Prensa Obrera N° 631

En Amsafe Rosario, se ha abierto un debate muy importante sobre la política de Ctera. En una asamblea de casi 150 delegados se repudió por unanimidad las declaraciones de Marta Maffei de incitar al pago del impuesto y al control docente sobre la población para hacer cumplir la Ley de Fondo de Incentivo que representa un impuesto antipopular. Con la intervención de muchos delegados, se abrió nuevamente el debate sobre el salario. La vieja polémica acerca de dónde deben provenir los fondos para el aumento y se resolvió, también por unanimidad, con la siguiente resolución: "Los docentes exigimos aumento salarial y es responsabilidad del Estado garantizarlo. Los dineros para solventar el aumento de nuestro salario deben provenir de impuestos a las multinacionales, las empresas privatizadas, las jubilaciones de privilegio, los latifundios y los grandes evasores, del recorte de los gastos reservados de la Presidencia, del pago de intereses de la deuda externa ilegítimamente contraída, de los viáticos de Menem, del subsidio que el gobierno paga a las empresas privatizadas, de la recuperación de los 90.000 millones anuales evadidos del país y depositados en cuentas secretas en el exterior". Se resolvió también: "Realizar una fuerte campaña de difusión de nuestra posición a través de afiches, volantes, prensa, mesas de esclarecimiento...". Estas resoluciones fueron votadas por casi 3.000 compañeros. Todos los delegados salimos fortalecidos para comenzar a abrir este debate en las escuelas (el que, con mucha persistencia, trata de cerrar la política de Ctera y la dirección de Amsafe). Ahora la tarea de los delegados será organizarnos para tomar esta importante campaña de prensa en nuestra manos. "... lo más importante es no romper los lazos de solidaridad...", comentó un compañero que estuvo en la carpa y que participó activamente en el debate. Y es así. La clarificación sobre lo que queremos los docentes será un elemento clave para organizar la lucha por nuestro salario.

Por ejemplo, el presidente de la Unión Industrial, Osvaldo Rial, dijo sin ambigüedades: "Hay que cambiar el Mercosur porque como está no nos sirve más" (Gazeta Mercantil, 7/6). "A partir de la devaluación de Brasil, vimos que el Mercosur no puede seguir funcionando. Los productos argentinos, con precios en dólares, no pueden competir en el mercado regional", plantearon en un documento los patrones de Arcor, Techint, Grupo Macri, Pérez Companc y Bridas (Clarín, 14/6). La reciente reunión Menem-Cardoso, en Buenos Aires, agravó las divergencias, en lugar de limarlas. "Si no hay un giro de 180 grados en la posición actual de Brasil, no creo que pueda haber avances importantes en ninguno de los anuncios que hicieron ayer Carlos Menem y Fernando Cardoso", comentó un hombre de la Cancillería argentina (Ambito Financiero, 9/6). Lo mismo opinan los brasileños, claro que responsabilizando a la Argentina de la impasse. La propuesta de la Argentina y Brasil de firmar una especie de Tratado de Maastricht, con topes al déficit fiscal, fue interpretado, en todo el mundo, como una parodia y como una manifestación de que Menem y Cardoso andan sin rumbo. Brasil tiene un déficit fiscal colosal y el de la Argentina no tiene financiamiento. No tienen ninguna posibilidad de cumplir una meta de equilibrio fiscal. El bloque de la Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay ya estaba estancado, porque no lograba aumentar la producción ni expandir el comercio exterior, mientras que sus Tesoros estaban reventados por el peso de los servicios de la deuda externa. Cuando lo golpeó la recesión, entró en bancarrota por la fuga de capitales y la suba de la tasa de interés. La devaluación brasileña (el dólar ya está a 1,80 real) modificó la estructura de costos y precios en el Mercosur, sacando de la competencia a ramas y empresas enteras y alterando por completo la división del trabajo y la tasa de ganancia entre las industrias y empresas de la región. La recesión deprimió la escala de producción en toda la región, lo que implica un sobrecosto por la capacidad ociosa del capital inmovilizado. Por ejemplo, mientras la industria automotriz del Mercosur se preparó para producir 4 millones de autos, en 1999 el mercado regional apenas podrá absorber la mitad y las plantas recién inauguradas siguen con el personal suspendido. Algunas no pudieron entrar en funcionamiento. El intercambio automotor entre Brasil y la Argentina se deprimió un 25% por la combinación de la recesión en ambos países. Con todo, para la Argentina la crisis es superior aún, porque "de un día para otro las exportaciones argentinas perdieron competitividad en enorme magnitud. Industrias montadas a la vista del comercio entre los dos países —como es el caso típico del sector automotor— se vieron de repente con capacidad e inversión ociosas y enormes dificultades para colocar sus productos en otros mercados" (La Nación, 18/5). En estas condiciones, comenzaron a cobrar fuerza los planteos de deshacer el Mercosur y buscar una integración con el Nafta, el bloque de EE.UU., Canadá y México, o dar paso al ALCA, la integración continental bajo la hegemonía de los EE.UU. Sin embargo, "entre los países participantes, existe la opinión bastante generalizada de que el ALCA es un proyecto que hoy ofrece más incertidumbre que certeza sobre su concreción a largo plazo" (La Nación, 18/5). De allí es que la burguesía vuelve a mirar a Europa. La plataforma de la Alianza propone profundizar los vínculos con la Unión Europea. Pero Europa mantiene sus mercados cerrados a los productos de exportación de la Argentina. "Es que la política de incentivos y proteccionismo que la Unión Europea instrumenta en materia agrícola perjudica directamente las exportaciones del Mercosur" (La Nación, 16/5). Francia volvió a patear el tablero al ratificar que no está dispuesta a reducir los subsidios a su sector agrícola. Es más que evidente que las burguesías del Mercosur están en una impasse. La crisis internacional volvió a ponerle una barrera a su acceso al mercado internacional. Se hundieron el ‘plan real’ y el de ‘convertibilidad’, que sustentaban una entrada de capital especulativo. Todo esto se refleja con mayor intensidad en la Argentina. La crisis brasileña le cerró la última puerta al ‘plan de convertibilidad’, golpeado de muerte desde fines de 1994. En estas condiciones, comenzó a tomar fuerza en la burguesía agraria e industrial un ala devaluacionista, que está encabezada por Techint y Fiat. Estos dos pulpos colocaron al duhaldista Rial al frente de la Unión Industrial. Techint está duramente golpeada por la crisis y por las fuertes pujas internacionales en la siderurgia. Sus inversiones en Venezuela, en la planta Sidor, sufrieron un fuerte golpe y no pudo levantar algunas deudas. Días pasados, logró que Menem aprobara medidas antidumping contra la importación de acero de Brasil, pero eso desató las críticas de las automotrices que reclaman por el precio más caro de la chapa. Los brasileños juraron tomar represalias. Fiat, por su parte, hizo una fuerte apuesta en el Mercosur y está con enormes pérdidas por el achique de las ventas. Por eso presionó por el Plan Canje —es una de las favorecidas—, pero éste no alcanza para sacar a la industria automotriz de la crisis. No es casual que ahora Techint, Arcor, Macri, Pérez Companc y Bridas planteen "que las monedas de los cuatro países deberán empezar a variar entre sí con un margen de amplitud establecido a priori por el bloque: nadie podrá devaluar más allá de un nivel pactado previamente". Además, que "las monedas de los cuatro países del Mercosur deben estar referidas a otra moneda extranjera. Y esa otra moneda no tiene por qué ser el dólar" (Clarín, 14/6). La propuesta entonces apunta a la devaluación en la Argentina y a la flotación de la moneda de los cuatro países, en una especie de devaluación permanente. Pretenden relanzar el Mercosur a través de exportaciones abaratadas. Antes, claro está, la Argentina deberá pasar por una profunda crisis, aún más, con la quiebra de capitales enteros. Lo mismo ocurrirá con Brasil, que aún no digirió su propia devaluación. En estos términos se plantea hoy el Mercosur.

"A más tardar, el conflicto automotor quedará solucionado el 31 de julio", dijeron al unísono Menem y Cardoso (El Cronista, 8/6). Promesas aparte, el conflicto ya tiene un año y medio de antigüedad y la temperatura va en aumento. ¿Cuál es el conflicto? Para cerrarles el ingreso a las automotrices asiáticas, las multinacionales radicadas en la Argentina y Brasil quieren seguir disponiendo de un arancel más bajo para importar autos desde sus casas matrices u otras filiales del exterior. Por eso quieren que, mientras los autos importados pagan un arancel del 35%, si la importación la hacen ellas, el arancel baje al 17,5%. Con esto lograrían seguir con una ventaja de precios respecto de sus competidores y vender más caro, tanto el auto fabricado en la región como el importado. Los gobiernos de Brasil y la Argentina no están de acuerdo en prorrogar este subsidio. Además, ya no podrían resistir la presión de los otras patronales industriales que también quieren subsidios arancelarios. Las automotrices radicadas en la Argentina plantean que, si no se les da ese arancel menor para importar autos desde sus filiales o casas matrices, la industria se desplazaría hacia Brasil ya que no tendría sentido tener fábricas en los dos países. Se trata de un chantaje que está surtiendo efecto. El gobierno primero eliminó el pago de una multa de 120 millones de pesos por no cumplir con el régimen automotor, y ahora, sería "inminente el dictado de un nuevo decreto que favorecerá los desvíos productivos, entre 1995 y 1999, por alrededor de 30 millones de dólares" (El Cronista, 20/5). Aunque las automotrices pretenden aparecer como defensoras de la industria radicada en la Argentina, lo cierto es que siguen un libreto internacional. El nuevo discurso está elaborado para arrancarle al gobierno nuevas concesiones, como el subsidio a la compra de autos nuevos —el Plan Canje—. Por eso, mientras se llenan la boca con la defensa de la producción interna, no tienen empacho en proponer "que los beneficios del Plan Canje en la Argentina sean aplicables a los vehículos de fabricación brasileña, ya que los descuentos del mismo actualmente son válidos para unidades de producción nacional" (El Cronista, 11/6). La propuesta revela que las terminales, aunque son locales, responden al interés de la casa matriz. Sin embargo, en relación con las autopartes, sí hay una alianza de las multinacionales y los gobiernos. Existe un acuerdo entre ellos para que las automotrices sigan con la posibilidad de importar autopartes con aranceles más baratos, y que el porcentaje obligatorio de autopiezas regionales no discrimine cuánto debe ser de la Argentina y cuánto de Brasil. Con esto, las terminales quieren profundizar la guerra de precios entre los autopartistas brasileños y argentinos y se favorece a los brasileños y a las autopiezas importadas. Detrás de este choque, hay otro que engloba a las siderurgias. Es que las automotrices quieren bajar el precio de la chapa, algo que afecta a Techint. Al proponer un arancel bajo para proveedores y autopartistas, las multinacionales automotrices apuntan a importar más chapa del exterior. Con el telón de la crisis del Mercosur, hay una guerra capitalista despiadada.

El acto por la libertad de Raúl Castells, convocado por el Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, reunió en la Federación de Box a una multitud de jubilados y desocupados. Oradores de todo el espectro de organizaciones de jubilados, de derechos humanos y de partidos políticos de la izquierda, manifestaron su adhesión al acto, su repudio a la represión del régimen menemista y expusieron sus propuestas. Raúl Castells sufre prisión desde hace más de cuatro meses y medio, acusado de extorsión por la cadena de supermercados Wal-Mart, a raíz de la demanda de alimentos que realizó una movilización del movimiento de jubilados del que Castells es principal dirigente. Su abogada defensora explicó que el pulpo expuso en la causa que "se sintieron amenazados por los jubilados que se movilizaron reclamando comida", con las manos vacías. Los oradores vincularon la detención de Castells, al procesamiento penal de más de dos mil activistas y delegados que participaron en movilizaciones, ocupaciones de fábricas y cortes de rutas. Jorge Altamira, en nombre del Partido Obrero, dijo en su intervención que Castells era la víctima de una verdadera declaración de guerra del régimen contra los explotados, en el cuadro de una disolución política, que está reflejada en que todas las clases sociales están cortando las rutas. Altamira realizó dos propuestas: organizar una gran manifestación popular sobre el congreso de la internacional socialdemócrata, donde en pocos días más se darán cita los gobiernos y partidos centroizquierdistas, integrantes de la Otan y carniceros de los Balcanes. Y hacer de la jornada de lucha del 6/7, convocada por la CTA, una verdadera huelga política de masas, con cortes de rutas y ocupación de lugares de trabajo.

Se dice con frecuencia que Europa fue a la guerra contra Yugoslavia por imposición de los Estados Unidos. En realidad, lo ha hecho por sus propias razones, una de la cuales es el desarrollo de su industria armamentista. Desde el inicio de la guerra, el valor de las acciones de las empresas europeas de armamento aumentó sistemáticamente: las de Thomson-CSF y Lagardere de Francia o las de la British Aerospace crecieron más del 20% en los primeros días de la guerra. Es que esta guerra, dicen los analistas, "ha cambiado la idea de los militares sobre qué tipo de equipamiento necesitan y puede desatar un ciclo de masivo reemplazo" (Financial Times, 30/4). En consecuencia, "la industria está entrando en un período de producción para el equipamiento como no se ha experimentado en veinte años" (ídem). Este crecimiento está asegurado porque, como sostienen esos mismos analistas, "la declinación del gasto militar que siguió al fin de la guerra fría, ha terminado" (ídem). La guerra ha servido también para acelerar las negociaciones en torno de la llamada ‘identidad europea de defensa’, el brazo armado de la Unión Europea para intervenir en las crisis que se produzcan "a sus puertas" (Financial Times, 12/5). Este diario británico (13/4) sostiene que los "líderes de Europa deben sacar ventaja del frente unido que presentan frente a Yugoslavia para empujar la iniciativa impulsada por Tony Blair". Para Romano Prodi, próximo presidente de la Comisión Europea, "la creación de una política de defensa común es el paso lógico próximo después de las fusiones que tienen lugar en las industrias nacionales de defensa" (Financial Times, 10/5). Efectivamente, la British Aerospace (BAE) acaba de comprar las operaciones de defensa de la filial británica de la norteamericana General Electric (Marconi). Por otro lado, está en conversaciones con Lagardere de Francia y Finmeccanica de Italia para desarrollar en conjunto el negocio de los misiles ‘inteligentes’ y, además, posee el 30% de la filial de Daimler-Chrysler Aerospace dedicada a la fabricación de misiles. Todo esto la ha convertido en la empresa de armamentos más poderosa de Europa. Lo que explica que Tony Blair se haya convertido en uno de los promotores más ruidosos de la ‘defensa europea’. La francesa Lagardere-Matra, por su parte, se está fusionando con la Aerospatiale de Francia como parte de la privatización de esta última; ha comprado una parte importante del paquete accionario de la Dassault (fabricante de los Mirage); y se candidatea para apoderarse de la española Casa. Los británicos de BAE, los italianos y Dasa, la subsidiaria armamentista del pulpo alemán-norteamericano Daimler-Chrysler, están intentando lo mismo. Las privatizaciones y fusiones son una necesidad frente a la "evidente sobreproducción y superpoblación" (ídem), algo que ya había ocurrido en la industria armamentista norteamericana a principios de la década, bajo la presión del propio gobierno y del Pentágono. Europa y Estados Unidos La formación de esta ‘defensa europea’ recibió el apoyo norteamericano en la reciente ‘cumbre’ del 50º aniversario de la Otan. Donald Brandler, miembro del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos y un activo participante de esa ‘cumbre’, fue taxativo: "Todos los aliados acordamos en un conjunto de principios que guiarán el desarrollo de un rol más fuerte de Europa en defensa y seguridad. Esto contribuirá a la vitalidad de la Otan en el futuro y será uno de los más significativos desarrollos que saldrán de esta cumbre" (International Herald Tribune, 30/4). Le Monde (25/3) explica el ‘visto bueno’ del Pentágono a la venta de Marconi, un importante proveedor de las fuerzas armadas, a la British Aerospace, diciendo que "la afirmación de la Unión Europea en el dominio de la defensa va al encuentro de lo que desea Norteamérica". El levantamiento del veto norteamericano a una ‘defensa europea’ se explica porque "los Estados Unidos y Europa están convergiendo para formar una nueva economía atlántica ..." (ídem). Para el imperialismo yanqui, la Unión Europea debería ser un paso hacia la formación de esa ‘economía atlántica’. Para los norteamericanos, la ‘defensa europea’ significa la posibilidad de actuar ‘por delegación’, mientras le ofrece a la industria armamentista norteamericana la posibilidad de expandirse más allá de lo que le asegura el aumento de su presupuesto militar. Es que los acuerdos alcanzados en ocasión de la cumbre de la Otan en Washington "permitirían a los aliados europeos comprar costoso equipamiento militar de los Estados Unidos, incluyendo satélites espías, aviones de carga y misiles de precisión de largo alcance para su uso en conflictos en los cuales Washington no quiera involucrarse directamente" (International Herald Tribune, 30/4). ¿Pero los europeos se limitarán a comprar misiles y satélites norteamericanos cuando, precisamente, impulsan una ‘defensa común’ para potenciar su propia industria armamentista? Detrás de la ‘economía atlántica’, se perfila la lucha por la dominación de la industria mundial de armamentos. Los fabricantes de aviones militares se regodean con los beneficios que les deparará la ‘pos-guerra’ balcánica porque la aviación comercial languidece. Se espera que tanto Boeing como Airbus, su competidor europeo en la rama comercial, vean declinar sus ventas en los próximos años. El incremento del gasto armamentista, entonces, aparece como un sustituto obligado de la alicaída demanda de las compañías aéreas comerciales, es decir como una forma de evitar que la sobreproducción mundial derrumbe a dos monopolios del porte de Boeing y Airbus. Lo mismo sucede en Japón, donde el gobierno ha dado un fuerte impulso al gasto armamentista para sacar al país de la depresión económica. ¿Dónde han quedado los llamados ‘dividendos de la paz’? La charlatanería de un capitalismo ‘pacifista’, sin armas ni guerras, se terminó con los derrumbes de Asia, Rusia y Brasil y con la guerra de los Balcanes. El rearme de Estados Unidos, Japón y de Europa y el ‘renacimiento’ de la ‘economía de guerra’ no sólo son una agravada carga para los explotados. Son, por sobre todo, una expresión del agravamiento económico y político de la crisis mundial.

La crisis con Rusia ha venido a probar lo que dijéramos en el número anterior acerca de que el mediador diplomático ruso, Chernomyrdin, era un agente pago de los Estados Unidos, y que, para colocarlo en esa función, Yeltsin había tenido, antes, que derrocar a su anterior primer ministro, Primakov. Como el acuerdo firmado por Chernomyrdin no contempla que las fuerzas armadas rusas se hagan cargo del control del norte de Kosovo, el alto mando militar moscovita se largó por su cuenta a ocupar el aeropuerto de Pristina, la capital de Kosovo. Como la Otan consiguió que Hungría prohibiese a los rusos el uso de su espacio aéreo, los militares rusos mandaron sus tropas desde Bosnia (donde patrullan la zona junto a la Otan), cruzando el territorio de Serbia. Lo que más preocupa a la Otan no son los centenares de paracaidistas que le vedan el acceso al aeropuerto sino el peligro de que un desmadre de la situación pueda provocar un golpe de estado en Rusia. Luego de haber trabajado para Chernomyrdin, Yeltsin se ha visto obligado a contemporizar con el alto mando militar. Aunque la Otan había considerado hace varias semanas la posibilidad de dividir Kosovo, entregando la zona norte a Serbia, esto ya no es posible hoy, luego de la capitulación de Milosevic. En el norte de Kosovo se encuentran las riquezas mineras del país. Pero si no se pretende la partición, no hay lugar para el ejército ruso. Todo este episodio inaugura el ingreso de las fuerzas armadas rusas en la política de su país. Ahora que se encuentra ‘libre’ de los serbios, Kosovo es menos independiente que nunca. Los guerrilleros del UCK han probado ser agentes de una forma de dominación de su nación peor que la del régimen de Milosevic. Las limitaciones del nacionalismo pequeño burgués saltan a la vista; los pueblos de los Balcanes no pueden ser independientes sino por medio de la unidad socialista de sus trabajadores. La crisis balcánica sigue con epicentro en Kosovo, pero puede desplazarse rápidamente en varias direcciones. Una es Bosnia, porque el gobierno croata quiere anexar el territorio que controla junto con los musulmanes y pedir luego su ingreso a la Otan. Si ocurriera esto, Serbia anexaría su sector en Bosnia y podría reclamar desde mejor posición que se les reserve a los serbios una parte en Kosovo, o sea en el norte. El otro eje de la crisis es la propia Serbia, donde se ha formado un bloque democratizante para derrocar a Milosevic. Si el ejército impidiera este cambio, la república de Montenegro podría separarse de Serbia, con lo que se agravarían las tendencias separatistas en otros países, como Macedonia, entre serbios y albaneses, o en Rumania con los húngaros, lo que llevaría a la intervención de Grecia, que tiene intereses en Macedonia. También ha comenzado la disputa por la reconstrucción económica. Los pulpos yanquis quieren quedarse con la parte del león del negocio, pero también que éste sea financiado por los Tesoros de las naciones europeas. A esto se añade la disputa entre los grupos armamentistas para reponer el armamento usado y para participar de la organización de una fuerza europea de despliegue rápido, que tendría como función enfrentar crisis internacionales donde estén en juego los intereses del imperialismo europeo. Como se puede apreciar, la paz imperialista en los Balcanes augura nuevas crisis internacionales y nuevas guerras.

El Smata firmó un nuevo acuerdo con Fiat Córdoba, ocho meses después del vencimiento del vigente desde 1996. Muy lejos quedaron las amenazas de Campellone que había dicho que saldría a la huelga si no lograba un aumento salarial para equiparar los sueldos de Fiat (los más bajos de las automotrices) con los de Renault; muy lejos quedaron también los pretextos de Rodríguez y Campellone en el ‘96, de que ese convenio negrero era circunstancial para permitir que se instale la empresa. El nuevo convenio ratifica el anterior en casi todos los puntos con el agravante de que ahora autoriza expresamente a la patronal ("previa comunicación al gremio") a modificar la jornada laboral ("por razones de producción") los días de descanso y los horarios de trabajo ("cálculo plurisemanal"). El acuerdo estipula un ’aumento’ salarial escalonado hasta el 2003, que comienza con sólo un 10% a partir de junio de este año. Además, refuerza los componentes variables del salario: la competitividad pasa del 15 al 18% (en realidad los trabajadores nunca cobraron más del 12%) y los tickets canasta pueden ser un 20% de todos los ingresos (horas extras, etc.), antes era el 20% sólo del básico. Los trabajadores de Fiat entendieron que ese nuevo acuerdo violaba la reivindicación más importante, la equiparación con Renault (que implicaba un 32% de aumento inmediato). Por eso, en la asamblea del lunes 7, sólo los delegados (manipulados por el Smata) votaron a favor del acuerdo. La burocracia y la patronal tuvieron que salir a hacer una campaña para lograr su aprobación. Como dice La Voz del Interior, 12/6: "Finalmente, tras arduas tratativas y dos asambleas (se aprobó el acuerdo) pero, tal como lo confirmaron fuentes del Smata, hubo manos que se levantaron para decirle no al acuerdo...". Es decir, que en Fiat se ha abierto un frente de resistencia, nada más lejano que el "final del camino" como pretende La Voz del Interior. Nada de eso. En realidad, estamos en el comienzo, ya que se viene una recomposición del activismo y una agitación reivindicativa en todas las automotrices por la derogación de los convenios y actas negreras.

Con asambleas autoconvocadas de marineros —la primera de 500 compañeros, la segunda de 1.000 y la tercera de más de 2.000— la crisis pesquera ha comenzado a navegar por otro canal. Los titulares de los diarios locales hablaron de "rebelión obrera en el puerto". La votación del paro por tiempo indeterminado se dio contra la voluntad expresa de la multisectorial integrada por el intendente aliancista y la burocracia duhaldista de la CGT. Es cierto que la consigna actual del paro es esperar en tierra hasta la promulgación de la ley de emergencia pesquera, que se teme sea vetada por Menem. Pero la inviabilidad de este planteo hará emerger los reclamos obreros y deberá conducir a una verdadera huelga. Esta tendencia se verifica en la creciente movilización y organización de los trabajadores de tierra. Los obreros ‘cooperativizados’ en negro (que no gozan de garantía horaria) organizaron también tres asambleas dentro del sindicato (SOIP) dirigido por la burocracia menemista. La primera de 200, la segunda de 500 y la tercera de 1.000 compañeros. Reclamaron el blanqueo de la relación laboral o un subsidio al parado. La constitución de una Comisión de Lucha para controlar a la burocracia y el empadronamiento de los 5.000 compañeros en negro servirán como campo de experiencia y selección para una nueva dirección. Hecha la ley, hecha la trampa La Ley de Emergencia está centrada en desplazar a los buques congeladores al sur del paralelo 48 y suspender el cierre del caladero sur por seis meses. Pero abrir ese caladero a los buques fresqueros, con las actuales zonas de veda en los lugares de cría y los inevitables paros biológicos en la pesca de la merluza, volcará la capacidad de captura de los fresqueros sobre la pesca costera, destruyendo la única fuente de recursos que no estaba amenazada. La cámara patronal fresquera ha planteado su verdadero pliego (La Capital, 12/5): reembolsos a las exportaciones, exención impositiva y subsidios, como la única vía para disputar un lugar en la inevitable reestructuración de la industria. Menem tiene un plan Veinticuatro horas antes de votarse la ley, salió el decreto ‘de necesidad y urgencia’ que insiste en la necesidad de aplicar los paros biológicos y los cierres del caladero que indiquen los estudios del Inidep. Se pretende mandar a la quiebra a los fresqueros (disfrazado de Greenpeace). En el mismo sentido, el decreto dispone cuotificar las extracciones sobre la base de la cantidad de obreros en relación de dependencia según la nómina salarial de 1998, privando, por esta vía, de cuotas a la cámara fresquera que tiene a la casi totalidad de sus trabajadores en negro. La política obrera frente a la crisis En las asambleas obreras, se reclama el control obrero de la industria mediante inspectores sindicales. El reclamo de un garantizado de 500 pesos ha comenzado a independizar al movimiento obrero portuario de la impotente multisectorial. Todo este cuadro coloca la movilización portuaria a la altura de los estatales correntinos y prepara el camino para acabar con el menemismo y la oposición fondomonetarista mediante la huelga general.

Menem y Duhalde mandan tropas argentinas a los Balcanes y propician el contrabando de armas a Croacia con la venia de Clinton. Luego de este delito internacional, el gobierno norteamericano declaró a la Argentina aliada militar extra-Otan. Pero los aliancistas no les van a la zaga, en especial los frepasistas. Dentro de diez días, serán los anfitriones de la Internacional Socialista, que se reunirá en Buenos Aires. En ella militan los gobiernos europeos que durante más de dos meses sometieron a un implacable bombardeo a toda Yugoslavia y desataron una catástrofe humanitaria y ecológica excepcional. Para cometer su crimen han invocado, como siempre, la defensa de los derechos humanos. Pero a Blair los únicos humanos que le importan son los accionistas de la British Aerospace. Al francés Jospin, los Matra, Lagardere, Dusault y Thompson. Al italiano D’Alema, la Fiat y la Olivetti. Al alemán Schroeder, el Deutsche Bank, Mannesmann y Daimler-Benz. A Felipe González, la aeronaútica Casa y la Telefónica-Citicorp. Se trata de pulpos capitalistas del armamento, que quieren engrosar los pedidos para la fuerza europea de defensa o para la Otan, o de grupos privatizadores que codician los mercados todavía estatizados de Europa del este y de Rusia. Por eso han destruido a Yugoslavia y han convertido a los Balcanes en un protectorado militar del imperialismo. No es una internacional sino una sociedad por acciones; no es socialista sino imperialista. En esta cueva, como peones coloniales, se cobijan los Alvarez, Meijide, Alfonsín y De la Rúa. Si Menem es un agente de la banca yanqui, los otros lo son de la Unión Europea. Estos criminales no pueden pasar por Buenos Aires sin recibir el repudio de los trabajadores y de la juventud luchadora argentinos.

Fue creciendo, hora a hora, la lucha de Corni, desde que los trabajadores encontraron sus puertas cerradas en la madrugada del 7 de junio. Los compañeros están formalmente suspendidos hasta fin de mes, pero toda la fábrica ha interpretado correctamente que están más cerca del cierre definitivo que de una mera suspensión. Se apagaron los hornos, Peugeot dice que "no tiene más pedidos", que con "este régimen automotor" del Mercosur los motores vendrán de Brasil. Así las cosas, se votó la olla popular. El primer compañero que intervino planteó la ocupación, aun desde afuera, pero la asamblea se inclinó hacia la olla. La ocupación estuvo planteada objetivamente y, en todo caso, debió lanzarse el viernes anterior cuando todos, y sobre todo la propia Comisión Interna, avisoraban el cierre de las puertas. Pero el problema es más profundo, no se agota en la oportunidad o en una mera elección de métodos, responde sobre todo a una estrategia: si se lucha por la indemnización o contra el cierre. Hasta aquí, la fábrica en conjunto, con su Comisión Interna incluida, plantea las dos opciones. En ese caso, la lucha no superará el límite del reclamo indemnizatorio. La indemnización es un derecho que tienen los obreros de Corni, pero incluso la plena efectivización de ese derecho depende de una lucha consecuente. En nuestro volante a la huelga, apoyamos la lucha reclamando huelga general a la UOM, exigiendo inmediato congreso de delegados de la seccional norte, impulsando la ocupación de toda fábrica que cierre o suspenda. Pero el PO desarrolla su planteo luchando a la par de los compañeros, volcando su militancia y su experiencia: la necesidad de los peajes obreros para la olla y para el fondo de lucha, el armado de una carpa capaz de afrontar las inclemencias de la lucha callejera, los cortes de ruta y aún de la Panamericana. El PO realizó decenas de pintadas y hará muchas más en apoyo a la lucha y al reclamo de paro general a la UOM. Hemos impulsado la presencia de delegaciones obreras y un reagrupamiento político-sindical en la zona para garantizar movilizaciones conjuntas que instalen la lucha de Corni como un gran conflicto nacional. Los compañeros de Corni han conseguido trascender a los medios y se puede lograr mucho más. La perspectiva de alguna suerte de coordinadora zonal del conflicto pegó un salto. Terrabussi realizó una movilización por aumentos y contra los despidos a fin de mayo y la patronal ha respondido con 20 despidos de represalia basados en filmaciones policíacas de la patronal y se habla de centenares de cesantías. Faplac ha despedido compañeros y cerraría las puertas de las dos plantas de Tigre. En Alba, el sindicato de la pintura denuncia el eventual vaciamiento. La plástica Martel anunció su cierre. Cables-UTA se ha vendido y sus obreros mecánicos pugnan por evitar todo despido o cambio en el salario y las condiciones de trabajo. La línea 176 acaba de parar por sus reivindicaciones. El 17 de junio habrá también una marcha en defensa del hospital público a partir del Cordero de San Fernando. Ford sigue con sus 1.434 compañeros suspendidos. Estos conflictos rodean geográficamente a Corni, pero cerca, en San Miguel, los municipales convocaron a todo el pueblo a defender el hospital público municipal Larcade que Rico resolvió cerrar. El martes 15 de junio se realizará la primera reunión para coordinar una acción de lucha conjunta convocada por Corni y parte de la Comisión Interna de Terrabussi. El PO es impulsor y convocante y reclama la participación de Camioneros, del MTA y la movilización de los gremios del CTA zonal ya presente en la lucha de Corni. El programa lo dictan las luchas. Ningún despido, no al cierre de Corni, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, no el cierre de los hospitales públicos. Por un paro activo nacional de los gremios metalmecánicos y de todas las organizaciones obreras.

Ocupando el Hospital Larcade, Rico y su patota han dado un nuevo golpe. Pretenden desmantelar el hospital, privatizar los pocos servicios que queden y la salud popular. Quieren trasladar los enfermos a las clínicas privadas del distrito, incluso como si fueran ganado. Rico ha dado inicio a la "tercera reforma del Estado", ya pactada por Duhalde y De la Rúa. Para ello, se procede a la flexibilidad absoluta, para terminar con la estabilidad y despedir masivamente. A menos de dos años de ‘gobierno’, el fracaso de Rico no podría ser mayor. La Intendencia está quebrada, en cesación de pagos. Ya despidió empleados municipales, para luego usarlos como desocupados del ‘plan Trabajar’, con salarios de menos de 200 pesos y sin ningún tipo de beneficios ni coberturas sociales. El Partido Obrero plantea la necesidad de una gran movilización contra el golpe riquista. Que todas las organizaciones de trabajadores convoquen a un inmediato paro provincial. Defenderemos el hospital, reincorporaremos a todos los despedidos, defenderemos las condiciones laborales de los trabajadores de la salud y arrancaremos a los patrones los recursos para el funcionamiento del Hospital Larcade.

Aunque el martes 8 se realizó la misa en el Ingenio Concepción para dar formal inicio a la zafra en la provincia, al día siguiente los trabajadores decidieron en asamblea un paro por tiempo indefinido reclamando la anulación del convenio negrero que redujo los salarios, el aguinaldo, las indemnizaciones, etcétera. También exigen el pago en tiempo y forma de los salarios, ya que la patronal ha venido acumulando atrasos a los quincenales y mensuales y, además, les paga con cheques a 40 y 60 días. A partir del paro, los trabajadores fueron sometidos a todo tipo de presiones para que lo levanten, especialmente por parte de los dirigentes de la Fotia. El argumento de la burocracia es que la patronal retrocedió al rebajar los salarios en 2,5 en lugar de 3,6 puntos, o que en lugar de bajar el aguinaldo en un 20%, lo haría en un 15%. El viernes 11, en una asamblea general, la dirigencia de la Fotia perdió tres veces la moción de levantar la huelga, pero no organiza la medida. La asamblea votó poner en funcionamiento una olla popular para el sábado, pero la burocracia se encargó de desmontarla. Quiere evitar un punto de concentración y organización. De la misma manera, aprovechando el feriado largo, hizo correr el rumor de que el martes 15 se ingresaría al trabajo. Para eso explota la acción de un grupo de carneros y las necesidades del sector de trabajadores temporarios que venían desocupados y que, a toda costa y en cualquier condición, quieren trabajar. Para contrarrestar la acción desorganizadora de la burocracia, un sector combativo está impulsando que el martes 15 se haga una asamblea general en puerta de fábrica, que se vote continuar con el paro, montar una olla popular y reclamarle a la Fotia un plan de lucha hasta que la patronal devuelva las conquistas de los trabajadores.

A Bussi le bajaron el pulgar. ¿Quién? ¿El electorado? Nada es menos seguro. La diferencia de votos con el justicialismo es mínima y además está cuestionada por la denuncia de fuertes irregularidades en las actas de escrutinio y de falsificación de las firmas de los sobres (‘voto cadena’). Caracterización Bussi quedó afuera porque se ha agotado su posibilidad de controlar la enorme crisis de la provincia y la movilización popular. Los explotadores, que con Menem a la cabeza han apoyado al bussismo hasta el último momento, han llegado a la conclusión de que necesitan ahora un cambio de gobierno e incluso de régimen, es decir, quizás un gobierno de coalición. "El hecho de que los bussistas hayan tropezado con sólidos escollos en su carrera para mantener el poder", dice La Gaceta de Tucumán (12/6), "ha modificado la perspectiva de muchos hombres de negocios...". El mismo diario dice en su editorial que Bussi "planteó a los empresarios un sombrío panorama sociopolítico y económico...". Los datos que ilustran la crisis son abrumadores. La segunda parte de un crédito del Banco Mundial está bloqueada; no se están pagando los sueldos a los docentes y a los estatales de la sanidad; los ingresos por coparticipación federal están comprometidos al pago de la deuda pública; no hay fondos para atender el déficit del servicio de agua y cloacas; la gran mayoría de las comunas está en cesación de pagos; no se están pagando los bonos de cancelación de deudas corrientes; los precios internacionales del azúcar se encuentran entre los mínimos históricos; la falta de financiamiento no ha permitido iniciar la zafra; la cadena de pagos del comercio está cortada; no hay crédito bancario. La crisis capitalista, no los ‘demócratas’, ha liquidado a Bussi. Su desmoronamiento político viene de lejos. Se fue manifestando en la crisis de su partido. En las elecciones, el sublema liderado por el vicegobernador, Topa, promovió el corte de boletas, unos 12.000 votos en la capital, que explican la derrota de Bussi. Ninguno de los ministros y secretarios de estado del gobierno provincial consiguió ser elegido. El bussismo ha perdido los recursos políticos para enfrentar la crisis. Y esto ocurre cuando los obreros del ingenio Concepción deciden la huelga general, a pesar del boicot de la burocracia ‘mirandista’ de Fotia, y cuando son incesantes las movilizaciones de los municipales del interior. Ellos La gran burguesía tiene un programa frente a esta crisis. No solamente es brutalmente anti-popular sino que sus probabilidades de ‘éxito’ no son elevadas. Consiste en privatizar de inmediato el servicio de agua para recuperar el crédito del Banco Mundial; obtener financiación del Banco Nación para la zafra y para rescatar los bonos de cancelación de deuda; y arrancarle al gobierno nacional el subsidio para exportar a pérdida todo el excedente de azúcar —"reeditar el pacto exportador", dice La Gaceta (10/6), para "sacar los excedentes de producción"; "La zafra será exitosa si se exporta el excedente de azúcar" (12/6)—. Finalmente, despedir estatales, en particular docentes, aplicando para ello el ‘incentivo’ establecido en la ley de financiamiento acordada con la burocracia de Ctera. La inviabilidad de este ‘plan’ está determinada por la bancarrota del gobierno nacional y por la creciente movilización popular. Es aquí que entra en juego la perspectiva de un gobierno de coalición, que podría formarse, alternativa y simultáneamente, con la Alianza y con el sector bussista de Topa; según los diarios, el ala de la UCR del diputado provincial Couriel ya estaría negociando con el ‘electo’ Miranda la formación de un gobierno de unión provincial. La operación coalicionista es por demás delicada debido a que si, por un lado, resolvería el tema del apoyo de la legislatura al próximo gobierno, por el otro, podría anticipar la caída de Bussi, quien enfrenta, para variar, tres juicios políticos. Lo más delicado de la operación coalicionista es su impacto político nacional, ya que desnudaría la coincidencia de principios entre Duhalde y De la Rúa en la defensa a ultranza del actual régimen económico y político implantado por el menemismo. Pero es este "acuerdo político" lo que reclama precisamente la gran burguesía a través de un editorial de La Nación (14/6), "con el fin de no dejar dudas sobre la continuidad del rumbo económico". El problema que disimula La Nación es que el mentado ‘rumbo económico’ está llevando a la quiebra a grandes sectores capitalistas, provoca recesión, amenaza con poner fin al Mercosur, ha quebrado a las provincias, ha generado la ‘insubordinación’ de ‘los de arriba’ y de ‘los de abajo’ y puede concluir en una crisis ‘a la tucumana’ o ‘a la correntina’ a nivel nacional. Nosotros ¿Cómo debe encarar la clase obrera toda esta situación? En primer lugar, debe copiar a la burguesía y ponerse de acuerdo en un programa. En el período del pasaje al nuevo gobierno y luego bajo este último, los trabajadores deberán enfrentar una política privatista y de despidos masivos, no hablemos de congelamiento de salarios y de mayor flexibilización laboral. Diga lo que diga la burocracia sindical, éste es el programa que ella respalda al apoyar a Miranda. Para la clase obrera, la crisis la deben pagar sus artífices y beneficiarios; los que hipotecaron la provincia deben levantar la hipoteca. Esto significa que debe suspenderse indefinidamente el pago de la deuda pública y que hay que abrir los libros de los bancos acreedores y de los especuladores, al igual que los de la administración provincial, para juzgar públicamente a quienes han malversado el dinero del Tesoro provincial y para orientar el dinero en función de las necesidades de las masas de Tucumán. El mismo procedimiento debe aplicarse a todos los pulpos que operan en la provincia y que están retirando los fondos de ella. Es sobre la base de un programa de estas características que debemos impulsar la huelga general contra los atropellos del gobierno y de las patronales y por la satisfacción de las reivindicaciones inmediatas (sueldos al día, inicio de la zafra, etcétera). Un congreso provincial de trabajadores debería determinar las prioridades populares de la provincia: inicio de la zafra, bajo control obrero; reincorporación de todos los desocupados mediante el reparto de las horas de trabajo; aumento general de los salarios; estatización definitiva del servicio de agua; impuesto extraordinario a todas las grandes fortunas y capitales de la provincia. Un congreso de trabajadores, pero de todo el noroeste, debería tomar a su cargo la gestión y dirección del proceso azucarero. Para marchar en esta dirección es necesario reclamar asambleas generales y plenarios de delegados con mandato de las bases en todos los sindicatos, y formar comités de activistas que impulsen esta iniciativa de conjunto. El movimiento estudiantil puede jugar un gran papel en esta dirección, vistas sus últimas movilizaciones, su entroncamiento social con los explotados y la amenaza que pende sobre la educación. Frente a la operación de recambio de la patronal, se trata de preparar a nuestra clase para que pueda intervenir políticamente en forma independiente y para que se prepare, con el conjunto de la clase obrera argentina, a sentar las bases de su propio gobierno.

Cada día que pasa se reúnen nuevas evidencias que confirman que no habrá aumento docente a pesar del impuesto a los autos. Los funcionarios de Economía han vuelto a declarar que la recaudación alcanzaría para una mejora de 38 pesos, muy lejos de los 100 pesos de los que hablaba la ex ministra Decibe (cifra que, a su vez, estaba muy alejada de las necesidades y aspiraciones docentes). Pero ni eso va a llegar al bolsillo de los docentes. Lo que se recaude iría a tapar los agujeros del déficit fiscal, como ya ocurriera en el pasado con el aumento a los combustibles que jamás llegó a los jubilados. Varias provincias están en virtual cesación de pagos y, con el correr de las semanas, nuevas jurisdicciones ingresarán a dicho pelotón. Al conflicto de Corrientes, originado en atrasos salariales, se le suma ahora el estallido de Catamarca donde el gobierno ha procedido a un drástico recorte del presupuesto educativo. Es decir, que ni siquiera se van a seguir pagando los salarios actuales. Pero tampoco el gobierno nacional desperdició la oportunidad para sacar su propia tajada. Ahora quiere la "creación de un fondo de desarrollo humano con recursos provenientes de la coparticipación federal para financiar distintos objetivos, entre ellos, aumentos salariales docentes" (Ambito, 11/6). La propuesta sería incluida "en el proyecto de ley de la Coparticipación Federal que Economía está elaborando junto con otras áreas del gobierno nacional" (ídem). Es decir, que el impuesto a los autos irá a parar a un pozo para todo uso. No hay que olvidar que no se trata de una mejora salarial sino de un ‘incentivo’. "Si bien... tendrá carácter remunerativo y, por esta razón, se descontará, no será considerado como parte del sueldo, por lo que si algún día el Fondo Docente, desaparece, también será interrumpido el aumento" (Crónica, 12/6). Pero todavía hay más, porque fue plenamente corroborado por los ministros de Educación quienes, "a través del Consejo Federal de Educación, se está definiendo cuáles son los docentes que tienen que cobrarlo. Se está consensuando... de qué manera se distribuyen los recursos entre ellos, para que no se beneficien las provincias que no hicieron el esfuerzo de adecuar sus plantas docentes a la realidad educativa y económico-social de las provincias" (Zona Educativa, Nº 31). O sea, que si primero no hay despidos en masa, lo que se recaude por el impuesto quedará en las arcas del gobierno para saldar su déficit. Frente a semejantes evidencias, sólo un necio puede seguir negándose a operar un viraje. Es imperioso cambiar de política en Ctera. Es necesario replantear la lucha por el salario y exigir un básico de 700 pesos y la defensa integral del estatuto. Llamamos a impulsar la convocatoria de un Congreso de delegados de CTERA con mandato de asamblea para motorizar este curso de acción.

Las manifestaciones de masas que, desde hace un mes, copan las principales plazas y los puentes de Corrientes ponen al descubierto que el régimen político provincial ha colapsado bajo el peso de la deuda pública. La Legislatura y el Ejecutivo provinciales están paralizados y hubo que descabezar a la plana mayor de la policía y mandar a la gendarmería. La deuda provincial, que alcanza los 1.400 millones de pesos, fue refinanciada 14 veces en los últimos cinco años. Como la garantía de esas deudas es la ‘coparticipación federal’, los bancos acreedores tienen embargada a Corrientes. En mayo, por ejemplo, de los 32 millones que debía recibir Corrientes, sólo recibió 15 porque el resto fue retenido por los bancos. La deuda pública es apenas una expresión de una quiebra económica más general. "En Corrientes, los problemas de fondo siguen asociados a las inundaciones, a la crisis de las economías regionales y a la pérdida de competitividad argentina" (Clarín, 13/6). La desocupación llega al 14%. Esta quiebra ha dejado a la provincia en cesación de pagos. A los docentes y a los empleados públicos se les deben dos meses de sueldo y el aguinaldo de diciembre; la obra social provincial —que atiende la salud del 90% de los correntinos— lleva un año sin pagar sus deudas. Como consecuencia de la cesación de pagos, la actividad comercial se ha derrumbado: las ventas del comercio han caído un 50% en los últimos tres meses. Como Corrientes, la Argentina tiene embargada su recaudación fiscal por los bancos. Esto explica por qué, a un mes de iniciada la crisis correntina, el gobierno nacional ha sido completamente incapaz de darle una salida. La oposición (el PJ, la Alianza y el Pacto Autonomista Liberal) consintió, durante años, el vaciamiento de la provincia a favor de los bancos y de los grupos capitalistas ligados al gobierno. "Desde 1993, la Legislatura aprobó al gobierno provincial 14 leyes tendientes a refinanciar la deuda y contraer créditos", reconoce Carlos Tomasella, senador provincial del PJ. Ahora, frente al colapso, la ‘oposición’ quiere sus propias condiciones: "Con un frente de todos los partidos opositores y con el apoyo de la gente, el Panu se terminará cayendo" (La Nación, 13/6). Para el gobierno nacional, sin embargo, la salida anticipada de Braillard Poccard crearía un antecedente ‘peligroso’. Para los editorialistas de La Nación (12/6), "sería un error suponer que los males de Corrientes se solucionarían con una intervención federal (...) Lo deseable es que la propia sociedad correntina movilice sus reservas morales para modificar la situación imperante. El gobernador Braillard Poccard debería asumir con plenitud su responsabilidad personal, sin someterse a las imposiciones de las estructuras del partido oficialista". En otras palabras, ni intervención ni salida anticipada: que el propio gobernador actúe como interventor, respaldado por la oposición y bajo la supervisión de la Iglesia (a esto refieren las ‘reservas morales’) para imponer un violento ajuste fiscal. Sobre esta base, se trataría de renegociar nuevamente la deuda correntina. No sólo se trata de una salida contra los trabajadores y el pueblo sino, además, de una salida de patas cortas. Las organizaciones de los trabajadores no han tenido una posición independiente en la crisis correntina. La Cta, que dirige los gremios estatales y docentes, se ha encolumnado detrás de la oposición duhaldista-aliancista. Para que la enorme movilización que están protagonizando los estatales y los docentes correntinos no lleve a una frustración, es necesaria otra estrategia. El reclamo del pago inmediato de todas las deudas salariales, de la defensa de la salud y de la educación públicas, tiene que ser relacionado con la exigencia de la apertura de los libros de la provincia, y de los bancos acreedores, del no pago de la deuda a los bancos usureros y de la expropiación de los grupos capitalistas que se han enriquecido con el vaciamiento de la provincia.

Desde que en la campaña electoral de febrero-marzo, señaláramos el inexorable estallido de una rebelión educativa en Catamarca, pasó muy poco tiempo. Mucho antes de las presidenciales de octubre y aún del traspaso del gobierno provincial, la crisis financiera ha obligado al gobierno a adelantar un furibundo ataque a la docencia y a la escuela pública. En efecto, después de que la movilización universitaria entrara en una impasse, el Frente Cívico y Social se apresuró a formar un comité de emergencia para el control del gasto público. Integrado por los cinco ministros del Poder Ejecutivo, sus primeras medidas apuntaron a una cesantía masiva de docentes interinos y suplentes y al congelamiento de nuevas designaciones hasta fin de año o hasta que se modifiquen las condiciones de la crisis financiera provincial. Para ‘contrabalancear’, les quitó a los legisladores los teléfonos celulares y disminuyó el crédito que tienen para hacer uso de la telefonía común. Esto, naturalmente, desató la ira de los docentes, pero también de los alumnos de los IES, Institutos de Estudios Superiores (muchos de formación docente), abriéndose un clima de debate y de lucha como no se verificaba desde hace mucho tiempo. Primero en forma tímida y luego como método, las escuelas empezaron a discutir un plan de lucha y formas organizativas inéditas hasta ese momento. La tendencia a coordinar las acciones y los reclamos tomó cuerpo a partir de algunos delegados, que comenzaron a organizar asambleas conjuntas de distintas escuelas. Las escuelas de la zona norte de la capital, con delegados y activistas del PO y de otras tendencias, hicieron punta con cortes de calles y avenidas y la quema de gomas. En pocos días, estas medidas se generalizaron en la capital y las principales ciudades del interior, pese a las amenazas del Poder Judicial. Por su parte, los estudiantes, víctimas del ajuste al cerrarse carreras y hasta escuelas completas, reaccionaron organizándose por las suyas. Rompió el fuego el mayor Instituto de la Capital, donde militan jóvenes de la UJS, que decidió la toma efectiva del edificio. Tomaron la posta los estudiantes de los restantes 16 IES y, durante la última semana, se dieron cortes de calles y rutas y tomas simbólicas y efectivas de distinto alcance, en casi todos los casos con activa participación de los docentes. Este curso de acción tiende a profundizarse y tuvo un primer pico el viernes 11, con una gigantesca movilización (más de 3.000 docentes y alumnos) frente a la Casa de Gobierno. Para desmontar este proceso de organización y de lucha, el gobierno no dudó en recurrir a la provocación y a toda suerte de maniobras distraccionistas: nada pudo detenerlo. Al contrario, la exigencia de los docentes consistió en reclamar un plan de lucha, repudiando los paros domingueros y de media jornada, concretando, en cambio, paros activos durante toda la semana previa a la movilización. Esto da la tónica de la envergadura que va adquiriendo la lucha, a la luz de la historia reciente, cuando, por seguir una línea netamente concertacionista, el conjunto de los sindicatos docentes se limitó a la concreción de medidas aisladas e inefectivas. Los sindicatos hicieron lo suyo para aislar cada una de las protestas, pero fueron también prontamente superados por la dinámica de la organización desde las bases y no tuvieron más remedio que salir a respaldar cada iniciativa que se tomó en las escuelas. Está planteado el llamado a un paro activo provincial, se ha votado la formación de Coordinadoras en las Asambleas de los IES y en varias escuelas de la Seccional Norte Capital. El interior se está organizando en el mismo sentido y el gobierno ha entrado en pánico. La oposición parlamentaria, en tanto, no abre la boca y durante la movilización se vio aparecer a los legisladores del Frepaso, que no intervinieron en ningún sentido durante la lucha, evidentemente con el afán de montarse en un proceso que no vieron y que no saben a dónde va. La profundidad del ajuste, sin embargo, es tal, que en distintas proporciones los funcionarios aseveran que se llevará a la práctica y realmente han comenzado a llegar las primeras notificaciones, por lo que es posible prever que la rebelión educativa ha llegado para instalarse por un largo tiempo.

En San Luis, el frustrado precandidato del PJ, Rodríguez Saá, ha planteado convertir a los actuales establecimientos educativos de la provincia en "escuelas-chárter", un sistema bastante difundido en EE.UU., que ha recibido la entusiasta adhesión del diario La Nación y de varios reconocidos privatistas. Autogestión Lo que caracteriza a las ‘escuelas chárter’ es que "reciben del estado un subsidio por alumno y cuentan con total autonomía administrativa y pedagógica, que las lleva a contratar a sus propios docentes, sin tener en cuenta los reglamentos establecidos para los establecimientos estatales" (La Nación, 21/5). Las escuelas pierden su carácter estatal y pasan a ser establecimientos privados. De tal forma, ya sea por la reconversión de los actuales colegios o por la creación de otros nuevos (el proyecto contempla que cualquier empresario puede formar su propia ‘escuela’ para atraer alumnos ‘chárter’), la educación pública será borrada del mapa. Se establecerán las "asociaciones educacionales", de derecho privado, que podrán ser formadas por cualquier particular. Podrán organizar las instituciones, su propio proyecto pedagógico y modelo de gestión y también la forma de evaluación. El sindicato docente de San Luis denunció a esta política como una forma de "privatización de la enseñanza". Cada establecimiento puede "buscar fuentes alternativas de financiamiento" al del subsidio por alumno, es decir que deja el camino libre para el arancelamiento o el contrato de créditos. El énfasis que ponen los defensores de este sistema sobre la ‘participación de la familia’ en la educación, escamotea la privatización. Las familias tendrán que hacerse cargo de la educación lo cual sería mortal para las familias obreras. Competencia Se pretende que las ‘escuelas-chárter’ produzcan una ‘competencia’ entre los diferentes establecimientos para ganarse a la mayor parte de los estudiantes. Cada colegio, entonces, tendrá su propia oferta de cursos; el estudiante pasará a ser un cliente. Pero la competencia supone primero el capitalismo, o sea la destrucción de los derechos de los trabajadores, en este caso, los docentes y no-docentes, para aumentar los beneficios. La fuerza de trabajo en la educación forma una parte fundamental del capital debido a la escasa inversión en tecnología, si se la compara con ramas de la industria como la automotriz o la informática. De ahí la insistencia de Mora y Araujo en que se debe "racionalizar la función docente", destruyendo el Estatuto del Docente (BAE, 28/5) y llama a Rodríguez Saá a no aflojar frente al repudio del gremio. La competencia entre las diferentes ‘asociaciones educacionales’ llevará a un proceso de concentración, donde las ‘asociaciones’ más débiles serán desplazadas por las más fuertes, como ha sucedido ya con las AFJPs. En Brasil, por ejemplo, "el 20% de los estudiantes de los colegios privados está monopolizado por 5 grandes pulpos capitalistas" (O Estado de Sao Paulo, 30/5). Estos tienen sus propios establecimientos, pero también administran los que son de propiedad de capitalistas menores. Como éstos "tienen problemas financieros que no pueden resolver" (ídem), son absorbidos por la red de los grandes grupos capitalistas. Las ‘escuelas-chárter’ no son más que una de las facetas de la ‘reforma educativa’. El movimiento docente y estudiantil debe continuar la lucha hasta su derogación.