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En Defensa del Marxismo N° 6

1 de julio de 1993 · 7 notas

Notas de este número

1 de julio de 1993
Informe político al VI° Congreso

A. Introducción Desde el inicio del “plan de convertibilidad”, el PO empeñó una batalla política y teórica singular que lo enfrentó con toda la opinión pública prevaleciente en el país, incluido el centroizquierda y la izquierda. El “Informe Político al Congreso” concluyó que estábamos frente a un “plan” de entrega, sujeto a los movimientos especulativos del capital internacional, y de vaciamiento y destrucción de las fuerzas productivas. En este punto, solo el PO señaló la precariedad de este nuevo intento de la burguesía nacional y en gran medida del imperialismo, para superar la bancarrota capitalista. Nuestra caracterización, hoy, es la siguiente: luego de haber consumado una gigantesca confiscación económica de ingresos y patrimonios en beneficio de la banca internacional y de los principales pulpos nacionales, el “plan” Cavallo enfrenta una crisis inminente como consecuencia del agotamiento de la breve reactivación económica, así como de los crecientes estallidos financieros a nivel internacional. La burguesía se enfrenta a la necesidad de un cambio de política. Es un abuso político y hasta de lenguaje llamar plan económico a la ley de “convertibilidad” y al remate de las empresas estatales. La ley de “convertibilidad” no establece ninguna clase de “convertibilidad”, pues apenas garantiza con divisas el 20 o 25% del dinero y de los títulos en circulación, constituyendo solamente en realidad un seguro de cambio para la especulación internacional con la moneda argentina. El papel moneda en circulación, los depósitos en los bancos y los títulos públicos con vencimientos a menos de un año, superan en cinco veces a las reservas en oro y divisas: 60. 000 millones de dólares contra 12. 000 millones de respaldo. La paridad entre el peso y el dólar no fue garantizada por esa “convertibilidad” sino por un ingreso de capital a corto plazo, del orden de los 8.000 millones de dólares al año, que buscaron explotar la diferencia de rendimientos en títulos y acciones entre el mercado argentino y el internacional. Este movimiento especulativo afectó a toda América Latina y a gran parte de Asia, con total independencia de cualquier “ley de convertibilidad”, e incluso en mayor medida allí donde la inflación y los desequilibrios financieros fueron (y aún son) más agudos (¡Brasil!). “El llamado “plan” Cavallo es una imposición de la propia crisis”, dice el “Informe Político al V° Congreso”, que tiene su origen en la operación de desfalco que secuestró los depósitos bancarios en diciembre del ‘89/ enero del ‘90, provocando, de un lado, una enorme caída de la circulación monetaria y, del otro, la consolidación del endeudamiento usurario del Estado con los principales bancos. A un año de este primer “plan Cavallo” y luego de dos hiperinflaciones, la “convertibilidad” era un hecho, pues simplemente desapareció el circulante en moneda. La ley se limitó entonces a establecer un régimen de emisión de moneda por parte del Banco Central contra el ingreso de divisas, hipotecando así ante la banca internacional la política y la base monetaria. "El sofisticado" plan Cavallo no es más que una operación de pase por la que el Banco Central recibe dólares a crédito pues se hace, contra la entrega de pesos que rinden una tasa de interés varias veces superior a la internacional. El peso se ha convertido en un título público de vencimiento diario cuya cancelación no tiene lugar mientras la 'operación de pase’ se renueve. Cuando esto deje de ocurrir, volverá la hiperinflación y la depresión”(Informe Político al V° Congreso). Desde el punto de vista monetario el “Plan Cavallo” no sostuvo ninguna “convertibilidad”, esto lo hizo el ingreso de capitales golondrinas de los especuladores internacionales, atraídos por el compromiso político de asegurar el cambio fijo, por las tasas de interés superiores a las internacionales y por la consecuente valorización (ficticia) de las acciones o los inmuebles. La consecuencia mayor de este ingreso de capitales fue incentivar indiscriminadamente las importaciones y el déficit comercial. Agravó el problema de la deuda pública al darle bonos a todos los acreedores del Estado, reconocer la deuda externa e incentivar un nuevo endeudamiento. Si se incluyera en el movimiento de caja de la Tesorería nacional a las deudas cuya cancelación fue postergada mediante la entrega de títulos públicos, el déficit del presupuesto sería superior al 20% del PBI, es decir de unos 40. 000 millones de dólares al año. Mediante la absorción de capital especulativo (sobrante) y de importaciones, Argentina se ha convertido en un vaciadero de basura en gran escala del imperialismo, en particular del norteamericano. Los Estados Unidos han podido multiplicar sus exportaciones hacia Latinoamérica, que se ha convertido en su principal mercado. Es así como los yanquis pretenden resolver su déficit comercial. Por la dependencia extrema en que ha entrado este régimen monetario en relación al movimiento especulativo del capital internacional, el colosal endeudamiento acumulado y el fin del remate de las “joyas de la abuela”, el agotamiento del plan de “convertibilidad” plantea una crisis político-financiera de alcances generales. B. La situación económica Crisis financiera A fines de 1989 la deuda pública era de 74. 000 millones de dólares. Ahora, luego de la renegociación según el plan Brady con la banca extranjera y luego de las “privatizaciones” efectuadas contra el rescate de títulos, la deuda pública es aún superior, pero agravada por una deuda extranjera privada del orden de los 25. 000 millones de dólares, cuando era inexistente a comienzos de 1990. Si se computan los títulos rescatados en las privatizaciones (20. 000 millones), el endeudamiento nacional creció en 1990-92 en casi 50.000 millones de dólares. Esto supera cualquier cosa que haya hecho Martinez de HOz. El cómputo de la deuda consume el pago de intereses anuales por más de diez mil millones de dólares, creando un déficit estructural de pagos internacionales de 7.000 a 10.000 millones de dólares. Estos datos no incluyen el endeudamiento clandestino, porque cavallo ha cobrado en forma forzosa los impuestos que deben las empresas públicas, que para ello tuvieron que contraer préstamos en el Banco nación, el cual vendió para ello sus reservas en dólares al Banco Central. Es decir que el déficit público se financia con emisión y Cavallo cancela los vencimientos de los bonos con la emisión de nuevos bonos. Para acceder al Plan Brady, además el gobierno ha debido endeudarse en otros 3.650 millones de dólares, y aun tiene pendiente la deuda con las provincias. Todo este déficit se cubre por medio de un empapelamiento de bonos y títulos y apelando incluso a la emisión clandestina de moneda y bonos. La inviabilidad de la “convertibilidad” se aprecia en la reciente reforma a la Carta Orgánica del Banco Central, que autoriza constituir hasta un 30% de las reservas en títulos públicos. El déficit público deberá crecer por varias razones: porque disminuyen los ingresos futuros por privatizaciones, porque se aceleran los vencimientos por la emisión de bonos y porque está disminuyendo la recaudación impositiva. Argentina ha tenido un déficit comercial de 3.000 millones de dólares. A esta diferencia entre importaciones y exportaciones, hay que sumar los 3.500 millones de dólares que Cavallo admite como intereses anuales de la deuda externa y el ya mencionado espectacular aumento de la salidas de divisas por los rubros referidos a “royal-ties”, seguros y fletes (esto, luego del desmantelamiento de la flota naviera nacional. de la entrega del transporte al capital externo y de la licencia para contratar seguros al exterior). Por eso. el déficit anual de la balanza de pagos debe estar en el orden de los 10.000 millones de dólares anuales, más de un 100% de lo que Argentina pagó en el peor año desde el “retorno” de la “democracia”. Esta clase de déficit es estructuralmente vulnerable a los movimientos especulativos del capital extranjero. (Incluso la aplicación de la reforma jubilatoria, en caso de sancionarse, deberá provocar un colosal aumento del déficit fiscal, esto al desaparecer el aporte de los trabajadores a las cajas estatales y aún más si el aporte empresario, del 16%, se descuenta del IVA, como prometió el gobierno. SOlo con el desvío del aporte obrero el déficit estimado será del orden de los 35.000 millones de dólares en la próxima década y agravara todos los problemas del endeudamiento). La caída de la Bolsa, desde fines de 1991, es una medida del debilitamiento del “plan Cavallo”. Contra la creencia generalizada de que el “plan” demostro que se podía pagar la deuda externa, en realidad confirmó lo opuesto. La prueba es que se ha pagado deuda con más deuda, y con la liquidación del patrimonio del Estado. Como dice el "Informe Político al V° Congreso”, "Argentina volverá a ser fiel a su tradición histórica de derrumbe político provocado por un derrumbe financiero”. 2. El fracaso de las “privatizaciones" El escandaloso vaciamiento de Aerolíneas es el ejemplo más visible del fracaso general de las "privatizaciones” (frigorífico Santa Elena, Celulosa, Ferroexpreso Pampeano, los contratos “truchos” en la Municipalidad de Buenos Aires son otros tantos ejemplos de “privatizaciones” en liquidación). En lugar de la prometida “desestatización” se está consumando una intervención cada vez mayor del Estado en las nuevas compañías. El estatismo se revela también en los subsidios explícitos prometidos a los ferrocarriles y subtes, en los compromisos de inversiones a cargo del Estado (vialidad o energía), en el otorgamiento de preferencias aduaneras (siderurgia) o en el seguro de rentabilidad por la vía de los tarifazos (telefónicas, electricidad). Por esta razón, las privatizaciones”, llamadas a reducir el déficit fiscal, han terminado provocando un descontrol total de la deuda pública. Se han revelado como operativos financieros de corto plazo para los bancos acreedores, que por esta vía se desprendieron de viejos y desvalorizados títulos de la deuda externa, pero que no pretenden impulsar la producción con inversiones directas. Una vez consumada la "privatización” y realizados los superbeneficios, reaparecen los mismos problemas que inviabi-lizaban el funcionamiento de las anteriores empresas públicas. Aerolíneas y Somisa enfrentan la saturación del mercado internacional, Santa Elena no puede exportar, Celulosa no resiste la importación. “La política de “privatizaciones” debe ser caracterizada como una quiebra económica del capital, que como cualquier quiebra del capital produce una concentración del capital" ("Informe.”). Esto explica el nulo compromiso de los beneficiarios del remate de empresas publicas con los planes de inversiones que les reclama el gobierno y su interés en apropiarse de mercados “cautivos”, no solamente del sector “servicios”, o en contar con rentabilidad asegurada por el paraguas protector del Estado. Las "privatizaciones", como también señalamos desde su inicio, son un factor poderoso de dislocamiento industrial. La industria radicada en el país que no participa en el negocio privatizador, se va a pique con las tarifas de gas, luz, teléfonos y combustible que facturan los nuevos monopolios. En cambio los grupos que se han apoderado de las empresas de energía y servicios se aseguran condiciones ventajosas que les sirven para destrozar a los pulpos competidores (Garovaglio petroquímica, cuyo insumo básico es el gas—, depende hoy de las tarifas que le fije Pérez Companc, uno de los beneficiados por la "privatización” de las redes). La devaluación del peso podría conmover a todo el edificio de las "privatizaciones”, especialmente por la crisis que abre la dolarización e indexación de las tarifas. A dos años de la gran campaña privatizadora lanzada por el gobierno, el desenvolvimiento, la clarificación de su costo y de su falta de perspectivas en el seno de las masas es uno de los grandes factores de crisis política y de potencial derrumbe del régimen menemista. Todas las encuestas indican que la mayoría de la población estima que los grandes grupos capitalistas compraron regaladas las empresas, cobran caros los servicios y no invierten un solo peso, hasta no obtener el capital necesario por la via del cobro de tarifas. 3. Burguesía nacional y "privatizaciones” En el “Informe Político al V° Congreso” se señaló que las “privatizaciones” acrecentarían la dependencia financiera y tecnológica de la burguesía nacional respecto al capital financiero internacional. Sólo en 1992, los principales beneficiarios de las “privatizaciones” contrajeron deudas con el exterior por más de 3.000 millones de dólares en obligaciones negociables y eurobonos, sin contar las nuevas emisiones que lanzaron algunas compañías, como Pérez Companc, hasta redondear una cifra que supera los 4.000 millones. “Mediante la emisión de papeles, las empresas locales tomaron más deuda que la perdonada por el Plan Brady. En muchas compañías de primera línea bastante más del 50% de sus pasivos están en moneda extranjera, lo que las toma muy vulnerables a una devaluación” (Julio Nudler, en Página 12, 16/12/92). Concebidas para reducir la deuda externa, las “privatizaciones” la han elevado, no importando que sea “privada” y no pública, pues a la hora de cancelar los préstamos el Estado capitalista saldrá en socorro de todos los grupos en situación de quiebra. La precariedad de las “privatizaciones” se percibe también en que algunos grupos ya han comenzado a desprenderse de su parte en las “privatizaciones” que aún no han acabado de pagar, para hacer frente al endeudamiento externo. Los “capitanes de la industria” se han limitado a comprar y revender, y esto volverá a ocurrir con los nuevos compradores. Todo esto confirma el acierto de haber caracterizado, contra la opinión dominante, que el acaparamiento de las “privatizaciones” por los grupos nativos no suponía su fortalecimiento, pues diversificarse”, en actividades del más variado tipo es, por parte de monopolios ya especializados en ciertas ramas de la producción “un síntoma de una perspectiva de crisis industrial…, de la cual procuran cubrirse" (“Informe… ”). Las “privatizaciones”, presentadas por sus propagandistas como la vía del desarrollo industrial para la burguesía nativa, no han superado su condición de un negocio de especulación financiera con activos industriales, y han acentuado el dominio del capital extranjero en la estructura económica del país. 4. Crisis industrial El ingreso de capitales especulativos dio lugar a una extraordinaria mejoría en los beneficios comerciales y financieros, que se trasladaron a la industria hasta cierto punto, salvo en el caso de la protegida (automotriz), donde el crecimiento del lucro fue simplemente extraordinario. Piénsese que entre el ingreso de capital y el aumento de los valores de la propiedad y del capital accionario, la demanda anual creció en casi un 15% adicional, y específicamente la demanda de consumo personal en un 20% adicional, unos 15 mil millones de dólares adicionales. Cavallo ha actuado como representante de la burguesía industrial en las condiciones dictadas por el mercado mundial, canalizando la masa de fondos en función de una política de salvataje de la industria por la vía de la reactivación del mercado comercial; de asociación al negocio de las "privatizaciones” Esto no ha significado, sin embargo, que haya superado la crisis industrial ni mucho menos potenciado a la industria nativa como un factor independiente en el mercado mundial. El producto bruto nacional llegó a fines del 92 a los niveles del ‘87. La inversión pública ha desaparecido y la privada ni siquiera asoma. Las importaciones de bienes de capital sólo mantuvieron la participación promedio de los ochenta, algo inferior al 20%. Las “privatizaciones” no entrañan inversiones, solo se limitan a explotar una renta cautiva asegurada por los consumidores. La crisis de inversiones se ve claramente en el petróleo, donde está paralizada la exploración — inversión de riesgo— y en cambio aumenta la extracción del petróleo descubierto por YPF, que no exige mayores inversiones. En oportunidad de la reactivación, el gobierno atribuyó la mayor producción a la reaparición del crédito, el cual depende, “convertibilidad” mediante, del crecimiento del capital “ficticio” externo, y del capital “ficticio” interno que es ofrecido como aval de los préstamos. Las emisiones de nuevas acciones sirven precisamente para aumentar la garantía de las empresas para obtener préstamos del exterior. Esto funciona mientras se mantiene la valorización especulativa de los activos. Cuando estos se desploman, que es lo que ocurre desde hace más de un año con la retracción de la Bolsa, esos créditos quedan en el aire porque no tienen un respaldo real equivalente. Fue lo que pasó con la suscripción de las “teleacciones”, cuyos tenedores no pudieron pagar los préstamos que usaron para comprarlas cuando el precio de estas acciones se desplomó. Las “privatizaciones” y el endeudamiento disimulan la crisis estratégica de la burguesía industrial. Esta se halla literalmente barrida en sectores como el papel, la petroquímica, el aluminio o ciertas ramas de textiles, en los cuales sólo puede acceder a una inserción marginal en el mercado. En el “Informe…" se señala que “el retroceso de la industria controlada por los ‘capitanes de la industria’ es desigual, pero en perspectiva tiene un carácter de conjunto, en es medida pierde peso específico en la estructura económica del país, no importa las ‘privatizaciones’ que puedan ganar en el área de los servicios. Pérez Companc está afectada por los mayores precios del combustible nacional. Si entró en la Telefónica, lo que importa saber es si esto la potencia industrial mente, lo que no ocurre porque es un simple testaferro tecnológico y en último término financiero, de su socia japonesa Nippon…". El desarrollo de esta crisis se expresa en el debate en tomo a la devaluación, a las tarifas de los servicios que afectan aún más los costos de la industria, al proteccionismo y al crédito. También en el pudrimiento acelerado del Mercosur, pues las violentas convulsiones de la crisis capitalista en el cono sur inviabilizan una unificación de mercados. El mercado único equivale a una moneda única, a un único Banco Central y a un solo Estado, pero la superación de las fronteras nacionales bajo el régimen de la propiedad privada sólo se puede concebir como resultado de una victoria gigantesca de una potencia imperialista sobre las otras. Pero la crisis del "plan” Cavallo está llevando a la burguesía argentina por el mismo camino, a reclamar un cambio de frente en favor del subsidio estatal y la defensa frente a la competencia internacional. 5. Salida de crisis El “plan" es naturalmente incapaz de hacer frente al derrumbe capitalista mundial. Desde que fue establecida la paridad uno a uno con el dólar el peso perdió una parte considerable de su capacidad de compra en el mercado interno, pero se revalorizó en el internacional, lo que explica el auge de las importaciones. A los extranjeros les resulta más caro comprar en Argentina y al comercio o la industria argentinos más barato comprar en el exterior. La caída de la Bolsa conjugó todos estos elementos de crisis y le sirvió como acelerador. El peso estuvo a un tris de la devaluación, en la corrida cambiaría y bancaria de fines del ‘92, contenida por el regreso de los capitales especulativos no a la Bolsa, sino a los títulos del Estado y de deuda de empresas privadas. Este retomo de capitales especulativos se debió, a su vez, a la espectacular caída que experimentaron las tasas de interés de los mercados internacionales. En Estados Unidos llegaron a colocarse por debajo del 3% anual y en Europa sufrieron una caída significativa con la devaluación de sus monedas. Tomar prestado en el extranjero al 4% anual y recolocarlo en Argentina al 16 % anual se transformó en un negocio redondo, en especial después que se refinanció con los acreedores la deuda externa. El negocio de los títulos públicos ha mostrado rápidamente sus límites para mantener el ingreso de capitales especulativos; lo mismo ha ocurrido con los títulos privados, por eso el gobierno se vio obligado a apresurar la venta de YPF en condiciones rigurosamente delictivas (subvaluación, ocultamiento de balances). Es posible que, consumado el remate de YPF, la Bolsa conozca un breve “boom” preelectoral visto el abaratamiento que se produciría en el conjunto de los capitales en acciones. Pero esto es sólo un desvío escapista. Con el remate de YPF se acabaron las “joyas de la abuela” como medio de financiar las grandes ganancias de la burguesía argentina y del capital internacional. El desplome de la Bolsa, el déficit en el comercio exterior, el encarecimiento del crédito, plantean un cambio de tendencia en la orientación de la gran burguesía nativa y externa. A través del reclamo de reembolsos a la exportación o directamente la devaluación, y de que se ponga freno a las importaciones del Brasil, la burguesía reclama un cambio y acelera aún más la crisis del “plan” económico. La fuerza de la tendencia devaluatoria se mide en la “devaluación encubierta” del 20 % con que se ha favorecido a los exportadores (Teatro Cervantes); en el nivel de las tasas de interés, un 40% por encima de las tasas internacionales, que supone el riesgo de una devaluación del mismo orden. Existe una inversión de tendencias: un pasaje de fondos a depósitos y títulos públicos o privados dolarizados o que puedan liquidarse en el día. La Securities and Exchange Commision —Comisión de valores de EEUU— llamó la atención a los potenciales inversores en YPF sobre la “futura relación entre la inflación de la Argentina y Estados Unidos y el valor del peso en relación con el valor del dólar”, lo que es una recomendación para comprar acciones de la petrolera a un precio bajo, que ya descuente la devaluación del peso. Otros factores que precipitarán la crisis son las presiones devaluacionistas en Uruguay, Chile y Méjico, y la situación de derrumbe económico en Brasil. El propio gobierno ejecuta una política devaluatoria, al mantener anclado el peso a pesar de la afluencia de fondos externos. Si lo dejara “flotar'”, éste se revaluaría en relación a la paridad actual. ¿La devaluación planteará una aguda crisis? Si de un lado podría salvar a los exportadores, afecta los acuerdos con los grupos “privatizadores” fuertemente endeudados con el exterior. Si se derivan fondos para reembolsos por las exportaciones u otros subsidios, se cuestiona la capacidad de pago a los banqueros. La “devaluación” planteará una clara crisis sobre la “seguridad jurídica”; uno, porque la paridad está establecida por ley, dos, porque los privatizadores reclamarán el respeto a los contratos, que les garantizan que las tarifas telefónicas, eléctricas, de gas, de combustible, se indexen con el dólar o que el Estado cubra la diferencia. El intento del gobierno es demorar la devaluación hasta la aprobación de la “reforma previsional”, con la que pretende volver a alentar el ingreso de capitales externos a la Argentina y reeditar el “boom” especulativo. El propósito no es evitar la devaluación, sino postergarla a la previa confiscación del sistema jubilatorio y la liquidación de las convenciones colectivas, para evitar una “corrida”. La sanción de estas leyes debería ser el punto de partida para una devaluación en “orden”, cosa que no lograron ni Italia, ni Inglaterra, ni Suecia. ¿Qué consecuencias trae aparejada la devaluación? Una, la quiebra formal del “plan Cavallo”, que se reduce a la “ley de convertibilidad”. Dos, un proceso violento de transferencias patrimoniales: los endeudados en dólares pueden demandar al Estado por su desprotección frente a la quiebra de la “estabilidad”. Este es uno de los puntos más críticos. El gobierno podría devaluar sin que esto provoque un estallido inflacionario inmediato, si existe una situación recesiva o porque logre evitar una fuga de capitales; pero hará crecer el déficit público, el monto de la deuda medida en pesos, la tendencia a la bancarrota y, por lo tanto, a la hiperinflación. Una devaluación puede tener muchas derivaciones, pero se asienta en un proceso de descomposición de la economía capitalista. En todo caso, la devaluación es un golpe político mayúsculo a la estabilidad del gobierno y del régimen y un golpe patrimonial contra los trabajadores y consumidores, más allá del efecto económico monetario inmediato. Cavallo afirma que con la destrucción de la legislación laboral y la reducción consiguiente de los “costos laborales” tendría una alternativa a la devaluación y a la “híper”. Pero lo único que ha caído, desde la vigencia del “plan” Cavallo es precisamente el costo laboral, sin que los problemas planteados por la crisis puedan resolverse. El costo laboral argentino es uno de los más bajos del mundo, al punto que comprende sólo el 5% del valor agregado de los bienes producidos, cuando en países como Canadá, España, Italia, ronda el 20%. Toda la ofensiva en materia de “flexibilidad laboral”, modificación de convenios o de la Ley de Empleo no puede modificar el ciclo de la economía capitalista, pero tiene un carácter clave, porque significa para el gran capital: a) la posibilidad de aumentar la tasa de plusvalía y por lo tanto su tasa de beneficio, b) estimula los negocios comerciales que exijan poca inversión, c) impone la atomización y desmoralización de la clase obrera. El agotamiento de la "convertibilidad” deberá potenciarla crisis política latente, que se ha manifestado reiteradamente en estos dos años de jolgorio financiero y de entrega. C. Crisis del régimen La sustitución de Alfonsín por Menem planteó una nueva tentativa de salida a la bancarrota capitalista y a la crisis del régimen político. Alfonsín fue alejado del poder antes del término de su mandato y en condiciones de un virtual golpe e Bajo el gobierno menemista la descomposición del régimen político se ha acentuado. Funciona por decreto, al punto de que ha producido en cuatro años una cantidad de decretos de “necesidad y urgencia" que supera en ocho veces a los emitidos por gobiernos constitucionales desde 1853. siquiera llegan al Parlamento para ser refrendados. El “estado de derecho" esconde a un régimen de descomposición del derecho (ninguna privatización de las efectuadas cumple los contratos de cesión en los términos de la ley; el Plan Brady o el envió de tropas al exterior, las intervenciones a las provincias se han hecho por decreto, la entrega de YPF se pacto en un conciliábulo con dos banqueros). El régimen de decretazos y el aval que recibe de parte de la Corte Suprema caracterizan al régimen político actual como “semi de facto", que se diferencia de un régimen militar sólo por la existencia de elecciones cada tanto. El ordenamiento constitucional vigente y el sistema semi-parlamentano son un obstáculo frente a las tendencias autoritarias, burócráticas y centralistas que imponen la descomposición económica y social y el profundo desequilibrio que sufren las relaciones entre las clases La crisis del régimen político es común a toda Latinoamérica. La caída de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, el autogolpe de Fujimori en Perú, la caída de Collor de Meló y del presidente guatemalteco son un signo inequívoco del agotamiento de las tentativas democratizantes. Esto ha sido alimentado por el derrumbe de las finanzas públicas, resultado del pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas nativos, y por la propia destrucción productiva impuesta por la crisis económica mundial. Todos estos factores han terminado inviabilizando a los regímenes constitucionales. La descomposición del régimen político también se manifiesta en la sistemática violación a las autonomías provinciales por parte de los poderes centrales —y de las comunas por los gobiernos provinciales. Esto se ha expresado en las intervenciones federales, en todos los casos por decreto, de Catamarca, Tucumán y Corrientes. En la base de toda esta crisis está la bancarrota capitalista, pero también la creciente ingerencia de los monopolios por acaparar los negocios que hasta ahora han estado bajo dominio de las oligarquías provinciales. Las disputas por la privatización de los bancos provinciales, la pugna por el acaparamiento de las privatizaciones de los recursos naturales y del patrimonio público, los recortes a los fondos coparticipables, las transferencias de gastos del presupuesto nacional (por el traspaso de escuelas, hospitales y trenes) han terminado hundiendo las economías provinciales y llevando a la quiebra a las finanzas estatales. Una debilidad fundamental del régimen político actual y del gobierno menemista es su carácter semicolonial. “La situación actual es comparable sólo con la década del 30 ("Informe al V° Congreso") los gobiernos militares últimos eran más independientes que el menemista". El tratamiento del Cóndor II, el conjunto de la deuda pública, el envío de las naves al Golfo, revelan un sometimiento nacional sin precedentes y un gobierno que no pasa de ser una hoja al viento en la disputa entre los capitales internacionales. Los proyectos de reforma constitucional (y las nuevas constituciones en las provincias) pueden incluir o no la reelección, pero parten de querer imponer un violento cercenamiento a las las libertades públicas, a la organización de la clase obrera, al parlamentarismo y al federalismo. La reforma constitucional (que no llegó a aprobarse) para la provincia de Buenos Aires (pero en la que Duhalde ahora insiste) es un compendio del "nuevo orden" que se pretende establecer a través de un texto que renueve al del 53: regimentación del derecho de huelga, conciliación o arbitraje en los conflictos laborales con carácter obligatorio, destrucción de la educación pública, privatización de la salud y la educación, subordinación del Legislativo al Ejecutivo, injerencia de los servicios de informaciones, descentralización provincial y comunal de los gastos sociales a cargo del Estado, régimen de gobierno por decreto (cuando el Parlamento no cumpla con ciertos plazos para la aprobación de leyes), etc. En el mismo sentido apunta la ofensiva proscriptiva contra los partidos menores y en particular la izquierda, eliminando el financiamiento público y el acceso a los medios claves de información e impulsando la concentración legal del monopolio político en tres o cuatro partidos de “confianza”, y la posibilidad de su corrupcion legal por el aporte de los monopolios capitalistas. El corazón de la “reforma política” impulsada por el menemismo es justamente “legitimar" la vinculación de los partidos políticos con los grupos económicos o de narcotraficantes. Los millones de coimas, aportes o donaciones con que estos grupos sostienen a las autoridades constitucionales se propone que sean “blanqueados”, sin necesidad de recurrir al anonimato (lo cual no quiere decir que no lo vayan a hacer subrepticiamente, porque solo el Fisco o la Justicia tendrán acceso a la información). El proyecto apunta a facilitar a las empresas aportantes el no pago y hasta la evasión de impuestos, pues los aportes a los partidos podrán ser deducidos como gastos a los fines impositivos. En un país que registra un récord de ingreso de narcodólares, el “blanqueo” de los aportes facilitará el lavaje del dinero de la droga. Otra clave de la reforma es que el dinero podrá ser entregado, indistintamente, al partido o a los candidatos. Esto responde a la lógica del capitalista que financia su propia campaña, o mejor, a crear una dependencia directa entre el legislador y sus bolseros. La reforma propone, además, la posibilidad de tachar candidatos, el voto por circunscripción y las internas abiertas, lo que apunta a poner a los candidatos, individualmente considerados, por encima de los partidos y principalmente a liquidar la representación nacional del parlamento y la representación proporcional. Un aspecto de la crisis del régimen es la descomposición de los partidos tradicionales. En el caso del peronismo, el menemismo impulsó una asociación de camarillas, que “arrendaron” al PJ para participar en los últimos comicios (Palito, Reutemann). El menemismo ha reformulado la base política del peronismo para darle representación a los comisionistas de la patria privatista, de las finanzas bursátiles internacionales, de los bancos acreedores y de algunas fracciones de la Sociedad Rural y de la UIA. La crisis que afecta a la UCR proviene, de su inmenso fracaso en el gobierno y de la feroz lucha de intereses en su seno, entre diques privatizadoras, y además por la presión de la "patria exportadora”, que reclama la devaluación. D. Crisis política “El imperialismo, dice el documento al V° Congreso, enero del 92, que ya ha dicho de diferentes maneras que no ve bien la convocatoria de una Constituyente en primer lugar, e incluso la reelección, aunque a ésta podría aceptarla, está tironeado por la necesidad de mantener la continuidad gubernamental de los comisionistas de las ‘privatizaciones’ y de la especulación bursátil y el temor a que un debate constitucional amenace las fabulosas concesiones arrancadas en beneficio del capital extranjero … Los intereses de los comisionistas de estos negociados y los propios titulares de estos negocios han unido estrechamente su destino al menemismo. .. si sus ‘intereses generales’ le dictan al imperialismo la conveniencia del recambio constitucional del gobierno, y esto todavía más cuando se tiene en cuenta que muchos intereses capitalistas del exterior quedaron mera de grandes bocados … los intereses concretos de los “privatizadores’ impulsan la reelección presidencial”. Cuando más tarde se produjeron pronunciamientos en favor de la continuidad del menemismo sostuvimos que el operativo reelección corresponde no a “los ‘privatizadores’ en su conjunto, sino a un sector de grupos ligados íntimamente a la camarilla gobernante y que atraviesan una situación muy comprometida (pulpos que están en una situación límite, en particular los “privatizadores” que se han endeudado hasta el cuello con el exterior). Pérez Companc, uno de los casos, debió salir a vender una parte de su porción en Edesur y la situación se repite con otros grupos “nacionales” —Cadypsa ha vendido parte de sus pozos petroleros a Shell y Esso. Se trata de grupos “privatizadores” que sin la intervención del Estado van literalmente a la quiebra. Uno de los impulsores de la reforma y la reelección es el grupo Macri, beneficiario de un mercado superprotegido como el de la industria automotriz”. Este panorama pegó otro giro en la reunión de Menem con el CEA (Consejo Empresario Argentino), donde las grandes-grandes patronales vetaron el proyecto reeleccionista. La expresión política de este realineamiento se vio en el Senado cuando comenzó a configurarse un frente antimenemista liderado por Bordón, Cafiero, Rodríguez Saa. Este mismo sector ha promovido el deschave de negocios de varios personajes de la camarilla menemista y ha comenzado a elaborar las bases para la conformación de un “gran acuerdo nacional”. Bordón ha planteado un proyecto de reforma que incluye la figura del primer ministro y la adopción de un sistema de gobierno semiparlamentario. Con este planteo Bordón rescata el proyecto alfonsinista, que cuenta con el apoyo de la burocracia del Departamento de Estado de los EE.UU. Cafiero propuso una coalición de partidos para el 95, tendiendo un puente al radicalismo. A partir de estos planteos, comenzó a especularse con la posibilidad de una alianza Cafiero-Bordón-Duhalde. Duhalde ha comenzado a participar de las alianzas por la “unidad nacional posmenemista”. La configuración de un frente antimenemista inorgánicamente se extiende al radicalismo, al centroizquierda y al propio riquismo. Rico hace punta con el reclamo de la devaluación y postula el "nacionalismo de mercado" que es un eufemismo para reclamar que las “privatizaciones” queden en manos del gran capital nativo, se asoció con el duhaldismo votando su ley de "reforma del Estado” y se comprometió a “revisar solo las privatizaciones efectuadas por decreto” a sabiendas que el 99 % de las mismas están cubiertas por una ley. Que el centroizquierda defienda las “privatizaciones” con el pretexto del derecho adquirido, es decir, del hecho consumado, lo prueba el planteo de Verbitsky, en Página 12, según el cual “La anulación de contratos, políticamente repudiables, pero jurídicamente válidos, es una quimera”. La tendencia política constitucional dominante en Latinoamérica apunta a establecer un régimen semi-presidencial y semi-parlamentario, ni uno, ni otro, pretendiendo crear un gobierno de gabinete. En Brasil y Uruguay se planteó dar paso a la figura de un "primer ministro”. El régimen semi-parlamentario legitima el gobierno por decreto al autorizar que las iniciativas del Ejecutivo puedan convertirse en ley si no son tratadas por el parlamento. La UCR puede ser partícipe de este acuerdo. De la Rúa, Bordón, Storani, Casella, Verbitsky, Chacho Alvarez componen una alianza en gestación sobre la base de un acuerdo en tomo a la reforma electoral y la aceptación de las "privatizaciones". Plan de guerra El llamado “plan económico” de Cavallo es la pantalla de un gigantesco plan de guerra del capital contra las masas. En las condiciones de descomposición del capitalismo, el propio Estado se hace cargo de la expropiación directa de la clase obrera y los explotados, abandonando la ficción de arbitraje político entre las distintas clases. El mecanismo de la explotación capitalista ha llegado a un parate del que la burguesía intenta salir por la vía de la fuerza extraeconómica y coactiva, determinando que cualquier reivindicación seria de la clase obrera y aun de la pequeña burguesía tienda a chocar con él y a asumir un carácter potencialmente revolucionario. La vinculación de los salarios a una pretendida "productividad”, el desconocimiento de los convenios, la extensión de la jornada laboral, son ejemplos brutales de esta tentativa de confiscación económica y de dislocación política de los trabajadores. Revelan el esfuerzo de la clase capitalista en reducir los salarios por debajo del valor de la fuerza de trabajo para mantener en pie la tasa de ganancia. En dos años y medio de "plan Cavallo” el salario ha caído en una proporción que llega, en algunos casos, al 25%. Medido en relación al 75, la caída histórica llega, según los propios datos de la UIA, casi al 60 % (550 dólares contra 1.200, salario medio industrial). De conjunto, la burocracia de los sindicatos no ha aprovechado la débil reactivación económica para intentar mejorar el salario, lo que revela que ha perdido el atributo mínimo del reformismo. El poder adquisitivo (no el salario) de los trabajadores se mantuvo entre mediados del ‘92 y mediados del ‘93, sólo debido a las horas extras o al doble empleo, pero esta situación tiende a tomarse tremendamente desigual, como producto de la crisis en la industria. Además, el deterioro de los servicios públicos, de la salud y de la educación significa un nuevo mazazo sobre el salario del trabajador, que debe pagar un mayor precio para obtener el mismo servicio — aranceles en las obras sociales— o reemplazarlo directamente por uno privatizado. El reclamo patronal de atar el salario a la “productividad” equivale a una tentativa de reimplantar el trabajo a destajo. No tiene en cuenta la productividad de la economía, que ha crecido un 250% en la última década. Sobre este enfoque de la productividad media, las patronales no quieren ni hablar, porque las obligaría a revelar su mejor guardado secreto. La productividad del trabajo es ajena al trabajador; por definición depende del capital. Admitir esta variante, significaría trasladar el riesgo capitalista al obrero, para el cual equivaldría a la pérdida de su fuerza de trabajo, es decir, al hambre. La crisis capitalista plantea la reducción histórica del salario y la desocupación. El empleo no aumentó con la reactivación (cubierta con prolongación de la jomada de trabajo) y sigue descendiendo, si se considera la continuidad de las cesantías en las empresas "privatizadas" o a “privatizarse” (ferrocarriles, YPF, empresas de defensa) o los despidos en ramas en retroceso industrial. La desocupación y la pobreza absoluta llega a niveles pavorosos en ciertas zonas del interior y el conurbano y es la base de movimientos migratorios constantes en la búsqueda desesperada de trabajo (las estadísticas oficiales ocultan la magnitud del subempleo y no incluyen la masa de trabajadores despedidos que recurría a la doble ocupación como forma de obtener un salario que se acercara a la canasta familiar). La creación de un ejército industrial de reserva permanente es un objetivo estratégico para el capital, que presenta al desempleo como inevitable. El otro gran factor de la sistemática guerra de clases que este gobierno lleva adelante es la "flexibilización laboral”. Esta reúne no sólo el proyecto de ley de reforma, sino la Ley de Empleo, la destrucción de los convenios colectivos (decreto 470), el desconocimiento de los regímenes de labores en áreas como puertos, marítimos y ferrocarriles privatizados, el aumento en los ritmos de producción, el trabajo de contratados o el impulso a la formación de "cooperativas” o “microemprendimientos”. La médula del proyecto de reforma laboral es extender la jomada de trabajo a diez horas. Queda a criterio del empleador la distribución en forma diaria del total de horas anuales, con la única restricción de que entre turno y turno exista un intervalo de 12 horas. Esto entraña una reducción efectiva del salario, vía disminución de horas extras. El proyecto faculta a las patronales a contratar trabajadores en forma "transitoria" por tres años sin pago de aportes sociales ni indemnización, lo que debería llevar a que las patronales sustituyan sus actuales planteles de personal por este tipo especial de contratados. Todas las variantes de trabajo transitorio estaban prácticamente contempladas en la anterior Ley de Empleo, pero se requería la aceptación previa de los sindicatos para incluirlo en los convenios colectivos. El proyecto prevé ahora su implantación automática, satisfaciendo uno de los reclamos mayores de los capitalistas en tomo a la ley anterior. Pero va aún más lejos en este terreno, al suprimir la indemnización mínima (dos sueldos) y la obligación de las patronales de abonarla en un período no mayor de tres meses. Todo esto apunta a retrotraer la legislación laboral (que no se propone abolir sino regular las condiciones de la explotación capitalista). “Las conquistas históricas del proletariado mundial y de las naciones oprimidas han entrado en una violenta contradicción con la valorización de capitales y de la fuerza de trabajo que es el producto necesario de la crisis mundial", dice el proyecto de programa para el Frente de Izquierda presentado por el Partido Obrero. Es una falacia la campaña sobre el supuesto alto costo laboral en la Argentina, que tiene a Brunelli o a los centroizquierdistas como mentores. El costo laboral argentino es uno de los más bajos del mundo, la quinta parte del que rige en los países imperialistas que hoy controlan el 90 % del comercio internacional o la mitad respecto a los "tigres" asiáticos. El problema está en el "costo empresario” (parasitismo capitalista), proveniente de las tarifas dolarizadas de los servicios pactadas entre el gobierno y los "privatizadores”, en la ausencia total de inversión (un reciente estudio de Fiel revela que la inversión en caminos de parte de los beneficiarios del peaje es y será menor que la realizada por vialidad Nacional en la última década y la situación es generalizada, con la relativa excepción de teléfonos), en el pago de la deuda pública (externa e interna) usuraria, en los beneficios especulativos armados por el “plan” Cavallo (bursátiles y con la deuda pública) y que condujeron a una inflación en dólares del 50 % y al aumento impresionante en el precio de los inmuebles y los alquileres, en el Plan Brady y las exigencias del "superávit" fiscal, en el festival de bonos, etc, etc, etc. Todo esto creó un beneficio capitalista ficticio del orden de los 40 ó 50 mil millones de dólares, que ha pesado sobre toda la economía industrial. Todo esto lleva a una conclusión elemental: no podemos oponer a la reforma laboral “otra” reforma laboral con vistas a un "consenso”. Para Piccinini (CTA) se trataría de “aceptar los cambios en el régimen laboral que no signifiquen explotación” (“Propuesta Política de los Trabajadores”), como si tales “cambios" pudieran ser objeto de controversias entre personas normales. Para el centroizquierda la "flexibilización laboral” está determinada por alguna clase de “modernización” y no por la necesidad de incrementar la tasa de plusvalía. El objetivo del capital es sustraerla sustancia viva de los trabajadores mediante un mayor desgaste físico y mayor miseria, contrariando todo el significado histórico progresivo del avance técnico. El proyecto de reforma laboral plantea que los acuerdos individuales pueden dejar sin efecto las condiciones más beneficiosas acordadas en convenios colectivos de fecha anterior, lo que entraña la ruptura de tales convenios colectivos. En la misma perspectiva el gobierno lanzó el decreto 470, “consensuado” con la burocracia de la CGT y con todas sus fracciones. Allí se establece un convenio “marco” que fijaría el “piso” para los salarios y las condiciones generales de trabajo de la industria y otro “particular” para las empresas y hasta las secciones. Esto significa que el piso salarial para los trabajadores de un sindicato pasa a ser establecido por la empresa que paga menos, lo que implica que dejan de tener salarios “básicos” para pasar a “salarios mínimos”, es decir, de subsistencia. El propósito es acentuar la explotación del trabajo obrero por encima del convenio general y establecer salarios diferenciales en función del incremento de los ritmos de trabajo. El “convenio marco” es, en realidad, una ficción, pues sus disposiciones no rigen si se oponen a un convenio por empresa. La cuestión no se detiene aquí, por cuanto el Ministerio de Trabajo está facultado por el decreto para promover "la apertura de un nivel menor de negociación”, lo que lleva al contrato individual que conduce al trabajo a destajo. El decreto autoriza a que el salario y las condiciones de trabajo pactadas puedan ser modificadas “según el ritmo de la actividad económica del establecimiento”, lo que significa la destrucción del convenio por empresa y la imposición de un régimen de despotismo y arbitrariedad en función de la “actividad económica” del establecimiento. Esto no es más que la consagración en el papel de lo que la burocracia ha venido haciendo en todos estos años: congelamiento y división de los convenios colectivos en “ramas” o “empresas”, aumentos por “productividad”, acuerdos por fábrica, abandono de la lucha o el reclamo por un básico común para el conjunto de los trabajadores o para el propio sindicato. La reforma previsional y los métodos de cancelación de la deuda con los jubilados son una muestra acabada de expropiación despótica de los trabajadores. Aunque la jubilación privada se declara "optativa" la opción no existe, porque las nuevas disposiciones castigan económicamente más al trabajador que ingrese o permanezca en el sistema público. En este caso, si gana 1.000 pesos por mes, su jubilación se compondrá de una asignación “básica” de 200 pesos más otros 200 por permanencia (0.5% del salario promedio de los últimos 10 años), en total 400 pesos, un 40 % de su salario. En la privada, en cambio, a la “básica” podrán sumar la capitalización de sus aportes de 40 años. Esta debería darle, si el Fondo no quiebra y la especulación se mantiene en pie durante cuatro décadas, una jubilación “privada” de 450 a 500 pesos. Sumada a la “básica”, unos 650/700 pesos. Adviértase que en ningún caso la jubilación alcanzaría al 82%, “piso” que se deroga en el proyecto oficialista como en el “alternativo” de radicales y centroizquierdistas. Al mismo tiempo, prácticamente se liquidan las pensiones de invalidez y viudez, reduciéndolas a cifras irrisorias. El único escollo que subsiste para el negocio de los bancos, las compañías de seguros y grupos económicos es el artículo 39, que establece una garantía en pesos y en dólares para los aportes que se hagan al Banco Nación. Los pulpos esperan la modificación o anulación de este artículo en su paso por el Senado o en la reglamentación de la ley, porque naturalmente prevén la devaluación del peso. A los jubilados se les ha impuesto un reconocimiento de deudas completamente arbitrario e inferior al real y a ser pagadas en bonos cuya operación de rescate es otro acto delictivo. El gobierno prometió rescatar estos bonos (Bocon) con los fondos del remate de YPF y al 100 % de su valor nominal. Todo culminó en un nuevo acto de confiscación. Sólo los jubilados de 85 años en adelante recibirán el pago total y en efectivo de su deuda, unos 65.000 del total. Al resto se le reparten 1.560 pesos en forma decreciente según la edad y se les propone un cambio de Bocones por acciones de YPF no a su valor nominal sino perdiendo entre un 21 y 45% del valor original de la deuda, y sin que se reconozcan los intereses corridos. El jubilado que acepte las acciones de YPF no podrá venderlas en dos años, con lo que se desprende de Bocones en dólares para pasar a tener acciones en pesos que serán pulverizadas por la devaluación en ciernes. Al mismo tiempo, al no poder disponer de las acciones en 24 meses el jubilado no disfrutará de la suba artificial de acciones que el gobierno está montando a partir del bajo precio en que han sido puestas en venta, privilegio del que sí disponen los bancos acreedores. El decreto de reforma de las Obras Sociales es un primer paso hacia la privatización total del sistema de salud y hacia la destrucción de las mínimas conquistas que tiene la clase trabajadora en este terreno. Lo que se presenta como mejoramiento de las obras sociales por la vía de la libre elección” apunta a forzar la concentración del negocio de la salud en un puñado de pulpos, que es expresamente estimulada. El decreto deja sin efecto todas las restricciones que limitan “la libertad de contratación entre prestadores y obras sociales”, ampliando así el horizonte de los grupos privados. La clave es que las obras sociales estarán obligadas a una “prestación básica” que será determinada por el Ministerio de Salud, excluyendo en primer lugar a las de alta complejidad o terapia, que serán sólo para aquellos que puedan pagar aportes adicionales. El proyecto establece la “libre elección” sólo entre obras sociales, pero sólo por ahora porque se proyecta incluir luego a las “prepagas” y cualquier grupo capitalista metido en el negocio de la salud. El objetivo estratégico de los pulpos es capturar el aporte obligatorio de los trabajadores que hoy recaudan las obras sociales e introducir planes de salud privados que deberán comprar obligatoriamente los trabajadores en función de sus sueldos. La aspiración de conjunto de la burguesia no se detiene en esto, propone disminuir o eliminar el aporte patronal del 6% y descargar sobre el trabajador el sostenimiento del sistema. Se plantea por esta vía, en nombre del "alto costo laboral”, una nueva reducción del salario en favor de los capitalistas. Es lo que está planteado, a su vez, con el derrumbe orquestado de la educación pública. El Estado nacional se ha desprendido de la enseñanza secun-daria, trasladandola a las provincias, y pretende hacer lo mismo con la terciaria y los normales. Siguiendo el criterio del gobierno nacional, las provincias en quiebra deberían transferir la educación a los municipios, que es lo que intentan ahora varias administraciones (Tucumán y Salta). Los munici-pios, a su vez, trasladarían la educación a manos privadas. Como sólo una parte de la educación sería negocio para el capital privado, lo que se ha resuelto con la "transferencia" y la Ley de Educación es simplemente la destrucción educacional. Esto entraña, primero, una confiscación directa, segundo, un abaratamiento de los “costos laborales". La “privatización” escolar lleva a que los traficantes y empresarios de la educación se adueñen por nada del patrimonio de las escuelas secundarias mejor equipadas —lo que la Ley presenta como ampliación de la "enseñanza obligatoria” a 10 años en una “misma unidad académica es en realidad la destrucción de la secundaria, para la que se prevé el descuartizamiento en carreras “polimodales”. Por otra parte, la clase capitalista, considerada como un todo deja de pagar impuestos para financiar la educación, que debe pasar a "autofinanciarse” y dejar un beneficio, aranceles mediante. Se abaratan los “costos laborales”, pues la formación de los trabajadores calificados o de los técnicos deja de ser pagada por el Estado para pasar a cubrirse en forma directa con el salario de los trabajadores. La “privatización” es así una ampliación del campo de extracción de plusvalía (mercantilización de los servicios) v un intento importante de la clase capitalista para superar la tendencia declinante de la tasa de ganancia. política lleva, naturalmente, a que el 90% sin capacidad de pago (es decir, que no es "mercado” desde el punto de vista capitalista) reciba una educación “asistencial” como ocurre con la jubilación, las obras sociales o un eventual seguro al desempleo. El otro gran aspecto de la confiscación de los trabajadores tiene que ver con el sistema impositivo. En el primer cuatrimestre de este año el IVA e internos (impuestos que terminan siendo cargados al consumidro) representaron mas del 44% de la recaudacion impositiva. Si se le suma lo correspondiente a los impuestos al trabajo y lo que se recauda por combustibles y comercio, todo lo cual sale tambien del bolsillo del consumidor, la proporcion sube al 85%. Los impuestos a las ganancias o a las fortunas patrimoniales han desaparecido, como la imposición a los superbeneficios de carácter especulativo, como los que surgen de la compra venta de acciones o inmuebles. Los capitalistas devuelven al Estado el 1,4% del 70% que obtienen del ingreso nacional y los trabajadores el 6,6 del escaso 30% que abarcan los salarios en ese ingreso nacional. E. Clase obrera Situación y perspectivas Los signos visibles de agotamiento del “plan” Cavallo, la crisis política y la irrupción de la movilización popular a partir de la cuestión educativa han planteado una tendencia al viraje en la situación política. Es parte de este giro el paro masivo de la CGT del 9 de noviembre, que fue tomado por la clase obrera a pesar de su inocultable carácter burocrático, como un canal para expresar el repudio político al gobierno. Que la burocracia haya tenido que lanzar un paro general al gobierno se explica por la necesidad de abrir una válvula de escape al conjunto de luchas y reclamos obreros y, por otro lado, por la impasse en sus negociaciones con el gobierno en torno a las obras sociales y al proyecto de reforma jubilatoria. La burocracia procura asociarse a los más diversos negocios capitalistas —jubilación privada, "propiedad participada”, privatizaciones, confiscación de las obras sociales. La burocracia chocó con el gobierno en la cuestión jubilatoria reclamando la afiliación “optativa” a las cajas privadas, con la finalidad de colocar a las direcciones sindicales como una pieza necesaria a ser tenida en cuenta por los banqueros a la hora de asegurar la masa de afiliados para el “negocio”. Al ceder en su posición original, aceptando la afiliación compulsiva, los gángsters de la CGT se privaron de la principal arma de presión para garantizar su ingreso al negocio. El “club de amigos” de Menem y los “amigos” de éstos (Lescano-Cavalieri) están prendidos en la creación de fondos de pensión y dispuestos a aprovechar la integración de las obras sociales al sistema privado de medicina prepaga, lo que los aleja de cualquier disputa con el gobierno por el resto de puntos en litigio. Lorenzo Miguel está concretando un cambio de frente, alineándose junto a Bordón (elecciones internas del PJ en Capital), negociando para que el CTA se reincorpore a la CGT y planteando la defensa de la “industrialización”, es decir de los pulpos exportadores (es decir de la devaluación del peso). Los límites de estas iniciativas son evidentes y han quedado expuestas en la “nueva” gestión de Brunelli. En el tema de la reforma laboral, los burócratas admiten la liquidación de los derechos laborales y los convenios por empresa, siempre que ellos tengan el monopolio de la representación sindical. Frente a la pretensión de algunos sectores empresariales de ir directamente al convenio con representantes de empresa, aluden al posible surgimiento de “miles de Sitrac-Sitram”. Ahora bien, la burguesía está empeñada en atomizar a los trabajadores y sus organizaciones, lo que puede significar la desintegración parcial del actual aparato burocrático y el intento de reemplazarlo con burocracias “amarillas” por empresa o zonales. La experiencia de la movilización educativa o el conjunto de luchas que se libran al margen de las direcciones “oficiales” pone de relieve que las masas no están esperando las órdenes de la burocracia para salir a la lucha. Si a pesar del enorme desprestigio, los gángsters de la CGT conservan el dominio de la mayoría de los sindicatos se debe en primer lugar a la intensa acción del Estado, que por medio de la justicia y la acción de los organismos de represión, en connivencia con las patronales se encargan de bloquear, proscribir y en última instancia reprimir cualquier intento de organización independiente. Esta acción del Estado se ha intensificado en relación a los conflictos y es reclamada en todos los casos por la burocracia. Con el argumento de “arbitrar”, el gobierno procura que allí donde la patronal no logró imponerse, rija la conciliación obligatoria, que es la vía para inmovilizar la acción obrera (Aerolíneas, ferroviarios, Uta). En las últimas elecciones sindicales la burocracia marchó sola en la mayoría de los gremios, apoyándose en estatutos completamente proscriptivos y en la represión de los activistas, lo que no es nuevo. Lo más significativo fue el giro político en la UOM, donde una serie de listas de oposición, influidas por el centroizquierda y en algunos casos por la izquierda, derrotaron al aparato burocrático o hicieron una excelente elección. Los límites políticos de estas listas son colosales: evitaron críticas a la dirección miguelista, concebida como “mal menor” frente a otras variantes burocráticas en la UOM, no levantaron una estrategia de lucha frente a la “flexibilización” o el derrumbe del salario, pero forman parte de un desplazamiento de franjas importantes del activismo frente al vaciamiento burocrático. Debe recordarse, antes de esto, los pronunciamientos de plenarios de delegados de la UOM contra la partición del convenio en “ramas” y por un plan de lucha conjunto (Campana, Caseros). En CTERA, las elecciones revelaron el dislocamiento del aparato burocrático, una caída vertical en los votos del oficialismo centroizquierdista y un desplazamiento hacia la oposición (que llegó al 45% de los votos en los distritos controlados, repartidos entre una fracción burocrática crítica de Mary Sánchez y la antiburocrática Rosa). Esta se convirtió en un canal significativo en Santa Fe y Neuquén Capital. Las recientes elecciones en el Inti y en Sanidad, la lista antiburocrática en Aduba, los frentes de izquierda en telefónicos y bancarios y la destitución de Loza en portuarios constituyen manifestaciones de un reagrupamiento del activismo dirigido a expulsar a la burocracia de los sindicatos. Las elecciones sindicales revelaron el profundo vaciamiento de los sindicatos. En CTERA votó apenas el 30% del padrón, en Sanidad otro tanto, una menor proporción votará en la Bancaria y en todos los casos la tasa de afiliación cae. En contraste, se profundizan los procesos de luchas y de organización que se gestan al margen de las organizaciones tradicionales, como ocurrió con la movilización educativa. Esto no significa que haya que abandonar ni por un minuto la elaboración de una política hacia los sindicatos hasta que éstos sean superados por la acción y la organización obreras. Existe una deliberación en el activismo sobre qué hacer y una inconfundible incertidumbre, que es lógica porque ningún sector oficial del movimiento obrero pronosticó o se preparó para una crisis de esta envergadura, que afecta a todos los sectores del movimiento obrero y que plantea intervenir en una etapa de alcances revolucionarios. El gobierno no ha podido evitar la lucha de los trabajadores, que viene creciendo desde mayo del año pasado, ni la acentuación de la oposición popular a su política. Estas condiciones son propicias para mantener el reclamo de unidad de acción de las organizaciones obreras, expresado en la exigencia a la CGT y el CTA del paro de 36 horas, en función de las reivindicaciones de las masas. 2. CTA y centroizquierda El agrupamiento impulsado por los dirigentes sindicales del centroizquierda —CTA— ha quedado conformado en los hechos como una central paralela. Tiene un carácter divisionista. Esto se ve con nitidez en que su política sigue como la sombra al cuerpo a la que lleva adelante la burocracia de la CGT y en algunos casos sosteniendo planteos aún más reaccionarios y proimperialistas. El CTA no surgió del vacío. Se trata de un agrupamiento que expropió al movimiento que algunos sindicatos, internas y activistas combativos forjaron en la época de Alfonsín, procurando coordinarse y darse un programa que superara los planteos de la burocracia central y del ubaldinismo y que tuvo una traducción parcial en los llamados “encuentros” que se realizaron en varias ciudades de la Patagonia. Los principales gremios del CTA son partidarios de la “reforma del Estado” y de los planes de “privatización con participación” y desde ya del curro de la “propiedad participada”, defendidos tanto por los “combativos” de Foetra Buenos Aires como por los sindicalistas del PC de Foetra Córdoba. El libreto es común a la burocracia guillanista. En Luz y Fuerza de Córdoba, después de 60 días de lucha contra la privatización de la empresa, su directiva terminó firmando un acta acuerdo con el gobierno, donde se reafirma la privatización, la racionalización y la modificación del convenio. En Tucumán, el legislador representante de ATE votó en la Legislatura a favor de la privatización de Agua y Energía. En la cuestión previsional, los diputados que actúan con el CTA se alinearon junto a los radicales en defensa de su proyecto reaccionario. Ello explica que el CTA haya impulsado una "consulta" para engañar a la "gilada", esto con la activa complicidad del partido comunista. Los propios estatutos del CTA autorizan en la formación de Cajas privadas, adelantándose en esto al mismísimo Lescano. El CTA, en nombre de la “modernidad”, se ha mostrado completamente permeable a los planes de "flexibilización laboral". En el gremio de prensa, aceptó modificar el convenio, incluyendo la cláusula de negociar los salarios en base a la “productividad” o el caso de la UOM villa Constitución, que avaló todos los planes de racionalización en Acindar. Los sindicalistas del CTA han defendido la tutela estatal sobre las organizaciones obreras mediante mecanismos del “arbitraje" (conciliación obligatoria) o en la propia vida interna de los sindicatos, consagrando la voluntad del Estado por encima de la voluntad de las asambleas. Son los inventores de las “elecciones directas”, lo que no puede disimular la regimentación interna en sus propios gremios. El propio CTA está dirigido por un Consejo Federal compuesto por un representante de cada organización nacional adherida junto a un representante por cada congreso provincial o local. Es decir, prioridad a los aparatos burocráticos nacionales que deseen integrarse. La ley de paritaria estatal, redactada por Germán Abdala, dirigente de ATE, autoriza la negociación salarial por empresa, bajo la batuta de las burocracias centrales, como asimismo la “autorregulación” de los conflictos y que los reclamos salariales ajusten a la ley de presupuesto. Este engendro fue luego refrendado por el ultramenemista Andrés Rodríguez, de UPCN. La dirección del CTA es también una correa de transmisión de los intereses del clero. Mary Sánchez promovió en CTERA hace tiempo la “defensa de la escuela pública, de gestión estatal o privada (sic)”, retirando del programa de los sindicatos docentes la defensa de la escuela laica. Su conducta durante la movilización educativa siguió rigurosamente la política fijada desde las “usinas” del Consudec, y los comunicantes de la propia burocracia con la jerarquía y las patronales religiosas de colegios privados son infinitas. El CTA es responsable del hundimiento de la mas importante lucha del último período, la movilización educativa. Para una dirección que considera "obsoleto" el método de la huelga general, la irrupción de la movilización educativa fue un hueso duro de tragar, pues la docencia, la juventud y los padres se coordinaron en un movimiento de lucha que se extendió nacionalmente al margen de cualquier plan o directiva burocrática. En esas circunstancias la burocracia de CTERA maniobró, montándose en el conflicto para domarlo, y someterlo a un frente político “por una nueva ley por consenso” junto a radicales, el centroizquierda, el riquismo y expresiones de la propia izquierda (Frente del Sur). El CTA impulsó una política de carnereaje ante el paro de la CGT, lo que lo enfrentó a los trabajadores, desató una crisis en sus filas y obligó a la adhesión apresurada y derrotista de algunos de sus sectores (ATE). Que el CTA, habiendo jugado un papel traidor en las luchas, haya logrado un cierto desarrollo, se explica, primero, por la capitalización en algunos gremios (Uom, Upcn, Supe) de la crisis y retroceso del aparato de la vieja burocracia. Segundo, por la política de adaptación de la izquierda democratizante. La propia constitución del CTA, presentada como oposición “combativa” a Parque Norte, refleja, contra la opinión de los desmoralizados del centroizquierda, que la tendencia a la estructuración independiente de la clase obrera existe, aunque tenga esta envoltura perversa. Por otro lado, los propios trabajadores agrupados hoy formalmente en el CTA han recorrido ya una experiencia en relación a la política profundamente colaboracionista de sus direcciones. Esto se reveló en el movimiento dentro y fuera de los sindicatos docentes, durante la movilización educativa (autoconvocados, padres, pronunciamientos de asambleas y plenarios de delegados) y hasta en el retroceso electoral de la dirección marysanchista en los comicios de CTERA. O en los Astilleros Río Santiago, donde los trabajadores en asamblea repudiaron la política de De Gennaro en relación a la defensa del astillero o frente al paro de la CGT. El CTA ha sido desde el comienzo una corriente política en descomposición, que entrega las conquistas obreras. Frente a las tentativas de movilización de masas se han revelado tempranamente como una dirección traidora, que se enfrenta a los reclamos y necesidades apremiantes de los trabajadores (la “nueva” dirección CTA del Supe Ensenada, por ejemplo, es hoy una camarilla repudiada por su impotencia para enfrentar el vaciamiento de la destilería). La misma evolución del CTA corresponde al conjunto del centroizquierda en el plano de sus posiciones políticas, orientadas a sostener al actual régimen entreguista. En función de oportunidades electorales o parlamentarias, incluso de negociados económicos, han ido a la rastra de la política del gobierno (el PI integra el Frente de Palito en Tucu-mán, ATE sostuvo a la intervención menemista en Corrientes, el PTP—Frente del Sur—fue aliado del PJ y la UCD en las elecciones correntinas) o detrás del “mal menor” radical. Una franja del centroizquierda ha resuelto integrarse directamente al frente menemista o a la variante peronista del frente opositor que se está gestando. El PSP, integrante de la Unidad Socialista, que negoció con el gobierno el bloqueo a la candidatura de Bravo (PSD) en las últimas elecciones, a cambio del salvataje financiero del Hogar Obrero y de una participación en la “privatización” del puerto de Rosario, ha entrado en crisis. Un sector (Estévez Boero) es partidario de distanciarse del menemismo y otro (Cavallero) de mantener la alianza hasta el final. En Corrientes sostuvo la candidatura justicialista y en Tucumán uno de los dirigentes nacionales del PSD aliado al PSP ingresó al gabinete de Palito. Una vasta franja de dirigentes del PI ha sido cooptada por Duhalde. Otro sector tiende a alinearse con el radicalismo. El Grupo de los 8 formó parte del MOP (Movimiento de Opinión Popular) dirigido por Zavalía en Santiago del Estero. En Catamarca, todo el arco centroizquierdista se integró al Frente Cívico y Social que llevó al gobierno al radical Castillo. Los parlamentarios centroizquierdistas son aliados permanentes del bloque radical en el Congreso y existe una aproximación política entre el bloque del CTA dirigido por De Gennaro y el storanismo. El Frente del Sur es un rejunte sin principios, carente de programa e intervención en la lucha de clases. En la campaña electoral defendió la “estabilidad” cavalliana y se negó a plantear el desconocimiento de la deuda externa, es decir participa de todas las posiciones “programáticas” del resto del centroizquierda. Solanas es carne y uña con el mary-sanchismo y acompañó la posición camera de la dirigente de CTERA ante el paro de la CGT. Quienes se presentaron en sociedad con la pretensión de cambiar el modo de vivir y hacer la política resultaron ser unos arribistas. Luego de prometer que las candidaturas se establecerían por medio de internas abiertas, el supuesto frente terminó dividiéndose fruto de la disputa feroz por los cargos. 2. Izquierda El conjunto de la izquierda ha profundizado su evolución democratizante. Quien ha ido más lejos es el Partido Comunista. Luego de años de crítica al “posibilismo” del centroizquierda, el PC se ha metido de cabeza en el CTA y en el Frente del Sur y es impulsor decidido del "Frente Grande". El PC busca disimular esta política rabiosamente derechista haciendo una cerrada defensa del castrismo y todos los homenajes posibles al Che. El PC es una fuerza en liquidación. Subsiste por las fuentes de financiamiento que aún conserva, pero es casi nula su intervención en las luchas obreras y prácticamente ha desaparecido de la Universidad. El proceso de descomposición en sus filas continúa. Se ha formado una tendencia —"La Corriente"— que reivindica al Frente del Pueblo, IU y al Frente del Sur pero han tomado distancia de la propuesta de conformar un "Frente Grande" . La crisis del Mas asume características terminales. Ala deserción de centenares de militantes obreros y juveniles, sobrevino la ruptura que dio origen al MST y otras menores. Asistimos en realidad al final de una corriente política que pretendió representar una variante original en base a una combinación de fraseología izquierdista y política oportunista. El morenismo fundó su política en la adaptación sistemática al “medio ambiente. Moreno pasó del antiperonismo gorila (45-48-51) a la disolución completa en las 62 organizaciones (Palabra Obrera); del anticastrismo también gorila (1959-1960) a la fusión con los castristas argentinos (formación del PRT y desarrollo de la teoría del “foco armado”). El morenismo fue maoísta y llegó a afirmar que el campesinado podía sustituir al proletariado como clase socialista revolucionaria, fue guerrillerista y propugnó el foco en reemplazo del partido, fue socialdemócrata y planteó su disolución en un partido centrista legal, fue peronista y concluyó con un planteo organizativo movimientista. No hay moda política, ideológica o de organización a la que el morenismo no se haya adaptado. En esta línea no guardó ningún escrúpulo, como lo revelan los telegramas de condolencia a los militares del Proceso, muertos por sus ex aliados foquistas. Al final fundaron el Mas bajo el "modelo" de los "socialistas"—entonces en ascenso electoral— Felipe González y Mitterrand. El Mas no logró sobrevivir a la inconsistencia de sus caracterizaciones políticas más recientes (tomadas, por otra parte, del arsenal del lambertismo): la situación revolucionaria permanente, el frente contrarrevolucionario mundial (todo ello, mientras se propugnaba el "socialismo con democracia" y el gobierno obrero liberal). Cuando las circunstancias de la lucha de clases internacional y nacional colocaron al movimiento obrero frente a sus dificultades subjetivas (que el Mas despreciaba olímpicamente), el morenismo inició una liquidación que comenzó por sus caracterizaciones políticas: la revolución política devino en “derrota", el "plan" Cavallo habría logrado "estabilizar" al capitalismo en la Argentina. Es a partir de esta crisis profunda de caracterizaciones políticas que comienza el derrumbe organizativo, de "arriba hacia abajo" del Mas. El MST expresa aquella fracción de la dirección morenista que pretende llevar hasta el final la experiencia de integración al Estado. El principismo del Mas es, por su lado, un disfraz superficial, no tiene diferencia de principios con el Mst y mucho menos con el morenismo. El morenismo se ha agotado como expresión política. El PTS es la expresión mas aberrante y aventurera de esta descomposición. 3. Etapa, situación y pronóstico "Por la envergadura de la crisis económica y su naturaleza internacional; por la crisis de los gobier-nos y aun de los estados burgueses sin excepción; por las contradicciones explosivas del "plan" Cavallo y sus limitaciones insalvables, por la crisis político-estatal, que se expresa en el hundimiento de los estados provinciales, la descomposición de la policía y la disgregación de las fuerzas armadas, por el agravamiento de las condiciones de misena de las grandes masas y el empobrecimiento creciente de la pequeño burguesía, por la acentuación de la explotación de la clase obrera y de las contradicciones y tensiones dentro de las empresas, por la situación sin salida de la juventud, por el hundimiento de los medios de protección social del Estado, por las tradiciones de lucha presentes en las masas, por la lenta pero segura consolidación del Partido Obrero, con referencia al país en su conjunto y a los sectores más activos del proletariado; por todo esto, la etapa politica en su conjunto es de alcance revolucionario, de combinación de crisis políticas con luchas populares; de luchas defensivas que tienden a salir del marco establecido, de posibilidades de brusca maduración de los explotados; de condiciones de crecimiento politico sobre bases revolucionarias". Así definió la etapa política el V° Congreso. Advertía que las derrotas de fines del ‘91 (Acindar, Somisa, Supe) habían determinado un reflujo en el movimiento obrero (iniciativa del gobierno en el plano político y reflujo obrero); pero que cualquier crisis en la cúspide con motivo de la lucha de camarillas, cualquier movimiento popular contra los ataques que se esperan en las provincias o contra los jubilados; cualquier conflicto salarial de envergadura, cualquiera de estos factores puede hacer girar la situación hacia crisis políticas y luchas de conjunto". Por referencia a esta caracterización, el agotamiento del plan económico, el agravamiento de la crisis politica y la irrupción de la movilización educativa determinaron un principio de giro en la situación. Este se caracteriza por una tendencia incipiente de las masas a tomar la iniciativa política y el pasaje del gobierno a una posición defensiva. De un relativo reflujo de las luchas sindicales hemos pasa relativo reflujo de las luchas sindicales hemos pasado, a partir de mayo al debut de un posible ascenso: huelga docente santiagueña, lucha de estatales en Cordoba y Neuquen, subterráneos, Propulsora, Astillero, paros y movilizaciones docentes. A esto se suma un proceso de movilizaciones de características populares—educación, jubilados, rebelión de los "colgados" de la luz. Al mismo tiempo, las principales iniciativas del gobierno están empantanadas: ley previsional, “flexibilización laboral”, salida a la quiebra de Aerolíneas, resolución de la crisis en la comuna porteña o en la provincia de Corrientes. A pesar de algunas derrotas transitorias de los trabajadores en frentes claves —Aerolíneas— el gobierno no puede aprovecharlas para afianzarse o resolver las crisis planteadas. Tiene, al mismo tiempo, que recurrir sistemáticamente a la oposición para manejar su retroceso (comuna porteña, Corrientes, cuestión jubilatoria). El proceso de lucha de las masas no seguirá un camino rectilíneo o espontáneo, sino que sufrirá todo tipo de altibajos e interrupciones, reflejo de la crisis de dirección. Es decir, el peso de las traiciones de la “vieja" burocracia y de la "nueva" burocracia centroizquierdista. ¿Cuál es el desarrollo futuro de la crisis? La devaluación significará sacar a luz el colapso del "plan" Cavallo y asestará un golpe político al gobierno y a todos los que han salido a elogiar al "economista del año” (no olvidar que para De la Rúa y Angeloz es un ministro “excelente"). Además y por sobre todo, un golpe económico a las masas. Un estallido del “plan” podría determinar incluso, la caída del gobierno y la puesta en escena acelerada de un "gobierno de coalición”, que hoy preparan en bambalinas los Cafiero, Bordón y De la Rúa, con la supervisión del Departamento de Estado. La perspectiva de "derrumbe” del actual régimen político pondrá a prueba la capacidad de la clase obrera para aprovechar esa situación. La variante de una devaluación “ordenada”, cuyos efectos inflacionarios se atenúen por la recesión y la deflación mundial, es una posibilidad menor. Las elecciones de octubre tienen un papel decisivo en cuanto al ritmo de la crisis, pues un fracaso electoral del menemismo no sólo sepultaría sus posibilidades reeleccionistas sino que desataría un proceso de fundición acelerada del gobierno y descomposición del justicialismo. 4. Programa de acción La política revolucionaria debe consistir esencialmente en la agitación contra el gobierno hambreador y entreguista, para que la conciencia de esta situación impulse a los explotados a luchar por su propio gobierno. El aumento de los salarios en un 50% y la reivindicación de 1.000 pesos de salario mínimo debe encabezar una plataforma de acción. La cuestión del salario está indefectiblemente unida a la lucha contra la reforma laboral. Esto plantea la liquidación del decreto 470, la defensa de los convenios colectivos, paritarios elegidos en asamblea, la reducción de la jomada de trabajo (frente a los avances de la productividad laboral arrancada a los trabajadores y utilizada por los capitalistas para disminuir sus planteles) y la resistencia al aumento de los topes de producción. La situación recesiva y la quiebra industrial plantean la escala móvil de horas de trabajo (pago integral de la jomada de trabajo), reducción de la jornada con el mismo salario. La lucha contra la entrega previsional es un punto crucial de movilización en la etapa actual, contra el desmántelamiento del sistema previsional que plantea la ley de jubilación privada, unido al reclamo de un mínimo de 500 pesos, que es la consigna que puede unir en un planteo de movilización al conjunto de los jubilados, y la defensa del 82% y la edad jubilatoria. La destrucción de la educación pública tomará ahora la forma de liquidación de cursos y establecimientos, "transferidos” y de los otros, para “ajustarlos” a los destruidos presupuestos provinciales, al descuartizamiento previsto en la Ley de Educación. Además, el inicio de una segunda "transferencia”, esta vez, hacia los municipios. Está planteada, también, la liquidación de la estabilidad laboral docente y la diferenciación social entre escuelas públicas “pobres” y "ricas" a partir del aporte compulsivo a las cooperadoras (o la arancelización creciente en la Universidad). La resistencia contra la ejecución de la Ley ya ha comenzado y en realidad no cesó nunca, si se aprecian las huelgas y movilizaciones docentes y el proceso de reorganización de los centros de estudiantes. El significado concreto de la consigna “abajo la Ley de Educación” es la lucha práctica para impedir el arrasamiento de la enseñanza pública, lo que plantea, entre otras cosas, la ocupación de los colegios frente al intento de desmantelarlos. El salario, la estabilidad laboral para los docentes, la defensa de la gratuidad, la oposición al cierre de colegios y grados, la cuadruplicación inmediata de los presupuestos educativos estatales en todos los niveles son reclamos de características explosivas porque tienden a unir en la lucha a padres, jóvenes y docentes en una causa inmensamente popular. Los “autoconvocados” han vuelto a ponerse en pie y está planteada la formación de coordinadoras de lucha de delegados y activistas con vistas a actuar como bloque dentro de los sindicatos docentes y fuera de ellos. La crisis de las “privatizaciones” y la lucha de los trabajadores cesanteados, “retirados” o “raciona-tizados” lleva a oponer al vaciamiento la consigna de la renacionalización bajo control de los trabajadores, el desconocimiento de la deuda externa con la que se ha hecho el remate, la recuperación de las conquistas perdidas y la readmisión de los trabajadores cesanteados. La lucha contra los tarifazos y otras consecuencias del proceso privatizador (levantamiento de ramales, corte del servicio eléctrico) ya es un poderoso eje de movilización (y lo será crecientemente). Plantea una política de conjunto, uniendo al trabajador usuario con el trabajador de la empresa, uniendo el reclamo del salario con el rechazo a los cortes y la denuncia del desfalco “privatizador”. Hay que denunciar el sistema impositivo, el aspecto más silenciado de la expropiación cotidiana de los trabajadores. La burocracia de los sindicatos ha tolerado durante décadas el progresivo reemplazo de los impuestos a las ganancias (réditos) por los impuestos a los salarios (impuestos al consumo). Esto tiene que ver con una concepción que comparten centroizquierdistas e izquierdistas, de reforzar al Estado y obtener sus prebendas. El rechazo a esta confiscación silenciada debe apuntar a la derogación de todos los impuestos al consumo y el reclamo de impuestos progresivos y confiscatorios sobre el gran capital. Este año habrá elecciones sindicales en banca-rios, telefónicos nacionales y seccionales, docentes en Córdoba y Salta, Conadu, municipales de Capital, sin que esta enumeración sea taxativa. Es necesario preparar este proceso con antelación. A través del reagrupamiento del activismo en tomo a un programa de reivindicaciones y una estrategia independiente en los sindicatos, estará planteado superar, en la oposición los planteamientos centroizquierdistas y el intento de regimentar el movimiento antiburocrático. Los importantísimos procesos de reagrupamiento, en particular en secundarios, permiten hablar de una nueva situación en la juventud, fogueada en las luchas contra la transferencia, la Ley de Educación, el autoritarismo en los colegios y la represión policial. El proceso de organización juvenil es hoy más sólido que un año atrás, y es el factor más dinámico en la lucha planteada contra el desmantelamiento de colegios y escuelas. La autoconvocatoria para poner en pie centros de estudiantes, unir la lucha con padres y docentes, la iniciativa en la acción, en definitiva la construcción de una juventud de combate sólo tiene consistencia como herramienta de la política revolucionaria frente al resto de corrientes tributarias de los partidos patronales, el centroizquierda o el izquierdismo democratizante. La lucha contra la reforma reaccionaria de la Constitución ocupará un lugar central en la campaña electoral, con los señalamientos y las consignas que hemos expuesto. Ligado a esto está la campaña contra nuestra proscripción y la de la izquierda, porque ésta forma parte del reordenamiento reaccionario del Estado. Llamamos a hacer una campaña contra la proscripción y a un frente de lucha contra ella. Esto nos permite, primero, explotar las contradicciones políticas generales planteadas en tomo a la reforma constitucional. Segundo, reforzar la lucha por nuestra legalidad. Tercero, sumar a la izquierda a una campaña común y de este modo reforzar el frente de acción, alimentar un debate con su militancia y crear un precedente en ella misma contra todo tipo de proscripción. 5. Frente de Izquierda La consigna llamando a formar un Comando de Izquierda apunta a tomar una iniciativa ideológica y práctica en la política de unidad revolucionaria. Esto no se limita a las luchas prácticas, también y sobre todo, debe apuntar a una agitación política contra el régimen existente. Debe tener un carácter organizado, es decir aspirar a objetivos de mediano plazo. La iniciativa debe ser también ideológica, para impulsar la deliberación colectiva de conjunto del activismo clasista o de izquierda. La política del Comando de Izquierda debe servir para incorporar a la política revolucionaria a nuevos contingentes de nuevos trabajadores. El Mas y el Mst, al menos sus direcciones, están en contra de la formación de un Comando de Izquierda, sus posiciones de unidad se agotan en la cuestión de las elecciones y a su vez este tema los divide —sea por candidaturas o por manejo de la campaña. Un frente electoral, y por lo tanto parlamentario, no constituye una "alternativa de poder", pues el programa de la izquierda revolucionaria o aun las reivindicaciones inmediatas vitales y transicionales de las masas en el presente período de descomposición capitalista, no pueden realizarse en el marco del régimen político burgués y suponen, por el contrario, la toma del poder por el proletariado y la destrucción del Estado burgués—dictadura del proletariado. El Frepu o la IU fueron precisamente frentes electorales tanto en el aspecto metodológico como estratégico: sólo “funcionales" para las elecciones y sometidos al objetivo de la “democracia con justicia social”, es decir hacer más llevadero al capitalismo. La política del Comando de Izquierda plantea viabilizar al frente electoral como un aspecto estratégicamente secundario de una política de unificación práctica sistemática de la vanguardia obrera, la juventud y los demócratas en lucha. El desenvolvimiento de la presente crisis deberá ir parejo a un realineamiento político como nunca hubo antes en la Argentina. El desenlace de esta crisis plantea a la vanguardia la necesidad de una organización propia, es decir el partido revolucionario. 17/6/93

1 de julio de 1993
Elementos para el debate de la situación Mundial

El siguiente texto es un resumen de las posiciones, caracterizaciones y pronósticos formulados en “Prensa Obrera” sobre temas internacionales desde el V° Congreso del Partido Obrero (mayo de 1992) y pretende servir como material preparatorio para el debate de la situación internacional de su VI (2) Congreso. 1. Caracterización del momento histórico El presente momento histórico de la lucha de clases mundial está caracterizado por la crisis conjunta de los dos pilares principales del orden capitalista internacional: el imperialismo y la burocracia stalinista. La economía mundial ha ingresado desde hace tiempo en un período de sobreproducción de mercancías y capitales, y de correlativo crecimiento explosivo de la miseria social. Ramas industriales, corporaciones capitalistas y naciones enteras se encuentran efectiva o potencialmente en bancarrota. Las conquistas históricas del proletariado mundial y de las naciones oprimidas han entrado en una violenta contradicción con la desvalorización de capitales y de fuerza de trabajo que es el producto necesario de la crisis mundial. La defensa de la jomada de ocho horas, del seguro de retiro, de los convenios colectivos, del derecho al trabajo, del derecho a la salud y a la educación se ve colocada objetivamente en el terreno de la revolución social. El agotamiento de los regímenes burocráticos de la ex-URSS y de Europa del Este es un proceso político inseparable de la propia crisis capitalista. Como agente del imperialismo en el seno de los Estados obreros, la burocracia stalinista desarrolló un entrelazamiento creciente con el imperialismo y se integró al sistema financiero imperialista en la pretensión de encontrar una salida a la impasse de sus regímenes. La revolución política que se puso en marcha a partir de 1953, se reactualizó a partir de los acontecimientos polacos de 1980 como una doble respuesta a la opresión de la burocracia y a la penetración del imperialismo. El derrumbe de estos regímenes políticos, del muro de Berlín y la desintegración de la “federación” soviética son episodios políticos revolucionarios de alcance europeo e internacional. Han planteado la alternativa entre revolución y contrarrevolución en el corazón de los Estados desarrollados y en los que pasaron por la expropiación del capital. El pasaje de la burocracia stalinista a la política de restauración capitalista fue acompañada desde el inicio por las direcciones pequeñoburguesas tributarias del stalinismo, como el sandinismo y el castrismo. La crisis mundial se expresa, finalmente, en el agotamiento de los regímenes democratizantes de América Latina. La bancarrota económica y política de Brasil y de Perú, de Guatemala y de Venezuela, los síntomas de crisis en los mercados “emergentes” de Chile y México, revelan las “limitaciones insalvables de cualquier proceso democrático dirigido por los explotadores nacionales o la pequeñoburguesía” ( 1) . Tanto en el plano internacional como en el nacional, se desarrolla un creciente enfrentamiento entre los propios capitalistas, que ya está tomando la forma de crisis políticas y de guerras por procuración (Yugoslavia, Camboya). En la burguesía nacional de varios países de América Latina se pretende imponer un cambio de frente en la orientación del Estado, en primer lugar mediante la devaluación. Detrás de esta posición de la burguesía se encolumnan, en Argentina, Rico, la burocracia de la CGT, el centroizquierda y el stalinismo; el Frente Amplio, la burocracia del Pit-Cnt, el partido colorado, fracciones del gubernamental partido blanco y el centroizquierdista Nuevo Espacio, en el Uruguay. Frente al generalizado ataque de la burguesía mundial a las conquistas históricas del proletariado (salarios, aumento del desempleo, liquidación de las jubilaciones, seguridad social) y de las masas explotadas en general (liquidación de la salud y la educación públicas, aumento de los impuestos al consumo), se levanta una creciente movilización obrera en todos los continentes: en Europa, huelgas metalúrgicas en Alemania, huelgas estatales, mineras, ferroviarias, metalúrgicas en Gran Bretaña, manifestaciones y huelgas de masas en Italia, huelgas en Bélgica, España y Grecia, huelgas mineras y ferroviarias en Polonia; en América del Norte, huelgas de los mineros del carbón, en la GM y docentes en los Estados Unidos, huelgas de los mineros del cobre en Canadá; en América del Sur, huelgas generales en Ecuador, Venezuela, Argentina y Uruguay, huelgas sistemáticas de los empleados públicos en Brasil; en Australia, huelgas mineras y manifestaciones contra la liquidación de los convenios colectivos; en la ex-URSS, huelga minera y general en Ucrania. Las manifestaciones, las movilizaciones y las huelgas son un componente inseparable de la presente crisis mundial. 2. Estados Unidos La derrota de Bush fue el registro electoral, extremadamente tardío, del fracaso del “reaganismo”, la tentativa más profunda y persistente de contrarrevolución en un cuadro democrático llevada adelante por la burguesía norteamericana desde el macartismo en la década del ’50. En el plano interno, el “reaganismo" significó un brutal intento de afirmación del capital sobre el trabajo. A partir de la derrota de la huelga de controladores aéreos, al inicio de su mandato, Reagan llevó adelante una violenta política de reducción de los salarios (directos e indirectos), de “flexibilización laboral”, de concentración de la riqueza y de desindicalización. Así, mientras que “en 1980, el salario medio industrial era 60% superior al de Japón, hoy es 10% inferior” ( 2) (3 ) En el plano externo, y bajo la excusa de la lucha contra “el imperio del mal”, el “reaganismo” fue un intento de restablecer la hegemonía mundial del imperialismo norteamericano y de la burguesía mundial, golpeada por la derrota en Vietnam y las victorias de las revoluciones en Irán y Nicaragua. Reagan armó a la “contra” nicaragüense, invadió Granada, llevó a Irak a la guerra contra Irán, exacerbó el militarismo con el despliegue de los misiles Pershing en Europa y con la promocionada “guerra de las galaxias”, y exigió que las burguesías europea y fundamentalmente japonesa, financiaran la “fiesta americana” mediante el crecimiento desenfrenado del déficit fiscal. Este intento de reafirmación social de la burguesía norteamericana sobre “su” proletariado y “sus” aliados chocó con los límites insalvables que presentan las tendencias del capitalismo a la descomposición. Pese al aumento de la superexplotación obrera, la tasa de ganancia del capital norteamericano se derrumbó del 18 al 8% (5 ); la recesión lleva ya dos años; los sectores claves de la economía están al borde de la quiebra: un reciente informe señala que “el 10% de los bancos del país, incluidos algunos de los más grandes, están en problemas” y que “1179 bancos son funcionalmente insolventes” (6 ); la General Motors está en bancarrota después de acumular pérdidas por 7.000 millones en 1990/91 y por… ¡23.000 millones! en 1992, mientras que la Ford también registró pérdidas récord por 7.000 millones en 1992 (7 ); la General Dynamics, el mayor pulpo armamentista, debe deshacerse de ramas enteras de su producción para escapar a la quiebra, mientras que la McDonell Douglas (aeronáutica, armamentos) debió vender parte de sus activos a inversores de Taiwán para conseguir “fondos frescos”. La crisis de las industrias automotriz y armamentista es enormemente significativa, porque ambas constituyeron, luego de la Segunda Guerra Mundial, los principales pivotes de la expansión económica norteamericana. El total agotamiento de este ciclo no ha encontrado sustituto: ahí está para probarlo la caída de la IBM, obligada a liquidar el 40% de su capacidad productiva y despedir 100.000 empleados en todo el mundo… después de perder 5.000 millones de dólares tan sólo en 1992 (8) . La amenaza de huelga ferroviaria nacional de mayo de 1991, la prolongada huelga de la Eastern, la seguidilla de huelgas en las plantas de la GM y la amenaza de una “batalla general” en el curso de este año cuando deba discutirse la renovación del contrato, las “huelgas del verano” (9 ) de 1992 (docentes, aerolíneas, empleados municipales), las huelgas de los mineros del carbón, el desplazamiento de la vieja dirección ligada a la maffia por una dirección “centroizquierdista” en el sindicato de camioneros —uno de los más importantes del país— y, finalmente, la “pueblada" de Los Angeles, revelan un ascenso de las luchas populares que no se registraba desde fines de 1960. La sublevación de Los Angeles fue un síntoma inconfundible de la poderosa descomposición no ya social, sino política, acumulada en los Estados Unidos. Las "instituciones” de la “democracia”—la justicia, el parlamento y todos los niveles del ejecutivo, desde la Casa Blanca hasta el gobierno municipal, los partidos políticos y aun las iglesias— asistieron impotentes a un descontento que debió tomar el camino obligado de la sublevación, un índice de la total falta de autoridad de las instituciones políticas del Estado sobre las masas. El “reaganismo” culminó su experiencia con el crack de Wall Street de 1987 y la agudización de la guerra comercial, que pusieron en evidencia no sólo que las burguesías rivales se negaban a “pagar la fiesta”, sino que muchas veces encontraban los medios para resistirse. Hoy, “Estados Unidos necesita desesperadamente exportar para que la gente vuelva a trabajar” (10) , es decir que todavía necesita hacerlo a costa de sus rivales. El postrer intento de Bush de reforzar al imperialismo yanki mediante la guerra del Golfo acentuó su tendencia declinante, porque sólo pudo partir a la batalla gracias al financiamiento de los sauditas, japoneses y alemanes, lo cual agravó la crisis norteamericana ya que, por ejemplo, la financiación de Japón en la guerra del Golfo provocó… un aumento de las exportaciones de éste a Estados Unidos. “El Socialist Workers Party” (SWP) de los Estados Unidos, por ejemplo, llega a afirmar en un artículo titulado “Por qué las clases dominantes de los Estados Unidos perdieron su confianza en Bush” (11) , que “la elección no fue decidida alrededor de la política económica sino de la política exterior. La verdad del asunto es que la clase dominante norteamericana se rompió los dientes en la guerra de Irak. No alcanzó ninguno de los objetivos políticos que pretendían obtener yendo a la guerra del Golfo… Desde la perspectiva de los capitalistas dominantes en Estados Unidos, la debacle política en la guerra del Golfo fue el mayor pasivo de la presidencia de Bush”. Este fracaso, que no es el de un “modelo” sino el de todo un régimen social, plantea una crisis política de enormes dimensiones y la necesidad de un giro político. El carácter empírico, caótico y forzado de este giro político se manifiesta en la debilidad política de origen de Clinton, el hombre llamado a conducirlo. No es una figura nacional; era uno de los segundones del partido demócrata, gobernador del Estado más pobre del país, que sólo accedió a la candidatura presidencial porque ninguno de los “grandes” del partido demócrata quería sufrir una “segura” derrota a manos del "vencedor” de Saddam Hussein. Otra característica de Clinton, que no contribuye a pintarlo como “un piloto de tormentas” o “un innovador”, es que pertenece a la derecha de su partido y que cuenta también con el respaldo mayoritario de los grandes capitalistas que hasta hace poco sostenían a Bush. La “abrumadoramente republicana” Cámara de Comercio, el lobby capitalista más poderoso de los EE.UU., “ofreció una sorprendentemente positiva visión del avance de sus intereses en el comercio, en la tecnología y en la economía bajo una administración demócrata encabezada por Clinton” (12) . Las condiciones de la crisis norteamericana El primer aspecto es la desocupación. Las estadísticas oficiales hablan de un 8% de desocupados pero no consideran a aquéllos que han dejado de buscar empleo, produciendo una discrepancia estadística con la sumatoria de la desocupación en cada Estado de la Unión (13) . En esas perspectivas se inscribe el pronóstico de 1,5 millón de despidos en la industria de armamentos y los anuncios de 73.000 despidos en la GM y de 25.000 en la IBM. El empleo en la construcción se ha derrumbado y se adjudica a la firma del tratado de libre comercio con México una “fuga” de miles de puestos de trabajo. En consecuencia, la tasa real de desocupación actual es del 15%, como lo reconoce Lester Thurow, uno de los "ideólogos” de Clinton (14) . Aunque inferior a la de la crisis del ’30 (del 25%), responde a una caída de la producción del 1 al 3%, en tanto que la del ’30 fue provocada por una caída de la producción del 30%. Es decir que, por una parte, no sería necesario llegar a los extremos del ’30 para alcanzar su mismo nivel de explosividad social y que, por otra parte, una "recuperación” estaría muy lejos de promover la “paz social”. El déficit fiscal está fuera de control… pese a la existencia de una legislación votada para reducirlo a un máximo de 500 millones en el plazo de cinco años. “Pero desde que se adoptó el paquete, las proyecciones oficiales del déficit entre 1991 y 1995 se han incrementado en un 70%, hasta 1,3 billones de dólares” (15) . El descontrol presupuestario es una prueba de la impotencia del régimen político agravada por las consecuencias dislocadoras que este déficit tiene sobre el comercio mundial. El déficit federal supera los 300.000 millones de dólares, pero si se le agregan los de los Estados, las municipalidades y las empresas avaladas por el Estado (defensa, investigación de punta, etc.) supera el billón al año. La deuda pública acumulada supera los cuatro billones (¡cuatro millones de millones!). El crecimiento descontrolado del déficit fiscal (algo que se repite sistemáticamente en todos los países) está determinado por el crecimiento geométrico del gasto en subsidios al capital, en desmedro de los llamados “gastos sociales”, que fueron sistemáticamente reducidos por los “reaganistas”. El desmoronamiento de las finanzas públicas está determinado además por la evasión fiscal, que es otro rasgo estructural del capitalismo actual. La burguesía necesita su Estado pero la crisis la impulsa a desentenderse de su funcionamiento: los objetivos inmediatos de los capitalistas entran en contradicción con el proceso capitalista en su conjunto, o sea, el proceso capitalista entra en contradicción consigo mismo. En la deuda pública se resume toda la crisis capitalista: impone un refinanciamiento usurario que encarece el crédito y bloquea los procesos de reactivación, alimenta permanentemente la inflación, impidiendo la estabilización monetaria, condiciona los tipos de cambio y las tendencias del comercio mundial, es el principal campo de enfrentamiento entre las potencias imperialistas. Pero el capitalismo en declinación no puede emanciparse de las contradicciones que desata el déficit fiscal, del cual depende la sobrevivencia de los capitalistas. La crisis fiscal, a su vez, se transforma en un factor directo de crisis política, como lo atestiguan el “volcán” italiano o la caída de Collor en Brasil, y cuestiona los propios objetivos del Estado (o sea, del conjunto de los explotadores). El déficit comercial crece año tras año. Una desvalorización del dólar, no sería más que una forma de desvalorizar la deuda externa de los Estados Unidos en poder de los ingleses, japoneses y argentinos, brasileños, peruanos que fueron forzados a recibir decenas de miles de millones bajo la forma de capital "golondrina" o de financiación de las privatizaciones. La política de “dólar barato” y tasas negativas de interés ha llevado a los inversores externos a huir del dólar y de los depósitos en bancos norteamericanos, obligando a la Reserva Federal a emitir moneda para la compra de títulos públicos. A principios de noviembre, se podía constatar que “la Reserva Federal está imprimiendo tanta moneda que no hay manera de que los precios financieros bajen” (16) . La situación de los bancos es considerada explosiva. A mediados de diciembre pasado entró en vigor una ley que, al exigirles una mayor proporción de capital propio con relación a sus deudas, obligará a alrededor de un centenar de bancos a dejar de operar porque no podrán cumplir esos requisitos, lo cual ocasionará pérdidas por entre 30 y 90.000 millones (17) . Aún antes de que entrara en vigencia la ley, a fines de octubre, se produjo la quiebra del First City Bankcorp de Texas, la octava más grande de la historia bancaria del país. El Citibank, el mayor banco norteamericano, después de acumular enormes pérdidas por préstamos incobrables a los especuladores inmobiliarios y bursátiles, no lograba reunir los requerimientos de capital fijados por las leyes bancarias. Una intervención secreta de la Reserva Federal permitió el salvataje del Citi, pero no se sabe aún a qué costo fiscal, e incluso para el propio banco. El pronóstico de una quiebra bancaria generalizada pareciera estar en contradicción con las ganancias “récord” que han obtenido los bancos en los últimos trimestres. Esas ganancias provienen de la política de la Reserva Federal (banco central) de reducción de las tasas de interés, lo que le ha permitido a los bancos aumentar excepcionalmente sus márgenes de intermediación, desplumando especialmente a los consumidores y propiciando una fuga de capitales hacia mercados con intereses más altos (Alemania, por ejemplo, o América Latina). El propio titular de la Reserva Federal, Alan Greenspan, reconoció que la rebaja de las tasas de interés fue “un esfuerzo para intentar asistir a los bancos en aumentar sus posiciones de capital” (18) . Pese a esta “mejora”, enormemente costosa para toda la economía, “el problema de los bancos es todavía preocupante” (19) por la sencilla razón de que “han dejado de ganar dinero como bancos” (20) y dependen enteramente de la “plata dulce” que les entrega la Reserva Federal: “necesitamos 18 meses más de tasas bajas”, confiesa un banquero (21) . Un alza de la tasa de interés, y el consiguiente achicamiento de los márgenes bancarios, llevaría a la lona a los “1179 bancos funcionalmente insolventes” y a alguno más. Este cuadro no da aún una idea acabada de la explosividad de la situación norteamericana. California, el Estado más poblado e industrialmente más poderoso, se ha quedado sin presupuesto y paga sus obligaciones con bonos. La desocupación, del 20%, se concentra en la mayoría de las industrias, como la armamentista, la aeronáutica o la de la computación, que están al borde de la quiebra; el 25% de los trabajadores de la construcción ha sido despedido. Uno de cada cuatro bancos en California pierde dinero y sus carteras de préstamos incobrables son un 50% superiores a la media nacional de los bancos (22) . El sur de California —¡Los Angeles!— concentra la mayor masa de pobres del país. California — como Nueva York— es un gigantesco polvorín social… lo que explica que la “ansiedad” de la burguesía norteamericana sea mucho más profunda que lo que emergería de las simples cifras. La ley general que explica esta gigantesca crisis es el agotamiento de los recursos económicos, políticos e internacionales de que se valió el capitalismo después de la segunda guerra mundial para contrarrestar la tendencia histórica a la caída de la tasa de beneficios en toda la economía mundial. Esto está indicando que la masa del capital existente es excesiva con relación a la plusvalía que logra extraerle a los trabajadores pero, por sobre todo, demuestra el carácter histórico, no meramente cíclico, de la presente crisis y que, en consecuencia, no existe una salida que no sacuda, como ya lo está haciendo, todo el ordenamiento mundial de posguerra. La función de la crisis es, por una parte, eliminar una gran parte del capital “sobrante” y, por otra, reestructurar las condiciones sociales y políticas del proceso de explotación de los trabajadores. La llamada “reestructuración del capital” efectuada en la última década y media no ha servido para superar esta crisis. Después de haber reducido en un 50% el número de obreros ocupados y en un 15% su capacidad productiva (23) , la industria siderúrgica mundial tiene aún una capacidad excedente equivalente al 50%; habría que destruir la mitad de las empresas; lo mismo sucede con las industrias automotrices, químicas, petroquímicas o electrónicas, ni qué hablar de la producción agropecuaria. La meneada “reconversión industrial” adquiere la forma de una destrucción de las fuerzas productivas y de superexplotación del trabajo humano: una introducción masiva de las innovaciones logradas en el plano de la robótica y de la microelectrónica produciría inmediatamente una mayor sobresaturación de mercancías que el mercado mundial no está en condiciones de digerir. La aparición de nuevas ramas de producción y la consiguiente reestructuración de la división del trabajo son lógicamente incapaces de crear una nueva frontera de producción y de beneficios, porque un reemplazo en gran escala del trabajo vivo (obrero) por el trabajo muerto (maquinarias, técnicas, insumos) desplomaría la tasa de ganancia y acentuaría la sobreproducción. En su descomposición, el capitalismo ha colocado en “excedencia” a la inmensa mayoría de la economía capitalista; el proceso de valorización del capital no puede continuar sin destruir todo ese capital excedente que no encuentra un lugar en el mercado. El desarrollo de la industria militar fue una de las “salidas”, completamente parasitaria, utilizada por la burguesía norteamericana para aplicar masas crecientes de capital a una rama protegida y con superbeneficios garantizados por el Estado. Por esta vía logró, durante un largo período, evitar una “superabundancia” de capitales en las ramas productivas. Una industria armamentista creciente —es decir, la creación de fuerzas destructivas en una relación creciente respecto de las fuerzas productivas— es una necesidad, no militar, sino económica, para el conjunto del capitalismo norteamericano y mundial, y constituye un retrato insuperable de su parasitismo. Pero con esto no ha hecho más que patear para adelante, porque si en alguna rama se crea más que en ninguna otra sobrante de capitales es en la producción armamentista, ya que en ella el componente de capital fijo, tecnología y materias primas es mucho más intenso en relación a la fuerza de trabajo que en cualquier otra industria. Hoy, los métodos “clásicos” de salvataje estatal están agotados: el endeudamiento público y privado amenaza con un derrumbe monetario general, una caída del valor de las monedas, de los patrimonios, de los capitales, de los salarios, y la perspectiva de una hambruna generalizada en medio de la superproducción; la industria armamentista está al borde de la quiebra. Por estos motivos, por primera vez desde la década del ’30 se está entrando en una fase de deflación (los precios tienden a caer) y de depresión (a la caída de la producción se suma la liquidación de activos físicos o del capital constante invertido). Los métodos empleados hasta ahora para enfrentar la crisis han acentuado las características básicas del desequilibrio que esta crisis supone. La financiación, por ejemplo, de las “reestructuraciones” (o mejor dicho liquidaciones) industriales a través del endeudamiento bancario, o el salvataje estatal de grupos en quiebra mediante el recurso de la deuda pública, o la sobrevalorización de las Bolsas y del mercado inmobiliario a través de políticas monetarias y fiscales que incentivaban la especulación (cuando no directamente el crimen organizado), y el financiamiento inflacionario de guerras y masacres, todo esto, en definitiva, ha aumentado —en lugar de disminuir— la masa del capital, y en particular su componente ficticio, acentuando la crisis en el curso de la misma crisis. El subsidio masivo al gran capital en quiebra deberá agudizar violentamente la crisis fiscal, en tanto que una guerra comercial y financiera con Europa y Japón plantearía el retiro masivo de los inversores externos de la financiación del déficit público norteamericano… y una emisión monetaria descomunal. Por otra parte, una política de subsidios digitada desde el gobierno agudizaría la división de la burguesía norteamericana por la monopolización de las prebendas, provocando una enorme tensión en todo el régimen político. Crisis política El principal sostén de Clinton en la campaña electoral fueron las empresas industriales más comprometidas por la recesión, como la IBM y el conjunto de la industria de la computación, las industrias armamentistas o las aeronáuticas, que reclaman una política de salvataje estatal. Por eso es que “Le Monde” (24) especuló que la nueva administración amenaza con no tolerar que los consumidores e inversores soporten todavía durante largo tiempo márgenes de intermediación financiera elevados para permitir que los bancos salgan a flote”. pero pocos días después de la victoria de Clinton, "The Wall Street Journal" sacó su lenguaje de la advertencia para recordar que Clinton es rehén de un puñado de especuladores que no han sido elegidos y que incluso son desconocidos para el gran público. Pero los grandes inversores en bonos del Tesoro alrededor del mundo han ganado un poder sin precedentes, incluso quizás un poder de veto, sobre la política económica norteamericana” (25) . Es visible un violento enfrentamiento en el interior de la burguesía yanqui, que hará temblar al régimen político de la potencia imperialista más poderosa del planeta. El "plan económico" de Clinton no deja de reflejar este conjunto de contradicciones políticas. Su eje es la reducción del déficit fiscal, lo que ha llevado a “The Washington Post” a decir que “Clinton puede terminar pareciéndose mucho a Ross Perot”, el candidato derechista que en las recientes elecciones reclamó una política de guerra contra las conquistas sociales de los trabajadores. Clinton ha aceptado las “advertencias” de los banqueros y los tenedores de títulos de la deuda del Estado, de que cualquier señal de aumento del déficit fiscal desataría una “rebelión financiera”. “El mensaje a Wall Street—subrayó un asesor de Clinton citado por The Militant (26) — (es) firme: nada diferente o innovador para inquietarla”. El crecimiento del déficit fiscal está completamente descontrolado: el semanario del "The Washington Post” (27) señala que “las últimas cifras computadas por el Comité de presupuesto del Senado calculan el déficit fiscal de 1997 en 333.000 millones, comparado con una proyección del año pasado del gobierno de Bush de 205.000 millones”. Semejante agujero negro” amenaza con un derrumbe de los valores, de las Bolsas y de los bancos y con desatar una espiral inflacionaria. ¿Qué "ofrece” Clinton para triunfar allí donde han fracasado rotundamente tanto el gobierno de Bush como el Congreso, dominado desde hace doce años por el partido demócrata? En primer lugar una reducción del gasto militar de 60.000 millones en cinco anos, equivalente al 5% del gasto actual apenas un bocadito” frente a los “mucho más profundos recortes… necesarios para una reestructuración fundamental del sistema militar” (28) . Pero aun esta insignificancia ha despertado una enorme resistencia del "’triángulo de acero’, la íntima alianza del Pentágono, sus contratistas y sus amigos en el Congreso" (29) . El jefe de las FF.AA., el general Powell, rechazó este recorte, oponiéndole un plan de reducción de gastos todavía “más modesto”, elaborado conjuntamente con el senador Sam Nunn, uno de los colaboradores más directos de Clinton en el Congreso. La plana mayor de las FF.AA. rechazó de plano tanto uno como otro plan, lo que ha llevado a “The Christian Science Monitor" (30) a decir que "los jefes de las FF.AA no parecen comprender quien gano las elecciones". La presión del Pentágono, los congresistas —incluidos algunos de los más firmes defensores de Clinton—y los gobernadores de los Estados donde se asientan las bases e industrias militares ya han comenzado a “agujerear” el plan de Clinton: el secretario de Defensa, Les Aspin, “dijo a un grupo de defensa de la industria que se harán algunos agregados al presupuesto para hacer entrar el avión experimental V-22” (31) . Otro “caballito de batalla” de Clinton es la reducción de los gastos de salud, al punto que colocó a su esposa, la promocionada Hillary, a la cabeza de una comisión para reformular el sistema de la salud pública. Estos gastos han crecido enormemente en los últimos años como consecuencia, no del aumento de las prestaciones, sino de las fenomenales super-ganancias que han embolsado las corporaciones médicas, los sanatorios, los laboratorios y las aseguradoras de salud, y del fenomenal despilfarro de recursos que implica la “competencia” de centenares de aseguradoras y sanatorios privados subsidiados por el Estado. El crecimiento del poder económico del lobby de la medicina ha sido verdaderamente espectacular: los costos del sistema de salud duplican a los del Pentágono, lo que lo convierte en “el grupo de interés más poderoso” (32) . ¿Alcanzará entonces con “cortes en los pagos a los proveedores —médicos, hospitales y laboratorios— como medio para controlar los costos de la salud”, como anunció Clinton en el Congreso, cuando “no se puede arreglar el sistema de salud sin suprimir una parte de las aseguradoras” (33) ? “¿La ‘microcirugía’ pondrá la economía en movimiento?”, se pregunta “Business Week ” (34) . Clinton también adoptó “represalias comerciales” contra casi todos los países del mundo, en primer lugar Japón y Europa, pero también Canadá y México, sus socios del “Merconorte”, y hasta la Argentina. Pero una “guerra comercial” con Japón y Europa plantearía el retiro masivo de los inversores externos que han venido financiando la deuda pública estadounidense. Clinton plantea la cuadratura del círculo: que sus competidores reduzcan su superávit comercial con EE.UU., ¡pero sigan invirtiendo allí sus excedentes financieros! Saltan a la vista las enormes limitaciones del plan de Clinton. El déficit fiscal es la expresión más acabada del parasitismo del capitalismo norteamericano: su monto aumentó al ritmo de los salvatajes de compañías financieras en quiebra, de los subsidios al gran capital y a una agricultura desfalleciente, y del gasto armamentista. No existe posibilidad de superarlo sin atacar a fondo estos intereses capitalistas. Clinton, como antes Bush, no puede reducir el déficit fiscal porque ello disminuiría la demanda pública en proporciones catastróficas. El “problema clave” para Clinton es que "las medidas para fortalecer la economía a largo plazo reduciendo el déficit fiscal —como una reducción sustancial de los gastos de defensa— produciría una depresión de los negocios” (35) . Por eso los “recortes presupuestarios” que plantea son insignificantes: apenas lograrían retrotraer el déficit a los niveles de comienzos de los ’80… agregando 100.000 millones de una deuda pública al final de su mandato. Clinton choca con las mismas contradicciones con que han chocado Bush y el Congreso: el déficit fiscal tapona todas las “salidas” a la crisis económica, pero su reducción radical plantea la quiebra de sectores enteros del capital norteamericano. Pero la burguesía norteamericana está protagonizando una verdadera “rebelión” contra el aumento de los impuestos a la renta y a los beneficios empresarios que pretende imponer Clinton como parte de su “plan”. La “rebelión fiscal” ha abierto una crisis política apenas cuatro meses después del ascenso del nuevo gobierno. “Clinton tiene problemas —resume un columnista (36) — porque reclama un sustancial aumento de los impuestos” El presupuesto que Clinton envió al Congreso incrementa los impuestos a la renta de las familias de altos ingresos y a los beneficios corporativos, aunque mucho menos que lo anunciado en la campaña electoral; crea un impuesto a la energía, que será enteramente cargado a los precios de las mercancías consumidas por los trabajadores; reduce las partidas destinadas al llamado “gasto social”, así como también, pero en una medida insignificante, el presupuesto militar. Pero el presupuesto de Clinton está empantanado en el Congreso. Los senadores republicanos ya le bocharon un plan de corto plazo de gastos estatales por 16.000 millones de dólares, mientras que los demócratas, su propio partido, rechazaron su programa de “incentivos fiscales”. Aunque se vio obligado a aceptar imposiciones de última hora de los congresistas demócratas, que pusieron un techo a los gastos para la asistencia social, el presupuesto fue aprobado en la Cámara de Representantes (diputados) por un solo voto; ¡nada menos que 38 diputados oficialistas votaron en contra! A la Casa Blanca le espera ahora una “batalla sangrienta” con el Senado: varios senadores del propio partido demócrata rechazaron el impuesto a la energía, reclamaron reducir y posponer los aumentos en el impuesto a la renta y reducir, todavía más, los “gastos sociales”. Esto ha llevado a la prensa a pronosticar que el Senado le impondrá “modificaciones sustanciales” al presupuesto clintoniano. La “rebelión” de los congresistas, en particular los demócratas, es una confesión de que la burguesía norteamericana no está dispuesta a poner un centavo para reducir el déficit fiscal —creado por la política de sostenimiento y “engorde” mediante mecanismos especulativos de una inmensa masa de capital excedente— y que su política es la guerra contra las masas. El famoso “plan Clinton” está a punto de ser despedazado en el Senado. Por eso, un columnista del “Washington Post ” (37) afirma que “lo que estará realmente en cuestión en las próximas semanas es si Clinton podrá gobernar”, es decir si será capaz de mantener la iniciativa o si será el rehén de un Congreso balcanizado por los grupos de presión y los intereses particulares de los distintos pulpos capitalistas. La “rebelión fiscal” de la burguesía norteamericana —que ha sido siempre en la historia un síntoma político de extrema gravedad—, ha llevado a los clintonianos a discutir la creación de un impuesto al valor agregado y hasta la completa sustitución del actual sistema impositivo, basado en el impuesto ala renta y a los beneficios, por un impuesto al consumo. Evidentemente, el impuesto al consumo significaría un fenomenal ataque a las masas, que deberían financiar, directamente, al aparato estatal más hipertrofiado y endeudado de la historia humana, y aun una “redistribución del ingreso” al interior de la propia burguesía yanqui. Pero el debate sobre la aplicación del IVA es, sobre todas las cosas, una evidencia del carácter general de la crisis norteamericana. La perspectiva de semejante expropiación económica de las masas —y de todo un sector de la burguesía—, que por su magnitud podría ser la base para un “despegue del quebrado capital norteamericano, es el anuncio de crisis políticas y choques sociales de una enorme magnitud en los Estados Unidos. Ciertamente, Clinton no chocará con la burguesía allí donde su plan golpea a las masas: despido de 100.000 trabajadores estatales y congelamiento salarial, aumento del impuesto al consumo de energía —que será pagado por los trabajadores, incluidos los desocupados y cortes en los servicios sociales. Como se demostró bajo el gobierno de Bush, que redujo sistemáticamente los “gastos sociales” y los salarios de los empleados públicos, nada de esto servirá para reducir el déficit fiscal. Los caminos que pueden conducir a la crisis son diversos. Reagan y luego Bush llevaron a cabo un verdadero copamiento del poder judicial al punto que, según Richard Brookhisher, editor de la derechista Revista Nacional, “el mayor logro doméstico de Bush ha sido su designación de jueces” (38) .La batalla por el copamiento del poder judicial se puso en evidencia en la cerrada defensa que hizo Bush del nombramiento del derechista Clarence Thomas, a pesar de las públicas acusaciones de Anita Hill, su ex empleada, de haberla sometido a “acoso sexual”. La justicia, dominada por los elementos reaganianos, es la que va a intervenir precisamente en una etapa que se caracteriza por el crecimiento de las luchas por la recuperación de los “derechos civiles” liquidados judicialmente bajo el “reaganismo”. Clinton ha anunciado, por ejemplo, que permitirá el ingreso de homosexuales a las fuerzas armadas, prohibido por Reagan. Se abre pues una etapa de choques políticos entre el poder judicial —un poder decisivo, ya que a través de sus “interpretaciones” es el que verdaderamente dicta las leyes—y los poderes legislativo y ejecutivo, y aun de choques del poder judicial con las propias masas. Precisamente, los primeros fracasos de Clinton se produjeron en este campo, cuando debió retirar sucesivamente a dos candidatas a secretarias de Justicia para evitar su veto por el Congreso. Tampoco hay que olvidar que un fallo judicial desató la "pueblada” de Los Angeles, ni que en ocasión de las recientes huelgas docentes la justicia las declaró ilegales y encarceló a decenas de huelguistas. La crisis política gana en amplitud y se extiende a todos los poderes del Estado. Las elecciones han puesto al desnudo la magnitud y profundidad de la crisis —política y económica— del capitalismo norteamericano, pero no le han brindado ninguna herramienta al régimen político para superarla. La “nueva etapa” no será de “paz social” ni de “reconstrucción”, sino de furiosa lucha de clases. 3. Alemania Alemania ha caído en una recesión que todos coinciden en caracterizar como “profunda y duradera”. La recesión alemana puso fin a la última esperanza de encontrar una “locomotora” capaz de sacar a la economía mundial de la depresión y la recesión. Alemania es un caso emblemático de la profundidad y agudeza de la crisis mundial, porque si había un país que tenía condiciones de escapar a la recesión ése era precisamente Alemania. Durante dos años, la excepcional demanda creada por la destrucción — subsidiada— de la industria del “este” sirvió para mantener a flote la industria del “oeste”… como antes lo había logrado el crédito de los bancos de la RFA (y del propio Estado occidental) a la burocracia “comunista" de la ex RDA para favorecer sus importaciones de productos occidentales. El "festival de bonos” armado por la banca internacional y la burocracia y la política de destrucción de la “competencia” de la industria oriental, reventaron el presupuesto y las finanzas públicas alemanas y deberá ser pagado por el consumidor y el contribuyente alemán, es decir, por los trabajadores. Pero este enorme endeudamiento disimuló también el enorme potencial de sobreproducción de la industria capitalista, que sólo lograba dar salida a su producción mediante el crédito a las “naciones consumidoras”. La caída del Muro de Berlín significó la declaración de bancarrota de los deudores, la amenaza de quiebra de los acreedores y el fin de importantes mercados para la industria. Mientras la prensa internacional focaliza la atención de la opinión pública en los “costos de la reconstrucción del este”, la información especializada destaca que las regiones claves de Alemania capitalista se encuentran en situación de siniestro. Es “el Ruhr (que) necesita ser reconstruido y no hay milagros a la vista” (39) . Esa región, que alimentó el boom económico de la posguerra, resulta ser ahora “un microcosmos de las calamidades económicas nacionales en la era post-unificación” (40) . Es a este emblema mundial del capitalismo, y no a Europa del Este, que se refiere el investigador cuando señala que la recesión puso al desnudo que la economía alemana tiene "los costos operativos más altos de Europa, una estructura de gerenciamiento osificada y precios muy altos para productos que ya no son excepcionales”. Nada menos que la cuarta parte de los 50 principales pulpos alemanes tienen su sede en el Ruhr, “y sólo un puñado está prosperando” (41) . Los economistas identifican a la “recesión europea” como el “villano” que desencadenó la recesión alemana. ¡Pero la anexión de la ex-RDA fue un gigantesco incentivo para la producción europea! “El aumento masivo de las importaciones alemanas después de la unificación —señala el informe mensual de setiembre de 1992 del Commerzbank— incentivó significativamente el crecimiento económico en todo el resto de Europa y aún continúa sosteniendo la demanda”. Efectivamente, después de la “unificación” y por primera vez en décadas, Alemania tuvo un saldo comercial negativo. La recesión alemana es un síntoma de la profundidad de la crisis capitalista. Con la recesión alemana, “el financiamiento de su unificación no puede asegurarse por medio del crecimiento”, afirma “Le Monde” (42) . Pero las cosas fueron exactamente al revés: el crecimiento alemán de los últimos años se debió a la excepcional demanda subsidiada creada por la anexión de la RDA. Como lo reconoce el ex canciller Helmuth Schmidt, “la aparentemente generosa conversión uno por uno (del marco oriental por el occidental) fue uno de los motivos del rápido derrumbe de la economía de Alemania Oriental, la causa por la que el Este cayó en grandes demandas financieras y el sector público alemán debió recurrir al préstamo” (43) . El "1 por 1” —una gigantesca revaluación del marco oriental— fue, en realidad, uno de los negociados más grandes de la historia, una enorme operación de “plata dulce” mediante la cual la burguesía occidental se anexó a un potencial consumidor y elevó la demanda de su industria gracias a los subsidios del Estado. ¿Dónde está el supuesto “costo” de la anexión para los capitalistas? “El llamado ‘costo’ de la unificación, en realidad, está expresando dos cuestiones fundamentales: de un lado, la falta de pujanza, el envejecimiento o la descomunal crisis del capitalismo mundial, y, del otro, los métodos de destrucción económica que inevitablemente ha tenido que imponer para encarar la 'unificación’. Todo esto importa porque demuestra los límites insalvables de la penetración capitalista en el Este y su tendencia a generalizar las condiciones revolucionarias al este y al oeste de Europa” (44) . Estos “límites insalvables de la penetración capitalista en el Este”, que señalábamos hace ya más de dos años, en medio de la “euforia capitalista” que siguió a la anexión, saltaron rápidamente al primer plano. En realidad, lejos de “penetrar”, los capitalistas alemanes se “fugan” del Este: Mercedes Benz y la papelera Hotzmann —dos pulpos gigantescos— decidieron posponer indefinidamente sus planes de inversión en el Este; otro gigante industrial —la Krupp— rechazó hacerse cargo de la mayor acería oriental… a pesar de las ofertas de “ayuda” de Bonn y del estado de Brandemburgo. El “retiro” de la burguesía de Alemania oriental pone en evidencia el verdadero carácter de la anexión de la ex RDA: una monumental operación de “take over” o de “adquisición hostil”, una típica maniobra especulativa mediante la cual un capitalista toma el control de un competidor “débil”, lo desmembra, vende sus equipos por separado, se apodera de sus clientes, proveedores y fuentes de materias primas y, de esta manera, realiza rápidas ganancias para luego mandar al competidor a la quiebra. Esto es lo que ha hecho la burguesía alemana, con el subsidio del Estado: una operación especulativa a la escala de todo un país, el más industrializado de Europa del Este (ahora, el más des-industrializado). La “fiesta de la unificación” pasó: destruyó a Alemania oriental dejando una “resaca” monumental, el déficit presupuestario, que alcanza los 300.000 millones de dólares, a los que habría que sumarle una cifra similar de los “fondos especiales”, que se encargaban de la privatización de las empresas orientales “que han sido deliberadamente mantenidos fuera del presupuesto” (45) . El Estado alemán se hizo cargo de la enorme deuda externa acumulada por la ex RDA antes de la “unificación”, nada menos que 280.000 millones de dólares, que hoy pesa como una hipoteca sobre las masas alemanas. Bajo el “socialismo”, la RDA había acumulado una deuda equivalente a la de México, Brasil, Perú, Argentina y Uruguay, con el agravante de que estos cinco países tienen, en conjunto, 250 millones de habitantes, mientras que la RDA sólo tenía 17 millones. Semejante endeudamiento revela que, mucho antes de la caída del Muro de Berlín, Alemania oriental era una colonia financiera del imperialismo mundial y particularmente del alemán. Ahora, el Estado alemán “unificado” se ha transformado en un garante de primer nivel de los créditos que la burguesía mundial, y en primer lugar la alemana, otorgó a los “comunistas” del este. La operación de anexión del sector oriental fue, entonces, por sobre todas las cosas, una acción de rescate de los créditos que la burguesía mundial había echado al saco roto del saqueo de la burocracia “comunista”. Emerge de todo esto la enorme situación a la que se ven confrontados hoy los explotados de Alemania, que se verán obligados a pagar hasta el último centavo de este fondo perdido de los grandes capitalistas. El llamado “costo” de la “unificación” alemana no es otra cosa que el que deberán pagar los contribuyentes alemanes para rescatar el capital perdido por los grandes patrones en sus negocios con los “comunistas”. La deuda externa de la ex RDA equivale a 15.500 dólares por persona (aunque si se toma sólo la población activa de la ex república “democrática” el monto asciende a los 30.000 per cápita). Esto revela el lado oculto, es decir el lado real, de la llamada “guerra fría”, al menos en las dos últimas décadas: el meneado “choque entre los dos sistemas sociales” era el taparrabos de un gran negocio (y por supuesto, de grandes crímenes) contra los pueblos. El hundimiento de la burocracia stalinista representa, desde este ángulo, la bancarrota de uno de los socios de la “empresa” —el del socio que aportaba el “capital-trabajo”—, es decir, el que ponía a los trabajadores que indirectamente eran explotados por el capitalismo internacional, no sólo por la propia burocracia. Esto explica por qué Alemania no puede bajar las tasas de interés, por qué no puede aumentar los salarios, por qué impulsa una crisis monetaria en Europa, por qué ha ingresado a una recesión que puede adquirir proporciones inimaginadas hace poco tiempo. “Guerra social” A la hora de pagar la cuenta, la burguesía alemana ataca a los trabajadores: se han aumentado los impuestos a la nafta y al consumo, el desempleo en el Este es sencillamente brutal y el gobierno ha lanzado un paquete de “drásticos cortes en la asistencia social… que afectarán a los desocupados, las familias con muchos hijos, personas que reciben subsidios para pagar el alquiler, las mujeres solas con hijos, los que piden asilo, los enfermos y los estudiantes” (46) . Después de meses de negociaciones, Kohl, la oposición socialdemócrata, los sindicatos y las cámaras patronales firmaron un “pacto de solidaridad” que establece una “transferencia" de gastos del Estado federal a los “lander" (47) . Rápidamente,los trabajadores alemanes han debido aprender que las leyes del capital están por encima de las constituciones o, como dijo un funcionario oficial, que “es más fácil afirmar los derechos en un boom que en una recesión”. Pero los trabajadores alemanes no están dispuestos a dejarse avasallar, como lo demostraron las fenomenales huelgas salariales de los trabajadores estatales de mayo de 1992. Durante diez días, el movimiento obrero se convirtió en un doble poder que fue capaz de reducir al Estado a la más completa inacción. Durante los diez días que duraron las huelgas estatales arreciaron los rumores de la formación de un gobierno de coalición cristiano-socialdemócrata; una victoria de la huelga hubiera llevado directamente a la caída de Kohl: el proletariado alemán volvió a crear, con sus luchas más elementales, una crisis histórica para el gran capital y el régimen político. La burocracia sindical y la socialde-mocracia se jugaron a fondo para evitar la victoria de la huelga: en ningún momento contemplaron la posibilidad de lanzar una huelga general del sector público, aplicando en su lugar las llamadas huelgas “rotativas”, y circunscribieron el movimiento al “oriente”. La socialdemocracia se opone a la unidad nacional, real, efectiva y volvió a levantar el Muro que las masas derribaron. Los burócratas evitaron la huelga general simplemente porque habría provocado la caída de Kohl y una situación deliberativa colectiva sobre el destino de la unidad de Alemania. La burguesía alemana se ha lanzado a una guerra abierta contra las conquistas sociales del proletariado más fuerte de Europa, algo que se puso claramente en evidencia en la huelga de los metalúrgicos del este. El reclamo de los trabajadores era que se cumpliera el convenio colectivo, que establecía para los asalariados del este la igualación progresiva de los salarios con los vigentes en el oeste, lo que implicaba para 1993 un aumento del 26%. Aun con este aumento, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores del este permanecería un 20% por debajo de los del oeste… sin considerar, además, que en el este las jomadas de trabajo son más largas, las vacaciones más cortas y los “beneficios sociales” de los trabajadores sustancialmente más bajos que en el oeste. Las patronales afirmaban que las condiciones económicas no les permitían dar ese aumento, pero al mismo tiempo se rehusaban a establecer un cronograma alternativo para llegar a la igualdad. La interpretación natural de esta negativa es que pretenden llegar a la igualdad reduciendo los salarios del oeste, y no al revés. La crisis huelguística, confinada por la burocracia sindical a Alemania del Este, se revelaba desde el comienzo como una crisis de conjunto entre el proletariado alemán y la burguesía. La orientación de la burocracia de confinar la huelga al Este e, incluso, sólo a algunos estados de la región, y de llevar adelante la huelga en forma parcelada —o dicho de otro modo, de apelar a la huelga general como recurso extremo, es decir, nunca— suscitó enormes reservas entre los trabajadores. La iniciativa huelguística tomada por la burocracia sindical, lejos de disminuir la jerarquía de la lucha entablada, la subrayó todavía más. Es que la política de la burocracia refleja la intención de impedir un conflicto aún más vasto y efectivamente fuera de control, como el que tendría lugar si las patronales avanzaran en sus planes de reducción de salarios, de eliminación de conquistas y de despidos, a la escala de todo el país. El objetivo último de las patronales es acabar con los convenios colectivos y sustituirlos por acuerdos por empresas… tanto en el este como en el oeste. Por referencia a ese objetivo, el acuerdo con que la burocracia levantó la huelga constituye una enorme traición. La burocracia sindical aceptó posponer por dos años la igualación salarial entre el este y el oeste y una reducción (del 26 al 20%) del aumento para este año. Pero todo esto no es más que pura ficción, porque el acuerdo establece una “cláusula de opción de salida” que autoriza a las “empresas en dificultades” a posponer todavía más los aumentos o a reducir su monto … es decir, a quebrar “legalmente” el convenio colectivo. El acuerdo abrió lo que el “Financial Times ” (48) denominó una “nueva agenda para Alemania”: la reducción de los salarios reales en el oeste mediante la aplicación de una cláusula similar a la adoptada en el este, una mayor reducción de los gastos sociales y la imposición de jornadas de trabajo más largas y vacaciones más cortas. A pocas horas del comienzo de la huelga, en Prensa Obrera se caracterizaba así la política de la burocracia de la IG Metall: “… la burocracia sindical no hace un planteo de conjunto; su esfuerzo huelguístico apunta, precisamente, a impedirlo. Tiene la expectativa de lograr que las patronales acepten un cronograma más dilatado para arribar a la igualación salarial, a pesar de que sabe que todos los pronósticos económicos conspiran contra la posibilidad de que los patrones puedan cumplir con esa eventual compromiso. Hasta cierto punto, a la burocracia ni siquiera le importa un acuerdo con características ficticias, porque lo que necesita es tiempo para adaptarse a las condiciones de crisis, recesión y depresión económica” (49) . Semejante perspectiva plantea inevitablemente grandes choques de clase en Alemania. En estas condiciones, el desenlace de la huelga de la IG Metall ha puesto de manifiesto la inviabilidad de la política de la burocracia, que pretende salvar las conquistas del pasado sin marchar a un enfrentamiento fundamental con la burguesía. Las masas del “este” y del “oeste” enfrentan un problema común, que las fuerza a una acción común: la destrucción de sus conquistas sociales históricas. “La ‘tragedia’ irremediable del capitalismo mundial es que la ‘caída’ del ‘comunismo’ tuvo lugar sin que antes hubieran sido liquidados los derechos democráticos y de organización de las masas de occidente, y de que fuera la voluntad de conseguir estos derechos lo que obró en muchos casos para que las masas del este marcharan hacia el derrocamiento de la burocracia stalinista. La imposibilidad para el capitalismo de satisfacer estas aspiraciones, en conjunción con su necesidad de acabar con las conquistas del proletariado occidental, era un dato harto suficiente para pronosticar la gigantesca crisis actual y es harto suficiente para prever que adquirirá características revolucionarias en un plazo no muy lejano” (50) . La clase obrera alemana ha comenzado a transformarse realmente en un factor político como consecuencia de la caída del Muro de Berlín. La destrucción del Muro tiene un alcance revolucionario, porque ha permitido que la clase obrera alemana retome su unidad histórica y tome, como una unidad de clase, los problemas políticos del país, y porque provocó la quiebra de las relaciones que estaban transformando a un país llamado “socialista” en una simple colonia financiera del imperialismo, unificando a las masas en la lucha directa contra esa opresión. La caída del Muro ha acelerado la crisis de conjunto del capitalismo, pues si ya era incapaz de darle empleo a los tres millones de desocupados antes de la “unificación”, ¿qué posibilidades tiene de darle empleo a 16 millones de “orientales”? El centro del problema no reside en los “costos” de la “unificación” sino en los costos de la crisis capitalista, de la sobreproducción y de la caída de la tasa de beneficios, que sólo pueden resolverse, desde un punto de vista capitalista, reduciendo salarios, incrementando los ritmos de trabajo y destruyendo una elevada proporción del equipo industrial “sobrante” creado en los ciclos expansivos anteriores… tanto en el “este” como en el “oeste”. Es precisamente la necesidad para el capital alemán de liquidar las libertades democráticas y de organización de las masas lo que lleva al gobierno de Kohl a mostrar “una extremadamente débil acción”—según la expresión del escritor judío Ralph Giordano— contra las bandas de neonazis que aterrorizan a los trabajadores extranjeros, a los judíos y a los activistas de izquierda, y a imponer la derogación del derecho de asilo con el objeto de fortalecer los organismos represivos. La recesión, el desempleo, los impuestazos al consumo y el apañamiento de las bandas neonazis han liquidado el “capital político” de Kohl. Como Bush, que se fue a la Iona un año después de la guerra del Golfo, la crisis capitalista hunde a Kohl apenas dos años después de su “hora de gloria”. Esto explica que “The Financial Times” (51) afirmo que Kohl “no tiene cómo evitar la necesidad de cierto grado de entendimiento con los socialdemócratas… sin cuya aprobación será imposible la necesaria reestructuración del sistema financiero y el acuerdo con los sindicatos”. Los socialdemócratas ya han dado un paso importante en este camino al aceptar la propuesta de Kohl de una enmienda constitucional que liquidará el derecho de asilo. La burguesía imperialista necesita la colaboración directa y abierta de las burocracias obreras para estabilizar los regímenes políticos en crisis, otro síntoma inocultable de la envergadura de la crisis mundial. 4. Crisis monetarias, guerra comercial y hundimiento de Maastricht 1992 debía haber sido, según los anuncios, el año de la “unidad de Europa”, pero terminó convirtiéndose, por obra de la crisis capitalista, en el año del dislocamiento europeo. “Europa se encuentra a la deriva”, constata el corresponsal de “The Washington Post” en Londres (52) . Este mismo corresponsal caracteriza la crisis europea como “una crisis de liderazgo”, una tesis que tiende a encubrir el carácter real de la cuestión (y que precisamente ha sido debatida y criticada en nuestro V° Congreso). El reemplazo de los conservadores por los laboristas en Gran Bretaña, o de los social-cristianos por la socialdemocracia en Alemania, esto es, un recambio de “liderazgos”, no resolvería la crisis europea como no la resuelve el reemplazo de Bush por Clinton. La crisis europea responde a causas mucho más profundas que el personal gobernante de los Estados: se trata de una crisis de los regímenes políticos —que alcanza a todos los partidos que los defienden— como consecuencia del agotamiento del régimen social al que sirven. A mediados de setiembre del año pasado se produjo una violenta corrida cambiaría contra las “monedas débiles” (la libra esterlina, la lira italiana, la peseta, las monedas escandinavas), que liquidó las reservas de los bancos centrales de toda Europa, ocasionando en apenas dos días pérdidas a los fiscos por 6.000 millones de dólares, que fueron embolsados por un puñado de especuladores internacionales y que deberán ser sufragados por los contribuyentes; esta corrida llevó a la devaluación de la mitad de las monedas europeas y provocó la salida de Italia y de Gran Bretaña del “Sistema Monetario Europeo”. El Partido Obrero previo, con diez meses de antelación, la “cadena devaluatoria” europea. “(La devaluación de la moneda finlandesa fue) una medida que tomó por sorpresa (al menos eso es lo que se dice) a todo el mundo. La importancia de la devaluación finlandesa reside en que en la Europa actual no se devalúa; se procura aplicar la ‘terapia‘ cavalliana de ‘bajar costos‘ aún si ello provoca depresión económica. Quizás la devaluación de Helsinki no sea, entonces, un hecho aislado, sino que preanuncie el comienzo de una ola devaluatoria, que bien podría arrancar por Francia o por Italia — ambos con monstruosos déficits fiscales (…) Una cadena de devaluaciones dislocaría el comercio internacional” (53) . La “cadena devaluatoria” europea de setiembre —que se repitió, aunque con menor intensidad, a comienzos de este año— condensa el conjunto de las contradicciones del capitalismo mundial: la creciente disparidad de las cotizaciones del dólar y del marco alemán, entre las cuales quedaron atrapadas todas las monedas europeas, provocó una fuga de capitales que abandonaron precipitadamente sus colocaciones en “monedas débiles”. El dólar viene declinando desde 1985, pero Bush le dio un impulso desenfrenado al reducir las tasas de interés. Esa política le fue impuesta al gobierno de Bush por la propia crisis, ya que era la única vía para rescatar al quebrado sistema financiero. La declinación del dólar está pulverizando su status de “señorazgo” (privilegio de emisión de moneda con aceptación internacional) (54) . Un colapso de este “señorazgo” fracturaría el mercado internacional en áreas monetarias como ocurría antes de la segunda guerra mundial. El descalabro europeo está, si no directamente alentado por el imperialismo norteamericano, al menos acicateado por éste, para que un bloque económico en el viejo continente no rivalice con el “Merconorte” y la “Iniciativa de las Américas” y sirva más bien para impulsar una colonización económica, controlada por Estados Unidos, de Europa del Este y de la ex-URSS. El caos monetario europeo devuelve al dólar su condición de “refugio”, lo cual no sólo alentaría la fuga de capitales europeos hacia Estados Unidos sino que serviría, por sobre todo, para “armonizar” las políticas económicas europeas a las condiciones del capital norteamericano. El “supermarco”, por su parte, parecería representar la fortaleza de la economía alemana. La llamada “inflación subyacente” es la más alta de los últimos cuarenta años, como resultado de una constante emisión monetaria. El marco se desvaloriza en el mercado interno, lo que más temprano que tarde deberá reflejarse en el mercado internacional; su revaluación frente al dólar y a otras monedas refleja el derrumbe de estas últimas. El Bundesbank alemán forzó la “cadena devaluatoria” al revalorizar el marco y mantener altas tasas de interés. Antes de la anexión de la RDA, Alemania propulsaba la unidad europea para hegemonizarla, pero el vasto operativo germano de colonización financiera de Europa oriental (y la presión hacia el intervencionismo militar en Yugoslavia) serían reveladores de un creciente desplazamiento hacia otra variante del imperialismo, explícitamente alemana, que estaría muy favorecida por la cadena de devaluaciones en relación al marco. En Alemania, los diarios y los políticos se declaran cada vez más abiertamente partidarios de formar una “zona del marco” que sirva para la colonización crediticia de Europa oriental y organice la guerra comercial con los competidores. Pero este objetivo está en contradicción con la debilidad de la economía alemana, como consecuencia de su elevada deuda pública y su explosivo déficit presupuestario, y el choque que esta variante le ocasionaría con Estados Unidos. Las políticas de Estados Unidos y Alemania tienen algo en común: producen un reforzamiento comercial de los Estados Unidos (dólar bajo) y un reforzamiento financiero de Alemania (marco fuerte, capaz de servir como unidad de cuenta), lo que a su vez lleva al choque del primero con Japón y del segundo con Francia y Gran Bretaña. Alemania se queda con el monopolio del crédito comercial en Europa, en especial en relación con Europa oriental y la ex URSS. Estamos asistiendo, entonces, a un acuerdo coyuntural entre Estados Unidos y Alemania, que deberá provocar un reajuste completo de las relaciones económicas y políticas internacionales. Japón tampoco ha sido ajeno a la conmoción cambiaría europea, como consecuencia de estar sufriendo “la más demoledora deflación en los ’90” (55) . Las acciones de la Bolsa de Tokio han perdido el 60% de su valor en los últimos dos años, pero aún todavía se las considera “sobrevaluadas” (56) . Como consecuencia del derrumbe bursátil, los bancos acumulan préstamos hipotecarios incobrables por 155.000 millones de dólares y otros 340.000 millones en operaciones de alto riesgo en el sector financiero. “En los próximos meses es posible que Japón vea grandes bancarrotas y quizás también el rescate forzoso de uno o dos grandes bancos”, y se anticipa que “el costo per cápita para los contribuyentes japoneses (del salvataje de los bancos) podría igualar e incluso superar el costo del salvataje de las compañías de ahorro y préstamo en los Estados Unidos”, que le costó entre medio y un billón de dólares a los contribuyentes norteamericanos (57) . El derrumbe de los beneficios especulativos llevó a la recesión industrial y al despido de miles de trabajadores. La crisis alteró sustancialmente los movimientos del capital japonés en el mercado mundial: durante la década pasada Japón financió el endeudamiento de sus competidores, en particular EE.UU., pero desde 1991, por el contrario, la tendencia es a la repatriación de capitales; Japón ha pasado a convertirse en una gigantesca “aspiradora” de capitales, que desestabiliza los mercados financieros de todo el mundo. La creación de beneficios ficticios como medio para contrarrestar la caída de la tasa de ganancia, ha agotado sus posibilidades provocando un desplome industrial en Japón. El mismo acuerdo coyuntural entre Estados Unidos y Alemania se reprodujo, pocos meses después, en el acuerdo comercial EE.UU.-CEE sobre las oleaginosas. Horas después de su derrota electoral, Bush intimó a la CEE a limitar sus subsidios a la producción de oleaginosas bajo la amenaza de iniciar una escalada de represalias contra las exportaciones europeas a los Estados Unidos. La CEE aceptó las condiciones de Bush con las reticencias de Francia, que, “pour la galerie”, anunció que vetará el acuerdo. El violento recule de la CEE en la cuestión de las oleaginosas es todo un símbolo del desmoronamiento del tratado de Maastricht, cuyo propósito era justamente conformar un bloque contra las presiones yanquis. La aceptación del acuerdo por la CEE produjo una nueva conmoción cambiaría europea: en la misma semana que se alcanzó el acuerdo hubo que reunir de urgencia a los ministros de finanzas para contener una nueva corrida, esta vez contra las monedas de España, Francia, Portugal, Dinamarca y Suecia, los países más perjudicados por el acuerdo. El escalamiento de la guerra comercial ha creado un tembladeral monetario en Europa: a fines de enero Irlanda debió devaluar su moneda, a la que se consideraba una de las más fuertes de Europa (58) , pero pocos días después, a principios de febrero y como consecuencia del anuncio de medidas proteccionistas norteamericanas en el mercado del acero, se lanzó una nueva corrida contra las “monedas débiles”… que obligó al Bundesbank a reducir —contra su voluntad— las tasas de interés para evitar que se reprodujera la catástrofe de setiembre. Pero en medio de incontrolables devaluaciones es imposible que Europa pueda siquiera mantener una política agrícola común, cualquiera sea ella, esto porque la condición de una política presupuestaria común —el denominado PAC— es el funcionamiento de un sistema monetario coordinado. La principal consecuencia del “round de las oleaginosas” es la ruptura del eje Bonn-París, que era el eje de la unidad europea. Francia quedó aislada y es la principal perdedora, porque es el país más dependiente de los subsidios a la agricultura y el más afectado por el proteccionismo norteamericano. El gobierno de Mitterrand está confrontado a una humillante derrota electoral en las próximas elecciones legislativas. Según “Le Monde” (59) , esta debilidad podría repercutir en cualquier momento en el mundo financiero, desencadenando un nuevo derrumbe inmobiliario, bursátil y bancario. La crisis monetaria o el “round de las oleaginosas” han servido para demostrar que ninguna burguesía del viejo continente puede, o quiere, prescindir de “su” Estado, o del derecho a manipular su propia moneda. Sólo la soberanía alemana sobre el marco le ha permitido subsidiar a sus capitalistas, un “derecho” al que no piensa renunciar. El gobierno alemán “prometió que el marco no será reemplazado por una moneda común si el parlamento no aprueba la acción, lo que equivale a una ‘cláusula de opción de salida‘ en la unión monetaria que da al parlamento alemán un poder de veto efectivo para la creación de una moneda europea única”. “Bonn ha creado su propia escapatoria a Maastricht”, concluye la información (60) . ¡Pero el mismo “derecho” necesitan sus “aliados” para defenderse de Alemania! Esa manipulación acentúa la disputa entre los distintos Estados para atraer los capitales hacia sus propios países. La “unidad europea” y la moneda europea única se encuentran condenadas, por imperio de la crisis capitalista, a dormir en los archivos por muchos años. El tratado de Maastricht ha agudizado las tensiones—económicas y políticas—en el seno de la propia Comunidad Europea. Con 14 millones de desocupados en toda la CEE, se hace cada vez más evidente “la tendencia que parecen mostrar algunas grandes empresas de trasladar sus plantas principales a zonas menos prósperas, donde los salarios son considerablemente más bajos. La alarma la dio la amover francesa (…) que anunció su decisión de trasladarse de Gijón (Francia) a Glasgow (Escocia). Este anuncio provocó una tormenta en Francia (…) si se tiene en cuenta que Gran Bretaña quedó exenta del capítulo social del tratado de Maastricht, el cual hace referencia a las condiciones de empleo y los derechos y beneficios de los trabajadores (…). Ahora, los once socios comunitarios han comenzado a pensar si no cometieron un error al permitir que Major se saliera con la suya y si el Tratado, imaginado como el motor de la unidad, no llevará en definitiva en dirección contraria a la prevista” (61) . La desocupación crónica que atenaza a Europa no es sólo una expresión insuperable del agotamiento del capitalismo; es un arma en manos de la burguesía para quebrar la resistencia de la clase obrera y liquidar sus conquistas históricas: para facilitar la instalación de la planta de la Hoover en Glasgow, los trabajadores contratados debieron renunciar al derecho de huelga y aceptar el congelamiento de sus salarios. Alan Wheatley, de la agencia Reuter, formula acabadamente el programa de la burguesía europea: “para encarar de raíz la causa del desempleo, los gobiernos tendrán que ser mucho más audaces (…) en cuanto encarar ciertas ‘vacas sagradas’ como la práctica de las convenciones colectivas, los regímenes de previsión social y los sistemas de educación y capacitación” (62) . La “muerte” del tratado de Maastricht, sin embargo, se había prefigurado con mucha anterioridad a la crisis monetaria de setiembre. La “des-unión” europea se manifestó abiertamente en ocasión de la guerra del Golfo: Gran Bretaña—la más débil de las “grandes potencias” europeas— se colocó, desde el vamos, en la primera fila de la intervención militar; Alemania, la más fuerte, se negó obstinadamente a involucrarse en la guerra, mientras que Francia, por su parte, partió obligada a la guerra para salvar lo que pudiera, después de haber perdido el mercado de armas iraquí y su “influencia” en el Líbano y en el Magreb a manos de los yanquis. Otra expresión flagrante de la “des-unión” europea es la guerra de los Balcanes, donde alemanes y franceses se encuentran en trincheras hostiles: Bonn sostiene a la burocracia croata mientras que París apoya a la serbia. Tampoco Japón ha consolidado un “bloque asiático”, donde su relación con los denominados “tigres exportadores” (Corea del Sur, Taiwán, Singapur y Hong Kong) es cada vez más competitiva. Los “tigres” forman el único grupo de economías que ha ampliado significativamente su participación en el mercado mundial y que mantuvo en las últimas dos décadas tasas de crecimiento equiparables a las del “boom de post-guerra”. Pero su dependencia de la exportación las convierte en las primeras víctimas de un reforzamiento de las tendencias proteccionistas, a lo que se suma el agotamiento de su “ventaja comparativa”, la superexplotación obrera, como consecuencia de las gigantescas luchas obreras y estudiantiles de las últimas décadas. El resultante desplazamiento de las corporaciones hacia otros países se verifica ya hacia Malasia, Tailandia o Filipinas y, especialmente, hacia China “comunista”. ¿Y el “Merconorte”? El londinense “The Financial Times” sacó como conclusión del referéndum constitucional de octubre de 1992 en Canadá —en el cual el primer ministro Brian Mulroney, los primeros ministros de las diez provincias canadienses y los tres partidos nacionales, el Conservador, oficialista, y los opositores Liberal y Nuevo Democrático, sufrieron una derrota abrumadora— que “Canadá se dirige a distanciarse de su acuerdo de libre comercio con Estados Unidos”. Clinton, por su parte, acaba de anunciar que aplicará sanciones “anti-dumping” a las exportaciones de acero canadiense y mexicano (al igual que a las exportaciones europeas y japonesas) y EE.UU. estudia la imposición de un impuesto a las exportaciones mexicanas de crudo a ese país (63) . En represalia, México también aplicará aranceles “antidumping” a las exportaciones de acero norteamericanas. Los procesos de integración y desintegración regional, las marchas y contramarchas proteccionistas, demuestran que la “inminente mundialización” de la economía capitalista en un todo armónico constituye otro juicio impresionista de quienes han reemplazado la categoría histórica de la ley del valor —que gobierna y desgobierna la producción anárquica del capitalismo— por el subjetivismo de sus protagonistas mercantiles. El capitalismo se fundamenta en la competencia y todos los acuerdos de distribución de mercados entre trusts son apenas la antesala de nuevos y mayores enfrentamientos. La decadencia del capitalismo se manifiesta en el carácter creciente y necesariamente destructivo que asume la neutralización de los competidores (en primer lugar, los Estados obreros). La política de “tierra arrasada” que desarrollan los monopolios alemanes en la ex RDA es la mayor ilustración de cómo opera el capital frente a la crisis. Las oleaginosas son, naturalmente, apenas la punta de un iceberg. La tendencia a la guerra comercial se acentúa porque se alimenta de una crisis de sobreproducción, que en el terreno alimenticio asume dimensiones escandalosas. Europa está parada sobre “montañas de manteca y lagos de leche” y los subsidios comunitarios se destinan en gran medida a financiar el almacenaje de alimentos invendibles, que tarde o temprano habrá que destruir. En ningún otro terreno el parasitismo capitalista es tan visible: mientras hay 1.500 millones de hambrientos en el mundo, Europa destina el 70% de su presupuesto comunitario a impedir la caída de los precios de los excedentes agrícolas y Estados Unidos gasta cifras descomunales en subvencionar a los agricultores para que no cultiven la tierra. “El problema no son las oleaginosas sino la industria” (64) . La crisis de las oleaginosas es verdaderamente irrelevante frente al desplome de la General Motors, de la IBM o de la McDonell Douglas. Estados Unidos incrementó sus exportaciones a Europa en los últimos años gracias a la política de Reagan de desvalorizar el dólar. Esta tendencia tiende a revertirse desde que estalló la tormenta cambiaría en el viejo continente, porque la fuga de las monedas europeas al “refugio” del dólar está revaluando la moneda norteamericana. En estas condiciones, Estados Unidos necesita lograr fuertes concesiones comerciales para mantener su ofensiva exportadora. Un aspecto particular de la guerra comercial desatada entre las grandes potencias es la lucha por el copamiento de los "países del Este”. Indudablemente, la colonización del “Este” es la gran oportunidad abierta para el gran capital, pero aún ésta deberá, primero, provocar una acentuación sin precedentes de la crisis mundial, antes de ofrecer una perspectiva. Este “prospecto”, para nada idílico, asegura la emergencia de enormes crisis políticas, de violentos choques imperialistas y de gigantescas conmociones sociales. En primer lugar porque la “conquista de Rusia”, como la de Polonia o la de la ex-RDA, implicará el desguace de su industria —excedente en el mercado mundial— y, por sobre todo, quebrar la resistencia de los trabajadores. Pero antes, deberá resolverse la cuestión de quien se beneficiará con la re-colonización de la URSS: ¿los alemanes, los japoneses o los yankis? La crisis económica y las tendencias explosivas a la quiebra en todos los países excluyen cualquier posibilidad de un “reparto” pacífico. La lucha interimperialista por el botín de los “países socialistas” está a la orden del día. La pretensión alemana de colonizar financieramente el Este europeo está en la base de la conmoción monetaria europea de setiembre; Estados Unidos y Japón están librando una batalla despiadada por la monopolización de los beneficios de las “reformas” chinas; en su rivalidad por los despojos de la ex Yugoslavia, las potencias imperialistas armaron y alentaron a las camarillas burocráticas que están masacrando al pueblo de los Balcanes. Un aspecto emblemático de esta guerra interimperialista por la colonización de los “países socialistas” es la lucha desatada entre Europa y Canadá (en verdad, las empresas norteamericanas radicadas en Europa y Canadá) y el gobierno norteamericano alrededor del comercio y las inversiones en Cuba. Jeffrey Sachs señala que un “liderazgo político fuerte” en los Estados Unidos sería un factor fundamental para evitar una “recaída en el proteccionismo”, es decir una guerra comercial abierta y la dislocación del mercado mundial en “zonas de influencia”. Precisamente, fue el “liderazgo fuerte” norteamericano el que “ordenó”, a su favor naturalmente, el comercio mundial desde el fin de la guerra a través del GATT. Pero el estrecho círculo de las naciones imperialistas, el “G-7”, se ha agotado como un factor de decisiones políticas y lo mismo sucede con el “liderazgo mundial” norteamericano. La emergencia de una guerra comercial, algo prácticamente olvidado desde el fin de la guerra mundial, es la consecuencia inevitable de la completa ruptura de las relaciones políticas entre los Estados imperialistas y, de un modo general, del orden mundial armado por el stalinismo y el imperialismo desde el fin de la segunda guerra mundial. 5. Europa arrasada por las crisis políticas La crisis capitalista tiene consecuencias devastadoras para los regímenes políticos de toda Europa. Gran Bretaña En Gran Bretaña, Major se vio obligado a devaluar la libra en medio de una dramática fuga de capitales: en un sólo día “desaparecieron” 17.000 millones de dólares, la mitad de las reservas del Banco de Inglaterra (65) . “Como consecuencia de la devaluación, la política anti-inflacionaria está en ruinas”, afirmó entonces “The Guardian” (66) . Major se quedó sin política frente a la crisis, como lo revelan sus ciclotímicos vaivenes en la manipulación de las tasas de interés, lo que explica la “rebelión ” del partido Conservador contra su jefe. Pero la devaluación no frenó ni la caída de la libra ni la fuga de capitales; ni siquiera sirvió para fomentar las exportaciones porque “los mercados del continente experimentan una notable contracción”, según Kevin Gardiner, un economista del banco mercantil S. G. Warburg. “La caída de las exportaciones —concluyó—va a seguir constituyendo la principal amenaza para la recuperación de Gran Bretaña” (67) . El panorama de la crisis económica en Gran Bretaña es de depresión. El derrumbe de los valores bursátiles e inmobiliarios, el 40% en dos años, ha llevado a la ruma a los cuatro mayores bancos británicos, a la aseguradora Lloyds y a la mayor constructora del país, la Olympia. Hoy, un millón de británicos de clase media tienen viviendas cuyo valor es inferior al de los créditos que tomaron para comprarlas; casi el 20% de los créditos hipotecarios son incobrables; las empresas están “altamente endeudadas” (68) , pero “no tienen los medios para refinanciar (sus deudas)” (69) , lo que las condena a la quiebra. La recesión, que comenzó hace ya 30 meses, se ha convertido en depresión, con la quiebra de decenas de miles de pequeñas y medianas empresas e incluso de algunos grandes pulpos como la fabricante de autopartes Luckas. El producto bruto británico es hoy un 5% menor que hace dos años y las perspectivas son negras: la desocupación alcanza hoy a casi 3 millones de trabajadores (10% de la población activa) y se pronostica su aumento ininterrumpido hasta 1994 (3,5 millones de parados, 16% de la población activa) (70) , pero “los expertos afirman que no bajará de 2,5 millones hasta el fin del decenio” (71) . El “thatcherismo” agravó todos los males del capitalismo británico; esto es lo que deja en claro su agotamiento y caracteriza la amplitud de la crisis política. A mediados de noviembre del año pasado se desató un escándalo por las denuncias de ventas ilegales de armas a Irak —en las que están implicados Major, otros ministros y el hijo de Margaret Thatcher—; a mediados de octubre, Major se vio forzado a recular de su anuncio de cerrar las minas de carbón ante la rebelión popular y el “amotinamiento” de su propio partido conservador; a mitad de setiembre, el “caos financiero” hirió de muerte al gobierno. Otra expresión de la crisis política británica fue la humillante derrota que sufrió el partido conservador en las elecciones municipales de mayo de este año: fue derrotado en todos lados, pero esa derrota fue especialmente espectacular en los distritos del sur de Inglaterra, los más favorecidos por el “boom” especulativo thatcheriano y perjudicados luego por el derrumbe de los valores inmobiliarios. “Prensa Obrera” caracterizó entonces el resultado de esa elección como “una revuelta de los conservadores contra "la economía de mercado’”' (72) . Todo esto sucede apenas pocos meses después de la victoria conservadora en las elecciones generales. En abril, la prensa conservadora atribuía la victoria de Major al “espíritu conservador del pueblo” y a la “inexistencia” de la oposición laborista. Pero estas “ventajas”, sin embargo, no alcanzaron para evitar la caída de la Thatcher, el derrumbe del gobierno de Major y la “muerte política” de Michael Heseltine, actual ministro de Energía, a quien se sindicaba como próximo líder conservador. En aquella oportunidad, “The Sunday Times” (73) escribía exultante que “Londres parece ser un oasis de estabilidad política”… El oasis se convirtió en un espejismo. El “thatcherismo”, como el “reaganismo”, se asentó sobre una importante derrota del movimiento obrero, en este caso la prolongada huelga minera de 1984/85 y aún antes, en su victoria en la guerra colonial contra Argentina. Un síntoma del agotamiento del “thatcherismo” es el reanimamiento del movimiento de las masas que se puso de manifiesto, primero, con las enormes movilizaciones —sobre todo juveniles— contra el “poll tax” (impuesto personal) y, más recientemente, con las movilizaciones de los mineros contra los cierres de las minas anunciados por Major en octubre del año pasado. Desde el anuncio del cierre, se declaró la huelga general en las minas y los mineros protagonizaron las movilizaciones de masas más importantes desde la derrota de la huelga de 1984/85. Al grito de “despidan a Major, no a los mineros”, más de 250.000 mineros, sus familias y trabajadores de todos los gremios llenaron varias veces las principales plazas londinenses. A partir de las movilizaciones mineras se sucedieron huelgas de mineros, ferroviarios, choferes de ómnibus, maestros, trabajadores de la Ford y de la fábrica Timex, bomberos, empleados públicos, trabajadores de la sanidad estatal y empleados municipales. El ascenso del proletariado británico es un aspecto inseparable del agotamiento del “thatcherismo”, por eso el “Financial Times” (74) encuentra que entre todas las manifestaciones de “hostilidad” que se manifiestan entre los afiliados de los sindicatos, las más profundas están dirigidas contra “las políticas de privatización (ferroviarios, choferes, mineros) y de competencia de mercado (docentes y empleados estatales)”. Otro síntoma del alza obrera británica es la pretensión del gobierno de Major de modificar la ley de empleo para atacar las huelgas y los sindicatos (prohibición de huelgas contra leyes votadas en el parlamento, prohibición de los piquetes de masas, autorización a los patrones a rehusar aumentos salariales a los trabajadores que se nieguen a firmar convenios individuales). Aunque el alcance de esta ofensiva le quede grande al súper-débil gobierno de Major, señala cuáles son los objetivos estratégicos del gran capital. Estas crisis políticas pusieron el clavo final en el cajón del thatcherismo, que había comenzado a derrumbarse con la caída de los valores bursátiles e inmobiliarios y la expropiación de millones de británicos de clase media, que creyeron en el mito del “capitalismo popular” y terminaron sin ahorros y desalojados por no poder pagar sus hipotecas. La crisis minera ha golpeado ahora a las privatizaciones, el corazón de la “revolución conservadora”. La “reconversión industrial”, presentada durante años como la “solución”, ha terminado convirtiéndose en la causa de la crisis. Esto explica que los conservadores reclamen ahora el mantenimiento, y aún el subsidio, para la minería estatal. Sin embargo, en la reacción de los conservadores, como en el recule del gobierno, “hay mucho de pánico” (75) porque — según Patrick Worsnip, de la agencia Reuter— “el conservadurismo quedó finalmente exprimido” (76) . Otra señal del “pánico” que la prensa conservadora le endilga a sus parlamentarios es su reclamo de “medidas demagógicas” como el retraso de la privatización del sistema de los ferrocarriles y del sistema de transportes colectivos de Londres, formulado pocas horas después de la derrota conservadora en las elecciones municipales (77) . El agotamiento del “thatcherismo”, como el del “reaganismo”, se produce después de haber aplicado a fondo sus “soluciones” hasta el hartazgo… con el resultado de un agravamiento colosal de la crisis capitalista y de crisis políticas profundas en todos los Estados imperialistas. El hundimiento del “conservadurismo anglosajón" traduce la impotencia mortal de la burguesía mundial frente al agotamiento histórico del capitalismo. Italia En Italia, la caída de la lira y la fuga de capitales, precipitadas por la crisis fiscal (el monto de la deuda pública duplica el del producto bruto anual), han puesto al país al borde de la hiperinflación, el derrumbe del sistema financiero y la cesación de pagos. “La situación es tan delicada que nerviosos banqueros en Londres y en París están dibujando paralelos entre la Italia de hoy y el México de una década atrás, al comienzo de la crisis de la deuda externa” (78) . La salida capitalista a esta crisis es la guerra contra las masas: al día siguiente de la devaluación de la lira, el gobierno de Amato lanzó un violentísimo paquete de aumento de impuestos al consumo, reducción de gastos sociales, elevación de la edad jubilatoria, congelamiento de los salarios y jubilaciones, despido de empleados públicos y privatizaciones en masa. Ya en julio de 1992, el gobierno había exigido a los sindicatos la supresión de la escala móvil de salarios y la aceptación del congelamiento salarial por tres años. “La gravísima situación económica —dice el corresponsal de El Cronista en Roma (79) — había sugerido a los dirigentes de las tres centrales (una stalinista, otra socialista y la tercera democristiana) dar su apoyo a las medidas dictadas por el gobierno en julio”. El acuerdo fue violentamente rechazado por las bases y se convirtió en “sublevación popular” con huelgas regionales, municipales, por gremio y por rama, manifestaciones de masas en todo el país. Desde setiembre se asiste a una rebelión y radicalización en masa de los cuadros medios de los sindicatos, en particular de la Cgil stalinista, y a un proceso generalizado de elección de delegados y formación de comités de fábrica. Estos delegados y “comités de base” convocan huelgas al margen de la burocracia de las centrales sindicales, como las realizadas en Lombardía y Nápoles a fines de febrero, y a manifestaciones de masas como la de los 200.000 “autoconvocados” en Roma a fines de febrero. La “rebelión de la base sindical” ha sacudido el cuadro político del país, mucho más incluso que el escándalo de la corrupción oficial. El hundimiento de la burocracia sindical marca el definitivo colapso del Partido Socialista —que ha desaparecido como partido— y también el de los “poscomunistas” del PDS, cuya función política para la burguesía era, precisamente, maniatar al movimiento obrero. El ascenso obrero y antiburocrático ha levantado las acciones de la “Refundación Comunista”, una escisión del PDS, que reivindica el “marxismo-leninismo” del PCUS de Stalin y del PCI de Togliatti, y de los llamados “autónomos”. Pero unos y otros carecen de un planteamiento político a la altura de las circunstancias. Luigi Malarba, dirigente del Comité de Base de la Alfa Romeo de Arese, que ha estado a la cabeza de las movilizaciones, por ejemplo, plantea “construir una asamblea nacional de Consejos de fábrica” (80) . Un planteamiento de estas características es una demostración inapelable del carácter explosivo de la situación italiana y de sus posibilidades revolucionarias: una asamblea de consejos de fábrica se convertiría inmediatamente en un punto de concentración de todas las fuerzas obreras, como clase, frente al Estado, es decir en un organismo de tipo soviético. Pero la perspectiva que le imprimen los “autónomos” es “el nacimiento de un sindicato nuevo, apoyado en los consejos, reglamentado por ley (sic)… un sindicato único, democrático, con derecho de tendencia proporcional al consenso obtenido en la base” (81) . Los problemas que la crisis le plantea a la clase obrera, sin embargo, no son sindicales, y mucho menos legislativos, sino eminentemente políticos. En Italia, el problema de la dirección política de la clase obrera, el partido revolucionario, está planteado al rojo vivo. "Tangente” y lucha interimperialista El escándalo de las “tangentes” sacó a la luz la espesa red de intereses que unen a la “clase política” y a las empresas estatales con un amplio sector de la burguesía italiana, contratistas y monopolizadores de los subsidios estatales. Bajo esta “protección” ha tenido lugar un vasto proceso de acumulación privada de capital. Baste señalar que el monto de las coimas se calcula en más de 200.000 millones de dólares, nada menos que el 20% del producto bruto italiano y que en el norte han debido cerrar más de 80.000 empresas como consecuencia de la paralización de las obras “bajo investigación”. ¿Qué intereses capitalistas tienen interés en romper esa trenza capitalista? El “Financial Times” afirma que el escándalo estalló y se propagó cuando los directores “políticos” —y el conjunto de los intereses capitalistas que se mueven detrás de ellos— “lanzaron una lucha de retaguardia, retuvieron influencias y pusieron trabas a la privatización… Aquí es donde la acción de los jueces resulta tan significativa” (82) . Precisamente, los jueces han puesto tras las rejas a los gerentes “políticos", opuestos a las privatizaciones, pero no a los representantes del Tesoro en las empresas públicas. El mismo diario londinense destaca que “ciertos ejecutivos sostienen que los arrestos pueden acelerar antes que obstruir los procesos de privatización… La salida de los altos ejecutivos del ENI y de sus poderosas subsidiarias puede reducir las disidencias internas y torcer la balanza en favor de una privatización rápida” (83) . En consecuencia, es pertinente suponer que los principales interesados en las denuncias son los bancos acreedores y, en particular, el imperialismo norteamericano. La presión de la banca acreedora puede explicar también el fenomenal derrumbe de la lira desde que comenzó el escándalo, la que ha perdido la tercera parte de su valor respecto del dólar y el marco. Alguien sobre el que no pueden pesar sospechas de enemistad con los banqueros, él mismo un banquero, el ex primer ministro de Francia, Raymond Barré, denunció en la supercumbre capitalista, en Davos, que las corridas contra el franco responden a una conspiración “anglosajona” (84) El hundimiento del conjunto de las relaciones políticas montadas en Italia desde la posguerra pone en peligro la propia existencia del Estado unificado. El ascenso de la “Liga lombarda”—una agrupación regionalista que realiza una violenta demagogia antipartidos y que proclama la necesidad de la secesión del norte “rico” del sur “pobre” y de la “Roma corrupta”— “amenaza la trama misma del sistema político” (85) , porque “pone en riesgo la unidad nacional… al cuestionar el pacto fundacional del Estado”, y hasta podría llevar a Italia a una “perspectiva yugoslava”. Mientras tanto, la guerra abierta que libran en el sur de Italia la maffia y las fuerzas represivas plantea el surgimiento de virtuales “colombias” en el corazón de Europa. La crisis capitalista no sólo ha convertido en ruinas al régimen político sino que también amenaza destruir la obra histórica de la burguesía, el Estado unificado. El conjunto de contradicciones explosivas que sacuden el régimen político italiano plantea la posibilidad de que la única alternativa para imponer la “economía de guerra” contra las masas sea una dictadura. Así, el régimen pinochetista, deseado para imponer la restauración del capitalismo en Rusia, podría hacer su "debut europeo" en Italia… para salvar al capital. Pero la burguesía está aterrorizada, sobre todo, por las enormes huelgas y movilizaciones de masas, que han superado el control de la burocracia staliniana. Como advierte La Malfa ón de los astilleros y el surgimiento de Solidaridad. La burocracia asistió aterrorizada a los acontecimientos polacos de res. Después de los girondinos—recuerda—vinieron los jacobinos”… es decir, la revolución. Si esto ha pasado en dos “grandes potencias” como Italia y Gran Bretaña, y aún en Francia, donde los dirigentes de la socialdemocracia llaman a la “auto-disolución” del partido, como los del PC italiano después de la caída del Muro, ¡la situación en los “pequeños países” de Europa (Escandinavia, Portugal, España, Irlanda, Grecia, etc.) es infinitamente peor! 6. URSS “La economía mundial no es la suma de sus partes componentes; entre la economía mundial como un todo y los distintos países, naciones y mercados nacionales existe una relación contradictoria. El derrumbe de los regímenes burocráticos (sus fuerzas productivas dejaron de crecer) es la consecuencia general de la política de estos Estados —no de la política de un gobierno o de una fracción determinada— que se desprende necesariamente de la estructura estatal burocrática de esos países. Esta política debía conducir al derrumbe porque pretendía desarrollar en un marco autárquico las fuerzas productivas que mucho antes habían adquirido una dimensión internacional, o alcanzar los estadios modernos del desarrollo económico al margen de la división internacional del trabajo. En tanto que naciones que expropiaron al capital, esos Estados sólo podían integrarse a la economía mundial por medio de la revolución en los principales países avanzados. Al contrario, la política de la burocracia en el campo económico ha sido la autarquía (socialismo en un solo país) y en el campo político, la coexistencia con el imperialismo, en calidad de nueva capa parasitaria que intermedia entre el imperialismo mundial y las masas de su propio país. Por lo tanto, no se trata, simplemente, de la superioridad de la economía mundial sobre las naciones atrasadas, incluso aquéllas que han expropiado al capital, sino que se trata de la impasse general a la que han llevado a esas sociedades los regímenes burocráticos” (86) . Lo que se dio en llamar el “fracaso del socialismo” no es, ni más ni menos, que la política consciente de la burocracia de la Unión Soviética para provocar la restauración del capitalismo en la URSS. No fracasó la burocracia; no sólo porque no había socialismo en la URSS sino también, y por sobre todo, porque lo que llevó adelante fue una política consciente de restauración. Cuando Gorbachov asumió la jefatura del gobierno y anunció que su tarea era alcanzar “más socialismo y más democracia”, la izquierda mundial, incluido Fidel Castro, saludó el planteo gorbachoviano. El Partido Obrero, por el contrario, caracterizó que no había ni socialismo ni democracia, sino una política de la burocracia de restauración del capitalismo desde arriba y que esas “reformas” eran inviables, porque ningún régimen del mundo se cambia desde arriba. La política de esta dirección — caracterizamos— es replantear aceleradamente un proceso de acumulación de capital. Fuimos la única corriente que en medio de una propaganda feroz en tomo de la “reforma del socialismo” planteó que la “perestroika” era una política contrarrevolucionaria lanzada con el apoyo del capital. El carácter restauracionista de la perestroika salta a la vista al considerar su política exterior, aprobada por unanimidad en el XXVII° Congreso del PCUS. El “desmantelamiento de las barreras que se interponían a las relaciones con Occidente”, con que se propagandizaron los “acuerdos armamentistas” que consagraron la superioridad estratégica del imperialismo norteamericano en materia de armas nucleares, y el desmantelamiento del “glacis”, sólo podía significar derribar las diferencias sociales entre los Estados, es decir restaurar el capitalismo en la URSS y en Europa del Este. El fin político de la perestroika no era otro que llevar a cabo una liquidación “ordenada” y pautada con el imperialismo de los regímenes sociales anticapitalistas para preservar el aparato del Estado, es decir, la burocracia. La burocracia no es una clase social, no explota a los trabajadores en forma capitalista sino que es una capa social parasitaria porque, teniendo en sus manos las riendas del Estado, utiliza el poder político para quedarse con la mayor parte del presupuesto nacional. El burócrata particular, y la burocracia como capa social, no son dueños de los medios de producción; sólo utilizan su calidad de burócratas, el poder político, para sacar de ello un mayor provecho. Sin embargo, esto sirve apenas para consumir, el burócrata no puede acumular, no puede convertir sus “ahorros” en capital de la misma manera que lo hace un capitalista, que separa una parte para el consumo y otra para continuar la acumulación. En consecuencia, la burocracia precisa de un cambio en la estructura social y jurídica del país, esto para acceder a la propiedad privada. La política de Gorbachov, desde el primer momento, tenía este fin. Cuando Gorbachov afirmó que su objetivo era pasar de un régimen autoritario a un “Estado socialista de derecho”, donde cada persona tuviera “derechos”, era evidente que el contenido de su política era la restauración de la propiedad privada. En un régimen de derechos, por encima de todos los derechos está el derecho de propiedad, que es el derecho fundamental. La lucha por el socialismo es la lucha histórica por la abolición del derecho de la propiedad privada y de todos los demás “derechos”, porque el “derecho” no es más que un regulador de los antagonismos y las diferencias sociales. La política que desarrolló la burocracia no era la expresión de un “fracaso del socialismo” sino del interés social de la burocracia de convertirse en una clase social propietaria y explotadora del trabajo ajeno. Esta caracterización —que se basa en la que formulara Trotsky sobre la naturaleza social compleja y contradictoria de la burocracia del Estado obrero— ha sido confirmada por los hechos, en abierta contradicción con los planteamientos del conjunto de las tendencias trotskistas que afirmaban que existía una reforma democrática y socialista y que hasta —como el Mas o el mandelismo—inscribieron el “socialismo con democracia” como su planteamiento estratégico. Los que como Mandel pensaban que la “perestroika” era una política “democrática” y “socialista” también sostenían que era una política viable; que no existían contradicciones insolubles en la URSS bajo la dominación de la burocracia y que, en consecuencia, las “reformas” podrían realizarse pacíficamente. El PO, por el contrario, afirmó siempre que las contradicciones entre las masas obreras y la burocracia eran irreconciliables, con tendencia a tornarse explosivas hasta conducir a la guerra civil, porque la burocracia no podía “auto-reformar” el régimen político y social sin crear una situación revolucionaria. El fracaso de la burocracia no es el “fracaso del socialismo” sino, por el contrario, el fracaso de la tentativa de restaurar pacíficamente el capitalismo, lo que abre un período de lucha de clases aguda en la URSS. Revolución política Los regímenes burocráticos habían agotado sus posibilidades mucho antes de su derrumbe. El saqueo desenfrenado de la propiedad estatal por parte de la burocracia había convertido a la URSS y a Europa del Este en países del “Tercer Mundo”, la acumulación de monumentales “deudas externas socialistas” revelaron la completa impotencia de la burocracia para resolver las contradicciones inherentes a la utopía reaccionaria del “socialismo en un solo país”. Como todo proceso histórico, el hundimiento de los regímenes burocráticos es un proceso de luchas sociales concretas. El primer fenómeno que puso de manifiesto la inviabilidad política de los regímenes burocráticos fue la huelga polaca de 1980, la ocupación de los astilleros y el surgimiento de Solidaridad. La burocracia asistió aterrorizada a los acontecimientos polacos de 1980, “un movimiento apoyado— según Edouard Shevardnadze, ex canciller de Gorbachov— por la clase proletaria y la intelligentsia (o clase intelectual) (que) constituyó una verdadera amenaza capaz de desestabilizar el poder” (87) “¿Fue la perestroika la que contribuyó al surgimiento de Solidaridad?” (88) , pregunta Shevardnadze a los conservadores que lo acusan de haber “abierto las puertas del infierno”. “Las fortificaciones exteriores creadas para defender la causa por la que trabajábamos—sigue el ex canciller— se desmoronaban… en casi todos los países de Europa (oriental) … los dirigentes políticos estaban perdiendo rápidamente el control de la situación y no podían encontrar respuestas adecuadas a los defensores de los cambios democráticos. En algunos casos, en su persistencia de rechazar las reformas fortalecían a la oposición desorganizada” (¡Solidaridad!). La burocracia no se bancaba más una revolución en sus fronteras porque, como reconoce Shevardnadze, no tenía condiciones, ni internas ni internacionales, para intervenir militarmente. “La perestroika — remata con razón— nació por la necesidad objetiva de superar la situación de crisis que amenazaba tanto la seguridad nacional como los intereses nacionales” (89) ¡La amenaza a la “seguridad” del régimen era la clase obrera! Por eso, cuando una organización que se reclama trotskista como Lutte Ouvriere afirma que “El final de los años ochenta ya no era el final de los cincuenta. En el curso reaccionario general, y no sólo en la Unión Soviética, los burócratas no se sentían amenazados por el proletariado (con razón o no, eso lo dirá el porvenir)… (y buscaron) aprovechar la resignación (¿?) de la clase obrera soviética … Su codicia ya no se hallaba refrenada por el miedo “ (90) , está claro que ha perdido el rumbo, porque no ha visto lo fundamental: el movimiento de masas contra la burocracia, que se vio obligada a lanzar la perestroika y el glasnost antes que para resolver sus problemas económicos como una medida de defensa contra la revolución proletaria y como un reclamo de apoyo al imperialismo contra esa revolución. Precisamente por esto, el V° Congreso del PO caracterizó que “en la URSS y en Europa del Este se ha abierto un proceso de revolución política porque 1°-) los regímenes han sido quebrados por sus propias contradicciones; 2°) no han sido sustituidos por una contrarrevolución triunfante; y 3°) han caído porque ya no podían contener más a las propias masas. Se ha abierto un proceso revolucionario, una situación revolucionaria: o el régimen restablece, por vías democráticas o contrarrevolucionarias directas, un nuevo equilibrio o vamos a una revolución” (91) . En las condiciones terribles que viven las masas en la ex URSS —golpeadas por la inflación y el desempleo, lanzados adrede por la burocracia para desahuciar las reivindicaciones de los trabajadores, que se transforman en inviables— son inevitables las alzas y las bajas, los flujos y los reflujos de sus movimientos de lucha y de su organización. Más aún cuando no existe un partido revolucionario capaz de plantear la reivindicación política general de la toma del poder. Pero ni el reflujo actual ni, mucho menos, la inexistencia de un partido revolucionario pueden negar el carácter general de la etapa, que se manifiesta en la incapacidad absoluta de la burocracia de fortalecer al Estado; éste, por el contrario, se disgrega irremediablemente. La propia destrucción de las condiciones sociales de vida de las masas —al desahuciar las ilusiones en las "soluciones" restauradoras— deberá servir para que penetren en las masas las consignas de conjunto, y para que se reaviven las tradiciones históricas de los explotados. Por otro lado, las ascendentes luchas de la clase obrera de Europa occidental —que recibieron un enorme impulso a partir del derrumbe de los regímenes burocráticos— servirán también para abonar la experiencia de la clase obrera rusa con los “beneficios del capitalismo". El contenido objetivo del proceso de revolución política en curso es el derribamiento de la burocracia restauracionista, la expropiación de sus privilegios políticos y materiales y la restauración del poder de los consejos obreros, la dictadura del proletariado, y la reorganización de la economía del país a través de un plan centralizado y el control obrero, de arriba a abajo del país. Las consignas de la revolución política, además, deberán tomar los elementos de la descomposición de las relaciones sociales y de propiedad que plantea el curso restauracionista de la burocracia, levantando consignas frente a la cues- tión de la propiedad (que no estaba planteada cuando Trotsky levantó la consigna de la revolución política) y el de la organización política del país frente al poder de facto —no constitucional— de la burocracia. Desintegración económica y social El V° Congreso del PO caracterizó que "los procesos de restauración capitalista que se iniciaron tímidamente bajo el período gorbachoviano adquieren, de golpe, características muy acentuadas con posterioridad a la toma del poder por Yeltsin. ¿Se trata solamente de que subió al poder la fracción restauracionista de la burocracia? No sólo es eso sino que, además, hay un fenómeno más complejo y profundo. Yeltsin, en realidad, no tiene una sola idea clara sobre cómo reintroducir el capitalismo en la URSS porque la restauración capitalista que no arranca con la victoria de la contrarrevolución y con la militarización de las masas es un proceso absolutamente caótico de descomposición económica… Cuando Yeltsin se lanza con mayor vigor ala restauración capitalista es porque la crisis del Estado llegó a un punto tan extremo que sin el sostén abierto y descarado del FMI y de la banca mundial la burocracia no puede hacer frente a las masas ni un instante. Tiene que dar un salto desesperadamente hacia el vacío para presentar un frente común con el imperialismo contra las masas” (92) . Esta caracterización se ha confirmado plenamente. La liberación de los precios y la liquidación de los subsidios a los artículos de primera necesidad — el “shock capitalista” de Yeltsin—han provocado un retroceso histórico en los salarios, un crecimiento descomunal del desempleo y una degradación generalizada de las condiciones de vida de las masas pero no han conseguido avanzar, ni un milímetro, hacia la reorganización económica del país. Sólo en los dos últimos años la producción ha caído en un 50%, en tanto que la inflación se encuentra en el 3.000% anual. Mientras que el 70% de la población se encuentra debajo de los niveles de pobreza, los directores de las principales empresas saquean sin misericordia los recursos de la nación y una parte de la juventud se ve obligada a sobrevivir por medio de la prostitución y la delincuencia en general. Mediante la liquidación de cualquier forma de planificación centralizada y el mantenimiento de un remedo de monopolio del comercio exterior, las pandillas burocráticas han destruido todas las posibilidades de una estabilización económica capaz de servir de propulsión a la economía. Entre 1989 y fines de 1991, las reservas de divisas de la ex URSS cayeron de 15.000 a 1.500 millones de dólares, en tanto que la deuda externa subió de 60 a 110 mil millones de dólares. Estas cifras significan que se fugaron nada menos que entre 45.000 y 65.000 millones de dólares en poco más de dos años, que han servido para montar un “fondo de acumulación” de los 15.000 burócratas que manejan las empresas autorizadas a operar en el comercio exterior y a abrir cuentas en el extranjero. “El ministerio de Seguridad de Rusia dice que uno de cada tres barriles de petróleo y una de cada dos toneladas de níquel llega al exterior por "canales no oficiales"” (93) . Es natural entonces que de cada cuatro dólares exportados, uno haya quedado en el exterior y que el International Institute of Finance evalúe la fuga de capitales, para los años 1991 y 1992, en 17.000 millones de dólares (94) ¡Así se va formando el “capital” con el cual la burocracia pretende convertirse en capitalista! Semejante saqueo, que se agudizó bajo Yeltsin, provoca un completo dislocamiento social y económico que todavía deberá profundizarse. Sólo una nueva revolución proletaria, que expropie a todos los acaparadores y nuevos capitalistas, podría reunir la reserva monetaria necesaria para estabilizar la economía y relanzar la producción. Para ello es imprescindible cortar la fuga de divisas, parar la emisión de moneda y elaborar un presupuesto equilibrado, algo que en las actuales circunstancias es irrealizable, dada la dislocación del Estado, y que provocaría además el cierre masivo de empresas. Un parate a la emisión inflacionaria exige implantar el control obrero de la producción y el restablecimiento de los lazos de intercambio entre las empresas. Lejos de esto, la burocracia acaparadora ha impulsado la creación de Bolsas de materias primas y de productos industriales, donde anárquicamente se desvía la producción de las empresas del Estado, en un caso único de desabastecimiento planificado desde el Estado. El carácter “primitivo” de la acumulación capitalista corresponde a las características del proceso de restauración capitalista en Rusia, incluso en la mayor parte del ex bloque oriental. La privatización de las empresas públicas significa, en general, un cambio de patrimonio pero no una inyección de capitales; los burócratas que se aprovechan de esas privatizaciones tienen poder de mando pero no capital. Es por eso que, sean públicas o privatizadas, las empresas dependen del crédito oficial, el cual es usado para fugar divisas al exterior y especular con la inflación. “El Banco Central de Rusia triplicó — dobló, en términos reales— sus préstamos a los bancos comerciales, en un intento de detener la caída de la producción industrial” (95) . El gobierno ordenó el 1° de julio de 1992 el congelamiento y la compensación de las deudas interempresarias, pero desde entonces las deudas han crecido otra vez; las empresas no pagan intereses por sus deudas, ni siquiera repagan los capitales. Una privatización “más desarrollada” acentuaría las tendencias hiperinflacionarias, esto porque sería más intensa la presión por obtener financiamiento por parte de “ejecutivos” entrelazados en la banca y en la industria. El otro escollo enorme que enfrenta la política de privatizaciones es que el patrimonio de las empresas poco tiene que ver con lo que sería su “valor de mercado”. La crisis capitalista ha desvalorizado las industrias en todo el mundo, obligando a una política de venta de activos y despidos en masa de trabajadores. En Rusia se han vendido importantes empresas a cambio de certificados de privatización que el gobierno entregó a todos los ciudadanos, pero que en realidad quedaron en manos de los directores y el personal de las empresas. Cumplido el operativo de apropiarse del patrimonio público, los directores enfrentan la necesidad de despedir en masa a sus “socios” obreros, de lo contrario no podrán imponer las tasas de explotación que los acreditarían para obtener préstamos internacionales o capitales extranjeros. Dada la “dificultad” que se han creado al “asociarse” con sus víctimas, estas empresas privatizadas están obligadas a depender del banco estatal. Pues bien, gran parte de la disputa entre Yeltsin y el Congreso; dentro de los diferentes bloques del Congreso; e, incluso, dentro del gabinete, consiste en quien controla el Banco Central. El otro obstáculo creado por estas privatizaciones es que el control de sus actuales directores depende de que el personal no venda las acciones que tiene en su poder. Como resultado de estos problemas, los principales beneficiarios de las privatizaciones reclaman, en muchos casos, una disminución en el ritmo de la “transición” al capitalismo, ya que ésta entrañaría, entre otras cosas, la instalación de mercados donde se podrían vender las acciones. Interpretar esta oposición a “más” privatizaciones como una resistencia al capitalismo por parte de los mismos privatizadores es confundir las contradicciones objetivas con sinrazón. El problema que confrontan todas las alas de la burocracia es, precisamente, cómo hacer frente, de un lado, a la desocupación en masa y a la desintegración social que deberá provocar un impulso más consecuente a la privatización y, del otro, al empantanamiento completo y a la desintegración económica a que lleva el actual proceso privatizador. Crisis políticas e hipótesis Tanto Yeltsin corno el Congreso han agotado cualquier capital político que hubieran podido tener en el pasado. Ninguno de los dos goza de la confianza del país, al menos según los resultados del referéndum de abril. Tampoco tienen la confianza del Ejército, lo que explica la imposibilidad para el alto mando de inclinarse para uno u otro lado. Ninguna fracción tiene una mayoría decisiva en el Congreso, cuyos alineamientos se modifican con extrema rapidez, en función del vértigo de la propia crisis. Más importante aún, ni Yeltsin ni el Congreso ejercen efectivamente el poder del Estado a nivel nacional. En las regiones, o en las provincias, coexisten las autoridades electas hace cuatro años con los prefectos enviados por Yeltsin, quien nunca se atrevió a convocar a elecciones municipales. La situación así delineada exigiría un acuerdo entre todas las fracciones, el cual, sin embargo, no resolvería nada si no tiene, como no lo tendría, un programa para llevar al país hacia algún lado sin necesidad de guerra civil. Estas características de la situación explican la falta de resolución que están demostrando los contendientes. En definitiva, la crisis deberá profundizarse aún más; deberá obligar a las masas a intervenir, al menos como una “advertencia” de lo que podría ocurrir; los alineamientos de fuerza deberán delimitarse con mayor precisión; todo esto es necesario antes que se pueda plantear una salida más duradera a la presente crisis. Los jefes de Estado imperialistas se unieron en el apoyo a Yeltsin, en una acción que se parece más a la de un bombero que a la de un árbitro, no digamos ya a la de un juez. Pero para una fracción creciente del imperialismo, Rusia sería un caso perdido, que habría que permitir que se desintegre como un mal menor. Se trata de los partidarios de la “carta ucraniana” y de la formación de un bloque de países desde el Báltico al Mar Negro. El imperialismo está empezando a considerar la hipótesis de una catástrofe rusa como un “mal menor”. La “primavera parlamentaria” que está viviendo Rusia refleja simplemente la indecisión de los poderes del Estado y el empate entre las diferentes fracciones políticas. Es muy improbable que el marco parlamentario pueda subsistir como marco para el delineamiento y la delimitación más clara entre las diversas fuerzas políticas. La variante más probable sería un crecimiento de los conflictos interregionales y con la periferia nacional de Rusia, que progresivamente vaya habilitando al ejército a jugar un papel de árbitro y a ver nacer de su seno un Bonaparte. Esta tendencia se reforzaría con un desplazamiento del occidentalismo por el nacionalismo o el eslavismo. Un gobierno militar probablemente se vea obligado a recomponer parcialmente la propiedad estatal para reactivar las fuerzas productivas, antes de recomenzar el camino de la privatización. Una parte importante de la clase obrera rusa apoyó a Yeltsin, cegada por la demagogia antiburocrática de este viejo burócrata y por la creencia de que los planteos independientistas y autonomistas de éste serían un sinónimo de autogestión obrera de las grandes empresas, yacimientos y minas. Estas expectativas se han revelado como una ilusión; la situación de los mineros que encabezaron la huelga contra Gorbachov, por ejemplo, ha empeorado extraordinariamente. En la reciente campaña electoral por el referéndum, los mineros amenazaron a Yeltsin con volver a ocupar las minas e ir a la huelga indefinida. La otra hipótesis es, en consecuencia, que el centro de gravedad lo pasen a ocupar las luchas obreras; que la situación se desplace hacia la izquierda; que surjan comités de huelga y consejos obreros. En esta última variante, dos factores son importantes, junto a la miseria de las masas y a la impasse de la política de mercado: un reagrupamiento socialista revolucionario de la vanguardia y la evolución de la lucha de clases en el ámbito internacional, y dentro del Este, en Polonia y la ex Checoslovaquia. Un Estado obrero en disolución La propiedad estatal, todavía eminentemente mayoritaria en la ex URSS, sólo sirve al acaparamiento individual de los burócratas restauracionistas. El Estado protege hoy, no la propiedad colectiva, sino el desenvolvimiento de la propiedad privada y el enriquecimiento individual capitalista. Por eso, “el Partido Obrero define el carácter del Estado en la ex-Unión Soviética como un Estado obrero en descomposición, Estado obrero en disolución, cuyos elementos dinámicos son, de un lado, la negación del Estado obrero a través de una política de restauración capitalista (y, en esa medida, el Estado obrero, como protección de las relaciones sociales de la Revolución, ha dejado de existir); y, de otro lado, la revolución política de las masas que potencialmente tiende a la expropiación de la burocracia” (96) . El régimen político está en manos de camarillas burocráticas restauradoras que utilizan conscientemente el poder político para destruir las relaciones sociales y de propiedad. Por eso es completamente falso, como afirman el PORE español y la “Liga Internacional por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional”, que “esa alianza (entre ’la burocracia stalinista, cuyo poder no ha sido destruido, y las fuerzas emergentes de una nueva clase capitalista, todavía demasiado débil para pretender ejercer el poder por sí misma’)… no ha liquidado en ningún país las relaciones de propiedad y las conquistas sociales que caracterizan a estos Estados como Estados obreros gravemente deformados por el cáncer burocrático” (97) . Entonces no habría proceso de restauración alguno en curso porque éste comporta fatalmente un pillaje y una destrucción sin precedentes de las fuerzas productivas que se encuentran estatizadas (”relaciones de propiedad”) y una enorme regresión social ("conquistas sociales"), imposible sin una victoria de la contrarrevolución en el plano político. Estos “trotskistas” olvidan que sin planificación ni monopolio del comercio exterior y las finanzas, el Estado obrero es una abstracción. Esta caracterización es común a la inmensa mayoría de las corrientes trotskistas. Lutte Ouvriere, después de acumular estadísticas sobre el carácter mayoritariamente estatal de la propiedad en la industria, el campo y el comercio, afirma que “es prematuro abandonar la noción de Estado obrero degenerado para expresar lo que es la ex URSS o lo que queda de ella, principalmente la Rusia ex soviética… Si al cabo del período actual las relaciones sociales son trastocadas, la economía estatal heredada del pasado finalmente liquidada y los principales sectores de la economía devueltos a la propiedad privada; si entonces todo lo que queda de la herencia de la revolución proletaria debe encontrarse definitivamente liquidado, se planteará quizás la fecha de la muerte del Estado obrero luego de su muy larga agonía seguida del estado comatoso actual. Se podrá entonces discutir y ponerse de acuerdo entre diferentes fechas que han marcado enseguida o a posteriori, las diferentes etapas de regresión… pero sólo entonces” (98) . Para LO, la caracterización de la naturaleza del Estado en la ex URSS sólo sirve para formular un juicio histórico, a posteriori, y no para definir exactamente cuál es el choque de fuerzas sociales y determinar una política. La restauración capitalista no significa que sea necesario que se consume antes la privatización de todas y cada una de las empresas estatizadas. Bastaría con que la economía—aun cuando comporte un alto porcentaje de empresas estatizadas— se integre a la circulación del capital mundial a través del comercio exterior, de la deuda externa y de la progresiva formación de un mercado. A esto apuntaron precisamente la abolición del monopolio del comercio exterior y de las finanzas, la liquidación de la planificación estatal, la liberación de precios y la autorización a la formación de empresas mixtas. El contenido económico del proceso que se vive en la ex URSS es puramente capitalista: cada una de las medidas de la burocracia —incluso aquellas que pretenden preservar el saqueo de las empresas estatales por parte de las maffias— están en función de la restauración capitalista. Seguir hablando, en estas condiciones, de "Estado obrero degenerado", como si nada hubiera pasado, es negar la realidad. Como ya señalamos en nuestro V° Congreso, “estos ‘trotskistas’ desconocen la idea profunda que planteó Trotsky en ‘La Revolución Traicionada‘: que en caso de producirse una contrarrevolución en la Unión Soviética, el gobierno contrarrevolucionario no privatizaría sino que explotaría el conjunto de la propiedad estatal como una única empresa colectiva capitalista. Luego, progresivamente, una vez reintroducido por la fuerza y bajo control, en el marco de la economía mundial, comenzaría a privatizar” (99) . El Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, creado especialmente para “acompañar” la restauración en la URSS y Europa del Este, sostiene, sin embargo, que “la reforma hacia una economía de mercado y la transición no son hoy en día irreversibles” (100) . ¡Naturalmente! Pero no es “la potencia de la herencia del pasado”, como afirma Lutte Ouvriere (101) , ni las enormes contradicciones económicas que genera el proceso de restauración, lo que lo hace “reversible”. La restauración no está asegurada simplemente porque las masas no han sido derrotadas. El proceso de revolución política — que se expresa en el debilitamiento de las estructuras del Estado, en la incapacidad de Yeltsin para hacer cumplir sus órdenes, en la existencia de poderes locales que desconocen al poder central, en la fractura del ejército— bloquea el proceso de restauración. Esto explica la aparente contradicción de que las inversiones externas se derrumbaron —“de un total acumulado en varios años de 1.600 millones de dólares pasaron a 640 millones en 1989, a 480 millones en 1990 y a 249 millones en 1991” (102) — precisamente cuando se hacía cada vez más evidente el carácter restaurador de la política burocrática. Y explica también que en la ex URSS, donde la disolución del Estado obrero por el régimen burocrático está enormemente más avanzada que en China, el proceso de penetración capitalista sea irrelevante en comparación con el que se ha operado en la República Popular. Lo que bloquea la restauración son las libertades democráticas que las masas han sabido conquistar y que utilizan para defender sus condiciones de vida. Toda la prensa destaca el verdadero terror que sienten los burócratas a que el despido de 30 ó 40 millones de obreros provoque una revolución. Sólo una revolución política que barra a la burocracia podrá evitar la restauración. La disyuntiva planteada por Trotsky como una perspectiva histórica—“una nueva revolución” que derroque a la burocracia o la restauración— está planteada hoy como un problema político inmediato. La cuestión de las nacionalidades La desintegración de la URSS como Estado federal primero, y la del Estado ruso posteriormente (declaraciones de independencia de los tártaros, chechenos, etc.; surgimiento de nuevas repúblicas dentro de la Federación Rusa) no es consecuencia de las tendencias centrífugas nacionales sino de los atropellos, primero, y del derrumbe, después, de la burocracia staliniana y del Estado burocrático. El contenido de todos los movimientos nacionales de las naciones periféricas e incluso de Rusia es progresivo porque consiste en la insurgencia contra la opresión burocrática. Como demócratas consecuentes —es decir, como partidarios del derrocamiento revolucionario de la burocracia— defendemos la vigencia irrestricta de todos los derechos políticos para las masas, el derecho a la independencia nacional (separación) en primer lugar. Las posibilidades de un desarrollo nacional independiente de las repúblicas ex soviéticas es hoy infinitamente menor que cuando intentaron ese objetivo en 1917. Su único futuro realmente progresista consiste en una unión libre sobre bases socialistas. La “independencia” actual así lo demuestra, porque todas las repúblicas están bajo el control de las mismas camarillas burocráticas del período anterior; porque todas se proclamaron independientes pero ninguna lo es en la práctica; porque carecen de instituciones representativas; porque el planteo nacional, aislado en sí mismo, simplemente ha servido para azuzar el enfrentamiento entre los pueblos, los programas y las masacres y establecer dictaduras reaccionarias. La “independencia de las repúblicas” ha fracasado completamente, porque simplemente ha reemplazado la dictadura del “centro” por las dictaduras locales, no ha concretado ninguna independencia política ni ha logrado superar la desintegración del Estado soviético a través de la formación de Estados nacionales estables. Rusia tutela a las demás repúblicas; detrás de las maniobras de Yeltsin, a veces amenazantes, a veces conciliadoras, se oculta el intento de imponer la dominación rusa; suplantar a la URSS por el imperio que añoró la burguesía liberal rusa superada por la revolución de 1917. La CEI (Comunidad de Estados Independientes) ha sido un intento extremo de salvar a la URSS cuando ésta había dejado de existir. La lucha por la apropiación del patrimonio estatal se ha acentuado en forma extrema, porque es a partir de cómo se resuelva el reparto de los despojos políticos del ex Estado soviético que se podrá dirimir, al menos con cierto orden, el reparto de sus riquezas y patrimonios entre las camarillas ex “comunistas”. Pero esto no aparece viable sin una guerra comercial y, eventualmente, una guerra civil. La CEI es un recurso transitorio —nacida de un compromiso entre las camarillas burocráticas y el propio imperialismo— para evitar una guerra porque la política de restauración conduce inevitablemente a la completa desorganización económica, y en última instancia, a la guerra civil, como ocurre en Yugoslavia. Los nacionalismos de origen burocrático o pro capitalista han sido incapaces de realizar la independencia de las repúblicas. El rápido agotamiento del tema nacional se observa en la propia Rusia, donde lo “nacional” ha pasado de ser una reivindicación de la cultura y la libertad rusas a ser un instrumento de provocación contra las repúblicas vecinas y contra las regiones autónomas dentro de Rusia. El nacionalismo de la burocracia ha desnudado rápidamente su fibra reaccionaria. El agotamiento del “nacionalismo” burocrático actualiza el programa de la revolución, de la independencia nacional indisolublemente ligada al derrocamiento revolucionario de la burocracia restauradora y de la posterior unión libre y socialista de los pueblos. 7. China China se encuentra al borde de un colapso financiero y económico de enormes proporciones. El promocionado “boom” chino amenaza ahora con convertirse en un “caos” (103) que será el detonante de una crisis política general del régimen burocrático. Crisis financiera “La crisis financiera se profundiza día a día”, anunciaba hace ya casi un mes “The Wall Street Journal” (104) . La inflación está fuera de control. Aunque “nadie sabe a ciencia cierta su nivel” (105) , ronda entre el 15 y 20%, crece aceleradamente y amenaza convertirse en “hiperinflación” (106) . Los costos de producción aumentan sostendidamente, lo mismo que los precios de los productos de consumo. “El crecimiento de los precios de los productos industriales es furioso” (107) , al punto que en la zona costera se registra una inflación de tres dígitos (más del 100%) en los precios de ciertos productos industriales como el acero (108) . La inflación ha desatado una “corrida” contra el yuan, la moneda china, por parte de los capitalistas extranjeros, las empresas mixtas, y hasta los gobiernos provinciales y municipales y las empresas estatales. Aunque el yuan se ha devaluado casi un 10% desde los primeros días de junio, los dólares han “desaparecido” de la economía china y el mercado negro de divisas ha alcanzado el mismo volumen que el mercado oficial de cambios, síntomas inconfundibles de una inminente devaluación de gran magnitud, que ha “pinchado” a la Bolsa de Hong Kong, la “puerta” financiera de acceso a China. La crisis fiscal aumenta en espiral. El gobierno central ha perdido el control de la recaudación impositiva y la capacidad de obligar a las empresas estatales a remitir sus beneficios al Tesoro, así como también ha perdido el control sobre los gastos e inversiones de gobiernos municipales, provincias y empresas. “Los bancos se han quedado sin efectivo” (109) (110) . “El boom se está terminando”, sentencia “The Wall Street Journal” (111) , como lo prueba que, después de muchos años de “boom exportador China haya registrado un déficit comercial de 1.700 millones en los primeros cuatro meses de este año. Una crisis especulativa El motor de tan fenomenal crisis es el espectacular crecimiento de la especulación inmobiliaria: sólo en los primeros cuatro meses de este año, la inversión en propiedades y construcción creció nada menos que un 70%. “La construcción salvaje en las provincias es responsable del crecimiento del 30% en la circulación monetaria y de la inflación resultante”, sostiene el Business Week, (112) . Los bancos, por su parte, “sobreprestaron” sus fondos a los especuladores inmobiliarios, incluso desviando los fondos girados por el gobierno central para el pago de las cosechas a los campesinos y para el funcionamiento de las empresas estatales. Los gobiernos provinciales y municipales, por su parte, pusieron sus presupuestos a disposición de los especuladores, no sólo en sus propios territorios sino además “exportando” fondos a la próspera zona costera. Después de haber “empapelado” el país para sostener a los especuladores, ahora, cuando la “ola” amenaza hundir al país, el gobierno de Pekín intenta restringir el crédito, lo que puede provocar una verdadera estampida de los inversores externos y una cesación general de pagos. La especulación inmobiliaria y la construcción de hoteles, oficinas y residencias de lujo ha sido una fuente de enormes ganancias para los burócratas “comunistas” devenidos “inversores”; “Algunos funcionarios del PC bien ubicados para influir en la distribución de tierras pusieron en pie compañías de propiedades” (113) : un ejemplo es la empresa dirigida por un hijo de Deng Xiaoping, asociado con capitalistas de Hong Kong, para construir lujosas “residencias a la americana” en Shangai y Guangdong (114) . La razón de la “fiebre” fue el relajamiento oficial de las restricciones a la compra-venta de bienes raíces a partir del 14° Congreso del PC (octubre de 1992), luego confirmada por la Asamblea Nacional; a partir de entonces, "las empresas chinas basadas en Hong Kong dejaron caer cataratas de fondos en la compra de propiedades y en proyectos de construcción. En Shangai, la Comisión Municipal de Inversiones aprobó 750 nuevos proyectos en el primer trimestre de este año, de los cuales más de la mitad fueron inversiones en propiedades" (115) . De las inversiones de Hong Kong —el principal inversor externo en China— más de la tercera parte se destinó a la compra de tierras y propiedades y proyectos de construcción (116) . Pero la especulación inmobiliaria no ha sido sólo un medio para llenar los bolsillos de los burócratas: ha sido, fundamentalmente, el medio elegido por la burocracia para sostener el “boom”… de la misma manera que la especulación inmobiliaria sostuvo el “crecimiento” de Japón y Estados Unidos en la década del ’80. Los efectos devastadores (depresión, recesión) de la pinchadura de la “burbuja” especulativa en China no serán menores que los ya sufridos por Estados Unidos o Japón. El carácter puramente especulativo (capitalista) de la presente crisis china ilustra sobradamente sobre las características parasitarias y destructivas del “boom” sobre la avanzada transformación social de la burocracia china en clase capitalista y sobre el carácter del Estado que defiende estas relaciones sociales. Perspectivas Con salarios equivalentes al 1% de los países occidentales, enormes exenciones impositivas y materias primas subvencionadas, el capital ha encontrado en China un “refugio” indispensable para sostener la tasa de beneficio y hasta su misma capacidad productiva… en medio de la recesión mundial. Baste decir que, sin las compras chinas, un pulpo de la magnitud de la Mc Donell Douglas no habría vendido un sólo avión comercial en 1992. El hundimiento del “boom” chino agudizará brutalmente la recesión mundial. Pero las principales consecuencias de un colapso del “boom” chino serán políticas. La prensa no deja de recordar que en ocasión del estallido inflacionario y la recesión de 1988/89, se levantaron los campesinos, cayó el gobierno de Zhao Ziyang y se produjo el levantamiento estudiantil que culminó en la masacre de Tiananmen. “El gobierno de Pekín sabe bien el costo social (de la recesión y la inflación)… el inaceptable costo de la desestabilización” (117) … pero “hoy la situación es más combustible que en 1989… porque existe una gran fragilidad en la cumbre” (118) . El aumento de los precios de los fertilizantes y los combustibles, el no pago de las cosechas, el aumento de los impuestos locales, en resumen, el caos económico desatado por la especulación, ya han llevado a los campesinos a levantarse como en 1988. Si los levantamientos campesinos llegaran a unirse a los millones de desempleados de las ciudades, advierte “The Economist” (119) , "los resultados pueden ser inimaginables”. Se comprende el temor del capitalismo mundial: “la brecha entre ricos y pobres… y la hostilidad entre ricos y pobres están creciendo tan rápido que pronto podrían compararse con las desigualdades inflexibles de 1910/30, que crearon las verdaderas condiciones que condujeron a la revolución china” (120) . Frente a semejante polarización social, que se agudizará brutalmente con el fin del “boom”, el régimen político chino aparece paralizado, en lo que un profesor de la Universidad de Princeton define como una “megacrisis”: un “gobierno inseguro y un Estado débil… si no es ya un Estado en desintegración” (121) . “En todo el país —resume Newsweek (122) — hay síntomas de que el espíritu de Tienanmen ha sobrevivido. (China) es como un área volcánica: está caliente por debajo de la superficie y, en algún momento, la lava va a surgir”. Frente a la agudización de las contradicciones sociales y frente a “un gobierno que es débil y que es percibido como tal” (123) , una nueva revolución en China no sólo es posible. Es inevitable. 8. Yugoslavia La guerra que ensangrenta a los pueblos balcánicos desde hace dos años es una concreta expresión del carácter mundial de la crisis porque: a) el derrumbe económico de Yugoslavia —antecedente directo de la guerra— reconoce las mismas razones que el derrumbe económico de cualquiera de los países del “Tercer Mundo”: deuda externa, saqueo imperialista, “ajustes” fondomonetaristas llevados adelante por la burocracia stalino-titoista, etc.; b) el interés que guía a cada una de las distintas camarillas burocráticas de la ex Federación, convertidas a un seudo “nacionalismo”, es repartirse sus recursos económicos (la propiedad) en el proceso de restauración capitalista; c) cada una de las fracciones burocráticas en pugna está asociada a una (o varias) potencias imperialistas (Serbia a Francia, Croacia y Eslovenia a Alemania); d) las rivalidades inter-imperialistas y la pretensión de cada potencia de jugar a favor de las camarillas burocráticas asociadas a ella, es decir, la lucha por apropiarse de la mayor tajada de la restauración yugoslava, empantanaron la guerra hasta convertirla en una masacre sin límites. Ahora, después de las matanzas de las burocracias serbia y croata, está claro que como caracterizó el V° Congreso “no hay un enfrentamiento nacional en Yugoslavia sino una guerra de aparatos armados, de cliques armadas, de fracciones burocráticas, casi todas originadas en el partido comunista y en el ejército, tanto en Croacia como en Serbia y como en las demás repúblicas” (124) . En Yugoslavia no se está poniendo en práctica el derecho a la autodeterminación nacional porque ni Serbia ni Croacia se asientan en los derechos de sus ciudadanos sino que están empeñados en una guerra que no es nacional sino “racial”, es decir manipulada por las burocracias. La formación de un Estado yugoslavo unificado significó un progreso histórico para los pueblos de los Balcanes, condenados hasta entonces a vivir divididos en pequeñas repúblicas manipuladas y enfrentadas por las potencias imperialistas (Gran Bretaña, Alemania, la Rusia de los zares, el Imperio Austro-Húngaro y el Imperio Otomano). Tito intentó nivelar burocráticamente a los distintos componentes históricos de Yugoslavia siguiendo una política de integración basada en la distribución pactada de los cargos del Estado, la cohabitación multiétnica en el ejército y la promoción económica de las regiones más postergadas. La clase obrera yugoslava se constituyó efectivamente subordinada al partido comunista y al Estado burocrático, pero desde 1970 comenzó a protagonizar huelgas muy importantes de conjunto. Uno de los objetivos primordiales del chovinismo del conjunto de las fracciones burocráticas es, precisamente, romper esa unidad, cavando una fosa de sangre que separe a los pueblos. Los conflictos “étnicos” sólo pasaron a primer plano cuando comenzó el derrumbe económico del país como consecuencia de la política fondomonetarista y del pago de la deuda externa. El de Tito fue el primer régimen burocrático en ingresar al FMI y al Banco Mundial, contraer deuda externa y aplicarlas consiguientes “reformas” fondomonetaristas. Durante veinte años, la burocracia aplicó sucesivos “planes de ajuste” (inflación y desocupación) para cumplir con los usureros internacionales; las presiones del imperialismo desbarataron el esquema burocrático al generar un extraordinario desarrollo desigual entre los distintos componentes nacionales de la Federación y acentuó sus tendencias centrífugas. El desplome económico de la burocracia llevó al país a la hiperinflación y a una crisis política enorme como consecuencia de las disputas interburocráticas por el monopolio del saqueo. De los conflictos entre los Estados se pasó a la desintegración abierta como consecuencia del desplome burocrático y de la presión del imperialismo a favor de la secesión de las regiones con mayor desenvolvimiento comercial. Inicialmente, la burocracia serbia de Milosevic lanzó la guerra contra la rica Eslovenia, pero debió resignarse casi inmediatamente porque ésta se colocó bajo la protección del imperialismo alemán. Milosevic trasladó entonces la guerra a Croacia, donde la burocracia local de Tudjman respondió con el mismo envenenamiento nacionalista y la misma política de genocidio. Milosevic impulsa la formación de una “Gran Serbia” anexando todos los territorios que cuentan con alguna minoría serbia mediante la expulsión y la masacre de las otras etnias. Se apoya en el ejército federal y en las bandas armadas de reyezuelos autoproclamados jefes de “repúblicas serbias” que aterrorizan a la población civil, cavando una fosa de sangre entre los pueblos. La burocracia croata, por su parte, utiliza la misma metodología y propugna la reconstrucción de la “Gran Croacia” que existió como títere de la ocupación nazi en 1942. En Bosnia los combates son los más violentos de toda la guerra (y las masacres contra la población civil las más horrorosas) porque tanto los serbios como los croatas pretenden expulsar a la mayoría musulmana para fundar, cada uno, su propia “república autónoma. Tudjman y Milosevic ya han negociado incluso la partición de Bosnia sin olvidar a su capital, Sarajevo. La burocracia musulmana mantiene el planteo de la unidad e integridad de Bosnia (un planteo progresivo, que equivale a plantear la unificación nacional de Yugoslavia), pero sobre la base de un reparto político con las pandillas de Milosevic y Tudjman. Un auténtico planteo revolucionario significaría llamar a la unidad de serbios, croatas y musulmanes para conseguir una Bosnia única e independiente, derrocando a las diques burocráticas. El imperialismo dejó correrla guerra porque está directamente interesado en la destrucción de la Federación Yugoslava; y de aquí que impulse el desmembramiento de Bosnia en múltiples cantones que reconocerían gran parte de las “conquistas” de serbios y croatas, algo consagrado en el “plan Vance-Owen”. El “plan” establecía la partición de Bosnia en diez regiones: tres para los serbios, dos para los croatas y tres para los musulmanes. Los serbios (35% de la población) recibían el 50% de las tierras; los croatas (25% de la población) recibían el 25% de las tierras y los musulmanes (45% de la población) recibían apenas el 25% del territorio. El “plan depaz” consagraba la partición de Bosnia y las fronteras establecidas hasta ese momento por la guerra y la separación étnica de una población que hasta entonces había vivido fusionada. Más aún, el “plan” avanzaba hacia la completa desaparición de Bosnia como Estado independiente: con un territorio minúsculo, con fronteras discontinuas, separado en retazos unidos por estrechos “corredores” y rodeado de Estados hostiles, el “Estado bosnio musulmán” estaría condenado a ser absorbido rápidamente por sus vecinos más poderosos. El “plan” fracasó por la negativa de los serbios bosnios a abandonar los territorios militarmente conquistados. Detrás del fracaso del “plan de paz” de la ONU se ha impuesto una política imperialista: la consolidación de las conquistas militares de Serbia y Croacia, como lo planteaba el reparto de tierras del propio “plan de paz”. Para el imperialismo mundial, las burocracias genocidas de Zagreb y de Belgrado son un factor de “orden” en los Balcanes, la base insustituible de una “estabilización política” . Dejar hacer a los serbios y a los croatas y permitirles el reparto de Bosnia —manteniendo al mismo tiempo la “presión” para evitar que la guerra se extendiera a Kosovo y Macedonia—; en resumen, dejar la “estabilización” de los Balcanes en manos de los burócratas restauracionistas: ésta es la política imperialista que se ha impuesto a través del fracaso del “plan Vance-Owen”. Hay otro factor, además, de la política imperialista de complicidad con los genocidas: la burocracia rusa. El principal sostén, político, económico y militar de Milosevic es la burocracia rusa, que amenazó con vetar cualquier resolución de la ONU que “hostilizara” a Belgrado. Ante la amenaza de una ruptura con el Kremlin, la masacre de miles de civiles indefensos es, para el imperialismo, un “mal menor”. Frente a la tragedia de esta guerra reaccionaria se viene desarrollando un movimiento antibelicista en Serbia. En junio y julio de 1992, durante varias jornadas, decenas de miles de personas ocuparon el centro de la capital, Belgrado, reclamando la caída de Milosevic. En las elecciones celebradas a fines de 1992, Milosevic sólo pudo triunfar organizando un fraude “patriótico” a la escala de la “década infame” argentina. La vanguardia de este movimiento son los estudiantes, que protagonizaron las mayores movilizaciones desde 1968, y que han contado con el apoyo activo de los trabajadores y campesinos. Los agricultores de Voivodine, la región más fértil y mayor proveedora de alimentos, donde reside la minoría húngara, se han levantado contra la política de requisa, altos impuestos y bajos precios agrícolas que impuso Milosevic para sostener la guerra. Las protestas populares fueron una reacción ante el escandaloso pillaje del tesoro por parte de la camarilla militar, que financia la guerra emitiendo moneda, lo que ya provocó una hiperinflación del 120.000% anual. En el desarrollo de este movimiento popular radica la superación de este conflicto reaccionario fabricado por las burocracias restauracionistas y el imperialismo. La guerra ha terminado de destruir lo que el saqueo burocrático había dejado en pie de la economía de la vieja Federación yugoslava. Tanto en Croacia como en Serbia, la caída de la producción es abismal, el desempleo supera el 30% de la población y el número de empresas en funcionamiento apenas alcanza al 10%. La hiperinflación—mediante la cual las burocracias de Tudjman y Milosevic financian la guerra genocida— ha convertido en nada el salario de los pocos obreros que mantienen su empleo. La política de restauración capitalista que ha llevado a la lucha armada entre las camarillas burocráticas para apoderarse de los medios de producción y de las tierras de la ex Yugoslavia, ha convertido la vida de las masas en una terrible pesadilla. Por eso, el descontento crece entre la población trabajadora, a pesar de la violenta represión desatada contra los “traidores” (opositores) tanto en Croacia como en Serbia. En Croacia, “el gobierno del primer ministro Sarinic ha sido sacrificado por haber cristalizado el descontento de una población que debe hacer frente a una caída brutal del nivel de vida” (125) . Pero la caída del gabinete no logró frenar el descontento popular, al contrario: pocos días después estalló un gran escándalo relacionado con las denuncias de enriquecimiento de los funcionarios gubernamentales, estafas, truchaje de los balances de las empresas a privatizar y su compra por parte de los burócratas mediante préstamos subsidiados de la banca estatal. En Serbia, los sindicatos protestan y “sus reivindicaciones son frecuentemente satisfechas por un gobierno que recurre a la máquina de imprimir billetes para preservar la paz social” (126) . Pero la quiebra de los dos mayores bancos privados de Serbia —y la consiguiente expropiación de decenas de miles de ahorristas— amenaza con liquidar la ansiada “paz social" ya se han registrado varias manifestaciones de los ahorristas estafados que fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad. “Los bancos privados (que acaban de quebrar) jugaron un papel central en la sobrevivencia del gobierno de Milosevic” (127) . Por eso, la caída de esos grandes bancos privados amenaza llevar a Serbia a un auténtico colapso económico y a una hiperinflación aún más descontrolada que la actual. Pero, además, amenaza con derrumbar al propio gobierno de Milosevic, ya que la dueña del “Dafimet” —el mayor de los bancos privados serbios, en quiebra— “se había convertido en el poder detrás del trono del presidente serbio” (128) . Las condiciones de vida de las masas se agravarán violentamente como consecuencia del colapso financiero y “Milosevic pagará las consecuencias”, advierte “The New York Times”. El devastador efecto, económico y político, que tiene la quiebra de los bancos para el régimen burocrático, ilustra qué lejos han avanzado los burócratas en la destrucción de las relaciones sociales de la vieja Federación y en su conversión en propietarios. ¿Puede hablarse de la existencia de un “Estado obrero degenerado” cuando la banca privada es la columna vertebral —económica y política— de un régimen político? El colapso económico plantea una crisis política y la lucha por el poder en Serbia. Buscando “tender puentes” con el imperialismo para encarar la “reconstrucción” del país, Milosevic intentó forzar a los serbios de Bosnia y de Croacia a aceptar el “plan Vance-Owen”, pero fracasó rotundamente. La ruptura de Milosevic con los serbios de Bosnia y Croacia llevó a la fractura de la coalición stalino-nacionalista gobernante en Belgrado. El Partido Serbio Radical —primera minoría del parlamento de Serbia y dirigente de las milicias que gobiernan las “repúblicas serbias” de Croacia y Bosnia— que hasta ahora sostenían a Milosevic, han comenzado a denunciarlo como “traidora la patria”. En la misma situación se encuentra el burócrata Tudjman de Croacia. La fractura de la coalición stalino-nacionalista abre una lucha por el poder en Belgrado, que en las actuales condiciones sólo puede desencadenar una guerra civil al interior de Serbia. Una de las consecuencias que ya ha provocado la crisis política es la destitución del presidente de la “Federación Yugoslava” (Serbia y Montenegro) bajo la presión del Partido Serbio Radical. La burocracia stalino-titoís-ta, que se había travestido de “nacionalista” para ocultar sus fechorías y acometer la restauración capitalista, puede acabar siendo derrocada por la pequenoburguesía nacionalista en el mismo curso de la guerra. El morenismo—en todas sus expresiones— se ha estrellado en la guerra yugoslava. Tanto el Mas como el Mst y el Pts parten de la caracterización de que existiría una guerra de liberación nacional —de contenido democrático— por parte de Croacia y Eslovenia primero, y por parte de Bosnia posteriormente. Precisamente por esto reclamaron el reconocimiento internacional de la independencia de Croacia y Eslovenia, algo que la ONU no tuvo empacho en hacer porque la política general de todas las potencias imperialistas es el desmembramiento de la Federación. La independencia de Croacia y Eslovenia —convertidas inmediatamente en semicolonias de Alemania—no significó un triunfo democrático de las masas sino una victoria de las burocracias croata y eslovena sobre la burocracia serbia y sobre sus propios pueblos y, al mismo tiempo, una victoria del imperialismo alemán sobre el francés. La declaración de la LIT caracteriza a la política de la dirección serbia como “expansionista”. Se trata de una típica caracterización pequeñoburguesa, formal, que tiene un respeto sacramental por las fronteras establecidas; de ninguna manera una caracterización marxista. Todas las repúblicas —tanto la serbia como la croata o la bosnia— están gobernadas por pandillas stalino-titoístas cuyo objetivo social es la restauración capitalista, para lo cual necesitan derrotar a la clase obrera; el chovinismo —y su consecuencia, la guerra—, que quiebran la unidad del proletariado yugoslavo, es un instrumento que utilizan a fondo todas las camarillas burocráticas. Una derrota de la clase obrera yugoslava en este terreno significará un golpe para el proletariado mundial. Plantear la cuestión nacional en el plano étnico, significaría favorecer la independencia de las fracciones más milimétricas del planeta. Así, si “el pueblo de los bosnios musulmanes” (como los llama el Mst) tiene derecho a tener “su país” (ídem), también deberían tenerlo los “bosnios croatas cristianos” y los "bosnios serbios ortodoxos”, lo cual nos lleva de cabeza al "plan Vance-Owen-Clinton” que el Mst rechaza, correctamente, con el argumento de que “descuartiza Bosnia” (129) . El reclamo de “armas para Bosnia” que levantan los tres grupos morenistas está dirigido, en concreto, a los gobiernos árabes y en particular a Turquía. Para los morenistas, una intervención militar turca en la guerra sería “progresiva”, porque “ayudaría” a obtener la independencia de Bosnia. ¿Exageración? El Mst cita como un ejemplo de la "solidaridad” que reclama, una noticia según la cual “unas 10.000 personas pertenecientes en su mayoría a grupos islámicos manifestaron en la plaza de Estambul (capital de Turquía) para pedir la intervención del ejército turco en Bosnia. El presidente turco dijo en un discurso que las miles de personas congregadas querían demostrar al mundo que los musulmanes de Bosnia (los musulmanes, no los bosnios) no están solos y que 60 millones de turcos están con ellos” (130) . Ni qué decir que la intervención directa del gendarme turco —opresor histórico de los pueblos de los Balcanes y masacrador del pueblo kurdo— y la consecuente internacionalización de la guerra sería una enorme tragedia para todo el proletariado europeo, del "este” y del “oeste”, empujado a una espantosa carnicería en beneficio de un puñado de dictaduras—burocráticas o capitalistas—y sus mandantes, las potencias imperialistas. El problema central, como siempre, no son las armas sino la política de quienes las empuñan. En las actuales condiciones, “armas para Bosnia” es "armas para Itzebegovich y la burocracia bosnia”, tan restauracionista como las de Belgrado y Zagreb y, como éstas, un residuo del viejo aparato burocrático-militar del stalino-titoísmo. La “defensa del país” no es, para los burócratas bosnios, la de la Bosnia multiétnica, donde la población de las diferentes etnias se había fusionado y convivía pacíficamente; su política es la de un Estado bosnio musulmán”,… en el camino de la restauración capitalista. “Nuestro punto de vista respecto de la cuestión nacional es la democracia y las vías para el desarrollo de la conciencia de las masas. Por este motivo, los marxistas y la III- Internacional levantaron la consigna de ‘por una federación socialista de los Balcanes', es decir, una política de unidad estatal-nacional de los distintos componentes de los Balcanes” (131) . Para los trabajadores yugoslavos, “el enemigo está en su propia casa”, son las pandillas burocráticas que los desangran y dividen. Por esta razón estamos en contra de todas las fracciones burocráticas, denunciamos su chovinismo y luchamos por la unidad libre y socialista del pueblo yugoslavo. 9. Cuba El V° Congreso del PO caracterizó la estrategia de la dirección castrista como “un proceso de acercamiento al capital internacional absolutamente descomunal … detrás de una fachada de slogans socialistas” (132) , basándose en: a) la política de “apertura al capital externo” y “radicación de capitales extranjeros” de la dirección cubana; b) su cerrada oposición a tolerar cualquier organización independiente de los trabajadores, y c) su política internacional de apoyo a Felipe González, al verdugo Carlos Andrés Pérez, a Salinas de Gortari, al PT y a los sandinistas. Caracterizamos que la política de Castro “tiende a reforzar el aislamiento de Cuba respecto del cerco capitalista, aunque de otro lado refuerza la confianza del capital internacional en Fidel Castro” (133) . Esta política ha agudizado enormemente las contradicciones sociales y políticas dentro de Cuba. La radicación de inversiones extranjeras (primero en complejos turísticos y más recientemente en diversas ramas de la economía) trae aparejado el “tráfico de influencias”, la extensión del mercado negro de divisas y bienes y una creciente diferenciación social entre la minoría de privilegiados que tiene acceso a estas operaciones y el resto de la población. Este fenómeno tiende a reforzarse con el vertiginoso incremento del número de compañías extranjeras en proceso de instalación en Cuba. Desde 1990, más de sesenta empresas —incluyendo a las principales multinacionales del mundo—firmaron convenios de radicación y existen tratativas con otras cien. De acuerdo con “Brecha”, este proceso está consolidando grupos acomodados que “gracias a la burocracia, al robo y el mercado negro (logran) un ingreso real que no tiene nada que ver con su ingreso nominal. La propiedad del Estado no beneficia a la sociedad en su conjunto sino sólo a aquellos que administran estos bienes” (134) . El mercado negro ha pasado a ocupar, en los últimos años, el lugar de regulador principal de la distribución del ingreso en Cuba, favorecido por la “apertura" al capital extranjero, las tiendas especiales y el dominio de una burocracia estatal. El mercado negro es, naturalmente, el resultado de la escasez, agravada por el derrumbe del comercio cubano con el Este y por la hipoteca que representa para su economía la deuda de 6.000 millones de dólares que contrajo en la década del ’80 con la banca internacional. Pero la solución al problema de la escasez no es la misma para las diferentes capas de la población: las cifras muestran que la burocracia y los privilegiados por la "apertura al exterior” han encontrado la vía para satisfacer sus necesidades en el sentido más amplio. No ocurre lo mismo con las grandes masas. Queda refutada así la tesis castrista según la cual la democracia en Cuba se percibe a la hora de comer, esta creciente desigualdad explica la falta de democracia política. Este conjunto de contradicciones ha colocado al régimen cubano frente a una impasse, creando una situación de creciente deliberacionismo y sordos choques dentro del aparato. En octubre fue destituido Carlos Aldana, el funcionario cubano de mayor jerarquía después de Fidel y Raúl Castro, sin que se hubiera reunido el único organismo (el CC del PC) habilitado para ordenarlo. La mayoría de los medios de prensa (Newsweek, Cambio 16) interpretaron que su caída representa un golpe contra el grupo de los “reformadores”, en el que también sitúan a Lisandro Otero, vicepresidente de la Unión de Escritores y hombre del riñón del partido, que desató una gran conmoción al reclamar un giro político y económico total (”La revolución agotó las posibilidades de sus estructuras y se halla en el umbral de un cambio necesario”, incluida la renuncia de Fidel Castro, proclamó públicamente). El de Aldana fue el más sonado pero no el único de los "desplazamientos” en la cúpula cubana: en los últimos meses “cayeron” Manuel Piñeiro, jefe del departamento internacional, e Isidro Malmierca, veterano diplomático. Fuera del partido aparecieron también grupos de oposición semi-legales integrados por familiares de altos funcionarios. Aldana cayó en momentos en que debía definirse la actitud a adoptar frente a las elecciones de diputados a la Asamblea Nacional. La definición frente a este problema es un aspecto de la impasse política general que reina desde la conclusión, en 1991, del IV° Congreso del PC. El Congreso reafirmó la vigencia del régimen de partido único, señalando que constituye el órgano de “toda la nación martiana”, como si la totalidad de la población —los beneficiarios del mercado negro y sus víctimas— pudiera estar representada en una creación vertical del Estado, que no surgió de la lucha de clases y que simplemente actúa como un canal de selección de los funcionarios. Negando el derecho de organización independiente de las masas, el Congreso aprobó fabricar un parlamentarismo sin partidos. Navegando sin rumbo y en medio de una total indefinición política, la única resolución que adoptó el Congreso fue una ampliación de los poderes de Castro, cuyas atribuciones y competencias fueron especialmente reforzadas. Este reforzamiento del poder de arbitraje de Fidel, a cuyas espaldas complotan y traman todos los sectores, es un síntoma contundente del inmovilismo político que domina el régimen político. El trasfondo del empantanamiento político es la sucesión de conflictos que crea el proceso de apertura al capital extranjero ratificado por el IV° Congreso. Por una parte se adaptó el programa del partido al nuevo rumbo, restringiendo la denominación “socialista" sólo a los principales medios de producción y poniendo fin al monopolio del comercio exterior. Con estas decisiones se dio por concluida la política de “rectificación” que había adoptado en 1986 el III Congreso, y que en contraposición formal a la “perestroika” rechazaba cualquier transición hacia una "economía de mercado”. La “rectificación” fue sepultada "de facto”con la misma falta de discusión con que fuera adoptada en su momento, y sin que nadie reconociera su abandono. Ahora Fidel defiende la asociación con el capital extranjero como un “camino cubano al socialismo”, presentando como modelo al “socialismo chino”, como si los masacradores de Tienanmen no fueran burócratas empeñados en la restauración capitalista, basada en el totalitarismo y en la superexplotación de la fuerza de trabajo. Las elecciones parlamentarias de 1993 son parte de una política de conjunto votada en el IV° Congreso del PC cubano de 1992. El punto de partida de esta política ha sido la reforma constitucional “decidida por el IV° Congreso y aprobada por la Asamblea Nacional popular en julio de 1992, tendiente a promover una nueva política económica, asegurar la protección jurídica de los inversores extranjeros, garantizar los beneficios ofrecidos al capital venga de donde venga y establecer reglas claras sobre el derecho de propiedad (el Estado cubano, anteriormente propietario de ‘todos los medios de producción’ ahora no tiene más que los medios de producción calificados como ‘fundamentales‘); es reconocida la constitución de empresas mixtas y de asociaciones económicas y ha sido ablandado el monopolio del Estado del comercio exterior” (135) . Estas garantías constitucionales eran necesarias para “consolidar” un conjunto de leyes al amparo de las cuales se produjo una verdadera avalancha de inversiones externas. El carácter restauracionista de esta política se hace evidente cuando los funcionarios cubanos, Fidel Castro en primer lugar, elogian los “éxitos” del “modelo chino”, que consiste en la penetración del capital imperialista en un Estado obrero más fabulosa de que se tenga memoria. Las tensiones que desata el “crecimiento significativo de la participación extranjera en la economía cubana” (136) refractan a su vez en las crecientes rivalidades entre grupos monopólicos por el copamiento del negocio de la inversión en la isla y el control de sus exportaciones. El fuerte choque entre grupos y gobiernos imperialistas que se abrió con la aprobación por parte de los EE.UU. de la “ley Torricelli”—que estipula sanciones para los países que comercien con la isla, afectando especialmente a las empresas norteamericanas radicadas fuera de los EE.UU.— es una manifestación de este fenómeno. La integración comercial de Cuba al mercado mundial a través de la intermediación de los pulpos imperialistas se ha desarrollado enormemente en los últimos años a partir de la “desaparición” de la URSS. El principal renglón del comercio exterior cubano, el azúcar, es objeto de una violenta disputa entre un conjunto de “tradings”. La norteamericana Cargill revende en todo el mundo el azúcar cubano desde su subsidiaria londinense, pero la francesa Denrées et Sucre le ha quitado el bocado de la ex URSS, ahora que el comercio con el Este ha dejado de ser entre Estados para transformarse en privado y con ajuste al pago de divisas. El pulpo japonés Nissho Iwai, la segunda comercializadora nipona, por su parte, le ha arrebatado a Cargill el sustancioso mercado del Lejano Oriente. La tendencia del capital norteamericano a comerciar con Cuba es poderosísima como lo demuestra la cuadruplicación del monto del comercio de las subsidiarias norteamericanas con la isla entre 1989 y 1991. En un simposio sobre “oportunidades del comercio con Cuba", organizado por la revista “Euromoney” concurrieron representantes de grandes pulpos norteamericanos como Procter and Gamble, el mayor productor mundial de alimentos, Phillip Morris y Kodak, además de decenas de representantes de pequeñas empresas, que resaltaron las condiciones privilegiadas de Cuba para el comercio, ya que es el mayor mercado de América Central y la "vía natural” para la expansión del capital norteamericano. Naturalmente, estos pulpos son violentos opositores a la “ley Torricelli”. También son furiosos opositores la Comunidad Económica Europea, especialmente Gran Bretaña, y los “socios” norteamericanos del Merconorte, Canadá y México. Como el 85% (o más) del comercio “europeo", “canadiense” y “mexicano” con Cuba está en manos de subsidiarias norteamericanas, es claro que las protestas de los “aliados” forman parte de la campaña de los pulpos norteamericanos contra la “ley Torricelli”. Sin embargo, según la revista londinense “Cuba Business”, “existe la sospecha en círculos empresarios europeos que el propósito oculto de la nueva legislación es expulsar del mercado cubano a las empresas no estadounidenses para preparar un eventual regreso de las empresas norteamericanas. Esta sospecha se sostiene en la selectiva aplicación norteamericana de las actuales reglas de embargo” (137) . Todo esto ilustra la clara división del imperialismo respecto de la política frente a Cuba. Para una franja creciente del capital mundial, que comercia con Cuba y que ha realizado inversiones en la isla, la colonia capitalista de Miami es —como afirma un empresario norteamericano— “el peor problema para los negocios con Cuba” (138) . La presión de la colonia gusana llevaría a una guerra civil implacable, ya que los exiliados reclaman la devolución de todas las propiedades expropiadas desde 1959… lo que incluye la expropiación de todas las inversiones extranjeras realizadas en los últimos años. Por eso, la política de Castro de mantener firmemente el Estado en sus manos mientras llega a acuerdos de distinto tipo con el capitalismo no es mal vista por amplios círculos del capital mundial: “la presencia de Fidel Castro en el gobierno significa ‘estabilidad’, lo que da garantía a las inversiones”, sintetizó uno de los asistentes al seminario de "Euromoney" (139) . El levantamiento del bloqueo pondría en evidencia con toda nitidez que Cuba tiene una deuda externa de 6.000 millones de dólares con la banca internacional, que no está pagando ni tiene condiciones de pagar; que su comercio internacional es estructuralmente deficitario, y que sus reservas metálicas o de divisas son mínimas. Es posible apostar con completa seguridad que las negociaciones internacionales para terminar con el bloqueo, que de una u otra manera nunca cesaron, pasan hoy en día por estos temas, en primer lugar la renegociación de la deuda externa, es decir, un “plan Brady” para Cuba y, consecuentemente, por un plan de reestructuración económico, es decir, de penetración del capital extranjero. El gobierno cubano ha efectuado una reforma constitucional entre cuatro paredes, precisamente, para otorgar las garantías reclamadas por sus “interlocutores” y ratificar la política de acuerdo en gran escala con el gran capital internacional que viene llevando adelante desde hace varios años. 10. América Latina: saqueo imperialista y agotamiento de los regímenes democratizantes La crisis capitalista agudiza el saqueo financiero y comercial del “Tercer Mundo”. La inversión externa en América Latina ha desaparecido en beneficio de los “capitales golondrinas”, capitales especulativos de muy corto plazo que han convertido a todos los gobiernos latinoamericanos en sus rehenes. La deuda externa, a pesar de las publicitadas “quitas” y “perdones” del “plan Brady” —o, más precisamente, a causa de él— es una carga que hipoteca toda posibilidad de desarrollo. En lo esencial, el “plan Brady” es la conversión de la “vieja deuda” en títulos al portador, de mayor rentabilidad y fácil realización, garantizados por la compra de bonos del Tesoro norteamericano por parte de los gobiernos latinoamericanos; la renovada carga que implica este proceso sólo podrá cubrirse con nuevo endeudamiento. Esto explica que “pese a los malabarismos financieros, los préstamos internacionales y al mismo ‘plan Brady‘, la deuda externa de América Latina sigue creciendo” (140) . La “deuda nueva” crea una situación notoriamente más crítica, porque el endeudamiento reposa ahora en bases todavía más frágiles, una vez que se ha destrozado el patrimonio público que actuaba como garantía de la “deuda vieja”. Esto significa que la cuestión de la deuda externa, lejos de desaparecer con el inicio de los años ’90, está planteada con un carácter más explosivo. El proceso confiscatorio de la deuda es una manifestación del agotamiento del modo de producción capitalista y de sus limitaciones insuperables. Los procedimientos que se utilizan en las privatizaciones, como la capitalización de los títulos de la deuda (¡Entel!), el saqueo puro (¡YPF!) y la disminución productiva revelan, precisamente, que se trata de un proceso de desvalorización (eliminación) del capital, algo que se pone de manifiesto dos años después del comienzo de las privatizaciones… cuando todas las empresas privatizadas están quebradas. Pero las privatizaciones reducen sólo una parte ínfima del capital “excedente” mundial. Si la crisis mundial ha inviabilizado el acuerdo de Maastricht, ¡qué no hizo con “nuestro” Mercosur! La presión financiera y comercial norteamericana y los remezones de la guerra comercial con Europa han liquidado al Mercosur, que nunca llegó a constituirse en un mercado común. Las manifestaciones de la agonía del Mercosur son numerosas: el gobierno brasileño subsidia sus exportaciones y su producción agrícola y ha aceptado, en los dos últimos años, las exportaciones de trigo subsidiado norteamericano, todo lo cual está expresamente prohibido por el tratado del Mercosur. Precisamente, uno de los aspectos centrales del acuerdo de integración argentino-brasileño —antecedente inmediato del Mercosur— obligaba a Brasil a comprar cantidades crecientes de trigo argentino. Las medidas unilaterales de Brasil indican que para éste el Mercosur no es una vía de salida a su crisis y no lo puede ser desde el momento en que sus socios comerciales absorben tan sólo el 4% de su comercio exterior. Para Brasil, el Mercosur es tan sólo un mercado auxiliar de provisión de materias primas y fuentes energéticas con vistas a la competencia en el mercado mundial. Pero los socios “sureños” del Brasil también han tomado medidas unilaterales. Argentina, por ejemplo, desde hace tiempo fija cuotas de importación para el papel de Brasil con el objeto de proteger a Celulosa y entre las condiciones para la privatización de Somisa figuraba la protección contra las exportaciones subsidiadas de acero. Por otro lado, mientras Argentina protesta por el subsidio norteamericano al trigo, los ingenios uruguayos denunciaron la venta de azúcar argentina subsidiada al Uruguay. La devaluación que provocó Cavallo al elevar las barreras aduaneras para proteger a la “industria nacional” de las exportaciones brasileñas, ha sido un golpe de gracia al Mercosur. En Uruguay, los subsidios agrícolas brasileños y la devaluación argentina han abierto una profundísima crisis porque esfuman, incluso, las posibilidades de los orientales como proveedores de leche y carnes. En Uruguay están apareciendo, cada vez más abiertamente, sectores patronales que reclaman “archivar el Mercosur” mientras que en Paraguay gana espacio un ala burguesa opositora al Mercosur, como se puso de manifiesto en la gran votación del candidato stronista Argaña —opuesto al “mercado común”— en las elecciones internas del oficialista partido colorado. La ausencia de inversiones y de empresas mixtas o binacionales son otra evidencia de que las burguesías no ven una perspectiva en el mercado común ni en la formación de un bloque comercial frente al mercado mundial. Las brutales contradicciones de las burguesías del Mercosur, más aún en su etapa de mayor subordinación, económica y política, al imperialismo norteamericano y la presión imperialista, exacerbada por la crisis mundial, bastaban para caracterizar la inviabilidad de la integración capitalista en Latinoamérica. Esta sólo ha servido para que los monopolios radicados en cada uno de los países amasaran enormes superbeneficios aprovechando las diferencias salariales entre países y la disparidad de las cotizaciones de sus monedas. El fracaso de la integración capitalista deja en claro que la tarea de la integración latinoamericana ha quedado, por entero, en manos del proletariado del continente… pero no ya bajo el régimen capitalista sino como una federación de Estados obreros, los Estados Unidos Socialistas de América Latina. Las explosivas contradicciones que sacuden a América latina han puesto en crisis al conjunto de los regímenes políticos del continente. La caída de Collor de Melo, el auto-golpe de Fujimori o el hundimiento del gobierno de Pérez en Venezuela constituyen un síntoma inconfundible del agotamiento de una experiencia política continental. Los regímenes democratizantes que aparecieron en América Latina en la última década son incapaces de dar cuenta de las contradicciones explosivas del régimen de explotación que sostienen. Sus instituciones políticas no resisten los embates sociales ni los fenomenales sacudones de un capitalismo en completa descomposición. Incluso allí donde han llevado a los explotados a condiciones inenarrables de miseria y elevado como nunca la tasa de explotación y de beneficios no han logrado reestructurar la sociedad sobre una base estable que reinicie un desenvolvimiento capitalista. El parasitismo económico crece en forma exponencial, al igual que el saqueo de las masas, pero en la misma medida avanza la crisis política. Una crisis que no sólo es del régimen sino del propio Estado, como lo prueba el hecho de que alcanza a las fuerzas de recambio (armadas y políticas). Los economistas declaran que “México ya está en recesión” (141) . La afirmación es, con todo, un pálido reflejo de la realidad y constituye, en verdad, una manera de desfigurar la verdadera bancarrota mejicana. La importancia del derrumbe azteca reside en sus dimensiones internacionales, toda vez que México fue el modelo de los planes que luego se aplicaron en la mayoría de los países latinoamericanos. Según la revista “Business Week”, México atraviesa por una cesación de pagos. “El crecimiento económico se ha frenado y la carga del endeudamiento está agobiando a consumidores y comerciantes”. En verdad, la economía mexicana nunca tuvo un despegue ya que “el producto bruto nacional, que había estado creciendo en un promedio del 3,3% anual desde que Salinas se hizo cargo del gobierno en 1988, probablemente no aumentará más del 2,1% este año, cifra sólo un poco superior a la expansión poblacional de México”. Después de todo lo que se dijo del llamado “boom” azteca, México ofrece una economía de dimensiones similares a las de una década atrás. Pero con una aclaración importante: “el poder adquisitivo (del salario) ha caído un 60% con respecto al nivel de la década anterior”. La cesación de pagos se manifiesta en despidos a granel. “El empleo en la industria ha caído un 5,6% respecto del año pasado y las horas trabajadas han bajado un 8,7%. Entre las industrias más afectadas se cuentan las textiles, electrónicas, petroquímicas y acero”. En la empresa estatal petrolera “hubo más de 90.000 despidos durante los últimos 18 meses”. En la plaza central de la Capital hay “un conglomerado de carpas emplazadas como protesta por los desocupados. Como no existe un seguro de desempleo en México, muchos se han convertido en vendedores callejeros, voceando productos que abarcan desde flores a radios portátiles”. En los primeros meses del año se produjo “la cancelación de 300.000 plazas de trabajo temporario o fijas de algunos sectores de la agricultura, la minería y la industria manufacturera” (142) . Como en Argentina, los sectores capitalistas que invirtieron lo hicieron “incurriendo en un enorme endeudamiento. Ahora tienen problemas para saldar los créditos obtenidos” (143) . Cuando los bancos eran estatales, la burguesía mejicana era rescatada a través de moratorias y refinanciaciones. Con la privatización” del sistema bancario, la cosa ha cambiado. Por de pronto, los bancos cortaron los créditos y elevaron la tasa de interés al 28%, cuando la inflación es del 10%. Esta combinación de créditos suspendidos y tasas de interés por las nubes vaticina una ola de quiebras. Para demorar la devaluación del peso, el gobierno se ve obligado a atraer capitales mediante elevadas tasas de interés”, provocando "la baja del mercado de valores de México en un 15% en lo que va del año” (144) . Esta caída promete ser más pronunciada, porque los balances de las empresas que cotizan en la Bolsa están dando resultados negativos y porque el temor a una devaluación está llevando a que los fondos especulativos comiencen a “dolarizarse”. El nudo corredizo está estrechándose en el pescuezo de México, que luego de haber privatizado decenas de bancos y empresas, tiene una deuda externa de 130.000 millones de dólares, superior a la que existía cuando provocó la crisis de la deuda externa. El Cavallo mexicano, Pedro Aspe, decía hasta hace muy poco que esta deuda no tenía importancia porque se pagaría con mayores exportaciones. Lo real es que las exportaciones aumentaron en los últimos seis años un 20%, mientras que las importaciones lo hicieron en un 400%, acumulando un déficit comercial de 55.000 millones de dólares a partir de 1988… Ahora la situación es más grave porque “hay una tendencia a la baja de la exportación manufacturera” (145) . La defenestración de Collor fue la expresión de un derrumbe general de la política de la burguesía brasileña, es decir, de su propio derrumbe, porque el gobierno de Collor fue el resultado de la mayor coalición de la historia de la burguesía brasileña contra un candidato de la clase obrera en las elecciones de 1989. En 1990 Collor congeló la deuda pública mediante el secuestro temporario de 80.000 millones de dólares colocados en los bancos; la inflación se transformó en deflación. Dos años más tarde, la deuda pública había vuelto al nivel del ’90, la inflación al 30% mensual y la desocupación, la caída industrial y comercial eran las más altas de la historia. La industria y la infraestructura paulista están en proceso de desguace y según estimaciones recientes sólo el 10% de la gran industria brasileña tiene condiciones de competitividad internacional. En resumen, el 90% de la economía no agraria del país enfrenta la perspectiva de quiebra: en esto consiste la base de la crisis del régimen político brasileño. La caída de Collor le ha servido a la burguesía brasileña para frenar la política de “apertura" al capital internacional, que hubiera signado su liquidación. Esto explica que el 90% de los “amigos” y de los partidos que lo llevaron y mantuvieran en el gobierno votara a favor de su destitución. El escenario del enfrentamiento montado por la gran burguesía brasileña se trasladó al gobierno que sucedió a Collor. Las primeras medidas del gobierno de Itamar Franco se caracterizaron por su completo inmovilismo, que consistió en mantener rodando la gigantesca deuda financiera del Estado mediante altísimas tasas de interés (aunque últimamente comenzó a reducirlas). El cambio de gobierno no zanjó el tema de la salida de la inmensa crisis industrial ni tampoco el de la política a seguir frente a la tremenda presión del capital financiero internacional, que exige el remate del patrimonio del Estado y la liquidación de sectores enteros de la industria brasileña. La economía de Brasil se encuentra hoy en el punto en que la había encontrado Collor y aún mucho peor. La inflación es del 35%, hay un 30% de desocupados y la pobreza crece de un modo infernal. La deuda pública es aún superior a la que encontró Collor si se suman a los títulos públicos en circulación (50.000 millones de dólares) los depósitos en los bancos (100.000 millones) cuya garantía es del propio Estado. La tasa de interés de renovación de esta gigantesca deuda es del 50% mensual, un porcentaje que aplicado al crédito comercial comente deberá llevar a las empresas y a los consumidores a la quiebra. Como consecuencia de esta situación, el régimen brasileño se encuentra condenado, en tanto que régimen capitalista, a valerse de todos los recursos de liquidación, confiscación y desvalorización: hiperinflación, expropiación de los patrimonios, congelamientos salariales, devaluaciones sucesivas de la moneda. La aplicación de cualquier combinación de este tipo de medidas sería imposible sin la colaboración de las burocracias del PT y de la CUT: el empeño de Itamar Franco para llevar al PT al gobierno se explica por la enormidad de la crisis económica y política de Brasil, que exige que el único partido popular que existe en Brasil asuma la tarea de contribuir al salvataje del Estado capitalista. A pesar de la política contrarrevolucionaria del PT, Brasil puede estar a la puerta de una situación revolucionaria, debido al nivel de disolución de su régimen político y social y a la agudeza de los enfrentamientos dentro de la burguesía y con referencia al capital financiero internacional. Enormes masas de capital corren el riesgo de evaporarse en función de las políticas que adopte el gobierno de Itamar, mientras que la iniciativa popular, por otro lado, es enorme, aunque vaya a la rastra de la burguesía a través del PT. Brasil se ha transformado en un inmenso “laboratorio” de la crisis que afecta a América Latina, así como de las posibilidades y de las políticas de los distintos partidos. El otro “laboratorio” que prueba el agotamiento de los regímenes patronales latinoamericanos es Venezuela. El derrumbe fiscal —el déficit público supera el 35% del presupuesto nacional y va en acelerado aumento—, la caída del precio internacional del petróleo, la fuga de capitales y la consecuente necesidad de lanzar un nuevo y violento “ajuste” contra las masas venezolanas, soliviantadas y movilizadas, con el partido gobernante dividido, el parlamento en la oposición y las FF.AA. fracturadas, llevaron a la caída anticipada de Carlos Andrés Pérez, sometido a juicio político por el Senado bajo la acusación de corrupción. Pero la crisis política está lejos de haberse cerrado. A diferencia de Brasil, donde la asunción de Itamar vino a cerrar la prolongada crisis presidencial, la crisis política venezolana recién comienza realmente con la asunción del reemplazante de Pérez, Octavio Lepage. El hombre es un absoluto “cero a la izquierda”, apoyado apenas por una fracción del partido gobernante, y que ha pretendido justificar su derecho a permanecer tres meses en la presidencia con el argumento de que “no tomaré ninguna decisión trascendental mientras dure mi mandato”. No es de extrañar, entonces, que varios observadores coincidan en señalar que la caída de Pérez ha abierto un “vacío de poder”. La caída de Pérez tampoco ha servido para detenerlas manifestaciones populares y las huelgas, otro de los factores fundamentales de la crisis política: mientras los gremios docentes mantienen el paro por tiempo indeterminado que vienen cumpliendo desde hace un mes —e incluso lo radicalizan, ocupando el ministerio de Educación—, se prevén para los próximos días paros en siete distintas ramas de la producción. Al mismo tiempo, continúan las manifestaciones políticas, con una decisiva participación del estudiantado, que diariamente chocan con la policía y las fuerzas de seguridad. La violenta disputa entre el Congreso y Lepage sobre la duración de su interinato está determinada por las elecciones presidenciales que se realizarán a principios de diciembre: el hombre que ocupe el Palacio de Miraflores tendrá un papel decisivo y preponderante en el dictado de la “sucesión”. El bloque que sostiene a Pérez y a Lepage ya ha elegido su candidato: en un reciente informe especial elaborado por el banco J. P. Morgan puede leerse que “el gobernador Alvarez (de la Copei) es el claro favorito del sector privado, de los analistas políticos y de la comunidad internacional… porque sostiene las reformas económicas y los objetivos fiscales de Carlos Andrés Pérez…” (146) . El “pequeño problema” que tienen los banqueros para imponer a su candidato en las elecciones es que el pacto de reparto del poder, por el cual la AD y la Copei, han venido cogobemando Venezuela en los últimos 35 años, se ha hecho añicos; la AD está arrasada por la crisis del régimen de Pérez mientras que la Copei se ha fracturado: su principal dirigente, el ex presidente Rafael Caldera, se ha ido del partido para formar una alianza electoral con el Mas (ex guerrilleros “reconvertidos” a la democracia). El candidato de la J. P. Morgan marcha tercero lejos en las encuestas presidenciales, detrás de la alianza entre Caldera y el Mas y de “Causa R”, un partido basado en los sindicatos que postula a la presidencia a un obrero metalúrgico, Andrés Velázquez, elegido recientemente gobernador del estado de Bolívar. En menos de seis meses, Venezuela puede tener como presidente a un “Lula”… “La lógica de los hechos —declara un editorialista de “El Cronista” (147) — lleva a Venezuela a la izquierda en el futuro inmediato". Pero precisamente por esta razón, en Venezuela está planteado un golpe militar. No se trataría esta vez de una sublevación de los mandos medios nacionalistas (“bolivarianos”) sino de un golpe institucional, dirigido por los generales de Pérez, para mantener “las reformas fiscales y los objetivos fiscales que reclaman los bancos acreedores. Las contradicciones de semejante régimen serían brutales. La primera de ellas es que los golpistas, para evitar la fractura del ejército en la calle, deberán cubrir su golpe “neoliberal” con algunos de los ropajes de los “bolivarianos". Esta "confusión”, naturalmente, informará a todo el régimen de los golpistas, que deberá lidiar con el conjunto de las contradicciones que hundieron a Pérez y al pacto Copei-AD y, además, evitar una fractura del ejército en el poder. La caída de Pérez no ha dado solución a la crisis política venezolana sino que ha abierto paso a una sucesión de gobiernos inestables en medio de un cuadro de radicalización de las masas. En Venezuela, la crisis política recién comienza. La caída de Pérez es un signo inequívoco del agotamiento de los regímenes patronales del continente, agobiados por el peso de la crisis mundial, que son absolutamente impotentes de contener. Nuestro inefable riojano ha opinado, sin embargo, que el caso de Venezuela, como antes el de Brasil, demostraría “el funcionamiento de los mecanismos constitucionales”, es decir, la vitalidad de los regímenes patronales. Es notable, que haya obviado los casos de Perú o Guatemala, que demostrarían exactamente lo contrario. Hay, sin embargo, un rasgo común entre Pérez y Fujimori, entre Guatemala y Brasil. En todos los casos, el derrumbe de las finanzas públicas, impuesto por el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas nativos, y la destrucción productiva impuesta por la crisis mundial, inviabilizaron los regímenes constitucionales: entonces, o el parlamentó se deshizo de los presidentes, o éstos se deshicieron de sus parlamentos, siempre con el "fórceps” de las medidas de excepción (y el visto bueno, cuando no la participación activa, de las FF.AA.). Pero precisamente, porque todos los regímenes latinoamericanos enfrentan el derrumbe de sus finanzas públicas y la amenaza de su desaparición del mercado mundial es que, tarde o temprano, todos ellos oscilan entre el “autogolpe” y la destitución del presidente. Pero ni Brasil ni Venezuela, ni tampoco Perú, son casos “excepcionales". Entre ellos y países como Argentina o Uruguay hay apenas una diferencia de grado: una situación similar a la de Collor puede presentársele a Menem en cualquier momento ante la crisis del “plan Cavallo”. Un hombre tan poco sospechoso de “radicalismo” como Abráham Lowenthal, director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad del Sur de California, lo confirma: “El vuelco de la región hacia la democracia afirma— es muy vulnerable (porque) en muchos países de Latinoamérica la cuestión social está alcanzando dimensiones críticas (…). Todas estas condiciones hacen a la volatilidad y no al progreso firme y seguro” (148) . ‘‘Vulnerabilidad”, “volatilidad”, ciertamente son palabras fuertes que retratan la conciencia del propio imperialismo del agotamiento de los regímenes patronales continentales. 11. La "izquierda” latinoamericana se convierte en “partido de gobierno” Una expresión contundente del hundimiento de los regímenes patronales latinoamericanos es la creciente necesidad y urgencia de la burguesía —y del imperialismo— en incorporar al gobierno a las burocracias de los partidos que dirigen el movimiento de las masas y obligarlos a jugar un papel cada vez más decisivo en el salvataje del Estado y del régimen social capitalista. Como señala el ya citado Lowenthal, “las oportunidades de América Latina de encarar con éxito su agenda social pueden depender mucho de la izquierda. Existe ahora un espacio político en muchos países de América Latina para un movimiento moderno social democrático que acepte las reglas democráticas y los principios de una doctrina económica moderna” (149) … precisamente para evitar la “volatilidad” que tanto teme, es decir, para salvar los regímenes- patronales. Por su orientación histórica —sea democratizante, sea stalinista, es decir, contrarrevolucionaria en cualquier caso—, por sus posiciones en el aparato del Estado y de los sindicatos, y por sus propios intereses sociales (se trata de una capa de burócratas estatales y sindicales "profesionales”, que viven del presupuesto estatal y de sus corruptelas), la "izquierda" latinoamericana se encuentra irrevocablemente atraída a cumplir esta sucia tarea. Está claro que para ello, esa “izquierda” ha renunciado a llevar adelante cualquier transformación social en el continente, y en cambio ha decidido adoptar, como le reclama Lowenthal, una “doctrina económica moderna”, es decir, apoyar las privatizaciones, el pago de la deuda externa, la “reconversión industrial”, con flexibilidad laboral incluida, y la “integración productiva” bajo el dominio de los pulpos imperialistas. El FSLN de Nicaragua es un verdadero “adelantado” de la tendencia proimperialista que domina a la izquierda latinoamericana: después de sacrificar la revolución en el altar del tratado de Esquilpulas, estableció un co-gobiemo contrarrevolucionario con la Chamorro; el ejército y la policía sandinistas reprimen las huelgas y las manifestaciones populares contra la desocupación y la miseria. El PT brasileño se ha convertido plenamente en un “partido de gobierno” con la integración al gabinete de Walter Barelli (un hombre con fuertes lazos con Lula y con la burocracia de la CUT) y de Luiza Erundina (ex intendente de San Pablo). Erundina— que mostró plenamente su carácter de “estadista” en la intendencia paulista reprimiendo huelgas, despidiendo activistas sindicales y protegiendo los negocios de los grandes contratistas municipales— no fue expulsada del PT por su ingreso al gabinete (aunque violó una expresa resolución partidaria), porque una fracción fundamental de la dirección del PT reclama que el partido ingrese al gobierno. El ingreso de Erundina al gobierno y la negativa del PT a sancionarla desnudó la hipocresía de la dirección del PT, que pretendía conducir un partido opositor mientras sus parlamentarios votaban las leyes fundamentales del gobierno (como la “reforma fiscal” que grava los salarios). Poco después del ingreso de Erundina al gabinete, Lula se entrevistó con Itamar para proponerle un demagógico e impotente “plan alimentario de emergencia” —que naturalmente fue “aceptado”— y prometerle la colaboración de los “técnicos” del PT para ponerlo en marcha. El Frente Amplio uruguayo se ha convertido en un abanderado de la privatización de las empresas públicas y de la “gobernabilidad” de un régimen político en crisis. El FA se enorgullece de defender el pago de la deuda externa, las “privatizaciones periféricas”, es decir las que favorecen directamente a la burguesía uruguaya, y junto con ésta se ha lanzado a armar una reforma constitucional-electoral “consensuada” con los partidos patronales, las cámaras empresarias y el imperialismo. Pero para el FA, la reforma constitucional-electoral tiene un objetivo estratégico: habilitar los mecanismos para la formación de un “gobierno de mayorías nacionales" con los partidos patronales en 1994. Ya Tabaré Vázquez, el intendente de Montevideo y “presidenciable” del FA, señaló “la necesidad de un acuerdo pre-electoral entre el Frente y el Foro (del ex presidente Julio Sanguinetti) para asegurar la gobernabilidad de Uruguay”, es decir de su Estado (150) . “The Economist” caracteriza que “el maravilloso intendente de Montevideo”, el frenteamplista Tabaré Vázquez, podría ser “el hombre que haga dar vuelta al país al estilo de Felipe González en España, de Salinas de Gortari en México” (151) . En Chile, la disgregación de la derecha política ha colocado el centro de la lucha interburguesa en el seno de la coalición DC-PS gobernante. Ricardo Lagos, dirigente del PS y ministro de Educación, lanzó su candidatura presidencial tomando las posiciones del capital financiero y el imperialismo. Su programa plantea “desregular las condiciones para la inversión externa directa”, “avanzar en la ampliación de oportunidades domésticas de inversión para las AFP (las administradoras de las jubilaciones privadas) y lograr la mejoría de la estructura de incentivos de las administradoras de dichos fondos”, esto es, elevar las comisiones y los beneficios de los pulpos que controlan las AFP; Lagos se pronunció contra los impuestos que “atentan contra la productividad de la inversión” (esto es, los impuestos al capital) para propugnar un impuesto “que gravará el gasto”. Tampoco descarta parcelar Codelco (compañía estatal del cobre) e iniciar luego un proceso de “privatizaciones periféricas” en sus áreas más rentables. La plataforma de Lagos lamenta que “la inflexibilidad de los salarios reales y el exceso de trabas de entrada y de salida (¡sobre todo de “salida”!) en el mercado de trabajo conspiren contra la dinámica económica”. ¡Cómo extrañarse entonces que "El Mercurio” constate que “muchos empresarios estarían dispuestos a darle su voto”! (152) . Las alas "izquierdas” de estos partidos (los mandelianos y lambertianos en el PT, los Tupamaros en Uruguay o el ala socialista encabezada por Luis María en Chile) y aún sectores que actúan fuera de estos partidos —como el morenismo, que llamó a votar por el PT en las últimas elecciones municipales brasileñas o a favor del "sí” propiciado por el FA y el Foro Batllista en el referéndum uruguayo— son prisioneros políticos de estas direcciones contrarrevolucionarias: sus propias anteojeras democratizantes les impiden ver el carácter contrarrevolucionario y proimperialista de las direcciones de la “izquierda”. Esta “izquierda” no sólo está integrada a fondo a sus respectivos Estados burgueses sino, además, al "orden” imperialista continental, algo que se pone claramente de manifiesto en sus “relaciones diplomáticas”. Una información publicada a principios de este año por “Página 12” (153) indica que “los principales referentes del Foro de San Pablo, Chautemoc Cárdenas (del PRI de México), Lula (del PT brasileño), Daniel Ortega (del FSLN nicaragüense) y Tabaré Vázquez (intendente frenteamplista de Montevideo) aguardan la definición de la política de Clinton hacia Cuba para confirmar su asistencia al IV° Encuentro del Foro, a realizarse en junio en La Habana”. Si Clinton inaugura una política de diálogo con el régimen castrista, los “referentes” de la "izquierda" latinoamericana podrían entonces confirmar su concurrencia a La Habana sin temor a quedar "aislados" de los Estados Unidos. La dependencia política (e ideológica) de la "izquierda” stalino-democratizante respecto de los representantes "democráticos” del imperialismo —como ayer de la diplomacia soviética— retrata el hundimiento del Foro de San Pablo, al cual el PC argentino, sin motivo alguno, califica como la "prueba de la vitalidad de la izquierda continental”. 12. El movimiento de la clase obrera El V° Congreso del Partido Obrero caracterizó la existencia de “un fenómeno político profundo” consistente en que “a nivel de las masas se ha impuesto la tendencia a luchar, lo que también se refleja en las tendencias huelguísticas que se desarrollan en Eu- ropa Occidental (España, Francia) y en América Latina” (154) . En el curso del año transcurrido desde entonces prácticamente no ha habido sector de la clase obrera mundial y de los pueblos oprimidos que no haya salido a la lucha. El proletariado de Europa occidental ha comenzado lo que parece ser una nueva etapa de ascenso y libra luchas de enorme dureza en todo el continente. En Gran Bretaña, durante los últimos meses se sucedieron las huelgas: mineros, ferroviarios, choferes de colectivos, trabajadores de la Ford y de la Timex. En esos mismos meses, el "Financial Times” tranquilizaba a la opinión pública burguesa repitiendo que no estábamos en presencia de un ascenso del movimiento sindical y que las huelgas se circunscribían, apenas, a sectores “condenados” por la recesión o por las "privatizaciones”. El diario de los financistas, incluso, llegaba a mofarse de quienes veían en las huelgas un despertar del movimiento obrero cuando afirmaba que “el límite (de aumento salarial) de 1,5% fijado por el gobierno para los empleados públicos viene siendo aceptado con apenas murmullos de protesta” (155) . Pero la gota horadó la piedra y la tranquilidad se ha convertido en preocupación: un informe especial del propio "Financial Times”, después de enumerar los gemios que estaban en conflicto (maestros, bomberos) y los que se preparaban para ir a la huelga (determinadas categorías de empleados estatales, personal de la sanidad pública, empleados municipales), debe reconocer que “hay un cambio de ánimo en los empleados del sector público” (156) . Lejos de aquel movimiento obrero "condenado”, pasó a encontrar que la unánime votación del congreso de delegados de bomberos de someter a votación la huelga contra los despidos y contra el techo salarial, “refleja un estado de ánimo determinado y desilusionado". Más aún, el diario de los financistas hace propia “la sorpresa de algunos dirigentes de gremios del sector público por la profunda hostilidad que ahora muestran algunos de sus miembros”. Un ejemplo de este "nuevo espíritu sindical” es la votación realizada en el “Sindicato de mineros democráticos” (UDM), en favor de una huelga de 24 horas contra la política gubernamental. La votación “representa una cambio agudo de su política moderada” (157) . No es para menos, es la primera vez en toda su historia que la UDM pone a consideración de sus afiliados la realización de una huelga, a la que recurre, según sus dirigentes, “después de haber intentado salvar la industria del carbón por medio de cualquier vía inteligente y adecuada y haber fracasado” (158) . Si ahora, para los dirigentes de un sindicato que se enorgullecía de no hacer huelgas, “la huelga es vista como la última oportunidad” (159) , esto sólo puede significar que el movimiento obrero, tomado de conjunto, ha entrado en una etapa de grandes luchas. El crecimiento de la combatividad de los trabajadores ingleses se verifica en otro hecho notable: los afiliados del normalmente moderado sindicato docente ATL respaldaron con el 83% de los votos boicotear los exámenes curriculares que debían comenzar a principios de junio. La ATL es el segundo sindicato docente en sumarse al boicot, pero lo llamativo del espíritu de lucha de los trabajadores es que “la ATL —según su presidente— no es conocida como un sindicato al que lo hace feliz ir a la huelga” (160) , es decir… un sindicato amarillo. La causa de esta inesperada mudanza en el temperamento colectivo de la clase obrera británica serían "los recientes reveses políticos —particularmente el desastre conservador en la elección de Newbury y en las elecciones de los consejos municipales de Inglaterra y Gales dos semanas atrás—que han debilitado al gobierno” (161) . En las mencionadas elecciones, el partido conservador sufrió la derrota más humillante de los últimos veinte años. “Prensa Obrera” criticó reiteradamente la caracterización de que el movimiento sindical británico estaba “condenado". Afirmando que el “Financial Times” “vendía la piel del oso antes de haberlo cazado”, “Prensa Obrera” señaló que “el futuro del presente movimiento huelguístico está determinado por un conjunto de factores: por la recesión europea que se profundiza hasta extremos que tiene asustada a la burguesía; por la crisis de los regímenes políticos; por la agudización de la guerra comercial; por el hundimiento de la "unidad europea", y, finalmente, por la interacción del movimiento obrero y sus luchas en Europa y los Estados Unidos” (162). Pero en Gran Bretaña, no sólo los trabajadores estatales están “determinados”. La huelga de la Timex, contra el despido de todos los trabajadores que se negaron a aceptar un cambio unilateral en las condiciones de trabajo, entró —a mediados de junio— en su cuarto mes. La huelga, muy combativa, se convirtió rápidamente en una causa célebre en toda Escocia, con marchas multitudinarias y la presencia permanente de centenares de activistas sindicales de distintos gremios en la puerta de la planta para reforzar a los piquetes, los cuales hostilizaron permanentemente a los rompehuelgas contratados por la patronal y chocaron con la policía, que intentó “liberar” el ingreso a la fábrica. La huelga de la Timex, aunque limitada a unos pocos centenares de obreros, es significativa porque en ella intervinieron varios otros centenares de activistas y miembros de base de los sindicatos de otras empresas. Mientras el “Financial Times” afirmaba que no cabía esperar ningún tipo de resurgimiento del "militantismo pre-thatcheriano”, la huelga de la Timex puede haber sido el “laboratorio” de las tendencias que bullen al interior del movimiento obrero británico: un vuelco hacia los métodos de la acción directa. Esta es la opinión que tienen, por lo menos, dos burócratas del AEEU, el gremio al cual están afiliados los obreros de la Timex. Su presidente, Bill Jordán, advirtió que “una recuperación económica puede ser acompañada del retorno de disputas industriales de tipo combativo como las de la Timex” (163) mientras que un subordinado suyo, un burócrata local no identificado, dijo “temer (!) que (la huelga de la Timex) sea el anuncio de una nueva, más agresiva fase” de las luchas obreras (164). La “belicosidad” de la huelga de la Timex y las perspectivas que se plantean para el conjunto del movimiento obrero han llevado a un sector de la burguesía británica a reclamar al parlamento la sanción de “leyes más severas que pongan a los piquetes de masas fuera de la ley”. Ya hace tiempo, el “Financial Times” había reclamado el reforzamiento de la legislación antisindical y antihuelgas. En Alemania, la huelga de los metalúrgicos del este ha planteado a la luz del día las condiciones de un enfrentamiento general entre la burguesía y el proletariado. La huelga en el este fue precedida —y acompañada— por gigantescas manifestaciones de trabajadores metalúrgicos en el oeste. En Duisburg, con huelgas y manifestaciones, los metalúrgicos lograron que la Krupp anulara el anunciado cierre de sus plantas en esa ciudad. Se trató de la segunda victoria de los metalúrgicos de Duisburg, que pocos años atrás, con los mismos métodos, lograron impedir un primer intento de cierre de las plantas de la ciudad. Lo mismo sucedió en Rheinhausen, en el corazón de la zona industrial de Alemania, la cuenca del Ruhr. Pocos días más tarde, “un ejército de 100.000 metalúrgicos… en la mayor manifestación desde la década del 80” (165) marchó desde el valle del Ruhr, en el corazón industrial del oeste alemán, a Bonn, para reclamar contra los despidos anunciados en la industria siderúrgica. El vigor que están adquiriendo las luchas obreras en las principales metrópolis imperialistas está determinado por la envergadura de la crisis capitalista; las luchas de los metalúrgicos y los mineros son un ejemplo. Después de haber reducido en un 50% el número de obreros ocupados y en un 15% su capacidad productiva en la última década, la Comunidad Económica Europea se apresta a lanzar un “nuevo” plan de “racionalización siderúrgica”, que reducirá la producción en 30 millones de toneladas anuales. El “plan” prevé el damente anticomunista porque fue invadido por los tanques rusos que le quitaron la independencia. Frente a la opresión burocrática, los lituanos estuvieron entre los primeros en movilizarse y el PC lituano, a los pocos meses, se dividió, perdió una enorme masa de afiliados y fue derrotado por una dirección nacionalista. ¿Qué ocurrió en los dos años siguientes? Aumento del desempleo, reducción salarial una crisis económica monumental. En las siguientes elecciones ganó el partido comunista; dos años de gobierno nacionalista consiguieron lo que no pudieron cincuenta años de stalinismo: que los lituanos votaran voluntariamente por el PC. Evidentemente, se trata de un partido pro-capitalista… pero precisamente por eso no podrá resolver la crisis contra la que se estrellaron los nacionalistas. También en América Latina la izquierda crece: el PT ha sido el único partido que tuvo un avance en las últimas elecciones municipales brasileñas, la bancada parlamentaria del PT crece y también la CUT; el Frente Amplio venció en el plebiscito de diciembre; el M-19 colombiano se aproxima a convertirse en un partido mayoritario; el PRD mexicano ganó una serie de elecciones estaduales,y finalmente en Venezuela, un partido de las características del PT brasileño ganó las elecciones en la capital, eligiendo como intendente al secretario general del sindicato de profesores. El avance de la izquierda es siempre síntoma de que vamos a entrar en una situación revolucionaria porque significa que: a) el eje político del Estado no se sustenta solo con el partido derechista; y, b) los explotados están abandonando una visión individual y están tomando una visión colectiva; no están intentando apenas resolver sus problemas personales a la hora de votar -apoyando a los candidatos que prometen "algo concreto" porque tienen influencia política en el Estado- sino que buscan una salida más general para el conjunto del pueblo. El punto más importante en el desarrollo de la crisis mundial en curso, y ciertamente al que el PO debe prestar la mayor atención, es de qué manera el movimiento obrero va procesando políticamente las enormes experiencias de lucha que protagoniza, cuál es la evolución de su conciencia y cómo se resume todo esto en su organización. 25/6/93 Notas (*) Este análisis fue elaborado por Luis Oviedo, y Aprobado por el Comité Nacional del PO para la discusión preparatoria al VI° Congreso del Partido Obrero 1. Programa del Frente Mas-PO, 1985 2. Time, 9/11/92 3. Clarín, 15/2/93 4. The Washington Post, 6/11/91 5. The Washington Post, 3/4/91 6. La República, 1/11/92 7. El Cronista, 11/2/93 8. Clarín, 15/2/93 9. Business Week, 16/11/92 10. Time, 23/11/92 11. The Militant, 20/11/92 12. International Herald Tribune, 18/11/92 13. Business Week, 2/11/92 14. Clarín, 15/2/93 15. The New York Times, 5/11/91 16. International Herald Tribune, 7/11/92 17. La república , 1/11/92 18. The Wall Street Journal, .30/10/92 19. Busieness Week, 2/11/92 20. The Wall Street Journal, 30/10/92 21. Busieness Week, 2/11/92 22. The Economist, 10/10/92 23. Ambito Financiero, 10/2/93 24. Le Monde, 10/1/92 25. The Wall Street Journal, 6/11/92 26. The Militant, 29/1/93 27. The Washington Post, 18/1/93 28. Newsweek, 30/11/92 29. Idem 30. The Christian Science Monitor, 19/2/93 31. Idem 32. Newsweek, 30/11/92 33. Idem 34. Business Week, 25/1/93 35. The Washington Post, 3/5/93 36. The Washington Post, 27/5/93 37. The Washington Post, 27/5/93 38. The Wall Street Journal. 26/10/92 39. The New York Times, 4/5/93 40. Idem 41. Idem 42. Le Monde, 22/10/92 43. The Financial Times, 22/10/92 44. Prensa Obrera, n° 315, 11/10/90 45. The Wall Street Journal, 15/9/92 46. Clarín, 5/3/93 47. The Financial Times, 14/9/92 48. Financial Times, 18/5/93 49. Jorge Altamira, en Prensa Obrera, n° 390, 5/5/93 50. Prensa Obrera n° 356, 9/5/92 51. Financial Times, 15/9/92 52. Reproducido por Clarín, 14/2/93 53. Prensa obrera n° 346, 20/11 /91 54. The Economist, 2/9/92 55. The Wall Street Journal, 1/10/92 56. The Economist, 1/10/92 57. Idem 58. The Economist, reproducido por El Economista, 12/2/93 59. Le Monde, 25/10/92 60. International Herald Tribune, 9/10/92 61. Clarín, 14/2/93 62. Ambito Financiero, 9/2/93 63. El Cronista, 11/2/93 64. International Herald Tribuno, 7/11/92 65. The militant, 9/10/92 66. Reproducido por The Buenos Aires Herald, 2/10/92 67. El Cronista, 23/10/92 68. The Wall Street Journal, 9/9/92 69. Le Nouvel Observateur, 15/9/92 70. International Herald Tribuno, 16/10/92 71. Le Monde, 2/7/92 72. Prensa Obrera, n° 391, 17/5/93 73. The Sunday Times, 10/5/92 74. The Financial Times, 17/5/93 75. Ambito Financiero, 22/10/92 76. Ambito Financiero, 21/10/92 77. The Financial Times, 8/5/93 78. The Wall Street Journal, 20/8/92 79. El Cronista, 14/10/92 80. Bandiera Rossa, 28/10/92 81. Idem 82. The Financial Times, 11/3/93 83. Idem 84. Le Monde, 3/2/93 85. Ambito Financiero, 21/10/92 86. Informe Internacional al V° Congreso del PO, En Defensa del Marxismo, n°4 87. Edouard Sheverdadze, “El futuro pertenece a la libertad" 88. Idem 89. Idem 90. Informe Internacional al V° Congreso del PO 91. Idem 92. The Washington Post, semanario, 15/2/93 93. Idem 94. The Economist, 26/12/92 95. Informe Internacional al V° Congreso del PO 96. XIII Congreso de la Liga Internacional por la Reconstrucción de la Cuarta Internacional, enero de 1992 97. Lutte de Classe, n° 50, noviembre de 1992 98. Informe Internacional al Vo Congreso del PO 99. Le Monde, 9/7/92 100. Lutte de Classe, n° 50, noviembre de 1992 101. Informe del Banco Mundial, reproducido por Lutte de Classe, n° 50, noviembre de 1992 102. The Economist, 4/6/93 103. The Wall Street Journal, 1/6/93 104. The Economist, 4/6/93 105. The Economist, 19/6/93 106. Financial Times, 2/6/93 107. Newsweek, 24/5/93 108. The Wall Street Journal, 21/6/93 109. Idem 110. Idem 111. Business Week, 17/5/93 112. The Wall Street Journal, 1/6/93 113. Le Monde, 4/6/93 114. Financial Times, 14/6/93 115. Le Monde, 4/6/93 116. International Herald Tribune, 22/6/93 117. Newsweek, 7/6/93 118. The Economist, 4/6/93 119. Newsweek, 7/6/93 120. Current History, setiembre de 1992 121. Newsweek, 7/6/93 122. Roland Lew, en Le Monde Diplomatique, reproducido por La Gauche, 2/6/93 123. Informe Internacional al V° Congreso del PO 124. Le Monde, 21/3/93 125. Le Monde, 8/4/93 126. The New York Times, 7/4/93 127. Idem 128. Semanario Socialista, 17/2/93 129. Idem 130. Informe Internacional al V° Congreso del PO 131. Idem 132. Idem 133. Le Monde Diplomatique, febrero de 1993 134. Gazeta Mercantil, 29/7/92 135. Reproducido por The Militant, 22/5/92 136. El Nuevo Heraldo de Miami, 10/6/92 137. Brecha, 26/6/92 138. Ambito Financiero, 24/6/93 139. Idem 140. Idem 141. Idem 142. Idem 143. El Economista, 21/5/93 144. El Cronista, 24/5/93 145. Página 12, 7/2/931 146. Idem 147. Ambito Financiero, 15/12/92 148. El Mercurio, 26/10/92 149. Página 12, 28/1/93 150. Informe Internacional al V° Congreso del Partido Obrero, en “En Defensa deI Marxismo", n° 4, setiembre de 1992 151. Financial Times, 24/3/93 152. Financial Times, 17/5/93 153. Financial Times, 27/3/93 154. Idem 155. Idem 156. Financial Times, 28/4/93 157. Financial Times, 17/5/93 158. Prensa Obrera n° 387, 13/4/93 159. Financial Times, 29/4/93 160. Financial Times, 28/4/93 161. Washington Post, 27/3/93

1 de julio de 1993
Las enseñanzas de la huelga general de 1973 en Uruguay

La jornada del 27 de junio de 1973 En las primeras horas del 27 de junio de 1973, el presidente Bordaberry decretaba la disolución del Parlamento. Recién conocida la noticia, en el Senado de la República se sucedían los fogosos discursos de los parlamentarios opositores: Wilson Ferreira Aldunate: “Desde hoy, el Partido Nacional se considerará en guerra contra Juan María Bordaberry, enemigo del pueblo. Me permitirán con mi emoción más intensa, me permitirán que antes de retirarme de sala, arroje al rostro del autor de este atentado el nombre de su más radical e irreconciliable enemigo que será el vengador de la República: ¡VIVA EL PARTIDO NACIONAL!”. Amílcar Vasconcellos: “Hoy, cuando se confirman nuestros temores, por lo que se inquietaban los que hoy pretenden vulnerar la Constitución y la ley e incluso promovían parodias de juicios, cuando se confirman sus nefastos designios liberticidas, yo lanzo al país el grito inmortal, el grito que es de paz pero también puede ser de guerra, el grito de ¡VIVA BATLLE!”. Francisco Rodríguez Camusso: ‘Todo esto no responde al impulso canallesco de algún energúmeno situado en el poder, sino que forma parte de un contexto general. La tortura, la persecución alevosa, los negociados más sucios, culminan con este asalto al Parlamento. Es la más canallesca maniobra de la rosca y, porque confiamos en el pueblo, les decimos a los rosqueros golpistas que junto al pueblo estaremos y de ahí ¡NO NOS MOVERAN!”. Después de tanta promesa de "guerra” y "venganza”, los senadores raudamente… "se movieron“: Cuando eran la 1 y 40 de hoy se dio por terminado el acto. En ese momento, otra salva de aplausos y vivas a la democracia y a las libertades llenó el majestuoso recinto del Senado” (1 ). Vale la pena transcribir el testimonio del actual presidente de la República, Luis Alberto Lacalle: “En el Palacio Legislativo escuché los discursos del Senado. En una de las escaleras nos despedimos con Héctor Gutiérrez que venía muy apurado con unas carpetas. Quizás ingenuamente, (yo) pensaba que los legisladores nos quedaríamos para simbolizar la custodia del Palacio, pero apenas terminó la sesión aquello se desperdigó por completo. Me fui a casa y dormí, costumbre que jamás he perdido y que creo que es buena. Como a las cinco de la mañana mi esposa, que se había quedado escuchando la radio, me despertó y me dijo que estaban pasando un comunicado. Le contesté: ‘Mañana me preocupo’, y seguí durmiendo” (2 ). Las poses y discursos que amenazaban con “irse a las cuchillas” remedando a los caudillos del siglo pasado, pronto se trocaron en huidas sigilosas y en el menos arriesgado “desensillar hasta que aclare”. El Parlamento hacía “mutis por el foro”. Era la culminación de un proceso iniciado en los años anteriores, en el que el Parlamento fue pasando progresivamente a un segundo plano, aceptando jugar un papel decorativo, de “hoja de parra” de un régimen policial, y las FF.AA. aparecían cada vez más como el eje de la situación política. Mientras los parlamentarios se dispersaban en la noche, la clase obrera entraba en escena. A primeras horas del día, los trabajadores comenzaban a ocupar los lugares de trabajo. Sin ninguna directiva de la central sindical, sin mucha discusión, las asambleas organizaban la ocupación, buscaban establecer contactos con los sindicatos, con otras empresas ocupadas de la zona, con los estudiantes, con los vecinos. Sobran los testimonios que prueban que la huelga surgió como una respuesta genuina de las bases obreras: “Me enteré del golpe a las cuatro de la mañana, con las marchas militares en la radio. Antes de ir a la fábrica, pasé por el sindicato de la química. Los compañeros ya estaban al tanto. Llegué a Benzo 15 minutos más tarde, y me llevé la sorpresa de que ya habían parado” (3 ). “FUNSA era de los gremios que bregaban por la huelga general, por eso, cuando entraron en danza los rumores de golpe y los milicos salieron a buscar dirigentes, el tumo de la noche marcó el rumbo sin esperar la consulta con la CNT; por supuesto, el compromiso ya estaba tomado en la central” (4 ). “En Alpargatas se ocupó y desocupó como seis veces. El 27 en la madrugada el tumo de la noche ya había comenzado la huelga, a pesar de que la medida nunca fue instrumentada por la CNT” (5 ). Esta era la realidad en la inmensa mayoría de las fábricas y lugares de trabajo, en las primeras horas del 27 de junio: luego serían innumerables los testimonios que revelan la firmeza, el valor, la heroicidad con que los explotados enfrentaron el golpe y la represión. La situación en la madrugada del 27 de junio era una perfecta radiografía de la sociedad, de la actitud de las distintas clases sociales ante el golpe de Estado y la represión militar. Los partidos burgueses ya no eran seguidos por el conjunto de los explotadores, que pretendían un “ajuste de cuentas con los sindicatos; los parlamentarios, de “adorno” para engañar a las masas se habían convertido en un simple estorbo para una ofensiva estratégica contra la clase obrera. Ante la pérdida de su antiguo “status” los legisladores hicieron oir sus “quejas” pero fueron incapaces de enfrentar a los golpistas. La clase obrera demostró ser la única capaz de dirigir la lucha por las libertades democráticas y por la emancipación nacional y social. Los antecedentes que llevaron al desenlace del 27 de junio son desarrollados en los siguientes capítulos. La reforma constitucional del ’66 En el año 1966 triunfa la “reforma naranja” que estableció un régimen presidencial, limitando los poderes del Parlamento y fortaleciendo las atribuciones del ejecutivo unipersonal (poder de veto, tratamiento de leyes de “urgente consideración”, medidas prontas de seguridad, posibilidad de disolución de las cámaras en caso de censura a un ministro). El régimen suplantado se basaba en un Ejecutivo “colegiado” de 9 miembros, seis del partido ganador (cuatro de su “sublema” mayor, y dos del segundo “sublema”) y tres del segundo partido. La burguesía acusó al colegiado de ‘lento” e “ineficiente” y presentó al presidencialismo como la salida a la crisis nacional. En realidad la “reforma naranja” era una expresión de su necesidad de imponer una autoridad única, centralizar la política de hambreamiento y represión al movimiento obrero, y establecer un árbitro inapelable para zanjar las controversias entre las fracciones capitalistas en pugna. El régimen colegiado ya no servía porque llevaba la deliberación al seno del propio ejecutivo, forzando a negociaciones entre distintas trenzas burguesas y dilatando las resoluciones. Sin embargo, las primeras “medidas prontas de seguridad” contra el movimiento obrero fueron tomadas bajo la constitución “colegialista”, bajo gobiernos de mayoría colorada (contra la huelga de salud pública y contra los funcionarios públicos, en 1952) y de mayoría blanca (contra los estatales y los bancarios, en 1965). Lo que la adopción del “presidencialismo” vino a indicar es la necesidad del conjunto de la burguesía de ir a un ataque a fondo contra las masas y por otro lado la necesidad de los sectores del gran capital ligados al imperialismo yanqui (principales impulsores de la “naranja") de proceder a un “ajuste”, llevando a la quiebra a los competidores (principalmente ligados al capital europeo), y a una mayor monopolización. Este drástico viraje en las condiciones de explotación de los trabajadores y en la monopolización económica por el capital financiero (particularmente pro-yanqui) exigían acabar con el “colegiado”. La crisis del gobierno Gestido y el “pachecato” El comúnmente llamado “pachecato” en realidad comenzó bajo la presidencia del General Gestido. El gobierno de Gestido se vio sacudido por diversas crisis entre los distintos sectores capitalistas integrados al gabinete. Ante la inconsecuencia con que el primer gabinete manejaba la firma de un acuerdo con el FMI, la fracción de Jorge Batlle lo comienza a atacar y provoca una crisis de gobierno. Gestido nombra un equipo económico anti-acuerdo con el FMI, con Vasconcellos y Michelini, mientras otros cargos del gabinete continuaban en manos pro-FMI. Este gabinete fue sometido al más completo sabotaje por parte del capital financiero (evasión de capitales, especulación) lo que implicó un aumento del costo de vida y una crisis de divisas (se volatilizaron las “reservas”). Gestido liquida a este gabinete impotente y en acuerdo con la lista 15 elige un nuevo ministerio que devalúa la moneda en un 100%, prepara el acuerdo con el FMI y se dirige a un brusco ajuste de cuentas liquidando al capital que sobrevivía por la inflación y el crédito fácil. A su vez se produce un violento ataque contra el movimiento obrero (medidas de seguridad contra los bancarios, en octubre del ’67) que detona la caída del gabinete Vasconcellos-Michelini e inaugura el “pachecato” incuso antes de la muerte de Gestido. En diciembre, Pacheco decreta la clausura del castrista “Epoca” y la ilegalización del PS, el MRO, la FAU y el MIR. Durante 1968 esta orientación se acentúa con un nuevo “devaluazo” en abril (100%), se decretan medidas de seguridad (13/6) contra el movimiento obrero, se decreta la congelación de los salarios (28/6), se militariza a los trabajadores bancarios, UTE, AN-CAP, OSE, telecomunicaciones (junio/julio), se censura a la prensa, se dispara sobre las manifestaciones, se asesina a Líber Arce, Susana Pintos, Hugo de los Santos, militantes estudiantiles… El régimen policial está apenas encubierto con la “fachada” del parlamento impotente. El ejecutivo desconoce abiertamente las resoluciones del legislativo (por ejemplo, el parlamento levantaba las medidas de seguridad y el gobierno las reinstauraba al día siguiente; el parlamento derogaba la “militarización” de trabajadores o levantaba la clausura de diarios, y Pacheco lo desconocía). Las medidas de seguridad rigen en forma continua desde el 13 de junio de 1968 hasta después de las elecciones de noviembre de 1971 (las que se realizan bajo el “estado de sitio”), con la única interrupción del trimestre marzo-junio de 1969. La política económica del pachecato estuvo en manos de los Jorge Batlle y los Ramón Díaz, quienes fueron responsables de los “devaluazos” y las “congelaciones”, ambas medidas dirigidas a confiscar los ingresos de los trabajadores. Según estadísticas de la Facultad de Ciencias Económicas, el salario real al 31/6/68 equivalía a un 53% del salario de 1957. Bajo el argumento de la “lucha antisubversiva” se produce una creciente “militarización” del Estado: a las medidas enumeradas más arriba se suma la militarización de la policía y la dirección de la lucha contra los “tupas” por el ejército. Al entrenamiento de la policía por agentes de la CIA y el FBI norteamericanos, seguía la conformación de “escuadrones de la muerte” entrenados por esos mismos organismos y por los “servicios” de Argentina, Brasil y Paraguay. Este proceso se llevará hasta las últimas consecuencias bajo el gobierno de Bordaberry. El ascenso de masas de 1968-1969 Durante los años 1968 y 1969 se produce un ascenso huelguístico que enfrenta la congelación salarial y las medidas prontas de seguridad, mediante las cuales se decretaba la militarización de funcionarios públicos y trabajadores bancarios, el encarcelamiento de cientos de dirigentes y militantes sindicales, etc. Durante 1968 se produjeron importantísimas luchas en bancarios, en UTE, en el puerto, que marcaron una tendencia a la huelga general. La dirección de la CNT bloqueó constantemente la unificación de las luchas y se valió de lo» paros generales aislados para “descomprimir” el ascenso obrero, negándose sistemáticamente a lanzar un plan de lucha de conjunto que preparase la huelga general, medida reclamada por diversos gremios dirigidos por la oposición sindical. Esta política de la burocracia cenetista permitió la vigencia del estado de sitio y del congelamiento salarial decretado por el gobierno, bajo el cual se produjo una caída histórica del salario real. En 1969 la lucha de clases se agudiza: los obreros frigoríficos protagonizan una poderosa huelga general, que recibe el apoyo solidario de los ferroviarios (que se niegan a transportar ganado) y de los portuarios y otros gremios; en el gremio bancario se produjo el desplazamiento de la vieja dirección stalinista — responsable de graves derrotas en 1967 y 1968— por sectores sindicales “combativos” y se preparaba una nueva lucha salarial. En ese marco, la CNT resolvió el 18/5 que “debe orientarse al movimiento sindical para confrontaciones que decidan la quiebra de la congelación salarial, la reposición de los despedidos y para el enfrentamiento de nuevas escaladas represivas (militarizaciones, más medidas de seguridad, etc.)”. El 11 de junio se realiza un paro general de una contundencia sin precedentes, que expresaba las tendencias profundas del movimiento obrero a una lucha de conjunto. Los trabajadores de UTE —derrotados en 1968 con la “militarización”— anunciaban nuevos paros y el corte del suministro de la energía eléctrica si el paro del 11/6 daba lugar a represalias; los municipales cumplían un paro de 96 horas y los estatales uno de 72; los gráficos y los periodistas paraban en defensa de las fuentes de trabajo y por la libertad de prensa (contra la clausura del diario “Extra”). Pacheco Areco decretó la militarización de los gremios estatales y reimplantó las medidas de seguridad el 24/6. Ese día la policía allanaba el local de la CNT y detenía en todo el país a 800 militantes sindicales. Las medidas de seguridad encontraban ahora al movimiento de las masas en auge. La nueva escalada represiva estaba en marcha y, en consecuencia, el 25 de junio el Congreso Obrero Textil — apoyado por bancarios, la salud, FUNSA y la federación de profesores— proponía a la CNT cumplir la resolución del 18/5 declarando la huelga general por tiempo indeterminado. Recién tres días después la mayoría de la dirección de la CNT (PCU) respondió rechazando la huelga general y convocando a un paro general aislado para el 2 de julio y con exclusión de los gremios militarizados. La huelga general indefinida era la única medida efectiva que la situación indicaba entonces, porque todo el movimiento obrero había evolucionado políticamente por encima de las medidas de lucha parciales en que casi la totalidad de los gremios estaban embarcados en ese momento, por lo que puede decirse que en realidad la movilización obrera se orientaba decidida y naturalmente a la huelga indefinida. De hecho cientos de miles de trabajadores estaban en huelgas sectoriales en junio/julio de 1969. No haber declarado la huelga general en aquel momento significó un duro golpe contra la continuación de la huelga frigorífica que, aislada, se levantó precisamente en esos días; el repunte del combate en UTE, aislado, quedó sometido ante la militarización decretada por el pachecato, provocando una derrota que anuló al gremio para cualquier lucha en el futuro inmediato. Otra nefasta consecuencia de esta política fue el aislamiento de la gran huelga bancaria que recién empezaba, y duró 75 días a pesar del boicot de la CNT. Por todas estas razones, la defección del PC ante la propuesta de huelga general indefinida —y luego la traición a la huelga bancaria de junio/setiembre de 1969—liquidó el alza de 1968/1969 y abrió un curso de retroceso que se mantuvo por varios años. El dirigente del SUNCA Mario Acosta, defendía esta orientación frenadora argumentando que los resultados de la táctica desarrollada debían medirse no por la parálisis y desmoralización obreras, sino porque “se ha desgastado al gobierno, se lo ha aislado, se ha calado hondo en las masas la conciencia de cambios profundos, se ha acentuado el deterioro de los partidos tradicionales. Y se ha conservado íntegra, en lo esencial, la fuerza del movimiento obrero y popular. Sus componentes se han afianzado, prestigiado, crecido y unido” (6 ). En esta respuesta a las críticas de la oposición sindical, el arismendismo desnudaba la subordinación de las luchas obreras a la contienda parlamentaria y electoral con los partidos tradicionales, y a las alianzas con la democracia cristiana, sectores blancos y colorados, e incluso sectores del ejército, con miras a 1971. Es un hecho que en el período 1968/1969 se logró una gran influencia proletaria sobre las capas medias, probada en las movilizaciones estudiantiles, las huelgas bancarias, las huelgas de los estatales, el apoyo popular a la huelga de la carne, etc. Esta influencia retrocedió notablemente porque la dirección stalinista del movimiento obrero diseñó su táctica para usar esa influencia en el terreno electoral. Como consecuencia del estrangulamiento de la huelga general y el pasaje a segundo plano de las luchas obreras, se dio —al contrario de lo que dice Acosta— una recomposición del destrozado Partido Nacional, que comenzó a arbitrar con mayor fuerza en la crisis política y se constituyó —con el ferreirismo— en una alternativa para la numerosa clase media. El PC sostenía que una huelga indefinida en junio de 1969 hubiera obligado a Pacheco a utilizar todos los recursos represivos a su alcance, mientras que “la táctica empleada cumplió el rol de crear unas mejores condiciones para que el pueblo actúe en el período político que ahora se acerca. De alguna manera, ese era uno de los fundamentos de la conducta asumida ante las medidas” (7 ). Desde luego que el PC se cuidó, en junio de 1969, de reconocer que abortaba la huelga política de las masas en función del carrerismo electoral. Sobre la base del reflujo abierto a partir de esta política, se produjo el desvío de las capas medias hacia el terreno electoral y también hacia el foquismo, que adquirió mayor notoriedad justamente cuando la clase obrera pasaba a un segundo plano. El carácter criminal del electoralismo arismendista queda más claro si tenemos en cuenta que el parlamento había consentido en los últimos años su completo vaciamiento, siendo sus pronunciamientos pisoteados una y otra vez por el gobierno. En ese período en que el poder legislativo se muestra como una completa ficción, que comienzan a tomar vuelo los rumores de “autogolpe”, que se lanza una campaña electoral dominada por los atentados de derecha, la amenaza de golpe en caso de triunfo de la izquierda y la pretensión de Pacheco de perpetuarse mediante una furiosa campaña “reeleccionista”, es que la CNT reitera la decisión de congresos anteriores de convocar a la huelga general en caso de golpe de Estado. Mientras la política concreta del stalinismo frenaba la acción de las masas y las hundía en la desmoralización, se pretendía “preparar” la huelga general contra el golpismo a través de declaraciones y resoluciones de aparato. Por otra parte, si es el movimiento obrero el que debe parar el golpe y defender al parlamento burgués, queda comprobado que no es este último el que representa a la mayoría nacional, sino la clase obrera, y por lo tanto es el proletariado el que debe dirigirla. El objetivo de una huelga general para derrotar al golpismo sólo puede ser la instauración de un gobierno de los trabajadores, que convoque a una Asamblea Constituyente libre y soberana, y no la restauración de la vieja “democracia” burguesa, como pretendía el PC. Las críticas de la oposición sindical El dirigente textil Héctor Rodríguez, autor de la propuesta de la huelga general en junio de 1969, polemizando con el PC negó que la huelga tuviera un carácter revolucionario, es decir, que planteara la cuestión del poder. Desde diversos artículos (8 ) sostenía que —de acuerdo a la correlación de fuerzas resultante de la lucha— se trataba de “imponer, convenir o pactar” el programa de la CNT; más claramente, “obtener una marcha atrás, pública o privada, franca o disimulada, del gobierno”. De acuerdo a este planteamiento, la huelga general indefinida se limitaba a una “confrontación” cuyo propósito sería alcanzar una negociación global con el gobierno en base a un programa reivindicativo nacional del movimiento sindical. Existen sobrados indicios de que en el curso político abierto por el alza de 1968/1969, una huelga general hubiera sobrepasado, objetivamente, el nivel de una confrontación de tipo “reivindicativo” para modificar profundamente la situación política nacional, orientando al movimiento obrero y al conjunto de la población explotada hacia el poder obrero, llevando adelante un enfrentamiento entre la CNT y el gobierno pachequista: En agosto de 1968, una multitud nunca vista (estimada entre 250.000 y 300.000 personas, en una población de un millón) se volcó a las calles de Montevideo para acompañar el cadáver de Líber Arce. Reconociendo que una chispa podía encender un levantamiento, la burguesía replegó todo su aparato represivo. Pero el “servicial” PCU montó el suyo propio para prevenir cualquier “desborde” de los manifestantes. La experiencia de los combates estudiantiles y obreros en las calles, en 1968-1969, las barricadas, los cócteles molotov, la ocupación del Cerro y La Teja durante la huelga de la carne, reflejaron tendencias efectivas hacia la acción directa y hacia la formación de grupos obreros de combate y piquetes que garantizaran y protegieran la huelga. La huelga bancaria iniciada en junio de 1969 (y que duró casi tres meses) probó que la aplicación sistemática de métodos clasistas de organización (plenarios de delegados, comités de huelga clandestinos, organismos celulares y zonales de base) es capaz de frenar la militarización y de resistir firmemente a pesar del aislamiento montado por la mayoría de la CNT. No es descabellado, a partir de estos antecedentes, concluir que independientemente de las intenciones de los dirigentes que la propusieron, una huelga general por tiempo indeterminado en junio de 1969 pudo haber alcanzado un carácter revolucionario. La tesis sobre la huelga general puramente “reivindicativa” o “tradeunionista”, se sostiene en la afirmación de que la división de la burguesía hacía “poco probable” (sic) “el atropello de sindicatos, pueblo, parlamento y constitución… todo junto” (9 ). En los hechos, el 25/6/69 todos esos factores habían sido violados, menos el movimiento obrero huelguístico, reflejo clarísimo de una polarización prerrevolucionaria. Con la expresión “poco probable” Rodríguez descartaba ciegamente una reacción contrarrevolucionaria ante un movimiento pacífico y desarmado. Para esa eventualidad —nada fantástica y bastante “probable”— el planteo de huelga general no preveía ningún método de organización clandestina ni de respuesta de combate. La tesis tampoco contemplaba la posibilidad de que las masas tomaran la iniciativa—por ejemplo como reacción ante las agresiones del gobierno— de salir espontáneamente a la calle. La ausencia de estas previsiones organizativas tenían un fundamento político claro: la evolución política de las masas había superado a todas las formaciones políticas y sindicales del movimiento obrero y a sus respectivos programas. En caso de una irrupción espontánea de las masas, el PC hubiera intentado, sin ninguna duda, frenar esa movilización. Pero la oposición sindical, ¿hubiera hecho lo mismo o, retractándose de su pronóstico político, hubiera actuado en consecuencia, planteándose la perspectiva del poder obrero? Todo esto sirve para destacar la atadura de la oposición sindical “combativa” al programa de la CNT, una vulgar lista de reivindicaciones que se mantenía ajena al curso político abierto en el país. El programa que necesitaba el movimiento obrero no era un pliego reivindicativo para presentar a las patronales o gestionar "leyes obreras", sino un programa que definiera cómo, con qué métodos, debían articularse las luchas parciales con las luchas de conjunto y las luchas inmediatas con la lucha por el poder. Mientras para el stalinismo el programa de la CNT era una concesión a las masas, un "plan de gobierno” sometido a las alianzas con la oposición burguesa, para la "tendencia combativa" en cambio ese programa era exclusivamente la consumación de una plataforma para negociar con el Estado. La política contrarrevolucionaria del PC, que estrangulaba la lucha, y las limitaciones de la oposición sindical (que deformadamente expresaba las tendencias a la lucha del movimiento obrero, pero las desenvolvía en un terreno puramente tradeunionista y al margen de una estrategia de poder para los trabajadores), ponían al desnudo la crisis de dirección de los explotados. Obviamente no podía descartarse la posibilidad de que la huelga general —incluso en la situación prerrevolucionaria de junio de 1969—hubiera tenido un desarrollo pacífico, en la medida en que el gobierno no se hubiera visto en condiciones de afrontar un choque abierto con el conjunto del movimiento obrero y hubiera abierto una negociación con la burocracia de la CNT, pero de esto no puede desprenderse que la esencia de una huelga general por tiempo indeterminado consista en ese desarrollo “pacífico” que, de existir, hubiera sido impuesto por las circunstancias y no por la voluntad de las bases. Aun admitiendo la posibilidad de que la huelga concluyera en una negociación, nada autorizaba a condenarla de antemano a ese final opaco al que no aspiraba. En definitiva, la concepción de la “huelga general pacífica” congela la iniciativa de las masas y las somete a la tutela de los dirigentes, únicos que pueden dominar los matices de la negociación. El planteo de la oposición sindical negaba la necesidad del poder obrero, lo reemplaza por una especie de “confrontación permanente” completamente utópica, en la que se supone se va conquistando punto a punto el programa reivindicativo. Esta variante elaborada de “tradeunionismo” o “economicismo”, nace del escepticismo sobre los partidos obreros existentes y sobre la posibilidad de construir el partido obrero revolucionario. Sobre este escepticismo se fundamentaba la tesis de cuño tradeunionista, del movimiento sindical como factor político independiente del partido obrero, que no supera el marco del régimen capitalista. Héctor Rodríguez expondría con claridad esta teoría, que abandonaba la lucha por una dirección revolucionaria para el movimiento obrero: “Que los partidos, los partidos obreros inclusive (sic) definan su camino hacia el poder, que los sindicatos no interrumpan nunca su lucha por un programa de emancipación nacional (el de la CNT) y que con dicho programa enfrenten (para luchar o para pactar) a todo poder. No se culpe a los trabajadores por la existencia de sindicatos gigantes y partidos enanos. Más bien revísese autocríticamente la historia de los partidos obreros para extraer las lecciones que permitan unificarlos” (10 ). En vez de definir al movimiento sindical como el canal objetivo en el que se desenvolvía y maduraba la experiencia de las masas, lo que lo colocaba como punto de partida de la política revolucionaria hacia la dictadura proletaria (y de la política reformista hacia la manipulación electoralista), el programa político aquí esbozado por Héctor Rodríguez es el de un movimiento sindical que busca aliarse con los partidos de izquierda (e incluso con partidos burgueses) a los cuales les deja libre el "camino hacia el poder”. Para Héctor Rodríguez los sindicatos deben limitarse a “luchar o pactar” con el poder (que por definición sería ajeno al movimiento obrero). De esta forma se abandona la resolución de la crisis de dirección política de los trabajadores, que el estrangulamiento de la lucha huelguística por el PC ponía de relieve como una tarea candente. Por el contrario, para Rodríguez esta crisis de dirección se resolvería mediante una “autocrítica” y la “unificación” de los partidos obreros y de izquierda, lo que significa en realidad negar la crisis de dirección, buscar la unidad de la izquierda “combativa” con el stalinismo, y con ello decretar la “caducidad” de la lucha por una dirección revolucionaria para la clase obrera. Este programa ya había sido desmentido en 1968-1969, y sería impugnado aún más seriamente por los sucesos del ’73. La necesidad de construir un partido obrero revolucionario era una cuestión al rojo vivo para abrir un curso victorioso a las luchas populares. Las elecciones de 1971 Las elecciones de 1971 dieron el “triunfo” al candidato designado por Pacheco, el “ruralista” Juan María Bordaberry, en el marco de una furiosa campaña contra la izquierda y el chantaje sobre la clase media de un golpe militar en caso de un triunfo del FA. El “triunfo” de Bordaberry fue posible por la fraudulenta ley de lemas (Bordaberry recibió apenas un 22% de los votos, mientras que el candidato más votado fue Wilson Ferreira) a lo que se sumó el fraude electoral, denunciado por Ferreira y el Frente Amplio. El resultado electoral demostró la descomposición de los partidos tradicionales —por su alta fragmentación y por la irrupción del Frente Amplio, que recogió el 18% de los votos. Esto estaba marcando la muerte del régimen falsamente “bipartidista”—que nunca fue tal porque “Ley de lemas” mediante, se conformaron dos grandes “cooperativas electorales” que unificaron artificialmente distintas fracciones políticas burguesas con planteamientos muchas veces antagónicos. De allí que aún en su mejor época el “bipartidismo” significó un régimen donde el “sublema” mayor del “lema” mayoritario co-gobernaba con un sector del “lema” opositor: el colegiado no era más que la consagración constitucional de este régimen de pactos interpartidarios. El “presidencialismo” llevó al paroxismo la incoherencia de este régimen “bipartidista”: en 1967 Gestido rompió con los sectores colorados con los que se había coaligado en las elecciones, y pasó a cogobernar junto al sublema colorado derrotado (la lista 15) y con sectores del Partido Nacional. La disgregación interna de los partidos tradicionales estaban llegando a una situación insostenible. La aparición del Frente Amplio fue un registro de esta descomposición política. El FA surgió como una alianza de los partidos de izquierda, con base en el movimiento obrero y en la pequeña burguesía, con sectores minoritarios o desplazados de los partidos tradicionales, con partidos burgueses en crisis y con un importante sector de los mandos militares. Fue así que la democracia cristiana —que arrastraba una larga crisis y venía de una reciente ruptura—, la lista 99 de Michelini (una escisión, en 1962, de la lista 15), otros sectores blancos y colorados (como Rodríguez Camusso, Enrique Erro y Alba Roballo, todos ellos ex-ministros de distintos gobiernos anteriores), conformaron el Frente Amplio junto al PC, el PS y otros grupos menores de la izquierda. El nuevo “frente” fue posible gracias a la “ley de lemas” que la izquierda había criticado históricamente: bajo el lema “PDC” todos estos grupos presentaron distintos “sublemas” electorales bajo la candidatura presidencial común del General Seregni, el oficial del ejército con mayor rango bajo el gobierno de Gestido y Pacheco (y que había pedido el “retiro” por discrepar con la política oficial). El programa del Frente Amplio era expresión de la burguesía y la pequeña burguesía “nacionalistas”. Consistía en un conjunto de reformas, la mayoría de ellas de cuño cepaliano y desarrollista (control de cambios y del comercio exterior, reforma agraria — sin plantear la expropiación del latifundio—, nacionalización de la banca —con indemnización—, defensa de los entes estatales y de una política de subsidios a la industria “nacional” como forma de poner límites a la monopolización económica por parte del imperialismo). El programa del FA planteaba “romper con los dictados del FMI” —pero no romper con el FMI—, la “renegociación de la deuda externa”—es decir, su reconocimiento—, y la “moratoria” solamente en caso de un fracaso de esa negociación con los acreedores. Este programa expresaba la pretensión de poner límites a la penetración del capital financiero internacional, evitando el acaparamiento por éste de la plusvalía extraída a los trabajadores e instaurando un “reparto justo” de ese “excedente económico” con la burguesía “nacional”. Este tímido programa burgués de cuño nacionalista buscaba un acuerdo con el imperialismo. El FA no era (ni es) un movimiento antiimperialista que desarrolle la acción de las masas, aunque limitadamente, sino un frente de conciliación con el gran capital y el imperialismo, que busca desviar la acción de las masas —que había alcanzado niveles inéditos en los años 68 y 69— hacia el terreno electoral. El Frente Amplio fue estructurado justamente sobre el retroceso de las grandes movilizaciones de masas que culminaron en 1969, cuando el país se encontró al borde de la huelga general indefinida. El PC (mayoritario en la CNT) frustró la movilización revolucionaria en ciernes por temor a un golpe de Estado y para "encarrilar" la crisis social detrás de dividendos electorales. El “triunfo” de Bordaberry significó la frustración de estas ilusiones electoralistas, con el fracaso de la “vía pacífica al socialismo” (así presentaba al Frente Amplio el PC, aun cuando su programa no era socialista sino limitadamente nacionalista). El resultado electoral fortaleció el cuadro de ofensiva del gobierno capitalista. Si bien el avance del FA reflejó la crisis del régimen imperante, la inesperada “perfomance” de Bordaberry y la gran elección de los blancos, reforzaron el aislamiento de las organizaciones obreras. En el año ’72 continúa el reflujo transitorio del movimiento obrero, abierto con el estrangulamiento de las tendencias a la huelga general y la traición a la huelga bancaria en 1969. La existencia de numerosas luchas defensivas de gran dureza y combatividad no niega la existencia de un retroceso de la lucha de las masas: justamente el carácter defensivo de estas luchas parciales y sectoriales demuestra que aún no se había revertido el reflujo provocado por la política de la dirección stalinista. El gobierno de Bordaberry En ese contexto el gobierno de Bordaberry monta dos operaciones convergentes: una amplia provocación antitupamara y antiizquierdista, usando abiertamente a las fuerzas armadas y a las organizaciones para militares como el Escuadrón de la Muerte, La Juventud Uruguaya de Pie o los Comandos Caza Tupamaros; y las maniobras políticas tendientes a constituir un "Acuerdo Nacional". El asesinato de militantes "legales” del MLN y de otros grupos de izquierda, las operaciones masivas de rastrillaje, las torturas salvajes, los allanamientos y ataques a comités frenteamplistas, la censura a la prensa: en abril se agudiza esta política terrorista contra la izquierda. El 15 de abril el parlamento (con los votos de Ferreira Aldunate y Pereira, Batlle y Sanguinetti —que integraban el gobierno— y el herrerismo) declara el “Estado de Guerra Interno” (figura inconstitucional) lo que permite liquidar completamente las garantías individuales y establecer la jurisdicción militar para el juzgamiento de "sediciosos". El 17 de abril el ejército asesina impunemente a 8 militantes comunistas de la Seccional 20°. El 14 las FF.AA habían asesinado a diversos tupamaros prisioneros (como el matrimonio Marti-rena). Este giro represivo pretendió justificarse en las acciones tupamaras del 14 de abril, en las que el MLN mató a diversos integrantes del Escuadrón de la Muerte, uno de los principales grupos parapoliciales —entrelazado con los servicios de inteligencia de EE.UU., Brasil y Argentina, como lo demostraron las confesiones del fotógrafo policial Bardesio. Desde las elecciones el objetivo del gobierno fue provocar a los “tupas” a la lucha frontal, por eso recurrió al asesinato y los atentados. Los “tupas" entraron en el juego; en realidad no les quedaba alternativa en la lógica de la lucha militarista que habían elegido. El militarismo consecuente fue la fuerza del MLN, pero también su debilidad. Mientras se dedicaron a fondo a la creación de la infraestructura guerrillerista y a las acciones de comando asombraron al mundo con una eficiencia asombrosa y aparentemente invulnerable. Pero reflejaban, en realidad, la descomposición del régimen pachequista frente al embate del ascenso obrero (en el período 1967-1969). En un cuadro de recomposición de fuerzas de la burguesía y de retroceso transitorio de las masas, los “tupas” sufrieron las consecuencias de la incapacidad estratégica, final, de todo aparato; sólo las masas son las creadoras de la historia. Después de la tregua electoralista que establecieron en apoyo al Frente Amplio, los tupamaros anunciaron su retomo a la acción foquista, coincidiendo con la idéntica intención de enfrentamiento de las fuerzas de represión. En un enfrentamiento de aparatos con las FF.AA. los tupamaros fueron golpeados sistemáticamente y derrotados en el curso de los meses siguientes. La caída de la "cárcel del pueblo” (19/6) y la aprobación de la "ley de Seguridad del Estado” (10/7), nuevamente con los votos del ferreirismo, marcan el “comienzo del fin” del foquismo. El operativo del “Acuerdo Nacional” respondió a la necesidad de dar una mayoría parlamentaria al bordaberrismo, y por otro lado a ambientar una alianza blanqui-colorada contra la izquierda y el movimiento popular, de forma de darle aire a la ofensiva contra el MLN y consolidar la ofensiva contra las masas. El ala derecha de los blancos (en la que militaba el hoy presidente Lacalle) aceptó integrar el gabinete, mientras que Ferreira Aldunate no pudo comprometerse con el gobierno, pero se comprometió a apoyar en el parlamento los proyectos discutidos previamente. El Frente Amplio se manifestó también por alcanzar un “Acuerdo Nacional” en términos similares a los del ferreirismo; así lo planteó Seregni en un acto público el 29 de abril (después de las masacres del 14 y el 17 contra la izquierda): “apoyo crítico, no colaboracionista, y tregua con los tupamaros". El Frente Amplio, sobre todo sus sectores burgueses (Michelini, Terra) buscaban un acercamiento con el wilsonismo, incluso pasando por alto el apoyo de Ferreira al terrorismo de Estado (“estado de guerra interna”, “ley de seguridad”). En medio de una brutal represión contra la izquierda, de asesinatos, atentados, allanamientos, torturas, el Frente Amplio propugnaba una “tregua” y la “pacificación para los cambios”. En el marco de esta política de “pacificación", el PC se encargaba de acallar la consigna de "liberar a los presos por luchar", con la aplanadora consigna "CNT, unidad". El “Acuerdo Nacional" fracasa, como consecuencia de las diferencias del ferreirismo respecto a la política económica de Bordaberry y también por la imposibilidad de comprometerse a fondo con un gobierno que tempranamente se ganaba la resisten- cia de las capas medias y de la clase obrera, que adhería masivamente a los paros generales aislados convocados por la CNT. Solamente la lucha contra los tupamaros mantenía unido al frente de los partidos tradicionales, pero sólo como un reaseguro de la acción del ejército. El golpe vacilante El fracaso del acuerdo civil, el aislamiento creciente del gobierno y las movilizaciones obreras y de la clase media, pusieron de manifiesto que el edificio político de la burguesía reposaba, cada vez más, sobre la intervención militar. Los triunfos represivos contra la guerrilla justamente ponían en evidencia que el régimen civil tradicional no podía consolidar estas victorias porque su aislamiento y disgregación recreaban, constantemente, la posibilidad de una recomposición de los “tupas” y de que el Frente Amplio adquiriera la envergadura necesaria para alcanzar el poder por vía electoral. El ejército empieza a considerar que el gobierno de Bordaberry está consumiendo por completo la victoria electoral contra el FA y los éxitos contra los tupas. Es en ese marco que crece el estado de deliberación en las Fuerzas Armadas, comienza a hacer agua la política oficial para disciplinar a los mandos del ejército (el gobierno debe cambiar constantemente de ministro), y toman vuelo los rumores golpistas de signo variable (derechista, nacionalista). Ante la incertidumbre sobre la orientación que prevalecerá en las Fuerzas Armadas, el "civilismo” buscará coaligarse —oportunistamente— contra el golpismo: Bordaberry invita a negociar al Frente Amplio (agosto de 1972) para evitar un golpe nacionalista; el Frente Amplio acepta por temor aun golpe derechista. La “tregua” entre los tupamaros y el ala “peruanista” del ejército debe ubicarse en esta situación de indefinición sobre la orientación prevaleciente en las FF.AA. uruguayas. El MLN no estaba ya en condiciones de combatir; el ala militar les solicita el desarme a cambio de promesas. La aproximación de este sector de los mandos militares es significativa: para ellos el movimiento foquista no constituye, en último análisis, un obstáculo de clase contra el proyecto de instaurar un gobierno militar, capitalista, pero nacionalista, como lo probó la experiencia peruana en una medida relevante. Es que el MLN no hundía sus raíces en el movimiento de clase del proletariado y su programa se limitaba a propugnar estatizaciones parciales, marginadas de los gobiernos obreros y diluidos en un romántico populismo supraclasista. Estas eran las bases de una eventual entente entre el guerrillerismo (populista) y el militarismo (nacionalista-burgués). Las negociaciones MLN – "peruanismo” (que llegaron incluso a una abierta colaboración, sobre todo en tomo a los llamados “ilícitos económicos”) fueron rotas a partir de la presión de la derecha militar y de sectores de los partidos tradicionales (particularmente Jorge Batlle), quienes buscaban desplazar a los “nacionalistas” en beneficio de las alas derechistas (en las que había “golpistas” y “civilistas”). La crisis de febrero La crisis que detonó en febrero de 1973 reveló que las FF.AA. veían la necesidad de arbitrar en la crisis política y social: “El poder político aspiraría a que las FF.AA. regresen a "sus cuarteles", esto es, a su status tradicional, y que no graviten en la conducción nacional. Los Mandos Militares, compenetrados con la grave situación nacional, de la expectativa popular por las grandes soluciones nacionales y de sus responsabilidades respecto de la seguridad nacional, han decidido gravitar en la conducción nacional” (documento de la Junta de Comandantes en jefe del 12/12/72). En ese sentido es que hay que interpretar la conocida frase “de que las FF.AA. no son ni serán el brazo armado de grupos económicos y/o políticos, cuyos personeros, habiéndolo advertido así y para satisfacer sus intereses sectoriales, pretenden apartarlas del camino que ellas deben recorrer” (Comunicado de las FF.AA. del 7/2/73). La pretensión de elevarse por encima de todo “interés sectorial", de no ser “el brazo armado de grupos económicos”, es característica del bonapartismo que pretende que gobierna en interés de toda la sociedad. Mientras se desarrolló la lucha contra los “tupas”, el pachequismo logró mantener la cohesión del conjunto de la burguesía contra el enemigo común, a pesar de la política de exacciones brutales contra la economía nacional que este gobierno desarrollaba. Por eso es paradójico sólo en apariencia el que la crisis de la burguesía estalle a plena luz justamente cuando los tupas son derrotados. La descomposición del régimen se agudiza: negociados y corrupción por todos lados revelan que los círculos gubernamentales viven la impresión de que tienen los días contados, que no es posible ninguna salida con la política oficial de las altas finanzas. Nuevamente en ese cuadro el movimiento obrero se ve preso de la política pro-burguesa de su dirección. Ante el alza galopante de la carestía se resuelven diez paros generales en menos de un año, todos perfectamente aislados, sin perspectivas, sin el más mínimo propósito de estructurar una ofensiva de conjunto, limitando todo lo posible la acción de las masas para no "asustar" a los potenciales "aliados", el ala terrateniente de Ferreira Aldunate. La parálisis de la oposición ferreirista y frenteamplista, desplaza la repercusión de la crisis hacia las filas militares. En ellas las distintas corrientes de la oficialidad expresan distintas alternativas burguesas, que van desde quienes quieren profundizar la política bordaberrista hasta los que pretenden enfrentar a la camarilla pachequista-quincista e instaurar una política que contemple a la burguesía "nacional", todas ellas coinciden en frenar la resistencia del movimiento obrero, evitar colocarse bajo la presión de las masas, regimentar la lucha de clases. La pretensión de los mandos militares de no ser más el “brazo armado de intereses económicos” revela que pretendían regimentar al conjunto de la sociedad, y en primer lugar a la clase obrera, para mejor representar los intereses del conjunto… de la burguesía. Un régimen basado en las FF.AA. en un país semicolonial como Uruguay, debía por fuerza tener un carácter "bonapartista” —es decir, que pretenda arbitrar entre el imperialismo y las masas, sobre la base de un planteamiento nacionalista, o “semibonapartista” —es decir, de dictadura del gran capital y el imperialismo sobre el conjunto de la nación. Ambos regímenes se basan en distintas formas y grados de regimentación del movimiento sindical. La historia enseña que los regímenes militares "bonapartistas” a la Velazco Alvarado (Perú) se ven obligados a aproximarse al imperialismo y a asumir un carácter cada vez más antipopular. Según diversos analistas en febrero todavía continuaba la puja entre "brasileñistas" y "peruanistas" (ambos sectores eran golpistas), en la que los primeros representaban a la derecha que buscaba un ajuste de cuentas con el movimiento obrero y los segundos reaccionaban frente a la política de Bordaberry, que beneficiaba exclusivamente al ala financiera de la burguesía intermediaria; los "4 y 7” serian una “transacción” entre las distintas fracciones golpistas —que se enfrentaron conjuntamente contra los sectores "legalistas” que predominaban en la Armada. Según este análisis, en febrero las FF.AA. no estaban en condiciones de tomar el poder, ante lo cual el golpismo "derechista” aceptó los "4 y 7" como bandera demagógica frente al movimiento popular. De todas formas, es claro que por lo menos desde el 11 de febrero (Pacto “Boisso Lanza”) el control lo tomó el sector "derechista”, lo que permitió justamente el acuerdo con Bordaberry. La izquierda frente a los Comunicados 4 y 7 Los “tupas” primero y el arismendismo después, pero en un grado mucho mayor, depositaron enormes ilusiones en el ala "peruanista” de las FF.AA. El acuerdo con los tupamaros fracasó en el ’72; la búsqueda de una convergencia con los "peruanistas" por parte del PC fue posterior y más duradera. Según el arismendismo no había que enfrentar a las FF.AA. porque la contradicción principal era “oligarquía-pueblo”, planteando la “unidad de todos los orientales honestos” sean “civiles o militares”. Así, mientras las bases obreras comienzan a adoptar medidas contra la militarización y la represión (la Bebida no entregaba mercadería en las cantinas militares, los trabajadores de BAO hacían lo propio con los productos de limpieza, el Centro Obrero de Alpargatas decidía bloquear la entrega de mercadería —uniformes y telas para ropa castrense—, FUNSA ocupa exigiendo la liberación de León Duarte), "había quienes entendían que tales resoluciones constituían un enfrentamiento entre los sindicatos y las Fuerzas Armadas, que descentraba de la contradicción real oligarquía-pueblo"(11 ). En febrero estalla la crisis con el nombramiento del General Francese como Ministro de Defensa y su desconocimiento por los mandos militares, que se ven obligados a explicitar su “programa” en diversos comunicados, siendo los más conocidos los N° 4 y 7. El contenido de estos comunicados es un planteamiento burgués nacionalista. En relación al movimiento obrero se plantea una política de regimentación: mantener “a las FF.AA. al margen de los problemas sindicales y estudiantiles salvo que lleguen por su intensidad, a poner en peligro la seguridad”; “Proceder en todo momento de manera tal, de consolidar los ideales democrático-republicanos en el seno de toda la población, como forma de evitar la infiltración y captación de adeptos a las doctrinas y filosofías marxistas-leninistas, incompatibles con nuestro tradicional estilo de vida”. Seregni y el Partido Comunista se apresuraron a apoyar a los militares “peruanistas” y a paralizar toda movilización independiente de la clase obrera. José D’Elía, presidente de la CNT, fue a visitar a los militares para decirles que “hay aspectos positivos en los 19 puntos, por ejemplo respecto a los problemas del agro”. La advertencia contra el movimiento obrero y la izquierda de que las FF.AA. intervendrían “si ponían en peligro la seguridad”, fue ratificada por los mandos militares a la delegación de la central sindical, lo que tenía muchísimo más valor que los otros 18 puntos que no iban a determinar la orientación de las FF.AA. en una crisis abierta, sino que ésta iba a depender de lo que hicieran concretamente las clases sociales. En su discurso del 9 de febrero de 1973, Seregni afirmó que “El gobierno se ha convertido en el mayor agente de desorden que sufre la patria, que opone entre sí a los orientales, que impide una verdadera concordia entre los patriotas de verdad” culminando el planteo en que “La presencia del señor Bordaberry entorpece las posibilidades de diálogo. La renuncia del señor Bordaberry abriría una perspectiva de diálogo”. Todo esto en el marco de una crisis entre Bordaberry y las FF.AA. y el acuerdo del FA con los “4 y 7", no podía significar otra cosa que una “convergencia cívico-militar” en tomo aun programa “nacionalista”. El mismo 9 de febrero, la CNT emitió un comunicado donde afirma que “para el logro de estos objetivos (los enunciados en los comunicados militares) no hay fronteras entre los orientales honestos: civiles y militares, sacerdotes y laicos, obreros y estudiantes, profesionales, jubilados, amas de casa, pequeños y medianos productores agrarios e industriales, todos los integrantes del pueblo tienen un puesto de lucha en esta gran batalla por la dignidad nacional”, y acusa al gobierno por provocar “falsos enfrentamientos entre militares y trabajadores”. El comunicado afirmaba que “para la CNT la alternativa sigue siendo: oligarquía o pueblo”, es decir, pretendía pactar con los “militares honestos”. El 15 de febrero (cuatro días después del Pacto “Boisso Lanza” entre Bordaberry y los mandos militares), la Mesa Representativa Nacional Ampliada de la CNT emitía un nuevo comunicado en el que no denuncia la instauración del COSENA, apoya el comunicado del Ejecutivo de la CNT del 9/2 y afirma: “la CNT entiende que la dilucidación de la presente crisis política no resuelve los problemas fundamentales del país y que, a través de la permanencia de Bordaberry y lo fundamental de su equipo, herencia del pachequismo, en el gobierno, la oligarquía intenta continuar una política al servicio de sus intereses y contraria al interés nacional. Por eso se impone más que nunca la necesidad de seguir avanzando en el camino de la unidad del pueblo, enfrentando todos los falsos esquemas con la única alternativa real: oligarquía o pueblo, y comprendiendo que en el seno del pueblo, en todos sus sectores, civiles o militares (…) es decir, en la unidad de todos los orientales honestos radican las posibilidades reales de sacar al país de la crisis”. Este mismo comunicado establecería una relativización de las resoluciones de diversos congresos sindicales sobre la huelga general contra un golpe: “puntualiza que tal acción se habrá de aplicar en las condiciones señaladas por dichas resoluciones en la misma medida en que contribuya a avanzar en favor de los intereses populares y en el cumplimiento del Programa de Soluciones a la crisis, y no para colocar a la clase obrera al servicio de los intereses de la oligarquía en el poder”. Esto en buen romance significaba que dado que Bordaberry era el representante de la “oligarquía en el poder” y el golpismo “peruanista” era parte del “pueblo” y de los “orientales honestos”, la convocatoria a la huelga general quedaba subordinada a la política de acuerdos con los “peruanistas”. Esta “puntualización” de la dirección de la CNT es muy clarificadora de la política que esta dirección seguirá durante el golpe de junio. También el Partido Socialista sembró expectativas en los golpistas “peruanistas”. El senador Vivián Trías, que fue asesor del gobierno militar de Velazco Alvarado, recordó en la Asamblea General en 1973 que ya en el año 1956 había defendido en un libro (titulado “El ejército popular y las masas”) la convergencia con los militares nacionalistas: “expresábamos que en un país subdesarrollado la lucha por el desarrollo y por la liberación —caras del mismo prisma y facetas del mismo proceso— no puede hacerse sin la presencia de las Fuerzas Armadas” “La nueva posición, la nueva tesitura de las Fuerzas Armadas”, continúa Trías, “es consecuencia de su actuación en los acontecimientos del año 1972. Empezaron por reconocer que las causas de la sedición no eran las que sostenía inicialmente el gobierno. Por supuesto, vieron lo más visible, que son las llagas que supuran en un régimen como el que el Uruguay soporta, es decir, los ilícitos, los grandes negociados. Luego, en poco tiempo, pasaron a profundizar esos temas, es verdad. Y esos hechos objetivos, certifican de una u otra manera, que se ha producido este proceso de transformaciones en el modo de pensar y en el modo de interpretar la realidad de las Fuerzas Armadas”. El PS, con Trías a la cabeza, buscaba en el “Goyo” Alvarez o en Ramón Trabal a los “Velazco Alvarado” del Uruguay, pasando por alto nada menos que las masacres perpetradas por estos personajes contra la izquierda y el movimiento obrero en los “acontecimientos del año 1972”. Rodney Arismendi, secretario general del PCU, afirmaba el 31 de marzo de 1973 en la Asamblea General que Bordaberry “está jugando la carta de impedir el cumplimiento del programa que, aún esbozado y aún con todas las críticas que puedan formulársele, se señala en los Comunicados 4 y 7. Y juega, para eso, a la división de las FF.AA., a la separación del pueblo y las FF.AA., de acuerdo a un viejo y conocido plan”. Como se vió más arriba (declaración de D’Elía), la dirección de la CNT depositaba ilusiones en lo que los militares pudieran hacer para liquidar a los terratenientes e impulsar un desarrollo capitalista clásico del agro (reforma agraria). ¿Tenía sentido esta ilusión, incluso en el caso de que hubiera ganado la interna militar una corriente “peruanista"? No. En Uruguay no existe la clase capaz de hacerse cargo de esta tarea, porque el capitalismo agrario clásico murió antes de nacer, porque la burguesía industrial está enormemente entrelazada con los terratenientes y obtiene de la actual estructura agraria la mano de obra barata que explota, y porque el campesinado es una clase social raquítica en relación a la burguesía y el proletariado industriales. El “peruanismo” agrario en Uruguay sólo hubiera podido ir hasta la redistribución de los latifundios “improductivos”. Los militares peruanos pudieron ir más allá —pero pronto llegaron a un callejón sin salida— por el mayor peso específico del campesinado en relación al proletariado industrial. Perú demostró después lo que ya se sabía en Uruguay en 1973: que la cuestión agraria (y en particular la industrialización del campo) sólo puede ser resuelta por la revolución obrera, que será un aspecto de la revolución latinoamericana y mundial. El militarismo uruguayo tendría limitaciones mayores a su par peruano en apoyarse en una base social agraria y en regimentar a un proletariado con un peso relativo y una experiencia más vastos que el peruano, por lo que un golpe “peruanista” pronto hubiera evolucionado en un sentido marcadamente antiobrero y hubiera buscado rápidamente un arreglo con el imperialismo contra las masas. Por ello no se puede afirmar “autocríticamente” —como hace Esteban Valenti— que simplemente “hubo una sobre valoración de la fuerza de esas corrientes (“peruanistas”) dentro de las fuerzas armadas” (12 ). La política del arismendismo hubiera sido igualmente criminal si las llamadas “corrientes peruanistas” hubieran efectivamente conquistado la hegemonía dentro de las FF.AA.! El “pacto de Boisso Lanza” entre Bordaberry y los mandos militares, en el que se consagraba la caída del ministro de Defensa y la creación del COSENA— institucionalizando la ingerencia de las FF.AA. en la toma de decisiones (creando los “cauces institucionales apropiados para la participación de las Fuerzas Armadas en el que hacer nacional” y encomendándoles “la misión de dar seguridad al desarrollo”, al decir de Bordaberry)— no fue obstáculo para que la izquierda continuara sembrando expectativas en los militares “peruanistas”. Estas ilusiones se extenderían incluso más allá del golpe de Estado: “El PC confió en ciertos militares hasta 1974. Creo que el MLN tuvo ilusiones respecto a posibles acuerdos con las Fuerzas Armadas cuando negoció en 1972. Felizmente rompió bien la negociación. Las ilusiones de 1973 a ese respecto fueron del PC: apoyo a los comunicados 4 y 7, que duraron hasta 1974, cuando se produjo el asesinato de Trabal en París, por alguien que actuó para impedir su vuelta al país, no deseada por los mandos militares. (…) Todavía en 1975 los militantes del PC escribían en las paredes: ’Gobierno popular como en Portugal’.” (13 ) La actual secretaria general del PCU, Marina Arismendi, —hija de Rodney Arismendi, secretario general de ese partido durante 35 años— llegó más lejos cuando señaló: “Nosotros sufrimos un revolcón, con respecto a ciertos preconceptos que teníamos, ya en diciembre de 1975 cuando los comunistas empezaron a caer en masa, en manos de la dictadura y nos encontramos con que aquella idea de que no nos iba a pasar nada era errónea, y había compañeros que hablaban en la tortura, y había una nueva realidad que nos encontraba mal parados y que dejó profundas cicatrices”. ¡Incluso en diciembre del ’75 tenían la idea de que “no les iba a pasar nada”! Pero “las ilusiones de 1973” no fueron solamente del PC, como afirma Héctor Rodríguez. Ya vimos que Seregni, Vivián Trías y el PS sembraron expectativas en los “peruanistas”. Pero existen elementos que prueban que al seno de la “Corriente” (integrada por Héctor Rodríguez) habían ilusiones en los "4y 7”. En un volante de los “Frentes de lucha contra la dictadura” (editado por militantes de la Corriente) se afirma: “Bordaberry faltó a su palabra de honor de defender y hacer guardar la Constitución de la República, y faltó a su palabra de honor dada en la base Boisso Lanza. Digan la verdad a sus subordina-dos y al pueblo, señores Jefes (militares): Bordaberry ni mencionó el comunicado 4 y 7 en su primer discurso como dictador y en sus primeros reportajes a la prensa extranjera. El dictador habló de un ‘plan de desarrollo económico’ que en su contenido es lo contrario de los comunicados 4 y 7, rectamente entendido”, “Bordaberry no cumple ni cumplirá los comunicados 4 y 7 porque tiene otra política que no es de orientalidad sino de entrega, de integración con Brasil”, “Digan la verdad, señores Jefes: el servicio prestado por Uds. al dictador engendra odio contra las Fuerzas Armadas. Ese odio esterilizará todos los esfuerzos y habrá más odio cuanto más se prolongue la subordinación a la política anti-nacional del dictador. Esto no se arregla con declaraciones sino con hechos. El pueblo debe ser consultado. Nadie puede sustituir su voluntad” (11/7/73). Estas citas demuestran que al menos sectores de la Corriente tenían simpatías no sólo con los “4 y 7”, sino también en el “pacto Boisso Lanza” (!). Las ilusiones en los militares llegaron tan lejos que la dirección de la CNT intentó dar un carácter “alegre y festivo” al acto del 1° de mayo de 1973: “En cuanto a la manifestación (del 1/5) tendrá una tónica de colorido y alegría. ’Nuestro primero de mayo debe reflejar optimismo por todos los poros’ dijo Félix Díaz. ‘Estamos en una situación muy particular, en el cual la clase obrera está jugando un papel principalísimo. Por eso debemos manifestar nuestra alegría y optimismo’. Los detalles que en esa dirección están propuestos son los siguientes: Cada organización llevará banderas, carteles y carros alegóricos que hagan referencia a su actividad particular. Habrá una masiva participación de instrumentos musicales, se formará una banda de música popular que encabece la manifestación, habrá 200 tamboriles y participación de las murgas ‘progresistas’, también intervendrá la caballería del Cerro, tractores, 500 escolares con sus uniformes. ‘Habrá que coordinar lo combativo con lo festivo’, según se dijo ayer” (14 ). La indignación que semejante plan para el “primero de mayo” generó en las bases obreras fue tan inmensa que los organizadores debieron dar marcha atrás con sus “festejos” y convocar a un acto más tradicional. El golpe de Estado La solución transitoria a la crisis de febrero puso de manifiesto que aún no estaba resuelta la interna militar (lo que se expresó en febrero con el copamiento de la ciudad vieja por la Armada, en contra del Ejército y la Fuerza Aérea) y sobre todo el temor de los mandos golpistas de ir a una confrontación abierta con el movimiento obrero. La oficialidad de las FF.AA.. sabía que la clase obrera no estaba derrotada, a pesar del reflujo impuesto por la política de la burocracia cenetista. Los cientos de luchas defensivas, la masividad de los paros generales, no dejaban lugar a dudas de que la resistencia popular a un golpe militar sería muy poderosa. En el período de febrero a junio se avanzó en la depuración de algunos oficiales contrarios al golpe, y el sector “brasileñista” o “derechista” tomó un mayor control de las FF.AA, sin que se hubiera superado totalmente la disputa entre distintas camarillas. El golpe se da cuando se produce una convergencia entre Bordaberry y los sectores “derechistas” del ejército, sin que esto signifique que estuviera terminada la “interna” militar ni que existiera una identidad de objetivos absoluta entre los mandos golpistas y el presidente. El golpe fue planificado e instigado por el imperialismo yanqui. “La destrucción de la democracia representativa en el Uruguay no fue inesperada” (15 ). Poco antes el departamento de Estado yanqui había enviado a Uruguay al embajador Siracusa, que había sido el instigador del golpe fascista boliviano de agosto de 1971. El golpe del 27 de junio formaba parte de una contraofensiva global del imperialismo norteamericano en América Latina, particularmente con los golpes en Bolivia, Uruguay y Chile, y luego Argentina. El golpe en Uruguay fue la respuesta preventiva del imperialismo a la guerra civil de clases que se desenvolvía en el continente. La revolución engendra la contrarrevolución: la contraofensiva yanqui era una respuesta al exacerbamiento de los conflictos de clase, a la apertura de situaciones revolucionarias a escala continental. El objetivo del golpe era el aplastamiento de las masas, para proceder a un viraje en las condiciones de explotación de los trabajadores. El hecho de que las FF.AA. se constituyeran en el centro del régimen político, reveló que el parlamento no servía ya para controlar la crisis política y social. La causa esgrimida por los golpistas (negativa del parlamento de “desaforar” al senador Erro por sus “vinculaciones” con los “tupas”) no fue más que un pretexto: el propósito del golpe no estaba relacionado con la lucha de los militares contra los tupamaros (que ya estaban derrotados) sino que buscaba anticiparse a una situación de ascenso del movimiento obrero que hubiera abierto una crisis revolucionaria. En ese sentido el golpe fue preventivo, es decir, buscaba derrotar a los trabajadores ya que el desarrollo de un ascenso de las masas en condiciones de una crisis imparable del régimen bordaberrista hubiera abierto una crisis de proporciones incontrolables para la burguesía y el imperialismo. El verdadero propósito del golpe quedó al desnudo el 30 de junio cuando Bordaberry envió tropas para desalojar los lugares ocupados, el 1° de julio cuando decretó la disolución de la CNT y ordenó la detención de todos los dirigentes obreros, el 4 de julio cuando por decreto autorizó a las patronales a despedir huelguistas y delegados sindicales. En un reportaje que le hizo el diario La Nación, Bordaberry fue muy claro: “En una palabra: el parlamento no nos dejaba gobernar”. Es decir, el "parlamentarismo” uruguayo, que ya era una parodia (ya que desde 1968 funcionaba bajo el estado de sitio), ya no servía para contener a las masas. Se debía pasar a una represión directa y sin limitaciones contra el movimiento obrero. La respuesta de la clase obrera Es un hecho que sólo el proletariado asumió la tarea de resistir al golpe militar. Los partidos de la burguesía (y el propio Frente Amplio) no ofrecieron de inmediato la más elemental resistencia: recién cuando la clase obrera salió a la palestra nacional y polarizó la situación política con sus propios métodos de lucha, los partidos parlamentarios se "sumaron" buscando capitalizar los hechos, esperando encarrilar el alza obrera con el propósito de recomponer las bases del régimen “representativo” burgués. “En el plenario del Frente Amplio de ese mismo día (27/6) se hablaba de las gestiones de la CNT con Bolentini pero no de la huelga general. El tema ni se mencionaba. Nosotros lo planteamos, y si Seregni no lo hubiera asumido tan bien como lo asumió, creo que se armaba un lío bárbaro en el movimiento popular”. Esta declaración de Héctor Rodríguez (16 ) demuestra que el FA no sólo no preparó ni organizó la huelga general, sino que se “sumó” después… y a regañadientes. Está perfectamente demostrado que la iniciativa de la huelga general la tomaron las bases obreras. Todos los testimonios demuestran que las asambleas de fábrica (y en muchísimos casos los turnos nocturnos) tomaron la determinación de la ocupación sin consultar a la CNT e incluso a sus sindicatos. El stalinismo, que nunca fue capaz de presentar un sólo documento que demuestre la convocatoria de la huelga por la cúpula de la CNT, ha pretendido impugnar el carácter “espontáneo” de la huelga general basado en que existieron numerosos congresos sindicales que resolvieron la ocupación de los centros de trabajo en caso de golpe de Estado. Félix Díaz ha dicho que “Nadie que sensatamente se ponga a pensar, puede decir que la huelga se podía llevar a cabo, en la forma en que se hizo, sin haberse discutido y organizado” (17 ), con lo que pretende escabullirle el bulto a esta cuestión central: ¡¡la CNT nunca convocó la huelga general!! El mismo lo demuestra cuando —pretendiendo demostrar que sí la convocaron—afirmó que “A las seis de la mañana del 27, cuando ya sonaba la musiquita del golpe, al local donde estaba la dirección de la CNT comenzaron a llegar los delegados de los sindicatos a buscar, no la orden, porque la huelga ya estaba establecida, sino la hora de su comienzo, para hacerlo en forma uniforme. Y a las siete de la mañana no había fábrica de Montevideo en donde ya no estuviera el manifiesto de la CNT, que se había elaborado por la noche” (idem). Con esta crónica, que pretende mostrar a la clase obrera como un disciplinado ejército que organizadamente sigue las órdenes de su estado mayor, Félix Díaz en realidad confiesa que el 27 de junio no estaba la “orden” de la huelga general sino del comienzo del paro (el dirigente de la CNT afirma que “la huelga ya estaba establecida” en resoluciones anteriores, para “disimular” que no hubo convocatoria a la huelga el 27 de junio). Obviamente que la huelga no fue “espontánea” en la medida que la organizaron miles de delegados y activistas sindicales. Otra cosa es demostrar que la CNT la convocó. Por el contrario, existen innumerables testimonios de que dirigentes de la central sindical informaban en los lugares ocupados y en los sindicatos que “el paro es por 24 horas” o “por 48 horas”. Víctor Semproni, en ese entonces dirigente de la CNT e integrante de la “tendencia combativa”, fue muy claro: “La huelga no la decretó la dirección de la CNT sino la convicción de la gente sobre lo que había que hacer en caso de golpe. El 27 de junio la CNT decide un paro de 24 horas. En bancarios, con asombro, recibimos el comunicado mientras ocupábamos los bancos. Luego vino el secretario de Organización de la CNT, compañero Félix Díaz, a quien pedimos explicaciones. Nos dijo que ante la gravedad de los acontecimientos, el Secretariado de la central había decidido el paro por 24 horas, para no comprometer al movimiento sindical en su conjunto en una huelga que no se sabía el alcance que podía tener. Dijo también, que no se había podido valorar qué disposición había de parte de los trabajadores. Ante nuestro requerimiento y discrepancia con esa valoración, Díaz nos explicó que esa noche habría una nueva reunión del Secretariado, y que de seguir habiendo condiciones, al día siguiente se decretaría otro paro de 24 horas, y así sucesivamente. Recuerdo que así se decretaron tres paros generales, en los tres primeros días. Al cuarto, no existió posición de la central acerca de lo que había que hacer. (…)Recién al octavo día apareció un volante con un comunicado de la dirección de la CNT, que decía que la huelga se venía deteriorando y había que buscar una salida decorosa” (18). Como se puede ver, los “recuerdos” de Díaz y de Semproni no son muy coincidentes… La política del PC y la oposición sindical El Partido Comunista mantuvo desde el primer momento contactos con los militares (más correcto sería decir que nunca dejó de tenerlos, particularmente desde 1972 y febrero de 1973), buscando una alianza con los golpistas “peruanistas”. El 28 de junio la dirección de la CNT se reunió con el ministro del Interior (Cnel. Bolentini) buscando una “salida pacífica” (carta de la CNT a Bolentini). Es evidente que el arismendismo buscaba encontrar un eje bonapartista con base en los militares “peruanistas”, para llegar a una “solución”. Pero el aplastamiento de la clase obrera era la condición para llevar adelante el programa de la burguesía. De allí que la política stalinista llevara a la clase obrera a un callejón sin salida. Un ala del Frente Amplio (en particular la Corriente, que integraban Michelini, Erro, y sectores de la “tendencia combativa”) discrepaban con esta orientación y buscaban una salida “civil” en alianza con el ferreirismo y los sectores “legalistas” de las FF.AA. (a esa altura raquíticos), que restableciera el régimen anterior, manteniendo al vicepresidente Sapelli —que se negó a integrar el Consejo de Estado que sustituiría al parlamento. Héctor Rodríguez señalaría en una charla en 1984 que “una de las carencias, de los errores, (fue) la falta de un planteo político en el momento en que hubo una negociación entre el gobierno y el comando de huelga. Porque si bien habían dado un golpe de Estado, y habían barrido con el Parlamento y habían asumido el poder directamente las Fuerzas Armadas (tras el primer títere: Bordaberry) la expresión huelguística del 27 de junio fue tan potente, que el Ministro del Interior de aquel tiempo se sintió obligado a convocar a los dirigentes de la CNT para conversar. Por supuesto que para conversar en los términos que planteó (…): ’Bueno yo sé que ustedes durante años han dicho que cuando un golpe de Estado se produzca van a realizar una huelga general; ustedes que son serios, cumplieron; hicieron 48 horas de paro general; ahora levántenlo; no hace falta que continúen; ya demostraron que lo pueden cumplir’. No hubo a esto una respuesta apropiada desde el punto de vista político. Se conversó de temas: del restablecimiento de algunas libertades; de reaperturas de locales sindicales; del tema salarial (…); pero no hubo un planteo claro de una opción política que permitiera polarizar fuerzas en ese momento. Esa opción política era claramente la renuncia del Presidente de la República; la sustitución de aquel por el Vicepresidente y la convocatoria a elecciones, en un plazo determinado para restablecerla vigencia del sistema constitucional o, inclusive, un gobierno provisional que se hiciera caigo de la situación hasta la convocatoria a elecciones. Y hablo de 60 días de plazo, porque es el plazo constitucional (para elecciones parlamentarias anticipadas, R.F.) para el caso de conflicto entre Parlamento y Poder Ejecutivo” (19). En esta misma perspectiva se inscribían los dirigentes de la “tendencia combativa”: “¿Por qué en las entrevistas con el Ministro Bolentini no se reclamó nunca el cese de Bordaberry, posición definida por la CNT antes del golpe de Estado y aprobada por cientos de miles de trabajadores en todas las jomadas de lucha realizadas desde febrero en adelante?” (20). En este mismo documento que planteaba un plan político para negociar con los mandos militares, que fue rechazado por la mayoría de la CNT, las “3F” afirmaban: “Mientras los decretos del dictador ponen al gobierno al servicio de los empresarios, facultándolos para destruir las organizaciones sindicales mediante despidos represivos, las declaraciones (de la Junta de Comandantes en Jefe, R.F.) reiteran el criterio de que las FF.AA. no serán el brazo armado de intereses económicos o políticos. Para que estas declaraciones se transformen en hechos es necesario proceder a dar garantías de que: 1) se anulará el monstruoso decreto del 4 de julio que transforma a los empresarios en fuerza de represión contra los sindicatos; 2) se asegurará el libre funcionamiento de todos los locales sindicales y la recuperación de los bienes correspondientes; 3) se anulará el decreto que declaró ilícita a la CNT y que requirió a sus dirigentes como si hubieran cometido un delito; 4) se dispondrá la libertad de los detenidos por razones políticas o sindicales con posterioridad al 27 de junio de 1973; 5) se restablecerá la libertad de prensa e información; y 6) se reconocerán los derechos de las organizaciones y los partidos políticos consagrados en la Constitución de la República. La resistencia popular contra la dictadura desarrollada hasta el presente indica que no será posible alcanzar la normalización social y política del país si no se encara la sustitución de Bordaberry y su equipo de gobierno y si no se emprenden verdaderas medidas de recuperación nacional, en defensa de la soberanía y de las libertades y del bienestar del pueblo. Sin perjuicio de bregar por la realización, al más breve plazo, de una amplia consulta popular, se resuelve reclamar a las FF.AA. un pronunciamiento sobre cada uno de los puntos mencionados con el fin de trasladar dicho pronunciamiento al conjunto de los trabajadores en lucha, contribuyendo de esta manera a la búsqueda de las soluciones más apropiadas para la superación de la actual crisis nacional. Para el cumplimiento de esta tarea se designa una delegación integrada por representantes de los gremios en lucha” (21). Este planteo político era coincidente con lo acordado entre el Frente Amplio y el Partido Nacional (declaración conjunta), que buscaban armar una salida negociada con sectores de las FF.AA., a partir de la fortaleza de la huelga, que estableciera un “gobierno de coalición” manteniendo al vicepresidente Sapelli y realizando elecciones parlamentarias. Los sectores que habían perdido la iniciativa política pretendían recuperarla a caballo de la huelga general. Héctor Rodríguez —en la charla de 1984 antes mencionada— revela que la oposición sindical al stalinismo nunca tuvo otro planteamiento político que la defensa del parlamento y las instituciones burguesas, y que en su concepción la huelga general no era más que un apéndice de las negociaciones interburguesas y las disputas entre fracciones militares. Para Héctor Rodríguez la huelga general con ocupación de los lugares de trabajo fue discutida desde 1964, luego del golpe en Brasil y la caída de Frondizi en Argentina, pero “No con la esperanza de que esto fuese un elemento de contención absolutamente seguro contra el embate de la fuerza militar; evidentemente esto era nada más que parte de una lucha que, para definirse, requería otras formas de acción; requería que (…) en el seno mismo de las Fuerzas Armadas de 1964, que no eran las de 1984 (porque había diferencias de opinión, había notorias personalidades militares de definición constitucionalista) estas Fuerzas Armadas y estas personalidades militares de definición constitucionalista, pudiesen, de alguna manera, haciendo pie sobre la resistencia popular, invertir el curso de los acontecimientos". Tanto el PC como la oposición sindical siempre destacaron que “la huelga general fue preparada desde 1964” (el stalinismo para desviar la discusión sobre la no convocatoria de la huelga en 1973), pero no se dan cuenta que esto no hace más que agravar su actuación frente a la lucha obrera de junio/julio de 1973. Si desde 1964 “previeron” el golpe y “organiza-ron” la resistencia general con ocupación, ¿cómo fue que no “previeron” la necesidad de armar a los trabajadores para aplastar al golpismo? La respuesta la da Héctor Rodríguez más arriba: todas las corrientes sindicales colocaban a la huelga general como un apéndice de las luchas al seno de las FF.AA. y entre las fracciones burguesas. En otro momento de su charla H. Rodríguez afirma que un error “del conjunto del movimiento’’ fue “en relación con las instituciones parlamentarias. Porque llegó el mensaje de disolución del parlamento y los parlamentarios se dispersaron en distintas direcciones. Ahí había gente que tenía una responsabilidad política, y el movimiento sindical tendría que haber presionado para que la asumiera. Se intentó, incluso se les ofreció, un local de deliberación para la Asamblea General, desde el momento que el Palacio Legislativo había quedado ocupado por las Fuerzas Armadas, pero no se había pulido bastante este aspecto”. Y en otro lugar: “No se presionó bastante para lograr que ese aparato parlamentario declarara formalmente la ilegitimidad del gobierno dictatorial que se implantaba. No creemos que con esto hubiésemos cambiado demasiado las cosas; pero hubiésemos acentuado, sin ninguna duda, el nivel de aislamiento de la dictadura; hubiésemos creado una nueva situación en el país, y, tal vez, influido de alguna manera en los resultados finales de la huelga. En lugar de constatar que el parlamento era un cero a la izquierda y que solamente el proletariado podía hacer frente al golpe militar, Héctor Rodríguez buscaba reinstalar al parlamento impotente como un eje de la situación política. Esto revela una vez más que la clase obrera libró un combate heroico y de una firmeza increíble, pero que sus direcciones (el stalinismo concientemente, los democratizantes por sus tremendas limitaciones) la condenaron al desangre en función de dos variantes burguesas. Tanto la “salida” impulsada por el PC (convergencia con los “peruanistas") como la impulsada por la oposición sindical (acuerdo con el ferreirismo, reinstalación del parlamento, renuncia de Bordaberry), eran dos variantes a negociar con los golpistas y condenaban a la huelga al papel de apéndice de esas tratativas. Una resistencia heroica La crisis de dirección de la clase obrera, por la traición del stalinismo y las limitaciones de los sectores “combativos”, hace resaltar aún más la fuerza y el heroísmo de la resistencia obrera. El arismendismo no tenía ningún interés en desarrollar la huelga. Como dijo Semproni, hasta el 8° día no emitió ningún comunicado sobre la huelga, y aquel tuvo por finalidad “desinflar” a los trabajadores con el cuento de que la gente comenzaba a recular. Héctor Rodríguez diría: “(…) la huelga careció de un plan de movilizaciones. (…) Se daban demostraciones, espontáneas o planificadas, a nivel de barrio; pero faltaba un plan general de movilizaciones, que sin embargo formaba parte de todas las iniciativas que en el período preparatorio de nueve años, se había ido elaborando. Y entonces ocurre que la huelga empieza el 27 de junio; pero la primera gran demostración de masas, se cumple recién el 9 de julio, cuando se hizo evidente que había que salir a realizar ese tipo de demostración de masas. Nadie hubiera podido impedir que el treinta de junio, el primero de julio o el dos de julio, manifestaciones tan voluminosas (o más) que la del nueve de julio se hubieran realizado y se hubieran reiterado a lo largo de los días de duración de la huelga” (22). El sabotaje de la dirección de la CNT fue sistemático. “La huelga comienza un miércoles y al sábado siguiente ya se están desalojando fábricas. Desde la dirección central de la huelga se dió una consigna, (…) y era que si las fábricas resultaban desalojadas había que ocupar los locales sindicales. Eso debilitaba tremendamente la huelga; y entonces surgió, de la iniciativa de los propios trabajadores, otra consigna: era que si las fábricas resultaban desalojadas, al convocar a los trabajadores (al trabajo), se ocupaban de nuevo. Y esa consigna nadie la pudo resistir y fue la que se aplicó. De ahí que la huelga se extendió durante quince días y, en algunos lugares, se llegaron a hacer ocupaciones seis veces, porque se desalojaba un día, se convocaba a trabajar al siguiente, se volvía a ocupar y tenía que sobrevenir otro desalojo” (23). Desde las bases obreras surgían iniciativas para desarrollar la huelga y chocaban con la política del stalinismo. Fue así en ANCAP donde hubieron propuestas de mezclar el combustible refinado con el crudo, de forma de impedir que las fuerzas de represión contaran con combustible para movilizarse y movilizar el transporte: la cúpula de la CNT impidió esta medida y en los tres primeros días entregaron combustible a las FF.AA.; al cuarto día las FF.AA. coparon el combustible almacenado, controlando su distribución. En relación al levantamiento de la huelga en el transporte, aún no fue aclarado si el comando de la CNT autorizó a ese sector a reintegrarse: lo que sí es seguro es que nunca impulsó la continuación de la huelga. Incluso llegó a atacar a los sectores obreros y estudiantiles que salían a reventar ómnibuses. “En la cooperativa nos desalojaron dos veces. Era un predio muy grande con alambrada; nos sacaban por un lado y nos metíamos por el otro. Una de las cosas que hicimos entre algunos compañeros, fue intentar parar los ómnibus. Por Garzón pasaban los 4D de COET y algunos CUTCSA. La idea fue cuestionada por gente del SUNCA por lo que tuvimos que enterrar los ‘miguelitos’ fuera del predio o entre el material, para salir con ellos en la tardecita o en la madrugada. Hubo otros planteos de resistir, pero no llegaron a cristalizar. Porque desde la mayoría de la central se hostigaba enormemente cualquier cosa en ese sentido, acusándonos de llevar a la gente a un enfrentamiento sangriento” (24). Mientras los trabajadores eran salvajemente reprimidos, el PC, impulsaba la “confraternización” con los milicos. Cualquier acción contra las FF.AA. era considerada una “provocación”. Las barricadas, los cócteles molotov, los miguelitos, surgían por iniciativa de las masas en lucha, y eran combatidos por la CNT. La descripción del burócrata Arismendi merece pasar a la historia: “Los trabajadores — orientados por la CNT—transformaron cada fábrica ocupada en una tribuna con vistas a la fraternización entre obreros y militares contra la rosca en el poder. Ni los palos, ni las torturas aplicadas en ciertos casos, los apartaron de esta actitud lúcida y auténticamente revolucionaria (sic). En este sentido, los tantas veces citados comunicados 4 y 7 se tornaban exigencia popular en la misma hora en que eran pisoteados por la dictadura y la rosca, por Bordaberry y sus acompañantes. Así se traduce una justa política ante las FF.AA. capaz de distinguir entre el gorila y el militar patriota, aún confuso o equivocado”. La cuestión del armamento del proletariado Es evidente que esa orientación que buscaba converger con los sectores “nacionalistas” del golpismo, no podía ver en las acciones de las bases obreras y estudiantiles contra los milicos represores más que un “obstáculo” y hasta una “provocación” que le haría el juego a los sectores “derechistas” en la medida en que dificultaría un acercamiento a los mandos “peruanistas”. Mucho menos podía aceptar el stalinismo la cuestión del armamento de los trabajadores y el conjunto de los explotados, como forma de aplastar al golpismo. Existen diversos testimonios de sectores obreros y estudiantiles de que discutieron la necesidad de armarse para responder a la represión dictatorial. El PC actuó siempre reprimiendo estas discusiones e incluso buscó frenar las acciones que pretendían parar el transporte con métodos combativos (miguelitos, barricadas, etc.). Pero incluso está la cuestión del “aparato armado” del PCU. “Al iniciarse la huelga general del 73, los miembros del ‘brazo armado‘ del PC se prepararon para entrar en acción, pero la orden que recibieron fue de ‘esperar’. La expectativa se mantuvo por algunos días más, hasta que se tuvo la certeza de que no habría nueva orden. ‘Estábamos en el puesto, pero no sabíamos para qué’, comenta hoy Jorge Suárez, quien era entonces uno de los responsables de las ‘centurias comunistas’. Suárez agrega que su sector no recibió nunca ninguna explicación especial, más allá de la que la dirección del PC divulgó una vez levantada la huelga general” (25). Cuestionado Esteban Valenti (ex dirigente del PCU) sobre esta “borrada” olímpica del “aparato”, afirmó: “¿Por qué no operó? Porque primó una lógica política que yo creo correcta. (…) Yo creo que las condiciones de la huelga del ’73, en las que estuvo muy involucrado el movimiento popular, los trabajadores y los estudiantes fueron los únicos que enfrentaron el golpe de Estado; no se logró un amplio frente social para enfrentarlo. Esa fue una debilidad grande que existió. Haber utilizado el aparato militar hubiera sido seguir sólo una lógica militar. Y hubiera representado una derrota mucho más severa, grave y profunda, desde el punto de vista de la matanza que se hubiera producido entre los dirigentes y militantes sindicales y estudiantiles” (26).. Habría que preguntarle a los arismendistas (“ortodoxos” y “reconvertidos”) para qué querían entonces un “aparato”… ¿para tiempos de paz? ¿para usarlo contra quién? La “explicación” de Valenti no es más que un subterfugio: el PCU nunca pensó en utilizar su “brazo armado”, como nunca pensó en ir más allá de un paro de 24 o 48 horas, porque buscó siempre una salida negociada con los milicos “progresistas”, salida que le permitiera mantener su legalidad, su control burocrático sobre el movimiento obrero y su carrera por posiciones en el parlamento y el aparato estatal. La política del PCU condenó al movimiento obrero a ir a una huelga “pacífica” que debió enfrentar una represión salvaje de parte de los militares. (A recibir palos, cárcel, balazos y torturas, el stalinismo lo llamaba “confraternizar”). Como reconocía Valenti más arriba, la clase obrera (y detrás de ella la juventud) ocupó la primera trinchera en el combate contra el golpe, mientras que los campeones de la “democracia” burguesa se escondieron luego de dar vivas a la Constitución y mueras al dictador. Esto constituye un golpe político monumental no sólo contra el stalinismo y su política de seguidismo a la burguesía “nacional” sino también a los ideólogos del terrorismo urbano, que pretendieron reemplazar la lucha conciente y organizada de la clase por acciones armadas al margen de la experiencia de las masas. De esta forma fueron a un enfrentamiento de aparatos con la represión: “Nuestra más grande autocrítica histórica es que no estuvimos en la huelga, porque nos derrotaron antes”, reconoció el dirigente del MLN Fernández Huidobro (27). Toda la experiencia desde 1968 a 1973 mostró como las luchas populares tendían a adoptar métodos combativos, de acción directa, enfrentando la represión policial y militar. Esto y la propia estructuración de “aparatos armados” por diversos grupos de izquierda, demostraba que era posible el armamento del pueblo para la autodefensa. La ausencia de un partido obrero revolucionario en 1973 fue fatal, ya que el movimiento obrero debió ir a una gigantesca huelga general a la que anticipadamente sus dirigentes la condenaron a un objetivo “defensivo” del régimen burgués “democrático” que se caía a pedazos: “¿Cuál era la finalidad de la huelga? Nosotros hemos leído por ahí discusiones que se han dado, algunas en el país, otras en el exilio, acerca de si la huelga respondía a la existencia de una situación revolucionaria o de una crisis revolucionaria o de una situación de posible toma del poder por los trabajadores. Me parece una discusión bastante ociosa y que prescinde de lo que era la huelga, defensiva, y defensiva de la Constitución, defensiva del restablecimiento del derecho democrático en el país. No cabía en ese momento posibilidad de otra forma de acción. Si en el correr de los años anteriores habían actuado en el país organizaciones para la lucha armada, en 1973, en el momento en que se produce el golpe de Estado, esas organizaciones no existían. El movimiento de resistencia que lanzan los trabajadores lo lanzan a conciencia de que tienen que jugar sus esfuerzos para restablecer la vigencia de la Constitución: para restablecer un régimen de consulta popular; ya que el Presidente de la República se había complicado con el golpe de Estado, para sustituir al presidente por el vicepresidente; convocar a elecciones, como está previsto en la Constitución, y en ese sentido los objetivos de la huelga son objetivos modestos, eran objetivos defensivos”(28). Esta argumentación es completamente falaz. ¿La clase obrera, única que enfrentó decididamente el golpe de Estado, única capaz de derrotarlo, debía contentarse (en caso de triunfo de la huelga general) con entregar el poder a sus explotadores y volver a la situación anterior? El sólo planteamiento del problema ya revelaba la inconsistencia de la argumentación de Rodríguez. La clase obrera sólo podría haber sido expropiada políticamente de un triunfo de la huelga, a través de la colaboración activa de la burocracia cenetista, para lo cual la burguesía incluso hubiera necesitado cooptar a algunos “izquierdistas” o líderes “obreros” al gobierno para contentar a las masas. La ausencia de “aparatos armados” (el de los tupas, había sido derrotado; el del PC “faltó sin aviso”) no puede justificar nunca objetivos “defensivos”. Si la huelga podía triunfar sin contar previamente con alguna forma de armamento popular, ¿debía la triunfante clase obrera entregar el poder a los Sapelli, Batlle, Sanguinetti, Ferreira y Seregni, o debía “tomar en sus manos los destinos de la nación” (29). a través de un “gobierno obrero”? Si, según Rodríguez, la huelga no podía triunfar por ausencia del armamento del pueblo, entonces ¿qué sentido tiene hablar de “objetivos”, sean estos “ofensivos” o “defensivos”? La dialéctica de la lucha de clases hubiera planteado objetivamente, en caso de derrota del golpe, la cuestión del poder obrero: ¿quién tendría mayores “credenciales” para dirigir al conjunto del pueblo? ¿La burguesía, que fue incapaz de reunir a la Asamblea General para condenar el golpe? Todo esto señala la incapacidad de la oposición “combativa” de plantearse una estrategia de poder. Para ellos la clase obrera no era más que un “grupo de presión” sobre el Estado capitalista, y no la enterradora del régimen social de los parásitos y los chupasangre. La política de la oposición al PC no sólo era un peligro para el caso de un triunfo de la clase obrera, porque hubiera apoyado una maniobra de confiscación del poder a los trabajadores por los parlamentarios burgueses, reinstalando al vicepresidente bordaberrista. También era un bloqueo para una correcta política durante la huelga, en la medida que el planteo de objetivos “defensivos”, implicaba una política de acuerdos con el Frente Amplio, el ferreirismo y los colorados “antigolpistas” que liquidaba la posibilidad de una política que armara a los trabajadores, buscara ganarse o al menos neutralizar a la tropa del ejército, y lanzar una ofensiva para derrocar al gobierno golpista. La política de la “tendencia combativa” también condenaba a la clase obrera a la “expectativa” en relación a los posibles acuerdos con la burguesia "antigolpista", del mismo modo que el PC la condenaba a la “expectativa” de las negociaciones con los "peruanistas". Los burócratas sindicales siempre han afirmado que "prepararon la huelga desde 1964”, para ocultar que en 1973 no la convocaron. Pero no se dan cuenta que esto no hace más que agravar su traición. Si desde 1964 “previeron” el golpe y “organizaron” la huelga general con ocupacion, ¿cómo es que nunca “previeron" la necesidad de armar a los trabajadores? La verdad es que una política de triunfo para la huelga general sólo podía basarse en transformarla en una a huelga insurreccional que la dotara de una política para el armamento del pueblo y de una política hacia la tropa y la suboficialidad del ejército, detrás de un programa de gobierno de trabajadores y la convocatoria de una Asamblea Constituyente libremente elegida y soberana. Sin tener en cuente este aspecto fundamental, todas las criticas parciales de la oposición sindical al PC son una suma de detalles. La traición del stalinismo consistió en estrangular la resistencia de las masas en función de negociaciones con los represores "progresistas". La “oposición” no contaba con una estrategia revolucionaria, sino que pretendía desarrollar una movilización “pacífica” que abriera una salida en torno al ferreirismo y un gobierno de unidad nacional. La estrategia del aplastamiento del golpe, del derrocamiento de los represores, de la toma del poder por los explotados, estuvo ausente en la huelga general: cuando los trabajadores y los estudiantes asumían instintivamente medidas de autodefensa y buscaban dar un carácter ofensivo a la lucha contra el golpe, demostraban una vez más estar por delante de las organizaciones políticas y sindicales que los dirigían. La derrota de la huelga general La huelga general sorprendió a los golpistas por su tremenda masividad, por eso buscaron abrir una negociación con la CNT para lograr su levantamiento, y se encontraron paralizados los primeros días sin saber qué camino adoptar. Por ejemplo, recién “El sábado 30 (el ejército) ocupa militarmente (ANCAP), copando el combustible almacenado” (30). lo que hubiera permitido a los trabajadores (si no hubieran sido frenados por la burocracia genetista) inutilizar el combustible mediante la mezcla de crudos y refinados. Por el contrario, aún antes del copa miento militar, “el jueves 28 y el viernes 29 de junio, el ejército retira combustibles de ANCAP” (idea) que le facilitó la dirección sindical. El desalojo de las fábricas recién comenzó al cuarto día de la huelga; la actitud de los oficiales era al principio muy cauta, sin la crudeza de la represión creció día a día. Las fábricas desalojadas eran nuevamente ocupadas en el momento en que las patronales convocaban al trabajo: eso se dió seis, siete y ocho veces en diversos centros de trabajo, lo que revelaba el coraje y la decisión del proletariado, que sabía que inmediatamente sobrevendría una nueva represión (y, casi seguramente, cientos de detenciones). Cuando este método represivo se agotó porque no lograba quebrar la combatividad obrera, los mandos golpistas se concentraron en quebrar la huelga en el transporte, lo cual les fue facilitado por el comando de la CNT, que no había impartido directivas para dispersar o inutilizar los ómnibuses, que permitió el acceso de las FF.AA. al combustible y frenó luego la lucha para parar el transporte mediante miguelitos, barricadas y el hostigamiento de los cameros. El funcionamiento del transporte se convirtió en un factor desmoralizador de primer orden, en una situación en que las movilizaciones quedaban libradas a la iniciativa de los barrios y los centros de trabajo, y donde la dirección de la huelga no convocaba a ninguna acción de masas sino que planteaba que la huelga se venía "deteriorando” y que había que lograr una "salida decorosa” (argumento típico de toda burocracia pro-burguesa, cuando quiere preparar una *entrega vergonzosa”). El 9 de julio la CNT y el FA se ven obligados a convocar una manifestación en 18 de julio. Esta marcha se convierte en una demostración multitudinaria contra la dictadura, que revelaba que en el decimotercer día de huelga la clase obrera mantenía en lo esencial su confianza y su combatividad. Esta movilización fue salvajemente reprimida por las fuerzas militares. Luego de esta jomada y en una situación en que la dirección de la huelga no señalaba ninguna perspectiva, la confianza de los trabajadores en sus propias fuerzas comienza a caer. A partir de ese momento la dirección de la CNT comienza a plantear abiertamente su levantamiento. El 10 de julio las “3F” plantean un documento de “Bases de salida de la huelga” donde se propone una negociación con las FF.AA.: el PC se opone porque ya está para levantar. Es en ese sentido que hay que entender los dichos de Valenti: “Hay quien sostuvo que en ese momento había que seguir negociando. No había nada que negociar. Cuando se entra en una huelga defendiendo la democracia contra la dictadura no se puede negociar parcelas de democracia” (31). ¡Qué cinismo! ¡Cómo si el PCU hubiera hecho otra cosa, desde el 27 de junio, que negociar "parcelas de democracia” (es decir, "parcelas de dictadura”) con los golpistas! El 11 de julio, en el decimoquinto día de huelga, la cúpula de la CNT resuelve —por mayoría— levantar la huelga. Se oponen las “3F” (Funsa, Foeb, Fus), el COT se abstiene. La noticia se recibe con indignación e incredulidad en las bases obreras. Diversas asambleas (y no solamente en los gremios que se habían opuesto al levantamiento) planteaban seguir. La dirección que no convocó a la huelga y que la saboteó sistemáticamente, se encargó de "convencer” a los trabajadores que era “inevitable” levantar. “El episodio más penoso de mi vida como dirigente obrera, fue cuando me tocó ir a comunicarle al gremio que se había levantado la huelga”, afirmó Jorgelina Martínez, dirigente del COT. “Fue algo tremendo decirle a los compañeros que la CNT la levantaba. No me olvidaré más de lo que significó después de leer ese documento, ver en la asamblea a los compañeros llorando, con los puños apretados, que me gritaban: No, Negra. No. Hay que seguir…"" (32). Esto dicho por alguien que pensaba que “a esa altura, ya no había condiciones para mantener la huelga” es un testimonio de enorme validez. Y está lejos de ser el único. En la química, el testimonio es similar: “La gente seguía con la moral muy alta, pero en el plano general la huelga había comenzado a resquebrajarse. El gremio hizo una última valoración de la situación, reunido en la planta de Cinoca Oxígeno que estaba abierta con una guardia, debido a que era de las únicas proveedoras de oxígeno médico. Entonces el STIQ decidió el levantamiento, porque si bien había fuerzas para seguir, vimos que cinco gremios solos (FUS, FOEB, FUNSA, STIQ y AEBU), éramos fáciles de destruir. Después tuvimos la gran responsabilidad de plantearles a los compañeros la resolución. Nos decían que no, que todavía era posible bancar un poco más” (33). El caso de FUNSA es aún más contundente. Cuenta un delegado sindical: “Estuvimos detenidos (en el Cilindro Municipal) unos cuantos días; cuando nos largaron, la huelga ya se había levantado pero en FUNSA todavía no se trabajaba. Los compañeros plantearon que no empezaban hasta que nos soltaran a todos” (34). Todo demuestra que la represión militar no logró derrotar a la clase obrera, que la combatió heroicamente. Sólo la traición de la dirección stalinista, que llevó adelante una política contrarrevolucionaria, pudo fortalecer a los golpistas y transformar el fracaso de las FF.AA. en quebrar a las masas en una victoria, provocando la derrota obrera. Fue la traición directa de la dirección "comunista” la que pudo hacer realidad el objetivo de los milicos. “Los trabajadores hubieran deseado que, en esta batalla, no hubiera otra división entre los orientales que la que opone irreconciliablemente al pueblo con la oligarquía. (Los trabajadores) hicieron todo lo que estuvo a su alcance para impedir que se estableciera una línea divisoria, una frontera de hostilidad, entre quienes visten el overol de trabajo y quienes visten el uniforme militar”, decía la cúpula de la CNT en su manifiesto levantando la huelga general (11/7/73). “Por eso valoramos positivamente las expresiones de los comunicados 4 y 7 de las FF.AA., en los cuales establecían que éstas no serían jamás el brazo armado de grupos de privilegio económico o político, y se trazaron el programa de cambio que, en aspectos sustanciales, coincidía con el que reclaman la CNT y otras fuerzas patrióticas y populares. Lamentablemente en el golpe del 27 de junio las FF.AA. se alinearon en posiciones opuestas a las manifestadas en esos comunicados. (…) De hecho, enfrentaron a los trabajadores y al pueblo, a sus legítimas aspiraciones de cambio, traicionaron sus propios postulados que habían estampado en aquellos documentos. La CNT y los trabajadores seguían por principios y no por odios ciegos. La dureza de los últimos combates, los inauditos sacrificios sufridos en esos días, los muertos del pueblo cuya sangre ha regado una vez más el sueldo patrio, no nos nublan la vista ni desvían la brújula que nos guía. Una vez más, proclamamos enfáticamente que no tenemos más enemigos que la oligarquía y el imperialismo y quienes defienden su régimen podrido. Una vez más expresamos nuestra esperanza de que todos los patriotas, incuídos aquellos que forman parte de las FF.AA., comprendan que ese es el único criterio que pueden sustentar quienes sinceramente desean salvar la República, evitando los horrores de una guerra civil, pero llevando a cabo a la vez, los cambios profundos que ella necesita para asegurar el progreso, la libertad, la justicia y la concordia libremente establecida de su pueblo auténtico. La actitud digna y respetuosa de algunos integrantes de esas fuerzas, en medio de los dramáticos días que nos han tocado vivir, confirman plenamente la justeza de esas, nuestras posiciones de principios” (idem). En éstos términos marcaba la dirección arismendista la orientación futura de la CNT, buscando un acuerdo con sectores de las FF.AA. La historia se en cargaría de demostrar que esta política no evitaría “los horrores de una guerra civil”, sino que abriría paso al aplastamiento del pueblo por la dictadura militar, a un genocidio sin precedentes en la historia nacional, a la destrucción física y psicológica de decenas de miles de militantes populares, incluidos muchos militantes comunistas que se convirtieron de esta manera en víctimas de la política de su dirección, la “guerra civil” no fue evitada: simplemente fue unilateral, fue una guerra del imperialismo y el gran capital, a través de las FF.AA., contra los explotados. La política de la dirección del movimiento obrero no organizó la “guerra” de las masas contra el golpe y la dictadura militar, sino que las condenó a ser aplastadas. Frente a la derrota provocada por su política, la dirección stalinista mostró un increíble “triunfalismo”, que se mantiene hasta nuestros días. La cúpula de la CNT no sólo negó la derrota, buscando disfrazarla con el “verso” de que se pasaba a “nuevas formas de lucha”, sino que en un “ufanismo” ya delirante afirmaba que “la dictadura nació herida de muerte” (35). La oposición sindical tampoco era conciente de la magnitud de la traición al PC. El documento de FUS, FOEB, FUNSA y Textiles de balance de la huelga afirma que “ningún gremio fue derrotado; fue derrotado un estilo, un método, una concepción del trabajo sindical”. Ya en 1984, cuando esta caracterización evidentemente había sido negada por la realidad, Enrique Rubio (ex-dirigente de la Corriente y actualmente dirigente de la IDI) afirmaba: “Para decirlo en forma metafórica, la huelga general hizo que la dictadura naciera herida de muerte” (36). La resistencia obrera y popular continuó en los meses siguientes, a través de luchas parciales, a través de las “re afiliaciones” (para ser reconocidos los gremios tenían que presentar el 30% de las firmas de sus afiliados al Ministerio del Interior; en menos de un mes todos los sindicatos presentaron más del 50%), a través de las elección es universitarias (en las que triunfó la izquierda), etc. En octubre el gobierno ilegaliza al PC y otros partidos de izquierda, y clausura “El Popular”. Otros medios de prensa vivirían unos meses más, siendo cerrados en 1974. El régimen asumía un carácter totalitario, de dictadura abierta del gran capital y el imperialismo, luego de haber fracasado el intento de incorporar al Consejo de Estado a sectores representativos de los partidos burgueses tradicionales. Conclusiones La huelga general de 1973 fue la expresión más elevada de lucha del movimiento obrero uruguayo en toda su historia. En junio de 1973 la clase obrera apareció claramente como el único caudillo que podría dirigir a la nación explotada en la lucha por las libertades democráticas pisoteadas por el régimen capitalista, y por la liberación nacional. El proletariado demostró tener un peso social y político mucho más importante que su peso numérico (ya de por sí relevante en nuestro país), en tanto que la burguesía “democrática” demostró una vez más su raquitismo e impotencia políticos. Ya vimos que a Luis Alberto Lacalle el golpe ni siquiera le quitó el sueño (literalmente hablando). Fue con los métodos obreros de la huelga general, las ocupaciones, los piquetes, los grupos de defensa obrero y estudiantil, con los que se enfrentó el golpe de Estado: esto es por sí mismo una impugnación absoluta de la tesis staliniana de “revolución por etapas” y "alianza con la burguesía progresista". La huelga general no podía dejar de plantear como problema fundamental del movimiento obrero su crisis de dirección. Fue la política contrarrevolucionaria del stalinismo la causa esencial de la derrota. La oposición sindical al PC no pudo superar sus limitaciones y plantearse la construcción de un partido obrero y revolucionario, y no logró oponer una estrategia revolucionaria al seguidismo del PC a la burguesía (en una primera instancia al ferreirismo, luego al “peruanismo” militar), sino que se limitó a críticas metodológicas y parciales. El balance de la huelga general no es una cuestión “pasada”, sino que tiene importancia sobre todo para las luchas presentes y futuras. Los actuales dirigentes del Frente Amplio y del PIT-CNT son los mismos que provocaron la derrota de las heroicas luchas obreras en el periodo 1967-1973, y en particular de la huelga general. La lucha por una dirección revolucionaria para el movimiento obrero, contra la burocracia sindical pro-burguesa, sigue siendo una tarea pendiente. Sólo la construcción de un partido revolucionario de la clase obrera, un partido obrero de masas, puede resolver la crisis de dirección de los trabajadores. Actualmente el régimen “democrático” capitalista está dando indicios palpables de su agotamiento. La división de la burguesía, la descomposición imparable de los partidos tradicionales, la deliberación en las FF.AA., la creciente incapacidad del conjunto del régimen para contener a un movimiento obrero que comienza a transitar un ascenso huelguístico, todo esto está indicando la crisis del conjunto del aparato estatal (no olvidar las huelgas del Poder Judicial y de la policía). En esto el Uruguay no está sólo: con su ritmo y sus particularidades, no hace más que transitar la misma crisis del conjunto de los regímenes “democratizantes” del continente (Perú, Venezuela, Haití, Brasil, Guatemala, Chile, Argentina…). Los trabajadores nos vamos a enfrentar a una nueva agudización de la lucha de clases, a un período de violentas convulsiones y crisis políticas revolucionarias. Un dicho popular afirma que no es conveniente cambiar de caballo en medio de un torrente, porque eso puede significar que el jinete caiga y se ahogue. La tarea planteada para el activismo obrero y de izquierda, y para la juventud, es trabajar para la construcción de una dirección revolucionaria antes de que la situación política plantee grandes virajes en los cuales el carácter burocrático y pro-capitalista de la dirección se convierta, nuevamente, en un factor de derrota. Hoy, la burocracia sindical y el Frente Amplio viven una aguda crisis, producto de la bancarrota y la caída de sus “referentes” internacionales. Tanto la burocracia soviética, como los movimientos burgueses “tercermundistas”, como la “socialdemocracia” internacional, se han venido abajo producto de la crisis económica y política internacional. Las fuerzas políticas que responden a esos regímenes quebrados están, naturalmente, pasando por una crisis imparable. Los intentos de “reciclar” los viejos aparatos no han logrado superar esta crisis y por el contrario han desembocado mayormente en situaciones explosivas (por ejemplo, en el PC). A nivel sindical, la burocracia frenteamplista que antes giraba en la órbita de la “Federación Sindical Mundial” (un aparato de la burocracia soviética), hoy busca pasarse con armas y bagajes a la “amarilla” CIOSL… olvidando que la ORIT (regional de la CIOSL) saludó el golpe de Estado de Bordaberry porque permitiría instaurar un “sindicalismo libre” (léase, amarillo) en el país. La integración a la CIOSL no puede justificarse bajo ningún argumento de “unidad obrera internacional”, ya que esa organización no es una central sindical sino un aparato contrarrevolucionario del imperialismo yanqui y europeo. La dirección del PIT-CNT almuerza con el embajador yanqui, Mr. Brown, con lo cual no sólo traiciona la causa de la revolución cubana al “confraternizar” con los bloqueadores de Cuba, sino que está enviando un mensaje al departamento de Estado (y a los trabajadores) de que quieren la “convivencia” con el imperialismo (y no su expulsión de América Latina y la confiscación de sus bienes). Este “gesto” es coincidente con declaraciones de dirigentes frenteamplistas en el sentido de que ya no regiría la “categoría clase obrera” y que la “izquierda” debería mantenerse “equidistante” respecto a los distintos sectores sociales: con esto los “renovados” stalinistas demuestran que al hablar de “proletariado” se referían a la burocracia rusa, y que ahora que la URSS se ha derrumbado ellos no encuentran obstáculos para una convergencia estratégica con el imperialismo… algo que por otra parte no es otra cosa que la política restauracionista de Gorbachov y Yeltsin. La bancarrota de las direcciones “comunista", “socialistas” y “nacionalistas” nos dan una oportunidad histórica para la reconstrucción de una dirección revolucionaria para el movimiento obrero nacional e internacional. La tarea planteada es la construcción de un auténtico partido de trabajadores y de una internacional obrera, para la lucha por el gobierno de los trabajadores (dictadura proletaria), y la unidad socialista de América Latina, como parte de la revolución socialista mundial. *** Así fue “Esa noche las unidades de Cutcsa y de Amdet fueron dejadas como era habitual en las respectivas playas de estacionamiento. Esto contradecía un criterio establecido en una comisión formada al efecto por la CNT, en la que se había acordado que las unidades del transporte colectivo debían ser dispersadas en las fábricas ocupadas. “Los dirigentes gremiales del transporte que seguían la orientación del Partido Comunista, consideraron que no correspondía aplicar este tipo de medidas, ni tampoco quitarles el rotor del motor, como propusieron algunos obreros, que podía impedir usarlos, sin destruirlos”. *(extraído de La República de Montevideo, 28/6/93) —por Víctor L. Bacchetta— NOTAS: (1) El Día, 27/6/73. (2) Búsqueda, 24/6/93 (3) delegado de “Juan Benzo” -Agua Jane- en la revista (4) trabajadores de FUNSA, “Temas”, “Temas” de Mate Amargo. (5) obreros de Alpargatas, “Temas”. como Relaciones Exteriores (6) El Popular, 19/1/70. (7) Enrique Rodríguez, El Popular, 30/1/73. (8) Marcha, diciembre/enero de 1970 (9) Héctor Rodríguez, en Marcha. (10) Marcha, 6/3/70 (11) Informe al Comité Ejecutivo de la FENAPES, de R. Vilaró, enero 1973 (12) reportaje de Marta Harnecker, en “Los desafíos de una Izquierda Legal”, agosto de 1991 (13) Héctor Rodríguez, en “Los desafíos de una Izquierda Legal”. (14) “Ahora”, 1/4/73 (15) "The New York Times”, 30/6. (16) revista Temas de Mate Amargo (17) Temas (18)Temas (19)“Unidad Sindical y Huelga General” (20) “Bases de salida de la huelga general”, documento de las “3F", FUS, FOEB y FUNSA, del 10/7 (22) “Unidad sindical y…”. (23) ídem. (24) un trabajador de la construcción, en revista Temas. (25) Brecha, 11/6/93. (26)“Los desafíos de una Izquierda Legal”) (27)“Los desafíos de una Izquierda Legal” (28)Héctor Rodríguez, “Unidad sindical y…". (29) declaración de principios de la CNT, 1966) (30) Balance de las “3F” abrir una represión salvaje sino buscando “dialogar”. (31) “Los desafíos de una Izquierda Legal”. (32) Temas (33) Temas, delegado de “Juan Benzo”-Agua Jane. (34) Temas) (35)Félix Díaz, en revista Temas. (36) CUI, Documentos Sindicales N° 3).

1 de julio de 1993
Trotskismo y “Tanguedia”

Acerca de una “farsa” de Horacio Tarcus En un artículo reciente (1), H. Tarcus analiza la obra y trayectoria de dos pensadores marxistas argentinos. Silvio Frondizi y Milcíades Peña constituirían una vertiente “olvidada” de dicha doctrina en nuestro país, caracterizada por un rasgo común a ambos: ser los representantes de “la visión trágica en el pensamiento marxista argentino”. Aunque el autor afirma que se trata de una introducción a un trabajo más amplio, el artículo es lo suficientemente extenso como para poner en evidencia los objetivos (y los métodos) políticos e intelectuales de H. Tarcus. El principal de esos objetivos sería el “intento de constituir una tradición de marxistas críticos en nuestra cultura”. Veamos pues. Para Tarcus, la intelectualidad marxista argentina habría vivido un drama histórico: “La relación de los intelectuales marxistas argentinos con las direcciones políticas fue siempre tensa, y colocaba a los primeros en un dilema costoso: quedarse en las filas del partido para ilustrar teóricamente la línea oficial bajo la tutela de la dirección, o alejarse y producir en libertad al precio de un aislamiento gravoso… los intelectuales marxistas argentinos de esta época liberan sus potencialidades creativas cuando, no sin dificultades ni sin costos graves, logran romper con las estructuras políticas que los constriñen”. El que crea que estas palabras se ajustan como anillo al dedo a la relación entre el stalinismo y la intelectualidad de izquierda, se llevará una gran desilusión (dígase de paso que, si así fuera, esto no constituiría ninguna peculiaridad argentina), pues Tarcus se refiere al conjunto de los partidos de izquierda, “desde el viejo Partido Socialista hasta la más pequeña organización trotskista, pasando, desde luego, por el entonces poderoso Partido Comunista” (sic). Se prescinde, pues, de la diversa base de clase, y de los diferentes (y, a veces, diametralmente opuestos) objetivos políticos e históricos de dichos partidos, para caracterizarlos en común como enemigos iguales de la actividad intelectual “en libertad”, y esto vale tanto para los que defendían los campos de concentración stalinistas y rompían huelgas en la Argentina, como para los que luchaban contra esos campos y desarrollaban una actividad clasista en el movimiento obrero. El enemigo de la inteligencia de izquierda argentina habría sido, de este modo, el “Partido” en general. Si esto fuera realmente así, no sólo Peña y Frondizi habrían sido puestos frente a una alternativa trágica, sino el conjunto de la intelectualidad de izquierda argentina: someterse a un ente que, cualquiera que fuese su cuño político, existiría para impedirles pensar, o romper con el “Partido” (o sea, con toda actividad política organizada), dejando, en este caso, de ser marxistas (por lo menos, si entendemos la teoría revolucionaria como la entendía el propio Marx, como unidad de teoría y práctica, o como una “guía para la acción”). Tarcus (que, líneas más adelante, nos acusará de “falta de perspectiva historiográfica”: de te fabula narratur) ni se da al trabajo de enunciar las causas (históricas, historiográficas, o lo que sea) de esta peculiaridad del marxismo, o de los partidos de izquierda, en el Cono Sur, pese a lo cual no vacila en transformarla en el axioma de toda su demostración posterior. Si Tarcus se hubiese detenido a pensar en el asunto, habría comprendido (tal vez) que semejante impasse ontológico “argentino” en las relaciones intelectualidad/partido, significaba no sólo la esterilidad de la intelectualidad de izquierda, sino el propio certificado de defunción del (o de los) “partidos”, pues éstos quedarían imposibilitados de formular un programa histórico de revolución social —programa que, por lo menos en la primera etapa de organización de los núcleos de la vanguardia revolucionaria, sólo puede ser formulado por representantes de la intelectualidad. Pero éstos serían los problemas que un marxista se formularía frente a una constatación como la de Tarcus: veremos ahora que la pretensión de Tarcus de considerarse marxista (crítico o no) es, por lo menos, absurda, y hasta cierto punto, curiosa. Sentada su premisa, Tarcus procede a clasificar pedantemente a los intelectuales de izquierda argentinos en las diversas comentes políticas (socialistas, comunistas, trotskistas, peronistas, nacionalistas, etc.), relatando de paso las vicisitudes que todos tuvieron con sus “Partidos”. De más está decir que esa clasificación socio-museológica es perfectamente inútil, porque está desligada de la base histórica y social de las diversas opciones políticas, la cual sería la única capaz de tornar inteligible, no sólo las divisiones de la intelectualidad argentina, sino principalmente su dinámica (su historia), además de constituir el único abordaje marxista posible del problema. El membrete “intelectual” adherido a cada uno se sobrepone a sus opciones políticas y a la base de clase de ellas: los intelectuales, sin embargo, no constituyen una clase social (no sabemos si Tarcus opina lo contrario, porque siquiera roza la cuestión) sino una capa o camada que se distribuye entre las diversas clases y sus expresiones políticas, no de manera arbitraria, sino como consecuencia del desarrollo de la lucha de clases en cada País y mundialmente. Tarcus se propone analizar a Peña y a Frondizi, pero comienza no comprendiendo lo más elemental, lo que constituye el mérito histórico básico de ambas figuras: que al abrazar la causa del trotskismo se vinculaban históricamente al proletariado nacional e internacional y a sus intereses históricos, a diferencia de aquéllos que, a través del peronismo o del stalinismo, unieron sus destinos a los de la burguesía o la burocracia rusa (a veces a ambas, como ilustra la trayectoria de Rodolfo Puiggrós, Juan José Real y otros) con todas las prebendas consecuentes. La problemática gramsciana del “intelectual orgánico”, sin referirse a la clase social a la que se vincula esa organicidad, es un embuste pseudo-intelectual (del cual Gramsci no es responsable, pues él sí se refería a ella). El enfoque abstracto y a-clasista, metodológicamente hablando, de la intelectualidad, lleva a barbaridades en la apreciación histórica de los personajes: Tarcus, que distribuye elogios entre todos los "intelectuales” por su condición de tales, llega a vislumbrar “audacia política” en la trayectoria de un Jorge Abelardo Ramos. El ex plumífero de Perón y del Estado en el diario “Democracia”, que concluyó como embajador de Menem en México, pasando por el apoyo a Onganía y a Galtieri, y hasta al presidente norteamericano Eisenhower, seguramente sonreiría por el honor inesperado que le otorga este “izquierdista”. Digamos de paso que este “audaz intelectual”, supuestamente liberado de la presión constreñidora del “partido” (pero no de la presión “dulce” del Estado), se caracterizó también por construir pequeños “partidos”, al servicio de sus mala-barismos políticos, en los que reinaba como sátrapa “ilustrado” (y ahí sí que no valía la “libertad de creación”), “partidos” que probablemente hayan sido las entidades políticas argentinas que mejor respondieron al calificativo de “sectas” (pues se estructuraban en tomo a la adoración del déspota), calificativo que Tarcus reserva exclusivamente para el trotskismo, lo cual es perfectamente lógico en su enfoque y en su ignorancia. Pues Tarcus, que poco tiene para decir sobre la naturaleza de clase de la intelectualidad vinculada al peronismo, al stalinismo o a la social democracia, descubre en el trotskismo todos los defectos posibles: “El trotskismo orgánico, partidario, nunca dio muestras de orientar una política intelectual destinada al estudio de la historia argentina, la estructura de clases de su sociedad, o sus tradiciones políticas… el desencuentro entre la tradición trotskista y la historia es un fenómeno no sólo local, sino mundial… Se concentró en los grandes debates ideológicos internacionales antes que en el estudio de la realidad argentina… su fe (de Peña y Frondizi) en el socialismo no era dogmática, y en esto se diferenciaron del trotskismo vernáculo”, etc. La artillería de Tarcus tiene un blanco preciso. Pero es una artillería leve: no consigue sino repetir el cliché histórico del nacionalismo contra el internacionalismo marxista (preocupación con la lucha de clases mundial, en detrimento del conocimiento de la realidad y tradiciones nacionales, que el nacionalismo separa metafísicamente de las internacionales), que fue también el pretexto de todos los marxistas pasados con armas y bagajes al nacionalismo o al peronismo. En cuanto al análisis de la realidad social e histórica argentinas, realizada no sólo por “autores de extracción trotskista”, sino por organizaciones trotskistas, no sólo está lejos de ser despreciable (quien esto escribe publicó tres volúmenes para tratar de demostrarlo, los números 91,133 y 135 de la “Biblioteca Política Argentina”, del Centro Editor de América Latina) sino que, en varios casos, se sitúa entre lo mejor de la producción intelectual argentina a secas (como lo reconoce, por ejemplo, el nacionalista Juan José Hernández Arregui en La Formación de la Conciencia Nacional). Lógicamente, contiene también enormes debilidades, que sólo pueden ser evaluadas en función de su objetivo: formularlas bases para un programa revolucionario en Argentina, pero es difícil discutir esto con quien comete el error primario de contraponer abstractamente las realidades nacional e internacional. Para H. Tarcus, lo importante no es que Peña y Frondizi hayan sido trotskistas (a pesar de que este hecho constituyó la carta de identidad política de ambos: no partir de ese hecho es simplemente una aberración historiográfica), sino que hayan pertenecido a la amplia cofradía de los “intelectuales”, ocupando dentro de ella la posición de “marxistas (o intelectuales) trágicos”, condición ésta al parecer más importante que la de marxistas o trotskistas. Parece ser que a Tarcus le interesa el hecho de que ambos hayan fracasado como dirigentes trotskistas (hecho que para Tarcus sería una virtud, pues revelaría la sacrosanta rebeldía del intelectual contra el gran malhechor, el “partido”), y la posibilidad, a partir de ahí, de utilizarlos como argumentos contra el trotskismo. Peña concluyó rompiendo con la corriente política que ayudó a formar (el morenismo) y Frondizi fue testigo del fracaso de la organización política que tentó afanosamente construir (Praxis). Pero no existe la menor posibilidad de utilizarlos de esa manera: Peña, el más dotado intelectualmente de los dirigentes morenistas, pasó parte de su tiempo en esa comente dedicado a ilustrar intelectualmente las piruetas políticas de aquél a quien J. E. Spilimbergo llamó “su increíble maestro” (afirmar, como lo hace Tarcus, que en su posterior revista Fichas Peña “sostendrá la crítica más despiadada de las estrategias entristas” —en el peronismo— es deformar la realidad para adaptarla a objetivos preconcebidos: las escasas referencias en Fichas al “entrismo” morenista son justificativas, cuando no elogiosas). Y presentar a Frondizi como un modelo de antidogmatismo y antiburocratismo, cuando los mejores esfuerzos de su vida fueron consagrados a construir una organización a su imagen y semejanza (sus miembros eran llamados “discípulos”) es, en la mejor de las hipótesis, una broma. Lo único que Peña dijo de nuevo en Fichas, una vez fuera del “partido”, fue su descubrimiento del “quietismo y conservadurismo” de la clase obrera argentina, teoría que precisó apoyarse en un esquema anticientífico y antimarxista (2), y que en realidad fue una justificación ex post-facto de la (fracasada) táctica llevada adelante por Moreno y su grupo durante diez años, que Peña justamente había teorizado, sin llegar a romper nunca con su concepción, sino apenas con la organización que la llevó adelante, y éste fue justamente el talón de Aquiles de Peña como trotskista. Justificar a posteriori las limitaciones teórico-políticas de Peña, atribuyéndolas a una especie de gen trágico de su existencia, está lejos de ser un homenaje a ese importante militante y teórico, no siendo, en el mejor caso, más que malabarismo intelectual. Peña y Frondizi, “intelectuales (o marxistas) trágicos”: ¿de dónde viene esa idea? El mentor ideológico de Tarcus es, obviamente, el teórico franco-brasileño Michael Lowy, de quien Tarcus tomó prestado, no solamente (ni principalmente) la idea, sino el propio título de sus obras (marxismo olvidado”, “para una sociología de los intelectuales revolucionarios”… en Argentina, “marxismo trágico”). No reprocharemos aquí a Tarcus su falta de originalidad, inclusive hasta el plagio. Ni es el lugar aquí para discutir el trabajo de Michael Lowy, bastante amplio, en quien el interés inicial por la obra de marxistas “sui generis” (como G. Lukács, E. Bloch, W. Benjamín) del período de entre-guerras, se fue desdoblando cada vez más en el descubrimiento de elementos “revolucionarios” en el cristianismo (Teología de la Liberación), en el mesianismo judío, en el anarquismo mesiánico, etc., acompañado del descubrimiento de defectos cada vez más numerosos en el marxismo, cuya “ruptura con el patrón productivista del capitalismo y con las bases de la moderna civilización burguesa no fue suficientemente revolucionaria. Marx y los marxistas han seguido a menudo la huella de la ideología del progreso característica de los siglos XVIII y XIX… Marx no siempre superó el modelo burgués-positivista, basado en la arbitraria extensión del paradigma epistemológico de las ciencias naturales a la esfera de la historia” (3). Ni tampoco vamos a ocuparnos del hecho de que Lowy no ha conseguido, hasta ahora, justificar afirmaciones tan perentorias, ni de los vínculos entre su evolución ideológica y la descomposición de la corriente política a la cual pertenece (el Secretariado Unificado de la IV Internacional). Digamos, sin embargo, que Lowy parte, para analizar la “visión trágica” de Lukács del hecho de que “se inserta en el marco general de la crisis ideológica de la intelligentzia centroeuropea, en la que participaba directamente, a través de los círculos intelectuales alemanes y húngaros” (4), o sea, parte de un proceso ideológico-cultural que tuvo una base social (Lowy hace una caracterización de la intelectualidad como capa social) e histórica (Lowy caracteriza a la crisis de la intelligentzia centroeuropea como parte de la crisis social de estos países). Nada de esto se encuentra en Tarcus, para quien el contexto histórico y social se reduce a una clasificación pedante de personas, partidos y textos, agrupados de modo más o menos arbitrario, donde la “tragedia” de Frondizi y Peña se vincula a avatares de su vida personal. En el caso de Frondizi, la “tragedia” habría nacido en su ruptura con el liberalismo original, con una aguda conciencia de los impasses y contradicciones de éste. Ahora bien, el pasaje del liberalismo al marxismo fue un proceso bastante común, en Argentina y en el mundo entero, y hasta donde se sabe, no existe ninguna “visión trágica” a ser pagada como precio por tal operación: por el contrario, en los ejemplos más conocidos, los que efectuaron tal pasaje parecen haberse tornado más optimistas (vide Franz Mehring) y hasta más saludables. En cuanto a vincular la muerte trágica de Silvio Frondizi (asesinado por la Triple A en 1974) con su “visión trágica", esto porque amigos le habrían recomendado abandonar el país poco antes, ello significa: a) Presentar el asesinato de Frondizi como una especie de suicidio “sui generis” (la decisión sensata hubiera sido rajarse); b) despreciarla decisión consciente de Frondizi (esto es, no determinada por un “super-ego” trágico) de continuar en la lucha en su país a pesar de las amenazas, decisión tomada en la misma época por centenas de militantes, intelectuales, sindicalistas, etc. (¿“trágicos” ellos también?), en momentos en que el proletariado argentino evidenciaba el vigor clasista originado en el “cordobazo”, que tendría su mayor manifestación en la huelga general de junio-julio de 1975, condiciones en las cuales ningún militante podría pensar en una victoria ineluctable de la derecha asesina. En suma, sería un insulto, si no supiéramos que se trata sólo de un lugar común de la charlatanería pequeño-burguesa actual, a la cual Tarcus se afilia afirmando que felizmente, en la Argentina de hoy, “ya no hay espacio para la euforia militante” (sic). ¡Qué vergüenza! En Peña, la “tragedia” consistiría en su visión de los impasses de la historia argentina, que Peña, como marxista, atribuía a la incapacidad histórica de la burguesía argentina (o de sus sustitutos militares o pequeño-burgueses) en realizarla revolución democrática, y que Tarcus atribuye a la “visión trágica” de Peña, con lo que se desprecia todo el valor de su obra historio-gráfica (que Tarcus, por razones misteriosas, saluda con entusiasmo). En cuanto al impasse histórico de la clase obrera detectado por Peña, ya dijimos que se vincula a su defectuosa asimilación de su propia trayectoria política. Ya vincular el suicidio de Peña, a los 33 años de edad, con su “visión trágica” de la historia es cosa de imbéciles, por no decir algo peor. Y poner este suicidio en el mismo plano “trágico” que el asesinato de Frondizi por la Triple A prohijada y organizada por el mismo gobierno peronista que era apoyado a rajatablas por otros miembros de la “cofradía” intelectual (incluyendo al titular de la lista electoral por la que Frondizi fue candidato a senador en 1973, el ya nombrado Jorge A. Ramos), lo que revela que tal cofradía sólo existe en los sueños tontitos de la cabecita de Tarcus; poner el suicidio de un ex militante en el mismo plano "trágico” que el asesinato de un militante (con el mayor respeto por la decisión suicida de Peña, cuyas razones últimas nadie puede pretender conocer) significa mezclar cosas de diverso orden hasta revelar que lo único "trágico” en pauta es la pluma del analista, que en su empeño en buscar un marxismo trágico en Argentina, acabó sólo descubriendo el antimarxismo cómico. Tarcus, generoso y afirmativo con todos los autores que cita (y son muchos), cualquiera que sea su cuño político e ideológico, sólo reserva palabras duras para mis trabajos sobre la historia del trotskismo argentino, publicados hace casi diez años (5): “falta de perspectiva historiográfica”, “enfoque cerradamente partidario”, “corte apocalíptico en 1964: antes y después de la aparición de Política Obrera… la Verdad se abre camino y se encama mágicamente en un puñado de hombres casi ajenos a la historia anterior… hasta 1964… es una sucesión ininterrumpida de errores, malentendidos, claudicaciones y corrupción”, etc. El único mérito sería, al parecer, el “encomiable esfuerzo de documentación”. Se trata de un punto secundario, inclusive porque el crítico carece hasta de ese último mérito de la documentación. Digamos simplemente que: 1) Tarcus condena totalmente una obra publicada en tres volúmenes sin citar una sola línea de la misma en su apoyo. Decir que ese procedimiento (en un articulito donde lo que no faltan son citas) es poco serio, es elogiarlo; 2) Publiqué tales trabajos como militante de Política Obrera (actual Partido Obrero), o sea, como militante de la única corriente política argentina que es capaz de plantear abiertamente un balance histórico de la izquierda, del trotskismo y de sí misma; 3) El carácter pionero de la obra invitó a la crítica y la profundización. Pierre Broué, en los Cahiers Léon Trotsky elogió la reconstitución histórica, criticando la ausencia de un cierto “carácter nacional argentino”, que condenaría a los trotskistas argentinos a la esterilidad (!). Julio N. Magri, dirigente del Partido Obrero, también criticó ciertos aspectos del trabajo, proponiendo enfoques y formulaciones superadores (en Política Obrera N° 336, y en los números ya publicados de En Defensa del Marxismo)', 4) La fundación de PO es analizada en el último capítulo del segundo volumen, o sea, ya transcurridos más de dos tercios de la obra. La visión de Tarcus de esos dos tercios previos es antojadiza (el esfuerzo de todos los trotskistas surgidos a partir de 1929 es rescatado, reivindicado y reconstituido) y ni vale la pena referirse a ella. No hay “antes y después (PO o 1964)”: cuando los PCs realizaban esa operación antihistórica, el "antes” se reducía a un simple prólogo; 5) El surgimiento de PO es situado históricamente, mencionándose: la crítica de Silvio Frondizi y del grupo Praxis al oportunismo y las concepciones morenistas, las críticas de El Proletario (Lima), las críticas de Peña a Frondizi, los debates sobre foquismo y maoísmo de la época, las vacilaciones del núcleo inicial de PO, etc. Además del contexto histórico de crisis de la burocracia peronista y de las tentativas izquierdistas de una alianza con ella, y de las causas de ambas crisis en el desarrollo de la lucha de clases. Es, sin embargo, insuficiente (futuras obras corregirán y mejorarán lo hecho), pero es mucho más que descubrir un “marxismo trágico" situado en el aire (o en la cabeza de un imitador); 6) Como marxista, reivindico la continuidad de casi tres décadas de política revolucionaria, contra el pantano del oportunismo de la izquierda argentina, inclusive "trotskista” (que llevó, por ejemplo, al reciente desastre del Mas), y contra la represión y los asesinatos: lógicamente, reivindico a la organización que sustentó esa continuidad; 7)Last but not least, mis trabajos no fueron objeto de censura previa "partidaria”, sino alentados (los primeros capítulos fueron publicados en la revista Internacionalismo, publicada a inicios de los años 80 por PO y la Tendencia Cuarta Intemacionalista, abriendo inclusive un debate partidario). Argumento supremo de Tarcus: no respondo a la pregunta: “¿Por qué una organización con posiciones siempre justas sigue reducida, a casi 30 años de su creación, a una mínima expresión y no logró constituirse en una corriente expresiva significativa del pueblo argentino?”. En casi tres décadas PO creció de un puñado de militantes iniciales hasta una fuerte organización, estructurada en los centros neurálgicos de la lucha de clases, con creciente influencia política, participó en los grandes debates nacionales y en todas las grandes movilizaciones, mantuvo una permanente lucha teórica por el marxismo, presenció el hundimiento de la mayoría de las organizaciones de izquierda surgidas en ese período, ganó una reconocida autoridad política internacional participando en los debates centrales en la lucha por la IV Internacional, preservó su organización y su intervención en la lucha de clases en las condiciones de una dictadura asesina de 8 años, así como en circunstancias políticamente desfavorables (retomo de Perón en 1973, marea democratizante alfonsinista, por ejemplo) y hoy, frente al desbarranque de la izquierda frentepopulista y democratizante, fruto de décadas de oportunismo y de la crisis del capitalismo argentino, es el único punto de reagrupamiento clasista posible para la vanguardia obrera y para la izquierda que pretende actuar con consecuencia política. Esta es la base elemental para una apreciación histórica del papel del PO, y no la exigencia cretina apuntada. Y es también lo que permite al PO incorporar la mejor herencia del marxismo argentino, incluidos Peña y Frondizi (quién si no PO publicó, en América India, la crítica de Peña a Ramos —ese hombre dotado de "enorme (sic) audacia política”, según Tarcus— cuando Peña estaba, sí, bien "olvidado”) como aspecto de la elaboración del programa marxista para nuestro país por parte de la vanguardia obrera revolucionaria y de la intelectualidad asimilada a ella en el transcurso de la lucha de clases. Notas: 1. Horacio Tarcus, "La visión trágica en el pensamiento Cielo por Asalto N° 5, Buenos Aires, otoño 1993. Marxista argentino: Silvio Frondizi y Milcíades Peña", El 2. Osvaldo Coggiola, El trotskismo en Argentina 1960/1985, vol. 1, Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 1986, pp.8-24. 3. Michael Lowy, “Ha muerto el comunismo”, in E. Lucita (org.), La liberación de Marx, Buenos Aires, Tierra del Fuego, 1992, pp. 50-51. 4. Michael Lowy, Para una sociología de los intelectuales revolucionarios, La evolución política de Lukács 1909-1929, México, Siglo XXI, 1978, p. 96. 5. Osvaldo Coggiola, Historia del trotskismo argentino Buenos Aires, Centro Editor de América Latina, 2 volúmenes, (1929-1960), Buenos Aires, Centro Editor de América, 1986. Latina, 1985; y El trotskismo en Argentina (1960-1985),

1 de julio de 1993
Ciclos largos y crisis económicas

Uno de los efectos más notables, en el campo de la teoría, de la crisis económica iniciada en los años ’70, fue la convergencia de economistas marxistas y no marxistas en una explicación basada en la “teoría de las ondas largas”. En la medida en que, después de la crisis, no se reconstituyeron los niveles de empleo ni la tasa de ganancia del período precedente, se convirtió casi en una convención afirmar que esto se debía al hecho de que, a comienzos de la década del ’70, se había iniciado una “onda larga depresiva” del desarrollo capitalista. O, como se dijo en una vulgarización: “el modelo de las ondas largas dice que el desarrollo industrial transcurrió, desde la Revolución Francesa, en períodos de larga duración, que comprenden entre 40 y 60 años. Cada uno de ellos es representado como una sucesión de auges y decadencias, de desarrollos acelerados y retardados, de flujos y reflujos, de modo que en cada período hay una época buena y otra mala, así como en los años de abundancia y escasez de la Biblia… Los autores más recientes tienden a considerar que el punto de viraje de la actual onda larga fue la recesión de 1967 y la primera crisis del petróleo de 1973” (1). Todas las visiones cíclicas actuales son tributarias de la teoría de las ondas largas de la economía, elaborada en los años ’20 por el economista soviético Nicolai Kondratiev. La teoría dio lugar a un amplio debate, cerrado abruptamente alrededor de 1930 por Stalin: Kondratiev fue enviado a Siberia, muriendo poco después. Marx había estudiado los ciclos de la producción capitalista, sacando la conclusión de que las crisis que se producían en períodos de siete a once años se debían a las contradicciones propias de ese modo de producción, que generaban sobre-acumulación de mercaderías y capitales. A estos ciclos “medios”, Kondratiev sobrepuso las “ondas largas”, vinculadas a las innovaciones tecnológicas en gran escala, a su vez dependientes del período de vida útil de los bienes de capital durables (aproximadamente 50 años). El capitalismo conocería así ciclos “largos” de expansión y contracción a largo plazo, con la duración señalada. Kondratiev estudió las condiciones económicas para la realización de cambios de patrón tecnológico: “Las grandes inversiones requieren importantes sumas de capital para empréstitos. De allí que las siguientes condiciones se deban cumplir necesariamente antes de que se pueda iniciar el ascenso de una onda larga: 1) Una propensión al ahorro; 2) una oferta relativamente grande de capital para préstamos a baja tasa de interés” (2). Kondratiev llegó a teorizar que los inventos (condición para la renovación tecnológica) también se producían por “ondas”: el par innovación tecnológica-condiciones económicas, por lo tanto, condicionaría la totalidad del desarrollo social. Para comprobar tales tesis, Kondratiev elaboró largas series estadísticas (salarios, ahorro, precios, producción de materias primas, oro, comercio exterior, etc.) nacionales e internacionales, a las cuales juzgó suficientes para dar base científica a su teoría, identificando “ondas de crecimiento” en los períodos 1789-1823,1848-1873 y 1894-1914; los intervalos corresponderían a “ondas descendentes”. La mayoría de los economistas soviéticos rechazó tanto la teoría como su base empírica. Oparin criticó los criterios matemáticos utilizados por Kondratiev, así como su selección arbitraria de las series estadísticas (que ignoraba deliberadamente otras series disponibles). Eventov insistió en la unidad del proceso económico y en la influencia recíproca entre fluctuaciones de diversa duración: cuestionó que se pudiese separar los “ciclos medios” de Marx y las “tendencias evolutivas” de Kondratiev (a las cuales se les atribuía un carácter cualitativamente diferente), considerando inadmisible determinar puntos de equilibrio en base a datos cuantitativos. Goberman concluyó que, a partir de las series de Kondratiev, “sólo queda a ser explicado como fenómeno independiente, el movimiento de los precios en los siglos XIX y XX”. Gorbotcin fue más lejos, demostrando que la fase "depresiva” de Kondratiev de 1815-1840 (caída tendencial de los precios) fue un período de desarrollo sin precedentes de las fuerzas productivas, el verdadero período de la revolución industrial. Oparin también encontró incompatible las mejoras técnicas propiciadas por las invenciones con el alza de precios típica de la onda ascendente. Si ninguno de los críticos cuestionó la existencia de ondas largas para determinados procesos económicos, todos negaron la existencia de ondas largas con carácter general y periódico para el conjunto del capitalismo. Según Sujanov, el capitalismo cambió constantemente desde el feudalismo en crisis hasta la etapa monopolista (período cubierto por las “ondas” de Kondratiev). Las oscilaciones descubiertas por Kondratiev, como desvíos de una “normalidad teórica” del capitalismo, no eran sino el reflejo de las diversas fases capitalistas. La teoría de Kondratiev suponía un eterno ajuste del capitalismo en torno a sí mismo, lo que significa admitir su inmortalidad: “La fisiología de un organismo en evolución es distinta en cada una de sus etapas sucesivas. La evolución capitalista es un proceso orgánico con etapas bien definidas: juventud, madurez, decadencia… y muerte” (3). Para Bogdanov, las ondas largas tenían causas exógenas al sistema capitalista: “La evolución histórica del capitalismo está determinada por ciertos factores externos. Estos deben ser considerados accidentales e independientes hasta cierto punto del ritmo interno de la economía capitalista” (4). Este último punto constituyó el eje de la crítica hecha por Trotsky a Kondratiev: “En lo que dice respecto a las fases largas (50 años) de la tendencia de la evolución capitalista, para las cuales Kondratiev sugiere, sin fundamento, el nombre de ciclos (u ondas), cabe destacar que su carácter y duración están determinados, no por la dinámica interna de la economía capitalista, sino por las condiciones externas que constituyen la estructura de la evolución capitalista”. Trotsky propuso elaborar la curva del desarrollo capitalista (con un inicio, medio y fin) “incorporando sus elementos no periódicos (tendencias básicas) y periódicos (recurrentes). Tenemos que hacer eso para los países que nos interesan y para el conjunto de la economía mundial”. Para Trotsky “si se intentase establecer un ciclo largo para cada país separadamente, todo el asunto se haría añicos. El ciclo de Marx, por el contrario, puede ser confirmado para cada país separadamente”. Esto porque Marx tuvo éxito en discernir la regularidad en el patrón de los ciclos cortos, toda vez que ellos eran consecuencia de las contradicciones internas del capitalismo. Antes de hablar de ciclos largos regulares se debía recordar la existencia de un regulador interno: sin esto los “ciclos largos” oscurecerían la diferencia entre ciclos periódicos y períodos históricos separados, negando la entrada del capitalismo en un período de decadencia histórica y planteando su infinitud a través de una supuesta (pero no demostrada) tendencia a la autorregulación a largo plazo (que es el eje de la escuela francesa contemporánea de la regulación, Aglietta-Boyer-Coriat). Para Trotsky, la tarea teórica (la curva) permitiría entender más profundamente “los saltos más críticos de la historia: las guerras y las revoluciones. Pero ningún intento en ese sentido puede asemejarse a una anticipación ingenua de los resultados que deben surgir de una completa y dolorosa investigación, aún no realizada”. En cualquier hipótesis “esa aproximación a la historia moderna promete enriquecer la teoría del materialismo histórico, con conquistas más preciosas que los extremadamente dudosos malabarismos especulativos que, para pena de algunos de nuestros marxistas, usan los conceptos y los términos del método materialista, trasplantando el método formalista al dominio del materialismo dialéctico” (5). Trotsky fue a fondo en la crítica al método de Kondratiev, y en eso se distinguió de los otros críticos. Kondratiev había presentado su teoría de manera prudente, hasta tímida: “Creemos que los datos disponibles son suficientes para hacer muy probable ese carácter cíclico”. Frente a las críticas, no se defendió ni profundizó su tesis inicial: escribió apenas dos artículos contra eventuales interpretaciones equivocadas. Como quiera que sea, el debate se terminó brutalmente, con el exilio y la muerte de sus dos participantes (Kondratiev y sus críticos, principalmente Trotsky) por la dictadura stalinista. El programa de investigaciones propuesto por el dirigente de la Revolución de Octubre fue sustituido por una vulgarización idealista-esquemática a gusto de las limitaciones intelectuales del burócrata mayor, nada podía ser escrito sin citar (y alabar) a Stalin. En plena Segunda Guerra, el debate fue retomado en Inglaterra por el economista George Garvy, quien realizó un balance desprovisto de prejuicios, así como un riguroso examen de la teoría y de las estadísticas de Kondratiev, afirmando que “el análisis del trabajo estadístico de Kondratiev nos lleva a la conclusión de que no consigue demostrar la existencia de ciclos largos en la vida económica” (6). Paradojal, pero no casualmente, en la posguerra asistimos a un renacer casi furioso de las teorías de Kondratiev, desde todos los ángulos político-ideológicos y para todos los procesos históricos posibles. Lo que en los años ’20 había sido un debate marginal en la URSS se convirtió en un debate mundial. Desarrollado en el Occidente capitalista, este debate espectacular y abarcador (coincidió, por ejemplo, con las teorías de “larga duración” de Fernand Braudel y la Escuela de los Anales) ya fue objeto de un excelente trabajo de parte de Joshua S. Goldstein (7). Este comete, sin embargo, el notable error de alinear como representantes de la vertiente marxista de la teoría de los ciclos largos al economista Ernest Mandel y a Trotsky (lo que sólo puede explicarse por el hecho de que Mandel se reivindica trotskista). Ya nos referimos a las críticas de Trotsky a la teoría. Es verdad que Mandel adoptó acríticamente las tesis de Kondratiev, a pesar de las críticas de Trotsky (e ignorándolas), en completa contradicción con su supuesta filiación ideológica, lo cual escandalizó a un economista marxista inglés: “Mandel habla de distintas etapas de desigualdades en el desarrollo del capitalismo, tal como sugiere Trotsky con la noción de una línea tendencial discontinua. Simultáneamente, sin embargo, habla de ondas largas de acuerdo con la noción de Kondratiev de un equilibrio a largo plazo que evoluciona sin traumas. Concuerda con Kondratiev y con Trotsky, lo cual es lógicamente imposible. O el capitalismo se desarrolla de acuerdo con un patrón evolutivo, sin traumas, caso en el cual es posible hablar de ondas largas; o, por el contrario, la teoría de las ondas sólo mistifica el desarrollo desigual del capitalismo, como sostenía Trotsky. Ninguna cantidad de sutileza puede superar el hecho básico de que, para Trotsky, las ondas o ciclos prolongados eran incompatibles con una periodización marxista del capitalismo” (8). Recientemente, en un balance de las investigaciones tendientes a probar los “ciclos largos”, un equipo de economistas favorables a esa teoría reconoció honestamente: “no creemos que la existencia de ondas largas haya sido demostrada, a partir del hecho de que la interpretación de los datos supone la intervención de juicios de valor, y no la aplicación de una norma de comprobación universalmente aceptada” (9). El famoso “ciclo de los negocios” de Schumpeter no escapa a esa caracterización, a pesar de que la trilogía propuesta por este autor para caracterizar los ciclos económicos se haya vuelto famosa, para muchos casi un artículo de fe (10): los ciclos Kitchner (40 meses), Juglar (10 años) y Kondratiev (50 años). La principal derivación de la teoría de las ondas largas en el campo de las ciencias sociales fue la llamada “historia de larga duración”, desarrollada en la inmediata posguerra por la ya mencionada “Ecole des Annales”, cuyo principal representante, Fernand Braudel, admitió que era tributaria de las teorías económicas, reconociendo, con todo, que éstas no pasaban de ser “hipótesis”, es decir, que toda una escuela histórica se desarrolló no basada en teorías comprobadas, sino en conjeturas: “Pero además de los ciclos e interciclos, existe lo que los economistas llaman la tendencia secular, sin estudiarla sin embargo. Pero ella sólo interesa a raros economistas, y sus consideraciones sobre las crisis estructurales, no habiendo pasado por la prueba de las verificaciones históricas, se presentan como esbozos o hipótesis, apenas enterradas en un pasado reciente, hasta 1929, cuanto mucho hasta los años de 1870. Ofrece, todavía, una útil introducción a la historia de larga duración. Ellas son como una primera clave” (11). La reutilización acrítica por parte del mundo académico de la teoría económica de las ondas largas, es decir, sin discusión previa de sus propias bases metodológicas (a diferencia de lo que había ocurrido en el debate marxista, en la URSS, en los años ’20), tuvo una motivación histórica muy precisa: la crisis general del sistema capitalista mundial iniciada en 1929: “La crisis de 1929 resaltó brutalmente el papel de las fluctuaciones largas y muy largas en el cambio de las estructuras. Muchas veces, en el pasado, la economía norteamericana, había sufrido "crisis", pero ninguna fue tan violenta como ésta y tan preñada de consecuencias desastrosas para la sociedad norteamericana y para el propio sistema capitalista. La masa de trabajadores desempleados era un problema social que parecía insoluble. Los pronósticos de pronta recuperación económica de los especialistas de Harvard, no se realizaban. De allí la necesidad de controlar los ciclos económicos que generan las crisis. Pero este control solamente sería accesible en términos de un análisis histórico del proceso económico, que permitiese captar las causas de los fenómenos de ascenso y descenso de los precios, en cuya intersección se da la crisis” (12). El objetivo de esta nueva discusión fue perfectamente enunciado por el ya mencionado Schumpeter: “Cualquier tentativa seria de control analítico y aun práctico del ciclo económico debe ser realizado en un ámbito histórico, en el sentido de que la clave para la solución de sus problemas fundamentales solamente puede ser encontrada en los hechos de la historia industrial y comercial” (13). Las consecuencias de esta reutilización fueron múltiples en todos los campos de la ciencia académica. Cabe destacar la llamada “teoría de los ciclos de guerra” que, rejuveneciendo las más reaccionarias concepciones cíclicas de la historia, postula la regularidad de las guerras como parte orgánica del acontecer humano (desde la esclavitud hasta el capitalismo) con independencia de la naturaleza de los diversos regímenes sociales (y lógicamente, de los propios objetivos sociales y políticos de cada guerra) (14). Pero si la economía política burguesa se subió, en los años ’40, a un debate marxista de los años ’20 (mutilándolo y desvinculándolo de sus orígenes) para intentar explicar y dar solución a una catástrofe que no encontraba explicación en la teoría económica hasta entonces existente (la teoría económica keynesiana, “teoría del ahorro y la inversión, o principio del acelerador y multiplicador, que atribuía a la inversión un papel preponderante”(15) surgió en ese cuadro como victoriosa, por ser la generalización más abarcadora de las políticas puestas empíricamente en práctica para combatir la crisis), por los años ’60 fueron marxistas los que se subieron al debate de los años 30-40 para explicar, por el contrario, el ciclo de prosperidad capitalista iniciado después de la Segunda Guerra Mundial. Ernest Mandel se destacó como re introductor de la teoría de las “ondas largas” en el marxismo, “teoría (que) no despierta mayor interés en relación a los ciclos marxistas, aunque Trotsky haya usado una noción similar en el famoso informe presentado al III Congreso Mundial de la Internacional Comunista” (16). Mandel no se tomó el trabajo de explicar esa “similitud”, pero sí el de ignorar la crítica explícita dirigida por Trotsky a la teoría de las “ondas largas” de Kondratiev: “Es posible rechazar de antemano las tentativas del Profesor Kondratiev de atribuir a las épocas que él llama ciclos prolongados el mismo ritmo estricto que se observa en los ciclos cortos. Eso constituye claramente una generalización equivocada sobre la base de una analogía formal. La periodicidad de los ciclos cortos está condicionada por la dinámica interna de las fuerzas capitalistas, lo que se manifiesta en todo lugar y tiempo en que haya un mercado… La absorción por parte del capitalismo de nuevos países y continentes, el descubrimiento de nuevos recursos naturales, y factores significativos de orden superestructural, como guerras y revoluciones, determinan el carácter y la alteración de las épocas de expansión, de estancamiento o de declinación del desarrollo capitalista” (17). Para Mandel, por el contrario, la supuesta “onda larga” posterior a 1945 obedecía a la existencia de un regulador interno del sistema capitalista, pues en ella, “como en otros ciclos expansivos que conocemos en la historia del capitalismo encontramos aún y siempre una constante, a saber, revoluciones tecnológicas” (18), es decir, un factor situado en el campo de la indeterminación absoluta, toda vez que sabemos, desde el Manifiesto Comunista, que “la revolución constante de los medios de producción” es una condición sine quae non del desarrollo capitalista y, simultáneamente, fuente de su crisis (pues implica un aumento de la composición orgánica del capital y consecuentemente, de una caída tendencial de la tasa de ganancia) (19). La cosa empeora cuando sabemos que, para Mandel, la “tercera revolución industrial” de posguerra sería “un subproducto de la competencia permanente por los armamentos de la guerra fría” (20), lo que nos deja a oscuras en cuanto a cuál sería la causa de las “revoluciones tecnológicas” anteriores: Kondratiev, más científicamente, vinculó las ondas largas “al período de vida de ciertos bienes de capital duraderos” (21) calculado por él, justamente, en aproximadamente 50 años (y más consecuentemente intentó en vano elaborar una teoría de las ondas largas de la innovación científica y tecnológica). Mandel debe su celebridad académica al hecho de haber formulado en forma abarcadora el punto de vista según el cual el boom, económico de la posguerra tenía por fundamento una onda larga expansiva del capitalismo, comandada por elementos superestructurales (la guerra fría y la competencia armamentista consecuente, generadora de la "revolución tecnológica”), bautizada como “neocapitalismo”, y definida como cualitativamente diferente del capitalismo monopolista (sin que a Mandel le importase que esto implicase la completa negación de la teoría leninista del imperialismo). La consecuencia de esta postura fue el análisis de la crisis como el inicio de una onda larga depresiva, donde se distinguen: “a) pérdida de productividad industrial, particularmente debido a los problemas en la generación de energía, a los materiales y a los altos gastos improductivos (bélicos sobre todo); b) crisis en la división internacional del trabajo, basada en la hegemonía de los EE.UU.; c) crisis del sistema monetario internacional y d) crisis del ‘Estado benefactor‘" (22), esto es, elementos estructurales y superestructurales, no mutuamente jerarquizados, en verdad indicando la prevalencia de estos últimos, y que remite a una concepción liberal de la crisis económica, para la cual no pasa de un reajuste de los mecanismos naturales para volver al equilibrio, fase en la que se eliminan las empresas mal organizadas. Para el marxismo, por el contrario, la crisis indica la tendencia al agotamiento, descomposición y muerte del modo de producción capitalista, consecuencia de sus propias leyes, lo que implica una base metodológica diametralmente opuesta para el análisis de la crisis (23). Es sintomático que cuando se afirma la existencia de una “dinámica larga recesiva”, se caracterice como elementos centrales de la crisis “las innovaciones en ciertas ramas industriales, los cambios en el proceso productivo, en el sistema de trabajo y en la división internacional del trabajo”, lo que implica una “periodización del capitalismo (que) acepta indirectamente un futuro para el mismo” (24). Dejando de lado las consecuencias políticas que se derivan de este planteo, su error metodológico fundamental consiste en sobreponer un hipotético “ciclo” a las leyes científicamente comprobadas del desarrollo capitalista: las leyes científicamente determinadas estarían sobre determinadas por una hipótesis. No sólo eso: aunque el “ciclo largo” fuese científicamente comprobado, no sería un elemento decisivo sino subordinado de la dinámica capitalista. O, como dice Trotsky, “No podemos decir que esos ciclos explican todo, eso está excluido por la simple razón de que los propios ciclos no son fenómenos económicos fundamentales, sino derivados. Ocurren sobre la base del desarrollo de las fuerzas productivas a través de los mecanismos de las relaciones de mercado” (25). Aunque los ciclos (cortos o largos) sean fenómenos derivados, es decir, subordinados a las leyes del movimiento de la producción mercantil y de la producción capitalista, nos proveen indicaciones decisivas sobre el período histórico del capitalismo. Según el mismo autor: “Los ciclos comerciales e industriales son de distinto carácter en diferentes períodos. La principal diferencia está determinada por las interrelaciones cuantitativas entre el período de crisis y de auge de cada ciclo considerado. Si el auge restaura con un excedente la destrucción o la austeridad del período precedente, el desarrollo capitalista está en ascenso. Si la crisis, que significa destrucción, o por lo menos contracción de las fuerzas productivas, sobrepasa en intensidad el auge correspondiente, tenemos como resultado una contracción en la economía. Finalmente si la crisis y el auge son de magnitudes aproximadas, tenemos un equilibrio temporario, un estancamiento de la economía. Este es el esquema, en lo fundamental” (26). La reversión exacta del análisis marxista de los ciclos y de las crisis económicas fue realizada por la llamada “escuela de la regulación”, que puso al mundo patas para arriba al caracterizar que la base de los ciclos económicos es “institucional” (y no productiva) y también la tendencia a largo plazo hacia el equilibrio (regulación) del capitalismo (27). Ya Ernest Mandel intentó combinar el análisis trotskista (según el cual los ciclos económicos están determinados por las fuerzas internas del capitalismo, mientras que los períodos históricos lo están por la interacción entre aquéllas y las condiciones estructurales de desarrollo capitalista) con otra que sobrepusiese a los ciclos marxistas los “ciclos largos” como una especie de eslabón intermedio entre los ciclos del capital analizados en El Capital y los períodos históricos (auge, estancamiento y declinación) del sistema capitalista: “La tesis de que en 1914 se produjo un punto de inflexión fundamental en la historia del capitalismo es muy importante desde el punto de vista económico y político … pero el hecho de que el capitalismo haya entrado en 1914 en un período de crisis estructural y declinación histórica no excluye nuevos desarrollos periódicos de las fuerzas productivas en una nueva onda larga expansiva como la presenciada entre 1940-48 y 1968” (28). La teoría de las “ondas largas” explicaría este auge de las fuerzas productivas en un período de declinación histórica de éstas. Veamos cómo. Según Mandel, las ondas largas “son de duración irregular. Su explicación marxista confiere a la realidad histórica de la onda larga un carácter integrado total, a través de una combinación peculiar de los factores económicos endógenos, de los cambios 'ambientales’ exógenos y a la forma en que son mediatizados por los procesos socio-económicos” (29). Esta, que es la formulación teórica más abstracta que Mandel ofrece de su "teoría”, refleja toda su debilidad: se trataría de una “irregularidad” que tendría se explicación en todas las fuentes posibles, o sea, absolutamente nada. En su explicación fundamental de la onda expansiva de posguerra, Mandel argumentó que “dos factores decisivos explican la ‘onda larga con tonalidad básica expansiva‘ desarrollada desde 1940-45 hasta 1966: 1) las derrotas históricas de los trabajadores que permitieron al fascismo y a la guerra elevar la tasa de plusvalía; 2) el incremento resultante en la acumulación de capital (inversiones) conjuntamente con el ritmo acelerado de innovaciones tecnológicas y la reducción del tiempo de rotación del capital fijo, que llevaron en la tercera revolución industrial a una expansión a largo plazo del mercado para la extensión de la reproducción del capital en una escala internacional” (30). Hay aquí una consideración unilateral de la lucha de clases y de lo que serían “victorias” y “derrotas” de los trabajadores y sus consecuencias sobre los salarios y la economía (Mandel olvida el precio pagado por la burguesía para evitar la expansión de la Revolución de Octubre, y las concesiones en materia de “salario indirecto” —previsión social, seguro de desempleo— hechas para contener la ola revolucionaria de posguerra en Europa occidental y en otros países). En cuanto a la vinculación entre los ciclos y el tiempo de rotación del capital fijo, fue una tentativa abandonada por Marx “por el hecho de que el período de vida útil de los diversos capitales no son coincidentes y porque no se renuevan al mismo tiempo, sino en correspondencia con su punto de partida individual, mientras que el ciclo es un movimiento que afecta al mismo tiempo a la sociedad en su conjunto” (31). En estas condiciones, no fue difícil para diversos economistas criticar la teoría de Mandel por su base empírica muy flaca (no hay expresión estadística del “ciclo largo”, cosa que Kondratiev sí intentó) y por su confusión y eclecticismo teórico, que la vuelven una teoría “insuficiente, especialmente en lo que dice respecto a la explicación de la salida de las depresiones largas: los factores exógenos planteados están en verdad fuertemente vinculados a las contradicciones del sistema económico. Por otro lado, la génesis de las revoluciones tecnológicas está poco explicitada” (32). Es claro entonces que una teoría de “ciclos largos”, diferentes de los períodos históricos del capital, solamente podría apoyarse en factores internos de la dinámica capitalista, con lo que Mandel se aleja decisivamente de Trotsky, “quien naturalmente no dice que el capitalismo se mueva en el vacío sino en el mundo real. Trotsky sometió a crítica toda explicación mono-causal, esto es, puramente económico del desenvolvimiento capitalista. En Mandel, las “ondas largas” vuelven a ser consideradas como fenómenos mono-causales, puramente económicos, ya que si la tasa de beneficio debe ser interpretada por la mediación de una serie de transformaciones sociales, continúa claro que es el movimiento de la tasa de beneficio el que determina tanto las ondas largas como las cortas. Como toda la cuestión gira en torno de un seudo-problema, es natural que el hecho de que las ondas largas no sean verificables en el plano estadístico no tenga importancia para Mandel” (33). Pretendiendo defender a Mandel de esa flaqueza, un discípulo suyo brasileño llegó hasta preguntarse: ¿Sería ese abordaje mono-causal? Evidentemente que no, pues vimos (en la cuestión de la caída de la tasa de beneficio los innúmeros factores… que interactúan en su determinación” (34). En ese caso, las explicaciones mono-causales no existirían, pues toda causa, cuando es considerada como resultado, remite a diversas causas anteriores a ella. Resulta, por lo tanto, más que dudoso el hecho de que “Mandel considera que su contribución específica para el análisis de los problemas de las ondas largas es relacionar las diversas combinaciones de factores que pueden influir en la tasa de beneficio… con la lógica interna del proceso de acumulación y valorización del capital a largo plazo” (35). Lo principal es que para justificar un esquema teórico preconcebido, Mandel se vio obligado a considerar unilateralmente los factores de expansión capitalista de pos-guerra (la corrida armamentista y la inflación mundial) como factores de desenvolvimiento de las fuerzas productivas, y no como factores que, evidenciando el profundo anacronismo y parasitismo del modo de producción capitalista, preparaban en la fase expansiva de los negocios las bases para una crisis sin precedentes en la historia del capitalismo, por su extensión y profundidad. El método de Mandel culmina “en la exacta inversión del método marxista: si éste demostraba que todos los factores del desenvolvimiento del capitalismo se transforman, por su propia dialéctica interna, en factores de crisis, Mandel va a intentar mostrar como todos los factores de crisis se transforman en factores de desenvolvimiento” (36). En verdad, con la crisis capitalista iniciada en los años '70, se ponen en evidencia, no sólo todos los elementos de crisis acumulados durante la fase expansiva anterior, sino también la tendencia histórica del capitalismo en dirección a su agotamiento como modo de producción: “Hay un dato histórico-económico de una importancia excepcional, que todas las escuelas económicas modernas olvidan de un modo llamativo: el día 15 de agosto de 1971, el gobierno norteamericano declaró la in-convertibilidad del dólar. Esto es fundamental, pues si las monedas no tienen respaldo, o sea, si no son convertibles, ¿cómo se regula la economía? A partir de la declaración de inconvertibilidad de las monedas, no entre ellas mismas, sino de ellas en conjunto en relación a una mercancía de valor universal (por ejemplo, el oro), el valor de los patrimonios y de los capitales queda en la inseguridad. Cualquier medida gubernamental puede acabar con la mitad del patrimonio de un capitalista. El proceso de regulación del capitalismo pasa a ser por primera vez en la Historia, un hecho exclusivamente político. En las reuniones del “Grupo de los 7”, que se realizan dos veces por año, los presidentes de las principales potencias capitalistas tienen que determinar, subjetivamente, cuál va a ser la relación cuantitativa entre las monedas en el período de seis meses subsiguientes. Pero, en general, las monedas se comportan de manera diferente, inversa, a la que ellos definieron, lo que es un dato casi constante en los procesos de crisis mundial.” (37) Muchos autores consideran la teoría de los ciclos largos incompatible con el “dogmatismo stalinista” (de hecho, Stalin mató a Kondratiev, como intentó matar a todos los que pretendieron pensar con su propia cabeza). Pero los fundamentos de esa teoría sólo eran incompatibles con uno, fase de la política del stalinismo, el ‘tercer período’ (o ‘crisis general del capitalismo‘). Desarrollada la política de la ‘coexistencia pacífica’ la “teoría stalinista correspondiente (el ‘capitalismo monopolista de Estado‘) tomó por base (en semejanza a la teoría de los ciclos largos) la 'innovación tecnológica’ para caracterizar un nuevo desarrollo de las fuerzas productivas capitalistas, bautizado como devolución científico-tecnológica’, lo que fue el recurso ideológico para una convergencia con el imperialismo en la pos-guerra, pasando al nivel de apología del capitalismo con la perestroika gorbachoviana, hasta la declaración abierta de la burocracia como agente de la restauración capitalista con Yeltsin. De paso, se atribuye a Trotsky una apócrifa y absurda teoría del ‘estancamiento general del capitalismo’, en todo semejante a la teoría staliniana del ‘tercer período’ ” (38). La teoría stalinista y la teoría de los ciclos largos tienen en común considerar que la esencia de las crisis está dada por la renovación tecnológica, o sea, que las depresiones no tendrían otra función sino preparar las condiciones (tecnológicas e institucionales) de la nueva fase ascendente, la cual evidenciaría, a fin de cuentas, el modo de existencia normal del capitalismo (con la crisis cumpliendo la función progresiva de acomodarlo a las condiciones creadas por su propio desenvolvimiento). Muchos analistas ponen en segundo plano la crisis, prefiriendo ver un proceso de reestructuración tecnológica. Pero el capitalismo no produce sólo valores de uso (tecnología) sino, sobre todo, valores de cambio, cuya no realización en el mercado condena a la inutilidad a los primeros. La caída de la tasa de beneficio, el incremento de los lucros ficticios, la súper-expansión del crédito y el super-endeudamiento, la inflación y la declaración de quiebra de Estados enteros, el hundimiento de los valores bursátiles testimonian un cuadro de crisis y agotamiento que creó la perspectiva de situaciones revolucionarias generalizadas en los países capitalistas y crisis políticas internacionales agudas. La crisis actual no se reduce, ni siquiera tiene como característica central, la llamada crisis de hegemonía del imperialismo norteamericano. No existe tal crisis de hegemonía en la medida en que la moneda norteamericana, el dólar, continúa siendo la moneda de reserva, esto en una situación en que el déficit público de los Estados Unidos alcanza a la cifra de 250.000 millones anuales. El déficit comercial de los Estados Unidos es, además, de 150.000 millones de dólares anuales, pero la moneda de reserva en las transacciones internacionales continúa siendo el dólar: ninguna otra moneda ha intentado siquiera sustituirlo en esa función. Lo que en verdad está ocurriendo es una crisis del modo de producción capitalista de un nivel jamás alcanzado en la Historia, ni siquiera durante la década del '30, porque el actual volumen de quiebra potencial del capital ficticio no existía en aquella época. Actualmente, el movimiento de capital especulativo de tres días equivale al volumen del comercio mundial de un año entero. Esto evidencia un nivel de crisis económica que no se transforma en catástrofe directa debido a la situación política en el contexto mundial, de los Estados imperialistas, y las medidas que esa situación les permite adoptar, medidas que se sitúan, no en el plano de la economía sino en el de la política. Si se considera la dimensión del ataque contra las conquistas del movimiento obrero, el tamaño de la confiscación efectuada para sustentar la salida de la crisis de 1973, lo que llama la atención es el carácter tremendamente precario de esa salida. En primer lugar, por sus características especulativas; en segundo, porque no dió lugar, prácticamente en ningún momento, a una tasa de crecimiento capaz de reproducir la expansión del capital (tasa muy baja en este período) y, en tercer lugar, porque se basó en un estímulo al consumo, originando una inflación monumental, lo que lleva a un sobre-endeudamiento, tanto público como privado. El resultado es que este mecanismo que, después de la crisis de 1973, apenas consiguió apenas sacar a las economías del pozo, está completamente agotado. Los Estados Unidos están al borde de una quiebra del sistema financiero, según afirma la prensa especializada de ese país: en Japón hubo un crecimiento especulativo monstruoso; en suma, hay una situación muy crítica. Después de haber caído en la peor depresión de la pos-guerra, el mundo consiguió salir apenas precariamente de ella. Ahora, algunos años después, estamos al borde de una nueva situación de colapso económico mundial. Las investigaciones acerca de los ciclos económicos (y de los ciclos largos en especial) han llegado a resultados interesantes, y hasta importantes, desde el punto de vista de la historia del capitalismo y de la historia económica en general. No consiguió, sin embargo, formular una teoría que le permitiese establecer leyes de desenvolvimiento económico y de desenvolvimiento capitalista, cuestión sujeta a controversias, aunque una mayoría de los investigadores se incline hacia la experiencia de las regularidades: “Los resultados alcanzados no son idénticos, pero las tesis que sustentan la existencia de una concordancia entre los movimientos de precios y los de la producción parecen ser más sólidos que aquellas que la niegan o las que afirman que ambos movimientos son divergentes” (39).Pero esto no permite afirmar irresponsablemente que “el levantamiento empírico realizado por Kondratiev (fue) razonablemente conclusivo”(40).Los verdaderos estudiosos concluyeron, por el contrario, que las "series largas” “deben ser construidas de alguna manera para ser explicadas, y más aún deben ser explicadas para poder ser construidas” enfatizando que el factor decisivo unánimemente invocado, “el progreso técnico, no es un fenómeno unívoco, derivado de una lógica inmanente, independientemente del contexto histórico en que se produce, y universal” (41). Incluso los que intentan seriamente explicar la crisis actual en el contexto de los ciclos largos deben reconocer que “el modelo teórico elaborado está todavía bien lejos de ser completo” (42). La popularidad de la teoría, desde los años ´30 (cuando Schumpeter elaboró la teoría de los “tres ciclos”, poniendo la llave del desenvolvimiento económico en el “empresario innovador"), debe menos a razones científicas que a su propio contexto histórico: “El punto de vista (de los ciclos largos) se hizo popular en ciertos medios como explicación de las profundidades alcanzadas por la crisis económica durante la Gran Depresión de la década del '30. Esas autoridades explicaron que la falta de una recuperación sostenida durante la década del '30 se explicaba por el hecho de que la economía se encontraba en el fondo de una depresión de Kondratiev. Aunque un movimiento de recuperación comenzara en 1933 hasta 1937, el pico alcanzado en ese año estaba muy por debajo de 1929, lo que parecía ilustrar aquel punto de vista” (43). La teoría marxista supo formular, teórica y empíricamente, las leyes que presiden el ciclo y la crisis de la economía capitalista, derivadas de las propias leyes de movimiento del capital (basadas en la ley del valor) originadas en el aumento de la composición orgánica del capital en las condiciones de reproducción ampliada, de donde surge la ley de la caída tendencial de la tasa de beneficio, “la ley más importante de la moderna economía política”, en las palabras de Marx. Como toda ley histórica, esta es una ley tendencial, en un sentido doble: 1) que se verifica en condiciones económicas concretas, donde aparecen factores que la aceleran o la atenúan, sin cambiar su dirección fundamental; 2) que expresa la tendencia del capitalismo hacia su propia auto-disolución, en virtud de sus propias leyes (dialéctica) internas: “el límite para el capital es el propio capital”. Haciendo esto, el marxismo puso al servicio de la humanidad trabajadora el conocimiento de las leyes (y no de las hipótesis) que gobiernan su historia en una etapa determinada, con el objetivo de que la humanidad pasara a dominar conscientemente su propia historia. Esto es lo contrario de las concepciones cíclicas de la historia y de la sociedad (Toynbee, Spencer, etc.), tributarias todas de la idea del "eterno retorno”, según el cual el acontecer humano (inclusive el económico) está gobernado por ciclos que se cumplen de modo inexorable, frente a los cuales toda tentativa de dominio consiente está condenada de antemano al fracaso. Es con base en ese método que es posible caracterizar la crisis actual, no como una “fase depresiva” posterior a una “expansiva”, que sería una “compensación” de la fase anterior y precedería a otra de nueva expansión, sino retomando el esquema propuesto por Trotsky (ver nota 26) como “una crisis que evidencia las limitaciones estructurales del capitalismo en su actual etapa histórica. Como régimen históricamente progresivo, el capitalismo llegó hace tiempo al límite de su desenvolvimiento, con la Primera Guerra Mundial, la crisis de 1930 y la Segunda Guerra Mundial. A través de los recursos políticos del Estado, de una enorme centralización económica, encontró en el pasado los medios para la crisis en términos cíclicos. Esos medios extra-económicos, sin embargo, desnudaban un régimen que se estaba sobreviviendo a sí mismo, no eran las fuerzas productivas del capital las que, desenvolviéndose libremente, superaban los obstáculos a su desenvolvimiento, sino la intervención de una fuerza exterior, del poder político del Estado, de las guerras. El capitalismo utilizó a fondo las posibilidades del gasto armamentista, de desenvolvimiento parasitario, de formación de capitales ficticios, de desenvolvimiento incluso artificial de las naciones atrasadas con vistas a crear mercados para exportar sus mercados y sus mercancías. Hizo esto de una manera absolutamente sistemática, agotando en este proceso todos sus recursos” (44). El marxismo permite comprender científicamente el mundo porque es la teoría de su transformación a través de la revolución proletaria. Notas: (1) Joseph Huber, “Las largas olas del desarrollo industrial”, La inocencia perdida de la ecología. Buenos Aires, abril, 1986, pp. 11 y 26. (2) Nicolai Kondratiev, “Las Ondas Largas de la Coyuntura”, Las Ondas Largas de la Economía. Madrid, Revista de Occidente, 1946, pág. 79. (3) N. Sujanov, Planovoe Joziaistvo, n° 4, Moscú, 1926, pág. 161. (4) V. Bogdanov, Pod Znamenem Marksizma. Moscú, junio 1928, pág. 88. (5) León Trotsky, “La curva del desarrollo capitalista”, Una escuela de estrategia revolucionaria. Buenos Aires, Ediciones del Siglo, 1973, pp 155/158. (6) George Garvy, “Los ciclos largos de Kondratiev”, Las Ondas Largas de la Economía. Madrid, Revista de Occidente, 1946, pág. 119. (7) Joshua S. Goldstein, Long Cycles, Prosperity and war in the Modern Age. New Haven, Yale University Press, 1988. (8) Richard B. Day, “La Teoría del Ciclo Prolongado de Kondratiev, Trotsky y Mandel”, Críticas de la Economía Política, n° 4. México, El Caballito, febrero de 1982, pág. 74. (9) David M. Gordon et alli, “Ondas Largas y Etapas del Capitalismo”, Trabajo Segmentado. Trabajadores Divididos. Madrid, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1986, pág. 46. (10) J. A. Schumpeter, “The analysis of the economic change”, Readings in business cycle theory. Filadelfia, 1944, V.II, pág. 15. (11) F. Braudel, “Historia e Ciencias Sociais. A longa duracao”. Revista de Historia, V. XXXI, n° 62. Sao Paulo, 1965, pág. 268. (20) E. Mandel, Idem ant. (21) N. Kondratiev, Op. Cit., pág. 79. (22) David M. Kotz, “Long waves and the social structure of acumulation”, Review of Radical Political Economics 19 (4), 1987, pág. 16/38. (23) Cf. Claudio Katz, “La realidad histórica de la descomposición capitalista y el escepticismo de los izquierdistas”, En Defensa del Marxismo. Buenos Aires, diciembre de 1991. (24) Carlos Abalo, a ciclos de largo plazo en el capitalismo”, Cuadernos de Sur n° 13, Buenos Aires, diciembre de 1991, pág. 12/13. (25) León Trotsky, “La curva del desarrollo capitalista”, Op. Cit., pág. 152. (26) Ibidem, pág. 153. (27) Cf. Claudio Katz, “Crítica a la Teoría de la Regulación”, En Defensa del Marxismo, n° 3, Buenos Aires, abril de 1992. (28) E. Mandel, Las ondas largas del desarrollo capitalista. La interpretación marxista. Madrid, Siglo XXI, 1986, pág. 158. (29) Ibidem, pág. 85. (30) E. Mandel, “The industrial cycle in the late capitalism”, New Left Review, n° 90. Londres, marzo, 1975, pág. 158. (31) Paul Mattick, Crítica de los neomarxistas. Barcelona, Península, 1977, pág. 228. (32) Bernard Rosier, Les theories des cribes economiques. París, La Decouverte, 1988, pág. 96. (33) Paul Mattick, Op. Cit., pág. 231. (34) Eduardo Albuquerque, A Foice e o Robo. As inovacoes tecnológicas e a luta operaría. Sao Paulo, Página 7, 1990, pág. 86. (35) H. Guillén Romo, “La teoría mandeliana de las ondas largas”, Lecciones de economía marxista. México, FCE, 1986, pág. 360. (36) Osvaldo Coggiola, Trotsky ontem e hoje. Belo Horizonte, Oficina de Livros, 1990, pág. 76. (37) Pablo Rieznik, “O marxismo e a crisis económica mundial”, Estudos, n° 31. Sao Paulo, marzo, 1992, pág. 6/7. (38) Cf. Alonso Aguilar. La crisis del capitalismo. México, Nuestro Tiempo, 1985, pág. 249/258. (39) Maurice Niveau, Historia de los hechos económicos contemporáneos. Barcelona, Ariel, 1974, pág. 129 (40) Luiz Bresser Pereira, acumulacao e crise. Sao Paulo, Brasiliense, 1986, pág. 187. (41) Bernard Rossier, Op. Cit., pág. 101 y 105. (42) Andrew Tylecote, The long wave in the world economy. Londres, Routledge, 1992, pág.127. (43) Maurice W. Lee, Fluctuaciones económicas. Buenos Aires, EUDEBA, 1967, pág. 56/57. (44) Jorge Altamira, “La crisis mundial”, Prensa Obrera, n° 361. Buenos Aires, 16 de julio de 1992.

1 de julio de 1993
Del Centro Académico de Historia, Instituto de Filosofía y Ciencias Humanas, Universidad del Estado de Río de Janeiro
Raúl de Araujo

Río de Janeiro, marzo 8 de 1993. Apreciados amigos: Hemos tomado contacto con la revista "En defensa del marxismo” y quedamos felices al conocer el trabajo serio, profesional y apasionante que ustedes han desarrollado en la Argentina. Somos estudiantes del curso de Historia de la Universidad del Estado de Río de Janeiro y también, miembros del Centro Académico de la Facultad de Historia. Nuestro mayor objetivo es dejar claro para todos la importancia de la historia en el actual contexto. Es nuestra intención lograr que los 700 alumnos del curso tengan acceso a sus artículos, haciendo que la revista forme parte de nuestra biblioteca, es por esto que les escribimos por si existe alguna posibilidad de recibirla gratuitamente, ya que la Universidad no otorga presupuesto para nuestros gastos.

1 de julio de 1993
Sobre el «PST bajo la dictadura”
Celia

Correo de En defensa del Marxismo Febrero de 1993. Al Comité de Redacción: En el artículo "El PST bajo la dictadura” (1976-1983) en EDM N°5, Magri dice: "El fracaso del plan de 'inacción' de la CUTA… dejó al PST girando en el vacío. La reacción de los militantes del PST frente a estas monstruosidades de posiciones fue casi nula". Sería necesario y muy importante aclarar que durante ese periodo los militantes y el partido habían recién salido de la “peor crisis en 30 años" (según Moreno). Esa crisis estuvo relacionada con el funcionamiento de una fracción numerosa con Comité Central y Ejecutivo paralelos; que cuestionaba precisamente esas “monstruosidades". Como miembro de esa fracción en una zona caracterizada como "oficialista”, un sector de la dirección regional me permitió publicar un boletín donde escribí un artículo respecto al acuerdo superestructural de la CUTA y lo que ello significaba para los trabajadores. Advertía que no debía depositar ninguna confianza y continuar luchando, apelando a los métodos de organizaciones clasistas e independientes. El “oficialismo” partidario presentó otro artículo, en el mismo boletín, defendiendo las posiciones del periódico en cuestión. Se abrió un debate con algunos contactos, en forma conjunta, para corroborar el apoyo a las dos posiciones. De esa manera luchábamos para desbaratar esas mentiras y tantas otras. A continuación, el artículo dice: “La razón de esto era una combinación de total falta de democracia interna y, por supuesto, de determinada ‘educación’ ". Es necesario aclarar que la fracción autorizada por la dirección (no tuvo otra salida dada la crisis que se generó, y al número de adherentes), funcionaba con dirección propia, plenarios, equipos, documentos, etc. ¿Qué significaba esto para los militantes disidentes?: doble militancia, doble riesgo… Magri habla de “democracia” sin advertir cómo se milita en una etapa contrarrevolucionaria, la más sangrienta de nuestra historia… Así y todo, la mitad de los "educados” y "obsecuentes” decidimos dar la batalla… decidimos la defensa de una posición y de los compañeros caídos en la lucha, por una política criminal. Continúa el párrafo con “Después de todo la corriente morenista había buscado siempre en la burocracia sindical un atajo a la construcción del partido revolucionario… en definitiva los militantes del PST habían sido ‘educados’ en esa trayectoria, que ahora proseguía con el endeudamiento durante 4 años a una burocracia colaboracionista con el régimen más sangriento de la historia del país y la confianza en que éste ayudaría al movimiento obrero a reorganizarse”. Es necesario aclarar que los miembros de la fracción sacábamos nuestras propias conclusiones, también, en el plano sindical, y actuábamos en consecuencia. Teníamos buenas estructuraciones, influíamos a los trabajadores; algunos éramos dirigentes sindicales. En bancarios, sanidad, luz y fuerza cumplimos un rol importante y no precisamente como “colaboracionistas”. En bancarios, cuando se produjeron las caídas, quiebras, tuvimos que enfrentar los embates de los "oficialistas”, ya en crisis total, que apelaban a cualquier método, denunciándonos como agentes de la cana. En estas luchas se fueron formando los futuros dirigentes de sanidad que al momento de arrancarles la dirección del sindicato a la burocracia estaban en crisis política total, por el desbande y la fundición de muchos militantes, que terminaron renegando de la formación de un partido. “A mediados de 1980 la dirección del PST convocó a un congreso. Los métodos con que se preparó y realizó este congreso hablan por sí solos. Con antelación al mismo se sancionó y expulsó a un importante grupo de militantes, lo que ponía en evidencia que la sola ‘educación’ morenista era ineficaz para domesticar a la base”. Esto se contradice con lo enunciado anteriormente, pero Magri no desarrolla esa contradicción, no es dialéctico en su análisis, a pesar de que maneja muy bien el método. “Un congreso para resolver, según dijo Moreno, la peor crisis del partido, tuvo 30 días de pre-congreso sin documentos y con los delegados filtrados por la dirección nacional, ampliamente cuestionada por la base” ¿Qué había pasado con los “educados”, quién los reeducó? Los marxistas no creemos en el “arte de magia” de la historia. Moreno para resolver la crisis utilizó una maniobra de alto vuelo, la brigada Simón Bolívar y su operativo Nicaragua le sirvió para dar vuelta a la mejor parte del ejecutivo de la fracción, ofreciéndoles puestos de dirección en la FB y así desbaratar a las bases. Los que no sufrimos el impresionismo, seguimos adelante, quedaba en pie el balance de 4 años de “monstruosidades”. Fuimos caracterizados como “ultras” y echados con la complicidad de la dirección de la fracción “comprada” por Moreno. Fuera del partido seguimos dando la batalla. Y aquí vuelvo al principio, la lucha contra la caracterización de la CUTA se realizó luego del desbande de la fracción. En los plenarios abiertos de pre congreso denunciábamos cómo el morenismo revisaba, en un breve documento, citas de Lenin y Trotsky con respecto a la caracterización de la etapa y las tareas, revisaba el concepto de militante para acreditar en el SU 5.000 militantes del PST, pata fuerte de la FB y así pelearle la dirección internacional a Mandel. Creo haber aclarado lo que considero es una gran contradicción en el artículo de Magri. Supongo que la revista está dedicada a captar al activismo independiente y ex militantes actuales de otras organizaciones; ¿así lo lograremos? No pasé la revista a un ex militante del PST, 10 años delegado pues no tendría argumentos para defender el ataque que hace Magri a los militantes de esa organización; ¿desde cuando recurrimos a estos métodos? En nombre de la “democracia” pido se publique donde la dirección lo considere y se debata el tema.