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Internacionalismo (segunda época de EDM) N° 2

29 de noviembre de 2025 · 6 notas

Notas de este número

29 de noviembre de 2025
“Libertad educativa”: una ley en la escena de la guerra mundial

Se conoció la propuesta de ley del gobierno de Milei que mediante más de 130 artículos busca impartir una educación regimentada por el Estado, atomizada en su enseñanza y descalificada en cuanto a saberes y contenidos. La legislación que propone el gobierno nacional, denominada “Libertad educativa”, ha despertado indignación en la burocracia sindical y en las organizaciones políticas afines al gobierno provincial de Kicillof, que se arrogan el papel de representantes educativos; sin embargo, los liberticidas vienen a consagrar, mediante la legislación, todo el recorrido educativo que promovieron las diversas variantes de gobiernos peronistas (FpV; UC; FdT y FP) y también el gobierno macrista de Cambiemos. El Estado dirigido por los liberticidas asume, mediante una norma legal, es decir a través de las estructuras políticas, las alteraciones a la relación educativa y a las condiciones de trabajo docente que se fueron imponiendo a través de reformas y contrarreformas educativas impartidas por las diversas jurisdicciones y en los marcos de la legislación vigente kirchnerista. Todas esas modificaciones contaron con el acompañamiento de las conducciones sindicales. Los atropellos a las condiciones de vida y a los modos de trabajo de la docencia se fueron llevando adelante en estos años. La continuidad del capital en la educación: contenidos Según la ley propuesta por los liberticidas “el Estado tiene la obligación de garantizar la accesibilidad, establecer contenidos y condiciones mínimas comunes”; asumiendo un rol básico el aparato estatal libera las fuerzas del capital, por lo que apela a que se respete “la autonomía institucional y la diversidad de proyectos educativos propios de cada institución.” Se les otorga a las instituciones educativas “autonomía para organizar su régimen de gobierno interno” (art. 94). Esta reglamentación recoge las actuales modificaciones en el Régimen Académico que imparte el gobierno de la Provincia de Buenos Aires cuya finalidad es “establecer que las escuelas puedan organizar institucionalmente la enseñanza en distintos formatos”, donde se habilita a que las escuelas consideren “las características y organización institucional de las escuelas secundarias en la diversidad de realidades de la provincia” promoviendo “la implementación de distintos formatos para profundizar la enseñanza y acompañar las trayectorias de las/os estudiantes” (Actualización del Régimen Académico en PBA, 2024 ver en https://abc.gob.ar/secretarias/sites/default/files/202407/Actualizacio%CC%81n%20del%20Re%CC%81gimen%20Acade%CC%81mico%20ES.pptx_.pdf ). Los liberticidas avanzan legislando las propuestas que imparten las provincias y/o las jurisdicciones. La promoción de “libertad de contenidos” y el establecimiento de “los planes de estudios propios, elaborados por cada escuela conforme a su ideario y proyecto educativo, en el marco de la autonomía institucional” (infobae 16-11-25), son desprendimientos de las políticas vigentes. La legislación liberticida apunta a establecer un máximo de horas para impartir la educación básica y un tiempo restante para el denominado “espacio de autonomía curricular”. Esto no es nuevo; desde 2011 se aplica en diversas instituciones educativas, incluido los profesorados, el denominado “Espacio de Definición Institucional (E.D.I.)” que promueven propuestas curriculares esbozadas por los consejos directivos o los idearios institucionales. En la ley del 2006 se plantea que se “promoverán la definición de proyectos institucionales que permitan a las instituciones educativas postular sus propios desarrollos curriculares.” (art. 86). Esos módulos habilitaron contrataciones precarias donde cada institución habilitaba asignaturas según sus consideraciones tomando a docentes para cumplir con la materia designada, por un tiempo determinado. La precarización avanza. La continuidad del capital en la educación: familias Además de alterar los contenidos educativos y la organización escolar, estableciendo materias comunes y básicas y docentes a disponibilidad del ideario institucional, se apela a la presencia de las familias en los establecimientos educativos. La presencia de las familias en la escuela siempre ha sido un elemento de presión para la función docente porque los cuestionamientos que realizan son considerados por las instancias superiores, inspección o jefaturas, que intervienen en los establecimientos educativos colocando a la institución escolar en la posición de demostrar cómo ha desempeñado sus funciones; esto es posible porque con la ley vigente (L.E.N. 26.206) las familias pueden apelar a “hacer respetar la libertad de conciencia” de sus hijos (art. 129), algo que suele ser utilizado como un artilugio mediante el cual se rechaza o se justifica la no participación en actividades que apliquen la E.S.I.. En esta misma legislación se establece que "el Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender" (art. 6) y se afirma que la familia debe ser reconocida como “agentes naturales y primarios de la educación" gozando del derecho de "elegir para sus hijos/as o representados/as, la institución educativa cuyo ideario responda a sus convicciones filosóficas, éticas o religiosas." (art. 128). Luego de más de 20 años de la Ley de Educación Nacional, que fue presentada como progresiva, progresista y democrática; evidencia que su propia existencia aseguró el desarrollo de tendencias que anidan en la dinámica del capital hacia la descentralización, la flexibilidad y precariedad laboral pero también a la desorganización del trabajo docente. La apelación a la familia como agente natural y primario de la educación también apunta a colocar una cuña entre familias y docentes. El crecimiento de la serpiente anidaba en el huevo de la ley 26.206. El huevo de la serpiente En la nueva legislación que promueven los liberticidas se habilita a las jurisdicciones a complementar contenidos mínimos comunes impartidos en las “instituciones de Educación Básica estatales” y “fuera del horario escolar regular” a través de la implementación de “programas y bibliografía acordados con las confesiones religiosas” (art.33 de la propuesta de Ley). En el art. 67 pto. d), además de indicar que los Estados hacen sus aportes correspondientes, establece que el financiamiento es una “responsabilidad compartida” involucrando “en la medida de sus posibilidades, a las familias y la sociedad civil”. El fascismo busca motorizar a la familia y a las religiones para establecer el orden social y moral. La cualidad relevante de esta propuesta de ley es establecer la educación como servicio esencial para plantear la ilegalidad de toda huelga y colocar un quiebre dentro de la masa de trabajadores. En Política Obrera ya destacamos que la docencia constituye el corazón social y cultural de la sociedad porque es una caja de resonancia de las angustias y de las expectativas de la masa de trabajadores, especialmente de la niñez y de la juventud. Milei avanza en su programa político (2021), donde puso de relieve que para los liberticidas “el problema político primario” es el movimiento de los trabajadores. Su plataforma política concebía la toma del poder político para desplegar un ataque al movimiento del trabajo promulgando leyes para eliminar el derecho a huelgas. El liberticida quiere la libertad (del capital) y un Estado de control (para el trabajo). En ese momento, el FIT-U convocaba a la población a “meter 10 diputados”. (Ver acá: https://politicaobrera.com/5570-es-milei-el-candidato-a-enfrentar ) En el camino de atomizar a la clase obrera los liberticidas establecen un doble foco de ruptura con la docencia; por un lado, promueven la formación específica en liderazgo educativo e institucional (art. 110) para ejercer como Director de escuelas y convirtiendo dicha función, además de pedagógica, en la de capataz escindiéndolo del cuerpo docente. ¿Por qué? Porque al director de instituciones educativas estatales se le otorga la función de “seleccionar y proponer la contratación de docentes y personal no docente” así como “proponer la suspensión o separación del personal” (art. 97). El otro lado del foco de ruptura es la conformación del Consejo escolar de padres que tendrá la capacidad para establecer “el nombramiento y remoción del Director de la institución”. Ese mismo consejo orientará los lineamientos institucionales y “será consultado en los procesos de contratación y remoción del personal docente y administrativo” (art. 96). En las “instituciones de Educación Básica privadas” esto será decisión de los dueños. (art.97). El consejo de padres coloca enfrentadas a las familias con la docencia a los fines de quebrantar y atomizar a la clase obrera entre sí. Colocando a la familia contra la docencia y, viceversa. En este ataque que apunta a retrotraer todos los derechos democráticos de la clase trabajadora coloca el art.42 donde se establece que “la educación general básica será considerada servicio esencial”, quedando en manos del consejo de padres y del director actuar contra la docencia en caso de huelgas. La ruptura que valoriza el capital La existencia de líneas de continuidad expresa que el Estado es un aparato que, bajo el capitalismo, orienta sus fuerzas para sostener la reproducción del capital y las relaciones sociales necesarias. Por eso las políticas liberticidas fascistizantes están desplegando políticas que fueron impartidas por gobiernos de otra índole. Esta continuidad, sin embargo, tiene una ruptura de calidad. La crisis capitalista ha agravado las condiciones de vida de los trabajadores y acentuado la violencia, en todos sus órdenes. La depresión económica internacional se traduce en una ola de despidos, de desocupación y de ‘reformas laborales’ que acentúan la explotación. Los ajustes para rescatar de la quiebra al capital internacional, ha reducido a la nada las políticas sociales, con las que los gobiernos “woke” (redistribucionistas) cooptaron a diversos sectores sociales. Este avance (y el acompañamiento por parte de las conducciones sindicales) pone de manifiesto los límites insuperables del Estado que pretende asegurar la continuidad de este orden social. El fracaso de las políticas públicas ha abierto el camino a una contra tendencia ultraderechista y fascista para suprimirlas, incluso en la letra de la ley. El gobierno de Milei es la representación del momento histórico del capital, que recurre a medidas reaccionarias, fascistas y represivas a los fines de sostener la reproducción del capital. La ruptura con las políticas anteriores está dada en que se construye una legislación que prepara al capital para su desenvolvimiento en un contexto de guerra mundial. Porque para presentarse en el escenario de la guerra mundial la política del capital necesita quebrar a la clase obrera, atomizarla y enfrentarla en su interior promoviendo un gobierno autoritario, represivo y policial. Las fuerzas de la democracia se muestran incapaces de afrontar esta agresión. El progresismo que tomó partido en el Argentinazo hoy se encuentra cooptado a organismos o al carrerismo político. De enfrentar al Estado, a integrarlo e, incluso, a conducirlo (Kicillof es personificación de este recorrido). Está dinámica, de girar hacia la derecha también la sufre la izquierda que se ha parlamentarizado especialmente el Partido Obrero que recurrió a expulsar militantes en 2019. La capa de la pequeña burguesía enrolada en el Estado y cooptada por este se muestra incapaz de afrontar el avasallamiento de derechos porque se ha enrolado en el peronismo o en la izquierda democratizante y actúa expectante a que transcurra el tiempo, para gestionar luego de Milei. El verdadero hundimiento del progresismo “woke” es un factor desmoralizante para un sector de la docencia. Enfrentar toda esta política requiere de una lucha contra la guerra, contra el imperialismo y las dictaduras civiles. Los gobiernos “woke” (populistas) y sus corrientes afines se han caracterizado por frenar el desarrollo de esta lucha e incluso han actuado como gestantes de los derechistas, esto es lo que se desprende de la derrota de la Ley de Educación Nacional Kirchnerista, como fracaso de una experiencia progresista en el poder. Los tiempos venideros, dejan planteado que para defender la educación, la lucha deberá alcanzar un carácter de masas. Frente a esto la tarea está en promover una orientación socialista a toda lucha porque la contrapartida a este gobierno autoritario del capital es un gobierno obrero que instale la dictadura del proletariado como instrumento contra el capital asumiendo la autoridad de la clase trabajadora, por la emancipación social de la humanidad. LEER MÁS: “Ley de Libertad educativa”: la escuela “subsidiaria” de la familia Por Alejandro Barton, 22/11/2025.

29 de noviembre de 2025
El Che Guevara y los trotskistas cubanos

Con la llegada de sus restos a Cuba y su virtual canonización por los líderes cubanos, el Che Guevara es presentado como un implacable símbolo de la Revolución Cubana y un inflexible, disciplinado y auto-sacrificado luchador antiimperialista contra el imperialismo norteamericano, dispuesto a dejar su vida por la causa. No obstante, aunque el Che fue, sin duda, un intransigente luchador antiimperialista y un convencido defensor de la estrategia de la guerrilla, él también entró en La Habana a comienzos de enero de 1959 con el propósito de construir y consolidar un Estado Cubano socialista basado en el modelo stalinista de partido único. En 1959, junto con Raúl Castro, el Che supervisó la formación de un nuevo aparato estatal, especialmente sus fuerzas armadas, y fue la figura central en llevar más y más miembros del partido comunista, el Partido Socialista Popular (PSP), al aparato estatal. Con un gran poder en manos del Ejército Rebelde, ellos empezaron la reeducación e integración de los restantes oficiales del Ejército, y la conformación de la G2, el nuevo servicio de seguridad del Estado. Paralelamente a la construcción de este nuevo aparato estatal, se impusieron una serie de reformas sociales, y el Che propugnó, desde un principio, un programa más radical que el impulsado inicialmente por el gobierno oficial. En el verano de 1960, la revolución estaba al borde de quebrar el original programa máximo nacional verde oliva originario de Fidel Castro. Fue en esta coyuntura que la combinación del trabajo preliminar llevado a cabo por el Che y sus seguidores, junto con la voluntad de la Unión Soviética de proveer la ayuda económica, diplomática y militar para llevar adelante la expropiación de las propiedades norteamericanas, hicieron que la transformación social radical que el Che había imaginado hacía un tiempo se convirtiera en una posibilidad real. Sin embargo, aunque esta transformación implicó para América Latina sus más incisivos pasos contra el imperialismo, la actitud del Che hacia la democracia en la transición al socialismo fue esencialmente la de un stalinista. Sin ninguna duda, él creyó en algo más que en el garrote de la supervisión de la policía secreta con el tonto plebiscito, pero inicialmente su stalinismo lo condujo a creer que los intereses del Estado y los de la gente eran idénticos, y que la vanguardia, o sea la dirección, estaba preparada para interpretar esos intereses. Mientras apoyó la formación de las comisiones barriales y de los Comités para la Defensa de la Revolución, esos órganos no fueron vistos como pilares, para el establecimiento de consejos obreros y campesinos soberanos, como órganos del poder obrero y de control del aparato estatal. En lugar de eso, sirvieron como foros de diálogo y canales de comunicación de arriba hacia abajo entre una dirección organizada y una masa desorganizada y atomizada, que no tenía el derecho a formar grupos ni partidos para forjar un programa alternativo de crítica constructiva, que asegurara e hiciera avanzar la revolución social. En línea con su creencia en un Estado de partido único stalinista, el Che apoyó inicialmente en forma acrítica la fusión de los cuadros y el aparato del viejo PSP y del Movimiento 26 de Julio en una nueva organización, las Organizaciones Revolucionarias Integradas (ORI) en 1961, y apoyó los ataques y la represión de otros grupos y tendencias revolucionarias, incluyendo las que sufrió el trotskista Partido Obrero Revolucionario (POR), que criticaba al stalinismo desde la izquierda. El trotskismo en Cuba tenía una larga tradición que se remontaba a inicios de la década del 30. La Oposición Comunista de Cuba se había formado en 1932, en oposición a la línea sectaria que tenía el Partido Comunista de Cuba (PCC), e influida por figuras como Sandalio Junco y Juan Brea, adhirió tempranamente a la trotskista Oposición de Izquierda Internacional. Con un récord de intensas luchas revolucionarias durante la Revolución del 30 y contando con alrededor de aproximadamente 500 miembros, el trotskismo echó sus raíces en el movimiento obrero cubano. Después del terror que siguió a la histórica derrota de la huelga de marzo de 1935, los trotskistas cubanos, aunque reducidos en número, continuaron luchando por el socialismo y abogando por la acción independiente de la clase obrera en contra de la alianza Batista-Comunista, que colocó a dos stalinistas en ministerios del gobierno de Batista de los ´40. Mientras los trotskistas cubanos dejaban de funcionar como un partido organizado nacionalmente a fines del 40, continuaron luchando, particularmente en Guantánamo, como individuos en el movimiento obrero, en fracciones sindicales y en la propia insurrección, que llevó a la refundación del POR en la ola revolucionaria de 1959. Reclamando la libertad de expresión y acción para toda tendencia revolucionaria de la clase trabajadora que estuviera comprometida con la defensa incondicional del Estado obrero cubano en contra del imperialismo, los trotskistas cubanos defendían la idea de que esas tendencias serían capaces de ofrecer a las masas propuestas alternativas para la construcción de una nueva economía socialista, y que las masas debían tener el derecho de elegir sus representantes de y entre esas tendencias y posiciones revolucionarias. Ellos escribieron: «La formación de tendencias y su lucha dentro del Estado obrero y en sus organizaciones políticas y sindicales no son nada más que la expresión de la heterogeneidad de las clases trabajadoras y dentro de la misma clase obrera, de los distintos intereses y capas que se manifiestan en distintas soluciones y vías para resolver los problemas de la época de transición hacia el socialismo. Tratar de ahogar estas tendencias con el argumento dogmático y sectario de una supuesta unidad impuesta, del monolitismo absolutista de una línea oficial dictada desde arriba, sería querer dar marcha atrás a la rueda de la historia para volver a las condiciones que engendraron la etapa tenebrosa de las represiones stalinistas ya condenada y superada por el movimiento obrero comunista» (1). Usando, sin embargo, el pretexto difamatorio de que los trotskistas estaban vinculados con los Mujalistas, sindicalistas oficialistas durante la dictadura de Batista en los años 50, y de que estaban actuando como provocadores agitando a favor de un asalto a la base naval norteamericana de Guantánamo, los miembros del POR fueron, con intervalos, arbitrariamente arrestados, removidos de sus lugares de trabajo y transferidos a otros centros más aislados, mientras su prensa y publicaciones fueron intermitentemente incautadas. La actitud inicial del Che fue en general, de apoyo a este tipo de medidas. Como él decía: «No se puede estar con la Revolución, y en contra del Partido Comunista Cubano. La Revolución y el Partido Comunista marchan juntos» (2). Esta versión de los acontecimientos y la actitud del Che es, en general, bien conocida. Lo que se conoce menos son los contactos personales del Che con el trotskismo cubano y la evolución de su posición en relación a esas actividades, así como el desenvolvimiento de su propio pensamiento político. En los años inmediatamente posteriores a la crisis de los misiles, de octubre de 1962, la desilusión del Che con el socialismo realmente existente en la Unión Soviética se hizo cada vez más evidente. Él había hecho comentarios favorables sobre la revolución china y denunció airadamente como una traición la retirada del Kremlin de la base de misiles en Cuba. Mientras Fidel salía en defensa de la Unión Soviética en la ruptura chino-soviética, alabando la política de coexistencia pacífica, el Che fijó su perspectiva de guerra de guerrillas para enfrentar al imperialismo en América Latina. Jon Lee Anderson sostiene que: «Para el Che, el término coexistencia pacífica era odioso, mero apaciguamiento hacia el sistema imperialista vestido en lenguaje diplomático.» Por el momento se mantuvo callado, pero era indudable que su camino y el de Fidel habían comenzado a divergir. «El objetivo de Fidel era consolidar el bienestar de la economía cubana y su propia supervivencia política, y por eso estaba dispuesto a comprometerse. La misión del Che era extender la revolución socialista» (3). En contradicción con la política de coexistencia pacífica, el Che no escatimó llamados en favor de la lucha armada para enfrentar al imperialismo. Así, mientras sostenía el rol de vanguardia y de liderazgo de la organización guerrillera, y rechazaba la estrategia de la lucha consciente de las masas por y a través de los objetivos democráticos y antiimperialistas hacia las tareas socialistas, creando en esta lucha los órganos de una nueva y superior forma de democracia, desafiaba sin duda la vía establecida por el stalinismo post-1935: la estrategia de la coexistencia pacífica. En 1964, alrededor de esto, así como de otras cuestiones económicas, el Che sufrió ataques cada vez mayores dentro del régimen cubano, que reflejaban la ‘kremlinización’ de la ideología y la estructura del aparato burocrático en Cuba. Al volver de un viaje a Moscú en 1964, no concurrió al Congreso de los Partidos Comunistas de América Latina que tenía lugar en La Habana, eligiendo hablar en otra parte. Las diferencias entre el enfoque más aventurero del Che, y el más burocrático y rutinario de la dirección castrista fueron tales que, hacia fines de 1964-comienzos de 1965, el Che había resuelto dejar Cuba para intentar encender otra revolución antiimperialista, primero en África y luego fatalmente en Bolivia. Durante este período, en el que el Che se distanciaba cada vez más de la estrategia del Kremlin y sus seguidores en la dirección cubana, la represión sufrida por los trotskistas cubanos continuó hasta hacerse total. Los militantes del POR fueron calumniados, censurados, separados de sus lugares de trabajo y, finalmente, arrestados y enviados a prisión. Los arrestos arbitrarios de personas comenzaron el 18 de agosto de 1962, con la detención de Idalberto y Juan León Ferrera Ramírez, cuando repartían un volante en el Congreso de las Cooperativas de caña de azúcar. Más tarde, ese mismo mes, la policía prohibió un mitin en Guantánamo, para conmemorar el 22º aniversario del asesinato de León Trotsky. Esto fue rápidamente seguido por el arresto del Secretario General del POR, Idalberto Ferrera Acosta, y el de José Lungarzo, un enviado de la sección argentina de la Cuarta Internacional posadista. Aunque fueron liberados a las 48 horas, el acoso continuó, y antes de fin de año fueron nuevamente arrestados José Lungarzo y miembros de Guantánamo. En marzo de 1963, los trotskistas soportaron una nueva serie de arrestos, que fueron denunciados como una forma de terrorismo burocrático. En agosto de 1963 el POR explicó, en una carta dirigida a estudiantes norteamericanos que se encontraban de visita, que el Che Guevara para justificar la represión contra los trotskistas, había tenido que repetir algunas de las viejas invenciones stalinistas acerca de su rol como provocadores y agentes del imperialismo. Ellos escribieron: «El compañero Guevara conoce suficientemente bien nuestra posición como para saber que la vieja calumnia stalinista sobre el ataque a la base de Guantánamo es nada más que eso: una calumnia. Lo que los trotskistas hemos propuesto y defendemos es la agitación y la lucha en todo el mundo por la expulsión del imperialismo de todas las bases militares y navales, incluida la de Guantánamo. El momento y las vías para realizarlo no pueden decidirse independientemente de las tareas y ritmos centrales de la revolución» (4). Las suspensiones en sus trabajos y los arrestos y amenazas continuaron durante 1964, culminando a comienzos de 1965 con el procesamiento de un grupo de militantes del POR de Guantánamo, argumentando que el POR estaba orientado por el imperialismo yanqui y que publicaban falsificaciones y difamaciones en su prensa. No obstante, fue durante este período que la actitud del Che hacia ellos sufrió algunos cambios. Fue en muchos casos la intervención personal del Che la que logró la inmediata libertad de varios camaradas. El, por ejemplo, visitó a Roberto Tejera en la prisión de La Cabaña luego de que fuera sentenciado a varios años de prisión, le preguntó qué era lo que había hecho y lo liberó al día siguiente. Del mismo modo, fue su intervención la que logró la liberación de Armando Machado, un viejo trotskista de los años 30, en cuya casa se habían realizado reuniones del POR, y fue el Che quien intervino para salvar a Ángel Fanjul, un enviado argentino de la Cuarta Internacional posadista, de una sentencia a muerte. Además, el Che recibía una copia del periódico Voz Proletaria cada vez que éste era publicado, y en su oficina del Ministerio de Industria, Roberto Acosta Echavarría, miembro del Buró Político del POR, tenía el cargo de Director de Normas y Metrología. Dada su posición como colega del Che, Roberto Acosta nunca apareció públicamente como miembro del POR, y aunque el Che conocía sus ideas, mantuvieron un acuerdo tácito de no discutirlas. Sólo en unas pocas ocasiones, desde fines de 1964 y antes del arresto de Acosta, el Che lo llamó para pedirle que le confirmara que era un trotskista. Durante esta conversación hablaron durante varias horas sobre la ley del valor, un tema que preocupaba mucho al Che en ese momento, así como sobre otras cuestiones del marxismo. Cuando Acosta fue arrestado, el Che le dijo que entre los papeles que los servicios de seguridad le habían embargado había una copia de la carta que Acosta había enviado a la Cuarta Internacional posadista que, de acuerdo al Che, reproducía exactamente su conversación previa sobre la ley del valor y otros temas. Cuando el Che le preguntó qué pensaba hacer, Acosta le dijo que no podía renunciar a la actividad trotskista. El Che le dijo entonces que, si pensaban que tenían razón, debían continuar la lucha hasta lograr aquello por lo que peleaban. Como le dijo el Che: «Acosta, las ideas no se matan a palos». Antes de irse a África, el Che le dijo que sería liberado a la brevedad. Finalmente, el Che se despidió de Acosta en su oficina del Ministerio de Industrias, a la que Acosta concurrió acompañado por dos funcionarios del G-2, con un abrazo y las palabras: «Nos veremos en las próximas trincheras». Como quiera que sea, fue con la partida del Che de Cuba, en 1965, que los stalinistas tomaron ventaja para, finalmente, poner un alto a las actividades públicas de los trotskistas cubanos. Con el Che fuera de Cuba, los stalinistas que dominaban el aparato de seguridad, le plantearon a Acosta y a otros prisioneros trotskistas que podrían ser liberados si acordaban dejar de funcionar como partido y renunciar a publicar manifiestos y su periódico. Conociendo que su libertad había dependido del Che, que acababa de partir y que Fidel Castro era hostil a ellos, los trotskistas aceptaron una reunión con los servicios de seguridad en Guantánamo, en la cual Idalberto Ferrera Ramírez habló por el POR aceptando formalmente la necesidad de unidad. Acordando renunciar a su propaganda y actividades como partido, todos los militantes del POR fueron liberados, salvo dos. Si bien la actitud del Che Guevara hacia los trotskistas cubanos no lo convierte de ninguna manera en trotskista, es un ejemplo de cómo su concepción de la democracia proletaria sufrió algunos cambios a través del tiempo. A medida que la naturaleza conservadora y las necesidades del modelo cubano de socialismo paternalista burocrático chocaban con su llamado a una lucha intransigente contra el imperialismo, su genuina honestidad intelectual lo fue llevando a expresar sus desacuerdos estratégicos. Aunque su propia estrategia de guerra de guerrillas estaba definitivamente condenada al fracaso, porque basaba la lucha en la clase errónea, si él hubiera sobrevivido a su derrota en Bolivia, su misma curiosidad intelectual podría haberlo llevado a reflexionar con más profundidad sobre los desencantos y fracasos de su guerrillerismo, y sobre la necesidad de las propias masas de crear, durante la lucha consciente por las tareas democráticas y antiimperialistas, los órganos propios de una nueva democracia antes de pasar a los objetivos socialistas. En Cuba, por supuesto, no hay ningún intento de hacer un balance de los desacuerdos del Che con Fidel Castro y el stalinismo soviético. En cambio, su imagen como revolucionario autosacrificado es canonizada, mientras los fanáticos de la unidad buscan íconos del pasado y gritan más fuerte que nunca por una ficticia unidad nacional frente a las crecientes desigualdades económicas y discordias de las que ellos mismos son parte responsable. Sin duda, el Che fue un luchador revolucionario antiimperialista y no un burócrata, pero si aceptamos que la lucha por librar al mundo de los regímenes de explotación y de opresión, así como también del sistema imperialista en que se apoyan, entonces el estudio de su fracasada estrategia guerrillerista junto con su actitud hacia la democracia de la clase obrera y los derechos de las tendencias revolucionarias dentro de Cuba, incluyendo las trotskistas, es de gran importancia. Notas: Voz Proletaria, La Habana, número 11, primera quincena de octubre de 1962, pág. 3. Cita de El Militante, New York, 9 de abril de 1962, pág. 3. Jon Lee Anderson, Che Guevæara, a Revolutionary Life, London, Bantam Press, 1997, p. 587. Voz Proletaria, La Habana, Nº 32, primera quincena de agosto de 1963, pág. 6.

29 de noviembre de 2025
La carta de Colombia clarifica los campos de la guerra en la COP 30

Un grupo de 36 países principalmente insulares, de Europa y de Centroamérica, presentaron el jueves una carta a la presidencia de la COP 30, ejercida por André Correa Do Lago. Fue por iniciativa del gobierno de Colombia, por intermedio de su ministra de Ambiente, Irene Vélez Torres. Allí se solicita una revisión del texto del acuerdo, antes de su votación, para que incluya una hoja de ruta que defina el alejamiento de los combustibles fósiles. Al día de hoy, no está claro qué países firmaron el acuerdo final de la COP. Los medios de la prensa burguesa hablaban el sábado de un “acuerdo por consenso”, lo que significa que no hubo ningún acuerdo. La carta en cuestión fue presentada por la prensa como una posición “coherente” con la trayectoria de la COP 28, donde se había explicitado la necesidad de “dejar atrás” los combustibles fósiles. Objetivamente, dejó expuesta una fractura en la Conferencia climática más importante del mundo. Sin embargo, las firmas más importantes de esta carta, Francia y Alemania, se encuentran en pleno proceso de viraje de sus economías hacia una ralentización de la transición energética y una inversión decidida en la industria armamentista. “La transición energética puede esperar” La carta, redactada por la Ministra de marras, plantea que “no podemos apoyar un acuerdo que no incluya una hoja de ruta para implementar una transición justa, ordenada y equitativa para dejar atrás los combustibles fósiles. Esta expectativa es compartida por una amplia mayoría de las Partes, así como por la ciencia... cualquier cosa menor sería, inevitablemente considerada un retroceso”. Se presenta esta exigencia como una continuidad con la COP 28, celebrada en los Emiratos Árabes Unidos en 2023, cuando se incluyó por primera vez en un texto de acuerdo, en el apartado de tratamiento de la mitigación del cambio climático, una referencia a “dejar atrás los combustibles fósiles”. Como marcamos en aquel momento esta vaga referencia YA implicaba un retroceso respecto del sexto informe IPCC, que explicitaba que la quema de combustibles fósiles era la mayor responsable del aumento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI). En cambio el acuerdo firmado en los Emiratos no dejaba explicita esta conclusión en el respectivo apartado de la mitigación. En aquel año, la COP también habían estado al borde de la ruptura, puesto que un sector de la ciencia planteaba que el texto debía referirse a la “eliminación” de los fósiles. El mismísimo presidente de la COP y director de la mayor petrolera Emiratí, el Sultán Al Jaber, había cuestionado los hallazgos científicos del sexto informe. Sin embargo, los países europeos habían aceptado una “flexibilización” del texto, porque los países petroleros y fondos internacionales importantes como BlackRock, se habían comprometido a invertir sus millones en energías renovables. Tales inversiones no llegaron nunca a la magnitud necesaria hasta el día de hoy. Lo llamativo fue la firma de Francia y Alemania. La Alemania del conservador Merz “ya no quiere liderar la lucha contra el cambio climático” (El País, 19/11). El canciller ha reiterado en varias ocasiones que “una protección climática que ponga en peligro o incluso destruya la base industrial de nuestro país… no es aceptada por la población”. Se refiere a que la UE ha emplazado a la industria automotriz a acelerar la transición desde la fabricación de coches con motores a combustión hacia coches eléctricos para 2035. Los fabricantes han protestado contra esta medida gravosa. Pero la situación empeoró con la guerra arancelaria. En el medio de la doctrina de la “seguridad energética”, las inversiones para esta transición serían más onerosas aún, pues Alemania debería asegurar la fabricación de las baterías de litio y, más atrás en la cadena, el control de la extracción de los minerales estratégicos para la producción de estas últimas. Como esto es más costoso que seguir fabricando autos con motores a combustión, la UE ha virado hacia medidas arancelarias que ponen una barrera a la fabricación de autos eléctricos chinos, con precios muy inferiores a los europeos. Macron también se vio afectado por la guerra arancelaria. El primer ministro francés ha tenido que crear aranceles para proteger la industria local de producción de tecnología para la infraestructura eléctrica de energía renovable. Los aranceles a la tecnología china no son los únicos. Macron atraviesa una crisis con los productores locales franceses, que le exigen que proteja la producción de alimentos de la avalancha de mercancías, mucho más competitivas, que vendrían de Brasil y Argentina de firmarse el acuerdo de libre comercio UE-Mercosur (RFI, 7/11). Para saldar este conflicto, la UE estableció un impuesto al carbono a los alimentos importados, impuesto que perjudica a Brasil fundamentalmente, mayor vendedor, por ser sus productos, el resultado de la deforestación. La introducción del punto de las “barreras arancelarias” en el acuerdo de la COP 30, un reclamo que incluso coincide con la protesta de Trump contra los impuestos al carbono que querían imponerse al transporte marítimo, ponía en una disyuntiva al primer ministro Macron que, de firmarlo, estaría contradiciendo su política de protección de la agricultura local. Macron, o los productores franceses más que él, tienen una diferencia con la UE, que acaba de decir que pretende firmar el acuerdo con el Mercosur, aunque el acuerdo, ya no es de cumplimiento absoluto de las partes de la UE. La cuestión del acuerdo de libre comercio UE- Mercosur, dejará expuesta otra fractura, esta vez en la misma UE. De conjunto, la Unión Europea no puede dejar de lado la “transición energética”, puesto que tiene ya una infraestructura industrial y energética ligada a las energías renovables. Pero su dependencia de la tecnología y los minerales chinos, necesarios para alimentar esta industria, de un lado, y su condición de socio imperialista menor de Estados Unidos, de otro, la han obligado a virar hacia políticas de arancelamiento a la industria china. La guerra de la OTAN contra Rusia en Ucrania, la dejó sin un suministro de combustible competitivo para su economía y la obligó a la dependencia del GNL norteamericano, mucho más caro, que ha hecho ingresar a su industria en una recesión sin retorno a la vista. La guerra comercial en curso de Europa y Estados Unidos contra China se encuentra en la base de todos los “acuerdos” de compra de GNL estadounidense que Trump viene imponiendo a India, Gran Bretaña y la misma China, entre otros países. El abandono del Acuerdo de París por Trump, de los subsidios a la industria de las renovables y su impulso a la industria del GNL, “perforen, perforen, perforen”, tiene el objetivo de detener el desarrollo de la industria de las renovables de China. Europa no puede abandonar el discurso de “la transición energética” porque tiene capitales locales ligados a esos intereses, pero tampoco puede defender consecuentemente su progreso, porque su industria es dependiente y a la vez competidora de la industria de las renovables chinas. Por eso la UE en su conjunto, y sus principales países por separado, no pueden abandonar la COP, pero tampoco declararse contra los aranceles, como lo hace el acuerdo escrito por Brasil. La carta motorizada por Colombia es la expresión de estas contradicciones. No se trata aquí de una “inconsecuencia” con el acuerdo de 2023, puesto que la misma UE ha virado en su política de mitigación, aunque en su “lenguaje” declare que hay que sostener las ambiciones de emisiones netas cero para 2050. La carta, en cambio, permitió a los países europeos más implicados en la guerra comercial y militar de la OTAN evitar la firma del acuerdo de la COP que la obligaba a retractarse de su política arancelaria. En términos generales y muy confusos, se ha producido en la COP una división sobre la base de los intereses de la UE de un lado, de los BRICS de otro. De las renovables ligadas al capital europeo y de las renovables ligadas al capital chino. Colombia se ha postulado en la COP como líder en la lucha contra la industria de los fósiles con un discurso enérgico, que incluso Gutérrez intento enfriar. La ministra colombiana Irene Vélez viene de un enfrentamiento con la industria petrolera de su país, que le valió su salida del ministerio de Minas y Energía en 2023. Su política actual de negar nuevas licencias de exploración petrolera en su territorio, dentro de la cartera de ambiente, no tuerce el rumbo de la industria energética, puesto que las licencias, volverán a habilitarse con su salida del ministerio. Ni en la carta ni en su discurso, Colombia ha denunciado que la guerra arancelaria de Estados Unidos está bloqueando la transición energética, a pesar de que Petro ha tenido un vigoroso discurso contra la guerra de Trump y Netanyahu que devino en el genocidio palestino. Es más, Reino Unido, Francia y Alemania, quienes hicieron frente en la COP con Petro, han sido los mayores impulsores del aumento del presupuesto estatal para la inversión en industria armamentística, con la cual alimentan, además de la guerra que se gestan a nivel mundial, el genocidio de Gaza que el presidente tanto ha denunciado. La transición energética no puede discutirse abstraída de los enfrentamientos que oponen a los capitales, sobre todo, en el marco de la preparación de la próxima guerra mundial.

29 de noviembre de 2025
Más de un millar de universidades europeas participan del boicot académico contra Israel

Un número cada vez mayor de universidades, instituciones académicas y organismos científicos están rompiendo relaciones con el mundo académico israelí, por su complicidad con el gobierno criminal de Benjamin Netanyahu y el genocidio en Gaza. Solo en Europa superan el millar las instituciones adheridas al boicot. El Equipo de Seguimiento del Boicot Académico a Israel, una entidad creada por la Asociación de Rectores Universitarios de Israel, señala un fortalecimiento importante de los boicots académicos, que no disminuyó con el último cese del fuego. El 25 % del millar de produjo en los últimos meses. El año pasado, la Universidad Federal de Ceará, en Brasil, canceló una cumbre sobre innovación con una universidad israelí, mientras que numerosas universidades de Noruega, Bélgica y España rompieron todo vínculo. Otras, como el Trinity College de Dublín, han seguido su ejemplo en el verano boreal. La Universidad de Amsterdam canceló un programa de intercambio de estudiantes con la Universidad Hebrea de Jerusalén, y la Asociación Europea de Antropólogos Sociales declaró que no colaborará con instituciones académicas israelíes y propuso a sus miembros seguir su ejemplo. El informe, publicado por el diario Haaretz, afirma que la imagen negativa de Israel en Europa parece “tan profundamente arraigada que las medidas políticas por sí solas no bastan para cambiar la percepción del público”. La investigación precisa que el 57 % de los casos de boicot afectan a investigadores individuales, principalmente a través de la exclusión de grupos de investigación internacionales, mientras que el 22 % se refiere a boicots institucionales entre universidades europeas e israelíes, el 7 % a boicots impuestos por asociaciones profesionales y el 14 % a la suspensión de programas internacionales, como intercambios de estudiantes y asociaciones posdoctorales. El equipo advierte que la expansión de las formas de boicot académico podría empujar a la educación superior israelí a un “aislamiento peligroso que supone una amenaza estratégica real para su prestigio internacional” (Haaretz 25/11). Stephanie Adam, de la Campaña Palestina para el Boicot Académico y Cultural a Israel, calificó a las instituciones académicas israelíes como cómplices del “régimen de ocupación militar, apartheid colonial y ahora genocidio que Israel lleva décadas imponiendo”, y añadió que las universidades tienen “la obligación moral y legal de romper sus vínculos con las universidades israelíes cómplices”. A mediados de septiembre, Netanyahu reconoció por primera vez que Israel había entrado en “una especie de aislamiento” y afirmó que el país debía prepararse para una economía más autosuficiente. En 2025 se produjo una caída en las becas de investigación a académicos israelíes financiadas por el fondo Horizon Europe de la Unión Europea, que es nada menos que la principal fuente de financiación de la investigación científica de Israel. También fueron excluidos de sus proyectos de cooperación internacional. Los bloqueos al financiamiento de la investigación podrían ser muy problemáticos, tanto para las universidades israelíes como para el país en su conjunto, dado que la economía israelí se basa en gran medida en la ciencia y la tecnología. Estos temores son muy reales: desde 2021, Israel recibió una suma neta de 875,9 millones de euros del programa Horizon para la investigación científica. Sin embargo, en julio, la Comisión Europea propuso suspender parcialmente a Israel de Horizonte Europa. Si esa decisión se confirmara, “afectaría a las entidades israelíes que participan en el EIC Accelerator, dirigido a empresas emergentes y pymes [pequeñas y medianas empresas] con innovaciones disruptivas y tecnologías emergentes que tienen un doble uso potencial, por ejemplo, en ciberseguridad, drones e inteligencia artificial”, dijo el portavoz de la Comisión Europea, Thomas Regnier. Adam afirmó que hay indicios de que las acciones académicas están surtiendo efecto, y señaló que, en mayo de 2024, Netanhayu asignó 22 millones de euros específicamente para combatir el boicot académico promovido por Palestina, mientras que la participación de Israel en la financiación de la investigación de la UE ha disminuido. Un artículo de The Guardian, del 13/9/25, reveló que de los 478 investigadores noveles seleccionados para recibir sus becas iniciales de 2025 como parte del programa Horizon Europa, solo 10 se encuentran en Israel, en comparación con los 30 de los 494 becarios del año anterior. Si el dinero deja de fluir y las colaboraciones prestigiosas se cancelan, el temor de los rectores es que los investigadores abandonen Israel, posiblemente para no volver nunca, lo que alimentaría una “fuga de cerebros” que ya es motivo de preocupación en el ámbito de la medicina, apunta The Guardian. El informe de los Rectores especula con que “es probable que la tendencia continúe y que el movimiento de boicot acompañe al mundo académico israelí durante mucho tiempo”. “No remitirá sin cambios regionales y geopolíticos importantes”, agrega. El informe de los rectores dice que Estados Unidos sigue siendo el principal socio de investigación de Israel, “aunque a un nivel ligeramente inferior al de años anteriores”. Y afirma que la presidencia de Trump y las medidas adoptadas por el gobierno contra las principales instituciones de investigación “frenaron en gran medida los casos de boicot académico en ese país”. No obstante, dicen, existe un movimiento de «boicot silencioso» en Estados Unidos. El historiador israelí antisionista Ilan Pappé fue objeto de un boicot de sentido inverso. Pappé se exilió en 2007 después de recibir permanentes amenazas de muerte contra él y su familia, tanto por sus fuertes críticas al sionismo como por su trabajo académico que desmiente la versión oficial de la creación del Estado de Israel. Pappé, de prestigio internacional, fue profesor de ciencias políticas en la Universidad de Haifa desde 1984 hasta 2007, y también fue director del Instituto Emil Touma de Estudios Palestinos en esa misma universidad. Cuando se fue a Londres su cátedra estaba semivacía: los profesores de la universidad rechazaban inscribir en sus cátedras a estudiantes que se hubieran anotado en la de Pappé. Pappé recordó que “la gran mayoría de los académicos israelíes imparte cursos y títulos a los servicios secretos, la policía y las agencias gubernamentales que reprimen a diario a los palestinos”. UBA: complicidad total con los genocidas En el caso de la Argentina, la complicidad de las autoridades universitarias con los genocidas sionistas es total: en julio de 2024, Ricardo Gelpi, rector de la UBA, se reunió con Michal Cotler-Wunsh, enviada especial del gobierno de Israel para combatir el “antisemitismo”, como pretende disfrazar el sionismo cualquier solidaridad con el pueblo palestino. La enviada “destacó el trabajo que viene llevando adelante la UBA en ese sentido”. La UBA mantiene vigentes todos los convenios de cooperación con varias universidades israelíes como la Universidad Hebrea de Jerusalén, la de Tel Aviv y la Ben-Gurion. También existen iniciativas específicas como el Centro Interdisciplinario de Altos Estudios Israel - América Latina, que fomenta la colaboración académica entre la UBA y la Universidad Hebrea de Jerusalén, patrocinada por el ejército sionista. Otro convenio es entre la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y la Universidad de Haifa, de cooperación académica e intercambio estudiantil. Además, la Universidad Nacional de Hurlingham firmó un convenio con Yad Vashem para la promoción y estudio del Holocausto en Argentina. La UNC tiene un convenio con la Universidad Israel Technion, que desarrolla tecnologías de drones militares teledirigidos y bulldozers militarizados a control remoto, utilizados para demoler viviendas palestinas. En mayo de este año, cuando el genocidio y la hambruna arreciaban en Gaza, el rector Gelpi y el vicerrector Emiliano Yacobitti, descubrieron una placa en los terrenos de la Universidad en la Ciudad Universitaria frente a la plana mayor de la Embajada, la DAIA y la AMIA, rabino y decanos en alegre montón. La placa decía “Nuestro corazón está en Gaza”. Y no aludía obviamente a las decenas de niños y mujeres asesinadas, ni al bombardeo y destrucción de TODAS las universidades palestinas ni al asesinato de miles de docentes y estudiantes. La dirección universitaria argentina deberá algún día rendir cuentas por su militancia a favor del genocidio.

29 de noviembre de 2025
Adónde apunta la modificación de la ley de Glaciares

El presidente Javier Milei anunció recientemente que enviará un proyecto de ley al Congreso para que, en las sesiones del mes de febrero, se modifique la Ley de Glaciares, apuntando a que sea cada provincia la que determine cuál es la zona donde se puede desarrollar la actividad minera. Todavía no está claro si será una ley complementaria o directamente se derogará la ley actual. El argumento que han venido agitando distintos sectores para reclamar una ley complementaria o una nueva es que la ley vigente fue reglamentada parcialmente dejando en una suerte de limbo la definición de lo que es un “ambiente o zona periglaciar” o los glaciares de escombro. Esta preocupación por completar la reglamentación y hacerlo por ley es porque algunos de los principales yacimientos de cobre, entre otros minerales, están precisamente en zonas de glaciares de escombro o en zonas periglaciares. Así, el CEO de Glencore, Martín Pérez de Solay confirmó que “nosotros tenemos un glaciar en Pachón”, y explicó que el Gobierno provincial encargó un estudio técnico a la Universidad Nacional de San Juan. De acuerdo con ese trabajo, el glaciar no cumpliría funciones hídricas relevantes. Según el CEO, “la universidad hizo un montón de estudios. Este determinó que ese glaciar no tiene funciones hídricas por su composición y por la forma en la que está. Se hizo todo un estudio que muestra cuál es el proceso que sucede dentro del glaciar de escombros. No es un glaciar como tal, es un glaciar de escombros, es lo que se denomina zona periglaciar”. Haciendo lobby a favor de las mineras, la revista Bloomberg señaló que, “Si el Presidente logra liberar los proyectos de las restricciones sobre glaciares, las compañías tendrán muchas más probabilidades de avanzar con inversiones que convertirían a Argentina en un importante proveedor de cobre. El mundo necesita cada vez más de este metal, clave para todo, desde la electrificación hasta la plomería”, pero a su vez destacó que, “Los desafíos para los proyectos mineros —como El Pachón y Vicuña, una empresa conjunta entre la australiana BHP Group (la minera más grande del mundo) y la canadiense Lundin Mining— giran en torno a los glaciares rocosos y masas de hielo que pueden contribuir a las cuencas fluviales y fuentes de agua dulce”. Precisamente, el objetivo oficial declarado es destrabar una serie de inversiones, fundamentalmente en grandes proyectos de cobre que están en zonas de glaciares o de periglaciares. Pero no solo eso. Se estima que si se aprueba la propuesta del gobierno se destrabarían alrededor de 40 proyectos en distintas provincias cordilleranas. Los gobernadores de las provincias cordillerana han venido reclamando estos cambios argumentando para ello que los recursos mineros son potestad de las provincias y que son ellos los que deben determinar cuándo un emprendimiento afecta o no el medio ambiente. Con este reclamo y argumento “federalista” los gobernadores pertenecientes a todo el arco político (peronista, radicales, provinciales) se han transformado en los voceros de las grandes mineras que con Rigi mediante, una reforma laboral en puerta, sin cepo, están al acecho de grandes negocios y los gobernadores a la espera de las migajas de los mismos. Pero quien ha dado un impulso decisivo, para que el gobierno avance con esta reforma que va a arrasar con los glaciares ha sido Trump, que ha incorporando al cobre junto al litio entre los minerales críticos y esenciales para la seguridad económica de EEUU, a partir de lo cual el precio del metal se fue por las nubes, y por otro lado, según señalan diversos medios, el reciente acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos incorpora a los minerales críticos, precisamente como cuestiones fundamentales del acuerdo. Esta confluencia del gobierno nacional, los gobernadores y las mineras le está permitiendo a Milei desenvolver una demagogia federalista, cuando durante los dos años de gobierno las provincias han visto reducidas las partidas de coparticipación, la cancelación de obras nacionales, la confiscación de impuestos. Por otro lado, Milei, está aprovechando la iniciativa de redefinir la Ley de Glaciares como una herramienta para afianzar alianzas estratégicas con los gobernadores cordilleranos, fracturar a la oposición y ampliar su base de apoyo sin costo fiscal, cuestión que se verá en diciembre en la discusión del presupuesto en el congreso. Glaciares, lo que opina la ciencia y los movimientos ambientalistas La ley 26.639 de 2010 prohíbe la exploración y explotación minera e hidrocarburífera en las zonas glaciares y periglaciares. Sin embargo, la norma no es clara en lo que respecta a la definición de las zonas periglaciares, explicó la coordinadora del Inventario Nacional de Glaciares, Laura Zalazar. “Nosotros no hablamos solo de glaciares, sino que hablamos de cuerpos de hielo”, agregó la doctora en Geografía y detalló los tipos de cuerpos de hielo: Los glaciares en sentido clásico. Son los que todos conocemos, glaciares blancos que se forman a partir de la acumulación de la nieve y que pueden tener hielo descubierto. Un ejemplo es el glaciar Perito Moreno. Los glaciares cubiertos. Son los que tienen detritos, es decir, una capa de rocas depositada sobre el hielo glacial. Por ejemplo, el Ventisquero Negro del cerro Tronador. Manchones de nieve perennes. Son cuerpos de hielo más pequeños, similares a los glaciares, pero más pequeños y que no tienen signos de movimiento. Los glaciares de escombros. Son los más desconocidos porque el hielo no está expuesto, no se puede ver. Tienen una forma característica que indica que hay hielo dentro de la roca. Son representativos del ambiente periglacial. “Los glaciares de escombro no son tan conocidos, inclusos muchos no tienen nombre. Tiene algunos rasgos que si vos los estudias empezás a identificarlos. Son como una especie de lengua que baja de la montaña que termina muy abruptamente en el frente y en los laterales. En general, tienen una superficie rugosa con mucha roca acumulada sobre el glaciar. El hielo no se ve, pero sabemos que ahí adentro hay hielo por la geomorfología característica”, dijo Zalazar. Además, la especialista puntualizó que la ley protege los glaciares y a los glaciares de escombros porque los dos tienen hielo en su interior, son reservas de agua. “Si se los destruye, se está destruyendo una reserva de agua”, indicó la doctora del Conicet. Actualmente, la Ley de Glaciares, promulgada en 2010, protege y conserva las zonas periglaciares como reservas estratégicas de agua, prohibiendo toda actividad que comprometa su integridad. El artículo 2 de la ley dice que “se entiende por ambiente periglaciar en la alta montaña, al área con suelos congelados que actúa como regulador del recurso hídrico. En la media y baja montaña al área que funciona como regulador de recursos hídricos con suelos saturados en hielo”. Identificar esos suelos requiere criterios científicos pero que la ley no detalla. Y es precisamente de ese bache que las mineras, el gobierno nacional y los gobernadores se apoyan para barrer cualquier obstáculo que impida poner en marcha los emprendimientos. El Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA) ha sido el organismo encargado de aplicar criterios científicos para identificar en el terreno aquello que la ley manda proteger y elaborar el Inventario Nacional de Glaciares, que identifica y caracteriza glaciares y geoformas periglaciales. Ese inventario ha recibido varias objeciones por parte de organizaciones ambientalistas porque afirman que el mismo no incluye glaciares de menos de una hectárea, a pesar de lo cual, las organizaciones ambientalistas defendieron la necesidad de que el inventario de zonas glaciares y periglaciares fuera realizado solo por el IANIGLIA porque aquellas áreas trascendían los límites políticos-administrativos y era indispensable utilizar una metodología uniforme a lo largo de toda la Cordillera de los Andes. En un documento oficial, el IANIGLA repasó los alcances de la Ley 26.639 y recordó que la norma establece “los presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial”, cuyo objetivo es preservar estas reservas como fuentes estratégicas de agua para consumo humano, agricultura, recarga de cuencas, biodiversidad, ciencia y turismo. El IANIGLA fue categórico sobre la importancia hídrica del ambiente glaciar. Resaltó que los glaciares de escombros contienen entre un 35 % y un 70 % de hielo interno y pueden llegar a aportar entre un 25 % y 50 % del caudal total en ríos de los Andes Áridos, especialmente en años secos. Así, el organismo puso en contexto que las masas de hielo identificadas representan aproximadamente el 1 % de la superficie de la Cordillera, pero que abastecen a mas de la mitad del país. Además, explicaron la importancia de las reservas criosféricas. “El agua superficial y subterránea de la que dependen provincias como Mendoza es provista casi exclusivamente por el aporte de la nieve, los glaciares y el ambiente periglacial”, “El ambiente periglacial, definido por la presencia de permafrost y procesos de congelamiento y descongelamiento del suelo, representa asimismo una reserva de hielo subterráneo conservada durante largos períodos”, añadieron. Según el IANIGLA, existen 16 mil glaciares y de acuerdo a la última actualización del Inventario Nacional de Glaciares, se refleja una situación que ya, de por sí, es alarmante: En la región de los Andes Desérticos se observó, en un período cercano a diez años, una reducción del 17 por ciento en la superficie con glaciares y del 23 por ciento en los manchones de nieve perennes, poniendo de relieve cambios significativos en estas reservas estratégicas de agua dulce. Una de las voces más destacada en estas cuestiones, es la del Dr. Ricardo Villalba, investigador del CONICET, quien fue responsable del primer Inventario Nacional de Glaciares desde el IANIGLA. Villalba sostiene que los ambientes periglaciares, esenciales para la regulación hídrica, también deben preservarse. La comunidad científica internacional no discute este punto: estas áreas actúan como "esponjas" que almacenan y liberan agua de manera gradual (Brenning & Azócar, 2010). Relajar su protección equivale a debilitar el sistema hídrico que sostiene a las comunidades cordilleranas y a gran parte de Mendoza. Precisamente, en Mendoza la propia Dirección General de Irrigación sostiene que la provincia atraviesa su crisis hídrica más prolongada en 110 años. En este contexto, asignar cuotas hídricas a la minería implica, por definición, restar agua a los mendocinos, al agro, a la industria y a los ecosistemas que dependen de esos caudales. Por otro lado, Villaba señala que la minería metalífera utiliza compuestos tóxicos. Cianuro, xantatos, solventes orgánicos y elementos pesados forman parte del proceso extractivo (Coumans, 2012). Si no trabajaran con sustancias contaminantes, no habría discusión social. • Los relaves pueden filtrar metales pesados. • Los drenajes ácidos pueden persistir por siglos. • Los cursos de agua aguas abajo quedan expuestos a contaminación irreversible. En este marco, proponer que cada provincia regule sus glaciares no es federalismo: es renunciar a una responsabilidad nacional. Los glaciares y periglaciares no son un "tema minero", son un pilar de la seguridad hídrica argentina. Mendoza necesita una política de agua basada en ciencia, no en urgencias económicas de corto plazo. Por su lado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas emitió comunicado en rechazo a posibles modificaciones del Gobierno nacional a la Ley de Glaciares. La entidad sostiene que los cambios responderían a intereses de empresas mineras y petroleras y que la reforma implicaría habilitar actividades en zonas protegidas. Además, denunciaron que la reforma sería "la Modificación Barrick Gold", aludiendo a un viejo reclamo de la industria minera para reducir el alcance de la protección ambiental. A su vez, Lucas Ruiz, doctor en Ciencias Geológicas que se ha desempeñado en el IANIGLA y Conicet aclaró que la norma actual de la ley de glaciares no protege toda la zona periglaciar, sino solo las reservas de agua en estado sólido, que incluyen glaciares descubiertos y glaciares de escombros: “Lo que protege la ley periglacial es el hielo, la reserva de agua en estado sólido”. Por otra parte, el Foro Ambiental y Social de la Patagonia, integrado por vecinos de Comodoro Rivadavia, rechazó el avance del Poder Ejecutivo nacional para modificar la Ley de Glaciares 26.639. Aseguran que el proyecto abriría la puerta a actividades mineras y petroleras en zonas de protección hídrica y advirtieron que cualquier retroceso normativo podría comprometer ecosistemas que abastecen de agua a las provincias cordilleranas. Otro sector que se pronunció fue la ONG Greenpeace, que manifestó su "extrema preocupación" ante el anuncio de un nuevo intento de modificación de la Ley de Glaciares. Según la organización, la reforma permitiría intervenir en zonas actualmente protegidas, incrementando el riesgo de daño, contaminación y pérdida de los glaciares. La especialista Agostina Rossi Serra advirtió que el cambio implicaría "entregar las fuentes de agua de los argentinos" y contradecir los compromisos climáticos asumidos por el país. Los argumentos de las ciencias son lapidarios contra el proyecto del gobierno nacional y los gobernadores. Para favorecer el negocio de la megaminería y para asegurar la cadena de suministro del imperialismo y la guerra, se va a afectar de manera irreversible las condiciones de vida de millones de personas. Es la hora de pasar a la acción para impedirlo extendiendo los pronunciamientos, impulsando asambleas, coordinaciones y movilizaciones.

29 de noviembre de 2025
Por qué una fracción pública del Partido Obrero

El siguiente documento fue presentado al Comité Central del Partido Obrero el 11 de junio de 2019 para su publicación en el boletín interno de la organización. La respuesta de la porción mayoritaria de la dirección del PO de entonces fue la expulsión sumaria de los firmantes, miembros del CC -entre ellos, Jorge Altamira y Marcelo Ramal- y de los 1.200 militantes que adhirieron al documento. Puede ser considerado el documento fundacional de la Tendencia del Partido Obrero, actualmente Política Obrera. Al Comité Central y al conjunto del Partido Obrero No somos autocomplacientes, y mucho menos autoproclamatorios. No nos valemos del congreso para darnos manija. Construimos un partido y desarrollamos nuestros congresos para entender la realidad de la forma mas descarnada, y de este modo salir templados en la concepción política y en nuestra condición de militantes.(..) Queremos entender lo que ocurre y queremos tener las conclusiones que se desprenden de eso que hemos entendido. Se produce entonces, una suerte de entusiasmo profundo, que nace de una convicción, que nace de buscar ver más lejos, que nace de la disposición -que nunca va a tener un partido autocomplaciente- de verificar en la práctica el acierto o el error de las conclusiones.” (…) (…) “Nosotros somos un partido de militantes, o sea de personas con carácter, que sostienen con firmeza sus convicciones y el interés de conjunto de los explotados. Defender ese interés de conjunto contra las pendencias y las intrigas, es tener carácter. Esquivar maniobras es tener carácter; lo es enfrentar cualquier maniobra (…). El carácter se forja en las luchas, discusiones, en congresos y en un partido que no es autocomplaciente, que culmina un congreso con la convicción íntima de la victoria y no con la expresión superficial de una alegría sin consistencia.” J.A en “Los desafíos de una transición histórica”. Discurso de clausura del XXII Congreso del Partido Obrero, abril de 2014. Nuestro Partido Obrero atraviesa una crisis política incuestionable. El carácter de esta crisis está determinado por la tentativa explícita de romper la continuidad histórica del partido - o sea sus principios, su estrategia y sus métodos. La expresión grotesca de esta política es la proscripción política de Altamira al interior del partido; el establecimiento de un comité de censura en la prensa; la prohibición a sus charlas sobre el Cordobazo en Tucumán, Salta y Santa Fe, que tuvieron lugar de todos modos por el voto mayoritario de los comités respectivos; la supresión de cualquier mención a su persona en el folleto editado para el aniversario del Cordobazo, para menoscabar que fue uno de los principales organizadores de nuestra intervención en esa huelga histórica, como ocurrió luego en el Argentinazo. Se trata de expresiones burdas de una política que tiene un carácter de conjunto. Sobre estrategia Para un partido revolucionario toda lucha de clases es una lucha política, es decir un planteamiento de poder. Esta ha sido la historia de nuestra Política Obrera-Partido Obrero. Las altas y bajas de esa lucha de clases no modifican esa metodología, solamente modifican la forma del planteamiento. En esto consiste el progreso del Programa de Transición sobre la muralla que estableció el reformismo entre el programa mínimo y máximo en su periodo de ascenso. A fines de marzo de 1976, en el momento de mayor derrota de la clase obrera, nuestro partido planteó Fuera la Dictadura. La política revolucionaria no pierde vigencia en períodos no revolucionarios - se orienta simplemente a preparar, en términos de propaganda, agitación y organización política, la actuación revolucionaria en los períodos revolucionarios que sobrevendrán. Es así como planteó la IV Internacional la lucha contra el fascismo y la guerra imperialista inminente en ese mismo Programa de Transición. Este método estratégico vale en plenitud en la época actual, luego de la enorme crisis capitalista que siguió a la disolución de la URSS, tanto en 1997/8 y por sobre todo en 2007/8. Los flujos y reflujos se combinan como consecuencia del derrumbe capitalista, con sus giros políticos más extremos, en toda esta etapa histórica tomada en su conjunto. En Argentina, la fulgurante victoria del macrismo en las intermedias de 2017 fue seguida por un desplome político sin precedentes como consecuencia de un derrumbe financiero y una crisis industrial, en el marco de las movilizaciones de finales de 2017. En contraste con este método cuartainternacionalista, se ha desarrollado en el partido una corriente que pregona la adaptación al proceso político en nombre del ‘realismo’, que solamente admite un planteo de poder cuando las masas desatan una ofensiva potencialmente revolucionaria. Se trata de una adaptación electoral a la crisis política. La tarea de un partido obrero es plantear un camino, no seguir el camino que le imponen los hechos, como el acoplado de un camión. El planteo de un “sistema de consignas” fue un conejo sacado de la galera, completamente caprichoso, para bloquear el desarrollo de una estrategia política, con el argumento de que un planteo de poder emerge solamente cuando los explotados siguen al pie de la letra una serie de condicionamientos inventados en forma arbitraria, y no como consecuencia de la crisis del capitalismo y del régimen político. En este artificio, la defensa incondicional de la URSS, por ejemplo, planteada en 1938, habría debido esperar a una generalización previa de las luchas de la época o a la victoria obrera en las guerras civiles de aquel momento, o a cualquier otro esquema arbitrario, y no al desafío político objetivo de una guerra inminente. Con el tiempo, este “sistema de consignas” completamente pedante, se convirtió en el santo y seña ‘teórico’ de un bloque faccional. Con anterioridad a ello, sin embargo, durante 2016 y en el Congreso de principios de 2017, el mismo grupo dirigente caracterizó la existencia de “una crisis de poder” en los primeros ‘mejores’ meses del macrismo, y lanzó un ataque violento contra un “comentario” que sostenía lo contrario, a saber, que no había “una crisis de poder” – que las parlamentarias de 2017 se encargaron de confirmar. En una re-interpretación reformista del Programa de Transición, en el llamado “sistema de consignas” las reivindicaciones transitorias se suceden unas a otras en forma escalonada, con independencia de los problemas planteados por la crisis política, cuando el Programa de Transición es la articulación de un planteo de poder, no un esquema etapista. Cada una de sus reivindicaciones responde a la crisis tomada en su conjunto y plantea una cuestión de poder – desde un reclamo por el precio del pan que desata una crisis política e incluso una revolución (Egipto, 2011; Sudán, 2018), o cuando eso lo produce el suicidio de un vendedor ambulante al que la policía secuestró sus mercaderías (Túnez, 2011). El Cordobazo y el Argentinazo han sido dos casos ejemplares de una articulación orgánica de la crisis capitalista - lo mismo vale para los “chalecos amarillos” y, antes, para “noches despiertas”, en Francia. El programa de transición da una respuesta política concreta a cada aspecto de la crisis y de la lucha de las masas y desenvuelve las relaciones recíprocas que las anudan - de ningún modo es un menú con primero y segundo plato, bebida y postre. La circunstancia de que el PTS e IS adopten una posición similar a la del grupo dirigente del PO está marcando un retroceso político del Frente de Izquierda tomado en su conjunto, y un remarcado electoralismo. Un planteo de poder significa una campaña sistemática de agitación política – no un artículo apresurado en la prensa partidaria, cuando algunos impresionados por la desvalorización del peso en el mercado de cambios, creen que la revolución es inminente y temen una victoria política de quienes ha definido como sus adversarios internos. El argumento de que un planteo de poder está condicionado por el estado de las masas, con independencia de la situación en su conjunto, vale desde el punto de vista táctico - o sea que no sería el momento para impulsar una rebelión o insurrección para la toma inmediata del poder. Desde el punto de vista de la agitación y la organización, la ausencia de ese planteo de poder es en cambio un freno político, en primer lugar, para los obreros avanzados y para el reclutamiento. Si las masas no se movilizan todavía con el mayor de los ímpetus contra un gobierno al que odian profundamente, o no liberan aún a los sindicatos del yugo de la burocracia, debemos indicarle una alternativa política de poder - no responsabilizarlas porque no se estarían movilizando para derribar al poder existente. Incluso es falso que no lo hicieran - ahí tenemos el 2x1, las históricas marchas por el aborto legal y el “ni una menos”, las luchas docentes y la huelga universitaria, varios paros generales generales y movilizaciones masivas (21F), que incluyeron rebeliones contra la burocracia en importantes en sectores de la UTA, ocupaciones fabriles como la gran toma de AGR Clarín y las jornadas del 14 y18 de diciembre (los teóricos del reflujo las caracterizaron, en su momento, como “un punto de inflexión”, e incluso se atrevieron a pronosticar la inminencia de “un estado de excepción”, en momentos en que esta expresión equívoca se puso de moda). Muchas rebeliones populares en la historia han sido precedidas por reflujos y derrotas, de las cuales los obreros insurgentes sacaron las enseñanzas para encaminarse a una rebelión. De ahí el dicho de que “la revolución es imposible hasta que se hace imprescindible”. Las rebeliones populares han puesto en evidencia una fenomenal crisis de dirección, cuya profundidad está reflejada en la crisis política en nuestro partido y en el retroceso programático sideral del resto de la izquierda y del Frente de Izquierda. En el argentinazo, al lado de nuestro planteo político (asamblea constituyente), el resto de la izquierda desarrolló, unos (PTS), un antagonismo con el movimiento piquetero, y el conjunto de ella una política de división de las asambleas populares y de oposición a un frente de izquierda, que fue debidamente apoyada por gobierno y los partidos patronales. Los arquitectos del “sistema de consignas” no aprendieron nada del argentinazo. El kirchnerismo se empeñó en la defensa consecuente del gobierno y del régimen político con el slogan de esperar a 2019 y, luego, “tenemos 2019”. Solamente un litigante faccioso puede sostener que Fuera Macri, Constituyente Soberana, Gobierno de Trabajadores, es “funcional” al kirchnerismo Es, al revés, el método mismo de diferenciación con el kirchnerismo, porque contrapone dos programas y dos métodos de acción en la oposición al gobierno macrista. El procedimiento de diferenciación que consiste en denunciar a todos los protagonistas de la política (Macri, K, Massa, Gobernadores, Intendentes, el Papa, Lavagna, etc.) marca un nivel grosero de despolitización, y funciona como autoproclamación de una izquierda que sigue siendo el extremo minoritario de todo el arco político. En la lucha contra el gobierno hambreador, el PO plantea una alternativa de clase (Constituyente Soberana, Gobierno obrero); esa es la diferenciación política. La tosquedad del planteo del oficialismo partidario bloquea la posibilidad de ganar a los trabajadores que se inclinan a los K, como salida inmediata al llamado ajuste. La inexistencia del FIT como fuerza unificada militante, concurre para que las masas no vean otra salida al impasse. Un programa que no plantea la cuestión del poder y la acción directa política de masas, deja de lado la estrategia de la revolución socialista - es decir, el desarrollo de la conciencia de la revolución proletaria de la vanguardia y en las masas. Estamos ante un desvirtuamiento del programa y ante un quiebre con la historia política de Política Obrera-Partido Obrero. En el texto ‘alternativo’ presentado al reciente Congreso, que la dirección juzgó que no era tal y no lo hacía votar,salvo cuando militantes de base lo mocionaban, se dice: “La acelerada fuga de capitales y la megadevaluación de mediados de 2018 pusieron de manifiesto (…) la supremacía de las crisis de capital sobre las elucubraciones del Estado capitalista, así como la prevalencia de la decadencia del capitalismo y sus colapsos reiterados, por sobre las ideologías desarrollistas o neo-liberales. Han sido otra demostración de la vigencia del materialismo histórico”. La crisis del capital y de su Estado es el punto de partida de la estrategia y del programa del partido proletario. El argumento en contra de un planteo de poder ganó fuerza en la dirección cuando se acercó, precisamente, el proceso electoral. La crisis política fue subordinada a las elecciones, y las elecciones a la subordinación de la crítica al gobierno a la crítica al kirchnerismo – convertido en el enemigo electoral principal. Metodológicamente, un revolucionario debe proceder de otra manera: debe convertir el ataque al poder político en el elemento delimitador de las otras fuerzas patronales, que se esfuerzan, sea por pactar con el gobierno o por socorrerlo frente al temor de que se desencadene una lucha de masas. La crítica integral a las fuerzas políticas del capital arranca del ataque a las fuerzas que están en el poder del Estado, hasta cubrir a la totalidad del espectro patronal, por su rol en la defensa del orden existente. En cambio, el ángulo de la actual dirección del PO es electoralista, hace abstracción del conjunto del cuadro de poder de la burguesía, para concentrarse en una disputa con el rival electoral inmediato, que por fuerza asume un carácter abstracto, verborrágico, y no una confrontación en una lucha de clases directa. En un reciente artículo en Prensa Obrera, que informa sobre las reuniones del FIT con el MST, se insiste en describir un posible frente con el Mst como un frente anti-capitalista (no revolucionario ni socialista), ni qué decir cuando se convoca a Zamora. Lo no tan curioso es que se ha integrado a las listas del FIT a Poder Popular, reiteradamente denunciado como… ¡kirchnerista! Un frente del FIT con el resto de la izquierda no puede admitir que el PO suscriba ninguna definición democratizante. El proceso electoral ha acentuado la crisis política, en contradicción con el objetivo de los partidos patronales de obtener de las elecciones un realineamiento menos precario para enfrentar la crisis de conjunto. Esto impone la necesidad de desarrollar un planteamiento estratégico, un planteamiento de poder - ¡es lo que hacía incluso el reformismo del siglo XIX, que reservaba para las elecciones el “programa máximo”! El paso atrás de CFK en la fórmula pejotista es la evidencia más flagrante de la profundidad de la crisis, porque busca atenuar “la grieta” para armar una coalición amplia, y por otro lado se guarda como recurso último de la crisis. El macrismo tambien se encuentra presionado a recurrir a una ‘coalición’ (Pichetto) y hasta especular con colectoras para salvar el pellejo de la ‘invencible’ Vidal. Mientras tanto, el aparato de los gobernadores que recurrieron al desdoblamiento para salvar sus territorios, pasa a ser objeto de disputa en la recta final. A esto hay que agregar las operaciones del aparato judicial contra unos y otros, y el desarrollo de la crisis financiera internacional, la crisis por Venezuela y las que emergen en Brasil, Colombia, Haití y otros. El llamado de Bolsonaro a no votar a F-F, pone en evidencia que las elecciones en Argentina son parte de una crisis política internacional, en cabeza del imperialismo yanqui. Este proceso electoral no resuelve la crisis, desatada por la crisis financiera y el derrumbe industrial, ni el peligro de un ‘defol’, a pesar del FMI. Es necesario destacar más que nunca el planteo de Constituyente Soberana y Gobierno de Trabajadores, y ligar las reivindicaciones (incluidas la ruptura con el FMI y el repudio a la deuda) a la cuestión del poder, del gobierno de la clase obrera. La renuncia a los planteos estratégicos en función de que ‘no serían entendidos’ o ‘que las masas no dan’, representa una adaptación política al régimen. Con este método de rechazar lo que las masas no entienden porque tampoco se las ha convencido de ello, los planteos de romper con el FMI o no pagar la deuda entrarían en el rubro de lo ‘incomprensible’ – es que esto mismo ya supone una independencia política considerable de los trabajadores. El asunto del repudio a la deuda debe ser asociado al planteo político de la Constituyente Soberana. La anulación de la deuda será determinada por otro régimen político, bajo la dominación del proletariado. Movimiento obrero En vísperas de nuestro anterior Congreso partidario (abril 2018, dos semanas antes), el Comité nacional saliente intentó alterar el eje político establecido en el documento de convocatoria y los propios debates precongresales. Ese eje había estado centrado en una táctica de frente único de la clase obrera, que comportaba como consignas fundamentales un Congreso de bases de las centrales sindicales y Congresos obreros convocados por sindicatos clasistas. Pero en las vísperas del XXV Congreso, la entonces dirección consideró que “no pasaba nada en la clase obrera”, incluso cuando sólo tres meses antes había caracterizado como “punto de inflexión” a las jornadas de diciembre de 2017. Ahora proponía, de nuevo, “un congreso del movimiento obrero y la izquierda”, pero no para elevar al FIT a un desarrollo estratégico en la clase sino como marco para negociar las listas electorales. En oposición al “congreso de la izquierda”, defendimos en el 25º Congreso el planteo de un congreso obrero liderado por el SUTNA y los sindicatos dirigidos por el clasismo, para dar una lucha por un congreso de bases de los sindicatos y centrales obreras y la preparación de un paro activo y la huelga general. El compromiso precario alcanzado en aquel Congreso entre una y otra posición tuvo como resultado al “plenario de Lanús”, o sea ni un Congreso Obrero, aunque se lo denominó de esa manera, ni un congreso de la izquierda. Del cruzamiento salió un acuerdo de tendencias político- sindicales de izquierda. El planteo del Congreso Obrero ponía en lugar de vanguardia al Sutna frente al conjunto del movimiento obrero y servía al desarrollo del clasismo en sectores más amplios del sindicato mismo, para impulsar una renovación del movimiento obrero y un nuevo reagrupamiento de fuerzas en su seno. El movimiento de desocupados vinculados a los ‘planes sociales’ se ha reanimado como consecuencia del aumento de la miseria social. Emergió de aquí el llamado “triunvirato vaticano”, para organizar una base de masas bajo control clerical y masa de maniobras de un retorno K. El Polo Obrero se ha desarrollado en conexión con este aumento de la miseria y sufrimiento de masas y, al mismo tiempo, en oposición al llamado “triunvirato vaticano”. La perspectiva política del Polo está condicionada a la lucha de clases considerada en su conjunto, no será el resultado solamente de un esfuerzo de carácter organizativo. El Polo Obrero necesita de un plan de politización que desarrolle una fuerte conciencia de clase y que convierta a estos sectores más concientes en militantes cuartainternacionallistas. El Polo Obrero no es un fin en sí mismo – debe converger, por medio de la acción del partido, a la formación de comités de lucha, de acción y de consejos obreros, con el conjunto de la clase. Esta estrategia debe ser promovida por medio de una capacitación politica y reclutamiento al partido en torno de nuestro programa. Esa politización debe servir a la conquista de los compañeros sin trabajo que se encuentran bajo la dirección del clericalismo punteril. Parlamentarismo El cuestionamiento al electoralismo ya había tenido lugar en ocasión de las parlamentarias de 2017, cuando se armó una campaña de plataformas locales en detrimento de una agitación nacional; los reclamos locales primaron sobe la agitación política, y por primera vez en la historia del PO, desapareció el planteo de gobierno de trabajadores, luego de un saludo a la bandera al inicio de la campaña. El tema del parlamentarismo, en estrecha conexión con el electoralismo, se avivó dentro del partido con motivo de diversos factores, entre los cuales figuraba la escasa o nula convocatoria de la “asamblea parlamentaria nacional”, como se había establecido en 2013; la ausencia de una agenda parlamentaria pública y la preparación de la agitación política de ella; la aparición de iniciativas de carácter puramente parlamentarias, que cuestionaban el método de la lucha de clases y la acción directa de las masas. La desorganización de nuestra actividad llevó, por ejemplo, a que votáramos a favor del cupo parlamentario femenino en Salta, en contra de él en Buenos Aires y a la abstención en el Congreso nacional. Entre los parlamentos y el partido y la militancia existe una brecha, que pone en cuestión el método de usar el foro parlamentario para la propaganda socialista – incluso si se convocan a “audiencias públicas” para temas candentes y luchas parciales. El acompañamiento o no al reclamo del macrismo para “inhabilitar moralmente” a De Vido, desató un debate sobre el carácter de nuestra actividad parlamentaria. Un año antes el bloque del PO había propuesto el desafuero de De Vido a pedido de un juez. La iniciativa de apoyar la ‘inhabilitación’ promovida por el macrismo no se concretó luego de un debate en un CC convocado de emergencia, donde se votó rechazar la maniobra del bloque de Cambiemos para ‘habilitar moralmente’ al macrismo. En la legislatura bonaerense, por otro lado, fue impulsado el juicio político a Vidal, luego de los derrumbes escolares fatales en Moreno, lo cual suponía una alianza con el massismo y los K, que colaboraban con el gobierno en la Legislatura. En el Congreso, y frente al acuerdo con el FMI, se impulsó un proyecto de ley para que se convoque a un referendo. Las críticas que formulamos a estas iniciativas, fueron respondidas por Guillermo Kane, diputado, reivindicando una política de ‘acción positiva’ en las legislaturas, en oposición al “charlatanerismo” de quienes ven al parlamento principalmente como una tribuna de propaganda socialista. Esta respuesta cristalizó una diferencia política acerca de la conducta de los socialistas respecto a la actuación parlamentaria. En ninguno de los casos mencionados se observa una conquista real para los trabajadores, como lo fueron, en 2002, la reducción de la jornada laboral en el subte, la aprobación de la gratuidad de la vacuna contra la hepatitis A para los menores de doce años; o el resarcimiento a los ex YPFeanos en 2014. Hace pocas semanas, Arturo Borelli, legislador salteño, renunció al PO, sin renunciar a la banca ni a la dieta, luego de una trayectoria de parlamentarismo ‘constructivo’ (el Informe de Actividades del Comité nacional menciona la aprobación de su proyecto para crear un Jardín Botánico). El socialismo revolucionario ha señalado los límites insuperables del parlamentarismo burgués desde sus inicios; hoy, en plena descomposición capitalista, el parlamento ha derivado, por un lado, en una mera cámara de registro de las formas más despóticas del Estado capitalista, y del otro, en una aceitada maquinaria de engaño y bloqueo de las reivindicaciones de las masas. En este cuadro, la misión prioritaria del parlamentario revolucionario es la de ejercer la agitación y la denuncia implacables contra el régimen, o sea, el “charlataneo” que ha sido denostado por la actual dirección del Partido. La utilización del parlamento para el impulso y la organización de reivindicaciones obreras y populares, en estrecho vínculo con el movimiento real que las promueve, sea en la juventud, sindicatos o movimiento de mujeres, debe estar ligada a una agitación a favor de la acción directa de los trabajadores y sus organizaciones (así ocurrió con la mencionada lucha por las seis horas del subte, en la legislatura, impuesta finalmente con una huelga general). Nuestra acción parlamentaria no debe abrir la puerta de ningún modo a la componenda siquiera potencial con los bloques capitalistas, como ocurriera con el señalado pedido de juicio político a Vidal, que nunca fue una reivindicación popular -como sí lo fue el “Fuera Vidal” entre la comunidad educativa- y ha caído en el olvido. Rechazamos el apoyo de parte del FIT a la ley Micaela, que habilita a una “capacitación de género” a los funcionarios del mismo Estado responsable de la violencia contra la mujer. Un paso en falso en la acción parlamentaria –como en cualquier otro plano de la intervención política- puede superarse en el marco de un balance y debate colectivos. En cambio, se calificó a esta crítica formulada en el período precongresal, como “un ataque al PO y sus parlamentarios”, confundiendo al partido con un sector reducido de miembros, que tampoco recaban el apoyo previo del Partido a sus iniciativas. La intervención electoral y parlamentaria de un partido revolucionario debe ser defendida como una palanca para la irradación de las ideas revolucionarias y para servir a la lucha de clases en un sentido general. El revolucionario rompe la muralla que trazan los partidos parlamentaristas y el pueblo trabajador, mediante la unificación de la labor del tribuno parlamentario con la militancia partidaria, en primer lugar, y el conjunto de la vanguardia obrera, de inmediato. Derrotismo La dirección ha intentado desenvolver una polémica acerca de la situación internacional, por la que no se ha interesado ni capacitado en el pasado. Por eso, el giro faccional de los argumentos en esta polémica ha sido muy acentuado y linda en la difamación. Cuatro palabras de un texto de Altamira de cuarenta mil caracteres (la “burguesía ha perdido la iniciativa estratégica, la cual ha pasado potencialmente al campo de la izquierda revolucionaria”, en Panorama Mundial, EDM 52), ha servido para desatar toda suerte de ataques, sin la menor impugnación al extenso texto. La selección no es, sin embargo, caprichosa – incluso es un verdadero hallazgo. Es casi una confesión de partes, pues viene a decir que el Partido Obrero excluye la posibilidad, incluso potencial, de asumir una iniciativa histórica en el periodo próximo. Lindo aliciente. ¿Es posible expresar el derrotismo propio de una manera tan contundente, y el deseo de recorrer como alternativa una larga, muy larga trayectoria parlamentaria? Es el Programa de Transición de la IV Internacional, escrito en plena reacción política (1938) el que, a partir de la decadencia del capitalismo, traza el método para conquistar esa iniciativa, por medio del desarrollo de una política que una los conflictos y luchas cotidianos (incluidas especialmente las crisis políticas) con la revoluición obrera. El precario arsenal teórico de la dirección la ha llevado a cuestionar el Programa de la Cuarta sin siquiera darse cuenta de ello, pero con conciencia aguda de los alcances parlamentaristas de este cuestionamiento. Ya en el plano continental, los hechos se han apresurado a poner en crisis a nuestros expertos. Altamira había anticipado la victoria de Bolsonaro, el año pasado, de la mano del imperialismo, luego de haber advertido sobre su papel en la política brasileña, en el acto contra la detención de Lula que hicimos con el PTS frente a la embajada de Brasil. En contraste con esto, Heller vaticinó la victoria de Haddad y el apoyo “hasta el final” del imperialismo al candidato del PT. Las conclusiones de este pronóstico más complejo se tradujeron en las tesis de la Conferencia latinoamericana de noviembre pasado, elaboradas por el mismo Altamira. Cualquiera que siga el curso de los acontecimientos en Brasil convendrá en que la burguesía no logra concretar una iniciativa estratégica ni siquiera después de haber conseguido un Bolsonaro, mientras las masas se rearman con huelgas y manifestaciones de gran magnitud. América Latina en su conjunto enfrenta crisis de regímenes políticos sin precedentes, con una internacionalización de los conflictos como no se se ve desde 1962, cuando ocurrió la crisis de los misiles en Cuba. El trabajo de la dirección para la Conferencia Latinomericana fue nulo, precisamente porque el protagonismo teórico de Altamira ponía en dificultades la política de quebrar el hilo de la continuidad histórica del Partido Obrero. Ello se tradujo en un escaso trabajo de promoción entre la militancia; en una pobre participación de sus miembros y, finalmente, en el intento de alterar sus conclusiones políticas, cuando en su jornada de cierre se lanzó una ofensiva acerca del ‘fracaso’ de la conferencia de parte de la misma dirección, quien propugnó que el llamamiento se refiriera a una “ofensiva derechista” en América Latina, que justificara el ‘realismo’ del electoralismo local. En textos posteriores, estos mismos dirigentes denostaron la Conferencia Latinoamericana e, incluso, nuestro trabajo internacional en un plano más general, al que le opusieron la experiencia supuestamente “más exitosa del PTS”, sin la menor alusión a las premisas estratégicas de uno u otro trabajo internacional, o probablemente para acercar el derrotismo oportunista de unos y otros. El pretendido “éxito” del PTS fue caracterizar como catastrofista el pronóstico del PO acerca de la inminencia de una bancarrota internacional desde principios de 2007. La pretensión de archivar el impasse histórico del capital al lugar de una categoría teórica sin implicancias políticas, o sea inocua; el derrotismo respecto del rol de la clase obrera; todo esto aproxima al Partido con el morenismo. La ausencia de una polémica política organizada en el FIT –que nosotros hemos reclamado reiteradamente- y, en su lugar, la mera pelea de candidaturas, es la más cabal expresión de hasta dónde han sido disueltas nuestras delimitaciones históricas. Quienes suscribimos esta plataforma adherimos efectivamente a las Tesis Programáticas de la CRCI, que señalan que “Desde un punto de vista histórico de conjunto, la etapa actual forma parte de toda una época, que arranca con la primera guerra mundial y las revoluciones que la sucedieron, fundamentalmente la revolución de octubre del 17”. Frente de Izquierda Desde el mismo momento de su creación se manifestó una divergencia de caracterización acerca del FIT, que se acentuó luego de la derrota en las Paso de 2015, para la categoría presidente. La coincidencia en que se trataba de un frente electoral de independencia de clase, daba paso al desacuerdo de si era un frente democratizante o revolucionario. Los frentes políticos de izquierda, al igual que los ‘gobiernos obreros’, pueden asumir características diversas, desde liberales a revolucionarios, según el alcance estratégico de ellos, más allá de su independentismo formal. En el FIT los grupos democratizantes mismos se distinguen entre ellos, como se manifiesta en el seguidismo o incluso el apoyo de Izquierda Socialista a los grupos reaccionarios en Medio Oriente, Ucrania y Rusia o Venezuela. La negativa rotunda a caracterizar al FIT como democratizante le otorga a éste un alcance estratégico o permanente, sembrando una confusión enorme en los obreros más avanzados y luchadores acerca de la estrategia misma de la revolución proletaria y, lo que se desprende de esto, de la construcción de un partido revolucionario, que solamente puede desarrollarse en base a la delimitación política. Es claro que un frente reducido a las elecciones es democratizante, lo mismo que sus consignas mediáticas (“renovación”, “con la fuerza de los trabajadores y la juventud”); incluso cuando raramente se hace referencia a un gobierno de trabajadores, es en su acepción liberal o democratizante. La participación en un frente democratizante formalmente independiente, debe agotar al extremo los medios de delimitación política, o sea, no solamente por medio de polémicas estratégicas sino también por una agitación y una política propia en las campañas comunes. Esas polémicas han sido sustituidas por denuncias faccionales entre unos y otros, vinculadas a intereses contradictorios en cuanto a figuración o aparato – como sería el caso de quién debe cerrar los actos o los períodos de rotación de los cargos electos. En materia parlamentaria han habido coincidencias a pesar de integrar bloques diferentes, como en planteos de plebiscitos (con fundamentos democratizantes en los considerandos de los proyectos de leyes presentados), desafueros y leyes de género, entre otros (Micaela). Diferente habría sido que sometiéramos una agenda revolucionaria en el parlamento a una discusión abierta, que sirviera a la acción común y a distinguir las posiciones de unos y otros. Al juzgar nuestro retroceso en Córdoba, la actual dirección del PO y el PTS han coincidido en un balance derrotista. Ese balance le achaca nuestra caída electoral a las propias masas, y su “sometimiento a los partidos capitalistas”. (El balance oficial de estas elecciones en “Prensa Obrera” fue titulado como “El AntiCordobazo de Schiaretti” ). En cambio, exonera al propio Frente de Izquierda de su responsabilidad política, en primer lugar porque aparece en el escenario electoral en forma episódica, sin un trabajo estructural previo. Está ausente el balance propio, porque se procura salir indemne de la experiencia misma, sin menoscabo de una pérdida fenomenal de votos, incluso con el retiro electoral del kirchnerismo. Asimismo no hubo una campaña centrada en una salida política obrera y socialista a la crisis y sí una deriva, particularmente, hacia el feminismo, con la pretensión de recolectar sufragios con posiciones reñidas con el objetivo de la organización de clase y socialista de la mujer. Se trata de una campaña que apunta al voto en detrimento del reclutamiento. Una campaña estratégicamente orientada hubiera contribuido a una capacitación y a un reclutamiento sobre bases revolucionarias, que es el primer objetivo que debemos perseguir en una campaña electoral. La tendencia a disolver al partido en el FIT, desde el punto de vista del programa y de la estrategia es parte del hilo conductor del propósito de romper la continuidad histórica del partido. Que ello ocurra en un frente que no se caracteriza por la acción común, es tanto más significativo. Luego de un coqueteo con la Constituyente Soberana, el año pasado, que para el PTS no era una consigna de poder, el FIT ha coincidido en caracterizar la etapa política como de reflujo y ofensiva capitalista, e incluso de derechización, y concluir que la campaña electoral no debe levantar planteamientos de poder. El acuerdo con el MST, y la formación del “FIT Unidad”; han acentuado estos rasgos democratizantes y de disolución política. La integración a las listas del FIT de otras fuerzas de izquierda, que encontraba su justificación en la necesidad de superar ciertos limites electorales, se ha convertido en un principio de frente permanente, sin que esté previsto ningún plan de discusión para clarificar o delimitar divergencias. El acuerdo saluda, en cambio, el inicio de una “experiencia común” con el Mst, aunque no existe una base de principios ni una “experiencia” anterior que permita avalar ese camino. Por lo pronto, y a horas del cierre de listas, el Mst ha cerrado acuerdos de listas con la burocracia de ATE en algunos distritos. El FIT-U, por lo tanto, supera el marco de un acuerdo estricto de candidaturas y se sitúa en el terreno del “partido amplio” que, desde mediados del año pasado, le ha reclamado el PTS al resto de la izquierda. En el programa del FIT-U, el propio slogan de “que la crisis la paguen los capitalistas”, ha sido desnaturalizado, ya que se propugna “brindar créditos baratos”, o sea, un rescate del proceso capitalista. En su caracterización de la situación política, el FIT-U reitera el rutinarismo derrotista que ha caracterizado al FIT –y a la dirección del PO. Se lamenta de la polarización que envuelve a la elección en torno de los ´dos bloques del ajuste”. Pero no señala que su telón de fondo es la bancarrota económica y el derrumbe del régimen macrista, lo que coloca en la agenda la perspectiva de la rebelión popular. Planteamos: El FIT –y ahora el FIT-U- es un frente formalmente independiente de la burguesía, de contenido democratizante. Es un episodio político transitorio que debe concluir en el desarrollo del partido revolucionario, o en caso contrario en la disolución política. Es necesaria una sistemática delimitación de posiciones de alcance estratégico, y el rechazo de polémicas faccionales. Con independencia de la separación en bloques diferentes, es necesario plantear al conjunto del FIT-U, en forma pública, una agenda parlamentaria socialista, con vistas a un uso revolucionario del parlamento. Al reclamo correcto de un FIT unido en la acción política cotidiana, el PO debe desarrollar una propaganda y una agitación política en sus propios términos, incluidas campañas políticas. En la presente campaña electoral planteamos Fuera Macri, Constituyente Soberana, Gobierno de Trabajadores, ligadas al derrumbe económico y a la crisis política y, alternativamente, Contra el gobierno entreguista y los partidos entreguistas del capital: Constituyente Soberana, Gobierno de Trabajadores. Este último planteo trasciende las elecciones y se convertirá en la plataforma de oposición socialista a un nuevo gobierno, incluido uno de F-F. Feminismo La emergencia de un gigantesco movimiento de lucha de la mujer, a escala mundial, no ha sido integrada a la caracterización política de conjunto, como una manifestación de la tendencia internacional a un ascenso de las masas explotadas. Esto es sorprendente de parte de una corriente – la oficial -, que se empeña en una demagogia feminista sin delimitaciones de clase. Detrás de la fraseología de los medios de comunicación acerca del carácter pequeño burgués del movimiento, se omite a su inmensa mayoría trabajadora, aunque la de origen fabril o humilde todavía deba integrarse a la lucha. El movimiento feminista en el último cuarto de siglo se ha distinguido de sus precedentes por el carácter policlasista, en especial como consecuencia del derrumbe de los partidos obreros – reformista-neoliberal y stalinista. El pretexto de evitar una relación sectaria con él ha redundado en un abordaje oportunista, o sea de adaptación a un feminismo excluyente de la lucha de clases. La opresión de la mujer tiene un carácter clasista no sólo históricamente, sino porque sirve a la reproducción de la sociedad capitalista y a la tendencia del capitalismo a disolver la organización familiar sin poder proceder a la socialización del conjunto de la vida social. La decadencia capitalista constituye un límite absoluto a la emancipación de la mujer, porque sobre ella y sobre la niñez recae la carga mayor de la creciente miseria social. La conversión de la prostitución en una gigantesca empresa capitalista, conectada al aparato del Estado y a los bancos que lavan el dinero del negocio, es su demostración más concluyente. La crisis de dirección de la clase obrera y los explotados se manifiesta en forma cabal en el predominio de la orientación feminista pequeño burguesa del movimiento. Se trata de una vía sin salida, como lo demostró el feminismo de los ‘70, porque se escinde ante las contradicciones políticas que dominan la vida social y se alinea con los partidos burgueses y pequeño burgueses que dominan el escenario político. La consecuencia de ello es la derrota o la cooptación, incluso la tendencia a la reversión de conquistas ya establecidas. Con el mayor empeño en integrar el movimiento de lucha de la mujer, la izquierda marxista debe esforzarse en presentar sus propias perspectivas, caracterizaciones y consignas, y desarrollar la organización socialista de la mujer. Mientras nuestro partido mantiene de palabra un planteo socialista, en la práctica se diluye en el feminismo. En un pasado no tan lejano enfrentábamos la violencia doméstica y el femicidio con el planteo de la organización combativa de la mujer en los barrios e incluso la formación de brigadas contra la violencia machista. Recientemente, incluso a pesar del planteo de que el “Estado es responsable” votamos la ley Micaela que prevé la capacitación de género de la burocracia estatal. En las campañas electorales, como la reciente de Córdoba, el planteo clasista contra la opresión de la mujer fue sustituido por el feminista. La adopción del “lenguaje inclusivo” sin ninguna clase de discusión interna es un ejemplo de esta tendencia. Incluso si se caracterizara que su uso no colisiona con ningún principio, la primera obligación sería distinguirlo de la utilización pluriclasista de él, que propugna este tipo de método para la igualdad social en oposición a la revolución socialista y la dictadura del proletariado. Como socialistas debemos defender el lenguaje histórico de la clase obrera, que eleva a todo luchador a la condición de compañero o compañera, en lugar del demagógico ‘pibes’ y ‘pibas’. El ‘machismo’, como blanco preferencial de la lucha contra la violencia a la mujer, disimula todas las condiciones de violencia de la sociedad capitalista, y la violencia en gran escala que representa el negocio internacional de la prostitución. El ‘machismo’ en la clase obrera, incluida su propia vanguardia, debe ser objeto de una campaña de educación y conciencia de clase entre los trabajadores y trabajadoras. Así como en la Revolución de Octubre la conquista de la paz, de la tierra a los campesinos y los derechos laborales neutralizaron la oposición de las masas envueltas en prejuicios patriarcales e iniciaron el largo camino de la emancipación de la mujer, la unidad del proletariado masculino y femenino en la lucha de clases, es el método para derrotar el ‘machismo’ entre los trabajadores. La discriminación y la violencia a la mujer trabajadora tiene lugar, no solamente en el ámbito del trabajo, sino en el de la familia obrera, donde la violencia social general se reproduce bajo las formas brutales. A este cuadro general, se suman la sobreexplotación, el desempleo crónico, la juventud sin trabajo, estudio ni futuro, la penetración del narcotráfico, el alcoholismo y la droga, La lucha contra la violencia a la mujer debe ser integrada a la lucha contra la miseria social, es decir, el capitalismo. La descomposición capitalista se manifiesta en forma lacerante en la manipulación y destrucción de miles de jóvenes como consecuencia de la droga - un filón gigantesco de negocios que se ha entrelazado largamente con las finanzas mundiales. La izquierda democatizane abraza la visión liberal del consumo de drogas ‘recreativo’ y como expresión del “libre albedrío”. Lo mismo sostiene una parte de nuestro partido, que manifestó en su momento el rechazo al planteo de Katerina Matsas, dirigente del EEK y especialista en drogadicción, sin por supuesto escribir nada al respecto. Tenemos, de un lado, un Polo Obrero que debe enfrentar la destrucción de la juventud por medio de la droga y el narcotráfico y, del otro lado, sectores que reivindican el consumo de drogas como una manifestación de libertad. Bajo el capitalismo, la libertad personal se encuentra decisivamente condicionada por la explotación capitalista, de la cual el narcotráfico es una herramienta mortal. Nuestra denuncia del narcotráfico, nuestra lucha contra la penalización a la juventud es a la vez un llamado ferviente a los jóvenes y a los trabajadores a rechazar la droga, para concentrar todas sus energías físicas y mentales en la acción revolucionaria. Planteamos: Preparar un Congreso del PDT con documentos y debates previos y tres días de duración, para establecer el programa y los métodos de acción y organización de una Organización Socialista de la Mujer. Régimen interno Cualquier compañero que haya seguido los debates políticos precedentes se habrá topado con la dificultad por hallar, en la conducta de la mayoría, una línea consistente, incluso en los puntos que aquí se les crítica. El llamado “sistema de consignas”, por caso, ha sido funcional a los continuos vaivenes políticos. Los planteos de “Fuera Macri” o Asamblea Constituyente fueron furibundamente criticados en los debates precongresales, para luego ser adoptados episódicamente, por caso, ante una corrida cambiaria. Pero ninguna mención circunstancial a una consigna constituye una campaña política, la cual exige un trabajo persistente de propaganda y agitación. Estos vaivenes se reproducen con las caracterizaciones internacionales, o de la situación del movimiento obrero. No hay, por lo tanto, una dirección que actúa y se orienta de acuerdo a una caracterización política, sino un aparato que acomoda las caracterizaciones a sus objetivos propios. La aparición de una “ideología de aparato” fue señalada por primera vez por Altamira, en ocasión de las respuestas faccionales que recibió su intervención en el curso de la UJS, en febrero de 2016, sobre la revolución cubana. Se le reclamó que el balance histórico de la revolución no había sido “procesado antes por los organismos”, o sea que una investigación histórica y sus conclusiones no habían recibido el ‘imprimatur’ del aparato. Altamira respondió que sólo un aparato puede arrogarse para sí el monopolio de un debate político que, en rigor, interesa vivamente a toda la izquierda, el activismo, los intelectuales y la clase obrera. El carácter conspirativo de un partido revolucionario, forjado en la lucha contra el Estado, debe preservarse en todo lo referido a la lucha práctica y directa contra ese Estado, ¡pero es una aberración extender el “secretismo” a la polémica política, que es la vía para discernir las tendencias históricas del momento y una guía insustituible para la acción! El reproche al carácter público de un debate ha vuelto a ser invocado, recientemente, en ocasión del balance de las elecciones de Cördoba. Pero en este caso, el reproche a Altamira –por debatir por fuera de los llamados canales orgánicos- presenta una particular perversidad, puesto que, al mismo tiempo, la dirección que lo critica ejerce la censura contra él en Prensa Obrera. En efecto: Altamira ha sido censurado en “Prensa Obrera”, una práctica que choca con la historia y la tradición del bolchevismo e incluso de la socialdemocracia. Rosa Luxemburgo rompió política y personalmente con Kautsky en 1911 cuando éste le censuró un artículo sobre la huelga de masas; la censura a Lenin de sus Cartas desde Lejos marcó otro severísimo choque al interior del bolchevismo. Es esta restricción la que ha obligado a Altamira a expresarse recientemente a través de su Facebook. En días recientes se prohibió que disertara sobre el Cordobazo en el NOA y Santa Fe, y no fue invitado a ninguna actividad organizada por la dirección. Estamos ante un régimen de proscripción política, porque hasta sus apariciones televisivas obedecen a invitaciones de los medios y no a una iniciativa de nuestra organización. Sin embargo, y cuando los compañeros de las regionales deben reunir fondos para financiar el viaje de Altamira –ante la negativa de la dirección- se acusa a esos compañeros de urdir “finanzas paralelas”. No hay otra facción, en esta crisis, que la propia dirección del Partido, cuando bloquea las charlas de Jorge sobre el Cordobazo ¡pero no se priva de publicar lo que él escribió en aquel momento, omitiendo, claro está, su autoría! La conducta de facción se acaba de manifestar brutalmente en la exclusión de Marcelo Ramal como candidato en las próximas elecciones nacionales y distritales en la Ciudad de Buenos Aires, revocando incluso lo que había resuelto la conferencia electoral nacional del PO. Sin embargo, y el mismo día en que se consumó esa exclusión, un plenario electoral en Salta, donde la mayoría de los compañeros se han manifestado en favor de las posiciones que aquí expresamos, votó una lista de candidatos que integra, en lugares centrales, a compañeros de la llamada “mayoría”, teniendo en cuenta su trayectoria y conocimiento públicos, comparables con el de Ramal, proscripto en CABA. Añadamos, a las conductas precedentes, el boicot de la dirección a la campaña electoral de Santa Fe en los municipios del cordón industrial que va desde San Lorenzo a Villa Constitución, una concentración obrera fundamental donde el FIT –liderado por candidatos del PO- obtuvo en las PASO las más altas votaciones de todas las provincias en 2019. Los compañeros han debido echar mano de sus sueldos y ahorros para solventar la agitación electoral, ante el ahogo financiero resuelto por la dirección del PO. Naturalmente, el “pecado” del PO del cordón santafecino es haberse pronunciado mayoritariamente por las posiciones que aquí defendemos. ¿Quiénes son, entonces, los “facciosos”? Para nosotros, el enemigo está afuera del Partido Obrero –es el Estado, la clase capitalista y sus partidos. En cambio, las exclusiones y boicots que aquí señalamos delatan a una facción que, desde la dirección del PO, coloca su propio interés por encima del interés del Partido y de la clase obrera. La imposición de un régimen de aparato se ha puesto de manifiesto, también, en la escalada de sanciones contra militantes que han sostenido intercambios políticos por afuera de sus organismos, sin que se hubiera demostrado que este hecho entrañara algún tipo de amenaza o desafío al centralismo democrático. La existencia de estos intercambios políticos no sólo es inevitable: es una conquista propia de un régimen de legalidad (la democracia burguesa) y de iniciativas de carácter público, donde los encuentros entre militantes son permanentes. Lenin y los bolcheviques insistieron cien mil veces en la necesidad de luchar por “la libertad política” en Rusia, para que los obreros pudieran capacitarse en la lucha por sus intereses históricos a través de la libertad de prensa y el debate público; en nuestro partido, sin embargo, a pesar de contar con libertades políticas, se pretende recluir el debate a la clandestinidad. La prensa del partido debe abrirse a los mejores debates, para que la clase obrera vea cómo construimos un partido revolucionario y para que se eduque por esa vía. El punto más alto de esta deriva del régimen interno es el empleo de prácticas de espionaje, como se puso de manifiesto en el curso del 26º Congreso del PO, y admitidas y reivindicadas varias veces por el Comité Nacional y el Ejecutivo. Más lejos, todavía, en una respuesta de la Comisión Internacional del PO al PT de Uruguay –a raíz que el CC de este partido no vaciló en repudiar el espionaje a la casilla de mail de Marcelo Ramal- se ha respondido que espiar “puede ser que técnicamente no sea aceptado como prueba por la justicia, pero sería una tontería desconocer si los crímenes cometidos son reales o no”. Los responsables del espionaje ignoran –o fingen ignorar- que la nulidad del fisgoneo no es una cuestión “técnica”, sino que subraya una violación de las libertades apelando a medios represivos ilegales. El CC del PO se coloca por detrás de la letra del régimen constitucional burgués, para legalizar un régimen de sanciones al interior del propio partido. (Para demostrar que esta regresión brutal no es gratuita, la carta del CC del PO al PT “ejemplifica” con la causa de los cuadernos, y señala que “criticamos a la justicia, no porque esté basada en las denuncias de los famosos cuadernos y en arrepentidos, sino porque encubre los ilícitos macristas”. “¡No porque esté basada en “arrepentidos”! En esta fantástica concesión a Bonadío y Stornelli, se entiende a dónde lleva la negativa a luchar por “Fuera Macri”: como ocurriera con buena parte de la izquierda brasileña, la dirección del PO quiere hurtarle votos a la base macrista –por eso, denuncia la corrupción K, pero no el régimen de violación de derechos que entrañan las prisiones preventivas arbitrarias o la persecución a Ramos Padilla. El PO debería denunciar todas estas arbitrariedades judiciales, porque, más temprano que tarde, le serán aplicadas a la izquierda y a los luchadores. Los que luchamos contra De Vido y otros en tiempo real –cuando sostenían al asesino Pedraza- no necesitamos dar mayores pruebas de nuestra delimitación con el régimen kirchnerista). Volviendo a nuestro punto: estamos ante el fenómeno excepcional de una dirección que defiende los métodos de espionaje a los correos de los militantes, como parte de la metodología de construcción del partido. El espionaje conduce a que el Partido, que es una asociación voluntaria de militantes unida por un programa y una estrategia, degenere a un aparato soldado por vínculos de vigilancia y delación. Planteamos la exclusión de las filas partidarias de quienes perpetraron y se sirvieron de esta inmundicia para incidir en el curso de esta lucha política, por caso, en la elección del nuevo Comité Central. En los últimos años, ha crecido en forma desmesurada el número de militantes rentados. Proporcionalmente a sus afiliados, el PO sostiene un número de rentados superior al que contaba la socialdemocracia alemana a principios del siglo XX. Para que esta estructura no termine constituyendo un régimen de rentados vitalicios, definitivamente apartado de la militancia partidaria, es necesario en primer lugar un balance que justifique esta situación y la carga económica que representa. También es necesario que tenga un carácter rotativo, sujeto a excepciones. La designación de los compañeros rentados estuvo a cargo del ejecutivo, cuando debió contar con el acuerdo de los círculos y comités de las respectivas zonas y, por sobre todo, sujeto a la supervisión de ellas. El mismo régimen de rotación debe valer para los cargos parlamentarios electivos, salvo excepciones fundadas, los cuales están sometidos a la máxima presión del Estado burgués (en Salta, por ejemplo, hay compañeros que son legisladores desde hace quince años). Hemos sostenido estos planteos en el anterior Comité Nacional e incluso en textos precongresales. La limitación de los debates, la censura, la intervención a locales y comités son justificadas en nombre del “centralismo democrático”, esto es, en la responsabilidad de una dirección de garantizar la “unidad de acción”. Curiosamente, hemos pasado otros cincuenta años sin ese número de sanciones, lo cual no debilitó la unidad de acción sino que la fortaleció (dos dictaduras). Pero el centralismo democrático nunca reside en la mera afirmación del principio de autoridad por parte de la dirección, o su derecho a imponer la directiva que quiera. Incluso en situaciones de emergencia o gravedad inusitadas, toda resolución debe estar debidamente fundada por escrito y, por lo tanto pasible de un debate por parte de la militancia afectada por esa resolución y eventualmente de todo el partido. No pueden existir órdenes, porque tampoco rige la obediencia debida. Naturalmente, el Partido Obrero no es deliberativo ni discusionista; esto es incuestionable – todo debate debe concluir en un voto en tiempo razonable. Esta malversación del centralismo ha sido esgrimida también para justificar la censura en nuestra página, esta vez, con el argumento de que planteos políticos disimiles “confunden a la militancia”. Para saber si esto es así hay que preguntarle a la militancia, no arrogarse la propiedad de esa opinión. La militancia no es una tropa sin discernimiento; por el contrario, forma su convicción y su acción política en base al debate y al intercambio de posiciones. No se nos escapa, por otra parte, que el llamado “discusionismo” también ha sido fomentado por la dirección y sus continuos vaivenes políticos. El último Congreso del partido puso en evidencia un voto contradictorio al oficial que abarcó al 30% de los delegados. Si el Comité Nacional hubiera reflejado esta proporcionalidad, los miembros que sostienen la posición de este documento habrían pasado de tres a nueve o diez sobre los treinta y uno que componen la totalidad. Habría constituido una revolución en la vida actual del partido. El conjunto del desarrollo del Congreso fue irregular, desde la votación de un larguísimo texto en el Comité Nacional conocido con menos de 24 horas de anticipación, e incluso re-presentado con modificaciones tres horas antes del voto. En el curso de esa reunión, propusimos entonces que se abriera un periodo de debates por escrito sobre ese texto, lo cual fue rechazado para proceder a una votación sumaria. En consecuencia, el documento de crítica a ese texto tuvo que ser escrito con posterioridad a esa reunión, lo que llevó a que no fuera admitido como ponencia alternativa en los plenarios. Los textos fueron debatidos con la indicación de proceder a votarlos en el mismo plenario donde se discutían por primera vez. De este modo, el tiempo de discusión resultó harto inferior al establecido por los estatutos – un mes, en lugar de tres, para el de situación nacional, y así sucesivamente con los restantes. En los plenarios fue prohibida la presencia de los miembros del CN que apoyaban el texto alternativo que no se podía discutir (salvo en una o dos instancias). E incluso, en esas condiciones, ¡se nos criticó por haber defendido el texto alternativo y no el “oficial”! Como si el centralismo democrático no obligara a la unidad de acción sino a la de pensamiento, como ocurre con el periodismo venal. Hubo sí un generoso número de boletines internos y otro generoso número de artículos en ellos, que no se discutieron en plenarios, incluso porque muchos textos aparecieron cuando la votación de algunos temas había concluido. Un dato fundamental del mismo Congreso fue la hora y media que se tomó la Comisión de Control, cuando en el pasado raramente pasaba de los quince minutos; un ejemplo de la cantidad de sanciones que se habían producido contra militantes. El pedido de derecho a réplica a las numerosas insinuaciones y acusaciones que hicieron los informantes a la oposición, ¡más allá del propio temario de sanciones de la Comisión! fue rechazado. La intervención de los delegados repitió el tiempo de cinco minutos sin derecho a réplica. La advertencia de Altamira, en el último BI previo al Congreso, de que existía la intención de desviar el debate político hacia los agravios y descalificaciones, se cumplió al pie de la letra. A su turno, la recomendación de un texto precongresal, donde un dirigente planteó la necesidad de elegir “un Comité nacional homogéneo” marchó sobre rieles: a pesar de que la votación es individual, quedó claro en el resultado final que el armado subrepticio (faccional) de una lista única había sido exitoso. El método de conjunto aplicado en el Congreso conoce numerosos antecedentes en conferencias regionales y se manifestará en los próximos días en otras tantas conferencias convocadas en tiempo relámpago y con un desarrollo previsto de algunas horas. Inmediatamente después del Congreso, el flamante CC decidió disolver por teléfono el comité del Noroeste y nombrar un interventor en sustitución, precisamente donde los delegados opositores fueron mayoría. Todo en nombre del centralismo democrático. La corrupción del método partidario llegó de este modo a su última expresión. El centralismo democrático es la actividad colectiva del partido bajo la dirección política del Comité Nacional y el Congreso – no la supresión de ella bajo el bastón de mando del Comité Ejecutivo. Si los círculos son privados de iniciativa en su ámbito de lucha, el partido dejará de ser democrático, por supuesto, pero también revolucionario. En nombre de un centralismo democrático bien entendido, todos esos comités han rechazado las prohibiciones y asegurado la actividad votada por sus militantes. La historia del PO sigue viva en la conciencia y en la militancia de un número cada vez mayor de compañeros. Una fracción (o tendencia pública) En el curso de los debates, diferentes textos de la dirección han insistido con “recomendarnos” la formación de una tendencia o fracción para sostener o ´procesar´ nuestras diferencias, sin aclarar, claro, que ya operaba en el partido una fracción a todos los fines prácticos (la propia dirección), bajo la cobertura del comité ejecutivo. Las garantías y métodos democráticos y el derecho a la crítica, sin embargo, deben existir en forma plena sin la necesidad de recurrir a la formación de una fracción. Una tendencia, por el contrario, que se adapte cotidianamente al centralismo democático que profesa la dirección, sería una ficción cómplice de ese centralismo. Una dirección que incita a formar fracciones o tendencias, muestra la vía de la ruptura del partido y la anarquía discutidora. No es necesaria una tendencia para tener derecho a escribir en Prensa Obrera. Advirtamos de paso que Prensa Obrera, en el pasado, cuando estaba limitada a la edición impresa, postergó o dejó sin publicar diversos artículos, ¡pero no por razones políticas o divergencias! sino para privilegiar aquellos de mayor interés o actualidad, o por la necesidad de rehacer artículos mal escritos o incomprensibles, incluso de parte de destacados dirigentes. En la sección de lectores, la prioridad la tenían las críticas. El planteo de constitución de una fracción pública y con su propia disciplina interior, que venimos a presentar de acuerdo al estatuto partidario, no es solamente un intento extremo por salvar la unidad del Partido ante la evidente malversación de su legado político y de su régimen interior. Es también un recurso para defender el centralismo democrático entendido de la única manera que cabe entenderlo, como una actividad colectiva y libre de los militantes, círculos y comités, bajo la dirección del Comité Nacional y del Congreso del PO. Advertimos a los militantes y luchadores que la organización obrera no debe ser confundida con un aparato, ni sus resoluciones, incluso cuando son votadas democráticamente, como los diez mandamientos. La vida es un fluir ininterrumpido, por lo que nuevos acontecimientos reclaman nuevas discusiones. Es obvio que el Congreso de nuestro partido no pudo discutir una caracterización de la fórmula F-F, de modo que es un desatino impedir un debate acerca de ella, alegando las resoluciones de ese Congreso. El aparato es necesario, en especial cuando es bien usado, pero “es gris”, como dijo el poeta, en tanto “la vida es siempre verde”. La constitución de una fracción significa la difusión pública de sus posiciones, en los órganos partidarios y en los instrumentos de comunicación que ella determine; y el derecho a contar con una organización y disciplina propias, tal como lo marca el estatuto. El derecho a la organización y difusión de nuestras posiciones permitirá, por otra parte, que la confrontación política tenga lugar sin choques faccionales de carácter permanente, tal como viene promoviendo la dirección en los comités y círculos donde participan compañeros que comparten o han defendido nuestras posiciones. Reclamamos el levantamiento de toda sanción o pedido de sanción a compañeros acusados de llevar adelante intercambios políticos pretendidamente “faccionales”. Allí donde existieron, esos intercambios, como lo demuestra este mismo texto, han tenido propósitos definidamente políticos, y hacen al interés del Partido. Por otra, parte ¡nadie podría constituir una fracción o tendencia sin intercambios políticos previos! Un agrupamiento de este tipo no es un rejunte de militantes que se improvisa, exige ser fundado sobre una homogeneidad política y un planteamiento común. En nuestro caso, hemos alcanzado esa comprensión común al cabo de una extensa lucha política que se ha traducido en decenas de textos en los últimos dos años, y en los debates que sostuvimos en los últimos congresos partidarios, en conferencias, en el Comité Nacional y en el último Congreso del Partido. Hacemos nuestra la propuesta de constitución de un tribunal paritario –con participación de compañeros de la CRCI- para juzgar el ignominioso episodio de espionaje interno que tuvo lugar en las vísperas de nuestro XXVI Congreso; rechazamos la exclusión de nuestros compañeros en las actividades partidarias de carácter público, incluyendo a las listas electorales del Frente de Izquierda-U, al cual llamaremos a votar incondicionalmente. El Partido Obrero no puede ni podría sustraerse a la etapa histórica concreta del momento actual, que se caracteriza por la bancarrota de un capitalismo en decadencia, tanto en el plano de la economía y de la política. Esta transición tiene lugar, como ha ocurrido en otras ocasiones, en un contexto de crisis de dirección de la clase obrera internacional. Las contradicciones extraordinarias de la etapa histórica actual ejercen una presión descomunal sobre todas las fuerzas políticas en presencia, como lo atestiguan el desmoronamiento de partidos tradicionaleso o la emergencia ‘’deslumbrante” de tendencias nuevas que se derrumban a la misma velocidad con que subieron. La disolución de la Unión Soviética ha sido seguida por la crisis de la Unión Europea, y el acople Estados Unidos-China, con un proyecto de integración capitalista de China, se ha convertido en una guerra económica y política con tendencias bélicas. La revolución en los países árabes se renueva: ahora en Argelia y Sudán. La izquierda ha sido impactada como nunca por este proceso catastrofista. La confusión política se manfiesta en la adaptación de la mayoría de ella, a nivel mundial, al movimientismo, el seguidismo y el democratismo. La explotación ‘democrática’ de la disolución de la URSS y del fin de la ‘guerra fría’ se encuentra en vía de extinción hace tiempo – como se ve en Estados Unidos con Trump y con los correlatos ‘populistas’ (bonapartismo) en Europa, incluido Xi Jing pin y desde mucho antes Putin. La adaptación democrática de la izquierda ha naufragado hace tiempo en Europa, aunque busca revivir con Berni Sanders y Ocasio Cortez y el ‘feminismo anti-capitalista’. La caracterización reciente de la presente etapa, por parte de la fracción dirigente del PO, y desde mucho antes por parte del conjunto de la izquierda, refleja las convulsiones de este período y de sus giros bruscos de la estabilidad a la crisis, y de virajes a derecha e izquierda. El FIT coincide, con diferencias de matices, en un “conservatismo y pasividad” de la clase obrera o en “el reflujo”, así como en que la crisis de conjunto del capitalismo no se orienta hacia una perspectiva revolucionaria; ello tiende a convertir al FIT en una suerte de ‘partido amplio’ disfrazado de frente electoral. El régimen democrático es un sistema de arbitraje que tiene por eje el parlamento, donde se conjugan derecha e izquierda, pero con márgenes que se estrechan a cero, como consecuencia de la acentuación de la crisis. Es lo que ha ocurrido con el trotskismo francés, que se despeñó de su ascenso electoral de hace menos de dos décadas. La izquierda revolucionaria debe hacer valer su lugar parlamentario para quebrar esa función de arbitraje, por medio de una agitación que ponga el acento en la acción directa. En caso contrario, se convierte en uno de los brazos del Estado para trabar la lucha de clases. Es lo que ocurre cuando el planteo de poder es suplantado por diferenciaciones proselitistas con los partidos patronales que tienen cooptadas en forma relativa a las organizaciones obreras. El abandono de los planteos de poder se conjuga, por parte de la fracción oficial, con una tentativa correspondiente de cortar la continuidad histórica de nuestro partido. Lo mismo ocurre con la adaptación al feminismo, el cual ejerce una presión inhabitual en el marco que ha alcanzado el movimiento de lucha de la mujer por sus derechos. De ahí la tendencia, a veces más acentuada, a veces menos, al electoralismo y al parlamentarismo, y a una despiadada lucha faccional, que se libra por medio de un régimen de aparato y del punto de apoyo que ofrece la representación parlamentaria del Estado. La lucha política por la continuidad histórica del PO y por la metodología revolucionaria de construcción de nuestro partido, se ha convertido en la más fundamental de las tareas. Lo mismo la defensa de su programa internacional, aprobado en el Congreso de la CRCI de abril de 2004. Invitamos a todos los compañeros que compartan esta proclama a sumar su firma. Socialismo o barbarie. ¡Viva el Partido Obrero! 11 de junio de 2019 Jorge Altamira, Marcelo Ramal, Juan Ferro, Daniel Blanco, Julio Quintana, Pablo Busch, Pablo Viñas Aprobado por unanimidad en una asamblea nacional de militantes del Partido Obrero, realizada el 23 de junio de 2019 en la Ciudad de Buenos Aires.