El Obrero Internacional N° 7

Una huelga dura de los ferroviarios alemanes se anuncia a partir del miércoles 8 de agosto, en plenas vacaciones escolares. Los aproximadamente 34 mil conductores de trenes y miembros del personal rodante se manifestaron en un 95,8 por ciento a favor de la medida, superando largamente el 75 por ciento necesario para declarar una huelga. Así lo anunció el sindicato de conductores de locomotoras GDL, que reclama un sustancial aumento de salarios” (Le Monde, 6/8). En Alemania, la legislación antihuelgas obliga a los trabajadores a una votación secreta para aprobar una medida de fuerza. De ese modo, la patronal elimina la fuerza de las asambleas, en las que, naturalmente, tienden a predominar los sectores más combativos. Los ferroviarios alemanes, sin embargo, han conseguido superar ese obstáculo. La empresa echó mano al resto de las leyes dictadas contra los trabajadores. “Se trata de una acción contraria a la ley”, declaró al diario Der Spiegel el presidente de la empresa estatal de ferrocarriles Deutsche Bahn, Hartmut Mehdom. Una asociación de usuarios, Pro-Bahn, entidad subordinada a la patronal ferroviaria, presentó una demanda, aceptada por el juzgado laboral de Nuremberg, que prohibió el paro. De todos modos, ese fallo no resuelve la crisis: sólo la ha postergado hasta fines de septiembre. Gewerkschaft Deutsche Lokomotivführer (GDL) es el sindicato que agrupa a maquinistas y guardavías, y el paro iba a ser el más importante de los últimos 15 años. La medida incluye a los trenes de carga, además del servicio de pasajeros. Los trabajadores, que ganan en promedio 1.500 euros, exigen un aumento del 31 por dentó y un nuevo convenio laboral. Antes de decidirse el paro, la empresa ofreció un incremento del 4,5 por dentó a partir de 2008 y un pago de 600 euros por única vez. Esa oferta indignó a los trabajadores y aceleró su decisión de ir a la huelga. En cuanto a la resolución judicial, no es la primera. Ya el 10 de agosto el tribunal laboral de Dusseldorf, en el oeste del país, había prohibido a los maquinistas hacer paros en el estado de Renania del Norte-Westfalia. Aquella medida cautelar indicó también que todos los trabajadores de Deutsche Bahn deben tener un solo convenio, con lo cual negó a maquinistas y guardavías el derecho a negociar su propia convención colectiva. El conflicto adquiere mayor intensidad porque el gobierno de Angela Merkel se propone privatizar la empresa de trenes y, claro está, desea dejar a la nueva patronal trabajadores hundidos en la chatura salarial. Pero no se trata únicamente de los ferroviarios. Ahora, la asociación de pilotos alemanes, Véreinigung Cockpit (VC), anunció que también irá a la huelga si no se logra un rápido acuerdo salarial con la aerolínea de charter LTU y con DBA, filial de Air Berlín. En verdad, ya comenzaron paros de advertencia con serios retrasos en los despegues y arribos de aviones. La medida de los trabajadores aeronáuticos se produce cuando Air Berlín se propone comprar LTU. Por otra parte, las convulsiones obreras comprenden a metalmecánicos, metalúrgicos, franjas importantes de textiles y hasta los peluqueros de Turmgia, en el Este del país, que ganan 3,18 euros por hora desde mediados de la década de 1990. “Como la economía alemana se ha acelerado desde el año pasado, los sindicatos industriales más grandes hacen como el IG Metal!… que ha conseguido incrementos salariales superiores al 4 por dentó” (Herald Tribune, 11/6).

La compleja capitulación de la burocracia y dela izquierda plural La burguesía francesa llevó a Nicolás Sarkozy a la presidencia con un mandato claro: una política de guerra social contra las masas trabajadoras y de salvataje del capitalismo francés. La crisis del pulpo que fabrica los Airbus domina las preocupaciones del capital galo. En las primeras semanas de gobierno, Sarkozy se mostró ‘hiperactivo’ en el cumplimiento de su mandato. Hizo aprobar una ley contra las huelgas (“servicio mínimo”) en el transporte público. Eliminó las cargas sociales sobre las horas extras (más allá de las 35 horas semanales), lo que producirá un alargamiento de la jomada (y hasta una los aumentos salariales podrán presentarse como horas extras). Anunció que sólo se contratará un empleado estatal por cada dos que se jubilen. Impuso una ley de ‘autonomía universitaria’ que favorece la arancelización y la privatización de la educación superior. Liquidó la gratuidad de la salud pública (mediante el establecimiento de aranceles por consulta y recetas). Impuso una ‘reforma fiscal’ que establece un gigantesco regalo, estimado en casi20.000 millones de dólares, a las grandes fortunas (reducción del impuesto a las sucesiones y donaciones; reducción del pago máximo de impuestos directos del 60 al 50% de los ingresos) y fomenta la especulación financiera (deducción del impuesto a la renta de los intereses hipotecarios durante los cinco primeros años). En el plano internacional, realizó una serie de giras por África donde anudó importantes negados para la gran industria francesa: contratos de ventas de armas a Libia; contratos para la instalación (fe usinas nucleares en Lábia y Argelia, a cambio de la provisión por parte de esos países de gas y petróleo. Mientras Sarkozy se encontraba de vacaciones en los Estados Unidos, se informó que la petrolera francesa Total había llegado a un acuerdo con la norteamericana Chevron para la explotación de yacimientos iraquíes. El ataque al derecho de huelga La ley de “servido mínimo” establece que cada trabajador deberá informar a la patronal, con 48 horas de anticipación, su decisión de adherir a una huelga; quien no lo haga será sancionado. Sí la huelga dura más de una semana, se organizará una votación secreta -en la que participarán todos los empleados de la empresa, es decir, los rompehuelgas y hasta los gerentes- sobre su continuidad. La ley liquida la huelga como una resolución colectiva de la clase obrera. Algunos comentaristas señalaron que la ley de “servidos mínimos” en el transporte público era “innecesaria” pues ya existe una reglamentación i llamada de “servidos garantizados” que establece el mínimo de transportes que deben circular en los días de huelga; existe además un mecanismo de arbitraje obligatorio (“alarma social”) que ha logrado evitar el 90% de las huelgas en el transporte. Otros afirmaron que es irrelevante porque sólo el 3% de las paralizaciones del transporte público en los últimos años fueron consecuencia de acciones sindicales. Estos intentos de minimizar el alcance (de la ley antihuelgas omiten lo esencial: Sarkozy pretende impedir que vuelvan a repetirse grandes movimientos de huelga, de carácter político, como el de 1995, que arruinó la reforma previsional del primer ministro derechista Juppé… y al propio gobierno. Como señala un editorialista del FinanciaI Times, 3/8 y con esta ley Sarkozy se encamina a “tomar la Bastilla de fes sindicatos”. Para el comentarista británico: “aunque modesta en sus especificidades, (la ley) será sísmica en sus implicancias (O su efecto simbólico será incomparable). Se trata de quitarles a los “sindicatos bien ubicados (transportes, energía, salud, educación)” el poder de liquidar en la calle las reformas oficiales. Al establecimiento de la ley antihuelgas en los transportes le seguirá su aplicación en la educación. Quitándole a los sindicatos el arma esencial para enfrentar al gobierno, Sarkosy podrá pasar a los ataques mayores. El principal, el ataque a los convenios colectivos. Sin resistencia La sanción de estas leyes pasó sin resistencia, tanto dentro como fuera del parlamento. Dentro del parlamento, el PS se permitió a una oposición puramente formal. La derrota en las elecciones ha provocado un estallido del partido, con renuncias, fracturas y expulsiones. La cooptación de una parte de los dirigentes del PS por Sarkozy (que designó como canciller, por ejemplo, al ‘socialista’ Bemard Kourchner), agudizó la crisis del ‘socialismo’. En la calle, siete centrales sindicales se limitaron a reunir menos de un millar de dirigentes en las puertas del parlamento unos días antes de la sanción de la ley antihuelgas. Amenazan con grandes moviliza-dones para septiembre (cuando finalice la época de vacaciones) o incluso más adelante (cuando Sarkozy ataque derechos que será: necesario defender con la huelga) -un latiguillo que repiten tanto las burocracias sindicales como Lutte Ouvriere. Europa Donde más resistencia desataron las medidas de Sarkozy fue entre sus ‘socios’ europeos, pero no los ‘laborales’, claro. La Comisión Europea criticó abiertamente su programa fiscal de reducción de impuestos a las grandes fortunas, a la luz del enorme déficit fiscal de Francia. El acuerde nuclear con Libre desató las directas críticas de Alemania, ya que sus empresas fueron eliminadas de ese mercado, el secretario del ministerio alemán de relaciones exteriores acusé a Sarkozy de “actuar en directo detrimento de los intereses alemanes” (Le Monde, 2/7). Las mismas críticas despertaron los contratos de ventas de armas, en detrimento de pulpos alemanes, británicos y norteamericanos. La derecha critica a Sarkozy A la vista de la nula resistencia sindical y política, un importante sector de la UMP (el partido de gobierno) criticó a Sarkozy por no haber “avanzado más” con las primeras medidas. Le reprochan no haber extendido la ley antihuelgas a la educación; no haber profundizado la reforma privatista de la universidad; no haber derogado la semana laboral de 35 horas; no haber reducido todavía más el empleo estatal; no haber tomado “medidas drásticas” para reducir el enorme déficit fiscal (agravado por la reducción de impuestos a la burguesía) a costa de los trabajadores. El Financial Times y Le Monde, en respectivas notas editoriales, baten el mismo parche; los “recules” de Sarkozy (Le Monde, 2/8). Sarkozy pretende que es el “Thatcher francés”. Sí es así deberá enfrentar grandes huelgas y hasta una guerra (Malvinas). Pero la crisis en que se encuentra Bush y las divisiones en la Unión Europea anticipan que no tiene fes recursos para semejante empresa. Por eso, deberá acentuar la política de cooptaciones. Para convertirse en un “nuevo Thatcher” a Sarkozy no le alcanza con enfrentar a la clase obrera francesa y, eventualmente, derrotarla. Deberá además enfrentar la crisis financiera que ha estallada en Estados Unidos y se extiende rápidamente a Europa. El “corralito” decretado por el banco Paribas -al suspender la cotización de sus fondos hipotecarios- pone en evidencia que la crisis ha llegado al corazón del sistema financiero francés. El espectacular déficit fiscal limita la capacidad del Estado francés de socorrer a los grupos golpeados por la crisis. AI mismo tiempo, la crisis financiera agrava las divisiones y fe lucha interna de la burguesía francesa y europea. En su intento (fe salvar al capitalismo francés, Sarkozy se ha encontrado con la crisis del capitalismo.

Luego de un año de movilizaciones de masas sin precedentes contra los intentos del gobierno derechista de Nueva Democracia de priva-tizar la educación mediante la introducción de una ley especial y cambios en la Constitución, el partido gobernante y todo el sistema político burgués enfrentan una enorme crisis de legitimidad. Una serie de grandes escándalos financieros que afectan directamente al Estado y a los funcionarios oficiales exacerbaron aún más esa crisis. Las tensiones políticas se están incubando rápidamente y el primer ministro Karamanlis, de Nueva Democracia, considera seriamente la eventualidad de convocar a elecciones anticipadas en el próximo otoño (boreal). Todos los partidos políticos ya están en una campaña electoral no declarada, con actos y reuniones en las principales ciudades de todo el país. La misma fiebre electoral afecta también a las dispersas fuerzas de la izquierda radical o revolucionaria (las organizaciones que se encuentran a la izquierda de los partidos burocrático-parlamentarios de izquierda, el Partido Comunista Stalinista-KKE y los antiguos eurocomunistas de Synaspismos/Coalición), particularmente en la medida en que esas fuerzas jugaron un papel protagónico en las luchas del último año. Las discusiones para formar un bloque electoral común de todas las fuerzas de la izquierda radical y revolucionaria han llevado a una aguda polarización entre el Mera (el Frente de Izquierda Radical, que incluye al NAR, la mayor organización de la izquierda en Grecia, así como también al Partido Revolucionario de los Trabajadores, EEK, la sección griega de la CRCI) y un conglomerado de grupos alrededor del SEK (Partido Socialista de los Trabajadores, el clon griego del SWP británico, una parte de la Tendencia Socialista Internacional, la TSI cliftista), asistido por dos grupos mayoritaria-mente estudiantiles, semi-maoístas, ‘althuserianos’, Aran y Aras, a los que se ha unido Okde/Espartaco, la sección griega del Secretariado Unificado. La línea divisoria entre los dos agolpamientos es el programa. El SEK y sus aliados proponen que “el amplio movimiento radical que ha participado en las luchas el año pasado se una en una lista electoral, enfatizando qué une a la izquierda radical, evitando todas las cuestiones programáticas que puedan dividir sus filas, para hacer sentir fuertemente nuestra presencia en la escena política con un buen resultado electoral, incluso con una posible representación parlamentaria”. El SEK no oculta que su proyecto es promover, mediante su intervención común electoral sobre una base programática mínima, la formación en Grecia de un partido amplio de varias tendencias del tipo del Respect en Gran Bretaña o el Psol en Brasil. En el lado opuesto, el Mera enfatiza la importancia, particularmente en las actuales condiciones de crisis, de un avanzado programa político de reivindicaciones transicionales para establecer la independencia política de la clase obrera -tanto frente a la burguesía como frente a las políticas colaboracionistas del KKE y Synaspismos- que ligue las necesidades inmediatas de las masas populares y explotadas con la lucha por el derrocamiento del capitalismo y sus gobiernos, para establecer el gobierno de los trabajadores y abrirla ruta a la emancipación socialista-comunista en el país e internacionalmente. El debate entre los dos agolpamientos o, mejor dicho, el conflicto entre estos dos proyectos incompatibles, ha crecido en junio y julio en una serie de actos públicos en Atenas y en sus barriadas obreras, en Salónica, Patras, loannina, Creta, etc. El Mera es-acusado de ser “ultimatista”y “sectario”; el NAR es acusado de ser “programáticamente demasiado purista”; y el EEK se ha convertido en el blanco particular de un ataque ruin, insultado como “ultraizquierdista, secta trotskista catastrofista con ilusiones mesiánicas (…) principal responsable de la intransigencia programática del Mera”. Del otro lado, la iniciativa del SEK/Aran/Aras/Espartaco es agudamente criticada por el Mera porque carece de cualquier perspectiva revolucionaria comunista de ruptura con el presente cuadro capitalista, porque rechaza plantear la cuestión del poder de los trabajadores y una salida socialista a la crisis. Para acomodar a todos sus aliados, incluso rechazan condenar el imperialista “plan Anan” para el establecimiento de un protectorado en Chipre (ahora reintroducido, en relación a las próximas elecciones en Chipre), porque Espartaco, la sección griega del Secretariado Unificado, apoyó ese plan en 2004. El programa mínimo (o no programa) de este agrupamiento deja abiertas las puertas, de acuerdo a las críticas del Mera, no sólo al frente “antineoliberal” de Synaspismos, sino también al llamado “frente único con el Pasok (socialdemocracia) – en otras palabras, a un gobierno de centroizquierda en Grecia. El SEK es particularmente acusado por su política de colaboración con el neoliberalismo burgués del Pasok, la oposición oficial. La sección griega de la IST copia cuidadosamente la línea de su contraparte británica en cada detalle. Cuando el SWP británico acostumbraba llamar a “votar al laborismo sin ilusiones” (ignorando los orígenes históricos diferentes y las diferencias estructurales entre la socialdemocracia británica y el inicialmente populismo burgués nacionalista del Pasok); ambos tuvieron y tienen todas dase de conexiones con parlamentarios y burócratas sindicales en el laborismo y en el Pasok, respectivamente. Cuando el SWP británico formó una “Coalición para parar la guerra” sobre una base burguesa pacifista, el SEK griego formó una “Coalición” de sí mismo con algunos políticos burgueses, principalmente con orígenes en el Pasok, con el miaño nombre, compartiendo el mismo pacifismo burguésy su ardiente adaptación a la burguesía musulmana; al promover la “unidad” sobre una base programática mínima para “incluir los más amplios estratos posibles” ambos están disponibles para cualquier frente popular de colaboración de clases en nombre del “frente único”. Ahora, después de la desastrosa experiencia de Respect en Gran Bretaña, sueñan con establecer algo similar en Grecia. La ludia continúa y es igual de caliente que el verano en esta parte del mundo.

El triunfo de los islamistas moderados mostró a su manera el repudio popular a las presiones militares. Crecimiento de los votos fascistas. Bloque parlamentario kurdo. El viejo proyecto de invadir el norte de Irak.EI panorama de la izquierda. Primera experiencia electoral de Lucha Obrera. La victoria del Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, islamista moderado, semiliberal) en las elecciones generales turcas del 22 de julio, eon el 46,5 por ciento de los votos (34 por ciento en 2002), muestra claramente que la mayoría de la población rechaza sin ambigüedades la injerencia militar en la política del país. Como se sabe, el 22 de abril, tres meses antes de los comicios, las Fuerzas Armadas produjeron una chirinada amenazante con advertencias sobre el “fundamentalismo” y el "terrorismo”, y sostenían su disposición a intervenir -esto es, a golpear- "si fuera necesario… en defensa del secularismo” (Human Rights Watch, 19/7). En ese estado de cosas, la avalancha de votos en favor del AKP propinó una derrota resonante a los defensores del golpe. Detrás del partido del actual primer ministro Recep Tayyip Er-dogan, que ganó 341 de los 550 escaños del parlamento, se ubicaron el socialdemócrata sui generis Partido Popular Republicano (CHP), que obtuvo 112 bancas con el 20,9 por ciento de los sufragios y, en tercer lugar, los fascistas del Partido de Acción Nacionalista (MHP), con el 14 por ciento de los votos y 70 lugares en la Cámara. Además, otra novedad de importancia se produjo en ese panorama político explosivo: la irrupción electoral del prokurdo Partido de la Sociedad Democrática (DTP), que consiguió 23 legisladores y cuyo líder, Ahmet Türk, rechazó terminantemente calificar de "terrorista” al Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK), organización guerrillera que opera en el norte de Irak por la autodeterminación nacional. Aquella proclama militar del 27 de abril forzó la convocatoria a elecciones anticipadas, pero la victoria del AKP devuelve la crisis a su punto de partida. Es más, las poderosas contradicciones que presenta todo el cuadro político burgués anuncia que esa crisis conocerá una nueva erupción. La especie de que el AKP es un partido “fundamentalista” que intenta aplicar en Turquía la “sharia” (ley islámica) constituye una mentira grosera originada en las oficinas de prensa de Kemal Dervis,"zar económico” del país, ex ministro de Asuntos Económicos, miembro de la Convención Europea, funcionario del Banco Mundial y actual administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Por el contrario, desde su nacionalismo burgués de corte islámico, el AKP ha girado continuamente hacia una política decididamente liberal. La encrucijada kurda Siempre presente en la agenda de la política turca desde 1984, cuando el PKK comenzó su guerra de guerrillas, la cuestión kurda ha adquirido nueva magnitud desde el estallido de la guerra imperialista en Irak. Tanto el líder kurdo en Irak, Massoud Barzani, como el presidente del gobierno títere de ese país, Jalal Talabani, colaboran con los invasores norteamericanos y, así, han colocado a Washington ante una nueva contradicción, ahora entre Turquía, su viejo aliado en la OTAN, y sus nuevos aliados kurdos en Irak, a quienes el ejército turco pretende atacar. En Ankara, el chauvinismo ha sido deliberadamente impulsado por las Fuerzas Armadas y la burguesía más concentrada, especialmente durante los últimos tres años, y el proyecto de una incursión militar en el norte iraquí ha sobrevolado la política nacional casi todo el tiempo. El primer ministro Erdogan y el jefe del Estado Mayor del Ejército, general Yasar Büyükanit, sostuvieron un encuentro a puertas cerradas para discutir las consecuencias de la rebelión militar del 22 de abril. Lo conversado allí ha sido mantenido por los dos hombres en el secreto más estricto pero, es muy posible que hayan tratado de acordar los términos de un modus vivendi sustentado en el siguiente intercambio: los militares no atacan al AKP y el AKP consiente que los militares ataquen a los kurdos iraquíes. Esa operación militar, por cierto, envenenaría en extremo la atmósfera política y, probablemente, derivaría en la expulsión de los legisladores kurdos del parlamento, quienes serían inmediatamente señalados por colaborar con el PKK. Por supuesto, en tal caso, será obligación de todo marxista defender a esos diputados si sus derechos políticos resultan conculcados. La izquierda en ruinas La izquierda turca ha estado muy lejos de las tareas de la hora. El sector mayoritario de ella ha repetido como loro la línea de los militares en su hostilidad al AKP y al movimiento kurdo. Tal el caso del stalinista ex Partido Maoísta de los Trabajadores, devenido en Partido Comunista Turco tras la liquidación del PC histórico durante los años de la “perestroika” rusa. Otro sector ha recaído en la política pueril del abstencionismo electoral, como, por ejemplo, el Partido Popular de la Liberación (THKP-C) -otra organización stalinista populista sin raíces históricas profundas- y algunos otros grupos adheridos al maoísmo. Una tercera franja, altamente sensible a las amenazas de golpe militar y al crecimiento del fascismo, perdió la oportunidad de emplear el proceso electoral para constituir un frente de respaldo a la lucha de la clase obrera y al movimiento turco. En cambio, ellos prefirieron una caricatura del cretinismo parlamentario. Durante todo el último año, Lucha Obrera ha señalado los vínculos íntimos entre las amenazas de golpe y el crecimiento fascista. Esa prognosis se encontró con una conspiración de silencio por parte de la izquierda. Sin embargo, el desarrollo de los acontecimientos la ratificó con amplitud. La declaración militar del 22 de abril llevó a la práctica las amenazas de golpe, y el considerable aumento de los votos a “los lobos grises” mostró que el impulso al chauvinismo era política común de militares y de fascistas. La mayor parte de la izquierda sólo vio la realidad con la proclama militar del 22 de abril e instantáneamente tomó la consigna de organizar un “tercer frente” entre trabajadores y luchadores kurdos, contra la oposición proimperialista y el islamismo burgués. Esa idea había sido difundida insistentemente por Lucha Obrera. Sin embargo, todo quedó en una pequeña promesa. Lucha Obrera, tras pelear hasta el final por la organización de un bloque de izquierda real, con una plataforma electoral orientada al desarrollo de la lucha de clases y la satisfacción de las demandas kurdas, decidió presentar su propia candidatura en Estambul, en el corazón de la lucha obrera turca. El mensaje dado por esa candidatura fue muy claro: ¡No hay “tercer frente” sin lucha de clases! El éxito de nuestra campaña -fue la primera vez que LO interviene en elecciones- está dado por el aprovechamiento a fondo de la oportunidad de tomar contacto con numerosos trabajadores, nuestras visitas a los barrios obreros, a las fábricas, y nuestra presencia permanente en las huelgas. Por supuesto, no obtuvimos un gran número de votos, pero llevamos el mensaje de la independencia de clase al corazón del proletariado turco. En ese sentido, la campaña cumplió sus objetivos. Toda la realidad nacional muestra la necesidad del partido revolucionario de la clase obrera, que luche por la independencia de la clase de cualquier sector burgués. Sólo cuando los obreros y trabajadores turcos entren en cuanto tales en la escena política del país, la crisis podrá resolverse en un sentido progresivo; es decir, revolucionario.

La Coordinadora por la Refundación de la IV Internacional repudia las maquinaciones imperialistas-sionistas contra el pueblo palestino. Defendemos incondicionalmente a la población de Gaza de la agresión militar y el cerco de hambre. Reclamamos el inmediato retiro de las tropas sionistas de Cisjordania; el cese del bloqueo a Gaza; la demolición del Muro de todos los bloqueos carreteros, y el desmantelamiento de las colonias sionistas. Defendemos el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino y el libre retorno de los refugiados a sus hogares. Planteamos la necesidad de una lucha común del movimiento nacional palestino y los trabajadores y pobres judíos israelíes contra el Estado sionista, que despoja a los palestinos y condena a los judíos israelíes a la miseria y a las aventuras militares. Reivindicamos la destrucción del Estado sionista y el establecimiento de una república socialista, democrática y laica en el territorio histórico de Palestina, en el cuadro de una Federación Socialista de los pueblos de Medio Oriente.

“Conferencia de paz” para Medio Oriente La “conferencia de paz de Medio Oriente” – anunciada por Bush para noviembre – debería alumbrar, según sus impulsores, el nacimiento de un “Estado palestino”. Se trata de una nueva negación, por parte del imperialismo y el sionismo, con la complicidad de la propia dirección nacionalista palestina, de los derechos nacionales elementales del pueblo palestino. En enero de 2006, Mamas ganó las «lecciones de 3a Autoridad Palestina por un margen aplastante. M nuevo gobierno, encabezado por el primer ministro Ismail Maniyéh, fue forzado a co-gobernar con él presidente Mahmud Abbas, del derrotado Fatali. Con -el respaldo de Estados Unidos e Israel, Abbas rechazó traspasar al primer ministro Haniyehel control de los urbanismos de seguridad, a pesar de que estaba obligado a ello por la legislación. Desde entonces, los territorios palestinos fueron so-metidos a una brutal asfixia económica para derrocar a Hamas del gobierno. En la Franja de Gaza, completamente cercada, la población fue condenada a la miseria absoluta. Al mismo tiempo, Estados Unidos e Israel armaron a las milicias de Fatah. Al frente de estas milicias colocaron a Mohamed Dahlan, antiguo enlace de los servicios palestinos con la CIA y los servicios israelíes. Se combinaron los bombardeos de los sionistas con los alagues de las milicias de Dahlan. La derrota israelí en la guerra contra el Líbano i (julio/agosto de 2006) reforzó las provocaciones contra Hamas. En marzo, la diplomacia saudita logró que se estableciera un "gobierno de unidad nacional” de Hamas y Fatah. Estados Unidos e Israel lo boicotearon: reforzaron el bloqueo y el “gobierno de unidad” se hundió. Se aceleraron entonces los preparativos para el golpe de Estado contra Hamas; su brazo ejecutor serían las milicias de Dahlan. Cuando el jefe del golpe se encontraba en Egipto ultimando sus detalles, Abu Shbak, él jefe de las milicias de Fatah en Gaza, lanzó una “mal concebida prueba de fuerza” (The Economist, 14/6). Las milicias de Hamas, luego de pocos días de combate, expulsaron a Fatah de Gaza. Lo que toda la prensa mundial califico como un Agolpe de Estado de llamas” fríe, en realidad, un acto de autodefensa contra el golpe. Luego del pantano de Irak y la derrota estratégica del Libano, el fracaso del golpe contra Hamas fríe una nueva y humillante derrota para el imperialismo y los sionistas. División de los Territorios Aunque Hamas cesó todo ataque a Israel, él bloqueo contra Gaza se hizo todavía más asfixiante. La economía de la Franja se ha derrumbado. Las pocas industrias y establecimientos agrícolas que habían sobrevivido al bloqueo iniciado en él 2006, debieron cerrar. La desocupación supera el 80%; para su alimentación, la población depende enteramente de la “ayuda humanitaria” que sólo llega cuando lo autorizan Israel o Egipto. “Los funcionarios de las Naciones Unidas informan quelasau-toridades de la Autoridad Palestina (es decir, Abbas y Fatah) son más insistentes en aislar económicamente a Gaza que los propios israelíes” (Financial Times, 6/8). “La economía de Gaza se encuentra en un estado de total colapso”, reconoció un alto funcionario israelí. En Cisjordania se estableció un “gobierno provisional” encabezado por Salam Fayyad, ex representante palestino ante el FMI. Fatah no se sostuvo en el poder en Cisjordania por el respaldo popular (también allí Hamas había ganado las elecciones de una manera aplastante) sino gracias a la abrumadora presencia militar israelí. “Negociaciones de paz” Ante el temor de que se hundiera el gobierno de Abbas, Estados Unidos, Europa e Israel salieron a defenderlo. Se giraron millones de dólares que habían sido retenidos ilegalmente, se liberaron algunos presos políticos y recomenzaron los contactos diplomáticos. En este cuadro de conjunto -derrota del golpe imperialista-sionista de Hamas, impasse en Irak, derrota sionista en Líbano, debilidad extrema del gobierno de Abbas- Bush lanzó la convocatoria a una “Conferencia de Paz en Medio Oriente”, que debería establecer un “Estado palestino”. Inmediatamente fue respaldado por Israel, Egipto, Jordania y la Unión Europea, los conspiradores del golpe fracasado. Para reforzar la ‘perspectiva diplomática’, Bush designó al renunciado ex primer ministro británico Tony Blair como representante del “cuarteto” (Estados Unidos, Unión Europea, Rusia y la ONU) en el Medio Oriente. Su tarea es supervisar las ‘reformas’ del Estado palestino, es decir la adecuación de la Autoridad Palestina a los dictados del imperialismo. La designación de Blair fue criticada por los propios europeos, que denunciaron la exclusión de la Unión Europea. En una nota editorial, El País (20/7) de España critica a la canciller norteamericana porque “Rice ha expresado una negativa más cortante que cortés a los deseos de la UE de que Blair (…) junto al jefe de las Relaciones Exteriores europeas, Javier Solana, lleve a las partes a la paz. Washington pretende en cambio microdirigir un proceso (…) en descarado apoyo a Tel Aviv”. El diario español extiende las advertencias europeas: “si no se despejan estos equívocos (…) la conferencia será inútil”. “Acuerdo de principios” Abbas y el primer ministro israelí han comenzado reuniones preparatorias de la “Conferencia de Paz”. Olmert ofrece un “acuerdo de principios” para la creación de un “Estado palestino” en Gaza y el 90% de Cisjordania, una promesa vacía de contenido. “Según esta iniciativa, se aplazarían para el final del proceso (…) pero sin concretar un calendario (…) los temas más espinosos (refugiados palestinos, situación de Jerusalén y fronteras definitivas)”. “Las dos partes comenzarían negociaciones sobre las características del Estado palestino, sus instituciones oficiales, su economía y sus regulaciones aduaneras con Israel” (El País, 26/7). Israel se adjudica el derecho a determinar las características del “futuro Estado palestino”, que quedará comprimido entre el Muro construido por Israel y el río Jordán, y será económicamente in viable. Un “prominente miembro de Fatah” anticipó cuál sería la ‘oferta’ israelí: “Nos ofrecerán un Estado dentro de los límites del Muro de seguridad israelí, lo que significará perder amplios sectores de Cisjordania. Los asentamientos israelíes permanecerán. Nuestras fronteras serán controladas por Israel. No se nos permitirá tener un ejército. No habrá derecho al retomo (de los refugiados) y los israelíes se quedarán efectivamente con Jerusalén. Esto será presentado como un acuerdo temporario. Pero lo temporario puede volverse permanente” (Financial Times, 7/8). Omitió mencionar otros puntos que han trascendido: las fuentes de agua quedarán, como hasta ahora, en manos israelíes; Craza y Cisjordania serán unidas por un túnel… bajo control israelí. Este “prominente miembro de Fatah” reconoce que aceptar esto sería un “suicidio político” para Abbas y Fatah (ídem). Consultado sobre esta ‘oferta’, un “alto funcionario israelí” respondió: “los palestinos son demasiado optimistas. Ni siquiera les van a ofrecer eso” (ídem). Según este “alto funcionario”, Israel mantendrá los bloqueos carreteros porque “el ejército no está dispuesto a tomar el riesgo de devolver el control de la seguridad de Cisjordania a manos palestinas” (ídem). Hani al-Masri, un analista político en Cisjordania, afirma que “quieren cambiar el nombre de la Autoridad Palestina por el de Estado palestino. Pero esto no cambiará nada en el terreno. Será un estado ocupado” (Financial Times, 30/7). El “Estado palestino” que salga de la conferencia imperialista-sionista -si es que sale alguno- será la negación de todos los derechos nacionales del pueblo palestino.

El gobierno de Hugo Chávez busca más mecanismos de regimentación y control de la clase obrera. Reguero de conflictos sindicales en todo el país. El gobierno de Hugo Chávez procura introducir una novedad histórica: la creación de “consejos obreros”… por ley. Aunque la idea recién tiene estado legislativo y se encuentra en debate de comisiones, esos “consejos” ya empiezan a proliferar, impulsados por organismos públicos como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Entretanto, en el Parlamento se discuten dos proyectos en ese sentido: uno del Frente de Trabajadores Boliviarianos (FBT) y otro del Partido Comunista. Si durante toda una época (1958-1998) el partido Acción Democrática tuvo el control de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), ahora Chávez busca todos los mecanismos posibles para tener él mismo sindicatos dóciles. Los “consejos de trabajadores” en formación serán otra de esas herramientas y no la menos importante, al punto que tendrán amparo legal y potestad para decidir una huelga. O, mejor dicho, no habrá huelga legal sin el permiso de esos organismos propugnados por el Ministerio de Trabajo. Entretanto, con “consejos” o sin ellos, se suceden conflictos obreros en todo el país. Movimiento obrero en lucha En la región de Guayana, donde funcionan empresas básicas o de bienes primarios como la extracción y refinación de hierro y aluminio, está la compañía más grande del país: Siderurgia del Orinoco (Sidor), cuyos principales accionistas son el Estado venezolano y el grupo argentino Techint. Antes de su privatización, algunas acciones fueron entregadas a una franja de trabajadores, principalmente a retirados. Hace poco, Chávez amenazó con nacionalizar Sidor, pero poco después -tras recibir un llamado telefónico de Néstor Kirchner- sus portavoces anunciaron que eso no sucedería. Los trabajadores de la planta permanente, organizados en el sindicato Sutis, y los subcontratados, se movilizan por la expropiación de la empresa. Unos y otros denuncian las condiciones de sobreexplotación e inseguridad en las operaciones de la compañía. En Maracay, capital del estado de Aragua -junto con el estado Carabobo constituyen la región donde se asienta la mayoría de las manufactureras del país- se desarrolla el conflicto más importante de los últimos años, sobre todo por el nivel político que ha logrado: la ocupación y puesta en producción por sus trabajadores de Sanitarios Maracay. Al cerrar, esa empresa tenía 800 trabajadores. Ahora, los compañeros han rechazado la propuesta gubernamental de organizar una cooperativa y convertirse en socios minoritarios del Estado, para lo cual debían renunciar al sindicato. La lucha de los trabajadores prosigue y se ha conseguido, junto con la UNT regional, que se lanzara un paro de un día en el Estado para respaldar el conflicto. También en Maracay hubo un referéndum entre los trabajadores del principal diario de la región, El Siglo, acerca de qué sindicato debía representarlos. En esa pugna venció Sinbotrasiglo, en contra del “sindicato” patronal. Empero, el dueño de la publicación, Tulio Manasés Carriles, se negó a reconocer el triunfo de los trabajadores y fue respaldado en esa postura por los funcionarios del Ministerio de Trabajo, los mismos que impulsan los “consejos de trabajadores”. Enseguida, tres periodistas del diario fueron despedidos porque, según gritó el mismo patrón, “aquí se hace lo que me da la gana porque para eso yo lo mando al Didalco” (Didalco Bolívar Graterol es el gobernador de Aragua). A veinte minutos de Caracas, en Guarenas, estado de Miranda, el sindicato Suprofard de Acumuladores Duncan, empresa beneficiada con el proyecto gubernamental “Venezuela Móvil”, está en conflicto desde octubre de 2006, porque, apenas esa organización sindical presentó su anteproyecto de convenio colectivo de trabajo, la empresa dejó de ingresar materia prima en la planta y trasladó la producción a Cagua (estado de Aragua). La planta de Guarenas empezó a ser desmantelada. En Valencia, otra zona manufacturera, se desarrollan, entre otros, conflictos en Empresas Diversas 2000 (empacadora de autos), Asados Los Miñotos (restaurante), Cofbel (mangueras y correas para automóviles y para la industria petrolera) y Rualca (riñes de aluminio). La presión patronal y la colaboración de funcionarios del gobierno forzaron a trabajadores de algunas de esas firmas a ceder, doblegados por el desgaste y por el hambre. Petroleros Los trabajadores de PDVSA, la petrolera estatal, se ven entrampados en un pacto antiobrero anudado entre el directorio de la empresa, el Ministerio de Trabajo, los patrones privados de las empresas mixtas y la burocracia sindical. El contrato colectivo de los trabajadores petroleros venció el 21 de octubre del año pasado. Sin embargo, por un acuerdo entre PDVSA y la burocracia -lleva varios años sin convocar a elecciones- se acordó una prórroga, vencida el 21 de enero. Han transcurrido cinco meses y el convenio sigue pendiente. Los trabajadores de base no reconocen a la actual comisión negociadora del convenio, que ya aceptó quitar de la convención colectiva la tarjeta electrónica de alimentación (TEA) y dio su visto bueno para que los préstamos de vivienda se rijan por las normas internas de PDVSA -es decir, a discreción de la empresa y de acuerdo con sus parámetros- en vez de ser parte de la negociación de la contratación colectiva. En pocas palabras: lo que antes eran conquistas obtenidas por la lucha obrera, ahora quedan al arbitrio patronal. Además, los petroleros denuncian la pretensión de postergar las elecciones de su federación hasta después de que la burocracia y PDVSA pacten el nuevo contrato. Se trata de una maniobra vil, que atenta contra elementales garantías democráticas y violenta la soberanía e independencia de los trabajadores. Privatizaciones El gobierno privatiza los hipódromos. Ya ocurrió en el Zulia y ahora preparan la misma jugada en Valencia y Caracas. Primero se saneó la administración hípica, se pagaron las cuentas pendientes y se recuperaron infraestructuras. Luego se empezó a pagar a los empleados con cheque en mano y gran eficacia, muy distinta a la desidia que llevó al colapso el negocio hípico. Ahora, cuando la explotación de hombres y de caballos vuelve a ser rentable, el Estado la entrega en bandeja a un pequeño grupo, sin licitación conocida. El trabajo de limpieza de establos y de instalaciones administrativas se lo darán a cooperativas, para hacer creer que el pueblo participa. Así se transfiere toda la explotación de la jugada, la transmisión de las carreras por el circuito interno, la explotación de la señal de satélite y el manejo completo de las apuestas a un grupo conocido como “Los Galápagos”, que pagará un canon al Instituto Nacional de Hipódromos. La revolución por aquí no pasó La revolución bolivariana no frecuenta los sitios donde el capital manda al trabajo. La lucha por la transformación social tiene que ser obra de la clase obrera. Su tarea es construir el partido de los trabajadores, tomar el poder político y eliminar a la clase social que vive de nuestro trabajo, la burguesía.

La movilización popular oaxaqueña ha recomenzado. A pesar de la salvaje represión a la rebelión del año pasado -con más de veinte muertos y desaparecidos y cientos de detenidos- el movimiento popular sigue en pie. A mediados de julio, al celebrarse la Guelaguetza (una fiesta indígena tradicional, convertida en una atracción turística), la APPO (Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca) y el sindicato de maestros resolvieron boicotear los festejos oficiales y realizar, en una fecha distinta, una “Guelaguetza popular”. La movilización fue reprimida con violencia por el gobierno estadual de Ulises Ruiz con el total apoyo del gobierno federal de Felipe Calderón. En una acción conjunta, las fuerzas policíacas espéciales del gobierno de Ulises Ruiz y el Ejército Mexicano con la Policía Federal Preventiva, detuvieron a 60 simpatizantes de la APPO (entre ellos, 4 mujeres y 6 menores de edad), asesinaron a Emeterio Merino Cruz e hirieron a 40 manifestantes. Estos enfrentamientos muestran que el movimiento popular no da señales de ceder y va camino a la reorganización. Luego de la represión de fines de 2006, han tenido lugar tomas de edificios públicos, carreteras, plantones (acampes) y distintas acciones que desafían al gobierno estatal. Crisis política La represión del 2006 fracasó en imponerle una derrota profunda y prolongada al movimiento popular. Fracasó, también, en estabilizar al gobierno del odiado gobernador Ulises Ruiz. El gobierno acaba de sufrir una espectacular paliza en las elecciones para la renovación de la Legislatura estatal, celebradas el domingo 5 de agosto. A pesar de la compra de votos, el ‘acarreo’ de votantes y las intimidaciones a la población (en particular en las aldeas más alejadas de la capital), se registró una impresionante abstención, del 79%. Se trata de un récord histórico, que duplica la habitualmente alta abstención en Oaxaca (que promedia el 40%). Sobre 2,4 millones de votantes habilitados, la lista del gobierno obtuvo (con fraude) apenas 235.000 votos. La abstención electoral es, habitualmente, un síntoma de apatía y aun de atraso político; más todavía cuando ninguna dirección popular llamó a la abstención o al boicot electoral. En este caso, sin embargo, la duplicación de la abstención respecto de la última elección estadual está indicando, además del repudio popular al gobernador, la división de las camarillas que han gobernado el estado por décadas: “El origen de la crisis de Oaxaca se localiza en la ruptura de los acuerdos políticos en las familias del poder. El frágil modelo que surgió en 1977 con la caída del gobernador Manuel Zarate Aquino llegó a su fin cuando las cúpulas del poder priísta se jalonearon la cobija del poder” (El Oaxaqueño, 5/8). La abstención masiva es también un golpe a la política del gobierno nacional de Felipe Calderón. La represión federal y el respaldo de Calderón a Ruiz no han cerrado la crisis política del estado; luego de las elecciones, la crisis es más profunda que nunca. Como reconoce el editorialista de un diario local, “No hay gobierno, no hay oposición, no existen acuerdos mínimos, no se percibe un plan de gobernabilidad, no le importa a nadie” (El Oaxaqueño, 5/8). La APPO y la crisis política La masiva abstención electoral fue, también, un golpe para la dirección política de la APPO. La APPO había llamado al “voto castigo contra el PRI y el PAN” (los partidos de Ulises Ruiz y Felipe Calderón, respectivamente). Sin declararlo abiertamente, la APPO llamó a votar al PRD, el partido centroizquierdista encabezado por Andrés López Obrador. Esto, a pesar de que ningún candidato del PRD se pronunció por la libertad de los presos políticos o el cese de la represión en el estado. La posición de voto de la APPO parece haber sido el resultado de un compromiso político entre dos bloques internos. Los partidarios del PRD y los stalinistas dentro de la APPO pretendían que la Asamblea se integrara a la lista del PRD (que ofrecía dos lugares en su lista a los representantes de la APPO). Otro sector rechazó la participación de la APPO en las elecciones e, incluso, que llamara a votar abiertamente por el PRD. El llamado a boicotear las elecciones -fraudulentas, realizadas bajo un clima de terror, y que se dirimían entre distintos candidatos de los explotadores- hubiera reforzado enormemente a la APPO a los ojos de los explotados, aun a costa de romper políticamente con el PRD. Las elecciones expusieron las limitaciones políticas de la dirección de la APPO. Los explotados de Oaxaca no siguieron el llamado de la APPO a castigar en las urnas sólo al PRI y al PAN; también “castigaron” al partido de la centroizquierda mexicana. La represión no ha doblegado al valiente pueblo de Oaxaca. El mandato de las elecciones del 4 de agosto es claro: ¡Que se vaya Ulises Ruiz!

El Frente Amplio gobierna Uruguay desde el 19 de marzo de 2005. En estos dos años, firmó un tratado de comercio e inversiones con Estados Unidos (Tifa), defendió a capa y espada la instalación de Botnia y Ence (y la destrucción de la pequeña producción rural en beneficio de las grandes plantaciones de eucaliptos para las pasteras), mantuvo las tropas uruguayas en Haití, pagó anticipadamente la deuda al FMI, recibió al genocida Bush como un héroe (mientras encarcela y procesa a quienes repudiaron su visita). En estos mismos dos años, el derrumbe de las condiciones de vida de las masas trabajadoras es descomunal. La inflación y los tarifazos destruyeron el salario; el mínimo apenas cubre un 10% de la canasta familiar. El 70% de los hogares tiene ingresos inferiores a ¡media canasta familiar! La participación de los salarios en el ingreso nacional bruto apenas alcanza el 21%… cuando entre 1998 y 2002 (bajo los gobiernos blanqui-colorados) promediaba el 31%. Aunque la desocupación alcanza al 10% de la población trabajadora, el gobierno ha reducido a la mitad los fondos destinados a los planes sociales y ayuda de emergencia… mientras paga puntualmente la deuda a la banca acreedora. Derrumbe de la burocracia frenteamplista En este cuadro, las elecciones realizadas en una serie de grandes sindicatos son un indicador de cómo procesa la clase obrera uruguaya la experiencia del gobierno pro-impe-rialista y antiobrero del Frente Amplio. En todas las elecciones realizadas en los últimos meses se ha verificado un derrumbe de la burocracia sindical ligada al gobierno. En Afcasmu (salud), las tres listas que representan más directamente al gobierno (PS, PC y MPP) se unieron en una lista única; pese a ello, cayeron de 1.200 votos (hace un año) a 685. En bancarios, la fracción más francamente sometida al gobierno (que dirige el sindicato desde hace 22 años) perdió por primera vez la mayoría absoluta del Consejo Central, en beneficio de otras corrientes frenteamplistas que adoptan un discurso más “crítico” respecto del gobierno. En Adeom (municipales de Montevideo), la lista gubernamental cayó de 1550 a 821 votos en apenas dos años. En la elección realizada entre los tercerizados del Hospital Pereira Rosell (uno de los más importantes de Montevideo), la lista apoyada por la burocracia de comercio (que agrupa a los tercerizados… ¡de los hospitales!) y el PIT-CNT (la central sindical) perdió a manos de una lista de izquierda (que sacó el 60% de los votos). Lo mismo había sucedido a fines del año pasado en el Instituto del Niño, donde se vinieron abajo las listas identificadas con el gobierno (la patronal) y las enfrentadas a él sacaron el 60% de los votos. Otra evidencia del retroceso de la burocracia fueron los actos del 12 de Mayo. El convocado por el PIT-CNT, con la participación de todo el gabinete frenteamplista, reunió a menos de 3.000 personas. El acto convocado por la “Tendencia Clasista” reunió a más de 1.500 compañeros. Divisionismo ‘radical’ El derrumbe de la votación de la burocracia frenteamplista no ha llevado a la recuperación de las organizaciones sindicales por el clasismo. Esto es la consecuencia de una sistemática política de división de la oposición sindical llevada adelante por las corrientes sindicales impulsadas por la “26 de Marzo” y la “Corriente de Izquierda” (el ala “radical” del Frente Amplio). La función política del divisionismo de los “radicales” es romper toda unidad de acción con el Partido de los Trabajadores. En salud dividieron la lista opositora, aun a sabiendas de que esto podía significar que la burocracia ganara el sindicato. Aunque las dos listas de izquierda sumaron 800 votos, la dirección del sindicato quedó en manos de los agentes del gobierno, que con una lista única sacaron 600 votos. En Adeom rechazaron sistemáticamente presentar una lista opositora unificada; la oposición se presentó en cuatro listas diferentes. En bancarios, los “radicales” del FA armaron un frente con un sector burocrático en retroceso, cuya función era provocar la salida del frente único opositor de la lista impulsada por el PT. El resultado fue desastroso: la lista de los “radicales” obtuvo 600 votos menos que en la elección anterior (hace dos años). Así el retroceso de la burocracia oficialista del gremio fue capitalizado por el PC. El divisionismo de los radicales no obedece a razones circunstanciales ni a erróneos cálculos electorales. En salud, por ejemplo, se declararon “indiferentes” ante el hecho de que la división de la oposición permitiera a la burocracia ganar el sindicato. Las corrientes “radicales” del FA anunciaron que “no votarán por Astori o por Mujica” en las próximas elecciones (¡en 2010!) pero se niegan a romper con el Frente Amplio. Su política de división de la oposición sindical busca impedir que surja una alternativa política independiente al FA. Cuanto más se “radicaliza” el discurso de los “radicales”, más fuerte es su oposición al surgimiento de un polo unificado de oposición de clase al gobierno. En estas elecciones, su principal enemigo fue el PT, no la burocracia frenteamplista. Puso este objetivo reaccionario por encima de la necesidad de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia, es decir, por encima de los intereses generales del movimiento obrero. Anticipo Los resultados de las elecciones sindicales, la movilización del 19 de Mayo (y antes, la movilización de diez mil personas contra Bush y el gobierno del FA, convocada por la “Coordinadora Antiimperialista”) muestran una incipiente ruptura de la base obrera con el gobierno frenteamplista, que se produce en un cuadro de relativo reflujo del movimiento de lucha de los trabajadores. La izquierda “radical” es un factor de contención de esta ruptura. (En base a informaciones publicadas por Tribuna de los Trabajadores)

La ‘reforma tributaria’ impulsada por el Frente Amplio, que entró en vigencia el pasado 19 de julio, realiza los viejos planteos fiscales del FMI: ampliar la “base tributaria” para seguir reciclando la deuda pública y el gerenciamiento internacional de la acumulación capitalista en el país. Antes de la ‘reforma’, más del 75% de los ingresos fiscales provenían de impuestos al consumo y al salario, mientras que más del 60% de los ingresos fiscales se destinaban al pago de la deuda externa y a cubrir el déficit de la seguridad social creado por la evasión de aportes patronales. Luego de la ‘reforma’, nada de esto habrá cambiado. La ‘reforma tributaria’ fue uno de los ejes centrales de la campaña electoral del FA. Danilo Astori, ministro de Economía y posible candidato del FA en las presidenciales de 2009, señaló reiteradamente que su objetivo era lograr una “mayor equidad contributiva”, “simplificar el régimen impositivo” y “promover la inversión productiva”. La reforma reduce, o en algunos casos elimina, una serie de impuestos que pagan los capitalistas, en particular los bancos. El nuevo régimen impositivo reduce la alícuota general del IVA (del 23 al 22%) y la alícuota sobre los artículos de primera necesidad (del 14 al 10%). En una situación de inflación internacional, en especial de productos básicos, esta medida no reducirá los precios que pagan los consumidores. Pero lo esencial de la reforma del IVA es que extiende el cobro del impuesto a una serie de artículos de primera necesidad hasta ahora exentos, como el agua y la leche. No hay, entonces, una reducción de los impuestos al consumo pagados por los trabajadores. Uno, porque junto con la inflación crece el monto que se paga de IVA (y por lo tanto crece la proporción del salario del trabajador que debe destinarse al pago de impuestos). Dos, porque ahora se deberá pagar impuestos sobre todos los productos, incluidos los más elementales. El otro punto central de la ‘reforma’ frenteamplista es el IRFP (impuesto al salario), que grava los salarios superiores a 8.200 pesos (un poco más del 25% de la canasta familiar, de 30.000 pesos) y las jubilaciones superiores a los 9.800 pesos. Es una confiscación sobre salarios que están por debajo del nivel de subsistencia. Inicialmente, el número de trabajadores que deberán aportar al IRPF se reduce; ese fue el gran argumento que utilizó el FA, y en particular su ‘ala izquierda’, para apoyarlo. Pero es falso. Los trabajadores de menores ingresos han sido excluidos del pago sólo en forma temporaria; conforme aumenten sus salarios, una sección tras otra de la clase obrera comenzará a tributar. Además, los que aportan ahora (y los que comiencen a aportar cuando sus salarios alcancen el mínimo) sufrirán descuentos mayores que en el régimen anterior. Los cálculos oficiales estiman una duplicación de la recaudación del impuesto a los salarios, de 150 a 324 millones de dólares. La ‘equidad’, según el FA La ‘reforma’ frenteamplista refuerza el carácter confiscador del salario del régimen impositivo uruguayo. Tras la ‘reforma’, los capitalistas pagarán 90 millones de dólares menos; los asalariados y jubilados, 130 millones más. Bajo el FA, como bajo los blanqui-colorados y los militares, el funcionamiento del Estado, el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas seguirán siendo pagados por las mayorías explotadas. ¿En qué consiste la ‘mayor equidad’ entonces? El reforzamiento de la carga impositiva a los trabajadores con ‘mejores’ salarios, más calificados, y a las capas medias de la población, simplemente ignora que estos ‘mejores’ salarios… están en la mayoría de los casos por debajo de la canasta familiar. Según un estudio de la Facultad de Ciencias Sociales, el 94% de los hogares tiene ingresos inferiores a la canasta familiar. Es un impuesto a la miseria social. Para el FA, como para todo el centroizquierdismo, la ‘equidad impositiva’ no consiste en gravar al capital y terminar con los impuestos al consumo y al salario. Consiste en ‘redistribuir la miseria’. No hay en esto ninguna ‘sensibilidad social’. Un sistema impositivo que pesa sobre los sectores de menores recursos, no puede garantizar el pago de la deuda externa y la continuidad del subsidio a los capitalistas. Al gravar los salarios más altos y a la clase media, el FA busca ‘estabilizar’ el sistema impositivo, es decir, asegurarse los recursos para cumplir con los acreedores internacionales y los capitalistas. El rechazo de los trabajadores La burocracia sindical apoyó firmemente la ‘reforma tributaria’. Juan Castillo, principal referente sindical del PCU, frecuentó la televisión para apoyarla. Lo mismo hicieron los ‘izquierdistas’ del FA: la reforma tributaria y el presupuesto que establece el pago de la deuda externa fueron votados por la totalidad de los diputados y senadores del Frente Amplio, incluyendo a los representantes del Partido Comunista. A pesar de ello, la ‘reforma’ comienza a ser rechazada por los trabajadores. Una asamblea de delegados de la Cofe (Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado), el sindicato con mayor número de afiliados, la rechazó en forma unánime. Algo similar sucede en los municipales de Montevideo y en los bancarios del Estado; la “rebelión” comienza a extenderse, a medida que se aplican los impuestos (a partir del salario de julio de 2007). La ‘reforma tributaria’ confirma que el FA es un enemigo jurado de la clase obrera. Los trabajadores deben romper con el Frente Amplio y poner en pie una alternativa obrera y socialista.

El fracaso de la reforma del sistema de transporte urbano de Santiago (Transantiago) está provocando una enorme crisis política en Chile. El Transantiago fue un intento de la Concertación y de la burguesía chilena de darle una salida a la crisis del transporte en la capital. Fue una reforma planificada durante varios años, y generosamente financiada. El remedio fue peor que la enfermedad. El Transantiago desquició la vida de los trabajadores porque fue establecido con “criterios básicamente financieros”, según un documento de dirigentes ‘críticos’ de la Concertación (El Mostrador, 26/6). El resultado fue la reducción de los servicios, de los recorridos, de las frecuencias, del horario nocturno, y la ‘maximización’ del uso de las unidades (los trabajadores viajan como ganado después de varias horas de espera). El Transantiago convirtió la vida de los trabajadores santiaguinos en un caos. Con la excusa de “descongestionar” el tránsito, se procedió a reemplazar la flota de micros por unidades más grandes y modernas. El reemplazo significó el despido de miles de choferes y personal técnico, la reducción del número de líneas y frecuencias, y la concentración del negocio en unos pocos consorcios. Un grupo de bancos está encargado de administrar la venta de boletos. En resumen, Bachelet entregó el transporte público al capital financiero. Pero las empresas beneficiarías pusieron en funcionamiento muchos menos micros que los comprometidos y con un funcionamiento reducido (hasta las diez de la noche). Todo el sistema colapso: los barrios populares y periféricos se quedaron sin transporte; las colas son interminables; se viaja como ganado. En promedio, el tiempo necesario para llegar al empleo o al colegio aumentó en tres horas… “El ejemplo más conocido es lo que sucede en el paradero de Santa Rosa con Alameda; su hora más complicada es alrededor de las doce de la noche, donde miles de trabajadores hacen una enorme fila de más de dos horas, para poder llegar a sus respectivos hogares” (El Observatodo, 10/7). El fracaso del Transantiago no sólo ha sido un factor de ira popular y crisis política (Bachelet debió despedir a varios ministros responsables). Es también un factor de crisis fiscal, ya que la Concertación deberá destinar enormes recursos para tratar de recomponer el fracaso del sistema.

Junto con los mineros de la Codelco, otros sectores de trabajadores subcontratados han comenzado a organizarse y salir a la huelga. La huelga de los subcontratados forestales de comienzos de este año se caracterizó, también, por los piquetes y cortes de ruta. La represión, que asesinó al huelguista Rodrigo Cisterna y encarceló a decenas de trabajadores, no pudo impedir la victoria de los obreros, que ganaron, aquí también, su derecho a la negociación por sector con la empresa principal. Las huelgas, que vienen en ascenso en los últimos dos años, están marcando el nacimiento de lo que el diario de la gran burguesía chilena, El Mercurio, define con preocupación como “un nuevo sindicalismo”. “La existencia de un sindicalismo más radical, con un discurso muy duro y usando la violencia como herramienta para arrancar sus metas, es otra de las consecuencias que quedó tras el mes de movilizaciones” (El Mercurio, 2/8). Para esta gente, cualquier método de lucha que anteponga la voluntad colectiva de los trabajadores en lucha sobre las empresas (e incluso sobre otros trabajadores aislados) es “violencia”. Ese “nuevo sindicalismo” chileno tiene muchos puntos de contacto con el movimiento piquetero argentino. Se organiza “desde abajo” para romper las divisiones que la burguesía pretende imponer a los trabajadores (ocupados/desocupados; contratados/subcontratados); organiza a los sectores más sumergidos de la clase obrera; recurre a los métodos históricos de la acción directa; es repudiado y atacado por las direcciones burocráticas oficiales. Como lo hicieron los piqueteros argentinos, el “nuevo sindicalismo” de Chile abre la vía para el resurgimiento de las tendencias de lucha y clasistas en el conjunto del proletariado. La aparición de este “nuevo sindicalismo” piquetero da cuerpo al “fantasma al acecho (de) la ira popular y la explosión social” que señala la corresponsal de Clarín (5/8).

Después de la victoria de una huelga histórica La espectacular victoria de la huelga de los mineros subcontratados (tercerizados) de la estatal Codelco abrió una nueva situación en Chile. Tras 37 días de huelga, los mineros quebraron el marco laboral y sindical impuesto por Pinochet y mantenido por la Concertación: la eliminación de las negociaciones colectivas por sector. "No fue una huelga más: marcó un punto de inflexión en la agenda política y social'' advierte la corresponsal de Clarín (5/8) en Santiago. Los mineros le impusieron una dura derrota política al gobierno de la Concertación y a toda la burguesía chilena. La huelga de los 28.000 subcontratados de la Codelco (dos tercios de su fuerza laboral) fue histórica por muchos motivos: por su duración; por sus métodos (los piquetes “rigurosos” contra cameros y capataces, el bloqueo de los accesos a las minas, las movilizaciones, la resistencia a la represión policial); por la enorme combatividad demostrada por los trabajadores, que soportaron inauditas presiones del gobierno y la empresa para quebrarlos. La huelga movilizó al sector más sumergido de los mineros, cuyos salarios son la mitad (o menos) de los contratados (trabajadores en blanco), con menores (o ninguna) cobertura previsional o de salud, con jomadas de trabajo más largas y ritmos de trabajo más duros. Esta huelga fue el resultado de un largo proceso de organización que dio lugar al nacimiento de la Confederación de Trabajadores del Cobre (CTC), que agrupa a los sindicatos de empresa de las sub-contratistas. Su objetivo era establecer la negociación colectiva de los contratados con la empresa principal (en lugar de negociar separadamente con cada una de las subcontratistas). Por su propio objetivo, la CTC es una organización ‘subversiva’ ya que la legislación chilena obliga a los sindicatos de los subcontratados a negociar con las subcontratistas. La Federación de los Trabajadores del Cobre (FTC), que agrupa a los trabajadores en blanco, se negó a organizar a los subcontratados; Raimundo Espinoza, presidente de la FTC, es, también, integrante del directorio de Codelco. Durante la campaña electoral que llevó a Bachelet a la presidencia, los subcontratados de la mina El Teniente fueron a la huelga y obligaron a todos los candidatos a comprometerse a reformar la ley de subcontratación. En 2006, la Concertación impulsó una nueva “ley de subcontratación” que dejaba en pie lo esencial de la ley pinochetista. Para empeorarla todavía más, el Tribunal Constitucional, a pedido de los legisladores de la derecha, derogó uno de sus artículos permitiendo la existencia de “incontables subempresas de la misma casa matriz para intentar evadir el cumplimiento de los derechos laborales y previsionales de los trabajadores” (Clarín, 5/8). Luego de sancionada la ley, los subcontratistas volvieron a la huelga, pero no lograron imponer sus reivindicaciones. A pesar de ello, el proceso de organización de los subcontratados continuó extendiéndose. Un gobierno antiobrero… derrotado El 25 de junio comenzó la huelga. Un intento de último momento del partido comunista para evitar la huelga -según el diario El Siglo, el dirigente del PC J. Insunza se entrevistó en privado con directivos de la Codelco para que otorgaran algunas reivindicaciones que permitieran que no se declarara la huelga- fracasó. Los huelguistas reclamaban negociar con la Codelco (empresa principal) un bono extraordinario (por las ganancias extraordinarias de la empresa a consecuencia del aumento del precio internacional del cobre) y la equiparación salarial, de condiciones de trabajo y beneficios sociales con los trabajadores contratados. La patronal, el gobierno de Bachelet y la burguesía realizaron enormes esfuerzos para quebrar la huelga. Inicialmente, la empresa, respaldada por el Ministerio de Minería, el de Hacienda y la propia Bachelet, rechazó cualquier negociación con la CTC. Mientras la empresa se negaba a negociar y despedía huelguistas (150 a lo largo de todo el conflicto), el Ministerio del Interior enviaba a la policía contra los trabajadores. Decenas de trabajadores fueron detenidos en el curso de la lucha. La burocracia de la FTC, mientras tanto, atacaba a los huelguistas por los medios. Más ‘diplomática’, la burocracia de la CUT (central sindical), convocó a un paro general de apoyo a los mineros… para el ¡29 de septiembre! Pero la huelga no cedía. Al contrario, las asambleas crecían y las medidas de lucha se radicalizaban. El gobierno intentó dividir y desmoralizar a los trabajadores firmando acuerdos por las reivindicaciones reclamadas con los sindicatos de subcontratistas que no se sumaron a la huelga. También esto fracasó. La continuación de la huelga puso en crisis al gobierno. El ministro de Interior y el ministro de Trabajo impulsaron que se negociara con la CTC; el ministro de Hacienda, respaldado por la burguesía, reclamó que se aplicara la Ley de Seguridad, se reprimiera a los piqueteros con la policía y se despidiera a los huelguistas. En otras palabras, que se aplicaran los métodos de Pinochet para dejar en pie el marco laboral y sindical legado por este. Conocedora de los peligros, la Iglesia rechazó el recurso a la represión. Obligó a la empresa y al gobierno a aceptar la negociación con la CTC y actuó como ‘mediadora’. Codelco se vio obligada a satisfacer la mayor parte de los reclamos de los huelguistas: el pago del bono, la indexación semestral de los salarios, la indemnización para los subcontratados despedidos, el pago de horas extras proporcional al salario, la contratación de seguros por muerte o invalidez total, y un seguro complementario de salud. Codelco, incluso, tuvo que aceptar el pago de una parte de los días caídos. “Todo culminó con una escena que hizo estallar a los gremios empresariales: la empresa matriz, Codelco, aceptando buena parte de las reivindicaciones de los trabajadores subcontratados” (Clarín., 5/8). Los trabajadores le habían impuesto una derrota política fundamental al gobierno de la Concertación y a toda la burguesía chilena. El significado de la victoria “La subcontratación y la imposibilidad de negociar colectivamente en forma asociativa, evitando que los trabajadores de un mismo rubro o de una misma empresa se unan en sus demandas laborales, es parte de los mecanismos institucionales (de lo que se conoce como) el famoso modelo económico chileno (…) El enorme logro político de los trabajadores subcontratistas de Codelco (es) que han abierto la ruta para desmontar esta máquina demoledora de biología y vida (…) que es el milagro económico chileno” (Crónica Digital, Santiago de Chile, 1/8). El ‘milagro’ chileno se apoya en dos millones de contratados con salarios de extrema miseria, sin cobertura ni protección de ninguna naturaleza (contra despidos, accidentes, etc.). La organización y movilización de los subcontratados quiebra el cuadro político y social armado por Pinochet y continuado por los demócratas. Por esta razón la burguesía reclamó a la Concertación la “máxima dureza” con los huelguistas. Por eso el gobierno fue tan intransigente y se negó durante un mes a otorgar reivindicaciones que apenas agregan un 1% a los costos de producción de la empresa (El Mercurio, 2/8). La huelga minera empalma con la lucha de los estudiantes secundarios, que el año pasado ganaron las calles y ocuparon los colegios para reclamar la derogación de la ley educativa de Pinochet. Los secundarios no lograron torcer el brazo del gobierno; los mineros, sí. Por eso, el impacto de su lucha “fue más demoledor de la institucionalidad de Pinochet” (Clarín, 5/8). Después de los secundarios y los mineros, es claro que la auténtica democratización de Chile viene de la mano de la lucha obrera y popular y de la derrota del gobierno de la Concertación. Lo que estaba en juego era, antes que nada, una cuestión política. Y en esa batalla política, el gobierno y la burguesía fueron derrotados. Por eso la corresponsal de Clarín dice que “la huelga cambió la agenda política y social” de Chile. Se viene la maroma La victoria de la huelga de los subcontratados de la Codelco desató un alud de reivindicaciones: se anuncian huelgas en la construcción, en las contratistas de las mineras privadas, en el transporte público, en el sector forestal. Los subcontratistas de la petrolera estatal (Enap), organizados por el Sintrac (Sindicato Interempresa Nacional de Trabajadores Contratistas), reclaman incrementos salariales a la empresa alemana DSD. La empresa fue contratada por Enap para la realización de trabajos en la refinería de Concón, 140 kilómetros al norte de Santiago. El sindicato denunció las “prácticas fascistas” de la empresa que despidió 203 trabajadores que habían participado en anteriores reclamos. En dos días de huelga, los trabajadores obtuvieron un 15% de aumento salarial. De la mano de la movilización de los trabajadores y la juventud, Chile va entrando en el torrente latinoamericano. La declaración aprobada por la CRCI en junio pasado lo señalaba claramente: “El último en el pelotón, pero cada vez más importante, (es) Chile, conmovido por la rebelión adolescente en la educación, las crecientes huelgas mineras y las manifestaciones irrefutables de un agotamiento definitivo del régimen político de la Coalición democristiana-socialista y del gobierno de Bachelet”.

El crecimiento de las huelgas, la victoria de los mineros de Codelco, el fracaso del Transantiago y la desilusión popular con las promesas ‘redistributivas’ de la Bachelet están dividiendo a la Concertación. “Existe una crispación del escenario político”, advierte un comentarista (Infolatam, 4/7). Las divisiones atraviesan a la coalición y a cada uno de sus partidos. Esta crisis se hizo evidente con las dificultades que tuvo el gobierno para aprobar dos leyes decisivas. La primera, un subsidio de 290 millones de dólares para los operadores del Transantiago. Si la ley no hubiera sido aprobada, a partir del l9 de agosto habrían aumentado las tarifas. Seis senadores (de la DC y del PS) rechazaron el subsidio; el fracaso de la ley planteaba la segura caída de medio gabinete y un muy probable estallido de cólera popular. Una combinación de presiones y sobornos hizo ‘recapacitar’ a cinco senadores… pero no alcanzaba. La propia Bachelet debió ‘operar’ ante un senador opositor para evitar la catástrofe del gobierno. Con pocos días de diferencia, las divergencias entre los oficialistas estuvieron a punto de impedir el ‘aumento’ del salario mínimo. Mucho más decisivas fueron las divergencias durante la huelga minera. Una parte de los diputados de la Concertación apoyó (verbalmente) a los huelguistas; otra apoyó una acusación constitucional de la derecha contra el ministro de Hacienda Andrés Velazco. Los ministros de Interior y Hacienda divergieron públicamente sobre cómo enfrentar la huelga. La derrota del gobierno frente a los mineros anticipa otro cambio de gabinete. El primero fue forzado por la huelga estudiantil; el segundo por el colapso del Transantiago; el que se anuncia, por la huelga minera. La Concertación está en minas. “La crisis de descrédito y desintegración de los partidos, que recorre América Latina, entró a Chile como un viento helado”, reconoce un analista (El País, 7/7).

Alan García cumplió su primer año de gobierno jaqueado por una rebelión popular. La oleada huelguista en Perú abarca a sectores cada vez más amplios de la población. En febrero, se perdieron “20 mil horas hombre por huelgas y paros”; en mayo, 30.000 mineros marcharon sobre Lima después de cinco días de paro; en junio “se perdieron 300 mil horas hombre” (Argenpress, 22/7). A mediados de junio, doce regionales opositoras del sindicato de maestros (Sutep) convocaron a la huelga general contra una reforma educativa privatista, que reduce los salarios, posterga cualquier aumento hasta 2011 y sujeta la estabilidad en el cargo a evaluaciones anuales. Los docentes, con corte de rutas y vías férreas, ocupación de aeropuertos y edificios públicos, vencieron la dispersión impuesta por los aparatos sindicales y unificaron el descontento obrero y campesino. Mineros, docentes, estudiantes y otros sindicatos marcharon junto con comunidades rurales arruinadas por la minería, el aumento de combustibles y fertilizantes, que progresivamente se sumaron a la “huelga indefinida”. El Sutep, dirigido con el PC Patria Roja (maoísta), apoyó la reforma. Pero la presión de abajo lo obligó a sostener la huelga docente durante quince días. La central sindical CGTP (dirigida por el PC), que llama a un “pacto social”, votó un paro activo de 48 horas. Once gobiernos regionales se sumaron al paro, denunciando el saqueo minero, que destruye las economías agrícolas locales. En Lima, “una multitud vociferante” impuso que el docente opositor Roberto Huaynalaya subiera al palco (La República, Lima, 16/7). La consigna más gritada fue “Caerá, caerá, el Caballo Loco (García) caerá”. García apeló a las Fuerzas Armadas y todo el país fue escenario de enfrentamientos que dejaron una veintena de trabajadores muertos, decenas de heridos y centenares de presos y procesados sin que se lograra quebrar el paro. Maniobras, traiciones y represión Enfrentado a la rebelión popular, García intentó dividir el movimiento satisfaciendo algunas demandas. Eliminó por decreto los aranceles a la importación de harina de trigo para evitar el alza del pan y los impuestos a la importación de fertilizantes y creó un fondo para estabilizar el precio de los combustibles de consumo popular. Algunas regiones declararon la tregua pero se negaron a descontar los días caídos a los docentes. El Presidente respondió con un decreto que prohíbe que las autoridades regionales participen de manifestaciones, lo que fue respondido con nuevas movilizaciones. “Trata de amedrentamos para tener presidentes regionales sumisos, dóciles, pero nosotros no estamos para eso”, contestaron presidentes de nueve regiones. En las elecciones de noviembre del año pasado, el Apra sólo retuvo tres de los doce gobiernos regionales. Simultáneamente, el gobierno convocó a negociar al Sutep. Pese a la oposición masiva de los delegados, la directiva levantó el paro sin condiciones, aceptó la ley privatista y los descuentos, y sólo obtuvo la promesa de reincorporar a los cesantes. El opositor Huaynalaya (candidato a diputado por el etnocacerista Ulises Húmala) denunció la traición… pero también levantó el paro. Algunas regiones que sostuvieron la huelga y los cortes por más de una semana quedaron libradas a su suerte. En Pasco todavía seguían los paros a fines de julio: “decenas de maestros detenidos es el saldo de un paro general de 24 horas” (Andina, 27/7). Patria Roja celebró “el triunfo” mientras buchoneaba a los huelguistas: “No somos responsables de la estupidez de los ‘continuadores’ sin fin de la huelga (…) Tampoco de la afirmación ‘radical’ y tonta de que en la malhadada Carrera Pública ‘se privatizará la educación’; menos de los actos de provocación como quema de aeropuertos y otros” (www.pa-triaroja.org. pe). Con este aval, el gobierno reforzó la represión, suspendió los derechos constitucionales y dejó a las FFAA el control del orden interno. La Procuraduría “evalúa juzgar por terrorismo a los docentes que bloquean aeropuertos”. Un fiscal pidió 18 años de prisión para Huaynalaya… por hechos sucedidos en 2004. Alan García firmó once decretos con carácter retroactivo en los que “exime de responsabilidad penal a los integrantes de las FFAA y de la Policía que en cumplimiento de su deber causen lesiones o muerte” (La República, Lima, 24/7). “Las centrales sindicales amenazan con una segunda huelga general en apenas 15 días en protesta por esta medida” (El País, 28/7). Pero el levantamiento de la huelga docente no cerró el ciclo de huelgas. Los judiciales “anunciaron una huelga general indefinida por efectivización y aumento de salarios” (La República, Lima, 30/7). El 11 y 12 de agosto, un plenario de los docentes opositores discutirá cómo reanudar el plan de lucha. Crisis política En su discurso anual, García pidió “a los peruanos más pobres” una “tregua a la cólera histórica” y planteó a los empresarios concretar un “pacto social” que aumente los salarios. Sus principales respaldos políticos -industriales y agro-exportadores, legisladores fujimoristas-“inmediatamente se pronunciaron en contra” (La República, 31/7). Es que quieren preservar intactas las leyes antiobreras dictadas por Fujimori, que son la causa fundamental del agravamiento de las condiciones laborales y, también, de la desigualdad de la distribución del ingreso. La crisis política abierta plantea, según algunos analistas, “un endurecimiento que va a terminar en la tendencia de un régimen cívico-militar” (La República, 28/7). La rebelión popular Con la rebelión popular, los explotados peruanos se suman al ciclo de las rebeliones populares que vienen recorriendo el continente desde hace más de cinco años. Quienes daban por cerrado este ciclo, deberán revisar sus pronósticos. La rebelión popular peruana se suma a este ciclo continental aportando una novedad de enorme significación. A diferencia del Argentinazo u otras rebeliones latinoamericanas (que estallaron como reacción a una bancarrota generalizada), la rebelión popular estalla en Perú en un período de celebrada prosperidad. Perú ha tenido “72 meses consecutivos de alto crecimiento económico (8% del PBI en 2006), con una rentabilidad promedio empresarial del 32% anual” (La República, 31/7). Las exportaciones mineras se han quintuplicado y suman más de 24 mil millones de dólares anuales; el banco central tiene un récord <Ie reservas. “La agricultura, los textiles, la industria y la construcción muestran un crecimiento impresionante” (Financial Times, 27/7). Estos indicadores, “que deslumbran a Wall Street”, no se apoyan sólo en el alto precio internacional de los minerales. Los salarios han perdido 7% del PBI desde 1991 y siguen cayendo. En la rica Huancavélica, el índice de pobreza es del 90%; en Ayacucho, del 78%. En Catamarca y Ancash, donde están las minas de oro más ricas de América, el 63,8% de la población está por debajo de la línea de pobreza (Argenpress, 22/7). El saqueo de los recursos naturales han arruinado a las comunidades rurales. “El peor de los conflictos latentes es el de la ciudad andina de Andahuaylas, donde alrededor de 10.000 campesinos se alzaron en petición de mejoras salariales” (El País, 28/7). Los trabajadores peruanos han puesto de relieve las contradicciones de un régimen que combina extraordinarias ganancias capitalistas con niveles de hundimiento de las masas más extraordinarios aún. La voluntad de lucha de los obreros y campesinos peruanos no necesita pruebas. Necesita romper el corsé de los aparatos sindicales y un programa político propio, independiente de las variantes nacionalistas y de las direcciones traidoras, de viejo y nuevo cuño.

En beneficio del negocio de los fondos de pensión La burocracia de los sindicatos italianos ha llegado a un acuerdo verdaderamente escandaloso con el gobierno centroizquierdista de Prodi sobre la reforma del régimen previsional. El acuerdo establece que a partir del l9 de enero de 2008, la edad de retiro aumentará de 57 a 58 años, manteniendo la exigencia de 35 años de aportes. Pero hay más. A partir de julio de 2009, el trabajador deberá “sumar” 95 años entre edad y aportes para jubilarse (60 años de edad más 35 de aportes; 61 más 34, etc.). Esa “suma” deberá llegar, a partir del 2011, a 96 años (61 años de edad más 35 de aportes) y, a 97 a partir del 2013 (62 años de edad más 35 de aportes). En resumen, el acuerdo eleva la edad jubilatoria en cinco años en un plazo de seis años. De esta manera, el centroizquierda -con el concurso de la burocracia sindical- pretende que da cumplimiento a su promesa electoral de no aplicar el proyecto de Berlusconi de elevar la edad jubilatoria de 57 años a 60 de una sola vez. La estafa es evidente: con la ley de Berlusconi, la actual generación de trabajadores hubiera debido trabajar hasta los 60 años; con el proyecto del centroizquierda y los sindicatos, deberá trabajar hasta los 62. Para ‘vender’ su traición, la burocracia aduce que el acuerdo alcanzado favorece a los más jóvenes. Un trabajador de 18 años que comience a aportar hoy podría jubilarse a los 58 años (con 40 años de aportes). ¿Pero cómo hará un joven para llegar a la ‘cuota 97’ si la mayoría son trabajadores precarios que trabajan apenas cuatro o seis meses en el año? Los que dicen que este acuerdo “defiende a los jóvenes” son unos mentirosos. Jubilación privada La reforma previsional pactada por el gobierno de Prodi y la burocracia apunta a promover el negocio de la jubilación privada. El gobierno Prodi anticipó en un año la sanción de la ley sobre los fondos de pensión. Se trata de la columna vertebral de toda la ofensiva contra la previsión social pública. La ley, en varias formas, fuerza efectivamente a varios millones de trabajadores a transferir su propia liquidación (el salario acumulado a cobrar al finalizar la relación laboral) a la previsión privada, es decir a títulos financieros. El argumento adoptado es esclarecedor: como las jubilaciones públicas serán de hambre, es conveniente para los trabajadores confiar en el mercado. La destrucción de la previsión social pública -comenzada hace doce años por otro gobierno de centroizquierda y completada ahora con la elevación de la edad jubilatoria a los 62 años- es utilizada para destruir el derecho a la jubilación. Esto porque la transformación progresiva de las jubilaciones en títulos accionarios, inevitablemente fluctuantes, significa la transformación de las jubilaciones en una pura variable de mercado. Naturalmente, empresas, aseguradoras y bancos aplauden todo esto; se está promoviendo una gigantesca campaña publicitaria, con ayuda de los medios, a favor de los fondos de pensión, en una despiadada competencia por el acaparamiento del nuevo y atractivo mercado. Las grandes empresas, las aseguradoras y los bancos son, más en general, los que determinan la política de Prodi y se benefician con ella. El regalo del negocio de la previsión privada agrega, en los hechos, 10.000 millones de euros al régimen que el último presupuesto le ha regalado a las empresas (a los mismos bancos y aseguradoras), auténtico récord en los últimos años (como admitió cándidamente el propio Prodi). Todo esto se agrega a las nuevas privatizaciones (Alitalia, Tirrenia, Fincantieri) previstas en el nuevo documento de programación económica (DPEF) que establece el futuro presupuesto. Estas privatizaciones tienen a los bancos como principales compradores. Las direcciones del centroizquierda, y en particular Prodi y D’Alema, han sido y son la principal orilla política de las grandes fusiones bancarias que se realizaron en el 2006/2007 (Banca San Paolo con Banca Intesa, Unicredito con Capitalia), con un efecto de reforzamiento del peso específico del capitalismo italiano en las finanzas capitalistas europeas, y en su capacidad de proyección hacia Europa Oriental. Hoy, la combinación de la ley sobre los fondos de pensión con la culminación de la contrarreforma previsional, pretende extender significativamente la base de acumulación del capital financiero y por lo tanto de la base material del imperialismo italiano. El hecho de que el mayor regalo al capital bancario haya coincidido con la participación de todos los grandes bancos italianos en el escándalo Parmalat (200 millones que los bancos traspasaron a los ahorristas en las vísperas de la quiebra), habla por sí solo de la medida de la proclamada ‘moralidad’ del centroizquierda y de la burguesía ‘honesta’ en la cual se apoya. El compromiso público de los aparatos burocráticos a los ojos de millones de obreros -llamados otra vez a realizar sacrificios por sus patrones- ha abierto una contradicción profunda entre esos aparatos y las masas. Hay una profunda crisis de confianza, todavía mayoritariamente pasiva pero que comienza a registrar las primeras reacciones combativas de sectores crecientes de la vanguardia. El Movimiento por la constitución del Partido Comunista de los Trabajadores -principal oposición de izquierda- trabaja para unificar estas reacciones de clase en torno a un proyecto anticapitalista autónomo.

La “Izquierda Crítica” (“Sinistra Critica”, partidarios italianos del Secretariado Unificado) ha sido un sostén esencial del gobierno Prodi. Con una mayoría gubernamental muy exigua en el Senado, el voto del senador de Izquierda Crítica, Franco Turigliatto, fue determinante para evitar la derrota del gobierno en votaciones decisivas. Consciente de su debilidad en el Senado, el gobierno de Prodi ató cada ley decisiva que envió al parlamento a un “voto de confianza”. Según el régimen parlamentario italiano, una derrota gubernamental en un “voto de confianza” implica la caída del gabinete. En el transcurso de un año, Turigliatto dio once “votos de confianza” al gobierno Prodi, en cuestiones tan relevantes como el presupuesto o el financiamiento de las misiones imperialistas en Líbano y Afganistán. En muchas de estas votaciones, sin el voto de Turigliatto el gobierno de Prodi hubiera sufrido una derrota. Este sistemático sostén del gobierno imperialista no impidió que Turigliatto fuera expulsado del PRC… por un involuntario error de cálculo. En febrero, el parlamento discutía el financiamiento de la misión imperialista italiana en Afganistán. Era un debate caldeado: los bombardeos de la población civil afgana por los aviones de la Otan profundizaban el rechazo de las bases de izquierda a la participación italiana en la misión. Turigliatto anunció su disposición a votar por el financiamiento de la misión si el ministro de Exterior, Massimo D’Alema, se pronunciaba en su discurso en la cámara por un futuro e indeterminado “retiro de Afganistán”. D’Alema rechazó el reclamo, seguro de no necesitar el voto de Turigliatto para que se aprobara la refinanciación. También Turigliatto pensó que su voto no era necesario para aprobar la ley: se retiró entonces de la sala a la hora de la votación. Es decir, evitó votar por el mantenimiento de la ocupación de Afganistán por la Otan. Tanto D’Alema como Turigliatto erraron sus cálculos y la moción fue derrotada: dos senadores independientes, que habitualmente votan con el gobierno, esta vez lo hicieron en contra. El PRC responsabilizó a Turigliatto de la derrota y lo expulsó del partido. Luego de la expulsión, liberado de la ‘disciplina de partido’, Turigliatto volvió a dar nuevos “votos de confianza” al gobierno Prodi. Expulsado Turigliatto, la Sinistra Critica acaba de formular un llamamiento para “darle una salida de izquierda a la crisis del PRC” (International View-point, julio/agosto de 2007). Luego de señalar la crisis a la que ha sido llevado el PRC por su sostén al gobierno imperialista de Prodi (y pasar la esponja sobre su propio apoyo a ese gobierno), Sinistra Critica plantea “la construcción de pactos de acción a nivel nacional y local alrededor de objetivos específicos en el marco de la oposición social al gobierno de Prodi”. Estos “pactos de acción”, claro, no obligarían a los parlamentarios de la SC a votar contra el gobierno (¡!). El llamamiento de Sinistra Critica caracteriza al gobierno de Prodi como “hostil a los trabajadores, representativo de los intereses del capitalismo italiano (que es el real beneficiario de sus políticas básicamente antisociales) (e) integrado en los mecanismos de la guerra multilateral”. Nada de esto impidió que el 2 de agosto (es decir, luego de que este llamamiento fuera divulgado) el senador Turigliatto volviera a darle un “voto de confianza” al gobierno de Prodi. La expulsión no ha cambiado nada: la Sinistra Critica sigue siendo una rueda de auxilio del gobierno imperialista del centroizquierda.

"Los ricos también lloran”. Este es el título de un manifiesto del Partido de la Refundación Comunista publicado en septiembre del año pasado, cuando el gobierno de centroizquierda de Romano Prodi envió al parlamento el proyecto de presupuesto para el 2007. El mensaje del partido del dirigente reformista Bertinotti, hoy presidente de la Cámara de Diputados, era que el presupuesto produciría un reequilibrio social a favor del proletariado y de otros sectores populares, pagado por los ricos. Esta vergonzosa demagogia no duró ni una semana. Apenas examinado el contenido real de las medidas previstas, incluso quien hubiera albergado alguna ilusión debió cambiar de opinión. II Manifestó, diario independiente de izquierda, que el día de la sanción de la ley había titulado “Podía ser peor”, pocos días después denunciaba que el presupuesto era “una tomadura de pelo para los trabajadores”. Regalos al gran capital… La medida esencial del presupuesto era una reducción neta de los impuestos para los patrones por casi 5.000millones de euros (7.000 millones de dólares) que junto con otras medidas elevó el monto de los regalos hechos a los patrones por el centroizquierda a cerca de 10.000 millones de euros… solamente en 2007. En concordancia con el crecimiento del papel imperialista de Italia, el presupuesto aumenta los gastos militares en un 13%. Todo esto se pagará con una reducción de gastos, del orden de los 40.000 millones de euros, que afecta en forma directa o indirecta a los trabajadores (aumento de las contribuciones para las jubilaciones, recortes de las transferencias del Estado a las comunas, provincias y regiones, con el consiguiente aumento de los impuestos locales, etc.). El impuesto a las ganancias ha sido objeto de una complicada reformulación, que lo aumenta para los trabajadores en relación de dependencia con sueldos altos sin reducirlo realmente para los obreros y empleados. A pesar de las cortinas de humo, la realidad de esta política de gobierno de centroizquierda reformista ha comenzado a quedar en evidencia, cada vez en forma más clara, a los ojos de los trabajadores. De esto da testimonio la posición de la propia burocracia sindical. El secretario general de la principal central sindical, la CGIL, declaró en el momento de los primeros anuncios: “Es nuestra ley presupuestaria”. En las semanas siguientes fue más precavido: “toma en cuenta algunas de nuestras demandas”. Finalmente, debió reconocer que hay “luces y sombras”… y que “las sombras prevalecen sobre las luces”. La clase obrera A pesar de su desconcierto y hostilidad crecientes, la única acción práctica la clase obrera fue una huelga proclamada en noviembre por varias pequeñas confederaciones de izquierda (Cobas, Cub-RDB, Sincobas, Slai-Cobas, etc.). Pero se trató de una huelga propagandística que involucró a una pequeña minoría de trabajadores. Sin embargo, pocos días después, a principios de diciembre, el malestar de los trabajadores explotó en forma emblemática en el más grande establecimiento de la Fiat, el de Mirafiori, en la ciudad industrial de Turín. Aquí los secretarios generales de las tres grandes confederaciones sindicales, Epifani, Bonanni (CISL) y Angeletti (UIL), se acercaron para explicar sus acciones a tres grandes asambleas de trabajadores. Inesperadamente, frente a la prensa y la televisión, Epifani, Bonanni y Angeletti fueron interrumpidos y abucheados por millares de trabajadores. La acusación era clara: ser esclavos del gobierno y de su política antiobrera. El grito de “Bertinotti traidor” resonó en la asamblea. A pesar del rechazo de los trabajadores, el presupuesto fue aprobado a fines de diciembre con el voto de toda la izquierda. Refundación Comunista La imagen de Refundación se deteriora de manera continua a los ojos de los trabajadores. Tres hechos lo han demostrado claramente. El primero sucedió en marzo, en la Fiat de Mirafiori. Con el objeto de relanzar la imagen del partido se presentaron a volantear en los portones de la fábrica el secretario del partido, Giordano (quien reemplazó al líder titular Bertinotti, cuando éste pasó a ser presidente de la Cámara) y el ministro Ferrero. La indiferencia fue total. Los obreros evitaron detenerse o criticaron abiertamente la política del PRC. El segundo fue el resultado negativo de una serie de elecciones locales, que tuvieron lugar en mayo. Refundación perdió cerca de un cuarto de sus votos en términos porcentuales y la mitad en términos absolutos. La plaza vacía de Bertinotti El tercer episodio que muestra el retroceso del PRC entre los trabajadores y la juventud sucedió el 9 de junio, en ocasión de la visita a Roma de George Bush. Ese día se convocaron en Roma dos manifestaciones. La primera fue convocada por diferentes siglas del sindicalismo de izquierda (incluida la izquierda de la CGIL), de movimientos de la juventud y “alternativos” y de algunas fuerzas políticas, entre las cuales estaban, en primer lugar nuestro PCT y, por primera vez, la corriente de “Izquierda Crítica”. Era una manifestación contra Bush y contra Prodi y su política militarista. La segunda fue convocada por los partidos de la izquierda del gobierno (en primer lugar, Refundación) y sólo criticaba a Bush. La manifestación antigubernamental contó con la participación de decenas de miles de personas, incluidos muchos militantes de base del propio PRC; la plaza de Refundación permaneció prácticamente vacía. Salto cualitativo El 9 de junio señaló un salto cualitativo en la situación de la izquierda en Italia. No porque la base de masa de los partidos centroizquierdistas y del PRC se haya trasladado a la izquierda sino porque lo sucedido manifiesta con claridad la desilusión creciente de esa base con sus propios grupos dirigentes. Esta es la compleja situación que hoy determina la perspectiva de la izquierda en Italia. En un momento en el cual el gobierno tambalea (tiene poquísimos votos de mayoría en el Senado), la lucha se ha trasladado al terreno de una nueva reforma de las jubilaciones. Se desarrollan algunas huelgas contra la reforma previsional, impulsadas por la izquierda de la CGIL. Refundación Comunista levanta la voz pero se prepara para una nueva entregada. La desilusión de la base trabajadora del centroizquierda y el PRC con sus partidos y el gobierno de Prodi puede dar lugar a una desmoralización y a un reflujo o, por el contrario, ser el punto de partida de un relanzamiento de la lucha de clases en Italia y de una alternativa política revolucionaria. El Partido Comunista de los Trabajadores está empeñado en darle a la desilusión de los trabajadores con los centroizquierdistas una salida revolucionaria. Cualesquiera que sean las alternativas de esta batalla, a los ojos de millones de trabajadores ha quedado en claro el carácter imperialista y antiobrero del gobierno de la centroizquierda italiana.

La industria automotriz es el corazón industrial histórico de los Estados Unidos. En tomo a ella se tejió un vasto tejido capitalista de bancos, proveedores y redes de distribución. Creció también una poderosa clase obrera y se desarrollaron ciudades enteras, con una rica vida económica, social y cultural. En la década del ‘40, Detroit -la cuna de la industria automotriz- era la ciudad norteamericana que tenía el más alto nivel de vida. En aquella época, se decía que “lo que es bueno para la GM, es bueno para Estados Unidos”. La publicidad de la Ford aseguraba que era “más que una fábrica de autos, una institución nacional”. Todo eso se ha terminado. Con los despidos y cierres de plantas, las ciudades industriales del estado de Michigan y de muchos otros estados cercanos comenzaron a despoblarse. En Lordstown, una ciudad que alberga a una gran planta de la GM, la población cayó a la mitad en los últimos veinte años. La más golpeada es Detroit. Muchos de sus barrios obreros están despoblados, con cientos de casas abandonadas. Vecindarios enteros se han convertido en “tierra de nadie” Para fomentar la reocupación de los barrios, el gobierno municipal lanzó una campaña para la construcción de viviendas suntuosas, cuyos constructores y compradores reciben subsidios y pagan menores impuestos. “Estamos enfermos de ver el derecho a nuestra vivienda amenazado por políticas que dividen y destruyen nuestros vecindarios (…) Detroit está expulsando sistemáticamente a los trabajadores de sus vecindarios. Tira abajo casas públicas para reemplazarlas con casas que cuestan más de un cuarto de millón de dólares (…) Están profundizando 3a división entre los que tienen y los que no tienen”, denuncia un lector del Detroit News (3/8). El sistema escolar se derrumba. Detroit tiene una de las tasas más bajas de graduación del país. El gobierno municipal ordenó el cierre de 33 escuelas como consecuencia de la estrechez presupuestaría y de la abrupta caída de inscriptos. La medida desató una rebelión de padres, docentes y grupos comunitarios que provocó el reemplazo de la autoridad escolar y una ‘revisión’ de los cierres anunciados. La supervivencia de los “Tres Grandes" sobre la base de tercerizaciones, cierres, reducción de salarios, subcontrataciones, traslado de la producción al exterior, liquidación de las conquistas previsionales y de salud amenaza todo el tejido social de la clase obrera norteamericana.

La renegociación de los convenios automotrices Las tres grandes automotrices norteamericanas -General Motors, Ford y Chrysler- se han presentado a las negociaciones para la renovación de los contratos colectivos con un conjunto de exigencias que plantean la liquidación de conquistas obreras históricas. Reclaman la extensión a toda la industria del sistema salarial de “dos niveles”, por el cual los obreros nuevos cobrarán salarios inferiores a los ya contratados. Este sistema rige, con el consentimiento del sindicato automotriz (UAW), en la planta de Chrysler Belvidere y en las autopartistas Delphi y Visteon, donde los obreros nuevos cobran la mitad que los antiguos. Reclaman que la UAW acepte la contratación de trabajadores temporarios y de empresas subcontratistas en las mismas plantas y líneas de montaje sindicalizadas. En algunas plantas de Ford y GM ya se emplean temporarios y subcontratistas, con el consentimiento de la UAW. Exigen, también, el cierre de más plantas y la liquidación del “banco de empleos”, que permite a los trabajadores de plantas cerradas o con producción reducida mantener su empleo (y cobrar la totalidad del salario) durante un período determinado. Con todo, su principal reclamo es sacarse de encima el seguro de salud de los empleados y jubilados que, aducen, agrega un costo adicional de 2.000 dólares a cada vehículo. Pretenden transferir sus obligaciones de salud a un fondo administrado por el sindicato (llamado Veba, por su sigla en inglés). Las empresas realizarían un aporte inicial a ese fondo, que luego quedaría librado a su suerte. Ese aporte inicial rondaría entre el 50 y el 70% de las actuales obligaciones patronales (Detroit News, 13/7); es decir que transferiría entre un 30 y un 50% del costo actual de salud (y la totalidad de los aumentos posteriores) a los trabajadores. Recientemente, la UAW aceptó hacerse cargo (con un fondo de estas características) del seguro de salud de los trabajadores y jubilados de la autopartista Dana; la empresa puso como aporte inicial el 70% de sus obligaciones. Las patronales declaran que todas estas concesiones son imprescindibles para competir con las empresas extranjeras, particularmente japonesas, instaladas en los Estados Unidos. En julio, por primera vez, las empresas extranjeras vendieron más autos que las norteamericanas en los propios Estados Unidos. Si el sindicato y los trabajadores no aceptan estas imposiciones, las patronales amenazan con “mover la producción para el mercado norteamericano fuera de los Estados Unidos. Nadie dice ‘China’ pero todos lo tienen en mente” (The Wall Street Journal, 14/7). Extorsión Los malos resultados de las empresas en los últimos trimestres obedecen, en gran medida, a la financiación de los retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que las tres empresas produjeron durante el año pasado. Hubo 81.000 retiros, “el mayor éxodo en una industria en muchas décadas” (The New York Times, 1/4). La productividad de los trabajadores de las plantas de las “Tres Grandes” es similar e incluso superior a la de los trabajadores de las plantas japonesas, según el Harbour Report, el informe anual más respetado sobre la productividad en las plantas automotrices. Las patronales dicen que los fondos de salud están “desfinanciados” por 114.000 millones de dólares. ¿Qué significa? Que durante años, cuando los beneficios eran altísimos, las empresas no realizaron los aportes que correspondían. Los utilizaron para comprar otras empresas automotrices, extenderse en otras ramas, recomprar sus propias acciones y pagar dividendos extraordinarios. Se han robado el dinero de los trabajadores y ahora pretenden convalidar ese robo transfiriendo el seguro de salud al sindicato. Según The Wall Street Journal (14/7), las patronales están buscando que el gobierno subsidie una parte de los gastos de salud. En 1980, Chrysler recibió subsidios estatales para escapar a la quiebra; el entonces presidente Cárter puso como condición para otorgarlos que la UAW diera grandes concesiones a la empresa. ¿Será diferente ahora? Delphi y Lazard ¿Cómo enfrenta la burocracia este chantaje? El acuerdo recientemente firmado con la autopartista Delphi da una pista. Con la excusa de que la empresa se encuentra en concurso de acreedores, aceptó una reducción del salario horario de 27 a 14,50 dólares y la continuación del sistema de “dos niveles” (con salarios todavía inferiores para los futuros contratados). También aceptó el cierre de casi todas las plantas en Estados Unidos (excepto cuatro) y la reducción del número de trabajadores sindicalizados de 18.300 a 1.600 durante la vigencia del actual contrato (hasta 2011). Luego de este acuerdo, las acciones de las automotrices pegaron un salto; los especuladores llegaron a la conclusión de que “el acuerdo anticipa concesiones significativas de la UAW en las negociaciones colectivas con las ‘Tres Grandes’…” (The Wall Street Journal, 26/6). Otra pista: la UAW contrató al banco de inversiones Lazard Ltd. como asesor financiero en temas relacionados con el seguro de salud. “El sindicato estaría contratando a Lazard para asesorarse sobre el establecimiento de un fondo de salud independiente”, que es el reclamo de las patronales (Detroit News, 28/7). Un retroceso histórico En 2005 y 2006, las automotrices norteamericanas sufrieron grandes pérdidas como consecuencia de “un reordenamiento global de la industria en los Estados Unidos y mundialmente, que ha vuelto obsoleto el modelo de negocios de Detroit” (The Wall Street Journal, 21/7). Durante los últimos veinte años, las “Tres Grandes” dejaron de fabricar autos pequeños, que rinden pequeños beneficios por unidad. Se concentraron en la fabricación de camiones, camionetas y autos grandes, que tenían una mayor demanda y cuyos beneficios por unidad eran muy superiores. Así obtuvieron enormes beneficios. A mediados de los “90, la rentabilidad de Chiysler (que se concentró en la producción de camionetas) era superior a la de cualquier otra automotriz en el mundo (The Wall Street Journal 14/7). Los fabricantes asiáticos se concentraron en los autos pequeños; introdujeron significativas mejoras en sus vehículos, en particular en lo que respecta al ahorro de combustible y desarrollaron autos híbridos (que pueden funcionar a ñafia y a electricidad). Con el aumento del precio de los combustibles, cayó verticalmente la demanda de camionetas y autos grandes; las “Tres Grandes” no pueden competir con les asiáticos en el segmento de autos pequeños. Aunque los autos japoneses tienen un precio de venta mayor que los norteamericanos, su demanda crece porque consumen menos. Con la liquidadón de conquistas históricas, las patronales pretenden hacer que los trabajadores paguen el costo de su “reconversión”.

Un programa obrero frente a la crisis Kirchner repite todos los días que Argentina está “protegida” de la crisis mundial. Lo mismo dijeron otros en el pasado: el FMI, Cavallo y De la Rúa – y el propio Kirchner desde su guarida en Santa Cruz. Pero la crisis ya ha comenzado a tener consecuencias demoledoras. Los títulos de la deuda pública renegociada se han derrumbado y hoy se cotizan con el mismo descuento que los bonos de la deuda que entró en default. Ei derrumbe de estos títulos significa un aumento, en la misma proporción, de las tasas de interés. Los consumidores que financian su consumo a través de tarjetas de crédito serán desplumados. Lo mismo los deudores hipotecarios. Las empresas trasladarán el mayor costo del financiamiento a los precios. Las principales víctimas de la caída de los títulos públicos son los trabajadores del régimen de jubilación privada y pública: las AFJP y el Anses han metido sus aportes en los títulos públicos que se derrumbaron. Se ha terminado el financiamiento externo, incluso el del chavismo. Venezuela suspendió sin fecha una emisión de “bonos del sur” compuesto de títulos argentinos y venezolanos. Esto significa que el gobierno argentino deberá hacer frente a los pagos de la deuda externa con “recursos propios”: 4.000 millones de dólares en lo que falta de 2007 y el doble en 2008. El gobierno recurrirá al Banco Central y al Anses para proceder al pago de los próximos vencimientos de la deuda. Los jubilados, sin el 82% y sin movilidad, deberán apretarse el cinturón para que los especuladores internacionales puedan seguir cobrando. La fuga de divisas y la devaluación del peso impulsan todavía más la inflación y la desvalorización de los salarios reales. Aunque Kirchner denunció un “golpe de mercado”, terminó cediendo rápidamente ante los especuladores. El Banco Central anunció que inyectará pesos en el mercado. Como Cavallo en el 2001, los ‘nacionales y populares’ están organizando una fuga “ordenada” de capitales. Una recesión mundial reducirá las exportaciones -la base de la “recuperación” kirchnerista. Los precios de los granos ya han comenzado a caer. Brasil, el principal socio comercial argentino, enfrenta un huracán financiero. La caída de las exportaciones, el encarecimiento del crédito, la fuga de capitales y la inflación plantean la perspectiva de una recesión. Una consecuencia será la caída de la recaudación impositiva y, por lo tanto, del famoso “superávit fiscal”. Para seguir pagando la deuda externa y mantener los subsidios a los capitalistas, el gobierno “nacional y popular” deberá atacar todavía más a fondo a los trabajadores estatales, a los jubilados, a la educación y a la salud públicas. Kirchner dice que “Argentina está inmune” porque tiene 40.000 millones de reservas en el Banco Central, pero la mitad de los mismos está comprometido por las deudas del BCRA. De la Rúa tenía lo mismo en 2001. Programas y política Los trabajadores argentinos entran en un nuevo escenario. El ciclo económico que favoreció la política de Kirchner ha concluido definitivamente. La burguesía tiene un programa para hacer frente a la crisis: aumentar las tarifas; “reconocer” la crisis energética y aplicar un plan contingente; renegociar con el Club de París y normalizar la deuda con los bonistas que quedaron fuera del canje de deuda; reducir el gasto público y hacerlo compatible con los ingresos fiscales (Clarín, 17/8). El “pacto social” que reclama la candidata oficial y que ya han comenzado a negociar la UEA y la CGT tiene como objeto “minimizar los costos políticos de estas imprescindibles correcciones” (Clarín, 17/8). Toda crisis plantea la cuestión esencial de quién paga la “salida”. Frente a la política del gobierno que facilita la salida de capitales y que amenaza con la ruina a los trabajadores y clases medias, reclamamos el control de cambios, la prohibición de la salida de divisas financieras, la apertura de los libros de los bancos, el cese del pago de la deuda externa. Frente al encarecimiento del crédito y del costo de vida, reclamamos la nacionalización de los bancos, apertura de los libros y cuentas de las grandes empresas, un salario mínimo igual a la canasta familiar, el 82% jubilatorio, la prohibición de despidos y suspensiones. Frente a la dictadura de los parásitos financieros, que constituyen el verdadero poder cualquiera sea el partido que se encuentre en la Rosada, reivindicamos el gobierno de los que viven de su trabajo: el gobierno obrero y de los trabajadores.

Crisis financiera internacional La crisis financiera internacional ha obligado a los bancos centrales a proceder a tina operación de rescate sin precedentes de los grandes pulpos capitalistas. En pocas lloras armaron un enorme despilfarro de medio billón de dólares que minea están para atender las necesidades de saltad, vivienda o educación. Bush rescata a los especuladores al mismo tiempo que reduce las prestaciones médicas para los soldados que vuelven de Irak y Afganistán y cuando Estados Unidos asiste a un derrumbe de su infraestructura básica (represas, diques y puentes) que ha llevado a la desaparición de la vieja Nueva Orleans y a la catástrofe de Mineapolis. El derrumbe bursátil fea hundido los fondos de pensión privados. Los ahorros jubilatorios de millones de trabajadores en todo el mundo han sido liquidados de un plumazo. Lo mismo ha sucedido con los fondos de salud de los trabajadores de las grandes empresas norteamericanas y con los ahorros de una parte de las clases medias en todo el mundo. Agotamiento histérico No se trata de una crisis parcial o localizada. Una masa descomunal de capital ficticio tapona todos los pebres de la sociedad capitalista. Solo en Estados Unidos se estima que el capital especulativo alcanza los 48 billones de dólares, tres veces el producto bruto. La crisis financiera pone fin al cielo que comenzó a mediados del 2002, cuando el banco central norteamericano comenzó a reducir las tasas de interés y a emitir moneda (a un ritmo que cuadriplicaba el crecimiento del producto bruto) para sacar a Estados Unidos (y a la economía mundial) de la recesión. La emisión monetaria y el amontonamiento de deudas desataron una especulación desenfrenada. Esos recursos no fueron destinados a la expansión de la capacidad productiva porque los mercados mundiales están abarrotados de mercancías y la rentabilidad industrial es baja. En los últimos años, dice un informe reciente del Banco de Ajustes Internacionales, hubo una huelga de inversiones”… en medio del mayor cebamiento financiero de la historia. La masa de fondos proveniente de la emisión –multiplicada por el endeudamiento – fue destinada a la compra de empresas existentes, con el objetivo de proceder a su desguace o a la captura de su flujo de fondos; es decir, como base para una especulación financiera posterior. Todo esto pone de manifiesto el completo parasitismo del proceso económico capitalista. Ese capital ficticio exigía beneficios reales, arrancados a los trabajadores mediante el congelamiento o la reducción de sus salarios, la liquidación de sus condiciones de trabajo (tercerización), la desctruccción del gasto social y los regímenes inhalatorios. La “recuperación” de Bush fue la primera en la historia de los Estados Unidos en la que no crecieron los salarios reales y la participación de los trabajadores en el ingreso nacional. Los beneficios especulativos más altos de la historia coincidieron con un período de agudo retroceso social de los trabajadores. Se cierra con una catástrofe lo que fue el intento de salida a otra catástrofe: el derrumbe bursátil provocado por la caída de las acciones tecnológicas del2001. En los últimos veinte años asistimos a una serie interminable de catástrofes financieras. A la crisis bursátil norteamericana de 1987 (que provocó una recesión que duró cuatro años) le siguieron el derrumbe dé las sociedades de ahorro y préstamo de los Estados Unidos a fines de los años 80 (que provocó una enorme crisis bancaria que puso al Citibank al borde de la bancarrota), la crisis japonesa de mediados de los 90 (que dejo una depresión económica de la cual, quince años después. Japón no se recupera), la crisis mexicana del 94/95, la crisis asiática de 1997/98, las cesaciones de pagos de Rusia, Turquía y Argentina, la bancarrota del fondo de inversiones LTMC en 1998, el derrumbe de la Enron y la Worldcom al comienzo del gobierno de Bush) y el derrumbe de las acciones tecnológicas del 2001. Cada intento de salida por la vía del fomento de la especulación, del desplazamiento de los competidores, de la superexplotación del trabajo asalariado y de un mayor rapamiento de los recursos mundiales por un puñado de potencias y grupos imperialistas- terminó en una crisis aún mayor. Recesión En Estados Unidos ya comienza a manifestarse una recesión en la industria de la construcción. La afirmación de que la crisis financiera es “una tormenta en un vaso de agua” porque los llamados “fundamentos de la economía” (consumo, beneficios empresarios) son sólidos es una soberana tontería. Lo dicen desde Bush hasta Lula. En el caso del brasileño, la masa de capitales que ingreso en los últimos años consiste, casi en su totalidad, en deuda tomada por especuladores en países con baja tasa de interés (Estados Unidos y sobre todo Japón) para sacar ventaja de las fenomenales tasas de interés vigentes en Brasil. Un país a punto de quebrar es Turquía, que se encuentra en el centro del gran debate del imperialismo en Irak. Los “fundamentos de la economía” no tienen nada de sólidos. El consumo no es la consecuencia de mayores salarios o de una mayor participación de los trabajadores en el ingreso nacional; está cebado por el crédito. El endeudamiento de fe consumidores es el más alto de la historia; una parte sustancial del beneficio de las empresas industriales proviene del manejo financiero de sus fondos. En Estados Unidos se anuncian millones de desalojos de deudores hipotecarios insolventes, en su inmensa mayoría trabajadores. La recesión industrial provocará millones de despidos y reforzará todavía más la tendencia a la subcontratación, la tercerización y la reducción salarial. Estados Unidos enfrenta la perspectiva de un derrumbe social sin precedentes: barrios abandonados, trabajadores sin techo, sin trabajo y sin servidos sociales, servidos colapsados. ¿China es la salida? En la última década, China se ha convertido en él principal centro de absorción de capital del planeta. La crisis pondrá al rojo vivo todas las contradicciones acumuladas durante el auge. China no es una economía nacional sino una base para las exportaciones al mercado mundial. La devaluación del dólar para salvar a los especuladores norteamericanos desvalorizará las enormes reservas que ha acumulado China; la recesión reducirá su capacidad de exportar a los Estados Unidos y al mercado mundial. La guerra comercial ya ha comenzado con los juguetes y los alimentos. La baja de las exportaciones y el retroceso del financiamiento llevarán a la quiebra a numerosas inversiones, con millones de despidos. La transición china deberá hacer frente a explosiones sociales más agudas que las ya registradas e incluso a situaciones revolucionarias. Política El centro de gravedad del conjunto de la situación internacional pasa a ser, más que nunca, la acción política. Los Estados capitalistas buscarán imponer un rescate de los especuladores sobre las espaldas de los pueblos, para lo cual se valdrán de la coacción estatal, la represión y las guerras. Esto vale, en primer lugar, para los estados gobernados por coaliciones de centroizquierda. La burocracia sindical, agente de la burguesía en las organizaciones obreras, será forzada a jugar a fondo su rol de gendarme de los trabajadores al interior de sus organizaciones. Al rescate capitalista de un régimen social históricamente agotado, le oponemos la necesidad de una completa reorganización de la sociedad sobre nuevas bases sociales. Todos los avances del capitalismo contra las masas, desde las pérdidas de conquistas sociales hasta la restauración capitalista en los ex países ‘socialistas', vuelven a ponerse en cuestión. La disyuntiva histórica de nuestra época -socialismo o barbarie- está más vigente que nunca.