Prensa Obrera N° 887

Es cierto que el nuevo Código Contravencional está sirviendo de “libreto” para la persecución que se ha desatado sobre todos los vendedores ambulantes de la ciudad. Pero el grado de arbitrariedad y salvajismo que ha alcanzado esta persecución en los últimos días va más allá del Código: estamos asistiendo a la guerra de mafias de un gobierno descompuesto. Las víctimas de esta guerra son los miles de compañeros que, para sobrevivir, deben apelar a la venta callejera. A partir de que el Código entró en vigencia, no faltaron las “convocatorias” para “reuniones de trabajo” en las comisarías. “A razón de quince pesos por puesto y por día, pueden trabajar tranquilos”, les señalaron a los vendedores en algunas seccionales policiales. En otros lugares, como Plaza Francia y Constitución, los fiscales contravencionales han arrasado con puestos y mercadería, en medio de una dura resistencia de los vendedores que vuelven a ocupar sus lugares. En Constitución, los vendedores perseguidos han obtenido permisos de venta por parte del Gobierno porteño. Pero los certificados extendidos no les son reconocidos por los fiscales, sencillamente porque responden a otra “interna” del gobierno. Los fiscales y policías fueron particularmente duros con el puesto de Martín Amitrano, uno de los vendedores que está preso por los hechos del 16 de julio en la Legislatura. “Reclamaban el permiso que no pudo tramitar, precisamente por encontrarse detenido”, nos explicaban sus compañeros. El nuevo Código admite la venta callejera cuando se trata de una actividad de “mera subsistencia”, algo que ocurre con el ciento por ciento de los vendedores perseguidos. Pero los fiscales desconocen incluso esa restricción, y aplican la norma represiva con total arbitrariedad. Ibarra y Alvarez están esgrimiendo contra los vendedores la “autoridad” que han perdido ante todo el pueblo de la ciudad. Son duros contra el trabajador de la calle, para disimular su sociedad con los Chabán. ¡Basta de persecución a los vendedores! ¡Abajo el Código Contravencional! Realicemos piquetes para que no pase un solo desalojo.

Está en marcha la campaña para que centenares de compañeros participen del Campamento de Verano de la UJS, que se realizará el 4, 5 y 6 de marzo en Ramallo. El Campamento ya se ha convertido en una conquista de nuestra organización. En verano y en invierno, centenares de compañeros han participado del mismo. Es una instancia de formación política socialista y de confraternización. En los últimos campamentos, numerosos compañeros han asumido la tarea del dictado de los cursos. Este año aparecen objetivos muy concretos: que participen muchos de los compañeros que hoy se encuentran en los “proyectos jóvenes” en la provincia de Buenos Aires. Semana a semana, decenas de compañeros se reúnen en cada proyecto, que se mantienen en pie a pesar de que en la mayoría de ellos todavía no se pagan las becas. Quisiéramos que estos compañeros asuman la lucha por el gobierno de los trabajadores y el socialismo. Por otro lado, están los compañeros del movimiento estudiantil. Está claro que la traba que tenemos que superar para asegurar el éxito del Campamento es el problema del dinero. Pero no es un problema insoluble si se lo enfrenta con la organización y la movilización. Faltan tres semanas. Llamamos a todos los compañeros a poner manos a la obra y a movilizarse para asegurar la presencia de centenares de jóvenes.

19 Y 20 DE FEBRERO, JORNADAS NACIONALES Se acerca el final de la Campaña Financiera, para dotar de recursos al Partido Obrero en todos los distritos y provincias, que deberán encarar una fuerte actividad política en un año de ascenso del movimiento obrero, de crisis políticas y de elecciones. Son los últimos días para conquistar aportes al Partido que lucha por esta alternativa. Por el Partido que organiza la solidaridad con la lucha de los compañeros del Subte, de Parmalat, de Infosic; de los familiares de las víctimas de Cromañón por justicia; también por la expulsión de Ibarra y su reemplazo por una Asamblea Constituyente. Por el Partido que batalla en Catamarca y Santiago del Estero contra las mafias capitalistas que se disputan como buitres las entrañas de estas provincias. Las regionales de Catamarca y Santiago han dado un gran ejemplo, obteniendo fuertes aportes para sus respectivas campañas electorales. Un punto clave es la colocación exitosa de la rifa, que sortea el sábado 26. Esto requiere una movilización del conjunto del Partido, de sus simpatizantes y amigos, del Polo Obrero, de nuestras agrupaciones gremiales y juveniles. El fin de semana del 19 y 20, lanzamos jornadas nacionales para culminar con la colocación de la rifa y cobrar los aportes comprometidos. La lucha por las finanzas es decisiva. Carlos Frígoli

El gobierno quiere poner la defensa en manos de empleados o asalariados de los victimarios. De acuerdo a un cable de la agencia NA que fue reproducido por varios medios, el Poder Ejecutivo Nacional habría enviado al Congreso un proyecto de ley por el que el gobierno del presidente Kirchner se hará cargo de los honorarios de los abogados que representen a los parientes de las víctimas de la masacre de Cromañón en la causa penal y hasta la sentencia definitiva. Según la información periodística, el proyecto se refiere exclusivamente a las familias de los 192 fallecidos, y no incluye a las víctimas sobrevivientes. Eso sí, en los fundamentos, afirma que “El gobierno entiende que la mejor manera de acompañar a las familias damnificadas es manteniendo la actitud de respeto por su dolor, apoyando a los padres, hermanos, tíos, abuelos y amigos de las víctimas”. Lo que a primera, ingenua o cómplice vista pudiera parecer un intento loable de facilitar el acceso a la justicia de, por lo menos, los familiares de las víctimas fatales, es en realidad la profundización de una política permanente del gobierno nacional y sus aliados provinciales (con expresa inclusión del primer “transversal”, el todavía jefe de Gobierno Aníbal Ibarra) cuando de desactivar conflictos se trata: la cooptación, a cualquier precio y usando todos los recursos del Estado, de sus propias víctimas. Frente a otros crímenes propios han ofrecido crear “comisiones investigadoras independientes” con participación del propio Estado a investigar, lo que las organizaciones populares siempre hemos rechazado, como ocurrió con la Amia, la masacre del Puente Pueyrredón, la del 20 de diciembre o el atentado en Plaza de Mayo el mismo día de 2003. Ya hace más de un año el Ministerio de Justicia implementó el llamado Programa Antiimpunidad, cuyo claro objetivo político es exactamente el contrario al anunciado respecto de los hechos de represión policial: disolver las instancias de organización popular, desmovilizar, rodear a las víctimas del aparato represivo del Estado con las mieles del poder, acallar la protesta y silenciar la denuncia pública. En esa misma línea, aparece ahora este proyecto de ley, ofreciendo a las familias de los casi 200 chicos asesinados el 30 de diciembre pagarles el abogado que represente sus intereses en la causa penal, en la que buena parte de los imputados son –o deberían ser, a criterio de muchos de los querellantes– funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad y del Gobierno Nacional. No se trata, como creen muchos confundidos o conniventes, de que el Estado intente con estas medidas revertir la “ausencia” que habría ocasionado la masacre de Cromañón. Los 200 muertos y el millar de lesionados no los produjo un “Estado ausente”, sino presente, y como nunca antes, en la defensa de sus intereses de clase. Desde el 30 de diciembre los gobiernos nacional y de la Ciudad han redoblado esfuerzos para evitar que haya querellas independientes interviniendo en la causa, señalando con claridad a todos los responsables. El ministro Aníbal Fernández (jefe de parte de los imputados) llegó al extremo de recomendar “importantes estudios jurídicos”. El Gobierno de la Ciudad hizo su propia jugada, poniendo a los abogados de la Procuración de la Ciudad a disposición de los familiares para querellar penalmente a los responsables de la masacre. Pero en la cláusula sexta del acuerdo de gestión, la procuradora recuerda a sus empleados que “los/as abogados/as y peritos dependientes de la ‘Procuración General’ no podrán patrocinar ni asistir en aquellos casos en los cuales pudiera existir responsabilidad de agentes o funcionarios/as de cualquiera de los tres poderes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Como nadie entró en la trampa de ser representado por los abogados amigos del ministro o empleados de Ibarra, ahora ofrecen pagar los honorarios de los profesionales que cada familia elija. Que hace falta plata para querellar es otra gran mentira destinada a confundir, cuando es público y notorio que decenas de experimentados abogados de organismos de derechos humanos y organizaciones populares, y abogados independientes con compromiso social, se pusieron solidariamente a disposición de las víctimas desde el primer día. Este proyecto de ley, además, muestra el desprecio que siente el Poder Ejecutivo Nacional por sus víctimas: supone que el dolor no les va a permitir darse cuenta de que quien paga se cree con derecho a dar órdenes, o que es confiable para acusar a funcionarios públicos quien cobra un sueldo del Estado. Nadie que reclame juicio y castigo a todos los responsables de la masacre de Cromañón va a dejar su defensa en manos de empleados o asalariados de los victimarios. Sería más útil y menos infame que usaran esos dineros disponibles para garantizar a los sobrevivientes una atención médica adecuada a los cuadros que sufren, en lugar de obligarlos a mendigar tratamiento en entidades privadas y a accionar judicialmente para que el Estado ponga sus recursos a su disposición.

En el día de ayer, con este eje, desarrollando el problema social de la violencia sobre la mujer, se realizó una reunión, en el local del Polo Obrero de San Martín en Villa Zagala. La compañera Nora Biaggio expuso la historia de la opresión femenina desde y a partir de la esclavitud, llegando a las razones económicas y políticas de la actual situación en el capitalismo. Las compañeras presentes delegadas de Villa Hidalgo, Villa Zagala, UTA y Costa Esperanza contaron experiencias personales, y a la hora de las resoluciones, quedamos en armar reuniones en cada uno de los barrios, sumando a Villa Maipú y Lanzone, también intervenir en los conflictos de violencia, en forma organizada y en los reclamos de las compañeras de las fábricas y talleres de la zona. Tenemos que tener una columna de San Martín en la próxima marcha del 8 de Marzo. Una compañera de las presentes asumió la responsabilidad de sumarse a las reuniones de fracción y así garantizar el seguimiento del tema y de las iniciativas en la mesa del Polo de San Martín y en el Partido. Dimos un buen paso por nuestra organización.

Mientras realizamos la actividad de los días domingo, en el comedor del barrio Amancay de Maquinista Savio, en medio de la reunión recibimos la triste noticia de que acababa de fallecer en su domicilio uno de nuestros mejores compañeros, de larga trayectoria en el justicialismo. Ramón decide romper con este partido patronal y se incorpora en el año 2003, primero al Polo Obrero y luego al Partido Obrero, donde se destacó por su capacidad militante organizativa del comedor. Tus compañeros te decimos, Ramón, hasta el socialismo siempre. Polo Obrero, precírculo y círculo de Maquinista Savio, Escobar

Los especuladores estiman que los nuevos bonos del canje de deuda les podrían dejar un beneficio anual de hasta el 30% en dólares. Sin esperar a esto, los bonos que el gobierno otorgó a los banqueros para compensarles la pesificación ya han subido, en dos años, un 60%. Pero 60 es también el porcentaje de los sueldos inferiores a una canasta familiar de pobreza, es decir que no llegan a los 470 pesos por mes. Un 30% de la población no cubre la canasta de indigencia, o sea 320 pesos. Si los gobiernos deben ser juzgados por la realidad social que tienen a su cargo, no hay duda de que el de Kirchner responde a los intereses de los especuladores y no de los que viven de su trabajo y quieren vivir del trabajo. Las patronales de la Unión Industrial Argentina, por su lado, no quieren que los salarios suban para nada, pero que sí aumente la flexibilidad laboral. ¿Pero qué decir entonces de la CGT de los Moyano y los Palacios, que quieren reunir al Consejo del Salario para fijar un piso de 510 pesos? ¿No saben, acaso, que la canasta familiar para una familia tipo está estimada en 1.700 pesos? ¿Desconocen que la Bolsa (o sea las ganancias) subió un ciento por ciento en sólo doce meses? Lo que todavía es más importante: ¿ignoran que los trabajadores de Metrovías acaban de lograr, mediante una lucha consecuente, aumentos de salario que oscilan entre el 30 y más del 40% y que han obtenido un básico de convenio que supera los mil pesos? No, no ignoran nada. Por el contrario, están mejor informados que nadie. Quieren un Consejo del Salario para abortar una lucha que va cobrando cuerpo en todo el pueblo –como la de Metrovías y antes los telefónicos. Palacios, de UTA, asegura que “acompañó” todo el tiempo el reclamo de los trabajadores de Metrovías. ¿Por qué entonces la UTA no lanza ya un plan de lucha para que los choferes obtengan aumentos iguales o mejores a los de Metrovías? ¿Por qué no hace lo mismo Moyano, en camioneros, que abarca mucho más, incluso al correo? ¿Por qué no se inspiran en Metrovías, De Gennaro, de ATE, y Yaski, de Ctera? El Partido Obrero dice que hay que seguir el ejemplo de los trabajadores del Subte. ¡No a los consejos de salarios (estatizados)! ¡Sí a las asambleas de lugares de trabajo! ¡Sí a la elección de cuerpos de delegados! ¡Sí a paritarios elegidos por las bases y responsables de su acción ante esas mismas bases! Por aumentos salariales del 50% y mínimos nunca inferiores a mil pesos. Que se dupliquen los pagos de los planes de Jefas y Jefes de Hogar. ¡Abajo el canje con los banqueros usureros (que incluso despluman a sus propios bonistas)! Por un plan económico y político, bajo control de los trabajadores, que reestructure al país sobre nuevas bases sociales.

Los trabajadores feriantes del Parque Centenario denunciamos que detrás del desalojo del que somos víctimas y del cierre del parque se esconde una gran maniobra privatizadora que deja un mínimo espacio verde para los vecinos y mucho cemento para el lucro de empresas privadas. Esto con la complicidad del gobierno irresponsable de Aníbal Ibarra, de espaldas a la comunidad barrial. Por esto estamos de acuerdo con la lucha de los trabajadores del anfiteatro y su denuncia pública. Cabe destacar que dichos vendedores somos en un 99% personas mayores de 35 años desplazados del sistema laboral, siendo el fin de semana nuestra única fuente de un mínimo ingreso para el sustento de nuestras familias. Por eso hoy más que nunca reclamamos, sostenemos y proponemos: • No al desalojo de los trabajadores feriantes. • No al cierre del parque. • No a la reducción de los espacios verdes. • No al shopping. • Sí al reestablecimiento del parque como espacio verde, libre y gratuito para todos. • Sí a la restitución de los puestos de trabajo de los feriantes del parque . • Sí a la reapertura del anfiteatro histórico. Por eso convocamos a todos los vecinos y trabajadores, y también a todos los grupos y/o núcleos culturales, sociales, barriales y/o políticos, a juntarnos los días miércoles a las 18:30 horas en el mástil del parque.

Oro verde: así se le dice a la aceituna, de la que Catamarca se ha transformado en el mayor productor del país, en circunstancias en que tanto la aceituna como el aceite de oliva han alcanzado precios muy elevados en el mercado mundial. En contraposición, las patronales pagan salarios irrisorios y las condiciones laborales son un verdadero infierno. La publicación de fotos de trabajadores que viven en la propia finca hacinados en barracas, soportando todo tipo de abusos de la patronal, causó una gran conmoción. El Partido y el Polo Obrero se movilizaron a la puerta de la empresa Aspel (la olivícola denunciada) y realizaron un acto frente a un pelotón de la policía y matones de la empresa que hacían ostentación de armas de fuego. En el acto habló Traverso, para reclamar la libertad de organización de los trabajadores en las fincas y empresas olivícolas. También planteó la anulación de todas las leyes de flexibilización laboral y un salario mínimo de 800 pesos. Su discurso fue transmitido en vivo por radio.

Doscientos cincuenta mil manifestantes, en setenta ciudades, se movilizaron el sábado pasado en Rusia. Fue la mayor manifestación de una ola de movilizaciones que comenzó hace más de un mes contra la ley que suprime un conjunto de beneficios sociales (transporte gratuito, subsidios en los servicios de calefacción, agua, electricidad, etc.) para millones de jubilados, discapacitados, veteranos de guerra, militares, personal de los ministerios de seguridad y otras capas de trabajadores. La compensación en efectivo para estos beneficios cubre menos de un tercio de su “valor de mercado”. Después de su entrada en vigencia, el 1º de enero, las manifestaciones de protesta que comenzaron en Moscú y San Petersburgo se extendieron a todo el país, desde la frontera con Finlandia al Extremo Oriente. Aunque Putin elevó rápidamente el monto que se había asignado, la movilización no amainó. Los manifestantes quieren el retorno del beneficio “en especie”; se oponen a su “monetización”. El movimiento fue ganando también en masividad (en algunas ciudades hubo manifestaciones de 10.000 personas) y en politización. Las movilizaciones comenzaron a ser organizadas abiertamente por partidos opositores, se hizo común la consigna “Fuera Putin” y aparecieron banderas naranjas, en referencia al movimiento que derrocó al gobierno de Ucrania. El gobierno logró superar una moción de censura en el parlamento, hasta hace poco impensable; el partido oficial no votó en contra ella sino que se abstuvo. Frente a la movilización del sábado pasado, el gobierno organizó en Moscú una “contra-manifestación”, que reunió 40.000 personas; sin embargo, “la radio Echo Moskvy informó que muchas personas en esa marcha, que incluía soldados y trabajadores estatales, fueron obligados a concurrir por sus jefes” ( The Washington Post , 13/2). Restauración La llamada “monetización” de los beneficios, es decir su pago en efectivo, está dictada por la necesidad de completar el pasaje de una economía no mercantil a una capitalista. Tiene como objetivo, al igual que las “reformas” en la educación y la salud públicas, privatizar. Se trata de una exigencia de la Organización Mundial de Comercio (OMC), a la que Rusia pretende ingresar el año próximo. Por su propia naturaleza, el tránsito de una economía no mercantil a una capitalista significa la liquidación del régimen de beneficios sociales asegurados. La economía rusa no puede sostener la continuidad de esos beneficios porque su base capitalista –sea en especie o en efectivo– es muy estrecha para ello. La liquidación de los beneficios sociales en que se encuentra empeñado Putin es una versión empeorada de las “reformas previsionales” o de ‘seguridad social’ de Bush, Blair (y tantos otros). En este sentido, la restauración del capital en Rusia arranca a partir de la tendencia a la destrucción de conquistas sociales en los países capitalistas. Lo mismo ocurre con el régimen impositivo ruso. Rusia, como muchos países de Europa del Este, tiene un sistema impositivo “plano”: todos los contribuyentes, desde los grandes pulpos petroleros hasta el último ciudadano, pagan la misma tasa del 13%. Este régimen es, por lo tanto, un enorme subsidio a los grandes pulpos a costa del pueblo trabajador. Esto somete al Estado a una crónica debilidad fiscal (la cual, a su turno, es esgrimida como razón de la supresión de los beneficios sociales). La prensa derechista norteamericana ( The Wall Street Journal , 6/1), elogia el régimen impositivo ruso y lo pone como ejemplo de la reforma impositiva que debería seguir Bush. La economía rusa no puede afrontar, sobre una base capitalista, los beneficios sociales que sí podía brindar la soviética. El proceso de la restauración del capital consiste en desorganizar y liquidar las fuerzas productivas que se hubieran desarrollado sobre una base estatista y planificada (en Rusia habían alcanzado un importante –aunque desigual– nivel industrial y tecnológico). La rapiña y la confiscación popular son las bases de la “acumulación privada”. La satisfacción de la reivindicación del mantenimiento de la gratuidad de los servicios es incompatible con la restauración del capitalismo. O, lo que es lo mismo, la restauración del capitalismo es incompatible con la supervivencia de decenas de millones de rusos. Esto es lo que le da un carácter explosivo a la movilización popular. Con las masas en la calle, las contradicciones propias de la transición se convierten en crisis políticas y lucha de clases. Será esa lucha de clases –en Rusia e internacionalmente– la que decidirá el destino del régimen de restauración del capitalismo. Luis Oviedo

Los trabajadores de Metrovías acaban de obtener un aumento, promedio, superior al 35%, que llega al 44%, también en promedio, cuando se incorpora el aumento de la remuneración por antigüedad. Con estas conquistas, ningún compañero ganará en Metrovías menos de mil pesos. El salario mínimo oficial es, sin embargo, de 450 pesos. ¿Representa el avance de la clase obrera en el subte una plataforma de los objetivos que se debería dar el conjunto del movimiento obrero? Se trata de un interrogante fundamental que no puede recibir, sin embargo, sino una respuesta compleja. La maduración no se puede esquivar Es que en Metrovías ha culminado una lucha de varios años. Comenzó con la tenaz oposición al despido individual de compañeros –algo que aún hoy es corriente en las empresas y constituye, en cierto modo, el núcleo duro de la flexibilidad laboral. En el subte se pararon las líneas más de una vez contra los despidos arbitrarios. Otra lucha fundamental fue contra la eliminación de los guardas en la Línea B. En esto, como en impedir los despidos, se manifestó, en forma consciente o inconsciente, una lucha que es la más decisiva de todas: el control del lugar y de las condiciones de trabajo. Como consecuencia de este proceso de alcance estratégico vino luego la madre de todas las batallas: la lucha por la reducción de la jornada laboral, que comenzó como una lucha con características fuertemente políticas (de presión sistemática a la Legislatura). Las victorias y los retrocesos en esta lucha tuvieron su remate en la huelga de 2003 –cuando la reducción de la jornada fue impuesta en caliente. En el curso de todas estas luchas la burocracia sindical dio sistemáticamente la espalda a los trabajadores, obligando a los activistas a poner en pie una dirección propia. Aunque no alcanzó la profundidad de Metrovías, se puede describir un proceso similar para Foetra Buenos Aires –también en torno a impedir despidos. La ocupación de oficinas y edificios, y las marchas y los escraches se han realizado desde hace bastante tiempo; por eso el resultado de la victoria de la reciente huelga telefónica bonaerenese. Lo que Foetra y Metrovías tienen en común es que los trabajadores han arrebatado el control de los lugares de trabajo que las patronales habían conquistado bajo la dictadura, que perdieron apenas un poco bajo Alfonsín y que recuperaron brutalmente bajo el menemismo. (Cuando se hace un balance del Argentinazo es fundamental poner sobre la balanza que la rebelión popular se combinó con una falta total de autonomía de la clase obrera en los lugares de trabajo. Lo que vivimos en la actualidad es una consecuencia indirecta de la rebelión popular, que ingresa a las plantas y oficinas a través de la crisis del Estado, de los gobiernos y de las relaciones sociales que dominaron antes de la bancarrota capitalista.) Los ejemplos del subte y de los teléfonos son importantes en otro aspecto, porque ilustran la importancia que puede llegar a tener en la lucha obrera la circunstancia que está viviendo una rama de producción determinada. Por un lado, es cierto que el transporte subterráneo y la telefonía móvil se encuentran en expansión, lo que fortalece la posición de los obreros en el mercado de compra y venta de la fuerza de trabajo. Pero incluso más importante es la posición precaria en que han quedado esas privatizadas luego del derrumbe de sus contratos o concesiones como consecuencia de la bancarrota capitalista del 2001. La recomposición de las condiciones de rentabilidad que tenían en el pasado como consecuencia de esos acuerdos usurarios, plantea un fuerte choque social (tarifas) y fuerza al Estado a intervenir como árbitro (lo cual significa, a su vez, el desfalco del Tesoro público debido a los subsidios con que se apuntala ese arbitraje). Las huelgas generales en Foetra y en Metrovías son un ejemplo vivo de cómo se puede aprovechar la crisis de las viejas relaciones económicas capitalistas para hacer avanzar el interés y la causa de los trabajadores. Otros sectores del movimiento obrero han pasado por procesos similares a los mencionados, pero son una minoría y no han alcanzado esa profundidad. Por ejemplo, los ferroviarios de algunos ramales y varias líneas de colectivos, en este caso con grandes luchas y también derrotas muy fuertes. En Rosario y en San Lorenzo (Santa Fe) está teniendo lugar una recomposición de fuerzas, lenta pero firme, en la industria y los servicios. La lucha de Parmalat, que tiene lugar en estos momentos, tiene mucho que ver con otras luchas previas en esta misma empresa y con otras relativamente recientes de la industria láctea (en todos estos casos se manifiesta lo ya dicho de la expansión de una rama de industria y la crisis de contratos). En las grandes empresas de la alimentación existe una situación inestable en los lugares de trabajo (despidos individuales y empresas tercerizadas en las plantas que conviven con una representación sindical de base). Los docentes, en especial, han vivido un proceso de mucha maduración en todo el país y este hecho se nota en sus nuevas direcciones y en los grandes combates que empeñan. Los docentes son los testigos concluyentes del completo fracaso de la CTA como dirección sindical –lo cual le niega cualquier futuro en mayor medida que la negativa del Estado a reconocerla en paridad legal con la CGT. (Todos los sectores de la clase obrera que han vivido un proceso de maduración a través de un período de luchas, han estado ligados al movimiento piquetero, el cual ha influido enormemente en esa maduración. Lo prueba, simplemente, la declaración política leída en Plaza de Mayo el último 20 de diciembre y la lista de quienes la firman.) Campaña salarial y control de los lugares de trabajo No es posible, entonces, afirmar que la victoria de Metrovías ha creado por sí sola las condiciones para que el resto de la clase obrera pueda conseguir salarios mínimos de mil pesos o aumentos del 40-50%. Pretender tal cosa sería como lanzar un ultimátum al conjunto de los trabajadores. El resto del movimiento obrero debe pasar por el mismo proceso de maduración de Metrovías, nada le va a caer de regalo sin que participe activamente en arrancarlo; claro que no es necesario que le lleve la misma cantidad de tiempo. En este sentido, la reivindicación de 1.000 pesos de mínimo, por ocho horas de trabajo, y aumentos de convenio del cincuenta por ciento, son una buena línea como orientación. Las conquistas en Metrovías le han abierto una crisis a la burocracia de cara a sus propias bases. Bastaría una fuerte agitación con el planteo de: ¿por qué el subte sí y nosotros no? para poner esta crisis más cerca de la superficie. La burocracia ya se encuentra ‘operando’ para desarmar la bomba de tiempo que tiene bajo sus mullidos sillones. En el marco de una gran campaña para reclamar los 1.000 de mínimo y aumentos del 50% es necesario, además, desarrollar en el conjunto de la clase obrera la maduración que vivió Metrovías, ahora con tiempos y ritmos diferentes. Todo se resume en lo siguiente: ¿cómo recuperar los sindicatos y los lugares y condiciones de trabajo? Para eso es importante pelearle a la burocracia su monopolio de las negociaciones colectivas y reclamar que los paritarios y representantes sean elegidos por los trabajadores. Con todo, esta reivindicación, a pesar de toda su fuerza, debe lidiar con la enorme atomización o desarticulación que existe en los lugares de trabajo (incluida una desindicalización enorme). Esta atomización le facilita a la burocracia la maniobra de presentarse como la representante ‘natural’ de los trabajadores. Tomados todos estos factores en consideración es incontestable que hay una situación favorable para pelear el control de los lugares y las condiciones de trabajo, articulando el reclamo del aumento y el mínimo salariales, de un lado, y la exigencia de que los trabajadores decidan las negociaciones colectivas, del otro, con la lucha contra las represalias patronales, las arbitrariedades, los despidos hormiga y las suspensiones, y en base a esta acción organizar grupos de activistas, tendencias, agrupaciones y movimientos de base. Hay que re-compactar todavía a la clase obrera como clase, por medio de la agitación y de la lucha. La lucha de Metrovías desplegó un fuerte contenido a medida que se iba desarrollando el ataque político de la patronal y del Estado a través de los medios de comunicación. Los delegados aprovecharon la ofensiva del adversario para impulsar una agitación potencialmente revolucionaria, cuando empezaron a exigir la apertura de los libros de Metrovías, que se hiciera público el salario de los ejecutivos y, finalmente, la disposición de los obreros a asumir la gestión del subterráneo, ante las dificultades que esgrimía la patronal para manejarlo. (No hace falta decir el papel que ha jugado en todo este planteamiento la experiencia de las fábricas ocupadas.) Naturalmente, desde los despachos nacionales y populares se procura convertir esta tendencia de la clase obrera a su propio gobierno en una propuesta de cooptación y de cogestión en defensa de “los intereses nacionales”. Por esta vía, el propósito es integrar a los nuevos luchadores a la burocracia sindical (como ha venido ocurriendo con los ‘piqueteros’ oficiales o con las fábricas recuperadas que han sido convertidas en empresas tercerizadas de capitalistas proveedores o usuarios). Esto demuestra apenas que en todo avance están implícitas nuevas luchas y nuevas batallas. Con la diferencia de que se plantean en un peldaño más alto y que tienen mayor voltaje histórico.a

Algunos quieren “que renuncie Ibarra” por la responsabilidad “última” que le cabe en las fallas de su administración. Para otros, es por ese mismo argumento que Ibarra se debería quedar. Pero en verdad, Ibarra es el “jefe de la banda”. Las denuncias abiertas antes y después del caso Cromañón lo delatan como la cabeza de un método de gobierno, de un sistema político y un régimen social que ha conducido a la masacre de Once. Ha salido a la luz un sistema de coimas institucionales, organizado desde la cúpula del Estado. Denuncias posteriores revelan de qué modo se disputaban la recolección de coimas las diferentes camarillas que sirven de sostén al gobierno de Ibarra. Este sistema de sobornos es apenas el “vuelto chico” que la “corporación política” percibe del saqueo de la Ciudad y de sus trabajadores, cuyas tajadas mayores son los superbeneficios de los proyectos inmobiliarios, de las “industrias culturales” o de las privatizaciones y concesiones. Ibarra ni siquiera puede apelar a la “división de poderes” para deslindar culpas. La Legislatura porteña es sólo una caja de registro de las decisiones del Ejecutivo. Hace años que el debate presupuestario en la Legislatura es una ficción, ya que se han incorporado con carácter permanente los “superpoderes” para Ibarra. La crisis de Cromañón también reveló hasta qué punto se manipularon en la Ciudad los nombramientos de jueces. Este unicato “progresista” ha sido armado con el concurso de Macri: en la Ciudad tenemos a un vicejefe de gobierno “con licencia”, lo que permite que un macrista –Santiago de Estrada– presida la Legislatura. Los organismos de “control” –como la Auditoría y la Defensoría– son manejados por ibarristas y macristas. Ibarra es la cabeza de este cogobierno. Sin esta comprensión, la renuncia de Ibarra quedaría reducida al nivel de una remoción ministerial. Pero a la luz de ella surge, también, la insuficiencia del planteo de que se vaya Ibarra y la necesidad de una completa reorganización de la Ciudad. Con Ibarra, deben irse los Telerman, los Alvarez y disolverse también la impotente Legislatura de Macri. Una nueva asamblea de representantes electos debe reestructurar integralmente a la Ciudad, con el voto de los trabajadores de la Ciudad, no solamente de los vecinos.

– El viernes tuvieron una asamblea en el hospital, ¿qué pasó? –Efectivamente, el movimiento de los “Autoconvocados de la Salud” que está formado por el Siprosca –del que soy su secretario general–, la Asociación de Médicos y gente sin afiliación sindical del hospital, convocamos a una asamblea que tenía como punto principal darle mayor impulso al reclamo de pase a planta permanente de todo el personal que está en condiciones precarias (hay 150 con planes Jefes de Hogar y otros 100 que trabajan ad honorem, becados, contratados, etc.). En la asamblea, además, surgió la cuestión salarial ante el incumplimiento del gobierno de un acuerdo firmado el año pasado por el cual una serie de adicionales en negro los iban a ir transformando en adicionales remunerativos. Como el gobierno no cumplió, directamente se votó el reclamo de que todos los adicionales, que suman 200 pesos, pasen al básico, con lo cual lograríamos, de conseguirlo, un sustancial aumento salarial, pues se moverían todas las escalas del escalafón. Además se incluyeron otros reclamos relativos a las condiciones laborales, las asignaciones familiares, etc. – ¿Y qué pasó luego? –Todo el pliego de reclamos fue votado por unanimidad. Cuando se tuvo que elegir a la comisión de médicos y trabajadores que iba a encabezar los reclamos se me propuso a mí, entre otros compañeros, lo que dio lugar a que una médica hiciera un cuestionamiento referido a que yo era candidato del PO y que siempre era elegido para encabezar las luchas y que era necesaria una renovación. La réplica no sólo la di yo, sino que un médico hizo una síntesis demoledora, demostrando que gracias a la construcción del Siprosca se había logrado por primera vez la unidad de los médicos con el resto del personal, que a lo largo de estos años se han logrado conquistas impensadas en otros momentos, y que yo luchaba cuando había y cuando no había elecciones. La votación de repudio a la provocación fue por medio de un abucheo generalizado, lo que lo afirma a Tato como dirigente de la lucha y también como un candidato que está logrando un importante apoyo entre sus compañeros de trabajo.

Esto sucede en Barrio Guiñazú, de Córdoba Capital, al norte de la ciudad, cuando Carola Pereyra de 28 años de edad manifiesta grandes dolores en la espalda. Su marido, Claudio José Toledo, la lleva al Centro de Salud Pública de su barrio, donde le diagnostican una ciática y le recetan un Gravindex por un posible embarazo e infección en los riñones, negándose el doctor a sentirle los latidos en su estetoscopio para detectar un embarazo e inyectándole una Dipirona para calmar la ciática. Un día después (7 de enero) vuelve Carola con el resultado de los análisis, los cuales dan como resultado “negativo” y aparece una infección muy grande en los riñones. Nuevamente le inyectan, esta vez un calmante más fuerte, y le recetan Tafirol comprimidos: una cada ocho horas. Los dolores de Carola son cada día más fuertes. El domingo 9 de enero Claudio y Carola, con la sospecha de que sí estaba embarazada (con respecto a la irregularidad menstrual de Carola podría estarlo de 6 meses, a pesar que ella nunca sintió movimientos ni síntomas de embarazo) deciden trasladarse a la Maternidad Neonatal de la Provincia de Córdoba, con el miedo de que la infección de los riñones pudiera estarle haciendo daño al bebé. Eran ya las 23 horas del domingo cuando llega el matrimonio Toledo al Neonatal. En la guardia la atienden inmediatamente y se encuentran con que Carola estaba coronando, y dio a luz un niño de 3,350 kg con nueve meses de gestación, quien nació muerto por una insuficiencia placentaria. Inmediatamente se llevaron al bebé, no dejándoselo ver al papá. Carola corría un alto riesgo de muerte debido al estado en el que estaba la placenta, ya que su bebé se encontraba supuestamente muerto desde hacía ya tres días. Mientras ella luchaba por vivir, su marido iniciaba los trámites para la inhumación de su bebé. El día martes 11 de enero, una vez terminados los trámites, Claudio, junto a su amiga Soledad, llegan a la morgue del mismo nosocomio para informar que el miércoles 12 retirarían el cuerpo del niño. Piden verlo y se enteran de que el mismo habría desaparecido. La directora de la Maternidad supuestamente se entera 24 horas después de lo sucedido. Claudio intenta hacer la denuncia a la Ex Seccional 14 de Barrio Argüello, hoy Precinto 31, correspondiente a dicho nosocomio y allí lo derivan a la Central de Policía, donde no le reciben la denuncia porque ley no ampara a un nonato (no nacido). Entonces se dirigen a los medios de prensa y hacen pública su denuncia, ya que no encontraron una solución por parte de la Justicia. Hoy el Hospital está intervenido por el Dr. Víctor Juri; la Justicia está investigando, dicen que “profundamente”; Carola se recupera y le dan el alta. Lo cierto es que hoy la familia Toledo se encuentra desconsolada y sin respuestas, con el dolor de haber perdido a su hijo y sumado a esto, la desaparición de su cuerpo. Sólo cuentan con el apoyo de sus seres queridos y el Partido Obrero, quienes claman junto al compañero Claudio por la aparición del bebé.

Los compañeros del barrio 2 de Abril, de Hurlingham, aportaron una novedad a esta recorrida en la provincia de Buenos Aires para poner en pie una alternativa política obrera y socialista. El sábado 5 de febrero convocaron un festival en la puerta de un comedor con varias bandas, todas solidarias y todas definidas en sus actuaciones a favor del objetivo político. Lucha en Hurlingham Pero toda una lucha política se desenvolvió para su realización. Los compañeros, con tiempo, dieron aviso a la Intendencia indicando la calle donde se realizaría y realizaron una agitación masiva en el barrio. El intendente Acuña en persona llamó por teléfono para acusar recibo. Sin embargo, al momento de cortar el tránsito y emplazar el palco, la policía impidió todo “por desconocimiento y falta de autorización por escrito”. Buscaban retrasar e impedir todo. Retrasados, pero sin que nadie se moviera del lugar, iniciamos un acto político ‘de prepo’ en la calle, que llegó a reunir 180 personas, con decenas de vecinos del barrio que se acercaron, en algunos casos trabajadores sindicalizados de varias cuadras a la redonda. En el discurso responsabilizamos del intento de proscripción política a Acuña. Aplaudidos por los vecinos denunciamos a la policía golpeadora de la juventud pobre del barrio, cuyos capitostes escucharon en la puerta de la Comisaría, a una cuadra del lugar, gracias al poderoso sonido, a precio solidario, que dio una enorme proyección del acto a toda la barriada. De inmediato, puertas adentro del terreno del comedor comenzó el festival, que se transformó en un hormiguero con más y más contingentes juveniles a medida que avanzaron las horas y el baile. Un comienzo aguerrido en Hurlingham. Propongo que llevemos a las asambleas del Polo a los pibes trabajadores que se acercaron en bandas, invitémoslos al campamento juvenil, ayudémoslos frente a la explotación que sufren en sus laburos, organicemos a los desocupados en los grupos juveniles. Serán los más decidios en las pintadas, con los afiches, contagiarán a sus amigos y empezarán a formarse como una juventud socialista que se levanta ante la barbarie capitalista. Los vecinos resaltaron la lucha contra la privatización del cementerio, una tendencia generalizada en varios distritos bonaerenses. Nos vamos ahora hacia Almirante Brown. Allí comprimimos, en un solo día, seis asambleas en los más diversos puntos de este enorme distrito (una de ellas pasando el límite, en un barrio del distrito Presidente Perón) y una conferencia de prensa nocturna final (yo debía viajar al acto del PO en Santiago del Estero). El esquema resintió la salida por los medios, aunque compensaron el esfuerzo dos buenos y largos reportajes por una AM del distrito y por Radio Baires de Lomas al otro día, ya desde Santiago. Si Almirante Brown es la provincia, tenemos para hamacarnos, o mejor dicho para hacerlos hamacar. En las asambleas saltaron los gravísimos problemas de salud. No hay salita en Villa París, un asentamiento sumergido hasta lo indecible, donde las compañeras y compañeros con sus hijos son rechazados en los hospitales más cercanos si no tienen domicilio en el distrito; a menudo concurren al Hospital de Presidente Perón y en Solano al de Quilmes, con el mismo problema. Las salitas no atienden las 24 horas, un problema general en toda la provincia de Buenos Aires. Además, hay contaminación en el arroyo Las Perdices, al igual que en las napas, y falta de agua corriente generalizada. Pero el intendente Rodríguez, con su superávit, pudo otorgar un subsidio adicional de 400.000 pesos a la policía bonaerense cada seis meses, reforzando a los cerebros de la “ola de inseguridad”. También encontró fondos para subsidiar el 30% del parque industrial de Burzaco, en inversiones por cuenta de los capitalistas. Para limpiar y entubar los arroyos no hay fondos, como no los hay para las redes de agua corriente, ni para la salud. Pero los impuestos se cobran mediante el anticonstitucional recurso de incluir las tasas municipales en la boleta de la luz, situación que será motivo de nuestra denuncia política. Es, en cambio, un distrito “estrella” en el uso de planes Jefes en hospitales, salitas o tareas municipales, y ahora se piensa sumar a la nueva onda kirchneriana de las “cooperativas de trabajo” (en negro) como las de La Matanza. Como se ve, este duhaldista no se diferencia en nada del felipista Ballestrini. La disputa entre Solá y Duhalde es una pelea por las cajas negras de la política, una expresión de la descomposición del PJ. Claypole Votamos campañas de movilización vecinal por todas las reivindicaciones. A las asambleas se sumaron vecinos activistas de los monobloks de Vitum, en Claypole, un complejo que terminaron de construir los ocupantes de casas abandonadas, a los cuales ahora quieren desalojar, buscando enfrentarlos con adjudicatarios que pagaron cuotas y fueron estafados porque nadie terminó sus viviendas. Abordamos el problema de la titularización de tierras, que es candente por los plazos. El Partido se pondrá en cada barrio afectado al frente del reclamo con nuestra gran arma, que es la movilización política de los vecinos. Ello les abrirá la vía para arrancar sus soluciones y ganaremos la autoridad para promover el salto hacia la conciencia de organizarse políticamente como explotados, que es el sentido de la alternativa obrera y socialista. Los jóvenes estuvieron presentes en casi todas las asambleas, pero llamó la atención el pronunciamiento de los dirigentes del Centro de Estudiantes del terciario Nº 53 a favor de la candidatura en discusión. Es una veta para dirigirnos a todo el movimiento estudiantil, al activismo docente, a las organizaciones de lucha. De hecho, en una asamblea participó una delegación de una organización piquetera hermana, con la que luchamos en común, de tradición abstencionista. El debate lo abrimos a todos los luchadores. En la asamblea de barrio La Yaya, una activista ya incorporada al Polo, proveniente de una vertiente del MTD, presentó todas sus dudas acerca del valor del voto, del papel que podrían jugar representantes al Congreso y aun de la voluntad que tendrían de jugar un papel una vez llegados. Explicamos que necesitamos legisladores que tomen en sus manos la propuesta y la agitación (denuncia) por las reivindicaciones de la tierra o la expropiación de una fábrica como Sasetru. Los representantes en los concejos deliberantes, en las legislaturas y en el Congreso serán un brazo de la clase obrera y el movimiento piquetero dentro mismo de las instituciones de poder, con sus denuncias, reforzando el movimiento de lucha, desnudando a los políticos patronales, planteando una salida y una concepción socialista frente a todos los problemas de la lucha de clases.

El gobierno de Ibarra acaba de sacar un decreto de necesidad y urgencia con “nuevas disposiciones” para las discotecas y boliches bailables; la Legislatura debe refrendarlo, el jueves 17. El nuevo “marco normativo” tiene el claro propósito de desviar la atención respecto de las denuncias por asociación ilícita entre los empresarios y el gobierno. Se está pretendiendo adjudicar a la falta de una “legislación adecuada” la masacre de Cromañón. Fue la línea “de las responsabilidades compartidas” en la que insistió Ibarra. Por medio de la ratificación del decreto de necesidad y urgencia, Ibarra procurará una mayoría compulsiva, en el Parlamento, para continuar gobernando. Pero el decreto de Ibarra y Alvarez va mucho más lejos, porque legaliza la principal de las infracciones que se cometían –un ingreso de público superior a la capacidad del local. Con el cínico argumento de que la “normativa sea más real y se pueda cumplir” ( Clarín , 5/2), “sube a dos la cantidad de personas por metro cuadrado que entra por boliche”, el horario de cierre queda liberado y extiende la matineé de los menores hasta las 12 de la noche” (ídem). La legalización de buena parte de las infracciones detectadas, por ejemplo, en Cromañón, no sólo apunta a reforzar la ‘rentabilidad’ del negocio. A sólo cuarenta días de la masacre de Once, el decreto implica una verdadera absolución ideológica de Chabán: es que, según Ibarra y Alvarez, Chabán habría sido obligado a violar normas “obsoletas” e “irreales”. Se trata de un verdadero golpe de Estado de Ibarra, para salvar los beneficios de los capitalistas del espectáculo. No sorprende, por lo tanto, que Maxi Vázquez, propietario del boliche Follia –y presidente de la cámara patronal denunciada en la Legislatura por su entongue con el gobierno de Ibarra–, declare que el nuevo reglamento “es mucho más racional y lógico” ( Página/12, 9/2), aunque, de todos modos, todo queda supeditado “al ánimo (sic) que tenga el inspector” ( Página/12 , ídem), con lo cual la cantidad de personas por espacio podría superar al propio decreto. En suma: si en Cromañón podían entrar legalmente 1.500 personas, con el nuevo decreto podrían entrar 3.000 por “derecha”, y hasta 4.000 “por izquierda” (en la masacre había 6.000 personas). Toda esta flexibilidad especial para reforzar la rentabilidad capitalista es naturalmente “protegida” en el decreto, por la presencia de médicos, bomberos y patovicas “autorizados” durante las funciones y una larga lista de certificados referidos a la capacidad de público, materiales a prueba de fuego y planes de evacuación, entre otros; se trata, en definitiva, de un reforzamiento del poder de coacción de las mismas instituciones que permitieron Cromañón, los inspectores, habilitadores y policías coimeros. Los funcionarios, sin embargo, han dicho repetidamente que “de todos modos, nadie puede controlar simultáneamente el ciento por ciento de los boliches todos los días del año”. Es decir que los inventores declaran anticipadamente la impotencia de sus nuevos decretos y normas. Pero existe otro camino para que el control sea completo, simultáneo y barato: que sea realizado por quienes cotidianamente aseguran el funcionamiento de estos locales, es decir, sus trabajadores. Las comisiones obreras de seguridad e higiene en toda la ciudad, con poder de veto sobre las condiciones laborales, calidad de los servicios y de los materiales empleados, es decir, el control obrero, podría lograr lo que nunca logrará la burocracia de los inspectores y policías. Se trata de una medida que cuestiona el monopolio capitalista sobre el espacio público y la vida social en la ciudad. De Cromañón no se sale con los decretos de Ibarra o de su Legislatura cómplice, sino con una reorganización social y política completa, a través de una Asamblea Constituyente soberana y con poder.

Uno de los aspectos más relevantes de la campaña en curso es la conquista de recursos para sostener el conjunto de las actividades. La campaña está cobrando tal vuelo que el Festival Folclórico se encuentra completamente autofinanciado y se han podido imprimir los llamamientos y los afiches, y se ha pagado hasta la harina para el engrudo de la pegatinas, la movilidad, e incluso ha habido aportes para la publicidad televisiva y radial.

Debido a que nos llega la prensa el día sábado, solicito que se publique esta carta en el número 887. Ni liviano ni chistoso, la carta que envié en el número 885, por oposición, es pesada y trágica. La xenofobia antipiquetera, la violencia y el abuso sobre la mujer son realidades a las cuales el partido no es inmune, todo lo contrario. Las desviaciones pequeñoburguesas no son un enunciado que sólo figura en los clásicos del marxismo. Las presiones contrarrevolucionarias se reflejan en la vida cotidiana y pueden hacer carne en nuestra intervención en la lucha de clases si en vez de llevarlas a la discusión política se las oculta. Hay cosas que pueden demostrarse fácilmente, como es el hecho de que en base a encontrar “un error”, cualquiera sea, lo utilicemos para denostar contra el partido o capitular y a la vez sentirnos más marxistas que Engels, más leninistas que Trotsky, más trotskistas que Lenin. Pero mucho más difícil es cuando estas desviaciones se plantean en la violencia sobre la mujer, sobre todo cuando media un pacto de silencio y la negativa absoluta de reconocerlo, tanto de la víctima como del victimario. Cuando por falta de pruebas se corre el riesgo de caer en la calumnia (tampoco puedo probar que la Tierra se mueve, al menos con los elementos de que dispongo) la ironía sirve, a veces, para impedir que se esconda la basura bajo la alfombra. No se trata de iniciar una caza de brujas, sino de evitar que un rasguño se transforme en gangrena. (…) Después de esto, que la compañera C. Consiglio diga que he perdido la razón, justificadamente por supuesto, suena como una palmadita en el hombro... Pero no todo está mal en nuestra regional, ya que tenemos la virtud de dar un paso atrás pero dos grandes hacia adelante, como lo demuestran las alternativas que presentamos para las elecciones, donde con el reparto de las horas disponibles de trabajo, ¡¡¡terminamos con la desocupación!!! y como somos muy pícaros, para no asustar a la clase media, no hablamos de una alternativa obrera y socialista, sino de una nueva salida social. Me despido rápidamente porque tengo que compartir con mi compañera las tareas hogareñas; hoy me toca lavar y planchar.

El jueves 3 de febrero se cumplen cinco meses de aquella verdadera “cacería” desatada en Caleta Olivia, contra decenas de hombres y mujeres que habían participado en días anteriores de un piquete frente al Municipio y de la ocupación de Termap. Varias personas fueron detenidas en la calle mientras hacían las compras; en otros casos, como en el Barrio 17 de Octubre, los vecinos se agolparon ante la casa que estaba siendo allanada y pudieron presenciar cómo la policía golpeó brutalmente a mujeres, llevando detenidos hasta a los chicos. Una semana después fueron liberados varios detenidos y levantadas las órdenes de detención contra muchas otras personas. Fue necesaria una huelga de hambre para terminar con los malos tratos hacia las detenidas y lograr que a una de ellas le autoricen la prisión domiciliaria. La barbarie se extendió a la localidad de Las Heras, donde tras una golpiza policial, Carina Sauco perdía un embarazo. Aparecieron entonces denuncias internacionales tomadas por organismos de derechos humanos, y movilizaciones masivas ante la Casa de Santa Cruz en Buenos Aires. La provincia empezó a hacerse conocida por la represión y los presos. Es necesario recordar que son casi doscientos los procesados por protagonizar reclamos sociales en esta provincia, desde que asumió la gobernación el Dr. Acevedo; entre ellos casi 30 docentes de Caleta Olivia, a partir de la valiente huelga docente de marzo-abril de 2004, en un proceso que irá a juicio oral. Es necesario recordar que en su actitud represiva, el gobierno no vaciló en declarar ilegal la huelga docente, colocar a los huelguistas al borde del despido, y descontar los días de paro y los presentismos de tres meses a quienes cumplieron todo el paro. Hasta le ha bajado el concepto profesional a colegas con una trayectoria profesional intachable. Los presos, los procesados, los discriminados y perseguidos de todas formas por pedir trabajo o reclamar mejoras salariales, somos una realidad, que el gobierno utiliza como presión y ejemplo hacia el resto de los trabajadores. El interés de toda la población democrática es terminar con esta política represiva, castigar a los responsables de torturas y anular todas las reglamentaciones persecutorias. Selva Sánchez, Elsa Orozco, Marcela Costancio, Hugo Iglesias, Mauricio Perancho y Jorge Mansilla deben ser liberados. Todos los procesos contra trabajadores deben ser anulados. La filial Gallegos de Adosac ratifica una vez más su compromiso con estos objetivos.

De acuerdo a un informe del periodista Daniel Santoro ( Clarín ), en la ciudad se ha montado un pujante negocio de juegos de apuestas. Sus principales expresiones son el Casino flotante de la Costanera Sur, el Hipódromo de Palermo y los principales bingos instalados en la ciudad. De “los mil millones de ganancia bruta que dejó el juego en la Capital el año pasado, el Estado sólo se quedó con 140 millones (...) la parte del león se la llevaron los operadores privados” ( Clarín , 6/2). La expansión de los negocios de apuestas ha sido invariablemente justificada como “fuente de financiamiento de los gastos sociales”. Pero la “nueva” timba porteña es, esencialmente, un gran negocio privado. La empresa Cirsa, dueña del Casino flotante, está internacionalmente sospechada de manejos de narcolavado, una actividad siempre “pegada” al juego. Aunque el Casino se instaló con el menemismo, De la Rúa permitió que prosiguiera la concesión cuando fue jefe de Gobierno. Luego hizo lo mismo Ibarra, una vez que acordó con De la Rúa –ya presidente– un “reparto razonable” de la recaudación del Casino entre los Estados nacional y de la ciudad. Sin embargo, se mantuvieron las restricciones respecto de la instalación de tragamonedas en la ciudad. Pero el visto bueno para las maquinitas llegaría... y de la mano de Duhalde, Kirchner e Ibarra. El duhaldismo habilitó por decreto la instalación de tragamonedas en el Hipódromo de Palermo. Luego, ya con Kirchner, se firma un convenio de “reparto” de estos nuevos ingresos de juego entre la Ciudad y la Nación, que convalida la Legislatura. Un mes después, un nuevo decreto de Kirchner “legitimó la polémica licitación con que Menem favoreció al Barco Casino y la instalación de tragamonedas en el Hipódromo de Palermo” ( Clarín , ídem). Pero el gobierno nacional iría por más: en julio de 2004, “el entonces titular de Lotería Nacional y actual director del Banco Central, el kirchnerista Waldo Farías, firmó una autorización para que Cirsa habilite otro barco (el panameño ‘Mississipi River’) (...) Así Cirsa concentrará en el ‘Estrella de la Fortuna’ el casino y en el segundo, un total de tres mil tragamonedas”. Es decir que Kirchner-Ibarra están multiplicando varias veces el negocio inaugurado por Menem y De la Rúa. Esta escandalosa expansión del juego en la ciudad ha salido a la luz como resultado de una lucha entre capitalistas del juego. En efecto, los dueños de los bingos –a quienes no se les ha autorizado la instalación de tragamonedas–, denuncian al gobierno nacional y al porteño por “discriminación”, es decir, por actuar como vulgares gestores de Cirsa y de los concesionarios del Hipódromo. La “capital financiera y turística del Mercosur” es una gigantesca asociación ilícita con las mafias vinculadas a lo peor de la descomposición capitalista.

El escenario electoral tiene condimentos especiales. El Frente Cívico y el PJ, en los hechos, no han iniciado la campaña electoral. El Frente Cívico se encuentra paralizado por un feroz internismo (castillismo, enfrentado a la línea del gobernador Brizuela del Moral y a otras menores, como la del intendente de Valle Viejo). Esta guerra de camarillas ha destapado varias ollas, como el desvío del dinero destinado a la acción social o del que llegó a la provincia para reparar los daños causados por el sismo del año pasado. Por el lado del PJ, su jefe, Jalil, comenzó la campaña sin Liliana Barrionuevo, que encabeza la lista de candidatos. Luis Barrionuevo había renunciado a la presidencia del PJ para facilitar un acuerdo de sus pollos con el gobierno K, pero éste a último momento terminó arreglando con el Frente Cívico. En ese cuadro se están abriendo paso numerosos conflictos reivindicativos. La campaña del PO plantea “basta de mafias” y llama a votar por trabajadores; tiene una importante repercusión y está dando paso a un proceso de reagrupamiento de los luchadores.

En Prensa Obrera N° 886 del 10/2, Savas-Matsas escribe sobre “Auschwitz – La herida abierta de la historia”. Yo sigo con interés todo lo que leo de Savas-Matsas, y en este caso coincido con la hipocresía del “show” montado por el mundo capitalista para “celebrar” (yo diría recordar) los 60 años de la liberación de Auschwitz. En lo que no coincido con Savas-Matsas es cuando escribe que “el antisemitismo es un fenómeno ‘laico’ y moderno, no una continuación lineal de la vieja judeofobia de la Edad Media”. Si entiende la persecución y exterminio de los judíos del nazismo como un proceso ‘laico’, sin apoyo o complicidad de la Iglesia, yo creo que está equivocado. El odio al judío por el solo hecho de serlo, no existió hasta que Constantino convirtió el Imperio Romano al cristianismo, en el siglo IV, para detener la decadencia del Imperio. Recién entonces comenzó la persecución de los judíos. La prédica milenaria del “antijudaísmo” tuvo el apoyo y la complicidad de la Iglesia, cuyas consecuencias fueron una estela de perseguidos y muertos durante siglos y siglos. El “antisemitismo” como continuador del “antijudaísmo” llevó a Hitler a aplicar la “solución final”, que significaba el exterminio de todos los judíos en Europa, lo cual no hubiera sido posible sin la complicidad de la Iglesia. Tampoco hubiera sido posible el capitalismo salvaje sin la existencia de la Iglesia, que siempre acompañó a la espada y al dinero. De lo cual la Argentina tiene bastante experiencia. Algunos ejemplos: el Concordato que el Vaticano firmó con Hitler; Hitler jamás abolió la educación religiosa en las escuelas; los clérigos debían alabar a Hitler y al nazismo desde el púlpito (por supuesto, los que se opusieron fueron presos); etc., etc. En medio del auge hitlerista y estalinista se fundó la Cuarta Internacional, y tal vez su Refundación podrá evitar que sigan semejantes barbaries humanas.

En la primera reunión realizada para organizar la próxima movilización del 24 de Marzo, un sector de los llamados organismos de derechos humanos, encabezados por las Abuelas, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares e Hijos, decidió romper la posibilidad de organizar una movilización común, tal como se había realizado el año pasado. Dicha decisión fue anunciada antes del comienzo de la reunión por la dirigente de Familiares, es decir que no fue resultado de un debate ni de una confrontación de posiciones. Los motivos esgrimidos para la ruptura, siempre según los ‘organismos’, se basan en supuestos agravios y descalificaciones provenientes de los partidos de izquierda y en que en los últimos años se ha desvirtuado el verdadero carácter del 24 de Marzo. Como conclusión, estos organismos convocan a una movilización propia el 24 de Marzo con una consigna inocua, que no denuncia la masacre de Cromañón ni el copamiento de los punteros del peronismo sobre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Es evidente que la posibilidad de una división de la marcha estaba planteada, dadas las divergencias estratégicas existentes. De todas maneras se destaca el hecho de que los ‘organismos’ decidan romper y convocar su propia marcha antes de agotar las posibilidades de realizar una marcha común. Saben que ésta no podría tener otro carácter que la denuncia del régimen de los Kirchner, Duhalde e Ibarra. Un dirigente del la APDH señaló que la movilización no podía tener un contenido opositor. La actitud de los ‘organismos de derechos humanos’ no debiera llamar la atención si se tiene en cuenta que han salido a salvar a Ibarra. Muchos de estos ‘organismos’, incluso, ya han anticipado que participarán de la juntada de firmas para el plebiscito fraudulento, sin importarles que lo harán junto a los punteros y algunos destacados miembros de la burocracia sindical. La política de los organismos deja en evidencia el derrumbe generalizado del centroizquierdismo. Hace unos años, explotaban la movilización del 24 de Marzo con las banderas de la memoria, contra el ‘neoliberalismo’ menemista. Hoy tienen que fracturar la movilización para tratar de salvar al centroizquierdismo que gobierna para los mismos intereses que el menemato.

La provocación lanzada contra los trabajadores de Logística con el anuncio de catorce traslados y el cierre de la planta “los fines de semana” fue repudiada por las asambleas, que ratificaron el rechazo a toda negociación (imposición) individual y la permanencia dentro de las instalaciones para impedir cualquier intento de vaciamiento. La ilusión de que el traslado a Pilar, en las actuales condiciones, podría ser una solución, quedó rápidamente disipada cuando algunos compañeros que lo habían aceptado denunciaron la pretensión patronal de no respetar los turnos ni las tareas y eliminar algunos adicionales, como las extras de los sábados. Estaría en estudio transformar a Carapachay en una “nueva empresa de distribución” (con personal reducido) o en una tercerizada (lo que supone despidos). La empresa informó también que está cerrado un acuerdo con los principales acreedores y que el 15 de febrero presentaría ante el Ministerio de Trabajo el plan de producción y la reactivación de las líneas de Ultra, Vidrio y Postres. Pero la versión de que no hay en marcha un desguace sino un proyecto de expansión, choca de bruces con la realidad actual, es decir con la reducción del personal administrativo y la caída de la producción a cerca del 20 por ciento de sus niveles habituales. Según Ponce, secretario general de Atilra, el “parate” se debe a la falta de materia prima porque los tamberos se negarían a vender hasta que se resuelva el concurso. Sin embargo, las compras de leche están orillando los 200 mil litros, poco menos de lo que entraba antes de la llegada de Taselli. Lo que ocurre es que cuatro quintas partes de ese insumo se está secando y stockeando; las líneas de elaboración y envasado siguen casi paradas. La opción de que Taselli apunte a quedarse sólo con la porción del negocio correspondiente a la exportación de leche en polvo es la que más viene sonando desde un principio. La empresa comunicó que negociará despidos y rebajas de sueldo en el marco de la famosa Comisión de Seguimiento. Además de que muchos empleados fuera de convenio y administrativos ya sufrieron descuentos, esa comisión, integrada por la burocracia, simplemente avala la reestructuración que quiere hacer Taselli. Atilra manifestó de entrada su acuerdo con el plan y el convenio de crisis. Los trabajadores han impugnado ante la patronal y el Ministerio la Comisión de Seguimiento y reiteran su posición de que sólo los representantes electos en asamblea y sujetos a su control pueden sentarse con la empresa. Al mismo tiempo, rechazan de plano cualquier “negociación” que tenga por base despidos y quita de conquistas. La jueza del concurso de acreedores debería dictar una resolución de ‘no innovar’ en materia de condiciones de trabajo (mientras se resuelve el trámite del concurso) y que las plantas se pongan a producir. La patronal y la burocracia promueven la confusión con relación al proyecto de Taselli. Se votó enfrentar esta campaña de desinformación con un boletín de lucha que recoja las novedades cotidianas del conflicto y vaya señalando cada paso a seguir. Es necesario que las restantes plantas del sindicato se pronuncien en asambleas, y que un plenario de delegados mandatados decida un plan de lucha en apoyo a Parmalat y las reivindicaciones postergadas de los trabajadores lecheros.

En el curso de la semana se ha librado una lucha política colosal, en particular en el seno de las organizaciones del Polo. A través de asambleas se explicó el callejón sin salida que significaría que los luchadores que enfrentan cotidianamente al gobierno y al poder para conseguir trabajo y comida se abstuvieran de enfrentarlo en las próximas elecciones. Simultáneamente se realizaron otras asambleas convocadas por simpatizantes que se han acercado a apoyar al PO y la candidatura de Traverso. Todo esto permitió que el sábado a la mañana, más de 100 compañeros recorrieran en piquetes, casa por casa, entregando el llamamiento del PO y anotando en planillas a los que declaran que nos van a votar. Esta ofensiva ha permitido que se revisaran viejos y malos métodos de trabajo, y ha dado aire a varios activistas en la dirección de la campaña, con una gran voluntad de militancia y organización. El objetivo es multiplicar las asambleas, en especial en diferentes barriadas de la capital, y movilizar, casa por casa, a 200 compañeros.

Sr. Director de Prensa Obrera : La obsolescencia o desactualización de normas para la habilitación y control de locales es uno de los hechos de gravedad que determina la co-responsabilidad política y penalmente investigable de los presidentes de la Nación desde el 5/9/84 en adelante, entre las causas generadoras de Cromañón y anteriores tragedias. Desde esa fecha es obligación de cumplimiento permanente de esos presidentes (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Rodríguez Saá, Duhalde y Kirchner) y sus reemplazantes constitucionales, impartir instrucciones para detectar obsolescencia normativa (arts. 22 y 28-2 de la Convención Americana de Derechos Humanos), requerir del Estado que corresponda superar en forma inmediata la situación, informar de ello al pueblo (art. 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos) y demandar al Estado violador ante la Corte Suprema, si mantiene la legislación obsoleta. De mediar reclamos ante organismos internacionales, el reclamado será el Estado nacional y no el Estado violador. En el caso de Santa Fe, el no cerramiento de la compuerta favoreció el desborde del río Salado con decenas de muertos y miles de perjudicados. Era obligación del Estado nacional emplazar a la Provincia, para cumplir dicho cerramiento e informar del emplazamiento a la opinión pública, y de mantenerse el incumplimiento, el Estado federal debía concretarlo y deducir los gastos de los fondos de la coparticipación federal que correspondían a dicha provincia. En el caso de la voladura de Río Tercero –noviembre de 1995– sus graves consecuencias se vieron favorecidas porque violando el régimen de no suspensión de Derechos Humanos, los gobiernos de Alfonsín y Menem se abstuvieron de concretar el traslado de la fábrica a una zona no riesgosa, ubicada en las inmediaciones de la ciudad, pese a contar con recursos suficientes. Si un medio publicó que un informe de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires o de la Auditoría de la Ciudad determinó graves irregularidades en locales y “boliches”, el presidente de la Nación (Kirchner y anteriores) debió requerir urgentemente al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que adoptara medidas urgentes para la superación de esa situación, informarlo a la opinión pública y, de mantenerse la misma, demandar al violador ante la Corte Suprema. Dr. Angel F. Di Paola (abogado, ex presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación de Abogados de Buenos Aires)

Las consultoras que trabajan para grandes firmas de capital nacional y extranjero enviaron el siguiente mensaje a sus patrones: “Existen claras señales de una mejor predisposición de autoridades y empresas privatizadas por alcanzar acuerdos”. Un resumen de las noticias de las dos últimas semanas muestra el alcance de esas “señales”. • En Aguas Argentinas, el contrato considerado más conflictivo, hasta el diario oficial Página/12 (24/1) admite que “lejos del discurso duro de los últimos días, el gobierno cambió el énfasis en su disputa con Aguas”, la cual “pasa hoy por cuál será el monto anual que el Estado nacional aportará al plan de inversiones de la firma”. Ya denunciamos que el Estado paga la deuda de Aguas con el Banco Interamericano de Desarrollo –lleva pagados 200 millones de pesos– y se habla ahora de un aporte de 250 millones de pesos. Aguas, por su parte, aportaría también 250 millones de pesos, pero éstos saldrían del aumento de la tarifa (entre un 16 y 20%). El “minga a Aguas” de Kirchner, quiere decir que “Aguas Argentinas no debería restar un centavo de lo que actualmente percibe de sus clientes sino que el total provendría de una parte de extra pagado por los usuarios y otra de aportes estatales” (ídem). • Gasoductos: con una demora de dos meses, la Secretaría de Energía autorizaría el inicio de las obras de ampliación del Gasoducto San Martín, a cargo de Transportadora de Gas del Sur, en manos de Petrobras y Enron. La demora tiene que ver con la licitación para designar a los constructores de la obra, donde disputan dos pulpos: la brasileña Odebrecht –asociada a Techint y otros grupos– y la brasileña Camargo Correa, en sociedad con el grupo Macri. Ambos grupos presentaron ofertas un 40% más caras que las previstas. Eso implica que el Banco Nación debería financiar también el sobrecosto de las obras y que la tarifa –que financia los costos de la ampliación– debería aumentar más de lo previsto. “Como Energía y el Enargas definieron que el costo total de la expansión se repagará en un plazo de ocho años, aplicando un cargo tarifario extra por encima de la actual tarifa de transporte a las industrias, generadoras eléctricas y estaciones de GNC bonaerenses (beneficiarias directas de la ampliación), reconocer un presupuesto más abultado supondrá cobrarles un cargo tarifario también más elevado a esos grandes usuarios de gas, para cubrir los sobrecostos” ( El Cronista , 14/2). Con el Gasoducto del Norte pasa lo mismo. “Las ofertas superaron en casi un 15% el presupuesto original de 170 millones de dólares” ( Clarín , 10/2). • Peajes: acaban de autorizar un aumento del 15% en los peajes en los accesos Norte, Oeste y Ezeiza-Cañuelas. El defensor del pueblo pedía un 6% de incremento. Las autopistas Norte y Oeste están controladas por la española Abertis. Estas filiales podrán reclamar un nuevo aumento de precios a partir de junio próximo si los costos operativos suben más del 5%, respecto de octubre pasado. El consenso de los economistas prevé una inflación del 7,5% para 2005. Las empresas de Abertis, además, se beneficiarán de la condonación de las multas que les aplicó el Estado por incumplimientos contractuales a partir de 2002. • En Mendoza, la tarifa eléctrica aumentará el 12,92%. “La medida abarca a la mayor parte de la red de usuarios”, dice Clarín (10/2). Ese aumento se produce porque la distribuidora Edemsa recibirá un aumento del 39% que ayudará a pagar la deuda que tiene con los bancos por 105 millones de dólares. Esa deuda fue contraída cuando EDF (Electricité de France) era dueña mayoritaria de Edemsa, antes de venderla a un grupo de “empresarios mendocinos”. De esta manera la “argentinización” de Edemsa sirvió para un doble operativo: subir la tarifa y rescatar a los bancos. • El gobierno dispuso “pagarles a las generadoras privadas el 35% de la deuda que Cammesa –la administradora del mercado eléctrico mayorista– acumuló con esas firmas en 2004”, con el agregado de que el pago deberá hacerlo “incluso a las que no aceptaron canjear sus acreencias por inversiones en las nuevas centrales” ( El Cronista , 9/2). El gobierno quiere construir centrales nuevas con esas deudas, “que operarían y explotarían los privados como propias” ( Página/12 , 9/2). Por eso, el privatista y antikirchnerista diario El Cronista saluda esa decisión “como un gesto de acercamiento del gobierno hacia un sector con el que mantiene relaciones conflictivas” y porque forma parte de un convenio para “readaptar el mercado de generación eléctrica, de modo que en 2007 las generadoras vuelvan a percibir precios similares a los que obtenían en 2001, antes de la pesificación y la devaluación”.

La francesa Danone, uno de los mayores pulpos lácteos mundiales, continúa su penetración en Argentina. Su asociada La Serenísima, acaba de entregarle su participación accionaria en la firma de logística (distribución) que ambas poseían en común (Danone pasó del 45 al 95%), además de cederle varias marcas. Todo esto cancela parcialmente una deuda que La Serenísima tenía con la francesa, que ya se había quedado con su línea de yogures. El nuevo retroceso de La Serenísima forma parte de la reestructuración de su deuda, que se acerca a los 300 millones de dólares (contra ventas anuales de 380 millones de dólares). Como garantía de esa deuda, después de la reestructuración, La Serenísima tiene prendada la mitad de sus acciones. Danone está aprovechando un mercado internacional lácteo en ascenso (este año, las exportaciones argentinas fueron récord), para avanzar en Argentina, uno de los grandes exportadores mundiales. Para ello se vale del fuerte endeudamiento de todas las empresas lácteas. Danone señaló su interés en continuar expandiéndose en Argentina; sin embargo, en una industria fuertemente concentrada no son muchas sus “oportunidades”. En este cuadro, que un conocido vaciador como Taselli se haya quedado con Parmalat podría ser el paso previo a su entrega a los franceses. Para que el negocio “cierre”, Taselli debería liquidar una serie de activos “no rentables” de Parmalat y, por sobre todo, deshacerse de una parte sustancial de su personal y liquidar las condiciones de trabajo del resto. Eso es, precisamente, lo que está haciendo.

El Partido Obrero presenta lista en varias localidades del interior provincial. Una de ellas es Recreo, capital del departamento de La Paz, el más importante del Este provincial. La lista está encabezada por Ariel López, un abogado que se ha destacado como organizador de la asamblea popular, a finales del año pasado, para enfrentar la crisis del agua, que aún sigue abierta. Alrededor de la candidatura de Ariel se ha conformado un comité de 15 compañeros que están recorriendo casa por casa. Los compañeros denuncian que “la realidad del trabajador municipal y de los barrios sigue completamente postergada, con calles en mal estado, falta de alumbrado, educación precaria. Los recolectores de la basura trabajan en medio de la inmundicia sin protección alguna. “Tenemos un gobierno ausente para las necesidades de la población trabajadora. Durante este tiempo sólo han sido satisfechas las necesidades de los funcionarios y sus amigos. “La crisis del agua ha sido ilustrativa de que no hay ningún plan de obras que contemple las prioridades de la población. “Ahora vemos que quienes se presentan como oposición, los justicialistas, que antes fueron saadistas, luego barrionuevistas y ahora kirchneristas, prometen un gobierno distinto, pero Kirchner acaba de consumar un fenomenal negociado pues, por medio de testaferros, compró a precio vil casi la mitad de las tierras del departamento de La Paz, privando de vivienda y subsistencia a las familias de Casa de Piedra y zonas aledañas. “Todo esto demuestra que el PJ y el FCyS son lo mismo. Gobiernan a favor de los poderosos, son los responsables de la quiebra social de la mayoría; sólo en Recreo la desocupación supera el 18% de la población. Por eso planteamos un cambio de fondo, sobre nuevas bases sociales. Planteamos la necesidad de convocar a una asamblea popular, no sólo para que los concejales rindan cuenta, sino para que los vecinos voten las prioridades y que ellas se transformen en mandatos para que el Concejo las transforme en ordenanzas. Planteamos por esa misma vía el control de los fondos públicos, destacamos desde ya la necesidad de volcar el presupuesto a un plan de obras públicas: arreglo de las calles, alumbrado, etc. Y nos comprometemos a encabezar el reclamo ante la provincia para que de una vez por todas se realicen la obras hídricas para terminar con el faltante de agua”. ( Ariel López, candidato a primer concejal)

La desgracia de Cromañón con sus muertos, desborda cualquier otro tema de la salud y la muerte. Sin embargo, la medicación falsificada, trucha o apócrifa es responsable de muertes todos los días. La muerte de Verónica Díaz, debido al Yectafer trucho, no es un caso aislado. Los muertos y secuelas que produce son y serán mayores a varias Cromañón, porque continúan por años. La revista Lancet, en el 2001, recogía el informe de la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que asistida por un equipo de la Policía Federal y fiscales encontró que el 22,7% de las ventas son irregulares: 9% de productos vencidos, 6% de contrabando, 4% con envase alterado, 2% de muestras gratis y el 1,7% simplemente falsos. En cuanto a la venta de medicamentos fuera del circuito sanitario (quioscos, almacenes, shoppings), la Anmat estima que siete de cada diez productos que se venden son falsos o irregulares. Debido a compras mal reguladas y controladas por parte de los ministerios de Salud de las provincias, se terminaron adquiriendo medicamentos e insumos de origen muy dudoso, cuyo impacto sobre la población hospitalaria podría ser catastrófico (licenciado C. Vasallo, investigador de Insalud , 1998). Salud Pública de la Nación, de las provincias y de la Ciudad licitan medicamentos, pero la pauta básica no es la calidad, sólo el precio: hay que adjudicar al precio más bajo. ¿La Bolsa o la vida? Infecta todo el país: el presidente del Colegio de Farmacéuticos, H. Navarro, en Santiago, denunció que la venta de medicación trucha creció fuera de las farmacias; el Hospital Cullen denunció una compra de Clonazepam trucho, negada por el Iname (Instituto Nacional de Medicamentos), y obligó al subsecretario de Salud de Santa Fe, D. Tardivo, el 29/12/04, a decir que “llamaba la atención” esta diferencia. Para reforzar esta corrupción, la Anmat tiene sólo 15 inspectores para controlar miles de establecimientos, desde las fronteras con Bolivia, Paraguay y Brasil hasta Tierra del Fuego. El Dr. A. Somaine (ex presidente del Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad), en una charla sobre genéricos, comentó que una serie de medicamentos relevados en las farmacias de los hospitales de la Ciudad (penicilinas, amoxicilina y ampicilinas semisintéticas, diltiazen, digoxina, fenitoina, furosemida, propanolol, sotalol, naproxeno, tamoxifeno, propoxifeno, teofilina e hidroxiurea) no tenían la acción terapéutica requerida, porque no contaban con la cantidad suficiente de la droga o porque ésta no era de la calidad que la farmacopea exigía. La legislación actual penaliza la adulteración que implique una intención de daño, o sea intentar lesionar o matar a otro/s individuo/s. La pena con cárcel puede llegar hasta 10 años. Pero el Código Penal no dice nada con respecto a faltas cometidas con fines de lucro en los mismos casos. El Iname es el encargado del control sobre este tipo de delitos, pero actúa en hospitales, clínicas y farmacias, no en los lugares no autorizados para la venta de medicamentos, donde se vende la mitad de estos productos, y no cumplen, en general, con las exigencias de almacenamiento seguro. El doctor C. Chiale, director del Iname, se atrevía a sostener antes de las muertes por el Yectafer trucho que “desde hace dos años no se encuentran medicamentos falsificados, gracias al estricto control del Programa Nacional de Pesquisa de Medicamentos Ilegítimos, que realiza inspecciones y allanamientos en forma constante”. El Dr. Chiale debe ir preso por ser cómplice de los falsificadores, ya que las denuncias se amontonan en todo el país y los datos demuestran la inoperancia de la Anmat y el Iname. Si visitan la página web de la Anmat sobre medicación apócrifa, podrán ver que las inspecciones realizadas figuran sólo hasta 2001. Ese año, en la provincia de Buenos Aires se hicieron 117 en total, o sea ni siquiera 10 por mes para una provincia con 15 millones de habitantes. Aunque en la Ciudad llegan a 900, en provincias como Neuquén fueron sólo nueve en todo el año. ¿Así se controla la salud de la población? Entonces: ¿a quién culpamos por la muerte de Verónica a causa de un medicamento falsificado? Respuesta: al Estado que apaña con sus leyes a estos criminales, porque la legislación sobre genéricos es una invitación para comercializar copias potencialmente dañinas para el ser humano, y los funcionarios, por acción o premeditada omisión, son cómplices o socios de estos empresarios. A los laboratorios tradicionales porque resignan parte de la multimillonaria cifra, en dólares, de ganancia mientras puedan continuar con el usufructo de su negocio sin controles sobre su rentabilidad y se reconozca su derecho a la explotación exclusiva durante los años que autorice la ley de patentes. A los empresarios de la salud en su totalidad: quienes producen medicación trucha y la comercializan, los dueños de clínicas y prepagas, los que tienen el manejo de las obras sociales. Ellos conocen esta situación y prefieren continuar con este comercio por su rentabilidad, comprando a valores irrisorios, a sabiendas del nulo control o de su procedencia oscura, prefiriendo la Bolsa a la vida. Sólo se arrancará la podredumbre de la salud encarcelando a los Ibarra y a los Chabán del negocio de la enfermedad, comenzando por el ministro G. González García, responsable político de esta muerte. Sólo un sistema sanitario único, estatal y gratuito, bajo el control de los trabajadores y los explotados, que maneje todos los resortes de la salud, junto a la producción estatal de insumos y medicamentos, podrá garantizar que la salud del pueblo sea una realidad y no se lucre con la miseria y la enfermedad.

Alberto Kohan, uno de los principales integrantes del gobierno menemista, señaló en una entrevista reciente que estaba cansado de las investigaciones en su contra y que era necesario una “amnistía para los años noventa” ( La Nación , 6/2). El reclamo fue tomado por el gobierno nacional y el Congreso. A fines de diciembre del año pasado, fue aprobada sin debate, junto a un paquete de más de 20 leyes, una ley modificatoria del Código Penal, que asegura la impunidad a numerosos funcionarios involucrados en las principales causas de corrupción de los últimos años. La ley permitiría la prescripción de la causa que se sigue contra Menem por las cuentas en Suiza, la causa IBM-Banco Nación, las que se siguen contra el grupo Yoma, contra Alderete por los negociados del Pami y, entre otras, la de sobornos en el Senado en ocasión de la aprobación de la reforma laboral bajo el gobierno de De la Rúa. El propio Kirchner se vería beneficiario en varias causas que existen en su contra. ¿Progresismo o corruptela? La ley, que hace las veces de una autoamnistía, fue impulsada por el conjunto de los bloques, escudándose en el argumento de que era necesario modificar del Código Penal para evitar el cajoneo de causas en la Justicia y la extorsión que este hecho permitía ejercer sobre los acusados. Pero este argumento ‘garantista’ es esgrimido para justificar una autoamnistía, porque sirve para hacer caer esas causas contra la corrupción. Un senador admitió a La Nación que no se incorporó la figura de “rebeldía” como causa para bloquear la prescripción de una causa con la única finalidad de beneficiar a Carlos Menem. Los especialistas han coincidido en que las causas de corrupción serán las realmente beneficiadas por esta ley. Las penas por corrupción son muy bajas con relación a delitos menores. Como el plazo de prescripción está determinado por los años de condena que merecía el delito investigado, un funcionario corrupto vería prescribir su causa mucho antes que un simple ladrón de almacén. El Poder Judicial Mientras todos los bloques dieron su consentimiento a esta autoamnistía, incluido el bloque del PS, la mayoría del Poder Judicial ha expresado su rechazo y hasta ha dado lugar a fuertes choques. Es que indudablemente la modificación les quita poder a los jueces para condicionar a los demás poderes del Estado. Esta crisis ha llevado a que los jueces, por un lado, y los legisladores y los funcionarios del Ejecutivo, por el otro, se lancen acusaciones mutuas de corruptela, señalando unos su rechazo de esta ley de ‘amnistía’ mientras los otros ponen de relieve las trapisondas del Poder Judicial. Lo que debe quedar expresamente claro ante toda la población es que el conjunto del régimen está carcomido por la corruptela y que la burocracia que maneja el Estado es un parásito a sueldo de la clase capitalista.

En PO Nº 885 informábamos que los trabajadores del Hospital Ramos Mejía habían logrado imponer la restitución del pago de las horas extras (módulos) y la elección en Asamblea General de una Comisión Interna Transitoria compuesta por 10 compañeros. La burocracia del Sutecba, ‘apretada’, desconoció a sus propios delegados burocráticos y se comprometió a convocar elecciones democráticas para el 31 de marzo (luego de dos años de postergación). Pero apenas el movimiento refluyó, la burocracia de Sutecba se negó a reconocer a la Transitoria y nombró un interventor. Por supuesto, la convocatoria a elecciones no ha aparecido. El Ramos Mejía es uno de los mayores hospitales de la Ciudad y la burocracia del Sutecba está aliada a Ibarra y a Juan José Alvarez. Un grupo de activistas cree necesario desafiliarse del Sutecba, para afiliarse a ATE, pero ésta también ha entregado la lucha de los trabajadores y está aliada a Ibarra. La burocracia de Sutecba desearía que los activistas se alejen de la masa afiliada al Sutecba, que renuncien al trabajo de recuperación del sindicato y que se nucleen en pequeños aparatos “antiburocráticos”. Hay que reagrupar fuerzas y exigir que se convoque a elecciones democráticas para comisión interna. Y retomar el reclamo de un aumento de emergencia que lleve el salario mínimo a 1.500 pesos.

El motín del penal cordobés de San Martín volvió a poner en evidencia la existencia de una política, deliberada y sistemática, de destrucción física y moral de presos y encausados. Con una capacidad de 800 internos, el penal alojaba 1.700 en condiciones de vida infrahumanas. “En forma sistemática se corta el servicio de agua, los baños están colapsados, la comida es pésima y el hacinamiento que genera la superpoblación provoca un clima de tensión y violencia entre los internos casi en forma permanente” (Luis Miguel Baronetto, director de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba). Las enfermedades, desde la tuberculosis hasta el sida, proliferan. Estas condiciones terribles son agravadas por la ausencia de asistencia jurídica, el maltrato y el verdugueo a los familiares y el saqueo del trabajo que realizan los internos dentro del penal –“que debe ser remunerado con ciento ochenta pesos, (pero) termina siendo pagado con veintinueve” (ídem). En este cuadro de privaciones y humillaciones, la mafia del Servicio Penitenciario y de las bandas asociadas a él, que operan dentro del penal, obtienen sus máximos beneficios. A la luz de estos hechos, es evidente que el motín venía “cocinándose” desde hace tiempo. Una provocación lo hizo estallar: la restricción del régimen de visitas y el acortamiento de las visitas íntimas (de doce a cuatro horas). Las condiciones de detención y la no modificación del régimen de visitas fueron, precisamente, los reclamos de los amotinados. “No falta ningún preso”, mintió De la Sota al término del motín: fueron muertos cinco reclusos, además de un policía y dos guardiacárceles. El intendente cordobés Juez elevó a nueve la cifra de muertos. Y, según Página/12 (12/2), puede haber más: “resulta poco creíble (…) que con el penal dominado durante 24 horas por los presos no se haya desatado una interna feroz, con pases de factura mortíferos entre las distintas bandas que conviven allí y que, en complicidad con el Servicio Penitenciario, manejan todo tipo de comercio, desde las drogas hasta las pastillas, el alcohol y el sexo”. La muerte de dos guardiacárceles en el motín asegura futuras represalias y más reclusos muertos. De la Sota es el responsable político de las muertes y de las espantosas condiciones de la cárcel de San Martín. Desde hace rato, se ha abonado a la demagogia de la “mano dura”, que ha más que triplicado el número de presos en Córdoba entre 1999 y la actualidad (de 1.800 a 6.000). Se alió con Blumberg y es su principal “respaldo institucional”. El “ingeniero” viajó a Córdoba a saludar la instauración de los juicios por jurados (uno de sus reclamos). Además, De la Sota contrató como “asesora de seguridad” al Manhattan Institute, una empresa de seguridad norteamericana que fue la “ideóloga” de la llamada “tolerancia cero”, que convirtió a la ciudad de Nueva York, donde fue “estrenada”, en un verdadero estado policial. El Manhattan Institute apoya a Blumberg y llegó a Córdoba de la mano del “ingeniero”. Una política nacional Las condiciones del penal de Córdoba son las de las cárceles, comisarías e institutos de menores de todo el país. En ellos, el asesinato de reclusos, a manos de los penitenciarios o de las bandas que éstos protegen, son comunes: 30 en la provincia de Buenos Aires y 17 en Mendoza el año pasado; seis en Devoto y Ezeiza en lo que va del 2005. La masacre de las cárceles es la consecuencia inevitable de la “mano dura”. Entre 1996 y 2004, la población carcelaria creció en un 60%, como consecuencia del endurecimiento de las penas y la negación de excarcelaciones. En la provincia de Buenos Aires, el 80% de los presos no tiene condena. La masa de la población carcelaria, en particular los procesados sin condena, está compuesta por jóvenes pobres, es decir por las capas más explotadas de la sociedad que, a diferencia de la “gente decente” de Blumberg, no pueden acceder a estudios de abogados costosos. Por eso están presos a pesar de estar acusados sólo de delitos menores, excarcelables. Lejos de haber resuelto la inseguridad, la “mano dura” la agravó exponencialmente. El desarrollo social de un país se mide por el estado de sus cárceles. La barbarie que reina en las cárceles argentinas es la manifestación, más bárbara, extrema y repulsiva, de las condiciones de miseria, atropellos y represión que viven diariamente millones de explotados.

A finales de noviembre del año pasado, un conjunto de factores parecían haberse complotado para golpear la propuesta argentina de refinanciación de la deuda externa y amenazar la continuidad de Lavagna. El hecho más destacado lo había protagonizado el Bank of New York, renunciando a organizar el canje de la deuda vieja impaga por deuda nueva. Desde estas páginas habíamos calificado a esa decisión, casi un sabotaje, como una ‘cama’ al ministro de Economía. Durante algunas semanas flotó la posibilidad de una crisis de gabinete y de una segunda cesación de pagos de Argentina. En este marco se sucedieron las especulaciones de una utilización de las reservas del Banco Central para cancelar la mayor parte de las deudas con las instituciones financieras internacionales y poner fin a los acuerdos con el FMI. Antes de que se pusiera de moda hablar de ‘golpes institucionales’, parecía que la decisión del banco neoyorquino estaba incubando uno. Después de la ‘cama’ En el entrevero que producían naturalmente estos acontecimientos, desde alguna oficina gubernamental se insinuó la ‘mano negra’ del Citibank, a pesar de era sido precisamente el Citibank el que había dado un impulso al canje propuesto por el gobierno luego de una reunión sigilosa de Kirchner con el presidente de ese banco, William Rhodes, de paso de una asamblea de la ONU. Kirchner había arreglado con el banquero los generosos términos del canje para las AFJPs e incluso un ‘premio’ especial para el cambio de las Letras del Tesoro que estaban en poder de los bancos antes del ‘defol’. El relato de lo que pasaba hace sólo dos meses hoy sorprende: no solamente volvió el Bank of New York sin necesidad de que ‘lo perdonáramos’, sino que el Citi se vio remunerado con el encargo de canjear con los acreedores la deuda de la provincia de Buenos Aires, por lo cual cobrará comisiones más que jugosas. A nadie tampoco parece preocuparle ahora la posibilidad de que los ‘bonistas’ argentinos pudieran hacerle un juicio al Citi por tomar la tarea de enchufarles a esos mismos clientes un título a la mitad del valor del que él mismo les vendió durante el endeudamiento de Cavallo. Del espectro de un boicot de los acreedores, a mediados de diciembre, hemos pasado en los últimos días a una ‘euforia de los mercados’: todo sube, desde las acciones, que pocos compran y pocos venden, hasta los bonos que se pagan (‘performing’) y los que no se pagan (‘default’). La aceptación del canje, dicen las mesas de los bancos, subirá hacia el final del canje hasta un 70% y algunos vaticinan que cerrará con el visto bueno del 85% de los tenedores de bonos. El ‘éxito’ del canje de deuda ha servido incluso para poner un límite a las crisis políticas en la Ciudad y en la Provincia de Buenos Aires, porque, capitalistas al fin, ni Ibarra ni Macri, ni Solá ni Duhalde quieren arruinar semejante negocio. No es que ‘la política funciona al margen de la economía’ sino que los intereses capitalistas le marcan el paso a las trifulcas políticas. ¿Qué ha pasado para que se produjera un giro tan acentuado en las previsiones de renegociación de la deuda argentina en tan poco tiempo? Citibank, ‘enter’ Pues que el gobierno, por el momento, ha salido de la crisis de fines de noviembre con un pacto con los principales bancos, básicamente en torno a dos componentes: dejar que se aprecie el peso y arreglar tarifas y contratos con las privatizadas. En realidad, los dos temas se condicionan recíprocamente. Se trata de los dos principales reclamos que el capital financiero viene haciendo desde la asunción de Kirchner. Se lee en los periódicos todos los días: como el dólar se está devaluando a nivel internacional, el peso está obligado a revaluarse respecto al dólar en el curso de 2005 (ya ha caído de 3 pesos a 2,90). Esto quiere decir que los bonos que ofrece Argentina, en pesos, tienen una posibilidad de valorización que excede la elevada tasa de interés que ofrecen esos bonos. Un bono de tres pesos, equivalente a un dólar, acumularía una ganancia del 50% si el dólar pasa a valer, digamos, dos pesos; su dueño pasaría a tener 1,50 dólares en lugar de un dólar (si el dólar cayera a 2,50 pesos, ese bono equivaldría a 1,20 dólares). Una valorización del 50 o del 20%, en un año, es simplemente usuraria. La cuestión es ésta: el paso del canje del éxito al fracaso tiene que ver con la certeza de la banca internacional de que el gobierno está dispuesto a tolerar la revaluación del peso. El negocio, sin embargo, no termina aquí, porque hay bonos en pesos que además se ajustan por la inflación. Si se confirman los pronósticos de una inflación que oscilaría en el 10%, el bono tomado como ejemplo pasaría a valer 3,30 pesos. Una combinación de inflación interna y de revaluación externa del peso dejaría beneficios extraordinarios a los que se queden con la deuda pública nueva. Solamente para ejemplificar digamos que una inflación como la indicada más un dólar que retroceda apenas a 2,80 dejaría un beneficio anual del 16%, con independencia de la tasa de interés (que es, en general, muy alta para la mayor parte de los bonos que se canjean). Mediante diferentes mecanismos de mercado (especulación) las ventajas que ofrecen los bonos que tienen claúsulas más convenientes, se trasladan a los restantes. La re-re-privatización Como se puede ver, se ha producido un giro mayor de la política económica. Las compras de dólares que realizan los Bancos Central y Nación apuntan a graduar la revaluación del peso, de ningún modo podrían contrarrestarla. Para esto último sería necesario establecer un control de cambios. La compra de dólares que se desvalorizan implica enormes pérdidas para el Estado. La revaluación del peso va ligada a otro compromiso del gobierno: arreglar con las privatizadas, algo que ya está ocurriendo. Un peso más alto significa un alivio para la deuda de las privatizadas, que está en dólares, y significa también una valorización de los aumentos de tarifas. El diario español El País anunció, el domingo pasado, que el gobierno argentino pretende ingresar al capital de Aguas Argentinas, lo que significa que se asociará al interés que ésta tiene en un dólar más bajo y en una revalorización del peso. Este pacto entre el gobierno y los principales bancos internacionales explica que estos se hayan volcado a comprar los títulos de deuda en poder de los bonistas individuales, incluso pagando un sobreprecio. En esto consiste el aumento que se está verificando en la cotización de la deuda argentina en ‘defol’. Pero este pacto explica algo más: explica por qué todos los partidos de la derecha financiera han votado, e incluso en menos de 24 horas, el proyecto de ley, enviado por Lavagna, que prohíbe hacer una oferta de canje, más adelante, mejor que la actual. El diario Financial Times había descubierto que el prospecto del canje dejaba un margen para que el gobierno pudiera mejorar la oferta, en el futuro, a los que la rechazaran, sin estar obligado a trasladar esa mejora a los que aceptaran la oferta que está en curso ( Financial Times , 6/2). La ley relámpago ha permitido cerrar esta brecha y es la sanción de esta ley la que ha desatado la corrida a la compra de títulos en cesación de pagos, demostrando con ello que la ley fue pedida por los propios banqueros (el FT dice que hubiera sido mejor modificar las cláusulas del prospecto). Esa ley sirve al interés de los banqueros que están comprando bonos argentinos en desgracia, con la expectativa, repetimos, de una revalorización del peso frente al dólar combinada con una inflación interna. Este giro de la política económica no será gratuito, pues afecta, por ejemplo, los intereses exportadores y acentúa los problemas que se derivan de la caída del precio internacional de los granos. El gobierno intenta compensar el efecto con incentivos fiscales a los exportadores, incluso a gigantes como General Motors, Cargill, Peugeot, Aluar o Techint. Pero el problema mayor se presenta con los salarios, cuyo poder adquisitivo ha caído un 60% desde 2001, porque un dólar barato, como en la convertibilidad, opera en oposición al aumento salarial. La insoportable levedad de la recuperación Queda por ver, por estas mismas razones, si este giro de política económica es aceptado en forma homogénea en el gobierno. En caso de que no fuera así, las crisis políticas que han comenzado por motivos de aparato se van a transformar en enfrentamientos de conjunto. El ritmo con que se desarrollen estas contradicciones dependerá de la intensidad con que vayan afectando la recuperación de la actividad económica. Lo que queda en claro es que lo se presenta como una salida exitosa de la bancarrota capitalista, constituye en realidad el ingreso a una nueva etapa de crisis, la que oportunamente deberá plantear otra bancarrota. El eje de esta perspectiva no se encuentra, por cierto, en Argentina, sino en Estados Unidos y en la imparable devaluación del dólar.

Ante la actual situación del diario –directivos presos, acumulación de deuda postconcursal y la posible homologación del acuerdo de acreedores- y siendo incierto el futuro de la empresa, los trabajadores de prensa tenemos la firme decisión de defender nuestra fuente de trabajo. Ante las versiones de posibles compradores o quiebra, los trabajadores decimos: 1) Crónica no cierra. De aquí no nos mueve nadie. 2) No aceptaremos ni un solo despido. Los trabajadores somos quienes hemos mantenido vivo a Crónica. Pero no somos los responsables del vaciamiento ni del desmanejo administrativo. Al gobierno nacional le tomamos la palabra, “en este país no hay lugar para un solo desocupado más”. Por nuestra parte estamos haciendo y haremos todo lo que tengamos que hacer para mantener nuestra fuente de trabajo. Adhesiones: prensacronica@yahoo.com

El martes 8 el intendente de Berrotarán (una localidad de 7.500 habitantes a la vera de la ruta 36 a 130 km de la capital de Córdoba) salió a decir por los medios que los desocupados de la zona eran “vagos”; la razón: no querer trabajar en una empresa de jeans (Toca Jeans) montada por un empresario cordobés con el subsidio del Municipio (que aportó maquinarias por 15.000 pesos, energía gratis por tres años, exención de las tasas municipales y un local de 400 metros cuadrados). A la calificación de “vagos” agregó la amenaza de cortar la ayuda social y bajar los planes Jefes y Jefas. Los dichos del intendente Storello, del PJ, levantaron polvareda y se destapó la olla: los desocupados se negaban a ser esclavos del empresario Toccalini y del intendente; las condiciones de trabajo eran: período de prueba de dos meses con 25 horas semanales sin remuneración alguna, a posteriori contratos en negro con salarios mensuales de 220 a 300 pesos por 55 horas semanales –el salario de convenio por 44 horas establece un salario neto de 730 pesos para la categoría más baja–, falta de condiciones elementales como luz, matafuegos, lugar de almuerzo, etc. Los trabajadores que aceptaron el período de prueba fueron yéndose cuando indagaron más sobre salarios y jornada laboral, lo que provocó la crisis que llevó al Intendente a salir a los medios porque no se garantizaba el funcionamiento de la empresa. Además, los trabajadores denunciaron que el “aprendizaje” era en realidad producción de prendas que luego se comercializaron. La presencia de una delegación del Polo Obrero, el jueves 10, motorizó una asamblea en la plaza central de más de 30 trabajadores, que decidieron organizarse para defender la fuente de trabajo, pero exigiendo que se respetaran las condiciones laborales y salariales estipuladas por el convenio. El viernes 11 se constituyeron en una Comisión Permanente por la Defensa de las Fuentes de Trabajo (ver comunicado), y se han planteado movilizarse para impedir que se cierre la fábrica (Toccalini ya anunció que se retira), que la misma funcione con los salarios de convenio, y concentrar en la Comisión la defensa de los desocupados de la zona, incluidos los de los planes Jefes y Jefas que son explotados por el Municipio. Kirchner es Toccalini ¿Qué diferencia hay entre el proyecto de Toccalini y el “Agua más Trabajo”, el “Manos a la Obra” de Kirchner, o el PPP de De la Sota? Ninguna. En todos se trata de utilizar a los desocupados de los planes, y los que no los tienen, como mano de obra barata para reemplazar trabajadores bajo convenio. El plan Jefes y Jefas incentiva (además de la baja salarial) el trabajo en negro, ya que la misma ley que creó los planes obliga al desocupado a buscar un trabajo en negro para completar los 150 pesos, que el Estado sabe que no alcanzan, para sobrevivir. Eduardo Salas Berrotarán, 11 de febrero de 2004 Vecinos, trabajadores de Berrotarán nos hemos autoconvocado y hemos resuelto: 1. Rechazar las expresiones del intendente Angel Storello acusando a los trabajadores desocupados y a todo el pueblo de Berrotarán de “vagos”. Exigimos que el intendente se retracte públicamente de lo dicho. 2. Convocar al pueblo de Berrotarán a defender los emprendimientos productivos de la ciudad (especialmente la fábrica de jeans), respetando los derechos laborales, las leyes vigentes y las condiciones estipuladas en los respectivos convenios colectivos de trabajo. 3. Con este fin nos hemos constituido en “Comisión de Vecinos Autoconvocados en Defensa de las Fuentes de Trabajo”. Comisión de Vecinos Autoconvocados en Defensa de las Fuentes de Trabajo

La provincia de Buenos Aires ha elegido al Citibank para realizar el canje de su deuda en default, que alcanza a 2.900 millones de dólares. Se trata de una pequeña parte de la deuda provincial: su principal acreedor, con el 65% de la deuda, es el Estado nacional. El Citi fue elegido aún antes de saberse las características que tendrá el canje; en realidad, será el propio banco el que deberá diseñarlo. Como el Citi ya se desempeña como “asesor financiero” de la provincia, su negocio es completo: cobra comisiones por colocar la deuda y luego cobra comisiones por canjearla. El canje significa la etapa final del salvataje de un conjunto de pulpos provinciales. Es que la deuda provincial tiene su origen en traspaso de las deudas al Estado por parte del Banco Provincia. La cartera de incobrables del Bapro era, simplemente, el listado de los grandes capitalistas de la provincia. Si el canje es “exitoso”, según las propias fuentes provinciales, en 2008 Buenos Aires destinará el 23% de sus ingresos al pago de la deuda ( La Nación , 9/2), este compromiso de pago garantiza la miseria salarial de los empleados públicos, docentes y jubilados provinciales y la destrucción de la educación y la salud pública por varias décadas.

La huelga de los trabajadores de Metrovías, que conmocionó a la ciudad, culminó en un resonante triunfo. No sólo por el monto del aumento salarial (ver recuadro), sino también por la repercusión política para el conjunto del movimiento obrero. Métodos Prevalecieron los métodos clasistas. Las asambleas de base de cada una de las cinco líneas votaban todos los pasos a seguir en el conflicto. Votaron el paro por tiempo indeterminado. El paro fue activo: se formaron piquetes en las cabeceras, no se permitió poner en marcha los trenes con supervisores. El movimiento piquetero contagió con su metodología las luchas de los trabajadores ocupados. Fracasó la política de desgaste del gobierno El gobierno se jugó a una política de desgaste. ‘Operó’ en cada fase para introducir una cuña y dividir al Cuerpo de Delegados. Así logró que la lucha iniciada en diciembre (en las fiestas) se discontinuara, pasando las negociaciones a un cuarto intermedio de más de un mes, para el 18 de enero (en las vacaciones). En enero se jugó a alargar las negociaciones hasta marzo. Pero desde abajo vino el reclamo de no aceptar más dilaciones. La patronal había tenido más de un mes para ‘pensar’. Los obreros votaron en el inicio que no acatarían más ‘conciliaciones obligatorias’. Cuando el escalonamiento de los paros parciales llegó al paro total y se iniciaba el paro por tiempo indeterminado, las asambleas de base y el Cuerpo de Delegados rechazaron una propuesta de levantar las medidas por 24 horas para abrir un camino de negociación o con el pretexto de ‘aflojar’ la tensión con la ‘opinión pública’. Palacios y la burocracia moyanista La burocracia de la UTA no inició la huelga ni movió un dedo en su apoyo. Usó la personería gremial para participar en todas las reuniones ministeriales, a la espera de poder meter la cuchara. Moyano pidió que los obreros no se extralimitaran en sus reclamos. Ante la profundización de la lucha obrera (huelga general por tiempo indeterminado), el gobierno y las patronales tuvieron que ceder. Las simpatías con la huelga iban creciendo entre la población trabajadora. Se multiplicaban las adhesiones de solidaridad y se desarrolló un clima de agitación salarial en el movimiento obrero. Se planificó un operativo político de alto nivel para levantar la huelga. La burocracia dio por levantado el paro, la noche del miércoles, por TV. Las asambleas de base, en cambio, habían reclamado que la UTA lanzara un paro solidario. Palacios cerró el conflicto porque temía que efectivamente los choferes de la UTA se contagiaran. La firma de Palacios, a espaldas del Cuerpo de Delegados, fue repudiada enérgicamente por las Asambleas de Base de todas las líneas y talleres. Los obreros decidieron mantener la huelga general hasta que sus delegados fueran oficialmente notificados de las ofertas patronales, y bajaran con las actas a las cabeceras. Cuando se impuso la reducción de la jornada laboral a 6 horas, la burocracia firmó, a espaldas de los trabajadores y sus delegados, la obligación de hacer una hora extra pagada al 50%. El rechazo de las asambleas y la continuación de la lucha enterró esta maniobra. Lo mismo sucedió cuando la burocracia de Palacios firmó la aceptación de las máquinas expendedoras de pasajes, que reemplazarían a los boleteros. Las asambleas y la huelga obligaron a romper esas actas. Con esa experiencia a cuestas, las asambleas obreras recibieron a los representantes burocráticos a los gritos y votaron mantener el paro. En la primera ‘acta’ (hoja) que la burocracia acercó en la madrugada del jueves, no figuraba el pago de los jornales caídos en la huelga, ni el retroactivo al 1º de enero. Las asambleas reclamaron a viva voz que figuraran estas conquistas. En el acta final que aprobaron las asambleas el jueves por la tarde, estos reclamaron habían sido incorporados. La patronal había planteado una cláusula de ‘paz social’ por dos años. También la introducción de 76 máquinas expendedoras. Ambos planteos fueron totalmente rechazados. En lugar de ‘paz social’, el acta habilita a reabrir el reclamo salarial en caso de un aumento del costo de vida. “Para Palacios que lo mira por TV”, era el canto desafiante de los trabajadores en las asambleas que decidieron levantar la huelga, casi 24 horas después. Palacios fracasó en su objetivo de neutralizar al Cuerpo de Delegados.

Estimados compañeros: Enviamos este artículo contando la actividad de movilización y denuncia de los mercantiles de Rosario, el sábado 12 de febrero. Rogamos difundir. Fraternalmente, Carlos Ghioldi, C.D. de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario. El día sábado 12 de febrero desde la mañana, grupos de delegados, militantes y activistas mercantiles convocados y movilizados por la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, se instalaron en las puertas de seis establecimientos de cuatro empresas que operan en la región, denunciando por medio de volantes, afiches y agitación las condiciones laborales que las patronales imponen a los trabajadores en esas cadenas de supermercados. En la cadena Carrefour se denunció la utilización de empleados de agencias eventuales para la realización de tareas normales y habituales, exigiendo su inmediata efectivización como personal de la firma. En el hipermercado Libertad se denunció la utilización fraudulenta de personal inscripto para tareas por cuatro horas diarias (24 horas semanales) que es utilizado para jornadas de 12 ó 14 horas. Además del no reconocimiento de categorías del convenio mercantil o falta de entrega de ropa de trabajo. En los supermercados Coto se denunció la implementación de un “banco de horas”, por medio del cual se deja sin efecto la jornada laboral de ocho horas diarias procediendo a flexibilizarla de acuerdo a la conveniencia de los jefes y la empresa. Además se exigió la terminación de la utilización fraudulenta del “período de pruebas” para tomar personal y tenerlo sin respetarle ningún derecho y despedirlo un día antes de que cumpla los tres meses... Recordemos que este articulado de la Ley de Contrato de Trabajo fue incorporado por el gobierno de Menem y mantenido por el actual gobierno de Kirchner. En los supermercados La Gallega se denunció una vez más la utilización fraudulenta de pasantes, llegando a poseer el 40 ó 50% del personal mediante esta modalidad de contratación que perjudica a los trabajadores. En todos estos casos se denunció también la tolerancia demostrada por las autoridades con estas estafas y abusos contra los empleados de los supermercados. No son estos los únicos casos, pero tal vez sean algunos de los más emblemáticos de los atropellos y abusos impuestos por las patronales. Esta actividad de movilización y denuncia realizada por los delegados y activistas de la Secretaría General y la Comisión de Acción Gremial de la organización sindical, se inscribe en el marco de la campaña sostenida por el gremio mercantil a favor de luchar por aumento en los salarios pero sin ceder derechos o condiciones laborales. Por eso junto a estos reclamos se convoca a los compañeros mercantiles a organizarse junto al gremio para luchar por aumento de salarios , por el respeto a los derechos como descanso dominical y la jornada laboral de 8 horas , así como también por la organización entre los mercantiles para poder enfrentar los abusos y atropellos patronales por medio de la movilización unitaria de los trabajadores.

Juan Carlos Blumberg expresó inicialmente su rechazo a la ley que modifica el Código Penal. Amenazó, incluso, con una movilización, pero desistió de ella rápidamente. ¿Qué pasó? Según todas las informaciones, en una reunión con Kirchner y ‘los Fernández’, pactó introducirle ciertas modificaciones. El problema es que la ley ya tiene vigencia para todas las causas que el gobierno quiere amnistiar por vía de la prescripción. Los diarios han destacado que Blumberg actúa de hecho como un funcionario sin cartera o como un legislador sin banca. La relación que une a Blumberg con el gobierno está muy aceitada. Regularmente, realiza reuniones con el jefe de Gabinete, con el ministro del Interior y hasta con el propio Presidente para modificar leyes o dictar normas que hacen al funcionamiento de las fuerzas de seguridad. Según varias fuentes, Blumberg tendría poder de veto sobre varias áreas del gobierno. Podemos afirmar, entonces, que Blumberg ha sido cooptado por Kirchner, aunque quizás sea más correcto señalar que Kirchner ha sido cooptado por el empresario textil. Habrá que investigar también cuál es el presupuesto asignado a este funcionario sin cartera.

“Esta semana fui a hacerme una audiometría por intermedio de mi obra social con el fin de poder tomar los recaudos necesarios para evitar la pérdida completa de la audición. La respuesta que me dieron los médicos fue que sólo podían hacerme unos tapones a medida para los oídos, pero éstos sólo me pueden resguardar el 20% de la audición, dado que además del ruido lo que más afecta son las vibraciones del tren, con lo cual si sigo trabajando acá hasta jubilarme estoy condenada a quedarme sorda. Esto hace primordial la lucha por reducir la edad necesaria para jubilarnos para no quedarnos completamente sordos.”

Las elecciones del 27 de febrero no contarán con la participación de Juárez y Zavalía. La Intervención federal se vale de esto para plantear que en Santiago se están produciendo cambios históricos. Pero la realidad marca la cruda confirmación de lo que el Partido Obrero denunció desde un principio: la Intervención de Lanusse y Kirchner vino a Santiago a dejar en pie un juarismo sin Juárez. Dicho sea de paso, no sólo Juárez tiene sustitutos; Zamora ha suplantado a Zavalía a la cabeza de la Intendencia capitalina y del aparato de la UCR. La cuestión campesina La situación paupérrima del campesinado no ha cambiado en nada, incluso ha empeorado. Continúa la dictadura de los terratenientes, quienes con sus “guardias blancas” (mercenarios parapoliciales) asedian a los pequeños campesinos, que sufren la confiscación de las tierras y del agua. Igual que Juárez, la Intervención de los “nacionales y populares” gobierna para los terratenientes. La mafia Ick Bajo la Intervención federal, la mafia de Ick sigue en el poder. El grupo Ick sigue controlando, a través del Banco de Santiago, hasta el último centavo del presupuesto estatal. Ick mantiene la propiedad de Edese y Aguas de Santiago, que le fueron entregadas de manera fraudulenta (con el voto en la Legislatura no sólo de los juaristas, sino también de Zamora y los radicales). Con el cobro de altísimas tarifas, el grupo Ick mantiene a la población privada de estos servicios. En el caso del agua, incluso los que pagan sufren el corte del servicio, a causa de la falta de mantenimiento e inversión. Todo esto quedó particularmente claro con la crisis de Quimilí y Tintina. Igual que Juárez, la Intervención de Lanusse y Kirchner gobierna para Ick. La mafia política Para continuar con el dominio de los terratenientes y el grupo Ick, el gobierno de Lanusse continúa sosteniendo la mafia política. La Intervención financia alevosamente el aparato del Partido Justicialista, a través de la coparticipación y los subsidios, desviados por los intendentes y comisionados municipales con la venia del interventor y sus ministros (esto quedó al descubierto en el escándalo que derivó en el reemplazo del ministro de Gobierno Gurzi). Los intendentes y comisionados son los intendentes y comisionados del juarismo, que ahora integran la lista de “Pepe” Figueroa. El radical Zamora mantiene la boca cerrada sobre este tema porque su Intendencia es la que más cantidad de recursos estatales puede desviar hacia la campaña electoral. Igual que Juárez, la Intervención de los “transparentes” gobierna a través de las mafias políticas. Los distintos candidatos La fórmula Figueroa-Salim es el resultado de un pacto de la Intervención de Lanusse y Kirchner con el mafioso Ick. Figueroa ha sido y sigue siendo rabiosamente menemista, llegando a poner sus tierras en la Cordillera como garantía para que Menem vuelva al país. Zamora, intendente de la ciudad capital, está haciendo campaña en torno a “recuperar la cultura del trabajo”, lo que no significa que vaya a crear trabajo genuino, sino poner a trabajar en negro a los Jefes y Jefas en fincas, fábricas y obras por 150 pesos, sin obra social, sin jubilación, como ha explicado en sus discursos. Zamora también ha anunciado que dejará sin presupuesto a la salud pública, con su plan de “descentralización” hospitalaria, que ya ha fracasado en todo el país. Aunque mueren por intentar diferenciarse, las propuestas de Zamora son muy similares a las de Chabay Ruiz (ambos son vasallos de Ick). Chabay propuso recientemente en el Colegio de Médicos la liquidación de la salud pública, subsidiando a los capitalistas para que lucren con la salud popular. Con respecto a los planes sociales, Chabay propone que la “contraprestación” se cumpla durante siete horas en empresas privadas, en cuyo caso el monto lo subirán a 300 pesos (que pagará el Estado). Los trabajadores deberán contentarse con un mini-salario en negro. La Intervención nos deja un panorama en el cual todos los candidatos con posibilidades son empleados de Ick y los terratenientes. La vigencia de la rebelión popular. La resaca El gobierno entrante deberá enfrentar todos los elementos de la crisis de fondo que hicieran colapsar al matrimonio Juárez. Como agravante, la Cámara de Diputados, al ser elegida por el sistema proporcional D’Hont, estará completamente fragmentada. El Ejecutivo entrante se verá obligado a regimentar a la tropa legislativa con el viejo método de los sobres y la Banelco. El gobierno que asuma (Figueroa o Zamora) tendrá a su favor una avalancha de recursos financieros (más de 700 millones de pesos en el Banco, 1.700 millones de presupuesto, con una deuda pública de 400 millones) y el aire que pueda otorgarle el resultado electoral. Pero el “excedente” presupuestario contrasta con la realidad miserable de las masas santiagueñas. El año ha comenzado con huelga y movilización en la mayoría de las reparticiones públicas, arrancando un aumento en negro. El sector docente, tradicionalmente combativo en la provincia, ya amenaza con no comenzar las clases. La burocracia ha logrado mantener hasta ahora a raya a las bases, pero el cuadro de situación hace inevitable el surgimiento de distintos conflictos. Zamora, por su parte, ya está haciendo anuncios de que en caso de ganar destinará un gran porcentaje del “superávit” para realizar las inversiones eléctricas que Edese, la compañía de Ick, no realiza. La discusión de fondo es, entonces, si los recursos estatales son controlados por los capitalistas o por los trabajadores. El carácter de la próxima etapa política estará determinado por el nivel de organización que puedan adquirir los trabajadores y los campesinos para ir a fondo en la lucha contra el saqueo capitalista. En Santiago, como en el resto del país, está planteada objetivamente la cuestión de la Alternativa Obrera y Socialista.

“Cada tanto nos cargan en un camión y tenemos que ir a aplaudir a Kirchner.” La frase pertenece a un joven conchabado a 2,50 pesos el metro de zanja para el plan “Agua más Trabajo” en La Matanza. A menudo el Presidente inaugura algún tramo, acompañado por D’Elía y por la CCC. En muchos de los carteles de propaganda de la construcción de la red se lee “logro de la CCC”. Muchos punteros de Balestrini están de jefes de las cooperativas, las demás están dirigidas por integrantes de las mencionadas organizaciones piqueteras. La voz de orden para los “pibes nuevos” es: negro de frente march. Los miembros plenos de las cooperativas tienen un status ‘sui generis’: son monotributistas especiales para que no se les caiga el plan Jefes. Es que en los comienzos de estas “cooperativas de trabajo” se produjo una crisis porque al ingresar como monotributistas se les caía el plan. El importe que cobran los cooperativos oscila entre 4 y 5 pesos, depende de la cooperativa, pero siempre por metro de zanja. Estas oscilaciones son demostrativas de un curro de los organizadores de las cooperativas que pueden regular la tarifa de trabajo humano. Los contratados se tienen que llevar su propia pala y pico. La Uocra matancera ha denunciado a las cooperativas kirchnerianas como herramientas contra el convenio y el blanqueo en las obras de la construcción. Es que ni los cooperativos ni los contratados tienen obra social, ni aportes jubilatorios en regla de acuerdo al convenio de la construcción, no están sindicalizados ni tienen libreta de empleo, por lo cual no poseen derechos indemnizatorios. Como se puede apreciar, es trabajo a destajo. “Cuando hay tosca no sacás ni 50 pesos en la semana”, relatan los compañeros. Trabajan, además, mujeres y menores de 13, 14 ó 15 años, algo totalmente impropio y de consecuencias físicas irreversibles. Este paraíso de la flexibilidad laboral no lo soñaron ni los mismísimos Techint o Benito Roggio, pero ahora ya lo acarician, por eso están detrás de la eliminación de los planes de empleo. Para no quedarse atrás de las cooperativas de trabajo “solidarias” de la Alicia Kirchner. Las cooperativas de “trabajo” (no de producción) están prohibidas por el derecho laboral, son una estafa que encubre la relación de dependencia. El Soip logró 27 dictámenes de fraude laboral (tal la denominación técnica) en el puerto de Mar del Plata, realidad común a los puertos del sur, bien conocidos por Kirchner. Él sabe de lo que habla cuando dice que la salida a la desocupación son las cooperativas de trabajo: se trata de llevar al extremo la flexibilidad y el trabajo en negro. Pero con el barniz cooperativo que permite cooptar organizaciones piqueteras, intermedias, ONGs y punteros de diversa calaña, encargados de la gestión que deja el “vuelto” a la capa dirigente. Cooperativas similares son las que se forman para el programa Techo y Trabajo, de viviendas. No se trata tampoco de autoconstrucción, porque los adjudicatarios de las casas no coinciden necesariamente con los constructores. De manera que el tema de las “cooperativas de trabajo” está en el corazón de la política social de cooptación antipiquetera del gobierno nacional. No más de 25.000 personas, a lo sumo 30.000, están empleadas por estos sistemas en todo el país, con fuerte rotación y sobresaltos en los cobros de salarios que oscilan en los 400 ó 500 pesos con el plan incluido. Como se ve, esto es una salida a la “cuestión piquetera”, no a la desocupación de millones de trabajadores. Buscan llevarnos a la autoexplotación y a la connivencia con el trabajo informal. La limitadísima inversión de la red de agua de La Matanza es estatal, pero tampoco es el Estado el constructor. La dirección de obra está en manos de cuatro concesionarios privados que se llevan el bocado del león y están exentos de la “sucia tarea” de contratar el personal. En el futuro la red la administrará, naturalmente, Aguas Argentinas con las tarifas que emerjan de la actual crisis del agua. Las organizaciones vecinales de Matanza abren enormes interrogantes sobre el destino final de la obra del agua, por la contaminación de las napas, por el bajo porte de los caños, etc. Efectivamente, los pozos para barrios enteros los está haciendo el Ejército, que cotizó más bajo que Aguas Argentinas, lógicamente empleando soldados, con tecnología antediluviana. Las asambleas matanceras del Polo Obrero y el Partido Obrero votaron un plan político de denuncia. Una propuesta de organización mediante elección de delegados para elevar los reclamos de los trabajadores contra la dictadura patronal de los punteros que dirigen las obras. Denunciamos que mientras se hacen estas obras truchas con sudor y lágrimas de los compañeros, invirtiendo chirolas, el gobierno lleva pagados 65 millones de dólares al BID de las deudas contraídas por Aguas Argentinas, responsable del total incumplimiento de las obras comprometidas antes y durante el gobierno de Kirchner ( Clarín , 31/1 y 4/2). Levantamos un programa frente a este gravísimo problema: reestatización bajo gestión obrera sin pago de deuda alguna, ningún tarifazo, exención a los desocupados, red de cloacas, obras antiinundación, todas mediante inversión pública y a propuesta y control de las organizaciones populares, sin injerencia privada, mediante contratación de compañeros en blanco con salario equivalente a la canasta familiar, provenientes de bolsas de trabajo bajo control de asambleas de base de las organizaciones vecinales y piqueteras.

-¿Qué balance hacés del conflicto? -Para mí esta lucha es especial, ya que por enfermedad no había podido estar en el conflicto anterior. Era una cuenta pendiente. La verdad, la lucha fue muy positiva. Demostramos de qué forma se obtienen las victorias. Inclusive, en particular, me sorprendió su rápido desenlace, porque pensábamos que iba a ser un conflicto más largo. -¿Influyó la situación política de la Ciudad? -El gobierno de Ibarra casi ni apareció. El de Kirchner sí, e intervino para desactivar el conflicto, porque sino se le venían un montón de luchas salariales encima. -¿Qué papel jugó la UTA? -No hicieron nada diferente a lo que nos tienen acostumbrados. Hicieron lo mismo de siempre, se quisieron robar nuestra bandera, pero esta vez les salió todo mal.

El pasado jueves 10 se realizó un importante acto del Partido Obrero en Peatonal Tucumán y Libertad, frente a la plaza central, con la presencia del compañero Néstor Pitrola. Fueron oradores Nicolás Basualdo (candidato a diputado) y Andrea Ruiz (candidata a gobernadora). Más de 150 compañeros del Polo participaron de forma entusiasta. Se sumaron más de 50 personas independientes. El acto fue la confirmación del desarrollo de la conciencia política de los compañeros del Polo Obrero de Santiago, que están participando activamente en la campaña electoral del Partido Obrero. Están poniendo en pie una organización con la idea clara de su ligazón a un partido de la clase trabajadora. Nuestro objetivo en estas elecciones es dejar consolidado un pujante partido revolucionario y un sólido Polo Obrero. Este objetivo se habrá logrado a partir de una delimitación tajante con respecto a la Intervención “transversal”-duhaldista y la izquierda democratizante. Así seremos protagonistas más decisivos en la próxima etapa política en la provincia.

Todas las declaraciones de los integrantes del gobierno de Kirchner para zafar de la grave denuncia realizada por el juez Garzón sólo han servido para dejar en claro que la verdad está del lado del juez español. Garzón ha señalado en un libro que fue el ministro de Justicia de España quien le informó que el pedido de extradición de los militares argentinos sería rechazado por pedido expreso del presidente Kirchner; Garzón denunció a esto como un nuevo “punto final”. El gobierno argentino ha tratado de negar lo sucedido. La ex canciller española, Ana Palacio, confirmó que Bielsa le solicitó telefónicamente que no soliciten las extradiciones de los militares ( La Nación , 8/2). En función del objetivo de evitar las extradiciones, Kirchner habilitó al peronismo a tratar y aprobar en el Congreso la anulación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Por otro lado, el gobierno mantuvo inalterables los indultos. Frente a la denuncia de Garzón muchos partidos, como el ARI, salieron a criticar el doble discurso del gobierno pero no dicen que formaron parte de la maniobra. En ese momento el PO denunció que la “anulación es un pacto para salvar los indultos y evitar las extradiciones” ( Prensa Obrera Nº 813).

- ¿Cómo se desarrolló el conflicto? –El conflicto, al principio se hizo de a poco, para ver cómo estaba todo, cómo estábamos los trabajadores. Después, entre todos, decidimos hacerlo más largo. La gente estaba muy entusiasmada, nunca nos sentimos tan juntos como compañeros. El logro fue una unión entre todos: los trabajadores de la empresa, trabajadores de otras empresas, compañeros de distintas organizaciones, y la verdad es que no me esperaba el gran triunfo que logramos. – ¿Qué significa para los demás trabajadores del país? –Esto es una puerta que se les abre a todos, para poder luchar como lo hicimos nosotros. Lo que realmente se gana es una miseria, porque las cosas han aumentado diez veces y el sueldo está cada vez más bajo, no alcanza para nada. – ¿Es decir que notás alguna repercusión a pocos días del triunfo? –Espectacular, en el sentido de que ya empezaron otras luchas, como en el ferrocarril ex Sarmiento. – ¿Qué opinas del rol de la UTA? –Bueno, como siempre, no aparecen nunca, y a lo último quieren figurar como que ellos son los que arreglan todo. Demostramos que los que luchamos fuimos nosotros y los que se tuvieron que bajar los pantalones fueron ellos. – ¿Cuáles son las próximas metas? –La próxima meta es la insalubridad, como todos saben, por la que venimos peleando hace mucho tiempo; ya logramos las 6 horas, ahora vamos por la insalubridad, y con justicia; antes teníamos insalubridad, vino esta empresa y nos la sacó, nos sacaron todo. Y la necesitamos, primero, porque uno estando acá abajo se desgasta mucho más que una persona que trabaja al aire libre, y con el tema de la jubilación, uno se jubila diez años antes y tiene diez años más de vida.

En el marco de la campaña electoral, el sector del movimiento campesino vinculado a la Iglesia (Mocase Los Juríes, ONG’s afines), nucleado en torno a la “Mesa Provincial de la Tierra” del Obispado, realizó una ronda de exposición, invitando a todos los candidatos a gobernador. El objetivo del evento era la firma de un “Acta Acuerdo Público” sobre la política agraria a seguir por los candidatos en caso de ser gobierno. El documento fue redactado bajo la expresa supervisión del obispo Maccarone. Su eje es la conformación de un “Instituto de Desarrollo Rural” para integrar al movimiento campesino al Estado capitalista, una especie de Consejo Consultivo magnificado. De más está decir que no se menciona una palabra acerca de la expropiación de los terranientes, en tanto la Iglesia es uno de los mayores latifundistas de la provincia. Participé como disertante por el PO, planteando la expropiación de los grandes terratenientes para repartir la tierra entre quienes la quieran trabajar, con créditos que provengan de la expropiación del Banco de Santiago del Estero bajo control obrero. También propuse la estatización bajo control obrero de los servicios públicos y el monopolio estatal de todos los recursos hídricos bajo control de trabajadores y campesinos, a través de asambleas populares y comités campesinos de bases. Denunciamos la continuidad de las mafias y los negociados entre los grandes terratenientes, los “empresarios”, los gobiernos nacional, provincial y municipal, que hundieron a Santiago en la miseria, robando el agua, apropiándose de tierras. También planteamos el problema ambiental, denunciando a los monopolios sojeros que destruyen el medio ambiente, el suelo, el clima y deforestan, y planteando como salida su expropiación. Hicimos hincapié en la denuncia del intento de reforma constitucional como una operación para maquillar las viejas bases sociales de este régimen. El PO fue el único partido que no firmó el “Acta Acuerdo”, explicando a los campesinos presentes las profundas limitaciones del documento, que no tiene una salida para el campesinado. Nos comprometimos a seguir luchando por la tierra para los campesinos que la quieran trabajar. Al término de la charla-panel, la candidata a vicegobernadora de Izquierda Unida me increpó ofuscada, recriminándonos por nuestra negativa a firmar el Acta. En su exposición, la candidata de IU había manifestado su beneplácito por la eventual reforma constitucional, cuya convocatoria fue comprometida por todos los candidatos patronales. La candidata fue explícita también con lo que entiende Izquierda Unida por reforma agraria: “La reforma constitucional es la reforma agraria”. IU, al referirse a su plataforma para la Justicia, propuso la integración de las ONG’s al proceso de designación de jueces, con poder de impugnación. El Partido Obrero se comprometió a seguir luchando junto a los campesinos por la tierra para todos los que la quieran trabajar.

Interesante . Lo que no pudo nadie, lo pudo el FMI. En efecto, en el único punto que lograron ponerse de acuerdo Solá y Duhalde es en aprobar la parte del presupuesto que permite a la provincia de Buenos Aires ingresar al plan de austeridad fiscal que exige el Fondo Monetario Internacional. En todo el curso de la crisis desatada en el peronismo y la Legislatura bonaerense hubo una coincidencia que nunca fue violada: hay que preservar el ‘canje’. Lo repitieron los diarios hasta el cansancio. Los papeles de una deuda financiera volvieron a ser convertidos, en la provincia y en el país, en la base de ‘las instituciones’ de la República. Fue así desde Rivadavia, por su lado, y la Sala de Representantes de Buenos Aires, en su competencia, por 1820. Esto vuelve a probar que los nacionales y populares “son como los gatos”: gritan, cuidando no joder el pago de la deuda. Otra cosa que tampoco jodieron fue la designación del Citibank para organizar el canje de la deuda bonaerense. En esto jodieron menos que en nada porque ese canje terminará de borrar las huellas del origen de la deuda provincial, que fue la estatización de los créditos incobrables del Banco Provincia con los Gualtieri, los Macri, Fortabat y toda la ralea. La parálisis de la Legislatura y del gobierno de la provincia de Buenos Aires como resultado de la disputa del peronismo prueba lo contrario de lo que sostienen los politicólogos argentinos y algunos extranjeros, o sea que el peronismo es incapaz de gobernar el país. Entre el gobernador que quiere superpoderes y la Legislatura que quiere su caja negra, el sector más importante del peronismo argentino está mostrando a la vista de quien lo quiera ver una descomposición imparable. La situación es todavía más grave en los numerosos municipios del distrito. Sin embargo, el imperialismo y la burguesía nativa no tienen otro instrumento de gobierno. Por eso Kirchner está empeñado en pactar una lista de candidaturas con Duhalde; los choques de Solá con el duhaldismo apuntan a allanar el camino. El inmovilismo estatal en la provincia se enfrenta a una desintegración cada vez mayor de las condiciones sociales del pueblo y a rebeliones populares esporádicas y locales pero crecientes (desde las puebladas contra Aguas hasta las que reclaman la gestión obrera de Gatic). El territorio bonaerense es el escenario donde resulta más claro que el nacionalismo patronal está agotado y que la alternativa sólo puede ser obrera y socialista. Si no media un derrumbe de la gestión de Lavagna, o sea de la política económica, el desenlace del conflicto peronista en curso será un pacto de características mafiosas entre el kirchnerismo y el duhaldismo. Debe ser obligadamente así porque la política peronista bonaerense se asienta en negocios de esas características. La oposición patronal al peronismo no existe; la mejor prueba de ello es que los esfuerzos de López Murphy por ganarse al grupo Olavarría, de intendentes del radicalismo, culminó con la adhesión de éste a Solá. El panorama político bonaerense se encuentra totalmente atomizado: de un lado, las trenzas que vagan por afuera del PJ; del otro, las que tratan de sobrevivir adentro. El peronismo no se ha recuperado de la gestión del menemismo. Por eso cuando cayó De la Rúa tuvo que ensayar a varios presidentes hasta poner la banda a uno que tuvo que renunciar, él también, en forma anticipada. Todo indicaría que las elecciones de octubre tampoco servirán para superar esta situación. La bancarrota de 2001 no fue solamente económica y la política no tenía que ver para nada con los radicales, que sólo fueron culpables de seguir la política de los Menem y Cavallo, enarbolando la bandera rosa del progresismo conservador. El Partido Obrero denuncia el callejón sin salida que representa el peronismo y denuncia, por sobre todo, la incapacidad de los kirchneristas, que buscan la alternativa del pacto mafioso como salida de gobierno. En oposición a este derrumbe llamamos a desarrollar una alternativa obrera y socialista.

Los trabajadores de Metrovías obtuvieron un aumento en el salario básico conformado del 19%. Hay que considerar, sin embargo, que se suman a este básico los 100 pesos que otorgó el gobierno a todos los trabajadores de las empresas privadas, con vigencia desde el 1º de enero, cuando el reclamo de aumento salarial de los compañeros de Metrovías ya había sido elevado a la patronal. Dependiendo del nivel del salario básico de cada categoría, el incremento real del básico oscila entre el 25% para las mejor remuneradas y un 35% para las inferiores. Lo que modifica marcadamente esos porcentajes, en beneficio de los trabajadores, es que el monto por antigüedad pasa, de un modo general, de 2,50 a 19,20 pesos por año. Como se estima el promedio de la antigüedad en diez años, el incremento por este concepto sería de 170 pesos. En síntesis, para un trabajador de talleres con 10 años de antigüedad, el salario pasaría de 1.150 a 1.652 pesos, lo cual representa un 44% (de acuerdo a otra estimación, según lo cual, la antigüedad promedio sería de 4 años, el aumento es del 35%). Pero incluso después de esta conquista, el trabajador de Metrovías (en promedio) no consigue llegar, con su básico más la antigüedad, al costo de la canasta familiar, que es de 1.750 pesos. Para los detractores y enemigos del movimiento obrero se puede decir algo más: ese salario promedio representa 500 dólares, o sea que está por debajo de los salarios anteriores a la devaluación. Lo mismo ocurre si lo comparamos en términos de poder adquisitivo, porque representa unos 700 pesos del 2001. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que los salarios de los trabajadores de Metrovías fueron congelados durante todo el período de la convertibilidad, lo que significó una caída del poder adquisitivo del 30-40%. Si consideramos, a su vez, que los trabajadores nunca recuperaron el nivel de salarios anterior a la hiperinflación de Alfonsín (1989) y de Menem (1991), la victoria obrera en Metrovías implica, en términos históricos, el comienzo de una reconquista del valor de la fuerza de trabajo.

La opinión pública ha sido sorprendida por la revelación del juez español Baltazar Garzón en el sentido de que funcionarios de esta gestión de gobierno frustraron mediante maniobras la extradición de los militares acusados por delitos de terrorismo de Estado y genocidio para que no pudiesen ser sometidos a la Justicia. Es que desde su asunción, el doctor Kirchner hizo en sus discursos profesión de fe de defender los derechos humanos y de remediar haciendo justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos. Cualquiera que lo hubiese escuchado habría creído que los interminables tiempos y formulismos obstaculizantes judiciales se acelerarían, y que la Secretaría de Derechos Humanos con el doctor Duhalde a la cabeza tendría una actitud consecuente. Pero no fue así. Nuevamente el doble discurso de siempre del peronismo. Por un lado el líder le dice a la población lo que anhela escuchar y por otro la segunda línea continúa eficientemente con la vieja práctica de proteger a los enemigos del pueblo. Personalmente vengo desde hace muchos años manteniendo un litigio judicial con el Ejército por el accionar que todos conocemos y condenamos y del cual fui un damnificado más. Empecé a litigar con Alfonsín y desde entonces y hasta el presente continúa mi lucha contra la máquina de impedir montada por los servicios y que Kirchner no ha desarmado. Si la real voluntad política de Kirchner es la defensa de los derechos humanos como dice, esta crisis es una oportunidad extraordinaria para rendir la asignatura pendiente.

Con excepción del propio Ibarra, ninguna fuerza política de relevancia en la ciudad comprometió sus fuerzas para reunir las 520.000 firmas que requiere la convocatoria al plebiscito. Incluso, los que procuran que Ibarra no se desmorone de cara a la movilización popular –es decir, los Duhalde y los Kirchner– quedarían obligados en el plebiscito a votar por Ibarra, y recelan por lo tanto de su convocatoria. ¿Quién juntará, entonces, las 520.000 firmas necesarias? El propio Ibarra, es decir, su gobierno y sus partidarios, lo cual está prohibido por la Constitución. Pero, estrictamente, Ibarra tampoco los tiene: su partido, el Frente Grande, está virtualmente disuelto, después de casi una década de gobernar –“desde el progresismo”– para el gran capital. La coalición política que lo sostiene está integrada por las fuerzas que participan del Encuentro de Rosario, que tampoco aportan nada: es el caso del PI, o de un Partido Socialista dividido y cuestionado, precisamente, por su integración sin escrúpulos al Gobierno porteño. Nuevamente, ¿quién reunirá las firmas? El recurso de colocar empleados públicos o pasantes resultaría bochornoso. Pero Ibarra ha recurrido a un atajo que no es muy diferente: las firmas serían reunidas por “un centenar de organizaciones no gubernamentales”. Se trata, esencialmente, del arco político que semanas atrás salió a denunciar un “golpe institucional de la derecha” contra Ibarra, apenas días después de que Ibarra cooptara a “la derecha” a su gobierno. El “arco” de las ONGs ibarristas es “amplio” y, a la vez, revelador. En ellas, revistan los dirigentes de la “Coordinadora de Villas”, como Guillermo Villar, titular de la Mutual “Flor de Ceibo” y principal mercachifle de casas, terrenos y vidas humanas en la Villa 21. El resto de los dirigentes de la Coordinadora son la “crema” de la burocracia villera, que juega idéntico papel en el resto de la ciudad. Luego, aparecen las (ex) asambleas populares que fueron compradas por el gobierno, y cuyos dirigentes se han transformado en gerenciadores de microemprendimientos, donde los desocupados son sometidos a la peor explotación. El presupuesto de la Ciudad nunca alcanza para abordar las necesidades urgentes de los hospitales, de las escuelas, de la seguridad para los jóvenes y vecinos. Pero la plata “sobra”, siempre, para la corrupción y cooptación de los movimientos que organizan las víctimas de la miseria social generada desde el Estado. Con subsidios y propuestas de mediación, Ibarra –y por supuesto Kirchner– se han lanzado a este mismo trabajo sobre las víctimas de Cromañón. La campaña por el plebiscito es el capítulo más aberrante de este trabajo de estatización de los “movimientos sociales”. En pos de su maniobra plebiscitaria, Ibarra echa mano sin reservas del presupuesto porteño.

El MTL-PC, el 20 de diciembre, a tres años de la rebelión popular del 19 y 20, se autoexcluyó del Bloque Piquetero Nacional para marchar con un grupo de organizaciones semioficialistas, entre ellas el MTR orientado por Roberto Martino y la OLP (R. Perdía)... primero al Ministerio de Trabajo mientras el conjunto de columnas organizadas unitariamente lo hacían desde el Congreso a Plaza de Mayo. Se trató de una de las mayores movilizaciones políticas de 2004, reivindicando el 19 y 20 desde un acto de lucha contra el gobierno de Kirchner, por la libertad de sus presos, contra el canje y el pago de la deuda externa y su pacto con el FMI y contra el eje latinoamericano de gobiernos seudonacionalistas y seudoizquierdistas que enviaron y refuerzan las tropas en Haití cubriendo las espaldas del imperialismo yanqui frente a la rebelión popular en una nación hermana. Así lo expresó el documento político y las consignas del acto, que aglutinó a piqueteros, representantes clasistas y de lucha de las grandes huelgas de la etapa y congregó alrededor de 40.000 personas. De la gran lucha política por este acto y por sus definiciones en la que fue protagonista todo el Bloque Piquetero Nacional, constituyendo luego la mayor columna organizada, no participaron los dirigentes del MTL-PC que, al mismo tiempo, dejaron de participar sin aviso de las reuniones de su Mesa Nacional hasta la fecha. Después de compartir seis ANT con centenares de delegados del MTL, donde las posiciones políticas expresadas en la última ANT han derivado en la división del MTL que en su mayoría permanecen en el Bloque Piquetero y en la ANT, la dirección del MTL-PC, ante los reiterados requerimientos, anunció telefónicamente su ruptura debido a los “hegemonismos” al interior del Bloque. No escapa a esta mesa que el PC impulsó reiteradamente un centro coordinador distinto de la ANT, centrado en la CTA, aun en el período inmediato al apoyo de esa central a la ley laboral sustituta, aun cuando muchos de sus dirigentes integran el frente kirchnerista y cuando esa central ha estado de espaldas como nunca a las grandes luchas obreras y piqueteras contra este gobierno. Hace unos días, el 23º Congreso del PC resolvió “impulsar otra hegemonía en el movimiento piquetero” “contra los sectarismos obreristas”. “Un nuevo sistema de alianzas en el movimiento piquetero acorde con objetivos de carácter más integral” dictados, no tan sólo por considerar a la CTA la central alternativa, sino por sobre todo integrado al Encuentro de Rosario. En él la “nueva hegemonía” es la del aliancista Binner, el banquero Carlos Heller, la Stolbizer de la UCR y Víctor De Gennaro, entre otros. El PC se ha puesto de espaldas al presunto “sectarismo” de las seis ANT, para rescatar en su congreso la “amplitud popular” del Frente Grande, el Frepaso del Chacho Alvarez y especialmente el Frenapo que estuvo en la vereda de enfrente del 19 y 20 de diciembre. Se empeñan en reconstruir la centroizquierda que nos trajo a De la Rúa. Con este viraje los compañeros del MTL-PC dejarán el campo de lucha por un gobierno de los trabajadores y el pueblo que formuló la ANT para formar parte del eje político de los gobiernos latinoamericanos como Lula y el FA uruguayo, que pagan las deudas del FMI, sostienen las privatizaciones, flexibilizan y atacan el salario mediante los ajustes y envían sus tropas a Haití junto con Kirchner. El Encuentro de Rosario se coloca dentro de los que “presionan” a Kirchner con los transversales o desde los propios despachos oficiales. Las fuerzas del Encuentro de Rosario son sostenes del ibarrismo frente al movimiento popular por su renuncia como responsable máximo de la masacre de Cromañón, del curro y del negociado capitalista que puso al descubierto. Con esta decisión del PC, los piqueteros del MTL-PC han perdido su propia hegemonía, la que deriva de actuar de igual a igual con su pares de organizaciones obreras, piqueteras, sociales, de izquierda y de lucha contra la represión, como tuvieron oportunidad de actuar en el Bloque Piquetero Nacional y sus seis ANT, en todas las grandes luchas del período desde el 19 y 20 de diciembre de 2001. El nuevo Consejo Consultivo de la Alicia Kichner, al igual que el Consejo Económico Social que se impulsa con la CGT y la Unión industrial, marcan el intento de lograr un taparrabos del ataque contra los desocupados y contra todos los trabajadores, de una reconversión laboral capitalista para eliminar las conquistas del movimiento piquetero y arrojar a los compañeros a los brazos de la explotación negrera, como lo viene reclamando la Sociedad Rural, la Cámara Argentina de la Construcción, la jerarquía eclesiástica, el Banco Mundial y la burguesía en su conjunto. El Bloque Piquetero Nacional está llamando a todo el movimiento piquetero a la unidad de lucha contra esta política, a una intervención común para defender el terreno conquistado y luchar por el reparto de las horas de trabajo y la reducción de la jornada laboral a 6 horas, por un seguro para todos los desocupados del 80% del salario mínimo, por una bolsa de trabajo para la incorporación de los compañeros a obras públicas masivas bajo control de obreros y piqueteros, por la gestión obrera de toda fábrica que cierre o despida. Llamamos a toda la militancia del MTL-PC a discutir esta resolución y participar de la séptima ANT.

Con la tapa de “Culpables”, de Prensa Obrera Nº 885, llegamos a vender 302 prensas. Si tuviéramos que trazar un balance de cómo logramos este objetivo, sin duda el método de colocar como primer punto en las reuniones de comité la colocación del periódico. Ha permitido que los equipos armaran su actividad en torno del periódico, lo mismo ocurre con los compañeros del Polo Obrero, cerca del 40% de la venta está colocada en los proyectos, es decir, de conjunto, la prensa es nuestra tomografía, de cómo estamos militando, incluso en las marchas la preocupación por armar equipos de venta nos ha dado buenos resultados (ver Prensa Obrera Nº 886, Viviana Harych, Balance marcha 20 diciembre). Por delante nos queda estabilizarnos en esta cifra y armar mesas de agitación, es decir mesa, bandera, libros, en cada lugar en donde llegamos con este periódico, para facilitar que los compañeros del Partido y del Polo de los barrios como Parque San Lorenzo, La Paloma, Las Tunas, Benavídez, Los Troncos, Maquinista Savio, Bancalari, Garín, y Escobar continuemos difundiendo Prensa Obrera .