Prensa Obrera N° 1437

La victoria de Trump es una expresión del “racismo y xenofobia de la clase obrera blanca”, explican algunos analistas. Esa lectura no se compadece con la realidad. La clase obrera blanca que le dio el voto a Trump es la que históricamente votaba al partido Demócrata, Obama incluido. En las filas de ese electorado, lo que primó no fue el “racismo” sino los estragos de la bancarrota capitalista. Hillary perdió muchísimos votos de esa población en comparación con Obama en las elecciones de 2012. En los Estados industriales más disputados de Michigan, Wisconsin y Pensilvania, su voto se redujo en 13, 10 y 9 puntos porcentuales respectivamente. Un retroceso parecido se constató en Ohio y Iowa. En las últimas cuatro décadas, a esa franja amplia de la población trabajadora, se le han erosionado de manera continua sus condiciones de vida. Entre los hombres blancos sin título universitario el salario promedio, ajustado por la inflación, se desplomó en más de un 20% entre 1975 y 2014. Esa tendencia se profundizó especialmente durante el mandato de Obama. Solamente entre 2007 y 2014, los ingresos promedio disminuyeron un 14%. En los umbrales de la elección, fue anunciado un incremento en las primas de los seguros médicos del Obamacare en un promedio de 25%, una carga económica que reposa íntegramente sobre los trabajadores. Pero si hay algo que echa por tierra la tesis del “racismo“ es que, en esos estados, Sanders había triunfado en la interna demócrata apenas unos meses antes. La capitulación del senador de Vermont, quien optó por ir a la cola de la alternativa “liberal” frente a la fascista y renunció a una postulación independiente, contribuyó al triunfo de Trump. Sanders le pisó los talones a Hillary en las primarias y se alzó con el triunfo en 22 estados, incluidos los principales centros industriales. Estas evidencias desmienten la existencia de una derechización general de la situación política. En verdad, las elecciones revelaron un principio de polarización política que Sanders renunció a desarrollar. A ello hay que agregar la responsabilidad de la burocracia sindical. Gran parte de la clase obrera blanca está nucleada históricamente en los sindicatos y atada políticamente al partido Demócrata. Su dirigencia, una vez más, llamó a apoyar a Hillary y puso el aparato a su servicio. Pero, además, los 6 millones de votos que perdió Clinton incluyen a una parte de la población afroamericana que no fue a votar, y a otra parte de las minorías latinas. Asistimos a una reacción de los sectores más sumergidos, cuya decepción frente al gobierno de Obama fue proporcional a las expectativas que despertó su asunción ocho años atrás. Los planes de Trump Algunos analistas señalan que las medidas planteadas por Trump no pasarán de un anuncio de campaña. Ven con alivio las declaraciones del magnate que solamente deportará a aquellos inmigrantes con antecedentes criminales -ello, frente a la promesa de campaña de echar a 11 millones de indocumentados ilegales. De todos modos, la anunciada deportación “limitada” abarcaría a unas 3 millones de personas y representaría un salto respecto de las abultadas expulsiones llevadas adelante por Obama. En relación con sus promesas de reforzamiento del Estado policial, el ex alcalde de Nueva York Rudolf Giuliani, conocido por la “tolerancia cero”, suena como uno de sus principales colaboradores en el futuro gabinete. También abundan las referencias a un supuesto “aislacionismo” de Trump, omitiendo que el nacionalismo de un país opresor implica una política expansionista y, por lo tanto, de intromisión en todos los rincones del planeta. El “proteccionismo” de Trump irá unido a un aumento de las rivalidades con las otras potencias, a un salto en las tendencias a la guerra comercial y a la guerra misma. El presidente electo había anunciado trabas comerciales a los productos extranjeros, en especial los provenientes de China y México. El propósito sería “disuadir a las compañías de despedir a sus trabajadores con el fin de trasladarse a otros países y enviar sus productos a Norteamérica libres de impuestos” (Financial Times, 14/7). Sin embargo, esta política de “relocalización” industrial entra en colisión con los intereses de las corporaciones norteamericanas que han globalizado sus esquemas de negocios y producción. Independientemente de ello, la muletilla de la defensa del empleo norteamericano servirá como pantalla para alentar una rebaja de los salarios y condiciones de trabajo en Estados Unidos. Belicismo El ascenso de Trump representa un salto en la desintegración del orden económico mundial. Una escalada proteccionista podría terminar de dislocar el comercio internacional, y desencadenar guerras monetarias y financieras. Una represalia yanqui en materia comercial podría conducir, como contraparte, a una venta masiva de títulos de la deuda norteamericana, la mitad de la cual está en manos extranjeras, en primer lugar, de China. Esto tiene su implicancia en el plano militar. Trump tendría en carpeta un aumento del gasto armamentista, después de que Obama hizo lo propio en materia nuclear. El magnate había dicho que pondría fin en un mes al conflicto con el EI, como anticipo de un protagonismo mayor de Estados Unidos en Medio Oriente. Trump reclama que una cuota mayor de esa escalada sea costeada por la Unión Europea. El aumento de las tensiones con este bloque se produce cuando la Unión Europea ha reactivado sus planes a favor de una mayor autonomía militar respecto de la histórica tutela norteamericana. En el plano interno, los anuncios simultáneos de aumento de la obra pública con recortes de impuestos constituyen una mezcla explosiva, pues llevarían al déficit fiscal a niveles siderales. Ello después de que el Estado ha ido agotando sus municiones para salir al rescate del capital como consecuencia de la crisis que estalló en 2008. En lo inmediato, la victoria de Trump ha provocado una devaluación de algunas monedas, especialmente de la periferia -incluidos los países latinoamericanos- y un fortalecimiento del dólar. Esto podría agudizarse aún más si la Reserva Federal aumentara la tasa de interés antes de fin de año. Este reforzamiento del dólar, sin embargo, socavaría la competitividad de la producción local en relación a la extranjera, lo que va a contramano de los planes del magnate. Por eso, Trump estaría buscando, para la presidencia del Banco Central yanqui “a alguien que maneje la política monetaria asumiendo una expansión del gasto publico. El resultado sería la clásica mezcla populista de políticas fiscales y monetarias ultrablandas” (ídem). Los planes de Trump están atravesados por un sinfín de contradicciones, pero apuntan en una dirección estratégica: reforzamiento de las tendencias a la guerra comercial, un Estado policial y un ataque a las condiciones de vida de los trabajadores. Independencia de clase Tan solo un día después de la elección de Donald Trump, los líderes demócratas se movieron aceleradamente para declarar su apoyo al presidente electo. A esta defensa de la gobernabilidad se sumó Sanders: “En la medida en que Trump sea serio en la búsqueda de políticas que mejoren la vida a las familias trabajadoras de este país, yo y otros progresistas estamos preparados para trabajar con él”. Esta política de colaboración con el presidente electo está a contramano de las protestas que miles de jóvenes y trabajadores vienen realizando en contra de Trump, y que son un adelanto de los movimientos de lucha de mayor alcance que se avecinan en la nueva etapa política que se abre en Estados Unidos. La tarea no es radicalizar al Partido Demócrata o empujarlo hacia la izquierda. La experiencia de Sanders, incluyendo este vergonzoso final, es lapidaria. El desafío es hacer emerger una salida política independiente de los trabajadores. La clase obrera debe conquistar su autonomía política y construir un partido propio.

En la madrugada del lunes 14 falleció en un accidente automovilístico nuestro joven dirigente del Partido Obrero de La Pampa, Franco Martínez, un constructor de esos imprescindibles, un ser decididamente maravilloso. Tras una intensa militancia estudiantil en Córdoba volvió a su pueblo, Colonia Barón, en La Pampa, y puso en pie con un grupo de compañeros el primer local del Partido Obrero en la provincia. Ese fue el puntapié inicial para empezar a construir el partido en una localidad de 4.000 habitantes. Acababa de terminar sus prácticas docentes en una escuelita hogar de Quemú Quemú y estaba a punto de recibirse, lo que para él significaba no sólo trabajar de maestro sino intervenir en la vida del sindicato, Utelpa, para levantar una alternativa contra la burocrática Celeste, para desarrollar Tribuna Docente. Era un organizador colectivo. De enorme simpatía, de esos que enamoran a todos con su estilo de hablar a los tirones, atropellado, porfiado, incansable. Su última idea -de esas locas y maravillosas que lo llevaban siempre adelante y empujaban al resto– fue la de pensar que Colonia Barón podía ser el próximo lugar de encuentro del Campamento de toda la UJS. Militaba parte de la semana en Santa Rosa, pero ya estaba planeando -un largo proyecto que acariciaban todos sus compañeros- el modo de afincarse a vivir en la capital porque entendía que ése era el lugar que se debía reforzar para conseguir la legalidad y desplegar una actividad todavía más intensa. Se le abría entero un mundo de posibilidades políticas y personales. Lo despedimos con una enorme tristeza, pero con la convicción de su memoria va a estar presente en cada lucha por un mundo obrero y socialista. Hasta siempre, compañerazo Franco. Hasta la victoria final que nos merecemos.

Los Martínez (Franco, Juan Pablo y Matías) aparecieron un día en nuestro local de Córdoba allá por el 2004. Venían de San Rafael, Mendoza, donde habían tomado contacto con nuestra organización. Fue una verdadera irrupción liderada por Franco que se destacaba por su empuje e iniciativa. Era el líder de los Martínez y rápidamente ocupó un lugar central en la UJS de Córdoba. Franco era un exponente de la “generación del Argentinazo”, pero de quienes habían sacado la conclusión de que la crisis capitalista aceleraba la necesidad de construir una organización revolucionaria, obrera y socialista. Era uno de los cientos de jóvenes que “ocuparon”, de hecho, al Partido Obrero. Luego de Córdoba se fue a La Pampa, tratando de mejorar su situación económica. Y allí donde el Partido Obrero no existía, él, con el empuje y la obstinación que lo caracterizaban, decidió poner en pie el Partido incluso desde su pequeña Colonia Barón. Y lo estaba logrando y tenía proyectos, y armaba nuevas posibilidades. Era la personificación de la energía y la creatividad puestas al servicio de la causa revolucionaria. Despedir a un joven militante, decirle tan pronto “hasta la victoria, siempre” es, para cualquier “viejo” militante, desgarrador. Es un golpe a lo que avanzamos, al puente que tendemos objetivamente hacia el futuro, a la prolongación de nuestra historia y nuestra experiencia como organización, como partido. En mi caso particular, se suman los recuerdos por lo compartido, el cariño y afecto que nos tuvimos (y le tengo), la alegría y responsabilidad de haber sido parte de su decisión de abrazar la causa de la revolución. Eso también acrecienta el dolor. A su hermano Juampi (nuestro Juampi), sostén del trabajo de la LGTBI de Córdoba; a Matías; a sus padres; a su compañera; a sus amigos; a los compañeros del Partido Obrero de La Pampa; a todos ellos los abrazo entrañablemente. A Franco, mi mayor homenaje.

El sábado 12 se movilizaron 850 mil personas en Seúl para reclamar la renuncia de Park Geun-hye, en lo que fue calificado por la agencia Yonhap como “la mayor manifestación en Corea del Sur en este siglo” (12/11). La presidenta surcoreana quedó al borde de su caída tras revelarse la existencia de una oscura y corrupta camarilla que operaba en las sombras del poder. Choi Sun-sil, íntima amiga de la presidenta, está acusada de explotar sus vínculos personales con la mandataria para conseguir aportes empresariales para las fundaciones que manejaba con propósitos de enriquecimiento personal. Por su influencia política entre bastidores, algunos medios la señalan como la “Rasputín coreana”. Pero probablemente sea apenas una pieza de un aceitado mecanismo de corrupción. ¿Indicios? El entramado de donaciones irregulares compromete a la Federación de Industrias Coreanas, que habría aportado 70 millones de dólares y nuclea a baluartes del capitalismo coreano como Hyundai y Samsung. Los fiscales investigan si esta última compañía entregó 3 millones de dólares a una compañía propiedad de Choi y su hija, para financiar el entrenamiento ecuestre de esta en Alemania. Choi se encuentra actualmente detenida, acusada de estafa y abuso de poder. Pero la investigación escala y la presidenta podría ser indagada por la fiscalía esta semana. Muchos de los colaboradores de la presidenta también son investigados por corrupción. Las oficinas de Samsung fueron allanadas. Algunos medios hablan de posibles devoluciones de favores a las patronales a cambio de las donaciones, como en el caso del grupo Lotte, con cuyos directivos se reunió la primera mandataria tras el nacimiento de las fundaciones comandadas por Choi (The Hankyoreh, 9/11). Las movilizaciones del fin de semana, con un fuerte componente juvenil, constituyen el punto más alto de las protestas contra el gobierno que comenzaron con el destape del affaire, a fines de octubre. Altamira las calificó en Twitter como un “surcoreanazo”. Hace menos de una semana, 200 mil personas se habían movilizado también en Seúl.

Defender la vigencia de la Revolución Rusa cuando se inicia la conmemoración de sus cien años aparece como una tarea de improbable éxito. ¿Quién defiende hoy, en términos rigurosos, la primera revolución obrera triunfante, el paso al poder de un gobierno de trabajadores que llevó al inicio de una transición hacia una sociedad sin clases? En un análisis en Prensa Obrera¹ sobre la revolución obrera de Hungría, hace sesenta años, la ilustración remite a un hecho conmovedor. Obreros metalúrgicos de Budapest han terminado su faena y una monumental estatua de Stalin yace tirada entre rostros satisfechos. En esa imagen, de la que quizás fue la experiencia más profunda de la revolución política que se extendió por más de treinta años, se concentra una de las claves de la evolución política que barrió con los Estados obreros. Fue la burocracia autoproclamada comunista la que emprendió el camino de la contrarrevolución política para liquidar las conquistas sociales creadas por la Revolución de Octubre, adoptando un rumbo de preservación frente a la intervención de la clase obrera. Fue esa burocracia la que se erigió a sí misma en clase propietaria en Rusia, en China, en los Estados de Europa Oriental. En 1953, con el levantamiento de la clase obrera de Alemania Oriental, se inició la saga de las revoluciones políticas, que se cerraría con la derrota de la revolución polaca. En 1980, las masas insurreccionadas en Polonia destrozaron el intento de aplicación de un programa inspirado por el FMI (aumento de precios, liberación del mercado) y barrieron con la burocracia en el gobierno, intermediaria del capital internacional. Fue la revolución política la que empujó definitivamente a la burocracia estalinista al campo de la contra revolución y fue la derrota de esa revolución política la que permitió ese rumbo. La reacción política dentro de la URSS y los Estados obreros deformados contra el programa de Octubre se fortaleció en relación directa a las derrotas sufridas por la clase obrera internacional. Finalmente el retroceso de la Oposición de Izquierda, orientada por León Trotsky, estuvo indisolublemente ligado a la derrota de la Revolución Alemana, lo que hizo desvanecer la esperanza de un auxilio inmediato de los obreros europeos. El pronóstico La restauración fue parte de un pronóstico alternativo que León Trotsky planteó desde 1923. “Los jefes y las masas no podían ver en el levantamiento de octubre más que la primera etapa de la revolución mundial. El pensamiento de una edificación independiente del socialismo en una Rusia aislada no fue ni defendido, ni mantenido, ni formulado firmemente por nadie en el año 1917”. “De un modo general -se interroga Trotsky - ¿las contradicciones de la edificación socialista pueden adquirir tal tensión que quebranten las bases de dicha edificación…? Sí, esto es posible” ¿De qué modo? “El régimen actual, en tanto que régimen de transición del capitalismo al socialismo, puede…ser reemplazado sólo por el capitalismo”. En tal caso todas las contradicciones que provocaron el hundimiento del régimen soviético “se transformarían inmediatamente en contradicciones interiores del capitalismo y adquirirían muy pronto extrema agudeza. Lo cual quiere decir que la contrarrevolución capitalista contiene las bases de una nueva Revolución de Octubre”². Este pronóstico extraordinario parece retratar al actual escenario político. El progreso de la restauración en la ex URSS y China abrió la expectativa de un relanzamiento capitalista, al integrar a la producción de plusvalía a dos de los proletariados más grandes del planeta. Pero esa integración, en la etapa histórica de declinación del capitalismo, terminó agravando todas las contradicciones precedentes. La penetración capitalista en los ex Estados obreros acentuó las tendencias a la sobreproducción y, al interior de sus fronteras, y con la llegada de la crisis, desarrolló una intensa lucha de clases. Por caso, da cuenta de ello la escalada de luchas obreras en China. Un cuarto de siglo después de la caída del muro, la “globalización” capitalista -el mundo armonizado que emergería de la recolonización de los ex Estados obreros- es sólo un recuerdo. Corresponde volver sobre aquel pronóstico de León Trotsky. Si la Revolución Rusa estaba concebida como un capítulo de la revolución mundial; si el estalinismo no fue el resultado del bolcheviquismo, sino su antítesis; si una generación obrera y socialista pagó con la vida de decenas de miles la defensa genuina de la revolución socialista; si la barbarie estalinista fracasó revelando que no era ninguna tercera vía entre el socialismo y el capitalismo; si la historia confirmó, finalmente, que la burocracia es un accidente histórico en un minuto de existencia de la humanidad, ningún ciclo está cerrado. Revolución Rusa y bancarrota capitalista La Revolución Rusa y el nazismo son derivaciones opuestas y contradictorias de la declinación mundial del capitalismo, que nace de la contraposición entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el marco estrecho de las fronteras nacionales, la socialización de la producción y la apropiación cada vez más concentrada en el sistema capitalista. Por la misma razón, para sus líderes, la Revolución de Octubre debía ser el comienzo de la revolución socialista mundial. Con la Revolución Rusa, "la humanidad colocó en la agenda cotidiana la abolición de la sociedad de clases. Es decir, trató de cerrar la etapa de la prehistoria (Marx). En este punto abrió históricamente un siglo de guerras y revoluciones que la bancarrota capitalista mantiene aún más vigente que hace 100 años. Es decir, el período que comenzó en octubre de 1917 sigue abierto. Notas: 1. Prensa Obrera N° 1.435, “A sesenta años de la revolución obrera…” 2. León Trotsky: "Thermidor y Bonapartismo" y "¡Quince años!," en Revista Comunismo, mayo 1931 y noviembre 1932, Editorial Fontamara, Barcelona, 1978.

El Festival Latinoamericano de la Clase Obrera (Felco), que reúne diversas expresiones artísticas, inaugurará su décima edición el próximo jueves 24 de noviembre. En esta nueva edición, la sección cinematográfica contará con el estreno destacado de “Exomologesis”, película de César González (conocido también por su seudónimo Camilo Blajaquis), con una retrospectiva de la obra de Raymundo Gleyzer (re digitalizada), con la proyección de “El Padre” de Mariana Arruti y con importantes producciones nacionales y latinoamericanas. En teatro se destacan las participaciones de Andrés Mangone y Pompeyo Audivert, tanto como la multiplicación de puestas de la obra “Nenina” dirigida por Iván Moschner (recientemente premiado con el ACE al mejor actor de teatro independiente). Esta obra es un unipersonal que recuerda la lucha de las mujeres por la libertad de Romina Tejerina y será protagonizado por dieciséis actrices. Con todo, se expresará en el Felco no sólo la adhesión política de los artistas a la causa de la clase obrera, sino también la producción artística de los propios trabajadores. Es el caso de las obras plásticas de Juan Pablo Riggio y de Susana Pena, trabajadores del subte. Otra iniciativa que dirá presente en el encuentro será la de más de treinta fotógrafos que el año pasado presentaron por primera vez el “Anuario de los trabajadores”. Mientras que en los barrios de La Boca y Ciudad Oculta se plantarán los jóvenes que apuestan por el freestyle del rap. El Felco recibió el apoyo de músicos reconocidos como Las Manos de Fillippi, Acorazado Potemkin y la franco-chilena Ana Tijoux -según la revista Newsweek "la rapera latinoamericana más importante de la escena internacional”; y de los creadores agrupados en “Artistas por el Frente de Izquierda” En acción El festival ya se ha puesto en marcha en distintos barrios y provincias, permitiendo a su vez el reagrupamiento de los artistas por sus reivindicaciones inmediatas. En varios barrios porteños y en las ciudades de Santa Fe, La Plata y Córdoba entre otras, se han realizado numerosas actividades “pre - Felco”. El Felco y sus artistas se comprometen con la lucha de los oprimidos de todo el continente. En ese sentido se suma a la organización del festival artístico por el retiro de las tropas de Haití, a realizarse en el Parque Centenario en diciembre. Sobre el final del Felco habrá una gran asamblea, que expresará el reagrupamiento de los participantes para impulsar una corriente política de artistas, que aporte al propósito de postular a la clase obrera como sujeto social de la emancipación en la región.

La coalición ajustadora que gobierna la Argentina da muestra, no ya de su carácter reaccionario sino también de su completo desconcierto frente a la marcha de la crisis capitalista internacional y sus remezones políticos. La burbuja financiera construida en estos meses por el macrismo, y que significó un endeudamiento público de más de 50.000 millones de dólares, ha comenzado a tambalear. Los mismos gurúes que convocaban hasta hace unos días a la compra de títulos argentinos envían ahora tuits recomendando “salirse”, ante la posibilidad cierta de una fuga de capitales de Argentina y los emergentes hacia los Estados Unidos -ello, como resultado de una suba de la tasa de interés internacional. Los “analistas” sostienen que esta crisis en ciernes es el resultado del “inesperado” triunfo de Donald Trump. Pero es al revés: la victoria del demagogo fascista yanqui es una expresión política de la crisis capitalista, que impone salidas de fuerza a la desintegración de los bloques políticos y económicos que signaron el orden de la segunda postguerra. El macrismo y sus socios, que salieron a reciclar otra quiebra -la de la Argentina- apostando a ese mercado mundial en ruinas, se han quedado ahora sin libreto. El gabinete del “dólar planchado” y las “metas de inflación” deberá vérselas ahora con una guerra devaluatoria internacional. Sólo en una semana, la depreciación de la moneda brasileña aventajó en cinco puntos al peso argentino, aún cuando éste también se devaluó. Si el gobierno acompaña esta guerra de monedas, acelerará la salida de los capitales que vienen a especular con las tasas de interés usurarias y el dólar fijo. Ni qué decir que una nueva devaluación haría volar por los aires a las “metas de inflación” y al propio presupuesto que está en debate en el Congreso. Si, por el contrario, el gobierno sostiene la paridad cambiaria, acentuará las tendencias a la quiebra industrial y al déficit comercial del país. Al macrismo, en definitiva, se le han quemado los papeles. Es mi presidente Mientras se extiende el desconcierto económico, la mayor parte de la coalición gobernante y la oposición despliegan votos de confianza en el demagogo derechista que ha sido consagrado presidente. Un desfile de apoyos que muestra la completa dependencia de la burguesía argentina y sus partidos respecto del capital financiero internacional. Esta adaptación política se extiende con particular fuerza a los opositores “nacionales y populares”. Daniel Scioli y Cristina Kirchner le han prodigado elogios a Trump, ésta última, poniendo énfasis en sus anuncios proteccionistas y nacionalistas -como si el nacionalismo de la principal potencia imperialista no constituyera, antes que nada, un anticipo de que sus prerrogativas económicas y políticas serán defendidas a sangre y fuego en todos los rincones del planeta. Para quienes soñaban con una “resistencia” de la mano del kirchnerismo, es bueno que tomen nota de este coqueteo de su jefa con quien debutó anunciando deportaciones masivas de inmigrantes. Precisamente, y empalmando con la agenda reaccionaria de Trump, el gobierno ha lanzado una escalada de anuncios persecutorios contra los trabajadores extranjeros en Argentina, cuyo mentor, de todos modos, ha sido el jefe de senadores del Frente para la Victoria. En cualquier caso, la “empatía” con Trump es una poderosa señal respecto de los recursos que empleará el macrismo y sus opositores de cara al agravamiento de la crisis internacional: una mayor ofensiva contra las conquistas salariales y laborales de los trabajadores argentinos. Dos perspectivas para los trabajadores Mientras aparecen estas señales de guerra contra la clase obrera, la CGT ha resuelto guardarse bajo el alero de las “organizaciones sociales” afines al Vaticano -este es el bloque de fuerzas que impulsa la marcha de este viernes 18. La plataforma de este frente es la legalización de un extendido esquema de trabajo precario y subpagado, como respuesta a los despidos y al aumento generalizado de la miseria. En esto consiste el contenido de su “emergencia social”. Pero la crisis capitalista podría barrer incluso con el asistencialismo oficial, en el que se funda la “paz social” que impulsan la burocracia y sus socios. Es que una crisis financiera del Estado colocaría con más fuerza la cuestión de un ajuste contra el conjunto de los gastos sociales. De cara al nuevo escenario internacional, el “frente Vaticano” también podría quedarse prematuramente sin libro . A la luz de este cuadro general, el acto del Frente de Izquierda en Atlanta cobra una enorme dimensión política. El Frente de Izquierda tiene la responsabilidad de hacer emerger una auténtica polarización política, en medio de los virajes y crisis que deberán producirse como consecuencia de esta nueva fase de la crisis capitalista internacional.

La Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena de José Pedraza por el crimen de Mariano Ferreyra y las heridas de Elsa Rodríguez, al rechazar el recurso de queja interpuesto por su abogado, Carlos Froment. En el mismo sentido, la Corte se pronunció respecto de los recursos presentados por los defensores de Juan Carlos Fernández, Pablo Díaz, Cristian Favale, Gabriel Sánchez, Francisco Salvador Pipitó, Daniel González y los policías Jorge Ferreyra, Hugo Lompizano, Gastón Conti, Luis Alberto Echavarría y Luis Mansilla, todos ellos condenados junto a Pedraza. De este modo, los abogados defensores de Pedraza y su patota agotaron todas las instancias de posibilidad de revisión de las penas dictadas por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 21 al término del juicio que se desarrolló entre abril de 2012 y agosto de 2013. Por otra parte, esto significa que los comisarios Mansilla y Ferreyra deben ser detenidos inmediatamente. Ambos fueron condenados a 10 años de cárcel en calidad de coautores de homicidio y tentativa de homicidio, pero llegaron libres al juicio oral y no pasaron ni un día en prisión. Ya no existen excusas para que su detención no se haga efectiva. La decisión de la Corte no modifica la situación actual de Pedraza y Fernández, los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria al momento del crimen, que actualmente gozan del beneficio de la prisión domiciliaria. Tampoco se revierten las excarcelaciones de Pipitó y Alcorcel, beneficiados por haberse acogido a los programas educativos que se dictan en la cárcel ni impide que se produzcan nuevas excarcelaciones en condiciones similares. Mariano Ferreyra fue asesinado el 20 de octubre de 2010, en Barracas, cuando una patota de la Unión Ferroviaria atacó a una movilización de trabajadores tercerizados del ferrocarril Roca. La Policía Federal jugó un rol central en la concreción del ataque, ya que liberó la zona y dejó huir a los agresores, dejando atrás un muerto y otros cuatro heridos de bala. Al cabo de una movilización popular histórica por el castigo a los culpables, Pedraza fue condenado a 15 años de prisión y sus patoteros recibieron penas de 18 a 8 años de cárcel en calidad de coautores de “homicidio simple” ya que, según el TOC N° 21, Pedraza no tenía intenciones homicidas ya que “no le convenía un muerto”. Los negocios que asociaban a la burocracia de Pedraza con los empresarios que administraban los ferrocarriles y los funcionarios de la Secretaría de Transporte, así como el papel de estos dos últimos en la planificación y concreción del ataque, no han tenido condena.

El sábado 12 de noviembre sesionó el plenario del Sitraic de la provincia de Santa Cruz, con la presencia de delegaciones de Puerto San Julián, Puerto Santa Cruz, Caleta Olivia y Río Gallegos. En el informe inicial, y en la deliberación posterior, se dio cuenta del carácter ajustador de los gobiernos nacional y provincial, y del rol de garante de ese ajuste que juega la burocracia de la Uocra. Se ratificó lo resuelto por el 2° Plenario Nacional de nuestro sindicato y se resolvieron acciones organizativas y de lucha que van a marcar el rumbo de la organización en los próximos meses. Además, el plenario destacó la importancia de desarrollar la Coordinadora Sindical Clasista (CSC) entre los gremios industriales de la provincia y el carácter trascendente del acto del Frente de Izquierda del próximo 19 en la cancha de Atlanta. Las resoluciones aprobadas fueron las siguientes: •Promover el desarrollo del sindicalismo clasista a través de cursos de formación sindical. •Continuar llevando a todos los compañeros el Boletín del sindicato y la “Carta Abierta a los Obreros de la Construcción”, como herramientas para dar a conocer y hacer crecer al Sitraic y su razón de ser en toda la provincia. •Denunciar la persecución sindical y política que sufren los activistas en el gremio de la Construcción, particularmente los miembros del Sitraic, como ha quedado claro en los casos de la condena injusta al trabajador Hugo Eguiazábal, en el ataque a los compañeros de Sitraic Florencio Varela y en el juicio armado contra el dirigente Alejandro Lugo. Entendemos que se trata de una nueva estrategia del Estado y la burocracia sindical para intentar detener el desarrollo de la organización independiente entre los trabajadores de la industria. Asimismo, denunciamos y ratificamos nuestra lucha contra todos los casos de persecución que, en Santa Cruz, tienen sus principales ejemplos en los despidos de los petroleros de San Antonio, en el despido de Leo Altamirano de la Municipalidad de Puerto Santa Cruz y en las amenazas al delegado de Aprosa, Adrián Fernández. •Trabajar con fuerza hacia la jornada del 14 de diciembre, día en el cual Sitraic Santa Cruz será parte de una gran jornada de lucha de nuestro sindicato en todo el país.

Las mujeres vienen jugando un rol protagónico en la escena política. Desde el 3 de junio de 2015 no pararon las movilizaciones populares. Estas marchas expresan un cuestionamiento al orden existente, basado en el sometimiento y silenciamiento de todo lo que ocurre con las mujeres. Uno de los hechos más destacados ha sido el paro nacional de Mujeres del 19 de octubre, que se cumplió en todo el país sin el apoyo de las conducciones sindicales y con asambleas y cortes de calle exigiendo justicia para Lucía. El gobierno recorta los programas de atención de las mujeres. Leyes como la que se votó en la Ciudad de Buenos Aires, que dispone la construcción de centros de asistencia para las mujeres violentadas, están siendo cajoneadas. El presupuesto 2017 incluye un recorte de recursos para el Consejo Nacional de las Mujeres, una confesión de que no se implementará ningún plan de guerra contra el femicidio diario ni contra las torturas que viven otras miles. Aborto Legal La sumisión al clero de parte del gobierno kirchnerista encuentra una línea de continuidad en el gobierno actual. El cumplimiento del aborto no punible y el tratamiento del aborto legal son boicoteados a pedido del Episcopado, condenando así a la clandestinidad y a la muerte a miles de mujeres de la clase trabajadora. Mientras tanto, el aborto clandestino alimenta con millones a los mercaderes de la salud. La política de contención impulsada por el gobierno a través de movimientos sociales cooptados por la iglesia y el macrismo, tiene su correlato en el movimiento de mujeres. Intentan contener y detener el avance alcanzado. Mujer y trabajo precario En el plano laboral también se pone en evidencia la orientación no sólo de las fuerzas gobernantes sino también de las burocracias sindicales. En el campo de la defensa de leyes y reglas tendientes a socializar las tareas domésticas y de crianza o de liberar a las trabajadoras del yugo de la violencia doméstica, se reproducen las mismas prácticas. No hay tratamiento aún de múltiples proyectos para la extensión de licencias por maternidad y paternidad ni tampoco por violencia de género. Allí donde las movilizaciones de trabajadoras lograron arrancar estas licencias, como ocurre con las docentes de CABA, el gobierno macrista y la burocracia kirchnerista confluyen en la negativa a extender campañas públicas para explicar su utilización. En el campo de las cooperativas de trabajo precario, la indefensión de las mujeres es total. No hay presupuesto para jardines maternales ni para centros de asistencia, no hay normas protectoras de ningún tipo. Sin embargo, Barrios de Pie, el Movimiento Evita y la CCC no han dudado en recibir 55 millones de pesos para ejecutar un plan de contención social oficial bendecido por la Iglesia. Femicidio, trata y complicidad estatal Las causas por femicidios se apilan en juzgados. Las denuncias por violencia también. El accionar de la Justicia y de los poderes ejecutivos alejan a las mujeres de realizar las denuncias. Es que deben atravesar un proceso de revictimización permanente. Más del 25% de las asesinadas durante 2015 habían hecho denuncias, pero el Estado se negó a protegerlas El descubrimiento de una red de prostitución infantil a metros del Obelisco no debiera sorprender, al menos al Estado. Estas funcionan con protección policial e incluso son promocionadas para incentivar el turismo pedófilo en la Ciudad. Lo mismo ocurre en torno del negocio de la explotación sexual. Nadie podrá decir que no sabe donde transcurre, mucho menos los policías, jueces y fiscales que la usufructúan y que cobran la coima. Es necesario que pongamos en pie un gran movimiento de mujeres que haga conciente esta realidad y que se forje de manera independiente del Estado y del clero. Las movilizaciones impulsadas se inscriben en este camino y todo obstáculo que distraiga este gran objetivo debe ser removido. Conscientes del rol que cumple el Estado que defiende una sociedad de sometimiento y explotación, con la colaboración permanente de poderes clericales, debemos buscar una salida independiente. Desde el Plenario de Trabajadoras-PO proponemos poner en pie una campaña nacional por un Consejo Autónomo Nacional, electo por mujeres desde los 13 años, con total independencia de los gobiernos de turno a la hora de implementar campañas políticas y a la hora de exigir y poner en pie las soluciones que se reclaman a gritos. Sin ningún tipo de subordinación a programas de ajuste, beneficios a banqueros y empresarios ni a ningún otro interés que no sea el de las propias mujeres. El Estado es responsable, gritan las víctimas. El Estado es responsable y vamos a denunciarlo. Aborto Legal, abajo el ajuste, basta de precarización y despidos. Basta de femicidios. Tambien te puede interesar: Movimiento y lucha politica

Luego de las recientes y enormes movilizaciones realizadas, se suceden reuniones para organizar las acciones que el movimiento de mujeres tiene por delante. En la Ciudad de Buenos Aires habrá una marcha del Congreso a Plaza de Mayo el 25 de noviembre, que estará precedida por piquetes, asambleas y paros denunciando la responsabilidad del Estado sobre la violencia social e institucional que viven las mujeres. Con el Vaticano, nada El jueves 10 se realizaron dos reuniones simultáneas en la Ciudad de Buenos Aires por la organización de la marcha. Una convocada por periodistas del Movimiento Evita, encubiertas detrás del logo "Ni Una Menos", cuyo punto de convocatoria fue un local de la CTEP y otra por la CTA Autónoma, un espacio que se reduce desde hace años para organizar estas jornadas en dependencias de dicha central sindical. El Plenario de Trabajadoras-PO, organización que criticó severamente los métodos usados por las periodistas antes y durante la movilización del 19 de octubre por Justicia para Lucía, llevó a la reunión de la CTEP el planteo de que el movimiento de mujeres no podía reunirse en la sede de una organización aliada de la Iglesia. La CTEP, animada por el Movimiento Evita, es una organización que se encuentra pactando la contención social junto al Episcopado, recibió fondos del gobierno para colaborar en esa orientación y no cuenta con un solo antecedente de lucha por los derechos de las mujeres. A su turno, el Evita -ayer kirchnerista y hoy alineado en la reconstrucción del PJ- se ha disciplinado a las prebendas que recibe de la ministra Stanley, otra enemiga de los derechos de las mujeres. Los representantes parlamentarios del Evita ni siquiera concurrieron a la reunión de "cabildeo" convocada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto para discutir estrategias parlamentarias para el tratamiento del tema en el Congreso. Fue un gesto de relevancia para las pretensiones episcopales. Remo Carlotto, integrante del Evita, no estuvo en la reunión de comisión de Legislación Penal convocada en 2014 para tratar proyectos sobre la legalización del aborto ya que había ido a visitar al Papa. Aquella reunión no obtuvo quórum para emitir dictamen, cuando el kirchnerismo tenía mayoría de integrantes en la misma. Finalmente las reuniones hacia la marcha del 25 de noviembre fueron unificadas, lo que no impedirá que continúen las maniobras de estos agentes del clero contra una movilización independiente, como ya ocurriera el propio 19 de octubre, cuando la periodista del Evita Florencia Minici propuso ni más ni menos que no ingresar a Plaza de Mayo para preservar a la Catedral, no sólo pretendiendo que hiciéramos un gesto político complaciente con una institución enemiga de las mujeres sino que también asumiendo el triunfo de la provocación montada en Rosario preparada por el clero y el gobierno para evitar una masiva manifestación política contra el clero local. El avance de un movimiento de mujeres de lucha es inseparable de la demarcación respecto de estas socias del Vaticano. La reconstrucción del PJ en la era post kirchnerista está en manos del Papa Francisco, ex Guardia de Hierro, organización setentista de la derecha peronista. No hay ni rastros de defensa de los derechos de las mujeres en esta perspectiva. Este debate cobra una importancia mayúscula y está en el fondo de la maniobra llevada adelante por la CCC, Barrios de Pie, Patria Grande y el Movimiento Evita, todas laderas del Vaticano hoy, para vulnerar la decisión mayoritaria de hacer el ENM en la Ciudad de Buenos Aires y trasladarlo de manera fraudulenta a Chaco, donde lo están organizando junto al gobierno. Maniobra que, nuevamente, no es denunciada por las periodistas del “Ni una menos” . Por el contrario, utilizan sus posiciones en los medios para atacar a organizaciones que, como la nuestra, fueron de las más numerosas y de mayor extensión territorial de dicho Encuentro. Además, se trata de un ataque a quienes defendimos sin doblez las reivindicaciones históricas de nuestro movimiento. Si el movimiento se une detrás de las principales demandas de las mujeres, por trabajo, por terminar con la discriminación salarial, por vivienda, por asistencia a las mujeres violentadas y por el aborto legal, por la separación de la Iglesia del Estado y corre el velo de las maniobras de las laderas del clero, seremos imparables. Tambien te puede interesar: 25 de Noviembre: Día de lucha contra la violencia hacia las mujeres

El 11 de noviembre se realizó la elección de comisión interna de la papelera quilmeña Smurfit Kappa y el clasismo se reafirmó en la fábrica con una contundente victoria: de 132 votos, 130 fueron para la Lista Gris. La burocracia, esta vez, ni siquiera pudo poner en pie su lista. Los trabajadores de Smurfit Kappa acumularon una enorme experiencia de lucha y organización desde que, hace dos años, la Lista Gris conquistó la Comisión Interna, arrebatándole a la burocracia la conducción de una de las fábricas más importantes de la seccional Bernal. Durante los 24 meses que la interna ha sido dirigida por la Lista Gris, integrante de la Coordinadora Sindical Clasista, los trabajadores recuperaron el método de organización histórico de los trabajadores, la asamblea. Entre sus conquistas se encuentra la comisión mixta de seguridad, el reconocimiento del escalafón cuando un trabajador cubre un puesto superior, la defensa del convenio, recategorizaciones acorde a cada tarea, los aumentos en tickets, viáticos y presentismo (todos con movilidad), también lograron que los adelantos paritarios no sean absorbidos hasta su concurrencia, un bono de fin de año y un bono con la firma de paritarias. La Gris de Smurfit Kappa renueva su mandato con la autoridad de haber desarrollado intensas luchas por las reivindicaciones de los trabajadores papeleros, mientras la burocracia celeste de Rico acaba de acordar, una vez más, una partitaria de miseria. Con esta gran elección de la Lista Gris se refuerza la idea de que el clasismo ha llegado para quedarse. Frente a la entrega de la burocracia, es necesaria una nueva dirección de los sindicatos. Vamos por más internas clasistas y por la impugnación y una nueva convocatoria a elecciones en el Sindicato del Papel de Bernal (ver nota aparte).

Cuando faltan sólo horas para el acto del Frente de Izquierda en la cancha de Atlanta, ya es una certeza que estaremos frente a una convocatoria multitudinaria, que superará todas las previsiones originales. Del riesgo de que la cancha de Atlanta pudiera quedarnos grande hemos pasado al “peligro” de que nos quede chica. En lo que concierne al Partido Obrero lo estamos verificando con un aluvión de último momento. En los lugares de trabajo, de estudio y en las barriadas populares se ha producido una multiplicación de confirmaciones, que ha elevado nuestra previsión de movilización por encima de las 14.000 personas. Y todavía hay tiempo para seguir creciendo. Es probable que en las proporciones determinadas por los diferentes desarrollos, los demás partidos del FIT estén viviendo un fenómeno similar. El dato cuantitativo confirma una caracterización cualitativa: la del Frente de Izquierda como un canal para un amplio sector de las masas populares que rompen con los partidos patronales y evolucionan hacia posiciones de independencia de clase. La caracterización del Frente de Izquierda como canal significa, ni más ni menos, que su capacidad de atracción supera la mera suma de los tres partidos que lo integran. A favor de la caracterización del Frente de Izquierda como canal debe anotarse también que ha mantenido esa función a pesar del inmovilismo al que ha sido sometido durante un año entero. La tendencia a la independencia de clase es más fuerte que el faccionalismo paralizante. Crisis de fondo No sería aconsejable, sin embargo, abusar de esta capacidad de resistencia del Frente de Izquierda continuando con la parálisis del año en curso. La situación política ofrece posibilidades enormes para desarrollar al FIT a condición de que actúe con el método del frente único de clase. El mandato o, para ser más exactos, la exigencia que surge de los miles y miles que concurrirán a la cancha de Atlanta, es que el Frente de Izquierda salga con un plan de acción común para intervenir en una situación política convulsionada, caracterizada por la bancarrota económica y una crisis política y social de envergadura. Las premisas sobre las que se basaban los planes oficiales han quedado desmentidas en menos de 12 meses. La perspectiva de una suba de la tasa de interés en Estados Unidos, que comenzó con el triunfo de Trump, anticipó una nueva fase de guerra financiera, comercial y monetaria que pasó a mejor vida el plan financiero del macrismo. No sólo está en cuestión el endeudamiento de 55.000 millones de dólares previsto en el Presupuesto del año que viene, sino que se le agrega el combo mortal de una probable caída de los precios de las materias primas que el país exporta. El impacto inmediato de este giro de la situación internacional confirma que estamos en presencia de un plan colonialista, que ha contado con el aval de la inmensa mayoría de los partidos opositores, sean del FpV, de los “renovadores” de Massa o del centroizquierda. Esta unidad nacional por el endeudamiento cruje ahora como resultado de las contradicciones insalvables de la política oficial. Roberto Lavagna, que integra el Frente Renovador, ha declarado que estamos frente a un modelo de los ’90, una forma velada de reclamar una nueva devaluación que lleve al dólar por encima de los 20 pesos. La devaluación del real brasileño y del peso mexicano echa leña al fuego de ese lobby. Pero una devaluación supondría un replanteo integral de los planes en marcha, incluyendo cambios en el gabinete y una aceleración de los choques entre los partidos capitalistas. Caldera social El fracaso de la política seguida hasta el momento no ha sido gratuito. Le costó al país 56.800 millones de dólares de nueva deuda y, por sobre todo, un crecimiento de la pobreza y la indigencia como resultado de la desvalorización del salario y el aumento de la desocupación. Argentina deberá hacer frente a un agravamiento de la crisis mundial en condiciones aún más desventajosas. Cuando se impone un plan de defensa del país y de los trabajadores mediante medidas de protección, como el monopolio del comercio exterior y un sistema financiero en manos de una banca pública unificada, el gobierno va en sentido contrario. El endeudamiento serial conduce inevitablemente a una nueva quiebra nacional. Los que asumieron la responsabilidad ante la población por esta política deberán sufrir una merma de su autoridad. Esto vale tanto para el gobierno como para la oposición, así como también para la burocracia sindical de la CGT que ha trabajado activamente para defender la gobernabilidad del ajuste macrista. La movilización convocada por movimientos sociales que actúan bajo la órbita del Vaticano junto con la CGT es un intento burdo de encubrir la colaboración con el gobierno. La posibilidad de que el kirchnerismo pueda explotar esta situación para su “vamos a volver” choca contra su propia desintegración, y por sobre todo, con su política de buscar un acuerdo con el pejotismo y el massismo con el que gobernó durante 12 años. La total delimitación con estas experiencias agotadas son un requisito para el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores. Atlanta El acto masivo de Atlanta tendrá ante sí una situación política explosiva. La endeblez de las salidas políticas improvisadas por la clase capitalista salta a la vista cuando se contrastan con la profundidad de la crisis en curso. Quienes presentaban un horizonte de derechización no pueden explicar por qué la llegada de un Macri a la Casa Blanca ha terminado desestabilizando a los Trump de América Latina. El único GPS eficaz para orientarse en los continuos virajes es el que parte de considerar a la bancarrota capitalista como partera de las crisis de poder que recorren las distintas situaciones políticas. Esta crisis de poder reclama que la izquierda actúe sobre la base de una estrategia obrera y socialista. El mandato que hemos recogido en la campaña hacia Atlanta y que el acto masivo reafirmará es que el Frente de Izquierda debe ponerse en marcha para transformarse en la gran fuerza política popular del país.

La burocracia celeste planea consumar un fraude para quedarse otros cuatro años en la dirección de la seccional Bernal del sindicato papelero, que va desde Quilmes hasta Bahía Blanca. En primer lugar, adelantó sigilosamente dos meses la convocatoria, que fue publicada en apenas un diario, el 8 de septiembre, en un recuadro ilegible donde sólo figuraban algunos de los requisitos para el armado de la lista. La convocatoria nunca fue publicitada en ninguna fábrica. Además, la Celeste del secretario general, Rubén Pico, tenía preparada otra maniobra. Después de años de desconocerlo, por primera vez se exige como requisito para la presentación de listas el cupo femenino que plantea el estatuto. De los 875 afiliados, sólo nueve son mujeres. La medida es absolutamente restrictiva y reaccionaria. El telón de fondo de la elección trucha es el cierre de paritarias miserables. La Celeste acaba de acordar, de manera inconsulta, una "gratificación no remunerativa" de octubre a marzo, de la cual se desconoce el porcentaje (en el acta no está explicitado) y que recién pasaría al salario en abril del año que viene, sumándose al miserable 20% que acordaron en abril de este año. La burocracia sabe del repudio que existe en las fábricas a su política de entrega. Liquidan la organización gremial, alentando la desafiliación de cientos compañeros papeleros frente al exorbitante aporte sindical (7% a los afiliados y descuento compulsivo del 1% a no afiliados), el vaciamiento de la obra social (la burocracia cobra un 3% extra para la cobertura de medicina integral) y una multa de reafiliación impagable. Los Papeleros de la Lista Gris venimos desarrollando una lucha importante contra la proscripción que pretende imponer la Celeste. Con una movilización al Ministerio de Trabajo, presentamos la impugnación y el pedido de suspensión de la elección del sindicato papelero y que se reabra la convocatoria garantizando la democracia sindical. Necesitamos derrotar la maniobra del aporte sindical y también al estatuto antidemocrático avalado por el ex ministro K, Carlos Tomada, que le permite a la directiva elegir a dedo a la Junta Electoral. Defendemos los métodos clasistas de la movilización, el paro y la asamblea. Así queremos resolver las paritarias, los estatutos, la designación de la Junta Electoral, las cuentas de la obra social y todo lo referido a los trabajadores del papel. Más que nunca, frente al brutal ajuste de Macri y todos los bloques patronales, necesitamos una nueva dirección en el Sindicato del Papel. Vamos por ello. Venimos de una contundente renovación de mandato en Smurfit-Kappa, donde la Celeste no pudo siquiera armar lista. Como ya ocurre en Kimberly, el clasismo llega con su programa y sus métodos para quedarse. Llamamos a todos los trabajadores a no votar y rechazar esta elección de lista única amaniada por la Celeste por antidemocrática y funcional del ajuste.

Después de haber apoyado a Hillary Clinton y reivindicar a Obama, Cristina Kirchner no tuvo empacho en elogiar a Donald Trump. En un acto en la Universidad de Florencio Varela fue incluso más a fondo al afirmar que el programa del enemigo declarado del pueblo mexicano se emparenta con el que ella aplicó durante su gobierno. “Se nos acusaba de proteccionismo y en la economía más importante del mundo acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo, de sus trabajadores, de sus empresas y de su mercado interno, una bandera”, dijo. Según Cristina Kirchner, Trump le robó su programa. Le faltó decir que también copió de ella su pasión por los emprendimientos inmobiliarios. El discurso de Cristina Kirchner constituye un acto de autoincriminación. Trump rechazó el aumento del salario mínimo y es un enemigo declarado de los sindicatos. ¿Es muy diferente a la política llevada adelante por el gobierno de Cristina Kirchner? Durante su gobierno, el salario mínimo no llegó siquiera al umbral de pobreza, sin contar que el 35% de la fuerza de trabajo estuvo en negro. Desde la tribuna, Cristina Kirchner amenazó una y otra vez a los trabajadores y a los sindicatos el planteo de que si enarbolaban reclamos salariales pondrían en juego sus puestos de trabajo. Trump, claro, no podría más que aplaudir estas palabras. Si Cristina usara el pensamiento dialéctico concluiría sin dificultad que la defensa del mercado interno que formula Trump traerá aparejado un golpe al mercado interno de países como la Argentina. Las trabas a las importaciones que puedan imponer los Estados Unidos afectarán a las exportaciones locales. En momentos que las fuerzas productivas y el comercio han adquirido una dimensión internacional, la defensa de un “capitalismo en un solo país” es una ilusión reaccionaria. Cristina Kirchner embellece el planteo “proteccionista” de Trump, presentándolo como un repliegue sobre las fronteras nacionales. En realidad, el “proteccionismo” esconde un planteo expansionista basado en una guerra comercial, financiera y monetaria -lo que no puede llevarse hasta las últimas instancias si no incorpora la guerra a secas. Aunque debe diferenciarse entre el nacionalismo de un país oprimido del nacionalismo de un país opresor, en el que el primero contiene elementos que hacen al desarrollo de las fuerzas productivas contra la presión imperialista, mientras el segundo puede evolucionar al fascismo, también es importante identificar los puntos de identidad entre ambos. Después de todo, uno y otro comparten su base capitalista -es decir la defensa a ultranza de la explotación de la fuerza de trabajo. Esta base común explica porqué la mayoría de los gobiernos nacionalistas de países oprimidos que se mantuvieron en el poder por décadas, evolucionaron hasta transformarse en agentes del imperialismo y en dictaduras civiles contra sus propios trabajadores. Aunque el gobierno de Cristina Kirchner nunca llegó a ese extremo, las represiones de Berni en la Panamericana, la designación de Milani en las Fuerzas Armadas o el apuntalamiento de una burocracia sindical criminal, fueron manifestaciones en esa dirección. En oposición al nacionalismo capitalista, el socialismo defiende el desarrollo de las fuerzas productivas superando el bloqueo de las fronteras nacionales. Incluso si un país atrasado o un Estado obrero se ve obligado a adoptar medidas de defensa, como el monopolio del comercio exterior, lo hace no para aislarse de la economía mundial sino para relacionarse con ella a través de un sistema de planificación y dirección centralizada por parte de los trabajadores. Debe recordarse que el llamado ‘socialismo en un solo país’ fue la ideología del stalinismo usada para usurpar la dirección del Estado y allanar el camino a la restauración capitalista. El elogio de Cristina Kirchner a Trump expresa la faceta abiertamente reaccionaria que anida en el nacionalismo burgués. Se trata de una cuestión de fondo que debieran tener en cuenta los sectores progresistas y hasta de la izquierda, que pretenden enfrentar al Trump de nuestras pampas aliados a la Trump con pollera.

El 30 de noviembre tendrán lugar las elecciones de Junta Interna de ATE en el Hospital Garrahan. Se presentará una sola lista, la Roja, que encabeza dicha junta hace varios años. La burocracia kirchnerista de la seccional Capital (Verde y Blanca) retrocedió al extremo de ni siquiera proponerse la formación de una lista. El hospital tiene una administración especial mediante un Consejo, cuyos cuatro representantes son designados por los gobiernos de la Ciudad y Nación -dos cada uno. Este organismo es ejemplo por excelencia de la colaboración política entre macrismo y kirchnerismo: Oscar Trotta, del FpV, se mantiene atornillado en su sillón, antes como representante del gobierno K, ahora con el aval del macrismo. La “compañera” de este kirchnerista, presidenta del Consejo es Graciela Reybaud, ex ministra de Salud por el PRO en la Ciudad, y responsable por ello de la represión en el Borda. El Consejo de Administración fue cómplice del recorte de presupuesto que aplicó el macrismo; además, son responsables de la aplicación de una “carrera hospitalaria” que fue pionera entre los planes de “modernización”, pues barrió con derechos históricos como la antigüedad, la escala salarial y la equidad retributiva frente a idéntica tarea. Mientras consejeros y miembros del área de conducción perciben sueldos de seis cifras (entre 100 y 150 mil pesos mensuales), un camillero de reciente ingreso no llega los 13 mil (línea de pobreza). Detrás del marketing que promociona al Garrahan como una institución modelo, se esconde una realidad de miseria salarial y flexibilidad laboral muy intensa. Las consecuencias no sólo las pagamos los trabajadores: por ejemplo, se mezclan pacientes que deberían estar aislados con aquellos que no, se acaba de inaugurar un resonador sin contratar nuevo personal y crecen las carencias de infraestructura irresueltas por falta de recursos. La Lista Roja emerge como un frente único de trabajadores contra la política de la patronal, donde convergemos diversas corrientes de la izquierda junto a compañeros no agrupados. La metodología de elección de sus candidatos y programa la distingue de la burocracia, ya que fue mediante votación en asamblea de sus simpatizantes. En ese proceso, dos compañeros de la Agrupación Naranja resultamos votados: Mariana y quien escribe. Vale destacar que la Naranja es una agrupación de larga data en el hospital, que agrupa en su seno a protagonistas de las históricas luchas como la huelga de 2005, y a compañeros de más reciente ingreso. En el último período recorrimos los sectores para impulsar todas las luchas que desarrolló la interna, como la importante pelea por los 5.000 pesos fijos junto a la Asociación de Profesionales. Además, fuimos impulsores de la organización por las 6 horas para enfermería, que oportunamente recogió el apoyo de más de 500 compañeros en el plebiscito. Ahora mismo se desarrolla una fuerte pulseada. La patronal está a la ofensiva, mediante sanciones arbitrarias, negativa a otorgar licencias y fuertes presiones para flexibilizar las condiciones de trabajo (más pacientes por enfermero, polifunción, etc.). Frente a ello, hay una respuesta de los trabajadores, con paros y “latazos” que es preciso desarrollar. La Junta Interna de ATE está a la cabeza de estas luchas, frente a la entrega completa de UPCN y Sutecba, que en manos de la burocracia son agentes de la política del Consejo. Tenemos enormes desafíos de cara al año próximo y es preciso convocar a más compañeros con nuevas iniciativas de acción. Debemos reforzar la organización clasista de trabajadores. La máxima votación posible a la Roja el próximo 30 será un aliciente a esa perspectiva.

El gobierno se encuentra preparando un decreto de “endurecimiento” de los controles migratorios. Incluiría un reforzamiento de los controles fronterizos y medidas para propiciar “la aceleración de la expulsión de los inmigrantes irregulares” y la habilitación de lugares de retención hasta la deportación (Clarín, 12/11). Según fuentes del gobierno, para el oficialismo, la vía del decreto sería preferible “a un debate legislativo con destino incierto” (ídem, 13/11). Sin embargo, los primeros pronunciamientos de los bloques parlamentarios del PJ y el Frente Renovador fueron favorables a la iniciativa. Por su parte, Stolbizer dijo que el planteo era “demagógico y peligroso”, aunque ha sido el caballito de batalla de su nuevo socio político, Sergio Massa. La ofensiva xenófoba cobró impulso a partir de las declaraciones del jefe del bloque de senadores del PJ, Pichetto, contra las “lacras” de Bolivia y Perú. Poco antes, el programa de Jorge Lanata emitía un “informe” sobre una supuesta invasión de estudiantes latinoamericanos en (los posgrados pagos de) la UBA y sobre hordas de paraguayos que viajarían especialmente a la Argentina para parir en nuestras maternidades y abarrotarse de medicamentos contra el Sida. Al gobierno de Cambiemos, que montó sucesivas campañas contra cualquiera que traspasara la General Paz para atenderse en los hospitales públicos de la Ciudad o inscribir a sus hijos en las escuelas porteñas, no le costó mucho recoger el guante. Por su parte, los gobiernos de Misiones y Chaco establecieron convenios de compensación económica con el gobierno de Paraguay por el uso de su infraestructura hospitalaria. Capitalismo e inmigración Estos ataques cumplen la doble función de dividir a la clase obrera y de acentuar las condiciones de súper-explotación de los trabajadores inmigrantes. La presión policíaca sobre ellos los empuja a aceptar condiciones aún más miserables de subsistencia, mientras se discute una nueva reforma laboral flexibilizadora. La xenofobia oficial complementa el ajuste. Asertos como los de Lanata son la punta de lanza para justificar el arancelamiento de los hospitales y universidades. Durante los gobiernos K, que se caracterizaron por una enorme apertura al trabajo precario, industrias como la textil consolidaron su basamento en el trabajo semi esclavo de los inmigrantes. En el caso de la comunidad boliviana, se produjo una diferenciación social entre los dueños de los talleres -en los cuales las grandes marcas tercerizan su producción– y sus compatriotas, conchabados por salarios de pobreza más la comida y el alojamiento, en el mejor de los casos. El rechazo a los inmigrantes en nombre de la defensa del “trabajo argentino” o del presupuesto nacional es una farsa. La regulación de las olas migratorias está sometida a las necesidades del ciclo capitalista. En etapas de expansión, los países compiten por captar flujos de inmigrantes. En épocas de crisis, son expulsados o sometidos a aceptar las peores condiciones de existencia. En un país despoblado como la Argentina, el rechazo a la inmigración es la confesión de un fracaso histórico de su burguesía. “Gobernar es poblar”, decía Sarmiento. Los arranques de los xenófobos criollos reproducen a pequeña escala la ofensiva fascistizante de Trump contra la población latina en Estados Unidos y la hostilidad de los gobiernos europeos hacia los refugiados de las guerras imperialistas de Medio Oriente. El problema no es la inmigración -sea entre países limítrofes, del campo a las ciudades o de la periferia a las metrópolis- sino la organización social capitalista que pauperiza a los trabajadores, más allá de cualquier frontera.

Acaba de culminar una jornada de elecciones a delegados de la Unión Ferroviaria en varios ramales ferroviarios. Entre los más importantes en cantidad de personal, se encuentra el Ferrocarril Sarmiento, donde la Lista Bordó, encabezada por Rubén Sobrero, obtuvo una nueva reelección con un resultado de 1.300 votos sobre 506 de la Verde. En el Ferrocarril Mitre, la Lista 1 Verde obtuvo 2.227 votos frente a la Lista 3 del Frente de Unidad, con activistas de la Violeta, la Bordó y la Gris, que recibió 542 votos, en lo que representa aproximadamente el 25 por ciento de los sufragios. Un avance que más que duplica los votos de hace 2 años. En el Belgrano Norte, la oposición antiburocrática, representada por el Frente de Lucha Ferroviario Lista 4, con compañeros de Vanguardia Ferroviaria, la Bordó y la Gris, disputó palmo a palmo: la Verde recibió 659 votos contra 417 de la 4. Allí se presentó una tercera lista hostil a la izquierda que obtuvo 87 votos. La patronal tuvo una manifestación de apoyo a la Verde liberando del servicio al personal para concurrir a un asado oficialista en la misma jornada de la elección. En la elección santafesina del Nuevo Central Argentino, la Lista Bordó denunció que el oficialismo de Sasia, que concurrió dividido, pretendió impedir que se constituyan sus fiscales. Tras el llamado a los medios y la amenaza de convocar a un paro, logró encaminarse la elección y el resultado fue 204 votos para la Lista 1 y 173 para el desprendimiento del oficialismo. La Lista Bordó 3 recibió 101 votos. Por último, en El Chaco, los militantes de la Lista Gris presentaron una impugnación de la convocatoria electoral ante el Ministerio de Trabajo porque la junta electoral decidió unir en una única elección a Sofse Salta con Sofse El Chaco y Sofse Entre Ríos, exigiendo la integración con candidatos de las tres seccionales, de modo tal de impedir que se exprese la oposición Gris de la provincia chaqueña. Así, la Verde corrió como lista única. De conjunto, la elección refleja un crecimiento importante de la izquierda ferroviaria en el Conurbano y también en el Interior, donde asistimos a un reforzamiento de los mecanismos de proscripción.

Una reunión de más de treinta músicos debatió la situación política nacional y cuestiones cruciales que golpean a los trabajadores de la cultura en el país y en la Ciudad de Buenos Aires. El legislador Marcelo Ramal expuso ante compañeros del Teatro Colón, de los conservatorios de música de CABA, del Teatro Argentino de la Plata y otros centros de música lírica. Varios de los presentes serán parte de la presentación de “Artistas con el FIT” en el estadio de Atlanta, el próximo sábado. La reunión consideró las consecuencias políticas del triunfo de Trump, y las tendencias a la polarización política que están presentes en el cuadro nacional e internacional como resultado de la crisis capitalista mundial. Luego, debatimos el copamiento del patrimonio artístico de la Ciudad -el Colón en primer lugar- por parte del capital financiero y sus gobiernos. El gran teatro porteño está siendo degradado a la condición de una sala de alquiler, mientras progresa la precarización entre sus músicos, técnicos y demás trabajadores. Ramal señaló el carácter político de esta degradación: la ley de autarquía del Colón, que empujó al teatro a las manos del sponsoreo privado (y al vaciamiento de su producción propia) fue votada en la legislatura por macristas y kirchneristas, en uno de los numerosos pactos entre estos dos bloques políticos. También se expresaron los compañeros de los conservatorios y de la Dirección de Musica de CABA, que sufren el ahogo presupuestario y la ausencia de edificio propio, en el primer caso, y persecución sindical en el segundo. La reunión aprobó una campaña por la derogación de la privatista ley de autarquía del Colón y un replanteo integral de la actividad del Teatro, a partir de la defensa de la producción propia, del acceso de esa producción al pueblo y la recuperación de las conquistas laborales perdidas. Junto a su concurrencia a Atlanta, los compañeros reforzarán la invitación en sus teatros y orquestas.

Se conformó el Frente Naranja-Gris-Bordó en la seccional Gran Buenos Aires Sud (Escalada) de la Línea Roca, que representa al activismo antiburocrático en Sofse Roca, Ferrosur y Ferrobaires. La conformación del Frente Naranja-Gris-Bordó (PTS, Partido Obrero e Izquierda Socialista, respectivamente) se produce cuando faltan pocos días para la convocatoria a las elecciones del gremio. Además de los comicios en determinadas seccionales, se convocarán las elecciones del Secretariado nacional. En este último caso, sin embargo, los comicios contarán con lista única de la burocracia que dirige actualmente la UF (Lista Verde), ya que ésta ha impuesto condiciones proscriptivas que vetan la participación de la oposición a nivel nacional. En un acta-declaración del Frente, titulada "Por el salario y la defensa de los puestos de trabajo, necesitamos una nueva UF, democrática y dispuesta a enfrentar el ajuste", los compañeros postulan "una seccional que trabaje democráticamente en base a la asamblea para discutir entre todos qué pliego de reclamos necesitamos, qué plan de lucha hace falta, que elija los paritarios que nos van a representar en las negociaciones y que nada se firme sin el mandato de asamblea". Junto con estas definiciones, los integrantes del Frente han suscripto un programa de reivindicaciones: • Por un aumento salarial del 40 por ciento, con cláusula de ajuste por inflación. Salario básico inicial igual al costo de la canasta familiar. • Pago integral de la deuda de tickets. • Basta de sanciones y despidos. Defensa de cada trabajador y preservación de todos los puestos de trabajo. • Abolición del impuesto al salario. • No a la flexibilidad laboral. Por un anteproyecto de convenio elaborado por todos los trabajadores y votado en asamblea. • Pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados. • Por la declaración de insalubridad de la carrera ferroviaria, jornada de 6 horas y jubilación anticipada. • Por la apertura de la carrera ferroviaria a las compañeras. Licencias por día femenino, por enfermedad de hijo menor de 6 años y por violencia de género. • Por la creación de un fondo compensador de aporte patronal exclusivo para garantizar el 82% móvil para los jubilados ferroviarios. • Defensa y reapertura de todos los ramales. • Cárcel efectiva a todos los responsables materiales y políticos del asesinato de Mariano Ferreyra.

El 23 de noviembre se realizarán las elecciones de Junta Interna y delegados por sector en ATE Inti. La “Naranja e Independientes” es la única lista que se presenta para la Junta Interna y en la mayoría de los sectores. La burocracia Verde que dirige actualmente la interna no se presenta y llama a boicotear. Mientras tanto, con la intervención de ATE-Nacional, prepara una elección paralela. La convocatoria a las elecciones corresponde por estatuto a la seccional Capital. Así viene ocurriendo desde hace quince años y así ocurrió hace dos, cuando fue electa la JI actual. La única diferencia con el presente es que Capital en ese entonces estaba en manos de la Verde y hoy es dirigida por la Verde-Blanca K. La convocatoria comprende a 39 sectores, de los que saldrán electos 50 delegados, que sumados a los de Junta Interna, resultarán 65 representantes para un total de 2.200 trabajadores. En el caso de delegados, votarán tanto los afiliados a ATE como los no afiliados a ningún sindicato que se empadronen previamente. Pese a estas modificaciones, la Verde -apoyándose en el aparato de ATE nacional- resolvió desconocer la convocatoria y llamar a “su propia elección” en diciembre. La imposibilidad de controlar el padrón de afiliados y los presidentes de mesa, empujó a la burocracia Verde a intentar vaciar la elección legítima. Mediante una elección “trucha”, que replica la política intervencionista de “Cachorro” Godoy sobre otras seccionales, como la de Chubut, se busca rescatar a la Verde del Inti y sus cajas. Fuera la burocracia del Inti La Verde, encabezada por Francisco Dolmann, quien es también vocal de la directiva nacional, está muy desprestigiada. Tiene negocios millonarios con las autoridades del Instituto; explota un servicio de comedor y otorga préstamos a los trabajadores de menos recursos. Durante todo el año, la Verde se dedicó a atacar a 60 trabajadores que fueron despedidos del Inti fruto de un ajuste, tildándolos en asambleas de “ñoquis y delincuentes”. Los elementos izquierdistas que son parte de la Verde -como Opinión Socialista- participaron activamente en esta campaña. Lo mismo con relación a la política de congelamiento de la carrera laboral, que tiene hoy a 500 trabajadores esperando la recategorización desde 2013. Mientras decenas de miles de trabajadores paraban y se movilizaban en todo el país contra el ajuste del PRO, al interior del Inti la Verde buscó instalar la “paz social”. Durante 93 días no convocaron siquiera a una asamblea y cuando se vieron obligados a hacerlo, violentaron sus mandatos, “bajándose” de los paros votados. La Naranja actuó como un factor de organización contra este pacto Verde-patronal y por las reivindicaciones; apoyando a los becarios que lograron el pase al contrato del Inti; a los graduados que obtuvieron sus categorías. Logramos la reincorporación de un compañero tercerizado del comedor; ahora, desarrollamos una campaña contra la tercerización del sector médico y un despido (que tanto UPCN como la Verde están dejando pasar). Los trabajadores han sacado un balance y más de 180 compañeros se afiliaron al sindicato -en una campaña desarrollada por la Naranja- para poder votar y desplazar definitivamente a la burocracia del Inti compinche de Godoy. Por un sindicato independiente Más de 100 delegados de ATE han firmado un pronunciamiento contra el fraude de ATE Nacional. En el Inti, en sólo cinco días, hemos empadronado a 311 “no afiliados”, para votar al cuerpo de delegados en cada uno de los sectores. Mientras tanto, la Verde se juega a una campaña de confusión apoyados por las autoridades del Inti, que vuelcan todo tipo de recursos en su favor. El debate se saldará con una masiva participación de los trabajadores en la elección del 23. Convocamos a todos a votar por una Junta Interna democrática, de lucha, sin ataduras con la burocracia del sindicato, ni con la gestión pasada o actual. Vamos por el pase a planta permanente de los 2.400 precarizados, la carrera laboral, mayor presupuesto para las líneas de trabajo, la defensa del salario y todas las reivindicaciones pendientes de los sectores.

El 10 de noviembre inauguramos un nuevo local en la provincia. Se trata de un centro para organizar a la clase obrera de la localidad de Deán Funes. De la inauguración participaron Néstor Pitrola, Eduardo Salas y Soledad Díaz García, dirigente del Plenario de Trabajadoras cordobés, junto al recientemente electo constituyente Claudio Ordóñez. La presencia de Pitrola fue cubierta por la totalidad de los medios de la ciudad. En las recientes elecciones para formular la Carta Orgánica de la Ciudad, la lista del Partido Obrero obtuvo el 23,3% de los votos y consagró a cuatro de los 16 constituyentes electos. Salas y Ordoñez remarcaron que el local es un gran paso para organizar a los trabajadores que sufren día a día las consecuencias del ajuste. “Como lo hicimos en las elecciones, en donde todas las fuerzas patronales desviaban el debate, nosotros dijimos que en la carta orgánica se tenían que contemplar las reivindicaciones más sentidas de la población, la necesidad de trabajo, un banco de tierras y un plan de viviendas populares, avanzar hacia un consejo autónomo de la mujer para frenar la violencia de género, entre otros puntos. El local será un punto de reorganización para esas luchas”. Pitrola señaló: “la contundente elección en Deán Funes es un síntoma más de la masividad que esperamos el próximo 19 de noviembre en el acto de Atlanta. Es que en todos los terrenos batallamos para forjar una alternativa política propia de los trabajadores. Mientras todas las fuerzas de la burguesía se abroquelan, como sucedió aquí, para hacer pasar el ajuste, se ve con más claridad la verdadera polarización con la izquierda y los luchadores. El nuevo local es un paso en ese sentido”. Participaron de la inauguración el activismo docente, de la lucha por los derechos de las mujeres y destacados activistas que se preparan para dar un nuevo curso clasista a la organización de los trabajadores municipales. Con la inauguración del local damos un paso adelante en el desarrollo de una fuerza política propia del pueblo trabajador. Con una delegación representativa de luchadores de Deán Funes, llevaremos nuestra experiencia al acto de Atlanta.

El segundo tramo de la paritaria de los profesionales de la salud de la provincia de Buenos Aires terminó una vez más en un acuerdo insuficiente. Lo que la dirección de Cicop (CTA Autónoma) presentó como positivo, implica un aumento del orden del 9 por ciento para julio, agosto y septiembre que, sumado al 25 por ciento (en tres cuotas) del primer semestre da un 34 por ciento de punta a punta. El acuerdo incluye el pase a planta de los becarios profesionales, lo que es, sin dudas, un paso adelante, aunque con el límite de que se hará en un plazo de 18 meses. La gobernadora María Eugenia Vidal se comprometió a reabrir la negociación para los últimos tres meses del año, pero la propuesta que el gobierno adelantó girará en torno al 3,5 por ciento. Una miseria, teniendo en cuenta que sólo setiembre arrojó un alza de precios del 2,4 por ciento según datos del Indec. El gobierno buscará, en este último tramo, implementar un régimen de premios por “presentismo” e incentivos por "producción", en línea con lo que reclaman las patronales privadas y lo que está presente en la Mesa de Diálogo por el Trabajo y la Producción que tiene la participación de la burocracia sindical, los empresarios y la Iglesia. Las reivindicaciones de los trabajadores de la salud no se reducen a la defensa del salario. Los hospitales están diezmados, cunde la precarización, la carencia de insumos es total, se trabaja en pésimas condiciones. Contra todo esto es que venimos desarrollando una lucha denodada, que suma… ¡24 semanas de paros en lo que va de 2016! Es indudable, sin embargo, que este esfuerzo no ha alcanzado para derrotar la ofensiva oficial que, repetimos, va mucho más allá de una reducción salarial. El vaciamiento y la destrucción de la salud pública, que no empezó ahora, es la viga maestra de una política consciente de privatización. Grandes luchas que reclaman otra estrategia La “merma” en la participación de los trabajadores en las movilizaciones y acciones para visibilizar el conflicto, que la Directiva invoca para justificar su vacilación, expresa un desacuerdo subyacente con la línea de paros reiterados que no escalonan, que marcan el paso del movimiento y no permiten visualizar un desenlace. Este método resulta funcional a la política de desangre de Vidal. Se trata de un balance fundamental para armar la intervención futura. El presupuesto bonaerense que el oficialismo negocia con Sergio Massa y los intendentes del Frente para la Victoria, incluye una mayor reducción de las partidas para salud, educación y salarios; es decir, se vislumbran nuevos y más decisivos choques. Lo que necesitamos es la más completa unidad de todos los trabajadores del Estado, de la salud, judiciales, docentes, para avanzar en un plan de lucha común -votado por un congreso de bases con mandato de las asambleas. Nuestro programa de emergencia para la salud es: salario inicial igual al costo de la canasta familiar, recomposición e incremento de los planteles asistenciales, pase a planta de todos los precarizados, producción estatal de insumos y medicamentos bajo control de trabajadores, partida presupuestaria de emergencia y aumento del presupuesto sobre la base de impuestos extraordinarios a los grandes laboratorios y centros privados.

Con un salón repleto, el 9 de noviembre se realizó una charla con Jorgelina Signa, concejal por Capitán Bermúdez y dirigente provincial del Partido Obrero, en la Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. La actividad formó parte de la intensa campaña que se viene desplegando en Santa Fe de cara al acto del FIT en Atlanta, y que incluye agitaciones en los lugares de trabajo (obradores, cervecería, parque industrial), lugares de estudio, terciarios y facultades, y paseos públicos como la peatonal y la plaza Pueyrredón de artesanos. Además, se han desarrollado pegatinas, recorridas y actividades financieras como el “bingazo”, así como la venta de pastas para financiar los costos del viaje. La visita de Jorgelina Signa atrajo la atención de buena parte de los medios y programas locales. El protagonismo de nuestros diputados, que libraron la batalla por la anulación del “dietazo” en el Congreso, fue uno de los puntos recurrentes de interés y reconocimiento por parte de los periodistas, así como nuestra posición por la victoria de Donald Trump. En su visita, Signa señaló que “el gobernador Lifschitz y Macri son un calco”. Y añadió: “En todos los puntos importantes van por el mismo carril. Los tarifazos, la negativa a abrir las paritarias, los despidos, los aumentos del transporte, el endeudamiento, componen el programa común de ambos gobiernos”. Por todo esto, jerarquizó el acto de Atlanta: “el entusiasmo que ya está generando es la muestra de que los trabajadores están conformando su propia alternativa política. Será la oportunidad para colocar en el plano nacional la salida política de los trabajadores”.

Dos trabajadores de Textilana fueron suspendidos por participar de una asamblea para conseguir un bono de fin de año de 5.000 pesos. Los salarios en la industria textil son paupérrimos. El promedio es de 8.000 pesos por mes. Mientras la familia Todisco (dueña de la empresa) se lleva las ganancias que obtiene a costa de los trabajadores a los paraísos fiscales, los trabajadores se ven obligados a dejar su salud por los altos y arbitrarios ritmos de producción, a cambio de un salario de miseria. En Textilana, hace casi dos años asumió una comisión interna combativa que llevó adelante numerosos reclamos por las reivindicaciones de los trabajadores. A los bajos salarios se le suma el no reconocimiento de los certificados médicos y el no pago de los días de enfermedad y la prohibición de denunciar accidentes y/o enfermedades profesionales ante la ART. No existen las más mínimas condiciones de seguridad e higiene ni hay un médico de planta. Además, en una fábrica donde el 80% son mujeres, no se les reconoce el derecho a los jardines maternales. La persecución sindical es moneda corriente. Utilizan cámaras de vigilancia, y a los encargados y supervisores para controlar los movimientos de todos los obreros. Para amedrentar, aplican apercibimientos y suspensiones arbitrarias a todo aquel que se atreva a reclamar. La empresa suspendió a dos compañeros con el propósito de quebrar la lucha de los trabajadores. Frente a la bronca que generó semejante atropello, unos 70 compañeros se autoconvocaron espontáneamente en una asamblea en la seccional de la Asociación Obrera Textil. Arrancaron el respaldo del gremio a las asambleas escalonadas hasta conseguir los reclamos y la reincorporación, sin afectar el salario de los suspendidos. ¡Una patronal que siempre estuvo fuera de la ley dice que una asamblea de trabajadores es ilegal! Acompañemos en esta lucha a todos los trabajadores de Textilana. ¡Que la empresa pague un bono de fin de año de 5.000 pesos!

Una movilización convocada por la UOM en Rio Grande, Tierra del Fuego, el 26 de octubre en defensa de la industria de la isla, congregó entre 4 mil y 6 mil trabajadores y se convirtió en la más masiva que se recuerde. El detonante de la marcha fue la eliminación del arancel del 35% para la importación de PC's, notebooks y tabletas, dispuesta por el gobierno y prevista para marzo de 2017. El gobierno esgrime como argumento que se pagan precios más caros por productos que nacen desactualizados y ofrece, como alternativa, un plan de reconversión productiva. Este se centraría en pesca, turismo, energía renovable -de turbales y eólica- y, en una escala menor, la ampliación del puerto de Ushuaia. La “reconversión” sin embargo, sería pagada por los trabajadores: según el gobierno, en lo inmediato se prevé la pérdida de no menos de 1.000 puestos de trabajo, 500 de ellos en Tierra del Fuego. La UOM y las cámaras empresariales elevan esa cifra a más de 10.000 en todo el país. Esto en una provincia que arrastra 2.000 despidos en la industria en el lapso de un año. Para el gobierno se trata del banco de prueba de una estrategia nacional -el Plan de Transaformación Productiva. El régimen actual En Tierra del Fuego se constituyó una zona franca y un régimen que permitió zafar de todo tipo de industrialización genuina. Los fabricantes no pagan IVA, Ganancias ni derechos de importación, lo que les permitió instalar plantas de ensamblaje donde el armado, en lugar de realizarse en China, Japón o Corea del Sur, se hace en la isla y luego se envía al resto de la Argentina pagando un 35% de arancel, lo que explica (sólo en parte) la diferencia con su precio en otras partes del mundo. Una resolución del Ministerio de Industria bajo CFK del año 2009 (245/09), prolongó este parasitismo: “un teléfono celular debe ser considerado de industria nacional cuando los insumos argentinos utilizados en su fabricación son el manual del usuario, los folletos del producto, la tarjeta de la garantía, las bolsas plásticas, las cajas, los materiales de embalaje y las etiquetas”. Ajuste y los nuevos amigos del poder Pero lo que el gobierno propone en lugar de este régimen es tierra arrasada para la clase obrera y nuevos negocios para el círculo del poder. En el plan “alternativo” que presenta no existe una sola iniciativa que suponga emplear a la mano de obra que hoy trabaja en lo que llama los “galpones vacíos”. Todo es cosmético. La ampliación del puerto descarta la instalación de maquinaria que genere el empleo de mano de obra permanente, las energías no renovables suponen empleo mínimo, la comunicación con la isla es una travesía, ni hablar de producir memorias o baterías de litio, o sea, de una integración de la industria electrónica. El gobierno prevé subsidios para las empresas que emprendan una reconversión ante la baja de aranceles y, por otro indemnizaciones “para los empleados despedidos de industrias que se hubiesen declarados imposibilitados de encararla” (Ámbito, 15/11). A ellos, se les ofrece un seguro de desempleo ampliado a por lo menos un salario mínimo (7.560 pesos). Ni un despido La movilización de los fueguinos de Río Grande se hizo bajo las banderas de “defensa de la industria nacional” y rechazo al “centralismo autoritario” buscando, por un lado, un frente con el empresariado afectado y, por otro, un acuerdo parlamentario. Es una orientación que lleva a un impasse. Las cámaras empresarias están negociando una salida “gradual” en base a una proporción de partes ensambladas o producidas en el país, que no impedirá la ola de despidos. El Congreso está dominado por las fuerzas cómplices de las ensambladoras. El costo de una reconversión debe ser asumido integralmente por las patronales, que acumularon beneficios extraordinarios durante las décadas de la “promoción”. Ello significa: ningún despido, apertura de los libros de las empresas, y una reconversión debatida y dirigida por la mayoría trabajadora de la isla en un congreso de trabajadores.

La discusión que vale sobre el presupuesto bonaerense corre por fuera de los carriles institucionales. Los medios dieron a conocer una reunión de horas entre Sergio Massa y la gobernadora Vidal en un hotel, tras la cual anunciaron el apoyo del Frente Renovador a las leyes del Ejecutivo, y el cumplimiento de la rotación en la presidencia de la Cámara de Diputados provincial. El GEN habría asegurado sus votos favorables también, en su intento de cotizar a Stolbizer tanto con Massa como con Vidal. Así las cosas, los dos tercios necesarios en ambas Cámaras para lograr una autorización de endeudamiento sideral se definen en la negociación con los bloques del PJ. A la vez, los intendentes pejotistas tuvieron sus reuniones con el gobierno provincial. Allí se discutieron nombramientos de cargos para los distintos partidos en la Legislatura, Defensoría del Pueblo, Tribunal de Cuentas, Suprema Corte. El repudiado ex-intendente y responsable de la inundación de La Plata, Pablo Bruera, fue nombrado como síndico del Banco Provincia en el marco de estas negociaciones. Las versiones periodísticas aseguran que el sector más próximo a prestar sus seis votos es el bloque del Movimiento Evita, con el “Chino” Navarro a la cabeza, que luego del acuerdo entre Massa y Vidal contó en el congreso de su movimiento con la presencia de Facundo Moyando, Solá y Daer, del bloque del Frente Renovador en el Congreso Nacional. El otro gran ítem en la negociación son los recursos para los intendentes. El planteo de entrada de distribución de obras y recursos es profundamente desigual y basado en los niveles de acuerdo político de los municipios con Vidal. Mar del Plata, gobernada por el PRO recibirá 663 millones de pesos, mientras La Matanza -que tiene tres veces mayor población- recibirá menos, 648 millones. El pedido de fondos para obras en los distritos promete borrar de un plumazo las críticas al excesivo endeudamiento, una vez que una parte menor del mismo se destine a un fondo de infraestructura para los municipios. En todos los casos, ya suena la versión de que el gobierno provincial busca avanzar en un Pacto de Responsabilidad Fiscal con los municipios, replicando el monitoreo del ajuste que ejercerá la Nación sobre las provincias. Todo para ellos, y nada para los trabajadores. Dentro de este toma y daca para lograr la sanción del Presupuesto también deben incluirse los aprietes judiciales sobre Julio Pereyra y Mussi, y hasta la resurgida amenaza de avanzar en la división de La Matanza en cuatro jurisdicciones diferentes. Lo único que está en debate, entonces, entre los bloques patronales, es este reparto de cargos y cajas preparando el despliegue electoral que cada uno pretende montar en 2017. Los “encuentros” del PJ para simular un principio de unidad solo buscan aumentar su cotización para el reparto de fondos, evitando la diáspora total y que Vidal le pague a cada cual según su conveniencia. Ante este escenario de roscas de espaldas a los trabajadores para negociar el apoyo al ajuste, la burocracia de los sindicatos provinciales continúa esmerándose en impedir una confluencia de un movimiento de lucha de los distintos sectores que permita golpear sobre un Presupuesto que anticipa un tope paritario del 17%, cuando todos los cálculos inflacionarios para el año entrante superan esa cifra y luego de un pérdida del poder adquisitivo del salario que supera el 10%. Está planteada la organización de un plan de lucha unificado que concentre el grueso de demandas de los trabajadores contra la aprobación del Presupuesto 2017, que además del tope salarial no contempla ningún pase a planta permanente en un Estado con más de 17.000 precarizados; reduce la proporción destinada a educación, salud y vivienda; continúa el desfalco del IPS vía apropiación de los excedentes; y sostiene un régimen impositivo de beneficios al gran capital agrario e industrial a costa de impuestos que son trasladados a los productos que consumen los trabajadores.

El 23 de noviembre se realizarán en todas las seccionales de Suteba las asambleas de Memoria y Balance, en las que se aprobará una nueva política gremial y en las que se elegirán las juntas electorales de todas las seccionales para las próximas elecciones generales de Suteba de 2017. Se trata de asambleas estratégicas, en las que debemos rechazar la tregua con el gobierno macrista impuesta por la Celeste de Baradel. Es preciso defender las seccionales multicolores, dotarnos de una política gremial que desenvuelva un plan de lucha y conquistar la mayor cantidad de juntas electorales en los distritos controlados por la Celeste. Baradel: garante del ajuste de Vidal El salario inicial de bolsillo de un docente bonaerense es de 9.801 pesos, esto es 2.700 pesos por debajo de la línea de pobreza. El básico es de 4.240 pesos y un maestro con 17 años de antigüedad, a pocos años de finalizar su carrera, cobra un sueldo de pobreza: 11.719,53 pesos, resultado de la paritaria firmada por la dirección celeste, que impuso un incremento a enero del 34,6 por ciento, 10 puntos debajo de la inflación actual. No menos de 50 mil docentes no cobran su salario. Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, reconoció que el 80 por ciento de las escuelas está en emergencia edilicia. Lo hizo el mismo día en el que el diputado del PO-FIT Guillermo Kane presentó un mapa interactivo del derrumbe de infraestructura. La dirección K de Ctera le regaló a Macri y a Vidal un comienzo de clases sin conflicto, igual que luego del receso invernal. Realizó paros aislados presionada por el plan de lucha de los Suteba combativos, sin continuidad alguna. El último de ellos, el 10 de noviembre, lo convocó por mensajes de texto, horas antes de su realización. Como reconoció Mirta Petroccini, de la FEB, “hemos tenido una actitud moderada. Esperamos respuestas más de dos meses y no llegaron” (Clarín, 9/11). Paro bumerán La gobernadora Vidal y su ministro de Educación salieron con los tapones de punta contra los docentes, con todo tipo de aprietes contra los huelguistas, incluido el descuento de los días caídos. Los medios de prensa insistieron con la responsabilidad de los docentes, que dejaban "una vez más" a 4 millones y medio de chicos sin clases. Pero las provocaciones y amenazas contra el paro fueron un bumerán contra el gobierno, contra los medios y contra la burocracia sindical. La masividad de la medida fue un cachetazo a los gobiernos del “dietazo”: mientras Clarín publicaba una escala salarial de 9.000 pesos promedio de la docencia de todo el país, Federico Pinedo, presidente provisional del Senado (PRO) declaraba que con 83 mil pesos se le hacía "difícil" vivir. La respuesta de Baradel fue una nueva refirmación de parálisis: “Si es verdad que quieren dialogar, que nos convoquen”. Vamos por la recuperación del Suteba provincial Los Suteba combativos o multicolores han desenvuelto un plan de lucha que comenzó con el no inicio de marzo, y siguió con paros y movilizaciones que conformaron un verdadero plan de lucha. Realizaron también decenas de jornadas de debate en rechazo al operativo antieducativo Aprender 2016 y pararon el 18 de octubre, cuando se llevó a cabo. Han puesto en pie el Plenario Provincial de Delegados de escuela con mandato, en el que se resuelven las medidas de fuerza y un programa en defensa de un salario igual a la canasta familiar, de los derechos jubilatorios docentes y de la escuela pública. Y luego de las asambleas del 23, tienen previsto convocar a nuevas medidas de fuerza por la reapertura de la paritaria docente. En las asambleas del 23 de noviembre la docencia debe marchar junto a la Lista Multicolor, para rechazar la Memoria de la burocracia sindical y conquistar todas las juntas electorales posibles. En 2017 vamos por la recuperación de Suteba, como los trabajadores del neumático, que expulsaron del Sutna a la burocracia de Wasiejko, el secretario adjunto de la CTA de Hugo Yasky.

A medida que avanza el proceso de la denominada “reparación histórica” a los jubilados, los datos de las liquidaciones propuestas por la Anses para cerrar todo tipo de reclamo al Estado por los haberes mal liquidados, revelan la enorme estafa del gobierno a este segmento de la población. Según datos informados esta semana por el organismo previsional, ya hay 600 mil jubilados que hasta ahora no habían realizado juicio por reajuste, que cobrarán lo que el gobierno decidió unilateralmente otorgarles. De esos beneficiarios, más de la mitad -casi 330 mil- recibirán un aumento que va de “menos de 550 a 1.050 pesos mensuales”, equivalente a aproximadamente entre un 8 y el 15% de sus haberes que, en esta franja son, en promedio, de 6.800 pesos. Pero las jubilaciones perdieron este año cerca del 15 por ciento respecto de la inflación, es decir que no hay incremento alguno ni siquiera con el porcentaje más alto de aumento. Además, para seguir cobrando ese dinero, los jubilados deben firmar ante la Justicia que ya no harán juicio alguno, es decir que el chantaje le sirve al gobierno para cerrar todo tipo de reclamo futuro y al beneficiario para quedarse sin el más mínimo derecho a pedir lo que es suyo. Pero si el Estado reconoce ese aumento porque la jubilación estaba mal liquidada, debiera pagarle todo el retroactivo desde que el jubilado comenzó a cobrar sus haberes como tal. Así, de un plumazo, le roban del bolsillo varios años de retroactivo que legítimamente le corresponden. Muchos de los que no realizaron juicios de reajuste son trabajadores de los sectores más humildes de la población y con las jubilaciones más bajas (la Anses dice que el haber promedio de ese segmento es de 6.800 pesos, es decir que un porcentaje importante cobra la mínima) y que son los que enfrentan las mayores dificultades prácticas y desconocimientos de la mecánica judicial a la hora de reclamar. Hay solo un pequeño segmento de esos jubilados (13%) que ha tenido un incremento mayor (un promedio del 45 por ciento). Son los jubilados con muchos años de antigüedad y que superan los 80 años de edad, es decir que su expectativa de vida y de tiempo de cobro es menor al promedio. Claro que, en estos casos también le están robando todo el retroactivo -que les corresponde- desde el momento en que se jubilaron. Otra cara brutal de la estafa es la que le hacen a los jubilados que ya tienen sentencia favorable en primera instancia. Las “ofertas” que están llegando oscilan entre el 10 y el 20 por ciento de lo que falló la Justicia. Y sólo les reconocen arbitrariamente cuatro años de retroactividad, cuando los juicios y los reclamos son de una antigüedad promedio mucho mayor. Esto mismo se aplica a los casos de los jubilados que ya tienen sentencia firme y que la Anses tiene la obligación de pagar. Estos casos cuentan con fallo de la Corte Suprema incluido y tienen un promedio de litigio de entre ocho y diez años. El organismo dijo que ahora está “informando a los jubilados” cuánto les ofrecen de antigüedad y cuánto de aumento, cifras ambas que son menores a lo que tienen que cobrar de acuerdo con la sentencia. El gobierno chantajea y subvierte cualquier apego a la legalidad más elemental. Pero, como se trata de un chantaje, es importante que los jubilados tengan en cuenta que, más allá de las pretensiones oficiales, queda abierta la alternativa de volver a reclamar ante la Justicia, aunque se haya firmado el acuerdo. La Corte Suprema, que emitió con lentitud infinita y a cuentagotas los fallos con reclamos de los jubilados durante toda la era kirchnerista, ha favorecido esta estafa. Descartó durante años los reclamos de la Defensoría de la Tercera Edad de que aplicara a todos los jubilados litigantes los fallos favorables que aprobaba de manera individual, para que así se pudieran acelerar los procesos. Esta es la razón por la cual hay actualmente 450 mil juicios en danza y sólo 70 mil con sentencia firme. Esto en consonancia con la política de los gobiernos de Cristina y Néstor Kirchner, que apuntalaron la estafa a los jubilados, postergando eternamente los juicios y colocando todo tipo de trabas para dificultar que los mismos pudieran llegar a su fin y que los jubilados disfrutaran de la jubilación que les corresponde. La presión sobre los jubilados para que acepten las miserias ofrecidas va a ser muy grande. La burocracia de los sindicatos abandonó el reclamo del 82% móvil -la jubilación es salario diferido- y toda lucha por los pasivos actuales y por los futuros, hoy trabajadores en actividad. Para enfrentar la estafa, los jubilados deben organizarse para la lucha por esta y por sus demás reivindicaciones. El programa es el que levanta nuestra agrupación Jubilados Clasistas: aumento de emergencia de 6.000 pesos, la restitución del 82% móvil y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90 y la devolución de la Anses (y el Pami) a un directorio electo por trabajadores y jubilados.

Dicen que los animales no tropiezan dos veces con la misma piedra. Pues bien, la CGT se moviliza al Congreso por una ley de Emergencia social, acompañada por las organizaciones sociales-papales de la Mesa de Concertación y… con una nueva propuesta de ley para suspender los despidos por 90 días. Eso sí, “en caso de que no haya respuesta positiva ante el reclamo en la Mesa de diálogo”, según uno de los representantes del triunvirato cegetista, Juan Carlos Schmid (El Cronista, 8/11). Recordemos el derrotero de la ley antidespidos, votada por las cámaras legislativas luego de largos 50 días de debates parlamentarios, circunscripta a seis meses de plazo, la cual, sin embargo, fue vetada de inmediato por Macri. La CGT no fue al paro ante semejante golpazo. La oposición tampoco insistió buscando las dos terceras partes para que fuera ley, algo que tenía cómodamente en el Senado y de lo que estaba cerca en Diputados. ¿Desde qué lugar vuelve ahora al Congreso? ¿Qué balance presentó a los trabajadores para volver sobre sus pasos? Despidos Los despidos han seguido y no son menos de 200 mil en lo que va del año, y la crisis industrial se agrava. La construcción volvió a caer en septiembre y octubre luego de un repunte mínimo en agosto. Los despidos oficiales suman 72.000, pero hay que sumar allí la enorme proporción de compañeros en negro, algo que puede casi duplicar la cifra. La UOM denuncia unos 20 mil trabajadores afectados entre despedidos y suspendidos y la industria textil perdió, según la cámara empresarial, 20 mil puestos. De hecho, el número más abarcativo es la capacidad industrial ociosa, que se estima en un 40%. Esto demuestra, por un lado, la generalización y magnitud del parate. Por otro, que no sólo no vinieron inversiones, sino que cualquier reactivación tiene por delante la propia capacidad instalada antes de que nadie ponga un peso. Volver… al Parlamento Desde el ángulo de los intereses de los trabajadores, el fracaso de la estrategia cegetista no puede ser mayor. Por otro lado, la oposición en estos meses acentuó su sociedad con las leyes del ajuste: blanqueo, rebaja de impuestos a las terminales automotrices, blanqueo de capitales, presupuesto de endeudamiento y ajuste a salarios, jubilaciones, educación, investigación y salud. ¿Por qué volver a apoyarse en esa oposición? Indudablemente, hay dos motivos estratégicos. El primero, gambetear otra vez el paro nacional, disimulando -con una acción de movilización- el acompañamiento al ajuste, la contención del movimiento obrero y el aislamiento de quienes salen a luchar, como los choferes platenses y cordobeses, los obreros azucareros de Seabord o los docentes que piden reapertura de paritarias. El segundo motivo, reforzar a la oposición socia del ajuste para darle de nuevo protagonismo en el Congreso, alrededor de maniobras, como la ley de Emergencia social, que ya tiene curso en el Senado. Esa ley, no sólo parlamentariza el reclamo del que fuera el movimiento más revolucionario de los trabajadores, a fines de los ’90, el movimiento piquetero. Plantea una sanata, porque sólo promueve un Consejo de la Economía Popular, que, a su vez, determinaría el monto de un “Salario Social Complementario para un millón de puestos de trabajo de la economía popular a crearse”. No establece monto alguno para los Argentina Trabaja, que jamás podrían estar debajo del salario mínimo. Al contrario, propone a la burguesía una línea asistencial para más precarización laboral con apoyo del Estado. No ha sido gratis la integración de Barrios de Pie, la CCC y la Ctep del Movimiento Evita a la “articulación” con la burocracia sindical de la CGT y, a su turno, a la Mesa de Concertación impulsada por el Vaticano, donde mueren todos los reclamos del movimiento obrero. Los gordos de los ’90 no quieren repetir la experiencia de aquel período, donde surgió un movimiento de carácter independiente que mediante cortes de ruta y movilizaciones, escapando a los punteros y a la regimentación de los sindicatos, salió a enfrentar el hambre y la desocupación en todo el país. El clasismo y el Polo Obrero confluirán en Atlanta con el Frente de Izquierda, 24 horas después de esta movilización con destino de derrota. Allí plantearemos un programa y un rumbo de independencia y lucha de clases para poner en pie al movimiento obrero y transformarlo en alternativa política. Luchar por un paro activo nacional y un plan de lucha, reagrupando al clasismo, llevando las luchas a la victoria, luchando por la expulsión de la burocracia sindical, con el método y el objetivo de un congreso de bases del movimiento obrero que discuta un plan económico de los trabajadores y un plan de lucha para imponerlo.

En la Cámara de Diputados se abrió una polémica en torno del proyecto de modificación de la Ley de Tarjetas de crédito y débito, orientado a reducir las comisiones que los comerciantes deben pagar a bancos y empresas que controlan el mercado de tarjetas: del 3 al 1,5% en el caso de las de crédito y de 1,5 a 0% en las de débito. Se trata de una pelea entre dos sectores del capital: el comercial versus el bancario. Es una cuestión de redistribución de los beneficios extraordinarios del sector financiero. Por un lado, se encuentran los bancos y -principalmente- la empresa Prisma, que es propiedad de un consorcio de los principales catorce bancos privados y tres estatales de la Argentina. Del otro lado, está el capital comercial: los shopping, los supermercados, los mayoristas y también los pequeños comerciantes. La disminución de las ventas, producto de la recesión económica en curso, hace que la pelea entre grupos capitalistas para poder sumar las ganancias existentes sea cada vez más dura. En este caso hay una ofensiva del gran capital comercial que, como siempre, usa de mascarón de proa al pequeño comerciante. Aunque baje el arancel que debe pagar el capital comercial, eso no beneficiaría al usuario comprador porque los comerciantes aumentarían sus márgenes de ganancia y no trasladarían ese eventual beneficio a los consumidores. La usura sobre los trabajadores-consumidores seguirá vivita y coleando. Los intereses usurarios que se cobran al consumidor por cualquier dificultad de pago en las tarjetas (pagos mínimos, por ejemplo), por seguros en el pago en cuotas o por financiación en el pago a plazos, entre otros, hunden crecientemente a la familia trabajadora. Esto, que constituye un verdadero mecanismo extra de carestía para el trabajador, ni se contempla. Hoy, el consumo obrero y popular, ante el deterioro del salario, se basa crecientemente en el crédito -es decir, en el hipotecamiento futuro del salario. Las dos fracciones se pelean por la tajada de sus intereses, pero no mejoran la situación del comprador trabajador. Es más, en las reformas propuestas (ahora el oficialismo ha presentado otro proyecto que estaría siendo consensuado entre los bancos y las cámaras de comercio) se plantea que “habrá más posibilidad de sumar al precio lo que se paga por comisiones, para diferenciar precio de contado y con tarjeta”, declaró Daniel Lipovetzky (El Cronista, 14/11), el diputado del PRO que preside la comisión que discute esta ley. Pero esto no quiere decir que en la actualidad el trabajador-usuario que compra con tarjeta no lo esté pagando. El titular de la CNDC (Comisión de Defensa de la Competencia), Esteban Greco, señaló que “las cuotas sin interés tienen costos financieros encubiertos en el valor del producto, lo que perjudica a quien no tiene tarjeta, al aumentar el precio contado”. Las cámaras de comercio que buscan el apoyo popular en su pugna con los bancos ocultan esta realidad. Y no se plantean tampoco la derogación de los impuestos al consumo (en primer lugar el IVA) lo que daría un impulso al consumo popular y soldaría, efectivamente, un frente de lucha común entre los trabajadores con el pequeño comerciante interesado en tal medida. La clase obrera no debe apoyar a ninguna de las dos fracciones burguesas en pugna que, incluso, es seguro que cierren diferencias volcando los costos de cualquier acuerdo entre ellas sobre el trabajador. ¿Cuál es el costo del crédito al consumo? Es necesario abrir los libros de los bancos y de las empresas financieras de crédito, a comisiones de trabajadores para conocer el verdadero costo patronal y como esquilman al pueblo. Hay que terminar con la usura bancaria y la persecución financiera (derogación del Veraz) sobre el trabajador. Propugnamos la nacionalización de la banca para centralizar el crédito en el impulso al desarrollo nacional y la satisfacción de las necesidades de consumo de nuestro pueblo sin usura, con tasas promocionales. Esto abarcará el uso de la bancarización (tarjetas de crédito y débito) sin intermediación parasitaria y sin el cobro de tasas usurarias sobre el consumidor y el pequeño comerciante.

La diputada del Partido Obrero Patricia Jure, del bloque Frente de Izquierda; el diputado Raúl Godoy, del bloque PTS, junto a las legisladoras (mandato cumplido) Gabriela Suppicich y Angélica Lagunas, renunciaron al beneficio que estipula la ley provincial 1282 de jubilaciones de privilegio. Lo hicieron en una conferencia de prensa y en presencia de un escribano público. La ley habilita a los diputados y funcionarios políticos elegidos por voto popular a jubilarse por el Instituto de Seguridad Social de Neuquén, con sólo un año de ejercicio en la función y diez años de aportes al ISSN. Les otorga también una movilidad privilegiada en comparación a la que tienen acceso el conjunto de los trabajadores estatales. Mientras en un caso la movilidad se encuentra atada a la evolución del salario de la categoría, en el otro, el incremento jubilatorio surge del promedio resultante de los aumentos recibidos por la totalidad del escalafón. La noticia impactó fuertemente en la opinión pública y los medios regionales se hicieron eco de la decisión de los legisladores. La renuncia a este privilegio por parte de los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, constituye un acto de ratificación de los principios socialistas. A saber, que el ejercicio como diputado, por parte de un socialista, consiste en ejercer su función como un auténtico representante de los intereses populares. Esto, en oposición a la concepción clásica de los políticos patronales, que se consideran “funcionarios públicos”. La diferencia es radical: el funcionario público defiende al Estado contra los trabajadores, y el militante socialista, que transitoriamente ocupa una banca de diputado, defiende a los trabajadores contra el Estado y también contra el propio Parlamento, en tanto institución del Estado capitalista. Las altas dietas o las jubilaciones de privilegio son la forma mediante la cual el Estado capitalista compensa los servicios brindados por los funcionarios de los partidos tradicionales al empresariado. Patricia Jure reforzó este concepto en la conferencia de prensa, cuando señaló que “como trabajadores que somos, y como representantes de los trabajadores, nos vamos a jubilar como tales y no como funcionarios con privilegios. Esto debe valorar el pueblo de Neuquén. Aquellos que se van a jubilar con estos privilegios son los mismos que rechazan un salario igual al costo de la canasta familiar, eliminar el impuesto al asalario y avalan los despidos en el ámbito público y privado; es decir, son serviles al empresariado y enemigos de los trabajadores”. Luego de la conmoción política creada por la denuncia del dietazo, el Frente de Izquierda realiza nuevas acciones aque colaboran a esclarecer qué intereses sociales defienden cada uno de las fuerzas del tablero político.