Plaza de la Dignidad, se comprobó que las expectativas de La Nación son infundadas, pues se produjo, por noveno viernes consecutivo, “una de las manifestaciones más masivas desde la histórica convocatoria de un millón 200 mil personas hace un mes y medio” (elmostrador.cl).

La doble indemnización por despido sin causa, decretada por Alberto Fernández para los próximos 180 días, ha sido presentada a la población como una medida que busca la protección del empleo. No tiene el alcance de la ley que fuera vetada por Mauricio Macri hace tres años, y que prohibía los despidos por ese lapso. Pero además, entre 2016 y el 2019, el grueso de las cesantías ya se ha producido, por lo que el empleo privado está hoy en su punto más bajo. El decreto excluye, además, a los trabajadores que sean contratados de aquí en más, como si se hubiera inaugurado una tendencia de empleo creciente. El decreto no pone fin, ni suspende, la ley que establece el Procedimiento Preventivo de Crisis, que autoriza a reducir las indemnizaciones al 50% (y por 6 meses, al 25%). Además, la inmensa mayoría de las fábricas que despidió en los últimos años no pagó las indemnizaciones al 100%, o lo hizo en cuotas, sin que la Justicia laboral, ni el Ministerio de Trabajo hicieran nada. En muchos casos, las patronales directamente cerraron las empresas sin pagar un peso de indemnizaciones. El régimen legal y la justicia laboral aseguran que, en la práctica, los despidos no cuesten un peso a las patronales. Suspensión de las paritarias Mientras un gran número de gremios estaba discutiendo la revisión de sus paritarias -que cerraron, en promedio, aumentos de un 30% contra una inflación anual que rondará el 55%- el Gobierno anunció que decretará un aumento salarial único, y ordenó al Ministerio de Trabajo a suspender las negociaciones en curso. Si bien no están claros los detalles, las versiones hablan de un aumento no remunerativo de entre $6.000 y $10.000, en cuotas. Esta medida demuestra con claridad que la ‘desindexación’ de la economía empieza por el salario. Las sumas no remunerativas o los bonos eximen a las patronales del aporte previsional, de manera que se acentúa el desfinanciamiento de Anses y adelanta el propósito de producir una nueva reforma en perjuicio de los jubilados y los trabajadores (ver página 2). La eximición del aporte jubilatorio patronal es una reducción del salario que el trabajador cobra al cese de su ciclo laboral. La CGT ya anunció que no se opone a la suspensión de las paritarias ni a los aumentos no remunerativos, o sea que se pasa en bloque al campo patronal. No le reclamará nada a Alberto Fernández, y tampoco le pondrá plazos, es decir que está en el barco de la suspensión de las paritarias. Numerosos sindicatos y cuerpos de delegados rechazarán, sin embargo, esta entregada y abrirán un período de luchas de características especiales. El programa de la izquierda Es el momento, más que nunca, de ratificar la lucha por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, que es de alrededor de $70.000, que no debe ser confundido con el de pobreza, que el Indec ha calculado en $38.000 a octubre pasado. La jubilación mínima debería ser el 82% de ese salario. Una clase obrera que se empeña realmente en su progreso social y en resistir la tendencia a la pauperización que quiere imponer el capital, no puede admitir salarios de indigencia. Esto vale con todo para la juventud. El régimen salarial que diseña el gobierno no solamente apunta a mejorar la tasa de explotación del capital y su margen de beneficios sino a pagar la deuda usuraria al capital financiero. Planteamos un debate el movimiento obrero acerca de este puntapié inaugural del gobierno de ‘coalición’ de “peronistas” y “kirchneristas”.

ABAJO LA INTERVENCIÓN AL PARTIDO OBRERO DE TUCUMÁN El aparato partidario y el Estado. Por Daniel Zamtlejfer Este jueves 12, tuvo lugar una audiencia ´de partes´ en los estrados de la jueza Servini de Cubría, referida a la intervención al Partido del Obrero de Tucumán, decidida por el aparato oficial del PO. A fines de junio, 370 compañeros habían suscripto un pedido de reconocimiento como Tendencia, sobre la base de un programa, como lo establece el estatuto del Partido Obrero. Enseguida, un grupo indeterminado de dirigentes del aparato del Partido Obrero los declaró por “afuera de la organización”, en tanto otros miembros del CC del partido hacían público su repudio al atropello, como ocurrió con Alejandro Crespo y varios dirigentes del Sutna. Dos días más tarde, la camarilla dirigente del PO intervino la personería del Partido en Tucumán, y se presentó a la justicia con sus interventores y apoderados. La intervención fue justificada por “irregularidades en una presentación contable” y por la “parálisis partidaria denotada en la campaña electoral provincial”. Dos patrañas, en especial ‘la contable’, cuyas presentaciones maneja precisamente el grupo sancionador. La verdadera razón de la intervención era que el 90% de sus militantes habían adherido a los documentos ´alternativos´ presentados por quienes luego encabezaron la Tendencia. La intervención vino acompañada de un asalto al local partidario y la sustracción de objetos de valor. Una movilización de militantes, en repudio a los “interventores”, permitió recuperar el local. Después, los dirigentes locales del PO se presentaron a la justicia para rechazar la intervención. Inmoralidad política La audiencia formó parte del proceso judicial en torno a esta intervención. El primer “acto” de los representantes legales del PO y de Gabriel Solano fue rechazar el pedido de Marcelo Ramal, también presente en la audiencia, a hacer uso de la palabra, con el argumento de que no era “parte actora” ni se encontraba “afiliado”. La provocación, como se ve, carece del sentido del ridículo. La propia Servini de Cubría debió rechazar esta pretensión, y Ramal abrió la audiencia señalando que el aparato partidario se había salteado cualquier deliberación o instancia política con el comité de Tucumán para recurrir, sin intermediaciones, a la justicia del Estado. En segundo lugar, que el único motivo real de la intervención era una represalia política, que ya había conducido a la expulsión de más de un millar de militantes. Luego, nos tocó desnudar la impostura jurídica de los pretendidos “motivos” de la intervención. Los organizadores de la reciente derrota electoral del FIT-U, acusaron al PO de Tucumán de una “débil campaña electoral”, mientras los interventores sustraían los recursos del partido de la provincia y silenciaban su campaña en la prensa del partido. La asfixia y el boicot al PO de Tucumán, dijimos, afectó también al principal candidato del PO y el FIT-U en Tucumán, Ariel Osatinsky, el cual no forma parte de la Tendencia, pero había repudiado las expulsiones, los asaltos a locales y otras manifestaciones de violencia política. En respuesta a nuestras afirmaciones, los representantes oficiales desplegaron un verdadero torneo de imposturas. Martín Correa, el “interventor designado”, le explicó a Servini de Cubría que la vida partidaria “había emergido de una larga parálisis después de la intervención”, algo que no discutió en ningún momento con los militantes del partido. Correa representa a un reducido puñado de afiliados que se vieron obligados a ´adherir´ a la intervención bajo la amenaza de perder reivindicaciones obtenidas por el Polo Obrero. Correa no tuvo empacho en presentarse como ´expresión mayoritaria´ del PO de Tucumán, lo que fue refrendado por Solano, quien aseguró que el PO oficial “había cuadruplicado su capacidad de movilización después de la intervención”. Pero si son mayoría, ¿por qué intervienen el distrito? Solano agregó que “se habían hecho todos los gastos necesarios para la campaña, como, por ejemplo, la impresión de boletas”. Lo que ocultó es que esas boletas no le fueron entregadas a los militantes intervenidos, al punto que debimos recurrir a otros partidos del FIT-U para proveernos de ellas. Teniendo en cuenta que la militancia del PO tucumano es la fuerza abrumadoramente mayoritaria de la izquierda provincial, es claro que al aparato le importó un bledo la campaña electoral, sino por sobre todo la supervivencia del aparato. Los dirigentes del resto de los partidos del FIT-U en ningún momento hicieron la denuncia de este sabotaje contra la vanguardia obrera en la provincia y, por qué no, en el país. Congreso trucho Nuestros abogados demostraron, también, que los actos legales que pretendieron amparar esta intervención, como la reforma de la carta orgánica partidaria por parte de un supuesto ´comité nacional´ electo por un ´congreso partidario”, eran actos nulos, inexistentes y desconocidos, no ya por la opinión pública, sino, en primer lugar, para el conjunto de la militancia del PO. Ninguno de esos ´congresales´ fue verdaderamente electo en sus distritos, se trata de armados discrecionales. Solano presentó a nuestra denuncia como “temeraria”, porque “cuestiona actos que el PO llevó adelante y aprobó en todo este período, como por ejemplo la participación en el FIT-U o la propia campaña electoral”. Olvida que estos “actos” que citó fueron parte de debates y resoluciones llevadas adelante con conocimiento de la militancia partidaria. ¡Pero nadie votó en el partido la intervención a Tucumán! Ni siquiera el Comité Nacional realmente electo en el 26 Congreso. La lista de “congresales” y “directivos” que reformaron la carta orgánica y habilitaron a la intervención del PO conforma una camarilla de carácter familiar, lo que autoriza a definirla como una conspiración política. La abogada Alaniz calificó a esta denuncia nuestra como un acto de “misoginia”, en una evidente confusión –debió decir “nepotismo”. Más allá de todo esto, denunciamos la perpetración de un acto discrecional y secreto para el conjunto del partido –esa es la cuestión! Justicia Gabriel Solano, en su última intervención ante la doctora Servini, corrió detrás de lo imposible, a saber, que la intervención a Tucumán “no tenía un carácter judicial”. La jueza lo miró incrédula… Le hablaba sin duda a ella, pero, por elevación, a las más diversas vertientes nacionales e internacionales, que han repudiado la usurpación del partido y el recurso de los usurpadores al Estado. La intervención a Tucumán es una consecuencia de la expulsión de la Tendencia, que reúne a 1.200 militantes del partido; no es un acto de partido sino de aparato, que reclama el apoyo del aparato judicial. Las declaraciones de Correa y Solano acerca del “desarrollo normal” del PO de Tucumán son la muestra de una completa falta de escrúpulos. En el lugar de los hechos, desatarían la indignación de la militancia del PO. Los derechos electorales del PO de Tucumán fueron conquistados por sus militantes, no por Solano o Correa. En nuestra declaración ante la jueza, finalmente, reafirmamos nuestra pertenencia al Partido Obrero, del cual no seremos apartados por ninguna decisión administrativa o judicial promovida por una camarilla; que luchamos por el reconocimiento de la Tendencia como corriente interna del PO, con todos los derechos a manifestarnos a través de los canales y recursos del Partido; que reclamamos la integración plena de todos los militantes expulsados y, como parte de ello, el cese inmediato de la intervención a Tucumán. Al cerrar su intervención, Ramal señaló que el aparato del PO se estaba convirtiendo en un cascarón vacío, que busca protegerse por medio de un fraude judicial. La militancia realmente empeñada en la construcción de un partido continuaba afluyendo a las filas de nuestra Tendencia.

Este jueves 12, tuvo lugar una audiencia ´de partes´ en los estrados de la jueza Servini de Cubría, referida a la intervención al Partido del Obrero de Tucumán, decidida por el aparato oficial del PO. A fines de junio, 370 compañeros habían suscripto un pedido de reconocimiento como Tendencia, sobre la base de un programa, como lo establece el estatuto del Partido Obrero. Enseguida, un grupo indeterminado de dirigentes del aparato del Partido Obrero los declaró por “afuera de la organización”, en tanto otros miembros del CC del partido hacían público su repudio al atropello, como ocurrió con Alejandro Crespo y varios dirigentes del SUTNA. Dos días más tarde, la camarilla dirigente del PO intervino la personería del Partido en Tucumán, y se presentó a la justicia con sus interventores y apoderados. La intervención fue justificada por “irregularidades en una presentación contable” y por la “parálisis partidaria denotada en la campaña electoral provincial”. Dos patrañas, en especial ‘la contable’, cuyas presentaciones maneja precisamente el grupo sancionador. La verdadera razón de la intervención era que el 90% de sus militantes habían adherido a los documentos ´alternativos´ presentados por quienes luego encabezaron la Tendencia. La intervención vino acompañada de un asalto al local partidario y la sustracción de objetos de valor. Una movilización de militantes, en repudio a los “interventores”, permitió recuperar el local. Después, los dirigentes locales del PO se presentaron a la justicia para rechazar la intervención. Inmoralidad política La audiencia formó parte del proceso judicial en torno a esta intervención. El primer “acto” de los representantes legales del PO y de Gabriel Solano fue rechazar el pedido de Marcelo Ramal, también presente en la audiencia, a hacer uso de la palabra, con el argumento de que no era “parte actora” ni se encontraba “afiliado”. La provocación, como se ve, carece del sentido del ridículo. La propia Servini de Cubría debió rechazar esta pretensión, y Ramal abrió la audiencia señalando que el aparato partidario se había salteado cualquier deliberación o instancia política con el comité de Tucumán para recurrir, sin intermediaciones, a la justicia del Estado. En segundo lugar, que el único motivo real de la intervención era una represalia política, que ya había conducido a la expulsión de más de un millar de militantes. Luego, nos tocó desnudar la impostura jurídica de los pretendidos “motivos” de la intervención. Los organizadores de la reciente derrota electoral del FIT-U, acusaron al PO de Tucumán de una “débil campaña electoral”, mientras los interventores sustraían los recursos del partido de la provincia y silenciaban su campaña en la prensa del partido. La asfixia y el boicot al PO de Tucumán, dijimos, afectó también al principal candidato del PO y el FIT-U en Tucumán, Ariel Osatinsky, el cual no forma parte de la Tendencia, pero había repudiado las expulsiones, los asaltos a locales y otras manifestaciones de violencia política. En respuesta a nuestras afirmaciones, los representantes oficiales desplegaron un verdadero torneo de imposturas. Martín Correa, el “interventor designado”, le explicó a Servini de Cubría que la vida partidaria “había emergido de una larga parálisis después de la intervención”, algo que no discutió en ningún momento con los militantes del partido. Correa representa a un reducido puñado de afiliados que se vieron obligados a ´adherir´ a la intervención bajo la amenaza de perder reivindicaciones obtenidas por el Polo Obrero. Correa no tuvo empacho en presentarse como ´expresión mayoritaria´ del PO de Tucumán, lo que fue refrendado por Solano, quien aseguró que el PO oficial “había cuadruplicado su capacidad de movilización después de la intervención”. Pero si son mayoría, ¿por qué intervienen el distrito? Solano agregó que “se habían hecho todos los gastos necesarios para la campaña, como, por ejemplo, la impresión de boletas”. Lo que ocultó es que esas boletas no le fueron entregadas a los militantes intervenidos, al punto que debimos recurrir a otros partidos del FIT-U para proveernos de ellas. Teniendo en cuenta que la militancia del PO tucumano es la fuerza abrumadoramente mayoritaria de la izquierda provincial, es claro que al aparato le importó un bledo la campaña electoral, sino por sobre todo la supervivencia del aparato. Los dirigentes del resto de los partidos del FIT-U en ningún momento hicieron la denuncia de este sabotaje contra la vanguardia obrera en la provincia y, por qué no, en el país. Congreso trucho Nuestros abogados demostraron, también, que los actos legales que pretendieron amparar esta intervención, como la reforma de la carta orgánica partidaria por parte de un supuesto ´comité nacional´ electo por un ´congreso partidario”, eran actos nulos, inexistentes y desconocidos, no ya por la opinión pública, sino, en primer lugar, para el conjunto de la militancia del PO. Ninguno de esos ´congresales´ fue verdaderamente electo en sus distritos, se trata de armados discrecionales. Solano presentó a nuestra denuncia como “temeraria”, porque “cuestiona actos que el PO llevó adelante y aprobó en todo este período, como por ejemplo la participación en el FIT-U o la propia campaña electoral”. Olvida que estos “actos” que citó fueron parte de debates y resoluciones llevadas adelante con conocimiento de la militancia partidaria. ¡Pero nadie votó en el partido la intervención a Tucumán! Ni siquiera el Comité Nacional realmente electo en el 26 Congreso. La lista de “congresales” y “directivos” que reformaron la carta orgánica y habilitaron a la intervención del PO conforma una camarilla de carácter familiar, lo que autoriza a definirla como una conspiración política. La abogada Alaniz calificó a esta denuncia nuestra como un acto de “misoginia”, en una evidente confusión –debió decir “nepotismo”. Más allá de todo esto, denunciamos la perpetración de un acto discrecional y secreto para el conjunto del partido –esa es la cuestión! Justicia Gabriel Solano, en su última intervención ante la doctora Servini, corrió detrás de lo imposible, a saber, que la intervención a Tucumán “no tenía un carácter judicial”. La jueza lo miró incrédula… Le hablaba sin duda a ella, pero, por elevación, a las más diversas vertientes nacionales e internacionales, que han repudiado la usurpación del partido y el recurso de los usurpadores al Estado. La intervención a Tucumán es una consecuencia de la expulsión de la Tendencia, que reúne a 1.200 militantes del partido; no es un acto de partido sino de aparato, que reclama el apoyo del aparato judicial. Las declaraciones de Correa y Solano acerca del “desarrollo normal” del PO de Tucumán son la muestra de una completa falta de escrúpulos. En el lugar de los hechos, desatarían la indignación de la militancia del PO. Los derechos electorales del PO de Tucumán fueron conquistados por sus militantes, no por Solano o Correa. En nuestra declaración ante la jueza, finalmente, reafirmamos nuestra pertenencia al Partido Obrero, del cual no seremos apartados por ninguna decisión administrativa o judicial promovida por una camarilla; que luchamos por el reconocimiento de la Tendencia como corriente interna del PO, con todos los derechos a manifestarnos a través de los canales y recursos del Partido; que reclamamos la integración plena de todos los militantes expulsados y, como parte de ello, el cese inmediato de la intervención a Tucumán. Al cerrar su intervención, Ramal señaló que el aparato del PO se estaba convirtiendo en un cascarón vacío, que busca protegerse por medio de un fraude judicial. La militancia realmente empeñada en la construcción de un partido continuaba afluyendo a las filas de nuestra Tendencia.

La lucha de los residentes y concurrentes ha reinstalado una deliberación general en los hospitales públicos. Para considerar esta situación, y el lugar del movimiento de la salud en la transición política, llevamos adelante un plenario con compañeros de hospitales de CABA y GBA. Estas fueron sus principales conclusiones. Síntoma político La lucha de los residentes y concurrentes en la ciudad de Buenos Aires es un poderoso síntoma político. Los residentes se abrieron paso con el método de la acción directa y la huelga general, que paralizó los hospitales durante una semana entera. En la jornada que precipitó el desenlace victorioso de la lucha, 4.000 jóvenes rodearon la jefatura de gobierno, y forzaron al gobierno a derogar la ley reaccionaria en el mismo lugar donde había sido aprobada días atrás –la legislatura porteña. La rebelión de los residentes tuvo la impronta de la juventud chilena y, de un modo general, de las rebeliones que surcan al continente. El gobierno de Larreta tuvo que retroceder ante la percepción de que la lucha podía terminar con una rebelión general contra el último reducto macrista del país. Pero esta victoria fue también un tiro por elevación al futuro pacto social del gobierno F F, porque puso de manifiesto el estado de ánimo de las masas ante posibles ajustes o recortes a sus conquistas. La lucha de los residentes despertó, de inmediato, un movimiento pujante entre sus pares de la provincia de Buenos Aires, que se expresó en combativas movilizaciones a La Plata. También hay luchas importantes contra los cierres y despidos en la salud privada, y en otros rubros como los prestadores precarizados (monotributistas) del sistema de salud. La tentativa de degradar todavía más el régimen laboral de los residentes forma parte de un ataque al conjunto de los trabajadores de la salud, cuyo disciplinamiento y mayor explotación es una exigencia de los planes capitalistas de reestructuración del hospital público –es el caso de la Cobertura Universal de Salud (CUS). Al condicionar el financiamiento de los hospitales a la cantidad de prestaciones que ofrece, la CUS desata una competencia entre ellos, la cual se convierte en una competencia entre trabajadores. El macrismo no renuncia a llevar adelante la CUS en su gestión en CABA, y los planes de disciplinamiento laboral de residentes son una punta de lanza en esa dirección. La bancarrota capitalista envuelve a todos los estamentos del sistema de salud, público y privado. Esta crisis pretende ser enjugada con una mayor presión patronal sobre los trabajadores de la salud y menores prestaciones a los afiliados. La “emergencia sanitaria” de Ginés García Alberto Fernández anunció la sanción de una “emergencia sanitaria”. ¿Qué significa? Ginés García forma parte de una corriente de técnicos sanitarios de la OMS y el Banco Mundial, que se han caracterizado por “trabajar” la adaptación de la salud a la bancarrota capitalista. En el pasado, las emergencias sanitarias han incluido sistemas de “prestaciones obligatorias” que, como contrapartida, recortaban la atención en tratamientos específicos o especialidades complejas; también, la provisión de “canastas de medicamentos” esenciales como pantalla de una cobertura restringida de medicamentos más avanzados. Estos planes, por otra parte, siempre respetaron a la legislación imperialista en materia de patentes medicinales. Las “emergencias sanitarias”, además, suelen servir de pretexto para golpear las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, en nombre de “hacer el esfuerzo” para atender al conjunto de la población carenciada. (Un modelo de esta experiencia -y de la respuesta socialista del PO- tuvo lugar en CABA en 2002, cuando Altamira rechazó la “emergencia sanitaria” del ibarrismo, apoyada por Izquierda Unida). Un capítulo especial de toda esta agenda refiere a la salud mental. En nombre de principios terapéuticos irreprochables –como la eliminaciDón de la llamada lógica manicomial - se pretende llevar adelante el cierre de los hospitales monovalentes de Salud Mental (Borda; Moyano) para perpetrar en sus terrenos un codiciado negocio inmobiliario y dejar a centenares de pacientes sumidos en el desamparo. Rescate de un programa El aparato oficial del PO ha abandonado el desarrollo de “Tribuna de Salud”. La lucha por un programa socialista en la cuestión de la salud ha quedado recortada a reivindicaciones de carácter gremial. Pero la lucha sanitaria involucra a toda la clase obrera, y la explicación y denuncia de la degradación capitalista de la salud es un terreno de reclutamiento de trabajadores en todos los ámbitos, sobre una base de principios. La situación planteada nos coloca ante un conjunto de tareas. En CABA, se abrirá un debate sobre la cuestión del régimen laboral de los residentes. Es necesario definir un programa para este movimiento –salario y forma de reajuste; carrera hospitalaria, estabilidad y derechos laborales- asociado a la defensa del hospital público y a la cobertura integral de miles de puestos de trabajo. Junto a ello, la defensa de la jornada de 6 horas y reconocimiento profesional para las enfermeras; la atención incondicional en el hospital público en base a la duplicación del presupuesto de salud; por el financiamiento integral de las obras sociales con aportes patronales y su control en base a trabajadores electos; por la nacionalización del sistema de salud y el desarrollo de un sistema único financiado con impuestos al capital, bajo control de los trabajadores, entre otras reivindicaciones. El plenario votó una campaña política sobre los hospitales y centros de salud, a partir de estos planteos estratégicos y de lucha.

Es probable que lo último que admitan los Fernández es su filiación política con Macron y Bolsonaro. Lo cierto, sin embargo, es que la pieza fundamental de la ‘emergencia’ que enviaron al Congreso, la suspensión del ajuste de las jubilaciones por la inflación, constituye un golpe aún más severo que las reformas previsionales que uno logró imponer en Brasil, hasta cierto punto, y el otro intenta en Francia. El proyecto de emergencia del gobierno nacional y popular deroga un aumento de las jubilaciones del 28% ya establecida para el próximo semestre – una sustracción del 2% del PBI, o sea unos u$s10 mil millones. Representa nada menos que el doble de los intereses devengados, para 2020, de la deuda externa con los acreedores privados. En términos de ajuste fiscal supera cómodamente la recaudación por mayores derechos de exportación y el aumento del impuesto a los bienes personales. El juramento de no pagar la deuda externa a costa de los jubilados se convirtió en una ‘promesa de estudiante’. El golpe previsional se aplica también a los regímenes de docentes, universitarios y científicos – quizás una gentileza para sectores que, de acuerdo a las encuestas, habrían dado un apoyo electoral importante al Frente de Todos. La suspensión de la reducción de los aportes patronales a la previsión social, que había establecido Macri, se encuentra desmentida por las disposiciones en sentido contrario que se establecen para Pymes y algunas industrias. En cuentas resumidas, Argentina se encamina a un terremoto político. Los Fernández reclaman la posibilidad de sustituir los derechos adquiridos por los jubilados al aumento por la inflación pasada, en el próximo semestre, por ajustes por decreto, hasta la sanción de una nueva legislación previsional. La expectativa del flamante oficialismo es que el cepo cambiario y el congelamiento de tarifas y eventualmente de precios, redunde en una tasa de inflación menor, que les permita justificar un ajuste más bajo que el que debería aplicarse de acuerdo a derecho. El empalme entre un ajuste y otro significaría, por lo tanto, una confiscación económica, que desconocería la pérdida de poder adquisitivo por la inflación pasada. Cuando los propagandistas K reclaman que se espere a los decretos de ajuste que darán los Fernández, cometen una falacia: si la inflación cae, no repondrán la pérdida pasada, y si por el contrario la inflación aumenta, la emergencia habrá estallado por todas sus costuras. Es probable que el golpe previsional sea denunciado como una transferencia de recursos para pagar la deuda externa, sin reparar que no ofrece los dólares necesarios para hacerlo. Argentina no puede pagar esa deuda con ajustes fiscales, porque carece de las reservas en divisas que puedan se puedan comprar con pesos. El ataque al sistema previsional tiene otro alcance, estructural, que es reducir el ingreso de los trabajadores en beneficio del capital y dar un paso hacia la privatización del régimen jubilatorio. En términos estrictos, el sistema previsional se ha transformado en otra cosa – en un subsidio a la tercera edad, que ha perdido todo vínculo con los aportes realizados durante la vida laboral. Se consuma una confiscación que se ha venido produciendo bajo todos los gobiernos precedentes, incluidos los militares. El pago de la deuda externa será decidido en una pulseada estratégica con los acreedores y el FMI. Fuera de agenda, se ha conocido que el gobierno aumentaría también la mínima salarial, en una saga parecida a las jubilaciones, o sea que se suspenderían las paritarias y los aumentos salariales. Que este ataque no se haya oficializado aún revela el temor del gobierno a la reacción del movimiento obrero – si no de la burocracia, sí de las bases. Más allá del entrelazamiento de intereses patronales y de la burocracia en la reciente crisis en UTA, por debajo opera un resentimiento explosivo contra la entrega de los salarios por parte del burócrata del sindicato – otro Fernández. Ajustes y desajustes La emergencia ómnibus que los Fernández han enviado al Congreso, revela la decadencia sin atenuantes de los llamados keynesianos – el nobel Joseph Stiglitz y su discípulo Martín Guzmán. Justifican la política inaugurada por los Fernández en términos de “consistencia macroeconómica”, o sea, capaz de encarar los desafíos “del hambre” sin generar desequilibrios de conjunto. La emergencia ómnibus de los Fernández es, sin embargo, lo contrario del equilibrio. En primer lugar, refuerza el fenomenal desequilibrio social, en perjuicio de jubilados y trabajadores. En lugar de “meter plata en el bolsillo de la gente”, se la saca. La autorización a aumentar ‘ingresos brutos’ a las provincias será pagado por los consumidores. El equilibrio presupuestario que se procura es una falacia, porque recae sobre el corte completo de la obra pública, que Macri impuso en los dos últimos años, cuando también se derrumbó el régimen de Participación Pública Privada, bajo la presión conjunta de los ‘cuaderno’ y el desplome financiero e industrial. La moratoria impositiva a las Pymes es un bocado de cardenal para los bancos, que están por arriba de la AFIP en la condición de acreedores de ellas. También lo es para la gran industria, que podrá cobrar las deudas de su periferia tercerizada. La piedra libre para los combustibles y Vaca Muerta añade otro desequilibrio explosivo con el congelamiento de tarifas para las empresas de energía. Los Fernández se jactan de un cepo ‘duro’ que defiende las pocas reservas internacionales de Argentina, que está desmentido por el derecho de las multinacionales ha girar al exterior sus utilidades y dividendos al tipo de cambio oficial – el más barato del mercado. Según se lee, la emisión de una Letra intransferible en dólares del Tesoro al Banco Central, por 4500 millones, habría provocado una euforia en los acreedores internacionales y explicaría la suba de la cotización de los títulos de la deuda externa de Argentina. Se trata, sin embargo, de otro aumento del stock de créditos incobrables del Banco con el Tesoro, que alcanzaría los u$s60 mil millones, que el estado no piensa en cancelar. El reemplazo de dólares billetes por un título sin valor, disminuye el respaldo de la moneda en circulación, por lo cual constituye una forma disfrazada de emisión de pesos. Esto desmiente el compromiso del ministro Guzmán de que no emitiría moneda para no azuzar la inflación. Claro que cuando se trata de pagar intereses a los fondos internacionales, la ‘ortodoxia’ es saludada por todas las corrientes económicas. El gran hermano La emergencia ómnibus ha sido saludada por el FMI. Algunos periodistas con buen tránsito, dicen incluso que fue elaborada con sus directores o técnicos. Esto no significa que los Fernández hayan eludido el control del FMI, que es la garantía única que admiten los acreedores de que el programa será cumplido. Los desequilibrios de la emergencia se manifestarán en el semestre que los Fernández reclaman para ponerla a prueba, lo mismo que la pulseada con los bonistas y el Fondo. En lugar de cerrar una crisis, la emergencia F-F inicia un período aún más convulsivo que el precedente. El proyecto de emergencia ha sacudido el avispero del oficialismo y la oposición, porque choca con intereses cruzados en ambos bloques. Los lobbies mineros de la UCR darán quórum (Morales, Cornejo), los sojeros, no. Lavagna acompaña, como ocurre con Techint-Tecpetrol; los ultra K del bloque oficial meterán, como siempre, violín en bolsa, porque no hay nada como seguir cobrando dietas en el Congreso y en la Administración, y hasta se convertirán en los principales abogados del diablo. Debemos impulsar una enorme deliberación de los trabajadores para derrotar el congelamiento de las jubilaciones y los salarios, y la suspensión de paritarias. Lo que distingue el abordaje de la crisis por parte de Macri, por un lado, del de los Fernández, por el otro, es que estos últimos pretenden una concentración de poder que les permita maniobrar entre los polos de la lucha de clases en el período próximo. Por eso envía un proyecto de ley que, en cuestiones vitales, reemplaza la ley por el decreto. Todos los términos de la crisis están sobre la mesa de la lucha política. Una salida a la crisis en términos de recuperar el crédito internacional, equilibrar el mercado monetario, alcanzar superávits fiscales y comerciales, alcanzar un equilibrio o excedente fiscal, es quedar encerrado en una salida capitalista, que pagarán fatalmente los trabajadores. Todas esas categorías son la representación de la crisis en términos del capital. Para que ocurra lo contrario es necesario que la clase obrera tome las palancas fundamentales de la economía en sus manos y trace un plan de acuerdo a sus intereses y, por sobre todo, a sus fines estratégicos. Esto inicia un período transicional de reglamentación de la economía, cuyo destino dependerá de la evolución de la crisis económica y política mundial en su conjunto.

Entre la madrugada del viernes y la de este sábado, los diputados y senadores del Frente de Todos celebraron la aprobación de su “emergencia económica” y social. Como todo el oficialismo, asumen que servirá para encaminar las contradicciones explosivas de la actual transición. El remedio de emergencia, sin embargo, deja más cabos sueltos de los que pretende anudar. El paquete votado, en resumidas cuentas, constituye la apropiación, en moneda nacional, de unos 8.000 a 10.000 millones de dólares, la mitad de los cuales derivan de la interrupción del ajuste de las jubilaciones por inflación, y la otra mitad de diversos impuestos a los ingresos (retenciones a la exportación agroindustrial), a los gastos (consumos en el exterior y extracción de divisas) y al patrimonio (bienes personales). Se cobrarán, sin embargo, menos impuestos a los combustibles y a los servicios, como consecuencia del congelamiento de tarifas, en tanto que las retenciones a las exportaciones mineras y petroleras disminuyen en vez de aumentar, lo mismo que a las industriales, con algunas excepciones. En la rosca parlamentaria aparecieron las ´compensaciones especiales´ a pequeños productores y cooperativas, siempre de cumplimiento intrincado, que acabarán ‘transferidas’ a grandes acopiadores y exportadores agrarios. El cepo no es el de antaño, porque ahora las multinacionales podrán girar utilidades y dividendos al exterior (y meter en la bolsa varios ‘rubros’ más) al tipo de cambio oficial. Después de todo, el oficialismo ha dicho que buscaría sortear la ausencia de financiamiento del exterior por medio de fideicomisos ‘off shore’, al que deberían ir los aportes y los rendimientos de los eventuales inversores. En el caso de las jubilaciones, el oficialismo retiró de la suspensión de ajuste jubilatorios a 250.000 docentes –nacionales, universitarios e investigadores, pero que no se privará de reintroducir por vía de los aumentos salariales no remunerativos, que no cuentan para el 82 u 85% móvil que rige para estos sectores. En cuestión de horas, los grupos de WhatsApp de sindicatos o agrupaciones docentes oficialistas, pasaron de ataques abrumadores de las bases, a colgar propaganda del Frente de Todos. El gobierno debió recular, sin esperar que tener que hacerlo como consecuencia de una movilización. La “excepción” docente, sin embargo, dejó establecida una situación dispar con el resto de los trabajadores jubilados y, incluidos con los que cobran la mínima; los dos bonos de $5.000 son para tirar en el primer bimestre del año, y apenas emparejan con los que se negociaron con los asalariados. En cuanto a los salarios mismos, la emergencia ha reservado al gobierno la facultad de imponer aumentos de suma fija, o sea, sin aportes jubilatorios o de salud. El paquete reposa en la expectativa de que el cepo, los congelamientos, las suspensiones de ajuste inflacionario y las retenciones sobre la exportación de materia prima alimentaria, reduzca el crecimiento de los precios. Para eso el estado deberá ejercer una capacidad de control que ha demostrado carecer, bajo la presión de los intereses capitalistas. Por otro lado, ha autorizado un alza del impuesto a los ingresos brutos, que se traslada a los precios. Lo mismo sucederá con la devaluación parcial aplicada a las compras del exterior. En Brasil hay un proceso devaluatorio un retiro masivo de capitales foráneos de la Bolsa, lo cual podría obligar a los Fernández a soltar el dólar frente al peso para resistir la competencia ultrafronteras. La “desindexación” de jubilaciones y salarios constituye una confiscación de ingresos, que no podrá compensar ningún ajuste futuro que acompañe la tasa de inflación posterior. Martín Guzmán, el ministro progre y redistribucionista que los Fernández supieron conseguir, lo dijo con todas las letras – el ajuste establecido para las jubilaciones “es inflacionario”, y de lo que se trata es de “frenar la inflación”. Deuda Pero los límites de la emergencia oficial también son evidentes en el otro lado del mostrador. El gobierno acaba de prorrogar el ´reperfilamiento´ de todas las Letes en dólares, bajo legislación local –aquellas que Macri había pateado por cuatro meses- hasta agosto de 2020. La “emergencia” podrá aportarle pesos al gobierno nacional, pero todavía tienen que aparecer los dólares que puedan ser comprados con esos pesos. Guzmán afirmó esta semana que la garantía para reanudar el pago de la deuda es “que Argentina genere dólares”. En las reuniones informales con el FMI, el gobierno habría prometido mantener el superávit de 1.500 millones de dólares mensuales de balanza comercial. Pero nadie ignora que ese saldo favorable se ha cosechado en base al derrumbe de las importaciones, o sea, de la recesión. Esta “generación de dólares”- condena cualquier posibilidad de reactivación y, por lo tanto, de subir la recaudación de impuestos por la vía de una mayor actividad. Fin de año movido La emergencia deja otra conclusión de fondo: la política oficial, que pretende la ´armonía social´, termina siendo un acicate para el choque y la movilización de todas las clases sociales, y en primer lugar de los explotados. Las “emergencias económicas” provinciales, con medidas de ajuste sobre los gastos sociales, han desatado movilizaciones y crisis políticas prematuras en varios gobiernos, como ocurre con Capitanich en el Chaco. Mientras se desarrollaba la sesión de Diputados, los ferroviarios del Roca volvían a cortar las vías contra el despido de tercerizados. Los Fernández-Fernández han pactado con los gobernadores de las provincias mineras remover los obstáculos legales para el avance de la minería a cielo abierto- junto con Vaca Muerta. Este pacto terminó fracturando al macrismo en Diputados, cuando los radicales Cornejo y Morales reclamaron el quórum para la “emergencia”, demostrando, de paso, que el macrismo es un cadáver político. Pero al mismo tiempo, se han desatado movilizaciones antimineras en Mendoza, y lo mismo se anticipa para las principales ciudades de Chubut. La transición recién comienza.

El título de “La banca que se plantó contra el consenso ajustador de Vidal y el peronismo en la Legislatura”, es una definición por sí solo. Don Quijote se absuelve o se reivindica a sí mismo, como se quiera, peleando sin acompañamiento en el recinto parlamentario o en las oficinas anexas, sin ofrecer ninguna prueba sobre la calidad de su acción, sea en reclutamiento organizativo o en número de votos en las elecciones. De hecho, se perdieron las dos bancas nacionales que se habían ganado en la provincia. El dislate de don Narciso es mayúsculo: un aparato que se auto-califica a sí mismo, pues no se recoge la opinión de algún obrero, ni, para el caso, de un admirador del bando contrario. Una ola recorre al aparato del PO oficial: cuanto peor les va, mayor es la auto-complacencia. Apoyar con el discurso un reclamo o lucha popular, o convocar a audiencias públicas, es una tarea de oficina de cualquier parlamentario que quiera justificar al menos el salario que recibe. Kane reivindica su osada oposición a lo que llama “el consenso ajustador”, pero no hizo campaña para echar a Macri en nombre de una Constituyente Soberana, como lo había decidido la dirección de su partido en mayo de 2018, el Congreso, en abril de 2019, y el programa del FIT-U para las elecciones recientes. Hizo algo más módico, es cierto, pedir el juicio político a Vidal, ante las muertes en Moreno por el estallido del sistema de gas, para lo cual necesitaba los votos del peronismo, que en su balance execra. El ‘balance’ de Kane es una suerte de currículo adulterado para justificar su candidatura a futuras elecciones. ¿Cuál es la función de una bancada revolucionaria? ¿’Plantarse contra el ‘consenso’ de gobernabilidad de las fuerzas políticas del Estado? ¿Y donde no hay ese ‘consenso’, como ha ocurrido en Honduras, Paraguay, Brasil, donde tuvieron lugar golpes parlamentarios? Cuando la ‘disidencia’ reemplaza al ‘consenso’, ¿cuál es la política a seguir? ¿Ignorar esa disidencia y seguir dándole al consenso? Kane no tiene siquiera una idea meridiana de lo que es el trabajo revolucionario en el parlamento: en primer lugar, como en todos lados, separar al proletariado de la burguesía y conquistarlo para la construcción de su propio partido. En este caso la agitación parlamentaria debe integrarse a la agitación política del partido en su conjunto, de modo que cuando ésta no existe, no pueden pedirse peras al olmo del parlamentarismo. Es muy común desde el mandato de aquel Zamora como diputado nacional, que los parlamentarios de izquierda balanceen sus mandatos enumerando sus cuantiosos proyectos de ley, al servicio de los intereses de los trabajadores, ahora suman los de la mujer y la juventud. La política revolucionaria en el órgano legislativo no se reduce a esto, que es lo que hace cualquier representante patronal en función de sus propios intereses. . Cogobierno a la carta Los bloques oficialistas y opositores funcionaron bajo la presión de asegurar una gobernabilidad en un país que viene de emergencia en emergencia, o sea, de violaciones permanentes de las leyes, incluida la destrucción de la ley 10.430 que rige a más de 450 mil empleados del estado, o el estatuto docente que rige a unos 300 mil docentes provinciales. El “consenso” es una maniobra forzada, que viene acompañada de su contrario, la ‘desestabilización’, como le ocurrió a Alfonsín, a De la Rúa, a Duhalde, a Kirchner con la 125 (cuando perdió a su propio vice), y de nuevo en 2013, cuando Massa le movió el piso de la re-reelección a CFK. Es precisamente lo que ocurrirá ahora con la emergencia de los Fernández, donde el ‘consenso’ discutible dará paso a su contrario, de acuerdo con lo que hagan los acreedores y el FMI, de un lado, y los trabajadores, del otro. Kane se agarra del ‘consenso’ para ponerse como el mosquetero insustituible de una política carente de estrategia. Se olvida que, en el parlamento nacional, el aparato al que responde votó el ‘consenso’ de la ley Micaela, que reserva al estado (y por lo tanto a la policía) la protección de la mujer, y el ‘consenso’ mucho mayor entre Macri y AF para asegurar la transición con un mentiroso pacto alimentario. En otros casos, el ‘consenso’ estuvo ausente, pero en el bloque del FIT, con relación al repudio al golpe en Bolivia. Juicio político El diputado Kane tiene como emblema de su mandato su proyecto de juicio político a Vidal (que nunca salió de una comisión) ante las muertes de Sandra y Rubén en la localidad de Moreno. Ante este verdadero Cromañón educativo, escuelas y terciarios paralizados, tomas y asambleas permanentes en todo el distrito, asambleas masivas en La Matanza, la bancada del FIT se perdió la enorme oportunidad de ser parte organizadora de un llamamiento general al pueblo en la constitución de asambleas populares. La banca prefirió un proyecto dentro de los canales de la burocracia parlamentaria, que naturalmente pasó completamente desapercibida, en primer lugar, en la docencia del distrito de Moreno. Si justamente se trataba de una legislatura que actuaba bajo el consenso de oficialistas y opositores, no podía prosperar ningún juicio político; había que denunciar el ‘consenso’ y llamar a la acción y organización. En cambio, el jury que sí prosperó en ambas cámaras, como lo reglamenta la legislación provincial, fue el del juez Arias, que terminó con su destitución. Para destituir un juez, se necesita la aprobación de senadores y diputados. Mientras Kane batía el parche contra Vidal mediante un juicio político, Vidal ganaba en ambas cámaras el jury contra el juez más progresivo que tuvo la provincia. No cabe más una risa orientar un juicio político nada más y nada menos que a la gobernadora, en un parlamento al que se presenta como arreglado. La política revolucionaria, en cambio, debía ponerse al servicio de la revuelta popular como muy bien lo peticionó la UJS de Moreno. Audiencias publicas Es muy común también, el recurso de apoyar las luchas con la realización de audiencias en los espacios parlamentarios. No hemos visto nunca hasta ahora, ni si quiera una audiencia convocada de cara a las masas, en las calles, que actúe verdaderamente como un canal popular de las peleas que los trabajadores realmente necesitan para ir por la victoria de sus demandas. Ejemplos sobran, sin ir más lejos, la legislatura porteña tuvo que retroceder en su intento de aplicar una precarización mayor para con los residentes de CABA, gracias a la pueblada de sus residentes. La lógica de Kane tiene su origen en el propio Congreso nacional, cuando todo el FIT dio quórum a la sesión maratónica de 2015, que desesperadamente ofició el kirchnerismo, para hacer aprobar decenas de proyectos de su conveniencia. Los diputados de izquierda justificaron su permanencia en que el paquete de proyectos contenía dos reclamos obreros, a sabiendas de que podían ser rebotados en el Senado y que por otra parte no tuvieron destino. ¿Basta con meter un anzuelo en un paquete de proyectos de leyes para que los parlamentarios patronales se carguen a una bancada que se autoproclama revolucionaria? Las expectativas que colocan nuestros diputados en el Parlamento asustan en demasía. La función revolucionaria debe ser la de denuncia sistemática, ilustran una desnaturalización en los principios y en la estrategia.

El próximo sábado 21, las organizaciones cayetanas van a lanzar oficialmente la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en el microestadio de Ferro. La intención de la CCC, la CTEP, Barrios de Pie, el Frente Popular Darío Santillán y de otras organizaciones vinculadas a la iglesia, es constituirse en el "Sindicato de los excluidos". Su idea es organizar a los trabajadores no formales para que pueden acceder a una obra social y a una futura jubilación. Para impulsar a la UTEP, estas organizaciones realizaron esta semana un acto en la Universidad de Quilmes en donde levantaron el programa que les señaló el papa Francisco, "Tierra, techo y trabajo". Están negociando para ingresar a la CGT y tienen el compromiso del Ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, para que el Estado se haga cargo de completar los aportes sociales insuficientes "con una pequeña suma". En este sindicato podrían afiliarse todos los trabajadores precarizados que se engloban en lo que están organizaciones llaman “la economía popular”. Cartoneros, feriantes, carreros y también remiseros, que no cuentan ni con organización sindical ni con aportes previsionales ni obra social. Con el lanzamiento de la UTEP, las organizaciones cayetanas pretenden terminar de cristalizar la adaptación a la miseria. Sus dirigentes se posicionan contrarios al capitalismo, pero militan la resignación y plantean que no hay alternativa. Por lo tanto, hay que rebuscársela en el sistema en el que vivimos y organizarse lo mejor posible para sobrevivir. Ellos explican que, por la propia dinámica de la competencia entre capitalistas, las máquinas remplazan a los trabajadores produciendo cada vez más mercancías y más desocupados. Como esta dinámica no tiene reversa, muchos "excluidos" han creado su propio trabajo y se han hecho cuentapropistas: cartoneros, remiseros, feriantes, etc. La tarea, para las organizaciones cayetanas, es la de organizarse para conquistar derechos en estas condiciones de miseria arrancándoles algo a los oligarcas. Pero los desocupados no son excluidos. Los produce el capital y los necesita para tirar los salarios a la baja. Forman parte del sistema. Lo que no explican los dirigentes sociales ligados al Vaticano, es que esa misma contradicción del sistema que ellos señalan, la de producir cada vez más mercancías y más desocupados, es insuperable para el capital. Para que una mercancía se concrete tiene que haber alguien que la compre. Eso en un mundo que deprecia y elimina los salarios, se vuelve cada vez más y más imposible. Y para poder competir, el capital está obligado a invertir en maquinaria para abaratar costos. Al despedir, no solo está disolviendo su propio mercado de consumo. Está aumentando los costos muertos, los que no generan nuevo valor, sino que solo trasladan el propio. La única mercancía que genera nuevo valor es la fuerza de trabajo humana. Al alterar de esta forma la composición orgánica de la mercancía, al disminuir la parte del capital vivo de la mercancía, el capital se va cavando su propia tumba. Entender lo insuperable de esta contradicción dentro de los marcos del capitalismo, es lo que puede mejorar la perspectiva. El capital se ahoga en sus límites y nos quiere llevar puestos. Si intentamos flotar unidos a él, nos vamos a pique. Hay que buscar otro barco. El capital controla los gobiernos y el monopolio de la fuerza y es dueño de los medios de comunicación y de producción. La encerrona de sus contradicciones es lo que nos da la oportunidad de terminarlo, luchando contra él y buscando una alternativa. Solo un gobierno de trabajadores puede estar interesado en producir para el bien común y en organizar la sociedad, no solo para satisfacer las necesidades de la mayoría, sino para que cada uno pueda realizarse como ser humano. Las organizaciones vaticanas quieren que nos acostumbremos a vivir en la escasez y nos prometen organizarnos para rasguñar algún derecho. No por nada responden al Vaticano. Son el brazo ejecutor de la Iglesia para realizar la tarea milenaria de embellecer la pobreza y mantener sumisos a los explotados. Como hoy no hay quien pueda conformarse con el reino de los cielos, no hay mejor servicio que organizarlos para arrancar miserias. Y si funciona siempre con la misma zanahoria mejor aún. La última movilización de la que participaron las organizaciones cayetanas fue al Congreso Nacional para reclamar la emergencia alimentaria. Como lo denunciamos desde la tendencia del Partido Obrero, dicha ley no paliaba ninguna demanda y solo servía a los fines de presionar al acampe piquetero para que se levante sin concederle nada en concreto. También funcionó como pacto social para dejar transcurrir sin sobresaltos la transición. Hace unos días, casi tres meses después, Juan Carlos Alderete, recién electo diputado por el Frente de Todos y dirigente de la CCC, denunció que Macri dejó los galpones completamente vacíos de alimentos y reclamó para solucionarlo... ¡una ley de emergencia económica y social! ¡Para poder comprar sin licitación! Está claro que para esto el gobierno no necesita de una ley, pero ahora sabemos que las declaraciones de Alderete no formaban parte de una simple maniobra distraccionista como la de septiembre, sino que con esa fachada pretendían hacer pasar una confiscación gigantesca a los jubilados congelando la movilidad por seis meses. Por su parte, Alberto Fernández está lanzando una serie de medidas que pretende vender como paliativos a la crisis. Decretó la doble indemnización en lugar de prohibir los despidos y las suspensiones, bajó solo un 8% los medicamentos, dejándolos muy encima del precio que tenían antes de la inflación macrista. Lo mismo pasa con el bono para jubilados y AUH y la tarjeta alimentaria para madres con hijos: ni atinan a recuperar lo perdido por la inflación. NI hablar de la pretensión de suspender las paritarias y remplazarlas por un aumento por decreto. Todo apunta a un achatamiento mayor de jubilaciones y salarios y garantizar la supervivencia como todo horizonte. Este paquete es la presentación para negociar con el FMI y apunta a perpetuar la precarización con la coartada de la emergencia social. La lucha contra el hambre no puede ser el salvoconducto para entregar las condiciones de vida de los trabajadores. Como emergencia, hay que prohibir los despidos y suspensiones, duplicar los montos mensuales de jubilaciones, AUH y planes sociales. Ir a un plan de vivienda y obra pública para generar empleo. Para esto hay que romper con el FMI. En este contexto, la creación de la UTEP está puesto a los objetivos de desviar la lucha hacia el callejón sin salida de las emergencias sociales y maquillar la precariedad económica en la que se encuentran millones de trabajadores. Las reivindicaciones inmediatas y concretas que se tendría que plantear un sindicato de la economía popular no deberían limitarse a tener una jubilación de miseria y una obra social. El propósito debería ser convertir a los cartoneros y feriantes en trabajadores estatales, bajo un régimen en blanco y un sueldo fijo, con condiciones de seguridad garantizadas. La importancia de los cartoneros como recuperadores urbanos es innegable frente a las problemáticas ambientales que plantea el exceso de basura y la sobreproducción. Los feriantes también cumplen varias funciones: hacen circular lo recuperado convirtiendo en mercancía, son de los pocos intermediarios que acercan productos orgánicos a los barrios, favorecen la actividad cultural a través de las artesanías. Muy distinto sería si la UTEP se planteara luchar por estas reivindicaciones para superar la precariedad, alcanzar un salario acorde a la canasta familiar, y, en ese camino, señalara como norte la necesidad de terminar con orden social de miseria apuntando al poder político y la necesidad de su superación. Sin embargo, en esta etapa que se abre con el gobierno de los Fernández, la UTEP se crea para usar la lucha contra el hambre como argumento pérfido contra los trabajadores en lucha.

Los periódicos franceses titulan que la lucha de clases ha vuelto. En realidad, nunca se fue. La respuesta de los trabajadores franceses a la reforma previsional de Macron fue contundente: 350 mil personas en París, y 1,8 millones en toda Francia, según anuncia la CGT. Es la primera vez, en esta tercera movilización nacional, que todos los sindicatos marchan juntos. Los sindicatos amarillistas están presionando para sentarse a discutir, mientras el PM Eduard Phillipe dijo desde la Asamblea Nacional que “este es nuestro proyecto” y que “todos están de acuerdo” en que hay que modificar los “regímenes especiales” y conseguir el “equilibrio presupuestario”. Tiene de su lado a la CFDT, que está a favor de la reforma universal y del sistema que reemplaza el monto de los aportes por puntos. La CFDT, CFTC y UNSA también apoyan el sistema de puntos, que tendría necesariamente una “edad pivot” de retiro, al forzar una prolongación del período de trabajo para obtener una jubilación. Tras la reunión, los amarillistas dijeron, sin embargo, que están muy lejos de llegar a un acuerdo. Hasta que se abandone la reforma, no habrá “tregua”, advierten la CGT, FO, FSU y Solidaires. Sin embargo, Y. Veyrier de FO dijo que está dispuesto a negociar todo el tiempo que sea necesario” (LCI), mientras que desde la CGT plantea necesario “mejorar el sistema”. Un sistema que precariza Como indica Le Monde, “el sistema de puntos penalizaría fuertemente las carreras con ‘brechas’, especialmente los períodos de desempleo” (16/12). Asimismo, se pierde el salario de referencia, y la baja de los puntos hace bajar la remuneración final. No hay garantía de que la misma contribución en euros otorgue los mismos derechos a las generaciones sucesivas. El golpe de la reforma previsional no es sólo a los regímenes de “privilegio”, sino a todos los trabajadores, y prevé una reducción de aportes patronales. El valor del punto será establecido por los interlocutores sociales, en el marco de la “gobernabilidad del sistema universal”. Los contornos de la interlocución aún no se han definido, pero estaría compuesto “por igual por representantes de empleadores y empleados en los sectores público y privado, así como representantes de los trabajadores independientes” (ídem). El valor del bono dependerá del “equilibrio presupuestario” en un período de 5 años, similar a lo que dice el proyecto de los Fernández. Se trata de una transición hacia la capitalización, que beneficia a las aseguradoras para las que trabajaba el demitido creador del sistema, Delevoye., un empleado de esas compañías La reforma establece que los salarios más altos dejan de contribuir más allá de tres topes máximos de seguridad social, o aproximadamente 10 mil euros brutos por mes. Un alto ejecutivo que gana 15 mil euros por mes contribuiría sobre los primeros 10 mil euros, pero no con los 5 mil restantes (Libération, 18/12). Las contribuciones patronales van a pagarse más allá de 10 mil euros brutos de salario mensual. Pierre Roger, secretario general CFE-CGC, advirtió que “esto beneficiará a más compañías de CAC 40 [Bolsa], que tienen el mayor número de salarios altos. CGT-RTE cortó la electricidad en Gironde, Lyon, Orleans y Nantes. En RTL, el secretario general de CGT Energy, Sébastien Menesplier, advirtió que otras acciones del mismo tipo tendrían lugar hasta el final del año (BFMTV). Los médicos siguen de huelga contra la reforma. “Con la epidemia de bronquiolitis, por primera vez en treinta años, 22 bebés fueron trasladados a cuidados intensivos pediátricos a más de 200 kilómetros de París, por falta de espacio en los servicios equivalentes de la capital” (ídem). Crisis de Gobierno El lunes, renunció a su cargo como “alto-comisionado” Jean-Paul Delevoye, el encargado de llevar adelante las negociaciones con los sindicatos. Estaba acusado de formar parte del directorio de una empresa de seguros y de otras organizaciones privadas mientras cumplía una función pública. Era el interlocutor preferido de los amarillistas. Lo reemplaza otro “macronista experimentado”. El reclamo oficial de una “tregua” navidad es una maniobra. La mayoría de los franceses apoya la huelga. El 67% de los trabajadores y empleados también está en contra de la reforma prevista, después de un aumento de once puntos con relación a la semana pasada (BMFTV, 18/12). En términos del conjunto de la población, los que apoyan la reforma cayeron 7 puntos, y los que están a favor subieron 8 puntos. “El gobierno ha visto reducir su base. Cada vez más compatriotas lo responsabilizan por la crisis” (ídem).

Así llamó Omar Perotti a la transición de gobierno del Frente Progresista Cívico y Social al peronismo. En efecto, el gobernador electo no ha cesado un segundo de criticar la "pesada herencia", en especial en lo que se refiere a los ingresos que percibe la provincia, junto a los enormes índices de pobreza registrados en Santa Fe. A esto debe sumarse la cuestión de la seguridad, en un régimen fuertemente ligado al narcotráfico, donde la descomposición de las fuerzas de seguridad ha arrojado esta semana la renuncia de los jefes de policía de Rosario, Rafaela y Reconquista. La provincia cuenta hoy en día con las cuentas en rojo: un déficit fiscal, estimado en 8.200 millones de pesos y fuertes vencimientos de deuda. El ministro de Economía, Walter Agosto, ha anunciado el pago desdoblado del aguinaldo, y que "en este contexto no es posible financieramente una cláusula gatillo pidiéndole recursos al Banco de Santa Fe, que es lo que está ocurriendo en este momento". Perotti ha anunciado que los estatales el cierre del Poder Ejecutivo y sus dependencias durante todo enero para “ahorrar” recursos. La caja de jubilaciones tiene una deuda mayor a $13 mil millones, y en el estado existen 7.000 vacantes a raíz de jubilaciones que no se pretenden ocupar junto a que un gran sector de precarizados no aporta debido a las múltiples modalidades contractuales a las cuales están sujetos. La votación del presupuesto 2020 ha revelado otro componente de crisis. Este fue elaborado por la saliente gestión socialista, pero contó con el acompañamiento en el senado del bloque del PJ ligados al sanlorencino Traferri. Ante esto, la nueva administración provincial debuta siendo minoría en diputados y con choques internos en el Senado. La recesión industrial y la caída constante de la utilización de la capacidad instalada en la industria han creado una masacre laboral. Solo en el rubro metalúrgico, los despidos se cuentan de a miles, sumado a que hay más de 6.000 trabajadores afectados a Procedimientos Preventivos de Crisis, con especial impacto en la zona del gran Rosario. El anuncio del grupo Vicentín, de una supuesta insolvencia para afrontar 350 millones, ha dado como resultado la paralización de la molienda de granos en tres de sus plantas. Esto flancos de crisis presentan una primera conclusión: lejos de una transición pacífica, todos los desequilibrios explotan por el aire. Según el IPEC, Santa Fe acumuló para todo 2019 un 41,6 % de inflación. Sin embargo, los trabajadores han dado respuestas. La lucha de los trabajadores precarizados provinciales, nacionales y municipales ha dado como resultado la toma y ocupación de varios ministerios. La supuesta “perla” de Lifschitz, que auto referenciaba su gestión como la pionera en salud y cultura, mostró la hilacha con más de 5.000 trabajadores precarizados, con contratos eventuales y salarios de miseria. Como uno de los últimos actos de su mandato, envió la nómina de 1.717 trabajadores para ingresar en planta permanente. A esto debemos sumarle las movilizaciones docentes por la defensa del salario y las jubilaciones que, aunque discontinuadas, tuvieron una participación masiva, al igual que las enormes concentraciones de los municipales de Rosario contra el pago desdoblado de las horas extra. La imposibilidad de los municipios de pagar salarios y aguinaldos dejo como resultado que localidades como Maciel y Carcarañá las huelgas se extiendan por más de una semana, con piquetes y cortes de ruta. La gestión provincial se ve fuertemente condicionada por las empresas de la región a la aprobación de la ley de ART, que ya tiene media sanción en el Senado. El ex intendente de Rafaela ha conformado un gabinete de ex obeidistas y reutemistas. Entre ellos se destacan enemigos declarados de la docencia santafesina como Adriana Cantero, impulsora de la Ley Federal de Educación y clericales opuestos al aborto legal como Silvina Frana de Ministra de Obras Públicas e Infraestructura. La oficialización de los “nombres” del gobierno, dispara contra cualquier expectativa depositada en todo un sector de la clase trabajadora santafesina. La cuestión principal que se desprende de la situación política es si Perotti logrará obtener los recursos políticos para poner a Santa Fe en sintonía con el ajuste nacional y en la línea una falsa “reactivación productiva”. El movimiento obrero debe tomar nota de ello, y una conclusión: la necesidad de salir a luchar por sus reivindicaciones inmediatas.

Tras 10 días de huelga de hambre en las cárceles bonaerenses, familiares de privados de libertad que ya venían manifestándose y reclamando algún tipo de atención, fueron recibidos el viernes 13 de diciembre en el Ministerio de Justicia provincial, en una primera instancia de dialogo por parte del gobierno. En la reunión se comprometieron a gestionar y constituir una mesa de diálogo, a realizarse entre los días 19 y 20 de diciembre, con representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, que atenderían los reclamos de una delegación elegida por los detenidos de cada unidad. Un compromiso que surge luego de que la huelga se extendiera por más de 27 cárceles bonaerenses, comisarias, alcaidías y unidades penitenciarias de más de 10 provincias de todo el país que adhirieran en apoyo al reclamo. El compromiso de la realización de la mesa de diálogo ha provocado que algunos internos finalicen con la huelga de hambre, aunque muchos son los que la continúan en las distintas unidades, la discusión acerca de si levantar o no la huelga, más la presión del Servicio Penitenciario que busca dividirlos, ha elevado mucho la tensión interna en las cárceles, a tal punto que en las últimas horas se han desencadenado actos de violencia con resultados de internos con lastimaduras y puntazos. La voluntad del Estado de interrumpir de una manera violenta este proceso de organización y reclamo pacífico fracasó una y otra vez, la huelga inevitablemente se fue extendiendo dando muestras de firmeza. En esta etapa, los detenidos están eligiendo sus propios delegados para ser representados y exponer sus reclamos ante la mesa, avanzando así en un grado de mayor organización. En este contexto, de realizarse la mesa de dialogo con la presencia de los tres poderes, un compromiso arrancado con la huelga, constituiría un hecho inédito en los últimos años de historia carcelaria en nuestro país.

Donald Trump no es un tipo que se caracterice por la transparencia de sus cuentas personales. Cuando desde el comienzo de su gestión insistió en que no haría pública su declaración de impuestos, muchos comentaristas aseguraron que el magnate ha sido un evasor serial durante toda su vida de negociante inmobiliario. Para muchos, la relación estrecha que se le imputa con Putin, derivaría de sus intentos por copar el tumultuoso mercado inmobiliario de Moscú. En la misma línea de ‘opacidad’ financiera, logró cerrar la boca de prostitutas con las que había mantenido relaciones, por medio de documentos de confidencialidad o reserva, que contemplaban el pago de importantes sumas de dinero. Las revelaciones de este prontuario se manifestaron enseguida después de que asumiera la presidencia de EEUU, lo que llevó a la rapidísima dimisión de su secretario de Seguridad Nacional e incluso la condena penal de varios de sus asesores de campaña. En todos los casos, las denuncias vinculaban a los sancionados con negociados o dádivas de Rusia o de Ucrania, cuando este país se encontraba aún bajo gobiernos pro-moscovitas. De entrada, Trump se tuvo que topar con la injerencia del FBI, que le atribuía una colaboración de Putin en la lid electoral con Hillary Clinton. Trump logró la expulsión del jefe de la agencia, John Connie, y en un desorden sucesivo de su secretario de Estado, un ‘chairman’ de Exxon, su jefe de campaña, Steve Bannon, y por lejos lo más importante, la separación de John Mattis, el jefe del Pentágono y ex jefe de la OTAN. La piedra de litigio fue siempre la relación promiscua que se le atribuía con Moscú, con total independencia de que Trump apoyara las sanciones a Rusia por la ocupación de Crimea; que ahora mismo intente frenar el segundo gasoducto que unirá, por el Báltico, a la rusa Gazprom con las distribuidoras de gas en Alemania; o que haya pactado con Turquía la ocupación del norte de Siria, en detrimento de la soberanía del gobierno sirio, que cuenta con el apoyo militar de Putin. Es cierto, sin embargo, que Trump quiere relajar ahora esas sanciones; que estaría dispuesto a aceptar el gasoducto del Báltico a cambio de un tratado de largo plazo para que el gas ruso continúe transitando hacia Europa por territorio ucraniano y que Putin entregue a la regional oriental de Ucrania que se encuentra separada de Kiev. Aunque el maridaje de Trump con Moscú resulta muy confuso, los servicios de inteligencia norteamericanos no se conformaron con la expulsión del jefe del FBI. Se formó entonces una nueva comisión investigadora, presidida por Robert Mueller, que emitió conclusiones contundentes acerca de las ‘irregularidades’ de Trump, pero evitando demandar un juicio político al presidente. El reclamo de este juicio aparece cuando un “soplón” de la CIA, cuya identidad la agencia mantiene en secreto, delató una conversación de Trump con el presidente de Ucrania, al cual extorsionaba con la exigencia de que investigue los negocios del hijo del principal candidato del partido demócrata, John Biden, el ex vice de Obama, con empresas ucranianas. El objetivo, claro, era destruir a quien podría ser su principal rival electoral. No existe la menor duda de que el vástago de Biden se ha enriquecido en Ucrania, invocando, al menos, a su padre. Es fácil de ver que EEUU atraviesa una crisis política que, mucho más que en Comodoro Py, se caracteriza por conspiraciones cruzadas, con el concurso y la iniciativa de los servicios secretos. La imputación reiterada de que Putin habría interferido en las elecciones norteamericanas a favor de Trump, por medio de la infiltración digital, y de que volvería a hacerlo, suena en principio ridícula, cuando tiene que ver con Estados Unidos. Trump se ha resignado a que el Pentágono y la Otan hayan declarado a Rusia un adversario estratégico, cuando su camarilla quiere reservar esa categoría para China y guardar las manos libres con Rusia. Es, para el nacionalista de “América, primero”, una forma de valerse de Rusia en la guerra económica contra la Unión Europea. Los extremos a los que Trump quiere llevar esta guerra divide a la burguesía norteamericana y no cuenta con el apoyo del Pentágono y la CIA. La determinación del partido Demócrata de avanzar en el juicio político contra Trump debió atravesar un sinnúmero de vacilaciones, y tampoco es claro que hayan sido superadas. En el bloque demócrata de diputados ocupan escaños tres mujeres que han saltado sin mediaciones de la cúpula de la CIA al Congreso. El bloque demócrata se ha negado a que Biden comparezca en las sesiones que debatieron la pertinencia del ‘impeachment’, como pidió Trump para embarrar el escenario político y parlamentario. Los funcionarios de Trump convocados al parlamento rehusaron hacerlo. Trump, por su lado, enfrentado a una declinación en las encuestas, ha iniciado una campaña de movilización de características fascistas. No le resulta suficiente la protección que tiene de la mayoría republicana del Senado, que es la cámara que tiene el poder de sentencia. Es que, cualquier sea el resultado final, la pelea adquirirá ribetes más brutales e incluso violentos cuando comience la campaña electoral. Votada por Diputados la pertinencia del juicio político, la jefa de los demócratas se rehúsa a habilitar la intervención inevitable del Senado, con el argumento de que la mayoría republicana no tiene la intención de abrir una ronda de testigos y debates, sino pasar al rechazo sin dilaciones, para evitar la publicidad de los delitos atribuidos a Trump y el perjuicio que puede ocasionarles en la campaña electoral. El demócrata Biden, por su lado, ya ha dicho que no prestará su concurso – es claro que si lo hiciera, saltarían los negociados de su hijo que apadrinó en Ucrania. El bloqueo al proceso del juicio político obliga a cada bando a aumentar las provocaciones. Cuando se observa esta crisis política a la luz de la guerra económica internacional es claro que está reflejando el impasse del capital norteamericano en el marco de la crisis capitalista mundial. Las guerras, incluso las económicas, reclaman ‘gobiernos fuertes’ y hasta ‘estados de excepción’, porque necesitan toda la concentración de poder de que puedan disponer. O sea que se desarrolla en Estados Unidos una crisis de régimen político, que se manifiesta en golpes y auto-golpes, con la intervención apenas solapada de los militares y los servicios. Las rebeliones populares y las revoluciones en marcha en numerosos países atizan aún más esta crisis, porque en casi todos los casos expresan el fracaso de las guerras montadas por el imperialismo yanqui desde la ocupación de Afganistán e Irak hace casi dos décadas. Este fracaso tiene repercusiones estratégicas en el aparato de seguridad de los Estados Unidos. La burguesía norteamericana está haciendo una evaluación de los recursos de que dispone para enfrentar esta crisis, con una u otra metodología política. La crisis desde arriba involucrará sin mucha demora a los de abajo, que por su lado enfrentan olas de despidos con luchas y desencadenan huelgas crecientes, como en la docencia, y movilizaciones anti-fascistas, al margen del partido demócrata y de la burocracia de los sindicatos.

El jueves pasado, el gobierno anunció la ‘re-postergación’ del pago de u$s 9 mil millones en Letras del Tesoro para final de agosto próximo. Macri los había incluido en su ‘reperfilamiento’ hasta fin de año, en septiembre pasado. Enseguida, la calificadora Ficht degradó a Argentina al status de “default restringido”, en tanto que Standard & Poor’s la mandó a “default selectivo”. El ‘default virtual’, como lo define AF, se acerca cada vez a la ‘realidad’. Mientras el Congreso discute un plan de rescate capitalista, al que califica de solidario, la cesación de pagos sigue creciendo en lugar de disminuir. Para evitar una declaración default sin atenuantes, la ley de solidaridad autorizó a la administración a retirar u$s 4.500 millones del Banco Central para hacer frente al pago de los intereses de las deudas hasta esa fecha. Sin este asalto a las reservas, los acreedores podrían reclamar la cancelación inmediata de todos sus créditos, con independencia de la fecha de su vencimiento. Para evitarlo se pagan los intereses vencidos con deuda nueva, o sea que crece el endeudamiento nacional. Es cierto que la deuda del Tesoro con BCRA es un pagadios, con el argumento de que es un préstamo intra-familiar. Esto no impide, sin embargo, que se desfinancie aún más al desfinanciado Banco Central, que apila créditos incobrables contra el Tesoro por la friolera de u$s 70 mil millones. El Banco anotó el préstamo en sus libros con un descuento del 60%, de acuerdo a la cotización de la deuda en el mercado, con lo cual perdió en el acto tres mil millones de dólares. Este saqueo hace inevitable una política monetaria de altas tasas de interés e inviable una reactivación industrial. Pocos saben que el flamante gobierno sigue honrando las Leliq que supieron condenar, pagando intereses del 63%, con un dólar comercial planchado. El nuevo directorio del Central quiere acabar con este sistema pagando todos los vencimientos, o sea llenando la plaza de dinero para los bancos, con la justificación de que ‘hay colchón’ para emitir. Esta es una idea peregrina de keynesianos mal informados, porque el crédito (eso es emisión) depende de la calidad de la deuda que genera. La emisión que cancela Leliqs irá a precios o al mercado de cambios; incluso la industria solamente quiere financiamiento para pagar lo que debe, no para iniciar ciclos nuevos. El gobierno nacional y popular está monetizando créditos de incierta cobrabilidad de los bancos, a tasas de interés enormes. Esta nueva dilación forzada de una deuda ya ‘reperfilada’, acumula para Argentina, en agosto próximo, lo que el Financial Times califica una “pila masiva’ de deudas. La “consistencia macroeconómica” del plan de los Fernández, como se jacta Martín Guzmán, el jefe de Hacienda, es un espejismo. Marcelo Bonelli asegura, en Clarín del viernes 20, que el gobierno reclamará a los acreedores una dilación de cuatro años en el pago de capital e intereses, no de dos como plantearían los acreedores. El periodista no aclara que una extensión de plazos de pagos de esta magnitud, si fuera aceptada, plantearía la contrapartida de una supervisión de cuentas extraordinaria por parte del FMI. Buena parte de los acreedores rechazaría meter a los intereses en el paquete. En el cuadro general de una cesación de pagos de Argentina de estas dimensiones, la aprobación de la ley ‘solidaria’ no acerca un milímetro a la salida de la crisis. El sacrificio que se exige a los jubilados y a los trabajadores con la suspensión del ajuste de salarios y jubilaciones por inflación, es simplemente un arrebato a la fuerza de trabajo, que usa el pretexto de la crisis para ser impuesta. El mismo cálculo harán, en función de sus intereses, los sojeros y el gran capital agrario o quienes son alcanzados por el impuesto a los bienes, por lo que se concluye que los Fernández y su coalición van de cabeza a una crisis política mayor de la que presumen. La liquidación del sistema jubilatorio está al servicio de la acumulación de capital (“bajar costos”), no de la salud presupuestaria, que se ha agravado precisamente como consecuencia del retiro de los aportes patronales. La cuestión previsional De acuerdo a los argumentos que se escuchan en el campo kirchnerista, las jubilaciones no pueden ser pagadas en función de los años trabajados y los aportes realizados, porque esto sería incompatible con el sistema de reparto. También este sistema ha perdido vigencia su carácter ‘solidario’, porque más de la mitad de la recaudación previsional viene de impuestos, no de aportes. Impasse total, callejón sin salida, todas las certezas se desvanecen en el aire. Los nac & pop no ven otra salida a este desbarranque que la creación de un sistema de pensiones encargado de paliar la pobreza. “Las conquistas sociales que Perón ha establecido”, según la marchita, el peronismo del siglo XXI no mosquea en echarlas por la borda. La ‘lucha contra el hambre’ - por la pobreza todo, fuera de la pobreza nada - se ha convertido así en la consigna de los hambreadores. Para la clase obrera (no para los ‘sectores medios’ con que se busca ocultar el carácter de clase de la crisis), este planteo es la condena a la miseria social. ¿Alguno se ha preguntado por qué el capitalismo manufacturero del siglo XX podía financiar las jubilaciones, y el digital del siglo XXI, no? La incapacidad del capital para pagar el salario diferido, como son las jubilaciones, o el salario directo, como es el que cubre salud, educación, vivienda, muestra que la cuestión previsional no es un asunto intergeneracional sino del régimen social decadente del capitalismo. El desarrollo alcanzado por las fuerzas productivas no solamente permite el sustento de una población que finalizó su período de trabajo, sino una reducción del tiempo de trabajo de aquella que se encuentra en edad laboral. La extensión de la jornada de trabajo es, con relación a los trabajadores activos, lo que la caída de las jubilaciones es con los pasivos – una anomalía, que pone de manifiesto la caducidad del capitalismo como fenómeno histórico – o sea progresivo. Cuanto más crece la productividad, peor les va a los productores reales. Si el capital es incompatible con el sistema previsional, es necesario abolir al primero, no el segundo, separando al capital del sistema productivo y orientando este hacia la satisfacción del desarrollo social, no a la maximización de la ganancia en un mercado saturado, que contrasta con una población carente. El ataque contra el sistema previsional ha dado un salto cualitativo, pues reconoce la bancarrota de las llamadas ‘políticas públicas’, que pretendían redistribuir ingresos sin tocar al capital. Reactivación, inflación Lo que los Fernández presentan como novedoso frente a la emergencia, es un plato recalentado de administraciones anteriores. Desde un foro como Economía y Regiones, se equiparan las medidas actuales a las de De la Rua, que fue una sumatoria de impuestos y de reducción de jubilaciones, que acentuó la recesión y terminó con la insolvencia del sistema bancario y la declaración de default. En materia jubilatoria es peor que la del primer gobierno kirchnerista, que invirtió la pirámide de 20/80 para la mínima por la de 80/20, pero ahora con una mínima más deteriorada. Sigue a Macri en liberar la salida de utilidades y dividendos de las multinacionales, algo prohibido por el cepo de Kicillof. Pretende reproducir el espejismo de Alfonsín, cuyo ‘plan austral’ revirtió la inflación y dio la impresión de aumentar el poder adquisitivo de salarios y jubilaciones sin compensar las pérdidas de la inflación pasada; algo similar a la larga convertibilidad de Cavallo. Todos estos ‘planes’ fueron acompañados de una mayor endeudamiento y acabaron, todos, en el default. Panorama general Las disputas públicas en torno a las disposiciones del ‘plan solidario’, no deben velar la comprensión de su alcance de conjunto. No es para nada una ‘salida', y anuncia, por el contrario, una perspectiva de crisis política mayor, por la presión de los acreedores y el FMI, y también la crisis mundial, que se manifiesta en América Latina, en el momento actual, en una salida de capitales extranjeros. De otro lado, la ambigüedad que finge el gobierno acerca de salarios y jubilaciones se disipará en pocas semanas, cuando no se pueda disimular las pérdidas que representan para los trabajadores. En el plano internacional, AF necesita el apoyo de Trump frente al FMI, pero Trump le presentará para eso una gran factura: Bolivia, Venezuela, lo que pondrá en juego la consistencia política del gobierno. El cruce de contradicciones que afecta al nuevo gobierno, colocará a Argentina en el epicentro de la crisis latinoamericana en su conjunto.

La reforma previsional de Macron se encuentra en un impasse: el gobierno no las puede imponer, pero las contundentes movilizaciones obreras aun no la han derrotado. Por el lugar que ocupa en la crisis capitalista, esa reforma plantea una cuestión de poder. La Unsa (Unión Nacional de Sindicatos Autónomos) ferroviarios, segundo gremio de la SNCF, ha pedido una “tregua” durante las negociaciones que sostienen los sindicatos en con el gobierno. Laurent Escure, secretario general de Unsa, anunció que “La oficina federal ha decidido tomar nota de estos avances y anunciar un descanso [a la SNCF]. En RATP [región parisina], es una historia diferente”. Las bases de Unsa respondieron votando en la RATP la continuidad de la huelga. Los trabajadores se preguntan: “¿Cómo pueden pedir una tregua si en los hechos estuvieron siempre en una?” (LeParisien, 20/12). Desde la CGT a FO, la supuesta “ala dura”, plantean “mejorar el sistema” previsional. El pulso de la huelga de transporte y la perspectiva de una huelga general se toma en las Asambleas Generales de cada lugar de trabajo, donde las bases reclaman la continuidad de la medida hasta la victoria. La “Ciudad Luz” a oscuras El lunes 16 al menos 200.000 usuarios se quedaron sin luz por cortes relacionados con la huelga. El sindicato de electricidad CGT-RTE anunció que de seguir con el proyecto de reforma “se expone a cortes más masivos” para Navidad y Año Nuevo. Por Twitter los ferroviarios anunciaron que las AG fueron las más numerosas desde el inicio, el 5 de diciembre. “En el terreno, los trabajadores están aún más movilizados. Los colegas están muy molestos contra la CGT y las confederaciones”, advierte Laurent Djebali, secretario de Unsa-RATP. Un tweet oficial del 19 de diciembre del Unsa París Sud-Est, decía que “La tregua es la derrota, no nos iremos cuando estamos ganando”. Hay un proceso de rebelión de las bases contra las direcciones sindicales, como ya lo atestiguó la crisis en la CFDT y su seccional de ferroviarios. CFDT-Cheminots decidió mantener su llamado a la huelga indefinida en SNCF, pasando por encima de su dirección nacional. En su AG del viernes por la mañana en Porte de la Villette en París, los delegados sindicales de Unsa dijeron: “Si quieren irse de vacaciones arriba, que vayan, nosotros seguimos en huelga”. Los trabajadores contestan en asambleas que “la huelga es de los huelguistas”, no de los amarillistas. Política, no Luego de 15 días de luchas, huelgas y movilizaciones enormes, la izquierda rechaza toda perspectiva transicional. Lutte Ouvrière dice que respaldó “todas las acciones que permiten concretar la solidaridad y la comunidad de intereses entre los trabajadores. En todas partes, ponemos fuerzas para permitir que los huelguistas controlen su huelga”. ¿Pero de qué se trata este “control”? “En este movimiento dirigido por las confederaciones sindicales, nuestro objetivo era tratar de elegir comités de huelga, responsables de implementar las decisiones de las asambleas generales, compuestas por huelguistas, sindicalizados o no, pero todos elegidos y destituidos por los huelguistas. Al no pretender liderar el movimiento, estos comités de huelga permiten a los trabajadores hacerse cargo de su huelga localmente, compartir las tareas, movilizar a los huelguistas y aprender relaciones democráticas” (Lutte de Classe, n° 204). ¿No pretender liderar el movimiento? Contrariamente a lo propuesto por LO, Trotsky decía que “la significación principal de los comités reside en que se transformen en estados mayores para las grandes capas obreras que, por lo general, el sindicato no es capaz de llevar a la acción” (“Los sindicatos en la era de transición”), justamente poder “liderar el movimiento” y romper con la burocracia, no hacerle el juego. Para LO hay que construir una “verdadera huelga victoriosa”, pero sin que la vanguardia revolucionaria la dirija. Definen que “los grandes batallones de la clase obrera” no participaron, y que los chalecos amarillos lo hicieron como “francotiradores” (les critican no tener “reclamos salariales”). Sin embargo, para LO se trata de “formar un partido de los sindicatos”. Trotsky definía que la tarea de los revolucionarios es “esforzarse constantemente por renovar el aparato de los sindicatos proponiendo atrevida y resueltamente en los momentos críticos nuevos líderes dispuestos a la lucha en lugar de los funcionarios rutinarios y trepadores. También deben crear, en todos los casos en que sea posible, organizaciones de combate autónomas que respondan mejor a los objetivos de la lucha de masas contra la sociedad burguesa, no retrocediendo, si fuera necesario, ni ante una ruptura directa con el aparato conservador de los sindicatos” (ídem). El NPA (Nuevo Partido Anticapitalista), eligió la consigna “que se vayan todos” (“Qu’ils s’en aillent tous!”, 17/12), pero no dice qué debe venir. Por eso el planteo termina siendo ultimatista y apolítico. Para el NPA, Francia entró en una “nueva fase de enfrentamiento social” (9/12). Un dirigente de la “IV Internacional” dice que hay que “dar una respuesta anticapitalista común”, no una salida socialista, y por eso apoyan “todas las propuestas unitarias”, no el frente único de clase. Para el NPA, el “Gobierno de los trabajadores, gobierno de las organizaciones de trabajadores, etc. son formulaciones poco utilizadas y poco entendidas” (19/12) y, por lo tanto, deben ser abandonadas. Si no es un gobierno de trabajadores, ¿cuál es la alternativa? Una de sus corrientes internas del NPA, la FT-CI, Révolution Permanente, apéndice del PTS argentino, sigue a la letra la línea del NPA. Dice que Francia atraviesa una “crisis orgánica”, que define como “sacudidas sociales recurrentes que empiezan a develar nuevas formas de pensar en las clases subalternas”. ‘Sacudidas’ llaman a huelgas y movilizaciones políticas, ‘subalternas’ al proletariado, ‘formas de pensar’ al desarrollo de una conciencia de clase y a la diferenciación con la burocracia sindical. Deforman la lucha de clases usando el lenguaje académico. Alertan en contra de ofrecer una perspectiva política a la Huelga General y a la crisis que de poder que ha desatado: “Los Chalecos Amarillos pusieron en alto”, dicen, “el grito de ‘Macron dimisión’. En la lucha actual se comienza a retomar ese grito. Pero, a falta de alternativa política, como era la izquierda en el pasado, los trabajadores quedan a la defensiva: es que después de Sarkozy, Hollande y ahora Macron, ya nadie quiere reemplazar a este presidente odiado por otro político burgués o, peor, por la extrema derecha de Marine Le Pen” (Juan Chingo, “La determinación de los huelguistas merece un plan para ganar”, 15/12). La perspectiva política de izquierda en el pasado, a la que alude el PTS, no fue otra que la Unidad de Izquierda de Mitterrand, un gobierno imperialista al servicio del capital francés. El muro que levanta entre los medios y métodos para ganar la huelga, de un lado, y la perspectiva de un gobierno obrero, por el otro, es artificial, más aún cuando extorsiona a la clase ‘subalterna’ con una victoria de la derecha. Una victoria real de la huelga, lo quiera el PTS o no, abre una crisis de poder, que exige una definición clara de parte de quienes se autodefinen como revolucionarios. Como ironizó Trotsky: “sacan el paraguas en días de sol”. Así como en Argentina, Fuera Macri, era hacerle el juego a los K, en Francia, Fuera Macron, es hacerle el juego a Le Pen. El desarrollo de comités de bases y de un comité nacional de huelga ganaría fuerza, no al revés, si se ofrece una perspectiva política propia de los explotados. El reclutamiento de activistas en el curso de la lucha y por medio de una orientación que promueva el desarrollo de comités, no puede desenvolverse escondiendo a los trabajadores la estrategia del partido que los convoca a integrar sus filas - ¡y mucho menos en oposición declarada a esa estrategia! La huelga general pone en cuestión no sólo la reforma previsional, sino quién dirige el país, algo pasado por alto por la burocracia y la izquierda. El movimiento obrero, que ha hecho un gran avance en superar a sus direcciones burocráticas (renovación de la huelga, Asambleas Generales, Comités de huelga, etc.), se ve frente al muro que levanta la izquierda a las perspectivas políticas de los trabajadores.

Ningún propagandista del kirchnerismo ha recogido las declaraciones efectuadas a “Radio con Vos” por el ex vice de Kicillof y actual asesor “off shore” de F F, Emanuel Álvarez Agis. Lo que Álvarez dijo sin vueltas es: “tenemos que aplanar la pirámide jubilatoria”. Luego de batir el parche sobre las “injusticias” que conlleva la existencia de jubilados “con 50.000 pesos” de haberes, de un lado, y otros con 14.000, planteó convertir a la jubilación en un “ingreso único a la vejez” (sic) - muy cercano a la actual jubilación mínima, más alguna adición en marzo. Este ingreso único no remunera a cada jubilado de acuerdo con su necesidad –lo que debería partir del 82% de la actual canasta familiar, pues apenas cubre el 20% de esa canasta. Es una jubilación de acuerdo “a la necesidad” … del pago de la deuda pública, que se ha devorado los fondos jubilatorios argentinos desde hace décadas. El derecho a la jubilación corresponde también, en un régimen social de cesantías, desocupación y trabajo en negro, a quienes no han completado sus aportes. No hacerlo es extender al trabajador retirado la negación del derecho al trabajo por parte de las patronales y el estado. Atención, docentes La fantochada sobre las jubilaciones de privilegio´ y la eliminación de los llamados regímenes especiales , apunta a liquidar las conquistas de algunos sectores de trabajadores –como la docencia- que han logrado el 82%. El gobierno debió recular de hacer tabla rasa con ellos, cuando advirtió el decidido repudio de parte de maestros y profesores. Ahora, la agitación contra los privilegios` apunta a presentar también como privilegiados a sectores que anticipan su retiro por razones de insalubridad, así como a los trabajadores de la educación, judiciales y algunos otros. La agitación oficial –acompañada en este caso por los medios macristas- pretende volcar a la población más explotada contra aquellos que han logrado defender parte de sus conquistas previsionales. Es necesario establecer desde ya una campaña de alerta y clarificación en todo el movimiento obrero y principalmente en la docencia: está en marcha una operación de liquidación del sistema previsional. Defendamos el 82% móvil y la jubilación mínima equivalente a una canasta familiar –hoy en 75.000$. ANSeS y PAMI dirigido por trabajadores y jubilados electos. Los privilegios de la “casta política” del capital no los van a suprimir los agentes del capital. El derecho a la revocatoria de los jueces y todos los cargos públicos y sus privilegios, solamente será impuesto por un gobierno de trabajadores.

El gobierno de Alberto Fernández dio su propio paso en el objetivo de estatizar el movimiento de mujeres, que no solamente en Argentina alberga en su seno una poderosa tendencia ‘antisistémica’: el anodino Instituto Nacional de la Mujer de Macri dio paso a un Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, que encabeza la abogada Ely Gómez Alcorta. La ministra, que se presenta como una militante “feminista popular”, presenta al Ministerio como “una demanda” y “una conquista de la calle”, aunque se desconozca en qué ocasión “la calle” reclamó un ministerio. Es claro que el propósito es encerrar la calle entre cuatro paredes. Ningún movimiento auténticamente popular quisiera tener como árbitro a un Estado que es rehén del capital financiero por la suma de u$s 400 mil millones de deuda externa. A las jubiladas que cobran por encima de la mínima, y a los maridos de ellas, ya les han suspendido la movilidad jubilatoria. Gómez Alcorta se enorgullece porque "los feminismos han sido un motor central, clave, en las resistencias de estos cuatro años. Los feminismos han mantenido caliente la calle. El primer paro al macrismo lo hicimos las mujeres, es que el feminismo popular es antineoliberal". “Somos un espacio de resistencia”, explica, y “el ministerio va en el mismo sentido”, dice (Clarín 15-12). La ministra no se reconoce en el movimiento de mujeres anterior a los últimos cuatro años, cuando cree que nació de un repollo ‘antineoliberal’. El 3 de junio de 2015 -cuando gobernaba CFK- más de 300.000 personas salimos a denunciar la complicidad del Estado y pedir justicia por Chiara Páez, una santafesina de 14 años, asesinada por su novio. Más tarde, el reclamo del aborto legal, seguro y gratuito convocó a las movilizaciones más nutridas de la historia nacional, con la oposición del ‘espacio de resistencia’ de los nacionales y populares que anudaban lazos con Bergoglio. Para la ministra, las mujeres habríamos tomado ahora el poder, nada menos, desde que pasamos a integrar un gobierno de otro carácter - ahora ´nacional y popular’. La conclusión es que deberíamos abandonar “la calle”, para ocupar “el espacio de resistencia” del ministerio. La intención de integrar el movimiento femenino al Estado no podría ser más concluyente. El problema es que el clero también tiene un ministerio que hace las veces de su propio “espacio de resistencia”, lo cual supone que las contradicciones entre la pedofilia organizada y el movimiento emancipatorio de la mujer se dirimirán en reuniones de gabinete. El ministerio no es una respuesta institucional al protagonismo político del movimiento de mujeres, como dice la ministra. Es un intento de cooptar al movimiento para privarlo de la autonomía que lo ha convertido en un gigantesco protagonista internacional. Si estuviéramos todas en casa, no habría ninguna necesidad de prometer “políticas públicas” que “muestren la desigualdad en que vivimos”. La complicación viene cuando esas “políticas públicas” sufren el acoso de la política de cortes fiscales o presupuestarios y de los acuerdos con el FMI. La emancipación de la mujer no se decide, sin embargo, tampoco en la discusión anual del presupuesto sino en una revolución de las relaciones laborales y sociales en su conjunto. El despotismo familiar no hallará principio de salida si no termina la injerencia social, política y cultural del clero. Miembro del CELS y defensora de Milagros Sala, Gómez Alcorta, atea practicante y ministra de pañuelo verde, proviene de Mala Junta (la agrupación de mujeres del espacio de Itai Hagman). Es la “izquierda popular” que se alió al Movimiento Evita, la CTEP, Nuevo Encuentro y Somos de Victoria Donda para fundar el Frente Patria Grande y hacerle campaña a CFK con la bendición del Vaticano. En el programa del Frente Patria Grande ni se menciona la palabra aborto ( https://patriagrande.org.ar/ ). Su dirigente máximo es Juan Grabois, el hombre de Bergoglio, que opina que el aborto “no es del interés de las mujeres pobres” y que la religión es “una forma de resistencia frente a la globalización excluyente” (sic). Como se ve, hasta el Vaticano es ‘un espacio de resistencia’, claro que contra la mujer y los niños. El saneamiento del Banco del Vaticano ha sido encargado al Deustche Bank – no precisamente un ejemplo de ‘antiglobalización excluyente’. Un documento del Ni Una Menos reprochó que “tantas feministas” se subieran “a la procesión que lidera Grabois”. Gómez Alcorta dice que el aborto “se trabajará en clave de salud pública”. Esto podría significar que no es un derecho, lo que excluiría a las entidades privadas de salud y hasta a las obras sociales que maneja la burocracia sindical pro-clero. Ginés García declaró que prefería que fuera discutido recién en 2021 - ¿luego del acuerdo con los bonistas? Los intentos de inmovilizar la lucha social de las mujeres a través de la cooptación de las dirigentes del movimiento feminista no son nuevos, por ejemplo, dándoles una oficina hasta en el Banco Mundial. Pero el peronismo es un caso ejemplar en el mundo cuando se trata de eso, porque va derecho a la estatización. En esta década, la potencia de las luchas femeninas las convirtió en un parteaguas que va mucho más allá de las reivindicaciones propias del género. Trump, Bolsonaro, establecen una analogía entre las luchas de mujeres y el comunismo, la perspectiva de género y la lucha de clases. En el bando “progresista”, la lucha de las mujeres, rebautizada “lucha feminista”, es usada para construir un paradigma social que despierte esperanzas en un capitalismo igualitarista sostenido sobre un cambio cultural, un capitalismo supuestamente sin patriarcado, pero con las mismas relaciones de producción y apropiación. Cuando se traduce a la práctica, este discurso se resuelve en la cooptación y en la estatización. El colectivo “las mujeres” está atravesado por la pertenencia de clase, por intereses que muchas veces son contradictorios, y no hay cupo parlamentario ni ciudadanía de mujeres que haga que las explotadas dejen de ser explotadas y las explotadoras, explotadoras. La aceptación de la cooptación estatal por parte la pequeña burguesía nacional y popular, es una muestra de esta diferenciación social y un intento de confundir aún más lo que más debe ser esclarecido: la salida no son las ‘políticas públicas’ sino poner fin a la explotación capitalista. La ministra dice que su máxima preocupación es la “inequidad en el sistema de cuidados” - el lenguaje dulcificado de la doble opresión y la esclavitud doméstica. En tanto ‘el sistema de cuidados’ sea un asunto privado, será siempre la cobertura de la esclavitud doméstica. Debe recaer en la sociedad, por medio de la socialización de los servicios domésticos. “Un plan nacional de cuidados, profesionalizar esas tareas con participación privada, estatal y comunitaria”, como dice ‘pensarlo’ Gómez Alcorta, ya ha hecho un gran avance en Europa. Se ha convertido en una de las principales ramas de servicios; en Argentina, quienes se encargan de ello están afiliados a ATE. Funciona como una empresa de empleos, con personal precarizado (largas horas de trabajo), con elevados rendimientos para las patronales. Atiende por sobre todo a la vejez, a cambio de un precio de servicio. Es la apertura de un nuevo negocio. Podría servir para que las compañeras y compañeros de los movimientos sociales -la “participación comunitaria”- sustituyan el sistema de cuidados familiar “bajo convenio” por alguna ONG, pero con salario a destajo. Es lo que seguramente tiene en la cabeza el ministro Arroyo cuando asegura que la salida a la pobreza es “el trabajo”. Si la ministra quisiera combatir la carga de los cuidados domésticos (no repartirla entre la familia) tendría que reivindicar el derecho al trabajo, el salario mínimo igual a la canasta familiar, jubilaciones del 82%, levantar jardines de infantes, escuelas, clubes y centros culturales, centros de jubilados. Garantizar el acceso gratuito a la salud de toda la población con una red que releve a las mujeres de la batalla por conseguir un turno médico. Garantizar lavaderos y comedores comunitarios que les den un carácter social a las tareas domésticas. Todo lo demás es un discurso que embellece un régimen de alienación y explotación, para justificar la integración del movimiento de la mujer al estado; una estatización cuyo único fin es amoldar el movimiento popular al estado y evitar que la crisis capitalista se convierta en rebelión popular.

La “dirección de sumarios” del Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires ha hecho conocer su voluntad de sancionar al ex presidente de la FUBA Julián Asiner y a dos estudiantes de la Facultad de Exactas por las protestas que se realizaron debido al fraude perpetrado contra la federación. EL 26 de junio del 2018 la FUBA convocó al Consejo Superior exigiendo que detenga su aval al congreso trucho realizado por la Franja Morada, el macrismo y parte del peronismo. En ese congreso amañado, estas fuerzas políticas falsearon 2 delegados con el objetivo de conseguir el número necesario para alcanzar el quórum y por lo tanto renovar las autoridades. Este intento de apropiarse indebidamente de la FUBA le valió a la Franja el repudio del conjunto del movimiento estudiantil y de lucha. Semanas después, en medio de la gran rebelión universitaria, las elecciones estudiantiles enterraron el fraude cometido. Lo que las autoridades de la UBA quieren hacer pasar como un hecho delictivo en realidad se trató de una legítima protesta. Esa movilización colocó de manifiesto que el rector Barbieri, la policía y la justicia -junto con algunos medios de comunicación- alentaron el operativo, este si delicuencial, de sustraer una Federación. La convocatoria fue fuertemente reprimida, como lo demuestran los videos donde la policía federal golpea estudiantes en el piso. El día posterior la represión y la movilización continuaron. Con un enorme operativo policial que rodeo el rectorado se quiso impedir el paso de nuestro consejero superior a la sesión y se llevaron detenido al estudiante de Sociales Federico Fernández. Aunque en la justicia federal ninguna de las causas que se abrieron ese día prosperaron, las autoridades de la UBA intentan de todas maneras insistir por medio de estas sanciones. El hecho de que los sancionados sean tres, cuando se lo que se trató es de una movilización de un conjunto mucho más amplio de estudiantes, marca a las claras la arbitrariedad completa de las sanciones. La movilización exigía una reunión con el rector. Individualizar la responsabilidad es un ataque a la petición colectiva y al derecho de protesta. Para colmo, según la propia resolución, se confiesa que “no se ha logrado acreditar que los daños producidos hayan sido causados por alguno de los acusados”. Esto es así ya que los mismos videos lo que muestran es a la patota de APUBA destrozando el rectorado y golpeando estudiantes. Contra lo que se desprende del propio informe que elaboró esa comisión, se proponen sanciones importantes que tienen que ser fuertemente rechazadas. “Un mes de suspensión con expresa prohibición de acceder a la Universidad”, lo que además opera como antecedente negativo en los legajos. Se trata, por lo tanto, de un atropello inconcebible y un intento de reforzar medidas de disciplinamiento al conjunto del movimiento estudiantil y docente. Nuestra exigencia de la clausura o anulación del sumario -encontrándonos aún en el tiempo de apelación- es al mismo tiempo una defensa de principios del derecho a luchar y manifestarse. El movimiento universitario históricamente, -y con mucha fuerza desde 1918- ha tenido que defenderse de todos los atropellos y las violaciones contra nuestros derechos y libertades. Reclamamos el fin de las sanciones a estudiantes y docentes en la perspectiva de una nueva irrupción de lucha. En un contexto de ataque del nuevo gobierno de Fernández hacia los jubilados y la Universidad pública, -como lo demuestro el intento de quita del 82% de jubilación a la docencia, además de los recientes atropellos a los docentes ad honorem-; es necesaria una fuerte campaña de las federaciones, centros de estudiantes y gremios docentes contra este atropello. La AGD y los centros independientes tienen que promover estas medidas. El terreno está abierto para anular estas sanciones y avanzar por todos los reclamos estudiantiles y docentes.

Uno de los principales editorialistas del Financial Times decidió unirse al coro de voces que descubrieron la ola de rebeliones populares que recorre el mundo, en lo que califica “el año de las protestas callejeras”. De entrada va más lejos, sin embargo, al decir que “cuando los historiadores pongan a 2019 en perspectiva, podrían declararlo también como un año clásico de la rebelión popular”. Este ideólogo de la clase dominante va de entrada más lejos que cuanto izquierdista pulula hoy en el mundo. El comentarista se atreve a alinear 2019 con los años 1848, 1917, 1968 y 1989. Con esta analogía ubica a las rebeliones del año que concluye como un hito histórico, aunque es por supuesto confusa porque amalgama revoluciones (1917) con semi-revoluciones (1848 o 1968) y contrarrevoluciones, como concluyeron las protestas y levantamientos de 1989. Esta carencia de método deja en el vacío las perspectivas de las rebeliones populares en desarrollo. Es lo que ocurre, asimismo, con el izquierdismo vulgar, que no osa plantear una perspectiva hasta que los hechos no se hubieran consumado. Lo que sorprende, aunque hasta cierto punto, en un periodista del FT, es que no pueda encontrar un lazo común entre acciones de masas que se distinguen por sus localizaciones diferentes y por acentuadas particularidades nacionales. Es claro, sin embargo, que son eslabones de la cadena internacional de puebladas desatadas por la bancarrota capitalista que estalló en 2007/8. Este sacudimiento del sistema capitalista golpeó todas las estructuras establecidas y a los regímenes políticos más diversos. Cuando se tiene en cuenta la diversidad de estos movimientos, lo que se destaca es su homogeneidad, pues de Egipto a Irak y de Sudán a Argelia, se repiten consignas comunes – como la que reclama “la caída del régimen”. O los reclamos "Fuera Piñera" o "Fuera Duque", por una Constituyente Soberana, en Chile y en Colombia – y también en Haití. El periodista se asocia a la tesis de la ‘espontaneidad’ de estas rebeliones, sin advertir que una acción política de masas consiste en un movimiento de superación de esa espontaneidad - en un progreso cualitativo de lo consciente sobre lo espontáneo. Incurre de este modo en una falacia típicamente izquierdista, que consiste en depositar la ‘consciencia’ en los aparatos exteriores a las masas, y en negar un desarrollo de esa consciencia en las masas, en el pasaje de la acción parcial a la la acción colectiva. Olvidan que fueron las masas las que crearon los soviets, sobre los cuales los bolcheviques forjaron su estrategia política. Un partido revolucionario no representa un polo subjetivo opuesto a la subjetividad de las masas, sino como dos aspectos dialécticos de la subjetividad revolucionaria, Un partido se convierte en revolucionario cuando inter-actúa con la subjetividad de los explotados, para elevarse mutuamente al nivel histórico más alto. Es así que dota a las masas y a sí mismo de una capacidad de acción definitivamente decisiva. Esta dificultad para atar los cabos entre, por ejemplo, la consigna de República Laica en Irak y, digamos, abajo la reforma previsional, en Francia, donde se ha desatado una semi-huelga política de masas, o abajo el estado español, por el derecho a la autodeterminación de Cataluña, demuestra una comprensión ingenua de la revolución mundial. La política mundial no es única, está articulada por medio de diversidades y contradicciones. Las rebeliones nacionales, femeninas, campesinas, de la juventud traducen en un lenguaje histórico y en una acción histórica a sujetos a desarrollo, la oposición irreductible entre las necesidades humanas y la dominación del capital. Sólo aquellos convencidos de sus propios prejuicios no advierten la ‘construcción de poder’ en los barrios, calles y empresas de Chile, y en la formación de grupos de acción de jóvenes contra la represión, con un rol destacado de la juventud femenina. Lo mismo no pueden advertir en la unión de shiitas y sunnitas en Irak, apoyada en millones de personas en las calles y barricadas, contra el estado sectario montado por la ocupación norteamericana. O el inicio de huelgas políticas generales en Colombia, luego de cuatro décadas. Estos hechos ‘objetivos’ son creaciones de las masas, ‘subjetivas’, y las que permiten una política revolucionaria, porque “de la nada no sale nada, salvo que ya esté adentro”. Acertadamente, el editorialista británico, destaca que la impresión de falta de unidad de las numerosas rebeliones internacionales, está determinada por la ausencia de “un momento icónico”, a que no ha habido aún una victoria revolucionaria. Han caído gobiernos y gobernantes, pero todavía en el marco del régimen político pre-existente. La revolución se distingue de la victoria de la revolución – muchas revoluciones tardaron años en poner fin al viejo régimen político. La diferencia entre una revuelta y una revolución consiste en que esta posee un hilo de continuidad, determinado fundamentalmente por la crisis histórica en presencia. Las situaciones revolucionarias y las revoluciones, conjugan un impasse histórico de la sociedad, que se manifiesta en la imposibilidad de gobernar de los de arriba y el fin de la tolerancia de los de abajo. El columnista de marras deja constancia, con todo, que “en Medio Oriente y América Latina las protestas se encuentran lo suficientemente extendidas como para constituirse en un genuino levantamiento regional”. El editorialista parece señalar lo obvio cuando señala que las rebeliones populares “no pueden disimular una carencia de organización y estrategia (…) son revueltas sin dirección”. No es tan sencillo, señor – en todos esos casos actúan fuerzas políticas con un mayor o menor asiento histórico nacional, que actúan como fuerzas vivas en oposición a una revolución y a una victoria revolucionaria. La falta de estrategias es un concepto vacío que la política no tolera – como todo el mundo sabe. El partido comunista, en Chile, en Colombia, en Uruguay, no es lo que fue, pero se encuentra aún instalado en los sindicatos y moldea, no como antes, claro, su política. Lo mismo el nacionalismo árabe, que apoyó incluso golpes militares ‘laicos’, en supuesta oposición al islamismo político. Existe una lucha política encarnizada, donde la llamada izquierda adopta una línea de pasividad política, en nombre de la ‘inmadurez subjetiva’. No se debe confundir una crisis de dirección con la falta de ella. Por ello es tan decisivo en el período revolucionario que busca abrirse camino, una lucha política bien determinada, que pasa, primero, por una adecuada caracterización de la etapa. A pesar de todo, lamenta este hombre, “las protestas masivas de 2019 muestran pocos signos de extinguirse”. “La confrontación en España y Chile podrían intensificarse“. De modo que, “mientras 2019 califica por un lugar en los anales de la protesta callejera, es posible que el año que conmueva realmente al mundo termine siendo 2020. Felicidades a los lectores, a todos los compañeros y a los luchadores.

En la mañana del 24 de diciembre, el concejo de Rosario votó el presupuesto 2020. La votación, en línea con el plan de “austeridad” o “ajuste” que anunció Alberto Fernández para coquetear con el FMI, significa un golpe durísimo al salario. Entre los puntos más importantes del articulado, se encuentra el aumento y la indexación de la Tasa General de Inmuebles y la cesión de facultades al intendente Javkin para aumentar el boleto interurbano de colectivo hasta 4 veces durante 2 años, lo que configura un impuestazo al conjunto de la población. Fue votado positivamente por todos los bloques, a excepción de tres concejales peronistas. El aumento de la TGI estará indexado a la inflación de este año (casi 60%) y el año que viene tendrá cuatro aumentos trimestrales según el coeficiente del impuesto a los residuos que le cobran a los comercios. En Argentina, lo único que no puede estar indexado son los salarios y las jubilaciones, como declaró recientemente Alberto Fernández, por el riesgo a que el régimen previsional colapse. ¿Acaso las destrozadas economías familiares no corren tal riesgo? El concejo volvió a ceder, como lo hizo hasta ahora con Mónica Fein, los superpoderes para que el intendente Javkin pueda aumentar de manera discrecional el aumento de boleto, que tuvo tres aumentos en 2019 y según la nueva legislación podrá tener hasta ocho aumentos en los próximos dos años. Cortina de humo al servicio de “las grandes fortunas” Para poder votar semejante ajuste, tanto los concejales como el intendente decidieron colocar una cortina de humo. El operativo comenzó muy temprano en la mañana cuando Javkin firmó un decreto llamado “Emergencia, Ahorro y Austeridad” que prevé algunos recortes insignificantes a los gastos de la municipalidad como choferes o líneas telefónicas. Quizás Javkin se apresuró a presentar esta medida porque conocía que a las 12 del mediodía los concejales de Ciudad Futura presentarían una “reforma fiscal” basada en la rebaja del 30% del salario de los concejales y bajo el espíritu de alinearse con la emergencia económica votada por el Congreso Nacional pero mostrando un “gesto de austeridad” y fuertemente simbólico bajo el slogan #ElEsfuerzoEsDeTodos. A las 4 de la tarde, medio entredormidos, los concejales del PRO retrucaron y pidieron que la “austeridad” alcance al personal político de la intendencia, propuesta rechazada por Javkin porque la intendencia no tiene asesores. Lógico. De este fenomenal operativo de encubrimiento pueden sacarse dos conclusiones. En primer lugar, la retórica utilizada: se repiten hasta el hartazgo las palabras “emergencia” y “austeridad”, términos utilizados por los funcionarios del FMI para promover los programas de ajuste y que Alberto Fernández materializó con el robo a los jubilados de la última semana. En segundo lugar, como declaró Juan Monteverde de Ciudad Futura, que el impacto fiscal de estas reformas que promueven será “irrelevante”. Esto quiere decir que esta pantomima tiene como único objetivo justificar las medidas de ajuste que votaron en el presupuesto y que puedan salir, ahogando más las economías familiares que vienen realizando un esfuerzo inhumano en los últimos años con tarifazos, impuestazos, desempleo y pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación. La hipocresía no puede ser mayor. Los abanderados de la “nueva política” votan junto a la “vieja política”, es decir, junto al PRO y al Frente Progresista, un nuevo impuestazo a la población. Mientras saludan la ficticia “suspensión de los tarifazos” de Alberto Fernández, que no retrotrae a la situación anterior a los aumentos, votan cederle superpoderes al intendente para imponer nuevos tarifazos. Envejecen muy rápido. A este escenario de guerra contra el trabajo y el salario, desde el Partido Obrero Tendencia venimos apoyando todas las luchas de los trabajadores municipales por el pase a planta permanente y el pago de horas extras adeudadas. Rechazamos el presupuesto de ajuste y el pedido de un “esfuerzo” aún mayor y reclamamos un aumento salarial de emergencia para todos los municipales, la indexación según inflación, el respeto de la cláusula gatillo y el reclamo a la gestión provincial del gobernador Omar Perotti, que tras la suspensión del Pacto Fiscal, envió una Reforma Tributaria que deja intacto el Impuesto a los Ingresos Brutos pero aumenta el Inmobiliario, para que imponga un impuesto progresivo a las enormes fortunas que se beneficiaron con el programa económico macrista como los bancos y las cerealeras, grandes ganadores de la especulación y la devaluación para poder financiar la recuperación del trabajo y el salario.

En medio de un total hermetismo, Atilra cerró la negociación por la actualización salarial para el segundo semestre de este año, luego de levantar una medida de fuerza a último momento, . Si bien varios medios destacan en sus titulares que se trata de una "paritaria récord del 55%", lo que se terminó negociando es un 16% para el mes de diciembre, no remunerativo, que se computa para el cálculo del aguinaldo, pero del que se descuentan los cinco mil pesos del bono otorgado en octubre por el gobierno de Macri (que, dicho sea de paso, también se terminó pagando en cuotas). El otro 16% será para el mes de enero del 2020, en este caso, remunerativo. Teniendo en cuenta que las paritarias de los lecheros comenzaron en julio y con una devaluación de por medio que se comió un 20% de los salarios, esta negociación está lejos de recomponer lo perdido. El otro punto que estuvo en discusión en la negociación con las patronales es una suma compensatoria que fue presentada por el gremio como el mayor logro de la negociación. Esta suma será de $18.000 en cuatro cuotas, se terminará de cobrar en abril y es no remunerativa. Esto quiere decir que las patronales quedan exentas de realizar el aporte previsional correspondiente. El comunicado de Atilra oculta, además, que esta suma es solo para las "fábricas grandes" y no para los trabajadores de las pymes, los cuales sólo cobrarán una suma de $5.000 en un solo pago. Tampoco se sabe si los trabajadores de SanCor, de las plantas que todavía quedan en pie, cobrarán esta suma o si por el contrario seguirán percibiendo su salario en cuotas y de manera diferida. Héctor Ponce, secretario general de Atilra, salió por varios medios a comunicar que todos los puntos de la negociación serán refrendados en asambleas extraordinarias para que sean "las bases quienes decidan". Esto es una falacia por donde se lo mire. No existen asambleas en los lugares de trabajo, y cuando las hubo se les descontaron las horas a los trabajadores sin que el gremio moviera un dedo. Las asambleas de las que habla Ponce se realizan en las seccionales, donde ya está todo cocinado. El colmo de todo esto es que se está distribuyendo una circular en la que directamente se culpa a los trabajadores por "haber optado por el modelo neoliberal" y ahora "pedirnos a nosotros que arreglemos lo que de alguna manera contribuyeron a crear". Sin embargo, la primera medida que tomó Atilra ante el gobierno de Macri fue entregar el convenio en bandeja, sin haberlo puesto a discusión con los afiliados. Por otro lado, en la misma circular, se coloca soslayadamente el tema del famoso "aporte solidario" que realizan las patronales por cada trabajador, para la fundación Atilra. Este bono representa tres mil pesos por trabajador en las fábricas grandes y mil quinientos pesos en las pymes, pero aumenta según el porcentaje negociado en paritarias. Este es el único gremio del país que recibe este tipo de aportes, y aunque se aduce que es destinado hacia la obra social (OSPIL), lo concreto es que los afiliados tienen que pagar un bono por la atención médica, muy superior a la de otras obras sociales. Y, ni siquiera cuentan con consultorios propios. Son todos tercerizados. Es necesario, más que nunca, defender el derecho a una asamblea general de todos los afiliados y asambleas por fábricas para que de esta manera los trabajadores deliberen y participen activamente en la discusión de un plan de lucha. Por el salario, que debe ser de un básico igual a la canasta familiar (hoy, en 70.000 pesos). Pero también por los puestos de trabajo, contra las suspensiones y los despidos. En solidaridad con los trabajadores de SanCor y por las condiciones de trabajo que están siendo avasalladas por las patronales quienes pretenden imponer regímenes cada vez más explotadores. Quedó demostrado con el alto acatamiento que tuvo el paro de hace unas semanas, que las reservas de lucha de los trabajadores están intactas. Aunque la burocracia pretenda contener este proceso, esto chocará directamente con las necesidades de los trabajadores.

Desde que se produjeron las elecciones generales, el nuevo oficialismo nacional reiteró hasta el cansancio que Argentina constituía la excepción de un continente surcado por rebeliones populares –ello, porque aquí la bronca fue pacíficamente encauzada por el voto al Frente de Todos. Desde la izquierda del FIT U y el aparato oficial del PO, esta tesis encontró su horma, y algunos editorializaron que “Argentina no es Chile”. Pero bastó que se abriera una rendija en el interior del país, y nada menos que en su cuarta provincia, para que el ´fantasma que surca el continente´ ingresara en territorio nacional. La habilitación al uso de cianuro y otros productos contaminantes en la megaminería, a través de un pacto radical pejotista en la legislatura mendocina, desató una rebelión popular que se encuentra en pleno desarrollo. En las movilizaciones que tienen lugar en la provincia, se advierte la impronta de la rebelión chilena: la persistencia y profundidad de las marchas; la afluencia masiva de jóvenes; el desafío a las organizaciones obreras o sociales tradicionales; la respuesta todavía más enérgica y masiva luego de la represión, que intentaba justamente amilanar a los manifestantes. La misma tendencia se manifestó hace semanas atrás en la lucha de los residentes y concurrentes porteños, que terminaron rodeando la jefatura de gobierno luego de una huelga general de una semana. Oposición albertista Los abanderados de la ´transición ordenada´ dicen que el pueblo mendocino se levanta contra un gobierno macrista, o sea que estaríamos asistiendo a un remezón del pasado (lo mismo había ocurrido con Larreta y los residentes). En realidad, no saben de qué hablan. El tándem mendocino Suárez-Cornejo viene de oponerse a la tentativa macrista de boicotear la “emergencia económica”, con el argumento de defender la nueva gobernabilidad nacional. En este acercamiento al albertismo, el mandatario mendocino fue acompañado por Gerardo Morales, el carcelero de Milagro Sala. La razón de ambos para esta semiconversión al gobierno es el interés común en relanzar la minería a cielo abierto, venciendo todas las trabas legales que en estos años se fueron imponiendo como resultado de la movilización popular. El tercer mosquetero del lobby minero es el chubutense Arcioni, que apuesta a derogar las normas protectivas en medio del reavivamiento de las movilizaciones y asambleas que tuvieron lugar bajo el chubutazo. La rebelión mendocina, por lo tanto, es un golpe en el corazón del régimen actual, y de sus planteamientos estratégicos. En los intentos del gobierno para salir del defolt de la deuda, la cuestión minera ocupa un lugar central, junto al impulso a Vaca Muerta. La “emergencia económica”, por eso, estableció una reducción a las retenciones mineras. El ministro Guzmán dice que la Argentina “necesita generar dólares” para pagar la deuda . Pero las chances de salir del defolt por medio de las exportaciones energéticas y mineras se encuentran doblemente cuestionadas. De un lado, por el peso gigantesco de la deuda en relación a los dólares que puedan aportar esas exportaciones. Del otro, por la crisis mundial, que ha derrumbado los precios internacionales de los minerales e hidrocarburos. En Mendoza, a nadie escapa que la decisión de habilitar el uso de cianuro ha desatado la oposición de la burguesía ligada a la agroindustria, y que exige la preservación del agua. Pero ello sólo demuestra que los planteamientos oficiales son una fuente de mayores desequilibrios y fracturas sociales. La política oficial, que pregona la ´armonía social´, es un acicate a las crisis políticas y a la intervención popular. Argentina, en el eje A la luz de todo lo anterior, es claro que la rebelión mendocina es una poderosa llamada de atención al gobierno y sobre el conjunto del proceso político. La tentativa “nacional y popular” de rescatar al régimen económico y social que terminó hundiéndose con el macrismo se enfrentará, por un lado, con las condiciones de la bancarrota internacional, y, por el otro, con las tendencias a la rebelión popular, acicateadas por la crisis social que deja el macrismo y por el escenario continental. La depredación minera choca con las conquistas impuestas luego de años de movilización en numerosas provincias; la reforma previsional que asoma en la suspensión de la movilidad jubilatoria tiene sobre su cabeza a la rebelión de diciembre de 2017; el mismo destino de choque tendrá la tentativa de suspender las paritarias, con una inflación que no bajará del 40% y que el gobierno, que “desindexa” salarios y jubilaciones, atiza todos los días, cuando, por ejemplo, habilita a impuestazos en las provincias y restaura el IVA sobre los alimentos esenciales. El gobierno buscará maniobrar y reacodomodarse de cara a los mendozasos, pero cada uno de esos virajes acentuará sus fracturas interiores y su capacidad de arbitraje. La gran tarea de la izquierda revolucionaria, en este cuadro, es asociar la defensa de todas las reivindicaciones y conquistas amenazadas a la explicación sistemática del alcance de la crisis, sus lazos con la rebelión continental y la cuestión latente del poder político. Por lo pronto, las crisis mineras replantean la organización social y económica de las provincias, y, por lo tanto, la cuestión de la Asamblea Constituyente. Este es el escenario de conjunto al que debemos integrar las primeras manifestaciones de esta transición política.

Lo que denominamos “UJS-Tendencia” refiere al conjunto de los militantes de la UJS que adhieren a la Tendencia del Partido Obrero constituida mediante la publicación del documento “Por qué una fracción pública”. Es, por lo tanto, el producto de la rebelión contra el copamiento de la dirección del PO y de la UJS por parte de un aparato arribista y electoralista. Sin embargo, mientras la rebelión se desenvuelve, la construcción de una organización juvenil nacional propiamente dicha tiene que desarrollarse con un claro objetivo político: la construcción de una juventud socialista, es decir revolucionaria, ligada a los objetivos históricos de la clase obrera. No partimos desde cero. Nuestra UJS ya existe, como referencia política, expresada en la actividad y en la intervención de numerosas regionales que a pesar del abandono y la expulsión de la dirección actual mantuvieron una actividad ininterrumpida. Contamos, además, con una Carta Abierta publicada en ocasión de la pérdida de la FUBA. La Carta es nuestro documento fundacional: sintetiza, en rigor una elaboración política que comenzó cuando se hizo público el ataque de la UJS oficial a la Tendencia. Durante el desarrollo de la reciente Conferencia Nacional de la Tendencia un conjunto de delegados de la UJS elaboró lineamientos de trabajo para la convocatoria a una primera reunión de Mesa Nacional y una agenda de discusión e iniciativas. El objetivo del presente documento es abrir un debate, no solo en toda la juventud de la Tendencia, sino además en el conjunto de activistas y luchadores interesados por la construcción de una herramienta política propia. Debemos dar lugar a la aprobación de un programa para la etapa y la constitución de una dirección nacional que dé forma organizada a nuestra intervención y un plan de desarrollo para ganar nuevos compañeros a la construcción revolucionaria y socialista. Situación política El mundo atraviesa convulsiones que reúnen, por un lado, una crisis irreversible de regímenes políticos de todo tipo y, por el otro, una intervención histórica independiente de las masas. Todas las clases sociales se ven afectadas por el cuestionamiento activo al régimen social imperante, con sus peculiaridades, y al capitalismo mundial. Las tendencias contrarrevolucionarias se manifiestan hasta ahora en regímenes autoritarios/bonapartistas, de un parte, y por sobre todo en un conjunto de guerras sin salida para el imperialismo, como ocurre en Afganistan, a partir de 2001, e Irak desde 2003, en Siria y el norte de África, que al mismo tiempo amenazan la sobrevivencia del gobierno de Turquía, Irán y Egipto, y la dominación sionista en su conjunto. Las guerras han dislocado a los regímenes existentes y abierto un campo extraordinario de iniciativas revolucionarias, en Iran e Irak especialmente, pero también en rebeliones populares en El Líbano y Egipto. La crisis de las iniciativas contrarrevolucionarias ha dado un vuelo único a las iniciativas revolucionarias. En este cuadro, América Latina ha entrado en un período de características revolucionarias: Ecuador y Chile, donde la rebelión popular ha puesto en evidencia tendencias revolucionarias. En Bolivia, el golpe militar fascistizante de Trump y Bolsonaro no ha podido derrotar a las masas que se levantaron contra la asonada, en medio de una capitulación fabulosa de sus direcciones – el MAS y la COB. En Colombia, plataforma de las conspiraciones contra Venezuela se desarrolla una rebelión popular apoyada en varios paros generales, y planteos políticos definidos: juicio y castigo a la criminalidad uribista, cumplimiento de los acuerdos de paz, Asamblea Constituyente. . La revolución latinoamericana, como etapa, se abre paso a través de choques y contradicciones, que la contrarrevolución (golpes, gobiernos derechistas) ha sido incapaz de revertir, acentuando en esa medida el agotamiento de los regímenes políticos en presencia. En Argentina tenemos al macrismo pulverizado y el ingreso de Alberto Fernández y Cristina Fernández a una etapa de mayores crisis – internas e internacionales. F-F intentará arbitrar políticamente esta crisis a través del pacto social, que expondrá rápidamente sus limitaciones objetivas y subjetivas. Argentina tiende a convertirse en el epicentro de la crisis revolucionaria en América Latina, porque refracta el conjunto de sus contradicciones. Es precisamente en estas condiciones que asistimos a una consolidación del empirismo de la izquierda y al electoralismo y parlamentarismo. No es casual que caractericen a la situación histórica presente como no revolucionaria, y enfaticen su caracterización de la inviabilidad de una acción histórica independiente de las masas. Nuestra Tendencia nace como una respuesta a la crisis de dirección en este momento histórico. El movimiento estudiantil La juventud ha tomado un papel protagónico en este proceso revolucionario, como lo demuestran las rebeliones populares en Chile y en Colombia (lo mismo que en Medio Oriente). En Chile la privatización de la educación y el endeudamiento de los estudiantes, sumado a condiciones laborales leoninas ha cristalizado en un impasse completo para la juventud. No podría entenderse la revolución en Chile sin la movilización protagónica de las movilizaciones por la educación gratuita en los últimos quince años. Es también lo que ocurre en Colombia, con la toma de todas las universidades el año pasado y un paro estudiantil de más de dos meses. En Argentina venimos de una gran rebelión educativa durante el 2018 que condujo a la recuperación de una enorme cantidad de centros de estudiantes. Sin embargo, quedaron totalmente desarmadas luego de toparse con conducciones que no habían cumplido sus expectativas ni habían dado continuidad al proceso de lucha iniciado - como es el caso de medicina de la UBA y de la FUBA. Pero el movimiento estudiantil de nuestro país no está exento de la situación latinoamericana ni del propio contexto de Argentina; la UJS-Tendencia debe darse la tarea de desarrollar una orientación revolucionaria, en primer lugar, mediante una lucha política profunda para recuperar a la UJS, dirigida contra la izquierda democratizante. A través de esta lucha ideológica, teórica y política desarrollamos la continuidad histórica de la UJS, fundada en los 70 por los constructores del Partido Obrero. La “gratuidad” de la educación superior argentina es constantemente puesta a prueba por las orientaciones de las camarillas asociadas al gran capital que gobiernan las Universidades. Por medio de convenciones, financiación y hasta directamente fusiones, los capitalistas manejan la orientación social de la Universidad. La descalificación laboral es acompañada por una descalificación o parcialización educativa, donde tras el discurso de la ultra-especificidad se derrumba la aprehensión en las sucesivas generaciones del conjunto del conocimiento de la humanidad. El “plan Bologna” aplicado en Europa por el Banco Mundial es la referencia para las camarillas del destino de la Universidad Argentina. El recorte de las carreras va acompañado del desarrollo de un negocio con los posgrados arancelados. El sistema de créditos y la resolución 1254 refuerzan la orientación ya suscripta por todos los gobiernos defensores de la Coneau y la LES de descalificación educativa, En Tucumán, la Coneau amenaza directamente con cerrar una carrera entera (Veterinaria). En el conjunto de Universidades avanzan las reformas de los planes y un conjunto de nuevas Universidades nacen directamente con carreras “low cost”. En la UBA la reforma del plan de estudio de Ingeniería es la llave para acrecentar ese proceso que luego derivará en el conjunto de las carreras. Intentos similares se dan contra la educación secundaria y terciaria, con reformas que buscan avanzar en los recortes de los contenidos y las tendencias a la privatización de la educación. La lucha contra las reformas capitalistas y su asociación con la discusión de la clase social que puede darle una salida a la educación es un aspecto nodal en la lucha de la UJS-Tendencia. Los trabajadores y su lucha por la emancipación del conjunto de la humanidad son los que pueden desarrollar toda la potencialidad del proceso educativo. Ecologismo, feminismo y clasismo La movilización de grandes contingentes juveniles se ha visto atizada por el problema de la educación, la precarización laboral, la lucha del movimiento de mujeres, la lucha contra la discriminación y contra la destrucción capitalista del medio ambiente. En todos ellos, la burguesía intenta cooptar a la juventud con planteos para aislarla del problema central que está planteado: el problema de la lucha de clases por el poder. El movimiento “Fridays for Change”, por ejemplo, es un instrumento de la burguesía para justificar una política anti-obrera de ajustes y sobre-explotación, que permita subsidiar a los capitales de “energía alternativa”. El abuso de la naturaleza por el capital (ya denunciado por Marx en el Manifiesto de 1848) es presentado como el resultado de ‘una acción humana’, privada de contenido de clase. El último desastre ambiental, el incendio del Amazonas, tuvo que ser reconocido como una acción del “agro business" sin atenuantes. La lucha del movimiento de mujeres tiene a la juventud como actor preponderante. Mientras millones de jóvenes se levantan contra la opresión política y social, las corrientes feministas desvían el foco de atención hacia ‘el macho violador’, e incluso invierten los términos de la opresión: el estado es un macho violador y no al revés, “el macho” es el producto de violencia de la relación social de explotación y del propio estado – que concentra el monopolio de la violencia de la clase dominante. Llegado el momento de las definiciones políticas, el feminismo se volcó al macho K, su partido pejotista y su estado, revelando la imposibilidad de una autonomía propia del feminismo. La pretensión del FIT-U de ganar el voto de la mujer mediante la práctica de un ‘feminismo consecuente’ o el ‘feminismo del 90%’, resultó un fracaso estruendoso, porque ignoró la disputa política de clase contra el feminismo de los partidos de la patronal. La envergadura internacional del movimiento de la mujer intenta ser instrumentada por el feminismo pluriclasista o directamente burgués, para combatir la ideología del socialismo no solamente en ese movimiento sino en el conjunto de las masas explotadas. Alberto Fernández se ha apresurado en crear el ministerio de la mujer, con el claro propósito de cooptar al movimiento femenino como lo hizo con el de derechos humanos y Madres. No por eso acogerá el reclamo fundamental de las mujeres en lucha, el derecho al aborto: su ministro de Salud señaló que no era “conveniente” hacerlo en 2020. Una juventud socialista revolucionaria La unidad obrero-estudiantil es un planteo de la Reforma del 18, que claramente ponía al primero como furgón de cola del movimiento nacional de la pequeña burguesía. Tuvo el mérito, bajo la presión de la debilidad política de una América Latina dependiente, de introducir el debate político en las aulas universitarias, que se han convertido por eso en un espacio único de lucha de clases, bajo la forma de lucha de tendencias. Nuestra posición es la dirección proletaria de la revolución latinoamericana, una transición histórica bajo la dictadura del proletariado. Esa dirección la constituye el partido revolucionario de la clase y las organizaciones autónomas del proletariado en oposición al estado burgués. La decadencia de la sociedad capitalista ha cancelado cualquier pretensión de ´reformas´. La construcción de una juventud socialista debe hacerse en el terreno de las crisis, guerras y revoluciones de la etapa. La lucha por los centros de estudiantes no es un objetivo en si mismo, que reemplace un aparato por otro, sino subordinado a una lucha política socialista en la juventud estudiantil – secundarios y universitarios. Las tareas de lucha en la educación deben ser inscriptas en el programa del partido revolucionario y sus reivindicaciones transitorias. Recuperación de la UJS y del Partido Obrero Un aspecto ineludible para poner en pie una juventud socialista y revolucionaria es la lucha de programa y principios contra el aparato que usurpado el Partido Obrero. Esta usurpación ha alineado al aparato con los partidos democratizantes de la izquierda, incluso a la derecha de ellos. En la UJS también se manifiestan las consecuencias de esta usurpación. La UJS ´oficial´ se encuentra en un acelerado proceso de descomposición y derrumbe político. Su núcleo dirigente en la UBA está a la cabeza de este derrotero. La pérdida de la FUBA y de numerosos centros de estudiantes, y aún más, el extremo derrumbe en la Facultad de Medicina llevó a la izquierda a una situación muy compleja en el movimiento estudiantil. La orientación sectaria autoproclamatoria, en estos últimos tiempos se vio reforzada. La afecta el desplome de su imagen nacional afecta en la vanguardia y el activismo del movimiento de la juventud. Los manejos burocráticos y de aparato tienen, asimismo, que ser fuertemente combatidos. El desarrollo de nuestra UJS, que ha sido rápido, tiene que atravesar una necesaria delimitación permanente con las direcciones de la izquierda. La lucha contra los aparatos democratizantes, colocan a la recuperación de la UJS y del PO como una tarea de rescate de la continuidad revolucionaria, por un lado, y como una tarea de superación de las condiciones ideológicas y metodológicas que llevaron a la crisis del PO. En la juventud la superación definitiva del aparatismo de la izquierda debe asociar las tareas de lucha al desarrollo de una organización socialista en la juventud, que reposa en la estrategia y el programa histórico de la UJS, que es construir la juventud de la revolución socialista Programa Con estas bases, la UJS Tendencia debe elaborar un programa de transición que traduzca una perspectiva revolucionaria y permita una intervención y organización de grandes contingentes juveniles. Como una base para esto, proponemos: 1.La revolución latinoamericana cuestiona al poder y sobre qué bases se organizan los países, por lo tanto, cuestiona a la educación capitalista. La dominación del capital financiero tiene que ser reemplazada por la de la clase obrera, con los docentes, estudiantes y no docentes. La lucha por la democratización universitaria está subordinada a la conquista de un gobierno de trabajadores que impulse una transformación socialista de la educación. Basta de precarización laboral. Por el pase a planta permanente y un salario igual a la canasta familiar. Por la ocupación de lugares que cierren o despidan. Por la organización de los jóvenes precarizados en sus sindicatos por industria para poder conquistar y defender sus derechos. Por el acceso a la educación a la juventud trabajadora: media jornada laboral para estudiantes sin reducción del salario. Por la unión del estudio y del trabajo bajo la dirección de las organizaciones obreras y estudiantiles Contra la destrucción de la educación pública. Aumento del presupuesto en función de las necesidades discutidas por sus docentes y estudiantes. Plan de refacción de todas las escuelas y terciarios. Defensa y aplicación de los convenios colectivos de trabajo para docentes y auxiliares. Por la defensa de los comedores y becas de estudio. Boleto educativo gratuito. Contra la privatización educativa. Gratuidad de toda la enseñanza. Fuera la CONEAU, derogación de la LES. Abajo la Res 1254 y el sistema de créditos. Por planes de estudios elaborados por los estudiantes y trabajadores. Contra la represión policial. Abajo la ley anti-terrorista. Por una auto-defensa estudiantil. Abajo la ley anti-terrorista. Fuera la policía de las Universidades. Por los derechos de las compañeras. Aborto legal, seguro y gratuito garantizado por el Estado. Separación de la Iglesia y el Estado, confiscación del patrimonio, expulsión de la Iglesia del sistema educativo y sanitario. Basta de femicidios, travesticidios y los llamados “crímenes de odio” mediante la organización de las compañeras y el desmantelamiento del aparato de impunidad policial y judicial. Por centros integrales de asistencia bajo el control |de las mujeres. Abajo los gobiernos capitalistas que descargan sobre las masas el peso de la crisis. Fuera el imperialismo de Latinoamérica. Huelga general y Asamblea Constituyente libre y soberana. Por gobiernos de trabajadores en cada país y la unidad socialista de América Latina. Por la revolución socialista y un gobierno internacional de la clase obrera.

El arte siempre nos brinda la posibilidad de captar las ideas de una época, ya sea porque sus creadores quisieron mostrar algo de manera directa, o también porque esas ideas se plasman de forma involuntaria. Lo que sigue a continuación tratará de rastrear cuál es el clima social y político analizando algunos grandes éxitos de la industria del cine y las series de los últimos años. Crisis Una de las principales características de la sociedad actual es la sensación de malestar con respecto a la economía, la política o las perspectivas de futuro. La última gran muestra de esta sensación de catástrofe es Joker (1), que está batiendo récords de taquilla en estos días. Pero podemos hacer un rastreo más extenso de elementos que nos pueden mostrar un panorama de crisis mundial a través de otros grandes éxitos comerciales de cine y televisión. Un punto de partida para este análisis podemos ubicarlo en los lugares donde transcurren los hechos. En general las grandes ciudades, ya sean reales o ficticias. Grandes ciudades gobernadas por la corrupción (Ciudad Gótica en las diferentes versiones de Batman) y, dependiendo el caso, directamente por regímenes fascistas (Inglaterra de Adam Sutler en V de Vendetta) (2). La violencia es la normalidad y la marginalidad nos da la idea de una ausencia de perspectivas de futuro para las masas que viven allí. Porque la materia prima de las obras literarias o cinematográficas se encuentra en la realidad, y durante las últimas décadas el panorama social es de enormes turbulencias, con los atentados de septiembre de 2001 en Nueva York y la guerra en Irak y Afganistán; la cuestión del terrorismo como nueva amenaza según los gobiernos occidentales y el endurecimiento de la represión por parte de esos mismos gobiernos hacia la población. La cuestión de la crisis económica es el otro factor que enmarca la situación actual. Con desequilibrios que venían desde tiempo atrás y que la situación post 2001 agudizó (alza de los precios del petróleo por la guerra en Medio Oriente, por ejemplo). Tenemos también el estallido de la crisis de 2008 producto de la especulación inmobiliaria y que tuvo como consecuencia la quiebra de grandes bancos y fondos de inversión que provocaron un aumento de la miseria y la desocupación, mientras los gobiernos se dedicaban a rescatar a esos grandes grupos económicos y los más pobres sufrían los desalojos. No es de extrañar entonces que en un film como Batman el caballero oscuro (3), la mafia de Ciudad Gótica tenga lazos estrechos con los grandes bancos, en lo que es una visión completamente negativa de las grandes corporaciones financieras. También podemos mencionar como parte del contexto de las producciones cinematográficas de los últimos tiempos que influyen en el descontento social, a la crisis comercial a nivel mundial y el crecimiento de la competencia económica que puso en crisis a la Unión Europea (Brexit) y a estados como Reino Unido o el Estado Español con grandes movimientos separatistas (Escocia, Cataluña). Ese mundo real de crisis también estuvo regado de rebeliones como respuesta. Desde los indignados europeos, pasando por el movimiento ocupa en EE.UU., varias rebeliones populares que tumbaron gobiernos en América Latina con el cambio de siglo, y las masas árabes estallando contra dictaduras en todo Medio Oriente y el Norte de África a partir de 2010. Luego la guerra en esa misma región y la emergencia de masas de refugiados que buscan escapar de bombardeos y destrucción de sus países echándose al Mar Mediterráneo y en muchísimos casos, perdiendo la vida. La crisis económica y la desocupación (y los indignados), son entonces el fondo donde actúan los ladrones de la serie española La casa de papel (4). Estos “villanos” tienen la simpatía general de la población debido a que los crímenes los cometen, como dijimos antes, contra instituciones que son consideradas las grandes culpables del malestar social, como la Casa de la Moneda y Timbre. Máscaras Así, los ladrones le roban al gran ladrón, y las máscaras que usan se convierten en símbolos de rebeldía. Tanto la máscara de Guy Fawkes que utiliza el superhéroe V en V de Vendetta, como las de Dalí en La casa de papel o la del Guasón en Joker, pueden ser vistas en manifestaciones de todo el mundo, como símbolo de lucha contra el sistema. La rebelión pasa a estar a la orden del día y los (anti)héroes manifiestan la bronca contenida de las personas frente a la violencia del capitalismo. Por eso los “nuevos malos” ya no son rechazados por el público, sino que son festejados y reivindicados, convirtiéndose en “villanos-héroes” que pasan a la acción con métodos drásticos. En el caso de V, haciendo estallar el Parlamento inglés en lo que es una manifestación clara de apelación al “terrorismo” como forma de destruir símbolos y llamar la atención sobre la necesidad de un cambio más profundo que lleve a las masas a movilizarse contra la injusticia. Las masas también están en la calle en estas producciones, lo cual es un dato nuevo en relación de las producciones de épocas pasadas donde el protagonista exclusivo era el superhéroe; aunque en general son masas todavía pasivas, el fondo sobre el que resalta el protagonista individual. En La casa de papel cuando los ladrones asaltan el Banco de España puede observarse a una multitud que está expectante tras las vallas policiales y que apoya a los atracadores. Son masas que apoyan a los protagonistas, pero no buscan convertirse en protagonistas de sus propios destinos. Por su parte en Joker, la multitud sale a la calle en apoyo a un villano que hace su presentación como asesino de altos ejecutivos de la firma del multimillonario Thomas Wayne (el padre del futuro Batman). Y la consigna de esas masas enfurecidas es “eliminar a los ricos”. Así, la lucha de clases pasa a formar parte de las tramas, quedando en un plano secundario la idea de lucha entre el bien y el mal que caracterizaba a las producciones de épocas anteriores, cuando los héroes y los villanos no tenían mayores matices ni complejidad. En ese sentido, las producciones actuales buscan desarrollar personajes complejos y contradictorios y eso los hace más “reales” y atractivos para el público (5). Rebelión En esas sociedades en descomposición, el caos es una pieza fundamental, y los (anti)héroes sacan partido de ello. Si en general la rebeldía se limita a escenas de saqueos y destrucción, hay momentos de verdadera revolución social. Este es el caso de V de Vendetta, cuando llegado el momento decisivo las masas se movilizan al parlamento completamente rodeado por las fuerzas armadas esperando la orden para abrir fuego contra la multitud. En ese momento puede verse cómo la marea humana hace vacilar a los soldados, que desisten de reprimir y las masas terminan pasando por entre los efectivos militares como una fuerza imparable. Una escena que recuerda el relato de León Trotsky cuando se refiere a las jornadas de febrero de 1917 en Rusia y nos cuenta cómo el (mismo) momento decisivo es la duda de los cosacos que permite que la revolución (es decir las masas) avance por debajo de los vientres de los caballos de los cosacos inmóviles, para finalmente derrocar al zar (6). En todos estos casos que venimos señalando, se puede observar la frustración de las personas que son oprimidas, que no tienen esperanza en ningún futuro y que viven un mundo violento y sin contención alguna. Ese es el mundo que permite la emergencia de personajes que no necesariamente estaban destinados a volverse villanos, pero que la sociedad injusta e individualista lleva a la desesperación y a una transformación destructiva. Esto lo podemos ver en Joker, pero no sólo allí. También Breaking Bad (7), por ejemplo, muestra el camino extremo que toma Walter White, un profesor de química que al enterarse que tiene cáncer y que su muerte dejaría a su familia desamparada y con el peso de una hipoteca y estudios universitarios de sus hijos, imposibles de pagar, decide fabricar y vender metanfetaminas. En su desarrollo, la serie muestra el fenómeno del narcotráfico y la vida miserable y marginal de una parte importante de adictos sin perspectivas de futuro en el país capitalista más rico y poderoso del mundo. Walter White paulatinamente se transforma, pasando a ser conocido como Heisenberg y sumergiéndose en el mundo violento en el que para sobrevivir hay que recurrir a métodos y acciones extremas. Futuro La crisis mundial de la sociedad capitalista desde hace años está golpeando fuerte sin distinguir fronteras y la idea de que no hay futuro es la clave predominante. El extremo de esta imagen puede observarse en la explosión de ficciones que retratan un mundo post-apocalíptico, cuyos ejemplos más notables son The walking dead (8) y Fear the walking dead (9). Todo se desencadena cuando aparece una epidemia de origen incierto que provoca que las personas mueran y se transformen en “caminantes” (muertos vivientes o zombies) que asolan las ciudades y pueblos matando a la gente y convirtiéndola a su vez en nuevos “caminantes”. Uno de sus personajes dice al pasar cuando todo comienza que “cuando la civilización acaba, acaba rápido”. Y eso es lo que se ve en este caso: el final de la sociedad, la destrucción completa de ciudades, la caída del estado, el desbande de las fuerzas armadas y la confusión de las personas que mueren masivamente o que luchan en el medio de la barbarie por sobrevivir. Finalmente, cuando el fin del mundo parece irreversible, lo que queda son pequeños grupos de sobrevivientes que tratan de organizarse en un mundo sin electricidad, sin medios de comunicación, sin gobiernos y que afrontan conflictos muy agudos. Una especie de nueva edad media, ya que, para sobrevivir, lo más seguro es agruparse en terrenos cercados o amurallados que protejan a los pequeños grupos de las invasiones de muertos vivientes y de las incursiones de otros grupos humanos que buscan saquear los recursos disponibles. Así, como hace mil años, el futuro "fin del mundo" parece ser más seguro estando a resguardo y aislado de peligros por doquier. Podemos observar de conjunto que la crisis es la nota predominante en estas manifestaciones culturales producidas para el consumo masivo. Ya sea en un mundo realista o fantástico, la catástrofe emerge en forma de violencia, de guerras, epidemias, explotación y destrucción. Todos estos son datos verosímiles para los espectadores de estas series y películas porque en primer lugar son espectadores y partícipes de la realidad actual, es decir de la sociedad descompuesta y sus guerras, de sus “catástrofes humanitarias”, sus crisis políticas y sociales. Señal interesante de estos tiempos es el hecho de que luego de algunas semanas del estreno de Joker, las masas chilenas dieron rienda suelta a su ira contra un gobierno y un sistema que desde hace décadas se basa en la mayor desigualdad e injusticia social, y prendiendo fuego edificios, vehículos y un "modelo" de sociedad que no era más que una máscara de la mayor explotación. Queda por verse si esa indignación masiva da como resultado el surgimiento de una dirección que le dé una salida que no puede ser más que política a la catástrofe real a la que asistimos y que una vez más la realidad supere a la ficción. NOTAS Joker (2019). Dirección de Todd Philips. Guión de Todd Philips y Scott Silver. V de Vendetta (2006). Dirección de James Mc Teigue. Guión de Lana Wachowsky y Lily Wachowsky. Basada en la novela gráfica homónima, de Alan Moore y David Lloyd. Batman, el caballero oscuro (2008). Dirección de Christohper Nolan. Guión de Christopher Nolan y Jonathan Nolan. La casa de papel (2017). Creada por Álex Pina. Sobre esta cuestión ver: François Jost. Los nuevos malos. Cuando las series estadounidenses desplazan las líneas del Bien y del Mal. Bs. As., Libraria, 2015. León Trotsky. Historia de la revolución rusa, Bs. As., RyR, 2012. Breaking bad (2008). Creada por Vince Gilligan. The walking dead (2010). Creada por Robert Kirkman y Frank Darabont. Basada en el cómic homónimo de Robert Kirkman y Tony Moore. Fear the walking dead (2015). Creada por Robert Kirkman y Dave Erickson.

El gobierno ha anunciado una “política social” con pocas novedades. Ha colocado a un ex ministro K, Daniel Arroyo, al frente de Desarrollo Social. El principal líder de “Barrios de Pie”, Daniel Menéndez, será su segundo. Los ex “Libres del Sur que los secundan ya habían formado parte del gobierno de Néstor Kirchner. El principal anuncio de “política social” es la emisión de una tarjeta alimentaria de entre 4.000 a 6.000 pesos. El beneficio, sin embargo, sólo vale para las madres con niños menores de 6 años. En una canasta de pobreza hoy calculada en 40.000 pesos, la tarjeta cubre el 10% de las necesidades. Con la inflación actual, ese refuerzo podría evaporarse en dos meses. El gobierno anunció también un programa de “microcréditos” a tasa baja, para desendeudar a las familias . Los “microcréditos” rescatarán a los acreedores de las familias, pero no resolverán la cuestión que lleva al endeudamiento crónico, que son los ingresos de miseria. Arroyo critica el “asistencialismo”, y promete el retorno al trabajo de los actuales desocupados. Por la vía de la llamada “economía social”, o sea, emprendimientos cooperativos, ha anunciado la formación de cuadrillas barriales “a pico y pala”. Se abocarían a tareas de obra pública, pero como emprendedores, no como trabajadores con salario y convenio. Los arreglos menores de la obra pública baja sus costos en base a una gigantesca plataforma de trabajo precario. Otro filón de esta “economía social” es el rubro de cuidados – infantiles, discapacitados, ancianos. Es la base para una política de privatización y tercerización de la atención familiar, un filón de negocios que ya ha cobrado un gran desarrollo en otros países. En Argentina, ocupa a profesionales de enfermeria desempleados o changuistas, contratados por el equivalente a oficinas de empleo, que emerge a partir de las jornadas extenuantes de los trabajadores ocupados, que los obligan a desentenderse de sus familiares desvalidos. El microemprendedor sucumbe ante la ‘empresa de servicios’, como una rueda auxiliar precarizada. Detrás de la economía social , lo que queda es el “salario social complementario", largamente extendido por el macrismo, y que Arroyo-Menéndez ya han anunciado como viga de su política social. Es un ingreso que opera de rasero único de pobreza. Los “nac & pop” son furiosos defensores de una política que fue creada por el Banco Mundial y el FMI, para tratar la “desocupación crónica y creciente”. La creación de un colchón de trabajadores eternamente precarizados, actúa como ariete involuntario contra las conquistas de la clase obrera organizada. A esto se refiere la “cultura del trabajo” de los propagandistas del capitalismo en decadencia. Cómo actuamos El esquema de la “economía popular” apunta a reforzar la cooptación de las llamadas organizaciones sociales al Estado. La CTEP y otros grupos han formado una central sindical de desocupados. El sindicato de la economía popular acentúa la fractura entre la clase obrera ocupada y desocupada que viene desarrollando desde hace muchísimo tiempo la burocracia sindical. La “CGT de los sin trabajo” naturaliza y consolida las condiciones de precariedad. La tarjeta alimentaria, ganará “libertad e independencia” de los comedores, dice el gobierno, que mientras alienta a la burocracia ‘piquetera’, también busca que pierda gravitación en la organización. Ahora más que nunca, está organización dependerá del desarrollo de la conciencia de clase de las familias desocupadas y precarizadas. Ya han transcurrido dos décadas desde la emergencia del movimiento piquetero. Sus objetivos iniciales estuvieron ligados a la lucha contra el Estado y al poder político. A lo largo de un prolongado período, ha tenido lugar un proceso de cooptación por parte del estado y de punterismo. Es necesario llevar adelante un debate en todas las asambleas y organizaciones barriales para discutir la situación que pretende crear la nueva “política social”, y darnos un programa. En oposición al ‘cooperativismo’ del ‘trabajo social’ reclamemos la jornada de ocho horas con salario y condiciones de convenio; la extensión de la asistencia alimentaria a todas las familias de desocupados, sin restricciones; el pase a planta de los trabajadores que desempeñan tareas en el mantenimiento o la obra pública municipal. Cuando el estado se apresta a convertir la jubilación en una ‘pensión a la vejez’, la lucha de desocupados y precarizados necesita más que nunca de un programa y de organizaciones democráticas e independientes.

¡QUE NO TOQUEN A LOS JUBILADOS! Nota de tapa de Política Obrera N°3. El 80% de los fondos que el gobierno se va a embolsar por la “emergencia económica” vienen de un solo lado – del bolsillo de los jubilados. En lugar de ajustar las jubilaciones un 28% para el primer semestre de 2020, como lo disponía la ley que la ‘emergencia’ deroga, el gobierno ha anunciado la ‘desindexación’, o sea un aumento por decreto, muy por debajo de ese porcentaje. “La jubilación debe convertirse en un “ingreso único a la vejez”, acaba de declarar un ex funcionario K, Álvarez Agis. Es la destrucción final del sistema previsional, que se viene perpetrando metódicamente desde Menem y Cavallo hasta hoy. La jubilación no es otra cosa que un salario de pago diferido, que fue retenido por el Estado durante los años de aporte; convertirlo en ‘pensión’ de suma fija es una confiscación de décadas de trabajo. La pensión es un subsidio asistencial, financiado con los impuestos que se les cobra a los propios trabajadores, ¡que igualmente deberán seguir aportando durante su vida laboral! Impedir este saqueo es la tarea fundamental – no otra cosa se empeñan en hacer los trabajadores de Francia, que llevan casi un mes de semi-huelga general y bloqueo de transportes y servicios. ¿Sabe el pueblo que la Anses, la misma que no podría pagar, según el gobierno ‘popular’, una jubilación decente, usa su Fondo de Sustentabilidad para pagar la deuda externa, metiéndole títulos públicos que nunca ha pagado y que no pretende nunca pagar? Los que ‘estatizaron’ las AFJP, en 2008, se proponen re-privatizar las jubilaciones, autorizando la prestación a las compañías de seguros, incluido el desvío de una parte de los aportes hacia ellas. Estos fondos privados serán la “inversión” redituable que les van a ofrecer a los acreedores de la impagable deuda externa de Argentina. Una vez más, los jubilados financiarán a los usureros. Hay que preparar la lucha para evitar que los trabajadores jubilados se conviertan en una clase de menesterosos, que deban ser asistidos por la ‘asistencia social’. Por una gran jornada contra el saqueo. Incorporemos estas consignas en defensa de las jubilaciones en las movilizaciones del próximo 8 de marzo, día internacional de la mujer trabajadora, y del próximo 24 de marzo, día de los compañeros desaparecidos

Al anunciar que suspendía la reglamentación de la ley que habilitaba el uso de sustancias contaminantes en la minería, el gobernador mendocino Suárez dejó instalada una crisis que excede largamente a su provincia y a su fuerza política. La reforma a la ley minera había sido aprobada con el voto de una parte sustancial del pejotismo mendocino. Según algunas fuentes, el pejota fue el verdadero inspirador de los cambios que habilitaban al uso de cianuro y otras sustancias contaminantes del agua. El gobernador Suárez –y su jefe, Cornejo– habían acompañado desde el comienzo la sesión de Diputados que debía sancionar la “emergencia económica” que reclamaba AF. De este giro albertista participó otro lobista minero, el jujeño Gerardo Morales. No era para menos: esa “emergencia”, que abunda en subas de impuestos por todos lados, hizo lo contrario con las retenciones mineras, las que bajó del 12 al 8%. Es claro, entonces, que el freno a esa ley, después de lo que se definió como “la marcha popular más grande de la historia de Mendoza”, es un golpe de advertencia al gobierno F-F. AF ha participado de todo tipo de cónclaves con empresarios mineros, para activar los proyectos de litio y silicio. De todos modos, las ilusiones albertistas enfrentan otros problemas: el precio internacional de litio se viene desplomando como resultado de la sobreoferta mundial, y lo seguirá haciendo, según prevén los especialistas, en los próximos años. En Argentina, las inversiones mineras se derrumbaron a partir de la aplicación del cepo, que el gobierno F-F – por más ´minero´ que sea – no tiene condiciones de desmontar. A todos estos obstáculos, se añade ahora otro decisivo – la rebelión popular, que se expresó en Mendoza. También en Chubut, contra la amenaza de una habilitación a las mineras, se está reconstruyendo el clima asambleario y de movilización que vivió la provincia durante buena parte de 2018. El gobernador mendocino “interrumpe” la reglamentación de la ley pro minera, pero no la deroga. El proyecto de derogación que envió a la Legislatura es de tratamiento incierto. En cualquier caso, la ´suspensión´ es un golpe monumental a los planes capitalistas, en el marco de la presente ‘transición’, las expectativas de un ‘pacto social o la “desindexación” a salarios y jubilaciones. En estas horas, el fuego de la inflación se vuelve a avivar con la restauración del IVA a los alimentos esenciales, con la devaluación que ha puesto en marcha el dólar “solidario” a 81 pesos o los impuestazos provinciales a los ingresos brutos. El recule mendocino es también un golpe a las expectativas del capital internacional sobre la capacidad del gobierno F-F para arbitrar la crisis y rescatar la deuda en default, o sea la pretensión oficial de convertir los urgentes compromisos de deuda en un pagaré a cuatro años. Ese reperfilamiento de deuda, en definitiva, está fundado en otro pagaré –el de la pretendida “capacidad de contención del kirchnerismo”, que acaba de ser cuestionada.

La huelga general “renovable” contra la reforma previsional de Macron es ya más larga que las huelgas de 1995 contra el intento de Juppé, y la huelga más larga de la historia de Francia. El movimiento contra la reforma de las pensiones se encontraba en su día 24 el viernes. El 9 de enero está prevista una nueva movilización. El tráfico seguirá interrumpido, con un promedio de seis TGV (trenes de alta velocidad) de diez y un Transilien de cada cinco en circulación hasta el domingo por la noche. Otras seis líneas de metro cerraron el sábado en París. En Nantes, la huelga de los ferroviarios seguirá hasta fin de año. Se comienza a sentir el desabastecimiento por la huelga y los bloqueos en las refinerías. Una nota central en Le Monde explica que “El movimiento puede encontrar un segundo impulso ya que la determinación parece fuerte” (28/12). Miles de militantes y huelguistas celebraron la Navidad con un desayuno “contra la tregua”. “Es la cena de Navidad”, dijo Fabien Villedieu, quien organizó esta comida en la sala sindical de SUD-Rail en la estación de Lyon. En Marsella, trabajadores ferroviarios, estibadores, chalecos amarillos y empleados del sector privado se reunieron para una comida “festiva, pero de lucha” (franceinfo, 28/12). La SNCF anunció que el tráfico ferroviario seguirá interrumpido con “45% a 50%” de TGV en promedio en circulación el lunes 30 y martes 31, 35% el 1 de enero y 50% el 2 de enero. “La huelga será renovada”, dijo Laurent Djebali, secretario general de Unsa-RATP. Los sindicatos del SUD-rail agregaron: “vamos a sacar los colchones inflables y dormir en el sindicato todas las noches” (Erik Meyer y Fabien Dumas, secretarios federales). Varios sindicatos, incluidos los CGT-Cheminots, convocaron a manifestaciones locales el sábado, a las que se unieron chalecos amarillos. En París, una multitud llegó a la Place de la Bourse. Los chalecos convergieron en la manifestación interprofesional organizada por los sindicatos regionales CGT, FO, Solidaires y FSU, que comenzó alrededor de la 1:30 pm desde la Gare du Nord en dirección a Châtelet. Esa misma convergencia es la que debe procesarse en las Asambleas Generales, y dotar al movimiento de organismos que decidan los pasos a seguir y el plan para ganar. El 31 de diciembre los Chalecos Amarillos van a hacer una nueva manifestación en los campos Elíseos. La CGT recolectó fondos que ya superan el millón de euros. La Huelga General contra la reforma tiene mayoría de apoyo en la sociedad francesa, sobre todo en la juventud. El Sindicato Departamental de Val-de-Marne y la RATP organizaron un bloqueo de la estación de autobuses de Vitry-sur-Seine el viernes 27 de diciembre. CGT, FO, FSU, Solidaires, FIDL, MNL, UNEF, UNL, firmaron para continuar la movilización el 9 de enero, como pidieron los sindicatos amarillistas. La izquierda no plantea ninguna línea de conjunto, que se acorde a la profundidad del movimiento, contentándose con acciones locales. Alega un “retroceso” de la conciencia política de la clase obrera, que ubica alrededor de los 90 del siglo pasado. El planteo de “amplificar la movilización” y la “generalización de la huelga” (Révolution Permanente, 28/12), es redondamente abstracto. No hay una crítica sistemática al inmovilismo estratégico de la dirección del movimiento – la burocracia de los sindicatos. Difunde un comunicado de la RATP-SNCF, cuya intención sería ‘comprometer’ a la burocracia, sin otro alcance. La ausencia de una crítica sistemática al inmovilismo de la burocracia sindical (quién aguanta más – la huelga o el gobierno) ha sido una característica del derrotismo en toda la historia de las huelgas generales.

La izquierda francesa cae en la pasividad política (“attentisme”) mientras acusa de inmadurez política al movimiento de huelga y a los Chalecos Amarillos. Lutte Ouvrière, por ejemplo, habla de “retroceso político” de la subjetividad de las masas (Lutte de Classe, n° 204), por lo que hay que esperar, para proponer una “política”, a que “la clase obrera entre en lucha” (ídem), o esté madura políticamente, y mientras tanto, prepararse para las “municipales 2020”. ‘Hay 2020’, para Lutte Ouvrière. Para LO hay que construir una “verdadera huelga victoriosa” – la ilusión de la “grand soirée”, en cambio, es, dice, de inspiración anarquista. Todo parecido con el aparato del PO no es coincidencia. Varias corrientes de la huelga y los chalecos amarillos, desde mucho antes, levantan la consigna de “Asamblea Constituyente, poder al pueblo” y “Fuera Macron”. La misma izquierda se ubica por fuera del problema de la crisis de dirección, y recae en los planteos criticados por Trotsky en “Clase, Partido y Dirección”. La izquierda francesa está dividida entre aquellos que reclaman una independencia política formal, que consiste en una variante del neutralismo político – “no apoyamos a estos ni tampoco a los otros, ni, por eso mismo, planteamos una alternativa de poder, que solamente aprovecharían uno de ellos (Macrón-Le Pen; Macri.CFK)”. Y aquellos que rechazan el frente único de clase, porque no sería conforme a una alternativa “anticapitalista” o, peor, esconde el peligro de que se convierta en un Frente Popular. Estamos ante una izquierda temerosa, que se repliega sobre sí misma por el peligro a ser contaminada. Denuncia una conciencia estatista en el proletariado, no de clase, pero ella misma caracteriza a la salud, la educación, la vivienda, las jubilaciones, el turismo popular, como “un bien público”, o sea que debe estar contemplado en el presupuesto anual del estado capitalista. Se trata de una versión a escala del argumento del oficialismo del PO y el PTS en Bolivia o Chile: sin Partido no hay perspectiva de lucha por el poder, incluso en situaciones revolucionarias o pre-revolucionarias. Pero la congruencia de un partido con una situación revolucionaria depende de la política de ese partido en esa situación revolucionaria. La guerrilla sandinista había quedado reducida a su mínima expresión y dividida en tres, en 1977/8, pero llegó al poder en 1979 a partir de que llamó a la insurrección frente a Somoza. Así, para el PTS en Francia (Révolution Permanente) pedir la renuncia de Macron “sin una alternativa política como en el pasado” (refiriéndose a la unidad de la izquierda con Mitterand), sería hacerle el juego a Le Pen (fascismo). Este dislate sólo se entiende a partir de la caracterización de que mientras la ‘revuelta’ popular se extiende por el mundo, lo que está políticamente en ascenso es el fascismo. Si el razonamiento se llevara hasta el final habría que concluir que una victoria obrera contra Macron, en la presente huelga, sería funcional al lepenismo, en las elecciones que no podrían dejarse de adelantar. Incluso despreciando el método de hacer política asustándose a sí mismo, León Trotsky abogó abiertamente por la toma del poder de sus propios enemigos, el socialista Blum y el comunista Cachin, que para nada querían, sin embargo, derrocar a la burguesía incluso si era en ‘beneficio propio’. Por último, desde el NPA advierten que el “Gobierno de trabajadores” es poco entendido y por eso debe ser desechado. Plantean “Que se vayan todos” (Qu’ils s’en aillent tous!”, 17/12), la ‘grande soirée’ que ahuyenta su primo Lutte Ovriére. La conexión del planteo de gobierno obrero y la huelga, es que impulsa la formación de comités de base y comités de huelga como organizaciones de doble poder. Se trata de trabajar una necesidad que tiene la huelga para triunfar con la explicación de la estrategia de poder que plantean la huelga y la crisis política abierta por ella. El llamado a crear comités sin una perspectiva política es un método espontaneísta de abordar la situación, o más vulgarmente, llevar a los obreros por las narices a formar comités, sin la menor conciencia de lo que estos comités representan o pueden llegar a representar. Es sobre la permanencia de este espontaneísmo, que los Le Pen, de un lado, o los Mélenchon (izquierda insumisa soberanista), del otro, pueden sacar partido.

¿En qué ha quedado la premisa fundacional del gobierno de los Fernández – “para pagar la deuda primero hay que crecer”? Una transferencia de recursos al Tesoro del orden de los u$s 8-10 mil millones por la vía de mayores impuestos, fundamentalmente, y una reducción de gastos, no es precisamente una vía para reactivar la economía. De un modo general, los sectores golpeados por la recesión producen al 50/40% de su capacidad. ‘Incentivos’ tales como un ‘reperfilamiento’ de la deuda de la industria con la Afip, cuando no son desviados hacia otros fines, se destinan a la cancelación de la deuda con los bancos, que son los acreedores principales de las famosas Pymes, o a las empresas de cabeceras, que son el segundo acreedor de ellas. Incluso si los precios al consumidor dejaran de crecer al ritmo que lo vienen haciendo, los cinco mil pesos que se asignan por única vez a la franja más baja de ingresos de jubilados y activos, poco podrían mover el amperímetro de la demanda final. Lo mismo sucede con el aumento de 6.000 a 9.000 pesos – ¡a cuenta de paritarias! – dispuesto para los privados. Un incremento de los derechos de exportación, como ha ocurrido con la agroindustria, o el inmobiliario progresivo rural, que Kicillof difícilmente consiga, podrían ser reactivadores, contra lo que opina el sentido común, si la recaudación fuera destinada a obras públicas o a inversiones industriales, pero no es este el propósito del plan de los Fernández. Esos gravámenes apuntan a reducir el déficit fiscal, en la convicción de que ello serviría para aquietar la desvalorización del peso y evitar que la deuda externa en moneda nacional se desmadre. De cualquier forma, mayores impuestos en una recesión raramente han logrado aumentar el ingreso fiscal. El congelamiento de las tarifas de servicios es, de otra parte, contradictorio con esta política fiscal, y no solamente porque reduce la recaudación impositiva correspondiente. Aunque reduzca la incidencia directa en los costos y en los precios, el congelamiento obliga a mayores subsidios (con el agregado del transporte), que el gobierno no ha cuantificado o no desea revelar su monto. Por otro lado, la obtención del ‘equilibrio fiscal’ no facilita el pago de la deuda externa – apenas es la condición para una re-negociación de ella, la cual representa más del 80% del PBI y el 35/40% de sus vencimientos es en los dos años próximos. Esto da vuelta el lema fernandista de que para pagar primero hay que crecer, por el contrario: primero hay que re-negociar la deuda. Los capitalistas parecen dar muestras de coincidir con este diagnóstico recesivo, porque han saludado la doble victoria de la ‘coalición peronista’, en las Paso y en las generales, con 61 mil despidos de trabajadores ‘formales’. La doble indemnización que decretó Alberto Fernández significa que se esperan aún más, al menos por los 180 días que vienen. La necesidad de mantener y acrecentar el superávit del comercio exterior, sin la perspectiva de aumento de las exportaciones, refuerza el torniquete de la recesión, porque obliga a una compresión sistemática de las importaciones – en especial las que necesita la manufactura nacional. El famoso “crecimiento” debería venir entonces de una reanudación del financiamiento internacional. De acuerdo a Walter Graziano, en Ámbito, los Fernández habrían cambiado sus planes poco antes de asumir, cuando aceptaron la propuesta de que Martín Guzmán, un experto en deudas externas, precisamente, fuera el ministro de Economía. Afuera habrían quedado los ‘populistas’ de paladar negro, que encabezan Mercedes Marcó del Pont o incluso Axel Kicillof. Alineado con otra ala de los economistas ‘progres’, Guzmán asegura que los sistemas previsionales son “inflacionarios”, o sea que propone liquidarlos. Parece no haber advertido que el fenómeno inflacionario por excelencia, desde poco antes de los 90 del siglo pasado, es el endeudamiento internacional, que ha crecido a tasas de centenares por ciento, y que bien calculado se acerca al mil por ciento del producto bruto interno mundial. Sólo los fondos de cobertura que operan en la City de Londres tienen activos por 60 billones de dólares. Lo mismo ocurre con la burbuja bursátil y la expansión fabulosa de los balances de los bancos centrales. Se encuentra más cerca de un estallido catastrófico este sistema financiero, que las finanzas de Argentina con todas sus miserias. La ola de impuestos se ha extendido al mercado de cambios de divisas – en especial para el turismo al exterior. No hay datos, tampoco aquí, sobre lo que se espera recaudar, pero ya ha subido las cotizaciones a ochenta pesos el dólar. No se han gravado, sin embargo, las remesas y utilidades al exterior, a diferencia del cepo que las atrapó hasta 2015, ni por supuesto los servicios de deuda. Aun encarecido, al dólar-turismo lo financia el Banco Central, obligado a aportar a los bancos las divisas por los gastos con tarjetas. De otro lado, si la evasión del pago del impuesto eleva la cotización de divisas en el mercado negro, como ya está ocurriendo, crece la presión devaluatoria sobre el peso y no mejora la recaudación. Esta política es un blanco perfecto para las represalias internacionales, que pueden alegar un perjuicio para otros países, en especial del Mercosur. No hace falta decir que un dividendo girado al exterior, que retorna al mercado negro para aprovechar la brecha entre los cambios, implica un abastecimiento de divisas oficiales al mercado ilegal. Euforia Las medidas ‘populistas’ de los Fernández han sido recibidas con euforia en los mercados de capitales, al punto que han subido hasta las acciones de empresas que han sido afectadas por un congelamiento de tarifas por seis meses. Lo singular de este crecimiento es que se ha producido en forma paralela a la reducción de la calificación de la deuda de Argentina, por parte de las agencias Fitch y Standard & Poor’s (Financial Times, 2/12). ¿Los ‘bonistas’ saludan la marcha triunfal hacia la cesación de pagos? Por supuesto, porque en este caso se trata de un nuevo ‘reperfilamiento’ de la deuda que se rige por legislación local, mientras se pagan en forma integral los vencimientos de deuda con legislación extranjera. ¡Cómo no van a saludar los ‘mercados’ a los Fernández, cuando estos exceptúan del ‘reperfilamiento’ local a los Bomopro, los bonos que se encuentran en manos de Pimco, uno de los cinco mayores fondos internacionales, en alrededor de un 60 por ciento? El flamante presidente del Banco Central, Pesce, ha superado en genuflexión ante los usureros internacionales al nunca olvidado Luis Caputo, que al contrario de Pesce le hizo perder a esos fondos un montón de dinero en la crisis de junio de 2018. (Pesce, durante el default de 2002, reconvirtió a dólares la deuda en pesos de la Ciudad de Buenos Aires con el JP Morgan y el BBVA). Los Fernández elevaron, además, del 50 al 70% la obligación del FGS de Anses de comprar deuda pública (Alcadio Oña, Clarín, 22/12; Donovan, La Nación, 23/12), para financiar el pago de la deuda con acreedores privados. Enseguida le metieron un título en pesos, al valor nominal, que cotiza en el mercado a 40, haciendo perder al Fondo de los jubilados un 60% de sus activos. En los últimos cinco años, los activos del FGS se han desvalorizado de u$s60 a 22 mil millones. Este trajín financiero pre-renegociación de deuda tiene otro capítulo que ha dejado las páginas que antes les prodigaron los diarios: las Leliq. Alberto Fernández ha reemplazado su vieja cruzada de pagar a los jubilados con las ganancias que dejaban esas letras, por la cruzada de que esos mismos bancos sean los mayores beneficiarios. Es así que el Central las está cancelando metódicamente, por medio de una reducción lentísima de las tasas de interés que recibían. En contraste con sus recientes diatribas, ahora se empeña en que los bancos no salgan dañados y que puedan convertir en moneda los beneficios. Luego podrán expatriar las utilidades por el mercado oficial o girarlos al exterior por el sistema ‘contado con liquidación’. No es un accidente que las acciones de los bancos sean las que más hayan subido en el panel. De cualquier modo, las subas en los mercados representan más bien un ‘rebote’ que una tendencia, desde cotizaciones previas extremadamente bajas, pues dependen del desenlace de las negociaciones internacionales. A renegociar Marcelo Bonelli, de Clarín, asegura que los ‘bonistas’ se equivocan si creen que pueden lograr una dilación de pagos por menos de cuatro años. Este sería el espacio de tiempo que reclama el gobierno para ‘crecer’. Cualquiera resulte el período que se acierte, los Fernández no podrán evitar la supervisión de los acreedores sobre las cuentas públicas, o sea el FMI, y sobre las ‘reformas estructurales’, o sea las jubilaciones; el K, Álvarez Agis, ha dicho que debe ser convertido en un sistema de pensión a la vejez. Como el asesino que vuelve al lugar del crimen, AF retomaría una labor que inició con Menem y tuvo que abandonar con Kirchner, por razones de fuerza mayor: la privatización previsional. Con jubilaciones cada vez menores para quienes revistan arriba de la mínima, el ex lobista de las compañías de seguros habilitaría la jubilación privada ‘voluntaria’. Los ‘bonistas’ podrían acortar el plazo de pago de sus acreencias, invirtiendo los títulos de deuda en nuevos servicios de seguros – los jubilatorios. Un acuerdo de deuda, suponiendo que se logre, no aportaría nada al Estado, forzado a una dieta dura. Pero sí podría reabrir el financiamiento o re-financiamiento exterior a las compañías – justamente lo que intentó hacer Macri cuando pagó a los buitres y levantó el cepo-2015. Es la mayor expectativa de la burguesía nacional. Este es el criterio ‘profundo’ acerca de la reactivación, del ministro Guzmán, profesor de la popular UNLP, hincha del belicoso ‘lobo’ y ‘progre’ para los círculos financieros. Una salida de este tipo presenta, sin embargo, toda clase de incógnitas – si no que lo diga Mauricio, quien ni siquiera logró plata privada para obra pública, y sí solamente para la ‘timba’ financiera. La economía mundial se mueve entre previsiones de recesión generalizada y una discutible euforia financiera. AF ha sido pródigo en promesas, en lo que hace a canalizar ese retorno financiero: privatización previsional ‘voluntaria’, Vaca Muerta, minería – todo muy poco para u$s 400 mil millones girando como deuda. Tampoco es fiable para atraer negocios, por su costo elevado de inversión y la incertidumbre de los mercados de materias primas. En cualquier caso, la reactivación por esta vía – inversiones extranjeras -, no llegará mañana ni pasado. Los plazos que se ha dado el oficialismo para cumplir promesas son exiguos; el ‘cooperativismo’ social clerical no resolverá el drama del hambre. Ruleta rusa La reestructuración de la deuda y la reactivación trasladan a Argentina a un terreno minado: la guerra económica USA-China. Un eventual embajador a China, Sabino Vaca Narvaja, describió en Clarín el interés de Xi Jinping para que la ‘ruta de la seda’ involucre a Argentina. A la burocracia china le interesa Vaca Muerta y la minería tanto como a Trump – o más. Por estos mismos días, un flamante funcionario de Trump se convirtió en la persona más leída por los usuarios del Financial Times, por declarar que la ‘ruta de la seda’ está llevando a las naciones envueltas en el proyecto a la corrupción y a la bancarrota. Con un presupuesto triplicado, ofreció la alternativa de inversiones financiadas por Estados Unidos. Los ‘bonistas’ de Wall Street y de la City de Londres deberán decidir si ‘reperfilan’ una deuda para los patrocinadores de la ‘ruta’ o para sus rivales de occidente. La cuestión de la deuda hace girar más ruedas de las que surgen a primera vista. Ni hablar de la confrontación política que suscitan los vínculos ‘bolivarianos’, al menos de una parte de la coalición oficial, los kirchneristas. La semana navideña puso de manifiesto cuestiones de una envergadura incluso mayor. El recule en chancletas del mendocino Suárez y de sus acompañantes albertistas con la ley cianuro, no es moco de pavo. Muestra los límites infranqueables del gobierno de los Fernández para aplicar la versión popular del ajuste. Después de todo, el bloque que votó el cianuro había obtenido el 95% de los votos en octubre. La población de la provincia más conectada con los chilenos hizo sonar el tambor de la rebelión. Marca tendencia. No menos relevante es la crisis que se ha producido en el Senado bonaerense sobre la ley impositiva. Se trata de una fractura política de fondo. De un lado es un rechazo a un proyecto que grava el suelo urbano en forma progresiva – algo muy ‘inoportuno’ como método, con independencia de la envergadura de la carga impositiva que se aplica a las propiedades más extensas. De un lado es rechazada por los terratenientes e incluso por los ‘pools de siembra´ y los fideicomisos agrícolas que podrían ver aumentados los alquileres de campos. De otro lado, suena ‘inoportuna’ para empezar una renegociación de deuda con los grupos financieros. Alguien ha querido aquí patear el tablero – o Kicillof, disconforme con el gabinete económico que ha prevalecido, o AF, más disconforme aun con lo que interpretaría como desestabilizador en vísperas de la llegada del FMI. Es cierto que no es el peronismo, sino el macrismo, mayoría en esa cámara, quien no dio quórum para el tratamiento del proyecto, y es cierto también que los macristas quieren hacer sonar su resentimiento por no recibir los cargos públicos que creen merecer. Pero no se habrían atrevido a detonar esta crisis sin el guiño de los intendentes pejotistas o de la Casa Rosada, que aún no abrió la boca. Los Fernández enfrentan dos reveses tempranísimos: una rebelión popular y una fractura política. Pacto Social ¿Hay algo en este mundo que no pueda ser remediado por un ‘pacto social’? Es lo que asegura la literatura oficial, que ve en ese pacto y en un Consejo que lo administre la vigencia de la principal de las ‘veinte verdades’: la colaboración de clases. Una parva de economistas le atribuye la capacidad de detener la escalada de los precios y conquistar “la desindexación” de la economía. Mendoza y el Senado bonaerense apuntan a lo contrario. El blindaje de los poderes de emergencia y del ‘pacto social’, focalizan toda la crisis en el poder político y en el Ejecutivo. Una caracterización de la situación política procura integrar el conjunto de sus contradicciones, no puede ser sustituida por el denuncismo de cada medida de la política oficial por separado. Los Fernández pretenden inaugurar el Consejo nacional antes de que se conozca el golpe de gracia que prepara para el sistema previsional, cuando anuncien una suma fija para quienes ganan por encima de la mínima, desindexando por esta vía las jubilaciones hasta su extinción. Esta es la batalla con que empieza 2020. La recepción de un salario al final de la vida laboral, similar al corriente, es un derecho que los Fernández quieren convertir en dádiva de un Estado para con “aquellos que menos tienen”. Un derecho significa una obligación impuesta al Estado y a las patronales por parte de los trabajadores. La clase capitalista, que obtiene sus ganancias por medio de la explotación de la fuerza de trabajo, quiere transformar esta dependencia suya de la clase obrera, en lo contrario: en la dependencia de esta de la limosna que provee el capital. No es solamente una pelea por ingresos – es una pelea por la posición que ocupa cada clase en la sociedad y en el desenlace de los antagonismos irreconciliables de esa sociedad. Los medios de comunicación ya han convertido a los que viven debajo del nivel de la pobreza – desocupados, trabajadores de salario básico, precarizados, jubilados -, en “vagos”, que viven a expensas de la sociedad, cuando es exactamente lo contrario: ‘la sociedad’ (capitalista) vive a costa de la pauperización creciente de la fuerza de trabajo. La burocracia sindical, incluso la que se profesa combativa, ya ha declarado su apoyo a la liquidación, ahora definitiva, de la previsión social. El verano debe convertirse en un campo de lucha política en torno a esta cuestión. Es la pelea que está a la orden del día en numerosos países.

La coalición de los Fernández ha sufrido su primera grieta política, y nada menos que en torno de la “seguridad”. Sergio Berni terminó afuera del gabinete de Alberto Fernández, pero Kicillof lo puso al frente de la cartera de Seguridad en Buenos Aires. AF optó por una académica –Sabrina Frederic- la cual había sido asesora de Nilda Garré en el ministerio de Defensa del gobierno de CFK. Berni alimentó enseguida la polémica cuando declaró a CFK como “su jefa política”, agregando que el gobierno nacional “no tenía un jefe claro”. Los que esperaban que el choque entre la Cámpora y el albertismo colocara a los primeros a la izquierda de los segundos, se han llevado una sorpresa. La historia política de Berni está completamente entrelazada con el espionaje del kirchnerismo, desde los años de Santa Cruz, cuando infiltró una huelga minera en Río Turbio, en calidad de médico, bajo pretexto de asistir sanitariamente a los trabajadores. Cuando los mineros detectaron que fisgoneaba para el gobierno, lo expulsaron de la mina. Como secretario de Seguridad nacional, se destacó luego por las operaciones de represión y provocación contra manifestantes obreros. Ahora, Berni arranca defendiendo el uso de las pistolas Taser, que aplican descargas eléctricas a sus víctimas. Como Frederic denunció su utilización como violatoria de derechos humanos, Berni espetó que “nunca estuvo con una pistola en la avenida 9 de Julio”. Al igual que Patricia Bullrich, Berni no las imagina para controlar un tumulto en un ‘shopping’. Como los carabineros trasandinos, Berni sostuvo también que es necesario reunir fuerzas masivas para disuadir manifestaciones. Aunque Frederic, como Garré y Verbitsky, adhiere a la llamada “seguridad democrática”, esta corriente derechohumanista impulsó el “Proyecto X” de la Gendarmería, una amplia plataforma de espionaje sobre organizaciones sociales y del sindicalismo combativo, bajo el segundo mandato de CFK. Significado Este choque precoz en torno de la seguridad se introduce en los problemas centrales de la actual transición y de la ola de rebeliones que recorre el mundo. En definitiva, la “seguridad del Estado” debate su política ante el escenario futuro de una rebelión popular. En cuestión de días, el nuevo gobierno fue espectador de una rebelión multitudinaria en Mendoza, y por supuesto en Chile. En un plano más general, las Fuerzas Armadas han debido preocuparse por algo más que el narcotráfico – por ejemplo, en el desenlace de la crisis que destituyó a Roussef en Brasil y disolvió el parlamento en Perú; más abiertamente, movilizaron las tropas para dar un golpe de Estado en Bolivia, bajo la presión de Bolsonaro y la camarilla militar que ha copado su gabinete. El debate sobre la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad interior se cruza cada vez más con el golpismo, como vía de salida a crisis políticas crecientes a la escala de todo el continente. El kirchnerismo enfrenta estas presiones políticas como en el pasado: ha reinstalado a Berni, y busca la rehabilitación política del represor Milani. La “seguridad del Estado”, democrática, claro, ha encendido la primera chispa del bicefalismo oficial. Invitamos a los luchadores a debatir este aspecto crucial de la crisis política temprana que ha asomado.

La pueblada desatada tras la modificación de la Ley 7722 que ponía un límite a las actividades extractivistas en Mendoza, ha generado, en primer término, la suspensión de su aplicación por parte del gobernador Suarez, en segundo, ha puesto las barbas en remojo del conjunto del régimen político argentino. La rebelión marca un cuadro de contradicciones aún más explosivas que las de Chubut, en los últimos meses de Macri. La simple asunción de un nuevo gobierno no ha solucionado, menos calmado, la resistencia popular ante cuestiones como los derechos de la mujer, ambientales, jubilaciones y salarios. Las primeras reacciones bajo el gobierno peronista se den en una provincia gobernada por un “macrista”, que ha hecho yunta con el peronismo. Mendoza sigue a Chile, también en la cuestión de la represión. Los trabajadores que hace cuatro meses votaron a Suarez (52% de los votos) se movilizan contra él. El “efecto Mendoza” impidió que Arcioni haga lo mismo en Chubut la regulación minera. Todo este proceso de acción de masas encuentra a las direcciones tradicionales, completamente agotadas, y a la izquierda reducida a la marginalidad política. Esto tiene una explicación en la falta de comprensión del cuadro de desarrollo de la crisis capitalista. El conjunto del FIT-U asiste más que sorprendido al hecho que una movilización haya logrado imponer un triunfo, luego de prever una serie de reflujos, planchazos y derrotas. Ahora da una voltereta típica y habla un “triunfazo”, solamente le falta agregar que es “un punto de inflexión”, para repetir el impresionismo del pasado. Es, al revés, ahora empieza el verdadero desafío, porque la burguesía no a va a limitarse a zafar con un recule. Es necesaria una estrategia, y ésta requiere de una caracterización de conjunto. El futuro de la rebelión mendocina se encuentra en una encrucijada, porque no puede progresar al margen de la lucha de clases como un todo. La izquierda revolucionaria debe alentar la conformación de asambleas populares en defensa del agua, y para que esta defensa no se convierta en la defensa de los bodegueros que monopolizan además el recurso hídrico. Los salarios en el rubro son miserables, no alcanzan para el consumo de agua sana; lo mismo con el abastecimiento de ella en los barrios. Viva la rebelión mendocina. Defendamos el agua contra las mineras, y a los trabajadores vitivinícolas y al pueblo de los bodegueros que los explotan y monopolizan un recurso social.

El acogimiento de Evo Morales por parte del triunfante gobierno ‘nacional y popular’ en Argentina estuvo acompañado de una agenda ambiciosa que preveía incluso un acto de masas en Salvador Mazza (Salta) en la frontera con Bolivia. El derrocado presidente se había visto obligado a salir de su país como consecuencia del golpe militar de finales de octubre pasado y emprender un complicado viaje a México que involucró a Alberto Fernández y a algunos gobiernos de la región. No faltaron aquellos que vieron en la instalación de Evo en Buenos Aires un giro inminente en los desarrollos políticos en el Altiplano contra los que fueron orquestados por Trump, Bolsonaro y quizás Macri. El acto de masas quedó en el olvido, y lo mismo ocurrió con varios de sus sustitutos: un plenario del MAS, también en el norte de Argentina; y, luego, una reunión de dirigentes que debía consagrar a los candidatos del MAS para las aun no definidas elecciones, prometidas abril próximo. Morales ha dejado claro que pretende convertirse en un “jefe de campaña” desde su exilio forzado. Quedó expuesta de este modo una enorme crisis en el MAS, con cinco pretendientes a la candidatura presidencial y, lo más importante, el cuestionamiento a la jefatura política de Evo Morales, no solamente en esa eventual campaña. La jefa del Senado, Eva Copa, dirigente del MAS, señaló que las campañas se dirigen en el territorio del país, no desde afuera, y que los candidatos deben ser ungidos “por las bases”. Este telegrama de despido anticipa una quiebra del MAS y la admisión, cuando no el propósito, de que iría dividido a las elecciones siempre eventuales. Esta crisis, que tiene apariencia de súbita, clarifica más la dinámica del golpe militar en Bolivia. Evo Morales habría intentado su cuarta reelección sin el apoyo de una parte importante del aparato partidario, sino incluso de la mayoría, que quedó expectante a ver de qué lado se ponía el sol. Una crisis de este alcance no podía pasar inadvertida a los servicios de inteligencia, como lo probaría luego la complicidad de las bancadas del MAS, en el Senado y Diputados, con la consagración de la “presidencia interina”, la racista Jeanine Áñez, y más adelante con el acuerdo que permitió recomponer la Corte Electoral que debería supervisar los comicios en veremos. La complicidad se convierte en estratégica cuando acompaña decisiones de otro alcance, como el reconocimiento de Guaidó, en Venezuela, que Trump reclama a todo el mundo airadamente. En definitiva, el ‘interinato’ golpista está dando lugar a un reestructuración política, cuyo eje pasa por la crisis del MAS y con la colaboración descarada con una ‘transición’ que no oficializa sus verdaderos términos. El ‘interinato’ no ha dado ninguna señal de haber renunciado al continuismo. Durante la cadena de acciones golpistas que remataron en el derrocamiento de Evo, varias organizaciones periféricas del MAS, como la dirección de la Central Obrera Boliviana o algunas campesinas en Chuquisaca y Potosí, se habían adelantado en el reclamo, precisamente, de esa renuncia. Diríamos que había en marcha un golpe en el MAS, dentro del golpe facho-militar. Lo mismo ocurrió con el jefe del Ejército, que se daba adscripto al gobierno, y que fue desplazado luego de que encabezara el golpe. Los acontecimientos políticos de estas últimas semanas han sido muy instructivos para disecar algo más la estructura y dinámica del golpe: el desarrollo de un desmoronamiento interno del gobierno masista, por un lado, que sería explotado para poner a Bolivia en el campo del imperialismo yanqui. Desnuda el propósito de otra reelección de Morales como un operativo al servicio del aparato, que algunos disfrazan con un supuesto fracaso de Morales para ‘construir un nuevo liderazgo’ o ‘un relevo generacional’. La capitulación de Evo Morales y el MAS ante el golpe militar, encuentra su explicación última en el agotamiento del llamado planteo indigenista; la resistencia se concentró desde abajo, en El Alto y algunas regiones campesinas. El indigenismo, elaboró el vice García Linera, tiene como pilar la asociación del Estado y los pulpos mineros y petroleros en el reparto de la renta del suelo (o subsuelo). Adicionalmente, las constructoras, como Odebrecht, cuyo intento de unir por ruta Atlántico con Pacífico, fue frustrado por la resistencia indígena y ambientalista. Para extender la frontera de la soja, Morales ocupó la trinchera de los incendios de la Chuitanía, en Oriente, con el sojero integralista, Camacho. Mientras no claudica en su compromiso de llamar a elecciones, el gobierno golpista acentúa en los hechos la intención continuista del golpe. Por de pronto, numerosos dirigentes del MAS se encuentra refugiados en embajadas o en la clandestinidad, bajo la acusación de “acciones terroristas”, en referencia a la resistencia al golpe. El cargo cae también sobre Evo Morales: o sea que las elecciones serán proscriptivas, e incluso podrían afectar a candidatos eventuales. Por otro lado, el gobierno ultra-minoritario acentúa su acción intimidatoria funcional al establecimiento de un estado policial. La negativa a permitir la salida del país de personas que han buscado refugio, ha derivado en una expulsión de embajadores de México y España y la utilización de una crisis internacional con fines de represión interna. La siembra de ilusiones en elecciones eventuales (“Vamos a ganar”, “En todas las encuestas vamos primero” - Evo Morales, La Nación, 30.12), ha dejado de ser una estupidez, para convertirse en un nuevo crimen político. Constituye una aceptación incondicional de las arbitrariedades, manipulaciones, proscripciones y fraudes de los fascistas. La primera palabra de orden de cualquier política socialista, en estas condiciones, es, sin duda, Fuera el gobierno golpista. La sugerencia de que esta consigna podría ser ‘funcional al MAS’, en este caso no llega a ser un crimen, es peor, una estupidez. La lucha contra un estado policial es, al mismo tiempo que una obligación, el punto de partida siempre de toda diferenciación política, empezando con el golpismo y el fascismo. El segundo aspecto es acompañar Fuera el gobierno golpista con la reivindicación de una Constituyente Soberana, es decir la disolución de los poderes actuales del Estado. La confusión y la desorganización de las masas que parece haber en la actualidad, constituye sin duda el apoyo del golpismo para organizar elecciones fraudulentas, pero este refuerza la necesidad de plantear Fuera el gobierno golpista, Constituyente Soberana, Gobierno Obrero y Campesino, porque las fantasías triunfalistas de Evo Morales son el principal factor de desorientación – incluso acentuarán la división del MAS. Cualquier participación en unas elecciones eventuales y fraudulentas, para ser usadas como medio de agitación política y organización, debe partir de su denuncia, de la denuncia del estado policial, del golpe y del gobierno. Para denunciar la incapacidad de Evo Morales, el MAS y el indigenismo para hacer frente al golpe, al estado policial, a la crisis política y a una profundización de los ataques contra las masas, solamente puede arrancar de una agitación contra el gobierno golpista y el estado policial.