Prensa Obrera N° 1440

Más de 2 millones de personas se movilizaron el sábado 3 en Corea del Sur para exigir la renuncia de la presidente en una de las manifestaciones más grandes de la historia del país. La nueva “marcha de las velas” fue la sexta movilización de este tipo contra la mandataria Park Geun-hye, envuelta en un escándalo de corrupción y tráfico de influencias, que involucra también a las grandes corporaciones capitalistas que operan en Surcorea. La progresión de la convocatoria muestra el impulso decidido del pueblo coreano: “Según los organizadores, 30.000 personas en todo el país asistieron a la primera demostración a la luz de las velas, el 29 de octubre; 300.000 a la segunda, el 5 de noviembre; 1.060.000 a la tercera, el 12 de noviembre; 960.000 a la cuarta, el 19 de noviembre; y 1,9 millones a la quinta el 26 de noviembre.” Las estimaciones del pasado sábado 3 alcanzan a los 2,32 millones de manifestantes. Un nuevo estímulo para la movilización fue el rechazo popular al discurso de la presidente días antes, en el cual declaró que renunciaría si el Parlamento garantizaba una transición ordenada del poder, lo que muchos caracterizan como una dilación a una renuncia que consideran urgente: “Así, ella busca provocar luchas internas en la Asamblea Nacional. Nosotros (el pueblo) no tenemos otra opción que derribar a la presidente por nuestra propia cuenta”, afirmó un joven manifestante a The Korea Herald (3/12). A fines de esta semana debe votarse el juicio político de la presidente, promovido por los partidos de la oposición. La elección se prevé muy reñida, ya que para aprobar el impeachment se requieren dos tercios de la Asamblea Nacional, lo que implica que los partidos opositores sumen votos de legisladores de Saenuri -el partido de gobierno- disconformes con Park. En este cuadro, 20.000 personas se concentraron el sábado 3 en la sede central de Saenuri, exigiendo la disolución del partido. Un alto dirigente de esta fuerza aseguró públicamente que la presidenta expresó su disposición a renunciar en mayo del año próximo. Lucha de clases El rechazo popular va dirigido también contra la Federación Coreana de Industrias y los “chaebols” -enormes conglomerados capitalistas que controlan la economía del país-, implicados también en el escándalo de sobornos y tráfico de influencias (por elevadas donaciones destinadas a las fundaciones de la amiga de Park, Choi Soon-sil). Muchos de estos pulpos se encuentran en la mira también por la violación de derechos laborales. De Samsung, ya denunciado por condiciones semiesclavas (“los empleados, algunos de ellos menores de edad, soportan hasta 100 horas extraordinarias forzadas por mes, trabajo no remunerado, de pie de 11 a 12 horas, abuso verbal y físico, discriminación grave de edad y sexo -Portafolio, 4/12-), recientemente se filtró un documento dirigido a jefes corporativos que instaba a “aislar a los empleados”, “castigar a los líderes” y “provocar conflictos internos” (ídem). Lo cierto es que la actual crisis de gobierno llega al fin de un año convulsionado por las luchas obreras. Durante 2016, el propósito de los capitalistas y su gobierno de imponer una reforma laboral regresiva fue resistido por un reguero de huelgas en el sector público y privado, que incluyó en septiembre el paro de 50.000 trabajadores de Hyundai. Este cuadro conflictivo se encuentra íntimamente ligado a la crisis económica que vive el país, muy marcada en sectores industriales clave como el naviero. Con este panorama, no está garantizado que la gran movilización popular estimulada por la oposición pueda ser controlada por ésta con el juicio político.

La Unión Europea ha tratado de poner paños fríos a la situación creada a partir del resultado del referéndum italiano. Los dirigentes de la UE declararon que el desenlace de la consulta era un problema “interno” de Italia, que no afectaba la estabilidad del continente; sin embargo, la primera sacudida en los mercados llegó a primera hora, apenas conocidos los guarismos, con una depreciación del euro -que alcanzó sus niveles más bajos de los últimos años- y notables caídas en el sector bancario italiano y europeo, y un desplome de los bonos de la deuda. La reforma política que impulsó el primer ministro Mateo Renzi se orientaba a reforzar los poderes del Ejecutivo en detrimento del parlamento mediante la reducción de las facultades y del número de bancas del Senado y limitando las autonomías regionales. Esa reforma había sido precedida por una modificación previa del régimen electoral, que concentró la representación política en el partido ganador, con el propósito de neutralizar la creciente fragmentación política que enfrenta el país. Este giro bonapartista tenía el propósito de crear un Ejecutivo fuerte, capaz de pilotear la crisis y contar con los resortes necesarios para imponer un ajuste severo contra las masas, Renzi ya había impuesto una reforma laboral que flexibiliza los contratos y la estabilidad laborales, como un modo de descargar el peso de la creciente bancarrota capitalista sobre los hombros de los trabajadores. Es necesario tener presente que Italia es uno de los eslabones más débiles dentro de la frágil y deteriorada economía europea, empezando, en primer lugar, por el sistema bancario. La banca italiana lidera el ranking de incobrables de Europa con el 20 por ciento de su cartera de créditos en esa condición. Ese es el resultado de 15 años de estancamiento. La quiebra industrial ha llevado a la desaparición de miles de empresas y a un desempleo del 11 por ciento. Los sucesivos rescates no han servido para revertir esta situación, pero sí para llevar la deuda pública a las nubes, equivalente al 130% de su PBI. Rescate bancario Una de las principales apuestas de Renzi era apoyarse en un resultado plebiscitario favorable para emprender una restructuración draconiana de los bancos, según el libreto de la Unión Europea. La UE ha impuesto “nuevas reglas”, y reclama ahora que el rescate provenga de los propios acreedores. Los pedidos de Renzi para que el Banco Central Europeo fuera en socorro de Italia han caído en saco roto, de modo tal que el premier italiano empezó a transitar otro camino, que apunta a hacer pagar el peso de un saneamiento bancario a los depositantes, ahorristas y accionistas de la banca. Estas medidas se inscribían en un paquete más general de austeridad. Aunque esta hoja de ruta permitía augurar un escenario convulsivo, era respaldada por el establishment, tanto de Italia como de la Unión Europea y del imperialismo en general. El referéndum contó con el respaldo de un amplio abanico que iba desde Angela Merkel y la Comisión Europea hasta Obama y la poderosa Confederación General de la Industria Italiana, que congrega a los principales empresarios del páís. El No representa un duro golpe a estos planes y constituye un paso más -cuando apenas han transcurrido sólo meses del Brexit- en la tendencia a la desintegración de la Unión Europea. El No masivo es una medida del grado de desencanto e insatisfacción de los trabajadores con la Unión Europea. Lejos de amortiguar las tensiones sociales, la UE, en el marco de la actual bancarrota capitalista, se ha convertido en un factor de agravamiento de esa bancarrota al promover la desregulación laboral y la pérdida de conquistas, y alentar la competencia ruinosa entre los trabajadores del continente. Perspectivas El resultado del referéndum ha encendido más el alerta de la clase capitalista. Está claro que este desenlace abre una mayor volatilidad política y, a caballo de ello, incrementa los riesgos de un defol de la banca italiana que, por su tamaño, es imposible de recatar y terminaría arrastrando al conjunto del sistema europeo. “El mercado tiene entre ceja y ceja a media docena de entidades adicionales (Popolare de Vicenza, Veneto Banca, Carige; Unicredito), cuya recapitalización es ahora menos clara a partir del período de incertidumbre política en la que se ha metido Italia” (El País, 5/7). Esto es lo que explica la “prudencia” con que se están manejando los líderes de la UE, a sabiendas de que están frente a una bomba de tiempo. “Los ministros de Economía de la eurozona han dado tiempo a Italia hasta que resuelva su crisis política (...) darán el margen suficiente a Italia para que forme nuevo gobierno, y no reclamarán los ajustes y reformas que consideran indispensables” (ídem). No se nos puede escapar que si bien el movimiento por el No congregó un arco heterogéneo de fuerzas, el liderazgo de la oposición al gobierno ha correspondido a formaciones políticas de corte nacionalista y de derecha. El Movimiento Cinco Estrellas (M5E) -fundado por el comediante Beppe Grillo, que se define como antipolítico y anti-UE- reclama ahora elecciones anticipadas y un referéndum para retirar a Italia de la Unión Europea. Este planteo es promovido también por las fascistas Liga del Norte y Fratelli d’Italia. El fantasma del Italxit asoma su cabeza. Pero la reciente experiencia del Brexit enseña que la crisis devora a todos los actores, incluidos sus ganadores. Los primeros que fueron llevados puestos por el torbellino que desató el Brexit fueron quienes lo impulsaron. Los “antisistema” han demostrado que no pueden sustraerse a sus limitaciones de clase y al régimen social del cual son tributarios. Eso fue lo que aconteció con Podemos y Syriza. El M5E no es la excepción. En su corto tiempo de vida, este movimiento demostró que no está dispuesto ni tiene intención de sacar los pies del sistema. La alcaldesa de Roma, que integra esa formación, ha sufrido una crisis de gabinete en medio de un desgobierno general. La capital italiana se encuentra envuelta en un caos, con las calles repletas de basura y el transporte público paralizado. Los “grillini” han revelado rápidamente su incapacidad de abrir un rumbo alternativo y superador a los partidos tradicionales, lo que ha acelerado la crisis en su propio frente interno. Es necesaria una salida de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas que la generaron. La independencia política de la clase obrera italiana aparece como una cuestión vital. Los trabajadores deben emerger como alternativa de poder ante la decadencia de un régimen que plantea como horizonte más privaciones y ataques sin precedentes a quienes viven de su trabajo.

- Abolición del impuesto al salario - Pase a planta de los precarizados - Paritarias sin techo Los Massa, Pichetto y otros se pavonean por haberle enchufado al gobierno una ley que reduce el impuesto a las Ganancias. Estos “bravos” luchadores consiguieron un mínimo no imponible… ¡apenas un 10% mayor al que rige hoy! Para eso, la CGT abandonó cualquier planteo de lucha. No sólo por el impuesto, sino por miles de compañeros despedidos. Mientras se anuncian aumentos de entre el 66 y el 100% en la tarifa del gas, otros burócratas firman con Vidal acuerdos por el 17% de aumento y por 15 meses. La conclusión es clara: los socios del ajuste no nos van a salvar de esta escalada contra el salario y el derecho al trabajo. Mucho menos, sus laderos sindicales o seudopiqueteros, que le han asegurado al gobierno una tregua indefinida. Tomemos la lucha en nuestras manos. Recuperemos a nuestras organizaciones para la defensa de nuestras conquistas amenazadas. Contra la tregua, por una salida de los trabajadores, marchemos este 20 de diciembre a Plaza de Mayo.

En el marco del Festival Latinoamericano de la Clase Obrera, el miércoles 30, en el Centro Cultural León León se presentó “Inocentes”, del grupo Morena Cantero Jrs. El drama, en 25 minutos, evoca textos de luchas obreras desde la Guerra Civil española hasta la actualidad. Luego de los aplausos de la concurrencia que colmó la sala, los artistas invitaron a Julián Morcillo, en su carácter de organizador del festival, a dirigir unas palabras. Julián señaló que el Felco nació como eco de las rebeliones populares de la década pasada -entre ellas, el levantamiento boliviano que derrocó a Sánchez de Losada- luego estuvo en Brasil, Chile y Uruguay. “La novedad que trae el festival -dijo- diferenciándolo los otros festivales, está establecida en su slogan ‘Un festival de otra clase’, que sintetiza el programa que orienta su convocatoria, ligado a las luchas históricas de la clase obrera contra el capital. Y que originalmente lo organizaron los cineastas documentalistas de Ojo Obrero y en ediciones siguientes la perspectiva se abrió hacia otras disciplinas artísticas”. Terminó su alocución invitando a los presentes a la asamblea del 17 de diciembre-, donde se debatirá un balance y el documento para la nueva convocatoria. “Nenina”, el monólogo que plantea la necesidad de la lucha contra la opresión de la mujer, actuado en dieciséis unipersonales y una versión colectiva -con todas las actrices en escena- estrenó sus primeras seis versiones en Paraje Arteson. Coqueta sala de teatro independiente del barrio de Almagro, donde en el foyer hay un afiche del Frente de Izquierda realizado por el dueño de la sala. En el estreno número 7, ya en León León (el festival se realiza en diferentes sedes de Capital y provincia) se dirigió a la concurrencia Andrés, otro organizador, señalando que es también una instancia de reagrupamiento de los artistas para reflexionar sobre su situación y sus reivindicaciones. Al momento de elaborar esta nota, la “cuadrilla” de 16 actrices que se dieron en llamar provisoriamente “Neninas”, estarán teniendo su primer asamblea, que definirá el futuro de la obra considerando su posición hacia la asamblea general del Felco y la posibilidad de hacer funciones, a las que ya han sido invitadas -en San Isidro, provincia de Buenos Aires y un festival inauguración de local en Parque Lezama, en Capital Federal. Lo propio hará, el miércoles siguiente, el grupo Morena Cantero Jrs., en su asamblea.

El libro de Silvia Federici, Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria, ha despertado un comprensible interés en la medida que sus planteos tocan puntos sensibles de los debates sobre las perspectivas y el alcance de la movilización de las mujeres y su relación con el régimen capitalista. Rechazando la idea de un “patriarcado transhistórico” que habría permanecido como un factor condicionante de la posición de las mujeres a través de diferentes etapas históricas y para diferentes clases sociales, el libro es un esfuerzo por explicar la opresión de la mujer en la sociedad actual como un fenómeno estrictamente capitalista. Ocurre que la “llamada acumulación originaria”, el período histórico en el cual el régimen capitalista se abre paso mediante la expropiación del campesinado a sangre y fuego, de la acumulación de capital a través de la esclavitud en las plantaciones, o de la violenta explotación de los indígenas en las minas del “nuevo mundo”, es también una etapa de genocidio contra la mujer. 100.000 mujeres, se estima, fueron quemadas en las hogueras de la caza de brujas, otras tantas fueron torturadas y estigmatizadas bajo los mismos cargos. ¿A qué se debió esta cacería? La autora relaciona este fenómeno con la degradación de la condición social de las mujeres en el marco del ascenso del capitalismo. Para la vieja comunidad campesina, sostiene Federici, existía una unidad entre el proceso de producción de la vida social y el de reproducción, interviniendo la mujer en ambos. Bajo estas relaciones sociales, las mujeres controlaban el terreno específico de la reproducción, como parteras, comadronas, o incluso, de acuerdo a las creencias de la época, hechiceras. El desarrollo del capitalismo, que condena a crecientes masas campesinas en la Europa moderna a la dependencia salarial, afecta especialmente al rol de las mujeres, que se ve degradado y reducido fundamentalmente al trabajo gratuito en la esfera de la reproducción, el trabajo doméstico. El trabajo doméstico gratuito de la mujer facilita la hiper explotación laboral masculina. Luego, sobre este fenómeno, se da la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, pero manteniendo su rol en el hogar. Es el surgimiento de la doble opresión, la opresión de género como una palanca más de la explotación capitalista. La degradación de la mujer afecta a todos los planos. El control de los nacimientos pasa a estar gradualmente en manos de “especialistas” médicos del Estado, se prohíben diferentes formas de control de la natalidad, incluido el aborto. La producción de la fuerza de trabajo exige el control estatal de la reproducción, que es un control del cuerpo de la mujer. No es casualidad que miles de mujeres fueran llevadas a la hoguera acusadas de diferentes formas de control de la natalidad o la población. La degradación de la mujer es ligada a la expropiación del campesinado, asociada por Federici al resto de las formas de explotación extra económica propias de la acumulación originaria: la esclavitud de las plantaciones, la explotación de los indígenas en América, etc. En este terreno, el capitalismo nunca ha superado las condiciones de la acumulación originaria. Tanto en la opresión de la mujer, como en lo que hace a la desposesión del campesinado o el esclavismo: las formas brutales propias de la acumulación primitiva se desarrollan en forma acentuada en la etapa actual del capitalismo, que en cada etapa combina “la relación salario – no salario” como instrumento de divisiones al interior de la clase trabajadora, de acumulación y de hiper explotación laboral. Sobre la base de estos fenómenos, la autora construye una imagen del desarrollo capitalista como un fenómeno exento de toda progresividad, a diferencia del marxismo, que valora el desarrollo de las fuerzas productivas, la división social del trabajo, el mercado mundial capitalista, y la quiebra de las viejas relaciones feudales como aspectos progresivos del desarrollo capitalista, en la medida que permiten sentar las premisas del socialismo. Esta apreciación se relaciona con la tesis de que el desarrollo capitalista es un fenómeno “contra revolucionario” con relación a las rebeliones campesinas contra el feudalismo. Pero esta tesis solamente se puede sostener ignorando las revoluciones burguesas contra el feudalismo. Esto lleva a inconsistencias en el análisis, como considerar el siglo XVIII como aquel en el cual la clase dominante se “siente segura de su propio poder” (fin de la caza de brujas), cuando en realidad fue el siglo que incubó la mayor transformación revolucionaria del período, la Revolución Francesa. De estas premisas se deriva un punto de vista de rechazo al capitalismo sobre la base de reivindicar viejas formas de vida comunitarias: un punto de vista que estuvo en boga en el auge de las corrientes autonomistas a fin de los años ’90. Estas experiencias políticas, en general, terminaron, en América Latina, en la integración a los gobiernos nacionalistas o pequeño burgueses de la década del 2000. Se pasó, así, de la utopía romántica a la colaboración de clases, en un período en el cual, más que nunca, la crisis mundial y la barbarie capitalista ponen a la orden del día la lucha por el socialismo.

Las audiencias que se están realizando en estos días, en distintos puntos del país, para establecer el porcentaje del aumento que recibirán las empresas transportistas y distribuidoras de gas vienen a terminar de convalidar un sistema de tarifazos permanentes, cuya aplicación conlleva una confiscación de los usuarios en beneficio de un puñado de empresas privatizadas. En octubre pasado, el gobierno premió a las petroleras con un aumento que osciló entre el 200 y el 400% para el gas en boca de pozo, sin haber hecho públicos los verdaderos costos de extracción y tomando como parámetro el precio de importación del mismo. Con ello, se estableció un régimen de ajustes semestrales en función de un sendero de valores en dólares hasta 2019. Ahora, llegó el turno de premiar a las empresas transportadoras y distribuidoras de gas, las otras dos partes que componen el precio final de la boleta de gas. Las empresas que monopolizan el transporte (TGN y TGS) han reclamado un aumento del 26,7%. A ello, debe sumársele la distribución. Metrogas y GasBAN ha pedido aumentos en los cargos fijos y variables. Metrogas ha solicitado un aumento del cargo fijo del 566% y del cargo variable del 27%. GasBAN ha solicitado un aumento del cargo fijo del 110% y del 33% del cargo variable. Este mega-aumento del cargo fijo será para todos los usuarios, ya que aumenta independientemente del consumo. Por ello, perjudica con mayor fuerza a los sectores con menos ingresos que son quienes también menos consumo de gas realizan. El aumento del cargo variable, por su parte, implica beneficios de más del 100% para las empresas, siendo que la distribución representa aproximadamente un cuarto del precio final de la factura. Las distribuidoras y transportadoras también reclaman nuevos aumentos para el año que viene. De aprobarse su propuesta, la tarifa del gas sufriría durante 2017 los siguientes aumentos: en enero y en julio de los montos solicitados hoy (de casi el 600%) y en abril y octubre del que surja de la fórmula de ajuste decidida tras la audiencia pública de septiembre que depende del tipo de cambio y que están autorizados a aplicar automáticamente. Se trata de una seguidilla de aumentos que supera por mucho la inflación del 17% planteada en el Presupuesto 2017. El gobierno utiliza como criterio esta “inflación futura” para imponer techo a las paritarias en un 20% pero las privatizadas ajustarán la tarifa según la inflación acumulada. Estos aumentos, ya de por sí confiscatorios, se agravarán si la presión devaluacionista sobre el peso termina llevando el dólar a los 25 pesos, reclamados por los lobbistas de la Unión Industrial. Este sistema de dolarización injustificado -porque los costos son en pesos y no en dólares- ya colapsó en el pasado con la crisis de 2001. La “emergencia económica” posterior compensó a las empresas con subsidios millonarios, lo cual no fue obstáculo para que realicen juicios por miles de millones de dólares en el Ciadi por incumplimiento de los contratos. Estos juicios, que fueron reconocidos por el gobierno anterior, engrosan la deuda externa del país. Es evidente que la política del gobierno apunta a repetir la misma experiencia que llevó al país a la bancarrota. Si la dolarización de tarifas bajo un tipo de cambio fijo como la convertibilidad permitió ganancias siderales, ni qué hablar de las que generará con un tipo de cambio libre, en medio de presiones devaluatorias explícitas. El lobby devaluador ganará nuevos adeptos, pues del nivel que tenga el tipo de cambio dependerán las ganancias de las privatizadas y petroleras. Es necesario pegar un viraje de 180 grados. En primer lugar, debe anularse la dolarización de tarifas e investigarse el uso dado a los subsidios millonarios que el Estado repartió sin control entre las mismas empresas energéticas que hoy reclaman este tarifazo en nombre de las inversiones que no realizaron en el pasado. Una auditoría independiente debe establecer el verdadero costo de extracción, transporte y distribución, única manera de determinar las tarifas. Un programa de este tipo requiere la nacionalización integral del petróleo y gas, y de las redes monopólicas de transporte y distribución. Abajo el tarifazo! Ahora, frente a la audiencia pública por el precio del gas. pic.twitter.com/lXnb2qBCPE — Partido Obrero (@PartidoObrero) 7 de diciembre de 2016

Las comisiones internas de las fábricas Knorr y Hellmann’s sumaron su apoyo al proyecto de eliminación del impuesto a las Ganancias sobre el salario que presentó la bancada del Frente de Izquierda, encabezada por Néstor Pitrola. De cara al debate parlamentario, el pronunciamiento conjunto de ambas plantas denuncia que “tanto el proyecto de Macri como el que negocia con Massa continúa con la confiscación del salario, mientras la renta financiera, las mineras y el agro son liberados de impuestos” y apunta que el proyecto de Pitrola “es el único que plantea una solución definitiva a este saqueo a los trabajadores”. El proyecto del Frente de Izquierda anula la aplicación del impuesto sobre los salarios de convenio y grava los ingresos de los ejecutivos y directores empresariales, cargos gerenciales, jueces, legisladores y funcionarios con un mínimo no imponible de 69.000 pesos o el equivalente a tres canastas familiares, actualizado según el Indice de Precios al Consumidor. El apoyo de los trabajadores de Hellmann’s y Knorr, ambas empresas pertenecientes al pulpo Unilever, se suma a los de los sindicatos del Neumático, de docentes universitarios y a los de la comisión interna de Aluar-Puerto Madryn.

Las denuncias sobre abusos contra numerosos niños y niñas hipoacúsicos en la provincia de Mendoza están nuevamente evidenciando que la Iglesia católica es una institución que deliberadamente encubre y protege a los curas que torturan y violan, y que cuenta con la plena protección estatal. Además, en este caso nuevamente se pone en evidencia el rol que el propio papa Francisco juega en todo este entramado. La sede Mendoza del Instituto Próvolo, de la Congregación de María, está financiado de manera mixta por los padres que envían allí a sus hijos para tratar la hipoacusia y por el subsidio del Estado provincial. “En 2009, alrededor de 70 personas denunciaron haber sido abusadas y violadas en la sede ubicada en Verona, Italia. Las víctimas -personas mayores y sordomudas- informaron que los hechos ocurrieron entre 1950 y 1984” (Infobae, 28/11). La de Verona es la sede central del instituto. La Justicia italiana no admitió la denuncia, ya que los delitos prescribieron. Sin embargo, como ocurrió con el caso del cura abusador Justo José Illarraz, en Entre Ríos, dicha norma podría tener excepciones, sólo que el Estado italiano acompañó el encubrimiento del Vaticano. Las víctimas de Illaraz, protegido por el clero local hace años y con un traslado a la diócesis de Tucumán, relatan hechos ocurridos en la década del ’80 y ’90. De acuerdo con la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico, algunos de aquellos curas señalados por las denuncias en 2009, recalaron en la Argentina, en la ciudad de La Plata y en Mendoza. El obsipo Giuseppe Zenti, de Verona, acusó a las víctimas de inventar denuncias para extorsionarlo con la sesión de un local (El País, Madrid, 29/1/09). Francisco, cuando era Bergoglio Uno de los acusados por las víctimas de Verona fue el ex obispo de dicha ciudad italiana, Giusseppe Carraro. Cuando estalló el escándalo el obispo, fallecido en 1981, estaba en proceso de beatificación. Los testimonios de alumnos abusados hicieron caer la intención del Vaticano de convertirlo en santo. En 2015, Francisco reinició el proceso de beatificación del obispo abusador a pesar de las denuncias. De acuerdo con las denuncias de la Red, un número indeterminado de curas pedófilos que abusaban de niños en Verona fueron trasladados a La Plata y Mendoza. Este es el caso del ahora detenido Nicola Corradi, uno de los curas abusadores de los niños mendocinos. Este traslado se habría producido en 2009, cuando Jorge Bergoglio era presidente del Episcopado Argentino. Resulta inverosímil pensar que la radicación en Argentina de varios curas que venían de protagonizar un escándalo que involucró incluso a un obispo, que es la representación directa del Estado vaticano, se produjera sin informar a quien en ese momento ejercía el máximo poder clerical. Por entonces, había sido condenado a 15 años de prisión el cura Julio César Grassi, ostensiblemente protegido por el ahora Papa, quien envió a hacer un libro de dos tomos para exculpar al cura abusador. La protección llega hasta hoy, ya que jamás se le quitaron a Grassi los privilegios clericales y conserva intactas sus facultades de cura. Bajo el arzobispado de Bergoglio, otros casos de pedofilia fueron encubiertos por la Iglesia católica, y la actitud de protección hacia los curas alcanzó incluso a los pocos que fueron sentados en estrados judiciales. José Mercau, de la diócesis de San Isidro, fue condenado en 2007 con una pena morigerada. “Los docentes le escribieron a Casaretto cuestionando que en aquel momento Mercau tuviera un defensor particular y los chicos abusados no, y cuestionaron que en el convento de Los Toldos (nota de la autora: donde estaba protegido por el clero) pudiera recibir la visita de menores” (Página/12, 22/12/13). Cuando finalmente fue detenido, los peritos del servicio penitenciario de Marcos Paz recomendaron en varias oportunidades no hacer lugar a los pedidos de excarcelación. Quedó libre en 2014, con pleno derecho a ejercer de sacerdote. Carlos Buela, fundador del Instituto del Verbo Encarnado en la ciudad de San Rafael, debió renunciar a su cargo en 2010, bajo el arzobispado de Bergoglio en el episcopado y el papado de Benedicto. El sacerdote abusador fue reemplazado en dicha institución por el cura Carlos Walker (Prensa Católica, agosto de 2010), a quien se considera cómplice de Buela. “Carlos Miguel Buela fue recluido por el papa Francisco a un monasterio de San Isidro de Dueñas de Palencia (España) luego de que se lo acusara en repetidas ocasiones de abusar sexualmente de otros sacerdotes” (Infobae, 1/12). La investigación italiana del caso del Instituto Próvolo resultó de enorme repercusión. El caso escandalizó fuertemente, ya que en el llamado patio trasero del Estado vaticano se producía una asociación para recibir niños con fuertes problemas para comunicarse, a los cuales se violaba de manera sistemática. Dicho modelo fue trasladado a la Argentina. En todos los casos, los Estados fueron parte del entramado llevando adelante la tercerización de la asistencia a niños necesitados de educación especial y estímulos especiales a manos de abusadores que ya habían sido investigados por la Iglesia italiana. La Iglesia católica se ha convertido en una organización abocada al encubrimiento de la ejecución de uno de los padecimientos más terribles que pueda pesar sobre un niño: el abuso sexual a manos de quienes son sindicados como sus máximos protectores. De esta práctica encubridora de la Iglesia católica y extendidamente denunciada, el cura argentino, ahora papa Francisco, ha sido y es un partícipe fundamental.

Centenares de personas se concentraron el viernes pasado en el Km 0 de la ciudad, convocadas por la Asociación de Sordos de Mendoza, la ONG Madres de hijos con discapacidad y un grupo de padres de víctimas del Instituto Próvolo bajo el lema #NiUnAbusoMas, en repudio de los abusos infantiles acometidos en dicho instituto. La jornada se replicó en la provincia de Salta. Este caso evidenció que el encubrimiento clerical de los curas pedófilos es una práctica corriente y vislumbró la complicidad estatal respecto de las instituciones religiosas, beneficiarias de la asistencia presupuestaria del gobierno provincial, de las mutuales y obras sociales, en desmedro de la educación y salud públicas, tal como lo denunciaron las madres durante la concentración. Ellas relataron que sus hijos llegaban con signos de moretones a sus casas, que eran adjudicados por las autoridades del instituto a las peleas entre los niños. También informaron sobre la escasa formación para comunicarse con lenguaje de señas, que obstaculizó la comunicación entre niños y madres, una muestra más de la perversidad con que actuaron quienes dominaban la tarea de impartir educación y asistencia. En el último allanamiento a las habitaciones de los curas y empleados detenidos se encontró material pornográfico y una suma importante de dinero, de alrededor de 500.000 pesos. Durante la concentración se criticó fuertemente al Arzobispado de Mendoza, que dijo desconocer los antecedentes del cura Nicola Corradi (82) -trasladado a nuestro país desde Italia en 1992 por denuncias de abuso infantil en aquel país- en un intento por desentenderse de la responsabilidad de la jerarquía eclesiástica en estos abusos. El arzopisbado realizó una conferencia de prensa el mismo día, anunciando que a partir del escándalo exigirá una declaración jurada a todo cura que ingrese a la provincia, por pedido del Ejecutivo provincial, que tomó iniciativas casi pasada una semana después de trascendido el hecho. El gobierno de Cambiemos, que encabeza Alfredo Cornejo, también fue duramente criticado por las madres del Próvolo, que rechazaron la ayuda tardía e interesada del arzobispado. La pelota de las responsabilidades por estos abusos va de un lado a otro al interior del gobierno; Cornejo anunció un pedido de investigación al accionar de la Supervisión de Educación Especial, dependiente de la Dirección General de Escuelas. Desde este ministerio atacaron, a su vez, al Ministerio de Salud. Los legisladores del Partido Obrero en el Frente de Izquierda se hicieron presentes en la concentración y recibieron las preocupaciones de las madres que explican la falta de institutos especializados para el tratamiento de niños hipoacúsicos por fuera del Próvolo. Denunciaron que desde el gobierno sólo ofrecen trasladarlos a escuelas especiales, con alumnos que tienen discapacidades mentales, lo que revela el desmantelamiento de la educación especial en la provincia. Ante esto, el senador Víctor da Vila presentó un proyecto para estatizar el instituto, a fin de no dejar sin asistencia a los niños hipoacúsicos. Las demandas por una educación laica, la separación de la Iglesia del Estado, están a la orden del día ante estas revelaciones que han hecho las propias víctimas de los curas pedófilos, que parten de un sistema perverso de privatización y tercerización de la asistencia social.

El diputado Néstor Pitrola, autor del proyecto de ley sobre Ganancias del Partido Obrero apoyado por los cuatro diputados del Frente de Izquierda, rechazó el acuerdo opositor y sostendrá en el debate y en la votación su propio dictamen. Pitrola declaró: “Con estas cifras, la inflación, después de paritarias, volverá a devorar salarios y jubilaciones con Ganancias. Fueron los senadores por orden de sus gobernadores los que fijaron estos Mínimos no Imponibles. La derrota política del gobierno no es un triunfo de los trabajadores, que seguirán pagando Ganancias. El FpV, autor intelectual del Impuesto al Salario, ha sido el centro del acuerdo opositor. Massa fue corresponsable de que no se tratara durante todo el año 2016. Los que fueron gobierno son los mismos que perpetúan la confiscación ante la monumental defraudación del gobierno de Macri a quienes lo votaron con expectativas de terminar con ese impuesto”. “Defenderemos nuestro dictamen, denunciando este pacto que perpetúa Ganancias en los salarios de convenio y jubilaciones, pero ahora por ley. Nuestro dictamen anula Ganancias en salarios, jubilaciones y monotributos. Cuando el tema llegó al Parlamento era para terminar con este flagelo, no para fijar un nuevo Mínimo No Imponible. Para nosotros deben pagar jueces, ejecutivos, funcionarios y legisladores a partir de 69.000 pesos indexados por costo de vida, incluyendo también en ese monto a profesionales independientes.” Pitrola terminó: “El 20 de diciembre estaremos con el clasismo en Plaza de Mayo, reclamando plan de lucha por Ganancias y por todas las reivindicaciones del movimiento obrero, contra la entrega de la burocracia sindical y de los socios políticos y parlamentarios del ajuste”.

El congreso de Adosac ha resuelto un paro general desde el 1° de diciembre y hasta que se cobre el sueldo completo de noviembre y se fije una fecha para el cobro de los aguinaldos. Apenas iniciado el paro, el gobierno de Alicia Kirchner a través de su secretario de Trabajo decretó la conciliación obligatoria. En Puerto San Julián deliberaron los delegados de las asambleas reunidas el viernes 2 en cada localidad y decidieron el rechazo a la conciliación por ilegal. Además, organizaron acciones de movilización. Ese fue el mandato que surgió de las principales asambleas. En la jornada del viernes, una importante movilización docente llegó a las puertas de la Casa de Gobierno de Santa Cruz por enésima vez en el año. El dato nuevo es que mientras la columna docente se retiraba, iba llegando una columna de los colectiveros de la línea urbana, para protestar en el mismo lugar y por el mismo motivo: el cobro de sus haberes, ya que acusan a la gobernadora de “guardarse los subsidios”. El aguinaldo se cobró en agosto y desde principios de año que los salarios no se cobran en tiempo y forma. Algunas veces se pagan desdoblados, y se ha llegado a que recién a mitad de mes se completara el pago del sueldo. En muchos municipios del interior directamente se han corrido los pagos de sueldos a los días 15 ó 20 y hay varios intendentes que no han dado un centavo de aumento salarial este año en el marco de una inflación del 45 por ciento. Es este panorama el que ha creado una inmensa inquietud entre los maestros que tienen uno de los gremios más organizados de la provincia, y se ha pasado de las retenciones de servicio a un paro en noviembre que apuró el cobro y ahora a la decisión de no trabajar hasta que se haga efectivo el pago y haya garantías de cobro del aguinaldo en los plazos legales. Cabe agregar que la promesa de Alicia Kirchner de volver a tratar la pauta salarial en el segundo semestre fue un fiasco: Adosac solicitó un piso salarial de 18.500 pesos y el gobierno ofertó cero. En el caso de los estatales se ha creado un verdadero “proletariado” estatal con sueldos por debajo de la línea de pobreza, y ahora el gobierno ha ofrecido 1.300 pesos como suma fija remunerativa a partir de enero, que fue rechazada verbalmente por ATE, y que contó con la complicidad abierta de los gremios oficialistas. Santa Cruz ha visto desarrollarse desde mediados de año un gran operativo de contención, que tuvo como punto de inflexión la promocionada entrevista entre la gobernadora y el dirigente de ATE, Alejandro Garzón. A partir de allí entró en un “freezer” la mesa de unidad sindical y, si bien hay conflictos aislados en diversos sectores, no se ha retomado una acción de conjunto, como las que caracterizaron el primer semestre del año y pusieron en vilo a toda la provincia. Entre los docentes y el gobierno, la pulseada actual preanuncia el conflicto que se viene con el inicio de clases. Terminar un año de huelga es atípico y muestra la profundidad de la crisis provincial, un verdadero pantano. El miércoles 7, Adosac realizó una movilización en apoyo al paro por el centro de Río Gallegos y ATE paró por salarios adeudados. El replanteo de una lucha de conjunto requerirá más que nunca la organización de fuertes agrupaciones clasistas en cada sindicato y el impulso a plenarios de delegados de base, ya que la unidad de los dirigentes ha mostrado una vez más sus límites insalvables en este año de grandes luchas en Santa Cruz.

La “coalición a la carta” que formó el gobierno con la oposición patronal ha mostrado sus fisuras en la sesión del Congreso que trató el impuesto a las Ganancias. Mientras cerraba esta edición de Prensa Obrera, un acuerdo entre el massismo, el FPV y el PJ parecía imponerle al gobierno una ley que modifica el actual impuesto a las Ganancias sobre el salario. Aunque este desafío al macrismo se produce en torno de una cuestión que afecta a los trabajadores, su telón de fondo es el impasse económico que ha acentuado la deliberación y divisiones entre los capitalistas. Mientras Macri se autoasigna notas altas para evaluar su gestión, el derrumbe industrial y del conjunto de la actividad económica no deja lugar a dudas. El macrismo debutó con un paquete gigantesco de incentivos a todas las fracciones del capital, entre la devaluación, las exenciones impositivas y los tarifazos. El resultado conjunto ha sido un agravamiento de la bancarrota que dejó el kirchnerismo. Macri celebra su año con temor a que le toque la suerte de su par brasileño Temer, que enfrenta un reguero de movilizaciones masivas y su propio lava jato (escándalo de corrupción). La pretensión de un ciclo derechista consolidado, que muchos izquierdistas daban por hecho a comienzos de año, no logró llegar con vida al final de 2016. Acuerdo mezquino Pero a la hora de desafiar al gobierno con el impuesto a las Ganancias, esta oposición, la misma que firmó con el gobierno el pacto buitre y “administra” el ajuste en las provincias, estuvo muy lejos de satisfacer una reivindicación obrera. Por eso, se las arregló para parir un acuerdo ultramezquino, que deja en pie -e incluso consolida- el carácter confiscatorio de este impuesto. El proyecto “consensuado” plantea un mínino no imponible (MNI) de 33.500 pesos brutos para trabajadores solteros. Teniendo en cuenta que regirá para todo 2017; que excluye al aguinaldo de su cómputo, y asumiendo para el año que viene un aumento paritario del 25%, el nuevo MNI mete dentro del impuesto a todo aquel trabajador que gane actualmente unos 21.000 a 21.500 pesos netos. ¡Apenas dos mil pesos más del actual mínimo macrista! Si el proyecto del gobierno metía dentro del impuesto a 500.000 nuevos trabajadores, el acuerdo opositor afectará a la casi totalidad de quienes hoy lo pagan. Kicillof lo dijo con todas las letras, al señalar que el impuesto lo pagará el 10% de los asalariados. Considerando que el universo de trabajadores registrados ronda los 8 millones, tenemos que, como mínimo, pagarán el impuesto al salario unos 800.000 trabajadores. Ello, con un agravante: hasta ahora, el impuesto al salario era la suma de un conjunto de arbitrariedades -retraso en la corrección de escalas y mínimos no imponibles- dispuestas por decreto. Ahora, a través del Congreso, esta confiscación adquiriría la estatura de una ley. Sólo el bloque del Frente de Izquierda denunció este nuevo despojo, y le opuso un proyecto que abole el impuesto para todas las categorías de trabajadores convencionados. El acuerdo alcanzado ha “limado” los alcances del proyecto original de Massa. Los encargados de esa poda fueron los gobernadores y senadores “nac & pop” del FpV, que buscaron reducir a la mínima expresión la merma de ingresos a las provincias que resultaría de una menor carga del impuesto. Esa moderación también la saludaron Kicillof y Máximo, el sobrino de la gobernadora más ajustadora del país. Es significativo que el acuerdo haya sido anunciado por Oscar Romero, diputado del Smata. Con ello, expresó la conformidad de la burocracia sindical con una ley que dejará en pie esta confiscación al salario. Emergencia Social Quienes defendieron la mezquindad de este acuerdo argumentaron, como lo venía haciendo el gobierno, que el “Estado no puede desfinanciar a los que menos tienen”. Con ello, reconocieron que la “emergencia social” votada apenas unas horas antes será bancada…con los impuestos a los trabajadores -“ganancias”, IVA, naftazos y otros. Antes de discrepar sobre el impuesto al salario, macristas, massistas y kirchneristas acordaron en crear una enorme plataforma de trabajo precario, a través de planes y “cooperativas” que remunerarán a sus trabajadores con el 60% del salario mínimo. La coincidencia en este punto marca un hilo conductor de fondo entre oficialistas y opositores: dejar pasar el ajuste, golpear la capacidad de lucha de la clase obrera y promover la flexibilización del trabajo (reforma laboral), mientras se refuerza un cordón asistencial dirigido a contener la rebelión popular contra la escalada antiobrera. En la boca de Victoria Donda o Leonardo Grosso -los laderos centroizquierdistas de esta política- el tercio de trabajadores precarizados o subocupados han pasado a ser “aquellos que ya nunca conseguirán trabajo”(sic). La nueva burocracia piquetera presenta como un fenómeno natural a la miseria social fabricada por las políticas capitalistas. Mientras tanto, lucran a mano llena con las prebendas y recursos de las “unidades de gestión” otorgadas por la ministra Carolina Stanley. Una lucha necesaria El episodio del impuesto al salario aún deberá pasar por el Senado, y podría encontrarse luego con un veto presidencial. Pero en cualquier caso, el saldo para los trabajadores es tan magro como el de todos los reclamos que se “parlamentarizaron”. Mientras recoge migajas por el impuesto a las Ganancias, la burocracia sindical asiste al despido de 1.700 petroleros en Neuquén; o de miles de metalúrgicos fueguinos, que penden de un hilo. En el plano salarial, el acuerdo de Vidal con UPCN -18% en ¡15 meses!- anticipa otro golpe al salario, que querrá ser usado como antecedente contra docentes y estatales de todo el país. La conclusión es clara: de la mano de los Massa, Pichetto o Kirchner, y sus socios sindicales, sólo podremos esperar migajas o fraudes políticos. Es necesaria una deliberación en los sindicatos, las organizaciones sociales y todos los frentes de lucha en torno de un programa y una estrategia de independencia política y sindical. Por la abolición definitiva del impuesto al salario; por el pase a planta de los compañeros precarizados, ningún despido, paritarias sin techo en 2017. Por estas, y todas las reivindicaciones pendientes, marchemos con el clasismo y la izquierda el próximo 20 de diciembre.

El miércoles 14 de diciembre los trabajadores de la construcción nucleados en el Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Construcción (Sitraic) saldrán a la calle para manifestarse frente al derrumbe de la industria, que encabeza la caída sostenida de la actividad económica de la Argentina durante los últimos meses. Son decenas de miles los puestos de trabajo que se han perdido en el último año, mientras la suba de los precios y el ajuste han barrido con el poder adquisitivo de los magros salarios de la construcción. Proliferan los siniestros laborales, que son noticia diaria en la prensa, debido a la profundización de las irregularidades en las obras, que van desde la omisión de los requerimientos de seguridad e higiene hasta el empleo en negro. Los empresarios disponen de los trabajadores a su antojo, bajo modalidades de precarización laboral y subcontratación que les permiten desprenderse de los obreros según las necesidades del mercado. La industria de la construcción es quizás uno de los terrenos donde las patronales más han avanzado en imponer sus condiciones de empleo. Para esto han contado con la colaboración incondicional del mandamás de la Uocra, Gerardo “Batallón 601” Martínez, para disciplinar los restos del activismo en la construcción. Un camino de luchas El Sitraic viene de desarrollar un acampe de 3 días frente a la Cámara de la Construcción que culminó en el Ministerio de Trabajo con el reclamo de la reactivación de la obra pública, un seguro económico al desocupado de la construcción y el reconocimiento en todas las dependencias ministeriales del ámbito de actuación nacional ya otorgado al Sitraic. Sin embargo, el gobierno de Macri y los gobernadores han estrechado lazos con la Cámara de la Construcción y la Uocra, para bloquear el desarrollo y extensión del Sitraic en todo el país. Por estas razones, el segundo plenario nacional del Sitraic resolvió lanzar una acción unificada, en todas las delegaciones del sindicato, para el próximo 14 de diciembre, con el propósito de quebrar el acuerdo anti-obrero del gobierno, las patronales y la burocracia, y enfrentar el ajuste que están descargando sobre los trabajadores de la construcción. Esta es la primera acción nacional del Sitraic, lo que muestra un gran avance en la estructuración del gremio -al calor de la necesidad de los trabajadores de revertir el régimen de explotación al que son sometidos por los empresarios. La acción principal partirá de la Cámara Argentina de la Construcción y recorrerá Vialidad Nacional, el Ministerio del Interior y Obra Pública y el Ministerio de Trabajo de la Nación, donde se encuentran los principales responsables de la crisis en la construcción. También habrá acciones en Chubut, Santa Cruz, Carmen de Patagones, Río Negro, San Nicolás, Rosario, Rafaela, Pergamino, Salta, Santiago del Estero, Formosa y otros puntos. El 14 vamos a ganar las calles para fortalecer la organización independiente de los obreros de la construcción en todo el país.

Después de más de diez años de lucha, los trabajadores del Hotel Bauen arrancaron el 30 de noviembre pasado la aprobación en el Senado de la ley de expropiación. Aún con marcadas limitaciones, la aprobación de la ley en el Senado constituye una victoria de la lucha obrera. Esto explica los furibundos ataques del macrismo contra este reclamo y su decisión de cajonear el proyecto durante un año. La resolución llega un año después de la media sanción favorable en Diputados. En aquella ocasión, el bloque del Frente de Izquierda garantizó el quórum necesario para la aprobación de un conjunto de leyes obreras y el parlamentario Pablo López sentenció: “Quiero denunciar a la oposición macrista-massista-radical que no vaciló un segundo en dar quórum al oficialismo cuando se trató de votar leyes empresariales y privatistas, pero no actuó de la misma manera cuando se jugaban importantes leyes a favor de los trabajadores”.

Con una denuncia sin pruebas, el fiscal penal Horacio Córdoba Mazuranic decidió imputar a Malvina Astorga, esposa de uno de los choferes de la UTA detenidos y activista por su liberación, por los delitos de lesiones y amenazas. Luego de la detención de los colectiveros por su oposición a la burocracia sindical de UTA, este nuevo episodio hace todavía más evidente la connivencia entre esta y el Estado, con el fin de aplastar las luchas. La denuncia fue realizada por el secretario gremial de UTA Salta, Miguel Rasjido, quien dijo que Astorga lo habría “amenazado de muerte dos veces y proferido un puntapié”. Se reconoce que no existen testigos, a pesar de que el acto supuestamente se cometió en un lugar público y rodeado de una multitud de personas. Por otro lado, las leyes procesales de Salta prevén que para este tipo de casos (de delitos excarcelables) primero se intenten solucionar los conflictos a través de la mediación o conciliación. Sin embargo, a Astorga la imputan con la sola palabra del burócrata sindical. Entre el manojo de irregularidades que constituye la causa, se destaca por su gravedad el hecho de que el secretario gremial aportó documentación personal de la denunciada sin explicar cómo la obtuvo -cuando Astorga denunció recientemente un robo y amenazas por protestar contra las detención de los choferes. La imputación contra Astorga se da en este contexto en el que la patronal de los choferes detenidos ha solicitado la exclusión de la tutela sindical para poder despedirlos. Estamos ante un gran operativo que involucra a los poderes del Estado, la patronal y la burocracia para limpiar de luchadores el gremio -sea a través del encarcelamiento, de la persecución o los despidos. El gobierno está empeñado en tener sindicatos que le sean serviles a las patronales como una herramienta para hacer pasar el ajuste. Vamos a acompañar a Malvina en cada citación de la Justicia y redoblar los esfuerzos para que caigan las causas de los luchadores. ¡Por el total sobreseimiento de Malvina Astorga y de todos los choferes detenidos de UTA! ¡Fuera la burocracia sindical!

Los arquitectos mayores de la estatización del movimiento piquetero son el Movimiento Evita -una organización sin tradición de lucha, desarrollada a fuerza de prebendas por el gobierno “nacional y popular”- y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), creada a instancias de la Iglesia y con poderosos vasos comunicantes con aquella. En una prolongada cena con periodistas de la revista Crisis” los dirigentes de esta nueva burocracia piquetera -Emilio Pérsico y Fernando “Chino” Navarro expusieron los fundamentos políticos de su accionar. Para Emilio Pérsico, el protagonismo político del Evita se debe a “su movimientismo, distante de toda pureza ideológica”, lo que de por sí retrata al oportunista sin límites. Lo sustancial, sin embargo, está en otra definición: “ni siquiera se trata de que nos den trabajo, sino que queremos dignificar el que construimos”. De este modo, los firmantes de la “emergencia social” que concedió tres años de tregua al gobierno, declaran extinguido el reclamo fundante del movimiento piquetero en lucha -“empleo genuino”, “pase a planta”-, oponiéndole la reivindicación de la “economía popular” que, despojado de todo el marketing, son planes sociales que someten a trabajadores a un régimen de explotación por menos del salario mínimo. “Economía popular” que plantea, de por vida, la precarización crónica de una parte de la clase obrera que se convierte, a la vez, en ejército de reserva para los capitalistas. “Si cae Macri…” Un periodista preguntó lo elemental: si la unidad que propone el Movimiento Evita no es funcional a la gobernabilidad y al propósito de “moderar a los sectores más combativos”. Pérsico responde: “¿Es malo construir gobernabilidad en la Argentina?”. Fernando Navarro “teoriza”: “Lo que nosotros evaluamos es que si Macri se cae, esto gira más a la derecha aún. Porque esto no es el ajuste de Espert, el de Sturzenegger, no hay cien mil estatales en la calle, ni hay un dólar a veinte pesos, como aspiraban algunos sectores”. Sin ambigüedades: hay que apoyar a Macri porque es lo mejor dentro de lo que hay. Por la misma razón no aventuran puerto político alguno: “no nos expresa Massa… trataremos de hacerlo con el mejor candidato, sabiendo que una cosa es derrotarlo en 2017 y otra definir quién va a ser gobierno en 2019”. Cruzada contra el movimiento piquetero Siguiendo a CFK, que planteó que el mayor error de los jóvenes peronistas de los ’70 fue enfrentar a la burocracia sindical -junto a aquel otro de abandonar la Plaza de Mayo frente a la diatriba de Perón en 1974-, Pérsico y Navarro exponen su propio “relato”. “Siempre que hubo desequilibrio y desestabilización en la Argentina fue porque los trabajadores no estaban unidos. Sucedió en los ’70, cuando las Coordinadoras de Gremios en Lucha pasaron por encima de la CGT, voltearon a un ministro y casi voltearon al gobierno. Pasó también en el año 2000, cuando las organizaciones sociales no tenían representación ni unidad”. Esta rabiosa declaración de fe en defensa del gobierno de la Triple A y de la burocracia sindical pretende enterrar al movimiento piquetero como expresión de lucha e independencia de la burguesía. Si los ministros de Trabajo e Interior de Duhalde y de Kirchner llamaban a la burocracia a movilizarse en contra de los piqueteros, la nueva alianza vaticana llama a abrazarse con aquella contra sus expresiones clasistas e independientes. La organización masiva de los desocupados, de eso trata el movimiento piquetero, significó una tentativa anticapitalista gigantesca para reconstruir a la clase obrera frente a la desocupación masiva que impone la bancarrota capitalista. Sus direcciones independientes, como el Bloque Piquetero o la Asamblea Nacional de Trabajadores, son continuadores de aquellas Coordinadoras que “pasaron por encima de la CGT” y de las masas que impusieron la expulsión de los López Rega por medio de la huelga general, surgida en oposición a la burocracia sindical. Esa es la historia que vamos a defender.

El viernes 25 de noviembre, los trabajadores de Textilana, de Mar del Plata, realizamos un acampe en las puertas de la empresa, una medida votada en la última asamblea en el marco de un plan de lucha que llevamos adelante por varios reclamos, como el reconocimiento de los certificados médicos, el pago de los días de enfermedad, por el fin de la persecución sindical, por el retiro de las cámaras de seguridad, por el cambio de ítem a cuenta de futuros aumentos del sector tejeduría y por un bono de fin de año 5.000 pesos. Como represalia por la realización de las asambleas, que fueron de un total de cuatro horas y media, la patronal suspendió a dos tejedores por cinco días, apercibió a otros tres compañeros y descontó el presentismo y las horas a los compañeros que concurrieron a las mismas. En una clara maniobra divisionista, la empresa no descontó el salario a la comisión interna, pero dicha medida no funcionó porque todo el activismo tiene pleno conocimiento del accionar malicioso de la patronal. Si bien arrancamos una reunión con la empresa, luego de que una delegación de 60 compañeros concurriera al sindicato para exigir el apoyo a nuestros reclamos, la misma se desarrolló con una tercera línea de la patronal. Escucharon los reclamos y quedaron en hacerlos llegar al directorio. A casi dos semanas no han dado ninguna respuesta. Al acampe concurrieron compañeros de diferentes organizaciones, destacándose una nutrida cantidad de compañeros del Polo Obrero y del Partido Obrero, la UJS, docentes de Suteba, delegados recién electos de ATE, militantes del PTS y representantes del sindicato Luz y Fuerza. También se hizo el presente el secretario gremial de la Asociación Obrera Textil (AOT). Realizamos una radio abierta donde intervinieron varios compañeros, quienes destacaron la lucha que estamos llevando adelante y la necesidad de la unidad de los trabajadores para conseguir nuestros reclamos. Luego del acampe se ha abierto un profundo debate en la fábrica por la realización de un paro hasta conseguir todas las reivindicaciones. Esta semana, la empresa quedó en darnos una respuesta sobre los reclamos, pero hasta la fecha sólo mantienen el silencio. Frente a este panorama se prepara para los próximos días una nueva jornada de lucha. Exigimos el pago de las horas y presentismo descontado por la concurrencia a las asambleas; el pago de los días de suspensión de los compañeros sancionados; la eliminación del legajo de los apercibimientos; el pago de los días de enfermedad y servicio médico en la planta; el cambio del ítem futuros aumentos del sector tejeduría; que se quiten las cámaras de vigilancia y un bono de fin de año de 5.000 pesos. ¡Profundicemos esta lucha para conseguir todas nuestras reivindicaciones!

Empiezan a salir a la luz los acuerdos “bajo cuerda” que la CTEP, el Movimiento Evita, Barrios de Pie y la CCC firmaron con el gobierno de Macri y la ministra Carolina Stanley. Clarín informa avances en conversaciones con Emilio Pérsico para el otorgamiento de una obra social propia. Luis Scervino, titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, admite que “podrían obtener una obra social, que, en su caso, sería la Obra Social de los Trabajadores de la Economía Popular (Ostep)” (4/12). Según el diario, de aquí a 2019, los “movimientos sociales” administrarán 30.000 millones de pesos. Antecedentes Si finalmente se autorizase la creación de una obra social propia, Pérsico terminaría cerrando el círculo que él mismo abrió cuando fue responsable del Programa Argentina Trabaja, siendo funcionario kirchnerista. Los llamados “trabajadores de la economía popular” son, en su inmensa mayoría, trabajadores precarizados que realizan tareas perfectamente establecidas en convenios laborales. Los “monotributistas sociales” crecieron en forma exponencial durante el gobierno CFK con la creación del Programa Argentina Trabaja, a partir de 2009. En aquel momento, el Evita formaba parte del gobierno, y Pérsico, desde el Ministerio de Desarrollo Social encabezado por Alicia Kirchner, fue el impulsor del programa, que colocaba como requisito la conformación de cooperativas y la inscripción de los beneficiarios en el monotributo social. El Argentina Trabaja trataba de montar una contención asistencial ante la ola de despidos que provocó la crisis mundial de 2008 y su impacto en la Argentina. La multiplicación de las cooperativas no fue la creación espontánea de una “economía piquetera” o social, sino un recurso del aparato estatal para contener a la ola de expulsados del trabajo formal. Mediante el programa Argentina Trabaja, más de 200.000 trabajadores fueron empleados en distintas áreas y reparticiones durante los últimos seis años. Allí realizaron tareas de mantenimiento, barrido y limpieza, construcción de casas, limpieza de plazas, arroyos y hasta del Riachuelo; todas tareas que les eran encargadas por municipios, organismos estatales y hasta universidades nacionales. Como funcionarios, los dirigentes del Evita negaron que se tratara de un trabajo. “Es un programa de inclusión con trabajo”, repetían en los despachos oficiales para negarse a que el trabajador tuviera derecho a un convenio, al salario correspondiente y a las conquistas que su gremio hubiera alcanzado. Ni la CTEP ni Barrios de Pie, ni la CCC, levantaron el elemental reclamo del pase a planta y a convenio de los miles de trabajadores precarizados por el Estado durante todos estos años. Trabajo precario, salud precaria Ahora, la creación de una obra social para trabajadores precarizados consagra la condición de tales y abre paso a prestaciones de salud a la medida de sus trabajos -o sea, precarias. Los dirigentes de la CTEP han anticipado que su obra social se nutriría de actuales salas de salud autogestionadas, lejos de las condiciones de trabajo y equipamiento necesarios para una atención integral de salud. Pero, a su turno, la “obra social piquetera” podría ser un paso hacia la “cobertura única” anunciada por el mismo gobierno en relación con el hospital público. A través de este sistema, el Estado otorgaría un carnet -y financiaría un régimen de prestaciones mínimas- a quienes carecen de obra social. De ese modo, la atención incondicional en el sistema público de salud es reemplazada por un sistema de prestaciones definidas y limitadas. El carnet de salud “piquetero” bien podría incorporarse a este mecanismo de recorte de la salud pública. Cooptación con premio Estamos ante un acuerdo estratégico para, por un lado, cristalizar la precarización laboral de miles de trabajadores; y, por el otro, crear un burocracia cooptada por los jugosos fondos de las obras sociales. El modelo es el de los burócratas sindicales millonarios. El Polo Obrero lucha por trabajo genuino, por un seguro al desocupado equivalente al 80% del salario de convenio y por el pase a planta de los trabajadores precarizados; en ese camino, luchamos también por reivindicaciones transitorias o conquistas parciales para los compañeros desocupados. Otra cosa es cristalizar su condición de precarizados y abandonar la lucha por el convenio que le corresponde a cada trabajador y a otras conquistas que son el resultado de décadas de lucha de la clase obrera.

El día en que en la Legislatura bonaerense se sancionaba una nueva ley de Ministerios, el gobierno de María Eugenia Vidal “hacía punta” (El Cronista, 1°/12) en un ofrecimiento salarial para todo 2017 con un techo de 18% en cuotas. La conexión entre ambos hechos radica en que para imponer esta política de ajuste el gobierno provincial busca apoyarse en la Iglesia y la cooptación al PJ. Así, el ex duhaldista Joaquín De la Torre fue promovido al Ministerio de Gobierno, para intentar seducir a los intendentes pejotistas que negocian por estas horas el apoyo a un Presupuesto que llevará al defol, a cambio de fondos y sillones en distintas dependencias. El diputado del Frente de Izquierda, Guillermo Kane, denunció que “se trata de una promoción política al sector clerical más retrógrado porque, además de este nuevo nombramiento a De la Torre, el cuadro se completa con la intención de Vidal de ascender a Conte Grand a procurador general de la Suprema Corte, quien como secretario Legal y Técnico de la Gobernación retrasó la publicación oficial de la resolución del Ministerio de Salud que reglamentaba la adhesión al protocolo para la implementación de los casos de abortos no punibles hasta que no estuvo listo el veto de la gobernadora. Después de tanto hacer demagogia sobre la paridad de géneros y los derechos de las mujeres, Vidal refuerza el ala del gabinete que más se opone a esos derechos”. La Ley de Ministerios votada incluye superpoderes para el Ejecutivo, que podrá reasignar partidas, reubicar al personal y proceder a la fusión de secretarías y direcciones. Además, disuelve Geodesia (encargada de realizar la cartografía de la provincia) del Ministerio de Infraestructura y traslada sus funciones a la Agencia de Recaudación (Arba), medida resistida por sus trabajadores porque, según denuncian, por esa vía se avanza en la privatización de la obra pública, ya que redundará en contrataciones para llevar adelante la planificación y la fiscalización de las obras. “Es un proceso de vaciamiento y tercerizaciones con altos sobreprecios, de tareas que pueden llevarse a cabo con las herramientas que hoy tiene el Estado”, señaló Kane en su intervención. Ante tamaña denuncia, los bloques del Frente Renovador, el FpV, el PJ y el GEN -todos los cuales votaron a favor del proyecto oficial- se limitaron a “mandatar” a los diputados de Cambiemos a aconsejar al Ejecutivo que “revise” el artículo en cuestión. Una demagogia hiperdevaluada. En la misma sesión fue sancionada una prórroga por otro año a la Emergencia en Seguridad, que permite evadir controles en contrataciones y licitaciones. Esto, justamente cuando sale a la luz todo un entramado de corruptelas con el manejo de fondos y horas extras de las comisarías, que sirven para aceitar los lazos que vinculan con la Bonaerense con el delito organizado. Durante el año en curso en lugar de purgas lo que hubo fue un pacto de Vidal con la estructura podrida de la “maldita policía”, promoviendo como jefe de la fuerza a Pablo Bressi, hombre del ex ministro Alejandro Granados y del ex jefe Hugo Matzkin. La emergencia tiene el objetivo de dar facultades al ministro de Seguridad, Cristian Ritondo, para que pilotee este pacto. El delito no disminuyó, aunque aumentaron las detenciones arbitrarias y la represión. La reforma de la estructura ministerial (la tercera del año) es parte de una política que ya ensaya lo que reclama el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó: pilotear la crisis política con una armado de “unidad nacional”. Sólo el Frente de Izquierda votó contra este paquete de leyes, denunciando el contenido ajustador del empoderamiento del ala pejotista y clerical del gobierno de Vidal. Se plantea con fuerza la necesidad de una furiosa campaña política del FIT en toda la provincia que contraponga las reivindicaciones populares a la colaboración de todos los bloques políticos de la “oposición” con el ajuste del gobierno.

Durante la última semana de noviembre tuvieron lugar elecciones para juntas internas de ATE en varias dependencias de la Ciudad de Buenos Aires, dirigidas por la izquierda. En el Hospital Garrahan, la Lista Roja fue reelecta por el 100% de los 208 votos emitidos, sobre un padrón de 354 afiliados. La Verde y Blanca (VyB), burocracia kirchnerista de la seccional Capital, no presentó alternativa y ni siquiera concurrió a votar. Esta debilidad es inseparable de su vinculación con el Consejo de Administración, que el FpV (Trotta) comparte con el macrismo y con UPCN; cerca de la patronal, lejos de los trabajadores. La Naranja se incorporó a la interna con dos compañeros. Están planteados varios desafíos, a partir de reforzar la organización clasista en el lugar y la vinculación con la lucha de otras dependencias. En el Ministerio de Trabajo se planteó una confrontación directa con la burocracia verdiblanca, que culminó con una victoria de la Lista Blanca y Negra (ByN), donde actúan el activismo y la izquierda -entre ellos, Tribuna Estatal. Para Junta Interna, la ByN se impuso por 237 votos contra 115 de la VyB. Además, se eligieron delegados por edificio, para lo cual hubo un empadronamiento de no afiliados: la ByN ganó en Alem (282 a 131) y Alsina (33 a 7), pero perdió en Callao (20-23). En la previa a la elección, el kirchnerismo reclamó una lista “paritaria y de unidad”, tras extorsionar con la no convocatoria de la elección. Los resultados son elocuentes, porque la lista combativa le infringió una clara derrota; sin embargo, no puede dejar de recordarse que varias de las agrupaciones aceptaban la unidad en nombre de la lucha contra el macrismo, desde Patria Grande hasta el PTS, pasando por Rompiendo Cadenas. Por el contrario, la presentación de una lista independiente es un triunfo a defender. Entre los municipales, en la Subsecretaría de Promoción Social, la Roja-Plateada revalidó una vez más su mandato, haciendo retroceder a la VyB al punto tal que ni siquiera pudo presentar lista de Junta Interna, habiendo dos miembros de la directiva de ATE Capital que provienen de ese sector. En el INCAA, nuevamente la Lista Bermellón retuvo la conducción de Junta Interna en una elección de lista única, donde hubo sólo dos votos en blanco. El kirchnerismo tampoco pudo hacer pie allí. En Educación y Deportes, la VyB retuvo la Junta ante la oposición Verde-Negra-Roja (V-N-R), donde actúa Tribuna Estatal. Ambas listas incrementaron sus votos absolutos, manteniendo porcentajes similares a la elección pasada, pero el frente único V-N-R denuncia un engorde fraudulento del padrón. Considerada la situación de la seccional en su conjunto, vale recordar que la dirección kirchnerista VyB emerge como una primera minoría en el marco de la disgregación de la histórica Verde. Su interés de establecerse como una burocracia firme está por verse, pues no ha podido superar la debilidad de origen. Avanza, sí, sobre los despojos de la Verde, que no cesa en su dispersión, pero donde la izquierda tiene posiciones conquistadas, no hace pie. Para que el clasismo progrese es necesaria una lucha política abierta y evitar el franeleo con la burocracia nacional. Desafíos En primer lugar, está planteada la gran batalla en una de las dependencias más grandes de la seccional, el Inti, donde la Naranja enfrenta a una Verde responsable de despidos y negocios varios. Luego, es preciso superar con una intensa agitación la parálisis criminal del sindicato frente a los ataques que anuncia la “modernización”. En función de desarrollar esta perspectiva, y pugnando por organizar una gran columna de estatales el próximo 20 de diciembre, Tribuna Estatal de la Ciudad de Buenos Aires realizará un plenario el miércoles 14 de diciembre, a las 18 horas, en el flamante local del PO microcentro (Bartolomé Mitre 811).

El gobierno de Macri conmemora su primer aniversario sumido en un completo impasse. Martín Etchegoyen, secretario de Industria, lo ha resumido de un modo inequívoco: “No tenemos la menor idea de cuándo comenzará la reactivación”. La caída de la producción industrial es ya de dos dígitos; el Producto Bruto retrocede un 4%; el desempleo fabril y privado aumenta y suben los contratos públicos, como en la década presente, ahora con ñoquis de la nueva administración. A pesar de la reducción del gasto en obra pública y de la desvalorización de los salarios, el faltante del Tesoro orillará en 2016 los 600 mil millones de pesos o en el equivalente de 40 mil millones de dólares. El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, un lobbista general de la gran industria, se arrimó a la quinta de Olivos, para advertirle a Macri que el esquema económico vigente lleva al país a “un colapso”. Lavagna no se refería a los peligros que acechan como consecuencia de la devaluación del peso, que tuvo lugar en la misma inauguración de esta gestión ni tampoco a los tarifazos o al creciente y descomunal déficit fiscal. No apuntó, al menos no fue hecho público, al desequilibrio mayor de la administración macrista: el aumento de la deuda del Banco Central, de 250 mil a 750 mil millones de pesos, a una tasa de interés imposible promedio del 30% anual -colocada, en un 85%, a corto plazo. En una palabra, Lavagna eludió denunciar el rodrigazo original del nuevo período. Lo que él entiende amenazante es, por el contrario, la revalorización del peso que tuvo lugar enseguida de ocurrida la devaluación, que ha sido ocasionada por un endeudamiento excepcional en moneda extranjera. En efecto, entre Nación, provincias y corporaciones, la deuda en divisas aumentó en cerca de 50 mil millones de dólares. En resumen, Argentina se mueve entre la perspectiva de un ‘colapso’ debido a una represión del tipo de cambio o un ‘colapso’ provocado por un nuevo rodrigazo. La advertencia de Lavagna abrió una grieta entre Massa y el pejotismo, de un lado, y el gobierno del otro, que han cohabitado en una armonía que les resulta difícil, sin embargo, abandonar. El régimen de coalición entre el Ejecutivo y el Congreso ha quedado afectado, lo cual supone un comienzo de crisis política. Como Massa ya operó como punta de lanza del cambio de frente de la burguesía con relación con el régimen K, cuando desechó acompañar a Scioli en las parlamentarias de 2013, su distanciamiento del macrismo traduce el descontento de un sector importante de la burguesía argentina e incluso del capital extranjero. Esta crisis, aún en pañales, abre la alternativa de un gobierno de coalición -precisamente lo que salió a reclamar Emilio Monzó, el presidente de Diputados, desde la misma entraña del macrismo. Una expresión de la inestabilidad política que acosa al oficialismo es su ‘acercamiento’ a los aparatos sociales que abrevaban en el kirchnerismo y que ahora tributan al Vaticano. Que los une el espanto y no el afecto, lo puso en evidencia el “Chino” Navarro, quien convocó a “defender la gobernabilidad”, vaticinando que en caso contrario lo que vendría sería aún más derechista. Como sea, el dinero que el macrismo ha vertido a estos veloces ex K supera al que regaba el kirchnerismo. Es obvio, sin embargo, que el gobierno no tiene una política, sino que apela a recursos desesperados. Este cambio de frente ‘piquetero’ ha generado un encontronazo con el kirchnerismo ortodoxo representado por CFK, Verbitsky y La Cámpora, que ve diluirse la posibilidad de conformar un “frente ciudadano” y de resistir mejor los expedientes judiciales. El frente político de los partidos patronales se ha atomizado en extremo, en momentos en que el Estado enfrenta un enorme impasse. En este cuadro ocurrió lo de siempre: parió la abuela. En efecto, el planteo de guerra comercial del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, produjo una reversión de tendencias en el financiamiento de los llamados ‘mercados emergentes’. Esto quiere decir que la hipoteca del endeudamiento macrista adelanta la fecha de su vencimiento. La crisis política no es sino un síntoma poderoso de este naufragio prematuro del plan económico oficial. Queda en evidencia que el gobierno se encuentra más lejos de la posibilidad de reunir los recursos políticos que aseguren su futuro constitucional y debilita su capacidad para golpear contra los derechos de los trabajadores. El lleno de la cancha de Atlanta, el 19 de noviembre pasado por parte del Frente de Izquierda, indica también el progreso que registra la alternativa de que gobiernen los trabajadores, ante tamaño fracaso de varias décadas de los gobiernos de la burguesía nacional y de (lo que queda) los partidos tradicionales. Otro aspecto de lo mismo es el ascenso de la izquierda clasista en los sindicatos, como la victoria en el sindicato del Neumático. La izquierda combativa se encuentra ante el mayor desafío de toda su historia. Publicado en https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/656178384563026

El gobierno de Vidal y los gremios aliados de UPCN, Salud Pública, Soeme y Aeri acaban de cerrar la paritaria estatal de la provincia por 15 meses, hasta diciembre de 2017. Un acuerdo miserable de 2,9% por el período octubre-noviembre, una bonificación del 10% dispar, según el sector, y un aumento anual para todo 2017 de un 18% en cuatro cuotas. Este acuerdo que para 2016 implica, según los gremios oficialistas y el gobierno, un aumento del 34%, en realidad no supera el 20% cuando se lo anualiza, y con una inflación anual de más del 42%, quieren realizar en los hechos una enorme rebaja salarial contra los estatales este año. Pero la entrega mayor ha sido lo que respecta al aumento de todo 2017, que es un 18% en cuatro cuotas, de 4,5% cada una. Una entrega que se quiere imponer como techo para el resto de los estatales (docentes, judiciales y profesionales de la salud) y garantizar el inicio de clases en un año electoral clave. Estos porcentajes de aumentos son los que se están anotando en el Presupuesto provincial del año próximo, junto con un mayor endeudamiento y recortes en salud y educación. Para esto, el macrismo se sirve del apoyo de todos los bloques patronales: del Frente Renovador, del FpV y de Stolbizer. El acuerdo contempla también el pase a planta permanente de 3.500 becarios en salud, pero de a tandas y en un período de tres años. No se dice nada del pase a planta de más de 11mil auxiliares de educación mensualizados y de otros miles de contratados, sobre los cuales no hay tampoco garantías de continuidad laboral. De manera contraria, ATE y Cicop han rechazado el aumento por ser insuficiente. Pero ATE, el gremio más grande de toda la provincia, no preparó un cuadro de medidas sino que impulsaron, como de costumbre, los paros de 24 horas aislados y débiles en movilización. La Verde de ATE llegó al extremo de dividir en las últimas medidas a los propios estatales, con acciones sólo de administrativos y municipales y, por otro lado, con los judiciales que vuelven a parar, los médicos y la docencia combativa. La Verde se excusa en la falta de participación de los compañeros, pero todas las medidas son decididas a espaldas de los trabajadores, sin asambleas ni plenarios de delegados provinciales, de un día para otro, jugando el papel fundamental en la desmovilización de los trabajadores. Se hacen imprescindibles las asambleas en todos los lugares de trabajo, rechazando el aumento salarial miserable, así como la tarea de organizar plenarios de delegados con mandato de todos los estatales para definir un plan de medidas progresivas: por un salario igual a la canasta familiar y el pase a planta permanente. Con esta agenda, las seccionales, juntas internas y delegados combativos de ATE tenemos el desafío de llenar la Plaza de Mayo el próximo 20 de diciembre con el clasismo, para que los trabajadores irrumpamos contra el ajuste y la tregua.

El oficialismo en la Legislatura, luego de dar vueltas durante un año con la necesidad de llegar a un acuerdo sobre la reforma política (en realidad electoral) decidió aprobar a las apuradas dos modificaciones que serán aplicables recién en 2019. Una se refiere a la “unificación” de la convocatoria a elecciones. En realidad lo que la norma termina haciendo es separar las elecciones provinciales (para gobernador y legisladores) de las elecciones nacionales, con las cuales no podrían coincidir por el calendario fijado. Mientras se reservan el derecho a colocar la elección provincial al margen de la nacional obligan a los municipios (que no tengan carta orgánica) a convocar a elecciones locales en una fecha que no supere los 30 días antes o los 30 después de la provincial. A los municipios que tienen carta orgánica se los invita a adecuarla. La norma, a su vez, establece que el Ejecutivo está obligado a fijar la fecha de la elección provincial antes del 1° de marzo. La oposición (Cambiemos) rechazó el proyecto porque pretendía que la fecha de convocatoria quedara fijada para el primer domingo de octubre, incluidos los municipios. El otro proyecto aprobado fue la limitación de la reelección de legisladores, intendentes y concejales a un solo mandato, contándose el actual como el primero. Disgregación política El proyecto es una medida “administrativa” que busca impedir lo que sucedió en 2015 cuando las elecciones se extendieron a lo largo de todo el año. De esta manera muchos intendentes y punteros fueron prescindentes en las provinciales y las nacionales. Unión por Córdoba (UPC) tuvo así un fuerte retroceso ya que perdió legisladores departamentales (se elige uno por cada uno de los 26 departamentos) y ajustadamente llegó a los 36 legisladores (mayoría simple) en el recuento definitivo y con imputaciones mediante. La multiplicidad de fechas electorales es una expresión de una disgregación política que comenzó a visualizarse tempranamente, desde el advenimiento de los gobiernos constitucionales. Ya en las llamadas a establecer movimientos “transversales” (el tercer movimiento histórico de Alfonsín, por ejemplo) estaba presente la necesidad de responder al derrumbe de los partidos políticos como expresiones del programa de los distintos agrupamientos capitalistas. En este marco se inscriben las colectoras, la sumatoria de votos, los acoples, los lemas y la propia reforma de Kirchner como forma de contener bajo un mismo paraguas las distintas fracciones. La atomización electoral que se vivió en 2015 no pudo ser frenada por ninguna de estas medidas y, más aun, fueron motivo de crisis política de enorme profundidad como sucedió con la elección provincial en Tucumán que aun se dirime en la Corte Suprema de Justicia. El fraude, la judicialización y la atomización son expresiones de una crisis política irresoluble que se agrava. La razón está en la crisis capitalista. La pretensión de resolverla mediante engendros legislativos es reaccionaria; es la ilusión de tapar el sol con las manos y una confesión del agotamiento del régimen político vigente. Oficialistas y opositores están en la misma, cada uno busca un traje a su medida. Transfuguismo al por mayor El apuro en sacar la norma es un indicador que no tiene que ver con el proceso electoral de 2019 sino con la actualidad. Unión por Córdoba está dividida entre delasotistas y schiarettistas. De la Sota y Schiaretti conviven a la espera del desenvolvimiento de la crisis del gobierno nacional. Schiaretti apoya a Macri, De la Sota a Massa. La rapíña se acentúa y el libro de pases está a la orden del día. Y empezó con la oposición. El schiarettismo consiguió que una legisladora del juecismo de Río Cuarto se pase el bloque de UPC, a los dos días el pase (venía cantado) lo hicieron dos kirchneristas, una era la presidenta del bloque K, que ya a principios de año había perdido uno. Nuestro bloque rechazó ambos proyectos, los colocamos como parte del operativo destinado a establecer una salida a una crisis que les es propia y que tiene como único objetivo imponerles a los trabajadores un ataque a sus condiciones de vida.

Falleció Carlos Chile, dirigente del Movimiento Territorial de Liberación (MTL) y secretario de Organización de la CTA Autónoma de Capital. Su velorio, en el corazón del complejo habitacional que el MTL construyó en Parque Patricios, fue una ceremonia de carácter popular en sintonía con su última voluntad de morir allí y con su militancia en el último período de su vida. Carlos fue despedido con aplausos, rodeado de decenas y decenas de compañeros, con el clásico cántico “Soy piquetero señor, lo llevo en el corazón…” por parte de sus compañeros. Chile inició su militancia en el PC argentino, luego la continuó en el país trasandino y volvió a la Argentina en tiempos del Bloque Piquetero Nacional (BPN), donde su partido lo designó para militar en el MTL de Capital. Carlos vivió en carne propia los debates políticos y contradicciones que generó la integración del MTL a un BPN que desafió junto al Polo Obrero, MTR y otras organizaciones, la cooptación del gobierno de Duhalde a la que se integró la CTA mediante el Consejo Consultivo (una versión similar de la Mesa de Concertación y el Consejo de la Economía Popular de la ley de Emergencia Social de estos días, también inspirado por la Iglesia). El PC integraba orgánicamente la CTA, que estuvo más que al margen de la lucha del Puente Pueyrredón en la que asesinan a Darío y Maxi y de la que fue protagonista el BPN. Marta Maffei, en nombre de la CTA, el 27 de junio, a 24 horas de la masacre de Avellaneda, llamaba públicamente a no movilizar “lo que no controlamos”, cuando empezábamos la movilización que acabaría con la cárcel a los asesinos y el retiro anticipado del gobierno de Duhalde. Más tarde, Chile no acompañaría la integración del PC al gobierno kirchnerista, la última versión de la integración a un frente de colaboración de clases con la burguesía por parte del PC. Con un grupo de compañeros integró el núcleo más íntimo de la CTA junto a Pablo Micheli. Carlos fue activo en la coordinación de varias acciones de lucha entre la CTA Autónoma y la Coordinadora Sindical Clasista hace dos años, contra la parálisis de las restantes centrales sindicales. Sus últimos votos fueron al Frente de Izquierda y los Trabajadores, y recientemente constituyó un nuevo grupo político de izquierda junto a otros ex militantes del PC. Varios compañeros y dirigentes del PO fueron parte de la despedida de sus restos, entre ellos Marcelo Ramal, Juan Ferro, Ileana Celotto, Eduardo “Chiquito” Belliboni, Eduardo Martínez y quien suscribe estas líneas, compañero de innumerables piquetes junto a Carlos.

El gobernador santafesino Miguel Lifschitz ha ratificado el objetivo de lograr una reforma constitucional en la provincia. Aunque no se ha presentado proyecto oficial alguno, todo un signo de la “deliberación” que se pretende, los debates con los bloques de la Legislatura y distintos foros de “especialistas” han sacado a luz lo que se pretende. En primer lugar, el gobierno quiere hacer aprobar la reelección del gobernador, estableciendo la posibilidad de ejercer dos mandatos consecutivos para todos los cargos electivos en la provincia, lo que reduciría la reelección indefinida de los lugares legislativos que tiene vigencia hoy, pero habilitaría la posibilidad de la reelección del Ejecutivo. La fuerte tendencia a la disolución política, no sólo del Frente Progresista sino de sus propios partidos, se la pretende aminorar reforzando la figura del actual gobernador. Es una pretensión que está siendo devorada por la crisis. La UCR provincial irá con la alianza Cambiemos en las elecciones nacionales y, en particular, la UCR de Rosario ya anunció que en las elecciones provinciales tampoco irá dentro del Frente Progresista. Rubén Giustinianni, que lidera una fracción del Partido Socialista, anunció el armado de su propio partido. Con Binner fuera de la escena política provincial, existe una lucha abierta entre las camarillas del ex gobernador Bonfatti y la del gobernador Lifschitz por el control político. Por definición, la reelección tiene una fuerte naturaleza reaccionaria y antidemocrática, en la medida en que permite al que se encuentre al frente del Estado, utilizar el aparato estatal que ya controla para continuar en el poder. El fruto envenenado de la “autonomía” El otro tema son las autonomías municipales. Bajo el barniz de una reforma que sancione la independencia y la capacidad de gestión de los municipios se esconde el objetivo de una fuerte confiscación. La autonomía municipal apunta a una modificación del régimen de coparticipación entre la provincia, los municipios y las comunas. Pretende habilitar una autonomía financiera que sólo se podrá sostener sobre la base de un incremento de los impuestos municipales sobre los trabajadores y del endeudamiento, una política de quiebra a plazo fijo. Hoy, los municipios de Santa Fe ya arrastran una fuerte crisis presupuestaria, con municipalidades que adeudan meses de sueldos a sus trabajadores, crisis en dependencias de salud y concejos municipales enteros que funcionan sin un peso. La “descentralización” financiera pretendida con la reforma apunta a concentrar los recursos para que el Estado provincial asuma sus compromisos de deuda pública y déficit fiscal. No es casual que se debata esta reforma en momentos en que el gobierno de Lifschitz se ha volcado a un endeudamiento externo compulsivo, siguiendo los pasos del macrismo. Mediante un “reajuste” constitucional, pretenden una brutal transferencia de recursos de los trabajadores hacia los acreedores del Estado provincial. ¿Va a andar? Concretamente la convocatoria a una Convención Constituyente que debata la reforma constitucional, requiere de la aprobación de las dos terceras partes de ambas cámaras. En Diputados, al oficialismo no le costaría alcanzar esa porción. Sin embargo, en Senadores, el PJ controla la mayoría y, por tanto, no hay reforma posible sin su concurso. El PRO se opone fervientemente a la reforma. La posibilidad de que se habilite la reelección, choca con la tentativa del PRO de hacerse con la provincia, luego de dos elecciones en las que estuvo al borde de la victoria. Carlos Del Frade (Frente Social y Popular) y la diputada Mercedes Meier (PCR) decidieron sumarse al frenesí reformista. En la ronda de consultas, admitieron lo acertado de una reforma “progresiva”, consolidando “nuevos derechos”. Esta izquierda se sube al barco que pretende rescatar a un régimen y a un gobierno en profunda crisis. A la actual constitución de la “democracia” santafesina la parió una dictadura, luego del derrocamiento de Frondizi (1962). Se había aprobado un traje a la medida de la clase capitalista, para utilizarlo bajo el régimen democrático burgués. Este intento actual de reforma es la expresión de la etapa actual, caracterizada por la desintegración de los partidos tradicionales y la descomposición del Estado, como consecuencia de la bancarrota capitalista mundial, cuyos costos quieren ser trasladados a los que viven de su trabajo. El Partido Obrero se opone a esta reforma y denuncia sus propósitos.

En las oficinas del Senado de la Nación se acaba de consumar un hecho bochornoso: la CGT dio su aval a la reforma de la ley de Riesgos del Trabajo (LRT), una propuesta largamente reclamada por las cámaras patronales y el gobierno. La reforma ha sido aprobada por la comisión respectiva de la Cámara alta y pasará ahora a su tratamiento por el pleno del Senado, para que tenga media sanción. La iniciativa oficial no se podría aprobar si no contara con la anuencia de la oposición, ya que el bloque Cambiemos es minoría en el Senado y en la comisión donde se trató. Así las cosas, el 14 de diciembre se producirá la aprobación de un brutal ataque a las condiciones de trabajo de todo el movimiento obrero. Aunque inicialmente hubo dos dictámenes en el propio Senado sobre el tema, éstos se fusionaron y lo que la cámara alta enviará, para que se termine de convertir en ley en Diputados, es demoledor para los trabajadores. Qué es lo que se va a aprobar: 1) A partir de esta reforma se instalará la imposición a los trabajadores de recurrir a las Comisiones Médicas (CCMM) como instancia previa, excluyente y obligatoria para solicitar las prestaciones establecidas en la LRT u homologar acuerdos con las ART. Esas Comisiones Médicas no tendrán ningún representante de médicos de los trabajadores o de los sindicatos en ninguna de las instancias provinciales o nacionales. 2) Se modificará discriminatoriamente la competencia judicial de los tribunales laborales y se dispondrá inconstitucionalmente que lo resuelto por las CCMM sólo podrá ser apelado ante la Justicia del lugar donde ésta intervino, alterando el procedimiento judicial vigente que habilita al trabajador a optar entre el lugar de ocurrencia del accidente, el de la prestación de servicios o el del domicilio legal del demandado (ART o empleador), algo que autoriza la actual ley 18.345, para reclamar ante la Justicia Nacional del Trabajo. Esta modificación está dirigida a evitar que se presenten demandas en la Ciudad de Buenos Aires, que es donde poseen su domicilio legal la mayoría de las aseguradoras. Ello, porque se quiere apartar a la Justicia nacional, que ha construido una jurisprudencia superior a la de las feudalizadas justicias provinciales a las que, de ahora en más, tendrá que recurrir el trabajador. 3) Un golpe adicional de las cámaras patronales a los damnificados por accidentes laborales o enfermedades profesionales es la creación de un servicio jurídico gratuito, a cargo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), para “defender a los trabajadores en las CCMM". Se trata de un "servicio" a la producción y no a la salud del trabajador. Las cámaras empresarias logran, a través de este acuerdo ruinoso apoyado por la CGT, que la limitación a la llamada “industria del juicio” sea por la vía de tener a esos letrados como empleados. Como bien señala la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL), que rechazó el proyecto que el gobierno remitió al Congreso es claro “que la iniciativa oficial pretende reducir la litigiosidad a costa de las víctimas, proponiéndose dificultar y dilatar al extremo el acceso de los trabajadores a la Justicia, obligándolos a transitar por un kafkiano procedimiento médico-administrativo”. Sólo habría que agregarle que han contado para ello con el apoyo de la burocracia sindical. Los graves problemas de los accidentes de trabajo y de las enfermedades profesionales se han agravado bajo los gobiernos K y M. Por eso resulta clave, para ponerle límites a esta enorme ofensiva patronal, del gobierno, las cámaras y la burocracia, activar y desarrollar comités obreros de seguridad e higiene. El proyecto de ley presentado por el Partido Obrero no sólo sirve como un planteamiento político, sino también como una guía de acción para las internas y los cuerpos de delegados en materia de seguridad que se agravarán a partir de esta reforma. Está planteada una gran campaña nacional en el movimiento obrero de rechazo a la reforma, de repudio a la aceptación de la CGT de la misma, y de una necesaria nueva ley de Accidentes de Trabajo que supere y reemplace a la vieja ley anterior a la flexibilización menemista, que fue luego mantenida por kirchneristas y macristas, y que elimine definitivamente las ART del mundo laboral.

Con acusaciones cruzadas entre los representantes de las pruebas Pisa (Programme for International Student Assessment) y los funcionarios del Ministerio de Educación, se descubrió que los datos que se publicarían como resultado de la aplicación de las pruebas en 2015 están alterados. Los cambios entre las escuelas evaluadas, respecto de 2012, modificarían sustancialmente los resultados y la fiabilidad en las últimas pruebas. Sobre esta hipótesis se abre un fuerte cuestionamiento a este tipo de dispositivos, cuyos resultados marcan los índices de rendimiento escolar de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y sus “recomendaciones” educativas para los países miembro. “La OCDE descubrió que, efectivamente, un número significativo de escuelas no fue incluido en el listado y por esta razón no podemos descartar la posibilidad de que los resultados para la Argentina hayan sido afectados. Es imposible saber, sin embargo, en qué dirección son afectados”, señaló Andreas Schleicher, directivo de la OCDE (La Nación, 5/12). Esta manipulación de escuelas, en función de mejorar el resultado, significa un golpe a las propias evaluaciones estandarizadas, ya que no solamente la selección es arbitraria y no coincide con los programas y currícula que un joven de 15 años necesariamente estudió, sino que revela una crisis para el propio gobierno nacional que ha hecho de estas pruebas y de la “cultura de la evaluación”, como el operativo “Aprender 2016”, un esquema de ataque a los jóvenes, docentes y escuelas. Ya en febrero de este año, la OCDE fue preparando el terreno con un informe titulado “Estudiantes de bajo rendimiento: por qué se quedan atrás y cómo se les puede ayudar”, describiendo el nivel académico y las propuestas de reformas vinculadas con el aumento de pruebas, competencias y habilidades necesarias para aumentar la productividad económica del país. Es decir, nada tienen que ver estas evaluaciones con mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje, sino que apuntan a dar respuesta a las necesidades del capital y las empresas que requieren ciertas habilidades básicas de parte de los trabajadores. La crisis educativa, si bien remite a varias causas, está relacionada con las sucesivas reformas y contrarreformas que han devaluado los contenidos y los métodos de enseñanza, adaptando a la escuela a las necesidades cambiantes del capital. El fuerte vaciamiento de recursos y presupuestos de la educación ha acompañado la creciente miseria social que estalla en las aulas. Nada de eso miden las Pisa, ya que sustraen las condiciones sociales en las que se desarrolla la tarea educativa. Es por esa razón, fundamentalmente, que el reciente operativo del gobierno fue rechazado por gran parte de la comunidad educativa, con paros de los Suteba combativos y boicot de otros sindicatos opositores a la conducción de Ctera, que como hacía con el gobierno anterior, vehiculiza la farsa de las pruebas. El movimiento estudiantil y la docencia deben organizar el rechazo a esta tendencia antieducativa en marcha, denunciando el carácter de las Pisa, el rol de la OCDE en las reformas de América Latina y la creciente mercantilización de las “capacitaciones” o posgrados pagos que devalúan aún más los contenidos educativos.

Se realizaron las elecciones del cuerpo de delegados de Bridgestone-Firestone, una de las grandes fábricas del gremio del neumático. La Lista Negra se impuso en todos los sectores, conquistando los 12 delegados que estaban en juego en la elección y barriendo a los candidatos de la Violeta. En total, la Negra suma 615 votos sobre un total de 845 votantes. La conquista de todo el cuerpo de delegados con un apoyo de más del 70% de los compañeros es un golpe de magnitud a la patronal que realizó todo tipo de maniobras para evitar que la Negra se alzara con este triunfo. No sólo puso a todos los elementos patronales a “meter miedo”, diciendo que “votar a la Negra era que dirijan los que sólo quieren tener conflictos”. Además, desempolvó el acta de reparto de ganancias y días antes de la elección le dio a cada trabajador seis mil pesos, adjudicando este dinero a la gestión de la burocracia violeta. Esta intervención directa de la empresa convierte el voto masivo a la Negra en una delimitación tajante con los agentes patronales, y deja un mandato de lucha por todas las reivindicaciones pendientes de los trabajadores. La Violeta de Wasiejko -quien estuvo presente en la campaña- intentó defender sus puestos presentándose con otros colores, e incluso como “independientes”, simulando diferencias con la seccional violeta. Nada de esto alcanzó para evitar el derrumbe de una estructura burocrática que ya no tiene ningún aval en todo el gremio del neumático. La organización de los luchadores de Firestone en la Negra constituye un ejemplo de reorganización clasista de una gran planta que había sufrido profundos retrocesos del activismo. El triunfo del Sutna nacional se había conseguido incluyendo la derrota de la Negra en las elecciones de la seccional de Llavallol. Uno de los elementos que había provocado esta situación fue la lista divisionista presentada por el Nuevo Mas. En estas elecciones de delegados, el activismo se pronunció fuertemente contra cualquier tipo de divisionismo, organizándose masivamente con la nueva conducción del sindicato nacional e impidiendo que se provocara cualquier fractura frente a la burocracia y la patronal. Este nuevo triunfo al interior del gremio le añade responsabilidades a la dirección clasista del Sutna. Todas las grandes plantas se han pronunciado por los métodos de la democracia obrera, la lucha y la movilización para conquistar el conjunto de las reivindicaciones. La más masiva organización colectiva de los trabajadores será clave para enfrentar los nuevos desafíos y poder lograr cada objetivo. En un cuadro general de ajuste y ataque a las condiciones de vida, los compañeros eligen una alternativa de lucha. El 20 de diciembre en la Plaza de Mayo habrá nuevos contingentes de trabajadores que se suman a la lucha por la independencia política de la clase obrera contra el gobierno, las patronales y las burocracias cómplices.

Al cabo de la que sería la segunda jornada del juicio contra los dirigentes del sindicato telefónico Uettel, Alejandro Toloza y Jorge Castro, compañeros del gremio informan que después de cuatro horas de negociación, Telefónica y el fiscal aceptaron la extinción de la causa penal contra ambos compañeros, que ahora la jueza deberá formalizar. Toloza y Castro estaban siendo juzgados por la lucha que encabezaron en junio del año pasado contra los despidos masivos en una subcontratista de Telefónica de La Plata (Plantel SA). En esa ocasión, Telefónica recurrió al servicio de la patota del “Pata” Medina de la Uocra, que irrumpió en un obrador con más de cincuenta personas armadas, para amenazar trabajadores y delegados. Acto seguido, la empresa procedió al despido de los trabajadores y al cierre de la subcontratista. Esto llevó a los compañeros a realizar un acampe en la puerta del Edificio República, ubicado en el centro porteño, para reclamar que Telefónica garantice los puestos de trabajo. Entonces, la patronal montó un operativo con el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires, criminalizando la lucha para sentar un precedente contra la organización de los tercerizados del gremio. La imputación a los dirigentes de Uettel se basaba exclusivamente en su función de dirigentes gremiales. Esto es un triunfo de los trabajadores ante un intento de marcar un antecedente antisindical para todo el movimiento obrero.

La Legislatura votó varias leyes relacionadas con las villas porteñas. Dos hilos conductores recorren a estas iniciativas. Por un lado, los proyectos contienen un número limitado de viviendas nuevas para construir en cada barrio -no más del 10 a 12% de los hogares totales- y, como contrapartida, una incierta reparación de las viviendas existentes. Por otra parte, la aprobación de estas leyes estuvo “atada” a la votación de otras relacionadas con la enajenación de tierras públicas u operaciones inmobiliarias. En el caso de la Villa 20, se ha votado la venta de 36 hectáreas de tierras públicas en el parque de la Ciudad, una parte de la cual financiaría la “integración” de la 20. En la Villa 31 se ha votado un endeudamiento de 170 millones de dólares para cambiar la traza de la autopista Illía. En el caso del barrio Rodrigo Bueno, su urbanización sería financiada con una “donación” del grupo Irsa, a cambio de que la Legislatura le habilite un barrio privado de trece torres en la Costanera Sur. Finalmente, el gobierno accedió al reclamo vecinal de un parque público en la manzana de Jujuy y Belgrano, en Balvanera, pero a cambio de cederle a sus propietarios un terreno similar en Saavedra, y rezonificarlo… para la erección de torres. Toma y daca Así las cosas, la Ciudad “integra” algunos barrios precarios con las migajas de otra operación económica: la privatización de tierras públicas. La parte del león de esas enajenaciones alimenta a las cajas paralelas del Estado porteño: la Corporación del Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes. En los debates legislativos hemos caracterizado a esta práctica como “asistencialismo inmobiliario”. Llama la atención la tibieza con la cual cierta oposición autotitulada progresista ha criticado este operativo. Es que el macrismo ha extraído su política ‘asistencial-urbana’ de los manuales del progresismo y hasta de los “nacionales y populares”. El antecedente inmediato son las normas del ex gobernador Daniel Scioli habilitando barrios privados a cambio de alguna cesión de tierras para urbanizaciones populares, iniciativas que, a su vez, habían sido propuestas por el ultra K Luis D Elía. En la Ciudad, el centroizquierda, en recientes campañas electorales, propuso una ley de solidaridad urbana -o sea, un manual de procedimientos para el canje de beneficios inmobiliarios por prestaciones sociales. Si se mira bien, el asistencialismo urbano es una réplica de la asistencia social general. O sea, una respuesta capitalista a la polarización y miseria social que impone el capitalismo. En el plano del trabajo, la política de despidos, ajustes e internacionalización de tarifas, viene acompañada por la extensión de las asignaciones y planes sociales. En el caso de la vida en la Ciudad, el acaparamiento privado del suelo es compensado con planes de “integración” en favor de quienes, apartados del mercado de alquileres o viviendas, deben ir a parar con sus huesos a los barrios precarios. Las “urbanizaciones” de Larreta, en definitiva, son el equivalente urbano de las “asignaciones por hijo” kirchneromacristas. ¿Efecto derrame? Esta política urbana seudoprogresista sirve de pantalla para una fabulosa transferencia de riqueza social en beneficio de monopolios inmobiliarios. La justificación teórica es que el Estado, transfiriendo una pequeña parte de esa renta extraordinaria a los sin techo, estaría asegurando el derecho de estos últimos a la vida en la Ciudad. Esta teoría transforma al capital financiero en “socio” y benefactor de las familias sin vivienda. De acuerdo con ella, cuantas más megatorres de lujo se construyan, más urbanizaciones de villas se podrían concretar. Lo cierto es lo contrario: el monopolio privado del suelo sólo puede conducir a un progresivo encarecimiento de la vivienda propia y de los alquileres y, a su turno, a la formación de nuevos asentamientos. En otras palabras: las torres de Irsa financian la “integración” del barrio Rodrigo Bueno; pero su misma existencia conducirá, más temprano que tarde, a la creación de nuevos “rodrigos buenos”. La política de la “solidaridad urbana” disimula las contradicciones actuales de la polarización social en la Ciudad, a costa de reproducirlas a una escala mayor en un futuro. Nuestra política Una política de arraigo de la clase trabajadora en la Ciudad sólo puede prosperar en forma antagónica al capital financiero e inmobiliario. Ello implica poner fin a la privatización del suelo y, en definitiva, sustraerle a ese capital la renta urbana -que emerge de la progresiva extensión de las ciudades y de las posibilidades constructivas de la propiedad horizontal- para convertirla en patrimonio social. En la Ciudad de Buenos Aires, ello implica: 1) la disolución de las corporaciones autárquicas, Puerto Madero, Buenos Aires Sur y la recientemente creada Agencia de Bienes; la anulación de las ventas y privatizaciones de tierras recientes y la conformación de un banco único de tierras públicas, para su puesta a disposición para proyectos de vivienda social, espacios verdes públicos, culturales, sanitarios y educativos; 2) la imposición de impuestos progresivos a la gran propiedad inmobiliaria, hasta la apropiación estatal de todas las rentas del suelo en función de una verdadera urbanización social; 3) la creación de una banca única, que destine los ahorros de la sociedad, entre otros objetivos, a resolver el déficit habitacional y las consecuencias del colapso urbano (inundaciones); 4) la urbanización real de las villas y asentamientos, a partir de un relevamiento de las necesidades de vivienda nueva y de un control de las nuevas construcciones por parte de delegados electos de los vecinos. Al programa de los especuladores inmobiliarios -y sus laderos seudoprogresista- es necesario oponerle un planteo anticapitalista de transformación de la Ciudad.

El décimo quinto aniversario del Argentinazo encuentra al gobierno de Macri sumido en un evidente desconcierto. La promesa de reflotar la economía, con la que pretendió justificar el ajuste, resultó al cabo de un año en una debacle mayor. La capacidad “ociosa” industrial se encuentra en torno al 40 por ciento, suben las expectativas de inflación y el déficit fiscal orilla el 8 por ciento del PBI. La traducción social de semejante bancarrota es el tercio de la población que se encuentra bajo la línea de la pobreza. Algunos “connotados” voceros de las patronales, como Lavagna, alertan sobre un posible “colapso” y sectores del propio gobierno, conscientes de la debilidad de la coalición oficial, reclaman una alianza con el peronismo para enfrentar lo que viene. El futuro inmediato se debatirá entre la “segunda generación del ajuste”, es decir nuevos tarifazos, paritarias del 18 por ciento en cuotas (como la que acaba de firmar María Eugenia Vidal con algunos gremios de la provincia de Buenos Aires) y una reforma laboral “flexibilizadora”, todo esto sumado a la devaluación que reclama la UIA. A la luz de la conmoción social que plantea esa agenda, no es extraño que la perspectiva de una rebelión popular vuelva a ser parte de la agenda política. 2001-2016 Un enorme mecanismo de contención, materializado en el Diálogo por el Trabajo y la Producción, impulsado por la burocracia sindical, y en especial la Iglesia, logró incorporar a un sector importante de los movimientos sociales a la tregua con el gobierno. La cooptación del “triunvirato piquetero” es uno de los puntos fuertes de la coalición del ajuste que, por sobre los intereses particulares que cada uno defiende, reúne al gobierno, la CGT, Massa, el FpV y las patronales. Las CTA simplemente son tributarias de la CGT. Recordemos que saludaron su reunificación y no pierden oportunidad para reclamar una silla en la Mesa del Diálogo. Quince años después de 2001, contamos en nuestro haber con el avance de las direcciones combativas en el movimiento sindical. Al momento de escribir estas líneas (ver artículo) el clasismo del Neumático está barriendo a la burocracia del cuerpo de delegados de Firestone, y consolidando su triunfo como dirección del sindicato nacional. El Sutna, que simboliza este salto, es un producto último de la rebelión de 2001 y de la quiebra de la autoridad del Estado, que -como señalamos en su momento- se introdujo “desde las calles” a las fábricas, a través de los cuerpos de delegados y comisiones internas recuperadas, cuyos núcleos de activistas se forjaron bajo el influjo del movimiento piquetero. Por eso la convocatoria del Sutna -debatida en un plenario de organizaciones de lucha, que desbordó el Bauen- a movilizar al centro del poder político, contra la tregua, por un programa antagónico al ajuste (y por lo tanto contrario a la política de todas las fracciones de la burguesía en la etapa actual) tiene un alcance estratégico. Lucha política El esfuerzo de algunas agrupaciones para imponer otro eje a la convocatoria, que se manifestó en una reunión del Encuentro Memoria ,Verdad y Justica, posterior al plenario del Bauen, es en algunos casos un grueso error y en otros -como para el PCR y sectores de la CTEP- una confirmación de su ubicación en el campo de la tregua. La idea de rechazar “por sectario” el llamado del Sutna y realizar otra convocatoria “que incluya a todos”, incluso a los que no se han pronunciado contra la tregua y hasta a quienes la firmaron, finalmente no prosperó; con matices, fue secundada por el MAS y el PTS. Ambas corrientes volvieron a expresar un planteo similar en las reuniones realizadas en la sede del Neumático, para definir aspectos de la movilización (la única que estaría en pie por ahora). Allí varios de los participantes argumentaron a favor de una marcha con una cabecera “amplia” y un documento “que contenga a todos”, sin oradores. El Sutna y los miembros de la CSC-PO defendimos el carácter unitario de la movilización pero sin aceptar que, detrás de un documento, se diluya la presencia y la política de quienes rechazan la tregua. Colocar al clasismo en el centro de la escena nacional, como factor aglutinante de todos los sectores populares combativos, denunciando la tregua y levantando un programa; este es el mayor homenaje a la gesta del Argentinazo. Foto: Nacho Smith

El lunes por la tarde el ministro de Trabajo de la Nación dictó la conciliación obligatoria, por un plazo de 15 días hábiles, ante el conflicto desatado en la cuenca neuquina por el despido de 1.700 trabajadores petroleros como producto de la determinación de YPF de bajar 33 equipos del campo. La conciliación sienta a las partes a negociar, establece el congelamiento de los 1.700 despidos y el levantamiento del paro de 48 horas que largó el Sindicato de Petroleros privados de Neuquén, Río Negro y La Pampa desde el mismo lunes 5 a la mañana. La conducción del Sindicato dirigido por el senador Guillermo Pereyra decidió, en forma inconsulta, acatar la conciliación obligatoria. Sin tener aún un registro completo, se puede decir que lo cierto es que distintas empresas se encuentran violando la conciliación. Es el caso de YPF SP, la rama de servicios petroleros de YPF SA, que directamente estaría bajando la persiana. San Antonio Internacional y Petroneu tampoco acatan y, con posteridad al dictamen del ministerio, la primera ha emitido nuevos telegramas de despidos. Otras empresas, como Nabors y AESA, sí han acatado la conciliación y los trabajadores han retornado a sus puestos de trabajo. Lunes de paro y piquete Desde la mañana del lunes el paro fue total y, en muchos casos, con cese de producción. Pero el dato más destacado de la jornada fue la concentración en las puertas del sindicato de trabajadores de numerosas empresas, reclamando respuestas a la dirección del gremio. Delegaciones de compañeros de YPF SP, Nabors, San Antonio Internacional, Schlumberger, entre otras, cortaron la calle y de esa manera forzaron la realización de una reunión con los secretarios general y adjunto del sindicato, Guillermo Pereyra y Ricardo Astrada. Acompañando e impulsando la jornada estuvieron, en todo momento, los compañeros de la Agrupación Obreros del Petróleo. En la asamblea se sintió fuerte el malestar obrero, no sólo por la acción patronal, sino también por el accionar de la propia dirección del sindicato. Los compañeros de YPF SP se pronunciaron contra el plan de indemnizaciones por un año que está impulsando Pereyra, avalando los despidos, y reclamaron la defensa de los puestos de trabajo. En la asamblea, los trabajadores denunciaron a la conducción del sindicato por no sacar la convocatoria a elección de delegados desde hace dos años. Reclamaron también que el sindicato los apoye en el patrullaje obrero de un yacimiento para evitar que se bajen cinco equipos, que se encuentran bajo custodia policial. A Pereyra no le quedó otra que hacerse eco del reclamo y ‘acompañar’ la iniciativa. TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR "AGRUPACIÓN AHONIKEN: NACE UNA ALTERNATIVA PARA LOS OBREROS PETROLEROS DE SANTA CRUZ" Por su parte, los compañeros de SAI tuvieron una intervención muy aguda. En primer lugar expresaron su solidaridad con los compañeros de YPF SP, pero denunciaron al sindicato por haber firmado la adenda flexibilizadora del convenio colectivo de trabajo, que golpea especialmente a los compañeros de servicios especiales. La denuncia recibió la ovación del auditorio. Pereyra intentó maniobrar y dividir, señalando que ahora “lo único urgente son los despidos", lo que fue denunciado por uno de los compañeros de la Agrupación Obreros del Petróleo. Es claro, en este escenario, que la conciliación obligatoria emitida por el Ministerio de Trabajo cumplió el objetivo de desactivar una incipiente rebelión obrera, que no sólo cuestiona el accionar patronal sino también a la propia dirigencia del sindicato. Con el vencimiento de la conciliación volverá a emerger todo el malestar. Operativo contención El martes por la mañana los trabajadores de YPF SP, que son los compañeros que se encuentran en la situación más delicada y han ido más a fondo con la lucha, volvieron a montar el piquete en las puertas del sindicato y a denunciar la situación que atraviesan por los medios de comunicación. Como respuesta a eso, la burocracia de Pereyra operó prometiendo defender el reclamo de los compañeros de YPF SP. A cambio, Pereyra y Rucci (secretario gremial) reclamaron la liberación de la calle del sindicato y el cese de la denuncia a la dirección del gremio. Una cantidad de compañeros de YPF consideran que “si el sindicato nos suelta la mano estamos fritos”. Pero el sindicato ya ha adelantado su voluntad de cambiar 1.000 puestos de trabajo por un subsidio de 20.000 pesos para cada compañero. A su vez, la cantidad de entregas que pactó el sindicato con las empresas, a lo largo de todo este año, es abrumadora. Pereyra firmó en febrero el preventivo de crisis, dando curso a la suspensión de 2.000 trabajadores, la jubilación compulsiva de 1.000 compañeros y la vía libre a los despidos encubiertos ("retiros voluntarios”). Luego entregó la paritaria, firmando en julio un aumento del 18%, contra una inflación superior al 40%. Hace un mes atrás firmó la adenda flexibilizadora del convenio colectivo de trabajo, que es la mayor entrega de las conquistas de los obreros petroleros en los últimos 30 años. Es necesario insistir que cualquier confianza en la dirección del gremio representa una orientación suicida. Por el contrario, es necesario unificar a todos los petroleros en base al siguiente programa: ni un despido, reparto de las horas de trabajo sin reducción de salario de bolsillo, apertura de los libros contables de las empresas para que se vea todo lo que siguen ganando, estatización de toda empresa que cierre y puesta en funcionamiento bajo el control de comisiones obreras electas, abajo la adenda flexibilizadora del Convenio Colectivo, que la crisis la paguen la CEPH y la Ceope (cámaras patronales) y no los trabajadores. Nacionalización integral de la industria hidrocarburífera bajo control de sus propios trabajadores.

Con una masiva participación de compañeros y un resultado de 128 votos a favor y siete en blanco, fue consagrada, nuevamente, la histórica comisión gremial interna de prensa en Editorial Perfil. La votación reafirma y refuerza el compromiso de los trabajadores con una tradición de lucha y el apoyo a los delegados frente al violento ataque patronal que los querelló por un paro realizado hace tres años, en reclamo de la reincorporación de compañeros despedidos y los colocó en las puertas de un juicio oral que fue convocado para fines de marzo próximo. También ha sido una muestra de apoyo al Sipreba, representante de todo el gremio de prensa de la Ciudad de Buenos Aires. Este año ha sido muy duro para los trabajadores de Prensa en general y para los de Perfil, en particular. A la paritaria espantosa firmada por la burocracia parasitaria de la Utpba (27% por 13 meses), en Perfil se sumó el incumplimiento patronal del primer tramo del acuerdo salarial y el pago desdoblado de los sueldos que se mantiene hasta ahora. Todo esto en el marco de una inflación desbocada y un impuesto al salario que los ha pulverizado. La ofensiva patronal-judicial contra la comisión interna es un ataque a la libertad sindical y al derecho de huelga. La decisión, en fallo dividido de la Cámara de Apelaciones, de llevar a juicio oral a los representantes de los trabajadores se asienta en el paro general realizado en la editorial a fines de 2013 por la reincorporación de compañeros despedidos. Frente a esta medida, la patronal realizó una denuncia por violación a la “libertad de prensa”, invocando disposiciones del Código Penal. En este contexto, el fuerte respaldo de los trabajadores a sus delegados perseguidos marca un punto de resistencia y de repudio a la provocación patronal-judicial. Es importante señalar que la elección se realizó en las vísperas de la transformación de Editorial Perfil en un gran multimedios. A la infinidad de medios gráficos que ya edita, la patronal le sumó ahora dos canales de TV abierta (las primeras licencias que se otorgan en 50 años en Ciudad de Buenos Aires), una FM y su participación en la licitación para quedarse con radio América, abandonada por el vaciador kirchnerista Sergio Szpolski. La agenda para la nueva comisión interna está centrada en el cobro en fecha del salario, de la deuda contraída por el primer tramo de las paritarias, por la defensa de los convenios y estatutos frente a la precarización laboral, por el desarrollo del Sipreba y por la defensa del derecho de huelga, legalidad que se quiere conculcar con el juicio a los delegados.