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Internacionalismo (segunda época de EDM) N° 6

24 de enero de 2026 · 6 notas

Notas de este número

24 de enero de 2026
Educación, fascismo y gran capital

En la primera quincena del mes de noviembre de 2025, Paolo Rocca (presidente del grupo Techint) impulsó al secretario de Educación, Carlos Torrendell, a presentar su proyecto de "Libertad Educativa" en una reunión de asesores del Consejo de Mayo, que es el ámbito creado por Javier Milei para darle forma al Pacto de Mayo [ https://politicaobrera.com/12209-el-pacto-de-mayo-el-dnu70-corporativista-y-militarista ]. El grupo Techint participa activamente en el área de educación, además de desarrollar su escuela técnica en Campana impulsa eventos educativos donde reune pedagogos, funcionarios políticos y de organismos internacionales (UNICEF-UNESCO), empresarios y financistas. En junio de 2025 realizó su 4to encuentro anual donde expusieron, entre varios funcionarios, el decano del Colegio de Negocios, Ingeniería y Tecnología de la National University (Austin, Texas) y también Agustín Porres, director regional para América Latina de Fundación Varkey. El grupo Techint es un “actor social” de peso en el ámbito educativo; en 2024 los programas culturales y educativos del Grupo Techint “alcanzaron a más de 430.000 personas en 21 países con una inversión de más de US$ 46 millones. Sólo en la Argentina, la inversión en programas educativos alcanzó los USD 15,3 millones en 2024 impactando en 115.000 personas”. [ https://eleconomista.com.ar/negocios/el-examen-fallan-miles-argentinos-alarma-empresario-mas-importante-pais-fallan-preguntas-simples-n85624 ] La injerencia en la educación, por parte de la empresa Techint, no sólo ha atravesado fronteras territoriales sino también “barreras” ideológicas, toda vez que este grupo se desarrolló de manera sostenida con nacionales y populares, con liberales, con un hibrido nacional y popular y ahora redactando la propuesta educativa de un gobierno liberticida. En todo tiempo, Rocca bregó por modificaciones y reformas educativas tanto en el formato escolar como en los diseños curriculares. Bajo la ley de educación nacional de 2006 (Kirchner-Filmus) se han desplegado una variedad de modificaciones que impactaron en los diseños curriculares y en los formatos escolares y los modos del trabajo docente. Con este desarrollo desenvuelto en la vida educativa, los liberticidas postulan, ahora, su propia legislación buscando establecer como norma el proceso de reorganización educativa que los docentes estamos atravesando. [Ver https://politicaobrera.com/revista/15317-libertad-educativa-una-ley-en-la-escena-de-la-guerra-mundial ] Esta nueva legislación pretende imponer un régimen de enseñanza y de trabajo reaccionario y ofrecerse como servicio (mercancía) al gran capital. La ley tiene un amplio alcance cuando coloca al Estado como subsidiario de la educación. En primer lugar, ubica a la familia como el agente natural de la enseñanza, retrotrayendo la perspectiva social a la era precapitalista. La consideración del rol subsidiario del Estado se encuentra en las encíclicas papales Rerum Novarum (1891), en la Quadragesimo anno (1931) y en el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, en las que se expresa que “la subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia” y será el “principio que se convertirá en un elemento permanente de la doctrina social”. La subsidiariedad del rol del Estado en educación habilita “la iniciativa social" (art.3) a través de diversos actores, dando lugar así al despliegue de mecanismos que estimulen a organizaciones de la sociedad civil (ONGs, Fundaciones, etc) a promover el servicio educativo. La educación queda bajo responsabilidad de las familias quienes buscarán distintas propuestas educativas, en nombre de la libertad educativa. La nueva legislación establece que la libertad educativa debe ser entendida como "el derecho de toda persona por sí o asociada con otras, a enseñar y a aprender…" (art.3) esto fomenta la asociación entre personas para establecer y promover la enseñanza, habilitando la tercerización de la enseñanza y la promoción de múltiples ofertantes que repercutirá en una diversidad de formatos y precios para impartir y recibir educación. La asociación entre personas abre, también, la puerta a la conformación de equipos de trabajo que pueden prestar servicios en instituciones educativas sin estar sujetas a su planta funcional. Esto, en línea con la reforma laboral reaccionaria que establece la creación de la figura laboral del trabajador independiente con colaboradores, quienes podrían conformar un emprendimiento. [https://politicaobrera.com/12739-la-reglamentacion-de-la-reforma-laboral-consensuada-con-la-cgt ] Las reformas educativas, envueltas en discursos didáctico pedagógicos, entrañan como principio fundamental la modificación del proceso de trabajo docente. Mediante la propuesta liberticida se busca asegurar la flexibilización de las relaciones laborales al interior de los establecimientos educativos, enmarcar jurídicamente la desregulación de las relaciones laborales, la aniquilación de los derechos laborales reconocidos, el incremento de la explotación del trabajo, la desatención del Estado del sostenimiento de salarios, el establecimiento de contenidos básicos y la imposición de mayores medidas coercitivas sobre la docencia. El art. 2 de la propuesta de ley expresa que el sistema nacional de educación es entendido como el “conjunto organizado de iniciativas y acciones educativas promovidas por la sociedad y el Estado" ese sistema educativo estará regido y organizado, en primera instancia por la libertad educativa de cada persona, luego por el rol preferente de la familia quedando el Estado en una función subsidiaria de estos dos puntos mencionados. De modo que queda formalmente habilitada la tercerización del servicio educativo. Sólo el Estado intervendrá si los "actores sociales no puedan por sí mismos garantizar el derecho a la educación" (art. 67). Los liberticidas avanzan abriendo el camino para el despliegue del gran capital en todas sus líneas; requerirán, para lograrlo, profundizar la atomización de la clase trabajadora, imponer un régimen antidemocrático e incluso movilizar a un sector de la población contra los trabajadores. La propuesta de ley no es un rayo en cielo sereno toda vez que pretende fortalecer el camino que se fue habilitando en los últimos años para la injerencia de propuestas educativas que fomentan la segmentación social, la precarización laboral y la descalificación de contenidos. El avance de actores sociales en educación tiene ya varios años, en este sentido es relevante la presencia de la Fundación Varkey en Argentina. ¿Qué es la Fundación Varkey? Al mes de asumir como presidente, Mauricio Macri, junto a Sergio Massa (que revestía como diputado nacional) fueron al Foro de Davos donde mantuvieron múltiples reuniones, con empresarios de toda índole incluidos de educación; en tal sentido, Macri se reunió con Sunny Varkey a quien se lo conoce como “el magnate de la educación” y es quien dirige GEMS Education, la mayor cadena de colegios privados del mundo. Varkey posee, según se conoce, un patrimonio que lo coloca en el 6to lugar entre las personas más ricas de Dubai, segun la revista CEO Today. [https://www.ceotodaymagazine.com/2025/01/top-10-richest-people-in-dubai-uae-2025/ ] Desde ese encuentro, hasta el presente, la Fundación Varkey se desplegó en diversas provincias y jurisdicciones de la Argentina interviniendo activamente en el área de educación, desarrollándose bajo el gobierno de los Fernández y manteniendo convenios vigentes durante los dos años del gobierno liberticida. La Fundación Varkey, desregulación y segmentación educativa El proceso de privatización del sistema educativo no consiste simplemente en la instalación de empresas privadas que montan escuelas, el despliegue del capital y de su proceso productivo no es un acto mecánico de capitales privados. Por diversas vías el sistema del ingreso del capital en la educación busca convertir al servicio educativo en una mercancía de rentabilidad. La actividad de enseñanza y aprendizaje están condicionadas y presionadas para ser sometidas por las necesidades de incrementar la productividad. Este incremento se produce, por un lado, disminuyendo el salario de los trabajadores y también alterando las condiciones de trabajo, no sólo multiplicando sus tareas sino diversificándolas y simplificándolas. La presencia de las nuevas tecnologías, bajo la orientación estratégica del capital descalifican el trabajo humano, lo atrofian y lo convierten en un apéndice del proceso de trabajo. [https://politicaobrera.com/7861-la-educacion-subsumida-al-capital ] [https://politicaobrera.com/12448-caba-y-pba-promueven-una-barbarie-educativa ] La Fundación Varkey, que ingresó al país de la mano de Mauricio Macri y Esteban Bullrich, implementa un programa de liderazgo e innovación educativa (PLIE) con la perspectiva de desarrollar habilidades esenciales para que los directivos se transformen en gestores de cambio dentro de sus propias instituciones. En el cuerpo de la ley liberticida se promueve la escisión en la formación docente toda vez que se establece que "la función de Director requiere de una formación específica orientada a sus tareas propias" (art. 96), de modo que se instituye, en los marcos de la propuesta de ley, el programa que despliega actualmente la Fundación Varkey en diversas provincias. Según se pudo relevar, durante la gestión del macrismo, Varkey realizó contrataciones con Estados provinciales, entre ellos Buenos Aires, donde gobernaba María Eugenia Vidal, cobrando honorarios en dólares. Tuvo sus acuerdos, también, con las provincias de Jujuy, Mendoza, Salta y Corrientes. En ese período, un artículo en Página 12 informaba que los honorarios para la fundación serían pagados en dólares y que la cláusula establecía que "el proveedor debe facturar en dólares y que los ministerios deben pagar en esa moneda, renunciando a cualquier derecho de pagar en otra moneda” [En https://www.pagina12.com.ar/177144-educacion-s-a/ ] Varkey integra una vasta red de fundaciones, empresas y organismos que financian y desarrollan ONGs, entre algunas de las que se encuentra Argentinos por la Educación (AxE), donde participó impulsando la campaña nacional “#noentiendenloqueleen”. Estás fundaciones y ONGs, organizaciones de la llamada sociedad civil, cuentan con el patrocinio de diferentes actores políticos y económicos que profesan ideas neoliberales, que imprimen campañas nacionales con lemas de preocupación sobre la enseñanza y el aprendizaje pero que en todo momento centran su foco en el cuestionamiento a la función docente, incluso falseando conclusiones para tener impactos mediáticos a los fines de instalar temáticas que cuestionan el rol de los educadores, como ser el tema de la convivencia escolar. [ver https://politicaobrera.com/14568-el-problema-del-clima-escolar-como-problema-politico ] La Fundación impulsa, también, la Comunidad Araucaria que es una red de ministros y secretarios de Educación de Latinoamérica, que realizó su tercer encuentro anual en enero de 2025 en Washington D.C., eso sí, ninguno de ellos fue expulsado por el I.C.E. de Trump. En ese encuentro pudieron establecer orientaciones educativas que impulsan desde diversos espacios políticos. Estuvieron presentes ministros nacionales de Chile, de Ecuador y de Uruguay. De Argentina, asistieron ministros subnacionales de Entre Ríos, de Catamarca, de San Luis, de Córdoba, de CABA, de Jujuy, de Corrientes, de Misiones, San Juan, Tucumán y Mendoza. También asistieron de Brasil de los estados de Rondonia y de Paraná; de Colombia de Boyacá y de Bolívar, como también de México de la localidad de Querétaro. Una red que actúa como organización educativa “paraestatal”. Durante 2025, luego de ese encuentro, impartieron el programa de formación de directivos en distintas provincias. [En: https://alteredu.com.ar/fundacion-varkey-con-19-ministros-latinoamericanos ] La Fundación Varkey fomenta, también, el premio al Docente Global que se conoce como el “Nobel” de la educación y que otorga un millón de dólares a su ganador. Esta Fundación que afirma “que cada niño merece un gran maestro” y que “cada maestro merece reconocimiento, valoración, y formación” nada dice de garantizar condiciones dignas de trabajo, de profesionalización, ni de salario para mejorar la vida de los docentes. Tampoco se hace mención a un incremento del presupuesto educativo nacional, por el contrario, fortaleciendo la disgregación social promueve “el liderazgo educativo como pieza fundamental para transformar la realidad” [en https://www.fundacionvarkey.org/ ] colocando a la escuela y a los equipos directivos, ya no sólo como responsables de un proceso educativo, sino de los condicionantes de la realidad social. La escuela aparece como un espacio socioambiental abstraído de las relaciones sociales, que la condicionan. Los directores deben, así, trazar tareas “para transformar la realidad”, los docentes deberán realizarlas considerando la singularidad de cada niño y esto se verá reflejado en la acreditación que logran en cada ciclo lectivo. Los establecimientos educativos, en los marcos de la ley liberticida, incrementan su capacidad de control en nombre de la autonomía escolar. Cada institución de gestión pública estará orientada por un consejo de padres que “ejercerá funciones de dirección operativa, tal como intervenir en los asuntos estratégicos y de control institucional, y el nombramiento y remoción del Director de la institución” (art. 96). El director escolar “ejercerá la autoridad ejecutiva y la gestión cotidiana de la institución”. En las escuelas de gestión privada, esas directrices serán expresadas por los titulares de la entidad. La tarea del director pasa a ser predominantemente la de estar al servicio del ideario institucional. En la gestión estatal, toda vez que un actor de la sociedad ofrezca sostenimiento, presupuesto edilicio u otros servicios, podrá orientar los objetivos educativos de la escuela pública. La autonomía institucional, en la sociedad burguesa, es la expresión de la representación de los intereses del capital. Esa autonomía busca poner en cuestión los modos actuales del trabajo y la carrera docente; los liberticidas promueven una legislación de obediencia debida, toda vez que plantean organizar la carrera docente “sobre los principios de mérito, calidad, evaluación de ingreso y periódica, formación continua, desarrollo de liderazgo y reconocimiento del compromiso institucional” (art 106). Efectivamente “la estabilidad laboral está vinculada al desempeño satisfactorio, la formación continua y la ética profesional” (art.107). Los indicadores de un desempeño satisfactorio quedarán a criterio de cada establecimiento educativo. El ataque al convenio y al estatuto es sostenido con la complicidad de la burocracia sindical; en esta ocasión, el planteo liberticida implica desconocerlo directamente. La escuela se incorpora en el modelo de la reforma laboral que promueve el gobierno liberticida, un paso más en el recorrido de liquidar las más diversas instancias de contención social existentes. [https://politicaobrera.com/15284-reforma-laboral-convenios-colectivos-en-la-mira-del-gobierno ] Los canales para el despliegue de la rentabilidad del capital La Fundación Varkey reúne un considerable sector de la gran burguesía que impulsa estás políticas educativas. Entre los cuales se encuentran el BID (Banco Interamericano de Desarrollo); el grupo Techint, los accionistas de Templeton World Charity Foundation, entre otros sectores. A su vez, Varkey tiene acuerdos con UNESCO con quien otorga el premio millonario al mejor docente del mundo. A través de este organismo multilateral la fundación refuerza su propia promoción como espacio interesado por la mejora educativa. El crecimiento de esta fundación cotiza en bolsa y ha sido financieramiente productivo que en 2019 el grupo inversor CVC concretó un acuerdo de mil millones de dólares para adquirir participación en GEMS education [https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-26/cvc-is-said-to-near-1-billion-deal-for-stake-in-gems-education] La gran industria acompaña este desarrollo educativo toda vez que encuentra la potencialidad de una mano de obra menos costosa, más adepta a las dinámicas de la demanda del capital. Al gran capital no le interesa, no le sirve, promover una masa de trabajadores capacitados. La masa debe estar mínimamente alfabetizada, con capacidad de manejar las nuevas tecnologías y entrenada en la flexibilidad de asumir diversas tareas, algo que no requiere especializarse en disciplinas o conocimientos específicos sino ser capaz de manejarse hábilmente frente a las distintas actividades que se presenten. La pedagogía que propugna enseñar habilidades y capacidades coloca una amplia masa en el mercado de trabajo a disposición de absorber distintas tareas, sin contar con especialización. Una masa que reduce los costos de la fuerza de trabajo, una masa educada en marcos de habilidades flexibles, es decir, mano de obra flexibilizada oportunamente por la institución educativa. El núcleo del proyecto educativo que aflora con este gobierno liberticida se centra en el ajuste, la desregulación y la represión para abrir paso a la valorización del capital. Menos pensamientos, más ahorro; subordinar la reflexión de contenidos curriculares en organismos y corporaciones que aplican las mismas recetas en cualquier parte del mundo de forma indistinta; es decir, una educación que ingresa a la dinámica de la industrialización donde la capacidad y la habilidad de cada docente para desplegar el contenido ingresan al mecanismo de la reproductibilidad. La Fundación Varkey se convierte en el proveedor del servicio educativo, no sólo en cuanto a ofertar contenidos sino a postular docentes y sus modos de contratación, lo que aparece como la liberación del Estado. La destrucción sostenida de políticas públicas para la organización de un sistema educativo nacional habilita la disgregación que se fortalece como resultado del movimiento ocasionado por la desigualdad y la segmentación, que es la base materialista del capitalismo. Las políticas educativas nacionales quedan a merced de usinas de pensamientos centralizadas como el BM, la OCDE e incluso el FMI; todos organismos que fomentan la presencia de las ONGs en el área de educación. Los grupos supranacionales, sostenidos por el capital financiero, se apropian de las dinámicas educativas de cada nación. Mediante la destrucción de la formación docente y el abaratamiento de la fuerza de trabajo docente gracias a la presencia de agentes "paraestatales” que operan en el sistema educativo –con un criterio desprofesionalizante y capitalista– se desenvuelve la desregulación de propuestas educativas y la dispersión de los lineamientos curriculares, ya que cada fundación pone el eje en cosas distintas de forma completamente desarticulada y espasmódica: formación de líderes, enseñanza de la astronomía, educación emocional, neurociencias rebajadas y adaptadas a cualquier cosa. El efecto de esto es potenciar aún más la desigualdad y fragmentación del sistema educativo de argentina. [ https://politicaobrera.com/12722-caba-la-reforma-por-decreto-del-estatuto-del-docente-pretende-legalizar-miles-de-despidos-en-la-educacion-publica ] La Fundación Varkey promueve la pedagogía que insta a desarrollar aprendizajes basados en proyectos (ABP). Impartir esta modalidad de aprendizaje no requiere del desarrollo de disciplinas específicas, en el marco del capital esta pedagogía resulta beneficiosa porque envuelve en un discurso didáctico pedagógico las políticas de reducción de costos. La ley de libertad educativa habilita esta modalidad toda vez que promueve la reducción de materias curriculares, estimulando que las instituciones educativas desarrollen una mayor carga horaria en proyectos o espacios institucionales. De este modo se promueven contrataciones fugaces, a término y que someten a la docencia a los vaivenes de cada institución. En términos de enseñanza y aprendizaje, en una sociedad dividida en clases, donde la relación de explotación queda envuelta en velos de ocultamiento, la anulación de disciplinas colabora en descalificar la formación de las masas. Efectivamente cada disciplina al exponer problemáticas propias desafía a la persona a asumir habilidades singulares que se desenvuelven en esos marcos pero que se convierten en una conquista del individuo sobre su vida cotidiana. En esa experiencia vivida, de la psicología del aprendizaje, está anclado el sentido de la diversidad de disciplinas en una sociedad basada en el antagonismo de clases. Otro cantar pedagógico existirá en una sociedad que barra con ese antagonismo. Pedagogía de guerra En educación ya no se insta a adquirir saberes disciplinares, sino capacidades/habilidades para habilitar en el individuo la "oportunidad de seleccionar" entre toda la información existente y desarrollar, de este modo, su capacidad de elegir libremente. Esta "libertad de elección" está inscripta en el concepto mismo de capacidad, es decir, implica formar al individuo en que sea capaz de seleccionar. La pretensión de formar en capacidades emerge como relevante porque se traduce en funcionamiento, es decir, en comportamientos esperables del individuo. El beneficio de aprender capacidades implicaría tener la habilidad de saber cuál, cuándo y cómo utilizarla. Por eso las capacidades serían las herramientas para formarse en tiempos de desregulación, flexibilidad y atomización (todo lo que es denominado bajo la categoría de “incertidumbre” en el medio académico). De este modo, el individuo vive la vida que fue capaz de elegir. Es, en este sentido, libre de elegir, porque elige según las capacidades que supo aprender. En tiempos de incertidumbre "promover capacidades es promover áreas de libertad, lo que no es lo mismo que hacer que las personas funcionen en un determinado sentido" . De este modo, educar para el desarrollo de las capacidades implicaría superar los límites "utilitarios" de la educación de tipo "industrial". Las capacidades, al colocar el centro en la libertad de elección en el individuo, le estaría ofreciendo las herramientas para elegir cómo actuar en un mundo cambiante. El individuo queda como responsable de la posición social en la que se encuentra. Cada quien está en la clase social que le corresponde según sus capacidades y habilidades. Las concepciones raciales, religiosas y reaccionarias vuelven al ruedo en nombre de la libertad individual. Las capacidades que se postulan se vinculan con el desarrollo del concepto del capital humano, el modo “económico” mediante el cual sigue vigente la anulación de las bases materialistas de la desigualdad de clase. Ya no es por la raza, tampoco por la pertenencia religiosa, tampoco por la cuestión de género o de orientación sexual, ahora se trata de las propias capacidades que adquiera el individuo que hace de su cuerpo la base material en sí misma. Su cuerpo es la última unidad de inversión. El capital busca anular el antagonismo de clase en el cuerpo del individuo y coloca al individuo enfrentado a la vida social que se le vuelve hostil. El desenvolvimiento de la enajenación del ser de su especie, del individuo, del ser genérico. El capitalismo pone de relieve que su existencia es incompatible con el desarrollo de la vida humana. La pretensión acerca de que el individuo deberá adquirir habilidades y capacidades para gestionar sus emociones, es el punto central en el discurso de las políticas educativas y cumple la función de fortalecer a la escuela como “ecosistema” desacoplando la vida escolar del modo de producción y de las formas de gobierno que son, en definitiva, los condicionantes de toda la vida humana. Esta concepción de capacidades y habilidades refuerza la teoría del capital humano en educación que consistiría en que el incremento del saber del individuo devendría en mejores condiciones y ganancias para sí mismo. La persona humana se vincularía con el estudio a modo de inversión para, según estos discursos, obtener beneficios y ganancias en su futuro. La consideración del capital humano es el marco conceptual y discursivo del capital financiero en la educación, donde aparece ahora el estudiante, es decir el cuerpo individual, como corporeidad (cosa) donde invertir. La idea de que cada estudiante merece un gran maestro se entrelaza con los objetivos establecidos por la agenda “woke” de la UNESCO y de los lineamientos educativos nacionales toda vez que enarbolan la consideración de las denominadas “trayectorias educativas” que implican no sólo el recorrido del estudiante sino la contemplación de los condicionantes que estos traen consigo de manera que se distorsiona la afirmación de Marx acerca “de cada cual, según sus capacidades; a cada cual según sus necesidades”, toda vez que se anula la existencia de las relaciones materialistas de la sociedad capitalista. La política educativa oculta la realidad de la sociedad burguesa para presionar más sobre la docencia. Condicionado por estos marcos, se utiliza la concepción de las trayectorias educativas para incrementar la explotación de la fuerza de trabajo de la docencia, a la que se le exige que busque distintos modos de enseñanza, según cada quien. Lo que deviene en la adaptación de la enseñanza a los saberes previos que porta cada estudiante. Se destruye así la relación de andamiaje entre el conocimiento humano universal, los saberes que portan cada individuo y la función del docente para promover una aprehensión de aquello que se enseña, con la finalidad de elevar la experiencia de la vida cotidiana; de esta manera la enseñanza se acopla a la realidad existente. La educación en el capitalismo, pierde sentido. Según los requerimientos de las políticas educativas. el logro de las trayectorias educativas se expresa en la acreditación de las mismas, la no aprobación funciona como un elemento que pone en evidencia el incumplimiento de la tarea docente, en los marcos vigentes. En un contexto de ataque a las condiciones de trabajo y de vida de la docencia, estas consideraciones pedagógicas terminan generando un diversidad de recorridos entre los que podemos encontrar por un lado docentes que buscan renunciar a la docencia desplegando microemprendimientos; por otro lado, docentes que establecen márgenes laxos para asegurar la acreditación de estudiantes más allá de su adquisición de saberes pero también emergen docentes que reclaman mayor disciplinamiento hacia los estudiantes. La fuga de la docencia, la permisividad o el autoritarismo se abren paso en el espacio educativo como tres caminos por donde se despliega la lógica del capital. La necesidad de recurrir a diversas formas de enseñar, en la búsqueda de respetar y acompañar cada trayectoria educativa, se ve expresada en las modificaciones educativas en curso. Las propuestas pedagógicas actuales, al promover las trayectorias educativas, consolidan discursivamente que el individuo, para desarrollarse, debe hacerlo por fuera de un espacio común. La trayectoria educativa es la expresión de que el ser individual se encuentra enajenado de su ser genérico en el ambiente áulico, también, y preanuncia mayores niveles de agravios en los marcos escolares. Es el choque entre la singularidad y lo universal, es la evidencia de la ruptura entre el modo de vida social capitalista y el desarrollo del individuo. El homeschooling es un desprendimiento final de este proceso expresando la lógica del capital de aislamiento y segregación. La educación como costo requiere no sólo el ajuste salarial sino un ataque a las condiciones de trabajo de los docentes, porque la productividad del capital debe atacar las condiciones donde se desarrolla el valor creativo de la fuerza de trabajo. De este modo además de multiplicar las tareas del docente con la presencia de las nuevas tecnologías, procede a expropiar el carácter subjetivo de la tarea (subsunción del trabajo en el capital) que implica la subsunción de la educación en la lógica del capital. La presencia de las nuevas tecnologías en educación debe ser considerada en estos marcos dinámicos. El uso de la inteligencia artificial en las aulas no sólo habilita la posibilidad para que los docentes reduzcan el tiempo en su planificación, sino que, fundamentalmente, por las condiciones en las que se despliegan la enseñanza y el aprendizaje estas tecnologías actúan en el proceso educativo atrofiando la actividad docente de enseñar y la del estudiante de aprender. Esto porque la simplificación que sucede no es resultado de un proceso de apropiación de la actividad educativa consciente por parte de sus participantes (docentes y estudiantes), sino que es resultado de que docentes y estudiantes quedan sujetados a las nuevas tecnologías, para la productividad del capital. De este modo la técnica se apropia de las capacidades creativas de los docentes y de los estudiantes, quienes quedan enajenados del proceso educativo y se subsumen en el capital, toda vez que la subjetividad queda a merced de los ritmos de la técnica. El fracaso del progresismo (“woke”) que ascendió al poder luego del argentinazo, da lugar a la legislación reaccionaria en educación, donde el desinterés generalizado, la apatía en las aulas, la carencia de comprensión lectora, de pensamiento matemático y el incremento de la violencia en el ámbito escolar; expresan la quiebra de esa experiencia histórica. La decadencia educativa está enraizada con el conjunto de la precarización social avalada por el propio Estado capitalista. En tiempos donde ese Estado, por su naturaleza de clase, agrava y profundiza su accionar contra las conquistas de las masas, las reivindicaciones de políticas educativas que aseguren derechos a niños, niñas y adolescentes, y que haga valer el salario y la función de quien enseña, necesita de crecientes movilizaciones y una organización independiente que le permita superar las trabas de las burocracias sindicales y de todas las formas que conllevan a estatizar estas luchas en el parlamento (leyes de financiamiento) o presentaciones judiciales, porque (la nueva ley viene a destruir la escuela). [https://politicaobrera.com/15273-ley-de-libertad-educativa-la-escuela-subsidiaria-de-la-familia ]. La crisis de la democracia burguesa La burguesía que nació impulsando la razón para ganar la batalla cultural contra el oscurantismo feudal se desprende, sin sonrojarse, de todo lo aprendido, de los derechos sociales y universales; siempre y cuando sigan concibiendo que mediante la agresión imperialista están con la capacidad de penetrar en todas las células de la sociedad. La imperiosa necesidad del capital recurre a las cloacas de la gran burguesía para avanzar en sus negocios. Ante la creciente descomposición social, la clase obrera aún no encuentra los medios para fortalecer su organización y enfrentar al capital en su camino de destrucción. Los liberticidas se esfuerzan por imponer una normativa del gran capital para avasallar los derechos del trabajo. Es, en ese sentido, una legislación que busca defender a la burguesía de su propia desintegración al colocarla en manos del gran capital. La burguesía argentina se acurruca en los brazos del gran capital siempre que le asegure el sometimiento de la fuerza de trabajo. En tiempos de desintegración social, Milei apuesta a un bando imperialista con la consideración de que la autoridad, no la verdad, hace la ley (Hobbes). Pero la autoridad del capital está en cuestión a tal punto que debe buscar, para imponerse, el recurso de la depredación del suelo, la guerra y el genocidio.

24 de enero de 2026
Impulsemos la lucha contra la contrarreforma laboral fascista y el proyecto de destrucción de los glaciares

El 10 de febrero está fijada la fecha de la nueva sesión extraordinaria del Senado que tiene en su temario, entre otros puntos la modificación de la ley 26369 de “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, aprobada por el Congreso Nacional en 2010, impulsado por el gobierno y que ya en diciembre obtuvo dictamen. A medida que se acerca la fecha, se acentúa el lobby a favor de la modificación de la ley de los gobernadores de las provincias andinas agrupados en la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y la Mesa del Cobre (sumando a Mendoza y San Juan, de la CAEM (la Cámara Argentina de Empresas Mineras), de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) y la Unión Industrial Argentina (UIA) y de la Cámara Argentina de Proveedores Mineros (CAPMIN), que integra 350 empresas socias y unas 13 cámaras provinciales, de las principales mineras internacionales, y de la AmCham, (La cámara que agrupa a las empresas de EEUU instaladas en el país) con el embajador como vocero. El proyecto El núcleo de la reforma no es menor. Propone redefinir qué cuerpos de hielo deben protegerse y, sobre todo, quién debe tomar esa decisión. En la iniciativa oficial, el valor hídrico de cada glaciar quedaría bajo evaluación de las provincias, y no de un criterio científico homogéneo a escala nacional. Para los gobiernos provinciales que impulsan el cambio -en especial San Juan, Mendoza, Catamarca, Salta y Jujuy- y para el sector minero, la modificación permitiría destrabar proyectos considerados estratégicos, sobre todo de cobre y litio. Según datos oficiales relevados por LA NACION, de los 325 proyectos mineros en cartera, al menos siete podrían verse beneficiados de manera directa si la ley se modifica. Aunque representan una porción menor del total, varios de ellos figuran entre los potencialmente más rentables del país y se ubican en zonas hoy protegidas por la normativa vigente, principalmente sobre glaciares de escombro del ambiente periglacial. La reforma plantea un cambio de fondo respecto a la legislación vigente desde 2010. Mientras que la normativa actual se asienta sobre el principio precautorio-protegiendo de manera preventiva vastas extensiones de la criosfera ante la incertidumbre científica-, la propuesta del gobierno de La Libertad Avanza busca instaurar un modelo de gestión basado en la "funcionalidad hídrica efectiva" y la "significancia económica". Este giro no ocurre en el vacío; responde a una estrategia deliberada de inserción de la Argentina en la cadena de suministro global de minerales críticos para la transición energética y como insumos para la industria militar de las grandes potencias. Específicamente cobre y litio, cuya demanda se proyecta exponencial para las próximas décadas. En esta nueva etapa, el proyecto, presentado como una simple reforma de la Ley de Glaciares, está diseñado quirúrgicamente para satisfacer las demandas de los gobernadores de las provincias cordilleranas y para complementar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Esto crea las condiciones de seguridad jurídica que reclaman las corporaciones mineras internacionales para desembolsar inversiones estimadas en más de 20.000 millones de dólares. Científicos y ambientalistas responden Según Lucas Ruiz, glaciólogo del IANIGLA, el sistema de glaciares argentino abastece de agua, de manera directa o indirecta, a más de siete millones de personas, cerca del 18 % de la población del país. En provincias áridas, donde la escasez hídrica es un problema estructural, los glaciares y manchones de nieve funcionan como reservorios naturales que regulan los caudales a lo largo del año. En un contexto de sequía prolongada y aumento de temperaturas, ese rol se vuelve aún más decisivo. Desde Greenpeace, Agostina Rossi aportó datos clave que refuerzan la gravedad del retroceso propuesto: “El 20 % de la infiltración que llega a las napas depende del ambiente periglacial. En años de sequía puede llegar al 50 %.” El proyecto exige demostrar que el ambiente periglacial tiene "relevancia hídrica". Dado que el aporte de los glaciares de escombros es complejo de medir y varía estacionalmente, este requisito podría utilizarse para desafectar áreas donde la medición inmediata no arroje caudales significativos, ignorando su valor como reserva de largo plazo ante el cambio climático. Esto impone una carga probatoria técnica y económica sobre el Estado o la sociedad civil. Para proteger un glaciar de escombros se deberá demostrar, mediante estudios hidrológicos complejos y costosos, que ese cuerpo específico aporta un caudal significativo a la cuenca. Si no se puede probar esa "función estratégica" -un término jurídicamente indeterminado en el proyecto-, el cuerpo queda desprotegido y disponible para la intervención minera. A su vez han denunciado que el proyecto, aunque mantiene al IANIGLA como responsable del inventario, introduce mecanismos para que las provincias puedan "corregir" o "actualizar" dicho inventario con sus propios estudios. Esto abre la puerta a la "desinventariación" de cuerpos glaciares a pedido de los gobiernos locales, basándose en estudios particulares financiados por las propias empresas mineras interesadas. Quizás la cláusula más peligrosa desde el punto de vista administrativo es la que establece que la omisión o demora del IANIGLA en actualizar el inventario o responder consultas no afectará la validez de las autorizaciones provinciales. Esto elimina el "poder de veto" técnico que, de facto, ejercía el inventario nacional. Si una provincia aprueba una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) afirmando que no hay glaciares afectados, el proyecto podrá avanzar independientemente de la opinión o los tiempos del organismo científico nacional. El peronismo, a favor de las mineras En la década de los 90, bajo el gobierno peronista de Menem, se modificó toda la legislación minera para favorecer el ingreso de los grandes capitales mineros internacionales paralelo, dando lugar a las primeras grandes explotaciones de la megaminería metalífera a cielo abierto, (la Alumbrera) lo cual comenzó a generar conflictos territoriales y ambientales en provincias como San Juan, La Rioja y Catamarca. Hacia el año 2007, la comunidad científica argentina y global ya alertaba sobre el retroceso acelerado de los cuerpos de hielo debido al calentamiento global antropogénico. Imágenes comparativas del Glaciar Viedma en Santa Cruz, que mostraban un retroceso de un kilómetro entre 1930 y 2008, sirvieron como evidencia visual irrefutable de la fragilidad de estos ecosistemas. En este contexto, surgió la primera iniciativa legislativa, conocida popularmente como la "ley Bonasso", cuyo objetivo era establecer presupuestos mínimos de protección ambiental para los glaciares y el ambiente periglacial, prohibiendo actividades industriales que pudieran afectarlos. Dicho proyecto fue convertido en ley (Ley N.º 26.418) el 22 de octubre de 2008. Sin embargo, haciendo lugar a los reclamos de las grandes mineras, en especial de la minera canadiense Barrick Gold y algunos gobernadores de entonces, el 10 de noviembre de 2008, mediante el Decreto 1837/2008, la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner vetó totalmente la ley sancionada argumentando la "excesiva protección" que impediría el desarrollo de las provincias cordilleranas. En aquella época, la Barrick operaba la mina Veladero y avanzaba con el gigantesco proyecto binacional (chileno-argentino) Pascua-Lama en la provincia de San Juan, ambos ubicados en zonas de alta sensibilidad glaciar y periglacial. El veto presidencial expuso con crudeza la política que, en nombre de contar con una importante fuente de divisas y recursos fiscales, dar piedra libre para el saqueo y la destrucción ambiental y de los glaciares y las zonas periglaciares, y el modelo de preservación ambiental, que priorizaba el agua como recurso estratégico finito. El veto presidencial de 2008, fue un revulsivo y actuó como un catalizador para que se desarrollara un extendido y en muchos casos masivo movimiento socioambiental al que adhirieron sectores de la ciencia, académicos y diversas personalidades. Durante los dos años siguientes de lucha desafiando la voluntad del Ejecutivo K se logró articular la presentación de un nuevo proyecto de ley que fue sancionado el 30 de septiembre de 2010, la actual Ley N.º 26.639, conocida como el "Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial". Esta norma definió a los glaciares como "bienes de carácter público" y estableció un régimen de prohibiciones estrictas para actividades industriales y mineras, tanto en los cuerpos de hielo descubiertos como en el ambiente periglacial y ordenó la realización de un inventario de glaciares y zonas periglaciares exhaustivo a cargo del IANIGLA, el Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), un organismo dependiente del CONICET con sede en Mendoza. El inventario se completó y publicó oficialmente en 2018. Se identificaron y caracterizaron un total de 16.968 cuerpos de hielo, de los cuales 16.078 se encuentran en la cordillera de los Andes y 890 en las islas del Atlántico Sur. Además, estos cuerpos de hielo cubren una superficie total de 8484 km²; de este total, 5769 están en la cordillera de los Andes y 2715 en las islas del Atlántico Sur. Estos cuerpos actúan como reservas hídricas estratégicas, aportando caudales críticos a los ríos del oeste argentino, especialmente en años de sequía y durante el verano. El concepto de "ambiente periglacial" se convirtió en el eje de la disputa técnica y legal. La Ley 26.639 lo define en la alta montaña como el área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña, como el área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo. En términos geomorfológicos, esto abarca a los glaciares de escombros (cuerpos de roca mezclada con hielo intersticial) y a los suelos congelados estacionalmente. La geología de los Andes centrales ha dispuesto que los grandes pórfidos de cobre se encuentren, en muchos casos, en las mismas zonas de alteración hidrotermal donde, milenios después, se formaron los glaciares de escombros. Esta coincidencia geográfica es la raíz del conflicto. Sin embargo, la ciencia de la criosfera indica lo contrario. El ambiente periglacial, y específicamente los glaciares de escombros y el permafrost, actúan como reservas estratégicas de largo plazo. Los especialistas destacan que, en años de precipitaciones normales, los ríos andinos se alimentan principalmente de la fusión de la nieve estacional. Sin embargo, en años de sequía extrema -una condición cada vez más frecuente debido al cambio climático-, la nieve escasea y el aporte proporcional de los glaciares y el permafrost al caudal de los ríos aumenta drásticamente, llegando a representar hasta un 30 % o más del caudal base en verano. Destruir estas reservas basándose en su aporte durante años "húmedos" es eliminar el seguro hídrico para los años secos. No es posible aislar quirúrgicamente un glaciar de escombros del sistema que lo rodea. La alteración del permafrost circundante mediante la construcción de caminos o la remoción de suelo puede desestabilizar laderas enteras. Esto afecta la calidad del agua aguas abajo mediante la liberación de sedimentos o drenaje ácido de roca, independientemente del volumen de agua que el cuerpo de hielo en sí mismo aporte. La consecuencia práctica de la vigencia de la ley fue lo que el sector privado denominó un "freno de mano" a la inversión. Si bien las minas que ya estaban operativas al momento de la sanción, como Veladero, continuaron funcionando (amparadas inicialmente por medidas cautelares), los nuevos proyectos de considerable envergadura no pudieron avanzar hacia la fase de construcción. El caso más emblemático son los proyectos de cobre en la provincia de San Juan. Yacimientos como Pachón (Glencore), Los Azules (McEwen Copper) y Altar (Aldebarán Resources) han permanecido en etapas de exploración o prefactibilidad durante más de una década. La cuestión constitucional y el federalismo La resistencia a la Ley de Glaciares se desplegó con fuerza en el terreno judicial, cuestionando la base misma del ordenamiento constitucional argentino en materia ambiental. Inmediatamente después de la promulgación de la Ley 26.639 en 2010, la provincia de San Juan y la empresa Barrick Gold (a través de sus subsidiarias Barrick Exploraciones Argentina S.A. y Minera Argentina Gold S.A.) iniciaron acciones legales ante la Justicia Federal de San Juan. El argumento central era el federalismo: sostenían que la ley nacional, al prohibir actividades en el territorio provincial, violaba el artículo 124 de la Constitución nacional, que otorga a las provincias el "dominio originario de los recursos naturales existentes en su territorio". El Juzgado Federal de San Juan, concedió rápidamente medidas cautelares que suspendieron la aplicación de los artículos clave de la ley (artículos 2, 3, 5, 6, 7 y 15) para los emprendimientos de Barrick Gold en la provincia, creando una situación jurídica peculiar: la Ley de Glaciares era válida en todo el territorio nacional, excepto en los polígonos mineros de San Juan, donde su vigencia estaba suspendida por orden judicial. Esta estrategia permitió a Barrick Gold continuar con la operación de la mina Veladero y avanzar con el proyecto Pascua-Lama, sin tener que someterse a las auditorías y prohibiciones que la ley nacional imponía. El conflicto de competencias escaló hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), y el 4 de junio de 2019, en el fallo “Barrick Exploraciones Argentinas S.A. c/ Estado Nacional”, la Corte rechazó la demanda de inconstitucionalidad planteada por las empresas y la provincia, validando plenamente la Ley de Glaciares. En ese fallo la Corte estableció que el dominio provincial sobre los recursos (art. 124) no es absoluto. Debe ejercerse en armonía con la obligación de la Nación de dictar los "presupuestos mínimos" de protección del ambiente (Art. 41). El fallo sostuvo que los glaciares y el ambiente periglacial son bienes de incidencia colectiva. Al confirmar que la ley era constitucional, la Corte dejó al sector privado y a las provincias sin margen de maniobra legal para eludir su cumplimiento. Fue este "bloqueo constitucional" ratificado el que convenció a las grandes mineras y a sus agentes económicos y políticos de que la única salida para habilitar la megaminería en zonas de glaciares era cambiar la ley misma en el Congreso. El Ejecutivo intento reformar la Ley de Glaciares incluido en la Ley de Bases en enero de 2024. El capítulo ambiental de la Ley Bases buscaba habilitar la actividad económica en la zona periglacial, pero debió ser retirado ante la falta de consenso. Ahora con un frente que agrupa al grueso de la burguesía nacional y sus cámaras empresariales, a las principales mineras, nacionales e internacionales, a todo un frente de gobernadores de todos los colores políticos, el gobierno vuelve a la carga con su propósito de barrer con todos los obstáculos (destrucciones de las zonas periglaciares y los glaciares mismos) para que avances los grandes emprendimientos mineros. Es el propósito del proyecto que se va a tratar a partir del 10 de febrero en el Congreso Nacional. La cuestión constitucional El juez Federal Casanello, en una mesa debate, alertando sobre los cambios que se propone, destacó, entre otras cuestiones que, en ese fallo de la Corte se apela al Acuerdo de París (sobre cambio climático, aprobado por los países en 2015, entre ellos la Argentina), los objetivos de desarrollo 2030 y en general a todas las crisis ambientales. Viale, presidente de la Asociación de Abogados Ambientalistas, a su vez, remarcó que no se puede desarmar por ley lo que está consagrado en la Constitución Nacional, y calificó la iniciativa como “flagrantemente inconstitucional” por violar el artículo 41, que obliga al Estado nacional a fijar pisos comunes de protección ambiental. A su vez, el abogado ambientalistas entrerriano, Daneri, señaló que el proyecto es violatorio del “Acuerdo de Escazú que es un acuerdo latinoamericano muy importante y que establece dos principios centrales: el principio de no regresión y el principio de progresividad, que precisamente aspira a mejorar la protección de los sistemas ecológicos, de sus sistemas asociados, y que en este caso es precisamente todo lo contrario”. La profesora Claudia Villanueva de Derecho Ambiental de la UBA, en tanto, recalcó que el principio precautorio, que guía todas las normas ambientales, queda desdibujado en el proyecto oficial. Ella también cree que es difícil que las provincias (son 12 las involucradas con glaciares) estén interesadas en el cuidado pertinente y puedan crear marcos regulatorios consistentes. A su vez, Daneri, destacó que “hace no muchos años se firmó el Acuerdo de Escazú que es un acuerdo latinoamericano muy importante y que establece dos principios centrales: el principio de no regresión y el principio de progresividad, que precisamente aspira a mejorar la protección de los sistemas ecológicos, de sus sistemas asociados, y que en este caso es precisamente todo lo contrario”. Además, denunció, que mientras “el artículo 41 de la Constitución Nacional habla del derecho deber de proteger el ambiente. Nos pone en cabeza de los pueblos y de los ciudadanos el deber de protegerlo. Y ahora el deber de proteger aparece en el Plan de Inteligencia Nacional, es decir, los que protegemos al ambiente pasamos a ser investigados por la máxima autoridad política de la República Argentina. El escenario realmente es de extrema gravedad”. Conclusiones El proyecto de contra Reforma laboral fascista y el proyecto de destrucción de los Glaciares y ambientes periglaciares van de la mano y van a ser debatidos en el congreso nacional a principio de febrero. Las provincias andinas tienen una importante tradición de lucha contra el saqueo y la defensa del agua y el medio ambiente. Solo para citar algunas de estas luchas: En 1958 hubo un levantamiento popular en Belén (Frondizi estaba en la presidencia) y una gran marcha que llegó a ocupar la casa de gobierno. El reclamo era no a la privatización de Farallón Negro. Al calor de esa lucha se puso en pie YMAD bajo la dirección de la Universidad de Tucumán. Durante los Tucumanazos, las reivindicaciones a favor del comedor estudiantil se entrelazaron con el reclamo en defensa de Farallón Negro, contra el intento de privatización. La Rioja en distintos momentos (década del 90 y a principio de este siglo) se vio sacudida por la lucha en defensa del Famatina con la consigna del “Agua vale más que el Oro”. En 2007-2010 la lucha que impuso la ley 26.369 de Glaciares. En 2007 la lucha que impuso la ley 7722 en Mendoza y las grandes rebeliones de 2019 y la que está en curso en defensa del agua, contra la política minera del gobernador Cornejo. En 2010 se produjo el Andalgalázo con el proyecto Piciau. En 2021 se desenvolvió la gran lucha obrera y popular contra los planes mineros en Chubut. Apoyado en esta tradición de lucha, y en la necesidad de una lucha unitaria, de conjunto, se hacen necesarias la huelga general y las movilizaciones de masas. Nada se puede esperar de la burocracia sindical. La organización de la lucha se debe poner en pie por medio de asambleas, autoconvocatorias, coordinaciones.

23 de enero de 2026
La colaboración del chavismo residual con Donald Trump

En medio de los agrios reclamos a la UE por la cuestión de Groenlandia, Donald Trump reservó un espacio en Davos para elogiar el “muy buen” vínculo con el gobierno de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta a cargo de Venezuela. Las fuerzas especiales del Departamento de Estado han secuestrado al presidente Nicolás Maduro en un asalto militar y Trump se ha adueñado de la venta del petróleo venezolano, cuyos ingresos reparte a su discreción con el gobierno en funciones. Trump destacó el “muy fuerte liderazgo” de Delcy Rodríguez, o sea, el alineamiento sin fisuras del conjunto del gobierno chavista con el plan de Trump. La prensa internacional divulga, en estas horas, los contactos fluidos de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional, de Delcy Rodríguez y también de Diosdado Cabello con la CIA y el gobierno de Trump desde bastante antes del arrebato violento contra Maduro; el asalto militar de Trump fue asistido con una conspiración interna en el estado venezolano. Según The Guardian (22.1), la ´mesa chica´ del chavismo residual aseguró a esos interlocutores que un gobierno “post Maduro” colaboraría con Trump, pero no querían ser partícipes activos del derrocamiento del presidente. El 3 de enero, la Fuerza Delta de Trump se encargó de resolver esa “minucia”. Una parte de la información a la que accedió The Guardian había sido revelada por The New York Times, sin ser desmentida desde Caracas. El Guardian es el vocero del centroizquierdismo inglés. Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente encarcelado en Nueva York, asegura, en un intento de reclamar la paternidad de los acontecimientos, que la “apertura petrolera” anunciada por Delcy Rodríguez ya estaba en los planes de su padre. Maduro hijo ha reclamado que el giro de la política internacional en que se ha empeñado el “chavismo residual” debía llegar hasta la “reapertura de relaciones diplomáticas con Israel” (La Nación 19.1). La reivindicación del estado sionista, autor del genocidio palestino, que no ha cesado, es la manifestación más grotesca del alcance de la dependencia colonial que han decidido garantizar las autoridades venezolanas bajo la tutela de Trump. Petróleo y confiscación nacional El bloqueo naval y electrónico podría justificar el acatamiento de las órdenes del imperialismo, bajo coacción, pero de ninguna manera la colaboración política sin restricciones. Trump ha confirmado el anuncio de Delcy Rodríguez que Venezuela ha recibido 300 millones de dólares por los fondos de la primera tanda de exportaciones petroleras a los Estados Unidos. Pero Trump cifró públicamente esos despachos en 500 millones; o sea que el 40% de la recaudación ha quedado en manos de Trump, en un fondo destinado a satisfacer los reclamos de los acreedores internacionales de Venezuela. Trump se ha valido del asedio militar contra la República Bolivariana para vaciar los tanques de almacenamiento del crudo que no se podía vender por el bloqueo, para permitir de ese modo una reanudación de la producción. La “mordida” del 40 % de los ingresos petroleros confirma la aseveración de Trump de que “nos llenaremos de dinero” (los Estados Unidos) con el petróleo venezolano. Las exportaciones de estos días son de las empresas que venían operando en Venezuela, en asociación con la estatal PDVSA. Es el caso de la americana Chevron. Otras, como ExxonMobil, reclaman un “nuevo marco jurídico” – precisamente, el que acaba de poner en marcha el parlamento venezolano bajo el impulso de los hermanos Rodríguez, aprobando en primera instancia una reforma de La ley de Hidrocarburos-. La reforma elimina la participación mayoritaria de PDVSA en los consorcios con las compañías extranjeras; reduce las regalías a la mitad -del 33 al 15 %- y abre la puerta para “arbitrajes independientes” en la resolución de eventuales conflictos, o sea, tribunales extranjeros. El parlamento discute también otorgar la “libre disponibilidad” de las divisas de exportación, es decir, su transferencia a cuentas en el exterior. Pero esta medida deberá pasar por el filtro, no de los ‘residuales´, sino del propio Trump, que se arrogó la potestad sobre el destino de los ingresos de las exportaciones venezolanas. El texto de la reforma petrolera está calcado de las propuestas que la derechista María Corina Machado llevó al Foro de la Energía de Houston en marzo pasado. Los seguidores de Machado han expresado su malestar por el ‘secuestro’, por parte de Delcy Rodríguez, del programa petrolero de la ganadora del premio Nobel. Esta piratería programática confirma a Trump en su decisión de apoyar al gobierno que tiene los ‘fierros’ y no al que ha conseguido los votos hace dos años. Los ‘nac & pop’, con Delcy Rodríguez La cooperación estratégica del gobierno de los Rodríguez y Cabello con Donald Trump ha sido bendecida por el nacionalismo continental. La exdiputada del gobierno de De la Rúa-Cavallo, exembajadora del kirchnerismo en Venezuela y abierta defensora del chavismo, Alicia Castro, calificó a la política de los Rodríguez y Cabello como “una brillante estrategia para mantener la institucionalidad en medio de estas dificultades tremendas e inéditas” (Perfil, 23.1). Según Castro, el chavismo se anotó “un logro” porque “Estados Unidos no logró el cambio de régimen ”. El gobierno de Venezuela sigue funcionando” (id.). Pero el gobierno chavista continúa funcionando como poder subrogado de Trump, es decir, como agencia local del Protectorado ‘de facto’. La temperamental exsecretaria general de Aeronavegantes no se dio cuenta todavía que Venezuela se ha convertido en un ‘leading case’, que Trump quiere imponer al resto del mundo: Gaza, Irán e incluso Dinamarca y la Unión Europea, en lo referente a Groenlandia. El movimiento MAGA se opone a “poner soldados norteamericanos en el terreno”, de ahí que haya elegido gobernar por medio de vicarios. La derrota del régimen de vicecónsules ‘nacionales y populares’ significaría el derrumbe del ‘trumpismo’ y del imperialismo en su conjunto La posición de Alicia Castro -presentar a los chavistas “haciendo lo que pueden”- es un salvoconducto. La libre disponibilidad de divisas que hoy discute el parlamento venezolano se la dieron Cristina y Kicillof a Chevron en 2012, por Vaca Muerta. Los gobernadores peronistas, que encabezaron las listas electorales de octubre pasado con el aval de Cristina Kirchner, colaboran con el cadete local de Trump para perpetrar la liquidación de los derechos laborales. La cooperación del chavismo residual con Trump es un episodio culminante del nacionalismo continental en descomposición. La conversión de Venezuela en un protectorado ‘de facto’ es mucho más que un cambio de régimen, entendido hasta ahora como cambio del personal político gobernante. Comporta la tentativa de una reorganización completa de la sociedad, que suplantaría a “los estados fallidos” (dixit Scott Bessent) por protectorados. Venezuela, un “modelo” La consumación de un Protectorado de facto en Venezuela, con un gobierno subrogante, es lo que planea en todo el mundo ante cualquier amenaza de Trump. Lo ha señalado la prensa internacional y se ha discutido a calzón suelto en la cumbre oligárquica de Davos. La llamada doctrina “Donroe” lo plantea para toda América Latina e incluso en el hemisferio norte –Canadá, como 51º estado de la Unión Americana-. El servilismo del nacionalismo burgués latinoamericano ha llegado al extremo de que evita condenar el atropello de Trump contra Venezuela y se niega a movilizarse, para no ‘interferir’ en las maniobras y depuraciones del chavismo residual con el aspirante a fascista Donald Trump. Cuando el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se refirió al ‘punto de inflexión’ de la situación histórica mundial, tenía presente al destino de su país, por supuesto, a partir de lo ocurrido en Venezuela. Venezuela es descripta como un “modelo” de la ofensiva trumpista a escala global. Los protectorados ‘de facto’ representan un control económico y político (paraestatal) del imperialismo, donde un gobierno títere y sus fuerzas armadas se hacen cargo de la administración formal del Estado. Es una de las variantes que se discuten en estas horas para Groenlandia: un estado formalmente “autónomo”, que opere como agencia del gobierno norteamericano. Los estados imperialistas de la UE le habían admitido a Trump avanzar con la militarización de Groenlandia mientras se mantuviera el actual estatus político. Pero en ese caso, Dinamarca y la UE se convertirían en las “Delcy” del Ártico. La tentativa de Trump de anexar Groenlandia había sido recibida, por parte de la UE, con una orquestada crisis contra la deuda pública norteamericana y el dólar; o sea, como un acto de guerra. En cuanto a Irán, el departamento de Estado y la CIA, de acuerdo al Financial Times (23.1), estarían negociando un golpe de estado de parte de la Guardia Revolucionaria, en un ‘replay’ de lo ocurrido en Egipto, cuando el alto mando del actual presidente, Al Sissi, derrocó al gobierno clerical de la Hermandad Musulmana, electo por medio del sufragio universal. En el caso de Europa, es conocido el apoyo de Trump a la ultraderecha, con el concurso de la ultraderecha sionista, que acaba de reunir una conferencia fascistoide en Jerusalén ¡para combatir el antisemitismo! En definitiva, el asalto a Venezuela, con la cooperación del nacionalismo burgués continental, tiene un alcance histórico mundial.

22 de enero de 2026
Una fuerte disputa imperialista en el escenario de Davos

Donald Trump se ha visto obligado a conceder una tregua en la “guerra civil” que había abierto en la OTAN cuando anunció un aumento de aranceles del 10% a partir del 1 de febrero y del 25% en junio, como represalia contra la negativa de Dinamarca y la Unión Europea a ceder Groenlandia a Estados Unidos. La respuesta de la UE -gravar las importaciones norteamericanas por un valor de 93 mil millones de dólares y eventualmente cerrar el acceso al mercado europeo de las tecnológicas norteamericanas- produjo un derrumbe de valores en la Bolsa de Nueva York y de la deuda estadounidense; el oro rozó los cinco mil dólares la onza y el dólar sufrió una nueva caída. A esto se añadía la posibilidad de un retiro de fondos de la UE y los bancos europeos de la deuda pública norteamericana, estimada en 38 billones de dólares. Trump intentó explicar esta liquidación financiera como una consecuencia del retroceso de los bonos del Tesoro de Japón. Pero no hubo caso. El peligro de una carrera hacia el abismo implicaba al conjunto de la economía mundial. El ‘loco’ del barrio parpadeó primero, sin renunciar a sus objetivos expansionistas y confiscatorios. El impacto sobre la política norteamericana fue igualmente poderoso. Apenas un par de días después de haber logrado impedir un voto del Congreso para quitarle a Trump la prerrogativa de iniciar acciones de guerra, una masa significativa de legisladores republicanos se declaró dispuesta a votar un veto a la adquisición de Groenlandia por parte de Trump. Llegado a ese extremo, el paso al juicio político o “impeachment” del presidente era inevitable; el magnate se vería obligado a retirarse a Mar a Lago hasta que las velas no ardan. El paso atrás era inevitable; disimular esta circunstancia de Davos le llevó un discurso de hora y media, que llegó a las dos horas con las respuestas a las inquietudes del auditorio. La crisis abierta en el Partido Republicano ha llegado, sin embargo, para quedarse; algunos medios aseguran que una reelección de Trump se encuentra en marcha, sin violar la Constitución. El candidato a la presidencia, para 2027, sería JD Vance, el vicepresidente, que llevaría a Trump como candidato a la vicepresidencia, para renunciar luego en un determinado plazo. En este cuadro ‘inquietante’, Trump tuvo una reunión con el secretario general de la OTAN, el holandés Rutte, de la que salió con el anuncio de que la negociación para quedarse con Groenlandia iba para adelante. Rutte, por el contrario, sostuvo que la conversación no tocó temas de “soberanía”. Los medios aventuraron que el compromiso entre EE.UU. y la UE consistiría en un reforzamiento sustancial de la presencia militar norteamericana en la isla, inclusive con un número mayor de bases. Dados los afanes de autonomía nacional de una parte significativa de la población de Groenlandia, ese acuerdo sería funcional a la anexión norteamericana de la isla. Quienes atribuyen todas estas crisis temerarias a un Trump “desencadenado”, olvidan algo sustancial: es el único dirigente estatal que cuenta con un programa – las 32 páginas de la Declaración de Seguridad Nacional, publicada a fines del año pasado . El punto de partida de este documento es la caracterización de que Estados Unidos se encuentra en una decadencia histórica . Como la única potencia imperialista verdaderamente mundial, Estados Unidos no puede restablecer su equilibrio nacional sin una recuperación violenta de la hegemonía internacional. El método del aventurero a cargo del gobierno de Estados Unidos sigue una estrategia. Esta realidad se desarrolla en las calles y lugares de trabajo de Minneapolis, Chicago, Los Ángeles y Washington, y en Gaza, Siria, Teherán, Venezuela y Europa. La deuda impagable del Tesoro norteamericano es una expresión de esa decadencia; pierde su condición de refugio de valor de los capitales no solamente por los vaivenes coyunturales de la economía y la política mundial, sino porque es la metástasis de toda la decadencia capitalista. La formación de un Club de la Paz, a mil millones de dólares la entrada, por iniciativa de Trump tiene todas las características de un hospicio. La Unión Europea, más el Reino Unido y Canadá, no es la contención liberal del trumpismo. En los próximos meses se producirán las victorias de la ultraderecha en Francia y de la derecha en España, con cierta probabilidad en Portugal (en el balotaje presidencial de febrero próximo), y eventualmente incluso en Alemania y el Reino Unido. Es necesario desarrollar en la clase obrera la consciencia de que no hay ninguna posibilidad de retorno al “Estado de bienestar” o “a los años felices”. La única barrera contra la barbarie es la revolución proletaria y socialista. LEER MÁS: Groenlandia o la guerra civil en la OTAN Se perfila una guerra arancelaria de billones de dólares. Por Jorge Altamira, 20/01/2026.

22 de enero de 2026
Acuerdo UE-Mercosur es parte de la guerra económica internacional y un instrumento del ajuste y de la contrarreforma laboral

Cuando aún no se había secado la tinta de las firmas que convalidaron el acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el Parlamento de la UE suspendió su entrada en vigencia en una reñida votación de 344 votos a favor, 334 en contra y 11 abstenciones. Recurrió para ello a la facultad de solicitar al Tribunal Europeo que verifique si el acuerdo no colisiona con otros acuerdos que comprometen a la Unión Europea, como, por ejemplo, las normas que establecen el cuidado del medio ambiente. Aunque existe una opinión casi unánime de que el recurso judicial es una maniobra de los opositores al acuerdo, la deforestación de la Amazonía brasileña por parte del agronegocio, sería un caso patente de ilegalidad. Los especialistas estiman que el tratamiento judicial podría demorar hasta dos años la vigencia del Tratado. Luego de un cuarto de siglo de ‘noviazgo’ y una dilatación de dos meses hacia el final, la boda entre el Mercosur y la UE ha sido impugnada por los padrinos europeos, que de otro modo habrían debido “callar para siempre”. La votación del Parlamento europeo fue vitoreada por el ‘lobby’ agrario de la Unión y denunciado por el industrial, en especial de parte de Alemania. Esta división delimita a los intereses que serían perjudicados o beneficiados por el acuerdo en cuestión. No sólo en un sentido comercial, porque el fracaso afecta políticamente a las autoridades “globalizadoras” de la UE (la Comisión Europea y el Consejo Europeo) frente a una oposición de derecha que reclama una devolución de derechos políticos hacia los Estados nacionales que integran la UE. Aunque sorprendente o inesperado, la Comisión Europea, sospechando alguna tramoya en el camino, inscribió en el Tratado una cláusula que habilita la inmediata vigencia de un ‘acuerdo interino’ hasta que el Parlamento europeo y los parlamentos nacionales de la UE y el Mercosur ratifiquen lo firmado en Asunción hace diez días. El dilema es ahora si la Comisión está dispuesta a chocar políticamente con el Parlamento y arriesgar una votación de censura. No se debe descartar la mano negra de Trump en la promoción de esta crisis –una gran parte de los votos de rechazo corresponden a la ultraderecha que sido elevada a la categoría de aliada estratégica de Trump en la Declaración de Seguridad Nacional que publicó el gobierno norteamericano en noviembre pasado . El mismo Trump denunció el acuerdo como un intento de monopolio del comercio de carnes y de quesos por parte de la UE, sin ninguna consideración por su alcahuete, Javier Milei, que estampó su firma en el Tratado por la República Argentina. Los signatarios afirman pomposamente que el Acuerdo libera de aranceles al 96% de las exportaciones y al 94% de las importaciones. Se trata, en realidad, de una reducción gradual que, según los productos, abarca un período de casi veinte años. En un mundo de guerra comercial y financiera, el cumplimiento de este cronograma es mucho más que una incógnita. Por otro lado establece numerosas salvaguardas, de modo que liberaciones ya concedidas pueden cancelarse por numerosos motivos y excusas. La exención de aranceles a la importación de acero, aluminio y biocombustibles, desde el Mercosur, por ejemplo, está condicionada a que no causen un impacto negativo en la industria europea. La libertad comercial en cuotas beneficia fundamentalmente al capital europeo, que podría desatar una ola de inversiones segmentadas en el Mercosur con el propósito de exportar sin aranceles a Europa. En el caso de la industria automotriz, que hoy enfrenta un arancel de importación del 35%, los capitales europeos establecerían una cuota de mercado para sus sucursales en el Mercosur, a cambio de una importación de automotores individuales y comerciales, y de componentes, desde Europa. Es aquí donde tiene puesto el ojo Alemania, sin desmedro de otras industrias, en momento en que sufre una competencia demoledora de los vehículos eléctricos de China. Lo más jugoso es la apertura del mercado de licitaciones estatales, que, en especial, en el caso de Brasil, daría acceso al capital europeo, incluyendo asociaciones con el capital local. En cuanto a las exportaciones agroindustriales del Mercosur, la rebaja de aranceles es compensada por el establecimiento de cuotas –una típica medida para arancelarla, como ocurre en el caso de la carne. Los grandes capitales de industria láctea se han adelantado a la firma del Acuerdo para desplazar casi por completo a los capitales nacionales y cooperativas en el caso de Argentina. El interés por un acuerdo UE-Mercosur nació en un contexto diferente al actual –de la globalización a la guerra comercial y financiera. En este sentido, su concreción choca con la política de Trump; Milei ha firmado un memorando de entendimiento con Estados Unidos , que demora en llevarse a la práctica. Sus términos, cuando se den a conocer, chocarán con el acuerdo con la UE y por sobre todo con China. La Comisión Europea ha declarado que el tratado Mercosur-UE es un correctivo con el proteccionismo y la guerra comercial, y una defensa de la globalización. Estamos ante una falacia interesante, pues en el contexto presente no es ni puede ser otra cosa que una plataforma de guerra con Estados Unidos, en su patio trasero y contra China. Los beneficios del Acuerdo no ponen a la UE en ventaja frente a China, que opera a precios imbatibles y financiaciones generosas. Esta feroz guerra comercial descansa en la superexplotación de la fuerza de trabajo y en la supresión de los derechos laborales. Eso está claro en China, pero también en la campaña internacional por imponer ajustes contra salarios y jubilaciones, y liquidar el derecho laboral y previsional. El acuerdo UE-Mercosur forma parte de la contrarreforma laboral y es un factor internacional de presión para imponerla. Los partidos patronales y el peronismo han buscado este acuerdo durante casi 25 años; la ratificación del Tratado en el Congreso es un complemento de la contrarreforma laboral. Los trabajadores deben rechazar su aprobación y reforzar la lucha contra el ajuste y la destrucción del derecho del trabajo, naturalmente por medio de una lucha política de clases y el método de la huelga general. LEER MÁS: El empantanamiento del acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur Por Michele Amura, 04/01/2026.

20 de enero de 2026
Groenlandia o la guerra civil en la OTAN

El conflicto entre el gobierno imperialista de Trump y los gobiernos imperialistas de la Unión Europea (más Gran Bretaña) ha escalado en forma significativa luego del envío de un número simbólico de tropas a Groenlandia, por parte de ocho estados del Viejo Continente. La isla se encuentra bajo la soberanía de Dinamarca, integrante de la Unión Europea, desde mediados del siglo XVIII. Esta operación es, sin embargo, ficcional, pues pretende responder al ultimátum de Trump de que la seguridad de Estados Unidos y de la OTAN se encontrarían en peligro si no media la anexión de Groenlandia por parte de Washington. Trump ha respondido con el anuncio de que la ocupación de la isla noratlántica es inminente y un aumento del 15% de los aranceles a las importaciones de esos países a partir del 1 de febrero, que llegaría al 50% en junio próximo en caso de que los afectados respondan con contramedidas. Un número elevado de observadores internacionales ha señalado que la decisión de ocupar y anexar Groenlandia, por parte de Trump, es irreversible. En efecto, la anexión de ese espacio territorial está estampada de la Declaración de Seguridad Nacional publicada por el gobierno norteamericano el 4 de diciembre pasado. El aspirante a dictador en el país modelo de la “democracia occidental” no está dispuesto tampoco a subordinarse a una decisión del Congreso estadounidense, a pesar de que las encuestas muestran un elevado rechazo de parte de la ciudadanía estadounidense a la anexión, luego de prevalecer en una votación reñida gracias al voto de desempate de J. Vance, que oficia como presidente del Parlamento. Trump considera que Groenlandia se encuentra bajo la cobertura de la doctrina Monroe (“América para los norteamericanos”) bajo el pretexto de que es parte del hemisferio occidental. Esta geopolitización del relato imperialista pone bajo la mira también a Canadá, que Trump ha prometido convertir en el estado 51 de la Unión Americana . Trump ya habría puesto una cifra a la “oferta pública” de anexión de Groenlandia –700.000 millones de dólares, más barato que una ocupación forzada del territorio. La justificación de Trump para anexar Groenlandia es que, de otro modo, caería bajo la dominación de Rusia y de China. Se trata de una hipótesis interesada, pues el corredor por el que transita el comercio internacional de ambos países en el Ártico no llega al hemisferio occidental. Las autoridades autónomas de la isla también han señalado que no han recibido ninguna demanda o reclamo de Rusia o China para obtener concesiones mineras. Trump, en cambio, ha ofrecido a Rusia un reparto de Ucrania, lo que de concluirse representaría un fortalecimiento, aunque condicionado, del gobierno de Putin, con consecuencias en el mar Báltico y en el mismo Ártico oriental. La expectativa de que la isla encierre grandes riquezas mineras, en especial las contenidas en las tierras raras, no ha sido todavía confirmada por operaciones de exploración y costos de extracción. En cualquier caso, la dificultad mayor que representan las tierras raras es la elaboración industrial (separación y refinación) de esos minerales, que se encuentra bajo el dominio de China (85-90%), que es el resultado de medio siglo de inversiones. En cuanto a la seguridad militar, sólo Estados Unidos tiene bases militares en Groenlandia, en la capital y en el norte de la isla. La anexión de Groenlandia, como también el protectorado ‘de facto’ impuesto en Venezuela (con implicancia para toda América Latina) ; la dominación establecida en Medio Oriente; la amenaza de una guerra ‘relámpago’ contra Irán ; la reestructuración de las cadenas internacionales de producción; la guerra comercial y financiera; todo esto forma parte de una estrategia política en distintos frentes para aislar y producir un cambio de régimen en China – incluida la guerra. Como único imperialismo realmente mundial, el equilibrio social y político nacional de Estados Unidos depende de su hegemonía internacional. Algunos medios internacionales han sacado la conclusión de que el propósito de Trump sería producir un cambio de régimen en Europa continental. Es lo que se desprende, nuevamente, de la misma Declaración de Seguridad Nacional del gobierno de Trump, que señala que Europa está perdiendo la identidad nacional y una declinación civilizatoria –como lo ha denunciado la extrema derecha europea. Se trata de un planteo fascista que parte del propósito de expulsar a la inmigración “no cristiana” de Europa, en una suerte de cruzada medieval. La ultraderecha, precisamente, ha adoptado, en su mayoría, una posición ambigua hacia el intento del imperialismo norteamericano de anexar Groenlandia y confrontar con la UE y Gran Bretaña, vista la perspectiva de cambio de régimen que impulsa el fascista vocacional norteamericano. Es lo que ocurre en especial con la AfD de Alemania, o la Lega de Italia y la derecha de Polonia, de Chequia, de Eslovaquia y de Rumania. El Frente Nacional de Francia, antinmigración y decididamente partidario de una “Europa de Naciones”, ha denunciado, sin embargo, el proyecto de Trump, sin ofrecer ningún apoyo a los gobiernos involucrados, en atención a las elecciones que tendrán lugar en Francia en marzo próximo. La Declaración de Seguridad Nacional denuncia el carácter supranacional de la UE y reclama una devolución de derechos políticos a las diferentes nacionalidades, con toda la intención de derribar el Banco Central y el euro, que son precisamente instituciones supranacionales. Analistas internacionales de tendencia prorrusa deducen que Trump pretende dividir a la UE entre un sector encabezado por Alemania y Francia, y otro por Polonia y los estados del Báltico. De todos modos, existe la posibilidad de victorias de la ultraderecha en Francia y en Alemania. Para el aniversario del Holocausto (Yad Vashem) la derecha de Israel ha convocado precisamente a la extrema derecha europea responsable de la Shoa (genocidio judío) a una conferencia contra el antisemitismo… La presión para desintegrar a la Unión Europea impacta en la guerra de la OTAN contra Rusia; la extorsión de Trump para forzar la capitulación de la UE en cuanto a Groenlandia, allana el acuerdo de Trump con Putin , al que se opone la UE. Sin ayuda financiera de Estados Unidos, el costo de la guerra ha subido fuertemente para la UE ; ha crecido la posibilidad de quedar afuera del reparto de Ucrania. En estas condiciones, Putin ha extendido la guerra al noroeste –Kharkov (la segunda ciudad en importancia de Ucrania) y Suny, y se ha lanzado a la destrucción masiva de la infraestructura civil del país. Las deserciones en el ejército ucraniano se cuentan en decenas de miles y el boicot al alistamiento militar es masivo. Las fuerzas de seguridad salen a la caza de jóvenes en masa; el despedazamiento que puede sufrir Ucrania podría ir más que la ‘propuesta de paz’ efectuada por Trump a Putin . Algunos ya delinean que la parte ‘independiente’ de Ucrania podría quedar reducida al oeste tradicional, bajo la tutela de Polonia –un país históricamente opresor de Ucrania. El destino de la OTAN se encuentra sellado. Ninguna tentativa de aproximación entre Trump y la UE podría retrotraer a su estadio anterior al inicio de esta guerra mundial . El encadenamiento de las llamadas ‘guerras locales’ describe el desarrollo de una guerra mundial. Por aquello de que “todo tiene que ver con todo”, la cuestión de Groenlandia ha desatado una escalada en la guerra financiera internacional –y una crisis política adicional. Obligada por la suba de aranceles de Trump contra sólo ocho potencias europeas, la UE podría verse incapacitada de dar una respuesta arancelaria con aval comunitario. El paquete arancelario que discute la UE suma 93 mil millones de dólares. Apunta contra importaciones de Boeing, whisky bourbon, motocicletas Harley Davidson y otra variedad de productos. En una instancia adicional cerraría el mercado europeo a las tecnológicas estadounidenses. El 'va y viene’ de represalias podría ser demoledor para ambas partes, con resultados peores a los recogidos en la década de los treinta del siglo pasado. Una ocupación militar relámpago de Groenlandia podría abortar una guerra comercial en escalada por un reseteo del nuevo status creado por la ocupación. Emmanuel Macron de todos modos ha propuesto recurrir a medidas “anticoacción’, reguladas por la UE, que prevén un retiro de activos europeos en la deuda pública y en el mercado accionario norteamericano, evaluados en 8 billones de dólares. “Europa es el principal acreedor de Estados Unidos (…) duplica al del resto del mundo combinado” (FT, 18/1). Si se suman otras inversiones de menor liquidez, la acreencia sumaría 13 billones de dólares. La crisis ha puesto de manifiesto que la UE es acreedora neta de Estados Unidos (“un récord” de acuerdo a FT), no lo contrario; EEUU es un deudor neto internacional. Obviamente, estas acreencias no son exclusivamente del sector público –para sumar a los acreedores privados debería aprobarse una legislación especial, de características de excepción (poner un límite a la tenencia de deuda para cada inversor privado). Cualquier flujo negativo de fondos de Estados Unidos, de cierta envergadura, afectaría al conjunto de los acreedores nacionales e internacionales, en especial cuando la deuda pública norteamericana alcanza los 38 billones de dólares, en parte poseída por la Reserva Federal. Se ha establecido, de este modo, un cruce de extorsiones recíprocas, como en una carrera de autos que tiene el objetivo de ver quien pisa primero el freno para no caer al abismo. El Financial Times se pregunta: “¿Puede realmente Europa apalancar su pila de 12,6 billones de dólares de activos norteamericanos?” Una salida importante de capitales de EE.UU. necesita encontrar una inversión alternativa, lo cual alteraría los mercados de capital de otros países y, hasta cierto, punto la cotización del oro, que ya se ha disparado hacia los 5.000 dólares la onza. El hundimiento del dólar provocaría una destrucción masiva de capital. La utilización de las finanzas como arma de guerra puede conducir a una catástrofe social que rivalizaría con una guerra militar generalizada. La Bolsa norteamericana no ha registrado en su amplitud el desarrollo de esta crisis; cuando ocurra, forzará a Trump a un recule, en todo caso provisional. Es lo que ocurrió con el derrumbe del 4 de abril del año pasado cuando anunció el ‘arancelazo’ . Tampoco ha hecho efectivas las sanciones que debían gravar con aranceles del 25% a los países que negocien con Irán; esto no es, como se la llama, una política “transaccional”, porque cada transacción deja un cuadro de crisis agravado. Son golpes de fuerza para medir la fuerza adversaria o ablandarla; forma parte de una guerra. La amenaza de ocupar Groenlandia ha provocado movilizaciones parciales de corte nacionalista antiyanqui en algunos estados europeos. Refleja la ilusión de que la respuesta de la UE (envío simbólico de soldados a la isla) es capaz de evitar consecuencias mayores. Pero los países imperialistas de Europa están forzados a capitular , como ha ocurrido con el ‘madurismo’ en Venezuela , con características especiales. La UE podría transar una cesión de derechos en Groenlandia a cambio de un apoyo militar de EE.UU. en la guerra contra Rusia. Trump podría accionar su oferta de compra por 700.000 millones de dólares para ‘persuadir’ a una mayoría de los 60.000 habitantes de Groenlandia a ceder el territorio mediante algún procedimiento previamente convenido. Trump, por su parte, ha instalado una Junta de Paz en Gaza para terminar con la autodeterminación nacional palestina. En Estados Unidos, la movilización contra los crímenes de la autoridad de represión contra los inmigrantes podría concretar una huelga general . Estados Unidos es el epicentro de la crisis mundial. La declinación de la dominación imperialista ha roto para siempre el equilibrio social y político en el país que se encamina hacia dictadura a determinado plazo y, alternativamente, a una situación revolucionaria. LEER MÁS: El reclamo de anexar Groenlandia por parte de Trump, pone en primer plano la disputa imperialista con la Unión Europea y la preparación de una guerra contra China Por Marcelo Ramal, 16/01/2026.