Prensa Obrera N° 1536

La intervención imperialista yanqui en Venezuela ha servido para clarificar a qué intereses sociales y políticos responden la inmensa mayoría de los partidos de la Argentina. Macri, desde ya, es responsable directo de involucrar a nuestro país en un intervencionismo descarado contra un pueblo hermano, para apuntalar los intereses del imperialismo yanqui en la región, avalando incluso sanciones económicas y provocaciones militares. Los 5.000 soldados que Donald Trump enviará a Colombia constituyen el primer paso de lo que podría ser una intervención militar en regla, al que podría sumarse Bolsonaro y los países del Grupo Lima. Macri pretende que la acción yanqui en Venezuela, y en toda la región, le permita reconstruir a su gobierno, golpeado por la bancarrota económica. Ser la carta del imperialismo yanqui es el último recurso que le queda para tratar de sortear con éxito las próximas elecciones y evitar que se profundicen las deserciones en el seno mismo de la clase capitalista. Pero Macri no está solo en esta cruzada imperialista contra Venezuela. Con la velocidad de un rayo, uno a uno los candidatos del llamado “peronismo federal” de los gobernadores han expresado su reconocimiento al usurpador Guaidó. Tanto Massa, Pichetto y Urtubey, quienes en el pasado posaban de chavistas, han dado su reconocimiento al falso presidente designado por Estados extranjeros, empezando por Estados Unidos y sus peones de la OEA. Mientras se llenaban la boca con frases sobre la defensa de la democracia en Venezuela, en la más cercana provincia de La Rioja consumaban un atropello institucional para habilitar una nueva reelección de su gobernador pejotista. La política represiva continental diseñada por el Pentágono tiene entre sus más fervientes defensores a los candidatos pejotistas, que se han convertido en la vanguardia de la xenofobia y la penalización de la juventud. El alineamiento pejotista con Trump y la OEA permite poner de manifiesto que el llamado “frente único anti-macrista” que pregona el kirchnerismo no es otra cosa que una alianza descarada con los agentes del intervencionismo imperialista en América Latina. El silencio estruendoso de Cristina Kirchner desde que empezaron los aprestos golpistas muestra que ella no es ajena a esta política. El pronunciamiento del bloque de diputados de Unidad Ciudadana propuso el ‘diálogo’-o sea una negociación con los golpistas, la oligarquía que lo sostiene y el imperialismo-, que sólo puede servir para que avancen sus intereses. El rastrerismo ante el imperialismo incluye también al centroizquierdismo. Pino Solanas, por ejemplo, no tuvo empacho en proponerle una Paso común a Pichetto, Urtubey y Massa, de la que participe también Cristina Kirchner, en momentos que éstos daban su reconocimiento a Guiadó. Pino Solanas archivó para siempre sus críticas a la entrega minera y petrolera, para terminar su vida política como un lamebotas del imperio. La política internacional y nacional está dictada por los mismos intereses. Quienes defienden el intervencionismo yanqui en Venezuela anticipan que gobernarán en Argentina aplicando los planes del FMI. Hasta cierto punto ya lo vienen haciendo, si se tiene en cuenta que le han votado a Macri más de cien leyes y aplican rigurosamente su ajuste en las provincias que les toca gobernar. Por el lado del kirchnerismo, otra vez, va a la zaga de estos intereses. Mientras Cristina Kirchner mantiene su silencio, en su lugar toma la palabra Kicillof para dar a conocer sus reuniones con los especuladores internacionales, a quienes les promete que si vuelven al gobierno no romperán con el FMI, pagarán la deuda y no afectarán el negocio bancario. Dado este panorama político se explica que el único bloque político que se pronunció y se movilizó contra la intervención imperialista y los aprestos golpistas en Venezuela sea el Frente de Izquierda. A dónde vamos Mientras Macri hace demagogia con Venezuela, lo cierto es que Argentina, cada vez más, marcha en la dirección de una desorganización económica y una crisis social de envergaduras similares. Muchos de los responsables de las hiperinflaciones y de las crisis de 1989 y 2001 están hoy en el gobierno. La derecha y el populismo comparten su base capitalista, que en última instancia es la causa directa de las crisis. Argentina y Venezuela tienen ese mismo punto de contacto. En noviembre pasado, por ejemplo, la actividad económica cayó un 7,5%. El salario directamente se derrumbó, como lo muestra la caída de 13,2% del índice Ripte durante el mismo mes. El consumo ha perforado el piso y no hay miras de una recuperación. Mientras eso ocurre, los especuladores ganan fortuna aprovechando un negociado de corto plazo ofrecido por el gobierno con las tasas de interés absurdas del Banco Central. Desde la asunción de la nueva cúpula del Banco Central puesta por el FMI en setiembre, los beneficios en dólares acumulados de quienes compraron títulos de deuda llegan al 37%. Semejantes beneficios son propios de un país en bancarrota. Lo acaba de alertar Domingo Cavallo, al anticipar una corrida cambiaria en medio del proceso electoral. El carry trade armado para compensar las pérdidas de los especuladores en 2018 coloca a Argentina en una situación de extrema vulnerabilidad. Bastará algún hecho nacional o internacional para un cambio de tendencias, que termine creando una nueva fuga de capitales, que esta vez con seguridad afectará también al sistema bancario. El negociado de los especuladores, sin embargo, está creando una grieta al interior de la clase capitalista. Las altas tasas de interés y los tarifazos en la luz y el gas aceleran el derrumbe industrial; la desvalorización del salario y las jubilaciones afectan a las cadenas comerciales; los nuevos impuestos creados para cumplir con el déficit cero ha llevado a que eleve su voz de protesta hasta la re-macrista Sociedad Rural, que espera que la devaluación del peso sea mayor y que por esa vía se incrementen sus precios en pesos y se licúen las nuevas retenciones. Sin embargo, este programa choca de frente contra el carry trade que beneficia directamente a los bancos y fondos de inversión internacionales. El “peronismo federal” y el kirchnerismo se candidatean para canalizar a estos sectores capitalistas descontentos. Por eso no abren la boca antes los despidos masivos en la industria o, como el caso del kirchnerismo, los justifica en nombre de que empresarios y trabajadores son víctimas por igual de la misma política económica. El gobierno, por su lado, busca mantener la mayor base social de apoyo mostrándose como el brazo ejecutor de una ofensiva contra los trabajadores. En la industria textil, por ejemplo, acaba de apadrinar una reforma laboral pactada por los empresarios y las burocracias sindicales de los distintos sindicatos del área para arrasar con las conquistas de los trabajadores. Así, mientras agitan la reforma laboral en el Parlamento, el gobierno, las patronales y la burocracia pejotista la aplican, de hecho, en cada vez más sectores de la industria y el comercio. La agenda de los trabajadores A la luz de lo expuesto, queda claro que todas las clases sociales y sectores de la burguesía toman la palabra y hacen conocer sus reclamos. Asistimos a una nueva bancarrota que vuelve a plantear la cuestión de las cuestiones: quién paga la factura de la crisis. Cada sector capitalista pugna por sobrevivir, reclamando al gobierno subsidios, medidas de apoyo o que acelere su ofensiva antiobrera. La dependencia de toda esta clase capitalista con el gran capital internacional explica, sin embargo, que nadie quiere patear el tablero y romper con el FMI y sus planes de ajuste y su economía monitoreada. Sin embargo, la única clase social que no ha elevado su voz y su propia agenda es la clase obrera. Esto se debe a que la burocracia sindical está atada de pies y manos a las distintas variantes capitalistas y terminan dividiendo a los trabajadores en función de los intereses de sus patrones. Pero más que nunca se necesita que los trabajadores intervengan y planteen su propio programa, para que la crisis la paguen los capitalistas, que son quienes se beneficiaron largamente en todos estos años y son los responsables directos de este régimen social. Que la crisis la paguen los capitalistas significa, ni más ni menos, romper con el FMI y desconocer la deuda externa usuraria, establecer el reparto de las horas de trabajo contra los despidos, un aumento general de los salarios para recuperar lo perdido por las continuas devaluaciones e imponer la escala móvil de salarios y jubilaciones, la nacionalización de los resortes fundamentales de la economía y el control obrero. Nuestro planteo de Asamblea Constituyente soberana se inscribe en esta política, porque para que la crisis la paguen los capitalistas es necesario proceder a una reorganización general del país. Para luchar por esta perspectiva se ha realizado una exitosa reunión, a instancias del Sutna, del Plenario Sindical Combativo, que convocó a todas las luchas del momento, que han sido dejadas en el total desamparo por la burocracia sindical. El Plenario debatió la situación política y resolvió impulsar una movilización central de Congreso a Plaza de Mayo para el próximo 14 de febrero, que será replicada en todas las provincias y grandes ciudades del interior del país. El acierto de la convocatoria y su exitoso resultado deben ahora dar lugar a una fuerte campaña de pronunciamientos en todos los lugares de trabajo, para masificar la movilización y reclamar un paro activo de 36 horas con movilización a Plaza de Mayo contra los despidos y los tarifazos. Ante esta situación, redoblamos nuestro llamado al Frente de Izquierda no sólo a que apoye e impulse esta iniciativa, sino que asuma la iniciativa política avanzando ya mismo en un acuerdo integral político, de programa y de candidaturas para postularse como un polo político de los trabajadores ante una crisis nacional que se agrava. Mientras los partidos de la clase capitalista se revelan ante la población como agentes directos del imperialismo, y cuando los ‘nacionales y populares’ buscan una alianza con los peones de Trump, el Frente de Izquierda tiene el deber de postular una salida de los trabajadores y la izquierda.

El pasado 28 de enero, en uno de los días más calurosos y agobiantes del año, sesionó en la sede del sindicato del Neumático una verdadera “cumbre” de representaciones de lucha, convocada por la Mesa del Plenario del Sindicalismo Combativo. Participaron Alejandro Crespo (secretario general del Sutna nacional), José Meniño (secretario general del Sutna-San Fernando), Ileana Celotto (secretaria general de la AGD-UBA), Mónica Schlotthauer (Unión Ferroviaria de Oeste), Guillermo Pacagnini (secretario general de la Cicop), Luciano Cáceres (secretario adjunto de Amsafe-Rosario), Eduardo Belliboni (Polo Obrero), Miguel Bravetti (Comisión Interna de Interpack), Christian Paletti (directivo de AGTSYP), Amanda Martín (secretaria adjunta de Ademys), Pablo Eibuszyc (Naranja Telefónica), delegados de Kimberly Clark, de los Suteba “multicolores”, de La Matanza, Escobar y Quilmes, Cesar Latorre (delegado general el Hospital Italiano), el diputado provincial Guillermo Kane (PO-Frente de Izquierda) y Fernando Ramal (presidente de la Fuba), entre otros. Por su método y su posicionamiento políticamente independiente del Estado, los partidos del régimen y la burocracia, el PSC es hoy el único espacio sindical capaz de ofrecer a la clase obrera un terreno de lucha contra la ofensiva del macrismo -caracterizada por despidos masivos, la destrucción del salario, los tarifazos y una reforma laboral “por sectores” (que tuvo su primer capítulo del año con los gremios textiles). La iniciativa del PSC vino a ocupar el lugar del que reniegan las burocracias sindicales de la CGT y las CTA; todas ellas jugadas a la “acumulación” electoral y, por lo tanto, ocupadas en las roscas de la interna del peronismo. El eje de la convocatoria fue, precisamente, que “ante el ataque cruzado contra los trabajadores de parte del gobierno y de las patronales, y la complicidad de la burocracia sindical no había nada que esperar”: la lucha es ahora. En contraste, la subordinación política del kirchnerismo a “la unidad” con el PJ federal, como se constata en los frentes anudados en varias provincias, tiene su traducción en el sometimiento de las corrientes moyanistas al binomio de conducción de la CGT. Ya lo dijo Barrionuevo: “para que haya un paro tendremos que estar todos de acuerdo”. La política de contención y de tregua de Moyano, Yasky y el 21F se apoya en esa orientación general; ganar las calles con “marchas de antorchas” y otras convocatorias lights (aunque puedan ser vistas por las masas como una oportunidad para manifestarse) apunta sólo a “desgastar” al gobierno, evitando una confrontación consecuente, apelando a medidas de fuerza progresivas. Esto vale perfectamente para ese posible paro nacional, que según Moyano será “en abril o mayo”. El ritmo de la debacle económica lo pondrá cada vez más alto en la agenda, pero si se concreta, será siempre en función de descomprimir y desviar la bronca popular hacia un “voto eficaz” en diciembre. La vigencia del PSC El PSC aparece, en este contexto, como la única opción a la postración de la burocracia a las variantes patronales. Eso, que fue destacado por varios oradores, es lo que permite tender un puente a la participación de sectores gremiales y políticos, que no son integrantes del plenario; como ocurrió en esta oportunidad con, prácticamente, la totalidad de las luchas del momento -Interpack, Cresta Roja, Nidera, Télam, Pilkington, Siam, Sport Tech, el Inti, Belgrano Norte y ATE-Educación- más allá de las diferencias y formas de estos conflictos. Aunque no pudieron estar presentes, enviaron su saludo Romina Del Plá (secretaria general del Suteba-La Matanza y diputada nacional por el FIT) y Alejandro López (secretario general del Sindicato Ceramista de Neuquén). López, además se pronunció, mediante una carta, a favor de “impulsar un gran encuentro nacional de delegados de base de las centrales obreras, de sindicatos y de organizaciones sociales independientes, de la izquierda clasista y combativa para abrir el debate”. Un planteo similar al Congreso de delegados electos por la base de los sindicatos, que la CSC-PO defiende desde siempre, como fórmula de poder alternativo al control burocrático de las organizaciones obreras. Luchar por un programa Un dato que expresa la maduración del debate es que no sólo se mocionó movilizar contra la tregua sino reforzar la delimitación programática de toda salida patronal (abierta o encubierta): la ruptura del pacto con el FMI y el rechazo a la deuda externa en oposición a la renegociación; la derogación de los tarifazos y la estatización bajo control obrero de las privatizadas, contra la atenuación de los aumentos o las tarifas segmentadas; la apertura de los libros de las empresas para establecer los reales costos de producción; la nacionalización del comercio exterior para enfrentar la guerra comercial; y la recuperación de la riqueza nacional para una salida obrera y para que la crisis la paguen los capitalistas que la crearon y que se benefician con ella. Los saludos de Interpack y Sport Tech pusieron sobre el tapete el tema de la ocupación de plantas como un recurso clave para defender los puestos de trabajo; en el mismo momento en que la oligárquica familia Mitre anunciaba el cierre del diario La Nación y cuando la patronal china de Cofco dejó en la calle 195 familias de la ex Nidera, a poco de haber adquirido la totalidad de la firma. Los aceiteros, que participaron con una delegación del plenario, mantienen un acampe frente a la planta y preparan una movilización para más adelante, al puerto de Rosario, a la que llamaron enfáticamente a apoyar (y así será seguramente). Resoluciones de lucha Tras cuatro horas de intensa y fraternal deliberación se adoptaron importantes resoluciones de acción unitaria: 1) convocar una movilización desde la sede de Trabajo de Callao a Plaza de Mayo, el 14 de febrero, a las 16 horas, contra los despidos y los tarifazos, por la defensa del salario y por la derrota del plan de los ajustadores. La salida de una declaración que, recogiendo las conclusiones del debate, caracterice la situación actual y contribuya a organizarun paro activo nacional de 36 horas, como inicio de un plan de lucha. E impulsar la más amplia deliberación, mediante asambleas y plenarios de delegados. 2) realizar el 4 de febrero, en la misma sede del Sutna, una reunión especial de las empresas en conflicto, para diseñar una jornada de agitación y actos, en los principales centros fabriles. La importancia de estas duras luchas es que revelan una voluntad combativa de las bases, que las direcciones buscan aislar y ahogar. Se acordó lanzar una campaña preparatoria del 8 de marzo, día de la Mujer trabajadora, promoviendo el paro y la movilización, por el aborto legal, contra los femicidios y por todos los reclamos de género. También realizar reuniones y plenarios por el No Inicio de clases en docentes universitarios y provinciales de todo el país. De este modo, el sindicalismo clasista, interpela a la burocracia sindical y le señala un rumbo al movimiento obrero.

El escándalo que involucra a Flavio Bolsonaro, hijo del actual madatario, ha ido subiendo en voltaje político. Lo que empezó como un caso marginal de transferencias entre cuentas de funcionarios de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, involucrando a un asesor de la familia Bolsonaro, tomó nuevas dimensiones. El caso ha empezado a ser conocido como “mensaliño” (pagos pequeños, que son los que le habrían estado girando a las cuentas de Flavio Bolsonaro por supuestas coimas), rememorando el mensalão, el escándalo que envolvió al gobierno de Lula. Tratando de hurgar las fuentes de la denuncia, hay quienes señalan que las revelaciones provinieron del Coaf, órgano de control de actividades financieras, a pedido del propio Sergio Moro. Otra alternativa que se baraja es que haya sido la fiscalía federal (MPF), quien viene llevando la investigación del Lava jato carioca, una deriva local del escándalo general que conmovió al país. Partiendo de estas sospechas, algunos comentaristas sostienen que el Departamento de Estado norteamericano no sería ajeno a estas denuncias. El interés sería golpear al clan familiar Bolsonaro, perteneciente al ala más nacionalista del nuevo gobierno y que podría poner palos en la rueda en el paquete de medidas que se propone implementar Paulo Guedes, el ultraliberal ministro de Economía. Pero más allá de conjeturas sobre si estamos ante una operación preparada o no, estos episodios han puesto al desnudo los choques internos en el seno de la coalición gobernante y, como a río revuelto, las alas en disputa no vacilan en querer sacar provecho de esta situación. Guedes promueve una aproximación mayor con Estados Unidos. Esto implica abrir la economía y el país a un desembarco en mayor escala al capital norteamericano, desplazando a los competidores locales y extranjeros. Esto choca con los intereses que están afincados en los agronegocios que dependen de las relaciones comerciales con China, el principal destinatario de las exportaciones brasileñas, empezando por la soja. Asimismo, el gigante chino, en esta última década, ha ido ampliando sus inversiones en el país vecino. EL PSL (partido de Bolsonaro) envió una nutrida comitiva de parlamentarios a China. El vicepresidente Hamilton Mourão, que, ahora, ha quedado provisoriamente a cargo de la presidencia, desautorizó los ataques a China, en un claro contrapunto con el Ministerio de Economía. Bolsonaro mismo tuvo que recular en el anuncio de la instalación de una base militar norteamericana en el Amazonas. Estas idas y vueltas expresan las contradicciones internas de una coalición heterogénea de gobierno. A esto se agrega la investigación que lleva adelante la fiscalía de Río de Janeiro, en la que ha saltado a la superficie el vínculo del clan Bolsonaro con el accionar de las milicias de la ciudad a las que se responsabiliza por el asesinato de la legisladora del PSOL, Marielle Franco. Este escenario ha encendido las alarmas de los mercados. La prensa da cuenta de la preocupación reinante en Davos entre los inversores extranjeros de que la situación descripta “pudiera socavar el capital político del presidente, justo cuando necesita todo el apoyo que pueda lograr en el Congreso para aprobar las polémicas, pero vitales reformas del sistema de pensiones brasileño” (El Cronista, 24/1). Pulseada estratégica Precisamente por este motivo, la reforma jubilatoria ha pasado a ser una pieza fundamental, pues es la llave del ajuste que está programado. La intención es un recorte de grandes dimensiones de modo que los fondos estatales quedarían liberados para asegurar el pago de la deuda y, al mismo tiempo, impulsar un enorme negociado, consagrando un sistema de capitalización, abriendo paso a la jubilación privada y a la creación de un mercado de capitales que permitiría dar un nuevo impulso a la operatoria especulativa y financiera. Este objetivo se complementa con una privatización en masa de las empresas públicas, que incluye el desmantelamiento de Petrobras, abriendo la explotación de los recursos energéticos, empezando por la plataforma submarina (Presal), a la voracidad de las petroleras extranjeras (en primer lugar, las norteamericanas). Esto va de la mano de un tendal de despidos. La suerte del gobierno Bolsonaro dependerá de su capacidad por hacer pasar esta ofensiva a los trabajadores. El capitán retirado debe pasar aún por la prueba de la lucha de clases. Sólo si sale airoso de esa pulseada estratégica, estará en condiciones de consolidar su gobierno, afianzar su autoridad y conquistar una autonomía respecto de su mandantes y el capital financiero y avanzar en sus ambiciones facistizantes. Se trata, por ahora de un proceso incierto, pavimentado de crisis políticas de diversa naturaleza. Por otra parte, está el condicionamiento que impone la bancarrota capitalista, que viene haciendo su trabajo implacable de topo. El alineamiento con Estados Unidos está lejos de asegurarle un desahogo económico y financiero. Para ello, basta mirar la experiencia macrista. Una salida de capitales que hoy están invertidos en la Bolsa brasileña podría ser mortífera y pondría en cuestión la nueva transición política. Congreso de trabajadores Bolsonaro y sus acólitos no quieren repetir la experiencia argentina. En lugar del “gradualismo”, abogan por una política de shock. Pero eso puede terminar precipitando el efecto inverso y concluir en un desbarranque más rápido que el del propio Macri. Esto pone más al rojo vivo la necesidad de abrir una nueva perspectiva política y sindical. El frente democrático y parlamentario que alienta el PT es el principal escollo que enfrentan los trabajadores y la izquierda. Los supuestos aliados de ese frente son quienes votaron la destitución de Dilma Rousseff y terminaron alinéandose con Bolsonaro. Esta supuesta oposición democrática, incluye a sectores demagógicos como Ciro Gomes y del PSDB, partidarios también de una reforma previsional. Estamos en presencia de una gran adaptación por parte del PT y las burocracias sindicales a la nueva situación, incluido el avance militar. La vuelta al status quo previo al desenlace actual es imposible. No hay lugar para un proyecto progresista y distribucionista cuando vienen abriéndose paso y causando estragos las tendencias disolventes de la crisis mundial capitalista. El PSOL, y la izquierda que integra sus filas, es incapaz de ofrecer una alternativa, porque ha renunciado a una estrategia de independencia de clase y ha terminado haciendo seguidismo al PT. Esta estrategia “institucional” es la excusa para un freno de la acción directa y lleva a la parálisis a las organizaciones obreras y populares. La gran tarea y el desafío de la hora pasan por poner en pie de lucha a los trabajadores y derrotar este plan de guerra, impidiendo, en primer lugar, que pase la reforma jubilatoria. La situación en Brasil pone en el orden del día una campaña por asambleas y un congreso de delegados electos para discutir un programa de conjunto y un plan de lucha debidamente preparado. La lucha victoriosa contra el fascismo y la derecha sólo puede provenir del lado de la clase obrera, de sus métodos de lucha y de un accionar independiente. Lo que está en juego no es un retorno a un pasado agotado sino preparar el terreno para una salida de los trabajadores.

Trump acaba de adoptar las medidas más extremas contra Venezuela, si se exceptúa la agresión militar. Por un lado, ha bloqueado los activos del Estado venezolano en Estados Unidos, lo cual no excluye a los que se encuentran en el resto del mundo, debido al derecho de veto que se atribuye Estados Unidos sobre todas las transacciones internacionales nominadas en dólares. El bloqueo de los activos de Venezuela por parte de Estados Unidos significa, de inmediato, el bloqueo de la venta de petróleo de Venezuela a las refinadoras con sede en Estados Unidos, ya que retiene la contrapartida en dinero que deben pagar los importadores. De igual modo, embarga la importación, por parte de Venezuela, de los aditivos químicos necesarios para el tratamiento del crudo pesado y embarga también la importación, por parte de Venezuela, de los combustibles que se refinan en Estados Unidos con el crudo venezolano -de nuevo, por el bloqueo de la transacción correspondiente. Macri y Bolsonaro Estas medidas colocan a la refinadora venezolana Citgo, que opera en Estados Unidos, bajo la supervisión operacional del Departamento de Justicia norteamericano, que se convierte, de hecho, en el gerente de la compañía. Esto no solamente violenta el derecho de propiedad de Venezuela (con el pretexto de resguardarla) sino también, por caso, de los derechos internacionales de empresas rusas, que poseen en 49% de Citgo en calidad de garantía o colateral por préstamos otorgados a Venezuela. La Justicia norteamericana acaba de fallar a favor del resarcimiento de la minera canadiense Cristallex, nacionalizada por el chavismo, autorizando el embargo del valor equivalente de los activos de Citgo. Las medidas violentas de Trump fueron saludadas con un alza de la cotización de la deuda externa venezolana -del 0,10 a 0,35 centavos de dólar-, por la que los acreedores no han pedido hasta ahora el defol. La deuda de vencimiento inmediato cotiza, por esta razón, al 95% de su valor de emisión la pregunta es ahora si Maduro la seguirá pagando, como lo ha venido haciendo, ¡en el marco del bloqueo! Estas medidas contra Venezuela equivalen, de hecho y también de derecho, a una declaración de guerra. Sin embargo, han sido saludadas por los Macri y los Bolsonaro de América Latina, así como también por los Massa y los Pichetto -los mismos a quienes el kirchnerismo convoca a la unidad contra Cambiemos. Trump y sus secuaces internacionales proceden de este modo sin la hoja de parra de las Naciones Unidas, luego de que fuera derrotada, en el Consejo de Seguridad de la ONU, su moción de reconocer a Juan Guaidó como presidente ‘encargado’ de Venezuela. ¿“Elecciones libres”? La ficción jurídica que avala esta agresión económica consiste en presentar a Juan Guaidó como el verdadero titular del Estado venezolano, sin que esto se encuentre avalado por ninguna norma constitucional. Guaidó ha ‘asumido’ sus pretendidas funciones sin siquiera el voto de la propia Asamblea Nacional. El levantamiento del bloqueo impuesto a Venezuela tendría lugar luego de que un ‘gobierno de transición’ haya convocado a ‘elecciones libres’. La falacia del planteo apenas esconde su arbitrariedad y sus intenciones reales, porque bajo las condiciones de un bloqueo, el ‘gobierno de transición’ sería, en realidad, un gobierno vasallo, y las ‘elecciones libres’ las más condicionadas de la historia moderna de cualquier país. Al final de este proceso, el imperialismo yanqui liberaría los activos de Venezuela a un gobierno títere. Las posiciones del bloque imperialista no son homogéneas, aunque se parezcan casi como dos gotas de agua. Los yanquis y los gobiernos de derecha de América Latina exigen un ‘gobierno de transición’ encabezado por Guaidó -o sea un golpe de Estado en toda la línea. Para la Unión Europea, ese gobierno, encargado de convocar a elecciones generales, debe ser el resultado de una negociación. La diferencia no traduce solamente intereses contrapuestos, en el cuadro de sanciones económicas y bloqueos de activos que caracterizan, en parte, a la guerra económica internacional en desarrollo entre las diferentes potencias. Está presente también el temor de que un golpe de Estado y un gobierno exclusivo de Guaidó pueda desatar una guerra civil. Las divergencias políticas en el campo opositor se incrementan a medida que presienten la posibilidad de tomar el poder. Un ‘gobierno de transición’ no podría siquiera asegurar una campaña electoral si no encara el derrumbe económico de Venezuela, lo que, en el caso de Guaidó y la derecha, equivaldría a un gobierno del FMI. El gobierno de Maduro (y en especial el Ejército) se vale de esta alternativa catastrófica para salvar un rol de arbitraje que se agota a enorme velocidad y sus cartas de negociación. En lo que parece una maniobra de guerra psicológica, el asistente de Seguridad de Trump, John Bolton, dejó fotografiar su cuaderno de notas, donde anuncia el envío de 5 mil tropas yanquis a Colombia, mientras llegaba a ese país el jefe del Comando Sur del Pentágono norteamericano. Por distante que pueda parecer una intervención militar internacional en Venezuela, ella se encuentra inscripta como una alternativa en caso de una división de la cúpula militar del chavismo. Quienes alegremente se posicionan en favor de la ‘democracia’ que alienta el proto-fascista Trump, pasan por encima de la amenaza de intervención imperialista en Venezuela y lo que ella representaría para el conjunto de América Latina. ¿“Resistencia”? El oficialismo venezolano cuenta con el apoyo internacional de Rusia, China, Turquía, Irán y contados gobiernos latinoamericanos, pero también con el de Sudáfrica y varios de Europa del este, que se alinean con Putin o tienen una posición de compromiso con Rusia. En función de esta configuración, varios comentaristas creen ver una reproducción de la situación en Siria. En todo caso, es claro que la crisis venezolana se ha integrado a la crisis internacional y que se encuentra condicionada a negociaciones entre actores muy alejados de los intereses de Venezuela y de las masas venezolanas. América Latina se ha convertido en un campo de disputa en la guerra económica de Trump contra China y en la guerra política contra Rusia. La posibilidad de una salida para el chavismo, mediante la reorientación del comercio del petróleo hacia Asia, tiene, por lo menos, alcance limitado, de un lado por el derrumbe de la economía petrolera venezolana y del otro porque la deuda acumulada por Venezuela con Rusia y China es insustentable. La salida a la crisis de Venezuela y la derrota, por sobre todo, del bloqueo y la intervención imperialista, está condicionada a la lucha de clases a nivel internacional y especialmente en América Latina. Cada golpe que se inflija a Trump y a los gobiernos de derecha de América Latina será un refuerzo en favor de una salida anti-imperialista en Venezuela. La intervención imperialista se ve potenciada por el derrumbe del chavismo en todos los planos, como se manifiesta en la miseria descomunal en que ha hundido a los trabajadores, en la destrucción de la industria, en la emigración forzada de millones de personas y en la pretensión de salir de esta debacle mediante la entrega de los recursos mineros a los capitales de China, Rusia y otros. Es un régimen sin salida. En los últimos días se han producido movilizaciones en los reductos chavistas contra el gobierno (Petare, oeste de Caracas) debido a la situación desesperante en que se encuentran las masas, pero sin una dirección política independiente. La expresión “Maduro resiste al imperialismo” es un eufemismo: no moviliza a las masas sino a su aparato paramilitar; no desarrolla un control colectivo y una gestión obrera de los recursos productivos, sino que busca un compromiso con el imperialismo, sea en forma directa, sea por la intermediación de Putin, Xi Jinping o Erdogan. La lucha contra la intervención imperialista no puede implicar ningún apoyo al régimen, porque debe servir como una vía de salida comandada por los trabajadores. Cómo derrotamos al imperialismo El llamado ‘populismo’ latinoamericano tampoco resiste al imperialismo, pues se confina a maniobrar en los foros internacionales. Aunque el caso del kirchnerismo sea el más patético, por las dos semanas de silencio de su jefa, lo mismo ocurre en Brasil y Bolivia; el uruguayo Mujica se ha pronunciado por una transición electoral en favor de la derecha. Unidad Ciudadana sacó un comunicado que repudia el “intento de golpe de Estado”, llama a una solución basada “en el diálogo y en la paz” que plantea la Unión Europea. Del otro lado se encuentran los talibanes de la democracia, a los que les resulta indiferente si ella es el producto de Trump o de una lucha de masas. Reprochan a la izquierda revolucionaria que no acompañe el reclamo político de Trump y la derecha latinoamericana, incluso si está acompañada por el bloqueo y la amenaza de intervención militar. Para este sector ‘progre’, opresión nacional o independencia; explotación y miseria capitalista, de un lado, defensa de los trabajadores, del otro, son válidos como tema de ‘discusión institucional’ -nunca como eje de una lucha de clases, huelgas generales y revoluciones sociales. Observan la crisis mundial desde las alturas de un muro. No se puede caracterizar adecuadamente la crisis internacional acerca de Venezuela sin atender al amplio campo de la lucha de clases a nivel mundial. Los regímenes de derecha en América Latina asisten impotentes al impacto de la crisis mundial, ven caer sus apoyos en picada y enfrentan luchas populares sin respiro. Lo mismo ocurre en Francia o Hungría e India -o en México, Túnez, Sudán, Irán, Irak, China y Rusia. Trump ha sufrido reveses sucesivos, sea los propinados por sus adversarios capitalistas como por los trabajadores -huelgas docentes e industriales. El Brexit planea en forma catastrófica sobre la economía mundial. La crisis en Venezuela y los ataques del imperialismo no tienen lugar en un período de retroceso de la lucha de clases sino de viraje en la disposición de lucha, cada vez mayor, de las masas. La crisis venezolana no es local sino internacional. Los trabajadores y la izquierda de América Latina debemos convertirla en foco estratégico de una movilización, que golpee al imperialismo y sus secuaces en cada uno de sus países, y sirva de este modo a una derrota del bloqueo internacional y la intervención militar en Venezuela.

El gobierno norteamericano ha dispuesto un bloqueo económico contra Venezuela. Los 5.000 soldados que Donald Trump ha resuelto enviar a Colombia podrían ser el primer paso de una intervención militar. Esta escalada ha sido justificada en nombre de la“democracia” y los “derechos humanos”. Cuando históricamente los golpes de Estado de Latinoamérica y del mundo han sido orquestados desde Washington. Cuando el imperialismo es el principal promotor de las guerras y las catástrofes humanitarias, en primer lugar, en Medio Oriente y el norte de Africa. Donald Trump viene persiguiendo a los migrantes y está empeñado en levantar un muro con México. Este brutal atropello ha sido saludado por los principales gobiernos latinoamericanos. Ninguno de ellos, sin embargo, está habilitado para hablar en nombre de la "democracia". Ni el fascista Bolsonaro, rodeado de militares, que revindica la dictadura militar brasileña y plantea una persecución ideológica de sus opositores. Ni Macri, que pretende profundizar un giro represivo, acentuando la criminalización de la protesta social. Macri no está solo en esta cruzada. Massa, Pichetto y Urtubey han dado su reconocimiento al falso presidente designado por la Casa Blanca. A esto se suma el silencio estruendoso de Cristina Kirchner. El bloque de diputados de Unidad Ciudadana propuso el ‘diálogo’ -o sea, una negociación con los golpistas. Quienes defienden el intervencionismo yanqui en Venezuela anticipan que gobernarán en Argentina aplicando los planes del FMI. Ya lo vienen haciendo: le han votado a Macri más de cien leyes y aplican rigurosamente su ajuste en las provincias que les toca gobernar. Llamamos a los trabajadores a movilizarnos en común en todo el continente contra esta intentona imperialista. La derrota de esta escalada será un golpe a todos los gobiernos latinoamericanos que actúan como cómplices y secuaces del imperialismo yanqui y vienen llevando adelante rabiosamente acuerdos con el FMI y planes de guerra contra el pueblo trabajador. La lucha contra el golpe no puede implicar ningún apoyo al régimen de Maduro. Estamos ante una camarilla cívico-militar descompuesta, responsable de haber llevado a los trabajadores a un callejón sin salida. Por una salida política de los trabajadores para Venezuela y para el conjunto del continente. Por la unidad socialista de América Latina.

En un conflicto que ya lleva casi dos meses, los trabajadores de Interpack siguen dando muestras de enorme tenacidad. Al acampe en la puerta de la fábrica, que se mantiene con gran presencia y con un cronograma de actividades políticas y culturales, se sumó, esta semana, un acto -y bloqueo- en la puerta de la otra fábrica Interpack, en el barrio Los Pinos. Desde temprano, centenares de trabajadores y estudiantes acompañaron a la Comisión Interna en una agitación política dirigida a los trabajadores de planta 2, que sufren en carne propia la intransigencia patronal al recibir trabajo extra derivado de planta 1. La Comisión Interna de allí, ligada a la Verde de la Federación Gráfica Bonaerense, jamás se solidarizó con el conflicto y hasta rechazó entrevistarse con los delegados en lucha. La masividad del acto fue tal, que obligó a la empresa a rearmar operativos logísticos de sus camiones. La repercusión de esta actividad se vio luego reflejada en una nueva audiencia en la cartera de Trabajo donde, a pesar de que la patronal ratificó los once despidos, el gobierno extendió la conciliación obligatoria (apoyándose en un resquicio legal: que la planta no operó durante la primera semana) e “instó a las partes a hallar una solución”. El gobierno teme que el reguero de conflictos fabriles se siga extendiendo y que no pueda darle un curso favorable a las exigencias patronales. Por el lado de los trabajadores y el clasismo apostamos a lo contrario: la acción unificada de todos los conflictos es el camino para derrotar el ajuste de Macri y los gobernadores. A la pasividad de la CGT y las CTA, le oponemos la acción del sindicalismo combativo.

Con la participación de referentes de partidos socialistas de Argentina, Turquía, Rusia, Grecia y Hungría, el 10 de febrero tendrá lugar en Estambul una conferencia en ocasión de los cien años de la fundación de la Tercera Internacional, bajo el lema “De la Comintern al partido mundial del futuro”. Convocado por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP) de Turquía, el portal RedMed (Red Mediterránea) y el Centro Socialista Balcánico Christian Rakovsky, el evento contará con las intervenciones de Jorge Altamira y Pablo Heller, del Partido Obrero de Argentina.

El pasado domingo 27 de enero se desarrolló en La Rioja la consulta popular que determinaba la aprobación o no de la enmienda constitucional, aprobada en diciembre por la Legislatura provincial, para permitirle a Sergio Casas ser electo por un período más como gobernador de la provincia. El resultado mostrado por el gobierno es un supuesto “triunfo” que le permitirá la reelección a Casas; sin embargo, los números muestran que esa “victoria” es un fiasco -o sea, constituye un fraude político a la voluntad del electorado riojano. Veamos: a la consulta, que era obligatoria, sólo concurrió a votar el 40%, y de ello sólo un poco más de la mitad votó por la opción “Sí” -es decir, en su intento de plebiscitar su gobierno, Casas fue avalado sólo por el 25% del padrón. De hecho, la “victoria” reeleccionista sólo le fue posible gracias al artilugio impuesto por la Justicia Electoral provincial que determinó que para que la enmienda fuera rechazada se requería como mínimo que el 35% del padrón electoral debía votar por el “No”. El rechazo tenía que alcanzar obligatoriamente un piso positivo. La votación afirmativa no tenía ningún piso. Sobre esta base, el electorado que se abstuviera se contabilizaba en contra del rechazo y, por lo tanto, jugaba a favor del voto afirmativo. Este mecanismo fraudulento de evaluar la voluntad popular y la bajísima concurrencia, y la aún más baja votación a favor del Sí, se dio en condiciones en que todo el proceso previo y la consulta misma estuvo teñida de denuncias de todo tipo relacionada a la manipulación de los padrones electorales, la falta de boletas a tiempo por el No para ser distribuidas en el electorado, las trabas para la fiscalización y muchos etcéteras más. La consulta ha quedado judicializada y será la Corte Suprema quien deberá determinar si la lectura de la Constitución que hace la Justicia Electoral -permitiendo convalidar con el aval de una minoría una enmienda constitucional- es válida. Esta misma Corte, días antes, frente a un amparo de Cambiemos, falló en favor del gobierno permitiendo que se realice la consulta, luego del pedido de declararla inconstitucional por sus rasgos fraudulentos, como el hecho de que no se confeccionaron padrones nuevos para la elección (se usaron los mismos que en las elecciones de 2017, dejando fuera a quienes se incorporaban este año), porque no se respetó el cronograma electoral y porque no se permitió a todos los partidos de la oposición fiscalizar la elección. Todo indica que la avanzada reeleccionista de Casas podría definirse en los tribunales. La consulta se dio en el marco de una profunda crisis del gobierno y el régimen provincial. La interna pejotista está nutrida de carpetazos, la paralización del Concejo Deliberante de la capital y la ruptura del PJ con su presidente, Beder Herrera. Este último llamó a no ir a votar en la consulta y ha salido a proclamarse como “el único ganador” de la jornada, por más que el enorme rechazo expresado hacia Casas, tanto en la abstención como en la casi mitad de votantes que optaron por el “No”, tiene también a Beder como destinatario, ya que la mayoría sigue relacionándolo con el gobierno. Cambiemos, por su lado, desarrolló una campaña por el No que resultó impotente, pues no podía oponer un programa contra Casas, cuando son socios del ajuste macrista en la provincia. El principal referente de Cambiemos, Julio Martínez, fue derrotado por el Sí a Casas en su bastión, Chilecito. En contraste, el No ganó en la localidad de Famatina -de gran tradición de lucha contra el gobierno provincial- y en la capital, de donde el actual intendente, el ex pejotista Paredes Urquiza, rompió con Casas y Beder para virar al macrismo y ahora con este resultado sale fortalecido en su disputa por la candidatura a gobernador con Julio Martínez por Cambiemos. Las disputas entre Casas y Cambiemos o Beder Herrera que pretendieron armar campos alternativos en torno del Sí o el No, son apenas una pelea entre buitres: todos son agentes del ajuste y también de Barrick Gold y el resto de las mineras. El Partido Obrero desarrolló una campaña por el No, desenvolviendo un programa que traducía las principales reivindicaciones que oponen a los trabajadores, la mujeres y la juventud con Casas y con la demás alternativas capitalistas. Dijimos: no a la miseria. Por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, prohibición de los despidos. Estatización sin pago de toda empresa que cierre. Pase a planta de todos los precarizados. No a la destrucción de la salud y la educación. Por la triplicación del Presupuesto para salud y educación. No a los atropellos contra las mujeres. Por un Consejo Autónomo de la Mujer electo por el voto de las propias mujeres para combatir la violencia y la impunidad. No a la corrupción y los negociados con la obra pública. Por la apertura de las cuentas del Estado y de la empresas de la patria contratista para que sean controladas por los trabajadores. No a la megaminería a cielo abierto. Nacionalización de la minería bajo control obrero y derecho a veto de las comunidades. Y ahora decimos: no al fraude y convocamos al pueblo a movilizarse por la anulación de la consulta. Nuestra campaña por el No estuvo al servicio de que los trabajadores puedan romper el chaleco de fuerza de las direcciones gremiales que estuvieron con el Sí y en favor de una irrupción de los explotados contra el régimen descompuesto. El fracaso del gobierno en conquistar una votación masiva por el Sí es una oportunidad para una deliberación y una acción decidida de los trabajadores, organizando asambleas y plenarios por lugar de trabajo o localidad. Estamos frente a un nuevo escenario político. Desarrollemos la movilización para que se vaya el régimen del fraude y de las mineras. Vamos por la agenda de los trabajadores. Luchemos por la anulación de la consulta y la convocatoria a una Asamblea Constituyente soberana, que tome en sus manos el programa que hemos defendido en la campaña por el No y proceda a una reorganización social de conjunto en función de los intereses de los trabajadores.

El caso de la niña jujeña, obligada a parir a través de una cesárea, y el posterior fallecimiento del bebé, puso nuevamente en movilización a las mujeres que protagonizamos la marea verde. El reclamo por el cumplimiento del aborto no punible y por la urgente legalización de la interrupción voluntaria del embarazo nos vuelve a colocar en pie de lucha contra el poder político y las iglesias, que siguen operando contra nuestros derechos y nuestras vidas. Esta ofensiva es también el telón de fondo de la nueva oleada de femicidios con la que arrancamos este 2019, que lleva el triste récord de casi una veintena de mujeres víctimas. La convocatoria organizada por la asamblea de mujeres y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Jujuy rápidamente se extendió a distintos puntos del país, con la organización de una jornada de lucha común este viernes 1° de febrero. Asambleas de mujeres en Córdoba, Neuquén, la provincia de Buenos Aires y la Ciudad ya resolvieron adherir y movilizarse. En la Ciudad realizaremos un pañuelazo en las puertas del ex Ministerio de Salud para luego marchar a la Plaza de Mayo. En el centro del poder político denunciaremos la responsabilidad del Estado en la violencia contra las mujeres y exigiremos, una vez más, el reclamo urgente por aborto legal, acompañando asimismo el reclamo de las compañeras de Jujuy por la inmediata destitución del ministro de Salud de la provincia, Gustavo Bohuid. El pliego de reivindicaciones acordado en asamblea sentencia que “el Estado, Macri, los gobernadores y las iglesias son responsables” y proclama contra el capitalismo y el patriarcado: “no se van a caer, los vamos a tirar”. El recrudecimiento de las violencias de género y los femicidios han puesto de manifiesto el brutal fracaso del Instituto Nacional de Mujeres (antes llamado Consejo Nacional de Mujeres), hoy bajo la conducción de Fabiana Túñez, que desde su creación y bajo los distintos gobiernos, jamás superó la condición de ser una oficina del Ejecutivo para hacer demagogia con nuestros derechos (y garantizar abultados sueldos para carreristas de turno). Hoy sigue siendo un apéndice del Estado, tributario del ajuste en curso contra las y los trabajadores. Al planteo de darle más herramientas al poder de turno en nombre de nuestra lucha, le contraponemos el Consejo Autónomo de Mujeres, electo por las mujeres y con mandato revocable, bajo fiscalización y control de las organizaciones de nuestro colectivo, como una herramienta para conquistar efectivamente nuestras reivindicaciones y potenciar nuestra organización independiente. La jornada del 1F ha sido discutida como una instancia preparatoria del próximo 8M, día internacional de la Mujer trabajadora. En todo el mundo, la rebelión de las mujeres ocupará nuevamente el centro de la escena, en una movilización que por el alcance de sus demandas choca directamente con todo el régimen social de explotación. En el pliego que votó la asamblea de la Ciudad se exige a las centrales sindicales un paro efectivo para el 8 de marzo, y un pronunciamiento por una jornada “internacionalista y de lucha por las mujeres”, donde también nos pronunciamos contra la intervención imperialista en Venezuela y en solidaridad con la lucha de las mujeres brasileñas contra Bolsonaro. Vamos por una gran movilización en todo el país este 1F, rodeando de solidaridad el reclamo de las compañeras de Jujuy contra el poder político y clerical, por las mujeres y las niñas, y por la destitución de Bohuid. Contra las violencias y el Estado responsable. Hagamos de esta jornada la punta de lanza de una gran campaña nacional por un masivo 8M de las mujeres en nuestro país y en el mundo.

Nuevamente, el Polo Obrero, junto al Cuba-MTR, Barrios de Pie y otras organizaciones realizamos una enorme movilización, el miércoles 30, por trabajo genuino, el aumento a los programas sociales, un subsidio a las garrafas (que aumentaron recientemente un 26%) y el pedido de subsidio en el transporte a aquellos compañeros que no cobran más de 6.000 pesos por mes. El gobierno no dio más respuesta que un enorme operativo represivo, con una Plaza de Mayo vallada, llena de policías que no hacían más que provocar y amedrentar. Es el botón de muestra que el macrismo es incapaz de resolver la crisis social. Aquí cabe la frase: “cuando existe una necesidad nace una represión en respuesta”. La negativa por parte del gobierno a recibir siquiera un petitorio de las organizaciones con el pedido de los derechos más básicos para las familias de desocupados es la muestra del fracaso de la política macrista en toda la línea. El gobierno de Macri arrancó el 2019 con anuncios de aumento de tarifas. A esto hay que sumarle la enorme recesión que lleva a miles de despidos. Es un proceso que golpea con mucha fuerza a los sectores más humildes de la población. En este marco, continuamos con el plan de lucha que en diciembre del año pasado puso en la escena política a las organizaciones que acampamos y sufrimos el bloqueo policial en Constitución, con el propósito de impedir nuestro arribo a Desarrollo Social, un despliegue que fue derrotado por la movilización. Aquel operativo mostró un giro en la “bolsonarización” de la política represiva de Larreta-Santilli. El pacto y después El rol jugado por las llamadas organizaciones sociales es de un salto en su tregua con el gobierno. Ese pacto trata de seguir la ruta de la paz social en sintonía con la CGT. El triunvirato papal compuesto por la CTEP, Barrios de Pie (Menéndez) y la CCC no presentó ningún plan de acción en la lucha por trabajo genuino frente a los miles de despidos. Plantean una movilización para el 13 de febrero, nuevamente con el planteo de las leyes de emergencia. Una vez más tiran el fardo al parlamento, el mismo parlamento de la reforma previsional. Marcando el camino al movimiento de desocupados vamos a una gran acción de lucha para el 7 de febrero en donde debemos convocar asambleas, plenarios y agitaciones en todos los barrios para ser miles en las calles por nuestros reclamos. El 14 de febrero vamos como parte del movimiento piquetero independiente junto a todo el sindicalismo combativo a Plaza de Mayo por un paro de 36hs y para derrotar el ajuste del FMI, Macri y los gobernadores.

El pasado viernes 25 se llevó adelante un masivo acto en las puertas del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (Inti), convocado por la recientemente electa Junta Interna de ATE del instituto. Participaron delegaciones de sindicatos: Sutna (Neumático), AGD-UBA (docentes universitarios), Suteba (docentes de la Provincia de Buenos Aires), Ademys (docentes de la Ciudad) y aceiteros. Organizaciones como el Polo Obrero y Trabajadoras de la Vía Pública de San Martín. Se hizo presente también el legislador porteño Gabriel Solano (PO-FIT). A su vez, las luchas más destacadas de la actualidad tuvieron su presencia en el escenario y recorrieron con su fondo de lucha: Interpack, Sport Tech y Pilkington. Luchas que se estructuran con los mismos métodos que la del Inti: la ocupación y el paro para defenderse contra los despidos y el vaciamiento. El momento más sentido del acto ocurrió cuando en el escenario, repleto de trabajadores y trabajadoras del Inti que aún permanecen despedidos, se volcaron las distintas conclusiones que dejó la lucha. Allí se destacó “el rol que cumplieron durante la lucha las asambleas de cada sector, organizando al parque desde su base” y que “por eso la tarea de los que están adentro es reconstruir la organización de los sectores, la que las autoridades quisieron destruir”. También, en relación a la posición de las centrales obreras (CGT y CTA) se dijo que “no podemos esperar a las elecciones de octubre, la lucha es ahora, tanto en el Inti como a nivel nacional, contra el ajuste y la persecución que lleva adelante el gobierno contra los trabajadores y trabajadoras”. En el cierre del acto, el secretario general de la Junta Interna, “Lolo” Domínguez, destacó la preparación que tuvo la gran lucha del Inti: “Durante los meses previos a los despidos recorrimos los sectores, con la consigna de realizar una asamblea y parar ante el primer despido”. A su vez, denunció la intromisión del gobierno en las elecciones de ATE, requerida por el Consejo Directivo Nacional de ATE y “Cachorro” Godoy, los cuales intentan deslegitimar a la nueva Junta Interna. Domínguez dijo: “Resulta inadmisible que la dirección nacional de un sindicato solicite al gobierno nacional -el mismo que ha despedido 30.000 estatales- que se entrometa en una elección sindical. La política de Godoy -que ha aislado todas las luchas de los estatales, como ocurrió en Inti- es de una completa adaptación y connivencia con los ajustadores”. Para cerrar, colocó cuál debe ser la estrategia para la etapa actual: “para derrotar a los ajustadores, para reincorporar a nuestros compañeros/as despedidos, para defender al Inti de la reestructuración y del ataque al convenio colectivo, las centrales sindicales deben convocar a un paro activo de 36 horas, para concentrar la fuerza del movimiento obrero contra el ataque de Macri, el FMI y los gobernadores”. Mientras se escuchaba el canto “Acá no sobra nadie” por parte del público, el grupo musical La Chilinga realizó un show para darle cierre a una nueva jornada de lucha que se coloca como una continuidad por la reincorporación de todos los despedidos/as y la reestructuración del Inti.

Producto de una enorme lucha docente, que aún en verano sigue en pie, el gobierno macrista tuvo que recular ante la lucha que ya había dejado planteado el no inicio y el boicot a los actos de reubicación-despidos de docentes. Mediante un nueva resolución (1169/2019), el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y la ministra Soledad Acuña deja sin efecto el cierre para el ciclo 2019 de las 14 escuelas nocturnas y cursos en otras escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. #LasEscuelasNoSeCierran Paros, movilizaciones enormes, cortes, “semaforazos” en escuelas, boicot a los actos públicos donde se trató de reubicar y despedir a los docentes, y una sesión especial en la Legislatura porteña impulsada por el legislador del PO en el FIT Gabriel Solano, que culminó en un acto de denuncia al gobierno de Rodríguez Larreta por no presentarse a dar las explicaciones del cierre, dio como resultado que el gobierno dé marcha atrás con los cierres para el ciclo 2019. La resolución nueva explica que los planes de estudio aprobados por Decreto Nacional N° 853/74 y la Resolución N° 1780/SED/02 y la Resolución N° 321/MEGC/15 y sus complementarias turno noche, es decir, las escuelas en cuestión, no serán cerrados durante el ciclo lectivo 2019 y se extenderá la inscripción hasta el 31 de marzo del mismo año para aquellos estudiantes que quieran cursar en esa modalidad. A su vez, plantea que deja latente dicha reforma de los planes para el ciclo 2020 y que desde febrero hasta julio conformarán una mesa para avanzar en la reforma. Por otra parte, el decreto 1990/97, de tiempos de De la Rúa, que habilitaba la fusión de algunos cursos con baja matrícula, y que el gobierno invocó originalmente para el cierre de las nocturnas, no está mencionado en este nuevo texto oficial. Un triunfo para reimpulsar la lucha en defensa de la educación pública Sin dudas, esta noticia es un golpe al gobierno que trató por todos los medios de aplicarla, recurriendo a todo tipo de maniobras. Incluso la propia ministra, hace escasos días, tuvo que sacar un nuevo video de campaña difundiendo mentiras para tratar de revertir el rechazo popular a esta medida. No dio resultado y quedan así completamente desautorizados frente a la comunidad educativa y la población en general que apoyó esta lucha. Las asambleas que durante fin de año y el verano se realizaron ya habían trazado una hoja de ruta clara: no inicio y no dejar que se consumen, por medio de la acción directa, los actos de traslados y despidos de docentes. Ese es el camino que debemos reimpulsar en la lucha por nuestro salario, que de forma inminente se nos presentará con la paritaria de la Ciudad, y la defensa de la educación pública, ya que las reformas antieducativas se profundizan año tras año. Frente a los planteos de la UDA-CGT que ha colaborado desde un primer momento con el gobierno, desorganizando a la docencia y boicoteando las acciones de lucha, o de la propia CTA con Hugo Yasky anunciando de antemano que no es conveniente hacer paros en años electorales, debemos basarnos en esta fuerza de la docencia para poner en pie un verdadero plan de lucha, resuelto en asamblea unificada de todos los sindicatos con mandato de cada escuela, para derrotar al gobierno en todas sus medidas de ajuste. Es una tarea de la docencia y del conjunto del movimiento obrero de la ciudad que debemos poner en pie de forma independiente de todos los bloques políticos responsables de esta gran crisis económica nacional, que no queremos volver a pagar las/os trabajadores. Vamos al no inicio, por la defensa de la educación pública y el salario docente que ha quedado completamente liquidado frente a la inflación presente y retomemos la campaña para que se vaya Acuña, pues los reclamos más elementales de la comunidad educativa siguen en riesgo con estos ajustadores al frente. Para discutir y resolver una iniciativa nacional vení al XI Congreso de Tribuna Docente el 16 y 17 de febrero. Anotate en Facebook. LEÉ TAMBIÉN: Soledad Acuña miente, la lucha contra el cierre de escuelas no afloja El macrismo dejó sin quórum la sesión contra el cierre de escuelas nocturnas Gabriel Solano presentó un proyecto contra el cierre de escuelas Paro y movilización contra el cierre de las escuelas nocturnas Rodríguez Larreta-Acuña: rematan escuelas y ahora quieren cerrar cursos vespertinos en escuelas secundarias

Las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que componen el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia decidieron convocar a una concentración en el Congreso Nacional para expresar el rechazo absoluto a los tarifazos con una quema de boletas. La concentración se realiza en el marco de un nuevo embate del gobierno nacional donde, para los primeros meses del año, se anunciaron aumentos de entre un 35 y un 55 por ciento en las tarifas de los servicios públicos y el transporte, lo que significa un brutal golpe al bolsillo de los trabajadores. Asimismo, la concentración pretende profundizar y aunar las luchas que se vienen dando de manera disgregada en distintos puntos de la Capital, desde los cacerolazos de los viernes, que de momento no terminan de dar un salto de masividad, hasta la marcha de antorchas -convocada por sectores afines al kirchnerismo-, que se relizó en una sola ocasión y sin ninguna perspectiva de elaborar un plan de lucha. Abajo los tarifazos, los despidos y las medidas represivas. El tarifazo nacional tiene su correlato en las distintas provincias. La intención es recortar los subsidios para poder cumplir con el Presupuesto 2019 impuesto por el FMI y que fue aprobado, tanto con los votos del macrismo como también de los gobernadores del PJ. A los tarifazos y recortes se le suman los cientos de despidos del último período y el ataque a los trabajadores que se organizan, como son los casos de Interpack, Siam del grupo New San, Pilkington, Nidera, los ingenios tucumanos, los trabajadores de Radio Nacional y de los medios públicos. Para poder avanzar en todas estas medidas antiobreras, el gobierno cuenta con la complicidad de la burocracia sindical y la oposición pejotista. Pero, además, ha desplegado la doctrina Chocobar de gatillo fácil, el encarcelamiento de luchadores, la persecución continua a los inmigrantes, la compra y utilización de pistolas eléctricas Taser e incluso pretende avanzar con la baja de la edad de imputabilidad. Es claro que sin represión resulta imposible garantizar el ajuste y las pretensiones del Fondo Monetario Internacional. Impagable e inviable El nuevo tarifazo, y la crisis desatada alrededor de él, ha puesto al desnudo el carácter confiscatorio del sistema energético (cuyo acceso se hace cada vez más prohibitivo e impagable) y, al mismo tiempo, parasitario, porque está basado en una enorme subvención al capital, violando, inclusive, las propias leyes de mercado. El gobierno viene garantizando a las empresas un precio superior al de mercado para los nuevos proyectos gasíferos en Vaca Muerta. Esto no es novedoso, ya desde el pacto YPF-Chevron, de la mano de Axel Kicillof y Miguel Galluccio, se garantiza a las petroleras la dolarización de sus tarifas. Para este año, la retribución fue fijada en 7 dólares el millón de BTU (que es la medida que se utiliza en el sector), mientras el precio de mercado viene cayendo, entre otras razones, por la mayor producción y oferta de gas. Estos tarifazos no sólo son un enorme negociado entre las petroleras y los gobiernos, actuales y pasados, sino que son una enorme confiscación para los trabajadores y jubilados, que vienen sufriendo una carestía galopante. Frente a la destrucción de los salarios y jubilaciones, frente a este nuevo ataque contra el pueblo, es necesario un paro activo nacional, el cese de los despidos y la nacionalización integral del sistema energético, de modo de colocar los recursos naturales al servicio de un plan de industrialización. Derrotemos el tarifazo Desde el EMVyJ se invita a movilizar el jueves 31 de enero, a las 18 horas, al Congreso Nacional a la “quema de boletas” bajo las consignas: • Basta de tarifazos, despidos y medidas represivas. • No al pago de la deuda externa, anulación del acuerdo con el FMI • Paro general activo y plan de lucha para derrotar el ajuste. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js#xfbml=1&version=v3.2'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk')); Ahora: Quema de boletas en Congreso contra el tarifazo, organizada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia Posted by Prensa Obrera on Thursday, January 31, 2019