Prensa Obrera N° 497

¿La victoria de la derecha en las elecciones israelíes significa el fin del ‘proceso de paz’ patrocinado por el imperialismo norteamericano en Medio Oriente? Ciertamente no; antes bien, el gobierno triunfante no tardará en sufrir, en carne propia, la inviabilidad de la política de la derecha sionista. La derecha sionista obtuvo una espectacular victoria electoral. El estrecho margen del 0,9% a favor de Netanyahu (del Likud) frente a Shimon Peres oculta el derrumbe del oficialismo y de sus aliados de centroizquierda (el Meretz), que perdieron el 25% de sus bancas, y el fenomenal avance de los partidos religiosos, que casi duplicaron su representación parlamentaria. La victoria derechista es todavía más espectacular si se recuerda que todavía en marzo, Peres tenía una ventaja de casi 20 puntos en las encuestas y que se benefició con el apoyo explícito de Clinton, de las potencias europeas, de “una poderosa coalición de industriales que representan los dos tercios del PBI israelí” (Financial Times, 28/5) y hasta de las direcciones árabes. ¿Por qué ganó la derecha? Netanyahu ganó tan sólo porque su contrincante le sirvió el triunfo en bandeja. En efecto, Peres se negó a convocar a elecciones en noviembre, inmediatamente después del asesinato de Itzak Rabin, cuando la derecha era acusada de ser la ‘responsable moral’ y hasta la ‘autora intelectual’ del asesinato. En enero, bajo la presión del alto mando militar, Peres rompió la tregua establecida con el Hamas, al ordenar el asesinato de su principal dirigente militar, conocido como ‘el ingeniero’. La tregua permitió el período más prolongado sin atentados palestinos en Israel. En represalia, Hamas realizó una serie de atentados que, por primera vez en toda la campaña electoral, pusieron a la derecha al frente de las encuestas. Inmediatamente después, y también bajo la presión del alto mando, Peres lanzó los bombardeos sobre el Líbano... que culminaron en un desastre político y militar, ya que Israel no pudo imponer ninguno de sus objetivos. Mistificación a dos bandas Durante la campaña electoral se puso en circulación la especie de que la ‘política de paz’ conduciría al desmantelamiento de las colonias sionistas en Gaza y Cisjordania, a la partición de Jerusalén y a la creación de un Estado palestino. Pero lo cierto es que bajo el gobierno de Peres —como antes bajo el de Rabin—, la población de los asentamientos, lejos de retroceder, creció en casi 330.000 personas, ¡un 25% en tan sólo cuatro años! El sector más ‘caliente’ de los asentamientos fue Jerusalén oriental —la parte árabe de la ciudad—, donde los nuevos emplazamientos sionistas se extendieron hacia el este, hasta penetrar profundamente en los territorios ocupados (Le Monde, 29/5). El acuerdo de Oslo y los que lo siguieron, “no obligan a Israel a retirar sus soldados de Gaza y Cisjordania” y, en cuanto a Jerusalén, “(los laboristas) no prevén ninguna concesión de importancia” (ídem). Tampoco es cierto que Peres propiciara un Estado palestino: los ‘territorios autónomos’ palestinos ocupan apenas el 6% de las tierras ocupadas por Israel en Gaza y Cisjordania en 1967. Más aún, “contrariamente a una idea muy difundida, mientras la OLP reconoció en múltiples oportunidades la existencia del Estado de Israel sobre la vieja tierra palestina, el Estado judío, por su parte, jamás admitió el derecho a la autodeterminación de los palestinos” (ídem). Todo esto explica que Jossi Ahimeir, asistente del derechista Netanyahu, haya caracterizado a los ‘acuerdos de Oslo’ como “no mucho más que lo que nosotros mismos propusimos a los palestinos: autonomía civil en las ciudades y aldeas, control de la seguridad en nuestras manos” (ídem). Estas declaraciones —que permiten apreciar la ‘convergencia’ entre la ‘solución’ que pretenden darle a la ‘cuestión palestina’ tanto los derechistas como los laboristas— desnudan el carácter reaccionario y antinacional de los ‘acuerdos de Oslo’ y de la ‘Autoridad Palestina’ encabezada por Arafat... a la cual muchos ‘izquierdistas’ apoyan en nombre de los “derechos nacionales palestinos”. La derecha en el poder El programa de Netanyahu establece la ampliación de los asentamientos sionistas en Gaza y Cisjordania y el mantenimiento de Jerusalén y el Golán en manos israelíes. Durante la campaña, sin embargo, atenuó las diferencias que lo separaban de Peres, al comprometerse a reconocer los acuerdos de Oslo y respetar lo ya acordado con los palestinos. La victoria le dio a Netanyahu una sólida base parlamentaria, pero fracturada en cuanto a la política a seguir. Ocurre que la primera y más evidente contradicción del nuevo gobierno ‘duro’ es que está encabezada por un ‘blando’: dentro del arco derechista y de su propio partido, Netanyahu es considerado como una ‘paloma’; los principales dirigentes del Likud (como Ariel Sharon), del Tsomet (el partido de Rafael Eytan) y los partidos religiosos, son partidarios de desconocer (‘revisar’) los ‘acuerdos de Oslo’, de extender la ‘franja de seguridad’ que Israel ocupa en el sur del Líbano (Eytan), de desconocer a la OLP (Sharon) y de extender los asentamientos en Gaza y Cisjordania, expulsando a los palestinos (partidos religiosos). Este programa choca con la ‘política de paz’ dictada por el imperialismo norteamericano. Hay que recordar que hace poco más de cuatro años, Bush provocó la derrota de la derecha, cuando se negó a financiar la expansión de las colonias sionistas que pretendía llevar adelante el anterior gobierno del Likud. Advertido de esta realidad, Netanyahu recurre al escapismo cuando dice que va a financiar la nueva expansión de los asentamientos mediante el ingreso de capitales externos, atraídos por un programa de privatización masiva de las empresas públicas. Además, la victoria de Netanyahu provocó un derrumbe de la Bolsa y de la moneda israelíes y un principio de fuga de capitales... La política imperialista pretende la firma de un acuerdo entre Israel y Siria, que ‘cierre el paquete’ del ‘proceso de paz’. Netanyahu (y el alto mando militar), por el contrario, sostienen que “Siria todavía no está preparada para un acuerdo de paz” (Jerusalem Post, 25/5). El cuadro que evoca la política de la derecha —extensión de las colonias, permanencia de las tropas sionistas en Gaza y Cisjordania, negativa a negociar con Siria, la asfixia financiera de las ‘zonas autónomas’ palestinas, choques con los Estados Unidos— ha llevado a la prensa sionista e internacional a especular con lo que es la peor pesadilla del alto mando sionista: un relanzamiento de la Intifada palestina. Esto explica que, para algunos analistas internacionales, “Netanyahu en el poder, bajo la presión de Washington, no tendrá otra alternativa que hacer lo mismo (que Peres)” (Le Monde, 28/5). Es sintomático, entonces, que Netanyahu se haya declarado partidario de “respetar los acuerdos de Oslo” y, sobre todo, que el principal candidato a ocupar la cancillería sea David Levy, un ex miembro del Likud que rompió con el partido cuando Shamir comenzó a chocar con los norteamericanos, y firme partidario de “intercambiar tierras por paz con los sirios” (Clarín, 2/6). Pero esto provocaría inmediatamente el estallido de la coalición derechista. La perspectiva de la impasse que enfrenta Netanyahu llevó a que aparecieran “fuertes rumores de un ‘gobierno de unidad nacional’ del Likud y los laboristas” (Clarín, 31/5). Peres lo rechazó... hasta tanto se agote la ‘experiencia derechista’, es decir, hasta que una serie de rápidas crisis políticas, choques externos y fracturas de los partidos en el gobierno ponga a los derechistas ante la evidencia de que no existe alternativa a la política dictada por el imperialismo norteamericano. Mientras el gobierno de Netanyahu sirva para ejercer una presión extrema sobre Siria, para obtener de ella concesiones fundamentales, seguirá en pie. Pero, si como teme la prensa mundial, la política derechista provoca un relanzamiento de la Intifada, entonces los días de Netanyahu estarán contados: los militares que lo llevaron al poder dictarán su caída. La fractura del ‘establishment’ sionista es demasiado profunda, la presión del imperialismo demasiado intensa y la coalición derechista gobernante demasiado contradictoria, es decir, la situación es demasiado explosiva, como para que Netanyahu pueda sobrevivir un tiempo prolongado simplemente haciendo equilibrio. Todo esto permite pronosticar que el gobierno de Netanyahu marcha a una crisis política a corto plazo e, incluso, a la disolución del parlamento y a la convocatoria a nuevas elecciones. Sólo por esta vía tortuosa, el ‘proceso de paz’ podrá proseguir su marcha.

Los diarios del fin de semana pasado dieron a conocer la noticia de que la burocracia de UPCN, que encabeza Juan Carlos Scalesi, había pactado con el gobernador radical, Verani, una reducción de los salarios del 14%. El pretexto, naturalmente, es la necesidad de reducir el déficit fiscal para poder acceder a nuevos créditos del gobierno nacional que eviten la cesación de pagos de la provincia. Los trabajadores deben, de este modo, pagar la crisis provocada por impresionantes negociados capitalistas. Cuando hubo que hacer frente a la quiebra del Banco estatal de la provincia, el gobierno encontró la plata para hacerse cargo de su multimillonaria cartera de créditos incobrables. Lo grave de lo que ocurren Río Negro fue que la reducción de los salarios fue virtualmente pedida por la burocracia sindical de UPCN, con el pretexto también de evitar de esta manera el despido de cinco empleados públicos. Esta burocracia tiene el antecedente de haber llevado a la derrota las movilizaciones del año pasado contra el gobierno de Massaccesi, al aceptar, entre otras cosas, el pago de los salarios con bonos que hoy nadie quiere aceptar. Scalesi tomó esta decisión sin convocar a una asamblea general, y en particular, cuando los docentes y ATE están desarrollando movilizaciones porque no se les pagan los salarios y se los amenaza también con reducirlos. El miércoles 5 está prevista, precisamente, una movilización de docentes (Unter) y ATE. Llamamos a movilizar a todos los trabajadores de la provincia para que se derogue la rebaja de los salarios y para reclamar la expulsión de Scalesi de las filas del movimiento sindical.

Delegados y activistas de varias líneas de zona sur (había también una delegación de zona norte) compartieron un almuerzo que sirvió para debatir acciones en común, frente al ataque de las patronales y la pasividad y complicidad de la UTA. Un miembro de la agrupación convocante denunció el “ataque al convenio y al salario por parte del gobierno antiobrero y traidor”, la flexibilidad laboral y el convenio Fiat-Smata, y llamó a la unidad del activismo para defender el convenio y unir “a los que estamos contra este plan económico”. La voluntad de lucha de los activistas se expresó al analizar el rol de la burocracia frente a la movilización a la CONTA, donde plantearon la necesidad de una nueva movilización para parar los despidos que los justifican con el pretexto de la ‘ineptitud’. Recalcaron que el éxito va a depender de los compañeros y no de la política de Palacios. Otro compañero (que viene de ganar un conflicto) resaltó la importancia de un reagrupamiento para ir discutiendo adónde queremos ir, cómo hacemos para apoyar los conflictos y a los compañeros perseguidos por la patronal, y sacaba como conclusión que los triunfos obtenidos son por el empuje de la gente y la comprensión de que la burocracia no tiene salida para los trabajadores. Una parte del debate estuvo centrado en cómo ayudar a los compañeros de la Río de la Plata, que quieren sacarse de encima a sus delegados vendidos. Se votó unánimemente concurrir a la asamblea de la línea el 3 de junio para expresarles el apoyo y se discutió que se debía concurrir con una posición, ya que es un conflicto testigo donde quieren liquidar el convenio: que esa asamblea fije fecha (la UTA va a estar presente), y la UTA la ratifique, de elección de delegados; que una comisión elegida allí discuta con la patronal (porque están en conciliación obligatoria), que toda propuesta patronal sea debatida en la línea y se decida en asamblea. Que se impulse el llamado a plenario de delegados con mandato para un plan de lucha de la UTA.

La metalúrgica Corni Fundiciones, como todas las patronales, se impuso la tarea de derrotar incondicionalmente al movimiento obrero. Para ello, planteó a sus trabajadores la disyuntiva de aceptar una reducción salarial y la flexibilidad laboral o el despido. A partir de aquí, produjo suspensiones periódicas masivas, las que pagó al 65 por ciento del salario de bolsillo (diez puntos menos de lo pactado con la comisión interna). La patronal de Corni logró golpear a los compañeros de la fábrica y triunfar en su objetivo de reducir los salarios en un veinte por ciento, e imponer condiciones laborales más flexibilizadas y precarias. El ataque no atiende ni a responsabilidades de los trabajadores ni a modificaciones tecnológicas. Se trata, simplemente, de que la enorme crisis en la que se encuentra el capitalismo sea costeada por los obreros. La política de la interna El carácter combativo de los trabajares de Corni es parte de la tradición del cordón industrial de la zona Norte, y clima de bronca contra la avanzada roñal fue y es explosivo. ¿Cómo se explica, entonces, este avance del atropello, aparentemente sin límite, de la patronal? Esto tiene que ver con el derrumbe de la ÜOM y de su dirección, que de tanto entregar, aplazar y levantar cualquier medida de lucha, ha quedado completamente inmóvil frente a los capitalistas. Pero, en segundo lugar, está directamente vinculado con la política de la interna de Corni (bajo la influencia del Mst, que la integra), que ha permitido que pasara todo este ataque sin amagar, siquiera, con un plan de lucha o de acción de la fábrica. Casi dos meses antes de la imposición de la reducción salarial, la comisión interna de Corni hizo público un volante en el que denunciaba lo que se venía, pero donde no se hacía ni el menor planteo programático y de acción, fuera del sonsonete de la unidad y de la denuncia contra la “burocracia que entrega”. En discusiones en puerta de fábrica, integrantes de la interna (militantes del Mst) consideraban completamente ilusoria la posibilidad de una lucha contra la aplicación del convenio Fiat- Smata y afirmaban que la prioridad debía ser la presentación de listas para las elecciones del gremio, en octubre próximo. Así, los ataques pasaron en Corni sin resistencia, provocando la desmoralización de los trabajadores de la planta y generando un repudio creciente hacia los delegados de parte de los operarios. En una asamblea convocada para discutir el punto, la comisión interna, sin propuesta, les devolvió a los compañeros la responsabilidad de proponer un curso a seguir frente al emplazamiento patronal de despidos o reducción salarial. El parate que los choferes de la UTA o los metalúrgicos de Aurora le han impuesto a sus patronales, demuestra el carácter criminal de la política del Mst en Corni. La política del Mst Mientras surgen las luchas contra el convenio negrero y se produce la 4pueblada* del movimiento obrero tucumano contra Bussi, el terrible, la parálisis del Mst es una monumental muestra de su pérdida absoluta de rumbo. El Mst no deja de batir el parche de la “situación revolucionaria”, pero no pierde oportunidad para acuñar la especie de la situación de derrota casi definitiva del movimiento obrero. La ‘caracterización´ del Mst. de que la cosa pasa por enfrentare "plan de ajuste menemista”, se coloca en la misma línea de parálisis de la oposición burguesa, que discute ‘salidas alternativas´ pero no el impulso a las luchas, que es la única base de cualquier alternativa de conjunto. El Mst dice que la lucha contra el convenio Fiat-Smata no es un eje y que hay que defender “los bastiones” del Mst para preservar posiciones en el seno de los aparatos burocratizados. En Corni. Además, el Mst paga el precio de su alianza con un sector burocrático de la comisión interna. Lo que está planteado En Corni está a la orden del día organizar un real plan de lucha por la defensa integral del salario, contra la flexibilidad laboral, las suspensiones y los despidos. Es decir, contra la aplicación del convenio Fiat, mal que le pese al Mst. Ello implica preparar a los compañeros de la fábrica para tomar todas las medidas necesarias —paros, movilizaciones, cortes de la Panamericana, ocupación de planta—, hasta arrancarle a la patronal el conjunto de las reivindicaciones. Es lo que reclaman los trabajadores de Corni en las conversaciones en puerta de fábrica, que sin pelos en la lengua dicen que en Corni se entregó lodo y que en la planta se ha instalado la burocracia.

La campaña de suscripciones a Prensa Obrera es un testimonio definitivo de la necesidad que tienen los trabajadores de una prensa clasista. A un paso de las dos mil suscripciones, se puede asegurar que la campaña ha encontrado la ruta de la masividad. En un debate reciente en el PO, hubo coincidencia en caracterizar que la perspectiva de llegar a varios miles de suscriptores más continúa plenamente abierta. Consecuentemente con esta apreciación, hubo un acuerdo en iniciar, o más bien reforzar, una campaña para llegar a dos páginas dedicadas al “correo de lectores”; las ediciones de Prensa Obrera que consigan este objetivo saldrán, entonces, no con ocho páginas sino con doce. La intención de ampliar este periódico, cuando sirva para dar cabida a los lectores y no todavía para ampliar otras secciones, revela la importancia que asignamos a la opinión de los lectores y a la discusión entre los trabajadores que leen Prensa Obrera, en el desarrollo de una prensa de los trabajadores y de los explotados. Se equivoca quien piensa que la condición proletaria de un periódico se termina con un número elevado de suscriptores; para que ello ocurra es aún más necesario que la prensa obrera sea una tribuna del proletariado conciente y luchador.

Luego de un importante período que se podría caracterizar como de retroceso en la base docente, el congreso de UNTER, del 7 de mayo pasado, votó por unanimidad la realización de un paro general para responder a los reiterados ataques del gobierno, que continúa con la aplicación de un plan de ajuste. La discusión sobre la modalidad que debía tener el paro revela un proceso de alza de los docentes: los mandatos de base superaron la falta de visión política de algunos congresales. Es así que se votó un día de retiro anticipado y un paro de 24 horas durante la primera semana del plan de lucha, y la realización de un Plenario de secretarios generales para acompañar la apertura de Paritarias llamadas por el gobierno (presionado por plazos legales), el cual debía ratificar un paro de 24 horas y una marcha provincial el 24/5. A pesar del intento de desmovilizar del gobierno, que para ello abonó los salarios de marzo ese mismo día el paro tuvo un acatamiento de más del 80%. Con relación a las paritarias, el gobierno propuso discutir dos puntos del ajuste (ya aplicados), excluyendo salarios. La dirigencia de UNTER rechazó automáticamente este planteo y ratificó las medidas votadas en el Congreso. El 24/5, delegaciones de toda la provincia vinieron a Viedma; en algunas escuelas se hicieron asambleas de padres que también acompañaron la marcha, y a pesar de que el gobierno abonó abril, a las seccionales grandes, en el mismo horario de la marcha, cerca de 2.000trabajadores recorrieron las calles de Viedma repudiando el ajuste y expresando su disposición de enfrentarlo. En estas circunstancias, se hizo presente Scalessi, de la UPCN, que se autodefine como dialoguista y que incluso propuso un plan de ajuste a medida del gobierno, que será votado en la Legislatura como “la propuesta de los gremios”. Mientras Scalessi afirma que su propuesta salvó a cientos de compañeros de quedar sin trabajo, salta a la vista que se trata en realidad de un intento descarado de aplastar la posibilidad de organización y unidad de los trabajadores. Lo que no debe escapar al sindicato docente es la presencia de las bases de UPCN diciendo No en las calles de Río Negro. El Congreso de UNTER del 30 de mayo último, luego de la movilización, votó paros de 48 horas en las próximas dos semanas, una movilización provincial y regional y otro Congreso para el 15 de junio. En el Congreso se reiteraron afirmaciones como: “Plata hay, que la devuelvan” y que es necesario hacer asambleas con la comunidad. En Cipolletti se han hecho asambleas de padres en 5 escuelas y se están organizando los centros de estudiantes. En todas las actividades mencionadas. Tribuna Docente estuvo presente con volantes y compañeros, defendiendo una postura de organización y lucha contra el ajuste.

Según los diarios de la capital, José Rodríguez, el secretario general de Smata, fue reelecto por enésima vez con cuarenta mil y pico de votos. Claro que no le costó mucho, porque iba en ‘lista única’. Las persecuciones, los despidos, la delación y otros métodos ‘sindicales’ semejantes, son los que permiten a los burócratas perpetuarse sin oposición, a la cabeza de los sindicatos. Con el control de las urnas y de los padrones, el burócrata Rodríguez metió los votos que quiso y pudo disfrazar el inmenso repudio de los trabajadores hacia toda su camarilla. En Córdoba, en cambio, se presentaron tres listas, a pesar de las suspensiones, de los despidos y del clima de intimidación que reina en las fábricas. También ganó Rodríguez, con 2.335 votos, el 44.33%, contra 1.675 de la lista Bordó, un 31,94%, y contra 1.203 de la lista Blanca, un 22,79%. La suma de las listas opositoras, que se oponen al convenio Fiat-Smata, derrotó, sin embargo, a la oficial por un 55% contra un 44%. Pero en las grandes empresas Rodríguez perdió. Perdió en Ciadea, perdió en Thompson-Ramco y perdió en Transax. Es decir que Rodríguez sólo pudo ganar relativamente en Córdoba gracias al ‘padrón’ de jubilados, vitalicios, desocupados y suspendidos, o sea el fraude. En una palabra, Rodríguez perdió en Córdoba en toda la línea —fue aplastado. En Ciadea-Renault, la lista rodriguista obtuvo poco más del 25% de los votos, 565 sufragios, a pesar de la ‘ventaja’ que representa para Rodríguez el amedrentamiento que existe en toda la industria. La Bordó obutvo el 35% de los votos, 754; la Blanca, con 811 votos, llegó al 40%. Las listas que plantearon la oposición al convenio Fiat-Smata obtuvieron el 75% de los votos. Un plebiscito abrumador. Una masacre. En condiciones de elecciones libres, Rodríguez no sería directivo del gremio. Esto significa que debe renunciar, es decir, que hay que echarlo. Significa que no puede firmar convenios. Significa que no tiene autoridad. Los trabajadores del Smata deben tomar conciencia de este hecho fundamental: el gremio no quiere ni el convenio Fiat ni a la burocracia de Rodríguez. En la base del gremio no hay divergencias; hay opinión formada. Pero hay más, porque en Ciadea ganó una lista antiburocrática, la Blanca, una lista con posiciones combativas; ganó incluso frente a la Bordó, que es un desprendimiento anti-Fiat del oficialismo. Las lecciones de la votación en el Smata son excepcionales para todo el movimiento obrero, pero por sobre todo para los choferes de UTA y los metalúrgicos de la UOM. La clase obrera tiene opinión formada contra el ‘plan Cavallo’, contra la política de las patronales, contra la burocracia. Es posible emprender entonces una lucha de gran amplitud. Lo dijimos desde estas páginas desde el comienzo de nuestra campaña contra el convenio Fiat-Smata. Hay que difundir estos resultados entre todos los trabajadores. Las fábricas de Córdoba ocupan un lugar especial entre los trabajadores, porque son de gran concentración y porque tienen una gran tradición —la del Cordobazo. Ahora que se movilizan los desocupados. Ahora que se movilizan los estudiantes. Ahora que Bussi tiembla ante el Tucumanazo. Ahora que los docentes enfrentan, diseminada pero unánimemente, la reforma educativa. Ahora, los resultados en las fábricas automotrices de Córdoba dicen que es la hora. Por un plan de lucha nacional, de conjunto. Plenarios abiertos, congresos de delegados, interfabriles, intersindicales. Fuera la burocracia. Abajo el convenio Fiat-Smata. Paritarias libres y convenios por industria para aumentar los salarios y defender la jornada de ocho horas. Abajo Menem-Cavallo.

PO: ¿Qué balance haces de este primer Encuentro Provincial de Desocupados? JG: En primer lugar, quiero recalcar que acá se ha llegado a un acuerdo para hacer una movilización el 21 de junio. En otros términos, bajo el CTA no pienso trabajar. Mis compañeros, el grupo de la 2128, no se adhiere al CTA. Hay otro grupo que sí, pero el nuestro no. Trabajaremos en forma independiente, abriendo los padrones de desocupados en Centenario y trabajando con la Coordinadora Provincial de Desocupados. Si ellos (CTA) quieren estar a la cabeza, los aceptamos, pero no bajo la venia de ellos. El seguro al desocupado debe ser de 500 pesos —como por otra parte establece la constitución provincial— y la discriminación de la 2128 debe ser liquidada, queremos fuentes de trabajo. Y como coordinador de la 2128, digo que no estamos de acuerdo con la 2128. Estoy de acuerdo con una ley que imponga el subsidio de 500 pesos sin contraprestación laboral, porque si no, no sería un subsidio.

Mientras los estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires y del Carlos Pellegrini se movilizan contra la anulación del 6º año y a favor de su derecho al ingreso directo a la Universidad, el rector Sanguinetti —del Buenos Aires— dirigió un ‘informe’ a los padres para explicar su posición. El rector comienza planteando su cuestionamiento a muchos “aspectos” de la “ley federal de educación”, y subraya que “la autonomía universitaria, de raíz constitucional, también libera al Colegio de una aplicación inmediata y pedestre de la ley”. Con semejante introducción habría debido esperarse, en consecuencia, un apoyo a la movilización estudiantil. Al revés, Sanguinetti señala esos reparos a la ley menemista para mejor destacar que “de todos modos, deberíamos pensar en adaptar alguna vez (el funcionamiento del colegio a la ley menemista), lo que consideramos oportuno, para no permanecer descolgados del resto del sistema educativo...”. El rector Sanguinetti es, también, un dirigente de nota de la UCR porteña, fue uno de los ‘electores’ privilegiados del senador De la Rúa y es un candidato de ‘lujo’ para la futura Secretaría de Educación de la Municipalidad. En el informe, Sanguinetti adelanta, entonces, el programa del radicalismo: “aplicar la reforma educativa del menemismo para no quedar descolgados...”. Otro delarruista de nota, el rector de la UBA, Schuberoff, se pronunció abiertamente por la ‘adaptación’ del colegio a los planes oficiales de destrucción de la escuela pública. El profesor Sanguinetti parece probarse ya el traje de funcionario, cuando incluye en el “informe” una amenaza al movimiento estudiantil: “este tema no debe ser pretexto para desórdenes y pérdida de clases”, y hasta una injuria: “advertimos que algunos alumnos afirman que el disturbio es su único modo de participar...” . Con De la Rúa va a ganar la gente... ¿qué gente?

La Asamblea de Desocupados de San Martín de los Andes se formó hace un año. Ocupó durante varios días la intendencia y fue —junto con otras movilizaciones similares en la provincia— uno de los factores por los cuales el gobierno dictó la ley 2128, como paliativo a la miseria que crea la desocupación capitalista. De ahí en más, la Asamblea se ha ido fortaleciendo. Reconocida por las autoridades, actúa como ‘comisión interna' de los desocupados de San Martín de los Andes, peleando por sus condiciones de vida: ha logrado disminuir la cantidad de horas de la llamada ‘prestación´, organizar el reparto de leña, etc. Todos los desocupados aportan de su magro ingreso de la 2128, una cuota de 1,50 peso mensual (“algunos más”) en forma voluntaria, con lo que han conseguido alquilar un local y un teléfono para el funcionamiento de la comisión. Hace pocos días, la patronal del cerro despidió a 60 trabajadores. Y luego quiso tomar personal de la 2128 a 150 pesos, usando entonces a los desocupados como “mano de obra barata y en negro para así bajar los salarios”. La Asamblea de Desocupados se negó a ello y resolvió el boicot. “Queremos la reincorporación de los despedidos o que se tomen nuevos compañeros pero con las mismas condiciones salariales y laborales que tienen los trabajadores. No nos van a usar de rompehuelgas”. Para Ceferino Torres, Renato Ses y Daniel Hueneulnen, de la Asamblea de Desocupados de San Martín de los Andes, el Encuentro fue un progreso, porque estuvieron las comisiones de casi todo el interior y de capital. Y lo que se votó en este plenario es lo que querían todos los desocupados de la provincia. Primero, dice Ceferino, vi muy trabada la cosa, se le dio muchas vueltas a la ley 2128 y no se podía avanzar. Por suerte se logró esto que es un progreso. No nos tenemos que olvidar que detrás de esta Comisión, en San Martín de los Andes hay 800compañeros a la espera de alguna respuesta. PO: Está la movilización del 21. Por supuesto, vamos a trabajar. Nuestra comisión se compone de 18 personas que estamos activando muy en serio. PO: Daniel, contanos la organización en San Martín. Hemos cumplido un año con la Asamblea de Desocupados, tenemos compañeros que están cobrando la ley 2128 y, a su vez, tenemos compañeros que no perciben nada de nada. Por eso, ansiábamos este Congreso, porque queríamos aunar esfuerzos de toda la provincia para lograr un objetivo común.

Las ‘visitas’ que realizan a la Argentina los jerarcas de las finanzas internacionales son presentadas siempre como una prueba de la ‘confianza’ que existe en el país. Para ser más precisos: la ‘confianza’ de que el gobierno de turno está haciendo lo mejor que puede para esquilmar al país en beneficio de los grandes monopolios. Por una vez, el tiro salió por la culata, porque luego del paso por Argentina de Michel Camdessus, presidente del FMI, la Bolsa pegó una caída espectacular y los ‘economistas’ se pusieron de acuerdo en advertir que la crisis fiscal puede poner un freno a la reactivación que todavía nadie ve, e incluso desatar algo peor. Ocurre que el fondomonetarista en cuestión se desplazó por estas tierras para respaldar la política de Cavallo, que consiste en financiar un déficit fiscal que crece sin parar mediante el incremento fenomenal de la deuda pública. En realidad, Camdessus vino para despejar la inquietud de que esta política pudiera conducir a una cesación de pagos más o menos inmediata, con su secuela de fuga de capitales y quiebra de bancos. Para estabilizar esta peligrosa situación, ‘recomendó’ que cesara el ‘acoso judicial’ a Cavallo y que se privatizara el Banco Nación. Esta propuesta no podía sino alarmar a la burguesía argentina, para la cual ese banco es la gran vaca lechera de sus mayores negociados y el ‘prestamista final’ en las situaciones de bancarrota. Durante la crisis que estalló a principios del 95, el Banco Nación refinanció indiscriminadamente a los bancos e incluso al Banco Central, esto al entregarles los dólares necesarios para mantener la ‘convertibilidad’. Que el salvataje del ‘plan Cavallo’, o sea, el socorro financiero internacional, dependa ahora de entregar el Nación, no podía sino poner los pelos de punta a los capitalistas ‘nacionales’. El Banco Nación acaba de lanzar un título de deuda en el exterior, de mil millones de dólares —que no necesita en absoluto, porque sus depósitos han crecido en forma espectacular—, precisamente para financiar el déficit fiscal y la ‘convertibilidad’. La envergadura de la bancarrota fiscal no está sólo reflejada en los números que dicen que el déficit anual superará los 2.500 millones dólares previstos en el acuerdo con el FMI, y que ahora podría llegar a los 8.000 millones. Esa bancarrota se refleja por sobre todo en el aluvión de críticas que provocó la propuesta de un “carnet fiscal” y de mayores controles contra la evasión. Estas críticas son un síntoma de que la política de Cavallo para hacer frente al déficit, el endeudamiento imparable, se ha agotado. Que Tacchi la califique de “inútil” y Roberto Alemann la descalifique como una “decisión de burócratas”, significa que se plantea una crisis política. La burguesía no quiere pagar ni cree en la salida de la ‘reforma del Estado II’, como lo demuestran las críticas y la caída de la Bolsa; posiblemente la estime tardía para enfrentar una crisis financiera de perspectivas inmediatas. La propia ‘reactivación’ ha abierto un principio de crisis, porque varios economistas aseguran que sin una desvalorización que incentive las exportaciones se llegaría rápidamente a otra recesión. Este argumento se encuentra apuntalado por el alza del dólar en los últimos meses, frente a las monedas europeas y asiáticas, lo cual significa automáticamente el revalúo del peso. A esto se agregan las advertencias de una crisis financiera más o menos inmediata en el Brasil, que inevitablemente devaluaría al real. Como se puede ver de todo esto, la política de superexplotación, despidos, reducción de salarios, desmantelamiento de la educación y de la salud, endeudamiento creciente del Estado; toda esta política, ha sido incapaz de producir una salida de conjunto, cuando ya han pasado más de siete años de gobierno menemista. Cualquier incidente financiero internacional, como el que evocamos en Brasil, o una suba de las tasas de interés en Japón, que afecte la especulación internacional con monedas, bonos y acciones, desataría una crisis financiera superior a la del año pasado.

La reducción de los salarios de los docentes en unos 260 pesos promedio, ha dado lugar a paros y marcha fue se han cumplido masivamente. Pero el gobierno no retrocede debido a que las medidas de lucha son espaciadas y que directiva provincial del gremio docente (ATEN) ha manifestado en reiteradas oportunidades que está dispuesta a negociar, es decir, que no lucha por la derogación de los decretos de reducción salarial. Decretos similares fueron aplicados a los trabajadores estatales: ATE aceptó un descuento salarial de 90 pesos, Sapag parece seguro de que la directiva CTA de Aten provincial transitara el mismo camino. Tribuna Docente ha planteado desde el inicio que se vote un plan de lucha de paros crecientes hasta la huelga general. Esta posición ha venido creciendo en las últimas asambleas de la Capital (la seccional más importante y combativa de la provincia); la moción de un paro de 72 horas, y luego la huelga general, recibió más de 40 votos frente a los 140 votos favorables a un paro limitado de 48 horas. Una propuesta del Mst (la más derechista) de discontinuar la lucha para realizar dos semanas de asambleas y jomadas de esclarecimiento, “para luego retomarla con más fuerza”, sacó sólo 10 votos. La moción de la burocracia cterista provincial, de paro sin fecha, sólo 2 votos, La propuesta de Tribuna Docente había triunfado en la localidad de Centenario. Pero al final, la directiva provincial decidió una ‘tregua’, para entrevistarse con el gobernador, en un amañado plenario de secretarios generales. Sapag consideró a la ‘tregua’ como una “buena señal”. Todas las señales emitidas desde las direcciones del conflicto apuntan a quebrar la lucha y aceptar de hecho la ‘tregua’ impuesta y, en consecuencia, la “oferta’ que pudiera realizar el gobierno. La directiva provincial ha declarado por todos los medios “que si el gobierno, que ha descontado a los docentes de su salario una masa de aproximadamente millones de pesos, en vez de ofrecer reintegrar sólo 300 mil, ofreciera una suma que alcanzara a los 800 mil, lo podríamos escuchar y esto permitiría elaborar una propuesta para el conjunto”. Más claro, imposible. La CD de Capital denuncia a la directiva provincial por haber ‘entregado’ el conflicto. Pero es necesario que en las próximas asambleas rechacen todo descuento salarial y propongan votar la inmediata derogación de los decretos y un plan de lucha de paros progresivos hacia la huelga general.

Exigimos: - Derogación de todas las facultades policiales para detener arbitrariamente. (Averiguación de antecedentes, Código de faltas, Edictos). - Detención de los policías “prófugos”. - Cese del hostigamiento y la persecución a los que luchan en defensa de la Salud, la Educación y el trabajo. Familiares de víctimas de la represión policial, junto a organizaciones sociales, invitan a la organización de la Jornada Provincial de denuncia y marcha el próximo 21 de junio. Sábados, 16 horas. En la Escuela de Trabajo Social. La Plata. Calle 9 y 63. Convocan: - Comisión de Familiares de Víctimas de la represión de la ciudad de La Plata: Moreno, Gutiérrez, Albanese, Bru, Rodríguez Laguna, Núñez y Familiares de víctimas del resto de la provincia. - Asociación Madres de Plaza de Mayo. - Coordinadora Sur contra la Represión Policial. - Correpi. Adhieren: - UJS (Unión de Juventudes por el Socialismo). Partido Obrero. - Corriente Patria Libre. - Agrupación Estudiantil “Venceremos”.

Tuvo que mediar la advertencia de los médicos de que su salud podría ‘Sufrir daños irreversibles”, para que Alcides Christiansen depusiera la huelga de hambre que mantuviera durante 18 días. La amenaza era tan seria, que una dirigente de la APDH respondió con un “por suerte que lo convencieron” a la inquisitoria de la prensa. Alcides Christiansen y Horacio Panario se encuentran detenidos por su participación en la movilización de las organizaciones de desocupados, el pasado 2 de octubre, que reclamaba el pago del subsidio legal de 200 pesos. El prolongado encarcelamiento de Panario, así como su situación de aislamiento, se suman a la detención de Christiansen y a la orden de captura que rige para otros activistas del movimiento. El Estado patronal se ensaña con estos compañeros en un intento de marcar un límite al pujante movimiento de desocupados y de evitar su proyección nacional. La burguesía está acosada por el pánico ante la sola perspectiva de que la inmensa masa de desocupados pueda convertirse en una fuerza de movilización política. La huelga de hambre de Christiansen sufrió un implacable silencio periodístico, exactamente por las mismas razones que explican la larga detención de los compañeros. Esta censura denuncia la mentira de que exista la libertad de prensa y desnuda la venalidad política del 99% de los periodistas de opinión. Hace quince días, un Encuentro de Desocupados de Neuquén votó una “marcha del hambre” para el próximo 21 de junio, en cuyo programa reclama igualmente la libertad de Panario y Christiansen. Llamamos a incorporar esta exigencia en todas las movilizaciones que están previstas para la misma fecha en distintos lugares del país.

Susana Decibe, la activa ministra de Educación menemista, acaba de anunciar la implantación de una “prueba de aptitudes y conocimientos” al final de la escuela secundaria. Diez días antes, se había pronunciado en favor de imponer “cupos de ingreso” a la universidad. De otro modo, dijo, “no hay recursos que puedan sostenerla (...) si en un tren en el que caben 100 personas, me quieren poner 300, yo no las puedo llevar” (La Nación, 6/5). El argumento oficial clarifica que el limitacionismo no se justifica por razones pedagógicas, sino para derivar el presupuesto de educación al pago de la deuda externa y para hacer de la educación un campo de lucro capitalista. Limitacionismo sin límites El “examen de egreso” para los secundarios viene a cumplir el rol de los cupos de ingreso a la universidad. Por eso, Decibe dijo que serviría “como instrumento guía adicional —junto al certificado analítico de las calificaciones del alumno— para el ingreso a las instituciones de la educación superior” (Clarín, 28/5/96). El “certificado de aptitudes” convierte al estudiante en un paria, porque como dijo un secundario en el debate sobre el punto en el programa de Grondona, ni siquiera tendrá posibilidades de un trabajo, al no poder acreditar los estudios realizados. La ministra habla de “certificados” y no de “diplomas”, porque la reforma educativa abole los títulos habilitantes. No habrá diplomas porque... tampoco habrá escuela secundaria. En su lugar habrá tres años de una escuela ‘polimodal’, tan desjerarquizada que ni siquiera otorga... un diploma. Retroceso de los radicales Los decanos del radicalismo de la UBA, mientras tanto, rechazaron los cupos pero no otras formas alternativas de limitación. Propician, en particular, modificaciones en el CBC, para que algunas materias del mismo pasen a cursarse bajo el control de cada facultad, esto con el objetivo de perfeccionar las materias ‘filtro’ , que provocan una gran deserción. Los decanos “esperan el dictamen de la justicia (es decir, de la Corte menemista)... para cumplirla” (la ley de enseñanza superior) (Clarín, 9/5). Esto se llama poner la cabeza en la guillotina. Los decanos menemistas, por su lado, “pasaron a ser mayoría en el CIN (organismo que nuclea a los rectores de las universidades públicas) y propusieron a sus dos representantes para integrar la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CNEAU)” (La Nación, 30/4). Tal Comisión es un organismo que funciona bajo la dependencia del Ministerio de Educación, viola la autonomía y permite la injerencia abierta del Banco Mundial y de las fundaciones privadas. El radicalismo ya había aceptado integrar...la citada CNEAU, aunque reclama en la justicia la “inconstitucionalidad” de este organismo. Toda la política radical se encuentra en derrumbe. Movimiento Estudiantil La política de la UCR explica la completa parálisis de la dirección de la FUA, a pesar de los ataques oficiales. Los que han comenzado a moverse son los afectados: los estudiantes de Psicología de Córdoba, y los de Kinesiología y Ciencias Sociales de la UBA, reclaman aulas y espacio físico, porque la situación de hacinamiento se ha tornado insoportable El Nacional Buenos Aires y el Pellegrini, secundarios dependientes de la UBA, se movilizan contra el intento de eliminarles el 6º año y el consiguiente ingreso directo a las facultades. La tarea, entonces, es desarrollar estas movilizaciones, para imponer las reivindicaciones, y desenvolver una política de organización, mediante cuerpos de delegados, comités de lucha, asambleas, para resistir los ataques que se preparan y extender el movimiento que se plantee rechazar la aplicación de la reaccionaria ley menemista de enseñanza superior. Las declaraciones oficiales sobre el “examen de egreso” secundario plantean la posibilidad de desenvolver una gran movilización común de universitarios y secundarios.

PO: ¿Cómo ves a la Justicia frente al conjunto de los casos de gatillo fácil en el país? Rosa: yo siempre digo que la justicia es muy tramposa. En el caso de Miguel estoy hablando bien por su causa —en este momento, no sé más adelante—, pero en el caso Núñez, cuando una cámara cambia la carátula y deja en libertad a los procesados, y cuando están prófugos y andan con total libertad por 8 y 48, y no los detienen, ahí no sé que falla, si la policía, la justicia. En el caso de Gutiérrez hay un solo detenido, entre 5 lo tenían de los brazos para ponerle la pistola en la cabeza. En el caso Albanese, que los asesinos están en libertad; bueno, son muchísimos los casos... Yo creo que no siempre la justicia ejerce la palabra, lo que significa en sí. PO: ¿Cómo se llega a la marcha del 21? Rosa: La propuesta llega de los chicos de la Coordinadora Sur, donde nos invitan a reunirnos para organizar una posible movilización. Va a ser importante la presencia de Marta Pelloni, a nosotros como familiares nos representa mucho, porque ella se identifica con el caso María Soledad. PO: ¿Cómo surge la consigna de “perpetua a los asesinos de nuestros hijos”? Rosa: Nosotros creemos que eso se merecen los que mataron a nuestros hijos y aparte, perpetuo es nuestro dolor; no porque se hiciera justicia el dolor merma.

El juez en lo penal Daniel Llermanos ha dictado el procesamiento por triple homicidio agravado contra el ex policía Héctor Muzzio, responsable del asesinato de Negro, Willy y Oscar, los pibes de Dock Sud. Muzzio se encontraba ‘prófugo’ cuando fue detenido por la jueza Servini de Cubría, con motivo del hallazgo de un arsenal de la ORP, lo que revelaría el origen parapolicial de ese organismo. La medida de Llermanos hizo lugar al reclamo de los familiares de los pibes, quienes consideraron que no se trataba de un “homicidio simple”, si no de una conspiración agravada, de acuerdo al artículo 80 del Código Penal. El agravante está dado por la alevosía con que fue perpetrado el crimen. Los pibes habían sido secuestrados previamente de la esquina de Alem y Huergo, en el Docke. Luego aparecieron como muertos —según el parte oficial— en un “enfrentamiento”. Perpetua El juicio entra ahora en una fase decisiva, pues debe someterse a una audiencia de vista de causa oral y pública para que se le imponga una sentencia final que, de acuerdo a la calificación actual, no puede ser otra que la prisión perpetua. Pero para ello los testigos deberán ratificar sus dichos y las pruebas mantenerse firmes. Esto hace más necesario que nunca un gran apoyo vecinal y popular para vigilar que esta fase final no se desbarate mediante argucias y presiones. Al mismo tiempo, ha quedado “congelado” el juicio por el arsenal de la ORP, lo que hace también necesario que se esclarezca a fondo cómo es que Muzzio —“fugado” en circunstancias no aclaradas oficialmente— apareciese a cargo de un gran depósito de armamento, cuya utilización no ha sido tampoco revelada ante la opinión pública. Es fundamental que todo el Docke, junto a los familiares de las víctimas, reivindique el cumplimiento de la pena perpetua y la clarificación del origen del arsenal de la ya no tan “misteriosa” ORP.

En los últimos días se ha desatado una verdadera ola de ataques ‘legales’ contra el movimiento obrero. Los trabajadores metalúrgicos de Tierra del Fuego, que participaron de la movilización en la que fue asesinado el obrero Víctor Choque, fueron condenados a dos años de prisión “en suspenso”. Los asesinos de Choque, en cambio, no han sufrido condena alguna. Panario y Christiansen, obreros neuquinos, siguen presos del gobierno sapagista, acusados de supuestos ‘disturbios’ ocasionados en la represión a la movilización del movimiento de los desocupados. A la fecha, el régimen judicial del señor Sapag sigue sin fijar fecha de juicio para que los obreros puedan siquiera defenderse de las imputaciones mediante las cuales los mantienen encerrados. Los trabajadores de Aurora-Grundig, de Avellaneda, han sido encuadrados en un proceso penal en los tribunales de Lomas de Zamora, que contiene difusas acusaciones por el sólo hecho de ejercer el legítimo derecho de huelga. A estos graves hechos se les suma ahora una ola de allanamientos de los que, según la prensa jujeña, han sido objeto un numeroso grupo de trabajadores del “Frente Gremial” de esa provincia, que reúne a obreros municipales y estatales. Se ha librado asimismo “orden de captura” contra el secretario general de ATE Palpalá, Bazán, dictada por el juez Morales, acusado de un supuesto ‘atentado’ en el Concejo Deliberante local. Según un informe presentado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo) existen actualmente en el país más de 500 casos de perseguidos por ‘delitos’ de esta índole, todos vinculados a movilizaciones obreras y populares. Este panorama hace evidente que el menemismo y sus aliados —sapagistas, radicales y tuttiquanti— han emprendido una acción concertada, utilizando medidas judiciales para tratar de reprimir el descontento y frenar la organización obrera. Las reacciones regionales o dispersas no pueden enfrentar —por sí solas— estos hechos. Está planteado entonces emprender una enérgica acción común a nivel nacional de todas las organizaciones que se reclaman por la independencia del movimiento obrero. Es necesario centralizar la defensa de todos los compañeros perseguidos. Toda derrota en este sentido significará un avance de la pérfida represión “democrática”.

La llamada segunda reforma del Estado no sólo importa el despido de miles —se habla de 20.000— de empleados públicos. Es un paso decisivo en la eliminación de la indemnización por despido y un ‘brillante’ negocio para los grandes grupos económicos. Es que “los empleados estatales que quedarán cesantes” serán transferidos “a través de pasantías y entrenamientos específicos en empresas privadas”, haciéndose cargo el gobierno del pago de los sueldos “durante 12 meses” (El Cronista, 29/5). “Al final, las empresas podrán emplear o no a esas personas, y dependiendo del resultado del entrenamiento (si logran empleo o no) recibirán el total o una parte de la indemnización que les corresponda” (ídem). Tenemos, por lo tanto, varios ataques contra el movimiento obrero y la legislación laboral al mismo tiempo : * se transforma a los empleados públicos despedidos en ‘pasantes’, lo que implicará una rebaja salarial; * la nueva patronal no pagará los salarios durante un año, sino que lo hará el Estado; * la clase capitalista recibe así mano de obra gratuita, sin comprometerse a contratarla; * se elimina la indemnización por despido. Pero hay más. “El gobierno proyecta eliminar todos los estatutos del personal estatal”, “reducir las remuneraciones del personal contratado” y cambiar el escalafón (Clarín, 21/5). Con todo, esto no es sino la antesala de un operativo antiobrero más vasto: “eliminar la indemnización para sustituirla por un sistema de ahorro, según el cual el propio trabajador guardaría un porcentaje de su sueldo mensual —se habla de alrededor del 2,5%— para integrarlo en una cuenta individual de la que se apropiaría en caso de perder el empleo o, en su defecto, en el momento de su retiro voluntario” (La Nación, 22/5). Lógicamente, el descuento del salario lo haría la patronal en forma compulsiva y el dinero de los trabajadores sería manejado por los bancos o las AFJP, que cobrarán una suculenta comisión por administrar esos fondos. Además, inyecta dinero en la Bolsa, con el riesgo a cargo de los trabajadores. Que el trabajador financie su propio despido con una rebaja salarial demuestra la perfidia del gobierno y la gran patronal. Con esto, además, confiesan que prevén despidos en masa y que no están dispuestos a pagar las indemnizaciones, como lo revela la pretensión de echar a los 20.000 empleados públicos y transformarlos en ‘pasantes’ de la clase capitalista.

El 23 de mayo se realizaron las elecciones en el sindicato de la Sanidad de Buenos Aires (ATSA). La Celeste y Blanca burocrática ‘sacó’ 7.599 votos y la Verde-Bordó 2.314, con maniobras, amenazas y el fraude. A pesar de esto, la Verde-Bordó se aseguró 16 congresales, con el 20% de los votos. La burocracia realizó un fraude impresionante (dobles padrones, carnets truchos, recibos de sueldo pactados con las patronales, etc.); trabó la fiscalización y recurrió al matonaje (amenaza a los fiscales, agresiones contra los apoderados e incluso contra escribanos que querían registrar anormalidades, etc.). Esto llevó a que, promediando la jornada de votación, la Verde-Bordó impugnara las elecciones. La Agrupación Sindical Independiente de la Sanidad (ASIS), integrada por militantes del PO e independientes, ha llamado a formar una Coordinadora de Comisiones Internas, delegados, activistas y agrupaciones, para encarar la defensa de las conquistas de los convenios sindicales —y de los convenios mismos— que la burocracia de West Ocampo quiere entregar, como se evidencia en su aval al convenio Fiat-Smata. También, para defender la Obra Social ante los intentos de aplicar la ‘reconversión’ que propicia el Banco Mundial.

La Comisión por la Libertad de los Presos Políticos (de La Tablada y dirigentes obreros) de la Facultad de Ciencias Sociales invita a la Charla-Debate con Osvaldo Bayer, David Viñas, Eduardo Salerno y Graciela Molle. Miércoles 12/6, a las 20hs., en el Auditorio CBC Uriburu (Uriburu 950).

Las patronales del transporte han comenzado una escalada de ataques contra los choferes en materia laboral y salarial. En la línea Río de la Plata, la patronal pretende subcontratar una parte del servicio, para lo cual ya estaría en tratativas con una empresa brasileña. Esta ‘reorganización 9 significaría dejar en la calle a varios centenares de compañeros. La patronal de la 98 acaba de formar una ´cooperativa´ a la que han ingresado ´voluntariamente´ 150 choferes de la línea. La empresa les ha reconocido un aumento de salario pero a cambio de que los trabajadores presenten la renuncia, pierdan la antigüedad, resignen la indemnización que les corresponde por ley y acepten la modalidad de trabajo ´flexible´ que incluye, como gran novedad, el horario discontinuo o jornada cortada. Ni qué hablar de que el régimen de las 'cooperativas´ implica librar a la patronal de toda responsabilidad en materia de cargas sociales (jubilatorias y de obra social), indemnizatorias y aun por enfermedad y accidente de trabajo. Qué hace la UTA Pese a la envergadura de los ataques, el sindicato no ha tomado ninguna iniciativa. Según denunciaron distintos compañeros de la 98, el verdadero arquitecto de la flexibilidad laboral habría sido el propio sindicato, con el pretexto de que así se salvaguardan las fuentes de trabajo. La UTA, con Palacios a la cabeza, viene de participaren el plenario de la Federación de Box y reclamar por la suspensión de los contratos basura, la plena vigencia de los convenios y la reivindicación de la jornada de 8 horas. ¿Pero por qué no comenzamos por casa? Es posible derrotarlos La lucha desarrollada por los trabajadores de la 148 debería ser tomada como referencia por todo el gremio. La firmeza y contundencia con que los compañeros han defendido sus reclamos, ha impedido a la patronal salirse con la suya. Se han estrellado todas las tentativas por desconocer el convenio, rebajar los salarios, imponer el horario discontinuo. Inclusive, ha fracasado el intento—luego de la conciliación obligatoria—de pagar la mitad de los sueldos en negro. Los choferes de “El Halcón’’ han conseguido que la totalidad del sueldo sea abonado en blanco e incluso que se quitara la leyenda en los recibos que hacía referencia a una cláusula de la ley de concursos y quiebras (la empresa está en la actualidad en concurso), en virtud de la cual se puede suspender la vigencia del convenio. La empresa, naturalmente, no ha renunciado a sus objetivos, como lo demostró el despido de 12 choferes, por una supuesta ´ineptitud´ física, lo que fue rechazado en una asamblea general. Si una línea, por su cuenta, ha sido capaz de ponerle un freno a la prepotencia patronal, cuánto más lejos se podría ir si interviniera el gremio como un todo. No hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de ello.

Las próximas elecciones en la Capital pueden carecer de interés para la opinión pública, al menos según lo que divulgan los ‘encuestólogos’, pero son incuestionablemente un aspecto importante del desarrollo de la política de la clase capitalista y, por sobre todo, de la propia crisis del Estado. ‘Paisaje’ político Los enfrentamientos que caracterizaron a la campaña electoral en las últimas dos semanas, reflejan las tendencias que siguen las fuerzas que pretenden disputar la sucesión presidencial de Menem. Es necesario decir que para el conjunto de la clase burguesa, la sucesión presidencial del 99 debe ser el terreno donde se diriman las alternativas a la crisis actual. O sea que descarta la posibilidad de una crisis de gobierno relativamente inmediata y más aún, una interrupción del gobierno menemista. En la edición anterior de Prensa Obrera se señaló que el sabotaje a la candidatura de La Porta obedecía al veto del clero a la posibilidad de que los fondos de educación del distrito quedaran en manos de un ‘socialista’, e incluso más, que el Frepaso pudiera apartarse de su política complaciente con el clero. Una encuesta de Sofres-Ibope, que publicó El Economista (31/5), acaba de poner en duda las encuestas que sistemáticamente estuvieron bombardeando las posibilidades electorales de La Porta, al revelar una proyección de votos para el 30 de junio que coloca a La Porta a dos puntos de De la Rúa. Que la descalificación de la candidatura de La Porta obedece a una inspiración clerical, lo confirma el ataque que le dedica el chupacirios Grondona en su comentario del domingo en La Nación, ¡¡donde reivindica incluso la conveniencia de que se hubiera llegado a un acuerdo pre-electoral con Béliz!! Los problemas en el Frepaso no se agotan con la candidatura de La Porta, sino que también existe otro enfrentamiento, según Clarín, porque Meijide sería partidaria de un frente con el radicalismo para después de las elecciones, contra la posición de Alvarez, que cree en una crisis en el justicialismo y en la posibilidad, por lo tanto, de un frente de otras características. Como la candidatura de Duhalde es el factor más importante que podría desencadenar una crisis en el PJ, existiría la perspectiva de una futura alianza entre un sector del Frepaso con Duhalde. Algo semejante se está planteando dentro del CTA. Lo que ya ha ocurrido en distintas provincias, con el pasaje de frepasistas al peronismo y al bussismo, y el episodio de Bordón, demuestran que esta hipótesis es perfectamente realista, en especial si el Frepaso pierde las elecciones para intendente. La política menemista corre por otro andarivel, esto si se excluye el espionaje electrónico contra los candidatos rivales y el enorme gasto de presupuesto que se está haciendo para ganar votos. De un lado, lograr que Domínguez le gane cómodamente la ‘interna’ oficial a Béliz, algo que está lejos todavía, por lo menos según la encuesta apuntada, que lo coloca muy abajo (13.0), a 2.9 de diferencia de su rival. El menemismo calcula que el radicalismo fracasaría en su gestión municipal, como consecuencia de la enorme deuda pública del distrito, lo que sería aprovechado en las elecciones del 97 y del 99. Es decir que el ‘éxito’ del oficialismo pasaría por el sabotaje a las otras instituciones del Estado. Este cuadro de disgregación política, que alcanzó por el momento su punto máximo con el procesamiento y desprocesamiento de Domínguez y los insultos entre el radicalismo y el Frepaso, ha inquietado a La Nación (4/6), que ve “una situación institucional brumosa” que “causa inquietud y alarma”, por lo cual reclama “capacidad y flexibilidad para forjar acuerdos”, en especial “si el resultado de las elecciones conduce —como algunas encuestas parecen anticiparlo— a una fragmentación del poder”. Una ‘dura advertencia’, por cierto, pero no son las elecciones las que amenazan con esa ‘fragmentación’. La bomba de tiempo Resulta que ni Domínguez ni De la Rúa tenían razón cuando se pelearon por el monto al que ascendería la deuda pública de la Capital, que el primero había cifrado en 2.028 millones de pesos y el segundo en 2.800. Esa deuda es, en verdad, según lo acaba de informar la Auditoría, de 3.217 millones, aunque no incluye las deudas contraídas por el “plan de repavimentación” con el que Domínguez ha infernalizado el tránsito porteño. Tampoco incluye unos 1.184 millones de pesos correspondientes a demandas en sede judicial contra el Estado porteño (La Nación, 31/5). En suma, el ‘muerto’ podría llegar a los cinco mil millones de pesos o dólares. Casi la mitad de lo que deben en su conjunto las 21 provincias argentinas. Los acreedores de esta fortuna son los especuladores con bonos, los contratistas del municipio y los bancos. Esta cuestión capital se encuentra, sin embargo, fuera del debate en la Capital, por la simple razón de que los candidatos oficiales de la burguesía saben que, no ya para pagarla, sino para refinanciarla, necesitarán de un impuestazo, de despidos masivos de personal y de privatizaciones indiscriminadas. Ningún banquero le abriría un crédito al futuro intendente si no está garantizado por un impuestazo o por una ‘reforma del Estado’ municipal; mienten los candidatos en cuestión cuando dicen que no subirán los impuestos o que recurrirán solamente al crédito. En lo que concierne al impuestazo, el medio que se utilizará será el revalúo fiscal de las propiedades, que es hoy un 80% inferior a su valor de mercado. Domínguez intentó dictar un revalúo, pero claro, no tenía la ‘autoridad’ que sí tendrá un intendente ‘electo’. En la legislatura de la provincia de Buenos Aires, todos los bloques acaban de dar su acuerdo a un proyecto de ley de revalúo inmobiliario bonaerense, que se pondrá en marcha en 45 días (El Economista, 31/5). Es exactamente esto, un revalúo inmobiliario, lo que plantearon todos los candidatos en una entrevista que concedieron a La Nación (2/6). La Porta contemplará “una readecuación de las valuaciones fiscales de los inmuebles en función de los cambios que ha sufrido la ciudad”. Esto significa que se sobregravará a barrios enteros, sin discriminar la capacidad contributiva de cada sector social. Se trata de una clásica política de expropiación económica, que obligará a emigrar de barrio o distrito a los menos pudientes, abriéndoles nuevas posibilidades a la especulación inmobiliaria y elevando el costo de la vivienda en todo el ámbito de la ciudad y aun del conurbano. A La Porta, ‘socialista’, no se le ocurrió plantear la investigación de la deuda ni pensar en una moratoria indefinida de su pago, no digamos desconocerla por usuraria. De la Rúa también puso el dedo en el impuesto inmobiliario, que debe, dijo, “exteriorizar la capacidad contributiva”, o sea, su mayor valor de mercado, que es tres veces más alto que el actual valor fiscal. Rodríguez Giavarini, su eventual secretario de Economía, fue más directo: “o alícuotas progresivas o revalúo de la propiedad”. A ninguno se le ha ocurrido gravar en forma creciente o progresiva sólo las propiedades superiores a un determinado valor de mercado, por ejemplo, a partir de 100.000 pesos actuales, en tanto que para las de valor inferior sólo se debería tener en cuenta el ingreso o salario del grupo familiar. Ningún candidato propone gravar a bancos, casas de cambio, operaciones financieras o a los especuladores, porque opinan que tal cosa ‘promueve la evasión’. Domínguez, que ya intentó un revalúo, curiosamente se ‘olvidó’ del tema, mientras que Béliz, de puro caradura, “descartó un revalúo general”, pero no “caso por caso”, algo que el ‘cavallista’ no hará nunca, porque ello significaría un censo de fortunas que revelaría el enriquecimiento ilícito y brutal de sus mandantes. Trabajadores No existe conciencia en la inmensa mayoría de los trabajadores acerca de la agresión que se prepara a partir del ‘intendente electo’; esa conciencia se desarrollará con el comienzo de las agresiones mismas. Por eso mismo, no se advierte que la Capital se convertirá en un polvorín tanto en el plano social como político. La ausencia de un voto de clase en el distrito está expresando una crisis política de los trabajadores en su sentido más amplio. La campaña electoral del Partido Obrero apunta a hacer consciente este proceso y, en esa medida, prepara a los explotados para una lucha resuelta contra la inevitable política de descargar aún más sobre sus espaldas una crisis ajena, la crisis capitalista.

¿Es verdad que la CGT “rechaza los cambios que el Banco Mundial impulsa en las obras sociales”, y que el gobierno está ejecutando al pie de la letra, como señalaron algunos diarios (Clarín, 27/5)?¿Es verdad que la CGT “no quiere el crédito del Banco Mundial”, que financiará la ejecución de esos cambios en las obras sociales? Nada más alejado de la realidad. La burocracia cegetista está metida a fondo en la ‘reforma’ de las obras sociales, pregonada por el Banco Mundial. Liquidación de la cobertura universal y solidaria El corazón de esa ‘reforma’ es el reemplazo de la actual cobertura médica universal y solidaria que brindan las obras sociales (igualdad de posibilidades de atención médica, sin exclusiones ni períodos de carencia, para todos los trabajadores y sus familias, al margen del nivel del sueldo) por el llamado Plan Médico Obligatorio. Este PMO cubre una prestación básica mínima por el equivalente a 15 pesos por mes por beneficiario. La inmensa mayoría de los trabajadores no podrá recibir otra atención fuera del PMO, esto porque el aporte a las obras sociales es del 8% del sueldo (3% el trabajador y 5% la patronal), lo que para un sueldo de 750 pesos da un aporte de 60 pesos, o sea 4 PMO: el del trabajador, su esposa y 2 hijos. En consecuencia, los trabajadores que ganen menos de 750 pesos solamente podrán tener acceso al PMO, no más. Por lo tanto, quienes necesiten servicios médicos mayores a los cubiertos por el PMO, deberán realizar aportes extras o comprar planes privados de salud. Esto, que ya está sucediendo, ya que las obras sociales cobran ‘plus’ o adicionales por cada visita al médico o realización de análisis o radiografías, y será establecido con planes diferenciados: PMO para todos, y quien quiera una cobertura mayor deberá pagar la diferencia. “Dentro de 180 días habrá vencido el plazo para que todas las obras sociales implementen un Plan Médico Obligatorio. Las entidades que no cumplan con esas prestaciones, según la nueva disposición, deberán fusionarse con otras” (Clarín, 20/5). Es por eso que resulta sintomático que la CGT impulse “una red integrada de servicios” que abarcará a “las 10 obras sociales más grandes” (Clarín, 29/4). Se trata de un paso hacia la ‘fusión’ que impulsa el Banco Mundial, con el fin de “salvar” a las obras sociales más grandes y dejar en la lona a las obras sociales más chicas o de aportes más bajos, como es el caso de los trabajadores rurales, que no recauda siquiera para cumplir con el PMO. “Las grandes obras sociales (metalúrgicos, empleados de comercio, gastronómicos, mecánicos, textiles, construcción, de la sanidad) manifestaron su intención de agruparse en una Federación. Según sostienen allegados a las obras sociales medianas o chicas, la intención de esta Federación es no perder afiliados propios y debilitar a sus competidoras más pequeñas, para así quedarse con todo el mercado...” (El Cronista, 22/5). El propósito del Banco Mundial es que de las actuales 350 obras sociales queden unas 100, con vistas a concentrar el negocio de la salud, favoreciendo los acuerdos de los grandes burócratas con clinicas, sanatorios y laboratorios privados. Una parte del préstamo de 375 millones del Banco Mundial, nada menos que 25 millones, irá a manos de consultoras encargadas “de diagnosticar la situación de cada obra social” (Clarín, 20/5). Aunque Clarín dice que la CGT “cuestiona” la intervención de consultoras, lo cierto es que los burócratas se adelantaron al Banco Mundial. Juan José Zanola, de la Bancaria, firmó, a un valor de 200.000 dólares, con la consultora Coopers & Lybrand, un convenio de consultoría para “la nueva obra social bancaria” (La Nación, 30/4/96), lo que significa, además, que Zanola terminó por aceptar la disolución del Instituto de Servicios Sociales Bancarios y la pérdida del 1% que aportaban los bancos al Instituto. “Este es el primer acuerdo que Coopers & Lybrand cierra en el mundo con una organización sindical”, dijo Zanola, para que no queden dudas de la decisión tomada. También, los sindicatos de televisión, farmacia y Agua y Energía Eléctrica “han contratado a la consultora Ortiz y Asociados” (El Cronista, 22/5). Intereses en pugna Lo que sí es cierto es que la CGT ‘cuestiona’ al Banco Mundial “los intereses que deberán pagar aquellas obras sociales que quieran tomar un crédito del Banco Mundial: pagaderos en 15 años, con tres años de gracia, los préstamos tendrían un interés del 7 u 8 por ciento anual” (Clarín, 20/5). La objeción cegetista es lógica, porque el llamado “fondo de reconversión de las obras sociales” se compondría, además del dinero del Banco Mundial, con 200 millones de la ANSSAL, que son fondos pertenecientes a las obras sociales. En consecuencia, el fondo les prestaría a las obras sociales un dinero propio, a una suculenta tasa de interés. Pero esto mismo nos está diciendo que la CGT está discutiendo la letra chica de los créditos, algo que hacen solamente quienes ya están al borde de poner la firma. La burocracia también está aceptando la transformación de los hospitales públicos en hospitales de autogestión, lo que es un paso decisivo hacia la arancelización y privatización, con lo que se completa todo el plan destructivo de la salud impulsado por el Banco Mundial. Pero no sólo se trata de la burocracia oficialista. El MTA también quiere formar una federación de obras sociales afines para reconvertirse y entrar en la nueva estructura propugnada por el Banco Mundial. El CTA, a pesar de tener una cierta presencia en los sindicatos vinculados a la salud, está sumido en la total parálisis, y no faltan sectores que ponderen el llamado hospital de autogestión. La UCR y el Frepaso silencian toda referencia en la campaña electoral de la Capital al tema de la salud, ya que también participan del programa del Banco Mundial. Programa Contra toda esta política de destrucción de la salud, el PO impulsa una campaña sobre los siguientes ejes: • No a la privatización de la salud. Duplicación del presupuesto de salud. Derogación de los decretos 292/95 y 492/95, que rebajan los aportes patronales, implantan el PMO, desregulan las obras sociales y avanzan en la liquidación del PAMI. Defensa de la cobertura médica universal, integral y solidaria y la gratuidad de la atención en los hospitales. • Por un plan de salud único, universal, estatal y gratuito, financiado con aportes exclusivos de las patronales y bajo control de los trabajadores.

En la ciudad de La Plata se está preparando una importante jornada de denuncia contra el gatillo fácil de Duhalde. Se realizará frente a la casa de gobierno y culminará con una marcha, a las16 horas, a la Jefatura de Policía. Para encabezar la movilización, los padres de los jóvenes asesinados por la policía tomaron el planteo de “Perpetua a los asesinos de nuestros hijos”, denunciando con este reclamo las condenas irrisorias, los juicios truchos y la protección del Estado a los represores.

La burocracia del sindicato de la alimentación ha producido un hecho que ha conmocionado al activismo del gremio: firmó su propio convenio Fiat-Smata. En la fábrica Suchard pactó un convenio por empresa, lo que de por sí es un golpe importante, agravado por el hecho de que en Alimentación no existe el régimen de convenio por fábrica. El convenio Suchard instaura la jornada “mensual” de 200 horas, lo cual autoriza a la patronal a determinar a su antojo la jornada “diaria”. En otro tramo, permite los cambios de turno al arbitrio de la patronal con un lapso mínimo de aviso. Para completar la obra, fracciona las vacaciones y viola la ley y el convenio, esto porque habilita el año entero. No faltan cláusulas de polivalencia, según el testimonio de los activistas del gremio, aunque el texto del convenio no ha sido publicado por la directiva. Podría pensarse que se trata de la aplicación sólo de una parte del convenio Fiat-Smata: la de la flexibilidad laboral. Pero ocurre que los salarios de las plantas de la alimentación ya se encuentran en el piso mínimo. Por ejemplo, en Nabisco (ex Terrabussi), la hora del operario general, abrumadora mayoría del plantel, es de 1,40 peso. Es el único salario efectivo, el resto es eventual: dos premios al presentismo —uno semanal, otro mensual—, uno por puntualidad y otro por producción —según la máquina y la sección. Todo lo cual, en el excepcional caso de ganarlos„ todos, apenas supera los 400 pesos mensuales. ¡Otra que Fiat-Smata! El convenio Suchard es, en este cuadro, un golpe impresionante a los trabajadores de la alimentación. Sin embargo, la política de la burocracia tiene un alcance aún peor. Ocurre que en diciembre venció el convenio general trianual de la actividad, ante lo cual la burocracia de Daher ha admitido la sustitución de hecho del convenio general por convenios por empresa. El burócrata menemista demuestra que no en vano “picó en punta”, entregando la obra social de la alimentación y su enorme padrón de afiliados por el 6% del paquete accionario de una sociedad con Cruz Blanca e Inca SA, dos pulpos multinacionales del negocio de la salud, los seguros y la jubilación privada. No resulta casual, entonces, que Menem llevara a Daher como embajador sindical de los privatizadores en su última gira por el exterior. Semejante ofensiva no pasó desapercibida al cuerpo sindical del gremio. Un movimiento por la formación de una lista opositora en el orden nacional, con base en Bagley y Terrabussi, fue abortado por la burocracia, anticipando en un año las elecciones generales y publicando el plazo de presentación de listas una semana antes en el diario La Razón (que nadie lee). La maniobra cobra todo su sentido con el convenio Suchard y la privatización de la obra social. Necesitan mandato renovado y sin oposición para completar el grueso del trabajo sucio. Preparan el despido de médicos y cierres de servicios —algo de lo que ya se habla—, el arancelamiento —algo que no se niega en la campaña electoral—y la extensión al gremio del convenio Suchard. En Aguila Saint, los trabajadores, con su Comisión Interna a la cabeza, realizaron un petitorio masivo al sindicato y a la empresa de un incremento salarial, como adelanto del aumento de convenio cuya discusión reclaman. Aguila marca el camino. Bagley y Terrabussi no pueden quedar esperando la próxima elección. La expulsión de la burocracia es indisoluble de la lucha contra el convenio Fiat-Smata en la Alimentación. Fuera el convenio Suchard. Inmediata denuncia del convenio. Elección de paritarios en asamblea general. Aumento del 50%, incorporación de todos los premios al básico y discusión del convenio único de la industria de la Alimentación. Sobre este programa, impulsemos asambleas por planta que exijan inmediato congreso de delegados.