Prensa Obrera N° 1430

Estimados directores de Prensa Obrera: La creación de la Sociedad del Estado "Facturación y cobranza de los efectores públicos S.E." (FACOEP SE), ha generado un debate acerca de su misión y nuestra posición publicada en la Prensa Obrera (1427, Una reforma reaccionaria del sistema de salud) Todos los partidos de la burguesía están detrás del negocio capitalista de la salud bajo las directivas del Banco Mundial, desde comienzo de la década del 90. Y aún antes, las recomendaciones de los bancos, entes de financiamiento y de las propias organizaciones de salud mundial, han propuesto a partir de Alma Ata (1978), el recorte del gasto público y la transferencia de las prestaciones por encima de planes mínimos de asistencia, al sector privado. La salud pública asistiría a los sectores sociales sin recursos (desocupados, trabajadores informales) ofreciendo servicios esenciales, y facturaría a la seguridad social y a la medicina privada (tercer pagador) por la asistencia de sectores de mejores recursos. De esta manera la salud pública se financia en parte con el recupero del aporte del trabajador formal y el cobro a la seguridad social, empresas privadas (seguros médicos), ART y entes de otras jurisdicciones, particularmente en nuestro país donde el subsector público cuenta con institutos provinciales de salud con contratos por servicios públicos de alta complejidad. El gobierno porteño intenta limitar la inversión pública de salud y facturar a los pacientes no en forma directa (expresamente limitado por la constitución de la Ciudad y la ley de salud de la CABA), sino a través de terceros pagadores. Hasta ahora la empresa ASI facturaba bajo la gestión del PRO y la aceptación del peronismo en la Legislatura. Larreta pretende optimizar el cobro y con viejos colaboradores del sector privado, lanzó con el beneplácito de todos los partidos de la burguesía, una nueva empresa de facturación. Hemos señalado en la Prensa que se trata de un plan dirigido a la privatización del hospital público y al arancelamiento, con un mercado competitivo entre prestadores públicos, que obviamente deberá ofrecer diferencias cualitativas entre los propios hospitales y centros de salud. Este análisis soslaya que todos los hospitales atraviesan el mismo deterioro edilicio, el desfinanciamiento, la falta de profesionales y la obsolescencia tecnológica, incluyendo la incapacidad de contar con un sistema único de facturación. Sólo el hecho de no contar con programas informáticos de facturación y tecnología apropiada (Historia clínica única digitalizada), inviabiliza este nuevo ensayo de negocio capitalista. ¿Dónde está entonces la clave de la creación de la FACOEP? En la posibilidad de facturar al PAMI y las obras sociales capitadas (arancelamientos fijos por número de beneficiarios), sin restricciones o dificultades, ahora que la administración nacional y la CABA comparten al PRO. La empresa, sin gestionar prestaciones, se llevará un porcentaje del total capitado. Un pase de manos entre socios. Cabe una última reflexión ¿es posible arancelar el hospital público, restringir las prestaciones y crear un mercado competitivo en el sector público? Solo imponiendo una derrota a la comunidad, que reconoce al hospital además de público y gratuito, como reaseguro de su salud y de acceso universal. La burguesía no puede imponer la privatización sin un enfrentamiento de clases decisivo.

De manera escandalosa, la “Justicia” acaba de rechazar un amparo colectivo para frenar la venta de acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se trataba de una medida cautelar que impedía al Poder Ejecutivo tocar los fondos para financiar la llamada “Reparación histórica” a los jubilados. En 24 horas se supo que el gobierno ya analiza seis operaciones de venta de acciones de la Anses en empresas de primer línea - Banco Macro, Molinos Río de la Plata, Siderar (es decir Techint), Consultatio, Telecom y quizás Irsa. La recompra de las acciones fue tema en el mini Davos. “Tres de las compañías de aquellos seis grupos se acercaron “de manera directa al propio Presidente durante el Foro de Inversión y Negocios que el gobierno organizó la semana pasada en el CCK” y obtuvieron su recompensa (Ámbito, 23/9). De este modo el gobierno se apresta a saldar una de las cuentas pendientes de la agenda del capital financiero. Un reconocido inversor planteó en su momento que “si Argentina quiere tener status de país emergente (..) es necesario que el 20 % de las acciones del índice MERVAL en manos del gobierno pasen a inversores privados” (El Cronista, 31/5). Una crisis en ciernes La orden de largada del remate de las acciones del FGS de la ANSES revela, por otro lado, las urgencias financieras del gobierno frente a la anunciada y fallida “lluvia de inversiones”. Pero la urgencia del gobierno requiere saldar una crisis no resuelta: ¿Cómo vender las acciones en poder del Anses, siendo que las empresas pretenden tener exclusividad en su recompra? Una línea del gobierno plantea vender las acciones individualmente o por paquete de manera abierta y al mejor postor, pretextando que, de este modo, se garantiza el mejor precio para la ANSES. Otra alternativa sería entregar las acciones a un banco a determinado valor y que luego éste se ocupe de su colocación. Este es el punto de la crisis. “Cualquiera de estos mecanismos tendría el riesgo, para los accionistas principales de las compañías, de no poder recomprar y recibir un socio no querido (aún menos que el Estado en tiempos K)” (Ámbito, 23/9). La disputa en torno a quién se queda con las acciones puede ser feroz. Entraña nada menos que el equilibrio entre empresas de la burguesía nativa y los fondos y empresas extranjeros interesados en adquirir estos activos. Confiscación: antes y ahora “Jubilados, ustedes son socios de Clarín y del Banco Macro”. La vieja humorada de CFK se convirtió en una burla. Las jubilaciones que se cobraron bajo su mandato no estaban financiadas por los dividendos de las acciones que hoy el gobierno pone en venta, ni por los intereses que rendían los títulos de la deuda pública, que iban camino al Tesoro. El FGS de la ANSES fue (y sigue siendo) una caja financiera del capital, ajena por completo a la mejora de las jubilaciones. La liquidación de las acciones en poder del FGS es solo un capítulo de la escalada que conduce a la destrucción de las jubilaciones, en lo que este gobierno sigue al Banco Mundial. Este propugna una jubilación básica con el “objetivo limitado de reducir la pobreza en la vejez”. En el horizonte está el aumento de la edad jubilatoria y la jubilación asistencial para la mayoría. Los que aspiren a un ingreso mayor deberán pagar aportes adicionales a un sistema de ahorro y capitalización. Un anticipo de esta medicina está en las indemnizaciones que se le están ofreciendo a los jubilados en nombre de la “reparación histórica”, con descuentos del 50 al 70 % respecto de lo que deberían percibir. Exijamos el pago de las sentencias y el retroactivo a la totalidad de los jubilados, sin quita ni cuotas, a cargo del Tesoro. Que los fondos sean invertidos en función de asegurar el pago del 82 % móvil y un mínimo igual al costo de la canasta familiar, en base a un plan genuino de industrialización y obras públicas debatido por un congreso de trabajadores. Que la ANSES sea manejada por representantes de trabajadores y jubilados.

Finalmente, el Indec dio a conocer las estadísticas sobre pobreza e indigencia en el país, en franco crecimiento. El porcentaje de 32,2% indica que una de cada tres personas en el país es considerado pobre. Sólo en los centros urbanos existen 8,7 millones de pobres y 1,7 millones de indigentes. La cifra podría ser aún mayor si la canasta que se utiliza como parámetro tuviese en cuenta el consumo real de una familia tipo. El ingreso puesto como piso para no ser considerado pobre, de 12.489,37 pesos, no contempla las verdaderas necesidades de una familia. En la conferencia de prensa, Macri se amparó en la herencia recibida para justificar la situación actual. Pero las medidas económicas implementadas por el macrismo han agravado la ya difícil situación social del país que dejó el kirchnerismo. La devaluación monetaria y la eliminación de las retenciones han impactado en la inflación y en la actividad económica, que está en una profunda recesión. Por eso, y aún sin que existan estadísticas previas confiables, todos los especialistas estiman que, solo en el transcurso de este año, la pobreza creció en 4 o 5 puntos, lo que equivale a más de un millón de personas. Es necesario señalar que la presentación del Indec responde a una foto vieja. Con la implementación del tarifazo (que afectará a la economía familiar de manera directa, con la suba de los servicios, y de manera indirecta, con una mayor inflación por el impacto en los costos industriales y comerciales) el nivel de pobreza sufrirá un nuevo aumento. El informe del Indec pone en evidencia que en Argentina una parte considerable de los trabajadores está por debajo de la línea de pobreza. Basta ver que en la actualidad el salario mínimo es de 7.560 pesos, es decir que cubre sólo el 60% de la canasta de pobreza. Aún más grave es la situación de los jubilados: el haber mínimo es de 5.661 pesos, lo que equivale solo al 45% de dicha canasta. La situación afecta con especial fuerza a los trabajadores precarizados y en negro, que son hoy casi el 35% de la fuerza de trabajo del país. Estos trabajadores tienen ingresos que en muchos casos no llegan incluso al salario mínimo. El ajuste que está llevando adelante el gobierno y las patronales han agravado esta situación. Las paritarias han sido firmadas entre el 25 y el 35%, contra una inflación que llega al 45%. Al negarse a reabrir las paritarias, es claro que el gobierno quiere consagrar esta pérdida histórica del salario de 10 puntos o más. El bono de fin de año que ahora reclama la CGT no cambia el asunto, porque en el caso de que se implemente es un ingreso por única vez que no cuenta para aumentos posteriores. Mientras crece la pobreza, el beneficio de los banqueros y sojeros ha pegado un salto impresionante gracias a la devaluación monetaria y la eliminación de las retenciones. Lo que habitualmente se llama “ajuste” es en realidad una transferencia de riqueza en favor de los capitalistas. El crecimiento de la pobreza es el resultado inevitable de la orientación política y social llevada adelante por el gobierno. Más que nunca es necesario un paro nacional y un plan de lucha para enfrentar esta situación, planteando la reapertura de paritarias, la prohibición de despidos y suspensiones y el aumento de emergencia a los jubilados.

El Indec acaba de revelar que un tercio de los argentinos está por debajo de la línea de pobreza. ¿Cuál es la principal conclusión de ello? Que la pobreza no es una cuestión de desocupados o de marginados. Una parte muy importante de la clase trabajadora, incluso de la que está en blanco, está sumida en la pobreza. Macri alude a la “herencia recibida”. Pero acaba de pronunciarse contra la reapertura de las paritarias. Mientras tanto, la distancia entre la inflación y los aumentos pactados este año conduce a una caída del salario real que, en promedio, será del 15%. La situación se reitera con los jubilados, y es peor aún para los que cobran planes sociales. El gobierno “publicita” la pobreza, pero también la agrava. Mientras tanto, la CGT deshoja la margarita, postergando cualquier decisión de lucha. Los mandantes políticos de la burocracia sindical, de Massa al FPV, les han ordenado “desensillar hasta que aclare”. Los compañeros de Bimbo; de Ecotrans; los aeronáuticos, los estatales y docentes que pararon masivamente este martes 27, no opinan lo mismo. Luchemos por un paro activo nacional y un verdadero plan de lucha, por la reapertura de las paritarias, contra las suspensiones y despidos. Contra los partidos de la pobreza, desarrollemos a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política.

Prat Gay presentó la “ley de leyes” 2017 como “el presupuesto de la verdad”. Dime de qué te jactas y te diré de qué adoleces. Para desmentirlo, en la exposición de la Comisión de Presupuesto, el vice de Hacienda Pedro Lacoste dijo que es un presupuesto de “expansión”, mientras el de Finanzas, Luis Caputo, dijo que se trataba de un plan de “ajuste gradual”. ¿En qué quedamos? Como primera medida surge que a fines de 2017 habría 10 mil estatales nacionales menos, lo que debe ser motivo de debate inmediato en ATE y todos los gremios estatales. En segundo lugar, fija una pauta salarial del 17% que -asociada a la negativa rotunda a la reapertura de paritarias 2016-, consagra una caída histórica del salario, aún cuando fuera cierta la inflación prevista del mismo porcentaje y que por muchos motivos resulta inverosímil. Otro tanto ocurre con la jubilación, sobre la cual no se prevé ninguna otra mejora que no sea la movilidad automática, que en lo que va de 2016 perdió 13 puntos frente a la inflación. En 2017, las tarifas del gas (y todas las demás) aumentarán como mínimo un 72%, lo que resulta del aumento en dólares de las tarifas y de la devaluación prevista del peso. ¿Cómo compatibilizar una inflación del 17% con semejante nivel de incremento tarifario? preguntamos en la reunión del Congreso. No hubo respuesta. La emisión total de deuda prevista es de 55.000 millones de dólares, de los cuales 26.000 millones son nueva deuda. Buena parte de los intereses de los fuertes vencimientos de deuda 2017 (Club de París, etc.) serán refinanciados incorporando intereses a capital. “Para los bonos en manos de organismos estatales -léase Anses y otros- la renovación será automática”(sic). El colosal empapelamiento kirchnerista de la Anses se seguirá ampliando y con ello, el carácter de “pagadios” de los papeles en manos de organismos públicos. El stock de deuda nacional (provincias aparte) se ampliará considerablemente, según reconocieron los funcionarios. Pero, preguntados por esta bancada, cómo saldrán de la bomba de tiempo del déficit que generan las Lebac (pagarés del Banco Central) que suman más de 600 mil millones de pesos, lisa y llanamente no contestaron. Esto tiene una importancia capital, porque de allí se sale, o licuando esa deuda con inflación -lo que tiraría abajo la “meta” del 17%- o emitiendo nueva deuda del Tesoro, violentando en ambos casos el presupuesto presentado. Cuando Lacoste habló de “expansión” se refirió a la ampliación del déficit inicialmente previsto al 4,2% del PBI. Desde el vamos el FMI no le cree y pronostica más del 5%. Pero de ese déficit, $247.000 millones van a intereses de la deuda, el resto en “gastos tributarios” -en su mayoría, exenciones impositivas al capital, subsidios a las automotrices, a las Pymes y las conocidas caídas de retenciones al capital agrario y las mineras. Cero gasto social o productivo. El déficit fiscal y la emisión monetaria para rescatar a capitalistas alimentan el gasto financiero parasitario que ahoga a la economía entera. Surge la pregunta: ¿cómo hicieron para semejante reasignación? Aplicaron los superpoderes del kirchnerismo. ¿Y para 2017? Siguen los superpoderes, con un techo insignificante. El FMI vino a ofrecerse de garante -y rescatista de última instancia- de un curso sideral de endeudamiento, que nos conducirá a un nuevo default. Los funcionarios tampoco contestaron cómo se financiará la caída de la recaudación del Anses, por la devolución progresiva del 15% de coparticipación a las provincias. Simplemente irá contra los jubilados y su movilidad. El otro punto que no contestaron es cuántos trabajadores, jubilados y monotributistas están pagando ganancias hoy. Tampoco qué parte del 5,6% del PBI que reportará ganancias, según el presupuesto, corresponde a la cuarta categoría (asalariados). No contestan porque está prevista una actualización del mínimo no imponible del 17% que deja inalterado el famoso impuesto al salari. Y porque la modificación de la escala que presentarán no sólo es mínima sino que se “autofinancia”, o sea que se redistribuye su incidencia pero con un resultado fiscal neutro. Sigue la confiscación del salario por la vía del impuesto a las ganancias. El presupuesto presentado financia gastos corrientes con deuda, implica ajuste contra los trabajadores y jubilados, disimula la bancarrota del Banco Central, prolonga los superpoderes para gobernar por decreto, gasta lo que no hay en subsidios al capital, ajusta contra los trabajadores estatales, es decir contra la educación y la salud pública, es absolutamente modesto en inversión en viviendas y desvaloriza salarios y jubilaciones. Por sobre todas las cosas, es un presupuesto a la medida del negocio del capital financiero internacional. El movimiento obrero debe movilizarse en su contra.

En las últimas semanas, los voceros del macrismo se han empeñado en presentar evidencias de los llamados “brotes verdes”. O sea, señales de que la economía estaría saliendo de la recesión e iniciando una curva ascendente. Los propagadores de esta especie seleccionan a su gusto algunas estadísticas, pero no se detienen en los mecanismos y, sobre todo, en las bases sociales de un eventual repunte. Por lo pronto, y a despecho de los que buscan los “brotes”, la producción industrial acumula en los primeros ocho meses del año una caída del 4,5%, en un cuadro donde industrias estratégicas –como la automotriz o el acero- superan los diez puntos porcentuales de retroceso. En julio, la actividad económica fue casi un 6% inferior a la de hace un año. En un panorama signado por una caída del salario real del 10 al 15% y el aumento de la desocupación abierta, el consumo doméstico cayó sin la contrapartida de un aumento de la inversión fija, que también declinó. La consecuencia necesaria de lo anterior es la fuga de recursos al extranjero: la salida neta de divisas del país acumula unos 9.000 millones de dólares en ocho meses. Ni la devaluación, ni la batería de incentivos al gran capital -eliminación de retenciones, elevación de subsidios- han servido para remontar una crisis capitalista que se remonta a hace casi un lustro. El único “resultado” de esta montaña de beneficios ha sido el aumento del déficit fiscal. Endeudamiento privado ¿Dónde están, entonces, los “brotes verdes”? Lo que los diarios han hecho sonar con bombos y platillos en estos días es el crecimiento del crédito privado, el cual, por primera vez en el año, estaría superando a la tasa de inflación. Rápidamente, esa recuperación ha sido exhibida como consecuencia de un supuesto aumento del poder adquisitivo, el cual contaría ahora con aliento para sostener un mayor nivel de endeudamiento. Esta pretensión, sin embargo, choca con los datos de ingresos y de pobreza, que revelan que cerca de dos tercios de las familias trabajadoras (incluso con sueldos en blanco) no llegan a la canasta familiar. Por eso mismo, la información sobre la deuda privada aporta otro dato revelador: el rubro que lideró su aumento es el de las tarjetas de crédito, la forma más cara de endeudamiento de las familias. La estadística bancaria no informa sobre la naturaleza de estos gastos con tarjeta. Pero es sabido que una parte de ellos se dirige al financiamiento de compras de consumo inmediato (supermercados). Los entusiastas de los “brotes verdes” deberían informar qué parte de este estallido del crédito responde a la realidad de familias que no llegan a fin de mes y financian sus gastos corrientes, con consecuencias naturalmente explosivas a mediano (y no tan mediano) plazo. En la misma información, y en relación con otras formas de crédito, se atribuye la expansión a “las campañas agresivas que lanzaron los bancos para aprovechar el último tiempo de tasas altas” (Ámbito, 22/9). Los bancos están actuando compulsivamente para colocar préstamos. Cuando estos tienen lugar a tasa fija (y alta), la apuesta a una baja de la inflación les augura márgenes enormes a la hora de su repago. Desde luego, la contrapartida la vivirán los deudores, atados a intereses gravosos con una inflación (y ajustes salariales) en baja. Estos “brotes verdes”, fundados en el endeudamiento de consumo, podrían conducir, más temprano que tarde, a un estallido agravado de la crisis económica. Endeudamiento general Pero lo que ocurre en el ámbito de los créditos privados es un botón de muestra del conjunto del programa económico oficial, a saber, la tentativa de reciclar la bancarrota que dejó el kirchnerismo a través de una gran operación de endeudamiento. Siempre en relación al aumento de la deuda privada, los observadores señalan una fuerte tendencia de los exportadores a tomar deuda en el exterior colocando como garantía a sus ventas futuras –o sea que los ingresos de la balanza comercial comienzan a tener como contrapartida una acreencia sobre el país (los dólares a privados deben ser provistos, en última instancia, por el Banco Central). Más aún: los bancos están ofreciendo líneas de crédito en dólares para financiar ¡los pagos del blanqueo!, o sea que la gran fuente de recursos que prevé el gobierno para enjugar sus déficits será también una fuente de endeudamiento. Argentina se encamina a una deuda externa (pública y privada) cercana al 40-45% del PBI, ello con una balanza comercial tambaleante y, en perspectiva, deficitaria (¡más aún si se confirmaran los “brotes verdes”, o sea, una reactivación, que conduciría a un aumento de las importaciones de insumos!). El macrismo procura patear para adelante los monumentales desequilibrios económicos que dejó el kirchnerismo, como resultado de una década de rescate sistemático a los mismos intereses sociales que hoy celebran el regreso a los mercados de deuda. El capital internacional, resignado a obtener tasas de interés negativas por sus recursos sobrantes en los grandes mercados del mundo (ver Rendimientos negativos, un nuevo eslabón de la crisis capitalista), celebra este hipotecamiento argentino que deberá conducir, más temprano que tarde, a una crisis de pagos. El ingreso de dólares para endeudamiento refuerza las tendencias a la inflación en moneda dura y, por lo tanto, a la agudización de la competencia internacional. Sin embargo, una devaluación, como consecuencia de esos desequilibrios, mandaría a la quiebra a los “nuevos” endeudados. Los límites y contradicciones de los dudosos “brotes verdes” de la economía macrista son inocultables. Los trabajadores y la izquierda debemos oponer un programa de salida a la crisis fundado en una reorganización económica a costa del capital.

En su programa del domingo 25, Lanata trató de “imbécil” a quien esto escribe, ello, por impulsar en la Legislatura porteña un proyecto de ley que auspicia la inclusión laboral del colectivo trans-travesti a través de un cupo laboral a ser cumplido por el Estado. Si se hubiera informado mínimamente, el periodista debió extender el insulto a la totalidad de la Legislatura bonaerense, al Concejo Deliberante de Rosario y al Consejo Superior de la Universidad de Córdoba, que votaron esta ley en el curso de 2015. En el caso de la Legislatura porteña, debería cargarle sus insultos a la casi totalidad de los bloques de la oposición, que, con diferentes matices, han presentado proyectos similares al que fue bastardeado en PPT. Lanata se ha escandalizado por este planteo de inclusión laboral. Pero, en cambio, no le escuchamos decir una palabra sobre la degradante condición a la que es sometida la abrumadora mayoría de las trans y travestis, empujadas al comercio sexual para poder sobrevivir. Un relevamiento ubica en un 85% a las trans y travestis en estado de prostitución; al ser indagadas, la casi totalidad de las mismas declaró que, de contar con posibilidades laborales, abandonaría la calle. El conductor de PPT despachó en segundos la cuestión de las personas trans, sin detenerse, por ejemplo, en que la expectativa de vida del colectivo trans-travesti en la Argentina no supera los 35 años, a causa de la marginación, la violencia policial, social y personal que deben soportar cotidianamente. En esta zozobra, se inscriben los crímenes recurrentes contra las personas trans. Entre 2008 y 2014, se contabilizaron 1.700 asesinatos en el mundo y numerosos casos en la Argentina, entre los que se destaca el travesticidio de la activista Diana Sacayán. A partir de lo anterior, solamente la superficialidad o el cinismo pueden alimentar la afirmación de que la persona trans debe “competir libremente” por un puesto de trabajo, sin ninguna medida o regulación que lo ampare. La discriminación hacia el colectivo trans convierte a esa “igualdad de condiciones” en una ficción, que solo puede quebrarse a través de una acción compulsiva del Estado -ese es el sentido del cupo. Si el 1% de la planta estatal (este es el porcentaje que votó la Legislatura bonaerense) es excesivo, el cupo entonces no será cubierto, y sus detractores podrán “respirar tranquilos”. Pero la disquisición sobre el cupo, insistimos, es una forma sinuosa y reaccionaria de mirar para otro lado frente a una situación lacerante que condena a la violencia, a la extorsión policial, a la enfermedad y a la muerte a miles de personas trans y travestis. Colectivo trans y fuerza de trabajo La ridiculización de la marginalidad trans no solo es propia del clericalismo y la reacción política, sino también de una orientación antiobrera. Cuando se condena a la degradación personal a los sectores más explotados o discriminados de la sociedad, también se crea una escala degradada de condiciones laborales para el conjunto de la clase obrera. Saliendo de la cuestión del colectivo trans, ello vale también para la mujer sometida a la prostitución: la “libre” explotación sexual constituye un piso degradante de supervivencia, que actúa como amenaza y extorsión sobre toda mujer que busca trabajo. En cambio, una acción enérgica de inclusión laboral dirigida a las personas sometidas a prostitución –cupos, capacitación– elevaría el piso de todos los derechos laborales, limitando la indefensión del más explotado frente al capital. Naturalmente, un régimen social que vive de la apropiación de trabajo ajeno nunca se comprometerá con ese objetivo. Por eso, e incluso en aquellos lugares donde se ha conquistado este cupo laboral, el mismo intenta ser retaceado y desconocido todo el tiempo por sus supuestos mentores. Los denigradores del cupo trans no sólo practican una moralina reaccionaria: auspician la “libre competencia” entre trabajadores en su sentido más completo, o sea, la liquidación de derechos y la precarización laboral para toda la clase obrera. La lucha por el cupo trans coloca en un plano social y de lucha contra el Estado y el capital a la comunidad LGBTI, la cual, bajo el kirchnerismo, quiso ser conformada con las igualdades formales que brinda la ley de identidad de género o el matrimonio igualitario. En esta perspectiva inscribimos la lucha por el cupo trans, que el Frente de Izquierda ha presentado en el Congreso Nacional a través de la diputada Soledad Sosa y en las legislaturas. Un dato final: luego de insultar al autor de esta nota por presentar un proyecto por el cupo para trans, Lanata dedicó el programa a las mafias policiales de la Bonaerense. Un ejercicio mínimo de inteligencia hubiera alcanzado para mostrar que esas mismas mafias son las que están detrás de la explotación de esas personas.

Existen motivos sobrados para caracterizar que la reforma política impulsada por el gobierno es una maniobra distraccionista para ocultar la podredumbre del régimen y de sus partidos. El tratamiento del proyecto de ley coincide con las revelaciones sobre el financiamiento espurio de las campañas electorales de Macri y Scioli, que alcanzan a empresarios involucrados en hechos de corrupción y hasta a tratantes de mujeres. El caso del PRO es paradigmático, porque para sortear la prohibición de aportes empresariales a su campaña los hizo pasar como contribuciones permanentes al partido. Los montos en juego se cuentan por decenas de millones de pesos. Destapada la olla, el gobierno quiere blanquear estos aportes empresariales con un proyecto de ley de financiamiento de las campañas electorales, que sería presentado de manera separada al de la reforma política. De aprobarse la iniciativa, el financiamiento de las campañas estará determinado por los capitalistas, aunque el gasto estatal no disminuirá, ya que éstos podrán desgravar los aportes del pago de sus impuestos. Tendríamos una privatización con fondos públicos, en favor de los partidos que gobiernan para el capital. Estatización Sin embargo, sería un error limitar el alcance de la reforma política a este afán encubridor. La estrategia macrista consiste en profundizar la intervención despótica del Estado ante el electorado y los partidos políticos que ya estuvo presente en la implementación de las PASO por parte del kirchnerismo. Con las PASO, el Estado obligó al electorado a participar de elecciones internas de partidos a los cuales no pertenece, y a éstos a decidir sus candidaturas sin respetar la soberanía y el programa de cada organización política. Pero, ahora, dando una vuelta de tuerca más, se prohibirá el corte de boleta en las PASO, limitando la libertad de decisión del electorado. Se consuma así un hecho doblemente totalitario: obligar a la población a votar en internas de partidos políticos y, luego, negarle el derecho al corte de boleta. Para justificar la prohibición de cortar boleta en las PASO el gobierno argumenta que un elector no puede votar en la interna de dos partidos o alianzas. Este argumento sería coherente si la elección interna fuese voluntaria, tanto para los partidos como para los electores. Pero sucede todo lo contario. A esto hay que agregarle que también se le niega al elector el derecho a votar en determinada categoría con una finalidad democrática, que ayude a los partidos a superar el piso proscriptivo del 1.5%. Si quiere orientar su voto con esa finalidad debe hacerlo si o si a la lista completa. Voto electrónico La zanahoria esgrimida para hacer pasar este palazo a la democracia política es la implementación del voto electrónico, al que se le atribuye la virtud de terminar con la manipulación de los punteros políticos expertos en el robo de votos y boletas. Existen, sin embargo, estudios fundados que muestran que el voto electrónico es tan o más manipulable que la boleta de papel. En definitiva, la cuestión del fraude no depende del método de votación sino de la naturaleza del régimen político. La aprobación de la ley no asegura la implementación del voto electrónico. Esto se debe a que el gobierno ha pactado con sus propios gobernadores y el massismo que en el voto electrónico no se aplicará en las provincias que tengan un sistema electoral distinto del que regirá a nivel federal. Así, los gobernadores tendrán la posibilidad de mantener sus propios regímenes electorales basados en la ley de lemas, de colectoras o acoples que actualmente están vigentes en varias provincias para manipular y distorsionar la voluntad popular. En el caso de la provincia de Buenos Aires, Vidal ya ha hecho saber que prefiere la boleta de papel, para valerse del privilegio que supone el control del aparato del Estado. Cupo femenino La otra zanahoria a la que el gobierno ha decidido recurrir para encubrir el carácter reaccionario de la reforma política es el establecimiento del cupo femenino del 50% para los cargos parlamentarios. A priori, la misma podría ser vista como intrascendente si se tiene en cuenta que su aplicación no modificaría en nada la actual composición del Senado y sólo muy parcialmente sí lo haría en Diputados. En el caso del Senado es interesante constatar que la presencia de mujeres, que alcanza al 43% del total, no ha servido para impulsar la legalización del derecho al aborto. Por el contrario, las senadoras mujeres son militantes del lobby clerical. Sería un error, sin embargo, considerar como intranscendente o neutro el cupo del 50% por el simple motivo de que su aplicación no produzca un cambio de la composición de las Cámaras. En política, sobre todo si se trata de política socialista, las falsas salidas generan ilusiones que desvían a los explotados de la lucha de clases. El cupo femenino cumple esa función. No sólo embellece una reforma política reaccionaria. Además, crea la ilusión entre las mujeres trabajadoras de que su emancipación será posible por medio de una intervención estatal que les otorgue una mayor presencia institucional. Las fuerzas de izquierda que han asumido la defensa de este cupo se han metido de cabeza en una política de conciliación de clases, asumiendo la función de moldear el régimen político de la burguesía. Nuestra posición El Partido Obrero ha expresado su rechazo a esta reforma política reaccionaria. En las reuniones con el Poder Ejecutivo y en la Cámara de Diputados hemos denunciado que el gobierno quiere superar la decadencia histórica de las formaciones políticas tradicionales apelando a una mayor regimentación del Estado. Es un intento condenado al fracaso, pues una crisis que tiene raíces históricas no puede superarse con medidas reglamentarias. Ante la decadencia de los partidos patronales y su Estado no le oponemos leyes que lo rescaten, sino la construcción de una alternativa obrera y socialista.

Oscar Villa Nougués, que fungía como ministro de Salud de Salta, renunció finalmente a su cartera, en medio de una crisis sanitaria, la denuncia por las muertes infantiles de niños aborígenes y el pedido que hiciera la senadora del Partido Obrero Gabriela Cerrano y su bancada de diputados exigiendo su dimisión. La renuncia se produjo dos días después de que el gobernador Juan Manuel Urtubey exhibiera ante los medios los detalles de su fastuosa boda mientras la crisis sanitaria hacía eclosión en su provincia. En ambas cámaras legislativas el PO había enfrentado la negativa cerrada del oficialismo y sus socios al pedir la renuncia del ex ministro. Junto con el pedido de dimisión, habíamos pedido en ambas cámaras que se constituyan comisiones investigadoras parlamentarias que vayan a las zonas más afectadas por la desnutrición, que presenten un informe propio y propongan medidas para enfrentar la crisis. Los senadores y diputados oficialistas y hasta los de la UCR rechazaron investigar al gobierno y comprometerse a encontrar una salida a esta crisis”, dijo Gabriela Jorge, diputada del Partido Obrero y miembro de la Comisión de la Salud de la cámara baja provincial. Los legisladores del PO habían traducido los reclamos de los usuarios y trabajadores del hospital público frente a una política agotada. Se trata de un clamor general, incluso desde fuera de la provincia, para que terminen en Salta la desnutrición y las muertes por hambre; de la bronca de los 800 trabajadores y profesionales precarizados que reclaman, sin éxito, el pase a planta permanente; de la demanda desesperada de cobertura de cargos de profesionales especialistas en todo el interior provincial; de la ausencia absoluta de un plan integral para combatir el dengue en la epidemia del último verano; de la ausencia en los hospitales públicos de la aplicación del protocolo médico en los casos de mujeres violadas y el cierre del plan asistencial de mayor eficacia para adictos del paco encabezado por el Ramiro Robaldo son solo algunas de las grandes demandas de una salud pública que ha quedado en estado de emergencia. Por una ley de emergencia Urtubey designó para el cargo del renunciante a Roque Mascarello, ex ministro del área del gobierno de Romero, quien había inaugurado el modelo privatista de salud con el gerenciamiento y los hospitales de autogestión, una de las causas de la destrucción de la salud pública que precipitó la renuncia de Villa. Además fue funcionario multipropósito de su gobierno y del de Isa en la ciudad, en una clara señal de que cambia de hombres, pero no de política. “Necesitamos un plan urgente y por eso presentaremos un proyecto de ley para asignar recursos extraordinarios a la salud pública, restablecer la figura del profesional con dedicación exclusiva y vivienda para el interior provincial. Un plan integral que garantice el acceso universal a todos los niveles de complejidad y desarme todos los nichos de negocios privados al interior de los hospitales públicos. Un plan para que los hospitales estén gestionados por consejos de profesionales y trabajadores que garanticen la salud pública como un derecho. Iremos con este plan a asambleas y reuniones en todos los hospitales de la provincia para desarrollar una amplia movilización que permita imponerlo”, concluyó la diputada Jorge.

Con un plenario de más de 25 activistas y delegados de la pesca en Puerto Madryn, pusimos en pie la Agrupación Naranja de la Alimentación de la Provincia de Chubut. No se trata de un grupo de noveles activistas, sino de quienes encabezaron durante años la lucha contra el cierre de Alpesca y que desde hace años son referentes de oposición a la Lista Verde del sindicato (STIA). Del plenario participaron activistas de Conarpesa –en lucha contra los despidos-, de la cerrada Harengus, trabajadores de la ex Alpesca en lucha por la recuperación de sus puestos de trabajo, trabajadores de Red Chamber y el delegado de la planta, Milton Ñiripil, que afronta un juicio de desafuero por parte de la directiva del sindicato. Convenio a medida de las empresas Durante el debate se abordaron las terribles condiciones de trabajo a las que son sometidos los trabajadores de la pesca, con la complicidad del sindicato encabezado por Luis Nuñez. La mayoría de los compañeros de los establecimientos de la provincia trabajan en negro; quienes lo hacen en blanco, lo hacen bajo el Convenio Colectivo suscripto por el STIA, que obliga a los trabajadores a jornadas en cámaras de frío que exceden cualquier marco legal (18, 24, 36 horas continuas) con la excusa del carácter perecedero del pescado. No existe para la rama pesquera un régimen de jubilación anticipada –como si existe para la rama avícola-, con el agravante de que el convenio otorga la opción a las empresas de pagar “salario a destajo”, lo que obliga a los trabajadores a someterse a la superexplotación para acceder a salarios que alcancen el costo de vida. Esta es la razón por la que en la actividad pesquera ningún trabajador llega nunca a jubilarse. La comisión directiva del sindicato alimenticio es una piedra fundamental del agotamiento del peronismo; la asociación directa entre Luis Nuñez y el Gobernador Buzzi, colocó al STIA a la cabeza de la CGT del Valle y de todos los negociados de la provincia. Los funcionarios provinciales que gestionaban la quiebra de Alpesca ya están condenados por incumplimiento de los deberes de funcionario público y afrontan causas de todo tipo y color. En las últimas semanas, el socio principal de Luis Nuñez fue acusado por abuso de menores. La directiva del STIA, que no defendió a los trabajadores de Harengus, Alpesca ni Molienda del Sur, salió en defensa del acusado reclamando que no se lo investigue por poseer fueros gremiales. La descomposición de la Lista Verde no conoce límites. Vamos por una nueva dirección El plenario resolvió el lanzamiento de un boletín provincial, denunciando las condiciones de trabajo, el convenio y los despidos; oponiendo el programa de la Naranja y el carácter de nuestros dirigentes al entreguismo y la corrupción de la Lista Verde. Tenemos todo el futuro por delante.

El paro de CTERA, ATE y Conadu Histórica, junto a los médicos de la Fesprosa y los judiciales, entre otros gremios provinciales, expresó -como la Marcha Federal unas semanas antes- la voluntad de lucha que “sube” desde la base de los sindicatos, y fue también una interpelación a la CGT. Lo mismo vale para la gran lucha de Bimbo, la que libraron los choferes de Ecotrans por la reincorporación de despedidos, el reclamo de los aeronáuticos y el de los petroleros del sur, a quienes las empresas continúan despidiendo a pesar del extraordinario regalo del tarifazo. Mientras ello ocurre, la CGT “no sabe o no contesta”, en relación a la necesidad de una lucha de carácter nacional. El triunvirato de la CGT visitará a Prat Gay esta semana y definirá, de acuerdo al resultado de la reunión, dos alternativas: o un paro anunciado de carácter aislado y sin una perspectiva de lucha continuada, o…una nueva postergación. El gobierno adelantó que no está dispuesto a discutir salarios y que cualquier modificación en la estructura del impuesto a las “ganancias” pasará al 2018. El gobierno condiciona la reducción del impuesto a que las provincias cedan puntos de la coparticipación, un modo sinuoso de exigir un mayor ajuste en el interior. La burocracia, sin embargo, se conforma con mucho menos: un “bono de fin de año” (lo que implica aceptar una pérdida de entre 10 y 15 puntos porcentuales) y la exclusión del medio aguinaldo de diciembre del cálculo del impuesto. El “bono” consolida la pérdida salarial del 2016, ya que los próximos aumentos paritarios deberán calcularse sobre los degradados salarios actuales. Lo mismo ocurriría con algún pago excepcional a jubilados y precarizados. En el primer caso, los índices anualizados de la ´movilidad jubilatoria´ oficial consagrarán una pérdida en los haberes del orden del 15% durante este año. Por su parte, la CGT ha subido al carro de la tregua a un conjunto de movimientos sociales, sin que ello signifique que dejen de percibir planes sociales que están por debajo del salario mínimo. La Iglesia y la oposición Pero el frente político contra el paro echa sus raíces más allá de la calle Azopardo. La Iglesia trabaja “a destajo” por una concertación o mesa de diálogo, con el gobierno y los empresarios. Este fue el tema de fondo del seminario que en estos días se realizó en la sede de la CGT, con sindicalistas, dirigentes sociales y obispos. Pero el “diálogo” o pacto social es una impostura: si se concretara, no pondrá a consideración todos los zarpazos ya adoptados por el gobierno contra los trabajadores, como la devaluación y los aumentos de tarifas. Mientras los precios de los capitalistas se mueven con hechos consumados, solo se cuestiona el salario y la necesidad de reabrir las paritarias. El pacto social es también la línea de Sergio Massa, quien, al igual que la iglesia, salió con los tapones de punta contra el paro. Recordemos que se trata del jefe político tanto de Daer como de Acuña, o sea que la “opinión” fue también una bajada de línea hacia el triángulo cegetista. Pero Massa, a su vez, “recibió línea” en el mini Davos argentino, cuando la gran patronal extranjera y nacional exigió un plan de guerra contra los trabajadores. A este Massa, Cristina Kirchner le ha pedido formar una “nueva mayoría” -o sea, un frente político. Por carácter transitivo, el acuerdo para ´pisar´ el salario tiende un hilo conductor que va desde el macrismo hasta los supuestos “nacionales y populares”. Los centroizquierdistas o izquierdistas que se mueven detrás de los Massa o Cristina están, por lo tanto, sirviendo de pata “popular” para caucionar una política de ajuste. Burocracia en crisis Este compromiso de fondo explica la pasividad de la CGT, cuyos dirigentes son los voceros de esa orientación capitalista al interior de los sindicatos. En el Confederal del pasado 23, sólo 11 de los 253 congresales se pronunciaron por un paro inmediato. Por afuera de la CGT “unificada”, un centenar de gremios, que responden a la liga de gobernadores pejotistas y algunos incluso a Cambiemos (como Venegas), presionan a una pasividad aún mayor. El moyanismo, que acaba de perder posiciones en el Tribunal Arbitral (de los cinco integrantes solo uno responde al camionero) redobló su disputa con Aguas y Gaseosas por el encuadramiento de miles de trabajadores de Coca-Cola, y con Mineros por las fábricas productoras de cal de Córdoba. También mantiene litigios con Comercio, Alimentación y Tintoreros, los cuales, aunque involucran conquistas y condiciones laborales, son manejados con métodos de aparato. El kirchnerismo, agrupado en la Corriente Federal de Palazzo, volvió a exhibir su aislamiento, pero no ha sacado los pies del plato. Siguen la línea de su jefa, que busca un frente político con Massa y Gioja. Paro activo, plan de lucha, intervención política Por las hendijas de estos enfrentamientos se cuela la presión por el paro general. Las divisiones de la burocracia y la presión por abajo ensanchan el campo para la intervención del clasismo, y para una gran agitación por el paro general activo y un plan de lucha. A la vez, es necesario advertir sobre la enorme disputa abierta en relación al movimiento obrero y su rumbo político. El freno a una lucha de conjunto de los trabajadores es parte de una operación política para hacer pasar el ajuste, en la cual están comprometidos quienes gobiernan actualmente y quienes lo hicieron en la década pasada, en sus diferentes variantes. La lucha por las reivindicaciones amenazadas y por el paro se enlaza, de ese modo, a la batalla por colocar a los trabajadores y a la izquierda como alternativa política, en oposición a este frente único para barrer con las conquistas obreras. El Frente de Izquierda tiene por delante ese enorme desafío político. Foto; Ignacio Smith

El viernes 23 se celebró la audiencia por los más de 100 trabajadores despedidos de la empresa Sargento Cabral (Metropolitana), luego de que estos iniciaran una serie de reclamos que no fueron atendidos por la patronal. Al revés: les envió telegramas de desafectación. Como resultado de la lucha, la patronal debió dejar sin efecto todos los despidos. El origen de los reclamos tiene que ver con el incumplimiento del acta de traspaso de la ex Ecotrans, la mala liquidación de haberes, el no pago de los salarios a los delegados, pero por sobre todo la pretensión de imponer trabajo en negro. Y, como si fuera poco, los aprietes constantes para instalar un régimen de explotación mayor. Desde la última audiencia, la semana pasada, donde la patronal de la Metropolitana había mantenido su posición de continuar con la totalidad de los despidos, los delegados y trabajadores decidieron rechazar ese planteo. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria con los despedidos adentro. En este cuadro, los trabajadores lanzaron una campaña de afiches, volantes y pintadas en toda la zona oeste, denunciando los despidos y los aprietes patronales. La Metropolitana reculó La patronal debió finalmente firmar un acta en el Ministerio de Trabajo donde dejaba sin efecto todos los telegramas de despido; ni siquiera tuvo el ánimo de participar de la audiencia, es decir que retrocedió por completo. Este es el primer gran triunfo de los delegados y trabajadores de las líneas 136 y 163 de la ex Ecotrans contra la Metropolitana, empresa emblema del trabajo en negro dentro del transporte y también de los despidos, como los ya ocurridos con las líneas 182 y 326 cuando se hicieron cargo. Mientras se realizaba la audiencia se efectuó un acto en la puerta del Ministerio, en el que varias delegaciones de trabajadores saludaron el triunfo obtenido. Fueron de la partida: el Sipreba (Sindicato de trabajadores de Prensa), Suteba Matanza, AGR Clarín, Comisión Interna de Interpack Planta I y delegaciones del Polo Obrero. Todas ellas no solo se solidarizaron con la lucha, sino que marcaron la perspectiva que tiene la clase obrera en esta etapa si sale a las calles y lucha por sus reivindicaciones. Esta enorme conquista se debe en primer lugar a la organización mantenida por parte de los delegados y trabajadores de todas las líneas de la ex Ecotrans, quienes a pesar del desguace siguen funcionando en unidad, y sobre todo a la defensa del método de lucha histórico de la clase obrera. Con esta gran victoria los trabajadores del transporte automotor dan un paso adelante.

Los trabajadores de la alimenticia Bimbo, del Parque Industrial de Pilar están librando una fuerte batalla contra 107 despidos, que incluyó asambleas, paro total de 3 días con bloqueo de portones, un piquete en los accesos al Parque (reprimido por la Policía Montada, la Infantería y la Gendarmería, con tres detenidos), una movilización a la delegación local del Ministerio de Trabajo y, finalmente, la intervención de este con una conciliación obligatoria con los despedidos adentro. Esta férrea lucha parte de las conclusiones del paro de noviembre pasado, donde pasaron 45 despidos con un rol "estelar" de la dirección del sindicato. Pero el gremio ha perdido el monopolio de la fábrica: así lo demostró la importante elección Naranja de principio de mes, así como las tres asambleas en pleno paro, en las que la burocracia Verde no pudo hacer pasar su propuesta de dilatar acciones de lucha -que hubiesen implicado el desangre del activismo y la sepultura del conflicto. Esta patronal, que encabeza el ranking de panificadoras a nivel mundial, realizó despidos con el verso de la “baja productiva”, cuando sigue ampliando su plantel de marcas (La Salteña) y plantas (Córdoba). Levantado ahora el paro por la conciliación obligatoria, la patronal incurre en un vaciamiento y mantiene una baja en la actividad desviando producción a sus tercerizadas. El corazón de la cuestión es reemplazar por trabajo flexibilizado a los compañeros de Bimbo. Es preciso reorganizar al activismo de la fábrica durante la conciliación obligatoria. La independencia de la Verde -cuyo descrédito se disparó en los días del conflicto- es el paso fundamental para conquistar la definitiva reincorporación de los compañeros y quebrar el lockout empresarial. Se impone, a su vez, una campaña pedagógica sobre la inviabilidad del retiro voluntario, aún más en estos tiempos de recesión industrial. Un triunfo de la lucha en Bimbo cambiará las condiciones de defensa del trabajo en todo el Parque Industrial de Pilar, el más grande del país y azotado por despidos en diversas plantas. Vamos por él.

A principios de año, los trabajadores de Fernet Branca conquistaron un aumento interno del 42,6% del salario en un solo pago, mediante un quite de colaboración y una serie de paros escalonados. Esto significó la ruptura del techo salarial que pretendió imponer la paritaria cerrada por el Sindicato Vitivinícola (SOEVA) de un 33% en cinco cuotas. En septiembre, ante la pérdida del poder adquisitivo que generaron la inflación y el tarifazo en los servicios públicos, los trabajadores de Fernet Branca votaron en asamblea que parte de los ítems que estaban por fuera del sueldo de convenio queden sujetos al acuerdo paritario, para obtener un mayor aumento por los porcentajes que aún restaban de la paritaria. La empresa, frente a la organización y la firmeza de los trabajadores, terminó aceptando la aplicación del aumento sobre el total del sueldo bruto hasta enero de 2017. Este nuevo triunfo se da en un contexto donde el gobierno se niega a reabrir las paritarias, cuando la inflación ya ha licuado la mayoría de los acuerdos pasados. Además, marca un claro contraste con la parálisis de la burocracia sindical. Desde el 2013, año en que conquistaron la primera elección de delegados en la fábrica, los trabajadores de Fernet Branca vienen obteniendo importantes mejoras en sus condiciones laborales. Desde ese momento han desarrollado un grado de organización que los llevó de trabajar en condiciones laborales precarias y con un salario miserable - situación que impera en la mayoría de las empresas del gremio vitivinícola- a frenar los despidos, conquistar el pago al 100% del sueldo a los compañeros que están por ART, el pase a planta de los tercerizados, el reconocimiento de títulos e importantes mejoras salariales. La experiencia de los trabajadores de Fernet Branca marca el camino. La organización independiente de la burocracia y las patronales, la conquista de cuerpos de delegados combativos, constituyen la base para quebrar el ajuste en curso.

El fin de semana pasado se quebró, en Siria, una de las tantas ‘treguas’ pactadas entre EEUU y Rusia. Como respuesta aparente a un “error involuntario” que dejó 70 soldados muertos del ejército sirio, como consecuencia de un bombardeo de EEUU y la ONU, Rusia y Bashar Al Assad han lanzado ataques aéreos a repetición sobre la ciudad de Alepo, que ha dejado ya más de 200 muertos y ha sembrado un terror sin paralelo en la población civil. Los corresponsales de prensa en el lugar coinciden en que la aviación de Rusia y de Siria han utilizado bombas de perforación e incluso de fósforo. Si estos crímenes de guerra fueron realizados en calidad de represalia implícita, no guardan relación ni con los autores de las muertes de tropas siria, ni con la envergadura de la masacre que ocasiona. El gobierno de Siria había iniciado el asedio de Alepo, la segunda ciudad más importante del país, para desalojar a las llamada “fuerzas rebeldes”, que controlan más de la mitad de su territorio. El propósito del asedio era cortar las vías de comunicación a la ciudad, para reducir a la resistencia y a la población por medio del hambre. Los bombardeos sobre una población que no cuenta con capacidad de defensa antiaérea, anuncian, por el contrario, la intención de desalojar la ciudad y poner en fuga a sus habitantes. El mundo asiste impávido a una de las situaciones más crueles de una guerra reaccionaria. Los bandos que protagonizan esta guerra civil se encuentran bajo la dependencia, de un lado, del imperialismo norteamericano, la OTAN y los regímenes de Arabia Saudita y Turquía, y del otro, de Rusia e Irán, principalmente, que sostienen a la dictadura de Bashar al Assad. En Siria se libra una guerra de carácter, por sobre todo, internacional. El pueblo de Siria no obtendría ningún beneficio ni el menor progreso con la victoria de cualquiera de los dos lados en disputa. El llamado “cambio de régimen” que impulsa el imperialismo yanqui y la OTAN significaría una salida reaccionaria a la dominación de la dinastía reaccionaria que gobierna Siria. El primer ministro de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado el propósito de negociar con Israel un “acuerdo de paz” apenas se logre una victoria del campo oficial, que de cualquier modo aparece lejana. Esto debería ser suficiente para quienes apoyan a Bashar al Assad en nombre del antiimperialismo. Entre Rusia y el régimen sionista se encuentra vigente un acuerdo militar, que monitorea las acciones militares de uno y otro. Parece evidente que Rusia pretende explotar las contradicciones crecientes del campo de la OTAN, que se han manifestado con el pasaje de Turquía a una suerte de pseudo alianza con Rusia, cuando es un país de la OTAN que hasta el momento había sido el mayor exponente a favor del derrocamiento del gobierno sirio. Ocurre que Turquía, empeñada en una guerra contra la población del Kurdistán, en su territorio, se ha declarado amenazada por el avance de la nación kurda en el norte de Siria (fronteriza con Turquía) y lo mismo, en el Kurdistán iraquí. Asimismo, ha entrado en choque con EE UU y la UE, a los que acusa de haber fomentado el reciente golpe militar contra su gobierno. Hace pocas horas, la calificadora Moody’s ha rebajado a la condición de ‘basura’ la deuda de Turquía, lo que ha precipitado el derrumbe de la Bolsa de Estambul y de la lira turca. Las organizaciones turcas en Siria han aceptado la imposición de EE UU de evitar el control de la zona de frontera para no indisponer a Turquía - otra manifestación de la subordinación de los actores nacionales en el terreno a las grandes potencias. Putin ha calculado su acción también en función del interregno político que provocan las elecciones norteamericanas, con el ingrediente de la expectativa de que un triunfo de Trump cambie los términos de la política norteamericana. El derechista yanqui no ha denunciado el bombardeo de Alepo. Los trabajadores del mundo entero debemos movilizarnos contra las masacres que impulsan de uno y otro lado, en primer lugar, y por el retiro de todas las potencias del territorio sirio y por la libre determinación de su pueblo, así como por la autodeterminación nacional de los kurdos. Publicado en: www.facebook.com/jorge.altamira.ok/posts/622896987891166

El 27 de setiembre, vía convocatorias separadas, los paros nacionales de ATE, Ctera, Conaduh, trabajadores de la salud (Fesprosa) y judiciales, paralizaron a la administración pública. A pesar de que todas las centrales sindicales no convocaron al paro -incluyendo a ambas CTA-, fue un ensayo de huelga general, por la presión desde abajo de las bases de esos sindicatos. El paro también fue un cachetazo para la CGT, que postergó sin fecha toda medida de fuerza, para sostener el diálogo con el macrismo, detrás de la estrategia de la Iglesia y del Papa de armar un pacto social de contención de los reclamos obreros bajo su dirección. El paro, inicialmente convocado en soledad por la dirección verde de ATE luego de carnerear a la Marcha Federal, fue tomado en sus manos por la docencia combativa de la AGD-UBA y la Conadu Histórica, los Suteba multicolores, Ademys y Amsafe-Rosario, lo que obligó a la dirección celeste de Ctera a declarar también la huelga, en un plenario de secretarios generales clandestino. Los sectores docentes y estatales pararon y se movilizaron por la reapertura de las paritarias, la reincorporación de los estatales despedidos y por el pase a planta permanente de los precarizados, por la defensa de la jubilación y la eliminación del impuesto al salario, contra el operativo anti-educativo y privatizador planteado por la evaluación nacional de Bullrich; en síntesis, contra el brutal ajuste capitalista impuesto por Macri y por todos los gobernadores. Luces y sombras La Ctera anunció que el acatamiento fue del 90 por ciento, pero su política de tregua con el macrismo y los gobernadores horadó la contundencia de la medida. El paro docente fue masivo en Buenos Aires, Santa Fe, Santa Cruz, Neuquén y Río Negro ( que pararon 48 horas), Tierra del Fuego o Tucumán, pero muy cuestionado en otras jurisdicciones. Fue nulo en Mendoza por el repudio de la base docente a las medidas aisladas de Sute, que disolvió cualquier plan de lucha contra el ítem “aula” y los descuentos, y muy parcial en Córdoba, Salta y Capital, por la tregua y las acciones aisladas de la dirección celeste. Vale también para la dirección de ATE. En Neuquén, la dirección k carnereó el paro. Lo mismo ocurrió con ATE de Tierra del Fuego, cuya dirección giró indisimuladamente al apoyo de la ajustadora Bertone. En la Ciudad de Buenos Aires, la dirección K de Ate paró, pero dividió al gremio en la marcha, encolumnándose detrás de la Ctera yaskysta. Dos marchas, cero continuidad Ctera y ATE marcharon separados, promoviendo la atomización de la respuesta obrera. Divididos por sus intereses de aparato, los oradores de sus respectivos palcos coincidieron en una misma política y, una vez más, evitaron plantear cualquier continuidad del enorme paro de docentes y estatales. “Cachorro” Godoy reiteró que “de no cambiar la política económica haremos diez o veinte paros más”... aislados y sin perspectivas. También ratificó que la medida realizada era una continuidad de la marcha del día de San Cayetano, organizada por el clero, encolumnándose, igual que la CGT, debajo de la sotana papal. Paro activo nacional El reclamo del sindicalismo combativo y antiburocrático, que fue protagonista en la organización del paro y en las movilizaciones, fue el paro activo nacional. Las marchas fueron poco masivas. Los asistentes a la marcha de Ctera no superaron los 3.000, y los Suteba combativos aportaron el 40 por ciento de los asistentes. Los Suteba muticolores, Ademys y la AGD-UBA marcharon en una columna independiente con una consigna común: reclamo por la apertura de las paritarias y plan de lucha, y en reclamo de un paro nacional el 18 de octubre contra la evaluación docente trucha de Bullrich. Las juntas combativas de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires también marcharon en forma independiente. En Rosario, más de 3.000 trabajadores se movilizaron, la columna de Amsafé-Rosario fue la más numerosa. En Mendoza, la combativa ATE también se movilizó y realizó un acto que planteó la necesidad del paro nacional y del plan de lucha para imponer las reivindicaciones obreras. Para quebrar el ajuste en curso, la lucha es conjunta contra Macri y los gobernadores y por la superación de las burocracias sindicales de todas las centrales. Más que nunca, está planteado el congreso de delegados de base que tome el plan de lucha en sus manos. Foto: Ignacio Smith

Cinco días antes de que venza el plazo para cerrar las listas, se presentó ante la Junta Electoral el Frente de Unidad Multicolor para las elecciones de Aten del 25 de octubre próximo. Este frente opositor a la burocracia del TEP (Trabajadores por una Educación Popular, yaskystas), no solo se propone fortalecer las seccionales que ya dirije; por sobre todo, se lanza a recuperar la seccional Capital y la directiva provincial de Aten. El Frente Multicolor, se encuentra conformado por las direcciones de las seccionales opositoras Zapala, Plottier, Rincón de los Sauces, Piedra del Águila, Picún Leufú y Las Lajas. Y por las agrupaciones Fucsia (IS), Marrón (Tribuna Docente), Negra-Turquesa (PTS), Púrpura (POR), Rosa, Verde (PCR), Ambar y Naranja. El frente está basado en la lista Multicolor que el año pasado ganó las elecciones para consejeros escolares en varios distritos educativos, entre ellos los dos de la Capital. En esa seccional, el Frente de Unidad Multicolor llevará en la secretaría general a la agrupación Fucsia (IS) y en la secretaría adjunta a la Marrón (Tribuna Docente), con un acuerdo de rotación en la segunda mitad del mandato en el caso de que sea recuperada la seccional. La candidata a secretaria general de la seccional Capital es Angélica Lagunas (IS) y el candidato a secretario adjunto es Gustavo Brune (Tribuna Docente-PO). La campaña La conducción actual, alineada con el kirchnerismo férreamente, está planteando la campaña como una cruzada contra "los troskos", anunciando al gobierno del MPN y de Macri que ellos son la barrera contra la izquierda. Reclaman así un apoyo electoral, a través del aparato oficial del Consejo Provincial de Educación, los Distritos Educativos y los punteros oficialistas. La lucha por la recuperación de Aten reclama una campaña unitaria de la Multicolor, dirigida a explicar la necesidad de una nueva dirección para hacerle frente al ajuste. Es que el TEP ha sido representante de la política de la tregua con el gobierno que niega la reapertura de la mesa salarial, valiéndose para eso, incluso, del cercenamiento de la democracia sindical. A partir de los centenares de compañeros que nos firmaron avales, conseguiremos fiscales en cada rincón de la provincia para que se respete el voto de la docencia neuquina. El acuerdo La conformación de la lista provincial se hizo en base a la cantidad de afiliados de las seccionales opositoras. Por eso, la secretaría general le corresponde a la seccional Zapala, que lleva de candidato al compañero Alejandro Avilés de la Turquesa (PTS). La secretaría adjunta a Plottier, que lleva como candidato a Norberto Calducci (Tribuna Docente-PO); y la secretaría gremial a Rincón de los Sauces, con un candidato de la Verde (PCR). Tribuna Docente ocupa una secretaría más en la Capital, además de la adjunta, y dos lugares más en la provincial, uno por Piedra del Águila y otro por Chos Malal. Ocupa también el cuarto lugar en congresales a CTERA y tiene armada listas en varias seccionales, que encabezará en su mayoría.

La huelga general que tuvo lugar el pasado 2 de septiembre en India tuvo un acatamiento masivo. Varios periódicos sugirieron que 180 millones de trabajadores pararon. Si fue así, se trataría de la huelga general más grande de la historia. Estos 180 millones de trabajadores, sobre una población total de 1.250 millones, participaron de una huelga de diez sindicatos y federaciones nacionales en al menos la mitad de los 29 estados del país, en demanda de un salario mínimo de 18.000 rupias mensuales (unos 242 euros al cambio actual). Es la segunda protesta de este tipo que afronta el gobierno neoliberal de Narendra Modi desde que llegó al poder hace más de dos años. Esto se une a otras demandas, como la igualdad salarial para los tercerizados y la ampliación de la cobertura de seguridad social, en un país donde la mayoría de los trabajadores está sometida al trabajo informal y precario. El gobierno intentó un acuerdo con los sindicatos, ofreciendo un aumento del 42% del salario mínimo de los trabajadores no calificados de la administración central. Sin embargo, la medida fue vista como insuficiente por las organizaciones sindicales que llamaron al paro. La huelga despertó una adhesión entusiasta, que fue desde los portuarios hasta los estatales, pasando por los textiles y automotrices. Los empleados bancarios y de seguros se unieron a los operadores de los telares mecánicos y los mineros, mientras que los trabajadores del transporte decidieron no entrar y hacer piquetes en las puertas de sus estaciones de autobuses y camiones. En las grandes ciudades como Delhi, Bombay, Calcuta y Chennai (Madrás) los obreros paralizaron el transporte urbano, los trenes, puertos y fábricas. El alcance de una lucha Estamos ante una lucha estratégica. India tiene la segunda clase obrera más numerosa del mundo, después de la de China. Y constituye, junto a esta última, el reservorio principal de mano de obra barata del mundo. Las grandes empresas yanquis y europeas fabrican en Asia todo tipo de productos de consumo, telas, electrodomésticos, máquinas livianas, acero y hierro, con salarios de 100 o 200 dólares al mes. Esto actúa como una gran fuente de superganancias de las corporaciones capitalistas y oficia como un ariete para rebajar los salarios a los trabajadores a escala internacional, empezando por los de las propias metrópolis, que están sometidos a la perdida de sus puestos de trabajo bajo la amenaza de la relocalización de sus establecimientos. La clase obrera india, al igual que la de China, viene siendo protagonista de crecientes luchas en defensa del salario y de los derechos laborales. En India gobierna el derechista Narendra Modi, que llegó al poder en 2014. Modi alcanzó la victoria encabezando la Alianza Democrática Nacional, cuyo principal integrante es su partido, el Bharatiya Janata (BJP), una organización conservadora de matriz hinduista que ve a los indios musulmanes como enemigos, y ha promovido la violencia contra ellos. En septiembre de 2015, los sindicatos convocaron la primera huelga general contra el gobierno “neoliberal”. En enero de 2016 millones de mineros se declararon en huelga contra el propósito del gobierno de dar entrada a empresas privadas en las explotaciones mineras. Las centrales sindicales lograron arrastrar a la huelga a una gran franja de los trabajadores, pese a que los sindicalizados apenas constituyen el 4% de los trabajadores activos. La dirección de la principal central sindical está en manos del Partido Comunista, de filiación estalinista. El PC viene desarrollando una política de estrecha colaboración con el Partido del Congreso, el principal partido patronal opositor, el cual, durante varias décadas y hasta 2014 -cuando Modi se hizo cargo del gobierno- dirigió los destinos de la India. El Partido del Congreso inició la política que el gobierno derechista esta ampliando ahora, empezando por las reformas económicas dirigidas a abrir la economía al capital extranjero y transformar al país en una plataforma de mano de obra barata al servicio de las corporaciones. La huelga constituye también un golpe a la escalada belicista del imperialismo en Asia, que tenía una de sus apoyaturas en la India. Junto con el ataque a las condiciones de vida de los trabajadores, el gobierno indio viene estrechando los vínculos estratégicos con Estados Unidos, con vistas a su hostilidad contra China. India acaba de firmar un Memorando de intercambio logístico con Washington, permitiendo el uso de las bases militares indias a barcos y aviones de guerra estadounidenses. India no ha podido escapar de los efectos explosivos de la crisis capitalista mundial. De ser una de las principales apuestas del capital para domesticar y someter a los trabajadores, se está transformando en un acicate de la lucha de clases internacional. Las autoridades gubernamentales se jactan de que India crece a más del 7% anual. Pero, entretanto, crece la carestía, empezando por los alimentos, el desempleo y la pobreza. El 70% de la población está condenada a vivir con menos de dos dólares diarios. Este contraste extremo se ha trasformado en una bomba de tiempo. El desarrollo de la crisis capitalista está llamado a remover, necesariamente, todas las relaciones de clases que se han conservado en forma precaria en las últimas décadas. Es la premisa de las situaciones revolucionarias.

La textil TN Platex cerró su planta ubicada en Puerto Tirol, Chaco, y dejó en la calle a 170 trabajadores. Las excusas esgrimidas por la patronal son la caído de la demanda y que el cierre sería temporario, hasta que se incorpore nueva tecnología en la planta. Pero esta justificación aparece como poco creíble por varias razones: la empresa ha cerrado plantas en otras partes del país, el despido de todo el personal es contradictorio con la posibilidad de una próxima reapertura y, además, la patronal no ha tomado ningún compromiso respecto de plazos para volver a abrir sus puertas ni de reincorporación de los trabajadores que hoy trabajan en la textil. El gobierno provincial intervino activamente en el cierre. Mientras hacía demagogia con la “defensa” de las fuentes de trabajo, y reclamaba al gobierno nacional la intervención, la Subsecretaría de Trabajo chaqueña abogó para llegar a un “acuerdo” por el cual la empresa paga el 70% de la indemnización en 10 cuotas. Este acuerdo fue firmado bajo la amenaza patronal de no pagar las indemnizaciones y llevar a los obreros a juicio. Pesó el antecedente de la textil Mides -que ocupaba la misma planta-, donde los trabajadores nunca cobraron las indemnizaciones a pesar de haber ganado el juicio. La burocracia de la Asociación Obrera Textil nacional contribuyó también a este desenlace. En la larga crisis del grupo TN Platex, que incluye suspensiones en Tucumán y La Rioja y ahora el cierre en Chaco, actuó como ariete de la patronal. Se negó en todo momento a convocar medidas de fuerza de alcance nacional, dejando pasar el plan de ajuste empresarial sin ninguna lucha. Este cuadro de intervención conjunta entre la burocracia sindical y el gobierno quebró la resistencia de la fábrica, que cuenta con una comisión interna opositora a la burocracia. En su momento, esta comisión interna acaudilló una dura huelga de un mes contra la jornada de 12 horas, que fue derrotada por la presión conjunta de la empresa, la burocracia y el Gobierno. El antecedente de esta derrota, el cuadro de aislamiento y la presión gubernamental y patronal desarticuló los intentos de resistencia al cierre. Nuestro proyecto El titular del bloque del PJ en la Cámara de Diputados, Hugo Sager -además ex intendente de Puerto Tirol-, hizo campaña diciendo que era necesario defender los puestos de trabajo. La Cámara de Diputados votó un pedido al gobierno nacional de tomar cartas en el asunto para que no cierre la empresa. Pero la misma Cámara de Diputados donde el PJ tiene mayoría posee atribuciones para resolver la situación. En defensa de las fuentes de trabajo y del sostenimiento de 170 familias, el Partido Obrero del Chaco presentó ante la Cámara un proyecto de expropiación y puesta en producción, bajo control de los trabajadores, de la planta de Puerto Tirol. En los fundamentos del proyecto se señala que el cierre constituye un golpe fenomenal a la industria en la provincia, y especialmente a los trabajadores de Tirol y todo el Gran Resistencia, donde se pierden 170 fuentes de trabajo. Planteamos, además, el pago completo de la indemnización a los trabajadores en una sola cuota. Vamos a una campaña de firmas y pronunciamientos en torno al proyecto, y planteamos un reagrupamiento de los trabajadores de la fábrica contra el acuerdo confiscatorio que impuso la patronal. Como el cuadro de despidos y suspensiones se replica en otras empresas de la provincia, un plenario de delegados de base con mandato de asamblea es el camino de organización para enfrentar la crisis y que no la paguen los trabajadores.

Una excelente elección para Comisión Interna realizó la antiburocrática lista 2 en el ex Zoo de Palermo, donde obtuvo el respaldo del 41,6% de los compañeros. Es un mandato por el salario igual a la canasta familiar, el pase a planta permanente, la jornada de 35 horas de lunes a viernes con régimen de franqueros, y la asamblea como el órgano de deliberación y decisión de los trabajadores. La Comisión Interna anterior, independiente de la directiva del sindicato, había encabezado la lucha contra el concesionario vaciador y conquistado un convenio propio con métodos democráticos y de lucha. La burocracia del gremio operó para destruirla en un frente con la empresa y el gobierno de la Ciudad. Boicoteó cada medida de fuerza, dejó pasar los despidos de las subconcesionarias, atacó a las asambleas y, finalmente, cooptó a un sector de la Comisión Interna. Con esos métodos, la burocracia puso en pie la Lista 1 y logró ganar las elecciones. En la elección estaba presente el debate acerca de cómo encarar el nuevo cuadro abierto por la estatización. La directiva de Sutecba pretendía cerrar el ciclo de la organización independiente en el Zoo atribuyéndose el paso adelante de la estatización y atacando las asambleas. Pero, ¿quién más que los trabajadores podían atribuirse ese paso adelante? En las últimas semanas, el sector independiente de la Comisión Interna realizó asambleas numerosas para organizar los reclamos pendientes. Ante esto, la burocracia maniobró para adelantar las elecciones y abortar ese proceso. La importante elección de la Lista 2 marca un proceso más general en el gremio. Semanas atrás, otra lista antiburocrática recuperó la Comisión Interna del Hospital Ramos Mejía. Son hechos inseparables de la lucha contra la vergonzosa paritaria municipal que dejó al gremio con salarios que cubren la mitad de la canasta familiar. Hay que transformar en organización independiente el quiebre entre la base del gremio y la directiva. Tribuna Municipal va por el desarrollo de la agrupación clasista en todos los lugares de trabajo, para ahondar esa grieta y recuperar el sindicato para la lucha.

El 15 de septiembre se realizaron las elecciones del cuerpo de delegados de ATE del Hospital Mercante de José C. Paz. La Lista Naranja, encabezada por los delegados combativos históricos del hospital, se impuso por el 62% de los votos a la lista de la burocracia Verde. Las elecciones le fueron impuestas al sindicato por los trabajadores del hospital, que obligaron a realizar la convocatoria que venía siendo postergada por la dirección de ATE. La Lista Verde, que dirige la seccional del sindicato, se jugó a la presión y a la compra de voluntades y a desplegar prebendas a último momento. Trabajadores de base de los diferentes turnos y sectores hicieron explícito su apoyo a la Naranja durante la campaña, a través de volantes, banderas y afiches. El triunfo de la lista antiburocrática superó también la actitud de la Dirección del hospital, que fue elegida en su momento a partir de un consenso de los trabajadores del Mercante. Durante la campaña, la Dirección dio curso a suspensiones y a la reapertura de sumarios de los principales activistas, en un apoyo implícito a la Verde. Se trata de una gran victoria de los compañeros del Hospital Mercante

Cuando se transita el noveno año desde la crisis de 2008, la política de rescate estatal hace agua y está creando las condiciones de una bancarrota aún mayor. Una medida de ello es el desplome del Deutsche Bank. Las acciones del mayor banco alemán se han derrumbado en la Bolsa de Frankfurt un 6%, arrojando su cotización a sus mínimos históricos. El italiano Unicredit enfrenta un derrumbe similar y, de un modo general, la banca italiana está entre las cuerdas. Pero estos casos son solo la punta del iceberg: es toda la banca europea la que afronta su segunda crisis en menos de una década. Uno de los factores que potencia la crisis bancaria es el fenómeno de los "rendimientos negativos” de los activos públicos, que ha ido creciendo a la sombra del salvataje implementado en las principales metrópolis capitalistas. Fenómeno explosivo Uno de los pilares de esta política ha sido la "flexibilización cuantitativa" (QE: Quantitative Easing), consistente en inyectar miles de millones de dólares en el sistema financiero. Esta política monetaria expansiva fue de la mano del descenso de la tasa de interés. La apuesta fue que tasas más bajas estimularían al capital a invertir en la “economía real” (capital productivo). Esto, sin embargo, no sucedió. La inversión global está muy por debajo de donde estaba antes de 2008, y no hay indicios de recuperación. La reducción de la inversión provoca un descenso en la tasa de crecimiento de la productividad, mientras los fondos acumulados por las grandes corporaciones son canalizados hacia actividades especulativas -como la recompra de acciones y las fusiones. Las fusiones son, incluso, un mecanismo de “racionalización” (liquidación) de activos productivos, ante la sobreproducción y sobreinversión. El efecto principal de la flexibilización cuantitativa ha sido la inflación de los activos financieros. El valor de las acciones estadounidenses está cerca de los máximos históricos, mientras la actividad económica registra el ritmo más lento que en cualquier período anterior desde la Segunda Guerra Mundial. Mercado de bonos y fondos de pensión Pero el impacto más significativo del QE ocurre en el mercado de bonos: unos 13 billones de dólares en bonos públicos se compran y venden con rendimientos negativos. Ocurre que el precio del bono es tan alto, y su rendimiento tan bajo (los dos se mueven en relación inversa), que si un inversor compra un bono recibiría, de quedarse con él hasta su vencimiento, un retorno negativo. Los bonos, sin embargo, siguen siendo comprados con la esperanza de que su precio se elevará aún más, lo cual llevaría a obtener ganancias de capital en una posterior reventa. Esta bomba de tiempo podría estallar ante cualquier viraje de la política monetaria. Por caso, un aumento de la tasa de interés desataría un descenso de la cotización de los bonos y traería aparejado pérdidas importantes de sus tenedores, que compraron a precios muy elevados esperando una suba aún mayor. Las tasas de interés ultra bajas e incluso negativas han impactado directamente en uno de los pilares del sistema financiero global -los fondos de pensiones y compañías de seguros. Es que los rendimientos de los “activos seguros”, principalmente los bonos del Estado, son tan bajos que colocan en peligro a la totalidad de su modelo de financiación. Uno de los principales damnificados son los bancos. En un escenario de tipos de interés negativos, ahorristas e inversores evitan realizar depósitos (deberían pagar por ello…). Estamos en el mundo del revés: son retribuidos los que piden dinero y los ahorristas son penalizados. Asistimos a un fenómeno inédito en la historia del capitalismo. Inconcebible antes de la crisis financiera de 2008. Casi 500 millones de personas en una cuarta parte de la economía global viven en países con tipos de interés por debajo de cero. Su significado de fondo es que existe un exceso de capital monetario (sobreacumulación) sin condiciones de ser convertido redituablemente a capital productivo. La salida a esta crisis implica una destrucción en masa de ese capital que flota en los circuitos especulativos. Las diferentes fracciones capitalistas no admitirán “concertar” esa liquidación de capitales sobrantes, la cual deberá, por lo tanto, cobrar la forma de choques y antagonismos crecientes. Los beneficios de la banca están siendo estrangulados, los mercados monetarios podrían congelarse y los ahorristas podrían concluir llenando sus colchones para evitar que su entidad financiera les cobre por tener dinero. Un cortocircuito de esta naturaleza podría llevar al colapso del crédito, acentuando las tendencias recesivas y llevando la economía mundial a una depresión. Perspectivas Este desconcierto explica las reacciones disímiles de los distintos bancos centrales. El Banco de Japón anunció que intentará controlar el mercado de deuda a largo plazo, que normalmente está regido por los inversionistas. El objetivo es mantener las tasas de interés de largo plazo en territorio positivo y, con ello, aliviar a los fondos de pensiones, bancos y compañías de seguros, aunque esto conspire en forma inmediata con la política de estimulo a la actividad económica que viene promoviendo el gobierno y que, de todos modos, ha resultado un fracaso. En los últimos 22 años, el impacto sobre el PBI real de los estímulos implementados en Japón ha sido cero -o negativo, si añadimos el costo de la deuda incurrida). Pero lo que mas estremeció al mercado fue la negativa de Merkel a socorrer al Deutsche Bank en caso de que fuera necesario. La Reserva Federal, en un sentido inverso, ha resuelto no aumentar la tasa de interés. En un calco de lo ocurrido con el mercado de las hipotecas en el 2008, el mercado de bonos se ha transformado en una cuestión explosiva , con el agregado de que la crisis inmobiliaria sigue sin resolverse y está en marcha una nueva burbuja en la bolsa. Los bancos centrales reconocen que estas crecientes contradicciones y desequilibrios en la economía los están dejando sin respuestas ni municiones.

Se han replanteado una serie de conflictos en las fábricas recuperadas, generadas por la continuidad de la crisis industrial y los vaciamientos patronales, mientras continúa la represión y la negativa cerrada a reconocerlas por parte del gobierno de Cambiemos. También están enfrentando el carácter precario y hasta fraudulento de las recuperaciones impulsadas desde el Estado bajo el kirchnerismo. Vetos y palos de Vidal Una de las primeras medidas de María Eugenia Vidal fue el veto a la expropiación de Petinari votada en 2015. Los trabajadores habían sido despedidos en masa como parte de una maniobra para cambiar de razón social; en ese marco, la empresa acumuló 50 millones de pesos de deuda con los obreros. Pretendían limpiar un plantel que había protagonizado conflictos contra despidos arbitrarios. Los obreros enfrentaron los despidos, impidieron que se los desaloje y el retiro de las máquinas, y conformaron la cooperativa Acoplados del Oeste. El veto de Vidal expresa la impugnación a toda la línea de fábricas recuperadas, y el entusiasmo expreso en el gobierno por el “modelo” de Cresta Roja para resolver conflictos de vaciamiento. Allí, represión mediante, los trabajadores renunciaron a puestos de trabajo, salarios y estabilidad laboral como condición planteada por los funcionarios del gobierno al ingreso de nuevos inversores. Esto va en línea con numerosos procesos de vaciamiento en la provincia, como Tecplata, Germaiz o Cinpal de Tandil, donde el gobierno provincial ha gestionado la continuidad de los grupos patronales luego de largos meses de incumplimiento de salarios. Los trabajadores pierden los salarios caídos y son usados como prenda de negociación para maniobras de los vaciadores. La ofensiva se mantuvo con el desalojo y represión a los trabajadores de la cooperativa metalúrgica RB de Martínez, a pesar de tener una ley de expropiación vigente que favorecía a los trabajadores. Ambas situaciones terminaron en un compromiso en la Legislatura, donde se votaron proyectos que suspenden por 90 días toda acción judicial. Estas leyes impiden nuevos desalojos en RB y Petinari, sin resolver la cuestión de fondo. El saldo de Scioli y los K La crisis actual en las empresas recuperadas no se limita a la situación descripta. Las cooperativas han sido golpeadas duramente por el tarifazo, junto a los efectos más generales de la recesión industrial. Esto ha colocado a muchas muy lejos del salario de convenio en términos de retiros, y varias recuperadas dicen que podrían tener que cerrar sus puertas. Un ejemplo de ello es la cooperativa gráfica formada en 2014, WorldColor, que entregó su planta a cambio del pago en maquinaria a un sector de trabajadores y el alquiler de un galpón para montar una cooperativa. Sin embargo, no ha predominado una lucha frente al Estado para garantizar la continuidad laboral, salvo una marcha aislada pidiendo una tarifa diferenciada. Estamos ante la demostración del fracaso de las expropiaciones en la etapa kirchnerista. Estas expropiaciones han impedido temporalmente los desalojos, pero han abandonado a cada grupo de trabajadores a su suerte, a merced del mercado de créditos, de la subordinación a los grandes grupos económicos de cada rubro y obligados a pagos onerosos en las quiebras. Las propias expropiaciones, en la medida en que no han sido ejecutadas por los sucesivos gobiernos de Solá y Scioli, no han pasado de ser tenencias precarias, que deben ser renovadas con nuevas leyes cada 5 años o se caen. A pesar de la propaganda estatal y paraestatal sobre las fábricas recuperadas y la autogestión, no ha habido plan económico alguno desde el Estado para sostener la capacidad industrial de las empresas quebradas. Las orientaciones de autogestión y cooperativismo, que intentaron salvar a cada recuperada como emprendimiento económico capitalista viable y no como parte de una lucha más general del movimiento obrero, han hecho escuela, aislando y dejando entregados a los trabajadores a condiciones de explotación que, en algunos casos, son peores que en la industria privada. Vamos por la expropiación de Donnelley Donnelley es una de las fábricas que enfrentan una dura crisis y situaciones de penuria. Los trabajadores sólo pueden realizar retiros mensuales de entre 5.000 y 6.000 pesos, lejos del convenio gráfico. Muchos se ausentan de la empresa para hacer changas complementarias. La falta de una expropiación legal les permite a los clientes empresarios extorsionarlos por la supuesta falta de previsibilidad e imponer precios más baratos. Embistiendo contra los trabajadores en este momento complejo, el juzgado a cargo de la quiebra ha decidido no renovar el contrato de alquiler que los obreros venían pagando por el uso de la planta. Desde la banca del Frente de Izquierda hemos vuelto a presentar la ley este año, ya que fue votada en 2014 en la Cámara de Diputados bonaerense, pero cajoneada en el Senado hasta que perdiera estado parlamentario. Luego de una importante pelea, conseguimos que se vote nuevamente la Ley de expropiación en diputados. Revueltas contra los burócratas kirchneristas Otra cara de la crisis de las empresas recuperadas se expresa en los frigoríficos Incob y Sadowa, de Bahía Blanca y Mar del Plata respectivamente. En ambas, los presidentes de las cooperativas, fuertemente ligados a funcionarios kirchneristas, se erigieron en verdaderos patrones de las empresas, haciendo jugosos negocios con los subsidios estatales, desviando fondos de las cooperativas y aportes de los trabajadores y separando a quienes los cuestionaran. Solo han podido hacer esto porque los funcionarios de Nación y Provincia de diversas áreas los ampararon bajo el gobierno K. En Sadowa siguen trabajando 25 obreros al mando del puntero Carlos Vega y hay un movimiento de despedidos que nuclean a 35 trabajadores despedidos de la cooperativa. Por eso nos hemos opuesto a que se adjudique a la actual cooperativa una nueva ley de expropiación, exigiendo que se cite a los despedidos a la legislatura. Otra situación es la de Incob. Allí el año pasado los trabajadores han expulsado al estafador Enrique Garaggiola, presidente de la cooperativa, vinculado a Gabriel Mariotto e impulsor de un fantasmagórico Mercosur Obrero, poniendo al descubierto una enorme estafa de desvío de fondos a lo largo de una década. Lo de Incob ha sido una verdadera revuelta antiburocrática contra la casta de administradores corrompidos instalados por el kirchnerismo en las recuperadas. Como tal no se ha limitado a reestablecer las asambleas de trabajadores y la transparencia en el manejo de las cuentas, sino que ha colocado a los trabajadores de Incob como parte de todas las manifestaciones obreras combativas de Bahía Blanca. En este camino hemos presentado un proyecto de ley en la Legislatura para eximirlos de la deuda incurrida con el Estado, que fue armada en connivencia con funcionarios estatales. La movilización de los trabajadores arrancó pronunciamientos en apoyo a esta ley de la bancada de Guillermo Kane por parte del municipio y el Concejo Deliberante de Bahía Blanca. Luchemos juntos por el trabajo Reforcemos la lucha por que se haga ley la expropiación de Donnelley y la eximición de la deuda de Incob. Impulsemos que el conjunto de las fábricas recuperadas tomen en sus manos estas peleas y promovamos que se organice un plan de lucha único, que comprenda la movilización para reclamar al Estado la: Estatización de toda fábrica que cierre o vacíe, bajo control de sus trabajadores y sin carga onerosa para estos. Financiamiento estatal para las recuperadas y uso de estas como proveedoras privilegiadas. Garantía estatal del salario de convenio, derechos sindicales plenos para los obreros de las recuperadas. Que ni el Inaes ni cualquier otro organismo se entrometa en el reconocimiento de los representantes libremente elegidos por cada fábrica.

Antes del “mini-Davos”, Mauricio Macri y Pablo Avelluto (titular de Cultura), junto a nueve gobernadores y veintitrés ministros de Cultura provinciales, lanzaron el proyecto de “Ley de Mecenazgo”. Entre los mandatarios provinciales presentes estuvieron el formoseño Gildo Insfrán, el salteño Juan Manuel Urtubey y el tucumano Juan Manzur, hasta hace muy poco fervientes kirchneristas y espadachines de la “batalla cultural”. La propuesta tiene su antecedente en la Ciudad de Buenos Aires, donde la ley permite que se pueda descargar hasta el 10% de Ingresos Brutos en aportes a “proyectos culturales”, una medida saludada por los capitalistas de la cultura: “Instituciones como el Museo Nacional de Arte Decorativo, la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y la Fundación Proa, son algunos de los más reconocidos receptores de esos fondos” (El Cronista, 15/4/15). La ley, acompañada por todo el arco político patronal y sobre todo por el justicialismo, incrementa los beneficios otorgados en la Ciudad y “propone a las empresas financiar proyectos culturales sin fines de lucro y, a cambio, ofrece una importante reducción en el impuesto a las ganancias sobre las utilidades en el ejercicio contable del año anterior. Ese descuento sería del 50% para proyectos a realizar en la ciudad de Buenos Aires; del 80% si son en el resto del país, y del 90% si se trata de iniciativas para zonas vulnerables o vinculadas a bienes patrimoniales…” (La Nación, 13/09). El proyecto fue redactado por Juan Manuel Beati, el funcionario que llevó adelante el mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires y que actualmente está a cargo de la Dirección Nacional de Mecenazgo. Tiene por objetivo, según Avelluto, financiar “dos mil proyectos por un millón de pesos cada uno promedio” (ídem). Los “benefactores” podrán depositar directamente sus “aportes” en las cuentas de los emprendimientos culturales, sin control de parte de los organismos estatales. Un premio con todas las letras a los evasores. Ese mismo diario señala que la ley promoverá la libre circulación de capitales en el mercado del arte. El kirchnerismo había avanzado en ese sentido por medio de su director de Artes Visuales, Andrés Duprat, puesto por el macrismo al frente del Museo Nacional de Bellas Artes. Así continúan lo comenzado durante el menemato, cuando Cristina del Campo y Ruth Benzacar, de Christie’s, desarrollaron un proyecto parecido al que ahora se presenta a debate legislativo. De esta manera, el llamado “mecenazgo”, además de permitir la circulación de capitales sucios procedentes de la evasión y de diversos tráficos ilegales, hará que la producción cultural quede en manos de pulpos empresariales como los de Fortabat o Costantini, a su vez piezas menores en el ajedrez movido por Christie’s o Sotheby´s, los grandes marchantes internacionales de contrabando de obras de arte y blanqueo de dinero. He ahí la “democratización de la cultura” pregonada al asumir por el ministro Avelluto: grandes negocios y blanqueo de plata sucia. Lejos de “democratizarse”, la producción artística se verá con esto más sometida aún a la dictadura de las galerías, de los grandes comerciantes del arte y de los pulpos imperialistas. Esta perspectiva privatizadora exige que se le contraponga un programa: no a la Ley de Mecenazgo; por la gestión estatal de la cultura bajo control de los trabajadores y sus beneficiarios; por un impuesto progresivo a las grandes fortunas que financie la gratuidad de las producciones artísticas y de las creaciones culturales.

El Mocase VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero – Vía Campesina) anunció que se constituirá como partido político a nivel provincial y federal, con la intención de presentarse en los comicios de 2017. Uno de los voceros oficiales, Ángel Strapazzón, destacó que van a impulsar una política frentista amplia, y que lo que más importaría en este plano no serían los candidatos sino el programa, pero en ningún momento lo desarrolla. Hasta ahora, el Mocase VC se ha limitado a defender el planteo de la “soberanía alimentaria” y reivindicaciones menores aisladas. El planteo de la “soberanía alimentaria” se limita a una enumeración genérica de deseos para una utópica vida comunal campesina en el futuro. El nombre del nuevo partido será Compromiso Social y Agrario, reivindicando dos experiencias previas: el frente santiagueño Compromiso Social y el Partido Agrario y Social (PAyS) de Misiones. Compromiso Social fue un frente de distintas organizaciones K (entre ellas, otra vertiente campesina, el Mocase Institucional) que, con la venia de la Iglesia, fueron como colectora de la lista a gobernador de Gerardo Zamora en 2008. El PAyS misionero es otra expresión K; el año pasado llevaron su boleta pegada a la de Scioli. Strappazón reivindica también a las “diputadas campesinas provenientes del Mocase Histórico” que integran el bloque del Frente Cívico de Zamora en la Legislatura santiagueña, aunque no pudo mostrar que como producto de iniciativas de esas diputadas se haya impulsado algún reclamo sustancial del campesinado santiagueño. Por el contrario, colaboraron en hacer dormir el proyecto de suspensión de desmontes (Ley Cristian Ferreyra). El vocero del Mocase VC planteó que quieren ser parte de la conducción republicana de la provincia, pero si algo caracteriza al actual régimen político santiagueño es su antirrepublicanismo. La justicia en todos sus niveles es completamente dependiente del gobierno que, a su vez, controla casi todos los municipios y comunas (salvo La Banda y Pinto), la Legislatura, los medios y la CGT santiagueña. Es un régimen de camarilla y de concentración de poder personal: como hizo antes el juarismo, impone su política con el uso desembozado de las fuerzas represivas e incluso de bandas parapoliciales. El zamorismo fue el único régimen que impulsó la aplicación de la ley antiterrorista a un periodista opositor. La década zamorista-K en el campo En la última década, con vaivenes, el Mocase VC ha sostenido una política de integración a la Mesa de Diálogo por la Tierra. Se planteaba que desde allí el campesinado y el gobierno encontrarían una salida concertada a la problemática agraria, pero nada de esto ha ocurrido. Los desalojos y la expulsión de campesinos han crecido exponencialmente, beneficiando a los sojeros. El monte está siendo arrasado: Santiago tiene una de las tasas de deforestación más altas del mundo (más de 2 millones de hectáreas desmontadas sólo entre 2000 y 2012) y la contaminación con glifosato es abrumadora. Los focos de resistencia fueron sofocados con represión oficial y paraoficial. Así fueron asesinados Miguel Galván, Cristian Ferreyra (cuyo asesino intelectual fue dejado en libertad) y encontró la muerte Sandra Juárez (resistiendo las topadoras). Otro campesino, Sergio Arias, acaba de sufrir un intento de homicidio. La Mesa de Diálogo incluye como apéndice un “Comité de Emergencia” que, en nombre de la pacificación del campo, se dedicó al desarme de los pequeños campesinos –afectando incluso hasta las armas imprescindibles para la caza o la defensa contra alimañas. También se ha impulsado el “Registro de Aspirantes” bajo la promesa de regularizar la propiedad de la tierra a favor de los pequeños campesinos. El resultado fue un fiasco: no se lo dotó de presupuesto, las regularizaciones fueron a cuentagotas y, en los pocos casos efectuados, a los pequeños campesinos sólo se les reconoce una porción menor de las grandes extensiones de su posesión histórica, mientras se los obliga a pagar sumas siderales para los trámites legales. Perspectivas Con lo antedicho, el anuncio de un ala política partidaria del Mocase VC no expresa un avance en la conciencia política de un movimiento campesino dispuesto a actuar en forma independiente contra el régimen y los partidos que actúan a favor del gran capital agrario. Apunta, por el contrario, a una mayor integración del Mocase VC al Estado y, particularmente, al reaccionario régimen zamorista. En términos más generales, se inscribe en el operativo nacional de la Iglesia y el centroizquierda (con sectores filo K), de armar una alternativa política-social de contención. En este contexto debe entenderse que el Mocase VC le haya dado la espalda a la reciente huelga docente, que tuvo una profundidad inusitada en el interior santiagueño. En sus visitas al NOA, Macri declaró explícitamente su propósito de profundizar el carácter de Santiago y Salta como “polos sojeros”: se prepara una agudización del conflicto entre los pequeños campesinos y el gran capital agrario. En este contexto, la política de colaboración con un régimen que tiene como base social principal a los sojeros conduce al campesinado al suicidio. La organización política de los campesinos se debe orientar hacia la unidad con las masas laboriosas de la ciudad y con los obreros rurales. En base a esa unidad se debe redoblar la lucha por un programa frente a la emergencia: a) suspensión inmediata de los desalojos, devolución de la tierra a los campesinos usurpados y expulsados; b) suspensión inmediata de los desmontes; c) desmantelamiento de las guardias blancas (patotas paraestatales); d) cárcel a todos los miembros de las guardias blancas y los funcionarios policiales y estatales encubridores; d) estatización del agua y los recursos hídricos bajo control de asambleas obreras y campesinas; e) estatización del Banco de Santiago bajo control obrero y campesino, para garantizar créditos a los pequeños productores. Más profundamente, el movimiento campesino necesita debatir un programa de superación del actual régimen santiagueño de atraso y opresión, el cual debe buscar plasmarse con métodos de lucha y organización en torno a una alternativa política independiente de los capitalistas y sus representantes; es decir, un frente político y de lucha con los trabajadores de la ciudad y el campo de todo el país. Éste es el desafío de la construcción del Frente de Izquierda.

El 32° Congreso de la Federación Universitaria de Córdoba, que sesionó el domingo 25, marcó la salida del radicalismo de su conducción por primera vez en tres décadas. Con 119 votos, el Frente de Unidad Agustín Tosco (Bisagra, Mella y SUR) ganó la presidencia, mientras que la lista Reforma –impulsada por Franja Morada– quedó relegada a la Secretaria General con 108 votos. El “socialista” MNR quedó tercero con 8 votos y el Frente de Izquierda cuarto, con 4. La derrota de la lista que tenía el apoyo del Rectorado y del gobierno nacional significa un revés para el rector Hugo Juri. El Frente Agustín Tosco dirige siete los quince centros de estudiantes que componen la Federación a través de la Bisagra. Se encuentran paralizados, al igual que la FUC. La Bisagra está fuertemente integrada a la camarilla kirchnerista que gobernó la universidad durante los últimos nueve años y fue la gestión que más carreras acreditó ante la Coneau. La Mella, que dirige los centros de Lenguas y Químicas, se integró a este armado político tributario de las camarillas privatistas opositoras a Juri. La integración de La Mella -que viene de romper todos los frentes con la UJS-PO y la izquierda en La Plata y en casi todas las facultades de la UBA- y La Bisagra, es presentado por los medios K como expresión del “frente único anti Macri” (Página/12, 26/9). No es casual que el Frente Agustín Tosco no haya sentado posición ante la asamblea universitaria que ha sido convocada por Juri para el mes de octubre, en la que pretende avanzar en una serie de reformas privatistas (créditos universitarios, etc). Se está tejiendo un acuerdo entre las distintas camarillas, como sucedió a principios de año, cuando se pusieron de acuerdo para continuar con el cupo en la Facultad de Ciencias Médicas, desconociendo la reforma legislativa que planteaba su eliminación. Desde la UJS y el Frente de Izquierda nos presentamos al Congreso de la FUC para batallar por la independencia política del movimiento estudiantil frente al gobierno y las camarillas universitarias, por una FUC que luche codo a codo junto al movimiento obrero y por una universidad ligada a las necesidades del pueblo trabajador. Planteamos la necesidad de un plan de lucha y la convocatoria a asambleas estudiantiles en cada facultad y a una asamblea interfacultades para enfrentar el ajuste y la privatización. Sostenemos que es urgente definir un plan contra la asamblea universitaria reaccionaria convocada para octubre. La derrota de la Franja Morada abre una nueva etapa para el movimiento estudiantil de Córdoba. Reclamamos de la nueva conducción de la FUC la convocatoria inmediata a asamblea para definir un plan de lucha y un programa para organizar y movilizar a los estudiantes.

Campesinos de Bajo Hondo, Santiago del Estero, volvieron a sufrir un ataque criminal de bandas armadas que responden a la empresa de gaseosas Manaos. Resultó herido de bala el campesino Pedro Campos, quien está fuera de peligro, pero deberá ser intervenido quirúrgicamente. El Movimiento Campesino (Mocase VC) difundió testimonios e imágenes que muestran un accionar claramente destinado a aterrorizar y expulsar a las familias del lugar: una banda parapolicial (“guardia blanca”) de más de 15 forajidos armados con pistolas y rifles emprendieron a tiros contra los pobladores, incendiaron vehículos, viviendas y ranchos de las familias (por segunda vez, ya lo habían hecho en julio pasado), mataron e hirieron animales y envenenaron el pozo de agua. El representante de la empresa Manaos, Orlando Canido, tiene denuncias que datan de hace más de 10 años, por atacar a las comunidades locales y realizar desmontes ilegales. Según denunciaron los propios campesinos, Canido decía comprar tierras en nombre de Amado Boudou. Este caso es ilustrativo de la política del zamorismo en la última década: a pesar de haber prometido una solución al problema de los pequeños campesinos mediante la “Mesa de Diálogo” y el “Comité de Emergencia”, la situación se ha agravado. Sólo entre 2000 y 2012 se han desmontado más de 2 millones de hectáreas y la contaminación con glifosato ha crecido exponencialmente, al igual que los desalojos y la expulsión de pequeños campesinos a favor de los grandes sojeros. El “Comité de Emergencia” se ha dedicado a desarmar a los pequeños campesinos (quitándoles incluso las armas para caza y defensa contra alimañas), mientras que las guardias blancas como las que organiza Canido pululan impunemente. Hay un claro encubrimiento del poder político, los jueces, la policía y los funcionarios comunales. Exigimos la inmediata detención de los agresores, tanto los autores materiales como intelectuales. Responsabilizamos al gobierno provincial de Claudia Zamora por la integridad de los pequeños campesinos y sus derechos. Reclamamos: · Desmantelamiento de las guardias blancas (patotas paraestatales). Cárcel a todos los miembros de las guardias blancas y los funcionarios encubridores. · Suspensión inmediata de los desmontes y desalojos. Devolución de la tierra a los campesinos usurpados y expulsados.

A 10 días del Encuentro Nacional de Mujeres que se realizará en Rosario, más de 2600 compañeras ya se inscribieron para participar junto a la organización de mujeres Plenario de Trabajadoras. Esta enorme delegación es el fruto de la batalla política que, como socialistas y revolucionarias, libramos en todo el país por la emancipación de la mujer. A partir de un planteo estratégico de independencia frente al Estado, principal responsable de la violencia hacia la mujer, la pelea que encaramos tuvo hitos importantes en el último año: el desplazamiento del diputado Julián Dindart (de Cambiemos, enemigo de los derechos de las mujeres y tristemente célebre por decir que las jóvenes se embarazan para cobrar subsidios) de la presidencia de la Comisión de Familia del Congreso; la lucha por la libertad de Belén; la denuncia de la maniobra oficial de la paridad de género para vehiculizar una reforma política reaccionaria; la pelea por la extensión de la licencia por violencia de género y la construcción de diez nuevos centros asistenciales para cubrir todas las comunas porteñas. Esto, entre otras innumerables luchas, en todo el país, en apoyo a víctimas de femicidios y otros casos de violencia. En el campo teórico, dimos una lucha a fondo frente a las corrientes que impugnan el carácter de clase de la opresión de la mujer bajo el capitalismo y van a la rastra de teorías pequeño burguesas para embellecer sus coqueteos con fuerzas políticas patronales. Regimentación Desde 1985, el Encuentro Nacional de Mujeres fue cambiando su fisonomía y su orientación. Originalmente estuvo dominado por un sector del feminismo argentino, pero luego pasó a manos de un entramado entre el PCR, la Iglesia católica y diferentes sectores patronales y gubernamentales. La connivencia entre estos sectores y su disposición a pactar con cada gobierno anfitrión, despolitizar los Encuentros y evitar la organización independiente del movimiento de mujeres, le ha dado estabilidad a esta conducción burocrática. De su mano, los sectores clericales, organizados por obispos y curas, se filtran en los talleres o se instalan en la puerta de ellos para amedrentarnos. Allí donde participa el PdT, son expulsados por las mujeres organizadas. El Encuentro Nacional de Mujeres es un terreno de batalla política y de organización que requiere de un frente de acción común para avanzar en nuestras reivindicaciones. Masividad y lucha: recuperemos el ENM Los Encuentros han sido importantes ámbitos de lucha y de debate, un espacio único en el que miles de mujeres dan cuenta de todas las formas de violencia que sufren bajo la sociedad capitalista. Incluso, a pesar de las maniobras para confinar la lucha por el aborto legal a un puñado de talleres, miles de mujeres protagonizamos grandes asambleas por este reclamo fundamental. Para que el Encuentro sirva a la lucha es necesario conformar un frente único, basado en el principio fundamental de independencia frente al Estado, sus partidos y la Iglesia. Para luchar consecuentemente contra todas las formas de violencia, debemos pelear contra los ajustadores de todo signo político, a quienes la violencia contra las mujeres, el recurso del aborto clandestino, la precarización laboral y el negocio de la esclavitud sexual y laboral sirven para perpetuar sus proyectos políticos. - Separación de la Iglesia del Estado - Aborto legal. Anulación de las condenas de Belén (Tucumán) y a Eva (Santiago del Estero). - Abajo el ajuste y el tarifazo de Macri y los gobernadores. - Basta de trabajo precario. - Desmantelamiento de las redes de trata. - Organización independiente y de lucha. Vamos con la fuerza de las mujeres trabajadoras a organizarnos contra el régimen social de explotación y violencia. Foto: Ignacio Smith

Como ocurriera en años anteriores, el PCR y sus aliados lograron imponer que la marcha central del Encuentro no pase por la puerta de la Catedral. Lo que no pudieron evitar, claro, es que por estar ubicada al lado del Monumento a la Bandera, las columnas pasen por la esquina. La señal al Vaticano es clara. Refleja un compromiso con el clero –enemigo a muerte de los derechos de la mujer– que excede el marco del ENM. El 7 de agosto, recordemos, la CCC-PCR marchó, junto al Movimiento Evita y Libres del Sur, desde la iglesia de San Cayetano a Plaza de Mayo en una columna encabezada por un párroco. Juan Carlos Alderete, de la CCC-PCR, viajó recientemente a Roma a visitar al Papa y trajo su “afectuoso saludo”, para quien fuera la dirigente histórica de esa fuerza en la organización de los ENM. Más claro, imposible. Esto tiene repercusiones concretas al interior del Encuentro. Durante las reuniones de la Comisión Organizadora, en Rosario, planteamos la necesidad de convocar, junto a la Mesa por la Libertad para Belén, a la movilización nacional del 12 de agosto. El bloqueo del PCR a esa iniciativa fue total. Durante años, los sectores que regimentan el ENM impugnaron la participación de las compañeras trans, apoyándose en argumentos reaccionarios, y pretendieron ocultar la pertenencia política de las participantes, al mismo tiempo que impulsaban talleres de fuerzas de seguridad femeninas, introduciendo al aparato represivo del Estado dentro del Encuentro. Del mismo modo, la Comisión Organizadora no condenó al ataque fascista que sufrimos el año pasado frente la Catedral de Mar del Plata, ni las bombas molotov que desconocidos arrojaron contra los micros en Mendoza, unos años antes, por citar algunos ejemplos. Sin embargo, en 2013 difundieron, como Comisión de Organización del Encuentro que se preparaba en Salta, un texto de apoyo al levantamiento policial de entonces, pasando por encima de todo el resto de las organizaciones. El Plenario de Trabajadoras redoblará la lucha por la independencia del movimiento de mujeres respecto del Estado, del clero y de sus partidos, único camino para defender nuestras reivindicaciones.

Mendoza está sacudida por los femicidios de Janet Zapata (29), Julieta González (21) y Ayelén Arroyo (19). El miércoles 28, se desarrollaron importantes movilizaciones en reclamo de justicia en la provincia y también en otros puntos del país. En lo que va del año los medios de comunicación informaron de siete femicidios en la provincia. Responsabilidades políticas El gobernador del Frente Cambia Mendoza (UCR-PRO), Alfredo Cornejo, intentó lavarse las manos al decir que "el Estado no podría prevenir esas cosas…" A pocas horas de ese remedo de descargo, se difundió el caso de Ayelén Arroyo, de 19 años y madre de una beba, asesinada por su padre, a quien había denunciado por abuso sexual el 14 de septiembre. La segunda al mando del Ministerio Público Fiscal, Teresa Gay, fue quien corroboró esta información. La adolescente había conseguido que se dictara una orden de restricción contra su padre, que no tuvo dificultad alguna para infringirla y matarla. Lejos de ser “sin sentido”, como señala Cornejo, la violencia contra la mujer responde a la descomposición de un régimen social, sostenido desde la cúspide del poder del Estado, en beneficio de una minoría social que se vale de la opresión de la mujer para mejor dominar al conjunto de los explotados. Reforzamiento represivo Desde el gobierno está en marcha un operativo de manipulación política para explotar con fines de censura y represión esta situación. Se ha anunciado un reforzamiento de la presencia policial en los barrios. En Mendoza ya rige una ley de Emergencia en Seguridad, votada en acuerdo entre Cambia Mendoza y el PJ, y que sólo ha sido utilizada para perseguir a los luchadores. Janet y Julieta desaparecieron el 21 de septiembre, probablemente uno de los días con mayor presencia de las fuerzas represivas y de control en la provincia, por el Día del Estudiante. Julieta fue encontrada por un obrero que trabajaba con una motoniveladora que alertó a la policía, y la aparición de Janet fue denunciada por un anónimo al 911, luego de que su familia realizara una movilización en el Corredor del Oeste reclamando a las autoridades que aparezca con vida. Organizar la lucha El 28 de septiembre, marchó junto con el Plenario de Trabajadoras la mamá de Emmanuel Sarmiento, joven militante de izquierda (Juventud Insurgente) asesinado recientemente en Santa Rosa, uniendo el reclamo de justicia. De cara a la barbarie social que se desata cotidianamente contra mujeres y niños, nuestro norte estratégico es la organización de un movimiento de mujeres independiente del Estado y de la Iglesia que se proponga transformar de forma radical las causas sociales de la violencia contra la mujer.