El Obrero Internacional N° 6

Defendamos a “voz obrera " (sawt el-amel) El llamado “programa Wiscon-sin” fue lanzado en agosto de 2005 por el ex ministro de Finanzas Binyamin Netanyahu como parte de su programa de privatización y desmantelamiento de los servicios sociales. Las ciudades principales donde este programa fue aplicado fueron Jerusalén y Nazareth. Cuando lanzó este programa, Netanyahu reafirmó lo que él transformó en el punto favorito de su plan de reforma económica: “De ahora en más, nadie podrá escaparse de su trabajo y recibir fraudulentamente beneficios de desempleo”. Un documento del ministro de Finanzas publicado recientemente se jacta de que el programa Wisconsin ha sido “exitoso” más allá de las expectativas y ya ha reducido los gastos del Estado para subsidios al desempleo en un 35%. En el mismo documento oficial se dice que el 10% de los desempleados han perdido automáticamente su beneficio de desempleo porque no se presentaron a registrarse, y el derecho a ese beneficio fue eliminado para otro 10% de personas porque no cumplieron con los requerimientos obligatorios. Pero la realidad es que este programa no ha dado empleo a los desocupados y que está llevando a miles de familias a la más profunda pobreza, principalmente en el sector árabe. Es más, este programa apunta a negar los derechos de los desocupados a los beneficios por desempleo y arrojarlos a la pobreza. La prueba es que la compañía responsable de la implementación del programa Wisconsin envió a personas desocupadas a trabajar en lugares ficticios que no los necesitaban o bien a lugares donde los empleaban, pero con salarios que eran mucho más bajos que el mínimo. La lucha contra el plan Wisconsin ha sido dirigida en Nazareth por la asociación Sawt el-Amel (Voz Obrera). Esta asociación fue creada después de la Intifada cuando un gran número de trabajadores árabes en Israel perdieron sus trabajos como resultado de la situación política. La región de Galilea, con Nazareth como su mayor ciudad, tiene la tasa de desempleo más alta del país (más del 25% en algunas de las comunidades atendidas por la oficina de Kufr Kana). En los últimos meses, el movimiento de protesta de desocupados ha creció y todos los viernes cientos de desocupados se reúnen fuera de los locales del programa en Nazareth, convocados por Sawt el-Amel. Indudablemente, el gobierno sionista está preocupado por la extensión de la protesta del movimiento de desocupados. Sawt el-Amel también denunció la actitud ambigua de las autoridades locales de Nazareth, dirigidas por una coalición encabezada por Hadash, el frente del Partido Comunista de Israel, que participa en el programa y trata de impedir que Sawt el-Amel haga una campaña en contra de éste entre la población de la ciudad. El 30 de diciembre de 2005, un acto -organizado por Sawt el-Amel y un comité de acción- reunió a cientos de trabajadores desocupados fuera de los locales de la compañía a cargo de la implementación del programa Wisconsin en Nazareth. Esta asamblea denunció la amarga realidad que significa la implementación del programa. Aunque se suponía que resolvería la dramática situación de cientos de desempleados de Nazareth, y encontraría empleos para ellos, el programa los lleva a la pobreza. En la tarde las oficinas de Sawt el-Amel fueron atacadas con bombas de nafta por personas no identificadas. Nos solidarizamos con Sawt el-Amel y los desocupados de Nazareth y de todo el país en su lucha contra este programa y contra todos los programas económicos capitalistas. Esta lucha es una oportunidad para unificar a los trabajadores árabes palestinos que viven bajo el gobierno directo del sionismo y a las masas judías en una misma lucha de clase. La mayoría de los partidos árabes que tienen un programa burgués han traicionado la lucha contra el desempleo. El nacimiento de un movimiento independiente de desempleados en Galilea es una prueba de la necesidad para los trabajadores árabes y judíos de construir un partido de clase y plantear una lucha común por las reivindicaciones democráticas, nacionales y sociales, en el marco de una república democrática, laica y socialista en todo el territorio de la Palestina histórica.

España ha decido reforzar en doscientos hombres su participación en la ocupación militar de Afganistán. Zapatero resolvió este aumento inmediatamente después de que un cohete disparado por la resistencia impactara a sólo cincuenta metros del dormitorio de un destacamento español en Farah. “Este incidente fue sólo uno más de los que se han producido en las últimas semanas en la región donde están desplegadas las tropas españolas que, aunque sigue siendo comparativamente tranquila, no escapa al deterioro de la seguridad en todo el país” (El País, 8/3). La ocupación imperialista en Irak se encuentra sometida, de una manera creciente, a un hostigamiento sistemático. Para evitar las bajas, los comandantes han recluido a las tropas en sus propios cuarteles, de donde salen sólo para desarrollar “expediciones punitivas” contra las guerrillas locales. En los hechos, las tropas de ocupación no dominan más que la capital (Kabul) y las adyacencias de sus propios cuarteles. Como revela el caso español, en realidad, los ocupantes ni siquiera están seguros en sus dormitorios.

El gobierno norteamericano ha logrado finalmente que la Agencia Internacional de la Energía Atómica (AJEA) “denuncie” a Irán ante el Consejo de Seguridad de la ONU por el “incumplimiento” del Tratado de Proliferación Nuclear que impide a sus firmantes -con excepción de Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, China y Rusia- desarrollar armas nucleares. Los iraníes han negado sistemáticamente cualquier incumplimiento, reivindican su derecho a desarrollar tecnología nuclear y niegan estar interesados en un desarrollo armamentístico. La acusación de Bush contra Irán apunta en otra dirección. Irán podría, en el mejor de los casos, desarrollar un puñado de rudimentarias armas nucleares en un período de cinco a diez años. ¿De qué le servirían frente a los miles de bombas del arsenal norteamericano y a los cientos de bombas nucleares del arsenal israelí? Irán no constituye, ni puede constituir en un futuro previsible, una “amenaza” para los Estados Unidos o los países de la región. Cualquier iraní sabe perfectamente que si su país decidiera utilizar bombas nucleares, inmediatamente quedaría borrado del mapa por la represalia norteamericano-sionista. El único país en el mundo que puede comenzar una guerra nuclear es Estados Unidos. El problema norteamericano con Irán no es la bomba. Rusia fue obligada por Estados Unidos a desistir de una oferta que había formulado en las últimas semanas: proveer a Irán el uranio necesario para el funcionamiento de sus plantas nucleares de producción de energía eléctrica, al tiempo que se le permitía montar una planta “extremadamente pequeña” de enriquecimiento de uranio, incapaz de producir las cantidades necesarias para fabricar una bomba (Financial Times, 7/3). El propio Bush acaba de firmar un acuerdo de cooperación nuclear con la India, un país que desarrolló armas nucleares en oposición al Tratado de No Proliferación (algunas de las cuales están apuntadas precisamente contra Irán). La India desarrolló sus armas nucleares con la colaboración de Rusia y de los aliados europeos de los Estados Unidos que pretenden impedir a Irán el acceso a la tecnología nuclear. Para Bush, el problema no es la bomba sino el gobierno de Irán. El régimen iraní no sólo ejerce una influencia decisiva en el Irak ocupado por los norteamericanos a través de la mayoría shiita, sino también en Líbano, a través del Hezbollah, y en Palestina, a través del Hamas. La descomposición de la situación en Irak, la crisis del sionismo, la impasse en Palestina han colocado al régimen iraní en una posición clave en Medio Oriente. El imperialismo necesita en Irán un gobierno comprometido con la “pacificación” de Medio Oriente; un gobierno “constructivo”, es decir que impulse una salida a la crisis de la región en los términos que reclama el imperialismo. Pero el régimen iraní tiene su propia “agenda”. Para forzar a Irán a un compromiso en Irak, en Palestina y en el Líbano, Bush agita la amenaza de las sanciones, y aun de la intervención militar, con la excusa de la bomba. El problema de Bush es que carece de instrumentos para presionar efectivamente a Irán. El pantano de la ocupación iraquí inviabiliza una aventura militar contra Irán (cuyo ejército, por otra parte, cuenta con armas defensivas muy superiores a las de Saddam), pero no la posibilidad de bombardeos “disuasivos”. Un ataque crearía una crisis petrolera. Los intereses divergentes de las grandes potencias -Europa, Rusia, China-, no sólo respecto de Irán sino también del conjunto de Medio Oriente, se manifiestan en la ausencia de un mínimo acuerdo acerca de la imposición de sanciones, tanto diplomáticas como económicas.

Haggai Katriel, el autor de este artículo, fue golpeado y arrestado en una manifestación en Bil’in en septiembre de 2005 y su juicio comenzó en Jerusalén bajo la falsa acusación de haber atacado a “un servidor públicoDesde el comienzo de la Intifada un gran número de activistas judíos, incluidos miembros de la CRCI en Palestina, fueron sometidos a juicio con cargos falsos. Llamamos a una campaña de solidaridad por el desprocesamiento de Haggai y todos los activistas de izquierda judíos y palestinos perseguidos por el Estado sionista. La aldea de Bil’in, en el distrito de Ramallah, Cisjordania, se ha transformado en el último año en un símbolo de la lucha popular palestina contra la expropiación y la opresión, pero su situación no es única, sino más bien el ejemplo típico del pasado y presente de la política sionista. El muro del apartheid, que fue construido por Israel en Cisjordania, es parte de un esfuerzo llevado a cabo durante cuatro décadas para estabilizar el control israelí en las áreas que fueron ocupadas en 1967. Mientras la retórica que rodeaba este proyecto ha cambiado en el transcurso de los años -fue disfrazado como “proceso de paz” durante los ’90, durante el levantamiento palestino de 2000 se anunció como “enfrentamiento al terrorismo” o “retirada unilateral”- y la brutalidad de los medios utilizados ha ido creciendo enormemente, el objetivo esencial y los métodos permanecen iguales: confiscación de la tierra palestina para, de este modo, privar a los palestinos de cualquier posibilidad de desarrollo; construcción de asentamientos sobre esta tierra, controlando grandes áreas a su alrededor, así como un amplio sistema de autopistas para los colonos, que generalmente se impide utilizar a los palestinos y que sirven para subdividir la región en enclaves, y la institucionalización de un sistema de “pases” que evita el movimiento de los palestinos de un área a otra. El muro del apartheid es otro gran paso en este programa de bantustanización: confisca enormes cantidades de tierra palestina, sobre las que se construyen los asentamientos a velocidad vertiginosa, y aísla aún más a los palestinos en guetos. El segmento del sistema de cercas que está siendo construido sobre las tierras de Bil’in, le robará a la aldea 500 acres -la mitad de su tierra y el 70% de su área cultivable- de bosques de olivares, de los que depende el sustento de sus 1.700 habitantes. Estas tierras se utilizarán para construir una ampliación del asentamiento de Modi’in Ilit, cuya construcción comenzó en 1996 (en pleno “proceso de paz” de Oslo) sobre las tierras de Bil’in y otras cuatro aldeas palestinas. Algunas de las mayores empresas constructoras de Israel están involucradas en este muy rentable proyecto de Modi’in Ilit, cuya población es de actualmente 30.000 habitantes; Israel planea llegar a 150.000 para 2020. El pueblo de Bil’in ha entablado una lucha popular contra el muro del apartheid, la cual, desde febrero de 2005, ha tomado la forma de marchas de protesta, todos los viernes al mediodía, desde el centro de la aldea hacia sus tierras sobre las cuales se está construyendo el muro. Centenas de personas participan en cada una de estas protestas: residentes de Bil’in y otras aldeas, palestinos, activistas israelíes e internacionales, con banderas y pancartas. Después de una corta marcha, estas protestas se encuentran con los soldados israelíes, que los atacan con gases lacrimógenos, granadas de choque, balas de metal recubiertas con goma y palizas. A veces, utilizan diseños más exóticos: las fuerzas de ocupación han usado las protestas de Bil’in como prueba de armas con “balas de grano” y “balas de sal”, las cuales causan heridas terriblemente dolorosas. Durante una de las marchas, un grupo de jóvenes que había estado participando en la movilización atacó repentinamente a dos manifestantes palestinos con gran violencia; uno de los jóvenes sacó una pistola y disparó al aire. Sacaron fuera a los dos manifestantes, mientras les daban una paliza a todo aquel que tratara de ayudar a los agredidos. Se entendió rápidamente (y más tarde fue confirmado por el ejército israelí) que fueron miembros de una unidad especial de las fuerzas israelíes que se habían infiltrado en la Militante israelí reprimido por el ejército sionista en Bil’in. Le dispararon una bala de goma desde 30 centímetros. El compañero perdió un ojo en la manifestación. Antes de hacer sus feroces arrestos, estos agentes habían comenzado a tirar piedras en dirección a los soldados que estaban delante, para dar a los soldados el pretexto para dar rienda suelta a un ataque más brutal. Los manifestantes que fueron atacados y tomados prisioneros por estos agentes pasaron varias semanas bajo arresto. Los arrestos de manifestantes en Bil’in se hacen casi todas las semanas. En el sistema del apartheid, los palestinos que son llevados por la policía y luego pasan a manos del ejército, pasan días en un campo de detención antes de ser llevados ante un juez militar, mientras que los activistas israelíes e internacionales son mantenidos en arresto 24 horas y luego presentados a un juez y liberados bajo fianza. Es habitual que quienes son golpeados y arrestados sean acusados de “atacar a un soldado”. En varios casos, videos tomados por los manifestantes han probado claramente que los soldados han mentido; y la fiscalía se ha visto obligada a retirar los cargos. Muchos, sin embargo, no son tan afortunados, y el Estado de Israel presentó cargos contra ellos en juicios sumarios. Esto es parte de un esfuerzo para reprimir la lucha en Bil’in y también para disuadir la acción conjunta de israelíes y palestinos, un nuevo fenómeno que desafía la ideología sionista de la “separación”. Otra forma de represión incluye invasiones del ejército a Bil’in a mitad de la noche para hacer arrestos, y bloquear el camino de los israelíes a Bil’in para evitar su participación en las manifestaciones. A pesar de todos los esfuerzos represivos, la lucha popular en Bil’in continúa. La solidaridad y el respaldo judío e internacional al pueblo palestino es esencial, ahora más que nunca.

La voladura de la mezquita dorada de Samarra -la más venerada por la mayoría shiita de Irak- y la ola de represalias, venganzas y violencias que desató, están vinculadas a la crisis política que ha paralizado la formación de un “gobierno de unidad nacional”. La “lista shiita”, que venció en las elecciones realizadas hace tres meses, está profundamente dividida. El candidato a primer ministro de los norteamericanos, Abdel Mahdi, fue derrotado por un voto -en la elección interna-por Ibrahim Jaafari, el actual primer ministro. Jaafari pertenece a un partido minoritario dentro de la coalición shiita (Dawa) y logró la victoria gracias al voto de los 30 diputados del ayatollah Al Sadr, el jefe popular de la insurrección de Najaf. Los enfrentamientos armados entre las milicias del partido de Mahdi y las milicias del partido de Sadr vienen de lejos. Los restantes partidos (sunitas, kurdos, shiitas laicos) bloquean la designación de Jaafari. Detrás de la división de “lista shiita” y la oposición de los demás partidos “se mueve la mano norteamericana, que considera a Jaafari demasiado próximo a Irán. (…) Washington estaría interesado en articular algún tipo de alternativa en torno al que fuera primer ministro del primer gobierno provisional tras la invasión, Ayad Allawi, bien visto en Washington pero con escaso apoyo en Irak: su partido obtuvo 25 escaños (sobre 285)” (El País, 3/3). Más aún, “se han detectado presiones exteriores para que la Sciri, el partido de Abdel Mahdi, abandone la ‘lista shiita’…” (ídem). La incapacidad para designar un primer ministro ha impedido que -pasa-dos tres meses de las elecciones- se reúna el parlamento. En este cuadro de crisis política, manipulaciones políticas, ataques, contraataques y conspiraciones de los ocupantes, estalla la “guerra de las mezquitas”, que debilita a Jaafari, actual primer ministro, por su incapacidad para impedir el estallido de violencia. Las negociaciones para la formación de un gobierno de “unidad nacional” están empantanadas: los sunitas las abandonaron y los shiitas se niegan a entregar los ministerios claves -en particular Defensa e Interior, los ministerios de la represión. Pero son precisamente estas negociaciones las que evitan, por ahora, el estallido de una guerra civil abierta. Una guerra civil no tendría, solamente, un carácter “intersectario”, sino que enfrentaría a los propios shiitas y a los propios sunitas. En el campo shiita, los enfrentamientos entre las milicias del Sciri y las de Sadr son constantes; en el sunita, hay cada vez más signos de enfrentamientos armados entre los rebeldes laicos y los fundamentalistas. La guerra civil tampoco quedaría restringida a las fronteras iraquíes, sino que se extendería inmediatamente a los países vecinos, todos los cuales vienen sosteniendo, más o menos abiertamente, a las distintas fracciones en disputa en Irak. En lugar de “rediseñar” el mapa de Medio Oriente, la ocupación puede terminar incendiando toda la región. Una guerra civil en Irak y una guerra regional en Medio Oriente serían un factor excepcional de agravamiento de la crisis mundial en su conjunto. ¿La economía mundial podría soportar un enfrentamiento que tenga como escenario los países que detentan las mayores reservas petroleras mundiales?

Obsequio de Lula a la multinacional del aluminio Brasil comenzará en 2006 la construcción del complejo hidroeléctrico Belo Monte, primera etapa del complejo hidroeléctrico de Xingú, en el estado de Pará. Belo Monte será la tercera hidroeléctrica del mundo, con una potencia equivalente a ocho centrales nucleares del tamaño de Angra II. La inversión es de 3.800 millones de dólares. Con financiamiento del Banco Mundial, la estatal Eletronorte entregará la parte mayoritaria al capital privado. Lula también prepara una licitación de dos represas, de 8.000 MW, en el río Madeira. Los proyectos forman parte de un conjunto de 17 enormes emprendimientos, que alterarán de forma irreversible las condiciones de vida de la población humana, la flora y la fauna de la cuenca del Amazonas. Existen otros 45 proyectos suspendidos por problemas legales o ambientales. El plan maestro de desarrollo energético de Brasil contempla embalsar un área de extensión equivalente a la mitad de Venezuela. El gigante de aluminio, Alcoa, impulsa la construcción de la central para crear una nueva fábrica. Belo Monte sólo proveería 1.000 MW al estado de Pará, el resto será utilizado por la fundidora de aluminio de Alcoa. El gobierno reconoce que represar el río Xingú causará inundaciones, sequías y la interrupción del flujo del río, lo que destruirá el ecosistema y las fuentes de comida de los pueblos indígenas, muchos de los cuales dependen de la caza y la pesca. Serán anegadas por lo menos 400 km2 de selva, poblaciones y la ciudad de Altamira, lo que implica la expulsión de nueve naciones indígenas. En junio de 2003, el V Encuentro de Afectados por las Represas provenientes de 18 estados de Brasil, declaró: “Con la privatización del sector eléctrico (…) nuestras aguas están siendo colocadas al servicio del lucro privado. Muchas concesiones para industrias de aluminio, que disfrazadas bajo el nombre de productores independientes usan nuestros ríos, para producir y exportar aluminio a Europa, Estados Unidos y Japón, y lo que es peor, este verdadero saqueo a la riqueza nacional, vienen siendo realizados con el apoyo financiero y político de los órganos del propio gobierno. La Eletronorte, por ejemplo, vende electricidad subsidiada, bajo el precio de costo, para Alcoa y Albras”. Lula ha enviado un proyecto de ley que permite el desplazamiento de la población y la “reducción del tamaño de las reservas indígenas” a un tercio de su extensión actual. Los pueblos indígenas le han declarado literalmente la guerra al gobierno federal (Corriere Della Sera, 19/2). En 1988, la india Tuira puso su facón en el cuello del gerente de Electronorte, que tuvo la audacia de ir al Encuentro de Pueblos Indios del Xingú. Lograron que el Banco Mundial suspendiera el financiamiento de la represa. Hoy, se suman a la lucha ambientalistas, organizaciones de mujeres, de derechos humanos, pobladores y pequeños productores rurales.

La Amazonia Legal brasileña equivale al 59% del territorio nacional y al 66% de la cuenca amazónica. La vegetación previa a la deforestación (1970) estaba compuesta por 4.200.000 km2 de selva y 800.000 km2 de un bosque más bajo y adaptado a condiciones de sequía. En 2000, casi el 15% del bosque había desaparecido (551.000 km2). Hoy la deforestación avanza a 19.000 km2 por año. La construcción de carreteras abrió la Amazonia a la explotación indiscriminada de los recursos naturales: madera, minerales, energía hidroeléctrica, combustible, ganadería, soja. En 20 años, la producción maderera amazónica -en manos de multinacionales como Nevada Manhattan, Janus Internacional, Kiani- pasó de cubrir del 14 al 85% del total. La explotación de bauxita (para producir aluminio), hierro, oro y otros minerales también produjo una feroz degradación ambiental, contaminación y sedimentación de las aguas. La minería consume mucha energía, que se obtiene del carbón vegetal y construyendo grandes represas hidroeléctricas (ver recuadro). Una vez que los madereros talan la selva, las tierras son ocupadas por terratenientes para convertirlas en campos de soja o pastoreo. Los incendios intencionales liquidan 80 mil km2 por año, con su consiguiente contaminación de 620 millones de toneladas de gases carbónicos. Los monocultivos industriales agrícolas y forestales a gran escala (soja y eucaliptos) provocan más deforestación, pérdida de biodiversidad, contaminación, escasez de agua e impiden la regeneración del bosque. La expulsión a sangre y fuego de los campesinos y pueblos indios es obra de los ejércitos irregulares de empresarios y terratenientes que cuentan con la vista gorda del gobierno federal. El 67% de las tierras pertenece al 4% de los propietarios, que usan como mano de obra esclava a los campesinos expulsados de sus parcelas. Trabajan en las fazendas a cambio de comida, carpas y herramientas a créditos impagables. Si intentan escapar son asesinados por los ejércitos privados. En la última década, fueron asesinados dos mil campesinos y seringueiros (extractores de savia de heveas -látex-), muchos provenientes del Nordeste o de las villas miseria de Río y San Pablo. El factor más importante de deforestación es hoy la soja. El “rey de la soja” es Blairo Maggi, gobernador del Estado de Mato Grosso y dueño del Maggi Group, principal productora de soja a nivel mundial. Maggi, con el beneplácito del gobierno petista, y financiado por el BM y el CFI, dispone de una red de 900 agricultores obligados a venderle su producción en las condiciones que fija. En su primer año como gobernador (2003), la deforestación se duplicó (Europa Press, 9/3).

Son 5 millones de kilómetros cuadrados de selva amazónica Cuando en los ’70 puso la piedra fundamental de la Carretera Transamazónica para favorecer a los madereros, el dictador Garrastazú Medid llamó al Amazonas “la tierra sin hombres”. Para tal desición racista, debió obviar el número impreciso de comunidades indígenas que la habitan. Lula ha dado un salto cualitativo: en febrero, el Congreso aprobó su ley de privatizadón del Amazonas, al que en un futuro se podrá llamar "selva sin árboles”y “tierra de hombres sin tierra”. “La ley representa una privatización del llamado Amazonas Legal: abre la concesión de las florestas públicas a la iniciativa privada, aun cuando conserva la titularidad de la tierra en manos del Estado” (Clarín, 3/3). Los 5 millones de km2 que serán licitados -la cuenca del Amazonas- contiene la mitad de las especies botánicas (de 20 a 30 millones) y la mitad de los bosques tropicales del mundo. Los botánicos estiman que hay más de 125 mil plantas, indispensables para las industrias medicinales. Esta selva, en su intercambio de gases con la atmósfera, libera el 50% del oxígeno necesario para la vida y es la generadora de las corrientes de calor que consiguen templar el clima del planeta. La ley de privatización está en línea con el proyecto ‘Canje de deuda por naturaleza’, impulsado por el FMI, el BM y el BID, que prevé una quita de la deuda a cambio de la cesión de territorios ricos en recursos naturales. Este plan obliga “a los estados suscriptores del Alca a poner todos sus servicios públicos y emprendimientos referidos a recursos naturales al servicio de explotaciones privadas. De la misma forma, los Estados podrán generar políticas ambientales sólo en la medida que las mismas no impidan las inversiones extranjeras, tanto en agua como en biodiversidad. En Brasil, podría significar la entrega de territorios a gobiernos provinciales y municipales estrechamente ligados con corporaciones privadas de Estados Unidos y de la Unión Europea” (Argenpress, 27/9/04). Lula entró al Alca sin firmar el Alca. La excusa de Lula para su política de “floresta productiva” es que así evitará la apropiación ilegal de tierras, cuyo caso emblemático es el de Cecilio do Regó Almeida, dueño de una constructora que se apropió de 5 millones de hectáreas en el estado de Pará. Si las tierras son concesionadas en beneficio de la industria maderera, farmacéutica, química, etc, ¡el Estado les podrá cobrar un canon! Hay tres niveles de concesión: pymes, grandes empresas nacionales y multinacionales: a éstas “se les pide apenas que tengan una filial con oficinas en Brasil” (Clarín, 3/3). El coordinador de la Comisión de Derecho Ambiental brasileño, Marcos Montenegro, dijo que “viabilizar la privatización del Amazonas representa entregarla al capital extranjero”. Las concesiones, de hasta 40 años tienen un resguardo de “uso sustentable”: cada tres años habrá una auditoría… del mismo gobierno que no puede impedir la ocupación de tierras a los grandes capitales, pero tiene el récord de desalojos a los campesinos del MST. En abril de 2004, el Ministerio de Medio Ambiente brasileño envió a Australia a un grupo de expertos para analizar la experiencia de concesión de la selva New South Wales, similar a la que pretende montar en el Amazonas. El viaje fue financiado por la Agencia Norteamericana para el Desarrollo Internacional (Usaid) y del Servicio de Florestas de Estados Unidos (Usda) (www.radiomundoreal.fm). Lula ya ha entregado el monitoreo de la zona amazónica al capital extranjero a través de un satélite que pertenece a la empresa Hispamar, de origen brasileño pero controlada por la española Hispasat, quebrando el monopolio ejercido hasta entonces por el satélite Star One, de la corporación estatal Embratel. El gobierno del PT ha puesto bandera de remate a más de la mitad del país.

La rebelión popular que se desató en Haití, en repudio al fraude electoral, no sólo puso nerviosa a la ONU sino también al propio candidato ganador. “En su primer encuentro con la prensa, el 22 de febrero, el nuevo jefe de Estado confesó que se encuentra asustado (¡!) de verla pasión levantada por la campaña presidencial, la elección de un Presidente y las esperanzas que la población ha puesto en este Presidente” (Alter Presse, 25/2). En sintonía con ello, Preval ha esquivado cualquier compromiso preciso con respecto a las demandas populares, pero, en cambio, ha sido muy explícito en sus señales con relación a los factores de poder. Un punto crucial está referido a la ocupación militar. Preval “cree que las fuerzas de ocupación de la ONU deberían quedarse mientras sea necesario”, algo que entra en colisión con el reclamo que viene haciendo La-valas (el partido de Aristide, que es la mayor organización política del país, apoyada por los nucleamientos y grupos armados organizados en los barrios que fueron los protagonistas del levantamiento popular). La realidad es que Preval rompió hace mucho tiempo con Aristide y ha formado su propio partido, UEspwa (La Esperanza). Por eso su “prudencia” respecto de un eventual regreso de Aristide (Alter Presse, 5/3). El abrumador triunfo de Preval es la manifestación más rotunda del fracaso de la ocupación. Con la presencia de las “fuerzas de paz”, la represión, el hambre, los asesinatos y la prostitución infantil (la “nueva esclavitud” en Haití) crecieron geométricamente. El partido Lavalas se convirtió en el blanco principal de una campaña que perseguía diezmarlo. El plan avanzaba, luego, en elecciones amañadas. La ocupación militar continuaría como resultado de la “voluntad de las autoridades legítimamente constituidas”. Este propósito debió ser replanteado a la luz del nuevo escenario. Preval procura explotar el peligro de que un retiro prematuro de las tropas traiga aparejado que el país nuevamente quede a merced de las bandas armadas de derecha. En los días que terminaron con la caída de Aristide, esas camarillas se adueñaron del país. Haití carece de ejército y de fuerzas armadas, y la policía es un organismo sin capacidad para imponer su autoridad, que en muchos casos actúa en complicidad con las bandas de características parapoliciales. La permanencia de las tropas, esta vez por pedido de Preval, pretende ser exhibida como un mal menor. En este marco, cobra una importancia inusitada el planteo de una alternativa político-militar. Está planteada la tarea de organizar una milicia ciudadana por parte de las organizaciones representativas de los trabajadores y el pueblo, organizaciones populares de lucha y defensoras de los derechos humanos. Esta fuerza armada obrera y popular pondría a fin a las tropas de ocupación. La continuidad de las tropas extranjeras, importa destacarlo, está al servicio de asegurar una corriente de inversiones capitalistas que, si bien es incipiente, ha arrancado tiempo atrás, desde la época del gobierno de Aristide. Coincidente con la ocupación militar, se puso en marcha el Marco de Cooperación Provisional (CCI, en francés) apadrinado, entre otros, por el Banco Mundial. “La población haitiana se opuso en particular al programa de privatización de las fábricas de harina y cemento, además de las empresas telefónicas, de electricidad y los puertos” (Centro de Medios Independientes de Puerto Rico, “Elecciones en Haití”, 15/2). Aristide se fue adaptando a estas aspiraciones del capital, aunque debido a la presión popular no llevó estas tendencias hasta el final. Bajo su último mandato, abrió zonas francas, que a la par de brindar enormes beneficios y exenciones impositivas al capital, son un terreno fértil para la superexplotación de los trabajadores. Esto ha comenzado a atraer inversores, especialmente en el ramo textil, provenientes de la vecina República Dominicana. Esta zona franca es un complemento de la explotación inhumana que se viene haciendo de la mano obra haitiana dentro de las propias fronteras dominicanas, usufructuando la inmigración ilegal. Uno de los hechos más recientes con relación a esto es la muerte de 24 trabajadores que perecieron asfixiados cuando procuraban ingresar clandestinamente a República Dominicana. El primer viaje de Preval ha sido precisamente al país vecino, donde dijo que respetará los acuerdos establecidos, lo que fue recibido con beneplácito por las autoridades y capitalistas locales. Aunque fracasó el operativo montado en vistas a condicionar a Preval y no hubo más remedio que aceptar su triunfo en la primera vuelta, el presidente electo dijo que está dispuesto a una política de compromiso. Habrá que ver si esto no es el preludio de un futuro gobierno de coalición. El “gobierno de coalición” es un conejo salido de la galera de Lula. Lula y su canciller, Celso Amorim, consultaron su propuesta con Kirchner y la Cancillería argentina. Entre todos, lograron que Condoleezza Rice la aceptara a regañadientes, ante el peligro de que la misión militar haitiana empezara a desintegrarse, como les ocurrió en Irak. Lo que queda claro es que la agenda de los explotados haitianos no coincide con la de Preval. Organizaciones adictas al gobierno -el Movimiento Democrático Popular (Modep), la organización campesina Tet Kole y la asociación de jóvenes Sildarite Art Jen (SAJ)- “se oponen a la ocupación extranjera, que apunta a mantener el país bajo el yugo de las grandes potencias”; exigen “desligarse del Marco de Cooperación Provisional”, que ha sido, como indicamos, el vehículo para llevar adelante los planes neoliberales, y reclaman también una verdadera reforma agraria, “así como reformas profundas a nivel sanitario, de la Justicia y la Policía” (Alter Presse, 25/2). Todas estas cuestiones -afirman- “deben ser resueltas de manera autónoma”. Preval ha comenzado a abrir el paraguas y ha pasado “el mensaje de que ser Presidente de la República no permite abrir todas las puertas y que las acciones a emprender serán todas de manera condicionada” (ídem). De cara a esta nueva etapa política que se abre, los trabajadores haitianos tienen que enarbolar su propia agenda, e impulsarla con sus propios métodos. La lucha por el retiro de las tropas y su reemplazo por una milicia ciudadana está estrechamente unida a la lucha por poner fin a la flexibilidad laboral y un salario acorde a la canasta familiar (los trabajadores también tenemos derecho a recibir muestra propia tajada de las leyes de promoción, zonas francas y recuperación económica que se proponen); por la confiscación de los terratenientes y la entrega de la tierra y crédito accesible a los campesinos que están dispuestos a trabajarla; por la puesta en marcha un plan de obras públicas, bajo control de los propios trabajadores, dirigido a dotar a la castigada Haití de educación, de centros sanitarios, de agua, de luz, de servicios esenciales de los que hoy el 80 por ciento de los haitianos, sumergidos por debajo de la línea de pobreza, carecen. Esta agenda supone la lucha conjunta con los trabajadores de la hermana República Dominicana. Una acción común internacional de los explotados de ambos lados de la isla es fundamental para abrir nuevos horizontes y superar los límites insalvables -y que tempranamente ya se están poniendo en evidencia- de esta nueva tentativa liderada por el progresismo centroizquierdista caribeño.

Entrevista al dirigente sindical Andrés Olivetti, de Afutu (Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay), realizada por Radio Centenario (CX36), de Montevideo, 23/2. “El gobierno está tratando de construir una causa nacional en defensa de las multinacionales y el imperio, y en esa lógica está apuntando todas sus baterías contra las movilizaciones de Argentina. Entonces, que el PIT-CNT con una resolución que no es de su Mesa Representativa, haya salido públicamente, como un eslabón más de esa política general del gobierno uruguayo, alineándose en esta lógica, tirando por tierra el compromiso con los trabajadores… que es al revés: tendría que estar coordinando con los compañeros argentinos, desbaratando este clima guerrerista que se ha instalado; esa tendría que ser la tarea principal del PIT-CNT. Es muy grave” Períodista: -Vamos con el tema de las plantas de celulosa… Andrés Olivetti: -Hay una resolución del Octavo Congreso del PIT-CNT que respalda la decisión adoptada por los plena-rios sindicales departamentales de Soria-no y Río Negro, contrarios a la instalación de las plantas de celulosa; esto está aprobado por unanimidad en el Congreso de 2003, el último Congreso del PIT-CNT, que nuestro gremio votó en su momento y consideramos que de alguna forma el PIT-CNT por supuesto está más que atrasado -por decirlo generosamente- respecto de pelear por la concreción de esta resolución. P: -Hace unos días el PIT-CNT hizo una conferencia de prensa y dijo que, de hecho, esto ya era una realidad, que esto no hay quien lo tiene y por lo tanto lo que tiene que se hacer es ponerse a pelear por condiciones de trabajo; ya lo dan por hecho, que no se puede detener… AO: -Todavía más, ataca las decisiones de los argentinos en contra de las plantas; en realidad lo que pasó el otro día es muy grave por muchos motivos. El gobierno está tratando de construir una ‘causa nacional’ en defensa de las multinacionales y el imperio, es así, está tratando de construir una causa nacional y en esa lógica está apuntando todas sus baterías contra las movilizaciones de Argentina. Entonces, que el 'PIT-CNT, con una resolución que no es de su Mesa Representativa, haya salido públicamente como un eslabón más de esa política general del gobierno uruguayo, alineándose en esta lógica, tirando por tierra el compromiso con los trabajadores… que es al revés: tendría que estar coordinando con los compañeros argentinos, desbaratando este clima guerrerista que se ha instalado; esa tendría que ser la tarea principal del PIT-CNT. Es muy grave. P: -¿Es una decisión del Secretariado?… AO: -Es una decisión del Secretariado que ubica al PIT-CNT como polea directa de transmisión de la política del gobierno central en esta idea de la construcción de la causa nacional detrás de la multinacional; es gravísimo. No creo que vaya a pasar desapercibido, nosotros ayer lo hablamos y lo consideramos. P: -La Mesa Representativa ¿tiene que actuar ahora?… AO: -En la Mesa nuestro sindicato va a plantear este tema. P: -¿Ustedes saben de algún otro sindicato que haya sacado una declaración en el último período o ahora? AO: -No te quiero mentir, estamos tratando de coordinar, pero hasta ahora no ha habido. Nos parece importante que los distintos gremios se vayan expidiendo para ver cómo hacemos viable la resolución del Octavo Congreso y además desmantelamos el clima guerrerista, chovinista malsano. Hay que escuchar a los gurises preguntarse si vamos a la guerra con Argentina; no habíamos vivido este tipo de cosas, para eso los trabajadores son la clave. Para eso los trabajadores argentinos y uruguayos estamos hermanados en un proyecto común precisamente en la dirección contraria a las multinacionales. P: -Ha llamado gente dejando la idea de que los que pueden hablar de esto son los “que saben”, los técnicos. Siempre se defendió el derecho de la ciudadanía en general, pero la inmensa mayoría de la gente no es técnica en el tema, ni en este ni en ningún otro, pero tiene todo el derecho de opinar.¿Con qué respaldo se opina?… AO: -Mirá, hay muchos lugares por donde agarrarlo; hay un tema que para nosotros es sustancial: el tema de país productivo que queremos los trabajadores; queremos inversión pública, inversión pública con la participación democrática de los trabajadores, potenciar los emprendimientos de los trabajadores, las fábricas recuperadas serían completamente distintas si hubiera un movimiento global desde la inversión pública para atar democráticamente a los trabajadores por la inversión pública, eso genera trabajo estable y además promueve el mismo. En cambio, el modelo que viene, con los proyectos con las multinacionales, en particular de la celulosa, va en una dirección contraria, no promueve el trabajo estable. Ahora aumentan el trabajo un tiempo, después baja y se pierde más del doble. Además, la ganancia, un tema clave respecto de quién produce y para quién es el excedente, los cientos de millones de dólares anuales que van a ir viendo estas papeleras en zonas francas… para peor se la van a llevar toda, acá no queda nada, no va a ser para ver cómo vamos a hacer para resolver el tema de la salud o productivos, es un proyecto que viene del Norte. El Uruguay nació como Estado tapón, lo inventaron como cuña; el negocio de la cuña es el negocio que están haciendo las multinacionales, está vinculado al tema del tratado de inversiones, no son ajenos, es un enclave imperial en la región para tener un reaseguro, y resulta que ese negocio es el que se está promoviendo desde el gobierno, eso viene con garra. Los trabajadores tenemos intereses absolutamente comunes con los trabajadores argentinos, brasileños, y pacíficos, y en un proyecto productivo y de acumulación propia posible; estable, todo eso se fue con esto, se apuesta en la peor dirección. En vez de cuña habría que transformarla en bisagra popular. Nuestro proyecto unitario es el de proyecto popular, se está profundizando en el tema de la cuña y la guerra entre hermanos. P: -Parece como si nos fuéramos a agarrar a los tiros con todos por el agua, el petróleo, por la comida, por el gas, y cómo que debemos preparamos para eso. María, oyente de La Unión, dice que lo que se está haciendo es tratar de poner una base de Estados Unidos. Hay que tratar de ahondar más atrás de esto. Mirta, del Cerro, dice que está contra las plantas de celulosa y pregunta de qué lado tiene que ir a pelear, a mis hijos no los voy a mandar a pelear, lo mejor será que le saque el pasaporte. Jorge, de Malvín Alto: ¿Así que los jóvenes, que son los más perjudicados, van a ser adiestrados para defender a estos sinvergüenzas?, que vayan los milicos que para eso están. Elena: le gustó escuchar a los senadores entrerrianos, ellos dan argumentos, le hablan claro a la gente; es la gran diferencia con las autoridades nuestras, que actúan como en peleas de niños con excusas infantiles sin ninguna fundamentación. Mirta dice que le llama la atención ver a Mariano Arana con un papelito en la mano diciendo que van a reabrir la fábrica de portland en Sayago. AO: -Lo que leías de la declaración de Saravia… Si él estuviera hablando de esos temas porque estuviéramos encarando un proyecto popular que confronta con el imperio por un proyecto de acumulación propia, si ese fuera el motivo con que convocara Saravia, habría que escuchar; el problema es que lo hace en el momento en que hay proyectos multinacionales procesándose, peleándose con los argentinos, además se están movilizando por lo mismo que el movimiento sindical tiene resolución en contra, o sea, en realidad es descabellado el marco en que lo plantea, y acumula para lo peor. P: -En un marco donde no hay discusión, hay una campaña muy fuerte a través de los medios y se ve que en los últimos días decidieron sacar personalidades destacadas a hablar: Benedetti, Rosencoff, quien tiene un cargo en el gobierno de Montevideo, ayer Drexler…; lo que no hay es debate… AO: -En general, cada vez que hubo debate en serio en cualquier ámbito, desde la televisión hasta los barrios, siempre que hay debate la idea de apoyar a las plantas se desvanece. El motivo de fondo por el que no hay debate es porque nosotros queremos debatir, explicar cómo el modelo va para el mismo lado que venían yendo las cosas, hasta Tabaré en una alocución fundamentaba cómo las multinacionales utilizaban a nuestro país como basurero; es así, sin dudas. No se sostiene por ningún lado. Entonces, desde los ámbitos de poder no te abren el debate. P: -Entre los cientíñcos hay opiniones distintas… AO: -Hay un núcleo importante de técnicos y de científicos que desde hace mucho tiempo, desde la Facultad de Ciencia, vienen denunciando las características y las implicancias de las plantas. A veces uno pierde la dimensión de lo que se está haciendo; estas plantas son de una dimensión importante, se escucha que todo contamina, pero hay que tener dimensión de lo que estamos hablando. Es la más grande del mundo, vienen los de Pontevedra a plantear que allá tienen una “celuloserita” comparado con lo que se va a hacer acá; esto va a ser cinco veces más grande que lo de Pontevedra, hay que tener idea de la dimensión de las cosas. Hay que tener claro que no es una fabriquita, traen esto para acá y que nos jodamos. Hay un problema de soberanía, dijeron: mostrame el mapa del mundo, ¿dónde metemos las fábricas que tenemos que sacar de Europa?, las metemos ahí. Entonces acá están. P: -Hay un nudo que tiene que ver con los trabajadores del Sunca, con los trabajadores metalúrgicos, sobre el tema de la cantidad de los puestos de trabajo; la calidad de los puestos de trabajo, la gente de Pontevedra decía que al principio toman gente y después ya se quedan con personal muy seleccionado, y son pocos… AO: -Es un problema de la miseria que hace agachar la cabeza, perder sentido, y uno se vuelve corporativo. Ahí se ata política de arriba con miseria y agachada de abajo, porque uno está mal y uno dice que es lo que hay y agarra, es una explotación perversa de la miseria, se obliga a ser corporativo, a perder perspectiva del modelo de país que se está construyendo donde el problema de la tierra se resuelve desde el ángulo de las multinacionales; por eso los compañeros de alguna manera quedan acotados y encerrados en el corporativismo. P:-Algunos de los temas centrales se juntan en este: el agua, la tierra con sus capítulos, la soberanía, ata muchas otras cosas… AO: -El comunicado de Afutu se leyó ayer, así que de eso no hablo. Vamos a promover dentro del PIT-CNT, la CSEU, con los gremios, las agrupaciones, la ratificación de la posición del octavo Congreso, la necesidad de invitar a los gremios a bajar esa visión corporativa que se ha desarrollado para que todo el mundo se alinee para pelear por la resolución del Octavo Congreso; movilizaciones, charlas, debates. Hay una Coordinadora contra las plantas de celulosa, la cual no integramos formalmente aún, pero está dentro del planteamiento de Afutu promover todos los mecanismos para una toma de conciencia, cada cual en su lugar como vea el debate, promover movilizaciones, concurrir a las instancias que se planteen desde las instancias que haya, y vamos a impulsar que desde el punto de vista de los trabajadores argentinos y uruguayos nos expidamos en forma conjunta. En eso vamos a estar, lo vamos a llevar a los gremios de la enseñanza. P: -Con respecto al PIT-CNT, el congreso es este año… AO: -Sí o sí tiene que ser este año, viene retrasado. P:-Con el interior, con el tema de los plenarios… AO: -El tema de la persecución es terrible, eso no puede ser. P: -¿Qué se puede hacer sobre esto? AO: -Todos los compañeros tienen que ser conscientes en cada gremio de que este es un problema que hace a los trabajadores en forma fundamental y que no se puede mirar para el costado; hay que trabajar en cada gremio, hay que torcer el rumbo actual de cosas. P: -Hoy hay una asamblea popular en la plaza Huelga General a las 19:30 horas; hay que concurrir, promueve participación local, hay que estar ahí… AO: -Hay mucho por hacer, hay una historia dentro de los movimientos obreros y populares que es fundamental rescatar; cuando se plantearon espacios de climas guerreristas nacionales, sistemáticamente, si uno mira la historia de la lucha obrera ha recaído sobre los trabajadores la pelea en contra de esas tendencias. Esas ideas son patrimonio de los trabajadores, son las que tenemos que rescatar para trabajar todos. En ese sentido la responsabilidad de los trabajadores es enorme, como que nos dieron una inyección para dejamos medio abombados para no reaccionar. Hay que sacudirse rápido, la única posibilidad de conquistar la paz unitaria es que participemos desde todos los lugares, todos los trabajadores. P: -Cuál es el papel de los nuevos gremios… AO: -Es fundamental, quien hace ver mejor la cosa es la pelea, los que se vienen formando en ella son los que tienen la fuerza de visualizar y poner al gran capital en su lugar, tienen que poner su fuerza para reconquistar su espíritu intemacionalista y propio de los trabajadores. Una de las tareas que tendría que hacer el movimiento sindical es pelear el tema del salario en forma conjunta, en la medida en que haya batallas globales habría que impulsar firmemente movilizaciones conjuntas que vayan en la dirección de ir haciendo ver cómo tu situación específica depende de la situación general. Hemos tenido una despolitización y una fragmentación de la lucha muy grande, es una de las cosas que hay que revertir en el movimiento sindical. P: -Gracias por haber venido… AO: -Gracias a ustedes. Radio Centenario, CX36, 23 de febrero de 2006

La disputa por la instalación de dos fábricas de pasta celulósica, materia prima de la industria papelera, se ha transformado en una crisis política de magnitud. El “socialista* chileno Lagos, que en estos días cede la presidencia a Michelle Bachelet, ha convocado a una reunión “cumbre” al presidente argentino, Néstor Kirchner, y a su par uruguayo, Tabaré Vázquez. Cómo es una colonia Las fábricas de marras pertenecen, precisamente, a dos monopolios gigantescos de la industria capitalista del papel, Ence (española) y Botnia (finlandesa), que producirían un millón y medio de toneladas de celulosa, y que constituirían una especie de “economía de enclave” para la exportación de su producto. Los gobiernos de la derecha uruguaya que negociaron los contratos con Botnia y Ence, les otorgaron beneficios tales como convertir sus predios en “zona franca”, lo que implica una suerte de “extraterritorialidad” donde no rige el derecho tributario nacional. El tratado compromete al Estado a compensar a las patronales imperialistas por "cualquier tipo de daño causado”, incluso contra una rebelión popular o modificaciones en la política económica. Ahora, los izquierdistas del Frente Amplio uruguayo se aprestan a ampliar este tipo de tratados a todo tipo de inversiones en un acuerdo especial de libre comercio con los… Estados Unidos. La instalación de esta especie de “factoría de exportación” forma parte de los planes más generales de “deslocalización” de las industrias que envenenan el medio ambiente. Sobre este punto, los izquierdistas uruguayos y argentinos han escrito millares de páginas en el pasado que ahora han caído en el olvido sólo porque se han reciclado en masa en apoyo a los gobiernos de izquierda como Lula, Tabaré y el propio Kirchner. En verdad, la implantación de las gigantescas fábricas de pasta son como un injerto que distorsiona el proceso económico nacional a partir del mercado mundial. Ya sucedió lo mismo en el pasado: la localidad uruguaya de Fray Bentos, donde se instalarán ahora las pasteras, conoció una época de esplendor cuando décadas atrás un gran frigorífico de origen inglés -el Anglo- “dio vida” a la región, derramando algunas migajas de los beneficios extraordinarios de la exportación de carne. Cuando concluyó este ciclo, Fray Bentos no salió más de la depresión causada por el cierre de la planta reductora de vacas. Depredación ambiental Ahora será peor. Porque una vez construidas las enormes plantas proyectadas, ya se sabe que quedará un tendal de miles de trabajadores de la construcción desempleados. Las productoras de pasta, una vez puestas en marcha, casi no ofrecerán puestos de trabajo, que se calculan, en el mejor de los casos, en un 10% del total requerido para la construcción. Lo que quedará también es un olor a putrefacción que todo el mundo coincide en que está asociado mundialmente a esta rama de la industria papelera. Otro resultado será el envenenamiento del río Uruguay, un río fronterizo, que enfrenta geográficamente a la ciudad uruguaya de Fray Bentos con su par argentina de Gualeguaychú, esta última con una población más numerosa y donde ha prendido vigorosamente un movimiento de resistencia contra la depredación ambiental que provocará el emprendimiento imperialista. Está previsto que las fábricas se provean con 70 millones de litros de agua diarios del río Uruguay, que devolverán a una temperatura muy elevada, con componentes químicos derivados del cloro con el cual se procede a blanquear la materia prima y que afectarán muy seriamente la flora, la fauna y el turismo zonal. Estos compuestos no sólo afectan decisivamente la riqueza ictícola sino que pueden afectar a los seres humanos a través de su ingestión. Los derivados del cloro pueden provocar, entonces, trastornos, en los sistemas nervioso, inmunológico y reproductor, como también actuar como inductores del cáncer. Los derivados del mercurio, a su turno, que acompañan también el blanquemiento de la pasta, agravan el envenenamiento, afectando el aparato respiratorio. Los gases que emanarán de las chimeneas de las fábricas, amén de la hediondez, aportarán lo suyo al llamado efecto invernadero y un fenómeno de contaminación llamado “lluvia árida”. Las pasteras en cuestión han comenzado la tarea depredatoria antes de su instalación fabril. Es que el negocio de la pasta es indisociable del forestal, y hace muchos años las empresas Ence y Botnia vienen comprando hectáreas y hectáreas de tierra en Uruguay para sembrar eucaliptos, que es el árbol que se procesa para obtener la celulosa vegetal. Esto ya ha provocado la reacción de chacareros y aun de algunos grandes propietarios de tierra que se han encargado de difundir los efectos terribles del monocultivo de la especie señalada, que provoca la desertificación de los suelos y liquida la agricultura, la apicultura, la pesca y el turismo. ¿Conflicto de Estados? En Argentina nada esto es desconocido, porque las productoras de pasta locales vienen convirtiendo los ríos en cloacas desde hace mucho tiempo. Es “vox populi” que si el megaproyecto actual de Ence y Botnia no acabó del “lado argentino” del río Uruguay es porque no hubo arreglo con el gobernador de la provincia. El ingrediente que transformó las características del conflicto por la instalación de las pasteras fue una vigorosa reacción que comenzó en Argentina, en las ciudades fronterizas, y que fue creciendo hasta transformarse en un acontecimiento nacional cuando algunos meses atrás una manifestación imponente de 40.000 personas marchó en protesta al puente que une en esa región a Argentina y Uruguay. Desde entonces, quedó definitivamente instalada una Asamblea Popular en la zona que organizó una serie de cortes progresivos en el puente de frontera hasta que se planteó uno por tiempo indeterminado que, en estos primeros días de marzo, cumple un mes y ha llevado la cuestión a un punto de gran tensión política. En un principio, las manifestaciones “argentinas” contaron de un modo más o menos abierto con la participación de organizaciones uruguayas. No sólo “ambientalistas”; un plenario de sindicatos de Fray Bentos se pronunció contra la instalación de las empresas imperialistas y denunció sus nefastas consecuencias. La lucha contra las papeleras es una vieja causa popular porque todo el negociado fue armado por los gobiernos derechistas que precedieron al Frente Amplio en el poder, y fueron los propios diputados frenteamplistas los que entonces en el parlamento votaron contra las leyes que proveyeron el marco jurídico de la entrega a los inversores extranjeros. Ni bien subieron al gobierno, asumieron como propio el “proyecto”, planteándolo como una “cuestión de Estado” (¿el Estado de quién?). Tabaré defiende lo que llama una “causa nacional”, denunciando proyectos de “desestabilización”. Sigue el camino ya trazado por Lula, cuando señaló que oponerse a sus acuerdos con el FMI era hacerle el “juego” a los “desestabilizadores” de la “derecha”. Los “desestabilizadores” uruguayos ahora se unieron a… Tabaré, que celebró una especie de “cumbre” nativa con los jefes de los partidos de la derecha. El gobierno argentino, por su lado, está interesado en canalizar la cuestión en una negociación entre gobiernos, para sacar la presión de la movilización y la acción directa de los cortes. Kirchner, al abrir las sesiones del Congreso argentino el 1 de marzo, reclamó que las obras de construcción de las fábricas de celulosa se paralicen durante tres meses para evaluar su impacto ambiental. Inmediatamente, mandó a sus emisarios a pedir que se levanten los cortes del puente para facilitar las negociaciones. La propuesta fue rechazada al momento de escribir estas líneas. El punto de partida para plantear una perspectiva popular es por la unidad de los trabajadores y los pueblos de Argentina y Uruguay por la nacionalización de las empresas instaladas y en construcción en ambos países. El control de los efectos negativos derivados de la gran industria moderna no es un obstáculo técnico; las empresas descartan las soluciones existentes para no afectar sus ganancias. No es sólo el caso de las papeleras. El chileno Lagos, que ahora se ofrece como mediador, impulsó el tratado “de los Andes” con el gobierno argentino y entregó la frontera cordillerana entre ambos países a la depredación de empresas mineras que están provocando desastres en la zona. No es la polución “ambiental” sino capitalista la que está destruyendo el hábitat humano. Es necesaria una acción popular común entre organizaciones obreras y populares de la región para una campaña por la nacionalización de los recursos naturales y de las industrias contaminantes y su colocación bajo control de los trabajadores. De la lucha por el agua y el petróleo en Bolivia, pasamos a la lucha contra la forestación y la contaminación en el Cono Sur latinoamericano. Es la misma lucha y está a la orden del día, impulsada por acontecimientos decisivos de la historia presente.

Con una muy pequeña diferencia de votos, el socialdemócrata Tarja Halonen ganó las elecciones presidenciales en Finlandia en la segunda vuelta y venció al candidato derechista. Este es el segundo período de seis años en el cual el pueblo vota por Halonen. En total, la dinastía socialdemócrata lleva 30 años en la presidencia. De todos modos, no había diferencias entre los dos candidatos. La única cuestión era quién hacía el trabajo sucio. En los últimos 25 años, el poder presidencial ha disminuido. Hoy en día, el Presidente sólo puede decidir sobre los asuntos exteriores que no están relacionados con la Unión Europea. El Presidente sólo puede tomar estas decisiones con el consenso del gobierno, el cual es dirigido por un primer ministro del centro. En la retórica de los principales candidatos, Halonen fue el único que no ha sido un abierto partidario pro Otan (con la excepción del candidato de la extrema derecha). Una gran parte de los capitalistas que consideraban a los socialdemócratas como un importante factor de equilibrio, han cambiado de opinión y apoyaron al candidato de la derecha, Niinistó. Además, una gran parte del ala derecha de la socialdemocracia no estuvo a favor de su propio candidato. En la segunda vuelta de las elecciones, todos los partidos burgueses y especialmente el derechista Kokoomus, junto con el centrista Keskusta, apoyaron a Niinistó. La política exterior finlandesa siempre ha seguido a los alemanes, con la única excepción de los asuntos referidos a la vecina Rusia. Ahora, después que Merkel fue electa en Alemania y luego de la ruptura del eje Alemania-Francia en el referéndum de la pasada primavera, las élites nacionales comenzaron a revisar las relaciones transatlánticas. Halonen también mantiene abierta la puerta a la Otan. Solamente la obstinada perseverancia del pueblo, que no quiso arriesgarse a la solución de la Otan, fue lo que evitó la elección del derechista Niinistó. La posición del primer ministro de centro, Vanhanen, pende de un hilo: corre el riesgo de no ser reelecto en la dirección de su propio partido, lo cual pondrá en una posición inestable a todo el gobierno. La Alianza de Izquierda decidió no participar en las elecciones con sus propios candidatos, sino que votó a favor de Halonen. La Alianza de Izquierda es la parte más derechista y más fuerte de los herederos intelectuales del stalinismo, que fue en sus tiempos el más fuerte de toda Escandinavia. La falta de una dirección obrera fue también obvia en el caso del Partido Comunista de Finlandia (los verdaderos herederos del stalinismo), dado que ellos no participaron ni tampoco expresaron ninguna opinión acerca de cómo deberían votar sus miembros. Sólo en la segunda vuelta el Partido Comunista dijo a la clase obrera: “No voten a la derecha”. El comportamiento absolutamente sectario del Partido Comunista encontró una perfecta relación en la declaración de la Unión Comunista, otro heredero del stalinismo. Esta gente votó por la extrema derecha debido a su postura contra la Unión Europea y la Otan. Nuestra organización no pudo reunir las 20.000 firmas que exigía la ley electoral. Así, decidimos votar en blanco en la primera vuelta. En la segunda vuelta llamamos a un voto crítico a favor de Halonen contra el candidato burgués de la clase dominante. La falta de una alternativa de izquierda fue visible para todo observador atento de la campaña electoral. Los únicos comentarios anti Otan provinieron del partido ultraderechista. Los temas esenciales como de racismo, el militarismo, las contradicciones entre trabajo y capital, no fueron planteados en absoluto. Están dadas las condiciones para una política revolucionaria.

El caso de “bancopolis” no es una patología imprevista. Gracias al vasto proceso de privatización y concentración activado durante la extensa legislatura de centroizquierda de los años ’90, el sector bancario es el ámbito del capitalismo italiano que mejor ha resistido a la aguerrida competencia interna e internacional. Las utilidades de los bancos italianos son simplemente enormes, como surge del aumento medio de las ganancias netas, del 46,8%, para las cuatro instituciones bancarias más grandes durante los primeros nueve meses de 2004. Sus proyecciones internacionales están en alza, como se deduce del posicionamiento de punta en Europa de la Banca Intesa y Unicredito, sobreviviente de la feliz fusión con el banco alemán Hypovereins y hoy señora de las finanzas polacas. Su peso conjunto en la economía nacional se ha desarrollado de manera directamente proporcional a la crisis de sobreproducción de la gran industria exportadora (automotriz y alimenticia en primer lugar) y a la crisis de los distritos tradicionales de la pequeña y mediana empresa: y ello ya sea a través del creciente endeudamiento banca-rio de las empresas como de la correspondiente extensión de la participación accionaria de los bancos en las empresas. En síntesis, la declinación del capitalismo italiano en la producción capitalista internacional se ha traducido en un potente desarrollo del capital financiero y en un entramado cada vez más inextricable y extendido entre renta financiera y ganancia. Los bancos de la rapiña Precisamente esta evolución de los hechos ha relanzado una lucha salvaje entre tiburones capitalistas por el “reparto del botín”. Las absorciones cruzadas de Antonveneta y la BNL por parte de un consorcio de nuevos comerciantes de diversa extracción y procedencia no es por ende una patología imprevista sino la punta emergente de la cotidianeidad capitalista y de su ley de la jungla. Aquí reside realmente el auténtico escándalo: no (sólo) en la ilegalidad manifiesta de un puñado de arribistas, sino en esa legalidad cotidiana tradicional que ha visto y ve al conjunto de las poderosas financieras del país promover una contra la otra la expropiación común de la riqueza social. A partir de esos grandes y respetables bancos que portan el nombre de Banca Intesa, Unicredito, San Paolo, Capitalia, Monte dei Paschi, que hacen palanca en los costos bancarios más altos de Europa para financiar sus propios negocios especulativos; que son protagonistas directos o indirectos de todos los grandes crímenes financieros de los últimos años (Cirio, Parmalat, bonos argentinos); que estuvieron en los últimos diez años a la vanguardia, junto a la Confindustria, en imponer sacrificios a las grandes masas, así como hoy están en primera fila encomendando a Prodi nuevas “reformas impopulares”; siempre con el apoyo de esa prensa nacional que justamente controlan los grandes bancos (a partir del Corriere). Las izquierdas y el poder bancario Frente a todo esto emerge, más aún hoy, la profunda subordinación de la izquierda italiana a las clases dominantes del país. No hablo de la mayoría dirigente de los DS, únicamente empeñada en escalar políticamente a la representación central del capitalismo italiano en abierta competencia con la Margheríta, y por ello compañía incauta de los aspirantes a banqueros de Unipol como ayer de los audaces capitanes de Telecom. Hablo de los grupos dirigentes de la izquierda que se define como “radical”: que ciertamente critican (muy sumisamente) “los excesos de desenvoltura” de los DS y la llamada “financierización de la economía”; pero por otro lado, con tal de aparecer confiables a los mismos DS y a la Margheríta, como futuros compañeros de gobierno, renuncian a poner en discusión el poder bancario y su función de rapiña, limitándose a reivindicar improbables “códigos éticos” o a reclamar el gravamen de las rentas financieras a la tasa europea: un reclamo tan minimalista y tan poco discriminatorio como para ser presentado hoy por la misma Confindustria de Montezemolo, sea como medio de racionalización capitalista y redimensionamiento de los arribistas de la finanzas, o como palanca de una ulterior transferencia de riquezas en beneficio de la gran industria exportadora (apoyo a las exportaciones, a las reestructuraciones, a la investigación tecnológica, etc.). ¿No es realmente impresionante esta divergencia entre la radicalidad de la rapiña capitalista y la moderación programática de una izquierda que encima se reclama “alternativa”? Que se vayan todos Por el contrario, el escándalo bancario debería exigir, más que nunca, la actualidad de un programa de alternativa verdadera. De un programa cuya radicalidad de clase sea igual y contraria a la radicalidad cotidiana del capitalismo en crisis. De un programa que, partiendo de la experiencia concreta de millones de trabajadores, consumidores, cuentacorrentistas, tenga el coraje de reivindicar abiertamente la nacionalización de los bancos, sin indemnización (porque ya han tenido demasiadas) y bajo control de los trabajadores. Esta es una medida indispensable de higiene moral y de reapropiación social de la riqueza expropiada. Claro que una lucha de masas por la nacionalización de la banca es incompatible con cualquier alianza con la Confindustria, con los banqueros que apoyan a Prodi, con los portavoces y defensores de Unipol. Exige una ruptura de fondo con las clases dirigentes del país y una perspectiva alternativa de sociedad y de poder: donde sean los trabajadores y las trabajadoras quienes dirijan Italia, no más sus patrones y sus usureros. “¡Que se vayan todos!” es la consigna simple y clara que desde hace años acompaña el ascenso de las masas en muchos lugares de América Latina. ¿La crisis social y moral de las clases dirigentes de nuestro país no muestra acaso la actualidad extraordinaria de esta consigna para Italia? ¿Por qué la izquierda italiana, en vez de disputarse los favores de Prodi, no une sus fuerzas en torno a esta consigna elemental? ¿Por qué no trabaja para reorientar cada objetivo inmediato, cada lucha concreta, cada movimiento, hacia esta perspectiva general, desarrollando la conciencia política de los trabajadores? ¿Colaboración con los capitalistas o ruptura con los capitalistas? ¿Gobernar con los banqueros o luchar por la nacionalización de la banca? Esta es, por lo tanto, la verdadera encrucijada que se le plantea, una vez más, a la izquierda italiana, y no sólo a ella. Cualquier tipo de “tercera vía” reposa en la literatura (siempre florida) de los deseos piadosos.

Moción de progetto comunista en el Comité político de rifondazione comunista Marco Ferrando y Franco Grisolía (dirección del PRC); Ivana Aglietti, Tiziano Bagarolo, Vito Bisceglie, Letizia Mancusi, Michele Terra, Marco Veruggio (CNG) Día tras día, los acontecimientos políticos demuestran que la unión de la izquierda con el centro liberal de la mayoría de la DS (Democracia de Izquierda) y de la Margheríta (Prodi, Rutelli) no solamente niega de raíz cualquier posibilidad de verdadera alternativa, sino que además subordina a la clase obrera y los movimientos a los intereses del gran capital, a favor de la burguesía italiana y de la misma demagogia reaccionaria do Berlusconi y de la derecha. Surge, entonces, la necesidad y la urgencia de la ruptura con el Centro de la “Unione”, por parte del Partito della Rifondazione Comunista (PRC) y de todas las expresiones del movimiento trabajador y de los movimientos de lucha. Los casos Antoveneta, BNL, Unipol son la expresión del capitalismo: no de la inmoralidad de un puñado de promotores inmobiliarios y financieros recién llegados, sino de las leyes de la selva de la sociedad burguesa y de la crisis capitalista, donde una minoría privilegiada de parásitos sociales se pelea sin ahorrarse golpes para acaparar la riqueza del país y las arterias vitales de la economía, contra los intereses de los trabajadores y de la mayoría de la sociedad, e incluso toman como rehenes sus puestos de trabajo, sus cuentas corrientes, sus pequeños ahorros… (…) Los escándalos financieros son paralelamente, otra vez, el reflejo del centro liberal de la “Unione” y de sus lazos capitalistas: en una lucha interna por la conquista de la hegemonía en el capitalismo italiano y en la construcción de su representación política central, D’Alema, Fassino y la mayoría de la DS han utilizado como palanca a un sector del capitalismo emergente -de los Colanninos a los Consortes- para mejorar su propia cotización política en la concertación con la Margheríta en lo que respecta a la representación de las clases dominantes (…) La Margheríta, a su vez, ha explotado esta contradicción de la DS para candidatearse como dirección del futuro partido democrático en su rol de portavoz directa de la Confindustria y de un sector de los grandes bancos (…) El programa de la “Unione”: un programa de la Confindustria El programa de la “Unione” refleja inevitablemente esta realidad. Como era previsible, el borrador del programa presentado, ya sea en su versión inicial como en la definitiva, desmiente del modo más brutal todas las ilusiones sembradas durante años respecto de la posibilidad de “correr a la izquierda” a los portavoces liberales del capitalismo italiano. En el campo de la política exterior, el programa de la “Unione” tiene una marcada orientación “atlantista”; reivindica la cooperación entre la Unión Europea y los Estados Unidos, en el marco de la defensa europea, la continuidad de las misiones militares en los Balcanes y Afganistán, y una solución “trucha” para Irak. Ahí donde dice “propuesta inmediata de un calendario de retiro a consultar con In autoridad iraquí”, lo que expresa oh: negativa al retiro inmediato do las tropas. En el campo de la política económico-social, el programa se mueve en una línea de relanzamiento de la competitividad del capitalismo italiano. Por lo tanto, (…) es la concreción de aquellas “reformas impopulares” dictadas por la gran industria y los grandes bancos, que ya había anunciado Romano Prodi en el momento de la investidura plebiscitaría en las primarias. Romper con el Centro de la “Unione”, recuperar la autonomía de los trabajadores Los escándalos bancarios, los compromisos de la DS, el mismo programa de la “Unione” demuestran, una vez más, el carácter insostenible de la actual posición del PRC y de su proyecto de gobierno. Y, más generalmente, demuestran, una vez más, que ninguno de los fundamentos sociales y políticos de los movimientos de lucha de estos años -de la clase trabajadora, del movimiento antiglobalización, del movimiento por el retiro de las tropas- puede encontrar el más pálido reflejo en el programa del liberalismo burgués (…). Desde todo punto de vista, tanto futuro como inmediato, la subordinación de las izquierdas a los liberales es en beneficio exclusivo de los adversarios de los trabajadores y de los movimientos. El mismo contrato de los trabajadores metalúrgicos y de las automotrices representa, en sus contenidos, el retorno orgánico a la concertación que el proyecto de la “Unione” lleva consigo. El engaño de la recuperación salarial con la extensión de seis meses del tiempo de vigencia del contrato; las graves concesiones a la patronal en cuanto a flexibilidad (alargamiento de los tiempos de aprendizaje, extensión del horario plurisemanal en conexión con la negociación de las cuotas de “precariedad”), representan un retorno de la dirección de la Fiom a las políticas de concertación en subordinación a la línea Epifani (secretario general de la CGIL), dentro del marco de la compatibilidad del centroizquierda y la patronal. Por este motivo es tan negativo el consenso acordado entre el grupo dirigente del Área 28 de Abril de la CGIL y el grupo dirigente del PRC con los contenidos del contrato laboral. El PRC debe salir inmediatamente del callejón sin salida en el cual lo ha metido el actual rumbo político de su mayoría dirigente. No puede hacerlo ni siquiera -como todavía pretenden los grupos dirigentes de otras mociones “críticas” (la “Ernesto” y “Erre”)- a través de una “negociación más coactiva” con la centroizquierda o una mayor presión del movimiento sobre la centroizquierda. No. Los hechos demuestran que el Centro de la “Unione” es impermeable a las razones de los trabajadores por el simple hecho de que representa la razón de ser de sus adversarios. Es que solamente la ruptura con el Centro de la “Unione” por parte de los trabajadores, de sus organizaciones, de sus representaciones políticas y sociales, puede abrir el camino a un nuevo proyecto, a un programa de alternativa anticapitalista. Echar a Berlusconi, por una alternativa anticapitalista El PRC debe presentar una propuesta de relanzamiento y unificación de la lucha y de las movilizaciones en torno a una plataforma de lucha general. En dirección a una prueba de fuerza contra el gobierno de Berlusconi y las clases dominantes del país (…). Es necesario poner sobre el tapete la nacionalización de la banca y de las industrias en crisis, sin ninguna indemnización y bajo el control de los trabajadores (…) restituir a los trabajadores y al pueblo una herramienta decisiva de reorganización de la sociedad y de la economía, en base a las necesidades y no a las ganancias; unir en la lucha contra los capitalistas y los banqueros al más vasto bloque social y alternativo de trabajadores, consumidores, pequeños ahorristas, todos los interesados en terminar con la prepotencia diaria de los patrones y de los viejos y nuevos usureros. En forma paralela, este programa de movilizaciones plantea la actualidad de una alternativa al sistema. Los escándalos bancarios, la crisis social y moral de las clases dirigentes del país y de sus partidos plantea la cuestión de la alternativa de clase en forma más clara y directa. Es necesario desarrollar una verdadera campaña sobre la quiebra de la clase dominante del país y, por ende, exigir su expulsión como condición necesaria para la auténtica refundación social de Italia. Sólo un gobierno de trabajadores y trabajadoras basado en su propia fuerza puede dar una solución verdadera y progresiva a la crisis italiana. Construir entre los trabajadores, en los movimientos de lucha, entre los jóvenes, la conciencia de que la alternativa socialista es la única alternativa verdadera, reconducir a este proyecto todas las reivindicaciones inmediatas de lucha, presentar la necesidad de una alternativa al sistema, no en términos ideológicos o abstractos sino vinculada a los escándalos cotidianos de la sociedad burguesa y a la experiencia concreta de las masas, con un lenguaje accesible y popular; son las tareas generales de los comunistas. Y de su oposición a todo gobierno de la burguesía italiana, una oposición irrenunciable para el PRC y, en todo caso, para Progetto Comunista, coherente con su planteo congresal.

El resultado del referéndum sobre el acuerdo alcanzado por la CGIL-CISL-UIL en torno al convenio de los metalmecánicos fue muy indicativo: 16% por el No -más de 70.000 votos en contra a nivel nacional. Un acuerdo que relanza la 'concertación’ a través del canje de un moderado aumento salarial (muy inferior a los 100 euros alardeados por los diarios, sin ninguna compensación por el aumento de la productividad e incluso por debajo de la compensación por inflación) por un significativo empeoramiento normativo sobre ia flexibilidad horaria y el aprendizaje. Un resultado tanto más significativo porque el acuerdo era apoyado por todas las burocracias sindicales, incluida la Fiom, por todo el cuadro político del centro-derecha y el centroizquierda, y por toda la prensa nacional. Un resultado que muestra una serie de puntos críticos donde el convenio no pasa, particularmente en las grandes fábricas que más se han movilizado en estos años: ¡a Fiat de Melfi (1.800 votos en contra y 1.200 a favor), las carrocerías de Mirafiori, Pomigliano D’Arco. La Fincantieri de Riva Trigoso (88,57% en contra) y la de Palermo. Una oposición que sin embargo no se limita a ellas, visto el resultado nacional: el 25% de los trabajadores que rechazaron el convenio en Liguria y el 20% en Piemonte. Por otra parte, también las declaraciones de Cremaschi(1) al regreso de la asamblea de Termini Imerese y luego de conocido el resultado (“es necesario tener en cuenta la inquietud de los trabajadores en el plano salarial”), son fruto de una dificultad política. Los dirigentes de la Fiom, la FIM (Federación italiana de metal-mecánicos) y la Uilm (Unión italiana de Metalmecánicos) estaban llamados a demostrar a Federmeccanica y a la patronal italiana en genera! que eran capaces de mantener el control de la situación (exactamente como -en el terreno político— a Bertinotti se le exigió sacar del juego a “los extremistas”). En algunos puntos neurálgicos del sistema industrial han fracasado. Un resultado que, junto a otros, mostró la importante contribución de Progetto Comunista – Izquierda del PRC, que se batió contra su ratificación en las asambleas de fábrica y en los medios de información, presente con una intervención propia y con delegados propios en algunos de los lugares más significativos en los cuales el convenio fue rechazado (como la Fiat de Melfi y la Fincantieri de Riva Trigoso). Un resultado que nos reafirma en la batalla por bloquear la aplicación de la parte normativa del convenio en cada fábrica y por intervenir en torno a algunas reestructuraciones importantes en el sector, en particular la adquisición de Marconi por parte de Ericsson (15-20% de excedentes a nivel nacional); la de Esaote por parte de un consorcio de bancos (Intesa, Unicredit, S. Paolo, Carige, Monte del Paschi y fondo Equinox) que llevarán nuevamente a la empresa a la Bolsa, con todos los peligros del caso; ia venta del 65% de Ansaldo STS y la posible privatización de Fincantieri; además, por supuesto, del despido de mil trabajadores “ancianos” de Mirafiori. Una operación, esta última, de la cual Montezemolo (2) quien se escandalizaba por Ricucci y Consorte(3) y hoy es investigado por falsas comunicaciones y obstaculizar las actividades de vigilancia, recabará un ahorro de cerca de 100 millones de euros (casi el 10% de las utilidades del balance de la Fiat anunciadas con bombos y platillos hace algunas semanas).

El sindicato le abre el camino al gobierno anti-obrero de PRODI El convenio colectivo de los metalmecánicos firmado por la Fiom-FIM-Uilm (los sindicatos de la categoría de la CGIL-CISL-UIL1), representa para la Fiom el punto de llegada de un largo camino de carácter político desarrollado sobre la espalda de los trabajadores. No casualmente, mientras se lo presentó exteriormente como un buen acuerdo sindical, en la discusión del comité central se lo justificaba con argumentos y razonamientos exquisitamente pre electorales. Luego del acuerdo previo entre Federmecanica y FIM-UILM2, que la Fiom se había negado a firmar, y a pocos meses de las elecciones, la categoría más importante de la CGIL reconquista el centro de la escena y se candidatea para asumir un rol político tratando de modificar los equilibrios internos en el principal sindicato italiano. Es decir, pasar de la vieja polarización entre la mayoría de Epifani (demócratas de izquierda) (DS) y la izquierda sindical de Patta (cercano a los comunistas italianos y portavoz de la izquierda sindical de “Lavoro Societá”), hacia un nuevo modelo en el cual, redimensionados los componentes políticos, se afirme la centralidad de una categoría guiada por exponentes de la ex mayoría (Rinaldini, izquierda DS) y de Lavoro Societá (Cremaschi, PRC, líder de la Red 28 de Abril), que renuncia al rol de “cuarta confederación” pero a cambio aspira al reconocimiento de “corazón” de la CGIL. En una fase en la que ésta se prepara a ejercer una presión lobbista frente a Prodi (y a darle una cobertura por izquierda). La Fiom, dentro de la CGIL se hace cortejar por la DS y por el Partido de la Refundación Comunista (PRC). Es emblemático el hecho de que Bertinotti haya garantizado una candidatura segura al secretariado nacional de la Fiom -en otras palabras, el portavoz de la Fiom en el Parlamento. Y que haya logrado también la probable sustitución de Patta en el secretariado nacional de la CGIL por un afiliado a Refundación. De esta manera, la burguesía italiana, la burocracia sindical y la Unione preparan una mediación entre ellos con el fin de controlar los probables impactos sociales de la política antiobrera de Prodi. Un operativo que no se limita a la propia CGIL: Sevino Pezzotta, secretario general de la CSIL, el segundo sindicato italiano (de matriz católica), será candidato en las elecciones por indicación directa de Prodi. Epifani aparece entonces, ante el proceso electoral, como dirigente de una CGIL fuerte y reunificada, capaz de contener las fuerzas centrípetas de Patta y Rinaldini a cambio de un reconocimiento de sus roles. En este cuadro, el asunto de los metalmecánicos representó una moneda de cambio entre la CGIL y la Fiom. La firma del convenio permite a Epifani reanudar una relación unitaria con CSIL y UIL, condición necesaria para meter mano a una reforma de los convenios nacionales, y para relanzar el diálogo con la burguesía italiana, que apunta a relanzar sobre esa reforma la competitividad de un país con las tasas de crecimiento más bajas de Europa. “Una gestión compartida y eficiente de las relaciones de trabajo es una de las condiciones fundamentales para el relanzamiento de la competitividad del sistema productivo metalmecánico y técnico”, recita el acuerdo suscrito por la Fiom. Ante los ojos de los trabajadores la firma es presentada como un triunfo: aumentos salariales promedio de 100 euros (superiores, se dice, a la inflación programada, es decir decidida por el gobierno) y un freno a ulteriores formas de flexibilidad, sujetas obligatoriamente a tratativas por planta. Pero en realidad, bajo la fuerza de un complejo sistema (un tantum, un alargamiento de la duración del contrato a seis meses y el escalonamiento de su entrada en vigencia), los aumentos reales medios estarán comprendidos entre los 50 y 60 euros brutos (37 a 45 netos). Un aumento ridículo abaratado con una pérdida de derechos a través de la extensión de contratos de aprendizaje (con períodos determinados de hasta 60 meses en el nivel 5 y con derechos reducidos) y la introducción de horarios plurisemanales. Es decir, la posibilidad para la empresa de aumentar el horario desde 40 a 48 horas semanales (dos horas más por cinco días o el sábado laborable con una bonificación del 15% en vez del 50%) hasta las ocho semanas. Es verdad que la adopción de estos instrumentos está subordinada a la contratación empresaria, pero es igualmente cierto que al menos formalmente el sindicato no puede decir “no”, sino solamente discutir cómo aplicarlos. Sobre todo esto desvía la lucha contra la flexibilidad al terreno más desfavorable para los trabajadores, teniendo en cuenta que la mayoría de las empresas son pequeñas y frecuentemente no tienen representación sindical. Los trabajadores han comprendido, y la tensión en las fábricas, mientras están por comenzar las asambleas y el referéndum-confirmatorio, es alta. Luego de un año de huelgas y, sobre todo, luego de las arduas luchas del último mes (regiones enteras paralizadas por cortes de calles, rutas y vías férreas), se esperaban resultados reales. La repentina frenada asumida por el sindicato (y ratificada con entusiasmo por Bertinotti) produjo malestar y en algunos casos rechazos que la burocracia sindical tiene dificultad en contener. Por esto los resultados del referéndum de mediados de febrero representan una prueba importante. Bruno Manganaro, dirigente de Progetto Comunista y secretario de la Fiom de Génova, emitió un voto negativo en el comité central de la Fiom y estamos preparando la campaña por un voto negativo en el referéndum. Es probable que a pesar de esto el convenio se confirme. De todas formas, es una oportunidad preciosa para intervenir en la crisis que se está produciendo entre los partidos de izquierda y su base social obrera, con una campaña nacional que tiene un fuerte significado político. Es también un test sobre nuestra capacidad de dirigirnos a sectores de las masas y de echar raíces en la clase obrera. 1) CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), CISL (Confederación Italiana de Sindicatos de Trabajadores), UIL (Unión Italiana del Trabajo). Centrales sindicales italianas. 2) Federmeccanica, Federación Sindical de la Industria Metalmecánica (empresarios). FIOM, Federación de empleados y obreros metalúrgicos. UILM, Unión Italiana de Metalmecánicos

El sindicato de trabajadores del transporte de Nueva York rechazó a fines de febrero el llamado de la Autoridad de Transporte Metropolitano a conciliación obligatoria con la patronal. Esta variante quedó planteada cuando los mismos trabajadores rechazaron en una votación masiva, el 20 de enero, el acuerdo con el cual la burocracia había levantado la huelga general que paralizó el transporte en diciembre pasado. En dicho acuerdo, los trabajadores habían logrado quebrar el plan patronal de imponer el sistema de “dos niveles” para los nuevos y los antiguos contratados, en el convenio colectivo; de subir la edad de jubilación de 55 a 62; y de congelar los salarios. Sin embargo, los burócratas y la patronal introdujeron la exigencia de que los trabajadores, por primera vez, pagaran 1,5% (ajustable) de su sueldo como contribución a los planes de salud. Y dejaron intactas las gigantescas multas contra el gremio (tres millones de dólares) y contra cada trabajador, por cada día de huelga. Esto provocó el rechazo de los obreros en la votación sobre el acuerdo que se derivó en la petición de la conciliación obligatoria. En la base del sindicato, los trabajadores se preparan para defender lo que han conquistado hasta ahora. “Estamos esperando y preparándonos para la batalla”, dijo Martin Goodman, un miembro del gremio que pertenece a una facción disidente que se opuso al contrato de diciembre negociado por el presidente del Local 100, President Roger Tous-saint (Bloomberg, 25/1). Esta nueva actitud militante no se esfuma con los métodos que la patronal y la burocracia sindical han utilizado en el pasado para disciplinar a la clase obrera norteamericana; en este sentido, los trabajadores del transporte de Nueva York son hermanos de lucha en todos los sentidos con sus pares que luchan contra los embates anti-obreros de Delphi, en una nueva fase de combatividad que crece a la par de la profundización de la crisis del régimen de Bush en los Estados Unidos.

El Pireo, el mayor puerto de Grecia, así como también otros puertos del país, se convirtió -el 22 de febrero-en un campo de batalla entre la policía antimotines y los trabajadores, dado que los portuarios estaban en una huelga de 10 días contra la baja de sus salarios y el gobierno derechista de Karamanlis había declarado la ley marcial para romper la medida. La decisión del gobierno de actuar contra los huelguistas por medio del “estado de emergencia” encontró una poderosa resistencia no sólo de los portuarios y sus sindicatos sino también de amplias capas de la clase trabajadora de Grecia. Muchos sindicatos iniciaron huelgas políticas de solidaridad con la lucha de los portuarios y, cuando la policía antimotines chocó con las líneas de piquetes en el puerto, cientos de trabajadores y jóvenes, muchos sindicalistas así como también organizaciones y partidos políticos de. izquierda, incluyendo, por supuesto, a EEK, la Sección Griega de CRCI y su juventud, la Organización de la Juventud Revolucionaria, se unieron a la batalla contra la represión policial. El enfrentamiento continuó por horas. La resistencia de los trabajadores fue intensa a pesar de la brutalidad de la policía y el masivo uso de químicos. El gobierno, que ya se había remodelado para tratar de presentar una cara política “renovada" y superar una prolongada crisis causada por sus antipopulares medidas económicas y una serie de escándalos políticos, recibió un serio golpe político y se convirtió en el blanco de la furia de todo el pueblo. Desafortunadamente, al día siguiente la dirección burocrática de los sindicatos portuarios, donde el Partido Comunista (stalinista) de Grecia es particularmente fuerte, decidió parar la movilización. No obstante, esta batalla fue sólo el comienzo. La Confederación General de los Sindicatos, así como también la Federación de Empleados Públicos, decidieron convocar a un bloqueo de cuatro horas para el 28 de febrero y a un día de huelga general para el 15 de marzo (la huelga general anterior fue el 14 de diciembre de 2005) por incremento salarial y en defensa del sindicato y los derechos de jubilación, constantemente atacados por el Estado y los patrones. Grecia, junto con Italia, tiene el mayor déficit público y la más elevada deuda pública de la Unión Europea. Dicha deuda fue, oficialmente, de 107,8% del GDP en 2005 (en realidad está cerca del 120%, aproximadamente 250 mil millones de dólares) y la Comisión de la UE reclama reducirla al nivel del 96,7% hacia 2008. Cada año hay que reducir 9 mil millones de euros de los gastos públicos. En relación con el déficit público, que está cerca del 7% del GDP, se reclaman medidas draconianas, comenzando por la abolición de los derechos de jubilación existentes y la privatización de los principales emprendimientos del Estado, el recorte del empleo público y el aumento de las contribuciones para todos los servicios sociales. La salud y la educación están particularmente golpeadas. El salario de este año crecerá por debajo del nivel de inflación oficial. Está planeada una “reforma” de la Constitución para abolir las conquistas de los trabajadores en el sector público e introducir la privatización de las universidades, entre otros cambios reaccionarios. Se ha iniciado un período de agudas confrontaciones de clase, al tiempo que la profundización de la crisis capitalista conduce a un desastre político al actual gobierno pero también al principal partido opositor, el Pasok (socialdemócratas), que bajo el liderazgo de George Papandreou no tiene otra cosa para presentar como alternativa que la misma clase de políticas antipopulares y la sumisión a las demandas de la UE, los Estados Unidos y la OTAN. El sistema político burgués de conjunto está en un callejón sin salida. Para estar preparados para las batallas venideras y para una alternativa socialista, los sindicalistas de EEK han organizado exitosamente el 26 de febrero una Conferencia especial contra la flexibilidad de las relaciones laborales y el desempleo. Los trabajadores y los sindicalistas de la industria textil, barcos, construcción, bancos, hospitales, transporte, industria gráfica, así como también representantes de las organizaciones políticas de izquierda (la nueva izquierda Co-rriente-NAR, el Reagrupamiento de Izquierda, Democracia de los Trabajadores, Organización de Comunistas Intemacionalistas de Grecia-Okde/Trabajadores en Lucha, Partido Comunista Marxista Leninista de Grecia) se unieron al debate organizado por EEK, remarcando la urgente necesidad de construir un frente unificado de clase contra el capital y su gobierno, y el armado de un programa de demandas de transición. Entre otras cosas, sobre las bases del internacionalismo proletario, en la reunión se expresó total solidaridad con el camarada Marco Ferrando, líder de AMR Progetto Comunista, atacado por la burguesía imperialista italiana, su personal político y sus sirvientes del centroizquierda, incluyendo a Bertinotti, quien siguió sus órdenes para excluir a Ferrando de las listas electorales del PRC por su posición clasista frente a la guerra imperialista y ocupación en Irak. El desarrollo político y social en Grecia y en Italia, las recientes huelgas en Alemania contra la extensión de la jornada del trabajo en el sector público y en Francia contra la flexibilización y la sobreexplotación de las masas desocupadas, particularmente la juventud, con contratos por debajo del salario mínimo y sin ninguna estabilidad laboral, marcan la agudización de la lucha de clases en toda Europa después del naufragio de la Constitución de la UE en los referéndums del año pasado en Francia y Holanda.

Los trabajadores se organizan, se movilizan, discuten… ¡y ya votan por la huelga! La prensa burguesa informa que “alrededor de 8.500 trabajadores electricistas que trabajan por hora en la Delphi Corporation comenzarán a votar el jueves que viene para decidir la autorización de una huelga contra la autopartista si llegan a anularse los contratos laborales en el tribunal de quiebras” (The Dow Jones Newswire, 23/2). Un piquete en la inauguración del International Auto Show en Detroit, el 8 de enero, movilizó a 700 personas, con la participación organizada de trabajadores de varios estados. Fue precedida por reuniones en todo el país y contó también con el apoyo de los municipales de Detroit. Entrevistados por The Detroit News, “varios trabajadores de Delphi dicen que preferirían una huelga en vez de aceptar recortes en sus salarios. Cheri McLaughlin, de 49 años, tornera en la planta Flint East de Delphi, dijo que muchos de sus compañeros estaban enfurecidos y tristes. Agregó que básicamente la gente se siente traicionada y que no tiene nada que perder”. “Hasta muy recientemente nunca había participado en una protesta, pero ahora siento que tengo que contarles a todos los trabajadores norteamericanos que ellos van a ser las próximas víctimas”, dijo Stacey Kemp, 47, un trabajador de cuarta generación que viene de Saginaw, que trabaja para Delphi y participó en las protestas. “Cada promesa que su compañía te haya hecho, la va a romper”, dijo (ídem). Diez días después, más de cien trabajadores de una planta de Delphi en el este de Michigan, hicieron un piquete en la casa matriz de Delphi en Troy Michigan. Los trabajadores exigieron ver el Informe Anual de Pensiones, pero al intentar entrar en el edilicio con los carnet de empleados en la mano, les fue bloqueada la entrada y se les acusó de entrar sin autorización. Hay mucho en juego, no sólo para los trabajadores de Delphi y GM, sino también para los de Ford, que en enero anunció que iba a liquidar 30.000 puestos de trabajo y cerrar 14 plantas (25% de su empleados en los Estados Unidos). Grupos de sindicalistas independientes continúan en sus esfuerzos para organizar una huelga contra GM-Delphi, rechazando la actitud conciliadora de la burocracia de la UAW, que busca un acuerdo que aceptaría en gran parte la intención de cortar los salarios de 27 a 12 dólares la hora, cerrar plantas, imponer contribuciones de los empleados para los planes de salud, la destrucción de las jubilaciones e incluso la liquidación de los convenios colectivos a través de la Justicia, esto como parte de un proceso formal de quiebra. “¡Ni un dólar, ni un centavo! Recortar los salarios es un crimen”, vocearon más de 75 trabajadores automotrices que se juntaron frente a la planta de Delphi en Flint, que fabrica bujías, para protestar por su cierre (Fightback Magazine, 23/2). En varias entrevistas, tanto los que participaron en la acción como otros trabajadores de la misma planta explicaron que la burocracia de la UAW pasó por todas las plantas en la región anunciando que se había cancelado el acto “por maltiempo” (ídem). “Después del piquete, se llenó un local cercano y se llevó a cabo un acto en lo cual se anunciaron una serie de reuniones en varios estados para determinar los pasos a seguir” (ídem). Al día siguiente, la autopartista Delphi postergó su presentación al tribunal, claramente como parte de una maniobra para distender y calmar la situación. Pero los trabajadores no han quedado con los brazos cruzados. Para el 25/2 se planifica en Peoria, Illinois, una “Conferencia de Solidaridad” bajo el lema “Nuestro silencio no nos protegerá” ( www.soldiersofsolidarity.com). Los trabajadores electricistas de Delphi, de todos modos, votaron iniciar la huelga en el momento en que Delphi presente los papeles en los tribunales para liquidar el convenio colectivo.

El Partido Obrero conquistó dos bancas en las elecciones realizadas el 19 de febrero en la provincia de Tucumán para elegir convencionales constituyentes. En algunos departamentos, la votación osciló entre el 10 y el 13%; con votaciones de hasta el 25% en algunas regiones. La votación del PO causó una verdadera conmoción en la provincia. La única encuesta previa que se hizo pública, adjudicaba al PO apenas un 0,5% de intención de voto. El resultado transformó al Partido Obrero en la tercera fuerza electoral de la provincia. Un régimen de camarillas Tucumán está gobernada por una camarilla, cuya cabeza es José Alperovich, un ex radical y ex ministro de Economía del anterior gobierno justicialista. Todos los grandes intereses capitalistas de la provincia están obteniendo enormes beneficios. Alperovich ha logrado, en dos años, una fabulosa concentración de poder. Es la cabeza de una camarilla íntimamente integrada a los grandes negocios de la obra pública, el sistema financiero, la promoción del juego, el negocio citrícola y hasta el comercio de autos usados. Se pretende que la reforma es necesaria para enterrar la Constitución que hizo aprobar el genocida Bussi en 1990. Se trata de una patraña, porque el punto crucial de la reforma es la eliminación de la cláusula que prohíbe la reelección a todos los cargos políticos provinciales y municipales, tanto ejecutivos como legislativos. O sea, eliminar el obstáculo a la perpetuación en el poder. Aunque el objetivo reeleccionista unió a las distintas camarillas que componen al PJ local, el mero anuncio de que los convencionales de Alperovich impulsarían la reelección indefinida de su jefe tensó la situación con las camarillas, que impulsan la reelección por única vez. Consciente de la fragilidad de su alianza con el PJ, Alperovich formó el partido Participación Cívica, como una suerte de reaseguro. Una oposición en descomposición El arco de partidos de la oposición patronal optó por retirarse de las elecciones. Es que los grandes grupos capitalistas apoyan a Alperovich porque están obteniendo beneficios como nunca antes. Alperovich les ofrece la continuidad de una política. La disgregación de la oposición patronal y la cooptación de una parte de ella por el oficialismo, se repite en otras provincias, como Salta, Santa Cruz o Santiago del Estero. En todas ellas, el PO ha obtenido votaciones significativas y cargos parlamentarios provinciales y municipales, y es reconocido como una de las principales fuerzas políticas de oposición y organizador de las luchas populares en esas provincias. El mismo proceso de concentración del poder en manos de la camarilla gobernante y de disgregación de la oposición patronal tiene lugar a escala nacional. Pero la desaparición de la oposición burguesa no significa la desaparición de las reivindicaciones populares ni, mucho menos, la voluntad de los trabajadores de movilizarse para defenderlas. De esta contradicción nace la posibilidad de que la izquierda obrera y revolucionaria de la Argentina logre desplazar a los partidos patronales para convertirse en la principal oposición -una oposición socialista- al gobierno de la burguesía nacional. Una política obrera y socialista La intervención del Partido Obrero en la Constituyente se empeñará en que las masas puedan contrastar el abismo que existe entre la Constituyente de la camarilla político-económica de Alperovich y las aspiraciones que animan, cotidianamente, a esas masas a la acción. Procuraremos que las reivindicaciones populares sigan apuntando al gobierno, que es quien tiene el poder efectivo del Estado. En esa dirección, nos vamos a valer de la Constituyente como una tribuna de denuncia política y de propaganda socialista. O sea, oponiendo a la política capitalista de los representantes oficiales la posición de los socialistas sobre el régimen social y político. Nuestra política es convertir a la Constituyente en la tribuna que permita organizar una oposición obrera y socialista de masas. Daniel Blanco, Convencional Constituyente de Tucumán.

Desde hace varios años, el Partido Obrero y el Polo Obrero vienen siendo protagonistas de las grandes luchas de la provincia de Santa Cruz. Esta presencia tuvo su repercusión en las últimas elecciones nacionales, cuando obtuvo votaciones de entre el 10 y el 20% en las ciudades del norte santacruceño (Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras). El gobierno reconoció este protagonismo cuando responsabilizó al PO por los cortes y la lucha, y alcanzó niveles criminales cuando le adjudicó la muerte del oficial Sayago, y pintó las paredes de Río Gallegos, la capital provincial, con la leyenda “Del Plá asesino”. Miguel del Plá es el principal dirigente provincial del PO en la provincia. También aquí, el gobierno fracasó. Los trabajadores y la población explotada del norte santacruceño recibieron calurosamente la campaña de apoyo y la movilización local, provincial y nacional del Partido Obrero por el triunfo de la huelga petrolera y por el retiro de la Gendarmería de Las Heras, y rechazaron las acusaciones y provocaciones.

¡Fuera la gendarmería! La denodada lucha de los petroleros de Las Heras, en el norte de la provincia de Santa Cruz -la provincia del presidente Kirchner-, ha puesto de relieve la naturaleza antiobrera del gobierno de la burguesía nacional. Desde la privatización de YPF -bajo el gobierno de Menem, con el respaldo de Kirchner, entonces gobernador de la provincia-, Repsol y los grandes pulpos petroleros son los verdaderos dueños del norte de Santa Cruz. El reclamo de la huelga es la eliminación del impuesto al salario que se aplica a quienes ganan más de 1.850 pesos, una cifra que no alcanza a cubrir el costo de la canasta familiar; confisca a los trabajadores petroleros un salario al año. La ministra de Economía, Felisa Miceli, defendió el impuesto al salario como “progresivo”, probablemente porque contribuyó a subsidiar con miles de millones al año a la burguesía nacional (y aun al capital financiero internacional que opera en Argentina). El otro gran reclamo de los petroleros fue el pase al convenio de ese gremio de los cientos de trabajadores ‘tercerizados’ que trabajan para contratistas bajo el convenio del gremio de la construcción, con sueldos muy inferiores. Una nueva dirección Durante la lucha se constituyó un Cuerpo de Delegados, el cual debió superar el boicot de la burocracia del sindicato petrolero (aliada con Kirchner desde la época de la privatización de YPF). El Cuerpo de Delegados se erigió en dirección de la lucha, ocupó las instalaciones sindicales y lanzó el paro. Los cortes de ruta que lo acompañaron, paralizaron la actividad en los pozos. En una localidad de apenas 12.000 habitantes, varios miles de trabajadores se movilizaron en los cortes y en las marchas de apoyo a los petroleros. La huelga fue toda una pueblada. El gobernador Acevedo se propuso quebrar a los huelguistas. Luego de reiterados fracasos, montó una provocación al detener al vocero del Cuerpo de Delegados, Mario Navarro, lo cual desencadenó una gran movilización popular que se dirigió a la comisaría donde estaba detenido para exigir su libertad. La movilización fue recibida con gases y balas de goma (hay testimonios de la utilización de balas de plomo). Durante la represión, se produjo la muerte del oficial de la policía Sayago. Inmediatamente, el gobierno responsabilizó por esta muerte a los huelguistas y al Partido Obrero. Sin embargo, la información periodística deja trascender que sus responsables bien podrían ser agentes de inteligencia o de seguridad de las propias petroleras que pretendían militarizar la ciudad para quebrar la huelga. De todos modos, 1 a muerte de Sayago fue la excusa para que Kirchner enviara la Gendarmería (policía militarizada) a la provincia. La zona fue militarizada; los cortes, levantados a punta de fusil. Comenzaron los allanamientos a los delegados con la excusa de la ‘investigación’. Con los gendarmes, se reforzó la presencia de los ‘servicios’, responsables de todo tipo de provocaciones contra la población trabajadora. Las operaciones contra los trabajadores, los gendarmes, los servicios encapuchados y los secuestros, repiten los métodos de la dictadura. Pese a la represión, la huelga se mantuvo en pie. El gobierno y las petroleras debieron recular. El Ministerio de Trabajo dispuso el pase al convenio petrolero de los casi 300 trabajadores encuadrados en la construcción. Al mismo tiempo, el gobierno se comprometió a elevar el “mínimo no imponible”. Se logró el pago del 50% de los días caídos; la Iglesia, que actuó como “mediadora” (repitiendo el viejo juego del “policía bueno y el policía malo”) se llevó su tajada: el 50% restante de los días caídos fue para “instituciones benéficas”. Fue una tremenda victoria de una lucha ejemplar; sin embargo, las provocaciones se acentuaron. Los allanamientos de las casas de delegados y trabajadores fueron acompañados de la destrucción de las viviendas y de feroces golpizas a las familias. Los detenidos eran obligados a denunciar a otros. Una enorme marcha popular, convocada por el Cuerpo de Delegados, recorrió Las Heras exigiendo su liberación y la inmediata salida de la Gendarmería. Se puso de manifiesto una lucha entre camarillas kirchneristas -una, encabezada por el ministro De Vido; otra, por la hermana del Presidente, y una tercera, encabezada por el gobernador Acevedo- que se disputan el manejo de los negocios del petróleo, de la minería y de la pesca. Las patronales se vienen negando a hacer efectivos los acuerdos que permitieron el levantamiento de la huelga. Apoyándose en la Gendarmería, pretenden quebrar al Cuerpo de Delegados. Pero ni la militarización de la zona, ni los aprietes, las golpizas, los despidos y la negativa a pagar los días caídos lograron quebrar a los trabajadores. En reclamo del cumplimiento de los acuerdos, un conjunto de empresas volvieron a la huelga a comienzos de marzo. La huelga petrolera puso de relieve un programa nacional de reivindicaciones: contra el impuesto al salario, contra la flexibilización y en defensa de las organizaciones sindicales recuperadas a la burocracia. Y también puso de relieve un método para ganar: el movimiento obrero en Santa Cruz es el que ha llevado más a fondo el método del piquete y del corte de ruta. Los cortes de ruta contra las papeleras en Entre Ríos, el resurgimiento de las asambleas populares en Córdoba en lucha contra los tarifazos, las huelgas salariales en un amplio conjunto de gremios y empresas, el continuo retroceso del propio gobierno ante el rechazo popular a sus medidas (como la anulación de aumentos de tarifa), muestran un cuadro de agitación popular de características generalizadas. La huelga petrolera de Las Heras puso en evidencia la completa incompatibilidad entre el gobierno de la camarilla asociada a los pulpos petroleros y la más elemental de las reivindicaciones populares.

El agotamiento político de Bush es ya un tema recurrente de la prensa de todo el mundo. El gobierno yanqui se encuentra a la defensiva en todos los terrenos. Arrastra penosamente el fardo de Irak y la desastrosa actuación en Nueva Orleans, luego del Katrina, mientras las denuncias de los “escándalos” y de la corruptela oficial se han convertido en cosa de todos los días. A comienzos de febrero, Paul Pillar, el especialista más importante sobre Medio Oriente de la CIA hasta que renunció, en 2005, lanzó “un ataque sin precedentes a la Casa Blanca” por la manipulación de los servicios de espionaje para justificar la guerra en Irak. Aparentemente, nada nuevo. “Sin embargo, nunca antes un funcionario tan importante de la CIA acusó tan claramente a Bush” (Rupert Cornwell, The Guardian, 11/2). Un lobbista involucrado ahora en una investigación por todo tipo de trapisondas y lavado de dinero -Jack Abramoff- no sólo resulta que era el niño mimado de los parlamentarios del partido republicano: acaba de declarar que se reunió con Bush “casi una docena de veces e incluso había sido invitado al rancho texano del Presidente” (ídem). En un reciente reportaje televisivo en plena CNN. dos “popes” de la prensa yanqui, conocidos por haber deschavado el “Watergate” que terminó con Nixon, acaban de denunciar que en el Congreso no hay ley que salga sin que se ponga plata para comprar a los “representantes”. Faltó que dijeran “que se vayan todos”. Detrás de la crisis del régimen yanqui operan factores muy poderosos asociados a los límites insalvables del actual orden capitalista. Una crisis que ahora se asocia a una re-vitalización del movimiento de los trabajadores. Delphi sería como la punta de un iceberg. GM anunció recientemente que registró una pérdida neta de 8.600 millones de dólares en 2005. Aunque en esa pérdida están descontados costos excepcionales de reestructuración, una quiebra de Delphi, la caída de beneficios sin tales anticipos se situaría en torno a los 3.400 millones de dólares, en contraste con el beneficio de 2.800 millones en 2004. Los pronosticadores económicos comenzaron a incluir la posible caída de General Motors. “Si el sindicato va a la huelga, la GM podría cerrar y sufrir pérdidas masivas que podrían llegar a los 20.000 millones de dólares, según Jonathan Steinmatz, de la banca Morgan Stanley” (Europa Press, 6/2). El nuevo plazo que se ha fijado la patronal para fin de marzo ha abierto una nueva ronda de negociaciones con el sindicato; a las que se integrarían representantes de GM que podrían apoyar con “contribuciones financieras”. Robert Miller, el mandamás de Delphi, “cambió la posición que la empresa ha mantenido hasta el momento hacia sus trabajadores, a los que ha culpado públicamente de las dificultades por las que atraviesa Delphi” (EFE, 17/1). El representante de la burocracia del sindicato (UAW) planteó, por su lado, que una salida alternativa sería que el Estado subsidie la producción de autos y resuelva el problema de la quiebra de los fondos de pensión, uno de los puntos centrales en el conflicto. Negocios y lobby La quiebra anunciada por Delphi, como toda quiebra capitalista, no deja de ser al mismo tiempo un nuevo negocio; hasta hace un tiempo “los ejecutivos enfrentaban la quiebra de sus empresas como testimonio de un fracaso… mientras que ahora se transformó en una oportunidad de beneficios para la cúpula dirigente” (“Bankruptcy Bonus Bonanza”, en boletín Too Much, 16/1). Si, mediante extorsiones, balances amañados y maniobras de todo tipo, consiguen quebrar convenios, negociar la cesación de pagos con otros capitalistas y evitar el cierre, las acciones de sus empresas quebradas repuntan y los ingresos de ejecutivos pueden ser multimillonarios, atados al valor de las propias acciones. Miller es un experto en la materia, pues ya ejecutó este tipo de operaciones en un enorme monopolio del acero -Bethlehem Steel-y en otro de la aeronavegación -United Airlines. La perspectiva de convertir la paritaria de negociaciones en una suerte de “lobby” del quebrado capital automotriz con su gobierno ha convertido todo el asunto Delphi-GM en una especie de ‘cuestión de Estado’. La prensa dice que Bush se muestra “reticente”. Es que la crisis actual ha puesto de relieve que las monstruosas ganancias de todo el capital yanqui en los años recientes estuvieron apuntaladas por una suerte de apropiación monstruosa del salario “diferido o indirecto” de los trabajadores para gastos de salud y provisionales. Por eso los “fondos” respectivos de gigantescos monopolios capitalistas están en la ruina. La apelación a una salida financiada por el Estado tiene mucho de fantasía y no sólo por los monstruosos déficits fiscales. Para encarar esta cuestión se requiere un gobierno fuerte, para imponer a los obreros yanquis los costos de este desaguisado. Y no es el caso del de Bush.

La reunión de una Asamblea Constituyente, largamente reclamada por numerosos sectores sociales que querían ver plasmadas en la estructura del Estado reivindicaciones de características indigenistas, agrarias o antiimperialistas, parecía ser la gran oportunidad para que Evo Morales y el MAS pudieran concretar el planteo de “refundar” la nación. El marco de una Constituyente convocada a breve término debía servir para concretar sin más dilaciones la nacionalización de los hidrocarburos (sin expropiación), que distingue a la posición del oficialismo. Aunque la Asamblea sería convocada dentro del cuadro legal vigente, la consagración plebiscitaria de Evo Morales en la elección de diciembre pasado dejaba la posibilidad de que la Constituyente fuera efectivamente soberana en su capacidad de decisión política, con referencia a la oposición de la oligarquía de Santa Cruz y de los monopolios internacionales de los hidrocarburos. Admitidas todas sus limitaciones, esta Constituyente apuntaba a convertirse en un foro nacional obligado, en el cual confrontarían los planteos de las más diversas clases sociales y partidos. El pacto que alumbra la convocatoria de la Constituyente, entre el gobierno y el MAS, de un lado, y la oligarquía cruceña y el derechista Podemos, del otro, para el mes de julio próximo, da lugar a otra cosa: a una Constituyente condicionada. El gobierno prefirió tomar el camino de un contubernio para sortear el obstáculo que representaba para él la falta de una mayoría suficiente en el Congreso, cuando tenía reunidas todas las condiciones políticas para imponer una Constituyente sin condicionamientos, si decidía recurrir a la movilización popular. El pacto con la derecha política y con la oligarquía agraria-petrolera ha creado una circunstancia singular: el Estado Mayor del Pueblo, que en la campaña electoral apoyó a Morales, anunció que realizará “una férrea campaña por ‘no’ a las autonomías” (Bolpress, 6/3). (Miguel Zubieta, dirigente de la Central Obrera Departamental de Santa Cruz rechazó tanto el referéndum como la Constituyente, por desconocer representaciones autónomas para trabajadores e indígenas, ídem). Para el dúo gubernamental (los diarios dicen que el ‘artífice’ del arreglo fue García Linera, el vice de Evo), el acuerdo con la derecha es una especie de compromiso entre posiciones contradictorias forzado por la correlación de fuerzas o, en palabras de García Linera, por una situación de “empate catastrófico”. Pero después de las insurrecciones de octubre de 2003 y de julio de 2005, y del plebiscito presidencial de diciembre pasado, esta caracterización tergiversa la realidad. Sustituye a la relación de fuerzas en la sociedad y en la política por la que existe en el Congreso, o sea que le devuelve a la derecha y a la oligarquía una fuerza que ha perdido, incluso en las urnas y que perdería todavía más luego de la derrota electoral de diciembre, que, ella sí fue sencillamente catastrófica. El pacto le retira a la Constituyente y al conjunto de la nación boliviana la atribución de decidir sobre las autonomías departamentales, que serán resueltas por un referendo independiente de cada departamento, con carácter de vinculante para los constituyentes en su conjunto. Se da así la contradicción, que los pactistas encuentran totalmente tolerable que la asamblea constitucional se convoque en el marco de la Constitución política vigente del Estado, mientras el refe-rendo tiene lugar violentando esa constitución política, que tiene un carácter unitario, pues otorga una soberanía constitucional a los departamentos, que le retira a la ciudadanía tomada en su conjunto. La reivindicación autonómica expresa los intereses especiales de la oligarquía cruceña, en especial, así como de otros departamentos con hidrocarburos en su subsuelo. En esta misma medida es una reivindicación de los monopolios internacionales. Lo dice textualmente Salvador Ric Riera, un empresario cruceño de cuarenta millones de dólares de patrimonio, ministro de Obras y Servicios Públicos de Evo Morales: ‘las empresas petroleras apoyan el proceso de autonomías, porque parecería que les es más fácil negociar con gobiernos regionales….” (Página/12,8/2). El otro aspecto tramposo del pacto es que los referendos departamentales ‘pre-existentes' a la futura constitución nacional no tienen un carácter confrontativo pues la pregunta que se pone a la población de los departamentos es apoyada igualmente por Podemos y por el MAS. El condicionamiento de la Constituyente es doble: por un referendo vinculante y por un pacto MAS-Podemos sobre los términos del propio referendo. Esto explica que el decreto de convocatoria excluya el reclamo de numerosas organizaciones populares al derecho a una representación independiente en la Asamblea. Este rechazo delata la completa impostura de los García Linares, que empezaron su carrera política como ‘autogestionarios’ y que una vez funcionarios descubren las ventajas de las ‘estructuras partidarias’, en especial en Bolivia, donde no hay partidos sino aglomeraciones burocráticas. Es cierto, sin embargo, como no hubiera podido ser de otro modo, que la reglamentación o características políticas concretas de las autonomías serán establecidas por la Constituyente. Es aquí que entra en juego el sistema electoral aprobado en el pacto, que desecha el distrito nacional único y establece un sistema mixto que divide a la elección de la representación popular en 70 distritos y nueve departamentos; en los distritos se eligen tres representantes, dos por la mayoría y un por la minoría -lo cual elimina la representación proporcional y por lo tanto la representación de una gran parte de la ciudadanía y de numerosas tendencias políticas; en los departamentos, a la mayoría se le asignan dos bancas de cinco y una a las tres minorías siguientes. Este ‘sistema’ asegura a la derecha una representación mínima del 30%, o sea que le otorga una sobrerepresentación, que la deja a sólo tres puntos de número de votos necesario (un tercio) para bloquear las reformas que no le convengan. De acuerdo a esto, la señalada tentativa de superar el ‘empate catastrófico’ ha producido un ‘refinado’ empate permanente. Pero por aquello de que “no hay bueyes sin cornadas”, es también evidente que si la derecha bloquea una reglamentación de la autonomía adversa a sus intereses, se quedaría sin autonomía. Llegado a este punto, el referendo vinculante deja de vincular y los referendos quedan desreferendados. Se alcanzaría, en este extremo, el empate del empate, que deberá ser zanjado por otro compromiso o pacto, o por una intervención popular ajena a pactos y compromisos. La cuestión autonómica debutó en Bolivia como un reclamo del indigenismo a una autonomía nacional y ha concluido como el reclamo fundamental de la oligarquía. Tiene que ver directamente con la propiedad -y no secundariamente con la propiedad agraria. Una reciente descripción de El Diario (5/3) señala, con referencia a Santa Cruz de la Sierra, a “las familias Antelo, con más de 116.000 hectáreas; la familia Gutiérrez, con casi 100.000 hectáreas; la familia Passer Bowles, con más de 72.000 hectáreas”. Con referencia al departamento del Be-ni: “la familia Sivaut, con más de 100.000 hectáreas; la familia Els-ner, con más de 115.000 hectáreas, y prácticamente la misma familia, aunque con un otro apellido, Bauer Elsner, con más de 73.000 hectáreas”. La reivindicación de la autonomía, por parte de estas ‘familias’, no significa otra cosa que la posibilidad de ejercer un poder político ‘autónomo’ para enfrentar el creciente movimiento de trabajadores sin tierra en estas regiones. Evo Morales ha hecho un compromiso, por muchas de las razones expuestas todavía inestable, con la derecha parlamentaria y la oligarquía, a expensas del campesino sin tierra. La autonomía política de los departamentos sólo podría servir a una mayor intervención popular si se basa en la confiscación de la gran propiedad agraria y en la renacionalización sin pago de los hidrocarburos. El pacto priva al gobierno de una poderosa arma de presión para obligar a las petroleras a someterse a su programa de reconversión de los contratos, asociación con mayoría estatal e inversiones para industrializar el gas en Bolivia. Es que saca del escenario la posibilidad de una Constituyente con mayorías populares decisivas y poderes completos. En el marco del pacto el gobierno queda condicionado a llegar a un acuerdo con las petroleras, para que sea refrendado por la asamblea. Lo mismo vale para la licitación de los yacimientos de hierro extraordinarios de Mutún, en cuya licitación se han inscripto las poderosas siderúrgicas Mittal (primera del mundo), la brasileña EBX y Techint-Siderar. El ya citado ministro de Obras Públicas cree “que hay que postergar la apertura de los sobres…; pensar en un polo de acero y petroquímica en el mismo lugar…; modificar antes el Código Minero”. Este ministró asegura querer “un mercado interno fuerte y una burguesía local productiva”, lo que demuestra que el nuevo equipo gobernante carece del sentido de los tiempos históricos. El pacto que lleva a la convocatoria constitucional es el resultado de enormes presiones sociales enfrentadas. “De lo contrario, el país volvería a convulsionarse”, declaró Evo Morales, en referencia a “la importancia de respetar la fecha de la elección de constituyentes” (La Razón, La Paz, 23/2). Para absorber esa presión popular fue al pacto con la derecha. Ahora tiene que asegurar que la Constituyente interprete sin desvíos los compromisos y las presiones en presencia. Desde su inauguración, el flamante gobierno fue generoso en declaraciones, especialmente cuando se contradecían unas a otras, pero avaro en medidas. Hay órdenes de detención por contrabando contra funcionarios de Repsol, pero Morales recibe al presidente de la firma y asegura que la reconversión de contratos está en marcha. Petrobras repite que el acuerdo con Bolivia no tiene trabas, pero acaba de recibir de la chavista PDVSAuna oferta de gas a un precio inferior al que reclama Evo Morales, para inducir a Brasil a apoyar el gasoducto sudamericano. Cada vez es más claro el bloqueo político, del lado de Lula, Kirchner y Chávez, contra una línea independiente en materia de hidrocarburos por parte de Bolivia. El embajador norteamericano, a su vez, asegura que las relaciones con La Paz “han dejado atrás los enfoques del pasado”, pero el comando sur del Pentágono desautoriza los nombramientos militares del gobierno boliviano e insiste en las discrepancias sobre el cultivo de coca. Los pactos, los compromisos, las giras por el exterior y las conversaciones de cancillerías no han encaminado ninguno de los problemas planteados -no digamos que los hayan resuelto. Las masas no tienen respiro porque el gobierno ha incumplido con la promesa de duplicar el salario mínimo y, por otro lado, sólo ha autorizado aumentos salariales del 7%. Evo Morales tampoco ha cumplido con derogar el decreto 21.060, que estableció la precariedad laboral en la década ‘neoliberal’. Un conflicto nuevo, pero de envergadura, lo constituye la cuestión de la firma de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, esto a partir de que el acordado por parte de Colombia y otros países andinos, expulsa a los exportadores de soja boliviana de esos mercados. Hasta donde sabemos, una parte de la izquierda ha decidido volver a votar en blanco a la espera de que ‘se agote’ la experiencia ‘reformista’ de la ‘burocracia campesina’ y las masas ‘se eleven’ al programa revolucionario. Lo que hay que hacer es todo lo contrario: orientar las presiones sociales que recibirá la Constituyente, cualquiera sea su composición y cualesquiera sus limitaciones, pero de un modo revolucionario, formando comités agrarios, comités fabriles, comités mineros, asambleas populares. O sea, oponer las aspiraciones de las masas a los designios de los constituyentes, con un programa claro de reivindicaciones, desde la expropiación de las petroleras, la gran propiedad agraria y los bancos hasta el salario mínimo igual al costo de la canasta familiar y el control obrero. En oposición a la expectativa profesoral de que las masas se ‘eleven’ al ‘programa’, es necesaria una política que permita participar en todas las fases de la lucha y desarrollar todos los estadios que recorre la conciencia de las masas. Naturalmente, el punto de partida de cualquier intervención es la denuncia de la Constituyente pactista, el boicot al referéndum autonómico y la reivindicación de una Constituyente soberana convocada por las asambleas populares y los comités de trabajadores. La oposición metódica a la Constituyente y al referéndum, o sea, mediante la movilización por las reivindicaciones y el agotamiento activo de las ilusiones que promueve en las masas, es un paso fundamental para, de un lado, explotar las contradicciones del proceso político actual y desarrollar con ello una oposición revolucionaria con base de masas. En los departamentos que ello sea posible, sería importante presentar candidaturas de oposición al pacto y revolucionarias, incluso apoyar a aquellas que tengan ese carácter. Explotar las posibilidades de una presentación electoral y de una eventual representación en la Constituyente, por pequeña sea, es parte de la propuesta de conjunto de orientar las presiones populares sobre la Constituyente en una perspectiva revolucionaria.