En Defensa del Marxismo N° 7

La encuesta oficial sobre la desocupación muestra la dimensión de la catástrofe que se abate sobre la clase obrera argentina: en apenas seis meses, el desempleo creció del 12,2% al 18,6%, un salto superior al 50%. Si se agrega que la tasa de subocupación (aquellos que han trabajado por lo menos 1 hora en el último mes, es decir, virtuales desocupados) es del 11 4% la conclusión es que cuatro millones y medio de trabajadores se encuentran sin empleo, de los cuales apenas 110.000 (menos del 5%) cobran el seguro al desempleo Estas cifras catastróficas, sin embargo, son sólo "la punta del iceberg”, ya que la encuesta (oficial) está superada por subregistros que oficialmente no se computan (1): los que sobreviven con changas, los trabajadores en negro o precarizados y los ocupados que buscan otro empleo. La velocidad con que está creciendo la desocupación es pavorosa: según el cavallista Miguel Angel Borda, más de 283.000 trabajadores perdieron sy empleo en el último año. Sólo en junio, según el ministro Caro Figueroa, se duplicaron los despidos, se triplicaron las suspensiones y aumentó en un 40% ek número de solicitantes del subsidio a los desocupados. En el gremio bancario se produjeron más de 5000 despidos desde enero y entre los gremios industriales, la UOM – ella sola – contabiliza más de 4700 despidos, 8500 suspensiones y 61 cierres de establecimientos entre enero y marzo. Esta catarata va a continuar porque se ha duplicado el número de quiebras y el de las empresas que pretenden acogerse al “procedimiento de crisis” (2), que es la antesala de despidos y suspensiones masivas y de cierres de plantas. Son varios los especialistas que pronostican que en diciembre la tasa de desempleo alcanzaría el 20%, es decir, más de tres millones de desocupados plenos… Cuatro años En el debut del “plan” Cavallo, la desocupación era del 6,6%. Creció un 50% durante los dos años y medio iniciales del “plan” –que todos califican como “expansivos”; entre octubre de 1993 – cuando se agotó la “reactivación” – y octubre de 1994, creció más aceleradamente (otro 30%, pero en un solo año), y ahora, con el comienzo de la recesión, pegó un salto del 50% en apenas seis meses. El “enfriamiento” productivo aceleró el ritmo del desempleo pero no su dirección fundamental: la desocupación creció sistemáticamente, con independencia de las alternativas del ciclo económico. Entre 1991 y 1993, se crearon 715000 empleos nuevos… pero desde octubre de 1993 – un año antes de que comenzara la recesión – hasta fines de 1994, se perdieron 283000 puestos de trabajo. La desocupación entre los bancarios y los empleados de comercio creció más del 150% desde 1991. En una escala apenas menor, sucedió lo mismo en la industria: en “el segmento textil entre octubre, de 1991 y octubre de 1994 se perdieron más de 100000 empleos”, al tiempo que “en todas las demás industrias… con excepción de los productos químicos… se registró destrucción del empleo” (3). Entre las industrias “destructoras de empleo” se cuentan la automotriz y la de electrodomésticos, “caballitos de batalla” del “plan” Si junto con el alimento sostenido y sustancial de la desocupación, se considera la caída —también sostenida y sustancial—ele los salarios reales, la caída del salario indirecto (por la transferencia de la carga impositiva a los impuestos al consumo, la disminución de los aportes patronales y la destrucción de los servicios sociales, como la educación o la salud) y del salario diferido (por la privatización previsional), tenemos entonces que el “plan* Cavallo ha provocado un aumento de la explotación del trabajo asalariado que no tiene parangón en los últimos cincuenta años. Mentiras y justificaciones (I) ¿Cómo justifica la burguesía semejante masacre social? Según la tesis oficial, “la desocupación es un problema mundial” y sería “el costo” de la “reconversión económica”. Esta “reconversión”, repiten los menemo-cavallistas, habría permitido un crecimiento del 34% del PBI argentino en los últimos cuatro años. Para los menemo-cavallistas, la desocupación sería tan sólo un fenómeno “transitorio”, ya que la ampliación productiva provocada por la "reconversión”—trasladando a los trabajadores de los sectores menos productivos de la economía a los más productivos— terminaría por absorber a los desocupados. La explicación oficial es una pobre justificación de la política que le ha permitido a la burguesía acumular una masa excepcional de superbeneficios en los últimos cuatro años y, al mismo tiempo, una muestra de la falta de escrúpulos y de la abundancia de ignorancia de toda su “ciencia económica”. La desocupación es, ciertamente, un problema mundial: en Europa y en los Estados Unidos existen decenas de millones de desempleados crónicos, que carecen de la más remota esperanza de conseguir un empleo. Esto, sin embargo, no le resuelve el problema a Cavallo… en la medida que la “desocupación mundial” es el resultado de políticas de "reducción de los costos laborales”… como las que se aplican en la Argentina. El aumento de la desocupación en los países imperialistas obedece a la crisis económica y a la tendencia a la depresión. Entre 1950 y 1970, la economía capitalista mundial creció a una tasa promedio del 5% anual; desde entonces no logra superar el 2,5%. En consecuencia, la tasa de desocupación se ha duplicado y hasta triplicado en los países desarrollados. Según la OIT (4), “la situación del empleo empeoró en 1992/93 en la mayoría de los países del mundo, cualquiera fuera su grado de desarrollo… la indigencia de los resultados de años recientes en el campo del empleo coincide con el estancamiento general del producto mundial” (entre 1991 y 1993, el producto mundial creció apenas un 0,8% anual; el de los países desarrollados creció un 0,9% anual). “El crecimiento del empleo —dice la OIT— está ligado al crecimiento del PBI”, y cita como ejemplo a Europa, donde el nivel de empleo “perdió mucho terreno desde 1991, luego de que el PBI decreció entre 1989 y 1992 y tuvo un signo negativo en 1993”. La conclusión es que “es impropio describir el fenómeno europeo como si lo caracterizara un ‘crecimiento a costas del empleo, dado que la aceleración del crecimiento nunca ha dejado de generar empleo”. La destrucción de empleos provocada por el estancamiento de la producción se ve potenciada por la política de "racionalizar0 que induce la propia recesión. La caída de la producción provoca la desvalorización de las mercancías y los capitales y obliga a una radical reducción de costos. Pero esta “racionalización” aumenta la masa de mercancías, capitales y trabajadores “excedentes”, como consecuencia de la desocupación y de la caída de salarios que genera. Esto explica el aumento del gasto y de la deuda públicos, como factor contrarrestante de la sobreproducción. Ahora, después de una "recuperación” “muy lenta” (OIT), que no permitió el crecimiento del empleo (ya que “la evolución del empleo fue mucho menos favorable que la del PBI”), “la economía mundial (va) rumbo a una nueva recesión”, advierte The Economist (26/6). La existencia de una masa creciente de desocupados a escala mundial es la consecuencia inevitable de la incapacidad del capitalismo para dar una salida a la sobreproducción de mercancías (y de capitales) que se arrastra ya por más de una década. Mentiras y justificaciones (II) Tampoco en la Argentina se registra una explosión productiva bastaría con considerar la sobre-valuación del peso respecto del dólar en los últimos cuatro años para que el tan cacareado 34% de aumento del PBI quedara reducido a una cifra insignificante. La producción industrial, en realidad, no logra superar los registros de una década atrás y hasta cayó en términos per cápita. Según la consultora Fiel, la producción industrial creció tan sólo un 13,5% entre diciembre de 1984 y diciembre de 1994, una cifra que no llega siquiera a compensar el crecimiento vegetativo de la población en ese período (más del 15%). iY esto antes de que comenzara la recesión! El Indec informa que, sólo entre mayo de 1994 y mayo de 1995, se produjo el cierre neto (cierres menos apertura de nuevas empresas) de 20.000 empresas de más de cinco trabajadores y de casi 9.000 de menos de cinco. En ramas enteras — textiles, tractores, bienes de capital— el retroceso productivo es catastrófico. Incluso en aquellas ramas que registran un crecimiento de la producción —partiendo de los bajísimos niveles de 1989— es dudoso que se haya producido un incremento del valor agregado por la industria nacional como consecuencia de la creciente utilización de insumos y piezas importadas (en la rama automotriz, la utilización de componentes nacionales cayó del 90 al 50%). Las terminales se han convertido en simples “armadurías”, lo que explica que las industrias automotriz y de electrodomésticos tomadas en su conjunto —terminales y proveedores— hayan reducido el número de sus trabajadores en los últimos cuatro años. La afirmación de que se habría producido — como consecuencia de la “reconversión”— un aumento de la inversión a la tasa del 20% del PBI es simplemente falsa: el gobierno computa como "inversiones” las privatizaciones y la compra de empresas privadas por multinacionales, es decir, el simple cambio de manos del capital ya existente. También es falso que en la industria se haya producido un “salto tecnológico” generalizado. Las maquinarias incorporadas a la producción —en su totalidad importadas—han creado una dependencia extrema de toda la industria de los insumos y las tecnologías importados. La causa del desempleo no es la escasa calificación de los trabajadores, como lo demuestra un estudio de la Universidad de Lomas de Zamora que describe la formación profesional de los despedidos en los últimos doce meses: “el 15,2% de los desempleados sólo terminaron la primaria; el 18,2% concluyó la secundaria y el 15,2% cursó estudios universitarios o terciarios” (5). No es cierto tampoco que el desempleo sea la consecuencia, apenas temporal, del traspaso de trabajadores de las actividades menos productivas a las más productivas. Al contrario, bajo Cavallo ha crecido el empleo en los sectores menos productivos en detrimento de los más productivos. Según la OIT (6), en Argentina, entre 1990 y 1993, el número de empleados en la industria, la construcción, los bancos y las grandes empresas comerciales cayó en un 2,4%, mientras que el empleo de los “trabajadores independientes” y “microemprendimientos” creció en un 7%. En consecuencia, “hay menos ocupados en puestos de alta productividad, adecuadamente remunerados y con posibilidades de acceder a la seguridad social” (OIT), mientras miles de trabajadores han sido obligados a "independizarse" como kioskeros, remiseros, vendedores ambulantes o plomeros, por la falta de empleo. Según la misma OIT, se trata de empleos “de baja calidad (por) los efectos negativos sobre la productividad promedio y los (bggos) ingresos de los ocupados”. Finalmente, también es falsa la afirmación oficial de que el desempleo es la consecuencia de que la economía no logra absorber a todos los que se han volcado al mercado de trabajo en los últimos años, como consecuencia, dicen, de la “mejora en las perspectivas económicas”: el 86% de los actuales desocupados son despedidos recientes y tan sólo el 14% está a la búsqueda de su primer empleo (7). De cabo a rabo, las explicaciones oficiales sobre la desocupación son falsas. El desempleo masivo es el costo de los inmensos superbeneficios que amasó la clase capitalista bajo el "plan” Cavallo. Un resultado buscado El aumento persistente de la desocupación es la consecuencia inevitable —y buscada— de la política cavalliana de "reducción de los costos laborales” y "aumento de la productividad”. El fenomenal aumento de la productividad del trabajo asalariado (un 22% según la OIT) es el resultado de la aplicación —legal y, la mayoría de las veces, ilegal— de la "flexibilización laboral* es decir, de la superexplotación. La productividad creada por la polivalencia de funciones, el aumento desenfrenado de los ritmos de producción y de las jornadas laborales, la extensión de las horas extras y el desconocimiento de los convenios, convirtió en "excedentes” a miles de trabajadores. El sustancial abaratamiento de las indemnizaciones por despido y accidentes de trabajo —mediante el establecimiento del “procedimiento preventivo de crisis” (que permite despedir sin pagar indemnización alguna), de la ley de flexibilización de las Pymes y aun, por la llamada "vía judicial”— les permitió a los capitalistas desprenderse, casi sin costo, de esos trabajadores "excedentes”. El "abaratamiento” de los despidos por la avía judicial” pone al desnudo el carácter clasista de las "instituciones” de la "democracia”: según denuncia Héctor Polino, de la Unidad Socialista, las modificaciones a las leyes laborales redujeron a la tercera parte los juicios laborales entre 1991 y 1994 (de 18.000 a 6.000 por año); aun así, el 50% de los trabajadores que gana un juicio no puede cobrar sin ejecución judicial y aun en un 30% de los casos no cobra a pesar de la ejecución (8), 21/6). ¡Sólo el 20% de los trabajadores que van a juicio logra cobrar sus indemnizaciones!… lo que equivale a un abaratamiento del 80% de las indemnizaciones. Al mismo tiempo, la "Ley de Empleo” creó los llamados “contratos de promoción de empleo” que abarcan prácticamente a todos los trabajadores (las mujeres, los menores de 25, los mayores de 40, los ex combatientes de Malvinas, etc.) y permiten al capitalista no pagar aportes previsionales por los trabajadores "promovidos” y despedirlos sin indemnización. Estos “contratos…" crearon el “aliciente” para reemplazar en masa a los trabajadores por “promovidos”. En la misma dirección operan las “pasantías", mediante las cuales las patronales pueden tomar estudiantes secundarios y universitarios sin pagar cargas sociales o indemnizaciones por despido y a un costo salarial mínimo. A la masa de despidos que provocó la aplicación en la industria, el comercio y los bancos de la “flexibilización de hecho y de derecho de las condiciones de trabajo” —según la gráfica expresión del abogado de la UIA, Funes de Rioja— hay que agregarle la enorme masa de desocupados que provocaron las privatizaciones en las telefónicas, en los ferrocarriles, en el gas, en la energía eléctrica y la “reforma del Estado". La abismal caída de los salarios reales —un 18% entre 1991 y 1995— también empujó el aumento de la desocupación: la sistemática caída de los ingresos de las familias trabajadoras obligó a muchas esposas e hijos —que anteriormente no trabajaban— a buscar un empleo para paliar la situación. Con el comienzo de los despidos en octubre de 1993 —que dejó en la calle a muchos jefes de familia—, creció todavía más la masa de miembros de esos grupos familiares que se vieron obligados a salir a buscar empleo. La privatización de las jubilaciones —al elevar la edad jubilatoria en cinco años— amplió, todavía más, la oferta laboral. Como se ve, toda la política oficial conduce al incremento de la desocupación… incluso hasta el nuevo “servicio militar optativo como consecuencia de que “una gran cantidad de chicos ya no tienen que destinar ese año de vida, que va de los 18 a los 19 años, a hacer el servicio militar” (ídem), decenas de miles de jóvenes se han sumado a la búsqueda de empleo. La ampliación sustancial de la oferta de trabajo, ya sea como consecuencia de la presión de la miseria social o de las imposiciones despóticas del Estado, es un fenómeno de tal envergadura, que Página/12 (12/7) no duda en afirmar que “el dato más sorprendente de la última encuesta de desocupación es el aumento vertical de la tasa de actividad, es decir de la gente que trabaja o busca trabajo”. Mentiras y justificaciones (III) Todo lo dicho refuta una de las más infames “explicaciones” burguesas, según la cual la desocupación sería la consecuencia del “alto costo relativo del trabajo” (9). También aquí, si descontáramos la sobrevaluación del peso respecto del dólar, los salarios directos e indirectos (que los capitalistas llaman “costos laborales”) caerían inmediatamente a cifras irrisorias. Un ejemplo práctico es Brasil: ahora Argentina puede exportarle, porque la sobrevaluación del real “empareja” la sobrevaluación del peso y deja los “costos laborales” argentinos en el mismo nivel de los brasileños. La comparación que hace Broda es artificial por otro motivo: compara fuerzas laborales de muy diferentes calificaciones, que incorporan un muy distinto valor agregado a la producción. Mientras en la mayoría de los países latinoamericanos, las tareas rurales (y aun estacionales) y de baja calificación tienen un peso muy importante en la fuerza de trabajo, el “costo laboral” argentino promedio incluye trabajadores altamente calificados como los metalúrgicos, los mecánicos, los químicos o los obreros de los astilleros. Más aún, si como dice Broda, el problema fuera el “costo laboral”, Japón, Estados Unidos, Europa o los “tigres” asiáticos como Corea, estarían “fuera del mercado”, porque sus salarios son varias veces superiores a los argentinos. Como señala la OIT — y el sentido común-, no tiene sentido comparar, como hace Broda, los “costos laborales” al margen de la productividad. En este sentido, “el costo relativo del trabajo” ha caído brutalmente en Argentina, como consecuencia de la caída de los salarios, las indemnizaciones y las cargas patronales, de un lado; y del fantástico aumento de la productividad del trabajo, por el otro: con una “inversión” menor en salarios, el capitalista obtiene hoy una producción muy superior a la de cinco años atrás. Por lo tanto, si el problema fuera el “costo relativo del trabajo", la baja sustancial de estos años debería haber ocasionado una caída de la desocupación y no un aumento tan dramático como el actual. La burguesía ha inventado esta “teoría” absurda para ocultar que el "costo laboral” argentino está entre los más bajos del mundo y, sobre todo, para ocultar que la causa de la desocupación son los “costos patronales”: el pago de la deuda externa y los superbeneficios capitalistas. El programa de la burguesía: más de lo mismo La política oficial frente a la desocupación está definida por sus objetivos generales, que el cavallista Broda definió claramente: “Lo que el gobierno está haciendo es pagar primero los intereses y la amortización de la deuda, y con lo que sobra paga salarios, jubilaciones y proveedores: es una extraordinaria y correcta política económica” (10). Menem y Cavallo anunciaron que van a continuar —y aun a agudizar— la política que ha llevado a la catástrofe: reducirlos salarios, incluso en términos nominales; bajar todavía más el “costo laboral directo e indirecto" (mediante la sanción de la ley de quiebras, que suspende la vigencia de los convenios y elimina las indemnizaciones, la eliminación de los aportes patronales, la liquidación de las obras sociales); imponer una “flexibilización” aún más violenta; proceder a despidos masivos en las administraciones provinciales y municipales; mayor reducción de los “gastos sociales”. Las consecuencias de esta, política están cantadas: más recesión, más desempleo y menores salarios. Pero ésta no sólo es la política que ha triplicado la desocupación en cuatro años; es también la política que históricamente ha fracasado en todos lados y que hundió sin remedio a los gobiernos que intentaron valerse de ella para salir de la recesión. La desocupación masiva pone al desnudo el fardo de la organización social capitalista y la bárbara sangría que significan el pago de la deuda externa, la extrema dependencia de la burguesía argentina respecto del gran capital financiero internacional y la condición semicolonial del país y de su régimen político. Una lucha anticapitalista La burguesía es incapaz de explicar las causas de la desocupación —no digamos ya de formular una política para acabar con ella—, porque el desempleo masivo pone al desnudo la contradicción insuperable del capitalismo: su necesidad de incrementar constantemente la explotación del trabajo asalariado, lo cual requiere de una masa creciente de desocupados que reduzca los salarios, de un lado; y la tendencia a la sobreproducción de mercancías (y de capitales), que no pueden ser adquiridos por los consumidores finales. Esta contradicción explica también porque la burocracia sindical —entregada a las patronales— no sólo abandona a los desocupados a su suerte, sino que incluso culpa de la catástrofe a sus víctimas. La existencia de una masa de desocupados que no tienen esperanzas de volver a trabajar es un estado típicamente final del capitalismo, porque pone en evidencia su incapacidad de dar de comer a los explotados — y de reproducir, mediante la explotación del trabajo, su sistema de explotación. En todo régimen de explotación, la incapacidad de los explotadores de alimentar a los explotados significó la apertura de un período de revolución social. La lucha consecuente contra la desocupación, por lo tanto, sólo es posible con una estrategia anticapitalista y revolucionaria. Los desempleados y sus familias deben ser organizados para reclamar por su “derecho al trabajo” mediante movilizaciones políticas masivas. Por un inmediato subsidio a todos los desocupados y por un plan de obras públicas para dar trabajo a todos; suspensión del pago de los impuestos, servicios públicos y alquileres; reducción de la jomada laboral para repartir el trabajo entre todos; reducción de la edad jubilatoria y becas para que la juventud trabajadora pueda seguir estudiando; aumento de los salarios y eliminación de los impuestos al consumo, para que el consumo obrero y popular reactive la economía; expropiación sin pago de toda fábrica que cierre y su funcionamiento bajo control de los trabajadores. Los fondos para la ejecución de este programa están a la mano: desconocimiento de la deuda externa, impuestos al gran capital. La miseria que agobia al pueblo trabajador revela que la producción falta, no sobra. Control obrero de la producción, de las finanzas y del comercio exterior para poner la economía al servicio de las necesidades de los trabajadores y la nación. La burguesía es incapaz de acabar con la desocupación masiva. Sólo la clase obrera—mediante el establecimiento de su propio poder político, el Estado Obrero— podrá poner en marcha un plan político, económico y social que elimine la desocupación y la miseria crónicas. Los trabajadores deben esforzarse por comprender el carácter general del fenómeno de la desocupación y prepararse para enfrentarlo mediante una lucha revolucionaria organizada. Notas: (1) La Nación, 12/7. (2) Clarín, 14/7. (3) El Economista, 7/7. (4) El trabajo en el mundo. 1994. (5) Página/12, 11/7. (6) Panorama Laboral 94. América Latina y Caribe. (7) La Nación, 11/7. (8) Página 112 (9) Miguel Angel Broda en El Economista, 2/6. (10) Página/12, 25/6.

En juego la vida de los trabajadores Si un trabajador fallece por un accidente de trabajo, de ahora en más, con la sanción de la nueva ley llamada de riesgos de trabajo, su esposa recibirá, como único pago, una pensión mensual máxima de entre 200y 300 pesos (Clarín, 15/7/95). Como esa pensión se establece en función del sueldo del damnificado y de la edad del cónyuge, dado el nivel salarial actual, la pensión oscilaría en tomo de los 100 a 150 pesos mensuales. No hay indemnización y le está vedada a la viuda realizar cualquier tipo de acción judicial. La vida del trabajador, mutilada por los ritmos infernales de trabajo y por la propia inseguridad de las fábricas, para la clase capitalista no vale nada. La ley de accidentes de trabajo (número 9688) establecía una indemnización equivalente a 1.000 jornales por el grado de incapacidad. A partir de una mutilación superior al 66% se consideraba invalidez absoluta (del 100 por ciento). Un trabajador que gana 50 pesos por día, en caso de invalidez absoluta recibía50.000pesos y, además, tenía derecho a la pensión jubilatoria por invalidez. Esta disposición fue luego modificada Gey 23643) porque no tenía en cuenta la edad del trabajador damnificado. Lógicamente, cuando menor es la edad del incapacitado, mayor debe ser lá indemnización, porque mayor es el tiempo de vida que tiene que vivir el trabajador con su incapacidad laboral Se fijó entonces “un número guía que es 100 y este número den se divide por el número de años de edad de la víctima, en el momento del accidente, y el coeficiente resultante se multiplicará por el equivalente a mil salarios diarios” (1). Si el accidente lo sufre un trabajador de 20 años, la indemnización de los 1.000 jornales se multiplica por 5 (100 dividido 20). En el ejemplo anterior, la indemnización pasaría a 250.000 pesos. Si tuviese 50 años, se multiplica por 2 (100 dividido 50). La indemnización saltaría a 100.000 pesos. En 1991, con la ley 24028 se introdujeron dos modificaciones contrarias a los trabajadores. Se bajó “el número guía de 100 a 65, lo que redunda en una menor reparación por la edad” (ídem) y se estableció un tope indemnizatorio de $ 55.000. El argumento patronal era que los trabajadores habían montado una ‘industria del juicio’ en tomo a los accidentes de trabajo, cuando, en realidad, ésta era una “industria… de las patronales. ¿Por qué? Porque ni las patronales ni las compañías de seguros pagaban las indemnizaciones que marcaba la ley, obligando al trabajador al juicio, con la especulación de que la falta de recursos del obrero lo llevaría a una transacción extrajudicial por la mitad o menos de la indemnización legal. Con todo, el tiro de grada se consumó ahora con la sanción por la Cámara de Diputados de una nueva ley de accidentes de trabajo. La aprobación por el Senado es inminente. * La ley elimina las llamadas enfermedades-accidente, que son las que se producen como consecuencia de la falta de normas de seguridad e higiene en los lugares de trabajo y que pueden determinar sorderas, pérdidas de visión, etc. * Las enfermedades profesionales van a ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, que puede incluso revisarlas todos los años, lo que significa que serán restringidas al máximo. * La ley elimina toda responsabilidad laboral y civil de las patronales por los accidentes que se produzcan en los lugares de trabajo, incluso si fuesen por la falta de normas de seguridad e higiene o por elevados ritmos de trabajo. * Elimina los 1.000jornales por 43 sueldos (son 940 jornales) pero considerados como promedio de los últimos 12 meses, lo cual los vuelve a licuar por la inflación. Confirma el número guia de 65. * Transforma la indemnización en una pensión mensual que el trabajador damnificado o sus familia-res deben adquirir en una compañía de seguros de retiro. El capital para comprar esa pensión tiene un tope de $ 55.000. Dado los salarios actuales y con el número guía en 65 , en caso de muerte o incapacidad absoluta, 43 sueldos son menos de $ 55.000. Aun así, con $ 55.000, las compañías de seguros de retiro dan una pensión vitalicia de entre $ 200 y $ 300. El accidente de trabajo se transforma así en un negocio de la compañía de seguros, con sus comisiones, gastos administrativos, primas, etc. * La reparación de los accidentes ocurridos entre el domicilio y el lugar de trabajo, que hasta ahora era asumida, por las patronales, es transferida al sistema de seguridad social (Cajas oficiales). Estos accidentes representan el 8 % de los accidentes totales. Como el régimen estatal no tiene plata para pagarles a los jubilados, tampoco pagará las reparaciones por estos accidentes, o saldrá del congelamiento de los haberes jubilatorios. Este ley tiene claras connotaciones criminales, ya que reduce casi a cero las penas económicas y a cero las responsabilidades civiles de las patronales. Si hasta ahora, con el pago de indemnizaciones y con responsabilidad civil, había 300.000 accidentes de trabajo por año, de aquí en más esta cifra puede irse a las nubes, porque les resultará más barato a las patronales el accidente de un trabajador que las inversiones que podrían evitarlo. Negocio Este engendro se implementará a través de las llamadas Administradoras de Riesgos de Trabajo (ART), que reemplazarán a las compañías de seguros en la contratación de las pólizas. Como sucede con las AFJP, los sindicatos, los bancos y grupos económicos podrán formar las ART. Esto, que disgusta obviamente a las compañías de seguros, provoca la euforia de la burocracia sindical y de los bancos. Gerardo Martínez, junto a West Ocampo y sus mandamases financieros de la ITT Cénit, ya se anotaron con una ART. Por supuesto, el Citibank y el Banco Río también. A diferencia de lo que sucede ahora, en que el seguro es optativo, todas las patronales estarán obligadas a contraerlo en las ART. Aquí se produjo una divergencia entre la burocracia sindical y la Unión Industrial, ya que las grandes patronales querían el autoseguro. Los Macri, Pérez Companc o Ifechint querían tener el negocio de esta póliza para sí, sin tener la necesidad de compartirlo o entregarlo a otros. Por medio del autoseguro pretendían también fijar ellos las normas de seguridad e higiene, sin tener que rendir cuentas a nadie y menos a las ART. Finalmente, la ley salió con el autoseguro. De todas maneras, la ley establece que las ART controlarán los planes de seguridad e higiene de las empresas, y harán contratos donde se “indicará las medidas y modificaciones que el empleador deba adoptar en cada uno de sus establecimientos para adecuarlos a la normativa vigente, y fijará los plazos para su ejecución”. Esto es, una “privatización” de la seguridad e higiene de las fábricas. Aun así, “mientras el empleador se encuentre ejecutando el plan de mejoramiento no podrá ser sancionado por incumplimiento de las normas de higiene y seguridad en el trabajo”. La burocracia también sacó su tajada, porque incluyó una cláusula que autoriza a los convenios de trabajo a formar ART, de manera de tener la cautividad del negocio, con la anuencia de las patronales. Al eliminar las indemnizaciones y las enfermedades-accidente, al limitarlas enfermedades profesionales y transferir a las Cajas estatales los accidentes entre el domicilio y el lugar de trabajo, la burguesía ha infringido un gran ataque a la salud y la vida de los trabajadores. Además, crea un doble negocio capitalista: el de las ART y el de las compañías de seguro, de retiro. Las primeras, porque cobrarán primas del orden de los 1.000 millones por año, y las segundas, porque "administrarán” las pensiones de los damnificados. La consecuencia de este engendro será un florecimiento de los accidentes, una intensificación de los ritmos de trabajo y la flexibilidad a ultranza, que es el objetivo fundamental de los explotadores. Abajo la ley Lo que está en juego es la intensificación de los ritmos de trabajo, la seguridad laboral y la propia vida del trabajador. Por eso, el Partido Obrero plantea luchar contra este engendro criminal, planteando como primer punto la elevación de la indemnización por accidente de trabajo y la responsabilidad civil de las patronales, de manera de obligarlas a respetar las normas de prevención, higiene y seguridad laboral. Al mismo tiempo, planteamos la formación de comités obreros que tomen a su cargo el control de los ritmos de trabajo y las normas de seguridad en las fábricas, para evitar que ocurran los accidentes y obligar a las patronales a que metan plata en seguridad en el trabajo. Finalmente, todo el sistema de seguridad debe estar a cargo del Estado, fin andado con un impuesto especial a los capitalistas. Notas: (1) Rodríguez Saiach, Tratado de los Accidentes y Enfermedades del Trabajo, pág. 21

Las declaraciones del obispo Musto (20/6), —acerca de que “no sea que por responder a las exigencias del FMI, estemos dejando a los trabajadores al margen de la vida” y a favor de que se declare una “moratoria al menos por un año”, han provocado en la izquierda democratizante un fervor clerical que raya en la histeria. El caso quizás más extremo ha sido el del Mst, quien considera que “Ahora hasta la propia Iglesia, por primera vez desde 1983… reconoce la gravedad del tema de la deuda” (1), lo cual lo ha llevado —según afirma— a abandonar el planteo de no pago de la deuda/externa, para plegarse al de la Iglesia de moratoria por un año. “Sin embargo, ante la emergencia y el resurgimiento de sectores que planteen la moratoria por un año, estamos a favor de la más amplia unidad de acción para exigir al gobierno que se suspenda ya por un año el pago de la deuda externa”. A partir de aquí, el Mst llama a la Iglesia a la "unidad de acción” por la moratoria de la deuda externa por un año. Aunque los “curas… no vayan a impulsar una acción consecuente”, el Mst que —sí es "consecuente”— los llama “a generar una movilización” (2). La Iglesia y la deuda La posición de Musto y de los obispos que lo han apoyado, se limita a un planteo, renegociación del pago de la deuda externa, algo que ya ha hecho Cavallo, al contratar empréstitos por 7.000 millones de dólares para pagar el capital y los intereses de 1995, que equivalen a un monto similar. La deuda externa, en realidad, se encuentra en una renegociación constante en lo que se refiere al capital, ya que, hasta la crisis mexicana, los vencimientos de capital de la deuda privada se renovaban en forma más o menos automática, en tanto que la pública se halla renegociada, en su mayor parte, en los términos del “plan Brady”, a un plazo de treinta años. En relación a los intereses, una renegociación significaría transformarlos en capital, con vencimientos escalonados, por los cuales habría que pagar nuevos intereses. Es a esta posición a la que ha adherido el Mst, quien propone un frente único a la Iglesia en los términos del programa de ésta. La opinión de que la deuda externa no podría ser ya nunca más renegociada, al haberse transformado de créditos de los bancos en títulos que se negocian en las Bolsas, acaba de ser refutada por la renegociación de la deuda “titularizada" de Aeroméjico a través de un conjunto de bancos, demostrando que éstos siguen teniendo el comando de la deuda externa internacional. Otra cosa que no se debe olvidar es que una renegociación entraña concesiones de orden político, como el compromiso de mayores privatizaciones o reducciones de salarios. A esto lleva la propuesta Musto-Mst. Taparrabos La demagogia de Musto, sin embargo, pretende encubrir el proceso político fundamental del momento, que es la completa entrega de la educación al clero, al igual que los medios de comunicación y los "programas sociales El Mst y la izquierda democratizante se han transformado en cómplices de ese encubrimiento. Lo muestra, más que nada, la negativa de denunciar al clero en relación a la ley de enseñanza superior y el apoyo dado a la “mediación” de Primatesta en la crisis cordobesa. El clero, ha logrado imponer que en una docena de constituciones provinciales (Buenos Aires, Tucumán, Córdoba, Salta, etc.) se haya introducido el principio de la enseñanza religiosa. También ha logrado esto en la reforma de la Constitución Nacional, al incorporarle los Tratados Internacionales que así lo vehiculizan. La izquierda democratizante no denuncia nada de esta realidad. Y esto viene ocurriendo desde el Congreso Pedagógico (1985) que fue copado por la Iglesia. En la actualidad, el conjunto de la izquierda —a excepción de la agrupación Tribuna Docente (PO e independientes)— se opone a que en las elecciones nacionales de la CTERA, la lista Rosa que se enfrenta a la dirección centroizquierdista de Maffei-Mary Sánchez, levante en su programa una crítica al avance del clericalismo. El programa de la Rosa carece de contenido político, pues no enfrenta la reforma educativa clerical y privatista. El objetivo de los clericales Uno de los propósitos del clero con sus críticas “sociales”, es además de la demagogia tan necesaria, obtener del gobierno menemista el control de una parte importante de la Acción Social. El PAMI, por ejemplo, entrega de su saqueado presupuesto unas cuantas decenas de millones de dólares a Cáritas para que se haga cargo de atender a los jubilados que el gobierno condena al hambre. La Iglesia quiere regimentar a las masas de hambrientos y desocupados que el capitalismo, en su crisis, está desahuciando. La reacción clerical esta realizando un trabajo sin precedentes de penetración en la educación, en la asistencia social, en los medios de comunicación y en la cultura. La curia acaba de realizar un congreso con ese fin, de las FM que están bajo su control. En educación, su avance es impresionante. (Acaba de disolver el Consudec para poner a los rectores de colegios religiosos bajo control directo del Episcopado). Su intervención en el plano político también es creciente. A pesar de sus divisiones internas, mantiene incólume su defensa del régimen menemista. Viene de jugar un papel capital en la crisis cordobesa. ¿Por qué Primatesta salió a "mediar” entre Angeloz, Cavallo y las masas cordobesas? No sólo para defender el "orden” frente a las movilizaciones de las masas, sino también para tratar de resolver el cobro de los 75 millones de dólares que el gobierno de Angeloz le adeuda de subsidios a las escuelas católicas. El cacareo contra la deuda, o la preocupación por la miseria de las masas que declama la Iglesia, es la gran demagogia social que encubre la creciente penetración clerical en todos los poros y cuya finalidad es enfrentar a las tendencias revolucionarias que pretenden acabar con el régimen de explotación capitalista. Por eso, la negativa de la lista Rosa a levantar un programa anticlerical, es una capitulación sin precedentes. El silencio frente a las maniobras reaccionarias de Primatesta en Córdoba es una vergüenza. Lucha entre buitres El tema de la deuda externa también refleja una disputa subalternas en tomo a la defensa del presupuesto del Estado destinado al clero, que podría quedar afectado por los planes de “ajuste” del Banco Mundial. El ex Consudec católico tuvo también enfrentamientos con las patronales ''laicas” de las escuelas privadas (el clero tiene exenciones impositivas y los privados no). Cuando Musto y otros obispos protestan contra las “exigencias del FMI”, le están advirtiendo contra una amenaza a los privilegios clericales. Se trata de una lucha entre buitres. La religión es un asunto privado. Es necesario separar a la Iglesia del Estado. La Iglesia es una organización reaccionaria, puntal de la reacción política nacional e internacional. Notas: (1) Semanario Socialista, 22/6 (2) Semanario Socialista, 28/6.

La totalidad de los miembros de la Comisión Asesora de Ciencias Médicas acaba de presentar ruidosamente su renuncia al Conicet. Los renunciantes fundamentaron su decisión colectiva en el retorno al país del doctor Juan Carlos Vidal para continuar, con la financiación del Conicet, sus investigaciones sobre la crotoxina. Vidal abandonó la Argentina en 1987. cuando la misma Comisión Asesora invalidó sus investigaciones. El retorno de Vidal, sin embargo, “fue la gota que rebasó el vaso” (Página 12, 9/6),como dijo una de los renunciantes, la investigadora Martha Barontini . El motivo de fondo de la renuncia masiva es el hundimiento del Conicet como consecuencia de la falta de presupuesto: “los profesionales fundamentaron su respuesta en la escasez de recursos destinados a la investigación científica y en la decisión de Liotta (secretario de Ciencia y Técnica) de crear ocho institutos, cuando los ya existentes no tienen dinero para funcionar” (ídem). Carlos Mundt, vicepresidente segundo del Conicet, debió reconocer que “el presupuesto anual sólo alcanza para pagarlos sueldos" (La Nación, 29/5) El derrumbe de la investigación científica en la Argentina es una de las tantas evidencias de que la burguesía nacional argentina, es un rehén del gran capital financiero internacional. A continuación reproducimos un análisis de conjunto de la situación de la investigación científica en nuestro país, solicitado -y no publicado- por la revista Descubrir a Jorge Altamira. La situación de la investigación científica en Argentina, y en especial sus perspectivas, se encuentran perfectamente retratadas en un reciente diálogo entre el ministro de economía y una comisión del congreso relativo a la privatización de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Interrogado acerca de la finalidad principal de esa medida, Domingo Cavallo respondió que serviría para proceder al rescate anticipado de los títulos públicos conocidos como Bocones. En definitiva, se trata del enajenamiento de los recursos y posibilidades de la inteligencia argentina para hacer frente a la deuda nacional, que orilla los 100.000 millones de dólares, luego de haber hecho lo propio con el patrimonio físico de las empresas del estado. Cualquier intento de diagnóstico de la situación de la investigación científica del país, al margen del tema decisivo de la llamada “deuda externa”, está condenado al fracaso. Esta constatación cobra un relieve aún mayor, si esto fuera posible, a partir de la crisis mexicana, que ha actualizado la posibilidad de un derrumbe bancario y de un colapso de las finanzas públicas. Es una característica común de la totalidad de los partidos que defienden el actual orden de cosas, la abstracción con que abordan el tema de la investigación científica respecto al plan económico en vigencia y a la crisis financiera a la que está llevando al país. Las cifras y los hechos ilustran de un modo inconfundible el acierto de la caracterización anterior. “El porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) que la actual administración destina al sector científico y tecnológico no llega al 0,3%”, según la autorizada denuncia del documento final del Primer Encuentro Nacional de Ciencia y Tecnología, realizado a principios de noviembre del año pasado. El dato contrasta fuertemente con el 2% del PBI, un porcentaje igualmente insuficiente, que destinan los países desarrollados. En un cuadro capitalista mundial en el que cualquier mejora tecnológica acrecienta la sobreproducción de mercancía y de capitales y torna invendibles los productos, es natural que la proporción destinada a la investigación científica ocupe un lugar ridículo con relación a la totalidad del capital invertido. No es casual que la orientación de los grandes capitales apunte al incremento de la jomada laboral, de la flexibilización y de la reducción de los salarios, cuando se trata de acrecentar la plusvalía y los beneficios empresarios. El documento mencionado señala “como agravante de esta situación presupuestaria… (las) fuertes sospechas de que se han otorgado fondos para la investigación siguiendo pautas de favoritismos personales, o bien que se han negado por imperio de discriminaciones ideológicas”. Más allá de esta manifestación “primaria”, importa destacar, sin embargo, que el tema de la corrupción se encuentra fuertemente inscripto en la realidad social o clasista actual, que tiende a favorecer absolutamente a los grandes intereses económicos en detrimento de los generales del país. Es el caso de la contratación de consultoras extranjeras para la evaluación de proyectos de infraestructura o vinculados a privatizaciones, en momentos en que la población científica argentina radicada en el exterior, debido a la ausencia de incentivos dentro de la nación, equivale a las dos terceras partes de nuestra comunidad científica, es decir, unas 7.000 personas. El texto del Encuentro al que hemos hecho referencia, destaca “el caso del Instituto Nacional de Ciencia y Técnica Hídricas, que produjo un importante estudio para el saneamiento del Riachuelo y que, a la postre, fue archivado en beneficio de una consultora extranjera”. Claro que esto no debiera sorprender, toda vez que los trabajos de consultoría juegan un papel determinante en la evaluación de los costos de los proyectos y, por lo tanto, de sus beneficios. De ahí que el Banco Mundial condicione invariablemente sus préstamos de desarrollo no solamente a una participación abusiva de los capitales extranjeros sino, por sobre todo, a que los proyectos sean determinados por consultorías internacionales. La enajenación del patrimonio y de la actividad científicas nacionales sigue como una sombra a los procesos de privatización. En las condiciones de Argentina, como de cualquier otro país que no tenga una participación independiente en el mercado mundial, las posibilidades de desarrollo científico son inversamente proporcionales a la política de privatizaciones. Un documento del Banco Mundial, titulado “Argentina: de la insolvencia al crecimiento”, plantea que el gobierno debe desprenderse de más de 9.000 científicos del Conicet y de la Conea, desmembrar a esta última y privatizar las centrales nucleares, liquidar la Fundación Lillo, que es el mayor banco fitogenética del país, y poner fin a la autonomía de la secretaría de Ciencia y Técnica. La ironía de todo esto es que Argentina, como consecuencia de toda la política oficial, se encuentra ante la inminencia de la insolvencia y, de ningún modo, del crecimiento. Resulta obvio que una cuestión central en relación al desarrollo científico y tecnológico lo constituye la exigencia de los Estados Unidos para que Argentina se someta a la legislación de patenta-miento intelectual preconizada por aquéllos, lo que les otorgaría un monopolio de un cuarto de siglo sobre nuevos procesos tecnológicos. La cuestión de la ley de patentes se presenta como una de las principales vías para elevar la tasa de beneficio de los principales capitales internacionales, en particular en las industrias farmacéuticas y <je tecnología de punta, por medio del monopolio, gj llamado neo-liberalismo se delata, de este modo como un taparrabos de intereses que nada tienen que ver con la libertad económica. Una reciente encuesta ha permitido advertir uno de los mayores peligros que se ciernen sobre el futuro científico nacional —la baja tasa de reposición de recursos humanos, esto es, la baja relación que existe entre becarios e investigadores formados. La proporción de 2 a 1,7 no garantiza la continuidad del sistema científico, a pesar de lo cual fue cerrado el ingreso a la carrera de investigador científico en el Conicet, lo que dejó sin posibilidades a unos 1.000 becarios. Asimismo, láSi promociones han sido condicionadas a la producción de vacancias en las categorías superiores. Él cuadro de situación puede ser completado con la información de que el presupuesto de 1995 de lós organismos de ciencia y técnica fue reducido en un 20%, que el salario se encuentra congelado desde 1991 y que en varios de esos organismos se han producido numerosos despidos. La denuncia más espectacular en las últimas semanas ha sido la falta de provisión de gas y de agua en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. La política oficial hacia la Universidad resulta coherente con la orientación de condicionar el desarrollo social y económico del país a la necesidad de pagar la deuda externa, por un lado, y de incentivar el ingreso del capital financiero internacional para pagar esa deuda con nuevo endeudamiento. La Universidad es instada a transferir conocimientos y tecnología a la empresa privada, la que de este modo recibe un subsidio excepcional, pero que desestimula al mismo tiempo la investigación básica que alimenta los procesos de aplicación tecnológica ulteriores. Esta transferencia descuida, al mismo tiempo, importantes prioridades nacionales, como lo son el combate a importantes enfermedades endémicas, como el mal de chagas, la nueva endemia del cólera y la que se anuncia con la fiebre amarilla. El balance que sumariamente acabamos de describir constituye una formidable acta de acusación contra la burguesía nacional, en su condición de clase que, en gran parte, constituye la dirigencia histórica del país. La política de los gobiernos militares o democráticos no ha hecho más que traducir, en última instancia, las posibilidades históricas de esa burguesía y su posición frente al capitalismo extranjero, de un lado, y la clase obrera, del otro. El entreguismo con respecto al primero i es el contrapunto de su violenta ofensiva contra las condiciones de vida y de trabajo de la segunda. La existencia de numerosos organismos científicos y técnicos constituye la prueba de que la burguesía intentó, si no ella directamente, desenvolver alguna forma de independencia económica; pero los resultados son el testimonio de su fracaso. En realidad, la burguesía se ha valido del estatismo tecnológico para justificar los subsidios en su beneficio, de ningún modo para proyectar la independencia nacional. Un ejemplo de actualidad, en este sentido, lo constituye el Programa de Desarrollo de Proveedores, del INTI, que prevé el otorgamiento de “créditos blandos” a las Pymes así como asistencia técnica en calidad, diseños y ensayos. El financiamiento de este subsidio se realiza en detrimento de la actividad estructural de las Unidades Técnicas del INTI, que no cuentan con dinero para actividades elementales. En definitiva, la función del INTI ha sido trastocada al otorgamiento de sellos de calidad que autoricen a las empresas a posicionarse en el Mercosur. La actividad científica y técnica, como consecuencia, se mercantiliza y baratea. Por su atadura con las clases que se benefician con esta situación, las tres coaliciones políticas que las encuestas ubican en los primeros lugares de las intenciones de votos, son incapaces de ofrecer cualquier solución. Para esto es necesario que una nueva clase social, los obreros y los trabajadores, se hagan cargo del poder político, con la condición de que actúen con la conciencia de que la independencia nacional requiere la unidad de los trabajadores de América Latina, para unir a nuestras naciones en un poderosa Federación.

Sindicatos norteamericanos En la cúpula de la AFL-CIO —la central obrera norteamericana— se ha desatado una crisis que ha llamado la atención de los más importantes medios de prensa, al punto que The Economist (17/6) caracteriza que Lañe Kirkland, su presidente, “enfrenta una rebelión en sus filas”. Veintiuno de los sindicatos más importantes —que engloban al 54% de los afiliados de la central se han negado a apoyar su reelección —la novena consecutiva y presionaron más o menos públicamente por su renuncia. Kirkland ya anunció que no se presentara a la reelección y que se retirará en agosto. Se trata de un hecho inédito en la historia de la central sindical norteamericana pues, en el pasado, sólo una enorme a o a muerte podían desalojar de su sillón a un burócrata. La oposición, compuesta de los sindicatos de la industria automotriz (UAW), camioneros (Teamsters), maquinarias (IAM), empleados públicos y empresarios de servicios, levantan la candidatura de John Sweenwey, que enfrenta a Thomas Donahue, vicepresidente de Kirkland. Uno de los principales gremios impulsores de la candidatura de Sweenwey, el de los “Teamsters”, ha protagonizado hace poco tiempo su propia renovación hace ya dos años, una dirección centroizquierdista derrotó a la histórica dirección derechista de los camioneros. Los dirigentes de los grandes sindicatos acusan a Kirkland de “falta de energía” para revertir el retroceso de la influencia y del número de afiliados de los sindicatos. Después de una aguda caída en la década pasada, la tasa de afiliación a los sindicatos ha caído en la actualidad al 12% de la fuerza laboral (y esto pese a la recuperación de 350.000 afiliados, principalmente en los gremios estatales, en los años 93 y 94). Según el candidato opositor Sweenwey, “pasamos inadvertidos para la vasta mayoría de trabajadores que no están afiliados en nuestro país” (The Economist, 17/6). El retroceso político de la burocracia ha corrido parejo con la caída de sus afiliados. Esto se hizo muy evidente en la primera etapa del gobierno de Clinton, cuando los burócratas no pudieron hacer progresar ninguno de los proyectos que apoyaban—-pese a que los demócratas dominaban ambas cámaras del parlamento. Un ejemplo claro de este retroceso es lo sucedido con la ley que permite a las patronales el “reemplazo permanente” de los obreros huelguistas por carneros, que ha sido una de las armas favoritas de las patronales en su lucha contra los sindicatos. Durante la última campaña presidencial, Clinton prometió a los sindicatos -que apoyaban su candidatura- que derogaría la ley de reemplazos permanentes”', una vez electo, nunca volvió a mencionar el tema. La pérdida de "influencia” de la burocracia en el partido demócrata ha llevado a que en un sector importante de las direcciones sindicales (los camioneros y el sindicato del petróleo, la química y la energía nuclear) y gran parte de las corrientes de oposición en otros gremios, incluso, se haya comenzado a debatir la idea de crear un “partido de trabajadores”, un partido basado en los sindicatos, a imagen del viejo partido laborista inglés. En reemplazo del “inexpresivo” Kirkland (The New York Times, 20/6), al que caracterizan como un obstáculo para la reconstrucción del movimiento sindical, “los ansiosos presidentes de los sindicatos ahora están buscando un liderazgo más enérgico y estrategias más efectivas” (ídem). El candidato de los "opositores”, Sweenwey, se destaca precisamente por haber duplicado el número de los afiliados de su sindicato —la federación de empleados públicos federales, estatales y comunales—, y haber colocado en puestos dirigentes a mujeres y minorías raciales. Su candidata a vicepresidente es, precisamente, una mujer de origen hispano. Tanto Sweenwey como Donahue son dos representantes de la ‘Vieja guardia sindical” (ídem), provienen del mismo sindicato y hasta son viejos amigos. No debe descartarse, por lo tanto, la posibilidad de un compromiso. Sin embargo, para The New York Times (20/6): “Cualquiera sea el candidato que prevalezca, es seguro que ahora viene un cambio”. Ocurre que esta crisis es el resultado de que “una franja de dirigentes sindicales presiente que los actuales signos de resistencia provenientes de las bases sindicales a los continuos ataques de los empleadores son un anticipo del futuro” (The Militant, 12/6). La dirección actual ha fracasado en toda la línea en defender a los sindicatos de estos ataques, como lo prueba la reciente derrota de la huelga de la Bridgestone/Firestone. Después de diez meses de huelga, la dirección del sindicato del neumático en defensa del Marxismo (URW) ordenó el levantamiento de la huelga y la aceptación incondicional del contrato que había rechazado con anterioridad. El contrato incluye aumentos salariales apor productividad” y tumos (shifts) de 12 horas durante los siete días de la semana. Aunque el sindicato levantó la huelga, es improbable que los huelguistas vuelvan al trabajo: la patronal los ha reemplazado por "carneros permanentes”. Durante esos diez meses, la dirección no hizo ningún intento serio de movilizar a los 93.000 afiliados del sindicato en apoyo a la huelga y tampoco impulsó los piquetes de masas que impidieran la entrada de los "reemplazos permanentes por el contrario, trató de organizar vanamente un *boicot de consumidores” y organizó la huelga como una campaña en defensa de los "valores americanos” contra los japoneses, que son los propietarios de la compañía (¡como si los capitalistas yanquis no aplicaran la misma política de "productividad” y de ataque a los sindicatos que los japoneses de la Bridgestone!). El levantamiento de la huelga fue resistido por una fracción importante de los huelguistas e, incluso, por algunas direcciones locales: “No fueron los miembros del sindicato los que decidieron esto. Quiero que la gente que nos ha apoyado durante todos estos meses sepa que nosotros no hemos votado esto”, declaró uno de los activistas opuestos al levantamiento de la huelga. Las importantes huelgas que se han desarrollado en los Estados Unidos en los últimos dos años (mineros, plantas de GM, Caterpillar, e incluso la derrotada de Bridgestone/Firestone) son esos “signos de resistencia que anticipan el futuro”. Los grandes burócratas impulsan el "cambio” porque “saben que los actuales líderes de la AFL-CIO no pueden tapar las batallas que se avecinan” (The Militant, 12/6).

Conferencia pronunciada por Jorge Altamira, el 18 de agosto de 1994, en la Universidad de Sao Paulo, Brasil, en oportunidad del lanzamiento del libro Trotsky hoje", que reúne las ponencias del Seminario Internacional sobre el “Presente y futuro del socialismo”, realizado por esa misma universidad, en 1990. A pesar de que León Trotsky dirigió la Revolución de Octubre, construyo literalmente de la nada el Ejército Rojo, triunfó en una guerra civil contra las fuerzas contrarrevolucionarias rusas (a las que se sumó la invasión de catorce naciones extranjeras) y construyó la III Internacional; a pesar de todo esto, las peripecias de la contrarrevolución en Europa consiguieron opacar la figura de Trotsky. Puede hablarse inclusive de una verdadera conspiración de silencio contra su política, programa y personalidad. Naturalmente, para esto contribuyó la campaña del stalinismo, que lo presentó a veces como un agente de la Gestapo, otras como un agente del imperio japonés, o inclusive como un agente del servicio de informaciones británico, sin que sus acusadores repararan en la contradicción de ponerlo al servicio de tantos servicios de informaciones extranjeros rivales al mismo tiempo. Asesinado en 1940, su figura era reivindicada por un pequeño grupo de personas. A fines de la década del 50 tuvo inicio un proceso de revalorización de la figura de Trotsky, proceso que en determinado momento se transformó en moda, y para el cual contribuyó seguramente la monumental obra de Isaac Deutscher, la biografía de Trotsky en tres tomos, proyectándolo en el campo académico y, hasta un cierto punto, en el político. Fue grande el impacto que produjo esta obra, al punto de que por primera vez, hasta dirigentes de los partidos comunistas (PC) comenzaron a pensar que las denuncias hechas por el stalinismo eran deshonestas, injustas y, seguramente falsas. Pero desde el punto de vista político, el impacto de esta reconsideración se concentró en un aspecto determinado que en la biografía de Trotsky se destacaba sobre los demás: el análisis sobre el fascismo y el ascenso del nazismo alemán, y la crítica a la III Internacional y al stalinismo en lo relativo a su responsabilidad por la victoria nazi y el aplastamiento de la clase obrera alemana, y en consecuencia, la perspectiva prácticamente cierta del desencadenamiento de una segunda guerra mundial. Causó impacto la visión aguda de Trotsky, que entrevió que la política de la Internacional Comunista (IC)_que caracterizaba a la social democracia alemana y a la socialdemocracia en general, como el principal enemigo que debía ser liquidado previamente para derrotar al fascismo—iría a conducir al proletariado mundial a una tragedia; que el fascismo no sería un fenómeno episódico en la historia mundial y en la historia de la contrarrevolución; que si no era rápidamente aplastado y erradicado completamente por la fuerza de una lucha armada del proletariado europeo revolucionario, el fascismo iría a aplastar a este proletariado. Trotsky es prácticamente el único que prevé el holocausto de los judíos en la segunda guerra mundial y, más lejos todavía, percibe los crímenes posteriormente asociados al hitlerismo. La denuncia que hace de la política de la IC, quedó como un análisis que inflamó a los teóricos y académicos hacia finales de los años 50. Trotsky proponía, durante la lucha contra el fascismo, el frente único de los partidos de la clase obrera. En oposición a la tesis stalinista de que la socialdemocracia era hermana gemela del fascismo, y de que ambos eran métodos diferentes para el mismo objetivo de aplastar a la clase obrera, Trotsky previo que la socialdemocracia, como partido de la clase obrera en el seno de la sociedad burguesa, sería aplastada como los stalinistas y el conjunto de la clase obrera y que, por lo tanto, una política de frente único debía tener por objetivo desarrollar el instinto de autodefensa de esta clase, cualquiera que fuesen las divergencias ideológicas, incluso tradicionales, de esas dos partes del movimiento obrero. La consigna del ¿rente único para acabar con el fascismo le daría una perspectiva revolucionaria al movimiento obrero. Stalin no le dio importancia a la cuestión. Acusó a Trotsky de agente del reformismo, de la socialdemocracia. El stalinismo en Alemania adoptó una política de provocación a la socialdemocracia. Esta última buscaba naturalmente impulsar una política de colaboración de clases con la burguesía. No se trataba por lo tanto de defenderla, pero sí de atacar la idea de que el principal enemigo en la lucha de la clase obrera contra el fascismo, fueran los partidos reformistas de la clase obrera y no los partidos contrarrevolucionarios del capital; subrayando que la política, en este caso, para aplastar el fascismo, era una política de unidad de acción, de frente único. No obstante, el stalinismo hizo lo contrario y dividió a la clase obrera. Ciertamente, pretextos no faltaban, pues la socialdemocracia daba motivos permanentemente para una política divisionista. En algunos casos, el stalinismo en Alemania llegó a hacer un frente único con el nazismo contra las organizaciones socialdemócratas, pero cuando llegó la hora de la prueba final con el ascenso de Hitler al gobierno, los stalinistas desaparecieron sin lucha y capitularon. La clase obrera más importante del mundo, la más animada por la tradición marxista, identificada por el propio Marx con la realización de la filosofía en la práctica, fue entregada al fascismo. La coincidencia postrera con este análisis, que tanto inflamó a los académicos hacia finales de la década del 50, dejó de lado muchas otras cuestiones divergentes —lo que era lógico—, como el análisis y los pronósticos de Trotsky sobre la UKSS. Los académicos no admitían que la burocracia fuese un agente de la burguesía mundial o que encamase una tendencia a la restauración capitalista. Los académicos empezaron a reconsiderar la figura de Trotsky, pero seguían viendo en él numerosas fallas, aunque el análisis del fascismo y la propuesta de la política de frente único fueran brillantes. En particular, en relación a las perspectivas de la URSS, Trotsky *fracasaba1", puesto que en el final de la década del 50 los académicos creían que la URSS marchaba al socialismo y los gobernantes de la propia Unión Soviética hasta suponían tener una cita marcada con el “comunismo”: Kruschev afirmaba que en veinte años superarían a los EE .UU. y proclamarían la victoria pacífica del comunismo. Este aspecto del legado de Trotsky no fue reconsiderado ni profundizado y no despertó ningún gran interés, como tampoco lo despertó otro aspecto del mismo, el referido a la política de frente popular. En cierto modo, la política de frente popular se va a desprender de los hechos vinculados con Hitler en Alemania, puesto que el 6 de febrero de 1934, un año y un mes después del ascenso de Hitler, se produce una tentativa de golpe fascista en Francia. El PC, durante los días en que se desenvuelve la tentativa de golpe, continúa denunciando principalmente a la socialdemocracia. Pero seis días más tarde, el 12 de febrero, estalla una huelga general en toda Francia, y en las calles, en las movilizaciones y en las marchas, los obreros comunistas y socialistas, por encima de sus direcciones, concretan el Frente Único de la clase obrera en Francia, lo que se explica porque han asimilado la experiencia del país vecino, es decir, las consecuencias trágicas de la división de la clase obrera alemana. No podían dejar que se repitiese una segunda experiencia: el nazismo había completado un año en Alemania, las organizaciones obreras habían sido completamente ilegalizadas y los obreros presos. Aparece, entonces, este frente único que es una manifestación del gran acierto de la política trotskista en la lucha contra el fascismo. ¡A pesar de esto, están, todavía hoy, los que pretenden que el trotskismo pregona una política de aislamiento de la vanguardia obrera y revolucionaria ante las grandes catástrofes políticas! Aquellos que hacen tal afirmación o son ignorantes completos o extremadamente mal intencionados, porque en la lucha contra el fascismo, el trotskismo y la Oposición de Izquierda mostraron que la unidad, de acción era el camino para acabar con tal posibilidad. Trotsky, sin embargo, rápidamente advirtió a los revolucionarios franceses acerca de las limitaciones del frente único de los partidos obreros, porque, así como es un arma práctica en la lucha inmediata contra el fascismo y por las reivindicaciones obreras, también despierta en los obreros las ilusiones de que las tareas revolucionarias, la construcción y el desarrollo de un partido revolucionario, la lucha por el poder, la insurrección armada, pueden ser salvados por la fuerza de la unidad de los partidos obreros. En verdad, lo que Trotsky planteaba en este período en favor del frente único no era más que una profundización de las tesis sobre el frente único aprobadas por la III Internacional en la época de Lenin; tesis, por otra parte, redactadas por el propio Trotsky en el segundo y tercer congresos de la IC. Pero, poco a poco, este frente único, particularmente por la influencia del PC, comenzó a sufrir un cambio significativo, con la idea de que era preciso conquistar a las clases medias, supuestamente representadas por el Partido Radical de la burguesía imperialista francesa, y que el frente único debía ser más amplio y no únicamente proletario, o sea, que tenía que ser un Frente Popular. El Partido Radical francés, heredero de la revolución francesa, se había transformado en una cosa descompuesta, en el partido liberal del imperialismo, y perdido sistemáticamente su electorado. Había pactado con la derecha y era representante de la burguesía opresora de los países coloniales, como en África del Norte e Indochina. Así, una alianza con el Partido Radical francés significaba aliarse con la burguesía imperialista francesa. Esta política del PC francés, unida a una presión de la IC comandada por Stalin y del gobierno soviético, que intentaba una alianza militar y, si era posible, política, con la burguesía francesa, llevaron a la constitución del frente popular en Francia. A partir de ahí se votó por los créditos de guerra, esto es, los créditos del presupuesto militar reclamado por la burguesía francesa. Esto se hizo bajo el influjo del gobierno soviético que, previamente, había firmado un pacto de no agresión con el gobierno francés. Tenemos entonces dos aspectos de la política de Frente Popular: por un lado implica una alianza con la burguesía, con los explotadores, inclusive imperialistas y, por otro lado, responde a una presión de la burocracia de la URSS, que intenta llevar adelante una determinada diplomacia internacional de alianzas con el capital imperialista. En esta misma época, la URSS ingresa en la Liga de las Naciones y es reconocida por los EE.UU. desde el punto de vista diplomático. Cualquiera que lea las declaraciones del entonces presidente de los EE. UU. Roosevelt, podrá comprobar cómo el gobierno soviético aseguró al gobierno de los Estados Unidos que esa cuestión del internacionalismo proletario y de la actuación revolucionaria de los PCs en Europa y en EE.UU. iba a ser dejada de lado. Sin embargo, la victoria del fascismo en Alemania demostró que los antagonismos de clase en toda Europa habían llegado a un punto máximo, que la burguesía se veía obligada a abandonar por completo los recursos democráticos y apelar a la guerra civil contra las masas obreras. El capitalismo no podía sobrevivir sin recurrir a un aplastamiento completo de la propia democracia burguesa. La situación de conjunto oscilaba entre la revolución y la contrarrevolución (nazismo o fascismo, en el segundo caso). Poco después, esto se verificó en dos países, Francia y España. Como consecuencia de un conjunto de huelgas y también de la victoria del Frente Popular, la situación en Francia comenzó a adoptar características revolucionarias. Los obreros ocupan las fábricas y en ellas se izan las banderas rojas, se forman comités y organismos de lucha (como los que caracterizaron las revoluciones de 1905 y 1917 en Rusia) y se crea una situación de doble poder. En estas circunstancias, el Frente Popular, que buscaba darle garantías a la burguesía sobre el comportamiento de la clase obrera, jugó todo su peso para desviar la huelga general y las ocupaciones de fábrica. El jefe del PC francés, en una de sus frases célebres, decía: “No sólo debemos saber cuándo lanzar una huelga sino también cuándo terminarla, y éste es el momento de hacerlo. Así, la función política del Frente Popular se manifestó en toda su envergadura, apareciendo como un recurso de la burguesía imperialista para impedir la revolución proletaria. La situación, hasta un cierto punto, se estabilizó, pero con la crisis mundial a fines de noviembre de 1938, la clase obrera intentó nuevamente retomar la iniciativa y fue aplastada. Finalmente, el gobierno francés acabó capitulando ante el nazismo. Quien llevó al mariscal Petain y al fascismo francés al gobierno fue la Cámara Legislativa electa en mayo del 36, con mayoría del Frente Popular. Algo más grave fue el gobierno del Frente Popular en España. Formado por el Partido Comunista, el Partido Obrero Socialista Español (PSOE) y por una fracción minúscula y desprestigiada del Partido Republicano (desprestigiado porque ya había gobernado en España en el bienio 1931-33 y reprimido ferozmente a los obreros y campesinos, al punto de provocar en las elecciones subsiguientes la abstención masiva de las organizaciones anarquistas y la victoria de la derecha), adopta un programa de defensa del orden burgués, obtiene la victoria electoral y, en consecuencia, el ejército español intenta un golpe militar al cual la clase obrera española responde con una movilización revolucionaria sin precedentes en la historia. Superior, según Trotsky, en su radicalización y en las medidas que osó tomar, al comportamiento de los obreros de San Petersburgo en 1917. Nuevamente, se organizan las juntas revolucionarias —equivalentes a los soviets rusos— y, nuevamente, la política del Frente Popular es aplastar este movimiento con la teoría de que primero hay que ganar la guerra para después hacer la revolución. En verdad esto quiere decir lo siguiente: estrangular la revolución, esto es al movimiento obrero que está luchando contra el fascismo, como condición primera previa a la lucha contra el propio fascismo. Con la acusación de que los izquierdistas están saboteando la lucha contra el fascismo al pregonar la guerra civil dentro del campo republicano, es decir la dictadura del proletariado, el Frente Popular se plantea aplastar a la vanguardia obrera. El Frente Popular, al acusar a la izquierda de provocar la guerra civil, declara él mismo una guerra civil contra la clase obrera en el campo republicano. La conclusión a la cual llega Trotsky en relación a estos acontecimientos es bien simple: si la clase obrera es aplastada, ya no tiene importancia quien va a triunfar en la guerra civil. O triunfa el fascismo o la burguesía republicana que antes consiguió aplastar a la clase obrera, o sea que triunfa una variante del propio fascismo. Al final del camino está siempre la contrarrevolución. En el Programa de Transición de la IV Internacional, al hacer un resumen de esta cuestión, Trotsky afirma que el Frente Popular y el fascismo son los últimos recursos del imperialismo contra la revolución proletaria; el Frente Popular aparece en períodos con tendencias revolucionarias o abiertamente revolucionarios, cuando la burguesía, o una parte de ella, conciente ya de la guerra civil, busca minar el campo de la clase obrera utilizando a sus dirigentes reformistas o contrarrevolucionarios para desarticular al movimiento obrero. La consecuencia de esta política no es siempre la victoria de la contrarrevolución fascista, pero sí, siempre, de la contrarrevolución. Estas conclusiones son válidas tanto para el caso de Pinochet en Chile, Franco en España o el fascismo en Francia. La colaboración de clases y no la lucha de clases, es la idea de fondo del Frente Popular. Donde el desarrollo del capitalismo ya separó claramente por un lado a la burguesía y por el otro al proletariado y la lucha de clases se plantea de un modo abierto, el Frente Popular pregona la colaboración de clases, no importando para el caso si el país en cuestión es imperialista u oprimido. Pero la colaboración de clases es de por sí contrarrevolucionaria, y basta para comprobarlo el planteamiento con el cual se inicia el Manifiesto Comunista, que dice que la historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases. Si por medio de la lucha de clases se procesa la historia, por medio de la colaboración de clases se la frena, es decir, es un instrumento de la reacción política. La historia del Frente Popular no es nueva. Apareció por primera vez en 1848 en Francia y fue denunciada por Marx en La lucha de clases en Francia. Allí, las direcciones obreras esperaban todo de la democracia y de la pequeña burguesía representada por Louis Blanc. Las ilusiones obreras de la época consistían en esperar que, en los marcos de la democracia (en la cual no se distinguía su contenido de clase) pudiesen ser incluidas medidas sociales como el derecho al trabajo, el pleno empleo, el salario justo… Esto correspondía a una idea primitiva del movimiento obrero, por lo cual Marx concluyó que el proletariado precisaba todavía madurar y sufrir derrotas. Esto también fue lo que separó a los mencheviques de los bolcheviques. De acuerdo a los mencheviques, la revolución en Rusia era burguesa; por lo tanto, la clase que debía dirigirla era la burguesía y el proletariado debía ir como furgón de cola. Para los bolcheviques, en cambio, como la revolución era burguesa, la burguesía iba a traicionar la revolución, y por esto la clase obrera debía separarse de la burguesía y hacer una alianza con el único burgués revolucionario existente, es decir, el campesinado (burgués en el sentido de que el proyecto histórico del pequeño propietario es desarrollarse como propietario mayor); ésta fue la línea divisoria entre mencheviques y bolcheviques. El Frente Popular en la Revolución de Octubre está personificado en Kerensky, en la colaboración del Partido Socialista Revolucionario y de los mencheviques con la burguesía en el Gobierno Provisional. Este Frente Popular preparó la contrarrevolución en Rusia, tal como dijo Lenin al acusar a Kerensky de bonapartista por tratar de liquidar las libertades democráticas, instaurar una dictadura y ser cómplice de la única tentativa de golpe militar que hubo en Rusia, el golpe de Komilov. En Rusia, sin embargo, no había un partido stalinista sino un partido bolchevique, que en ningún momento admitió la colaboración de clases con la burguesía, que denunció por el mismo motivo sistemáticamente a los mencheviques, que planteó la consigna de todo el poder a los soviets y muchas otras consignas pedagógicas, entre las que figura “por un gobierno exclusivo de los partidos de la clase obrera”. Aunque este último fuese un gobierno de dirigentes reformistas, en el que los revolucionarios no participarían, éstos lo apoyarían contra cualquier tentativa contrarrevolucionaria. En la primera posguerra, la socialdemocracia internacional hizo acuerdos con los partidos burgueses formando lo que se denominó el bloque o cartel de izquierdas, que también era un Frente Popular y cuyo punto en común es la colaboración de clases. En verdad hablamos de Frente Popular porque fue ésa la denominación que recibió en el Vo congreso de la IC, cuando Stalin deja de acusar a la socialdemocracia como agencia del fascismo y al revés, pasa a considerarla, junto a la burguesía liberal, como aliada natural de la clase obrera. Pero el problema no se reduce a una cuestión de nombres. La alianza de la clase obrera con la burguesía en 1848 se dio en el contexto de un capitalismo todavía en ascenso, cuando la revolución proletaria no estaba planteada agudamente en la historia; en la década del 30 de este siglo, en cambio, la revolución proletaria era el problema fundamental: o la clase obrera tomaba el poder, o entonces sobrevendría la contrarrevolución y la guerra mundial. Un antecedente terrible, y cuyas consecuencias fueron espantosas, es el Frente Popular en China, donde el PC chino, integrado al Partido Nacionalista, tenía prohibido actuar en forma independiente de aquél (Stalin había adoptado la teoría menchevique según la cual la Revolución China era burguesa, cabiendo a la burguesía dirigirla y a la clase obrera actuar como furgón de cola). La conclusión de esta política está ilustrada en las novelas de André Malraux, Los conquistadores y La condición humana: terminó con la muerte de los militantes comunistas lanzados en los hornos de las locomotoras chinas, por la contrarrevolución dirigida por Chiang Kai Chek. La historia del Frente Popular es una historia de traición a la clase obrera. La colaboración de clases tiene como objetivo el aplastamiento de esta última. Hay que hacer sin embargo una distinción entre las diferentes fases del desarrollo del movimiento obrero. En sus orígenes, este movimiento despierta a la vida política bajo el dominio de la propia burguesía; los primeros núcleos obreros no tienen una conciencia de clase propia, no tienen un desarrollo histórico, y en ese mismo momento la burguesía necesita el apoyo de las masas para llevar adelante su propia revolución. Así sucedió en Francia y en muchos países y de una forma diferente también en América Latina. En la Argentina, por ejemplo, el yrigoyenismo pretendió ganar el apoyo de la clase obrera, así como el peronismo más tarde. Pero cuando el desarrollo de la clase obrera y del propio capitalismo, así como la separación entre las clases, es mayor, habiendo llegado la clase obrera a un nivel independiente, la colaboración de clases, inevitablemente, conduce a la derrota de la clase obrera. Este es el significado profundo del Frente Popular y se expresa tanto en los países imperialistas como en los países subdesarrollados. Por lo tanto, la Unidad Popular chilena es una forma de Frente Popular. En relación a esto tuvimos una polémica con la llamada corriente morenista. El morenismo sostenía que la Unidad Popular, de la cual ella formaba parte, era progresista por ser un Frente Popular en un país oprimido. Afirmaba que una prueba del progresismo de laUP se evidenciaba en el hecho de haber nacionalizado las empresas de cobre. Por lo tanto, el Frente Popular en los países atrasados no sería contrarrevolucionario. Aunque esta tesis haya sido sostenida en las filas del trotskismo, es completamente errónea. Evidentemente, el Frente Popular en un país imperialista se concreta con la burguesía imperialista, mientras que en un país oprimido se lo realiza con la burguesía del país oprimido. La política de ambas burguesías no es la misma en relación con sus intereses inmediatos. Pero es la misma en lo relativo a sus intereses históricos. El morenismo se olvidó que la nacionalización del cobre en Chile fue una nacionalización idéntica a la de De Gaulle en Francia, luego de la segunda guerra mundial. Esto no es todo, pues fue votado unánimemente por el Congreso chileno, contando con los votos de la democracia cristiana, como expresión de un acuerdo entre todas las tendencias. Digamos de paso que el gobierno militar en el Perú, algunos años antes había nacionalizado a la International Petroleum Company, no precisando para ello ser un gobierno de Frente Popular, ya que era una vieja reivindicación nacionalista. También Vargas, en el Brasil, desarrolló la industria siderúrgica estatal y no por eso Vargas era un demócrata que impulsaba los grandes intereses históricos de las masas del país. El hecho de que un Frente Popular, en un país imperialista, no sea la misma cosa qué un Frente Popular en un país atrasado, no elimina el hecho de que la colaboración de clases, tanto en uno como en otro, sea contrarrevolucionaria. No obstante, si un país imperialista, dirigido por un Frente Popular, entra en guerra contra un país oprimido, también dirigido por un Frente Popular, tenemos que apoyar al país oprimido contra el país imperialista, porque esta distinción sí importa, porque es una distinción no entre dos frentes populares sino entre dos clases de países diferentes que tienen una estructura social e histórica diferente, pues uno es opresor y otro es oprimido. Apoyaríamos a este país incluso en el caso de que tuviera, en lugar de un frente popular, un gobierno criminal, como el gobierno de Galtieri en Argentina, que asesinó a nuestros compañeros. Defendemos a la Argentina en la guerra contra Gran Bretaña, aunque ésta fuese democrática y Argentina fascista, porque en una lucha entre un país oprimido y un país opresor es preciso estar del lado del país oprimido, en la medida en que el fascismo en un país oprimido es una creación de los demócratas de los países opresores. Galtieri y Thatcher son la misma cosa. Si se elimina a la Thatcher, Galtieri está acabado, pero acabar con Galtieri no elimina a la Thatcher. Volviendo a la reconsideración de Trotsky, es interesante remarcar que los académicos despreciaron su análisis del carácter contrarrevolucionario del Frente Popular, porque sólo veían el disfraz y la fraseología democratizantes con los cuales se recubría el Frente Popular, tanto en aquella época como en la actualidad. Y, en la medida en que la reconsideración de Trotsky se hacía en plena época democrática, la importancia de la lucha contra el Frente Popular fue dejada de lado. Pero no sólo por esa razón: el período de los Frentes Populares fue reivindicado muy apasionadamente por los partidos comunistas, pues en tal período los PCs crecieron mucho, mientras que en la fase ultraizquierdista habían decrecido mucho. Se trata de una falacia lógica. Los PCs no crecieron a causa del Frente Popular sino porque existía un marco de lucha contra la burguesía. El Frente Popular sólo sirvió para frenar ese crecimiento y, finalmente, para aplastarlo. Como afirmamos arriba, la victoria del Frente Popular no siempre lleva a la victoria del fascismo, pero siempre a la de la contrarrevolución. Los Frentes Populares posteriores a la segunda guerra mundial no concluyeron en el fascismo, sino en estados policiales, aunque constitucionales y democráticos, como por ejemplo el régimen del general De Gaulle; o entonces terminaron en regímenes anticomunistas o en regímenes de gran explotación de las masas de los países coloniales en los marcos de la constitucionalidad, como es el caso del Frente Popular francés posterior a la segunda guerra mundial, que sirvió para impedir que la clase obrera francesa tomara el poder; o el caso italiano, también en la posguerra, en que no sólo el Frente Popular, sino un frente popular con elementos vinculados al fascismo —ya que el PC italiano buscó, y por un tiempo se alió, al régimen del general Badoglio y de la monarquía italiana—, cuando fue derribado Mussolini. Los Frentes Populares, por lo tanto, no terminaron en el fascismo, sino en gobiernos de la Democracia Cristiana, en la "guerra fría”, en la política anticomunista. A través de métodos "democráticos”, se manifestó igualmente la contrarrevolución. La importancia del análisis de Trotsky consiste justamente en su actualidad, ya que vivimos nuevamente un proceso de constitución de Frentes Populares. En un principio, se podía discutir la fracasada revolución nicaragüense. Hoy, los contrarrevolucionarios gobiernan Nicaragua. Esta revolución por medio del sandinismo debutó como un Frente Popular. En nombre de la alianza con Violeta Chamorro y con la burguesía somocista (o que se decía somocista) agente del imperialismo yanqui, los sandinistas no profundizaron la revolución, no organizaron a la clase obrera y, finalmente, el poder terminó en manos de aquellos mismos contrarrevolucionarios. Otro ejemplo de Frente Popular en el período actual, tan notable cuanto aberrante, y con el cual nadie parece conmoverse, es el Frente Popular del Congreso Nacional Sudafricano con el Partido Nacional, racista, de De Klerc. Se trata de una fiesta para los blancos, pues las masas nada han conseguido luego de su completa victoria electoral. Mandela obtuvo más de dos tercios de los votos, pero hizo un pacto con la derecha para decir que tuvo menos votos, pues, constitucionalmente, teniendo menos de los dos tercios, permitiría el ingreso de otros partidos en una coalición. Esto es un Frente Popular. Asistimos a una forma de Frente Popular en los acuerdos de Arafat y Rabín en Oriente Medio, donde el movimiento nacional palestino se transformó en fuerza policial frente a las masas en los viejos territorios (o en parte de ellos) ocupados por el ejército israelí. Se verifica una ola de frentes populares, como por ejemplo en Uruguay, donde el Frente Amplio, que siempre fue un Frente Popular, con una general del ejército como presidente, giró un poco más a la derecha y acabó haciendo una alianza con un sector del Partido Nacional. Ya el Frente Brasil Popular, a diferencia de todos los demás, no niega su condición de Frente Popular. La presencia de Bisol como candidato a vicepresidente, un representante de las clases explotadoras; la alianza con Arraes y la alianza con un sector del PSDB en Bahía; el apoyo a un sector del PMDB para las elecciones de senador en Paraná, para elegir a Requiao como senador. Se trata de un Frente Popular, de una colaboración de clases claramente política, donde el Partido de los Trabajadores abandonó una consigna fundacional del Partido, "Trabajador vota trabajador”. Esta era una consigna muy interesante, a pesar de sus limitaciones iniciales, porque era una consigna de independencia de clase con posibilidades de desarrollo político. El resultado de este abandono es la desmoralización política de las masas, y particularmente, de los cuadros políticos. Reivindico para la situación brasileña la misma política planteada por Lenin en 1917, con la consigna “fuera los ministros capitalistas”: es decir, reivindico la política de votar por los candidatos luchadores obreros y campesinos que estén en el Frente Popular. No obstante, esto no significa firmar un programa que tiene como uno de sus principales puntos el pago de la deuda externa, ío cual lo convierte en un programa de opresión nacional. El Frente Popular ni siquiera actúa como una tendencia antimperialista burguesa, sino como una tendencia que garantiza el pago de la deuda externa, el proceso de confiscación económica de América Latina. En este movimiento ingresaron tres corrientes del trotskismo. León Trotsky fue un gran revolucionario, pero no tuvo suerte con una parte de sus discípulos, que, en este caso, evidentemente, o no entendieron nada o entonces prefirieron optar por aquello de que “la memoria es el arte del olvido”. Esta política no ofrece ninguna perspectiva a la clase obrera. Trotsky ya había criticado a una corriente surgida del trotskismo, el Partido Obrero de Unificación Marxista (POUM), en España, diciendo lo siguiente: se puede votar candidatos obreros o campesinos, pero jamás firmar el programa del Frente Popular, que no es otra cosa que el programa de los banqueros, terratenientes y capitalistas. En el caso latinoamericano que analizamos, se trata de una traición a los intereses históricos de la clase obrera. El pago de la deuda externa es la clave de la política de la burguesía o del entendimiento de la burguesía con el imperialismo sobre América Latina. Hay también un elemento de hipocresía en este punto, porque no se habla de pagar la deuda sino de renegociarla… lo cual quiere decir pagarla. Los últimos acuerdos de la deuda la transformaron en títulos, en bonos, que están distribuidos en los mercados internacionales. Evidentemente, hay un interés de los banqueros en transformar la deuda externa en un instrumento inmediatamente líquido, para librarse de ella en el momento que perciban que un país no va a pagar. La principal tarea en el momento actual es retomar la concepción, que no es sólo de Trotsky— que la desarrolló y profundizo, sino que fue la gran crítica de Marx en 1848; fue la crítica del bolchevismo al menchevismo; fue la crítica de la Oposición de Izquierda al PCUS; a la política china en el año 1927; fue la política, por lo tanto, que Trotsky también desarrolló contra la teoría del Frente Popular elaborada por el Vo Congreso de la IC, bajo la presión de la burocracia rusa y de la política contrarrevolucionaria del PC francés, la cual siempre llevó a derrotas para el movimiento obrero, nunca victorias. Si hay un caso positivo, éste es el de la Revolución Cubana, donde una tendencia nacionalista y pequeño burguesa, que tendía naturalmente, por su condición, a una alianza con la burguesía de su país y que había llegado a conformar esa alianza, la rompió bajo la presión de las masas y de su propia revolución, y acabó expropiando a los capitalistas. Porque desde un principio tenía un as en sus manos que entraba en contradicción con la política de alianza con la burguesía. Era partidaria de una consigna fundamental del movimiento obrero independiente: el armamento de la clase obrera, mientras que para el Frente Popular, la tarea más importante consiste en impedir ese armamento. La Revolución Cubana se inició con una tendencia al armamento de la población. La presión de la población armada fue llevando al movimiento revolucionario a una ruptura con la burguesía. Los primeros gobiernos en Cuba, todavía en 1959, fueron diversas coaliciones con la burguesía, pero que se fueron gradualmente rompiendo hasta acabar, no sólo con la explotación del capital imperialista, sino también del capital nacional, declarando en consecuencia que el objetivo histórico de la revolución era el socialismo. Debemos reconocer que, por lo menos, la Revolución Cubana fue más duradera que la Unidad Popular chilena o que de tantos Frentes Populares que sacrificaron el porvenir de la revolución en una alianza con la burguesía y el propio imperialismo. Para concluir, un último y uno de los más nefastos ejemplos de Frente Popular que ya existe, de hecho, hace un buen tiempo, es el del presidente Anstide de Haití y del gobierno imperialista de los EE. UU., basado en la idea de que las tropas norteamericanas invadiendo Haití darán al país la democracia frente a la dictadura militar criminal que existe en la actualidad. No pasa de una ilusión, pues los yanquis son los principales responsables de los crímenes perpetrados en Haití, por medio de sucesivas intervenciones en el pasado. Reivindico, por fin, la actualidad de los planteos del trotskismo, del Programa de Transición y de la IVo Internacional, en relación al Frente Popular llamando la atención sobre la importancia de esta concepción en el desarrollo de los acontecimientos a los que asistimos en muchos países del mundo y América Latina.

Luego de dos meses de huelga general encarnizada, boicoteada por las direcciones sindicales nacionales y salvajemente reprimida por el gobierno proimperialista de Sánchez de Losada ("Goni”), los docentes bolivianos, que no recularon frente al Estado de Sitio decretado desde el 19 de abril, ni frente a la militarización del país, ni frente a la detención y confinamiento en lugares remotos de casi 600 sindicalistas y estudiantes, tuvieron que retroceder frente a la monumental traición de la dirección de la COB (Central Obrera Boliviana), que acordó con el gobierno y la Iglesia el fin de la huelga, entregando sus objetivos y sin ninguna garantía contra las consecuencias de la represión gubernamental (Estado de Sitio, arresto de centenas de luchadores, procesos penales contra los dirigentes combativos, no pago de los días parados, lo que dejaría a los docentes sin el salario de dos meses). La Iglesia y la dirección sindical se unieron así a la "democracia” (parlamento) boliviana, en una sanción favorable a lo que la prensa internacional no vaciló en calificar como un verdadero "autogolpe de Estado”. La cúpula de la COB llegó al colmo de negociar clandestinamente esa capitulación en momentos en que parte de ella se encontraba sufriendo los rigores físicos de los “campos de confinamiento”, situados en lugares recónditos e insalubres del país. Bien atrás quedó la demagogia “democrática” de la oposición burguesa (CONDEPA, ASD, MIR, y variados restos del stalinismo, con influencia decisiva en la dirección de la COB y de la Confederación Nacional de Maestros) que, frente al Estado de Sitio, declaró (MIR) la "ilegitimidad" del Congreso Nacional, y hasta amenazó (CONDEPA) con un proceso por “crimen de responsabilidad” al presidente (1). Toda esta demagogia se reveló parte de la comparsa, junto a la burocracia sindical y al alto clero, destinada a estrangular a las masas para tomar viable la política del imperialismo, directamente impulsada por el gobierno de “Goni”. No es posible sino compartir la conclusión de la Oposición Trotskista del POR en su manifiesto del I° de Mayo: “Esta vergonzosa traición de los dirigentes debe ser castigada por las bases. Lo más grave es que abandonaron la lucha por los objetivos del salario mínimo vital y por la anulación de la reforma educativa y todas las leyes antinacionales del neoliberalismo, así como el aplastamiento de la política global de la dictadura gonista… El heroísmo de las bases en lucha mostró que es indispensable barrer a la burocracia sindical que no sólo traicionó en el levantamiento de la huelga, sino que desde el principio boicoteó la unificación de los diversos sectores, impidió que se potencie y se radicalice aún más la lucha, en fin, se ha convertido en el peor obstáculo que tienen que vencer los trabajadores”. El problema central planteado por la huelga general fue, efectivamente, el de la dirección política de las masas, y es en función de ese problema que es necesario juzgar la conducta política de la izquierda, en especial de la izquierda trotskista, durante el conflicto. Antecedentes La explosión social de marzo no cayó como rayo en cielo sereno. Desde 1994, por lo menos, estaban planteadas las bases, objetivas y subjetivas, de un conflicto global con la política gubernamental. Durante los años anteriores, el gobierno, y el parlamento, con la aprobación de las “tres leyes malditas” (de "capitalización”, o privatización de las empresas estatales; de "participación”, o burocratización del sistema político, y de reforma educativa, o entrega de la educación al clero y los grupos privados) había preparado el arsenal legal para barrer con las conquistas sociales de los explotados bolivianos y hasta con su medios elementales de sobrevivencia (según el propio Banco Mundial, 70% de los 8 millones de bolivianos sobreviven con un ingreso inferior a un dólar diario), a través de la erradicación (hasta junio) de 1.750 hectáreas de plantaciones de coca, y de 5.400 hectáreas hasta diciembre. El gobierno trabajó, en 1994, con la hipótesis del despido de 15.700 trabajadores de las empresas estatales, de 30.000 maestros, de 5.000 empleados de la salud, de 100.000 trabajadores del sector público en general (2), todo con indemnizaciones asumidas por el Estado boliviano (o sea, por los contribuyentes, que no son las grandes empresas) y en beneficio de los sectores privados (en primer lugar los pulpos imperialistas), que pasarían a explotar esos "negocios”, en especial la salud y la educación. Esta es la salida “gonista” a la crisis galopante de la "estabilidad” boliviana (Bolivia fue precursora de los planes estilo Cavallo y Real), que en 1994 llegó a amenazar con una ola de quiebras bancarias debido al impasse del negocio del narcotráfico. La reforma educativa, a través de los conocidos recursos de la reducción presupuestaria y la "descentralización” (municipalización, esto en condiciones de quiebra financiera de las municipalidades), plantea de inmediato el cierre de la mitad de los establecimientos educacionales, y la tendencia hacia la privatización de los restantes. Todo debidamente acompañado de la ya consabida demagogia democrática " anticorporativista (anticlasista) y hasta, "étnica” (pues se ofrece como zanahoria la oficialización de la enseñanza del quechua, aymará y otras lenguas nativas). El cretinismo "democrático cómplice de esta brutal ofensiva antiobrera, antidemocrática y antinacional está ejemplificado en este análisis de una "izquierdista” docente de Sociología de la UMSA (Universidad Mayor de San Andrés): “Es evidente la falta de coherencia en las acciones y demandas explícitas de la COB y los maestros. La resistencia a ceder privilegios gremialmente adquiridos habla más de atrincheramientos corporativos que de un auténtico sindicalismo revolucionario. Es más: los maestros son el principal sujeto y el principal obstáculo para cualquier puesta al día de nuestro anticuado aparato educativo. Pero, ¿quiénes son los maestros? Son producto de la reforma educativa de 1956 y están, en ese sentido, hechos a semejanza del Estado del 52. Los mismos aparatos clientelares y círculos de influencia. La misma corrupción” (3). La realidad, sin embargo, es que a pesar de la izquierda democratizante, el gobierno de "Goni” perdió todo apoyo popular e inclusive todo apoyo entre las clases medias que lo habían votado, con la esperanza de la “modernización”, por lo que era posible afirmar: “En 18 meses se trata de un gobierno completamente agotado. Fides realizó una encuesta en la que aproximadamente un 90% de la población muestra su repudio al gobierno y un 40% llega a plantear la necesidad de sustituir de inmediato al actual presidente, por su total incapacidad en la solución de los grandes problemas de los bolivianos” (4). El camino hacia la Huelga General Por todo lo dicho, las condiciones objetivas obedecían, a principios de 1995, al análisis hecho por Trinchera Revolucionaria: “Para el imperialismo y su instrumento, el gobierno MNR-MBL, es el momento decisivo. También para las masas lo es. Ahora se sabrá, en los hechos, si el gobierno logra aplicar el programa imperialista de entrega de nuestra economía a los pulpos transnacionales, de agravación de la miseria y la desocupación de los bolivianos; de destrucción de la educación fiscal y gratuita; de liquidación de la autonomía universitaria; de anulación de la seguridad social y privatización de la misma; de eliminación de los cocales con la ‘opción cero’. En el caso de los campesinos, en especial los “cocaleros”, 1994 fue un año de luchas: fue realizada una gran marcha campesina que arrancó concesiones del gobierno, en contraposición a la presión imperialista por la erradicación de los cocales. Las luchas del 94 anticiparon la reacción de las masas frente al Estado de Sitio, pues su represión “provocó un mayor encrespamiento de la ola de movilizaciones y repudio a la dictadura gonista… No se amedrentaron ante los gases y de su enfrentamiento con la policía resultaron fortalecidos en su lucha” (5). La lucha de los campesinos ataca directamente la intervención imperialista, que ya monitorea militarmente los cocales y que amenaza abiertamente bombardearlos (y a sus habitantes) con armas químicas. En este cuadro de movilizaciones, la lucha de los docentes expresó toda la indignación nacional desde el inicio del año lectivo, y apuntó al corazón de la estrategia gonista para imponer los objetivos imperialistas: el acuerdo gobierno-COB. En los plenarios sindicales de inicio del año, la burocracia intentó infructuosamente hacer pasar como “avances” los frutos de su negociación tras las bambalinas con el “Goni”. La huelga general docente fue decretada a partir del 14 de marzo. Rápidamente, la lucha docente empalmó con la preexistente movilización campesina, que recurrió (en el clima de radicalización creado por la lucha docente) al tradicional y osado método del bloqueo de caminos, lo que, a su vez, crea las condiciones de una paralización general de la economía boliviana: objetivamente, ambas luchas se fortalecen mutuamente, y abren el camino para que la vanguardia obrera plantee la alianza obrero- campesina en la lucha. En la concentración del 18 de abril, el dirigente docente rural Raúl Nina arrebató el micrófono al principal dirigente de la COB (Oscar Salas) y denunció la traición de la burocracia sindical, que a pesar de haber decretado la huelga a partir del 27 de marzo, mantenía un diálogo con el gobierno a espaldas de los trabajadores (Raúl Nina fue detenido una hora después, lo que ilumina la complicidad burocracia- “Goni”). La represión desatada a partir del 22 de marzo no impidió la marcha hacia La Paz de los docentes desde Oruro y Cochabamba, ni la enorme concentración de 80 mil personas en El Alto (La Paz). El decreto de la huelga general por la dirección cobista apunta sólo a no ser desbordada por las bases, pues esa misma dirección no organiza la huelga, que es cumplida parcial y fragmentada-mente en los sectores fabriles y mineros. El desarrollo desigual del movimiento de las masas es un hecho objetivo, pero de ninguna manera una justificación de la inacción burocrática, cuya política se apoya en esa desigualdad para acentuarla y estrangular a los sectores más radicalizados (debido a su propia situación desesperante), en pro de las migajas que recogería de una victoria gubernamental. El 19 de abril, el gobierno decreta el Estado de Sitio, aprobado por el Congreso Nacional (donde posee mayoría en ambas Cámaras) y desata una brutal represión (o mejor, eleva cualitativamente el nivel de brutalidad ya existente). A pesar de ello, no logra quebrar a la huelga docente ni a la movilización campesina, aunque sí crear (con el apoyo de la burocracia sindical) las condiciones de su creciente aislamiento. Si hasta ese momento la cúpula de la COB fragmentaba las luchas (impidiendo su generalización), a partir de entonces pasa a atacar directamente la continuidad de la lucha en los sectores más radicalizados. El gobierno y la COB anuncian, el sábado 29 de abril, un acuerdo en tres puntos, llamado "Acta de Entendimiento”, que afirma que las partes retomarán el diálogo; la COB se compromete a levantar la huelga general a partir del 2 de mayo, y el gobierno libertará a los sindicalistas presos. Berzain Chaves, ministro de interior y representante del gobierno en las negociaciones, anuncia también que el Estado de Sitio continuará vigente después del 2 de mayo (o sea, que la burocracia se compromete a levantar su medida de lucha sin que el gobierno haga lo mismo). El Acta de Entendimiento es usada como pretexto para la represión de los sectores que continúan en la lucha contra la traición burocrática: más importante que el Estado de Sitio “parlamentario” (que no impidió la celebración del acto obrero del 1° de Mayo), revela el vaciamiento total de la *democracia” boliviana, que es apenas el taparrabos de una dictadura cívico-militar con cobertura de la burocracia sindical. El Estado de Sitio y el Acta de Entendimiento constituyen una única pieza jurídico-política, en la que uno supone la existencia de la otra. Bancarrota del oportunismo electorero A pesar de la continuidad de la huelga (después del 2 de mayo) en diversos sectores docentes y campesinos, éstos se ven finalmente aislados, lo que los obliga a levantar las medidas de lucha (bajo protesta). Una dirección alternativa a la burocracia no se constituyó durante la huelga. Se trata de una derrota de la huelga, en nada definitiva, como lo demuestra el hecho de que, a mediados de mayo, ((más del 80% del magisterio urbano de Bolivia cumplió un paro de 24 horas para repudiar la continuidad del encarcelamiento de los dirigentes del sindicato docente de La Paz y el apaleamiento de Vilma Plata, dirigente de la docencia paceña y del POR. El gobierno no cumplió con el pago de los salarios de marzo. Los maestros de Chuquisaca comenzaron una huelga indefinida hasta el pago de los salarios de marzo, y los sindicatos docentes de La Paz, Oruro, Sucre y de Potosí cumplieron paros de 24 horas” (6). La proyección revolucionaria objetivamente planteada (esto es, con independencia del carácter de la política de las direcciones de las masas) por la enorme movilización de marzo-abril, queda reflejada en las palabras de un dirigente del “izquierdista” MBL (Movimiento Bolivia Libre), partido miembro del gobierno de “Goni”: el Estado de Sitio atendía a una opción “entre un gobierno trotskista y uno del MNR” (7). Idéntica preocupación a la del embajador yanqui, Curtis Kamman, para quien “el único país donde parece haber sobrevivido el trotskismo es Bolivia” (8). Lo que está planteado es la superación de una dirección sindical y política de las masas, de origen democratizante y stalinista, que ya dio pruebas de su completo anacronismo en relación al movimiento obrero y popular durante el período del gobierno frente populista de la UDP y que, en nombre de la “democracia" y de la “nación”, revela ahora su carácter de cómplice de los peores objetivos antidemocráticos y antinacionales. Perfectamente incapacitada para encabezar esa superación se encuentra la dirección del sector cocacolero (Evo Morales), que fue sorprendida por el ascenso de masas en plena preparación de su intervención electoral, a través del llamado “instrumento político”. Se trata de explotar electoralmente las luchas campesinas del período anterior para proyectar políticamente a Morales y sus seguidores como integrantes de una nueva coalición gubemamental-parlamentaria (frente al agotamiento de la actual) más “popular”, que dé continuidad, en lo esencial, a los planes privatizantes y antiobreros del imperialismo, a cambio de algunas migajas para los sectores más miserables de los explotados bolivianos (los campesinos en régimen de sobrevivencia). Para caracterizar la política de los morenistas del Mst (Movimiento Socialista de los Trabajadores), baste decir que se trata de un furgón de cola del planteo enunciado anteriormente, pretendiendo asumir la condición de “ideólogos” del mismo, adoptando hasta su misma terminología (esto para no mencionar que usan para el “instrumento” los mismos símbolos del PT brasileño, estrellita incluida, con el que supuestamente ya rompieron en Brasil). En vísperas de la huelga general, la primera página del periódico del Mst era una confesión primorosa: “Se vienen las luchas. Pero… es hora de impulsar el instrumento político”. Contraponerlas luchas al “instrumento” revela de qué clase de instrumento se trata (cualquier cosa menos un instrumento de lucha). La pretensión del Mst de presentarse como el “polo revolucionario del futuro “instrumento” no resiste el menor análisis, pues propone “un programa obrero, campesino y popular que genere empleos y dé salarios dignos” (9), o sea, un programa burgués, no basado en la expropiación del imperialismo y la burguesía y en la toma del poder por los trabajadores, sino en la reactivación de la economía capitalista de empleos”) y en dádivas a la clase obrera C salarios dignos”). La construcción de un partido revolucionario en Bolivia pasa también por barrer la política del ya maltrecho morenismo, que fue tan sorprendido por la huelga general como la burocracia sindical. La política del POR A pesar de no poder ser acusado de electoralista, el POR (Partido Obrero Revolucionario) liderado por Guillermo Lora, estaba tan preparado como los arriba mencionados para enfrentarla emergencia de las masas. Esto, al punto de haber afirmado en la víspera que se vivía el preludio de “un nuevo 21 de abril de 1946”, cuando la movilización de ciertos sectores populares, en una especie de versión boliviana de la “Unión Democrática” argentina de 1945, encubrió a un golpe proimperialista contra el gobierno nacionalista RADEPA-MNR (encabezado por el mayor Villai Toel). A finales de 1994, el POR, que en junio de ese año, a través de URMA, conquistó la dirección del magisterio paceño, votó en favor de la dirección stalinista de la Confederación Nacional de Maestros. En la práctica, durante el conflicto de 1995, la política del POR osciló entre el ultraizquierdismo aventurero y la capitulación frente a la dirección cobista, lo que no constituye sino las dos caras de una misma moneda. Frente a la reforma educativa, el POR llamó a luchar contra la oposición entre trabajo manual e intelectual, y levantó la reivindicación “socialista” de la integración de la educación con la producción social (lo que, al margen del gobierno obrero-campesino y de la expropiación del capital, es el peor planteo burgués) sin plantear la ampliación de la lucha de los maestros mediante un amplio movimiento en defensa de la escuela (y de la universidad) pública, que estaba presente en la constitución de los “Comités de Defensa de la Autonomía y la Educación Fiscal” (a los que se integró, con una política diferenciada, la Oposición Trotskista). Una vez en la huelga, sostuvo que el problema de la dirección estaba de hecho resuelto, porque “las federaciones de maestros urbanos y rurales de La Paz se han convertido de inmediato en la dirección nacional de la huelga y de la movilización. En los hechos han suplantado a la burocracia tanto de la COB como de la propia Confederación de Maestros, donde actúan resabios del stalinismo derechizado” (10). Casi simultáneamente, afirmó que “uno de los mayores obstáculos para la generalización del movimiento huelguístico, la burocracia sindical (direcciones de la COB-FSTMB), ha quedado neutralizado al ser arrastrado por la poderosa radicalización de los maestros urbanos y rurales. Hay que tomar en cuenta que las masas bolivianas, cuya radicalización se va profundizando, ven en las mencionadas federaciones a su verdadera dirección política” (11). Si esto es verdad, eso significa que la burocracia no ha quedado “neutralizada” (pues no ha sido desalojada de esas direcciones), lo que se probaría posteriormente por la efectividad y eficacia de su traición a la huelga. El POR no planteó ninguna consigna para superar/sustituir a esas direcciones en el curso de la lucha, por una representación directa de las masas combatientes,, como sí lo esbozó la Oposición Trotskista al platear “unificar a los sectores formando comités intersectoriales y rematando en un Comité Nacional de Huelga”. La verdad es que, durante la etapa previa, el POR sembró todo tipo de ilusiones en la dirección de la COB, llegando a presentarla como un instrumento objetivo de la política revolucionaria: “Significado del rechazo por la burocracia cobista a asistir a Palacio a conversar con Goni: por el momento nuestra táctica se ha potenciado y parecería dominar a la burocracia cobista. No tiene que olvidarse que nuestro objetivo es controlar estrechamente a la dirección de la COB con miras a anularla” (12). En la lucha por el partido revolucionario, no se trata de “anular9 a la dirección traidora, ni de “neutralizarla”, sino de sustituirla a la cabeza de las organizaciones de las masas. La caracterización del gobierno de “Goni” como fascista impide la correcta denuncia de la democracia proimperialista como un instrumento contra los explotados. Al servicio de esta confusión está la caracterización de la etapa política como de pasaje de una “situación revolucionaria” para una “insurrección espontánea”, como si no existiera el duro aprendizaje de las masas (que Lora pretende ignorar pretextando la supuesta iluminación "trotskista” de la vanguardia obrera boliviana) acerca del carácter reaccionario de la democracia burguesa y de la burocracia sindical. Es correcto afirmar que “el defecto de esa formulación es triple. Por una parte, no se toma en cuenta el grado de evolución de la crisis gubernamental y de la clase dominante. Por otra, solamente se considera la actitud de algunos sectores de las masas, los más radicalizados; incluso en este campo hay graves defectos de análisis de la maduración política de los explotados bolivianos… La caracterización de Lora sobre la situación es subjetivista y conduce a una posición aventurera, que puede desembocar en una posición putchista y en el aplastamiento de las masas” (13). La caracterización, además, es puramente formal, como lo demuestra que, después del 19 de abril, Lora se refiera a la “situación revolucionaria, momentáneamente cortada por el Estado de Sitio” (14), o sea, una situación revolucionaria anulada por una medida ¡constitucional-parlamentaria! La línea ultraizquierdista-oportunista inhabilita al POR para una efectiva penetración en los sectores fabriles, mineros y campesinos, esto es, para jugar un papel activo en la unificación revolucionaria de los explotados, transformándose en su dirección política clasista. Para explicar su incapacidad en resolver un problema cardinal del trotskismo, Lora, descubrió en la separación de los problemas políticos de los organizativos, la fórmula de la autopreservación permanente: “la orientación política partidista fue acertada y oportuna (así se probó en la lucha). Fue la preparación y el funcionamiento del equipo partidista el que mostró grandes fallas. Nuevamente se puso en evidencia que organizativamente el partido no estuvo a la altura de su línea política” (15). Fue inútilmente que Lenin insistió, en el Qué Hacer, en que todo problema organizativo es un problema político. La política del POR, por tanto, desmiente en los hechos su pretendida vocación para actuar como dirección revolucionaria de las masas, en especial del proletariado industrial y agrario. El nulo esfuerzo del POR por penetrar en estos sectores contrasta con otros “esfuerzos” que sí realiza: “Estamos hablando de ganar, en lo posible, a considerables sectores no corrompidos ni fascistas de la policía y de las Fuerzas Armadas para el programa revolucionario. Este planteamiento necesariamente debe estar basado en el conocimiento de la naturaleza y realidad de esas organizaciones represivas. Las instituciones castrenses y policiales son una síntesis de la realidad boliviana, de la miseria extrema imperante, del poco desarrollo económico y cultural. Partimos del conocimiento de esta realidad para formular la política revolucionaria del proletariado” (16). Como veremos seguidamente, no estamos aquí frente a un simple problema táctico. La degeneración del POR Hace ya más de una década, Guillermo Lora rompió la TCI (Tendencia Cuarta Intemacionalista) después de boicotear su efectivo funcionamiento, alegando que el deber de toda corriente trotskista era volcar sus recursos organizativos (inclusive financieros) hacia Bolivia, donde el POR estaría a un paso de la toma del poder. En plena revolución nicaragüense, por ejemplo, Lora declaró que ésta era menos importante que la boliviana, dado el carácter democrático de la primera y proletario de la segunda. La victoria de esta última, a su vez, estaría garantizada por el hecho de ser Bolivia un país “trotskizado” (sic) en virtud de la influencia histórica ejercida por el POR, a partir de las Tesis de Pulacayo de 1946. Para las organizaciones trotskistas de los otros países, el deber principal consistiría en difundir los escritos del POR (o sea, de Lora) acerca de la revolución boliviana, pues ésta sería la única experiencia exitosa de penetración del trotskismo en las masas, en el mundo entero. Desde entonces, la actividad del POR consistió en la agitación constante de la “dictadura del proletariado” y de la “insurrección proletaria”, con total independencia de las coordenadas de tiempo y espacio, lo que, en el caso de que correspondiese a la realidad, configuraría una inédita situación insurreccional de más de una década de duración. El "nacional-trotskismo” determinado por el aislamiento nacional autoimpuesto por Lora al POR no fue quebrado por la creación de un “Comité de Enlace por la Reconstrucción de la IV Internacional”, con grupos fantasmales de América del Sur, pues la función de tal “Comité” es exactamente la que Lora quería que fuese la de la TCI. Agréguese a eso que el POR afirma haber emprendido una por lo que parece voluminosa “autocrítica” (o sea, que la experiencia del POR sería superada, no por la confrontación con la lucha de clases mundial, sino con… la propia experiencia del POR), tendiente a superarlos errores que impidieron la toma del poder por el proletariado boliviano en la revolución de 1952 y durante la vigencia de la Asamblea Popular (1971). En actitud pedantescamente intelectualista, se afirma que cualquier actividad revolucionaria en el futuro, en cualquier lugar, exigiría la consulta previa de lo que es anunciado como “50 volúmenes de 500 páginas” (sic). Lo esencial de esa autocrítica consistiría en que “la superación del POR se expresa en el estudio de la institución castrense boliviana, de sus particularidades, en fin, de su política militar” (17). Lo que habría faltado, por lo tanto, en los procesos revolucionarios de 1952 y 1971, sería una política dirigida al Ejército, que ahora el POR poseería, a través de una corriente y de una publicación dirigida específicamente a las Fuerzas Armadas (Vivo Rojo) difundida bajo los símbolos del propio Ejército boliviano. Lo más importante, sin embargo, son los "descubrimientos” que Lora hizo en su estudio de la institución militar, justamente en un país que es paradigma mundial de golpismo militar (más de una centena desde que se tomó independiente) y en el que los dos procesos revolucionarios mencionados fueron abortados por golpes militares (el de Barrientes Ortuño en 1964 y el de Bánzer Suárez en 1971). El principal descubrimiento sería el de que “tenemos un ejército diferente del chileno, brasileño o argentino, (ya que el boliviano) es sumamente permeable a la lucha de clases y a las presiones ideológicas de la izquierda marxista” (18). Para Lora, “el Ejército boliviano no tiene espíritu de casta, ya que en los barrios populares es posible encontrar oficiales viviendo al lado de obreros y yendo en ómnibus a su empleo”. Esta característica no sería reciente, sino histórica, del ejército boliviano, lo que estaría probado por el hecho de que llegaron “a la presidencia y al grado de generales los Belzu, los Daza, los Morales, etc. Las Fuerzas Armadas en ningún momento consiguieron quebrar su entroncamiento con la clase media baja y pobre”. Histórica y sociológicamente hablando, estamos aquí frente a una completa deformación. El análisis de cualquier institución, paira un marxista, debe comenzar por su raíz de clase, y no por su nivel de ingresos (las categorías de clase alta, media y baja pertenecen al arsenal de la sociología burguesa, no del marxismo). No se trata de negar las peculiaridades del Ejército boliviano (o las del chileno, brasileño o lo que sea), sino de cuestionar la afirmación según la cual el Ejército, como institución, sería en todas partes el brazo armado de la clase dominante… menos en Bolivia (país cuyos privilegios históricos parece que nunca se agotan en la imaginación de Lora: durante la Asamblea Popular, por ejemplo, Lora afirmó que el stalinismo boliviano era el único revolucionario del planeta). La afirmación es históricamente ridícula, pues para probarla son citados los excepcionales casos de golpistas "progresistas” (en relación al dominio de la Rosca, no en relación a la independencia política de las masas), en un país que posee el récord sudamericano de golpismo reaccionario. Para la segunda afirmación (la de excepcional permeabilidad del Ejército boliviano), la prueba de Lora es la propia existencia de "Vivo Rojo”, o sea, que se trata de un estudio que comienza por el resultado, de una hipótesis que se demuestra a sí misma, o de una tesis que se anuncia como teorema y se revela como postulado. Revolución o golpismo "Vivo Rojo” ya existe hace una década, lo que configuraría un caso absolutamente inédito de agitación proletaria revolucionaria e insurreccional sobre las Fuerzas Armadas de larga duración”. En las revoluciones victoriosas, especialmente en la Revolución de Octubre, el período de agitación insurreccional sobre el Ejército fue de corta duración, inmediatamente anterior a la propia insurrección, pues ésta es, de acuerdo con Trotsky, exactamente el momento en que el proletariado y su partido “rompen totalmente con la legalidad existente” (ver Problemas de la Guerra Civil)- La cuestión principal, no obstante, es que "Vivo Rojo” no es de acuerdo con Lora, el órgano de la agitación proletaria revolucionaria sobre las Fuerzas Armadas, sino el órgano de una corriente de las propias Fuerzas Armadas que procura ganar el conjunto de la institución “aislando a las corrientes fascistas, corruptas y golpistas entre los uniformados”. Esto significa que la institución ya no debe ser quebrada, sino que puede ser ganada en cuanto tal para la revolución, ya que, según Lora, “si no resolvemos el problema de ganar para el programa de la revolución a lo mejor de las Fuerzas Armadas y de la policía, no vamos a poder ganar la insurrección, que es el método por el cual la política del proletariado habla por el fusil”. El papel específico del partido proletario sería el de “resolver la cuestión de la política militar del proletariado”. En fin, gracias al"partido” (transformado aquí en un ente metafísico y atemporal), el Ejército boliviano sería el único del mundo que tendría un papel histórico propio e independiente, sustituyendo al proletariado en una revolución hecha con los hombres y armas del Ejército, en la que el proletariado entraría con la “doctrina" (de la que sería depositario el POR, o sea, Lora). El POR, realmente, se superó a sí mismo, pues si el stalinismo era golpista por oportunismo, Lora alcanzó el estadio del golpismo filosófico. Y pensar que Trotsky, que era realmente el jefe del Ejército Rojo, se recusó a dar un golpe militar contra Stalin pues, si así lo hiciese, se transformaría en objeto de fuerzas históricas fuera de su control (esto por las características de todo ejército, inclusive el proletario. Ver: Por qué no di un golpe de Estado contra Stalin, en los Escritos de Trotsky). Lora llega al absurdo de suponer al ejército de la Rosca y de los narcotraficantes superior al ejército de la más grande revolución de la historia… Los objetivos políticos de Lora son muy claros: “Las Fuerzas Armadas y la Policía carecen de una doctrina militar propia (como consecuencia de la extrema debilidad política y económica de la clase dominante) lo que se traduce en la escasa resistencia que oponen a las ideas marxistas revolucionarias. Bolivia es un país trotskizado por su historia, su política, su cultura, etc. Es tarea del partido potenciar la corriente revolucionaria de las Fuerzas Armadas y de la Policía, a través de la propaganda, de la polémica alrededor de los objetivos del programa de la revolución proletaria y del gobierno obrero y campesino”. Para el PÓR, entonces, la vía de la revolución proletaria en Bolivia consistiría en imponer la doctrina marxista al Ejército y a la Policía (la suposición de que la casta militar de los otros países latinoamericanos sí poseería una ideología y una doctrina político-militar propia es otra de las invenciones de Lora), esto a través de la propaganda ideológica. Si este fantástico producto de la imaginación fuese verdadero, estaríamos frente a una revolución militar encabezada por un Bonaparte “trotskista”. Como ya dijo Pablo Rieznik, para Lora la revolución es una cabeza sin cuerpo (19). Lora no tiene la menor disculpa, pues la “particularidad” nacional boliviana consiste en ser, por un lado, el país que demostró en mayor número de veces (y de manera sangrienta) el carácter intrínsecamente contrarrevolucionario de la institución militar latinoamericana, y por otro, el único país de América del Sur que demostró, en la revolución de 1952, que el proletariado debe quebrar a la institución castrense en su lucha por el poder, no ganarla como tal (así como el proletariado no puede limitarse a apropiarse del Estado existente, sino destruirlo para edificar un Estado Obrero, cuya tendencia inmediata a la desaparición se verifica, en primer lugar, en el fin de la separación ejército-sociedad, o de las funciones militares al margen de las demás funciones sociales): en 1952, el Ejército de la Rosca fue quebrado por los mineros en lucha, dejando apenas las milicias sindicales y campesinas en el escenario. Si el proletariado no tomó el poder en aquella ocasión, se debió a que los partidos que hablaban en su nombre (incluido el POR, en sus diversas fracciones) no plantearan una alternativa de poder obrero lo que habría sido posible, al menos durante un corto período en 1952, a través de la COB) sin superar planteos mencheviques, que oscilaran entre el cogobiemo con el partido nacionalista MNR, con su “ala izquierda”, y el "entrismo” en el propio MNR. Esto se repitió con la Asamblea Popular de 1971, que se autodefinió “órgano de poder obrero” sin que nadie, sin embargo, ni siquiera el POR, lanzase su candidatura al poder y estructurase una política en fundón de eso. Lora se recusó obstinadamente a sacar esta lección de la historia boliviana, y ahora sabemos porque: para Lora, el gran error de la Asamblea Popular fue no haber tenido una política para conquistar el Ejército. Parece como si Lora, de tanto insistir en el carácter “culturalmente atrasado” de las masas bolivianas, hubiese llegado a la conclusión de que son incapaces de luchar por el poder por sí mismas (y mucho más de ejercerlo), precisando entonces de un “guía iluminado” dotado de los medios correspondientes (un Ejército). Lo paradójico es que Lora no es ninguna “particularidad boliviana”: su trayectoria, así como la del pablismo, obedece a la ley universal de sacar conclusiones reaccionarias para justificar la propia impotencia política. Lora y Pablo sacan la misma conclusión; el proletariado, incapacitado históricamente para hacer la revolución, debe ser sustituido por una casta reaccionaria (la burocracia rusa o el ejército) habilitada “objetivamente” a cumplir un papel revolucionario, debido a peculiaridades de un determinado país o de una determinada época. La conclusión, lamentable, es que el POR, que ya fue esperanza del trotskismo latinoamericano y de la IV Internacional, se desplazó hacia el nacional-trotskismo, oscilando ahora entre el nacional-posadismo y el nacional-golpismo. Proyección Internacional Para la izquierda latinoamericana, los acontecimientos bolivianos adquieren un significado fundamental, debido a que en el principal agrupa-miento de esa izquierda a nivel continental, el Foro' de San Pablo (encabezado por el PT brasileño y el PC cubano) se encuentra presente uno de los partidos de la coalición gubernamental represiva de Bolivia, el MBL (Movimiento Bolivia Libre). En ocasión del Vo Encuentro de ese Foro, en Montevideo (24 a 27 de mayo de 1995), sólo el Partido Obrero de Argentina concurrió con una posición clara al respecto: “Las cosas son claras. El MBL debe ser inmediatamente expulsado del Foro de San Pablo, y éste debe comenzar una campaña contra la represión de los trabajadores bolivianos y en apoyo a sus reivindicaciones educacionales, sociales y agrarias. Está en juego la democracia política. En toda América Latina está planteándose una lucha decisiva contra el descuartizamiento de la enseñanza pública y su entrega a los monopolios imperialistas. La no expulsión del MBL transformará al Foro de San Pablo en una organización cómplice de los opresores sanguinarios de nuestros pueblos” (20). La moción presentada por el PO recibió el apoyo de 10 partidos de izquierda latinoamericanos (Tupamaros-MLN de Uruguay, PC y PDP del Paraguay, MIR de Chile, MPP, MRO y PST del Uruguay, los PRT de México, además del propio PO argentino), siendo rechazada con los peores métodos burocráticos. La conclusión de PO fue clara, y fundamentó su ruptura con el Foro: “El Vo Encuentro del Foro estuvo confrontado a una elección decisiva. Es responsabilidad de sus organizaciones dirigentes haber cruzado una línea que divide lo más elemental, es decir, la frontera que separa a la víctima del victimario, al explotador del explotado, al opresor del oprimido, a los trabajadores de los patrones, a la izquierda de la derecha. El Vo Encuentro se vio confrontado a elegir entre el pueblo apaleado y sus represores, entre obreros huelguistas y los métodos del fascismo, o sea, la abolición de las garantías democráticas y constitucionales, el Estado de Sitio, la deportación y aun el apaleamiento de dirigentes sindicales ya detenidos y que encabezaron una gigantesca huelga general… Hasta aquí llegamos. Se han superado los límites inclusive de un inocuo debate e intercambio de ideas. Como lo afirmamos en nuestra moción de expulsión del MBL, estamos del lado de las víctimas y no de los victimarios. No somos cómplices. El Foro, ahora con los verdugos confesos incluidos, no puede ser ninguna alternativa a las masas humilladas de nuestro continente. Este es el contenido de la ruptura que hiciéramos pública ante todos los delegados” (21). La huelga general boliviana ha sido un episodio de lucha cuya experiencia sé proyecta para todos los explotados latinoamericanos, poniendo al desnudo el carácter proburgués, proimperialista y antirevolucionario de la izquierda democratizante: la intervención del PO en el Foro tornó consciente y explícito este hecho decisivo. La necesidad de un nuevo reagrupamiento revolucionario para la izquierda y la clase obrera latinoamericana está planteada también en Bolivia, donde, pese a la derrota de la huelga, las masas no han sufrido ninguna derrota decisiva. El trotskismo organizado debe ser el motor consciente de ese proceso. La Oposición Trotskista, surgida del POR, tiene en sus manos todos los elementos, nacionales e internacionales, para que el balance de la huelga general boliviana se transforme en un eje programático de la lucha por el partido revolucionario en el Altiplano, como parte del combate por la reconstrucción de la IV Internacional. 15 de junio de 1995 Notas: (1) Folba de S. Paulo, 20 y 22 de abril de 1995. (2) Trinchera Revolucionaría N° 68 y 72, La Paz, 24 de octubre y 21 de noviembre de 1994. (3) Hoy, La Paz, 23 de abril de 1995. (4)TVinchera Revolucionaria N° 81, La Paz, 27 de marzo de 1995. (5) Idem N° 60, Io de setiembre de 1994. (6) Prensa Obrera N° 449, 30 de mayo de 1995. (7) Presencia, La Paz, 20 de abril de 1995. (8.) Hojas de Mi Archivo N° 113, Red Andina de Información, abril 1995. (9) Chasqui Socialista, La Paz, febrero 1995. (10) Guillermo Lora, ¿Hacia dónde apunta la actual situación política?, La Paz, abril 1995. (11) Guillermo Lora, La Colmena N° 1201, La Paz, marzo 1995. (12) Guillermo Lora, Idem N° 1173, La Paz, enero de 1995. (13) Trinchera Revolucionaria N° 70, La Paz, 7 de noviembre de 1994. (14) Guillermo Lora, Retomar el Hilo Roto por el Estado de Sitio, La Paz, mayo de 1995. (15) Guillermo Lora, Balance Global del Ultimo Conflicto Social, La Paz, mayo de 1995. (16) Guillermo Lora, La Colmena N°1156, La Paz, diciembre de 1994. (17) Revolución Proletaria N°l, La Paz, noviembre de 1993. (18) Idem N° 2 y 3, La Paz, marzo de 1994, así como las citas siguientes. (19) Pablo Rieznik, “El POR en la Revolución Boliviana de 1952”, En Defensa del Marxismo N° 2, Buenos Aires, diciembre de 1991. (20) Declaración del Partido Obrero al V Encuentro del Foro de Sao Paulo, Buenos Aires, 15 de mayo de 1995. (21) Prensa Obrera N° 449, Buenos Aires, 30 de mayo de 1995

“Internet —la mayor red informática del mundo— llegó a la Argentina”, informaba hace pocas semanas Clarín. Pero, ¿qué es esta Internet que, según diversos especialistas, “ha transformado el mundo, desde la educación hasta la organización del trabajo”? Internet es un sistema mundial de conexiones de computadoras que permite, en teoría, a cualquier usuario acceder a la información almacenada en cualquier otra computadora en cualquier lugar del globo. La Internet no es otra cosa que un lazo de comunicación planetaria compuesto por computadoras y líneas telefónicas. Basta con estos elementos para acceder a las informaciones contenidas en bases de datos dispersas por todo el mundo y mantener “conversaciones” con otros usuarios en cualquier lugar del planeta. Las aplicaciones son, evidentemente, vastísimas: desde consultar bibliotecas o listas de precios y comprar productos, organizar “foros de discusión” sobre los más variados temas con millones de participantes potenciales, hasta la posibilidad de que ciertas capas de trabajadores desarrollen sus tareas en su casa, interconectadas con las computadoras de su empleo. Las redes de información tuvieron por origen las aplicaciones militares, en primer lugar, y las universitarias más tarde. Estos límites iniciales han sido desbordados por más de 30 millones de usuarios, muchos de ellos “institucionales”. Su crecimiento ha sido de un 1.700% en 1994; un nuevo usuario se suma cada diez minutos. La red —en realidad, la interconexión de más de 25.000 redes de información en todo el mundo— ha dado lugar a una organización espontánea de usuarios que han puesto en pie bancos de información y “boletines” sobre los más diversos temas: desde caza y pesca, jardinería y “bricolage” hasta informaciones sobre luchas políticas y sindicales, denuncias de violaciones a los derechos humanos y luchas por los derechos democráticos. Es precisamente esta utilización la que ha provocado la intención de censurar las informaciones que recorren la red. El entusiasmo despertado por la gigantesca masa de información disponible e intercambiable, ha llevado a que florezcan “teorías” sobre la capacidad de la Internet de transformar —y hasta de “revolucionar”— “el mundo en que vivimos”, incluso de sustituir al capitalismo por la organización espontánea de la producción. Que el progreso técnico podría servir para hacer menos brutales y más llevaderas las condiciones de trabajo es un argumento que se viene usando desde que existe el capitalismo. La experiencia práctica de millones de trabajadores ha demostrado, sin embargo, que el progreso técnico ha endurecido las cadenas de la explotación, ha descalificado el trabajo obrero y ha hecho más terribles las condiciones de trabajo. En los albores del capitalismo, la aparición del maquinismo llevó a un alargamiento brutal de la jornada de trabajo y, en la actualidad, el uso masivo de computadoras y robots lleva a los patrones a exigir la "flexibilización" y la precarización de las condiciones de trabajo, incluida la baja de los salarios. Es que el progreso técnico ofrece una base material para permitir condiciones de trabajo menos penosas, pero no modifica las condiciones sociales que son propias de la sociedad capitalista. El progreso tecnológico disminuye la participación del trabajo vivo del obrero en el total del capital desembolsado para la producción, lo que exige una intensificación de la explotación de la fuerza de trabajo para obtener tasas de beneficio elevadas. El acceso a la información tampoco significará una democratización del Estado —ni, mucho menos, una atenuación de la “tiranía capitalista”—, porque el poder del estado y la burguesía radica en el monopolio de los medios de producción, de las armas y de los más variados medios de coerción, materiales y espirituales. Los grandes avances que en el pasado han permitido el acceso de grandes masas humanas a la información (la prensa escrita primero, luego la radio, la TV y el cable) no abolieron la dominación de la burguesía ni “democratizaron el Estado”, que es cada vez más abiertamente —aun bajo las cubiertas “democráticas una máquina de opresión del capital financiero. Es cierto que los revolucionarios y los demócratas de todas las épocas lucharon denodadamente por servirse de estos medios para influenciar a las masas y luchar contra la explotación y la reacción; pero la utilización revolucionaria de la prensa, la radio o la TV es ínfima en comparación con la utilización que hace de ella la burguesía, que las ha convertido en puntales de su dominación ideológica… a la vez que en fuentes de fenomenales superbeneficios. Lo mismo está sucediendo con la Internet. Las grandes corporaciones capitalistas están luchando para transformar el conocimiento electrónico en una fuente de superbeneficios (mediante la imposición de patentes, derechos de acceso a determinados bancos de datos, instalaciones de cables, etc.), es decir, en una mercancía… de la misma manera que siglos atrás convirtieron en una mercancía el conocimiento escrito y el conocimiento visual. La Internet no revolucionó ni revolucionará la base social del mundo actual: al igual que la prensa escrita, la radio y la TV, bajo el capitalismo la interconexión electrónica provee de ciertos medios para la organización de la clase obrera, única vía para la transformación social. No es el acceso a la “libre información” —por otra parte, cada vez menos “libre”— sino la experiencia, la movilización y la organización de los propios explotados lo que revolucionará “el mundo que conocemos”. Lucha política en el “ciberespacio” Alrededor de la Internet y de la información que circula por ella se libra una aguda lucha política y económica para determinar quién se beneficia con el uso de la red. Son evidentes los intentos de los gobiernos imperialistas por imponer la censura y el control de las informaciones que circulan por la red y los de sus servicios de inteligencia por “pinchar” las comunicaciones. Los grandes capitalistas, por su parte, pugnan por convertir a la red en una fuente de superbeneficios (con la aplicación de patentes, etc.). Las necesidades capitalistas de la "seguridad” y del “beneficio” chocan entre sí y con la resistencia de miles de usuarios y de redes espontáneas que pretenden defender el acceso Ubre y gratuito a la comunicación y al conocimiento, sin ningún tipo de injerencia estatal. Esta lucha política en el “ciberespacio” —en la que están en juego las libertades democráticas y el combate contra el totalitarismo estatal y la mercantilización del conocimiento— será objeto de una próxima nota.