Prensa Obrera N° 499

Con dos plenarios, la votación de un programa y la convocatoria al Campamento Blanco, se desarrolló una intensísima agitación en San Martín y otros distritos de zona Norte, que culminó, luego de asambleas de escuelas, reuniones, afiches y volantes, con una multitudinaria movilización el viernes 14, de más de 7 horas de duración, y la presencia rotativa de unas 1.200 personas entre padres, docentes y alumnos, cuya permanencia constante nunca bajó de 150. Sin paro de actividades, lo que dificultaba enormemente la asistencia, los docentes y alumnos de decenas de escuelas medias, centros de adultos (CENS), técnicas, artísticas y primarias de San Martín, Tres de Febrero, San Miguel y Vicente López, se las arreglaron para participar en la marcha inicial, en el acto mismo y en la marcha de cierre, que congregó a alrededor de 700 participantes. La presión dentro de las escuelas para salir hacia la plaza fue impresionante; los directores (varios de los cuales hablaron y acercaron sus adhesiones a la radio abierta) alargaron el tiempo de los recreos para permitir que los docentes participaran; muchos de los profesores de las escuelas técnicas y medias cercanas iban y venían, otros suspendieron las clases y marcharon junto a sus alumnos; también hubo directores que suspendieron las clases antes de hora para facilitar la asistencia. Todo esto en medio de un debate entre profesores y alumnos sobre la ley y el acto en la plaza, que tuvo la virtud de unir a docentes y a los jóvenes en un terreno diferente al habitual, el de la lucha conjunta contra la destrucción de la escuela pública que la Ley Federal de Educación trae aparejada. Ver a sus profesores hablando en la radio abierta, marchando con su pancartas y carteles, fue para los jóvenes un ejemplo que seguramente impulsará la organización de los centros de estudiantes allí donde no los hay. Los Centros de estudiantes y agrupaciones estudiantiles de los colegios de la zona participaron activamente. Se destacó la importantísima participación de los estudiantes del EETN Nº 4 Emilio Mitre, del Tomás Guido, del Perito Moreno y de los CENS, que llegaron al cierre con una columna muy organizada. Otro aspecto a destacar fue la participación de varias directoras de escuelas primarias del distrito. También estuvieron presentes las adhesiones del presidente del Centro de Estudiantes del Nacional Buenos Aires, de la Comisión Interna del INTI, de la Coordinadora de Jubilados, de enfermeros del Hospital Eva Perón, de la Unión de Estudiantes Secundarios, de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, de los desocupados de Villa Lanzone y hasta del Suteba de San Martín, entre otros. Otro aspecto destacable fue la participación de numerosos padres, que tomaron el guante respondiendo al llamado que, desde el micrófono, hizo un docente del E. Mitre para que los padres se autoconvocaran también en esta lucha en defensa de la educación pública, que es una lucha de todo el pueblo. La magnitud de la movilización y la enorme expectativa que generó expresan la justeza del programa de convocatoria, que empalmó con las preocupaciones fundamentales de los docentes. Distintos oradores llamaron a los estudiantes a marchar el 21 de junio frente al Palacio Pizzurno y a apoyar la convocatoria a una movilización el 5 de julio, llamada por los Autoconvocados de Tres de Febrero frente al consejo escolar. El Campamento Blanco del 14, como punto de partida de esta lucha, ha sido un éxito total. Ahora tenemos por delante la organización de todos los docentes autoconvocados de la Provincia de Buenos Aires en un Gran Plenario Provincial, resolución de este Campamento. El próximo paso es la convocatoria, también resuelta, a un plenario el sábado 29, a las 9 hs., en el Polideportivo del Emilio Mitre (Lincoln y vías del Mitre, a dos cuadras de la estación San Martín).

¡Abajo el régimen enemigo de la juventud! ¡Por una Coordinadora de estudiantes secundarios! ¡Contra la represión policial! Estas fueron las consignas que presidieron la organización y la convocatoria del recital de la UJS, al que concurrieron 450 jóvenes. El festival, que fue trabajado en los colegios, difundido boca a boca y mediante afiches, adquirió una gran importancia: en Córdoba, un decreto municipal prohíbe los eventos de rock dentro del éjido municipal y ha sido el culpable de la suspensión de los últimos recitales. Como es sabido, se trata de un problema de clase: no se prohíben los ‘eventos’ de grandes figuras como Raphael y la Mona, que pueden ‘arreglar’ con la municipalidad y que consiguen lugares para tocar aunque no reúnan las condiciones de la ordenanza, y sí se reprimen todas las expresiones de música ‘under’, que como es sabido, son organizadas con gran esfuerzo y al margen del gran aparato de los medios de difusión y de los productores de espectáculos públicos. Los jóvenes, que en gran medida siguen expresiones de la música ‘under’, no tienen ni pueden escuchar su música. La UJS, en el marco de su congreso, aceptando un gran desafío y metiéndose en un medio que no conocía, organizó uno de los más importantes festivales ‘heavy’ de los últimos tiempos. Tocaron las mejores bandas cordobesas, las cuales manifestaron su simpatía por el enorme valor de haber hecho este recital y suscitó un gran interés en nuevas bandas, que se han ofrecido para tocar en el próximo recital de la UJS. 450 jóvenes de 16 a 25 años, vestidos de negro como simbolizan los simpatizantes de esta música, en las aulas nuevas de Psicología, repudiaron la represión policial a los jóvenes, las ordenanzas y decretos municipales que prohíben estas expresiones culturales y apoyaron la decisión de la UJS de defender nuestra música y luchar contra un régimen enemigo de la juventud.

En Tres de Febrero se realizó una reunión de docentes autoconvocados, con aproximadamente 70 concurrentes de un importante número de colegios, reflejando las tendencias a salir a la lucha. La mesa integrada por Federico Urich (Suteba San Martín), Macarusse del Suteba central y dos simpatizantes de la Celeste, fue un factor de dislocación de esta tendencia. Macarusse criticó la articulación sin plantear un programa para darle perspectiva al movimiento, aunque se presentó como opositor a la Ley Federal. Este planteo fue refutado en numerosas intervenciones, que denunciaron la complicidad del Suteba con la “reforma educativa”. El objetivo fundamental de la Celeste (y de la Azul y Blanca) al intervenir en este plenario, es el de dividir a los docentes de San Martín y Tres de Febrero, procurando poner un límite al poderoso movimiento docente que está surgiendo desde las escuelas y que en San Martín escapa a su control por el carácter independiente de su organización. Un delegado de autoconvocados de San Martín intervino en el plenario en apoyo a la movilización del 5 de julio y planteó la necesidad de un programa para enfrentar el ataque, reclamando una explicación a la mesa acerca de las razones por las cuales el Suteba no convocaba a un congreso de bases docentes —lo cual no fue respondido—, e invitó al plenario abierto del 29 de junio en San Martín. Un grupo de 15 activistas celestes impidieron la deliberación democrática y el respeto a la lista de oradores para evitar que se discutiera un programa y un plan de lucha más allá del genérico “en defensa de la educación”, lo cual fue posible debido a la falta de claridad acerca de la necesidad de poner en pie un programa. Finalizó la reunión aprobando únicamente la hora de la movilización (18 horas) y lugar (la plaza de Caseros) ... ¡en defensa de la educación pública! lvan y universidades que se quedan afuera; facultades, carreras, incluso cátedras y materias que se salvan y otras que quedan afuera. Es una especie de cadena darwinista, de ‘sálvese quién pueda’, que significa instalar la lógica del mercado —que en este momento es salvaje, para nada transparente y muy oligopólico—, mercado que va a distribuir los recursos en función de la ‘productividad’ de cada unidad académica. Por eso, hay que oponerse muy fuertemente a la paritaria por universidad, porque significa la desarticulación de la Universidad pública, sería el golpe de gracia, más aún si lo aprueba una dirigencia gremial.

La política capitalista del gobierno de Menem y Cavallo está arrasando con las condiciones de vida de la juventud y hasta con su propia vida, como lo prueban los crímenes y la impunidad de la policía de ‘gatillo fácil’. Seis de cada diez jóvenes no tienen trabajo, el derecho laboral ha sido abolido, los que encuentran empleo son superexplotados con la ‘pasantía’ y la excusa del ‘aprendizaje’. Los barrios populares se han convertido en cárceles sin barrotes bajo la prepotencia ilimitada de un Estado Policial comandado por los Menem y Cía. Una nueva etapa Es contra esta catástrofe que la juventud se encuentra en estado de rebeldía: su movilización nacional ha desnudado la barbarie de este régimen y sacado del anonimato a las María Soledad, a los Bulacio, a los Carrasco, a los Castillo, a los Mirabete, a las víctimas de esta política de opresión social. De una punta a la otra del país la juventud ganó las calles contra la reforma educativa del menemismo, derrotó meses atrás la represión en La Plata y ocupó masivamente la Plaza de Mayo el 24 de marzo último contra los ‘demócratas’ de la amnistía y el indulto. Estamos en una nueva etapa. Su resultado depende de la capacidad de darle a este movimiento un carácter de conjunto, un alcance masivo y sistemático. Hay una salida El arma para nuestra victoria existe: es nuestra organización, la confianza en nuestras propias fuerzas, la conciencia de que no se puede esperar nada de este Estado de represores y políticos capitalistas, títeres del Citibank, del FMI y de los monopolios nacionales y extranjeros. Nuestra organización para imponer nuestra salida. Hay una salida para el desempleo: 500 pesos para todo joven al que la gran patronal le niega el empleo. Claro que hay plata: Cavallo se la pasa anunciando todos los días subsidios para los explotadores. Este año reservó 12.000 millones de dólares del presupuesto para los usureros de la deuda externa. Hay una salida para la educación: que el Estado y los municipios dejen de dar prebendas a los patrones y dirijan sus recursos a la escuela, que no se cierren aulas ni se esquilme más el bolsillo de la familia trabajadora con cuotas compulsivas a las cooperadoras. Vayamos a las municipalidades a exigir que no nos cierren más divisiones ni nos despidan a nuestros docentes, a imponer nuestro derecho a educarnos y tener un título —que es lo que ahora están eliminando. Fuera los aranceles y el Banco Mundial de la primaria, la secundaria, las técnicas y la Universidad. Hay una salida para enfrentar a los represores: organizarnos en cada barrio, manifestar en masa contra la brutalidad policial, formar comités de autodefensa para impedir las detenciones anónimas, movilizarnos a las comisarías en defensa de la vida de nuestros compañeros. Hay una salida para acabar con la superexplotación en talleres y fábricas, para acabar con la Reforma Educativa capitalista, para imponer nuestro acceso a la educación. Para darle una perspectiva general a nuestra lucha. La salida es nuestra organización masiva. Nuestra organización Una organización de masas para imponer una salida a la juventud es, entonces, una organización para dirigir nuestras fuerzas contra el poder, contra el Estado de los explotadores, contra su monopolio de la riqueza, de las armas, de la vida. Una organización socialista, es decir, que lucha para acabar con la superexplotación capitalista y el entreguismo desenfrenado, una organización para luchar junto a los trabajadores y a los explotados, para que sean ellos mismos, nosotros mismos, los que gobernemos y decidamos nuestro destino. Para que conquistemos la libertad, expropiando a los explotadores, sus recursos y su poder. Esta es nuestra convocatoria a la juventud que resiste, que se moviliza y que lucha. Que quiere vivir. Con este objetivo, convocamos a realizar un gran congreso de la juventud. A reunirnos en barrios, colegios y facultades y decidir nuestro aporte, nuestras reivindicaciones y nuestros delegados, para deliberar en común cómo intervenir de conjunto en esta lucha decisiva. Es la causa misma de la Unión de Juventudes por el Socialismo, que llamamos a desarrollar en común con todos los compañeros dispuestos a construir una organización de lucha y de masas de la juventud oprimida.

Como parte de las resoluciones del plenario abierto del 31 de mayo, la Coordinadora de Desempleados de Córdoba ha convocado a una movilización para el próximo 28 de junio, a las 10 horas, frente a la sede municipal de la ciudad de Córdoba. La Coordinadora reclama, fundamentalmente, un subsidio de 500 pesos para todos los desempleados mayores de 16 años, y la exigencia del empadronamiento de los desempleados por parte del Estado.

Nuevamente, los trabajadores taficeños salieron en manifestación convocados por la Coordinadora de Lucha; alrededor de 1.500 personas participaron del cacerolazo. Luego, el secretario general del sindicato municipal y dos dirigentes ferroviarios llamaron a reforzar y extender la lucha, marchando a la Plaza Independencia. Se planteó impulsar la formación de una Coordinadora Provincial de Lucha. En el acto se leyó un comunicado de un comité de desocupados, que llamaba a una asamblea de desocupados para el sábado 15. Se hizo presente la UCR con todo su aparato, con su conducción provincial, concejales, legisladores y el diputado nacional Moth, cuya intención de hacer uso de la palabra fue vetada, porque un ferroviario dijo que ese acto era una tribuna de los trabajadores y que los diputados tienen su tribuna que es el Congreso, y que allí debían traer soluciones, y no aprovecharse de la lucha de los trabajadores. La lucha para impedir el cierre de los talleres ha llegado a una fase crítica, pues el 30 de junio es la fecha anunciada por el gobierno para cancelar el acuerdo con el FFCC Belgrano. Ante la presión de la lucha, el gobierno se ha hecho eco de un planteo para sustituir la administración provincial de los talleres por una cooperativa que englobaría a sólo 80 obreros de los 300 que trabajan actualmente; a los racionalizados se les ofrecería la jubilación anticipada, o una variante por el estilo. La Coordinadora ha denunciado esta propuesta como una variante del cierre del taller, porque es inviable una cooperativa sostenida sólo por los trabajadores, o como una variante de la privatización, como en Laguna Paiva, uno de cuyos dueños es Pedraza y Cía. Por ello es crucial mantener, extender y profundizar el actual proceso de movilización. Sólo así podrá impedirse el cierre y las variantes sustitutas con despidos masivos. este tipo de recursos. Entonces, me parece que va a haber universidades que se salvan y universidades que se quedan afuera; facultades, carreras, incluso cátedras y materias que se salvan y otras que quedan afuera. Es una especie de cadena darwinista, de ‘sálvese quién pueda’, que significa instalar la lógica del mercado —que en este momento es salvaje, para nada transparente y muy oligopólico—, mercado que va a distribuir los recursos en función de la ‘productividad’ de cada unidad académica. Por eso, hay que oponerse muy fuertemente a la paritaria por universidad, porque significa la desarticulación de la Universidad pública, sería el golpe de gracia, más aún si lo aprueba una dirigencia gremial.

La Legislatura santafesina está a punto de sancionar una ley que deroga los “edictos policiales”, que permiten a la policía la detención por 24 horas de personas “en averiguación de antecedentes y medios de vida”. No hay estadísticas de la aplicación de ‘edictos’ en el Gran Rosario o la provincia, pero en la Capital Federal se pasó de 28.488 casos en 1987 a 106.273 en 1994 (Página 12, 27/12/95). (En 1990, la Suprema Corte menemista ratificó la “constitucionalidad” de los edictos). ¿Acaso los legisladores santafesinos se aprestan a derogar este mecanismo represivo? Nada de eso. “Que la medida (el edicto) siga existiendo pero con el límite que aconseja el momento” —dice uno de los informantes del proyecto—. Esto implica “dotar a las fuerzas de seguridad de la adecuación tecnológica necesaria para... que al detener una persona (sepan) inmediatamente quién es” y, en tal caso, “los plazos de detención se van a poder acortar” (La Capital, 26/5). En definitiva, mantener los edictos, reforzar la policía, instaurar el ‘movicom’de la dictadura y someter a la población a una razzia permanente. La UJS plantea: movilizarse para arrancar la derogación de los edictos, que determinan la detención “por portación de cara”. Los estudiantes secundarios, a partir de la iniciativa de algunos centros y procentros, impidieron en su momento la virtual eliminación del boleto estudiantil. La Coordinadora, que ha comenzado a funcionar, tiene dos campañas por delante: la lucha contra el cierre de cursos y por la derogación de los edictos.

Con aproximadamente 25 millones de votos, Boris Yeltsin realizó la ‘proeza’ de perder otros 23 millones de sufragios, si se compara los que obtuvo el domingo con los resultados de las elecciones que lo consagraron presidente de Rusia hace cinco años. El bloque opositor, encabezado por el candidato del partido comunista, Gennadi Zyuganov, también hizo de las suyas, pues no logró avanzar un solo milímetro respecto de los votos que había logrado en las elecciones parlamentarias de diciembre último. Quien se llevó las palmas, el general Alexander Lebed, sacó 15 millones de votos pero sólo el tercer lugar, bastante distante de los primeros. La conclusión general que ofrecen estos resultados es que los dos principales bloques en disputa han revelado que sus capacidades de desarrollo político se encuentran agotadas. Uno, el oficialista, porque ha diezmado al país y porque su política sólo sirve a un puñado de especuladores locales y al reducido grupo de pulpos internacionales que se está apoderando de las riquezas estratégicas del territorio ruso y de su reserva de tecnología; el otro, el llamado ‘comunista’, porque es definitivamente incapaz de movilizar a las masas contra este estado de cosas, debido a sus propias aspiraciones de apoderarse de una parte de la propiedad nacional que se encuentra en remate. La recomposición que tuvo el partido comunista en los dos últimos años, desde que Yeltsin atacara al parlamento en 1993, es un fenómeno transitorio, que no resistiría una derrota electoral en el segundo turno. Sin movilizar al pueblo y sin el apoyo de los recursos del Estado para mantener su maquinaria política, estos últimos en llegar al capitalismo no tienen porvenir. Fraude consentido Los principales candidatos ya han aceptado los resultados del escrutinio de urna, lo cual confirma el acuerdo entre ellos para admitir un fraude consentido en favor de Yeltsin. Zyuganov le declaró a la corresponsal de Clarín (18/6) que “el fraude” había sido “tolerable”, sin aclarar que gracias a ese fraude Yeltsin pudo conseguir el primer lugar y con ello restablecer una suerte de autoridad política y la iniciativa del momento, lo cual no es poca cosa. En Chechenia, el boicot a las elecciones fue total, lo que no impidió que se dieran a conocer los resultados de los comicios, en los cuales participaron los corresponsales extranjeros que pretendían probar la seriedad de los controles de la elección. El comisario electoral de la ciudad de Argoun, la cuarta en importancia de Chechenia, informó oficialmente que había votado el 55% del padrón, cuando en realidad nadie había podido hacerlo debido a que los locales de votación estuvieron cerrados durante todo el día (Le Monde, 18/6); lo que resta saber es cómo repartió los votos entre los diversos candidatos. La conducta permisiva de los opositores frente al fraude no debería sorprender, ya que durante toda la campaña electoral aceptaron casi sin chistar un manejo abusivo de los medios de comunicación y de los dineros públicos por parte de Yeltsin, que no tiene antecedentes en los registros internacionales. La Bolsa rusa reaccionó eufórica ante los resultados, pero no hay que confiarse demasiado, porque los especuladores se encuentran al acecho de cualquier ocasión. Los que la llevaron para arriba fueron los banqueros rusos alineados con Yeltsin, pero enseguida comenzó a caer cuando se evidenció que la especulación no contaba con el respaldo de los fondos extranjeros. De acuerdo al Financial Times (18/6), “es improbable que los inversores extranjeros irrumpan en el mercado por una diferencia de solamente dos puntos (en los resultados electorales)”. Antes de la votación, el responsable de los asuntos rusos de la Casa Blanca, S. Talbott, ya se había atajado ante lo que pudiera ocurrir, diciendo que aceptaría a cualquier gobierno que continuara con las ‘reformas’ —es decir, con la confiscación del patrimonio nacional. ¿Cuáles son, ahora, las perspectivas para la segunda vuelta y para el futuro político ruso en general? Una coalición difícil Es claro que la votación va a ser decidida por el electorado del general Lebed, constituido en su mayor parte por quienes anteriormente habían votado al nacional-fascista Zhirinovsky y por una parte muy significativa de las unidades militares. El apuro que manifestó Yeltsin en querer sellar un acuerdo con Lebed, evidencia que la gran mayoría de los votos de éste debe oscilar, en el segundo turno, entre la abstención o el voto al PC, y que lo mismo debería ocurrir con los votos que fueron a Zhirinovsky (6% del padrón). La aritmética electoral condena a Yeltsin a la derrota. ¿Puede evitarla un acuerdo entre Yeltsin y Lebed, para lo cual el primero ya le habría ofrecido al militar un viceministerio a cargo de la totalidad de las fuerzas armadas y de seguridad? Toda la prensa coincide en señalar que lo que haga Lebed no necesariamente comprometerá a su electorado, de modo que el alcance de un acuerdo es forzosamente limitado. Pero existe, además, un serio problema de tipo político, porque aunque Lebed es un firme partidario de la restauración capitalista y es harto consciente de que ésta sólo puede proceder hacia adelante por medio de la colonización financiera e industrial de Rusia por parte del imperialismo, fue retirado del ejército por Yeltsin debido a que se oponía a la política del gobierno en Chechenia, a que denunciaba el saqueo ilegal de la propiedad pública por parte de la camarilla yeltsiniana y, por sobre todo, a que se oponía a cualquier integración de los países del Este europeo en la OTAN, y en forma terminante a cualquier tutela occidental sobre los países bálticos y sobre Ucrania. Si la incorporación de Lebed a un segundo gobierno de Yeltsin tiene alguna importancia, debería significar una crisis con los gobiernos de las potencias capitalistas (e incluso, detonar una crisis entre ellas) y con la camarilla de Yeltsin que controla los servicios de seguridad y los principales negociados. Poco antes de la elección, Kissinger publicó un artículo de crítica a Clinton, en el cual aboga por una enérgica política de extensión política y territorial de la OTAN. De tercero en discordia y de definidor electoral, Lebed podría pasar a jugar el papel de árbitro político, con el apoyo del ejército, y producir eventualmente un cambio en el régimen político que hoy gobierna a Rusia. También hay que considerar un problema adicional, porque para que la maniobra pueda tener un pleno efecto electoral, Yeltsin debería reestructurar su gobierno con la incorporación de Lebed antes del segundo turno, pero en este caso correría el riesgo de precipitar una crisis en su grupo y acabar en un desastre electoral. Este panorama nos está diciendo que no está excluida ninguna variante, desde un fraude aún mayor y un gobierno de coalición (que, para reforzar la integración de Lebed, podría incluir a líderes del partido comunista) hasta un golpe de Estado que suspenda temporalmente los comicios. Hasta el día de hoy, Yeltsin no ha promulgado, como corresponde, una ley votada por el parlamento que establece el procedimiento que se debe seguir para un cambio de mando presidencial, lo cual técnicamente lo habilita para prorrogar su estadía en el gobierno en forma indefinida, sin que importe que se haya elegido un nuevo presidente. Lo que Yeltsin sí ha obtenido de la elección, y esto no es poca cosa con todas sus limitaciones, es la iniciativa para ejercer una presión brutal sobre toda la oposición, para dictar una salida a la impasse creada desde largo tiempo. Desastre Las elecciones no han resuelto ningún problema ni tampoco han abierto una perspectiva para ello. Fueron disputadas entre camarillas y aparatos pro-capitalistas o abiertamente capitalistas, mientras las masas se encuentran relegadas a una posición de cuarto orden. Han sido disputadas por un gobierno que no podría mantenerse siquiera un instante en el poder si no fuera por el apoyo del capital internacional y de sus estados, y por una oposición que, más allá de sus propios apetitos, es perfectamente consciente de que, por su propia política, tampoco podría sobrevivir si no se sujeta al capital extranjero. Pero, al mismo tiempo, el proceso político-electoral ha expuesto el grado extremo de desintegración social y política del país, al cual el capitalismo no lleva por ahora a ningún lado sino a crisis todavía más profundas, cuyas consecuencias internacionales son ya cada vez más acentuadas.

La Coordinadora de Lucha de Tafí Viejo resolvió profundizar y extender la lucha, llamando a un paro general en Tafí y a una marcha a San Miguel para el martes 25. Se resolvió simultáneamente llamar a la Mesa Coordinadora elegida en el plenario de la FOTIA a que lance la iniciativa de una concentración para ese mismo día, y a la CGT “auténtica” y a la Asamblea de Trabajadores a que convoquen a un paro provincial. La lucha de la Coordinadora ha abierto el camino para que los trabajadores se coordinen en toda la provincia y puedan librar una lucha de conjunto contra la política hambreadora del gobierno. ¡Viva la Coordinadora de Lucha de Tafí Viejo!

El año pasado, durante las movilizaciones contra la Ley de Educación Superior, se percibió una politización en un sector del estudiantado independiente. A ese sector pertenecía yo. Viendo la necesidad imperiosa de activar una lucha organizada contra los ataques de parte del gobierno, sin pensarlo demasiado, comencé a relacionarme con militantes de una agrupación de la UTN Regional Buenos Aires, facultad a la que asisto. Esta agrupación estaba alineada en la CEPA (Corriente Estudiantil Popular Antiimperialista), que parecía dispuesta a hacer lo necesario para vencer la ley. Pronto noté que varios militantes de mi agrupación, tanto como la dirección de la CEPA, eran integrantes del PTP, ex PCR (partido que, dicho sea de paso, de revolucionario sólo tiene el nombre). Lo noté por mérito propio, no porque alguien me lo dijera, ya que esto era algo que parecían querer ocultar. Luego, cuando pregunté por las relaciones de la CEPA con el PTP, los miembros de mi agrupación, en un principio, negaron todo vínculo, y más tarde, cuando la mentira se tornó obvia, aceptaron alguna relación, pero que al decir de ellos era mínima. Esta política de camuflaje, de desizquierdización, que aplica la CEPA, intenta ganar al movimiento estudiantil montándose en los prejuicios formados contra la izquierda (sobre todo, en el ambiente universitario). Es decir que en lugar de luchar contra el prejuicio, en cierta forma lo promueven. Es a través de este mecanismo que buscan ganar votos, para tomar luego una actitud netamente burocrática, que sabemos adónde lleva si no es acompañada por un trabajo de agitación y movilización. En este caso particular, desemboca en la transa con la Franja Morada, como se demostró en el último Congreso Nacional de la FUA: aceptaron los votos prestados por la Franja Morada para adquirir la Secretaría General, sin discutir una nueva organización contra la ley ya aprobada, sin plantear el desconocimiento de los estatutos reformados, ni hablar de llamar a un congreso de bases. Todo esto, después de haber dicho y redicho durante meses que “La ley menemista no pasará”, mientras que la ley, en muchos lugares, ya estaba siendo prácticamente aplicada. A raíz de esta política que lleva adelante la CEPA, que nada tiene que ver con los intereses de los estudiantes, fue que decidí alejarme. Fue entonces que empecé a contactarme con miembros de la UJS, que en ese momento eran los únicos montados en una campaña contra el curso de ingreso limitacionista que se aplicaba en mi universidad. A esto se sumaban las medidas que la UJS habían planteado con respecto a la Ley: asamblea de bases y denuncia de la complicidad de la Franja Morada en el movimiento estudiantil, y de la UCR en los rectorados. Me causó además una buena impresión el hecho de que sus militantes no ocultaran su adscripción al PO, cuya política, en el ámbito nacional, correspondía a la de la UJS en la universidad y contrastaba notablemente con la del PTP. Todos éstos fueron factores que determinaron mi decisión de militar en el Partido Obrero.

Las declaraciones ante el juez de un ex director y de un director en ejercicio del Banco Nación, son terminantes: Cavallo ‘sabía’ del contrato con IBM, lo que significa que lo autorizó y, por lo tanto, antes, lo confeccionó. En este contrato hay un fraude ‘menor’ por coima, de 35 millones de pesos, y otro mayor, de sobreprecio, por más de cien millones. Cavallo ordenó su anulación sólo cuando no pudo controlar más el conocimiento de las pruebas del negociado y, aun en esta circunstancia, lo ha hecho para renegociar el contrato e intentar salvar la presencia de IBM en el ‘mercado’ argentino. Tanto o más grave es la estafa de la DGI, incluida la ANSeS, porque aquí los sobreprecios de los contratos informáticos podrían llegar a los 400 millones. Hay que agregar que, en casi todas las provincias argentinas, se aplicó una ‘reforma (informática) del Estado’ similar. Por mucho menos que esto, en Brasil procesaron a Collor, en Venezuela encarcelaron a Andrés Pérez, en Ecuador condenaron al vicepresidente de la República que se encuentra prófugo, en Italia condenaron a Craxi y a Andreotti. Sólo el colombiano Samper, vinculado al narcotráfico, tiene una situación más comprometida. Es la hora de recordar, también, que en el ‘affaire’ IBM se encuentra comprometido Cattáneo, asesor de Kohan, secretario de Menem. Si Cavallo lo permitió y lo confeccionó, Menem ‘no lo ignoraba’. La oposición, sin embargo, sigue jugando a hacer de la ciudad de Buenos Aires una ‘reserva ecológica’, que quedaría protegida como una isla de la Argentina de la desocupación en masa. No llama a ganar las calles ni siquiera para impulsar su pobre consigna ‘contra la corrupción’, porque supone, y teme, que los grandes capitales continúan apoyando al dúo de la ‘convertibilidad’. Obedece, no al soberano, sino al presidente del FMI, Michel Camdessus, quien hace poco desembarcó en Buenos Aires para exigir que cese el ‘acoso judicial’ contra ‘el ministro’. El pueblo debe reclamar el enjuiciamiento y la cárcel para Cavallo y para todo el gobierno, no solamente por corrupción. El régimen Menem-Cavallo es el instrumento político de la mayor ofensiva antiobrera y antipopular que registra la historia. Debe pedir la cárcel, no para reparar la moral ofendida o al Tesoro nacional, sino para acabar con una política y con todos los instrumentos y condiciones que la viabilizan. Asistimos a la evidencia de un inmenso robo nacional en el momento en que millones de trabajadores argentinos pasan miseria y muchos otros millones, además, hambre. El pueblo que se moviliza todos los días por sus reivindicaciones debe añadir la reivindicación nacional del juicio y la cárcel para todos los responsables de la estafa IBM-Estado nacional- provincias, y la expulsión de este ignominioso gobierno antinacional.

Fundamentación Ante la crisis ocupacional reconocida por el gobierno nacional y provincial, y ante los datos obtenidos por la encuesta realizada por las distintas comisiones de desocupados de los barrios de Berazategui, que revelan la existencia de un 52% de desocupación, un 22% de subocupados y que el 61% de la población no cuenta con ningún tipo de cobertura social, y teniendo en cuenta que aún persisten los despidos como en Sevel, Rigolleau, Dupont, Italpapelera, Cancilfer o el cierre de fábricas como la Rab S.A. o las obras en construcción y los docentes que pierden sus cargos por la reforma educativa. Teniendo en cuenta que el subsidio a los grandes grupos económicos ha provocado fuga de capitales y mayor endeudamiento nacional. Solicitamos se aprueben las siguientes medidas: 1) Se declare a Berazategui en estado de emergencia ocupacional. 2) Que el gobierno nacional y provincial provean los fondos necesarios para cubrir un seguro a todo desocupado, a partir de los 16 años, de 500 pesos. 3) Que el gobierno municipal entregue en forma urgente un ticket/canasta de 200 pesos a todo desocupado. 4) Que se prohíba el corte de servicios (gas, luz, etc.) a los desocupados y jubilados hasta la finalización de la crisis. 5) Se condone la deuda por impuesto municipal a desocupados y jubilados. 6) Se exima del pago de impuestos municipales a desocupados y jubilados. 7) Que se provea de útiles y remedios a desocupados, jubilados y sus hijos. 8) Un plan de obras públicas (jardines, colegios, salas de primeros auxilios, viviendas, etc.) financiado con un impuesto a la riqueza. 9) Que no se arancelice la educación y la salud pública o estatal. 10) Pases gratuitos a los desocupados en el transporte. 11) Disminución de la jornada laboral sin afectar el salario.

En la audiencia que puso fin a la conciliación por los 21 compañeros despedidos de la Río de la Plata, la patronal se avino a reincorporar a 18 de ellos. A instancias de la conducción de la UTA se habilitó una conciliación ‘privada’, que no tiene plazo para expedirse ni compromiso alguno de la empresa, para decidir sobre los tres despedidos. La dirección de la UTA sigue desconociendo a la asamblea que en forma aplastante resolvió la destitución de la interna y mantiene en funciones a los delegados repudiados. En una franja del activismo y de las mujeres de los choferes (uno de los sectores más activos del conflicto y casi todas ellas, participantes del Encuentro de la Mujer) se decidió fijar como plazo el lunes 24 para una eventual asamblea que resuelva qué hacer en caso de que no haya reincorporación de los tres despedidos, y también se decidió retomar la olla popular.

“Nuestra Coordinadora, que viene desarrollando un plan de lucha para evitar el cierre de los Talleres, o cualquier otra resolución que implique despidos de los trabajadores ferroviarios, considera imprescindible unificar los reclamos y la lucha del pueblo trabajador, como quedó expresado en oportunidad de la pueblada del 17. “Denunciamos que el llamado ‘Plan de Ajuste’ de Menem y Cavallo, y que aplica Bussi, no es sino el plan del Banco Mundial y de los grandes capitalistas, como los agrupados en la Fundación del Tucumán...”. “Denunciamos que el plan de ajuste del bussismo es el mismo plan que están aplicando las patronales en sus empresas. Con el estatuto de las Pymes se abrió la vía para el desconocimiento de las principales conquistas históricas de los trabajadores (liquidación de la estabilidad laboral, de la jornada laboral de 8 horas, del descanso dominical, de las vacaciones anuales, etc.). “Esta política, ahora, sigue el modelo de convenio que la Fiat ha firmado con el Smata...”. “En resumen, se pretende ... acentuar la superexplotación de los trabajadores, única vía de acrecentamiento de los beneficios capitalistas. “Denunciamos que el gobierno de Bussi se jacta de haber sorteado el ahogo financiero, pero simultáneamente anuncia que no pagará el aguinaldo y prorroga la rebaja salarial. “El gobierno anunció que hará su reforma del Estado sin despido, y simultáneamente hizo aprobar el BOSO para entregárselo a los trabajadores públicos que quedarán en la calle...”. “Es por todo esto que la Coordinadora de la Lucha de Tafí Viejo propone: Un plan de lucha provincial dirigido a asegurar el cobro al día y sin rebaja de los salarios y el aguinaldo; la molienda del Ingenio Leales, la defensa de los Talleres Ferroviarios, de la DPA, la Dirección de Construcciones Escolares, el Archivo Histórico, Familia y Minoridad. Ocupación de toda repartición o fuente de trabajo pública o privada que esté amenazada con el cierre o con despidos. Defensa de la Caja Previsional, vigencia del 82% móvil, formación de una comisión de trabajadores y jubilados para investigar el destino de los fondos previsionales, la defensa del Subsidio de Salud y de la Mutualidad Provincial, la investigación del destino de los aportes y su control por parte de los trabajadores; defensa del hospital público gratuito, eliminación de toda forma de arancelamiento, defensa de la educación pública, por un seguro a los desocupados de 500 pesos, asegurando su cobertura social; anulación de la privatización del agua y de los aumentos tarifarios que la han acompañado; no a la privatización del Banco Provincia, apertura de sus cuentas para investigar su vaciamiento; control por parte de los trabajadores de los ingresos de fondos a la provincia para asegurar la resolución de sus aspiraciones. “Llamamos a conformar coordinadoras de lucha en todos los pueblos y una Coordinadora provincial; llamamos a realizar Asambleas Populares, como la realizada en Tafí Viejo, donde se votaron los reclamos y el plan de lucha en defensa de los Talleres. Llamamos a la CGT ‘auténtica’ y a la Asamblea de Trabajadores a formar un comando común para retomar un plan de lucha único por todas estas reivindicaciones. “Llamamos a formar comisiones de desocupados y a apoyar la realización de un Congreso Nacional de Desocupados, resuelto por el Primer Congreso Provincial de Trabajadores Desocupados, realizado el 24 de mayo en la ciudad de Neuquén. “Llamamos a coordinar e impulsar nacionalmente una campaña por la libertad de Panario, Christiansen y demás presos políticos, por el cese de la persecución y procesos (como los sumarios a los médicos del Hospital de Niños), y que ya suman más de 500 en todo el país, contra los luchadores obreros, juveniles y populares. Abajo las razzias. “Llamamos a impulsar un plan de lucha nacional por paritarias libres y convenios por industrias, para aumentar los salarios y defender la jornada de 8 horas, y contra los planes de despidos masivos y ataque a las conquistas que trae aparejados la segunda reforma del Estado”.

El miércoles 2/6, dos combativas asambleas votaron por unanimidad implementar a partir de las 0 hs. del día siguiente, un quite de colaboración en procura de una solución al problema de los ‘ineptos’. Este problema fue denunciado en su momento como despidos encubiertos a los que recurre la empresa en su búsqueda permanente de reducir el personal sin pagar la indemnización correspondiente. Luego del examen médico trucho al que es sometido el trabajador, es obligado a renunciar por el 50% de la indemnización, pero hasta que resuelva su situación que puede durar meses, éste queda colgado sin cobrar un peso. La medida tomada por los trabajadores consiste en no entrar al garage a cargar combustible, no picar el boleto en las cabeceras, no utilizar las unidades que no están en condiciones, etc. En dichas asambleas se criticó duramente la actitud pasiva de la UTA y hubo pronunciamientos a favor de una movilización al gremio para apretar a los dirigentes y exigirles un plan de lucha; también se aprobó que de no mediar respuesta alguna de la empresa en el corto plazo, esta medida debía ser profundizada. El cuerpo de delegados exige que los compañeros declarados ‘ineptos’ sean autorizados a desempeñar tareas en una empresa local (la 580) hasta que sean rehabilitados. Según el informe de los delegados, la medida tenía un alto acatamiento (más del 90%). Llamamos a coordinar esfuerzos al conjunto de los delegados y activistas que enfrentan esta situación para poner en pie de lucha al gremio por la inmediata convocatoria a un plenario de delegados que resuelva un plan de lucha.

Pese a su reciente formación y a un limitado número de adherentes, la Comisión de Desocupados de Mercedes es un nucleamiento que ya tiene gravitación política en la ciudad. Es así que llevó adelante numerosas jornadas de agitación y, en los barrios obreros, asambleas populares, en las calles y en las placitas de “Blandengues” Quiroga, Esperanza, San Martín, Obrero, H. Yrigoyen, Villa Ruiz y otros. De esa actividad se lograron reunir más de 1.500 firmas de desocupados, que reclamaban al intendente municipal el pago de un subsidio de 500 pesos. Pero esta labor también dejó importantes conclusiones: que ningún trabajador desocupado debe pagar impuestos, tasas municipales ni suministro de energía eléctrica. A partir de tomar contacto con esta realidad, la mesa ejecutiva de los desocupados de Mercedes denunció ante la opinión local que los desocupados son forzados a ‘engancharse’ en las redes, mientras que los verdaderos delincuentes capitalistas radicados en la zona le deben a Eseba y a las Cooperativas de Electricidad miles de pesos de una tarifa que está subsidiada. La denuncia se extendió inclusive al clero, que recibe todo tipo de subsidios (directos e indirectos) y esto también provocó un verdadero escándalo político ante la posibilidad de que a la diócesis local se le diera la suma de 160.000 pesos para “arreglar la vereda de la catedral”, situación que obligó al bloque frepasista a pronunciarse tenuemente en contra y arrastró al bloque de la UCR a la misma posición. En suma, el gobierno de Duhalde amenazó con retirar el ‘subsidio’ si no es aplicado para tan ‘santos’ fines, pero ya la opinión pública está a favor de que el dinero quede en Mercedes, pero no para la Iglesia. Por otra parte, la Cámara Económica quiere distraer su responsabilidad con la desocupación, lanzando una campaña de radicación de industrias para la zona con el apoyo oficialista. Ante esto, la comisión de desocupados se pronunció contra el convenio Fiat-Smata, contra la ‘flexibilización’, y propone el reparto de horas y la reducción de la jornada laboral. En los próximos días hay una entrevista concedida con los bloques de los partidos y con el intendente municipal. En esa jornada se tiene previsto entregar las 1.500 firmas y una “olla popular”, pero también se hará entrega de una petición a la delegación del ANSeS de Mercedes, ya que dicha repartición abona 200 subsidios. La cuestión es hacer notar que el “Estado burgués” incluso reconoce la desocupación y el subsidio. La clave es que el mismo se extienda a los miles de desocupados mercedinos y se eleve su importe a un mínimo de 500 pesos. Un paso es lograr el empadronamiento. La necesidad de plantear una jornada nacional por el subsidio también es una preocupación de esta comisión de desocupados, que ha seguido con atención el Congreso de Neuquén y sus planteamientos.

A partir del incendio de 15 colectivos del Expreso Quilmes, Línea 98, los medios dedicaron un importante espacio a la “cooperativización” impuesta en la empresa. Según los testimonios de la patronal y de conductores ‘cooperativizados’, la experiencia habría permitido defender la fuente de trabajo de choferes amenazados por el despido, cobrar mejores sueldos, convertir a los trabajadores en accionistas y ofrecer un servicio eficiente. En una hasta ahora ignota línea de colectivos de Quilmes se habría encontrado, entonces, a estar por sus defensores, una salida a la amenaza que pende sobre las conquistas de los trabajadores del transporte, como consecuencia de la reestructuración capitalista. ¿Pero cuál es la ‘verdadera historia’? El plantel del Expreso Quilmes se redujo, entre fines del 95 y abril pasado, de casi 600 trabajadores a 350, como producto de sucesivos despidos. Esto provocó, con las mismas frecuencias, un salto monstruoso en la ‘productividad (superexplotación) obrera’, que pasó íntegra a los bolsillos de la patronal. El plantel ‘racionalizado’ fue tentado, entonces, con la “cooperativización”, que consiste en lo siguiente: *Una “cooperativa” de los choferes se hace cargo del servicio y del cobro de boletos, a cambio de lo cual la patronal recibe un 3% neto de la recaudación. El pago de los gastos que demanda el mantenimiento de las unidades, la administración y los seguros, es adelantado por Expreso Quilmes SA, pero deberá ser reembolsado mes a mes por la “cooperativa”. *Con la recaudación que queda luego de pagar el 3% y los gastos que demande la patronal por sus servicios, se forma un fondo que se reparte entre los ‘cooperativizados’. Con este ‘arreglo’, la empresa tiene, de entrada, un beneficio neto asegurado por el porcentaje de la recaudación, además de obtener la posibilidad de sobrefacturar los gastos de los servicios de mantenimiento de la flota. Pero esto no es lo principal. Lo fundamental del negociado es que la patronal deja de hacerse cargo de los ‘costos laborales’ —obra social, jubilación, etc.—, porque los ‘cooperativizados’ pasan a ser trabajadores ‘autónomos’ que deben hacerse cargo de esos aportes. Además, se embolsa el monto de las indemnizaciones que debería pagar a los trabajadores que cesan la relación laboral y pasan a ser “cooperativizados”. Para integrar la “cooperativa”, los trabajadores tuvieron que pedir un año de permiso por telegrama, algo que está al margen de la ley y del convenio, una verdadera trampa que, como bien advirtieron los compañeros de la agrupación 25 de Mayo, “les puede hacer perder todos sus derechos al considerarse que hubo renuncia tácita al trabajo para Expreso Quilmes SA”. Dicho y hecho, los compañeros mandaron el telegrama pidiendo la suspensión por un año, que la empresa no respondió, para no dar su conformidad y permitirle hacer lo que finalmente hizo: pedirles la renuncia en regla Sin embargo, esto no es todo, porque como la patronal es propietaria de todos los colectivos, ahora exige a los ‘cooperativizados’ que formen un fondo de “reposición” de unidades (es decir, de amortización), ¡¡a razón de 200 pesos por mes por unidad!! Trabajo a destajo La línea 98 está hoy partida en dos. De los 350 trabajadores del plantel, 200 han pasado a ser ‘cooperativos’ y trabajan a destajo, con jornadas de entre 15 y 20 horas, con los coches sin mantenimiento, sin respeto del horario ni del recorrido: “el que se enferma no cobra, si faltan choferes están obligados a hacer dobletes, ejemplo el interno 104 que trabajó 23,20 horas, hacen de mecánicos sábados y domingos” (boletín de la 25 de Mayo). La ‘cooperativización’ ya ha demostrado, muy rápidamente, sus limitaciones, pues en un principio permitió a algunos ‘cooperativizados’ ‘sacar’ 2.500 pesos por mes, como consecuencia del feroz régimen de autoexplotación y de los límites que la patronal impuso a su propia voracidad, para cazar incautos. Pero en el último mes, el mejor salario de los ‘cooperativizados’ no superó los 1.500 pesos. Como se puede apreciar, la experiencia de la 98, la ‘cooperativización’, no es un as que tengan las patronales para demoler la lucha de los trabajadores de la UTA ni tampoco su organización sindical. Es, por el contrario, una clara manifestación de la absoluta falta de salida que los planteos patronales representan para los choferes. Este hecho habrá de hacer más encarnizada y firme la lucha de los trabajadores contra estas patronales. En función de esto entendemos más necesaria que nunca una campaña en toda la UTA, y en particular en la zona Sur, contra la ‘cooperativización’ en la 98, por la defensa de la jornada laboral, el régimen de trabajo y la estabilidad. Se trata de una batalla ‘parcial’ de características decisivas. Las patronales quieren arribar a las paritarias, en principio convocadas para agosto, habiendo impuesto el arrasamiento del convenio y la ‘tercerización’ en líneas fundamentales.

El viernes pasado tuvo lugar en la FOTIA un plenario motorizado por Gumersindo Parajón, dirigente del Partido Pueblo Unido, para “unir al campo popular contra el modelo neoliberal y el plan de ajuste”, que reunió a alrededor de 200 personas. La convocatoria invitaba a todos los partidos con personería electoral, salvo Fuerza Republicana de Bussi, así como a la mayoría de los sindicatos y centrales sindicales. Hubo 30 intervenciones, las cuales sentaron dos perspectivas distintas e incluso antagónicas. Una, que pregonaba la formación de multipartidarias y multisectoriales, defendía una política de colaboración de clases y de subordinación de los trabajadores a los aparatos burocráticos y burgueses. Otra, que planteó la perspectiva de una lucha a fondo y de conjunto de los explotados, para lo cual era necesario unir, por medio de Coordinadoras, a los trabajadores de la provincia e impulsar un plan de movilización. El PO se hizo presente con una declaración que fijaba su posición ante la crisis provincial. El telón de fondo del desarrollo del plenario estuvo dado por la acción que está desplegando, luego de la pueblada del 17 de mayo, la Coordinadora de Lucha de Tafí Viejo, que se hizo presente con una importante delegación y con un documento, el cual fue leído por uno de sus representantes. La intervención de apertura estuvo a cargo de Daniel Blanco, quien luego de un balance de la ‘pueblada’, puso de relieve que sólo la movilización masiva había logrado acorralar al gobierno y a la legislatura, y que la falta de continuidad de una lucha de conjunto y la tregua abierta por las centrales sindicales había sido aprovechada por el gobierno para relanzar su ofensiva de despidos, rebaja salarial y ataque a las conquistas de los trabajadores. Señaló a la experiencia de la Coordinadora de Tafí Viejo como un ejemplo que debía extenderse a todos los pueblos de la provincia. Planteó la necesidad de que la CGT ‘auténtica’ (cuya directiva estaba presente) y la Asamblea de Trabajadores formaran un Comando único para relanzar una lucha unida, y finalmente propuso la realización de una jornada de protesta para el martes 25 contra el cierre de los talleres ferroviarios y de diversas reparticiones, por el pago del aguinaldo y contra la rebaja salarial, y contra el traspaso de la Caja jubilatoria. A partir de aquí, se distinguieron las intervenciones de diversos sectores en conflicto. Hubo varias de Tafí Viejo, de Construcciones Escolares, de la Dirección Provincial del Agua, de los cesanteados del Ingenio La Florida, de la Coordinadora de Jubilados, de los organismos de derechos humanos, los que, cada uno a su manera, reflejaron la problemática de su sector, sus experiencias de lucha y la necesidad de superar el aislamiento, reclamando para ello distintas formas de coordinación. Frente a estas preocupaciones y planteamientos, estuvo el planteo de Horacio Ibarreche, dirigente del Nuevo Partido (ex dirigente de Fuerza Republicana), quien hizo una descripción en cifras de la crisis provincial y formuló el planteo de crear una alternativa para el 99 y el 97, en base a la defensa de un “modelo productivo” que revalorizara la propiedad de la tierra, de las fábricas (es un importante cañero) y de los productos (aumento del precio del azúcar), ya que por la vía de mayores ingresos para la provincia se podría mejorar el salario y la ocupación. Planteó que Parajón era una figura ‘bisagra’ para unir a las fuerzas “de un costado y del otro”, y que la tarea entonces era elaborar ese plan alternativo. En sintonía con este planteo, aunque camuflado, se expresó el Frente Grande en nombre del Frepaso de Tucumán, que llamó a formar una mesa coordinadora multisectorial, que sería la base para crear una alternativa de “todo el campo popular”. Los dirigentes de la CGT ‘auténtica’ se esforzaron por presentarse como combativos y consecuentes. Sin embargo, reivindicaron la marcha del 14 de mayo (porque se hizo sin dinero) en detrimento de la pueblada, que había sido formalmente convocada por la Asamblea de Trabajadores; esquivaron comprometerse de manera concreta con las propuestas de una jornada de protesta provincial, planteando que estaban elaborando un plan de acción en defensa de la escuela y salud públicas y contra la desocupación, y propusieron la formación de un Frente Social. La conducción provincial de la UCR se hizo presente, pero se retiró sin intervenir, posiblemente ante una serie de críticas, algunas inesperadas, como la de Hugo Aseff, de Tafí Viejo, que denunció el pacto de Olivos, la corrupción de menemistas y radicales, y al congreso nacional y la legislatura, a los que calificó como “colegio de martilleros”. Assef defendió, sin medias tintas, la necesidad de poner en pie una Coordinadora Provincial de Lucha; significativamente, una corriente minoritaria del radicalismo, que permaneció en la reunión, defendió la necesidad de formar un frente de lucha y la coordinadora provincial. En las intervenciones de los partidos de izquierda, el más claro fue Patria Libre, porque sin cortapisa planteó que la divisoria de aguas era el ‘ajuste’ y quiénes luchan o no contra el mismo; en definitiva, quiénes están o no contra el ‘modelo’. El resto osciló entre este planteo y el reclamo de que se formen multisectoriales, de un lado, y el sector que reclamaba un plan de lucha y una inmediata jornada de protesta. Al finalizar, Parajón hizo una intervención de resumen, en la que planteó que en la semana se debía apoyar a Construcciones Escolares, que iba a marchar a la legislatura para reclamar la insistencia con una ley vetada por Bussi, que impedía el cierre de la repartición, y a la Coordinadora de Tafí Viejo, que volvería a realizar una marcha en el pueblo. Señaló que, en un futuro, debería convocarse a una Asamblea Popular Provincial, pero significativamente no apoyó la propuesta de convocar a una jornada de protesta provincial antes de fin de junio, adaptándose en este terreno a la pasividad de la CGT ‘auténtica’. Coronó su intervención proponiendo la formación de una mesa coordinadora provisoria (mocionada por un trabajador), integrada por representantes de los sectores en lucha, incluido el propio Parajón. Esto fue visto como una maniobra. El PO mocionó, entonces, para que se constituyera una mesa coordinadora con representantes de los sectores en lucha, sin los partidos, y que tuviera como misión organizar la jornada de protesta provincial. El tratamiento de las ponencias quedó postergado para una nueva reunión convocada para el jueves próximo. Esta inconclusa conclusión del plenario mostró la intención de aprovechar las luchas, y en especial el gran movimiento que se está poniendo en pie en Tafí Viejo, para ir tejiendo un “Frente Social” con finalidades electoralistas, así como la firmeza del PO y de los sectores populares combativos, que quieren organizar a la provincia en una red de coordinadoras de trabajadores en lucha, que llegue a organizar a todos los explotados, sea del campo como de la ciudad. La consigna para impulsar este movimiento es la de una inmediata jornada de protesta provincial y la organización de la huelga general.

La Subsecretaría de Trabajo de la provincia de Buenos Aires prorrogó por cinco días, hasta el martes 18, la conciliación obligatoria en el conflicto de la Río de la Plata, lo que mantiene en suspenso el despido de 21 trabajadores. Los despidos incluyen a compañeros de la comisión de representantes que encabezó la destitución de la burocrática e inepta comisión interna. El plan de la empresa es, con estas cesantías, quebrar toda resistencia a su plan de ‘tercerización’ y de flexibilización laboral. No por casualidad, el directorio de la Río (en el que, por otra parte, revistan viejos personeros de la dictadura militar) planteó, desde el primer momento, la aplicación del convenio Fiat-Smata a todo el transporte. Los trabajadores, en asambleas anteriores, votaron el paro y movilización ante el primer intento de despido. ¿Y la UTA? No se sabe. Sus dirigentes, en distintos escenarios —plenario de delegados de la zona sur, audiencias de conciliación— plantearon que si había despidos UTA “iba al paro”. No hubo una sola línea pública, sin embargo, que comprometiera a UTA y preparara al gremio para una acción huelguística por la reincorporación de los compañeros al primer minuto del vencimiento del plazo de conciliación, como corresponde. La dirección de UTA, a través de sus personeros en la Río, se ha planteado una política de maniobras que consiste en desconocer la asamblea que en forma aplastante resolvió la destitución de la interna y hacer correr, por terceros, la ‘propuesta’ de constituir una nueva interna ‘compartida’ entre el activismo y la burocracia. El único propósito de esto es embarullar a los choferes y desviar las energías de la organización del plan de lucha frente a los despidos —si hubiera un planteo genuino, UTA puede convocar a una asamblea en 24 horas para elegir un nuevo cuerpo de delegados. En la Río se juega una lucha crucial, porque es una de las cuatro o cinco grandes concentraciones de trabajadores del transporte en la zona sur en la que la patronal tiene planteado el arrasamiento del convenio antes de llegar a las paritarias —que serían en agosto. Reclamamos un paro activo de UTA contra los despidos en la Río, contra la “cooperativización” en la 98, contra los “exámenes físicos” concebidos para el despido de compañeros en la Halcón, contra la flexibilización que se quiere imponer en la 28; por un congreso abierto de delegados y activistas de la Capital, el conurbano y La Plata para decidir un plan de lucha y “nuestra” política frente a las paritarias.

La pueblada que ocupó la ciudad de Tucumán el pasado 17 de mayo y que arrinconó físicamente a Bussi en la casa de gobierno, no resolvió ninguno de los problemas que enfrentan las masas de la provincia ni fue suficiente para hacer avanzar siquiera un paso las reivindicaciones populares. La movilización popular de hace un mes no pudo transformarse en una jornada decisiva contra el bussismo, porque las direcciones sindicales que la convocaron habían renunciado al deber de orientarla detrás de un objetivo definido y porque llamaron a la desconcentración en el mismo momento en que se planteaba acentuar la presión callejera mediante una convocatoria a engrosar la pueblada a nuevos manifestantes. La legislatura y el gobierno, es cierto, sintieron el golpe de la pueblada y dieron marcha atrás en algunos planes de cierres de reparticiones y de despidos, pero bastó que refluyera el movimiento para que volvieran sobre sus pasos; es así que Bussi vetó, hace diez días, las leyes que satisfacían algunos de los reclamos de los trabajadores. No solamente hizo esto, sino que forzado por la presión popular a poner los sueldos al día, ahora ha vuelto a las andadas al anunciar la postergación para diciembre del pago del medio aguinaldo y el atraso en los salarios de junio. Del mismo modo, anunció un plan escalonado de despidos, que arrancaría con 3 mil o 4 mil cesantías, y el pago de las indemnizaciones mediante la emisión de nuevos bonos —esto en una provincia cuyo circulante monetario está compuesto ya ahora, en un 80%, de títulos públicos. La política del bussismo es la del menemismo y responde a los intereses de los pulpos agro-financiero-industriales de la provincia, que se benefician en forma gigantesca con la enorme desvalorización de los salarios que provoca la política de despidos masivos y de sustitución del pago de los salarios en moneda por bonos provinciales. Estos pulpos quieren que se pasen a pérdidas los créditos impagos que les dio el Estado tucumano, y que se supere la crisis fiscal a costa de los trabajadores; esto último permitiría volver a convertir al Estado en avalista de los créditos que se obtendrían del exterior. A esta última finalidad responde la privatización del banco de la provincia, cuya cartera de créditos incobrables ha sido asumida por el quebrado Estado provincial. La completa dependencia del bussismo respecto a los pulpos agro-bancario-industriales —invertidos en el azúcar y los cítricos, con vistas a la elaboración industrial y a la exportación— condena al completo fracaso la estrategia de concertación que signa la política de la CGT auténtica (MTA) y de la Asamblea de Trabajadores (CTA). El ‘compás de espera’ de dos meses decidido por la burocracia de estas dos centrales, es responsable de la extensión del reflujo popular más allá de sus límites previsibles. La contraofensiva de Bussi, sin embargo, ha abierto una nueva etapa. Los sectores populares que habían conseguido alguna satisfacción parcial gracias a la pueblada, como Construcciones Escolares o los médicos y directores de escuela cesanteados, han debido volver a la lucha como consecuencia de los vetos del milico videlo-menemista. El pueblo de Tafí Viejo, por la misma razón, ha quedado convencido de que Bussi va a ir hasta el final en el cierre de los talleres ferroviarios, para eliminar la competencia a sectores privatizados o para ofrecer un negocio a los capitales que pretendan aprovechar el mercado abierto por los trabajos mineros que se han iniciado en el norte de Catamarca. Los empleados públicos en su conjunto saben que les esperan 10.000 cesantías; los trabajadores, que pierden la Caja de Jubilaciones. No es muy osado suponer, entonces, que vamos a una nueva pueblada. ¿Cómo impulsarla y cómo prepararla? Tafí Viejo y otros pueblos ya han dado una respuesta: mediante la conformación de Coordinadoras de Trabajadores que confluyan en una gran Coordinadora Provincial, con delegados electos y revocables por las asambleas locales. Las Coordinadoras que se han formado están integradas por trabajadores estatales en conflicto, por lo cual es necesario atraer hacia ellas a los trabajadores agrícolas e industriales con un programa preciso de reivindicaciones. Este proletariado es la llave de Tucumán y se encuentra concentrado en la industria de la alimentación (4 mil obreros), en los ingenios y en las fincas cañeras, citrícolas y tabacaleras. Sufre las consecuencias de una ‘flexibilización laboral’ extrema y recibe jornales-hora que oscilan entre menos de un peso y los dos pesos. Para la zafra que está a punto de iniciarse, la burocracia de FOTIA ha reclamado un incremento de apenas 150 pesos para la totalidad del período de cuatro meses. La riqueza de los pulpos internacionales y nacionales que operan en Tucumán se asienta en el sacrificio, el sudor y la vida de los obreros de la agro-industria. La lucha de Tafí Viejo y de los trabajadores estatales en general, ha movilizado el interés de los políticos tradicionales por razones obvias. A estos políticos los mueve también el hecho de que los grandes negocios de los pulpos no resuelven los problemas de la burguesía comercial provinciana, que avizora la quiebra como consecuencia de la retracción del mercado interno de la provincia. La respuesta de estos políticos a los problemas planteados por la crisis y la movilización popular ha sido propugnar un Frente Social (opositor) que, más allá de su mira electoralista para el 97, plantea como salida un mayor ingreso de fondos públicos para la provincia por la vía de la modificación de la coparticipación federal y, consecuentemente, de mayores créditos. Esta política ya ha fracasado en el país y en Tucumán, volverá a hacerlo, y llevará a las masas a la derrota. Las burocracias del sector auténtico y de la Asamblea se alinean detrás de esta política. La victoria pasa por la acción de las masas y esto requiere su independencia política de la burguesía. Es necesaria una nueva jornada provincial, es decir, otra pueblada, que no se detenga hasta obtener la satisfacción de las reivindicaciones de los sectores que se encuentran en lucha. Al impulso de esta lucha es necesario crear Coordinadoras y una red de ellas a escala de toda la provincia, que incorpore a los grandes sectores obreros. Con relación a los sindicatos y a las centrales sindicales, se impone un reclamo elemental —que formen un Comando Unico de lucha para organizar la huelga general contra el bussismo y arrancar las reivindicaciones populares. La decisión de la AT de postergar la lucha hasta un congreso que se realizaría hacia fines de julio debe ser revisada. La lucha contra el bussismo tiene una importancia estratégica para los trabajadores de todo el país, porque la derrota del milico menemista significaría un golpe mortal a toda la autoridad del actual régimen explotador. Es necesario tomar conciencia de esto y plantear un programa de reorganización social de la provincia bajo la dirección de los trabajadores. La nacionalización sin pago de los grandes pulpos, bajo el control de los obreros, así como el control obrero de toda la gestión gubernamental de la provincia, son el punto de partida de esa reorganización. La reorganización social es la única alternativa para la barbarie creada por el saqueo del capitalismo en descomposición.

La patronal del Expreso Quilmes denunció como “presuntos autores” del incendio de las unidades de la línea, a quienes se oponen a la ‘exitosa’ experiencia de la ‘cooperativización’, en particular a quienes defienden la organización gremial. Quien se detenga a considerar dos minutos este engendro rabiosamente patronal, se da cuenta que la ‘cooperativización’ no requiere de incendio alguno, porque se ‘incendia’ sola. Los ‘ilusionados’ le van dando la espalda al ‘experimento’, mientras que la denuncia del activismo cala cada vez más hondo. ¿A quién podría entonces convenir el atentado? Según Página 12, las unidades siniestradas tenían seguro, por lo que la patronal hace su negocio por este lado, además de aprovechar la ‘volada’ para suspender a cuarenta trabajadores. Según informan los compañeros de la línea, los colectivos correspondían a servicios diferenciales que no estaban corriendo, porque resultaron un fiasco económico.

PO: ¿Qué persigue la patronal? NB: No es sólo un ataque contra mí. Busca meter miedo a mis compañeros y que no reclamen frente al ‘ajuste’ que están haciendo en la Clínica. De 5 han pasado a 3 turnos, con aumento de la jornada de trabajo de 7 a 8 horas diarias y francos rotativos en vez de tener franqueros. También avanzan en la ‘flexibilidad laboral’. Antes, las mucamas limpiaban y las camareras servían la comida a los enfermos; ahora, la mucama tiene doble función: limpia y sirve. Y así reducen el personal a la mitad. Absorbieron todos los adicionales, rebajando el sueldo entre 100 y 150 pesos. Hay dos enfermeras en un piso de 40 pacientes. En Rayos pretenden que los trabajadores vayan los sábados 4 horas más por el mismo sueldo. Con estos cambios, despidieron a 90 compañeros y luego van tomando gente nueva, a la que echan cada 3 meses. PO: ¿Es ‘legal’ tu despido? NB: La patronal inició un desafuero en el ‘92, acusándome de abusar de mis derechos como delegado para no trabajar. Pretendía que no me ocupara de los reclamos de mis compañeros. Antes de que se expidiera la justicia, en el ‘94, me despide, cuando estaba cubierto por la cobertura gremial, y a 4 días de nuevas elecciones de comisión interna, en las que yo era candidato. Me había ido a anotar al sindicato un 18 de abril para las elecciones del 22. Ese mismo día, ¡oh casualidad!, la empresa me despide. Yo tenía cobertura hasta el 6 de mayo. Hace dos años que soy delegado y fui candidato a secretario gremial por la Verde-Bordó, con un recurso jurídico que postergó aquel fallo anticonstitucional. Es una persecución sindical contra los delegados y los opositores que formamos la Verde-Bordó, para dejar a los trabajadores de la Santa Isabel indefensos. Ahora, habiendo vencido el mandato de la interna, los trabajadores de la Clínica le reclaman elecciones al sindicato, pero éste las niega. Evidentemente, los hechos demuestran la connivencia de las autoridades del sindicato con la patronal, para que no haya delegados antipatronales que enfrenten las medidas que están implementando. Quieren conseguir el mismo trabajo con la mitad de la gente y con sus salarios reducidos a la mitad (absorben adicionales, eliminan categorías, agregan horas de trabajo, desaparecen turnos, etc.).

Ante un pedido explícito del asesor letrado de Jorge Brodsky, doctor Pablo Llonto, en el juicio penal que la patronal de La Prensa (Amalia Lacroze de Fortabat) le sigue a este delegado, sobreseído en tres oportunidades por la Justicia y sin embargo ahora procesado por decisión de la sala V de la Cámara, el juez a cargo de la causa —a diferencia de lo que resolviera en su momento el Tribunal que condenara a Ernesto Gutiérrez, otro trabajador del diario de Amalita acusado de ‘falso testimonio’, en un juicio de características aberrantes, presidido por un ex socio del estudio jurídico de la patronal— resolvió permitir la filmación y grabación del juicio oral y público a sustanciarse. Esta resolución constituye una clara victoria, en el sentido de que lo que se diga durante las audiencias podrá ser reproducido y repercutir en la conciencia de cientos y miles de trabajadores que, obligados a luchar, podrán tomar clara dimensión de las características represivas con que se instrumenta a este resorte del Estado (la Justicia) para ilegalizar al movimiento obrero y su lucha, y al cual, en forma creciente, se están viendo enfrentados. El carácter público del juicio servirá para desenmascarar la farsa judicial montada por la patronal videlista, cuyo único objetivo es, ante su evidente hundimiento empresario, amedrentar a los trabajadores para tener las manos libres en cuanto a la resolución futura de la fuente de trabajo. Esto sin perder de vista el carácter ultramontano y fascista de los abogados que tomaron el caso (en el staff figura Roberto Durrieu, secretario de justicia de Videla), que considera una ‘misión’ sentar un ‘leading case’ (caso testigo) contra el movimiento obrero en su conjunto. El Partido Obrero se empeñará en una campaña sobre los distintos medios de prensa (no sólo cables y FMs alternativas) para cubrir este episodio trascendente de la lucha contra la persecución penal a los más de 600 luchadores del movimiento obrero procesados en todo el país, ya que el caso del compañero Brodsky fue uno de los primeros —sino el primero, desde el punto de vista cronológico—, desde el retorno de la ‘democracia’, en el que una patronal resolvió derivar un conflicto eminentemente gremial al fuero correccional. Llamamos a las distintas corrientes luchadoras a cerrar filas detrás del reclamo: “Abajo la persecución penal de Amalita Fortabat al delegado del diario La Prensa, Jorge Brodsky”, y a organizar una concurrencia masiva al juzgado correccional en ocasión del juicio oral y público.

La burocracia de Genta consiguió retener el cuerpo de delegados con 304 votos, contra 294 de una oposición también burocrática que respondía a Datarmini. Las restantes 3 listas que se presentaron sumaron, entre ellas, 166 votos. Como lo reflejan terminantemente las cifras, el voto se polarizó entre las 2 listas que representan a las cúpulas burocráticas de la UOEM, mientras que la izquierda, que finalmente participó dividida en 2 listas, apenas pudo obtener un resultado muy minoritario que, a su turno, expresa un reagrupamiento embrionario del activismo del hospital. Pese al desfavorable resultado electoral, no dudo en reivindicar el trabajo realizado por el Frente de Trabajadores del Ramos Mejía. Desde un principio los compañeros caracterizaron correctamente a las listas burocráticas contrincantes, como representantes de la misma política, que en el caso concreto de la Salud significa una complicidad abierta con la autogestión-privatización del hospital. Para poder enfrentar los planes de Menem-Cavallo y el Banco Mundial para la salud, había que poner en pie una lista completamente independiente de la burocracia y encarar la lucha por su programa. Esto fue lo que hicieron los compañeros del FTRM. ¿Qué debe hacer el Frente ahora? Decir sin pelos en la lengua que la burocracia, inevitablemente, nos va a conducir al desastre, ante la aplicación en plena marcha de los planes del Banco Mundial, y que para enfrentar estos planes hay que seguir el programa de la lista 3. Y algo más: la experiencia del Ramos Mejía hay que extenderla al conjunto del gremio y poner en pie una oposición clasista, que reagrupe a los municipales de la Capital, para enfrentar los ajustes que se avecinan y para ajustar cuentas con los chupamedias de Domínguez que usurpan la UOEM.

El 2 de octubre de 1995, una imponente movilización de desocupados se dirigió a la Casa de Gobierno de Neuquén. Iban a pedir el pago del salario por desempleo. La marcha no fue improvisada. Arrancó del Neuquén profundo y olvidado, el que habita en los barrios obreros, y puso en pie —por primera vez en la provincia— una Coordinadora de Desocupados. Cuando las autoridades comprendieron que la movilización iba en serio, que no era una ‘paseada’ y que tendrían que dar —allí mismo— una respuesta política al largo reclamo, ¿qué hicieron?: llamaron a la policía, repelieron a los manifestantes y los acusaron de subvertir el orden institucional. Luego de esto, en caliente, mientras los manifestantes se iban reorganizando, el gobierno de Sobisch lanzó la voz de mando: “estos trabajadores atacan la democracia; nos quisieron obligar bajo coacción a darles un salario”. Obedientes, los paniaguados del gobierno y su “oposición democrática”, se alinearon en un coro histérico contra los manifestantes. Se lanzó así una ‘caza de brujas’ muy cara a las tradiciones de la provincia de los Sapag. Todavía está fresca en nuestra memoria el recuerdo de aquellas bandas armadas, con pañuelo tapando el rostro, que perseguían a tiros de 45 a los huelguistas de la construcción, en 1984. “Coacción agravada” Desde aquellos días a la fecha, el sapagismo aprendió las lecciones de la democracia. Esta vez no salieron a la calle lúmpenes armados. Para mantenerse en sintonía con los ‘opositores demócratas’, actuaron ‘civilizadamente’, echando mano al Código Penal y al personal uniformado. Es así como el juez en lo criminal Abelleira detuvo a Horacio Panario y lanzó la orden de captura sobre Christiansen, Etchebáster, Chiguay y demás compañeros. Panario fue enviado —y allí sigue preso todavía— a Zapala, distante a 200 kilómetros de su casa. Christiansen quedó detenido, al presentarse, en la nueva cárcel de “Parque Industrial”, sugestivo nombre para encarcelar a un movimiento de desocupados. ¿De qué se los acusa, concretamente, a los compañeros? Del delito de “coacción agravada”, contenido en el artículo 149ter del Código Penal. El delito consistiría en “amenazar para obtener una medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos”. La pena prevista es de 5 a 10 años de prisión, lo que hace al delito no excarcelable mientras dure el proceso y de cumplimiento en prisión en caso de condena. Este artículo 149ter es fruto de la Reforma al Código Penal realizada en 1984 por el gobierno de Alfonsín. Lo votaron por unanimidad radicales, justicialistas (incluido el actual Frepaso), sapagistas y demás partidos provinciales. El artículo en cuestión es un engendro inconstitucional y reaccionario. El delito creado es uno de aquellos que la propia doctrina jurídica considera como “ley penal en blanco”, algo que es ilegal. En este caso, consiste en dejar a criterio del juzgador —y no del texto concreto de la ley— la caracterización sobre las supuestas ‘amenazas’. Pero en un régimen democrático, toda manifestación o petitorio a los poderes políticos contiene una supuesta ‘amenaza’. Los derechos de huelga, de movilización, de peticionar ante las autoridades, involucran siempre un planteo conminatorio al poder constituido, que al revelar su ineptitud para resolver el problema del empleo, la vivienda, la salud y el salario, obliga a esta conducta legítima de los trabajadores. Condena segura La situación de Panario y Christiansen —debemos decirlo con todas las letras— es procesalmente muy comprometida. El juez Abelleira les dictó la prisión preventiva, la que fue apelada. La Cámara II del Crimen confirmó la prisión preventiva, manteniendo los argumentos del juez y denegando un planteo de la defensa para que se considerase como ‘tentativa’ al delito. De acuerdo al Código de Procedimientos neuquino, toca ahora a la Cámara I del Crimen juzgar el caso. ‘Sobran pruebas’ para condenar a los compañeros. Los métodos con los cuales se las ha procurado están a la medida de la situación. Numerosos trabajadores fueron arrancados de sus casas mediante allanamientos —algo innecesario legalmente— para ser llevados a comisaría, donde se los hizo declarar sin abogados luego de largas horas de detención. El rechazo de la apelación de la prisión preventiva ha fortalecido el planteo oficial. Ahora, el fallo de Cámara es obligatorio para el juez. Esto hace inevitable el juicio. Así también ha pasado a ser imposible cambiar la carátula del caso, lo que antes —como muchos esperaban— hubiese habilitado una excarcelación de los compañeros. Tal como está el expediente, cualquier otro compañero que se presente o sea detenido quedará preso inevitablemente. El planteo de ‘tentativa’ que se intentó hacer valer ha sido rechazado, ya que no puede existir el intento fallido en este delito. O se profirió la amenaza, configurando la “coacción agravada”, o ésta no existió. Penalmente no hay término medio. De mantenerse esta situación, la pena no será menor a 5 años de prisión efectiva. Frente Unido Debemos impedir que este tremendo ataque contra el movimiento obrero prospere. La cruda realidad ‘legal’ tiene como contrapartida el extraordinario vigor del movimiento de desocupados, que viene de realizar un gran plenario con el CTA y otras agrupaciones, votando como moción exigir la inmediata libertad de Panario y Christiansen. El sapagismo le teme profundamente a esta poderosa expresión de los explotados neuquinos. Por ello intentará valerse de este ‘proceso’ como amenaza permanente para el movimiento obrero en lucha. En Neuquén, son numerosos los dirigentes obreros procesados. Esta estrategia no es sólo neuquina. Las 600 causas penales contra trabajadores de todo el país revelan la existencia de un plan nacional perfectamente concertado para aplicar el149ter y otros similares a cada lucha en curso. Para eso se votó la reforma penal en el Congreso Nacional. Debemos comprender la gravedad de la situación. Formemos un frente único nacional para defender a Panario y Christiansen. Una Comisión de Abogados única para proveer a su defensa. Extendamos la ola de pronunciamientos nacionales e internacionales, incorporando la denuncia de esta aberración jurídica en curso. Estamos a tiempo para golpear desde ahora como un solo puño y derrotarlos.

Hace dos semanas, en el balance de las elecciones israelíes, preveíamos desde Prensa Obrera que el derechista Netanyahu encabezaría una “coalición —con los partidos religiosos y la ultraderecha— fracturada en cuanto a la política a seguir” y con un “programa (que) choca con la ‘política de paz’ del imperialismo” (Nº 497, 6/6). La prensa internacional, por el contrario, coincidía en pronosticar un ‘gobierno de unidad nacional’ entre Netanyahu y el laborismo. Esta ‘salida’ era, en realidad, la que propiciaba la diplomacia norteamericana, con el argumento de que “construyendo una amplia coalición que abarque a la mayoría del centro así como también a la derecha y los partidos religiosos, Netanyahu puede minimizar su dependencia de los extremistas que quieren cancelar los acuerdos de paz ya establecidos” (The New York Times, 3/6). Han pasado dos semanas y el cable informa que “se enfría la posibilidad de un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios” (La Nación, 11/6). Al mismo tiempo, se señala que parecen imponerse los “sectores (que) sostienen que la reconstrucción del laborismo pasa por la oposición al nuevo gobierno, ante el inevitable deterioro que sufrirá la coalición de Netanyahu”. Estos sectores sostienen que “Netanyahu no logrará resolver la cuadratura del círculo y que las contradicciones de su base de sustentación no le permitirán hacer un gobierno suficientemente aceptable para su reelección” (ídem). Esto deja en pie el pronóstico fundamental de Prensa Obrera después de las elecciones: “La fractura del ‘establishment’ sionista es demasiado profunda, la presión del imperialismo demasiado intensa y la coalición derechista gobernante demasiado contradictoria, es decir, la situación es demasiado explosiva, como para que Netanyahu pueda sobrevivir un tiempo prolongado simplemente haciendo equilibrio. Todo esto permite pronosticar que el gobierno de Netanyahu marcha a una crisis política a corto plazo e, incluso, a la disolución del parlamento y a la convocatoria a nuevas elecciones”.

PO: Carlos, explicános cuáles son tus argumentos. C.M.: Creo que el principal es que el rechazo de la paritaria por Universidad significa rechazar una estrategia global de la patronal, en nuestro caso, el Ministerio de Educación y el Consejo Interuniversitario Nacional, de debilitar el poder de negociación de los docentes universitarios. Esta estrategia se articula perfectamente con el hecho de que la propia labor docente universitaria, por la cantidad de empleos que tiene que tener un docente para mantenerse dignamente, implica una fragmentación de sus lugares de trabajo, una desarticulación en las relaciones con sus compañeros de trabajo, un pluriempleo —que significa, a veces, tener dos horas en una facultad, dos horas en otra, etcétera—, y esto hace que se acentúe la desarticulación del espacio gremial para una lucha social efectiva. La estrategia siempre es dividir. La estrategia en la reconversión de las obras sociales es que las chicas desaparezcan y hegemonicen las grandes; con la previsión privada pasó lo mismo; se habla de provincias “viables” e “inviables”... toda la estrategia global de las nuevas formas que adquiere el sistema de dominación se está proyectando sobre un espacio que hasta hace un tiempo parecía inmune, parecía resistir los embates de esta política, aunque, hay que decirlo, la flexibilización laboral está instalada en las facultades desde hace mucho tiempo, antes que en otros lugares del sistema productivo. El argumento central es que, sin hacer dogma de los mecanismos de lucha social en este caso, nos parece que la paritaria por Universidad responde a los intereses del acuerdo de Colón para la reforma de la UBA; de la instalación del FOMEC; de los incentivos para investigación, que implica dividir a todo el cuerpo docente en beneficiados y perjudicados, o mejor dicho, en privilegiados y no privilegiados con este tipo de recursos. Entonces, me parece que va a haber universidades que se salvan y universidades que se quedan afuera; facultades, carreras, incluso cátedras y materias que se salvan y otras que quedan afuera. Es una especie de cadena darwinista, de ‘sálvese quién pueda’, que significa instalar la lógica del mercado —que en este momento es salvaje, para nada transparente y muy oligopólico—, mercado que va a distribuir los recursos en función de la ‘productividad’ de cada unidad académica. Por eso, hay que oponerse muy fuertemente a la paritaria por universidad, porque significa la desarticulación de la Universidad pública, sería el golpe de gracia, más aún si lo aprueba una dirigencia gremial.

El ex director del Banco Nación, el menemista ‘puro’ Ricardo Imposti, acaba de declarar ante la justicia que Cavallo tenía un conocimiento pleno e íntimo de todos los ‘detalles’ del negociado IBM-Banco Nación. Resulta evidente que en un contrato de semejante magnitud, el ‘nivel de decisión’ superaba por completo al propio directorio del Banco. Cavallo, por otra parte, ha hecho un uso abusivo del Banco Nación para ‘maquillar’ la emisión trucha prohibida por la ley de convertibilidad. La ‘confesión’ de Imposti —respaldada por la ‘confesión’ del director Dentone— le dio ‘estado judicial’ a la certeza de que el negociado con la IBM era una de las ‘cajas’ de Cavallo y que el ‘mediterráneo’ era el principal responsable de la estafa. Al mismo tiempo que Imposti-Dentone involucraban personalmente a Cavallo, el directorio del Nación anunciaba la anulación del contrato. Unánimemente, la prensa la caracterizó como un intento de ‘renegociación’ para salvar lo que se pueda: en medio del derrumbe, el ‘curro’ sigue en pie; funcionarios de la IBM en Estados Unidos reconocieron que “la renegociación de los precios es una alternativa”. Todo esto sirve para confirmar las denuncias que formularon varios especialistas en informática —y que oportunamente reprodujera Prensa Obrera— acerca de que la verdadera ‘plata gorda’ del negociado IBM-Banco Nación no estaba en los 37 millones de la coima, en CCR o en Consad (las subcontratistas de IBM encargadas de montar el famoso ‘sistema muletto’), sino en los fenomenales sobreprecios del sistema principal. Algunos especialistas estiman este sobreprecio en 130 millones, nada menos que el 50% del total del contrato. En cuanto al ‘sistema muletto’ hay que decir que no se trata de una ‘picardía criolla’ sino, pura y simplemente, de una imposición de la IBM de los Estados Unidos. Efectivamente, según se informa en un pequeño recuadro de El Cronista (13/6), “por aquellos días, la casa matriz de IBM, que había estado asociada a la empresa Hogan Systems para utilizar la licencia de esta solución informática, se estaba desvinculando comercialmente de la creadora de este sistema bancario. De esta forma, una recomendación salió de la casa central de los Estados Unidos: los proyectos en los cuales participara IBM debían contar con un sistema muletto, en caso de que se perdiera la licencia para utilizar el sistema Hogan”. Pero si de sobreprecios se habla, las ‘palmas’ se las lleva otro negociado que cuenta con los mismos protagonistas, Cavallo e IBM. Efectivamente, la DGI le compró a la IBM un sistema de procesamiento de datos de los aportes previsionales que costó 515 millones de dólares, cuando una competidora —Sistemhouse— ofertó el mismo sistema por sólo 177 millones ... y cuando el presupuesto inicial era de, apenas, 33 millones. “En la denuncia consta que, ante las objeciones que la Secretaría de la Función Pública ponía para que se hiciera la operación, (Cossio, por entonces titular de la DGI) instó a esa repartición para que aceptara la oferta de IBM-Banelco porque ‘así lo definieron el ministro de Economía y el señor Secretario de Ingresos Públicos’. Esta nota firmada por Cossio tiene el membrete de la DGI” (Clarín, 15/6). Cossio ya está procesado y no tardarán en descubrirse las ‘pistas’ que conducen directamente a Cavallo. No hay que olvidar que cuando estalló el escándalo en el Nación, Cavallo trasladó a Hugo Gaggero, vicepresidente del banco, a la DGI, en lo que fue interpretado como un intento de parar las investigaciones del negociado del Nación. Ahora nos venimos a enterar que Gaggero, además, marchó a la DGI para ‘salvar’ el negociado DGI-IBM que, por ese entonces, daba los primeros índices de pudrición. En sólo dos ‘negocios’, IBM impuso sobreprecios por 550 millones. ¡Pero como IBM ejerce un virtual monopolio de las contrataciones informáticas del Estado nacional y las provincias, es fácil calcular que la estafa es todavía mucho mayor! Para muestra, dos botones: el ‘ético’ Bordón está procesado por la contratación directa —en apenas 3 días hábiles— del sistema informático de la casa de gobierno mendocina. Si se tiene en cuenta que, cuando estalló el escándalo del Nación, Bordón todavía era miembro del Frepaso, la famosa visita de ‘Chacho’ Alvarez y la Meijide a Cavallo aparece como una operación de mutuo encubrimiento. Bordón y Cavallo, sin embargo, no son los únicos; también está la ‘pata’ radical. Efectivamente, el cordobés Mestre acaba de “someter a revisión” el contrato firmado entre la IBM y el por entonces presidente del Banco de Córdoba y hoy preso, José Dorflinger, para la informatización del banco. Mientras saquea a manos llenas las finanzas públicas, IBM exige que se le otorgue un tratamiento... ‘extraterritorial’: ya ha dejado trascender que no permitirá que ninguno de los ejecutivos de IBM Internacional o de IBM de Estados Unidos sea llamado a testificar por los tribunales argentinos. Todo esto, naturalmente, alcanzaría para dictar la expropiación de la IBM por saqueo al patrimonio nacional y rebelión ante la justicia. Nada de esto, sin embargo, importa al gran capital, cuya principal preocupación es que, con el escándalo, “las perspectivas de privatización (del Nación) se alejan indefinidamente” (La Nación, 16/6). Una crisis política abierta Imposti y Dentone —los dos ex directores del Nación que mandaron ‘en cana’ a Cavallo— fueron designados por el menemismo; la Sindicatura General de la Nación —el organismo que emitió el dictamen sobre el contrato IBM-DGI— está dirigida por menemistas. Es inocultable que la crisis política entre las camarillas dominantes del gobierno alcanza un nuevo punto; los diarios del fin de semana especulan con la división del Ministerio de Economía (Clarín) y aun con el despido liso y llano de Cavallo (La Nación). El motor de fondo de la crisis política es el derrumbe del ‘plan’ Cavallo. Mientras, como se pronosticó en Prensa Obrera, la suerte del ‘plan’ Cavallo se dirime en los tribunales, el régimen de conjunto aparece cada vez más como una mera pantalla del capital financiero. No por nada, en un artículo destinado a hacer la crónica de los intentos del menemismo por ‘deshacerse’ de Cavallo, Joaquín Morales Solá pone esta frase en la boca de Menem: “Tráiganme a alguien respaldado por el Chase Manhattan y por el Citibank y resuelvo en el acto” (La Nación, 16/6).

Las escuelas que participaron en la mesa de organización del Campamento Blanco fueron las siguientes: Técnicas: 1, 2, 3, 4 y 5 de San Martín, Técnica Nº 4 Boulogne. Técnicas: 2 y 3 de Tres de Febrero. Medias: 1, 3, 5 y 7 de San Martín, Tomás Guido, Tupac Amarú, Comercial V. Ballester, EE.UU., Instituto Modelo, Artes Visuales, Conservatorio de Música, CENS, Nº 79, 100, 209, 206, 221, 246 y 276 de San Martín. Media Nº 11 de Santos Lugares. Escuelas Primarias: Nº 1, 3, 9, 18, 19, 20, 25, 45, 47, 48, 49 y 50. Nacional de V. López, Media Nº 46 de San Miguel y Media 6 de San Fernando y numerosas agrupaciones estudiantiles. Programa • No innovar. Que se respeten los niveles de primaria y secundaria. • Defensa de la escuela media y técnica. • Contra la modificación del estatuto del docente. • No a los cierres de cursos. Contra el hacinamiento de alumnos. Por la libre organización de los centros de estudiantes. No a su regimentación. • Por un salario básico equivalente al del año 1980, igual a 700 pesos. Por un plenario de todas las coordinadoras de Autoconvocados de la provincia de Buenos Aires. • Exigir a los gremios la inmediata realización de un congreso de todos los docentes, afiliados y no afiliados. • Por la no aplicación de la Ley Federal de Educación, hasta su derogación.

PO: ¿Con qué perspectivas fuiste al Encuentro de la Mujer? E: Con la expectativa de encontrar un lugar de participación concreto. Se planteaba la contradicción entre género y clase, que se resuelve en la lucha política que engloba al género, es decir, a los problemas reivindicativos específicos de la mujer. Las mujeres somos dominadas, pero también el hombre. El sistema nos oprime a las mujeres y a los trabajadores y sectores populares en general. Tenía la expectativa de qué direccionalidad podía darle el Encuentro a esta problemática general. PO: ¿En qué comisión participaste? E: En “Mujer y Medios de Comunicación”. Se habló de la globalización de los medios, pero que esto no implica libertad de prensa, sino monopolización de los mismos y digitación de la información. Hay censura y autocensura. Los trabajadores de prensa son amenazados de afuera y también desde adentro de las empresas, con amenazas implícitas y explícitas de despidos. A través de los medios se muestra una cultura ‘light’. La violencia es el mensaje por excelencia y la mujer está “cosificada”, es una consumidora de ropa, recetas de cocina, frases hechas y problemáticas ajenas a su condición social. Le prestan ilusiones y fantasías irrealizables en su vida cotidiana. Se repudió la manipulación informativa y se destacó la necesidad de que en los medios alternativos los trabajadores deben asociarse al Sindicato con los trabajadores de los grandes medios. Se planteó la necesidad de crear medios alternativos, desde periódicos barriales y organizaciones que generen otro tipo de información, donde no salga sólo lo que ellos quieren. Que sería importante tener una radio abierta en los Encuentros de la Mujer, y redes de comunicación todo el año. También se denunció la poca difusión del Encuentro. En mi Comisión, medios alternativos denunciaron que se les pusieron trabas para entrar y cubrir la información. Un medio jujeño denunció que por primera vez desde que cubren los Encuentros se les impidió filmar, y que esto fue superado por el apoyo de las participantes. PO: ¿Qué conclusiones? E: No se propuso plan de acción, ni propuestas concretas de lucha. Para mí fue un abordaje, una aproximación apenas, a los problemas. No pasa de “un encuentro entre la esperanza y el desencanto”, que para la urgencia de lo que está pasando es insuficiente. Las mujeres populares que no estamos organizadas, no tenemos un ejercicio, una práctica, para saber cómo manejarnos. Por ejemplo, ¿qué nos aportan las viejas participantes de estos 11 años anteriores? No había propuestas. No las que estos tiempos requieren. No se llevaron conclusiones a las provincias. Y, sin embargo, aunque tengo una sensación de vacío, yo quiero rescatarlo, porque el enorme esfuerzo de movilización y participación de todas estas mujeres demuestra una necesidad que merece concretarse y continuarse para desarrollar el debate y llevar las conclusiones a la práctica.

Una serie de hechos que han tenido lugar recientemente en el ámbito del sindicato docente de Santa Fe, han revelado un ascenso en la disposición de lucha de los activistas de base. En las jornadas gremiales organizadas por AMSAFE, todos los departamentos impusieron el mandato que traían de rechazar la Ley Federal de Educación. En oportunidad de las jornadas que se realizaron en noviembre de 1995, la mayoría había aceptado, en cambio, el planteo de la dirección marysanchista en favor de la “aplicación de la Ley con financiamiento”. En las jornadas a las que estamos haciendo referencia, los compañeros de base de varios departamentos acordaron con el planteo de AMSAFE San Lorenzo de responder al inmovilismo del sindicato mediante la convocatoria de un congreso de delegados de base (de escuela). En el tratamiento del ‘rol del delegado’, la comisión directiva se opuso a nuestro planteo de organizar un cuerpo independiente y resolutivo, subordinado a las asambleas, y sus agentes se retiraron de las comisiones. En la Asamblea Provincial posterior a estas jornadas, la directiva tuvo que consumar un golpe de mano, inhibiendo de la palabra a compañeros que denunciaban que en sus departamentos no habían habido asambleas y que traían el mandato de paro al 5º día si no se cobra (el mandato trucho decía No paro). Tomando ‘en serio’ la resolución de elegir delegados por escuela (29 de mayo), AMSAFE San Lorenzo constituyó el cuerpo de delegados (80% electos, 42 escuelas organizadas), el cual ya se encuentra trabajando y recorriendo permanentemente las distintas escuelas, e incrementando el caudal de afiliados —a esta altura, 800. La participación es cada vez mayor, pero este fenómeno, lamentablemente, no se registra en otros departamentos. El bloqueo a estas tendencias de lucha corre por cuenta de la dirección de AMSAFE, agente de CTERA, y de sus flamantes aliados, las corrientes de la vieja dirección, ligadas a la UCR. Ambas corrientes están preparando en sigilo el ingreso inconsulto de AMSAFE a CTERA, en un acuerdo que tapa la malversación de fondos gremiales ejecutada por la anterior conducción, la que dejó una ‘deuda ’ con CTERA de 300.000 pesos, que se pretende hacer pagar a los docentes santafesinos.

Más de 350.000 trabajadores inundaron las calles de Bonn en la mayor manifestación de masas de la posguerra en Alemania. Durante horas, miles de trabajadores, llegados especialmente de todas las partes del país, manifestaron en la capital contra el ‘plan de guerra social’ que anunció Kohl: elevación de la edad jubilatoria; reducción del subsidio por desempleo y de los salarios pagados cuando los trabajadores sufren enfermedades; ‘flexibilización’ de las jornadas de despido; congelamiento de los salarios de los empleados públicos y alargamiento de sus jornadas de trabajo. Al mismo tiempo que ataca ferozmente las conquistas obreras, Kohl anunció su intención de reducir los impuestos a la riqueza y a la herencia. La manifestación alcanzó una magnitud tal que, cuando comenzó el acto central y ya 300.000 manifestantes atestaban los jardines de la universidad, entre 50 y 100 mil trabajadores todavía estaban tratando de llegar al lugar de concentración, detenidos en calles abarrotadas. Sólo durante las grandes manifestaciones pacifistas de 1982 (contra la colocación de los llamados ‘euromisiles’ en el territorio alemán) tuvieron lugar manifestaciones comparables a la actual. Al mismo tiempo que convocaba a esta movilización y pronunciaba discursos ‘duros’, la burocracia sindical se encuentra negociando la renovación del convenio colectivo de los trabajadores estatales. Allí se apresta a aceptar la oferta del ‘mediador’ designado por el Estado, en lo que puede convertirse en un ‘modelo’ para la firma de convenios ‘sin arbitraje’ en las demás ramas. Voceros patronales ya han comenzado a criticar este posible acuerdo, una confirmación de que la patronal alemana pretende ir muy a fondo en la liquidación de las conquistas obreras.

Los indicios sobre el fracaso de la reforma educativa son muchos, más bien abrumadores, y se manifiestan en todo el país. La tentativa de ‘articular’ entre los primarios y secundarios para poner en práctica el tercer ciclo de la EGB (que comprende el actual 7º grado y los dos primeros años del ciclo medio), ha terminado provocando una desarticulación completa del sistema educativo. Los directores de la primaria deben hacerse cargo de la gestión de la enseñanza y, por sobre todo, de la responsabilidad civil por alumnos que se encuentran en otro edificio. Establecimientos secundarios que cuentan en la actualidad con16 divisiones, han sido obligados a ‘articular’ con primarios de apenas dos o tres grados, y también ha ocurrido el caso inverso. Como si esto no fuera suficiente, luego de batir el parche sobre la formación y la jerarquización de la función docente, se ha decidido suspender hasta nuevo aviso la capacitación del personal directivo para el ciclo final de la EGB. ¿Hacen falta, acaso, más pruebas sobre la total improvisación, el caos y descontrol que reina en materia educativa? Antes de que la política oficial hubiera caído bajo el embate de los docentes, está sucumbiendo bajo el peso de sus propias contradicciones y, en especial, de su artificialidad y burocratismo. La ‘reforma educativa’, aun en sus términos actuales, necesita de recursos, lo cual choca con el colapso de las finanzas públicas y el hundimiento del ‘plan Cavallo’. “Tierra arrasada” Susana Decibe, flamante ministra de educación nacional, acaba de anunciar la implantación de una prueba de aptitudes y conocimientos al final de la escuela secundaria. Diez días antes, se había pronunciado en favor de imponer “cupos de ingreso” a la Universidad. El imperativo de la política menemista está dictado por su necesidad de derivar el presupuesto nacional al pago de los ‘fondos reservados’ para los capitalistas y, fundamentalmente, para el pago de la deuda externa. Por eso, no se puede dar el lujo de aguardar los resultados de la aplicación progresiva de la ley de educación. Ha pasado, entonces, tanto en el lenguaje como en la acción, al limitacionismo directo, sin subterfugios. La iniciativa ministerial no podía dejar de agitar las aguas ya revueltas y ya ha desatado una crisis, como lo revela la negativa de la provincia de Buenos Aires a poner en marchar el llamado “examen de egreso”. Rebelión docente Frente a este cuadro, se ha desatado una rebelión docente en diferentes puntos del país y que incluye al propio cuerpo directivo. Un pujante movimiento de autoconvocados ha surgido en la zona de San Martín y Tres de Febrero del Gran Buenos Aires. Al margen de Ctera, ha puesto en pie de lucha a sus distritos, elegido delegados, establecido una coordinación entre los diversos colegios y diferentes iniciativas de movilización. Ha definido, asimismo, un programa que, entre otros puntos, reclama que se respeten los niveles de primaria y secundaria, defienda la escuela media y técnica, rechaza la modificación del Estatuto del docente, se opone al cierre de cursos, exige la libre organización de los centros de estudiantes, un salario de 700 pesos y la no aplicación y derogación de la ley federal. La sangría que se está operando en el sistema educativo exige la anulación de la reforma educativa y que consejos electos por los docentes asuman la salvaguarda y reorganización de la educación. Movimientos similares a los de San Martín y Tres de Febrero se han producido en Bahía Blanca, en Mar del Plata, en Mercedes y en otros distritos del Gran Buenos Aires. En el interior del país se viene desarrollando una tendencia de lucha general: Río Negro, con paros y movilizaciones semanales; Santa Cruz, con la resistencia a la evaluación lanzada por el Ejecutivo provincial; Tucumán, con su rol protagónico en la pueblada contra Bussi. Ctera no sólo estuvo al margen de estas luchas, sino que intervino para estrangular al movimiento, como acaba de ocurrir en Neuquén donde el sindicato provincial (ATEN) aceptó la propuesta de reducción salarial reclamada por el gobierno de Sapag. La conclusión que se impone es clara. Es necesario tomar resueltamente la iniciativa. Autoconvocarse, organizar coordinadoras y plenarios abiertos, resolver iniciativas de movilización, reclamar la convocatoria de Congresos de Bases a los sindicatos y a Ctera. Llamamos a los movimientos de autoconvocados de los diferentes distritos a impulsar en común la convocatoria de un Plenario Provincial de Autoconvocados, con delegados elegidos y mandatados por asamblea, para poner en marcha un gran movimiento de lucha común y derrotar la reforma educativa.

Cientos de mineros marcharon sobre Santiago y ‘cercaron’ el Palacio de Gobierno en apoyo a la vigorosa huelga con ocupación de socavones que, desde hace 20 días, vienen cumpliendo los 1.800 mineros de la sureña ciudad de Lota. La medida responde al despido de 100 trabajadores por la Empresa Nacional del Carbón. La decisión de cesantear partió directamente del Menem chileno —Eduardo Frei—, que pretende salvar así el déficit de la empresa estatal, este año de 17 millones de dólares. Al gobierno, sin embargo, el tiro le salió por la culata, generando “el conflicto social más grave al que tiene que hacer frente el gobierno democristiano de Frei” (Crónica, 7/6). La lucha de los mineros ganó la solidaridad de todos los trabajadores de la región carbonífera y de la totalidad de la población de Lota. La razón es que el despido de los cien mineros no es más que el último episodio de la catástrofe descargada por el gobierno sobre los mineros. Efectivamente, para resolver “las pérdidas acumuladas durante años” —consecuencia de la sobreproducción internacional del sector— y para “bajar sus altos costos productivos”, Frei “despidió a más de 3.000 trabajadores, a través de un plan de retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas y la ‘capacitación laboral’ en otras actividades” (Crónica, 27/5). Los mineros están apelando a todas las medidas de fuerza posibles, en una demostración de que no están dispuestos a dejarse vencer: huelga, manifestaciones, ocupación de las minas, huelga de hambre, movilización de toda la población. Con esto, han logrado quebrar la intención oficial de aislarlos, para lo que el gobierno utilizó los métodos más salvajes —desde la represión directa de los carabineros hasta el corte de la ventilación de las minas, lo que puso en riesgo directo la vida de los huelguistas, ya que “la falta de ventilación de las galerías puede provocar la acumulación del gas grisú y ocasionar una explosión” (Crónica, 27/5). La lucha de los mineros se completa con el corte de las principales vías de acceso a la localidad y la solidaridad de los demás trabajadores, que —del comercio al transporte y de los servicios a los docentes—, paralizaron la ciudad de Lota. La ‘bajada’ de los mineros a Santiago empalmó con una enorme manifestación estudiantil: 100.000 universitarios ocuparon las casas de estudio y marcharon sobre el Ministerio de Educación, contra el proyecto oficial de privatizar la educación superior. La movilización obligó al gobierno a retirar el proyecto de ley educativa del Congreso. El ‘clima’ que se está creando en Chile alrededor de la lucha de Lota lo retrata la declaración de Manuel Ahumada, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores, que anunció que la CUT “se reunirá para diseñar un plan de acción que comenzará con suspensiones parciales de actividades, por sectores productivos, para culminar con una protesta nacional” (Crónica, 17/6). La burocracia de la Cut, por cierto, no plantea la huelga general para reincorporar a los mineros despedidos, e incluso está negociando con el gobierno la jubilación anticipada de los despedidos ... pero el solo hecho de que se encuentre planteando una movilización de conjunto pone en evidencia cómo se va agudizando la tendencia de lucha de los explotados chilenos.