Prensa Obrera N° 171

Un pacto contra las paritarias, las huelgas y los jubilados La reforma de la legislación laboral es un objetivo de vieja data de los capitalistas, con el propósito esencial de incorporar en la legislación los atropellos patronales perpetrados en los últimos años, en especia; bajo la dictadura. No en vano el régimen constitucional ha mantenido en pie el 90 % de la legislación antisindical de la dictadura y se negó obstinadamente en estos 3 años a convocar a las paritarias. El año pasado el radicalismo anunció que en 1987 se convocarían las paritarias, pero en el marco de una nueva ley, pomposamente llamada de “relaciones laborales”. La misma convertía a las paritarias en una mera cámara registradora de las decisiones salariales y laborales del gobierno, desde el momento que estipulaba: 1) la “emergencia económica” por un período de 18 meses sobre un período de 36, en cuyo lapso podía anular los convenios y reducir los incrementos salariales que se hubieran pactado. 2) Durante la negociación de los convenios y una vez firmados, los trabajadores no podrían realizar ningún tipo de huelga. La cláusula de “paz social”, además estaría implícita en cada convenio. 3) Se establecía el arbitraje obligatorio y si hubiera paros podía ordenarse la reanudación del trabajo de un modo definitivo. 4) Bajo la emergencia, los salarios se fijarían en base a las bandas establecidas sobre una hipotética inflación futura, claro está siempre inferior a la real.,. 5) La frecuencia de las negociaciones paritarias se reducían pues en lugar de anuales se llevaban a dos años. No hace falta demasiada visión para darse cuenta de que la voluntad de los trabajadores queda reemplazada por las decisiones del equipo económico del gobierno y el Ministerio de Trabajo. Receptividad Apenas se conoció este engendro reaccionario y fascista, la burocracia sindical se mostró bastante receptiva. “Antes de discutir los cambios en la legislación obrera —sostuvo la CGT— queremos hacerlo sobre el modelo de sindicalismo existente en el país”. En pocas palabras, la burocracia declaraba su disposición a participar de esta nueva regimentación a cambio de tener asegurados sus privilegios en una ley sindical. A partir de ahí, radicales y peronistas se dedicaron a negociar las paritarias por la ley sindical, concediendo el gobierno los reclamos antiobreros de la burocracia y ésta las pretensiones reaccionarias del gobierno. Así, por ejemplo, el gobierno eliminó de su proyecto la representación de la minoría en los consejos directivos de los sindicatos y la burocracia aceptó que existiera la “emergencia económica”. La semana pasada, estas negociaciones fueron reflotadas, a partir de la decisión del gobierno de sacar, sí o sí, este año este engendro. Según los diarios, la negociación estaba empantanada porque la UCR reducía el plazo de la “emergencia” de 18 a 12 meses y el peronismo la admitía por 6 meses. Respecto a las “bandas” el peronismo coincidía con ellas, pero con algún reajuste posterior si la inflación superaba holgadamente el aumento salarial. Un frente parlamentario antiobrero La burocracia, mientras tanto, decidió articular su línea de “acción” —no convocando a los trabajadores sino a los partidos llamados de oposición. El miércoles 18, el consejo directivo de la CGT se reunió con el PI, el peronismo renovador, la DC, el MID y la Democracia Progresista suscribiendo todos sus asistentes un acuerdo que bien puede ser llamado de frente contra las paritarias, las huelgas y los jubilados. El escueto comunicado no plantea la vigencia Irrestricta de la ley 14.250 sino la necesidad de una nueva ley que no imponga limitaciones “irrazonables y arbitrarias” el derecho de fijar salarios. Lo que para esta gente es “razonable” si vio de inmediato porque propusieron la aceptación de la emergencia económica por un lapso de 9 meses, comenzando a partir de abril, o sea, que regiría todo 1987. Osvaldo Borda, peronista renovador y burócrata, sintetizó eta impostura diciendo que la “emergencia nacional debe ser asumida por todos” (La Razón, 19-2) y pagada, por supuesto, por los trabajadores. Este frente tampoco reclamó el cumplimiento de la ley con los compañeros jubilados —82 % móvil— sino que sancione una nueva legislación, que es lo que quiere el oficialismo y el conjunto de la burguesía, para proseguir con la confiscación de los haberes jubilatorios. No en vano, el secretario de Trabajo Caro Figueroa saludó este acuerdo porque “es importante —dijo— que consideren a la emergencia económica como una realidad” (Crónica, 20-2). “Opositores” y burócratas La coincidencia de burócratas y supuestos partidos opositores con lo esencial de una ley antiparitarias y antihuelgas se explica porque ambos responden a las necesidades esenciales de la clase capitalista que quiere y necesita arrebatar con las conquistas históricas del movimiento obrero. Para los renovadores, el PI y la DC es, adicionalmente, una demostración de que apuntalan el régimen explotador y por esa vía pretenden ganar la confianza del gran capital. La burocracia sindical, por su parte, vive Integrada al Estado burgués, de donde emanan sus prebendas. La burocracia sindical necesita del arbitraje y la intervención del Estado en las organizaciones obreras, como modo de regular y regimentar al movimiento obrero. Esta burocracia ya aceptó en la práctica esta ley antiparitarias, ya que firmó todas las “bandas salariales” Impuestas por el gobierno, con las cláusulas de paz social. Mientras la burocracia se desvive en las negociaciones secretas con los radicales y los pactos con la llamada “oposición”, la clase obrera no figura ni por casualidad en la mira cegetista. Pero mientras burócratas y burgueses buscan amordazar al movimiento obrero, la crisis económica va erosionando todos estos acuerdos y los trabajadores son empujados a la lucha. No va a ser la primera vez que los juristas laborales de la burguesía se olviden de lo más importante: la realidad. Sobre esta tendencia inexorable a la crisis económica y a la lucha obrera que de ella emerge es que se deben impulsar asambleas en las fábricas y los sindicatos en repudio a todas estas negociaciones antiobreras que apuntan a liquidar las paritarias y el derecho de huelga. “Gatillo”: disparen contra el salario La burocracia sindical está haciendo espuma porque el gobierno reconocería un reajuste salarial por el evidente desfasaje inflacionario. Lo que, por supuesto, la burocracia sindical no dice es que, a cambio de esto, aceptará incluir en la próxima ley de paritarias la figura de la “emergencia económica”, por la que el Poder Ejecutivo puede hacer y deshacer a su antojo todas las cláusulas de los convenios, incluido el reajuste salarial. Pero lo que tampoco dicen los burócratas es que el mencionado reajuste cláusula “gatillo” es un mecanismo que solo recompone la pérdida salarial si se aplica integralmente y en forma mensual (en épocas hiperinflacionarias debería ser quincenal o semanal). No es esto lo que la burocracia está discutiendo con el gobierno. El “gatillo” funcionaría trimestralmente pero no será retroactivo, lo que significa que no se recuperará lo perdido en los tres meses pasados. Además, se aplicará si la pérdida salarial es muy elevada. En Brasil, por ejemplo, los trabajadores debían aceptar hasta un un 29 % de pérdida salarial y solamente se “accionaba el gatillo” si la pérdida superaba ese 20 %. Que de esto se trata lo dijeron con claridad los partidos parlamentarios y la CGT en el acuerdo firmado la semana pasada: los salarios no deben ser “irrazonablemente” limitados. En buen criollo; hasta un límite “razonable” (¿15 %? ¿29 %?) a nuestros burócratas y parlamentarios les parece muy bien que caiga el salario. ¿Qué tiene de extraño entonces que el artífice de la ley contra las paritarias -el diputado radical Terrile- diga que don Sourroulille la cláusula “gatillo” le parece “razonable”?

Durante el mes de enero se desarrolló una huelga de la flota pesquera factoría (agrupados en la CAPECA —Cámara Pesquera de Congeladores Argentinos—) por la derogación de una resolución por la que el personal embarcado pasaba a cobrar menos de la mitad de lo que venía percibiendo, un marinero de factoría cobra en 60 días lo que un marinero de un cajonero cobra en 15 días aproximadamente). El epicentro de esta huelga fue la seccional del SOMU Bahía Blanca, ganada por la lista Verde hace dos años; además Bahía es la base de la flota factoría. El paro, que duró aproximadamente un mes, fue levantado por la traición del SOMU nacional, dirigido por ARCE (radicales), que convoca a las seccionales del SOMU para decidir el levantamiento de la huelga por 17 votos contra 11. De más está decir que esta maniobra fue calculada para quebrar el paro y que los principales afectados, que estaban por seguir hasta el triunfo, no fueron tenidos en cuenta. Esta votación de las cúpulas tampoco pudo ocultar la traición de la “33” (62 organizaciones), “oposición” a Arce, que se sumó a esta maniobra, aunque durante la huelga dio su apoyo de palabra, pero no movió un dedo para garantizar el triunfo. La 33 controla la casi totalidad de las seccionales del SOMU de la pesca. A pesar de la traición, de la desorganización y de la dispersión de los barcos en los distintos puertos, en unos 20 barcos se siguió el paro y se lograron arrancar nuevos acuerdos que duplican lo que venían percibiendo hasta ahora. Si las patronales los cumplen el resto de la flota se pondrá en movimiento para lograr también este objetivo, de lo contrario estallará nuevamente la bronca y la lucha contra el atropello de CAPECA, aún no está dicha la última palabra. El balance que se impone es que hay que garantizar la lucha con la organización, única forma de que no sea derrotada por las maniobras de la burocracia del gremio. Es imprescindible organizar al activismo, elegir delegados en todos los barcos, sean o no reconocidos, pero que sirvan para organizar la lucha. La lucha de las factorías empalma con la situación de los barcos cajoneros, cuya base central se encuentra en Mar del Plata. Este sector tiene varios reclamos pendientes como: el 33% del precio dólar de la merluza, que se perdió con la aplicación del Plan Austral, el pago promedio de los francos, las 8 horas de descanso, salubridad y seguridad en los barcos, etc. Hay que empezar a trabajar entre los activistas y delegados por una asamblea general del gremio para debatir la situación y aprobar un plan de lucha, elegir delegados en todos los barcos y formar cuerpos de delegados por empresa, analizar la situación y ver la mejor forma una responsabilidad fundamental; tienen que ser una verdadera opción frente a la parálisis del sindicato. Hay que formar una coordinadora de agrupaciones, delegados y activistas para que tomen la dirección de todo este proceso.

El año pasado, los trabajadores del transporte automotor (UTA) de Córdoba realizaron diversas medidas de fuerza, no solo en demanda de mejoras salariales sino también en defensa de la fuente de trabajo, frente a los despidos patronales que, como se sabe, están nucleados en la Fetap. Durante estos conflictos quedó en evidencia la existencia de un importante núcleo de delegados y activistas combativos, que Jugaron un papel destacado en el desarrollo de la huelga, organizando piquetes de trabajadores para defender el cumplimiento de los paros contra los rompehuelgas. Se generó así un genuino movimiento desde las bases que impuso un limbo a las luchas lográndose importantes conquistas. A comienzos de diciembre se inició un nuevo conflicto quedando la ciudad de Córdoba prácticamente paralizada durante ocho días por falta de transporte urbano, ante la negativa de Fetap de otorgar el viático de ₳ 7 por día solicitado por los choferes. La intervención del Ministerio de Trabajo imponiendo la conciliación obligatoria abrió un compás de espera que se rompió cuando después de largas negociaciones entre las partes, el ministro de Trabajo, Jorge Sapia, decretó un laudo salarial de ₳ 2,25 diarios, muy por debajo de lo requerido por los trabajadores. El arbitraje también establecía una cláusula de paz social que impedía hacer reclamos salariales por el término de un año, fuera de las negociaciones pactadas que, como todo el mundo sabe, en este país no existen desde la dictadura. Los trabajadores por su parte reanudaron el conflicto, recurriendo al trabajo a reglamento. Hay que señalar que el transporte de Córdoba es uno de los más caros de todo el país y en la mayoría de las líneas totalmente deficientes. El boleto único en Córdoba cuesta ₳ 0,25 contra ₳ 0,20 en Rosado y A 0,23 en Tucumán. En Capital Federal el boleto mínimo es ₳ 0,18. Por otro lado, según lo anunciado en el diario La Voz del 18/2, “una fuente del Dpto. de Trabajo” consignó que asesores del ministro Sapia redactaron una resolución donde se dispone la ilegalización del trabajo a reglamento tal como lo solicita la Fetap y que sería aplicado si los trabajadores de UTA no aceptan las propuestas del Ministerio de Trabajo. Como broche de oro y para que nadie tenga duda de que el botín más preciado de la Fetap y el gobierno es quebrar el movimiento de bases de los delegados combativos y activistas, el intendente Ramón Mestre, que en todo momento reveló incapacidad para solucionar los problemas del transporte en Córdoba acaba de declarar que a partir de marzo desaparecerá el monopolio de UTA con el establecimiento de nuevas líneas troncales, que implica la incorporación de unidades grandes de 90. La intención de Mestre es concentrar en tres o cuatro grandes empresas todo el monopolio del transporte. Las empresas Ciudad de Córdoba, Coniferal 12 de Octubre y Transporte Mediterráneo, serían las beneficiarías del proyecto del intendente que a juzgar por lo que hizo cuando quiso reorganizar el transporte, nada bueno se puede esperar. Por último, hay que señalar que si hasta ahora los trabajadores lograron resistir una y otra vez las embestidas de la patronal y del gobierno fue precisamente porque una parte del cuerpo de delegados y los activistas que están enfrentados a la directiva que encabeza Molina se han mantenido firmes, impidiendo que se realicen los acuerdos propuestos por la patronal y el gobierno, que, como la cláusula de paz social, perjudica a los trabajadores. Contra ese núcleo de delegados y activistas combativos apunta toda la artillería del gobierno y de la Fetap.

A fines de enero, el gobierno de Romero decretó que por 60 días y con el pretexto de ahorrar en las finanzas públicas se anularán adicionales por dedicación exclusiva, horas extras, viáticos y otros que para importantes sectores significaban montos que iban de un 30 a un 100 % sobre el básico. Al mismo tiempo avanzó en su plan de privatización de diferentes ramas de los servicios públicos en favor de empresas que los propios funcionarios del gobierno han creado para la ocasión. Ante este cuadro, los municipales, que ya venían en conflicto desde diciembre en reclamo del cumplimiento de una ordenanza que les aumentaba los salarios, salieron nuevamente a la lucha por eso a partir del lunes 16. Desde esa fecha se declaró el paro por tiempo indefinido con movilizaciones por la mañana y por la tarde, acompañado de una huelga de hambre realizada por quince compañeros de diferentes secciones frente a la casa de gobierno. Mientras tanto, el resto de los gremios estatales (dirigidos por sectores afines al Gobierno, Arcienagas encabeza la CGT y es primer candidato a diputado por el PJ) bloquearon todo intento de resistir en forma unificada el decreto del gobierno. La conducta de la directiva del gremio permitió, a su vez, que el conflicto estuviera cada vez más aislado. La asamblea general no se reunió a lo largo de una semana de conflicto y sólo se lo convoca para el lunes 23 para plantear el levantamiento de las medidas sin ninguna conquista y aceptando la conciliación obligatoria por 20 días. El gremio municipal es, en Salta, de los que han salido a librar las más combativas luchas contra la miseria salarial. En casi todas las oportunidades las direcciones terminaron claudicando. Esto ha llevado al descrédito a la organización gremial que solo tiene 700 afiliados sobre un total de 4000 obreros empleados. La tarea, para los compañeros más luchadores y activistas, es preparar una nueva dirección para el gremio, una dirección para la victoria basada en el principio de la independencia del gremio respecto del Estado y de los partidos patronales, por un gremio que se apoye en un amplio cuerpo de delegados y el funcionamiento de la Asamblea General.

Hace casi dos años que el gobierno sancionó la ley 23.073 por la cual se suspendían momentáneamente los desalojos y se designaba un organismo estatal para formalizar acuerdos entre las inmobiliarias y los vecinos destinado a pagar en cuotas fijas y escriturar los terrenos indexados. En diciembre de 1985 los vecinos fuimos citados a la gobernación para firmar este acuerdo. Así lo hicimos frente a un funcionario de nombre Lo Blanco, recibimos una copia y esperamos la ejecución de la ley. Pasó el tiempo y descubrimos que habíamos sido objeto de un fraude ya que el convenio no tenía validez porque no estaba firmado por la otra parte (las inmobiliarias). Desde entonces hemos sido víctimas de todo tipo de manejos. Desde quienes nos sacaron dinero diciendo que era para saldar la deuda de los terrenos, maniobra que desbaratamos con la movilización, hasta los que nos dijeron que teníamos que gestionar un crédito del Banco Hipotecario, lo que también era falso. En la desesperación, algunos vecinos fueron a cancelar la deuda con las inmobiliarias y recibieron a cambio un papel sin ningún valor legal. Está claro entonces que debemos organizarnos para exigir que se cumpla la ley, la que debe reglamentarse permitiendo la participación y el control directo de los vecinos. Los trabajadores hemos firmado el convenio. El Dr. Lo Blanco por la gobernación también. Ahora debemos obligar a que firmen las inmobiliarias. ¿Cómo lo lograremos? Desconfiando de todos los que nos quieren engatusar, que no son los afectados. Confiando solamente en nuestras propias fuerzas: formando comisiones de vecinos afectados por la compra de lotes indexados en cada barriada. Que sean estas comisiones las que discutan con las partes. Llamamos a todos los vecinos afectados a llevar adelante estas propuestas.

La Municipalidad de la ciudad de Buenos Aires ha iniciado juicio de desalojo a las 150 familias de trabajadores que, en condiciones de extrema pobreza, habitan el edificio del ex-Patronato de la Infancia. El año pasado, la prensa patronal, la Ucedé y otros sectores del gran capital inmobiliario especulativo lanzaron una campaña que identificaba a los trabajadores sin vivienda con las patotas, la drogadicción y los robos. El centro de esta ofensiva era el Patronato. La concejal Adelina de Viola (UCD) presentó un proyecto al Concejo Deliberante que cuestionaba la usurpación de viviendas como violatoria de la ley, y exigía una investigación sobre todos los Inmuebles ocupados de la zona. El Partido Obrero denunció que, con el pretexto de la droga y las patotas, que nada tienen que ver con las masas trabajadoras, el gran capital reparaba el desalojo del Patronato y de todos los míseros y derruidos Inquilinatos del barrio y llamó a todos los partidos y sectores a una gran asamblea popular para enfrentar en forma organizada los planes reaccionarios del 4 gran capital. Se formó una multisectorial que luego fue boicoteada por los propios integrantes (UCR, PJ, Pl). Estos partidos criticaron entonces el proyecto de la Ucedé, pero ahora lo están llevando a la práctica, codo a codo, en el Concejo Deliberante, aplaudidos por las grandes inmobiliarias. Desde distintos sectores se oyeron voces que decían que el Patronato no iba a ser desalojado porque era "un costo político muy grande” para el gobierno. La realidad lo desmintió. Estamos ante un régimen político que actúa con un solo puno: salarios de hambre, amnistía para los militares genocidas y desalojo a los trabajadores: Esta es la verdadera cara, patronal y antiobrera, que el municipio metropolitano pretende ocultar tras los hermosos conciertos populares en Parque Lezama. La verdadera cara de un estado, sometido al imperialismo, que no ha promovido (aunque lo prometieron en sus campañas electorales todos los partidos que están en el parlamento) planes populares de vivienda. Un estado que sí se ocupó de aprobar una ley de alquileres (21093) (con el voto favorable de todos los parlamentarios), que lejos de solucionar el problema de la vivienda, lo ha agravado. El Partido Obrero llama a los vecinos y trabajadores de la zona, a los artistas y centros de estudiantes, a enfrentar los planes reaccionarios del gran capital. EL DESALOJO DEL PATRONATO NO DEBE PASAR. Defender al Patronato es defender el techo de los explotados del barrio. Por la expropiación de los inmuebles en desuso, propiedad del gran-capital especulativo, y por su entrega a sus ocupantes. Por la refacción inmediata de los mismos a cargo de la Municipalidad. Por la formación de una Coordinadora de Lucha contra los desalojos integrada por tos afectados, por los partidos, comisiones vecinales y centros de estudiantes. Por la autoorganización de todos los inquilinatos. Preparemos la movilización del barrio al Concejo Deliberante exigiendo el pronunciamiento público de los concejales de todos los partidos.

El miércoles 18 la ciudad de Mar del Plata, plagada de turistas, vivió una verdadera batalla campal en la plaza Colón cuando 250 efectivos policiales (de infantería y de civil), fuertemente armados, rodearon con vehículos la plaza con el objetivo de desalojar a los cerca de 300 vendedores ambulantes que tienen allí sus puestos. Las fuerzas policiales actuaron como en sus mejores tiempos y sacaron a relucir todo su arsenal represivo. El intento de detener a una vendedora ambulante arrastrándola del cabello motivó la contundente respuesta (piedras, botellas, etc.) del resto de los vendedores, de los habitantes de los edificios aledaños y del público en general. A pesar de los bastones, gases lacrimógenos y machetes, la policía no logró su objetivo final; y esto se debió fundamentalmente a la solidaridad de la población, lo que llevó al jefe policial Cremona a decir que “lamentablemente los vendedores ambulantes encontraron, como siempre ocurre, la solidaridad de los vecinos que hicieron que se produjera este desborde” (El Día, 19/2/87). Los vendedores siguen con sus puestos y ahora se han organizado formando una comisión con el objetivo de asegurar su fuente de trabajo y recuperar las mercaderías decomisadas, cuyo valor asciende a ₳ 4.000, lo que los coloca en una situación realmente dramática. Ya en otras ciudades del país los vendedores ambulantes se han visto perseguidos y supieron de la represión policial. En el caso de Mar del Plata se ha utilizado el argumento de que están en infracción. En realidad, el intendente Roig, que está peleando su reelección, pretende ganarse el apoyo y las “contribuciones” de la poderosa Cámara de Comercio local (Roig es a su vez un acaudalado comerciante). El gobierno, que con su política económica deja sin acceso a las fuentes de trabajo a miles de familias, no vacila en reprimirlas cuando éstas buscan una salida; a su vez azuza a los pequeños comerciantes (ahogados por los impuestos y las grandes corporaciones) contra los vendedores ambulantes. La solidaridad de la población ha hecho retroceder la prepotencia del gobierno municipal y la policía. La organización debe profundizar ese camino.

A mediados de marzo se realizarán las elecciones de la UF San Martín, la segunda seccional de importancia en la línea Mitre. No sólo por este hecho resultan fundamentales estas elecciones: San Martin es el feudo personal de Pedraza. Una derrota en la seccional abriría un boquete en el aparato burocrático que dirige la U.F. Desgraciadamente, el activismo antiburocrático no tiene la herramienta necesaria para asestarle esa derrota. La Lista Violeta, de tradición antiburocrática en la seccional, recorrió, a instancias del Mas, una serie increíble de volteretas buscando un puesto al calor de algún ala burocrática: fue así que primero pactó su participación en la Lista Blanca de las 62. Cuando este acuerdo fracasó por una maniobra del miguelismo, el Mas se vió obligado a armar de apuro una lista con dos viejas trenzas burocráticas del ferrocarril: la Rosa (radical) y la Marrón (peronista). La primera cuenta con elementos ligados a los directivos de la empresa y viejos interventores con los milicos. Por su parte, la Lista Granate, luego de participar con la Verde (Pedraza) en las elecciones de 1983 y haber roto luego con ella, se integró también a esta lista. Este engendro fue bautizado Frente de Unidad Ferroviario. En cambio, la Agrupación El Ferroviario, que integraba la Violeta, denunció este curso oportunista y derechista, que concluyó en el Frente de Unidad. PRENSA OBRERA se reunió con dos compañeros luchadores de los Ferrocarriles: Gustavo López, integrante de El Ferroviario y Mane Zamora, integrante de la Lista Granate. El reportaje que publicamos refleja el debate electoral entre estas dos corrientes y también el debate fundamental sobre cuál es la alternativa para expulsar a la burocracia de los sindicatos. En menos de un mes se realizarán las elecciones de Ejecutiva ¿Qué listas se presentan y cuáles son sus perspectivas políticas? Gustavo López: Se habla de que habrá elecciones a mediados de marzo, pero todavía no existe convocatoria oficial. Estas elecciones han sido postergadas en diferentes oportunidades y se han pasado ya dos años del plazo estatutario. En cuanto a las listas, a diferencia de las elecciones anteriores, no hay una alternativa válida para los ferroviarios: está la Verde, que es la burocracia de Pedraza, la Blanca que es de las 62 Organizaciones, está la lista Naranja, una lista fantasma que no representa a nadie, y está el Frente de Unidad, encabeza por los hombres de la Rosa, una lista radical, ligada a la dirección de la empresa. Entiendo, por lo tanto, que no hay alternativa para construir un sindicato que represente los intereses de los trabajadores. Un frente que los represente debe estar conformado por los compañeros luchadores y que no representen los intereses patronales. La Violeta, que era una lista de tradición antiburocrática en la seccional, que enfrentó a la burocracia en las elecciones pasadas, hoy terminó claudicando con la Rosa radical. Mario Zamora: Las elecciones de San Martín son fundamentales porque se puede formar un cordón antiburocrático en el Gran Buenos Aires, junto a Temperley, Quilmes, Alianza y Victoria. Con respecto a las elecciones nosotros no vemos las cosas de la misma manera que Gustavo. Pensamos que el Frente de Unidad reúne las aspiraciones de los ferroviarios de lograr un frente de unidad de agrupaciones. Pensamos que se perfila como una alternativa por su programa avanzado y por la democracia sindical. Respecto de la composición de la lista nosotros seguimos manteniendo un debate con la Violeta en cuanto a qué significa la burocracia sindical. Aparte de los privilegios y los puestos, la burocracia es una ideología y una metodología que se expresa en la conciliación, en el arreglo, en la no propuesta de planes de lucha. Se puede ser burócrata tanto dentro del sindicato como fuera. En el debate con la Violeta no pudimos superar la incorporación de elementos ligados a los funcionarios de la empresa y el gobierno. Esto, a nuestro modo de ver, significará un costo político muy grande porque son los que hoy los compañeros visualizan como sus enemigos. PO: Vos mencionas los triunfos antiburocráticos en otras seccionales. En esas listas triunfantes el activismo antiburocrático era el motor y quien las encabezaba. El Frente de Unidad no tiene esa conformación y no aparece nítidamente el activismo como la fuerza impulsora, sumado al hecho de que el primer candidato es un radical, ligado al aparato partidario. M. Z: Cada agrupación tiene un 25 % de los cargos, tanto granates como violetas, marrones y rosas. De esa paridad el sector dinámico es la Violeta- Granate. A pesar de esto, no estamos muy de acuerdo en la composición de las alianzas tácticas. Nosotros priorizamos el acuerdo estratégico de las agrupaciones antiburocráticas, lo que no implica desechar acuerdos tácticos con listas burocráticas con el objetivo de ganar o presentarse a una elección. Nosotros diferimos con el Mas, que repite e impone el mismo tipo de táctica que llevó adelante con las 62 Organizaciones, en la cual las agrupaciones combativas quedaban relegadas a una expresión reducida y los puestos y el programa lo imponía la lista burocrática. El activismo tiene que hacer un balance del fallido acuerdo con la Blanca y de cómo fue esta frustración: la Violeta hoy no puede decir que fue traicionada. Las 62 fueron consecuentes con sus métodos y llegado el momento los patearon. Lo mismo se puede repetir con la Rosa. El activismo no puede hacer una táctica así y decir fuimos traicionados. Estamos en desacuerdo, pero priorizamos la unidad de que pueda presentar la elección con este tipo de acuerdos con la Rosa. G.L.: Diverjo con el compañero. Mario dice que se tiene que construir una tercera lista, cuando en realidad la que está a la cabeza es la Rosa, una lista de los radicales. Cuando hablamos de alternativa no sólo planteamos un programa sino también la conformación de la lista. Dos elementos como Graciano y Lizarraga, Insertados en el aparato del partido gubernamental, son capaces de firmar cualquier cosa con tal de estar en los primeros puestos de ¡a lista. Aquí se ha llegado a un acuerdo con dos gangsters políticos y sindicales dentro del ferrocarril a costa de liquidar una alternativa antiburocrática existente como lo era la lista Violeta. Es más, creo que va a ganar la Verde. Primero porque no hay alternativa clara para los trabajadores; segundo porque el radicalismo, plan Austral mediante, es un piantavotos. Los compañeros de la Granate tendrían que reflexionar y preguntarse qué significa una alternativa: participar en las elecciones o conformar una lista que sea el referente de lucha para todo el año, que impulse la elección de cuerpos de delegados y Comisiones de Reclamos, cosa que no podrá hacerse con los agentes de la patronal a la cabeza de la lista. P.O.: La unidad de la izquierda con los radicales ligados a los funcionarios de la empresa, lejos de desarrollar ese polo independiente, lo que hace es restar fuerzas a la estructuración propia e independiente de los trabajadores... M. Z.: Estoy de acuerdo. La unidad es válida en la medida en que se convierte en una perspectiva valedera para los trabajadores. Pero también pensamos que la unidad de la izquierda debe mantenerse para hacer un análisis de esta unidad a través de la experiencia de las victorias y las derrotas. P.O.: Pero esa experiencia ya ha sido hecha innumerables veces... M.Z.: En esto hay un debate. Nosotros sabemos que éstos no son los pasos que se tienen que dar para llegar a una corriente clasista que reúna a los luchadores, porque tenemos la experiencia de otras seccionales como Quilmes, Temperley, Alianza, Victoria. Y el camino que han recorrido esas seccionales, los trabajadores lo vieron masivamente como una alternativa clara. No estamos de acuerdo con los pasos seguidos en este caso, pero mantenemos el debate. P.O.: Vos, Gustavo, fuiste uno de los constructores de la Violeta en 1983. ¿Cuál fue tu experiencia? G.L.: La Violeta se propuso enfrentar a la burocracia en forma independiente, algo muy difícil porque había que conseguir candidatos en todo el país, cuando nadie pensaba que lo íbamos a conseguir por falta de recursos y porque nadie nos conocía en el Interior. Los activistas de la Violeta se propusieron construir esa lista y se logró enfrentar a 'a Verde y la Blanca, donde podemos hacer el balance que hicimos una buena elección. A raíz del traslado de algunos compañeros, la Violeta quedó en manos del Mas y su estrategia cambió completamente. Planteó que a la Verde (de los 25) habla que enfrentarla con un frente de unidad que englobara desde los radicales y las 62 hasta la izquierda. Se tergiversó la orientación que dio origen a la Violeta, que era la defensa de la independencia respecto de la burocracia. Se impuso la línea del acuerdo y decidí renunciar a la Violeta y conformar, junto con otros compañeros, la Agrupación El Ferroviario, retomando la tradición de los orígenes de la Violeta. Pienso que si nos hubiésemos propuesto conformarla lista antiburocrática lo hubiéramos logrado, pero fa orientación durante seis meses fue llegara un acuerdo con la Blanca. Luego se terminó, en muy poco tiempo, sin discusión política ni posición de principios, claudicando con la Rosa, quienes son los agentes del holding y el Plan Austral y donde se cierra el debate de lo que significa estar con la Rosa, justo en el momento en que los radicales quieren reventar las paritarias y privatizar los ferrocarriles. P.O.: Hace un rato me comentabas que la Verde está haciendo circular que ustedes son la lista de la Unión Democrática del 46. M. Z.: Nosotros lo vemos como vos decís, como un costo político muy importante. Pero la otra alternativa es romper el frente y con ello la posibilidad de no presentar lista. G.L.: La alternativa que ve la Agrupación El Ferroviario es construir un frente de lucha de los trabajadores ferroviarios para hoy y después de las elecciones, para agrupar a los elementos decididos a conformar una lista claramente antiburocrática. La Agrupación EL FERROVIARIO llama a las listas Granate y Violeta a romper con los radicales y a trabajar conjuntamente por una lista antiburocrática. M.Z.: Yo creo que hay una responsabilidad de los luchadores. Por nuestra parte, nos responsabilizamos de nuestra tardía autocrítica de nuestro acuerdo con la Verde. Cuando se inició la discusión, nosotros aún no sabíamos si seguir o no con ellos. Creo que una parte fundamental de la responsabilidad la tiene el Mas, que ha retrocedido respecto de su posición de 1983. La consigna central de la Violeta en 1983, “Ni verdes ni blancos, por una lista independiente,” nosotros la sostenemos para el momento actual. G. L.: Yo quería agregar algo más. La Agrupación El Ferroviario lucha por la Independencia política de la UF del Estado y los patrones, por un salario igual a la canasta familiar, contra el holding. Pero también señala que el método es la organización de las bases en los cuerpos de delegados y Comisiones de Reclamos, boicoteados por la burocracia y que el método para conquistar las reivindicaciones, cosa que nadie dice, es la huelga general ferroviaria. Con esta orientación El Ferroviario lucha y luchará por la construcción de un auténtico frente antiburocrático.

La patronal de Diario Popular (Kraiselburd, dueño del diario El Día de La Plata y uno de los principales accionistas de la agencia Noticias Argentinas) despidió a treinta trabajadores de prensa. La patronal tiene una larga tradición de despidos y atropellos contra los trabajadores. Los compañeros han respondido combativamente oponiéndose a esta vuelta de tuerca de lo que denuncian como un posible vaciamiento de la empresa. Hace falta estrechar ahora lazos con los gráficos y lanzar una campaña pública de denuncia. ¡Ni un solo despido debe pasar! Contra la mediación de la Iglesia A propuesta de la lista Naranja, fue aprobado en el último plenario de delegados de la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) una moción de repudio por la designación de la Iglesia como mediadora en la cuestión salarial y de censura a la dirección cegetista por la entrevista celebrada con el embajador yanqui. Asimismo, el plena- rio resolvió enviar una nota a la CGT poniéndola en conocimiento de sus resoluciones. La votación resultó una derrota importante para el peronismo de prensa que, en vano, trató de defender la conducta de la dirección de la CGT. ¿Por qué se suspendió el Congreso de la FATPREN? La Federación Argentina de Trabajadores de Prensa suspendió sorpresivamente el Congreso Extraordinario que debía decidir sobre la representación de Capital. La lista Naranja denunció con un volante nacional el absurdo de la discusión por la manija entre la Fatpren y la Utpba, al margen de la situación que atraviesa el gremio: los diarios La Calle (Río Cuarto) y El Sol (La Rioja) están ocupados por los trabajadores en defensa de su fuente de trabajo, en tanto perdura en Capital la resistencia al cierre de Tiempo Argentino. Además de todo esto está la cuestión salarial, sobre la que la Fatpren no se ha pronunciado. Ante esta convulsiva situación y ante el fracaso de las negociaciones acerca de la representación. de Buenos Aires, la burocracia de la Fatpren, ligada a los 25, decidió levantar el Congreso.

Versiones periodísticas indicaron que las directivas de ATE y UPCN estarían estudiando la aplicación de un plan de lucha de los hospitales nacionales contra el “sumergimiento salarial”. Clemensoz (UPCN) y Abdala (ATE) no dudaron en afirmar que estarían dispuestos a retomar el paro de 144 horas levantado en diciembre para llegar a la conciliación obligatoria con el gobierno, e incluso Ir más lejos aún (Crónica, 6/2). Se trata, sin embargo, de un extraño plan de lucha. Conocido por los trabajadores a través de los trascendidos periodísticos, los directivos de ATE y UPCN no se han dignado a bajar a ningún establecimiento a pulsar las opiniones y las necesidades de los trabajadores de la salud. No hay asambleas, no hay mandatos, no hay reclamo salarial concreto. ¿Qué hay detrás de los trascendidos del posible “plan de lucha”? En diciembre la burocracia se ató de pies y manos a las promesas gubernamentales, al levantar el vigoroso plan de lucha sin conseguir un peso de aumento. Esta conducta despertó las críticas de los sectores más combativos del gremio. Hoy esa hipoteca es insoportable para la burocracia, ante la evidencia del hundimiento salarial a que han conducido al gremio. La brutal carestía de enero terminó de reventar las últimas ilusiones en los acuerdos de diciembre y puso crudamente al desnudo la traición de las directivas de ATE y UPCN. Estas intentan ahora obtener algún “puntito” por encima de las pautas para descomprimir la situación: por eso no hay asambleas ni plan de lucha real.

Sancionada la ley de “punto final” toda la responsabilidad amnistiadora quedó delegada en el Poder Judicial, que en estos 60 días produjo una verdadera carrera maratónica en su afán por cumplir con la ley suprema de la nación: preservar a los uniformados. Nuevas instrucciones En enero el Consejo Supremo de las FF.AA. había decidido desprocesar a una cantidad de almirantes y a los grupos de tareas que funcionaban en la ESMA. Era superconocido que muchos oficiales se negaban a declarar. Inmediatamente el presidente Alfonsín dictó las ‘‘instrucciones” a los fiscales, por intermedio del procurador de la Nación, que indicaban que aquéllos debían “concentrar sus esfuerzos en los casos materialmente probados”, y que iban a ser procesados sólo “aquellas personas de cuya responsabilidad existan indicios firmes”. Como el mismo secretario de Justicia, y coautor de las instrucciones, Ideler Tonelli dijo, “el universo de procesados quedará acotado de la A a la Z” (Clarín, 9/2), lo que en buen criollo significaba que los procesados iban a ser muy pocos. El subsecretario de la misma cartera, Enrique Paixao, completó la idea haciendo referencia al juicio a los ex comandantes: “En estos juicios complicados deben concentrarse los elementos como hizo el fiscal Strassera. El eligió 712 casos paradigmáticos... Fue necesario un proceso de depuración; a veces, cuando se cometen 150 delitos con sancionar 30 alcanza...” (Clarín, 8/2). En síntesis, las instrucciones tenían el objetivo de lograr el mínimo de imputados y producir un verdadero “vaciamiento” de los procesos, del mismo modo que se vació el juicio a los ex comandantes. Un alzamiento solo “negligente” Ante el fallo del Consejo Supremo en el caso ESMA, lo menos que se dijo era que se trataba de "un alzamiento contra la democracia”. La particularidad que tenía el mismo era que desconocía no solo el fallo de la Cámara Federal capitalina, ratificado por la Corte Suprema de Justicia, sobre los ex comandantes, sino también el decreto- ley por el que Alfonsín había ordenado procesar a las 3 primeras juntas militares. Pero este “alzamiento” tenía como cómplice a la misma “democracia” y al Poder Judicial, quienes lo conocían desde un mes antes, y no habían dicho absolutamente nada. Es más, la Cámara capitalina prorrogó en varias oportunidades los plazos para que el organismo militar produjera algún pronunciamiento al respecto. Así los plazos fueron venciendo y renovándose “automáticamente’; el 15 de julio, el 6 de agosto, el 8 de septiembre, el 10 de noviembre y el 18 de diciembre del año pasado la Cámara recibió informes de lo actuado por los jueces militares, pero no pareció inquietarse. Después de todo esto, después del “alzamiento contra la democracia”, después de los plazos incumplidos, después del antecedente de que el Consejo sólo había producido un fallo, y éste era la absolución de Astiz, la Cámara Federal sólo consideró que la actitud del Consejo era... “equiparable a la negligencia" (La Razón, 5/2). Las “demoras” de Jaunarena Uno de los temas más comentados por la prensa en estos 60 días de vencimiento del punto final, fueron las demoras y el incumplimiento por parte del Ministerio de Defensa de Información requerido por las cámaras de Bahía Blanca, La Plata y Tucumán. Se le requería lista del personal militar y sus respectivas funciones en esas ciudades durante la dictadura militar. Lógicamente, estas listas eran importantes por cuanto de allí surgían las responsabilidades en los actos de represión y violación a los derechos humanos. La Cámara platense amenazó con procesar por violación “manifiesta y deliberada" de los deberes de funcionario público a Jaunarena, de acuerdo al artículo 700 del Código Penal y del artículo 445 bis del Código de Justicia Militar (La Razón, 14/2). Intervino también el fiscal Molinas. Un emplazamiento similar, hicieron las cámaras de Tucumán y Bahía Blanca. El fiscal de esta última Cámara, Omar Cañón, el mismo que había dicho que no iba a obedecer las “instrucciones” de Alfonsín, terminó haciéndolo y sólo presentó un pedido de prórroga en el marco de la ley de “punto final”. El resultado de todo esto fue que la documentación entregada por Defensa fue “incompleta", "faltando lo sustancial” y “dando muy pocas respuestas a las cuestiones planteadas” según los mismos voceros de las cámaras (Clarín, 13/2, El prometido juicio por “violación de las funciones públicas” sé transformó en una actitud... “negligente”. Citaciones Otro de los temas que hicieron al desenlace del punto final fue la negativa de varios milicos a concurrir a las citaciones judiciales. Cabe recordar que el gobierno se había “comprometido” a dar de baja a los militares que no concurrieran a dichas citaciones. El caso de dos oficiales que actuaron en la represión de la ESMA, Capdevilla y Peyón, fue muy ilustrativo. Citados por la cámara de La Plata, los marinos se negaron durante dos veces consecutivas a concurrir a una rueda de reconocimiento de testigos. La tercera vez lo hicieron de uniforme, lo que motivó la suspensión del reconocimiento por cuanto debían hacerlo vestidos de civil. Los milicos dijeron que habían venido así vestidos porque lo hacían como un “acto de servicio a la Armada”. La cámara intimó entonces a Capdevilla y Peyón a “comparecer vestidos con ropas civiles, bajo apercibimiento de ley” (Clarín, 6/2). Sin embargo, la misma cámara. suspendió días después la rueda de reconocimiento porque consideró que las fotos tomadas y la filmación de los noticieros televisivos los hacían “fácilmente identificables”. Capdevilla y Peyón se salieron con la suya, y por supuesto no fueron dados de baja. Margarita Belén y Palomitas También fueron instructivas las actuaciones en dos de las masacres más conocidas durante la dictadura militar. Una, la de Margarita Belén, ocurrió en el Chaco y allí fueron asesinados, en un “traslado” de una cárcel a otra, a varios presos políticos. Un asesinato similar se produjo en la localidad salteña de Palomitas con otros 12 detenidos que habían sido sacados del penal de Salta. En el primer caso, la Cámara Federal de Resistencia se declaró incompetente para tratar el tema y concluyó que el caso había sido juzgado en el juicio a los ex comandantes (La Nación, 30/1). En el caso de Palomitas, la Cámara de Tucumán, que entiende en la causa, dio una resolución increíble, girando las actuaciones nada menos que al Consejo Supremo de las FFAA porque “estando involucrado en el presunto ilícito personal militar debe intervenir el fuero militar” (Clarín, 2112). La resolución fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. Punto final: 139 imputados La conclusión de estos 60 días es que el conjunto de las cámaras sólo ha resuelto imputara 139 personas. Estas cifras pueden modificarse a partir de algunas causas por problemas de competencia de cámaras, pero sólo “un 10 por ciento del total de las causas se encuentran en esa condición" (Clarín, 22/2). De este modo el gobierno y el Poder Judicial han logrado pilotear estos 60 días de “punto final" exonerando a la mayor parte de los militares acusados por violaciones a los derechos humanos. Cabe recordar que organizaciones de derechos humanos acusaron a 4000 militares y paramilitares, y que en el informe de la CONADEP figuraban 1300 represores. Por supuesto, esto no quiere decir que de esos la mayoría sea procesada y muchos menos encontrada culpable. Si nos guiamos por lo que dijeron Tonelli y Paixao es evidente que solo un reducido número de militares será condenado. Y si tenemos en cuenta el fallo sobre los ex comandantes, que las autoridades de Justicia toman como un “modelo”, ya sabemos a qué atenernos. Como afirma Clarín (22/2), hay que diferenciar entre “citación indagatoria (esta sí con eventualidad de proceso a la persona llamada) y la citación testimonial, que se refiere solo a la diligencia judicial de ofrecer un testimonio. “Las únicas acusaciones relativamente fáciles de probar son las de privación ilegítima de la libertad; pero estas causas están, en su mayor medida, prescriptas por precedente reciente de la Corte Suprema de Justicia en el sonado “caso Astiz”. Además, “demostrar el tormento y el asesinato requiere de pruebas que sólo existen en un número muy pequeño de casos". La seguridad del oficialismo es tan grande, en el sentido de que serán muy pocos los que puedan ser procesados y hallados culpables —los 10 o 12 que mencionó Pugliese en su momento—, que la amnistía reclamada por los militares sería “innecesaria", según opina Clarín. En estos 60 días de punto final, el régimen democratizante burgués en parte ha logrado, de la mano del Poder Judicial, poner el "moño" a su política amnistiadora del aparato represivo de la dictadura militar. Los tres poderes del estado se han rendido ante las exigencias del alto mando militar. Lógicamente que, ahora, los militares seguirán exigiendo garantías de impunidad para los pocos uniformados que han quedado judicialmente "enganchados” y propugnarán el indulto de los ex comandantes.

Unas doce mil personas participaron de la marcha contra el Punto Final el pasado viernes. Este número es inferior al de la convocatoria del pasado 19 de diciembre, pero claro está que las condiciones políticas entre una y otra marcha han variado. En la marcha del 19 de diciembre como en todo el período posterior se impuso una línea de desmoralización, fruto de la estrategia formulada por los partidos burgueses y pequeñoburgueses de someter la movilización a los límites de las decisiones de los tres poderes del Estado. El resultado fue un reflujo al movimiento de derechos humanos. La marcha del 20 Originariamente, las organizaciones que convocaron a la marcha del 20 llamaron, hasta una semana antes del acto, a realizarlo en un lugar cerrado, colocando como eje de ese acto un petitorio encabezado por Grosso y el PJ metropolitano, así como una declaración política de blanqueo de los partidos que colaboraron con la sanción del Punto Final. En esta declaración y en el petitorio se abrieron expectativas en el poder parlamentario y el poder judicial, en lugar de denunciarlos como pilares del “punto final”. Por este motivo el Partido Obrero no suscribió esa convocatoria y planteó la realización, tal como se resolvió en la Asamblea Abierta del P.O. contra el Punto Final del 30 de enero, de una verdadera movilización callejera, con oradores y presencia en el centro de la Capital. Faltando pocos días para el 20, el Frepu, junto a Familiares y otros organismos, decidieron realizar una marcha de antorchas en Congreso, pero sin cambiar ni la declaración política ni el eje de su trabajo (petitorio dirigido al Parlamento y el Poder Judicial). En estas condiciones tuvo lugar la marcha, con una escasa propaganda previa y con una orientación política que ya se ha mostrado totalmente inviable. La debilidad de la marcha no está en el número de los participantes sino en la persistencia de buscar la confraternización política y física con los partidos burgueses democratizantes. Punto de partida Doce mil compañeros son un buen punto de partida para recomponer el movimiento de derechos humanos y para construir organizaciones de base para que la ciudadanía se pueda expresar por sus propios medios y no adjudicarle a los Grosso y Cía. la representación de las masas. El Punto Final no ha cerrado la lucha democrática por la causa de los desaparecidos y el castigo a los culpables, por tres razones fundamentales: 1) porque sigue vivo en la conciencia de las masas 2) porque la presión militar continuará hasta ver satisfechos la totalidad de sus planteamientos 3) porque el régimen fondomonetarista buscará cercenar las libertades públicas. Es fundamental extraer las lecciones de estos tres años de lucha contra la impunidad y la amnistía y traducirla en un plan de acción estructurado tras un programa independiente de la burguesía, porque en manos de ésta o de una estrategia de confluencia con ella, cualquier perspectiva de desarrollo de este movimiento está condenado a morir. En Córdoba Ante la finalización de los plazos del punto final, el PO de Córdoba se dirigió a organizaciones de familiares y partidos opuestos a la ley infame con el fin de realizar un acto callejero unitario. La Iniciativa fue tomada por Familiares de Córdoba: bajo su convocatoria, se constituyó la coordinadora contra el punto final, integrada por las filiales locales de Familiares, Abuelas, la LADH, la corriente 29 de mayo, el PI, el Frepu, el PO, el PR y el movimiento Todos por la Patria. La movilización fue convocada bajo tres con-signas precisas: contra el punto final, juicio y castigo a todos los culpables, y prisión perpetua para Menéndez. La concurrencia, de 1.000 manifestantes, fue una de las más numerosas de las últimas manifestaciones por libertades realizadas en Córdoba. La marcha fue precedida por un acto, donde Intervinieron un dirigente de la FUC, un miembro de la 29 de mayo y un Integrante de la comisión de Familiares. En Mar del Plata El viernes 29 más de 500 personas recorrieron las arterias más concurridas de Mar del Plata para repudiar la ley de punto final. Nuestro partido tomó la iniciativa de convocar a una jornada similar a la que se realizaría en la Capital y encontró un amplio eco. La propia marcha encontró una amplia adhesión a su paso, adhesión que se expresó en solidaridad activa cuando la columna fue agredida por mili-tantes radicales. Corresponsal En Trelew A pocas semanas del vencimiento del punto final, se desató en Chubut una escalada de atentados con bombas contra locales de organizaciones de izquierda. Los atentados no serían ajenos a las citaciones que realizó, últimamente, el fiscal de Bahía Blanca y que involucran a oficiales de esta región comprometidos en la represión. El PO de Trelew, entonces, inició una agitación denunciando al gobierno del punto final como encubridor de los grupos de tareas llamando a luchar contra el terror a través de la movilización. Los partidos del Frepu plantearon que debían visitarse a los funcionarios y parlamentarios y realizar luego un acto en un local. El sábado 21 de febrero, el PO levantó una tribuna en la Plaza Independencia, donde asistieron compañeros comunistas, de Chile Democrático y de la junta vecinal de Villa Italia. Corresponsal

La situación del ingenio San Pablo es de un desquicio completo: la patronal ha desaparecido físicamente de la planta desde principios de año. Tanto la destilería de alcohol, como las tareas de alistamiento para la próxima zafra están paralizadas. Los trabajadores tuvieron que vender azúcar depositada en el ingenio para cobrar el salario. Pero en la medida que el azúcar se va acabando, la inquietud ha comenzado a crecer, iniciando un proceso de lucha dirigido a defender la fuente de trabajo. La crisis actual del ingenio es el resultado del fabuloso endeudamiento acumulado durante los últimos años con la banca nacional y provincial, que colocan a la empresa en situación de quiebra. En este marco los dueños están negociando diversas salidas. Con el gobierno nacional, están discutiendo la refinanciación de los pasivos. Con el gobierno provincial, están a la expectativa de diversos proyectos: moratoria impositiva, bono azucarero, etc. Paralelamente están negociando la posibilidad de arrendar en forma ventajosa el ingenio a otros pulpos. Los trabajadores discutieron en una asamblea,' a la cual concurrieron 150 trabajadores y vecinos, la propuesta de arriendo del grupo IMSA (actuales dueños del Ingenio Corona) y la rechazaron por el cúmulo de exigencias antiobreras puestas en el proyecto de contrato: entre ellas la suspensión de un mes sin goce de sueldo por cada año de arriendo, la libertad para trasladar al personal, ninguna, garantía de ocupación al personal temporario y una serie de desventajas en casó de despidos. En la asamblea la dirección del sindicato propuso rechazar esas condiciones, pero continuar el diálogo con la firma. Esta posición pasiva ha comenzado a ser cuestionada por los trabajadores, reclamando acciones inmediatas de lucha. La urgencia por encontrar una solución es muy concreta. El periodo de alistamiento del ingenio requiere iniciarse ya, y en la medida que pase el tiempo se corre el peligro de que los trabajadores tengan que aceptar cualquier salida desfavorable bajo la amenaza de que no quede tiempo para iniciar la zafra. El PO está interviniendo en este proceso y en una declaración ha planteado la necesidad de organizar la convocatoria de una asamblea popular para elegir un comité de movilización de mayoría obrera, y la votación de un programa y un plan de acción. El PO ha planteado el siguiente programa para la lucha: Fecha cierta para el inicio de la zafra con plena ocupación. Defensa de las conquistas laborales. Apertura de los libros de la empresa e investigación de los mismos por parte de un comité obrero elegido y responsable ante la asamblea. Que el Estado asegure el inmediato aislamiento y puesta en marcha del ingenio, bajo control de los trabajadores de San Pablo.

Desde hace un mes, los gremios de la administración pública vienen cumpliendo paros de brazos caídos por tiempo indefinido. ATSA (rama estatal) combina estas medidas con paros progresivos totales. La docencia, ha votado no iniciar las clases. Esta reacción de los estatales se debe a que el gobierno de Riera sigue adeudando gran parte de los ajustes salariales de 1986 y el aguinaldo. Además, los sueldos de enero se han pagado con un básico de ₳ 10, desconociendo de hecho el salario mínimo fijado por la Nación. Ante la miseria salarial imperante, los estatales han salido masivamente a la lucha. Para que no se repitan las frustraciones de 1985 y 1986 es necesario superar la política de la dirigencia burocrática: éstos Intentan limitar el movimiento a medidas desgastantes como la "huelga de brazos caídos”. Los delegados y activistas pugnan por impulsar medidas resueltas, pero la burocracia de los gremios estatales proscribe la participación de los mismos: en los plenarios de estos gremios sólo participan los secretarios generales, y se ha llegado a impedir el ingreso de un grupo de delegados de sanidad que acompañaban a sus dirigentes. Similar conducta a la CGT regional, que ha firmado que no tomará ninguna medida de fuerza "hasta que no se demuestre que el gobierno provincial tiene responsabilidad en los bajos salarios" El peligro que encierra el actual curso de lucha —"brazos caídos"—es que, por su carácter pasivo, no permite ganar a la población para su apoyo, mientras el gobierno intenta colocarla en contra de los trabajadores. La cuestión crucial que está planteada para el activismo y los delegados combativos, es la de coordinar esfuerzos hacia la profundización de las actuales medidas. Para ello, es necesario impulsar la realización de asambleas generales por trabajo y gremio, donde reclamemos una asamblea general de los estatales para elegir un comité de huelga, y se vote una acción definida (movilizaciones, cortes de calles y ollas populares) hacia la huelga general por tiempo indefinido.

En Tucumán, circulan dos monedas: una nacional y otra provincial. En los colectivos, se da el vuelto con boletos donde cada empresa tiene el propio. En los almacenes, el vuelto se da con vales. A los jubilados, se les paga con bonos que aún no tienen circulación legal...Estos datos retratan el grado de caos existente en Tucumán, donde la miseria de las masas no cesa de agravarse. ¿Cómo se ha llegado a este punto? Por un lado, el gobierno nacional estrangula a las finanzas provinciales para cumplir con la banca extranjera. Por otro, el gobierno provincial ha hipotecado la porción de recursos que le toca administrar a manos de la oligarquía azucarera: a través de subsidios, exenciones de impuestos y no cobro de créditos, el gobierno justicialista ha terminado de desquiciar los fondos públicos. Ahora, se pretende darle carácter institucional a este saqueo: el gobierno prepara un proyecto de moratoria provincial, similar al reciente blanqueo impositivo de Alfonsín. Al mismo tiempo, pretende emitir un “bono azucarero”, destinado a conseguir recursos para financiar parte de la próxima zafra. El gobierno de Riera asegurara, a los compradores de este bono, un interés anual real del 12% (más que cualquier colocación bancada) y colocaría como garantía los fondos que recibe la provincia por su participación en los impuestos nacionales. En resumidas cuentas, esto significa que, frente a la actual quiebra de la provincia, Riera continúa salvando a los ingenios sobre la base de hipotecar a Tucumán...de por vida. Por su parte, el gobierno nacional ha vuelto a reducir el cupo azucarero, medida que aseguraría a los pulpos de los ingenios mantener sobrevaluados los precios del producto. Mientras Riera y Alfonsín no cesan de sostener las ganancias de la oligarquía, los estatales no pueden cobrar sus salarios completos, y los trabajadores azucareros son condenados — ante la reducción de la zafra— a la desocupación las 3/4 partes del año. La legislatura provincial calla, otorga... y recibe lo suyo: el gobierno provincial llevó el salario de los diputados...a 5000 ₳. En este cuadro de miseria, caos y corrupción, está planteada la necesidad de poner en pie un comité provincial de huelga, que organice la huelga general de la provincia. En esa perspectiva, está en desarrollo un amplio movimiento de lucha concentrada en los estatales, pero a lo largo de la provincia se preparan luchas importantes, como la del ingenio San Pablo. Para que este rumbo de lucha tome un curso decidido y consecuente, es necesario superar el bloqueo que le impone la burocracia de la CGT local; éstos actúan como verdaderos funcionarios de Riera, y han llegado al punto de justificar los bajos salarios de los estatales por... “el exceso-de personal”. En ese sentido, el Partido Obrero sostiene que es necesaria la realización de una asamblea de trabajadores de la provincia, donde se establezca un programa de acción dirigido a unificar a la vanguardia obrera tras los objetivos de expulsar a la burocracia e imponer un curso de lucha victorioso para los reclamos de los explotados.

El último fin de semana se realizó el plenario de secretarios generales de la CTERA para considerar las propuestas a presentar ante el próximo Confederal. Con solo retener que la reunión, después de dos días de debate, resolvió reclamar la “inmediata reunión del Consejo Federal de Educación” (un organismo deliberativo formado por los ministros de educación provinciales, cuyo funcionamiento reclama el peronismo renovador) y postergar el Confederal hasta el 11, se podrá ver que el resultado fue menos que cero. La Junta Ejecutiva de CTERA — radicales, PI, PC— llegó al extremo de presentar una propuesta para cada gusto, abandonando la función elemental de una dirección sindical que es orientar sobre determinado rumbo a la masa de trabajadores. La opción A era iniciar las clases y formar distintas comisiones para “esclarecer”. La opción B es no iniciar las clases, previo “optimizar” los mecanismos de consulta. (Arizcuren sería partidario de un “plebiscito” en este caso, sacrificando la asamblea de distrito en aras de una consulta individual a los docentes). La Lista Celeste impuso la tónica de la reunión, Garzetti su vocero, reclamó abiertamente la liquidación de la lucha nacional del gremio, con el argumento de que no puede haber un plan cohesionado por las “grandes diferencias salariales entre las provincias”. Conclusión (no dicha): CTERA debe desaparecer como sindicato nacional y convertirse en un órgano de asesora- miento. Coherente con su posición planteó como “consigna política unificadora” la reunión del Consejo Federal. Sólo la voz aislada de algunos distritos (La Rioja, UMP) se alzó frente a tanta porquería. Lo que queda claro es que, en este cenáculo cerrado, las necesidades de los docentes no tuvieron cabida. Pero son precisamente estas necesidades las que deben salir a la luz. Por eso la tarea de la hora es impulsar la convocatoria de asambleas por distrito y entidad de base que discutan un mandato de lucha y tomen las medidas organizativas y políticas para llevarlo adelante. La cuestión clave es la iniciativa de la base docente contra las manipulaciones de los burócratas, de uno u otro sector. En el marco de este debate, el PO llama a realizar asambleas en todos lados para decidir el rumbo a seguir. Es hora de que la docencia tome la palabra. Basta de manoseos, basta de pasilleos, basta de “presiones políticas”. Asambleas docentes que definan democráticamente el plan de lucha que el gremio necesita para la victoria.

También la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) firmó la banda salarial del gobierno lo que significa un aumento irrisorio que ronda para la mayoría de los trabajadores del gremio, entre los 20 y 25 australes. El acuerdo contiene, además, una cláusula de “paz social” que compromete al conjunto de los trabajadores de la Sanidad a no tomar medidas de fuerza. Por supuesto que FATSA no consultó a nadie para firmar ese acuerdo. En Capital, la dirección de ATSA —la seccional más importante del país— no dijo absolutamente nada en relación a ese “arreglo”. Ha convocado ahora a un Congreso de Delegados para el día 13 de marzo, pero en ese congreso sólo podrán participar los delegados y subdelegados generales ya que así — dicen— lo fijan los estatutos. No es en esta instancia restringida donde se podrá poner en marcha al gremio en su conjunto. La Agrupación Sindical Independiente de Sanidad (ASIS) plantea ante esta situación, que el día 13 debe resolverse la convocatoria a una Asamblea General del gremio para que todos los compañeros decidan cómo encarar un verdadero plan de lucha por un salario de ₳ 400, por un aumento de emergencia de ₳ 100, por la estatización de todo establecimiento que cierre y por la discusión de los convenios. Los delegados generales deben concurrir con mandato de Asambleas de sus lugares de trabajo, como ya lo han hecho los compañeros del Hospital Español, donde una asamblea del conjunto de los trabajadores mandato a sus delegados a exigir la convocatoria a Asamblea General y a un plan de lucha por un salario de ₳ 400. Asimismo, la ASIS propone que el congreso del día 13 sea abierto y que concurran también, junto a sus delegados, el conjunto de integrantes de las comisiones internas y delegaciones de trabajadores de cada establecimiento.

El 13 de febrero Raimundo Ongaro firmó la banda salarial del gobierno. Para qué esperó tanto, es un misterio. Porque nunca se propuso algo distinto: no planteó un pliego de reclamos para ser llevado a las negociaciones, no convocó a asamblea ni plenario de delegados, todo se produjo en el mayor de los sigilos, de espaldas a los trabajadores. Esta aceptación de la “banda” se dio, sin embargo, es un gremio que en numerosos talleres está arrancando aumentos muy por encima de la pauta gubernamental. En lugar de unificar a todo el gremio detrás de los logros de las empresas más combativas, el ongarismo se limitó a oficiar de firmante de los decretos antiobreros del gobierno. El gremio está, sin embargo, en ebullición, lógicamente, porque la carestía devora el salario y porque numerosos delegados y activistas quieren que funcione el plenario de delegados y la asamblea general para tomar las reivindicaciones en sus manos.

La directiva de Foetra levantó el quite de colaboración, que no llegó siquiera a aplicarse, en nombre del acuerdo alcanzado con la administración de Entel. Los aprestos combativos del guillanismo no duraron 24 horas. ¿En qué consiste el acuerdo alcanzado por Foetra y Entel? Entel acepta la incorporación al sueldo de un premio por productividad, a cambio de lo cual Foetra acepta las bandas salariales del 9 % y renuncia al reclamo de la incorporación al básico de las cuotas que la empresa venía pagando por la deuda del decreto 439. De este modo, un trabajador del cuadro 14 (uno de los más numerosos de la empresa), que cobró en noviembre ₳ 334,65, en el que está incluida la cuota por la deuda anterior (que representaba entre el 30 y 45 % del sueldo, alrededor de ₳ 100), con el reciente acuerdo percibirá ₳ 72 como premio a la productividad y sobre este básico actualizado se aplicará el 9 % trimestral, quedando eliminados los 100 australes de cuota. El compañero cobrará, entonces, durante el primer trimestre ₳ 334,25, igual que en noviembre. Para todo compañero cuya cuota por la deuda haya sido superior a ₳ 100, el nuevo acuerdo significará una reducción directa del salario. En anteriores plenarios de delegados, Castelnuovo, adjunto de Foetra Bs. As. había declarado que la incorporación de las cuotas al básico era el reclamo fundamental. Hoy el guilanismo lo dejó caer por un premio que representa el 50 % de esa cuota. Por otro lado, así como al pasar, la burocracia telefónica aceptó sin chistar las bandas salariales y la cláusula de paz social. Pero a Guillán no le resultó fácil hacer pasar este acuerdo en el gremio. En un plenario de delegados convocado para analizar el acuerdo, la directiva se vio obligada a suspender la lista de oradores (hablaron sólo 3 de los 28 anotados) para forzar una votación, esperando una masiva aprobación del acuerdo. Sin embargo, se llevó una sorpresa: una tercera parte de los delegados votó en contra, con mandatos de sus edificios y secciones (Buen Orden, Ciba, Paraguay, Barracas, etc.). El aparato guillanista concurrió regimentado y sus delegados, en su gran mayoría, concurrieron sin mandato de base. La oposición de este tercio de delegados es una clara expresión de que el conflicto salarial en el gremio telefónico no está cerrado, ni mucho menos, y que el activismo acelera su experiencia con el guillanismo.

Finalmente se conoció el documento de Oscar Alende esperado por los intransigentes como una luz que alumbraría el rumbo político del PI para 1987. A las contradicciones que recorren sus filas, se agregan ahora las distintas interpretaciones que sus seguidores dan a las palabras del líder, lo que muestra cuán poca originalidad reina en el Pl. Hasta hace poco en el PI se decía que con Manzano en Mendoza y Massei en Neuquén podría haber algún frente, pero con Cafiero jamás, porque era una pata del “bipartidismo”, como si los primeros fueran políticamente distintos del segundo. Ahora, lo que nadie puede disimular es que Alende le dio luz verde al frente con el entreguista Cafiero y la clerical democracia cristiana, en nombre, claro está, de la “liberación”. Los acuerdos previos con Manzano y Massei sirvieron para pavimentar el camino hacia los brazos de Cafiero. Cuando el año pasado dijimos que Alende negociaba un frente derechista, precisamente con la DC y el Peronismo Renovador, muchos intransigentes ironizaron nuestro análisis, e incluso algunos se rieron por la radio cuando se los consultó expresamente sobre lo señalado por Prensa Obrera. ¿Habrán sabido de qué se reían? No hay en la propuesta de Alende y tampoco en los partidarios de mantener la “individualidad” del PI la defensa de algún principio político o programático. En verdad, ante el acelerado desmoronamiento y contradicciones internas que recorren a todo el PI, Alende se ha inclinado por buscar una tabla de salvación en la renovación peronista, mientras que los opositores al frente con Cafiero consideran que por ese camino se acelera lo que se quiere evitar o aminorar. El documento de Alende tiene intencionalmente un carácter general y esto se debe no a su “trascendencia", como afirman sus acólitos, sino a algo mucho más sencillo: a que finalmente el cafierismo decida “patearlos” y los Intransigentes deban conservar, a pesar de todo, su “individualidad”. No se le escapa a Cafiero que el PI está en retroceso, sus contradicciones salpican para los cuatro costados, y que la renovación por sí sola, como sucedió hace poco en Córdoba, puede restarle una parte importante de sus electores. En el PI no hay ningún debate ideológico, sino una disputa para disimular su crisis. Es que el PI no llegó siquiera a florecer en el período de ilusiones abierto en 1983 y se ha ido pinchando al compás de la postración del régimen político actual, que intransigentemente defiende. El primer acto frentista de Alende después de su “trascendental” documento fue suscribir junto a los renovadores, la DC, el MID y la burocracia sindical, un acuerdo contra las paritarias, admitiendo la “emergencia económica”, las bandas salariales, la prohibición de huelgas, etc. Esto de “liberación”- no tiene nada; su cometido es ganar la confianza del capital y del imperialismo.

Radicales y peronistas acordaron en tratar en el Senado la ley de divorcio -que tiene media sanción de Diputados- después de la visita del Papá. Este solo hecho nos está indicando que se le ha dado rienda suelta a la iglesia para que utilice la venida del Papa como una presión política adicional contra el divorcio. Por de pronto, el proyecto en Diputados sufrirá modificaciones sustanciales, que afectarán aun más la plenitud del divorcio vincular. El senador peronista Menem aseguró que ya existe, en este sentido “acuerdo con senadores radicales” (Crónica, 11-2). Por su parte, De la Rúa presentaría un proyecto vincular para los matrimonios celebrados también ante la iglesia: “aquellos que también consagren la unión (matrimonial) en la iglesia respetarán el carácter de indisolubilidad” (La Razón, 18-2). Sobre la fecha de su tratamiento por el Senado se han planteado versiones contradictorias. Víctor Martínez habló de un acuerdo con los peronistas para fines de abril, pero tanto Saadi como Otero (UCR) lo negaron. Si el Senado trata en algún momento de este año la ley de divorcio, por las modificaciones que le introducirá, deberá volver a Diputados para una nueva consideración. Con justa razón, muchos afirman que posiblemente tampoco este año habrá ley de divorcio. No obstante, debe señalarse que a partir del fallo de la Corte Suprema reconociendo la plenitud del divorcio vincular; toda ley -y más aun la proyectada en Diputados o la que salga del Senado- lo único que hará es disminuir los alcances de la libertad para volver a contraer matrimonio. De ahí el apuro que manifiestan algunos senadores y entre ellos el proclerical Víctor Martínez por aprobar una ley de divorcio que anule la vigencia del fallo de la Corte y que refleje lo más ampliamente los puntos de vista de la iglesia.

El presidente se ofuscó el pasado viernes 13 al inaugurar un mercado en Flores Sur. No era para menos. El índice de precios de enero—7,6 %— y la tasa de desocupación y subocupación —12,5 % de la población activa— tiraron por tierra, en cuestión de horas, los supuestos logros económicos del oficialismo. Alfonsín arremetió contra el diario Clarín por una pretendida distorsión de la información, pero lo cierto es que el presidente decidió pelearse contra la realidad. La carestía y la desocupación son dos componentes esenciales de la política económica capitalista y fondomonetarista; que tiene, además por objetivo, asegurar una permanente transferencia de fondos de los trabajadores a la clase capitalista y, en especial, a los acreedores de la deuda externa e interna que el Estado asumió íntegramente como propia. No se nos escapa, sin embargo, que Clarín es el portavoz de un amplio sector de la burguesía, partidario de una integración más acentuada con el imperialismo. Clarín es partidario de que la relación con el capital financiero no se limite a la renegociación de la deuda, sino a una asociación más estrecha con él, para lo cual postula una política de entrega sin miramientos. Clarín critica la lentitud para privatizar, que no se satisfaga plenamente la exigencia de los bancos en la capitalización de la deuda externa, es partidario de liquidar YPF y que los pulpos petroleros monopolicen el negocio petrolero interno y, también, es firme en la sumisión completa ante el imperialismo mundial en la cuestión Malvinas. El ataque de Alfonsín a Clarín se inscribe en los recurrentes choques que se desarrollan entre las diversas fracciones que componen la clase capitalista. Estos choques recorren a los llamados “capitanes de la industria”, esto es, ai selecto grupo de monopolios, por el destino de los grandes negocios (integración con Brasil, subsidios a las exportaciones, promoción industrial) y, por sobre todo, por el empantanamiento de los mismos, por la dislocación que, inevitablemente, provoca la succión imperialista. El imperialismo mundial ha dado requetesobradas pruebas de que apoya al régimen político actual, pero lógicamente observa con preocupación el deterioro del alfonsinismo. El peronismo renovador pretende ser la alternativa, para lo cual ha anudado sus lazos con la gran burguesía y dentro de esto algunas informaciones señalan que habría alcanzado algún acuerdo con Clarín. No pasa inadvertido para nadie que en Brasil Sarney se hundió en lo que canta un gallo y que los australes argentinos están siguiendo los pasos del superfenecido cruzado.

La convergencia con el gobierno no es patrimonio, de ningún modo, de una fracción en particular de la burocracia sindical. Los 25 están negociando, desde hace tiempo, la ley de anti-paritarias y ya han dicho que aceptan la “emergencia económica”. Lorenzo Miguel pactó con Sourrouille los “sinceramientos” y las “bandas salariales”. Ubaldini, en noviembre, se entrevistó con Alfonsín, dando luz verde a las “bandas”, la privatización de empresas públicas; despido de empleados públicos y la sanción de la ley de anti-paritarias a cambio de una ley sindical favorable a la burocracia. El gobierno no se ha privado de negociar con cada fracción de la burocracia, con el ingrediente adicional de azuzar una contra otra. En la medida en que el gobierno accedió a ir satisfaciendo el apetito fundamental de los burócratas, esto es, el control de los sindicatos, la “demagogia” ubaldínista fue cediendo terreno y en su lugar emergió la “sagacidad” y “prudencia” miguelista. La semana pasada un nuevo conflicto de “jurisdicciones” estalló cuando trascendió que los hombres de Lorenzo Miguel estaban armando con el gobierno un pacto social para todo 1987, lo que motivó el amague de renuncia de Ubaldini. No es el pacto social lo que le preocupa a Ubaldini, porque también él está gestando uno en torno a la ley dé paritarias y de asociaciones profesionales, sino que el gobierno privilegie al miguelismo, colocando en un completo callejón sin salida su propia perspectiva “dialoguista”. Ubaldini está haciendo desesperados esfuerzos por recomponer sus relaciones con el oficialismo; pero para ello tendrá que hacer “buena letra” y controlar sus desplantes “demagógicos”, lo que, posiblemente, no le ahorre su vertiginosa caída. La crisis en la CGT es una puja burocrática en la convergencia con el gobierno y revela la profunda derechización que recorre sus filas. El ‘‘combativo’’, Guillán respaldó las negociaciones del miguelismo, abriendo una brecha en “los 25". La crisis está lejos de haber quedado zanjada. De aquí en más se evidenciará con mayor fuerza aún el pacto dé la “democracia” con la “patota”.

El gobierno brasileño acaba de anunciar la suspensión del pago de los intereses de la deuda externa. Los intereses que vencen en 1987 superan los 9000 millones de dólares, el superávit comercial previsto para el año no llega ni a la mitad de esta cifra, las reservas existentes cubren apenas el pago de importaciones imprescindibles durante los próximos 60 días. Cualquier grupo capitalista, en estas condiciones, se declara en cesación de pagos y llama a convocatoria de acreedores. Es lo que acaba de hacer el estado brasileño, presentando la declaración de bancarrota y su disposición a un nuevo acuerdo con los bancos y el FMI, como un acto de dignidad nacional y de defensa de los trabajadores. Brasil fue colocado hasta hace muy poco por los agentes de la pequeña burguesía proimperialista como el “ejemplo” de un país que había sido capaz de hallar una solución satisfactoria al problema de la deuda externa. Brasil era capaz de pagar y de crecer, decían. El Plan Cruzado fue señalado como el modelo hasta entonces inhallado de cómo cumplir con los acreedores extranjeros sin aceptar ninguna clase de política recesiva. ¡Qué dirá ahora! En realidad, el Plan Cruzado no fue más que un corto respiro especulativo que fue utilizado íntegramente para reforzar las arcas de la burguesía nativa y de la banca mundial. Pasada esta primavera, el derrumbe se hizo inevitable. La "octava potencia” cayó al nivel del Zaire, Bolivia o Santo Domingo: se llegó al límite que hace imposible cualquier pago. El Partido Obrero vaticinó que el pago de la deuda externa conducía a las naciones endeudadas a la bancarrota. En este sentido es que Brasil es un “modelo” para Argentina. El P.O. dijo que era falsa la tesis que afirmaba que una gestión “sagaz" y “prudente” en el manejo de la deuda externa evitaba la bancarrota con la “ventaja” de no romper las relaciones con las naciones capitalistas desarrolladas. Esta es la tesis que se ha hecho “pelotas”, ya no es Bolivia, sino es la octava “potencia”. Y es aquí que, en nuestro país, los Alfonsín y los Cafiero proponen que recorramos todo el camino que falta para llegar hasta la insolvencia y la quiebra completas. Tras los pasos de Brasil En el mismo momento en que el gobierno brasileño anunciaba la suspensión de los pagos de intereses, Brodersohn, secretario de Hacienda, advertía a los acreedores externos que la Argentina podría no hacer frente al pago de ios intereses de la deuda externa si los bancos no otorgaban un préstamo pedido por 2.150 millones de dólares. Al mismo tiempo reconoció que la Argentina hace rato que no le alcanza para pagar todos los intereses (“el año pasado pagamos menos del 50 % de los intereses”, Clarín 21.2), aumentando el endeudamiento. ¡Qué mejor reconocimiento de que la cuestión de la deuda se ha agravado, a pesar de la entrega sin precedentes del país al amo imperialista! Con la democracia, el Estado se hizo cargo de la deuda externa privada, es decir la, transfirió a las masas, para evitar la quiebra del capital. En 1984 y 1985 el gobierno radical pagó la totalidad de los intereses de la deuda más aquellos atrasos que la dictadura había dejado pendientes. En 1986 pagó el 50 %. El balance es muy simple: luego de haber pagado intereses que equivalen casi al 10 % anual del producto bruto nacional y a un 25 % de los gastos del estado, la nación se endeudó aún más, llevando las obligaciones con el exterior de 45.000 millones de dólares (1983) a 55.000 millones. En el ínterin, el salario del trabajador cayó de un 30 a un 50 % en términos reales. Es decir, han pagado las masas, no la burguesía que contrajo la deuda y la usufructuó. En el ínterin, la soberanía económica del país fue transferida a Nueva York, firmando el hipotecamiento solidario de todos los bienes de las empresas estatales como garantía del pago de la deuda externa. No suficiente con esto, el Plan Austral ha ligado el destino económico de la nación a la afluencia de una corriente continua de capitales del exterior, lo que lo obliga a rematar el petróleo, los cereales, el gas y los teléfonos. El “punto final” de esta operación es la capitalización de la deuda externa, por la que los acreedores extranjeros pasarán a apropiarse directamente de los activos rentables del país. Todo esto no ha evitado la bancarrota y Argentina sigue los pasos de Brasil. No a la ‘‘unión nacional” La CGT no dudó un instante en saludar la decisión y elevar al gobierno brasileño a la categoría de caudillo antiimperialista de Latinoamérica. El fervor de la burocracia sindical contrasta con la serenidad de la banca mundial, a la que no se le escapa que la “suspensión” encubre una fórmula de compromiso con los acreedores externos en las condiciones de crisis financiera. “No es que Brasil no quiera pagar, sino que no puede" ha dicho el Financial Times, uno de los voceros más significativos de la burguesía imperialista. Mucho antes de que Sarney apareciera en televisión anunciando la suspensión del pago de intereses, enviados del gobierno brasileño se instalaron en Estados Unidos para dar a conocer la situación de bancarrota y replantear la negociación de la deuda externa. Finalmente, “tampoco hay una suspensión total de los pagos de intereses, ya que siguen los pagos de préstamos de corto plazo y cartas de crédito" (Clarín, 21.2) y el “gobierno, brasileño ha afirmado que está dispuesto a saldar sus compromisos externos, siempre y cuando se llegue a un acuerdo razonable con alrededor de 750 bancos extranjeros con los que tiene contraída gran parte de su deuda” (24.2). La burguesía brasileña levanta esta medida de suspensión de pagos para reclamar la “unión nacional”. “Nada de traición al país, con el pretexto de criticar al gobierno”, amenazó Sarney. Trascartón, anunció la reducción de los gastos públicos como primer paso de un nuevo plan de austeridad. Y como señaló la Central Única de Trabajadores de Brasil “el presidente anuncia medidas que sin duda traerán más recesión, caída salarial, hambre y desempleo, consecuencias directas de los cortes de los gastos públicos y el fin de los subsidios a productos básicos, anunciados por el gobierno junto a la suspensión del pago de los intereses de la deuda externa” (Clarín, 24.2). Está planteada una crisis nacional en todo el Cono Sur del continente. Las cuestiones de la independencia y soberanía nacionales se manifiestan por todos los poros de una manera acuciante. La opresión nacional ha llegado a extremos históricos desconocidos, como consecuencia del cuadro de bancarrota del conjunto del capitalismo mundial. Las burguesías nacionales, después de provocar una verdadera sangría en las masas para tributar al imperialismo, después de colocar a sus estados en la bancarrota, buscan levantar su caído capital político apelando a la demagogia nacionalista y disimular la búsqueda de un nuevo compromiso con los acreedores a costa de los trabajadores. Lo que todo esto señala es el agotamiento de la burguesía como clase capaz de liderar la lucha nacional. El sacudón que esta crisis produce en todas las capas de la sociedad ofrece una oportunidad histórica para que el proletariado se perfile como la única dase capaz de reorganizar la sociedad a través del gobierno obrero. El primer paso debe ser: ningún apoyo a las medidas de los gobiernos burgueses, desconocer la deuda externa por fraudulenta e imperialista, nacionalizar la banca y el comercio exterior, bajo control obrero, y vertebrar bajo su. dirección un frente antiimperialista basado en la movilización de masas. La clase obrera debe dirigir la lucha contra el imperialismo La CGT ha emitido una declaración de respaldo a la decisión de Brasil de suspender el pago de los intereses de la deuda externa: “Cuando la CGT encabezó su propuesta nacional de 26 puntos con la declaración de moratoria -afirma- pretendieron descalificarla como imposible… (Hoy) José Sarney la proclama frente al mundo”. El gobierno brasileño ha llegado a este punto como fruto del profundo impacto de la crisis internacional y la acción confiscatoria de los pulpos imperialistas. Si se considera la feroz expoliación colonial sobre América Latina, uno de cuyos indicadores son los 300.000 millones de dólares de deuda externa, podrá verse que las convulsiones políticas del régimen brasileño son un rasgo común de todas las naciones al sur del Río Grande. En Brasil, con particular agudeza, está planteada una gran lucha nacional. La burguesía pretende pilotear esta crisis encolumnado a las masas detrás suyo en nombre de la “unión nacional”. Lejos de concebir la “suspensión” como el punto de partida de una acción expropiatoria del imperialismo, la utiliza para demostrar la necesidad de mayores sacrificios para reconstruir el tejido de la sociedad capitalista y volver a cumplir con los acreedores externos. José Sarney ya ha anunciado un plan de austeridad presidido por la liberación de precios y la reducción del gasto público. José Sarney no ha dejado de reconocer hasta el último peso de una deuda tan ilegítima y fraudulenta como la que se pretende hacer pagar a los trabajadores argentinos. Para los trabajadores, una intervención en la lucha nacional debe partir de tres verdades. Una, que el capitalismo es una valla insalvable al desarrollo de la nación. Dos, que la burguesía nacional es incapaz de sacar a los países semicoloniales del marasmo y abrir un rumbo de independencia nacional. Tres, que solo la clase obrera puede liderar de modo consecuente la lucha nacional, a través del ataque vigoroso a la denominación imperialista y capitalista (desconocimiento y no pago de la deuda, expropiación de la banca, estatización del comercio exterior) planteando su propio poder. La CGT ha salido a decirle a los trabajadores que su perspectiva en la lucha antiimperialista es encolumnarse detrás de los Sarney o sus imitadores burgueses en Latinoamérica. Con toda razón Ubaldini compara los “26 puntos” de la CGT con el programa de Sarney y el señalamiento es válido desde el momento que ambos son programas de salvataje de la burguesía en bancarrota. No casualmente los 26 puntos proponen una moratoria pactada con la banca, subsidios a los pulpos exportadores y un rescate de la banca mediante la nacionalización de los depósitos. No casualmente omiten un planteo frente a la desocupación y un concreto reclamo salarial. Hay que desmarcarse de esta estrategia de derrota. Durante 40 años los trabajadores fueron condenados a hacer de quinto violín en la orquesta dirigida por el nacionalismo burgués. A la consigna de la “unidad nacional” tras los explotadores nativos hay que oponer la “unidad nacional tras los explotados” dirigida por la clase obrera para terminar con el imperialismo, y por el gobierno de los trabajadores.

Esta noche, el ministro de Economía anunciará un conjunto de medidas cuyo contenido es fácil de deducir: a cambio de un mísero ajuste (4%), los salarios quedan congelados por 4 meses, mientras que, solamente con el aumento de la nafta y de tarifas y la devaluación del austral, la carestía hará estragos el poder adquisitivo de los trabajadores. Nuevamente se “congelan” los precios después de haber tolerado y estimulado los aumentos. La banda salarial trimestral ha quedado anulada: ahora es semestral. La “emergencia económica” —con la que coinciden la CGT, el peronismo renovador, el PI, la DC, el MID— está en pleno funcionamiento, con el agregado de que el acuerdo se extiende a todo 1987 con paritarias (?) con nuevas bandas, prohibición de huelgas, y poder absoluto del gobierno fondomonetarista para hacer y deshacer a su antojo los convenios. Toda la burocracia ha estado negociando este paquete. Las peleas en su seno se deben, sencillamente, a que cada fracción quiere ser la privilegiada del gobierno. Él PO llama a discutir en asambleas y plenarios de delegados cómo poner en pie un plan de lucha contra este nuevo paquete reaccionario. Basta de que los burócratas pacten con el gran capital. De 4.000 acusados a 139 "indagados". La democracia declaró inocentes a 3.861 represores.