Prensa Obrera N° 1539

No pasaron siquiera 60 días desde su asunción, pero el gobierno de Bolsonaro ya tuvo varias sacudidas políticas. Entre ellas, escándalos de corrupción que comprometen a sus hijos y ministros, eyectados por sospecha de corrupción. El caso más resonante involucra al secretario general de la presidencia, Gustavo Bebianno, quien dejó su cargo tras ser acusado de desviar fondos durante la campaña a través de dos candidatas truchas. El alejamiento del funcionario quiso procesarse de forma “amigable”, para que la crisis no se convirtiera en una peligrosa fuente de revelaciones de la intimidad del riñón presidencial. “El mercado está preocupado. Bolsonaro se está aislando (…), lo que puede dificultar las negociaciones políticas en el Congreso. Y cualquier movida que conspire contra la aprobación de la reforma previsional provoca desaliento. En la Cámara de Diputados, el presidente no sólo presenta un proyecto, sino que pone en juego su mandato. El episodio con Bebianno dejó serias dudas sobre su capacidad política” (La Voz, 25/2). Bebbiano era el principal nexo con el Congreso.Tenía un importante vínculo con Rodrigo Maia, presidente de la Cámara de Diputados, a quien Bolsonaro apoyó para conseguir la presidencia de la Cámara y a quien se lo sindica como la figura más apropiada para juntar aliados. Antes de la decisión final de Bolsonaro sobre Bebianno, Maia llamó al ministro de Economía, Paulo Guedes para impedir su caída, preocupado por los efectos que esto podría tener sobre la reforma previsional. Esa reforma, que exige una enmienda constitucional y requiere una mayoría especial de tres quintos de los votos del Congreso, le plantea a Bolsonaro alcanzar un conjunto de alianzas parlamentarias, que Bebianno y Maia estaban tramitando. La renuncia del secretario general de la presidencia despierta también la desconfianza de otros ministros, empezando por el propio Guedes. Existe el temor de que la injerencia del clan familiar en los asuntos de Estado pueda interferir en la agenda que se prepara. El mismo recelo se extiende a los militares, quienes no sólo defienden su autonomía sino que ambicionan también manejar ellos los hilos del gobierno. En la actualidad, hay ocho militares dentro de los 24 ministerios. Otro general ocupará el estratégico cargo dejado por Bebianno. Ya han salido a la superficie los choques entre el actual vicepresidente, el general Moura, con el clan familiar y con ciertas manifestaciones del propio Bolsonaro. “En el extranjero empiezan a preguntarse quién manda en Brasil y cuánto durará el presidente Jair Bolsonaro. La respuesta podría ser que gobiernan, a la vez, muchos y nadie” (ídem). Estamos frente a una coalición de gobierno heterogénea, cuyas contradicciones han empezado a saltar rápidamente. Desde que asumió, la imagen del hombre que venció en la segunda vuelta con más del 55 por ciento de los votos se desplomó en 15 puntos. Bolsonaro todavía deberá probar si cuenta con los medios políticos y económicos para gobernar y disciplinar a las diferentes tendencias en pugna. Pulseada estratégica Entre todas las medidas de su agenda antiobrera, la reforma jubilatoria juega un papel crucial. Lo que está en juego es si Bolsonaro es capaz de sostener un régimen de ofensiva contra las masas. La suerte del gobierno dependerá del desenlace que tenga la sanción de dicha reforma, que implica un verdadero plan de guerra. Obliga a los brasileños a aportar 40 años para retirarse, y habrá, por primera vez, tope de edad: 65 años para los hombres y 62 para las mujeres. El régimen actual es por tiempo de aportes y no por edad. Hoy, en la administración pública, es posible retirarse a los 50 ó 55 años, dependiendo de los años de aportes. La reforma apunta a reducir a la jubilación a una prestación asistencial y abre la puerta a un régimen de capitalización como las AFJP. Quienes pretendan un ingreso superior a la mínima, deberán procurárselo a través de una jubilación privada. Los círculos financieros acompañan con entusiasmo el paquete previsional, conscientes de que representa una atractiva veta de negocios y una nueva fuente de inversiones y especulación, mediante una apertura del mercado de capitales. La reforma jubilatoria es una fuente de choque con los trabajadores. Según los sondeos, cuenta con la oposición de una mayoría de la población. O sea que el rechazo incluye a un sector de los que lo votaron. Aunque la propaganda oficial habla de la necesidad de terminar con los privilegios, los militares son excluidos de la reforma, lo cual, por un lado, dispara la irritación de los sectores afectados, en especial los empleados públicos, que históricamente han conquistado una jubilación sensiblemente superior a la media. Por el otro, habla de las contradicciones reinantes en la propia coalición gobernante. El alcance de la reforma fue una fuente de tensión entre los militares y el ultraliberal Paulo Guedes. Crisis económica Entretanto, la crisis económica sigue haciendo estragos y no hay señales de que se esté atenuando con la nueva gestión. El PBI de Brasil creció sólo 1,1% en 2018, igual que en 2017, un resultado modesto que incrementa la presión sobre el nuevo presidente. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la mayor economía de América Latina se expanda un 2,1% en 2019, menos que el 2,5% que había anticipado. Mientras tanto, la tasa de desempleo volvió a crecer en el período noviembre 2018-enero 2019 a 12%, por primera vez desde agosto pasado. Hay actualmente 12,7 millones de brasileños en busca de trabajo, medio millón más que a fines de 2018. El ajuste en marcha puede agravar las cosas. El panorama tampoco es alentador en el plano de las exportaciones, en el marco de la guerra comercial que domina la economía mundial. Por lo pronto, las ventas externas de soja brasileña ya se vieron afectadas por esa circunstancia. Por otra parte, hay quienes ya advierten que las reformas previsionales van a demorar en surtir efecto. “Para implementar el sistema, deberá haber doce años de transición entre el actual y el nuevo, además de una serie de cambios, sobre todo para los empleados públicos, que ya amenazaron con protestas para defender los derechos adquiridos” (El País, 28/2). La experiencia chilena ya reveló que estas reestructuraciones previsionales arrancan aumentando el déficit fiscal. El rojo en las cuentas de la previsión social brasileña se calcula en unos 300.000 millones de reales (82.000 millones de dólares) y sube a un ritmo cercano al 15% anual. Brasil, además, está expuesto a los cimbronazos de la crisis mundial, que en cualquier momento puede provocar una nueva fuga de capitales, con efectos letales en la Bolsa paulista. Los desafíos de la clase obrera Este escenario coloca al rojo vivo la necesidad de una respuesta general y colectiva de los trabajadores El ataque en curso viene despertando un creciente estado de deliberación. Un ejemplo de ello fueron los 600 delegados reunidos en el 38° Congreso Nacional del Andes-SN (sindicato de los profesores universitarios) y el primer plenario nacional intersindical impulsado por la Federación Nacional de Trabajadores del Correo (FENTECH). Ambos eventos debatieron y resolvieron iniciativas de lucha y reclaman a las centrales la convocatoria de un paro nacional para enfrentar la reforma jubilatoria (ver PO N° 1538). Las direcciones sindicales han acusado recibo de esta inquietud ascendente en las filas de los trabajadores. El 20 de febrero, en la Plaza de la Sé, en el centro de San Pablo, las centrales convocaron a una asamblea obrera de lucha. Pero esta convocatoria cumplió más el papel de descomprimir que de articular la lucha. No salió el llamado a una huelga nacional ni el compromiso de una nueva movilización. Ni siquiera se empeñaron por asegurar una concurrencia masiva, la cual, según sus organizadores, ascendió a 10.000 personas, pero estuvo por debajo de esa cifra. La línea que se impulsó en la asamblea fue la de las tratativas con la oposición parlamentaria para frenar la reforma. Se trata de una vía muerta, en un Congreso cuyos bloques mayoritariamente están a favor de la nueva legislación previsional. Ello incluye a sectores del PT, que son partidarios de alguna variante de reforma jubilatoria. El senador Jaques Wagner (PT-BA) acaba de pronunciarse en ese sentido, lo mismo que, en el plano partidario, lo hizo el diputado Paulinho da Força (SD-SP). Es necesaria una nueva perspectiva sindical y política para poner fin a una política de seguidismo y adaptación al Estado capitalista, sus instituciones y partidos. La causa de los trabajadores va de la mano de la independencia de clase. Por un gran Congreso de trabajadores de todas las centrales y corrientes dispuestas a luchar en forma independiente para derrotar la reforma jubilatoria y los ataques de Bolsonaro, Guedes y compañía.

Mientras en Argentina tenía lugar el feriado de Carnaval, en Estados Unidos los títulos de deuda pública y las acciones de las principales empresas locales que cotizan en Wall Street profundizaban su caída. Quedó claro que ese retroceso, que había comenzado el viernes último, no se debió al desafortunado discurso presidencial, sino a las contradicciones explosivas de la política económica pactada con el FMI. La llamada ‘pax cambiaria’ lograda a fines de setiembre, a partir del segundo acuerdo con el FMI, está llegando a su fin, y el gobierno se queda sin recursos para afrontar el tramo más difícil que tiene por delante, donde estará en juego su reelección. La suba del dólar golpea al carry trade (bicicleta), que se había armado desde setiembre pasado, cuando algunos fondos de inversión ligados al gobierno ganaron fortunas aprovechando las altísimas tasas de interés y la estabilidad de la divisa. De ese negocio participaron como socios menores algunos sectores medios, a través de las colocaciones a plazo fijo. Ahora, con la suba del dólar, empiezan a reunirse las condiciones de la tormenta perfecta. Por un lado, los fondos especulativos toman la puerta de salida y, por el otro, crece la presión para que los plazos fijos en pesos se transformen en dólares. Un movimiento general en esa dirección tendría un alcance explosivo. Al actual tipo de cambio, la masa de plazos fijos más las cuentas a la vista superan los 40.000 millones de dólares. Alcanzaría con que una parte de esos pesos se dirijan hacia el dólar para que se produzca una nueva devaluación, que desequilibraría a un gobierno que ya camina por la cornisa. Ese movimiento podría ser impulsado por la creciente inflación, que convierte en negativa una tasa de interés exuberante, o por alguna ‘mala noticia’ del exterior, como la que llegó esta semana referida al retroceso de la economía de Estados Unidos. Los instrumentos con que cuenta el gobierno para hacer frente a esta situación son muy limitados. Por el momento tiene uno solo: subir la tasa de interés con que el Banco Central remunera las Letras (Leliq) que compran los bancos, precisamente, con el dinero de los ahorristas. Sin embargo, este recurso se muestra cada vez más ineficaz. Los niveles alcanzados por la tasa de interés han derrumbado todavía más la economía, agravando la caída de la producción y del consumo, mientras compromete al Banco Central a devolver una deuda que en materia de intereses ya se acerca al medio billón de pesos. A su turno, esto repercute directamente en la recaudación impositiva, que crece muy por debajo de la inflación. Esta tendencia se repite desde hace ocho meses, colocando en cuestión el déficit cero pactado con el FMI. Se repite la experiencia de Grecia, donde el ajuste brutal impuesto por la troika derrumbó la economía y obligó a nuevos ajustes. Ante esta caída de la recaudación, el gobierno está obligado a renegociar otra vez el acuerdo con el FMI, para que los dólares prestados puedan usarse para afrontar los gastos corrientes. Pero el problema que generará esta medida es evidente: el gobierno deberá pedirle al Banco Central que transforme esos dólares en pesos, agravando el ciclo inflacionario. Los pesos que salen por una ventanilla, el Banco Central buscará recuperarlos por la otra, mediante nuevas subas de la tasa de interés. Como un perro que se muerde la cola, al final del camino tendremos más recesión, más déficit, y una tendencia aún más explosiva a la corrida cambiaria y bancaria. Los desequilibrios envuelven todo el circuito económico. Ante la nueva suba del dólar, las empresas privatizadas y las petroleras reclaman nuevos aumentos de tarifas o, en su defecto, mayores subsidios, que chocan con la quiebra fiscal del Estado. Si el gobierno se negase a esta demanda, la resultante sería la desinversión total por parte de los monopolios. Una crisis capitalista Un comentario del portal Infobae muestra de modo palmario el carácter parasitario del proceso económico actual. Ante la salida de fondos del sistema financiero, los bancos habrían llamado a las pymes para que conviertan los préstamos anunciados por el gobierno a tasa preferencial en plazos fijos en las entidades. Así, lo que debería servir para aumentar la producción termina convirtiendo a las pymes en rentistas, que se apropian de un diferencial de tasa de interés, todo a costa de los fondos públicos. De todos modos, si los pequeños industriales quisieran aplicar esos préstamos a sus actividades, no podrían colocar en ningún lado su producción -o sea, no podrían realizar la plusvalía. Mientras el diario El País comenta que en Argentina una parte de la población come una vez por día, el país enfrenta una crisis de sobreproducción. Lo que resulta paradojal no es otra cosa que la dinámica fundamental del capital, que no produce para satisfacer necesidades sino para obtener un beneficio, el cual sólo puede conseguir vendiendo su producción a un precio que asegure una tasa de ganancia media. Esta crisis de fondo muestra que el gobierno no puede enfrentar la bancarrota capitalista con medidas exclusivamente financieras o monetarias. La caída de la tasa de beneficio supone un ataque a los trabajadores de características históricas, tanto en el plano obrero-patronal como en las políticas públicas, ya sea con reformas previsionales aún más reaccionarias o despidos en masa de empleados públicos. Las patronales parecen tener conciencia de este hecho, como lo prueban los despidos y suspensiones que están creciendo de modo cada vez más masivo, asociados a ataques a los convenios colectivos, y que empiezan a ser ejecutados por las grandes empresas, incluso a riesgo de comprometer la reelección presidencial. Macri, cuestionado La envergadura de la bancarrota económica se refleja de modo directo en las encuestas de opinión. Incluso las consultoras que trabajan para el oficialismo muestran una caída permanente en la imagen presidencial y en su intención de voto. El intento de superar esta declinación mediante una polarización con el kirchnerismo está cada vez más cuestionado, con el aditamento de que incrementa el llamado ‘riesgo político’. Los cuestionamientos al gobierno crecen dentro de la misma coalición oficial. Con independencia de las maniobras y especulaciones que se trazan, el solo hecho de que se baraje la posibilidad de una interna presidencial dentro de Cambiemos representa un cuestionamiento a la figura presidencial y un intento de relevo de Macri por parte de sus propios socios. Entre éstos son varios los que le recuerdan que Vidal mide más en las encuestas, en una clara intención de producir un recambio de candidatos dentro del PRO. El cuestionamiento a Macri proviene de las otras instituciones del Estado. Es el caso de la Corte, que tiene en carpeta varios fallos contrarios al gobierno. Más en general, el aparato judicial se ha transformado en un escenario de guerra, donde confrontan las distintas camarillas capitalistas, sus partidos y lobbystas, e incluso agentes de los servicios de inteligencia de distintos Estados extranjeros. La crisis capitalista, que pone en cuestión la sobrevivencia de muchos capitales, cobra una forma última en la Justicia donde se sustancian finalmente las relaciones de propiedad. Que la crisis la paguen los capitalistas Tanto para los capitalistas como para los trabajadores, la bancarrota económica plantea una restructuración de fondo de las relaciones entre las clases -o sea, quién paga la crisis. Para los trabajadores se impone tomar la iniciativa para derrotar la ofensiva capitalista de los Macri, los gobernadores y el FMI, por medio de la lucha y la acción directa, enfrentando los despidos masivos y las rebajas salariales, reclamando un paro activo de 36 horas y preparando por medio de la agitación y la organización las ocupaciones de fábrica contra los despidos masivos. La izquierda debe colaborar con este trabajo, participando y auspiciando estas luchas, y ofreciendo un programa de salida, que plantee el reparto de las horas de trabajo, un plan de obras públicas financiado con impuestos al capital bajo control obrero, el no pago de la deuda, la nacionalización del sistema financiero y de los recursos naturales bajo el control y la gestión de los trabajadores. Este programa, para que la crisis la paguen los capitalistas, debe ser el eje de una fuerte campaña política del Frente de Izquierda en todos los planos de la lucha de clases: el de la acción directa de los trabajadores, en las elecciones que ya se desarrollan en diversas provincias y en una propuesta política nacional programática y electoral que nos fisonomice claramente como el tercer bloque político en la disputa entre el macrismo y el relevo pejota-kirchnerista en marcha.

Más de 800 compañeros participaron del Campamento de la Unión de Juventudes por el Socialismo (UJS) en Nueva Atlantis, en las playas de Mar de Ajó, con una presencia de la juventud de facultades, barrios y lugares de trabajo de Capital Federal, la provincia de Buenos Aires, La Pampa y Santa Fe. También asistió una delegación de compañeros del PT de Uruguay. Se trata de una enorme instancia de formación política y recreación. El curso central, sobre los orígenes del fascismo, despertó un gran interés y sirvió para el debate de las orientaciones de la izquierda frente a ese fenómeno (frente único, frente popular, etc.). A su vez, se desarrollaron cursos de introducción a la teoría marxista del Estado que envolvieron a las camadas más nuevas de compañeros. Al mismo tiempo, tuvo lugar una mateada con Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, que sirvió para el debate de un planteo socialista en la lucha contra la opresión de la mujer y para el desarrollo de una campaña por una consulta popular por el aborto legal. Del mismo modo, la actividad reforzó la pelea por educación sexual integral, laica y científica. Néstor Pitrola brindó una charla sobre el 50° aniversario del Cordobazo y el jueves tenía lugar un cierre que repasaba las conclusiones y tareas planteadas. En el próximo número desarrollaremos una cobertura más detenida sobre las actividades. Salimos reforzados para la lucha contra Macri y los gobernadores y por la estructuración socialista de la juventud.

Con una asistencia superior a las 600 personas, el FIT de Neuquén realizó su acto de cierre en el Parque Central. Fue el acto más numeroso de la izquierda de los últimos años en la provincia. Hubo presencia de obreros ceramistas, textiles, docentes, estatales, municipales, etc. El PO participó con delegaciones del norte de la provincia, de Zapala, de Cutral Có, Plottier, Centenario y del Alto Valle de Río Negro. La presencia del Partido y el Polo Obrero, que cubría la mitad de los asistentes, al ritmo de una batucada numerosa alentó durante todo el acto. Romina Del Plá (PO), Juan Carlos Giordano (IS), Christian Castillo (PTS), Patricia Jure (candidata a diputada) y Raúl Godoy (candidato a gobernador) fueron oradores del acto. Estuvieron presentes también Carmen Verdú y el partido Venceremos y Marabunta en Poder Popular, el FOL y la Liga Che Comunista. Con este acto, el FIT demostró que ha crecido a lo largo y ancho de la provincia.

Las patronales automotrices y autopartistas se están sirviendo de la caída en las ventas para golpear a los obreros. Así, esta semana, la fábrica Peugeot suspendió por dos meses a 1.000 trabajadores de su planta de El Palomar, lo que se suma al cierre de líneas y turnos en Volkswagen y Ford. Renault-Nissan decidió parar a 1.800 operarios a partir de la semana próxima. El miércoles 6, Fiat Chrysler Automobile suspenderá la actividad, afectando a 2.000 trabajadores. Mientras, Iveco, que cuenta con más de 900 empleados, aplicará suspensiones desde el viernes. A esto hay que añadir la oleada de despidos masivos, suspensiones y cierres en todas las autopartistas que proveen a las principales terminales. Las burocracias de la UOM y del Smata, que se dividen la representación en las fábricas, se han adaptado totalmente a esta ofensiva patronal con la excusa de que así “se preservan los puestos de trabajo”. Esto no sólo supone la aceptación de que, durante el período de las suspensiones, la patronal pague la mitad del salario, sino que en los últimos cinco años se han producido miles de despidos, frente a los cuales la burocracia tampoco tomó la más mínima medida de lucha para evitarlos. Las patronales automotrices vienen de “juntarla en pala” durante varios años. Ante la caída actual de las ventas, quieren que esta recaiga sobre las espaldas de los trabajadores. Hay que reclamar que se garantice el pago del 100% de los salarios durante las suspensiones y el reparto de las horas sin afectar el salario. Plenario de delegados con mandato de todas las terminales para poner en marcha un plan de lucha contra los despidos y suspensiones y para defender todas las conquistas que las patronales quieren liquidar.

El armado de la convocatoria del 8M en todo el país se lleva adelante en reuniones masivas, en las que priman los debates políticos entre diferentes corrientes que integran este amplio movimiento de mujeres. Las consecuencias de la gran movilización por el aborto legal que pusimos en pie se hacen sentir en la masiva organización de las mujeres. La lucha contra el ajuste de Macri y de los gobernadores, y los pactos con el FMI que prosperan en América Latina; la pelea por el aborto legal y la educación sexual que suponen ir a fondo en la lucha por la separación de la Iglesia del Estado, y la pelea contra los despidos y la flexibilización laboral, están en el centro de la escena. Mientras escribimos estas líneas, un nutrido grupo de mujeres pone en pie la Comisión de Mujeres y Familiares de los trabajadores de Fate, para plantar bandera contra el recurso preventivo de crisis de la patronal, contra las amenazas de despidos y en defensa de las condiciones de trabajo. Esta es la clase obrera que pone de relieve que sobran reservas de lucha, tantas como burócratas sindicales que buscan frenarlas. Kirchnerismo clerical Las corrientes kirchneristas o filo-kirchneristas, que se ausentaron de las calles, buscan eliminar la denuncia contra los gobernadores peronistas que estuvo siempre presente en este movimiento, y plantean que la lucha por la separación de la Iglesia del Estado no sería central. Es que impulsan un frente político con el Vaticano como recurso para volver al gobierno. El “Fuera Macri” de este sector, es un “Hola Cristina, Bergoglio y el FMI”, al cual hasta el gurú económico de Cristina Kirchner le prometió honrar los compromisos macropejotistas. En este campo, el sector más activo no es el núcleo duro del camporismo, el cual definitivamente está debajo de la cama. No quieren aparecer cercanas al movimiento de mujeres que reclama la ruptura con el clero y el aborto legal. Las impulsoras de esta impostura política son el Frente Patria Grande, La Mella, el PCR, la CCC y grupos menores como la CR, ruptura del PCR que cada día se acerca más al viejo tronco partidario. En la asamblea de la Ciudad de Buenos Aires, las más empecinadas en obturar la denuncia contra los gobernadores del PJ son las militantes universitarias de La Mella/Frente Patria Grande, encabezado por el clerical Grabois. Quieren convertir al paro de las mujeres en una plataforma electoral pro-clerical. Por su parte, la agrupación de mujeres “Ni Una Menos” de la Ciudad (existen diferentes núcleos en el país identificados con esta nominación) ha resuelto desviar el debate político central para presentar a las Radfem trans excluyentes, como las responsables de los males que vive la comunidad trans en la Argentina. La impostura supera todos los límites cuando se adjudica a este reducido grupo la responsabilidad que sólo tienen los gobiernos, el Estado capitalista y sus representantes políticos, al respecto de la discriminación que viven y de la expectativa de vida de la comunidad, que está en los 35 años. Quienes apoyan a los gobiernos capitalistas, como ocurre con el Ni Una Menos, sólo usan a este grupo para distraer al respecto de que son sus propios votos los que refuerzan alternativas políticas que fomentan las alianzas con las iglesias, discriminan y reprimen a todo lo que consideran diferente, explotan económicamente a la comunidad trans y luego la descartan. Para estos sectores, como lo confesó alguna integrante del Frente Patria Grande en los medios, la lucha por el aborto legal contra la Iglesia sería distraccionista este año. Es sencillo: han decidido, con fines electorales, unirse a la Iglesia a la que el año pasado repudiamos masivamente. Nos quieren vender que a la reacción macrista se la combate con la reacción clerical. Que sigan de largo. Con las alianzas políticas que refuerzan al clero y a sus aliados pejotistas no hay ni habrá aborto legal y se reforzarán todas las formas de discriminación contra las mujeres y las disidencias de género. Frente de lucha En el campo de la izquierda, por primera vez, se está desarrollando un frente de acción común concentrado en evitar esta usurpación del feminismo pejotista y clerical. Este frente unido, que denuncia a las direcciones sindicales clericales que se niegan a llamar al paro o que buscan confinarlo a un asueto, fue plasmado en un texto propuesto por el PdT, reclamando el paro contra el ajuste y por el aborto legal. A su vez, impedimos la impostura de no denunciar a los gobernadores del peronismo y de silenciar las luchas en curso. Esta posición común se alcanzó a partir de un cambio de orientación de algunos grupos de izquierda. En el pasado, estos sectores acompañaban el ocultamiento de las responsabilidades del conjunto del régimen, con el argumento de que así se vehiculizaba mejor la lucha contra el macrismo. Será sobre la base de la clarificación, y no de la disolución política, que podremos advertir las maniobras que intentan cancelar la lucha por el aborto legal, y desviar al movimiento para convertirlo en el apéndice de una facción clerical y patronal del movimiento. Paro de las y los trabajadores La burocracia impulsa la división para diluir el carácter de la jornada, y evitar que unamos fuerzas por demandas como el salario igual al costo de la canasta familiar, los jardines para tener a los niños en lugares adecuados en horario laboral, las licencias por violencia de género, el derecho al acceso a todos los niveles de los escalafones o el trabajo genuino para las miles de mujeres que trabajan en la más absoluta precariedad. Las mujeres representamos a la mayoría de la población que es objeto de la peor de las formas de opresión que se desatan sobre los explotados al servicio del capital y sus intereses minoritarios. No queremos dirigir guetos de mujeres sino al conjunto de la clase obrera con el mejor de los programas: sustraer a nuestras hermanas y hermanos de clase de la podredumbre en la que el régimen sumerge a la mayoría de la población. Esta es la causa más noble que podemos encarar. La lucha por los derechos de las mujeres es una lucha por el futuro de la humanidad y cualquier intento de parcelarla, está destinado a llevarla al fracaso. El 8M pugnamos por un gran paro de toda la clase obrera por los derechos de las mujeres y bajo su dirección. Exigimos el cumplimiento de las reivindicaciones y luchamos por remover de las conducciones sindicales a las y los aliados del clero y de las patronales.

La entrada de Guaidó por Maiquetía -aeropuerto internacional de Caracasconstituye, como ha coincidido la prensa, una señal de debilidad del chavismo. El gobierno bolivariano no consumó la amenaza de arresto que pesaba sobre el autoproclamado presidente. Según algunas fuentes, habría una división en la cúpula chavista sobre la conducta a seguir, entre el ala más radical, encabezada por Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, y el círculo más próximo a Maduro, entre ellos los hermanos Rodríguez, Jorge y Delcy -ministro de Comunicación y vicepresidenta-, partidarios de evitar una detención. De todos modos, eso no nos debe hacer perder de vista que la oposición viene del fracaso del pretendido “ingreso de ayuda humanitaria” por las distintas fronteras. El operativo, que pretendía concitar una adhesión popular y un vuelco de las Fuerzas Armadas, no tuvo los resultados que los golpistas esperaban. La deserción de militares, como lo admiten las propias huestes derechistas, fue muy acotada. El alto mando mantuvo su respaldo al gobierno. “A partir de este fiasco, las expectativas que había generado el liderazgo de Guaidó habían mermado” (El País, 5/3). Este hecho delata la impotencia de los opositores. Hay quienes pronostican que, en este marco, la crisis se prolongue en el tiempo, sin una definición. A partir de allí, una parte del gobierno de Maduro apuesta a que se pinche la figura de Guaidó y la conspiración ingrese en un desgaste. Consciente de ese riesgo, Guaidó ha lanzado un nueva movilización para el fin de semana y otra interpelación a las Fuerzas Armadas, reclamándoles no repriman y que los “colectivos” (las fuerzas de choque del régimen) no salgan a la calle. Pero lo novedoso es que Guaidó estaría promoviendo un paro general. Ha reunido a dirigentes sindicales, incluido el sector petrolero, pero todavía no está muy claro su alcance y representatividad. Según los trascendidos, se estaría barajando “un paro escalonado seguido de una huelga nacional” (Clarín, 6/3). Guaidó anunció que “propondrá ante la Asamblea Nacional una ley de protección para los trabajadores”. La demagogia de estas promesas es evidente, si tenemos presente que los planes de "normalización económica" que vendrán de la mano del FMI, suponen penurias y privaciones para la población explotada. De todos modos, y si prosperara, la convocatoria a una huelga puede acelerar el asilamiento y derrumbe de Maduro. En ese caso, podría progresar el cerco internacional que se ha tendido sobre Venezuela. La gira latinoamericana del autoproclamado presidente, y que incluyó un encuentro con Macri, lo llevó también a Colombia, Paraguay, Brasil y Ecuador, intensificando la presión internacional dirigida a acelerar un desenlace político. Estos gobiernos actúan como cipayos de la política contrarrevolucionaria del imperialismo (como ya lo han hecho en Haití anteriormente). El grupo de Lima, que agrupa a parte de ellos, ha señalado su oposición a una invasión militar. Son conscientes de que eso podría incendiar a un continente que ya está en llamas. La postura que predomina, por ahora, es una 'salida ordenada' de Maduro y elecciones digitadas por la 'comunidad internacional', en la línea del Grupo de Contacto, patrocinado por la Unión Europea y que tiene la bendición del Papa. Importa señalar que la conducta del gobierno argentino cuenta con la complicidad del arco opositor. Con menos repercusión que el encuentro entre Macri y Guaidó, a comienzos de febrero, la enviada de este último en Argentina se reunió y recibió el apoyo de Sergio Massa y Miguel Pichetto. El pejotismo, con el que los K han cerrado acuerdos en todas las provincias y persiguen un acuerdo nacional, es una pieza más de la cruzada golpista contra Venezuela. El panorama expuesto pone en el orden del día la necesidad de que los trabajadores entren en escena pero con total autonomía, apartándose de las maniobras de la derecha. La ausencia de un polo independiente de la clase obrera crea el campo orégano para que la oposición pueda hacer demagogia y arrastrar a los trabajadores al operativo contrarrevolucionario en marcha. Las tendencias sindicales y políticas combativas de Venezuela deben ponerse a la cabeza de la convocatoria de un congreso de trabajadores, para enfrentar la intentona golpista y discutir un programa y una salida obrera frente a la crisis nacional. Al mismo tiempo, es crucial una acción continental de los trabajadores. El cerco internacional sólo puede ser derrotado por la movilización de masas en Latinoamérica, y no por el apoyo de las burocracias restauracionistas rusa y china a Maduro y la camarilla militar. Putin negocia con Trump una salida que preserve los intereses petroleros de Rusia en Venezuela. De la misma manera, el país es una prenda de canje y negociación en la disputa que Xi Jinping mantiene con Washington. Ni qué hablar que un freno a la escalada contrarrevolucionaria de Venezuela representará un golpe al imperialismo y a todos sus lacayos en Latinoamérica; fortalecerá la lucha por derrotar los ajustes que los gobiernos latinoamericanos vienen implementando en sus países y apuntalará la batalla por la emancipación nacional y social de Latinoamérica, por gobiernos de trabajadores y por la unidad socialista de América Latina.

La multitud congregada en las puertas de la planta de cubiertas Fate en San Fernando ha sido una muestra extraordinaria de apoyo popular a los trabajadores. Más de cinco mil personas se hicieron presentes en el festival organizado por el Sutna y la seccional de San Fernando, junto con bandas y murgas, que en forma solidaria hicieron su presentación en el escenario. El "Cabra" y el "Pecho", de las Manos de Fillipi, abrieron la jornada con su música combativa para luego dar paso a Dani Lescano (Flor de piedra) y murgas de la zona que brindaron un gran espectáculo de lucha y solidaridad. La presencia masiva de trabajadores junto con sus familias reveló una importante disposición de los compañeros a dar esta batalla contra las intenciones patronales. El rechazo a los despidos y el intento de imponer una reorganización flexibilizadora del trabajo en Fate fue el eje de la denuncia de los compañeros y de todas las bandas y músicos solidarios. Una verdadera fiesta de lucha de la cual deberá tomar nota la patronal de Madanes Quintanilla a la hora de intentar avanzar contra los trabajadores. Desde el escenario, Alejandro Crespo -secretario general del Sutna-, llamó al conjunto de los presentes a apoyar fuertemente esta lucha y José Meniño -secretario ejecutivo de la seccional San Fernando- anunció la conformación de la Comisión de mujeres y familiares del Sutna San Fernando-trabajadores de Fate, que jugará un papel clave en el apoyo y sostenimiento del conjunto de esta pelea. Preventivo de crisis En una nueva audiencia que tuvo lugar este miércoles 6 en la Secretaría de Trabajo, quedó expuesto el rechazo del Sutna al pedido del recurso preventivo de crisis. Los funcionarios del gobierno señalaron que se expedirán en los próximos días sobre el pedido patronal. Nuevamente, el Sutna se encontró con la intransigencia de los enviados de la empresa, que hasta el momento sólo han señalado su intención de atacar a los trabajadores. Los trabajadores han desbaratado todos los argumentos patronales que pretenden justificar esta escalada antiobrera. El pretendido proceso de reorganización de la producción es sencillamente un plan de despidos masivos y superexplotación, cuando en realidad las pérdidas señaladas por la patronal, están relacionadas con la política macrista. En Fate, y en todo el Neumático, está presente la defensa de la organización clasista que logró desplazar a la burocracia sindical de la dirección del gremio. En la audiencia realizada en la Secretaría de Trabajo, el Sutna dejó sentado que en los próximos días se realizará la asamblea general de planta para discutir y resolver entre todos los trabajadores de Fate los pasos a seguir en defensa de sus intereses. Esta primera etapa de lucha, con más de la mitad de la fábrica de vacaciones, ha culminado. Los intentos de la patronal de iniciar los ataques en ese marco han fracasado bajo la enorme campaña realizada por el Sutna. La patronal se mantiene en la línea de infringirle una derrota a uno de los colectivos obreros con mayor tradición de organización y lucha del movimiento obrero argentino. La política de aprovechar la crisis económica general para intentar avanzar contra los trabajadores es, al mismo tiempo, una apuesta peligrosa para la patronal. El descontento popular crece día a día y un choque abierto con los trabajadores que recuperaron su herramienta de organización puede ingresar en la crisis política como una bomba de tiempo. Fate es una fábrica emplazada en el cordón industrial de la zona norte de la provincia de Buenos Aires, donde se concentran miles de trabajadores de las principales industrias del país. Hoy, arreciada por los despidos -en complicidad con la burocracia sindical de todos los pelajes-, la clase obrera de la estratégica zona norte no ha logrado encontrar un punto de referencia para reagruparse y abrirse paso. Una lucha de esta envergadura colocará en problemas, no sólo a Fate sino a muchas más patronales. El Sutna y los trabajadores de Fate se preparan para que todos los trabajadores de la zona norte se pongan de pie por el triunfo de Fate y de todos los trabajadores. El Plenario del Sindicalismo Combativo, encabezado por el Sutna, será un factor clave para rodear de solidaridad a los compañeros, y al mismo tiempo, deberá jugar un papel activo en la agitación de cada una de las luchas, en contraste con la parálisis vergonzosa de las centrales sindicales. El Partido Obrero participó activamente en el Festival del Sutna y colocará todos sus esfuerzos en el triunfo de los compañeros del Neumático. En la lucha de los trabajadores se pone en carne viva qué clase social debe pagar esta crisis y qué clase social debe encabezar a los explotados para sacarse de encima a Macri y a la oposición patronal que se ofrece como relevo capitalista, y establecer una salida de los trabajadores a esta crisis.

Apocos días de los comicios neuquinos, no existen certezas aún de cuál será la fuerza política ganadora. Mientras algunas encuestas dan por vencedor a Omar Gutiérrez, del MPN, el partido que desde hace más de medio siglo detenta el poder en la provincia, otras anticipan un triunfo de Ramón Rioseco, que lidera la alianza del PJ-kirchnerismo. Esta posibilidad de cambio de signo político ha motivado a diversos editorialistas de diarios nacionales a sembrar un clima de alerta en torno de la primera elección del año. Es que un eventual triunfo del kirchnerismo, en la provincia de Vaca Muerta, representaría una modificación severa del escenario político nacional, asestando un golpe en la línea de flotación del proyecto reeleccionista de Macri. No hay que olvidar que Vaca Muerta ha sido un caballito de batalla fundamental de la gestión presidencial. El distanciamiento en las encuestas de “Pechi” Quiroga, el candidato de Cambiemos, de los guarismos de Gutiérrez y Rioseco, ha llevado a Macri y sus séquitos a volcarse por la reelección de quien supo ser ‘un gobernador aliado’. En los diarios locales, sin embargo, con buen tino, se ha puesto paños fríos al alarmismo. No por el futuro de Macri, sino por el de las empresas. Es que los monopolios petroleros, que son quienes manejan los hilos de la economía provincial, tienen completamente asegurados sus negocios, ya sea con Gutiérrez o con Rioseco. No hay que olvidar que el actual esquema de tarifas dolarizadas, subsidios y flexibilización laboral, sobre el cual se ha montado la tibia reactivación de Vaca Muerta, ha sido parido por el gobierno kirchnerista, con el concurso del mismísimo Rioseco, en oportunidad del cierre del pacto secreto entre YPF y la petrolera yanqui Chevron. Asimismo, fueron los K los impulsores de la nueva ley de hidrocarburos, que sentó las bases para avanzar sobre el convenio colectivo de los trabajadores del sector. Y, finalmente, Rioseco junto al MPN prorrogaron la concesión del área El Mangrullo por 35 años a Pampa Energía. Fue todo esto lo que acaba de ponderar Rioseco en una entrevista brindada a Ambito.com, en donde asegura que “las petroleras con nosotros van a ganar más plata que nunca”. Rioseco se ofrece como “la garantía de la seguridad jurídica para las petroleras”, lanzando un claro guiño a Techint, que viene de chocar con Macri por el cambio de reglas en los subsidios recibidos por el Plan Gas. La contención El kirchnerismo ha dado otra muestra fundamental de su condición de fuerza del sistema, jugando un papel clave en la contención del movimiento obrero de la provincia. Tal es así que la burocracia que dirige el combativo gremio docente de Neuquén, abiertamente alineada con Rioseco, ha operado para prorrogar el acuerdo salarial del año pasado evitando desatar la lucha por una verdadera recomposición. Lo mismo vale para la burocracia de ATE, que entregó las paritarias sectoriales y ha aislado la lucha de los obreros de la Planta Industrial de Agua Pesada (Piap) contra los despidos y el vaciamiento de la planta. En el sector privado, la burocracia petrolera de Guillermo Pereyra, luego de haber encorsetado a los trabajadores que padecen la ultraflexibilización laboral con una cláusula antihuelga, chantajeó a los obreros con la necesidad de votar al MPN como condición para preservar sus puestos de trabajo. En el terreno del movimiento de lucha de la mujer, las organizaciones de mujeres kirchneristas se encuentran montando un operativo para invisibilizar el reclamo del aborto legal en la próxima movilización del 8M, por el día internacional de la mujer trabajadora. A 36 horas de los comicios, las organizaciones K quieren borrar la principal reivindicación del último tiempo del movimiento femenino. Sus lazos profundos con el clero dejan en manos exclusivas del Frente de Izquierda esa reivindicación histórica y fundamental de la mujer trabajadora. La lucha dada y el desafío planteado El Partido Obrero en el Frente de Izquierda ha desenvuelto su campaña bajo el lema “Que la crisis la paguen los capitalistas”, planteando la necesidad de “una salida de los trabajadores”. Señalamos la fragilidad del saneamiento de las arcas provinciales, basado en una coparticipación que emana de un Estado nacional quebrado y en los ingresos por regalías, que se sostienen en base a un esquema de tarifazos inviables para las familias trabajadoras y para la industria. Le opusimos a ese esquema el planteo de la estatización sin pago de los recursos hidrocarburíferos bajo control de los trabajadores; la derogación de la flexibilización laboral; la prohibición de los despidos y suspensiones; el reparto de las horas de trabajo; y el salario igual al costo de la canasta familiar. El PO en el FIT fue la única fuerza que agitó entre las bases petroleras un programa alternativo al defendido por la burocracia de Pereyra. Nuestro planteo estratégico fue acompañado de la pelea por poner en pie al movimiento obrero para derrotar a Macri, el FMI y los gobernadores. Fue así que, junto a los obreros ceramistas, a las seccionales combativas de Aten y al Polo Obrero y el FOL, impulsamos la movilización del 14 de febrero, en línea con la marcha a Plaza de Mayo realizada por el Plenario Sindical Combativo. El 6 de marzo, sólo el Frente de Izquierda estará acompañando a las gestiones obreras de las textiles y los ceramistas, a los obreros de la Piap y a las organizaciones sociales en su lucha contra el ahogo y el sabotaje estatal. El domingo 10, el Frente de Izquierda apuesta a ampliar su bancada en la legislatura neuquina y tiene, además, la posibilidad de ingresar a numerosos concejos deliberantes. Es lo que se constató en la gira provincial de los candidatos, en las agitaciones y mesas callejeras, que se reforzarán en estos últimos días de campaña. Con independencia de las conquistas parlamentarias que se obtengan o no, el Partido Obrero sale reforzado de la campaña electoral, habiendo reclutado a nuevos compañeros y estructurado núcleos militantes en nuevas localidades.

El acuerdo anunciado por el sindicato aceitero de Capital (SOEIA) con la empresa Cofco, respecto del cierre de la planta refinadora de Valentín Alsina, ratifica los despidos masivos y el cierre de la planta. Luego de dos meses de un acampe en puerta de fábrica que mostró la disposición a la lucha de un sector importante de los trabajadores, y entrando en marzo -el mes de la cosecha-, el sindicato aceitero y la Federación, con Ezequiel Roldán y Daniel Yofra a la cabeza, decidieron cerrar el conflicto sin tomar ninguna acción de lucha nacional. Aceptaron los despidos de la mayor parte de los 70 trabajadores que seguían peleando por sus puestos de trabajo, y la reubicación de una parte menor en otras fábricas de Cofco, ubicadas en Junín y en Rosario. Recordemos que otros 70 trabajadores aceptaron el despido a lo largo de estos dos meses, en el marco de fuertes presiones por parte de la empresa que ofrecía indemnizaciones del 130% y de una línea de desgaste y parálisis por parte de la Federación. Los dos meses de acampe sin medidas de movilización y acciones de lucha nacionales con el pretexto de no quebrar una conciliación provincial, fueron funcionales a los objetivos de la empresa. En qué consiste el acuerdo Más de 40 trabajadores serán recontratados por Cofco por cinco meses, incluyendo suspensiones en tandas, para tareas de mantenimiento y limpieza, quedando al final del período desvinculados. Por otra parte, la empresa conformará un listado de 32 trabajadores como máximo (que estén dispuestos a mudarse a Junín o a Rosario), para ser reubicados en sus otras plantas, guardándose la potestad para decidir a quiénes reubica. Lo que se presenta como un paso adelante, no es más que el resultado de la claudicación del sindicato, que no desarrolló una lucha a fondo frente al cierre de una de las tres fábricas que lo integran. A pesar de contar con fuertes reservas de lucha de los 70 trabajadores que continuaban acampando, el sindicato y la Federación evitaron dar una pelea nacional, a costa de la destrucción de 200 puestos de trabajo. El trasfondo de esta orientación de derrota, y finalmente de este acuerdo capitulador por parte de la conducción de la Federación Aceitera integrada al moyanismo, es que no hay condiciones para luchar contra las patronales durante el gobierno de Macri, y como lo han manifestado abiertamente entre los trabajadores de base, que hay que esperar a que cambie el gobierno, asuma Cristina y reabra el Ministerio de Trabajo. La ausencia de cualquier perspectiva de independencia de clase por parte de la Federación. No sólo puede costar todos los puestos de trabajo en Nidera, sino otros centenares en diferentes empresas aceiteras. Es necesario rechazar este acuerdo. Que se convoque a un plenario de delegados con mandato de asamblea, que elabore un plan de lucha en defensa de todos los puestos de trabajo de Nidera. El paro nacional aceitero debe ser ya.

La huelga docente convocada por Ctera fue masiva en prácticamente todo el país, y especialmente contundente en la Ciudad de Buenos Aires y en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Chaco y Salta -en estas últimas con grandes movilizaciones-, y en Chaco, precedidas de importantes autoconvocatorias. Incluso, dentro de las jurisdicciones en las que ya se ha cerrado la paritaria -a la baja- como es el caso de Chubut, Río Negro o Tucumán, las medidas fueron importantes. En Buenos Aires, una movilización de alrededor de 20.000 trabajadores se dirigió a la Plaza de Mayo. Fue una movilización de aparato, que estuvo por debajo de las grandes movilizaciones de 2017 y 2018. En el caso del Suteba, la movilización de la oposición multicolor aportó, aproximadamente, la mitad de la concurrencia. La marcha confluyó en un acto, de espaldas a la Casa de Gobierno, en el que ninguno de los oradores planteó continuidad alguna de las medidas. Todos ellos, en cambio, se centraron en la defensa de la unidad electoral de la oposición pejotista para 2019. El planteo más extremo fue el del burócrata Daniel Ricci, de Aduba, que concentró su atención en la denuncia de la persecución judicial de empresarios y funcionarios K por sus enjuagues con el presupuesto de la obra pública. Sonia Alesso, por su parte, destacó que con la unidad que se expresaba en la marcha para “votar bien” en las elecciones, los maestros estaban dándole una enseñanza a Macri. Pero no llamó a enfrentar, con la lucha, el plan de guerra del que denominó “gobierno de la derecha liberal”. “Macri tiene fecha de vencimiento”, fue su principal alegato, lo que augura, según Alesso, el retorno al poder del peronismo, que ha viabilizado el ajuste a través del Congreso y en aquellas provincias que gobierna. Sonia Alesso, también, pasó de largo de que la mayoría de las provincias del país no han cerrado las paritarias, incluyendo su provincia, Santa Fe, que la semana entrante tiene votado un paro de 48 horas. Si los gobernadores -los mismos que firmaron un salario inicial de 15.000 pesos- no dan respuesta, habrá paros en Entre Ríos, Chaco y Santa Cruz; el 7 de marzo debatirán cómo continuar las medidas los Suteba multicolores, Ademys y el sindicalismo combativo de varias provincias del interior, por el reclamo de un salario básico unificado nacional de 26.000 pesos, triplicación del presupuesto educativo, resolución del derrumbe de la infraestructura bajo control de docentes y padres, defensa de los regímenes jubilatorios y de los estatutos docentes. La dirección de Ctera, igual que la de Suteba y UTE, hicieron campaña bajo la consiga “el 6 de marzo, los docentes vamos a la escuela”. Sin embargo, la necesidad del no inicio fue planteada por la reacción de la base docente a un estado de ajuste histórico contra la educación pública. Un informe del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) señaló que, tanto las provincias como la Nación, redujeron en forma significativa el presupuesto destinado a inversión en educación en los últimos años. En el ámbito nacional, la inversión educativa, según el reporte, cayó 9% entre 2016 y 2018. Además, de cumplirse el Presupuesto 2019, el retroceso llegará al 19%. Actualmente, el 70 por ciento de los docentes de todo el país cobra salarios por debajo de la línea de la pobreza -muy lejos de los 49.200 pesos que mintió el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro. En el caso de la provincia de Buenos Aires, un docente de más de doce años de antigüedad recibirá de aumento cero pesos, estableciendo de hecho un tope de 20.100 pesos -es decir, 6.000 pesos por debajo de la canasta de pobreza. El panorama se completa con el derrumbe edilicio de las escuelas, de parte de un gobierno que prometió la creación de 3.000 jardines que jamás comenzó a construir. Este ataque histórico está rubricado por el ministerio de Educación y por el Consejo Federal de Educación, integrado por todos los ministros de Educación de todas las provincias, que han informado la resolución de que el salario mínimo docente pasará a 15.000 pesos a partir de este mes, lo que representa un aumento del 10,41% respecto de la base previa. Este es el salario que cobrarán la mayoría de los docentes en las provincias más pobres, como las del NOA y NEA. Ninguna tregua A contrapelo de la política de tregua de la dirección celeste de Ctera, este estado de cosas fue el alimento de una huelga masiva y el levantamiento de los docentes del Chaco, que reclaman ir a medidas de fuerza indeterminadas, o de Salta, provincia en la que se produjo una gran movilización, a pesar de la integración de la Asociación Docente Provincial de Salta (ADP) -hoy envuelta en un escándalo de manipulación de cargos, venta de títulos y fraudes en planes de viviendas- al gobierno de Urtubey, además de importantes movilizaciones en Córdoba y en otras provincias. Paremos masivamente el 8M y reclamemos plenarios de delegados con mandato en todas las provincias para decidir un plan de lucha hasta la huelga general, que derrote el plan de guerra de Macri y todos los gobernadores contra la educación.