Eran algo más de las 10 de la noche del 19 de diciembre de 2001 cuando las calles del centro de Buenos Aires quedaron ocupadas por decenas de miles que llegaban con un grito contundente: “El estado de sitio se lo meten en el culo”. Ese grito hiriente contra el estado de sitio indicaba el grado de conciencia política alcanzado por las clases medias empobrecidas. El 17 y el 18 habían abundado los saqueos en grandes centros urbanos del país. Esto es: se trataba de un movimiento de amplitud nacional. Contra ellos, el presidente Fernando de la Rúa declaró el estado de sitio a la espera de contar con el respaldo de la pequeña burguesía. De la Rúa se equivocó: aquella clase media empobrecida, saqueada ella misma en sus ahorros por el “corralito”, estaba obsesionada por su propio derrumbe. Entre el estado de sitio de los saqueadores capitalistas y el pueblo explotado, se ponía del lado de este último. En otras palabras: la pequeña burguesía de Buenos Aires se había hecho piquetera, lo cual señalaba la presencia de una situación revolucionaria. Los antecedentes Un año antes, el gobierno de la Alianza (había ganado las elecciones nacionales en 1999) marchaba hacia una declaración internacional de quiebra respecto de la deuda externa. Se terminaba la bicicleta consistente en reciclar una y otra vez una deuda impagable, mientras la producción y las inversiones no hacían más que caer. Un régimen social entero se derrumbaba: en diciembre de 2001, los desocupados eran casi 4 millones. En verdad, se asistía a la disolución del Estado argentino y de todas sus relaciones sociales. Como antes de 1881, cuando se creó la moneda nacional, las provincias emitían dinero por su cuenta y llegó a haber 14 cuasi monedas con las que se pagaban salarios, y a las que nadie reconocía su valor nominal. En la provincia de Buenos Aires hubo una huelga de maestros por tiempo indefinido para exigir que les pagaran en pesos. Frente al flagelo del desempleo se había producido un fenómeno notable: la clase obrera desocupada comenzó a organizarse. Eso fue el movimiento piquetero: una enorme acción obrera por el pan y por el derecho al trabajo. Y, en condiciones de bancarrota capitalista y profunda crisis política, esa demanda condujo a la cuestión del poder. El Argentinazo estuvo precedido por puebladas masivas en General Mosconi y Tartagal, Salta, de los petroleros despedidos de YPF, privatizada por Menen con el respaldo decidido de gobernadores como Néstor Kirchner. También por toda una cantidad de luchas enormes desde el Santiagueñazo en 1993, los comerciantes de Cutral-Có, la población de la Ciudad de Buenos Aires durante el apagón de 1998, los medianos y pequeños fruticultores de Río Negro, las mujeres agrarias, los tractorazos de la Pampa húmeda, las grandes movilizaciones docentes y estudiantiles en Córdoba, los paros generales a partir del año 2000, la ocupación de lugares de trabajo y, sobre todo, el gran corte piquetero de la ruta 3, en La Matanza, en noviembre de 2000. Un reflejo de aquella situación fue el crecimiento electoral de la izquierda en 2000, que llevó a Jorge Altamira a la Legislatura porteña. La Asamblea Nacional Piquetera El gran antecedente inmediato del Argentinazo fue la convocatoria a las dos primeras reuniones de la Asamblea Nacional Piquetera, ambas en La Matanza, en julio y en septiembre de 2001. No fue una reunión de desocupados sino del movimiento obrero: allí estuvieron seccionales de la CTA (Neuquén, Santa Cruz), mineros de Río Turbio, comisiones internas de gráficos y colectiveros, seccionales docentes (no la Ctera, entrampada en una negociación inconducente con un gobierno que se caía) y hasta representantes de pequeños productores agrarios. Muchas de esas organizaciones habían rechazado, tres meses antes, la convocatoria a un congreso nacional piquetero, lo cual indica la velocidad a la que evolucionaba la situación. Entretanto, la lucha obrera y popular se extendía: huelgas en Aerolíneas, estatales, en grandes fábricas como Gatic y Alpargatas, más luchas agrarias, ascenso sostenido del movimiento docente-estudiantil. Invitado, junto con Norma Nassif (CCC) y Claudio Lozano (asesor de la CTA) a dar uno de los informes iniciales de la Asamblea, Altamira señaló la perspectiva estratégica que el movimiento obrero necesitaba darse: la sustitución del gobierno nacional y de los gobiernos provinciales por asambleas constituyentes soberanas, es decir con plenos poderes ejecutivos para proceder “al cese del pago de la deuda externa, la estatización de los bancos bajo control obrero, un impuesto extraordinario a los grandes intereses, el reparto de las horas de trabajo entre la población trabajadora y un mínimo salarial de 600 pesos (el costo de la canasta familiar en ese momento) por una jornada de 8 horas” (Prensa Obrera, 26/7/01). La segunda Asamblea, en septiembre, avanzó en esa línea con un programa de reivindicaciones sindicales y políticas. Los 1.500 delegados de esa segunda Asamblea (un 70 por ciento más que en la primera) representaban a algo más de 30 mil compañeros organizados. El 8 de diciembre, a días de la sublevación, el Bloque Piquetero Nacional levantó una consigna definitiva: “Fuera De la Rúa-Cavallo” (por Domingo Cavallo, ministro de Economía). Ese Bloque, además, tenía dentro de sí la corriente clasista del Polo Obrero, fundado en agosto de 1999, por un gran plenario de trabajadores. El Polo Obrero y el Partido Obrero fueron constructores del Argentinazo. Mirada hacia atrás El Argentinazo fue, en definitiva, el ejercicio directo del derecho a revocatoria de un gobierno agotado, por tanto ilegítimo, aunque electo por los mecanismos de la democracia formal. La renuncia de Cavallo en la madrugada del 20 (cuando la lucha de barricadas llegaba a su punto más alto en los alrededores de la Plaza de Mayo) resultó tardía y no logró detener la movilización. El gobierno, incapaz ya de defenderse a sí mismo, defendió sin embargo las fronteras del poder en la llamada “batalla de la Plaza de Mayo”, en la mañana y la tarde del 20, que costó cinco muertos y centenas de heridos. En total, la represión provocó 39 muertos en todo el país. Las asambleas populares surgieron como hongos después de la lluvia y aterrorizaron a la burguesía, al punto que La Nación llegó a hablar de “soviets” (consejos obreros, en ruso). Por cierto no lo eran, pero había en ellas un asomo del poder que emana del pueblo organizado en las calles, que delibera y ejecuta. Luego, las asambleas populares tropezaron consigo mismas: la consigna “que se vayan todos”, revulsiva en un primer momento por expresar el repudio a un régimen político terminado, acabó por confinar ese repudio a una crisis de representación política y no de organización social. A partir de allí, los mismos personeros repudiados por el Argentinazo se las arreglaron para avanzar en una reconstrucción de la autoridad estatal que, sin embargo, nunca logró remontar las razones de fondo de la bancarrota económica y política que condujo a 2001. Hoy, esas contradicciones sociales se reiteran en una escala superior, con la presencia de un Partido Obrero y un Frente de Izquierda constituidos en referencia política para todo un sector de los explotados. Como dijo el PO en su momento, la resaca del Argentinazo tiene un potencial revolucionario más alto que el Argentinazo mismo.