Prensa Obrera N° 583

La dirección del IRA-Sinn Fein abandonó la lucha por la independencia y la unidad nacional irlandesa cuando sus dos principales integrantes, Gerry Adams y Martin McGuiness, respaldaron el acuerdo de‘pacificación’ que firmaron los gobiernos de Gran Bretaña e Irlanda y los principales partidos del Ulster. Ahora le corresponde a la Conferencia anual del movimiento respaldar o no ese acuerdo. Este obliga a la República de Irlanda a reformar su Constitución para derogar las cláusulas que reivindican su soberanía sobre el territorio ocupado por los británicos: por eso, "deja a Irlanda del Norte firmemente dentro del Reino Unido y, por primera vez, con la aceptación y la participación de los nacionalistas" (The Guardian, 19/4). Ilusiones Sin embargo, la dirección del IRA-Sinn Fein, esperaba obtener ‘un mejor acuerdo’. "Sólo dos semanas atrás –dice un comentarista– los republicanos parecían creer que marchaban hacia un éxito (en las negociaciones y que) podrían negociar un cambio mayor del que finalmente se obtuvo" (ídem). Sus aspiraciones eran no ‘entregar’ la constitución de la República del sur y que los irlandeses del Ulster pudieran votar en las elecciones de la República. Es en los términos de este ‘mejor acuerdo’ donde se puede ver más claramente qué lejos estaba el ‘proceso de paz’ de satisfacer las reivindicaciones nacionales irlandesas. El respaldo de Adams y McGuiness a un acuerdo que "está muy lejos de las esperanzas de los republicanos", desató inmediatamente una grave crisis en el movimiento nacionalista, porque "el partido fue mucho más lejos de lo que los elementos más fundamentalistas del movimiento republicano pueden soportar" (ídem). Se anuncia "el alejamiento de importantes figuras del partido"(International Herald Tribune, 15/4) y el propio Gerry Adams se ha visto obligado a reconocer que "comprendo a los que desprecian el acuerdo como una entrega de los principios" (The New York Times, 20/4). La evidencia de la crisis que recorre al movimiento nacionalista es la postergación de la Conferencia que debe aprobar o rechazar el acuerdo. ¿En qué basó la dirección del IRA-Sinn Fein sus desmedidas ilusiones en un ‘proceso de paz’ a pesar de que "siempre fueron conscientes de sus limitaciones" (The Guardian, 19/4)? ¿Por qué se arriesga ahora a provocar una fractura de su movimiento para defender un acuerdo que, como señala la prensa británica, "moderniza la partición de Irlanda" (Financial Times, 12/4)? "No fueron los principios fundamentales del proceso de paz lo que elevó sus esperanzas y (ahora) los mantiene comprometidos con él (…) Sus esperanzas radicaban en el apoyo del SDLP (el partido nacionalista ‘moderado’ del Ulster), del gobierno irlandés y del presidente Bill Clinton" (The Guardian, 19/4). Si se tiene en cuenta que el SDLP es la ‘extensión’ en el Ulster del partido gobernante en la República y de que el gobierno irlandés reflejó, durante el ‘proceso de paz’, las posiciones del norteamericano, lo que queda en limpio es que las ‘esperanzas’ del IRA ‘descansaban’ en el gobierno norteamericano. Pero fue precisamente Clinton el que demolió las ‘esperanzas’ del IRA cuando, en las últimas horas de las negociaciones y para ‘salvar’ un ‘proceso de paz’ que se hundía por las amenazas de los‘unionistas’ (partidarios de mantener el Ulster en el Reino Unido), intervino personalmente para darles a éstos un conjunto de ‘garantías’ que pueden resumirse de la siguiente manera: "ningún elemento del acuerdo puede ser visto como susceptible de evolucionar hacia la unidad irlandesa" (ídem). Para el IRA-Sinn Fein se han terminado las ilusiones. Su subordinación política al imperialismo norteamericano y a la burguesía irlandesa lo llevan, inexorablemente, a abandonar la lucha por la unidad nacional de Irlanda.

Una impresionante huelga que paralizó desde mediados de enero los puertos australianos concluyó en una gran victoria obrera. El gobierno conservador ha recibido una cachetada. El primer ministro John Howard, un ‘Menem’ de Oceanía, había dicho, días antes del desenlace, que el conflicto era "una instancia definitoria en la historia de las relaciones laborales de Australia" (The Militant, 20/4). La huelga se inició a principios de enero cuando los estibadores del puerto de Melbourne salieron a frenar un nuevo régimen laboral basado en trabajadores no sindicalizados. En diciembre, el sindicato de los trabajadores marítimos (MUA) denunció que el principal operador de ese puerto, la firma Patrick, estaba entrenando rompehuelgas en Dubai —Emiratos Arabes Unidos (EAU)—, que "personal militar en actividad de Australia se encuentra en el grupo" y que Patrick estaba "conspirando con la Federación Patronal de Agricultores y el gobierno" (Financial Times, 7/2). Extendida la huelga a todos los puertos australianos, a principios de febrero "adquirió dimensiones internacionales, con exportaciones por valor de millones de dólares varadas en sus docks y la amenaza de la Federación Internacional de los Trabajadores del Transporte (ITFW) de boicotear los buques que usen las instalaciones del puerto de Melbourne" (Financial Times, 7/2). Así se logró que "el grupo que estaba entrenándose tuviera que dejar Dubai cuando la ITWF amenazó con un boicot internacional contra los EAU" . Patrick es "el segundo operador portuario más importante de Australia" (ídem, 22/4) y por Melbourne pasan "alrededor del 40% de los 2,5 millones de contenedores que entran y salen de Australia cada año" (International Herald Tribune, 21/4). La Patrick acusó tempranamente a los huelguistas de "ilegales" y 15 días atrás despidió a la totalidad de sus trabajadores, 1400 permanentes y 600 de ‘tiempo parcial’. Las pulpos exportadores y el gobierno transformaron el conflicto en un gran ‘test’: la Toyota declaró "que todos sus negocios de exportación corren riesgo" de no regir las ‘facilidades’ de Melbourne (ídem, 30/1). "El ministro de Relaciones Laborales Peter Reith reclamó al parlamento una legislación para prestar 250 millones de dólares a las compañías portuarias para sostener los despidos" (The Militant, 20/4). Los piquetes obreros fueron acrecentándose semana a semana. La Federación de Agricultores había resuelto, días atrás, "quebrar los piquetes sindicales en los puertos de todo el país abriéndolos con camiones" (Guardian Weekly, 26/4). Cuando sus preparativos "estaban bien avanzados" (ídem), una corte estadual de Melbourne "ordenó abandonar los piquetes al MUA y a sus afiliados"(I.H.Tribune, 21/4). La polarización creciente entre los huelguistas, sus patrones y el gobierno se extendió al escenario nacional. "Miles de trabajadores sindicalizados a lo largo de Australia se manifestaron el 8 de abril en oposición a los despidos en Patrick la noche anterior" (The Militant, 20/4). Los movimientos de protesta unieron a los estudiantes con los trabajadores. "Los universitarios de Macquarie y Sydney se han sumado a los piquetes" (ídem). En este cuadro terció la Corte Suprema nacional dictando la reincorporación de los trabajadores y "la sorpresiva victoria de los portuarios" (Guardian Weekly, 26/4).

De las inundaciones pueden decirse muchas cosas, excepto una: que son ‘una imprevisible catástrofe natural’. ¿Imprevisible? Hace por lo menos ocho meses el Inta alertó sobre el peligro de grandes inundaciones. Tan previsibles eran que, desde octubre pasado, hay zonas enteras de Chaco y el norte de Santa Fe bajo las aguas y el promedio mensual de lluvias viene subiendo persistentemente en las cuencas del Paraná y el Uruguay. En realidad, hay pocas cosas tan previsibles como una gran inundación. Por eso, desde hace más de veinte años están proyectadas las obras necesarias para impedirlas. Durante la gran inundación de 1983, se anunció que ‘cuando bajen las aguas’, se iniciarían las obras. En la gran inundación de 1992 se dijo lo mismo. Hoy volvemos a escuchar la misma mentira. La vergonzosa explotación política de las inundaciones y la lucha descomunal por el monopolio –y hasta el arrebato– de la ‘ayuda’ a que se lanzó el régimen menemo-aliancista tiene como principal objetivo ocultar estas responsabilidades. ¿Una ‘catástrofe natural’? El famoso fenómeno de ‘El Niño’ se encuentra potenciado, según el especialista Alberto Viladrich (Página/12, 18/4), por el ‘calentamiento global’, provocado por la utilización de sistemas de producción contaminantes pero más ‘rentables’ para los capitalistas que los que no dañan la atmósfera. "Pero no son éstas las únicas (causas) ni las más graves, continúa Viladrich. La más grave es que, por la deforestación en toda la región —Brasil, Paraguay, Argentina— el nivel de escurrimiento de las aguas es cada vez mayor. Toda el agua que cae va a parar a los ríos"(ídem). La ‘deforestación’ va de la mano del agudo proceso de concentración de la propiedad agraria en toda la región. A fines de marzo, los dirigentes de la Unión de Personal Civil de Chaco "acusaron al empresario de multimedios Eduardo Eurnekian de haber talado ilegalmente grandes extensiones de bosque autóctono en los campos que posee en esa provincia" (La Nación, 23/3). Eurnekian, junto con el especulador internacional Soros, es uno de los grandes capitalistas que se han adueñado en los últimos tiempos de grandes porciones de tierra chaqueña. La propia Dirección de Bosques provincial constató "a través de imágenes satelitales y otros medios técnicos, la más dantesca destrucción del monte nativo" (ídem). ¡Pero Eurnekian es apenas uno más de los grandes capitalistas que están devastando los bosques en todo el Cono Sur y el Amazonas! La catástrofe que está destruyendo la vida de decenas de miles de inundados tiene un carácter enteramente social: la anarquía capitalista de la producción y el insaciable apetito por el beneficio, que no repara en la devastación de los recursos naturales y de la propia naturaleza, son los responsables. Millones para los especuladores, nada para los inundados La naturaleza capitalista de esta catástrofe explica por qué el gobierno menemista (al igual que su antecesor radical), no invirtieron un mango en las obras necesarias para impedirla. Los inundados no son especuladores, banqueros, capitalistas, o chupasangres del trabajo ajeno. Para estos parásitos hay subsidios; obras de infraestructura y ‘seguros’. Las obras no se hicieron porque la plata fue al pago de la deuda con los usureros internacionales; al sostén de los bancos durante el ‘tequilazo’; a la financiación de la fuga de capitales; a bancar la especulación inmobiliaria; a subvencionar a los concesionarios de los ferrocarriles privatizados; a financiar la rebaja de los aportes patronales. Página/12 denunció que el Banco Mundial y el Eximbank de Japón habían otorgado un crédito de 320 millones para obras contra las inundaciones del que se usaron, apenas, 700.000 (el 0,22%). Es fácil ver por qué. El gobierno menemista está dispuesto a ‘aceptar’ los préstamos que los organismos internacionales le ‘colocan’ cuando tienen fondos ociosos; también está dispuesto a engordar al capital financiero pagando los ‘intereses punitorios’ por la no utilización de esos créditos. Aquel crédito no está dispuesto a utilizarlo por una razón de clase: porque reserva el 100% de su capacidad efectiva de endeudamiento a contraer préstamos para pagar los intereses de la deuda pública o para sostener la especulación financiera. Cuando el gobierno menemista tiene que endeudarse para armar la ‘red de seguridad’ bancaria, la plata aparece rápido. Cuando se trata de prevenir las inundaciones, no hay un peso. Dos medidas, dos varas: para los explotadores todo; para los explotados, nada. Esta es la realidad que las inundaciones ponen brutalmente ante la vista de millones de trabajadores. ‘Soluciones’ que agravan la catástrofe Menem y Palito recorrieron las zonas inundadas prometiendo millones de pesos de ‘créditos baratos’ para los inundados, lo que equivale a descargar el costo de la reconstrucción sobre los propios afectados. Las pérdidas materiales –sin contar la pérdida de la capacidad productiva de los suelos– se estiman en más de 2.500 millones de dólares. ¿El gobierno pretende enchufarle una deuda por ese monto a los pequeños productores quebrados, a los trabajadores y a los desocupados del Litoral? Para el chacarero inundado, para el trabajador que gana un salario de miseria, y para el desocupado, el crédito es una soga al cuello. Ahoga al trabajador y al desocupado y prepara la ruina del pequeño productor y su expropiación por los grandes especuladores de tierras. Es lo que ha sucedido en las pasadas inundaciones, cada una de las cuales fue seguida por una nueva ola de concentración de la propiedad agraria. El pequeño productor y el trabajador que ha perdido su vivienda deben ser indemnizados, no endeudados. Que el Estado, como representante político de los grandes capitalistas, pague la reconstrucción: indemnización a los que han perdido todo; subsidio de 500 pesos a todo trabajador desocupado mayor de 16 años. Que paguen los que provocaron la catástrofe La CGT menemista y el gobierno impulsan el descuento compulsivo de un día de trabajo para ‘solidarizarnos’ con los inundados. Grandes zonas del Gran Buenos Aires ya se encuentran bajo el peligro de las aguas. ¿Pretenden que los inundados de Quilmes o los de Tigre aporten un día para los del Litoral? ¿Qué los del Litoral aporten para los de Chubut? Pero hasta ahora la solidaridad de los explotados de todo el país con sus hermanos de clase en el Litoral y en Chubut ha sido enorme y no necesitó de los ‘consejos’ de la burocracia ni del gobierno. Al contrario, el único temor popular es que esa solidaridad que tanto le cuesta sea ‘desviada’ o directamente afanada por el gobierno y sus ‘punteros’. Motivos no faltan. La solidaridad popular es, en realidad, lo único que sostiene a los inundados. Lo revela el hecho de que "las tres cuartas partes de las donaciones son ropas, un quinto alimentos y sólo el resto (el 5%), los muy necesarios medicamentos" (Buenos Aires Herald, 26/4). Como señala este mismo diario, la ropa es la donación ‘típica’ de la población; son los capitalistas y el gobierno los que deben proveer los alimentos y las medicinas que ellos fabrican. ¡Precisamente lo que falta! Ni una hora de descuento de los ya miserables salarios de los trabajadores. Que la ‘ayuda’ y la reconstrucción la paguen los capitalistas, los especuladores, los banqueros, Telefónica y Telecom y los grandes pulpos mediante un impuesto de emergencia. La ayuda y la reconstrucción no pueden quedar en las manos de la clase social y del régimen político que por su imprevisión, su desprecio hacia los explotados y sus intereses de clase es responsable de la catástrofe. Que se abran los libros y los registros del Estado para saber dónde va la ‘ayuda’ y qué parte del presupuesto se destina a los inundados y cuánto va a la deuda externa y al subsidio a los capitalistas. Que se abran los libros de las empresas para terminar con la evasión. Control obrero de la ‘ayuda’ y de las obras de reconstrucción. Movilizarse en defensa propia Las aguas del Litoral se desplazan hacia el sur, hacia Rosario, Santa Fe, Zárate y toda la región costera del Gran Buenos Aires –desde Tigre a Quilmes. Las grandes concentraciones obreras del cordón industrial bonaerense están amenazadas por el agua. Antes de que llegue, hay que inundar las intendencias con movilizaciones populares para imponer planes mínimos de obras públicas —realizadas por los desocupados de la zona; que la ‘ayuda’ sea canalizada, desde ya, por las comisiones de vecinos, y que se otorgue un subsidio de 500 pesos a todos los desocupados. La responsabilidad por los cien mil evacuados, por los muertos, por el peligro de epidemias, por las pérdidas materiales recae por entero sobre el régimen social capitalista y sus representantes políticos. La experiencia muestra que no podemos confiar el cuidado de nuestras familias, de nuestras viviendas, de nuestros empleos en el gobierno de los capitalistas. Es necesario tomar en nuestras propias manos la lucha contra las inundaciones.

Resistencia (27/4) - Con 30.000 evacuados y 15.000 albergados en toda la provincia, la situación —lejos aún de haber llegado a su punto más crítico— no tuvo ni tiene nada de impredecible. En agosto del año pasado, expertos chaqueños se cansaron de alertar que estaban dadas las condiciones para una inundación histórica. Ni falta que hacía: las crecientes de los ríos son anuales, e incluso las crecientes extraordinarias —como la actual— son cíclicas también. Los cambios climáticos producidos por la depredación capitalista de los recursos naturales las hacen todavía más probables. En el sur de la provincia, con algodonales cubiertos por las aguas, la necesidad de las obras de los Bajos Submeridionales se sabe que son impostergables hace décadas. Una provincia con inundaciones recurrentes, no sólo no tiene defensas adecuadas. Tampoco tiene albergues apropiados para la ocasión. Escuelas que no tienen condiciones sanitarias ni para el ‘dictado normal de las clases’ por carencia de baños y de agua potable, o que si los tienen, están en condiciones tan deplorables que no pueden soportar ahora a decenas de familias. ¿Todos unidos frente a la emergencia? Eso dicen el gobierno provincial aliancista y los intendentes de Resistencia, Barranqueras, Sáenz Peña y el interior. Pero mientras se multiplican las denuncias por desvío de la ayuda solidaria, en todos los albergues se reclama por falta de comida. Los municipales de Barranqueras no sólo tienen sus casas bajo el agua, les adeudan, además, 2 meses de sueldo. Ni el gobierno provincial, ni las intendencias han dispuesto dinero de los presupuestos para paliar la situación de catástofre. Rozas se limita a ‘gestionar créditos’ para los productores que perdieron sus cosechas; lo cual no deja de formar parte del negocio capitalista. La inundación ha sacado a la superficie la situación de miseria de las familias desocupadas de Vilelas y Barranqueras, que es la condición de la mayoría de los albergados, poniendo en primer plano la cuestión de su supervivencia. El subsidio de 500 pesos para los desocupados y el inmediato pago de los salarios adeudados están a la orden del día. El Partido Obrero plantea, además, que la distribución de la ayuda solidaria se realice a través de una Comisión de Delegados de cada albergue, con facultad para inspeccionar los depósitos de los hipermercados y confiscar la mercadería necesaria.

Emilio Cárdenas, ex embajador menemista ante la ONU, dio a principios de abril una verdadera ‘primicia’. Refiriéndose a las negociaciones secretas que realizan diplomáticos argentinos y británicos, escribió que "el ‘arreglo’, que según se nos anticipa estaría próximo a anunciarse, incluiría aspectos relacionados con la prospección de hidrocarburos" (La Prensa, 5/4). Avisado de lo que se negocia, Cárdenas nos dice que ya casi todo está ‘cocinado’. No se atreve, sin embargo, a calificar lo que se cocina como un tratado; prefiere llamarlo ‘el arreglo’, es decir, un trato más propio de mercaderes que de diplomáticos. Lo importante de las palabras de Cárdenas, sin embargo, es que relaciona la cuestión de la soberanía (‘el arreglo’) a la de los acuerdos petroleros, que empiezan a rendir sus primeros frutos concretos. A fines de abril comenzarán las exploraciones petroleras efectivas en las aguas que rodean Malvinas. En el área operan las cuatro compañías internacionales que ganaron la licitación unilateral convocada por el gobierno colonial isleño en 1995. Por otra parte, los diplomáticos están ‘trabajando contra reloj’ para que, cuando viaje Menem a Londres, en noviembre, Blair y el riojano puedan anunciar una licitación conjunta en las aguas ubicadas entre el continente y las islas. ‘Negocios’ Esa licitación de 1995 constituyó un acto de piratería internacional con la complicidad del gobierno menemista. Argentina no rechazó la convocatoria unilateral del gobierno kelper ni tomó represalias contra las empresas que participan. Así, "despejó el camino para el gobierno de Malvinas" (La Nación, 22/3), ya que "la licitación internacional no hubiera podido realizarse sin el consentimiento de Argentina" (Clarín, 10/4). El gobierno argentino envió al Congreso un proyecto de ley según el cual, si hay petróleo en el área licitada por los kelpers, Argentina cobrará regalías equivalentes al 3% de la extracción. La ley no ha sido sancionada y es fácil ver la razón. Como la ley de hidrocarburos vigente fija una regalía mínima del 9% para todo el territorio nacional, la pretensión de cobrar una regalía especial del 3% en la zona dominada por los ingleses equivale a una tácita distribución de regalías con los británicos. En otras palabras, significa reconocerle a los británicos derechos soberanos sobre las islas. La sanción de semejante ley debería acarrear el inmediato juicio político de quienes la votaran porque implica una estruendosa violación de la Constitución Nacional. En cuanto a la licitación conjunta que menemistas y británicos esperan poder lanzar en noviembre, se trata de un acuerdo "que no tiene precendentes en el mundo" (Buenos Aires Económico, 14/4). Gran Bretaña y Argentina pondrán a licitación, al mismo tiempo pero por separado, un conjunto de áreas contiguas y continuas. Los ganadores de esas licitaciones –la inglesa y la argentina– deberán asociarse para su explotación común y pagarán regalías por separado a cada uno de los Estados. Entre Argentina y Gran Bretaña, se estableció "el tácito acuerdo de que la regalía combinada no sería prohibitiva" (Financial Times, 1/4), lo que implicaría votar otra excepción a la ley de hidrocarburos, es decir, violar otra vez la Constitución. ¡"Soberanía compartida", las pelotas! Se estima que las reservas petroleras en las aguas que rodean a Malvinas son superiores a las del Mar del Norte y que su explotación podría producir ingresos por regalías de 1.500 millones de dólares anuales, en los próximos veinte años. El cuadro económico y jurídico establecido en los acuerdos que permiten semejante emprendimiento capitalista, presupone la renuncia de Argentina a todo reclamo, actual o futuro, a la soberanía de las Malvinas, dada la ‘seguridad jurídica’ que exigen los inversores. El gobierno menemista es plenamente conciente del alcance de los acuerdos petroleros que impulsa. Por eso, pretende encubrir su capitulación con una ficción de ‘soberanía’: una bandera que ondeará en el cementerio donde están enterrados los soldados argentinos muertos en la guerra. Los británicos le achacan a la ‘soberanía compartida’, ‘incompatibilidades constitucionales’. En otras palabras, exigen la reforma de la Constitución argentina para derogar los artículos que reivindican nuestra soberanía sobre las Malvinas (y también de las constituciones provinciales que tengan cláusulas similares). Exactamente eso es lo que impusieron en el ‘acuerdo de pacificación’ firmado recientemente en Irlanda: que la república del sur derogue los artículos de su constitución que reivindican su soberanía sobre el territorio ocupado del norte. Ni más ni menos que la adecuación del régimen constitucional argentino a los acuerdos petroleros. Clarín informa que: "En el paquete que Argentina le ofrecería a los isleños figura la propuesta de congelar las discusiones de soberanía por un período prolongado, de manera de posibilitar la reanudación de las comunicaciones y las relaciones comerciales con el archipiélago" (13/4). ‘Re-reelección’ y entrega de Malvinas Los acuerdos petroleros de Malvinas constituyen una piedra angular de la campaña ‘re-reeleccionista’. Clarín (13/4) informa que "en el caso de que los avances sean notorios, Menem planea llamar a una consulta popular para convalidar el ‘paquete’ …". Si París vale una misa, las Malvinas bien valen una bandera. Por eso, los británicos estarían dispuestos a permitirle a Menem contar con "un símbolo de alto impacto" (La Nación, 22/4). La Alianza, mientras tanto, no ha encontrado ni el lugar ni la hora para denunciar la entrega de Malvinas a manos de los pulpos petroleros y el imperialismo por una razón de clase: como ‘abogada’ de la convertibilidad, del FMI y del gran capital, no puede oponerse a los ‘negocios’ de Techint, de la Shell, de los bancos que los financian y de las embajadas de Estados Unidos y Gran Bretaña.

Al finalizar la marcha a la Casa Rosada y después de haber cortado Diagonal con una sentada, nos reunimos en Asamblea. Programamos y votamos el plan de acción para toda la semana, paros progresivos, ‘escritoriazo’, nueva asamblea general el jueves 30, y por último, lanzar la convocatoria a todos los trabajadores bancarios y del centro, a las comisiones internas, a los centros de estudiantes, a los partidos que apoyan nuestra lucha, y a los organismos de derechos humanos a participar de un Acto el 1º de Mayo, en el Día Internacional de Lucha de los Trabajadores por el triunfo de nuestra lucha. Este acto se va a realizar en un momento crucial de nuestro conflicto. El lunes 4 se abrirán los sobres de la licitación. Estamos peleando para que en el pliego de esa licitación se incluya taxativamente la estabilidad laboral para el conjunto de los compañeros del banco. Son los banqueros los que tienen que pagar por sus negociados, son el BCRA y el gobierno los que tienen que garantizar la continuidad laboral. Terminar con que seamos los trabajadores la ‘variable de ajuste’ de los negocios y negociados patronales. Sabemos que esta situación es mucho más amplia que la que tenemos los compañeros del Patricios. Son miles los bancarios que están sufriendo en carne propia la miseria salarial, la flexibilización laboral, los despidos, las privatizaciones. La reforma laboral que van a votar el oficialismo y la Alianza es un atentado a todas las conquistas. La CGI del Patricios batalló por un acto unitario, contra la ofensiva patronal, en apoyo a las luchas y para que los trabajadores tengamos una perspectiva independiente frente a los bloques patronales. Esto lo planteamos en la Comisión de Memoria, Verdad y Justicia, como así también en el Plenario convocado por el MTD de Varela. Ante la ausencia de ese acto unitario asumimos, como parte de nuestra lucha, esta convocatoria: para reforzar nuestra lucha, para marcar su carácter estratégico, para ampliar la solidaridad efectiva y permitir también un eje de reagrupamiento de todos los bancarios que enfrentan la política de los banqueros y sus socios. El 1º de Mayo a las 12 horas, en la puerta del banco.

La Coordinadora Autoconvocada de partidos combativos, organizaciones y luchadores sindicales, estudiantiles, de los derechos humanos y personalidades del arte y la cultura, decidió convocar a un acto unitario y de lucha en la Plaza Independencia el próximo 30 de abril para conmemorar el día internacional de los trabajadores. La Coordinadora se formó como resultado de la confluencia de la Multisectorial contra la Impunidad (un frente de lucha integrado por los partidos de izquierda, organismos de derechos humanos, centros de estudiantes y luchadores sindicales, que fue convocante de las movilizaciones que se han realizado para echar a Bussi) y Pueblo Unido. Junto a la consigna central de continuar la lucha para echarlo a Bussi, se denuncia "el pacto político del bussismo y la oposición (el PJ y la Alianza) destinado a imponer una salida política antidemocrática en favor de los intereses del Banco Mundial y los oligarcas". Desde que Topa asumió se ha establecido de hecho un gobierno de coalición que se materializa en la Legislatura, donde las bancadas del PJ y la UCR vienen votando junto a bussistas y ultrabussistas un conjunto de medidas dirigidas a garantizar la gobernabilidad del vicegobernador bussista. La Gaceta destaca "la aprobación en el recinto de leyes de auxilio económico impensable hasta hace pocos días", como la demostración de "la evidente decisión de la oposición parlamentaria de rodear a... Topa con gasas y algodón" (24/4). La convocatoria plantea que para obtener los recursos para rescatar los salarios, la educación y la salud pública; para otorgar un seguro al parado de 500 pesos; es necesario "que se abran los libros para conocer las cuentas de las grandes empresas", fijando "un impuesto extraordinario a los grandes beneficios de los industriales azucareros y el citrus y a los otros pulpos instalados en la provincia". En contraposición con este planteo, en este momento, todas estas patronales están reclamando mayores subsidios al gobierno nacional y provincial. Frente a la política de despidos y suspensiones masivas (Alpargatas), la Coordinadora se plantea el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. La convocatoria se pronuncia por una nueva dirección combativa en los sindicatos y formula un planteo de independencia obrera: "para que la crisis la paguen sus responsables, los grandes capitalistas empresarios, banqueros y terratenientes y sus representantes políticos, hoy expresados por Menem, la Alianza, Bussi y su relevo Topa. Por una salida independiente, garantizada por un gobierno de los de abajo, los que viven de su propio trabajo".

La Legislatura de Santa Cruz ha convocado una "consulta popular" para el 17 de mayo, con el fin de que se apruebe la reunión de una Asamblea Constituyente para permitir la reelección indefinida del gobernador; modificar la elección de los diputados provinciales, incorporando la figura del "diputado por pueblo" y, constituir un "Consejo de la Magistratura". El Frente de Unidad Trabajadora (FUT) de Santa Cruz ha declarado su oposición a estas reformas que —con sus modificaciones sobre los tres poderes— tienen como objetivo directo lograr la suma del poder público para la camarilla de Kirchner. La re-reelección indefinida perpetúa a Kirchner en el poder, mientras que la ‘reforma’ legislativa elimina la representación proporcional mediante la elección de un solo legislador por cada uno de los catorce municipios de la provincia. Finalmente, la creación del Consejo de la Magistratura permitirá la digitación del Poder Judicial por la camarilla kirchenista. La constitución de Santa Cruz es clara en cuanto que la ley de necesidad de la reforma debe ser votada por las dos terceras partes de los diputados. Como Kirchner no tiene esa mayoría ha lanzado el plebiscito mediante una ley con mayoría simple. Esto no fue anulado por la ‘justicia’, debido al control absoluto de los tribunales que detenta esa camarilla. Al servicio de los monopolios El re-reeleccionismo de Kirchner se inscribe en el operativo re-reeleccionista de Menem y de otros gobernadores. "La reelección no es, ni será, una mera construcción jurídica. La reelección es fundamentalmente una construcción política", dice el fundamento del proyecto re-reeleccionista que presentaron los legisladores de Kirchner, para saltarse la inconstitucionalidad. La construcción política, por otra parte, consiste en asegurar a la camarilla de Kirchner las regalías que pagan los pulpos petroleros y cobrar su parte en los negocios de los ‘nuevos’ latifundistas (Benetton, etc.) que están comprando la Patagonia. El intendente radical de Río Gallegos, declaró a la prensa que iniciaría una gira provincial contra la re-reelección... después del 17 de mayo. Otros referentes radicales anunciaron que la campaña por el NO a la re-reelección será ‘descentralizada’... (por distritos). Los intendentes no harán una real campaña contra la reforma porque viven del presupuesto que les tira Kirchner. Y a nivel nacional la UCR apoya la re-reelección de sus gobernadores (Chubut, Río Negro, Córdoba). Por un frente de lucha de las organizaciones obreras La Asamblea Constituyente que pretende convocar Kirchner dejará de lado los grandes problemas que sufren las masas trabajadoras provinciales. Kirchner vive parasitariamente de las regalías que tiran los monopolios que se llevan por los ductos la riqueza no renovable de los hidrocarburos (y ahora algunas mineras). Los trabajadores no ven ni las migajas. La desocupación no decrece; las petroleras —aduciendo la baja de precios internacionales— han comenzado a despedir trabajadores en el norte provincial, paralizando sus planes de exploración y perforación. En Río Turbio los mineros se han visto obligados a un paro por tiempo indeterminado contra la destrucción de su fuente de trabajo y la pérdida de salarios y conquistas. Los docentes de Adosac se movilizan para defender la educación provincial contra los intentos de aplicar la reforma (anti) educativa menemista y por la incorporación del presentismo al básico. El FUT se opone a las reformas antidemocráticas y anticonstitucionales de Kirchner. Este trata de reforzar su poder para seguir adelante con la entrega del patrimonio provincial y mantener sumergidas las reivindicaciones de las masas trabajadoras. El FUT llama a las organizaciones reivindicativas de los trabajadores a tomar la decisión política de enfrentar esta conspiración antidemocrática de Menem-Kirchner. Esto abrirá una perspectiva a los trabajadores en lucha (docentes, petroleros, mineros) y desarrollar un programa de salvación provincial: impuesto extraordinario a las ganancias de las petroleras y a los latifundistas; control obrero sobre las finanzas provinciales, el banco provincial y las grandes empresas capitalistas; defensa de las conquistas educativas y derogación de la reforma (anti) educativa; no a la flexibilización laboral: incorporación de los presentismos al básico; renacionalización de las minas de Río Turbio; prohibición de despidos: reparto de las horas de trabajo existentes sin disminución del salario actual; subsidio mínimo de 500 pesos a todo desocupado.

Los medios de comunicación informan con detalle lo secundario y lo superficial y desinforman sobre los grandes problemas nacionales y mundiales. Dedican largos espacios al cholulismo y ocultan la gesta de 1.000 mineros y un pueblo entero en el extremo austral de la Patagonia. ¿El PC ha adherido a este tipo de prensa? Su último periódico (Propuesta, 23/4) defiende la política de la directiva de Ate y del Cta en la reciente huelga minera de Río Turbio. Pero no informa que un miembro de esa directiva, Coñoecar, miembro del Comité Central del PC, fue expulsado por los trabajadores en una Asamblea General por su política de hostilidad a la huelga minera. Y no dice cuál es su posición frente a las acusaciones volcadas por los trabajadores. El PC afirma que continuar la huelga minera beneficiaba a la patronal (!). "¿Le convenía a la empresa que se levantara el paro y los mineros siguieran produciendo? Cualquiera diría que a cualquier empresa le conviene seguir produciendo, pero no es éste el caso", dice Propuesta, para quien la patronal querría cerrar la mina e importar carbón más barato de Chile. ¿No hemos escuchado ya antes este repetido ‘argumento’ de las patronales y las burocracias antiobreras para quebrar tantas luchas obreras (Somisa, Ferrocarriles, etc.)? Pues bien, en el Turbio fue también el argumento usado por la burocracia de Ate (y del PC) contra los mineros y sus familias (rechazado por la mayoría). Tímidamente el PC inventa la especie de que "producto del entrecruzamiento de intereses de diferentes sectores políticos y económicos", (los mismos) "generaron una brecha entre los trabajadores y los dirigentes sindicales". Llega a acusar a la Alianza de fogonear la huelga "para ayudar a generar un malestar social general en contra del gobernador, y no por solidaridad real con los trabajadores". Por eso "la Alianza se zambulló en el conflicto, aprovechando los legítimos reclamos de los mineros y utilizarlos para sus fines antirreeleccionistas". Más allá del argumento patronal de que los trabajadores son ‘usados’ políticamente contra el gobierno, etc., la Alianza no lleva adelante una verdadera oposición al re-reeleccionismo de Kirchner (ver nota); y colaboró contra la lucha minera. El secretario general de Ate Santa Cruz, el degennarista Rivolta, se encargó de resaltarlo cuando manifestó su "agradecimiento... especialmente... a la Legislatura provincial y a los diputados de la Alianza" (La Opinión Austral, 21/4) por el papel (de rompehuelgas) que jugaran en el conflicto. En esa misma declaración acusa a "quienes intentaban proseguir el paro, denunciando a activistas del Frente de la Unidad Trabajadora, quienes en su condición de ‘militantes de un partido trostkista’ y de ‘dirigentes gremiales de ADOSAC’, trataron de utilizar (??)la lucha de los compañeros mineros". Rivolta sí que tiene una posición pro re-reeleccionista, lo que se evidencia en que llamó a firmar el "acuerdo" alcanzado con la patronal minera y el gobierno provincial (y bendecido por el Obispo) en ... la Casa de Gobierno. El PC, sobre esta ‘utilización’ no abre la boca. ¿Será que él también es re-reeleccionista?

En la Constituyente provincial de 1994 quedó claramente excluída la posibilidad de un tercer mandato de Kirchner, pero se incorporó la figura de la "consulta popular". Fue la UCR la que propuso que se convocara a ‘consulta’ para leyes que afecten "derechos o garantías de raigambre constitucional". Un despacho unificado del PJ y la UCR lo impuso en la constitución. El FUT se opuso a estas reformas antidemocráticas y presentó en la constituyente un proyecto en el que defendía el derecho a la Iniciativa Popular y la petición de referéndum y prohibía expresamente el llamado a consultas o plebiscitos por parte del poder político. Denunciamos en esa oportunidad, contra el coro radical justicialista que nos hablaba del avance de la "democracia directa", la utilización que se iba a hacer de estos mecanismos para satisfacer las necesidades del poder y no las del pueblo. El resultado, 22 a 2 fue una constante en contra del FUT. La UCR votó a favor, el grupo del diputado Flores (que era parte del gobierno) y el Frente Grande apoyaron calurosamente estas reformas y llevaron el engaño al conjunto de la población. Hoy los aliancistas de la UCR y el Frepaso aparentan oponerse a las nuevas reformas de Kirchner y se indignan porque fueron ‘traicionados’, porque Kirchner no‘consensuó’, ni les dio ‘participación’ (La Voz Austral, 17/3). Igual que Alfonsín frente a Menem, los que posibilitaron la reforma constitucional del 94 se ‘indignan’ porque el poder político los excluye del negocio (manejar las regalías del petróleo y gas) que quisieran compartir. Las reformas antidemocráticas que Kirchner quiere introducir con la actual consulta fueron parte de la plataforma del Encuentro Santacruceño, antecesor de la Alianza. Sólo el FUT ha denunciado y se moviliza consecuentemente contra el engendro antidemocrático.

Durante la reciente huelga minera, los docentes de Río Turbio y 28 de Noviembre se movilizaron junto a los mineros. Para quebrar este proceso, las autoridades de Educación enviaron a la cuenca carbonifera un grupo de supervisores de los diferentes niveles de la enseñanza y a la vicepresidente del Consejo de Educación, con la excusa de una ‘supervisión pedagógica’. Hacía tiempo que se excusaban de viajar... por falta de viáticos. Se presentaban en grupo a los establecimientos. ¿No correspondía que cada supervisor fuera a su nivel? Querían intimidar con la presencia de tantas personas. Lo cierto es que dieron la orden a los directivos de enviar telegramas a los docentes que no asistían a clase. Desconocían así la adhesión docente a la huelga general minera. Cuando se recibieron los telegramas la comunidad entera lo tomó como una presión para quebrar el paro del único gremio que apoyó directamente a los mineros. Mineros, mujeres y jóvenes que se encontraban frente a la mina, marcharon hasta el jardín de Mina 3, donde estaban reunidas las autoridades y lo rodearon. Mientras la multitud gritaba, los directivos de Adosac entraron a discutir. Las autoridades en un gran estado de tensión, no se animaron a salir y firmaron un ‘acta’ reconociendo el derecho de huelga de los compañeros docentes, dejando sin efecto los telegramas. Qué paradoja: mientras el pueblo hacía firmar un ‘acta’ a las autoridades levantando sanciones contra los huelguistas docentes, los dirigentes de Ate firmaban otra, salvando a la patronal minera.

El Mta y la Cta han denunciado la decisión de la Alianza de apoyar la reforma laboral parida por el gobierno y la burocracia oficialista. Han convocado a una movilización a Congreso el 13 de mayo para presentar las firmas que avalan un proyecto laboral propio, que incluye la reducción de la semana laboral a 40 horas, y a un encuentro "multisectorial" el 8 de mayo para preparar esa jornada. Este rechazo revela que hasta los dirigentes opositores a la Cgt han tenido que reconocer a la Alianza como representante de los grandes capitalistas, luego de inmovilizar al movimiento obrero detrás de esa perspectiva. Sin embargo, el Mta y la Cta no han sacado las conclusiones elementales de esta situación. De Gennaro, Palacios y Moyano han dejado en claro que no hay paro ni hay plan de lucha. En palabras del titular del sindicato camionero: "cuanto tengan intención de aprobar la reforma laboral en el Congreso no descartamos un paro nacional y una movilización" (Crónica, 24/4). Esto no puede disimular la bancarrota de la estrategia de estas direcciones. Hacia fines de enero, después del aumento del boleto, el Mta y el miguelismo anunciaron un paro de 48 horas para marzo que nunca llegó a concretarse. Pretendían, durante el intervalo, acordar con la Alianza, como si ésta fuera a apoyar una lucha decidida del pueblo. De entonces ahora, la Alianza pactó con Duhalde la reforma policial de la‘bonaerense’; con Menem y con Duhalde, la farsa de la derogación del punto final y la obediencia debida y, con ambos, una vez más, el apoyo a la reforma laboral del gobierno y la Cgt. Los dirigentes sindicales opositores se niegan a sacar la otra conclusión fundamental de la menemización de la Alianza: la necesidad de impulsar la formación de un partido propio de la clase obrera. Toda su perspectiva sigue afincada en la evolución del duhaldismo o el Frepaso. Pocos días antes de constatar el apoyo de la Alianza a la reforma laboral de Erman González, "los dirigentes del Mta rescataron la forma en que Duhalde comenzó a absorber a peronistas críticos que no tuvieron participación en la gestión menemista". Según Hugo Moyano: "(Duhalde) también tiene una posición muy firme contra la privatización del Banco de la Provincia de Buenos Aires y eso lo rescatamos", siendo que el Banco Provincia es un feudo de los terratenientes y los empresarios bajo ‘máscara’ estatal. Las‘conversaciones’ con el gobernador dejaron abierta, incluso, la posibilidad de concurrencia del Mta al fallido acto de River (Página 12,14/4). Para De Gennaro, "el Parlamento debe debatir los problemas de la gente" (Crónica, ídem), aunque la constatación elemental es que el 99% de ese Parlamento está alineado en el polo capitalista en favor del proyecto de ley de flexibilidad laboral. En lugar de amenazas al viento, el Mta y la Cta deberían convocar a un "estado de asamblea" a todo el movimiento obrero para votar un plan de lucha que entierre la reforma laboral, arranque un aumento salarial que compense todo lo perdido desde el congelamiento de los salarios en 1991 y un seguro al parado de 500 pesos. Los luchadores y activistas deben tomar en sus manos la tarea de impulsar una lucha decidida y construir un partido propio, independiente de los partidos y el Estado capitalista.

José Rodríguez del Smata y Franciso ‘Barba’ Gutierrez de la UOM corrieron presurosos a la sede de Adefa, la cámara patronal automotriz, para estampar la firma en el acuerdo que los patrones argentinos firmaron con sus pares brasileños. Según algunos diarios, la Uom quería "retocar algunos puntos del acuerdo", pero la orden patronal fue terminante. "O lo firman como está o no lo firman". (Buenos Aires Económico, 23/4). Y firmaron sin chistar. La patronal autopartista, que tiene disidencias con el texto de las terminales imperialistas, mantuvo su negativa y no lo firmó. Las terminales quieren que el nuevo régimen las siga autorizando a importar autopartes. Eso ya mandó a la quiebra a un centenar de autopartistas y ahora mandaría a la lona al otro centenar que aún subsiste. Rodríguez y Gutiérrez, en cambio, se arrastraron a los pies de las terminales imperialistas y no fueron capaces de plantear las más elementales reivindicaciones de los trabajadores, como salarios comunes a todos los trabajadores del Mercosur equivalentes a la canasta familiar, nada de suspensiones y despidos. Así firmaron un texto reaccionario, que pretende seguir reservando el mercado de los países del Mercosur para las actuales terminales imperialistas, sobre la base de suculentos beneficios y convenios y salarios miserables para los trabajadores. Por si faltara recordarlo, las automotrices ya han dicho que todas quieren el convenio Fiat, Chrysler y Toyota, con salarios de 400 pesos, y ritmos de producción crecientes.

¿Los desocupados tienen que reclamar la "reactivación de la industria nacional"? Cualquiera que lea los diarios podrá apreciar que los índices que proporcionan el gobierno y las principales ‘consultoras’ privadas revelan una reactivación industrial de escasos precedentes. Clarín anuncia"otro fuerte salto en la industria: 9,7% en marzo", lo que, según el Indec, significa "dos años ininterrumpidos con comportamientos positivos de los datos mensuales con respecto a igual plazo del año anterior" (24/4). Por lo tanto, la "reactivación de la industria nacional" está en curso y no ha cambiado en nada la situación material de los desocupados. Esto fue advertido hace tiempo y sin ningún pudor, por‘fundaciones’ empresariales que destacaron la "paradoja" de una situación de fuerte expansión económica y una situación social sin mejora alguna. El problema no es la reactivación industrial sino el proceso capitalista de la reactivación industrial, que está basado en el incremento de la superexplotación de los trabajadores por la vía de la flexibilización y el alargamiento de la jornada laboral. Es un dato admitido que la reactivación no se funda en el "consumo", como lo revela la deflación y la caída en la recaudación del IVA interno. Un escenario revelador de esta reactivación es el régimen automotriz, uno de los protagonistas del ‘salto’ en la industria. El régimen automotriz, presentado por los pulpos y el gobierno como una herramienta de "industrialización" nacional es un mecanismo para la importación y para la transformación de la actividad en una gran "ensambladora", en la que se arma un auto hasta con un 83% de piezas importadas. Una gran masa de recursos está volcada a financiar la especulación inmobiliaria (‘plan Laura’ de autopistas, Puerto Madero o el Abasto en la Capital) lo que coincide punto por punto con la política de endeudamiento recomendada por los comisionistas de la ‘bicicleta’ financiera y puede significar una reducida cantidad de empleos con salarios de miseria. El reclamo de "reactivación de la industria nacional" no corresponde al movimiento de lucha de los desocupados, sino a los pulpos exportadores y a la burguesía nacional en quiebra, que hoy pide la baja de los aportes patronales para la seguridad social, no pagar más impuestos y recibir nuevos subsidios. Es necesario reclamar un seguro al parado de 500 pesos a partir de los 16 años y un salario básico para todo trabajador empleado en los planes ‘Trabajar’ o ‘Barrios’.

Hace algunas semanas, ‘los que saben’ habían dado por concluida la crisis asiática con la renegociación de la deuda externa de corto plazo entre Corea del Sur y sus acreedores. Se había acordado una refinanciación de tres años de plazo para los 21.000 millones de dólares de vencimiento inmediato. El gobierno salía como garante del acuerdo, lo que significa la potencial estatización de la deuda privada. Además, se había comprometido a liquidar los bancos y empresas insolventes, con lo que se había hecho acreedor a un préstamo de 60.000 millones de dólares organizado por el FMI. La mayor parte de este dinero estaba destinado a financiar a los acreedores de las empresas que fueran mandadas a la quiebra. Sumado todo, el estado de Surcorea, cuya deuda pública era insignificante, pasaba a convertirse en deudor potencial de cerca de 100.000 millones de dólares para rescatar a la ‘pujante iniciativa privada’. Todos a sus puestos Una vez concluida la ronda clásica de ‘lamentos’ por lo que el pueblo debería comenzar a sufrir por la ‘irresponsabilidad’ de ‘algunos’ magnates, los grandes capitalistas levantaron las copas para saludar la recuperación de la ‘estabilidad asiática’. El sistema financiero internacional se había salvado una vez más, como lo demostraban las rápidas subidas de las Bolsas de Estados Unidos y de Europa. Pero no duró ni la flor de un verano, y no solamente porque las manifestaciones y las huelgas comenzaron a incrementarse o porque gobiernos como el del indonesio Suharto comenzarán a ver el fondo del precipicio. Simplemente, la mentada contención de la crisis financiera no había ocurrido. El viernes pasado, el International Herald Tibune consagraba su primera plana al anuncio de que "Un nuevo alerta financiero estremece a Corea del Sur", explicando en la bajada que los expertos advierten un empeoramiento de la crisis como consecuencia del aumento de las deudas empresariales. Es que la deuda externa total de Surcorea, de 150.000 millones de dólares, representa sólo un 15% del total de la deuda privada, calculada en el doble del producto bruto interno, o sea en 960.000 millones de dólares (suplemento del Financial Times sobre Corea, 23/4). "La verdad del asunto, dice el diario inglés, es que Corea no ha encarado realmente los problemas estructurales de su economía", que son los de liquidar a los grupos económicos insolventes. En lugar de eso, el gobierno ha estado inyectando dinero en esos pulpos, para lo cual tuvo que incrementar la deuda pública mediante la emisión de bonos del Estado. Así, la deuda de las empresas insolventes se ha incrementado aún más, a tasas de interés altísimas como consecuencia de la crisis financiera. Pero a pesar de esta subvención a los capitalistas en bancarrota, los despidos totalizan unas 100.000 personas por día (ídem). Hace algunas años la prensa internacional destacaba la incursión de los capitalistas surcoreanos en Estados Unidos y en América Latina. Ahora se preguntan si no tendrán que liquidar sus inversiones exteriores para saldar las pérdidas en el país. Aunque la moneda fue fuertemente devaluada, las exportaciones no han crecido para compensar la crisis, debido a la crisis en los mercados asiáticos y Japón, y en particular debido a la falta de capital de trabajo. En el Parlamento surcoreano, los grandes pulpos tienen la suficiente fuerza para bloquear los proyectos que puedan decidir su liquidación, pero más allá de ello, el tamaño de las deudas impagas que dejarían sus quiebras ha llevado al gobierno a desoír los reclamos airados de sus rivales internacionales que manejan al FMI. Es que se calcula que ya ahora las deudas incobrables de los bancos ascienden al 40% del PBI, es decir, a 190.000 millones de dólares (Financial Times, suplemento). Lo que todavía puede acelerar más aún la emergencia de un nuevo derrumbe son las grandes pérdidas que están sufriendo los fondos de inversiones surcoreanos. Los tres más fuertes poseen en sus activos el 20% de los bonos de deuda emitidos por las empresas y el 5% del total de las acciones. La revista que ofrece estos datos (Business Week, 13/4), dice que las pérdidas sufridas por estos Fondos exceden en 2.600 millones de dólares a sus activos. El público, naturalmente, está retirando el dinero de los Fondos. Si esta tendencia prosigue y los Fondos se ven obligados a vender los bonos y acciones en su poder para devolver la plata a sus clientes, o sea, si "vuelve a ocurrir una onda de retiros motivados por el pánico" (ídem), "los mercados podrían derrumbarse nuevamente". Es natural que ante semejantes circunstancias, los capitalistas busquen una salida por el lado de la enorme economía japonesa. "En el abismo" Pero Japón se encuentra en una crisis aún más grave que la de Surcorea, desde que en 1990 se vinieron abajo los infladísimos precios de las propiedades, los terrenos y las acciones de las empresas. ¡La Bolsa cayó en estos ocho años de 48.000 a 15.000 puntos, o sea un 70%! Pasó de un valor de cinco billones de dólares a un billón quinientos mil millones, o sea que perdió 3.500.000 millones de dólares. Los patrimonios de los bancos que poseían esas acciones, sufrieron en consecuencia. Las deudas incobrables, sólo del sistema bancario, son estimadas en 800.000 millones de dólares. Pero la crisis sigue su marcha. La producción industrial ha caído un 3%. Según el presidente del Banco Central existe un fuerte peligro de deflación como consecuencia de la caída sistemática de la demanda. Los beneficios industriales caerán, en 1998, en un 30%, aunque según el semanario The Economist (11/4), "Mitsubishi, Mazda y Nissan están" en realidad, "de rodillas". Como consecuencia de esto, las deudas privadas siguen creciendo. Al mismo tiempo, como resultado de los continuos subsidios del Estado, la deuda pública ya se eleva a la friolera de 5 billones de dólares, aunque el economista austro-norteamericano, Rudiger Dornbusch, la aumenta a 10 billones de dólares, al sumarle la deuda de la seguridad social. En estas condiciones, no se ve muy bien cómo podría el Estado japonés continuar sus intentos de reactivar la economía mediante subsidios públicos. Japón se ha transformado en un problema, más que en una salida para el resto de Asia del sur. No solamente no puede importar mercaderías de esos países, sino que existe la evidencia de que habría retirado capitales para cubrir sus pérdidas metropolitanas. Las importaciones japonesas de Asia han caído un 18% en febrero, mientras que en el mismo período el superávit de Japón con Estados Unidos subía un 21% (Los Angeles Times, 24/4). El lunes 13, el Banco Central vendió 12.000 millones de dólares de bonos norteamericanos para comprar yenes y evitar la estrepitosa devaluación de la divisa japonesa (Clarín, 19/4). La situación comercial en la región ha llegado al punto en que una parte creciente se está realizando mediante trueques (The Wall Street Journal, 6/4). Un síntoma poderoso del agravamiento de la situación japonesa lo dió, a principios de abril, la agencia de evaluación, Moody´s, al rebajar la confiabilidad financiera del país y advertir la posibilidad de una fuga de capitales como consecuencia de la "fragilidad del sistema financiero" (Le Monde, 4/4). Esta posibilidad se acentúa porque, a partir del 31 de marzo, ha quedado ‘desregulada’ la salida de dinero al exterior. Entonces, ¿Japón no tiene salida? Los Estados Unidos y el FMI no esconden su propósito de aprovechar esta crisis para "desmantelar la política industrial japonesa" (The Wall Street Journal, 13/4), o sea golpear decisivamente la competencia japonesa en el mercado mundial. Para eso proponen la quiebra de todos los pulpos insolventes, en especial los bancos, la utilización del dinero del fisco para resarcir a los acreedores y la apertura ilimitada al capital extranjero. Aplicada al conjunto del sudeste asiático, esta salida debería consagrar el completo dominio del capital norteamericano, que es el menos expuesto en la región, en comparación con Japón y Europa. Para muchos, esto significaría desatar una depresión mundial. La economía japonesa no ha reaccionado a ningún estímulo sobre la demanda, a pesar de que se han inyectado un billón de dólares desde 1990, esto debido a su extraordinario endeudamiento. La situación ahora parece haber llegado al paroxismo porque, según algunos medios financieros, el Banco Central está inyectando moneda a un ritmo del 50% anual, o sea un 400% más de lo que lo está haciendo la banca central norteamericana. La estampida está cercana. Es cierto que Japón es el principal acreedor internacional, pero esto no debe servir de consuelo, porque significa solamente que antes de irse a pique puede retirar sus inversiones en el resto del mundo, lo que precipitaría un derrumbe mundial. Estados Unidos ¿Podría la ‘saludable’ economía norteamericana prevenir el derrumbe de Japón y ofrecer ella misma una salida? Es lo que defienden últimamente algunos periodistas ingleses (Samuel Brittan y Martin Wolf,Financial Times, 7 y 23/4), que sostienen que el mercado norteamericano debería absorber todas las exportaciones japonesas y asiáticas necesarias para sacar a esa región de la crisis, sin que importe el déficit comercial que ello ocasione a los Estados Unidos, toda vez que el superávit que consigan los capitalistas asiáticos como contrapartida sea reinvertido en Norteamérica. Claro que esto no le hace ninguna gracia a los competidores norteamericanos. Pero el problema no es tan fácil, porque la propia economía norteamericana enfrenta una crisis muy seria. El foco es una crisis inminente de la Bolsa como consecuencia del efecto combinado de la sobrevaloración de las acciones y las previsiones de menores beneficios empresariales. Ambos elementos se han sobredimensionado con la crisis nipona-asiática: por un lado, las devaluaciones de las monedas de esa región han aumentado las importaciones norteamericanas y disminuido sus exportaciones, perjudicando la tasa de beneficio de los capitalistas norteamericanos; por el otro lado, la crisis financiera internacional ha provocado la fuga de capitales a Estados Unidos, sobrevaluando aún más al dólar y a la Bolsa. Se ha estado llamando la atención en la prensa respecto al gran crecimiento de la emisión monetaria en Estados Unidos, que es aplicada casi exclusivamente a la especulación; es decir que éstos se están endeudando a niveles extraordinarios. The Economist (18/4) califica a esta emisión de una suerte de "inflación rampante". Reclama abiertamente que el banco central norteamericano suba las tasas de interés para frenar el crédito. Pero no dice nada del resultado previsible de esta medida, que sería el derrumbe de los mercados de capitales en todo el mundo, hacia donde también va el dinero norteamericano que se obtiene por medio del crédito. El FMI y el Banco Mundial, luego de subrayar que el déficit en cuenta corriente con el exterior de Estados Unidos es de 230.000 millones de dólares (Financial Times 14/4), advierte que esto podría provocar el fenómeno contrario al descripto anteriormente, o sea, la salida de capitales de Estados Unidos y la caída del dólar. Si se considera la totalidad de la situación, se llega fácilmente a la conclusión que se ha alcanzado un nivel de inestabilidad potencial absolutamente extraordinario que puede tirar por el suelo a las monedas y mercados de valores de todos los países. The Economist también destaca que la baja de la tasa de interés a largo plazo en Estados Unidos (una señal de que se financian menos inversiones) y la suba de la misma a corto plazo (una señal de que se están refinanciando deudas que cuesta pagar), indican que la economía norteamericana marcha hacia una recesión. Es difícil que una economía en recesión pueda convertirse en receptáculo de los excedentes del derrumbe de las economías asiáticas. La economía mundial capitalista se enfrenta a una enorme crisis de sobreproducción y a una caída de la tasa de beneficios que es el resultado de toda una década de tentativas de salir de la crisis precedente mediante inversiones que reducen la ocupación de mano de obra y mediante el desvío de una gran parte de los beneficios hacia la especulación financiera. En ningún momento de los últimos diez años, pudo esta tendencia contrarrestante de la crisis alcanzar su plenitud, como lo demuestra la enorme desocupación mundial. Pero ahora se ha agotado. Es necesario desarrollar una comprensión del conjunto de esta situación para que los trabajadores nos capacitemos para enfrentarla con eficacia. La perspectiva de un nuevo agravamiento súbito de la situación de las masas se encuentra claramente planteada.

En Brasil tiene también lugar por estos días una reunión del episcopado. La diferencia con lo que ocurre en Argentina no es, sin embargo, poca. Uno de los voceros de la reunión, el obispo de Joao Pessoa, del estado de Paraiba, en el nordeste, no vaciló en "defender los saqueos a supermercados y las invasiones de tierra por personas ‘hambrientas y desesperadas’" (Folha de Sao Paulo, 24/4). El obispo, Marcelo Pinto Carvalheira, agregó que "Es mejor matar el hambre del pueblo que mantener un supermercado". No conforme con esto, ante la pregunta del periodista acerca de si sus palabras no podrían ser interpretadas como un incentivo, "don Marcelo" no reparó en asentir: "pero ¿qué hacer?, respondió, si es la verdad". Al día siguiente, como cabía esperar, los diarios brasileños lanzaron furibundas diatribas contra los dichos del cura. El diario citado, en un editorial, los calificó como "Una sequía de buen sentido". Pinto Carvalheira está clasificado en el ala izquierda del episcopado. Pero para ‘horror’ de la prensa brasileña, al día siguiente su posición fue defendida "por obispos de todas las corrientes de la iglesia"(Folha). Uno de los curas más conservadores, el obispo de Jundia, del estado de San Pablo, don Amaury Castanho declaró: "Hace poco tiempo le recomendé a una empleada doméstica, que me dijo en el confesionario que tenía cuatro hijos pasando hambre, que tomara lo que necesitara para su familia de la despensa de su patrón". El domingo, don Amaury no dejó dudas sobre su posición ideológica, al abogar por la formación de un partido católico que impulse la introducción de la enseñanza religiosa y combata los derechos de divorcio y aborto. Estas posiciones dentro del episcopado están reflejando la aguda tensión social que existe en Brasil. Mientras en el sur del país predominan las inundaciones, el nordeste es nuevamente víctima de una sequía que está privando de alimentación básica a una población de más de nueve millones de personas. El Movimiento de los Sin Tierra ya anunció que apoyará los saqueos a los supermercados si el gobierno no resuelve la situación en treinta días. Lejos de esto, el gobierno se encuentra en medio de una crisis política precisamente en el organismo encargado de enviar ayuda a las zonas afectadas. En el estado de Ceará ya hubo 33 manifestaciones de protesta frente a la sequía. Pero igualmente dramática es la situación de los trabajadores en las principales ciudades del país. La desocupación en San Pablo alcanzó la tasa del 19%, lo que equivale a dos millones de desempleados; no se conoce la de sub-ocupados, aunque se sabe que en Brasil se encuentra históricamente entre las más altas del mundo. La perspectiva de los saqueos se cierne sobre las grandes ciudades ante el imparable crecimiento del hambre. La barbarie social que provoca la crisis capitalista se percibe en el incremento sin precedentes de los delitos comunes y en el estado de temor de la mayor parte de la clase media. La posición de varios obispos se explica entonces por la amplitud de una crisis social y un potencial de movilización popular que no podría ser contenido con medidas represivas exclusivamente. Se trata de una advertencia al conjunto de la burguesía e incluso al imperialismo, para que suelten un poco la bolsa en beneficio de la población hambrienta si aún quieren viabilizar al régimen democratizante centroizquierdista de Brasil, que ejecuta como todos sus similares una política abiertamente proimperialista.