Prensa Obrera N° 1408

Néstor Pitrola estuvo en Córdoba el viernes 22 para participar del plenario de la Coordinadora Sindical Clasista. En horas de la mañana el diputado nacional del Partido Obrero, acompañado por el legislador provincial Eduardo Salas, se reunió con la Comisión Directiva de Luz y Fuerza de Córdoba en pleno y presentó el paquete de leyes del Partido Obrero que encabeza su propio dictamen antidespidos, que incluye la expropiación de toda empresa que cierre, el reparto de horas sin afectar el salario ante posibles suspensiones, que ampara a los trabajadores en negro y no incluye la doble indemnización, que puede ser utilizada para retiros voluntarios que son despidos encubiertos. Junto a la ley antidespidos, presentó los proyectos de abolición de ganancias en los salarios de convenio y aumento de emergencia a los jubilados. Los dirigentes de Luz y Fuerza estaban al tanto de gran parte de estos proyectos por haber participado de la reunión en el Congreso con las centrales obreras, donde Pitrola los expuso. Todos estos temas van al eje de los reclamos de los trabajadores de Luz y Fuerza, el impuesto a las ganancias les come una parte sustancial del salario y el tema jubilatorio está en el centro de la escena desde la reforma jubilatoria de Schiaretti aprobada por la legislatura cordobesa el pasado 23 de diciembre, que rebaja en un 11% las jubilaciones actuales y futuras. En la reunión la delegación del PO señaló que las direcciones sindicales han dejado pasar estos ataques y adelantó que el Frente Renovador, al cual suscribe el moyanismo, con Massa a la cabeza iba a rechazar el dictamen de la comisión de trabajo de diputados sobre despidos, y así sucedió. Pitrola informó que el Partido Obrero está en una campaña para que el movimiento obrero responda con un paro nacional, para lo cual proponemos -y así se lo señaló a la directiva de Luz y Fuerza de Córdoba- un confederal de todas las centrales obreras con mandato de asamblea de cada sindicato.

Uno de los afectados por el ajuste macrista fue el “Programa de Orquestas y Coros del Bicentenario”. Detrás del bonito discurso de la “descentralización”, se deja librada a cada provincia la continuidad y ejecución de este programa. Las orquestas y coros se mantienen sobre las espaldas de más de 2.000 trabajadores totalmente precarizados, sin obra social y sin aumento de sueldo desde hace dos años. La lucha que vienen emprendiendo no es nueva, sólo que ahora cobra nuevo valor a luz de la crisis actual. Los conciertos-protesta frente al Palacio Pizzurno (sede del Ministerio de Educación de la Nación) realizados por el Colectivo de Trabajadores de Coros y Orquestas del Bicentenario, han generado una gran repercusión y varias organizaciones, como Músicos Organizados, nos hemos acercado para apoyar. Exigimos: * Regularización en el pago de los sueldos adeudados. * Continuidad y profundización del programa, con el sostenimiento de las orquestas y coros que hoy existen en los barrios donde ya funcionan. * Reconocimiento y regularización como trabajadores de la educación. * Cumplimiento de la paritaria nacional que garantiza la continuidad con aumento salarial de los programas socioeducativos. * Continuidad de la coordinación pedagógica nacional. * Pase a planta permanente de todos los trabajadores.

Tras el adelanto de Macri de un veto a cualquier ley que obstaculice los despidos, el Frente Renovador de Massa se pasó de inmediato a una “ley de incentivo al empleo para Pymes”, abandonando el mezquino proyecto de prohibición que contenía, además, la opción de la doble indemnización, un mecanismo que promueve la extorsión patronal a favor de los retiros voluntarios, o sea despidos encubiertos. Los dictámenes de las comisiones de Diputados y del Senado duraron así 24 horas hasta el ataque de Macri y sólo un día más hasta el arrugue del massismo. Junto con Macri salieron a atacar toda disposición de prohibición De Mendiguren y nada menos que Lavagna, ambos integrantes del Frente Renovador. Esto importa mucho porque la base del “proyecto de consenso” en Diputados salió de Facundo Moyano, integrante del massismo. Así las cosas, Facundo Moyano se sacó una foto visitando una Pyme con De Mendiguren, Marco Lavagna y el propio Massa, para no dejar dudas de que se pasaba al campo de la “ley de incentivo”. En verdad, el proyecto inicial de Facundo sólo contemplaba la doble indemnización. Fue en el tratamiento de Comisión donde se le incluyó una claúsula extraída literalmente del proyecto del Partido Obrero que plantea la reinstalación efectiva de todo despedido. Nosotros presentamos dictamen de minoría –el único-, en oposición a un dictamen de “consenso” que no comprende las suspensiones, un trámite por el cual las patronales fácilmente vulneran la ley. Nuestro dictamen establece el reparto de horas sin afectar el salario. Además, rechazamos el recurso (menemista) preventivo de crisis, planteando la apertura de los libros de esas empresas a comisiones electas de control obrero. Por otra parte, incorporamos otro tema central: la expropiación y puesta bajo gestión obrera de toda empresa que cierre, sin lo cual se habilitan los vaciamientos o maniobras patronales de cambio de firmas para hacer pasar despidos y caída de condiciones laborales, por caso Donnelley, Paty o la más reciente Cresta Roja. Con nuestro dictamen propio, desnudamos por un lado las limitaciones brutales del proyecto consensuado, el cual, como nadie ignoraba, se aprestaba a ser todavía más recortado en el Senado (por ejemplo, reduciéndolo a la doble indemnización). Pero principalmente, y como ya lo hicimos cuando la cúpula de las centrales obreras se había reunido con los bloques opositores, subrayamos nuestra oposición a la política de la burocracia sindical, que se ha valido del trámite parlamentario para mandar al cajón cualquier plan de lucha para enfrentar la escalada de despidos. Ahora, la burocracia sindical le hace un guiño a la “ley de incentivo al empleo Pyme o primer empleo”. Es el pasaje directo a una ley pro-despido, que está en el centro de la estrategia del macrismo y que ya fracasó con el kirchnerismo con la falsa ley de “blanqueo laboral”. Esa ley fue aprobada en 2014 por todos los bloques políticos a excepción del Frente de Izquierda que la votó en contra y presentó una verdadera ley de blanqueo redactada por el Partido Obrero. El resultado de aquella disposición fue el aumento del trabajo en negro, que trepó al 40% en el conurbano bonaerense y se mantiene en el 35% en todo el país. Resultó un simple subsidio más a las patronales. Triaca ya había anunciado la ley de primer empleo. Un tipo de legislación antilaboral que se aplica en el mundo para flexibilizar a los trabajadores con menores cargas sociales patronales, indemnizaciones reducidas, condiciones laborales inferiores y, desde luego, menores salarios. Thatcherismo puro, menemismo puro, que hoy mismo está desatando enormes huelgas generales y enfrentamientos contra el gobierno de Hollande en Francia. Este tipo de ley promueve el despido de los trabajadores convencionados, con antigüedad, con derechos adquiridos, con categorías y salarios conquistados en años de luchas, para su reemplazo por el “primer empleo joven”. Aunque siempre hay cláusulas restrictivas al despido de los anteriores trabajadores, todos sabemos que funciona la maquinaria del “retiro voluntario”, con el cual se han despedido en los últimos años 1500 trabajadores en Peugeot de Palomar y otro tanto en Siderca. Lo mismo se aplica en VW, Fiat, ocurrió antes del conflicto en Lear y así de corrido en innumerables empresas. En rigor, esta ley de “incentivo al empleo” integra el pelotón de transferencias del bolsillo de los trabajadores a los capitalistas, que comprende los tarifazos y la devaluación, el impuesto a las ganancias en los salarios o la caída de retenciones a los exportadores. Quienes votaron el pacto buitre, acompañan ahora el ajuste que le corresponde contra la clase obrera. No saldrá de este parlamento dominado por los lobbies empresariales la legislación para acabar con el despido. Eso sólo puede ser resultado de la acción directa de la clase obrera, por ello más que nunca planteamos el paro nacional y el plan de lucha contra el conjunto del ajuste. Nuestro paquete de leyes obreras, contribuyen a una agitación política entre los trabajadores para poner en pie al movimiento obrero: prohibición de despidos y reparto de horas sin afectar el salario, aumento de emergencia a los jubilados, abolición de ganancias en los salarios de convenio y jubilaciones, pase a planta de precarios y tercerizados. Por estas banderas, por el paro nacional, por enfrentar en cada lugar de trabajo los despidos mediante los métodos de la clase obrera, contra la fracasada orientación “parlamentarista” de la burocracia sindical, nos movilizamos el 29 y realizaremos el acto internacionalista del 1º de mayo.

La destitución de Marcos Ayala como delegado de la Línea 151 requirió, por parte de la burocracia de UTA, de un megaoperativo mafioso. Incluyó una golpiza al delegado por parte de sicarios, que lo sacó de circulación un mes antes de las elecciones, entre cirugía de la cara y rehabilitación, y amenazas a candidatos y fiscales y a sus familias, antes y durante la elección. A esto se sumó la retención del padrón que jamás fue exhibido y que apareció recién en el momento de la elección. Y un despliegue de policía, gendarmería y culatas de la burocracia durante todo el comicio. Aún en esas condiciones, como Ayala iba a ganar en su línea, la burocracia, violando usos y costumbres, modificó el ámbito y los padrones. De la elección habitual de dos delegados para la 151, cambió a cuatro delegados para la 151 más la 90, una línea que controla. Además, infló el padrón en connivencia con la patronal con 100 administrativos e inspectores de la sede central y otras líneas de la misma empresa. Ayala ganó en su línea: de los 81 votos obtenidos, la mayoría son de los 110 trabajadores de la misma. Pero lo doblegaron con 160 votos de la 90 más el padrón agregado. No menos de 80 de esos votos fueron el aporte directo de la patronal. Es un mérito inmenso el reconocimiento logrado por un luchador irreductible entre sus compañeros. Esto, en un clima irrespirable de intimidación policial y presencia amenazante de una barra de patoteros armados y de pesados prontuarios. Para la anécdota: durante la jornada, miembros de la directiva de UTA alertaban nerviosos contra posibles acciones de “los zurdos”. Cuando, por accidente, un borracho ingresó al playón en bicicleta y a los gritos, los culatas de la UTA entraron a correr desconcertados, fierros en mano, al pobre tipo. La jornada terminó con la presencia de 50 delegados y activistas, de Interlíneas, en su mayoría de la 60, en la puerta del playón, solidarios con Ayala y, más tarde, en la cabecera Constitución de esta línea, donde se hizo el balance de una jornada obrera, enfatizando que el fraude y el matonaje de la UTA, no va a impedir la tendencia a la organización antiburocrática, en la 151 y en todo el gremio.

En un fallo en segunda instancia del Juzgado Nacional del Trabajo de la Capital Federal, el compañero Carlos Espinoza, del Belgrano Norte, obtuvo el reconocimiento de una deuda que el Estado mantiene con todos los ferroviarios. Ese reclamo se generó en 2008, cuando un adicional absorbió el pago en tickets, pero no mantuvo la actualización del monto según la evolución de los básicos de convenio. Gracias a este fallo, el compañero cobró algo más de 55 mil pesos. Hace varios años, la Unión Ferroviaria presentó el reclamo ante el Ministerio de Trabajo y permitió que éste lo deje dormir en un cajón. Mientras la conducción del gremio se mantuvo pasiva, en la base de los trabajadores se dieron muchas manifestaciones de lucha: hubo petitorios en varias líneas (Belgrano Norte, Sarmiento, talleres de Escalada del Roca), un paro votado en el Belgrano Norte y reprimido por la Infantería el 4 de noviembre de 2011, una autoconvocatoria de 70 guardas ante la Comisión de Reclamos en el Roca por éste y otros reclamos. También se llevó a cabo un quite de colaboración en el Sarmiento en 2014 que recogió la adhesión de todos los ferroviarios. Sin embargo, el Secretariado Nacional permitió que el entonces ministro de Trabajo, Carlos Tomada, archivara la presentación realizada por el sindicato sin medida gremial alguna. Desde ese entonces, entregó también el resarcimiento por cambio de empresa, el salario y permitió los despidos que se instrumentan desde el servicio médico de las empresas a compañeros con adicciones o enfermedades prolongadas. Fue la consecuencia de la alianza de la burocracia con el kirchnerismo y, luego, preso Pedraza, de sus herederos con el ex ministro de Transportes Florencio Randazzo, iniciador del ajuste contra los ferroviarios, que se ha continuado con el nuevo gobierno de Macri, a partir de la incorporación de Sergio Sasia, secretario general de la UF, al directorio de Trenes Argentinos. Mientras, con la devaluación y el tarifazo, el sueldo real de los ferroviarios sigue cayendo en picada. Pero este fallo judicial es un antecedente que no puede dejarse pasar. En la Línea Roca, la Lista Gris impulsó un petitorio que presentó al Secretariado Nacional de la Unión Ferroviaria con el respaldo de 600 firmas, para que éste exija al Estado el reconocimiento y el pago de la deuda a todos los ferroviarios. Es el inicio de una campaña en todos los ferrocarriles. Reclamamos que la Unión Ferroviaria exija ya la apertura de la paritaria por un aumento salarial del 40 por ciento para compensarnos por la carestía; un bono de emergencia de 10.000 pesos, como han recibido otros gremios a fin de año, y que el Estado reconozca y abone la deuda de tickets a los trabajadores y ajuste el adicional al 20% del básico. Para enfrentar el ajuste, necesitamos asambleas en todas las líneas para votar un plan de lucha nacional por estos reclamos.

Con la presencia de Néstor Pitrola y representantes de las principales luchas que se desarrollan en Córdoba (UTS, SEP, ATE, Adiuc, UEPC, Suoem, UTA, UOM, Ajupracor, entre otras), sesionó el plenario de la Coordinadora Sindical Clasista, donde se votaron importantes resoluciones para el activismo cordobés. La caracterización desarrollada por Pitrola, que dio inicio al plenario, estableció el escenario de crisis política que atraviesa a la burguesía nacional y la burocracia sindical, así como el proceso de organización y lucha ascendente de los trabajadores, que golpea sobre los sindicatos. Una de las principales resoluciones votadas en el plenario fue la movilización y acto para el próximo 29 de abril que, en Córdoba, realizará el Partido Obrero junto a Izquierda Socialista. Será una tribuna de independencia política, de cara al día internacional de los trabajadores y de la cual será protagonista el activismo que viene luchando contra el ajuste,. Esta movilización culminará el propio 1° de Mayo con una peña y locrazo obrero, que sirvan para fortalecer la solidaridad entre los sectores que luchan. Otra de las medidas votadas es una campaña provincial contra los despidos y suspensiones que se están produciendo tanto en el Estado como en distintos sectores privados como en los de UTA, Smata y la UOM, donde ya han cerrado varios establecimientos. En algunos sectores, con la organización de los lugares de trabajo y la lucha, los trabajadores lograron revertir esos despidos y avanzar en la reincorporación. Este es el caso de las compañeras de Violencia Familiar, que revirtieron los despidos, y de los compañeros de Salud que, con una fuerte lucha han neutralizado la posibilidad de que se continúe con los despidos decididos por el gobierno. Para colaborar con esta campaña, desde la Coordinadora Sindical Clasista impulsamos un gran festival que tomarán en sus manos los mismos compañeros despedidos que luchan por la reincorporación y en el que se han comprometido a participar importantes artistas locales. En tercer lugar, resolvimos una campaña de recolección de firmas en contra de la ley “antijubilatoria” 10333 -que estableció un recorte de las jubilaciones provinciales del 10%- y también por la defensa del 82% móvil. Esta actividad será acompañada por la presentación de un proyecto de ley en la Legislatura provincial. También votamos impulsar la convocatoria a un plenario obrero y de la izquierda para el mes de mayo, que será preparado con estas campañas y que estará en sintonía con los plenarios de trabajadores que se desarrollan en otros lugares del país, como el convocado por el combativo ATE Mendoza. La función central de este plenario será la de impulsar las luchas en curso y batallar por un paro que derrote el ajuste de Macri, Schiaretti y los gobernadores.

El Centro de Estudiantes de la unidad académica de Río Gallegos de la Universidad Nacional de Patagonia Austral convocó a una asamblea que debatió la problemática del transporte de la ciudad y el reclamo por la implementación del boleto estudiantil gratuito en toda la provincia. Contó con una importante participación de estudiantes universitarios y con delegaciones del centro de estudiantes del Secundario N° 19, del Secundario N° 7, del IPES y del Conservatorio provincial de música. La asamblea definió movilizar el próximo jueves 28 de abril al municipio de Río Gallegos y a la Casa de Gobierno de Santa Cruz, donde esperamos ser atendidos por las autoridades responsables de reglamentar la ley N° 3439 de boleto estudiantil gratuito y cumplir con la ordenanza N° 6710 de descuento del boleto escolar a quienes presentaremos un petitorio acompañado por la firma de estudiantes de toda la ciudad. La asamblea aprobó una gran campaña por el boleto; que incluye clases públicas, movilizaciones callejeras, festivales, expresiones artísticas, juntas de firmas y pronunciamientos de organizaciones y personalidades; y la adhesión a la jornada nacional de lucha por el boleto que convocan distintas federaciones universitarias del país para el 6 de mayo. Convocamos al conjunto de la comunidad a construir una gran jornada por el boleto estudiantil gratuito, en defensa de la educación pública y en rechazo a los aumentos en el transporte público. Contacto: Alan Kegalj: 2966-214500 Martín Acuña: 2966-343187

El pasado martes 19 de abril se dieron a conocer de forma simultánea tres nuevos casos sobre abuso sexual y probable trata de personas en Reconquista, en el norte de Santa Fe. Estando a pocos meses del escandaloso caso de la joven de 19 años, del Departamento de Vera del norte santafesino, quien, engañada, fue llevada a la alcaidía a encontrarse con su padre abusador, para ser obligada a levantar la denuncia que lo tenía preso, se destapan en estos días situaciones igualmente escandalosas. El propio subsecretario de Persecución Penal de la Fiscalía Regional de Reconquista reconoció que “los departamentos de Vera, General Obligado y parte de San Javier manifiestan cifras preocupantes de delitos contra la integridad sexual y la violencia de género” y especificó que "la tasa es muy alta en relación con la cantidad de habitantes”. Está en la mira el director de la Escuela Primaria de Avellaneda, Lucio Cipre, quien fue detenido por estar acusado de abusar a dos menores de edad pertenecientes al Hogar “Doña Pina” de Reconquista, que alberga a niñas de entre 4 a 18 años con problemas familiares, un centro completamente desfinanciado, con trabajadores ad honorem que recurren a la beneficencia y a las donaciones para funcionar, pese a que depende de la provincia. Profesionales de la localidad señalaron que “Cipre trasladaba adolescentes al Puerto de Reconquista”. El segundo caso es el del cura párroco Néstor Monzón, acusado de cometer delitos sexuales contra dos menores de edad de 3 y 5 años. La denuncia la realizó la madre de la niña de 3 años en el Centro de Orientación de Víctimas, al realizarle los estudios a la menor se confirmó que tiene desgarro del himen y padece HPV, enfermedad de transmisión sexual. Esto generó que el Obispado de Reconquista se pusiera a disposición de encontrar “la verdad”, una maniobra de ocultamiento dada las evidencias del caso. El tercero es el de una niña de 12 años de la ciudad de Reconquista, que transita un embarazo de 26 semanas producto del abuso sexual de su progenitor, quien confesó el hecho. Pese a este cuadro abrumador de abusos y violencia contra las niñas y mujeres, nada se ha escuchado respecto de las medidas que adoptará el gobierno provincial sobre todos estos hechos.La subsecretaria de Políticas de Género provincial a cargo de Gabriela Sosa, de Libres del Sur, no ha realizado ni una conferencia de prensa en el norte santafesino para abordar esta catarata de denuncias. Según las estadísticas,Santa Fe es desde hace unos años una de las provincias con el índice más alto de femicidios, como lo demostró el caso de Chiara Páez de Rufino, cuyo caso fue la chispa final que abrió paso a la movilización masiva por Ni una Menos el pasado 3 de junio. La descomposición social, el vaciamiento de la salud, la súper explotación laboral, la ruta del tráfico de personas y la prostitución en el principal corredor sojero y de puertos privados del país, coloca a la mujer en un estado de vulnerabilidad total. En esta provincia se desarrollará el próximo Encuentro Nacional de Mujeres. Hasta ahora, la Comisión Organizadora no ha tomado posición frente a estos hechos aberrantes, así como no lo hizo frente al asesinato de la asistente escolar de ATE Rosario a principios de año. Ante nuestro pedido respondieron que es “una posición política y las posiciones políticas dividen, y el ENM es un espacio unificador de todas”. Chatarra “progresista”, ya que las políticas que dividen al movimiento de mujeres es la colaboración de clases con un gobierno que responde a los intereses de los pulpos cerealeros y el complejo agroexportador. De cara al próximo 3 de junio, desde el Plenario de Trabajadoras, impulsaremos una movilización independiente de los gobiernos, el Estado y la iglesia que reclame: ¡Abajo el ajuste de Macri y el gobierno provincial! ¡Bastas de femicidios! Abajo los abusos en el norte santafesino y en toda la provincia. Por la creación de un Consejo Autónomo de Mujeres, con fondos propios e independiente del Estado y sus gobiernos para luchar por la vida y por las condiciones de vida de las mujeres de este país.

En las últimas semanas, la plástica Mascardi inició una serie de ataques a sus trabajadores. El año pasado se conquistó un refrigerio a medio turno, separado del horario de comida, que se consumía directamente en el puesto de trabajo sin parar la producción y que fuera acordado con la patronal, acta mediante. Hace algunas semanas y sin mediar explicación alguna, la empresa lo retiró, desconociendo el acuerdo previo. La empresa también realizó una serie de suspensiones totalmente arbitrarias. Por ejemplo, suspendió a un compañero por romper unas bolsas atropellándolas con el autoelevador. Lo que la suspensión no menciona es que esa es una zona de la fábrica que no tiene la iluminación correspondiente desde hace años y que eso ya había sido denunciado por la Comisión Interna en Seguridad e Higiene del Ministerio de Trabajo. La gota que rebalsó el vaso fue que el viernes pasado despidieron a siete compañeros entre los turnos mañana y tarde, la mayoría de los cuales está vinculado con la actual Comisión Interna, lo que demuestra que es un acto persecutorio. La patronal alega que es una reducción de personal necesaria aunque queda claro que es un ataque a la organización conquistada en la planta. Los trabajadores realizaron asambleas para rechazar los despidos, preparan un plan de lucha y están listos para ir hasta el final por la reincorporación de todos los despedidos. * Basta de suspensiones y despidos arbitrarios. * Reincorporación de todos los despedidos. * Reposición del refrigerio.

La patronal de Siam en Avellaneda viene ajustando y despidiendo trabajadores desde noviembre del año pasado. En los últimos cuatro meses fueron dejados en la calle más de 80 contratados y se cerraron dos turnos. En la última semana, la patronal echó a cinco trabajadores efectivos, lo que provocó que se realice una asamblea el jueves para discutir el problema, la que votó, por unanimidad, el paro para el día siguiente. El acatamiento fue total. La UOM intentó sabotear desde un principio la medida, dándole el carácter de "paro por repudio a los despidos" y no por la reincorporación: un saludo a la bandera. En la asamblea, el sindicato propuso: en primer lugar, que se cierre el comedor, para ahorrar un gasto y que se destine a sostener los puestos de trabajo. Se trata de un chantaje, porque el funcionamiento del comedor les ahorra a los trabajadores la vianda del día, además de que su cierre provocaría el despido de otros trabajadores que cumplen funciones allí. Los puestos de trabajo no son prenda de negociación bajo ningún argumento. En segundo lugar, propusieron que el paro sea en los lugares de trabajo. La contrapropuesta de los trabajadores fue: paro con asamblea permanente en los molinetes y tomar otras medidas hasta lograr la reincorporación, superando el planteo de la dirección del gremio. La patronal insiste en avanzar con los despidos. El camino para parar esta ofensiva es mantener las medidas de lucha hasta lograr la reincorporación de los compañeros y no dar un paso atrás frente a cualquier otra avanzada patronal. ¡Vamos con todo para defender los puestos de trabajo!

Para las jornadas de paro por la recomposición salarial para los universitarios y en sintonía con el plan de lucha establecido por la Conadu Histórica, los preuniversitarios de las escuelas Manuel Belgrano y Monserrat resolvieron convocar al paro activo con asambleas y jornadas de lucha del 25 al 29 de abril. La primera iniciativa fue marchar a la asunción del nuevo rector, el radical y privatista Hugo Juri, el lunes 25 para presentar el pliego de reivindicaciones. Esa movilización se decidió que confluyera con otra que resolvieron las trabajadoras despedidas de la única sala cuna de la universidad y que cuenta con el apoyo de las madres estudiantes y las organizaciones estudiantiles de izquierda. Los compañeros preuniversitarios vienen resolviendo el plan de lucha con el método de la asamblea general de base, que se realiza en forma permanente. Por la fuerza de los preuniversitarios y el plan de lucha de Conadu Histórica, esa posición comienza a extenderse al resto de la UNC. El planteo de la asamblea general comienza a tomar forma, incluso en facultades que no suelen adherir a las medidas de lucha. Las clases públicas, reuniones y asambleas han sumado el apoyo de estudiantes y no docentes. Nos encaminamos a una lucha de conjunto de los docentes universitarios. La mayoría de la directiva kirchnerista de Adiuc (enrolada en la Conadu K), se opone al desarrollo de un plan de lucha unificado y a la movilización frente a las autoridades universitarias. Ante el paro de una semana que han establecido los preuniversitarios, la burocracia lleva adelante el planteo divisionista y conservador de la Conadu K de parar sólo el 27 y 28. Se niegan a movilizarse en la asunción de Juri. Y su actuación se limita a montarse en forma de aparato sobre las iniciativas de las asambleas para tratar de neutralizar el profundo proceso de lucha que recorre a la UNC. Sin embargo, su intervención es aislada, por no ser representativa y oponerse a la verdadera voluntad de las bases. Después de tres semanas se han visto obligados a convocar a la asamblea general de afiliados. La conducción K de Adiuc, se encuentra inmersa en una profunda crisis luego de la derrota del rector Tamarit a manos de Juri, que fue garantizada por las propias camarillas que apoyaron a Tamariten el pasado. La burocracia sindical sabe que ha perdido su principal punto de apoyo -es decir el aparato del Rectorado y las camarillas, y el financiamiento estatal. El reacomodamiento y las divisiones internas de las camarillas universitarias contrasta en forma absoluta con el proceso de movilización surgido de la necesidad de preuniversitarios y docentes de una recomposiciónsalarial del 45%,la eliminación del impuesto al salario, la titularización de los preuniversitarios, el pase a carrera docente de todos los interinos, la plena vigencia del CCT y el salario a los ad honorem. El Frente de Docentes en Lucha (FDL), agrupación que integran el PO e independientes, se encuentra en la primera línea de la lucha con el planteo programático de poner en pie asambleas de base en todas las facultades y establecimientos de la UNC, para marchar a un plan unificado de la docencia universitaria, denunciando el rol de la burocracia y organizando los lugares de trabajo con delegados representativos. La perspectiva de avanzar está planteada sobre la base de la unificación de todos los reclamos en un pliego único de reivindicaciones con paro y movilización.

Los hospitales de Córdoba se encuentran en pie de lucha. La rebelión tiene por motivo rechazar el acuerdo salarial pactado entre la burocracia de José “Pepe” Pihén (titular del Sindicato de Empleados Públicos) y el gobierno provincial. Los trabajadores exigen un 45% y se trata de un pedido unánime, al cual se suman mejoras en las condiciones de trabajo, el pase a planta permanente y el reconocimiento de los derechos laborales para los residentes y para todos los precarizados. Consciente de esta situación, el gobierno de Juan Schiaretti, mediante su ministro de Salud Francisco Fortuna, ha lanzado una línea de ataque hacia los trabajadores: intenta amedrentarlos con amenazas de descuentos y persecución a los activistas. El gobierno provincial paga salarios de hambre, devasta las jubilaciones y vacía sistemáticamente la salud pública para defender negociados millonarios con la tercerización de los servicios. Además, niega los derechos laborales de los residentes y sólo ofrece a la salud una política de ajuste -en la misma línea que el gobierno nacional- y es por eso que ataca la lucha para quebrarla y dividirla. Los trabajadores responden a esto con una profundización en la lucha: han colocado sobre el tapete la necesidad de la unidad de todas las representaciones gremiales en la acción, quebrando todas y cada una de las maniobras impulsadas por Schiaretti, quien ya no sabe de qué otra forma extorsionar. Así, se ha llevado a fondo este planteo es UTS, que impulsa decididamente la defensa de las asambleas y los mandatos de base; esa posición también crece entre los residentes que han organizado un “colectivo” que tiene extensión provincial, y en el propio ATE de la mano del activismo de izquierda que se opone a las maniobras divisionistas de la conducción. El proceso que se desenvuelve en los hospitales es contundente: las asambleas son cotidianas en todos los turnos y con la participación de todas las áreas de salud (administrativos, residentes de diferentes servicios y todos los gremios opositores a la burocracia de Pihén del SEP). El rechazo de la nueva propuesta salarial del gobierno y el repudio al arreglo sectorizado del agrupamiento “Médicos Unidos” que aceptaría un “adicional” de 1.000 pesos en dos cuotas, ha sido unánime. La firmeza de esta lucha se ve manifiesta en la decisión de participar en acciones unificadas como el paro nacional de ATE de este 19 de abril, del cual participaron activamente movilizando desde el polo sanitario tanto UTS como ATSA y que dejo sentadas las bases para avanzar en nuevas medidas de lucha. Para la semana previa al Día del Trabajador están programadas accionadas unificadas en varios puntos, una marcha de las antorchas en el Neonatal con apoyo del resto de los hospitales, una nueva asamblea interhospitalaria y un paro provincial de ATE que apoya UTS para el próximo 28 de abril, con concentración y locro en el Polo Sanitario. Las asambleas de bases exigen un plan de lucha unificado. La lucha de salud por el salario ha neutralizado -por ahora- los despidos en los hospitales. Pero esos despidos han crecido en el resto de las dependencias estatales, que también vienen resistiendo, con asambleas y medidas de lucha. La reincorporación de los despedidos pasa por la ocupación de los establecimientos y una movilización generalizada que integre el aumento salarial, la lucha contra los despidos, el reconocimiento laboral y la derogación de la 10.333. Están maduras todas las condiciones para establecer un paro unificado de todos los sindicatos y asambleas de base y una gran movilización a casa de gobierno. El conjunto de los trabajadores debemos defender la asamblea general como herramienta fundamental para defender la unidad con un pliego único de reclamos orientado por un plan de lucha que involucre a todas las representaciones gremiales. Es necesario reclamar una mesa paritaria con representación de todos los gremios y sectores en lucha, para torcerle el brazo al gobierno.

La patronal, de la mano del gobierno macrista, ha dado un paso muy serio hacia su plan de flexibilización laboral y racionalización de personal en el subte. La firma con la burocracia de la UTA de un acuerdo para automatizar la recarga de la Sube, más la creación de una categoría multifunción, significa la eliminación de los puestos de boleteros y auxiliares, y el bloqueo al ingreso y ascenso del personal postulante. No importa si hoy no despide -argumento de la dirección de AGTSyP. Lo que importa es que una vez suprimida la función, bastará con no reponer el decrecimiento vegetativo del personal para reducir la dotación. Inmediatamente después, vendrá el aumento de la frecuencia de tráfico mediante la disminución del tiempo de descanso y la eliminación del guarda. Y, después, la reducción de los talleres mediante la tercerización de tareas. Todo en carpeta de Metrovías y SBASE. El hecho de que esta modificación de convenio se haya firmado con la UTA en secreto y a espaldas de los trabajadores, es una provocación y un golpe contra la AGTSyP, que viene de ganar la compulsa sobre cantidad de afiliados y de obtener la personería gremial. Y también un cachetazo al personal de estaciones, que en reciente plebiscito se pronunció en contra de esta “reforma”. La ausencia de toda reacción de la AGTSyP ante la injuria es un nuevo golpe desmoralizador por parte de la conducción, que se viene adaptando a las políticas macristas -como antes a la kirchnerista- desde el mismo pase del subte al gobierno de la Ciudad. Es la Ejecutiva la que creó las condiciones para la capitulación ante la patronal y la UTA, con una intensa campaña a favor de la automatización con flexibilización, a cambio de unos pesos más para la multifunción. Enfrentó a los trabajadores de estaciones y desconoció el resultado de su votación, que se había acordado que fuese resolutiva. En el cuerpo de delegados, 35 votos del oficialismo apostaron a la inacción, contra siete de la Naranja, que propuso el paro para anular el golpe de mano de la UTA y la patronal. Habla del conservadurismo que esta conducción ha impuesto en todos estos años de adaptación a los gobiernos de turno. La minoría Violeta-Bordó de la directiva -tres vocales K disidentes y PTS- se abstuvo, habilitando la capitulación de la dirección pianellista, con el agravante de dar la espalda a los trabajadores de estaciones, sobre los que tiene una importante responsabilidad. La Naranja del Subte llama a abrir el debate en la base de las líneas para frenar el conjunto del plan “maestro” de Macri-Roggio, que no va a mejorar en lo más mínimo la calidad del servicio (insuficiente, obsoleto y mal mantenido), pero sí el beneficio capitalista, a costa de la pérdida de puestos de trabajo, reducción salarial, mayor explotación del personal y el aumento del pasaje en un brutal 70 por ciento.

Las elecciones en la Agremiación Tucumana de Educadores Provinciales (Atep), el histórico gremio de la docencia tucumana, convocadas para el próximo 26 de Junio, se llevarán a cabo en un cuadro revulsivo, pues la docencia está sufriendo las consecuencias de un acuerdo salarial del 30% de aumento del básico que ya está siendo devorado por la carestía y los tarifazos. Los responsables de este acuerdo ruinoso buscan su reelección.Bien mirado el asunto, están buscando su séptima reelección (re-re-re-re-re-re-reelección). El candidato de la directiva, David Toledo, es el ladero histórico de “Cacho” Zelarayán, fallecido en 2009, después de estar 20 años al frente de Atep. Se trata de una camarilla que ha manipulado los estatutos y los procesos electorales del gremio convirtiéndolo en un unicato sindical, vacío de todo contenido, de toda representatividad y al servicio del gobierno de turno (sea este Manzur, Alperovich, Miranda o Bussi). Para enfrentar a estas “marionetas del poder” y a sus múltiples trabas proscriptivas, se ha presentado las Lista Rosa-Marrón-Naranja, una lista que agrupa a los sectores combativos de la docencia tucumana que en los últimos años han venido impulsando la lucha docente yla puesta en pie del movimiento autoconvocado de 2014. Esta lista se ha conformado sobre la base de un programa de independencia del Estado y de los gobiernos de turno y que plantea impulsar la lucha por un salario igual a la canasta familiar y la democratización de la vida gremial, terminando con el unicato sindical de la lista oficialista (Morada y Blanca, aliada dela Celeste en la conducción de Ctera). La Lista Rosa-Marrón-Naranja está encabezada por Raquel Grassino, principal dirigente de la oposición docente provincial y militante de Tribuna Docente y el PO. Está integrada también por decenas de delegados y luchadores docentes. La primera tarea que tienen por delante es vencer las trabas estatutarias (entre candidatos en diferentes niveles y exigencias y los avales, se necesita el apoyo de más de 500 docentes) y las múltiples trabas burocráticas que la junta electoral (integrada por los mismos tránsfugas que consumaron el fraude en la elección anterior) está poniendo y va a poner por delante antes de oficializarnos. La lucha por recuperar Atep es inseparable de la lucha por estructurar y organizar a la docencia tucumana en una sólida agrupación clasista. También se han presentado otras listas que provienen de ese tronco muerto que es el zelarayanismo (la Dorada y la Verde-Roja-Azul). Estos sectores han sido reacios a impulsar la lucha autoconvocada y en general toda lucha. Son agrupamientos contrarios al planteo de la independencia de Atep de los gobiernos de turno. Son listas que expresan un grado de división y disgregación de la burocracia, y que intentan disputarle a ella la conducción sindical apoyados no en la organización combativa de la docencia sino en la colaboración con diversos aparato político patronales, que van desde la UCR (canismo) hasta distintas expresiones del PJ (Orellana, Amaya, Alfaro).

Luego de diez años, comenzó el juicio por el asesinato de Exequiel Melian y otros seis jóvenes heridos producto de una salvaje represión policial desatada el 3 de abril de 2006, mientras se disputaba un partido por el campeonato oficial entre Club Sarmiento y Unión Santiago en la Ciudad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. La bala que atravesó el corazón de Exequiel, de 17 años, como las que ocasionaron las heridas de los otros jóvenes fueron balas de plomo que detonó la policía provincial. El operativo de impunidad se puso en marcha desde el momento cero del asesinato y las lesiones, cuando la policía procuró embarrar la cancha ocultando las pruebas que demostrarían el accionar policial contra los hinchas, lo que llevó a familiares y vecinos a resguardar las evidencias que quedaban del accionar del Estado. Fue la propia Gina Ferreyra, madre de Exequiel, quien custodió el cuerpo de su hijo durante la autopsia. El trámite de la causa sufrió varios reveses. Incluso fue caratulada como un homicidio en riña, una figura menor en el Código penal que se aplica cuando durante una gresca no puede establecerse el autor de la muerte. Fueron once los policías vinculados con la causa, pero sólo uno, Juan Manuel Ibáñez, llegó al juicio oral. La fiscalía apunta a limitar daños, planteando que la represión se desató por la sola voluntad o “exceso” de un uniformado y no por una decisión política de que ordenó la represión. En las cinco jornadas de juicio que se llevaron adelante hasta el momento, salió a la luz lo que los familiares y amigos de Melian, integrantes de la Comisión de Familiares contra la impunidad de Santiago del Estero, denunciaron incansablemente durante estos años: el estadio del Club Sarmiento, fue habilitado fraudulentamente en un acuerdo entre la municipalidad y dirigentes del fútbol, sin que se cumplieran las medidas de seguridad necesarias, cuando ellos mismo reconocen que se trataba de un “partido de riesgo”. En su declaración ante el jury, Ibáñez no admitió haber utilizado postas de plomo, aunque sí que disparó contra los hinchas de Sarmiento para disuadir. Ibáñez puso especial énfasis en indicar que él era un oficial altamente calificado por haber realizado diversos cursos y tener amplia experiencia en los “Operativo Balón”. Para conocer la sentencia habrá que esperar la declaración de más de 30 testigos, hasta el momento la fiscalía ha validado los dichos de los oficiales sobre la ubicación de la policía durante los hechos de represión, en tanto que desestimó las declaraciones de los padres de Exequiel. La familia de Melian y las demás víctimas han quedado vedadas del ingreso a la sala de juicio, sólo se los habilitó a presenciarlo mediante el sistema de video conferencia. Este atropello se hace más gravoso cuando a los propios padres de Melian son ambos querellantes. Una afrenta contra los derechos de las víctimas y de quienes bregaron durante diez años para llegar a este juicio. Al mismo tiempo y en consonancia con el exterior de la sala de audiencias, el público fue “custodiado” a cada paso por la policía santiagueña y acompañado en la sala, donde doblaban el número de asistentes. Afuera, cercados por vallas y una centena de efectivos, esperaban Milton Domínguez, Cristina Farías y otros representantes de la Comisión de Familiares contra la impunidad de Santiago del Estero, y la diputada del Partido Obrero, Andrea Ruiz. El afán por exculpar a la institución policial, el poder político, empresarios del fútbol y la propia AFA, echando lastre con un solo policía implicado, demuestra que para alcanzar justicia en esta causa es más necesario que nunca redoblar la movilización independiente del Estado. Justicia por Exequiel Melian. El Estado es responsable.

Hace seis meses, la mina Veladero, operada por la empresa Barrick produjo un enorme derrame de cianuro y otros metales pesados muy tóxicos (plata, mercurio, oro, etc.) que contaminó varios ríos de la provincia de San Juan, fuente de agua de poblaciones y ciudades. Según el fallo del juez Oritja, la mina había elevado el nivel del valle de lixiviación por encima de lo estipulado en el estudio de impacto ambiental, lo que plantea la posibilidad de un desmoronamiento y una catástrofe aún mayor. “A menos que supongamos que la humanidad pueda desenvolverse sin metales, los “métodos y tecnologías de la minería tradicional” ya no podrán satisfacer las necesidades humanas”, dice Gómez, sin tener en cuenta que el sistema capitalista sufre una crisis de sobreproducción. La escala de explotación actual es enorme para producir metales. Tanto que actualmente o se encuentran en grandes stocks de arsenales como reserva de valor o toman forma de artículos suntuarios . Para las “necesidades humanas” bastaría con una parte mínima de las minas que hoy por hoy están en explotación. La polémica no pasa tampoco por la mina de socavón o a cielo abierto. El problema no es la forma de la explotación sino la cantidad y el lugar de la instalación. Veladero está alrededor de los cuatro mil metros de altura, en zona de glaciares y periglaciares. El 70% de nuestro país es árido y los cursos de agua de esa parte del territorio se alimentan de deshielo, por lo tanto para que esa zona del país sea habitada y mantenga actividades productivas no debe haber minería arriba de los tres mil metros. Por otra parte, los trabajadores no solo se ven obligados a trabajar a 15 grados bajo cero en una atmósfera escasa de oxígeno, en situación de apunamiento (soroche), sino que el aire que respiran está contaminado por el material particulado, propio de las explosiones con dinamita y con gases tóxicos propios del proceso químico. “La intención del artículo es orientar a los trabajadores de esa mina, corazón del proletariado sanjuanino”,dice Gómez. Pero la mayoría de los trabajadores de la mina no son sanjuaninos y su tiempo de permanencia en condiciones de estabilidad laboral es de pocos años, porque las condiciones de insalubridad deterioran a las personas. Suele ocurrir que permanecen 20 días en el establecimiento y descienden 10 de franco, régimen ajeno a las leyes laborales vigentes. Cabe aclarar que un proyecto minero tiene un horizonte de 15 años y deja un pasivo ambiental eterno. Por todo esto, es importante aclarar que la clausura de una mina no implica el cese del trabajo. Las tareas para parar la producción y controlar los residuos peligrosos que quedan en la zona requieren de muchos trabajadores mineros. Ahí son indispensables operarios y técnicos que conozcan el establecimiento, el proceso, los depósitos de residuos peligrosos, los lugares impactados por los derrames. Además, los asambleístas luchan contra la Barrick, no contra los trabajadores, que han sido solidarios con la población advirtiendo del derrame y van a cumplir una función social en un futuro. “Finalmente -dice Gómez- no es lo mismo la denuncia de una minera que está por instalarse y la lucha para impedir que lo haga, […] que un yacimiento en funcionamiento con sus miles de trabajadores mineros”. Este razonamiento no puede generalizarse, porque los riesgos de que esta mina siga produciendo son enormes. Es una cuestión de supervivencia. El 5 de noviembre del año pasado hubo un relave minero en Bento Rodriguez (Minas Gerais, Brasil) donde murieron decenas de personas sepultados en la masa de lodo y agua tóxica que arrasó con todo a su paso.¿Vamos a esperar que ocurra esto? Los asambleístas de Jáchal están solicitando al Concejo Deliberante la realización de un plebiscito, con amplias posibilidades de que los 18.000 empadronados para votar se pronuncien por el cierre del proyecto. El acampe en la plaza principal de Jáchal sigue y algunos integrantes del colectivo vendrán a Buenos Aires a realizar un acto frente a la Casa de San Juan y las oficinas de la compañía minera. Barrick tiene que pagar por el estrago producido, que dejó sin agua potable a miles de personas. Corresponde el embargo de todos sus bienes para solventar que los trabajadores comiencen las tareas de clausura y remediación, que van a llevar muchísimos años.

La Coordinadora Nacional de Ex Trabajadores de YPF rechaza el plan de 2.500 despidos que pretenden imponer el directorio y la administración política. Ya lo sufrimos en carne propia: antes del desguace de YPF, el país tenía autoabastecimiento de hidrocarburos; YPF tenía seis refinerías propias, una flota petrolera, exploraba y descubría petróleo y gas, desarrollaba yacimientos en todo el país, ampliaba su red de transporte y almacenamiento; exportaba productos elaborados por 500 millones de dólares anuales. En esa situación fuimos cesanteados más de 30 mil compañeros, se vendieron instalaciones y activos, se dejaron arruinar y volverse obsoletos equipos valiosísimos, se entregaron cuencas y yacimientos a la competencia. Personal activo fue reemplazado por tercerizados y precarizados. La destrucción de YPF también arruinó las localidades petroleras, dejando miles de familias sin trabajo y pueblos fantasmas. Hubo una operación de vaciamiento contra los trabajadores y el país. Durante más de una década se giraron al exterior más utilidades que las que generaba YPF, en una fuga de capital con la complicidad del Estado. Ahora dicen que con la baja del precio internacional del crudo se necesitan más ajustes. Pero YPF y las petroleras reciben por el barril de crudo el 50% más que el valor de mercado, y el millón de BTU de gas se les paga más caro que el importado. Todo lo financia el pueblo con tarifazos y el combustible más caro del mundo. A pesar de semejante subsidio, quieren achicar costos echando miles de compañeros. No debemos permitirlo. Los ex trabajadores de YPF hemos debido librar una gran lucha por nuestro resarcimiento y, a pesar de haber logrado una ley (27.133), el Estado no nos paga. Mientras la inflación destruye el valor que deberíamos cobrar. Tampoco nos permiten jubilarnos como ex ypefianos, pese a haber aportado y luego de 25 años de nuestra cesantía. Vemos que los ataques que nosotros sufrimos ahora se dirigen contra los compañeros activos de YPF. Por eso nos solidarizamos con ellos y decimos: * Prohibición de despidos. Ni un solo cesante más en YPF. * Reincorporación de los ya cesanteados en edad de trabajar, jubilación del resto por su categoría de revista. * Pago ya del resarcimiento a todos los cesanteados y sus familias. * YPF sólo será nacional en manos de sus trabajadores.

En estos primeros meses de gobierno macrista, los trabajadores de televisión ya hemos perdido casi 500 puestos de trabajo (Deportv, Diputados, Crónica, Canal 9, PPT, CN23) y hay en desarrollo conflictos como los de 360Tv por falta de pago. Frente a este ataque patronal a las condiciones laborales, los trabajadores han mostrado una tendencia a la lucha que en algunos casos ha sido impresionante, por ejemplo en CN23, donde la patronal kirchnerista despidió a un centenar de compañeros, éstos ocuparon el canal y cortaron la transmisión, imponiendo la intervención del Ministerio de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria. El llamado de la directiva kirchnerista del Satsaid a desmovilizar a los compañeros mientras la patronal incumplía la conciliación,llevó el conflicto a la derrota con 102 “retiros voluntarios”. A principios de diciembre, la productora PPT despidió 24 trabajadores que se encontraban precarizados vía contratos a plazo fijo y el sindicato sostuvo que ni bien recomenzaran los programas se volverían a tomar a esos trabajadores. La misma situación que se acaba de vivir en Canal 9,donde luego de 14 despidos (seis contratados y ocho trabajadores de planta permanente) se “cerró” el conflicto con la “firme voluntad de la empresa de volver a convocar a los trabajadores… en futuros eventos”. Pero en un cuadro de recesión como el actual, en el que las perspectivas de una pronta reactivación económica son mucho más que remotas, entregar cualquier conquista o posición en función de esta posibilidad es algo peor que una ilusión. Para enfrentar el ajuste macrista, es necesario un paro general de actividades con movilización y asambleas por empresa que rodeen de solidaridad efectiva a todas las luchas del gremio. El 13A La participación del sindicato en el acto del pasado 13 de abril en Comodoro Py conduce al gremio a un callejón sin salida, en cuanto plantea un frente de los trabajadores con aquellos que están en la vereda opuesta. Desde la Naranja de Televisión planteamos la independencia política del movimiento obrero frente a las patronales y el Estado, y oponemos al “frente ciudadano” con los partidos patronales, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores contra todo el arco patronal. Por la inmediata discusión de la paritaria y la abolición del impuesto al salario. Prohibición de los despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. Que la pauta oficial que se adeuda a los canales vaciados sea entregada para el pago a los trabajadores. Reincorporación inmediata de todos los despedidos. ¡Paritarias ya!

Casi 2.000 estudiantes secundarios de diferentes colegios se movilizaron por las calles de Rosario hacia el Concejo Deliberante. La debutante Coordinadora de Estudiantes Secundarios convocó bajo las consignas centrales de: rechazo al tarifazo en el transporte, por un boleto educativo gratuito y por el mejoramiento de las condiciones edilicias. De esta forma el movimiento estudiantil secundario de Rosario se suma a las movilizaciones masivas de estudiantes en Buenos Aires y distintos puntos del país. La necesidad de una Coordinadora frente al ajuste y el derrumbe educativo La explosión de un tablero eléctrico en la escuela Nigelia Soria provocó una fuerte reacción estudiantil. La formación de una coordinadora de estudiantes secundarios emergió entonces como una necesidad en la ciudad. Así, un plenario de casi 100 secundarios fundó la Coordinadora de Estudiantes Secundarios. Por unanimidad la CES convocó una movilización para el jueves 21 con las consignas mencionadas a las que sumó la denuncia del protocolo anti piquetes, el repudio a las concesiones privadas en las escuelas, la impunidad, el gatillo fácil y el apoyo a la lucha docente. El accidente en la escuela Nigelia Soria, no es un hecho aislado. La educación en Santa Fe se encuentra en pleno derrumbe. Las escuelas son una trampa mortal: incendio en un colegio, paredes electrificadas, derrumbe de cielos rasos y hasta de muros. La crisis edilicia es total. El Frente Progresista es responsable y está completamente alineado con el ajuste del gobierno nacional: salarios docentes y estatales de miseria y un tarifazo hasta del 100% en el transporte. Por un movimiento estudiantil unificado, independiente del Estado y los gobiernos La Federación de Estudiantes Secundarios regimentada por el kirchnerismo intentó romper la masiva movilización mediante diferentes maniobras. Los estudiantes de ambas organizaciones estudiantiles (la CES y la FES) debemos advertir que las agrupaciones kirchneristas que dirigen la FES son cómplices de la crisis educativa y los tarifazos, como lo demuestra su voto favorable al acuerdo con los buitres en el senado. La crisis edilicia en los colegios de Santa Fe es consecuencia de un presupuesto provincial que no destina fondos suficientes para los rubros educación y salud y que en cambio sostiene las ganancias de los grandes grupos económicos de la provincia. El kirchnerismo votó junto con el Frente Progresista este presupuesto tanto en Diputados como en el Senado de la provincia. Vale señalar también que su oposición al aumento del boleto en la ciudad es a partir de defender a la empresa privada de Rosario Bus, por ello reclaman subsidios para este grupo capitalista que se benefició de forma extraordinaria bajo el kirchnerismo. Un gran primer paso, vamos por el segundo Esta gran movilización fue un importante primer paso. La CES debatirá una nueva movilización al Concejo Deliberante rechazando el tarifazo en el transporte. Esto representará un nuevo avance en la lucha y organización. Por eso iremos con esta propuesta desde El Impulso, agrupación de secundarios de la UJS que ha participado activamente en la formación de la CES. Enfrentemos el ajuste con un programa: por un plan de obras integral para el conjunto de las escuelas rosarinas con partidas presupuestarias especiales para financiarlo; contra el aumento del boleto, por la apertura de los libros contables de la empresa Rosario Bus, por un fondo compensador integrado por una tasa municipal a las empresas de facturación millonaria; boleto educativo gratuito para estudiantes de todos los niveles, docentes y no docentes; basta de concesiones privadas en las escuelas, abajo el protocolo antipiquetes, basta de impunidad, todo el apoyo a la lucha docente, por la unidad docente-estudiantil para luchar por nuestra educación.

La decisión de la cúpula de la policía provincial de abrir las inscripciones para formar una Policía infantil con niños de entre 6 a 14 años desató una fuerte polémica que transcendió nacionalmente. El proyecto sale nuevamente a la luz, luego de que en 2012 se firmara un convenio entre Nación y la provincia para erradicar este tipo de proyectos, que incluía una gendarmería integrada por niños. Ante esto, la gobernadora kirchnerista Lucia Corpacci, salió a rescatar la iniciativa policial pero pidiendo que le cambien el nombre para no violentar ninguna norma. La complacencia de la gobernadora va en la línea del aval que le dio al protocolo represivo del gobierno macrista a nivel nacional y pretende encubrir que la policía es la principal responsable de la violación a los derechos humanos en la provincia, como le demuestra el haber dejado morir calcinados a cuatro adolescentes en la Alcaldía de menores, la muerte por tortura del joven Diego Pachao en la Comisaría 7ª y el caso más reciente del fusilamiento de un chico de 17 años en Andalgalá. Los padres de muchos aspirantes a ingresar a esta fuerza represiva han denunciado incluso los malos tratos en la propia instrucción, lo que da cuentan desde el vamos de una formación despótica destinada a reproducir la violencia organizada contra la juventud y los trabajadores de la provincia. En su página de Facebook la policía provincial publicó que la iniciativa apuntaba a: "elevar el espíritu patriótico y cultural (...) apoyar la educación escolar y familiar (…) y (el) acercamiento comunitario, inculcándole valores y el respeto de las normas sociales para una armónica convivencia en sociedad". Una avalancha de repudios obligó a la policía a bajar la publicación, pero la iniciativa sigue en pie. En esta línea de reconocimiento por parte del Estado está el aval político para el funcionamiento de las colonias de verano de la policía infantil, donde se ejerce el adoctrinamiento castrense de los niños a cargo de personal policial. Una violación flagrante de los Derechos del Niño. Exigimos: *Fuera la policía de la educación. *Abajo el adoctrinamiento de niños y jóvenes por parte de las Fuerzas represivas del Estado. *Investigación de todos los casos de tortura y gatillo fácil contra la juventud. *Cárcel a los policías asesinos de Diego Pachao, de los chicos de la Alcaldía y el responsable del fusilamiento en Andalgalá.

El 18 de abril comenzó el juicio oral y público por el crimen de Ismael Lucena, asesinado por la policía en noviembre de 2011, así como por las lesiones provocadas a su amigo Marcelo López. Los hechos ocurrieron cuando los dos jóvenes volvían a su casa caminando en la localidad de Las Talitas (departamento de Tafí Viejo), porque habían perdido el colectivo. En esas circunstancias fueron perseguidos por dos agentes que se encontraban vestidos de civil. Creyendo que iban a ser asaltados, los jóvenes corrieron pidiendo auxilio a los vecinos. En una casa lograron que los vecinos llamaran a la policía pero mientras aguardaban en una galería fueron alcanzados por los asesinos, quienes los golpearon salvajemente. Ismael recibió un golpe mortal en la cabeza con la pistola de uno de ellos. Cuando llegaron los policías de una comisaría cercana, los jóvenes fueron detenidos y obligados a firmar un acta, a cambio de que pudieran ir a su casa. En el acta declaraban que habían sido asaltados. A Ismael lo llevaron caminando a la comisaría porque sangraba mucho e iba a ensuciar el auto. Luego los abandonaron en un dispensario cercano. La lucha que llevaron sus familiares con el acompañamiento de distintas organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales, permitió llegar al juicio haciendo visible la política de gatillo fácil y violencia policial en la provincia. La tortura está institucionalizada en las comisarías, todavía sigue vigente la ley de contravenciones de la última dictadura, un instrumento valorado por las fuerzas represivas y el poder político para realizar detenciones y apremios ilegales contra el pueblo y la juventud. El 18 de abril, en la apertura del juicio, se realizó una concentración en la puerta de Tribunales. La sala donde se desarrollaron las audiencias siempre están colmadas con la participación de representantes de las distintas organizaciones. Este lunes 25 se presentarán los alegatos y posiblemente se dicte la sentencia. Desde el Partido Obrero exigimos perpetua a los policías asesinos y penas máximas para los que participaron en las maniobras de encubrimiento.

El 23 de abril se realizó una nueva asamblea de ex ypefianos de la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se analizó la situación de estancamiento y demoras injustificadas en el pago del resarcimiento por ley 27.133, como también del marco de situación en que se producen. Los compañeros coincidieron en que el Estado ha desembolsado rápidamente miles de millones de dólares para los fondos buitres y los bancos, mientras nos niega un pago en bonos insignificante comparado con ese festival multimillonario. También se analizó que la demora destruye el resarcimiento por la inflación que sufrimos, de la que el Estado es responsable mediante devaluación, tarifazos, los intereses siderales que paga el Banco Central (38% anual), los subsidios a las petroleras en crudo y gas que paga todo el pueblo. Se debatió la cuestión de los 2.500 despidos que se planean contra los trabajadores activos de YPF, pese a los enormes subsidios que reciben las petroleras. Se informó que las legislaturas de Neuquén y Salta, y el Senado de Mendoza, a propuesta de los compañeros legisladores del Partido Obrero, votaron resoluciones reclamando al Poder Ejecutivo el pago inmediato del resarcimiento, trámites legales gratuitos y lugares de atención en todo el país para los ypefianos. Se hizo notar que no existe ningún dato real sobre ningún compañero en cualquier lugar del país que haya cobrado el resarcimiento, y que los rumores en ese sentido vienen del propio Estado o de grupos ligados a legisladores y funcionarios de los partidos que apoyaron la privatización y el vaciamiento de YPF. Por eso se concluyó que el único camino posible es la acción y movilización independiente de esos sectores, y se votaron las siguientes propuestas: 1) conformar una mesa de siete compañeros de la región para encarar tareas organizativas y contactos con otros cesantes del Estado y con agrupaciones sindicales que luchen contra el ajuste; 2) que la Coordinadora de ypefianos se sume a la Coordinadora Sindical Clasista, que nuclea a sindicatos y agrupaciones sindicales independientes de toda variante de la burocracia sindical traidora en cualquiera de las CGT o CTA; 3) movilizarnos el 27 de abril al Congreso Nacional, donde concurrirá el jefe de Gabinete, Marcos Peña a responder preguntas de los diputados. Néstor Pitrola, impulsor de nuestro resarcimiento, le reclamó que informe cuándo nos van a pagar y por qué se demora el trámite. Iremos a plantear a los medios de prensa ante el Congreso que exigimos respuesta; 4) participar del acto que las centrales sindicales convocan el 29 de abril en el monumento al trabajo, por más que consideramos que es limitado y que debería hacerse un paro nacional contra los despidos. Iremos con nuestro reclamo de resarcimiento; 5) marchar con nuestras banderas el 1° de Mayo a Plaza de Mayo, con todos los sectores combativos e independientes del movimiento obrero y la izquierda; 6) movilizarnos el 16 de mayo al Ministerio de Economía, con una nota dirigida a Prat Gay, firmada por varios diputados, reclamando una reunión para tratar el pago inmediato, la atención de compañeros del interior, y asesoramiento legal gratuito a quienes lo requieran; 7) concurrir el 3 de junio a la audiencia pública en el Congreso Nacional, convocada por el bloque de diputados del Partido Obrero – Frente de Izquierda, para todos los ex trabajadores de empresas privatizadas que tienen proyectos de ley de resarcimiento o leyes firmes como la nuestra; 8) realizar una declaración de solidaridad con los trabajadores activos de YPF, contra los 2.500 despidos que se pretenden imponer, y trabajarla en las dependencias. Invitamos a todos los compañeros del interior del país a debatir estos puntos, convocar el plan de movilizaciones y avanzar en nuestra organización por el pago ya de la ley 27.133 y la jubilación actualizada o la reincorporación según nuestro proyecto de ley 6442/14.

La movilización del 19 en Córdoba estuvo marcada por una jornada en la cual todo el centro de la ciudad se transformó en un escenario de luchas obreras donde los hospitales se movilizaron por el centro de la ciudad, así como otras organizaciones piqueteras, que al igual que nosotros se movilizaron a nivel nacional por el reclamo por trabajo genuino. En Córdoba, el Polo Obrero, con una gran concurrencia de los compañeros que mantiene la toma de tierras desde hace seis meses en Ampliación Cabildo, se movilizó a Casa de Gobierno junto a organizaciones del barrio Cabildo Anexo reclamando luz y agua, punto sobre el cual se obtuvo un importante avance, ya que quedó planteado que en el próximo mes estaría solucionado el problema, y se avanzó con el cobro de programas para la construcción de viviendas, lo que constituye un gran logro. Por otro lado, reclamamos ante el problema del abuso policial que sufrían las familias de Ampliación Cabildo. Los funcionarios del gobierno reconocieron que no había ninguna orden para actuar en contra de las familias del Polo Obrero y que no le daban una solución a las familias porque estaba judicializado el punto. Los compañeros denunciaron la impostura del gobierno, que es el que debería firmar lo acordado con la gestión anterior y que se deje sin efecto toda acción judicial sobre los terrenos ocupados, es por esto que dejamos planteado que seguiríamos con las acciones judiciales contra los responsables políticos y materiales de los abusos policiales, y que continuaríamos movilizando hasta obtener una solución para las familias. El 22 al mediodía, Néstor Pitrola estuvo con los compañeros de Ampliación Cabildo en el predio ocupado, discutiendo el problema de la vivienda y de la desocupación creciente, y como fortalecer la lucha por la vivienda en Córdoba desde el congreso nacional. La tarea ahora es unificar las acciones de lucha en la provincia, como se está haciendo a nivel nacional. Las movilizaciones en Córdoba el día 19 dieron cuenta de la gran disposición a la lucha de todos los compañeros que se movilizaron en los diferentes cortes y movilizaciones. Para fortalecer esta perspectiva, el Polo Obrero está lanzando un empadronamiento de todos los desocupados en las barriadas y el empadronamiento de todas las familias sin vivienda.

El 16 de mayo se van a realizar las elecciones de consejeros estudiantiles en todas las facultades y de renovación de las direcciones de los centros en 9 de ellas. Las elecciones cobran una importancia descomunal, pues se van a realizar en medio de la mayor crisis de la UNT de las últimas décadas. La UNT vivió una década de bonanza por los ingresos proveniente de su asociación con Minera La Alumbrera. Ahora, este emprendimiento minero se ha agotado y esos ingresos extras ya no existen, dejando al descubierto la miseria presupuestaria por un lado y por otro, que con esos fondos mineros se realizaron enormes negociados y corruptelas de todo tipo. Estos negociados han salido a luz. Varios funcionarios -entre ellos el ex Rector Cerisola y el ex diputado nacional de la UCR, Sacca-, están imputados en la justicia Federal por malversar esos fondos, poniendo al descubierto toda una organización que, a través de contrataciones con sobreprecios, han desviado fondos y abierto cuentas secretas o fondos volcados en mesas de dineros. Mientras tanto, no se están pagando las becas de estudio, tampoco el equipamiento de las aulas (por eso en veterinaria los estudiantes se tienen que sentar en el suelo para recibir las clases o rendir los exámenes), el hacinamiento es moneda corriente (sobre todo en el Centro Prebicsh) y se ha suspendido toda la obra universitaria. No solo eso. Las autoridades pretenden resolver la crisis presupuestaria con mayores aranceles, medidas limitacionistas y bajos salarios en el caso de la docencia. Estamos frente a un derrumbe y descomposición completa del gobierno universitario. Ante este escenario, Franja Morada, quie dirigen la mayoría de los Centros y la Federación actúa como agente de las autoridades. No abre la boca sobre los actos de corrupción porque ellos mismos fueron beneficiarios de esos manejos corruptos. Atacan a la docencia que lucha, y bloquean cualquier reclamo estudiantil. La contracara de todo esto es la conducta de la docencia agrupada en ADIUNT que con una conducción combativa, ha salido resueltamente a enfrentar el vaciamiento de la universidad y defender sus derechos; a reclamar que se abran las cuentas y se forme una Comisión Investigadora independiente para desmantelar a todas las camarillas delictivas que han hundido la UNT. Es un ejemplo que el movimiento estudiantil debe imitar y a donde debe confluir. La unidad docente-estudiantil está más vigente y es más necesaria que nunca. Es la vía para impedir el ajuste antieducativo; para lograr que se aumente el presupuesto y se desarrolle un plan de obras acorde a nuestras necesidades; para que se equipen las carreras y obligar a que paguen las becas y salarios dignos; para que se eliminen todos los mecanismos limitacionistas como así también los bonos y aranceles. En definitiva, en la vía para recuperar en forma irrestricta el derecho de los estudiantes a estudiar y el de los docentes a enseñar en condiciones dignas. La UJS ha llamado a todos los estudiantes a reflexionar sobre todos estos hechos y a sumarse activamente en la lucha por la recuperación de los centros y por consejeros que sean independientes de los gobiernos y de las autoridades universitarias de turno; para que tenga vigencia la más plena democracia estudiantil y que a través de asambleas los estudiantes sean los que decidan los pasos a seguir para defender sus derechos. El PTS, un bloqueo para la recuperación de los centros A partir del llamado a conformar un frente de todos los agrupamientos independientes de las camarillas y el gobierno, el PTS, con consideraciones sectarias y pretensiones desmedidas, fuera de toda realidad, decidieron hacer rancho aparte. Preocupados por encumbrar a su aparato estudiantil y no por ver cual era el mejor terreno para recuperar los centros en manos de la burocracia franjista, te

¿En qué consistió el fraude? Urnas con votos sin sacar del sobre, urnas con sobres sin firmar, resultados que se “cantaban” en el escrutinio final según lo “informado” por los presidentes de mesa, pero que al abrir las urnas no contaban con planilla de escrutinio, urnas sin padrón de votantes, o donde los votantes marcados como tales no guardaban relación alguna con la cantidad de sobres y votos computados, éstas fueron sólo algunas de las numerosas metodologías utilizadas para arrebatar fraudulentamente la minoría a la Lista Naranja en las últimas elecciones del gremio gráfico. A la irregular votación de los jubilados, que responden a la Verde (luego la mayoria de los jubilados no conserva la afiliación), que deberían votar sólo la comisión de jubilados, y de los empleados de la Obra Social, que deberían estar afiliados a Utedyc y tener delegados en su lugar de trabajo, en esta elección se sumó el beneplácito de la Lista Verde a otorgar concesiones, que jamás otorgó ni otorgará a la Naranja Grafica, a la Bordó del PTS para que pudieran presentar una tercera lista que dividiera una pequeña parte del voto opositor. Sin embargo, todos estos factores no alcanzaron. Para arrebatarnos la minoría hizo falta que instrumenten otra batería de maniobras fraudulentas y que finalmente dieran vuelta urnas enteras. Todo lo cual ha sido denunciado en un extenso y detallado escrito de impugnación en el que reclamamos nuevas elecciones, anulación de las urnas truchas y el reconocimiento del porcentaje que nos corresponde, de la minoría y de nuestros ocho congresales. La primer maniobra el propio día del escrutinio pasó por los ilegales cambios de horarios de votación, modificados en tres oportunidades, primero tres días antes de la elecciones, nuevamente a las 48 horas y finalmente ocho horas antes de que se iniciara la primera urna, lo cual tenía el claro objetivo de descalabrar cualquier esquema organizado de una fiscalización que no cuenta con el día pago para la oposición, luego esos horarios en muchos talleres tampoco se cumplieron generando un descalabro aún mayor, la otra consecuencia de estas maniobras es haber dejado a muchos trabajadores gráficos sin derecho a emitir su voto, por la falta de información respecto de los horarios de votación. Los números del fraude Pero la mayor irregularidad, el corazón del fraude pasó por el hecho de que en clara violación al estatuto, durante la elección no se hizo firmar constancia alguna a los votantes, de este modo en las urnas donde no pudimos fiscalizar, en gran medida por los cambios horarios, no hay manera de saber, realmente quién votó, así en el grupo de estas urnas truchas, la votación de la Naranja cae de un 21% que obtiene en el resto de las urnas (entre las que están los bastiones de la Verde como la Obra Social), a un sorprendente 3%, la Bordó cae de un 5 a un 1,7% y la Verde crece a un 92,9%. Es de este “submundo” de urnas truchas, que quedaron fuera del alcance de nuestra fiscalización, es que los apoderados naranjas, en soledad, reclamaron la apertura de una cantidad, encontrándose con las situaciones escandalosas mencionados al principio de esta nota, de todo lo cual fueron testigos, no sólo los representantes de la Verde, sino también los veedores del Ministerio de Trabajo y los apoderados de la Bordó, que inexplicablemente, no conformes con no haber pedido una sola apertura de urnas, apoyaron dos urnas sin padrón, incluyendo la más trucha de las urnas, que era la llamada “suplementaria”, donde votaban personas que no estaban en el padrón con una autorización firmada... por la propia Verde. Si además de las urnas no fiscalizadas, se anulan el conjunto de urnas con graves y concretas irregularidades denunciadas en nuestra impugnación, la votación de la Naranja crece del fraudulento resultado del 16,2% -informado por la burocracia- al 24,5%, la Bordó pasa del 5 al 6,9% y la Verde baja de un 77,2 a un 67%. Estamos claramente ante un robo. Por ello, la Naranja está impugnando toda la elección ante en el sindicato, en los próximos días lo hará ante el Ministerio de Trabajo y la Justicia, desarrollará una campaña pública contra el fraude, seguirá denunciando como serviles a la burocracia a aquéllos que los avalen, e impulsará la movilización política y gremial contra el fraude, por nuevas elecciones y por el reconocimiento de la minoría.

Los trabajadores del Astillero Río Santiago (ARS) volvieron a salir a la calle con numerosos reclamos. Se trata de una movilización postergada durante por lo menos tres meses, cuando falleció un compañero como resultado de las condiciones de trabajo. La empresa padece un vaciamiento y desinversión desde hace décadas, fruto de la connivencia entre gremio y empresa. La conducción gremial (Blanca, autoproclamada sciolista) entregó en una asamblea general la lucha por la inversión básica en seguridad que se necesita en la empresa, dando 30 días de plazo a la gestión de Vidal (ya pasaron más de 90). Vale recordar que hace un mes se produjo el procesamiento de personal de la empresa y del ex presidente de la empresa, Héctor Scavuzzo, por la creación de contratos fantasmas. Un escándalo nacional donde el gremio no sólo no se presentó como querellante sino que tampoco dio explicaciones de por qué Scavuzzo continuó tanto tiempo en funciones, cuando en asamblea general se había mandatado al gremio para exigir la renuncia del mismo. Con estos antecedentes se produce la primera marcha, en medio del conflicto paritario sectorial. El gobierno ofreció en una primera instancia un 25,4% y luego el 26%. Muy lejos del reclamo de las diferentes secciones, que es llevar el salario al valor del costo de vida (hoy en 20.400 pesos, lo que implica una suba en realidad del 60% del salario inicial y un blanqueo absoluto de las sumas en negro). La Blanca, por su parte, reclama un 39%. La marcha fue, sin dudas, producto de la presión desde las bases del ARS. Asambleas por sector se desarrollaron en toda la fábrica. El anuncio de la reapertura de la paritaria estatal por orden de la justicia permitió llegar a la conclusión de que luchando se puede quebrar la política de ajuste de Macri/Vidal. La movilización, bajo la forma de peregrinación a pie desde la empresa hasta el Ministerio de Trabajo, demostró la fuerza contenida en la masa de trabajadores de la fábrica. En la movilización se hicieron presentes compañeros docentes del Suteba Ensenada, despedidos de TecPlata, y jóvenes secundarios. La fuerza de la marcha conmovió la región, que salió a apoyar la lucha con muestras de afecto en todo el trayecto. Queda de manifiesto algo que toda burocracia quiere ocultar: que solo la unión y la lucha garantiza las conquistas. Es importante señalar que en la movilización fue herido de bala un compañero del ARS. Exigimos la inmediata investigación del asunto y que el responsable sea detenido. No puede aceptarse que sucedan estas acciones en medio de las luchas obreras en curso. Esta misma semana se estarán movilizando los compañeros de YPF ante el anuncio de despidos masivos y la comunidad educativa de Ensenada, en defensa de la escuela pública. Todo demuestra que están más que dadas las condiciones para un gran paro nacional que unifique al conjunto de los trabajadores contra el régimen ajustador de Macri/Vidal y los gobernadores.

En el punto más alto de la epidemia de dengue Urtubey partió a Estados Unidos con su flamante novia de la farándula. Ha viajado “de apuro” a tomar una nueva hipoteca por 250 millones de dólares que se suma a una deuda que crece sin parar. Cerrado el arreglo con los buitres espera tener el mismo “éxito” que el gobierno nacional y pagar tasas en dólares que son 7 veces mayores que las internacionales y duplican la que paga Brasil. La obsecuencia de Urtubey “no paga”. El gobierno nacional adeuda giros por obras ya ejecutadas y se niega a ponerse al día, apenas giró 250 millones como anticipo de coparticipación. Para pagar sueldos apeló a giros en descubierto en el Banco Macro con las tasas más altas de plaza. Por las medidas macristas como la eliminación de retenciones, que Urtubey apoyó “con entusiasmo”, faltan 1500 millones del presupuesto. Este déficit crece exponencialmente ya que la inflación es superior a la prevista y los ingresos fiscales no acompañan. La contraparte de este nuevo endeudamiento es el ajuste que ha empujado el despido de unos 400 municipales y paraliza la obra pública. Sectores patronales como el presidente de la Cámara de la Construcción, denunciaron esta situación e incluso calificaron al Plan Belgrano como “puro humo”. El dengue La epidemia ha provocado una verdadera crisis de estado. Quedó expuesto el vaciamiento hospitalario y la miseria estructural de miles de familias que no tienen acceso a cloacas o al agua potable, las más vulnerables, entre las que ya se cuentan siete muertos. Fruto de la crisis el frente oficial se rompió en Orán y se precipita una crisis de gabinete. Desde el PO tomamos iniciativas con importante repercusión. En Orán impulsamos una fuerte movilización independiente. Presentamos en todas las bancadas un plan integral para enfrentar la epidemia en la emergencia y en el mediano plazo con los recursos humanos y materiales imprescindibles. A instancias de nuestras bancadas se aprobaron interpelaciones al ministro de Salud y también una audiencia publica en Orán que luego los funcionarios boicotearon quedando expuestos a la critica de la opinión publica. Acompañamos todas las fases de esta crisis, incluida la jornada masiva de descacharrado en la que nuestros militantes fueron organizadores y partícipes. “Huelga” de inversiones Hay amenaza de cierre de la destilería, despidos masivos y otros encubiertos - retiros voluntarios. Falta materia prima para procesar por la caída de la producción en Argentina y la puesta en funcionamiento de una gran destilería del lado boliviano. Hay “huelga de inversiones” de las privadas aún después de la suba del precio del gas por encima del internacional. La política oficial es una nulidad que sólo acompaña la agonía del yacimiento. Desde el PO hemos planteado la declaración de emergencia en hidrocarburos y la intervención estatal de las empresas para garantizar la reincorporación de los despedidos y un plan de reactivación de la producción con continuidad de la destilería. El pacto Romero Urtubey Hace 30 días la reunión de los popes del Estado oligárquico selló un arreglo en nombre del apoyo al pacto buitre y del ajuste. La UCR es apenas un apéndice del gobierno. El gobierno llamó a conformar un “bloque salteño” de todos los partidos con representación en el congreso que solo el PO denunció por reaccionario. Por un momento estamos (o estuvimos) frente a un gobierno de todas las fracciones burguesas con el PO como único opositor. El impacto de la crisis fiscal con epicentro en los municipios, la crisis por la epidemia del dengue y la caída de la actividad petrolera, ha golpeado la autoridad política de Urtubey y empujado tendencias centrífugas en el régimen. Con el Rodrigazo nacional y los diversos choques entre fracciones capitalistas, sectores del PJ han tratado de tomar distancia y plantear una delimitación timorata respecto al gobierno nacional . En la Legislatura y en el Concejo de la capital se aprobó el rechazo al protocolo anti-piquetes a instancias del PO. Los diputados nacionales que encabezaron la ruptura pro-buitre del bloque del FPV, han firmado el proyecto de “consenso” que en las formas (no en el contenido) frenaría los despidos. El gobernador acaba de desautorizarlos defendiendo la línea que adoptó Macri con una promoción trucha del empleo… para seguir despidiendo. Un sector hiper-k que venía, a pesar de todo, sosteniendo a Urtubey, conformó esta semana una mesa del llamado “Frente Ciudadano”. Desde el PO venimos batallando contra el ajuste e intentando, mediante una agitación sistemática, unir a la clase obrera con la izquierda y explotar la descomposición del régimen para desenvolver una alternativa política independiente.

El proyecto de ley de licencias pos cuestiones de género para el sector docente, elaborado y presentado en el año 2015 por el legislador porteño Marcelo Ramal del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, reúne una serie de demandas de las trabajadoras de la educación que necesitamos conquistar con la organización independiente de las mujeres. El gremio docente, conformado en un 80% por mujeres, no escapa al flagelo de la violencia de género, es en este contexto que la causal de dicha licencia cobra una importancia de relevancia. El proyecto del PO-FIT, a diferencia de los proyectos del PRO y del FpV, contiene el derecho al traslado del cargo frente a casos de violencia de género, este planteo es nodal: en distintos casos las víctimas de violencia de género deben trasladarse de provincia o jurisdicción a fin de alejarse del agresor y recurrir a familiares en otros puntos geográficos del país, esto no puede ser sobre la base de la renuncia al cargo docente, por el contrario reforzar y garantizar la autonomía económica de las víctimas es central al momento de denunciar y tomar distancia de las situaciones de violencia y de sus ejecutores. En ese sentido, el proyecto de ampliación de licencias desde un punto de vista de género recoge los reclamos de la agenda de la mujer docente: la ampliación de licencias materno-paternas, la licencia por tratamientos de fertilización, licencia por trámite de adopción y licencia por violencia de género con derecho al traslado del cargo, son puntos de enorme relevancia. La violencia estatal La necesidad de recurrir a este tipo de licencias se produce como resultado de un tema central que debe ser puesto en debate en la docencia: el Estado no facilita la vida a las víctimas sino que las coloca ante una nueva espiral de violencia institucional cuando deben denunciar, horas enteras en los pasillos de los tribunales en la calle Lavalle, desprecio por las denuncias en las comisarías o fiscalías, presentaciones de todo tipo, descarga sobre la víctima del control de los hombres violentos. Estamos presentando una ley que pone en evidencia que el principal responsable de la Violencia contra las Mujeres es el Estado, es su promotor cuando no da respuestas a las denunciantes o cuando somete a las mujeres directamente a vivir bajo condiciones de reproducción permanente de la espiral de violencia. Queda planteado organizarnos desde las escuelas por la aprobación y reglamentación del proyecto que comenzará la semana próxima a debatirse en la Legislatura porteña y que el PRO y el FpV intentarán reducir en su alcance y el debate, como cuando se desenvolvió el tratamiento el año pasado y quedó truncada por el bloqueo del oficialismo a poner como condición la denuncia judicial para obtener la licencia. En la asamblea legislativa del viernes 22, con las presentaciones de proyectos de la banca del FIT, colocamos junto a las docentes presentes la necesidad de que la campaña tome forma en las escuelas, con charlas, juntada de firmas, recorridas de escuelas del legislador Marcelo Ramal y movilizaciones de las trabajadoras de la educación para conquistar esta reivindicación, involucrando al activismo docente nucleado en la comisión de mujeres de Ademys y a la oposición antiburocrática de UTE-Ctera.

Distintos hechos de la última semana mostraron un derrumbe político de Patria Grande, poniendo en evidencia que la “unidad para resistir” (con el kirchnerismo) que postulan va en contra de la lucha de trabajadores y estudiantes contra el ajuste. Con Tomada y la burocracia, contra el paro docente El lunes 11 el co-presidente de la FUBA y los presidentes del CECEN (Exactas) y el CEP (Psico) de Patria Grande participaron del lanzamiento de la “multisectorial por el boleto” junto a la burocracia docente de UTE y FEDUBA. El acto culminó en una foto con el amigo de Pedraza y jefe del bloque del FpV, Carlos Tomada. Vale aclarar que la participación del co-presidente de la FUBA en este acto se hizo en contra de los resuelto por la Junta Representativa de la Federación que expresamente rechazó participar de una multisectorial hegemonizada por el yaskismo y donde no existe ningún mecanismo de resolución democrática de las divergencias. Tal como ocurre en el Neumático donde los militantes de PG integran la lista de Wasiejko, también en la docencia universitaria el “frente antimacrista” es con la burocracia responsable de la entrega salarial. Los acuerdos entre PG y la burocracia de FEDUBA no se limitan al reclamo del boleto educativo. La presidente del CECEN fue a dar clase al CBC mientras los docentes se plegaban en masa al paro, lo mismo que hizo el Sec. General de FEDUBA que dio clases en Sociales en un cuadro de 90% de paro. El hecho es doblemente grave, por ser militante de Patria Grande y presidente de un centro de estudiantes que votó en asamblea el apoyo al paro. Con los K, contra la FUBA En la marcha del 14 de abril en La Plata por el boleto educativo provincial, ocurrió un hecho insólito. Patria Grande, que copreside la FUBA, intentó evitar por la fuerza que la FUBA encabece la movilización junto a la FULP y las coordinadoras de secundarios. Este auto-boicot a la FUBA es la expresión descompuesta del "frente antimacrista", es decir, de la perspectiva de conducir al movimiento estudiantil detrás del nacionalismo en bancarrota. Patria Grande identificó (correctamente) la participación de la FUBA y la destacadísima presencia de la UJS en la movilización con el desarrollo de un movimiento con una fisonomía independiente; y por ende vio en crisis su propio liderazgo. La actuación lumpen para inhibir la presencia de la FUBA en la movilización es un capitulo más en la kirchnerización de Patria Grande. Por la organización socialista de la juventud Llamamos la atención al activismo estudiantil y juvenil del camino sin retorno al que nos lleva el sometimiento al nacionalismo burgués. El "frente antimacrista" limita la lucha contra el ajuste y no la potencia, ya que condiciona las acciones de lucha al acuerdo de las burocracias sindicales o de las agrupaciones K. Invitamos a los activistas y corrientes del movimiento de la juventud a participar de las deliberaciones hacia el Congreso Nacional de la UJS, que tendrá a este problema como eje.

Del 12 al 15 tuvieron lugar las elecciones en la Facultad de derecho de la Universidad de Lomas que dejan como resultado un fortalecimiento de La Causa (6.3% y el tercer lugar entre 10 listas) que dio una gran lucha política contra Todos x derecho (JUP) La elección estuvo plagada de irregularidades desde su convocatoria hasta el escrutinio. Fue convocada a días de iniciadas las clases, casi clandestinamente, impidiendo que los estudiantes lleguen a las mismas atravesando un debate, así como dejando a una parte de los ingresantes sin poder votar. La elección se realizó al mismo momento (en una misma boleta) con el claustro estudiantil, sin una junta electoral propia del centro, dejando el conjunto de la organización de la misma en manos de la gestión. Todos X Derecho monopolizó todo el espacio de la facultad disponible para hacer propaganda impidiendo una distribución democrática del mismo. El escrutinio se realizó de manera irregular al no comparar la cantidad de votantes efectivos con los sobres presentes en cada urna permitiendo una posible manipulación de los números finales (inflando la cantidad de votantes totales, y los votos de las listas de la gestión). Finalmente, las 11 urnas de las sedes anexas fueron inaccesibles para la oposición y, una vez más , eso infló artificialmente los números de TxD al sumar dos mil votos en urnas donde La Causa (a contramano de la elección de la facultad) obtuvo, supuestamente, cero votos. En este cuadro el festejado 70% de Todos x derecho es un artificio. La campaña de La Causa Nuestra campaña se basó en la necesidad de terminar con el monopolio que Todos x Derecho ostenta de la representación estudiantil ya que operan en la facultad como una dependencia directa de la gestión y sus intereses, y por lo tanto no hacen nada por las postergadas demandas estudiantiles: el boleto, la guardería, las pasantías bajo convenio, un comedor estudiantil. Asimismo, hicimos hincapié en poner en pie una corriente socialista de estudiantes y profesionales del derecho al servicio de los trabajadores. Toda nuestra campaña recibió grandes muestras de simpatía. Los cientos de votos obtenidos, así como el acercamiento de numerosos estudiantes, son las bases para construir a La Causa como la oposición a la burocracia estudiantil de la facultad y la piedra basal de una gran movilización al congreso de la UJS.

El viernes 8 la UJS de Mar del Plata organizó la Fiestroska. El evento reunió alrededor de 450 personas, en un salón que explotó de gente desde su inicio hasta su finalización. Pero el dato realmente importante de la fiesta fue su preparación, en la que cada compañero se encargó de comentar en las cursadas, en los pasillos y en cada rincón de las facultades sobre la fiestroska. Cabe resaltar el papel de los compañeros de Humanidades, que se pusieron al hombro esta campaña, llevando decenas y decenas de compañeros. Nuevamente se vió en esta facultad, el notorio e ininterrumpido crecimiento de influencia entre los estudiantes de la UJS de Humanidades. Luego de esta exitosa actividad, y un 24 de Marzo de una fuerte lucha politica en Humanidades frente al kirchnerismo y las corrientes reformistas que lo siguieron, nos preparamos con todo para llevar una gran delegación de jovenes al congreso de la UJS, que elaborará un plan de lucha para enfrentar el ajuste de Macri y los gobernadores. Con la inestimable ayuda financiera de la Fiestroska y los desafios que tenemos, reforcemos nuestra intervención de cara al congreso y las luchas que se vienen.

La crisis edicilia que viene atravesando la E.E.S.T.N°2 de Ensenada por la falta de mantenimiento de los edificios y sus cloacas, que los días de lluvia desbordan, la mala infraestructura del reciente edificio inaugurado en 2012 entre muchas problemáticas más, causan en el estudiantado un desconformismo total. En Ensenada, donde el Frente de izquierda se posicionó con el 7%, la lucha del Partido Obrero causó revuelo en la juventud lográndose crear recientemente la Unión de Juventudes por el Socialismo. Integrantes de la UJS forman parte de la "Lista Naranja" en el Industrial. El último viernes 15, las intensas lluvias y la falta de mantenimiento de las cloacas hicieron desbordar alrededor de 6 alcantarillas inundando, como ya viene pasando, la zona de los laboratorios. Los mismos alumnos, al ver que en las aulas de informática ingresaba bastante agua, tuvimos que esperar a que descienda el nivel de las alcantarillas para comenzar con el secado, cosa absurda ya que las mismas volvieron a desbordar. Esta situación tiene larga data. En 2012 el ex Ministro de Educación, Alberto Sileoni, inauguró el llamado "edificio 2 o edificio nuevo". A los pocos meses se notó la mala calidad del mismo, con la quita de ventiladores de techo para evitar desastres, aulas separadas por durlock, techos de mala calidad, etc. La educación es atravesada por grandes problemáticas. El ajuste que impulsó Scioli durante la década kirchnerista dejó como consecuencias estos derrumbes edilicios en todo el conurbano. Sin quedarse atrás, la actual gobernadora Vidal continúa con el ajuste que lo único que nos marca es la falta de planes de inversión. Nos quieren convencer de la “herencia” para que nos conformemos con las instituciones fuera de condiciones. Los estudiantes respondemos abriendo los ojos. Es importante organizarnos en la ciudad, provincia y en todo el país para levantarnos por nuestras reivindicaciones. Esta acción de todos los estudiantes de la escuela se realizó justo al día siguiente de la enorme marcha provincial por el Boleto Educativo. Es otro escalón en un estudiantazo que viene en camino.

Las terribles consecuencias del terremoto están lejos de constituir un fenómeno puramente natural. En primer término, porque la magnitud de los daños que un sismo causa dependen de las condiciones previas -y en Ecuador los sismos no son novedad-. BBC Mundo (ver http://goo.gl/sIAgJl ) ofrece el testimonio contundente de un grupo de ingenieros estructurales respecto de la precariedad en las construcciones como factor determinante para la destrucción sufrida, y del incumplimiento de normas modificadas tras terremotos sucedidos en otros países. El propio Correa fue lapidario, cuando "opinó que ha habido en la zona problemas por la 'mala calidad de las construcciones, sobre todo hoteles de cinco pisos sin las vigas necesarias, centros comerciales donde falleció mucha gente'" ( El País , 21/4). El "pequeño detalle" es que habla como comentarista quien encabeza el gobierno desde hace nueve años. Esas construcciones proliferaron como hongos bajo su gestión. No se trata de un problema técnico, pues la tecnología de prevención antisísmica está disponible para su aprovechamiento colectivo; la organización social existente se revela como una traba a la vida misma. La política del gobierno de Correa, lejos de cualquier industrialización o independencia nacional, llevó al extremo la primarización económica, teniendo en la expansión del turismo una de sus patas principales -esos "hoteles de cinco pisos sin las vigas necesarias". Esto nos lleva al segundo punto: la catástrofe ocurre en medio de una crisis monumental. "Ecuador no cuenta con ese dinero [para la reconstrucción], en momentos en que su economía se contrae debido al colapso de los precios del petróleo y al debilitamiento de otras exportaciones tradicionales, como bananos y flores" ( The Wall Street Journal of Americas, 21/4). Además, "las arcas fiscales están vacías y hay enormes problemas de liquidez". Lejos del desendeudamiento que postulan los nac&pop, "la deuda externa se ha duplicado desde 2009, a 27.000 millones de dólares" (ídem). Esta nueva catástrofe constituye además una oportunidad para el capital financiero, pues Correa "adelantó que se analiza la 'posibilidad de colocar bonos en el mercado internacional'" ( elpais.com, 21/4). En cambio, tras la destrucción de zonas enteras, decidió agravar la carga de la crisis sobre las espaldas de los trabajadores, aumentando la alícuota del IVA en dos puntos, y estableciendo "la aportación de un día de sueldo para quienes ganan más de 1.000 dólares (878 euros) al mes"( elpais.com, 21/4) para financiar la reconstrucción, con la anuencia de la derecha. Correspondería, por el contrario, confiscar los beneficios extraordinarios que el capital local e imperialista obtuvo en todos estos años. Las catástrofes naturales vuelven a poner en escena las miserias insuperables del capitalismo como organización social, que potencia los padecimientos de las masas a escalas insoportables. Solidaridad con el pueblo ecuatoriano. Que la crisis, y los costos de la reconstrucción, la paguen los capitalistas.

La crítica de Alicia Rodríguez aduce una serie de argumentos para fundamentar la necesidad del cierre de la mina de Veladero. La mayoría de ellos no cuestiona específicamente la gestión de Barrick sino que apuntan a cuestionar a la minería en general. Señala que bajo el capitalismo hay “sobreproducción”, y en especial hay una “enorme” producción de metales con grandes stocks en “arsenales, como reserva de valor y en forma de artículos suntuarios”. La respuesta a la sobreproducción por parte de los socialistas revolucionarios no debería promover el cierre de establecimientos productivos (cualquiera sea su rama). Las consignas de transición que orientan la lucha contra el cierre de empresas plantean el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores y el control obrero. La afirmación de que hay una “enorme” producción de metales porque una parte de esos metales va a parar a la fabricación de armas es confundir los planos. La lucha contra el armamentismo no pasa por restringir arbitrariamente tal o cual insumo. La reserva de valor Algo similar ocurre con la “reserva de valor”. La función monetaria del oro (y una de sus consecuencias, el atesoramiento), que es el producto de una evolución mercantil de más de dos mil años, no va a ser cancelada ni superada por el cierre de las minas de oro. La emancipación de la humanidad de la moneda y, más en general, de la ley del valor, tiene como requisito una economía socialista que supere la productividad capitalista y permita aplicar el principio de a cada cual según sus necesidades. Ni siquiera en una economía de transición podrá emanciparse la sociedad de la ley del valor. La experiencia de la Unión Soviética durante las décadas del 20 y del 30 fue inequívoca sobre este punto, como lo señaló León Trotsky en La Revolución Traicionada . La crítica a Barrick Dicho todo esto sin embargo, falta lo esencial. La crítica a la minería en general, con críticas similares cualquier sea el régimen social en que se desarrolla, oculta y hasta enmascara la responsabilidad concreta de los pulpos capitalistas mineros que depredan los recursos naturales y superexplotan a sus trabajadores, esto sí como parte de su reacción ante la crisis capitalista y la tendencia a la sobreproducción que lleva incorporada. Concretamente en el caso de Barrick, hemos venido denunciando (PO, agosto de 2013) que desde la caída de los precios del oro tres años atrás, agravado por las pérdidas que le significó la suspensión indefinida del proyecto Pascua Lama y su elevado endeudamiento, comenzó un furioso ajuste en sus explotaciones mineras en todo el mundo, y naturalmente, también en Veladero. El informe publicado esta semana sobre el balance del primer trimestre del año por Barrick destaca “hemos reducido todos los costos de sostenimiento un 24% en efectivo y un 14% en comparación con el primer trimestre de 2015”. En la parte referida a Veladero afirma “La reducción de los costos de mantenimiento reflejaron una disminución en el sostenimiento (…) impulsados por iniciativas de ahorro de costos” (Minning Press, 25.4.16). El derrame de cianuro es resultado directo de esta sistemática política de reducción de costos de mantenimiento que lleva adelante Barrick. Esto es lo que debemos denunciar. Y la complicidad de las autoridades provinciales y nacionales y de la propia burocracia de Aoma, que han ocultado esta conducta deliberada. Salvando las distancias, la masacre de Once no es el resultado del sistema ferroviario sino de la gestión de sus vaciadores, los Cirigliano, Romero, y sus cómplices y socios del gobierno K. El proletariado minero Como señalamos en el artículo inicial y en la respuesta a Diego Rojas, nuestra política debe estar focalizada en cómo ayudar al proletariado minero a asumir el protagonismo que históricamente le corresponde, justamente en territorios con un escaso desarrollo industrial. Es lo que ocurre en países como Bolivia y Chile donde los mineros han sido vanguardia política en sus países. En nuestro país es una tarea pendiente que en parte deriva de lo reciente de la minería, de su aislamiento (se desarrolla en zonas apartadas) pero también de la falta de un trabajo más sistemático de penetración de la izquierda. El temor al cierre es utilizado por la patronal para chantajear y presionar a los mineros. Nuestra política debe ayudarlos a superar esa presión y organizar una intervención independiente junto a las poblaciones de la zona, tanto del departamento de Iglesia como de Jáchal y de la propia San Juan. Los mineros son los primeros preocupados por el peligro de contaminación pues son sus familias y vecinos quienes se ven afectados. No es cierto lo que afirma Alicia Rodríguez de que no son sanjuaninos (lo cual, de ser así, naturalmente no quitaría un ápice lo aquí afirmado). Las condiciones de explotación que señala la crítica no pueden ser usadas como justificación para reclamar el cierre sino como palanca para promover la conciencia clasista del proletariado minero. (*) Ver debate citado en Prensa Obrera 1405 y 1407

Los trabajadores de la empresa TecPlata, que explota la concesión privada de la terminal portuaria de Berisso, llevan ya un mes de lucha por su reincorporación. El conflicto involucra a unos 140 compañeros. La empresa International Container Terminal Services (ICTSI), consorcio con casi 30 empresas en todo el mundo, declaró que los despidos son parte de un ajuste de gastos y que mantendrá las puertas cerradas por dos años. Es una decisión empresarial y no un problema de inviabilidad, ya que fueron rechazaron trabajos de descarga de numerosas empresas, como los operarios han denunciado. A ello se suma la suspensión de los trabajos con la empresa de tecnología Patagonia Shipping Line, con quien se había firmado un contrato por veinticuatro buques de los cuales once están pendientes. El grupo ITCSI pretendería reproducir concesiones y beneficios, en medio de los cambios de firmas con el nuevo gobierno. A largo plazo, especulan en base al proyecto del macrismo de cambiar la función del actual puerto de buenos aires, en uno para cruceros. Para esta mudanza anunciaron el "Paseo del Bajo", 6 kilómetros de autopista por la que circularían decenas de miles de camiones con contenedores hacia La Plata.(Clarin, 6/4). La responsabilidad de este fraude contra el pueblo de Berisso recae no solo en Scioli, que usó la inauguración como pantalla de su campaña, y en Slezack, sino también en Nedela, intendente del PRO actual y el massista Celi, ya que todos aprobaron ceder las tierras a este emprendimiento empresarial. El resultado está a la vista, no crecieron los puestos de trabajo, pero si los negocios capitalistas. Se invirtieron $450 millones en el puerto en beneficio de las empresas “licitadas” y al capital exportador. El playón de contenedores nace como un agujero negro sin control fiscal y una invitación a todo tipo de ilícitos. La conducción moyanista del sindicato de Guincheros, que forma parte de la Fempinra (Federación de sindicatos portuarios) firmó una conciliación obligatoria por 21 días. El aire que ganó con esta conciliación, la empresa lo utilizó para seguir aplicando licencias forzadas. La negociación con el ministerio de Producción y la Administración Portuaria Bonaerense, a su vez, no llegó a ninguna conclusión. El gobierno provincial no hizo ninguna propuesta. Por su parte, todos los partidos patronales berisenses (FpV, Frente Renovador, Progresistas y Cambiemos), votaron en el concejo deliberante el proyecto del FpV, que plantea que la empresa pague los salarios con el canon que paga a provincia por el uso de las tierras: brutal concesión a una empresa que levanta campamento. En contraposición a esto, desde el Partido Obrero venimos acompañando a los trabajadores en lucha. A través de Guillermo Kane, logramos que la Comisión de Trabajo apruebe una declaración unificada rechazando los despidos e instando a la provincia a sostener los puestos de trabajo, y una solicitud de informes de su autoría indagando las causas por las cuales la empresa rechazó contratos e interrumpió los ya firmados, y mantenía a los trabajadores fuera del convenio colectivo de trabajo y procedió al cese total de operaciones por al menos dos años. Es una especulación empresarial en función de operar en el futuro con menores costos, que deja a 140 familias sin sustento cuando la provincia ha invertido fondos millonarios para garantizar su actividad. Deben investigarse también el destino de los fondos que el Estado destinó a infraestuctura y el valor de las tierras concedidas a la empresa, para calcular la magnitud de los recursos públicos que se ven implicados en este fraude económico y social contra la región. Desde el inicio, la conducción de Coria bloqueó acciones políticas contra el gobierno de Vidal. Finalmente, el pasado miércoles los trabajadores movilizaron a la gobernación para exigir que el Estado se haga cargo de garantizar la continuidad de los puestos de trabajo y que a su vez presente una solución a la situación de fraude empresarial que significa el cese de operaciones. Cuando esta edición esté en la calle, los trabajadores estarán peleando en una nueva negociación de la conciliación obligatoria. Son horas decisivas por la reincorporación.

La ley “antidespidos” que avanzaba en el Senado en la tarde de este miércoles fue presentada como un desafío a Macri, quien volvió a reclamar contra cualquier restricción a las cesantías. Pero lo que hicieron los senadores peronistas es arrimar un paso hacia esa exigencia del gobierno y de toda la clase capitalista. Un senador opositor confesó que “tuvimos que poner primera y marcar la cancha, para no chocarnos después con el proyecto de diputados” (Ambito Financiero, 27/4). O sea que los senadores kirchneristas aceleraron la sesión para primerear a los diputados y obligarlos a debatir en base a un proyecto aún más limitado que el “dictamen” resuelto en la cámara baja -con el único voto en disidencia del PO-FIT ( ver artículo ). El proyecto del Senado acorta la prohibición de despidos a sólo seis meses y, como ya ocurría con el dictamen de kirchneristas y massistas en Diputados, el trabajador podría cambiar el despido por una doble indemnización. Además, “la ley sólo regirá para el sector privado” (Clarín, 27/4) -los senadores peronistas protegen así a sus gobiernos cesanteadores- y no será retroactiva. Pero el massismo -y una parte de los senadores del PJ- reclaman también eximir a las Pymes de los alcances del proyecto. Bajo esta denominación, revistan las empresas de hasta 200 trabajadores, el 70% de la fuerza laboral del país. Si el proyecto sólo rige para las grandes empresas y habilita a la doble indemnización, estaría igualando al mecanismo que éstas utilizan para desprenderse de trabajadores -los retiros voluntarios. La amansadora parlamentaria contra el derecho al trabajo no terminaría ahí. El gobierno confía en “dormir” la iniciativa cuando llegue a Diputados, incluso para evitarse el veto presidencial. “Sobran ejemplos de iniciativas que quedaron cajoneadas durante el kirchnerismo, tras la aprobación de una Cámara”, señala Ambito Financiero (27/4) al anticipar el congelamiento del proyecto. Además, el macrismo ha conseguido el apoyo de Massa para una ley de empleo joven, un régimen de contratación laboral subsidiada por el Estado que actuará como incentivo para que las patronales se desembarazacen de trabajadores con mayor antigüedad y remuneración. Burocracia sindical Esta “media sanción” (cuya segunda “media” podría no llegar nunca) es la cosecha que ha logrado la burocracia sindical al cabo de un mes de peregrinación por las oficinas del Congreso. Cuando el número de despidos acumulados en el primer trimestre superaba largamente los 100.000, los Moyano, Caló, Yasky y compañía decidieron disimular su compromiso de fondo con el ajuste oficial reclamándole una legislación “protectiva” a los mismos bloques políticos que venían de votar el pacto buitre -precisamente, el punto de apoyo para un reforzamiento del ajuste. En aquella reunión de diputados con la CGT, fueron los parlamentarios del PO en el Frente de Izquierda quienes advirtieron que no sería el Congreso ajustador el dique contra los despidos, sino la acción directiva y colectiva de los trabajadores. El trámite parlamentario fue la coartada de la burocracia para el inmovilismo, mientras los despidos y suspensiones arrecian en la industria y en las reparticiones. La burocracia es una pata crucial de la coalición política que pretende armar el macrismo, para llevar adelante una reorganización social a costa de la clase obrera. Crisis capitalista, fragilidad política La marcha de la crisis capitalista, sin embargo, tiene un alcance muy superior a los compromisos precarios de la burocracia para seguir tirando. Mientras Macri promete la ‘creación de empleo’, el gran capital reclama libertad para seguir despidiendo y degradar todavía más las relaciones laborales. El derrumbe de Brasil golpea sobre las terminales automotrices y las autopartistas y muchas otras industrias derivadas. Días atrás, el pope Ratazzi, de Fiat, que tiene a 1.500 trabajadores suspendidos, reclamó una nueva devaluación, de cara a la agudización de la competencia internacional y el aumento de los costos provocados por el tarifazo. Pero un sacudón cambiario se daría de patadas con la presente bicicleta financiera, armada sobre una devaluación inferior a la tasa de interés usuraria que remunera a los “inversores”. Por detrás de la común voluntad ajustadora, la marcha de la crisis agudiza los enfrentamientos entre los capitalistas y sus bloques. Aunque Macri logró emplazar a Massa y al PJ en la cuestión de los despidos, la impasse económica le pone límites muy claros a la tentativa oficial de armar una coalición de gobierno estable. La clase obrera Finalmente, en la frágil coalición del ajuste hay que inscribir a Cristina Kirchner, cuyo mensaje a la tropa propia es la de preservar la “unidad” con los Gioja, Scioli y los senadores que han votado el pacto buitre. Los límites de la camarilla K para acaudillar una oposición popular al macrismo está dictada por su propia naturaleza ajustadora (Santa Cruz), y por el temor a dar con sus huesos en la cárcel. En oposición a los culebrones del Congreso, sectores muy importantes de la clase obrera han salido a defender sus reivindicaciones a través de una lucha decidida. Es el caso del vigoroso paro bancario, que terminó derrotando la intransigencia patronal, de la huelga docente universitaria, de las extraordinarias huelgas y puebladas que protagonizan los estatales y docentes santacruceños, fueguinos, mendocinos y santiagueños, entre otros. La movilización de este viernes 29, concebida para evitar un paro, terminará recogiendo en las calles esa enorme inquietud obrera. En este cuadro, nos movilizamos el 29 junto a los sindicatos y cuerpos de delegados del clasismo y de la izquierda, en una columna que reclamará el paro nacional contra los despidos, los tarifazos y por el salario. El 1 ganamos la Plaza de Mayo, como viene haciéndolo la izquierda desde hace más de una década, en defensa de todas las reivindicaciones amenazadas y de una alternativa política propia -el Frente de Izquierda- frente a los partidos y el régimen de los despidos masivos.

En los últimos días, el gobierno ha arremetido con dos medidas sumamente antiobreras. Dio de baja, mediante un decreto, a los gremios en lucha del Registro Provincial de Sindicatos, es decir que pretende dejar sin cobertura gremial a los trabajadores nucleados en más de 18 gremios, poder quitar los permisos gremiales que se usufructuaban y, a su vez intentar, mediante esta presión que los trabajadores retornen a sus puestos de trabajo. Por otro lado, el Ministerio de Educación avanzó sobre los docentes, queriendo, mediante una resolución, otorgar los cargos de aquellos docentes que se encuentran haciendo huelga (hoy más de un 65%). Es decir, la contratación lisa y llana de rompehuelgas. En párrafo aparte hay que mencionar que ATE seccional Río Grande ha abandonado el acampe en dicha ciudad, con la “intención” de abrir el diálogo, separándose por completo del plan de lucha llevado adelante por todo el conjunto de los trabajadores estatales fueguinos. Lo mismo corre para ATSA, que ha arreglado con el gobierno, como anteriormente la había hecho UPCN, la no aplicación del descuento “solidario” y la claudicación de la lucha por parte de su dirigencia declarando la paz social y el abandono de los acampes. El gobierno comienza a hacer mella en las dirigencias que no se sentían cómodas dentro de la Unión de Gremios, dada su estructura burocrática y su historial de pactar con la patronal. Por último, la última semana no hubo sesión parlamentaria. El fiscal de Estado, Martínez de Sucre, pidió tomar intervención sobre el proyecto de iniciativa popular, con lo cual la resolución del mismo se continuará dilatando. Unidad y lucha Como respuesta a esta ofensiva del gobierno, los gremios han desatendido la baja del registro, sabiendo que hay una continuidad jurídica por parte del Estado provincial, un amparo por parte de varios fallos de la CSJ y que es la lucha la que determinará, finalmente, su reconocimiento. Es por ello que se ha ratificado el paro por tiempo indeterminado en la mayoría de los 18 gremios. En cuanto a la arremetida en la educación, los docentes, conjuntamente con la Unión de Gremios movilizaron, lunes y martes al Ministerio de Educación donde el día lunes se encontraron con un operativo de más de 100 policías que rodeaban todos los ingresos, lo que generó un repudio por parte de los supervisores que debían hacer los actos públicos, quienes decidieron no ingresar a trabajar. Finalmente, sólo se entregaron cargos regulares, no así los propuestos por el gobierno. Por otra parte, los compañeros de la DPOSS fueron reincorporados a raíz de la lucha y movilización, como así también la construcción de una nueva carpa fuera del Superior Tribunal de Justicia, quien ha descontado furiosamente todos los días de paro y asambleas. Por último, se realizará una audiencia pública en el Congreso impulsada por el Frente de Izquierda, que presentará las luchas que se están llevando adelante en Santa Cruz y Tierra del Fuego contra el ajuste de los gobernadores del FPV. Recta final La lucha de los trabajadores fueguinos parece haber llegado a su punto de inflexión. La Unión de Gremios y el conjunto de los trabajadores fueguinos, luego de casi 60 días de paro, acampes, movilizaciones y distintas acciones de lucha, han llegado a la conclusión de tomar medidas más profundas ante la desidia demostrada por la gobernadora, parte de los legisladores y la Justicia. Se ratifica el paro, se ratifican las movilizaciones y la asamblea decidirá como profundizar las medidas.

Foto: Ignacio Smith En este 1°, la Plaza de Mayo volverá a ser ganada por la izquierda, el clasismo y los luchadores. Levantaremos una tribuna contra el ajuste de Macri y los gobernadores. En vez de luchar contra los despidos, la burocracia sindical ha salido a buscar la protección de los parlamentarios de Massa, el pejota o el kirchnerismo. O sea, los que han votado por el pacto buitre o gobiernan ajustando (Santa Cruz). La supuesta ley “antidespidos” está en los cajones. Pero las cesantías y suspensiones no paran. Contra esa parálisis, la Plaza de Mayo de la izquierda y el clasismo levantará el reclamo de un paro activo nacional. Pero el fracaso de los partidos capitalistas -y principalmente de los llamados “progresistas” o “nacionales”- nos plantean una conclusión de hierro: desde la elemental defensa del derecho al trabajo, nuestras aspiraciones exigen de nuestra organización política independiente. La Plaza defenderá al Frente de Izquierda como alternativa política, y como frente único de la izquierda y los luchadores obreros contra los partidos capitalistas y su Estado. Una lucha que une a la clase obrera continental e internacional. El Partido Obrero e Izquierda Socialista, integrantes del Frente de Izquierda, junto a Rompiendo Cadenas, la CRCR, sindicatos y delegados combativos y del clasismo, te convocamos a esta cita de lucha. Domingo 1°, a las 15:30 horas, en Plaza de Mayo.

Luego de dos enormes movilizaciones, la última bajo la llovizna que acompañó a miles de desocupados, precarizados y cooperativistas desde Liniers hasta el Ministerio de Trabajo, el 19 de abril logramos abrir los programas de Cooperativas Argentina Trabaja y de los programas de capacitación laboral de ese ministerio, para desocupados. Esto significa miles de puestos de trabajo. El kirchnerismo en el gobierno había cerrado el ingreso a todos los programas de empleo precario desde 2010, a pesar de que la recesión y la crisis económica continuó provocando despidos y desocupación en estos cinco años. En los primeros 100 días de Macri, la política siguió siendo la misma en cuanto al congelamiento salarial (17 meses sin actualizar entre los CFK y M) y la negativa a incorporar desocupados a los programas, mientras en esos mismos cien días aumentaba brutalmente la inflación (más del 40%) y la desocupación (150.000 despidos). Luego del inmenso piquetazo del 16 de marzo en la 9 de Julio, en una reunión con el frente de lucha, la ministra Carolina Stanley respondió que, con el 15% de aumento en la Asignación por hijo, se respondía a las necesidades del “sector”. Las organizaciones independientes del movimiento piquetero vienen pidiendo la universalización de los programas desde su creación y su ampliación a todo el territorio nacional (los K manejaron en forma clientelar tanto el ingreso, como las provincias y municipios a las que llega el programa, y el macrismo continúa con el mismo criterio y con el mismo fin). El gobierno de Macri, tan clientelar como los K; sin embargo, ha tenido que recular en su “atención al sector” y abrir la mano ante la tenacidad y masividad de la acción de masas que volvió a las calles con todo sólo 30 días después. Tres días antes de la segunda movilización, el gobierno anunció un "paquete de mejoras asistenciales": un aumento de 600 pesos para las cooperativas (20%) y para el resto de los programas de capacitación del Ministerio de Trabajo y reducción en el IVA a alimentos... ¡a referéndum de una ley del Congreso! El conjunto de las organizaciones consideró que, luego de tarizazos y el aumento de precios, lo ofrecido era menos que un plato de lentejas. La respuesta a esta limosna fue un piquetazo que recorrió la Capital y llegó al Ministerio de Trabajo con el reclamo de trabajo genuino y aumento. La extraordinaria movilización fue saludada a su paso por trabajadores de la Anses que salieron a la puerta del edificio de Av. Rivadavia y por transeúntes y automovilistas en todo su recorrido, lo que está señalando un cambio humor popular contra el gobierno. Sin embargo, fue prolijamente ignorada por todos los medios, tanto de un lado como del otro de la "grieta", poniendo de relieve que, cuando se trata de censurar las luchas, la grieta se esfuma para dar paso a la verdadera grieta entre explotadores y explotados. La acción de los desocupados y cooperativistas dio cuenta de otro factor clave de esta etapa, la unidad en la lucha: en su marcha a Trabajo la multitud unió fuerzas con los trabajadores estatales, docentes, judiciales, que marcharon codo a codo hasta la Plaza de Mayo, formando en la calle un frente único contra los despidos y el ajuste. Las organizaciones plantearon la necesidad de un paro activo nacional contra el ajuste, tanto en su agitación, como en la asamblea piquetera que reunió a más de 400 delegados y activistas una semana antes. La primer victoria en esta nueva etapa, los miles de nuevos puestos en los programas y el aumento, miserable, pero aumento al fin, re-templa la lucha para ir por el conjunto de las reivindicaciones: trabajo genuino, para todos, pase a planta de los precarizados de los programas estatales, aumento del 40%, ningún programa de trabajo por debajo del salario mínimo vital y móvil, hoy 6.060 pesos. En función de ese programa las organizaciones continuarán en los próximos días con la tercera medida del plan de lucha. La enorme crisis social que golpea a millones de trabajadores es el motor de las luchas que está librando la clase obrera en defensa de sus condiciones de vida, el movimiento piquetero comienza a tomar su lugar en esa pelea.

Se presentaron las listas que competirán en las elecciones de Río Cuarto, el 12 de junio. Las fuerzas de la burguesía se han reagrupado en dos formaciones que pretenderán llevar la elección al callejón de la polarización y soslayar la responsabilidad que les cabe en los grandes problemas que enfrenta la población. La UCR, que detenta la intendencia, presenta una alianza con el PRO, el juecismo y el PS, y lleva como candidato Yuni. El intendente Jure fue uno de los primeros en impulsar a Macri en Córdoba. Su gobierno ha sido un firme defensor de los intereses capitalistas, principalmente los pools de siembra. Jure ha convertido el municipio en una caja de negociados, como son los monopolios sobre el transporte y la recolección de residuos, de SAT y Cotreco. Río Cuarto tiene el boleto más caro del país (10 pesos). El ajuste macrista ha sido replicado en la ciudad, mediante un fuerte impuestazo. Jure ha llevado al máximo el contraste entre las clases sociales. Tras una década de precios altos de las materias primas, ello no se ha traducido en una industrialización; por el contrario, la ciudad es una de las capitales de la precarización laboral. Los trabajadores viven en una ciudad acosada por la falta de viviendas y la especulación inmobiliaria, con un sistema de salud en crisis, sin trasporte accesible, pagando impuestos caros por servicios deficitarios. Ya es vox populi que Jure perdería las elecciones por los “baches”. Las encuestas dan ganador a Llamosas, impulsado por Schiaretti. En su lista se ha integrado la mayor parte del kirchnerismo local, como La Jauretche o la CGT. Siguen la línea de “dar la pelea desde adentro del peronismo”. Su “resistencia” termina en la lista de un gobierno provincial que ha integrado el gabinete de Macri, que apoya el pacto buitre, que ha recortado un 11% las jubilaciones, despedido a cientos de estatales, y que respalda la narcopolicía. Frente a la perspectiva de Llamosas, no es casual que se haya reflotado el caso de Nora Dalmasso, que involucra directamente a los jefes del PJ, puesto que Macarrón sería testaferro del propio De la Sota. La justicia provincial ha garantizado la impunidad por diez años. Los restos del kirchnerismo van diseminados en tres listas: Psol, La Cámpora y la lista denominada “El Imperio de la gente”, a la que se sumó Libres del Sur. También se presentan la UP, sostenida por la burocracia de la CTA local y un grupo “Respeto”, al cual el MST le presta la personería. Divisionismo del PTS El Frente de Izquierda no pudo presentarse por entera responsabilidad del PTS, quien dio continuidad a su deliberada orientación de boicotear el frente único de los explotados. El divisionismo y autoproclamación impidieron la presentación común, porque el PTS reclamó la candidatura a intendente, lo cual no le corresponde, y se negó a convocar una asamblea de trabajadores donde se saldaran las diferencias y se eligiesen los candidatos. Antes de la presentación de listas, el PTS ya había usurpado el Frente de Izquierda lanzando a su candidata como candidata del frente y no del PTS. Ahora presentan su lista como representante del FIT. El oportunismo no puede ser superior. Quiebran deliberadamente el Frente de Izquierda, no para impulsar el PTS, sino para embanderarse artificialmente detrás del FIT. Por una campaña socialista contra los candidatos del ajuste El Partido Obrero ha inscripto una lista que resalta la perspectiva de lucha de la clase obrera y del pueblo trabajador. Como candidata a Intendente llevamos a Lucía Salazar, una joven trabajadora y estudiante de magisterio, impulsora del FIT desde el comienzo en la ciudad. Junto a ella integran la lista Federico Calosso (primer concejal) y otros compañeros docentes, de la salud, municipales, de la construcción, del movimiento #NiUnaMenos, luchadores contra la impunidad, y de las barriadas populares. El Partido Obrero pretende desarrollar un programa y una fuerza política que permita transformar a los trabajadores y a la izquierda en alternativa estratégica frente al régimen ajustador de Yuni y Llamosas, es decir de Macri y Schiaretti. Nuestra campaña se centrará en oponer al ajuste en marcha y la impunidad reinante, un programa de salida para los explotados. Nos orientamos a convocar asambleas y reuniones para apoyar la lista del PO. Impulsamos que los trabajadores a intervengan activamente.

La relación Macri-Schiaretti parecía marchar viento en popa. El cordobés apoyó con bombos y platillos el acuerdo con los fondos buitre; el porteño, el recorte a los jubilados provinciales. En Córdoba, como muestra de su agradecimiento a “la provincia que lo hizo presidente”, Macri presidió una reunión de ambos gabinetes (nacional y provincial), el pasado 26 de enero, donde se firmaron convenios por 27 mil millones de pesos cuyo contenido nunca se terminó de hacer público (en la Legislatura está dando vueltas un pedido de informes que presentamos al respecto). Sin embargo todo pareció enfriarse de golpe. Schiaretti fue ninguneado en una reunión a la que fueron invitados los gobernadores de las provincias inundadas -entre las que figuraba Córdoba. ¿Las razones? Las adelantamos en Prensa Obrera (23/3). El 16 de marzo la Legislatura provincial votó (con el apoyo entero del bloque de Cambiemos) la autorización para un endeudamiento por casi 2.000 millones de dólares, 800 de ellos destinados a la obras de instalación de los gasoductos troncales en varias lugares de la provincia. Pero ahora el macrismo ha hecho saber que pondrá bajo la lupa el endeudamiento de la provincia y que no ve con buenos ojos que todos los tubos sean provistos por las acerías chinas, desplazando a Techint de la obra. Decíamos en Prensa Obrera: “Los gasoductos han servido también para destapar otra lucha intercapitalista. Fuera de la partida ha quedado Techint, ganada por el acero chino, que sobreabunda. El desplazamiento de Techint fue particularmente festejado por el gobierno de Juan Schiaretti, el cual, en tanto representante de las automotrices, se ha cobrado las imposiciones que los Rocca les metían como proveedores monopólicos de chapa... El acuerdo del macrismo (aliado a Techint) con Schiaretti podría terminar estallando como resultado de este enfrentamiento” La pelea ya es pública y abierta. El gobierno provincial, a través del ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, Fabián López, salió con los tapones de punta contra Techint, a quien acusó de inflar los precios y de “moverse en un mercado monopólico”. En las acusaciones a los Rocca hay una respuesta directa al gobierno nacional. Algunas conclusiones La pelea ha puesto de manifiesto la fragilidad de las alianzas que establece el macrismo, esto que hemos dado en llamar “coalición a la carta”; el proceso de endeudamiento que abre el acuerdo con los buitre ha terminado incentivando la crisis política, el gobierno nacional no está dispuesto a autorizar a las provincias y municipios a endeudarse incondicionalmente: “en la Casa Rosada aseguran que no pondrán trabas a los préstamos que la provincia o la Municipalidad de Córdoba quieran solicitar (casi 1.100 millones de dólares y 150 millones de dólares, respectivamente). Sin embargo, ponen un condicionante que equivale a decir que habrá control nacional en la materia: ‘Sólo creemos que deben racionalizar el gasto, tal cual lo hace la Nación’” (La Voz del Interior, 24/4). El acuerdo buitre es incompatible con el federalismo, requiere una mayor centralización del gobierno nacional; es un acuerdo de coloniaje a manos del capital financiero internacional. Política para la clase obrera La burocracia sindical juega en esta pelea en función de sus respectivas patronales, mientras los despidos y suspensiones avanzan en la industria y sobre todo la metalmecánica. La dirigencia de la UOM se ha colocado del lado de Techint y la del Smata de la vereda de las automotrices. Para los trabajadores, lo más importante es establecer su independencia política frente a los grupos capitalistas (y sus partidos) en pugna y un plan de acción propio: el impulso del paro nacional para prohibir los despidos y suspensiones, por el reparto de las horas de trabajo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, por la eliminación del impuesto a las ganancias sobre el salario, por el aumento de emergencia de 6.000 pesos para los jubilados, el 82% móvil y la derogación de la ley 10.333. Con estas banderas vamos al próximo 1 de Mayo.

El juez Casanello ha ordenado allanar las propiedades de Lázaro Báez en Santa Cruz, para recuperar los activos que serían resultado de las operaciones de lavado de dinero. Si se avanza a la detención de alguno de los hijos de Báez, podría quebrarse el pacto de silencio que se ha impuesto el empresario K hasta el momento. Las acusaciones podrían involucrar a CFK y a su hijo, pero también al conjunto de empresarios involucrados en los doce años de gobierno “nacional y popular”. La decisión de Casanello fue literalmente exigida por las corpos mediáticas que hoy sostienen al gobierno. Cierto que el juez no avanzó en la detención de los hijos de Báez. A partir de la súbita agilidad de los jueces federales -el mismo Casanello fue apodado “tortuga” por su renuencia a intervenir en casos que involucraban al clan gobernante, mientras CFK estaba en la Casa Rosada-, se ha difundido la creencia en una suerte de “cruzada anticorrupción” organizada desde el Estado. El espejo sería Brasil. Pero, como allí, los jueces y actuales oficialistas que reclaman “manos limpias” están completamente enlodados por el desfalco de las arcas públicas en beneficio de camarillas capitalistas. Lo que frena hoy la mano de Casanello u otros jueces en el avance hacia las causas que podrían significar el encarcelamiento de CFK y de su círculo de poder no es la deliberación en la Justicia, sino la crisis política. La ex presidente fue citada por la menor de las causas en las que está involucrada y no por las causas abiertas que podrían llevarla rápidamente a prisión. Es una muestra del desconcierto que impera en el gobierno sobre cómo actuar. “En este punto, De Vido ya avisó que el amigo del alma de Mauricio Macri tuvo más obras licitadas en su favor que Lázaro Báez y la lista de los que se beneficiaron con los contratos de dólar futuro compromete a medio gabinete del actual gobierno” (Perfil, 19/4). ¿Hasta dónde llegar? El propio Lorenzetti que hoy sería el adalid de la “independencia de la Justicia” fue denunciado por Carrió por el pacto con el gobierno CFK en torno de la ley de Medios a cambio de “la caja” para la Corte. Por su parte, Cristina Kirchner ha respondido al cerco judicial convocando a una “unidad” del FpV que no saque los pies del plato. Quien ofició de vocera de la reunión de CFK con los senadores no dejó dudas: “no hubo cuestionamientos” hacia los senadores que no fueron a la reunión y votaron en masa el pacto buitre. “La unidad del bloque es intocable” porque éste “es un nuevo tiempo, no hay blanco o negro” (El Cronista, 22/4). La “unidad” cauciona a los parlamentarios y gobernadores que apoyaron al gobierno de MM y a la lista de unidad que encabezaría al PJ, cuyas máximas cabezas -Gioja y Scioli- actuaron en apoyo al arreglo con los fondos buitre. El operativo “moralizante” choca con el involucramiento de toda la clase capitalista en la quiebra nacional. Mientras tanto, sirve para extorsionar a los K para que aporten a la gobernabilidad de los buitres, los despidos y los tarifazos.

Definitivamente, la muerte de cinco jóvenes en Costa Salguero ha cobrado la envergadura de una crisis política. Es que la asociación entre capitalistas del espectáculo y narcotraficantes tuvo como tercera pata al propio Estado, cuya complicidad se agrava a medida que pasan las horas y se suman evidencias. Los funcionarios de la Agencia de ‘Control’ de la Ciudad aseguraron que había 10.500 asistentes. Pero resulta que había más de 20.000, lo que explica el hacinamiento y el calor sofocante. La Justicia debió allanar las oficinas de esa agencia, buscando información que estaría siendo ocultada. Por su parte, la ministra Bullrich salió a defender a la Prefectura. Pero poco después, salió a la luz la complicidad de esta fuerza con los narcos, al punto de facilitar una verdadera “zona liberada”. Con el desastre de Costa Salguero culmina la larga historia de una concesión irregular. Sus terrenos fueron cedidos a la Ciudad para que fueran espacios verdes públicos, pero el Estado los entregó a capitalistas privados. Como jefe de Gobierno, Macri desconoció fallos judiciales contra estas concesiones irregulares y permitió que siguieran operando. La Justicia investiga ahora si estas concesiones no estaban asociadas a los beneficios extraordinarios de las fiestas electrónicas. Encubrimiento opositor La sesión del jueves pasado en la Legislatura estuvo precedida por esta crisis. Se colocó a votación un pedido de informes “consensuado” entre el macrismo y los bloques de la oposición. Pero la tardía solicitud de informes llegaba cuando ya era evidente la falsificación de datos por parte de los propios funcionarios. El pedido de “informes” no tenía otro propósito que el de patear para adelante la crisis en curso (el gobierno se tomará varias semanas para responderlo). Nuestro bloque denunció la maniobra, y fuimos los únicos en no acompañarlo. Reclamamos la presencia de Rodríguez Larreta en el recinto, para que dé cuentas de la responsabilidad política del Estado en este crimen contra cinco jóvenes. Los hechos de Costa Salguero delatan todo el entramado del Estado con los negocios capitalistas de la Ciudad, del mismo modo que ocurriera con Cromañón. Nos referimos a las concesiones irregulares con el espacio público, a la indefensión de la juventud en función del lucro empresario; a la connivencia de las fuerzas de seguridad del Estado con los grupos capitalistas e incluso con el delito organizado. Por lo tanto, no estamos sólo ante una cuestión penal, sino ante una crisis política originada en la orientación social del Estado. Lo que está planteado, por lo tanto, es que el máximo responsable del Estado -el jefe de Gobierno- sea interpelado e investigado. Nuestro reclamo es el juicio político a Horacio Rodríguez Larreta. En el Congreso, nuestros diputados Soledad Sosa y Pablo López han pedido la interpelación a Bullrich, para que responda por la “zona liberada” urdida por la Prefectura. Llamamos al pueblo de la Ciudad a movilizarse por estos objetivos. Rechazamos la tentativa de servirse de esta crisis para perseguir y culpabilizar a la juventud; por el contrario, convocamos a la juventud a luchar para sentar en el banquillo a los funcionarios y a sus narco-socios. Una vez más, el Estado es responsable.

Foto: Javier Entrerriano El pasaje de “Prensa Obrera” en el seno del movimiento obrero y los jóvenes tuvo importantes avances. Decenas de docentes se han suscripto en la primera semana. Sobre un plan que supera los 800 docentes en el conurbano y Capital, los compañeros de La Matanza han dado un primer paso con un alto pasaje en el gremio que está a la cabeza de la lucha docente, desde la dirección multicolor de la seccional de Suteba. En la movilización por el boleto educativo, la UJS realizó un exitoso piqueteo, entre jóvenes y docentes universitarios. Por su lado, los gráficos y los trabajadores estatales avanzan en sus planes de suscripciones y pasaje en mano en talleres y dependencias, tomando como base los artículos de balance de la elección y la lucha contra los despidos. Todos los equipos partidarios están terminando sus planes de pasaje en mano y abriendo debates en todos los frentes, explicando la importancia de la clarificación política mediante el análisis marxista de la realidad. A continuación, la campaña relatada por sus protagonistas. En La Matanza, los docentes vamos por las 200 prensas En el distrito más numeroso dirigido por la Multicolor, donde gobierna el PJ, la prensa cobra un rol central en la lucha política contra el nacionalismo burgués y la burocracia kirchnerista de Roberto Baradel. Los docentes de La Matanza planificamos un objetivo de pasaje de más de 200 prensas, que incluye a una parte importante del activismo, la suscripción de la totalidad de internos y la extensión de la red de suscripciones externas que tenemos actualmente. La primera semana de campaña elaboramos los planes de venta y salimos rápidamente a la colocación de la prensa Nº 1.404 que contenía en sus páginas centrales el planteamiento de que el paro nacional convocado por la Ctera debía ser el inicio de un plan de lucha, y artículos sobre los conflictos docentes en Tierra del Fuego y Santiago del Estero. Se colocaron 150 periódicos, lo que representó un salto importante respecto del número anterior. “Prensa Obrera” y la construcción del partido Tenemos planteado el desafío de dar un nuevo salto en nuestro desarrollo partidario en la docencia, luego de los puntos de inflexión de 2011, en pleno cuadro de ascenso de la izquierda, y en 2013, en la conquista de la seccional del Suteba; con el periódico como eje de reclutamiento. En las próximas semanas tenemos el objetivo de llegar a las 180 prensas, al calor de la lucha por un paro nacional de todo el movimiento obrero contra el ajuste de Macri y los gobernadores y de una gran agitación hacia el 1º de Mayo. En este marco, el pasaje de prensa debe ser acompañado por un debate sobre la necesidad de constituir a la clase obrera en alternativa política y al FIT en su expresión política. ¡Manos a la obra!

El jueves 21, 5.000 estudiantes y docentes nos movilizamos a la Legislatura porteña en reclamo por el boleto educativo gratuito. En esta marcha, la UJS vendió 200 periódicos, entre las columnas secundarias, terciarias y universitarias. La oferta del periódico fue el medio para debatir, en medio de una movilización por una reivindicación concreta y muy sentida, los problemas estratégicos de la juventud y la clase obrera. Discutimos con cientos de estudiantes la convocatoria al Congreso de la UJS, cuya declaración salió en la contratapa. A su vez, difundimos la asamblea abierta que realizamos en la Legislatura para debatir una agenda de los trabajadores -destacando nuestro proyecto por el boleto educativo- en oposición a la política pro-empresarial del gobierno de la ciudad, que quedó brutalmente expuesta en los crímenes de Costa Salguero. Mientras aparece una fuerte predisposición a luchar contra las políticas de ajuste del macrismo en todos los lugares de estudio, la Unión de Juventudes por el Socialismo batalla por la organización socialista y revolucionaria de los jóvenes, contra la pretensión de fundirla en un “Frente Ciudadano” comprometido con los restos de la burguesía nacional hoy sentada en el banquillo de los acusados por sus negociados. La campaña por las 10.000 Prensa Obrera se convierte, paso a paso, en un canal de estructuración de un Partido revolucionario y de su juventud, para ser una alternativa política de los trabajadores. Sigamos avanzando.

La muerte de cinco jóvenes en la fiesta electrónica de Costa Salguero ha reflotado el debate sobre el consumo de drogas en el país. Es cierto, por un lado, que se ha exacerbado esta polémica con un propósito encubridor. En efecto: pretende desplazarse el debate sobre la protección y complicidad del Estado para con los narcoempresarios (de eso se trata Time Warp) por una deliberación acerca de las consecuencias físicas o síquicas de la droga sobre las personas. Quieren ocultar una crisis política detrás de un debate médico, o incluso farmacológico. De allí, a la culpabilización de los propios jóvenes consumidores o adictos, hay solo un paso. Pero si se mira bien, este mismo escamoteo aparece cuando se debate la cuestión “general” del consumo de drogas. O sea, la negativa a inscribir ese consumo en las condiciones generales de la vida social bajo el capitalismo, en su fase de descomposición. La supuesta “libertad individual” para discernir sobre el consumo de drogas es una ficción, cuando los jóvenes son sometidos a gigantescos operativos empresariales como el que se montó en Costa Salguero. Con seguridad, la crisis de Time Warp volverá a reforzar las acciones represivas del Estado contra los consumidores de droga, los únicos que son sentados al banquillo. Mientras tanto, el organizador de Time Warp-un empresario con larga historia como concesionario del Estado porteño- decidió él cuándo concurrir a la justicia, después de permanecer una semana prófugo. Mientras se pone en la mira a los jóvenes, salta la impunidad de los narcoempresarios que, al tiempo que vendían una droga que convoca a la búsqueda desesperada de hidratación, armaron otro negocio lucrativo con la venta de agua. En vez de poner de manifiesto esta trama de impunidad con claras responsabilidades estatales, los ´comunicadores´ se han lanzado a propagandizar el llamado “consumo responsable” o “control de daños” al consumo de drogas. Esta tendencia, extendida en varios países europeos, naturaliza el narconegocio y la drogadicción en los jóvenes, en nombre de campañas explicativas e instancias de ´control de calidad´ sobre los estupefacientes en venta. En varios países de Europa, se instalan puestos de control en las puertas de las rave (fiestas electrónicas) para examinar la pureza de las pastillas de diseño. La municipalidad de Rosario acaba de anunciar la puesta en marcha de este régimen, y el propio Horacio Rodríguez Larreta informó de un proyecto similar en la Ciudad. De la megaintoxicación offshore en Costa Salguero, avanzamos a la bendición estatal del meganegocio de las drogas de diseño. Capitalismo, izquierda y legalización El planteo del “control de daños” se inscribe en una tendencia internacional en favor del blanqueo de la producción y consumo de drogas, que fogonean un grupo definido de voceros y corporaciones. De Lehman Brothers (2008) para acá, el dinero del narcotráfico ha jugado todo un papel en el rescate del capital en quiebra. Lo ha demostrado el escándalo del banco Wachovia Wells Fargo, que blanqueó fondos del narco mexicano equivalentes a todo el producto bruto de este país para zafar de su quiebra. Un sector del capital quiere 'transparentar' estos mecanismos de rescate, para percibir impuestos del narconegocio y sustraerlo del mundo de los paraísos fiscales y bancas “off shore”. Nada de esto eximirá a la droga de sus consecuencias de fondo sobre millones de jóvenes, en términos de embrutecimiento, degradación física y sicológica. El “control de daños” es un régimen de asimilación controlada al consumo de drogas en masa. Del mismo modo que el capitalismo atiende al desempleo crónico con los raseros universales de pobreza (AUH), aspira a administrar ´ordenadamente´ la sujeción de la juventud al narcoflagelo. Si esta posición domina a la opinión pública pretendidamente “progresista”, es inconcebible entre quienes se reclaman de la izquierda revolucionaria. Pero en la sesión de la Legislatura porteña que debatió el tema Time Warp, el “consumo responsable” fue reivindicado, no por los diputados de las fuerzas del régimen, sino por el diputado del PTS. Nuestra banca, por el contrario, llamó a la juventud a levantarse contra el narcoEstado, y a defender su conciencia y su lucidez para luchar por una transformación social. Nuestra lucha por la despenalización -y por el desmantelamiento del aparato represivo entrelazado orgánicamente con el narcotráfico- no puede confundirse con la apología de la droga, que busca liquidar a la juventud como factor transformador de una organización social que, para sobrevivir, criminaliza sus propias finanzas y ramas económicas.

La Federación Aceitera cerró su paritaria con la cámara empresarial y, a partir ahora, la categoría A (la más baja) llegará a un salario básico de 19.690 pesos. Se trata de un aumento anual del 38% en un solo tramo que rompe con los topes impuestos en las negociaciones de este año y constituye un importante estímulo para el conjunto del movimiento obrero que todavía debe cerrar sus propios acuerdos. Indudablemente, en esta negociación estuvo latente lo que pasó con la huelga general y piquetes del año pasado. Esa protesta hizo perder ganancias millonarias a las cerealeras, que exportan desde el complejo del cordón industrial de San Lorenzo. Se comprende que quisieron evitar -por todos los medios- una pelea de aquellas características en un momento en que el país atraviesa un cuadro de inestabilidad política y fuertes contradicciones económicas. Los empresarios no quisieron enfrentarse nuevamente a los métodos de lucha de los aceiteros porLO que provocaría la convulsión obrera en todo el cordón industrial de San Lorenzo, como se evidenció el año pasado. En ese contexto, el sindicato aceitero de San Lorenzo, que no pertenece a la Federación Aceitera, y tiene una dirección que actuó en sintonía con el gobierno anterior, cerró su paritaria unos días antes de que la cerrase la Federación. Esto no venía sucediendo hasta el momento, ya que el sindicato de aceiteros esperaba que la Federación peleara la paritaria, para luego acercarse en su paritaria, a la cifra que cerrará la federación. El sindicato de aceiteros alcanzó un aumento que llevará el básico a 18.591 pesos. Esto también demuestra que las cerealeras estaban dispuestas a negociar aumentos de estas características. Hay que señalar que el punto de la indexación salarial en relación a la inflación no ha estado presente en estos acuerdos de aumentos. Las cerealeras y exportadoras tironean por una mayor desvalorización del salario de conjunto y, a partir de la crisis de exportación con Brasil, pretenden una mayor devaluación. Los trabajadores que transitan negociaciones paritarias por estas horas, como las que están por venir, tenemos que mirar este aumento salarial de la Federación Aceitera y que sirva de empuje para la lucha por un programa: • Paritarias sin techo. • Aumento de salarios igual a la canasta familiar, salarios indexados mensualmente a la inflación. • No a los despidos y suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin tocar el salario. • Eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios de convenio. • Reivindiquemos el método de la huelga general y el piquete.

Foto: Ignacio Smith Las cinco centrales sindicales convocan a una concentración en el Monumento al Trabajo que, según los organizadores, será multitudinaria. Moyano habló de cien mil personas. Mencionó como sus motivaciones promover una ley antidespidos, otra contra el impuesto a las ganancias sobre los salarios de convenio y otra por el 82 por ciento móvil. La convocatoria se produce en medio de la reacción ante la política antiobrera del gobierno MM, que se expresa en las huelgas provinciales de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Mendoza y Santiago del Estero, los paros bancarios, la huelga de seis días de la AGD-UBA, los paros del 19 de abril de estatales y de los Suteba combativos. Pero aclaró que no se trata de un plan de lucha, ni siquiera un primer paso en esa dirección. Justamente lo contrario. Moyano consideró que todavía era prematuro “que el movimiento obrero entrara en escena para frenar los 150.000 despidos que ya ha sufrido la clase obrera en estos cuatro meses de gobierno macrista”. Por eso, sin matices, reconoció que no movilizan ni a Plaza de Mayo ni al Congreso. Declarar que lo que está a la orden del día es paralizar al movimiento obrero es una indicación a la clase capitalista de dónde se ubica la “unidad de las CGT”, cuando el gobierno salió con los tapones de punta sumando a Massa a una ley a favor de los despidos y del subsidio a las patronales y cuando Macri amenazó con el veto de cualquier normativa que ponga la menor limitación a los capitalistas para cesantear a su antojo. La inflación y los despidos son los instrumentos principales de los que se vale la clase patronal para descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores. A menos de tres días del acto cegestista, el vocero más brutal del pensamiento cegetista -como suele ocurrir- fue Venegas: “Tenemos que cuidar el trabajo, esto ha fracasado antes. Hay empresas que no quieren despedir, pero sí saben que tiene que pagar doble indemnización dentro de un mes o veinte días van a despedir gente”, dijo en declaraciones radiales. El colmo fue que sugirió invitar al acto al ministro de Trabajo. En esa misma línea han pasado paritarias a la baja, muy por debajo de la inflación prevista, en los principales gremios, lo que condujo al ministro de Trabajo Jorge Triaca a elogiar la actitud de entrega salarial de los burócratas: todos han sido, señaló, muy conscientes, muy adecuados. ¿Y sobre el 82 por ciento móvil? El mismo Triaca da la respuesta cuando reconoce en un reportaje que se viene una reforma previsional, que le dé sustentabilidad al sistema, reduciendo los beneficios jubilatorios y, para los que no puedan completar los aportes -los cientos de miles de despedidos-, “instaurar una pensión para la vejez” (Clarín, 24/4). Es lo que está ocurriendo en las provincias con las jubilaciones estatales y docentes, como en Tierra del Fuego y Córdoba. En cuanto al impuesto al salario, Macri y los gobernadores patean cualquier modificación para el año próximo. Lejos de querer abrir un proceso de lucha, las CGT, en un momento de giro en el humor de los trabajadores contra el gobierno macrista, buscan con la concentración del viernes reforzar a la burocracia como un actor fundamental en la contención del movimiento obrero y en un futuro pacto de gobernabilidad, frente a la reacción creciente de la clase obrera al ajuste capitalista en curso. En esta movida, la Iglesia está en primer plano, como lo demuestran las reuniones de los curas con las cúpulas cegetistas y la bendición del Papa a la unidad de las CGT. Según La Nación, la sorpresa de la jornada sería un mensaje grabado de Francisco ese día por el Día del Trabajador. A esta política reaccionaria se suman con fervor los kirchneristas de Hugo Yasky, que acusaban de burócrata a Moyano cuando hacía paros contra Cristina, y la CTA fantasmal de Pablo Micheli. Paro nacional y plan de lucha Detrás de esta consigna, importantes sindicatos, seccionales y comisiones internas, del clasismo y de la izquierda, convocan a marchar en una columna independiente de todas las burocracias, denunciando que los despidos, las paritarias, el impuesto al trabajo y la defensa del 82 por ciento móvil no serán el resultado de ninguna maniobra parlamentaria de los Moyano y compañía, los mismos que votaron el pacto colonial con los fondos buitre, sino de poner el pie al movimiento obrero mediante un programa y el paro nacional. El Sindicato de Aceiteros de la Ciudad de Buenos Aires, la AGD-UBA, el Sutna San Fernando, los Suteba combativos de Escobar, Tigre, Ensenada, La Plata, La Matanza, las comisiones internas gráficas de Interpak I, AGR-Clarín, Morvilo e Ipesa, de Unilever (alimentación), Adiunt, Junta Interna ATE-Agroindustria de Buenos Aires, entre otros, llaman al conjunto de los sectores combativos y antiburocráticos a encolumnarse detrás del siguiente programa: basta de despidos, reincorporación de los censanteados y pase a planta permanente de todos los trabajadores precarizados y en negro; no a las suspensiones, reparto de las horas de trabajo sin alterar el salario; ocupación contra los cierres y vaciamientos; que el Estado garantice la continuidad, salario y condiciones de trabajo; salario mínimo igual a la canasta familiar; aumento de emergencia a los jubilados; por el 82 por ciento móvil; abolición del impuesto al salario; trabajo genuino; pase a convenio de todos los planes de empleo. Se movilizarán también el Sipreba y ATE Sur. La Coordinadora Sindical Clasista del Partido Obrero pone todo su esfuerzo para engrosar esta columna obrera, y plantear una alternativa independiente en lo que seguramente será una gran movilización de los trabajadores.

Un proceso huelguístico en ascenso y una movilización sin precedentes que tuvo más de 20 mil bancarios en la calle permitió quebrar la resistencia patronal y el techo que el gobierno nacional pretendía poner sobre la paritaria bancaria y la lucha contra los despidos. La dirección del sindicato levantó el conflicto con la firma de un aumento del 33% en un solo pago, la reincorporación de 20 despedidos del BCRA que llevaban casi 70 días de acampe y cuatro despedidos del Banco Provincia. Además, se obtuvo un pago mínimo por el día del bancario de 17.000 pesos para el inicial. Con este acuerdo, el conformado inicial bruto asciende a los 19.600 pesos, a los que debe sumarse una suma en negro de 886 pesos por la participación en la rentabilidad del sistema financiero que puede variar hacia abajo e incluso ser eliminada si los banqueros acusan una caída en la actividad. No queda duda que el movimiento de lucha que tomó forma en un plan escalonado daba para avanzar en torno de otros puntos extremadamente sensibles. El alcance que tendrá el impuesto a las ganancias luego del aumento será masivo en el gremio, por esto se imponía avanzar hacia una compensación por parte de las patronales. Otro tanto cabe para la enorme precarización laboral que se extiende por todo el gremio, inclusive en la banca pública. En el conflicto propio del Banco Provincia, que sumó 48 horas más de paro a las realizadas de conjunto, se logró defender la estabilidad laboral con la reincorporación de los cuatro despedidos que querían reingresar, se removió al gerente general Allen que venía de la banca privada y será reemplazado por un funcionario de la planta permanente y se llegó al compromiso escrito de no cierre de ninguna sucursal del banco. Un primer triunfo en toda la línea frente al ajuste que Vidal pretende imponer. El resultado obtenido en todo este proceso demuestra que el conjunto del gremio bancario se encuentra en un ascenso sostenido desde los doce paros contra el impuesto a las ganancias y los despedidos de Tucumán del año 2014, debemos profundizar ese camino por todos los reclamos pendientes.

Macri y Vidal realizaron un acto en la puerta de Cresta Roja antes del comienzo de la faena, encubriendo que alrededor de 3 mil familias aún siguen sin recuperar su fuente de trabajo. Lo que se ha presentado como una reactivación de Cresta Roja y una conquista del desarrollo y la inversión, no es más que un ataque a las condiciones salariales de los obreros de la planta y el ocultamiento de una línea de desgaste sobre los trabajadores que están afuera, que apenas reciben la suma de 6 mil pesos por mes a cuenta de la futura indemnización, y que aún no tienen compromiso fehaciente de reingreso a la planta. La Justicia le ha otorgado el manejo de Cresta Roja a un consorcio integrado por los grupos Ovoprot, Laclau y Tenacorsa por un plazo de 180 días que finaliza en agosto, y una prórroga de 180 días más hasta que se decrete la quiebra y la licitación de la empresa. Si bien habría una promesa de reincorporación del total de los trabajadores, no hay plazos establecidos, sino que depende de la evolución de la producción y de la “recuperación” de la comercialización. Además, la nómina del plantel que se irá reincorporando la maneja la patronal, dando lugar a la extorsión y discriminación de los reingresados. La faena estaría alcanzando los 80 mil pollos, con un plantel de 1.300 empleados (400 en planta y 900 en los campos) y se esperan alcanzar los 180 mil pollos para mediados de mayo, lejos de los 350 y 400 mil diarios que se faenaban antes del vaciamiento. Alrededor de 3.500 trabajadores eran empleados de Rasic Cresta Roja, y unos 1.500 trabajaban en empresas vinculadas a su funcionamiento. Como se ve, las empresas que hoy explotan Cresta Roja solo tomaron a una parte menor del plantel, siendo sólo 1.300 los que reingresaron hasta el momento. Los trabajadores incorporados por la nueva patronal, han perdido la antigüedad y las sumas salariales conquistadas durante su trabajo en la empresa, e ingresan con un contrato provisorio por 180 días, es decir, sin estabilidad laboral. La “reactivación macrista” implica un régimen de flexibilización y de ajuste a las condiciones de trabajo para quienes ingresaron, y la subsistencia con ingresos de miseria para los miles que continúan afuera. La gran lucha de los obreros de Cresta Roja entra en un nuevo capítulo, luego de enfrentar al gobierno kirchnerista cómplice del vaciador Rasic, y al gobierno Macri que reprimió y hambreó a los trabajadores para llevarlos al desgaste. Está planteado para el conjunto de los trabajadores de Cresta Roja lograr el ingreso de todos los compañeros, obtener el reconocimiento de los acuerdos por empresa, y el pago de las deudas salariales. Para ello es necesario sacar conclusiones políticas de esta experiencia de lucha, que señalan al gobierno Macri-Vidal como defensores de una línea anti obrera, de ataque a los salarios y los puestos de trabajo.

El último Congreso de la Federación Nacional de Docentes Universitarios resolvió profundizar su plan de lucha nacional -el único realmente existente en el país- con una semana de paro, del 25 al 30, donde se multiplican las clases públicas, los cortes de calles, las carpas educativas en las principales plazas o frente a los rectorados, volanteos en las calles y movilizaciones. De Misiones a Patagonia Austral y de Cuyo a la UBA. Aquí, en Buenos Aires, el puntapié inicial fue un partido de fútbol en el que los docentes de la AGD golearon al equipo del ajuste, de casacas amarillas y con los nombres de los responsables políticos del ajustazo buitre, ante la presencia de prácticamente todos los medios televisivos y radiofónicos que sirvieron de canal para difundir nacionalmente los reclamos docentes. El movimiento huelguístico, que ya cumple la 12a. jornada de paro, le dio un golpe a las federaciones burocráticas (Aduba-Fedun, Feduba-Conadu) que tuvieron que salir de su oxidado y largo receso de todos estos años para convocar a paros aislados en la misma semana del parazo nacional que se está desarrollando. Pero, sobre todo, voló por el aire la propuesta salarial del gobierno de Macri y Bullrich que pretendían cerrar el conflicto con un miserable 15% a octubre, repudiado y considerado una provocación por la base docente en sus asambleas y en las calles. El martes 26, al segundo día de la semana de paro, con la presencia del propio ministro, el gobierno se vio obligado a cambiar su propuesta ofreciendo dos cuotas de 15% a mayo y 15% a diciembre, lo que también fue rechazado por la Conadu Histórica, que salió de la reunión ratificando el plan de lucha. El ajuste sobre los salarios y sobre la universidad -con presupuestos que no garantizan siquiera el funcionamiento administrativo hasta el segundo cuatrimestre- encuentra una fenomenal barrera y un repudio creciente en la docencia universitaria. En ese marco, el viernes 29, AGD, junto con decenas de sindicatos combativos como los aceiteros, los Suteba recuperados, Ademys, se movilizará en una columna independiente al Monumento al Trabajo con una bandera de arrastre que replica la consigna: “Abajo el ajuste. Por un paro nacional”.

Con su deserción del acto del 1 de Mayo en la Plaza de Mayo, el PTS no ha vacilado en abandonar una de las conquistas más significativas de la izquierda en la última etapa histórica de Argentina. Nos referimos al hecho de que sea la izquierda y no el peronismo quien ocupe el centro del poder político del país en la jornada del 1. No fue casual que el Frente de Izquierda haya tenido su debut, justamente, un 1°de Mayo en la Plaza, en el año 2011. En definitiva, es un acto que resume el núcleo de toda estrategia revolucionaria en el país: nacionalismo o socialismo, colaboración de clases o independencia de clase del proletariado. Es significativo que este abandono sea suplantado por un acto en soledad, que será el 30 y no el 1, y en la Embajada de Brasil en vez de la Plaza de Mayo. El argumento esgrimido para justificar este divisionismo inaceptable es que el acto común no “repudia al golpe en Brasil”, por la negativa de Izquierda Socialista (IS). Pero IS, que explicitó una caracterización distinta sobre el proceso político brasileño, sí aceptaba que, en el marco del acto común del FIT en la plaza, los oradores del PTS y el PO repudien el golpe cuando hagan uso de la palabra. No sólo eso: el PTS había pedido -y se había aceptado- que un integrante de su corriente en Brasil sea orador del acto. La cuestión, entonces, ya no era repudiar o no el golpe, sino decidir desde qué trinchera se haría. O en un acto común, que planteó que en “América Latina sólo la clase obrera podrá sacar al país de la opresión y el atraso” ( ver declaración común de convocatoria ) o en un acto solitario que omita una delimitación estratégica con el nacionalismo burgués. Entre ambas alternativas, el PTS eligió la última. Esta es la única conclusión posible que explica su decisión faccional de romper con el acto unitario. El planteo del PTS ha provocado estupor entre los seguidores del FIT, incluso entre quienes no pertenecen a ninguno de sus tres partidos. No es para menos. Considerar que no hay bases políticas para realizar el acto unitario del 1 es un golpe severo al Frente de Izquierda. No sabemos si el PTS quiere sacar todas las conclusiones que se derivan de su decisión, pero alertamos sobre el peligro de maniobras faccionales de alcance liquidacionista, las cuales oportunamente serán justificadas con divergencias armadas a tales efectos. Sobre el golpe En un artículo publicado en la Izquierda Diario, el PTS nos acusa de embellecer la posición de Izquierda Socialista al caracterizarla como “neutral” en relación con el golpe. Resulta llamativo que vean un elogio allí donde nosotros hacemos una crítica severa. ¿Cómo explicar esta disidencia? Ocurre que, como el PTS es incapaz de delimitarse de las posiciones de cada fuerza, hace la gran D'Elía, quien se cansó de atacar por “funcionales” a la derecha a todas las fuerzas que no apoyan al kirchnerismo. Se sustituye el análisis objetivo por el subjetivismo, siempre impregnado de prejuicios y en búsqueda de segundas intenciones. Pero para saber la posición de IS hay que leer sus textos. Su corriente hermana “repudia el impeachmet" y llama a movilizar en todo el país por "Fora todos", contra el ajuste y por "constituir una alternativa de gobierno desde la izquierda y los trabajadores, convocando a un gran plenario sindical, popular y estudiantil en Brasil”. Y agrega que “en Brasil no hay un golpe de Estado. No han tomado el poder los militares. Ni remotamente existe esa amenaza. Ni se cerró el parlamento ni se prohibieron las huelgas y los sindicatos. Lo que ha ocurrido es una acción parlamentaria de la oposición patronal que busca destituir a Dilma, usando esos mecanismos parlamentarios que desde Izquierda Socialista repudiamos y rechazamos”. No compartimos esta posición. Negar el golpe porque el poder no pasó a las Fuerzas Armadas o porque no se cerró el parlamento es un error. Pasa por alto que la acusación a Dilma es totalmente forzada, en base a un maquillaje fraudulento de las cuentas públicas que ya fue usada por todos los gobiernos, incluso el del ahora golpista Enrique Cardoso. Sin embargo, nunca fue utilizado por nadie para pedir por ello un juicio político. La envoltura “institucional” ha sido utilizada frecuentemente para una profunda modificación de las relaciones sociales de la clase capitalista contra las masas, como ocurrió con el derrocamiento de Zelaya en Honduras y Lugo en Paraguay. En Brasil, estamos frente al tercer golpe parlamentario. Asistimos al tránsito de regímenes de contención de los trabajadores a gobiernos de ofensiva franca contra las masas, en un escenario dominado por la impasse económica y crisis de regímenes enteros. Este golpe “institucional” es una tentativa por resolver esa crisis frente a un gobierno agotado, reconstruir la autoridad del Estado y establecer una nueva relación de fuerzas con la clase obrera. Al no denunciar el golpe, IS se queda en la abstracción de denunciar una pelea interburguesa, sin ver cuál es el agrupamiento real de la burguesía y la finalidad reaccionaria que anida en el impeachment. Así, no prepara a los trabajadores para las luchas que están por delante. Hoy, la consigna “fuera todos” no tiene fundamento, porque es la clase capitalista la que tiene la iniciativa para decidir quién se va y quién viene. La clase obrera está ausente como factor político independiente. El gran desafío que tiene la izquierda revolucionaria es contribuir a superar este escollo. La consigna en favor de la convocatoria de un Congreso de bases de los trabajadores, que el Partido Obrero está impulsando, apunta a que la clase obrera defina un programa contra el ajuste y elabore un salida propia para terciar en la crisis política en desarrollo. En Argentina, en cambio, el que se “vayan todos” fue la expresión de un movimiento popular masivo, que enfrentó por igual a los bloques capitalistas, como se comprobó en el hecho de que las movilizaciones se profundizaron frente a los gobiernos que sucedieron a De la Rúa. El PTS y Dilma Nuestra crítica a IS nada tiene que ver con la posición del PTS, que luego de anunciar su deserción de la Plaza de Mayo se sintió habilitado a desbarrancarse en un “antigolpismo” bajo la dirección de Dilma, como lo acaba de explicitar en Izquierda Diario. Al comentar el discurso de Rousseff en la ONU, su periódico señala que “El PT ya demostró que está dispuesto a hacer negociados por arriba, como hizo con la derecha brasilera en el período previo a la votación del impeachment”. Pero el PT ha gobernado con esa derecha golpista, con la cual, además, intentó erigirse en ejecutor de los ajustes. El PTS embellece la política del PT, al presentarlo como la dirección inconsecuente o vacilante de un “campo antigolpista”. Con esa política organiza su acto en la Embajada brasileña. Aunque el PTS nos acusa de “nacional-trotskistas”, lo cierto es que su 'internacionalismo' sigue al pie de la letra su política nacional de seguidismo al kirchnerismo. Ocurre que el internacionalismo no es una cuestión jurisdiccional o de fronteras, sino de estrategia política. Es la defensa de la independencia obrera y de la lucha de clases a escala internacional, comenzando naturalmente por el propio país. Por caso, el PTS le ha hecho flaco favor al internacionalismo cuando se movilizó junto al kirchnerismo por Milagro Sala, o apoyó las maniobras parlamentarias de los K en torno del pacto buitre y -más recientemente- el proyecto de consenso de la oposición patronal sobre despidos, en lugar de apoyar el dictamen en minoría del PO que plantea el programa del FIT sobre la cuestión. La deserción a la Plaza del 1, en aras del “internacionalismo”, es un aporte a los “nacionalismos” regionales, los de Cristina y Dilma. Constituyente Finalmente, el PTS no responde a nuestra impugnación de su política en Brasil, que -al sostener la Asamblea Constituyente (la cual sólo podrían convocar en las actuales circunstancias los Temer o Cunha) contribuye a la vertiente del golpismo. Su única respuesta es que nosotros también levantamos esa consigna, hasta hace poco. Pero el Partido Obrero la levantó cuando la crisis política no había derivado aún en el pasaje abierto del núcleo duro de la burguesía brasileña al campo del golpismo y, por lo tanto, la crisis transitaba por varios escenarios. Durante ese período previo, el gobierno Dilma acentuó su carácter proimperialista y ajustador (apertura del presal petrolero), intentando tomar en sus manos la recolonización económica que exigía el capital internacional. La escalada golpista nos obliga a recaracterizar la situación, lo que no hace el PTS -y tampoco IS, que continúa apreciando una crisis entre dos bloques antiobreros y desprecia las consecuencias políticas y sociales de un golpe parlamentario, como punto de partida de una reconfiguración general de las relaciones entre la burguesía y la clase obrera. Todos estos virajes deberían ser parte de un debate y una clarificación entre nuestras organizaciones, incluso a nivel continental, en el marco del frente político alcanzado en la Argentina. El PTS procede al revés: rompe ese frente común en nombre de divergencias donde siquiera puede exhibir un planteo consecuente en el terreno que pretende reivindicar (el de la lucha contra el golpismo). El señalamiento del carácter reaccionario y golpista de los destituyentes brasileños debe servir, por sobre todas las cosas, como acicate para acentuar la diferenciación de la izquierda con el nacionalismo o progresismo en descomposición. Cuando la lucha contra el golpe sirve de pretexto para imprimirle un golpe a esa diferenciación, entonces es un vulgar servicio a los Rousseff o Kirchner. Ese es el contenido político de la grave maniobra faccional del PTS. Defendamos el Frente de Izquierda Nuestras divergencias con el PTS e Izquierda Socialista sobre los sucesos de Brasil están sobre la mesa. Rechazamos, sin embargo, que sean utilizadas como elementos de ruptura del Frente de Izquierda. Siempre consideramos que las polémicas políticas debían desarrollarse en el marco del frente único de las corrientes obreras contra la “burguesía del propio país” y por eso promovimos la formación del FIT como frente único de la clase obrera contra el capital y sus partidos. En oposición a este método, el PTS quiere convertir al Frente de Izquierda en un “campo de disputas” y maniobras, no para hacer progresar a la izquierda contra el Estado y sus partidos, sino para arrancar ventajas o prerrogativas menores en beneficio propio. Es este objetivo el que explica las oscilaciones políticas del faccionalismo del PTS. Por caso, en las Paso pasadas abrazó la forma de la “transparencia” y “renovación” de la política, planteos democratizantes que esgrimen los partidos capitalistas para autorreciclarse y, a la vez, la franela con el kirchnerismo, al calificar a los candidatos del FpV como “los hijos de Menem” -o sea, como una desviación en el rumbo de la “Argentina K”. En cualquier caso, el faccionalismo reconoce un hilo conductor, que es el recurso a los planteos democratizantes o nacionalistas de moda. Llamamos a defender al Frente de Izquierda de estas maniobras faccionales y a desarrollarlo como un frente único de lucha contra los partidos que responden al capital y al Estado.

Esta declaración fue aprobada por los tres partidos del FIT, antes de que el PTS decidiera desertar del acto. El PO e IS la mantuvieron como texto de convocatoria al acto de este domingo. La clase obrera argentina llega a este 1° de Mayo en medio de importantes ataques contra sus conquistas históricas por parte del gobierno de Macri, que los trabajadores están enfrentando con importantes luchas en todo el país. Más de 130.000 despidos de compañeros estatales y privados; tarifazos de entre el 200 y el 500% en los servicios y en el transporte público y la pretensión de imponernos paritarias a la baja, son algunas de las expresiones de esta escalada del gobierno macrista, que acompañan desde las provincias los gobernadores del PJ, del kirchnerismo e incluso de los llamados “socialistas”. La situación que ha dejado el gobierno kirchnerista -después de una década de pago serial de la deuda externa, subsidios a grupos capitalistas y fabulosas ganancias a las multinacionales y sojeros- pretende ser trasladada integralmente a los trabajadores y al pueblo. Ese ajuste pergeñado por el gran capital, y que acompañan todos los partidos patronales, es la garantía que se le ha ofrecido a los banqueros usureros y al imperialismo después del acuerdo con los fondos buitre, que -con excepción del Frente de Izquierda- han suscripto todos los bloques del Congreso. El "Panamá Papers" y los casos de corrupción en los que están implicados tanto Mauricio Macri como Cristina Fernández y varios de sus ex funcionarios, son la expresión de una clase social decadente -la clase capitalista- que históricamente se ha servido de las arcas públicas para enriquecerse y que utiliza los "paraísos" fiscales para evadir o eludir el pago de impuestos, mientras que a las clases populares se las castiga con ajustes feroces. En oposición al ajuste y a la entrega nacional, bendecido por Obama con su visita al país, es la clase obrera la que se comienza a levantar y hacer oír su voz, como ocurrió con los trabajadores de Cresta Roja, del Grupo 23; los estatales y docentes de Tierra del Fuego, Santiago del Estero, Córdoba, Mendoza, Santa Cruz, Capital (en especial los trabajadores del Ministerio de Economía y de Trabajo) que se han manifestado con huelgas y marchas multitudinarias. La burocracia sindical, en todas sus vertientes, ha dado las espaldas a estas luchas y rechaza el camino de una medida nacional de lucha de los trabajadores contra el ajuste. El acto que preparan las CGT para el próximo 29, sin que esté acompañado de un paro nacional y puesto al servicio de una posible reunificación de los que no están apoyando las luchas actuales, apenas apunta a descomprimir la enorme inquietud obrera frente a la carestía, los tarifazos y despidos. Frente a este cuadro, el Frente de Izquierda convoca a concretar un Primero de Mayo de lucha, que levante las reivindicaciones del momento junto al reclamo de un paro general activo del movimiento obrero. Este primero tendrá lugar en medio de episodios políticos decisivos, en el país y en América Latina. El final de la experiencia kirchnerista es parte del derrumbe de los gobiernos “nacionalistas” o "progresistas" que estuvieron lejos de emancipar al continente del atraso y la opresión imperialista como intentaron hacer creer, manteniendo todo el esquema privatizador y la precarización laboral del neoliberalismo y dando lugar a nuevos gobiernos, como el de Macri, que pretenden trasladar la crisis a los trabajadores y al pueblo mediante brutales ajustes que profundizan la miseria social. Solo la clase trabajadora podrá acaudillar a nuestras naciones para liberarlas del yugo del capital imperialista y para que la crisis la paguen los capitalistas. En ese cuadro, la izquierda revolucionaria tiene la gran responsabilidad de asumir el liderazgo político de la lucha contra los ajustadores. Esa lucha deberá acentuar nuestra diferenciación de fondo con los todos los partidos patronales, incluyendo el kirchnerismo que también está aplicando el ajuste allá donde gobierna (Tierra del Fuego y Santa Cruz) y el Frente Renovador de Massa, que acompañó a Macri en sus principales medidas antinacionales y antipopulares. El Frente de Izquierda se constituyó, en la etapa anterior, como polo por la independencia política de los trabajadores -precisamente, cuando el kirchnerismo se empeñaba en someter a las organizaciones obreras y populares a la cooptación y la regimentación. En la lucha contra el actual gobierno ajustador, llamamos a reforzar ese polo político de izquierda, anticapitalista y socialista que es el FIT, para que los trabajadores podamos imponer una salida propia ante los grandes episodios de lucha y crisis políticas que están por venir. Con esta comprensión común, el Frente de Izquierda convoca a los trabajadores y a todas las fuerzas que nos han apoyado , a los sindicatos, comisiones internas y delegados del clasismo, a los centros y el activismo estudiantil que lucha contra las camarillas universitarias y al movimiento de desocupados a concretar un gran acto del primero de mayo de lucha, obrero, socialista e internacionalista en Plaza de Mayo con las siguientes banderas: - Abajo el plan de ajuste y de entrega de Macri y los gobernadores - Por la prohibición de despidos y suspensiones. Aumento salarial de emergencia para todos los trabajadores en pos de alcanzar el valor de la canasta familiar. Abolición del impuesto al salario. - Por paritarias libres. 82% móvil y aumento de emergencia para los jubilados. - No a la tregua de la burocracia sindical. Por un paro nacional de todo el movimiento obrero. - Abajo el tarifazo. Abajo el pacto buitre. No pago de la deuda externa ilegítima, fraudulenta y usuraria. - Abajo el protocolo represivo. - Por la independencia política de los trabajadores respecto de los partidos capitalistas. - Por el gobierno de Trabajadores. Por la unidad socialista de América Latina.

En Santa Cruz, la iniciativa en la lucha sigue del lado de los trabajadores. Desde Buenos Aires, los medios transmiten los allanamientos a las propiedades de Lázaro, lo cual por supuesto multiplica la inquietud popular y refuerza la indignación de los trabajadores movilizados. Pasan a contrato a planes de empleo Esta semana han sido reincorporadas y con contratos que a plazo significaran estabilidad laboral, 70 empleadas de limpieza de las escuelas de Pico Truncado, cuya lucha había sido acaudillada por ATE. Se trataba de planes de empleo que apenas cobraban 3.000 pesos y a los cuales les habían firmado el compromiso de pasar a contrato el año anterior. Las compañeras cerraron las escuelas de Truncado desde el inicio de las clases y se movilizaron a un acampe durante más de un mes en Caleta Olivia y luego un grupo hizo lo propio en la capital. Participaron de todo el proceso de lucha de la Mesa de Unidad Sindical y, recién después de dos meses de lucha, el gobierno provincial y el gobierno municipal cerraron el acuerdo para ingresar a contratos a las 70. Es un triunfo resonante. Siguiendo con ATE, los trabajadores de Desarrollo Social cumplieron un paro de 48 horas. Contra la prepotencia y persecución laboral en el ministerio. Los trabajadores reclamaron que se destranquen las ventanas y puertas, se elimine la presencia de ocho policías permanentes y los controles de ingreso al edificio, entre otros reclamos laborales, y la reincorporación de los despedidos en diciembre. Se logró habilitar una negociación por los despidos y eliminar todas las medidas represivas internas. El tipo de reclamo pinta de cuerpo entero al gobierno de Alicia K quien había trancado las puertas por temor a una ocupación de los trabajadores que luchan contra los despidos. Los docentes rechazan la conciliación La otra gran novedad de la semana fue el rechazo del Congreso de la Adosac a la conciliación obligatoria dictada por la Secretaría de Trabajo. El Congreso votó un nuevo paro de 48 horas para el 27 y 28 en conjunto con la Mesa de Unidad Sindical, jornadas en las que se instalará un acampe en todo el centro de la ciudad. El gobierno intentará cerrar el jueves el acuerdo con los gremios oficialistas en la paritaria central de la administración pública. Aún si lo lograran la lucha va a continuar porque la miseria salarial del sector es insoportable y el aumento ofertado de 1.250 pesos ni siquiera va al básico. Estaremos, en ese caso, en una lucha salvaje de docentes y estatales. Los municipales de varias localidades han iniciado planes de lucha por aumento salarial que se van a generalizar. En particular en la cuenca carbonífera, los concejos deliberantes se han visto obligados a emitir resoluciones de apoyo a los reclamos de la mesa de unidad sindical y la CTA clasista de la región. Los municipales de Río Gallegos votaron en asamblea nuevos paros y los trabajadores viales pararon y realizaron piquetes el miércoles 27. Los estudiantes se movilizan el 28 por el boleto estudiantil y han avanzado en la coordinación de varios centros de estudiantes. La clase pública de docentes universitarios y estudiantes, junto a la Mesa de Unidad Sindical tuvo un impactante éxito el martes 26, con una importante participación de los estudiantes en la sede universitaria, reforzando la unidad de estudiantes y trabajadores. Deliberación política en los gremios El jueves 28, el FIT habilitó una audiencia pública en el Congreso Nacional a la que viajaron varios de los dirigentes de la Mesa de Unidad Sindical, para hacer visible nuestra lucha a nivel nacional, junto a los compañeros de Tierra del Fuego. El viernes 29, un plenario restringido a representantes o delegados gremiales debatirá la crisis y convocó a los diputados y concejales para entregarles el petitorio de la mesa sindical. La Coordinadora Sindical Clasista ha planteado que el plenario sea abierto y que se organicen asambleas conjuntas de los gremios por localidad para avanzar en la elaboración de un programa de los trabajadores ante la crisis. Esta propuesta se va abriendo paso lentamente y ya en algunos pueblos estas asambleas se han empezado a concretar -por ejemplo, en Los Antiguos. Hasta el cierre de esta edición, la mesa sindical no ha organizado ninguna actividad para el 1 de Mayo, razón por la cual decidimos convocar un acto en el centro de la ciudad desde la Coordinadora Sindical Clasista y el PO con la consigna de que triunfen las luchas y que la crisis la paguen los capitalistas y los funcionarios corruptos, en el marco de la jornada internacional de lucha de la clase obrera.

El cierre de un turno en Volkswagen -con despidos encubiertos por los retiros voluntarios, suspensiones rotativas a todo el personal y rebaja salarial- es sólo la cara visible de un proceso que está dejando miles de despidos en las empresas satélites a la terminal. La patronal adelantó, además, que está en riesgo el turno tarde para 2017. El saldo de esto sería un sobrante, no ya de 1.200, sino de 2.500 trabajadores, sólo de VW. En Ford, la situación no es tan distinta, los retiros voluntarios están abiertos desde 2015, y es inminente el achique de un turno. El panorama no es mejor en otras plantas. Carraro Argentina, una autopartista de capitales italianos (Haedo), despidió 140 trabajadores. El Smata se limitó a una protesta por el pago de la indemnización correspondiente. Pignanelli calificó estos despidos como “inevitables, porque (la empresa) está con un pie en la convocatoria de acreedores a nivel internacional”. La fábrica de motos Honda (Florencio Varela) cerró. Mediante una pantomima de ocupación de la planta, el Smata “logró” que la patronal japonesa traslade al 80% de los trabajadores de Varela a Campana, por un período de seis meses de adaptación. Pasado ese tiempo, “si los compañeros no se adaptan” a viajar 400 kilómetros entre ida y vuelta, podrán tomar la misma indemnización que les ofrecían al día del cierre. O sea que la burocracia toma la fábrica para conseguir despidos a futuro. Las paritarias son otro capítulo del ajuste. En 2015, el Smata tuvo el mérito de cerrar la peor paritaria: 26,5%. En el primer trimestre, la tendencia a la baja continúa, el arreglo fue de un 11%. El Congreso Presionada por la tensión en las grandes fábricas del gremio, la dirección nacional convocó de improviso a un Congreso Nacional Extraordinario de secretarios generales, comisiones internas y cuerpos de delegados el sábado 23. El informe de Pignanelli se centró en justificar por qué no es momento de salir a la calle. Hizo alusión a la retirada de Perón en el ’55, marcando como un acierto “que el general no se enfrentara a los golpistas aunque tenía todo para ganar, para no derramar sangre”, reivindicando su rendición sin lucha. Parte de la intervención del secretario general fue dedicada a la delimitación de las tres CGT por ser cómplices del gobierno. Moyano y Barrionuevo, por promover la candidatura de Macri, y Caló, por aliarse a éstos. Todo para justificar la ausencia del Smata en la marcha del 29 de abril. Pero el Smata es tan o más cómplice del macrismo que Moyano, Barrionuevo y Caló, tiene en su haber el voto favorable a la ley de pago a los fondos buitre. El Congreso, con 1.300 delegados de todo el país no discutió nada. Se limitó a votar una solicitada en los diarios y mandatar al secretariado nacional a “seguir evaluando la situación”. El documento denuncia que “el contenido nacional (de componentes) llegó hasta casi el 35% y hoy no supera el 20% (…) sumado a las promociones de hasta un 40% en la venta de unidades brasileras (…) el aumento de precios de las unidades de fabricación nacional y los permanentes embates de precarizar el trabajo a través de la tercerización”. Pero a la hora del qué hacer, la crítica se convierte en fuego de artificio destinado a consolidar un pacto social con las terminales, autopartistas y el gobierno. El Smata impulsa dos proyectos de ley: uno destinado a aumentar la incorporación de piezas nacionales en las terminales. El otro propone que todas las marcas que se fabriquen en la Argentina y retiren su producción del país no puedan comercializar en el mercado interno por diez años. “Conscientes de que los tiempos legislativos muchas veces no se llevan con los tiempos de los trabajadores (…)”, plantean “no montar en las terminales ninguna pieza importada que a partir de la fecha sustituya a una nacional”. O sea que convalidan el actual componente de 80% de piezas importadas en promedio. Son intentos de desviar el debate entre los trabajadores de cómo enfrentar los despidos y la caída del salario, con proyectos que dormirán el sueño en el Congreso. Planteamos: • Prohibición de despidos y suspensiones. • Reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. • Estatización y puesta en funcionamiento de toda planta que cierre, bajo control de los trabajadores. • Asambleas, plan de lucha.

Al cierre de esta edición de Prensa Obrera comenzaban las elecciones en el Sutna. Más de 150 fiscales de la Lista Negra-Roja-Granate tomaban sus puestos en las tres principales plantas y en las urnas de Córdoba, Rosario, Mar del Plata, Olavarría y Gualeguaychú. La gran cantidad de fiscales que resguardan la elección es un primer balance positivo del desarrollo de la campaña. La tarea de los compañeros de la Lista Negra ha sido de gran alcance. Las diferentes publicaciones han llegado al conjunto de los compañeros y han abierto nuevos debates en los diferentes sectores de cada una de las fábricas. La consigna “para que los trabajadores ganemos el sindicato” ha sido un eje central en oposición a la camarilla burocrática que dirige el Sutna central, con el reagrupamiento de trabajadores y luchadores que pusieron en pie al Sutna San Fernando y la lista de frente único nacional. En Pirelli fue una gran noticia el fallo favorable por la reinstalación de Lean Rojas, candidato en la lista nacional y activista de gran importancia de la fábrica. Fue también un ángulo central de campaña la necesidad de recuperar el sindicato para fortalecer la herramienta de los trabajadores frente al ajuste del gobierno macrista. La campaña mostró cómo la dirección kirchnerista del Sutna, saludada por el propio Macri por su trabajo de colaboración directa con las patronales, ha colocado al sindicato de espaldas a los intereses del conjunto de los trabajadores, asociado a los gobiernos de turno. La campaña de la Lista Negra ha llevado a cada trabajador del neumático nuevas conclusiones acerca de la necesidad de la independencia política de la clase obrera, mostrando la asociación entre el Estado, las patronales y la burocracia sindical. Los materiales de campaña indicaron cómo el acuerdo ruinoso de reducción salarial en Pirelli, en el marco de un crecimiento sideral del costo de vida, responde a la necesidad de las patronales de aumentar la explotación obrera a los máximos niveles para mantener su tasa de ganancia, así como la connivencia de la burocracia violeta con estos intereses. También se tomó el ejemplo de Firestone y los aumentos incesantes de los ritmos de producción, para denunciar las condiciones de trabajo a las que somete a los trabajadores. También fueron expuestas muchas de las reivindicaciones que están pendientes en Fate y la necesidad de fortalecer a la propia seccional de San Fernando para ir por cada una de ellas en el próximo período. Wasiejko no pudo mostrar ningún avance para los trabajadores y desarrolló una campaña de maniobras, intentando colocar divisiones entre trabajadores y trató de “meter miedo” con el argumento de que si gana La Negra “van a haber despidos masivos”. Decenas de trabajadores expresaron su rechazo, señalando que el que deja pasar despidos en las fábricas es el propio sindicato, con la dirección violeta a la cabeza. Son muy importantes las expectativas que se han abierto en estas elecciones. El rechazo a los métodos de la burocracia sindical ha estado en el centro de los debates en las últimas semanas. La Negra señaló, en cada rincón, la necesidad de la organización y la intervención colectiva de los trabajadores, en asambleas generales por fábrica y de todo el gremio. Por su parte, la lista divisionista montada por el MAS desarrolló una campaña vergonzosa, señalando falsas divisiones en la lista de unidad y chocando con todo el activismo que se organiza e impulsa a la Negra. Quedan pocas horas para conocer los resultados de esta importante elección en un gremio industrial, donde el clasismo y el activismo independiente han desarrollado nuevas fortalezas que, sin duda, ya están en el haber de esta gran campaña. Convocamos a todos los trabajadores y organizaciones obreras a acompañar la defensa de la voluntad de los trabajadores del neumático. Vamos por la recuperación del Sutna. ¡Vamos la Negra-Roja-Granate!

Luego de una enorme movilización a La Plata por el reclamo de la implementación inmediata del boleto gratuito para los estudiantes, ya aprobado en la Legislatura, Vidal salió con los tapones de punta con un planteo provocador: no sólo que no va a implementar nada, sino que patea la pelota para un futuro lejano, con la propuesta de un nuevo proyecto de ley que limita y recorta el alcance del boleto gratuito -o sea que es un veto a la ley ya aprobada. Vidal no quiere dar el brazo a torcer frente a un movimiento que crece. La gobernadora macrista dice que la ley ya votada “no es fiscalmente viable”, pero estas empresas reciben subsidios millonarios y podrían mantener el funcionamiento del servicio sin cobrar a estudiantes, absorbiendo el costo desde sus utilidades. La política subsidiaria en el transporte, tanto de Cristina y Scioli como de Macri y Vidal, sólo sirvió para que estos empresarios aumenten sus ganancias y no inviertan absolutamente nada, generando un vaciamiento que tiene consecuencias a la vista: falta de frecuencia y mantenimiento de las unidades, poniendo en peligro muchas veces la seguridad de los pasajeros, como se vio en la masacre de Once y tantos otros accidentes. Mientras tanto, estas empresas se la siguen llevando en pala con el ultimo tarifazo del 100%. Para justificar el ajuste Vidal dice que sólo deben recibirlo aquellos que “realmente lo necesitan”, pero el conjunto de la juventud y las familias trabajadoras están siendo golpeadas con este boletazo que hace muy costoso el presupuesto para ir a cursar (el 60% tiene que tomar dos o más transportes para llegar al lugar de estudio). Es por esta situación que se explica la enorme reacción del 14 de abril con más de 5 mil estudiantes movilizados en La Plata y varias movilizaciones a los municipios del interior provincial. Rechazamos la posición de recortar el acceso al boleto, sea por presentismos, notas o a quienes tengan un ingreso salarial en blanco en su familia. En las condiciones de ajuste a la educación y caída de ingresos reales, necesitamos garantizar el acceso universal a la educación pública. Desde la UJS queremos señalar que el tarifazo actual y el veto al boleto gratuito es simplemente la consecuencia del acuerdo buitre votado en el Congreso entre Cambiemos, el FpV y el PJ y el FR, de Massa. Todos estos bloques están interesados en mantener todo el tejido privatista en el transporte y sus enormes ganancias. Esto se evidenció cuando Guillermo Kane, diputado del PO-Frente de Izquierda en la Legislatura, presentó un proyecto de resolución para que se reglamente de inmediato la ley ya votada; el FpV, el FAP y el FR demagógicamente apoyaron, pero luego en la sesión se ausentaron varios de sus legisladores (en particular del FR), impidiendo que se vote favorablemente por sólo tres votos. Preparemos una respuesta El 6 de mayo es la próxima movilización a La Plata, ésta será mayor a la anterior, ya que el problema está instalado en la mayoría de los lugares de estudios. La UJS realizará una fuerte campaña en todos los distritos, discutiendo iniciativas en las asambleas de las universidades, terciarios y secundarios. Están planteadas las condiciones para ir organizando un estudiantazo que quiebre la política ajustadora de Vidal. En algunos terciarios y secundarios del conurbano se están realizando ocupaciones o piquetes por el derrumbe edilicio: el Profesorado 113 de San Martín fue ocupado, porque su edificio es un Cromañón en potencia; los secundarios de la Escuela Técnica N 2 de Ensenada están protagonizando un plan de lucha en defensa de las condiciones de cursada y, en La Matanza, asambleas de 500 estudiantes resolvieron cortar la ruta por la parálisis de las obras edilicias del 82 y La Marechal. Son síntomas de un reanimamiento del movimiento estudiantil que es afectado por el ajuste buitre. Necesitamos un plan de lucha que unifique todas estas manifestaciones.La coordinación con los compañeros docentes y auxiliares, que también están librando su lucha es fundamental. Es necesario poner sobre la mesa la agenda de los estudiantes, que tiene como principal bandera el boleto gratuito frente al tarifazo y la defensa de las condiciones de cursada. Si conquistamos el boleto será un golpe a la política ajustadora. Con los métodos históricos del movimiento estudiantil y una política independiente de todas las fuerzas patronales (esto incluye a las organizaciones juveniles K que pilotean el ajuste junto a Macri), vamos a triunfar.

Una enorme movilización estudiantil marchó desde el Ministerio de Educación Nacional hasta la Legislatura porteña convocados por la Federación Universitaria de Buenos Aires, coordinadoras y centros de estudiantes secundarios y terciarios. También fueron de la partida los gremios docentes como AGD-UBA, Conadu Histórica, UTE y Ademys, quienes también reclaman ser incluidos en el boleto educativo gratuito. El presidente de la Fuba, Julián Asiner, destacó que “la marcha fue masiva, como lo fueron los cortes de la semana pasada, o la movilización del 14 a La Plata. Hoy mismo miles de estudiantes reclamaron por el boleto en Rosario. La lucha por el boleto es la respuesta a los tarifazos del gobierno de Macri, que sumados a la carestía general colocan a miles de jóvenes al borde de la expulsión del sistema educativo. Pero también es un síntoma del ánimo que anida en la juventud”. Asiner, quien además es militante del Partido Obrero, reivindicó el proyecto presentado por el legislador Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, que sanciona el boleto educativo gratuito para estudiantes y trabajadores de todos los niveles, en todas las líneas de transporte, y a cargo de las empresas. Vidal y el ministro Esteban Bullrich ya señalaron que el boleto no es su prioridad. Su política se ordena por los fondos buitre y los intereses de los grandes bancos. El gobierno de Macri carga a la tarifa, a los usuarios, el sostenimiento de los enormes beneficios que las patronales del transporte recibían de los subsidios de Jaime, Schiavi y los Kirchner. El boleto educativo puede financiarse afectando ese lucro parasitario. Los estudiantes y docentes siguen el plan de lucha para hacer valer en las calles la defensa de la educación pública.

Más de 2.000 personas participaron de la movilización a Plaza de Mayo que convocamos organizaciones de derechos humanos, políticas y sociales a 25 años del crimen de Walter. La marcha fue el puntapié inicial de la Campaña Nacional contra las Detenciones Arbitrarias. Entre otros, participaron Apel y Correpi. Basta de detenciones arbitrarias y muertes en comisarías. Basta de gatillo fácil. Abajo el protocolo represivo. Derogación de los códigos contravencionales o “de convivencia”. Plenos derechos políticos para la juventud.

La campaña de convocatoria al Congreso Nacional de la UJS se desarrolla en un contexto de alza de la lucha docente-estudiantil en la universidad. La situación no es para menos: el ministro Bullrich declaró que el boleto educativo “no es prioridad” de su gobierno, pero lo mismo ocurre con los salarios docentes y no docentes y hasta el presupuesto universitario. En estos días, la UBA ganó la portada de los principales diarios porque el rector Alberto Barbieri aseguró que los fondos no alcanzan ni para pagar la luz. La semana de paro nacional de la Conadu Histórica se acata en la UBA con cientos de clases públicas y cortes en facultades y sedes del CBC. Al cierre de esta edición, las autoridades aprobaron un presupuesto “provisorio” en el Consejo Superior, hasta agosto, con el rechazo de la Fuba y la AGD-UBA. Este presupuesto, que fue sancionado por la mayoría kirchnerista en el Congreso en octubre pasado y que ahora ejecuta el macrismo, prevé un aumento del 0% para los gastos de funcionamiento. Docentes y estudiantes vs. ajustadores La lucha docente-estudiantil hizo emerger la verdadera “grieta” que divide a la universidad. De un lado estudiantes y trabajadores; del otro los ajustadores del gobierno y las autoridades. El cero presupuestario viene en sintonía con el recorte salarial que Bullrich pretende imponerle a los docentes. De negociación en negociación, el ministro retiró la oferta -ya inaceptable- de un 25% en cuotas para plantear un 15% hasta octubre. Pero la respuesta de docentes y autoridades fue completamente antagónica. Los primeros, organizados en Conadu Histórica, rechazaron la oferta del gobierno como una provocación y ya protagonizaron 10 días de paro nacional. Las autoridades, por el contrario, votaron en el Consejo Superior el presupuesto de ajuste. Barbieri y su cuestionado secretario de Hacienda, Emiliano Yacobitti, negocian con el gobierno las condiciones de su aplicación. Las consecuencias ya se viven en la UBA: “sinceramiento” de las cuotas de la obra social -Dosuba-, paralización de las obras en las facultades, más presión por la generación de “recursos propios”. El decano de Medicina, que trabaja en tándem con el Ministerio de Educación, ya advirtió que la partida de 700 millones para el Clínicas estará condicionada al despido de centenares de contratados. Un indicador del dramatismo que adquiere la situación es el paro convocado para este viernes 29 por la burocracia no docente de Jorge Anró, que tuvo que acordarse del salario y la “gravísima crisis” de los hospitales universitarios. Debate en el movimiento estudiantil La ofensiva del gobierno y las autoridades dividió aguas en el movimiento estudiantil. Los consejeros de Nuevo Espacio (UCR-Franja Morada) aprobaron el presupuesto sin chistar y dejaron en manos de Barbieri las “gestiones” para conseguir los fondos que “su” gobierno le niega a la universidad. Con ellos estuvieron los K de La UES de Sociales, que en la Junta Representativa de la Fuba se pronunciaron en contra de que la Federación se movilizara al Rectorado. Para La UES -que votó al sciolista Barbieri y formó lista con Franja en el Superior- “no hay que desviar la lucha contra Macri”. Pero La UES y La Cámpora, que co-dirigen el centro de Sociales, no convocaron a asamblea alguna en la facultad ni contra Macri ni contra nadie… La organización de los cortes y clases públicas junto a los docentes corrió por cuenta exclusiva de la izquierda y la Fuba. Hacia el interior de la Federación, no obstante, conviven estrategias opuestas. La Mella (Patria Grande) ha proclamado que su política es la unidad con el kirchnerismo, que en la UBA está representado por los decanos de Exactas, Sociales y Filosofía y por la burocracia sindical yaskista de Feduba. Atar al movimiento estudiantil a estos intereses es criminal. Los decanos K no luchan por un aumento presupuestario -que fue votado por sus propios diputados y senadores- sino por una mejor tajada para sus facultades en la distribución de la UBA. Una rapiña de caja entre camarillas. Por el lado de Feduba, carga con una historia de entregas de la docencia, incluyendo la reciente paritaria por 16 meses. La “articulación” con Feduba llegó a un caso extremo en Exactas, donde la presidenta del Centro de Estudiantes militante de La Mella carnereó el paro en el CBC, que era acatado masivamente por los docentes. Todos al Congreso Nacional de la UJS La UJS defiende el desarrollo a fondo del movimiento de lucha y por eso estuvimos al frente de la pelea por el salario docente, el boleto educativo y el presupuesto en todas las facultades y los CBC. Nuestra estrategia es el frente único de los estudiantes y trabajadores en lucha, que ya llevó a la victoria a los pibes y docentes del colegio Carlos Pellegrini. Defendemos la autonomía de la Fuba respecto de todas las variantes del régimen, que es la mayor conquista del movimiento estudiantil en la etapa precedente. La independencia política y la unidad con los trabajadores son las claves para una lucha sin ataduras de la juventud contra el ajuste de Bullrich-Macri y el Rectorado. Para desarrollar esta perspectiva llamamos a participar de los plenarios, debates y actividades que durante mayo prepararán el Congreso Nacional de la UJS.

El debate en la Fuba sobre la marcha de las cinco centrales del 29 de abril fue aleccionador sobre las consecuencias políticas del “frente anti-macrista” que postulan La Mella y los K. Ambos se opusieron a la propuesta de la UJS de movilizar con la columna independiente del sindicalismo clasista y una bandera en reclamo por un “paro nacional contra el ajuste”. Los que hasta ayer nos denunciaban por “marchar con Moyano y Barrionuevo”, votaron ahora marchar con ellos, pero de forma indiferenciada. El “frente anti-macrista” somete a las organizaciones de lucha del movimiento estudiantil a las direcciones burocráticas traidoras, enemigas de la clase obrera.

Un recorrido por las posiciones de la izquierda brasileña frente a la crisis demuestra que no ha logrado escapar a las presiones del régimen y que oscila entre la capitulación ante el gobierno petista y la convergencia con los planteos destituyentes de la oposición. El PSTU, por ejemplo, caracteriza que no hay un golpe en curso. “Lo que está ocurriendo en este momento es una lucha entre dos bloques burgueses: el bloque del gobierno del PT y el de la oposición burguesa. Una lucha para decidir quién debe gobernar en este momento de crisis, y aplicar con mayor eficiencia el ajuste fiscal de los banqueros” (23/3). Y entienden al impeachment como “un mecanismo de la democracia burguesa para que, en momentos excepcionales de la crisis, ellos puedan tirar un presidente de manera controlada, dando paso al vice o al presidente de la Cámara” (ídem). Son más o menos los mismos argumentos que esgrime la oposición para desmentir que exista un golpe. Por lo demás, está ausente una caracterización del contenido de la disputa entre los bloques burgueses y por tanto del alcance de la crisis. Como salida, el PSTU plantea la consigna “Fuera todos”, “Fuera Dilma y Fuera Temer”, huelga general y “elecciones generales ya”. Las elecciones generales es el planteo esgrimido por la Folha de São Paulo y otros sectores de la burguesía para legitimar al régimen político frente a la pésima imagen de Temer-Cunha y poder acometer el salto en el ajuste que está planteado -o sea que cumple un rol reaccionario. Cuando trata de explicarse, el PSTU dice que a diferencia de la Folha su planteo de elecciones es “para todos los cargos y con reglas totalmente diferentes de las que rigen las elecciones hoy” (7/4). Fuera de su envoltura izquierdista (huelga general, que se vayan todos), el planteo del PSTU es tributario de una de las salidas a la crisis que baraja el régimen. Las nuevas elecciones, de hecho, son un planteo que podría recoger el propio PT -bajo la expectativa de un triunfo de Lula- en caso de que el impeachment avance en el Senado. La misma tónica tiene el planteo de nuevas elecciones que reclama Luciana Genro, integrante del MES (emparentado con el MST argentino) y última candidata presidencial del PSOL. Genro dice que “hace meses vengo defendiendo que solamente convocando elecciones generales el camino del impeachment sería evitado” (18/4), lo que parece un consejo al gobierno. Los diputados del PSOL votaron contra el impeachment en el Congreso, pero el planteo de su Ejecutiva Nacional (18/4) no enfrenta el golpe desde una perspectiva socialista sino desde la “lucha por la democracia”, o sea la democracia burguesa. Son planteos de integración al régimen. En oportunidad del último ballotage, el PSOL votó por Rousseff. El MRT, hermano del PTS, plantea la lucha contra el golpe y una delimitación con el PT, pero desenvuelve como salida la Asamblea Constituyente, la cual, en momentos donde la iniciativa la tiene la derecha sólo puede potenciar la agitación golpista. En el otro extremo opuesto al PSTU, que desacredita la existencia de un golpe, grupos como Causa Operaria sostienen que la perspectiva del golpe está presente desde hace años, por lo menos desde 2013. Esto es simplemente desmentido por un hecho: el imperialismo votó por Rousseff en las últimas elecciones. La amenaza del golpe ha servido para enchalecar durante largo tiempo a sectores enteros de la izquierda (incluyendo organizaciones de masas como los Sin Tierra y los Sin Techo) detrás del lulismo. Si el PSTU plantea la existencia de dos bloques indiferenciados, estos grupos se han servido del golpismo derechista para justificar el más completo seguidismo al PT. Pero la lucha contra el golpe se debe realizar desde una perspectiva socialista y exige una delimitación implacable del nacionalismo burgués. Este debe ser desenmascarado ante las masas: Rousseff entregó toda la línea de sucesión presidencial al PMDB, intentó acometer ella misma las tareas de ajuste y hasta pocos días antes de la votación en Diputados hizo llamados a los golpistas a un ‘pacto nacional’. Dilma ni siquiera se ha atrevido a denunciar el intento de golpe en su contra en la ONU. La CST, corriente interna del PSOL y vinculada con IS de Argentina, a pesar de tener una caracterización semejante a la del PSTU, ha llamado a conformar un “polo de oposición de izquierda” y propone “un plenario sindical, popular y estudiantil, convocado por los sindicatos, centros de estudiantes, federaciones estudiantiles, (y) agrupaciones sindicales” (16/4) . El planteo del PO de un Congreso de Trabajadores, para que los trabajadores emerjan en la crisis como un factor político propio, ha sido acogido en Brasil por Tribuna Classista.

El 13 de abril, 40.000 empleados de Massachussetts y Virginia (representados por los Sindicatos de Comunicaciones CWA y IBEW) comenzaron una huelga por tiempo indeterminado contra Verizon. Las negociaciones afectan también a 80.000 jubilados (por el sistema de salud -health care), que se organizan al lado de los trabajadores. Es la huelga más importante en Estados Unidos en los últimos años. Verizon, el gigante de telecomunicaciones norteamericano, famoso por la precarización laboral y la evasión impositiva, dejó por diez meses sin contrato a miles de trabajadores. Durante ese lapso, los trabajadores enfrentaron 5.000 despidos y suspensiones, desnudando el objetivo de la caída de los contratos. La empresa amenazó con nuevas relocalizaciones para extorsionar a los trabajadores con mayor flexibilidad horaria y de tareas, eliminación de vacaciones y licencias por maternidad, así como salarios y pensiones más bajas. Planean mover las oficinas a estados con salarios mínimos menores. La empresa es acusada de evadir impuestos entre 2008 y 2013 (en ese mismo período tuvo 42.500 millones de dólares en ganancias), pagando por debajo las cargas sociales de los trabajadores. Ahorró 21.000 millones de dólares en los últimos ocho años y el año pasado compró AOL en 4.400 millones de dólares. En Europa convirtió las ganancias en deudas, para evadir impuestos. Verizon no cumplió con las promesas de ampliar FIOS (banda ancha a millones de clientes ), pero quiere seguir desangrando a los trabajadores que instalan sus servicios. Es un botón de muestra del fracaso de la política económica de Obama, que sólo generó mayor precarización y pérdida de beneficios para los trabajadores, así como descontento social generalizado. Tanto Hillary Clinton como Bernie Sanders tuvieron que bajar a los piquetes para tratar de ganarse el apoyo de los huelguistas. Los trabajadores de Verizon lograron imponer una agenda obrera de lucha contra despidos y precarización laboral en el momento más álgido y disputado de la campaña. También el 14, miles de trabajadores de Mc’Donalds en todo el país se movilizaron por un salario mínimo de 15 dólares. Esto se suma a la protesta de los docentes y los trabajadores del acero y la industria automotriz -gravemente afectados por la crisis mundial. Estados Unidos es un reguero de piquetes y movilizaciones.