Sección preparada por la Comisión Internacional del Comité Nacional del Partido Obrero Una de las primeras consecuencias de la masiva victoria electoral de Evo Morales fue desatar una crisis en el gabinete de uno sus “aliados”, Lula da Silva. Cuando en La Paz todavía se estaban contando los votos, en Brasilia se enfrentaban dos camarillas ministeriales: de un lado, el ministro Palocci (de Finanzas), el directorio de la Petrobras y el Ministerio de Energía; del otro, Marco Aurelio García, los asesores internacionales de Lula y los sucesores de José Dirceu. Palocci y Petrobras rechazaban toda renegociación de los contratos firmados hace una década con Bolivia y planteaban recurrir a los tratados y tribunales internacionales para imponerle a Morales su continuidad. “No existen hoy desequilibrios económicos que justifiquen una anulación del contrato (de Petrobras con el Estado boliviano)”, declaró Ildo Sauer, director de Gas y Energía de Petrobras (Clarín, 23/12). Sauer pasa por alto que los “contratos vigentes” fueron firmados cuando el barril de petróleo se cotizaba a 10 dólares, apenas un 15% de su actual valor de mercado. La misma posición tenía el resto de las petroleras que operan en Bolivia. Durante todo el año pasado, los pulpos amenazaron con retirarse si Morales ganaba las elecciones y disminuyeron en más del 40% sus inversiones en 2005. Ocho de las doce más grandes (entre ellas Repsol) ya habían dado los primeros pasos para recurrir al arbitraje de “tribunales internacionales” para imponer al nuevo gobierno la continuidad de los contratos. En oposición a Palocci y Petrobras, Marco Aurelio García -el principal operador de la política exterior de Lula- se rindió ante lo evidente: la masividad de la victoria electoral de Morales había quebrado cualquier intento de mantener los “viejos contratos”. La posición de García se impuso y por eso Evo Morales acordó visitar Brasil y entrevistarse con Lula. Algo similar ocurrió con Repsol, que poco tiempo atrás había difundido una curiosa nota afirmando que “el nuevo marco legal boliviano es ilegal” (sic) (El Cronista, 3/6). Mientras sus acciones se derrumbaban en Madrid al conocerse la magnitud de la victoria de Morales, su presidente, Antonio Brufau, se apresuraba a “saludarlo” y a declarar que “podría llegar a un acuerdo con Morales como se llegó con Chávez”. Este giro de Brufau sirvió para anudar el viaje de Morales a España. Detrás de Petrobras y Repsol -las petroleras con los mayores negocios en Bolivia-, las restantes también se plantean renegociar sus contratos. Ya han acordado cuál será su campo de batalla. El programa petrolero de Morales El programa de Morales respecto de los hidrocarburos ya fue aprobado en el referéndum de 2004 y tiene sanción parlamentaria: el aumento de las regalías e impuestos que pagan las petroleras y la “refundación” de YPFB, la empresa hidrocarburífera estatal desmantelada con las privatizaciones. El intento del ex presidente, Carlos Mesa, de incumplir con esta norma, produjo la crisis de junio pasado, la caída del gobierno y la anticipación de las elecciones. La victoria de Morales es el resultado político fundamental de esa crisis. Morales plantea que la YPFB “re-fundada” recobre la propiedad de las reservas de petróleo y gas y, por lo tanto, la propiedad de la totalidad de los recursos extraídos (propiedad en “boca de pozo”). Esto constituye una reversión del régimen anterior, que otorgaba esa propiedad a las petroleras. Bajo el nuevo régimen, las petroleras extraerían el crudo y el gas por cuenta de YPFB y estarían obligadas a entregárselo (a un precio determinado en el contrato). El comercio exterior de los hidrocarburos quedaría en manos de YPFB. La empresa petrolera estatal intermediaría entre la Nación y sus riquezas naturales, y el mercado mundial. “Las empresas no tienen derecho a ejercer el derecho de propiedad sobre el gas y el petróleo. Nuestro gobierno va a nacionalizar los hidrocarburos en base a la Constitución y cualquier empresa que quiera invertir deberá subordinarse a las leyes bolivianas. Los actuales contratos son nulos (…) Se tiene que eliminar la cláusula de esos contratos que dice que la empresa adquiere el derecho de propiedad en boca de pozo. El Estado es dueño del subsuelo y del sobresuelo”, declaró Evo Morales (Página/12, 21/12). “El Estado va a asumir la propiedad en boca de pozo, el control y definirá los precios internos, externos, utilidades, estructura de costo y de análisis (…) decidirá cuál es la ganancia de la petrolera”, completó el vicepresidente electo, García Linera (Clarín, 23/12). Este programa nacionalista choca con las pretensiones de las petroleras, en especial porque éstas apuntan al gran negocio de exportación del gas licuado a México y Estados Unidos. Por eso, la legislación que contiene dicho programa no fue ratificada por Mesa y las empresas se han negado a renegociar sus contratos. Un diario concluye que la explotación petrolera y gasífera se encuentra hoy en “un limbo legal” (El Cronista, 17/11). Los pulpos estarían dispuestos a aceptar un aumento de los impuestos y las regalías, incluso porque creen que podrían burlar fácilmente (como lo vienen haciendo desde hace mucho) los controles del débil Estado boliviano. Sin embargo, rechazan que el Estado boliviano recupere la propiedad de las reservas y de los hidrocarburos en “boca de pozo” y el manejo del comercio exterior. Las petroleras contabilizan la propiedad de las reservas como capital propio (por el que pueden obtener financiación). La propiedad de los hidrocarburos en “boca de pozo” les permite capturar enteramente la enorme renta extraordinaria que produce un barril a 70 dólares o la unidad de gas a 12 dólares. El tema es clave también para Morales. Sin la propiedad efectiva de las reservas y del petróleo en “boca de pozo”, la YPFB “refundada” no sería más que una cáscara vacía, o sea una versión boliviana de la Enarsa argentina. Al establecer un precio de compra de los hidrocarburos en base a los costos internos de producción para venderlos luego por su cuenta en el mercado mundial, el Estado boliviano podría apropiarse de una paite de la renta petrolera (que hoy va casi enteramente a los bolsillos de los pulpos). Sin recuperar esa renta extraordinaria, Bolivia no tiene ninguna posibilidad de reconstruir su Estado o de satisfacer la más elemental de las demandas de las masas. Morales pretende establecer en Bolivia un régimen de hidrocarburos que se asemeje al de Venezuela, donde Chávez reparte por mitades la renta de los combustibles con los pulpos internacionales. Bolivia y Venezuela Chávez impulsa “contratos de asociación” (formación de empresas mixtas con mayoría de PDVSA). Las petroleras se resisten a aceptar en Bolivia el mismo tipo de contrato que aceptan firmar en Venezuela. La razón es que Bolivia no es Venezuela: el desarrollo capitalista llevó en Venezuela a la creación de una empresa estatal que hoy los pulpos no pueden ignorar; en Bolivia, la “refundación” de tal empresa lesionaría los intereses concretos de las petroleras. En Venezuela hay un Estado que tiene un mayor poder de arbitraje frente al capital internacional que el Estado boliviano; cuando PDVSA estuvo a punto de ser vaciada, el gobierno de Chávez reconstruyó esa capacidad de arbitraje. En Bolivia sería inviable, por ahora, porque YPFB simplemente no existe. Argentina, Chile y Brasil Argentina es uno de los principales compradores del gas boliviano, una parte del cual luego reexporta a Chile. Repsol está en las dos puntas del negocio: es vendedor en Bolivia y comprador en Argentina. El precio de venta es de 2 dólares (cuando el precio de referencia internacional oscila entre los 12 y 15). Para la ampliación de este negocio está planteada la construcción de un gasoducto entre Bolivia y el norte argentino, en la que ya se anotaron Repsol y Techint. El otro gran comprador del gas boliviano es Brasil que, a través de Petrobras, también opera como vendedor y comprador. La victoria de Evo Morales ha creado una crisis en este negocio. Primero porque exige que las ventas sean “de Estado a Estado” (lo que eliminaría el gigantesco negociado que están realizando Repsol y Petrobras operando a ambos lados de las fronteras). Segundo, porque pretende aumentar el precio de venta para “acercarlo” a los valores del mercado mundial. Repsol, Techint (en su doble carácter de proveedora de caños para el gasoducto del norte y de petrolera a través de su subsidiaria Tecpetrol) y Petrobras ya han comenzado a “operar” para mantener sus negocios, con el respaldo de los gobiernos de Argentina, Chile, Brasil y Venezuela. “Las empresas ya tienen un plan para negociar con Morales”, informa La Nación (20/12): “si Morales subiera el gas, por ejemplo, a más de 2,70 dólares el millón de BTU (un 23% de alza), no convendría construir el gasoducto (el cual) sólo es viable a un precio razonable” (ídem). Las petroleras amenazan con abastecerse de otras fuentes. Las “empresas argentinas” que hablaron con La Nación (20/12) anticiparon que si Morales pretende un precio mayor a los 2,70 dólares desarrollarían la producción de carbón para sustituir el gas boliviano. El ldrchnerista Fellner, gobernador de Jujuy, terció en las amenazas: “con ese precio, yo desarrollo el gas en mi provincia” (ídem). Fellner fue designado como “enviado presidencial especial” a Bolivia, donde trabajará con la “misión especial” del Mercosur, que incluye entre otros al brasileño Marco Aurelio García (Clarín, 17/12). Chávez participa del juego con el anuncio de un gasoducto desde el Orinoco hasta Brasil y Argentina, una empresa faraónica que “no es otra cosa que una especulación del gobierno de Lula para advertirle a Bolivia que existen alternativas si pretende, como lo insinuó ayer Morales, naciones rehenes de su gas” (La Nación, 14/12). Una amenaza similar pero mucho más verosímil es la que plantean Repsol y Techint. Las mismas empresas que planeaban asociarse en el gasoducto entre Bolivia y Argentina acaban de firmar un contrato con la norteamericana Hunt Oil y el gobierno de Chile para abastecer el mercado chileno con el gas extraído del yacimiento peruano de Camisea. Desde Chile, una vez licuado, el gas peruano podría ser exportado a México y Estados Unidos. “Repsol tiene una muy buena relación con el gobierno (argentino) y suele trabajar en conjunto con los funcionarios del área energética del Ejecutivo. Así sucedió, por ejemplo, cuando se anunció el acuerdo triangular entre PDVSA, Repsol y Enarsa, que favoreció muchísimo al emporio español” (Página/12, 31/12). También Techint es un estrecho asociado al gobierno de Kirchner. Junto con las amenazas llegan las “ofertas”. Petrobras acaba de ofrecer al Estado boliviano una participación accionaria en las refinerías que la brasileña opera en Bolivia. Le ha ofrecido, también, una participación accionaria en el polo petroquímico que se construirá en la ciudad brasileña de Corumbá, en la frontera con Bolivia, para procesar el gas boliviano. Además de Petrobras, en ese emprendimiento participan la petroquímica brasileña Brashken y Repsol. El gobierno argentino, por su parte, ofreció elevar a 4 dólares el precio de la unidad del gas que importa de Bolivia, lo que implicaría una duplicación del precio actual pero sería apenas un tercio de su valor internacional. Los pulpos y los gobiernos a los que éstos están aliados intentan alcanzar un acuerdo de conjunto, en el que están dispuestos a ceder “algo” de la renta petrolera para mantener lo fundamental: la propiedad de las reservas y los hidrocarburos extraídos. Los “aliados latinoamericanos” amenazan a Evo Morales con el boicot y el estrangulamiento externo si no se suma a los dictados de las petroleras con las que cada uno de ellos se ha aliado. Santa Cruz La oligarquía boliviana, las petroleras y el imperialismo han ganado un importantísimo punto de apoyo para defender sus exigencias con la conquista de las prefecturas de Santa Cruz y Tanja por parte de la derecha. El surgimiento de este virtual “doble poder” en el oriente boliviano es la directa consecuencia de la capitulación de Morales, que aceptó la elección directa de los prefectos (algo que no se encuentra establecido en la Constitución) y la sobre-representación de las provincias orientales en el Senado. El vicepresidente electo, García Linera, calificó el poder que se ha ganado la oligarquía como “un contrapeso que la población nos ha colocado (…) una señal sabia del electorado” (El Deber, Santa Cruz de la Sierra, 20/12). Se trata de una señal de la inocultable tendencia del nuevo gobierno a la conciliación con la reacción. La agenda de la burguesía cruceña -que no se refiere sólo a sus intereses petroleros sino también al muy poderoso lobby agroexportador de la soja- choca frontalmente con la de Morales. Las provincias orientales reclaman una “descentralización” que significará, en lo fundamental, la transferencia a los gobiernos locales de una parte sustancial de los recursos del Estado: “Juan Carlos Urenda, un abogado de Santa Cruz, dice que la participación del Estado central en el ingreso nacional deberá ser reducida del 75 al 33 por ciento” (The Economist, 17/12). La burguesía cruceña, que se opone a la “refundación” de YPFB y a cualquier medida de distribución de tierras a los campesinos que pueda afectar los intereses sojeros, reclama, además, su derecho a “ejecutar” (en sus propias términos y en su propio beneficio) las políticas sobre recursos naturales y tierras que establezca el gobierno nacional. Es decir, el “derecho” a neutralizar cualquier resolución que afecte sus intereses y los de sus aliados. Coca Los yanquis pretenden tener bajo su control absoluto el negocio del narcotráfico. La reaparición de Afganistán como primer productor mundial de opio (la base de la heroína) después de su ocupación por los norteamericanos ha vuelto a confirmarlo. Para controlar el negocio -y para evitar un crecimiento de la producción que derrumbaría los precios y, por sobre todo, los beneficios- el imperialismo ha recurrido a la militarización de los países productores y a la represión de sus campesinos. Mientras esta política continúe -en Colombia, en México, en Perú- no existe la menor posibilidad de acuerdo entre el imperialismo y el gobierno de Morales. Con la bandera de la legalización de la coca, Morales obtuvo el 93% de los votos en el Chapare, la principal región productora. La cuestión de la coca lleva, directamente, a la del Ejército. El imperialismo se ha valido de la llamada “lucha antidrogas” para disciplinar y penetrar profundamente en los ejércitos latinoamericanos y en sus servicios de inteligencia. Morales anticipó que las fuerzas armadas dejarán de encargarse de la destrucción de cocales ilegales. Juan Ramón Quintana, un ex militar que asesora a Morales y es uno de los candidatos al Ministerio de Defensa, denunció que “la fuerza especial (del Ejército) de lucha contra el narcotráfico es una agencia de la DEA”, la agencia antidrogas norteamericana. Quintana denunció que el Ejército y los servicios de inteligencia, “en lugar de cuidar la seguridad del Estado boliviano, cuidan la de Estados Unidos (…) con el enorme riesgo que esto implica para la seguridad del Estado” (Clarín, 28/12). Detrás de la cuestión de la coca asoma la disputa por el control del Ejército. El carácter del MAS El MAS no es un partido, como el PT de Brasil. Tampoco es una coalición de partidos, como el Frente Amplio de Uruguay. El MAS es una coalición de “movimientos sociales diversos, y hasta contradictorios, nucleados en tomo a la Confederación de Cocaleros de Bolivia. Carece de una estructura partidaria. No tiene cuadros partidarios con ascendiente propio entre las masas o incluso predicamento dentro del propio MAS. Los intentos de “institucionalizar” al MAS fracasaron, uno tras otro. “No hay costumbre de trabajo en comisiones. El parlamentario Antonio Peredo quiso organizar una comisión de relaciones internacionales, pero no funcionó. Tampoco la que intentó el dirigente Iván Iporre, para asuntos internos. Tampoco una comisión legislativa que ensayaron los congresistas (…) En 2002, cuando se postuló a la presidencia, Evo Morales designó una comisión política. Se reunió una vez. Ahora funciona otra, con más organicidad, pero puede ser cambiada por el jefe. Nunca fue revelada públicamente la identidad de sus miembros” (El Comercio, Lima, 25/12). A algunos voceros de la clase patronal les preocupa el carácter del personal político que un partido sin dirección ni disciplina puede poner en los ministerios y secretarías, es decir, al comando del Estado. “Es inocultable el problema de la carencia de cuadros técnicos, aderezado por la decisión de incluir indígenas en el gabinete” (ídem). “La asamblea del MAS es un mecanismo de convalidaciones de lo que Morales decide, más que de dirección” (ídem). En las asambleas locales del MAS, bullen elementos de izquierda y hasta revolucionarios. Morales no cuenta con una burocracia partidaria disciplinada, como Lula en Brasil; tampoco con una estructura política con experiencia de gestión en el Estado, como el pro-prio PT y el Frente Amplio en Uruguay. Evo Morales, en persona, deberá enfrentar a las masas bolivianas para imponerles los acuerdos -con las petroleras, con la oligarquía de Santa Cruz, con el imperialismo que permitan viabilizar su gobierno. Deberá demostrar entonces, en la práctica si es capaz de domesticarlas. El papel de la Constituyente Bolivia -y Evo Morales- enfrentan un conjunto de contradicciones explosivas; las mismas que llevaron a la caída de dos presidentes en apenas dos años. Estas contradicciones no se resuelven con maniobras; plantean nuevas confrontaciones. La masividad de su victoria electoral ha dejado a Morales sin la posibilidad de refugiarse en la excusa del “consenso parlamentario”. La crisis política que se viene arrastrando desde octubre de 2003 y la polarización política y social puesta de manifiesto en las elecciones anticipan que se acerca la hora de las definiciones. Morales está obligado a una negociación “a tres bandas” -con las petroleras, con la burguesía cruceña y con el imperialismo- bajo la “mediación” de Chávez, Lula y Kirchner. Sus supuestos “amados latinoamericanos” ya han dejado en claro que sostienen, en lo fundamental, los intereses petroleros. Las posibilidades de un acuerdo -y sus términos concretos- sólo pueden ser explorados y alcanzados a través de choques, golpes, amenazas y contragolpes. La función de la Constituyente, convocada en principio para junio próximo, es sancionar estos acuerdos… si es que llegan a concretarse. No será un organismo de deliberación; mucho menos está planteado para satisfacer las reivindicaciones populares. Será el ámbito que les dará un carácter constitucional a los acuerdos que establezca Morales con las petroleras, con el imperialismo, con los “aliados latinoamericanos” y, por sobre todo, con la oligarquía de Santa Cruz y de Tarija. Ninguna conciliación con la oligarquía de Santa Cruz, enemiga jurada de las masas oprimidas de Bolivia. Por la elección de la Constituyente en base a un distrito único; ninguna “sobre-representación” para la oligarquía. Por la formación de comités de obreros y comités de campesinos por la nacionalización sin pago de los hidrocarburos y su puesta en funcionamiento bajo el control de los trabajadores, y por la expropiación inmediata de los grandes latifundios y el reparto de las tierras entre los campesinos sin tierras. Programa Para llegar a un acuerdo con la oligarquía, las petroleras, los “aliados latinoamericanos” y el imperialismo, Morales está obligado a abandonar su propio programa nacionalista burgués. No tiene condiciones para imponer su programa a enemigos tan poderosos, cuando su preocupación fundamental es, al mismo tiempo, desmantelar las tendencias revolucionarias de las masas. Morales deberá abandonar ese programa -y cualquier intención de “refundar” Bolivia- ante los ojos de millones de trabajadores, obreros y campesinos, que han depositado en él sus aspiraciones y expectativas. Si logra hacer que las masas acepten un acuerdo con los pulpos petroleros, con la burguesía de Santa Cruz, con el imperialismo y con los gobiernos de América Latina, Morales tendrá una presidencia. De lo contrario, Bolivia ingresará a una fase revolucionaria decisiva. El nacionalismo de contenido burgués se apresta a protagonizar en Bolivia un nuevo fracaso histórico. La experiencia práctica deberá enseñarles a los explotados que no hay caminos intermedios entre la entrega nacional y el planteo revolucionario de la expropiación sin pago de los hidrocarburos y la gestión obrera de la economía. Es necesario intervenir en esta experiencia práctica de las masas mediante un programa de reivindicaciones que una los reclamos perentorios de los explotados -la nacionalización sin pago de los hidrocarburos, la tierra para los campesinos, el libre cultivo de la hoja de coca, el aplastamiento de la reacción de las provincias del oriente- con la formación de comités obreros, de comités campesinos, de asambleas populares, para asegurar el cumplimiento de las reivindicaciones populares y para que la Constituyente sea convocada bajo términos y condiciones que aseguren una mayoría popular que impulse los cambios revolucionarios. Para apuntalar la experiencia de las masas en Bolivia, llamamos a organizar la lucha contra la política de bloqueo y contención que impulsan los Lula y los Kirchner (y, en segundo término, los Chávez), por cuenta del imperialismo y las petroleras. En oposición al nacionalismo burgués que, dentro y fuera de Bolivia, intenta ahogar las potencialidades revolucionarias continentales del proceso político del Altiplano, llamamos a la conformación de un frente internacional para luchar en todo el continente por la nacionalización sin pago de los pulpos petroleros, por el control y la gestión obrera de los recursos nacionalizados y por los Estados Unidos Socialistas de América Latina.