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Prensa Obrera N° 1457

11 de mayo de 2017 · 29 notas

Notas de este número

11 de mayo de 2017
Santa Fe: Nuestros candidatos

La Conferencia votó la candidatura de Jorgelina Signa a diputada nacional y candidatos a concejales para diez municipios, con un objetivo de presentar listas en 15 localidades en total. Jorgelina es trabajadora de la Salud, proviene del corazón del Cordón Industrial, está cumpliendo su segundo mandato como concejal de Capitán Bermúdez con un reiterado apoyo popular cercano al 20% de los votos. Es una luchadora contra la impunidad y por los derechos de la mujer trabajadora. Su candidatura expresa el proceso por el cual la vanguardia del movimiento obrero salta a una comprensión más general de clase y la necesidad de la lucha por el poder, a través de la fusión con la izquierda revolucionaria. En el caso de Rosario, el candidato a concejal será Luciano Cáceres, secretario adjunto de Amsafe Rosario, el combativo gremio de la docencia rosarina, recuperada hace más de una década de manos de la burocracia sindical. En Santa Fe capital, la candidatura a concejal la llevará adelante Germán Lavini, delegado docente, que ya se ha transformado en un importante referente político en la ciudad, quedando cerca de ingresar al Concejo Deliberante en las elecciones de 2015. Junto a estas principales candidaturas, en el resto de los municipios, los candidatos a concejales son compañeros delegados metalúrgicos, municipales, estatales, pertenecientes a cuerpos de delegados y juntas internas y compañeras destacas en la lucha por los derechos de la mujer. Estos son los candidatos del Partido Obrero.

11 de mayo de 2017
Santa Cruz: otra semana de marchas

Las dos últimas asambleas públicas realizadas en Río Gallegos han avanzado en el planteo de la apertura de las cuentas públicas, la coordinación hacia un encuentro provincial de delegados en diez días y el reclamo de un juicio político a la gobernadora Alicia Kirchner, como principal responsable de la crisis. Las huelgas docentes, judiciales, viales y de ATE continúan con sus propias modalidades. Las ocupaciones de edificios públicos se han profundizado. Bloquean la actividad de la Caja de Previsión hace ya diez días y, a partir del 10 de mayo, la del Ministerio de Economía. El lunes al mediodía, una comisión de padres ingresó a la Casa de Gobierno (cuatro madres) y pidió ser recibida por la gobernadora. De inmediato, se fue organizando un bloqueo al edificio, que se mantuvo durante 16 horas. Las mamás salieron a las 20:30 horas, sin haber logrado la entrevista buscada y se sumaron a la asamblea pública que se trasladó a las puertas de la Jefatura de Policía. Allí, sesionó en la calle con la presencia de unas 500 personas. En la mañana, Alicia Kirchner se había reunido con diputados y senadores nacionales de Santa Cruz, entre ellos dos radicales, aunque el máximo referente de la UCR, Eduardo Costa, faltó a la cita. La idea era comprometer a la oposición provincial para que apoyen el endeudamiento que hasta ahora tienen trabado Frigerio y Macri. La realidad es que no logran cerrar un acuerdo: mientras los K pretenden por ahora concentrar el ajuste en el congelamiento de salarios, el gobierno nacional estaría exigiendo, además, despidos y una reforma jubilatoria, medidas que pueden desatar un estallido popular definitivo. La asamblea resolvió que, mientras luchamos para cobrar sueldos adeudados, no debe relegarse la pelea salarial. Por eso, resolvió proclamar el reclamo de un mínimo de 20.500 pesos para todos. El debate sobre las cuentas públicas se ha profundizado, ya que aparecen cuentas bancarias con saldos importantes (ejemplo el Fondo Educativo, con 408 millones de pesos) aunque el gobierno niega que tengan fondos y no ha mostrado los resúmenes de cuenta. El gobierno apuró la presentación del ejecutado 2016, pero hay rubros importantes como el fideicomiso minero (otros 400 millones de pesos) que no están rendidos. De todos modos, se niegan a un control actual y diario del manejo de los fondos, la única forma de asignar prioridades y decidir otras medidas de emergencia. Entretanto, se agrava la crisis petrolera y el kirchnerismo intenta un pacto social con gremios y empresas. El probable fracaso de esta iniciativa va a plantear la cuestión de la caducidad de las áreas. Entre ellas, las de YPF, que son la mitad del total que se explotan en Santa Cruz, lo que traería un salto en la crisis política general. Hasta ahora, el movimiento de lucha de los estatales no empalma con los obreros del petróleo, sometidos a una burocracia sindical kirchnerista, que bloquea y divide al interior del gremio. Pero en un punto el empalme será inevitable. Lo mismo ocurre con los mineros de Río Turbio y los paros de ATE contra los despidos, que se realizan desgajados del plan de lucha provincial. Ese gremio se ha negado a participar de las asambleas públicas donde Adosac, la CTA, padres y estudiantes vienen decidiendo los planes de acción. ATE ha ensayado un acuerdo con el burócrata petrolero Vidal a espaldas de cualquier asamblea, como parte de un acercamiento al gobierno K. Un importante grupo de activistas estatales vienen realizando asambleas en el Hospital de Río Gallegos, y participando -a pesar de su dirección- en las asambleas públicas, con participación e impulso de estas acciones de nuestra agrupación Tribuna Estatal. En la tarde del miércoles 10 se realiza una nueva marcha que denominamos “ruidazo” y se han incorporado los reclamos de la jornada nacional contra el fallo amnistiador de la Corte por el 2x1, así como el rechazo a la represión en Santa Cruz.

11 de mayo de 2017
Medio millón en la plaza
Redacción

El pronunciamiento multitudinario de este miércoles 10 en todo el país no deja dudas: el repudio popular le asestó un duro golpe al operativo amnistiador de la Corte. Pero el cachetazo no sólo llega a los jueces: vale también para un gobierno que viene urdiendo el perdón a los genocidas, para integrar a las Fuerzas Armadas a la represión interior. Vale para la oposición de los Massa, PJ-FpV o Stolbizer, que aprobaron el nombramiento de los jueces que fallaron en favor de la impunidad. Vale para los obispos que traman la “reconciliación” con los genocidas. La reacción popular obligó a todos ellos a un recule, para salvar a una Corte que, más temprano que tarde, podría volver a beneficiar a los represores. Los necesitan para el ajuste contra el salario y el derecho al trabajo, que empujan por igual tanto el gobierno Cambiemos como los gobernadores. Por eso, el Partido Obrero-FIT reclamó, en el Congreso y en las calles, el juicio político a los jueces de la amnistía. Este planteo, junto al rechazo de los protocolos antirrepresivos y toda la política de impunidad, exige de un plan de lucha para derrotar a los personeros del ajuste. En esa perspectiva volveremos a marchar el próximo 23, junto al Encuentro Memoria,Verdad y Justicia. ¡Abajo el nuevo “punto final”!

11 de mayo de 2017
Salta y Jujuy: La Federación Azucarera Regional impulsa un congreso de bases
J. Q

El pasado 28 de abril se realizó el último encuentro de la Federación Azucarera Regional (FAR), que nuclea a los sindicatos azucareros de los cinco ingenios de Salta y Jujuy. Allí, los dirigentes sindicales de Ledesma, La Mendieta, Tabacal y San Isidro (sólo estuvieron ausentes los representantes de La Esperanza) discutieron cómo abordar en común la lucha que se abre ante las inminentes paritarias azucareras y el cuadro de avanzada antisindical de sus patronales a través de causas penales contra los dirigentes gremiales. En el encuentro anterior se fijó pelear por un salario mínimo de 23.300 pesos, lo que implica un aumento del 39 al 41%, dependiendo del ingenio. Si bien esto es una práctica común en los últimos años, hasta el momento no hubo un plan de lucha común y cada destacamento obrero acordaba pautas salariales según su propia fuerza y con arreglo a las asambleas de cada empresa. Avanzada represiva y ajustadora Gran parte de la deliberación estuvo dedicada al análisis de la avanzada judicial de Seaboard Corporation, dueña de Tabacal, quien pide a la Justicia provincial la exclusión de la tutela sindical de los cuatro principales dirigentes del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA) para poder despedirlos y así poder imponer una reforma laboral flexibilizadora, a través de la implementación de un turno relevante con un recorte salarial del 40%. Sin embargo, la línea de judicializar la acción gremial es una constante de todas las patronales azucareras, al punto que casi todos los dirigentes sindicales nucleados en la FAR y hasta su abogado, enfrentan causas penales de diferente gravedad. Se denunció que estas causas penales comenzaron a avanzar justo ahora ante la inminencia de una nueva discusión paritaria. Las patronales azucareras de Salta y Jujuy comenzaron a discutir de manera común su accionar en las paritarias bajo la batuta y presiones de Seaboard y de Ledesma. Buscan retrasar la negociación paritaria hasta que se sustancie un acuerdo de la burocracia de la Fotia (gremio azucarero enrolado en la CGT) con las patronales tucumanas, para usarlas como un techo salarial a la baja. Mientras que en 2016 el salario promedio de los ingenios de Salta y Jujuy quedó arriba de los 16.000 pesos, la Fotia impuso un salario de no más de 14.000 pesos para los obreros azucareros tucumanos. El cuadro se completa con el intento del gobernador jujeño Gerardo Morales de imponer, hasta ahora infructuosamente, una reducción drástica de la planta obrera del Ingenio La Esperanza con el argumento de hacer viable el negocio y permitir la cesión del ingenio a algún grupo privado. Por otro lado, se destacó que las patronales azucareras están totalmente reactivadas. El precio interno del azúcar subió más del 60% en el último año, se vieron beneficiadas con la quita de retenciones y con la suba de un 20% del corte de la nafta con bioetanol; y, a la vez, todas ellas están realizando grandes inversiones e intentando concentrar el negocio. Mientras que Ledesma intentó comprar al ingenio tucumano Concepción, la multinacional Gloria, quien regentea San Isidro, intenta quedarse con el quebrado Ingenio La Esperanza. Estas patronales no pueden aducir crisis alguna pero, de todos modos, se lanzan sobre sus trabajadores y direcciones sindicales para imponer un retroceso sustancial de la clase obrera azucarera. Cuentan para esta avanzada con el apoyo pleno de los gobiernos de Macri, Morales y el gobernador salteño Juan Manuel Urtubey. Congreso de bases y huelga general azucarera Ante el choque directo que impulsan las patronales y el agotamiento de toda una serie de variantes de apoyo en el propio Estado es que se impuso la realización de un congreso de bases de la FAR, para unificar, en la deliberación y en mandato, al conjunto de los obreros de los diferentes ingenios. Este se realizará el 25 de mayo próximo en la planchada del Ingenio Tabacal, escenario de batallas obreras épicas, con el objeto de establecer un plan de lucha para triunfar en las próximas paritarias y derrotar la embestida judicial y antisindical de las patronales azucareras y el gobierno. El Congreso de bases de la FAR, que excede claramente las limitaciones de su estatuto, intentará ser desconocido por las patronales y el gobierno. Es que bien puede convertirse en el canal para concentrar y potenciar las fuerzas obreras que ya se manifestaron a través de las irrupciones obreras que llevaron a la victoria a las huelgas azucareras del último período. Para esto hay que prepararlo. Es necesario desarrollar desde ya la deliberación y organización obreras a través de asambleas por ingenio y en cada uno de sus sectores, para ratificar el pliego de la FAR, votar una participación masiva en el congreso de bases y un plan de lucha común. Es necesario plantear una huelga general de todos los ingenios de Salta y Jujuy, comenzando por un paro de 24 horas de advertencia. Para ello hay que poner de pie comités y fondos de huelga votados en asamblea y en el propio Encuentro. Esta sería un hecho histórico ya que las grandes huelgas obreras del último período fueron todas huelgas por empresa. Por el tenor de la avanzada patronal, es necesario promover conscientemente la unidad activa con el conjunto de los pueblos azucareros para derrotar a estas patronales antiobreras. Vamos por el éxito del congreso de bases de la FAR y por una derrota decisiva de las patronales negreras del azúcar de Salta y Jujuy.

11 de mayo de 2017
Juicio político a la Corte

Para el Partido Obrero estamos ante un nuevo Punto Final. El fallo del “2x1” a los genocidas afecta el régimen político, las libertades y el ejercicio de la democracia política. Busca un giro de fondo para reforzar la naturaleza represiva del Estado. No vamos a ir a un debate meramente técnico, jurídico o constitucional; esto implica un salto sin precedentes en materia de impunidad. Es una amnistía a la dictadura que supera el indulto por el número de genocidas que serían beneficiados. Es falso lo que dice Tonelli (NdR: diputado del PRO), en el sentido de que la Corte no tenía otro remedio que fallar de esta manera. Es increíble que nos diga esto a los diputados y al pueblo argentino, cuando dos de los cinco miembros de la Corte han fundamentado en contra del “2x1” y han demostrado en su fallo de minoría la antijuridicidad del planteo cuando corresponde a crímenes de lesa humanidad. Se trata de una operación de Estado, y acá quiero detenerme en algo que denunció hoy Norita Cortiñas, en una nutrida conferencia de prensa, con Adolfo Pérez Esquivel, Norita y las organizaciones de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, que integramos y que convoca históricamente los 24 de Marzo. Estuvieron presentes las organizaciones de derechos humanos que han sido autónomas de todos los gobiernos, también del pasado gobierno kirchnerista y, por supuesto, del actual. En esa ocasión, Norita denunció una y otra vez a la cúpula de la Iglesia, que 24 horas antes de este fallo aberrante planteó la idea de la reconciliación de las víctimas del terrorismo de Estado con sus victimarios. De ninguna manera es casual, como tampoco lo es que esos jueces, que primero fueron nombrados por decreto y aceptaban ese nombramiento -lo cual ya los invalidaba como custodios de los derechos constitucionales- y que después fueron votados en el Senado, incluso por esta oposición que le ha aprobado todas las leyes del ajuste al gobierno, sean los que han garantizado este fallo aberrante. El carácter del fallo Se trata de un fallo estratégico, que proyecta, en la impunidad de los genocidas de la dictadura, las posibles conductas de las Fuerzas Armadas y del conjunto de las fuerzas de seguridad en la actualidad; es un impulso al gatillo fácil y al aumento de la represión y la arbitrariedad. Este fallo se inscribe en una política que apunta a habilitar la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Ahora tenemos un gobierno que se despega, porque advirtió que el 95% de la población está en contra de esta decisión. Por eso decidió tomar distancia de un fallo del que es autor intelectual. Basta recordar los alcances del decreto 721 del año 2016, que nosotros rechazamos en esta Cámara de Diputados, ya que otorga mayor autonomía a las Fuerzas Armadas, repone a los oficiales acusados por crímenes de lesa humanidad para darles cursos a los nuevos oficiales y crípticamente incluye el tema de la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones internas. Esta orientación viene de antes, de la época de Milani. Digo esto porque la defensa que hicieron de Milani al frente del Ejército implicó defender también a un militar acusado de genocidio. Lo mismo debo decir sobre el reforzamiento de los aparatos de inteligencia que, como hemos sabido, operan a través de “carpetazos”. Todo eso está en línea con la política de la ley antiterrorista y el Proyecto “X”. Hay un lineamiento estratégico en este fallo aberrante de impunidad a los genocidas. Nuestro bloque presentó un proyecto que promueve el juicio político. En este sentido, vamos a pedir -es una moción- que el proyecto sea votado en forma nominal, porque no creemos en la efectividad del presunto proyecto de consenso, cuyo texto hemos tenido que salir a buscar porque a pesar de integrar un bloque de cuatro diputados, nadie nos convocó a ninguna reunión. Acá los consensos se dan entre los amigos del club del ajuste. El “consenso” El primero de esos artículos plantea que no tiene vigencia el beneficio del “2x1” en los casos de delitos de lesa humanidad. Es un artículo votable, aunque es discutible que tenga algún efecto. En este sentido, varios diputados plantearon durante la discusión que una norma de este tipo difícilmente pueda bloquear la aplicación del artículo 2° del Código Penal que establece el beneficio de la ley más benigna. Por otra parte, estos jueces de la Corte han tenido el cuidado -por eso digo que es una operación muy pensada- de aplicarlo en el caso Muiña, que no estuvo preso entre 1994 y 2001. Se persigue un objetivo claro -así se lo planteamos a las Madres que están aquí presentes. El caso Muiña está fuera del período. Lo buscaron a propósito para que tenga un efecto abarcativo sobre todos los genocidas. Ponemos también de relieve que entre todos estos aspectos y antecedentes políticos está la prisión domiciliaria de Etchecolatz. ¿Cómo puede ser que se le otorgue si Jorge Julio López todavía sigue desaparecido? Aclaro que tampoco tendría que tener prisión domiciliaria en el pisito de Palermo Chico José Pedraza, habiendo sido el autor intelectual de un crimen político contra el movimiento popular. El operativo estratégico de impunidad no depende solamente de las declaraciones de Lopérfido, que ahora es repudiado en Europa en su nuevo cargo. Hay una orientación política desde el Estado. Por eso, pedimos el juicio político. De lo contrario, estos jueces dictarán nuevos fallos. El objetivo Es una cuestión de fondo: quieren formatear el Estado para fortalecerlo y reforzar el disciplinamiento social frente a los brutales choques sociales que, en la Argentina particularmente, han empezado en 2017 y que no solamente están convulsionando a nuestro país, sino a toda América Latina por la aplicación del ajuste para que los trabajadores paguen la crisis capitalista. No se trata de un debate referido meramente al tema de los derechos humanos. Por otra parte, esta Corte ya estableció que las apelaciones a la Corte Interamericana de Derechos Humanos no tienen efecto revocatorio. De manera tal que se van cerrando todos los caminos. Creo que no tenemos una Justicia independiente y que este fallo está fuertemente imbricado en los intereses de las Fuerzas Armadas con el Poder Ejecutivo, con la cúpula de la Iglesia y, en este caso, con una mayoría de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, queremos que lo que resolvamos en esta sesión -y por eso sometemos a votación nuestro proyecto, por el que se propicia el juicio político a la Corte Suprema de Justicia, aunque sabemos que se han presentado otras iniciativas- sea la gran contribución que debemos hacer respecto de la movilización de masas que tendrá lugar en el día de mañana. Desde esta banca y esta conquista política de quienes han confiado en nosotros para defender los derechos populares, digo que si mañana somos un millón de argentinos, vamos a abrir el camino de la derrota de esta Corte de la vergüenza, de este nuevo punto final y de esta operación del Estado para ir en contra de los trabajadores y del movimiento popular y restituir la libertad a los genocidas (aplausos.) Foto: Javier Entrerriano

11 de mayo de 2017
Jubilados: un fallo judicial confirma la estafa de la reparación histórica

La estafa de la denominada “reparación histórica” para los jubilados con la cual el gobierno pretende liquidar los justos reclamos de aumentos en los haberes, dado los cálculos a la baja en las liquidaciones que ha realizado la Anses a lo largo de los años, provocó hoy un nuevo cimbronazo cuando una jueza rechazó un acuerdo con el organismo oficial de un beneficiario que ya tenía sentencia firme en su juicio. La “oferta” extorsiva del gobierno fue que, si quería cobrar, le pagaría, según trascendió, aproximadamente un 30% de lo que le corresponde. Aunque no se conocieron detalles de quién es el jubilado y en qué condiciones económicas y de salud se encuentra, especialistas en temas de seguridad social dieron ejemplos similares y estimaron que la presión oficial se realiza sobre las necesidades imperiosas de los jubilados que tienen edad avanzada. Ellos debieron comenzar contra la Anses un juicio al momento de jubilarse, el que habitualmente tarda un promedio de 6 a 8 años y, cuando finalmente llega la sentencia, la vulnerabilidad del beneficiario suele ser alta y sobre eso se asienta la perversa extorsión del gobierno. En este caso, la que rechazó el convenio es la jueza federal de la Seguridad Social, Elvira Muleiro, a la que le llegó el “acuerdo” entre la Anses y el jubilado para su homologación, y ella entendió que lo que correspondía es que el organismo oficial pague lo que el fallo con sentencia firme establecía, esto debido a que dicho fallo tiene un carácter definitivo “con fuerza de verdad legal” y “autoridad de cosa juzgada”. Es decir, que no puede ser “renegociado” ni “modificado”. Con toda claridad, el fallo establece que “la inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada”. La Anses debe pagar las sentencias firmes dentro de los 120 días posteriores a la salida del fallo, pero no lo cumple y con eso “aprieta” a adultos mayores que, luego de años de juicio, tienen una edad que no les permite seguir esperando por años. Se estima que hay unos 70.000 jubilados con sentencia firme y otros 350.000 con juicios iniciados o con sentencia de primera o segunda instancia. Como la “propuesta” oficial suele consistir en porcentajes muy inferiores a los de los fallos, sólo 22.000 jubilados de los que habían iniciado juicio o que ya tenían sentencia, aceptaron la propuesta del gobierno. Con la “reparación histórica”, la Anses ofrece pagar en forma inmediata (en realidad, suele tardar entre siete y ocho meses para abonar) el aumento arbitrario del haber y la mitad del retroactivo establecido unilateralmente y el resto de este último en doce trimestres actualizados sobre la base de índices diferentes (menores) a los que fija la sentencia. Eugenio Semino, defensor de la Tercera Edad, le dijo a Clarín (9/5) que “el fallo responde a una realidad. Hay muchísimos jubilados que se ven compelidos a aceptar una oferta inferior al monto de una sentencia firme porque Anses no paga las sentencia dentro de los 120 días, como marca la ley”. El Partido Obrero y la agrupación Jubilados Clasistas han rechazado la engañosa “reparación”. Defendemos el derecho a una jubilación equivalente al 82% móvil del salario en actividad. Planteamos la actualización mensual de los haberes por inflación. Que la Anses pague de inmediato todos los juicios pendientes. Reposición del aporte patronal reducido (del 15 al 11 por ciento) por Domingo Cavallo en 1994 y mantenido por todos los gobiernos posteriores. El desbalance de las cuentas previsionales que quieren hacerle pagar a los adultos mayores, no lo provocan “abultadas” jubilaciones, sino la apropiación del dinero por parte de los capitalistas y sus gobiernos.

11 de mayo de 2017
Macron, un Macri a la francesa

La victoria de Emmanuel Macron, un CEO de la banca recién emigrado del gobierno socialista de Francois Hollande, esconde más de lo que revela. El 66% de los sufragios que obtuvo frente a la chovinista Marine Le Pen en el balotaje del domingo pasado, es todo lo contrario de un plebiscito. Con una adhesión propia, en la primera vuelta, del 24% (en realidad, un 20% del padrón electoral), el porcentaje se reduce al 40%; en la segunda, una vez que se descuentan del padrón las abstenciones y votos blancos o anulados -un 38%. La mayor parte de sus votos del domingo tampoco son propios, pues quienes lo hicieron, buscaron evitar un triunfo del Frente Nacional. El nivel de la abstención ha sido el más alto desde 1969, y el voto en blanco o nulo, sencillamente histórico -representan a 16 millones de electores -o sea por encima de lo recogido por Le Pen. Aunque el boicot electoral en sus diversas formas incluyó a un electorado decepcionado por el desplazamiento de la derecha tradicional en el primer turno, fue promovido por una agitación generalizada de colectivos populares bajo las consignas de “Ni banqueros ni racistas”, una, y “Ni patria ni patrón”, la otra. O sea que fueron una expresión de confrontación política con los dos candidatos del capital. Medio siglo de crisis de régimen Es claro que el descarte, en la segunda vuelta, de los dos principales partidos de Francia, el socialista y la derecha ‘republicana’, franquea una nueva etapa de crisis del régimen político. El PS obtuvo apenas el 6,5% en la primera ronda. El ganador, Macron, es hasta cierto punto un llanero solitario, que por eso deberá improvisar la organización de su gobierno. De otro lado, la obtención de un 34% de los votos (menos del 20% del padrón), por parte del Frente Nacional, representa un progreso de una tendencia fascistizante. Su campaña anti-musulmana y anti- semita, contra la población de descendencia inmigrante del norte de África y Medio Oriente, es el punto de partida de una política de destrucción de las libertades públicas y el movimiento obrero. La decepción con relación a la expectativa electoral, sin embargo, ha desatado una fuerte crisis en el FN, entre quienes buscan un mayor acercamiento al ‘establishment’, por un lado, y quienes, por el contrario, reclaman un viraje hacia el militantismo fascista. La crisis del régimen político francés, la V República inaugurada en el período 1958/62, es de larga data -arranca del Mayo del ‘68, que impuso la salida de su fundador, Charles de Gaulle. Se asiste, entonces, a medio siglo de combinaciones políticas de todo tipo, sea bajo la dirección de la derecha como de la izquierda. El acceso de Macron, un agente de la banca, a la presidencia forma parte de este transformismo incesante -o sea que opera bajo la dirección de la burguesía y sus fuerzas políticas. La curva de la crisis política, en Francia, sigue de cerca el desarrollo de la crisis capitalista mundial, cuya primera fase arranca precisamente de finales de los ‘60 del siglo pasado. Francia es calificada hoy por muchos analistas como “la enferma de Europa” -o sea su eslabón débil. En este contexto, el recambio en marcha enfrenta desafíos revolucionarios. Bonapartismo y coalición a la carta El proceso electoral francés debe culminar en junio con las elecciones parlamentarias. La composición de la Asamblea Nacional determinará en forma más precisa el método político del nuevo gobierno. Macron aspira, naturalmente, a obtener una mayoría legislativa; en el caso contrario, gobernará mediante una “coalición a la carta” como lo hace Macri con el Congreso. La consigna para esto será la “defensa de la gobernabilidad”. Desde el Partido Socialista, por un lado, y desde la derecha republicana, por el otro, ya se inscriben desertores para ofrecerse como funcionarios del nuevo gobierno -algo parecido también a la alianza selectiva de Macri con la UCR y la Coalición Cívica. Enemigo supuesto del ‘populismo’, Macron pretende formar su lista de candidatos al Parlamento copiando al cómico italiano Bepé Grillo, el jefe de “Cinque Stelle” -o sea, mediante una selección de postulantes por medio de internet y, por mitades, cooptando a políticos tradicionales. Este ‘método’ es reivindicado, por la fuerza de las circunstancias, como más democrático que el régimen existente, cuando constituye, en realidad, una expresión de la disolución del régimen democrático: la ausencia de partidos y de programas refuerza la primacía de la manipulación política de la representación popular por el aparato y la burocracia del Estado, y refuerza la manipulación del Estado por las grandes corporaciones capitalistas. La mejor prueba de esto es el anuncio de Macron de que gobernará, en los primeros meses, por medio de “ordonnances” -o sea por decreto, al igual que Trump, quien lo hace por medio de “executive orders”. Ajuste y lucha de clases Macron no ha ocultado nunca que ‘viene por todo’. Por un lado, con una “reforma laboral”, por decreto, con el propósito de extender la jornada de trabajo y “reducir costos”; otorgar primacía a los convenios por empresa sobre los de rama; 120 mil despidos en la administración pública; un severo recorte de las jubilaciones y del seguro al desocupado. Es precisamente por el incumplimiento de este programa que Macron, ministro de Economía, se retiró del gobierno de Hollande y del Partido Socialista. No ha dudado en decir que pretende ejecutar el programa de precarización, flexibilización y ajuste laboral aplicado en Alemania, por los gobiernos socialistas y democristianos, en el último cuarto de siglo, y que se ha transformado en la piedra fundamental de toda la Unión Europea. Esta declaración de guerra contra los trabajadores anuncia, sin duda, el ingreso a una etapa de aguda lucha de clases, de lo cual Macron es perfectamente consciente. Como ocurre con el macrismo, buscará comprometer a la burocracia sindical. Una parte de ella, la CFDT, ya ha dicho presente; aunque la CGT ha repudiado el ajuste que se prepara (lo mismo Fuerza Obrera), se opuso al voto en blanco y alentó el voto a Macron con la consigna de derrotar a Le Pen. La burocracia sindical va a subordinar la derrota del plan de ajuste a la defensa de la ‘gobernabilidad’. En consecuencia, en la etapa que se inicia, los trabajadores van a tener que enfrentar la cuestión de la dirección de las luchas -como, a su modo, lo demuestra la experiencia de Argentina, donde la burocracia sindical ha actuado como válvula de seguridad del macrismo. La disgregación de las fuerzas políticas y de la burocracia sindical desarrolla, al mismo tiempo, un sistema de coalición de hecho del conjunto de ellas para hacer frente a la lucha de los trabajadores y a un derrumbe político. Ninguna de las fuerzas políticas, incluida la llamada extrema izquierda, desenvuelve una alternativa a la crisis del régimen político. La resultante del paralelogramo de fuerzas en presencia es el reforzamiento de una tendencia al bonapartismo. Contradicciones insalvables La política del ajuste es insuficiente para sacar a Francia del marasmo, y tampoco podría prosperar sin un planteo más general frente a la crisis capitalista mundial y de la Unión Europea. Es así que Macron reclama a Alemania la adopción de un sistema de deuda pública, presupuesto y rescate bancario común de la Unión Europea. Es la condición mínima para una reactivación de la economía mediante la ampliación del gasto público, luego de los límites notorios de la política de emisión del Banco Central Europeo. Alemania, sin embargo, se opone, porque erosionaría sus ventajas comerciales frente a los Estados europeos y en el mercado mundial. Candidato del rescate de la UE, el gobierno de Macron probablemente presida su desintegración. Lo mismo ocurre con las negociaciones con Gran Bretaña por el Brexit, en la cual Macron defiende quitarle el acceso que Gran Bretaña gozaba con anterioridad al mercado financiero y comercial de la UE. El hombre de la globalización y de la universalidad acabará haciéndose cargo de un repliegue nacionalista y la liquidación de su gobierno. Una década después del derrumbe de Lehman Brothers y el estallido de la bancarrota financiera, la crisis capitalista mundial se ha tetanizado a todos los órganos nacionales e internacionales de la dominación burguesa. Pero a medida que la crisis mundial evoluciona en forma contradictoria o irregular hacia crisis revolucionarias, la llamada extrema izquierda se adapta cada vez más a las estructuras del Estado burgués en descomposición. Cuando más se pone de manifiesto la necesidad de desarrollar partidos revolucionarios, esa izquierda se apremia en la construcción de ‘partidos anticapitalistas amplios’, donde la amalgama de tendencias sustituyen a la organización basada en los programas y la acción inmediata a la estrategia política de poder de la clase obrera. El ‘anticapitalismo’ es la contraseña para amontonar bajo un mismo techo a tendencias agraviadas por la crisis capitalista, pero diferenciadas e incluso antagónicas en los objetivos políticos estratégicos. La unidad en la acción que debería ser elaborada mediante una política de frente único es travestida en estrategia, para sustituir la estrategia de poder que plantea el gobierno de los trabajadores.

11 de mayo de 2017
Acto de los obreros de AGR - Clarín en la Feria del Libro

Los obreros gráficos de AGR-Clarín, que llevan casi 120 días de lucha contra el vaciamiento patronal del taller (incluyendo 82 días de ocupación de la planta), realizaron un acto en la puerta de la Feria del Libro el viernes 5, durante una de las jornadas más concurridas del evento cultural. Acompañaron a los obreros, entre otros, las comisiones internas de Agea (diario Clarín) y Artear (Canal 13, TN y demás canales del grupo), que expresaron su solidaridad con la lucha mediante un comunicado conjunto, con el reclamo de la reincorporación y la defensa del convenio colectivo de trabajo. Participó la Federación de Trabajadores de Prensa (Fatpren) y tomó la palabra Romina del Plá, candidata a secretaria general del Suteba por la Lista Multicolor. También hicieron uso de la palabra representantes de AGD-UBA, la Naranja del gremio de la Alimentación, el Sitraic (construcción) y el Polo Obrero. Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de AGR, señaló que las actividades que realizan en la puerta del evento cultural más masivo del país han servido para darle una difusión inédita a la lucha. Contó, además, cómo realizaron un escrache en el stand de Clarín, principal sponsor de la Feria, y pudieron ver cómo los trabajos de AGR se hacían en otros talleres gráficos contratados por el grupo liderado por Magnetto. Viñas denunció al gobierno, cuyo ministro de Trabajo, Jorge Triaca, no hizo nada para solucionar el conflicto sindical. Señaló que la lucha de los obreros gráficos apunta al régimen político del ajuste y sus partidos, sus medios, su Justicia y sus fuerzas represivas. Viñas contó que para el 1° de Mayo, el político kirchnerista Martín Sabbatella usó una foto de la lucha de AGR, cuando jamás había ido a solidarizarse con esa pelea. “Sabbatella apoya la represión y el ajuste en Santa Cruz”, denunció. Los despidos en AGR-Clarín forman parte de una ofensiva flexibilizadora de la burguesía y el gobierno, que tiene otras manifestaciones en el ataque al convenio colectivo en otros gremios (petroleros, Atilra, etc.). La patronal de Magnetto pretende derrotar a los combativos obreros de AGR y valerse de personal precarizado y sin derechos gremiales. Acompañemos la lucha de los compañeros. Foto: Federico Imas

11 de mayo de 2017
El debate y las maniobras

Una sesión de Diputados por temas intrascendentes, destinada a terminar en 45 minutos, derivó en un tratamiento de siete horas del fallo del 2x1 a los genocidas. Otra vez, una irrupción popular en puerta y una crisis política derivada de ella se coló en el Parlamento. Del debate de catarsis de otros casos, sin embargo, se pasó a maniobras de más envergadura para reacomodar al gobierno y a la propia Corte. La sesión terminó en una ley que según La Nación “esperan con los brazos abiertos” en la Corte, una falsedad completa porque, sin ella, dos jueces fallaron de manera opuesta. No obstante, la confusa y publicitada intervención de Carrió dejó algo en claro: es partidaria de un perdón al estilo de Mandela con el apartheid -o sea de una amnistía, exactamente lo que significa el fallo. La estrella electoral de Cambiemos también se pronunció por las domiciliarias a “personas de 90 años que tienen derechos humanos”: Etchecolatz y compañía. Al final, el fino y “plural” Emilio Monzó, que habilitó el “debate libre”, maniobró como un dictador contra el Partido Obrero para que no se vote nominalmente el emplazamiento a la Comisión de Juicio Político, para que se reúna y trate los proyectos presentados. Indudablemente, depende de la movilización popular que ya tuvo, el miércoles 10, su primer y gigantesco capítulo.

11 de mayo de 2017
El Tabacal declara la guerra a sus obreros

Ya es costumbre de Seaboard Corporation, dueña del ingenio salteño El Tabacal, descargar una andanada de provocaciones contra sus obreros ante el inminente inicio de la zafra y las paritarias en mayo. Sin embargo, este año la patronal norteamericana ha redoblado la apuesta. Comenzó en diciembre pasado descontando unilateralmente el “anticipo” con el que cubrió los días caídos de la huelga de 76 días del año pasado, cuando aún estaba en negociación si se los descontaba. Siguió con un pedido de exclusión de la tutela sindical y nuevas denuncias penales sobre los cuatro principales dirigentes de la comisión directiva del Sindicato de Trabajadores del Azúcar (STA), por haber “usurpado propiedad privada y dañado maquinarias” al ingresar a la fábrica ante el paro desatado espontáneamente ante esos descuentos. También dejó de descontar por planilla las deudas de los trabajadores con el sindicato y su obra social (Ospa), generando un rojo de 5 millones de pesos al STA. Y, por último, acaba de anunciar que aplicará unilateralmente el famoso turno relevante que fue rechazado por la histórica huelga del año pasado al redundar en un descuento del 40% del salario de los trabajadores. Como si esto no fuera suficiente, los voceros de El Tabacal anunciaron además que lo harán sin ningún tipo de compensación, avasallando los derechos adquiridos de los trabajadores. Seaboard aduce que ya ha cumplido con el acuerdo del año pasado de judicializar el turno relevante y que al declararse incompetente el juez que debía definir sobre el punto, la patronal ha quedado liberada para su aplicación unilateral. Toda esta avanzada que busca quebrar la organización obrera, tiene como primer propósito otorgar un aumento a la baja, ante el pedido de aumento salarial de un 42%, para llevar de 16.300 a 23.300 pesos el salario mínimo obrero, votado por la Federación Azucarera Regional (FAR) conformada por los ingenios de Salta y Jujuy. El ajuste de Macri, Urtubey y Tabacal Semejante salto en la andanada de provocaciones, sólo se explica en la confianza de esta patronal en el apoyo directo tanto del gobierno de Macri como el del gobernador Juan Manuel Urtubey. Esto quedó claro con la fuerte militarización del ingenio y la ruta nacional 50, en diciembre pasado, para quebrar el paro obrero contra los descuentos de la patronal a días de la finalización de la zafra y de las fiestas de Navidad y fin de año. Los ministerios de Trabajo de Nación y Provincia no han movido un dedo ante las abundantes e ilegales prácticas desleales contra la organización gremial de los obreros de El Tabacal. La heroica huelga de julio y agosto del año pasado derrotó el intento de Seaboard de imponer un ajuste a través del turno relevante. La imposición de dicho turno es parte de la política de contrarreforma laboral, negrera y flexibilizadora, que impulsan el conjunto de las patronales del país; por lo que la derrota decisiva de uno de los contingentes proletarios más aguerridos de los últimos diez años, sigue siendo clave en la agenda capitalista y su ajuste. Presión obrera y crisis política Sin embargo, no todos los sectores de la burguesía acuerdan con esta fenomenal avanzada de Tabacal. Ante el temor de una nueva respuesta obrera y de un conflicto prolongado, sectores comerciales del departamento de Orán advierten sobre las enormes pérdidas que tuvieron el año pasado. Si Seaboard perdió alrededor de 84 millones de pesos por su propio lock-out, se estiman pérdidas similares para el conjunto de la actividad económica local. A diferencia de años anteriores, se ha instalado desde ya, tanto en los medios locales como provinciales, la preocupación por un nuevo conflicto. En este marco y bajo una crisis declarada por el reparto de candidaturas entre la tropa oficialista que dirige Diputados y el gobierno de Urtubey, el oficialismo aceptó tratar el proyecto de declaración del PO de repudio a la avanzada patronal, contraponiéndole una declaración propia que plantea un diálogo entre las partes sin denunciar la avanzada antisindical e ilegal de Seaboard y su intentona de volver a la carga con la implementación del turno relevante. Ante esta impostura, los diputados del PO sostuvimos y votamos a favor de nuestro proyecto. El Senado provincial actuó del mismo modo, mientras que el Concejo Deliberante de la capital, terminó votando nuestro proyecto sin modificaciones. Días previos, mientras los diputados del PO propusimos recibir a los dirigentes obreros del STA para tomar sus denuncias, el oficialismo recibía además a los representantes de Tabacal, con el amigo personal de Urtubey, Horacio Aguilar, a la cabeza, quienes fueron a la cámara legislativa a “sugerir” que ésta no debía entrometerse en asuntos propios de la Justicia y del Ministerio de Trabajo. Por la victoria de los obreros de Tabacal En este momento, hay 900 trabajadores de los 1.600 obreros de Tabacal en actividad, el resto se incorporará al iniciar la zafra dentro de 10 ó 15 días. Sus dirigentes sindicales y la gran mayoría de los obreros, son conscientes del conflicto que se avecina. Es necesario preparar desde ya una respuesta colectiva. El congreso de bases de la FAR se encuentra ante la necesidad de preparar una huelga general activa de toda la clase obrera azucarera y llamar a los pueblos azucareros a solidarizarse nuevamente con ellos, para derrotar una vez más a sus patronales negreras.

11 de mayo de 2017
El NPA y las elecciones francesas

Uno de los datos salientes de la segunda vuelta en las elecciones francesas fue la enorme abstención -ascendió al 25% del padrón- y el 10% de voto en blanco. Quedó un poco abajo del voto a Macron y por encima del que recibió Le Pen. Con independencia de su heterogeneidad, esa multitud incluye a millones de trabajadores y jóvenes que rechazaron el voto a Macron como “mal menor”, y está vinculado con la agitación contra “el banquero y la racista” y contra “la patria y los patrones” desenvuelta por colectivos populares. Es, por lo tanto, en una medida importante, un voto contra los candidatos y los partidos del capital. La “extrema izquierda” estuvo a contramano de esta tendencia. Una encuesta entre sus partidarios realizada por Jean-Luc Melenchon, de Francia Insumisa, puso en evidencia que la gran mayoría de los seguidores era partidaria de la abstención. Ni siquiera con esa evidencia en la mano, Melenchon se inclinó por esa opción. Balance Lo mismo vale para el NPA. En el año 2002, la LCR (antecesora del NPA) llamó a votar por el derechista Jacques Chirac contra Le Pen padre, en el balotaje de ese entonces. Esa organización jamás revisó esa posición. No puede sorprender, entonces, que ante un escenario semejante el NPA haya tropezado con la misma piedra. El NPA no se manifestó en favor de la abstención -y menos aún hizo campaña por esa alternativa. El NPA esquivó la cuestión del voto con la fórmula genérica de “movilizarse” contra el Frente Nacional, por un lado, y contra las políticas liberales, pero no contra la candidatura de Macron, por el otro. En lugar del voto en blanco, el candidato del NPA en el primer turno, Philippe Poutou, llamó a “ganar las calles contra la extrema derecha pero también contra todas aquellas y aquéllos que como Macron han establecido o quieran imponer medidas antisociales”... para después de las elecciones. El voto en blanco, en cambio, ofrecía la oportunidad de un reconocimiento de fuerzas anticapitalistas en las urnas, que habría funcionado, como efectivamente funcionó, como la alternativa política a los candidatos del capital. El NPA evitó desarrollar la delimitación política de la clase obrera con ambos candidatos patronales en las urnas. El NPA escabulló esa batalla para no confrontar, se justificó, con los trabajadores y jóvenes que apelaron al “voto útil” votando a Macron para impedir el triunfo del Frente Nacional. Es lo que dicen los discursos de Poutou y las declaraciones del partido publicadas en su página oficial. Ese punto de vista fue expresado en forma más descarnada por el ala de centro del partido: la necesidad de “unificar la parte conciente de nuestro campo social entre aquellos que utilizan el voto por Macron para aplastar al FN en las urnas y aquellos que se abstendrán golpeando al proyecto liberal de Macron, que es el que abrió paso al ascenso del Frente Nacional” ( Sylvan Piro , 5/5, extraído del sitio del NPA). Con el transcurso de los días, el carácter de la campaña del NPA fue adoptando una forma más desvergonzada en esa dirección. El PTS, sin embargo, reivindica la campaña electoral de Poutou “por su radicalidad, su independencia y su brújula de clase” ( La Izquierda Diario , 6/5), en lugar de explicar cómo y por qué se convirtió en lo contrario en 24 horas. No lo podrá hacer porque el PTS milita en el campo de los partidos "anticapitalistas". La consigna central del NPA en la recta final de la campaña fue: “Todo menos el Frente Nacional”, acompañada de otras como “ningún voto a Le Pen”. La Izquierda Diario sostiene que hubo un giro de 180 grados en la campaña, cuando lo que se hizo fue profundizar una orientación que estaba en desarrollo. Esta postura ha abierto una nueva crisis en una organización que ya se encontraba en estado de demolición. El NPA es el resultado estrecho, tanto histórico como numérico y social, del planteo de formar “partidos amplios” para enfrentar episodios electorales y en absoluto para preparar una vanguardia política de la clase obrera para desarrollos transicionales y perspectivas revolucionarias. Consecuentemente con ello, el centro de gravedad de la campaña ha girado en torno de la denuncia de los desfalcos de la “casta política” -“les affaires” (los negociados)-, sin el menor planteo de poder de un gobierno de trabajadores. Poutou planteó el “rechazo al libre cambio” y a “las normas presupuestarias europeas”, y a favor de “controlar el movimiento de capitales” ( Le Monde , 15/4) -al mejor estilo CFK/ Kicillof. Pero ese centrismo político y organizativo ni siquiera los ha salvado de la marginalidad. Por el contrario, contrasta el 1,1% de los votos, cuando su antecesora, la LCR, llegó a orillar el 5%. Ahora un ala importante del partido reclama la unión con la Francia Insumisa de Melenchon, que levanta esos mismos planteos nacionales. Conclusiones En momentos en que el balotaje delataba una gran crisis de partidos tradicionales y una rebelión contra ellos entre los trabajadores y la juventud, la extrema izquierda fue un obstáculo para darle una expresión política, como se expresaron en la masiva abstención y voto en blanco. El balance de las elecciones francesas pone al rojo vivo la necesidad de poner en pie partidos revolucionarios que abracen la causa de la independencia política y la estrategia del gobierno de trabajadores y el socialismo.

11 de mayo de 2017
Marcelo Ramal participó de una charla con los trabajadores
Lourdes

En Pompeya, en el local barrial del Partido Obrero, el legislador Marcelo Ramal participó de una charla de la que participó un nutrido grupo de obreros de AGR-Clarín, que cumplen un mes de acampe frente a la puerta de fábrica. Ramal marcó una situación política atravesada por los ataques sistemáticos contra los trabajadores y el reforzamiento de una política represiva que tiene el objetivo de hacer pasar el ajuste que aplica Macri y los gobernadores de todos los pelajes, al tiempo que la burocracia sindical cumple un rol fundamental de asociación con los gobiernos y empresarios para lograr este objetivo. En línea con este planteo se discutieron las perspectivas del Frente de Izquierda y la urgente necesidad de enlazar la pelea electoral con las batallas contra los cierres de fábricas, los despidos, las suspensiones, los ataques a los convenios colectivos de trabajo y la precarización laboral. En este sentido, los gráficos de AGR en la reunión expresaron la importancia estratégica de forjar una alternativa política propia de los trabajadores y la tarea de poner en pie un congreso del movimiento obrero y la izquierda y el llamado a las fuerzas del FIT a la conformación de listas únicas. Los trabajadores de AGR-Clarín -que enfrentaron la represión y son víctimas de espionaje a través de escuchas ilegales con camionetas instaladas frente al acampe que sostienen, luego de 82 días de ocupación de la planta gráfica-, destacaron la importancia de movilizarse contra el fallo de la Corte Suprema que plantea el 2x1 que apunta a liberar a los genocidas. Los compañeros de AGR-Clarín que compartieron la charla se movilizaron el 10 de mayo junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia conformando una gran columna independiente junto a los luchadores populares y de los organismos de derechos humanos.

11 de mayo de 2017
Chile: elecciones en tiempos de crisis

Cuando faltan pocas semanas para las primarias del 2 de julio (primer capítulo del calendario electoral chileno), Nueva Mayoría, la coalición de gobierno, se encuentra quebrada. La Democracia Cristiana, máximo pilar de la Concertación junto con el PS, anunció su ruptura y la presentación de una lista separada para la primera vuelta. A su vez, el ex presidente Ricardo Lagos bajó su candidatura, persuadido por los malos augurios que le daban los sondeos. Ante este derrumbe, la imagen del candidato oficial Alejandro Guillier cae en picada mientas se verifica un ascenso meteórico del Frente Amplio, un armado encabezado por ex concertacionistas con un discurso antipolítica, anticorrupción y “renovador” del elenco político gobernante. La política antiobrera de la Nueva Mayoría La convocatoria masiva por el fin de las AFP del 26 de marzo volvió a dejar en claro que el descontento popular domina la situación política. La marcha logró reunir más de 500 mil personas en Santiago de Chile y 2 millones en todo el país, pero el gobierno sigue sin dar respuestas e incluso amaga con una reforma regresiva que incluye el aumento de la edad jubilatoria. Esto se combina con un ascenso de las luchas obreras. La huelga de la mina La Escondida, ocupada por sus trabajadores por casi dos meses, fue el botón de muestra de un movimiento sindical que confronta con el gobierno y empieza a abrirse camino contra la dirección burocrática del PC en la CUT. Ante el aumento en los últimos años de las huelgas ilegales, por fuera de la negociación reglada, fue pergeñada la Reforma Laboral, que habilita a los patrones a exigirle a los sindicatos que aseguren que las huelgas se hagan en condiciones en las que no afecten la producción. En el caso del movimiento estudiantil, que no registra los niveles de movilización en la lucha por la gratuidad de años anteriores, el PC fue desplazado de la conducción de la FECh, reflejando el descontento con la política educativa de un gobierno que, para salvar el sistema de educación privada, salió a otorgar una cantidad limitada de becas que se asignan a sus universidades. El paquete de reformas con el que viene amagando el gobierno está al servicio del rescate del andamiaje del régimen pinochetista, pero el impasse y la incapacidad de aplicar estas reformas ponen de manifiesto el completo agotamiento de dicha herencia. La crisis mundial profundiza y agudiza las tensiones económicas y sociales que atraviesa el régimen. El derrumbe de los precios del cobre produjo una caída de la recaudación fiscal y de la inversión privada, mientras que la desaceleración económica amenaza con transformarse en recesión. Las propias cifras oficiales, manipulación estadística mediante, reconocen la destrucción de más de 120 mil puestos de trabajo en el último año, además de un aumento en el trabajo precario y en negro. La derecha y la “renovación” autonomista Los últimos sondeos demuestran que, a pesar del desplome de la Nueva Mayoría, la derecha no logra tomar aire. Una encuesta reciente indica que el candidato derechista Sebastián Piñera, así como el candidato oficial Alejandro Guillier, cayeron en torno de los cuatro puntos de su intención de voto, quedando en un 24 y 19%, respectivamente. La “sorpresa” de las elecciones es el ascenso meteórico del Frente Amplio. Según esa medición, su candidata Beatriz Sánchez habría dado un salto del 2% en marzo al 11% en abril, capitalizando la caída de los candidatos principales. La campaña del FA está específicamente diseñada para jugar a dos puntas, se autodefinen como un movimiento “ni de izquierda ni de derecha”, con una campaña enfocada en la lucha contra la corrupción. Los partidos que lo componen provienen en su mayoría de la Concertación, aunque también participa el Partido Liberal, una fuerza que viene del espacio de Piñera. Lejos de cuestionar las bases sociales y políticas del régimen plantean su reconstrucción bajo la batuta de un nuevo personal político, con una gestión más eficiente y, por supuesto, con el verso de una mejor distribución. Los desafíos de la izquierda La necesidad de una alternativa política de los trabajadores está inscripta en la situación política. La izquierda tiene el desafío de levantar el “programa de la calle”, el conjunto de las demandas y reivindicaciones que están planteadas por las luchas en las fábricas, en la juventud, en el movimiento de mujeres y en las movilizaciones de masas por el fin de las AFP, y darles un curso político. El planteo de una Asamblea Constituyente libre y soberana juega un papel central en este contexto: va dirigido a poner fin a la herencia pinochetista en todos los planos y a reorganizar al país sobre nuevas bases sociales, bajo la dirección de la clase obrera. Ante el panorama planteado es urgente abrir el debate en el seno de la izquierda. La campaña del PTR, calcada de la del PTS en la Argentina, está completamente divorciada de la agenda planteada por las movilizaciones de masas y la lucha del movimiento obrero. El planteo de reducción de la jornada laboral o de redistribución de las ganancias (“nuestra vida vale más que sus ganancias”) , desligado de la lucha de clases en desarrollo, está concebido como un slogan electoral y no como una herramienta para intervenir en la crisis nacional en curso. La crisis de las estructuras históricas del capitalismo chileno abre la oportunidad para la izquierda de desarrollar un programa obrero y socialista, que empalme con las movilizaciones de masas y la organización obrera, para erigir a los trabajadores en alternativa de poder. Planteamos la necesidad de una nueva dirección del movimiento obrero para luchar por un salario igual a la canasta básica familiar y el fin del trabajo precario, contra los despidos, el ajuste y la aplicación de la nueva ley de Reforma Laboral. Por la restitución inmediata de los aportes patronales, el 83% móvil y por la transferencia de todos los cotizantes y sus ahorros a un nuevo organismo estatal de fondo de pensiones bajo control y administración de los trabajadores para terminar con las AFP. Gratuidad de la educación pública y condonación de la deuda educativa de todas las familias afectadas; estatización bajo control de estudiantes, docentes y no-docentes de todas las instituciones privadas que cierren o se encuentren en situación de quiebra. Por un gobierno de trabajadores, único capaz de convocar una Asamblea Constituyente soberana.

11 de mayo de 2017
Jujuy: Pacto entre el gobernador Morales y el Rectorado universitario

Luego de la repercusión y el repudio nacional que causó el ingreso ilegal de la policía en la Universidad de Jujuy (Unju), que arrojó como saldo la detención de dos estudiantes (entre ellos el presidente del Centro de Estudiantes de Ciencias Agrarias, que fue duramente golpeado), el gobierno de Gerardo Morales ha utilizado diversas estrategias para salir del conflicto: ha pasado de la confrontación directa a buscar un acuerdo que cierre “la grieta” con el Rectorado, que protestó por la intromisión de las fuerzas policiales. Cuando ocurrió la agresión, diversos funcionarios avalaron y justificaron la irrupción de la policía en la facultad. Al tomar repercusión nacional el hecho, el gobernador se vio obligado a repudiar el accionar policial y buscó de esta manera reacomodarse. Esta mini-crisis provocó la renuncia del jefe y subjefe de la policía y el procesamiento de 15 efectivos (cargos de privación ilegítima de la libertad entre otros) y del fiscal contravencional. Este hecho generó malestar entre la policía que denunció a Morales por mandarlos a hacer el “trabajo sucio” y después desentenderse. Incluso se generó una crisis entre Morales y el brazo estudiantil del radicalismo, Franja Morada, que no tuvo más remedio que criticar la irrupción policial (más adelante, la Franja se dedicó a hostigar a los estudiantes que impulsaban el movimiento de lucha contra los atropellos policiales). La convocatoria a la sesión especial del Consejo Superior en la Facultad de Ciencias Agrarias, que contó con la participación de estudiantes, de la Fuba, Adiunju y Conadu Histórica (gremios docentes universitarios provincial y nacional, respectivamente), resolvió por unanimidad no aceptar las disculpas formales del gobernador, se propuso denunciar a los responsables del hecho y reclamar la derogación del Código Contravencional. Frente a esta “ofensiva” universitaria, el bloque parlamentario radical sacó una solicitada en todos los medios atacando a los estudiantes, denunciando a los funcionarios universitarios y planteando que la Unju quiere “romper relaciones institucionales con el gobierno provincial”. Días después, se realizó un allanamiento a la casa del rector que rápidamente se convirtió en una notificación por una causa penal. También Franja Morada salió a atacar a los estudiantes en cada facultad. Sin embargo, Morales decidió reorientar su política. Convocó el pasado miércoles 3 de mayo una reunión con los decanos de las cuatro facultades y el rector del a Unju en Casa de Gobierno. De la misma, salieron todos cerrando filas y dejando en el pasado el hecho en cuestión. Ninguna autoridad universitaria dijo nada sobre el planteo de derogación del Código Contravencional ni sobre la denuncia penal; y el gobernador planteó que “el aporte que hace la universidad a la comunidad jujeña es mucho”, al mismo tiempo que ratificó “el trabajo conjunto, armónico y de cooperación” (El Tribuno, 3/5). El elemento más destacado fue que el rector se comprometió a discutir con el gobierno un “protocolo de intervención” para los casos donde se ponga en riesgo la integridad de las personas o de los establecimientos: en definitiva, una habilitación de las fuerzas policiales dentro de la universidad. Qué deja el conflicto y cómo seguir El principal avance que deja el conflicto es que se logró instalar en la opinión pública el problema del código contravencional y su utilización para atacar cualquier tipo de manifestación. Hasta lo sucedido en Agrarias, no se había podido instalar ante la población el rol que jugaba como un instrumento de regimentación del gobierno: y eso que se había utilizado para detener a Milagro Sala por el acampe, a miembros del SEOM (municipales), para procesar a directivos del SOEAIL (sindicato azúcar Ledesma) y para reprimir a vendedores ambulantes, entre otros casos. La UJS, juventud del Partido Obrero, caracterizó desde un inicio los límites de los planteos de los decanos y el rector, vinculados políticamente con el kirchnerismo; inclusive después de votar el pedido de derogación del código, plantearon mandarlo a la mesa de estudios jurídicos para ver si era inconstitucional o no. Lo que se buscó fue un “shock” mediático pero de ninguna manera podían ir hasta el final de los planteos. El movimiento estudiantil debe sacar las conclusiones políticas del caso, los límites de las direcciones políticas que terminan arreglando por arriba con el radicalismo. Con esta orientación clara y la propuesta de abrir un debate con todos los luchadores, mantenemos nuestra campaña por la derogación del Código Contravencional, denunciándolo como el instrumento político del gobierno para regimentar a la juventud y a los trabajadores. Vamos por un paro activo en apoyo a los docentes que paran del 8 al 13 y a participar de la Marcha Federal Educativa.

11 de mayo de 2017
[EDITORIAL] Un golpe político al régimen ajustador

La supuesta “unanimidad nacional” contra el fallo amnistiador de la Corte, que tuvo expresión en la ley que apresuradamente sancionó el Congreso, es un resultado -engañoso- de la crisis política desatada por la sanción del 2x1. Apenas algunos días y semanas atrás, los mismos diputados y voceros macristas que hoy ‘deploran’ el fallo de la Corte se prodigaban en todo tipo de ‘señales’ en favor de amnistiar al cuerpo de oficiales de la dictadura. Esas expresiones, que minimizaban la represión videliana, estuvieron acompañadas del pronunciamiento del Episcopado en favor de la “reconciliación” con los genocidas. El paso de la Corte también estuvo precedido de un proyecto legislativo oficial para penar con la cárcel a diferentes modalidades de la protesta social. Es claro que la reinstalación de las Fuerzas Armadas en la represión interior se ha transformado en una cuestión de Estado. La Corte actuó bajo este mandato oficial: para encaminar esa orientación, era necesaria una rehabilitación política de los aparatos de represión -ése fue el mensaje de fondo del “2x1”. En las primeras horas del fallo, los voceros oficiales se repartían entre la justificación de la Corte o el respeto de la ‘división de poderes’. Las ‘condenas’ posteriores de Vidal, Marcos Peña y otros funcionarios sólo expresaron un recule impuesto por el fenomenal repudio popular. Pero la crisis política involucra al fallo y también a sus autores -o sea, a la propia Corte. Por eso, los personeros del régimen se empeñaron en urdir una retirada ‘ordenada’ y salvar al máximo tribunal del escándalo político. La ley votada en el Congreso excluye del beneficio de la reducción de penas a los autores de crímenes de lesa humanidad y limita esa reducción a quienes hubieran estado detenidos cuando rigió la ley del 2x1. Es un evidente recule de los amnistiadores y, al mismo tiempo, un rescate de la Corte. Carrió expresó claramente ese salvavidas, cuando señaló que, al sancionarse esta ley, quedaba demostrado que la Corte no había actuado en forma tendenciosa o ilegal al fallar el 2x1 sino porque le faltaba una ‘interpretación clara’ de la reducción de penas, que ahora sí proveía el Congreso. Para otorgarle el salvoconducto a la Corte, el régimen pagó el precio de una ley restrictiva para con los genocidas. De todos modos, su aplicación quedará en manos del mismo tribunal que falló por el 2x1; que desautorizó a la CIDH de la OEA para revisar fallos locales (2016), que revocó un fallo favorable a la vigencia de las reparaciones económicas a víctimas de la dictadura (marzo 2017) y que restringió el derecho de huelga a una atribución de los aparatos sindicales formales. En manos de esa Corte, la ley votada incluso podría ser dejada de lado, una vez más, en nombre de la aplicación de la ley más benigna. Por eso, los diputados del PO-FIT, además de denunciar las brutales limitaciones de la ley de “consenso”, insistieron con el juicio político a los tres jueces amnistiadores. Un régimen… La reacción popular contra el 2x1 no sólo interpela al PRO. Desenmascara también al pejota-kirchnerismo, que dio en el Senado los votos necesarios para que los jueces Rosenkrantz y Rosatti -fogoneros del 2x1- llegaran a la Corte. El aval a estos jueces también se extendió a los senadores de Stolbizer y Massa. Pero los límites del kirchnerismo para llevar adelante una escalada en regla contra el operativo amnistiador son más profundos: la recuperación de un protagonismo político de las Fuerzas Armadas tuvo como precursora a Cristina Kirchner, cuando nombró al oficial de inteligencia y ex represor César Milani al frente del Ejército. Los futuros ejecutores del protocolo antipiquetes tendrán al Proyecto X de Berni-Garré-Kirchner como antecedente de sus actuales intrigas contra el movimiento popular. El propio kirchnerismo, como gobierno provincial de Santa Cruz, se ha servido de las tropas federales para vérselas con la pueblada que encabezan los estatales y maestros del sur. Bien mirada, la indignación masiva contra el perdón a los represores se da de cabezas con quienes gobiernan o han gobernado contra la mayoría trabajadora. …y sus límites políticos Pero la crisis del fallo amnistiador tiene un significado más vasto, que tiene que ser visto con atención por todos los trabajadores. El gobierno necesita de un reforzamiento represivo para llevar adelante su ajuste, esto es cierto. Pero ese reforzamiento choca visceralmente con la tradición de lucha que durante décadas exigió en las calles el juicio a los genocidas. Y, más cercanamente, con la tendencia a expresar en la movilización y en la acción directa los más diversos agravios contra el pueblo, algo que desde el Argentinazo hasta hoy ningún gobierno pudo revocar. Los popes del gran capital le exigen al gobierno Cambiemos una drástica reorganización social a costa de la clase obrera. El gobierno aspira a reunir en las elecciones el mandato para llevar adelante esa escalada, que incluye, entre otras medidas, un nuevo desfalco de la Anses a costa de los jubilados, golpes brutales a los convenios colectivos de trabajo y la completa libertad para “reestructurar” empresas a costa de despidos. Los Massa, Stolbizer, Lousteau o el pejotakirchnerismo no cuestionan esta agenda, con la cual han colaborado desde el Congreso. Al presentar sus propias listas, pelearán para que el ajuste se siga llevando adelante a través de un sistema de acuerdos parlamentarios. Por cierto, el principal instrumento del gobierno para esta escalada no es el aparato de represión, sino la burocracia sindical y sus jefes políticos, todos los cuales se preparan para la demagogia electoral, pero no quieren poner piedras en el traslado de la crisis a los trabajadores. Sin embargo, la magnitud de los choques sociales que depara el ajuste oficial excederá al cepo de la burocracia y de los partidos capitalistas. Ahí están para demostrarlo las enormes luchas de este período, como la ocupación de AGR, las huelgas docentes impulsadas por las secciones antiburocráticas, la pueblada santacruceña y las verdaderas rebeliones obreras que están desatando algunas negociaciones paritarias -petroleros, cítricolas tucumanos, azucareros del Tabacal. Pero la posibilidad de responderle a la acción obrera y popular con todo el peso del Estado ha recibido, en esta crisis política y en la Plaza de Mayo del miércoles 10, una fenomenal desautorización. En Estados Unidos, Trump ungió a Macri como el jefe de los gobiernos continentales de ofensiva directa contra las masas. Pero de vuelta al país, el ´Trump’ argentino volvió a verificar que no ha reunido las condiciones políticas para infringirle una derrota duradera a los trabajadores. La izquierda debe trabajar activamente sobre la herida que ha abierto esta crisis al interior de los ajustadores. Mientras la oposición que ha sido cómplice de los jueces amnistiadores se dará por satisfecha con el 10M, nosotros, en cambio, plantearemos un plan de lucha para enjuiciar a esos jueces, contra el protocolo represivo y todas las medidas de limitación al derecho a luchar. El próximo paso de este plan es la movilización convocada, con estas banderas, por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, para el próximo 23 de mayo. Como ya ocurrió varias veces, la lucha democrática vuelve a ser un fantástico terreno de delimitación política entre el gran capital y sus partidos, de un lado -todos ellos colaboradores del genocidio y de su posterior impunidad- y los que defendemos las libertades democráticas para luchar por una transformación social dirigida por los trabajadores. Foto: Paula Acero

11 de mayo de 2017
21% en cuotas: la Uocra arrastra a los obreros a la miseria

El acuerdo firmado por Gerardo Martínez (titular de la Uocra) y la Cámara de la Construcción, ahora homologado por el Ministerio de Trabajo, alcanza el 21% en dos cuotas (abril, 11%, y julio, 10%). Con estas sumas, el básico inicial de la construcción llega a los 10.400 pesos, muy lejos de la canasta básica que ronda los 15.000. Oficialmente, la Uocra consiente salarios por debajo del nivel de pobreza. Este último fue un período de una fructífera relación entre Gerardo Martínez, la Cámara de la Construcción y el gobierno de Macri. El ex Batallón 601 de inteligencia dejó pasar la reforma antiobrera de la ley de ART sin levantar la voz. Justificó los miles de despidos en la industria e incluso cubrió la retirada de los empresarios como Lázaro Báez en Santa Cruz. Y viene de firmar un acuerdo con el gobierno nacional, garantizando la paz social y el aumento del trabajo. Ahora el plan empalme se presta como otro recurso del gobierno para financiar a las patronales, mientras decenas de miles de obreros de la construcción carecen de un puesto de trabajo. ¿Será éste el esquema de reactivación de la obra pública? Los salarios más bajos de la industria subsidiados por el Estado. A cambio de los servicios de Gerardo Martínez, el gobierno colaboraría en la purga de las seccionales más descompuestas de la Uocra. El anuncio de una suba de 1.100 pesos sobre los salarios más bajos de la industria es una cachetada para los cientos de miles de trabajadores de la construcción que dejan la vida -literalmente- todos los días en las obras. No hace más que reafirmar el carácter patronal y empresarial de Gerardo Martínez y la Uocra. Mientras la Uocra cierra este acuerdo ruinoso a espalda de los trabajadores, el Sitraic viene de su Asamblea General, que ratificó que ningún trabajador de la construcción puede ganar menos de 15.000 pesos de básico inicial y que resolvió preparar una acción contra la Cámara Argentina de la Construcción para llevar ahí nuestro reclamo salarial y la reversión del régimen de explotación al cual someten a los obreros de nuestra industria.

11 de mayo de 2017
Golpe de Estado 'judicial'

El fallo de una mayoría de la Corte en favor de aplicar el 2x1 a los condenados por crímenes de lesa humanidad en una supuesta compensación por el período de tiempo que pasaron en prisión preventiva ha abierto una crisis en el gobierno macrista e incluso, potencialmente, una fractura política. Gabriel Sued, en La Nación, señala que “el oficialismo modificó la posición que había adoptado en un primer momento” (9/5) y “que tuvo una posición cambiante en el tema”. En efecto, el ministro de Justicia, Germán Garavano; el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se habían amparado, de entrada, en el "respeto a la división de poderes”. Esta línea de presentar la sentencia como un hecho consumado deja ver la complicidad oficial. No podían haber hecho este planteo sin la orden o el aval de Macri. Dos días más tarde, sin embargo, la gobernadora Vidal sorprendió con una condena a la posibilidad de una reducción de penas a los genocidas, luego que “Macri orden(ara) ‘endurecer’ la crítica al fallo” (La Nación, 5/5). El resultado de todo esto no es un cambio de posición de principiros. Es, por el contrario, la punta del ovillo de una nueva operación política para rescatar a la Corte, por medio de proyectos de leyes -tanto de la bancada oficialista como de las opositoras- que dejan en pie la sentencia. Lo destaca, de nuevo, Sued: “La solución política que impulsa la oposición es vista con reparos por los constitucionalistas, que consideran que será muy difícil que la Corte dé marcha atrás. Si el máximo tribunal decidió que rige el principio de la pena más benigna para todo tipo de delitos, ¿por qué aplicaría de manera retroactiva una ley que el Congreso sancione en los próximos días?”. De este modo, el rechazo al 2x1 que pudieran declarar los tribunales inferiores ante presentaciones específicas, podrá ser neutralizado por apelaciones sucesivas hasta la cima del poder judicial. El fallo no es, como alguno pretende, un rayo en cielo sereno, porque viene con antecedentes. Uno de ellos, muy significativo, ocurrió en 2013, cuando la Corte rechazó un recurso extraordinario presentado por un fiscal contra la aceptación del 2x1 por una Cámara Federal -con el argumento capcioso de que no estaba precedido por un amplio debate judicial. La Corte avaló el recorte de la pena por medio de un procedimiento de omisión -un recurso "ingenioso", adoptado por unanimidad, con el voto de dos jueces de entonces: Eugenio Zaffaroni y Enrique Petracchi. Ese rechazo tuvo la intención de evitar una crisis en la Corte si se habilitaba el recurso con la complicidad de los jueces cristinistas. El otro antecedente es la concesión de la prisión domiciliaria, que en la práctica funciona como una liberación oculta. A partir de su nueva composición, desde abril de 2016, el tribunal decidió empeñarse más a fondo, contando con la cruzada de "reconciliación" lanzada por la Iglesia. Curiosamente, unas semanas antes del 2x1, la Corte había acordado declarar la supremacía de la jurisdicción nacional sobre las Cortes Internacionales. El macrismo llegó al gobierno no sólo con un programa sino también con algunas "obligaciones": una deuda política en favor de una amnistía a los condenados por crímenes de lesa humanidad. Es lo que ya había ocurrido con Menem y concluyó con la sanción del indulto a las Juntas. La nave insignia del grupo de presión por la amnistía ha sido el diario La Nación, de estricta obediencia clerical. El editorial de este miércoles 10 sale con los tapones de punta a defender “el sano funcionamiento del estado de derecho”. La tropa macrista tiene que navegar a través de estas presiones y contrapresiones, de una manera similar a la que ocurre en el campo económico entre quienes defienden el ajuste monetario, por un lado y los que reclaman el ajuste fiscal, por el otro. El rechazo popular inmenso a este fallo violatorio de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, acorrala políticamente al macrismo y lo pone frente a un arreglo de cuentas con sus patrocinantes políticos y confesionales. El fallo amnistiador de la Corte tiene la misma finalidad política que tuvo, en su momento, el indulto de Menem o la designación de César Milani en la jefatura del Ejército: restablecer la capacidad de acción política de las fuerzas armadas. Nadie ignora que el Pentágono norteamericano aboga por una militarización continental bajo la hipótesis de la “guerra al narcotráfico”. El fallo amnistiador tiene un contenido político y estratégico inconfundible que se busca disimular con un debate acerca de su dislate jurídico. Todo esto explica la posición que adoptó el Comité Nacional del Partido Obrero en su reunión del fin de semana pasado, al plantear el juicio político a los jueces amnistiadores -que el bloque parlamentario PO-FIT presentó de inmediato en la mañana del lunes 7. La caracterización de nuestro partido es que Argentina asiste a un golpe de Estado de formato 'judicial', porque se trata precisamente de un ataque a las relaciones políticas impuestas por una enorme mayoría popular en la lucha por acabar con la dictadura militar. Forma parte, al menos en ese sentido, de una secuela de golpes de Estado en América Latina con el formato del "estado de derecho".

11 de mayo de 2017
“Se está desarrollando un planteo clasista en Foetra”
Corresponsal

Prensa Obrera entrevistó a Pablo Eibuszyc, de la Naranja Telefónica y candidato a secretario adjunto de la Granate-Blanca en las elecciones del 18 de mayo. -Pablo, contanos un poco cómo ha sido la campaña. -Yo diría que es una gran campaña. Si bien la burocracia de Foetra, la Lista Azul y Blanca (conducida por Iadarola-Marín), adelantó para mayo las elecciones del sindicato, que estaban previstas para julio para impedir una campaña de la lista opositora de largo aliento, de debate con los compañeros, salimos rápidamente a recorrer los lugares de trabajo y estamos recogiendo un apoyo muy importante. Estamos despertando un interés muy grande. Ya hemos recorrido unos 60 edificios y trescientos candidatos forman parte de la lista, de Capital y Gran Buenos Aires. Ya estamos seguros de que vamos a ganar zonas enteras, vamos a ganar zona oeste, hay una disputa en la zona norte muy fuerte, en Capital hay zonas que las vamos a ganar, en la zona sur está más disputado, pero haremos una elección muy importante. Los trabajadores ven la oportunidad de recuperar el sindicato de una conducción que lo tiene totalmente paralizado por los compromisos con las empresas y el gobierno. Por esa razón, la burocracia, en connivencia con las empresas, nos impide el acceso a los edificios para hablar con los trabajadores, por ejemplo en el caso de las móviles, donde votarán miles de trabajadores por primera vez y sólo pueden entrar los candidatos de la Azul y Blanca. Vamos a presentar denuncias en la Justicia y en el Ministerio de Trabajo. Ven el avance de nuestra campaña y nos quieren bloquear el acceso a los compañeros, lo cual está dando lugar a actos en la puerta de los lugares de trabajo. -Han insistido durante la campaña en el deterioro de las condiciones de trabajo… -Hay un punto que es muy fuerte para el gremio telefónico que es la jornada laboral. Históricamente, el gremio tenía una jornada de siete horas; con la dictadura se aumentó la jornada laboral y esto llevó a luchas, incluso bajo el gobierno militar. Con la vuelta a la democracia se recuperó la jornada laboral de siete horas, pero bajo el menemismo, con la privatización, se aumentó la jornada a ocho horas quince minutos, y en la época en que Foetra fue recuperado, que enfrentó la etapa final del menemismo y los primeros años después del Argentinazo, pudimos recuperar de nuevo la jornada de siete horas. Esa conquista hoy está amenazada: la directiva actual de la Azul y Blanca firmó una jornada de nueve horas en el convenio Foetra, es decir que hay un montón de trabajadores de Telefónica y de Telecom, de sectores que manejan la red de comunicación que trabajan ese horario; a la vez, firmó la jornada de nueve horas para los trabajadores de las móviles (los trabajadores de Movistar, Personal y Nextel, que venían de Comercio, fueron encuadrados en un convenio Foetra a la baja, que tiene un salario menor que el del convenio histórico). Por otra parte, los trabajadores que todavía mantienen las siete horas, como se les ha ido reduciendo el salario vía inflación y vía aceptación de topes salariales sucesivos en las paritarias, tienen que recurrir a la hora extra y trabajar los sábados para llegar a fin de mes. Nosotros reivindicamos la jornada de siete horas planteando que tiene que ser para todos los telefónicos y hay que ir por un convenio único, no puede haber un convenio para telefonía fija y otro para telefonía móvil como hay ahora. Tiene que haber un solo convenio, con siete horas y las mejores condiciones de trabajo. -¿Y la Azul y Blanca dejó pasar estos ataques? -La Azul y Blanca, en general, firmó los topes salariales del gobierno y la paz social en todas las paritarias, y no ha enfrentado el tercerismo, salvo en casos muy puntuales. Esto ha ido producto de una cooptación por parte del gobierno anterior que tenía un acuerdo muy fuerte con las telefónicas. Con el cambio de gobierno se han fortalecido el grupo Clarín y Cablevisión en las telecomunicaciones. El cuádruple play va a plantear una reestructuración muy grande, una fusión de sectores y tareas que puede afectar las condiciones de trabajo. Pero la directiva no hace nada ni ha enfrentado los despidos de esta etapa, como en Nextel. Hay una adaptación al macrismo, como hubo en el pasado con el kirchnerismo. Decían que no podíamos luchar porque supuestamente había un “gobierno popular”, y ahora dicen que no se puede luchar porque “el contexto es difícil”. Pero estas empresas no tienen crisis; al revés, están en expansión, se viene ahora todo un tendido e inversión en fibra óptica y hay un cambio tecnológico y de convergencia de los servicios, donde las telefónicas van a sumar televisión por cable a partir de 2018. -¿Cómo se conformó la Granate-Blanca? -Hace cuatro años fuimos en el frente llamado también Granate-Blanca, que congregó a toda la oposición del gremio y sacó el 40% de los votos, pero en estos cuatro años se ha producido un desplazamiento de un sector de la CTA que estaba con nosotros y que había encabezado la lista, y ahora se pasó al campo de la Azul y Blanca. Las agrupaciones que conformamos la Granate-Blanca somos las que rechazamos la cooptación, en oposición a una lista Azul y Blanca burocratizada, con acuerdos con las patronales y los gobiernos. Hemos puesto en pie una lista del activismo y los delegados que estamos luchando. El frente está conformado por numerosas agrupaciones del gremio, la Violeta, la Naranja, la Roja, la Verde-Negra y Telefónicos de Pie, además de Alternativa Telefónica. La oposición a esta dirección pejotista-kirchnerista es antiburocrática y de izquierda, y sus principales candidatos están con el Frente de Izquierda. La Naranja en esto juega un papel fundamental, porque durante todo el tiempo hemos rechazado la cooptación del kirchnerismo, la hemos enfrentado y, de hecho, como agrupación, rompimos con la Azul y Blanca y la criticamos cuando fue cooptada. En la etapa de lucha de la Azul y Blanca nosotros fuimos un factor de impulso a la lucha, impulsamos la pelea para que efectivicen a pasantes y contratados, reconociendo los derechos que tenían, impulsamos la batalla por la paritaria y por la reducción de la jornada laboral a siete horas. Hoy, la Azul y Blanca es una dirección agotada. Han hecho fraudes brutales en las asambleas generales, el más conocido fue la asamblea de Racing por el salario en 2007 y en 2014 hubo un nuevo fraude contra el rechazo a una paritaria a la baja. Creemos que nuestra votación va a ser muy alta. Se está desarrollando un planteo clasista en Foetra, que está creciendo por abajo.

11 de mayo de 2017
25 días de toma en la Universidad del Comahue

El viernes 5 se cumplieron 25 días desde que trabajadoras de limpieza despedidas ocuparon el decanato de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad del Comahue (Unco). Ese día, la dirección de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) se hizo presente en la sede del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reúne a los rectores de todas las universidades nacionales; allí presentamos un escrito en el que reclamamos la inmediata reincorporación de las 10 trabajadoras y el fin de la tercerización laboral en la universidad, y rechazamos el ingreso de la policía -que días atrás había intentado desbaratar la toma en la sede de Río Negro-, violatorio de la autonomía universitaria. El texto iba acompañado por la firma de legisladores como Marcelo Ramal y Laura Marrone, parlamentarios porteños por el Frente de Izquierda. La toma de las trabajadoras de la UNCo pone sobre la mesa una cuestión que afecta a las universidades de todo el país. La tercerización de funciones no docentes, en el caso de las tareas de limpieza, seguridad o mantenimiento, es absolutamente habitual en las casas de estudio, como en otras dependencias estatales. Es la raíz del conflicto que, en estas horas, atraviesa al mismísimo Ministerio de Trabajo de la Nación, sumergido en este fraude laboral. El negocio de la tercerización, que permite amputar derechos laborales y beneficiar a empresas amigas -muchas veces vinculadas a los propios funcionarios-, es moneda común entre rectores y decanos, tanto sean radicales como kirchneristas o “progresistas”. Rápidamente, la toma de las trabajadoras recibió el apoyo y la solidaridad del combativo movimiento obrero, estudiantil y popular de la Patagonia. Se destacó el acompañamiento, entre otros, de los obreros de Zanón, los sindicatos docentes recuperados, organismos de Derechos Humanos y por supuesto de la UJS, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda. No fue esa la actitud de la burocracia sindical no docente de Apunc, que no sólo no acompañó a las trabajadoras despedidas sino que, a lo Pedraza, llegó a hacer una contra-toma de la facultad contra la posibilidad de que se termine la tercerización -negocio en el que está involucrada. Durante estos 25 días de ocupación también sesionó el congreso de la federación estudiantil (FUC). La Cepa (PCR) y La Mella, que buscan presentarse como oposición a Franja Morada a nivel nacional, acordaron darse quórum mutuamente en un congreso en el que los primeros se llevaron la conducción en un bloque con el MNR (Partido Socialista), mientras los segundos quedaron en minoría en un bloque con el kirchnerismo. El congreso fue esclarecedor sobre el carácter de estas agrupaciones, ya que, a pesar de haberse realizado en plena ocupación, el 28 de abril, ninguno de los dos bloques propuso redactar una sola línea ni votar acción alguna en apoyo a la lucha de las trabajadoras despedidas. La UJS y otras agrupaciones de izquierda resolvimos retirarnos, y protagonizamos a los pocos días una marcha al Consejo Superior de la Unco. En un comunicado sobre el conflicto, la Cepa afirma que es un error de las trabajadoras reclamar el pase a planta permanente, ya que “el objetivo de terminar con la tercerización es una lucha a mediano-largo plazo”. La agrupación del PCR, que actúa como pata estudiantil de Carlos Alberto Pescader (el decano “progre” de la facultad tomada), justifica la tercerización impuesta por las autoridades debido al “contexto de la política de ajuste del gobierno de Macri”. La realidad es que el fraude laboral viene de muy atrás, y tampoco es cierto que permita ahorrar dinero a la universidad, ya que obliga a la misma a remunerar las ganancias de las empresas negreras. La Cepa culmina presionando a las trabajadoras para que “formen una cooperativa”, incitándolas a aceptar la auto-explotación al margen del convenio no docente. En esta línea carnera y pro-patronal, reclaman que se retome el “normal desarrollo de las actividades académicas”. La conclusión de estos 25 días de toma en Comahue es clara: la lucha contra la tercerización laboral en la universidad está a la orden del día. La defensa de las trabajadoras de limpieza de la Unco, de su lucha y sus reclamos, requiere de una federación estudiantil independiente de las autoridades.

11 de mayo de 2017
Suteba: la Multicolor le impone límites al fraude

Producto de la repercusión que alcanzó la campaña de denuncia de fraude que tiene organizado el Suteba para las próximas elecciones y de la presentación realizada en el Ministerio de Trabajo de la Nación por la Lista Multicolor, encabezada por Romina del Plá, en contra de este procedimiento fraudulento por parte de la dirección de Roberto Baradel, las autoridades de dicha cartera citaron audiencia de conciliación a las partes. El resultado fue un hecho histórico: la Junta Electoral del Suteba, por primera vez en 30 años, debió dar respuesta a los reclamos de la oposición antiburocrática para transparentar la elección, lo que constituye, en los hechos, un reconocimiento de las irregularidades que hemos denunciado. Como consecuencia, en primer lugar, la Junta Electoral Provincial y las juntas seccionales quedan obligadas a exponer los padrones y permitir que los apoderados de la Multicolor escaneen o fotografíen los mismos, para verificar su limpieza. En segundo lugar, la Junta Electoral deberá dar una respuesta a los cientos de casos denunciados de agregados irregulares en un plazo de 72 horas, los que de no poder justificarse serán separados del padrón general e instalados en un listado de personas que no tienen justificada su condición de docentes ni de afiliados. Aunque es un paso limitado, es un primer gran golpe en el corazón del fraude que realizan todas las burocracias sindicales en las elecciones: la manipulación de los padrones. En tercer lugar, la Junta Electoral, en la que el oficialismo detenta todos sus cargos, se compromete a la entrega de todas las credenciales de fiscales en tiempo y forma. En cuarto lugar, el acta obliga a la Junta Electoral a habilitar a los fiscales generales a observar el escrutinio en las seccionales en que no haya apoderados. En quinto lugar, la Celeste debe hacer entrega del acta de escrutinio en forma inmediata para facilitar la acción de los fiscales el día del comicio. Se estableció, asimismo, una nueva reunión en el Ministerio de Trabajo para el lunes 15 de mayo, a los efectos de verificar el cumplimiento de estos acuerdos. Caso contrario, las denuncias de irregularidades seguirán en pie. Se trata de un paso gigantesco en la lucha por instaurar la democracia sindical que la dictadura de los cuerpos orgánicos de la Celeste de Baradel y Yasky han instaurado en nuestro sindicato. Rabiosa defensa K del unicato de la burocracia sindical Todas las burocracias defienden el principio del unicato sindical. Para ello, se han amparado, y lo siguen haciendo, en la Ley de Asociaciones Sindicales y en la injerencia del Ministerio de Trabajo, al que defienden y apoyan. Así las cosas, en respaldo de Baradel -del fraude y de las prácticas antidemocráticas que reinan en el Suteba-, la Junta Interna kirchnerista del Ministerio de Educación de ATE salió a denunciar a La Multicolor de funcional al macrismo y de querer partir el Suteba. Para quien no lo recuerde, esta junta interna K dejó pasar miles de despidos a fines del año pasado en el Ministerio de Educación, a pesar de la clara intención de los trabajadores de enfrentar los ataques del ministro Bullrich. Se negaron a ocupar el ministerio -el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano, tiene toda una tesis en contra de este método de lucha de los trabajadores-, desinflaron la lucha y entregaron a los despedidos. Pero, además, Yasky, Baradel y Catalano son la corriente sindical que junto a Pablo Micheli y el deggenarismo de Hugo Godoy e Issasi ataron a la CTA al carro del gobierno de De la Rúa, primero, y luego la partieron yendo los primeros detrás de Kirchner y los segundos detrás de la Sociedad Rural. Hoy son los responsables de haber dividido a ATE en tres facciones, a la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) en dos y a la devaluada CTA en tres. La oposición antiburocrática en Suteba milita por la recuperación del sindicato desde hace 30 años. No hemos partido sino defendido el sindicato, ganando nueve seccionales de las más numerosas y aumentando la afiliación en forma exponencial gracias al respeto de la más estricta democracia sindical en nuestros distritos, frente a la desafiliación masiva que existe en las seccionales celestes. El coto impuesto a la arbitrariedad burocrática de parte de la Multicolor es un importante paso en la lucha por el reconocimiento de las minorías, del funcionamiento del Suteba en base a las asambleas y los plenarios provinciales de delegados de escuela con mandato, opuestos a la dictadura de los secretarios generales que han llevado, una vez más, a la docencia a la decepción al entregar la lucha por la actual paritaria. Son como el tero, gritan contra el macrismo en los salones, pero se arrodillan ante él cuando tienen que enfrentar sus ataques.

11 de mayo de 2017
En Salta presentamos nuestro programa y candidatos

El jueves 4 de abril, en una concurrida conferencia, el Partido Obrero presentó su “llamamiento al pueblo de Salta” e hizo públicas sus principales candidaturas de cara a las próximas elecciones. El documento, que se distribuirá masivamente, es un análisis de la situación provincial, de los desafíos que enfrentamos los trabajadores y una propuesta de salida desde el punto de vista de los que viven de su trabajo. Esto, en contraste con el plan de ajuste que aplican Macri y el gobernador, Juan Manuel Urtubey. Nos jugamos a desarrollar una alternativa política de la clase obrera frente a los partidos de la coalición del ajuste, que vienen gobernando desde hace tres décadas y son responsables de la pobreza estructural que azota a una parte importante de los salteños. Entre nuestras principales propuestas de salida se puede destacar la lucha por el salario igual a la canasta familiar, un aumento de emergencia de 8.000 pesos para todos los jubilados y el pase a planta de los precarizados. En Salta, nuestros parlamentarios han estado a la cabeza de la lucha contra las tercerizaciones, destapando los negociados de Urtubey en la salud y organizando a centenares de ordenanzas del sistema educativo. Un voto a nuestros candidatos reforzaría esta cuestión estratégica. Ha sido muy bien recibida nuestra propuesta de nacionalización integral del Yacimiento Norte petrolero, frente a su inminente cierre en manos privadas. Nuestro diputado nacional Pablo López, que ya estuvo fuertemente involucrado con la lucha petrolera y es autor de la ley de indemnización a los ex ypefianos, es el único candidato salteño a diputado nacional que postula una salida de los trabajadores ante la grave crisis en curso. Además, volvimos a referirnos al acuerdo Urtubey-Olmedo, que benefició a este último con la concesión de 350.000 hectáreas de Salta Forestal. Nuestra senadora Gabriela Cerrano y el diputado Claudio Del Plá han presentado una denuncia judicial, planteando la nulidad del acuerdo por incumplimiento de los contratos. Ahora proponemos la recuperación de Salta Forestal para una explotación estatal bajo control de obreros y campesinos. En Salud, rechazamos la política privatista de Urtubey, que acaba de profundizarse con el convenio firmado con Macri, el llamado “seguro universal”. Planteamos una reorganización general del sistema de salud partiendo del principio de garantizar la salud pública en todos los niveles de complejidad como un derecho y la gestión de los hospitales por consejos de trabajadores y profesionales electos en asambleas. Además, decimos que, en lugar del revalúo que Urtubey acaba de anunciar para las viviendas urbanas y su consiguiente impuestazo, las grandes propiedades rurales deben pagar impuestos de acuerdo con el valor de mercado de sus tierras. Estos y otros planteos, que son parte de nuestro accionar cotidiano, serán llevados a decenas de miles de trabajadores salteños en una campaña que arranca ahora. Nuestros candidatos Las nóminas de los principales candidatos han sido producto del debate y las votaciones de la Conferencia Provincial y del Congreso Nacional del Partido Obrero, que acaba de reunirse con una representación de los 24 distritos del país. Para defender el programa anteriormente mencionado, quién mejor que los compañeros que ya han venido mostrándose como protagonistas centrales de estas causas, como es el caso de Claudio Del Plá en Diputados, Pablo López en el Congreso y Cristina Foffani en el Concejo Deliberante de la capital salteña. Ni qué decir de la lucha por la reelección de Gabriela Cerrano en el Senado, quien colocó la agenda de los trabajadores y la mujer por primera vez en la escribanía de la oligarquía local. Nuestros candidatos saldrán a reivindicar el balance de la intervención de nuestro partido, a enfrentar las próximas elecciones, defendiendo los lugares conquistados y sumando más legisladores que refuercen las luchas de los trabajadores contra el ajuste. En la vereda de enfrente estará el cambalache de los que buscan sumar más diputados a Macri y su ajuste antipopular. Los candidatos Diputados nacionales: Pablo López, seguido por Florencia Ruiz y Julio Quintana. Senado Provincial por la capital: Gabriela Cerrano. Diputados provinciales por la capital: Claudio Del Plá, Gabriela Jorge, Rodrigo Tolaba, Carmen Venencia. Diputado provincial por Orán: Samuel Huerga. Concejales de la capital: Cristina Foffani, José Britos, Mirta Hauchana, Alejandro López, Jorgelina Franco, José Cruz.

11 de mayo de 2017
Los docentes de Mendoza podemos recuperar nuestro gremio

El Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (Sute) de Mendoza tendrá elecciones el 15 de junio. El sentido rechazo a la avanzada antieducativa y los topes salariales se combina con un cuadro de disgregación de la conducción burocrática, abriendo para los trabajadores de la educación de Mendoza una oportunidad histórica: la posibilidad de recuperar nuestro gremio, para recomponer el salario, derrotar el ítem aula y defender la educación pública, estatal y gratuita. Avanzada antieducativa Los docentes venimos sufriendo la política de ajuste, endeudamiento y despidos de Mauricio Macri y el gobernador Alfredo Cornejo. En el terreno educativo, el ataque a nuestros salarios y condiciones laborales se complementa con el Operativo Aprender, una prueba externa al sistema educativo y desligada de las condiciones sociales de los alumnos y del cuadro de destrucción de las escuelas, que tiene por fin culpabilizar a la docencia por el vaciamiento educativo. En Mendoza, Cornejo comenzó con el ítem aula. El mismo instituye una doble exigencia de presentismo, que implica un retroceso en nuestros derechos laborales, desconociendo incluso las licencias por violencia de género y enfermedad. Ante todo, se busca con la medida introducir un concepto rabiosamente privatista, el de la productividad en la educación, contraria a la instrucción general del pueblo y orientada a liquidar nuestras conquistas como trabajadores. Cornejo también ha intentado dar de baja a una gran cantidad de suplentes, generalmente en formación para obtener el título docente, bajo el argumento de “fomentar que terminen las carreras”. La intención de fondo es terminar con las escuelas de educación artística, cuyo plantel está mayoritariamente compuesto por suplentes. El cierre de cursos que se está llevando adelante -en su mayoría, en escuelas urbano marginales- completa el cuadro general de ataque y destrucción de la educación pública. Estos embates forman parte de una avanzada general contra los trabajadores en la provincia, atacando nuestros derechos conquistados, interviniendo gremios (como en Judiciales) y desprestigiando nuestros reclamos, luchas y movilizaciones. La Celeste está agotada El accionar de la lista Celeste, conducción del Sute, ha sido de entrega y complicidad. Garantes de las políticas del kirchnerismo, han permitido el avance de la precarización docente y el vaciamiento educativo. Ahora, el sindicato no sólo está paralizado, sino dividido por una interna entre dos ex socios, que es la expresión al interior del gremio de la disgregación del Frente para la Victoria, por lo que se presentaron en dos listas: la Celeste y la Naranja-Azul. El secretario general de la CTA kirchnerista de Mendoza, Gustavo Maure, acaudilla a sectores más tradicionales del PJ y los resabios de lo que fue Kolina (el agrupamiento de Alicia Kirchner), también se apoya en los sectores más “camporistas”. Ninguna de las dos fracciones de la conducción burocrática ha desenvuelto una política para enfrentar la miseria salarial de Macri y Cornejo; su rechazo va sólo de la boca para afuera. El techo del 17% en la paritaria 2017 no fue cuestionado; el sector mayoritario, incluso, lo tenía acordado informalmente con el Ejecutivo, mientras que la minoría no pasó de impulsar alguna que otra medida aislada. Esta situación presenta una enorme oportunidad para superar el agotamiento de la Celeste y recuperar el Sute para la docencia. La oposición Tribuna Docente viene planteando, desde un principio, la necesidad de impulsar plenarios y asambleas conjuntas de toda la oposición para discutir un programa y votar los candidatos; un método de frente único contra la burocracia que permitió recuperar la recuperación del Sutna (Neumático). Este método permitiría poner en movimiento a todo el activismo antiburocrático e interesar a amplios sectores de base de la docencia, fomentando una gran movilización antiburocrática y una recomposición de fuerzas para pelear por el salario, contra el ítem aula y la privatización. Nuestro planteo ha chocado con las posiciones de aparato y de autoconstrucción del resto de las listas opositoras, que rechazan el mecanismo asambleario y de cuerpo de delegados para el armado de un frente antiburocrático, arguyendo que “distorsiona las fuerzas reales al sumar gente que no es activista” -un razonamiento burocrático y sectario desligado del interés general de la docencia. Por su parte, el PTS y su corriente 9 de Abril repite la orientación divisionista que han mantenido en el terreno legislativo y en varias elecciones gremiales (como en gráficos bonaerenses): presentaron una lista de “precandidatos” y pretenden incluso definir los candidatos de las otras listas -un planteo de autoconstrucción que pone en riesgo el frente único antiburocrático. Desde Tribuna Docente lucharemos por la perspectiva de una lista única de la oposición.

11 de mayo de 2017
El 16, la universidad marcha a la Plaza de Mayo

Está convocada una marcha nacional universitaria para el martes 16 de mayo, a las 17 horas, de Congreso a Plaza de Mayo. La marcha será la conclusión de una semana de paro y protesta convocada por los gremios docentes, que se está cumpliendo con gran acatamiento en todas las universidades del país. La UBA volvió a poblarse en estos días de clases públicas, en los pasillos, en las plazas, en las estaciones de trenes y de subtes. El martes, la AGD y la Fuba protagonizamos una bicicleteada en el Obelisco contra el “bicicleteo” en la paritaria docente, que ya lleva más de 80 días sin solución. El miércoles se realizaron clases públicas frente al Rectorado, reclamando por el salario para los miles de docentes ad honorem, el respeto al convenio y el boleto gratuito para todos los estudiantes. Cuando este número de Prensa Obrera esté saliendo a la calle, los Jóvenes Científicos Precarizados (JCP) estarán protagonizando una nueva jornada de lucha frente al Ministerio de Ciencia y Técnica (MinCyT) por el cumplimiento del acta firmada tras la ocupación de diciembre. Operativo Pizzurno En este contexto, las reuniones entre sindicatos docentes y federaciones estudiantiles para organizar la marcha nacional del próximo martes 16 reeditaron la discusión del año pasado sobre el destino de la movilización: si Plaza de Mayo o el Palacio Pizzurno (Ministerio de Educación). La desavenencia sobre el punto, en apariencia insustancial, expresa por el contrario choques de intereses sociales y estrategias políticas opuestas. El gobierno de Macri está interviniendo directamente en la disputa con el objetivo de desarticular el movimiento. El operativo oficial consiste en presionar a los rectores con los fondos del Fundar (4.300 millones), que el Ministerio de Esteban Bullrich maneja a discreción. Aquellos que, como ocurrió el año pasado, decidan alentar la movilización se verían privados del acceso a estos recursos. La presión del gobierno y los rectores tuvo su impacto entre los gremios. El sindicato Fedun, enrolado en la CGT y asimilado al régimen universitario, planteó que no se moverá de Pizzurno, descartando la convocatoria que la AGD-UBA y el Congreso Extraordinario de la Fuba habíamos promovido a Plaza de Mayo. Mientras AGD y la Conadu Histórica van a cumplir 22 días de huelga, Fedun no realizó hasta el momento un solo día de paro. Los gremios docentes y las federaciones estudiantiles dirigidas por el kirchnerismo están vacilando. En un primer momento aceptaron el límite del Palacio Pizzurno en nombre de la “unidad” con los rectores y sus gremios. Pero, luego, la decisión firme de la Fuba y AGD de avanzar hasta Plaza de Mayo los colocó en crisis. En 2016, la defensa de esa "unidad" los aisló en Pizzurno, mientras la masa se abría paso a Plaza de Mayo de la mano de las federaciones docentes y estudiantiles independientes dirigidas por la izquierda. Hoy, las autoridades que encabezan el “operativo Pizzurno” son las que vienen de firmar con el gobierno un plan de privatización de las carreras universitarias; y ahora mismo tercerizan y despiden trabajadores de limpieza en la Universidad del Comahue. La cadena de presiones gobierno-rectores-burocracia sindical es el gran obstáculo a quebrar para derrotar el ajuste y conquistar las reivindicaciones de la universidad pública. Vamos por la victoria El año pasado, la decisión de marchar a Plaza de Mayo fue clave para conquistar el aumento salarial. Fue una demostración de independencia frente al régimen universitario, que presionó al gobierno y lo forzó a entregar el 35% de aumento. Lo mismo ocurrió en la toma de una semana del Conicet promovida por JCP, que logró vencer las trabas de quienes no querían chocar con el Directorio y arrancó la reincorporación de los 500 investigadores. El ajuste y la experiencia de lucha contra ese ajuste ponen al rojo vivo la grieta que desgarra por dentro a la universidad. Lejos de unificarse frente al macrismo, la universidad se divide entre los estudiantes y trabajadores que sufrimos el ajuste, y las autoridades que se valen del mismo para desarrollar sus negocios de posgrados pagos, flexibilización laboral y convenios con empresas. Un año más tarde, el movimiento estudiantil y docente se encuentra frente a la misma disyuntiva. El crecimiento de la lucha podría lograr que hasta las federaciones de Franja Morada, que hasta el momento sólo se dedicaron a atacar las huelgas docentes, terminen plegándose a la movilización. Pero tanto ellos como el kirchnerismo, que co-gobernaron durante doce años las universidades, operan para reducir su alcance, lo cual se refleja geográficamente en el problema de la Plaza de Mayo. La UJS llama a rechazar el operativo del gobierno y la contención montada por los rectores y el régimen universitario. Para conquistar el salario, el convenio, el boleto y todas nuestras reivindicaciones copemos el 16 la Plaza del poder político junto a la Fuba, la AGD y JCP. La llave para ganar es reforzar la comprensión, la organización y la acción independiente de estudiantes y trabajadores.

11 de mayo de 2017
De la huelga a la carpa y de la carpa a la carta

La gobernadora Vidal descontó sumas brutales y en forma masiva a los docentes que sostuvieron las huelgas que la dirección del Suteba levantó a cambio de nada. Mantiene la propuesta inaceptable del 19 por ciento en cuatro cuotas, la intención de instalar el presentismo y avanzar en la destrucción de las condiciones laborales docentes. Apuesta al desgaste de los trabajadores de la educación, amparada por la pasividad de la burocracia sindical. Vidal vuelve a desconocer, otra vez, un fallo de la Justicia, esta vez de la jueza María Ventura Rodríguez, que ordenó que se abstenga de realizar descuentos por días de paro y, en caso en que ya lo hubiera hecho, lo devuelva "inmediatamente", así como que la Dirección General de Cultura y Educación liquide y abone los haberes de los 280.000 maestros conforme a la última propuesta salarial que haya realizado, a cuenta del convenio de paritarias que finalmente se acuerde. Este fallo, aplaudido por los gremios del Frente de Unidad Docente que Suteba integra junto a FEB y otros, como se ve, no resuelve nada, pero sí ordena a los gremios que en el plazo de 30 días no deberían realizar paros ni ninguna otra forma de protesta que implique pérdidas de clases. La gobernadora mantuvo los descuentos y depositó una cifra irrisoria de entre 1.000 y 2.500 pesos. La dirección de Roberto Baradel dilapidó la energía desplegada por los docentes en la huelga, con la consecuencia de que hoy los maestros y profesores cobran salarios congelados al mes de agosto de 2016 y de que, descuentos mediantes, los sueldos percibidos en mayo son inferiores a los de los meses pasados. El balance en las escuelas es lapidario respecto de la dirección celeste, que defraudó la confianza de los docentes que salieron a la lucha unidos y dispuestos a ir hasta el final para quebrar el ataque de la gobernadora macrista. La respuesta del Suteba y de los demás gremios ha sido enviar una carta documento a la gobernadora, intimándola a cumplir este fallo que obliga a los sindicatos a no realizar medidas de fuerza durante un mes, mientras se resuelva la discusión de la paritaria docente más larga y más ruinosa de la historia de la docencia bonaerense. Caso contrario, amenazan con un paro, aislado e inconsulto, para cubrir las formas a días de las elecciones del 17 de mayo de Suteba. El balance es claro. La dirección celeste de Ctera-Suteba, que apoya a las gobernadoras ajustadoras del FpV como Rosana Bertone y Alicia Kirchner, es impotente para enfrentar a la ajustadora Vidal. Para dar vuelta esta realidad necesitamos un Suteba que realmente represente a los docentes para ganar, basado en la democracia sindical y en la independencia de todos los gobiernos. El 17 de mayo votemos y fiscalicemos masivamente por la Multicolor.

11 de mayo de 2017
Santa Fe proclamó los candidatos y lanzó la campaña

El sábado 29 de abril, el Partido Obrero de Santa Fe realizó su Conferencia Electoral provincial. Con la presencia de compañeros de una decena de ciudades de la provincia, la Conferencia abordó una caracterización de la situación en Santa Fe, discutió los ejes y tareas de campaña, y votó a todos sus candidatos para las listas del Frente de Izquierda. Los “socialistas” en la coalición del ajuste El gobernador del Partido Socialista, Miguel Lifschitz, forma parte, junto al resto de los gobernadores, de la coalición que, junto a Macri, despliegan un ajuste sobre el conjunto de los trabajadores. Esto se expresó en el acompañamiento de sus diputados (con Binner a la cabeza), de las principales leyes macristas, como el pacto con los fondos buitre o la ley del blanqueo de capitales. Lifschitz puso en marcha por cuenta propia un fuerte ataque a las condiciones de vida de los santafesinos. Recostado en el auxilio de la burocracia sindical, Lifschitz operó para clausurar las paritarias provinciales a la baja para estatales, docentes y municipales con aumentos en cuotas y que anualizados rozan el 20%. Los tarifazos son sistemáticos, en el transporte, TGI, en la distribuidora provincial de energía, en la privada Litoral Gas. Las empresas radicadas en la provincia están en sendos planes de despidos, suspensiones o retiros voluntarios. Estos ataques a los trabajadores son acompañados de una eximición de la carga estatal sobre la clase capitalista. Es el caso del apoyo “socialista” a la quita de retenciones que tiene un retorno como coparticipación. O de la reforma tributaria provincial que beneficia a miles de empresas, aprobada a finales del año pasado. Este deliberado desfinanciamiento del Estado en función de sostener a la clase capitalista es la “piedra libre” para que Lifschitz endeude a la provincia en dólares y la entregue en bandeja al capital financiero internacional. Las expresiones de pelea contra el ajuste por parte de la clase obrera se han reproducido en los últimos meses. La lucha de los docentes, con Amsafe Rosario como un motor clave; la pelea que continúan los trabajadores de GM contra las suspensiones que, a término, significarán despidos; el reclamo del movimiento obrero del Cordón Industrial de San Lorenzo por un salario de 27 mil pesos para todos los trabajadores. Las elecciones estarán cruzadas por una intensa lucha de clases en toda la provincia y, fundamentalmente, en el movimiento obrero y sus organizaciones. La batalla electoral La Conferencia caracterizó el escenario y los reagrupamientos camino a las elecciones. El frente gobernante (el Partido Socialista sumado a los radicales) está quebrado. Iremos a una elección en la cual habrá radicales oficialistas y radicales opositores asimilados a Cambiemos. Cambiemos tendrá numerosas listas internas. Lo mismo sucederá en el PJ, que incluirá al kirchnerismo. La batalla contra el macrismo por parte de los “nacionales y populares” será, en definitiva, pelear algún lugarcito expectable en las listas municipales y a diputados nacional, detrás del PJ de derecha. El Movimiento Sindical Rosarino está en esa fiesta a ver qué lugar le toca. Por su parte, Del Frade y el Frente Social y Popular (PCR, Patria Grande, MST, Unidad Popular) buscan reeditar las experiencias de los armados de centroizquierda del pasado que no condujeron a los trabajadores a ningún sitio. Por estos días, al mismo tiempo que lanzan sus candidaturas, llaman al sector del PS de Giustinianni a hacer un frente electoral, y van a los actos e iniciativas de la burocracia sindical kirchnerista de la provincia que entregó todas las luchas obreras de los últimos meses. Mientras el Frente de Izquierda se opone y denuncia a la coalición del ajuste que integran todos los partidos de Estado (Cambiemos, Partido Socialista y Frente para la Victoria), con el soporte de la burocracia sindical, Del Frade busca por todos los medios una alianza con parte de esa coalición del ajuste. En Rosario, el grupo de Ciudad Futura, luego de sacar el 16% de los votos en 2015 y obtener tres concejales, ha fracasado rotundamente. Su participación en el Concejo Deliberante no ha servido para impulsar ninguna reivindicación obrera o popular. Sus proyectos han sido para preservar su aparato político, como la habilitación de su centro cultural o el rescate de la cooperativa de un tambo. A la par de esto, su asimilación al régimen y a los partidos del ajuste se aceleró fuertemente. Se pronunciaron por el apoyo del endeudamiento de Rosario en manos del capital financiero internacional, aceptaron la invasión de gendarmes a la ciudad en nombre del combate contra el narcotráfico. Por estas horas pretenden un frente electoral al menos con un sector del radicalismo de la ciudad, con el cual han llevado una agenda legislativa común. Vamos con todo El Partido Obrero se lanza a la campaña con una agenda provincial durante mayo, explicando nuestro programa en oposición a la coalición del ajuste de Macri y Lifschitz. La salida de una plataforma provincial contendrá nuestros planteos: salario igual a la canasta familiar, 27 mil para todos como proponen los trabajadores del cordón industrial. Ningún despido ni suspensión, ocupación de toda fábrica que cierre o despida y reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. Por el triunfo de todas las luchas en curso. Frente a la tentativa de que los costos de la crisis la paguen los trabajadores, planteamos un programa económico dirigido y discutido por los trabajadores, que plantee terminar con la sangría de la deuda usuraria, por la nacionalización de los bancos y el control del comercio exterior para que los recursos estén al servicio del desarrollo nacional. La nacionalización de los puertos privados y el control de las exportaciones cobra gran valor al tratarse de Santa Fe, ya que aquí se encuentran los grupos concentrados agroexportadores del país. Se resolvió una fuerte campaña sobre una decena de gremios, sobre comisiones internas, cuerpos de delegados y activistas, con pronunciamientos masivos por un congreso del movimiento obrero y la izquierda. Al mismo tiempo, un intenso trabajo en la universidad (UNR y UNL) con la carta enviada a los partidos del Frente de Izquierda, proponiendo listas únicas y un rumbo para el FIT. El Partido Obrero de Santa Fe sale a dar batalla electoral en todas sus facetas. Manos a la obra. Foto: Portillo Fotografía

11 de mayo de 2017
Gran elección clasista en Acindar

El 4 y 5 de mayo se realizaron las elecciones a Comisión Interna de una de las principales siderúrgicas del país. En Acindar Villa Constitución, el método de elección es nominal, los postulantes a la Interna tienen que ser delegados y votan todos los trabajadores de planta. En la fábrica trabajan unos 2.000 metalúrgicos, la mitad son de planta y la otra mitad son de empresas tercerizadas, que también tienen su Comisión Interna. Entrevistamos a Christian Míguez, integrante de la agrupación El Martinete de Acindar y dirigente de la Coordinadora Sindical Clasista, que fue votado por el 46% de los trabajadores. “Esto es el resultado del trabajo que venimos desarrollando con la agrupación El Martinete dentro de Acindar donde, en primera instancia, hubo que romper con el macartismo instalado por la burocracia paulonista (histórico dirigente K de la UOM y de la CTA yaskista) hoy prácticamente extinta. En esta nueva etapa, con Macri en el poder y una empresa envalentonada, es vital la aplicación de políticas clasistas y los trabajadores así lo entienden. Este es un nuevo ejemplo, el cual demuestra que el trabajo desde las agrupaciones funciona. El resultado de esta elección nos posiciona muy bien para seguir impulsando nuestra política, reforzar la agrupación y seguir construyendo conciencia obrera y socialista que enfrente, tanto a las empresas como a los gobiernos antiobreros, capitalistas y entreguistas”. Sobre la paritaria metalúrgica, Míguez nos explicó que “estamos ante una paritaria con un doble techo a romper: el 18% que busca imponer el gobierno y el 30% impuesto por la burocracia”. “Fueron varias las seccionales que en el Congreso Nacional hicieron el planteo de ir por encima de un 40%, que es lo que realmente se perdió de salarios entre la devaluación y los tarifazos. Reclamo que no fue tomado por la dirección de la UOM que fijo así el pedido del 30%. Hoy, el ingreso mínimo global de referencia metalúrgico apenas supera los 10.000 pesos, siendo el costo de la canasta básica, según los datos oficiales, de casi 14.000. Esta paritaria fija salarios hasta marzo de 2018, lo que deja más que claro que es necesario un aumento superior al 40%”. “El salario de los metalúrgicos quedó dentro de los más bajos de la industria y durante el kirchnerismo, más allá de que Caló hizo un seguimiento ciego, lo único que consiguió fue asegurar un convenio de hambre y la pérdida de miles de puestos de trabajo. Todo, sin siquiera hacer un amague de plan de lucha. Es momento de demostrar que se los puede derrotar. Ya en la paritaria del año pasado se vieron condicionados por las bases. Son muchas las seccionales donde son elegidos cada vez más delegados y comisiones internas combativas. Debemos coordinar este surgimiento para así conseguir las seccionales y transformar a la UOM en un sindicato clasista”.

11 de mayo de 2017
Lacteos: La burocracia de Atilra entrega conquistas de los trabajadores

La burocracia del sindicato de la industria lechera (Atilra) que encabeza Héctor Ponce, levantó -mientras se realizaba- el paro de 24 horas que había decretado para reclamarle al gobierno nacional que efectivizara el préstamo de 450 millones de pesos para la cooperativa Sancor, que se encuentra en medio de una profunda crisis y, lapicera en mano, firmó un acuerdo donde concede todo lo que pedían el macrismo y las patronales, no sólo respecto de ese conflicto sino también en materia de las condiciones de trabajo de todos los obreros de la actividad. Según consta en el acta del acuerdo que saludan alborozados todos los medios oficialistas, la burocracia asumió para un “futuro próximo” el "compromiso de (negociar) un nuevo convenio colectivo de trabajo donde se "mejoren" las condiciones de trabajo para los productores y la industria”; es decir, una liquidación de conquistas de los trabajadores lácteos, aumentando la superexplotación, con la excusa de “hacer más competitivas a las empresas”, como lo transmitía una nota de La Nación (24/4). A esa negociación se le sumará el reclamo de las lácteas y el gobierno -con el mismo pretexto- de que el sindicato acepte un congelamiento de salarios para el segundo semestre, manteniendo como único incremento para todo el año el 13,8% acordado en la última paritaria semestral. El acuerdo firmado por Atilra implicará la pulverización del convenio colectivo de los trabajadores lácteos, ya que incluirá el endurecimiento del presentismo, la eliminación de licencias pagas y reemplazando el pago de horas extras por turnos rotativos. La burocracia de Atilra también decidió abrir sus propios bolsillos. Aceptó que el denominado “bono solidario”, que era un monto equivalente a casi 3.900 pesos mensuales por trabajador (que la dirección sindical de Ponce manejaba a discreción) fuera reducido a la mitad en el caso de las empresas grandes y medianas, y a la cuarta parte en el de las pymes. La ofensiva contra los trabajadores lecheros tuvo como protagonista al propio Mauricio Macri, quien, días atrás, calificó de “pésimo” (para los empresarios) el convenio colectivo actual de los trabajadores lácteos y reclamó otro a la baja. Como destaca el oficialista La Nación (6/5), la opinión no resulta desinteresada: dos integrantes del gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, así como la familia del secretario de Comercio, Miguel Braun, son accionistas de Pampa Cheese, una empresa santafesina del sector, que reclamó judicialmente contra el “bono solidario” y, claro está, pide el convenio a la baja. En cuanto a la situación de Sancor, el gobierno mantiene la extorsión en toda la línea. Por un lado, no le entrega el monto del crédito a la cooperativa sino que lo coloca en un fideicomiso para utilizar el dinero como presión, con el objetivo de hacerle cumplir los reclamos oficiales y de los potenciales compradores de Sancor, de producir una profunda reestructuración de la empresa que incluya el despido de alrededor de 1.500 de los 4.000 obreros actuales. Y el “trabajo sucio” debería ser hecho por la actual patronal. Pero la crisis de Sancor y de la industria láctea en general se asienta, fundamentalmente, en que el consumo de leche ha caído desde 2015 hasta ahora en un 30%. Esto es lo que está en la base del colapso del sector y no el exceso de personal, que ha pasado a ser el latiguillo sobre el que vienen batiendo el parche la patronal y también la propaganda oficial. Hay que rechazar la extorsión del gobierno y las patronales. Ningún despido. Los trabajadores no sobran, sino que faltan, si tenemos en cuenta las necesidades populares, que deberían ir de la mano de una reactivación de la producción a los fines de satisfacer el consumo de los productos lácteos, que son prioritarios. Los obreros de Sancor y los de las demás compañías lácteas que piden que la crisis la paguen los trabajadores, deben tener acceso a toda la información sobre la realidad de la cooperativa y de las negociaciones en curso, y no ser convidados de piedra; que se abran los libros y las cuentas de las empresas.

11 de mayo de 2017
Paritaria: la base por un lado, la conducción por otro
Corresponsal

En el plenario de delegados de la AGTSyP que trató la paritaria y el reclamo salarial, la conducción kirchnerista del sindicato bloqueó totalmente la posibilidad de una lucha por esos puntos. El cuadro es el siguiente: lleva más de dos meses de caído el convenio; un plenario previo de delegados votó el pliego de un 35% de aumento; eliminación del impuesto al salario y mejoras de las condiciones de trabajo; hubo pronunciamientos de los sectores de tráfico de las líneas A, B, C y D, talleres Constitución y San José, a favor de asambleas en todos los sectores para lanzar una movilización, y un plan de lucha por el pliego votado. En un andarivel paralelo, la burocracia de la UTA viene dando largas a su paritaria, para subordinar salarios a las necesidades patronales. Fernández acaba de reclamar un 25%, diez puntos debajo de la recuperación salarial. Mientras tanto, en medio de un año electoral, gobierno y empresas demoran en acordar acerca de subsidios y precio de pasajes. Con la oreja en la base Los pronunciamientos de los sectores de tráfico y talleres se recogieron en una amplia recorrida que realizó Christian Paletti, delegado de talleres y paritario electo por el cuerpo de delegados, junto a otros delegados de la Naranja del Subte, una vez que la conducción ignoró un pedido de reunión para resolver iniciativas gremiales ante el bicicleteo de gobierno y patronal. Los argumentos y propuestas de la conducción K son los típicos de la CTA: que no se dan las condiciones, que el enfrentamiento sería duro y directo con el gobierno de Rodríguez Larreta, que “van a denunciarnos por tener sueldos altos”, que otros gremios están firmando por el 20%. ¿La propuesta? Batucadas con pecheras y brazaletes alusivos, que se iniciarán… cuando las pecheras estén listas (!). En una palabra, distraer y ganar tiempo, mientras el “Narigón” Fernández firma por UTA y se cierra el capítulo. Una política frenadora que aísla a los trabajadores del Subte del resto de los gremios que están peleando sus paritarias. Una nota a destacar: la postura de la directiva fue unánime, de la mayoría kirchnerista y la minoría compuesta por una alianza del PTS y un agrupamiento kirchnerista disidente (Bordó-Violeta). Los delegados Naranja seguirán apelando a la base del subte para promover asambleas que hagan valer la tendencia existente a pelear por la defensa del nivel de vida y contra la flexibilización laboral que viene aplicando el macrismo.

11 de mayo de 2017
Parazo en Cresta Roja

El viernes pasado, cuando las indemnizaciones que había comprometido Proteínsa (el consorcio armado entre Ovoprot, Tanacorsa y el grupo Laclau para quedarse con Cresta Roja) no aparecían en sus cuentas, los trabajadores se rebelaron y detuvieron la producción del turno tarde. Tras el fin de semana, el lunes, ambas plantas volvieron a parar. Y, luego, una asamblea ratificó la continuidad del paro en la decisiva Planta 2 hasta el viernes. “Es que la empresa que se hizo dueña en el último período, incumplió con el pago de las indemnizaciones comprometidas ante la jueza. Tampoco avanzó con las reincorporaciones, lo que dejó sin trabajo a más de mil trabajadores”, denuncian los trabajadores. Voceros de la patronal se acercaron a pedirles que acompañen a la empresa “en este difícil momento”, porque el gobierno les habría soltado la mano y la jueza les impide vender propiedades del grupo con las cuales tenían pensado pagar las indemnizaciones de quienes siguen trabajando. El conflicto de Cresta Roja -iniciado hace ya tres años- sigue lejos de cerrarse; todavía la mayoría de los despedidos sigue sin poder volver a su puesto de trabajo, algo que desata permanentemente bloqueos, piquetes y paros solidarios. A esto, ahora hay que sumarle el retraso de los pagos indemnizatorios. ¿Salida macrista? El conflicto de Cresta Roja fue elegido varias veces como “ejemplo” por el gobierno de Macri: ante el descalabro creado por la gestión de la familia Rasic (asociada directamente al kirchnerismo a través de enormes negociados con los subsidios), el gobierno se jactaba hasta hace poco tiempo de haberle encontrado una continuidad productiva a través de su entrega a Proteínsa. Pero la salida macrista a la gestión kirchnerista ha empeorado radicalmente las condiciones de trabajo para aquellos que recuperaron sus puestos y aceptaron la reducción del salario y ha obligado a los obreros a resignar a la mayoría de sus conquistas. Aun así, con obreros mucho más baratos, ¡el consorcio Proteínsa se declara insolvente frente a las indemnizaciones y amenaza con la quiebra! ¿Y el STIA? Un dato relevante en todo el proceso de Cresta Roja es la ausencia absoluta de la directiva del sindicato de la Alimentación -que en los últimos días viene de firmar en un 25% la paritaria de la rama avícola sin luchar ni consultar con nadie. Las únicas apariciones del STIA son para defender como única vía los planes de la empresa: de Melenko Rasic antes y de Proteínsa en la actualidad. Los trabajadores de Cresta Roja fueron entregados por el STIA a los vaciadores. Qué planteamos El paro ha demostrado una inmensa capacidad de lucha de los trabajadores; tenemos que llevarla a la victoria. Si Proteínsa dice no tener plata para las indemnizaciones, reclamamos que se abran los libros de la empresa y que se vote una comisión de control obrero compuesta por representantes de todas las plantas de la empresa. Salir adelante significa cobrar todas las deudas y reincorporar a todos los trabajadores; no es presionando a la jueza o apoyando a la empresa que lo vamos a lograr, sino uniendo a todos los trabajadores -a los de afuera y a los de adentro de todas las plantasen una lucha común.