El debate mediático en los últimos días ha vuelto a girar en torno al nivel que tendría que tener la cotización del peso respecto al dólar. Es una de las principales preocupaciones de la burguesía. La agenda que procuran imponer los trabajadores del Garrahan y de la salud o los ferroviarios no ocupa el escenario electoral. Incluso los burócratas sindicales se meten en la pelea patronal y aseguran que de ella depende el nivel de vida de los trabajadores. Se trata de una falsedad, que les sirve para distanciarse de la agenda de la lucha por el salario y por el derecho al trabajo. La llamada política cambiaria tiene que ver, por definición, con los intereses patronales. A veces es usada para desvalorizar los salarios, por ejemplo por medio de la devaluación y la inflación, y otras veces para disciplinar a la fuerza de trabajo, mediante la deflación, o sea la tendencia a la depresión y al desempleo. Las políticas monetarias y cambiarias son instrumentos del Estado capitalista y por lo tanto del capital. El bienestar de los trabajadores no está determinado por la política cambiaria sino por el éxito de su lucha contra la clase capitalista y su Estado. Su arma no es la política cambiaria sino la organización. Desfalco En los últimos días Lavagna reveló la flaqueza de su memoria cuando imputó al FMI la política de un dólar bajo y un peso alto. La devaluación de 2002 fue impulsada, por sobre todo, por el FMI, lo mismo que el default. La reclamó desde la reunión de marzo de 2001, en Santiago de Chile. La tan mentada Anne Krueger reaccionó con un “¡por fin!” cuando le anunciaron la renuncia de Rodríguez Saá, que se había negado a devaluar la moneda. En el convulsivo primer trimestre de 2002, los fondomonetaristas abogaban por la completa libertad de cambios, lo que hubiera llevado el dólar, según Angel Broda, a ocho pesos. Los duhaldistas armaron el ‘corralón’ para evitar, precisamente, que esto ocurriera y para evitar que se desatara la hiperinflación que impulsaba el FMI. En esos días no eran los ‘nacionales y populares’ los que impulsaban el dólar recontra-alto sino los cipayos neoliberales. La razón que esgrimía el FMI era harto sencilla: con un dólar por las nubes el superávit comercial alcanzaría porcentajes enormes, lo que permitiría pagar la deuda externa, en especial la contraída con el FMI y el Banco Mundial. Es lo que, de todos modos, ha venido ocurriendo desde entonces y lo que explica la ‘armonía’ que reina entre Kirchner y el FMI, más allá de los insultos para la gilada, y más aún la que existe con el Tesoro de los Estados Unidos. El negocio más importante de la devaluación del peso no fue, de ningún modo, mejorar las ventas al exterior. Esta mejora la han registrado todos los países, con independencia de su política monetaria, porque es el resultado del déficit comercial norteamericano y del incremento de la demanda internacional de China. El negocio más importante fue, en primer lugar, la licuación de un 75% de las deudas de los ‘capitanes de la industria’, en especial con los bancos, un costo que pagaron, por un lado, los ahorristas y, por el otro, el Estado con la emisión de la deuda post-default, de más de 35.000 millones de dólares. La charlatanería sobre la reconquista de la competencia comercial de la burguesía argentina como consecuencia de la devaluación, simplemente pretende ocultar el negocio de los negocios, el desfalco financiero. Los precios internacionales de la soja, del petróleo, del acero o de los minerales, que triplican y cuatriplican los de los años precedentes, ofrecen una renta excepcional a los exportadores argentinos, a la cual se agrega la devaluación pero que es independiente de ella. En segundo lugar, el agregado de la devaluación a los altos precios internacionales ha permitido armar un enorme superávit fiscal mediante los impuestos a las exportaciones. Ese superávit fiscal sirve para pagar la deuda pública y sostener el patrimonio de los bancos, que está compuesto en un 50% por esa deuda pública, y sirvió para rescatar la deuda con el FMI (‘desendeudamiento’). Los impuestos a la exportación no transfieren renta de los exportadores a los bancos, porque no afectan los beneficios de los altos precios internacionales sino, y sólo, parcialmente los beneficios de la devaluación. En definitiva el superávit y el pago de la deuda no salen de la renta de la exportación sino de la caída de los salarios que ha provocado la devaluación. Obviamente, la devaluación sirvió en materia comercial a otro sector de capitalistas, a los que compiten con las importaciones, por ejemplo los del calzado, textiles y hasta juguetes, e incluso a aquellos pulpos exportadores, como los siderúrgicos, que tienen ventas internas importantes para la construcción o los automotores. Pero la protección contra las importaciones tiene un resultado contradictorio para la llamada burguesía nacional porque origina represalias contra las exportaciones de esa misma burguesía, en especial ahora que China aparece como un gran mercado que reclama reciprocidad comercial. El conflicto más fuerte que suscita la política cambiaria es, por este motivo, entre las grandes fracciones exportadoras, por un lado, dispuestas a canjear el mercado interno por una mayor participación en los mercados exteriores, y, del otro, las que sólo tienen el recurso del mercado interno. Pero incluso tampoco la sustitución de importaciones ha sido el premio principal de la devaluación, porque -como lo demuestra la industria de la construcción- ese premio ha sido la desvalorización de los salarios y de las materias primas y, por lo tanto, la creación de una oportunidad extraordinaria de beneficios para impulsar la inversión y la especulación inmobiliarias. Con la recuperación de los precios de los inmuebles en dólares, mientras los salarios siguen la línea de flotación de la pesificación y del trabajo en negro, la inversión inmobiliaria se ha transformado en el principal factor fuente de beneficios capitalistas y en el destino de los fondos especulativos internacionales. La cháchara de la competitividad del peso subvaluado oculta el incremento sin precedentes de la tasa de explotación de la clase obrera y de beneficio del capital. A qué juegan La tendencia a la revalorización cambiaria es un fenómeno internacional que está ocasionado por el gigantesco déficit comercial y fiscal norteamericano. En lugar de una devaluación del dólar, con efectos uniformes para las distintas monedas, se están produciendo revalorizaciones de esas monedas en función de particularidades y políticas nacionales. Si el desajuste norteamericano fuera corregido por una devaluación masiva del dólar, se produciría una bancarrota internacional generalizada, dado que la mayor parte de los créditos y deudas están nominados en moneda norteamericana. Contra esto apunta la política de la revalorización de las monedas nacionales. Esta tendencia, sin embargo, ha generado a su vez una intensa especulación financiera en esas monedas. El gobierno ‘nacional y popular’ está muy lejos de proteger a la economía argentina de esa especulación, ni siquiera tiene esa capacidad. Para incentivar el canje de la deuda ha emitido títulos de deuda en pesos que se indexan por inflación, los cuales son la principal razón del ingreso de capitales internacionales y de la presión alcista sobre el peso. El propio Banco Central acentúa estas tendencias especulativas al emitir títulos a tasas de interés elevadas. Mientras despotrica contra el dólar bajo y a favor de la subvaluación del peso, la política financiera en curso se adapta, por el contrario, a la tendencia mundial a la revalorización de las terceras monedas frente al dólar. ¿Entonces, que discuten exactamente? Discuten lo que más les preocupa: cómo detener las luchas salariales, que han sido desatadas por la devaluación y que prosiguen como consecuencia de la inflación o re-dolarización de los precios. Les preocupa la inflación, porque incentiva ‘indisciplina’ laboral. La propuesta ‘neoliberal’ de dejar caer el dólar y de ‘enfriar’ la economía apunta a restablecer condiciones de despidos y desocupación. Pero lo es también la propuesta de Lavagna de mantener el dólar alto mediante la compra de dólares con el dinero del superávit fiscal. Esta alternativa requiere un mayor ajuste del gasto social y salarial del Estado. En definitiva, todo gira en función de mantener las condiciones extraordinarias de explotación que creó la devaluación. Lavagna ha explicitado que pretende proteger a “24 cadenas de valor”, o sea que no acepta sacrificar ningún sector industrial al intercambio internacional. Pero esto no podrá lograrlo nunca, en las actuales condiciones de desequilibrios internacionales, por medio de un dólar alto. A lo que apunta Lavagna es al subsidio estatal de esas ‘cadenas’, como ya viene ocurriendo con la automotriz o el aluminio. Esto significa un mayor apriete contra los gastos sociales y contra los salarios; incluso una reforma tributaria que dote a las provincias y municipios de mayores atribuciones impositivas para descargar sobre ellas los gastos que todavía tiene a su cargo el Estado nacional. Esta variante representa otra vuelta de tuerca contra las condiciones de existencia de las masas. Después de las elecciones Hay que destacar en este debate las posiciones de Carrió y López Murphy, que apoyan la política de dólar alto de Lavagna. El ‘bulldog’ debe haber sorprendido a quienes no están enterados que comulga con las posiciones de Techint, el pulpo que dicta las posiciones de Lavagna. Cavallo, por su lado, representa la posición contraria, por las razones que él mismo se ha encargado de dar: para negociar con China y las naciones asiáticas una apertura recríproca de mercados. En esta pugna es muy probable que el gobierno norteamericano se incline por las posiciones de Lavagna, porque serviría para frenar la expansión de China. Varios analistas atribuyen la presión norteamericana para revaluar la moneda china e incluso el tratado de libre comercio que se acaba de firmar con los países de Centroamérica, a una tentativa de contener la penetración de China en América Latina e incluso en Estados Unidos. Todos estos conflictos han sido puestos, hasta cierto punto, en la congeladora, hasta después de las elecciones de octubre. A partir de esa fecha entrarán a tallar los aumentos de las tarifas de los servicios públicos. Se crearía entonces una situación singular, porque, de un lado, se acentuaría la inflación (pérdida de valor del peso) y, por el otro, aumentaría la presión a la revaluación del peso frente al dólar (mejora de su valor internacional). Tendríamos un peso que pierde poder adquisitivo interno y gana poder adquisitivo internacional. Esta contradicción sólo podría mantenerse por un tiempo al precio de un festival de deuda pública, como en la época de Menem-Cavallo, o podría llevar a una crisis industrial, aunque sea de corta duración, que frene la demanda, y con ello la inflación. El debate sobre el peso y el dólar tiene una falla metodológica de fondo, porque no tiene en cuenta (o directamente ignora) los explosivos desequilibrios de la economía capitalista internacional. Es un debate provinciano. Deja traslucir los intereses particulares de uno u otro grupo capitalista. Ignora también el carácter periférico del capitalismo en Argentina, que siempre está forzado a aceptar los golpes de la crisis mundial y nunca a devolverlos. Socialismo Puesto en sus términos clasistas, este debate gira en torno a dos polos de una misma impasse. La cuestión no es la política cambiaria; es la organización capitalista de la sociedad. No sólo de Argentina, sino internacional. La salida a la gigantesca crisis social pasa por la concentración de los principales recursos económicos en manos del Estado; por la destrucción de la maquinaria capitalista de este Estado; por la puesta en marcha de un plan de asignación de recursos en función de las necesidades de las mayorías nacionales.