Prensa Obrera N° 614

El martes 29/12, ATE concretó una movilización de alrededor de cuatrocientos compañeros (prácticamente todos activistas de cada organismo público) frente al Ministerio de Trabajo, para repudiar el Convenio firmado por la ‘banda’ de Andrés Rodríguez y la ‘banda’ del gobierno e ‘iniciar la resistencia’ (el Convenio no está aún homologado, para lo que se necesita un decreto presidencial). Estaban presentes junto a ATE caracterizados representantes del gremialismo centroizquierdista y aliancista, Piccinini (UOM de Villa Constitución), Caamaño (Utpba), V. Mendibil (Secretario GremialN Nacional del CTA) así como docentes ayunantes de la Carpa, jubilados de la Mesa integrada al CTA, etc. Desde la conducción del acto se destacó la presencia de compañeros de la Biblioteca Nacional, recientemente desafiliados a UPCN, afiliados a ATE luego de la firma del convenio. Hubo varios oradores, del Instituto Malbrán, del Senasa y de la conducción de ATE y el CTA. Todos se deshicieron en pronunciarse a favor de las luchas desa­rrolladas a lo largo del país y en contra del convenio negrero y de la flexibilización laboral. Se denunció también que activistas de ATE fueron ‘patoteados’ por UPCN en algunos lugares, como el Registro Nacio­nal de las Personas. Varios de los oradores centrales plan­tearon como medida fundamental de la lucha... un “plebiscito” (para que todos los trabajadores se pronuncien por el con­venio firmado o por el proyecto de ATE, el cual plantea un salario de ingreso a la Administración Pública de... ¡600 pesos!. Pero la ‘perla’ fueron los conceptos que virtió Mendibil, orador central, en el senti­do que un supuesto triunfo *opositor’ el año que viene (¿será el de De La Rúa) iba a permitir que los trabajadores comprobe­mos efectivamente que ‘otro país es posi­ble’. Con esta política, estas conducciones han conseguido vaciar de contenido las luchas y las movilizaciones, e incluso, que los trabajadores no quieran ni escuchar que se los convoque a sitio alguno. Esto ha traído una gran crisis interna, que se desenvuelve y crece hace muchos meses (varios plenarios han dado cuenta de ello) y que está produciendo un impor­tante y rico debate en amplias capas de activistas que buscan salir de este ‘panta­no’ aunque todavía no saben muy bien cómo. De lo que se trata es de organizarse y agruparse por organismo y por zona (como comenzaron hace tiempo los compañeros de los hospitales en la zona Norte del Gran Buenos Aires), de aprobar un programa de independencia de clase y de reclamar a ATE y a todos los gremios del CTA que, si no quieren cometer más traiciones y pre­tenden diferenciarse realmente de UPCN, deben romper con ‘su’ Menem (la Alianza).

En la última edición de Prensa Obre­ra se deslizó un error en el artículo referido al frente conformado, en Fran­cia, entre la Liga Comunista Revolucio­naria y Lutte Ouvrière para las eleccio­nes parlamentarias, que dificulta su lec­tura. En el segundo párrafo del segundo capítulo, donde se lee que “la Liga con­sidera ventajoso tener a los gobier­nos de su lado mediante la propues­ta del impuesto (‘no ultimatista’). Un mes más tarde de que Tobin hubiera escrito lo anterior...” debió decir que “la Liga considera ventajo­so tener a los gobiernos de su lado mediante la propuesta del impuesto Tobin (‘no ultimatista’). Un mes más tarde de que se hubiera escrito lo anterior...” En consecuencia, el párrafo mencio­nado (segundo del segundo capítulo), debía aparecer de la siguiente manera: “En la misma onda de convertir a la ‘especulación’ en el chivo emisario de la crisis social, y no al capitalis­mo, la Liga la emprende contra el Banco Central Europeo, al cual de paso le achaca su condición ‘supra- nacional’. El periódico Rouge (29/ 10), dice que aunque “el establish­ment político se pronuncia en fa­vor de una baja de la tasa de inte­rés”, carece “de los medios para hacerlo entrar en vigor, ya que el Tratado de Maastricht ha conver­tido a los bancos centrales nacio­nales y al banco europeo en inde­pendientes de los poderes designa­dos por el sufragio universal”. Esta separación entre el ‘establishment político’, o sea los gobiernos impe­rialistas, de un lado, y los bancos imperialistas, del otro, explica por qué la Liga considera ventajoso te­ner a los gobiernos de su lado me­diante la propuesta del impuesto Tobin (‘no ultimatista’). Un mes más tarde de que se hubiera escrito: 1o anterior, los bancos centrales decidieron acatar al ‘establish­ment político’ y producir una re­ducción simultánea de las tasas de interés.” Rogamos a los lectores sepan discul­par la molestia.

En las recientes elecciones de delegados en el hospital Garraham, entre los trabajadores afiliados a ATE, una lista opositora Azul-Grana, conformada por la mayoría los sectores opositores del hospital, ganó las elecciones propinando una verdadera paliza a la burocracia que desde hace años dirige la junta del hospital (Bordó) y a la propia burocracia de ATE que presentó lista propia (Verde). En este caso se puede decir que los trabajadores ‘mataron dos pájaros de un tiro’. Detrás de la Azul-Grana se canalizó la bronca acumulada durante años contra un Cuerpo de Delegados completamente en­tongado con la Junta Administrativa del hospital, que permitió que ésta impusiera condiciones cada vez más duras y arbitra­rias de trabajo. Como los salarios desde hace años permanecen congelados, se en­tiende que lo único que puede prosperar allí es la bronca. Los ‘privilegios’ del Garra- han son cosa del pasado. Que en el curso de todos estos años, la dirección Verde del sindicato nunca hubie­ra podido desplazar a Jaichenco (que surgió de su seno), ni a sus sucesores y que nunca tomara ninguna iniciativa seria para fre­nar los ataques de la patronal, llevó a los trabajadores a apoyar una tercera lista cuando ésta se conformó. Lamentablemen­te este proceso no fue comprendido por los compañeros de la lista Naranja, quienes con una posición principista abstracta deci­dieron no integrarse a la Azul-Grana, sien­do ellos compañeros de una reconocida tra­yectoria antipatronal y antiburocrática en el hospital. Ahora, con un nuevo cuerpo de delega­dos, habrá que enfrentar no sólo a la Junta de Administración, sino también a los ata­ques que se avecinan por el lado del gobier­no por la aplicación del convenio firmado por UPCN.

Que se repartan las horas de trabajo • subsidio al desocupado • perpetua al gatillo fácil • abajo la reforma educativa Programa de Actividades: Torneo de ajedrez (Ping-pong) / Búsqueda del tesoro / Carrera de 3 pies / Cinchada / Torneos de fútbol masculino y femenino (Infantil - Juvenil - Seniors) / Dígalo con mímica / Maratón / Truco / Vóley Bol / Bufet y Baile Inscribíte en los locales del PO: Avellaneda - Debenedetti, 1333 • Doque - Larroque 75 (V. Inflamable) • Corina: Suipacha y Cangallo • Berazategui -116 esquina 6 (Barrio Guemes) • Ezeiza - Ramos Mejía 440 • Glew - Ruta 210 y Lago Argentino * Lanús - Tucumán 1031 • Villa Jardín - Potosí 2349 • Lomas (Pellerano) - Arias 3476 • Ing Budge - Recondo 2275 • Quilmes - Calle 197 N° 1044 (Pasco) * Quilmes - Jujuy 2002 (La Cañada) • Varela - Mitre 40 • Parque Barón Organiza! ujs » zona sur

Desde el 17 de diciembre, los 1800 trabajadores de la fábrica Gatic (Adidas) de Coronel Suárez están de paro por tiempo indetermi­nado por el pago en término de sus jornales. Semanas antes salieron a la lu­cha los casi 500 trabajadores de otra planta que tiene Gatic en la vecina localidad de Pigüé. Hablamos con uno de los nuevos delegados del Sindicato del Caucho (Socaya). En una entrevista especial para Prensa Obrera, nos dijo que son una nueva Directiva que asumió hace 9 meses porque la anterior “era muy complaciente cotila patronal”. En los últimos cuatro años, los trabajado­res fueron perdiendo conquistas: les quitaron los micros que transporta­ban al personal, los tickets canasta, disminuyó la cantidad de ropa de tra­bajo, etc. Por eso se eligieron nuevos delegados “para defender los dere­chos del trabajador”. “Ahora nos adeudan una quincena y el agui­naldo a los obreros y tres meses a los empleados”. “Tuvimos un pri­mer conflicto hace 4 meses que levantamos porque la patronal se comprometió a regularizar la si­tuación para fin de año. Pero... no cumplió”. Nos cuenta el delegado que el paro salió por presión directa de las bases “si no lo tomábamos no­sotros a nivel sindicato, lo iba a tomar la gente”. El presidente de la empresa, Bakchellian, tuvo que ‘bajar’ en avión a Coronel Suárez para tratar de levantar el paro. Pero sólo ofrecía palabras. Las asambleas obreras resolvieron que “El paro se conti­núa por tiempo indeterminado”. Esas asambleas se realizan constan­temente pese a la ‘sugerencia’ del intendente de que era conveniente levantar el paro para seguir ‘dialo­gando’. La asamblea también resol­vió “no tener intenciones de es­cuchar al presidente de la empresa, porque confiaban en sus interlocutores, que son los integran­tes de la comisión interna” (diario; Nuevo Día 31/12). Ofendido, Bakchellian, protestó —nos dice el delegado del Socaya— por la ingra­titud de “los kelpers a los que enseño a ser gente”, refiriéndose a la gran can­tidad de trabajadores provenientes de la colonia de alemanes radicada en la zona. Y amenazó con llevar la ‘negociación1 a nivel del Socaya nacional, puenteando al sindicato local. Hoy, lunes 4, la huelga sigue firme y los trabajadores han comenzado a orga­nizar marchas hacia la Municipalidad, para que todo el pueblo de Coronel Suárez conozca su lucha y se solidarice. “Es la lucha más importante de los últi­mos 200 años” nos dice el delegado. “En Suárez, el trabajador no tuvo antes grandes conflictos, nuestra expe­riencia es menor que la de los traba­jadores de las grandes ciudades. Pero se acabó eso de aprovecharse de la inocencia del trabajador del interior de la provincia”, recalca. “Reclamamos la intervención del poder. Pedimos una entrevista con Duhalde, para pedir por nuestros salarios, no para ayudar a la empre­sa. No podemos resolver los proble­mas que ellos no supieron manejar. Si no pueden dirigir, entonces diri­gimos la empresa nosotros”. La huelga sigue por el reclamo del pago a término y ahora se suma la exigencia del pago de los días caídos de paro por culpa de la arbitrariedad patronal. (Reportaje e informes de Jorge Arr.)

El convenio firmado entre el gobierno y la burocracia de Andrés Rodríguez, de la Unión Personal Civil de la Nación, permite la aplicación ilimitada de los despidos en masa, la flexibilización labo­ral y la superexplotación de los trabaja­dores del Estado. Introduce además un mecanismo de mediación y arbitraje, que elimina toda posibilidad de que los traba­jadores realicen medidas de fuerza. El nuevo convenio (el primero firma­do entre un gremio y el Estado) se aplica­rá en 65 organismos. Los convenios sec­toriales deberán adecuarse al convenio general, considerado de jerarquía supe­rior (artículo 5). La encargada de vigilar esta “adecuación” es la Comisión Per­manente de Aplicación y Relaciones La­borales, una paritaria de miembros del Estado y de la burocracia (Co.P.A.R.) Precarización y despidos masivos. El convenio establece un período de prueba de 12 meses, durante los cuales no existe estabilidad y la designación puede ser cancelada sin indemnización, si las evaluaciones de la autoridad resul­tan insatisfactorias (artículo 25). Pero una vez pasado el período y condi­ciones de prueba (artículo 18), tampoco hay estabilidad. Porque se establece (artí­culo 26) que podrá ser eliminado el perso­nal “afectado por medidas de reestructuración que comporten la supre­sión de organismos, dependencias o de las funciones asignadas a los mis­mos, con la eliminación de los respec­tivos cargos”. Esto puede ocurrir previo pago de una indemnización o previo un período de “reubicación y reconver­sión laboral”. En este caso se lo despide cuando no cumple “alguno de los requi­sitos de la capacitación” y se le descuen­ta de la indemnización los meses de sueldo que cobró durante la ‘reconversión’. Esta es la verdadera clave del conve­nio, porque habilita al Estado a producir despidos en masa de organismos o depen­dencias que sean eliminados por el pro­grama de ‘ajuste’. Hay otras medidas que apuntan tam­bién a esta ‘limpieza’ laboral. Se estable­ce una jomada de 180 horas mensuales, con un período de descanso mínimo de 12 horas (artículo 38). Las jomadas diarias de 12 horas barrerán con una multitud de empleados que tienen dos empleos. La “polifuncionalidad” (artículo 37) generará el excedente de empleados para producir los despidos. No más medidas de fuerza Entre otras disposiciones, la patronal tiene la prerrogativa de no dar trabajo, con razones fundadas (artículo 30 b); se prohíbe el proselitismo y la acción políti­ca (artículo 34 e); se elimina la promoción automática de las categorías, que sólo se otorgarán por calificaciones adecuadas y acreditaciones dé la competencia laboral (artículos 45 a 47). Pero el capítulo más antiobrero y an­tisindical de todos, es el que regimenta los conflictos colectivos. Previendo la re­sistencia que provocará la aplicación del convenio, se elaboró un larguísimo y per­verso capítulo III (artículos 71 y siguien­tes) de “mecanismos para la solución de conflictos colectivos laborales”, los cuales contemplan un trámite de “mediación” ultra burocrático, que puede extenderse más de 45 días. Está a cargo de la Co.P.A.R., que impone la suspensión de cualquier medida de fuer­za durante su transcurso. Si fracasa la mediación, habrá que optar entre un “ar­bitraje” vinculante, que obliga a las par­tes a lo que decida el árbitro, o bien la vía judicial. Queda de lado cualquier medida huelguística de los trabajadores. Y si a pesar de todo este mecanismo los traba­jadores quisieran tomar medidas de ac­ción directa, el artículo 100 establece que “se deberán cumplir guardias míni­mas que establezca el Estado em­pleador”. El soborno de la burocracia El necesario lubricante de semejante entregada, se encuentra en el capítulo V, candorosamente titulado “aporte soli­dario”. Allí se establece que el gremio recibirá mensualmente el 0,5 % “del total de la remuneración bruta men­sual”, que se dedicará a “educación, vivienda, salud y turismo”. Los diri­gentes de ATE estiman la friolera en dólares mensuales. Que este convenio ‘basura’ haya sido proclamado en una fiesta en el Luna Park con la presencia de Menem, habla de la total subordinación de esta burocra­cia patronal al Banco Mundial que dicta las políticas de ‘reforma del Estado’. Y del pacto con la fracción menemista del PJ, al menos por ahora. El Partido Obrero llama a los tra­bajadores estatales y a los delegados de todos los gremios a pronunciarse contra la aplicación de este convenio antiobrero y por la organización de asambleas y plenarios que voten un plan de lucha por su derogación.

Dos dirigentes del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) de Brasil fueron se­cuestrados, torturados y asesinados por bandas parapoliciales en la región de San José do Cam­pos (100 kilómetros al nordeste de San Pablo). Los parapoliciales que operan en todo el campo brasileño son organizados por los “fazendei- ros” (terratenientes) y cuentan con estrechas conexiones con el aparato del Estado, con la policía (entre quienes se reclutan a los asesinos) y con la ‘justicia’, que nunca logra condenar a los asesinos de los campesinos. Jurandir dos Santos y Roberto Oliveiro, dirigen­tes del MST de la región del Valle de Paraíba, fueron secuestrados en la última semana de di­ciembre. Ambos —que no tenían más de 25 años- dirigieron la ocupación de la hacienda Santa Rita, en septiembre del año pasado. La ocupación de haciendas es el principal método de lucha del MST para imponer la ‘desapropiación’ (compra por parte del Estado) de las tierras improductivas, que luego son entregadas a los campesinos sin tierra. En todo Brasil, según el MST, hay 4,8 millones de familias sin tierra, mientras el 50% de la tierra cultivable se encuentra en manos de un puñado de grandes ‘fazendeiros’ (apenas el 2% de los propie­tarios rurales). Mediante el terror, los grandes propietarios y el aparato del Estado pretenden hacer retroceder la lucha de los campesinos sin tierra: antes de dos Santos y Oliveiro, otros 30 militantes y dirigen­tes el MST fueron asesinados en el curso de 1998. Junto a esta política de terror, se desenvuelve la represión ‘democrática’, llevada adelante por los jueces y los tribunales. En marzo próximo, se llevará a cabo el juicio contra José Rainha, uno de los principales dirigentes del Movimiento Sin Tie-. rra, acusado de asesinar a un ‘fazendeiro’. Con­tra todas las pruebas y testimonios, Rainha fue condenado en primera instancia; si el tribunal de segunda instancia lo encuentra culpable, Rainha puede ser condenado a 27 años de cárcel. Los dirigentes de los campesinos son persegui­dos judicialmente y amenazados de cárcel; los asesinos de los Sin Tierra están en libertad para seguir matando: esta es la ‘vara’ de la ‘demo­cracia’ brasileña.

¿Quién dice que menemistas y aliancistas no co-gobiernan? Los aumentos de las tarifas ferroviarias en un 15% y el de los cospeles del subte en un 20% demuestran como pocos la unidad de política y de intereses sociales de menemistas, duhaldistas y aliancistas. En ambos casos se trata, además, de una renegociación de .contra­tos de privatización, precisamente lo que los aliancistas habían prometido que investigarían de llegar al gobier­no. Las tarifas del servicio de agua subirán un 36%, en tanto que se anuncia algo parecido con la luz para febrero. También se anticipan cortes de energía, con el pretexto de una sequía. Aunque Menem ha tomado para sí mismo la respon­sabilidad del IVA al cable y a la salud, es necesario recordar que el paquete impositivo fue acordado en una reunión entre Terragno y Machinea, de un lado, y Roque Fernández, del otro. Sólo un ingenuo podrá suponer que el ministro no les anticipó el decreto de Menem que lleva al 21% el impuesto a esos rubros. Esa misma reunión, según la prensa, había salvado el acuerdo con el FMI, el cual reclamaba esos impuestazos y tarifazos para poder pagar la abultada deuda externa. Sin embargo, como lo demuestran las recientes elecciones de Córdoba, el electorado no reconoce esta similitud entre los dos bandos, aunque sea el tema, corriente en la calle, en los barrios y en los lugares de trabajo. Los ‘encuestálogos’ dicen que predomina el electorado independiente, pero esto lamentablemente no es así. El voto popular sigue siendo una vaca bien atada, por ahora, al carro de los partidos capitalistas. A esta atadura contribuyen las direcciones obreras y populares de todos los signos, en especial la CTA y el MTA, que canalizan la oposición a la CGT empresa­rial. Es necesario que rompan con su estrategia de subordinación política, que paraliza a las organizacio­nes obreras y produce derrotas. Es que más allá del voto, la política de las organiza­ciones populares de sometimiento a los partidos patro­nales es un poderoso obstáculo para que los trabajadores puedan enfrentar la descomunal ofensiva que engendra la propia crisis capitalista. A los patrones, esta crisis les preocupa cuando no pueden descargarla en las masas. El co-tarifazo está acompañado por una ola gigan­tesca de despido en las plantas automotrices y de autopartes. En Brasil, los compañeros de la Ford ya anunciaron que enfrentarán los despidos con manifestaciones callejeras y ocupaciones de fá­brica. Es lo que hay que hacer. Una gran marcha nacio­nal para anular el tarifazo e impedir los despidos. Que se repartan las horas de trabajo sin afectar el salario. Es necesaria una acción conjunta. Es necesaria una acción de alcance histórico. Es necesaria una acción independiente. Marchas de protesta en todas las ciudades y pueblos. Asambleas en las puertas de fábrica. Por una Marcha nacional. Fuera el gobierno de la “asociación ilícita”. Que gobiernen los trabajadores.

Entre el 17 y el 21 de di­ciembre, un grupo de compa­ñeros recorrimos algunas manzanas de los barrios en los que se encuentran nuestros locales. En esos cinco días, lo interesante fue que en activi­dades que no excedieron dos horas, comprobamos una vez más la excelente recepción que tienen las ideas políticas y reivindicativas expuestas en prensa obrera. El sábado 19 en Villa Corina colocamos 27 prensas; el domingo 20 en Villa Inflama­ble, 18; y el lunes 21 en La Cañada, vendimos 31. La agi­tación oral, con coche y bocina, cumplió un papel central: las dos o tres manzanas que piqueteábamos ya estaban so­bre aviso de que el PO estaba haciendo su agitación y espe­raban a los compañeros para denunciar las terribles condi­ciones de trabajo que se viven en la Argentina menemista. Esta actividad barrial es una radiografía implacable del ré­gimen político, formulada por las denuncias de los propios vecinos. Una veintena de los com­pañeros que compró la prensa se mostró interesada en man­tener una relación regular con el Partido Obrero. res y que nunca tomara ninguna iniciativa seria para fre­nar los ataques de la patronal, llevó a los trabajadores a apoyar una tercera lista cuando ésta se conformó. Lamentablemen­te este proceso no fue comprendido por los compañeros de la lista Naranja, quienes con una posición principista abstracta deci­dieron no integrarse a la Azul-Grana, sien­do ellos compañeros de una reconocida tra­yectoria antipatronal y antiburocrática en el hospital. Ahora, con un nuevo cuerpo de delega­dos, habrá que enfrentar no sólo a la Junta de Administración, sino también a los ata­ques que se avecinan por el lado del gobier­no por la aplicación del convenio firmado por UPCN.

Clase 1: La crisis capitalista mundial. Derrumbe de las bolsas y monedas, desvalorización de los acti­vos, fusiones, quiebras y devaluaciones. La economía norteamericana en el epicentro de la crisis. ¿Hacia una recesión mundial? Clase 2: La crisis económica en Argentina y la impasse del Mercosur. Dependencia económica y penetración del capital financiero. Retroceso de la burguesía nacional. La crisis brasileña. ¿A dónde va el Mercosur? Clase 3: La situación internacional de la lucha de clases. El Frente Popular, un recurso contrarrevolucionario. Tendencia a las rebeliones populares y al comienzo de la revolución en Asia. La reorganiza­ción del movimiento obrero de los países imperialis­tas. Clase 4 : Vigencia de la IV Internacional. Balan­ce histórico. El programa de transición. Análisis del programa de las distintas corrientes y de la campaña del Partido Obrero por la refundación inmediata de la IV internacional. Clase 5: El ‘99 en la Argentina. Fracaso del Frepaso, del Frente del Sur y de las alternativas ‘progresistas’. Derrumbe del peronismo y reorganización del movi­miento obrero. Debate en el seno de los sindicatos y organizaciones populares sobre construcción de un par­tido de la clase obrera. Clase 6: ¿A dónde va el movimiento de la juven­tud? Tendencia a su organización independiente. Los partidos patronales y el movimiento juvenil. Juven­tud y clase obrera. Por la construcción de una organi­zación de masas de la juventud. Los dirigentes de los campesinos son persegui­dos judicialmente y amenazados de cárcel; los asesinos de los Sin Tierra están en libertad para seguir matando: esta es la ‘vara’ de la ‘demo­cracia’ brasileña.

La detención del "Tigre" Jorge Acosta por la causa de apropiación de niños nacidos en cautiverio bajo la dic­tadura militar coloca el problema de los desaparecidos al rojo vivo. La en­trega del represor, que se dio luego de permanecer prófugo 14 días, fue el resultado de los ‘escraches’ y de que el periodista Miguel Bonasso lo reco­noció en Pinamar. Hasta entonces las fuerzas de seguridad fueron incapaces de cumplir la orden de captura librada por el juez Bagnasco, Como señaló un investigador en Tribunales “parece que cuando la Justicia Federal cita a alguien, o viene por su pro­pia voluntad o no viene” (Clarín, 30/12). El ‘Tigre’ negoció su entrega, enviando, como emisario, a un ex cola­borador de ‘faenas’ que amenazó con "prender el ventilador", La Armada, mientras tanto, se tomó 14 días para hacer efectiva la disposición de pasar a retiro a los que se rebelan contra la Justicia. Así cuando no tuvo más mar­gen el “Tigre” se presentó, no sin antes producir un video dónde se presenta como inocente. La Armada le soltó la mano a Acosta ante la evidencia de que la causa por la apropiación de niños avanza inexora­blemente. Mal que le pese al ex fiscal adjunto en el juicio a las Juntas, More­no Ocampo, esa causa no es*Cosa Juz­gada’ como se acaba de ratificar en el caso de Videla. La razón es muy sencilla. Como lo reconociera Julio Strassera, por esa causa los *comandantes* no fueron juzgados. Entonces sólo se contaban 6 casos y no se tenían pruebas suficientes (sic). Quiere decir que el punto se re­abre no porque no se intentó encubrir a los genocidas, sino exactamente por lo contrario. Que de miles de denuncias sólo fueran recogidas unas pocas revela el esfuerzo, comenzado por los propios militares con la autoamnistía y luego por Alfonsín, informe de la Conadep mediante, por encubrir el genocidio. Pero sucede que el delito de apropia­ción de bebés se sigue cometiendo hasta que los niños nacidos en cautiverio sean entregados a sus legítimas fami­lias. Por lo que debiéramos asistir al desfile de los torturadores y asesinos. El próximo a ser citado es Bignone, con lo que caería el artífice de la institucionalización. Los mecanismos de impunidad vi­gentes se revelan como insuficientes para dejar a salvo a los militares que cometieron el genocidio más grande de nuestro país. La suma de detenciones tiene que ver con la lucha encabezada por los familiares y acompañada por el conjun­to del pueblo que ha hecho imposible cerrar el tema de los desaparecidos. Acosta, mucho más que pasado Las dificultades para la detención de Acosta tienen que ver con la catadu­ra del personaje. Sucede que el “Tigre” es mucho más que el ex jefe de inteli­gencia de la ESMA. Sus vínculos con el gobierno hacen que su detención sea el comienzo de otra serie de pruebas de la relación entre funcionarios y genoci­das, Para el gobierno sospechado de asociación ilícita en el caso del tráfico de armas, este puede ser un “presente griego”. A eso se refería Acosta cuan­do amenazó con denunciar a sus man­dantes. En 1994 frente al surgimiento de la guerrilla zapatista, fue comisionado a Chiapas como “observador”, junto con otro represor, Enrique Peyón. Como lo denunciara Cristina Caiati, del CELS, no sería ésta la única vinculación con el gobierno. “En 1991, una empresa de Acosta, Eximport Fund SA, había sido contratada por el entonces presidente del mercado central, Rubén Pons (empresario amigo del ex intendente Carlos Grosso), para los trabajos de seguridad interna” (La Nación 30/12). Los vínculos del gobierno con re­presores de la dictadura salen a la luz cotidianamente. Los distintos orga­nismos represivos se vinculan a los crímenes más notorios del último pe­ríodo como el de la Amia y Cabezas. Como lo denunciara el periodista Juan Salinas en su libro “Amia-El atenta­do”, Adrián Pelacchi, ex jefe de la Policía Federal, cumplió el papel de encubrir las evidencias de la partici­pación de la Federal en el atentado. Pelacchi hoy es acusado de haber fusi­lado en 1977, junto a un grupo de tareas, a Jorge Sanz. El nexo de los genocidas con el go­bierno es el tándem Corach-Emir Yoma, cuya sola mención detiene cual­quier investigación como sucediera en el caso del atentado. La llamada ‘mano de obra desocupada” nunca lo estuvo realmente, habida cuenta de los represores recicla­dos en los gobiernos democráticos. Por eso la detención de los genocidas no es sólo saldar cuentas con el pasado, es atacar el aparato represivo actual. Así lo entiende el propio gobierno que man­dó a reprimir violentamente el escrache de Peyón por parte de HIJOS, con la guardia de Infantería de la Federal en camiones blindados y un helicóptero. Será Justicia La serie de detenciones de genoci­das de la dictadura ha motivado la inquietud en el ámbito militar: “Hom­bres de la Marina presentaron una queja a funcionarios del Ejecutivo en la que manifestaron su malestar por una situación que califican de descontrolada” (Página 12, 30/12). Pero la nota la dio La Nación que en un editorial salió a reclamar algún nuevo mecanismo de impunidad. Este diario que fue el primero que atacó al juez Marquevich frente a la orden de deten­ción de Videla —en lo que contó con la colaboración del ex fiscal Moreno Ocampo— plantea que “Los órganos legislativos no deben eludir la res­ponsabilidad que les corresponde en relación con estos hechos...” (30/ 12). El diario de los Mitre da lugar a una velada amenaza señalando que la posibilidad de que se recreen esce­narios con tensiones capaces de retrotraer al país a conflictos que conspiraron, en su momento, con­tra la estabilidad de las institucio­nes suscita en algunos sectores del cuerpo social comprensibles aprensiones”. La lucha popular confirma que el pueblo no ha indultado a los genoci­das. Es más, la persistencia de esa lucha los ha ido arrinconando. Pero éstos son los ejecutores de un plan de exterminio de la vanguardia obrera y juvenil, elaborado por los explotado­res, para imponer un retroceso sustan­cial en las condiciones de vida de los explotados. La dictadura contó con el apoyo de todo el espectro patronal nacional e internacional y la bendición de la Igle­sia; fue reforzada con la participación de los partidos patronales que aporta­ron funcionarios en todos los niveles. Por todo esto, los genocidas no van a ser abandonados a su suerte, más aun cuando poseen elementos para enlo­dar aún más, por si hiciera falta, al presente régimen político. Por ello, el ‘reclamo’ del diario de los Mitre será escuchado. Febrilmente los represen­tantes políticos patronales idearán una nueva forma de impunidad para preservar a los genocidas y preservar­se ellos mismos. Por eso las consignas históricas de esta lucha: Aparición con Vida, Jui­cio y Castigo y Perpetua a todos los culpables mantienen toda su vi­gencia.

El sábado 26 el equipo de Villa Maipú de la regional San Martín concretó una importante actividad: en la casa de una compañera suscripta, que la ofreció por iniciativa propia, se realizó una reunión de lectura y discusión del periódico N° 613 (se leyó “Las organizaciones Obreras entre la espa­da y la pared”. Luego se hizo un brindis para que, en 1999, la clase obrera encuentre “la salida” y se organice en su partido propio. El propósito central del equipo partidario era fortalecer el vínculo de sus contactos con el periódico, sentando las bases para la constitución de equipos de lectores y, con esto integra a los compañeros a sus actividades. Concurrieron cinco invitados (de un total de veinte) y con los mismos se desarrolló un valioso debate durante más de tres horas. Otros compañeros que quedaron en venir, pero no pudieron serán invitados a las futuras reuniones. La idea es sistematizar esta actividad en el barrio. El equipo se propone también, y así lo trasmitió, abrir un local en la zona, para lo cual habrá que constituir un padrón de aportistas permanentes que lo solvente. Al finalizar la reunión, todos los invitados se llevaron rifas, con lo cual se extendió el padrón de colocadores del equipo.

Pocos meses atrás, la Asamblea General de Naciones Unidas se consagró a la cuestión del “narcotráfico”. Esta­ban presentes Mr. Clinton, Mr. Menem y otros congéneres del planeta. La reunión fue presidida por Zedillo, titular del gobierno de México, que venía de reclamar por la libertad de los inás renombrados banqueros de su país, detenidos en una festichola en Las Vegas, organizada por les servicios financie­ros del... narcotráfico. En realidad, los financistas mexicanos cayeron en una trampa tendida por la DEA norteamericana, preocupada porque los bancos estadounidenses concentren el negocio del lavado del dinero proveniente de la droga; uno de los más rentables a nivel planetario. En la propia reunión de la ONU, el balance de lo actuado en los últimos años, luego de innumerables reuniones de características similares fue contundente: la producción de drogas “ilegales” no deja de aumentar. En Colombia, sólo para tomar un caso modelo, se sembraron 40 mil hectáreas de coca en 1996 y 70.000 en 1998. El consumo de drogas sintéti­cas, de más fácil fabricación e imposible control, aumentó un 35% en los dos últimos años (1). El negocio florece. Los lucros derivados de esta empresa alcanzan a los 9.000 millones de dólares sólo en Nueva York (2), “donde se concretó la reunión de los ‘líderes mundiales’. Millones, millones, millones... En lo que a narcotráfico se refiere, la denominada ‘ilega­lidad’ es la forma específica por la cual el capital financiero internacional mueve más de 500.000 millones de dólares anuales, equivalente al de las ramas más poderosas de la economía internacional. La ‘ilegalidad’ permite los precios elevados, evita cualquier control en la fase productiva, simula Una persecución cuyo propósito es mejorar la lucratividad del crimen: “cuando se obtiene un ‘éxito’ en reducir la oferta, los precios suben, se atrae al mercado a nuevos productores y distribuidores, que vuelven a hacer subir la oferta: ahora hay más droga, más barata y más fácil de conseguir” (3). La ‘legalidad’ del blanqueo de fondos está protegida por el “secreto bancario” además de los “paraísos fiscales (...) donde se albergan 5.8 billones de dólares” (4) La novedad reciente de la liberalización de los movimien­tos de capitales permite que “en el mundo de las transfe­rencias electrónicas, todos los países del globo son un paraíso fiscal” (5). Represión, represión, represión... Esto explica por qué la reunión de los ‘bandidos’, con la excusa de combatir el negocio con el cual financian sus campañas, resolvió que ahora, derrotado el combate contra la ‘oferta’ es necesario concentrarse en reprimir la ‘demanda’. Es decir a las víctimas y no a los victimarios. Lo que se plantea, en consecuencia, es el perfeccionamiento de la ma­quinaria represiva. El liderazgo en la materia le corresponde a los yanquis, que desde la época de Nixon, en la década del 70, lanzaron la “guerra contra la droga”, que si no ha reducido el consumo, sí ha convertido a EE.UU. en una suerte de campo de concentración de la juventud, los negros y los pobres. En 1970 había 200.000 personas encarceladas en las prisio­nes norteamericanas; la cifra se multiplicó por ocho. Pero a los 1.600.000 presos actuales hay que agregar 2.300.000 personas en libertad condicional. Las causas “por drogas” son la principal causa de este crecimiento de la población carcelaria. Están en prisión 3,1 hombres negros por cada 100 habitantes negros de los EE.UU. Es una proporción que cuadruplica los índices similares en la época del “apartheid” en Sudáfrica. La DEA, agencia yanqui de lucha contra la droga, impide recetar narcóticos en casos necesarios. Por este motivo, infor­mes recientes muestran que dos tercios de los enfermos terminales de cáncer no reciben medicación adecuada para el dolor y las cifras son más altas en los enfermos no terminales. El autor de este balance de la política ‘antidroga’ es Milton Friedman (6), premio Nobel de Economía, hombre de la derecha ‘neoliberal’ y partidario de la legalización del narcotráfico, lo mismo que George Soros. Friedman, Soros y otras 500 personalidades del mundo entero dirigieron una carta a la Asamblea General de las Naciones Unidas denunciando que “la guerra contra la droga causa más daño que el abuso de drogas”; lo que ciertamente no es poco. Naturalmente, está ausente el plan­teo elemental, simple y sencillo que acabaría en dos patadas con el narcotráfico: abolición del secreto bancario, investiga­ción irrestricta de cuentas y depósitos de las grandes entida­des financieras, cárcel inmediata a traficantes y ‘lavadores’. Para los liberales del gran capital la ‘libertad’ de la circula­ción de estupefacientes sería un contrapeso a la tendencia a la criminalización del régimen capitalista. Pero la legaliza­ción sólo provocaría una violenta ex propiación de campesinos cocaleros, para abaratar costos, y una cultura (consumo) de la brutalización y de la muerte espiritual y física. Perfidia, perfidia, perfidia... La ‘ilegalidad’ de la droga en los Estados Unidos, está incluso cuidadosamente elaborada para promover ciertos consumos en detrimento de otros y para darle un carácter clasista a la represión. Es lo que sucede, por ejemplo, con el ‘crack’, un derivado de la cocaína, fácil de elaborar y multi­plicar la droga original. En consecuencia, “la posesión de cinco gramos de crack puede acarrear al menos cinco años de cárcel... se necesitan cien veces de peso en polvo de cocaína para aplicar la misma condena... 85% de los convictos en posesión de crack son negros... las severísimas penas por la posesión de ínfimas cantida­des de esta droga son la causa principal de más de una tercera parte de los hombres de color entre los veinte y los treinta años de edad se encuentren en prisión o en libertad condicional (!!!)” (7). La represión a la ‘demanda’ aprobada por la Asamblea General de la ONU es la pantalla de esta guerra, no contra la droga, sino contra los explotados. Las víctimas de la droga son tratadas como delincuentes, en tanto que los delincuentes de la droga gozan del amparo o la impunidad que les brinda el poder y sus “servicios de seguridad”. La “penalización de la demanda” está al servicio de todo el dispositivo con el cual se benefician los barones de la droga y sus cómplices. Para las víctimas, para quienes la droga es parte de un mecanismo de degradación sin límites, de la total falta de perspectiva que impone la explotación capitalista, la cuestión no pasa, naturalmen­te, por la ‘libertad’ para drogarse sino por la organización para acabar con este sistema de opresión social y crear, entonces, las condiciones reales para la cons­trucción de una sociedad humana, de libertad.

El poder económico se oculta tras la cara visible del poder político. Como la cara y la ceca, aunque no tanto. Cabezas logró una de esas raras imágenes: fotografió la ceca y la gente asoció todas las caras. Cabezas es el segundo crimen bru­tal del ‘poder9 bajo la ‘democra­cia* contra los trabajadores de prensa. El primero fue Mario Bonino. O mejor dicho el tercero, por la desaparición del estudiante de pe­riodismo Miguel Bru. Los atenta­dos, persecuciones e intimidacio­nes a los trabajadores de prensa son corrientes, como los teléfonos pinchados de los servicios y escu­chas ilegales (como a las periodi­stas de Clarín favorables al aborto). Más comunes todavía, son los des­pidos patronales por persecución sindical y política. Este crimen marcó una de las grie­tas profundas en la crisis de los partidos patronales, pero no tanto como para no aportar nada al escla­recimiento de los hechos. Más bien creció la confusión en marchas y contramarchas de pistas ciertas y/o falsas y de testigos y suicidios dudo­sos. Duhalde lanzó un proyecto, 4La ley del arrepentido’, probable­mente por la facilidad con que el poder y los intereses que represen­ta, pueden dictar la declaración de un delincuente profesional que ac­túa a pedido. Los crímenes del “poder” contra los trabajadores de los medios de comunicación que lo cuestionan de una u otra forma llevan también su estadística a nivel mundial: 19 pe­riodistas asesinados en todo el mundo en 1998. Cabezas fue secuestrado cuando estaba trabajando en una ‘zona liberada’ de Pinamar, por supues­tos custodios de Yabrán, hoy ‘suici­dado”. Tal cual ocurre con los obre­ros de la construcción que caen de los andamios, está pendiente el lla­mado de la Utpba a dos horas de corte de tareas para movilizar a todo el gremio a Plaza de Mayo, algo que jamás se hizo, por el juicio y perpe­tua para los autores materiales e intelectuales del crimen del compa­ñero José Luis Cabezas. El 25 de enero, la respuesta es la auoconvocatoria de trabajadores de prensa, fotógrafos, trabajadores y la población en general a Plaza de Mayo: ¡Basta de impunidad!, ¡Jui­cio y perpetua a los autores mate­riales e intelectuales y a todos los encubridores del crimen de José Luis Cabezas! (El Movimiento Autoconvocado de Mujeres Trabajadoras, solidarizándose con sus familiares, compa­ñeros y con todos los trabajadores, convoca a todas las mujeres a la movilización del 25 de enero. Por el juicio y Perpetua a los autores mate­riales e intelectuales y a todos los encubridores del asesinato. ¡Cabe­zas!; ¡Presente!) Festival en el Bajo Flores “Contra la desocupación y la represión policial” - Domingo 9 de enero Tocan Bandas Festival en Parque Lezama “A 2 años del asesinato de Cabezas. Perpetua a todos los genocidas Libertad a la juventud" -17 de enero Ciclo de Charlas en Zona Sur 6 de enero - “A 80 años de la Semana Trágica” - En el local de Parque Patricios - Habla Hernán Diaz 13 de enero - “El Golpe de Estado en Chile” - México 343 Pic Nic en el Parque Avellaneda Domingo 24 de enero

El comité de la Capital del PO realizó el 29 de diciembre una agitación en los subterrá­neos de Buenos Aires. Setenta militantes, distribuidos en seis nudos de las diferentes líneas, repartieron volantes y ofrecie­ron la prensa, denunciando el aumento del cospel. A viva voz, en andenes y dentro de los tre­nes, acusaron al gobierno Dé la Rúa y a la Alianza en general, como los responsables de una renegociación con Metrovías, que llevará a aumentar sustancialmente los ingresos de la concesionaria y a constituir un fondo de incierto destino bajo ‘control del gobierno porteño. En la agitación también se des­taca la situación de los trabaja­dores de UTA Metrovías, con sus sueldos congelados y condi­ciones inhumanas de trabajo (ver el PO anterior). La actividad provocó un gran impacto entre los usuarios y el público. Muchos descono­cían el aumento, muchos más ignoraban la responsabilidad del gobierno aliancista. Fue habitual un primer rechazo de muchos pasajeros a las críticas a De la Rúa, a quien venían de votar en las internas y también la actitud de reflexión cuando se interiorizaban de nuestros argumentos. El tema provoca­ba gran interés. Las expresio­nes de acuerdo y solidaridad fueron numerosas. En varios casos, trabajadores del subte que pedían permanecer incóg­nitos, se acercaban y daban in­dicaciones sobre donde conve­nía distribuir los materiales. Un pasajero que dejó su direc­ción, refirió que era el autor de una gestión para que el subte tenga vagones para transporte de bicicletas. No pocas perso­nas se acercaron a felicitar y avisar que en otra estación la seguridad estaba expulsando a nuestros compañeros. Cuando esto sucedía, los compañeros seguían la actividad en la su­perficie, en la boca de las esta­ciones. Se vendieron 70 prensas y se repartieron 10.000 declara­ciones. El éxito de la actividad llevó a la conclusión de que debe repetirse.

Lo que ha caracterizado a las recien­tes elecciones de Córdoba no fue sola­mente que triunfara el candidato del partido menemista, sino que lo hiciera con un margen plesbicitario, a pesar de la brutal ofensiva del menemismo con­tra los trabajadores. Otro dato impor­tante fue la extrema concentración del voto en los dos partidos que forman el bloque de gobierno que ha dejado al país con cuatro millones de desocupados y con niveles desconocidos de pobreza. Lo que llamó, por fin, la atención de esas elecciones es que en las graves circuns­tancias actuales no se haya expresado ninguna tendencia del electorado a bus­car una salida a la derecha o a la izquier­da de ese bloque oficial. Esto último era lo que esperaban numerosos observado­res, que pronosticaban una “des-polarización” del voto y una modificación, por lo tanto, del mapa electoral. El resultado electoral de Córdoba ha llevado al menemismo a imaginar que puede seguir en el gobierno a pesar de todas las consecuencias sociales de su política y que para ello sólo necesita de una ‘ingeniería electoral’. De ahí que vuelva a circular el nombre de Reutemann para la candidatura presidencial, o que Menem pretenda convertir a Vilas en intendente de Mar del Plata. La ‘in­geniería’ en cuestión consistiría en ex­plotar por todos los medios (y con el uso de los medios en su totalidad) una ten­dencia a la despolitización que la propia crisis habría acentuado entre los traba­jadores. Al mismo tiempo, se han escalo­nado las elecciones para gobernadores de manera de poder presentar a una serie de resultados locales como la ex­presión anticipada de una tendencia nacional. ¿Quiere decir todo esto que ha cam­biado la situación política, o que se ha enterrado al menemismo antes de tiem­po? ¿Los ‘pesimistas’ le han vuelto a ganar a los 4optimistas’? Si esto fuera así, los reaccionarios, de un lado, y las sectas, del otro, deben estar refrotándose las manos. La variante derechista de la “ingeniería electoral” y de la explo­tación de la conciencia política insufi­ciente del electorado ha demostrado sus posibilidades y por lo tanto las tiene. Pero no es lo más probable y es casi seguro improbable Alianza En la Alianza los resultados de Cór­doba han producido una crisis mayor a la que tenía con anterioridad; la baja en la intención de voto refleja el grado de incoherencia con que la Alianza es vista en el electorado. Para peor, los aliancistas creen que el error fue no haber cons­tituido la Alianza en todas las provin­cias, pero esto volverá a repetirse en Catamarca y Río Negro y muy probable­mente en Neuquén y Tucumán. En Río Negro los frepasistas están negociando con el justicialismo y en Tucumán son los radicales los que están trenzando para formar un frente ‘anti-bussista’. La seguidilla de elecciones provinciales en el ‘99 representará un verdadero cal­vario para la Alianza. Otra manifestación de la crisis de la Alianza es el alejamiento de algunos partidos provinciales que ya están nego­ciando con el PJ. Alberto Natale, de Santa Fe, ya ha renunciado a ser candi­dato a gobernador, de modo que no apor­tará a la Alianza. Igualmente importan­te es la crisis con el intendente de Vicen­te López, García, que quería ser candi­dato a vice-gobernador, lo que ya hace prever la posibilidad de la deserción de una parte del aparato de la UCR en el apoyo a Fernández Meijide. La ausencia de una estrategia y de un programa alternativos al menemis­mo han convertido a la Alianza en una agencia de colocaciones. Su crisis es una expresión de la descomposición del sistema político patronal en general, cada vez más cerrado, más conspirativo, más prebendario y más corrompido. La pro­fundidad de la crisis económica restrin­ge el margen de cooptación democrática del sistema; Terragno y Machinea nego­ciaron en secreto con el gobierno el apo­yo al paquete impositivo y al acuerdo reciente con el FMI. La viga maestra de la política de la Alianza ha pasado a ser el ofrecimiento de seguridades de que no investigará lo actuado por el menemis­mo. Es consciente de que el mínimo in­tento de desmantelar el régimen mene­mista podría desatar una crisis colosal en el aparato estatal y en los intereses privatizadores que tomaron el control de la economía nacional en la última década. De manera que luego de las eleccio­nes de Córdoba, uno de los polos del sistema ha salido más desacreditado ante el electorado; más impotente para encarar la crisis nacional; más confuso en relación a sus disputas internas; in­cluso más comprometido con el mene­mismo. Desmoralizado. Guerra justicialista Si Córdoba pareciera indicar que el justicialismo tiene renovadas posibili­dades, su situación política concreta ha empeorado. De acuerdo al diario mene­mista Ámbito Financiero, Duhalde no querría aceptar un acuerdo con Menem que lo obligara a renunciar a su reelec­ción en el 2003 y permitir una nueva candidatura del riojano. Es el reasegu­ro de impunidad que exige el aparato menemista, pero de imposible acepta­ción para Duhalde. La posibilidad de que el peronismo se divida sigue en pie, si por ejemplo Menem vuelca todo su apoyo a Reutemann. El grado que ha alcanzado este enfrentamiento está demostrado por el pasaje de Pierri al menemismo en el caso de que no consi­ga el apoyo de Duhalde a su candidatu­ra a gobernador por Buenos Aires. Pero para el propio Ámbito Financiero, Me­nem no tiene ninguna posibilidad con Palito o Reutemann y está obligado a llegar a un acuerdo con Duhalde que, sin embargo, es imposible de conseguir. La ‘ingeniería’ que pretende Me­nem se estrella contra otras realidades tanto o más graves. Ahora nomás en­frenta la posibilidad de que el 80% de su gobierno vaya preso por el contrabando de armas; el encierro de Balza parece número puesto. Incluso a la Alianza le preocupa el destino de Balza, aunque con el pretexto de que teme la filiación del que sea su sucesor. La cuestión de los niños secuestrados por la dictadura se añade a esta crisis político-institucional, porque ya hay advertencias de le­vantamientos militares contra el encar­celamiento de Videla, Acosta, Massera, Nicolaides, Bignone y varios más. Se está pensando en dictar nuevos indultos o amnistías. Que simplemente exista la posibilidad de una crisis militar, como la pronostica La Nación demuestra hasta qué punto el régimen democratizante no ha salido todavía de su punto de partida. La guerra justicialista ha mandado al diablo los devaneos de Duhalde por un retomo a la “alianza histórica del movimiento nacional”. Ni los intelec­tuales nacionales y populares, ni el MTA, ni la revista Línea, albergan algu­na ilusión en esta posibilidad. Es decir que el duhaldismo carece de una política de movilización popular, mientras por otro lado se fragmenta en sus distintas ‘líneas’ internas. Crisis económica La crisis económica no ha llevado todavía a las masas a salir del campo de los partidos oficiales, pero ya ha servido para derrotar a los gobiernos de dos provincias importantes —Buenos Aires en octubre del ‘97 y Córdoba en diciem­bre pasado. La crisis económica, habrá de profundizarse. Récord de quiebras; récord de che­ques sin fondos; aumento de la parálisis en la cadena de pagos; incremento más rápido de la deuda externa; falta de crédito internacional para renovar la deuda externa privada; récord de déficit de cuenta corriente (arriba de los 20.000 millones de dólares); crisis siderúrgica y automotriz; parálisis en el Mercosur; crecimiento cero del comercio mundial para 1999 (primera vez desde 1945); inminente colapso financiero de Brasil. La lista es más larga. Mientras que el menemismo repre­senta más de lo mismo, la situación económica reclama un cambio de políti­ca. Es lo que ha ocurrido ya en Asia y en Europa. La burguesía busca un cambio de frente para salvarse de la quiebra. Menem le ofrece sin embargo entregar la YPF privatizada a la British Petroleum, lo cual ha desatado una furiosa campaña de oposición en casi toda la prensa. Ofrece privatizar el Banco Na­ción, cuando éste es el último recurso para hacer frente a la bancarrota industrial. La Unión Industrial está encabe­zando el reclamo de un cambio de frente, o sea proteccionismo y subsidios. La caída de la Bolsa argentina ha reventa­do los aportes a las AFJP, a las cuales sólo les falta que se derrumben los títu­los públicos o incluso una corrida bancaria. Esta es una posibilidad cada vez mayor como consecuencia del creci­miento de las deudas bancarias que no se pagan a su vencimiento. En estas condiciones sólo cabe es­perar un excepcional agravamiento de la crisis social. La patronal lo sabe tan bien que los espacios publicitarios se encuentran cada vez más ocupados por los avisos de la asistencia social privada y la invasión de organizacio­nes no gubernamentales financiadas por la ONU. Las organizaciones obreras El signo de la situación política no ha cambiado; se ha acentuado. La votación en Córdoba no se puede proyectar; refle­ja más el pasado que el futuro. Esto lo va a demostrar la propia Córdoba en los próximos meses, incluso antes que asu­ma De la Sota. Lo importante es que la crisis ha hecho una nueva incursión en las orga­nizaciones sindicales, como lo demues­tra más que ninguna la crisis de ATE, columna vertebral de la CTA, que se transformó en rehén de lo peor del me­nemismo, la UPCN de Alberto Rodrí­guez, que firmó con el ministerio de Trabajo un convenio canallesco para los estatales. La burocracia de ATE no encontró la protección que busca en el aparato es­tatal, en este caso por la vía de la Alianza. Peor, una fracción de la direc­ción hizo de punta de lanza del Estado contra los trabajadores. Para la masa de los activistas de ATE, la política de subordinación a la Alianza está produ­ciendo una catástrofe. ¿Y qué decir de Ctera, si hasta De la Rúa bloqueó un aumento de presupuesto educativo en la capital? La crisis nacional no evita a ninguna organización. Luz y Fuerza de Córdoba enfrenta una privatización y una liqui­dación de convenio inminentes; la Uocra no ha dado la menor salida a los acciden­tes de trabajo; Smata y la UOM deberán enfrentar ahora verdadero genocidio sindical en la industria. Las organiza­ciones independientes de desocupados se enfrentan a la perspectiva de que se anulen los planes ‘Trabajar’ y pasar bajo la ‘protección’ de organizaciones no gubernamentales controladas por el clero o el imperialismo. La situación nacional en su conjunto no ha cambiado de signo; lo ha agudiza­do. Este conjunto de fenómenos de ‘aba­jo’ y de ‘arriba’, nacionales o interna­cionales, se van acumulando en la expe­riencia de los trabajadores hasta que se opere el salto cualitativo. La política del Partido Obrero es un factor activo en la posibilidad de ese salto. Nuestra orientación frente a la si­tuación política de crisis que madura sin cesar tiene dos patas. Responder a los ataques a los tra­bajadores y a todas las consecuencias de la crisis con manifestaciones políticas de masas, con marchas de protesta, con asambleas y huelgas, con la ocupación conjunta de los lugares de trabajo. Por el cese de los despidos; reincorporación de los cesantes; reparto de las horas de trabajo; anulación de los tarifazos; sala- rio mínimo de 1.200 pesos; unidad de clase internacional con los trabajadores del Mercosur; por la unidad política inmediata de América Latina contra el imperialismo. Que las organizaciones obreras y populares rompan políticamente con los partidos patronales y el Estado, lancen un plan de lucha y la huelga general, y se movilicen por una alternativa política independiente de los trabajadores. Que se formen comités político-reivindicativos en todos los niveles para poner fin a la ofensiva capitalista y su gobierno.

Por estos días, nos vendían en todas las esquinas; banderas, go­rros, remeras, etc.; que se flamea­ban y exhibían apasionada y sudoro­samente en la gran masa de fanáti­cos de Boca. Mientras aquí, el torneo les da el título de campeones, otro campeón se luce auspiciando los símbolos de este equipo. El gran campeón de la superexplotación: Nike, quien fabrica en Malasia sus productos, haciendo trabajar a niños menores de edad por 1,5 pesos ¡por día!. Eso sí, los hace “sentir de verdad”, con una máquina de bebi­da ‘cola’ al lado. El 60% de la pobla­ción de allí trabaja para este gran campeón capitalista. Organicémonos y luchemos por un gran Partido Obrero Internacio­nal, para darles una salida a nuestros hermanos de Malasia, para que de la ‘Boca’ de estos ‘Juniors’, se escu­che el grito de victoria, de quienes nada saben ni del oro, ni del azul del mar; pero sí saben del gran ‘deporte’ a los que los somete esta esclavitud; porque el gol será de los explotados del mundo.

En Prensa Obrera n° 606 y en una posterior carta abierta a Pueblo Unido (PO n° 608), de­nunciamos el abandono por par­te de Parajón de las posiciones antiimperialistas y democráti­cas y su pasaje cada vez más abierto al campo de los oligarcas y del régimen político actual. En la revista Contexto n° 79, del 21 de diciembre, se reproduce una nota a Parajón con el título “Los empresarios no tienen que temerme” y es claro del conteni­do de la nota, que los empresa­rios no tienen nada que temer de Parajón y Pueblo Unido. Arcor En la nota, Parajón plantea el reconocimiento de la deuda pública, a la que “se debe refinanciar... a largo plazo, 15 ó 20 años, buscando mejores condiciones” (ídem). Con esto, convalida toda la política de en­deudamiento fraudulento y usu­rario de los gobiernos militares y civiles y, como también ocurrió con la deuda externa nacional, la estatización de la deuda privada, especialmente la contraída por los oligarcas con la banca provin­cial. Durante el gobierno de Or­tega, como parte del negociado privatizador del Banco Provin­cia, el Estado provincial quedó como garante de los créditos pri­vados y por ese motivo tiene hi­potecado el 5% de la coparticipa­ción federal. Parajón apunta to­davía más alto, porque agrega que como consecuencia de su po­lítica “van a venir muchos ca­pitales a Tucumán, porque los empresarios serios esta­rán deseosos de invertir en una provincia gobernada con honestidad y en la que se privilegiará el trabajo” (ídem). Claro que los capitales, en las condiciones actuales de la crisis mundial, sólo ingresarían a la provincia si ven oportunidades de obtener superbeneficios, por eso Parajón tiene que señalar en la nota que “hace falta un an­damiaje de leyes que pongan en marcha la producción, utilizando especialmente los estímulos a partir de par­ques industriales con estímulos impositivos” (ídem). No vacila en afirmar que “también apoyaremos a las grandes empresas, que hacen inver­siones genuinas, como es el caso de Arcor, que ayuda al progreso de Tucumán. Para los capitales serios habrá exenciones y promociones fiscales” (ídem). Parajón califi­ca como capital serio a Arcor, la empresa promotora de la Funda­ción Mediterránea, que ha ren­tado a todo el equipo de Cavallo, y que en Tucumán vino a aprove­char las promociones impositi­vas y los bajos salarios en la década del ‘70. Bajo el gobierno de Ortega, Arcor que ya tenía una fábrica de golosinas, se apo­deró del ingenio Providencia, y lo primero que hizo fue despedir a centenares de trabajadores y desconocer el convenio colectivo, además de imponer una feroz flexibilización laboral. Gelsi Es importante consignar que Arcor defiende la necesidad de un acuerdo azucarero en el Mer- cosur, esto para evitar las repre­salias de Brasil a la importación de golosinas argentinas, e inclu­so para bajar el precio del azúcar que es la materia prima princi­pal de su producción. Tal acuer­do produciría una mayor explo­tación de los trabajadores y el cierre de mayor cantidad de in­genios y fincas. Parajón reivindica a Gelsi, quien representó a la UCRI y gobernó a la provincia entre 1958 y 1962, del mismo modo que lo ha hecho Menem con Frondizi. “Para mí el ejemplo a rescatar en la historia contemporánea de Tucumán es Celestino Gelsi” (ídem), señala Parajón, (que) “sacó a la pro­vincia a flote por ser un cau­dillo, un líder político. Y ese es el ejemplo más palpable que yo tengo de las posibili­dades de recuperar a la pro­vincia” (ídem). Gelsi, sin em­bargo, representó a uno de los gobiernos más corruptos, oligár­quicos y represores de la historia provincial. En este sentido, el socialista Juan Octaviano Taire, en su libro Azúcar para el mono­polio, señala que Gelsi levantó la consigna de terminar con el precio político del azúcar, osea la duplicación, del precio que regía hasta ese momento. Con esta bandera, Gelsi fue apoyado por todos los oligarcas de la pro­vincia y del NO A. Es así que va logrando aumentos sucesivos hasta llegar en 1961 a 19,50 el kilo contra 4,90 en 1959. Estos beneficios van a parar a los bolsi­llos de los oligarcas; el estado, los cañeros y los trabajadores no ven un peso. Gelsi también desató una fe­roz represión contra los trabaja­dores azucareros. Taire señala que “durante el gobierno de Celestino Gelsi todo el poder estatal se vuelca en el objeti­vo de destruir a FOTIA, con­signa que habían dado los in­dustriales azucareros, y que ese gobierno quiso efectivizar. Durante la huelga reali­zada en 1958, las fuerzas poli­ciales, obedeciendo a órde­nes directas del gobernador, intentan el asalto al local de FOTIA, y desde puntos estra­tégicos de la plaza ubicada al frente de dicho edificio, rea­lizan un fuego graneado de armas largas, durante el cual cae asesinado el obrero Ma­nuel de Reyes Olea”, del sindi­cato del ingenio San Pablo. En relación a otras movilizaciones populares de la época, Taire cita la denominada Marcha del Hambre realizada en julio de 1961, que reunió a 25 mil cañe­ros y obreros del surco, “mani­festación que fue disuelta violentamente por el gobier­no de Gelsi que, a pesar de una temperatura glacial de más de dos grados bajo cero, ordenara al cuerpo de bom­beros descargar sus tanques de agua en hora de la madrugada sobre los miles de cañe­ros, obreros, mujeres y niños que pernoctaban en la plaza Independencia, mientras por otros lugares los hacía atacar con los cuerpos de ga­ses lacrimógenos y la Infan­tería policial armada con ametralladoras, armas lar­gas, produciéndose uno de los hechos más resonantes de esa época”. La historia oficial y Parajón registran que Gelsi construyó el dique del Cadillal, pero omiten que fue un gran negociado y uno de los mayores actos de corrup­ción de la época. Taires señala que “el contrato firmado por el gobierno de Gelsi con una empresa inglesa —sin lla­marse a licitación y maneja­das todas las negociaciones en forma personal y directa por el mencionado goberna­dor-, ha sido destruido por estudios serios y responsa­bles, como el realizado por el Centro de Ingenieros de Tu­cumán. Con decir que entre las grandes anormalidades, figura el derecho que se con­cede a la empresa de no ren­dir cuenta documentada so­bre 1.000.000 de libras ester­linas, que es señalado como el monto de la coima pagada para lograr el contrato. El dique, destaca, servirá espe­cialmente para valorizar a tres latifundios, uno de ellos de los Paz, propietarios del Ingenio Concepción”. Conclusión Pueblo Unido se ha desplaza­do de su línea democratizante combativa anterior a una demo­cratizante pro-oligárquica. Al mismo tiempo ha dejado de ser un canal de movilizaciones popu­lares. No tiene diferencia de principios con la Alianza, ni Me­nem. Significativamente, Iz­quierda Unidad y Patria Libre, cuando más a la derecha gira Parajón, más acentúan su apoyo, como el que acaba de ratificar Patricio Echegaray, en una re­ciente visita a Tucumán, coinci­dente con la publicación de la nota a Parajón en la revista Con­texto. La experiencia con Parajón debe servir a los sectores popula­res que lo siguieron para con­cluir que es necesario una orga­nización política independiente de los explotados; organización, no caudillismo; política clasista, no pequeñoburguesa.

¡Qué alegría, amiguitos! ¡Por fin tendremos un santo argentino! El Papa ha decidido canonizar a un curita que nació en Argentina y murió fusilado en 1934 en España. La fami­lia argentina está de fiesta. ¿Qué otra cosa podía necesitar la familia ar­gentina sino un santo? Por suerte la tenemos a la Santa Madre Iglesia que siempre se preocupa de lo fun­damental y deja lo accesorio para el siglo 2.000. El padre Benito de Jesús pasó todas las pruebas burocráticas del caso. ¿O acaso la canonización no es también un trámite? Primero fue “beato”, porque murió “en odio de la fe”. Pero luego produjo un milagro: curó a una mujer con cáncer, y enton­ces ahora puede ser “santo”. ¿No es esto fantástico? Si sigue haciendo milagros va a poder entrar al concejo deliberante del cielo, para dictar de­cretos de necesidad y urgencia en favor de los argentinos, por supuesto. No escuchemos a los eternos re­sentidos cuando afirman que al padre Benito de Jesús lo fusilaron porque en 1934, en Asturias, habla una insurrec­ción minera, y el pobrecito conspiraba contra los sublevados intentando ar­mar un sindicato de mineros rompe- huelga, y le pasaba información al ejército que venía a “poner orden” en Asturias. El era muy bueno, y yo lo vi un día acariciarle la cabecita a uno de sus discípulos. ¿Puede hacer eso una persona mala? Como dijo el tirano prófugo: “El año 2000 nos encontrará hundi­dos o canonizados”.

La historia se repite ¿hasta cuándo? Aún con la autorización de la justicia, en el Hospital Zo­nal Trelew se negaron a realizar­le un aborto a una nena de 13 (años) discapacitada, después de una violación. Esta niña tiene un 25% de discapacidad mental y tiene un embarazo de 19 semanas. Según los médicos, el proceso es normal e incluso recomendaron no inte­rrumpirlo. El abogado de la fami­lia, M. López, aseguró que el juez de instrucción J. Pfleger dijo en su resolución “que no tenían que pedir permiso porque la operación está autorizada por el Código Penal”. La resolución del magistrado expresa que como la niña fue vio­lada y su situación, en tanto cabe en los límites del artículo 86, se­gundo apartado, párrafo 2 del Código Penal, esté autorizada y legitima el aborto y para cum­plirlo no necesita autorización. El sistema provincial de salud aceptó la decisión del juez, pero “no está obligado a realizar el aborto si no existen razones de salud”. La directora del Hospital, Ana Montero, recibió un dicta­men del doctor Brandoni (jefe de Obstetricia); este médico asegu­ra que no existen razones para interrumpir el embarazo. “Esto es más terrible”. Con la autorización judicial, la familia podría disponer que se realice la operación en un hospital privado, pero no tienen dinero para hacer­lo. Es obvio que esto cuesta mucha plata en una clínica privada. Ante la negativa de los médi­cos del Hospital Zonal de Trelew, el juez de instrucción J. Pfleger le envió un oficio al ministro de Sa­lud, en el que le pide que el estado provincial proteja la salud de la nena de 13 años. Los médicos tuvieron el argu­mento que hay un juramento que prohíbe el aborto, somos emplea­dos del Estado, si no existe una orden del juez, el hospital no le practicará el aborto a la niña.

Para que publicitamos en la calle de modo masivo. Porque corremos solos (no hay otras campañas). Entonces ser los primeros es como la primera novia. No se olvida así nomás. Para levantar banderas y pasaca­lles Adornar fachadas de locales con consignas claves. Como si fuera una gran vidriera vendedora. Sacar carteleras en cada local. Mesitas con banderas. Murales y pintadas con moldes y compresores. Porque se hacen mu­chos más y es otro gran modo de hacerlo. Trafics con buenos adornos y soni­do. Organizar carnavales; por ejemplo en la calle de los locales con bandas, murgas y choripanes. La publicidad callejera alimenta a nuestros compañeros en sus lugares de trabajo y frente a otros liderazgos, del mismo modo que la publicidad de jabones facilita al vendedor de jabo­nes su venta. Los volantes son puntuales. Se en­tregan de mano en mano, y obvio que es imprescindible su distribución. Pero los pasacalles todavía son más masivos. En Córdoba, en plena cam­paña según Prensa Obrera, el 92% de la población no sabía que existía el Partido Obrero. Con una consigna que para mí es la más clave de todas. Por una ley que prohíba los despi­dos y suspensiones y en segundo término, por un seguro de $500 a todos los desocupados. Después de las consignas claves de momento, Contra el aumento en el precio del cospel, etc. Urge formar un comité de campaña 1999. Para buscar el mejor modo y la infraestructura. De llegar a millones. Muchos no tenemos cabal idea de lo que signifi­ca llegar a millones y no a unos cuantos miles Porque hacer las cosas bien desde el principio—siendo previsibles—es llegar infinitamente a más gente y hacerlo del modo más económico (que la desesperación de último mo­mento). Para capturar a los que se quiebren de la Alianza y del duhaldismo y que serán montañas. Porque estamos ahí, cerca del ‘clic’, y este debería ser un buen momento para aprovechar.

EL 30 de diciembre, el PO hizo un brindis de despedida del año en el Centro Ferroviario. Asistieron 50 trabajadores y jó­venes, entre los cuales figuraban varios compañeros de barrios y algunos de FOTIA, que el año pasado militaron con Pueblo Unido. En el brindis intervino Carola Carrillo, ex dirigente de Pueblo Unido, quien reseñó su experiencia en esa organización, denunció el giro contrario a los intereses de los trabajadores de Parajón y planteó que se sumaba a la campaña que estaba impul­sando el PO en favor de la organi­zación independiente de los tra­bajadores. Daniel Blanco, en nombre del PO, hizo un balance del ‘98, destacó el alcance de la crisis mundial, destacó el de­rrumbe del gobierno de Menem y Bussi y de los partidos patrona­les, puso de relieve la profundi­dad del giro derechista y antio­brero del PU, y llamó a profundi­zarla campaña de organización y lucha en favor de la construcción de una alternativa política inde­pendiente de los trabajadores a nivel nacional.

Por un año en el que comence­mos a recuperar, juntos, el camino de la producción, el crecimiento y el tra­bajo.

De los 22.000 trabajadores que ocu­pan las terminales automotrices, la mi­tad está suspendida o con vacaciones impuestas. Al término de este paro for­zoso, las patronales preparan despidos masivos que ya están anunciando sin reparo alguno. El ‘patrón’ de ADEFA, Horacio Losoviz, anunció que “hay te­mores de que alguna empresa pu­diera convertir algunas de las sus­pensiones en despidos” en una alu­sión directa a Ford, donde el 18 de enero terminan las vacaciones del personal y “el nuevo presidente de Ford Ar­gentina deberá decidir el destino de unos 1.800 trabajadores de la planta permanente” (El Cronista, 31/ 12). Dado que la producción para el año que comienza puede disminuir en unidades, un tercio de los traba­jadores mecánicos puede quedar en la calle. Estos despidos ya han comenzado con el régimen de ‘retiros volunta­rios’: 1.000 trabajadores despedidos entre Fiat, Renault y GM y suspensio­nes que han afectado a más de 10.000 trabajadores. Smata y UOM Las burocracias del Smata y la UOM están completamente alineadas con las patronales. A fines de noviembre, José Rodríguez y Lorenzo Miguel firmaron una declaración con ADEFA y la cámara autopartista donde apoyan el auxilio estatal y la rebaja de impuestos que reclaman estas patronales, sin plantear uno sólo de los reclamos obreros. Fran­cisco Macri acaba de advertir que “sin defensas adecuadas van a tener que cerrar el ciento por ciento de las fábricas” (Página 12, 29/12). La crisis de la industria automotriz es consecuencia de su propio régimen de producción, que ha llevado, como la ma­yoría de las ramas industriales, a una sobreoferta mundial de 25 millones de autos anuales. En el propio Mercosur, con una capacidad de producción que excede largamente la demanda “sólo hay lugar para cuatro, no para diez montadoras”, según el ‘capo’ de Fiat en Latinoamérica (Clarín, 29/11). Esta crisis ‘de ellos’ se quiere hacer pagar a los trabajadores en forma directa e indi­recta, a través de los despidos y el desvío de los fondos públicos a favor de las patronales. Asambleas en puertas de planta Durante una década las patronales automotrices acumularon beneficios in­mensos. Del salto en la productividad industrial, que se multiplicó una vez y media entre el 91 y 97, nada fue a parar al salario. De la reducción de costos laborales, que llegó al 30,1% en el mismo período (por menores salarios, rebaja de aportes, aumento de horas de trabajo, reducción de costos de acciden­tes), tampoco (datos de Fide y Fiel, 1997). Esta inmensa confiscación no se de­tuvo en las fronteras de cada fábrica. En la mayoría de los casos el capital de instalación fue aportado por el Estado, bajo la forma de subsidios, exenciones de impuestos y obras de infraestructura en un 60 ó 70%. Los pulpos radicados en el Mercosur tienen además el fenome­nal subsidio que supone un arancel ele­vado contra las importaciones y un arancel privilegiado para importar sus propios modelos, lo que explica que “poco más del 50% del mercado doméstico de autos cero kilómetro (sea) abastecido por vehículos im­portados” dándole una salida a sus excedentes en otros países (Página 12, 29/12). Con estos inmensos recursos de la época de las ‘vacas gordas’ la salida es prohibir las suspensiones y los despidos y repartir las horas disponibles entre todos los trabajadores sin afectar el sa­lario. Esto supone llevar la jornada la­boral a las horas que sean necesarias para garantizar la permanencia de to­dos los trabajadores, incluidos los des­pedidos de todo el ‘97. Los suspendidos autoconvocados de Renault concretaron este planteo en el reclamo de seis horas de jornada laboral con el mismo salario. El PO llama a organizar el movi­miento de lucha de activos y despedidos para imponer la ruptura del Smata y la UOM con las patronales, impulsar asambleas en las puertas de planta al regreso del paro forzoso y arrancar me­diante la huelga general y la ocupación de plantas, “nuestra” salida.

Señor Jorge Altamira. Agradeciéndole nos haya acom­pañado durante el año 1998 con el deseo de continuar juntos en el año 1999. Quiera Dios en estas fiestas, de­rramar sobre Usted y su familia la mayor de las bienaventuranzas.

En un comentario periodístico in­mediatamente posterior a las elec­ciones, La Voz del Interior señala que, dentro de la marginalidad de la votación, “la del domingo fue una de las mejores actuaciones de las fuerzas de izquierda, aunque su­mados no lograron el dos por ciento de los sufragios. Esta es la actuación de las distintas agru­paciones de izquierda en las elecciones de gobernador desde la restauración democráticas: 1983: 1.12% 1987: 1.86% 1991: 1.32% 1995: 0.89% 1998: 1.90% (La Voz 22/12) La composición interior de esta suma es lo que ha variado sustancialmente: en 1991 (última elección compa­rable con la del ‘98, ya que en 1995 el PO se pre­sentó sólo para disputar las presi­denciales), el MST obtuvo 6.200 vo­tos, el PC 3.900 (unidos 10.100), Pa­tria Libre 5.500, PO 4.000. De los 19.600 votos de la izquierda en esa oportunidad, el 51,5 % correspondía a lo que es hoy Izquierda Unida. En 1998 la izquierda sube a 32.745 votos y los datos se invierten: el PO obtiene 420, IU 8.370, PH 6.951, Patria Libre 6.004. En resumen el PO casi triplicó su votación anterior a gober­nador e IU retrocedió y en mayor escala que cualquier otra fuerza.

Compañeros del PO y la UJS: Me dirijo en forma escrita por razones prácticas (para su análisis y debate, considero de será después de la campaña electoral). En Córdoba nos encontramos frente a diversas corrientes artísticas que por sus limitaciones materiales terminan siendo “under” posición que no toman por naturaleza ni por elitistas, como muchos justifican, sino porque no encuentran una vía de sa­lida. Las imponen con la necesidad de la competencia, el divisionismo, y aun cuando tengamos distintos caminos para la expresión (corrientes artísti­cas) ¿No nos reivindicamos de igual clase social? ¿No somos obreros, si el artista construye y necesariamente tiene que trabajar con otros y para otros, más allá de la satisfacción pro­pia? ¿no nos explotan? Hay artistas que se dicen anarquistas, otros com­bativos, otros consideran, intentan sostener esta utopía, que los artistas somos otra clase social. Pero estas actitudes cómodas no llevan a ningún crecimiento por carecer de organiza­ción y fundamentos. En Córdoba desconozco una co­rriente artística que sostenga que con el socialismo el arte se libera, sino que están todavía aquellos que diciéndo­se socialistas asumen el papel de iluminados, posición imposible de mantener (no vislumbran avance y el estancamiento no existe), cayendo en el derrotismo, individualismo, escepti­cismo y/o oscurantismo, (en algún movimiento contrarrevolucionario). Por todo esto, es necesaria una corriente bien desarrollada, con ba­ses sólidas y estructura flexible, sin dogmatismos, que admita la cons­tante revolución. Considero importante que el PO y/o la UJS (expongo a debate si sería una cuestión tan sólo de la juventud; creo que no) adopte una posición frente a esto y accione. Propongo la existencia de un res­ponsable de un Frente encargado de organizar festivales, muestras multi­media, mesas de debate, etc., ade­más de llevar adelante las luchas en las escuelas de arte y las reivindica­ciones propias de los artistas— en su aspecto práctico, el carácter ideoló­gico ya está dado por el partido. En el Festival hecho el 10 de diciem­bre quedó demostrada la necesidad de un responsable y el Frente organi­zado de un responsable y el Frente organizado, ya que sus fallas (1) se debieron a un desconocimiento de la forma de organizar estas activida­des, no por incapacidad, si no por no estar interiorizados en el ámbito.

Nadie puede darse por no advertido: la priva­tización de Epec está en marcha y no sólo a través de las tercerizaciones. El primer anuncio de De la Sota en la campaña electoral (aún antes del promocionado 30% de disminución de los impuestos) fue la privatización de la empresa provincial de energía. La venta de Epec es requerida por los capita­les financieros para pagar parte de la extraordi­naria deuda provincial, a lo que se suma la pretensión de golpear a los trabajadores que aún mantienen las conquistas de convenio y uno de los mejores sueldos de la provincia. Por eso, un aspecto clave para la privatización es la reforma del convenio, algo que Mestre pretendía resolver en el primer semestre del ‘99 y para lo cual adelantó las elecciones pasadas. ¿Cómo pretende De la Sota encarar el re­chazo de los trabajadores a la privatización? Ofreciendo la zanahoria envenenada de la pro­piedad participada. Serrano, de Luz y Fuerza de Villa María, acaba de plantear que “se podría reunir (mediante el mecanismo de la privatización y la propiedad participada) una cantidad de dinero fresco para recuperar la desinversión de los últimos años; los tres sindicatos queremos esto” (La Voz del Interior, 23/12). Por eso, para preparar la lucha contra la privatización de Epec hay que empezar por “escrachar a todos los dirigentes que están dis­puestos a entregarse y separarlos de la direc­ción; y convocar a una Asamblea General con mandatos de asambleas seccionales para elabo­rar un plan de lucha contra el remate de la empresa y por la defensa del convenio.

Ingeniero Budge (Lomas de Za­mora) es un barrio de gente trabaja­dora, que lucha todos los días contra la marginalidad y la discriminación de un ‘perverso sistema de gobier- - no' (capitalista) que la ha convertido en excluidos sociales. Las institucio­nes estatales (policía) bonaerenses saca provecho de la ‘terrible situa­ción social’ que viven los ocupantes de Budge, ya que cada vez hay más desocupados y violentos. Las mafias de la droga, protegidas El 29 de noviembre, Clarín dedicó dos páginas a un análisis de la situa­ción de Budge, pero, como es lógico, sin llegar al verdadero fondo de la situación que derivó en lo que llama “lucha de pobres contra pobres”. Alberto Pérez, dirigente del PJ de Lomas de Zamora, reconoce que “Budge es un lugar inseguro” y dice que “la droga y la bebida alcohólica” son el origen de todo, pero se cuida muy bien de hablar de la responsabilidad política que le cabe al gobierno de Duhalde que re­presenta. ¿Será tal vez por esto que los marginales y los jóvenes desocu­pados son utilizados por los ‘punte­ros’ para sus actos, ‘retribuidos’ con 10 pesos, una damajuana de vino y el clásico ‘raviol’? Quien conoce y vive en Budge sabe de los 45/50 lugares fijos en los que se vende droga. Muchas de las familias que viven de este infame comercio son, en muchos casos, fami­lias desocupadas, explotadas por su necesidad y por su ignorancia por los capitalistas que lucran con la mise­ria y la degradación de nuestros jóve­nes. ¿Cuál es la responsabilidad que le cabe a Pérez como representante de este gobierno? En otra parte del artículo sobre Budge se dice que “la policía cree que hay por lo menos 50 lugares de venta minorista de cocaína y marihuana”. La policía no ‘cree’,... sabe que esos lugares existen y sabe dónde están. Con la ‘guerra entre pobres’ lucran las mafias que funcio­nan con la connivencia policial bo­naerense. Las mafias capitalistas y policia­les lucran mediante la droga con la vida de trabajadores y jóvenes ¡¡des­ocupados!! En este sistema perverso, el “reforzamiento de la seguri­dad” con la ‘mejor policía del mundo’, la de Duhalde, está para proteger la gran propiedad privada, los bancos, los barrios de alto poder adquisitivo y a los grandes trafican­tes. Al gobierno capitalista no le im­porta la vida de los trabajadores. Gatillo fácil Budge es sinónimo de la masacre del 8 de mayo de 1987, donde hubo tres víctimas de la policía del ‘gati­llo fácil’-, gracias a la protección del ‘poder político’, de los jueces y de la propia policía, sus autores están pró­fugos, caminando por las calles del barrio, con total impunidad, como tantos otros asesinos de la dictadura beneficiados con las leyes de Obe­diencia Debida, Punto Final y el In­dulto de Alfonsín y Menem. No son pocos los vecinos que han visto al asesino Balmaceda frecuen­tando la zona de la Comisaría 10a de Budge. La cuestión de la tierra Budge es un barrio obrero, con alto porcentaje de desocupados, que son utilizados como ‘botín de gue­rra’ en las campañas políticas. Un ejemplo es la “adjudicación de las tierras” a sus legítimos ocupantes, un problema que lleva más de veinte años y al que ningún gobierno le dio solución. Cada vez que se acerca una elección, el tema es reactualizado por los candidatos patronales porque suma votos: ¿Qué trabajador no quie­re ser dueño del lote que ocupa? Pero a pesar de que hay sancionadas leyes de expropiación, la escrituración de los terrenos sigue sin resolverse. El gobierno de la provincia dice “no tener plata para pagar las expro­piaciones” a los supuestos dueños de las tierras. Pero resulta que son los terratenientes y los capitalistas los que le deben al Estado provincial, ya que nosotros —los legítimos ocu­pantes— mejoramos las tierras, ha­ciéndolas habitables y pagando im­puestos mientras que ellos, durantes años, los evadieron. Quieren seguir especulando con nuestra necesi­dad... y de esto el dirigente Alberto Pérez sabe bastante. A pesar de que su ‘fama’ creció a raíz de la masacre de 1987, Ingeniero Budge no es más temible que cual­quier otro barrio de la Capital o del Gran Buenos Aires, donde abundan la delincuencia, producto de la gran desocupación, que crece día a día. Las cifras oficiales no tienen en cuen­ta a la gente que deja de buscar tra­bajo, desmoralizada por las largas colas y los maltratos durante meses de búsqueda inútil. Budge es un barrio obrero, donde la gente se gana el sustento como puede. Los hechos pintorescos de un país que dice estar en el ‘Primer Mundo’ son las ‘cuadrillas’ de los desocupados ‘contratados’ por el ‘plan barrios’. Hombres y mujeres que limpian zanjas con palas y rastri­llos en forma precaria, cortando el pasto con machetes. El otro hecho pintoresco es que antes, el trabajador buscaba tener un coche —como un símbolo de progreso— pero ahora procura tener un carro y un caballo para poder salir a ‘cirujear’ carto­nes y botellas para subsistir con su familia. El ‘crecimiento económico’ del ‘mercado libre’ no pasó por Inge­niero Budge.

Cuatro días antes de las eleccio­nes, Mestre intentó llegar a un acuer­do con la Intergremial Hospitalaria reconociendo algunos de los reclamos (escalafón y deudas anteriores), pero rechazando el referido al no cierre de hospitales, además de la posibilidad de modificar el régimen laboral. El sector de la Intergremial con influencias frepasistas, se avino a la maniobra y dio por hecho la firma del acuerdo. Sin embargo, el jueves 17/12 las asambleas hospitalarias rechazaron el acuerdo y mantuvie­ron el pliego de reivindicaciones. Durante el largo conflicto, la bu­rocracia del Sep, que activó por el triunfo de De la Sota, buscó desar­mar el conflicto. En plena campaña electoral, armó una peregrinación a la catedral, junto al clero y el PJ, que buscaba dejar en manos de la ‘jerar­quía’ eclesiástica la resolución del conflicto. De la Sota ya ha dicho que quiere la privatización de la salud; entre sus asesores se cuentan hom­bres del Banco Mundial. El receso de fin de año ha abierto una impasse, pero la posibilidad de una victoria está latente si la Intergremial saca algunas conclusiones: romper con la política que lleva al entierro de la lucha trasmitida por los ‘contactos’ de los partidos patro­nales, preparar una masiva asam­blea general de todos los hospitales y poner en pie una intergremial de todos los trabajadores de los hospita­les, electa y revocable por una asam­blea interhospitalaria.

La Conadu está formalmente en quie­bra. El Congreso, convocado para el 11 y 12 de diciembre pasado, que debía elegir la nueva dirección del gremio no pudo siquiera comenzar a sesionar, como re­sultado de las divisiones al interior de la burocracia dirigente. El gremio quedó en situación de acefalía y de completo vacia­miento en las vísperas de una violenta ofensiva contra los docentes y la universi­dad pública. Antes y como anticipo del lastimoso final, todo el trámite de la convocatoria al Congreso estuvo dominado por manio­bras fraudulentas de todo tipo. Las asociaciones gremiales de las dos más grandes Universidades del país —Córdoba y Bue­nos Aires— habían sido separadas del gremio. En el segundo caso se reconoció inclusive a un sindicato fantasma arma­do con la colaboración de Shuberoff y el Ministerio de Trabajo menemista. Ade­más, la mayoría de los delegados congresales había sido digitada al margen de cualquier procedimiento electivo. De este modo la burocracia que está al frente del sindicato universitario busca­ba preservarse y preservar el desastre de su propia política luego de haber firmado, en setiembre, un acuerdo con los rectores por el cual aceptó introducir los criterios de la flexibilidad laboral para la labor docente, a cambio de un miserable au­mento de 20 pesos para los profesores. Claro que, en contrapartida, se apropió de 1.000.000 como aporte especial para el aparato sindical. ¿Qué pasó, entonces? La burocracia se fracturó, poco antes del Congreso, entre un sector aliancista y otro duhaldista, en procura del dominio del aparato y sin ninguna diferencia referida a la política sindical, que comparten desde años atrás. Los primeros pensaban imponerse mediante el expediente de hacer recono­cer en el propio Congreso tres nuevas asociaciones fantasmas del Gran Buenos Aires. No hubo solución. La cosa no pasó de la comisión de poderes, de los tumultos y reyertas previsibles. Los seguidores del gobernador bonaerense, en minoría, hi­cieron una parodia de Congreso en un hotel porteño pero no eligieron autorida­des y pasaron a cuarto intermedio hasta febrero en procura de una negociación de cúpula que arregle el entuerto. La quiebra de la burocracia arrastró a la lista de oposición, integrada por el Ptp e Izquierda Unida. Los ‘chinos’ eran par­tidarios de un acuerdo con los duhaldistas; los segundos con los áliancistas, en­cabezados por el sindicato trucho de Bue­nos Aires. Unos y otros se opusieron a denunciar la proscripción a los legítimos representantes de la UBA. Un bochorno; pero un bochorno anunciado desde estas mismas páginas cuando denunciamos el aval de la izquierda a la política de la dirección y al congreso fraudulento (“La izquierda avala proscripciones en la Conadu”, Partido Obrero n° 607,12/11/ 98). La lista Naranja —en la cual militan los compañeros del Partido Obrero— lla­mó entonces a impugnar el congreso ma­nipulado y digitado por el oficialismo de la Conadu y a movilizarse para imponer un congreso sin proscripciones y con dele­gados mandatados para acabar con la política de vaciamiento del sindicato, re­pudiar el acuerdo ‘flexibilizador’ y or­ganizar la movilización huelguística por los salarios y el presupuesto. El panorama se ha agravado, ahora, porque sobre el final del año ha comenza­do una racha generalizada de despidos, reducciones de cargos y ataque a las con­diciones de trabajo en universidades de todo el país. En este escenario, el colapso de la dirección exige más que nunca una delimitación clara: romper con la buro­cracia, reclamar la independencia del sindicato de los partidos del sistema, con­vocar desde las asociaciones regionales a organizar un Congreso de Bases sobre los principios elementales de la democracia sindical y para votar un plan de lucha en favor de las reivindicaciones urgentes de los profesores y de reconstrucción de la Conadu. Hay que aprovechar el receso para preparar esta perspectiva.

En un clima de acusaciones mutuas, reproches y recriminaciones, un sector mayoritario de la comisión directiva aca­ba dé destituir a Roberto Martino, quien hasta ese momento era el dirigente más reconocido del movimiento. Su destitu­ción precipitó una división, que se plasmó en una reciente asamblea donde Martino se retiró con algunos delegados barriales, aunque en minoría. Las acusaciones se circunscriben a cuestiones de índole personal: llueven cuestionamientos en una u otra dirección sobre el grado de entrega y dedicación en la actividad y militancia cotidiana, sobre las formas y estilos burocráticos y perso­nalistas de conducción e inclusive sobre el manejo irregular de fondos y administra­ción de los recursos. La autenticidad de tales acusaciones debe ser investigada y, en caso de confir­marse, sus responsables deben ser sancio­nados. ¿Pero la cuestión se agota allí? ¿No hay algo más? El pedido de ‘cabezas’ de uno y otro lado no puede ni debe ser una pantalla para evadir un debate político. Si este fuera el caso, no es suficiente sustituir a un dirigente; los problemas que origina­ron el estallido de la crisis volverán a reaparecer en forma más agravada. Para nadie es un secreto la impasse en que nos encontramos. Nos vienen quitan­do puestos de trabajo en el marco de una lucha tenaz pero aislada. No se otorgan nuevos planes ‘Trabajar’, tampoco se renuevan los existentes y la perspectiva es que esto vaya peor. Los bloques patronales de la Alianza y el PJ, incluidas las alas internas dentro de éste — que en su momento coquetearon y hasta dieron manija al reclamo de los desocupados — han “cerrado filas” con el imperialismo. En la plataforma aliancista ni siquiera figura el reclamo de un seguro al parado. Programa ¿Cómo hacemos para enfrentar este ce­rrojo, revertir este aislamiento y avanzar? En primer lugar, debemos tener pre­sente que el recorte de los planes puede recrear una lucha nacional superior al pasado. Una cosa es no otorgar puestos de trabajo y otra arrancárselo a los que lo tienen y que están organizados en cuadri­llas y concentrados en ciertas zonas o barrios. La acción que acaban de protagonizar los trabajadores desocupados de la FOTIA de Tucumán o los preparativos para retomar la lucha en Cutral Co, son un ejemplo. Por otro lado, la ola de despidos y suspensiones refuerza la cuestión de la desocupación en el conjunto del movi­miento obrero, dándole una renovada ac­tualidad a la unidad de trabajadores ocu­pados y desocupados. De este panorama, se desprende el programa para intervenir en la etapa que se avecina: Que se prohíban los despidos y suspen­siones. Por el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario. Renovación de todos los planes “Traba­jar” y su ampliación a todos los anotados. Cobertura médica y social y elevación de su monto a 500 pesos. Salario mínimo igual a la canasta fami­liar. 500 pesos a todos los desocupados y jubilados Fuera la flexibilidad laboral. Deroga­ción de todas las cláusulas flexibilizadoras. Jomada de 8 horas. Control obrero de los ritmos de producción y de las condicio­nes de trabajo. El MTD, sobre la base de este progra­ma, debería dirigirse a todos los movimien­tos de desocupados y centrales sindicales para proponer una marcha nacional. En especial, convocar a las comisiones internas, sindicatos locales y nucleamientos vecinales. La automotriz DIASA (ex Sevel Berazategui) hoy está soportando suspensiones generalizadas y la amenaza de una nueva oleada de despidos. Independencia política La lucha por este programa plantea, también, la necesidad de nuestra estruc­turación política independiente de los partidos patronales. Sabemos que nuestras reivindicacio­nes más elementales chocan abiertamen­te con la política capitalista y el régimen político y social montado a su servicio y pone al rojo vivo la necesidad de una salida política de conjunto. La conducción del MTD viene soste­niendo, sin embargo, una divisoria entre la actividad política y reivindicativa, cuando lo que se plantea es superarla. Es para los capitalistas que nuestras reivin­dicaciones no deben tener un alcance po­lítico porque cuestionan su poder. El ‘apoliticismo’ no es más que una pantalla para continuar manteniendo el dominio ancestral de los explotadores so­bre los explotados. En lugar de actuar de caja de resonancia de esos prejuicios, lo que corresponde es ayudar a vencerlos. Esto cobra una inusitada actualidad. De una parte, debido al agotamiento del peronismo; de otra parte, porque la desig­nación de De la Rúa ha concluido por hacer añicos la fantasía de que un grupo de carreristas políticos disfrazados de ‘progre’ iban a poner fin al bipartidismo patronal. No basta el objetivo de la “coordina­ción de las luchas” (coordinación que la dirección del MTD siempre circunscribió a las organizaciones ‘sociales’ en oposi­ción a las ‘políticas’). Lo que traba la lucha y el accionar de las organizaciones ‘sociales’ es precisamente su subordina­ción a los partidos patronales. Que la lucha reivindicativa pueda ser el presupuesto para una acción política sólo es cierto cuando la acción política está establecida como objetivo y como método de acción. No a la integración al Estado No se entiende la necesidad de la “for­mación política” de los compañeros si no hay primero una estrategia política de clase y revolucionaria. Al margen de di­cha estrategia, cualquier ‘politización’ no es más que charlatanerismo. La posibilidad de que se pueda crear un sistema de distribución de medica­mentos a bajo costo para las familias des­ocupadas, apunta a integrar nuestras or­ganizaciones al Estado, convertirlas en parte de su engranaje. Tenemos que luchar para que nos den esos reclamos, pero sin aceptar la integra­ción al Estado o a los capitalistas. Esto no es siquiera mutualismo o cooperativismo obreros, porque suponen independencia de clase. De la integración al Estado al vacia­miento del MTD como movimiento de lu­cha hay un paso. Se plantea el camino inverso: afirmar el carácter reivindicativo del movimiento dándole un programa y una proyección política. Hay una salida Es imprescindible abrir una discusión franca en el movimiento. Hay que poner fin al divisionismo. Elijamos en asamblea general una mesa provisoria que asuma la responsabilidad de ejecutar las medidas y tareas votadas y organizar una clarificación política en las filas del movimiento. Es necesario un replanteo general.

Hace ya cuatro meses, nuestro compañero Juan Pablo Bacherer, di­rigente de la Oposición Trotskista de Bolivia, sufrió un derrame cerebral que lo dejó completamente paraliza­do. Después de cumplir un tratamien­to inicial en Bolivia, Juan Pablo pudo trasladarse a Cuba donde se encuen­tra realizando un intensivo trabajo de rehabilitación. Desde allí, nos envía este saludo y esta foto. “Muchas gracias por su so­lidaridad. Yo estoy trabajando duro para recuperarme y po­der volver a la lucha. ¡Felices Fiestas! Juan Pablo”

La Asociación de Trabajadores del Estado anunció un plan de lucha contra el convenio flexibilizador firmado por UPCN. El martes 29 se realizó una concentración “con paro desde las 13 horas” frente al Ministerio de Trabajo, a la que sólo concurrió el activo sindical. También se iniciaron acciones legales y se envió otro proyecto de convenio al ministerio. El rechazo de ATE al convenio, así como su retiro de la paritaria, fueron decididos por una asamblea de delegados. Hasta ese momento existía un anteproyecto de ley del empleo público, presentado por ATE en la Cámara de diputados, que contenía las principales reformas antiobreras que después aparecieron en el convenio firmado por UPCN. (Este anteproyecto estaba firmado por el paritario y secretario de organización del gremio, Aníbal Díaz. Su conocimiento provocó una verdadera rebelión en nu­merosos sectores de ATE en todo el país. ATE venía participando desde hace meses, con una representación minorita­ria, junto a UPCN, en las negociaciones de la paritaria del convenio estatal. En todo ese lapso, la dirección de De´Gennáro no realizó ninguna campaña pública, ni asambleas del gremio, en una política de ocultamiento. Todo lleva a pensar que ATE habría firmado también el convenio si la olla no se hubiera destapado a tiempo. Como consecuencia de la crisis que se ha abierto, Díaz habría sido desplazado de la paritaria y de la dirección de ATE. Pero también se ha anunciado un plebis­cito, sobre 15 puntos del convenio cuestionados por la asamblea de delegados. Esto significa que la dirección de ATE todavía le está dando una oportunidad a la aprobación del convenio. En realidad, lo único que debería ponerse a votación es la continuidad de esta dirección, que ha fracasado en lo que es la esencia del sindicato: el convenio. Para imponer un viraje de 180 grados en la política de ATE, capaz de derrotar el convenio flexibilizador de UPCN y Menem, es necesario que sea elegida una nueva paritaria por asamblea, que al mismo tiempo asuma la dirección provi­soria del sindicato hasta nuevas eleccio­nes. Esta paritaria electa debe exigir un convenio separado para el personal en­cuadrado en ATE y de ningún modo con­tinuar con una representación disminui­da ante el burócrata menemista Andrés Rodríguez, de UPCN.

Un nuevo artículo del Pts sobre Bos­nia (y contra el PO) (18/12), confirma que su dirección es “una banda de impos­tores sin principios” (Prensa Obrera, 10/12). No responde a nuestros argumentos, sino que tergiversa y falsifica lo que el mismo ha dicho. El Pts había defendido su reclamo de que los Estados imperialistas entrega­ran “armas para Bosnia”, con el argu­mento de que Trotsky había hecho lo mismo con relación a la revolución espa­ñola, pues “le exigió armas a la Fran­cia imperialista gobernada por León Blum”. Respondimos que esto no era así, que Trotsky había reclamado armas, sí, pero a los partidos socialista y comunista que integraban ese gobierno y que lo había hecho como parte de una política más general, de que esos parti­dos rompieran con sus aliados guberna­mentales burgueses y tomaran el poder. La consigna de armas para la revolución española era incompatible con el gobier­no de conciliaciones de clases que existía en Francia, de modo que su realización lle­vaba a la ruptura con la burguesía y al gobierno obrero. Por eso, dijimos, Trots­ky no hizo el mismo reclamo a otros gobiernos imperialistas democráticos, como el de Roosevelt en Estados Unidos y el del rey Jorge en Inglaterra. El Pts no refuta nada de esto en su nuevo artículo; se limita a decir que es una “zonzera”. En lugar de refutamos, comete un terrible crimen político, pues toma una cita de Trotsky que menciona a Hitler para justificar que hay que recla­marle armas no solamente al imperialis­mo democrático sino también al fascista. ¡Pero Trotsky no le reclamó armas a Hitler! En la cita que trae a colación el PTS, Trotsky dice que “si mañana Hitler se viera obligado a enviar armas a los hindúes insurreccionados” (para distraer al ejército inglés, JM), los obreros alemanes deberían “esforzarse porque los insurrectos reciban las armas lo más pronto posible... Pero el ejemplo es puramente hipotéti­co”. Es decir, Trotsky no le reclamó ar­mas a ningún imperialismo, como sí lo hace el Pts, sea democrático o fascista. Pero la falsificación del Pts es múlti­ple. Ocurre que Trotsky quería clarificar con ese planteo otra clase de problema, un problema vital para el proletariado internacional durante la Segunda Gue­rra Mundial. Trotsky explicaba que aun­que Inglaterra fuera aliada de la URSS contra Hitler, y los cuartainternacionalistas defendieran incondicionalmente a la URSS, seguía siendo la obligación de los trotskistas apoyar la lucha de los explotados contra los explotadores, in­cluso cuando estos últimos fueran alia­dos circunstanciales de un Estado obre­ro. La victoria de una insurrección popu­lar contra un aliado imperialista signifi­caría para la URSS la conquista de un aliado estratégico, histórico, frente al cir­cunstancial, limitado y traidor de una potencia imperialista. Los trotskistas argentinos, por eso, apoyaron durante la guerra las huelgas de la carne contra los frigoríficos anglo-yanquis, a diferencia del Partido Comunista que defendió a esos frigoríficos en nombre de la alianza que la URSS tenía con Estados Unidos e Inglaterra. Para ilustrar a fondo este punto, Trotsky recurrió al caso extremo de un abastecimiento de armas de Hitler a la India oprimida: los obreros alemanes no debían boicotearla. ¡Pero Trotsky ja­más hubiera llamado a Hitler a socorrer la revolución hindú, como lo hace el Pts con Croacia, Eslovenia y Bosnia, donde tampoco ha habido una revolución sino una contrarrevolución, o sea, la restau­ración del capitalismo! Fuimos nosotros, en el artículo anterior, no el Pts, los que señalamos que “Trotsky... habría de­fendido todos los contrabandos de armas que hubieran organizado los revolucionarios españoles desde cualquier país del mundo...”. La otra impostura del Pts es que ata­ca el contrabando de armas de Menem a Croacia, luego de pedir armas para Cro­acia, y se defiende diciendo que tampoco Trotsky apoyaba a Hitler. ¡Pero Trotsky no le reclamó armas a Hitler! ¿O Trotsky habría denunciado a Hitler por el envío de armas a una insurrección hindú? Al revés, se habría visto obligado a explicar que ese envío de armas no justificaba ningún apoyo político al nazismo y ha­bría llamado a liquidarlo ¡con los méto­dos de la insurrección hindú! Todo lo dicho hasta aquí prueba la completa deshonestidad de los dirigentes del Pts, su bancarrota moral y, claro, el completo empantanamiento a que los ha llevado su fantasiosa política. Tergiver­san los hechos al extremo de decir que el imperialismo le dio armas a Serbia cuan­do fue el apoyo militar norteamericano a Croacia lo que impuso la “paz de Dayton”, la federación bosnio-croata y com­pletó las “limpiezas étnicas”. La raíz de los inmensos macaneos del Pts tiene una antigüedad remota y es la incapacidad para apreciar la situación internacional del momento en su conjun­to, como sí lo hizo Trotsky en la guerra, lo cual le permitió unir dialécticamente la defensa de la URSS con la lucha contra el imperialismo aliado a la URSS. La incon­sistencia del Pts se ve cuando reemplaza con la caracterización de la opresión na­cional que Serbia ejercería sobre el resto de los componentes de la ex Yugoslavia, la comprensión más fundamental de que la desintegración de Yugoslavia es un opera­tivo del imperialismo mundial para impo­ner la restauración capitalista en todo el este europeo y Rusia. Para todos los morenistas, esta desintegración es positiva, porque resolvería ocho o diez o quince cuestiones nacionales separadas, cuando en la realidad todas éstas están subordi­nadas a la cuestión general de la coloniza­ción imperialista por la vía de la desinte­gración de Yugoslavia y la restauración del capitalismo. La acusación fundamental contra la burocracia serbia no debería ser que pretende oprimir a sus vecinos sino que ha sido el títere fundamental del imperialismo en el designio estratégico de éste de liquidar las conquistas de la revo­lución yugoslava de 1944/45. Nosotros apoyamos la independencia de las naciones que formaron la federa­ción yugoslava como una vía para reali­zar la unión libre de Yugoslavia y los Balcanes, socialista. Apoyamos la inde­pendencia en nombre de la unión libre, no de la desintegración en componentes seudonacionales, una vez que el camino de la revolución política que habría debi­do acabar con la dictadura burocrática de la anterior Yugoslavia, quedó desplaza­do como consecuencia de la desintegra­ción. Los morenistas apoyan la desinte­gración de Yugoslavia en nombre de una supuesta lucha contra una opresión na­cional serbia, cuyo peso, si tiene alguno, no tiene comparación con el de la opre­sión ganada por el imperialismo mundial con la desintegración de la Federación. Hoy esta región del mundo es una colonia política y militar de la Otan. Esto, en lo que tiene que ver con la contrarrevolución. Pero en los Balcanes hay también una tendencia a la revolu­ción, como lo prueba el levantamiento aíbanés o las gigantescas movilizaciones de masas en Serbia hace dos años. El centroizquierda y el imperialismo quie­ren encerrar a la tendencia revoluciona­ria en el callejón de las disputas inter­étnicas, cuando la base común y objetiva del movimiento revolucionario es la mi­seria y la opresión que engendra la res­tauración. En lugar de tomar esa base común para desarrollar una perspectiva revolucionaria común, multinacional y socialista, el Pts y los morenistas preten­den ahogarla en quince perspectivas in­dependientes y particulares. Basta de impresionismo, necesita­mos caracterizaciones de conjunto.