Prensa Obrera N° 751

El Bloque Piquetero protagonizó un piquetazo en Lanús, el martes 16, cuando 350 compañeros cortaron la ruta provincial frente a la Intendencia, desde las 10 de la mañana, en reclamo de la efectivización de 750 puestos de trabajo comprometidos en enero y febrero. Se vivieron momentos de gran tensión, por la presencia de matones de la Intendencia ("simpatizantes", al decir del intendente), tensión que creció con la llegada de la Guardia de Infantería. Frente a los piqueteros, se armaron dos "filas de combate", una de uniforme, la otra de civil. Pero la movilización piquetera también creció. Los compañeros del MTD, que cortaban Condarco, a la entrada de Monte Chingolo, marcharon a la Intendencia. Así, la movilización creció a casi 500 compañeros. Los manifestantes, con palos y piedras, se preparaban para una eventual represión, que llegó de la mano de una provocación. La policía que cortaba el tránsito, dejó pasar la moto de un guardia del Servicio Penitenciario que arremetió contra el piquete, atropelló compañeros y se "defendió" disparando cuatro balazos con el arma reglamentaria. Hirió a dos compañeros, uno de ellos de gravedad: Juan Arredondo, del MTD, con perforación pulmonar. La represión inmediata salvó al provocador, aunque no a su moto, que fue incendiada. Pero la represión no desbandó a los piqueteros, que se mantuvieron firmes. Triunfo y perspectivas La Mesa Nacional del Bloque Piquetero exigió la presencia del secretario de Empleo provincial y del propio Quindimil. Después de rechazar las maniobras incriminatorias de un fiscal y de un jugoso intercambio político (ver aparte), se labró un acta en la que la Provincia y la Municipalidad se comprometen a efectivizar el pago a todos los compañeros inscriptos. Un gran triunfo. El Bloque, siempre en lucha, volvió a imponer las reivindicaciones, como ya lo había hecho en Mar del Plata y Lomas de Zamora. El Consejo Consultivo se hundió y se unificaron las luchas de dos sectores piqueteros decisivos de la zona sur: el Bloque y la Aníbal Verón. Esta confluencia tendrá otro capítulo en la manifestación programada para el lunes 22, a las 11 horas, en Lanús, para exigir la investigación y el castigo por la provocación y, luego, en el 1º de Mayo. Tambalea la tregua de la burocracia sindical y tambalea el gobierno. Se abre una nueva fase de la lucha de clases, con manifiestas tendencias a la huelga general. Hay que transformar el 1º de Mayo en un escalón fundamental en el camino a la huelga general. Quindimil "explica" la crisis del PJ El triunfo piquetero en Lanús no llegó solo. Antes de firmar el acta, Quindimil "explicó" extensamente la crisis del PJ y del régimen en su conjunto. Sugirió el armado de una "cama" por parte del gobierno provincial; acusó a Otacehé (vice del PJ provincial y viceministro de Interior) de querer desplazarlo de la presidencia del Comité Provincial del PJ; sugirió incluso que su propio secretario de Acción Social, que no pagó en tiempo y forma los planes, podría estar comprometido en las maniobras contra él. Hasta se declaró al borde de la renuncia.

Las marchas fueron arrancadas por la presión de la base y el activismo, que votaron marchar a pie hasta La Plata ante la negativa de la directiva de ATE a poner micros. Después de una asamblea muy combativa, 500 compañeros caminaron los 9 kilómetros que van de Ensenada a La Plata. El miércoles 17 marcharon mil compañeros, que fueron brutalmente reprimidos. Los trabajadores enfrentaron a la policía y resistieron la represión. Allí perdió un ojo el compañero Amarilla. Al día siguiente, 1.500 compañeros volvieron a marchar a una gobernación rodeada por 400 efectivos, para repudiar la represión, exigir el pago de los salarios y la deuda y reclamar el paro provincial que ATE sigue postergando indefinidamente. El plan de lucha del Astillero enfrenta el ajuste presupuestario de Solá, que ha provocado la renuncia de su presidente, que denunció que "este recorte sólo cierra con despidos masivos" (Diario Hoy, de La Plata, 8/4). Un segundo aspecto del plan de lucha es la oposición de la masa de la fábrica a la "regionalización" impulsada por Solá y apoyada por las dos fracciones de la burocracia de ATE (la duhaldista que dirige ATE Ensenada y la degenarista de ATE Provincia). La "regionalización" no es ni más ni menos que la entrega de la fábrica a las intendencias de Berisso y Ensenada, es decir, su municipalización. Es el paso previo a la definitiva privatización del Astillero. La burocracia de ATE plantea formar "comisiones de control de la regionalización", que no son otra cosa que su integración al curro de los intendentes. Para que el Astillero funcione, hay que ponerlo en marcha bajo el control de los trabajadores, incluyendo el control del presupuesto para garantizar el pago de los sueldos y de la deuda salarial, y que no se despida a un solo trabajador. Las movilizaciones del Astillero evidencian el rechazo de una vanguardia obrera a la dirección de ATE Ensenada, atada de pies y manos a Duhalde y Solá. Desde que Duhalde llegó a la Rosada, levantaron todas las marchas y rompieron la intergremial que reunía a organizaciones sindicales, de desocupados, autoconvocados de los ministerios y distintas organizaciones, entre ellas, el Polo Obrero. Ni siquiera llaman a un paro aislado, para no romper su tregua con Solá. Está planteada una campaña por la huelga general y la asamblea general de los estatales, uniendo a los obreros del Astillero con los trabajadores de los ministerios y la formación de un comité de huelga electo y responsable ante la asamblea.

El 8 de abril, 150 piqueteros de Tigre (organizados por el Polo Obrero y el MTR) marchamos por el centro de General Pacheco, cortamos el Puente de Pacheco (algo que no sucedía desde hace doce años) y luego nos movilizamos a la Delegación municipal. Allí logramos que el Municipio acepte a nuestros empadronados y, lo más importante, que se habiliten horarios especiales en las delegaciones para recibir a los compañeros organizados en cada Comisión Barrial y los proyectos elaborados por nuestras organizaciones. En esta movilización participó la recientemente formada Comisión de Desocupados del Barrio Los Troncos, que junto con las de La Paloma, Las Tunas y Benavídez forma parte de la Coordinadora de Desocupados de Tigre-Polo Obrero. Al mismo tiempo, el Polo Obrero está desarrollando un trabajo de empadronamiento en la Villa San Pablo, en el Talar, para formar, también allí, una Comisión barrial de desocupados.

La convocatoria de la flamante Comisión Directiva del Pescado es un punto de referencia para todo el movimiento popular marplatense. Es que además de levantar su propio programa (defensa de las 8 horas, aumento salarial de emergencia y cese del trabajo en negro) invita a todas las expresiones combativas del movimiento obrero, a las asambleas populares y a las comisiones de desocupados a concurrir con sus propias reivindicaciones. La convocatoria del Soip rescata una tradición de clase ausente en la ciudad y ofrece la oportunidad de comenzar a vertebrar la unidad efectiva de los trabajadores ocupados, desocupados y subocupados. Cuadro político Mar del Plata es actualmente el escenario de poderosos y radicalizados movimientos de ahorristas. La agitación en el movimiento de desocupados no podría ser mayor y los municipales, estatales y portuarios se encuentran al borde de la huelga general. La caída del frenapista Aprile ha instaurado un co-gobierno (UCR-PJ) que tiene pendiente el ajustazo salarial en municipales, un nuevo impuestazo y el boletazo en el transporte. El nuevo frente gobernante ya ha entrado en crisis frente a semejante desafío. El intendente Katz acusa al Concejo Deliberante de bloquear el ajuste (La Capital, 19/4). El presidente del Concejo, Pulti (Acción Marplatense, un agrupamiento con fuertes vinculaciones con Cavallo y Barrionuevo, patrocinado por el multimedios La Capital), está jugando abiertamente a culminar el copamiento del Concejo Deliberante sumando detrás de su candidatura a los más notorios concejales del PJ (Salas ya sería de la partida). Al progreso de este frente de centro-derecha se le opone una fuerte apuesta del Frenapo (con base en la CTA) que ya ha comenzado a reclutar una parte de la UCR. En síntesis: la actual coalición gobernante tiende a disolverse. La crisis económica devino en crisis política abierta. La catástrofe social marplatense reclama una salida inmediata e independiente de las especulaciones electorales de fuerzas políticas fracasadas en el pasado reciente. El Partido Obrero llama a tomar la convocatoria del Soip por parte de todas las organizaciones populares como una instancia de reagrupamiento para preparar nuestra salida a la crisis. Hay que preparar la huelga general, declarar la emergencia política y expulsar a los conspiradores del municipio. Llamamos a luchar por una salida política de conjunto: fuera el gobierno municipal, por una Asamblea Popular Constituyente de General Pueyrredón, y Asambleas Constituyentes en las provincias y el país.

El último martes por la noche casi todos los gobernadores se habían arrimado a Olivos para apoyar la continuidad de Duhalde, evitando de este modo el boicot de Chapadmalal que derribó a Rodríguez Saá. Pero nadie se engaña: luego del fracaso del ultimátum al Congreso para que se votara el plan Bonex, el gobierno de Duhalde ha colapsado. Por de pronto, se ha quedado sin gabinete, lo que no es poca cosa, porque representaba a los grandes capitalistas deudores que impulsaron la devaluación y la pesificación, o sea la licuación o desvalorización de sus deudas. El fracaso del nonato Bonex y del ultimátum al Congreso ha dejado en el aire las de cualquier modo infructuosas negociaciones con el FMI. La Liga de Gobernadores del peronismo ya tiene conciencia de que tendrá que dar paso a una nueva etapa política: sea a la convocatoria inmediata a elecciones o, en su defecto, a un golpe de Estado, si antes el núcleo más importante de ellos logra ponerse de acuerdo con un plan de conjunto. Los derrumbes de los gobiernos de Entre Ríos y San Juan, la pueblada del lunes en Tucumán, y el creciente jaque a De la Sota en Córdoba, están poniendo en evidencia que en ausencia de un recambio nacional, la crisis irá arrasando con los gobiernos de las diferentes provincias. El sanjuanino Avelín, que se enfrenta a una definitiva rebelión popular, se ha decidido a adelantar las elecciones, lo cual para él probablemente ya sea tarde. Para los políticos de turno, la alternativa es cada vez más clara, aunque su realización les resulte cada vez más oscura: o llaman a elecciones o forman un gobierno extraparlamentario que tenga capacidad para enfrentar las crisis provinciales con la intervención federal. El lanzamiento finalmente fallido del plan Bonex puso definitivamente en claro el sentido de la resolución de la Corte que en febrero pasado declaró inconstitucional el corralito: por un lado, ofrecer amparo judicial a los capitalistas que fueron sacando dinero de los bancos durante la vigencia de la retención obligada de los depósitos y, por otro lado, forzar al gobierno a resolver la crisis bancaria con una definitiva expropiación de los ahorristas. Sin embargo, las filtraciones del corralito sólo explican un 20% de las compras de dólares; el 80% restante es resultado de la especulación de banqueros y capitalistas con el dinero que les ha dado el Banco Central en concepto de redescuentos. El Bonex de los banqueros La prensa ha coincidido, sin excepción, en que el plan Bonex fue reclamado por los banqueros y que incluso habría sido redactado por el directorio del HSBC. El plan ofrecía un negociado sin precedentes, incluso para los parámetros de Argentina, porque, de un lado, brindaba a los bancos la posibilidad de hacerse de esos bonos al 20% de su valor o menos aun, y porque lograban, por el otro lado, cobrarse la deuda externa del Estado que tenían en sus carteras, transfiriéndola a los ahorristas bancarios, que se convertían de este modo de acreedores de los bancos en acreedores de un Estado fundido. La concentración de ahorristas frente al Congreso apenas se conoció el envío del proyecto, advirtió a los legisladores que podía haberse iniciado un nuevo 19 de diciembre. El rechazo del Congreso acabó siendo no tanto una defensa de la autonomía parlamentaria como un indisimulado recule ante los peligros en ciernes. Pero el plan falló por muchos motivos adicionales. El gobierno lo transformó en un proyecto ómnibus que incluía la pre-privatización de la banca del Estado y ratificaba la vigencia del coeficiente de reajuste; en este último caso afectando duramente la deuda pesificada de los grandes grupos económicos. Para defender el valor de mercado de los Bonex, algunos legisladores reclamaron que fueran garantizados por los bancos, lo cual obligaba a éstos a cobrar como fuera los préstamos otorgados a los grupos económicos. Sin esa garantía, en cambio, la deuda bancaria de la gran industria habría podido rifarse como se hizo con la deuda de los Soldati y los Gualtieri con el Banco Provincia. Los banqueros, por otro lado, se oponían a ofrecer garantías, pero reclamaban el derecho a cobrar sus créditos a la industria, otorgados con la plata de los ahorristas ahora desplumados, y en caso de quiebra de la industria hacer valer la Ley de Quiebras. El Bonex largó un zorro ciego al gallinero, lo que explica la completa parálisis del conjunto del poder político a partir del lunes a la noche. Los banqueros reclamaban que el Bonex se aplicara a todos los depósitos bancarios; o sea, también a cajas de ahorro y a cuentas corrientes. Esta variante habría secado de pesos al mercado y provocado una deflación capaz de acabar con la mitad del comercio en pocas horas. Si el dinero a la vista no era en cambio afectado, se corría el otro peligro, el de una hiperinflación, porque ese dinero se habría disparado al dólar. La "bonexización" de los depósitos habría reintroducido la dolarización parcial del sistema financiero (los bancos recompran los bonos dolarizados), mientras los pasivos de los bancos seguían pesificados. Si algo faltaba para poner en evidencia que la crisis nacional consiste en un derrumbe de la organización capitalista de la sociedad, el plan Bonex lo dejó inconfundiblemente de manifiesto, con sus idas y vueltas, sus contradicciones insolubles y su potencial de confiscaciones y de caos. Nacional y popular El derrumbe de conjunto de la situación quedó a tal punto al desnudo, que Duhalde habría comenzado a acariciar la idea de aplicar la alternativa "nacional y popular" que le recomiendan Carbonetto, Curia y Ferrer, que consiste básicamente en liberar el corralito y dejar que el dólar se vaya por las nubes y el peso al diablo. El planteo de estos representantes del Polo Social (en realidad, una rama del duhaldismo), e igualmente de los devaluacionistas del ARI, se convierte en lo más parecido a una alquimia cuando para sostener el edificio económico frente al caos hiperinflacionario (y la licuación de deudas) que generaría la liberación del dólar y del corralito, proponen impuestos móviles a las exportaciones e impuestos especiales a las empresas pesificadas, sin admitir la eventualidad de una nacionalización del comercio exterior y de la banca ante el seguro boicot al que recurrirían exportadores y banqueros. Es un planteo atado con alfileres, que se asemeja al del FMI, que también exige liberar todo, incluso con impuestos a los exportadores y a los pesificados, aunque no móviles. Para la corriente "nacional y popular", la crisis argentina obedece a una insuficiencia de la demanda, por eso los atrae (siempre los atrajo) la emisión monetaria. En la caracterización pasan por alto nada menos que la quiebra del Estado, de los principales monopolios capitalistas, de los mercados de capitales y deuda, del sistema financiero y de la moneda. Inyectar moneda en una organización capitalista en completa bancarrota no promueve ninguna demanda productiva sino simplemente la liquidación de todos los quebrados, en primer lugar de los obreros y los desocupados. Daniel Carbonetto ha propuesto también nacionalizar Repsol, lo que no deja de mostrar el nivel de la crisis. Pero para el ex asesor del peruano Alan García (admirado en sus tiempos por Zamora y el MAS, que instaban a seguir su ejemplo) el objetivo de esa nacionalización es obtener recursos rápidos para la caja del Estado, es decir que la nafta deberá seguir cara y a Repsol habrá que indemnizarla para que no se le cierren los mercados de venta a la empresa. El objetivo de una nacionalización sin indemnización debería ser, por el contrario, priorizar el uso del gas y petróleo para sostener una industrialización bajo la dirección de la clase obrera. Asamblea Constituyente Duhalde solamente ha sobrevivido para dar un tiempo a la maquinación de alguna salida política a su colapso: o adelantar elecciones o un golpe. El planteo de Fuera Duhalde se convierte a partir de aquí en parcialmente redundante por lo menos, porque el FMI y la burguesía ya están armando el recambio. El planteo en la izquierda, de que se vaya Duhalde, coincide en el mejor de los casos con el adelantamiento de las elecciones, o sea con una de las variantes de "ellos". Pone al desnudo una tendencia electoralista harto peligrosa para el movimiento de rebelión popular. Por eso, la consigna de un gobierno nacional, provincial y municipal de Asambleas Constituyentes, se ha convertido en piedra de toque y definitorio. Se ha pretendido impugnar el planteo porque no dice quién convoca a la Constituyente, lo cual ignora que la clase y las fuerzas políticas que convoquen a una Constituyente serán aquellas que lideren la lucha por la sustitución del gobierno de los saqueadores por la Constituyente. La única clase que puede convocar consecuentemente a una Constituyente es la clase obrera, pero para ello deberá movilizarse por ese objetivo político, con esa reivindicación. La clase obrera no está todavía en condiciones de dar una salida política, debe todavía conquistar esas condiciones, lo que logrará estableciendo concientemente ese objetivo político. El objetivo debe ser ése y no todavía la dictadura del proletariado (eso significaría un gobierno de trabajadores), porque no existe conciencia aún de la necesidad de sustituir el sufragio universal por el gobierno colectivo de las masas. La mayoría del pueblo que debe ser ganado a la lucha y aún de aquel que ya está luchando, no concibe otra democracia que la que emerge del sufragio universal. Es necesario desarrollar los aspectos progresivos de este prejuicio, luchando por ejemplo por una Asamblea Constituyente soberana que significa la expulsión del gobierno de turno por la acción de las masas y la abolición de hecho de la Constitución vigente, para montar sobre esta base la transición hacia una República de trabajadores. A medida que la crisis plantea desenlaces cada vez más brutales y definitorios, más se pone al rojo vivo la cuestión de la estrategia política.

El jueves 18, el Polo Obrero se movilizó para reclamar la inmediata entrega de bolsones de alimentos, la habilitación de los comedores populares prometidos en anteriores movilizaciones, planes de empleo y el reparto de las horas de trabajo en la mina de Bajo la Alumbrera, que permitiría la creación de 2.000 puestos de trabajo. El principal contingente, que venía del departamento Valle Viejo, fue interceptado por la Policía y la Gendarmería, en un impresionante operativo. Los compañeros continuaron la movilización a pie. Al llegar a la Subsecretaría de Acción Social, cerca del mediodía los funcionarios ya se habían retirado, y habían hecho retirar a todos los empleados, haciendo rodar el rumor de que los compañeros de Valle Viejo se movilizaban "en un camión cargado con armas". En la vereda de la repartición se montó una olla popular y se hizo el "aguante" hasta que aparecieran los funcionarios. En horas de la tarde, y tras una ardua discusión, se arrancó el compromiso de poner en funcionamiento distintos comedores hoy inactivos y entregar materiales de construcción para la refacción de viviendas y una menguada porción de bolsones. En ese momento, la desmesurada guardia policial montó una provocación sobre los manifestantes y los periodistas de los medios locales, que obtenían testimonios de esa provocación. Cuando un grupo de dirigentes del Polo, integrado por Enrique Traverso, Ignacio Díaz, Claudia González y Jorge Castro, se dirigía a la jefatura de policía a reclamar la devolución de los elementos secuestrados durante la mañana, fueron interceptados por varios móviles policiales y numerosos efectivos de civil, que los detuvieron. Otro compañero, Luis Sacaba, fue detenido en un operativo similar, ocultándose su situación hasta el día siguiente. El viernes por la mañana fueron liberados Ignacio Díaz y Jorge Castro, y por la tarde la compañera González. El abogado de los compañeros logró hablar con el fiscal de turno, de apellido Maidana (alineado con el gobierno en sus imputaciones contra los dirigentes del Polo y del Partido Obrero), que señaló que los detenidos estaban acusados de "instigación al daño". El Partido Obrero y el Sindicato de Prensa repudiaron enérgicamente la represión. Se está convocando a las organizaciones y a la ciudadanía democrática a pronunciarse. El Polo Obrero prepara una fuerte movilización para exigir la libertad de los detenidos.

El 17 de abril, una asamblea de los trabajadores despedidos de Panificadora 5 y las Asambleas Populares de Munro y Carapachay resolvió la ocupación de la planta y su puesta en funcionamiento por parte de los trabajadores. En octubre pasado, la patronal despidió sin indemnización a 60 compañeros, a los que les adeudaba tres meses de sueldo. La fábrica está paralizada, sin agua, luz ni gas. La noche en que fue ocupada la planta, la policía intentó ingresar aduciendo una orden del fiscal (nunca mostrada) de "identificar a los ocupantes". La firme actitud de los trabajadores dentro de la planta y de las Asambleas en la puerta de entrada obligaron a la policía a retirarse. Los despedidos y las Asambleas Populares exigieron al Concejo Deliberante de Vicente López la reconexión de todos los servicios para volver a poner en funcionamiento la planta y su municipalización bajo control de los trabajadores. Su producción serviría para abastecer a los comedores escolares y al hospital local.

El Bloque Piquetero convoca a un gran acto clasista en Resistencia, en la Plaza 25 de Mayo, frente a la gobernación provincial. En vista de la falta de cobro de los planes y la denuncia a los planes jefes y jefas, como la situación de desastre que se está atravesando por las inundaciones. Plaza 25 de Mayo - Resistencia

El desarrollo del Polo Obrero en todo el país se manifiesta en el crecimiento de su intervención, de su movilización, de su organización. Un aspecto clave de este desarrollo es el debate político de las tareas y los planes de acción, y de las perspectivas políticas de la lucha obrera y piquetera, como el realizado en los congresos del Polo Obrero que acaban de tener lugar en La Plata y Pehuajó. La Plata-Berisso-Ensenada Con la presencia de 90 compañeros y de delegaciones invitadas del MTR y el MTL, se realizó el Congreso Zonal del Polo Obrero. Participaron delegaciones de la CTD de Berisso, del Movimiento de Desocupados de Los Hornos, del Polo Obrero de Ensenada, docentes, estatales y representantes de Asambleas Populares. El Congreso denunció la política del gobierno de Solá: anulación del aguinaldo, reducción salarial y despidos en masa. A contramano de la tregua de todas las burocracias sindicales, la lucha por estas reivindicaciones, por el pan y por el trabajo, exige una centralización de la movilización (huelga general, plan de lucha del Bloque Piquetero) y una centralización política, expresada en las consignas "Que se vayan todos", "Por una Asamblea Constituyente en la nación, las provincias y los municipios". El Congreso votó el siguiente plan de acción: • Campaña de pronunciamientos, reuniones, plenarios de delegados y activistas por la huelga general de estatales y docentes, y por una asamblea general para tomar la iniciativa de su puesta en marcha. • Denuncia del "Plan Jefes de Familia" porque deja afuera al 60% de los desocupados, es un plan de miseria y fortalece a la red de punteros, burócratas sindicales y curas que oprimen a los desocupados. Movilizaciones a los municipios para exigir puestos de trabajo para todos los desocupados, la aprobación de los proyectos presentados por el Polo Obrero, la cobertura de obra social para los desocupados, la entrega de bolsones de alimentos y la provisión regular de los comedores de las organizaciones de desocupados. • Apoyo al paro de docentes y no docentes universitarios y a la lucha de los trabajadores del Astillero Río Santiago por el pago de los salarios y la deuda salarial. • Impulsar la convocatoria al segundo plenario de delegados, representantes y activistas docentes para organizar la huelga general por el cobro en fecha, contra la eliminación de la desfavorabilidad, la defensa del Estatuto del docente y el aprovisionamiento a los comedores escolares. • Campaña por el aumento de los salarios y su indexación por la inflación. • Participación masiva en el cacerolazo nacional del 20 de abril. • Realizar una amplia agitación para marchar al 1º de Mayo piquetero en Plaza de Mayo. Preparar la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados. Pehuajó Con la presencia de José Villalba, del Futrade (La Matanza), integrante de la Mesa Nacional, sesionó el Primer Encuentro Regional del Polo Obrero, convocado por la Comisión Interbarrial y Tribuna Docente. Concurrieron además miembros de la Comisión por el Tren de Pehuajó y la mesa de LuchArte, y vecinos de diversos barrios de la ciudad. El plenario denunció la política del gobierno fondomonetarista de liquidación de la salud y la educación pública y del empleo. En particular en el noroeste bonaerense, se denunció que esta política deja a la población trabajadora a merced de las inundaciones. El plenario resolvió lanzar una decidida acción de extensión de la Interbarrial mediante el empadronamiento, las asambleas y la elección democrática de delegados. Se resolvió apoyar la Comisión por el Tren de pasajeros; la lucha por la recuperación del Pami y el Ioma; y el rechazo al despido de 100 trabajadores de la Municipalidad de Carlos Casares. Se constituyó una mesa regional de Pehuajó y Carlos Casares como primer paso de desarrollo del Polo Obrero en el noroeste, sumando a la iniciativa a los compañeros de 9 de Julio, Bragado y otras localidades. El plenario votó apoyar el plan de lucha del Bloque Piquetero, en particular los actos del 1º de Mayo y la concurrencia a la Segunda Asamblea Nacional de Trabajadores ocupados y desocupados.

La Marcha de Antorchas de la Ctera a Plaza de Mayo, expresó que la política de la dirección de Ctera es seguir dejando en el aislamiento a las provincias y continuar la tregua con el gobierno. La marcha partió desde las provincias en conflicto: Río Negro, con 4 semanas de retención de servicios (prácticamente una huelga general); San Juan, que se encuentra con los edificios públicos ocupados; y Entre Ríos. Hubo una pequeña columna de Córdoba; en Comodoro Rivadavia se desarrolla una huelga a pesar de la direccion provincial; la provincia de Buenos Aires tiene un atraso sistemático en el pago del salario y reducciones directas, mediante la eliminación de la ruralidad y la aplicación del presentismo. Además, hay una reduccion de licencias y un ajuste sistemático mediante la fusión de cursos y la reducción de las becas y los cupos de comedor. En un palco donde abundaron los actores, cantantes y mensajes de jugadores de fútbol, las palabras de la secretaria general de Entre Ríos fueron la más clara expresión de la política de la conducción Celeste, preocupándose por destacar la necesidad de superar la crisis por la vía institucional, "aplicando la ley". Reivindicó la actuación del sindicato y del Frenapo como impulsores del juicio político contra Montiel y se lamentó amargamente de su fracaso, "por culpa de un diputado de la oposición", pero reivindicó de cabo a rabo esta política de derrota. La respuesta que vinieron a buscar, principalmente los docentes de Río Negro, o sea la nacionalización de la lucha, estuvo ausente desde el palco. Marta Maffei, en medio de cánticos incesantes que obstaculizaban su discurso, intentó trazar un cuadro de la situación, para concluir en la idea de un paro nacional en... dos meses. O sea, más tregua. Para la mayoría de los presentes el camino es el de las consignas que se cantaban mientras ella hablaba: plan de lucha nacional, por un nomenclador salarial único para todo el país, congreso de delegados de base con mandato de escuelas para discutir y votar las medidas que nos lleven a la huelga general.

Miércoles 1° de mayo / 20 hs Hablarán dirigentes partidarios y piquetros del NEA. Padre Patiño 1369. Centro Formosa.

Desde el lunes 1° de abril hemos comenzado en Villa La Esperanza, de Pablo Podestá, un empadronamiento de desocupados. La desocupación no es el único problema, pero la pobreza y el hambre es total. En los comedores escolares de la zona, la falta de pago a los proveedores —0,60 centavos por chico que asigna el gobierno, que encima ahora están devaluados— ha provocado un desabastecimiento de los mismos y sólo alcanza por ahora para un fideo con agua en el almuerzo y un desayuno que es agua con un poco de yerba sin azúcar. Las madres del barrio, desesperadas, han decidido junto al Polo Obrero formar una comisión y poner en pie un comedor comunitario llamado "La Esperanza Obrera", con ayuda de los comerciantes de la zona. También han resuelto movilizarse a la Escuela N° 35 del barrio para reclamar una urgente reunión de padres para encontrar una solución al problema de los comedores. La actividad durante la semana fue muy intensa y el comedor empezó a funcionar el miércoles 10 de abril con la concurrencia de 70 chicos y unas 20 madres; por ahora funcionará una vez por semana, pero el objetivo es incorporar un día más cada semana y luego reclamar que las autoridades del distrito se hagan cargo de la provisión de alimentos. El incumplimiento de las promesas de los políticos de turno, junto al accionar de los punteros del barrio que vienen todos los años con el cuento de poner el asfalto, de otorgar la escritura de los terrenos, etc., ha llevado a que los vecinos tomen en sus manos la resolución de los problemas, porque aquí todo brilla por su ausencia. Muchos de estos punteros se han quedado con la plata de la gente y se compraron una nueva casa; esta es la mafia que maneja la Intendencia de Tres de Febrero, donde los verdaderos pobres no reciben el plan Trabajar y los que lo reciben tienen que pagar un "peaje" de 60 pesos a los punteros. Por todo esto está planteada la construcción del Polo Obrero de Pablo Podestá y de una poderosa comisión de desocupados.

Varios miles de presos, ex conscriptos talibanes, muchos de ellos menores de 20 años, están siendo exterminados silenciosamente en las cárceles para prisioneros de guerra en Afganistán. En la de Shebergan, la Cruz Roja ha encontrado 3.000 presos en "condiciones severas de desnutrición": están tan débiles que no pueden permanecer parados por mucho tiempo ni recibir alimentos sólidos. Durante nueve meses, sólo han recibido una ración diaria de 200 gramos de arroz y 600 gramos de pan. En consecuencia, muchos sufren tuberculosis, diarrea severa e infecciones respiratorias, de las cuales no son tratados. "Docenas han muerto" y las condiciones de hacinamiento *más de 50 hombres en celdas en que apenas cabe una docena* favorecen las infecciones. "Los detenidos están tan débiles *dice un médico de la Cruz Roja*, que ni siquiera podemos lavarlos". Este trato brutal fue denunciado en febrero pasado por la organización Médicos por los Derechos Humanos, la que responsabilizó al gobierno norteamericano. Sin embargo, "no hubo ninguna acción" para mejorar las condiciones de detención. Salta a la vista que se trata de una masacre consciente.

"Escuchando las intervenciones del día de hoy en la Legislatura, he visto cómo los distintos bloques que se turnaron en el gobierno y en el desgobierno de este país en los últimos 20 años, se pasaban las facturas, cuando lo que tienen en común supera largamente las diferencias. Pero este "pase de facturas" cumple una función: no hablar de la renegociación de la deuda externa de ciudad. Miren ustedes la bancarrota ideológica: para disimular la renegociación de una deuda externa lesiva a la economía de la ciudad y del país y de su independencia, por lo menos dos diputados nos colocaron ante el dilema de "capitalismo o comunismo". ¡Cuando lo que hay que saber es si le vamos a pagar a los usureros o no! Ellos apostaron lejos: capitalismo o comunismo. ¡Bienvenidos! Si el comunismo implica que no le paguemos a los usureros, si el comunismo implica que defendamos a la patria, quédense ustedes con el capitalismo, la antipatria y los usureros. Pero el tema central sigue siendo soslayado. porque en los últimos 90 días han ocurrido una cantidad fenomenal de cosas en materia financiera como para que, alegremente, vengan a decir: "Hay que pagar, porque es el crédito del país". ¡Qué tontería! "Si pagamos, si cumplimos, si refinanciamos, salvamos el crédito de la Ciudad ". ¡ Con una caída de la recaudación fiscal del 40 por ciento, esta ciudad no tiene crédito así entreguen a sus familias! Pero el crédito de la ciudad y del país no se puede salvar: lo liquidaron entre Alfonsín, Menem y De la Rúa. Eso ya no se puede salvar; y. ustedes lo saben. Detrás de esta ley, hay otra cuestión. Ustedes saben muy bien que algunas leyes llevan nombre propio. ¿Esta ley tiene nombre propio? Sí, tiene dos. Y voy a explicar cada uno de ellos. Al servicio de J.P.Morgan En primer lugar, es "la ley J. P. Morgan". Ustedes saben perfectamente bien que el Gobierno de la Ciudad, ante las dificultades para lograr este vencimiento, propuso una renegociación. En todos los diarios salió que, consumada esa renegociación, el acuerdo sería llevado a la Legislatura. Pero J. P. Morgan dijo que no: que primero debía votar la Legislatura, y después se sentarían a negociar. Lo que hoy estamos discutiendo aquí es una exigencia de J. P. Morgan, violando las disposiciones de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que sólo faculta a esta Legislatura a aprobar los arreglos de la deuda, cuya competencia está en manos del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todo lo que estamos haciendo está al servicio de los intereses de un sector determinado. Es inconstitucional. Estamos ante una violación de la división de poderes. Una facultad que está atribuida al Poder Ejecutivo está siendo arrogada por la Legislatura a pedido del Poder Ejecutivo, que, a su vez, lo hace a pedido de J. P. Morgan, el banquero de Enron. No estamos discutiendo con la Madre Teresa. Todo el mundo dice "tenemos que honrar". ¿Y a quién "honra" Morgan? ¡Morgan va a los tribunales con el tema de Enron, por ser el cómplice de uno de los "afanos" más grande de la historia financiera mundial! La deuda externa, los grandes y pequeños ahorristas Se dice que tenemos que discutir con Morgan porque "La deuda de la ciudad se encuentra dispersa en su tenencia y que, como no vamos a poder discutir con la totalidad de los tenedores, concentramos la negociación con Morgan". Pero ¿quién dijo que tiene que ser así? Podríamos haber introducido una innovación muy fuerte, discriminando la deuda externa. Así como en el Partido Obrero planteamos defender a los pequeños ahorristas argentinos, estamos dispuestos a defender a los pequeños ahorristas de cualquier país. ¿Por qué la Cancillería argentina, que no hace absolutamente nada en defensa de la Nación y que por el contrario está dispuesta a votar contra Cuba, no convoca a los ahorristas italianos para discutir con el Gobierno de la Ciudad el problema de su deuda? Que la embajada italiana argentina en Italia publique un aviso convocando a los ahorristas italianos a una discusión, y llevamos el tema a un campo internacional. A los trabajadores y a los pequeños ahorristas les damos un trato y a los grandes grupos que han lucrado y que han apoyado dictaduras militares en nuestro país, les damos otro trato. No le pagamos nada y nos lanzamos a la conquista de la opinión pública europea, en este caso, la opinión pública italiana. En un momento en que la tasa de interés en Italia cayó abruptamente, los pequeños tenedores de bonos italianos fueron inducidos por la banca italiana y norteamericana a tomar dinero de Argentina, porque la tasa de interés era elevada. ¿Y esto qué significa? Una tasa de riesgo país elevada; significa, también, una perspectiva cierta de default. Es decir que la banca internacional metió a los pequeños ahorristas italianos en un negocio de default para cobrarse las comisiones y descargar la crisis sobre los pequeños ahorristas italianos. Pero el gobierno argentino va, y paga. Y nosotros, ingresamos en el juego de las comisiones a Morgan, por la "reprogramación": 12 millones en comisiones son una fortuna que la ciudad no debe pagar, por un negocio que, en el fondo no consiste más que en la atención por el banco J.P. Morgan de sus propios clientes. Pero es sorprendente lo que nadie ha dicho: J.P. Morgan embolsa esas comisiones, pero no se responsabiliza por los tenedores de deuda que, disconformes con el arreglo de la ciudad, ejecuten al Gobierno en los Tribunales Internacionales. Es decir que, ¡después de que agachamos la cabeza, todavía nos la pueden romper en un juicio internacional! Una ley para las AFJP Pero no es sólo la "Ley Morgan" la que discutimos. Hay un litigio con relación al canje de la deuda local entre el Gobierno Nacional y las AFJP. Estas, controladas por bancos europeos en su mayoría, sostienen que no corresponde que los títulos de la deuda local, que están en su poder, sean sometidos a la pesificación. Dicen que eso perjudica al trabajador que ha aportado a las AFJP. Entonces, le han propuesto al gobierno argentino una negociación diferente. ¿Qué negociación? La que nos proponen que votemos aquí, la que Duhalde todavía no aceptó, la que la Justicia argentina todavía no aceptó, la que la Corte Suprema no aceptó, la que el pueblo argentino todavía no aceptó, la Legislatura la mete aquí: en definitiva, nosotros estamos dolarizando una deuda con las AFJP ¿Porqué tenemos que aceptar este planteamiento cuando el gobierno argentino ha declarado el default de toda la deuda en su tramo exterior? Hay una propuesta para la discusión del tramo exterior de la deuda: declarar el default sobre el 60 por ciento de la deuda. Hay otra propuesta de canjear la deuda externa del tramo exterior por una nueva deuda al 40 por ciento del valor de la deuda original. Hay un financista internacional, Walter Molano, que dice que se puede obtener una quita del 60 por ciento. La deuda vale mucho menos que eso. ¿Por qué hay un apuro en aceptar estas condiciones? La quita que propone la Legislatura no afecta el capital. Y se propone una reducción de la tasa de interés que todavía se encuentra a varios puntos de la cotización internacional de la deuda externa argentina. Quiere decir que nosotros, con esta negociación, estamos elevando la cotización de esta deuda externa; y con ello, estamos transformando una deuda que se encuentra ilíquida en el mercado internacional, en una deuda que va a seguir moviendo ese mercado internacional para poder realizar las plusvalías de esta renegociación". Esta deuda se contrajo en 1997, en uno de los momentos de mayor alza y tensión en el mercado financiero internacional. Originalmente, se pactaron al 11 por ciento de interés, luego de un largo período de "dinero fácil" en que la tasa de interés que contrataba la Argentina, apoyada por el exterior, estaba en el 6 por ciento. Por lo tanto, se trata de una deuda que cuando se contrajo fue usurera. Y se aplicó para sanear la situación del Banco Ciudad y del presupuesto local. Es decir, no se aplicó para cumplir con los ciudadanos de la ciudad de Buenos Aires, sino con los que lucran con su tesoro público. No significó ningún ingreso ni ninguna financiación para el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué hizo el Banco Ciudad con esa financiación y con todo ese saneamiento? ¡Colocó la mitad de su cartera en la deuda externa pública argentina! ¡1200 millones de dólares! ¡Y en un debate aquí, hace más de un año, se dijo que la Ciudad iba a vivir toda la vida de los intereses de los 1200 millones de dólares! Pero ahora no son 1200 millones de dólares, sino que son 1200 millones de pesos; es decir, 400 millones de dólares! ¿Eso es defender, realmente, a la comunidad porteña: dejar que de un plumazo le roben las dos terceras partes de sus ahorros públicos! ¿Eso es defenderla? ¡Ahí tienen al Banco de la Ciudad en la quiebra! La deuda o la vida Si el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires acepta una negociación tan ruinosa como el reconocimiento del cien por ciento del capital y apenas una reducción del 30 por ciento de la tasa de interés que, de todos modos, nos va a colocar a 400 ó 500 puntos por encima de las tasas de interés internacionales, estamos quebrando la posibilidad de una negociación favorable del conjunto de la deuda externa en el plano exterior. ¿Cómo se puede permitir que una jurisdicción nacional actúe de esa manera? Es manifiestamente inconstitucional. Y es sorprendente que la apoye el partido que defiende al gobierno nacional. Nos están revelando que el gobierno nacional también va a "tirar la chancleta", y va a ir discutir el tramo externo de la deuda en los términos de los acreedores y no en función de quitas fuertes. Porque ha habido un default, ha habido incapacidad de pago; que es la consecuencia de las presiones internacionales por un elevado endeudamiento de la República Argentina. Vamos al 25 por ciento de desocupación, pero no se ha votado aquí un seguro de desempleo. El salario se ha desvalorizado en un 66 por ciento, pero el aumento salarial no se discute. La prioridad es pagar a los usureros internacionales, y estamos reunidos exclusivamente para eso. Lógicamente, después las mayorías políticas tienen dificultades para andar por la calle. Mientras falta de todo en los hospitales de la ciudad, mientras las obras del Hospital Santojanni están paralizadas por culpa de una contratista usurera, y mientras hay necesidades impostergables, se le pague diez millones de dólares a la Banca Morgan para que negocie una deuda externa con los tenedores sin garantizar que algunos de ellos no nos va a hacer juicio, y reconociéndoles el cien por ciento del capital. Esto me recuerda a las actas parlamentarias de la época del gobierno de Rivadavia en la crisis del ’90. Es lo mismo: es el cipayaje total. ¿Cómo favorecer al expoliador extranjero? ¿Cómo salvar a la Baring, aunque se hunda la Argentina? ¿No hay una frase que dice que "pagaremos hasta con la última gota de nuestra sangre"? Este no es el punto de vista del Partido Obrero: no pagaremos hasta con la última gota de sangre a los banqueros. Tenemos el mandato de defender la sangre de nuestro propio pueblo, no a los banqueros. Si éstos tienen profesionalismo y capacidad sabían que le estaban prestando a un país que no estaba en condiciones de pagar; y estaban reclamando tasas usurarias, y en toda tasa usuraria hay implícito un seguro de riesgo. ¡No; ésta no es la política que hay que seguir! Hay que dejar caer totalmente el default y establecer cuáles son las prioridades que tenemos en la ciudad. ¡Las prioridades son los hambrientos de la ciudad, los que viven en las villas, los hospitales, la educación! Esas son nuestras prioridades. Lo demás ¡Que espere! La salida es que no paguemos esta deuda, porque tenemos otras prioridades. Estamos en emergencia. La salud pública es la ley primera; es un concepto de los romanos y nosotros no llegamos a su nivel. Sacrificamos el interés público por el interés privado de la banca saqueadora extranjera. Hoy, nuestro Jefe de Gobierno Ibarra, está en el Teatro San Martín, y mañana va a salir en todos los diarios diciendo –y esto sí que es una estafa política– que el pueblo de la ciudad va a participar en la elaboración del presupuesto. De entrada, antes de que participe, le achacan la deuda del Morgan. Allá, hay prensa; aquí, no.Para concluir, creo que acá vale aquella divisa de los romanos que señalaba: "La salud pública es la ley primera". A mí me votaron en esta Ciudad para defender la salud pública, y no los intereses de los usureros y de los saqueadores. (Aplausos).

La FTV (CTA) y la CCC han hecho saber que la libertad de Emilio Alí fue fruto de un pacto con el gobierno. A confesión de partes… Ambas organizaciones se habían comprometido a firmar un convenio con el Estado por los planes de empleo y el programa para "jefes y jefas" de hogar desocupados y a integrarse en el Consejo Consultivo Nacional que los debe administrar (junto a la burocracia, el clero y el empresariado). La decisión del tribunal de la provincia de Buenos Aires que liberó a Alí habría dado vía libre al cumplimiento del acuerdo. Lo dijo Luis D’Elía (FTV, CTA): "Fue un gesto (del gobierno), nos consta" (La Nación, 22/4). Lo había dicho antes Amancay Ardura, coordinador de la CCC: "La libertad de Emilio Alí (fue) colocada por las organizaciones como condición para la firma de cualquier convenio" (Hoy, 10/4). Un mes atrás, Duhalde habría dado un guiño al indulto, pero "al gobierno le resultó más simple la solución judicial, que operó, según confirmó La Nación, con piqueteros y con un funcionario muy cercano a Duhalde" (ídem). En la semana pasada, el gobierno cumplió otro punto de su parte en el pacto al aceptar el ingreso en forma directa, al margen de las colas, de 72.000 nombres de beneficiarios aportados por la CCC y la FTV (CTA). Los pactistas no liberaron a Alí Todo esto revela que hubo un arreglo y que estas organizaciones fueron a un pacto con el gobierno por la libertad del dirigente preso. Pero Emilio Alí no obtuvo la libertad por este acuerdo. La negociación con el gobierno partió de un intento de indulto de la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, que fracasó al ser rechazado en bloque por diputados peronistas y radicales en función de "el peligro que implicaría conceder (la libertad del dirigente) en un contexto de creciente conflicto social" (documento reservado), un pronunciamiento que siguió al pie de la letra una línea trazada días antes en un editorial de La Nación ("No se debe indultar a Emilio Alí", 1/4). Tampoco el fallo de la Justicia se explica por el pacto entre la FTV (CTA), la CCC y el gobierno. El Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires que dispuso la libertad de Emilio, anuló por falta de pruebas la acusación de "extorsión agravada" originada en la supuesta amenaza a un almacenero de Mar del Plata y quitó una de las acusaciones planteadas por la movilización de su organización (UVO) ante un supermercado pidiendo comida y alentando el cumplimiento de la huelga general dispuesta para ese día. Pero la línea jurídica original llevada adelante por los firmantes del pacto con el gobierno había dejado justamente de lado atacar la acusación de "extorsión agravada" por considerar que se trataba de un delito común (reportaje al Dr. Sivo, Página/12, 6/4). Sólo un vuelco en esta línea, que se orientó, esta vez sí, a denunciar la absoluta inconsistencia de la tesis de que Emilio no era un preso social sino un delincuente común, dio paso al fallo que dispuso su libertad y que Clarín caracterizó como un "vuelco procesal imprevisto" (5/4). El dirigente piquetero marplatense fue, en el último período y en particular luego de la rebelión del 20 de diciembre, el centro de una campaña internacional que lo tomó como emblema de la causa de los detenidos y procesados por luchar en la Argentina, haciendo hincapié en su origen inmensamente humilde y su carácter apartidario. Por todas estas razones, el pacto de la CTA y la CCC con Duhalde no sacó a Emilio Alí de la cárcel. Ese pacto sostuvo la línea jurídica de no cuestionar la acusación de "extorsión agravada", lo que dejaba a Alí preso. A Emilio lo sacó un giro político en la defensa jurídica y la consecuente movilización popular, junto a la desintegración del régimen político y judicial. Un fallo antihuelgas Aún disponiendo la libertad de Emilio Alí, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires falló contra el movimiento de lucha de los trabajadores. Los jueces (dos sobre tres) ratificaron que la movilización de desocupados concretada el 5 de mayo del 2000 frente a un supermercado de Mar del Plata reclamando alimentos y el cumplimiento del paro general convocado para ese día entraña el delito de "coacción agravada", por lo que confirmó la pena de dos años y medio de prisión (en suspenso) contra el dirigente piquetero. Se trata del primer fallo en la provincia de Buenos Aires de esta naturaleza, y contrasta con el fallo de la Cámara Nacional de Casación que dispuso, tiempo atrás, la absolución de los luchadores en el juicio por una ocupación de ruta en Comodoro Rivadavia (fallo Natera-Gati). Forma parte de una lucha política e ideológica que recorre toda la última década y en la que la burguesía pretende ilegalizar el corte de rutas por "obstruir el tránsito" o alterar el orden público, es decir, la seguridad del Estado, llegando hasta la acusación de sedición y colocar fuera de la ley los piquetes frente a los supermercados invocando el delito de "coacción". No casualmente el origen histórico de la figura de coacción corresponde al gobierno de Isabel-López Rega y fue concebido para actuar contra las ocupaciones de fábrica de ese período en nombre de la "libertad de trabajo". Para esta corriente de pensamiento, Emilio Alí no es un preso social y, como planteó el fiscal general adjunto de Mar del Plata, acusador de Alí, "una cosa es peticionar y otra muy distinta intimidar" (El Día, 20/3), como si manifestar por cualquier reclamo, y más por uno que hace a la subsistencia, no fuese un derecho elemental (por eso los defensores consecuentes de los luchadores enarbolan sistemáticamente el artículo 34 del Código Penal, que dice que una acción "no es delito cuando hace al ejercicio legítimo de un derecho"). En su momento La Nación se había pronunciado tajantemente contra la posibilidad de un indulto o conmutación de penas a Emilio Alí, defendiendo las acusaciones de "coacción" y "extorsión" contra los protagonistas de los piquetes o los cortes de ruta. El fallo de los jueces se orienta en esta dirección, colocando en la ilegalidad la acción del piquete de la UVO que, en Mar del Plata, actuó en función del cumplimiento de la huelga general y de la subsistencia de las familias desocupadas, es decir absolutamente "a derecho" de la clase obrera.

Sólo un cómplice o un hipócrita puede calificar como "sucesos" o como "tragedia humana" lo que fue una masacre premeditada contra la población civil palestina. En el campo de Jenin, un gheto de 1 kilómetro cuadrado, donde vivían 15.000 refugiados, la mayoría expulsados de sus tierras y viviendas por Israel después de la guerra de 1948, fueron destruidas hasta los cimientos más de 5.000 viviendas. La zona central del campo, la más superpoblada, quedó reducida a un baldío de escombros debajo de los cuales han quedado atrapados cientos de cadáveres. Las viviendas, y sus ocupantes, fueron bombardeados con misiles disparados desde helicópteros Cobra y Apache (norteamericanos), tanques y los brutalmente destructivos cañones antiaéreos, que disparan 3.000 proyectiles por minuto y están diseñados para alcanzar objetivos blindados a más de 3 kilómetros de distancia. ¡Estas armas fueron empleadas contra casas construidas con ladrillos huecos, a menos de 200 metros de distancia! Lo que quedó en pie después del bombardeo fue arrasado con las topadoras (bulldozers) blindadas del Ejército israelí. Los testigos afirman haber visto cómo estas topadoras arrastraban indistintamente escombros y cuerpos. La prensa y los socorristas que lograron entrar en Jenin después de la masacre hacen hincapié en el fétido olor de cadáveres descompuestos que emana de las ruinas, en las que quedaron atrapados cientos de palestinos. Los que trataban de escapar fueron asesinados por francotiradores. Los cadáveres están diseminados por todo el campo. Los heridos fueron dejados desangrar sobre el terreno porque se impidió el acceso de ambulancias y médicos. Al día de hoy, todavía no se permite el acceso de alimentos ni medicinas; los sobrevivientes viven a la intemperie. Varios centenares de palestinos fueron detenidos y enviados a campos de concentración, donde permanecen como desaparecidos ya que no se han suministrado sus nombres. Hay testimonios de fusilamientos y asesinatos a sangre fría: varios cadáveres han sido hallados con las manos atadas a la espalda y balazos en la nuca. ¿Esta masacre puede ser calificada como un "suceso" o como una "tragedia"? La propia calificación deja ver que la "comisión investigadora" de la ONU es trucha; fue aceptada por Estados Unidos y hasta por el gobierno de criminales de guerra de Sharon. Las tropas sionistas siguen ocupando los territorios y bloquean el acceso a las ciudades y campos palestinos, algo que la ONU sencillamente pasa por alto. El mentado "retiro" sionista no es más que un show para la CNN: "En los territorios, las tropas y los tanques ya no se ven pero están", dice un refugiado. Bloquean el acceso a las ciudades, impiden la salida de personas y la entrada de alimentos, socorristas y equipos de rescate. ¡La remoción de los escombros se está haciendo a mano porque los sionistas impiden el acceso de maquinaria! Sabra y Chatila, Sarajevo, Srebrnica, Ruanda, Afganistán, y ahora Jenin: la ONU y el imperialismo mundial tienen las manos manchadas de sangre de las miles de víctimas de cada uno de estos "sucesos". "La infraestructura terrorista" Según Sharon, la ofensiva sionista contra las ciudades y campos de refugiados palestinos tuvo como objeto "destruir la infraestructura terrorista". Para Bush, Israel ejercía "una legítima autodefensa". Sin embargo, uno de los más importantes objetivos de la ofensiva israelí sobre la ciudad de Ramallan, dice el corresponsal de El País (22/4), fue la "destrucción científica y sistemática de todos los registros y archivos de la administración pública". Entre estos archivos, fue destruido uno muy particular: los registros de la Cámara Urbana y de la Propiedad, donde estaban almacenados los documentos que certificaban la propiedad de cada una de las casas y las fincas de Ramallan. El archivo había comenzado a organizarse hace 140 años, bajo la dominación del Imperio turco, y había sobrevivido hasta nuestros días. También han sido destruidos los registros educativos (más de un millón de fichas de estudiantes de los tres niveles), de los automotores, y hasta los registros de identidad de las personas. Sin los documentos que destruyó, de manera "científica y sistemática", el Ejército sionista, ningún palestino podrá acreditar la propiedad de su casa (de las que en muchos casos sólo quedan las ruinas), o de su finca, o de su automóvil o hasta su propia identidad, lo que es un anticipo de su expulsión.

Que la segunda vuelta electoral en Francia, prevista para el próximo 5 de mayo, tenga lugar entre dos candidatos derechistas, y que uno de ellos sea el fascista Le Pen, ha provocado en Europa una conmoción política. En la misma noche de las elecciones, unas 300.000 personas desfilaron por distintas ciudades de Francia en repudio a Le Pen. Las manifestaciones antifascistas continuaron en los días siguientes. Los comentaristas se empeñaban en señalar una tendencia a la derecha del electorado europeo. Esta caracterización, ¿ clarifica o disimula la situación política real en Francia y en Europa? Descomposición de Izquierda Unida La eliminación del socialismo francés de la segunda vuelta, obedece a la descomposición de la coalición de gobierno conocida como Izquierda Unida o Izquierda Plural. Un grupo histórico de esta coalición, encabezado por el ex ministro Chevenement, había roto con el gobierno y se presentó con lista propia. Del otro lado, varias fracciones internas del Partido Comunista, otro miembro de IU, adoptaron una posición abstencionista o por el voto a alguna de las listas trotskistas. Esta dislocación política alcanza por sí sola para explicar el derrumbe del candidato oficial, el cual de otro modo se habría asegurado un poco menos del 25% de los votos. Esto, incluso, dejando de lado el extraordinario 11% que obtuvieron las tres listas que se reivindican trotskistas. La dislocación política oficial se pone aún más de manifiesto cuando se observa el derrumbe electoral del propio presidente Chirac, que obtiene un mínimo histórico del 19%, fundamentalmente debido a una división de la derecha, ya que el chiraquiano Bayrou consigue cerca del 7% de los sufragios emitidos. A esto hay que agregar que el ala "anti-europeísta" del partido de Chirac, dividió sus votos entre Le Pen y la abstención. Como quiera que derecha e izquierda gobernaban en "cohabitación", la dislocación política de una y otra pone al desnudo la completa inviabilidad del conjunto del régimen político francés. Este es el punto crucial de la elección. No han sido las tendencias del electorado las que han determinado el resultado de las urnas, sino la dislocación política del régimen la que ha condicionado las tendencias electorales. La crisis de la Unión Europea El co-gobierno derechista-izquierdista de Francia (Chirac-Jospin) tenía por base la defensa de la Unión Europea tal como la diseñó el Tratado de Maastricht (1991), basada en el ajuste fiscal y en el gobierno monetario del Banco Europeo (es decir, sus banqueros). Estos parámetros, sin embargo, han entrado en una completa crisis como consecuencia de las tendencias a la recesión, por un lado, y de la competencia norteamericana, por el otro. Portugal y Alemania, por ejemplo, no están en condiciones de cumplir con el tope de un 3% del PBI de déficit fiscal (Portugal está al borde de un colapso), y otros países, como Italia, tienen dificultades para satisfacer la exigencia de mantener la deuda pública por debajo del 60% del PBI. Mientras los Estados Unidos se han lanzado a un fuerte déficit fiscal para combatir la recesión y la Reserva Federal bajó con el mismo fin la tasa de interés al 1,7%, la burguesía europea se ha visto enchalecada por sus compromisos de ajuste. Como consecuencia de esto, no puede hacer frente a la enorme competencia que le ha desatado la burguesía norteamericana en el campo de los gastos en tecnología (presupuesto de defensa). Un autorizado columnista del Corriere della Sera (14/4) advierte sobre el "crecimiento de las divergencias entre Europa y EE.UU." y reclama la firma de "un nuevo pacto del Atlántico" para evitar, dice, "una crisis... que será infinitamente más grave de la que hoy concentra nuestra atención" (en alusión a la guerra del acero y las sanciones comerciales que se están aplicando recíprocamente). Nada menos que Alemania enfrenta dificultades para rescatar a sus pulpos nacionales, a pesar de que sus quiebras amenazan con poner las empresas en manos de monopolios ingleses o norteamericanos. Durante la campaña electoral, las revistas francesas de finanzas destacaban la ausencia de recursos para que se pudieran cumplir las promesas de los candidatos acerca de la modernización industrial. Por último, la crisis de la Unión Europea está planteando obstáculos insalvables a la incorporación en su seno de los países de Europa del Este. Lejos de formar un eje con Europa, Rusia marcha aceleradamente a un acuerdo con Estados Unidos contra Europa. Los izquierdistas franceses agotaron las posibilidades del keynesianismo y del reformismo para revitalizar la economía, como lo prueba el fracaso de las 35 horas semanales para reducir la desocupación. La reducción del horario laboral no sirvió para incorporar trabajadores sino para reforzar la flexibilización laboral, y de paso sirvió para reforzar la diferenciación entre los ocupados y los desocupados. La patronal francesa quiere ahora la privatización del sistema jubilatorio; lo mismo ocurre en Italia. Es una muestra del escenario de gran confrontación clasista que se diseña en Europa. La crisis capitalista condiciona a la Unión Europea y la crisis de ésta se manifiesta en la serie de crisis políticas en cada uno de sus países. La ruptura del frente chiraquiano (Bayrou) obedeció al planteo de proceder al desmantelamiento del estatismo francés y flexibilizar el mercado laboral, para relanzar la acumulación de los grandes capitales en un marco aún más internacional; la ruptura de Chevenement con Jospin responde al movimiento contrario: acentuar el nacionalismo francés frente a la competencia tanto norteamericana como europea. A la misma tendencia responden los chiraquianos que alimentaron la abstención o el voto a Le Pen. La caída de Jospin desatará en el PS una lucha de fracciones que también pondrá en liza a los dos grupos que confrontan en todos los planos de la burguesía francesa. Las elecciones del domingo pasado, en definitiva, han puesto en evidencia una crisis política de envergadura, que podría convertirse en revolucionaria de acuerdo a la evolución de la economía y la política mundiales, de un lado, y de la maduración política de las masas francesas, del otro. ¿Derechización o subibaja? Los fascistas franceses han hecho su mejor elección nacional cuando se encuentran en el punto más alto de su reflujo político. Los lepenianos no protagonizan desde hace tiempo las movilizaciones de hace una década atrás. La prensa dice incluso que se habrían "civilizado", aunque no han llegado ni de lejos al nivel de "respetabilidad" del fascismo italiano, que hoy ocupa la vicepresidencia de Berlusconi. Los diarios afirman que el grueso del abstencionismo, que llegó al récord histórico del 30%, afectó a los bastiones del centroizquierda, como por ejemplo en la ciudad de Lille, algo que "infla" el porcentaje de Le Pen. En Francia no existe un movimiento fascista de masas; el tema del fascismo es manipulado por la izquierda democratizante, que bombardeó Yugoslavia y tolera las masacres sionistas, para justificar su voto a Chirac en la segunda vuelta. De otro lado, los tres grupos trotskistas han obtenido un 11% de la votación nacional, lo que duplica su mejor elección. El Partido Comunista ha quedado licuado; la caída de su actual dirección podría provocar su desaparición. A pesar del potencial revolucionario de la votación trotskista, el asunto es saber si refleja una polarización política o una atomización del electorado centroizquierdista. Los grupos trotskistas han presentado plataformas reivindicativas y denuncian los atropellos capitalistas, pero ninguno ha desarrollado una agitación de conjunto contra el régimen político y el Estado burgués. Por el contrario, la organización Lucha Obrera subestima o ignora la crisis mortal del régimen político y pone todo su énfasis en negar las potencialidades revolucionarias de la situación mundial; la Liga Revolucionaria es simplemente democratizante (propone superar la anarquía del capitalismo y hasta la miseria social con un impuesto llamado Tobin), y algo más si se tiene en cuenta que pide una fuerza militar imperialista para interceder en Palestina, o la "ayuda" del FMI para los países pobres. El otro grupo, el PT (0,5% de los votos), ha hecho su campaña en defensa... de la "democracia comunal", algo que lo empareja con la masonería. En Francia es relativamente frecuente encontrar tendencias que reivindican las tradiciones medievales, algo que por reaccionario no deja de ser interesante sobre las revoluciones burguesas, más de doscientos años después de la Grande Revolution de 1789/93. La lucha antifascista y los republicanos imperialistas El fascismo despierta una emoción histórica en Francia, porque la burguesía "republicana" se inscribe, de un lado, en las grandes masacres obreras del siglo XVIII/XIX (el Termidor y el aplastamiento de las revoluciones de 1848 y 1871) y, del otro, en el fascismo del siglo XX (apoyo al golpe fascista de 1934 y la colaboración con los nazis entre 1940 y 1944). Es decir que puede provocar una radicalización política de la juventud y de las masas. Algunos comentaristas conjeturan que la reacción antifascista podría modificar las condiciones de las elecciones legislativa que tendrán lugar dentro de 60 días, en especial porque se podría reducir en forma notoria la abstención. En este caso, la "derechización" se habría convertido en su contrario en apenas un par de semanas, lo que traduciría impecablemente la convulsión política que se va apoderando de Europa y que han testimoniado las movilizaciones de Génova contra el Grupo de los 7, y la manifestación obrera de los tres millones y el paro general que tuvieron lugar recientemente en Italia. El fracasado centroizquierda ha decidido combatir a Le Pen, no con el arma de la lucha en las calles y la huelga general, sino con el voto a Chirac en el segundo turno. Convierte a este fascista disfrazado en un defensor de la democracia. Convierte la afirmación de que el fascismo es el enemigo fundamental de la clase obrera no en un arma de combate sino en una maniobra parlamentaria de corte derechista. Los trotskistas, por su parte, han sido ganados por un ataque de "sutilezas": en un comunicado, la candidata Arlette Laiguillier declara en el primer renglón que "No llamo a la abstención en el segundo turno de la elección presidencial"; llama "a no votar a Le Pen" porque, además de antiobrero, "es portador de una ideología que hay que condenar", algo que, dice, "Chirac no pregona". Ignora, por lo que se ve, que el fascismo, si es realmente tal, no es una "ideología" sino una fuerza social y política de choque que debe ser aplastada por medio de la lucha. Ideológicamente, por otro lado, el 90% de la burguesía es fascista, algo que oculta en la televisión o en el Parlamento, pero que expone abiertamente en los lugares de trabajo. Con respecto a Chirac, Laiguillier propone "que los trabajadores no caigan en la trampa" y que Chirac "no sea electo con los votos de los que oprimirá durante cinco años". Es decir que se opone a la abstención y también al voto a Le Pen o a Chirac. Si este intríngulis responde a una política, su significado es que Lucha Obrera no se va a movilizar por la abstención electoral y que "tolera", aunque no comparte, el voto por Chirac, que "ideológicamente" no es fascista, o sea que es, como dice Jospin, un "republicano", como si el fascismo en Francia pudiera ser monárquico. Con respecto "a la derrota de Jospin", Laiguillier la calificó en la televisión de "lamentable", aunque de su "responsabilidad". ¡Pero la derrota de Jospin a manos de Le Pen es el "mal menor", pues peor aun habría sido que le ganara a Le Pen con los votos socialistas que votaron a las listas trotskistas! (El candidato de la LCR, Olivier Bensanconet, el 21 de abril llamó "al conjunto de los electores de izquierda... a organizar una resistencia popular al ascenso de la extrema derecha, a un todos juntos contra la derecha y la patronal"). Ninguna unidad "republicana" con la burguesía: unidad obrera de acción y de organización contra el fascismo.

Eduardo había nacido en Santiago del Estero hace 42 años. Como muchos trabajadores, padecía una enfermedad propia de la miseria del capitalismo, el mal de Chagas. "El Santia" nunca se resignó a dejar de hacer lo que le gustaba: el fútbol (aunque la enfermedad no se lo permitiera) y defender los derechos de los trabajadores. Fue vicepresidente de la Junta Vecinal de Unidad y Lucha junto a los compañeros que en el año 1988 tomaron las tierras de la ex Sasetru en Avellaneda. Fue delegado textil hasta que quedó desocupado; siguió laburando de changas hasta que con otros compañeros emprendieron la organización de la Comisión Interbarrial de Desocupados de Avellaneda. Eduardo venía del peronismo, pero se planteó la necesidad de una organización independiente de los trabajadores. Se integró al Polo Obrero; en las últimas elecciones la lista de candidatos piqueteros que presentamos en Avellaneda. Con Eduardo marchamos a los cortes de avenida Mitre, en Plaza Alsina; al bloqueo que durante cinco días hicimos con el Bloque Piquetero en el Polo Petroquímico de Dock Sud. Trabajamos por los comedores, no sólo en Corina, sino también en Villa Inflamable. Este fin de semana del 20 y 21 de abril, cuando lo perdimos,7 él lo vivió como siempre: el sábado, fue al cacerolazo a Plaza de Mayo con el Bloque Piquetero, y el domingo, se jugó un partido de fútbol, donde un infarto nos arrancó al "Santia". Fue un luchador, un piquetero, por eso el lunes 22, cuando tuvimos que enterrarlo, lo hicimos movilizados con los compañeros de la Interbarrial, familiares, amigos y vecinos, desde el barrio hasta el cementerio, cortando las calles como él lo hubiera querido. Como dijo su hermano al despedirlo: "Se fue un luchador, hay que darle para adelante a la lucha".

El retorno de Hugo Chávez al poder está muy lejos de haberle devuelto el equilibrio al país; al contrario, Venezuela está al borde de nuevas convulsiones. Uno de los principales factores es la espectacular fractura de las fuerzas armadas, que es, en sí misma, un golpe mortal al nacionalismo chavista, que se basa ideológica y políticamente en la necesidad de la unidad de las fuerzas armadas. El golpe fracasó como consecuencia de la fractura de los propios golpistas, que fue aprovechada por la irrupción de las masas de los barrios empobrecidos de Caracas, apoyadas por elementos chavistas del Ejército y algunos dirigentes del partido de gobierno, en particular Freddy Bernal, alcalde del barrio obrero de Libertad. Chávez no sólo no evitó la asonada: cuando ésta se produjo capituló sin batalla. Según el propio Bernal, "Chávez le dijo que tenía tres opciones: resistir en Miraflores y posiblemente morir; huir a la ciudad de Maracay, donde tropas leales a Chávez estaban desafiando al nuevo gobierno (y) desatar la guerra civil, o esperar y permitir que los conspiradores lo tomaran prisionero (...) La tercera opción fue la que finalmente seleccionó Chávez" (The Wall Street Journal, 22/4). Luego de la derrota del golpe mantuvo al frente del Ejército al general Rincón, activo participante de la asonada. Desde el regreso de Chávez, se fugaron 3.000 millones de dólares de los bancos, lo que plantea el peligro de "una crisis bancaria como la argentina" (El País, 21/4); los bonos de la deuda venezolana se han derrumbado y la moneda nacional se devalúa violentamente contra el dólar. Esta devaluación se suma a la ordenada por el propio Chávez en febrero (25%), que en su momento fue celebrada por el FMI. Chávez no enfrenta este sabotaje capitalista. Por el contrario, ha aumentado la tasa de interés (con el supuesto objetivo de impedir el pasaje al dólar). En consecuencia, está agravando la inflación y la recesión, empujando a millones de venezolanos a la miseria. La política de Chávez frente a este sabotaje significa "una fenomenal transferencia de ingresos a favor de los bancos" (Clarín, 19/4), que estuvieron en la primera fila de los golpistas. Mano libre al sabotaje económico capitalista, "respeto" a los golpistas en el Ejército y PDVSA, "revisión" de las leyes cuestionadas por los golpistas: Chávez se pone la soga al cuello y se la pone también al pueblo venezolano.

Bajo la presión del FMI y los bancos, de un lado, y la rebelión popular, del otro, el gobierno Duhalde ha colapsado. Para sobrevivir va a entregar la última gota de esfuerzo de los argentinos o en su defecto caer en la más completa desorganización económica. El plan Bonex constituye una gigantesca confiscación del pueblo, pero lo fundamental es que la clase capitalista y sus representantes políticos no tienen otra salida que más entrega, carestía y miseria. Remes renunció. Estamos en las vísperas del 19 de diciembre de Eduardo Duhalde. Frente a esta situación no podemos aceptar que una Asamblea Legislativa trucha vuelva a elegir un presidente trucho que ofrezca una salida aún más trucha que la de principios de año. Hay que ir a fondo. -Que se vaya Duhalde. -Que se convoque una Asamblea Constituyente libre y soberana en la nación y las provincias. -Nacionalización sin pago de la banca e investigación de las cuentas de los banqueros. -Repudio de la deuda externa y ruptura con el FMI. -Nacionalización sin pago del comercio exterior. -Apertura de las fábricas cerradas, crear cuatro turnos laborales. -Aumento de salarios. Indexación de acuerdo al costo de vida. -Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años, salario mínimo de 600 indexado al 1º de enero. Cacerolazos, piquetes y huelga general.

Bajo la consigna "Salud o FMI", se realizó el jueves 18, el acto-concentración convocado por las comisiones de salud de las Asambleas Populares, frente a la Secretaría de Salud de la Ciudad de Buenos Aires con la presencia de más de 300 compañeros. La representante de la Asamblea de Villa Luro denunció que los recortes a la PMO (Prestación Médica Obligatoria) pretenden salvar no la salud pública, sino las ganancias de los mercaderes de la salud. Un representante de los jubilados denunció el genocidio que se prepara contra los jubilados, por la falta de vacunas contra la gripe, que debiera garantizar el Pami. Laura, la representante de los autoconvocados del Hospital de Niños, denunció los comités de crisis que pretende implementar el gobierno de Ibarra en los hospitales y llamó a boicotearlos. Dijo que la "emergencia" decretada por la Legislatura sirve sólo para promover el trueque: en su hospital se canjea sangre por gasas de otro hospital. Denunció con cifras en la mano el desfalco que hacen las "tercerizadas" (una tomografía se factura 100 pesos, cuando su costo no supera los 32 pesos). Llamó a luchar por una recomposición salarial para los médicos y trabajadores de la salud y para que se nombre más personal. Luis Trombeta, en nombre de la Agrupación Alternativa de Médicos Municipales, denunció que en la Casa Cuna no había comida para los internados. Planteó la crisis de los servicios privatizados (cocina, limpieza, etc.) por la falta de pago del gobierno y el abandono de los empresarios. Llamó a votar un Plan de Lucha para imponer el programa de los 24 puntos votados por la Intersalud. El doctor Pachamé, de la agrupación Tribuna de Salud, reivindicó que "las Asambleas Populares ofrecen una solución a la crisis, no los técnicos del FMI", y llamó a organizar un "hospitalazo", con marchas y concentraciones frente a cada hospital. Cayetano Mazaglia, de una agrupación opositora a la burocracia del sindicato municipal, le dio con un caño a la Legislatura, por haber votado la ley trucha 572, de "protección de la salud". Sergio Villamil, en nombre del Partido Obrero, también denunció la 572. Se trata del "reparto de la pobreza", que un hospital le pida a otro lo que le falta. Propuso la intervención a los laboratorios, el nombramiento de personal médico, de enfermería y de servicio en los hospitales, el aumento real del presupuesto bajo el control de los trabajadores. Hablaron representantes de las Asambleas Populares (Saavedra; Scalabrini Ortiz y Corrientes; Belgrano; etc.), el diputado Echegaray, el padre Farinello, y de organizaciones hospitalarias (Udaondo, Garrahan, etc.). Se leyeron adhesiones del Polo Obrero, el MTL y la CCC. Estuvieron presentes e hicieron llegar sus adhesiones numerosas organizaciones médicas y de trabajadores de la salud de los hospitales Zubizarreta, Durand, Ramos Mejía, Gutiérrez, Piñeyro, Alvarez, de Gastroenterología, Moyano, Rivadavia, etc. Cerró el acto el compañero Roque, de la Asamblea Popular de San Cristóbal, de donde surgió la iniciativa de preparar un programa para la salud que dio lugar al del 24 puntos aprobado por la Interbarrial de Parque Centenario. Propuso votar un plan de lucha, la toma de laboratorios, y la realización de asambleas de vecinos y trabajadores de los hospitales. Agenda de lucha en defensa de la salud pública • Lunes 22 , 20 horas: reunión de las comisiones de salud de las Asambleas Populares y de las organizaciones de trabajadores para definir la propuesta de continuidad del Plan de Lucha. Piedras 153, 2º C. • Miércoles 24 , 20:30 horas. Plenario de comisiones de salud de las Asambleas de la Zona Sur, Olavarría 1293. • Jueves 25 , 13 horas: en defensa del mantenimiento de los tratamientos de diálisis, frente al Obelisco. • 8 de mayo , 10 horas: escrache frente al Hospital Piñero, a los ex funcionarios (Lombardo, Trivisono) con cuya política se está hundiendo a la salud. • 10 de mayo : marcha sobre el laboratorio Levinca, organizada por la Asamblea Popular de Saavedra, para reclamar contra el aumento de precios en los remedios oncológicos.

El tiroteo de los manifestantes que rodeaban Miraflores el día que cayó Chávez fue utilizado como el "gran argumento" para justificar el golpe de Estado. Fracasado el golpe, comienza a salir a la luz que los disparos fueron realizados por provocadores armados por los propios golpistas. "Policías de la Alcaldía de Caracas, controlada por el regidor Alfredo Peña, opositor a Chávez, hicieron uso de las armas (...) los promotores del golpe colocaron tiradores en sitios estratégicos para disparar contra la manifestación opositora y también sobre la concentración que defendía la sede presidencial" (El País, 21/4). Los francotiradores golpistas explican un hecho aparentemente contradictorio: si los disparos provenían de los chavistas, ¿por qué el 90% de los muertos y heridos eran simpatizantes de Chávez?

Las asambleas vecinales barriales y populares, los movimientos piqueteros de trabajadores desocupados y sectores de trabajadores ocupados en lucha resolvimos hoy: 1) Convocar a salir a la calle, a realizar asambleas ya y durante todo el día en los centros de trabajo, en plazas y barrios, para debatir y adoptar medidas urgentes y movilizarse ya ante la crisis. 2) Convocar a una movilización el jueves 25 de abril a las 17 hs, cuando confluiremos desde todos los barrios hacia Plaza Congreso, y desde allí hacia Plaza de Mayo. 3) Esta movilización se convoca bajo los lemas de: ¡Fuera Duhalde y el FMI! y ¡Que se vayan todos! 4) Exigimos la inmediata libertad de Raúl Castells y de todos los procesados y todos los presos sociales y políticos y el desprocesamiento de todos los luchadores. Firman: Madres de Plaza de Mayo • Asambleas Vecinales de Capital y Gran Buenos Aires Bloque Piquetero Nacional • Coordinadora Nacional Aníbal Verón • Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados • Movimiento Sin Trabajo Teresa Vive • Trabajadores Ceramistas de Zanón • Trabajadores Textiles de Brukman • Asociación Gremial Docente de la UBA • PC, MST, PO, FOS, MAS, PRL, PTS, PRS, Marabunta, Quebracho, Grupo Santa Revuelta, Mesa Coordinadora de Jubilados, y siguen las firmas... Buenos Aires, 23/4

La Lista Alternativa, que en las últimas elecciones obtuvo la minoría en la dirección de la Asociación de Médicos Municipales, ha repudiado las recientes declaraciones del secretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, "en referencia a los recursos humanos para afrontar el horario en los hospitales de 8 a 20 horas". El funcionario dijo que "tenemos gente que se amontona en un horario y puede tranquilamente trabajar a la tarde", que "tenemos muchos más médicos de los que se necesitan", y que la reposición de los cargos de los médicos que se jubilan "se hará de acuerdo a las necesidades y a la producción" (Mundo Hospitalario, 3/2002)". La denuncia de Alternativa confirma la formulada por el PO: que la ley 572 aprobada por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que extiende el horario de los hospitales de la Ciudad hasta las 20 horas, con el voto en contra de Altamira y Latendorf, es inaplicable sin la flexibilidad laboral de médicos y enfermeros, que tendrán que atender el doble horario, porque el gobierno de Ibarra no piensa tomar más personal. Alternativa también denuncia la reducción de la Prestación Médica Obligatoria (PMO), que beneficia a las empresas privadas de medicina prepaga y perjudica la atención de la población, y rechaza las leyes votadas por el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires (leyes 471, 472 y 744, Dec.139, Res. 315, Dec. 486, ley 572), reclamando "la derogación de estas leyes". Señala, finalmente, que "para enfrentar la crisis sanitaria es necesario organizar la movilización popular, convocando a las organizaciones representativas de los trabajadores de la salud, a las Asambleas Barriales y a toda la comunidad" por el "cumplimiento de las obras edilicias y el pleno abastecimiento de insumos, medicamentos y alimentación para los hospitales; por la vigencia de la carrera profesional, el llamado a concursos y la efectivización de los nombramientos; por el pago de salarios en término y en pesos; en apoyo a la propuesta de 24 puntos elaborados por las Asambleas Barriales; que las asambleas hospitalarias junto con los barrios organicen el plan de lucha".

La huelga general del 16 pasado fue la mayor de los últimos cincuenta años en Italia: fábricas desiertas, puertos, estaciones de transporte, aeropuertos, bancos, escuelas y correos cerrados; hospitales que operaron con guardias mínimas para urgencias; no hubo diarios ni noticieros de radio o TV. El llamado "planeta Fiat" se paralizó en todo el país; lo mismo sucedió en otras grandes empresas como Telecom, Pirelli u Olivetti. En las 21 principales ciudades, más de dos millones de trabajadores concurrieron a las manifestaciones. En Cerdeña, hubo un escrache frente a la mansión veraniega del primer ministro Berlusconi. La huelga fue precedida por enormes manifestaciones, en las que se movilizaron tres millones de trabajadores hace apenas un mes, y por "manifestaciones y huelgas parciales espontáneas" que reclamaban la huelga general en numerosas empresas metalmecánicas, químicas y plásticas de Lombardía, Piamonte y Emilia (Corriere della Sera, 22/2). Hace poco más de un mes, en Prensa Obrera (14/3), anticipábamos que "en Italia madura la huelga general". La huelga repudió al intento del gobierno derechista de Berlusconi de modificar el artículo 18 de la ley laboral, que otorga una protección limitada contra los despidos. Es una declaración de guerra contra el movimiento obrero, en particular contra los trabajadores más antiguos, que serán reemplazados en masa por jóvenes empleados mediante "contratos basura". Aunque Berlusconi pretende arrasar con la legislación laboral, como lo hizo la Thatcher, "las grandes empresas como Fiat, Pirelli o Telecom tienen terror a la ruptura de la paz social" (El País, 17/4). No son pocos los que sostienen que, después de la huelga, "la reforma está muerta". El gobierno está empeñado en abrir una "brecha" entre las tres centrales. Le ha ofrecido a la CSIL (católica) y la UIL (dirigida por los ex socialistas), la creación de un subsidio para los desempleados de las pequeñas y medianas empresas (en la actualidad, sólo rige para los de las grandes empresas). Sin embargo, "no está para nada claro que el gobierno tenga fondos para financiarlo" (Financial Times, 16/4). El éxito de la huelga sólo ha dejado en claro que el pueblo trabajador italiano lo considera su enemigo. Entre "los líderes industriales" se manifiesta, de una manera cada vez más abierta, "una creciente decepción por el fracaso de Berlusconi para cumplir sus promesas electorales", en particular la "reforma" del sistema previsional (ídem). A los ojos de la gran burguesía, "la reforma laboral es una prueba de la capacidad del gobierno para alcanzar objetivos más amplios" (ídem). Se ha iniciado en Italia una nueva crisis política y un ascenso obrero. La consigna de conjunto de los trotskistas italianos (Proposta) es "Fuera Berlusconi".

El 17 de marzo pasado la Interbarrial Nacional resolvió impulsar un acto el 1º de Mayo con oradores de las organizaciones obreras y las Asambleas Populares. Pero en la Comisión de Prensa, un dirigente del MST manipuló las resoluciones y luego sacó un afiche y un boletín (el dirigente cuestionado "reconoció" posteriormente su "error" y se "disculpó"). La Interbarrial Nacional resolvió: "1° de Mayo, movilización y acto donde hablen las Asambleas barriales, organizaciones estudiantiles, trabajadores ocupados, desocupados y organizaciones de derechos humanos." El afiche y boletin que falsificó el MST dice: "1° de Mayo, movilización y acto de las Asambleas barriales, organizaciones estudiantiles, trabajadores ocupados, desocupados y organizaciones de derechos humanos."

En la sesión del pasado jueves 19, la Legislatura porteña debatió la "reprogramación" del pago de la deuda externa de la Ciudad, de 600 millones de dólares (bonos Tango), en momentos en que el Estado nacional se encuentra en "cesación de pagos". El proyecto de ley "autoriza" al Poder Ejecutivo a "iniciar negociaciones" con el colocador de esos bonos, que es la Banca Morgan. Como explicó Altamira, se trata de una ley inconstitucional, ya que la Legislatura no puede "avalar" negociaciones de deuda antes que éstas se realicen, sino solamente convalidar o rechazar los acuerdos que se hubieran alcanzado. Pero ocurre que la Banca Morgan había exigido el aval previo de la Legislatura, o sea, obtener un cheque en blanco. En verdad, la letra del acuerdo ya ha sido redactada por los banqueros: la "deuda reprogramada" continuará rindiendo tasas de interés que triplican o cuatriplican las tasas internacionales, sin la menor quita en el capital. La deuda externa y las AFJP Altamira caracterizó la "reprogramación" como "una ley con dos apellidos: la ley Morgan-Orígenes". Denunció que la ley implicaba la re-dolarización de la deuda con las AFJP -que son una de las principales tenedoras de los bonos Tango- que el Estado nacional había pesificado, al 100% de su valor. El conjunto de la deuda pública externa se encuentra en default, y las alternativas de "reprogramación" admiten porcentajes de quita de hasta el 60%. Las condiciones pactadas implican un negociado, no solamente porque Morgan cobrará 10 millones de dólares (el 2% de la deuda) en comisiones por esta operación, sino porque el acuerdo revalorizará la cotización de los Tango *que hoy están depreciados e ilíquidos*, lo cual permitirá venderlos a un valor superior a su actual precio de mercado. Significado político El gobierno "centroizquierdista" de la Ciudad se ha colocado, así, a la vanguardia del entreguismo al capital financiero. El PJ votó casi unánimemente a favor de la "reprogramación". Altamira denunció que el voto justicialista "nos está revelando que el gobierno nacional va a ir a discutir el tramo externo de la deuda en los términos de los acreedores". Altamira denunció también la farsa "participativa" de Ibarra, pues reserva la discusión del gasto de la deuda externa a los bancos acreedores.

Unas setenta organizaciones ambientalistas alertaron acerca de un convenio firmado en agosto del año pasado entre el gobierno argentino y el de Australia por el cual nuestro país, a propuesta de la empresa Invap, importaría residuos radiactivos. Duhalde ratificaría el convenio firmado por De la Rúa, el cual se enmarca en la política del imperialismo mundial de financiar el traspaso de industrias contaminantes (y sus residuos) a los países atrasados. El convenio es inconstitucional (viola el artículo 41 de la Constitución), además de varias leyes nacionales y las Constituciones de la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Invap pretende almacenar y procesar en el Centro Atómico de Ezeiza la basura nuclear, que entrará por el Puerto de Buenos Aires. Pero, más allá de su carácter inconstitucional, el convenio significará un altísimo riesgo para la salud de la población de todo el conurbano debido al peligro que supone el procesamiento de basura nuclear en una zona de alta densidad poblacional y sin que se cumplan los estudios de impacto ambiental correspondientes. No es el primer intento de esta naturaleza. En octubre de 1994 denunciábamos que "el gobierno nacional, a través de la Secretaría de Medio Ambiente, cuya titular es María Julia Alsogaray, convocó a licitación pública internacional para la instalación de seis basureros tóxicos en el conurbano. Uno de ellos se ubicaría en Esteban Echeverría" (Prensa Obrera Nº 429, del 6/10/94). En aquel entonces, una intensa movilización de la población del conurbano bonaerense frenó la iniciativa menemista. Por supuesto que no será el Congreso Nacional, como pretende la campaña de firmas de Greenpeace, el que pondrá una valla a este convenio proimperialista. Deben ser las Asambleas Populares de Capital y el conurbano bonaerense, junto con las comisiones gremiales de los trabajadores del Centro Atómico de Ezeiza, quienes tomen el rechazo del basurero nuclear en sus manos y realicen una campaña conjunta de movilización que impugne el convenio y toda la política proimperialista de Duhalde, Ibarra, Solá y todos sus intendentes.

Con el feriado cambiario y bancario y el Bonex, el gobierno de Duhalde completa la confiscación de los 45.000 millones de dólares de los ahorristas, en un intento de salvar a los bancos de la total y completa bancarrota. La "suspensión" al Scotiabank, dispuesta el jueves, aceleró la debacle a tal punto que si no disponía el feriado bancario, el lunes 22 el Banco Central habría debido suspender a una docena de bancos y el martes al resto. Además, la suspensión del Scotiabank ilustraba que las casas matrices de los bancos extranjeros no estaban dispuestas a traer ni un dólar en respaldo de los depositantes; se puso de este modo en evidencia la mentira de que el gobierno no dejaba a los bancos extranjeros devolver los depósitos en la moneda en que fueron pactados. Según el gobierno, la plata en los bancos se había terminado por culpa de los recursos de amparo favorables a los ahorristas. Pero de los 10.000 millones de pesos que se fueron desde enero hasta mediados de abril, sólo el 20% se explica por las sentencias judiciales. El resto se escurrió a través de la especulación financiera: los grandes supermercados y los propios bancos compraban plazos fijos a los ahorristas dispuestos a salir del corralito a cualquier precio, a cambio de efectivo por el cual cobraban comisiones del 20, 30 y 40%. Por esta vía, los bancos usaron la plata de los redescuentos que les daba el Banco Central para hacer pingües beneficios, acelerando la caída del sistema bancario. "El retiro de depósitos acentuó la iliquidez de los bancos. A principios de año, el efectivo más los depósitos que los bancos tienen en el Banco Central (encajes) ascendían al 26% del total de los depósitos. Ahora apenas orillan el 11%, pero esto debido a que, por redescuentos y pases, el Banco Central le inyectó fondos a los bancos. De lo contrario, los encajes serían del 6% negativo" (Clarín, 20/4). Terminada la plata, los bancos salieron a presionar al gobierno para que dispusiera el feriado y transformara obligatoriamente todos los plazos fijos del corralito en un bono. "La medida fue tomada tras una fuerte presión ejercida por los bancos, especialmente durante la última semana, preocupados porque el importante drenaje de fondos dejó a varias entidades al borde de no poder operar" (Página/12, 20/4). Pero fue el presidente del Banco Central, Mario Blejer, quien explicó la jugada del Bonex 2002: "Sea cual sea el plan, siempre tiene que ser un canje de la deuda que el gobierno tiene con los bancos por una deuda que el gobierno tendrá con los ahorristas" (Página/12, 20/4). Dicho en otras palabras, con el Bonex, o sea con la plata de los ahorristas, el gobierno de Eduardo Duhalde le paga a los bancos, al 100% de su valor, los desvalorizados e "impagables" títulos de la deuda pública que tienen en su poder. Los bancos cobran al 100% de su valor los títulos de la deuda externa "local", que valen 20/25%; los depositantes, por su lado, si necesitaran el dinero deberían vender esos bonos en la Bolsa con un descuento del 70 u 80%. Si deciden, en cambio, esperar a que venzan, correrán el riesgo de un nuevo "default", quita o cualquier otro tipo de confiscación de esos bonos. De cualquier modo, esos bonos en "dólares" tendrán un menor valor porque devengan apenas el 2% anual (contra el 6% en el mercado internacional). Todo esto demuestra que en medio de la peor crisis financiera, el gobierno de Duhalde se las arregla para salir en socorro de la banca, "honrar" el pago de la deuda y confiscar a los pequeños ahorristas. Ante este saqueo, el PO plantea: confiscar la banca, las AFJP y las grandes empresas y poner en marcha al país bajo control de los trabajadores.

Ante el derrumbe educativo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires aprobó una partida de 10 mil becas de ayuda económica de 50 pesos por mes, para el nivel medio. Las becas de Ibarra son más truchas que las de Ruckauf. No sólo no cubren la franja de estudiantes que las necesitan; además su valor adquisitivo se redujo en un 70% por la creciente devaluación e inflación. Pero lo peor es que, si bien ya empezó el período de inscripción (que requiere de requisitos similares a los del plan Trabajar), hasta el momento no han comenzado a pagarlas. El Partido Obrero y la UJS plantean que se hagan inmediatamente efectivas las becas ya asignadas y se indexe su valor (hoy, 150 pesos). Si realmente se quiere disminuir la deserción escolar, las becas deben ser entregadas a todos los estudiantes que las necesiten, antes del comienzo de clases y por un monto (indexado) para que cubra las necesidades de estudio.

La expropiación del trabajo ajeno es la forma de existencia del capital. Ahora mismo, mientras la expropiación de los depositantes aparece como la "punta del iceberg", la confiscación de millones de trabajadores continúa sin misericordia. Según las estadísticas oficiales el poder adquisitivo promedio del salario habría caído un 15% desde comienzo de año y aún más cuando el ingreso del trabajador es menor; porque los mayores aumentos recaen en alimentos y productos de primera necesidad. En este cuatrimestre, la masa salarial de los trabajadores argentinos se contrajo en una cifra aproximada de 3.000 millones de pesos. ¡El doble de lo que el gobierno dice que dedicará en un año para financiar los subsidios a los jefes de hogar desocupados! Pero, además, los gobernadores, con Felipe Solá a la cabeza, ya admitieron que puede haber nuevas rebajas de salarios estatales y hasta la eliminación del aguinaldo. Con la confiscación actual, el salario de la mitad de los trabajadores ocupados se encuentra por debajo de los 400 pesos, lo cual no llegó al umbral de lo que se llama la línea de la pobreza familiar. El salario mínimo de subsistencia está calculado en los 1.500 pesos para una familia tipo. Significa que el salario promedio del país *600 pesos* debería subir un 150%. La indexación de los salarios, el establecimiento de un mínimo igual a la canasta familiar, el reparto de las horas de trabajo para combatir la superexplotación y la desocupación, representan el programa mínimo en defensa de la vida de la clase trabajadora ante la catástrofe presente. Expropiación capitalista El capitalismo surgió históricamente mediante la confiscación de los medios de trabajo del campesino o del artesano. El funcionamiento "normal" del capital se establece, a su turno, mediante la apropiación del plusvalor creado por el trabajador. Toda la propiedad capitalista se basa, en definitiva, en este robo del trabajo ajeno. Es su génesis y su desarrollo. Cuando el Estado y sus diversos regímenes y gobiernos vaciaron las cajas de jubilaciones, y más tarde desconocieron este ahorro acumulado de los trabajadores para su retiro, la operación implicó una expropiación del orden de 150.000 millones de dólares. El proceso expropiatorio del capital concluye con la expropiación del propio capital: los pescados grandes se comen a los más chicos, aparece el gigantesco monopolio capitalista moderno. La polarización entre un puñado de grandes propietarios y la masa miserable de expropiados llega a un punto tal que el sistema capitalista como un todo no puede funcionar sobre sus propias bases. Este es el significado del derrumbe económico generalizado de las relaciones capitalistas, que caracteriza a la situación argentina. En épocas de colapso como la actual, la expropiación de los expropiadores y la concentración de la gran propiedad en el poder público se convierten en una cuestión de subsistencia. Pero el poder público debe pasar a manos de la clase obrera. Se transforma en una cuestión vital. El programa mínimo y el máximo deben articularse en un programa único a favor de un gobierno de los expropiados, un gobierno de los trabajadores.

En torno a la modalidad del acto del 1° de Mayo se viene desarrollando un debate en el seno de la Interbarrial y de las Asambleas Populares, al cual IU y el MST le han impreso un carácter antipiquetero faccional. La Asamblea Nacional de Asambleas Populares había resuelto claramente, el 17 de marzo pasado: "1° de Mayo: movilización y acto donde hablen las Asambleas barriales, organizaciones estudiantiles, trabajadores ocupados, desocupados y organizaciones de derechos humanos". El Bloque Piquetero, por su lado, con la presencia solidaria de numerosas Asambleas Populares, había resuelto en su Asamblea Nacional (16 y 17 de febrero) y en su Marcha Nacional (que culminó el 15 de marzo en Plaza de Mayo) la convocatoria a un gran acto del 1° de Mayo en la Plaza de Mayo, con oradores de las organizaciones obreras en lucha y las Asambleas Populares. Pero, en forma sorpresiva, algunas corrientes, particularmente el MST, pretenden imponer que se lea un documento único, sin oradores. Para el MST, debe haber un "pensamiento único", para que el 1º de Mayo sea "verdaderamente unitario". Clasismo El 1° de Mayo es por definición (desde 1890) una jornada de lucha obrera internacionalista. El Bloque Piquetero ha convocado a un acto en la Plaza de Mayo, como parte de un Plan de Lucha Nacional. Se trata también de un acto contra la "concertación" y la tregua de las burocracias sindicales y de la FTV-CCC. El 1° de Mayo es una jornada clasista, y todo intento de desvirtuarla es antiobrero. Es contrarrevolucionario pretender impedir las expresiones de lucha de los trabajadores que se plantan frente al Estado. Es por eso que los vecinos que luchan y se organizan en las Asambleas Populares deben sumarse activamente a esta jornada obrera de lucha, que viene impulsando el Bloque Piquetero, y coordinar un acto central en Plaza de Mayo. El Bloque Piquetero, con sus cortes, marchas y movilizaciones se ha constituido en la referencia de cualquier proceso de lucha de las masas, como lo demuestran los masivos cortes de ruta y puebladas, su intervención en las ocupaciones de Brukman y Zanón, en las luchas de El Gráfico y los docentes en huelga (Unter, etc.). El Bloque Piquetero ha demostrado su capacidad de unificar en la acción y la organización al conjunto de tendencias en lucha. El 1° de Mayo apunta objetivamente a intervenir en el desenlace de la agudización de la crisis que se vive en el momento actual, frente a un gobierno fondomonetarista que pretende seguir aplicando los planes de los banqueros. Y debe hacerlo, volcando la balanza para el lado de la movilización independiente de las masas, abriendo una nueva perspectiva política en el país. Este criterio fue votado por la Interbarrial (ver recuadro). Ahora se trata de no vaciar este contenido.

Ruckauf huyó de la gobernación de Buenos Aires y se fue a la Cancillería... Romero anuncia su candidatura presidencial justo cuando la provincia está al borde de la cesación de pagos, los municipios no pagan los sueldos, los hospitales están desabastecidos y el IPS en quiebra. Hay 10.000 nuevos desocupados sólo en la construcción, que está paralizada; se pagan apenas 100 pesos por mes para mantenimiento de las escuelas; a los empleados públicos se les ha confiscado el 6% de sus aportes jubilatorios. Ruckauf "ha hecho escuela", es evidente. Romero se jacta de ser el alumno más aplicado del FMI. Firma el nuevo pacto fiscal que elimina el piso de la coparticipación, después de haber entregado ya por 15 años las regalías petroleras y privatizado todos los servicios. En la misma línea, se acaba de anunciar oficialmente el intento de reducir la cantidad de representantes en Diputados y de eliminar 30 Concejos Deliberantes. Con el cuento de "achicar los gastos de la política" se quiere liquidar cualquier sistema de representación e imponer de hecho el gobierno por decreto. Este verdadero golpe de Estado es, también, una exigencia del FMI. Hay una salida Es lo que demuestra el reclamo de la Coordinadora Piquetera del Norte cuando exige la creación de un Fondo Hidrocarburífero formado en base a una parte de las ganancias de las petroleras, que permita crear trabajo genuino, bajo administración estatal y control de los trabajadores. ¡Qué contraste entre estos personajes que después de destruir todo preparan su huida, y la CTD de Tartagal que acaba de presentar un plan para frenar el dengue y crear para ello 500 puestos de trabajo para los desocupados, o el Fubde de Embarcación que hace más de un año presentó un proyecto para evitar las inundaciones (si hubieran tomado el proyecto de los desocupados este año se evitaban miles de evacuados en el pueblo)! Que se vayan todos, que el poder pase a una Asamblea Popular Constituyente en cada municipio, en la provincia y en el país, para satisfacer los reclamos del pueblo en lucha en base a la estatización sin pago de la banca, de la riqueza petrolera y de todas las grandes empresas. Un gobierno que sobre la base del repudio de la deuda externa pueda garantizar el salario y la jubilación mínima de 600 pesos indexados por costo de vida y el reparto de las horas de trabajo entre todos los desocupados sin afectar el salario.

Desde los ferroviarios a los docentes, los trabajadores de los servicios públicos británicos están desarrollando huelgas (o amenazan con comenzarlas) que tienen en común: el reclamo salarial y el rechazo a las privatización. Los ferroviarios ya han realizado varios paros de 24 y 48 horas por reclamos salariales. La empresa ferroviaria, privatizada, debió ser puesta bajo control del Estado el año pasado como consecuencia del deterioro sustancial del servicio y los numerosos accidentes ocurridos como consecuencia de la falta de personal (los privatizadores despidieron un 25% de los ferroviarios) y de inversiones. Para "compensar" a los inversores, el gobierno de Blair les ha ofrecido una "indemnización" de varios millones de libras. Los tres sindicatos docentes amenazan con ir a la huelga si sus reivindicaciones no son satisfechas en el contrato colectivo que se está negociando. Reclaman un aumento salarial inmediato del 10%, la reducción de la semana laboral a 35 horas (actualmente en 51) y el cese de las políticas gubernamentales a favor de la privatización de la educación. Jugando con las palabras, aunque no tanto, un diario definió el conflicto docente como una "guerra de clases" (Financial Times, 3/4). Un conflicto de una envergadura todavía mayor es el que se está a punto de estallar en el Correo, que anunció el cierre de 3.000 oficinas y el despido de 15.000 trabajadores. El primer objetivo de los despidos serán los trabajadores de los camiones de reparto de correspondencia: casi un tercio de ellos quedará en la calle. El Correo británico está sufriendo enormes pérdidas como consecuencia de la falta de inversiones y la "apertura" a la competencia privada. Esta "apertura" será todavía mayor en tiempos por venir, con los privados capturando las áreas más rentables, como la correspondencia empresaria en los grandes centros urbanos. El sindicato de los trabajadores del correo ha intentado llegar a un acuerdo para que la sangría se haga mediante "retiros voluntarios" pero, hasta el momento ha fracasado. La amenaza de una huelga del Correo tiene en vilo al gobierno de Blair.

El llamado, el lunes pasado, de diversos agrupamientos, radios y otros medios para frenar el intento de desplazamiento del fiscal anticorrupción, Jerez, que investigaba, entre otras cosas, las posibles coimas pagadas por el gobierno de Miranda para lograr los votos en la Legislatura que habilitaron la convocatoria a reformar la Constitución de la provincia, terminó precipitando una pueblada. Alrededor de 15.000 personas fueron a la Plaza Independencia para reclamar la restitución del fiscal. El cacerolazo en el interior de la plaza debía servir para reunir firmas y un petitorio a la Legislatura, pero fue completamente desbordado por la multitud, que primero ocupó las escalinatas de la Casa de Gobierno e hizo retroceder a la policía que quería ocupar esa zona; luego los cánticos se fueron radicalizando y comenzó a predominar el "que se vayan todos"; luego comenzaron los discursos que transformaron a la concentración en una formidable asamblea popular. Los sectores más conciliadores querían desconcentrar rápido, pero se los frenaba al grito unánime de "el pueblo no se va". Se usaron otras artimañas para desconcentrar: primero, diciendo que el gabinete había renunciado, a lo que la gente contestaba que además renunciaran Miranda y los legisladores; después, que en la Plaza no estaba todo el pueblo y que debía volverse a convocar en 72 horas, a lo que multitud respondió que había que quedarse y de ahí en más concentrarse todos los días hasta que se fueran todos. Distintos oradores denunciaron la crisis social, sacando a luz las reales y profundas motivaciones que llevaron a esta irrupción. Lo del fiscal, como siempre ocurre en el salto del proceso de lucha, fue el hecho fortuito, la gota que llena el vaso, el detonante; las causas profundas de la reacción popular han sido el hundimiento de la provincia y las condiciones de vida de la mayoría laboriosa, a lo cual se agrega el carácter mafioso y descompuesto de la camarilla gobernante y la profunda crisis que abrió su convocatoria reformista de la Constitución, incluso en las cámaras patronales, para los cuales un proceso electoral dilataría el ajuste contra el pueblo. En las últimas semanas, los empresarios, los colegios profesionales y La Gaceta desplegaron una feroz campaña para promover la investigación iniciada por el fiscal, lo que precipitó que el gobierno impulsara desde la Legislatura el desplazamiento de Jerez. En el gobierno confiaron en que el cacerolazo no iba a pasar a mayores; incluso, durante toda la tarde, el aparato del PJ hizo una vasta tarea, convocando a una contra-manifestación con el argumento de que el cacerolazo era golpista. Los justicialistas no aparecieron, arrugaron ante la multitud. Antes del inicio del cacerolazo, un nuevo partido impulsado por la Fundación del Tucumán y La Gaceta (una suerte de UCD tucumana) llamado Ciudadanos Independientes, convocó a un acto; en otro rincón Fuerza Republicana hizo otro tanto, para capitalizar de entrada el cacerolazo, pero fueron ambos desbordados, hasta el punto que cuando anunciaron que entre los presentes estaba Ricardo Bussi, el grito unánime fue "que se vaya, que se vaya". La manifestación estuvo llena de banderas argentinas, había muchos ataques a los partidos, pero ese recelo apunta principalmente a los políticos patronales, y puede servir para derrocar al gobierno. Un orador señaló que esa pueblada era el 19 de diciembre en Tucumán, y que había que preparar el 20, que no había que desocupar la plaza, sino que desde allí había que convocar a todo el pueblo de la provincia a reunir Asambleas Populares y a marchar a la plaza central, para lograr "que se vayan todos", para romper con el FMI, para no pagar la deuda pública, para salvar la salud, la educación pública, los salarios y el trabajo. Y como el derrocamiento de De la Rúa no fue un producto espontáneo, la pueblada tucumana tampoco lo es. Viene precedida de una creciente lucha en la Capital y los pueblos del interior, de huelgas de empleados, de cortes y marchas. Con la pueblada se ha creado el escenario para ir a fondo en la extensión y masificación de la lucha a todos los pueblos donde hay conflictos explosivos con las intendencias y los consejos consultivos por el tema de los planes y los subsidios. En la manifestación se presentó la cuestión clave de la salida a la crisis; un sector (alentado por el PJ disidente y Fuerza Republicana) reclamaba "intervención", otro sector le respondió "elecciones, elecciones". Es claro que el reclamo de la intervención federal es insostenible, porque eso significaría un delegado de Duhalde. Los que plantearon "elecciones ya", apuntan a hacer caer el gobierno y disolver la Legislatura, lo que abre una crisis revolucionaria en todas las provincias y el país. El Partido Obrero plantea que el poder en la provincia, los municipios y las comunas tiene que ser transferido a una Asamblea Popular Constituyente. En función de esta perspectiva, la tarea es impulsar en todos lados la realización de Asambleas Populares y la extensión del Bloque Piquetero y de los sectores sindicales combativos. La concentraciones diarias masivas en la Plaza Independencia son por ahora el marco inmediato para la movilización, que se debe reproducir en las plazas de todos los pueblos del interior, y ello debe servir para unir las cacerolas, los piquetes y las fábricas, para una lucha de conjunto, la huelga general que imponga la salida de los explotados a la crisis.

La renuncia del jefe de la Bonaerense, Amadeo D’Angelo, acusado de integrar una red político-policial de "protección" del negocio de la prostitución en la zona norte del Gran Buenos Aires, ha confirmado, una vez más, lo que toda la población sabe de sobra: que la Bonaerense es la principal institución delictiva en la provincia, una actividad en la que no admite competidores, aunque sí socios y "protegidos". La investigación alcanza a 12 altos jefes policiales y varios funcionarios "políticos" de los distritos de San Miguel y San Fernando, entre ellos Oscar Zilochi, mano derecha de Aldo Rico, y Claudio Pérez, presidente del "Honorable" Concejo Deliberante de ese distrito. Según la contabilidad de los proxenetas, esta red recibía 18.000 pesos mensuales para que sus "locales" pudieran "trabajar" sin ser "molestados". D’Angelo hizo su carrera bajo la "protección" de otro conocido mafioso, el comisario Mario "Chorizo" Rodríguez, y llegó a la jefatura de la Bonaerense de la mano de Ruckauf. Para reemplazarlo ha sido elegido otro hombre de "la vieja escuela", Ricardo Gastaldi, quien estuvo al frente de dependencias "calientes" en los últimos diez años. Uno de sus destinos fue, entre 1998 y el 2000, la Departamental de Mar del Plata, en los tiempos en que el fantasmal "loco de la ruta" asesinó a numerosas mujeres. Al cabo del tiempo, la justicia descubrió que el "asesino serial" era, en realidad, una red de narcos y proxenetas. Entonces, el fiscal Fabián Fernández Gallardo denunció que "uno de los principales obstáculos para esclarecer el hecho es la propia policía"... al mando de Gastaldi. Poco después fue puesto al frente de un "equipo de investigación" para esclarecer el fusilamiento de ocho menores a manos de la Bonaerense en Don Torcuato. ¿Detenidos? Cero. ¿Acusados? Cero. Este consumado encubridor de la mafia policial y de sus "asociados" fue puesto al frente de la Bonaerense. La impunidad, asegurada; los "negocios", también.

Comercial del Plata, el grupo empresario de Santiago Soldati, obtuvo en los últimos años "generosos" préstamos del Banco de la Provincia de Buenos Aires que le sirvieron para financiar su participación en las "privatizaciones", como la del Tren de la Costa. Como Soldati jamás pagó esos créditos, Ruckauf estatizó su deuda de 57 millones con el BPBA en el 2001 (como parte de un "paquete" más general de salvataje de los grandes deudores del Banco por un total de 1.100 millones de dólares) Este grupo quebrado a pesar de todos los subsidios (la empresa madre del grupo, Sociedad Comercial del Plata, está en convocatoria de acreedores) y que tiene importantes deudas con los municipios de Tigre y San Fernando, ha sido beneficiado por los intendentes Ubieto y Amiero con un nuevo negociado inmobiliario: Delta del Plata. El "proyecto" consiste en la construcción de un viaducto que una el continente (desde la ruta 197) hasta la primera sección de Islas, cruzando el Río Luján. Se prevé la elevación del terreno de 600 hectáreas de islas y la reducción del ancho del camino de sirga, que es la franja entre los terrenos costeros y los lotes, o sea la ampliación del área disponible para la construcción. Según denunciaron los vecinos de Aprodelta, se trata de un flor de negociado inmobiliario ya que a los isleños sólo les pagarían un peso por hectárea (Página/12, 1/4). Frente a la movilización de los vecinos e isleños, el intendente Ubieto (de Tigre) debió dar un paso atrás, y limitarse a sacar un decreto de pre factibilidad (en lugar de su aprobación directa). En diciembre, el Concejo Deliberante de San Fernando aprobó el permiso, alegando acuerdos con los municipios de la Región Metropolitana Norte. En abril, el Concejo Deliberante de Tigre tratará de aprobarlo definitivamente. La obra provocará mayores inundaciones por elevación de terreno (el Defensor del Pueblo la desaconsejó por carecer de estudios serios). Para "garantizar" la seguridad y la buena vista, la villa El Garrote (ubicada en uno de los bordes del puente), será rodeada por un muro, convirtiéndola en un geto de desocupados, o será desalojada. En cualquiera de los casos, se colocará allí un destacamento de Prefectura. Contra este crimen social y ecológico, la Asamblea Popular de San Fernando, hizo un escrache reclamando la derogación de la sesión de tierras y que las obras se coloquen bajo control de los vecinos, con la presencia de asambleas de la zona norte. Pascual Gentile, docente y asambleísta de San Fernando, relata esa instancia de lucha: "...concurrimos a movilizarnos con los isleños de Tigre, que realizaron una caravana naútica en protesta ante un nuevo avance del viejo proyecto de "invadir" el Delta con una autopista y fuimos víctimas de un nuevo acto intimidatorio del poder político hacia las movilizaciones populares". Es que sobre el final del acto, un grupo de personas, encabezados por cuatro policías de civil y comandados por un concejal oficialista y el Secretario de Obras Públicas de Tigre, en persona, insultaron a los manifestantes y rompieron un cartel. Sólo la acción común de los trabajadores y desocupados, los vecinos y los isleños podrá impedir que la especulación inmobiliaria se devore el Delta.

La Asamblea Vecinal de Quilmes Centro (miércoles 20:30 hs, Mitre y Rivadavia) denuncia el secuestro de la compañera Micaela, de 20 años, el día sábado 13/4. El hecho se produjo en la mañana en circunstancias en que Micaela se aprestaba a viajar a Mendoza, desde la localidad de Ezpeleta. Fue encapuchada con una bolsa de consorcio y retenida durante 2 horas. Se la interrogó sobre los temas que impulsa la Asamblea y, fundamentalmente, sobre la Rezonificación de la Costa del Río. Esto último es un proyecto donde intervienen intereses inmobiliarios de particulares vinculados a las representaciones políticas corruptas que todos repudiamos. El caso fue denunciado a la Fiscalía y Micaela se encuentra relativamente bien. Este caso se inscribe junto a hechos ocurridos en las Asambleas Populares de Palomar, Ituzaingó, Merlo, Hurlingham, Morón, etc. para intentar frenar los nuevos actores sociales piqueteros, asambleístas y otros, pero fundamentalmente pegan a los jóvenes, futuros cuadros, capaces de reemplazar a los corruptos. Hagamos una cadena de mails, enviando a 10 amigos para que ellos, a su vez, envíen a otros 10, y tratemos de articular una acción en conjunto para todos estos casos. No pasarán. ¡Que se expresen todas las fuerzas y potencialidades que están en nuestro pueblo...! Comisión de Medio Ambiente.

El 20 de marzo, en Tupungato y López Escribano, a las 8:30 horas, fue asesinado José Prieto, un vecino de la zona que sufría discapacidad mental. Su asesino fue el policía Desiderio Leiva; vestido de civil y sin identificarse, lo fusiló con cuatro disparos. José Prieto es una víctima, otra más, del gatillo fácil bonaerense. Sabiendo que la Bonaerense y la Justicia van a encubrir al asesino, los vecinos nos organizamos. Realizamos varios escraches en el domicilio del policía (Godoy Cruz 950) y pegamos afiches (financiados por una colecta en el barrio) en la estación ferroviaria de Varela y en el centro del municipio. Nos mantenemos en estado de asamblea permanente para que el asesinato no quede impune. Sólo con nuestra movilización podremos imponer el castigo a este asesino y a todos los del gatillo fácil.

Aún disponiendo la libertad de Emilio Alí, el Tribunal de Casación de la provincia de Buenos Aires falló contra el movimiento de lucha de los trabajadores. Los jueces (dos sobre tres) ratificaron que la movilización de desocupados concretada el 5 de mayo del 2000 frente a un supermercado de Mar del Plata reclamando alimentos y el cumplimiento del paro general convocado para ese día entraña el delito de “coacción agravada", por lo que confirmó la pena de dos años y medio de prisión (en suspenso) contra el dirigente piquetero. Se trata del primer fallo en la provincia de Buenos Aires de esta naturaleza, y contrasta con el fallo de la Cámara Nacional de Casación que dispuso, tiempo atrás, la absolución de los luchadores en el juicio por una ocupación de ruta en Comodoro Rivadavia (fallo Natera-Gati). Forma parte de una lucha política e ideológica que recorre toda la última década y en la que la burguesía pretende ilegalizar el corte de rutas por "obstruir el tránsito" o alterar el orden público, es decir, la seguridad del Estado, llegando hasta la acusación de sedición y colocar fuera de la ley los piquetes frente a los supermercados invocando el delito de coacción" No casualmente el origen histórico de la figura de coacción corresponde al gobierno de Isabel-López Rega y fue concebido para actuar contra las ocupaciones de fábrica de ese período en nombre de la "libertad de trabajo”. Para esta corriente de pensamiento. Emilio Alí no es un preso social y, como planteó el fiscal general adjunto de Mar del Plata, acusador de Alí, “una cosa es peticionar y otra muy distinta intimidar" (El Día, 20/3), como si manifestar por cualquier reclamo, y más por uno que hace a la subsistencia, no fuese un derecho elemental (por eso los defensores consecuentes de los luchadores enarbolan sistemáticamente el artículo 34 del Código Penal, que dice que una acción “no es delito cuando hace al ejercicio legítimo de un derecho’’). En su momento La Nación se había pronunciado tajantemente contra la posibilidad de un indulto o conmutación de penas a Emilio Alí, defendiendo las acusaciones de “coacción” y “extorsión" contra los protagonistas de los piquetes o los cortes de ruta. El fallo de los jueces se orienta en esta dirección, colocando en la ilegalidad la acción del piquete de la UVO que en Mar del Plata, actuó en función del cumplimiento de la huelga general y de la subsistencia de las familias desocupadas, es decir absolutamente “a derecho" de la clase obrera.

Con la presencia de alrededor de 500 personas, el festival organizado por la Asamblea Popular de Villa Ballester, en la Plaza Roca, ha sido un rotundo éxito. Se destacó la calidad de los artistas, de la zona, que se presentaron en forma solidaria con la Asamblea. Tocaron folclore, música andina y rock, bailaron tango y danzas, hubo exposición de pinturas, dibujos y videos, y también se realizó un concurso de manchas para los chicos y se construyeron barriletes. Se repartió una carta a los vecinos, aprobada por la Asamblea, en la que se plantean las reivindicaciones locales y el programa de la Interbarrial. Desde el escenario, las intervenciones de los asambleístas llamaban a los vecinos a participar todos los sábados de la Asamblea y de las movilizaciones del 20 de abril y el 1° de Mayo. El intento de la Municipalidad de que fracasara el festival, negando la electricidad a pesar de las reiteradas solicitudes, para lo único que sirvió fue para que la realización misma del festival sea sentida como un triunfo por la Asamblea Popular. Estamos ante un fortalecimiento de la Asamblea de Ballester, el cual ya se ha podido verificar en la movilización de 25 vecinos el 20 de abril hasta Plaza de Mayo y en el empadronamiento de desocupados por parte de la comisión de desocupados, que marcha hacia su primera asamblea. El 1° de Mayo se presenta como un gran desafío para que decenas de vecinos, trabajadores y estudiantes de Ballester nos movilicemos a Plaza de Mayo.

Cerca de un centenar de compañeros se dieron cita en Landa y Alem para festejar la apertura de un nuevo local del Partido Obrero Desde muy temprano, cortamos una de las principales calles de Pehuajó; el escenario y el espectáculo artístico estuvo garantizado por los Compañeros de Lucharte. Tiseada para los mas chicos, música de Carlos y Sandra, y finalmente el grupo de Rock Neron, pusieron la alegría y las ganas en una noche muy fría. Abrió el acto Sandra Izaguirre, dirigente de la Interbarrial en el Polo Obrero, agradeciendo al Partido el préstamo del local donde se reúnen vecinos de distintos barrios, todos los jueves a las 18hs.. La compañera, criticó la política del gobierno Nacional y expuso las conclusiones y resoluciones del plenario regional del Polo Obrero, del sábado 13 en el sindicato de Luz y Fuerza: Convocar a asambleas por barrios y a la elección de delegados para una Asamblea Popular en los últimos días de abril; unir los reclamos obreros y populares, apoyar la pueblada de los vecinos de la localidad de Juan José Paso contra las inundaciones y pidiendo la renuncia al intendente Cesar Peña. Posteriormente, en nombre de Lucharte, Jorge Michelli, también agradeciendo el préstamo del local para esta organización de trabajadores del arte y la cultura, que todos los lunes a las 17hs hacen sus reuniones. El compañero hizo una dura intervención contra la secretaria de Cultura, que dirige la "esposa" del intendente. Convocó a todos los presentes a sumarse para viajar a Plaza de Mayo este 1º de Mayo. Cerró el acto el compañero Adalberto Ricci, del Partido Obrero, para decir que en momentos que los dirigentes de los partidos burgueses deben ser rescatado por la policía, de la furia de las masas, como ocurrió con el intendente Peña en Juan José Paso, el Partido Obrero abre su local con el aporte de muchos compañeros de las barriadas donde el hambre y la desocupación es el pan de cada día. La convocatoria al 1º de mayo en Plaza de Mayo, señaló, es parte de la lucha por la huelga general para que se vayan todos e imponga una Asamblea Popular Constituyente, en la nación, en la provincia y en los municipios para terminar con el régimen del FMI, de la banca usurera y de los ajustadores, llamó a tomar el ejemplo de los trabajadores de Zannon y Bruckman y tomar en nuestras manos el control de la producción. Finalizado el acto de inauguración, tuvo lugar un baile popular a toda música (a cargo del "abuelo Gómez" del barrio 24 de Agosto), festejando los cumpleaños de los compañeros Cristina (Interbarrial) y de Carlos (Lucharte), que culminó a la madrugada.

Según palabras de un dirigente local de la FTV-CTA, el Consejo Consultivo, que integran la FTV, la CCC, el Suteba local (dirigido por la CCC) y el MTD (en la Coordinadora Aníbal Verón) resultó un fiasco. Con excepción de los 250 planes derivados de una negociación de la Verón con el ministro de Trabajo provincial (aunque, según recientes informaciones, también habrían sido incumplidos); el resto de las organizaciones sólo habrían obtenido menos de una decena de los 800 planes que la Municipalidad disponía para su distribución. Los demás los repartió la Intendencia en forma directa y a través de sus punteros. Por fuera del Consejo Consultivo, la movilización independiente del Movimiento de Desocupados "20 de Diciembre" (integrante del Polo Obrero) arrancó de la Intendencia 39 planes y 300 kilos de alimentos para el comedor popular que funciona en el Ateneo "20 de Diciembre", del barrio Ciro Comi, y las ollas populares del barrio Nuestras Malvinas, en Monte Grande, y de la localidad de 9 de Abril. A Edesur fuimos también El Polo Obrero participó de una movilización a Edesur convocada por la Asamblea Popular de Luis Guillón y formó parte de la delegación de tres representantes que se entrevistó con la empresa. El local de la empresa tenía su ingreso "blindado", como las sucursales de los bancos del microcentro, y había montado un operativo de seguridad con miembros de la Gendarmería, fuertemente armados. Los compañeros entregaron un petitorio que reclama la suspensión de los cortes de suministro por seis meses, la restitución del servicio a quienes se lo hayan cortado, la tarifa social para jubilados, pensionados, desocupados y personas de bajos ingresos, y la aceptación de pagos parciales sin intereses y aceptación de bonos para la totalidad del pago. Los representantes de la empresa se comprometieron a responder al reclamo en forma pública dentro de los 10 días, al cabo de los cuales seguramente deberemos reforzar el reclamo con una nueva movilización.

En una nueva y desmedida provocación, un juez ordenó (a pedido de la patronal) la inspección de las instalaciones de gas... para lo cual despachó nada menos que dos camiones de bomberos y tres camionetas llenas de policías. Mientras el oficial a cargo del procedimiento notificaba, fuera de la fábrica, a los representantes del gremio ceramista, los trabajadores se organizaron para impedir el acceso de la policía a la planta. Los puestos de seguridad fijos y los que están vigilados las 24 horas del día (como la planta de gas y la subestación eléctrica) fueron reforzados; los portones de ingreso a la planta se cerraron con palets de cerámicos, y se montó una guardia en el techo de la fábrica. El resto de los trabajadores recorrió el perímetro de la planta, controlando cada metro. Cada uno de estos puestos estaba en continua comunicación con el portón de entrada; la guardia se encargó de llamar a los trabajadores que estaban de franco y a las organizaciones solidarias, que no tardaron en llegar. A pesar de que la planta está lejos de la ciudad, llegaron agrupaciones universitarias, organizaciones de derechos humanos, la Junta Interna del Hospital Castro Rendón y partidos de izquierda como el PO, el PTS y el MST. Lo que ha quedado en claro en este operativo "sorpresa" es que la patronal y el gobierno "tantearon" el grado de preparación y la reacción de los trabajadores de Zanón y su capacidad para mantener la solidaridad de otros sectores populares. La fulminante reacción obrera demostró que los trabajadores de Zanón están a muerte con la lucha y que su causa es inmensamente popular entre los explotados. Asegurado el retiro de las fuerzas policiales, una delegación de compañeros marchó al corte de puente de Centenario-Cinco Saltos, en apoyo a la huelga de los docentes rionegrinos. Estatización bajo control obrero Esta provocación no es la única. El gobierno y la patronal conspiran presionando a los proveedores para que no entreguen materia prima y maniobran con sus cómplices de Camuzzi y los funcionarios del Epen para cortale el gas y la energía eléctrica a la planta por falta de pago. Hay que imponer la estatización sin pago de Zanón, bajo el control de los trabajadores. Es la única salida, no sólo para mantener la fuente de trabajo de sus obreros. La producción de la planta es esencial para satisfacer la demanda de los más de 20.000 "sin techo" inscriptos en el Instituto Provincial de la Vivienda; con esto se podría ocupar a miles de obreros de la construcción desocupados. Hay que imponerle a este gobierno antiobrero la única solución en interés de los trabajadores de la provincia: la estatización de Zanón bajo el control de sus trabajadores.