Prensa Obrera N° 580

La estrategia del PO es la independencia política de los trabajadores, o sea construir un fuerte partido de trabajadores para enfrentar a los partidos capitalistas y su estado, conquistar la mayoría de la clase obrera y establecer un gobierno de trabajadores. Por eso proponemos realizar el próximo 1° de Mayo un acto que marque un paso al frente en este objetivo. Llamamos a un acto político-reivindicativo a todas las organizaciones en lucha por: La defensa y la victoria de los mineros de Río Turbio y los bancarios del Patricios Terminar con la desocupación y los despidos mediante el reparto de las horas de trabajo Asegurar un salario mínimo de 500 pesos a todo desocupado a partir de los 16 años Establecer un salario mínimo de 1.200 pesos (costo de la canasta familiar) y un aumento general de salarios del 50% Derogar la flexibilidad laboral; jomada máxima de ocho horas; convenios colectivos por industria con pari­tarios elegidos en asamblea Por la defensa de los derechos laborales de la mujer y por el derecho al aborto gratuito Por la salud estatal y gratuita y la gestión obrera revocable de las obras sociales Reestatizar el sistema jubilatorio, a cargo de las patro­nales, por el 82% móvil del salario al cese Anular las leyes de impunidad y juzgar a quienes las sancionaron Nacionalizar sin pago a los grandes pulpos, bajo con­trol obrero; que se abran los libros y cuentas de las empresas; cese del pago de la deuda extema Independencia y democracia obrera en los sindicatos; por una dirección clasista

La crisis que envuelve al gobierno de Bussi está reuniendo los ingredientes que pueden llevarlo a su caída. Por un lado, Bussi no tiene los recursos ni los medios políticos para cerrar la crisis con la Compañía General de Agua, luego que el gobierno decretó la caducidad de la conce­sión y el pulpo francés ya planteó como salida para un arreglo la intervención federal. A su vez el Banco Mundial ha suspendido un crédito hasta que la crisis se disipe. Que estos ´pesos pesados' le hayan bajado el pulgar a Bussi, ha acelerado la crisis en Fuerza Republicana, donde un sector que se alinea con el vicegobernador Topa, en forma pública ha planteado que Bussi se debería alla­nar al juicio político que le iniciarían en la Legislatura, mientras que el sector ultrabussista y el propio Bussi han declarado que sería un proceso nulo y amenazaban con no acatar sus resoluciones. Se abriría, así, un conflicto de poderes y con ello el paso a la intervención federal. Bussi especula que asustando con la posible intervención a los tres poderes, la Legis­latura se avenga a un acuerdo político. Los medios han dejado trascender que algunos miembros de la comisión de juicio político liga­dos a Ortega estarían negociando con Bussi. Eso explicaría que Juri haya decidido no dar manda­to partidario a los legisladores, pues el PJ está dividido y plantea que “hay que empezar a pensar en la intervención al P.E (.La Gace­ta, 28/3) Cualesquiera sean las alternativas que se planteen, el 14 de abril la comisión de juicio político debe decidir si inicia o no el juicio polí­tico a Bussi. Para esa fecha la tensión habrá subido de voltaje porque varios gremios ya anunciaron que a partir del 7 de abril comenzarán con medidas de fuerza si se atrasan los sueldos, lo que podría generalizarse y radicalizarse para el 14 de abril si el gobierno no consiguió fondos. El gobierno ha reconocido que está negociando con el Banco Río nuevos créditos para poder pagar los sueldos de marzo. A su vez el secretario de Hacienda reconoció que son ciertas las denun­cias del Tribunal de Cuentas acerca de las “exorbitantes” cláusulas que impuso ese ban­co para otorgar un crédito de 5 millones de pesos cedido el mes pasado, delegando el gobierno los fondos de coparticipación a favor del Río para la recuperación del crédito. Según el Tribunal de Cuentas, con ese crédito la coparticipación que­dó afectada en el 99,99%. Esos datos no hacen sino confirmar que el estado provincial está en una situación de cesación de pagos. A pesar de la gravedad de la crisis, o precisa­mente por ella, la Municipalidad y los burócra­tas de la CGT y el CTA, están jugados a que la crisis no supere el recinto de la Legislatura. Así, ATE ha llamado a la 3" “marcha a pata y pulmón" recién para el 15 de mayo. ATEP (docentes) a pesar que cumplió el miércoles 1° y jueves 2o un paro en forma masiva, ha prolonga­do la tregua, cuando el mandato era retomar la huelga indefinida si no había respuestas a par­tir del 31/3. Por eso tiene gran importancia el rol movilizador de la multisectorial contra la impunidad, que ha decidido llamar para el 14 de abril a una concentración en la Plaza independencia, con la consigna de “Fuera Bussi Ya”, no a la Interven­ción Federal, no al continuismo sin Bussi, junto a una serie de reclamos para enfrentar los planes del Banco Mundial. Se trata de superar mediante la acción movilizadora independiente, la inac­ción de la Multipartidaria y sus burócratas. En ese marco, en la Multisectorial y en la Coordinadora autoconvocada se ha planteado la necesidad de unificar un llamado a un gran acto de lucha de los trabajadores conmemorativo del 1° de Mayo en la Plaza Independencia.

El Concejo Deliberante de San Martín, con el voto de la totalidad de los concejales de la Alianza y de 11 de los 12 del PJ, resolvió “suspender” por 90 días al intendente Libonati y formar una “comisión investigadora” que determine las razo­nes de un faltante de 14 millones de dólares del presupuesto municipal. La virtual unanimidad no puede esconder la descomposición del PJ y los intereses que se mue­ven por detrás de la caída del intendente. Los viejos aliados de Libonati acordaron con Brown, Barrionuevo y Duhalde el desplazamiento. Los intentos de Libonati por resistir fracasaron. Las fallidas movilizaciones del jueves 26 y viernes 27 dejaron en claro el veloz abandono de los punteros. De nada sirvió que invocara el apoyo de Menem y Corach. Libonati había perdido capacidad para impo­ner las privatizaciones que favorecen a los intere­ses económicos que se mueven alrededor del mu­nicipio. En Agosto del 96 un paro de los colective­ros de la línea 670 (de propiedad del municipio) le impuso rápidamente una cláusula de resguardo de la totalidad del personal en el pliego de privatización. Hace un mes, los camioneros de la recolección de residuos le impusieron el respeto a la antigüedad y las condiciones laborales por la nueva empresa que ganó la licitación escozor que cundió entre los trabajadores de Plan Barrio ante la cancelación de contratos y falta de pago lo hizo desandar de esas medidas. La Alianza apoyó la destitución, lo que le permitió poner en la presidencia del concejo a la frepasista Ana Pizurno. Este bloque jamás ha cuestionado el derrotero privatista y antipopular seguido por la intendencia justicialista. El pueblo de San Martín, acosado por elevados impuestos, la miseria creciente de sus trabajadores, la ruina de los pequeños comerciantes, no tuvo cabida en esta crisis. Por eso, el déficit se resolverá a su costa y con mayor endeudamiento de la comuna, nunca tocando el interés del gran capital. No sólo está agotada la intendencia, sino el propio régimen de gobierno del municipio, que se encuentra en manos de carreristas al servicio de las empresas de servicios y sus propios negocia­dos (estacionamiento, etc.). Es imperioso abrir un canal de intervención directa de los trabajadores. Que se den a publici­dad todos los contratos del municipio y el uso de sus fondos; que se anulen los contratos lesivos al interés popular; por cárcel y confiscación de los delincuentes; por la condonación de las deudas municipales de trabajadores y desocupados; por la efectivización de todos los compañeros de los ‘planes’ a la nómina municipal y un seguro al desocupado de 500 pesos.

A partir de la última ronda de nego­ciaciones, el día viernes 3 de abril se realizó una asamblea por la tarde, des­pués de las 15:00hs. En esta convocato­ria, los mineros decidieron casi por una­nimidad continuar con las medidas de fuerza... Las vagas promesas de la empresa no convencieron a los trabajadores... por los antecedentes desde 1994, cuando YCRT S.A. firmó una serie de actas, que después no fueron respetadas. A partir del día viernes por la mañana, el primer tumo de mineros decidió permanecer en el interior. En todas las etapas se reali­zan asambleas de discusión... los mine­ros se han organizado en Río Gallegos para la difusión del conflicto, en superfi­cie para el apoyo logístico y ocupando el interior de Mina. En la reunión de delegados se esta­bleció: 1°) Convocar a todas las organizacio­nes intermedias de la Cuenca y de Puerto Natales a integrarse al comité de solidaridad con los mineros en lucha y hacerlo en forma efectiva. 2°) Emitir un bono solidario para implementarlo como fondo de huelga. 3°) Designar como representante a dicho comité y voceros de prensa y difu­sión a Raúl Wanzo, Julio Jaime, Ricardo Bordón y Oscar Aballay. En la mañana del domingo a las 10 horas, quedó constituido el Comité de Solidaridad con los Mineros en,* Lucha, integrado hasta ahora por los trabajado­res nucleados en ATE, por las mujeres de los mineros, el gremio de los maestros (Adosac Provincial), los centros le estu­diantes y algunos partidos políticos. Por su parte, la asamblea de docentes (las filiales de 28 de noviembre y Río Turbio) decidió un paro de actividades a partir del día lunes en solidaridad y con el fin de apoyar en la práctica a los mineros por la gravedad de la situación. Entre las actividades centrales del Comité de Ayuda se ha organizado una campaña de recolección de fondos, ya que después de 19 días de huelga, 1.000 fami­lias de la Cuenca Carbonífera “no co­brarían sus sueldos”. También se es­tán organizando comedores paró los mi­neros y los grupos familiares más necesi­tados y la recolección de medicamentos de urgencia. ratos lesivos al interés popular; por cárcel y confiscación de los delincuentes; por la condonación de las deudas municipales de trabajadores y desocupados; por la efectivización de todos los compañeros de los ‘planes’ a la nómina municipal y un seguro al desocupado de 500 pesos.

El jueves 2 un conjunto de organizaciones de Derechos Humanos y partidos de izquierda conformaron una Comi­sión de Solidaridad con los mineros de Río Turbio y como primera tarea decidieron realizar un acto frente a la casa de Santa Cruz en la Capital el miércoles 8 a las 18 horas. Este es un paso adelante. Llamamos a formar comités solidarios en todas las ciudades del país, organizar actos y concurrir masivamente a la concentración del miérco­les.

1° Los mineros nucleados en la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) comunican a la opinión pública en general que el día 3/4/98 en el primer tumo se lleva a cabo una asamblea autoconvocada en el sector tarjetería de minas, dando tratamiento al rechazo del acta en Asamblea General. Visto el incumplimiento de nuestros requerimientos, los 150 trabajadores reunidos deciden por unanimidad ingresar al interior de mina hasta tanto no exista una respuesta satis­factoria a lo peticionado. 2° Al llevarse a cabo las medidas adoptadas y encontrándonos en interior de mina se nos interrumpe el suministro de energía, ventilación, comunicación, etc., entendiendo estos hechos por parte de la patronal en la presión para desistir en nuestras medidas, dejando en clara evidencia con estas actitudes el desprecio de la vida de sus trabajadores. En respuesta a estos hechos, los mineros decidimos continuar con la convicción y firmeza de sostener la lucha por nuestros reclamos. 3° Dado al no restablecimiento por parte de la empresa y CRT S.A. en la normalización de los suministros que rigen para interior de minas deci­dimos profundizar las medidas de acción que se están llevando a cabo. Qué consistirá en la restric­ción de ingresar alimentos al interior de mina. 4° Dado a la aproximación de los días de reflexión con motivo de Semana Santa se realizó un oficio laical religioso. 5° Los mineros del interior mantiene en alto el estado físico, moral y espiritual como el primer día. 6° Va nuestro agradecimiento a toda la comuni­dad de la cuenca carbonífera y a todas aquellas personas que nos acompañan en nuestra lucha.

PO: ¿Cómo se fue gestando el movimiento de muje­res en apoyo a la huelga minera? ER: Hicimos una carta abierta a la comunidad donde manifestamos un poco el sentir de la mujer de los mineros, la hicimos firmar por las mujeres y difundir por radio, luego se leyó en la carpa de la Mina 5. Hicimos recorridas por las escuelas solicitando mercadería, adhesiones de las escuelas y cartas de los niños a los mineros. Fue un grupo de 6 ó 7 mujeres y mineros que hablaban en las escuelas. El día miércoles se hizo un comunicado convocan­do a la movilización para el día jueves a las 15hs., en las cuales los niños y docentes del jardín y la escuela primaria salieron a recibir a los mineros, pusieron música; a medida que avanzaba la movilización se iban sumando más personas (más de 1.000). Hicimos una sentada en la municipalidad, se hizo un acto y convocamos a una movilización para el día viernes en Río Turbio (durante la manifesta­ción cantamos “aquí están, éstas son las muje­res del carbón”). Nos fuimos a la rotonda de entrada del pueblo y leímos las adhesiones y cortamos la ruta hasta terminar este acto con sentada (“el que no se sienta está con la patronal”). Viernes: En Río Turbio hicimos una recorrida por las escuelas, me emocionó lo de la escuela especial 9, los chicos salieron con cartas que de­cían: “Ustedes son el ejemplo”, “Sigan luchan­do”, la movilización me pareció que fue más activa, se podían ver muchos niños con guardapolvo (ha­bía más gente que el día anterior). Nos fuimos al municipio, hicimos una sentada y le solicitamos soluciones urgentes. Que se decidieran cosas concretas. Lo profundo en que se reactive la mina, y si se tiene que ir Taselli que se vaya y que el Estado se haga cargo, el gobierno provincial hace oídos sordos a esto. El fin de sema­na hacemos una vigilia en Mina 5 y el lunes un bocinazo en los pueblos de la Cuenca Carbonífera. Y el martes, al igual que el lunes, se va a hacer una sentada en los colegios secundarios, antes del ingreso y los chicos que adhieran van con los mineros a Mina 5. El domingo se reúnen las mujeres de Puerto Natales (Chile) y el lunes vienen para aquí a participar de este movimiento. “El conflicto se extiende a otro país”. Las mujeres tenemos un poco de cansancio físico, pero con toda la fortaleza de seguir esta lucha.

Tenemos que confesar que fue con ver­dadera sorpresa que recibimos el pasado viernes 3 un fax de la Corriente Patria Libre, con la firma de Tumini y Rudnik, que con el título “Re-reelección: PLEBISCITO para echarlo a Menean”, dice en su texto que “desde PATRIA LIBRE proponemos que se convoque a un PLEBISCITO para expedirse respec­to de si Menem puede o no volver a ser candidato a presidente”. La razón prin­cipal que invoca esta Corriente para seme­jante desatino es nada menos que “(no) permitirle a Menem (que) se vaya como ‘proscripto’ para conducir lue­go al justicialismo en la oposición”. Este disparate desborda todos los lími­tes, pues si Menem perdiera el plebiscito en cuestión, lo que ocurriría sería precisa­mente que quedaría ‘proscripto’ aunque esto fuera la decisión de un voto popular. La única manera de evitar esa ‘proscrip­ción’ sería que el plebiscito lo habilite para presentarse por tercera vez. Con lo que se concluye que la propuesta de “ple­biscito para echar a Menem” resulta en realidad una oportunidad para que trate de quedarse hasta el 2003. Exactamente lo que proponen los Yoma, los Barra y los Menem. En el caso de producirse ese plebiscito, Menem contaría a su favor con el monopolio de los me­dios de comunicación y con la posibilidad de usar un inagotable tesoro de campa­ña. En el comunicado de Pa­tria Libre no se plantea si­quiera el derecho a un ac­ceso igualitario a los medios ni la formación de un comité popular que controle los fondos de la campaña. De la lectura del encabezamiento del comunicado uno hubie­ra esperado que el plebiscito fuera para dar por finalizado el actual mandato de Menem, o sea no solamente ‘proscribirlo’ sino recontraproscribirlo. Lo cual no estaría del todo mal, si el medio permitiera llegar a ese fin, porque todo lo que signifique coartar la acción de los sectores anti-obreros y pro-imperialistas sería altamente positivo, pero en lugar de esto se nos presenta la preocupación por los ‘derechos’ del ‘primer mandatario’. No hace falta decir que la sola propuesta de un plebiscito que trate la re-reelección de Menem, contribuye a mantener la campaña de agitación política que ha lanzado el menemismo. Tampoco hay que mencionar que tiene un carácter distraccionista con rela­ción a los problemas que deberían concen­trar la atención de los trabajadores. Ni qué decir sus posiciones de lucha debiera pelear por la revocación de los mandatos admita poner a consideración exactamente lo contrario: o sea, la perpetuación. Finalmente, no se pue­de dejar pasar este comentario sin señalar que Patria Libre privilegia los ‘derechos’ de Menem con referencia a los millones de derechos populares que Menem pisotea, para los cuales no reclama ningún plebisci­to. Por ejemplo no reclama un plebiscito para anular las leyes de obediencia debida y punto final y, ahora, la anulación de la ley que derogó ‘truchamente’ esas leyes. Tam­poco un plebiscito para que se respete la vigencia de la jomada de trabajo de ocho horas o el cumplimiento del derecho consti­tucional a un salario mínimo vital y móvil, que hoy está calculado en 1.200 pesos. Es decir que defiende al plebiscito en lo que éste tiene de reaccionario, es decir, como medio de arbitrar conflictos entre sectores patronales que superan al parlamento o para encubrir con el voto popular el reforzamien­to del aparato estatal. La iniciativa popular de las leyes, en cambio, debe ser un medio para despertar el espíritu de movilización para arrancar derechos a favor de los explo­tados y golpear al aparato del Estado.

En el número anterior de Prensa Obrera se cometió un error en el título de una de las notas de la página 5. Dice “Carta a los mineros de Río Turbio” cuando en realidad corresponde “Carta de los mi­neros de Río Turbio”.

Impulsado por la UJS, la Comisión Direc­tiva del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas resolvió por unani­midad, realizar un plebiscito por la anulación efectiva de las leyes de obediencia debida, punto final e indulto. El mismo se realizará en todas las sedes en donde se cursan las carreras de la facultad. El plebiscito se reali­zará los días 15,16 y 17 de abril. Esta semana está planificado difundir entre todos los estu­diantes la necesidad de participar de la vota­ción, para lo cual se imprimirán afiches y volantes. La UJS ni bien comenzó el año se lanzó a agitar la consigna de plebiscito para que sea el pueblo el que decida sobre si los milicos deben ir en cana, y no el Parlamento que ya decidió a favor de ellos. La propuesta ganó rápidamente la adhesión del TNT (agrupación independiente que obtuvo más del 35% de los votos por oponerse a la ‘reforma’) que aceptó presentar en el centro la moción que triunfó por unanimidad. Parece que hasta el Ptp, que se opuso en los centros que dirige a convocar plebiscitos, en Económicas partici­pará de la campaña. La imposición del plebis­cito en la facultad más grande de América Latina abre una nueva perspectiva al desa­rrollo de esta campaña en la Universidad, que desenmascara el nuevo punto fina] del PJ y la Alianza. En la misma reunión se votó también la solidaridad del Centro con la lucha de los trabajadores del Banco Patricios, haciéndolo de forma activa con un aporte de 200 pesos a la Comisión Interna para poder desarrollar en forma material su lucha por la conserva­ción de los puestos de trabajo.

Después de amagar por unos días que se ponía al frente de la huelga, la conducción de ATE reveló su verdadero objetivo: levantar la huelga como sea. Durante toda la semana pasada, la conducción de ATE desactivó cuanta iniciativa de lucha se planteaba, apostando todo a la negociación con el go­bierno provincial. Con esta lí­nea, firmó sucesivas actas que pretendía hacer aprobar luego a las sucesivas asambleas, pero que eran invariablemente re­chazadas. El 2 de abril, final­mente se juega a fondo y ad­vierte que “todo lo consegui­do se cae, si no se acepta esto, ya que la Subsecreta­ría de Trabajo se iba a reti­rar de las negociaciones y se vuelve a fojas cero”. La asamblea dura horas, se analiza la respuesta de la em­presa punto por punto, y la cri­sis estalla en los dos o tres pun­tos realmente más significati­vos: reincorporación de los des­pedidos (39) y pago de premios anuales por eficacia (BAE), ante los cuales no hay respuestas concretas. Esto y la falta de de­finición acerca de los días caídos decide el rechazo del acta y la continuidad de la huelga. La dirigencia de ATE pretende des­conocer lo resuelto y monta la maniobra de hacer votar a los sectores aisladamente. Alertados los turnos de mina, a las 14 horas, deciden meterse al socavón y obligan a un dirigente de ATE a acompa­ñarlos. Desde adentro unos 150 compañeros mandan un mensa­je muy claro: que la asamblea se haga ahí dentro porque no van a salir, diga lo que diga ATE. Gra­cias a esta firme actitud, la diri­gencia baja al socavón y esta nueva asamblea ratifica el re­chazo del acta y la ocupación de la mina. Se monta entonces otra maniobra: tratar que los compañeros que manifiestan en Gallegos regresen a la cuenca. Estos se niegan a volver y reci­ben el respaldo de la Comisión de Lucha formada en Río Tur­bio. ATE quiere desactivar la protesta en Gallegos, para no ‘perturbar’ la votación en la Cámara de Diputados dela Ley de re-reelección de Kirchner. Pero también fraca­sa en esta pretensión. La verdad sobre el Acta El conflicto comenzó con el reclamo de treinta puntos formulados en forma algo caótica, que incluyen el conjunto de las reivindicaciones mínimas y que significan el enfrentamiento a la flexibilidad laboral. Tendríamos que decir que esta huelga es la pelea más importante que se desarrolla hoy en el país contra esa flexibilidad. El acta implica “acuerdos”, que en la mayoría de los casos son promesas de seguir conversando sobre esos temas. Por ejemplo, en el punto 19, “Mejoramiento salarial al conjunto de los trabajadores, de acuerdo al costo de la canasta familiar local”, el acta contesta: “19) Tema recompo­sición salarial: La entidad sindical solicita la incorporación al básico de 50 pesos. A ello la empresa propone iniciar de inme­diato en el marco de la comisión paritaria, el tratamiento de la petición del Sindicato respecto de la mejora salarial indicada. El gremio no admite, expresamente, que den­tro de este tratamiento se canjee ningún derecho convencional adquirido” Está claro que la empresa no se compromete a nada. En el tema del personal contratado, la ave­zada más fuerte de la reforma laboral, se solici­taba 15 “Efectivización del personal contratado y revisión de la estructura remunerativa, incluyendo la reincorporación de los contratados despedidos”. El acta dice: “Las partes acuerdan que... abrirán el análisis sobre la situación labo­ral del personal contratado y abordarán la posibilidad de su incorporación en el mar­co de cláusulas transitorias convenciona­les... La empresa se compromete a mante­ner la dotación de contratados… Una vez más, la empresa no se compromete a nada más que a “conversar” y lograr el acuerdo del gre­mio para que exista una planta estable de con­tratados, es decir que ATE convalida la flexibi­lidad laboral. Se agregó como punto 31. Los días de paro: “El tratamiento de este tema se trasladará a la Comisión Tripartita”. La empresa se reserva el derecho de descontar los días de paro o de negociarlos después por otra cosa. Cada punto del acta trucha es similar, es un intento que sólo sirve para desmovilizar ante la magnitud del conflicto, porque YCRT no conce­de nada importante. En la conducta de ATE hay coherencia, porque siempre sostuvo que algunas formas de flexibilidad laboral son inevitables. Pero no es democrática, porque no acata las asam­bleas, ni es solidaria porque en lugar de tomar medidas nacionales de apoyo con una huelga que lleva ya tres semanas, está tratando de quebrarla. Los mineros pueden triunfar La situación se ha tensado en todos los frentes: los docentes de la cuenca carbonífera han votado en asamblea el paro por tiempo indeterminado a partir de mañana, lunes 6 de abril. Ya se hicieron dos recitales en Río Galle­gos, cortando la circulación de la esquina cén­trica de la ciudad durante 5 horas. Las comi­siones de solidaridad en 28 y Río Turbio tienen enlaces de comunicación, centros de recolec­ción de alimentos, grupos de prensa, etc. Kirchner amenaza con una guardia de contrata­dos y funcionarios, que ha indignado a la población por su prepotencia y no ha logrado intimidar a los mineros. El gobierno provin­cial ha silenciado el conflicto en los medios de prensa. Increíblemente, para los canales loca­les simplemente no existe. Tres de los cuatro diarios han dejado de publicar hasta la pala­bra Río Turbio. El FUT llama a movilizarse el martes 7 a la Cámara de Diputados con la consigna SI a los reclamos de los mineros; NO a la re-reelección de sus verdugos. Extender la solidaridad y avanzar hacia un paro comunitario en la cuenca son cartas de triunfo en esta lucha que lleva 3 semanas.

Una gigantesca movilización organi­zada por una multisectorial integrada por los organismos de derechos humanos, CTA, sindicatos, Coordinadora de Estu­diantes Secundarios y Terciarios y parti­dos de izquierda, marchó por las calles de Neuquén. Bajo las consignas “Por la anu­lación de las Leyes de Obediencia Debida, Punto Final e Indulto-Contra la Represión y la impunidad de ayer y hoy”, los manifestantes repudiaron fren­te al Comando del Ejército y la Casa de Gobierno a los “militares genocidas” y sus “cómplices”; los gobiernos de Menem y Sapag y los integrantes de la Alianza. El paso de la movilización por el frente del Comando de la Sexta brigada fue acompañado por el grito de “asesinos”, algunas piedras, tomatazos y petardos. A diferencia de años anteriores nadie custodiaba el edificio y la consigna “Cár­cel a los genocidas” quedó estampada en su fachada. Frente a la Casa de Gobierno, la colum­na atronó cantando “yo sabía que a Tere­sa la mató la policía” y “que se grite, a Teresa la mató el viejo Felipe”. Un importante sector de la columna fue ocupado por la Coordinadora de Estu­diantes Secundarios, la Coordinadora de Estudiantes Terciarios, desocupados y el Partido Obrero, que al transformarse en el bloque numéricamente de mayor peso, im­primió a gran parte de la columna el ritmo de su “batucada” y sus consignas. La movilización culminó en un acto en la Plaza de la Memoria donde hicieron uso de la palabra los organismos de DD. HH. que denunciaron a los “corruptos que están en el Congreso”. Uno de sus inte­grantes, componente de la Corriente de Militantes por los Derechos Humanos, de­nunció que “Graciela Fernández Meijide vendió la memoria de sus hijos” al no votar la anulación de las leyes. Posteriormente, Marcos Munguía inte­grante de la CES y militante de la UJS repudió a la dictadura militar y la impuni­dad que hoy han generado las leyes indultadoras permitiendo que miles de genocidas sueltos repriman a la juventud, denunció también como parte de este ataque que reciben los jóvenes “el desmantelamiento de la educación” y la campaña de amena­zas que lleva a cabo el presidente del Conse­jo Provincial de Educación contra la C.E.S. que reclama por los derechos estudiantiles. A continuación el orador del PO repu­dió el asesinato de miles de compañeros por la dictadura militar, procesos que iniciara el gobierno de la Triple A de Isabel Perón y López Rega y la impunidad presente soste­nida por el gobierno nacional y la oposición aliancista, convocando a los integrantes de la Multisectorial a impulsar que desde colegios, organismos del estado, fábricas y barriadas organicemos un pronuncia­miento plebiscitario de la población contra los genocidas y la impunidad. La contradicción del CTA La CTA convocante y organizadora del acto optó por no hacer uso de la palabra. En un acto que evidentemente choca­ba con su reciente giro político (al pronun­ciarse públicamente la mayor parte de sus componentes por constituirse en una co­rriente interna de la Alianza). La denun­cia pública de la Alianza y su complicidad con el “segundo indulto” ponía a los dirigentes del CTA ante la posibilidad de un abucheo generalizado, por lo que opta­ron por hacer “mutis por el foro”. El 25 de marzo se presentó en Neu­quén el general Balzá, que en un acto descarado e hipócrita “desagravió al Comando neuquino”. “No merecía­mos ser insultados”, declaró el jefe de los genocidas; “este es un agravio in­comprensible”. Refiriéndose a la pinta­da frente al Comando preguntó: “Ahí dice milicos asesinos y genocidas ¿Quién es el asesino? Esto es obra de' un grupo minúsculo de inadaptados y cobardes”. La Multisectorial se reuni­rá a los efectos de repudiar y organizar acciones públicas en contra de las declara­ciones de Balza.

El diario Buenos Aires Económico no vaciló en titular a primera página, el lunes 6, que “Para el Fondo ya hay una pre-crisis”. Entrando en los detalles, infor­maba que los funcionarios del FMI “tra­zaron un panorama sombrío para la economía” y que “Le dijeron a Roque Fernández que al menos dos bancos de inversión internacionales ya es­tán recomendando a sus clientes ba­jar la exposición en la Argentina”. Dada la tendencia ‘neo-liberal’ del diario (ni qué decir del FMI), las adverten­cias de un derrumbe a corto plazo podrían sonar como una presión fuera de libreto para que el gobierno lleve adelante al pie de la letra la política de aplicar impuestos a los salarios a partir de los 700 pesos y para conformar todas las exigencias pa­tronales en materia de ‘reforma labo­ral’. Pero no parece que sea solamente esto, porque en las páginas interiores el mismo diario dice que “De acuerdo con el análisis del FMI (compartido en forma creciente por los banqueros que recomiendan a sus clientes la recomposición de su cartera de in­versiones), si ocurriera un nuevo ataque especulativo en la región, creen que éste recaería sobre nues­tro país y no sobre Brasil y o México”. O sea que Argentina ha superado su ‘Brasil-dependencia’ sin que nadie lo notara, pero solo para descubrir que tiene una descomposición económica de factu­ra casera. Siempre según el mismo diario, “Las expectativas en los mercados inter­nacionales respecto a la vulnerabili­dad de la Argentina están variando de signo rápidamente. Según pudo saber BAE, al menos dos bancos de inversión de primera línea (¿serán siempre los mismos?) han constatado que ya no hay casi flujo de fondos hacia la compra de acciones de em­presas locales en los mercados exter­nos”. No hace falta, sin embargo, consultar a los ‘dos’ bancos para enterarse de esto, ya que la Bolsa de Buenos Aires viene bajando regularmente. Para conseguir un préstamo en el exterior, el pulpo nacio­nal Mastellone tuvo que pagar, la semana pasada, una tasa de interés de casi el 12%, o sea un 75% más de lo que acaba de pagar el pulpo internacional Telecom. El martes 6 se pudo conocer el docu­mento del FMI. Lo que dice es que los precios de las exportaciones argentinas han caído como consecuencia de la crisis en Asia, que el déficit comercial es muy alto y que no habrá fondos internaciona­les dispuestos a financiarlo. La cesación de pagos de Argentina sería precipitada por una corrida como la que hundió al sudeste asiático. Lo que el FMI naturalmente no dice es que hemos llegado a esta situación luego de una década de obsecuente aplicación de los planes del propio FMI. Luego de privatizaciones gigantescas para cance­lar la deuda externa, ésta se encuentra hoy en el punto más alto, de 150.000 millones de dólares. Luego de las privati­zaciones de los bancos provinciales, las provincias deben a los bancos privados y al Banco Mundial más de 5.000 millones de dólares que no pueden pagar. Al cabo de un largo período de sacrificios populares y enrique­cimientos desmedidos de las patro­nales, regresamos, y no por prime­ra vez, al punto de partida de la bancarrota económica. Frente a la inminencia de la quiebra, el docu­mento del Fondo propone, sin em­bargo, ‘más de lo mismo’, o sea reforzar la caja de los bancos y la recaudación del gobierno, para sal­ivar a las patronales del desplome. A los trabajadores que se los lleve el viento. Pero el planteo del FMI tiene una falla de diagnóstico aún más seria. Ocurre que el detonante de una cesación de pagos a corto plazo en Argentina (y en otras partes del mundo) sería un agravamiento de la bancarrota económica en Japón y el sudeste asiático; esto provoca­ría una fuga de capitales en todos los ‘mercados emergentes’ para cubrir las pérdidas que dejaría ese derrumbe. El FMI no solamente fue incapaz de prever la crisis asiá­tica sino, lo que es peor, es aún más incapaz de superarla. Pero sin la posibilidad de superar la crisis in­ternacional, ¿cómo diablos preten­de el FMI dar una salida a la inmi­nente crisis argentina? El peligro más fuerte que se cierne sobre la economía mundial en este momento es que los grandes bancos japoneses dejen de pagar sus deudas, debido a que no pueden cobrar buena parte de los présta­mos que hicieron en Japón y en Asia (alrededor de un billón de dó­lares). Las garantías de esos prés­tamos (propiedades, bienes raíces) se han desvalorizado en gran esca­la y lo mismo ocurre con las accio­nes y los bonos que esos bancos han comprado en las Bolsas de Tokyo y el resto de Asia. Para salvar a los bancos, el gobierno de Japón ya ha emitido en los últimos años unos 7000 millones de dólares; pero esa plata, en lugar de servir para depurar a los bancos en crisis fue llevada por éstos a la Bolsa de Nue­va York o a las europeas, inflando fuera de todo límite sus cotizacio­nes. Un agravamiento de la crisis bancaria en Japón derribará a las bolsas en todo el mundo. En lugar de dar una solución a esta catástro­fe, el FMI quiere que Argentina proteja a los bancos locales, que en su mayoría son además extranje­ros, de sus consecuencias. Una per­fecta idiotez intelectual que no es más que la contrapartida de un callejón sin salida real. No hay que olvidar que en Asia, el FMI impulsa una política de vio­lenta caída del consumo personal y de concentración bancaria e indus­trial. Pero es precisamente esto lo que ha agravado la crisis en la región, porque como consecuencia de ello han caído las exportaciones de los otros países a Asia y son cada vez más numerosos los bancos que se declaran insolventes. Mientras actúa como acelerador de la des­composición económica en el plano internacional, el FMI invoca en Argentina un papel de ordenador económico. Pura patraña. Por la propia naturaleza capi­talista de la crisis, ella sólo puede ser encarada con medidas anticapitalistas. Esas medidas serían de­jar de pagar la deuda externa para detener el vaciamiento financiero del país; nacionalizar sin pago la banca y los pulpos privatizados, bajo control obrero, para detener la fuga de capitales; establecer un monopolio estatal del comercio ex­terior para asegurar el ingreso in­tegral de sus divisas; meter un im­puesto extraordinario a los gran­des beneficios para crear un fondo que financie la industrialización; plantear la inmediata unidad polí­tica de los países del Mercosur y de América Latina contra el saqueo imperialista. Lamentablemente, los trabaja­dores argentinos no se encuentran preparados para enfrentar preven­tivamente esta crisis, toda vez que sus organizaciones principales gi­ran en la órbita de las soluciones ilusorias que proponen las grandes patronales. Incluso en la izquierda se propone como salida ‘reactivar el mercado interno con créditos baratos’, sin tocar la dominación de los monopolios, fingiendo igno­rar que una ‘reactivación’ así concebida sólo servirá para finan­ciar la fuga de capitales mediante la emisión de moneda. Pero la vanguardia de los traba­jadores sí puede tomar conciencia de la crisis inminente y preparar a las masas para enfrentarla, me­diante la propaganda y la agita­ción. La crisis la tienen que pagar ellos. Fuera el FMI y el Banco Mun­dial; reestatización bajo control obrero; no pago de la deuda exter­na; por un plan económico y político de los trabajadores.

Los secundarios de la Ca­pital, el pasado 31 de marzo, cortaron las principales es­quinas de la ciudad para en­frentar la aplicación del de­creto 1.199 aprobado por De la Rúa, que reduce la canti­dad de divisiones en la escue­la secundaria. Establece un mínimo de 30 alumnos por división, de 1° a 3° año, y de 25, para 4° y 5° año; fusionando a las divisiones que no superen esa cantidad. También se es­tablece la eliminación de los turnos que no alcancen el cupo mínimo. Los primeros perjudicados serán los tumos noche. Otras consecuencias se­rían despidos masivos de do­centes y de preceptores. La superpoblación de los cursos que sigan abiertos perjudica­rá la calidad educativa. La nueva Legislatura porteña no ha cuestionado esta medida por decreto. En varios colegios de la Capital se produjeron ocupa­ciones y cortes de la calle ni bien se supo que se cerrarían divisiones. El movimiento co­ordinado que salió a cortar calles mandó, por el momento, el decreto a la congeladora. En estas acciones jugaron un papel destacado los militantes de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios y de diferentes colegios de la Capital. En estos momentos, se estaba discutiendo la posi­bilidad de marchar masiva­mente hacia la municipali­dad. El movimiento estudiantil debe prepararse para este en­frentamiento fortaleciendo sus organizaciones, poniendo en pie los centros de estudian­tes y las coordinadoras para encarar una acción unificada, junto a sus compañeros del conurbano contra la ‘refor­ma educativa’.

La reforma impositiva y la reforma laboral formaron desde el comienzo un solo paquete debido a que la eliminación completa de los aportes patronales en concepto de seguridad social en la pri­mera (y las otras cargas sociales próxi­mamente), producía como resultado que cualquier contrato laboral ‘normal’ se transformara en un contrato basura putativo, o sea sin cargas sociales para los patrones, sin necesidad de que hu­biera para ello una infinita cantidad de los llamados contratos promovidos. A su vez, ‘simplificar’ y ‘normalizar’ la contratación laboral, decía el FMI, eli­minaría la necesidad de la contratación en negro y ayudaría de este modo a terminar con la evasión impositiva y el déficit fiscal. Pero para compensar la pérdida de ingresos que provocaría la eliminación de los aportes patronales, de 2.500 mi­llones de dólares anuales, la reforma impositiva había previsto, principal­ mente, gravar con un impuesto a todos los sueldos superiores a 700 pesos, ba­jando el “mínimo no imponible” que es hoy de 2.400 pesos. La vacilación del gobierno en llevar adelante este brutal atropello contra los miserables salarios de los trabajadores, desató una serie de contradicciones de las que el gobierno no puede salir. Por un lado, reemplazó la elimina­ción de los aportes patronales por una reducción de varios puntos, pero con esto los contratos que prevé la reforma laboral ya no son semejantes a los ‘promovidos’, que no pagan ningún aporte; A partir de aquí la patronal se ‘levan­tó’ contra la reforma laboral, exigiendo el mantenimiento de los contratos ba­sura. Por otro lado, al gobierno no le alcan­zó el aumento del impuesto a las ganan­cias para adicionar a la compensación por el fracaso del impuesto a los sala­rios. La razón es que ganancias se paga al final del 98 o principios del 99, de modo que entretanto quedaría un fal­tante fiscal. Para contornar este proble­ma se armó el impuesto a los activos, como adelanto de ganancias, y se subie­ron los impuestos a las bebidas. Estos cambios provocaron el mayor rechazo de las patronales. Por eso en el informe que se conoció el martes 7, el FMI insiste con el im­puesto a los salarios. No solamente ad­vierte que los ‘parches’ de la reforma impositiva podrían provocar una pérdida de recaudación fiscal, sino que agrega que es necesario aumentar esa recauda­ción por encima del nivel actual. Existe un previsión de que el déficit fiscal del 98 podría dispararse a los 7-8.000 millones de dólares. Las patronales y el gobierno se en­cuentran entrampadas en estas contra­dicciones porque fueron ellos quienes armaron la crisis fiscal para beneficiar­se a sí mismos, en primer lugar La privatización de las jubilaciones derivó 3000 millones de dólares anuales de las Cajas del Estado a las AFJP, lo que luego se fue agravando con la reducción de los aportes patronales y la contratos de empleo precarios. Se llega así a un total anual de 5000 millones de dólares, al cual deben sumarse dos rubros funda­mentales: el pago de los intereses de la deuda externa, que ya llega a los 7.000 millones de dólares, y la evasión imposi­tiva, que se calcula en 15.000 millones de dólares. Si se adicionan estos tres ítems tenemos 27.000 millones de dóla­res que el fisco cede a las patronales, sean industriales o banearías, argenti­nas o del exterior. Es decir que si no fuera por el saqueo capitalista tendría­mos un superávit fiscal de 20.000 millo­nes de dólares en lugar de un déficit de 7.000 millones. ¿Qué es entonces lo que obstaculiza el desarrollo nacional, el costo del traba­jo o el superbeneficio capitalista? La patronal no puede superar la crisis fis­cal sin gravar los salarios y ahogar toda­vía más la fuerza productiva del trabajo. Por eso la ‘reforma laboral’ ha creado una crisis política que deberá crecer en intensidad.

En los últimos quince días se realizaron movilizaciones, cla­ses públicas y sentadas en dos colegios de La Matanza, contra el cierre de cursos en los tumos noche, justificados por la fusión de los cursos de bachilleratos de adultos por “falta de matrícu­la”. En realidad los cursos que se cerraron tienen más de 30 alum­nos por división, pero existe una circular fantasma que recomien­da un mínimo de 50 alumnos. Cuando se crea el plan de Bachilleratos de Adultos, en el año 97, que consta de 3 años, la intención del gobierno era acor­tar en dos años los estudios se­cundarios en los tumos vesperti­no y nocturno. Pero produjo el efecto con­trario. Los bachilleratos de adultos (BA) tuvieron una ex­plosión de matrícula, lo que obli­gó a la apertura masiva de divi­siones. En la Media 20 de San Justo se cerraron un 2° y un 4°. Los alumnos y docentes resistieron la medida mediante la realiza­ción de sentadas en dos días su­cesivos en la puerta de la escuela y la realización de una clase pú­blica el jueves 26 de marzo. En el Echeverría de Ramos Mejía se cerró un curso de 1° año del BA que cuenta con 42 alum­nos. Los docentes resistieron la medida dictando clases desde el 9 de marzo, hasta que la direc­ción del establecimiento proce­dió a acatar la orden de la inspec­ción, cerrando el curso y obligan­do a los docentes a reubicar sus horas en 2o año. El 31/3 los alumnos del tumo noche y el centro de estudiantes cortaron la avenida Rivadavia ante la falta de respuestas de la dirección y la inspección sobre el cierre. Se convocó a una movili­zación para el viernes 3/4 a la Sede de Inspección, para exigir la apertura inmediata del curso. El Centro de Estudiantes del Echeverría convocó a la movili­zación a los otros colegios afecta­dos por las mismas medidas. Son muchas las escuelas afec­tadas por esta situación. Esto plantea la necesidad inme­diata de formar una coordi­nadora intercolegial en el dis­trito que organice a los estu­diantes contra los ataques permanentes del gobierno a la escuela media. Este es el planteamiento que la UJS está llevando adelante.

El importante acatamiento del paro docente puso de nuevo al des­nudo la impasse política de Ctera. Maffei acaba de reiterar que Cte­ra está dispuesta a negociar un acuerdo con el gobierno en el marco de una negociación colectiva, lo que significa que admite revisar el esta­tuto. Colocó todas las fichas en los partidos parlamentarios de la opo­sición (a los cuales ‘agradeció’ sus gestiones), cuando salta a la vista que éstos impulsan y practican la política ‘neoliberal’ de ajuste, en­trega y ataque a los trabajadores. Basta observar a los gobiernos de De la Rúa, Mestre, Verani o Maes­tro. Esto explica los chiflidos con que una parte de la concurrencia respondió al anuncio de la presen­cia de parlamentarios de la oposi­ción. Se sigue con el ayuno, pero no hay el menor atisbo de que se vaya a continuar con las medidas de fuerza o un plan de lucha.

El intendente Alvarez y su flamante brazo ‘izquierdo’, Pa­tricia Bullrich, han lanzado un pomposo “Plan de reorganiza­ción del sistema de seguri­dad” (PRSS), que pondría fin al “estado de indefensión de los vecinos de Hurlingham”, a la corruptela policial e incluso a “los grupos que actúan den­tro de la policía para cometer ilícitos”. Para el tándem Alvarez-Bullrich, todo el problema consiste en la “escasez de recursos técni­cos, económicos y humanos”. La conclusión es que hay que re­forzar el aparato represivo con 200 policías adicionales, más móviles, armas y calabozos. Con un ‘adicional’: que el personal viva en el distrito, lo que han dado en llamar “policía comunitaria”. Sin embargo, en un capítulo del ‘plan’ se afirma que la inten­dencia “cooperará permanen­temente” con la “seguridad privada”, “transfiriendo los servicios adicionales, firman­do acuerdos de complementación con empresas privadas de seguridad y (¡atención!) co­ordinando el accionar de las policías públicas y privadas en la prevención y represión del delito”. Es decir que se privatiza la represión bajo la gestión del Estado. La ‘seguridad’ se hace entonces más conspirativa y secreta, no más ‘popular’. Como supuesta valla frente a los ‘excesos’ represivos, el plan propone un “defensor de segu­ridad”, con la función de convo­car a deliberar a las “fuerzas comunitarias”. Todo el mundo conoce, sin embargo, los vínculos entre esas ‘fuerzas comunita­rias’ y la ‘comunidad’ represo­ra. La Alianza de Hurlingham ha reclamado un consenso en la con­fección del PRSS, en lugar de re­chazarlo de plano. Lo que nuestros jóvenes y ve­cinos trabajadores necesitamos: Subsidio de 500 pesos a todo desocupado mayor de 16 años o trabajo. Juicio y castigo a los respon­sables de desapariciones y críme­nes bajo la dictadura y la Demo­cracia. Organización y entrena­miento propios, barrio por barrio y manzana por manzana, inde­pendiente del Estado.

En la marcha, se vendieron más de 300 periódicos, 122 Tribuna Docente y varias decenas de Calderas. El interés que despertó la compra de materiales tiene que ver, entre otros facto­res, con la deliberación que existe en la masa docente sobre el rumbo a seguir y la búsque­da de respuesta ante el empantanamiento que se advierte en el conflicto. Este debate fue particularmente ostensi­ble en las columnas de Capital donde el desen­canto es muy grande con la política aliancista en el distrito donde esta coalición es gobierno. La presencia de los piqueteadores parti­darios y de Tribuna dio pie a la improvisa­ción de corrillos cuyos participantes solicita­ban explicaciones y debatían las alternati­vas posibles del conflicto.

El jueves 12 de marzo, a los dos meses del asesinato de Juan, un kioskero de Córdoba y Arévalo, se reunió por tercera vez la asamblea de vecinos que recla­man su esclarecimiento. La cau­sa, en manos de la Policía, no ha tenido ningún avance. El kioske­ro en su agonía alcanzó a denun­ciar que el asesino es un policía. Se votó un petitorio para recla­mar al juez, al fiscal, al gobierno de la ciudad, el inmediato escla­recimiento del crimen. Esta comisión ha hecho una gran experiencia, pues de colabo­rar con la policía, ha pasado a acusarla del crimen. Los legisla­dores frepasistas ya no aparecen. La propia composición de la co­misión cambió: han desertado algunos comerciantes y se han integrado algunos jóvenes. La comisión participó de una re­unión de asociaciones vecinales patronales con la policía y el go­bierno de la ciudad para formar el “Consejo de Prevención del Delito”, denunciado su carácter clandestino y antipopular. Una de las “asociaciones vecina­les” candidatas a integrarlo es la de una importante inmobiliaria (Cobas), conocida por su campa­ña contra los travestís y su alian­za con la policía. El viernes 27 de marzo tuvo lugar la reunión para constituir el “Consejo de Prevención del Delito”. Entre las asociacio­nes miembros se cuenta la Uni­versidad de Belgrano, la inmobi­liaria Cobas, la UCR, el PJ y otras “asociaciones” patrona­les. Son los interesados en man­tener la actual estructura poli­cial que favorece sus negocios. El objetivo declarado de “afian­zar los lazos entre la policía y la comunidad” es, en realidad, el de mantener la impunidad y la discrecionalidad del accionar policial. La Comisaría y los fun­cionarios del gobierno de la ciu­dad se negaron a tratar el caso Juan: no se puede violar el secre­to del sumario, no se pueden, constituir en investigadores... Lo único que se puede, en el marco de este Consejo, es man­tener la impunidad. Esto fue denunciado desde el inicio por el Partido Obrero del barrio. Otros sectores que hoy forman parte de la lucha argu­mentan que “se trata de hacer la experiencia”. En el consejo, se anotaron —disfrazados de asociación vecinal, dado que los partidos políticos no pueden participar— los “jóvenes combati­vos” del Frepaso, el local del PC y la propia Comisión de Seguimiento de la Seguridad. Ahora pueden, por ejemplo, “hacer la experiencia” de difundir la encuesta de opinión sobre la seguri­dad en el barrio, propuesta por las autoridades del Consejo, en la que se considera factor de inse­guridad a las casas tomadas, a los inquilinatos, a las villas de emergencia. El Partido Obrero llama a la constitución de una mesa común de las organizaciones de trabajadores, desocupados, habitantes de casas municipales e inquilina­tos, jóvenes, estudiantes, para luchar por imponer las reivindi­caciones postergadas de las gran­des mayorías. ¡Fuera el “Consejo de Prevención”! Por el es­clarecimiento del caso Juan y to­dos los crímenes policiales. La primera tarea es marchar el próximo 13.

Los 400 trabajadores de la empresa La Cabaña de La Matanza, realizaron desde la tarde del lunes 30 de marzo hasta las cero horas del Io de abril, un paro general por la reincorporación de siete despedi­dos. E1 día 30 de marzo a medida que se fueron conociendo los despidos, la línea se fue paralizando en la terminal de Liniers, y a las 19 horas realizaron una sentada en Rivadavia y Gral. Paz, cortando el tránsi­to. El martes 31 realizaron piquetes en la cabecera de Rafael Castillo, impidiendo que los componentes y los cameros salie­ran a trabajar. Mientras la Comisión In­terna se encontraba reunida con la patro­nal en el Ministerio de Trabajo, un parien­te de un componente intentó romper el piquete embistiendo de lleno a un chofer, que fue hospitalizado con las dos piernas fracturadas. Este incidente lleno de indig­nación a los choferes que profundizaron el piquete. Hacia las 18 horas regresó la Comisión Interna y se realizó una asamblea. La interna planteó acatar la conciliación obli­gatoria con los despedidos trabajando. Al­gunos compañeros no estaban conformes con acatar la conciliación obligatoria, ya que luego de los dos paros del año pasado por el intento de modificar el toma y deje, también se dictó la conciliación y los pro­blemas no se han solucionado. Finalmente la asamblea resolvió aca­tar la conciliación por 20 días con los despedidos adentro. La segunda parte de la asamblea debía definir si se retomaban las tareas, durante el turno tarde o a partir del día siguiente. Se resolvió reto­mar de inmediato el tumo pero con la condición de que los primeros en salir debían ser los tres despedidos del turno tarde. Mientras la patronal asignaba los coches, y dejaba a un costado a los despe­didos, varios coches intentaron salir, vio­lando el piquete. Ante la bronca de los compañeros que corrieron a cerrar el por­tón, la policía comenzó una salvaje repre­sión que incluyó balas de goma, gases lacrimógenos, perros y la infantería. La represión policial, y la resistencia de los compañeros, determinó que la nueva asamblea realizada a las 19 horas resol­viera que recién se empiece a trabajar a partir del día siguiente. Los despedidos están trabajando y la actitud de la interna y de los despedidos demuestra que no están dispuestos a so­portar por más tiempo los atropellos de la patronal, que intenta flexibilizar aún más las asfixiantes condiciones de trabajo. La gran ausente fue la burocracia de la UTA, que no hizo nada por este conflicto. Por el contrario se acercaron otras líneas a solidarizarse, lo que plantea la urgente convo­catoria a un plenario de delegados de la zona oeste, ya que estos despidos no son aislados, sino que se están extendiendo a otras líneas.

El proyecto de reforma impositiva ha desatado una virulenta discusión en los círculos patronales. La Unión Indus­trial y varias cámaras empresarias pu­blicaron solicitadas en las que acusan al proyecto de afectar la “competitividad”, encarecer el “costo del capital” y perjudicar a la producción. En el Con­greso, el PJ adelantó que no votará el proyecto a “libro cerrado”. También la Alianza se pronunció, a través de Machinea, por introducirle cambios ale­gando la necesidad de favorecer a los sectores exportadores. Choques Lo más importante de la reforma impositiva es que vuelve a rebajar los aportes patronales transfiriendo un beneficio adicional a la clase capitalis­ta que el Ministerio de Economía cal­cula en 2.700 millones de pesos por año. De sancionarse este proyecto, los aportes patronales quedarán práctica­mente eliminados, y sólo subsistirán los del trabajador. Esto le da el golpe final al sistema previsional que deja de tener sus recursos propios para pasar a depender en forma exclusiva de lo que, año a año, le asigne la ley de Presupues­to. ¿Por qué la reforma impositiva pro­duce entonces esta ‘rebeldía’ en la pa­tronal? El Estado necesita compensar la pér­dida de ingresos que le originará esta rebaja de aportes, porque de lo contrario entraría en cesación de pagos con sus acreedores. Para eso propone extender el IVA a sectores que hoy no pagan, como la medicina privada o la publicidad, o reimplantar algunos impuestos inter­nos (cigarrillos, gaseosas, vinos) que Cavallo anuló en 1996. Aunque el IVA se traslada al público, los sectores patro­nales vinculados a esas ramas temen que les disminuya la demanda y perju­diquen sus negocios. Endeudamiento Sin embargo, el plato fuerte de la crítica está en la parte del proyecto que grava con un impuesto los intereses de los créditos del exterior y en la reim­plantación del impuesto a los activos de las empresas. Según el Ministerio de Economía y el FMI, una parte de esos créditos son autopréstamos. Es decir, las empresas ingresan el dinero ‘negro’ propio que tienen en el exterior en la forma de un préstamo a sí mismas, lo que les permite deducir de sus beneficios los intereses truchos de esos préstamos. Así pagan menos o nada de impuesto a las ganan­cias. Según el viceministro de Economía, Carlos Rodríguez, el 61% de las empre­sas no paga impuesto a las ganancias {Clarín, 29/3). Precisamente las empre­sas que no pagan tienen una relación muy alta de deuda respecto a su patri­monio, confirmando que utilizan el en­deudamiento ficticio con el exterior para no pagar el impuesto a las ganancias. El impuesto a los activos cumple la misma función, pues obliga a las empre­sas a pagar con independencia de lo que digan que son sus ganancias, porque se supone que éstas son disminuidas arti­ficialmente. Al poner un impuesto a los intereses y el impuesto a los activos, el FMI y el Ministerio de Economía no sólo preten­den que las empresas paguen un im­puesto mínimo. Buscan además, que las empresas traigan sus capitales del exte­rior, y que, en lugar de endeudarse, emitan acciones y se abran, de este modo, al ingreso de nuevos capitalistas (extranjeros). El aumento de la deuda pública y privada es la mayor preocupación del FMI y del Banco Mundial, en especial luego del estallido de la crisis asiática. El plan de convertibilidad favorece ese endeudamiento que le otorga un seguro de cambio gratuito al prestamista ex­tranjero. A esto se le agrega que los intereses o las ganancias que se generan en el país con esos capitales no pagan hasta ahora el impuesto a las ganan­cias, lo que realimenta el endeudamien­to. Pero el endeudamiento elevado es el estadio inmediato previo a la quiebra de la empresa y, de conjunto, a la devalua­ción de la moneda Se trata de un fenómeno más gene­ral, como se vio en el sudeste asiático, y como se ve en gran parte de América Latina. Por eso el Banco Mundial lo plantea como una medida de conjunto. Así, el jefe de economistas del Banco Mundial, Joseph Stiglitz acaba de plan­tear el uso de “la política impositiva para, por ejemplo, limitar la exten­sión de la deducción por intereses de deudas nominadas o vinculadas a monedas extranjeras” {Financial Times, 25/3). Aunque la razón que se alega para esto es disminuir la ‘volatibilidad de los movimientos de capi­tal’, se trata en realidad de un planteo de concentración de capital por medio de la absorción de los más débiles por los más fuertes. El economista Guillermo Calvo, que sigue el libreto del FMI y el Banco Mun­dial, también señaló a la deuda interna y externa como insostenible y por eso apoyó la exigencia del FMI de limitar el crédito. Pero sobre todo, porque “una medida semejante golpearía a las entidades más chicas”, lo que para Calvo sería bueno porque “la industria bancaria en Argentina todavía re­quiere más concentración”, {Página 12, 1/4). Naturalmente que se corre el riesgo que este giro del endeudamiento incon­trolado a la apertura de los capitales accionarios provoque una cadena de quiebras. No por casualidad una consul­tora como Coopers & Lybrand plantea que “gravar los intereses del exte­rior y a las obligaciones nacionales sería atacar las bases de la inver­sión” {Clarín, 2/3) y que la reforma es “la peor reforma tributaria del go­bierno de Menem”. Exportadores Para conciliar las necesidades de mayor recaudación con el reclamo de que se bajen los aportes patronales para la seguridad social y no se graven los intereses a los préstamos ni a los acti­vos, la Unión Industrial plantea que la rebaja de aportes sólo beneficie al agro y a la industria, pero no a los servicios, con el argumento de que esto ayudaría a las exportaciones y disminuiría las impor­taciones. Machinea, de la Alianza, es el más ferviente partidario de esta postura de los grandes pulpos exportadores, como Techint. “La prioridad debería ser reducir los impuestos al trabajo (léase aportes patronales) en aquellos sectores que compiten con el exte­rior... El impuesto a los activos es un mal impuesto. No se pueden cambiar las reglas impositivas de un día para el otro. El caso más evidente es el de los intereses de los préstamos” {La Nación, 29/3). En la misma línea se pronunció el cavallista Juan Llach y, en las últimas semanas, lo mismo hicieron Roggero y Lamberto, del PJ. De esta forma se ha ido delineamien­to un frente ‘nacional’ contra Roque Fernández y el FMI. Por eso, se vuelve a hablar de cambios en el gabinete que podrían tener la bendición de la mismí­sima Alianza.

En la reunión que el pasado 6 de abril realizó la “Comisión de Memoria, Verdad y Justicia”, que organizó la marcha de 20 mil personas el último 24 de marzo, Izquierda Unida y el Ptp se opusieron a la realización de un acto común el próximo Io de Mayo. En la Comisión militan partidos de izquierda, agrupaciones sindicales y organizacio­nes de derechos humanos. Nosotros ‘entendemos’ perfectamen­te bien las razones de esta posición. Iz­quierda Unida no quiere ‘empañar1 lo que se ha propuesto convertir en un resu­citado sello electoral. Acepta como aliados a eventuales emigrantes del Frepaso, por eso coqueteó a Juan Pablo Cañero con la ilusión de que éste fuera consecuente al menos con una votación solitaria de la anulación de la obediencia debida. Se ‘arrepiente’ de no haber sabido mántener a la vieja lU y ahora está francamente decidida a no apartarse de las exigencias del electoralismo. La sabiduría ‘estraté­gica’ de IU se reduce a lo siguiente: si Menem divide a la Alianza o si el candida­to de ésta es De la Rúa, existe la posibili­dad de que se divida el Frepaso y de que de aquí salga un candidato ‘nacional y po­pular" para IU. Por eso, IU hará sólita un acto del 1° de Mayo, pero no se olvidará de acusar a todos los demás de ‘sectarios’. La posición del Ptp es todavía más ‘comprensible’. Desde fines del año pa­sado viene asegurando la inminencia de un ‘argentinazo’ provocado bajo la ba­tuta del MTA. Ya estamos a mediados de abril y ni siquiera tiene fecha un prometido paro aislado. Tampoco la opo­sición aliancista o el duhaldismo mues­tran las agallas que el Ptp le atribuye a la burguesía nacional y a los sectores patrióticos —no hablemos ya de Patti (rosista) y Rico (malvinero). La CTA, por su lado, ha decidido llamar a una ‘jor­nada,’ el 28 de abril, que de por si anun­cia el intento de vaciar el 1° de Mayo. El 8 de marzo pasado el Ptp organizó un ‘abrazo’ para defender la mesa de dine­ro que es el Banco Nación, pero tampoco los anuncios de privatización de la cueva provocaron arrestos de lucha de la oli­garquía nacional. Ante semejantes fra­casos y reveses, la receta burocrática aconseja ‘fortalecer’ al ‘partido’. Por lo tanto, el Ptp alquiló la Federación de Box. La realización de un acto de trabaja­dores, o sea clasista, el Io de Mayo sí fue apoyada por el Mas y el PC (fracción congreso extraordinario), y su posibili­dad fue defendida como positiva por la representante de los Familiares de Des­aparecidos. El asunto es que el próximo 1° de Mayo se plantea la misma necesidad que acabó deformada el año pasado: un acto de clase, o sea un acto de las organi­zaciones partidistas y no partidistas de los trabajadores, para luchar por la in­dependencia política de la clase obrera respecto a los capitalistas, sus partidos y su Estado. El agotamiento del mene- mismo y hasta el desmoronamiento del peronismo obligan literalmente a plan­tear que los obreros se organicen en forma independiente, en forma más aguda y contundente que nunca. Esta necesidad se acentúa como una posibili­dad por el rápido re-ingreso del país a nuevas convulsiones económicas. Las ideas revolucionarias empiezan a crecer en autoridad como consecuencia del agotamiento de las experiencias demo­cratizantes (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde), que no han sido más que marionetas del imperialismo. Hay una prueba de hierro a la que debe someterse cualquier acto que se haga el 1° de Mayo: ¿cómo puede servir para la lucha de los obreros en los soca­vones de Río Turbio: con unidad clasista o electoralismo democratizante? ¿Cómo puede servir a los bancarios del Patri­cios, a los jubilados, a los desocupados de las barriadas de Neuquén o Florencio Varela, o al conjunto de los docentes? ¿Cómo puede servir para la solidaridad con los Sin Tierra de Brasil o los mineros y cocaleros de Bolivia: unitario de clase o divisionista electorero? El Partido Obrero declara abierta­mente que lo que está en juego el 1° de Mayo es simplemente esto: o estrategia de independencia obrera o recauchutaje de experiencias democratizantes, sean patronales o pequeño burguesas. Por esto mismo creemos que la movilización del 1° de Mayo debe adquirir un alcance mayor que en el pasado, mediante actos de unidad obrera y clasista en la mayor parte de las ciudades y pueblos en toda la semana previa al primero. Es necesa­rio poner al próximo 1° de Mayo en el verdadero contexto de la lucha política en Argentina: mientras el polo político capitalista del peronismo y la Alianza se consuma en el fracaso ante la crisis y se descompone con rencillas internas, los trabajadores necesitan vitalmente una salida que hable en su propio nombre. Llamamos a todos los partidos de izquierda y a todas las organizaciones luchadoras no partidistas a organizar un 1° de Mayo internacionalista en co­mún, con la clara conciencia de que marchamos de este modo a la consuma­ción de una estrategia política.

Nuevos hechos confirman la existencia de una crisis financiera que desmiente la ‘tesis’ oficial sobre la fortaleza del sistema bancario (ver Prensa Obrera 579). En febrero último, los cierres de cuen­tas bancadas, en su mayoría por libramien­to de cheques sin fondo “treparon un 104 % contra febrero del 97 y un 44% con respecto a enero” {Clarín, 29/3). A esto se agrega que “la iniciación de juicios co­merciales... superó a todos los últimos febreros, incluyendo al que siguió el tequila” (ídem) y “(que) las quiebras de empresas crecieron un 54% respecto a febrero (del 97)” {Cronista, 1/4). Ante esto, no sirve de consuelo saber que “la suba de la morosidad obedece a un esfuerzo de marketing de los grandes bancos, que... sobrevaluan la capacidad depago del cliente” {Clarín, 29/3). “‘Enfriar la economía para ‘calentar’ a los bancos” La privatización de los bancos provin­ciales agotó los 1.500 millones que puso el Banco Mundial en el Fondo Fiduciario para financiarla, debido a “los rojos mul­timillonarios y la cartera incobrable que presentaban las instituciones” {Cronista, 1/4). Pero el gobierno necesita reconstituir este Fondo Fiduciario para seguir con la “privatización” de los bancos del inte­rior, y “la decisión en este sentido se­ria echar mano a los recursos del Fon­do destinados a la capitalización de la banca privada”, que, sin embargo, están reservados para hacer frente a un derrum­be bancario. Guillermo Calvo, el “habitual consul­tor de los funcionarios del FMF’, acaba de despejar todas las dudas sobre la crisis bancaria: “hay que subir los requisitos de liquidez (encajes, que hoy están en un 20% promedio)... entre un 50 y 90%, dijo, para prevenir una crisis crediticia en Argentina por si cambiara la situación internacional” {Página 12, 1/4). “La industria bancaria en Argen­tina todavía requiere más concentra­ción... no hay nada más peligroso que bancos quebrados pero líquidos” (ídem). El FMI plantea este nuevo ‘ajuste’ porque desde el comienzo de la crisis en Asia (octubre), el promedio mensual de ingreso de capitales externos cayó de 8.000 a 2.000 millones, lo que significa que se corta la ‘bicicleta’ financiera que man­tiene a los bancos en pie. jeres de Puerto Natales (Chile) y el lunes vienen para aquí a participar de este movimiento. “El conflicto se extiende a otro país”. Las mujeres tenemos un poco de cansancio físico, pero con toda la fortaleza de seguir esta lucha.