Prensa Obrera N° 170

No forma parte del protocolo que los embajadores visiten la sede de la CGT y mucho menos tratándose del delegado del imperialismo norteamericano. Pero si esto es significativo, mucho más lo es el planteo formulado por Ubaldini al flamante nuevo embajador, mister Theodore Gildred. Según la crónica periodística, no desmentida por la CGT, Ubaldini le planteó a Mr. Gildred que EE.UU interviniera en la cuestión Malvinas “para resguardar la seguridad de los trabajadores embarcados en el Atlántico Sur” y que una parte de los gastos militares yanquis se destinasen “a ayudar a las democracias latinoamericanas”. “Si hubieran ayudado al pueblo vietnamita, hoy Vietnam no sería lo que es”, opinó el líder cegetista” (Clarín, 4-2) Que el sindicalismo “nacional” reclame la ayuda reclame la ayuda “filantrópica” del imperialismo yanqui revela el grado de postración e impotencia del nacionalismo burgués. Menem, que días después también recibió a Mr. Gildred, desmintió categóricamente hacerse pronunciado por la ruptura con EE.UU. en oportunidad de los bombardeos yanquis a Libia, porque “pertenecemos -dijo- al mundo occidental”. La filantropía no es un rasgo del capitalismo, mucho menos del imperialismo, por lo que Ubaldini le pidió un par de peras al olmo. El imperialismo ajustará su accionar a la defensa de su dominio y beneficios. Pero el pedido de Ubaldini, ¿no es acaso lo que está reclamando el conjunto de la burguesía latinoamericana?: que bajen algún puntito la tasa de interés, que compensen la caída de los precios de exportación, que se alarguen los plazos de pagos, etc. Al reclamar la “ayuda”, Ubaldini abogó por un entendimiento con el imperialismo, lo que viene a ratificar que siempre entendió su planteo de “moratoria” como pactada con la banca acreedora. El remate de esta posición fue el reclamo de la mediación yanqui en Malvinas, donde también Ubaldini hizo suya la política del conjunto de la burguesía argentina de renuncia a la soberanía de las islas a cambio de un arbitraje norteamericano que permita redefinir el futuro colonial de Malvinas. No en vano mister Gildred sostuvo que debía reconsiderar “su percepción del papel del gremialismo argentino” (La Nación, 4-2).

El 1° de febrero comenzó a regir la “Zona de Exclusión” británica de 150 millas en torno a las Malvinas: quedó reafirmado un nuevo avasallamiento de nuestra soberanía en la región austral. Los ingleses comenzaron a patrullar una vasta zona marítima y a controlar la actividad de los buques que pescan en el lugar. Inmediatamente comenzarán a cobrar altos impuestos por los derechos de construido en las islas. La implantación de la “Zona de Exclusión" no provocó incidentes con la marina argentina ya que el gobierno radical se comprometió a respetar un “colchón marítimo” en la región en conflicto, para evitar cualquier confrontación con los ingleses. Este dispositivo fue acordado con Habib y Galvin, dos funcionarios del gobierno y el ejército norteamericano, que vinieron especialmente al país para garantizar su cumplimiento. Alfonsín se comprometió ante estos personajes a respetar el acuerdo y dio tantas seguridades que horas después de la imposición británica el ministro de Defensa, Jaunarena, con su plana mayor, emprendía un viaje al exterior. La negociación de este pacto volvió a colocar a la diplomacia yanqui en el primer plano de todas las tratativas sobre el futuro de las Malvinas. Galvin y Habib no sólo discutieron los pormenores del “colchón marítimo”, sino que actuaron como nuevos intermediarios en las conversaciones secretas que viene desarrollando la cancillería argentina con la Thatcher. El imperialismo yanqui, claro está, no actúa en estas discusiones como simple “mediador”, utiliza el conflicto y especialmente la subordinación argentina para reforzar su injerencia militar y su control de toda la política exterior del país, y meter su propio pie en Malvinas. Según “El Informador” (6-2), Habib y Galvin le plantearon a Alfonsín la exigencia de que la Marina nacional se reincorpore rápidamente a los operativos “Unitas” del Pentágono, e incluso habrían planteado la necesidad de instalar bases “científicas” yanquis en la Patagonia. El Periodista señala, por su parte, “que no es casual que los dos altos funcionarios norteamericanos que visitaron Buenos Aires en el mes de enero hayan coincidido en exigir un giro violento de la diplomacia argentina, en particular respecto a América Central, a cambio de no cerrar el vital grifo económico que generosamente abrieron hace unas semanas el FMI y el Banco Mundial” (30-1). La declaración de la “Zona de Exclusión” representó un gran fracaso político para el gobierno radical, que venía presentando las resoluciones de las Naciones Unidas sobre Malvinas como grandes éxitos diplomáticos. Ante la consumación del nuevo atropello inglés y la evidencia de que se ha perdido otra enorme porción de nuestro territorio, el gobierno radical busca ahora más abiertamente alguna salida al conflicto bajo las faldas de la diplomacia norteamericana. Lo que está en debate es un acuerdo a largo plazo que convalidaría a través del alquiler o arriendo de las islas, la ocupación y la presencia militar imperialista en la región. La novedad de estas tratativas es la disposición de la cancillería argentina a aceptar las condiciones exigidas por los ingleses para reanudar públicamente las negociaciones iniciadas en Berna en 1984. Se discutiría primero un convenio limitado sobre la pesca sin incluir el tema soberanía, como quieren los ingleses, bajo el patrocinio de las Naciones Unidas. Por lo pronto, el gobierno ya suspendió todas las negociaciones sobre pesca que mantenía con países como Japón a la espera de un acuerdo global con los británicos. El curso que está tomando la negociación de las Malvinas evidencia la tendencia del gobierno radical a someterse en todos los órdenes a las exigencias del imperialismo yanqui y a apostar su futuro a la “buena letra” que haga con el amo del Norte. Toda la burguesía argentina, incluida la burocracia sindical, acompaña esta impostura realzando el papel “mediador” del imperialismo norteamericano. El “arbitraje” yanqui refuerza el sojuzgamiento nacional del país que se acompaña con los recientes acuerdos con el FMI y el Banco Mundial, la capitalización de la deuda externa, privatizaciones y el “punto final”. El régimen democratizante se ha colocado en todos los órdenes bajo el paraguas imperialista.

El máximo dirigente del PCUS, Gorbachov, acaba de proponer un cambio en el sistema electoral vigente en la URSS. La propuesta consiste en la modificación parcial del sistema electivo de funcionarios nacionales y provinciales, la publicidad de las decisiones de los principales organismos del Estado y la introducción del voto secreto para la designación de los futuros responsables de las áreas de gobierno. Estas reformas —que todavía no han sido aprobadas— no regirían para la designación del Comité Central y el secretariado del PCUS. El trasfondo de estas reformas se encuentra en el marasmo de problemas económicos y sociales que la burocracia públicamente ha debido reconocer. Gorbachov ha ejemplificado la baja productividad, el retraso tecnológico, el desabastecimiento, la drogadicción, la prostitución y corrupción en gran escala que existen en la sociedad rusa. Todos estos problemas no son nuevos, y salen oficialmente a la superficie cada vez que se produce el desalojo del poder de un grupo burocrático por otro. Gorbachov achaca la responsabilidad a los Jerarcas que lo precedieron, así como éstos responsabilizaron a los anteriores. Lo que la casta dirigente ya no puede ocultar es que tras varias décadas la dominación burocrática ha llevado al estado obrero a una asfixia en todos los planos. El trotskismo dio una explicación del fenómeno de la burocratización de la URSS y del programa para erradicarla. El significado del “voto secreto”, bajo un régimen político gobernado por una burocracia usurpadora, es analizado por Trotsky en el texto que a continuación reproducimos, extractado de “La Revolución Traicionada”, en oportunidad de sancionar Stalin una nueva Constitución en 1936. El 11 de junio de 1936, el Ejecutivo de los soviets adoptó una nueva constitución que, si creemos en las palabras de Stalin, repetidas diariamente por toda la prensa, será: “la más democrática del mundo...” ...En el plano político, la nueva constitución difiere de la antigua en la sustitución del sistema electoral soviético, fundado en los grupos de clase y de producción por el sistema de la democracia burguesa, basado en el llamado "sufragio universal igual y directo” de la población atomizada. En pocas palabras, estamos ante la liquidación jurídica de la dictadura del proletariado. En donde no hay burguesía, tampoco hay proletariado, nos explican los autores del proyecto, de manera que el Estado proletario se convierte en el del pueblo, simplemente. Este razonamiento seductor tiene un retardo de diez y nueve años o un adelanto de muchos. Al expropiar a los capitalistas, el proletariado comenzó realmente a liquidarse a sí mismo, como clase. Pero de la liquidación en principio a la reabsorción efectiva en la comunidad, el camino es largo, tanto más cuanto que el Estado debe encargarse por mucho tiempo del pesado trabajo del capitalismo. El proletariado soviético existe aún como clase, profundamente distinto a los campesinos, a los técnicos intelectuales y a la burocracia; más aún, es la única clase absolutamente interesada en la victoria del socialismo. La nueva Constitución tiende a reabsorberlo políticamente en la “nación”, aunque antes no se haya reabsorbido económicamente en la sociedad... ...No es menos significativa la introducción del voto secreto. Si admitimos que la igualdad política responde a la igualdad social habría que preguntarse por qué el voto aún tiene que resguardarse con el secreto. ¿Qué teme la población del país soviético y contra quién hay que defenderla? La antigua Constitución soviética veía en el voto público, así como en la privación del derecho de voto, armas de la clase revolucionaria contra sus enemigos burgueses y pequeño-burgueses. No puede admitirse que el voto secreto haya sido reestablecido actualmente en beneficio de la minoría contrarrevolucionaria. Se trata, evidentemente, de defender los derechos del pueblo. ¿Pero qué puede temer el pueblo socialista después de haber derrocado al zar, a la nobleza y a la burguesía? Los sicofantes ni siquiera se plantean el problema, que es, sin embargo, más edificante que las obras de los Barbusse, de los Louis Fischer, de los Duranty, de los Webb y tutti cuanti. En la sociedad capitalista, el voto secreto tiene por objeto sustraer a los explotados de la intimidación de los explotadores. Si la burguesía terminó por concederlo, ante la presión de las masas, es porque estaba interesada en proteger un poco a su Estado de la desmoralización que ella misma le inculcaba. Pero parece que en la sociedad socialista no puede haber intimidación de los explotadores. Entonces ¿contra quién hay que defender a los ciudadanos soviéticos? Naturalmente que contra la burocracia. Stalin lo confiesa con bastante franqueza. Al ser interrogado: “¿Por qué se necesita el voto secreto?". Responde con todas sus letras: “Porque nosotros queremos dar a los ciudadanos soviéticos la libertad de votar por aquellos a quienes deseen elegir". Así sabe el mundo, por fuente autorizada, que los ciudadanos soviéticos aún no pueden votar según sus deseos. Sería un error deducir que la Constitución de mañana les asegurará esta posibilidad. Pero lo que nos interesa, en estos momentos, es otro aspecto del problema. ¿Quiénes son esos nosotros que pueden conceder o negar al pueblo la libertad de voto? La burocracia, en cuyo nombre habla y obra Stalin. Sus revelaciones se refieren al partido dirigente y al Estado, pues que él mismo ocupa el puesto de secretario general gracias a un sistema que no permite a los miembros del partido dirigente elegir a quien les plazca. Las palabras: "Nosotros queremos dar a los ciudadanos soviéticos la libertad de votar...” son infinitamente más importantes que las constituciones soviéticas antiguas y nuevas, pues su imprudencia hace adivinar cuál es la Constitución efectiva de la U.R.S.S. tal como existe, no en el papel, sino en la lucha de las fuerzas sociales. La promesa de dar a los ciudadanos soviéticos la libertad de votar por “aquellos a quienes deseen elegir", es más bien una metáfora estética que una fórmula política. Los ciudadanos soviéticos no tendrán el derecho de elegir a sus "representantes" más que entre los candidatos que les designen, bajo la égida del partido, los jefes centrales y locales. El partido bolchevique ejerció, indudablemente, un monopolio político en el primer período de la era soviética. Pero identificar esos dos fenómenos sería confundir la apariencia con la realidad. La supresión de los partidos de oposición fue una medida provisional dictada por las necesidades de la guerra civil, del bloqueo, de la intervención extranjera y del hambre. Pero el partido gobernante, que en ese momento era la organización auténtica de la vanguardia del proletariado, vivía intensamente. La lucha de los grupos y de las fracciones en su seno, sustituía, en cierta medida, a la lucha de los partidos. Ahora que el socialismo ha vencido, "definitiva e irrevocablemente”, la formación de fracciones en el partido se castiga con la internación en un campo de concentración, si no es con una bala en la nuca. La prohibición de los partidos, medida primitivamente provisional, se ha transformado en un principio.... En un país en donde la lava de la revolución aún está caliente, a los privilegiados le estorban tanto sus privilegios como a un ladrón primerizo le estorba el reloj del que acaba de apoderarse. Los medios dirigentes soviéticos experimentan ante las masas un miedo puramente burgués. Stalin justifica teóricamente los privilegios crecientes, invocando a la Internacional Comunista; defendiendo a la aristocracia soviética con la ayuda de los campos de concentración. Para que el sistema pueda sostenerse es necesario que Stalin se coloque, de vez en cuando, del lado del “pueblo” contra la burocracia, con el consentimiento tácito de ésta, claro está. Se ve obligado a recurrir al voto secreto para limpiar un poco al aparato del Estado de una corrupción devoradora... la corrupción del aparato que se manifiesta a cada paso, ha concluido por amenazar la existencia del Estado, no como instrumento de la transformación socialista de la sociedad, sino como la fuente de los privilegios de los dirigentes. Stalin ha tenido que dejar entrever este motivo de la reforma: “Muchas de nuestras instituciones, dijo a Mr. Howard, funcionan mal”. Notable confesión: después de que la burocracia ha creado con sus propias manos a la sociedad socialista, experimenta la necesidad de un ...aguijón. Y ése es el móvil de la reforma constitucional.

La Campaña Financiera Aguinaldo ha concluido habiéndose alcanzado el 80% de los objetivos previstos, aunque aún faltan ingresar algunos aportes de regionales del interior. Entre las regionales que se han destacado podemos citar a Tucumán, La Plata y Capital, las cuales han superado el promedio general, y Chubut, que está muy próxima a cumplir en un 100 % sus objetivos. En este último y en otros casos más la actividad de la campaña financiera ha ampliado la difusión de la prensa partidaria. Además, permitió la incorporación de un grupo de compañeros adherentes y simpatizantes a los objetivos organizativos que el partido se había fijado. Son precisamente estos hechos los que deben generalizarse después de concluida la campaña ya que la actividad de un partido revolucionario necesita de un apoyo material permanente para su desarrollo (locales, elementos de agitación, etc.). Cada una de las regionales y los círculos deben tomar el padrón de la campaña financiera para convertir a cada uno de los aportistas en un lector de Prensa Obrera. Asimismo, un gran sector de esos compañeros debe ser invitados formalmente a las actividades que realiza el partido, ya sea en el sindicato, en el barrio o en los lugares de estudio, y primeramente a las asambleas mensuales y a las dedicadas exclusivamente a la lectura de la prensa.

Un partido obrero revolucionario se basa en el principio de la intervención colectiva de sus militantes, lo que significa someter a un riguroso examen no sólo el carácter de sus posiciones políticas sino el conjunto de sus actividades. Por ello es que adquiere una gran importancia la realización de Asambleas Mensuales en todas las zonas puesto que la finalidad de las mismas es discutir el Informe de Actividades de situación política y evaluar la eficacia de la labor desplegada y de las direcciones que lo llevaron adelante. Este no es solo un principio democrático, sino que con las resoluciones que se votan en dichas Asambleas se refuerza la centralización política de los organismos ya que allí se votan nuevos planes en los que se comprometen el conjunto de los militantes reunidos. Hoy en día estas Asambleas Mensuales de toda la militancia de una zona o región son posibles dadas las condiciones de legalidad existentes. Sería criminal no aprovechar estas condiciones para elevar la calidad política de la intervención militante del conjunto del Partido. Otro mérito de estas Asambleas Mensuales es que permiten integrar a elementos activistas allegados al Partido pero que aún no son militantes. Las Asambleas pueden ser muy útiles para que los trabajadores comprueben cómo funciona un partido militante. En ese sentido pueden ayudar a culminar un trabajo de reclutamiento con ciertos activistas simpatizantes. Por eso a las Asambleas Mensuales deben ser invitados compañeros simpatizantes dispuestos a comprometerse con las resoluciones que se adopten. Existen resistencias a convocar regularmente a dichas Asambleas. Las razones son fáciles de detectar: se debe a la incertidumbre de algunas direcciones para poder presentar un Informe y Plan de Actividades. La existencia de problemas de este tipo es importante que se pongan en evidencia y no que se trate de encubrirlos. La convocatoria estricta de las asambleas obligará a discutir las dificultades. La estructuración de un partido revolucionario no se realiza mediante la eficiente realización de un conjunto de actividades internas, sino estructurando a la vanguardia de la clase obrera. Y dicha vanguardia no se incorpora a un Partido revolucionario si no siente que a través de dicho Partido puede elevar la calidad de su lucha. Muchas veces no alcanza para que un simpatizante sea incorporado la justeza genérica de las consignas que levanta el Partido, también quiere ver cómo ese Partido las puede llevar adelante. La Asamblea Mensual puede jugar en este último punto un gran papel educativo. No cabe duda: DEBEN HACERSE LAS ASAMBLEAS MENSUALES.

Ciudad Oculta Se realizó el 31 de enero la charla sobre "La lucha contra el punto final" en el local del Partido Obrero de Villa Ciudad Oculta de Mataderos. Entre los asistentes se contaban los vecinos del barrio, una delegación de familiares de detenidos paraguayos y compañeros del Partido Comunista de la zona. La exposición de Cata despertó gran interés entre los concurrentes. Con posterioridad al debate, se acordó constituir una mesa de los presentes, incluyendo a las organizaciones nombradas, para darle continuidad a esta campaña. Se aprobó la realización de una mesa redonda y la proyección de una película en el barrio. San Telmo El 27/1 tuvo lugar en el local del Partido Obrero de San Telmo una charla de Catalina Guagnini sobre el punto final y la lucha contra la amnistía. Entre los concurrentes sobresalían compañeros del barrio, ligados a la Comisión Barrial de la Vivienda y compañeros gráficos de la Capital. La charla despertó un gran entusiasmo entre los asistentes, que comprometieron su asistencia a la Asamblea Abierta del 30/1. INTI Con la presencia de la Comisión Interna y activistas del INTI se realizó una mesa redonda sobre derechos humanos, con la presencia en la mesa de Cata Guagnini, Dri, del movimiento Todos por la patria y un compañero del Mas. Cata caracterizó el reflujo provocado en el movimiento de derechos humanos por la imposición del punto final, como fruto de la subordinación política a los partidos patronales y conciliadores con el gobierno. Dri, miembro de un sector cristiano, hizo una fuerte denuncia del papel reaccionario de la Iglesia en la imposición de la amnistía a los genocidas. Córdoba En Córdoba el jueves 29 de enero. Cata Guagnini continuando con su gira "contra el punto final", habló ante ciento treinta compañeros, entre los que se destacaron militantes sindicales, de partidos de izquierda y una numerosa presencia de activistas del movimiento democrático de Córdoba. Mendoza En Mendoza, el viernes 6 de febrero, a la charla de Cata concurrieron dirigentes y activistas de Madres y Familiares de esa ciudad. Luego de un debate, y a propuesta de los compañeros del PO mendocino, se tomó la iniciativa de preparar una jornada de movilización para el viernes 20 en la capital cuyana.

PO: Salvador pensaba que la tercera era la vencida, pero esta vez tampoco le salió bien su Intento de Intervenir la seccional Quilmes. R: No, no le salió bien porque no pensó encontrar la resistencia que le ofreció la seccional. Pensaron que en verano era mejor, pero se resistió el asalto efectivo y el intento de intervención solapada de Salvador con los ferroviarios y los compañeros del Plenario Sindical Combativo y Antiburocrático. Salvador pensaba erigir una Ejecutiva dócil a los dictados de la Directiva, los 25, las 62 y el gobierno. Resistimos con los ferroviarios. Pensamos que la mejor manera era reabrir el local y demostrar que se puede enfrentar y derrotar a la burocracia, aun cuando ellos tenían todo el apoyo del M. de Trabajo, de la empresa, de la Jefatura de Quilmes y de la burocracia enquistada en la UF. Enfrentamos una santísima trinidad que tiene un poder muy grande. Optamos por enfrentar estas intervenciones solapadas con los compañeros, dado que ellos no tienen la fuerza para imponer este tipo de intervención. Principalmente, porque los de Quilmes hoy no estamos solos: estamos de la mano de Temperley y Olavarría y también se empieza a expresar esto en seccionales como Bs.As., Roca, Escalada y otras del Interior. Hoy tenemos un campo propicio para la defensa de nuestra seccional y de ofensiva contra la burocracia. PO: ¿Por qué no nos historiás un poco el proceso de recuperación de la seccional que Uds. protagonizaron? R: Comenzamos en el ‘82 con las Coordinadoras que enfrentaban a la dictadura y a la intervención de la UF. En Quilmes, buscamos estructurar una fuerza "pluralista” que se proponía la reapertura de la seccional, cerrada por obra del “compañero” Maffioli durante 10 años. Comenzamos el trabajo desde abajo, con asambleas seccionales, desembocando en una Asamblea General que resolvió la reapertura del local y se conforma una Ejecutiva provisoria, con el presidente Maffioli (de la Verde), yo como secretario y se cubren todos los cargos. En el trabajo de la Ejecutiva empezamos a notar el abismo que nos dividía con el presidente, en la forma de encarar y resolver los problemas con la elección de delegados por estación y especialidad, cosa que trababan Maffioli y otros miembros de la Ejecutiva. En esa época pensábamos que podíamos ganar a algunos burócratas para la causa de los trabajadores. Paralelamente, empezamos a estudiar cómo resolver los problemas económicos de la seccional. Fuimos a preguntar a la Directiva por qué no nos mandaban los fondos y nos dicen que hacía 10 años que venían enviando la plata. En Tesorería nos explican que durante estos 10 años se la llevó Maffioli. Decidimos entonces su expulsión por haber utilizado los fondos de la seccional para fines propios. Me correspondió a mí ocupar la presidencia y comenzamos la actividad con asambleas. Pero empezamos a tener problemas con algunos miembros de la Ejecutiva que no querían seguir con esta actividad, que según ellos era "combativa clasista”. Así fue como empezó el sabotaje a la tarea de la Ejecutiva. Con los delegados resolvimos continuar la actividad, aun contra el sabotaje. Así transcurrimos dos años de lucha interna en la Ejecutiva. Llegamos al año ’86, en que debían realizarse las elecciones seccionales. Propusimos lista única de candidatos conformada según las proporciones que cada agrupación obtuvo (en Quilmes) en las elecciones nacionales (Granate 50%, Verde 20%, Marrón 18%). La Verde se negó: estaba dispuesta a formar lista con la Granate (50% para cada una) pero excluyendo a la Marrón. Así marchamos con lista propia, se incorporan compañeros de la Marrón y surge la Naranja, que se veía en la práctica como la que expresaba los intereses de los trabajadores y que seguía consecuentemente la línea marcada por Olavarría y Temperley, de unidad contra la burocracia y la patronal. La Naranja tenía la responsabilidad de enfrentar a los representantes en el movimiento obrero del gobierno y los explotadores. Estaba claro que en elecciones libres ganábamos. Esto lo tuvo claro la Verde, que empezó a actuar para frenar nuestra actividad. La Naranja había triunfado en Temperley y Olavarría: iba a ser la tercera seccional en que se presentaba y ganaba. Esto era un desgaste estratégico para la burocracia y creaba la posibilidad concreta para los ferroviarios de expresarse en una lista que los representara. Burdamente, impugnaron a la Naranja. No con las firmas de la J. Electoral, sino con las de Pedraza y Zárate, y pretenden hacer elecciones con lista única. Optamos por enfrentar las elecciones: llamamos a los trabajadores verdes a no prestarse al fraude y nos apoyaron. Anteriormente, habían asaltado la UF para imponer las elecciones de prepo, pero este asalto fue repudiado y recuperamos el local. Hubo otro intento por parte de Salvador y Paletta (de la J. Electoral central). No sabemos en qué momento asaltan por última vez la UF, lo que impidió que se realizara la reunión constitutiva del Plenario Sindical Combativo y antiburocrático de Quilmes, Varela y Berazategui. PO: ¿Cómo piensan continuar? R: Llamamos a una Asamblea General para constituir una Normalizadora que eche por tierra todo intento de intervención y que sea Ejecutiva hasta las elecciones, que pretendemos sean libres y sin proscripciones para que los ferroviarios tengan la posibilidad de expresar su decisión de tener una Ejecutiva combativa y antiburocrática. PO: ¿Piensan defender la continuidad de la Naranja? R: Pensamos que es el camino para poner la UF al servicio de los trabajadores. Con algunos compañeros hacíamos la reflexión de que la misma actitud que teníamos nosotros hace tres años la tiene hoy el Mas, queriendo la unidad con la Verde en la seccional. Así volvería la película tres años atrás. PO: En varias oportunidades hablaste del Plenario Sindical Combativo y Antiburocrático- ¿Cómo se forma y qué programa tiene? R: En la UF hemos ido ganando experiencia en las distintas formas que nos hemos ido dando los trabajadores para enfrentar a la burocracia. Hemos ido realizando experimentos para llegar a una unidad de lucha y hemos visto que sindicatos que, en principio eran combativos y antiburocráticos, han demostrado en la práctica que no son ni una cosa ni otra. Hemos logrado unir a los docentes de Quilmes (UDEQ). Fatre, UF y algunos compañeros como la secretaria adjunta de la UTE-V (docentes de Varela) las CI de Catorini y algunas fábricas químicas y diferentes agrupaciones. Fuimos notando la necesidad de una unidad contra la burocracia. La derrota de SAIAR (UOM) nos hace abrir los ojos y nos hace pensar en la necesidad de forjar una unidad más real, en contra quizás de la amplitud. Las Coordinadoras son una expresión de la necesidad de transformar las organizaciones sindicales para ponerlas al servicio de los trabajadores. Deben ser una expresión combativa en la lucha reivindicativa, deben arrancar los sindicatos de las manos de la burocracia, pero también deben ser un afluente de un proyecto de liberación nacional y social y de terminar con la explotación del hombre por el hombre. PO: Este año se realizarán las elecciones nacionales de la UF. ¿Cómo pensás que hay que enfrentar a la burocracia en este terreno? R: En la batalla electoral hay que construir una fuerza independiente de los patrones, el Estado y los burócratas, que sea combativa, que represente los intereses de los trabajadores, antiburocrática y por la democracia sindical. Que defienda a la Asamblea General como organismo de decisión superior. Esta fuerza tiene una expresión mayoritaria entre los ferroviarios, pero está dispersa en diferentes agrupaciones. Para dar la batalla y ganaría hay que construir un frente de agrupaciones que sea corriente impulsora de las luchas, que no sirva sólo para las elecciones, sino que. fundamentalmente, sea una corriente real continua de los trabajadores. Es necesario construir la Naranja nacional. en los seis FF.CC. Es una necesidad vital la unidad de los clasistas, los que quieren efectivamente la liberación nacional y social, efectivamente y no de palabra, de los que luchan por la democracia sindical, que debe tener su expresión en la Naranja nacional, para derrotar a la burocracia enquistada en nuestra UF.

Una combinación de factores está creando una situación salarial explosiva en el gremio telefónico. En primer lugar, en enero vence la última cuota de una deuda por aumentos salariales mal liquidados. La cuota representa el 30% de los ingresos de un trabajador telefónico. En segundo lugar, los recibos de enero llegaron sin un peso de aumento. En tercer lugar, la dirección guillanista aún no se ha pronunciado públicamente sobre las bandas salariales ni ha fijado cuál es el reclamo del gremio. El descuento de la cuota ha actuado como un revulsivo porque ha quitado el velo que encubría ¡los salarios de miseria: un empleado administrativo cobra ₳ 250, una tercera parte de la canasta familiar. El descuento sirvió también para sacar a la luz la conducta de la dirección de Foetra en el último conflicto. El guillanismo levantó el plan de lucha, masiva y combativamente cumplido, sin alcanzar las reivindicaciones fundamentales por las que se había salido a luchar. Como lo denunció la Lista Naranja, el acuerdo significaba la aceptación de la confiscación salarial del 21% ocurrida desde el inicio del Plan Austral. En la asamblea que decidió el levantamiento, Guillán presentó las cuotas como un triunfo pues, dijo, “la empresa se comprometía a incorporarlas al básico”. La realidad fue muy distinta: según las actas el único “compromiso” era la formación de una comisión ENTEL-FOETRA para "estudiar su incorporación de acuerdo a la evolución de la productividad”. Hoy, nuevamente, se soslaya el tema fundamental del salario: no se ha fijado posición frente a las bandas salariales y se desconoce cuál es el reclamo concreto del gremio. El único reclamo “por el momento” (así lo reconoció Castelnuovo, adjunto de Foetra Bs.As.) es la incorporación de la cuota al básico. Pero su incorporación, sin un inmediato aumento de emergencia que quiebre las pautas gubernamentales, significaría seguir marcando el paso en el mismo lugar y en ningún caso una mejora. Además, en el último plenario de delegados, Castelnuovo llamó a la “comprensión de la empresa”. El guillanismo ha llevado al gremio a una cadena de bicicletas, marchas y contramarchas, que han provocado una gran desconfianza en la base (un ejemplo es la renuncia de 250 delegados, en su gran mayoría guillanistas). La LISTA NARANJA; agrupamiento clasista, plantea un inmediato aumento de emergencia de A 200, la incorporación de la cuota al básico y un salario mínimo de A 500, a través de la realización de asambleas por edificio, y una asamblea general del gremio para votar, organizar y garantizar un plan de lucha. Lencemar (Barracas) Los trabajadores de LENCEMAR, Barracas, adoptaren una medida de fuerza contra la suspensión de 3 días de un compañero. La patronal lo acusa de realizar mal sus tareas como maquinista textil, "olvidando" que las máquinas son deficientes y además carecen de la debida protección para los obreros, poniendo así en peligro la integridad física de los trabajadores. Ante este atropello los trabajadores, reunidos en asamblea de fábrica, decidieron por abrumadora mayoría realizar un paro si la patronal no revertía esta Injusta medida. Ante ello la patronal retrocedió y convirtió la suspensión de 3 días en una amonestación. Adelante compañeros de LENCEMAR, unidos contra la patronal en defensa de la fuente de trabajo, y por el logro de nuestras verdaderas reivindicaciones como clase trabajadora. Corresponsal Varela: Lucha en Arpón A principios de enero comenzó un quite de colaboración en esta fábrica química situada en Bosques, por un aumento salarial del 30 % y un 15 % en el premio a la producción. respeto a los francos compensatorios y otras reivindicaciones. La patronal montó una provocación y suspendió a 2 compañeros por un día. Los trabajadores de Arpón respondieron con un paro masivo y la instalación de una olla popular y se lanzaron a colectar fondos para su lucha. Realizaron una movilización al sindicato —seccional Buenos Aires— situado en Avellaneda para reclamar un plenario de delegados y medidas de apoyo a la lucha. La burocracia de Salas y Carrazón (ubaldinistas) no tuvo empacho en responder que el paro era “Ilegal" y no movió un dedo. Los compañeros repudiaron la traición abierta de la burocracia, pero ante el aislamiento a que se velan sometidos decidieron levantar la huelga. En el ánimo de los compañeros está la preocupación por romper el aislamiento frente a las previsibles luchas futuras y se ha planteado la idea de coordinar con otras fábricas de la zona (Balputik del vidrio y Gibaut del cuero están en quite de colaboración) a fin de crear una intersindical. También está la decisión de impulsar una corriente antiburocrática en el gremio con las comisiones internas y activistas combativos para organizar la lucha común y presentar la batalla a la burocracia. Ambas tareas están en marcha. Corresponsal UTA (Lomas de Zamora) La patronal de la Línea 54 (Empresa Roca) paga normalmente los salarios con gran atraso. Esta vez fueron el sueldo y el aguinaldo, era ya el 6/1 y todavía no habían pagado. Los choferes, en una masiva asamblea, declararon el estado de alerta y movilización. Ante un ofrecimiento miserable de la patronal, rechazado por una nueva asamblea, se decidió el paro total a partir del 8/1, olla popular y huelga de hambre de tres delegados. La huelga de hambre fue importante porque sirvió para unificar a todos los compañeros. El ánimo y la unidad alcanzados por los choferes fue muy grande. Como no podía ser de otra manera, al ratito de puesta la olla popular, aparecieron los patrulleros de la zona en un claro intento intimidatorio. “Son los mismos que nunca están cuando nos asaltan" nos dijo con bronca un compañero. A poco de iniciarse el paro, la patronal llamó a la C. Interna para negociar. La empresa cedió en toda la línea y se obtuvo: 1) liquidación del total de los haberes atrasados con la recaudación de la jornada de trabajo, controlada por un miembro de la Interna; 2) pago de A 10 de multa por el atraso; 3) ninguna represalia; 4) que se adelante el 40 % del salario todos los 20 de cada mes. ¡Un triunfazo! El clima de unidad logrado con esta victoria debe servir para encarar la lucha salarial. En la UTA, intervenida por los matones de x Palacios, no hay plenarios de delegados, ni asambleas donde los trabajadores puedan expresar la necesidad de luchar por el salario y las condiciones de trabajo. Esta tarea de coordinación de las distintas líneas está bajo la responsabilidad del activismo antiburocrático, ante la borrada de la intervención burocrática. Corresponsal

El viernes 30 de enero se realizó la asamblea abierta contra el punto final convocada por el PO. Con una concurrencia de 250 compañeros, la asamblea fue presidida por nuestra compañera Catalina Guanigni. El panel estuvo integrado, además por representantes del Frente de Derechos Humanos de Almirante Brown; del PI -Centro Argentina Liberada; de la Comisión de Derechos Humanos de la Asociación Bancaria; del Movimiento Judío por los Derechos Humanos. Adhirieron y participaron de la Asamblea, representantes de la Asociación de ex-detenidos desaparecidos, de la comisión interna del Banco Credicoop y del PC de la zona novena del Capital. Luego de un amplio debate, la asamblea aprobó una resolución política que transcribimos en estas páginas y un plan de movilización que culminará el próximo 20 en una concentración callejera. Existió coincidencia unánime en la necesidad de ganar la calle, de manifestar contra los poderes del Estado y romper el bloqueo político de las direcciones burguesas y democratizantes empeñadas en evitar que el punto final sea derrotado por la movilización democrática. El pasado fin de semana se realizaron diversos actos (Pque. Centenario, Plaza Mármol, Lanús, etc.) y se colocaron mesas en las calles contra el punto final. Esta tarea debe redoblarse para confluir el 20 en una gran movilización. El régimen constitucional no ha dudado en violentar su propio orden jurídico para cumplir con una de sus metas más preciadas: amnistiar al aparato represivo de la dictadura. En estos tres años montó un calculado andamiaje político y jurídico para que quedaran impunes los responsables de los secuestros y asesinatos. Pero el régimen constitucional necesitaba franquear otro paso: darle garantías a los represores de que sus crímenes están judicialmente cerrados y que los “derechos humanos” son una causa archivada. No bastaba que la Corte Suprema sacara de sus “jueces naturales” las causas contra los militares, como lo hizo con el del Primer Cuerpo de Ejército. Tenía que impedir el menor atisbo de parodia de juicio (como lo fueron el de Camps, Astiz, Juntas Militares) y absolver de conjunto a toda la casta militar. La democracia se ha revelado ante los ojos de la inmensa mayoría de la población como una operación de rescate de la dictadura militar, coronando de este modo lo que ha sido el objetivo estratégico de la institucionalización pactada con las Fuerzas Armadas y el imperialismo. Ahora el gobierno ha enviado instrucciones a los fiscales con el objetivo de remachar el punto final instruyendo a aquéllos a limitar los Juicios a un reducido grupo de oficiales y exonerar masivamente (obediencia debida) al conjunto del aparato genocida. El plan fue concienzudamente trazado y también los tipos de implementación. La saturación por los medios, la política económica, los modernos modos de manipulación de masas, fueron implementados para preparar el camino de la amnistía (un punto culminante en este sentido) que hoy se expresa en el punto final. El alfonsinismo ha planteado por un lado “somos la vida y la paz" y por el otro el ascenso y libertad de los genocidas; las instrucciones a los fiscales, el limitado juicio a las juntas y a Camps y la mantención como rehenes de los presos políticos (aun encarcelando y persiguiendo a nuevos militantes). La creación del CEPOC, el mantenimiento de los “Servicios”, el Plan Austral, la. supeditación a los intereses del FMI, el salario como variable de ajuste, todo esto da cuenta de un mismo estado de dominación por el imperialismo, al tiempo que demuestra la complicidad y connivencia del actual régimen de gobierno con quienes aplicaron el terrorismo de estado. El punto final es una conclusión del proceso democratizante. La función de las condenas a Videla y Massera la sintetizó el radical Juan Carlos Pugliese al señalar que a lo sumo diez o doce debían pagar el precio para exonerar al conjunto del aparato terrorista. Videla. y Massera son los “chivos expiatorios”, y aun así de un modo simbólico, puesto que sus condiciones de detención son de lujo, mientras se está trabajando por una amnistía para éstos, mientras se mantienen también los presos políticos tanto de la dictadura como de la “democracia”. Este proceso ha sido avalado y respaldado públicamente por el imperialismo al señalar su completo apoyo a la política de derechos humanos y a la “política militar” del alfonsinismo. Este punto final es un movimiento destinado a preservar al brazo armado del estado capitalista. Por ello es que se trata de un movimiento de clase, burgués, proimperialista y que por lo tanto es sostenido por la burguesía nacional y el conjunto de sus partidos. Esto lo dice el propio gobierno cuando sostiene al fundamentar las instrucciones a los fiscales que “el estado ejerció su competencia para decidir... qué juicios y condenas eventuales son socialmente convenientes”. Aquí está dicho, blanco sobre negro, cuál es el límite infranqueable para la clase explotadora: ninguna medida que ponga en peligro intereses y posiciones de la clase dominante, y entre ellos, y fundamentalmente, la intangibilidad de su cuerpo de oficiales. Estas conclusiones son capitales para el movimiento contra el punto final y por el efectivo encarcelamiento y castigo de todos los responsables del genocidio. Es que estas banderas bajo ninguna circunstancia pueden ser un terreno de confraternización política con la burguesía, en cualquiera de sus variantes, oficialistas y opositoras. Cuando alguna de sus fracciones interviene en las inevitables movilizaciones contra la impunidad genocida, lo han hecho para dictarle su contenido; esto es, bloquearlas, llevarlas a una vía muerta y evitar que adopten un curso independiente y de denuncia del conjunto del régimen político. No hay que olvidar que todos los partidos burgueses votaron el ascenso por vía parlamentaria de los militares genocidas, el mantenimiento de los Jueces y del 90 por ciento de la legislación de la dictadura. Lejos de ampliar el movimiento de lucha por el juicio y castigo, la aparición con vida y contra el punto final, la burguesía interviene como freno de esas luchas para enchalecarlas dentro de su política, encubriendo así la responsabilidad de todo el régimen político democratizante en la impunidad de los genocidas. La lucha contra el punto final, por el juicio y castigo, por la aparición con vida sólo puede prosperar como una movilización democrática contra el régimen capitalista y proimperialista. De allí que la ampliación de la lucha democrática depende de su integración al torrente de luchas que llevan adelante el movimiento obrero y los explotados en general. Es decir, que se desarrolle como lucha de clase, independiente de la burguesía y sus partidos. En función de estas consideraciones, la Asamblea Abierta contra el Punto Final convocada por diversas organizaciones de derechos humanos y agrupaciones, organizaciones sindicales y estudiantiles y partidos políticos RESUELVE: 1. Impulsar un plan de movilizaciones barriales y zonales con el objetivo de ganarla calle para generar las condiciones que quiebren el punto final, la impunidad y la amnistía. (Para ello se propone tomar como referente las siguientes zonas...) 2. Participar en las movilizaciones ya convocadas en barrios y zonas por las org. de derechos humanos. 3. El día 20, a las 18 hs., a escasas horas del pretendido cierre de las causas por el punto final, convocar a una gran movilización callejera, para: a. Exigir el Juicio y Castigo a todos los culpables. b. Cárcel para todos los genocidas. c. No al punto final. Se resuelve asimismo continuar después del 20 el Plan de movilización aprobado, por el mismo objetivo. Frente Derechos Humanos Almirante Brown. Frente Derechos Humanos Lanús., Partido Obrero. Partido Intransigente. Centro Argentino Liberada. Partido Comunista de Lanús. Adhieren al acto y movilización: Movimiento Judío DH. Comisión D.H., Asociación Bancada (Capital), Partido Comunista Sección Novena (Capital) ¿Presos? “Condenados” de lujo Sobran los dedos de las manos para contar los militares que han merecido alguna condena. Pero si por un lado se absuelve a miles de torturadores y asesino, por el otro, las condiciones de detención de los “condenados” provocarían con razón la envidia de más de un individuo “en libertad” El diario La Nación informa (5-2) que los “generales Jorge Rafael Videla, Roberto Viola y Ovidio Pablo Richeri, el brigadier General Orlando Ramón Agosti, el Almirante Eduardo Emilio Massera y el comisario general Miguel Etchecolatz comparten un chalet en el que disponen de dependencias individuales”. “Los generales tienen valet” “Los condenados pueden jugar al tenis o al ping pong, pero no tienen pileta de natación” “Según las mismas referencias gozan de un régimen de visitas permanente. Las fuentes consultadas coincidieron en que acuden a visitarlos políticos y militares -todos ellos retirados- pero declinaron identificarlos” “Videla -añaden las referencias- recibe visitas en diferentes horarios. Su esposa Raquel Hartridge ha sido alquilado una modesta vivienda en las proximidades de la unidad y concurre asiduamente a visitar a su esposo… “Todo el personal de la unidad guarda el respeto correspondiente al rango de los condenados de alta graduación, de manera que el cuadrarse y saludar con un buen día mi general es ceremonia corriente para la suboficialidad de esa cárcel.” No hacen falta más comentarios. El gobierno acaba de ponerle “el moño” a la ley de punto final. El procurador de la Nación, siguiendo directivas de Alfonsín, instruyó a los fiscales a limitar la acción penal a un reducidísimo grupo de militares, los llamados “casos materialmente probados”, para los cual durante todos estos tres años se negó a investigar y a abrir los cuarteles y archivos militares, y especuló con la prescripción de las causas. El gobierno ha realizado la proeza de violentar su propia ley infame -con la inmensa mayoría de los “grupos de tareas” judicialmente exonerados. Todo debe quedar reducido, esa es la directiva, a una decena de casos. Se trata del vaciamiento más colosal operado en los últimos tres años. Las miles de denuncias formuladas por las organizaciones de derechos humanos, los 1.300 inculpados por la CONADEP, se han convertido en una decena de casos, los que, en su mayoría, quedarán seguramente absueltos. Con estas nuevas instrucciones, el gobierno le ha dado satisfacción al reclamo de los oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada y de los “grupos de tareas” que abiertamente proclamaron que no se presentarían a las citaciones judiciales. Alfonsín ha convertido la insubordinación militar en ley de la Nación. El aparato de la dictadura: ley suprema El punto final es la culminación de una deliberación política llevada adelante estos tres años cuyo objetivo es preservar el aparato represivo de la dictadura. Para el régimen explotador la preservación de su brazo represivo es la ley suprema y por eso el régimen constitucional no ha titubeado en violentar su propio ordenamiento jurídico para cumplir con esa meta preciada. Los tres poderes del Estado han actuado en coordinación. El poder Judicial se sometió a las directivas del Ejecutivo y el Parlamento dictó con el voto de los radicales y peronistas, ortodoxos y renovadores, su propia amnistía al ascender de grado en tres períodos sucesivos a torturadores y asesinos confesos, para dictar finalmente la ley infame. Los tres poderes del Estado han pisoteado la voluntad popular manifestada en las calles, en la repulsa abierta contra un Parlamento obsecuente o ante la libertad de Astiz. Todos los principios que se proclaman a diario quedaron como trapo de basura ante las “razones de Estado”: preservar el aparato represivo. Alfonsín lo dijo claramente: pagaremos todos los precios políticos, pero el punto final es ley de la Nación. Movilizarse es la única alternativa Contra el punto final no hay argucia legal. Quienes la plantean lo único que pretenden es anestesiar la voluntad de lucha del pueblo argentino. La ley del punto final no puede ser emparchada; tiene que ser derogada. Cien mil personas se manifestaron contra la ley infame en diciembre. Pero esa movilización fue concebida como una “paseada”, no como el inicio de un plan de lucha hasta que la ley fue retirada. Se la concibió como un terreno de confraternización con partidos patronales comprometidos con todo el curso amnistiador del régimen constitucional. Es por ello, que llamamos a una campaña de agitación en fábricas, talleres, plazas y calles, que culmine el próximo viernes 20 a las 18 hs. en una concentración en Congreso. NO AL PUNTO FINAL. CÁRCEL A LOS GENOCIDAS. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS CULPABLES. CONCENTRACIÓN PREVIA: 18.30 HS. CORRIENTES Y CALLAO Resolución de la Asamblea Abierta del Partido Obrero 30-1-87 CONVOCAN: Partido Obrero Partido Comunista (Lanús) Partido Intransigente-Centro Argentina Liberada Frente de Derechos Humanos de Lanús Frente de Lucha por los Derechos Humanos de Alte. Brown Adhieren: Partido Comunista (Sección 9ª Capital) Movimiento Judío por los Derechos Humanos

“La UOM no firmará jamás por los topes anunciados, pelearemos el 28% perdido a lo largo del ’86 y las paritarias libres, si es necesario la UOM saldrá a la lucha antes que la propia CGT”. Enfervorizado, Belén —segundo de Guerrero en la UOM Avellaneda— agitaba así al plenario de delegados de la seccional, a horas de conocerse el “decretazo” del gobierno fijando las bandas salariales. Ante la declaración de "guerra”, varios quedaron sorprendidos. La escena se repitió en la mayoría de las seccionales. ¿Qué estaba pasando? ¿Lorenzo Miguel, artífice del “sinceramiento” y del pacto de hambre con el gobierno, se daba vuelta? La "locomotora” del tren sindical, como gusta calificar la burocracia a la UOM ¿se ponía en marcha para enfrentar a patronales y gobierno? En los propios plenarios se pudo ver la pata de la sota, desde el momento que la burocracia no propuso una sola medida encaminada a preparar un plan de lucha. Lo más elemental hubiera sido, si ese era el propósito, convocar a asambleas en todas las fábricas para que la base tomara posición ante el reclamo salarial y las características de la movilización para arrancarlo. En realidad, el secretariado de la UOM no se propone otra cosa que un juego de artificio y Lorenzo Miguel vuelve a aplicar la táctica que sufrieron los metalúrgicos el año pasado. En aquel entonces, mientras alentaba al resto de los sindicatos a firmar los “sinceramientos” ofrecidos por el gobierno, y a abandonar el reclamo de paritarias libres, la UOM se reservaba para una negociación final con Sourrouille. Al cabo de un plan de lucha desgastante, la UOM recibió dos o tres puntos por encima de las “bandas" en “reconocimiento a los servicios prestados". Esta entregada se patentizó en el telegrama de Miguel a Sourrouille agradeciéndole su gestión en el acuerdo. Para los metalúrgicos, el “sinceramiento” significó una caída en su salario del 28% a lo largo del año —que hoy la burocracia reconoce al reclamar la recuperación del "desfasaje" de 1986, el abandono del 23,2% adeudado desde el 84 y centenares de cesantías. Es esta táctica "genial” la que hoy se quiere volver a repetir. "Estaría en marcha una maniobra -informa La Nación, 30.1- en la cual gremios como la UOM y el Smata demorarían las firmas de los acuerdos para obtener, a través del Ministerio de Economía, incrementos por sobre el máximo que fijan las bandas salariales”. Esto podría sumar a las propias cámaras empresariales metalúrgicas, que harían la “vista gorda” a estas migajas por encima del resto, a cambio de mayores créditos y prebendas de parte del gobierno. Esto sin contar la “comisión” que irá a engrosar los fondos de la camarilla a cambio del acuerdo. Con los “puntitos” de más el gobierno premiaría la labor de Miguel por asegurar que los sindicatos acepten la banda salarial del trimestre. Ni qué decir que no llegarán siquiera a cubrir la inflación trimestral, que es hoy del orden del 20%, sobre salarios que rondan los 250 A- Esto, cuando lo elemental para vivir son los 500 para la categoría mínima. Por si esto fuera poco, los “puntitos" que se logren van a estar atados a cláusulas de productividad y presentismo, es decir, a una mayor explotación. Este es el libreto de la burocracia. ¿Cuál puede ser el libreto de los metalúrgicos? Abrir un camino de lucha desde abajo, apoyándose en la experiencia reciente, donde a partir de reclamos y movilizaciones en los talleres y fábricas se logró impedir una mayor degradación del salario y contribuirá la quiebra del Plan Austral. Unir todos los esfuerzos para organizar asambleas de las que surjan petitorios por los 500 de básico, el 23,2%, la incorporación de los premios al básico, efectivización de los contratados, respeto a las conquistas del convenio y de aquellas arrancadas en cada empresa, expropiación sin pago de toda fábrica que cierre, un mandato de lucha a la UOM por la denuncia unilateral del convenio y la convocatoria a paritarias de hecho. Proponer la unidad en la lucha, evitando el aislamiento de cada fábrica y del activismo dentro de esas fábricas —dando paso a coordinadoras de delegados combativos, a acciones de apoyo a cada conflicto. Nada surgirá del "plan de lucha concertado". Desde abajo podrá venir el impulso para que no se repita la historia. Fuera la burocracia de Ushuaia y Río Grande Bencer (Aurora Grundig) es una de las plantas más importantes del complejo industrial de Ushuaia. En noviembre se realizaron elecciones de interna y triunfó una lista combativa sobre la Blanca, miguelista. La represión de la patronal en complicidad con la burocracia fue feroz: 36 trabajadores fueron despedidos, entre ellos los delegados electos. Pero la respuesta obrera no fue menos contundente: los trabajadores de Bencer ocuparon la sede de la UOM y un congreso extraordinario de delegados resolvió expulsar a la Comisión Directiva y nombrar una provisoria con el mandato de normalizar las comisiones internas y llamar a elecciones. Casi paralelamente, una movilización de cerca de un millar de metalúrgicos exigió 'a renuncia de la comisión directiva de la seccional Río Grande de la UOM, por su conducta cómplice Estos son los hechos. ¿Qué resolvió el Consejo Directivo de la UOM? Que los metalúrgicos de Río Grande “no habían guardado las formas respectivas”, que los metalúrgicos de Ushuaia “se habían movilizado el contra el sindicato en lugar de I hacerlo contra la patronal”, y a renglón seguido dispuso la intervención en un caso y el envío de “veedores” con poderes plenos en el otro (que no es otra cosa que una intervención disfrazada). Los hombres de Miguel se han lanzado desde entonces a una carnicería del activismo opositor junto a las patronales. Los despedidos de Bencer Ushuaia suman ya 83 y el intento es barrer con otros 300. La Comisión Provisoria fue desalojada a punta de pistola del sindicato por las fuerzas de seguridad y los matones con el aval explícito del Ministerio de Trabajo radical. En Río Grande, los trabajadores de ITC (Orean) ocuparon la planta frente a la amenaza de despidos masivos y fueron atacados a balazos por el cuerpo de seguridad de la empresa. Como puede verse el pacto Miguel-Sourrouille—patronales funciona no solo para dar paso a los “sinceramientos” y a las prebendas para la patota, sino para defender los sillones de la burocracia gangsteril. ¿Quién es Alfredo Montealegre? Lorenzo Miguel ha nombrado a uno de sus “secretarios privados”, Alfredo Montealegre. como interventor en la UOM Ushuaia. Este siniestro personaje es, desde hace muchos años, un dilecto colaborador de las patronales y un experto en matonaje contra el activismo obrero. En junio de 1965, Montealegre. junto con Norberto Imbellone, capitaneaban una banda de 70 matones contratados por Oberdan Salustro —presidente de Fiat Argentina— para romper la lucha de los obreros de Fiat Concord. Una vez que cumplió con esa poco honrosa tarea, Montealegre ingresó en Fiat Caseros para, junto a Curto, copar la dirección del sindicato (entonces Sitrafic, sindicato de empresa). Finalizada esa tarea, Montealegre se integra al clan de guardaespaldas de Lorenzo Miguel, hasta que en 1975 aparece junto con Campos en Villa Constitución, de la mano de la "Triple A” para despojar a los trabajadores de su sindicato, con un saldo de obreros asesinados, encarcelados y despedidos.

Entonces, ¿por qué firmaron? No era necesario esperar el índice de precios de enero para darse cuenta que las bandas salariales del trimestre son un miserable engaño. La técnica de aumentar los salarios por la inflación prevista para el futuro por los hombres del Ministerio de Economía es un viejo cuento y tiene por único objetivo fijar el piso de los aumentos de precios y tarifas. La CGT reaccionó, al divulgarse el índice de precios de enero, con una declaración donde denuncia que “las bandas salariales no tienen base científica y solo sirven para congelar la miseria”. Entonces, ¿por qué la CGT ha aceptado estas bandas? ¿Por qué dio directivas para que sindicatos firmaran para todo el trimestre por el 11%? ¿Por qué no denuncia lo firmado y pone en práctica un plan de lucha, con asambleas generales y plenarios de delegados? El 7,6 % de enero "desmiente al gobierno” y retrata la traición de la CGT. Maquillando la ley infame Los renovadores del peronismo creen que han hecho una contribución a la democracia al plantear en el Congreso un proyecto para que se extendiese en 60 días el plazo de vencimiento de la ley de “punto final” con el fin de que “no existan trabas formales contra el accionar de la justicia". Pero las trabas de la justicia no son formales sino políticas. Los tres poderes del Estado no tienen la voluntad política de investigar y dar cuenta con los responsables del más grande genocidio del país por-que la defensa del aparato de seguridad y represivo es la ley suprema del Estado capitalista. Cínicamente, lo dijo el secretario de defensa. “Lo que no se probó en tres años no se podrá probar en sólo 60 días", dijo Alfredo Mosso (Ámbito, 5-2). Además, “no habrá que esperar muchos procesados, ya que la mayoría de los involucrados lo están por privaciones ilegítimas de la libertad, las que en muchos casos han prescripto”. Los renovadores lo único que pretenden es “maquillar" la ley infame y “maquillar” su propia responsabilidad en la amnistía e impunidad del aparato represivo, y por esa vida continuar con el bloqueo político a la movilización democrática contra la ley infame. Por eso no tienen problemas en firmar petitorios y solicitadas inocuas contra el “punto final” y proponer, al mismo tiempo, que se la remiende. ¿Quién protege a Guglielminetti? Mientras los cables internacionales citaban fuentes “altamente confiables” que indicaban que Guglielminetti estaba rigurosamente vigilado… en su casa de las afueras de Madrid” (Clarín 1-2), el ex-custodio presidencial volvía a esfumarse. No cabe la menor duda de que “prófugo” Guglielminetti no es un personaje muy buscado. Concedió entrevistas de todo tipo al periodismo en su residencia madrileña y se dice que abandonó con toda su familia el territorio español sin ser interceptado en la frontera. Por otro lado, España sostiene que se necesitaban “mayores precisiones y pruebas de los jueces argentinos para detenerlo” (idem), lo que muestra que el gobierno ha puesto poco empeño por tenerlo en Argentina. Es la tercera vez que Guglielminetti hace estas espectaculares apariciones y “desapariciones”. La primera, el gobierno radical lo dejó en libertad “por falta de méritos”. La segunda el ex-custodio presidencial realizó sendas declaraciones a los diarios de Clarín y Ámbito, mostrando que vivía con total libertad en España. Ahora ha vuelto a repetir sus declaraciones para volver a mostrar su impunidad. De tanto en tanto Guglielminetti sale a recordar su pacto con los radicales, lo que para éstos es claramente “desestabilizador” porque desestabiliza a los encubridores oficialistas. No olvidemos que este personaje fue reclutado por los radicales para funciones de “inteligencia”, precisamente por su experiencia bajo la dictadura. Sumisión a los cuarteles Con el punto final, el gobierno se ha plegado enteramente al redamo proveniente de los cuarteles. Luego, ante el planteo de los oficiales de que en los 60 días que marca la ley infame para tomar las declaraciones judiciales tampoco se presentarían a los tribunales, el gobierno adoptó las nuevas "instrucciones" con el objetivo de "concentrar" las citaciones judiciales. El planteamiento militar ha tenido, claro está, un carácter "institucional". "Ríos Ereñú habría anticipado al ministro Jaunarena, antes de su viaje a Italia, informó Clarín, 7-2- que ‘si me llegan a procesar a varios jefes y oficiales que cumplieron con órdenes precisas durante la guerra antisubversiva, no tendré otro camino que solicitar mi pase a renuncia". "Será muy difícil para cualquier Jefe de Estado Mayor — habría dicho Ríos Ereñú— aguantarse las causas del ESMA y del Primer Cuerpo de Ejército”. De la teoría que sostenía que con el advenimiento del régimen constitucional las ff. aa. se democratizaron no ha quedado nada. Ha sido más bien una pantalla que ha servido para engañar a los incrédulos mientras se procesaba la subordinación del régimen democratizante al brazo represivo del Estado. Se rinden a los pulpos petroleros El gobierno ha decidido rendirse en toda la línea ante las exigencias de los pulpos petroleros. Días pasados tomó la decisión de formar una comisión que en 30 días deberá modificar las cláusulas de los contratos petroleros de modo de incorporar las exigencias de los pulpos privados. Estos exigían la opción de cobrar por parte de YPF en crudo, de modo de asegurarse el privilegiado y riguroso cobro en caso de carencia de divisas. Otra exigencia era que YPF no pudiera asociarse en caso de comprobarse la riqueza de los yacimientos a explotar. Finalmente, que la declaración de comercialidad de los yacimientos no quedara supeditada a la Secretaría de Energía o YPF. Todas estas exigencias quedarán incorporadas en los futuros contratos de exploración. Pero el subsecretario de Energía señaló que también se revisarán todos los temas referidos “a la etapa de la explotación’ ’, que es donde los pulpos quieren sacar la tajada mayor. Lo que pretenden es que YPF les transfiera las áreas rentables. Así, con la exploración y posterior explotación de las nuevas áreas en sus manos y la absorción de una gran parte de las áreas en explotación a cargo de YPF, los pulpos privados se aseguran el control del mercado interno.

En Trelew, a la sombra de las prebendas de la “promoción industrial”, floreció una importante industria textil. Como una forma de presión para la renovación de los beneficios de la promoción, dos empresas textiles radicadas en el Parque Industrial se largaron a una verdadera “huelga” patronal. MATEPA suspendió primero a 52 trabajadores y luego a todo su personal. SUR-JET suspendió a 17 compañeros. La respuesta obrera no se hizo esperar: los textiles de MATEPA pusieron en marcha un Comité de Huelga y un Fondo de Huelga que ha obtenido gran apoyo entre todos los trabajadores del parque. Así impusieron el compromiso patronal de pagar el 100 % de los días caídos y la reiniciación de las tareas el 19/1. Cuando la patronal violó este compromiso, los trabajadores de MATEPA virtualmente ocuparon la planta (cumplen sus turnos aún cuando no producen nada). Para la burocracia de la CGT local, el conflicto fue una oportunidad para franelear con las patronales, remarcando la comunidad de intereses obrero-patronales en la continuidad de la “promoción industrial”. Al cierre de esta edición, los compañeros de SUR-JET habían vuelto al trabajo, pero los de MATEPA debe concretarse en un plan de lucha de la CGT regional por la reincorporación de los compañeros de MATEPA y contra las suspensiones

En julio del año pasado la Asamblea Universitaria Tecnológica-Regional Avellaneda, aprobó la incorporación al Consejo de los no docentes en carácter de cuarto claustro. Sin embargo, pronto comenzaron las maniobras por parte de las autoridades nacionales de la UTN y del gobierno para burlar esta resolución. Durante las elecciones de representantes de dicho claustro y del estudiantil, el rector de la UTN trató de impedir la realización del escrutinio, pero los no docentes y los estudiantes lograron la convalidación del mismo y la proclamación de los candidatos electos. No contentos con ello, 15 de los 16 decanos y el rector de la UTN firmaron una resolución por la que se desconoce la elección e incorpora sólo en calidad de veedores (tiene voz, pero no voto) a los representantes no docentes y estudiantiles. Los no docentes, estudiantes y graduados, junto a la gremial docente tecnológica han constituido una coordinación y están haciendo gestiones para obtener la solidaridad del resto de la comunidad universitaria para imponer la voluntad de la Asamblea de julio del ’86. El caso de la UTN-Avellaneda es una muestra más de que no rige la autonomía universitaria y que el gobierno viola una y mil veces su propia legislación para imponer sus objetivos reaccionarios en la educación.

El viernes pasado se realizó el XI° plenario de la CONADU. Participaron delegados de 20 de las 26 universidades nacionales y se evaluó la marcha del plan de lucha 86 y las propuestas inmediatas para 1987. El plenario decidió dar por finalizada la primera etapa del plan consistente en la no toma de exámenes. Se destacó su alto grado de acatamiento, se señaló la necesidad de coordinar las próximas medidas con el resto de la comunidad universitaria, con el gremio docente a nivel general y con el resto de los gremios estatales. El plenario decidió dar continuidad a la lucha iniciada en 1986 "hasta obtener los objetivos propuestos", es decir un verdadero aumento de emergencia del 100 % para todas las categorías y un sustancial incremento del presupuesto educativo. Asimismo, el plenario dio instrucciones para que en el mes de febrero se produzca un amplio debate sobre las medidas de acción directa a tomar "entre las que habrán de considerarse las siguientes: posibilidad de no iniciación del ciclo lectivo 1987, trabajo a reglamento, paros escalonados y/o progresivos, etc.” Estas medidas deberán resolverse en el Congreso que la CONADU realizará el 6 y 7 de marzo. En el plenario no había una posición clara y unificada para proponer una medida única, si bien algunas federaciones propusieron paros escalonados —Catamarca y Salta— con la idea de concluir en un paro por tiempo indeterminado, y otras la no iniciación de clases. El mes de febrero debe ser aprovechado para realizar un amplio debate en la base sobre la base de asambleas que tomen en sus manos la lucha.

Que las reivindicaciones mínimas e insoslayables del gremio sigan tan distantes hoy como en el 83 es el saldo contundente de tres años de paros aislados y planes de lucha desgastantes, llevados adelante por la dirección de CTERA. Así llegamos al día de hoy, con el gremio salarialmente sumergido y en un intenso debate acerca de cómo continuar la lucha, cuando mayor descreimiento de la base docente respecto al conjunto de las fracciones dirigentes de CTERA. Por de pronto, varios distritos del interior han adelantado la posición de “no iniciar las clases”, llevados por la situación desesperante de la masa docente. La estrategia de la dirección docente está en completa crisis, ante lo cual se ha dividido en dos posturas igualmente ultimatistas: un sector plantea continuar con la pasividad actual y otro “no iniciar las clases”. Este último año no señala, claro está, ni los métodos ni el programa para imponer los reclamos del gremio. El Partido Obrero plantea que se convoquen a asamblea para decidir el camino a seguir. Unir todos los esfuerzos por masivas asambleas generales en cada distrito para fijar claramente los reclamos del gremio, votar resoluciones de lucha, dar mandato al Confederal por un plan de lucha hacia la huelga general, elegir un comité de lucha responsable ante la asamblea. La asamblea es una vía para que las bases puedan tomar la iniciativa y la dirección de la lucha contra la burocracia sindical enquistada en la CTERA. La preparación de las asambleas debe primar sobre cualquier otra consideración y en este terreno valen todas las iniciativas, desde asambleas por colegio, distrito o zona hasta campañas de agitación. La consigna es “decidamos por nosotros mismos”, basta de manoseo burocrático, en todos lados, asambleas generales masivas y comités de lucha.

Un importante número de talleres, editoriales y diarios han quebrado en los hechos las pautas salariales del gobierno. Los trabajadores de Abril recuperaron terreno arrancando un aumento cercano al 30 % para el trimestre y en otros grandes talleres se respaldan los reclamos con medidas de acción directa. Pero centenares de talleres dependen de lo que pacte el sindicato con las cámaras patronales. La expectativa crece día a día y con ella el reclamo de los delegados de que se convoque al plenario o la asamblea general del gremio “para que no ocurra lo del año pasado”. En efecto, está ocurriendo lo mismo: la conducción ongarista ha ido a negociar sin mandato previo y si hasta ahora no ha firmado se debe exclusivamente a las dilaciones de las cámaras patronales. Sin embargo, la presión de las circunstancias forzaron una definición pública del ongarismo que no tiene desperdicios: “sin desconocer las decisiones de los poderes del gobierno democrático” —dicen— consideran “justo reclamar mayores salarios”. Pero, la obtención de “mayores salarios” significa desconocer y derrotar las “decisiones” del gobierno. El planteo ongarista, entonces, quiere decir que los salarios deben tener el límite de las decisiones del gobierno antiobrero. Se trata de un planteamiento de derrota pues antepone a la lucha por las reivindicaciones obreras, la defensa de las leyes y del régimen político en que se apoyan las patronales y el gobierno para superexplotar a los trabajadores. La base del gremio defendió con huelgas los despidos e impone con-quistas salariales en diversas fábricas. Ante esa combatividad, la conducción teme refrendar sus actos en plenario de delegados o asamblea. El gremio gráfico anticipa la crisis de la política de toda la burocracia sindical. La Naranja gráfica reclamó en el seno de la comisión directiva del Sindicato la convocatoria al plenario de delegados y la asamblea general. Esta posición es la única capaz de ofrecer un canal unitario para la voluntad de la base del gremio y, por sobre todo, evitar la dispersión y aún la ruptura con los sindicatos por la que optan a menudo algunas comisiones internas como autodefensa ante la parálisis de las organizaciones obreras.

“La actitud de la CGT solo será decidida después de la visita del Papa Juan Pablo II a la Argentina, y cuando tengamos en nuestro poder los resultados de la aplicación del Plan Austral en el primer trimestre del año y las nuevas leyes sindicales, si es que las hay” (declaración de voceros cegetistas, Clarín 9.2). Como el Papa vendrá el 10 de abril, el “cronograma’- de la burocracia ya está armado: un Confederal dentro de 40 días (el 18 de marzo) que, además, será utilizado para instrumentar a los trabajadores en la cruzada reaccionaria de Juan Pablo y la tregua seguirá oficialmente tres meses más (cuando, por otra parte, ya estarán fijados por el gobierno los aumentos para el trimestre abril-junio). No es necesaria esta información para saber que el pacto de la CGT con el gobierno sigue incólume. Uno a uno, los sindicatos van firmando por las bandas fijadas para el trimestre, aunque el costo de vida haya subido más del doble del 3 % “decretado” para el mes. La actitud de la UOM no es una excepción a la regla: el miguelismo está arreando a todos los sindicatos a la firma y espera ser gratificado en una negociación final con el gobierno (dos o tres puntos sobre las “bandas” a cambio de mantener el salario más bajo de la historia del gremio). No es ocioso repetir que la burocracia sindical ha renunciado a luchar por las reivindicaciones obreras. Por eso, en la discusión bajo cuerda con el gobierno en enero aceptó un mínimo de 165 ₳, cuando la canasta familiar supera los ₳ 550. Por eso acepta la dictadura salarial del gobierno, mientras sigue discutiendo en el parlamento una “aproximación” de posiciones sobre las paritarias, renunciando a imponer la discusión libre mediante la lucha abierta. Por eso sigue dispuesta a “canjear” la lucha por el salario y las paritarias a cambio de prebendas en las obras sociales y en la ley de asociaciones profesionales (el proyecto de Oraldo Britos —PJ— que apoya la burocracia coloca los sindicatos en manos del Estado y las camarillas dirigentes, reiterando los aspectos más regimentadores de la Ley Otero del 74). En definitiva, la estrategia de la burocracia ya no se reduce a tratar de sacar concesiones elementales a los capitalistas en el terreno de respeto al régimen de la propiedad privada sino a entregar conquistas históricas para salvar al régimen capitalista. Esta conducta ha sido una constante de los últimos años. La burocracia en los últimos 25 años viene aceptando el reemplazo de la negociación colectiva por los aumentos dictados por los gobiernos de turno. Si hoy aparece enfrentada más que nunca a las aspiraciones de los trabajadores se debe a que el capitalismo en crisis está empeñado en transferir su crisis a las masas por la vía de una degradación social sin precedentes. En estos términos, la burocracia es un rehén del gobierno, lo que surge del simple hecho de que los precios subirán un 25 % en el trimestre (para febrero se augura otro 7,5 %) y gestiones para “restablecer el diálogo con el gobierno” e iniciar una nueva ronda de conversaciones con los partidos políticos y las “fuerzas vivas” sobre el programa de los 26 puntos. ¿Qué mejor confesión de impotencia política que este “plan de acción”? Es evidente que todo el esfuerzo de la dirección cegetista está puesto en crear las condiciones de un frente con los capitalistas y los curas, colocando a los sindicatos como furgón de cola de las reivindicaciones por las que bate el parche la burguesía —mayores créditos, alicientes a la reactivación, nueva refinanciación de las deudas— y apuntando en definitiva al recambio de Sourrouille. Las declaraciones de obispos y algún que otro empresario sobre la “situación social” de los trabajadores —ejemplo de cinismo porque proviene de estómagos harto alimentados- no son gratuitas para los explotados. Las patronales, de arriba a abajo, respaldan la “paz social”, es decir, maniatar a los trabajadores arrebatándoles el derecho a la huelga. Los obispos quieren una presencia masiva y disciplinada de los sindicatos a la venida del Papa y esta visita tendrá poco que ver con las cosas del cielo y mucho con la puesto Ubaldini y la jerarquía sindical y serán los “hombres” de la CGT los que tratarán de lograr el calor popular que los obispos no lograron con sus fallidas manifestaciones contra el divorcio. Lo que tiene planteado el movimiento obrero es enfrentar a esta dirección impotente y poner en pie un gigantesco movimiento de lucha por el mínimo de 500 ₳, la denuncia unilateral de los convenios, la convocatoria de hecho de las paritarias, la oposición consecuente a la privatización. Las tendencias a esta lucha recorren los sindicatos: en numerosas empresas y talleres los gráficos han arrancado aumentos para el primer trimestre que superan el 20% con cláusula de indexación salarial, docentes del interior han resuelto la huelga indefinida, los hospitales públicos se aprestan a reiniciar la lucha. El fenomenal hipotecamiento del país — expresado en la “capitalización” de la deuda, que permitirá a los acreedores externos lanzarse a la compra de empresas estatales y privadas, en el “blanqueo” de capitales o el otorgamiento de nuevas prebendas a los capitalistas para apoderarse del negocio del petróleo—, agudizará la crisis y tenderá a convulsionar no solo a los trabajadores, sino a las más diversas clases sociales. El Partido Obrero formula un programa de acción sobre la base de asambleas fabriles y sindicales que permitan a los trabajadores tomar la iniciativa y la lucha en sus manos. Por asambleas fabriles y sindicales que formulen claramente las reivindicaciones impostergables del movimiento obrero y los métodos de lucha para arrancarlas. Al precepto bíblico al que se atiene la burocracia: “De los que se sometan será el reino de los cielos”, oponemos aquel otro: “A Dios rogando, y con el mazo dando".

La burocracia sigue firmando los acuerdos salariales por las “bandas” del gobierno. La “mediación” de la iglesia revela la parálisis e impotencia burocrática. Ahora, se ha sumado a la campaña reaccionaria del Vaticano.