Prensa Obrera N° 397

La lista Naranja (PO), la lista Verde (Mst) y activistas independientes constitu­yeron un frente (Verde-Naranja) para pre­sentarse en las elecciones del próximo 10 de setiembre en el gremio telefónico de Córdoba, para renovar la Comisión Direc­tiva y los delegados al Congreso de Foetra. Las elecciones fueron convocadas de un día para el otro por la actual comisión directiva, dirigida por el “comunista" Da­niel Sánchez. Sánchez “apresuró" las elecciones en el gremio (debían realizarse en diciembre) con el objeto de regalarle a Rogelio Rodríguez, el burócrata del "Club de Amigos” de Menem, los delegados necesarios para ser reelegido como se­cretario general de Foetra en el congreso que se realizará a fines de setiembre. Sánchez realizó una convocatoria “trucha” y a las apuradas para evitar la orga­nización de una oposición de lucha, consciente de que su política de alianza con la patronal (traducida en un brutal aumento de tos aprietes, en despidos encubiertos como “retiros voluntarios”, en el desmantelamiento de las centrales del interior y en la pérdida de las conquistas históricas de los telefónicos) está generando un odio mayúsculo entre los trabajadores. En el cuadro de opresión e inestabili­dad laboral que viven los trabajadores de Telecom (con la colaboración de la burocracia del Soetc con la patronal para armar las listas de los despedidos), el hecho de haber presentado una lista antiburocrática y antipatronal es un primer y gran triunfo, que corresponde a la decisión de los tele­fónicos del PO y el Mst. Cabe aquí señalar que el Mas decidió “dejar pasar" esta oportunidad, porque considera que es “quemar compañeros” presentarse a elecciones contra la burocracia “en esta situación”. La política derrotista del Mas (que sí hizo campaña discutiendo, des­pués de meses de borrada, con su perife­ria sobre la inconveniencia de presentar­se) lo ha postrado de rodillas ante la patro­nal y sus socios sindicales. Es justamente “esta situación" la que obliga al activismo clasista y de izquierda a buscar reagruparse para encarar la lucha contra tos despe­didos, la prepotencia patronal, la recupe­ración de las conquistas perdidas y la expulsión de la “cría de Venencia” (buró­crata guillanista) del sindicato. Esta es la tarea que tiene por delante el Frente Ver­de-Naranja.

Los empleados públicos cordobeses si­guen en lucha. La Dirección Provincial de Educación hace 36 días que está parada; los trabajadores de la ex Dirección Provincial de Hidráulica (ahora fusionada con la ex Epos en la Dipas) han salido al paro por tiempo indeterminado ante el incumplimiento patro­nal del acta de reconocimiento de la equipa­ración salarial con los trabajadores de la ex Epos; también hay asambleas y paros en el Ipam y la Dirección de Arquitectura, a los que se suman paros parciales en el Banco de la Provincia y el posible no inicio de las clases por los docentes provinciales. Todas estas luchas tienen un denomina­dor común: el reclamo salarial. Con salarios, en su mayoría, de 350 pesos, la administra­ción angelocista está llevando a la miseria a los trabajadores estatales; la generalización de los redamos refleja la inviabilidad de la política gubernamental. En el medio del des­tape de los chanchullos y negociados con los fondos públicos a través de las empresas estatales y del Banco de la Provincia, la lucha de los trabajadores ha cobrado fuerza y argumentos y ha llevado al gobierno a un callejón sin salida: pretendió hacer frente a los reclamos con promesas de arreglos por dependencia para evitar una lucha única y un desgaste de tos trabajadores con comi­siones y “cuentos”, y terminó rodeado por los conflictos. Es evidente que el paro general de todos los empleados públicos e incluso el paro provincial se caen de maduros. Sin embar­go, tanto la directiva del Sep, como la recien­temente reconstituida Coordinadora de Gre­mios Estatales “se hacen los sotas” y mi­ran para otro lado (más precisamente a las promesas de ser tenidos en cuenta por el gobierno para la “reformulación del Esta­do provincial’). La asamblea de los trabaja­dores de la Dirección de Educación votó el reclamo de un “paro de advertencia” para que el gobierno cumpla con las actas firma­das y de satisfacción a todos los reclamos de los trabajadores en conflicto. Ese es el cami­no, marcha a una lucha común de todos los trabajadores estatales de Córdoba, que quiebre la política angelocista.

La responsabilidad directa por la campaña de “perse­cución ideológica”, los atentados, golpizas y ame­nazas contra periodistas y estudiantes, que se suceden en todo el país, es del gobier­no nacional encabezado por Carlos Saúl Menem. Es desde el seno del propio gobierno “que el 2 de febrero se decidió seguir adelan­te con el espionaje ideológico a estu­diantes y organizaciones sociales de todo el país, según las instrucciones dadas en diciembre por el Director Na­cional de Inteligencia, Juan Carlos Velasco” (Clarín, 8/7). La decisión fue to­mada por el Consejo de Seguridad Interior, presidido por el ministro Gustavo Béliz. Fueron las bandas menemistas las que agredieron impunemente a los estudiantes entrerrianos y rosarinos que manifestaban contra la política oficial. El presidente de la Nación avaló con sus propias palabras el ataque de los matones contra los manifes­tantes. Un acto que no tiene nada de impulsivo porque ya un año atrás, en pleno ascenso de la movilización educativa, el mismo Menem amenazó a docentes y estu­diantes con la posibilidad de que “volvamos a tener en la República Argentina otro contingente de Madres de Plaza Mayo, reclamando por sus hijos”. Como consecuencia de esto, el entonces Ministro de Defensa —González— “había dado instrucciones para que se iniciaran tareas de prevención ante una po­sible ‘intervención subversiva’ que abarcaba a estudiantes, docentes y mi­litantes de gremios combativos” (Pági­na 12,30/6). Fue el propio gobernador de Santa Fe, el que admitió días atrás al diario "Página 12” que el Ministro del Interior tomó contacto directo con el Jefe de Policía para ordenar tareas de “inteligencia”, pasando por en­cima de las autoridades provinciales. Para completar el cuadro, los esbirros que actúan con métodos parapoliciales y circulan en los tristemente célebres Ford Falcon tienen la fisonomía inconfundible de los elementos de los servicios de “seguridad” que mantiene y dirige el Poder Ejecutivo. ¿Más pruebas? El gobierno que acusa de los últimos atentados a los “enemigos de la democracia”. Se imputa, por lo tanto, a sí mismo: gobierna mediante el expediente de los “decretados”, indultó a los genocidas y los hace ahora participar en los actos ofi­ciales de las Fuerzas Armadas, manipula jueces y fiscales, proscribe la libre actividad de los Centros estudiantiles en los colegios y ampara a los organismos de represión conspirativos, encargados de la vigilancia y el seguimiento de la ciudadanía. Con los Videla y Massera los crímenes eran “exce­sos”, ahora se los atribuye a “anónimos delincuentes”. Nadie es responsable y to­dos seríamos las víctimas de un “puñado de locos”, según declaró el piadoso Ministro Béliz sin que se le cayera la cara de ver­güenza. La realidad es que la actual campaña represiva surge desde las entrañas del po­der como un recurso contra la movilización estudiantil y popular y como un poderoso síntoma de descomposición del propio go­bierno. El fracaso del objetivo reeleccionista, el agotamiento del Plan Cavallo luego de la entrega y los negociados descomunales de los últimos años, han desatado una feroz lucha de camarillas en­tre los aparatos y servicios que cobija el Estado. Los atentados, el espionaje y la represión expresan una crisis de conjunto provocada por la propia política oficial. El Partido Obrero plantea que la lucha por la libertad requiere la movilización in­mediata de los trabajadores, los estudiantes y la ciudadanía agredida para terminar con este gobierno de hambre, entrega y espiona­je. Fuera Beliz, responsable directo de la campaña de “persecución ideológica”, disolución inmediata de todos los organis­mos secretos de “inteligencia”, publica­ción de todos sus archivos, informes y reso­luciones y juicio político a todos los miem­bros del Poder Ejecutivo y de todos los go­biernos provinciales directamente implica­dos en el espionaje, empezando por el propio Menem. Que las organizaciones estudianti­les, docentes y sindicales y los partidos po­líticos asuman su responsabilidad: recla­mamos la organización inmediata de una marcha popular a la Plaza de Mayo, contra los atentados y la caza de brujas, por el juicio y castigo a los culpables.

En los últimos meses, las patronales de la construcción han comenzado a "importar” obreros, en particular del sur del Brasil. Los trabajadores “importados” cobran apenas la tercera parte de lo que cobran los argentinos, viven en galpones de propiedad de las empresas y carecen de toda cobertura médica o jubilatoria. La aplastante mayoría de los "importados” son indocumentados y, por lo tanto, son sometidos a condiciones inenarrables de explotación y a arbi­trariedades sin fin ya que no pueden recurrir ni al sindicato ni al Ministerio de Trabajo para denun­ciarlas. También se ha denunciado que Telefónica y Telecom han contratado un numeroso plan­tel de trabajadores extranjeros. Para las patronales, la importación de obre­ros es un “recurso "para reventar los convenios, reducir los salarios y obligar a los trabajadores a “flexibilizarse". La “importación” de obreros de la construcción ha ido creciendo con los acuerdos del Mercosur. ¡Si hasta se han forma­do consorcios argentino-brasileños dedicados al reclutamiento y la "exportación” de trabajado­res del sur del Brasil! Golpea especialmente a la industria de la construcción porque, a diferencia de otras ramas donde los pulpos pueden trans­ferir la producción de un país a otro, no pueden transferir las obras. El “Mercosur” ha reimplantado el tráfico de esclavos entre los trabajadores de la construcción. Frente a este ataque patronal, la burocracia de la Uocra reaccionó atacando... a las víctimas, no a los victimarios. Gerardo Martínez acaba de reclamar al gobierno que fije un “techo "del 20% a la contratación de trabajadores extranjeros. De las condiciones de trabajo y los salarios, ni hablar ...De tanto “codearse" con los explotadores, la burocracia ha terminado adoptando el “reme­dio” cavalliano a las “asimetrías del Mercosur los “cupos de importación”. La directiva de la Uocra sostiene una posi­ción acabadamente reaccionaria y antiobrera, algo completamente natural en quien ha vendido su alma a los explotadores y privatizadores. La burocracia del "club de amigos” renuncia a la primera y elemental obligación de un sindicato que es de no fomentar la competencia y las divisiones entre los obreros. Precisamente, los sindicatos nacieron hace más de dos siglos cuando los trabajadores —a los que la experien­cia les había demostrado que la competencia entre ellos favorecía siempre a las patronales— buscaron la forma de presentarse unidos frente a los explotadores en la negociación de sus sala­rios y sus condiciones de trabajo. El primer deber de la Uocra no es reclamar Ia expulsión de los extranjeros, sino exigir el mismo salario y las mismas condiciones de trabajo para todos los obreros de la construcción, sean argentinos o extranjeros, tengan papeles o no los tengan. Y si “el trabajo escasea”, la obligación del sindicato es luchar para que sean las patronales —y no los trabajadores— las que paguen lo costos de la crisis capitalista. La consigna, entonces, no son los “cupos de importación” sino los reparto de las horas de trabajo entre todos - argentinos y extranjeros— sin afectar el salario Los trabajadores no podemos aceptar ninguna discriminación; mucho menos promoverla. Nuestros enemigos no son los explotados brasileños, sino los explotadores argentinos y los burócratas que los defienden.

El camionetazo del pasado 27 de julio ha puesto de manifiesto que el “plan de con­vertibilidad" está recontra agotado. La pro­testa rural englobó a todos los segmentos de los “productores”, desde la pequeño burguesía de la Federación Agraria hasta la fracción de la oligarquía que se agrupa en las Confederaciones Rurales (CRA). Pero además, incorporó integralmente a las pro­ducciones regionales (algodón, fruticultura) y hasta a un sector de la “agroindustria” golpeado por las importaciones de los pro­ductos alimenticios. Subsidios y devaluación El gobierno menemista no fue mezqui­no, sin embargo, en concesiones y preben­das a la oligarquía. Al comenzar su manda­to, eliminó las retenciones (impuestos) a las exportaciones agropecuarias. A los produc­tores rurales bonaerenses “hace dos años que no le aumentan los impuestos inmobiliarios, gracias al pacto fiscal que supo conseguir (la Carbap)" (Clarín, 30/6/92). Pero el “plan" Cavallo fue completamente impotente frente a la guerra comercial y de subsidios agrícolas desatada entre los dife­rentes bloques imperialistas. La crisis mun­dial ha "devaluado” furiosamente a los productos primarios y a las propias mone­das otrora “fuertes”. La burguesía agraria argentina reclama, ahora, un “reintegro para las exportaciones equivalente a la diferencia entre costos y precios” (peti­torio presentado al gobierno por entidades agropecuarias), lo que no significa otra cosa que una devaluación “particular’' para el agro. Pero también reclamaron —y obtuvie­ron— términos de intercambio “especiales" los industriales papeleros, y se apres­tan a arrancarlos ahora los textiles, petroquímicos y siderúrgicos. La suma de estas medidas solo puede ser el preludio de una devaluación general y del fin de la “con vertibilidad". Endeudamiento y concentración Una devaluación agravaría, sin embar­go, el cuadro del endeudamiento agrope­cuario, que asciende a 4.500 millones de dólares (esto es, al 50% del producto bruto anual del campo). El programa del camionetazo plantea, por ello, una refinanciación de pasivos y nuevos créditos a "tasas Interna­cionales" (que equivalen al 30% de la tasa de interés local). El otorgamiento de “nuevas líneas de crédito" es especialmente reivindicado por CRA, entidad que agrupa a grandes produc­tores que, en una Importante proporción, también se encuentran afiliados a la Socie­dad Rural (que no apoyó la marcha, pero que también pugna por créditos subsidia­dos). La CRA defendió, en la marcha a Plaza de Mayo, el programa de rescate financiero que la Rural viene discutiendo con el gobierno. Los créditos en danza inte­gran un “Plan de reconversión del agro argentino”, urdido entre la Rural y el secre­tario Solá. Como lo definió un técnico de la SRA, el plan está dirigido a “obtener la rentabilidad sobre la base de un aumento significativo de la productividad... lo que lleva a la necesidad de buscar esca­las adecuadas”, es decir, un proceso de concentración de la tierra en grandes unida­des, que exige “una actitud de flexibilidad por parte de los productores, quienes deben diferenciar el papel de propietario del gerencial, por cuanto en un proceso de reconversión se producirá... la delegación de algunos de estos roles” (La Nación, 25/6). A través del crédito subsidia­do, lo que se financiará es el acaparamiento de tierras por parte de los productores más poderosos, y a expensas de los pequeños productores endeudados y en quiebra. Por eso detrás de la bandera genérica del salvataje "del campo”, se oculta un proceso de aguda concentración y dife­renciación social que será financiado y promovido desde el Estado. Este es el programa de Solá y Zavalía, pero que las CRA impusieron al resto de las “entida­des”. En el camionetazo, la pequeña bur­guesía agraria marchó detrás de los plan­teos de la oligarquía (devaluación y concen­tración agraria), que conducen a una gigantesca confiscación de riqueza social a ex­pensas de los trabajadores y pequeños pro­ductores. ¿Reconversión? Los apologistas de la “eficiencia, eco­nomías de escala y productividad” en el agro pretenden omitir el brutal proceso de concentración que se viene desenvolviendo en el agro argentino, el que —por lo visto— no lo eximió de la crisis actual. Entre 1969 y 1988, el número de explotaciones rurales “se redujo en casi un 30% (de 538.000 a 378.000)” (Página 12, 7/3). En los últimos años, ha cobrado auge la formación de grupos de productores “coordinados” por pulpos cerealeros y b anear los, que tienden a eliminar las figuras del acopiador y del corredor de granos. Según datos de FIEL, el rendimiento de la siembra en trigo y maíz (en términos de kilos por hectárea) subió un 20 y 17%, respectivamente, en el último lustro. En los testimonios periodísticos del camionetazo, abundaron los casos de pro­ductores quebrados... luego de haberse “reconvertido” y obtenido “rindes” es­pectaculares. La crisis del agro no obedece a sus “limitaciones productivas”, sino más bien a lo contrario. Esto es, al exceso de producción en todo el mundo por referencia a las posibilidades de comprada las masas. Esta crisis de sobreproducción ha mandado “a la lona "a una buena parte de los produc­tores de la CEE y EE. UU., y se apresta a hacer lo mismo en Argentina. El gran capital terrateniente pretende resarcirse de esta quiebra a costa de una carestía mayor (no otra cosa provocaría una devaluación) y de la confiscación de la pequeña burguesía. El camionetazo es un síntoma poderoso de crisis entre los explotadores. La clase obrera puede explotarla, si desenmascara la lucha de clases que pretende ocultarse detrás de las “reivindicaciones del campo”, y convoca a la pequeña burguesía agraria a romper con el gran capital y luchar por la condonación de las deudas de los pequeños productores; suspensión de toda ejecución de hipotecas sobre los mismos; confiscación del gran capital terrateniente y de los pulpos cerealeros que se quedan con el 80% del “margen” agropecuario; au­mento salarial para el obrero rural e indus­trial, que incremente la demanda de los productores primarios y control obrero de la producción.

En la Asociación del Personal Aeronáutico (APA), el mayor de los seis gremios aeronáuticos, fue derrotada la burocracia de Villani. La Lista Marrón, integrada por delegados de base que se opusieron a la traición de Villani durante el último conflicto contra las cesantías, se impuso por 950 votos a las dos listas villanistas (Granate 580 y Azul 500). El villanismo fue dividido como reflejo de la crisis y el desprestigio en que cayó por su capitulación ante el gobierno e Iberia, dejando que se consumara la privatización de Aerolíneas, la entrega del convenio y especialmente, la traición a la lucha contra las 700 cesantías. En la marrón participaron los delegados que se opusieron a la entrega villanista, los que promovieron las sentadas, los cortes de calle, las asambleas de sector, los paros en defensa de los cesanteados. Durante el gran conflicto, sus integrantes le opusieron a la traición villanista el reclamo democrático de que se consultara en Asambleas los pasos a seguir, pero no llegaron a elevarse a construir un poli alternativo tras la bandera de paro general. En su presentación electoral la Marrón adoleció de un balance del conflicto y de un planteamiento programático ante la ofensiva patronal y el vaciamiento de Aerolíneas Argentina. Su insistencia en la “negociación y el equilibrio” (lenguaje que refleja las presiones del CTA sobre la lista) no se compadece con la situación del gremio y las intenciones patronales. El proceso de remate continúa. Es publica la intención de “reprivatizar” la parte que el Estado “recompro” a Iberia, esta vez para entregársela a capitales yanquis (exigencia de Clinton a Menem). Hay amenazas de nuevas “racionalizaciones” de personal: las condiciones salariales y de trabajo son penosas. La patronal acaba de despedir a tres compañeros en Aeroparque y en las bases administrativas ofrece primas” por “mejor desempeño”, lo que constituye un nuevo ataque al convenio. Así “recibe” a la nueva directiva antivillanista, para probar su capacidad de reacción y para ir “domando” el espíritu de lucha que se evidenció en la reciente votación. Frente a ello es necesario convocar (y com­pletar) al plenario de delegados y asambleas en cada una de las bases para votar un pliego de reivindicaciones y un plan de acción para impo­nerlo. Ningún despido más. Aumento salarial. Recuperación de las conquistas pisoteadas. Pa­ritarios electos en Asamblea General y compro­miso de que la Asamblea General resuelva cual­quier modificación de convenio, reclamo a las direcciones y bases de los otros gremios aero­náuticos a coordinar una política de resistencia a la liquidación-entrega de Aerolíneas y al avasa­llamiento de conquistas de sus trabajadores.

Sin lugar a dudas, la no con­creción del Frente de Iz­quierda ha ampliado las po­sibilidades electorales del centroizquierda y del riquismo. Estos últimos días, en especial, se produjo el derrumbe de la por cierto “pinchada" candidatura de Erman González en la Capital Federal. La reacción popular ante las amenazas y agresiones a estudiantes y periodis­tas desnudó aún más la autoría del gobierno en dichas agresiones, reve­lando a la Casa Rosada como un “nido de espías” El debate Cavallo - Terragno sirvió para poner en pantalla que ambos carecen de propuestas para salir de la crisis, reflejando la impasse general en que se encuentra la burguesía y el “plan Cavallo”. El “tractorazo”, precedido por moviliza­ciones similares en algunas provin­cias, refleja que una parte importante de la pequeña, mediana y gran bur­guesía agraria ha salido al choque abierto con Cavallo y el gobierno me­nemista. Las ocupaciones de vivien­das muestran la verdadera cara del “capitalismo popular de mercado”. La enumeración podría proseguir, en todos los casos la conclusión es la misma: el “plan Cavallo" está agota­do, el gobierno menemista se mueve en la “tangente”, la oposición popular aumenta. Por esto mismo fue que caracteri­zamos de criminal la postura, o más bien la impostura, de la dirección del Mas de desertar del Frente de Izquier­da La constitución de dicho Frente hubiera actuado, de inmediato, como un factor de reagrupamiento de la van­guardia obrera y de la izquierda para intervenir en todos estos conflictos y luchas, y hubiera servido como una plataforma más amplia para denunciar y desnudar la cobardía, complicidad y sostenimiento del centroizquierda del régimen menemista. Aun así, a pesar de la deserción de la dirección del Mas, el Frente de Iz­quierda tenía amplias posibilidades de desarrollo si el PO y el Mst concreta­ban el Frente, planteamiento que for­mulamos públicamente, y lo amplia­ban al resto de las corrientes de iz­quierda. Sin embargo, al día 28 de julio, las posibilidades de que este Frente se concrete son realmente di­fíciles, por no decir remotas. La direc­ción del Mst, desde el día siguiente a la deserción del Mas, ha colocado como una condición para formar el Frente que las principales candidaturas na­cionales en la Provincia de Buenos Aires estén en sus exclusivas manos. Luis Zamora no solo debería encabe­zar la lista de diputados nacionales sino además Silvia Díaz debería se­cundario. La amplia mayoría de las diputaciones provinciales deberían también estar en manos del Mst y todas las primeras candidaturas muni­cipales en el conurbano. Hace más de un mes atrás había­mos alertado (PO del 23 de junio) que las vertiginosa campaña del Mst por promover sus candidatos para “enca­bezar” el Frente de Izquierda, cuando recién comenzaban las reuniones en­tre el PO, el Mst, y el Mas, podrían conducir, no a un frente, sino a un aborto de frente. La dirección del Mas desertó del Frente de Izquierda con el pretexto de que Zamora sería el primer candidato a diputado nacional en la Provincia, sin comprender que, por encima de esa candidatura, un frente de organizacio­nes de izquierda abría la posibilidad de reagrupar a miles de luchadores y mi­litantes de izquierda. Ahora la direc­ción del Mst propone que no haya un frente de organizaciones sino una monopolización de candidaturas (y otras exigencias que se sumarían si se aceptase esta absurda propuesta). Demás está decir que la no forma­ción del frente de izquierda constituye un factor de desmovilización de la vanguardia obrera y de izquierda, que, además, disminuye sus ya disminui­das posibilidades electorales. La des­composición de la corriente morenista, de la que provienen el Mas y el Mst, no le permite ver a la dirección del Mst todo lo que se alejan con este ultimá­tum de concretar su consigna funda­mental y requetefundamental, “Zamo­ra diputado”. El 1º de Mayo planteamos formar un comando político de la izquierda para intervenir en forma unificada en todos los terrenos de la lucha de cia­ses. Las direcciones del Mas y del Mst respondieron que no al comando polí­tico pero que estaban dispuestas a formar un frente electoral. La dirección del Mas desertó del Frente y ahora la dirección del Mst plantea un no-frente. Todo esto ha servido para que la corrompida política burguesa y cen­tro izquierdista sigan monopolizando el escenario político. El PO insiste. Abajo los condiciona­mientos y monopolios. Sí al Frente de Izquierda.

Sin que se les moviera un pelo, los funcionarios cavallianos reconocieron haber “sus­traído "a las cajas jubilatorias nada menos que 1.800 millo­nes de dólares en apenas sie­te meses. Los fondos robados por el gobierno a los jubilados pro­vienen del 15% de los im­puestos coparticipables — fundamentalmente, el IVA— que están destinados, por ley, al sistema previsional. Según la ley, correspondía haber transferido 2.200 millones de pesos desde enero, pero a las cajas sólo entraron 400 millo­nes, apenas el 18% de lo que correspondía. Los “restan­tes” 1.800 millones, fueron destinados a pagar, según lo reconoció el propio secretario de Hacienda, “otros gastos” de la Tesorería, es decir, al pago de los intereses de la deuda pública usuraria. El nuevo desfalco bastaría —sin contar otros, como la entrega de YPF— para que Cavallo vaya a esperar el premio Nobel de Economía que cree merecer a Devoto. El Ministerio de Economía justificó el desvío de los fon­dos afirmando que “en el mo­mento de celebrarse el pac­to con las provincias, se convino que el 15% que aportan solidariamente de los recursos coparticipa­bles la Nación y las provin­cias permitirá financiar la disminución de ingresos que se producirá en el siste­ma público de seguridad social como consecuencia de la aprobación del nuevo régimen previsional” (El Cronista, 26/7). Cavallo reco­noce, de su puño y letra, que el “desvío de fondos previsionales” tiene por finalidad financiar la jubilación privada, la que para subsistir necesita que se vacíe el dinero de las cajas, y los actuales jubilados ganen haberes de miseria. A su vez, el gobierno redujo los ingresos provinciales por im­puestos coparticipables, lo que destruye la salud y la edu­cación de las provincias. El “afano" cavallista pone en claro que el llamado “pro­blema previsional” es una pura creación del gobierno, que alienta la evasión patro­nal y desvía los fondos de las cajas. Como ya se ha demos­trado ("Jubilación privada. La Bolsa o la Vida”, Julio Magri), aun en las condiciones actua­les —con una evasión que ronda el 50%— la recauda­ción del sistema previsional (1.450 millones mensuales) permitiría pagar una jubilación media de 450 pesos a cada uno de los tres millones de jubilados. Si se suprimiera la evasión patronal, los habe­res promedio podrían alcan­zar los 700 pesos. Pero el robo a las cajas jubilatorias pone en claro, también, que el mentado “su­perávit fiscal” que Cavallo pretende haber alcanzado es una ficción. El endeudamien­to público ha creado geomé­tricamente desde el lanza­miento del “plan de converti­bilidad", como consecuencia del “festival de bonos”, de la “ventajosa” refinanciación de la deuda externa y de los subsidios a los capitalistas. “Las cuentas no cierran ni con la moratoria”, titulaba el oficialista “El Cronista" (21/7) refiriéndose a la situación fis­cal. Cavallo necesita robar sistemáticamente a los jubila­dos, después de haber roba­do a los consumidores con impuestos expropiatorios, para cubrir el “agujero ne­gro” del déficit fiscal. La jubilación de 150 pesos que hoy paga el gobierno no es una consecuencia de la “realidad financiera” de las cajas, sino para pagar la frau­dulenta deuda externa y para financiar y “potenciar" el ne­gocio de las " jubilaciones privadas"

"Llamamos a los compañeros del Mst y del Mas a concretar el frente" Entrevistamos al compañero Ramón Acosta, trabajador del Centro Gallego, ex militante del Mas y simpatizante, candidato en el frente Lista Bordó que se presentó en las últimas elecciones del sindicato de la Sanidad (ATSA). PO: ¿Qué opinión tenés del planteo del PO para la conformación de un Frente de la Iz­quierda? R.A. Que es coherente y necesario. Los trabajadores tenemos que enfrentar de con­junto a las patronales y la política del gobierno y la reforma laboral. Los partidos de izquierda deben organizar a la dase obrera y desarrollar un programa de lucha no sólo para las eleccio­nes sino como herramienta cotidiana y dar respuesta política a las necesidades de la clase trabajadora y luchar por un gobierno de trabajadores. Por esto es necesario el frente. Hago un llamado especial a los trabajadores del Mst y del Mas para la inmediata concreción del frente. Ningún escollo debe detenemos. PO: ¿Cómo pensas que hay que impulsar el Frente en el Centro Gallego? RA: En primer lugar explicar a todos los compañeros que no basta solamente con lu­char contra la patronal del Centro Gallego, el problema son los planes antiobreros que lleva adelante el gobierno que es apoyado por los partidos patronales y los dirigentes alcahuetes como West Ocampo que se enriquecen entre­gando nuestro salario y conquistas laborales. Denuncio a los Pino Solanas y Mary Sánchez como entregadores de nuestras luchas. El Frente Grande también nos traicionó. Apoya­ron las leyes provisionales del gobierno en contra de los jubilados. Propongo impulsar un pronunciamiento en favor del Frente para que sea firmado por los trabajadores del Centro Gallego. De un ex militante del Mas de General Sarmiento Fabián, obrero del vidrio, ex militante del Movimiento al Socialismo, sobre la Asamblea del Partido Obrero de General Sarmiento. PO: ¿Qué opinas acerca del planteo del PO sobre el frente de izquierda? F: Es un planteo revolucionario y profundo, ante la crisis total del capitalismo y de la burguesía En ese marco, la burguesía se prepara para aplastar las pocas conquistas obreras que quedan. Es algo que debió haberse conformado hace mucho tiempo, en los términos en los que lo plantea el PO, no simplemente como un frente electoral. Para ir de cara y derecho al grano ante las debilidades del sistema. PO: ¿Por qué decís que estaba planteado desde hace rato? F: Porque ya para el acto del 10 de Mayo de 1991, cuando todavía existía Izquierda Unida, cuando se congregaron miles de trabajadores y jóvenes en la Plaza de Mayo, el PO buscaba la unidad de la izquierda sobre la base de la Independencia política de la dase obrera. PO: ¿Cómo ves la ruptura del Frente por parte del Mas? F: Lo veo como algo totalmente Infantil, como dice el PO. Esto a lo único que ayuda es a debilitar a la vanguardia obrera e incluso al propio frente. Es una actitud que sólo le sirve a la burguesía. Imagínate que los compañeros que me conocen me preguntan a qué quere­mos llegar los de la izquierda si entre nosotros nos dividimos. Si somos minúsculos ante la masa total de obreros, a qué queremos llegar peleándonos. PO: ¿Aceptas trabajar junto al PO por el frente? F: Sí. Por el simple hecho de que soy trabajador y porque de por si a nivel mundial, la izquierda fue la única que defendió a los trabajadores en todos los países del mundo. Y por sentir la opresión patronal sobre los trabajadores "Que la dirección del Mas revea su posición" Pronunciamiento de tra­bajadores municipales Tres trabajadores municipales de Capital, del Hospital Ramos Mejía, ex militantes y simpatizantes del Mas nos han hecho llegar una nota enviada a su dirección el 22 de julio último. Los compañeros llaman “ante la ruptu­ra en la discusión sobre la formación del Frente de Izquierda” a que la dirección del Mas “revea su posición en pos de poder presentarnos en estas elecciones con dis­tintas corrientes trotskistas y obreras, para poder llegar a los trabajadores, como punto de referencia ante esta crisis que se profun­diza día a día. Agitar un programa revoluciona­rio y de Independencia de clase, nos permite discutir y propagandizar la revolución en estas elecciones burguesas. La profunda crisis de dirección del movimiento obrero nos exige “unirnos para pelear contra la patronal y el imperialismo”. Los compañeros plantean que “la concre­ción de este frente va más allá de figuras o personalidades, ante esto exigimos como método la realización de Asambleas con­juntas para la discusión del programa y candidaturas y acción política conjunta”.

Unos 200 vecinos de los barrios San Alberto, Los Patitos y El Destino, del partido de Morón, se reunieron la semana pasada en una asamblea para protestar contra los cortes de luz y las violentas subas y bajas de ten­sión eléctrica que destruyen los artefactos de sus hogares. Se hizo presente un representante de Edenor. El “técnico” de la empresa vino con los argumentos conoci­dos. Planteó que la falta de inver­siones en los últimos cinco años por parte de Segba, sumado a la gran cantidad de enganchados que hay, son la causa de los problemas. ¡La empresa no tiene nada que ver! Planteó también que los disyuntores sirven para resguardar las líneas y transfor­madores ante la excesiva de­manda. A pesar de todas las explica­ciones dadas, los vecinos no ahorraron críticas. Sus interven­ciones denunciaron a Edenor, a la privatización y a la falta de inversiones de los privados, re­clamando soluciones inmedia­tas. Tampoco prosperaron los intentos de Edenor de dividir al barrio entre “legales” e “ilega­les”. Los vecinos plantearon que, de continuar los cortes, vol­verían a autoconvocarse. Pasa­da una semana, no se han reali­zado más cortes, aunque los disyuntores continúan instala­dos. La acción enérgica y unifica­da de los vecinos y la sola ame­naza de autoconvocarse y movi­lizarse permitió un primer triunfo. Sin embargo, debe quedar claro que la política de la empresa no ha cambiado. La crisis general del sistema eléctrico (generado­res, transformadores, instalacio­nes insuficientes) sigue y se profundiza día a día, lo que plantea a corto plazo la vuelta de los cortes o las bajas de tensión. Es necesario aprovechar este primer triunfo para sacar conclusiones. Ahora más que nunca hay que organizarse, ele­gir delegados por manzana, for­mar comisiones de vecinos en cada barrio, convocar a una nueva asamblea que fije con claridad los reclamos. El método de la deliberación colectiva a través de asambleas y la acción unificada de todos los vecinos ha demostrado su enorme valor. Hay que continuar por este camino y profundizarlo.

El monstruoso despojo nacional de YPF sirvió para que se le cayera la careta a más de uno. El Frente Grande lo hizo a través de una solicitada suscripta por la totalidad de sus dirigentes (Pino Solanas, Chacho Álvarez, Brunati, Echegaray, entre otros). Allí se plantea, “abrir un amplio debate público sobre el futuro de YPF, como parte esen­cial de la necesaria discusión sobre el rol del Estado y la política a seguir con las empresas públicas privatizadas” (Página 12, 3/7). En este “debate” el Frente Grande nos adelanta que planteará la suscripción de un pronunciamiento que diga que las operaciones de venta de YPF “serán revisadas en el futuro”. No plantea, por lo tanto, una consigna elemental frente a un desfalco y una violación a la soberanía nacional de características históricas: la renacionaliza­ción integral de la empresa, expropiando a los “privatizadores” que se alzaron con el remate de YPF. El planteo de “revisar” está cuidadosa­mente puesto porque no quiere decir nada. Revisar la privatización no es anularla sino ver si hubo irregularidades pero que no alteran la “continuidad jurídica” del despojo cometido, ni la titularidad de la empresa y de las áreas. Alfonsín también habló de “revisar” por­que “yo creo que sería imposible—dijo— volver atrás, imagínense todas esas ac­ciones que se han vendido... nosotros somos respetuosos y muy claros de la continuidad jurídica” (La Nación, 23/7). Lo mismo se escuchó antes por boca de De La Rúa o Angeloz. Que el centroizquierda defiende las “privatizaciones” con el argu­mento del derecho adquirido lo prueba el planteo de Verbitsky en Página 12: “la anu­lación de contratos políticamente repu­diables, pero jurídicamente válidos es una quimera”. La definición del Frente Grande sobre YPF mereció, días atrás, nada menos que el saludo de La Nación a Solanas por “no volver al viejo modelo” de las empresas estatales, considerando como importante “la participación social en las privatiza­ciones”, que es la política de firmar la entrega del país a cambio del usufructo de las acciones del personal que hoy suscribe la burocracia sindical en sus distintas variantes (La Nación, 8/7). La solicitada del Frente Grande reivindi­ca al conjunto de los gobiernos patronales por nada menos que “engrandecer” a YPF: “desde su creación en 1922 — plantea— todos los gobiernos que se sucedieron, incluidas las ominosas dic­taduras, le dieron continuidad hasta con­vertirla en la empresa más grande del país”, lo que coloca al “vaciador” Suárez Masón y a Sábato-Frondizi, por tomar solo unos ejemplos, entre los “patriotas” que hicieron grande la empresa estatal. El Frente Grande oculta que los Pérez Companc, Bridas y Arhoco vaciaron YPF gracias a los “patriotas" mencionados.

El gobierno nacional acaba de otorgar 250.000 pesos (o dólares) para el Obispado, para “hermosear” la Catedral, según Decreto Nacional 3265/93 (refrendado por otro provincial), y otros 100.000 para remodelar la Plaza San Mar­tín, contigua a la iglesia. Con este último propósito el gobierno Duhalde ha arrimado otros 50.000 pesos, además de otros miles aún no pre­cisados que el intendente Gioscio (PJ) ha mandado votar en la sesión del Concejo Deliberante del 28 de junio. En resumen, una partida de me­dio millón de dólares para ponerle brillo y un jardín a la iglesia. Pero en Mercedes no hay barreras ni guardabarreras. Los docentes y alumnos de la Escuela Media deambulan buscando edificio. Ba­rrios enteros se hallan sin servicios elementales, Una masa creciente de trabajadores desocupados no recibe ayuda alguna, siquiera una exención impositiva. Es decir, la ciudad y los trabajadores que la construyeron se hunden, mientras se hermosea la plaza y la iglesia (y se “curra” con los fondos dispuestos). Los padres de la criatura no han sido sólo los jerarcas del clero o el justicialismo. La UCR ha tenido una gran cuota de complicidad en la elaboración del proyecto, con la participación de la ex concejal de este partido, Susana Camele, en la elaboración del proyecto y el voto favorable y unánime de la partida original por parte de este bloque, luego, a la luz del repudio genera­lizado de la población, y en especial en sus propias filas, ha tenido que torcer el rumbo y oponerse a la ejecución de las obras. El Partido Obrero ha denuncia­do públicamente que el otorga­miento del medio millón de dólares para el proyecto iglesia-plaza es el pago por el apoyo de los obispos a la posible Ley de Radiodifusión contra la libertad de prensa y la conocida posición oficialista del obispo Ognenovich —de Merce­des— en favor del plan Cavallo. A través de una declaración pú­blica que ha tenido una notable re­percusión en la prensa, el PO ha llamado a las comisiones barriales, a los vecinos y a los trabajadores a movilizarse reclamando la urgente inmovilización de tos subsidios para el proyecto iglesia-plaza, para distribuirlos en las obras comunita­rias que son realmente urgentes y auxiliar a los desocupados. El or­den de prioridades para estas obras, como el control de estos fon­dos, debe ser votado y encarado por una asamblea popular de orga­nizaciones obreras y vecinales.

El sábado 24 se reunieron 40 compañeros estudiantes y docentes universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales en una Asamblea Abierta para impulsar la concreción de un Frente de Izquierda en el país y en la Universidad. En dicha Asamblea participaron delegaciones de la Liga Socialista Revolucionaria, de un núcleo de intelectuales y militantes independientes por la causa del socialismo, de la UJS y del PO. Allí se aprobaron las resoluciones que publicamos a continuación. Resoluciones de la Asamblea Abierta Universitaria por el Frente de Izquierda Apoyar el preacuerdo de plataforma electoral alcanzado entre las direcciones del PO, el MST y el MAS como base para la constitución de un frente de izquierda que intervenga en las elecciones del próxi­mo 3 de octubre; un frente que se transfor­me en un instrumento de la izquierda para su intervención común en los sindicatos, en el movimiento estudiantil y en todos los terrenos de la lucha de clases. Señalar que las candidaturas del frente deben ser abordadas con el propósito de una campaña común de sus principales dirigentes, sin condicionamientos ni exclu­siones y mediante asambleas abiertas del Frente, de cara al movimiento estudiantil, obrero y popular. Convocar a desenvolver los comités de base por el Frente y poner en la calle su actividad y su agitación como un eje de reagrupamiento de los trabajadores y la ciudadanía contra el gobierno menemista y sus cómplices de la oposición derechis­ta, radical o centroizquierdista. Por eso esta Asamblea resuelve realizar ya un primer acto público de su propia campaña el 12 de agosto en Parque Centenario, con las siguientes consignas: abajo la “per­secución ideológica” y la caza de brujas, fuera Menem-Beliz, defendamos la Uni­versidad Pública contra el "arancel”. En el mismo sentido planteamos: a) organizar una campaña semanal de pintadas en nuestros frentes, b) publicar dos declara­ciones políticas referidas a la actual cam­paña represiva y al replanteo de la política de arancelamiento y "privatización edu­cativa”. Convocar aúna nueva Asamblea abier­ta para aprobar la continuidad de la cam­paña y proclamar los candidatos del Fren­te en la Universidad. Dirigirnos a los estu­diantes y docentes del MAS y el MST para insistir en la necesidad de integrarse a una actividad frentista y participar plena­mente en esta Asamblea Abierta. Llamar a las agrupaciones estudiantiles y docentes que se proclaman de izquierda y de la lucha por la unidad de los trabajadores a romper con toda vacilación y aportar a la construcción del Frente de Izquierda. Por la Asamblea. Jorge Muller (Intelectuales y Militantes por la Causa del Socialismo) - Graciela Molle (Partido Obrero) - Adrián Rapado (Unión de Juventudes por el Socialismo) - Damián (Liga Socialista Revolucionaria)

El sábado 5 de junio se realizó en el local del PO en San Martín, la charla-debate “En defensa de la Revolución Cubana”, a cargo de Gerardo Montero (argentino que re­sidió 8 meses en la Isla), con la coordinación de Carlos Frígoli. El acto contó con la presencia de 30 compañeros, entre miembros del Partido y amigos, aproximadamen­te. El orador (ex-militante del PC) introdujo históricamente la charla. Brevemente, pintó un panorama de la evolución política de Fidel y su grupo de combatientes del Moncada (el Movimiento 26 de Julio) desde posiciones democráticas generales hasta el programa agrario y antiim­perialista con que el 1° de enero del '59 los rebeldes toman el poder. El posterior desarrollo de los hechos (una situación de doble poder, pues Miró Cardona y Urrutia, representan­tes de las clases dominantes, go­bernaban apoyados en milicias populares armadas) confirmó, a juicio del orador, la vigencia de la teoría de la revolución permanente: ante la agudización de las contradicciones de clase internas y la creciente pre­sión del imperialismo, apoyado en la “quinta columna" de la burguesía cubana, sólo dando el "salto" al socialismo la dirección cubana podía defender las conquistas democráti­cas logradas con la revolución. En esto radicó el rol enormemente pro­gresivo que jugó la Revolución Cu­bana, al echar por tierra las teorías stalinistas de la revolución por eta­pas y del tránsito pacífico o parla­mentario al poder. Fundamentalmen­te, la revolución demostró que para defenderse y defender sus conquis­tas hay que armar a las masas y no detenerse ante el muro de la “sagra­da” propiedad privada capitalista. Al respecto, tanto el orador como Frígoli resaltaron un hecho funda­mental: la dirección de la revolución no era trotskista, lo cual no hace más que demostrar el carácter puramente objetivo de la revolución permanente. El abierto apoyo dado por el castrismo al gobierno nacionalista de Velazco Alvarado en Perú, en 1968, fue ubicado como un punto de in­flexión de la política internacional cubana. Ya no se trataba de exten­der la revolución, como (con la OLAS y el discutible método del foquismo) se había hecho hasta ese momento. Esta política se fue profundizando hasta convertirse en la abierta alian­za con las burguesías latinoamerica­nas, como la del corrupto Carlos Andrés Pérez, Collor de Mello, Sali­nas de Gortari, etc. Y como broche de oro a esta orientación, el apoyo al ingreso del menemismo al Consejo de Seguridad de la ONU. Sin dudas, este cambio de frente del gobierno cubano, retrataba ya desde el origen, el surgimiento y pro­gresiva consolidación de una buro­cracia dominante. A ninguno de los concurrentes al acto escapaba el carácter de la crisis que hoy vive Cuba. Montero, que de los 8 meses de estadía vivió 2 en una casa de familia y conoció de cerca sus penurias, ilustró esa situación con ejemplos concretos. Explicando el funcionamiento de las libretas de racionamiento, demostró que, al con­trario de lo que dice el propio gobier­no, los productos racionados no al­canzan jamás a cubrir las necesida­des de cada persona. De hecho, casi el único alimento de los cubanos, en especial en los centros urbanos como La Habana, es el arroz y los frijoles. Y ante esto, el orador señaló la exis­tencia de mataderos que funciona­ban como unidades de aprovisiona­miento de las Fuerzas Armadas Re­volucionarias. Un privilegio irritante e inaceptable, no muy diferente del que tienen los militares argentinos cuando se les aumenta las jubilacio­nes mientras se apalea a los jubila­dos “civiles” en la Plaza de Mayo. Gráficamente, se explicó que Cuba está como dividida entre dos realidades: frente a la escasez gene­ralizada de la población, se encuen­tran las que se llaman “áreas dó­lar”, tiendas y mercados aprovisionados en abundancia (y, a veces, en sobreabundancia), exclusivos para extranjeros. El choque entre estas dos realidades (calificadas como “omnipresentes”, puesto que todo el territorio cubano es zona turística) está en la base de dos fenómenos negativos que se vienen profundi­zando alarmantemente: el mercado negro y la prostitución. En el posterior debate se tocó, entre otros temas, el que significaba la cuestión central de la actividad: por dónde pasa la defensa de la Revolución Cubana. Se delimitaron claramente las po­siciones con otros sectores de la “izquierda” (mejor dicho, centroizquierda) que encubren sus misera­bles políticas capituladoras con dis­cursos altisonantes “favorables" a Cuba. Sin duda que la orientación que siguen organizaciones como el PT, el sandinismo, el Farabundo Martí, el PC argentino (entre otras) es contrarrevolucionaria con relación a Cuba, pues su desembozado apoyo a las burguesías autóctonas no hace más que mantener a Cuba en el aislamiento, y esto es algo que no logran taparlo ni Lula, ni Ortega, ni Handal, ni Echegaray cuando profie­ren alaridos sobre su supuesta de­fensa de la Revolución Cubana. Hoy la defensa de la Revolución Cubana pasa por el desarrollo de la Revolución Latinoamericana, lo que implica una clara política de in­dependencia de clase, de moviliza­ción de las masas contra los regímenes políticos burgueses en cada país (tendencia ya instalada en la reali­dad del continente, como lo demues­tran las huelgas en Uruguay, el ner­viosismo del imperio ante la crisis e inminente estallido en Brasil, etc.). Carlos Frígoli señalaba la resisten­cia del proletariado soviético contra los intentos de restauración capita­lista como “monumento en defen­sa de la Revolución Cubana”. En nuestro país, la defensa de Cuba pasa por el reagrupamiento de la vanguardia obrera revolucionaria contra el régimen de Menem y Cava­llo, por echar a la burocracia de los gremios, por la huelga general de 36 horas, etc. Es decir, por la construc­ción del Comando Político de izquier­da, que nuestro Partido propuso en el acto del 1a de Mayo en Plaza de Mayo. Es desde este punto de vista que llamamos a la militancia del PC y de aquellos sectores que quieran ho­nestamente defender en serio a Cuba, a romper con las políticas ca­pituladoras de sus direcciones. Sobre el final, ante la pregunta de un compañero del público, Monte­ro reafirmó su convicción acerca de la necesidad de que quienes defien­den a Cuba tengan, también, accio­nes de solidaridad concreta ante las necesidades concretas del pue­blo de la isla. Esto es, organizar el envío de aquellos artículos de prime­ra necesidad de los que carecen hoy los cubanos (leche en polvo, jabón, pasta dental, vitaminas, etc.). Luego de casi tres horas de charla y debate, la actividad terminó con la promesa de realizar otra en un futuro cercano. 24/6/93

Julián Morcillo, 17 años, fue amenazado de muerte por ser el secretario del tumo mañana del Centro de Estudiantes del Cole­gio Mariano Moreno. Pese al receso escolar, el Centro de Estudiantes y la Comi­sión de Padres del Moreno inicia­ron una enérgica movilización con­tra la campaña intimidatoria y la persecución ideológica, que tuvo una amplia repercusión en la prensa. Esto es lo que nos dijo Julián sobre las amenazas que sufrió, sus responsables y sus motivos. PO: Toda la prensa ha reflejado la denuncia sobre las amenazas que recibiste. ¿Por qué vos? ¿Cuáles son los motivos? Julián: No creo que se trate de una cuestión personal. Creo que se da en el marco de un ataque a todas las organizaciones estudiantiles, que tiene como antecedentes la persecución idológica en la provin­cia de Buenos Aires, el ataque al presidente de la Facultad de ar­quitectura, las pateaduras a los estudiantes en Rosario. En nues­tro caso, recibimos antes un decre­to municipal que solicitaba la nó­mina de los integrantes del Centro con datos personales y más tarde fueron robados los registros del colegio con domicilios y teléfonos. El Centro viene participando de luchas contra la represión y en defensa de la educación pública contra la Ley Federal de Educa­ción, que transfirió los colegios a la Municipalidad. PO: ¿Qué consecuencias tuvo esta transferencia? Julián: Desde el principio de año comenzamos a notar un “ajuste” en la disciplina. Esto se reflejó en la aplicación de sanciones con un criterio expulsivo y también en las trabas impuestas al funcionamien­to del Centro. Dos delegados fueron sancio­nados arbitrariamente y el Centro organizó un petitorio por la revisión de las sanciones, considerando que se encuadraban en el marco de la persecución ideológica La falta de presupuesto se vio refle­jada, entre otras cosas, en el tema de la limpieza. El Centro fue con­vocado por las autoridades del colegio para buscar una solución al problema. Las autoridades propo­nían que 5 alumnos por aula se queden después de hora a limpiar y ofrecieron como alternativa la contratación de una empresa pri­vada de limpieza costeada por los alumnos. El Centro rechazó las dos propuestas y planteó hacer una convocatoria a los medios para que muestren el estado del colegio y luego reclamar mayor presupuesto a la municipalidad. PO: ¿De quién es la responsabili­dad política de las amenazas? Julián: Más allá de un comisario que pide listas o de amenazados telefónicamente, hay una política de destrucción de la educación pública y de represión de aquellos que luchan para impedirlo. El mis­mo presidente Menem felicitó des­de la tribuna a los que apalearon a los universitarios rosarinos. Y el ministro Béliz sólo ha podido decir que las instrucciones de Tucumán eran falsas, lo que indica la veraci­dad de todas las otras. PO: ¿Qué respuesta se disponen a dar ante las amenazas y atrope­llos? Julián: Además de la denuncia pública, el día miércoles fuimos a la Municipalidad con el apoyo de las madres de Plaza de Mayo a entre­gar un petitorio, pero nadie nos atendió. Vamos a insistir nueva­mente el miércoles 28 a las 14 horas con la presencia de muchos más compañeros para reclamar el cese de las persecuciones, la de­rogación del decreto que cercena la libre organización de los Centros de Estudiantes y la revisión de las sanciones arbitrarias a los com­pañeros. Junto con el Centro del Acosta estamos organizando una sentada zonal para el viernes 30. Pero entiendo que es un pro­blema general, no sólo del Acosta o los secundarios, sino una agre­sión a todos los que nos oponemos al gobierno. Por eso me parece que es necesaria una marcha popular a Plaza de Mayo para termi­nar con las amenazas y las agre­siones.

Una enorme crisis política es­talló en Tucumán como conse­cuencia de las denuncias de ac­ciones de espionaje político que el gobierno provincial habría im­pulsado sobre sectores estu­diantiles, gremiales, religiosos y políticos. La crisis detonó en la Legisla­tura, donde era interpelado el mi­nistro de Gobierno, Falú, por el robo de documentos en la sede del PJ, donde sesionaba la Junta Electoral que tiene a su cargo los inminentes comicios internos del PJ. Los legisladores bussistas, con el apoyo del vicegobernador Díaz Lozano y otros legisladores oficialistas, obligaron al ministro a continuar con la interpelación, haciéndola girar sobre las accio­nes de espionaje político que impulsa el gobierno, poniéndose como prueba diversas documentaciones que habían sido aporta­das por sectores policiales re­cientemente depurados por el gobierno de Palito. La reacción del gobierno dejó planteada una crisis institucional, pues denun­ció la falsedad de la documenta­ción presentada y dio curso a la intervención judicial. Por otro lado, Falú deslizó la posibilidad de la intervención federal a la Legislatura, algo que ya en el mes de mayo, desde el propio Ministerio del Interior, se habría planteado como posibilidad si la cámara no se alineaba con los planes del Ejecutivo provincial. Al día siguiente Palito, al pretender desconocer cualquier vincula­ción de su gobierno con acciones de espionaje, lo hundió a su ami­go Beliz, al sostener que todas las acciones de fichaje ideológi­co que se estuvieran efectuando en la provincia eran ordenadas por el Ministerio del Interior y el Consejo de Seguridad Interior. La crisis abarca a los tres po­deres provinciales, y también in­volucra una lucha de camarillas dentro del gobierno nacional. Refleja la crisis del PJ nacional ya que Duhalde por la vía de una alianza con el vicegobernador Díaz Lozano, y otros sectores más amplios del viejo aparato del PJ, apuntaría a torpedear a Pali­to, uno de sus potenciales rivales en la sucesión de Menem. Por otra parte, Díaz Lozano, y un sector de legisladores del PJ ha tendido a representar desde el gobierno a una serie de sectores económicos (grandes cañeros, a los ingenios cooperativizados, y los sectores dependientes de las empresas públicas provinciales) que hoy aparecen enfrentando a un conjunto de medidas de Palito dirigidas a favorecer a los secto­res más concentrados del gran capital (los grandes ingenios y la gran banca). Como resultado de estas disputas una serie de pro­yectos del gobierno se encuen­tran empantanados en la Legis­latura. Esto mismo, los ha llevado a confluir en más de una oportu­nidad con la bancada bussista, quienes aparecen reclamando medidas de protección económi­ca, para algunos sectores perju­dicados por el “plan" Cavallo. ¡Pero los acusadores están también en el banquillo de los acusados! La bancada legislati­va bussista reconoció su respon­sabilidad en un pedido de infor­mes personales de alumnos se­cundarios, que había cobrado estado público por la denuncia de la monja Berta Povalej, rectora del Colegio del Carmen, quién también denunció que desde la Secretaría de Educación de la provincia se habría promovido un fichaje similar sobre el personal docente. Como resultado de todo este proceso de denuncias cruzadas de espionaje político, los repre­sentantes del genocidio dictato­rial, han puesto sobre las cuer­das a los “demócratas”, que se han desvivido por presentar el gobierno de Ortega como un go­bierno capaz de poner entre rejas al “Malevo” Ferreyra, y al “Co­mando Atila”, y democratizar la policía De esta impostura se hicieron eco muchos sectores, entre ellos el centroizquierda, para justificar el apoyo electoral que le dieron a Ortega para llegar a la gobernación. Ahora quedó deschavado, que la depuración policial sólo procuró tener un cuerpo disciplinado, que pudiera cumplir a fondo la función esen­cial de los cuerpos represivos del Estado, que es el espionaje y la represión a todas las acciones de los explotados que afecten los intereses de los explotadores. Naturalmente, entre indultadores e indultados no van a per­mitir que la sangre llegue al río, y ninguno de ellos va a impulsar ninguna acción que pueda abrir un proceso de desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado. La UCR, que hasta hace pocos días declaraba su identi­dad de principios con Ortega en la lucha contra el genocida Bussi, ha tenido que pegar una pirueta demagógica y pedir la renuncia del ministro Falú y Beliz, y hasta deslizó la posibilidad de iniciar juicio político al gobierno provin­cial. Esta crisis debe servir para impulsar una denuncia que des­enmascare toda la podredumbre del régimen político actual y a todos sus encubridores, y debe plantear a todos los sectores democráticos, a los sindicatos y centros estudiantiles la necesi­dad de coordinar una moviliza­ción unitaria con la consigna de Fuera Palito, fuera Bussi, y to­dos los cómplices de la legislatu­ra, abajo el espionaje político, abajo el Consejo de Seguridad Interior.

El gobierno ha vuelto a la carga con su planteo de arancelización de los estudios universitarios. El planteo ya figuraba en un proyecto de ley sobre el “régimen econó­mico financiero de las universi­dades nacionales”, que en su momento enviara el ex-ministro Salonia al Congreso Nacional. La novedad es que ahora, para ador­nar la propuesta, el Ministerio in­corporó al mentado proyecto la propuesta de que junto al pago del mentado arancel “se deberá idear un sistema de becas de ayuda económica a los estu­diantes” y que la recaudación pro­veniente de las contribuciones no podrá “ser destinada al pago de salarios”, que deberán ser cubier­tos con los aportes del presupues­to público. Ambas innovaciones responden a reclamos que en su momento efectuaran los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Por eso el Subsecretario de Política Uni­versitaria señaló que este texto “ampliatorio "responde a la inten­ción de “consensuar” la cuestión con la UCR y la prensa destacó el “bajo perfil que eligió la mayoría de los rectores para reaccionar a la iniciativa” (Clarín, 1517) Estamos, por lo tanto, en pre­sencia de un operativo para elimi­nar definitivamente la gratuidad de la enseñanza superior mediante un acuerdo del PJ y la UCR, del mismo tenor que el que permitió la sanción de la Ley de Educación. Para hacer pasar la cuestión, el reparo de los “opositores” es que la palabra arancel no aparezca en el nuevo ordenamiento legal y se hable en cambio de “contribu­ciones o aportes solidarios” del tipo de los que ya está aplicando el rector Delich en la Universidad de Córdoba. Se trata de un simple artilugio como lo demuestra el he­cho de que el estudiante cordobés que no efectúa el respectivo pago ‘Voluntario” no puede rendir los exámenes de los cursos realiza­dos. En realidad el arancel es un aspecto del planteo más general de “privatizar” las universidades mediante su asociación con las grandes corporaciones y su “ajuste" en términos de matrícula estudiantil y docente a los requeri­mientos del negocio capitalista. Por esto el nuevo “régimen eco­nómico financiero” estipula que se “autorizará a las casas de estudio a realizar en forma direc­ta convenios con terceros y for­mar sociedades públicas o pri­vadas en todas sus formas (sic)”. Una cuestión que no ha ganado trascendencia pública porque justamente forma parte del acuerdo ya establecido entre ofi­cialistas y opositores. Esto es lo que explica que los rectores radi­cales hayan enfrentado la pro­puesta oficial con la “guardia baja” y que el Ministerio de Educa­ción menemista confíe en cooptar para su planteo al ala “concilia­dora de la UCR” (Clarín, 15/7). La dirección de la FUA y la CONADU han condenado la even­tual introducción del arancel pero no han desenmascarado la con­ducta de los rectores. Con el cuen­to de no perder “aliados” blo­quean una intervención indepen­diente del movimiento estudiantil y docente y por eso el alcance de sus críticas no supera la pura declara­ción verbal. Pero se trata de un callejón sin salida porque con o sin el nuevo “régimen económico fi­nanciero” la Universidad pública se está desmoronando como con­secuencia de la asfixia presupues­taria, de la miseria salarial y del deterioro general de las condicio­nes de estudio. El presupuesto actual es sólo el 25% de lo que se considera la media normal en la materia, según la UNESCO. Acá tenemos una buena consigna para una movilización conjunta de es­tudiantes y docentes: por la cuadruplicación del presupuesto uni­versitario, fuera el arancel y la po­lítica de privatización educativa.

El gobierno del Chaco acaba de cerrar un acuerdo de “can­celación de deudas y créditos” con el Estado nacional. Todos los bloques políticos patronales (PJ, Acción Chaqueña, UCR) han coincidido en presentarlo como la “única salida" para la bancarrota presupuestaria pro­vincial. La provincia debe dos aguinaldos a los estatales y do­centes, en un cuadro donde la educación y salud públicas han llegado a un total colapso. El “acuerdo Nación provincia es una “salida", sí, pero de salvataje de una camarilla capitalista a costa de un mayor hundimiento de los explotados. El acuerdo establece que la Nación cancelará su deuda con el Chaco... en Bocones, lo que im­plica la licuación de la misma en un 50%. Con la garantía de esos papeles —y de los futuros ingre­sos por coparticipación federal— el gobierno chaqueño pedirá un crédito a la banca privada, con el que dice que pagará las deudas salariales. La supuesta “devolu­ción” de fondos a la provincia encubre por lo tanto, el hipotecamiento de los futuros ingresos fiscales a favor de la “patria fi­nanciera". Pero el punto central del “acuerdo" es la privatiza­ción del Banco del Chaco. O mejor dicho, su desdoblamiento en “uno nuevo que se ofrezca en su mayoría accionaria al capital privado y en uno viejo que se llevará el paquete de deudas privadas para cobrar lo que se pueda” (Norte, 24/5). El banco “residual” (estatal), deberá hacerse cargo de una deuda del “viejo" Banco con el Banco Central, que asciende a 130 millones de dólares. ¿Quiénes han comenzado a tomar posiciones accionarias en el banco nuevo? Nada menos que los que vaciaron al banco “viejo”, es decir, los grandes acopladores algodoneros que controlan a la UCAL (Unión de Cooperativas Algodoneras), las que, por supuesto, podrán reno­var sus créditos sin cancelar sus carpetas incobrables en el banco “residual". La puntada final de esta estafa la pone la Asociación Bancaria local, integrante de la centroizquierda “multisectorial” chaqueña. El nuevo banco será capitalizado con un “fondo de reserva y compensación” que se les descontó durante años a los trabajadores bancarios. Por otra parte, aunque el Estado pro­vincial pierde derechos sobre el Banco, mantiene la obligación de realizar todas sus operaciones financieras en el mismo. En defi­nitiva: los ahorros de los trabaja­dores bancarios y los ingresos impositivos de la provincia servi­rán para financiar a la gran patro­nal quebrada. 7.000 despidos Recibiendo sus acreencias en papeles desvalorizados, hipotecando los ingresos futuros al contraer préstamos usurarios, rematando los activos del Banco pero “preservando” para sí su créditos incobrables y sus deu­das, el acuerdo “Nación provin­cia” agrava —si cabe— la quie­bra del Estado chaqueño. Por eso mismo, la condición de Menem-Cavallo para ponerlo en marcha es un plan de 7.000 des­pidos en la administración públi­ca, a la par de un recorte de servicios educativos y sanitarios (cierre de bibliotecas públicas, de bachilleratos, de carreras, espe­ciales, de divisiones enteras en los hospitales). El acuerdo ha sido “bien re­cibido en general” por los blo­ques legislativos provinciales. La UCR sólo “observó” la conve­niencia de trocar despidos lisos y llanos por un plan de “retiros y jubilaciones”. A renglón se­guiente, acordaron con Ruiz Pa­lacio y el PJ el destrabe de los trámites jubilatorios (que se en­contraban interrumpidos por la emergencia previsional dictada meses atrás), para pavimentar el camino de los retiros. Las direc­ciones sindicales de la Multisectorial hacen oídos sordos a la ofensiva que se viene, polemi­zando con el gobierno sobre “la real cantidad de agentes públi­cos en la provincia” (como si el plan de despidos que exige el gobierno menemista dependiera de una cuestión estadística). La connivencia de la dirección centroizquierdista tiene que ver con que participa —como accionis­ta— de los frutos del “acuerdo nación provincia”. Lo mismo sucede con la patronal algodone­ra de UCAL, cuyo control del Banco, lejos de servir a una polí­tica de salvataje de los miles de productores quebrados, se tra­ducirá en una mayor concentración agraria: mientras la cúpula de UCAL negociaba la amplia­ción de su participación acciona­ra en el Banco, agricultores del interior denunciaron que “un equipo nuevo de abogados del banco los está intimando ma­sivamente” (Norte, ídem). El “acuerdo” y las elecciones Aunque en vísperas de la campaña electoral, los represen­tantes de Ruiz Palacio, Menem y la UCR se esfuerzan en presen­tar sus “proyectos” para des­pués del 3 de octubre, el verda­dero plan de gobierno ya “está escrito”, gane quien gane. Es el acuerdo firmado por Cavallo y Tauguinas (gobernador chaque­ño), con siete mil despidos en puerta. A la estafa económica ya con­sumada se pretende ahora impo­ner la impostura política de que el pueblo “elegirá” un rumbo al ejercer el voto. Pero el movi­miento de lucha que ganó las calles del Chaco en los últimos meses contra la destrucción de los hospitales y escuelas, contra los despidos en las textiles, y por el salario de docentes y estata­les, puede, sin embargo, hacer de las elecciones una tribuna que impulse la denuncia y la lucha contra el puñado de capitalistas, políticos y burócratas que quie­ren enterrar al Chaco. Contra ese “comando”, el PO impulsa la formación de un comando de los trabajadores y la izquierda.

A fines de junio, unos 200 estudiantes se autoconvocaron para protestar por la falta de es­pacio físico y contra las manipu­laciones en los concursos docen­tes. Esto dio lugar a que un sector docente denunciara “actos de violencia” que habrían impedi­do que el tribunal de un concurso docente pudiera funcionar. La denuncia fue tomada por el Con­sejo de la Facultad y por el propio Consejo Superior de la Universi­dad, quienes resolvieron iniciar sumarios a más de 160 estudian­tes, entre quienes están incluidos la mayoría del activismo y diri­gentes de la Lista de Delegados (UJS-independientes). Los con­sejeros estudiantiles de la Franja Morada, avalados por el Centro conducido por la misma Franja, votaron a favor de iniciar los sumarios con el argumento de que “es el único método para des­lindar responsabilidades”. Esta posición reaccionaria de la Franja coincide con el intento por parte de un sector derechista de los profesores de desplazar a la decana, quien en diversas circuns­tancias se mostró permeable a los reclamos del estudiantado y la docencia democrática. En ese mismo marco salió a luz que, desde el propio Consejo de la Facultad, se habían armado listas de docentes en base a su calificación ideológi­ca En el último período, el sindica­to docente (Adifa), dio pasos muy importantes en el agrupamiento y funcionamiento sindical, hasta el punto de convertirse en el sindica­to que en forma más masiva y combativa ha venido cumpliendo los planes de lucha de la Conadu. Incluso Adifa desoyó la votación del Consejo de la Facultad, de que la docencia debía recuperar los exámenes perdidos a principios de año cómo consecuencia de los paros. Ante la oposición de la Franja a convocar a una asamblea general estudiantil, la Lista de Delegados (UJS e independientes), que ocu­pa la minoría del Centro, decidió “autoconvocarla”. Allí se resol­vió repudiar la ofensiva derechis­ta, e iniciar una campaña por el levantamiento de los sumarios, por la expulsión de los respon­sables y ejecutores de las listas ideológicas. Posteriormente la LD realizó asambleas curso por curso para consolidar la lucha y se dio inicio a la elección de un cuerpo de delegados. Con esas banderas intervino en la movili­zación del 8 de julio de repudio a Menem. Adifa, el sindicato do­cente, también repudió la ofen­siva derechista en una votación unánime realizada en una asam­blea general. Está planteado retomar la lu­cha luego de las vacaciones y extender la misma a las demás facultades y sectores democráti­cos de la provincia, en base a pro­nunciamientos que preparen una movilización masiva contra el brote fascista en la universidad.

Señor Director: La dominación y la sumisión de la mujer se basan en la obediencia. Pade­cemos una dominación histórica, acen­tuada a partir de los siglos XVIII y XIX, a través de un discurso sobre el sexo diri­gido a reproducir la fuerza de trabajo y asegurar la población. Era el discurso de la clase dominante que necesitaba la mano de obra indispensable para soste­ner las relaciones de producción capita­listas que impuso el proceso de revolu­ción industrial europeo. Ese discurso se transmitió como el único posible para mantener la sumisión de la mujer como algo natural y deseable para el desarrollo social. Nosotras, las mujeres, nos hicimos cargo de esto obedeciendo las normas culturales de la sociedad patriarcal y acep­tando el rol de mujeres- madres- pasivas y sobre todo abnegadas-. Hemos recibido en herencia una serie de prejuicios sobre nuestro cuerpo, nuestra sexuali­dad y nuestra femineidad que todavía están fuertemente arraigados, en con­traste con los adelantos científicos que se produjeron durante el siglo XX. El descubrimiento de métodos anti­conceptivos que no dependen de la vo­luntad del hombre, nos ha proporcionado una mayor libertad para decidir sobre la maternidad. Pero esto no ha cambiado el rol histórico de la mujer, porque los facto­res económicos que imponen la opre­sión de hombres y mujeres siguen vigen­tes e incluso se han agravado. Las muje­res padecemos una doble dominación: laboral y familiar. Hemos sido educadas para la reproducción y esto se ha incorporado a nuestro ser como lo “natural”, lo que “debe ser”. Es difícil que una mujer haga suya la elección de no tener hijos; que lo expre­se, más aún. Debería ser parte de nues­tra elección de vida: el matrimonio y la maternidad deben ser decisiones de la mujer, no una imposición social disfrazada de afecto, temor a la soledad, justifica­ción de la vida misma. La supuesta “libertad sexual” ac­tual es parte del dispositivo de domina­ción económica, política y de género, especialmente cuando se trata de la li­bertad sexual de las mujeres, muy ligada todavía a la reproducción. Somos masificadas, cosifisadas, estupidizadas a tra­vés de esta supuesta libertad. Pero la lucha de las mujeres contra toda opre­sión también es histórica, es la herencia positiva que ha hecho posible una mayor independencia y diferenciación de roles impuestos. En la división sexual del trabajo la mujer es la reproductora, reproduce biológica y socialmente, reproduce la fuerza de trabajo, es decir los bienes y servicios necesarios para mantener activa la mano de obra (alimentación, higiene, educa­ción). Todo esto en forma gratuita, no recibimos ninguna retribución económi­ca por este trabajo. Cumplimos con la doble jornada, trabajamos en el mercado laboral y en la casa: 74 horas de trabajo semanal, o 15 horas diarias o 15 horas en jomadas de siete días. Esto implica una sobreexplotación de la mujer, “naturali­zada” por el vínculo afectivo que la une a la familia. La familia es el primer disciplinador social, reproduce normas cultura­les positivas y negativas. Las mujeres somos las encargadas de reproducir esas normas a través de la educación que les brindamos a nuestros hijos. La escuela es otro disciplinador social, donde las mujeres tenemos un rol preponderante. Surge una evidente con­tradicción: por un lado doblemente explo­tadas y por otro disciplinadoras y repro­ductoras de esa opresión. Esta contradicción conduce a nuevos planteos sobre el rol de la mujer en la sociedad.

La clave del ataque a las es­cuelas del conurbano la dio la do­cente Lidia Braceras, secretaria general del Suteba Quilmes: “No­sotros creemos —dijo— que los atentados son una respuesta a la respuesta de la comunidad que se movilizó en contra de la persecución ideológica... en tres de las cuatro escuelas que fueron atacadas funcionan cole­gios vespertinos, cuyos alum­nos participaron activamente en la marcha de protesta en Quil­mes contra la persecución ideo­lógica que se realizó el 18 de julio” (Clarín, 25/7/92). Ese día se realizó una marcha docente estudiantil que reclamó la “quema” de las “listas negras” y enjuició políticamente al gobierno provincial y nacional por la perse­cución. La movilización nació y se extendió en la zona sur del conur­bano porque fue precisamente allí donde fueron deschavados los pri­meros casos de “espionaje” ofi­cial -Florencio Varela, Lomas de Zamora. Con la quema de las escuelas se pretende justificar la presencia policial en las escuelas, objetivo que se fijó el gobierno con el “es­pionaje”; quema de escuelas y espionaje se complementan. Duhalde y Romá pretendieron lucir de ilustrados y justificaron las “que­mas” a “la angustia existencial de las nuevas generaciones que no tiene nada que ver... con la opulencia o la pobreza y se ex­presa en violencia individual — proyectos de muerte de chicos ju­gando a la ruleta rusa, suicidios— y a veces en violencia colectiva” (gobernador Duhalde) (Clarín, 27/ 7/93). La “terapia” que recomien­dan: el regreso de los Falcon, el cana en la puerta de la escuela (luego de haber “racionalizado” a los porteros y dejar a los estableci­mientos como “tierra de nadie”) y la intimidación colectiva a través de un monstruoso aparato policial. Por eso la consigna es: - Fuera la policía de las escuelas y juicio y castigo a los responsa­bles de la persecución política e ideológica.

Quiero comenzar agradeciendo a la compañera Lucía su carta sobre el VIII Congreso, ya que nos da la posibilidad de abrir una discusión muchas veces poster­gada, soslayada y hasta desestimada. Más allá de quienes organicen estos en­cuentros, que 6.000 mujeres de todo el país se convoquen en torno a sus genuinas reivindicaciones, y que existan (aun con resistencias) debates ideológicos, revela un movimiento potente con posibi­lidades de desarrollarse y profundizarse. En el convencimiento de la necesidad de abrir la discusión en el seno del partido y también de elaborar una línea de inter­vención en estos encuentros, me permito exponer mis hasta ahora solitarios puntos de vista. Que el sistema capitalista no explota ni oprime de forma idéntica a hombres y mujeres de la clase obrera, es ya una verdad indiscutible. Que la lucha por nuestros derechos la tenemos que tomar en nuestras manos, una necesidad impostergable. Pero... el tener el mismo sexo... ¿nos unifica? Yo creo que no. En el gremio docente, por ejemplo, nuestro enemigo N° 1 es una mujer, Mary Sánchez. Es una burócrata que sostiene el sistema, por lo tanto una enemiga de clase, lo mismo que Irma Roy, la diputada justicialista que dice de­fender desde su banca a las mujeres, y la Liga de Amas de Casa, que aplaude a Menem y aconseja comprar comestibles al más bajo precio. La condición de ser mujeres para de­fender nuestros derechos no parece ser suficiente. Baste como muestra un botón: durante el mandato de Susana Farías de Castro, una docente suplente embaraza­da no sólo no podía acceder a su licencia por maternidad, sino que quedaba cesan­te. La burocracia de Mary Sánchez no dio respuesta a esto ni a ningún reclamo docente, porque responde a una política contraria a nuestros intereses. Es irreal, entonces, preservar una igual­dad que no existe. Porque, por encima del sexo, existe la lucha de clases, allí sí hay algo que nos unifica, la condición de mu­jeres superexplotadas. Porque nada nos une a Amalita Fortabat, Irma Roy. María Julia y Mary Sánchez, sostenedoras de este sistema. En cambio hay muchas cosas que nos unen a las que sufrimos los ataques del gobierno patronal: ¿O no son nuestros hijos los que concurren a escuelas públicas derrui­das? ¿O no somos nosotras las que lleva­mos el dinero al hogar frente a la desocu­pación a la que este gobierno condena a nuestros compañeros? ¿O no son nuestras compañeras las que arriesgan sus vidas al someterse a abortos en las peores condiciones, gra­cias a una iglesia sostenedora de este gobierno que dice defender la vida? ¿O no son nuestros hijos los que están apareciendo en cualquier barrio con un tiro en la cabeza, víctimas de una policía de gatillo fácil, asesina e impune? ¿O no son nuestras queridas compa­ñeras jubiladas las que, después de toda una vida de trabajo, víctimas de una miseria desesperante, no ven otra salida que el suicidio? ¿O no somos nosotras, las que luchamos, o nuestros hijos que luchan, las víctimas del espionaje político? ¿O no son nuestras compañeras las que lo han perdido todo bajo las aguas, no una sino varias veces, víctimas de las inundaciones que este gobierno no quie­re frenar? Entonces... ¿cómo evitar hablar del sistema que nos conduce a esta vida? No seamos ingenuas. Detrás de una pretendida autonomía, una aparente autoconvocatoria, se esconde un mezqui­no interés: quieren usar nuestras poster­gaciones, nuestro hambre de debate, nuestra necesidad de análisis sobre nues­tros derechos, para entretenernos evi­tando así el Debate Imprescindible: el tema del poder. Porque allí se van a dividir las aguas. Porque caben sólo dos posiciones: sostener este sistema o com­batirlo. Y se lo combate concurriendo organi­zadamente a todas las marchas por rei­vindicaciones salariales de todo el país, porque son nuestras reivindicaciones. Y se lo combate pronunciándose contra la reforma laboral, contra la refor­ma previsional, contra la ley de educa­ción, contra el espionaje ideológico. Y se lo combate concurriendo organi­zadamente a todas las marchas por los esclarecimientos de los asesinatos de nuestros chicos, por el juicio y castigo, contra la impunidad. Y se lo combate exigiendo a cada uno de nuestros sindicatos medidas de luchas concretas, y denunciando el papel traidor de las burocracias. La lucha por el derecho al aborto, la igualdad de los derechos laborales, ex­tensión de la licencia por maternidad, guarderías gratuitas y tantos otros recla­mos deben darse en este contexto y de manera concreta. Pero llevar este debate a los encuen­tros es necesario pero no es suficiente. Lo que se vuelve imprescindible es cons­truir un partido de la clase obrera que luche de conjunto por el poder. Y cons­truir este partido es necesario pero no es aún suficiente. Para que se discuta nues­tra problemática y se defina una política para nuestro sector tenemos que luchar por ocupar nuestro lugar. Porque aun cuando la dase obrera ocupe su lugar, el lugar del poder, tampoco va a ser suficiente. Ese será sólo el comienzo. Lo demás es tarea nuestra. A organizarse, compañeras.

Ni Carlos Menem fue al acto de lan­zamiento de la campaña electoral del PJ en la Capital. El presidente pretende desligarse del derrumbe estrepitoso de su candidato en la Capital, Erman Gon­zález. Como ningún empresario invierte en causas perdidas “el PJ no tiene efectivo... tanta es la escasez que el propio acto de lanzamiento estuvo a punto de irse a pique hasta que apare­cieron dos cheques salvadores” (Cla­rín, 27/7/93). Erman González declaró que “no tiene quien le haga campaña” y encima debe responder en la causa abierta por la fiscalía 6 de primera instan­cia por cobro de coimas mientras se desempeñó como ministro de Econo­mía. El candidato de “lujo”, como lo definió Menem, y destinado a ganar las elecciones en la Capital, debe conten­tarse con el objetivo mucho más modes­to de “zafar” de Devoto. Pero lo que mejor expresa la crisis del menemismo es la guerra declarada entre Ortega y Duhalde en la interna del PJ tucumano. EI gobernador bonaeren­se le armó en horas un frente opositor y una crisis al hombre impulsado por Menem como “delfín". La puja sacó a luz el compromiso de "Palito” con la persecución política e ideológica, pero reveló hasta qué punto Menem es un rehén de las camarillas capitalistas que "arrendaron” al PJ y que hoy discuten abiertamente un cambio de política. El menemismo y el "plan" económi­co de Cavallo han abierto una fractura en el gran capital, que se expresa dentro de los propios grupos económicos, y que se traduce, velada o abiertamente, en el reclamo de la devaluación. El corres­ponsal de “The New York Times" en Buenos Aires advirtió que “escollos ocultos podrían poner abrupto fin al elogiado programa económico” (ci­tado por Ámbito, 26/7/93). El diario yanqui agrega que “el temores que un torrente de importaciones podría causar el colapso de gran parte del sector manufacturero... ” y además de más de media oligarquía. Los fondos de las privatizaciones siguen financiando, con el ingreso de dólares, esta crisis de la burguesía agraria e industrial, pero precisamente esto anticipa el tan temido “abrupto fin”. Cavallo, el gobierno y todo el sistema monetario argentino son rehenes de tos movimientos del capital especulativo internacional que ya de­rrumbó a la peseta, a la libra, a la lira italiana, a las monedas escandinavas y ahora amenaza al franco francés. Todo esto se expresa en el reclamo de la devaluación en regla o de una “protección contra las importacio­nes” y está en la base del “paro agra­rio" o del choque entre Neustadt y el grupo Macri. En el terreno político esto se expresa en las tendencias en la bur­guesía a conformar un “frente nacio­nal” que asegure a los pulpos la conti­nuidad de sus títulos de propiedad frente a la debacle que se anuncia o prevé del “plan de convertibilidad” y del gobier­no menemista. Alfonsín rechazó la pro­puesta del gobierno de “consensuar” la reforma constitucional y la reelección, pero aclaró que el radicalismo no dará marcha atrás con las “privatizaciones” y que asegurará la “continuidad jurí­dica”. En la misma línea se ubica la burocracia sindical, el bordonismo, el Frente Grande y el riquismo. Duhalde está empeñado en conver­tirse en el árbitro de la crisis política “pos menemista” y convertirse él mismo en el relevo de un gobierno agotado. Antes de su incursión en Tucumán, se preocu­pó por hundir al candidato menemista Roussellot y garantizar el monopolio del PJ en la provincia para su camarilla. Ahora, Menem ni puede salir a la deses­perada a pelear cada distrito, con su candidato “en caída libre” en Capital, y con los hombres de su camarilla desfi­lando por los Tribunales y el repliegue de los propios “privatizadores” que se pronunciaron en su momento por la re­elección. Hasta los banqueros Julio Gó­mez y Manuel Sacerdote tuvieron que decir “no apoyamos la reelección”, (Clarín, 16/7). Persecución política y tangente Esta crisis política explica el clima de desesperación en las filas del gobierno y el rebrote represivo impulsado desde el Ejecutivo. Otra expresión es el intento de para­lizar por cualquier medio las investiga­ciones sobre funcionarios menemistas involucrados en la “tangente”. Carlos Menem sigue en la Casa Rosada y no en Devoto por la absoluta y total complici­dad del Poder Judicial, pero hoy la des­composición de la “alta magistratura” amenaza al propio Menem. Los fiscales federales Botto y Alagia resolvieron la investigación de Dromi, Manzano y Carim Yoma por “cohecho, incumpli­miento de los deberes de funcionarlo público, abuso de poder y administra­ción fraudulenta” en la adjudicación de las obras de digitalización telefónica (Digi II) en I990. En horas, María Julia reconoció “presiones de adentro” para aprobar el proyecto, lo que se hizo sin licitación pública y en menos de tres meses (Río Negro, 24/7/93) en un tiro por elevación a Dromi. Rápido, Dromi mandó “en cana” a medio gabinete y su jefe: “quiero ser honesto, todos los decretos (fueron) firmados por Carlos Menem y Dromi y el decreto que apro­bó esta contratación definitiva está firmado por Antonio Erman González como ministro de Economía y por Domingo Cavallo como canciller” (ídem). Para salvarse de ir a Devoto, en la Casa Rosada se decidió promover a los fiscales de esas causas, lo que abrió otra crisis al revelar “La Nación” el propósito oficial. “(El fiscal) Botto fue promovi­do, paradojalmente, a juez de Instruc­ción (y) ya tiene reemplazante”. El otro fiscal, Alagia, “según los rumores tam­bién sería ‘promovido' pero a una asesoría de menores o a una defensoría oficial. El equipo (que planteó la acusación) quedaría así desarticula­do” (La Nación, 25/7/93). Antes, recor­dó "La Nación”, el gobierno se “sacó de encima” mediante un recurso similar a los “ex fiscales federales Bruzzone, Ciruzzi y Amallo, quienes intervinie­ron en el Yomagate y en la causa de los guardapolvos de Bauzá” (ídem); (fue el Parlamento en 1992 el que apro­bó el Código Procesal por el cual los fiscales dependen del Poder Ejecutivo y pueden ser removidos por éste). La “tangente” sobrevuela la cabeza de Menem y “sus” hombres, un síntoma inconfundible de la crisis de gobierno. La crisis por arriba y la insoportable bronca por abajo, llevan a que se reúnan progresivamente las condiciones de una lucha de conjunto.

Después de mucho pensar, tengo a la recomendación que considero correcta para el Partido Obrera. Está basada en lo que he aprendido en mi tiempo en el ejército de los EE.UU. como miembro de la división de "Guerra Psicológica” y como participante en varias campañas políticas del partido Republicano de California, especialmente en favor del “Gran Comunicador” - Ronald Reagan. Después de muchos años en la Argentina, donde mis ideas políticas se han cam­biado mucho, he llegado a la conclusión que el Partido Obrero tiene el análisis más pro­fundo y acertado que cualquier otra agrupación política en el país, no sólo para la Argentina sino para los EE.UU. también. No comparto totalmente las ideas marxistas o trotskistas de la economía y la política, pero estoy convencido de que sin tenerlas en cuenta en muchos aspectos uno no puede aproximarse a la realidad. En fin, en mi opinión el Partido Obrero debe hacer lo siguiente: Pegue duro con la idea de que la deuda externa es ilegítima porque hay una viola­ción básica de un principio de los EE.UU que causó en gran parte la Guerra Revolu­cionaria —“Ningún impuesto sin representación” (No taxation without represen­tation). Básicamente un boletín de propaganda debe mostrar una bandera de los EE.UU y |a Argentina con el lema “No taxation without representation” bajo la bandera de los EE.UU. y su traducción al español bajo la bandera argentina, “Ningún impuesto sin representación”. Luego debe aparecer lo siguiente: EE.UU. (1763-1789) 1) El rey de Inglate­rra impuso una serie de impuestos sin re­presentación de la colonia en el Parla­mento. 2) Las agrupaciones como “Hijos e Hi­jas de la Libertad” (Sons and Daug­hters of Liberty) se formaron y finalmen­te había el “Boston Tea Party” en 1773 que resultó en una represión fuerte por Inglaterra. 3) El país declaró su independencia en 1776 y peleó una guerra en contra de Inglaterra que ganó en 1783. 4) Un nuevo país emergió relativa­mente libre de deu­das y obligaciones con Inglaterra. Los artículos de la Con­federación fueron seguidos por la Constitución. 5) El sistema bancario de los EE.UU., bajo Hamilton, em­pezó con una relati­va libertad de acción para incentivar el desarrollo de los EE.UU. Argentina (1976-1993) 1) El gobierno militar endeudó al país en 40.000 millones de dólares con la Cáma­ra de Diputados y el Senado cerrados. 2) Más y más reac­ción sindical empezó a protestar en contra del plan económico de Martínez de Hoz, culminando en la ma­nifestación obrera de 1982, unos pocos días antes de la inva­sión de las Malvinas. 3) La guerra perdida de Malvinas en 1982 causó una rápida transformación de­mocrática que termi­nó con las eleccio­nes de 1983 y la vic­toria de Alfonsín. 4) Los militares, con Cavallo como Ministro de Economía bajo Viola, estatizaron mucha deuda priva­da, entregando a la nueva democracia una deuda total de más de 60 mil millo­nes de dólares. 5) La economía se hundió bajo tal deu­da ilegítima durante el gobierno de Alfon­sín, resultando en la hiperinflación de 1989. 6) Con Menem y la Ucedé, la deuda ile­gítima fue confirma­da por el tramposo Plan Brady. 7) El nuevo Virrey de Clinton, CheeK, y sus amigos banqueros de los EE.UU. felici­taron aI modelo ar­gentino.

Alfonsín acaba de confirmar que man­tuvo una reunión secreta con el ministro Béliz para discutir la eventualidad de un gobierno de coalición PJ-UCR. Semejante negociación a pocos meses de los comi­cios, con ambos partidos enfrascados en los artificios electorales y el show de acu­saciones, confirma la tendencia del oficia­lismo y la “oposición” a actuar en común en los temas prioritarios para la clase capitalista. Los signos de esta convergen­cia han sido contundentes en los últimos meses, a medida que avanza la descom­posición del gobierno. La crisis de la intervención en Co­rrientes llevó a Menem a designar al ra­dical Tonelii para continuar con la fraudu­lenta intervención a Corrientes, lo que involucra al “extrapartidario” en el escandaloso manejo de las sumas millona­das que dispuso el gobierno para este operativo. El ex senador radical, Juan Trilla, estuvo a punto de aceptar el ofreci­miento presidencial de hacerse cargo de la Auditoría General de la Nación. En po­lítica exterior la coincidencia es más explí­cita. El gobierno apoyó la candidatura de Caputo a la secretaría del Ministerio de Colonias yanqui, la OEA, luego del acuer­do que armó en Haití el ex canciller, para que Arístide vuelva al gobierno como hom­bre del Departamento de Estado amnis­tiando a los genocidas de la dictadura. Desde Cuba, Jaroslavsky es un vocero de las negociaciones para “reinsertar” a Cuba. De la Rúa, Angeloz y Alfonsín ponde­ran todos los días la “estabilidad” de Cavallo y se han comprometido a “no revisar las privatizaciones”. Por eso cuando Álvarez Guerrero envió la carta de la UCR a la Comisión de Valores de EE.UU. por lo de YPF, recibió un aluvión de críticas de los jefes del radicalismo. Los líderes del “partido nacional, popular y democrático” se esforzaron por destacar la continuidad de la privatización con el “Plan Houston”, y declararon su arrepen­timiento por la anulación de los contratos petroleros de 1963. El propio Terragno le tiró un salvavidas a Cavallo, al punto que “La Nación" {22/7) no descartó que hubie­ra habido “un acuerdo previo”. La nueva versión más “flexibilizado­ra” y despojadora de reforma laboral que prepara el gobierno está siendo “consen­suada” con el ex funcionario radical Caro Figueroa. Los rectores de la UCR se han acoplado a la política de arancelamiento, imponiendo el “ajuste por dentro” o rei­vindicando expresamente su introducción en el caso del cordobés Delich. La coincidencia en estas cuestiones centrales abona el terreno para un gobier­no de coalición, o al menos el “gran acuerdo nacional” que propicia el impe­rialismo, para otorgarle “seguridad jurí­dica” a las privatizaciones, y a todos los atropellos en curso contra la legislación laboral y la seguridad social. Oficialistas y opositores han tomado nota de la crisis menemista y por eso han comenzado a tomar en sus manos la propuesta de Bor­dón, Cafiero y Duhalde de acordar con la UCR una reforma constitucional. Está en marcha un nuevo “acuerdo nacional”, que así como sirvió para sacar de la ho­guera a Menem en 1991, como recordó Terragno, con el apoyo al “bombero” Cavallo, intentará ahora asegurar que el riojano no se caiga “por la tangente”.

Europa atraviesa un nuevo tembladeral monetario. Los bancos centrales Alemania y Francia dilapidaron en de un solo día reservas por 9.000 millones de dólares para “defender la cotización del franco francés, “sin lograr reducir las tensiones monetarias”. Francia, además, se vio obliga­ba aumentar las tasas de interés por los préstamos a cortísimo plazo en un 30% -del 7,75 al 10%- sin contar las corridas especulativas. La medida, cuya magnitud da una idea de la envergadura del embate contra el franco, agudizará aún más la ya pro­funda recesión francesa. Mientras el franco tambalea, la pe­seta española se encamina a su cuarta devaluación en apenas diez meses; la corona dinamarquesa sufre una nueva oleada especulativa (inin­terrumpida en los últimos meses) y el escudo portugués y la libra italiana es­tán bajo presión devaluatoria. La ola especulativa ha llegado incluso a Bél­gica, “plaza monetaria tradicionalmente fuera del alcance de las tor­mentas que azotan las demás capi­tales europeas” (Página 12, 24/7). “La moneda francesa se halla bajo constante presión en los mer­cados porque especuladores e in­versores, especialmente en los mercados de Londres y New York, parecen convencidos de que París no podrá seguir defendiendo su moneda con una política de aumen­to de las tasas, en un contexto de recesión” (ídem). El origen anglo­sajón de los movimientos especulati­vos contra el franco (y las demás monedas europeas) es significativo, por­que busca hundir el franco —Francia es el país que más abiertamente se ha opuesto a los Estados Unidos en la “guerra" de los subsidios agrícolas— y quebrar el eje Bonn-París, el “cora­zón político" del acuerdo de Maastricht, para acabar definitivamente con la ya moribunda “unidad europea”. La burguesía británica está buscando la forma de “salir de Maastricht" como lo revelan las penurias de Major en el parlamento, derrotado en sucesi­vas votaciones sobre el tratado. La burguesía norteamericana también está interesada en torpedear la “uni­dad europea "para sacar del medio a un competidor comercial poderoso. La movida parece encaminarse exito­samente: “en un editorial publicado el lunes, el influyente diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung preconizó con medias palabras la devaluación del franco francés” (La Nación, 27/7). Al mismo tiempo que las monedas europeas flamean, la Reserva Fede­ral (banco central) norteamericana ha anunciado un próximo aumento de las tasas de interés, con el objeto de reducir el crecimiento de la inflación, que se ha disparado desde la asunción de Clinton. Un alza de las tasas norte­americanas aceleraría la “fuga” de las divisas europeas hacia el dólar frenando la incipiente “recupera­ción” norteamericana. El motor de fondo del tembladeral monetario europeo, que viene arras­trándose desde setiembre de 1992 y sin soluciones a la vista es la crisis capitalista mundial, que ha acelerado la especulación del capital financiero. El obvio fracaso del G-7 El caos monetario europeo desnu­da el carácter trucho del “acuerdo comercial” alcanzado hace apenas quince días en Tokio por los mandata­rios de las principales potencias impe­rialistas. Si el acuerdo hubiera abierto, como pretendieron sus firmantes, “una nueva era en la historia de las relaciones comerciales”, reducien­do las barreras al comercio internacio­nal y promoviendo la reactivación eco­nómica mundial, la consecuencia in­mediata hubiera sido el fortalecimien­to de las monedas, no su devaluación. El acuerdo firmado en Tokio no sale de los papeles y aun así es mo­desto: abarca apenas a ocho grupos de mercancías (productos farmacéu­ticos, equipos de construcción, médi­cos y agrícolas, acero, cerveza, bebi­das alcohólicas y muebles) determinados “ex profeso para favorecer a ciertas multinacionales (GM, Cater­pillar, Merck)” (International Herald Tribune, reproducido por Clarín, 9/7) y se aplicaría en un plazo de cinco años. Los productos “críticos’', como los textiles, el aluminio y los electrónicos, que habían llevado al fracaso la re­unión de ministros de comercio del “G-7”en Tokio afines de junio, fueron dejados de lado, lo mismo que la pro­ducción agrícola —alrededor de la cual se libra una multimillonaria guerra de subsidios entre Estados Unidos y Europa— y los “servicios” (banca, seguros, patentes, transporte, movi­mientos internacionales de capital, etc.). Un acuerdo tan limitado fue posible sólo gracias a “concesiones de últi­ma hora” del primer ministro japonés, ampliamente resistidas por los impe­rialistas nipones, sobre las bebidas alcohólicas. Este solo hecho basta para mostrar la precariedad, para de­cir poco, del “acuerdo histórico”: Todos y cada uno de sus firmantes eran plenamente conscientes que las concesiones de Miyazawa no valían nada, porque el primer ministro japo­nés era un cadáver político a punto de ser sepultado en las elecciones que se celebrarían apenas una semana des­pués de la “cumbre”. ¿”Libre comercio”? Aun cuando semejante acuerdo pudiera entrar alguna vez en vigor, lo que es bastante improbable porque aún debe ser aprobado por la CEE y ratificado en el acuerdo general del GATT, estancado desde hace tres años, estaría muy lejos de alumbrar el promocionado “libre comercio”. El acuerdo de Tokio reproduce el esquema del “libre comercio del acero” implantado por Bush a media­dos del año pasado para reventar a los japoneses y europeos. Entonces se derogaron los “cupos voluntarios" por los cuales cada país limitaba sus exportaciones de acero a los Estados Unidos. A partir de entonces, el go­bierno norteamericano comenzó a imponer sobretasas unilaterales a las exportaciones siderúrgicas de una veintena de países (de la CEE, Japón, México —su “socio comercial en el Nafta— Brasil e incluso la Argentina) con el argumento de que sus exporta­ciones estaban subsidiadas. Como consecuencia de estas medidas, las importaciones de acero de los Esta­dos Unidos son menores, ahora con “libre comercio", que antes cuando había “barreras y restricciones”. Los funcionarios norteamericanos no han dejado de señalar que éste es el camino: “indicaron que no había nada (en el acuerdo) que impidiera que los Estados Unidos hicieran uso de su arma más poderosa en el comercio, en alusión a su cuerpo legal denominado Sección 301, que permite al presidente aplicar aran­celes punitivos (unilaterales) a cier­tas mercancías extranjeras" (La Nación, 11/7). Naturalmente, esto equivale a una declaración de guerra comercial en regla... apenas 48 horas después del “acuerdo histórico". “Japón ha declarado claramente que si los Estados Unidos llegaran a imponer sanciones, Tokio tendrá el derecho a cesar sus negociacio­nes en el área que corresponda” (ídem). Francia ha anunciado que no firmará el acuerdo del GATT si EE.UU. no deroga las sobretasas unilaterales ya vigentes contra sus productos. Casi inmediatamente comenzó la “ofensiva anglosajona" contra el franco. Crisis mundial La tendencia a la guerra comercial y sus secuelas, el caos financiero y monetario, es la consecuencia obliga­da de la superproducción mundial de mercancías y capitales que plantea la quiebra de ramas industriales y países enteros. Un informe reciente sobre la indus­tria británica reveló que menos del 10% de las empresas son internacio­nalmente competitivas; el corazón in­dustrial de la Alemania capitalista, el valle del Ruhr, está en ruinas; el se­gundo pulpo industrial italiano —el grupo Ferruzzi— está a las puertas de la quiebra. Después de sucesivas “re­estructuraciones ’’que redujeron en un 25% su capacidad productiva, la industria del acero tiene una capaci­dad productiva excedente del 50%; la superproducción derrumba los pre­cios internacionales del carbón; la IBM ha debido liquidar el 25% de su capa­cidad productiva. Las contradicciones entre los pulpos capitalistas —y sus Estados— explican la impase del GATT, la crisis de la "unión europea” y la nebulosa que flota sobre el Nafta, el acuerdo comercial entre EE.UU., Canadá y México. En estas condiciones, cuando la recesión, que atenaza a todas las po­tencias imperialistas tiende a agravar­se, y cuando enormes masas de capi­tal están en juego, los pulpos necesi­tan más que nunca de sus Estados, no sólo para imponerles nuevas normas de superexplotación a sus trabajado­res (‘flexibilidad’) sino también para defenderlos de sus “competidores". El salvataje generalizado de los mo­nopolios y de ramas enteras de la producción (agricultura) ha llevado a la quiebra las finanzas públicas de todas las potencias... desatando una guerra por la captación de los capita­les que financien los “agujeros ne­gros" presupuestarios. La necesidad de todos los Estados de manipular sus monedas para defender sus exporta­ciones y los ingresos de capitales que les permitan mantener los subsidios a los pulpos y financiar sus deudas pú­blicas es imperiosa, como lo demostró el hundimiento, sin pena ni gloria, de la “moneda única” europea. La crisis capitalista le impone a tos pulpos y a los Estados una lucha des­piadada por los mercados, que acen­túa la recesión mundial y es el motor de enormes crisis políticas.

El pronunciamiento que reproducimos enfrenta por el vértice la política de Ongaro. El burócrata confiesa que se "opone a la flexibilidad extrema” (Periódico “Organiza­ción” de Marzo), y es partidario “del más estricto respeto a la ley vigente” (ídem). Con este programa el año pasado el propio Ongaro, de puño y letra, le puso la firma a todas las modalidades del empleo contrata­do a través de un acta trucha que ni siquiera tiene rango de convenio y es una violación de la ley. No es de extrañar que el Sindicato Gráfico se considere pionero del decreto 470 de convenios por empresa por haberlo planteado años antes que el propio gobierno. Con la “sabia inspiración” de este programa menemiano vergonzante, el gremio acumuló en los últimos meses la mayor cantidad de derrotas que tengamos memoria. Fabril cerró las puertas a sus 300 compañeros sin pagar siquiera indemniza­ciones después que el Sindicato y la interna ahogaron el impulso huelguístico de la base para “no espantar al inversor interesado en la empresa”. Algo similar ocurrió con otro taller histórico: Editorial Abril. Tras ellos se suceden despidos y suspensiones en impresora Argentina, Conforti, Lebac, Tecnograf, Photoletering, etc. A fines del año pasado y principios de éste fracasa un movimiento salarial en “Clarín” y “La Nación”, sumidas en el aislamiento. En IPESA una larga lucha terminó con 14 despidos que descabezaron el activismo del taller. Días atrás se abortó un movimiento en Perfil, contra un aumento del 3% preparado durante meses. Se cuentan con los dedos los triunfos salariales como en Atlántida o en Unión, y el taller probablemente con más historia de lucha del gremio, Crónica, tiene el 60% del personal contratado, una conse­cuencia de la derrota a que lo llevó dos años atrás la sociedad Mas-Sindicato. Esto es así, pero representa sólo una cara de la realidad, la otra demuestra que el problema del gremio es su dirección. Primero, porque a cada golpe sigue otra lucha y procesos relativamente rápidos de recomposición (más lento en Crónica por la asociación de la izquierda). Y segundo —y decisivo— porque se desarrolla un proceso consiente contra la burocracia. Una asamblea en “Clarín” votó el raje de la interna que no pudo concretarse por falta de activistas dispuestos a hacer lista. En “Nación" se votó masivamente una interna combativa tras el peor momento. En Perfil se renovaron varios de sus delegados. En Atlántida la interna ganó con el 95%, el mayor porcentaje de su historia. Un reflejo vivo de ese proceso de lucha por una nueva dirección, del trabajo por constituir una vanguardia obrera de los gráficos capaz de expulsar la burocracia ongarista, es el pronunciamiento que sigue, que —impulsa­do por las internas de la Naranja— ha nucleado más delegados, más activistas y más talleres que la propia lista Naranja el año pasado. Y lo que es más importante aún, su posición constituye toda una estrate­gia clasista de cara a los días que le esperan al movimiento obrero argentino. Pronunciamiento grafico sobre la reforma laboral Una enorme conmoción ha causado en nuestros talleres gráficos la sola discusión periodística de los puntos fundamentales de la "reforma laboral" que planea imponernos el gobierno. - El proyecto pretende terminar con la jornada de 8 ó 9 horas, con la semanal de 44 o 48 y con la mensual de 148 ó de 150, estableciendo un tope “anual”. La distribución quedaría a merced del empleador con la única restricción de un intervalo de 12 horas entre tumo y turno pudiendo extender la jornada normal hasta 10 horas diarias al precio común. Y las extras —por encima de 10 horas— podrán pagarse en “dinero o descanso”. - La movilidad según explicó el Ministro Rodríguez no respetará sábados ni domingos, como se deduce de no respetar la semana de 44 horas. - Las patronales podrán tomar por contrato hasta 3 años con exención de cargas sociales y despido “sin cargo”. - Las vacaciones serán despedazadas con un límite de 20 días para toda antigüe­dad, en cualquier momento del año y fraccionables por el empleador. - Los oficios y categorías serían arrasa­dos porque se faculta al empleador a decidir “cambios en las formas y modalidades de prestación del trabajo, así como en la función, superando al concepto de categoría profesional para abrir camino a la polivalencia funcional y a la organización basada en la definición de los puestos de trabajo y no en las tareas" (publicado en Página 12). - Los estatutos o convenios especiales por oficio o por gremio podrán ser derogados, y tomó estado público la amenaza, precisamente, sobre el que ampara la actividad del hermano gremio de prensa. Se abre un interrogante, entonces, sobre nuestro régimen de diarios, talleres con 40 horas semanales, insalubridad, licencias de convenio, día del gráfico, número de delegados, etc., etc. Esto más que una reforma laboral es la aniquilación de 100 años de conquistas. Su propósito es explotarnos hasta la extenua­ción con métodos precapitalistas, cuando los avances tecnológicos y el crecimiento de la desocupación requieren la reducción de la jornada laboral y no su prolongación, todo lo cual se suma al desmantelamiento del sistema jubilatorio y a la destrucción de la salud y la educación públicas. Otro tanto ocurre con el decreto 470 de Convenios por Empresa destinado a disper­sarnos por empresa y hasta por secciones, que vuelve a atar el salario a la “productivi­dad” y permite atentar contra “los dere­chos adquiridos” a nivel de empresa o de sección. ¿Debe nuestro sindicato mantenerse convalidando este despojo, inmovilizándo­nos, anulando la existencia del cuerpo de delegados, aislándonos en cada taller, si­lenciando cada lucha, llámese Fabril, Que­ta, Tecnograf, Conforti, Impresora Argenti­na, Lebac, Atlántida, Nación, Perfil o cual­quier otra? Las Comisiones Internas, delegados, ju­bilados y compañeros abajo firmantes, plan­teamos el rechazo de estos ataques y eleva­dos al Sindicato Gráfico la siguiente pro­puesta en carácter de urgente: 1) Publicación al gremio y difusión masiva del proyecto no bien ingrese al parla­mento. 2) Pronunciamiento público de la Comisión Directiva. 3) Reunión del Plenario General de Dele­gados para su tratamiento con mandato de los talleres del gremio conferido en asamblea de cada establecimiento. 4) Preparación de una Asamblea General del Gremio que fije la posición de todos los gráficos y trate la exigencia a CGT y CTA de un paro activo nacional de 36 horas. Terminemos con la política de “consensuar” el robo al trabajador que vuelve a poner en marcha Brunelii. 5) Por 450 pesos de mínimo para los jubi­lados. Por 600 pesos de mínimo para los activos y para la categoría 1 del conve­nio gráfico. Fuera la privatización jubilatoria, fuera la reforma laboral y derogación del decreto 470. Por paritarias li­bres con delegados elegidos en Asam­blea. Suscribimos esta posición los siguientes compañeros: Néstor Pitrola, Ariel Resigno, Carlos Ramí­rez, Pascual Herrera, Isaac Quiroz, César Báez, Alberto Leiva, Alberto Hauteville, Luis Digiosa y Héctor Lencina (Delegados Edi­torial Atlántida); Luis Farías, Miguel Rear­tes, Juan C. Lucio y Eduardo Rossi (delega­dos La Nación); Rubén Sanabria (Ex dele­gado Clarín y firmas de base); Julio Rodrí­guez, Daniel Barrionuevo y Miguel Celada (Delegados IPESA); Eduardo Temperán (Delegado de Crónica y firmas de base); Jorge Aguirre y Egidio Gáuria (Delegados Indugraf); Alejandra Abrodos y Maria del Carmen Martínez (Delegadas Photolering); Héctor Fernández (ex Delegado Talleres Unión); Gerardo Milton Olivera y Víctor Santillán (Delegados Mariano Mas); Ro­berto Alvarez (Delegado Cotigraf); Miguel Hermosa (Ex Delegado Tintas Letta); Car­los Ullua (Delegado Capelli); Angel Figue- roa (Ex Delegado de Palmeiro); Ricardo Tejada (Ex Delegado de Recali); Rafael Mench, Gregorio Spivak, Ramón Díaz, Flodio Godoy, Oscar López, Claudio Godoy, Ildefonso Manzanal, Amelio Hernández, David Weitz, A.J. Buera, Víctor Vitkaukas, Maria Bustamante, José Dobao, Jaime Méndez, J. F. González. Febo Sous, María E. López, Felipe Bayo y Américo de Turris (jubilados). Adhieren también firmas de base de Editorial Perfil, Fuxman y Picaso, Fotocomp y los siguientes ex delegados de Editorial Atlántida: Mario Paolini, Walter Casas, Andrés Lound, Norberto Frasso, Carlos Donamari, Néstor Silva, Eduardo Alfonso, Hugo Faloón, José Vega, Miguel Cruz. Eduardo González, Bernardino Ledesma, Luis Chávez, Hugo Almada, Félix Almada y Jorge Robledo.

Una imponente marcha de más de 30.000 obreros de la construcción en huelga, sus familias y trabajadores de otros gremios ocupó durante varias ho­ras el centro de Montevideo. La moviliza­ción, la mayor convocada por un sólo gremio en toda la historia del Uruguay, se realizó al cumplirse cincuenta días de la huelga de la construcción. El reclamo central de la huelga es un inmediato aumento salarial del 50% y un salario mínimo de 3.000 pesos, el costo de la canasta familiar. Amén de su carácter multitudinario —la columna llegó a extenderse por más de quince cuadras en el momento de mayor concurrencia— la marcha tuvo varios hechos destacados. El primero fue la masiva movilización de los obreros de la construcción del interior del país, que llegaron a Montevideo en centena­res de ómnibus y camiones. El segundo hecho destacado fue la concurrencia de numerosos trabajado­res de otros gremios, que incluso reali­zaron paros parciales en sus empresas para asistir. La burocracia del Pit-Cnt había “recomendado” el sábado que los gremios pararan parcialmente para concurrir a una marcha que se realizaría apenas dos días después pero, natural­mente, no tomó ninguna medida prácti­ca para efectivizar su “recomenda­ción”. Donde hubo paros, en conse­cuencia, fue como resultado de la pre­sión del activismo de base. La solidari­dad activa y militante del activismo sindi­cal con la huelga del Sunca es el resultado, no sólo de que los obreros de la construcción han lanzado una consigna que es común para todo el movimiento obrero —”50% ya y 3.000 pesos de mínimo”— sino que, además, se han empeñado en una lucha con métodos— huelga por tiempo indeterminado, pi­quetes, movilizaciones— que superan los “tradicionales” y desgastantes “planes de lucha” de la burocracia sin­dical. Es sintomático que los gremios que más recientemente salieron al con­flicto (como Corte Electoral y gráficos) hayan adoptado el pliego del Sunca y, que otros, como Cofe (empleados esta­tales) estén discutiendo el planteo de la huelga por tiempo indeterminado. La contundencia de la huelga del Sunca, sus métodos, la masividad de la marcha y el apoyo activo de la base sindical (y de la mayoría de la población) son una expresión del ascenso generalizado del movimiento obrero uruguayo. Entre todos los hechos destacados, sin embargo, el más notable fue la com­batividad de la marcha expresada en Tas consignas coreadas por los manifestan­tes. “El Cuqul (Lacalle) va a caer, la fuerza del obrero tiene mucho más poder” fue una de las más significativas. Para la prensa burguesa más reacciona­ria no pasó desapercibido que, después de mucho tiempo en Uruguay, una mar­cha multitudinaria volvía a relacionar las palabras “obrero” y “poder”... Otro indicador de la combatividad de los obreros de la construcción es el ba­lance de la marcha que se realizó en los “fogones" (centros de concentración de los huelguistas en cada una de las zonas). El secretario general del gremio, Lirio Rodríguez, fue muy criticado por el activismo por no haber defendido en su discurso —en realidad, ni siquiera lo mencionó— el pliego de reivindicacio­nes de la huelga y por no haber convoca­do, allí mismo, la asamblea general del gremio para profundizar la lucha. La burocracia del Sunca ya ha anun­ciado que sólo convocaría a la asamblea general para discutir un acuerdo salarial, es decir, para levantar la huelga. El plie­go reivindicativo de la huelga reclama un 50% de aumento inmediato, 3.000 pe­sos de mínimo, ajuste por inflación, ga­rantía de 22 jornales, acortamiento de la jornada laboral sin afectar los salarios, pleno cumplimiento de la ley de seguri­dad laboral. Después de dos “ofertas”, una del gobierno y otra de las patrona­les, que significaban una reducción efectiva de los salarios, circuló la versión de que un sector de la dirección sindical estaba negociando “oficiosamente” un aumento en tres cuotas, del 16% en promedio. Aunque ante el repudio que despertó la versión entre los huelguis­tas, la directiva se vio obligada a “des­conocerla”, la omisión de la reivindica­ción del pliego de la huelga en la principal concentración del gremio es muy significativa de la política de la burocra­cia. En el curso de la marcha se repartió un volante, firmado por una decena de “fogones" reclamando una inmediata asamblea general para profundizar la lucha mediante la extensión de la huelga a los “anexos” (industrias proveedoras de materiales de construcción, cuyos trabajadores están afiliados al Sunca) y la ocupación de las obras, y para recla­mar al Pit-Cnt “un paro de 48 horas con movilización que sea el comienzo de un plan de lucha que no excluya la huelga general” por “50% para to­dos”. Ante la intransigencia de una pa­tronal negrera y de un gobierno repudiado por los trabajadores, y ante la regimentación que pretende imponer la bu­rocracia sindical, éste es el camino para vencer en una huelga que ya es históri­ca.

La amenaza de cierre del Sanatorio Güe­mes ha destapado un gigantesco fraude finan­ciero y vaciamiento patronal. Se evacuaron centenares de pacientes, se suspendió el pago de haberes y aguinaldos y se retiraron valiosos equipos de quirófanos y computado­ras (Crónica, 16/7). El personal denunció que en los 30 días previos se produjeron 300 despidos sin las indemnizaciones correspon­dientes (Ámbito Financiero, 16/7). La dirección del sanatorio reconoce un que­branto de 60 millones, 12 de los cuales corres­ponden a aportes previsionales evadidos y el resto a créditos y préstamos (la mayor parte del Banco Nación) y deudas con proveedores. También "Ámbito Financiero” (16/7) reveló que el PAMI había adelantado el pago de 3 años de prestaciones a razón de 1.200.000 pesos por mes. El manejo fraudulento era archiconocido. Hace un año se hizo pública la evasión previsional sistemática. El personal acaba de ratifi­car la conocida denuncia del negociado multi­millonario realizado con el reciclaje de material descartable importado, varias veces facturado como nuevo (Crónica, 16/7). Una misma “maffia de blanco", de los principales accionistas (Barón, Bamballi, Kaplan, Lager), ha explotado por décadas los recursos de las obras sociales y del Estado y ha exprimido el trabajo de empleados y técnicos. Permanentes cambios de directores, transferencia de acciones y creación de firmas subsidiarias (CIM) fue­ron los manejos contables y financieros para evadir aportes e impuestos, bicicletear pagos, etc. incluidas la falsificación de cheques y documentos públicos, como boletas del ANSES (Página 12, 22/7). Ahora, distintos sectores del directorio han montado una ‘‘mise en scene” de mutuas acusaciones de fraude y amenazas de quere­llas. Todo el objetivo consiste en transferir el quebranto al bolsillo de los trabajadores y al erario público. Se deben haberes y aguinal­dos y la dirección anunció 400 próximos despidos. Al Estado le han solicitado la refi­nanciación de las deudas y un préstamo “blando" de 10 millones de dólares (Crónica, 22/7). Complicidad del Estado Por la décima parte de este desfalco los responsables deberían ir a la sombra varios años. Todo se conocía al dedillo y el poder público nunca intervino. Ahora, tampoco. Julio Calcagno, secretario de Salud, se apresuró a declarar que “se trata de un conflicto de una entidad privada, en donde el Estado no interviene” (Crónica, 17/7). Un criterio bien diferente al que se aplica a los colectiveros, por ejemplo, cuando hacen paro, por ser “ser­vicio de interés público". ¿El mayor sanatorio de Sudamérica y fuen­te de trabajo de 2.000 familias, no lo sería? Las medidas elementales, por supuesto, son incautar el sanatorio, cuentas bancarias y otros bienes de la misma maffia (tienen otros sanatorios); garantizar el pago de tos haberes y el funcionamiento pleno del centro de salud. Un mal debut de ATSA Buenos Aires Estas medidas básicas en salvaguarda de la fuente de trabajo y la salud pública no van a surgir del régimen menemista que actúa como gestor de las grandes patronales. Re­quiere una movilización popular que parta de una campaña pública del propio gremio de la sanidad y las asociaciones profesionales de médicos y técnicos. Se trata de convertir la lucha contra la amenaza de cierre del Güe­mes en una causa popular. En lugar de ello, la flamante dirección westocampista de ATSA Buenos Aires ha corrido a aplacar los ánimos encrespados de los trabajadores y dar margen a la empresa para buscar soluciones, que implican, inevitable­mente, préstamos estatales, achicamiento y nuevos despidos. “En ningún momento los trabajadores realizaron medidas de fuerza en reclamo del medio aguinaldo, ya que éramos conscientes de las dificultades fi­nancieras del sanatorio y no queríamos convertirnos en los responsables del con­flicto”... “(para conservar la fuente de em­pleo) realizaremos gestiones a nivel ministerial” (lngenieri, secretario gremial de ATSA, Crónica 19/7). Con el argumento per­verso de no “hacer el juego” a la patronal, salen a salvarla. Las gestiones ministeriales sólo pueden consistir en apoyar los pedidos patronales de refinanciación. Esta ausencia total de política ante el conflicto lleva a ATSA al fracaso. Organizar la lucha contra el cierre del Güemes El sindicato predica la pasividad. Promovió una guardia simbólica de permanencia, una medida distraccionista que va al desgaste. Las gestiones ministeriales no han dado soluciones y trascendió que Economía no autorizaría préstamos. La patronal amenaza con más despidos y el eventual cierre. De seguir así el conflicto va a la impasse y al desangre. El planteo del PO, difundido mediante una declaración en sanatorios y hospitales, es “que el Estado debe garantizar el funciona­miento, el pago de los sueldos y la atención de los enfermos. Lo que plantea la expropiación del sanatorio, la incautación de los bienes y cuentas de directores y accionis­tas y la investigación del destino de los cuantiosos beneficios”. La investigación debe estar a cargo de trabajadores y usuarios, la incautación bajo control del personal. ATSA debe lanzar una campaña pública con ese programa convocando a todas las organiza­ciones populares y políticas a la solidaridad. El congreso de delegados de ATSA convocado para el 30 de julio debe resolver medidas de movilización del gremio.

El IIIº Encuentro de mandatarios iberoamericanos celebrado en Salvador (Brasil) reunió, según constató el envia­do de “La República” de Montevideo, “mandatarios menos confiados, me­nos optimistas” que los anteriores en­cuentros. No es para menos. El brutal aumento de la superexplotación de los pueblos que han llevado adelante no les ha dado estabilidad política a sus “democra­cias" ni, tampoco, les ha permitido a las burguesías latinoamericanas potenciar su presencia en el mercado mundial. Por el contrario, los regímenes “democráti­cos" están recorridos por la desestabili­zación económica y política, luego de haber perdido una porción de sus mer­cados internos a manos de los pulpos imperialistas. La “agenda para el desarrollo" que los mandatarios pretendieron debatir en Brasil es, en consecuencia, una consta­tación del fracaso, no de un “modelo", el “neoliberal”, sino del fracaso social de todo un conjunto de clases, las bur­guesías latinoamericanas. Los “amigos de Cuba" en acción Cuba ocupó el centro de atención de la “cumbre”. Los mandatarios emitie­ron una “condena implícita... detrás de una redacción almidonada y extre­madamente cuidadosa” del bloqueo norteamericano. No se trata, ciertamen­te, de una “posición antimperialista” desde el momento en que amplios sec­tores de los explotadores yanquis sostienen la “conveniencia”, para sus inte­reses claro, de poner fin al bloqueo. “Ha habido entrevistas bilaterales con Cuba en un número mayor de las que hubo en Guadalajara y Madrid (sede de los anteriores encuentros)” confió el canciller español. “La actitud de la mayoría de los mandatarios — sintetizó otro diplomático español— (ha sido) no acosar en público a Castro, pero en privado pedirle que sea rea­lista”. El “apriete” viene en las “entrevistas bilaterales”... “y en eso hemos avanzado un poco más en cada cum­bre” concluyó el diplomático (La Repú­blica, 17/7). Los presidentes de México, Brasil, Colombia y Chile y el primer ministro español, Felipe González, se reunieron con Castro. La nómina de entrevistados con Castro es instructiva porque se co­rresponde, casi exactamente, con los países (Colombia, Venezuela, México y España) que, bajo la “Iniciativa” de la cancillería rusa, están conformando “una corriente... que busca una nue­va atmósfera para las relaciones cubano-norteamericanas y de Cuba con el resto de Latinoamérica” (La Repú­blica, 14/7). La “voz cantante" de esta “corriente” en Salvador fue Felipe Gon­zález. ¿Qué le reclamaron los "demócratas” iberoamericanos a Castro? “Felipe González fue muy concreto en sus consejos. Lo habría instado a seguir lo que se ha dado en llamar 'vía chi­na’, es decir, la Instauración de un capitalismo económico manteniendo el socialismo político” (La Nación, 17/ 7). En concreto, los “demócratas’’ capi­talistas exigen a Cuba, “como en Chi­na”, apertura al capital externo, con sus consecuentes leyes de propiedad, “liberacion” financiera, generosas subvenciones impositivas, subsidios de las materias primas y el disciplinamiento de una mano de obra barata, educada y “flexible”, que integren plenamente a Cuba al proceso de acumulación mun­dial de capital. Lo de la “democracia" es para la gilada. La “vía china” lleva a una agudi­zación tan brutal de las desigualdades sociales que sólo es posible mediante un reforzamiento colosal de la capaci­dad represiva del Estado (¡Tienanmen!) y del autoritarismo de la burocracia, que encuentra en las “reformas" la vía para su transformación social en clase pro­pietaria y explotadora. Por eso, para garantizar las inversiones, el “demó­crata” González reclama el monopolio político de la burocracia. Esta es la política reaccionaria de los “amigos de Cuba”... que comparte la propia dirección cubana, que ha lanza­do, hace ya tiempo, su propia “apertura al capital externo” después de señalar, también hace ya bastante tiempo, su “admiración” por el “socialismo chi­no”.