Prensa Obrera N° 1463

La oposición antiburocrática docente recuperó el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación (Sute). El nivel de participación fue histórico, más de 15 mil docentes fueron a votar -es decir un 60% del padrón. El Frente de Unidad por la Recuperación del Sute (Lista Marrón, Tribuna Docente, Lista Verde-CCC, Indigo-PSTU y la 9 de Abril, del PTS) se impuso en toda la provincia por el estrecho margen de 92 votos, totalizando un 36% de los sufragios. Retuvo plebiscitariamente la seccional Godoy Cruz y conquistó las seccionales de Ciudad de Mendoza, Guaymallén, Tunuyán, Luján y Las Heras. Un gran triunfo de la docencia antiburocrática que marca la quiebra de los aparatos, las prebendas y privilegios con los que la burocracia intenta comprar voluntades. La Celeste del histórico Gustavo Maure quedó tercera, con seis seccionales menores, con excepción de Maipú. La Azul-Naranja, un desprendimiento camporista de la Celeste, quedó segunda y también con seis seccionales. Sin lugar, a dudas, se trata de un cimbronazo del mapa político de la provincia. El gran derrotado El gran derrotado en la elección docente fue el gobernador Alfredo Cornejo (UCR-Cambiemos) y su política de “Item aula”. Cornejo fue a fondo con su política de techos salariales, doble presentismo en forma de “ítem aula” y la regimentación de las asambleas y actividad sindical. Su política pro-capitalista, un intento de convertir a la educación en un negocio-empresa, como lo vemos en la formación de directivos con “perfil de gerentes”, fue aplicada de forma brutal. Esta situación dejó al descubierto la impotencia de la burocracia kirchnerista, frente a un gobierno que “no negocia con sindicatos”, pero centralmente la incapacidad de esta dirección para preparar la resistencia al ajuste y, por lo tanto, la desprotección de la docencia. Cornejo no escuchó las recomendaciones del diario La Nación a María Eugenia Vidal: el diario de los Mitre festejaba la decisión de la gobernadora bonaerense de aplastar la huelga de los docentes bonaerenses, pero al mismo tiempo le advertía que no aplastara a la conducción celeste, pues podía allanarle el terreno a la Multicolor que encabezaba Romina del Pla. Precisamente esto ocurrió en Mendoza. El gobierno pensó que dividiendo y cooptando un sector de la directiva de ATE terminaba con la rebeldía de los trabajadores estatales de Mendoza, ahora no sólo tiene una oposición rebelde en los hospitales y reparticiones públicas, sino que el gremio docente se pasa al campo de los luchadores. Se ha creado un nuevo escenario para enfrentar el ajuste y los techos salariales, los plenarios de delegados de base serán una poderosa herramienta en el salto de calidad que se anuncia entre los estatales mendocinos. Una dirección a prueba La nueva dirección deberá enfrentar el aparato estatal dominado de cabo a rabo por Cambiemos, que utiliza la Secretaría de Trabajo para cubrir a las burocracias amigas y perseguir a los delegados y dirigentes opositores, como es muy evidente en ATE. Jaime Correa, titular de la Dirección General de Escuelas, declaró que “la izquierda no representa a los docentes” en alusión al triunfo del FURS, cuestionando la legitimidad de la nueva dirección por el ajustado triunfo y el nivel de participación. También tendrá que lidiar con las fracciones burocráticas que quedaron fuertemente golpeadas, pero controlan la mayoría de las seccionales. Este nuevo escenario plantea la posibilidad de una reunificación de la Celeste. La Azul-Naranja no reconoce la derrota y ha lanzado una campaña de desprestigio contra la nueva dirección aludiendo a un supuesto fraude. Al FURS se le plantea la necesidad de reforzar la táctica del frente único, afiliando masivamente y movilizando la base del gremio para hacer valer la voluntad y, sobre todo, las necesidades de la docencia. Frente a un cuadro de dispersión de la estructura gremial y un estatuto burocrático, que establece mecanismos intrincados de asambleas de escuela, departamentales y provinciales indirectas. El triunfo del FURS debe ser asegurado con la asamblea general de afiliados y los plenarios provinciales de delegados de escuela, para evitar las maniobras de la burocracia. Tribuna Docente, desde las importantes posiciones de la directiva provincial y la secretaría general de del Sute Las Heras, y de la secretaría de Luján de Cuyo, está comprometida a fondo con la derrota de la política de ajuste de Cornejo y, por lo tanto, por el éxito de la nueva conducción gremial. ¡Adelante!

En la semana del 12 al 16 de junio pasado se realizaron las elecciones de delegados de escuela del Suteba en toda la provincia de Buenos Aires. Luego de las elecciones generales de gremio, son la instancia más importante de participación de la docencia para seleccionar a sus dirigentes y delegados. A menos de un mes de los comicios generales de Suteba, en la seccional de La Plata, la Multicolor ganó por mayoría la elección de delegados en las escuelas del distrito, lo que corrobora la supremacía del frente antiburocrático en la seccional y refuerza la denuncia contra el fraude que Baradel realizó el 17 de mayo, adjudicándose el triunfo por apenas 6 votos, gracias a padrones adulterados que permitieron el sufragio de 90 personas que votaron ilegalmente. Tres días antes de la elección de delegados, los Suteba Multicolor habían convocado a un paro por la paritaria docente y el reclamo de un salario básico de 15.000 pesos, que reventó la tregua eterna de Baradel con la gobernadora Vidal. En el municipio de La Plata el paro fue total, a pesar de la campaña en contra de la Celeste. El ascendente de la Multicolor en La Plata es inapelable. La obsesión de la burocracia celeste con el Suteba La Plata tiene que ver con esta realidad, pero también con el hecho de que el Suteba recuperado de la Plata es una sede de organización, de solidaridad y de lucha para todos los sectores del movimiento obrero combativo de La Plata, como quedó demostrado en la gran huelga de los choferes de la Línea Este, que encontraron en los Suteba de Ensenada y de La Plata dos aliados centrales para enfrentar a la patronal macrista del intendente platense Julio Garro. Festival contra el fraude Los compañeros del Suteba La Plata desarrollan una campaña intensa contra el fraude. El 9 de junio, en el marco de una movilización masiva de la Multicolor, presentaron la impugnación de la elección en el ministerio de Trabajo, que debe responder al pedido de nuevas elecciones antes del 3 de julio, cuando debería realizarse la asunción de las nuevas autoridades. Este reclamo ha sido apoyado por cientos de firmas de los docentes del distrito. Para reforzar esta campaña, este 1 de julio, a partir de las 14 horas, se realizará un gran festival en la sede del Suteba La Plata, en la calle 5, entre 44 y 45. Músicos, artistas plásticos, bailarines, actores, cantantes, se harán presentes para amplificar la denuncia del fraude y el reclamo de nuevas elecciones ya. Y en el mismo sentido, el 3 de julio, día en que asumen las nuevas autoridades, convocará un gran acto en la puerta del sindicato para reforzar la lucha de la conducción multicolor platense, y la exigencia de una nueva convocatoria a elecciones limpias ya. Sumémonos todos.

La decisión de Macri de tomar deuda a cien años de plazo, y con una tasa usuraria, no sólo retrata a su gabinete de CEO's. Además, ha recibido por toda respuesta una bofetada descomunal del capital financiero, que mandó a Argentina a la categoría de “país de frontera”. La caída de las bolsas, la trepada del riesgo país y del dólar son los primeros síntomas de una agudización de la fuga de capitales. El bono centenario no expresa la “confianza de los mercados”, sino que es otro paso en el hiperendeudamiento. La deuda como factor de sometimiento nacional vuelve al centro de la agenda. En solo un año y medio, Macri engrosó esa hipoteca en 80.000 millones de dólares. Cristina Kirchner, que ahora pide “revisarla”, dejó el gobierno con 250.000 millones de dólares de deuda. Luego de haber pagado “serialmente” otros 170.000 en sus dos mandatos. En la cuestión de la deuda, macristas, “nacionales y populares” de Cristina o “renovadores” de Massa están cortados por la misma tijera. Ayer y hoy, fueron y son los encargados de hacerle pagar al pueblo el tributo colonial que reclaman los usureros. Con impuestazos, con ajustes al salario, a la educación y a la salud. Sólo el Frente de Izquierda reclama la investigación y el repudio de la deuda usuraria, varias veces pagada desde la dictadura hasta hoy. La “deuda eterna” es otro fuerte motivo para que el pueblo argentino dé un enérgico viraje político. Para romper con el yugo del capital financiero, es necesario que reforcemos una alternativa propia de los trabajadores.

En el plenario nacional del Polo Obrero, que se realizó este sábado 17, participaron 500 compañeros delegados de CABA y del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de Mar del Plata, Tierra del Fuego, Mendoza, Córdoba, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Misiones, entre otros. El Polo Obrero ha venido sosteniendo un plan de lucha contra el ajuste de Macri y los gobernadores, a la par de dar una enorme pelea contra la cooptación del gobierno hacia las organizaciones sociales, las cuales, con el triunvirato piquetero a la cabeza (CTEP/Movimiento Evita-CCC-Barrios de Pie) se colocan como administradores de planes sociales que sólo disimulan la pobreza. El Polo rechazó la “emergencia social” que contiene ese objetivo y denunció la tregua con el gobierno que llevaron adelante las organizaciones del triunvirato. El plenario nacional llevado adelante el sábado vino a ratificar esta política y a discutir cómo afirmamos el crecimiento del Polo Obrero en nuevos barrios, ciudades y provincias. Abrió la jornada Néstor Pitrola, dirigente del Partido Obrero y precandidato a senador por el Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires. Pitrola planteó que el Polo Obrero no sólo es la corriente clasista del movimiento piquetero, sino que es quien expresa la continuidad del movimiento popular que dio lugar al Argentinazo en 2001. Es la corriente que rescata el carácter revolucionario del movimiento piquetero. Por otro lado, señaló que no se debe disociar la lucha por el pan de la lucha por el poder, y en ese sentido rescató que el plenario se pronunciara por una alternativa política para los trabajadores. En lo inmediato, esa lucha política tendrá un gran episodio en las futuras elecciones legislativas. El plenario funcionó en cuatro comisiones: situación política, organización, tierra y vivienda, y mujer. La comisión política discutió sobre la necesidad de intervenir plena en la campaña electoral. Mientras que las distintas organizaciones se diluyen detrás de las corrientes de la burguesía (Barrios de Pie con Massa, CTEP/Evita con Randazzo, CCC con el PJ en la Capital), el Polo Obrero militará las candidaturas del Frente de Izquierda para enfrentar el ajuste y llevar adelante una agenda de los trabajadores. Mediante casas electorales, organizando la fiscalización, con pintadas y pegatinas, los compañeros difundirán el programa del FIT en todos los barrios. La comisión de organización discutió la lucha por trabajo genuino y contra la precarización laboral, y la puesta en pie de comedores populares contra el hambre en los barrios. Se subrayó también la importancia de la difusión de cada lucha mediante las redes sociales. Más de 150 compañeras participaron de la comisión de la mujer, allí se destacó la pelea por el Ni una Menos, la lucha contra las redes de trata y se lanzó la convocatoria a concurrir junto al Plenario de Trabajadoras al próximo Encuentro de la Mujer. En la comisión de la vivienda se destacó la intervención de los compañeros de Córdoba, quienes obtuvieron una importante victoria consiguiendo la construcción de 200 viviendas en el barrio Cabildo. Del mismo modo, en todo el país se encuentra en marcha una importante campaña por obra pública y trabajo genuino. Para el cierre de la jornada se votó la constitución de una mesa nacional del Polo Obrero. Se ratificó un plan de lucha nacional: el 21 al Obelisco por obras públicas y trabajo genuino, el 26 al Puente Pueyrredón a 15 años del asesinato de Kosteki y Santillán y el 23 de agosto nuevamente por trabajo. Luego tomó la palabra Víctor Grossi, del Sitraic, quien destacó la importancia de la estructuración territorial y la batalla contra los punteros peronistas en los barrios. Vanina Biasi, dirigente del Plenario de Trabajadoras, señaló la necesidad de defender la independencia política del movimiento de mujeres con respecto a las corrientes de la burguesía y la importancia de la unidad de las mujeres con los varones de la clase obrera para enfrentar la violencia del Estado contra la mujer. Señaló también que un triunfo de la política de ajuste reforzaría la violencia contra la mujer. Para cerrar, Marcelo Ramal (precandidato a diputado nacional por el FIT en Capital) saludó el plenario, destacó las luchas llevadas adelante contra la especulación inmobiliaria desde la bancada del PO-FIT en la Legislatura porteña -con protagonismo de los compañeros del Polo Obrero de la Ciudad- e hizo un llamado enérgico a la participación política de los delegados barriales. Luego de una intensa jornada de discusión política y de organización, el Polo Obrero sale fortalecido para los desafíos que se vienen: la multiplicación de las asambleas del Polo Obrero, la incorporación de miles de compañeros a la organización para que un movimiento piquetero independiente desarrolle junto a la clase obrera la lucha contra el hambre y la miseria y la puesta en pie de una alternativa política propia.

El relato de que los bonos de deuda por 2.700 millones de dólares a cien años emitida por el gobierno equivaldría a una demostración de confianza de los mercados con la Argentina duró menos que un suspiro. La desmentida vino de donde importa: el capital financiero internacional. Ocurre que la decisión de Morgan Stanley de no subir la calificación del país de mercado de “frontera” a “emergente” fue vista de manera unánime como una derrota del gobierno. Para el oficialista Clarín hubo “decepción en el gobierno e impacto negativo”. En Infobae, el economista Pablo Wende fue más allá y concluyó que “Wall Street dio por finalizada la luna de miel con Mauricio Macri”. En realidad, la decisión de Morgan Stanley no debiera sorprender. Ya en las últimas semanas el gobierno había tenido dificultades para cubrir sus emisiones de deuda. Otro tanto ocurrió con las Lebac, cuyos vencimientos en la última semana superaron el medio billón de pesos. La alternativa de bajar la tasa de interés para reducir el peso de los intereses que debe pagar regularmente el Banco Central (¡superior a los 120.000 millones de pesos anuales!) choca con el peligro de generar una corrida cambiaria y una nueva devaluación. En todo este período, la bicicleta financiera armada con el tipo de cambio fijo y tasas altas convivió con una intensa fuga de capitales. En el año y medio macrista, el Banco Central vendió para pagos de intereses, giro de utilidades y atesoramiento más de 25.000 millones de dólares y se financió, a su vez con endeudamiento externo. Para intentar desarmar esta bomba de tiempo, el gobierno quiere ahora reemplazar las Lebac (deuda del BCRA) por Letras del Tesoro, tanto en pesos como en dólares. Por esta vía terminará sumando a la deuda pública actual unos 60.000 millones de dólares, llevándola por encima de los 300.000 millones de la misma moneda. La decisión de Morgan Stanley podría explicar, además, porqué el gobierno se apuró a pagar por la deuda centenaria una tasa superior al 8%. Sucede que aunque en las condiciones actuales un interés de esa magnitud significa una auto-admisión de bancarrota, podría saber que luego de que Morgan Stanley dejara a la Argentina en la calificación de “país de frontera” la tasa sería aún más alta. Al igual que una parte importante del gran capital, Morgan Stanley le dice al gobierno que la capacidad de financiar el déficit con nueva deuda ha llegado a un límite y debe proceder a un fuerte ajuste fiscal. Hay que tomar nota de esta declaración de guerra contra los trabajadores, planteando un programa integral que incluya el desconocimiento de la deuda usuraria y ponga fin al saqueo del Estado por parte del capital.

El jueves 15 se presentó la Lista Multicolor para las elecciones de renovación de la comisión directiva de Cisadems, el principal gremio docente de la provincia. La propia constitución de la lista es un gran avance de la docencia combativa, ya que reúne al activismo que impulsó decididamente la gran huelga de 2016. La actual directiva de Cisadems forma parte de la dirección nacional de la Confederación de Educadores Argentinos (CEA). Firmaron, junto con la Ctera de Baradel y Sonia Alesso, la vergonzosa paritaria de 2016, que mantiene el salario docente por debajo de la línea de la pobreza. La CEA está alineada con Hugo Moyano. Un sector mayoritario de la directiva de Cisadems promovió el voto por Macri en el balotaje; algunos tienen lazos históricos con el radicalismo y con la jerarquía de la Iglesia católica. En la gran lucha docente del año pasado, como los propios dirigentes reconocieron, la huelga los superó y jamás se prepararon para llevarla a la victoria. Por eso fue sistemática la ausencia de asambleas por escuela y se negaban a convocar a un plenario de delegados, que sólo se realizó cuando, por iniciativa de Tribuna Docente, lo impuso la asamblea de afiliados. Se demostró que fue una instancia efectiva de profundización y organización de la lucha, luego discontinuada. Tampoco desenvolvieron una lucha consistente por un plan de lucha nacional ni siquiera cuando hubo represión y detenidos en las narices del secretario general de la CEA. La Multicolor está encabezada por Andrés Campero, uno de los más destacados referentes de la docencia de Termas de Río Hondo (Termas fue la localidad donde más profundo y masivo fue el paro, con movilizaciones provinciales que llegaron a las 20 mil personas). Campero se incorporó a Tribuna Docente como balance de nuestro accionar en la huelga. Como secretaria adjunta, la Multicolor presenta a Ziomara Blanco, principal vocera de Docentes Autoconvocados y, en tercer lugar, a Leo Díaz, de Docentes en Marcha. Además, la integran numerosos delegados y activistas del interior de la provincia (Añatuya, Colonia Dora y otras localidades), donde el paro tomó características de rebelión popular. A pesar de las inconsistencias de la dirección de Cisadems, la lucha de 2016 fue tan profunda que, con varios meses de demora, logró su principal objetivo: el gobierno se vio obligado a otorgar el blanqueo de todas las sumas provinciales en negro. Sin embargo, el salario de los docentes santiagueños sigue siendo el peor del país. Además, enfrentamos condiciones de trabajo completamente insalubres: escuelas sin agua, sin luz, edificios que se caen, caminos destruidos, peligrosidad absoluta en las rutas (con muertes casi periódicas de docentes), etc. En el marco del ajuste en curso, impulsado por el gobierno nacional y por los gobernadores de todo tinte político, incluido el zamorismo santiagueño, será fundamental defender nuestros derechos mediante la lucha, con independencia tanto del gobierno provincial como del nacional. Necesitamos un sindicato que organice a fondo a los docentes, desde las bases, con métodos democráticos y de lucha, como las asambleas escolares y plenarios de delegados, con el objetivo de un salario básico nacional unificado que no baje del costo de la canasta familiar, por la mejora en las condiciones de trabajo, transporte, edificios, etc. Por la reincorporación del supervisor Guzmán y del profesor Garnica, por el sobreseimiento de los profesores Garnica y Palomo, imputados por luchar. El triunfo del FURS en Mendoza (la lista de izquierda que recuperó el principal sindicato docente de la provincia), la gran elección de la Multicolor contra la burocracia de Baradel en el Suteba y también la gran elección en Neuquén muestran que hay una tendencia general en la docencia argentina, que busca recuperar sus sindicatos para dotarlos de un carácter independiente y combativo. La docencia santiagueña puede jugar un gran papel en este proceso nacional. ¡Juntemos cientos de fiscales para la Multicolor, por una nueva dirección en Cisadems!

Raya casi en el ridículo que el gobierno se jacte de haber contraído una deuda en el mercado internacional por un plazo de cien años, cuando a fuerza de refinanciaciones de intereses, e incluso de capital, Argentina ha visto crecer en espiral una deuda externa durante cincuenta años, que no tiene posibilidad de ser cancelada ni en cien o doscientos años. Lo que para un columnista de Clarín (20/6) sería nada menos que “un hecho histórico”, no es más que otra vuelta de tuerca en el sometimiento financiero a las grandes corporaciones, incluida la burguesía nacional. La deuda centenaria, por cerca de 3 mil millones de dólares, representa monedas para una deuda pública de alrededor de 350 mil millones de dólares -que incluye la que tiene el Banco Central, de 60 mil millones de dólares (75% del PBI), pero pone de manifiesto una estrategia, que no es precisamente soberana. Ocurre que a lo largo de 2016, los Fondos de Pensión y las Compañías de Seguro internacionales enfrentaron una crisis severa con motivo de la caída de las tasas de interés de referencia, que afectaban muchísimo el rendimiento de las inversiones que realizaban con los aportes de sus suscriptores. En determinado momento, esas tasas llegaron a ser negativas. En tales circunstancias, esas entidades perdían dinero al tener que remunerar a los pensionistas o asegurados por importes superiores a los de sus inversiones. El derrumbe de las tasas de interés llegó a afectar al sistema bancario, cuando sus compromisos con los depositantes implicaban erogaciones superiores a sus inversiones en títulos de deuda pública. Es así que los principales bancos centrales empezaron a diseñar políticas para aumentar las tasas de interés y volverlas, con el tiempo, a lo que llaman la tasa “natural”. El bono del macrista Caputo está diseñado especialmente para esas instituciones financieras, porque aseguran, nada menos que por cien años, una tasa de interés del 8%, que hoy representa mucho más que esa tasa ‘natural’. La colocación, de alrededor de 2.700 millones de dólares (fue vendida por debajo de su precio nominal, lo cual aumenta los beneficios de los inversores), representa monedas, por supuesto, pero señala una orientación enteramente determinada para beneficiar al capital internacional y para condicionar la economía argentina a los compromisos de la deuda. La euforia fingida del gobierno apenas disimula una crisis terminal de la política de endeudamiento seguida hasta el momento. Esto se ve en el reconocimiento de que el Banco Central no puede seguir incrementando su deuda en Lebacs, que ha superado el billón de pesos, o su equivalente en 60 millones de dólares, a tasas de interés del 25% con un tipo de cambio casi fijo. Cada vez que el Banco Central (BCRA) intentó reducir la tasa de interés se insinuó una corrida al dólar. Para desmontar esta bomba neutrónica pretende ahora que el Estado asuma esa deuda en forma progresiva, mediante Letras del Tesoro (en pesos o dólares), con tasas de valor paralelo a las que paga el Banco Central. Esto significará, a término, el reconocimiento de una deuda gigantesca por parte del sector público y los contribuyentes. Dadas las sumas en juego y la volatilidad financiera -y en especial los tarifazos previstos hasta 2021-, lo más probable es que esta ‘rotación’ de una deuda a la otra concluya en un fracaso. La contratación de la deuda a cien años es un reconocimiento de la perpetuidad de la descomunal deuda de Argentina tomada en su conjunto. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/763512060496324

Con la medida de apertura de los molinetes en las cabeceras durante dos horas de la mañana y de la tarde, el cuerpo de delegados de la Asociación Gremial de los Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) reclama la apertura de las negociaciones paritarias del subte. Con un vencimiento del convenio de tres meses y medio, la patronal y el gobierno porteño patean para adelante el ajuste salarial y pagan, a cambio, una suma que no compensa el poder adquisitivo perdido y al ser no remunerativa, no cuenta para los aportes sociales ni para el cálculo de vacaciones, indemnizaciones, etc. Es muy evidente que esta postergación obedece a que gobierno y concesionaria no cierran su ecuación entre subsidios, salarios y precio del pasaje, que hasta las elecciones no quieren aumentar. Y menos a meses de la caducidad del contrato de concesión y la intención del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta de una nueva licitación que plantea la revisión de todos los números. Una vez más, los trabajadores son el “factor de ajuste”. La conducción de AGTSyP, adherente a la CTA, no ha dado respuesta a este abuso patronal. O, mejor dicho, ha dado una respuesta inadecuada consistente en una batucada hace 15 días y esta apertura de molinetes, medidas que en sí mismas no tienen la efectividad que se requiere. La figura de los paritarios elegidos por el cuerpo de delgados del subte se muestra relativamente impotente en un cuadro de pasividad general del sindicato. Su valor, sin embargo, como lo demostró la actividad de Christian Paletti, delegado paritario, consiste en la recorrida de los sectores tomando la temperatura de la base. Es allí donde la mayoría de las reuniones realizadas se pronuncian por medidas efectivas, como movilización, retención de tareas, paros progresivos. Y medidas como las que se vienen tomando son consideradas apenas como preparatorias de la acción directa. Si los pronunciamientos de las reuniones no se convierten en mociones que lleguen al cuerpo de delegados, es por la regimentación conservadora que la dirección impone con el peso de su mayoría coyuntural. La realización de asambleas en todas las líneas y el libre debate en la base pueden romper el inmovilismo actual.

El tiempo relativamente corto del discurso de Cristina Kirchner en Arsenal estuvo asociado a la ausencia de definiciones de fondo sobre la situación política y, en especial, a la ausencia de un programa alternativo al que está aplicando el macrismo. Cristina Kirchner se hizo acompañar por personas que representaban a los perjudicados por el ajuste. Pero los 48 intendentes pejotistas que han pactado con ella la formación de la Unidad Ciudadana fueron prolijamente escondidos. Se entiende por qué. Durante el año y medio que lleva Mauricio Macri en el gobierno, estos intendentes formaron parte del aparato político que le votó a Macri en la Nación y a María Eugenia Vidal en la provincia las leyes ajustadoras. Entre ellas, el presupuesto y el pacto con los fondos buitre. Estos intendentes recurren ahora a la candidatura de Cristina como un medio para asegurarse el control de sus concejos deliberantes. Detrás de la Unidad Ciudadana se esconden los barones del conurbano. En las pocas referencias concretas que realizó Cristina se puso de manifiesto su inconsistencia. Cuestionó, de pasada, el endeudamiento llevado adelante por el gobierno actual, pero no propuso ninguna medida para rechazar la hipoteca que la deuda pública representa para el país y sus trabajadores. Después de todo, los gobiernos kirchneristas se caracterizaron por incrementar la deuda en más de 100.000 millones de dólares entre 2003 y 2015, esto a pesar de haber pagado casi 200.000 millones. Cristina Kirchner habló del crecimiento de la pobreza, pero nada dijo sobre los casi 11,5 millones de pobres que existían al momento de abandonar su gobierno. Otro tanto ocurrió con los trabajadores, cuyos salarios promedio no superaban los 7.000 pesos, mientras casi el 40% estaba en negro o precarizado. Cuando la concurrencia empezó a cantar para que se vaya Macri, Cristina Kirchner los paró señalando que las próximas elecciones son legislativas y aclarando que no está en juego la alteración del mandato presidencial. Dejó en claro que su propósito no es ir por la derrota de Macri sino negociar en el Parlamento determinados proyectos de ley, que de todos modos no especificó. La ausencia de un programa alternativo al del macrismo se puso otra vez de relieve. Cristina Kirchner terminó el acto sin anunciar su candidatura. Aunque muchos la dan ya como un hecho, lo cierto es que continúan las negociaciones para una mayor integración en las listas del pejotismo. Retroceso Desde diversos materiales del Partido Obrero hemos señalado que Cristina, en caso de ser candidata, lo haría como mascarón de proa de los punteros del PJ. A pesar que algunos prominentes cristinistas se oponían a que lo fuera, la crisis del peronismo y el avance de sus causas judiciales la han puesto al borde de la candidatura a senadora y aún a diputada. Mientras Cristina se pone al frente de los intendentes pejotistas, el FpV agoniza (se presenta como tal sólo en tres provincias). El PJ, por su parte, integrará 33 frentes diferentes en todo el país, y en la provincia Cristina irá en el frente de Unidad Ciudadana, sigla de ocasión formada por un grupo de sellos ex centroizquierdistas, por fuera del PJ. El desbarranque del “kirchnerismo del 54%”, sin la caja central del Estado, conoce una nueva fase. Florencio Randazzo, el ex ministro estrella de la ley privatista de los ferrocarriles, fue “confinado” al PJ porque Cristina no admite el desafío de las Paso que ella misma inventó y teme que la desgaste más aún (los sondeos hablan de una caída del 50 al 30% en provincia, respecto de sus guarismos anteriores, incluso respecto de los de Scioli). La burocracia sindical de los gordos, que la acompañó hasta el final, se divide ahora entre el FR (donde también juega el moyanismo), Randazzo, Cambiemos y un pequeño sector con la nueva sigla K. El descontento popular y el contexto de fuertes luchas sociales dan marco a la operación electoral de Cristina que, ausente de apoyos orgánicos de sectores de la burguesía, da rienda suelta a la demagogia y al “volveremos”, como si sus socios políticos no fueran parte de quienes votaron las 84 leyes macristas en el Parlamento, con mayoría del FpV en el Senado. O como si sus gobernadores no fueran parte del ajuste en las provincias, comenzando por Alicia Kirchner. Hay que apuntar la reciente firma del “Pacto Federal Minero” que suscribieron desde Juan Manuel Urtubey hasta Alicia Kirchner, pasando por la catamarqueña Lucía Corpacci; un verdadero estatuto colonial de entrega de los recursos y el medio ambiente en favor de los monopolios mineros. Quince mentiras, quince Cristina presentó un programa de quince puntos, que pasa el trapo sobre lo ocurrido en sus doce años de gobierno. La crítica al “hiperendeudamiento” a partir del pacto buitre -votado por los senadores cristinistas- ignora que Kicillof empezó la saga del Club de París, la indemnización escandalosa a Repsol y el pago a los tribunales del Ciadi, por varias decenas de miles de millones de dólares en el último mandato K. La investigación y el no pago, que defendimos durante el kirchnerismo y la crisis con los buitres, está hoy más vigente que nunca y por fuera del intento de programa de CFK. Para la deuda del Central proponemos un impuesto extraordinario al capital financiero, que lucró durante todo este tiempo con la quiebra del BCRA y del Tesoro, que es planteado solamente por nosotros. La ex presidenta propone “declarar la emergencia laboral, prohibir los despidos por un año y un aumento de emergencia del salario mínimo”. Pero esa prohibición no tuvo lugar en 2014/2015, cuando comenzó la crisis industrial que hoy continúa bajo el macrismo. Cristina gobernó con la misma UIA que reclama profundizar la ofensiva contra convenios y salarios que lleva adelante Macri, y que empezó Cristina en su último mandato. La ex presidente denuncia a Macri por “no cumplir el 82%” (que ella vetó, incluso cuando sólo se trataba del 82% del salario mínimo -o sea, una miseria). Junto a Sergio Massa y Diego Bossio, hoy opositores, y al igual que Macri, CFK metió la mano en los fondos de los jubilados, cuyo fondo de garantía está empapelado de bonos de deuda pública. El conjunto de la burguesía marcha a la extensión de la edad jubilatoria. Solamente nosotros planteamos devolver la Anses a los trabajadores y jubilados, reponer los aportes patronales que rebajaron Carlos Menem y Domingo Cavallo, así como liquidar el trabajo en negro para un aumento de emergencia y reponer el 82% móvil del mejor salario. La Cristina de Milani y la ley Antiterrorista critica el 2x1; la garante de la Barrick cuestiona “la entrega de los recursos naturales”; perpetuadora de la privatización de los servicios públicos cuyos grupos subsidió, se declara “en defensa de las empresas públicas”; la autora del Código Civil que bloquea el derecho al aborto se declara defensora de los derechos de la mujer. Finalmente, destaca “el rol que tendrá el Congreso como espacio de articulación opositor” -o sea que plantea un frente parlamentario con los socios declarados del ajuste, como los Massa, Pichetto o Bossio. Desafío La presentación de Cristina será motivo de una lucha especial para el PO y el Frente de Izquierda, porque disputaremos con ella cada joven y cada trabajador, cada mujer en lucha, que busquen ser confundidos por este armado de emergencia. Para la burguesía constituye un problema de otro orden, porque desde la Sociedad Rural a la UIA, pasando por Techint, la banca, las mineras y petroleras, nadie está pensando en una vuelta del kirchnerismo. Claro está que la eventual senadora o diputada será igualmente un cuadro de reserva ante un desmadre de las luchas populares contra el ajuste. El Partido Obrero desnudará la demagogia de Unidad Ciudadana, interviniendo con un programa integral en defensa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Como en estos días con las y los choferes cordobeses y del Gran Buenos Aires, lucharemos por ser la expresión política del movimiento obrero en lucha y utilizaremos a la campaña electoral como factor de preparación de las grandes batallas por venir. Desde luego, reclamaremos debate entre todos los primeros candidatos a senadores en ese escenario mayor que será la provincia de Buenos Aires.

En el último semestre de 2016, los trabajadores de Tempur Sealy protagonizaron importantes jornadas y acciones de lucha, que culminaron el 7 de diciembre con el inmenso triunfo en las elecciones de delegados, pese a que las mismas fueron armadas, por el gremio y el Ministerio de Trabajo, a la medida de las necesidades de la empresa y sus candidatos. Un expediente con denuncias extraviado en los pasillos del Ministerio de Trabajo, un arbitrario cronograma de horario que regimentaba y dificultaba la votación, compañeros de los locales hostigados por sus supervisores y otros trasladados en los autos de éstos y en remises pagados por la empresa para que fueran a votar, fueron algunas de las maniobras que debimos enfrentar. Pero el mismo ministerio que avaló las elecciones del 7 de diciembre a través de un funcionario de esta cartera, el 4 de marzo decidió anularlas, basándose en un pedido de impugnación realizado por la oficialista Lista Blanca. Esto, cuando los “impugnadores” no han agotado la vía asociacional, por lo cual el ministerio no debería haber hecho lugar al pedido y, ante su aceptación, el sindicato es el que debería rechazar la resolución oficial. El papel del sindicato Desde que se enteró de esta resolución ministerial, la comisión interna de Tempur Sealy comenzó a pedirle al Sindicato del Plástico que llevara adelante las acciones necesarias para rechazar este atropello, que ataca a la organización sindical, a la libertad y a la democracia sindical y, principalmente, a la decisión de la mayoría de los compañeros. En un plenario de delegados, el secretario general, Alberto Murúa, expresó su preocupación sobre el tema y se manifestó, formalmente, en defensa de sus delegados. Después de esto, el cuerpo de delegados de la empresa participó en dos reuniones, una con miembros de la comisión directiva nacional y otra con secretarios seccionales del sindicato, en las que los directivos plantearon que la posición de ellos era la de “no pelearse con el Ministerio de Trabajo” -o sea acoplarse a la decisión oficial e ir contra la decisión democrática de los trabajadores. La directiva ha dilatado la cuestión con el objetivo de que se agoten los plazos para hacer las presentaciones ante el ministerio y la Justicia y, de ese modo, llevar a la convocatoria de nuevas elecciones. Las tareas de los trabajadores Todas estas maniobras ponen de manifiesto la complicidad entre el Estado y las patronales para tratar de imponer a los trabajadores dirigentes sindicales que dejen pasar el pretendido recorte de las conquistas obreras. El ministerio jugó a favor de la empresa para tratar de dar un golpe a los trabajadores y, de esa manera, poder avanzar con planes de flexibilización dentro de la planta. En este cuadro, los compañeros deben preparar las condiciones para reafirmar, apoyar y fortalecer a un cuerpo de delegados que, con firmeza, ha ido sorteando todos los escollos que le han ido poniendo para poder llevar adelante los intereses de los trabajadores. Reclamamos al Sindicato Plástico que se pronuncie públicamente en contra de la resolución del ministerio y lleve adelante todas las acciones que sean necesarias para que se respete la legítima decisión de la mayoría de los trabajadores y la democracia sindical.

Las recientes estadísticas dadas a conocer por el Indec han sido reveladoras en lo que concierne a la cuestión del empleo en la juventud. Las mismas mostraron una realidad abrumadora: el 40% del total de los desocupados del país es menor de 29 años. En la franja etaria que va de los 18 a los 29 años, la tasa de desocupación y subocupación duplican a la media. Mientras que la desocupación es del 9,2% y la subocupación del 9,8% en el conjunto de la población económicamente activa, en los menores de 29 la suma de quienes no tienen trabajo y de quienes trabajan menos de lo que necesitan ronda el 40%. El porcentaje pasado a números absolutos arroja que 1,5 millón de jóvenes tienen graves problemas de empleo. Contra lo que se afirma habitualmente desde el gobierno y las patronales, el informe muestra que la gran mayoría de estos jóvenes posee una formación educativa adecuada que le permite trabajar. No son 'ni-ni' (“jóvenes que ni estudian ni trabajan”), como se los califica despectivamente de manera habitual, sino que han estudiado o estudian, y quieren trabajar pero le es imposible acceder a un empleo, dada la falta de puestos de trabajo. El valor de esta información es enorme, porque permite desmentir la especie de que las altas tasas de desocupación en la juventud se deben a la falta de educación. Detrás de esta falsa premisa hay una gran perfidia, pues se busca culpar por la desocupación a los jóvenes, convirtiéndolos en responsables de su precaria situación social. Y, a la vez, esta falsa premisa sirve para soslayar la responsabilidad del capital en la ausencia de creación de empleo. Se oculta, incluso, que contrariamente a la afirmación cotidiana que se machaca desde los medios de comunicación, en Argentina la fuerza de trabajo posee una 'sobrecalificación', si se compara su formación educativa con las tareas laborales que realiza. La figura de un profesional manejando un taxi grafica la sobrecalificación (relativa) de la fuerza de trabajo en la Argentina. Los que afirman que la desocupación encuentra su fundamento en la falta de educación citan estadísticas que muestran que entre los jóvenes con estudios universitarios la tasa de desocupación es menor que en el resto. Pero acá también deforman la realidad, al ocultar que las tareas que realizan estos jóvenes bien podrían ser asumidas por otros con una calificación menor. La sobrecalificación (relativa) opera del siguiente modo: los que tienen estudios universitarios cumplen tareas que son propias de quienes tienen estudios universitarios incompletos. Y éstos, a su vez, cumplen las que pueden desarrollar quienes poseen secundario completo. Siguiendo esta cadena hasta el final, la desocupación se concentra en los sectores con menores estudios, pero no por una cuestión pedagógica sino por la falta de empleo calificado. De manera general, la juventud no sólo sufre una mayor desocupación sino que también es la que tiene los peores empleos. Es importante hacer notar que en el capitalismo el desarrollo de las fuerzas productivas opera de manera contradictoria con la fuerza de trabajo y su calificación. Al desarrollarse la tecnología, una parte importante de los trabajadores terminan condenados a trabajos descalificados, reducidos a apéndice de una máquina. Esta ley general se agrava en países semicoloniales como la Argentina, con una estructura económica basada en exportaciones agrarias o mineras y energéticas, que ofrecen grandes negocios rentísticos para el capital. Basta ver que con la devaluación y la quita de retenciones ejecutada por Macri se ha beneficiado el capital agrario, que crea muy pocos puestos de trabajo, mientras la producción industrial está en caída libre desde hace meses. La descalificación de la fuerza de trabajo que genera el capital se traslada luego a la descalificación del propio sistema educativo. Cuando Macri afirmó en la “expo-empleo joven” realizada hace semanas atrás en la Ciudad de Buenos Aires que hace falta cambiar el sistema educativo tradicional por otro que forme de “manera permanente a los trabajadores” no hizo otra cosa que repetir lo que está en los papeles de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y del Banco Mundial. El objetivo es reemplazar la formación universal y científica por el dictado de conocimientos efímeros atados a la aplicación de ciertas tecnologías. Por esta vía, el Estado asume la calificación que corresponde a la empresa, reduciendo los costos empresariales. Bien leídas, las estadísticas del Indec sobre desocupación no sólo sirven para refutar los relatos mentirosos sobre las causas del desempleo juvenil, sino que también permiten desarrollar un programa: por el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin reducción del salario; por cupos de empleo en el Estado y en los privados para la juventud, sin afectar la planta actual de trabajadores; por un plan de becas formativas para la juventud que estudia, con salarios y condiciones de trabajo de convenio, controladas por las organizaciones de trabajadores y los centros de estudiantes.

La crisis de la burocracia sindical, simbolizada en su huida del palco de la CGT el 7 de marzo, reforzó su asociación con los ajustadores. Lo prueban las paritarias a la baja y los convenios flexibles, que se están pactando en numerosos gremios. El rechazo creciente de los trabajadores al macrismo empuja a los dirigentes a nuevos realineamientos, en función de preservar su dañada capacidad de contención, y a una carrera por lugares en las listas electorales para octubre. Las aspiraciones parlamentarias se negocian a cambio del auxilio de los aparatos, con tropa y financiamiento (con los fondos públicos en manos del macrismo, las cajas gremiales son un botín codiciado). Quién es quién, por ahora El rompecabezas sindical incluye a “las 62 Organizaciones”, encabezada por el "Momo" Venegas; un agrupamiento marginado de la estructura de la CGT y minoritario que incluso en el último período sufrió algunos desgajamientos (la Unión de Docentes, de Miguel Díaz, retornó al moyanismo). En las listas de Cambiemos “hay lugares que están ocupados por intrusos” -declaró Venegas- empeñado en hacer valer en ese armado su condición de brazo sindical del oficialismo. La Corriente Federal, que reúne detrás de La Bancaria de Sergio Palazzo a un puñado de gremios poco gravitantes, junto con la CTA de Yasky, apoya “orgánicamente” a Cristina Fernández. Por otro lado, la mayoría de los sindicatos más poderosos, los llamados "Gordos" y los Independientes, se alinea con la “oposición responsable” del Frente Renovador de Massa o con Randazzo. La “apuesta” por Randazzo La gambeta de Cristina Fernández para evitar la disputa con Randazzo descolocó a los partidarios de la “renovación K”; empezando por el triunviro y diputado ex massista Héctor Daer, quien retornó al peronismo para jugar en esa interna. El espacio transversal “Saúl Ubaldini”, que juntó al "Barba" Gutiérrez, el Suterh (porteros) de Víctor Santa María y a la CTA, basado en la especulación de una candidatura de Randazzo bendecida por CFK, duró lo que un suspiro. Santa María, titular del PJ porteño (el vicepresidente es nada menos que Andrés Rodríguez de UPCN), terminó gestando en la Ciudad una interna que va desde el camporismo a la “izquierda” de Patria Grande y el papista Gustavo Vera, incluyendo a Alberto Fernández. Sergio Sasia, de la Unión Ferroviaria, el petrolero Alberto Roberti, Guillermo Moser de Luz y Fuerza y Oscar Romero, del Smata, integran la mesa de conducción del randazzismo. Ricardo Pignanelli, el secretario general de los mecánicos, otrora uno de los preferidos de CFK y más tarde participante asiduo a actos con Macri, volvió al redil kirchnerista y busca expulsar a Romero, actual presidente del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados, “por embarcar al gremio de manera inconsulta en su aventura con Randazzo” y por gastos “irregulares”. Detrás de esta pelea cruzada entre ambos hay una disputa por la sucesión del sindicato, que Pignanelli pretende para su hijo, además de un agujero en la caja de la obra social de 300 millones de pesos. Otro que, seducido por el "Barba" Gutiérrez, se pronunció por Randazzo, fue Antonio Caló. Tal vez por olfato o porque la Juventud Sindical de la UOM es asidua concurrente a reuniones en el kirchnerista Instituto Patria, optó de entrada por mantener una discreta distancia. El “refugio” massista La augurada salida de Facundo Moyano del Frente Renovador, imitando el portazo de Daer, no ocurrió. Incluso Hugo, el jefe del clan, resolvió volver al juego electoral y adhirió al frente de Massa y Stolbizer; Facundo arrimó también a su viejo aliado de la Juventud Sindical Juan Pablo Brey, de Aeronavegantes. Otra adquisición de peso del Frente Renovador es Omar Maturano, de La Fraternidad, muy vinculado con el actual intendente de Tigre, Julio Zamora, quien fue por años abogado de ese gremio ferroviario. Los sindicatos de la poderosa confederación del transporte -CATT- se dividen en su apoyo a Massa y a Randazzo, con excepción de Fernández, de la UTA, que aún deshoja la margarita, tironeado por su “excelente relación con el ministro de Transporte Guillermo Dietrich”. Juan Carlos Schmid, el único de los tres de la conducción cegetista que no tiene banca (el tercero, Carlos Acuña, es legislador bonaerense por el massismo), anunció que competirá en las Paso del PJ santafesino “como independiente”. Cuando parecía que terminaría sumándose a la lista que constituyó la CGT local con los senadores provinciales, para enfrentar al kirchnerista Rossi, estalló una vieja interna entre el moyanismo y Sergio Aladio, secretario general de los transportistas santafesinos, con fuertes lazos con el senador Traferri, y zozobró la unidad. De arriba para abajo La amenaza de Pablo Moyano de abandonar la CGT, que tanta repercusión tuvo en su momento, obedeció a su enfrentamiento con el "Barba" Gutiérrez por la reorganización de las regionales. Esto porque los puestos en las conducciones de la central son el trampolín para acceder a las listas provinciales y distritales. Sólo como ejemplo: en La Matanza, el líder de la CGT “En Unidad”, Ernesto Ludueña, burócrata del sindicato de Comercio y peón de Rubén Ledesma, lanzó una guerra al interior del Frente Renovador por mayor representación. Lo mismo ocurre con el textil Mario Ortiz, secretario general de la otra CGT matancera, que disputa lugares en la nómina pejotista con Heraldo Cayuqueo, de la Uocra local, encolumnado con Randazzo. Pero su jefe nacional, Batallón 601 Martínez, comulga con Massa. En las antípodas, el Frente de Izquierda La integración de la burocracia sindical a los bloques capitalistas es un mapa de su disgregación, que a su vez refleja la descomposición histórica del peronismo. En las próximas elecciones las siglas PJ o FpV serán parte de “33 frentes electorales diferentes en las 24 provincias” sin considerar al Frente Renovador. En las antípodas de estos rejuntes sin principios, el Frente de Izquierda lleva en sus listas a lo mejor y más vital del movimiento obrero.

Un informe que dio a conocer el ultraoficialista diario La Nación (17/6) desnuda la falacia de la campaña de Macri contra la que denominó “industria del juicio” (es decir, la defensa de sus derechos por parte de los trabajadores) que -se animó a sostener- provocaría el cierre de empresas y la liquidación de fuentes de trabajo. La nota destaca que en 2016 se iniciaron en el país 160.000 juicios laborales, que se sumaron a los 340.000 que ya había en trámite, llevando el total a 500.000. Pero que, como los tribunales se encuentran colapsados, con menos juzgados de los necesarios, con espacios reducidos que dificultan las tareas y sin la tecnología necesaria para tener una actividad mínimamente normal, sólo están en condiciones de tratar alrededor de 35.000 juicios al año, es decir el 7% de los acumulados. Luego de describir las condiciones deplorables en las cuales se desarrolla la actividad en los juzgados laborales (“la gente trabaja sin las más mínimas y básicas normas de seguridad e higiene”, dice la nota), la periodista transcribe declaraciones de jueces, quienes denuncian que “tienen falta de conectividad y que, además, luchan contra un sistema informático de gestión” que es "poco eficaz" y que "hace nuestra tarea mucho más lenta". A todo esto no se refirieron ni Macri ni el ministro de Justicia, Germán Garavano, quien salió a apoyar al Presidente en su ataque a los trabajadores y en defensa de los intereses del conjunto de los capitalistas. Es que ésta es una política consciente, destinada a extender por años los juicios y presionar a los demandantes para que firmen acuerdos perjudiciales, de montos menores a los reclamados, por no estar en condiciones de esperar el largo tiempo que demanda llegar a la sentencia. Lejos de que exista una “industria del juicio”, los trabajadores que deben enfrentar la prepotencia patronal, la falta de respeto de los convenios y de los derechos laborales más elementales y que, en general, como última instancia, deben recurrir a la Justicia, encuentran también allí la valla del Estado, como lo certifican los datos de la nota. Garavano también respaldó a Macri en su ofensiva contra los abogados y jueces que “integran la mafia de los juicios laborales”, obviando conscientemente el dato de que sólo una ínfima cantidad de los juicios acumulados tiene sentencia cada año. Es un cuadro similar al que se vive en el fuero previsional, donde se tramitan también casi 500.000 juicios de jubilados por liquidaciones mal realizadas por la Anses, que los llevan a cobrar haberes sustancialmente menores a los que les corresponden. El violento ataque macrista a los jueces del fuero laboral es parte de la ofensiva antiobrera y tiene el propósito de “domesticar” y “encuadrar” a los magistrados “rebeldes” que “fallan a favor de los trabajadores”. Ante un selecto grupo de abogados de bufetes de empresas, amenazó con remover a los que no se sometan, a través de la Magistratura y nombró como ejemplo a los dos integrantes de la Cámara Nacional del Trabajo que avalaron el convenio de los bancarios, ubicado por encima del tope establecido por el gobierno, lo que generó una crisis con ese sector del Poder Judicial. La ofensiva oficial forma parte de la política del Ejecutivo nacional y de los gobiernos provinciales de liquidación de los convenios colectivos y los derechos laborales, conquistas históricas logradas por los trabajadores luego de largos años de lucha. Por eso desde todos los sectores empresarios salieron calurosamente a aplaudir los dichos de Macri: industriales de la provincia de Buenos Aires, Idea, la UIA, la Sociedad Rural Argentina y la Cámara Argentina de la Construcción -este último, uno de los sectores que emplea más trabajadores en negro y menos respeta los derechos laborales. Pablo Moyano, de Camioneros, adelantó hace dos días cual será la política de la CGT: la burocracia sólo prevé organizar una movilización para algún momento del mes próximo para “hacerle ver a Macri que las cosas están mal” (Ambito, 17/6). Esto, no sólo frente a los cierres de empresa y despidos diarios, a los tarifazos no compensados, a las paritarias que van en el claro camino de ser superadas una vez más por la inflación, sino cuando incluso los empresarios de su propio gremio acaban de ofrecerles un aumento del 18% en tres cuotas hasta mediados del año próximo. Hay que defender las conquistas alcanzadas con años de lucha. La burocracia está al servicio del ajuste. Se necesita una nueva dirección en los sindicatos. Frente a la política antiobrera del gobierno y de los gobernadores de todo pelaje, los trabajadores necesitan una alternativa política propia. El Partido Obrero-FIT levanta un programa y llama a organizarse en defensa de los intereses de los trabajadores.

El jueves pasado, una multitudinaria asamblea realizada en el gigante metalúrgico aprobó la propuesta arrancada a la patronal que consiste en un incremento al básico de un 25%, más uno al “conformado” que implica un aumento total del 31%. Se trata de un aumento paritario muy por encima del techo salarial que quieren imponer las patronales y el gobierno con la complicidad de los gremios cegetistas en diversas ramas. Además, hemos parado por completo la planta el 7 de septiembre, Día del Metalúrgico, por primera vez desde que Aluar se instaló en la ciudad hace 40 años. El punto es fundamental, ya que al ser una producción continua, la presión patronal por no parar la producción es inmensa. Anteriormente habíamos logrado arrancar el cese de las tareas en Navidad y año nuevo, lo que se inscribe en victorias que devuelven a los trabajadores parte de su vida familiar que año a año nos arranca esta patronal. Lo que consagró la asamblea del jueves está precedido por un largo proceso de organización: hubo varias asambleas generales que fueron debatiendo la negociación que la comisión interna y el cuerpo de delegados llevaban adelante. Se trata de una nueva dirección que hace pocos años se ha puesto a la cabeza de la recuperación salarial y las condiciones de trabajo de la fábrica más grande de la Patagonia Argentina. En el último tiempo venimos de parar la planta y lograr -entre otras cosas- desplazar a la doctora del servicio médico por maltrato, lo que envalentonó al colectivo obrero. También fue fundamental la participación de más de 200 trabajadores en la movilización del 6 de abril en Puerto Madryn, en ocasión del paro general, que se destacó como una marea de casacas azules, así como la participación en las movilizaciones en años anteriores contra el impuesto al salario. Es por este ascendente proceso de organización y lucha que la patronal no quiso imponer un techo salarial, a sabiendas que existen fuerzas para defender el salario obrero. Otro paso importante en esta paritaria es que se resolvió en el ministerio laboral con sede en Madryn -o sea sin involucrar al ministerio nacional. La apelación a este último es un método impulsado por la conducción nacional de la UOM en los últimos diez años y que le permite a la patronal hallar una grieta por donde desligar la discusión de la presión de la base obrera. Expandir esta experiencia de organización El proceso de Aluar contrasta con el rol jugado por la UOM, que firmó casi sin luchar -sólo un parito- un miserable 22% anualizado, muy lejos del 30% mandatado por el Congreso Metalúrgico celebrado en Mar del Plata, donde los delegados de Aluar no solamente plantearon un plan de acción para arrancar el 30% al básico sino también la asignación de la "zona desfavorable" para la Patagonia (un plus salarial al compás del costo de la canasta alimentaria). Se trata de una experiencia de organización que debemos desenvolver en todo el gremio.

El 14 de junio inauguramos el local de Marcos Paz con la presencia del candidato a senador nacional por el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. El local se encuentra ubicado en pleno centro. La charla-debate tuvo una previa conferencia de prensa con Canal 4, la TV Pública y Noticias RSO. La prensa local consultó a Pitrola sobre el "dietazo", la presentación del libro La fuerza de la izquierda en el Congreso, el conflicto de choferes en Córdoba y la tentativa extorsiva de Cambiemos de declarar “servicio esencial” al transporte para enfrentar las huelgas. También fue consultado sobre los detalles del acuerdo en el Frente de Izquierda y la unidad frente a las Paso. En la charla, Pitrola se refirió a las luchas del movimiento obrero (AGR-Clarín, docentes, entre muchas otras) y denunció la tregua de la CGT, que sólo fue al paro del 6 de abril en un intento por descomprimir la bronca obrera. Hizo un análisis particular de las elecciones de Suteba y el protagonismo de la Lista Multicolor, que es la conducción en el distrito de Marcos Paz. El próximo 3 de julio, Tribuna Docente ingresa dos compañeros en la directiva de la seccional antiburocrática. Una parte destacada de la charla la tuvo la constitución de una lista unitaria hacia las Paso en el FIT, que permite concentrar nuestros esfuerzos en la lucha contra los partidos del ajuste. Desde 2011, cuando el kirchnerismo creó las Paso, las denunciamos como un mecanismo proscriptivo (piso del 1,5%) y de regimentación estatal de la vida de los partidos. Al finalizar la charla se vendieron todos los ejemplares de La fuerza de la izquierda en el Congreso que teníamos, y que fueron dedicados por el autor. Entre los presentes se destacaron los docentes, junto a la juventud, sectores de la salud y estatales. La conclusión final fue instar a sumarse al PO y contribuir en el desarrollo de una alternativa política de la Izquierda y los trabajadores. Para terminar la jornada, Pitrola participó en el programa político "Presencia Semanal", que se emite en vivo. Fueron 40 minutos de entrevista donde se expuso el programa político de salida del PO en el FIT, los debates de la izquierda y las luchas en curso de los trabajadores en el contexto de la crisis capitalista internacional.

La patronal de Pepsico decidió cerrar definitivamente su planta ubicada en Florida, Vicente López, anunciando una supuesta "relocalización" de la producción y la apertura de negociaciones indemnizatorias. Este cierre fue pre anunciado largamente por la empresa, que desde que compró la planta de Pehuamar en Mar del Plata fue trasladando la producción hacia allá. Esta medida ha generado una conmoción política en el conjunto de los trabajadores de la alimentación, que vienen de distintos conflictos por despidos (Bimbo, Bertone, Vito, Canale, Cresta Roja y otras) por lo general sin respuestas de parte del gremio. El cierre de Pepsico se inscribe en una ofensiva general de las patronales y el gobierno, dirigida a imponer menores salarios y mayor flexibilización. La ronda paritaria que está en curso muestra la total complicidad de las burocracias sindicales con estos objetivos anti obreros. Esta decisión de la empresa fue anunciada mediante un papel colocado en la puerta de ingreso de los trabajadores y acompañada por un amplio despliegue policial, para evitar una respuesta de los trabajadores. La empresa no tiene ninguna crisis de producción como dice (sus plantas de Mar del Plata y del interior están produciendo normalmente) sino que apunta a relocalizar su planta para reducir costos y desarmar a los trabajadores. El activismo de Pepsico y de otras plantas alimenticias se trasladó de urgencia a la puerta de fábrica a rechazar esta medida que representa 600 despidos y que apunta como ya dijimos a desmantelar la organización de los trabajadores. Desde la Naranja nos ponemos a disposición de los trabajadores, planteando que para impedir el traslado de la maquinaria es necesaria la ocupación de la planta por los trabajadores. Las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, en las que hay que participar, apuntan a desgastar a los trabajadores y a promover la aceptación de las indemnizaciones de parte de un sector.

Néstor Pitrola entregó hoy su banca de diputado -para la cual fue electo en 2013 y reelecto en 2015- a Natalia González Ercila, del PTS. Se trata de la segunda rotación de Pitrola, que antes había entregado la banca electa en 2013 a Myriam Bregman, hoy ocupada hasta fin de año por Juan Carlos Giordano. Pitrola declaró en Diputados: “Es mi segunda rotación y la cuarta del Frente de Izquierda en la Cámara de Diputados de la Nación. Se trata de un método que se aplica en todas las provincias y puntualmente respetado por todas las fuerzas que componen el Frente de Izquierda y los Trabajadores.” “El Frente de Izquierda cumple con su palabra y con su programa. Desde nuestras bancas damos testimonio de lucha, desde las aspiraciones más inmediatas como el rechazo al dietazo o la quita de pensiones por discapacidad, a la batalla contra el estatuto colonial que significó el pacto con los fondos buitre de endeudamiento y ajuste. Las bancas rotativas son expresión de un frente único que oponemos a los partidos que han gobernado la Argentina para el capital financiero y las corporaciones capitalistas. Desde ellas luchamos por un programa de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Ese contenido tienen las listas unitarias que estamos presentando en 22 provincias del país, que me tendrán como candidato a senador por la provincia de Buenos Aires”, finalizó Pitrola. Cargando...

La crisis de la dirigencia del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (STIA) se expuso como nunca antes en la paritaria 2017. El ramo principal cerró el viernes 16 en un 24% en dos cuotas (mayo 12% y septiembre 12%) con una suma no remunerativa de 2.000 pesos recién para enero de 2018 y una "cláusula gatillo" de dudosa aplicación. El martes 13 pasado, los directivos habían rechazado la misma oferta del 24% por "miserable" (aún cuando el Plenario de delegados de la seccional Capital había votado aprobarla) y lanzaron en distintas seccionales al activismo (San Luis, Arroyito, Córdoba, Salto, Tres Arroyos) a realizar escraches para exigir un mejor aumento. La oferta rechazada el martes 13 fue firmada como un triunfo el viernes 16, dejando descolocados a los delegados que sostenían los bloqueos. El cierre demostró, una vez más, que la Verde le huye como a la peste a desenvolver un plan de lucha, reflejó la división de la burocracia de la CGT alrededor del armado de listas para las elecciones de agosto/octubre (entre massistas, kirchneristas y randazzistas) y terminó bochornosamente con los distintos sectores de la Verde echándole la culpa del acuerdo a Daer. Cuando la negociación se trabó, la dirigencia de la Federación de Trabajadores de la Industria de la Alimentación (FTIA) debió haber convocado a nuevas medidas de fuerza (no a escraches que no afectan la producción), pero se limitó al cabildeo ministerial aviniéndose a una conciliación voluntaria que despertó la bronca entre los trabajadores. El acuerdo dejó el inicial en 17.180 pesos de básico, que con los descuentos deja por un año más a los trabajadores alimenticios rondando la canasta de pobreza. Además, el primer tramo del aumento será "no remunerativo" por lo que una dirigencia que en su inmensa mayoría debería estar jubilada ha dejado a los jubilados de la Alimentación, ¡sin aumento hasta septiembre! Por otro lado, contrasta con el aumento de los coseguros de la obra social, que rondó el 1.000% en promedio. El acuerdo alcanzado por la Federación despertó un enorme rechazo entre los compañeros (incluidos sectores del oficialismo), que vieron con claridad la necesidad de una nueva dirección en el STIA, democrática y de lucha.

Romina Del Plá, dirigente del Partido Obrero y candidata a diputada nacional por el Frente de Izquierda (FIT), realizó el viernes 16 una conferencia de prensa en General Madariaga, junto a los precandidatos locales a concejales Federico Tomasone, Mayra Vargas y Luciano Lago. La conferencia de prensa se realizó por la tarde en el restobar El Patio, en donde se hicieron presentes medios gráficos y el canal local. Estuvo acompañada por referentes del Partido Obrero del distrito e integrantes de la Lista Rosa del Suteba, recientemente electa nueva conducción del gremio docente en Madariaga. Del Plá explicó que “esta semana está terminando con grandes satisfacciones: la primera es que tenemos listas únicas en el Frente de Izquierda, que es una gran batalla que hemos dado desde el Partido Obrero: poder unificar la fuerza y la energía en colocar un planteo alternativo al que viene del gobierno nacional, de los gobernadores provinciales y también de la oposición patronal”. Esto se completa con la conquista de la dirección del Sute, el sindicato docente de Mendoza, por parte de la izquierda, así como su reelección en la Asociación Gremial Docente en la Universidad de Buenos Aires. La referente expresó que “estamos frente a evidencias muy marcadas de cómo la población está pagando una política muy fuerte de ajuste y, en ese sentido, ya los datos, aún los oficiales, son indiscutibles: el crecimiento de la pobreza, de la desocupación y la subocupación, y cómo impactan las mismas en la juventud, en las mujeres. Y eso en el interior de la provincia de Buenos Aires se ve con total claridad con el cierre de distintos lugares de trabajo; el impacto y la caída del consumo, por ejemplo, en la industria turística”. En este sentido, Del Plá destacó la “necesidad de presentar un planteo alternativo, de defender el salario y el trabajo genuino, de terminar con la precarización laboral; y también obviamente las reivindicaciones de la mujer, de terminar con toda forma de violencia, que tengan una protección adecuada. Y, por supuesto, los reclamos genuinos de los trabajadores de la educación”. Finalizada la conferencia, la candidata se reunió con la nueva comisión directiva del Suteba de General Madariaga, conquistada en las últimas elecciones por la combativa Lista Multicolor. Hizo referencia a lo importante de este acontecimiento, dado que viene de la mano de un proceso de crecimiento de los sectores antiburocráticos y clasistas en los sindicatos. En Villa Gesell la acompañaron (el 17) en la conferencia de prensa las candidatas locales Sandra Tamaro y Giuliana Paluci Arias. La gira se completó con una importante reunión con docentes y trabajadores dispuestos a encarar la lucha contra el ajuste -unos constituyendo con Tribuna Docente la Multicolor y otros desenvolviendo la campaña del FIT ligada a todos los reclamos pendientes de la zona, como la defensa del médano y de los reservorios de agua, junto con la lucha por trabajo estable y el rechazo al trabajo infantil. Cargando...

Luego de intensas maniobras contra las bases del gremio, el pasado 12 de junio, la burocracia de la Federación Papelera firmó con la Cámara de Fabricantes un acuerdo salarial de miseria, que supone un aumento anualizado de un 19% (sólo un 14% los primeros seis meses, y un 10% más a partir de octubre), muy por debajo de la inflación pronosticada, que estará por encima del 25%. Días atrás, ante el rechazo de las bases papeleras a las negociaciones dilatadas y lo ridículo del ofrecimiento patronal, la Federación del Papel y la Cámara de Fabricantes habían solicitado una “conciliación voluntaria” en medio del paro del 1° de junio. Esta “conciliación” sirvió para desmovilizar y enfriar los ánimos de los trabajadores, creando una falsa expectativa de movilizar el 15 de junio, fecha en que se realizaría una nueva audiencia. Con la maniobra obtuvieron el marco para mantener reuniones privadas y evitar por todos los medios la intervención de los trabajadores en las negociaciones. El acuerdo La medida de los salarios de hambre queda ilustrada por el básico inicial del gremio, que recién en abril de 2018 pasaría a… 55 pesos la hora. Además de las cifras de miseria, gran parte de esto es no remunerativo -solamente se incorporan los aportes a la obra social, federación y sindicatos. Tampoco aparece contemplado en el acuerdo ningún bono compensatorio y mucho menos una cláusula gatillo que compense el desfasaje inflacionario. Solamente se limita a convocar a una nueva reunión en enero para evaluar el índice de precios abril/diciembre, sin ningún compromiso de compensar la diferencia entre éste y lo acordado. Se trata de salarios que le garantizan a las patronales miles y miles de trabajadores pobres, que ante el ahogo económico deben someterse a interminables jornadas laborales y a la arbitrariedad patronal en la organización del trabajo. Esta es la línea reclamada desde el empresariado y el gobierno, para descargar la crisis económica sobre los trabajadores. Perspectivas La agrupación opositora Gris Papelera desarrolló una gran campaña de volanteos, asambleas y movilizaciones por el reclamo de un 40%. En la última etapa de las negociaciones advirtió y denunció oportunamente la maniobra de entrega que se preparaba y ante esto realizó un acto el 12 de junio pasado en Smurfit Kappa-Bernal, contra una nueva entrega de las paritarias, contra los salarios de hambre y por democracia sindical. Ante lo exiguo del acuerdo planteamos que, como medida paliativa, no se descuenten los aportes sindicales, sino solamente los de obra social -mejorando así el monto percibido por los trabajadores mientras las sumas sean “no remunerativas”. Ese mismo día, mientras las comisiones internas y los trabajadores de Kimberly y Smurfit defendían el salario en las calles, los paritarios de la Federación firmaban detrás de un escritorio y de manera inconsulta el acuerdo hambreador. Para todos los compañeros del gremio es hora de hacer un balance sobre la realidad que nos golpea -cierres de fábricas, despidos y suspensiones, salarios de pobreza, condiciones de trabajo deplorables, un sistema de salud paupérrimo, turnos rotativos que arruinan la salud- y la responsabilidad en la misma de la burocracia, las patronales y el gobierno. La rebelión de los choferes de UTA Córdoba muestra una tendencia que recorre los gremios de Argentina. Recuperar sindicatos y cuerpos de delegados, desarrollar agrupaciones clasistas, concretar frentes antiburocráticos y de lucha, serán las herramientas para cerrar definitivamente la etapa del peronismo en los sindicatos y darle a estos una política de clase.

En la reciente asunción del nuevo presidente de la UIA, Miguel Acevedo -de Aceitera General Deheza, del poderoso polo agroindustrial sojero del sur de Santa Fe-, la crisis industrial y, en particular el vínculo con China, se hizo presente. Acevedo quedó como titular luego del intento frustrado de colocar a Funes de Rioja -de la Coordinadora de Industrias Alimenticias (Copal)- en la dirección de la UIA que, para algunos analistas, fue impulsada desde el propio gobierno. Copal es la cámara alimenticia que saludó los acuerdos con China, destino creciente de sus productos -“nadie se opone a una alianza internacional con China, que sería el acuerdo más importante, luego del Mercosur”, planteó el mismo Funes de Rioja. Un frente pro-chino que se extiende a sectores de la burguesía terrateniente y agraria, que disfruta del acople que supone exportar el 80% de la soja y derivados a China, y avizora salvarse de la crisis mundial convirtiéndose en su gran proveedor de alimentos. Un frente, a la vez, de características continentales, porque confluye con la burguesía agraria brasileña y los grandes pulpos volcados al negocio de la carne. En este campo estaría Bulgheroni, asociado en PAE con la petrolera china CNOOC, segunda petrolera en producción y concesionaria del 45% de las reservas petroleras convencionales y del yacimiento Cerro Dragón -el principal del país. La nominación de Funes de Rioja llevó a una disputa con todo un ala de la burguesía industrial, que derivó en la elección de Acevedo como un hombre de compromiso entre la Copal y Techint, lo que llevó, a su vez, a un desgarramiento interno. El día de asunción de la nueva conducción de la UIA, Juan Carlos Secco, ex vicepresidente de la UIA, hizo un discurso proteccionista y se retiró, declarándose fuera de la entidad fabril. De Mendiguren, ex titular de la UIA, hoy con Sergio Massa, no estuvo presente y a través de un tweet declaró: “Le han dado a China lo que pedía”, en referencia al controvertido reconocimiento del país asiático como “economía de mercado”. Héctor Méndez, también ex titular de la UIA, planteó, a su turno, que “la UIA ya fue para mí”. Todos ellos quedaron fuera de la actual conducción. Aunque esto revela que la burguesía “nacional” dista de tener una posición homogénea, los que se han entronizado en la UIA luego de la crisis forman parte del arco de apoyo al gobierno, como lo explicitó su nuevo titular. Acevedo planteó que “la economía arranca, lenta, pero sí, arranca”, saludó la ofensiva sobre los juicios laborales y apoyó el proyecto oficial de “blanqueo laboral” (que supone rebaja de las contribuciones patronales). Se desmarcó de los planteos de devaluación planteando que la salida es “competitividad” y una “inflación normal” y adujo, en línea con el gobierno, que había que reducir la “Brasil dependencia”. Acevedo se pronunció aparentemente de manera tajante sobre China: “No es una economía de mercado. No hay precios similares de productos para comparar con otros mercados. Son precios como los del Indec de Moreno”, sin plantear, sin embargo, más que “preocupación” por algunos acuerdos. La alusión a la imposibilidad de comparar el precio de un producto chino con el similar de otro país puede haber sido una respuesta elíptica a una información que señala que el gobierno de Macri habría reconocido de hecho a China como economía de mercado. Esto es, que los precios internos de sus productos serían considerados como válidos para juzgar situaciones de comercio predatorio. Este criterio, que el secretario de comercio macrista utilizó para ciertos casos, no fue aplicado sin embargo para el acero chino, ello, por pedido de Techint. El nuevo vínculo con China De los 16 acuerdos firmados por Macri, 14 corresponden al Convenio firmado por Cristina Kirchner tres años atrás y a los que la bancada del PRO, en ese momento en la oposición, se opuso al punto que el actual Presidente amenazó con su derogación por contener artículos violatorios de la Constitución. Este solo hecho pone al descubierto el deambular empírico del gobierno en medio de la crisis capitalista internacional y de una reactivación fuertemente cuestionada. La lluvia de inversiones no llegó nunca y el gobierno fue desde el aliento a la Alianza del Pacífico, buscando girar en la órbita norteamericana, al replanteo de la relación con China. Sólo que en este caso, el gobierno ha ido más lejos que la propia CFK en la aceptación de un acuerdo que refuerza las características leoninas de lo pactado. De los acuerdos firmados, ninguno aborda el modo de recuperar el equilibrio de la balanza comercial, fuertemente favorable a China. Desde 2015, las exportaciones de aceite de soja de Argentina a China vienen en caída, porque China prefiere comprar el pellet de soja y procesar el aceite allí. Los acuerdos conocidos saltean las licitaciones y establecen la importación de insumos sin aranceles. Plantearían incluso un ultimátum en torno de la construcción de las represas de Santa Cruz: se trata de la llamada cláusula defol cruzado, que condicionaría la totalidad de los convenios a la continuidad de esos emprendimientos. De cualquier modo, al día de hoy, el gobierno no ha informado sobre la totalidad de los convenios firmados, lo que continúa el trato secreto y conspirativo de CFK. La burguesía “nacional” transita una dura lucha por la supervivencia en medio de la crisis capitalista internacional. Por eso, a la cabeza de la UIA siguen estando los pesos pesados de la burguesía industrial(*) y gran parte de las asociaciones patronales industriales del interior (Buenos Aires, Santa Fe) se han volcado a la nueva conducción (luego de ser acólitos del gobierno “nacional y popular”). No es una cuestión menor ser parte del lobby que golpeará a las puertas del Estado y del nuevo gobierno para salvarse. *Ver Prensa Obrera N° 1.376/2015 en www.po.org.ar

Se comprobó el plan criminal organizado por los jerarcas del sindicato: el ex secretario adjunto de la seccional Lomas de Zamora fue condenado a prisión perpetua En un fallo histórico, el Tribunal Oral N° 2 de Lomas de Zamora condenó por homicidio agravado por la participación de dos o más personas al ex secretario adjunto de la Uocra de Lomas de Zamora, Héctor Cabrera, y a dos miembros de la patota que provocó, en marzo de 2014, el homicidio del obrero de la construcción Darío Avalos. El tribunal que condenó a los asesinos estuvo conformado por los doctores Silvia González, José Luis Arabito y Nicolás Plo. Avalos era obrero de la construcción. Fue asesinado por una patota de la Uocra de Lomas de Zamora mientras participaba de un reclamo por puestos de trabajo frente a una obra de la constructora Esuco SA. Los agresores emboscaron con armas de fuego, cuchillos, varillas de metal y piedras al grupo de manifestantes en el que se encontraba Avalos. Parte de los atacantes los aguardaron desde la madrugada dentro de la obra y otro grupo llegó “en caravana”, encabezado por Héctor Ramón Cabrera desde la sede del sindicato. Todo ocurrió bajo la mirada de efectivos de la Policía Bonaerense, que cubrieron la huida de la patota. Esta condena crea un antecedente para considerar el ataque de una patota sindical -que tenga como consecuencia la muerte de alguna de las personas agredidas- como delito de “homicidio agravado por la participación de más de dos personas”, considerando co-autores y penalmente responsables no sólo a las personas que dispararon las armas, sino también a las personas que organizaron y dirigieron dicha patota. En este caso, la Justicia determinó la culpabilidad por los cargos de miembros de la dirección de la Uocra de Lomas de Zamora: además de Cabrera, involucró al ex secretario general Walter Leguizamón, que permanece prófugo. Leguizamón es un hombre del riñón de Gerardo "Batallón 601" Martínez. Se entiende acreditada la premeditación mediante un plan criminal. Su organización se planificó con antelación del asesinato, para el que la burocracia sindical garantizó armas y medios de transporte, además de ser la convocante de los tiradores y la patota. Este fallo dejó atrás las imperfecciones de la condena a José Pedraza, ya que en el caso del asesinato de Mariano Ferreyra, el tribunal consideró que se trataba de un “homicidio simple”, en el cual la dirección (que no estaba no presente en el lugar)no era autora sino solamente cómplice. El argumento esgrimido era que esta burocracia no quería en el fondo un muerto sino sólo correr a tiros a los tercerizados del ferrocarril, que reclamaban su pase a planta permanente. En el caso Avalos, el testimonio que indicó que Cabrera recibió la orden por radio del secretario general Walter Leguizamón para que “vayan y maten a todos esos mugrientos”, fue contundente para acreditar la intención criminal. También son parte de las conclusiones del tribunal la clara complicidad de la Policía Bonaerense -que deberá investigarse-, presente en el lugar de los hechos. Se trata de un paso más para cambiar la hipótesis defendida por el fiscal de instrucción de que los policías cometieron un simple incumplimiento de deberes. En el primer juicio por el homicidio de Avalos, finalizado en julio del año pasado, un jurado popular había condenado a cadena perpetua a seis miembros de la patota de la Uocra, dos de ellos por el delito de homicidio agravado, mientras que el resto recibió penas menores por homicidio en riña. Este lunes 19 se ha logrado un triunfo en la batalla contra los crímenes de la patota de la Uocra y la complicidad de la policía y del Estado, que cobra gran impacto ya que es un método extendido en la burocracia sindical. Y constituye un fortalecimiento de los trabajadores contra esos métodos criminales. Estuvieron presentes para escuchar el veredicto y acompañar a los familiares el ex diputado de la provincia por el Frente de Izquierda Guillermo Kane; el secretario general del Sitraic, Víctor Grosi; miembros de ATE y de Suteba de Lomas de Zamora.

En la regional Capital estamos dando los primeros pasos en la campaña para juntar fondos para la actividad del Partido Obrero. Comenzamos con resultados auspiciosos: a una semana del arranque, ya estamos rozando el 10% del objetivo, tanto en cantidad de aportes como en cuanto al monto financiero. La Campaña Financiera se está llevando adelante en conexión directa con la campaña electoral, en función de lograr todos los recursos necesarios para dar esta disputa política. En las barriadas del oeste capitalino, donde el Polo Obrero está viviendo un importante desarrollo, se realizó un locrazo (en Villa Lugano), y para esta semana y la próxima se están preparando polladas, la colocación de rifas y la recorrida del padrón de aportistas. Las compañeras y los compañeros del Polo consideran a la candidatura de Marcelo Ramal como diputado nacional, como una candidatura propia, merced a la gran trayectoria de lucha del compañero en la Legislatura en defensa de los intereses de los vecinos más humildes de nuestra ciudad. En Paternal se realizó un asado y luego una fiesta, donde participaron más de cien compañeros y se recaudó una gran cantidad de aportes a la campaña. Por su parte, en el local de Villa Ortúzar estamos preparando una gran cena con la presencia de Ramal y Gabriel Solano para el 8 de julio. En Parque Lezama, los compañeros de La Boca realizaron una actividad de agitación electoral, acompañada de una actividad financiera. En este mismo barrio se está planeando montar una parrilla en el histórico Caminito para juntar más recursos. Cerca de allí, en Barracas, se está preparando una feria americana con ropa donada. En Liniers y Abasto se realizaron fiestas el sábado pasado y se prevén nuevas actividades (en Abasto, tendrá lugar otra fiesta el 1° de julio). De conjunto, ya han ingresado más de 250 aportes de compañeros del Partido y más de cien aportes externos. En los próximos días vamos a impulsar con todo la campaña en el movimiento obrero, apoyándonos en la actividad del 24 de junio próximo en el Hotel Bauen -donde se presentarán los candidatos obreros de nuestro distrito. La Campaña Financiera en la Capital crece al calor de la campaña electoral, fortalecida por la conformación de listas únicas del Frente de Izquierda. Vamos por miles de aportes y actividades, y a ganar a más y más compañeros a juntar recursos, con la intención de seguir luchando en defensa de los trabajadores, la juventud y la mujer. Siempre.

La burocracia dirigente del Sindicato petrolero de Neuquén, Río Negro y La Pampa, firmó el acuerdo paritario con las cámaras patronales del sector: la Ceope (cámara que agrupa a las empresas de servicios petroleros) y la Camara de Exploración y producción de Hidrocarburos (CEPH). El acuerdo incluye un pago único a cobrar en julio, extraordinario y no remunerativo, equivalente al 10% de la suma de los salarios de abril, mayo y junio. A partir de julio se establece un aumento salarial del 10% y desde octubre se le adiciona otro 10%. El aumento de octubre no es acumulativo, es decir que se calculará sobre el salario de marzo. El acuerdo paritario incluye una cláusula de actualización salarial, para el caso de que la inflación publicada por el Indec supere, desde abril de 2017 a abril de 2018, el 20%. En ese caso, los salarios deberían actualizarse en un porcentaje equivalente a la diferencia existente entre la inflación declarada por el Indec y el 20% de actualización salarial establecido en el acuerdo paritario. Queda por verse si las cámaras petroleras se aprestarán a cumplir este punto del acuerdo. Sea como fuese, en el artículo séptimo del acta paritaria, la burocracia renunció a cualquier tipo de pelea en defensa, incluso, del acuerdo por ellos mismos firmado. Allí, se comprometen a ‘respetar la paz social’ en pos de garantizar la mayor productividad que reclaman las empresas. El acuerdo consolida la pérdida de poder adquisitivo de los obreros petroleros. El propio Pereyra había admitido una pérdida de 10 puntos del poder adquisitivo de los trabajadores, por el aumento salarial del 30% en cuotas cerrado el año pasado, contra una inflación que trepó al 40%. Esto, sin contar a los obreros de servicios especiales, a quienes les han reducido sus salarios a la mitad fruto de la implementación del nuevo convenio colectivo de trabajo. Finalmente, los 20 puntos de aumento acordados están por detrás de una inflación que se proyecta, para este año, de mínimo, en un 27%. Pero el acuerdo paritario sólo fue posible luego de que Pereyra se comprometiera a dar vía libre a la plena aplicación de la adenda flexibilizadora del convenio colectivo de trabajo. Es que la implementación del nuevo convenio encontró, y probablemente seguirá encontrando, una resistencia de parte de los trabajadores. Las empresas, a través del propio Macri, le exigieron a Pereyra que se cumpla a rajatablas el acuerdo de productividad, sin lo cual no se otorgaría el aumento paritario. En síntesis, de la mano de un aumento salarial que no cubre la inflación proyectada para este año, ni mucho menos compensa los diez puntos perdidos por el acuerdo cerrado el año pasado, la burocracia, por orden de las empresas y de Macri, dio la estocada final a la implementación de la adenda flexibilizadora del convenio colectivo de trabajo. La delegación sindical encargada de firmar esta entrega, estuvo compuesta por Guillermo Pereyra, actual secretario general y senador nacional por el Movimiento Popular Neuquino (MPN), Marcelo Rucci, secretario administrativo e intendente de Rincón de los Sauces por el MPN y Daniel Andersch, secretario gremial y ex legislador provincial por el MPN. Hay que sacar todas las conclusiones del proceso que se vivió en el gremio petrolero en los últimos años. La ofensiva antiobrera que lideran las empresas, que empezó en 2015 con el inicio de los despidos hormiga bajo la era kirchnerista, cuenta ahora con el concurso del MPN y Cambiemos. La burocracia petrolera emepenista, ha sido un agente clave para la consumación del proceso de reviente de las conquistas obreras. Los trabajadores petroleros deben luchar por una nueva dirección en el gremio y también por una alternativa política propia, junto con la izquierda.

Los acuerdos del gobierno con China incluyen la construcción de dos centrales nucleares -Atucha III, en Zárate, provincia de Buenos Aires, Río Negro- y un Parque Solar en la Puna de Jujuy, que se presenta como un emprendimiento ecológico y renovable, opuesto a la depredación ambiental que supondría, por caso, la energía nuclear. En el caso de Río Negro, se ha iniciado una movilización popular contra la instalación de la planta nuclear (que se prevé inaugurar en 2020), lo que ha llevado al gobernador Alberto Weretilneck a considerar la posibilidad de una consulta popular en la zona de impacto y lanzar una campaña de propaganda tratando de explicar “lo limpia que es la energía nuclear”. En el caso de Jujuy, que el gobierno de Cambiemos promociona como la “provincia verde”, no se registra oposición, salvo la del Partido Obrero. Así las cosas, estarían claros los campos. De un lado, los depredadores que proponen la energía nuclear. Del otro, los ambientalistas, entre los que nos incluimos, que habrían ganado una partida. Rarezas que no son tales El tema comienza a complicarse al ver quiénes están en uno u otro campo. Nada menos que La Nación acaba de sacar un violento editorial contra la instalación de las plantas nucleares, oponiéndole la energía eólica y solar (un espaldarazo a lo que se intenta en Jujuy) y proponiendo una consulta nacional para definir qué matriz energética quiere la Argentina. La pasión militante del diario La Nación en este punto sorprende, pero no tanto, si se aprecia el artículo publicado en The Economist (8/6) referido a los “aliados inesperados en la defensa de la energía limpia”. Plantea allí que la cuestión energética ha pegado un giro de 180 grados. Grandes empresas de todo el mundo apuestan a acuerdos de compra de energía solar y eólica, a través de contratos de largo plazo por la provisión de energía limpia proveniente de firmas que desarrollan explotaciones de energía solar y eólica a precios acordados, en vez de comprar energía a compañías eléctricas, que no pueden garantizarle un suministro “verde”. A raíz de una cierta inversión, los costos de producir energía limpia estarían cayendo más rápido. Esto hace que “algunos ambientalistas ven ahora a las empresas como aliadas, en vez de adversarias, en la lucha contra el calentamiento global…”. A la cabeza de este vuelco capitalista han estado firmas como Amazon y Google, que usan energía limpia para sus bancos de servicios o Anheuser- Busch inBev, la cervecera belga más grande del mundo. La tendencia ha llegado a China, donde las compañías eléctricas se han lanzado a disputar los acuerdos de compra de energía “limpia”. Injertos Como puede verse, China está en las dos puntas del negocio capitalista: vendiendo centrales nucleares y, a la vez, Parques Solares. La oposición entre los “depredadores” de la energía nuclear y los “ambientalistas” de los Parques Solares debe ser abordada desde un lugar que, hasta ahora, no ha sido considerado. Las inversiones chinas son “injertos”, tanto en Río Negro, la provincia de Buenos Aires o Jujuy, concebidos desde la oferta de inversiones que interesa a China y atadas al endeudamiento de ese país y no desde el punto de vista de un desarrollo industrial de conjunto y en las provincias que esté dictado por el interés de la mayoría nacional -que no son otros que trabajadores. El debate actual gira en torno de opciones que parten del punto de vista de los intereses del capital y van de la mano del reclamo de subsidios, exención de impuestos y desregulación del mercado laboral, tanto de las corporaciones chinas como de la patria “contratista” que le provee -que son grandes grupos de la burguesía industrial o constructora. Un proyecto genuino de industrialización y de energía que la sustente es, en principio, nacional, y el concepto es que desarrolle las fuerzas productivas, ocupe la totalidad de la mano de obra y la califique, lo que exige concentrar el ahorro nacional, que hoy está volcado a la especulación financiera, mediante la nacionalización de la banca y del comercio exterior. Supone, en el caso de Río Negro, abordar la concentración del negocio frutícola exportador, de una banca estatal única bajo control de los trabajadores, la reapertura de galpones y chacras cerradas por el Estado y bajo control de los trabajadores, la supresión de todo subsidio a los grandes grupos económicos y de todo impuesto que suponga una confiscación al salario -el Estado debe mantenerse sobre la base del impuesto a las Ganancias, a la renta del suelo y a las grandes fortunas; un salario igual al costo de la canasta familiar y el cese de la tercerización. Lo mismo vale para Jujuy, donde la explotación del litio, sólo como ejemplo, sigue la misma ruta del saqueo de las mineras. En ausencia de un planteo de industrialización bajo la iniciativa y el protagonismo de los trabajadores, los debates sobre qué energía utilizar tienden a ser unilaterales. Qué plantear La oposición a la central nuclear en Río Negro o Atucha debe ir de la mano de que son emprendimientos que responden a los intereses capitalistas de las corporaciones chinas y la burguesía argentina, y no a los de la mayoría trabajadora. Nuestra denuncia del negociado en Jujuy con la excusa de la energía limpia, va en la misma dirección. El crédito a Jujuy está garantizado por la venta de energía a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), estatal, a un precio de 59,75 dólares el MW durante veinte años, lo que supone continuar el saqueo al pueblo por esta vía. El impulso a una consulta popular en Río Negro (como una campaña de denuncia que podría abrir el mismo camino sobre lo que se propone en Jujuy) permitiría rechazar la planta nuclear y, a la vez, abrir un estado asambleario sobre el modelo de industrialización y energético que corresponde a la nación y a la provincia. Cierto que la consulta debe ser a toda la provincia -no en la “zona de impacto” como propone el gobernador- porque se trata de interesar a la clase obrera en el debate y esto supone llevarlo a los centros urbanos.

El ¿Qué Hacer? criticó la conciencia economicista -el culto a la espontaneidad sindicalista por las mejoras parciales carentes de una lucha política contra el Estado-, llamó a superar el trabajo artesanal, a defender el carácter socialista de la agitación política e instaló al periódico como organizador colectivo y nacional del partido. Pero la represión bajo el zarismo en los finales del siglo XIX e inicios del XX era brutal y la clase obrera recién comenzaba su experiencia y su diferenciación política. El POSDR, el partido obrero social demócrata ruso, se construyó en base a los komitetchiki, los hombres de comité, muchos de los cuales no eran obreros. Se dedicaban día y noche al partido, caían presos y eran muy sacrificados y disciplinados. Había estudiantes y jóvenes abnegados provenientes de la pequeño burguesía. Los comités diseminados por toda Rusia apenas si tenían una minoría de obreros. Los profesionales se cooptaban, no eran electos… En 1905 se produjo un viraje fundamental. El proletariado y su vanguardia tomaron la iniciativa y su creación más avanzada fueron los soviets. Los obreros se volcaron al partido. Dice Chretien: “En medio de la revolución floreció la izquierda socialista. En los años previos al famoso Congreso del Partido Obrero Socialdemócrata de Rusia de 1903, en el cual los bolcheviques y mencheviques primero se unificaron y luego se dividieron… se contaban más o menos unos diez mil miembros del partido en las diversas facciones. Durante el evento conocido como el Congreso de la Unidad en la primavera de 1906, decenas de miles se habían unido, y para el Congreso de 1907… la afiliación había ascendido a casi 150.000 miembros, a pesar de la brutal represión”. Lenin percibió que las condiciones de la lucha por un partido enraizado en las masas se habían modificado y puso el acento en un cambio cualitativo de la organización. Se asistía a un período de gran politización y legalidad en el cual los agitadores y organizadores de la vanguardia intervenían abiertamente. Lenin planteó “constituir sin pausa nuevas organizaciones del partido… legales y semilegales” y apuntar a una mayoría abrumadora de obreros y de jóvenes en los comités. Había también una razón más directamente política sobre la que insistirá Lenin: los intelectuales podían estar más atentos a las sirenas constitucionalistas que entonarían el zarismo y la burguesía. Tempranamente, en el tercer congreso del POSDR (abril de 1905), Lenin había planteado que “incorporar obreros a los comités no es sólo una tarea pedagógica sino también política. Los obreros tienen instinto de clase y, con un poco de entrenamiento político, se convertirán bastante rápidamente en socialdemócratas firmes. A mí me parecería muy bien que en nuestros comités hubiera ocho obreros por cada dos intelectuales”. La resolución no fue aprobada. Lenin aceptó esta derrota confiado en la sólida consolidación del partido y en su liderazgo. De este modo, se desenvolvió la lucha por la diferenciación con la intelectualidad. La primera premisa teórica de la socialdemocracia rusa y del bolcheviquismo -la revolución rusa será obra del proletariado- lo había apartado del viejo populismo. El devenir de esta concepción en una estrategia política contra el Estado lo llevó a la lucha por la centralización del partido. Un tercer movimiento lo apartó del economicismo y del trabajo artesanal. Un cuarto movimiento llevó al proletariado a convertirse en agente de la revolución en la encarnadura concreta de un partido. La batalla final Luego de sufrir un nuevo ataque que lo debilitó aún más en la noche del 22 al 23 de diciembre de 1922, Lenin solicitó a su médico que lo autorice a dictar durante cinco minutos. El 23 comenzó a dictar lo que será conocido como "El Testamento de Lenin", publicado sólo años después. A esta altura, el líder revolucionario estaba sometido al control burocrático de Stalin, que había sido investido del derecho a vigilar su tratamiento, sus escritos, sus entrevistas. El "Testamento de Lenin" es una denuncia del proceso de burocratización en la URSS y de la responsabilidad de Stalin en él. En el origen se encuentra la cuestión nacional, el poder que ha acumulado Stalin, la prepotencia que lo caracteriza, la parálisis burocrática, la herencia presente del aparato burgués y del absolutismo zarista. Como antídoto, Lenin propuso ampliar el número de miembros del Comité Central a 50 ó 100 para elevar su autoridad e impedir los conflictos de "pequeños grupos". En una nota del 26 de diciembre sostuvo, además, que "El nombramiento de numerosos obreros en el CC ayudará a mejorar nuestro aparato, que es realmente defectuoso... algunas docenas de obreros que entrarían al CC podrían mejor que nadie comenzar la tarea de verificar, de mejorar y de recomponer nuestro aparato. Los obreros que integrarán el CC no deben, a mi juicio, ser reclutados entre aquellos que hayan efectuado una larga estadía de trabajo en los Soviets... Entre los obreros miembros del CC deben figurar principalmente los obreros situados debajo de esta capa que, desde hace cinco años, ha integrado las filas de los funcionarios de los soviets, y deben pertenecer más bien a la masa de simples obreros o simples campesinos…". La reflexión de Lenin, en un momento crucial de la revolución y cuando su energía vital se está agotando, fue profunda: para combatir al aparato burgués que estaba ahogando la revolución debía recurrirse a la vanguardia de la clase obrera que ahora aparecía definida no por su participación en los soviets (porque son funcionarios y pueden ser burócratas), sino por su carácter de simples explotados que aceptan la carga de las tareas políticas. El ejercicio del poder en las condiciones de la revolución rusa y de su desarrollo posterior (aislamiento, guerra civil, retroceso productivo, cansancio político, burocratización) replanteó la urgencia de organizar la presencia masiva de obreros en los órganos dirigentes del partido y del Estado. Esta batalla política encalló en el XII Congreso de abril de 1923, que Stalin logró dominar. Quince años después Esta lucha seguirá siendo la prueba de fuego decisiva en la transformación de una vanguardia obrera en partido. Se habría de expresar en 1937/1940 cuando León Trotsky tuvo que emprender la tarea de agrupamiento de los dispersos núcleos de la vanguardia obrera y revolucionaria en las condiciones creadas por el fascismo y la contrarrevolución estalinista. Advertiría que una importante franja de los allegados a la IV Internacional “vino a nosotros de la Internacional Comunista en su período de declinación o de la Segunda Internacional. Estas son malas escuelas”, desde el momento que la experiencia, refiriéndose en particular a la sección norteamericana (SWP), había revelado que “amplios círculos del partido carecen de una firme educación teórica”, siendo que “la penetración del partido en los sindicatos y en los medios obreros… exige la elevación de la calidad teórica de nuestros cuadros”. En el SWP se había abierto el debate sobre el carácter de clase de la Unión Soviética y la vigencia de la consigna de Trotsky “por la defensa incondicional de la Unión Soviética”. Refiriéndose a una fracción revisionista, predominantemente pequeño burguesa, Trotsky escribirá que no se trataba de un caso aislado, expresaba “el destino de toda una generación revolucionaria que, debido a una especial coyuntura de condiciones históricas, creció al margen del movimiento obrero” y que la clave de la crisis era el conservatismo de los elementos pequeño burgueses, inmensamente valiosos, pero que no habían pasado por la escuela de la lucha de clases. Tan tempranamente como en 1937, antes del estallido de la crisis en el SWP, planteará que no se trataba de impedir la afluencia de intelectuales sino de “orientar prácticamente a toda la organización hacia las fábricas, las huelgas, los sindicatos…” y llegará a proponer una medida extrema: establecer “una regla general: el miembro del partido que no consiga traer al partido a un nuevo obrero en el término de tres o seis meses no es un buen miembro del partido”. Emprendió la misma lucha de Lenin, con sus mismos argumentos y casi sus mismas palabras: “La IV Internacional admitirá entre los emigrados de la pequeño burguesía únicamente a aquéllos que hayan roto completamente con su pasado social y hayan adoptado definitivamente el punto de vista del proletariado. Este cambio teórico y político debe estar acompañado por una verdadera ruptura con el viejo medio ambiente y el establecimiento de una íntima ligazón con los trabajadores, en particular con la participación en el reclutamiento y educación de obreros para el partido”. Explicará las circunstancias de este proceso: "Se trataba ante todo de las condiciones creadas por el triunfo del estalinismo y el bastardeo total del programa, de los principios, de la práctica”. Advertiría que los obreros debían constituirse en columna vertebral y cabeza del partido y participar “activa y mayoritariamente” en su dirección, a condición de haberse desarrollado como “agitadores y organizadores de su clase y no como revolucionarios profesionales”. Fuentes: ​ PO N° 1.444 , "La formación del Partido Bolchevique", Gramar/Rath. ​Lenin; Obras Completas, Tomo VIII , Cartago, Buenos Aires, 1957. ​Trotsky; Stalin , Ediciones El Yunque, Buenos Aires, 1975. ​Lenin; Obras Completas, Tomo X , Cartago, Buenos Aires, 1957. ​Trotsky; En Defensa del Marxismo , "Amerindia", Buenos Aires, 1958. Todd Chretien; Antes de Febrero , www.jacobins.com.ar, 2017.

El 8 de junio, la Lista Naranja hizo la presentación de todos sus candidatos, adjuntándola con más de 130 avales. La presentación se hizo luego de haber impugnado las elecciones y la conformación de la Junta Electoral, ya que no se cumplieron con los requisitos estatutarios. Para peor, la Junta Electoral fue elegida en una “asamblea extraordinaria” que tuvo nula difusión, lo que pone en duda su verdadera realización. Semejante accionar se debe al exponencial crecimiento de la Naranja de Músicos Organizados, que realizó una intensa campaña de afiliación, a pesar de los denodados esfuerzos de la dirección del sindicato por querer impedir que centenares de músicos puedan participar de estas elecciones. Estas trabas de la dirección del sindicato para impedir que los músicos se afilien ha logrados que músicos que hace más de un año se inscribieron en el sindicato sean llamados nuevamente para que “audicionen”, cuando muchos de ellos han sido afiliados en el pasado, han cobrado por el mismo sindicato, tienen discos o forman parte de cuerpos artísticos. Si le aplicáramos la prueba de audición a la actual dirección, más de uno no cumpliría con ese requisito. La respuesta a nuestra presentación no se hizo esperar y la Junta Electoral nos respondió que de los más de 130 avales, sólo una decena de ellos podían probar actividad musical en el último año. Semejante maniobra es insostenible, dada la cantidad y la calidad de nuestros avalistas, entre los que se encuentran músicos de la Banda Sinfónica, del Teatro Colón, de Orquestas Infantojuveniles, los que tocan diariamente en las tanguerías de la Ciudad y reconocidos músicos entre los que se encuentran Oscar Giunta, Daniel Volpini, Marcelo Gutfraind, entre otros. No conforme con esto, también se nos informó que nuestra candidata a presidenta, la reconocida pianista Adriana de los Santos, no cumplía el mismo requisito al igual que el baterista Sergio Urtubey, también candidato de la lista. Estamos frente a una verdadera provocación contra nuestra lista, que es la segunda vez que se presenta para las elecciones del sindicato. La Lista Naranja no sólo presentó en tiempo y forma todos los requisitos, a pesar de lo viciado del proceso electoral, sino que es una lista conformada íntegramente por músicos en actividad, cuestión que la otra lista no cumple. El próximo 2 de agosto son las elecciones en el Sadem y ponemos en alerta a todos los compañeros afiliados frente a estas maniobras de una dirección que ha llevado a la bancarrota a nuestro sindicato y no va a dudar en apelar al fraude para entronizarse en la dirección.

Para el 30 de junio, está convocada una nueva huelga general en Brasil. La iniciativa fue adoptada por las centrales sindicales. Esta convocatoria viene precedida por el parazo del 28 de abril pasado, que conmovió al país. Tanto por su masividad como por su contundencia, se trató de la medida de fuerza más importante de las últimas décadas y fue acompañada de piquetes, movilizaciones y cortes de calles en las principales localidades del país. Pese a su éxito, las centrales sindicales se tomaron su tiempo y fueron dilatando una nueva convocatoria. Hasta ahora han evitado darle un carácter activo a la huelga del 30, procurando convertirla en una jornada dominguera. Entretanto, las direcciones gremiales, empezando por la CUT -enrolada políticamente con el PT-, actúan como dique de contención de huelgas e iniciativas de lucha en diferentes gremios. Gobernabilidad La burocracia sindical está jugando un papel clave para mantener la gobernabilidad de un régimen que está contra las cuerdas. A su turno, la Corte Electoral acaba de salvarle el pellejo a Temer, rechazando la acusación por el financiamiento ilegal del entonces binomio presidencial triunfante (Rousseff-Temer), lo que hubiera significado la destitución automática del actual primer mandatario. Pero eso no es suficiente. En forma inmediata, debe hacer frente a las acusaciones de soborno del empresario de la carne Joesley Batista, que desataron la reciente tormenta política. Estamos frente a una guerra que se libra en todos los planos -el de la Justicia, los servicios y, principalmente, en el de la orientación económica del Estado, a través de una puja abierta entre la burguesía local y el imperialismo por el manejo y explotación de los grandes recursos y la actividad industrial del país y, por lo tanto, sobre el destino de las grandes corporaciones brasileñas. La operación Lava Jato y, ahora, las revelaciones de los hermanos Batista, impulsadas desde Estados Unidos, han apuntado a quebrar la articulación industrial y financiera armada en torno de Petrobras y el sistema de contratos y concesiones otorgadas desde el Estado. La dirigencia sindical está actuando como furgón de cola de la estrategia del PT que viene colocando como salida la candidatura presidencial de Lula para 2018. En nombre de ese “volveremos”, bloquea la posibilidad de que Temer caiga, ahora, bajo la presión directa de la acción popular. “Directas” La plataforma de la huelga incluye, por primera vez, el reclamo el “elecciones directas”. Es el reclamo principal que enarbola el Frente Amplio, una coalición de partidos que incluye entre otros, al PT y al PSOL. Las ‘diretas’ le plantean al PT un problema insoluble, con o sin legislativas, pues para ello no tienen más remedio que pactar con los partidos tradicionales, ello, con el pretexto de alcanzar una mayoría parlamentaria, reiterando la nefasta experiencia ya recorrida cuando fueron gobierno. La declaración del ex presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) pidiendo a Temer la anticipación de las elecciones animó a la dirigencia del PT. Según Cardoso, el llamado a nuevas elecciones busca “devolver la legitimidad del orden a la soberanía popular”. Estamos ante un giro del ex presidente, quien venía pugnando por la designación de un sucesor de “consenso”. Este giro, probablemente, tenga que ver con las crecientes fisuras del campo oficialista, que se extiende a un Parlamento que ha frenado la salida de la reforma laboral y jubilatoria. Esta cuestión es crucial, puesto que priva a Temer, quizá, de su principal arma de gobierno: la de presentarse como garante del ajuste que vino llevando adelante desde que asumió. Un empantanamiento de la ofensiva antipopular en curso puede acelerar la determinación del capital de soltarle la mano. El líder del PT en Diputados, Carlos Zarattini (San Pablo) afirmó que buscarán a los tucanos (Cardoso) para un acuerdo: “Intentaremos hablar con ellos para un acuerdo sobre las elecciones directas. Nuestro objetivo es sacar a Temer” ( Infobae , 14/6). La huelga del 30 pretende ser colocada detrás de esta perspectiva política, aunque todo está atado con alambres y no se puede descartar que vuelva a abrirse paso una salida de consenso. Después de haber batido el parche sobre las “elecciones directas ya” y aprobada dicha consigna en el Congreso del PT, Lula dejó de lado ese reclamo y exhortó a esperar a 2018, lo que fue interpretado, por algunos analistas, como una puerta para negociar un sucesor a través de una elección indirecta por el Congreso. Con independencia de ello, ya sea de un candidato de consenso o de una directa necesariamente pactada, estas opciones tendrán como fundamento una continuidad de la política de austeridad y de reformas antiobreras. Congreso de trabajadores Cualquiera sea el arreglo que se llegue, ese desenlace no cierra la crisis. Las convulsiones políticas seguirán. La cuestión del momento, en Brasil, es darle continuidad a la movilización popular, empezando por garantizar la masividad de la huelga general y darle un carácter activo. En oposición a las salidas capitalistas y antipopulares que se están barajando, cobra enorme relevancia y actualidad la convocatoria a un congreso de trabajadores para discutir un programa y una salida política frente a la crisis en desarrollo. Por el retiro de la reforma laboral y jubilatoria; por un salario y una jubilación equivalente a la canasta familiar; por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y ocupación de toda fábrica que cierre o despida; por la apertura de los libros de todos los pulpos capitalistas y por el control obrero de la producción; por el cese del pago de la deuda externa e interna, y la nacionalización sin pago de la banca y de los monopolios petroleros, de modo de colocar los recursos al servicio de las necesidades sociales. Es hora de luchar por una Asamblea Constituyente libre y soberana, donde se discuta una reorganización integral del país sobre nuevas bases sociales. La cuestión clave en Brasil y, de un modo general, en América Latina, es que la clase obrera emerja como un factor político independiente y se transforme en alternativa de poder.

El 16 de junio se llevó adelante la elección de la Comisión Interna en la fábrica de pinturas Akzo Nobel, Alba, ubicada en el corazón del parque industrial de Garín. Luego de seis años volvió a presentarse una lista de oposición integrada por compañeros que tienen un respeto enorme en su lugar de trabajo y que se animaron a encabezar un proceso de relevo de la dirección actual, formando la Lista Naranja. La elección se dio en un marco bastante hostil. Durante la campaña la lista patronal salió a embarrar la cancha con mentiras, que generaron rechazo en los lugares de trabajo ya que, como se decía en los pasillos, durante seis años al frente de la interna no conquistaron nada y dejaron pasar una veintena de despidos y retiros voluntarios. El día mismo de la elección, a media mañana, se encendieron las alarmas de la fábrica y se procedió al desalojo, pero aun así se garantizó la transparencia de la elección, cargando la urna bajo el brazo de los fiscales naranja, para evitar cualquier posibilidad de fraude. La empresa y los delegados patronales utilizaron todo lo que tenían a su alcance para evitar lo inminente, pero no les alcanzó. Decían que tenían el voto cautivo de una parte del personal, lo que garantizaba su triunfo, pero en el cuarto oscuro se verificó lo contrario. El resultado fue contundente: el 60% de la fábrica votó por la Lista Naranja, una lista que se plantó con un método completamente distinto, llamando a los compañeros a ser parte de un proceso que les permita defender el salario y las fuentes de trabajo y a actuar cumpliendo a rajatabla con el método de la asamblea general. Fue este el método el que utilizaron durante la campaña para transmitir sus planteos, pero también para identificar cuáles eran los principales problemas que hay en los distintos sectores de la fábrica. Así fueron construyendo todo un pliego de reivindicaciones que se plasmó en el programa que presentaron. Votaron en total 271 trabajadores, obteniendo la lista Naranja 160 votos, y 105 votos la lista 1 de Mayo Celeste y Blanca. Hubo 6 votos nulos. Sergio Aguirre, el delegado general de la nueva comisión interna, fue delegado hasta 2011 cuando fue derrotado por la lista patronal. En 2013 fue despedido y dio una lucha hasta que en 2015 se conquistó su reinstalación. Akzo Nobel tiene una historia interesante. En 1971, entró como socio minoritario de Miluz. En 1979, se quedó con la totalidad de la fábrica y en el año 2008 se fusionó con Alba. Este triunfo tiene un sabor especial, arrastra el legado enorme que dejaron los compañeros Fischer y Bufano, miembros de la comisión interna de Miluz y asesinados por la Triple A en diciembre de 1974. Esta nueva Comisión Interna tiene importantes desafíos, la unidad de la fábrica será fundamental para conquistarlos.

Bajo la era Trump, Estados Unidos ha intensificado sus amenazas contra el régimen norcoreano. El secretario de Estado, Rex Tillerson, proclamó que se había acabado la “paciencia estratégica” de Washington, una advertencia velada sobre el uso inminente de la fuerza contra Norcorea. “Lo que ahora asoma es un efectivo plan de guerra que este mes alcanzará su pico máximo. En la zona se encuentra el portaaviones ‘Carl Vinson’ con su flota de apoyo que incluye un conjunto de naves misilísticas. Hacia allí se está movilizando el ‘Ronald Reagan’, fondeado en Japón. Y desde Estados Unidos se encamina el ‘Nimitz’” ( Clarín , 4/6). La escalada sobre Corea es un tiro por elevación contra China, con la que Estados Unidos sostiene una pulseada estratégica. Los planes de la Casa Blanca se dirigen a establecer una hegemonía indiscutida en Asia, lo que incluye el dominio militar del Mar de la China Meridional -hoy en disputa- que es la llave por donde pasa gran parte del comercio de ese continente. De ese modo, procura avanzar en la penetración capitalista en el gigante asiático, alentando una mayor apertura de su economía y desmantelando el proteccionismo financiero e industrial que mantiene Pekín en sus fronteras. Una de las primeras medidas del presidente fue impulsar el aumento del presupuesto militar, continuando con la política de la gestión demócrata. La ofensiva contra Corea apunta también al frente interno. La Casa Blanca intenta demostrar una iniciativa y un liderazgo que le permita hacer frente a los obstáculos crecientes a su gestión fronteras adentro. Sin embargo, más allá de las advertencias de una represalia militar inminente contra Norcorea, en caso de que siguieran sus ensayos nucleares, el semanario inglés The Economist advierte que: “Mr. Trump posiblemente no quiera empezar una guerra. Sus acciones militares en Siria y en Afganistán indican que es más cauteloso de lo que sugieren sus proclamas” (22/4). Hasta ahora, el magnate presidencial, más allá de las bravuconadas, ha desistido de enviar tropas a las regiones de conflicto y se ha recostado en Rusia, en el régimen iraní y hasta en legiones kurdas en la búsqueda de una estabilización del Medio Oriente, aunque ello le haya traído aparejado un choque con aliados históricos de Estados Unidos en la región, como Arabia Saudita y Turquía. China y Corea del Sur Contradictoriamente, y a pesar del antagonismo estratégico que sostiene con China, la Casa Blanca no puede prescindir de su concurso para la cuestión coreana: “América sólo puede solucionar el conflicto con Corea del Norte con la ayuda de China” (ídem). El gigante del Asia tiene capacidad para ejercer una presión sobre el régimen, desde el momento que el 85% del comercio exterior coreano va dirigido a aquel país, que le asegura el suministro de petróleo. China no está dispuesta a una guerra por Corea. Más aún, Pekín ha presionado y presiona a Pionyang para congelar sus ensayos misilísticos e incluso para avanzar en un desmantelamiento de su arsenal nuclear. Por lo pronto, en febrero, suspendió sus compras de carbón, el principal producto que exporta Corea del Norte. Este entendimiento sino-norteamericano volvió a ser ratificado con motivo del encuentro entre los mandatarios de ambos países que tuvo lugar en abril, aunque no dejaron de aflorar intereses encontrados en cuanto al futuro político de la región. La Casa Blanca utiliza el conflicto coreano como pantalla para consolidar su liderazgo militar, lo cual no sería del agrado de la burocracia china, que ve con recelo los recientes desplazamientos bélicos de Estados Unidos en la zona. El régimen surcoreano no es partidario tampoco de ir a una aventura bélica. Su nuevo presidente asume en medio de una gran crisis política que culminó con la destitución de la anterior mandataria, juicio político mediante, a raíz de su involucramiento en actos de corrupción que generaron grandes movilizaciones populares. La conmoción política se entrecruza con un ascenso huelguístico contra el ajuste al que se pretende someter a la clase obrera. El nuevo premier es partidario de establecer negociaciones con vistas a avanzar en una mayor integración económica entre ambos países. El régimen norcoreano El poderío militar desafiante que exhibe el actual presidente norcoreano no puede disimular el empantanamiento y la descomposición económica crecientes. El Estado, que tiene en su manos la gestión de la economía, hace agua y el “contrabando cubre todos los rubros, desde arroz hasta latas de Coca-Cola” ( North Corea Confidential , Daniel Tudor y James Pearson). El gobierno ha tratado de contrarrestar esta situación legalizando el comercio privado, que “se ha vuelto tan preponderante en los últimos años que impregna todos los niveles de la sociedad, desde los más pobres hasta las élites partidarias y militares” (ídem). Los mercados legalizados se duplicaron. “Los agricultores venden su cosecha tras entregar la cuota estatal, los empresarios privados dejaron de ser estigmatizados y perseguidos y los gestores de las compañías estatales son libres para contratar o despedir a trabajadores, subirles el sueldo o repartir beneficios” ( La Nación , 15/5). Este proceso ha ido de la mano de una ascendente diferenciación social. “La apertura dinamitó la sacrosanta igualdad de clases. El líder (refiriéndose al presidente) se esfuerza por fidelizar a los donju o maestros del dinero, casi siempre relacionados con el comercio internacional (ídem). Pionyang, la capital norcoreana, retrata este fenómeno en donde se registra un auge inusitado de la construcción de viviendas residenciales y centros comerciales, Entretanto, tres de cada cuatro norcoreanos, empezando por las zonas rurales, están amenazados por la malnutrición, según la ONU. Como en la China de los ’90, hay “zonas económicas especiales” para la inversión de empresas extranjeras. Los salarios van para el Estado, que da una pequeña parte a los trabajadores. Una de estas zonas es Rason, cerca de la frontera con Rusia; otra es Kaesong, cerca de la zona desmilitarizada. Del mismo modo, el Estado exporta 50.000 o más trabajadores a China, Rusia e incluso Qatar, y la mayoría de sus salarios también van directamente al Estado. Conclusión Corresponde condenar y movilizarse contra la escalada bélica y las provocaciones del gobierno yanqui contra Corea del Norte. Es necesario desenmascarar los verdaderos fines de la intervención imperialista que apunta a una consolidación de su rol de gendarme en la región. La denuncia debe incluir también a Pekín, por su complicidad con la Casa Blanca en la extorsión al régimen norcoreano. El desarrollo de las tendencias revolucionarias de Corea y de toda la región asiática -y, en primer lugar, de la poderosa clase obrera china que viene ganado protagonismo- es la única garantía para terminar con la pesadilla de nuevas guerras, que sólo puede tener un fin si se acaba con los regímenes que las promueven. Una mayor “integración económica” entre ambas Coreas, que es lo que viene pregonando un ala de la burguesía surcoreana, será una nueva fuente de confiscación contra la clase obrera de los dos lados. Retomar la continuidad y extender las “zonas económicas especiales” es, por un lado, un mecanismo de superexplotación de la clase obrera del Norte y, por el otro, un arma contra los obreros del Sur para depreciar aún más los salarios, sometiéndolos a la competencia del reservorio potencial de mano de obra semiesclava del Norte. Por lo pronto, en Surcorea, está en marcha una reforma laboral draconiana fogoneada por la Federación Coreana de Industrias y los “chaebols” -los grandes conglomerados capitalistas que controlan la economía del país. Muchos de estos pulpos se encuentran en la mira, precisamente, por la violación de derechos laborales. De Samsung, ya denunciado por condiciones semiesclavas (“los empleados, algunos de ellos menores de edad, soportan hasta cien horas extraordinarias forzadas por mes, trabajo no remunerado, de pie de 11 a 12 horas, abuso verbal y físico, discriminación grave de edad y sexo - Portafolio , 4/12-), recientemente se filtró un documento dirigido a jefes corporativos que instaba a “aislar a los empleados”, “castigar a los líderes” y “provocar conflictos internos” (ídem). Aunque no está colocada como perspectiva inmediata, esta integración económica nos da una pista de lo que podría ser una reunificación bajo el padrinazgo y bendición de Washington, Tokio e incluso Pekín. Lejos de usufructuar las ventajas de Occidente, la población del Norte, como ya viene ocurriendo con los trabajadores del Corea del Sur, será acreedora de sus lacras, con más razón, cuando vienen impactando de lleno los efectos dislocadores de la bancarrota capitalista mundial. Las bravuconadas del mandatario norcoreano no pueden ocultar la creciente impasse económica, política y social del régimen, que apuesta a sobrevivir con un giro hacia los “mercados”. Esta apertura de la economía, más temprano que tarde, acelerará el derrumbe del régimen burocrático y la injerencia imperialista. La unidad de Corea en términos progresivos está reservada a la clase obrera. Los trabajadores de Corea del norte y del sur deben unirse y emerger como un polo político independiente, de los dos bandos en pugna, tanto del imperialismo y sus socios locales como de la burocracia descompuesta -o sea, la batalla por una Corea unida y socialista.