Prensa Obrera N° 1431

El Frente de Izquierda ha lanzado una campaña política que culminará con un acto masivo en la cancha de Atlanta el próximo 19 de noviembre. Un documento de convocatoria caracteriza las limitaciones insalvables de la ofensiva capitalista que encarna el macrismo, establece una delimitación estratégica del kirchnerismo y del centroizquierdismo, denuncia la tregua de las burocracias sindicales y llama a desarrollar al Frente de Izquierda para construir una alternativa de poder de los trabajadores. El Partido Obrero también propuso la realización de actos en todas las provincias y ciudades importantes del interior, para darle a la campaña una dimensión nacional. Cuadro político La necesidad de esta campaña del Frente de Izquierda está dictada por la marcha de la situación política y las posiciones de las fuerzas en presencia. En las últimas semanas, el macrismo ha logrado imponer su propia agenda a la oposición patronal. La presencia de algunos CEOs de grandes corporaciones capitalistas en el Mini Davos fue suficiente para que los Massa, Gioja y cia. dejen de lado toda veleidad opositora. En el caso de Massa, no sólo le dio su apoyo al tarifazo, sino que enterró su proyecto para prohibir las importaciones, luego de comprobar que la burguesía nacional no quiere alterar sus planes de endeudamiento internacional. La dependencia de la oposición patronal al gran capital también se puso de manifiesto en la conducta de los gobernadores del FPV-PJ, que hoy son la vanguardia ajustadora del país. No sólo le dieron los votos necesarios para aprobar el acuerdo con los fondos buitres y otras leyes claves requeridas por el macrismo. Hoy, en nombre de la defensa de la coparticipación federal rechazan la eliminación del impuesto al salario e incluso la entrega de un bono de fin de año a trabajadores y jubilados. Idéntica actitud han asumido las diferentes ligas de intendentes del PJ. La camarilla kirchnerista, que se encuentra en retroceso y jaqueada por las denuncias de corrupción, busca preservarse mediante un acuerdo con el pejotismo y el massismo. El kirchnerismo, que durante su gobierno preservó a los Insfrán, Urtubey y Gioja, va a la rastra de quienes hoy son ejecutores directos del ajuste macrista. La intención del kirchnerismo, sin embargo, no encuentra reciprocidad en el pejotismo, menos aún en Massa. La situación oscila entre una integración subordinada del kirchnerismo en el pejotismo, o una mayor fragmentación de este que derive en una plétora de listas peronistas. El centroizquierdismo ha girado aceleradamente a la derecha. Es el caso de Stolbizer, que pretende superar su fracaso electoral mediante un acuerdo con el macrismo o el massismo. La mayor expresión de crisis de este bloque se verifica en Santa Fe, con la quiebra del llamado Frente Progresista por el pasaje de la UCR a un acuerdo con el PRO. Otros grupos del centroizquierdismo buscan un acuerdo con los residuos del kirchnerismo e incluso con el PJ. Todas las fracciones tienen en común el seguidismo al Vaticano, que actúa conscientemente para evitar una reacción popular contra el ajuste. La clase obrera Todas las fuerzas políticas patronales reflejan a su modo el reclamo unánime de la clase capitalista de descargar la crisis sobre los trabajadores. La burocracia sindical forma parte de este engranaje ajustador. Han dejado pasar todos los ataques del gobierno y de las patronales, permitiendo una pérdida del salario real de 10 o más puntos, y el despido de decenas de miles de trabajadores. La unificación de la CGT, saludada por el kirchnerismo como un paso adelante para enfrentar al macrismo, formó parte de un operativo de la burocracia sindical para imponerle a los trabajadores los términos del ajuste capitalista. Esto se vio rápidamente con su renuncia a reclamar la reapertura de las paritarias y a aceptar la continuidad del impuesto al salario durante 2017. El nivel de entreguismo de la burocracia es tal que ahora está en riesgo incluso el miserable bono de fin de año, solicitado para dejar de lado la reapertura de las paritarias. El pacto de la CGT con Macri desmiente a quienes planteaban que la asunción de un gobierno de derecha llevaría a un “frente único anti-macrista”, que incluya al peronismo y a la izquierda. Por el contrario, la lucha contra el ajuste ha acentuado las diferenciaciones políticas, mostrando la dependencia de la oposición peronista y de la burocracia sindical al gran capital. Esto incluye a los movimientos sociales que se han sumado a un acuerdo político con la CGT, a partir de la acción directa del clero. El reclamo de asistencialismo al Estado es justificado en nombre de evitar una explosión social contra el ajuste. La subordinación de los movimientos sociales a la burocracia sindical representa un retroceso histórico de magnitud, que marca a fuego a un centroizquierdismo integrado al Estado. La conclusión es que la lucha por el trabajo y el salario plantean cuestionar el dominio de la burocracia sobre los sindicatos y, más en general, al peronismo y al centroizquierdismo como oposición política al macrismo. El desarrollo de una alternativa de poder de la clase obrera concentra las tareas de recuperar los sindicatos como órganos de lucha de los trabajadores y de desarrollar una alternativa política independiente. Bancarrota La ofensiva que comanda el macrismo contra los trabajadores choca con los límites que le impone la bancarrota económica del país y, más en general, la crisis mundial del capital. A 10 meses de su asunción el macrismo no ha logrado revertir el retroceso económico del país. La caída de la producción industrial, de la construcción y del consumo se ha acelerado. El relato oficial presenta que la salida pasa por atraer inversiones. Pero no tiene en cuenta que Argentina está ‘sobreinvertida’ -claro que en términos capitalistas. El uso de la capacidad instalada de la industria alcanza solo al 60%. ¿Por qué habría entonces nuevas inversiones? En estas condiciones no debiera sorprender que el capital que ingresa al país lo haga solo con fines especulativos. Los capitalistas condicionan las inversiones a que se eleve la tasa de beneficio, para lo cual reclaman avanzar no solo sobre el salario, sino también en una nueva reforma de flexibilidad laboral que destruya conquistas históricas de los trabajadores. Esto plantea un enfrentamiento decisivo con la clase obrera, algo que el gobierno rehúye por el momento porque es consciente de que no tiene los recursos políticos para ello. Incluso en el mini Davos los CEOs hicieron saber que esperarán a las elecciones de 2017 para evaluar cual es el estado real de la ‘gobernabilidad’ del país. Quieren valerse de las elecciones para dotar de autoridad al gobierno en su ataque contra los trabajadores. Frente de Izquierda En este cuadro político se desarrollará la campaña del Frente de Izquierda hacia su acto central en Atlanta. El Frente de Izquierda, que debutó como una expresión independiente de la izquierda en oposición a un gobierno ´nacional y popular´, tiene el desafío ahora de enfrentar una nueva situación política haciendo frente a la experiencia macrista, que encarna un gobierno de ofensiva contra los trabajadores, y desenvolviendo una delimitación estratégica con el conjunto de las fuerzas patronales, incluido el kirchnerismo y el centroizquierdismo. Esta situación abre un campo de lucha política inmensa para la izquierda, que puede ser aprovechado a condición de que busque la fusión con la clase obrera mediante una política y un programa de independencia de clase. Esto plantea nuevamente la cuestión del frente único, que delimita campos a partir de intereses de clase y no por reyertas de sectas. Este frente único debe ser desarrollado en todos los terrenos, ya sea en el parlamento como en los sindicatos y en los centros de estudiantes. Con la convocatoria al acto lanzamos una campaña política de más de un mes, en la cual el Partido Obrero se esforzará por explicar en charlas, actos y reuniones los alcances del documento elaborado, y por reagrupar nuevas fuerzas para una política obrera y socialista. Foto: Federico Imas

Los partidos que integramos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT) hemos acordado un gran acto para el próximo 19 de noviembre, en la cancha de Atlanta, “por una alternativa independiente de los trabajadores y la izquierda”. La concreción del acto y, naturalmente, la intensa campaña política previa en pos de la concurrencia de miles de luchadores, es una gran oportunidad para que el FIT se instale como alternativa en la crisis nacional. En un cuadro caracterizado por el empantanamiento económico y político del gobierno de Cambiemos, la creciente disgregación de los “nacionales y populares” y la enorme inquietud obrera y popular que desatan los ajustes de unos y otros, la decisión de los partidos del FIT de salir a la palestra reviste un alcance estratégico. La izquierda se empeña en superar el cuadro de las batallas parciales para postularse como salida y ofrecer un programa. Método El acuerdo político que conduce a este acto fue precedido por un intenso debate al interior del propio Frente de Izquierda. Ese debate ha tenido como eje cuál debe ser la conducta de la izquierda revolucionaria ante un nacionalismo burgués que, pasado a la oposición, acrecienta la demagogia con el objetivo de recauchutar su autoridad política ante las masas y, por esa vía, bloquear la evolución de los trabajadores hacia las posiciones revolucionarias. El Partido Obrero ha insistido en que la lucha contra los agravios del macrismo no puede ser nunca un pretexto para que la izquierda marche detrás de acciones de aparato con los figurones degradados del kirchnerismo, que se sirven de los reclamos populares para rescatarse a sí mismos. Este debate lo hemos tenido en oportunidad de la detención de Milagro Sala y del operativo desplegado en torno de las citaciones a Hebe de Bonafini. Para la izquierda, la movilización o denuncia por el encarnizamiento estatal en estos casos no podía llevar nunca a confundirnos con los Rossi, Moreno o Anibal Fernández. Mucho menos a borrar la delimitación con quienes han abandonado hace mucho el campo de lucha por las reivindicaciones sociales o de derechos humanos, en pos de una cooptación estatal e incluso empresarial. Más recientemente, pero bajo un mismo hilo conductor -la defensa de nuestra independencia política-, hemos planteado que la cuestión de la “paridad de género” no puede ser la excusa para un frente político con los enemigos y enemigas del derecho al aborto y encubridores/as de las redes de trata. Las reivindicaciones de la mujer deben contribuir a desenvolver de un modo más abierto y agudo la lucha de clases, no para encubrirlas. A la luz de lo anterior, es claro que las dificultades del Frente de Izquierda para “visibilizarse” como alternativa no son el resultado de decisiones administrativas o publicitarias, sino políticas: quien no se delimita de sus enemigos de clase, renuncia a ser alternativa. Por eso, cuando recibimos la propuesta del PTS de realizar un acto en un estadio, reclamamos que esa convocatoria común fuera precedida por un debate y una clarificación política, y que sirviera de eje para una campaña de alcance nacional. De lo contrario, sólo recalaríamos en un hecho aislado o, peor, en una maniobra organizativa para encubrir las insoslayables divergencias políticas que están en juego. Clarificación Como resultado de este planteo del PO, el acuerdo para concretar el acto en Atlanta estuvo precedido por una extensa declaración política, a la cual arribamos al cabo de un debate en la mesa nacional del FIT ( Declaración del Frente de Izquierda y los trabajadores ante la situación nacional ). Más allá de caracterizar al gobierno de Macri como “representante de los intereses del gran capital”, la declaración señala que “durante una década, ese mismo gran capital nacional y extranjero se sirvió del kirchnerismo para que los fondos públicos concurrieran a su rescate”. En esa línea, se afirma que el gobierno ajustador de Macri “es el resultado del cambio de frente de la clase capitalista, que gobernó con el kirchnerismo hasta el agotamiento de su política”. Ello significa que detrás de ”nacionales y populares” y de “derechistas” reposaron los mismos intereses sociales, bajo diferentes modalidades de dominación política. Esta caracterización, que le da una razón de fondo al voto en blanco del Frente de Izquierda en el ballotaje, fue introducida por el PO en la declaración final, ello, en reemplazo de la que nos propusieran los compañeros del PTS señalando que la oposición (patronal a Macri) expresa los intereses de la llamada “burguesía nacional”, que “coincide con el gran capital en hacer pagar la crisis a los trabajadores” (ver “Propuesta de Declaración Política presentada por el PTS”, La Izquierda Diario, 24/9). El kirchnerismo no fue un régimen “reformista”: gobernó para rescatar al capital financiero y a los privatizadores, a los cuales la burguesía “nacional” está entrelazada. Por eso, la declaración señala acertadamente que el kirchnerismo, “vino a rescatar a los intereses capitalistas golpeados por la bancarrota de 2001 y a restaurar el sistema político burgués golpeado por la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre”. A partir de allí se afirma que “el pasaje del kirchnerismo a la oposición exige de la izquierda la mayor delimitación y clarificación políticas. Es necesario denunciar su demagogia opositora, que pretende servirse de las reivindicaciones populares para su reconstrucción política y para bloquear el tránsito de las masas hacia posiciones revolucionarias. En oposición al “Frente Ciudadano” o a la “nueva mayoría”, que procuran atar a los trabajadores al carro de las variantes capitalistas fracasadas, el Frente de Izquierda reafirma su lucha por la independencia política de los trabajadores”. Estas definiciones se oponen por el vértice a una “resistencia” o a un supuesto “frente antimacrista” sin fronteras ni delimitaciones con los ajustadores “nacionales y populares”. América latina El documento que sirvió de base a este acuerdo afirma que las experiencias nacionalistas o centroizquierdistas de América latina “terminaron aplicando los planes de ajuste que dicen condenar”. Pero también destaca los límites de los Macri o los Temer, “como consecuencia de la reacción obrera y popular y de la marcha de la crisis capitalista”. De ese modo, se delimita del izquierdismo nacionalista el cual, detrás de un supuesto “cambio de ciclo”, considera que existe una consolidación de las experiencias derechistas continentales. El documento afirma que “el Frente de Izquierda aporta una peculiaridad en el proceso político continental, a diferencia de otras organizaciones o frentes, que en nombre de la izquierda levantan una estrategia de conciliación de clases”. Nosotros propusimos identificar precisamente al PSOL, que apoyó candidaturas capitalistas y admitió apoyos empresarios en los recientes comicios municipales, lo que no fue aceptado. La cuestión de Brasil debe ser objeto de un riguroso debate político en el FIT: el ascenso político y electoral de los golpistas no sólo es resultado de la debacle del PT, sino de la inconsecuencia de la izquierda brasileña (y en particular de la que se reclama trotskista) en desarrollar una política de independencia frente a los bloques capitalistas en pugna y, particularmente, de quienes apuestan a reciclar una variante izquierdista de conciliación de clases. Frente único El documento reivindica la experiencia del Sutna y de los Suteba combativos, como expresión del frente único del clasismo y la izquierda para recuperar a las organizaciones obreras de los agentes sindicales del nacionalismo capitalista. Esa reivindicación, además, debería servir para superar el faccionalismo en los sindicatos, que ha sido el escenario de graves retrocesos del activismo (como ocurrió en las luchas metalmecánicas de la zona norte del GBA) o que quebró a agrupamientos clasistas en aras de la unidad con fracciones burocráticas, como ocurriera en el subte. Un debate a fondo de esta cuestión –que el PO ha reclamado- debería apuntar a una lucha común de las organizaciones del FIT en todos los sindicatos, por la expulsión de la burocracia. A la luz de estas consideraciones es indudable que el acuerdo alcanzado -en términos de planteamientos y de acción- no cancela las divergencias expuestas. Sin embargo, es necesario reivindicar el método con el cual las hemos abordado; esto es, el de una clarificación política en el marco de un frente único para luchar contra los partidos y salidas capitalistas. En este caso, para llevar adelante un gran acto y una campaña política común en favor de una alternativa de poder de los trabajadores y de la izquierda. La concreción de esta campaña ya es una delimitación política, pues sustrae al FIT de una parálisis que es funcional a los socios políticos de la “paz social”, el Vaticano y los partidos capitalistas, en particular, los de la llamada centroizquierda. Como parte de esta acción, el PO propuso actos en todas las provincias donde el FIT tiene existencia electoral o parlamentaria, sin un acuerdo por parte del PTS e IS. Seguiremos bregando por ello en futuras reuniones. Llamamos a toda la militancia, a los luchadores, a todos los seguidores y amigos del Partido Obrero y del FIT a empeñarnos a fondo en la campaña por una concurrencia masiva a Atlanta; a preparar esa concurrencia con plenarios, charlas abiertas y asambleas a la escala de todo el país; a impulsar en esas asambleas campañas la difusión del llamamiento del FIT e interesar en su contenido a obreros, jóvenes y luchadores; a convertir esta campaña en un gran factor de politización y reclutamiento de centenares de compañeros. Foto: Federico Imas

Por el cachetazo político que significa para la ‘comunidad internacional’ que promovía el voto por el Sí en Colombia, la victoria del No ha sido equiparada con el Brexit, que potenció las tendencias a la desintegración de la Unión Europea e hizo rodar la cabeza del primer ministro británico, James Cameron. Este ‘Colombexit’ probablemente hunda los sueños de Santos de un nuevo mandato y añade zozobra a un continente expectante por el resurgimiento de las tendencias proteccionistas en Estados Unidos. El vasto frente que impulsó los acuerdos, que iba de Macri al Partido Comunista, de Obama a Castro, reclama ahora con la misma tenacidad su sostenimiento a toda costa. También lo hicieron las principales cámaras empresariales del país. Más allá de Colombia, el proceso de paz busca generar una arena política común entre ‘nacionalistas’ y ‘derechistas’ del subcontinente, bajo el patrocinio del gran capital internacional (las Farc anunciaron en su X Conferencia su integración indeclinable al régimen político y colocaron como techo político el “mejoramiento de la democracia burguesa”). Los acuerdos se encuentran imbrincados, asimismo, con la apertura cubana. El proceso de paz colombiano, adicionalmente, implica una oportunidad de negocios para el gran capital en el campo (Grobocopatel se anotó con un proyecto para producir soja, maíz y arroz en 3 millones de hectáreas ‘pacificadas’). Esto explica la presencia de los jefes del FMI y el BID en la ceremonia donde se firmaron los acuerdos. En este cuadro, y después del traspíé, Santos ha impulsado una ronda de negociaciones con las principales fuerzas políticas, y probablemente asuma el planteo de “renegociación” de los acuerdos planteado por Uribe, fogonero del ‘No’ y principal vencedor de la jornada. La mesa de negociaciones, que actualmente incluye al gobierno y las Farc, podría transformarse en un trípode que incluya a representantes del uribismo –con la anuencia de la guerrilla. Uribe cuestiona lo que considera privilegios para la guerrilla en los acuerdos de paz: penas benignas a cambio de información, representación política asegurada en el Congreso, subsidios para la reinserción en la vida civil, entre otras prerrogativas. Todo esto redundará en una fuerte presión a las FARC en aras de mayores concesiones que las que hicieron durante los diálogos de La Habana. Santos anunció que el cese al fuego expira el 31 de octubre, a modo de intimación a una guerrilla que ha ordenando un repliegue a “sitios seguros”. Resultados El ‘Sí’ se impuso en diecinueve departamentos sobre un total de treinta y dos. Cosechó una buena diferencia en Bogotá (56%) y en algunos de los departamentos más golpeados por el conflicto. El ‘No’, pese a ser derrotado en la mayoría de los departamentos, ganó en núcleos urbanos muy poblados. En Medellín, segunda ciudad del país y capital del departamento de Antioquia, donde talla fuerte el uribismo, obtuvo el 62%. También el ‘No’ registró éxitos en el Norte de Santander, lindante con Venezuela, y en Bucaramanga. El otro dato político de la elección es la enorme abstención. Aunque la participación superó los objetivos del gobierno, que había rebajado el umbral de participación necesaria para la ratificación de los acuerdos por temor a una concurrencia ínfima a las urnas, la abstención superó el 60% del padrón. Esta apatía ha sido calificada por Atilio Boron como una “irresponsable indiferencia” de la ciudadanía (Página/12, 3/10). Pero la abstención en Colombia ya había arrojado guarismos similares en las últimas elecciones presidenciales y tasas superiores al 50% desde los ’90. El régimen político colombiano se encuentra profundamente desacreditado por su colusión con el narcotráfico y por el empobrecimiento de las masas. Sus partidos históricos, liberales y conservadores, han perdido fuerza y han emergido nuevas formaciones políticas. La aseveración de Borón escamotea también una crítica del frente que impulsó el Sí, incluyendo a las propias Farc. En el caso de Santos, su impopularidad asciende al 76% según algunas encuestas. Para entender este rechazo basta ver un panorama general de Colombia: el crecimiento económico se está desacelerando y el gobierno responde con medidas que perjudican a los trabajadores. En el mes de marzo, Colombia vivió importantes movilizaciones contra el magro aumento del salario mínimo, contra el acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, y contra la privatización de Isagén (empresa generadora de la energía eléctrica). Antes, hubo importantes protestas en el campo por los efectos devastadores de los acuerdos comerciales con los yanquis. En Colombia, el salario mínimo es de 210 dólares (la mitad de la canasta familiar) y la informalidad laboral asciende al 60% en la construcción, 65% en comercio y hoteles, 57% en las telecomunicaciones (El Tiempo, 25/4). Un reciente decreto generaliza la tercerización laboral, según denuncias de la Escuela Nacional Sindical. En medio del proceso electoral, el gobierno anunció una regresiva reforma tributaria que aumentará el IVA del 16 al 19%. Y todo esto se completa con un cuadro represivo: 30 activistas sindicales, sociales y de derechos humanos han sido asesinados en 2016 (Nodal, 16/9). De cara a esta insatisfacción popular, los sectores de izquierda que apoyaron el plebiscito (y a Santos en el último ballotage) han quedado anulados como factor político independiente. Pero si es unilateral atribuir la derrota de los acuerdos a un repudio popular a la guerrilla, como hacen muchos medios, no lo es menos eximirlas de responsabilidad. Las Farc, originadas como una guerrilla de arraigo popular en los levantamientos campesinos de los ’50 (aunque pregonando siempre una política de colaboración de clases), hace tiempo que ingresó en un proceso de descomposición y aislamiento. Todo un sector de los explotados las visualiza como un aparato extraño y ajeno a su experiencia cotidiana, e incluso como una fuerza vinculada al narcotráfico. Este aislamiento político, según algunos analistas, selló también la suerte militar de la guerrilla, que llegó profundamente debilitada a la mesa de negociaciones de La Habana. Un elemento que había quedado marginado políticamente en el último período, como Uribe, supo imponerse en las elecciones explotando las limitaciones profundas de sus adversarios. Ha aprovechado, incluso, el derrumbe venezolano, machacando insistentemente contra la supuesta conversión “castrochavista” de Santos. El proceso de paz colombiano podría calificarse como una ‘paz tardía’. Los intentos de ‘cerrar la grieta’ en el subcontinente chocan con el volcán social y político sobre el que se asientan sus regímenes, y que incluye fuertes procesos de resistencia de las masas.

A pocos días de que se ponga en práctica el operativo “Aprender 2016”, que va en la línea de las políticas aplicadas en Chile, Ecuador y México, los titulares de los diarios dieron cuenta de que 14 millones de argentinos están por debajo de la línea de pobreza. Entre ellos, una parte sustancial de la clase obrera ocupada y casi la mitad de los docentes de este país. El cuadro se completa con el hecho de que la mitad de los niños y adolescentes de la Argentina son pobres El gobierno nacional anunció el plan de evaluación “Aprender 2016” para el 18 y 19 de octubre, en todo el país, destinado a estudiantes. La línea del gobierno es establecer dispositivos estandarizados que arrojen calificaciones de escuelas, estudiantes y docentes, desligados por completo de las condiciones sociales de los alumnos y el cuadro de destrucción de las escuelas. Los Macri-Bullrich y los Kichner-Sileoni que han agredido las condiciones económico-sociales de los trabajadores y sus familias y han derruido la educación pública en los últimos 20 años, pretenden poner en el banquillo de los acusados a estudiantes, padres y docentes, y responsabilizarlos del derrumbe educativo. Al servicio de la productividad de la mano de obra En junio de 2016, el Ministerio de Educación Nacional, a través de un detalladísimo trabajo del Instituto Nacional de Educación Tecnológica, dejó sentado negro sobre blanco en qué consiste la “calidad educativa”. El informe se titula “Demanda de capacidades 2020, Análisis de la demanda de capacidades laborales en la Argentina”, y pretende ser la piedra basal para elaborar “la oferta educativa de la Argentina en el próximo quinquenio” (Informe INET). Se trata de un minucioso relevamiento entre las principales 700 empresas del país, acerca de cuáles son las demandas capitalistas en conocimientos y habilidades técnicas para su mano de obra. El desafío sería “mejorar la disponibilidad y calidad del capital humano para alcanzar el salto de productividad que requieren las empresas para ser competitivas”. Mayor disponibilidad de mano de obra que el capitalista utilizará, o no, cuando lo considere necesario. No más empleo. El objetivo es degradar a la escuela para convertirla en centros de formación laboral, que dicten trayectos profesionalizantes, lo que descarta la necesidad de docentes de “calidad”. Como declaró la Ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, “tenemos el desafío de desarrollar en nuestros alumnos habilidades, aptitudes, para lo cual estamos pensando en un modelo de formación docente basado en aptitudes” (Clarín, 10/9). Ranking de escuelas, salario por mérito Este operativo también busca instaurar un ranking de escuelas, que percibirán recursos de acuerdo a los resultados evaluativos de los alumnos, además del salario por mérito para los maestros y profesores. El Ministro de Educación y Deportes, Esteban Bullrich, se inspira en la reforma educativa del presidente “nac&pop” de Ecuador, Rafael Correa, que estableció, además, el examen de ingreso y de permanencia para la docencia, es decir, la eliminación del estatuto del docente. La burocracia sindical docente, especialmente la de Ctera, está a favor de la evaluación antieducativa, uno de los ejes estratégicos de la Ley de Educación Nacional kirchnerista. Solo critica la prueba actual porque no es parte de su aplicación. Ella misma es parte del problema, porque tiene centenares de centros de formación profesional que funcionan financiados por el gobierno nacional y los gobernadores provinciales. Bullrich dijo que “los gremios no fijan políticas educativas” (El Día, 1/10), no por la oposición de la burocracia sindical, sino por el rechazo de la base docente de todo el país a este operativo. Todos los gobernadores del Frente para la Victoria, mentores de la burocracia docente de la Celeste, han suscripto a los objetivos “neoliberales” en educación del macrismo, en la llamada “Declaración de Purmamarca” a comienzos de este año. Frenar la falsa evaluación Macri-Bullrich van por el camino del mexicano Peña Nieto, asesino de estudiantes y de docentes, que enfrenta una intensa lucha contra la reforma antieducativa de ese país. Los Sutebas Multicolores, Amsafe-Rosario, Ademys, Adosac, y el conjunto de los sectores antiburocráticos de la docencia, han salido a una multitudinaria campaña por el rechazo a este operativo antieducativo. Exigen a Ctera la convocatoria a un paro para el 18 y 19 de octubre. En forma masiva, escuelas enteras se están sumando al boicot de este operativo. También se van sumando muchos Centros de Estudiantes secundarios. Llamamos al conjunto de la docencia, a los trabajadores y estudiantes secundarios y universitarios, al conjunto de la población y sus organizaciones, a quebrar esta nueva reforma anti educativa.

La mezcla de movilizaciones, crisis del régimen, corrupción, recesión y depresión económica, han impactado de tal manera en la conciencia de las masas que las elecciones quedaron literalmente en un segundo plano. Una gran parte de la población reaccionó con poco interés en las elecciones. Asistimos a una de las mayores tasas de abstención, a las que se añaden los votos en blanco y nulos. Fueron 25 millones de abstenciones (17,5%); los blancos y nulos no fueron computados, pero las proyecciones apuntan a cerca del 13%. En las capitales esos índices han sido mayores: en 22 capitales, el número de votos blancos, nulos y abstenciones superó la primera o segunda posición –es decir, en las grandes ciudades la inmensa mayoría dio un gran No al régimen político y a sus instituciones democráticas vigentes. El PT fue, sin lugar a dudas, el gran derrotado. Mientras en 2012 controlaba los municipios de 630 ciudades ahora tiene apenas 256. El PT perdió en San Pablo, y de forma humillante (16% de los votos, después de permanecer varias semanas en un mísero 10%), sin al menos llegar a la segunda ronda. En las grandes capitales el desempeño del PT cayó mucho, principalmente en los barrios periféricos, donde vive la población más pobre; lo mismo en el Nordeste donde tuvo una gran penetración y ahora ha caído. Todo lleva a creer que luego de las elecciones la crisis se profundizará al interior del PT, llevando al partido a agrietarse y perder más militantes y el apoyo entre la población. Por un lado, los trabajadores se sintieron traicionados y abandonados por el partido; por el otro, la burguesía, que apoyó a los gobiernos del PT, cambió de bando, imposibilitando incluso las alianzas con los grandes partidos burgueses. La derecha, en general, los partidos que apoyan al gobierno de Temer y los partidos de su coalición de gobierno en el Congreso, fueron los grandes ganadores de estas elecciones. El PMDB, el partido de Michel Temer, prácticamente mantuvo el número de municipios en su poder. En San Pablo y Río de Janeiro perdieron en forma humillante. En la capital paulista con la ex alcalde Marta Suplicy (ex PT) y en Río de Janeiro con Pedro Paulo, a pesar de toda la presión de la máquina del municipio y del Estado gobernados por el PMDB. El PSDB fue el partido que obtuvo las mayores victorias, no tanto por el número de municipios, (tenía 686 y ahora tendrá 793, o más), sino por el peso de las capitales conquistadas. Obtuvo la victoria en San Pablo con Dória, un empresario de estilo Macri que tiene un proyecto megaliberal y privatizador. Ganó 14 municipios de las 93 ciudades más importantes del país y disputará otras 19. Otros partidos de derecha tuvieron una votación significativa. La izquierda La votación del Psol (Partido Socialismo y Libertad) en las capitales fue muy disímil, variando desde 3% en Sao Paulo al 18 % en Río de Janeiro y 29% en Belém, yendo en ambas a segunda vuelta. El que se haya ido a una segunda vuelta en Río de Janeiro fue un hecho inusitado, y coloca la posibilidad real de una victoria contra un obispo ligado a los sectores más reaccionarios de la sociedad. Este hecho no alcanza, sin embargo, a borrar el fracaso en distritos claves como San Paulo y Porto Alegre, donde el Psol abrigaba grandes expectativas. En el primero de ellos, disputó la intendencia de la mano de Luiza Erundina, quien ya llevó adelante una gestión furiosamente capitalista de este municipio y concurrió, en esta oportunidad, con el apoyo de recursos empresarios inocultables. Esta política de colaboración de clases se hizo sentir también en Porto Alegre, donde el Psol buceó alianzas hasta último momento con partidos de la burguesía. Algunos partidos de izquierda que integraron las listas del Psol son tributarios de esta política. Su conducta oportunista no los salvó, sin embargo, de la marginalidad política. El PSTU (que sufrió una fractura de la mitad de sus militantes a mediados de este año, y de gran parte de sus militantes históricos, de sus cuadros), tuvo una actuación muy tímida, por decir lo menos: en algunos lugares la campaña casi no existió. Su votación en Sao Paulo fue de alrededor de 4.000 votos (0,08%); en Río de Janeiro, de 5.000 (0,19%); en São José dos Campos, donde dirige el sindicato metalúrgico desde hace más de una década, fue de poco más de 4.000 votos (1,24%). En Natal, donde contaba con una de las concejales mejor votadas proporcionalmente, Amanda Gurgel (que salió con la reciente ruptura que formó el MAIS), la candidatura fue lanzada por el partido pero no alcanzó el coeficiente mínimo para ser elegida. Tenía dos concejales y no obtuvo la reelección de ninguno. El PSTU fue sacudido profundamente por su posición equivocada sobre el golpe, su aislamiento frente a la crisis y su ruptura. La izquierda está aturdida y atónita frente a la votación fuerte y abrumadora a la derecha. Ahora, todos tratan de tejer teorías. Pocos analizan el papel del PT como articulador de un gobierno de colaboración de clases, que aplastó a las tendencias combativas dentro de la izquierda y el movimiento obrero. Gran parte de la burguesía golpista fue anteriormente, aliada del PT, excepto por el PSDB. La victoria de los sectores más derechistas y favorables al golpe de Estado, fue notoria. Este resultado electoral es la señal que estaba esperando el nuevo gobierno para lanzar el paquete de medidas que tiene en carpeta. Pero dicho plan habrá que hacerlo pasar entre los trabajadores, o sea deberá pasar aún por la prueba de la lucha de clases. La crisis brasileña es alimentada directamente por la crisis económica. El gobierno y gran parte de la burguesía creen que lo peor ha pasado, pero los datos duros (el desempleo , la recesión, otros índices económicos) van de mal en peor. La economía brasileña esta condicionada por la bancarrota capitalista mundial que sigue haciendo su trabajo implacable. La presión del ajuste y de la crisis, económica y política, de manera conjunta, convierten a Brasil en una gran olla a presión a punto de explotar... Los mismos partidos que cantan y brindan por sus victorias de hoy, tendrán que hacer frente a la continuidad de la crisis y la furia de las masas mañana.

Sería un error reducir la influencia de la Iglesia y del Papa Francisco sobre los partidos políticos y el gobierno a la negativa de éstos a legalizar el derecho al aborto o a su defensa cerrada de los privilegios del clero –pago del Estado de los salarios de obispos, subsidios millonarios a la educación confesional, la autorización para dictar contenidos pedagógicos propios en sus colegios, etc. Estas cuestiones, que han sido tradicionales del lobby clerical, ahora se combinan con un peso inédito de la Iglesia en la situación política, que ha crecido en la misma proporción que se agrava la crisis social, económica y política. Una prueba de ello la hemos visto en los últimos días, con la Iglesia desplegando un activismo febril para evitar la concreción de un paro nacional, y más en general, para actuar como contenedora de una crisis social que no deja de agudizarse. Durante la semana pasada la cúpula del Episcopado se reunió con el gobierno, la CGT y movimientos sociales cercanos para invitarlos al ‘diálogo’, en el que se reservan el papel de facilitadores. Para el gobierno, que no quiere que le hagan un paro nacional, y para la CGT que no quiere hacerlo a pesar de haberlo votado, el favor jugado por la Iglesia es invalorable. A esto se le debe sumar una cuestión estratégica: la Iglesia también ‘acercó’ a los movimientos sociales a la burocracia sindical de la CGT. Detrás de esto se esconde una clara intención de disciplinamiento social. La cercanía entre el clero y la burocracia sindical está fundada en cuestiones que hacen a la naturaleza de ambos. La burocracia sindical, que se ha apropiado de los sindicatos pisoteando a los trabajadores, envidia del clero su carácter vitalicio. Quizás esto explique la amistad entre el Papa Francisco y el Caballo Suárez, recientemente detenido por hacer negociados con el SOMU. La acción del Vaticano tiene un peso decisivo incluso sobre la política exterior. Al Papa le alcanzaron escasos 22 minutos de reunión en la Biblioteca del Palacio Apostólico para que Macri abandone a su amigo Álvaro Uribe y se sume al (hoy en crisis) “proceso de paz de Colombia” diseñado por el imperialismo. Esta influencia decisiva de la Iglesia y del Papa sobre el gobierno y los partidos agrega un elemento de clarificación política invalorable. Esto vale en primer lugar para el kirchnerismo, que reivindica para sí una condición opositora que no es tal. La alegría de la tropa de la ex presidenta por el sólo hecho de que la reunión del Papa Francisco con ella duró unos minutos más que la de Macri alcanza para caracterizar la sumisión al Vaticano de los ‘nacionales y populares’. El llamado de la Iglesia a la defensa de la ‘gobernabilidad’ encontró eco entre senadores y gobernadores del FPV, que votaron favorablemente al pacto con los fondos buitres y la mayoría de las leyes de macrismo. A la luz de lo expuesto surge que el seguidismo al Vaticano del gobierno, los partidos políticos tradicionales y la burocracia sindical tiene un contenido social definido: hacer pasar el ajuste que reclaman los capitalistas. En contraposición a ello, la delimitación estratégica que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda traza con el clero se condice con su programa para que la crisis no la paguen los trabajadores. Publicado originalmente en www.diagonales.com/1408-Los-ajustadores-debajo-de-la-sotana-papal.note.aspx (30/9)

Finalizadas las elecciones en la Facultad de Psicología de la UBA, El Impulso (Libres del Sur, Patria Grande y Proyecto Popular) ratificó su conducción con el 35%. Por nuestra parte, con el EPA y La Izquierda al Frente, mantuvimos nuestra votación del 31%, mientras que retrocedió la Franja morada al 24% y el kirchnerismo siguió marginado de la pelea con el 7%. La elección estuvo atravesada por un debate común a la mayor parte de las Facultades: si la UBA está en un proceso de desarrollo gracias a las “buenas gestiones” de las autoridades o si, por el contrario, esas mismas autoridades son ejecutoras locales del ajuste del gobierno macrista. A la primera tesis no solo adhirió el EDI (Franja), sino que también lo hizo El Impulso, que ató su futuro al de las autoridades bajo el cálculo electoral de que los “retrocesos” de la Facultad también serían los del Centro. El Centro de Estudiantes dejaría de ser una herramienta de organización estudiantil para ser un gestor de servicios que tienen que mejorar. En los pronósticos previos todos apostaban a un avance de Franja Morada que la deje segunda; sin embargo, retrocedieron. El Impulso buscó ocupar el espectro político más amplio posible, no solo ocultando su integración tardía al kirchnerismo, sino hasta ocultando su “anti macrismo” (el presidente y la decana radical fueron los grandes ausentes de todos sus materiales). En ausencia de continuidad y conclusiones de la lucha educativa del primer cuatrimestre, El Impulso y el EDI intentaron ocupar la escena con campañas de marketing. Por nuestra parte, fuimos los únicos en poner sobre la mesa el fuerte ajuste que las autoridades universitarias descargaban sobre Psico, empezando por el despido de docentes en la materia Ética; el cierre de materias como Epidemiología y Discapacidad; la parálisis de las obras edilicias, etc. Esto nos valió volver a ser la lista más masiva de la Facultad, con 211 candidatos, e incluso nos sumó el apoyo de Inconciente Colectivo (MST). El Impulso fue tan lejos con el encubrimiento del ajuste que llegó a negar los despidos docentes, a pesar de que son denunciados por la AGD (gremial docente). Esto explica que numerosos estudiantes que antes apoyaron a El Impulso, ahora hayan votado al EPA y La Izquierda al Frente. El crecimiento de la conducción aparece principalmente en los que votaban por primera vez y en votos que antes eran del EDI. Mantener nuestra votación luego de perder la conducción del Centro el año pasado, y haber logrado imponer la agenda del debate electoral, ratifica al EPA y a La Izquierda al Frente como la principal referencia de lucha independiente de la Facultad de Psicología y nos deja muy bien parados para las peleas que vienen.

Las elecciones siempre son un reflejo de la lucha de clases. Pero la mayoría de las veces, ese reflejo aparece distorsionado y los verdaderos intereses en juego aparecen camuflados detrás de slogans y campañas vacías. En las elecciones estudiantiles de la Fadu (Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA) la lucha entre dos orientaciones sociales contrapuestas cobró una forma muy nítida. Aunque se presentaron cinco listas, la pelea electoral se procesó entre 2. De un lado, la Lista 10 - Juntos, la alianza del PRO con Franja Morada y el decano kirchnerista de la Fadu (encabezada por los macristas); es decir, la expresión unificada del Estado y las camarillas capitalistas que controlan la facultad. Del otro, la Lista 5 – Estudiantes X el Cambio, frente encabezado por La Corriente-CR y la UJS-Partido Obrero al cual se sumó La Mella, Izquierda Socialista y más de 500 estudiantes que sumaron su candidatura. El resultado electoral mostró los límites del marketing electoral a la Durán Barba, allí donde se procesa una experiencia de lucha. La campaña de “Juntos por la Fadu” apuntó a cerrar la grieta entre los estudiantes y las autoridades con el verso de que todos tenemos el “corazón en la Fadu”. Pero la experiencia recorrida este año por los estudiantes junto al Ceadig dejó clarísimo el antagonismo entre nuestros intereses y los del gobierno y las autoridades ajustadoras. Mientras el decano votó a favor del 0% de aumento, del arancelamiento de los estacionamientos e impulsa las reformas privatistas de las carreras, los estudiantes y docentes pusimos la Fadu de pie contra el ajuste. La conciencia de esta grieta es el mayor legado de 16 años de conducción de la izquierda. Quien más militó la campaña de Juntos fue el propio decano de la facultad, que pasó personalmente por cursos durante toda la semana. En la declaración que publica en su Facebook, se jacta de haber reunido al 98% que en las elecciones nacionales votaron por Scioli o Macri, y afirma que su adversario político es el Partido Obrero. Más allá de la trampa del 98% que es la suma de votos con objetivos opuestos, el decano reconoce el interés social común entre Macri, Scioli y él mismo. Enfrente suyo, identifica la lucha de los estudiantes con el PO. El triunfo de la Lista 5 fue un golpe demoledor para el macrismo, para quién la Fadu era la gran apuesta de las elecciones universitarias, y para Franja Morada, que especulaba con que una derrota de la izquierda en Fadu sería un knock out contra la dirección de izquierda de la Fuba. Es también un revés al ajuste del gobierno, en la medida que refuerza la organización estudiantil. Así lo entendieron los 500 estudiantes que se sumaron a la lista 5, viendo en las elecciones una continuidad de la lucha educativa del primer cuatrimestre. Respuesta del PO al decano PTS: sectarismo irrecuperable La política sectaria y abstencionista del PTS tocó un nuevo techo. En un cuadro extremo de polarización entre el movimiento estudiantil y las fuerzas del régimen, optó por presentar su propia lista, favoreciendo a la derecha. El PTS se excusa en la presencia de La Mella, que engendraría una adaptación al kirchnerismo. Pero la presencia de La Mella en el frente de conducción no llevó al centro de estudiantes a marchar con Agustín Rossi o reivindicar a Milagro Sala, como sí hizo el PTS, ni tampoco nos impidió denunciar con nombre y apellido a los funcionarios de la facultad involucrados en Sueños Compartidos, de quienes el PTS no dijo una palabra. Para ser justos, el PTS se colocó a la derecha de La Mella, que relegó su propia orientación y se sumó a la cola de nuestra lista para no cargar con la responsabilidad de un triunfo de la derecha. Finalmente, el PTS salió último con su peor performance en años y estuvo al borde de quedarse sin representación en el Ceadig y sin delegados a la Fuba. La historia no perdona el sectarismo.

Las relaciones económicas entre Brasil y Argentina no han escapado al impacto de la crisis capitalista mundial. En los últimos cinco años el comercio bilateral cayó más del 46%. Semejante derrumbe ha acentuado las tendencias a la desintegración del Mercorsur, que tiene como socios principales a ambos paises.La recesión récord que atraviesa Brasil se ha convertido en un escollo creciente para el ingreso de los productos argentinos, empezando por la industria automotriz -el 40 por ciento de su producción se destina al vecino pais. No asistimos, en cambio, a un retroceso similar de las exportaciones brasileñas a Argentina, lo que provoca, por lo tanto, un creciente déficit comercial. En 2015, del orden de los 5.000 millones de dólares. En ese sentido, el encuentro con Michel Temer, el presidente brasileño, no movió la aguja del amperímetro. Un síntoma de ello fue la ausencia de empresarios en el cónclave. El gobierno brasileño presiona para que se “flexibilicen” las reglas en el Mercosur, que plantean un “intercambio compensado” entre ambas naciones. En cambio, la burguesía brasileña y su gobierno pugnan por mayores facilidades para la colocación de su producción excedente en Argentina. Esto es una fuente de tironeos entre la burguesía de ambos paises. La Unión Industrial se reunió con su par brasileña (Fiesp) semanas atrás y no se logró un avance para destrabar el conflicto. Sólo coincidieron en denunciar la competencia china. Ambas cámaras empresariales impulsan un pliego de reclamos proteccionistas contra la invasión de productos importados de aquel país. No olvidemos que la burguesía paulista le soltó la mano al PT y promovió un cambio de frente cuando vio amenazadas sus posiciones, frente a la creciente apertura del país a los productos chinos. En medio de estas tensiones, se intenta una política común para un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que tampoco pasa de las buenas intenciones. La gira que Macri realizó unas semanas atrás al viejo continente concluyó en un fiasco. El gobierno argentino tropezó con las tendencias a la desintegración de la Unión Europea, potenciada por el Brexit. Europa no está dispuesta a abrir sus mercados de carnes, lácteos o agrícolas y, menos aún, a comprometer inversiones cuando ella misma necesita esos recursos para atender a su propio frente interno. Con más razón ahora, que estalló la crisis bancaria encabezada por el Deutsche Bank. Consciente de estos escollos, Temer abrió el paraguas y planteó la posibilidad de avanzar en acuerdos bilaterles con Europa, con independencia de los otros socios del Mercosur, lo cual significaría colocarle a éste el acta de defunción. Blindaje político Pero más allá de esta empantanada agenda económica, el encuentro estuvo presidido por una urgencia política. Michel Temer vino a la Argentina en busca de un sostén diplomático y politico. Brasil enfrenta una crisis política explosiva. Su popularidad está por el suelo. Una reciente encuesta revela que el 80 % de los brasileños es partidario de que Temer se vaya. El éxito electoral obtenido por la derecha en las elecciones municipales está lejos de cerrar la crisis. Hubo una abstención récord por referencia a cualquier elección del pasado, lo cual es un testimonio del hartazgo que anida en el pueblo brasileño. Ahora viene la principal pulseada, pues el nuevo presidente deberá demostrar si es capaz de llevar adelante la agenda que prometió e incluye recortes drásticos en los gastos sociales, una reforma jubilatoria y otra laboral, que apunta a una mayor flexibilización de las condiciones de trabajo. El descontento popular se combina con una ola de huelgas (bancarios, metalúrgicos, petroleros) y la posibilidad de un paro nacional en octubre. Por lo pronto, el gobierno postergó la implementación del paquete económico ante al riesgo de que la situación se descontrolara en medio de los comicios, y perjudicara a la coalición de partidos en el gobierno. La necesidad de armar una malla de protección al nuevo gobierno brasileño formó parte de la agenda de la gira latinoamericana de Obama, quien pautó con Macri el reconocimiento incondicional del gobierno surgido del golpe parlamentario. La prioridad que le asigna la Casa Blanca al desenlace de la crisis política en Brasil es absolutamente fundada. Una situación incontrolable en ese país constituiría un factor mayor de desestabilización en América latina. Ni qué decir que una temprana caída de Temer sería un golpe importante a la gestión macrista, que todavía debe demostrar si es capaz de reunir los recursos económicos y políticos para imponer sus planes de ajuste. La otra gran cuestión que no podía faltar en la agenda es Venezuela. Ambos mandatarios volvieron a amenazar con la exclusión del gobierno de Maduro del Mercosur, “si no cumple con los protocolos y tratados del bloque”. Más allá del tema económico, la advertencia forma parte de la presión internacional para que el régimen bolivariano acepte la convocatoria al referéndum revocatorio en el marco de una salida negociada del poder. El apoyo de Macri a Temer es un acto de defensa propia. Estamos ante dos variantes ajustadoras que necesitan socorrerse mutuamente frente al escollo que representa la bancarrota capitalista mundial y la resistencia obrera y popular.

Acaba de ser presentado, con la firma de diputados del Frente para la Victoria y del GEN, un proyecto de emergencia social. Elaborado por el Movimiento Barrios de Pie, la CTEP (Corriente de Trabajadores de la Economía Popular) del Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC). Lo primero que llama la atención es que, proponiendo un Salario Social Complementario (SSC) que debería alcanzar “como mínimo el monto delimitado como básico para un trabajo decente (salario mínimo vital y móvil)”, lo que supondría aumentar el ingreso del trabajador/a del plan Argentina Trabaja de los 3.450 pesos actuales a 7.560 a partir de septiembre y 8.060 desde enero de 2017, las organizaciones que apadrinan el proyecto no llaman a un plan de lucha con ese objetivo. En el proyecto se establece un larguísimo proceso que incluye, luego de la aprobación de la ley, un plazo que los autores estiran hasta seis meses para “proponer”, recién, el monto del Salario Social (lo que exige, previamente, determinar “lineamientos, metodologías, pautas y normas para la definición de un índice de canasta popular” en base al cual se determinaría ese monto). Lo segundo que llama la atención es que ni en sus nueve artículos ni en sus largos fundamentos se menciona una sola vez la exigencia de salario bajo convenio, de un seguro al desocupado, de la prohibición de despidos y trabajo en negro, del pase a planta de todos los precarizados ni del reparto de las horas de trabajo. Metodológicamente, es un proyecto que fractura a la clase obrera, buscando institucionalizar a los “trabajadores de la economía popular”. Apunta a crear un subproletariado, que no recibirá siquiera el salario mínimo que el proyecto propone, porque la burguesía no está dispuesta a aceptar ni siquiera ese monto y que pretende cristalizar en la Argentina una tendencia mundial frente a la bancarrota capitalista. El capital actúa, frente a la crisis, en función del abaratamiento del “costo laboral” y la fragmentación social de la clase obrera. El relato de la UIA, del gobierno y sus epígonos es que el trabajador argentino es “caro”, porque hay que aportar a una obra social y se le paga un salario de convenio. Si a un trabajador se le pagara la mitad, habría más empleo, y si no lo hubiera quedarían recursos libres para crear un fondo y pagar un salario “asistencial”. El proyecto parte de asumir la división de la clase obrera: “entendemos prioritario avanzar en la visibilidad institucional y reconocimiento de este sector del trabajo como medida inicial”. La segmentación de la clase obrera tiene como otro protagonista a la burocracia sindical, que se opone a afiliar a los precarizados -lo que plantearía la lucha por el pase a planta y pondría en crisis los acuerdos con el Estado y las patronales, que lucran con la precarización laboral masiva. Estatización El corazón del proyecto establece la creación de un Consejo de la Economía Popular, consultivo, “en la órbita del Ministerio de Trabajo” cuya finalidad será muy vasta, por cuanto “recomendará políticas públicas concernientes al ámbito de la Economía Popular”. Estará integrado por un representante del Ministerio de Trabajo, otro de Desarrollo Social, “y hasta tres representantes de todas las organizaciones inscriptas dentro del Registro de Organizaciones Sociales de la Economía Popular y Empresas Auto Gestionadas”. Al mismo tiempo se dispone el empadronamiento de todos los trabajadores de la Economía Popular en un registro, como condición para percibir el Salario Social. En 2002 la Mesa de Diálogo, bajo influjo de la Iglesia, propuso crear el “Consejo de Ejecución y Control del Salario de Inclusión Social” para seguir el manejo de los planes, integrado por representantes del Estado, del empresariado, de la CGT y de “tres” ONG. El papel de las ONG, en la nueva versión, es reemplazado por el triunvirato del Vaticano. Del encuentro reciente con la CGT y de la elaboración del proyecto de Ley de Emergencia fueron excluidas las organizaciones de la izquierda del movimiento de desocupados, entre ellas el Polo Obrero. “No somos desestabilizadores” El lanzamiento público de la Ley de Emergencia tiene como estación final una movilización al Congreso a la que los propios organizadores han quitado todo carácter de movilización política: “el gobierno tiene que entender que cuando salimos a la calle no somos desestabilizadores”. Las organizaciones que patrocinan el proyecto están cerca del Vaticano pero también del propio gobierno -que los ha favorecido con planes sociales y la posibilidad de erigirse en Unidades Ejecutoras, beneficiarias de la tercerización de la obra pública (véase Prensa Obrera N° 1413, 2/6). Lo que corresponde es un plan de lucha por las reivindicaciones genuinas del movimiento piquetero, como parte indisoluble de la clase obrera: plan de obra pública bajo convenio, seguro al parado equivalente al 75 % de la canasta familiar, aumento del Argentina Trabaja y de la AUH, pase a planta. Gran parte de ellas están contenidas en los tres proyectos de ley presentados por las bancas del PO FIT en el Congreso.

Los papeleros de la Lista Gris largamos la campaña por poner al clasismo en la dirección del Sindicato Papelero de Bernal. Durante casi una década nuestra agrupación, a través de las comisiones internas de Kimberly Clark y Smurfit Kappa, viene desarrollando una constante lucha por las reivindicaciones más sentidas de los papeleros. Recuperando los métodos históricos del clasismo, como los pliegos de reclamos y planes de lucha, resueltos en asamblea general; hemos conquistado el comedor pago por la empresa, servicio médico en los tres turnos y comité de seguridad mixto, entre otras cosas. Avanzamos en la recategorización de todos los sectores por ingreso de nuevas tecnologías (20 por ciento sobre el Convenio Colectivo de Trabajo), actualizamos presentismo, viáticos de transporte, tickets alimentarios e impusimos movilidad a todos ellos. También conquistamos bonos de fin de año (el ultimo, en diciembre 2015, de 10.500 pesos). Todos estos logros nos permitieron alcanzar un salario para la categoría inicial en Kimberly Clark que duplica el del convenio nacional. En contraste, la burocracia celeste es repudiada en las fábricas, por su rol en la destrucción del salario -durante décadas- y la entrega total de la organización. Es un factor de expulsión de los trabajadores de la organización: el aporte sindical es del 7 por ciento (el más alto de toda la industria) y elevadísimas multas a la re-afiliación. Todo este vaciamiento de la organización obrera en las fábricas evidencia, además, que el sostenimiento económico de la burocracia viene de otro lado. Los millones de pesos de descuento compulsivo del 1% a todos los trabajadores, los aportes patronales extraordinarios con cada firma de paritarias y la coima “blanqueada” del 1,3 por ciento por cada trabajador, en concepto de contribución por capacitación, son la verdadera caja negra de la burocracia. Las experiencias de Kimberly Clark y Smurfit Kappa son la muestra concreta de que la burocracia no es invencible y que un sindicalismo distinto es posible. En ambas fábricas bastó que se conformen las listas de oposición para que los trabajadores apoyaran masivamente a La Gris y echaran a las viejas direcciones celestes. La campaña macartista contra el Partido Obrero en los materiales de "(de)formación sindical" publicados por la Federación, demuestra el miedo al clasismo que día a día se afirma como la única oposición real en el gremio. La experiencia del Sutna recuperado, de la Naranja de Alimentación, en Telefónicos, y otros tantos sindicatos, dicen claramente que la única alternativa para recuperar los sindicatos pasa por el clasismo. Desde Quilmes a Necochea, pasando por Olavarría, Mar del Plata y otros, vamos a sacudir el sindicato, para poner en pie la organización de cada lugar Llamamos a todos los trabajadores papeleros a desarrollar una gran campaña de apoyo, para que los luchadores de la Lista Gris Papelera, encabecen la recomposición del salario y las condiciones de trabajo, desde la dirección del Sindicato Papelero de Bernal.

Impulsado por un enorme movimiento de lucha de madres, familiares y pacientes que reclaman la legalización del cannabis para paliar diversos síntomas y dolores, el debate sobre su uso medicinal se instaló de lleno en la Cámara de Diputados. El jueves 13 de octubre, un plenario de las comisiones de Salud, Seguridad Interior y Legislación Penal tratará un planteo de reforma de la Ley 23.737, relativa a la tenencia y tráfico de estupefacientes, para que excluya la penalización de la tenencia y cultivo de cannabis para uso terapéutico. Desde los ministerios de Seguridad y Salud y desde la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología médica (Anmat) buscan desviar el reclamo de despenalización del autocultivo e interponen maniobras para dilatar el debate. Pacientes y familiares le exigieron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y a los diputados de Cambiemos la reforma de la ley, para poner fin a la criminalización de los usuarios medicinales. El proyecto del PO-FIT Nuestra bancada presentó un proyecto propio que establece la despenalización del consumo, el acceso al cannabis medicinal a través de las Obras Sociales y el sistema público de salud, y la investigación y producción estatal de esta sustancia para uso medicinal por la ANMAT. Tal como denunciaron los diputados Pablo López y Néstor Pitrola, el proyecto fue girado a la Comisión de Seguridad Interior, como cabecera, cuando el proyecto enmarca la legalización del cannabis medicinal como un asunto de salud pública y no como un problema penal. A principios de este año, los diputados del PO-FIT organizaron una audiencia pública en una sala colmada, donde se escucharon las voces de Mamá Cultiva, Cadema y muchas otras organizaciones, así como de médicos e investigadores especializados en el tema, que dieron testimonio de la persecución estatal contra quienes practican el autocultivo y de los efectos progresivos para la salud de los pacientes con epilepsia refractaria, cáncer, esclerosis múltiple, HIV, Parkinson, autismo, parálisis cerebral, fibromialgia, anorexia y muchas más. Los usos terapéuticos del cannabis están demostrados científicamente para muchas patologías ( http://www.cannabismedicinal.com.ar/cannabis-medicinal/investigacion ) y en muchos países ya están regulados, como es el caso de Canadá, donde el 24 de agosto último comenzó a regir el Programa de Acceso al Cannabis con Fines Medicinales (ACMPR). Por el derecho a la salud La legalización del cannabis medicinal bajo control estatal desplazaría a los aprovechadores, protegiendo a las familias y cultivadores. En este sentido, llamamos a defender los autocultivos medicinales, los cultivos colectivos y solidarios entre pacientes y cultivadores y la producción nacional de flores de cannabis sativa y derivados como el aceite, así como su inclusión en el Plan Médico Obligatorio para que todas las personas puedan acceder a su tratamiento a través de hospitales, obras sociales y prepagas. Los familiares y pacientes no queremos ser víctimas de las maniobras parlamentarias de los bloques mayoritarios. Exigimos que este jueves 13 de octubre se cumpla con nuestro derecho a una vida digna y sin dolor. Partido Obrero Comuna 13 - Campaña por la Despenalización del Cannabis Medicinal (Cadecam)

En el marco de la ofensiva que está llevando a cabo el gobierno contra los trabajadores ante la mirada complaciente de la directiva del gremio, la Naranja Gráfica se hizo presente en la puerta de la Faiga (cámara empresarial) por el reclamo de una nueva paritaria y un aumento del 25% para el segundo semestre del año y por la defensa de los puestos de trabajo. La Federación Gráfica firmó este año una paritaria semestral que venció en septiembre pasado. Más de 300 trabajadores de diversos talleres se movilizaron al canto de "por el 50 (por ciento anual) vamos a pelear, la paritaria no se puede regalar", en una clara alusión a la parálisis de la directiva del sindicato frente al reclamo salarial de la base. Además de la defensa de los puestos de trabajo y de la paritaria, se llevó el reclamo contra el impuesto al salario, para que el sector empresario se haga cargo de su pago hasta que se elimine. El acto, en la puerta de la Faiga, contó con la presencia y la solidaridad de otros gremios en lucha, como Sipreba, AGD-UBA y Sutebas combativos. Miguel Bravetti, Carlos Ponce y Pablo Viñas hicieron uso de la palabra en representación de Interpack, Morvillo y AGR-Clarín, talleres muy importantes del gremio que contaron con una numerosa presencia en la jornada de lucha. También estuvieron presentes trabajadores de otros talleres como Aluex, Tobacco, Celomat y Poligráfica, entre otros. Las distintas intervenciones reflejaron el malestar que recorre los talleres. El reclamo de un plenario de delegados para discutir cómo enfrentar los despidos y votar un porcentaje de aumento paritario, fue desoído reiteradamente por la Verde. El alineamiento de la directiva del sindicato con la Corriente Federal, que le pide un paro general a la CGT, pretende disimular –sin éxito– que forman parte de la tregua con el gobierno para hacer pasar el ajuste. La Naranja se colocó a la cabeza de unir a los talleres para enfrentar los despidos que están golpeando al gremio, como en Ipesa, Buschi e Interpack II. La solidaridad desplegada por los gremios y agrupaciones combativos contrasta con las disputas intestinas en que se desangra la burocracia sindical. La intervención del clasismo ante el ajuste marca el camino para la conquista del paro general activo y el plan de lucha, necesarios para quebrar la ofensiva contra los trabajadores.

Finalmente, llegó al pleno de comisiones la Reforma Política cocinada por la coalición del ajuste: Cambiemos, el Frente Renovador de Massa, el PJ variopinto –incluyendo el FPV en Senadores–, entre otros. Progres e izquierdistas que participaron de esa cocina fueron inescrupulosamente pasados por arriba y usados para barnizar la operación, mediante un dictamen único que se firmaba al mismo tiempo que se discutía. Recordemos aquel título punzante de Clarín, rubricado por la foto de 40 legisladoras: “la paridad de género, prenda de unidad de la reforma política”. La burguesía ha planteado que el corazón de la Reforma Política es el voto electrónico y -para mejor hacer pasar una ley que regimenta la vida de los partidos políticos- agregó la paridad de género en las listas. El núcleo de la ley, sin embargo, es profundizar la intervención del Estado en los partidos. Reafirma las PASO, que fundacionalmente combatió el Frente de Izquierda. Por ellas se invade la autonomía política de cada organización, obligando a que la masa electoral vote la integración de listas de fuerzas políticas a las que no está afiliada y a veces ni conoce. El fundamento de las internas abiertas por parte de su inspirador, Néstor Kirchner, fue neutralizar la desintegración de los partidos históricos de la burguesía. Pero el fracaso no pudo ser mayor. Hoy, en Diputados, hay 37 bloques diferentes. Piso electoral y lista sábana La reforma preserva todos los pisos proscriptivos: el 1,5% para competir, el 3% del padrón para el primer diputado y el 2% para no perder la personería electoral. Pero, además, incorpora el “corralito” o “cepo” en las Paso por el cual no se puede entremezclar candidatos de partidos diferentes en distintas categorías, liquidando el corte de boleta. También, refuerza la prohibición de repetir candidaturas, que ya está vigente en el orden federal, ahora ampliada a la repetición de una candidatura provincial con una nacional. Esta última disposición es abiertamente anticonstitucional, pero habrá que ir a pelearla a la Justicia (de ellos). El corralito (prohibición de cortar boleta) crea una lista sábana dentro de las Paso, lo cual ha sido tragado como cicuta por un radicalismo cuyo futuro queda sujeto al dedo macrista. Algo parecido pasará con los gobernadores pejotistas, que ya negocian con Macri de a uno. Sus diputados no pertenecen a corriente política ni programática alguna, sino al dictado (de la caja) de su gobernador. Financiamiento El segundo aspecto de fondo ( y relativamente oculto) forma parte de la corruptela de la política patronal. Macri ha cuotificado la reforma, según él, dejando la “transparencia” para una segunda fase. Claro, la discusión se da mientras ha estallado el financiamiento ilegal de la campaña de Cambiemos por parte de 300 empresas, disimulado como aporte al partido, también ilegal. Cincuenta de esas firmas son contratistas del Estado, lo cual también está prohibido. La reforma no toca la disposición que permite el aporte “personal” de empresarios, que descontar impositivamente “de la ganancia neta”. O sea que el Estado pone la plata, pero a través de un empresario que luego le cobra al poder político los servicios prestados. Mientras tanto, se debilita el financiamiento del Estado, porque el 10% del fondo permanente de los partidos podrá usarse para “capacitar” a los electores en el nuevo sistema de voto electrónico. Otro artículo de la reforma prohíbe la promoción en redes sociales durante la campaña, lo cual constituye una rendija para los partidos de base trabajadora. Nada hay tampoco, que iguale la participación en los programas televisivos de los partidos, cosa que ocurre, por ejemplo en el sistema italiano. Todo para ellos. Voto electrónico El meneado voto electrónico está lejos de ser una panacea. Entre el votante y la concreción de su voluntad hay una máquina con chip, programable y jaqueable, que puede fallar o no. Y lo hemos rechazado en estos términos, que coinciden con los fundamentos del fallo de la Corte alemana que desechó el sistema en ese país. No hay sistema técnico que supere la tendencia al fraude de un régimen político y un Estado que conspira contra la mayoría trabajadora. Desde luego, la reforma es federal y las provincias podrán adherir o no, lo cual deja en pie los acoples tucumanos, la ley de lemas santacruceña, o las más pedestres colectoras, entre otras perlas del pejotismo, el kirchnerismo y los viejos punteros radicales que se han servido de ellas. Paridad de género La frutilla del “una y uno”, establece un nuevo cupo, por el cual ahora no podrá haber una lista con mayoría masculina, pero tampoco una con mayoría femenina, como las hemos tenido en el Frente de Izquierda. Pero aquí el punto es que se colocó una “prenda” falsamente democrática para hacer pasar una reforma reaccionaria, en la que jamás podríamos haber participado los revolucionarios. Mientras se discutía el cupo del personal político femenino, se producía una pueblada en Mendoza contra tres femicidios, es decir en medio de un agravamiento inusitado de la violencia contra la mujer y la desprotección del Estado hacia las víctimas. Después del cupo instaurado en los 90, en otra etapa “liberal”, ha persistido el bloqueo al derecho al aborto en el Código Civil (“vida desde la concepción”). Con el trabajo en negro y la flexibilidad laboral se ha agravado la discriminación laboral de la mujer, como reproducción de la superexplotación capitalista. En manos de los partidos del régimen, las listas albergaron a mujeres clericales y defensoras del orden capitalista. Mientras se ha agravado la trata de personas, tuvimos ocho años una presidenta mujer, un 38,5% de diputadas y un 41,7% de senadoras. Hoy, tenemos una vicepresidenta que negrea a su empleada doméstica y una canciller que ocultó violaciones a menores en África por las tropas de la ONU. Claramente, hay que remover las condiciones de explotación social que reproducen el machismo y descargan en la juventud y en la mujer las peores lacras de la crisis capitalista. Esa es una lucha de clases, donde nuestras feministas socialistas promueven el protagonismo de la mujer en los partidos y organizaciones de los trabajadores y no ampliando el carrerismo de las representantes de la burguesía. Defendemos los derechos de 20 millones de argentinas, no de algunos miles de funcionarias del régimen. Hemos presentado dictamen propio y rechazaremos la reforma reaccionaria en defensa de la democracia política y los derechos de los explotados y explotadas.

k8El 4 de octubre, durante la mañana, se llevó a cabo un acto conjunto de la Coordinadora Sindical Clasista de la Capital y Tribuna Bancaria, en pleno epicentro de la “city” bancaria porteña. Bajo la consigna de paro activo y plan de lucha nacional y con el reclamo de la reapertura de paritarias, derogación del impuesto al salario, respeto del convenio colectivo de trabajo y ningún despido, delegados de base y trabajadores en general de diferentes entidades bancarias, acompañados por representantes de la Coordinadora Sindical Clasista de diversos gremios, se congregaron en la intersección de las calles Mitre y Reconquista donde, además de las sedes centrales del Banco Nación y el Banco Provincia, confluyen las filiales centrales de la mayoría de los bancos privados. Allí, en sus intervenciones, distintos compañeros expresaron nuestra perspectiva de lucha. Esta actividad se enmarca en un conjunto de actos promovidos por la CSC para agrupar y dar apoyo a los gremios que se encuentran dando la pelea por reapertura de paritarias, como los docentes universitarios. Un fuerte contraste con la política de entrega de los dirigentes de la CGT reunificada que, en nombre de un bono de fin de año y la eximición del aguinaldo del impuesto a las ganancias, han entregado el reclamo de la reapertura de las paritarias, dejando pasar también una pérdida del poder adquisitivo de casi el 15% del salario, además de miles de despidos. El gremio bancario se encuentra actualmente inmerso en un plan de lucha, que comenzó hace dos semanas con una marcha federal, continuó la semana pasada con dos jornadas de 2 horas de cese de actividades y se amplía este miércoles y jueves con cese de 3 horas. En ese contexto, Tribuna Bancaria planteó la necesidad de desarrollar un debate en asambleas de base, donde se discuta la necesidad de un paro activo para torcerle el brazo al ajuste en curso. Para quebrar este ajuste es necesaria una nueva dirección en los sindicatos que responda a las necesidades de los trabajadores y sea independiente de los partidos del régimen.

Entrado octubre, la crisis en OCA (luego del conflicto por el pago de sueldos, jubilaciones y obra social) se ha agudizado. La solicitud de quiebra de la AFIP ante la empresa por la deuda de 4000 millones de pesos, detrás del fraude por evasión fiscal del Grupo Rhuo, amenaza no solo el cobro (nuevamente) del mes y de los depósitos en concepto de aportes, sino también la continuidad del plantel laboral de 7.000 efectivos y 3.000 contratados. En las últimas semanas, el sindicato camionero ha salido a la pesca de diferentes empresarios del servicio postal (Ocasa, Andreani) para ofertar la firma luego del enorme vaciamiento al que han sometido al servicio y a sus empleados los Farcuh y compañía. Así lo demostró una reciente reunión que Moyano tuvo en la biblioteca sindical del gremio con más de 20 representantes de diferentes correos, donde pidió "prudencia y códigos para no sacarles clientes a la empresa". De esta manera, el moyanismo prepara una salida de la firma que lo ha tenido como socio y responsable de los enormes negociados, desde la obtención en 2013 del servicio hasta el reciente pago de los sueldos de septiembre, que abarcó entre un 30 y un 40 por ciento con dinero del sindicato. Mientras tanto, se acrecienta el clima de incertidumbre entre los trabajadores sobre su continuidad y futuro. El propio embargo de OCA pone en jaque cualquier pretensión de ofertar el servicio a un nuevo postor, por lo que el moyanismo intenta tejer un acuerdo con el gobierno de Macri. La oposición de Moyano a un paro general (“no hay que apurar a la CGT”) tiene que ver, en parte, con esta situación. No obstante, el esquema que plantea el macrismo para la reabsorción del personal no contemplaría a la totalidad de los trabajadores: solo 3.000 de los 7.000 serían incorporados al Estado por medio de Correo Argentino, según informa Clarín (28/9), y ni siquiera se habla de los tercerizados. Por esta vía, el gobierno ya prepara un ajuste hacia los trabajadores de la rama, todo esto mientras se disputa en el sector el negocio puerta a puerta detrás de la venta por internet (e-commerce). El vaciamiento de OCA ha tenido en todo momento al salario, las condiciones y puestos laborales como flancos de ataque por parte de la patronal evasora, con la complicidad y el silencio del sindicato camionero. Ahora, con la quiebra en curso, el futuro de los trabajadores del correo pretende ser atado de pies y manos a un esquema flexibilizador con despidos y ajuste. No se lo permitamos. Todo el apoyo a los trabajadores de OCA. Por el cobro total de sus salarios y la continuidad de sus puestos de trabajo.

Más de 10 mil personas se movilizaron por las calles de Mendoza, indignadas por los tres femicidios cometidos en menos de 48 horas, y gritaron justicia por Janet, Julieta y Ayelén. La movilización más masiva tuvo lugar en la capital, pero también hubo marchas importantes en Ugarteche, localidad de Luján de Cuyo, Valle de Uco y San Rafael. En Ugarteche, los familiares de Ayelén se movilizaron a la comisaría -fue asesinada por su padre, sobre quien regía una orden de restricción por abuso sexual- y cortaron la ruta. En San Rafael pesó el recuerdo de Paula Toledo -cuyo brutal asesinato, cometido en 2003, permanece impune- y Florencia Peralta, víctima hace pocos días de otro femicidio. Nuestra diputada nacional Soledad Sosa y el Plenario de Trabajadoras estuvimos entre las principales impulsoras de la iniciativa apenas se descubrió el cuerpo de Janet semienterrado y cubierto de cal. La repercusión fue masiva, ya que empalmó con la necesidad latente de un pueblo hastiado de violencia e impunidad. La bronca creció con las declaraciones del gobernador, Alfredo Cornejo (UCR-PRO-Libres del Sur), quien dijo de los femicidios de Janet y Julieta que "el Estado no podría prevenir esas cosas” si no había denuncias previas. Las denuncias de Ayelén no impidieron el trágico desenlace, porque el Estado no se hizo cargo de garantizar el cumplimiento de la orden de restricción sobre su padre. Para el gobierno de Cornejo, en cambio, el reforzamiento represivo contra los trabajadores está en el orden del día. Independencia política En las horas previas a las movilizaciones, el gobierno provincial lanzó un operativo político para “institucionalizar” la marcha y ponerse a resguardo de las denuncias de la multitud. La Universidad de Cuyo, gobernada por el oficialismo, decretó asueto. La vicegobernadora, Laura Montero, apareció en la movilización rodeada de senadoras y diputadas radicales. También se lo vio al ministro de Salud de la provincia. Libres del Sur, que integra la coalición de gobierno junto a la UCR y el PRO, movilizó a sus funcionarias, quienes reducen el drama de los femicidios a un problema de la “cultura machista”, y absuelven de responsabilidad al gobierno para encubrir la propia. El kichnerismo se hizo eco a través de sus ONGs y organizaciones feministas, intentando lavarse la cara de la responsabilidad de haber gobernado la provincia durante los últimos 12 años sin haber adoptado ni una sola medida de fondo. Por su parte, el PTS e Izquierda Revolucionaria se negaron a conformar una columna independiente en la movilización y realizar un acto frente a la Casa de Gobierno. Hicieron caso omiso a nuestro planteo de actuar en común y prefirieron hacer seguidismo a los K, que llevaron la marcha a las puertas de la Legislatura. El Plenario de Trabajadoras realizó su propio acto, a 50 metros de la Legislatura, seguido con enorme atención por miles de personas. Soledad Sosa tomó la palabra y llamó a redoblar la convocatoria y el compromiso político de luchar contra la violencia de género, emergente de un régimen de explotación. Sólo con independencia política de los partidos patronales y con la organización y acción de las mujeres de nuestra clase podremos lograr un verdadero #NiUnaMenos.

El gobierno macrista, en fuerte alianza con la totalidad de las cámaras patronales y los partidos de la oposición, está impulsando una profundización de la flexibilización laboral, que incremente la explotación obrera y los beneficios capitalistas. Los nuevos slogans: “salario según productividad”, “reducir el ausentismo”, terminar con la “industria del juicio”, deben traducirse a duplicar los ritmos de producción, eliminar las ausencias por enfermedad y reformar la ley de ART para reducir las indemnizaciones. En fin, un plan ortodoxo de guerra contra el movimiento obrero que, a término, devenga en una nueva reforma reaccionaria de la legislación laboral. at Es remarcable que el subte, vanguardia de la obtención y defensa de conquistas obreras, se haya convertido en una pista de pruebas para la ofensiva capitalista. Y que la conducción kirchnerista de la AGTSyP, el gremio que heredara esa tradición, actúe como cómplice de este proceso, en la mejor línea de las centrales obreras entregadas a la “gobernabilidad” de Cambiemos. Flexibilidad 1 Se introducen máquinas de recarga automática de la Sube, eliminando el puesto de boleteros y auxiliares, reemplazado por un auxiliar múltiple que concentrará la totalidad de funciones en las estaciones. El ejecutivo de AGTSyP lo deja pasar en nombre del respeto a las “innovaciones tecnológicas”. Flexibilidad 2 Con el mismo argumento se implementa en la línea H -y se proyecta para otras- la operación automática de los trenes, sin guardas ni conductores. La dirección del sindicato firmó la reforma a cambio de que se mantengan, por ahora, a dichos trabajadores, a bordo de las formaciones, sin hacer nada. Lo que anticipa su segura desaparición. Flexibilidad 3 Se impulsa que los conductores y guardas, incrementen la cantidad de vueltas en la misma jornada sin incorporar nuevos trabajadores, afectando, claro, el tiempo de descanso y recuperación y, por ende, la fatiga de ese personal de tráfico. La dirección de AGTSyP deja correr, bajo la forma de “arreglar” alguna vuelta más los días feriados, cuando hay menos personal y algunos otras concesiones. El tráfico de la línea B se opuso y paró 24 hs ante las sanciones y descuentos de la represalia patronal, ganando por el momento la pelea. Flexibilidad 4 En los talleres de material rodante la patronal se niega a implementar un protocolo de seguridad eléctrica, presentado por los delegados, que obligaría a modificaciones de personal y tiempo de trabajo. Esto a pesar de que ya se cuenta con 4 muertes por descargas eléctricas en los últimos 4 o 5 años. La conducción lleva las reuniones a la larga, en vez de parar ya todas las tareas con riesgo físico para los trabajadores. Flexibilidad 5 La patronal ha venido sumando empresas tercerizadas para diversas tareas -vigilancia, mantenimiento, reparaciones de material rodante- que corresponderían a personal convencionado. La dirección de AGTSyP se ha negado a dar pelea por la eliminación de estas empresas y el pase a planta de sus trabajadores precarizados. Para mayor gravedad del caso, se trata de modificaciones de convenio que se van imponiendo al margen de todo debate y aprobación por la base del gremio y donde hace punta la burocracia de la UTA, que perdió la compulsa por la personería gremial. En lugar de oponer a esta ofensiva un plan general de lucha y movilización del gremio, el kirchnerismo del subte hace la vista gorda en la línea de las corrientes del FpV que aprueban las leyes centrales macristas en el Congreso y las privatizaciones de tierras públicas en la Legislatura de la Ciudad. La agrupación Naranja (ATM más Independientes) ha dado la batalla en cada una de estas peleas. No así la Bordó -Violeta PTS más ex kirchneristas), que, integrando la conducción como minoría, no ha sido un factor de denuncia ni resistencia de ningún tipo. Es imprescindible superar las limitaciones políticas de esta dirección para pararle la mano a la ofensiva flexibilizadora.

Trabajadoras, piqueteras, estudiantes, profesionales, organizadas o de manera independiente, viajarán de manera masiva desde todos los puntos del país al XXXI Encuentro Nacional de Rosario, impulsadas por las grandes luchas que dio este año el movimiento de mujeres a nivel nacional y la creciente inquietud de amplias capas de la población por la violencia que azota a la mujer. Esta movilización se dará en el marco de un país sacudido por los despidos y las suspensiones, el tarifazo y una serie de reformas anti obreras, que el gobierno de Cambiemos y los gobiernos provinciales pretenden aplicar para descargar la bancarrota capitalista sobre la espalda de las y los trabajadores. El Encuentro será por ello un escenario de lucha contra el ajuste y sus agentes políticos, por los derechos de la mujer. Abajo la Santa Alianza del ajuste Macri, la CGT y la Iglesia Católica han pactado una tregua que apunta a contener un estallido popular anunciado, en un país que tiene un tercio de la población trabajadora en la pobreza, salarios y jubilaciones carcomidos entre un 10 y un 15% por la inflación y un cuadro de descomposición estatal creciente, con las fuerzas represivas fuertemente cuestionadas por su participación directa en el delito organizado, entre ellos, el narcotráfico y la trata de personas. La injerencia del Vaticano en la política interna del país afecta por partida doble a las mujeres trabajadoras. Por un lado, así como lo hizo el kirchnerismo en el pasado, Cambiemos sacrificó en el altar de los compromisos con la curia el derecho al aborto, práctica que se desarrolla en la clandestinidad y es la principal causa de muerte materna en nuestro país. El clericalismo avanza raudo en las escuelas públicas y privadas, la reproducción de esta ideología oscurantista es el principal bloqueo contra la educación sexual, que se expresa de manera negativa en el aumento del embarazo adolescente y el abuso infantil. La Iglesia Católica constituye además una malla de contención para la lucha social contra el ajuste. Ha mediado entre el gobierno, la CGT y los movimientos sociales, para incorporar a estos últimos a un frente político por la “gobernabilidad” que garantice el ajuste que reclaman los capitalistas. Promueve el asistencialismo estatal, incapaz de resolver la pobreza, con el objetivo de bloquear la organización genuina por trabajo y mejores condiciones de vida. La reapertura de las paritarias, el fin de la discriminación laboral, los jardines maternales, el rechazo al aumento de la edad jubilatoria, las licencias por violencia de género, la extensión de la licencia por maternidad y paternidad, exigen una denuncia en regla contra el pacto del ajuste y el papel de la curia católica en este armado reaccionario. El Plenario de Trabajadoras y la Coordinadora Sindical Clasista desenvolverán como campaña central con el llamado a un Paro Activo Nacional para derrotar el pacto del ajuste, vinculándolo estrechamente con la necesidad de poner en pie una nueva dirección en los sindicatos. Ni un Menos, Aborto Legal Luego de las gigantescas movilizaciones por Ni una Menos, los partidos de Estado no han dado una sola respuesta real frente a este flagelo. El Plan Nacional de Acción contra la violencia se asienta en los mismos pilares que el que impulsó el Consejo Nacional bajo el kirchnerismo, tendientes a descargar sobre las víctimas la responsabilidad de su propio cuidado. Con un abultado presupuesto, la orientación del Consejo que dirige la feminista Fabiana Túñez es tercerizar en ONG la asistencia, un mecanismo para la cooptación de carreristas de Estado y un vehículo para la penetración de las sectas religiosas en la vida de las familias trabajadoras. En el Ni una Menos también se reclamó por aborto legal, otra demanda olímpicamente ninguneada por la mayoría de los bloques parlamentarios, junto a la exigencia de que se respete el derecho al Aborto No Punible, hoy fuertemente restringido en casi todas las provincias del país, incluida la Capital. El Encuentro de Mujeres también tiene que debatir un plan de lucha para se apruebe el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Para ello es necesario cambiar la orientación de una Campaña que se centra en conseguir firmas de diputados aislados, que no ha servido durante todo este tiempo para abrir un debate parlamentario y por el contrario, estuvo al servicio de generar falsas expectativas respecto del compromiso real con este derecho por parte de los bloques políticos del Frente para la Victoria, el PRO y el Frente Renovador (incluyendo fuerzas menores como el MPN o Compromiso Federal), que le han dado la espalda al tratamiento de este proyecto durante estos nueve años. Luego de la victoria que significó la excarcelación de Belén, la joven tucumana injustamente condenada por un aborto espontáneo, la Mesa por Libertad de Tucumán convoca a un acto el sábado por la tarde para continuar la campaña hasta conquistar la anulación de la condena y su libertad definitiva. El método a seguir es el que la arrancó de la cárcel: el frente único de las organizaciones de luchan y la independencia política del Estado capitalista y sus partidos. Por un movimiento de mujeres independiente del Estado y la Iglesia El Encuentro de Mujeres presenta una enorme oportunidad para desenvolver un programa y una clarificación política respecto de la raíz capitalista de la opresión de la mujer. Los partidos del régimen se han dado una método para desactivar un movimiento potencialmente revolucionario, atentos a la experiencia histórica sobre la vinculación inextricable de la lucha de la mujer y la lucha más general de los explotados por terminar con toda las formas de opresión. Se valen para ello de la cooptación estatal, los desvíos parlamentarios y la confusión que reina al interior del movimiento de mujeres. El ENM expresa esta contradicción, entre la enorme movilización que suscita y un movimiento de mujeres que crece, y su dirección, formada por una coalición política entre el PCR, la Iglesia y los partidos de gobierno, que objetivamente funcionan como un freno en la lucha por los derechos de las mujeres. Nuestra estrategia política es organizar un movimiento de mujeres independiente del Estado y la Iglesia que unido a la clase obrera se proponga derrotar el régimen de explotación capitalista. La separación tajante de los hombres y mujeres que representan los intereses de la burguesía resulta una condición sine qua non para luchar de manera consecuente por los derechos de las mujeres.

En todas las universidades nacionales se hizo sentir el paro convocado por el congreso de delegados de la Conadu Histórica. En Posadas, el paro, organizado por el Frente Gremial independiente, fue total. En San Juan el ausentismo superó el 85% y, además, la conducción de Adicus (lista Blanca) convocó a una movilización al rectorado, que fue numerosa y a la que se plegó el minoritario gremio de la Conadu-Yasky. En Luján el acatamiento fue de más del 70% y hubo una asamblea importante en la sede de San Fernando, convocada por los delegados y la dirección combativa de Adunlu. En Tucumán la Adiunt hizo un acto contra la amenza de despidos de 140 compañeros en la Fundación Lillo. En la UBA, desde el paro del 27, la movilización no tuvo descanso, en defensa de los puestos de trabajo del CBC: nos movilizamos al rectorado el 28 y el sábado 1° se hizo la asamblea más numerosa del año de esa unidad académica, que garantizó el éxito del paro, que también fue total en el Pellegrini y en el Buenos Aires, y muy alto en Sociales y Filo. En San Luis hubo una adhesión del 90% en todas las localidades. En La Plata el paro fue importante y hubo una marcha al rectorado; en ella, la lista levantó su reclamo de un plan de lucha nacional, cosa que también hizo la Naranja en el congreso de delegados de la COAD en Rosario, donde el paro fue masivo. La preparación de la medida siguió el método de los plenarios, Asambleas Generales y un petitorio reclamó el 15% de recomposición salarial. Esta medida fue precedida por los paros del 24 de agosto junto al paro nacional de Ctera; por la movilización y paro del 2 de septiembre en coincidencia con la marcha federal, donde la AGD-UBA fue organizadora del acto y la columna independientes; por el paro nacional y movilización del 16 de septiembre junto al movimiento estudiantil, a 40 años de La Noche de los Lápices, en reclamo del boleto educativo gratuito y rechazando el presupuesto educativo de ajuste de Macri y Bullrich; y, finalmente, por el paro y movilización del 27 de septiembre junto a docentes y estatales, donde la Conaduh y la AGD-UBA participaron de la columna junto a los Suteba multicolor, Ademys y la docencia combativa en todo el país. El combustible de este parazo fue la negativa del gobierno a hacer una oferta de recomposición salarial, expresada en la revisión de la paritaria del 29 de septiembre. Esa provocación masificó la medida y obligó a las burocracias de la Conadu Yasky, de la Ctera y la UDA a convocar a la huelga. La novedad es que hasta la burocracia clerical del Sadop adhirió a las protestas en las universidades privadas, en reclamo de aumento salarial y convenio colectivo. El congreso de la Conaduh no votó una medida aislada. La próxima parada del plan de lucha es un paro de 48 horas el jueves 13 y el viernes 14. En esas jornadas sacaremos la universidad a la calle con clases públicas, cortes y actos en todo el país. Luchamos para defender la educación pública y derrotar el ajuste y los tarifazos. La Conaduh propone paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento obrero.

“Ni tregua ni paro”, declaró Daer a la salida de la reunión que mantuvieron el triunvirato que conduce la CGT y los ministros de Trabajo (Triaca), Hacienda (Prat Gay), Interior (Frigerio) y Producción (Cabrera). Fue otra forma -más sinuosa- de definir lo que votó el confederal del 23 de setiembre y que, en rigor, fue una prolongación indefinida de la tregua que la burocracia mantiene desde hace diez meses. Para cajonear definitivamente el meneado “paro sin fecha”, la CGT presentó un paquete que incluyó la eximición del medio aguinaldo de diciembre del descuento de Ganancias, un bono compensatorio de parte del desfasaje inflacionario -extensivo a precarizados y jubilados- y el reconocimiento de la nueva conducción. Muy poco. Tanto, que algunos medios sugirieron que no se trató de un “pedido” sino de un “ofrecimiento” que el gobierno había deslizado bajo cuerda, para hacer pasar luego como una negociación. Si fue así o no, poco importa; la crisis (y las pujas de intereses cruzados que esta provoca) es la que manda, y las cosas empezaron a complicarse. Primero fue Prat Gay quien aclaró que “no se había acordado absolutamente nada” y poco después Quintana, el vicejefe de gabinete, habló de la “fuerte restricción fiscal” que enfrenta el gobierno y de “no generar falsas ilusiones”. El “Plan Navidad” no cierra El monto que se fijó el equipo económico para atender el reclamo de la CGT es de 5.000 millones de pesos. Con ese margen, la propuesta oficial -“innegociable”- se ubicaría en torno a un bono de 500 pesos “para jubilados que cobran la mínima y beneficiarios de la Asignación Universal”, entre 800 y 1.000 pesos para estatales y la exención del descuento de Ganancias “solo para los sectores que entraron este año, por los aumentos paritarios” (un tope de 45 mil pesos en bruto). Por otro lado, el gobierno haría “un pedido de colaboración a los empresarios, en el marco de la mesa tripartita convocada para este mes”. Además de miserable, el “Plan Navidad” choca con fuertes obstáculos. En primer lugar la resistencia de los gobernadores, que además de resignar puntos de la coparticipación deberían afrontar el pago a 2,5 millones de trabajadores, contra los 200 mil que se encuentran bajo la órbita de Nación. Los empresarios, por su parte, salieron con los tapones de punta. “No vemos posible el escenario de un bono generalizado”, señaló Funes de Rioja, presidente de la Copal (coordinadora de cámaras de la alimentación) y uno de los que baja línea a las patronales. “Una eventual reapertura de los convenios -eso, según Funes de Rioja, significaría la incorporación de una suma extra- no es factible, menos en aquellos casos en “que aún se están cobrando etapas de la paritaria”. Poco después, el comité ejecutivo de la UIA publicó que “la entidad no es firmante de ningún acuerdo paritario y que los sectores ya suscribieron sus acuerdos con los aumentos que podían dar”. Otra interna en la CGT y van… El tema disparó además “una inesperada interna en la CGT” (otra más) entre los gremios que exigen un bono igual para todos y los que aceptan que se sectorice el reclamo. De un lado están “los gordos” (Comercio, Sanidad) y los Independientes (Uocra, UPCN, Obras Sanitarias), más predispuestos a aceptar montos menores, y del otro Camioneros, UTA o Peajes, con mayor capacidad de negociación. En los próximos días se realizará una reunión del Consejo Directivo de la CGT para buscar unificar criterios “antes de volver a reunirse con los funcionarios”. Esta fue una de las razones por las cuales el triunvirato rehusó la invitación para participar de la reunión de gabinete nacional ampliada que le cursó el ministro Triaca. La otra fuerte razón es que también estaría invitado el “Momo” Venegas. Una verdadera “mojada de oreja”, que se relaciona con el tercer punto del pedido original. Si bien el Ministerio de Trabajo otorgó un reconocimiento formal a la nueva dirección colegiada, fue solo por un mes, y esto no cancela los pedidos de impugnación del congreso de unificación elevados por Venegas que siguen su curso. En el gobierno hay confianza en que la amenaza del paro no pasará de ahí. Les tomaron el tiempo. El nivel de postración de la burocracia es tal que Macri salió nuevamente a rechazar la idea de una concertación defendida por Massa y por Prat Gay. Paro activo y plan de lucha para quebrar el ajuste Lejos del “clima social en descenso” que ve el oficialismo, los paros de los docentes universitarios, de los trabajadores de la salud o de los bancarios muestran la disposición de la clase obrera a enfrentar el ajuste. Se abre un inmenso campo de intervención para el clasismo y el sindicalismo combativo; por un paro activo y un plan de lucha, por la reapertura de las paritarias, la abolición del impuesto al salario, el fin de los despidos y toda la agenda de reivindicaciones obreras.

La Reforma política avanza rápidamente en el Congreso de la Nación, imponiendo un debate que no se corresponde con las demandas que las mujeres colocan frente a los ajustadores y ajustadoras. El verdadero contenido es proscriptivo e intenta disimularse detrás de la publicidad de dos supuestos avances, uno referido a la transparencia que traería aparejado el voto electrónico, el segundo relativo a la paridad de género en las listas electorales. Desde nuestra bancada, advertimos tempranamente la manipulación que montaron las fuerzas del régimen en torno al tema de la paridad, buscando ocultar, mediante la figura de la "paridad de género", la intervención y regimentación estatal del proceso electoral a través de diversos pisos, cepos y prohibiciones, que restringen derechos políticos ciudadanos y afectan a las fuerzas políticas emergentes. Asimismo, la Reforma perpetúa el financiamiento espurio de las campañas electorales por parte de la clase capitalista, cuyos aportes serán pasibles de recibir beneficios impositivos ( Claves de una reforma política reaccionaria ) Además, esta reforma establece un nuevo cupo para las mujeres, porque al imponer un 50% y 50% de cada género, limitan una potencial superior participación de las mujeres en las listas. La falsedad del planteo de que se alcanzará la paridad de género por la igualación en la listas electorales, se expresa en que esta norma no combate ni una sola de las trabas sociales y materiales, ya sea en el campo laboral o en la esfera reproductiva doméstica, que bloquean la participación de la mujer en la vida política y sindical. La doble explotación de la mujer, por su condición de género y por su condición de trabajadora no tiene consideración en esta reforma. De los 37 bloques parlamentarios que existen en el Congreso, ninguno (con excepción de la izquierda) se juega programáticamente por los derechos de las mujeres, ni hablar del aborto legal. El problema de la independencia económica, un requisito ineludible para la emancipación de la mujer, es olímpicamente ignorado por los partidos del ajuste. Los proyectos de nuestra bancada van en ese sentido, trabajo digno, salario igual a la canasta familiar, jardines infantiles gratuitos y de calidad, acceso a la vivienda popular, extensión de la licencia por maternidad y paternidad, propuestas legislativas que apuntan a socializar las tareas domésticas, para que la mujer no quede presa de la servidumbre doméstica. Junto con la asistencia y refugio para las víctimas de violencia, hemos planteado la necesidad de crear un Consejo Autónomo de la Mujer, electo por padrón femenino de las mujeres mayores de 13 años, que funcione con independencia económica y política, para que las mujeres puedan establecer una política real por sus derechos. Dijimos Ni una menos Esta campaña por la "paridad" busca generar confianza en las instituciones del Estado, en momentos donde las masivas movilizaciones por Ni Una Menos cuestionaron todo el andamiaje estatal ante el recrudecimiento de la violencia sobre las mujeres. Los femicidios de Julieta, Yanet y Ayelén, que se suman a los 11 en un año solo en Mendoza, revelaron crudamente que los anuncios del gobernador Cornejo, no son más que pompas de jabón, y que cuando las mujeres se animan a denunciar, sólo reciben el destrato de quienes formalmente deberían protegerlas. La libertad de Belén que conquistamos con la movilización callejera, es una muestra del ascendente de esta lucha que buscan descomprimir. Los mismos que hoy defienden la paridad, han negado sistemáticamente, desde el 2007 a esta parte, la aprobación del proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Los partidos del régimen quieren desviar la atención de las mujeres que enfrentan el ajuste de Macri y los gobernadores sin distinción de género, hacia una propuesta electoral que nada tiene que ver con fortalecer una representación programática en beneficio de la mujer. Actualmente el Congreso tiene la mayor composición femenina de su historia, un claro ejemplo de que la presencia de mujeres en los órganos de poder no sirvió para resolver las demandas más sentidas de las mujeres. México tiene desde 2014 una Ley de paridad de género, que redundó en un crecimiento de la representación legislativa femenina, no así en cambios positivos de la condición de las mujeres en ese país, donde 7 mujeres son asesinadas por día por su condición de género. Allí las cárceles están repletas de jóvenes como Belén. Un debate estratégico El planteo de la paridad de género reavivó un debate histórico entre el feminismo de cuño burgués y pequeño burgués y el socialismo revolucionario en torno a la cuestión de la mujer. El feminismo despotrica contra los privilegios masculinos para reclamar el derecho de las mujeres de las clases poseedoras a participar de ellos, aspiran a una igualdad formal dentro del actual régimen de explotación. Las mujeres socialistas, por el contrario, aspiramos a revolucionar las relaciones sociales para terminar con cualquier tipo de opresión, donde la lucha por la igualdad jurídica solo es un medio para un fin, la liberación de toda la humanidad.

La Legislatura de la Ciudad aprobó este jueves una ley, de autoría del PRO en conjunto con Gustavo Vera (bloque Bien Común), para prohibir las alternadoras, conocidas como “coperas” en los boliches y whiskerías. Se trata de empleadas contratadas para “alternar” o bailar con los concurrentes, con la finalidad de que ellos les inviten tragos y consuman más. La ley votada elimina el capítulo 10.2 del Código de Habilitaciones y Verificaciones de la Ciudad, que reglamentaba las modalidades de contratación de las alternadoras de los locales de baile y clausura la habilitación de los locales que persistan con estos contratos. Como es sabido, esta actividad encubre el negocio de la explotación sexual e, incluso, a la trata de personas. En el marco de la sesión, Marcelo Ramal se refirió a la maniobra política: “esta ley suprime la alternancia en los papeles, pero no en los boliches, que se van a reconvertir. La alternancia se va a clandestinizar y la coima policial se va a agrandar” y agregó “la desprotección de esas mujeres frente a todo este cuadro se va a multiplicar también”. Ramal expresó que el proyecto “coloca en un terreno prohibicionista una cuestión que requiere de una gran acción social y política contra el Estado, que es el gran protector e instigador de la trata y la prostitución”. La explotación sexual ajena y la trata de personas, que el PRO y Vera dicen combatir a partir de esta ley, sigue su curso con la complicidad necesaria y efectiva de todos los estamentos del Estado capitalista. La eliminación de un articulado en un código no modifica un ápice las condiciones sociales que empujan a la mujer a la explotación sexual ni desmantela a las mafias que se sirven de ello amparándose en el Estado. Este proyecto es una lavada de cara al régimen, ya que los últimos años la proliferación de noticias de funcionarios regenteadores de prostíbulos o ligados al negocio de la explotación sexual de mujeres y niñas ha recorrido los principales bloques políticos patronales –FpV y PRO a la cabeza. Al cabo de ocho años de promulgación de la ley de trata, no se ha desmantelado una sola red y al día de hoy hay más de 3000 mujeres y niñas desaparecidas. Toda esta farsa cae por su propio peso cuando se analiza el blanqueo de capitales propugnado como una de las principales medidas de este gobierno para lidiar con la crisis económica en curso. Los fondos millonarios que ahora pueden blanquearse proveen en su mayoría de la trata de personas y del narcotráfico, por lo tanto, el mismo Estado es el primero que ‘blanquea’ el negocio de la explotación sexual. Al mismo tiempo, el gobierno que se propone terminar con el “flagelo de la trata y la explotación sexual” no ofrece con esta medida ningún plan de inclusión laboral y capacitación para otorgar a esas mujeres una salida real, sino que ocurre todo lo contrario: la desocupación crece a pasos agigantados. El desbaratamiento de las redes de trata y la emancipación de las mujeres sometidas a la explotación sexual no puede, de ninguna manera, venir de la mano de quienes garantizan este negociado poniendo todas las instituciones estatales a su servicio. Defendemos, en este sentido, la organización de las mujeres en estado de prostitución para defenderse de los atropellos y represión de la policía y el Estado. Una lucha real contra la explotación sexual y la trata va de la mano de la organización de las mujeres y de una lucha decidida, de forma independiente, contra este Estado proxeneta y sus partidos capitalistas.

Llegó a Diputados la media sanción de una pensión a víctimas de trata, por 10 años. Pero resulta que luego de un “arduo debate”, las senadoras y senadores dispusieron que el beneficio será otorgado cuando existiere sentencia judicial condenatoria. ¿Qué significa? En primer lugar la ley es exclusivamente para víctimas de trata por delitos sexuales y no laborales. Pero no termina ahí la limitación. Al introducir que lo percibirán sólo aquellas víctimas de trata “con condena”, la ley se limita a unos pocos casos. Se trata, hasta hoy, de sólo 90 casos, cuyo costo no superaría los 2 millones de pesos, es decir una insignificancia presupuestaria. En la Comisión de Diputados, legisladores de distintos bloques opositores agregaron que debería decir “condena firme”, por las apelaciones que crearían un limbo. En este caso las condenas ya son mucho menos. Salta a la vista el descomunal amparo del Estado a las redes cuando vemos la aplicación efectiva de la sonada ley de trata dictada en 2008, hace ocho largos años. Pero el contraste surge desgarrante de otra comparación. El Ministerio de Justicia y DDHH informa que se han rescatado y/o asistido a 9.987 personas. Un promedio de 1.240 personas sometidas a esclavitud sexual o laboral por año (sólo contando aquellas que son liberadas), la enorme mayoría de ellas mujeres, aunque también niños y varones. Según un informe elaborado por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), entre julio de 2015 y el 29 de febrero pasado hubo 1079 denuncias en la línea 145. De ellas, 480 referían hechos donde mujeres eran obligadas a prostituirse en locales bailables y whiskerías, en departamentos privados o incluso en la vía pública. El Partido Obrero denunció en la Comisión Previsional esta hipocresía y planteó el debate para que sean incluidas todas las personas cuyo rescate acredita el Ministerio. Planteamos además que tengan prioridad en el empleo público para su reinserción laboral y prioridad en planes de vivienda del Estado. Es otro caso más de legisladoras y legisladores que simulan atender a las víctimas con una ley que no tendrá alcance para el 90% de las afectadas y afectados, porque pocas veces los responsables de trata llegan a la condena definitiva y a la cárcel. La orientación del gasto público y de la Ansés tiene una orientación social que prima: los $170 mil del presidente y similares suelditos de todo el funcionariado están garantizados, los 200 mil millones de intereses en Lebac y los 100 mil en intereses de la deuda también, pero no hay fondos para una pensión temporaria de las víctimas de trata. El dictamen presentado por nuestro bloque es un programa de lucha por los derechos de la mujer, y ya ha sido reconocido por familiares de víctimas de trata. Así contribuimos con los afectados, las y los legisladores socialistas del Frente de Izquierda.

A contrapelo de las iniciativas de la Naranja, el PTS ha optado llevar al extremo su política de seguidismo al kirchnerismo. Lejos de sostener que los despidos son producto de una tregua entre el sindicato y el gobierno para hacer pasar el ajuste, en una nota reciente que no tiene desperdicio afirman que los despidos antisindicales son “un ataque al sindicato en su conjunto”, es decir, al activismo combativo y a la burocracia sindical por igual. Para que no queden dudas al respecto, acto seguido el autor agrega: “La Federación Gráfica Bonaerense también lo entiende así, por eso viene acompañando las denuncias que presentamos ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia”. El PTS esquiva denunciar la complicidad con los despidos, evade cualquier tipo de exigencia de un plan de lucha y reivindica el mero rol de “acompañante legal” del sindicato: una completa lavada de cara a la burocracia. En la misma nota dan cuenta de una campaña de juntada de firmas por la reinstalación de los desdedidos en Chozas, “la cual ya cuenta con cientos de firmas de personalidades de los DDHH así como del arco político y sindical”. Entre éstos, destacan la firma de Carlos Tomada, ministro de Trabajo durante los 12 años del kirchnerismo, responsable directo de miles de despidos y precarizados en todo el país, y cuya política antisindical quedó expuesta en plenitud cuando fueron reveladas sus conversaciones con José Pedraza inmediatamente después del asesinato de Mariano Ferreyra. No está de más recordar que Carlos Tomada fue denunciado por la querella del Partido Obrero como parte del entramado criminal que derivó en el asesinato de nuestro compañero. La reivindicación de Tomada como una “personalidad del arco político” preocupada por los despidos refleja el nefasto papel que juega el PTS frente al intento de reciclaje del kirchnerismo, contrario a los intereses de los trabajadores. Para enfrentar los despidos –en Chozas, Ipesa, Buschi, Interpack II– hay que movilizar a todo el gremio en torno a un plan de lucha común. Precisamente, lo que la burocracia de Amichetti viene gambeteando.