Prensa Obrera N° 417

Con una importante manifestación docente-estudiantil al Ministerio de Educación, se inició el lunes 18 una semana de paro de los profesores del Colegio Nacional de Buenos Aires y de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini, por la equiparación de sus salarios (un 40% inferiores) con los de los profesores de enseñanza media dependientes de la Municipalidad. También exigen un claro compromiso de que los colegios dependientes de las universidades nacionales no serán transferidos al ámbito municipal o provincial. El funcionario que recibió a una delegación de los manifestantes prometió un decreto de aumento que estaba en borrador. El miércoles 20, tuvo lugar una asamblea que conoció un proyecto de decreto con la firma del ministro de Educación. El proyecto, que para ser decreto todavía tiene que pasar por Economía y Presidencia, autoriza a las universidades nacionales a pagar la suma necesaria para la equiparación con los docentes de enseñanza media de cada jurisdicción ... con la condición de que no signifique aumentar un peso el presupuesto universitario. Tras la lectura del decreto y de una breve evaluación del mismo, la asamblea docente resolvió completar el paro previsto para toda la semana e instar a las autoridades del Ministerio de Educación y de las Universidades Nacionales a aclarar públicamente cuál será el origen de los fondos para pagar el aumento y a dar seguridades de que los colegios no serán transferidos. La decisión de los profesores fue aclamada por los estudiantes que colmaban el Aula Magna del Buenos Aires donde se realizó la Asamblea. Los profesores volverán a reunirse el jueves 28 para evaluar la situación y resolver un curso de acción.

Nuestro partido ha ido demasiado lejos en la defensa de una acción de conjunto de la izquierda, que ofrezca una alternativa a la clase obrera y una lucha de mayor alcance contra el gobierno y el conjunto de las fuerzas propatronales. Lo que sostiene la política del partido es la necesidad de evitar la completa atomización de la izquierda, darle a la lucha de los trabajadores un carácter de conjunto y una forma política definida (J.A., PO-412). No es correcto oponer una imagen de izquierda como bloque, a la completa atomización de la izquierda, porque la “integración de este bloque” está limitado a la simple presentación de una papeleta electoral, en el mejor de los casos con las siglas de las tres organizaciones, una unidad de papeles que no tiene sustento en ninguna acción práctica, que permita una experiencia superadora siquiera al activismo que rodea la base militante de la propia izquierda. La atomización de la izquierda es un dato de la realidad, pero esto no debe asustarnos y, mucho menos, considerarlo un dato determinante, fatídico para el futuro de la revolución. La caída del bandidaje político organizado (stalinismo) y de sus socios democratizantes (morenistas), y lo que es más importante, el fracaso de sus políticas, es un dato alentador. Obviamente que contradictorio; no nos puede alegrar el fundimiento en masa de militantes y activistas ligados a la izquierda y el retroceso que esto significa para la vanguardia y el movimiento obrero. Pero en el marco de un período que consideramos de alcance revolucionario, de violentos giros (que incluso ya se perciben: Santiago, La Rioja...), en un marco internacional de crisis explosiva de la economía capitalista, de reanimamiento de la lucha de clases, etc.; es propio de una política conservadora, no de vanguardia, SEGUIR postulando un bloque con una izquierda desprestigiada, en liquidación, que viene de hundir el espíritu revolucionario de miles de luchadores; es no confiar en la aplicación práctica de nuestra política, en las deducciones que surgen del correcto análisis teórico que hacemos del período por el que atravesamos... Se puede percibir la tendencia a la ruptura o por lo menos a la dispersión de contingentes de activistas, de militantes, de punteros, que chocan con las estructuras en descomposición de los grandes aparatos partidarios, el estado de disolución de uno de los más grandes partidos de la burguesía argentina (UCR). Nosotros no debemos despreciar un bloque con el resto de la izquierda, pero justamente esto, un bloque de acción práctica, no negociaciones y acuerdos de trastienda, de cúpulas, ámbito donde estos bandidos políticos se mueven con toda impunidad, donde el partido revolucionario ensucia su política y trayectoria, sin un beneficio importante para la vanguardia y el movimiento obrero. Descártese aquí toda interpretación que tenga que ver con una defensa moralinesca de un purismo ideológico abstracto, tenemos que estar dispuestos a meter la mano, el codo y todo el brazo en el barro, pero siempre que signifique un real paso adelante. Existen fenómenos moleculares y estallidos que marcan una situación intolerable para las masas y que, en su momento, se expresarán en un viraje de proporciones... sólo un partido audaz, que abra un surco, que “toque la psicología de la vanguardia”, de las masas con su ejemplo... El Partido Obrero debe ofrecer una alternativa de “poder hoy” a la clase obrera en la Argentina, hay que plantarse audaz, a las masas no les ha faltado audacia... La izquierda es un lastre que ahoga y mata todo espíritu de combate, con sus métodos mezquinos, su prejuiciosa y timorata política... No son simples limitaciones o deficiencias, sino el producto de una política harto conciente, hostil, no ya a una política socialista revolucionaria, sino a cualquier estructuración combativa (incluso en el terreno de las organizaciones gremiales y populares —negativa al comando único de izquierda, a frentes únicos antiburocráticos, etc.); por lo tanto, no sólo se trata de corregir o superar limitaciones, sino de combatir una política y métodos antirrevolucionarios... Al activismo que rodea a la izquierda, le ha quedado claro que ha sido el PO quien ha hecho un esfuerzo imposible por unir a la izquierda en un bloque único y con métodos de lucha... Las concesiones mantienen una autoridad que el Mst y el Mas no tienen y prolongan su capacidad de maniobra. Hay que quebrar el “modo perverso” de la izquierda “trucha” de hacer política. Estas concesiones crean un precedente que ponen el tema de la unidad en un terreno hostil para la política revolucionaria, no es el terreno para que prosperen la política y los mejores cuadros revolucionarios... Es hora de pegar un viraje, el partido debe dirigirse a la base de los grandes partidos, a la juventud de los radicales (partido en disolución), a los trabajadores; debemos PROMOVER ENCUENTROS, asambleas, congresos, ofrecerle a los trabajadores, a la juventud, lo que todos, absolutamente todos le niegan, que tomen su destino en sus propias manos. En el período que se avecina, el PO debe ofrecer en forma práctica su método y su programa como una alternativa de poder; debemos desembarazarnos del prejuicio de pequeñez que anida en el partido (todos conocemos nuestras limitaciones); pero no será la suma matemática de militantes y regionales lo que nos transformará en la vanguardia de la clase obrera, en el depositario de su confianza y en la vía de salida de su situación cada vez más desesperada, sino la calidad, audacia y vigor de nuestra política. Los “hechos puntuales” a que asistimos diariamente, que adquiren un “carácter masivo”: Suicidios, separaciones, aparición en escena del problema de la mujer, etc. (verdadero material para un estudio sociológico), no hacen sino expresar en forma puntual una situación intolerable, que no tardará mucho tiempo en expresarse de forma masiva y convulsiva, y que ya se expresa... Nuestro discurso debe ser sensible a esta situación, apelar a los sentimientos más profundos y ofrecer una salida práctica. Caracterizamos correctamente un período de bruscos virajes, de avances y retrocesos y de posibilidad de maduración revolucionaria de una vanguardia obrera... ACTUEMOS EN CONSECUENCIA promoviendo los métodos prácticos y el programa que se ajustan a esta caracterización. Marzo ’94

En Autolatina la bronca crece y con razón. En un cuadro de “apriete”, la patronal ha venido ajustando las clavijas hasta colocar los ritmos de producción a niveles insostenibles. Siguiendo los consejos de “SuperLópez”, el ejecutivo de la multinacional que mejor encarna la política de “ajuste” de la productividad, a los ya altísimos ritmos de trabajo, se los ha incrementado desde el pasado mes de noviembre en un 50 por ciento y los capitalistas pretenden aumentarlos en otro 10 por ciento más. Así, en el lapso de seis meses, en la línea de producción de automóviles, se pasó de 120 a 185 unidades diarias, a pesar de lo cual, el objetivo de la patronal es de 200 unidades por día. Esta superganancia patronal se amasa sobre la aniquilación física de los trabajadores, como lo reflejan las enfermedades y las renuncias de los obreros de Autolatina. La reforma laboral negrera tiene plena vigencia en la multinacional automotriz. La “productividad” de Ford se sustenta, además, en el trabajo por contrato. Aproximadamente un 25 por ciento de los trabajadores de planta están en esa condición y, por lo tanto, a merced de todas las exigencias de SuperLópez y Cía. La patronal busca, sin embargo, llevar al personal en esas condiciones, a un número mayor aún. La reducción de personal y su pasaje, eventualmente, al régimen de contrato, será mayor cuando se “privatice” al personal de mantenimiento, de sub-armado (asientos, tren delantero, suspensión) y, probablemente, estampado, tal cual informó el propio José Rodríguez en las asambleas de planta que se realizaron a comienzos de abril, para discutir, esencialmente, la “inauguración” de una AFJP del Smata. La burocracia de José Rodríguez, sin embargo, no se inmutó; con absoluta cara de piedra y sin movérsele un pelo, el burócrata explicó a los trabajadores en la asamblea de planta que, ante el 60 por ciento de aumento de la productividad, ellos, en “defensa” de la “familia mecánica”, le habían planteado a la patronal un “aumento” del 15 por ciento (!), pero que sólo se había podido obtener un incremento del 3 por ciento hasta marzo y otro similar de abril a julio. Saque el lector sus cuentas. La pasividad absoluta de la burocracia frente al atropello capitalista desnuda claramente su papel de cómplice y, mientras Rodríguez ensaya algún firulete presentando críticas a la reforma laboral, los delegados de planta actúan directamente como voceros de la patronal: pasan por las líneas de producción avisando de los aumentos en los ritmos de producción. Es decir, estamos en presencia de la reforma laboral de Rodríguez-SuperLópez. Rodríguez lo confirmó, además de los hechos, con sus dichos: en la asamblea, el burócrata señaló que él era partidario de una reforma laboral, aunque con algunos “retoques”. No sólo eso, planteó una actitud divisionista: en España, explicó, la reforma laboral de Caro Figueroa implicó que los operarios “apedrearan” a los trabajadores jóvenes que, en condiciones de contrato, amenazaban su fuente de trabajo. En este sentido, uno de los “retoques” de Rodríguez es “rechazar” la reforma para los “viejos” y aceptarla para los “nuevos”. La burocracia sindical, que dice enfrentar la reforma laboral, hace mucho que la sostiene en las fábricas y establecimientos. José Rodríguez hace mucho que no “bajaba” a Ford: lo hizo para ratificar que no pensaba hacer nada frente a la ofensiva patronal y para presentar su negocio de la jubilación privada.

Escribo esta carta porque después de leer el artículo “Análisis y limitaciones del Frente” (Prensa Obrera) creo que el partido debería iniciar un debate lo antes posible sobre la necesidad, ventajas y desventajas de formar este tipo de frentes con los partidos morenistas. Sabemos de la importancia de la unidad y de la lucha por impedir la disgregación de la izquierda, frente al avance y homegeinización de los sectores patronales, reformistas y el facismo riquista. Pero, aun así, debemos preguntarnos si un frente con estos partidos y de estas características sirve realmente para la movilización y organización del movimiento obrero. La Prensa Obrera marca con claridad las abismales diferencias políticas entre nuestro partido y los demás partidos “trotkistas”. El carácter de sus políticas etapistas y oportunistas dejarían sin palabras el propio Moreno. No debe ser el PO, que a lo largo de estos años mantuvo una política coherente y de crecimiento real, quién debe ceder posiciones. La crisis del Mas es mortal. Destruído por la fuga de Zamora y sus socios, fragmentado actualmente en su interior, está vacio de política, víctima de su propio impresionismo crónico se ve fortalecido ahora con este frente que acepta a su primer candidato y milita para el. Un frente que le inyecta suero a un partido-cadaver que tarde o temprano deberá obtener su certificado de defunción si se lo deja sufrir sólo su mortal agonía. Está destinado a desaparecer, no sólo por su impotencia política actual, sino también por los errores del pasado. Las falsas autocrítica no borraron el pasado ni retuvieron a cientos de militantes en fuga. El Pts, como dice Prensa Obrera, no existe como partido y menos como partido revolucionario. Ni siquiera a Moreno se le hubiese ocurrido iniciar un debate desde Página 12 (este es sólo un ejemplo sobre muchos, en el año 88 no denunció al Mas y defendió sus posiciones de ruptura desde el patronal Clarín). No nos debe sorprender, el Pts siempre fue un grupúsculo seudointelectual, que tomó como local partidario en su origen al Tortoni. Nos queda por último el Mst. subido al trompo del oportunismo más vergonzoso, gira hacia la derecha tan rápido como el PC en sus épocas más brillantes. Su seguidismo al FG o a quien sea capaz de prestarle un par de votos es escándaloso y lo será cada vez más por la propia naturaleza de su dirección, tradicionalmente electoralista. A este ritmo, la gran boda del 95 sera Zamora-solanas y habremos perdido entonces un tiempo valioso para denunciarlo. A mi criterio, lo único que logra el Po es ofrecerles a estos partidos distintas formas de ir zafando ante la mirada de los trabajadores. El FIS inyecto suero al más políticamente muerto. Así como el PC sobrevivió políticamente gracias a la Izquierda Unida, así sobrevive el Más ante mile de trabajadores que lo ven integrando un “‘frente piola”. Con respecto al Mst, lo único que hace el PO es salvarlo de su política autodestructiva incorporándolo al frente, cuando su callejón reformista y electoral no tiene otra salida que el FG. No debemos pensar en la unidad “salvavidas” de personerías y economías partidarias. No se pueden ocnfundir más a los trabajadores con frentes truchos, indefinidos de contenidos, vacíos de políticas y consignas revolucionarias. La resaca morenista tendrá que esperar entonces su muerte anunciada, sin un respirador artificial disfrazado de frente unitario. Es necesario entonces, discutir, caracterizar y elaborar la mejor política y las mejores consignas, para llegar con nuestro propio partido a los miles de militantes desilucionados que rompieron y seguramente romperán con el morenismo en todas sus variantes.

No se puede ver televisión, escuchar la radio, leer diarios sin ser bombardeado por la publicidad de la “jubilación privada”. Cada Administradora privada tiene previsto gastar en los próximos tres meses entre 40 y 50 millones de dólares en avisos publicitarios, pago de comisiones a los vendedores, promociones especiales como shows en estadios de futbol o hipódromos, etc. Como ya funcionan 21 AFJP, se calcula que la fiesta publicitaria y comercial rondará los 1.000 millones. Compañero trabajador: imagínese qué negocio es éste, el de la “jubilación privada”, que solamente en 90 días se piensa tirar por él la friolera de 1.000 millones de dólares. ¿Y quién va a financiar toda esta “joda”? El trabajador. Las AFJP informaron que sus comisiones van a ser del 3 al 4 % del sueldo, o sea del 27 al 36 % del aporte quincenal o mensual del trabajador. Esto significa que sobre un sueldo de 1.000 pesos, el trabajador aportará 110 pesos, y la AFJP se quedará entre 30 y 40 pesos por mes, por el resto de la vida laboral, o sea por 20, 30 ó 40 años. ¿Y que hará la AFJP con los 80 ó 70 pesos restantes? Los invertirá en la Bolsa, donde el dinero del trabajador podrá ser triturado por la inflación, la devaluación de la moneda, y el propio juego bursátil. En ese caso, cuando llegue el momento de jubilarse, el trabajador recibirá una jubilación pero de miseria. La “jubilación privada” es entonces un régimen de confiscación del salario y de la propia jubilación. Así lo han entendido los trabajadores que rechazan este sistema confiscatorio e intuyen que detrás de tanta publicidad, los bancos y compañías de seguros se quieren quedar con el botín, que no es otro que una parte del salario del trabajador. No es casual que “las últimas encuestas de las propias AFJP indican que —al menos en una primera etapa— la cantidad de personas que opten por la jubilación privada será menor a la esperada” (Clarín, 25/4). La desesperación ha comenzado a invadir las elegantes oficinas de los funcionarios y gerentes de las AFJP porque ven en el rechazo obrero la posibilidad de perderse el preciado botín. Pero la hipocresía y el bandolerismo de la “jubilación privada” no tiene límites. Porque en estos días las AFJP autorizadas a funcionar deben invertir su mísero capital en el mismo menú de acciones y títulos en que más adelante deberán invertir los fondos de los trabajadores. Los gerentes de finanzas de las AFJP pegaron el grito en el cielo porque dijeron “la ley me obliga a invertir en títulos públicos que pueden perder un 20 o 30 % en un mes, ya que no me da otras alternativas potables”, se lamentó el responsable de una AFJP, según Clarín (25/4). Pero ese 20 o 30 % por mes es lo que van a caer los fondos de los trabajadores. Y mucho más, porque los bocon cayeron un 40 %. Y sin embargo, dicen que la “jubilación privada” será un lecho de rosas. Los aportes de los trabajadores quedarán pulverizados y con ellos la propia jubilación. En Chile, desde febrero, los fondos han tenido quebrantos y aquí las pérdidas van a ser superiores. A partir del 2 de mayo, cuando comienza el período para optar por el sistema público o afiliarse a las AFJP, la pelea, el engaño, las trampas, serán inimaginables con tal de enganchar a los trabajadores a la jubilación privada. El gobierno, por ejemplo, no está entregando el formulario para quedarse en el sistema público, mientras 20.000 vendedores de la jubilación privada recorrerán fábricas y domicilios para que el trabajador se afilie a las AFJP. En el caso de los autónomos es peor porque deberán concurrir a las 4 o 5 oficinas de la ANSES para firmar la permanencia en el sistema estatal , mientras que para afiliarse a la privada tendrán un “servicio a domicilio”. El Partido Obrero plantea: unidad de acción para rechazar la estafa de la “jubilación privada”. Trabajador, no se afilie a ninguna AFJP, permanezca en el sistema estatal y luchemos por el 82% móvil, el aporte previsional exclusivo de los patrones y por Cajas estatales , administradas y controladas por los trabajadores.

En mi opinión Jorge Altamira planteó lo que se necesita en este momento en el movimiento obrero, es decir luchar contra la reforma y el plan de gobierno. Me parece bién que los partidos de la izquierda se unan para hacer un programa de lucha común contra todos los partidos patronales. El día del trabajador debe haber un palco para el trabajador en el cual se reafirme que es un día de lucha, no cuando la patronal fue generosa y nos dió un día de fiesta como reconocimiento a nuestro sacrificio. Generalmente la gente hace un asado ese día y había empresas no muy grandes donde la patronal se sentaba en la misma mesa que los obreros y eso no puede ser, porque el 1º de Mayo surgió como día de lucha obrera y hay que seguir luchando para reafirmar lo que es conquista del obrero que se obtuvo con lucha. Es necesario que los partidos de izquierda se unan con un programa común, con independientes y activistas para enfrentar al sistema. Contra la Reforma Laboral y la Jubilación Privada hay que denunciar a la burocracia y organizar un frente opositor para derrotar al oficialismo y al centro izquierda, que vino frenando una lucha unitaria a nivel nacional. La centro-izquierda tampoco tiene un programa en claro, combativo, también trabajan a espaldas del trabajador, como el caso de Mary Sánchez, cuidan seguir permaneciendo en la silla. Si no se lucha ni ellos quedarán, es hasta donde le sirven al gobierno, ellos consensúan y se llenan los bolsilos como toda la burocracia sindical En Sanidad es importante que los activistas antiburocráticos nos unamos por todo lo que está haciendo West Ocampo y la gente de la Celeste tratando que la gente firme de cualquier forma para la jubilación privada, negocio en el cual ellos están metidos. Los delegados y activistas tenemos que asesorar a la gente contra la Jubilación Privada y no como los delegados de la burocracia que promocionan y son vendedores de la Administradora “Claridad” de West Ocampo. Sería importante hacer un plenario de internas y activistas antiburocráticos, lo que reunió la lista Bordó en un frente de acción con un programa de lucha para defender el convenio, porque está siendo amenazado por los acuerdos de la dirigencia con la patronal. A nosotros nos dieron un ticket canasta que funciona como premio, lo pérdés si faltás, o por llegadas tarde te descuentan hasta el 50% y por otra parte no tiene un valor unificado, tiene un valor para los médicos, otro para las enfermeras y otro para las mucamas. Es un ticket con condiciones de flexibilidad laboral: si faltás por enfermedad más de diez días te pagan el día pero perdés el ticket o sea tenés una sanción económica tendiente a que uno vaya a trabajar enfermo lo que es ilegal y peligroso para uno mismo y sus compañeros. Respecto a una conferencia de la izquierda veo necesario una inserción política que tenga un programa que dé salida para el país porque el trabajador se está oponiendo al gobierno y las patronales pero no hay una organización que lo respalde por la traición de los burócratas. Hoy se sale a pelear presionando por las bases, muchas veces, pero sin una organización nacional. Hay que ganar a esa gente decepcionada de los políticos que votaron en blanco sobre todo en Jujuy, Salta, ellos piensan que es una herramienta votar en blanco pero no es solución, eso pasa por que hay un vacío político y la izquierda está muy desorganizada: cada uno tira para su lado. Por eso veo bien organizar un debate de los distintos enfoques políticos para que surja un programa común.

La realidad actual nos plantea el deber de aprovechar la nueva coyuntura de enfrentamiento en contra del plan cavallo-menemista. Tenemos que construir un frente de izquierda amplio, sin olvidar nuestro compromiso revolucionario debatiendo en conjunto con cada militante e independientes, para enfrentar las próximas luchas en común, contra la entrega de los recursos naturales y las empresas nacionales a las multinacionales. Debemos crear más condiciones para unirnos en un frente verdadero, en una oposición para los partidos de la burguesía, el único frente revolucionario. Hoy por hoy es el camino que debemos seguir, sin un frente revolucionario no existe una oposición a la burguesía. Hagamos juntos un 1º de Mayo con todas las organizaciones de izquierda. Llamemos a una cnferencia de todos los partidos de izquierda para discutir un programa e intervenir en las próximas luchas. Por una campaña de unidad contra la jubilación privada y la flexibilidad laboral.

Cuando la Secretaría de Seguridad Social anunció el corte de la asignación por escolaridad y la reducción del período que cubre el seguro por desempleo, se suscitó un enorme clamor popular. Las patronales, sin embargo, no se inmutaron, ni siquiera a pesar de que 72 horas antes el gobierno había sacado por decreto el texto de lo que hubiera debido ser una ley de qiebras, que beneficia a las empresas que evadieron impuestos y acumularon una enorme deuda fiscal, al autorizarlas a pagar esta deuda con acciones. Uno de los grupos que se va a aprovechar con esta medida es el Citibank, el cual luego de haber sido denunciado por la estafa cometida contra el Estado argentino y contra sus propios accionistas, por parte del New York Times, verá de este modo aliviada la deuda de su subsidiaria, Celulosa. De todos modos, los anuncios contra la escolaridad y el seguro por desempleo sirvieron para poner al desnudo la descomunal crisis fiscal que enfrenta el gobierno menemista —contra todo lo dicho por sus apologístas acerca de que “el costado fiscal es el más firme del plan económico”. Contrariando esta mentira, nada menos que Roberto Alemann le dijo a Clarín (25/4) que como consecuencia de la “jubilación privada”, se “va a perder mucha fuente de financiamiento. Seguramente se va a encontrar con una importante falta de fondos y Schulthess, obligado, tiene que salir a recortar por donde sea. Y yo creo que se va a quedar corto, por que va a tener que recortar una suma como la anunciada y muchísimo más”. Queda así expuesta una enorme crisis fiscal, aun cuando los ingresos totales del sector público llegan a unos 65.000 millones de dólares. Esto da una idea de la magnitud de los compromisos económicos del gobiernos con sus acreedores, con los exportadores subsidiados, con las administradoras de fondos de pensión y ahora con los pulpos “en quiebra”. La crisis fiscal se agravará aun más de lo que prevé Alemann, como consecuencia de la menor entrada de capitales que ha provocado la crisis financiera internacional y de la consiguiente caída del consumo que se encuentra financiada con créditos que provienen del endeudamiento con el exterior. No computamos en todo esto el previsible socorro del Estado a los bancos afectados por la caída sufrida por los títulos públicos que tenían en su patrimonio (un 40% en pocas semanas) y que en el caso de algunos de los más grandes ha provocado ya la desvalorización de un 20 de su patrimonio. Este es el cuadro de la situación económica que deben enfrentar las masas, es decir, un cuadro de mayores penurias. A la luz de todo esto es claro que las circunstancias imponen una lucha hasta el final contra el gobierno y su plan, y el completo deshauciamiento de las posiciones del Chacho Alvarez, que, nada menos que ahora, reclama el perfeccionamiento del plan Cavallo.

La Celeste, o sea la conducción marisanchista del SUTEBA, ha presentado con toda meticulosidad su política de hundimiento de la docencia. En su “Documento de discusión para el VIII Congreso de Suteba” establece: “Demanda de la jornada laboral de siete horas por salario digno y posibilidad de dedicación a un sólo cargo para el docente y por más horas de clase para el alumno”. Con esto se ha adelantado en varios días a la CGT, que está logrando convencer a “sus” senadores para que sí voten la reforma laboral. No hay que olvidar que la burocracia de Mary Sánchez ha dejado pasar la no titularización definitiva de miles de docentes nombrados en el 93, y permitido que se nombren 40% menos de cargos. Si se aceptara el planteo de la Celeste los nuevos docentes podrían ser tomados bajo un “nuevo contrato de trabajo”, es decir, por fuera del Estatuto del docente, que es nuestro antiguo Contrato, el cual garantiza la estabilidad, entre otras cosas. La idea de esta “reforma laboral” docente es pregonada a viva voz por Sazio, asesor del Ministerio de Educación. Esta “reforma” acompañaría la aplicación de la Ley de educación, la cual privatiza y clericaliza la enseñanza, y que también permite que los docentes sean tomados y remunerados de acuerdo con su “capacidad y preparación”. La Celeste no reclama el aumento salarial, ni la derogación de la Ley de educación, ni la defensa del Estatuto del docente, ni la no injerencia de la Iglesia en la educación, ni la obligación del Estado de sostener la escuela pública. Solicita participar de la Paritaria docente (con el gremio desmovilizado por supuesto), del directorio de IOMA y del Instituto de previsión social. En todo el documento insiste en participar de los órganos de gobierno escolar controlados por el Estado, no reclamando entonces la gestión docente de la educación. Como broche a esta política pretende dejar desangrar a los docentes salteños llamando a un paro nacional para ... algún día de mayo. Deja pasar así la resolución del gobierno de cesantear a 2.500 huelguistas. Tribuna Docente está empeñada en una vigorosa campaña para formar una lista única de oposición contra la Celeste y el Marisanchismo para las elecciones del 28 de junio.

A los compañeros del PO: Estoy de acuerdo con su trabajo militante que realizaron en nuestro barrio en el último período. Mis inquietudes son visitar a los compañeros del barrio para concientizarlos políticamente y así poder afrontar las próximas luchas. La lucha electoral que dio el FIS sólo es un paso y debe continuar tomando las tareas de un partido revolucionario. Preparemos células y hagamos reuniones para acercar a nuevos compañeros y formarlos. Preparemos un frente de izquierda sin oportunismos, que se dé la tarea de formar un partido de trabajadores que nos represente como clase. - Por un 1º de mayo conjunto de todas las organizaciones de izquierda. - Por una conferencia de los partidos de izquierda que elabore una plataforma para enfrentar las próximas luchas. - Por una campaña conjunta de la izquierda y el activismo contra la jubilación privada y la flexibilidad laboral. Barrio América- Rafael Castillo

La Superintendencia de AFJP, el organismo estatal encargado de controlar a las Administradoras privadas, es una dependencia de la embajada norteamericana. El diario Ambito Financiero (19/4) informó que el embajador norteamericano, James Cheek, logró, por ejemplo, que se suspendieran “algunas de las instrucciones de la Superintendencia”. Mr. Cheek “le hizo entender al gobierno cuán perjudicial sería para varias AFJP lideradas por compañías aseguradoras norteamericanas no poder utilizar a sus productores de seguros como promotores previsionales. En virtud de esto la Superintendencia suspendió por el término de 90 días la instrucción número 11, la cual inhibía a los productores de seguros, empleados bancarios y trabajadores de medicina pre-paga tener como actividad secundaria la de promotor de una AFJP”. El gobierno y las AFJP aseguraron que los “vendedores” (sic) de la jubilación privada tendrían una capacitación especial que los convertiría en “asesores previsionales” de los trabajadores. Puro verso, porque quien vende no puede asesorar. Sin embargo, pretendieron que esos vendedores “rendirían examen” ante la Superintendencia y que su actividad sería de dedicación exclusiva. Ahora, un simple llamado telefónico desde la Embajada norteamericana bastó para que la Superintendencia suspendiera el requisito del examen y cualquiera puede vender jubilaciones privadas, porque esto abarata la contratación del personal. Conclusión: la Superintendencia es una oficina de los pulpos, contra los intereses de los trabajadores.

Una Asamblea de unos 700 compañeros acaba de levantar la huelga general de 7 semanas al aceptar, por una pequeña mayoría, el paquete propuesto por el gobierno que implica un aumento de 60 pesos para abril y mayo y de 70 pesos para junio, en calidad de adicional fijos y “en negro” (no son remunerativos ni bonificables), que tampoco alcanza a los jubilados. El acta acuerdo incluye también el pago integral de los haberes caídos, incluso del presentismo de marzo y abril, pero con la condición de la recuperación cuantitativa y cualitativa de los días de paro. La reivindicación de los trabajadores era un básico de 450 pesos —frente a los 170 pesos que se estaban cobrando. El paquete había sido criticado e impugnado por la enorme mayoría de las intervenciones; sin embargo a la hora de votar pesó el desgaste provocado por el paro prolongado y hubo una mayoría de compañeros que consideró que así preservaba al gremio para futuras batallas. La asamblea aprobó, sin embargo, la participación en el acto del 1º de Mayo, en Jujuy. Fueron numerosas las mociones que exigieron sostener un trabajo de esclarecimiento de los planteos de los docentes y de denuncia de la política gubernamental. Los compañeros de Mosconi, Tartagal, Pocitos y de otras localidades trajeron mandato para seguir el paro, pero el desgaste era notorio en Capital, Güemes, Metán y otros departamentos. Un balance necesario Con el levantamiento de esta huelga termina una etapa de la lucha, que ha puesto en pie a una gran camada de nuevos activistas en las comisiones de movilización de toda la provincia. En el curso de la lucha se fueron superando los obstáculos, apelando a la solidaridad del resto de los trabajadores, al fondo de huelga, a las movilizaciones, a las tomas de escuelas, a los cortes de ruta, y a las asambleas populares que sesionaron en numerosos pueblos (en las cuales se elaboraron y organizaron las tácticas de lucha y también las respuestas a la política del gobierno). Se han retomado las mejores tradiciones de lucha de los trabajadores, la acción directa, la independencia política y la huelga indefinida. Métodos y acciones que indudablemente habrá que retomar en una lucha de conjunto de los trabajadores para derrotar a Ulloa y a Menen. La política de Ctera Sólo después de la quinta semana de paro la ejecutiva de Ctera “aterrizó” en Salta. Desde el vamos sus planteos fueron de apaciguamiento y desmovilización. El mensaje de Mary Sánchez en Salta (a caballo del éxito electoral del Frente Grande) fue el de mediatizar las luchas, “ojo con la intervención”, mejor preparemos el frente político social para el 95, etc., etc. Luego, el Congreso de Ctera rechazó el planteo de la delegación de Salta exigiendo un paro nacional en solidaridad. Una delegación de activistas viajó a Buenos Aires a propuesta de Ctera para entrevistarse con el Ministro de Trabajo, en una tarea de ablande para que estos compañeros se hicieran portavoces de una “contrapropuesta” salarial de los huelguistas que debía acomodarse a los supuestos fondos que pondría la Nación. El planteo era 80 pesos de suma fija remunerativa como planteo de mínima para levantar. El efecto sobre un sector del activismo fue desmoralizador... “tanta lucha para terminar pidiendo un monto fijo miserable”. La aceptación del paquete propuesto por el gobierno se hace en el marco de este vaciamiento impulsado por la Ctera. A lo largo de la lucha, la directiva local estuvo a contrapelo de lo que las masivas asambleas iban decidiendo y fue el instrumento de la política de la burocracia de Ctera, saboteando de modo abierto o encubierto las iniciativas del activismo de la Comisión de Movilización, que fue el que sostuvo en todo momento la huelga. Para este activismo está planteada la continuidad del trabajo, para ir construyendo una nueva dirección para el gremio, combativa, independiente del estado y de la ejecutiva de Ctera. Ya se ha planteado la edición de un boletín provincial de balance que permita impulsar el debate entre los docentes que han sostenido la lucha en todo el territorio provincial e ir tomando iniciativas para retomar. La elección de delegados en todas las escuelas es una tarea inmediata. Domingo 24/4/94, 18 horas, Salta

La importancia de los medios de comunicación de masas en la vida política del país y del mundo ha aumentado ostensiblemente de quince años a esta parte y sigue creciendo. La burguesía invierte millones y millones de dólares en los medios y su interés en estos está en directa proporción con la crisis capitalista, es decir, apela a la comunicación de masas para intentar legitimar su mensaje cuando la situación crítica del régimen se agudiza. Las técnicas de tergiversación de la información son perfeccionadas constantemente; la propaganda y la publicidad política ocupan un espacio cada vez mayor en los medios; el mensaje político de la burguesía es adaptado constantemente a la precisión y síntesis del lenguaje mediático. En resumen, la burguesía ha definido el terreno de los medios como algo propio, desde donde puede influir, sin escollos, en la conciencia de los trabajadores; manipular y acaparar el tiempo libre del obrero para no dejarlo pensar ni reflexionar; restringir la elaboración política del individuo con un mensaje homogéneo y vertical, que sólo a veces puede aparentar un liviano pluralismo ciertamente falso. Por otro lado, el Partido Obrero es dueño de una capacidad de comunicación social reconocida por propios y extraños. Cada denuncia, cada consigna, cada reivindicación, cada análisis del PO suscita una reacción manifiesta en el receptor, no sólo por el contenido, sino también por su estructura discursiva. Y esto no es casual, el discurso del partido es fruto de un razonamiento concreto e implacable que necesariamente origina reflexión. El problema de cuántos receptores tenemos y cuántos podríamos tener en caso de contar con una mayor participación en los medios. Si bien es poco probable que un medio de envergadura venga a ofrecer un espacio, también es posible elaborar una política concreta destinada a “vender” la propuesta y el lenguaje político del PO. No olvidemos que el “discurso homogéneo” del que hablaba al principio es tan poco creíble, tan poco original o polémico que rara vez se torna interesante para el receptor común. Un discurso verdaderamente alternativo y polémico, casi por lógica, atraerá más audiencia. No debemos permitir que el lector, el espectador o el oyente ávido de un discurso opositor o simplemente distinto presta su atención al Chacho Alvarez o Aldo Rico; el PO debe ocupar ese lugar en los medios. Los cuadros del partido deben saber enfrentar una cámara de TV, deben hablar con voz clara, deben expresarse concretamente. Considero que debemos preocuparnos por esta cuestión, discutir y replantear la política de difusión de los contenidos del partido y compensar a disputarle a la burguesía un terreno que por ahora monopoliza; de los mdios de comunicación de masas. 18/4/94

Los delegados reunidos en el Congreso extraordinario de la UOMRA, que sesionó el 8 de abril en Avellaneda, fueron informados que la Comisión Directiva ya había decidido (acordado con otras 40 camarillas burocráticas) la constitución de la Confederación de gremios adheridos (C.G.A.) La C.G.A. es el instrumento necesario para intervenir en el negocio de “administrar” el dinero de los trabajadores durante 30 años sin ningún control por los afectados, para eso se han asociado a una entidad bancaria holandesa. En la segunda parte del documento, la Comisión Directiva y el secretariado nacional resuelven: Punto 3º “Exhortar a todos los compañeros metalúrgicos de Avellaneda a prestar (su) conformidad a la AFJP que la C.G.A. conforma y participa”. En Siam, los volantes (por separado) del Mas, Mst y PO contra la jubilación privada y nuestros afiches, suscitaron debates internos y definiciones contra las AFJP. El 11 de abril, en esa fábrica, se hicieron asambleas por sección, donde los delegados se esforzaron de distintas formas por mejorar la cara de semejante aborto no obstante este planteo puso de relieve el estado de ánimo de todo un sector y la pérdida de influencia de la burocracia. En general, en las secciones donde se reunió a los compañeros, éstos se pronunciaban por la jubilación estatal, llegándose en algunos casos al siguiente razonamiento: “Si como lo presentan los delegados, el Estado garantiza el 70% de las jubilaciones privadas, que el Estado lo haga más sencillo y siga pagando la estatal”. La masa de dinero en danza es de tal magnitud, que sólo en Siam el aporte jubilatorio es de un volumen que supera los 5 millones de dólares anuales. La izquierda tiene la responsabilidad concreta de que los metalúrgicos superen ese instintivo presentimiento de que las AFJP “parecen ser un curro monumental”. Hay que dotar a esta tendencia mayoritaria, de un programa y de tareas prácticas, para que demos una respuesta organizada y concluyente que haga naufragar este saqueo a nuestros bolsillos, que golpee duramente a los chupasangre y a los Menem-Cavallo que los representan. 13/4/94 - Lanús-Avellaneda

“Una delegación de obreros de la construcción, han recurrido al FUT para plantear reclamos de un incremento salarial vigente desde el mes de agosto que no se ha efectivizado. “El dirigente Carlos Lahera señaló que la deuda con los obreros ascendería a casi mil pesos, mientras que esto alcanzaría a unos 300 trabajadores. “El planteo de los empleados del consorcio ROCAVID, según indicó Lahera, consiste en que durante el mes de agosto, se decretó un aumento por parte de las cámaras empresariales y la UOCRA en el que se determinó que la hora pasaba de $1,20 a $1,75. “Desde entonces a la fecha, los trabajadores de la construcción están visitando distintos organismos oficiales sin una resolución; esto es grave por cuanto hay muchos que han abandonado mientras la deuda ha quedado perdida”. “Agregó que ‘hay sentencia en firme del Ministerio de Trabajo de la Nación y una intimación de 72 horas a las patronales del mes de noviembre y hasta el día de la fecha no hay solución’. “Esto devendría de una ‘puja’ entre la patronal y el gobierno por reclamo de mayores costos y en esto se exige la actuación de la Subsecretaría de Trabajo por la intimación que no se cumplió además de pedir que los organismos responsables para los cuales trabajan estas empresas, “‘concretamente la Municipalidad de Río Gallegos’; ante estas falencias, lo mínimo que deberían hacer es no pagar las certificaciones a la empresa hasta que regularice la situación”. “Los reclamos de mayores costos se harían sobre obras de viviendas del IDUV actualmente paradas y sobre asfalto, en ambos casos corresponden a nuestra ciudad. “Las empresas denunciadas serían, ‘en principio el consorcio ROCAVID y Gotti quienes han sido intimados, aunque existirían otras’, aseguró Lahera”.

9 de abril de 1994 Estimados compañeros: Recientemente Socialist Action, una organización de la cuarta mandelista, trajo a Pierre Broué para hacer una presentación, a San Francisco, California. Cuando yo le pedí explicaciones sobre sus declaraciones en el simposio internacional sobre León Trotsky, realizado en San Pablo, Brasil, en setiembre de 1990 (un análisis de su presentación aparece en el Nº 1 de “en defensa del marxismo”, octubre de 1991), Broué negó rotundamente que él haya dicho nada de lo que aparece en ese análisis, y sobre su expulsión del lambertismo dijo no tener conocimiento ya que nunca había sido notificado e insinuó que tampoco nunca había pertenecido. Así que si ustedes tienen documentos sobre su presentación en Brasil u otros que contradicen esas aseveraciones les agradecería me los enviaran. Broué dijo tener conocimiento de los artículos que lo atacaban, pero que se trataban de tergiversaciones de lo que él dijo y calumnias. Un abrazo.

La Comisión Interna del Hospital Francés difundió un comunicado al personal bajo el título COMPAÑERO QUEDESE EN LA ESTATAL PARA SALVAR SU DINERO, donde se vuelca una importante información que desmuestra que “Las AFJP son una estafa para los trabajadores”. En el texto (ilustrado con abundancia de datos y cuadros explicativos), se denuncian las comisiones usurarias que cobrarán las administradoras privadas. Se denuncia que “nadie puede saber qué jubilaciones pagarán las AFJP”, porque dependen de las subas y bajas de la Bolsa. También se explica la ausencia total de garantías de ningún tipo y se alerta con los ejemplos del “Hogar Obrero”, el “BIR” Etc. Y también como serán especialmente perjudicados las mujeres, los de más familiares a cargo, los de cónyuges más jóvenes, etc. Finalmente se denuncia que “la Directiva de ATSA Capital apoya la jubilación privada y sobre todo la AFJP “Claridad”, creada por West Ocampo, Mastellone y otros patrones amigos. “Que anotarnos en la estatal sea el primer paso para recuperar el 82% móvil y lograr que las cajas sean administradas por trabajadores y jubilados” concluye. Firman, por Comisión Interna Silvia Ríos, Teresa Barraza, Alicia Flores, Susana Sandoval, Luis Santucho y Victor Garay.

Las conducciones que ha tenido el Sindicato Municipal (SOEM) han vaciado desde ya hace mucho tiempo la vida gremial, pero la última lo ha vaciado en el más puro sentido del término, endeudándolo en una cifra superior a los 60.000 dólares. Muchos compañeros se habían desafiliado, pero la indignación y las ganas de sostener en pie el gremio, superaron todos los escollos y una asamblea reunida en marzo destituyó a la Comisión Directiva y nominó a una Comisión Provisoria encargada de convocar a nuevas elecciones. Desde esta Comisión estamos trabajando para esclarecer y ordenar el manejo financiero, recomponer la vida gremial y organizar las elecciones que tendrán lugar en junio. La lista Marrón ya se ha organizado y en dos días de campaña ya consiguió cien avales, entre los 600 afiliados. Esta lista, al igual que el FUT, está integrada por el PO e independientes. La gran elección del FUT de hace unos días nos ha potenciado como posible dirección en el SOEM. Es que al día siguiente de las elecciones, los compañeros del corralón saludaban a nuestros activistas con un “metimos dos” que lo dice todo (refiriéndose a Del Plá y Mercado, nuestros constituyentes electos), otros compañeros lo expresaban a su manera: “es la hora de los zurdos” (dicho cariñosamente). Las principales consignas de la Marrón son la defensa de nuestras conquistas: cumplimiento del Estatuto (vestimenta, estabilidad, pase a planta permanente); defensa de los derechos adquiridos en el plano previsional y de la obra social; salario igual a la canasta familiar; pago de deudas atrasadas (36% otorgado por el Concejo Deliberante y nunca abonado); “POR UN SINDICATO DE PUERTAS Y CUENTAS ABIERTAS”.

La Comisión Interna telefónica del Edificio Balvanera edita un Boletín dirigido a los telefónicos. En su Nº 5 (abril 94) sacó un artículo en que denuncia la situación que se crea con la jubilación privada: ¿Qué va a pasar con el Fondo Compensador y las reservas que tiene, que están en el orden de los 30 palos verdes? ¿A quiénes se consultó sobre el destino de esto, que no es más ni menos que el ahorro formado con el aporte de todos? ¿Dónde están los balances y memorias de los últimos años? “Esta jubilación (privada) es un ‘curro’ del que nadie quiere quedar afuera. Telefónica ‘gentilmente’ nos quiere ‘asesorar para que no nos equivoquemos’, para lo que montó una estructura con mucha plata, lo que nos hace sospechar que tiene interés en el negocio. “Compañeros, tengamos presente la experiencia de otros países en el tema, como Chile. “O el final de muchas empresas financieras en la Argentina, como el Hogar Obrero, Banco de Italia, etc. “Defendamos el derecho a la jubilación, permanezcamos en el sistema estatal y peleemos por un haber igual al 82% del salario del activo y con el aporte patronal íntegro”.

El gobierno de Kirchner ha acusado el golpe del 10 de abril, cuando retrocedió en 5.000 votos y fracasaron sus expectativas de triunfo masivo. Dos semanas más tarde, el gobierno está paralizado, en medio de un escándalo relacionado con el manejo de fondos del Banco de la Provincia, que conmueve a la opinión pública, y del aún más escandaloso fraude de su “pollo” Agulló en las elecciones del Sindicato de Empleados públicos. El FUT, por su parte, mientras organiza el acto del 1º de Mayo y prepara su intervención en la Constituyente provincial, ha estado en la primera fila denunciando la situación del Banco Provincia y nuestro local se ha transformado en un hervidero de actividades y de trabajadores que llegan a traernos sus reclamos, entre ellos los trabajadores del consorcio Rocavid, que en gran número dirigidos por su cuerpo de delegados, llegaron para plantear la falta de pago de aumentos salariales por parte de esa empresa y la complicidad del Subsecretario de Trabajo y de la UOCRA en esta situación.

La Asociación de Docentes Universitarios del Comahue acaba de editar un boletín íntegramente dedicado a mostrar la estafa de la jubilación privada. ADUNC llama a permanecer en el sistema estatal y reclaman un pronunciamiento público de la CGT, el MTA y el CTA.

Apenas clausuradas las urnas del 10 de abril, tomaba estado público una estafa celosamente ocultada antes de las elecciones: el Banco Provincia había sido estafado en 1.300.000 dólares por una empresa fantasma, que para preparar su estafa regaló un patrullero y una ambulancia en la localidad de Los Antiguos, donde se iban a radicar sus “microemprendimientos”. Tomada en varias etapas la cifra de dinero mencionada, el apoderado de la “empresa” desapareció. La documentación presentada como garantía se ha ido conociendo que no tiene más valor que el de una declaración jurada y el patrimonio total que pudiera embargarse no supera los 200.000 dólares, además de que han surgido reclamos de los trabajadores “colgados” en sus salarios y hasta de las agencias de autos donde se compró el patrullero, etc. En un primer momento, el gobierno trató de circunscribir el hecho a una situación judicial y policial y cargó las tintas sobre el gerente de la delegación Los Antiguos del Banco. Pero todos los argumentos se han vuelto contra el gobierno: La titular de la empresa fantasma ha denunciado penalmente al apoderado y aclara en su denuncia que gran parte de las entregas de dinero se hicieron en la Casa Central de Río Gallegos, y contaron con la aprobación de la plana mayor del Banco. Luego se conoció que el Intendente de Los Antiguos utilizó un cheque de Barragán (el fugado) para comprar un automóvil, sin que se le haya iniciado juicio político ni destituido del cargo. Si faltara algo, también se conoció que los síndicos del Banco cobran sus salarios sin ir a trabajar y, obviamente, no controlan nada. En una provincia donde el gobernador inaugura obras de 4.000 pesos de costo. Donde no se mueve un peso sin consultar al gobernador, la existencia de un tráfico de influencias y de una complicidad en la estafa por parte de importantes autoridades es la hipótesis de mínima. El gobernador ha prohibido a sus propios funcionarios que salgan en los medios de difusión a contestar las acusaciones, reflejando la gravedad de la crisis en que se encuentra. El FUT ha denunciado además el trato preferencial que han tenido distintos sindicatos y mutuales manejadas por la burocracia sindical adicta, a quienes se les han “blanqueado” deudas por cifras que suman varios millones de dólares. Hemos planteado que el secreto bancario (violando incluso la actual Constitución) y la discrecionalidad del manejo de fondos por la Intervención del Banco (violando la carta orgánica), que es parte del secreto absoluto con que se manejan los cuantiosos fondos públicos en Santa Cruz, están en la base de esta estafa. El FUT ha exigido la inmediata destitución del Interventor, y que el gobierno y los funcionarios responsables repongan de su bolsillo el dinero robado. Esto en el marco de un reclamo de fondo de apertura de las finanzas públicas del Banco y de la provincia y control por una comisión de trabajadores y técnicos sobre las mismas. El radicalismo se ha limitado a proponer el funcionamiento de la Comisión Investigadora parlamentaria, que recién se constituirá con suerte a mediados de mayo. Dirigentes de ese partido sabían de la estafa antes de las elecciones y, como siempre, se callaron la boca. Al finalizar la semana se han conocido nuevas denuncias de préstamos por cifras de un millón y pico de dólares a personas insolventes, que han venido a confirmar todas las sospechas anteriores.

La burocracia de ATSA (sanidad) había avisado con una semana de anticipación que concurrirían a explicar todo lo vinculado con la jubilación privada. Al reunirse con los 30 obreros de la fábrica, trataron de demostrar los beneficios de la jubilación privada. El Fondo de Pensión es compartido por las burocracias de sanidad y construcción. El rechazo fue claro. Nadie firmó las planillas. La burocracia reprochó airadamente el rechazo y la presión se hizo más intensa, pero los compañeros se mantuvieron firmes.

El Frente de la Unidad Trabajadora (FUT) emitió ayer un comunicado de prensa en el que manifiestan que “el secreto bancario y el manejo discrecional de los gobernadores de turno, son los responsables” de esta situación que repite lo sucedido en 1984 cuando también se defraudó a la banca provincial por un millón de dólares. Además, sindican al radicalismo como “un socio menor” ya que “al callar y ocultar se convierte en cómplice perfecto”, y aseguran que a través de su representante en el Tribunal de Cuentas, ya lo sabían 15 días antes de las elecciones. La millonaria maniobra dolosa contra el Banco de la Provincia que supera el millón de pesos a través de operatorias de descuentos, salió oficialmente a la luz la semana anterior, tras las versiones circulantes que crecían con el correr de los días, y ha generado algunas repercusiones en el ámbito político. La fuerza política de izquierda, que en las últimas elecciones lograra llevar a dos de sus representantes a la Convención Provincial Constituyente —un hecho histórico en la provincia—, asegura que éste no es un hecho aislado. “Es la práctica cotidiana que permitió el blanqueo de las cuentas de la burocracia sindical —Mutual 27 de Abril; APAP; SOEM; ATSA y otros— como así también las firmas y solicitadas de empresarios y comerciantes locales en apoyo a la gestión de gobierno, consiguiendo la renegociación de sus deudas”. El comunica expresa que el FUT no sólo denuncia este hecho, “sino que exige al gobierno de la provincia que devuelva de su bolsillo el dinero que le han robado al banco en la gestión actual”; al tiempo que propone la apertura de las cuedontas públicas “lo cual demostrará que es posible dar el aumento salarial que los trabajadores necesitan. Indican que el objetivo del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical en la reforma de la Constitución es fortalecer el secreto bancario y el manejo discrecional de los fondos. “Kirchner prometió en el discurso de asunción en el Cine Carrera, que su gestión se caracterizaría por hacer justicia y ver a los corruptos con un traje a rayas”. El FUT se pregunta “¿Hasta cuándo seguiremos esperando?” “Finalmente llaman a “denunciar la corrupción y movilizarse contra la reforma atentatoria de los intereses de los trabajadores”.

A medida que se acerca la fecha en que se debe reunir la Constituyente, resulta cada vez más más claro que ésta corre más el riesgo de desintegrarse bajo el impacto de las contradicciones de la situación actual, que de coronar el propósito de asegurar la continuidad del régimen cavallo-menemista. El fin de semana pasado, según informan los diarios, Menem le dio un primer “puntapié” en el trasero al “pacto de Olivos” al acordar con Cavallo la exclusión del temario de la Constituyente de los asuntos “habilitados” fuera del “núcleo de coincidencias básicas”. Alegando la necesidad de “defender el plan económico”, Cavallo impuso que se dejaran fuera del orden del día las cuestiones de ecología, de competencia y de coparticipación federal, que se encuentran planteadas en la ley que declaró la necesidad de la reforma de la Constitución. Se han descartado, de este modo, no se sabe si con el acuerdo de Alfonsín o no, puntos considerados vitales por varios partidos provinciales y en especial por Angeloz. Constituyente clandestina Pero no solamente esto: de acuerdo a La Nación (24/4), “de los 90 días de plazo original, apenas se piensa en 45 días”. Las razones de este procedimiento sigiloso es que “el gobierno, dice La Nación, no parece en condiciones de abrir el pacto, ni de tratar los temas habilitados fuera de éste”. De prosperar este intento, el gobierno que convocó a la Constituyente y pretendió imponerla incluso por la fuerza de un plebiscito fraudulento, ahora recula y plantea una Convención semiclandestina y amputada de la mitad de su temario. Otra manifestación de la descomposición del proceso constitucional es la información que han brindado coincidentemente La Nación y Página 12 (22/4), sobre la maniobra que se está montando bajo la supervisión de Adelina de Viola, para que los partidos provinciales de Jujuy, Neuquén, Chaco y Tierra del Fuego otorguen los votos necesarios para aprobar la reelección inmediata, en el caso de que la UCR deserte del “pacto de Olivos”. Los provinciales negociarían la aceptación de la reelección a cambio de la eliminación de la posibilidad de elegir un tercer senador por provincia. UCR en coma Es indudable que la posibilidad de hundimiento del “pacto de Olivos” pasa, junto al retroceso electoral y político del peronismo, por la descomunal crisis del radicalismo. La totalidad de los opositores a Alfonsín han coincidido, con gradaciones variables de vergüenza o desvergüenza, en que es necesario separar el acatamiento del pacto Menem-Alfonsín de la interna partidaria destinada a destituir al presidente del radicalismo. El más franco en este sentido ha sido Angeloz, quien ha reclamado, por este motivo, que la reorganización de la UCR, tenga lugar recién en setiembre; Storani, De la Rúa y Casella han coincidido con el cordobés, aunque con un leguaje menos claro y mayor dosis de demagogia. El problema es que Alfonsín no acepta esa reorganización, porque implicaría su renuncia como presidente de la UCR y elecciones para todos los cargos. La obstinación con que los “antipactistas” del radicalismo defienden la necesidad de cumplir con el “pacto de Olivos”, traduce su temor de que el estallido del “pacto” podría afectar la “gobernabilidad” del menemismo. La misma conciencia de “hombres de Estado” se manifiesta en el PJ, donde la necesidad de defender por motivos de “estabilidad” la vigencia del “pacto”, pasa todavía por encima de la conveniencia de deshacerse de él para poder sacar la reelección sin la necesidad de tener que votar simultáneamente la segunda vuelta electoral. Pero es innegable que la decisión de Menem de excuir los puntos habilitados fuera del “núcleo básico” constituye un principio de ruptura del “pacto” y que este hecho debilita la posición de la UCR para cumplir con él. Iglesia Un frente de tormenta que también amenaza hacer naufragar a la Constituyente es el enfrentamiento en la provincia de Buenos Aires, suscitado por la falta de una mayoría que permita la reelección de Duhalde. En respuesta a esta situación, Duhalde ya ha dicho que los radicales podrían estar desatando “una caja de pandora” (Clarín, 24/4), lo que constituye una amenaza de proceder a fuertes represalias políticas. La presión disolvente sobre la Constituyente parte también de la Iglesia —un “factor de poder” interesadamente disimulado por la gran prensa y por parte de los políticos capitalistas. La Nación informa (25/4) la constitución de “una Asociación Civil en Defensa de la Confesión Católica del Presidente, integrada por laicos de conocida actuación” y recuerda que “la Conferencia Episcopal Argentina... no emitió una opinión concluyente sobre el tema”. Refresquemos, por nuestra parte, que el Episcopado se manifestó partidario de introducir reformas clericales al texto constitucional, para lo cual sería necesario “abrir el paquete”, que no las contempla. La Nación concluye en que todo esto es “Una razón más para insistir en la necesidad de que las reformas incluidas en el Núcleo de coincidencias básicas sean evaluadas separadamente...”. Claro que si esto ocurre, la Constituyente puede terminar sus días en la nada con mayor rapidez que en la variante del cumplimiento del “pacto”. Por si el embrollo no fuera ya bastante grande, una corriente de “politicólogos” estaría evaluando que la segunda vuelta electoral, impuesta por Alfonsín en el “pacto” como supuesta garantía contra una reelección de Menem sin una mayoría adecuada, perjudicaría ahora al propio radicalismo y hasta podría facilitar su disolución. El motivo es que el sistema de dos vueltas inhibe o atenúa la polarización entre los partidos principales ya en el primer turno, lo que en la actualidad podría dar al Frente Grande la oportunidad de disputar la segunda colocación a la UCR y sacarle, en consecuencia, a los radicales la posibilidad de ir al ballotage. La estruendosa derrota electoral del 10 de abril ha puesto a la UCR en contradicción con la reforma del sistema electoral, la más apetecida por la totalidad de sus dirigentes. Retroceso del régimen La razón de todas estas contradicciones, que bien podrían resultar insolubles, es la derrota electoral sufrida por el menemismo y los pactistas el 10 de abril. La reforma constitucional tiene la pretensión de crear un régimen semi-plebiscitario (gobierno de la unidad más uno); con un Poder Ejecutivo, además de mayoritario, con sus poderes reforzados; estableciendo una virtual dictadura civil de base electoral que simplemente desconozca las limitaciones del parlamentarismo. Pero el 10 de abril el candidato a Bonaparte se achicó a las dimensiones de intedente de pueblo, y sus aliados ocasionales fueron sometidos al escarnio. El retroceso del menemismo, incluso contando con el apoyo del otro partido “mayoritario”, de un lado, y la reforma plebiscitaria de la Constitución, del otro, se encuentran en una contradicción que sólo puede ser resuelta por un atropello constitucional contra la mayoría del electorado o con la disolución de la Constituyente. Obviamente, el retroceso peronista-radical (dos millones de votos en seis meses) es una consecuencia del derrumbe en perspectiva del plan económico; de las infinitas penurias que ha causado a las masas; y de la tendencia a la rebelión de los explotados. La posibilidades que todas estas contradicciones ofrecen para hacer fracasar la Constituyente y su objetivo reaccionario, desnudan con enorme nitidez las posiciones miserables del Frente Grande, que reclama “abrir el paquete” establecido en el “pacto”, en una misma línea con La Nación y el Episcopado, como si la discusión “punto por punto” modificara la posibilidad que tiene la ficticia mayoría pactista de imponer la reelección y el gobierno por decreto, y aun la posibilidad de conseguir el apoyo, por añadidura, de una cierta cantidad de partidos provinciales que dependen económicamente del oficialismo. Frente Grande En un artículo para Clarín (25/4), que supera mucho de lo conocido en materia de obsecuencia, tanto en lo que se refiere al contenido como a la forma, es decir, en el estilo, el Chacho Alvarez reclama el voto “punto por punto” como “un gesto democrático” de los pactistas, lo cual en nada les impediría a éstos “cumplir sin más (con) los compromisos asumidos frente a sus votantes”. Es decir que el Chacho Alvarez no solicita “abrir el paquete” para derrotar al “pacto” sino para que éste salga airoso o victorioso de cualquier manera. Alvarez reclama el voto “punto por punto” para poder votar él, así lo dice, los puntos del paquete con los que está de acuerdo, y no tener que verse obligado a rechazarlos si vienen atados. Para Alvarez los convencionales pactistas tienen nada menos que el deber de votar a favor de cada uno de los puntos del “pacto”, esto —dice— en virtud de los “compromisos asumidos con los votantes”. Reclama el salvataje de la porquería, no enviarla al tacho de basura. Alvarez desborda su propia obsecuencia cuando amenaza con calificar a los pactistas como“menos confiables que la mafia”, si no votan los puntos del pacto. En momentos en que el pacto siniestro hace aguas por todos lados, el mandamás del Frente Grande publica un alegato en favor de su cumplimiento. “Nadie tendría que desandar sus compromisos con la gente”; así se refiere Alvarez a la necesidad, para él, de que los convencionales pactistas refrenden el “pacto” — eso sí, “punto por punto”. De este modo, el frentegrandista Chacho Alvarez ha superado a los propios pactistas, y esto de puño y letra, en la obsecuencia al “pacto”. Con esto, Chacho Alvarez se manifiesta como el más grande defensor de la reelección de Menem, de su mandato de diez años, y de todas las otras yerbas que esgrimió en la campaña electoral para mejor atraer a los incautos. Sin embargo..., porque hay un sin embargo. Sí, el Frente Grande reclama “abrir el pacto” para legitimarlo, no para derrotarlo, y para encubrir su complicidad con los pactistas a los ojos de quienes lo votaron. Sí, el Chacho exige que los pactistas “cumplan democráticamente” con sus electores, pero él no quiere hacerlo con los suyos, ante quienes se comprometió en procurar la derrota del “pacto” y de sus signatarios. Sin embargo... los pactistas, a pesar de los elogios y de las garantías, temen que “abrir el paquete” constituya un salto a los desconocido. Pero si no se “abre”, el Frente Grande no podría encubrir nada con su voto; no sólo debería votar en contra sino hasta estaría obligado a denunciar el voto atado de los pactistas, como si ese voto no estuviera igualmente atado aun si se vota “punto por punto” y, si como quiere Alvarez, cumpliendo con los electores. Ante esta impasse, se entiende la información de La Nación de que “no se descarta la posibilidad de que (el FG) determine que, en caso de que el paquete de Olivos no se abra... todo el bloque se retire del recinto”. A esto llegamos. Disolución Es necesario impulsar una clarificación de las contradicciones políticas de la Constituyente; de la conspiración política que pretende salvarla a costa de los derechos del pueblo y de los reclamos del electorado, el 10 de abril; y reforzar la campaña de reclamo de disolución de la Constituyente reaccionaria y de retiro en masas en los partidos populares que hicieron campaña electoral contra el pacto de Olivos.

Las derivaciones del caso Barragán y la estafa al Banco Provincia de Santa Cruz que este medio ha hecho público siguen convocando a distintos sectores de la comunidad de la vecina provincia, como el propio gremio bancario y agrupaciones de variados signos políticos. Ayer se informó sobre el Movimiento de Acción Peronista, cuyo presidente de bloque presentó un pedido de informes al Ejecutivo. Las acciones siguen en curso. La Asociación Bancaria Seccional Río Gallegos, a través de su secretario general, Jorge Alberto Peraggini, envió un fax al interventor del Banco de la Provincia de Santa Cruz, Eduardo Labalida a fin de solicitar el relevamiento de todos los funcionarios que actuaron en la operación de referencia ,“hasta tanto el sumario respectivo determine el grado de responsabilidad que les cabe a los mismos”. El pedido de los bancarios santacruceños se basa en que “a raíz de este lamentable suceso, únicamente se encuentra suspendido en forma provisoria el gerente de la sucursal en que se originó la operación en cuestión —Los Antiguos— por los que solicitamos que dicha media se extienda hacia la totalidad de los funcionarios que actuaron fehacientemente”. El FUT exige Por su parte, el Frente de Unidad Trabajadora (FUT) exige al gobierno provincial un rápido accionar para esclarecer el tema y recuerda: “el millón de dólares desaparecido en el gobierno de Puricelli, que nunca encontró culpables y ahora esta estafa que, según el FUT, tampoco encontrará responsables”. A tal efecto sostiene que “el secreto bancario y el manejo discrecional de los gobernadores de turno son los responsables; en ambos casos existió un socio menor, el radicalismo, que al callar y ocultar se convierte en el cómplice perfecto. A través de su representante en el Tribunal de Cuentas ya lo sabían 15 días antes de las elecciones”. Acota el FUT que “este no es un hecho aislado, es la práctica cotidiana que permitió el blanqueo de las cuentas de la burocracia sindical (Mutual 27 de Abril; APAP; SOEM; ATSA y otros), como así también las firmas y solicitadas de empresarios y comerciantes locales en apoyo a la gestión de gobierno consiguen la renegociación de sus deudas”. Destaca finalmente que “el FUT no sólo denuncia este hecho sino que exige al gobierno de la provincia que devuelva de su bolsillo el dinero que le han robado al banco en la gestión actual”.

Las movilizaciones en Cutral-Có, Zapala, Neuquén; los reclamos masivos de padres y jóvenes de alumnos secundarios; las denuncias, hora tras hora, sobre vejámenes y torturas a los “colimbas”; todo esto ha convertido al reclamo por el juicio y castigo a los asesinos de Omar Carrasco en una reivindicación nacional. Pero a medida que esta movilización gana en profundidad, queda más al desnudo la política oficial, la cual va mucho más allá del encubrimiento de la autoría del asesinato. El Ejecutivo y el alto mando militar están actuando con la íntima convicción de que si se investiga todo lo ocurrido en el cuartel de Zapala estallaría una cadena de complicidades y encubrimientos que colocaría en el banquillo de los acusados a todas las instituciones del “estado de derecho” (y en especial, a la principal de todas, el ejército) y a sus representantes. La perspectiva de una crisis política de fondo —éste es el eje de la situación. El diario La Nación, sobre el cual no pueden sospecharse “irresponsabilidades” o “extremismos” en este terreno, describe la estrategia oficial del gobierno y la jefatura del ejército desde que se descubrió el cadáver de Carrasco, atribuyendo a una “fuente segura” del Ministerio de Defensa lo siguiente:“el plazo de 48 horas que el Presidente otorgó a los conscriptos de Cutral-Có para regresar al cuartel tiene como objetivo ... llevar el proceso a la Justicia, una manera de llevarlo a punto muerto”. Agrega la “fuente” de La Nación: “Otro curso hubiera sido prolongar la licencia ... pero eso hubiera sido mantener el caso arriba y volver a tener el desgaste en la primera plana de los diarios” (19/4). Se puede entender, entonces, que el promocionado viaje de Balza a Zapala, “para dar la cara”, fue en realidad una táctica calculada para tapar la investigación, desviándola hacia el “pesado mecanismo de la justicia” (ídem La Nación). En efecto, Balza no se cansó de repetir que el asunto estaba “en manos de la justicia federal” y que “el ejército colaborará para el éxito de la justicia civil”. ¿Cómo no sorprenderse ahora de la aparición de la antes descartada “justicia militar” y de la fulminante atribución del crimen a cuatro individuos, con la particularidad de que los que cargarían con la acusación de la ejecución directa del crimen serían dos soldados, reservando sólo la responsabilidad “in-telectual” al subteniente involucrado? Ocurre que, en el medio, la estrategia de Menem-Balza-Camilión tropezó con la resistencia de los padres y los jóvenes a que los conscriptos regresaran al cuartel de Zapala y a la posibildad de una “desobediencia” generalizada. Para Menem y el alto mando, se imponía, en cambio, el regreso inmediato y sin excepciones al cuatel, no sólo ni principalmente por mantener el “respeto a la verticalidad de la fuerza” y hasta la propia vigencia del servicio militar, sino para asegurarse el silencio de los “colimbas” sobre lo ocurrido con la muerte de Carrasco. Crisis militar La resistencia a la vuelta al cuartel provocó una profunda crisis militar. “El gobierno nacional estuvo ... más cerca que nunca —dice La Nueva Provincia—, desde que asumió en julio del 89, de afrontar una crisis institucional con el Ejército, frente al aluvión de críticas ... y sobre todo, ante los reclamos de dar de baja a los conscriptos”. En este caso, “los generales habrían llegado al extremo de analizar el pedido de pase a retiro en conjunto” (16/4). Es lo que reconoció, precisamente, Camilión en la sesión “secreta” con los miembros de las comisiones de Defensa de senadores y diputados, al informar que “los generales se reunieron en un clima de intranquilidad porque se trata de una cuestión que consideran particularmente grave para la fuerza ... esos generales dejaron saber al Poder Ejecutivo que no quieren licencias ni bajas, voluntad que será atendida”. Cuando el radicalismo propuso utilizar el dictado de una ley de licenciamiento de los conscriptos de Zapala para superar los “impedimentos legales” alegados por el ministro, éste fue terminante: “hay otras razones (que las legales). Lo piden los generales” (Clarín, 22/4). La línea de “dejar todo en manos de la justicia federal” para que ésta se hiciera cargo, no de la investigación de la muerte, sino de la “muerte” de la investigación, fue dejada de lado. Con el desplazamiento a Zapala de una parte del alto mando, junto a oficiales de Inteligencia, la justicia militar resolvió en 72 horas la detención de un subteniente, un sargento y dos soldados de la clase 74 por “abuso de autoridad”, con el único propósito de “servirle la solución” a la justicia federal y ofrecer cuatro “implicados” para desviar la investigación y cerrar la crisis política. Los abogados de la familia Carrasco denunciaron que “la justicia militar no aportó nada” y pusieron en duda “que los cuatro detenidos tengan que ver con el crimen” (Crónica, 22/4). Lo que se quiere tapar ¿Cuál es el motivo de tanta preocupación en los altos mandos, y de la amenaza de una “crisis institucional”? Un repaso a los acontecimientos responde la pregunta con amplitud. Las revelaciones surgidas a partir del asesinato de Carrasco han sacado a luz una conspiración que pretende encubrir una cadena de complicidades que llega a la Casa Rosada. Díaz, jefe de la VI Brigada (es decir de todas las unidades de Río Negro y Neuquén) declaró oficialmente, no bíen se halló el cuerpo, “que el cadáver era el de Carrasco, cuando el juez no había podido establecer la identidad” (y cuando era imposible hacerlo por el estado de descomposición del cuerpo). Dijo, además, “que estaba fuera del perímetro del cuartel”, cuando fue hallado adentro, y que “no presentaba signos de violencia”, siendo que el cuerpo estaba destrozado. Afirmó incluso que Carrasco “había tenido la intención de construirse un refugio” después de una pretendida “deserción” (Río Negro, 19/4, comunicado de la VI Brigada). Balza, jefe del ejército, descartó, por su lado, de entrada “la hipótesis de la muerte del conscripto a causa de un ‘baile’ y golpiza, lo que calificó de ‘disparate total’” (declaraciones a Radio Mitre y Del Plata, Río Negro, 14/4). Camilión, Ministro de Defensa, defendió alevosamente esta cadena de mentiras, en particular la que afirmaba que el cadáver se hallaba fuera del cuartel (“Hora Clave”), tratando de reforzar la “tesis” del general Díaz. Para Menem, finalmente, “siempre el servicio militar tiene sus riesgos”, es decir que el asesinato entraba en la cuenta de pérdidas y ganancias de la “defensa nacional”. A esta altura del asesinato, sin embargo, se sabe todo: el itenerario del cadáver, la cantidad de personas que participaron de la operación, los nombres presuntos de éstos, pero cuanto más se sabe más se encubre, y se intimida para que la cadena de complicidades hacia arriba quede “libre de toda sospecha”. Una manifestación de esta conspiración que llega hasta Menem, es este súbito pronunciamiento de la justicia militar, la cual nadie había hecho referencia hasta ese momento. El objetivo es tapar las huellas del crimen, ahogar la rebelión popular por el juicio y castigo y paralizar la cadena de revelaciones. La continuidad de la investigación amenaza a todo el sistema militar: represión en los cuarteles, esclavización de la tropa, bajos salarios, y las complicidades mutuas en el genocidio bajo la dictadura militar y en los atropellos brutales a los “colimbas”. Hay una lucha a muerte de los poderes de la “democracia” para que la investigación por el crimen de Carrasco muera antes de nacer. Hace unas horas, el Senado “frenó toda posibilidad de tratar esta semana los ascensos a los cuestionados capitanes de fragata Pernias y Rolón”, torturadores reconocidos de la ESMA, “hasta que se desinfle la polémica originada por el crimen del soldado neuquino” (Cronista, 21/4). ¡Hasta aquí llega la cosa! La línea de impedir el licenciamiento se mantiene, por eso, a rajatablas: el Ejército “presentó una apelación contra los recursos de amparo” que presentaron 47 conscriptos para no regresar al cuartel, los cuales, por otra parte “serán considerados como desertores y no como infractores, porque así lo establece el código de justicia militar” (Baeza, secretario de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa, DyN, 19/4). ¿Optativo?, ¿obligatorio? ... ¿más corto? En la conspiración para encubrir a los responsables más altos del asesinato, el gobierno no desecharía la posibilidad de aplicar el “per saltum”, es decir pasar el caso a la Corte Suprema, que ahora ya no es más la Corte menemista sino la de Menem y Alfonsín. Ante la menor aflojada en el cumplimiento de esta “pacto de garantías”, los generales amenazan descabezar a Balza. Todo el debate sobre el servicio militar “obligatorio” u “optativo” resulta, en estas circunstancias, un desvío objetivo del problema político central, que es el juicio y castigo de los ejecutores, responsables, cómplices y encubridores, desde Menem y Camilión hacia abajo. Si el movimiento no se empeña en este objetivo, desenvolviendo la crisis hasta sus últimas consecuencias, todo lo demás se queda en el debate académico y en una cortina de humo para sustituir el castigo a los culpables y la completa purga política que corresponda, por la llamada “reforma de las instituciones”, que tendrá lugar en las calendas griegas y bajo la dirección de los mandos actuales y del régimen político encubridor. Solamente el desenvolvimiento de esta crisis hasta sus últimas instancias puede abrir una perspectiva de cambios reales y por sobre todo democráticos en el plano militar. Por eso es tan importante la política que han definido la UCR y el Frente Grande, que apunta a bloquear el estallido de la crisis político-militar. Esto explica por qué el obispo De Nevares “elogió al general Balza”, considerándolo “una garantía de las medidas que disponga dentro de la fuerza” (Río Negro, 14/4). Graciela Fernández Meijide no se quedó atrás: “Balza coincidió con nosotros en que tanto desde la justicia federal como la militar tiene que haber una solución ... (Balza) nunca eludió responsabilidades” (Clarín, 21/4). En la sesión del ministro Camilión con diputados y senadores de la Comisión de Defensa “el ministro no tenía frente a sí a ningún legislador del riquismo ni a nadie del Frente Grande, lo cual no dejó de sorprender a nadie” (Clarín, 22/4). El Frente Grande ha consumado su “segunda intervención a Santiago del Estero”, es decir, ha firmado la operación de indulto del alto mando por el asesinato de Carrasco. Su divergencia con el alto mando acerca del licenciamiento de los soldados, es algo que finalmente dirimirán los servicios de inteligencia en función de qué conviene más en función de reinstalar la “paz” en los cuarteles. Sólo el reclamo y la movilización por el juicio y castigo, enfrentando todos los problemas planteados por la crisis, puede desbaratar el intento de dejar impune el crimen de Omar Carrasco y plantear una salida concreta desde el punto de vista de la independencia nacional y la democracia politica.

Los días 16 y 17 de abril se realizó en Córdoba el Encuentro provincial de Mujeres, preparatorio al encuentro nacional de Corrientes. Asistimos al mismo con un volante regional del PO “La mujer frente a la Constituyente reaccionaria”. El encuentro provincial sirvió para confirmar el carácter NO AUTONOMO de este movimiento. Pude constatar que en Córdoba estos Encuentros son apoyados por el gobierno provincial. 1) El transporte estuvo a cargo del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. (El Encuentro se realizó en el complejo San Miguel, Río Ceballos). 2) El CAM (Centro de acción de mujeres) edita unos cuadernillos sobre violencia familiar, los derechos de la mujer trabajadora, etc., que son subvensionados por el mismo ministerio. 3) Un grupo de mujeres insistían en la necesidad de solicitar un subsidio al gobierno para crear “la casa de la mujer”. Una compañera de Uepc, que había seguido el debate de la mujer en Prensa Obrera, me cuestionó con insistencia el error de nuestra caracterización, al decir que estos Encuentros eran digitados (debate previo al inicio de las actividades). Tras el primer plenario su posición se tornó insostenible, pero insiste que este es un hecho local, y contradictoriamente me aclara que voces como la nuestra (denunciando el carácter digitado y no autónomo de los Encuentros) son muchas en los Encuentros nacionales. ¿Por qué, me pregunto, tantas voces se levantan en el mismo sentido, si no hay motivos? Pero un dato interesante, tampoco en este Encuentro fue mi voz la única que se hizo oir en este sentido. Hubo otras que, aparte, denunciaron el oportunismo del Intendente Martí (UCR) al utilizar el Día de la Mujer como propaganda de su accionar en favor de las mismas, y la ausencia de este movimiento en una jornada de lucha. La otra presencia notable fue la del Frente Grande. Las coordinadoras y organizadoras más destacadas son, por ejemplo, María Elsa Nou, candidata a constituyente y apoderada del Frente de Córdoba, ex integrante de la junta ejecutiva de Uepc en la lista Celeste de Grahovac e integrante de la lista Blanca de Soledad García en las últimas elecciones del gremio docente. También estuvo presente el Frente Grande a través del CEOPAL, organización de abogados, asistentes sociales, psicólogos, que trabajan con los loteos indexados y las escrituras en las villas (uno de sus abogados es Viqueira, el segundo candidato a constituyente del Frente local). Lo más interesante de todo fue el rico debate que realizaron las mujeres en estos talleres (a pesar de los ingentes esfuerzos por acallar las voces más combativas por parte de las frentistas). El tema central del mismo en todos los talleres fue el aborto, la eduación sexual, el control de la natalidad y la necesidad de que el Estado sea responsable de estas acciones. Se debatió sobre la necesiad de la derogación de la “ley Resónico” (ley provincial que prohíbe que en los hospitales del Estado se provean anticonceptivos y se realicen ligaduras de trompas). A pesar de las organizadoras, salió la realización de una sentada para pedir la derogación de la ley y presionar a los constituyentes para que se despenalice el aborto con la consigna “anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Entros los datos importantes que se vertieron, estaba el hecho de que una mujer muere por día en la Argentina por abortar en malas condiciones sanitarias. En Córdoba, en el Hospital Rawson (hospital que atiende enfermedades infecciosas) hubo una sala completa con mujeres en estado grave por abortar. En la maternidad provincial el número de madres niñas es también alarmante (en una semana hubo 14). Cuando estas niñas concurren solas, les hacen dar sus niños en adopción o, lo que es peor, se les dice que murieron (¿hay comercio con estos niños?). Estos son los hechos que demuestran la hipocrecía de los que dicen defender la vida, porque como dijo una compañera, la abortiva es la sociedad. Habría que agregar que lo abortivo es el capitalismo, que condena a la mujer trabajadora y a sus hijos a la opresión y a la miseria, y la “obliga” a abortar: por no ver morir de hambre a sus hijos; por no perder el trabajo; por no tener apoyo del Estado y de las patronales para criar en condiciones dignas a sus hijos y que estos no signifiquen una condena para ella, etc. El Frente Grande sostenía en un doble discurso al Pacto de San José de Costa Rica, porque defiende los derechos humanos (intentaban desviar el debate cuando se tocaba el artículo 4). Los otros puntos que preocupan a las mujeres es el tema de la flexibilazación, y es muy sentido el tema del servicio militar obligatorio, la jubilación privada. Nuestro volante y nuestro programa está en sintonía con las mujeres trabajadoras y sus aspiraciones.

La mayoría de las empresas del transporte automotor ha obtenido en estos últimos tiempos siderales ganancias. La renovación de unidades y el aumento de las flotas es un índice claro de ello. Estas ganancias, por supuesto, están basadas en una brutal explotación de los choferes. El tamaño de los colectivos, y por lo tanto, el trabajo de los choferes, es casi el doble; los micros que actualmente se importan desde el Brasil tienen el tamaño de los de media distancia, con una capacidad de 100 pasajeros cómodos. Las empresas han acortado los descansos entre los recorridos, y de hecho están implantadas las doce horas como la media de trabajo en todas las líneas. Como si no bastara esta brutal explotación, las grandes empresas están implementando el trabajo a destajo, pagando un “premio” proporcional de uno a tres puntos de la recaudación diaria, en reemplazo de un aumento del salario básico. Este sistema de destajo significa un salario distinto para cada trabajador, y quiebra la solidaridad entre los choferes, que se disputan los pasajeros para obtener mayor recaudación y los mejores recorridos en aquellas líneas que tienen varios. La dirección de la UTA ha permitido que se quiebre la aplicación de los convenios y que se implemente de hecho (sin necesidad de ley alguna) la “flexibilidad laboral” en UTA. El cuento de la boletera Hace meses Palacios comenzó una campaña demagógica por la implementación de las máquinas expendedoras de boleto: en abril sacó afiches anunciando que “la cortaban con el boleto”. Luego le dio largas al asunto y ahora está negociando para que sólo las líneas con cabecera en la Capital tengan máquinas expendedoras de boletos, pero la mayoría de las empresas aun no ha colocado ninguna. Según Klaus Wilman, presidente de la compañía alemana fabricante de las máquinas “hemos vendido 5.500 de las cuales sólo una parte ha sido colocada” (Ambito Financiero, 14/4). El mismo Palacios dice “salvo en Capital Federal donde se observa algún movimiento, podemos afirmar que no llegan al 2% las máquinas instaladas” (Ambito Financiero, 19/4). Y aunque no pusieron una sola máquina, los negreros de la Fatap no perdieron la oportunidad de reclamar un aumento del 15% en las tarifas... (Clarín, 24/4). Llegado el caso las empresas podrían establecer un guarda transitorio hasta que se coloquen las expendedoras, para darle agilidad al ascenso de los pasajeros en los colectivos grandes y para mantener el cobro de la recaudación en negro, algo que las máquinas expendedoras no permitirían hacer. Aunque sin embargo, “para los empresarios, la alternativa del guarda ‘está totalmente descartada’ ...” (Clarín, 23/4) La no colocación de las máquinas en las líneas del Gran Buenos Aires, deja en pie el manejo del dinero por parte del chofer que sigue manejando, con todos los problemas de seguridad que esto significa y que tiene hoy. Palacios se adapta sistemáticamente a esta bicicleta de las empresas, que les permite evadir millones de dólares en impuestos mediante recaudaciones y trabajo en negro. En la UTA está planteada más que nunca una lucha por el aumento del salario básico, que liquide los premios por presentismo, recaudación, y el esclavista sistema de las doce horas. Los choferes están sometidos incluso a un régimen tan inhumano que en una alta proporción sufren trastornos psíquicos y de hecho son despedidos por este motivo. Como en muchas líneas se están realizando elecciones, es oportuno presentar listas opositoras que levanten un programa de lucha por el salario y contra la “flexibilidad laboral”, que en la UTA es una tarea de primerísima importancia.

Los trabajadores paraguayos están preparando una huelga general, la primera que se realizará en el país en 36 años. ¡Y vaya si la están preparando! En el curso de las últimas semanas se viene sucediendo una sostenida seguidilla de huelgas. En la gigantesca represa de Itaipú, los obreros paraguayos y brasileños cumplieron una huelga de 24 horas en reclamo de la reposición de un adicional por “tareas riesgosas”, derogado por el gobierno. Los trabajadores estatales y los del Instituto de Previsión Social salieron a la huelga por salarios y por la destitución del directorio del IPS; en distintas empresas —como en la cafetalera Eximporá— se han venido produciendo huelgas, movilizaciones y huelgas de hambre. Los trabajadores del transporte votaron para mediados de abril una huelga general nacional, que el gobierno logró evitar sobre la hora mediante promesas y concesiones. El ascenso de la marea obrera se manifiestó claramente en la masividad de la marcha convocada en Asunción por las tres centrales sindicales a mediados de la semana pasada, en la cual la ratificación de la huelga general fue largamente ovacionada por los manifestantes. Los reclamos de la huelga general paraguaya son el aumento del 40% del salario mínimo —que fue “licuado” por los brutales tarifazos de gas y luz decretados en enero—, la derogación de los proyectos de privatización del sistema previsional y en repudio al desempleo. El aumento salarial del 15% decretado en enero para los privados no logró detener la marea sino que, por el contrario, agudizó los reclamos y movilizaciones entre los trabajadores estatales. Mientras crece la movilización obrera, no cede la movilización campesina que comenzó en febrero con cortes de ruta y ocupaciones de tierras. Los campesinos reclaman el aumento del precio del algodón pagado por los acopiadores, la condonación de las deudas y el reparto de tierras. En las últimas semanas, luego de la masiva manifestación de campesinos a Asunción de mediados de marzo, la situación se ha agravado porque “los agroexportadores se han puesto de acuerdo para reducir los precios de acopio del algodón en todo el país ... la reducción programada coincide con un fuerte aumento de la cotización de la fibra paraguaya en el mercado internacional” (Ultima Hora, 18/4). En Prensa Obrera (nº 412 y nº 413, del 24/2 y 10/3) denunciamos que el régimen político paraguayo actuaba como una mera extensión de la Cámara de Agroexportadores, que intenta embolsarse la totalidad del aumento internacional del precio del algodón condenando a los campesinos a la miseria. No casualmente, señalábamos, “Wasmosy es el propietario del segundo mayor pulpo acopiador ... (y) el mayor explotador de los campesinos paraguayos es nada menos que el hombre que encabezó la lista centroizquierdista en las últimas elecciones, Guillermo Vargas Caballero” (Prensa Obrera, nº 413, 10/3). Después de esta provocación de los agroexportadores, los campesinos han resuelto abandonar el “diálogo” con el gobierno (Ultima Hora, 14/4). La presión popular, obrera y campesina empalma con una aguda crisis del régimen político y una desarrollada fractura del partido oficialista, que está siendo copado por la burguesía agroexportadora (los acopiadores de algodón) y los grandes contratistas, que ahora se han transformado en campeones de la privatización. Wasmosy —uno de los grandes acopiadores y, al mismo tiempo, uno de los grandes contratistas de la represa de Itaipú— sintetiza en su persona a la fracción burguesa que ha pasado a monopolizar el régimen político. La fractura del partido oficialista ha llevado a la destitución de Blas Riquelme de la Junta de Gobierno del partido colorado y al pasaje a la oposición de la fracción “stronista” encabezada por Argañaraz. La crisis del partido oficialista se viene expresando también en una serie de reclamos y reivindicaciones levantados por la suboficialidad de la policía y las FF.AA. Esta crisis política es la que le otorga una enorme potencialidad a la huelga general y a la intervención del movimiento obrero.

Una ordenanza reciente, votada por unanimidad por el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho, ha generado una gran rebelión estudiantil. Llamada Nuevo Régimen de Cursados y Evaluación, la ordenanza modifica totalmente el régimen anterior. De dos clases teóricas semanales se pasa a un sistema con dos clases teóricas más dos clases prácticas semanales. La pretensión de que esto “elevaría” el nivel académico es falsa. El resultado es una superposición horaria tal que hace imposible el cursado del total de las materias del mismo año. Equivale más o menos a treinta horas semanales de clases, algo que es incluso físicamente imposible en la Facultad de Derecho por la cantidad de estudiantes que tiene. No hay aulas suficientes, ni docentes, ni materiales para garantizarlas. Hay materias que dictarían su último teórico a las 18,30 horas con lo que se elimina prácticamente el turno noche. La única forma de cursar todas las materias es asistir a clases en distintos turnos algo que los estudiantes que trabajan no pueden hacer. Esto ha generado una gran bronca en los estudiantes y un clima de discusión permanente en los pasillos y en las aulas. Dos organizaciones que votaron la ordenanza comenzaron a juntar firmas para derogarla, y una de ellas, la JUP, llamó a una asamblea, en un intento por capitalizar la indignación de la gente. Sin embargo, cuando a la primera asamblea concurrió todo el turno noche, se vio que el movimiento tomaba características propias. Sobrepasó a todas las organizaciones políticas de la Facultad que habían intentado “encauzar” la protesta. El reclamo por la derogación es unánime y el repudio a todos los consejeros derivó en un repudio a cualquier tipo de organización política que se presentara en la asamblea. Se eligieron delegados diferentes para que coordinaran las asambleas y a los que aparecieron más de una vez en esta función se les exigió su inmediato retiro. Lo más característico de este movimiento es, sin embargo, una claridad impresionante sobre el objetivo que persigue (la derogación). Es muy probable que el Consejo tenga que suspender las clases para desmovilizar a los estudiantes, hasta que se rearme el programa de cursado y su implementación. Si la movilización crece es muy probable su triunfo. Sea como sea, el estado de ánimo de los estudiantes ha dado un giro, de un cuadro de aparente indiferencia ante los ataques del gobierno hacia la Universidad, ahora se ha revelado que en realidad hay una gran indignación contra los partidos patronales y oportunistas, y que los estudiantes están dispuestos a defender sus propios intereses. 18/4/94

El Partido de los Trabajadores se dirige a toda la población para denunciar el alevoso crimen del compañero Esteban Balbuena, miembro del comité Ejecutivo del PT, presidente de la Coordinadora Regional de Agricultores del Itapuá (CRAI) y dirigente de la Federación Nacional Campesina (FNC), ocurrido ayer, a las 14 horas en la Colonia 7 de agosto, distrito de Carlos Antonio López, Departamento del Itapuá. Esteban, a quien todos llamabamos Ñeco, además de su militancia a favor de la causa campesina y de dedicar su vida a la construción de un partido que defienda los intereses de la clase trabajadora, venía encabezando junto con otros compañeros de la CRAI una denuncia ante la Comisión Investigadora de Ilícitos en contra de Armindo Galeano Jacobo, secretario de asuntos “campesinos” de la Junta de Gobierno de la ARN y miembro del Consejo del IBR, por amenazar de muerte a la dirigencia campesina. Más específicamente, Galeano Jacobo expresó en una reunión realizada en Edelira 28 el pasado 5 de marzo, en vísperas de la gran marcha campesina, que “costaría la vida a todos los dirigentes campesinos que no se alinearan al partido colorado...”. Este hecho, más informes concretos acerca de la formación de una banda de civiles armados, es decir de asesinos a sueldo que asumirían la aplicación de tan siniestro plan, motivó una serie de denuncias tanto de CRAI, como de ASACRAPA y otras organizaciones campesinas, por lo cual la Comisión Investigadora de Ilícitos citó para una interpelación al citado personaje al igual que a los compañeros Balbuena y Benitez, también dirigente de CRAI y del PT, la cual debía efectuarse en la fecha. Estamos, pues, ante un crimen que responde a causas estrictamente políticas. La propia manera en que fue asesinado nuestro compañero, a quien no le despojaron del dinero que portaba ni del vehículo en que se estaba trasladando, a plena luz del día, despejando toda duda de que por esta vía se ha consumado la amenaza lanzada el 5 de marzo por el asesino Galeano Jacobo y la banda de delincuentes que encabeza para intentar derrotar la lucha campesina. Es conocido el prestigio del que gozaba el compañero y su conducta intachable. Es conocida la causa del asesinato y son conocidos sus autores morales. Desde el Partido de los Trabajadores responsabilizamos de este acto criminal al Armindo Galeano. Denunciamos también a la Junta de Gobierno de la ANR, que tiene entre sus miembros a delincuentes de esta naturaleza, Y responzabilizamos de lo sucedido al gobierno nacional, que teniendo conocimiento de las amenazas públicas vertidas por Galeano Jacobo no tomó ninguna medida para impedir que las mismas se concretaran. Hechos de esta naturaleza demuestran que ha llegado la hora de que las organizaciones campesinas asuman su propia defensa, porque está visto que nada se puede esperar del gobierno y porque no se puede ni se debe permitir que se mate a un sólo dirigente campesino más. El PT, al tiempo de expresar su incondicional solidaridad a los compañeros de la CRAI y a los familiares de Ñeco, exige el juicio y ejemplar castigo a los autores materiales y morales del asesinato, y asume el compromiso de no dejar impune la muerte de uno de sus principales dirigentes, para lo cual coordinará todas las acciones necesarias junto a las organizaciones campesinas, las Centrales Obreras y los partidos de izquierda que ya están manifestando su repudio por los hechos denunciados.

Lo nuevo en el SOIP es la elección de delegados combativos y antiburocráticos en algunas de las principales fábricas frigoríficas (ver nota). Dijimos en Prensa Obrera que existe un reanimamiento en la base fabril del pescado, que se expresa en reclamos y movimientos de lucha por el salario, contra los ritmos de trabajo y la “cooperativización” forzosa (las “cooperativas” que se forman con el despido de numerosos compañeros fileteros, alentadas por las propias patronales y con la complicidad de la burocracia para sustituir a un costo menor y con una superexplotación mayor a los trabajadores permanentes). Este reanimamiento y el inicio de la pelea por la reorganización del cuerpo de delegados, dominado hasta ahora por la burocracia menemista, negrera y estafadora de Saravia, plantea al activismo y, en particular, a la clasista Lista Celeste una serie de tareas. Primero, la pelea contra la jubilación privada. La burocracia saravista está tratando de imponer la jubilación privada por la vía de no distribuir el formulario para quedarse en la estatal. La Celeste tiene el desafío de organizar prácticamente la adhesión masiva a la jubilación estatal y de reclamar el reparto masivo de los formularios de opción. Segundo, apoyar con efectividad la lucha por los reclamos y la reorganización de los cuerpos de delegados en las plantas. Este último punto debe merecer especial atención para evitar que la burocracia desvirtúe la elección de los nuevos delegados. Tercero, organizar una campaña por la asamblea general del SOIP, para que ella elija una junta electoral y llame a elecciones bajo su control.

A seis meses de las elecciones presidenciales, Lula encabeza holgadamente todas las encuestas con más del 35% de las intenciones de voto en todo el país: gana en todas las regiones, en todos los grupos de edades y de instrucción, entre todas las franjas de ingreso y entre los hombres y las mujeres. En el Nordeste, la intención de voto por Lula llega casi al 50%. El 36% nacional triplica las intenciones de voto a favor de Lula respecto de las que éste recogía a esta misma altura de la campaña presidencial, en 1989. El “anti-Lula” Del abigarrado cuadro de candidatos patronales, la burguesía brasileña ha seleccionado su “anti-Lula” en la persona de Fernando Henrique Cardoso, del “centroizquierdista” PSDB, ex canciller, hasta hace poco ministro de finanzas de Itamar Franco y autor del “plan de estabilización” que ha puesto al Brasil en las puertas de la hiperinflación. El derechista Maluf ha desistido de su candidatura y otros candidatos “históricos”, como Quercia, Sarney (PMDB) y Brizola (PDT) se encuentran virtualmente fuera de carrera. “FHC” —como se lo conoce a Cardoso en Brasil — ha recibido el apoyo unánime de la Bolsa, de la Asociación de Bancos, de la Federación Industrial del Estado de San Pablo (FIESP) y de la banca acreedora. Además, se encuentra negociando un frente con el Partido del Frente Liberal (PFL), que aglutina al gran capital brasileño. Según uno de los capitostes de la burguesía paulista, “la candidatura de Cardoso, con un perfil centroizquierdista, es la única capaz de dividir a la izquierda, atraer al centro y ganar la simpatía de la derecha... es la fórmula ideal del ‘anti-Lula’ porque tiene la confianza de los conservadores y cara de centroizquierda” (Jornal do Brasil, 6/3). Lula y Cardoso se reconocen ideológicamente como centroizquierdistas y hasta hace poco tanto la derecha del PT como su “extrema izquierda” consideraban al PSDB y aún a Cardoso como un “aliado estratégico natural”. La competencia electoral enfrenta un centroizquierdista “de overol” a otro “de saco y corbata”. El monopolio electoral de dos candidatos igualmente centroizquierdistas desnuda la agudeza de la crisis del régimen político brasileño, cuyo centro de gravedad ya no logra sustentarse con los representantes “naturales” de la burguesía brasileña (los Maluf, Quercia, Brizola o Antonio Carlos Magalhaes). Son los “FHC” y los Lula los encargados de salvar la “gobernabilidad” de un régimen político que —después de la caída de Collor y de los escándalos en el Congreso y la Justicia— hace agua por todos lados. El notable protagonismo electoral del centroizquierda revela cuán maleable es a las necesidades del imperialismo y el grado en que se ha transformado en su instrumento político. Lula ha llegado a esta condición frenando las luchas populares, integrando los sindicatos al Estado, impulsando la colaboración de clases y asimilándose por entero al terreno constitucional y parlamentario. Desde la caída de Collor, es sustento oficial del gobierno Itamar (con sus ministros de economía, incluídos). El programa del PT, a instancias de Lula, ha eliminado la consigna de “moratoria de la deuda externa”, apoya las privatizaciones y rechaza la reforma agraria (a la que sólo admite en “tierras improductivas”). En el Congreso, en los gobiernos municipales y en la dirección de la CUT, el PT, en su conjunto, ha demostrado sobradamente su cerrada defensa del orden burgués, de los intereses materiales de la burguesía y su hostilidad a los movimientos y reivindicaciones de los trabajadores. Pero para el imperialismo, estas “garantías” tienen obvias limitaciones; es necesario comprometer al PT, además, con toda serie de compromisos y acuerdos. Entre el conjunto de disposiciones políticas que se ha adoptado en la campaña electoral, está la de oponer a Lula, no a un derechista anti-comunista declarado, sino a otro candidato centroizquierdista, un profesor universitario, un “socialdemócrata” que ha denunciado la “corrupción”, a un perseguido de la dictadura militar, a una escisión de izquierda del principal partido burgués brasileño (el PMDB), en resumen, a un Chacho Alvarez (incluso mejorado) que en las últimas elecciones presidenciales llamó a votar por Lula contra Collor en la segunda vuelta (mientras que el Chacho argentino tiene un pasado cafierista y menemista). La defensa de la candidatura de Cardoso ha recaído, en consecuencia, fuera de los grandes burgueses y de sus representantes tradicionales, en la intelectualidad “izquierdista” y “progresista”. Para esto, ocultan que Cardoso es hoy el candidato de los partidos de la dictadura militar, de los partidos que gobernaron con Collor y de la mayoría corrupta del Congreso, y que el propio Cardoso votó el ingreso de su partido al gobierno Collor treinta días antes de que se produjera la denuncia que lo llevaría al juicio político. Para esta operación de encubrimiento, Cardoso ha puesto como condición para aceptar la candidatura a la presidencia que las “alianzas” con la derecha no sean explícitas sino que aparezcan como designaciones “personales” de él. Así, aunque el apoyo del PFL a la candidatura de Cardoso es un hecho público y notorio, no se lo ha oficializado e, incluso, se sospecha que no se lo oficializará en toda la campaña: la designación de un hombre del PFL como candidato a vicepresidente de Cardoso tendría el carácter de un “ofrecimiento personal”. La “política de alianzas” de Lula Pero la política del imperialismo no se limita a la elección de un “anti-Lula” como factor de control, de freno y de compromiso contra el movimiento de masas. El otro aspecto es asegurarse, más allá de las elecciones presidenciales, el control de los gobiernos de los Estados y del Congreso nacional (además, naturalmente, de las fuerzas represivas y de la justicia). Para eso ha arrancado del PT el compromiso de no impulsar candidaturas propias con posibilidades de victoria para los gobiernos estaduales y de, por lo tanto, no consagrar listas con posibilidades mayoritarias en el Congreso. El PT viene apoyando a un conjunto de candidatos patronales y derechistas en nombre de su “política de alianzas” y el propio Lula, personalmente y en choque con las bases del propio PT, ha ido tejiendo esas “alianzas” que, al decir de Erundina (ex intendente petista de San Pablo y miembro de la derecha del PT) “eran impensables hasta hace poco tiempo” (Página 12, 7/4). Las “alianzas” estaduales de Lula parecen no tener límites: en Río Grande do Norte, ha llevado al PT a apoyar a Wilma de Farías, una connotada derechista y corrupta, que pasó por todos los partidos en busca de cargos y prebendas hasta recalar en el PSB, aliado electoral del PT. En una manifestación en Natal, capital de Rio Grande do Norte, Lula se enfrentó abiertamente a los militantes del PT que marcharon con un enorme cartel: “No a la alianza con Wilma, que significa corrupción” (Folha de Sao Paulo, 2/4). En Alagoas, “patria chica” de Collor de Mello, “los colloridos pueden aliarse al PT”, informa la Folha de Sao Paulo (12/3): “el grupo de Alagoas de Collor, liderado por el gobernador Geraldo Bulhoes (PSC) está intentando aproximarse a la posible candidatura (a la gobernación) del intendente de Maceió, Ronaldo Lessa”. Lessa es uno de los postulantes a la vicepresidencia de Lula. En Paraíba, el PT apoya al PMDB, el partido de Sarney y Quercia y el mayor reservorio de corruptos que existe en todo Brasil; en Paraná apoya al PDT y llega, en Bahía, a apoyar al candidato... del PSDB. Incluso en los Estados donde se presenta solo, el PT ha sido víctima de su política de no combatir a sus potenciales “aliados”: en San Pablo, el candidato a gobernador del PT, José Dirceu, no llega al 5% en las encuestas ... más de 25 puntos por detrás de las intenciones de voto que recoge la candidatura de Lula en la misma ciudad. Esta “política de alianzas” es justificada por la necesidad de que los “aliados” regionales transfieran sus votos a la candidatura nacional del PT, Lula presidente, pero ninguno de estos partidos podría hacer este “traspaso”, por una orden de sus direcciones patronales. Esto quedó claro en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 1989, cuando —según las encuestas— el electorado del PSDB votó en su gran mayoría por Collor, a pesar de que el partido llamaba a votar por Lula, y cuando el electorado del PDT tendía a votar mayoritariamente por Lula, cuando todavía su dirección no había decidido hacerlo. La consigna “Lula presidente” encubre la consigna “los derechistas y patronales al gobierno de los Estados”: la “política de alianzas” entrega el Congreso nacional y los Estados a la derecha y a los partidos patronales. El “plan Cardoso” La candidatura del centroizquierdista Cardoso a la cabeza de un frente único de toda la burguesía es, sin embargo, un aspecto del dispositivo político general de la burguesía. Hasta aquí se ha definido que no será una lucha contra “el comunismo” sino a favor del “progreso”, la “ética” y hasta el “pluralismo”. Pero el otro aspecto tiene que ver con el plan económico, del cual el imperialismo pretende obtener un rédito electoral si, “estabilización” mediante, logra poner un parate transitorio y precario a la enorme inflación. En esto pretende emular el ejemplo menemista, el de Sarney (1986) con el “plan Cruzado” o el de Alfonsín (con el plan Austral). Este “plan”, que hasta ahora sólo ha agravado la inflación (50% al mes), ya significa un negocio sin precedentes para la burguesía, porque ha recortado el salario real en un 30%, y lo será aún más porque procura consolidar la deuda pública a corto plazo del Estado con los bancos a altos niveles de interés y a un dólar que se está subvaluando frente a la nueva moneda que está en proceso de creación. Los trabajadores deberán pagar en el futuro la enorme cuenta de esta deuda pública usuraria revalorizada. Aterrorizado por la posibilidad del “éxito” de la “estabilización”, ni Lula, ni el PT ni la CUT han salido a enfrentar realmente al “plan”, a pesar de que el único fruto que ha rendido hasta ahora ha sido llevar el costo de vida del 30 al 50% mensual. En realidad los “asesores” económicos de Lula apoyan el “plan”, a lo Chacho Alvarez, es decir pidiendo que se “contemplen” los perjuicios que sufrirán las masas. En un caso fundamental, la municipalidad de Belo Horizonte, dirigida por el PT, ya ha comenzado con la aplicación del “plan” al adoptar la disposición que convierte los salarios a la nueva moneda sin reconocer la inflación de febrero último (reducción del 40%). Frente al “plan Cardoso”, el PT “denuncia” su “carácter electoralista” —es decir nada. Al mismo tiempo, la burocracia petista de la CUT ha boicoteado abiertamente todas las luchas salariales y la perspectiva de una huelga general contra el “plan Cardoso”. La burocracia sindical de la CUT reivindica, junto al gobierno de Itamar-Cardoso y las grandes patronales, a los “consejos sectoriales”, un ámbito de colaboración de clases e integración con la burguesía puesto en funcionamiento por Collor, (que no figura en el programa electoral del PT), y que sirve para que la gran industria obtenga rebajas de impuestos a cambio de aumentos salariales inferiores a la inflación, y a cambio de usar los “retiros voluntarios” en lugar de los despidos. La burguesía intenta utilizar la maniobra de la “estabilidad” (¡cuya posibilidad todavía está por verse!) y la política capituladora del PT para mantener intacta su dominación política y, de última, derrotar al PT. Pero el “plan Cardoso” debe dar cuenta aun de un conjunto de contradicciones explosivas (déficit fiscal galopante, crisis industrial, presión imperialista, etc) que pueden hundirlo en cualquier momento y, con él, la candidatura de su mentor.

Recientemente, se realizaron las elecciones a delegados en Zanella y Moscuzza, dos de las principales fábricas frigoríficas del pescado. Zanella es un establecimiento nuevo, el que permitió la eliminación de los requisitos de antigüedad para los candidatos, así como una incertidumbre por la falta de elementos de juicio para elegirlos. Pero la intervención directa de Saravia en la organización de la elección y su fiscalización personal” ¡ayudó a clarificar la intención de voto! Al verificarse el empate para la cobertura del segundo delegado, se organizó una segunda vuelta. Fue entonces cuando trascendió que Saravia estaba presionando a“Miguel Cruz” para que renuncie y proclamar así a “Leguizamón”. Resultado: MIguel Cruz (Mosquito) 70 votos, Leguizamón 40. En Moscuzza, se presentaron tres candidatos. La persistente labor hombre a hombre del Secretario General de la CGT Mar del Plata en favor de la lista amarilla arrojó el siguiente resultado: 1º La Celeste, 2º la Marrón y última, cómoda, con 15 votos, la amarilla. En visperas de las elecciones del S.O.I.P. una cosa debe quedar clara, el prontuario de traiciones y de estafas, conjuntamente con el agotamiento de las ilusiones en el PJ han convertido al Saravismo en un cadaver político y es el activismo clasista quién debe enterrarlo.

Frente a las cámaras de TV, después de afirmar que el PT venía defendiendo desde hacía tiempo la necesidad de una “estabilización” y apoyaba “los controles de precios”, Lula batió el parche de las características “electoraleras” del “plan Cardoso”... dejando de lado que se trata de una de las confiscaciones más espectaculares de la historia brasileña: en un solo més se “come” el 45% de los salarios y consolida la deuda en su valor histórico más alto en dólares, en beneficio de los bancos. Pero rápidamente, en Belo Horizonte, vino a descubrirse que la “oposición” del PT al “plan Cardoso” era, también, “electoralista”, es decir, para la gilada. Con una población de varios millones de habitantes, Belo Horizonte es la mayor ciudad que gobierna el PT y es, en consecuencia, la “vitrina política” del partido. Pues bien, mientras la CUT y el PT organizaban una aislada y sin perspectivas “jornada de lucha contra la reducción salarial”, la intendencia petista de Belo Horizonte decidió convertir los salarios de los empleados municipales por el indexador del “plan Cardoso”, el llamado URV (Folha de Sao Paulo, 25/3), haciéndose partícipe y cómplice de la confiscación salarial montada por la burguesía. La confiscación de Belo Horizonte, sumada a la política de parálisis de la burocracia sindical petista frente a la reducción salarial, revela la complicidad del PT con el “plan Cardoso”.