Prensa Obrera N° 933

El lunes 13, más de 200 compañeros desocupados del Polo Obrero, del barrio Chimbas, en la localidad del mismo nombre, marcharon a la Intendencia. En su mayoría eran mujeres con hijos, varias de ellas embarazadas. “Lo que pedimos son los módulos alimentarios, trabajo y la copa de leche para los niños”, señaló Raúl Abrego, de la dirección local del Polo. La mayoría de los movilizados había sido ‘erradicada’ de la capital sanjuanina. En el trayecto perdieron su vivienda y los planes de ayuda alimentaria que habían conquistado. El intendente Atampiz no daba respuestas a los reiterados reclamos. Cuando la movilización llegó a la sede de gobierno se encontró con la negativa de ser recibidos y con un cordón de policial. Las compañeras con sus hijos bajo el sol intentaron forzar la entrada de una delegación, lo que fue respondido con disparos de bala. La lucha (desigual, piedras contra armas de fuego) forzó al intendente a recibir una delegación de tres compañeros. Para el Diario de Cuyo (14/2) “este incidente asciende un escalón de violencia”. ¿Es parte de la campaña de provocaciones del gobierno contra las luchas populares? Al otro día los compañeros obtuvieron 150 módulos alimentarios mensuales de emergencia y el inicio de negociaciones —incluida la gobernación provincial— (construcción de comedor, etc.). Ha sido un triunfo de la lucha piquetera contra la política de provocación gubernamental.

Apenas se desencadenó la represión contra la pueblada de Las Heras, viajamos con el propósito de asistir jurídicamente a los compañeros petroleros. Desde el vamos, el Estado santacruceño se jugó a fondo para manipular la investigación por la muerte del agente policial Sayago. En las primeras veinticuatro horas posteriores a su deceso, se dejó liberada la escena del crimen, permitiendo la desaparición de pruebas y que se “plantaran” otras. Días más tarde, uno de los delegados, Héctor Cabana, fue conducido en un auto sin chapa a un interrogatorio realizado por la Brigada de Investigaciones de la policía provincial, en un lugar ajeno a la policía (nota aparte). En una reunión posterior de los delegados con Apel, redactamos una denuncia por apremios ilegales y coacción agravada, que fue presentada ante la jueza de la causa, con gran repercusión en la zona. La decisión del compañero Cabana de denunciar a la brigada, y la firme actitud de quienes lo acompañaron, han reforzado en estas horas el ánimo de todos los compañeros. En lo que refiere al conflicto obrero en sí mismo, el levantamiento de la huelga no canceló la lucha, y también en el aspecto legal hay mucho que hacer. El día lunes, sólo cincuenta de los doscientos trabajadores petroleros de las “tercerizadas” pudieron entrar a trabajar. Ello, con el argumento de que “no había tarea para todos”. Pero los cincuenta resolvieron no tomar tarea en esas condiciones. Allí mismo, organizamos una “batería” de telegramas exigiendo a la patronal que clarifique la situación laboral de todos. El miércoles por la mañana, habían entrado todos los compañeros. Ahora, la batalla por la legalidad de la lucha obrera inicia otro capítulo: empezamos a luchar por el retiro de la Gendarmería. La presencia de un verdadero ejército armado a la vera de los pozos constituye no sólo una grave amenaza para la seguridad laboral, sino también un peligro para toda la población de Las Heras. Los vehículos de la Gendarmería se pasean por campos afectados por una elevada concentración de gases, sin el debido acondicionamiento de los vehículos a las normas de seguridad vigentes. Si se produjeran explosiones, su magnitud arrasaría con el pueblo de Las Heras. También en este caso iremos a la Justicia. En una ciudad donde quieren imponer el miedo y la derrota, Apel puso su “grano de arena” contra el Estado policial y sus mandantes. Desde Las Heras

Hay una rebelión popular en Haití. Decenas de miles de manifestantes salen a las calles, ocupan edificios y levantan barricadas en repudio a las maniobras de la ONU y la Comisión Electoral para birlarle el triunfo a René Préval, un aliado del ex presidente Aristide. La represión de las fuerzas de la ONU —balas de plomo contra multitudes desarmadas— ya se ha cobrado dos muertos y varios heridos. La pueblada domina partes enteras de la capital, en particular las grandes barriadas populares. La exigencia de los manifestantes es que sea reconocida, en forma inmediata y sin condiciones, la victoria de Préval en las elecciones del pasado 7 de febrero. Los primeros cómputos le otorgaban a Préval una votación del 60%. Poco a poco, comenzó a caer. La Comisión Electoral, en un hecho inédito a escala internacional, contabilizó los votos en blanco (4%). Gracias a estas argucias —y a la manipulación de los votos, según denunciaron dos miembros de la Comisión Electoral— a Préval se le reconoce “oficialmente” el 49%. Todo esto para forzar una “segunda vuelta” contra un candidato (Leslie Manigat) que no llegó al 11% de los votos. No son “pruritos democráticos” los que llevan a la ONU y a la Comisión Electoral al fraude para habilitar la segunda vuelta. Un triunfo abrumador de Préval, un antiguo aliado del depuesto Aristide, sería la manifestación más rotunda del fracaso de la ocupación. Con su fracaso a cuestas, la ONU acaba de extenderle el mandato a las tropas por otros seis meses. El repudio popular a los ocupantes, que se manifestó en el voto, es la consecuencia de que —con la presencia de las “fuerzas de paz” de la ONU y de los gobiernos centroizquierdistas de América Latina— la miseria, la represión, el hambre, los asesinatos y la prostitución infantil (la “nueva esclavitud” en Haití) crecieron geométricamente. El objetivo del fraude electoral es forzar a Préval a aceptar un gobierno de coalición con los derrotados. Es decir, a desconocer los resultados, a anular en la práctica las elecciones y armar “a dedo” un gabinete para que sigan gobernando los mismos que el pueblo repudió. La ONU está llevando a Haití al borde de un nuevo estallido: la tan mentada “estabilidad”, que tantas veces se usó para justificar la ocupación, le importa un pito. “Con o sin segunda ronda”, editorializa El País (14/2), “las recientes elecciones deberían ser el punto de partida para reconstruir el tejido político-social del país”. Es decir, el diario de Zapatero plantea la segunda ronda para forzar a Préval a aceptar el cogobierno con Manigat. Los ocupantes pretenden forzar esta capitulación antes de la segunda vuelta y hay quienes anticipan que “si las circunstancias lo presionan, Préval irá en la dirección de la negociación” (La Nación, 14/2). No es este el punto de vista del pueblo movilizado: “‘Vamos a poner un millón de personas en las calles en las próximas horas’, anticipó John Joseph, un líder comunitario. ‘La gente no aceptará esto’...” (ídem).

La Unión de Juventudes por el Socialismo acaba de realizar el campamento más importante de su historia. Asistieron casi 500 compañeros de la Capital Federal, el Gran Buenos Aires y Santa Fe. Durante tres días, se reunieron para realizar cursos de formación política en un camping de San Nicolás. En el campamento estuvo presente el “estudiantazo” del año pasado. Estuvieron presentes, con fuertes delegaciones, los animadores principales de las ocupaciones de colegios en la Capital Federal, contra el derrumbe edilicio, y en la provincia de Buenos Aires, contra la “prueba integradora”, que tuvo su epicentro en la ciudad de La Plata. Estuvieron los estudiantes universitarios que también vienen de protagonizar las ocupaciones de facultades y la gran huelga general del año pasado. No sólo de la UBA, sino también de la Universidad de General Sarmiento, de Lomas de Zamora, de La Plata, de Luján, de Rosario y del Litoral. También estuvieron presentes núcleos juveniles de los barrios y del movimiento obrero, destacándose delegaciones de jóvenes de Atento, de Metrovías y de Parmalat. Se hicieron presentes en el campamento compañeros de otras organizaciones, como el Evet, que actualmente dirige el Centro de Estudiantes de Veterinaria de la UBA y ocupa la vicepresidencia de la Fuba, y compañeros del recientemente formado Partido Comunista de los Trabajadores. El centro del campamento fueron sin duda los cursos de formación política. Por un lado, se realizó el curso sobre El Estado y la Revolución, en el que participaron los compañeros más nuevos. Para facilitar la comprensión y el debate se realizaron en simultáneo 16 cursos independientes, cada uno con su propio cursillista. Por otro lado, se realizó un curso de América Latina, en el que se discutió en forma exhaustiva la situación política de Venezuela y Bolivia. Había una exposión central y luego el debate en comisiones, cada una con su propio responsable. Dada la intensa actividad del PO en su lucha internacionalista en América Latina —con las experiencias realizadas en el Foro Social Mundial de Caracas y los sucesivos viajes a Bolivia—, el curso fue también un informe acerca de la actividad del CRCI en el continente. Lo que tenemos por delante Cuando se saque la cuenta final de todos los compañeros que participaron de los campamentos de la UJS a lo largo y ancho del país, seguramente la cifra arrojará unas 1.000 personas. Todo esto demuestra que estamos entrando en una nueva etapa en el desarrollo de nuestra organización. Progresamos en varias facultades y colegios, donde se rompen las barreras para un reclutamiento masivo, y existe también un acercamiento estrecho con agrupaciones políticas con las cuales se abren grandes posibilidades de unificación. No exageramos si decimos que en el campamento de la UJS se hicieron presentes los compañeros que tienen la responsabilidad y la capacidad de movilizar a un amplio sector de la juventud a la lucha política y reivindicativa contra el gobierno de Kirchner. Esta es la batalla que se desenvolverá en los próximos meses y que debe dar lugar a un Congreso masivo de la UJS para mediados de año.

—Ex delegado de la Uocra, ahora petrolero... ¿Cómo vivieron esta lucha? —Realmente muy dura, porque no pensamos que iba a llegar la repercusión por todos lados, no pensamos que íbamos a tener el apoyo que tuvimos, no pensábamos que cuando todos nos dieran la espalda iban a venir extraños y a darnos la mano. Realmente eso nos fortaleció, nos endureció más y nos dio más ganas de continuar esta lucha, porque, como le dije a todos los compañeros, cuando un extraño te da la mano te dan más ganas de pelear. Por eso cuando prendimos las gomas dijimos que no había que mirar atrás, pasaban los días, y venía el cansancio, pero no había que mirar atrás, porque no íbamos a parar hasta que nos pasasen a petroleros. Una lucha constante, gracias también a que tuvimos el apoyo de todos los petroleros. —¿Qué actitud tomó el gobierno provincial frente al reclamo? —Se negaron a todo, nos dijeron que casi era imposible, nos dijeron que sólo podían iniciar el trámite para encuadrarnos como petroleros, y que iba a ser un trámite largo. Todos nos ponían trabas, de todos lados nos decían que era imposible; la Uocra nos tiraba a cagar, desde el primer momento se pusieron en contra nuestra. Por eso no podíamos creer que iba a llegar para tanto, que las diferentes movilizaciones se sumasen a nosotros. Es por eso que ganamos, por todos los que se unieron a nosotros. —El gobierno provincial jugó para el lado de las empresas petroleras... —Siempre juega para el lado empresarial, y en contra nuestra. El gobierno también nos tiró a matar, pero pudimos ganar por la fuerza de todos los compañeros. —¿El sindicato también les dio la espalda? —La Uocra se opuso desde el principio, y el Sindicato petrolero, cuando vino a la asamblea nos dijo que esto iba a ser ilegal, y le dijeron al Cuerpo de Delegados que se jugaban la cabeza, que se iban a suicidar. Entonces la asamblea decidió que dieran un paso al costado y que se pusiera a la cabeza el Cuerpo de Delegados. —¿Cómo ven ustedes la resolución del conflicto? —A nosotros nos gustaría haber ganado todo. El cuerpo de delegados dijo que ganamos muchas cosas. Más teniendo en cuenta que es la primera vez que los delegados encabezan solos una pelea. —¿Y de acá a abril? —Se viene una lucha, nosotros vamos a ganar. Ahora hay 250 compañeros más que están listos para luchar, a full. Yo no confío en las promesas, así que en abril seguro que se viene una movida grande. —Nosotros, los del Partido y el Polo Obrero, estuvimos en Santa Cruz en distintas localidades sacando declaraciones, apoyando la lucha de ustedes; en Buenos Aires también se dio una movilización importante de varias organizaciones piqueteras y partidos de izquierda. ¿Cómo vivieron ustedes todo ese apoyo? —Realmente con una alegría tremenda. ¡Cómo no te van a dar ganas de estar en el piquete así! Y es que tenemos que ser todos así. Nosotros en este paro nos dimos cuenta de muchas cosas. Y gracias a ustedes que vinieron y a todos los que nos apoyaron, nos dan más ganas de pelear. Voy a rescatar algo que me dijo una compañera de ustedes: “El que no lucha no gana”. Si uno no pelea no va a conseguir lo que quiere, y cuando uno comienza una lucha tiene que seguirla hasta el final. Los jóvenes tienen que salir a pelear, y la gente grande que se quedó en el piquete día y noche, aunque no lo necesitara, dio un ejemplo de cómo se tiene que luchar.

En un artículo pequeño y perdido en Clarín del 30/1, se retrata, aunque en forma hipersintética, el horror que vive el pueblo haitiano como consecuencia de la ocupación militar impulsada por Bush y concretada por los “izquierdistas” Kirchner, Lula y Tabaré Vázquez. Un soldado brasileño nos relata que “El nombre de ‘misión de paz’ es para tranquilizar a la gente de Brasil. En verdad, no hay un día en que las tropas no maten a un haitiano en un tiroteo. Yo mismo maté a dos”, confiesa. En Cité Soleil, el barrio más pobre de Puerto Príncipe, los cadáveres yacen en las calles durantes días en total estado de putrefacción y son “devorados por perros”. Estos son algunos ejemplos de la barbarie y la humillación a la que es sometido, cotidianamente, el pueblo haitiano por las tropas de ocupación. La realidad en Haití nos muestra, día a día, que el verdadero objetivo de la “misión de paz” de la ONU es militarizar el país y reprimir a sangre y fuego a los seguidores del ex presidente Aristide y a todos los luchadores populares. Repudiemos la masacre que están perpetuando las tropas de ocupación y redoblemos la lucha por su inmediato retiro de Haití. Socialismo o barbarie. Por los Estados Socialistas de América Latina.

El conflicto petrolero en Santa Cruz puso al desnudo un aspecto fundamental del gobierno actual —su carácter anti-obrero. En una agenda nacional dominada por los temas que interesan a la burguesía, la cuestión clasista del régimen y del gobierno queda normalmente relegada. Pareciera que el destino de las masas dependiera del manejo de la cotización del peso respecto al dólar, de si la tasa de inversión crece, o de cuánto debería ser el superávit fiscal. Ahora que se viene el 30 aniversario del golpe militar son muchos los que dirigen la mirada a la política ‘desproteccionista’ de la dictadura, ocultando de este modo que el golpe fue dictado por la necesidad de la clase capitalista de aplastar a la clase obrera que había emergido a la escena nacional con el Cordobazo de 1969. Pero la descomunal campaña oficial y mediática, que se esmeró desesperadamente por presentar a la huelga de los petroleros de Santa Cruz a la luz de la muerte del oficial Sayago y no de una larga lucha por reivindicaciones preciosas, es una prueba del encono del gobierno contra la clase obrera —un encono que no nace de ninguna deficiencia psicológica de los gobernantes de turno sino de su posición social, ya que dependen en todos los sentidos de los Repsol, Techint, Macro, Galicia, Aluar e tutti quanti. Después de haber ocupado abusivamente los medios para responsabilizar a los petroleros y a nuestro partido de la muerte de Sayago, D’Elía terminó diciéndole a un órgano de prensa poco leído, Perfil, que “podría tratarse de infiltrados de seguridad de las petroleras” (12/2). A pesar de que son declaraciones de alguien que se ha transformado en funcionario del gobierno, ninguna autoridad superior a D’Elía, ni tampoco los jueces, han encarado la investigación por este lado. Pero un diario más leído abona también esta ‘pista’, porque además involucra a un secretario de gabinete. Las patronales petroleras le exigieron a Tibiletti —secretario del gobierno nacional—, “seguridad” en la Patagonia, de la cual dijeron que podría transformarse en una Colombia cruzada ‘impunemente’ por narcos, guerrillas y paramilitares. El tenor de la exigencia fue tal que Tibiletti tuvo que recordarles a las petroleras su falta de preocupación por la “impunidad” que imperaba bajo la dictadura militar (Clarín, 13/2). Al final, Tibiletti cedió ante los cómplices de la dictadura militar, como era de esperar, porque aceptó el pedido que le hicieron de enviar 15 gendarmes a Los Perales, vecina a Las Heras. El periodista de Clarín le preguntó a uno de los funcionarios “si las empresas buscan que haya más presencia fija de la Gendarmería en esta región”, a lo que el susodicho contestó que “Puede ser”. Si esto es lo que pretenden, ¿qué estuvieron haciendo las patronales petroleras durante el conflicto para lograrlo? Por lo pronto sabemos que durante tres semanas no ahorraron recursos para derrotar la huelga. El sábado pasado, un delegado petrolero fue secuestrado por la Brigada de Investigaciones de Santa Cruz, como se denuncia en otra parte de este periódico. Los esbirros decían que habian utilizado armas policiales contra la comisaria. Este hecho viene a cuento porque la policía todavía no confirmó que el calibre de las balas que alcanzaron a Sayago fuera 0.22, de uso corriente, y no de uso policial. La hipótesis de una balacera policial figuró desde el primer momento, teniendo en cuenta los antecedentes policiales en esa zona. Los plumíferos del régimen pusieron todo su empeño en enredar las cosas, en especial Verbitsky, que se impuso la tarea de “hilar fino” para entender lo que había ocurrido, precisamente porque lo que había ocurrido era demasiado claro: era una cruzada encarnizada de los principales pulpos del mundo, de aquellos responsables por las peores guerras y los peores crímenes, contra una clase obrera erguida y peleadora. Verbitsky alió la huelga petrolera con los ganaderos que critican el control de precios, para armar la historia típicamente fascista del complot, en este caso entre los latifundistas y los huelguistas o el Partido Obrero o el que se ponga a tiro. Verbitsky ni se preocupó de contradecir todo lo que informaba, dos páginas adelante, el corresponsal de Página/12 en la zona, ni tampoco reparó que las cifras que ofrecía en una página contigua mostraban que los ganaderos obtuvieron sus tasas mayores de beneficios bajo los gobiernos nacionales y populares de Duhalde y de Kirchner —y por sobre todo bajo Kirchner. La tenacidad de un puñado de obreros del petróleo derrotó toda esta canallada montada desde el gobierno y las oficinas de las patronales. Lo cual ha motivado la ‘preocupación’ de otro enemigo de la clase obrera, el directivo de Clarín, Van der Kooy, que teme ahora que el resto de la clase obrera interprete a la victoria obrera de Santa Cruz como el resultado de una lucha de clase consecuente (Clarín, 15/2, página 5). Si hay que ceder a los reclamos, dice, que se haga a cambio de un escarmiento. Advierte, sin medir sus palabras, que “sería difícil aceptar (ojo) —sin un costo futuro— que aquel cambio quede ligado en el imaginario colectivo a los trágicos incidentes piqueteros (¿piqueteros?) de la semana pasada en Santa Cruz”. A Van der Kooy no le preocupan, en cambio, cómo quedan en el ‘imaginario colectivo’ la impunidad de los torturadores en las comisarías, de los que masacran en los penales y en las discotecas como Cromañón, del gatillo fácil, ni de los que atentaron contra la sede central de nuestro partido hace más de un mes. Van der Kooy todavía no sabe que la principal preocupación del gobierno no es esclarecer lo ocurrido en el norte de Santa Cruz sino encubrirlo —esto si tenemos en cuenta la denuncia de D’Elía y la reunión de las petroleras con el secretario Tibiletti. Van der Kooy es un aliado natural de las petroleras, porque él ya hizo lo mismo con los trabajadores que hicieron huelga en el pasado reciente en Clarín. La represión a la huelga petrolera del norte de Santa Cruz, así como la feroz campaña anti-obrera impulsada desde el gobierno, plantean a los trabajadores la necesidad de una defensa de conjunto. El gobierno ya ha citado a Moyano para estudiar cómo controlar los reclamos de los trabajadores; no hay que olvidar que ha anunciado una nueva ley de accidentes de trabajo que conspira contra los obreros y una liquidación de los planes trabajar, que deja a los desocupados al arbitrio de los peores punteros del país —los intendentes. La defensa de conjunto de la clase obrera frente al gobierno del capital, el régimen del capital y el Estado del capital es, antes que nada, un planteo político. Pone en discusión otra agenda, no el tipo de cambio, sino la necesidad de poner fin a la supremacía de la clase capitalista sobre los trabajadores, que es la base de todo el emprobrecimiento fenomenal de nuestras masas, estén desocupadas o no. Pero para poner fin a esa supremacía del capital es necesario que la clase obrera se presente en forma independiente ante el conjunto de la sociedad, como una alternativa al poder político de los explotadores. Hay que unir estas tres cuestiones: la defensa de los obreros petroleros, la defensa de la clase obrera por medio de una lucha de conjunto, el desarrollo de una alternativa política propia que se apoya en esa lucha de la clase obrera.

En el marco de la campaña para financiar el Campamento de la UJS, cinco compañeros de la UJS de Merlo concurrimos el domingo 5 de febrero al Paseo de las Artes, en Morón, donde el municipio realizaba un festival. Llevamos tortas y artesanías para vender, y Prensa Obrera. La actividad fue un éxito y los números hablan por sí solos: 19 PO Nº 932, un OI N° 5, y un Piquete de Ojo, el boletín del Ojo Obrero, vendidos delante de las narices de Sabatella y de Patria Libre, que tenía su puesto. La actividad nos permitió discutir con diferentes sectores. Con organismos de derechos humanos sobre la cooptación de estos por parte de gobierno, punto importantísimo en vistas del 24 de Marzo. Con trabajadores municipales que nos denunciaron que el Municipio los acosa por los pedidos de aumento de salario (con la excusa que los salarios en Morón son los más altos de la zona oeste, 600 pesos). Con los jóvenes que concurrían al festival, a los cuales el Municipio trata de cooptar por medio de proyectos culturales, mientras no pone un peso para los centros culturales independientes. Con militantes de distintas organizaciones planteándoles el frente político a nivel local. Compañeros, el excelente pasaje de prensa registrado no fue fortuito: ya en otros festivales hemos realizado muy buenas colocaciones. Vayamos a ellos a seguir construyendo un gran partido obrero.

”Encontrándose el Sr. Cabana, quien es trabajador petrolero, delegado gremial de la Empresa El Cóndor, en su domicilio (...) se presentaron dos personas de sexo masculino vestidos de civil, quienes solicitaron que los acompañara en forma voluntaria, y que de no acceder a dicha solicitud sería conducido por la fuerza. Ante el requerimiento de que se identificaran, uno de ellos mostró una credencial y manifestó pertenecer a la Brigada de Investigaciones. (...) los supuestos efectivos policiales se trasladaban en un automóvil marca Polo de color gris, con vidrios polarizados y sin patente. Al llegar al lugar, Cabana fue conducido, no al edificio principal de Vialidad, sino a una vivienda contigua (...). Los once o doce hombres parados en su torno se acercaban alternativamente al Sr. Cabana en forma amenazante, dirigiéndole acusaciones, o bien sugiriendo confesiones y advirtiendo de consecuencias o conveniencias de su comportamiento en un futuro, usando tonos amenazantes e intimidatorios. Se lo acusó primeramente de haber sustraído un arma a un policía en los hechos del día lunes 6 de febrero. Ante su manifestación de la falsedad de dicha acusación, se le decía que ‘debía confesar a quién le había sacado el arma y que si confesaba ellos lo iban a cubrir’. Posteriormente le manifestaron que ‘actuaban mandados por la jueza, y que ellos sabían que había gente haciendo daño en el campo y que una de esas personas era él’. (...) se le decía al Sr. Cabana que debía confesar porque si no se vería ‘en problemas’. Ante su negativa ante tales acusaciones, se le aproximaban físicamente señalando que él, ‘como delegado, sabía quién había efectuado los disparos’. Algunos salían de la habitación y departían entre sí, como si estuvieran consultando o discutiendo qué hacer con el Sr. Cabana. Entonces, las amenazas fueron directas, le dijeron que ‘si trascendía dónde estaban ellos o tenía contacto con los delegados se tendría que atener a las consecuencias’. Que la próxima vez que lo fueran a buscar ‘dejara sus dos pelotas con su esposa’. Que si no declaraba ante la jueza lo que le habían indicado iban a tomar otra medida y así, amenazantes, le indicaron que se retirara”.

La victoria del movimiento Hamas en las elecciones legislativas de la llamada Autoridad Palestina desconcertó a la diplomacia internacional, la cual lo tiene clasificado como organización ‘terrorista’. Israel había puesto en marcha el ‘plan Sharon’, que a cambio de un retiro supervisado de Gaza facilitara la anexión de nuevas zonas de Cisjordania y permitiera avanzar con el muro de separación entre los territorios de mayoría judía y árabe. Estas nuevas confiscaciones territoriales por parte del sionismo contaban con el acuerdo del gobierno de la AP, o al menos con su neutralidad. El triunfo de Hamas es visto como un escollo. ¿Representa este resultado una victoria revolucionaria o nacional del pueblo palestino? ¿Cómo caracterizarla, en todo caso? A diferencia de lo que representó históricamente la Organización para la Liberación Palestina (OLP), Hamas no es auténticamente un movimiento nacional, en primer lugar porque representa y organiza solamente a la parte del pueblo árabe palestino que se encuentra en los territorios ocupados. La mayoría de este pueblo se encuentra expulsada de su territorio nacional. La Autoridad Palestina, esa ficción estatal armada por los acuerdos de Oslo, entre el imperialismo, el sionismo y la OLP, constituye una renuncia a la representación nacional de Palestina. Por eso constituye el punto de partida de todos los acuerdos que han tratado de imponer el imperialismo y los sionistas. Hamas fue concebido originalmente para combatir el movimiento palestino representado por la OLP. Recluta en masa sobre la base de la asistencia social, que es financiada por los regímenes árabes más reaccionarios. A diferencia de la carta de fundación de la OLP, que reivindicaba una república laica y democrática de Palestina, en todo su territorio histórico, y que por lo tanto amenaza la existencia de la monarquía artificial de Jordania, la carta de Hamas reclama una república islámica en un territorio palestino vagamente definido, o sea aceptable para los regímenes despóticos del Medio Oriente. Hay que decir que, antes que Hamas, el movimiento nacional palestino fue destruido por parte de la OLP —y en especial de la fracción política mayoritaria de ella, el Al-Fath (que dirigía Arafat). En estos términos, la victoria de Hamas podría ser admitida como una victoria popular que representa un golpe para los planes esbozados por Sharon y sus socios de la Autoridad Palestina, pero no es una victoria ni nacional ni revolucionaria. Habrá que reconstruir el movimiento nacional palestino, pero deberá hacerse sobre nuevas bases, tanto socialistas como internacionalistas. Es claro que la reacción internacional del capitalismo a la victoria de Hamas está condicionada por la del propio sionismo, y por sobre todo por el hecho de que en menos de un mes habrá elecciones en Israel, lo que explica que nadie quiera mostrarse ‘flojo’ frente a Hamas y menos que nadie el partido del muribundo Sharon, que está en el gobierno. Pero bajo la mesa ya hay negociaciones para que Hamas acepte alguna suerte de gobierno de coalición o, de últimas, un gobierno ‘tecnocrático’. Los dirigentes de Hamas han dicho que sólo les interesan los ministerios de asuntos sociales y los de asuntos religiosos. Mientras tanto, los partidarios de Al-Fath acaban de votar un reforzamiento de los poderes del presidente de la Autoridad Palestina para neutralizar a un eventual gabinete de Hamas. Israel controla nada menos que los ingresos aduaneros de la AP, lo que alcanza para mostrar la artificialidad de todos los ‘planes’ de ‘paz’ en la zona. Aunque todo indica que está decidida una línea de ‘negociación’ (en especial de parte del gobierno de Bush), no puede excluirse un escenario alternativo, que sería el atizamiento de una guerra civil entre Hamas y Al-Fath por parte del sionismo. En medio de la espantosa situación del pueblo árabe palestino, las ‘autoridades’ de la Autoridad nadan en un mar de corrupción alentado por los organismos internacionales del imperialismo y en otro mar, aún más grande, de negocios con las autoridades y capitalistas de Israel y de Egipto. Los hijos de Sharon se encuentran denunciados ante la justicia por actividades de corrupción que involucran a allegados del ex jefe palestino Yasser Arafat. El afán de la camarilla oficial por conservar estos privilegios sería un buen motivo para incentivar una guerra contra Hamas. Los sucesos en los territorios ocupados, así como la agonía del criminal Sharon, han servido para dejar ocultos algunos factores de fondo que están obrando decisivamente en la región. En particular la situación terminal del sionismo, en cualquiera de sus versiones históricas, lo que ha llevado a algunos historiadores a disimular la crisis haciendo referencia al ‘post-sionismo’. El ‘sueño’ del ‘gran Israel’ ha quedado definitivamente sepultado como consecuencia de las Intifadas; lo mismo ocurre con la variante ‘menor’ de un Estado judío homogéneo que actuaría como un factor de cooperación y de ‘civilización’ en el Medio Oriente. El sionismo vive acosado por la superioridad demográfica de los árabes, o sea que no encuentra remedio con la inmigración masiva desde el resto del mundo. El agotamiento del Estado sionista está mejor demostrado por dos datos decisivos: uno, el incremento colosal de la pobreza de la población judía y la reiteración de los planes de ‘ajuste’, esto cuando históricamente el sionismo internacional parecía tener una bolsa suficiente para financiar la expropiación de los árabes y su reemplazo por población judía inmigrante. Los judíos se están muriendo de hambre bajo el sionismo. El otro dato es el enorme reforzamiento de la discriminación y la represión contra la población árabe que tiene ciudadanía israelí, con la clara intención de echarla de los territorios sionistas. La política del imperialismo mundial se resume, en estas condiciones, en un desesperado intento por desarmar la bomba de la desintegración del régimen sionista, que podría llevar al Medio Oriente a una conflagración sin precedentes. Con estos factores históricos en vista no hay nada más realista que la reivindicación de una República única, democrática y laica de Palestina, que reúna a todos los pueblos de la región, pero que sólo tendrá lugar sobre los escombros del Estado sionista. A partir de esto defendemos la victoria de Hamas contra los ataques y exigencias del imperialismo y del sionismo; reclamamos la plena vigencia del derecho al retorno de los árabes palestinos expropiados y expulsados de sus tierras y hogares; planteamos la representación nacional del conjunto del pueblo árabe palestino; exigimos el retiro de las tropas sionistas de los territorios ocupados después de 1967 y el cese del patrullaje militar sobre Gaza, así como el derecho de la AP a cobrar las tarifas aduaneras; y llamamos a los trabajadores judíos a comprender que la victoria contra los planes de ‘ajuste’ en Israel depende de una alianza con el movimiento nacional palestino. Por un congreso de delegados judíos y árabes de Palestina para organizar la lucha para poner fin al Estado sionista y a la monarquía jordana —por un República única, laica y democrática de uno y otro lado del río Jordán.

Tabaré Vázquez logró el “respaldo incondicional” de todos los partidos patronales y de 17 cámaras empresarias para la instalación de las papeleras. No logró, sin embargo, el respaldo unánime del Frente Amplio. Los delegados de base de Maldonado y de Soriano y los representantes del 26 de Marzo, del 20 de Mayo y de la Corriente de Izquierda votaron en la Mesa Política del FA en contra de una resolución de respaldo a la instalación de las papeleras. El voto de los delegados de base de Soriano es significativo, ya que es uno de los departamentos donde más se ha “forestado”. Incluso el Partido Comunista (su secretaria general, Marina Arismendi, es ministra) se abstuvo en esta resolución, aunque parcialmente. La oposición de una parte del FA a la instalación de las papeleras es una manifestación de la oposición más general del pueblo uruguayo y, en particular, de los votantes del Frente Amplio. “Disciplina” La oposición popular a las papeleras es de larga data. Hace dos años, una encuesta mostraba que el 51% de la población se oponía a su instalación (contra el 39% que la respaldaba). La llegada al gobierno del FA —que apoyó su construcción pero prometió “controlar” su actividad— pareció alterar esta opinión. Más que un respaldo a las papeleras, lo que aparecía era la confianza en el nuevo gobierno. La oposición a las papeleras vuelve a ganar terreno. También numerosos frenteamplistas comienzan a criticar, en forma cada vez más abierta, el curso proimperialista de “su gobierno”: el envío de tropas a Haití, la firma del acuerdo de inversiones con los Estados Unidos, el Operativo Unitas, el veto presidencial a la ley del aborto... Las razones de la oposición La Asamblea Ciudadana de Fray Bentos anunció cortes de ruta del lado uruguayo. Organizaciones ambientalistas, especialistas universitarios, pequeños productores rurales y dirigentes sindicales se pronuncian cada día, así como muchos uruguayos de a pie. Las murgas más aplaudidas en el Carnaval son aquellas que más crítican al gobierno. La ganadora del año pasado, Agarrate Catalina, tiene toda una parte del espectáculo dedicada a las papeleras, y es muy festejada. Las razones de la oposición son abrumadoras. Extranjerización de la tierra. El proceso que desemboca en la instalación de las papeleras comenzó en 1990 con la “ley de forestación”. Desde entonces, dos millones de hectáreas han sido monopolizadas por grandes pulpos, la mayoría extranjeros (Brecha, 3/2). La extranjerización de la tierra apenas comienza: las plantas consumirán anualmente el equivalente a 570.000 hectáreas de bosques, por lo que la forestación actual no alcanza para cuatro años de producción de pasta. Será necesario, entonces, extender las áreas de forestación y “reforestar” las áreas ya taladas —lo que implicará una masiva aplicación de productos agroquímicos tóxicos— (denuncia de la veterinaria María Grosso, en Brecha, 3/2). “¡Ni un eucalipto más!”. Chacareros de Mercedes (departamento de Soriano) denunciaron que la forestación con eucaliptos secó los pozos de agua en toda la zona. Están amenazados 2.500 chacareros. Los productores con mayores recursos se endeudaron para realizar pozos de 50 a 100 metros de profundidad. Los más pequeños, sin agua ni recursos, son obligados a malvender sus tierras, las cuales son acaparadas por los “forestadores”. “Uno de los damnificados, el tambero Washington Lockhart, dice sentirse defraudado con el actual gobierno, al cual votó. Pero afirma que no se resignará y que dará batalla por el agua y contra la forestación” (Brecha, 3/2). Destrucción de la capacidad productiva de la tierra. Especialistas de la Universidad del Uruguay denuncian que “muchos de los cambios químicos (acidificación, salinización, pérdida de nutrientes) [provocados por la forestación] son irreversibles y comprometen seriamente la fertilidad y, por lo tanto, el potencial productivo de los suelos” (Brecha, 3/2). Destrucción de la apicultura y la pesca. Sólo en el departamento de Soriano, 500 familias viven exclusivamente de la producción de miel. El apicultor Javier Sayas anticipó que “cuando las chimeneas en M’Bopycuá comiencen a contaminar, los mercados internacionales no aceptarán nuestra miel y nosotros desapareceremos como productores” (ídem). Destrucción del turismo y la pesca artesanal. “Botnia liquida Las Cañas, M’Bopycuá y toda posibilidad de turismo en la zona, así como la pesca artesanal que es la fuente de trabajo de cientos de compatriotas” (denuncia de la veterinaria María Grosso, en Brecha, 3/2). Desempleo. La forestación ha provocado una caída en la cantidad de trabajadores rurales ocupados (y en la calidad de sus empleos). Organizaciones de pequeños productores de Soriano denuncian que por cada mil hectáreas trabajan 5,2 personas en la ganadería extensiva; 10 personas en la agricultura; 180 a 200 en las granjas y apenas tres en la forestación (cifra que puede ser todavía menor con la incorporación de maquinaria). La consecuencia, anticipan, será una nueva expulsión de mano de obra rural. Oposición sindical. En enero, la filial Río Negro del PIT-CNT emitió una declaración expresando la necesidad de “reafirmar la resolución del octavo congreso del PIT-CNT contraria a la instalación de las plantas de celulosa en nuestro país”. La declaración estaba firmada por Carlos Maneyro (del Sunca, sindicato de la construcción) y Julio Martínez (secretario de Organización de la filial Río Negro del PIT-CNT). La burocracia nacional del Sunca (del Partido Comunista) acaba de separar a Maneyro como su representante ante el PIT-CNT. Zonas francas y saqueo. El periodista G.W. (Brecha, 27/1) y especialistas de la Universidad de Uruguay (Brecha, 3/2) denuncian que las plantas y sus puertos operarán en las denominadas “zonas francas” (ZF). Las empresas radicadas en ellas “están exentas de todo tributo nacional, creado o a crearse, incluso de aquellos en los que por ley se requiera una exoneración específica”. También estarán exentas de impuestos sus importaciones y exportaciones. Las plantas no tributarán un centavo al Estado uruguayo. En materia de empleo, las empresas radicadas en las ZF podrán contratar hasta un 25% de personal extranjero, un porcentaje que podrá aumentarse (sin establecer un límite máximo) con la autorización del Ejecutivo. Este personal podrá “no beneficiarse del sistema de seguridad social uruguayo”. Dentro de las zonas francas no regirá, en la práctica, el régimen laboral del Uruguay. Es sencillamente falso que las papeleras “crearán empleo”: “Considerando la potencial pérdida de empleos en el sector turismo y la posibilidad de contratación de personal extranjero en las ZF, ¿cuántos puestos de trabajo netos generará el emprendimiento?”, preguntan los especialistas de la Universidad de Uruguay. Marcelo Abdala, dirigente del gremio metalúrgico e integrante del Secretariado del PIT-CNT, denunció que “una de las peores facetas de estas inversiones es el régimen de las ZF, sin hablar de la oprobiosa resolución del acuerdo con Finlandia en el Parlamento” (Brecha, 27/1). Según este tratado, el Estado uruguayo se compromete a resarcir al capital privado finlandés por cualquier alteración de las condiciones sociales o legales que perjudiquen el lucro esperado por dicho capital. Contaminación, enfermedad y muerte. “Las plantas contaminan (...) Los compuestos organoclorados producidos durante el blanqueo de la pulpa depurada en el proceso Kraft son muy persistentes y su naturaleza liposoluble determina que se depositen en los tejidos grasos de los seres vivos, acumulándose en la medida en que se asciende en la trama alimentaria. Los organoclorados son precursores de dioxinas, compuestos de reconocida acción cancerígena” (denuncia de los especialistas de la Universidad de Uruguay, Brecha, 3/2). Por una lucha común Los pueblos de Argentina y Uruguay están contra las papeleras. Los gobiernos de los dos lados las defienden. Están a muerte contra los cortes de ruta y las movilizaciones populares. Kirchner contra las de Gualeguaychú; Tabaré contra las de Fray Bentos. Para desarmar los cortes, Kirchner recurrió a Pérez Esquivel y al Tribunal de La Haya. Vázquez envió refuerzos militares a Río Negro y movilizó a la policía para impedir los cortes (La República, 12/2). Está planteado unir estos movimientos, en Uruguay y en Argentina, en una lucha común. Por la nacionalización sin pago de las papeleras y los recursos forestales. Por su funcionamiento bajo control de los trabajadores. Por la nacionalización del conjunto de recursos naturales de nuestros países, saqueados por el capital imperialista. Por la unidad de los pueblos de Argentina y Uruguay contra el gran capital imperialista y los gobiernos que lo defienden.

Los días previos a la Navidad, la defensa de Romina Tejerina interpuso la queja ante la Corte Suprema para que ésta obligara al Superior Tribunal jujeño a resolver el recurso de casación paralizado, y solicitó también la excarcelación de Romina mientras dure el trámite. Ese recurso de casación sigue cajoneado. El domingo 9 de enero, las requisas que venía soportando desde hace dos años y diez meses la familia de Romina para ingresar al penal, se transformaron en manoseos y agresiones, buscando cansar a las familiares para que dejen de ir a verla, mientras siguen las presiones psicológicas para que ella desista del recurso de casación contra la condena, interpuesto por su defensa, diciéndole que con la sentencia firme saldría más rápido de la cárcel. Romina fue sacada del kiosco donde trabajaba dentro de la cárcel e impedida de recibir atención psicológica, ya que desde hace meses la penitenciaría no la traslada a su psiquiatra. Y le negó el derecho a salir un rato durante Nochebuena y Fin de Año, como le permitieron el año pasado. Las organizaciones de mujeres preparamos una jornada nacional el 23 de febrero, cuando se cumplen tres años de la detención. Para esta fecha los padres y familiares de Romina viajan para ser recibidos por la Corte Suprema de la Nación. La carta que han dirigido a cada uno de los jueces de la Suprema Corte tiene el apoyo de movimientos y organizaciones de mujeres, organizaciones sociales y políticas. La reproducimos a continuación. San Salvador de Jujuy, 9 de febrero de 2006 Nos dirigimos a Ud. a fin de solicitar una audiencia para el día 23 de febrero de 2006, fecha en que se cumplen tres años de privación de libertad de Romina Tejerina. La solicitud se debe a la injusticia que viene sufriendo Romina, en particular la paralización del recurso de casación decidida por el Superior Tribunal de Jujuy, lo que nos sume en la profunda angustia y decepción de tenerla presa sin que se permita su defensa. La tragedia se ha adueñado de nuestra familia desde el 1 de agosto de 2002, fecha en que nuestra hija y hermana fue abusada sexualmente y continuó con el embarazo no deseado y el silencio, la locura y luego la muerte. A tanta tragedia se suman los tres años de cárcel y las irregularidades en los procesos judiciales en los que ella fue/es parte. Profundamente dolidos, es que solicitamos de Ud. una entrevista, a fin de expresar nuestras actuales preocupaciones en medio de años de intenso sufrimiento. Sin más, saludamos muy atentamente. Mirta Tejerina, Elvira Baño de Tejerina, Florentino Tejerina, Erica Tejerina El mismo día 23, durante la mañana, delegaciones de las organizaciones firmantes acompañaremos a los familiares de Romina a la Corte Suprema de Justicia. Hasta ese día seguimos sumando firmas y adhesiones.

—Contanos cómo ha sido esta lucha, este proceso; ¿cómo lo vivieron? —Muy satisfactorio para mí, porque hemos empezado a reunirnos el Cuerpo de Delegados y hemos visto los pro y los contra de lo que nos podía suceder a nosotros, pero aún así apostábamos al mandato de la asamblea, y es por eso que llegamos al lunes 23 autoconvocando a todos los compañeros petroleros para una asamblea en el Sindicato de Petroleros Privados. Yo creo que había una manera de poder recuperar entre 500, 600 ó 700 pesos, que era el famoso, o es el mínimo no imponible, de este robo distorsivo que le están haciendo a toda la clase trabajadora, no solamente a los petroleros. —¿Cómo evaluás el rol de los gobiernos provincial y nacional? —Realmente se ha confundido todo porque, lamentablemente, hubo una muerte. Y han usado esta muerte como caballito de batalla para distorsionar nuestra lucha, porque en un momento pasó a ser más importante, y con todo el respeto que se merece la familia y el oficial caído, la muerte del oficial fue usada para minimizar nuestra lucha. Todo esto se podría haber solucionado de un plumazo, trabaron todo y a nivel nacional. Los representante de los trabajadores son los que tienen que negociar, y en este caso fue todo al revés porque buscaron al párroco Molina, que tenía contacto con Julio De Vido, con Noemí Real, que es la subsecretaria del Ministerio de Trabajo, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada. No hicieron nada, jugaron al cansancio y encima después nos traen la Gendarmería para que nosotros tengamos que negociar bajo esta presión, porque si no hubieran estado los gendarmes te puedo asegurar que esta negociación colectiva hubiese sido de otra manera. —De ahora en más, ¿qué es lo que ustedes se ponen como meta en cuanto al movimiento, en cuanto a las reivindicaciones que han quedado pendientes, en cuanto al mínimo no imponible? —Vamos a seguir trabajando respecto de eso. Ahora nos queremos abrazar con todas las agrupaciones, ya sea piqueteras, ya sea movimientos combativos, en todo lo que podamos hermanar y unir a nivel nacional vamos a trabajar, y si tenemos que plantear una lucha a nivel nacional sobre el impuesto a las ganancias apuesto, y con todo orgullo, que nos encontraremos con todos los compañeros y nos organizaremos para pelear contra este maldito impuesto.

Nada podría haber puesto tan en claro la enormidad de la impasse de la burguesía italiana que la campaña macartista lanzada contra la candidatura de Marco Ferrando, caudillo político de Asociazione Marxista Rivoluzionaria Progetto Comunista (miembro de la Coordinadora por la Refundación de la Cuarta Internacional, en la cual milita el Partido Obrero). Ferrando había sido nominado al primer lugar de la lista al Senado por la región de Abruzzo, por parte del partido de la Rifondazione Comunista, para las elecciones que tendrán lugar el próximo 9 de abril. La cancelación de la candidatura de Ferrando la han pedido, en los últimos días, la casi totalidad de los políticos capitalistas y de los diarios, desde el proto-fascista Berlusconi, el primer ministro de Italia; el canciller Gianfranco Fini, del partido fascista Alianza Nazionale; Romano Prodi, ex primer ministro y ex presidente de la Comisión de la Unión Europea; Máximo D’Alema, ex stalinista, ex primer ministro y uno de los jefes del partido Democracia de Sinistra; hasta diarios ‘honorables’ como el Corriére della Sera y muchos otros de ‘prestigio’ inferior. En un hecho sin precedentes en la historia de la izquierda de todo el mundo, Fausto Bertinotti y el secretariado de Rifondazione Comunista decidieron capitular ante estas presiones y anular la candidatura de Ferrando. Han cedido en la nominación de sus representantes a las pretensiones de las fuerzas hostiles a la izquierda italiana. En un hecho que agrava todavía más este atropello, el secretariado de Rifondazione pasó por encima del Comité Político Nacional del partido, a quien corresponde por estatuto la designación de los candidatos, para evitar el debate político de la medida. Marco Ferrando había obtenido la candidatura como consecuencia de la decisión de la mayoría de Rifondazione de otorgar la posibilidad de una representación parlamentaria a sus fracciones internas minoritarias. El cambio de la modalidad obedeció a diversas razones, pero la principal es, sin duda, la circunstancia de que en el último congreso la mayoría que encabeza Bertinotti se redujo al 59% de los delegados y el conjunto de las minorías al 41% (el 8% para AMR Progetto Comunista). Otra explicación es, asimismo, que una reciente modificación del régimen electoral permitirá un gran acrecentamiento de la representación parlamentaria de Rifondazione, algo que la mayoría no podía ya monopolizar sin provocar crisis internas. Para hacer más difícil este monopolio se agregó el hecho de que Bertinotti había ofrecido candidaturas a extrapartidarios que actúan en los movimientos antiglobalización. La generosidad de la mayoría tenía, de todos modos, un límite, porque sólo ofrecía un espacio del 15% de candidaturas a fracciones que reúnen casi tres veces más que eso dentro del partido. Aunque Rifondazione Comunista se presenta en forma independiente a las elecciones, ella integra la coalición capitalista llamada Unione, que cuenta hoy con el apoyo macizo de la gran burguesía italiana (la consultora Moody’s acaba de informar que la inmensa mayoría de los empresarios declaró su apoyo a la Unione). Las candidaturas de las fracciones minoritarias equivalen a un reconocimiento de su derecho de fracción al plano parlamentario, o sea a votar en el parlamento en conformidad con sus planteos, al menos en los puntos estratégicos o de principios. Es muy claro que no tiene sentido habilitar la representación parlamentaria de las minorías internas para lograr de ellas que hagan en el parlamento lo que nunca hicieron fuera de él —votar contra sus programas. Toda esta amplitud metodológica de la mayoría de Rifondazione se vino abajo cuando la burguesía italiana conminó a Fausto Bertinotti a anular la candidatura de Ferrando. El procedimiento empleado para conseguir este propósito es un verdadero manual de macartismo ‘democrático’, aunque es obvio que el macartismo, o sea la represión selectiva y constitucional, es propio de las ‘democracias’. La campaña la empezó una revista, Libero, con citas de escritos de Ferrando sobre el carácter “histórico artificial” del Estado de Israel, que datan de varios años, en los cuales refuta también que el sionismo sea la expresión de “un movimiento nacional del pueblo hebreo”. Con la ‘habilidad’ de la inquisición (o, mejor, de los servicios), el periodista advierte: “En la Unione hay quien quiere destruir a Israel” (Corriére, 11/2). El diario Il Corriére della Sera, el principal vocero del capitalismo italiano, aprovecha para publicar un editorial en el que da cuenta de la “reacción indignada” de Fausto Bertinotti ante las posiciones de Ferrando, para concluir: “(Es) un primer paso para afirmar la necesidad de que en el Parlamento italiano no circulen expresiones que se asemejan a las de los teóricos de Hamas”. Con esto estaba dada la orden a Bertinotti para que expulse a Ferrando, sin importar, uno, que Ferrando es contrario al islamismo reaccionario de Hamas; dos, que Bertinotti conoce las posiciones de Ferrando desde hace más de dos décadas (de modo que su indignación es un ‘show’; tres, que los Berlusconi del mundo se aprestan a negociar con Hamas (como lo vienen haciendo desde hace mucho) ahora que ganó las elecciones legislativas de la Autoridad Palestina. ¿En qué sentido esta campaña expresa la crisis política italiana? De un modo muy directo, porque mientras la burguesía italiana le ha asignado a un futuro gobierno de la Unione la función de hacer lo que no pudo Berlusconi, la Unione no logra ‘disciplinarse’ por dentro debido a la presión de las luchas populares. El conflicto por la construcción de un corredor ferroviario con Francia, en el norte de Italia, ha provocado un piquete de las proporciones del de Gualeguaychú, que no han podido desarmar ni el presidente de la república, Ciampi, ni Prodi, ni los ex ‘comunistas’ de la ‘democrazia de sinistra’. La impotencia de la dirección de la Unione para imponer su autoridad en problemas como este ha llevado al Corriére a sentenciar: “Quien sea que venza, la ingobernabilidad está asegurada” (!!) (editorial, 14/2). Los diarios italianos se ‘quejan’ todos los días de las contradicciones de la Unione a la hora de hacer frente a las luchas populares y, ni qué decir, de su incapacidad para frenarlas. Todos los días se escriben editoriales para reclamar orden y disciplina, en especial en el plano ideológico, o sea, de la acción de gobierno, incluido especialmente frente a las guerras y crisis que crea el imperialismo por todo el mundo. Para colmo, los banqueros aliados a la Unione se encuentran incriminados por corrupción y algunos de ellos están presos, no solamente con motivo de un intento de adquirir dos bancos, el BNL y el Antonveneta, sino también por operaciones que comprometen a Telecom, a Fiat y a la Banca Intesa. El ataque a Ferrando es la punta del ovillo para proceder a toda clase de disciplinamientos y represiones que permitan ordenar las filas para desarrollar la política del capital e incluso sacar de las galeras a los capitalistas ladrones. El rescate de la burguesía que se propone la Unione implica precarizar a fondo el trabajo y, por sobre todo, ejecutar un plan de austeridad que permita reducir la descomunal deuda pública italiana, que es de 110.000 millones de euros. Sin este ‘saneamiento’ el Estado italiano no podría financiar la reconversión de la industria italiana en estado de quiebra. Para ejecutar esta tarea, la Unione necesita simultáneamente de los votos de la izquierda y el apoyo de esta izquierda y de los sindicatos a su política. La burguesía imperialista pasó un acuerdo con Bertinotti sobre todo esto, como lo demuestra su apoyo al convenio metalúrgico reciente, que precariza el trabajo, o su respaldo al BBV para comprar el BNL, e incluso a la política internacional, en especial con referencia a una salida negociada con Estados Unidos para Irak. La reconversión del ‘comunista’ Bertinotti a la “no violencia” es un taparrabos para condenar la resistencia a la opresión por parte de los pueblos atacados por el imperialismo, en especial del Medio Oriente. El ataque contra Ferrando subió varios escalones más como consecuencia de entrevistas posteriores que se le hicieron, en las cuales justificó la resistencia contra la ocupación militar en Irak (y repudió el terrorismo contra la población civil). La reacción a los planteos de Ferrando dejó al desnudo a la Unione, la cual salió a defender la ‘misión de paz’ de las tropas italianas en Irak (junto a Bush), cuando al mismo tiempo dice repudiar la ocupación de Irak y, en oposición a Berlusconi, querer el retiro italiano. Bertinotti declaró que las posiciones de Ferrando eran “in-com-pa-ti-bles con el partido”; “se trata, dice, de opciones estratégicas” (Corriére, 14/2). Las contradicciones de Bertinotti rayan en el cinismo, pero por sobre todo delatan su voluntad de capitular ante la extorsión de los aparatos del Estado y de los medios de comunicación para cancelar la candidatura de Ferrando. Porque, ¿cómo se entiende que repudie y rechace la ocupación militar italiana de Irak y pretenda al mismo tiempo negar legitimidad a la resistencia iraquí a esa ocupación? La indignación que Bertinotti exhibe ante Ferrando apenas esconde su propio descenso moral. Al final, apretado por un periodista, que le dice que toda Rifondazione habla de la razón de la resistencia iraquí, Bertinotti responde lastimosamente, afirmando que por tal cosa debe entenderse la lucha de las mujeres y las elecciones que convocan los ocupantes(!!). Es claro de todo este incidente que Bertinotti y la mayoría de Rifondazione son plenamente concientes del trabajo sucio que les exige su decisión de integrar un gobierno imperialista, como será el de la Unione. La lucha de una pequeña pero aguerrida organización trotskista ha puesto al desnudo la realidad del Estado y de los partidos italianos como no lo podría haber conseguido nadie, ni de otro modo. Las posiciones de los revolucionarios fueron discutidas oficialmente en televisión, el lunes 13, en el programa “Matriz”, entre dos ex: el ex fascista Gianfranco Fini, canciller, y el ex ‘comunista’ D’Alema, dos verdaderos expertos en el terrorismo de Estado. Fini le dijo a D’Alema: hay que echar a Ferrando. “Me pregunto quién lo ha mandado” (La Reppublica, 13/2), le contestó D’Alema. Saben que de este modo humillarán sin posibilidad de recuperación a Rifondazione Comunista. Antes, D’Alema había denunciado que usar bombas de fósforo era “incivil”, pero parece que quienes luchan contra los que las tiran serían asesinos. D’Alema, como primer ministro, había llevado a Italia a la guerra de la Otan contra Yugoslavia. ¿Ha llegado Italia al punto que un fascista de brazo en alto y antisemita de toda la vida le imponga su política a la izquierda italiana? Por nuestra parte decimos: ¡Bravo compagno Ferrando! ¡Bravo compagne e compagni de la Asociazione Marxista Rivoluzionaria Progetto Comunista. Voi stati faccendo strada.

En los últimos diez días fracasaron dos tentativas de imponerle a la asamblea de Gualeguaychú el levantamiento de sus cortes contra las papeleras Botnia y Ence. La primera fue protagonizada por Kirchner, que recibió a la Asamblea Ambiental pensando que lograría arrancarle una tregua. Pero la asamblea ratificó los cortes, puesto que Kirchner no aseguró ninguna acción concreta. Le reclamaron “medidas contra los camiones que vienen desde Chile con materiales para las plantas”, pero solamente “dijo que las iba a estudiar” (Clarín, 6/2). Se les prometió una medida cautelar que pare las plantas, “pero para dentro de tres meses” (ídem). Días más tarde, una propuesta de Pérez Esquivel para levantar la lucha corrió la misma suerte. En una asamblea multitudinaria fue abrumadoramente rechazada. La intervención de Pérez Esquivel tiene como única explicación que trata de evitar una derrota decisiva del gobierno del Frente Amplio. En este cuadro, el movimiento se extiende aún más. La ciudad de Colón se sumó a la lucha con la interrupción de catorce camiones chilenos que pretendían trasladar materiales para Botnia por el puente Artigas. En la orilla uruguaya, “la asamblea ciudadana de Fray Bentos, reunida en Paysandú, decidió pasar a la acción directa en su lucha contra las plantas de celulosa” (Clarín, 8/2). La determinación popular ha colocado en un pantano a las diferentes instancias de negociación entre Kirchner y Tabaré. Es que los “consensos” en discusión parten de aceptar como un hecho consumado la radicación de Botnia y Ence en Fray Bentos. Las “iniciativas” de Kirchner no tienen otro propósito que quebrar la lucha de Gualeguaychú. Ese es el caso del anunciado recurso a la Corte de La Haya o una declaración en el Congreso que apruebe la presentación internacional. En la cuestión de las papeleras, el gobierno de los “decretos de necesidad y urgencia” ha sido súbitamente atacado por un furor parlamentario. La razón es clara: desde Macri a Carrió y Binner, todos exhortarán a “buscar un consenso con el gobierno uruguayo”, o sea favorecer a los monopolios papeleros. Por lo pronto, el proyecto oficial declararía el apoyo al Poder Ejecutivo a “someter el diferendo ante La Haya” sólo “en caso de resultar necesario” (Clarín, 6/9). El fracaso de las mediaciones truchas —que pretendían un levantamiento de los cortes— ha radicalizado a la movilización de Entre Ríos. La extensión de los cortes en la provincia, y su contagio a Uruguay, colocan a la orden del día una gran acción internacionalista contra los contaminadores, y por la nacionalización de los recursos forestales y papeleros en los dos países.

En el barrio 17 de Octubre de La Matanza se acabó la paciencia. A la falta total de infraestructura en veredas, calles, alumbrados, se sumó la muerte de un vecino como consecuencia de las inundaciones provocadas por las últimas lluvias. El Polo Obrero del barrio organizó una asamblea popular y se movilizó junto a los vecinos a la delegación de Rafael Castillo. En Acción Social reclamamos lo básico para reponer lo que la lluvia se llevó: colchones, chapas y membranas. Al delegado le reclamamos por la infraestructura. La entrevista con el delegado puso de manifiesto el carácter capitalista y antipopular del gobierno. Nos dijo que las obras habían empezado hacía meses, que debíamos esperar que nos tocara el “turno”, que no tenían “tierra”, que no podíamos atacar al gobierno Kirchner porque era popular y había pagado la “deuda”. Viniendo de la boca de un delegado que lleva más de cuatro años en su puesto, o sea que gobernó con De La Rúa, Duhalde, Ruckauf y Solá, resulta una farsa. ¿Cuántas calles se pueden asfaltar con 10.000.000.000 dólares (que Kirchner le pagó al FMI)? Afuera podíamos observar los tractores parados, y recogimos denuncias de los propios trabajadores de la delegación, que sólo trabajan por un plan, de que el delegado había repartido los colchones que tenía entre sus familiares. Las asistentes sociales que mandó el delegado durante la semana trataron de hacer desistir a los vecinos de sus reclamos, diciéndoles que se mudaran a otro lado o que ya tenían lo necesario, etc. Por esa razón el barrio se volvió a movilizar apoyado por el Polo Obrero de La Matanza. Esta vez tuvimos un resultado: el delegado accedió a nuestras demandas, al día siguiente ya se habían arreglado las luces rotas, se gestiona que pasen los recolectores de residuos y las máquinas habían comenzado a trabajar. Incluso se obtuvo el compromiso de realizar las veredas. Las tareas planteadas son dar a conocer las conquistas en el barrio, agrupar a más vecinos, velar por el cumplimiento de los compromisos y luchar por una escuela para el barrio.

Por la presente les hacemos llegar nuestra solidaridad de clase y militantes para los compañeros del Polo Obrero y del Partido Obrero, como así también a los compañeros trabajadores del petróleo de la localidad de Las Heras, provincia de Santa Cruz, que fueron brutalmente reprimidos por la policía. Una vez más queda al descubierto que el tan mentado “progresismo” del gobierno de Néstor Kirchner y el gobernador Acevedo es pura farsa. La represión que sufrieron los trabajadores del petróleo por rechazar que se les incluya en el impuesto a las ganancias demuestra una vez más que ante cualquier reclamo de los sectores obreros y populares la única respuesta esperable será la represión a sangre y fuego. Estos hechos de represión violenta que se vienen dando en Santa Cruz, siguen marcando que en el sur la justicia social solamente es posible para la oligarquía ganadera y latifundista y para la burguesía especuladora que se enriqueció con las privatizaciones de YPF. La respuesta del gobierno, como siempre, ha sido inculpar al Polo Obrero y al Partido Obrero, siguiendo la lógica paranoica de un típico gobierno de derecha que, al igual que Isabel Martínez de Perón, el enemigo está en los sectores populares y en la izquierda consecuente que no se pierde ningún encuentro amplio, ni refritos social-demócratas que se le parezcan. Por último, reiteramos nuestro repudio a la violenta represión que sufrieron los trabajadores del petróleo en Santa Cruz, como también nuestro repudio a la campaña macartista que ejerce el kirchnerismo “progresista” contra la izquierda que no baja sus banderas. Sin otro particular, los saludamos atentamente, quedando a su entera disposición para seguir construyendo, a pesar de los avatares, unidad de izquierda en la acción para garantizar de una buena vez en nuestra patria el socialismo que ponga fin a tanta injusticia y explotación. ¡Hasta la victoria siempre!

La lucha de la CRCI por la refundación de la Cuarta Internacional dio un gran paso adelante en Turquía: el 21 de enero pasado fue organizada en Estambul una reunión política pública muy exitosa por los camaradas de la ICSI Mücadelesi (IM) —el grupo ‘Lucha Obrera’, sobre “La lucha de clases en todo el mundo y la necesidad de un partido mundial de la revolución socialista”. Ciento cincuenta obreros turcos y kurdos, jóvenes e intelectuales, llenaron la sala de conferencias en el centro de Estambul para escuchar y discutir los discursos de los camaradas Sungur Savrán, del IM, y Savas Michael Matsas, del EEK, quien habló en nombre de su partido, así como en representación del Secretariado Internacional de la CRCI. Camaradas no sólo de Estambul sino de otras regiones del país, desde Izmir, Adana y otras ciudades, viajaron largas distancias en bus bajo malas condiciones meteorológicas para venir a la reunión de la CRCI. Es muy significativo que delegaciones de dos lugares muy importantes, los obreros del cuero en Corlu y Gonen, vinieran a participar de la reunión y se dirigieran a la audiencia. Trabajan bajo condiciones bárbaras, ‘como esclavos’, dicen ellos; lucharon para sindicalizarse, fueron despedidos por los patrones, pero continúan la lucha que ya lleva casi un año acampando bajo la lluvia, nieve o sol frente a la fábrica y enfrentando a los rompehuelgas y a la violencia de las fuerzas represivas del Estado. Los maestros de la región, nuestros camaradas del IM y el sindicato turco DERI-IS (obreros del cuero) afiliados a la Confederación TURK-IS, apoyan activamente su lucha. En tal atmósfera militante y después de los señalamientos de apertura de un joven camarada como moderador, comenzó la reunión a la manera tradicional turca: poniéndose de pie y haciendo un minuto de silencio como tributo a la memoria de todos los mártires de la clase obrera y del movimiento revolucionario que cayeron en la lucha tanto en batallas abiertas como en prisiones. Savas Matsas tomó la palabra y presentó el análisis de la CRCI sobre la situación mundial. Luego habló Sungur Savran, explicando concretamente por qué el internacionalismo es crucial para la victoria de las luchas de la clase obrera tanto en Turquía como internacionalmente. Siguió luego una viva discusión con mucha atención en la situación de América Latina, con mucho interés y preguntas sobre el movimiento piquetero en Argentina, sobre la victoria de Evo Morales en Bolivia, Venezuela y Chávez, etc.; la cuestión turca fue planteada y discutida, así como también los peligros del surgimiento del nacionalismo reaccionario y de extrema derecha en Turquía, la situación en Irak y la amenaza de guerra en Irán. Francia y la reciente revuelta juvenil en sus guetos fue una parte central de la discusión, aclarando particularmente la línea de delimitación política entre la CRCI y otras corrientes internacionales que se reclaman trotskistas. Estaban presentes representantes de casi todas las organizaciones turcas de referencia trotskista. La confrontación con el representante del grupo lambertista fue particularmente aguda. En su respuesta, Savas señaló particularmente el contenido reaccionario del culto lambertista a “una República única e indivisible” que ahora es exportado desde la República imperialista de Francia a cada país del mundo, incluyendo Turquía. Defender hoy en Turquía “una República única e indivisible” significa no sólo la capitulación frente al Estado burgués kemalista y su ideología, sino también una negación de las aspiraciones nacionales del pueblo kurdo oprimido... Sungur Savran, en su respuesta, enfatizó nuevamente que la CRCI lucha para construir organizaciones partidarias de combate y no sectas propagandísticas —clones de una gran “organización madre”— como hacen las otras organizaciones, el SU, la LIT, los lambertistas, etc., y resumió nuestra principal línea programática y su importancia actual para los obreros y los pueblos oprimidos. La reunión culminó con el canto en turco de la “Internacional” con la atronadora voz de todos los participantes. Aún después del final, muchos participantes se aproximaron a los oradores para continuar la discusión, preguntando más detalles sobre las posiciones de la CRCI en casi todas las cuestiones de política regional e internacional. (24 de enero de 2006)

El frigorífico Estancias del Sur vuelve a ser noticia. La difusión del virus de la aftosa, que afecta al consumo e impide la exportación de carne, agrava la situación de sus casi mil trabajadores. En octubre, Prensa Obrera N° 922 informaba sobre la precarización a la que son sometidos sus empleados: flexibilización mediante, la mitad son tercerizados. Hoy el cese de la faena de animales plantea una crisis para los intereses empresarios, porque tienen que vender a precios más bajos. Estos claros hechos que desequilibran aun más la situación y agravan la pobreza son el detonante para continuar e impulsar nuevas medidas de lucha. La toma de la planta, las decisiones tomadas por el conjunto de los trabajadores en reclamo de sus derechos son la única vía posible por una mejor calidad de vida. El Partido Obrero se solidariza con la situación de estos trabajadores y apoya la formación de una comisión sindical genuina votada en asamblea general que plantee en paritarias la participación en decisiones que hagan al funcionamiento y a la producción del frigorífico; a su vez, acabar con la flexibilidad laboral defendiendo el reclamo de los 1.800 pesos igual al costo de vida, convenios blanqueados, escala móvil y recuperación de las 8 horas de trabajo.

A principios del año 2001 comenzaron a construir una antena de radio y telefonía móvil de la empresa Nextel en el barrio de Villa Udaondo; luego de un año de funcionamiento un grupo de vecinos comienzan a interesarse sobre el tema de la contaminación electromagnética y la producida por el PCB; fue así que este grupo de vecinos presentó a las autoridades municipales un petitorio pidiendo el desmantelamiento de la antena, pero no obtuvieron respuesta a su pedido. En el año 2004 se comprueba el fallecimiento de una adolescente de 15 años, víctima de una leucemia que pudieron comprobar fue causada por la contaminación; esto hace que la lucha vecinal se intensifique, y consiguen que el Concejo Deliberante sancione una ordenanza, en el mes de diciembre, por la cual se investigarían las antenas comprobando si éstas cumplían con las normas de seguridad establecidas, de lo contrario serían desmanteladas. A principios del mes de octubre de 2005 nos llega la noticia del fallecimiento a nuestro comedor de Udaondo, y fue así que se comenzó a acompañar esta lucha barrial con nuestros métodos: se cortó la colectora de la Autopista del Oeste y puente Brandsen en varias oportunidades. El día 4 de noviembre se produce un problema en el funcionamiento de la antena por falta de suministro eléctrico producido por la rotura de un medidor; cuando la gente de Nextel intentó colocar un generador les fue impedido por un piquete y la guardia montada a través de un acampe de vecinos y compañeros del Polo en la puerta. Para el 6 de noviembre la antena había dejado de funcionar y dos meses después se consiguió el desmantelamiento, realizado el día 11 de enero. Si bien no intervenimos desde un principio, nuestro aporte con el método de piquete, corte y acampe fue clave para que el objetivo fuera cumplido. El pasado 1º de diciembre, el Concejo Deliberante de Ituzaingó votó un aumento de hasta un 500% de las tasas por servicios generales, y durante el mes de enero comenzaron a llegar las boletas, aprovechando las vacaciones de los desprevenidos contribuyentes. Esto desató una autoconvocatoria de vecinos en asamblea que hoy moviliza a todo el distrito; nosotros, los militantes del Partido y el Polo Obrero, comenzamos a participar de las mismas con la juntada de firmas y proponiendo en las distintas asambleas populares nuestras consignas: 1) no pago de la tasas arbitrarias; 2) anulación de la ordenanza impositiva de 2006; 3) eximición de jubilados y desocupados; 4) movilización popular con cobertura de los medios periodísticos nacionales y locales; 5) apertura de las cuentas del Municipio.

En la mañana del martes 7 de febrero, la huelga petrolera de Santa Cruz —hasta ese día escrupulosamente silenciada por todos los medios— se transformó en el tema central de todos los informativos radiales o televisivos. El furor mediático tenía su explicación: después de la pueblada de Las Heras, el gobierno acusaba a los delegados petroleros y “al Partido Obrero” por la muerte del policía Sayago. Acevedo y Kirchner acariciaban la posibilidad de un doblete: liquidar la huelga petrolera, por un lado, y asestarle un golpe al Partido Obrero. El PO no sólo dio la cara, sino que devolvió la escalada bajo la forma de un ataque sistemático al gobierno. En la mañana del martes 7, en el primer comunicado de prensa señalamos: “Represión en Santa Cruz: El gobierno, culpable”. Desde los principales canales, minutos después de que Acevedo estableciera la “versión oficial”, dijimos a todo el país que él era “la cabeza de un gobierno que ha practicado las detenciones y torturas en forma sistemática, y que no tiene ninguna autoridad para informar sobre lo sucedido”. Denunciamos la represión y la provocación armadas contra la huelga, y, por eso, responsabilizamos al gobierno de la muerte del policía Sayago. Desde las cámaras de TN redoblamos la apuesta y anunciamos “una gran marcha de apoyo a la lucha de Santa Cruz”. Minutos después, todo el Bloque Piquetero, así como dirigentes de la CCC, del Teresa Vive, del PTS y otros se comunicaban con el PO para apoyar la propuesta. El mediodía del miércoles 9 fue un momento crucial para la huelga petrolera. Por un lado, la Gendarmería enviada por Kirchner llegaba a Santa Cruz. Los trabajadores deliberaban cómo proceder ante la militarización en la región de las rutas. Pero, por el otro, cuatro mil manifestantes llegaban a la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires, vivando a la huelga petrolera. Mientras realizábamos la marcha, una radio nacional nos conectó con los huelguistas sureños. De ese modo, y en un momento dramático —donde se jugaba el futuro de la lucha—, los compañeros se enteraban que los piqueteros habían ganado en su apoyo el centro político del país.

El dinero de los jubilados es robado limpiamente de las cajas de la Anses. Clarín (21/1) dice que en 2005 el sistema previsional acumuló un superávit de 3.500 millones de pesos, más de 1.000 millones de dólares, superior en 2.800 millones de pesos al registrado en 2004. ¿Se destinó esa enorme masa de dinero al mejoramiento de las jubilaciones o de las prestaciones sociales? Por supuesto que no. La Anses, a fines de 2005, le prestó al Tesoro 2.600 millones de pesos al 3,75 por ciento anual para financiar pagos de la deuda pública, como, por ejemplo, los 80 millones de dólares abonados la semana pasada al FMI. Si el Tesoro hubiese acudido por ese dinero al mercado de préstamos, habría pagado no menos del 7,5 por ciento de interés. En otras palabras: la miseria de los jubilados financia, a intereses ridículos, el pago de la deuda. Todo indica que durante 2006 las cosas serán peores: la recaudación de la Anses irá en aumento, pero el Presupuesto Nacional no prevé un centavo de aumento para los jubilados. Algo similar sucede con otro cúmulo de recursos: los casi 4.000 millones amontonados por los fondos fiduciarios, financiados con impuestos al consumo para inversiones. También de ahí el Tesoro saca dinero, ilegalmente, al mísero 3,75 por ciento anual. Resulta preciso terminar de una vez con esta situación de vergüenza. En principio, los propios jubilados deben hacerse cargo de las cuentas de la Anses. Asimismo, hay que derogar los impuestos al consumo y que sean los capitalistas los que financien al Estado capitalista.

Luego de dos días de paro, en una de las obras de la empresa Pastorino y Ochoa, de la ciudad de Córdoba, los trabajadores obtuvieron una victoria contundente. El paro había comenzado en respuesta al despido de cinco trabajadores. Las amenazas y presiones de la empresa no se hicieron esperar, primero mandando a la policía y amenazando con el desalojo de la obra, luego avanzando con seis despidos más. Los compañeros respondieron al avance de la patronal redoblando la apuesta, ampliando el pliego de reivindicaciones y yendo de lleno por la mejora de las condiciones laborales. La unidad y el temple de los compañeros lograron torcerle el brazo a la empresa, que tuvo que reincorporar inmediatamente a ocho trabajadores y aceptar el resto de los puntos, como el pago quincenal, pago de horas extras (de las que se hicieran y de las que durante los meses anteriores no habían sido pagadas), la ropa, la recategorización de los trabajadores y otros. Esta victoria está enmarcada en el descontento que se viene acrecentando entre los trabajadores de la construcción. La burocracia de la Uocra actúa en favor de las empresas, como se vio en las obras de Nueva Córdoba, durante los meses de noviembre y diciembre. Ha congelado el salario como lo muestra la escala firmada hasta diciembre de 2006. Todo esto sucede en un rubro que ha visto durante 2005 un crecimiento económico ininterrumpido basándose sobre todo en la especulación inmobiliaria, la obra pública que el gobierno destina para empresas como Roggio y la proliferación de empresas que trabajan como tercerizadas de grandes pulpos como el grupo Suez, Telecom, las petroleras y demás. Por los 1.800 pesos de básico. Por la indexación de los salarios de acuerdo al costo de vida. Fuera la burocracia sindical.

Convocado por diferentes organizaciones políticas, sindicales y piqueteras como Amsafe-Rosario, Asociación Bancaria, Asociación de Empleados de Comercio, Coad (Secretaría Gremial), ATE Rosario, Partido Obrero/Polo Obrero, CCC, MST, Frente Santiago Pampillón, PC, PTS, Convergencia Socialista, Maíz, Refundación Comunista, Apdh y otros, se realizó el viernes 10 un acto bajo las consignas de “Viva la lucha de los trabajadores de Santa Cruz”, “Repudio a la represión”, “Fuera la gendarmería”. La convocatoria llamaba a “repudiar la represión desatada por el gobierno provincial, avalada por el gobierno nacional que envió la gendarmería para militarizar la región”. Los diferentes oradores expresaron su apoyo a esta lucha y el repudio a la represión de los trabajadores, exigiendo el retiro inmediato de la gendarmería de la región. Nosotros planteamos “el apoyo incondicional a la huelga y denunciar la responsabilidad de Acevedo y Kirchner por la represión”, y un llamado “a constituir un frente político y reivindicativo, a organizar una campaña e impulsar la lucha salarial por los 1.800 pesos de mínimo ajustable a la inflación, para los ocupados,y los 400 pesos para los desocupados,y a construir una alternativa obrera y socialista, una alternativa política independiente de los Kirchner, Obeid, Reutemann y Binner que han profundizado el saqueo y la entrega del país con el pago anticipado al Fondo Monetario”.

Argentina votó la condena a Irán que reclamaban Bush, la Unión Europea y el sionismo. La Nación, que actúa normalmente como alcahuete de la embajada norteamericana, caracterizó el voto como “un giro notable de la política de Kirchner”, que apunta a alinearse nuevamente con los yanquis luego de las fricciones que se plantearon en la Cumbre de Mar del Plata en noviembre pasado. (“Una embrionaria reconciliación con Washington”, La Nación, 5/2). Según el diario de los Mitre en la “agenda” de esta recomposición de relaciones, se discutirá también la política frente a Hugo Chávez y Evo Morales.

Con la participación de nuevos barrios de la ciudad en asambleas vecinales, como en el caso de esta noche el barrio 20 de Febrero, o el próximo miércoles el barrio Mosconi, y la continuidad en la organización de otros (barrio Chartas, barrio Santa Victoria; centros vecinales de los barrios Bancario y Lamadrid, etc.), se prepara el segundo gran cacerolazo provincial de rechazo a los tarifazos en los servicios públicos y en los impuestos municipales. Hoy una vecina asambleísta señalaba que “no hay forma de escapar de las consecuencias de este avasallamiento, por más exención de impuestos o subsidios de agua y luz que pueda conseguir un vecino o un barrio, estas medidas aumentan la inflación... y eso nos golpea a todos”. Por tal razón, el rasgo característico de las reuniones y asambleas populares es de rechazo al impuestazo, y participación en el segundo gran cacerolazo provincial del jueves 16 a las 19:30 hs, en la plaza 9 de Julio. El Partido Obrero llama al pueblo de Salta a unirse a esta convocatoria, para preparar una gran jornada unitaria de lucha. Se suman los docentes Este fin de semana, los docentes de Capital reunidos en asamblea decidieron por unanimidad, entre otras medidas específicas del sector, sumarse a esta lucha y participar del cacerolazo contra los tarifazos.

Los petroleros de Santa Cruz no solamente han derrotado los intentos del gobierno por aplastar la huelga sino que, más allá aún, han dado un soberano golpe a la política de gravar con impuestos al salario y que precariza el trabajo con la tercerización. La victoria de los petroleros de Santa Cruz es una victoria para el conjunto de la clase obrera. La lucha de Las Heras planteó dos reivindicaciones centrales: el pase al convenio petrolero de los obreros de las tercerizadas —que trabajaban bajo el convenio de la construcción— y la elevación del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Por esta vía el Estado les confisca a los petroleros un salario al año. Después de veinte días de lucha, la huelga arrancó la primera reivindicación y puso un plazo de solución a la segunda. Mientras los petroleros paralizaban los yacimientos del norte provincial, el gobierno se empeñaba a fondo en aplastarlos. Los pulpos petroleros exigieron públicamente la ilegalización de la huelga y la justicia provincial actuó en consecuencia, ordenando el desalojo de las rutas. El gobierno de Acevedo se puso al frente de la policía para cumplir la orden. Pero los cortes se volvieron más masivos, mientras la huelga se extendía a los campos de Pico Truncado. La lucha crecía en proporción directa a las amenazas represivas de Acevedo. El pliego de los petroleros golpeó, por un lado, a la política de fraude laboral de las “tercerizadas”. Por el otro, sacó a la luz la confiscación impositiva del salario. Con este recurso, el gobierno ha expoliado a todos los que, en el último año, arrancaron aumentos salariales. Desde 2002, “otros 300.000 trabajadores comenzaron a tributar el impuesto y el resto a pagar más” (Clarín, 14/2). Esto ha venido ocurriendo con la tolerancia de los Moyano y el voto en el Congreso del sindicalismo kirchnerista. En Santa Cruz, la versión “petrolera” de esa misma burocracia “K” —ligada al moyanismo— se puso en la primera fila del coro patronal y estatal contra la lucha de Las Heras. Provocación del gobierno Cuando el gobierno percibió que la lucha crecía, se embarcó directamente en la provocación política y la represión. Primero, con la detención de uno de los voceros de la huelga. Por tercera vez en dos años, los dirigentes de una huelga en Santa Cruz son detenidos por su carácter de representantes obreros. Es decir que en la provincia de Kirchner, Repsol ha suprimido el derecho constitucional de huelga. Cuando el pueblo de Las Heras respondió a la detención de Navarro con una movilización de más de mil personas, la policía de Acevedo recibió a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas. Por haber montado este escenario de provocación y represión contra la huelga, el gobierno es enteramente responsable de la muerte del policía Sayago, que luego pretendió endosarle al movimiento popular e incluso al Partido Obrero. Firmeza obrera, repercusión nacional El gobierno usó la muerte de Sayago para desviar la atención popular respecto a la razón de la huelga y la potencia de las reivindicaciones. Con estas maniobras miserables se justificó el envío de la Gendarmería cuando lo que correspondía era intervenir a Repsol y las petroleras, y a la policía de Santa Cruz; y dar satisfacción a los reclamos de la huelga. Los trabajadores se sobrepusieron a la ofensiva estatal y continuaron la lucha, derrotando a Acevedo, que dijo que sólo discutiría los reclamos “en un marco de paz social”, es decir, con la huelga derrotada. Con la Gendarmería en las narices, las asambleas petroleras ratificaron la huelga contra el impuestazo y por el pase al convenio petrolero. Los yacimientos continuaron paralizados. Mientras tanto, y a miles de kilómetros de Las Heras, se producía una gran movilización nacional por la victoria de los petroleros. Es a partir de esa determinación obrera que el gobierno debió recular. El Ministerio de Trabajo “llega a la conclusión” de que los trabajadores en huelga “son petroleros”, y acepta el encuadramiento gremial exigido por ellos. Aunque no se arrancó en lo inmediato la elevación del mínimo no imponible, se ha instalado un plazo de solución. La lucha petrolera abrió también una crisis al interior de la burocracia sindical, cuyos representantes votaron el impuestazo salarial en el Congreso. Las petroleras y el gobierno no han dejado pasar un minuto para volver a la carga contra los trabajadores. Las Heras se encuentra hoy bajo el dominio de la policía y de la gendarmería. La investigación por la muerte del policía Sayago está siendo manipulada para convertirla en una persecución de los delegados petroleros. Los yacimientos están militarizados por exigencia de la cámara patronal petrolera. Es un cuadro de coacción que prepara nuevos ataques patronales. Por lo pronto, quieren desconocer el compromiso asumido en favor del pago integral de los días caídos. A casi una semana del levantamiento de la huelga, las asambleas obreras vuelven a reunirse en los yacimientos. Debemos asegurar la victoria definitiva de los petroleros del sur. ¡Fuera la Gendarmería de Las Heras! ¡Abajo el Estado policial! ¡Abajo el impuesto al salario! ¡Por la satisfacción integral de todas las reivindicaciones de los compañeros petroleros!

Con la vuelta de la aftosa al mercado de la carne el pasado 4 de febrero, se han establecido varias hipótesis sobre la responsabilidad del hecho. Pero las decisiones del gobierno K para enfrentar la reaparición de la aftosa no tienen desperdicio. Son del más puro cuño oligárquico. El llamado “rifle sanitario” es el arma para sostener únicamente el sitio preferencial de los exportadores en el mercado internacional. Se ha decidido el sacrificio de unas 3.000 cabezas de ganado y se considera que se llegaría a las 5.000. Por supuesto, se fijó una compensación por cada vaca sacrificada: se abonarán 550 pesos a los patrones. Pero las vacas, que podrían se faenadas para consumo de los sectores más carecientes, porque no representan un peligro para la salud humana, el gobierno y los explotadores deciden sacarlas del mercado de consumo y sostener los precios. Un dato más es que “inmediatamente, la industria cárnica tuvo reflejos ante la nueva situación, suspendieron a parte de su personal. En Santa Fe, el Frigorífico ABP decidió cesantías” (El Ciudadano de Rosario). En Florencio Varela, suspendieron los frigoríficos El Látigo y Alberdi. El más importante frigorífico de Argentina, con 2.000 trabajadores, Swift, ubicado en Villa Gobernador Gálvez, forzó las vacaciones de 250 trabajadores de la sección picado de novillos y considera que de continuar la situación va a aplicar suspensiones en todo su plantel. En la localidad de Nelson, también en Santa Fe, el frigorífico Finexcor, dedicado exclusivamente a la exportación, ha decidido licenciar a sus 500 trabajadores. En la mayoría de esos lugares, mientras dura el festín de embolsar millones de dólares, el 50% de los trabajadores está en negro, con salarios de 3 pesos por hora, sin convenio, sin el pago de carga horaria, y en condiciones de insalubridad enormes. Cuando surgen problemas del giro de los negocios, sufren despidos y suspensiones. Quienes delirancon la consigna de “Ahora redistribuir la riqueza” deberían animarse a mirar de frente la realidad.

En Güemes, el eje de la movilización es la falta de agua en numerosos barrios. Aquí, el cacerolazo se convirtió en una movilización hasta el pozo de la terminal de ómnibus, que fue presentado como solución a los problemas de abastecimiento y está sin funcionar. Se han presentado recursos de amparo que acompañan las numerosas movilizaciones y asambleas una de ellas ocupó las oficinas de Aguas de Salta y otra copó el Concejo Deliberante de la ciudad, forzando un pronunciamiento de apoyo al reclamo vecinal.

Reforma o revolución? ¿Es esa la discusión? Para los que somos de izquierda, creemos que no, y para afirmar esto sobran los ejemplos en Latinoamérica, y en Argentina particularmente. Con el tema de los frentes de centroizquierda se cae en la trampa de pensar que se transita por un camino de reformas del sistema capitalista que va a mejorar el nivel de vida de los trabajadores y el pueblo, y esto es un error y una trampa: valgan los casos muy claros de Tabaré Vázquez, en Uruguay, y de Lula, en Brasil y se verá claramente cómo estos frentes defraudaron rápidamente las expectativas de sus respectivos pueblos pactando con el imperialismo el pago de la deuda o con la firma de acuerdos comerciales que ya se sabe a quién terminan beneficiando. Y en Argentina se sigue por el mismo sendero, con políticas económicas neoliberales que el gobierno de Kirchner pretende hacer pasar como antiimperialistas —caso emblemático el pago al FMI de la deuda fraudulenta e inmoral que ya fue pagada por los argentinos varias veces. ¿Y la izquierda qué hace mientras tanto? Por un lado están los autodenominados de izquierda como el Partido Comunista-Credicoop de Echegaray y Heller, que con el Encuentro de Rosario van a la zaga de los Binner, los De Gennaro, los Stolbizer, para proponer una coalición de centroizquierda que funcione como la pata izquierda disciplinada del sistema; nosotros estamos en otro camino. Al respecto, Lenin decía: “(...) el reformismo significa en la práctica la renuncia al marxismo y la sustitución de esa doctrina por la política social burguesa”. Los que nos referenciamos en el marxismo-leninismo y estamos por el socialismo, entendemos que los cambios los va a protagonizar la clase trabajadora, y para esto proponemos un frente estratégico de toda la izquierda revolucionaria alrededor de un programa que sintetice todos los cambios profundos que necesita nuestro pueblo para comenzar el camino hacia la revolución. En este marco estamos trabajando por la unidad donde todos los partidos, grupos y luchadores de izquierda puedan confluir en una estrategia que nos lleve hacia la definitiva y verdadera independencia.

Las denuncias de violación física y de los derechos humanos de las pacientes internadas en el Hospital Braulio Moyano, la aplicación clandestina de protocolos de investigación farmacológica, una supuesta red de prostitución, determinaron que el secretario de Salud porteño, Donato Spaccavento, decidiera la intervención y el desplazamiento del director del hospital, y un ataque al conjunto de los trabajadores que se desempeñan allí —profesionales y no profesionales—, elevándolos a la categoría de cómplices de estos hechos. Al mismo tiempo, el secretario sancionó la Resolución 2002 que determinaba la creación del programa de atención e internación de pacientes con trastornos mentales severos, en 10 hospitales generales de agudos y en los centros de salud y acción comunitaria barriales (Cesac). La resolución no brindaba ninguna solución al problema de la cronificación de los pacientes internados en los neuropsiquiátricos (Borda, Moyano y Tobar García), apuntaba a la “atención” de los casos agudos o re-agudizados. Las denuncias son una pantalla de humo. No son nuevas. El Gobierno de la Ciudad las conocía perfectamente. Es él mismo el responsable de no haber sancionado a los involucrados y de mantener el estado catastrófico en que se encuentran los hospitales neuropsiquiátricos. El Cromañón de la salud mental es consecuencia directa de la política sanitaria de un gobierno que privilegia la privatización de la salud y la aplicación de los lineamientos sanitarios que determinan el Banco Mundial y el FMI. Otro objetivo no menor de este y todos los gobiernos patronales: utilizar los invalorables predios del Moyano y el Borda —”áreas vacantes” en los proyectos de la Corporación del Sur — para la especulación inmobiliaria. Del impacto mediático televisivo al silencio de radio Todo esta gran improvisación terminó en un rotundo fracaso del gobierno porteño, lo que obligó a Spaccavento a revocar la Resolución 2002 mediante la Resolución Nº 2313. El nuevo decreto determina que la Dirección General de Salud Mental, a cargo del actual interventor del Moyano, Pablo Berretoni... impulse los mecanismos derivados de la Ley Nº 448 para la instrumentación de las políticas en la materia... Pura cháchara; detrás, el recule del secretario de Salud. Todo sigue igual. La crisis de la salud mental, que no es más que una expresión potenciada y anticipada de la de la salud pública en general.

El Comité Provincial de Salta del Partido Obrero denuncia este hecho criminal como un acto de intimidación pública contra esta central y contra todas las organizaciones populares. Este atentado se da en el marco de la permanencia de un Estado policial en nuestra provincia que, montado sobre la impunidad que garantiza el poder político a los crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad, avanza sobre las libertades públicas. Exigimos la investigación y castigo a los responsables intelectuales y materiales de este atentado como un paso para terminar con la impunidad de todos los crímenes contra el pueblo y hacia el desmantelamiento del Estado policial.

Con motivo de la campaña por la charla-debate con Altamira, el domingo 5/2, comenzamos con las jornadas diarias de agitación. Así, el lunes, 15 militantes del Polo y del Partido colocamos una mesa en Peatonal y Mitre. La actividad tuvo como eje, por supuesto, la invitación a la charla-debate, pero además, aprovechando la tapa de nuestra prensa y la denuncia de la tapa del día de La Capital, acerca del vertido de desechos cloacales en la costa de Camet (en medio de los balnearios del norte) por parte de Obras Sanitarias, impulsamos, megáfono mediante, la nacionalización de la lucha “entrerriana” contra las papeleras y la contaminación. La actividad sirvió para que un numeroso grupo de compañeros “nuevos” realicen una interesante experiencia militante, apuntalados por algunos más experimentados. Es así que compañeras como Marta, gran cocinera y organizadora de su barrio, por primera vez y para su propia sorpresa vendió 5 PO, y otros más jóvenes, que realizan la tarea de construir la nueva sede del Polo, la ofrecieran resueltamente (y algunos la vendieran) y/o volantearan con buena predisposisión. Pasamos 16 prensas en una hora y media (que se sumaron a las 10 vendidas el día anterior por otros dos compañeros estatales, en un rato). Quedó el compromiso de volver este jueves.

En la madrugada del 11 de febrero, el gobierno porteño clausuró el Mercado de las Pulgas, mientras buena parte de los puesteros resistía desde adentro. A pesar de que los ampara un recurso legal, el gobierno de Ibarra-Telerman volvió a intimidar a los casi 200 puesteros que viven de la compra, venta y restauración de muebles y objetos antiguos, a los que ya había amenazado de desalojo en la madrugada del 25/1. Los funcionarios municipales esgrimen la figura de “desalojo administrativo” por peligro de derrumbe, la misma figura legal que utilizó en su momento para desalojar el Padelai. Sin embargo, el propio juez de la causa señala que los problemas de seguridad “podrían y deberían solucionarse sin necesidad del desalojo”. Al mismo tiempo, el gobierno se niega a suscribir un compromiso por escrito con los artesanos, que les garantice sus puestos una vez que el mercado sea refaccionado. Con razón, los puesteros temen que el traslado “transitorio” sea la excusa para un desalojo definitivo. Resistir y organizarse Al momento de escribir esta nota, los puesteros se mantienen firmes ocupando el lugar, a pesar de estar literalmente cercados por vallas, chapas y fajas de clausura. Les han cortado la luz, no pueden trabajar y estan intimidados permanentemente por carros policiales y decenas de uniformados. Los trabajadores acuerdan con la necesidad de mejoras que garanticen su seguridad y la de los visitantes del Mercado, pero se niegan tajantemente a perder su fuente de trabajo por los negocios del gobierno y sus socios. El Partido Obrero, junto a otras organizaciones y vecinos del barrio, se hizo presente para apoyar este reclamo. Estamos organizando un acto conjunto que reúna a los puesteros, sus familias, vecinos y organizaciones sociales y políticas que defendemos a los trabajadores frente al avasallamiento del gobierno de la Ciudad. • No al desalojo. Inmediata restitución del servicio de energía eléctrica y levantamiento de la clausura. Responsabilizamos al Gobierno de la Ciudad por los daños humanos y materiales que pudiesen ocurrir en la presente situación. • No a los negociados inmobiliarios en tierras públicas. • Compromiso por escrito de la vuelta inmediata y sin condiciones al predio una vez remodelado. • Control, por parte de los trabajadores y organizaciones del barrio, de las obras de refacción por 6 millones de pesos que el gobierno pretende invertir, así como del canon a cobrar por el uso de los puestos.

El jueves 9 se cumplió el cacerolazo para anular el tarifazo en agua y luz y el aumento confiscatorio de los impuestos en la ciudad capital. Se reclamó, asimismo, por la estatización sin pago de las privatizadas y su puesta en funcionamiento bajo control de trabajadores y usuarios. La convocatoria la hicimos con el Centro Vecinal del barrio Lamadrid, que está dando una dura batalla contra la colocación de los medidores de agua. Participaron la “Junta del Agua” (que encabezó las luchas el año pasado contra la escandalosa renegociación del contrato con Aguas de Salta, ajustando las tarifas y reduciendo a un tercio las inversiones); “Amparo Ciudadano” (agrupamiento de profesionales), la CCC y el Partido Obrero. Mil vecinos se concentraron en la plaza 9 de Julio. Durante toda la semana, los legisladores del PO impulsamos asambleas barriales en una decena de zonas. El aumento de impuestos ha colocado a numerosas barriadas en estado deliberativo. El intendente Isa dice que viene a “hacer justicia” al elevar los impuestos en los barrios de gente acomodada. La verdad es que los aumentos, que pueden llegar al 300%, alcanzan también a barrios de trabajadores. El criterio de cobrar impuestos por zona de residencia sin tener en cuenta a los vecinos propietarios de vivienda única ni los ingresos de cada uno, es absolutamente arbitrario. Obliga a los vecinos más pobres que adquirieron sus casas en otras épocas, a tener que vender y mudarse a las afueras de la ciudad. Hay una conciencia masiva de que Romero y las privatizadas constituyen una suerte de asociación ilícita. El éxito del cacerolazo tuvo lugar a pesar de la campaña en contra de la derecha, el gobierno y el centroizquierda. Barrios de Pie y CTA convocaron una movilización de aparatos el mismo día por la mañana. Los docentes fueron importantes protagonistas del cacerolazo. La gente dice: “hay que ir al cacerolazo del PO” porque es evidente la presencia de los militantes y legisladores en todos lados impulsando esta medida. Las asambleas se multiplicarán esta semana y está convocada para el jueves próximo una nueva jornada de cacerolas.

La recepción del periódico en los piqueteos callejeros es extraordinaria. Con la tapa de PO Nº 930, “Inflación: el gobierno culpable”, se realizaron importantes actividades. En la estación Boulogne tres compañeros colocaron rápidamente 14 prensas, mientras que en San Isidro, en un poquito más de una hora se vendieron ¡43! La contundente denuncia de la tapa y el extraordinario artículo de las papeleras colaboraron. Con la PO Nº 931, “Viva la lucha contra las papeleras”, cinco compañeros colocaron en una hora y cuarto 39 prensas en el centro de Martínez a la mañana del miércoles 8. Era el día en que el gobierno y los medios nos atacaban por el policía muerto en Santa Cruz. Luego de la actividad fuimos en tren a la marcha. En vagones atestados de gente ofrecimos a viva voz nuestra prensa explicando la posición del PO con respecto a los hechos de Las Heras. En tres vagones vendimos las 12 prensas que nos quedaban y algún pasajero nos dejó sus datos. El jueves por la tarde, de nuevo en San Isidro, se colocaron 27 prensas en otra buena actividad. También en los frentes obreros nos ha ido bien: se colocaron casi dos decenas entre Atento y Matarazzo. Una extraordinaria experiencia en la agitación de las posiciones del PO ante los acontecimientos de la situación política y los ataques del Estado y sus voceros. Una experiencia que debe ser extendida en el conjunto de la geografía nacional. ¡Adelante compañeros!

El extraordinario corte protagonizado por los trabajadores de Parmalat hace dos semanas en la Ruta 2, al cual nos referimos en el anterior número de Prensa Obrera, ha provocado un vuelco en el conflicto. Los nuevos datos suministrados por los propios compañeros que estuvieron presentes corroboran plenamente lo que adelantamos desde nuestras páginas. En primer lugar, que este corte tuvo como protagonistas al activismo, que tomó la iniciativa y forzó la medida, que no estaba en los cálculos de la burocracia. La conducción nacional de Atilra ya había pactado con las autoridades y las fuerzas de seguridad una jornada inofensiva de agitación que se limitaba al reparto de un volante a los automovilistas que circulaban por la ruta, con los manifestantes ubicados en los costados del camino. La propia intendenta intervino con nerviosismo denunciando que el corte no era lo que se había acordado. La burocracia de Atilra trató de impedirlo, pero su esfuerzo fue insuficiente. Más allá de la enorme repercusión mediática, el acontecimiento trajo como consecuencia la remoción del jefe policial a cargo del operativo, quien fue destituido por negarse a reprimir. La remoción del jefe policial pone en evidencia el alto grado de fractura e inestabilidad que reina en el aparato de seguridad. El viraje se hace sentir La política de la conducción nacional de Atilra, que cifró todas sus expectativas en un comprador de Parmalat, ha fracasado por completo. En la mejor de las hipótesis, los únicos interesados que se conocieron no pretendían absorber las plantas y menos aún a los trabajadores. Ponce, con las manos vacías, ha tenido que volver a las negociaciones con Taselli, pero, ahora, en el nuevo cuadro creado por este nuevo viraje en la lucha. Con la intervención del Ministerio de Trabajo, se acaba de aprobar un acuerdo por el cual la empresa se compromete a un plan de pagos de lo adeudado hasta diciembre, que debe completarse antes del 15 de febrero, y a normalizar en un plazo de dos meses el funcionamiento de las plantas, restableciendo en forma inmediata los servicios de luz, gas y agua. En ese intervalo de dos meses, se dispondría una suspensión general del personal, abonándoseles a todos el 100 por ciento de lo que venían cobrando. Sólo 80 peronas, a través de un listado que daría a conocer la empresa, deberían presentarse en ese lapso para hacer tareas de mantenimiento. Este acuerdo encierra una trampa porque apunta a que los trabajadores se queden en sus casas, ahora que la lucha ha pegado un vuelco. Si esto prosperara, estos meses serían aprovechados por Taselli para avanzar en los despidos y en el convenio de crisis. Pero no tuvo más remedio que echar lastre, pues en menos de una semana los trabajadores recibieron 1.500 pesos a cuenta de la deuda. Pero en la asamblea general que tuvo lugar en Pilar el viernes 10 de febrero se cuestionó el listado selectivo, denunciándolo como discrecional. En oposición a la pretensión de Taselli, un sector del activismo planteó que todos los trabajadores se presenten a trabajar en sus horarios habituales. El activismo es consciente de que más que nunca en esta etapa crucial hay que mantener la presencia física diaria en la fábrica. Este clima fue advertido por los delegados, quienes sacaron de la manga la propuesta de que el listado de los 80 sea elaborado por el Cuerpo de Delegados y se dieron maña para que dicha moción resultara finalmente aprobada. La moción será llevada nuevamente a la patronal y está prevista una nueva asamblea. Perspectivas A Taselli le salió el tiro por la culata y Ponce se ha quedado sin libreto. Se replantea la necesidad de que discutamos una salida de fondo. La industria láctea sigue en expansión y viene batiendo nuevos récords. Parmalat, en caso de que se reactivara, tendría un lugar asegurado. Están maduras las condiciones para exigir que el Estado financie y respalde un plan integral de reactivación de este estratégico centro industrial bajo gestión de sus trabajadores.

Cuando Prensa Obrera salga a la calle ya habrá concluido la campaña electoral. A pesar del clima de apatía, el PO realizó más de 20 actos públicos en barrios de la capital y ciudades del interior. Se han realizado tres escraches con gran repercusión. Uno, en la Caja Popular, denunciando la privatización del juego de azar. Otro, frente a la Junta de Clasificación Docente, ante una cola de centenares de docentes desesperados por lograr un cargo que aplaudieron vivamente los discursos de los candidatos del PO. Un tercero, frente a la SAT (empresa provincial del agua), que llevó a que el presidente de la empresa convocara a Daniel Blanco y los delegados barriales presentes para discutir la crisis del agua que se vive en los barrios. Estos escraches fueron transmitidos en vivo por algunas radios y registrados en los noticieros. Esto causó un vivo impacto porque se trata de cuestiones vitales y candentes de la agenda popular y de los trabajadores de la provincia. Se realizaron varias charlas y mesas redondas con diversos sectores de los sindicatos y de la cultura. La agitación se ha ampliado enormemente, casa por casa. La campaña ya ha servido para movilizar numerosos compañeros en barrios, pueblos y de la juventud. En varios frentes de intervención se ha ampliado el radio de influencia, como es el caso de la docencia, sectores de trabajadores del citrus, trabajadores de la sanidad. Ahora vamos a la jornada de cierre y al mayor de los desafíos, que es cubrir todas las mesas con fiscales. Desde diversos sectores e incluso varios medios vienen anunciando que se pretende consumar impunemente un gran fraude.

El sábado 28 de enero, el Ojo Obrero junto con la Asamblea de Parque Lezama y el Partido Obrero de Barracas, proyectamos el film La Patagonia Rebelde, de Héctor Olivera, al aire libre, en una cálida y agradable velada, en el Parque Lezama. Gran interés despertó, entre los más de 70 concurrentes, la trágica historia de la masacre de los huelguistas patagónicos a principios del siglo XX, momento en el que los inmigrantes anarquistas y socialistas empezaban a participar en la vida de los sindicatos. Con esta película se cerró el ciclo de Cine Político que se exhibió durante el mes de enero en el Centro Cultural 20 de Diciembre. Este espacio, puesto en pie con gran dedicación y voluntad por los arriba mencionados, ofrece una variante para todos los habitantes de esta ciudad ávidos por disfrutar de una actividad cultural (como ha demostrado la masiva concurrencia a las proyecciones) pero que no pueden pagar una entrada a un multicine, o a uno de los emprendimientos culturales de Ibarra-Telerman-Albistur y cía. El ciclo del mes de febrero, que se lleva a cabo los sábados a partir de las 20:30 hs, comprende cuatro películas del director inglés Ken Loach. Si hay buen clima, la proyección se realiza en el parque, y de lo contrario en el Centro Cultural (Ituzaingó 747, Barracas). Programación: Sábado 4/2, Tierra y Libertad (110 min., 1995). Sábado 11/2, Mi nombre es Joe (105 min., 1998). Sábado 18/2, Pan y Rosas (110 min., 2000). Sábado 25/2, Un beso cariñoso (103 min., 2004).

El juez laboral, Carlos Pose, acaba de aceptar el amparo presentado por los compañeros de Parmalat, Paco Trejo y Gabriel Osores, y declarar la nulidad de los despidos impuestos y ordenar la reinstalación de ambos en los puestos de trabajo en el organigrama de la empresa a partir de su traslado a la planta de Pilar y el pago de los salarios caídos. El juez intima a la empresa a cumplimentar la resolución en un plazo máximo de 15 días de notificada la misma, bajo apercibimiento de sanciones en caso de incumplimiento. Este fallo es un punto de apoyo importantísimo para reforzar la lucha por la reincorporación de los compañeros. Es necesario aprovechar la resolución judicial para exigir que el reingreso de los compañeros arbitrariamente despedidos se incorpore en el pliego de reclamos del conflicto que se viene librando contra el vaciador Taselli (la conducción nacional de Atilra ha soslayado este reclamo). Por otro lado, el fallo debe servir para reforzar la campaña por el sostenimiento económico de los compañeros. Hace cuatro meses que ambos trabajadores no cobran sus salarios. La provocación de Taselli no debe pasar. Paco Trejo y Gabriel Osores deben ser reincorporados en forma inmediata.

El gobierno “socialista” de la municipalidad de Rosario ha implementado un programa para niños desnutridos menores de seis años, llamado Nutrir Mas, que otorga a la madre un ticket de 50 pesos por mes. El gobierno acaba de aumentar los impuestos en un 75%. La desnutrición crece en las barriadas; en muchos casos es detectada cuando los chicos ingresan a la escuela, recién a los 4 ó 5 años. La desnutrición temprana es una de las causas mas importantes del fracaso escolar. El gobierno de Lifschitz es responsable de esta violencia. Exigimos un plan alimentario para la infancia y la apertura de comedores financiados con mayores impuestos a las cerealeras. Esta es la zona de mayor riqueza agroexportadora.

SUTECBA Sindicato Unico de Trabajadores del Estado de la Ciudad de Buenos Aires - Adherido a la CGT - Personería Gremial Nº 91 Buenos Aires, 14 de diciembre de 2005 Compañero Diamonte: Estimado compañero, debido a los hechos públicamente conocidos quiero hacerles llegar a Ud. y el conjunto de colaboradores y militantes mi más profunda solidaridad con respecto al atentado que ha sufrido la sede del partido al que usted pertenece. Nosotros, los peronistas gremialistas, sabemos lo que es pasar por estas situaciones. Sin más, lo saludo respetuosamente,

Cuando los docentes vuelvan a los colegios se encontrarán con que todas las promesas de recomposición salarial han sido postergadas nuevamente. En algunos casos, como la provincia de Buenos Aires, el gobierno ni siquiera admite cumplir el compromiso de blanqueo salarial asumido el año pasado. En definitiva, la política del gobierno pasa por mantener el básico en un promedio de 400 pesos con adicionales en negro, lo que puede alcanzar a 710 pesos de bolsillo. Ctera, por su lado, se da por satisfecha con la aprobación de la Ley de Financiento Educativo. Los reclamos aparecen en las provincias. En muchos casos, sin embargo, como en Santa Fe, la nueva dirección de Amsafe ya buscó cerrar un acuerdo con Obeid. En Salta es donde se plantea hasta el momento una inquietud mayor. Se han realizado reuniones y asambleas, que votaron el no-inicio de clases. La burocracia de ATE-docentes se ha esforzado por limitar el reclamo a un básico de 450 pesos. La línea general de la burocracia pasa, indudablemente, por mantener la tregua que a nivel nacional sellaron Kirchner y Yasky. Por eso su política consiste en aplicar la Ley de Financiamiento en cada provincia. El resultado hasta el momento ha sido un completo fracaso. Como sucedió en el Chaco, los gobernadores niegan tener los fondos necesarios para cualquier tipo de aumento. El problema para la burocracia consiste en que varios conflictos fueron levantados el año pasado con la promesa de que se conseguirían aumentos al comenzar las clases. Pero ahora no tienen nada para mostrar. La provincia de Buenos Aires, al mismo tiempo que se niega a cumplir con los reclamos, pretende avanzar en regimentar el derecho a huelga. Las burocracias están decididas a darle la espalda por completo a los reclamos de los docentes. Tribuna Docente está desarrollando una fuerte campaña por 1.000 pesos de básico en todo el país para el cargo testigo y por la convocatoria a asambleas masivas para finales de febrero.

El gobierno municipal de Lifschitz, sucesor de la política de Binner, ha anunciado el aumento del boleto urbano de colectivos. La funcionaria, con la impostura propia del socialismo, agregó: “Vamos a ser prudentes...”. El boleto que vale 75 centavos, va a costar 95 centavos. Este gobierno es el que hace poco menos de un mes anunció la suba del impuesto municipal en un 75%. Parecen diferentes... pero son lo mismo, dijimos en las elecciones. El gobierno de Obeid aumentó el agua 35%. Aumenta la marginación en los barrios y el ataque económico a los sectores medios. Mientras tanto, la comunidad educativa de la escuela 628, ubicada en pleno centro de Rosario, Salta y Corrientes, en la zona llamada hoy de especulación inmobiliaria, está organizando la defensa del edificio escolar. El gobierno no pagó y el desalojo es inminente. En pleno barrio La Tablada, los vecinos, junto a los compañeros del Polo Obrero, realizaron un corte en el que piden: cloacas, agua, limpieza en el barrio. En el barrio Tiro Suizo, en el llamado “Fuerte Apache” rosarino, hace dos años 40 familias recibieron la promesa del gobierno provincial y municipal de que se construiría un nuevo barrio. Muy lejos del boom inmobiliario, en el Fuerte Apache, anidan la desnutrición y las infecciones. No hay agua, ni luz. La miseria toca los límites. El binnerismo apoyó el pago al FMI. Votó por cumplir. La suba del boleto, los tarifazos, los basurales, la pobreza extrema en los barrios... El asesinato de Sandra Cabrera sigue impune, y ocurrió en pleno Rosario. Por una campaña masiva, en contra de los impuestazos. En contra de los tarifazos del agua, por el control de los trabajadores sobre el servicio. En contra del aumento del boleto urbano. Ninguna impunidad. Cientos de jóvenes son superexplotados en los supermercados con bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo. Frente único para luchar por el descanso dominical y las 8 horas de trabajo en los supermercados.

Llegaste al mundo desnudo, sin nada, y de pequeño te mezclaste con el trabajo duro del obraje chaqueño; de grande fuiste estibador en el puerto de Barranqueras y ahí aprendiste que para poder defender los derechos tenías que ser el mejor y cuando te rajaron por esto te montaste en un yacaré y machete en mano comenzaste a bajar el Paraná hacia Buenos Aires. La ciudad de las oportunidades ya no era la de la tarjeta postal y fue así que te encontramos un poco más viejo, pero aguerrido como siempre hasta el final; un aguará guazú y el machete siempre en mano te sirvió para pelearle al sistema y a la vida. Pero un día te fuiste como habías llegado, desnudo, sin nada, pero a mí me quedaron las charlas del obraje, el puerto y la lucha, y eso me hace fuerte.

En abril de 2005, exigiendo equiparación con los trabajadores del subte y pase a planta permanente, los trabajadores de maestranza del Urquiza consiguieron, tras un día de huelga, la triplicación de su sueldo. En su lucha fueron acompañados por los delegados de la línea B del subte. De la burocracia del Sindicato de Maestranza y de la Unión Ferroviaria, no tuvieron ni respuestas. El 2005 fue un buen año para los trabajadores de maestranza, aunque para algunos, no para todos, ya que se lograron acuerdos que rompieron con muchos años de frustración, tanto en lo económico como en lo laboral; para nosotros fue como resucitar como trabajadores. Claro que aún falta mucho para recuperar el lugar que el trabajador perdió en los últimos 30, 40 años, pero creo que estamos por el buen camino y ya no hay tanto miedo por perder la fuente de trabajo, que fue la causa principal por la cual vivimos sometidos durante tanto tiempo. Este debería ser el año en el que deberíamos reafirmar todo lo que pasó en 2005. Para poder llevar la tranquilidad a nuestras familias y, en especial, para poder darle una buena educación a nuestros hijos.

Durante las tres semanas que duraron la huelga, el corte de ruta y las movilizaciones de los trabajadores petroleros de Las Heras, el gobierno provincial y nacional intento por todos los medios quebrar su lucha actuando como un verdadero agente de los intereses de los pulpos petroleros. Los ataques y las provocaciones contra el Partido Obrero y sus dirigentes, por parte de Acevedo, Aníbal Fernandez y el propio Kirchner, acusando al PO de la muerte del oficial Sayago, tuvieron como objetivo aislar la lucha de los trabajadores petroleros y de demonizar al PO. Luego de la pueblada, el gobierno de Acevedo realizó en Río Gallegos, unas 20 pintadas sin firma denunciando al PO y a Miguel Del Plá como asesinos de Sayago. Con esta campaña, buscaron ilegalizar la lucha del pueblo de Las Heras e iniciar una persecución policial y penal contra el FUT y el PO. La provincia de Santa Cruz que tiene una larga historia de causas, encarcelamientos y torturas para los luchadores. La persecución contra el PO reforzó nuestra intervención y la simpatía de los trabajadores petroleros y del pueblo de Las Heras, Truncado y Caleta Olivia. El Partido Obrero se empeño en realizar una agitación política por el triunfo de la lucha de Las Heras y la derrota del gobierno provincial y nacional. En Río Gallegos y en Caleta Olivia realizamos dos actos en apoyo a la lucha y contra la persecución al Partido Obrero. En estos actos se demostró la solidaridad de la población con nuestro partido y el repudio a las provocaciones del gobierno. En Pico Truncado, localidad cercana a Las Heras, realizamos una agitación en los principales barrios con un volante en apoyo a la lucha de los petroleros y con otro de balance del desenlace del conflicto, que contó con un recibimiento excepcional por parte de la población que tomaba las declaraciones del PO como propias. En Las Heras, militarizada por la Gendarmería, con helicópteros que sobrevolaban el pueblo y con la intimidación que se estaba viviendo, una brigada de compañeros del PO realizamos una agitación casa por casa, repitiendo la actividad realizada en Pico Truncado. Pese a la represión desatada, el recibimiento por parte de los trabajadores petroleros y de la población de Las Heras también fue sorprendente. Estas recorridas barriales fueron acompañadas de la venta de unas 70 prensas y de una gran cantidad de relaciones que se interesaban por organizarse con el PO. La campaña del gobierno actuó como un catalizador del interés de la población por nuestro partido, llamando la atención a la única organización que apoyó la lucha de Las Heras en el terreno y enfrentó la política represiva del gobierno allí donde se estaba produciendo. Para el Partido Obrero de Santa Cruz y especialmente del norte de la provincia se abre una situación de características excepcionales. La presencia del PO en la zona no es una novedad, en las últimas elecciones en la zona de Caleta, Pico Truncado y Las Heras nuestra votación dio muestras del proceso que estaba en curso, con el 10 y el 20% de los votos. Esta lucha y el papel jugado por el PO, ha acrecentado nuestra intervención y el interés y la simpatía por nuestro partido. En todos los debates surgió claramente que la necesidad de formar un partido obrero es compartida por amplios sectores de la población. Estamos frente al desafió de organizar y desarrollar el PO en al zona, convirtiéndonos en la referencia de oposición política, conformando un gran partido revolucionario que luche por una perspectiva obrera y socialista en la provincia.

Los representantes nacionales de la clase capitalista han tomado al próximo aniversario del 24 de Marzo como un gran desafío. No pasa un día sin que algún municipio resuelva actividades al respecto. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el gobierno prepara una batería de medidas en los colegios secundarios. La senadora Diana Conti, para no ser menos, presentó un proyecto para declarar al 2006 como el año de los “derechos humanos”. La intencionalidad detrás de tanto activismo no es otra que ocultar que bajo el kirchnerismo sigue gobernando la clase social que organizó el golpe de Estado de Videla y Massera. Se pretende despojar al pueblo de sus tradiciones y de sus causas, y sellar la reconciliación de la pequeño burguesía renegada de la ‘patria socialista’ con los explotadores nacionales. Las Heras Pero cuando esta maniobra propagandística se estaba planificando con todo detalle, la lucha de los obreros de Las Heras volvió a poner, por si hiciera falta, las cosas en su lugar. Las provocaciones sistemáticas contra los obreros huelguistas, la represión a la población, los ataques contra el PO, el envío de la gendarmería, el apriete de escuadrones de los servicios a los delegados, todo a cuenta de las petroleras, muestra al gobierno de Kirchner como un gobierno provocador al servicio de los grandes monopolios. La resistencia de los obreros petroleros y del conjunto de la población de Las Heras se ha dado justo en el mismo momento en que Hebe de Bonafini anunciaba el fin de la resistencia. Será por eso que ella ya tiene organizado un festival para el 23 a la noche, con apoyo oficial, para rendirle tributo al gobierno. Pero la desgracia de los agentes ‘progres’ del oficialismo no termina aquí. Por esas cosas de la vida el aniversario del 24 de Marzo está coincidiendo con un nuevo levantamiento del pueblo de Haití. El gobierno de Kirchner (igual que Lula, Tabaré y Lagos) tiene sus propias tropas en la isla, que fueron primero a defender un golpe de Estado del imperialismo y que ahora están empeñadas en desconocer el resultado electoral que arrojaron los comicios realizados recientemente. Los soldados argentinos en Haití están cumpliendo el mismo papel que las Fuerzas Armadas de Videla en el ‘76. La prensa informa cotidianamente del asesinato de luchadores por parte de los ejercitos ocupantes. Mucho cuidado Indudablemente, los agentes más directos del oficialismo tienen poco que ofrecer para el 24 de Marzo. Su actividad se limitará a iniciativas del propio aparato del Estado. La movilización en el 30° aniversario debe tener un carácter combativo y actualidad. Por una marcha contra el gobierno El próximo aniversario del 24 de Marzo plantea una fuerte lucha política: para que se vaya la gendarmería del norte de Santa Cruz; para echar a Ibarra y a todo su gobierno, responsable de Cromañón; por la libertad de los presos; por el juicio y castigo a todos los culpables. Para enfrentar esta maniobra es necesario señalar claramente que el próximo 24 de Marzo hay que marchar contra el gobierno que representa a la burguesía nacional y al imperialismo que dieron el golpe de Estado en el ’76. Llamamos a todas las organizaciones a pronunciarse al respecto y a preparar una movilización masiva el próximo 24 de Marzo.

Atento, la principal tercerizada de Telefónica y Movistar, ha sido creada para segmentar y dividir a los trabajadores. Cada una de las empresas del grupo trabaja y le paga a la otra por los servicios prestados. Todas derivan sus fabulosas ganancias a su casa “matriz” en España. El objetivo: desconocer el convenio colectivo y flexibilizar a más de 5.000 trabajadores. Las celulares como Movistar, Personal y CTI se han encuadrado en el convenio de Comercio. Atento/Telefónica desconocieron la resolución 766 favorable a los trabajadores y apelaron a la justicia laboral. Los meses pasan y este expediente sigue durmiendo en los cajones. “El payaso negrero” La novedad en Atento es que Humberto ‘Pato’ Vinuesa, el gerente general, más conocido entre los trabajadores como ‘Pato’, “el payaso negrero”, se “fue” “trasladado” a España. Este “traslado” es una demostración clara del fracaso del intento de hacer retroceder a los trabajadores. Como parte de la lucha del activismo se eligieron en Atento los delegados y se avanzó en la organización de los lugares de trabajo. Esto fue un golpe mortal para el ‘Pato’ Vinuesa. Sin embargo, la salida del ‘Pato’ Vinuesa no ha frenado la política de “deslocalización”. Se creó un Atento “fidelizado” en Buenos Aires (calle Perón) donde la situación se vuelve intolerable hasta para los propios “fidelizados”. Ahora se pretende inaugurar un nuevo edificio de Atento en Salta Capital, mientras se mantiene todo lo armado en Córdoba, donde De la Sota y Juez crearon un verdadero “paraíso” para la explotación de los Call Center, añadiendo la rebaja de aportes patronales y las exenciones impositivas de todo tipo. No conforme con esto, Atento/Telefónica amenaza con derivar el trabajo tercerizado a Action Line, es decir tercerizar lo ya tercerizado. La política de los despidos en Atento fue respondida con la reincorporación de 21 trabajadores de Barracas en los últimos días, si bien la empresa pretende mantener como rehenes a cuatro compañeros (en supuesto “período de prueba”). Lo que se plantea concretamente es profundizar la organización de los edificios y unir a todos los trabajadores del país, no sólo de Atento sino también de Movistar, que trabajan en las comerciales, en los depósitos, administrativos y en la instalación de antenas. Por el reconocimiento y defensa del Cuerpo de Delegados de Atento. Por reincorporación de los cuatro despedidos y la estabilidad laboral. Por el convenio colectivo y el salario para los trabajadores de Atento, Movistar y Action Line. Cese de la persecución, amenazas y/o discriminación a todos los luchadores y trabajadores de Atento.

En la mañana del miércoles 15, el Cuerpo de Delegados de trabajadores petroleros estaba realizando asambleas en todos los campos de Las Heras, para debatir y resolver sobre dos cuestiones: 1) el retiro inmediato de la Gendarmería, y 2) el pago de los días caídos. La Gendarmería está transformando a los yacimientos y sus inmediaciones en verdaderos cuarteles. Los trabajadores son cacheados antes de ingresar a los campos. Se los obliga a dejar cortaplumas o cuchillos, elementos indispensables incluso para su alimentación. La presencia armada tiene el objetivo definido de intimidar a los trabajadores y dar vía libre a los atropellos e incumplimientos de las patronales petroleras. Por otro lado, las patronales sólo reconocen el 50% de los días caídos, a pesar de que el Ministerio de Trabajo aseguró que entre Repsol y las contratistas pagarían el 100%. Las contratistas han reconocido un 50% para los trabajadores, y otros 50% para el cura Molina, mientras que Repsol rechaza pagar incluso el 50% de los compañeros. Se niega a los trabajadores la totalidad de los tickets canasta, que se pagan por adelantado y en proporción a los días trabajados. Con palos y provocaciones, el gobierno y las petroleras quieren birlarles a los petroleros sus derechos. ¡Fuera la Gendarmería! ¡Reconocimiento de todas las reivindicaciones arrancadas con la lucha! Defendamos a los petroleros santacruceños. (Desde Las Heras, Santa Cruz)

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 constituyó un movimiento de reacción política enderezado a liquidar el ascenso revolucionario iniciado en 1969 y cuyo punto más alto había tenido lugar en junio/julio de 1975, con la primera huelga general de la clase obrera argentina contra un gobierno peronista. El primer punto de la agenda del golpe —para la burguesía nacional y el imperialismo— era la liquidación física de la amplia vanguardia obrera “clasista” que había nacido a partir del Cordobazo y que en el curso de los años posteriores había recuperado de manos de la burocracia numerosos cuerpos de delegados, comisiones internas y sindicatos. Ni el retorno de Perón, ni el terrorismo estatal habían logrado derrotar al “clasismo”. En agosto de 1975, los grandes grupos capitalistas fundaron la Apege (Asociación Permanente de Entidades Gremiales Empresarias), cuya función política fue promover el golpe de Estado. La Apege estaba integrada por la CEA (Consejo Empresario Argentino), la Sociedad Rural, Carbap, la Cámara de la Construcción, la de Comercio, la de Grandes Tiendas, las cámaras de importadores y exportadores, la de supermercados y las cámaras de bancos. Es decir, el 99,9% de la burguesía nacional y del imperialismo. Su programa planteaba “la supresión directa de todos los obstáculos legales y de otro orden que traban la producción, afectan la productividad y dificultan la comercialización, entre otras las leyes de contrato de trabajo, control de precios y horarios de comercio”.[1] Para la “supresión directa” de los “obstáculos legales”, la burguesía necesitaba un completo cambio de régimen. La naturaleza reaccionaria y fascistizante del régimen que pretendía imponer la Apege era clara cuando se refería a “la supresión directa (de los) obstáculos de otro orden”: las comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas combativos del movimiento sindical. Las listas de activistas a secuestrar por las fuerzas represivas eran provistas por las propias patronales (y por la burocracia sindical aliada a ella); los “grupos de tareas”, en numerosos casos, actuaron dentro de las propias plantas, con la complicidad de las patronales. Balbín, jefe de la UCR, planteaba la necesidad de suprimir a la “guerrilla fabril”. El programa de los “capitanes de la industria”, de la oligarquía y de los banqueros planteaba no sólo la liquidación de toda la legislación laboral sino un auténtico “pinochetazo” económico y social. La burguesía prepara el golpe Mientras las huelgas obreras crecían, la descomposición del gobierno peronista se aceleraba. La burguesía pasó entonces a la preparación activa del golpe. La gran burguesía se lanzó a desorganizar por completo la vida económica. Promovió la inflación y el desabastecimiento; la especulación desenfrenada, la fuga de divisas, la cesación de pagos con el exterior y organizó la “huelga impositiva”. Un objetivo de este caos económico planificado era disciplinar detrás del golpismo a la mediana empresa y a la pequeñoburguesía; su objetivo principal, sin embargo, era paralizar a la clase obrera desquiciando sus condiciones de vida materiales hasta extremos intolerables. El viernes 18 de diciembre de 1975 se levantó un sector ultraderechista de la Fuerza Aérea reclamando que Videla fuese designado presidente. El golpe quedó aislado; la dirección de las Fuerzas Armadas entendía que el golpe debía ser “institucional” (encabezado por los jefes de las tres fuerzas). Los altos mandos dudaban, además, sobre las reacciones que podría provocar. Tanto los partidos como la CGT se abstuvieron de intervenir. Pero ante el temor de que el lunes, con el retorno al trabajo, estallaran huelgas espontáneas, la CGT convocó en la noche del domingo a un paro general. El golpe de Capellini se hundió de inmediato; el golpista Agosti desplazó a Fautario en la jefatura aeronáutica. El gobierno perdió así su último respaldo en las Fuerzas Armadas. El fracaso de Capellini provocó un reflujo del golpismo, que quedó anulado pocos días después cuando —en vísperas de la navidad— el ERP atacó el cuartel de Viejo Bueno de Monte Chingolo. La revista The Economist anunciaba que el ministro de economía del nuevo gobierno sería José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del Consejo Empresario Argentino y de Acindar. En un “mensaje de navidad” desde Tucumán, Videla le puso fecha: noventa días... el 24 de marzo de 1976. El lock-out de la Apege Durante los primeros setenta días de 1976, la burguesía nacional —nucleada en la Apege— profundiza el caos económico y arma el “respaldo civil” del golpe. El 16 de febrero, la Apege convocó a un “lock-out” contra el gobierno. En su proclama admite que “existe un solo camino para que el empresariado deje sin efecto su plan de medidas de fuerza, y ese camino es la rectificación total de la filosofía política, económica y social que ha llevado a nuestra Argentina al borde del caos”.[2] Negro sobre blanco, los grandes capitalistas reclamaban terminar con el régimen político parlamentario y con la legalidad de las organizaciones de las masas. Era una ofensiva de conjunto de la gran burguesía para forzar el golpe. Incluso los sectores organizados en la CGE (la más afín al gobierno peronista) se sumaron a la “protesta”: después de que su dirección declarara la “libertad de acción”, nueve de sus federaciones, entre ellas la poderosa federación industrial de Córdoba, adhirieron al paro declarado por los “capitanes de la industria”, la Sociedad Rural y los banqueros. “Colocados entre la ofensiva de la Apege y la belicosa resistencia obrera, (la CGE) se ha plegado, como explotadores que son, al paro del 16”.[3] Una semana después, entre el 21 y el 28 de febrero, la propia CGE llama a una “semana de protesta”. El 16 de febrero la paralización fue total. Según Carlos Túrolo, autor de De Isabel a Videla, la masividad del paro de la Apege “fue la prueba de amor que necesitaban los militares para saber que no estaban solos. Ese día prestaron mucha atención y se quedaron tranquilos cuando vieron que cerró desde la industria más grande hasta el kiosko más chiquito”.[4] Frente al paro patronal, la CGT se negó a movilizar a la clase obrera. Una solicitada (del 13 de febrero) no propiciaba ninguna medida de lucha y llamaba a los explotadores a “reflexionar”. Sólo en las fábricas dirigidas por sectores combativos e independientes se realizaron asambleas y se reclamó la ocupación de las plantas. La parálisis de la burocracia sindical frente al lock-out de la Apege convenció a los golpistas de que no tenían nada que temer por ese lado. La única resistencia podía provenir —como efectivamente ocurrió— de las fábricas dirigidas por delegados clasistas. Por eso, entre el lock-out del 16 de febrero y el golpe del 24 de marzo, el terrorismo contra los activistas y delegados batió todos los récords. Con Videla, la Apege en el gobierno El 24 de marzo de 1976, los militares dan el golpe más anunciado de la historia argentina. Las asociaciones patronales saludan alborozadamente al nuevo gobierno. El 5 de abril, cuando se reanudan las operaciones en la Bolsa de Buenos Aires, la burguesía “saludó” el ascenso del régimen del terrorismo de Estado con una espectacular suba de las acciones: el 250% en una sola jornada.[5] Al frente del Ministerio de Economía estaba José Alfredo Martínez de Hoz, presidente del directorio de Acindar y del Consejo Empresario Argentino (CEA). El CEA había sido fundado en 1969 “ante la creciente presencia de los representantes de empresas internacionales en la mesa chica de la Unión Industrial Argentina (...) Reunía a dueños y gerentes de los grupos que crecieron en los ’60 y ’70, a la sombra de los grandes proyectos de obras públicas y se fortalecieron como proveedores del Estado nacional”.[6] El CEA estaba integrado por lo más granado de la burguesía nacional: Techint, Acindar, Macri, Fortabat, Garovaglio y Zorraquín (Banco Comercial del Norte), Pescarmona, Bulgheroni, Clarín, La Nación, Arcor, Astra, Celulosa, Bunge y Born, Aluar, Soldati, Gotelli, Fate, y Pérez Companc. La actual AEA (Asociación Empresaria Argentina) es la continuidad (social y política) de la CEA del golpe videliano. La Sociedad Rural se quedó con la Secretaría de Ganadería. Adeba con el Banco Central. Un año después del lock-out que abrió el camino del golpe, el agrupamiento de los empresarios declaraba que “en este aniversario, la Apege considera un deber ineludible expresar su reconocimiento a las Fuerzas Armadas y de seguridad por la decisión, coraje y eficacia con que asumieron la responsabilidad de restablecer el orden”.[7] Corría febrero de 1977 y a nadie se le escapaba que “el restablecimiento del orden” no era otra cosa que el secuestro, desaparición, tortura y asesinato de miles de compañeros y el secuestro de niños. Treinta años después, los mismos explotadores que ensangrentaron el país con la dictadura representan a la ‘burguesía nacional’ que Kirchner se ha propuesto ‘reconstruir’. Hoy, como hace 30 años, es imprescindible la más completa delimitación e independencia política respecto de la “burguesía nacional” y sus partidos. En la lucha por esta independencia radican la vigencia del 24 de marzo y la seguridad de que la vida de miles de compañeros no habrá sido arrancada en vano. [1] Citado en Política Obrera, 18 de febrero de 1976. [2] Citado en Política Obrera, 18 de febrero de 1976. [3] “Lock-out para ilegalizar a la clase obrera y preparar el golpe” (en Política Obrera, 18 de febrero de 1976). [4] Citado en Vicente Muleiro, “El golpe con traje y corbata”; en Clarín, 18 de marzo de 2001. [5] La Opinión, 6 de abril de 1976. [6] Chiaruttini Claudio M., “Amalita, ¿qué pasó con la burguesía nacional?”; en http://archives.econ.utah.edu/archives/reconquista-popular/2005w16/msg00068.htm [7] Citado en Vicente Muleiro, Op. cit.