Prensa Obrera N° 1403

La detención por el delito de corrupción del ex presidente de Astilleros Río Santiago (ARS), Héctor Scavuzzo, junto a otros cinco funcionarios de la empresa, desató una crisis política de fondo. Hace tres años, en una asamblea general del astillero que discutía el reparto de la masa salarial, entre otros reclamos, se aprobó por amplia mayoría la remoción de Scavuzzo, entonces presidente de la empresa, por graves hechos de corrupción. Hace pocos días, el ahora ex presidente se retiraba de su gestión con fuerte apoyo del gremio (ATE), pese a lo que habían votado los compañeros. Pero la causa había prosperado y la Justicia decidió detenerlo junto a los otros cinco dirigentes por el fraude de 16 millones de pesos por contratos de trabajo irregulares o inexistentes. Un dato no menor es que Scavuzzo siguió al mando del ARS incluso durante estos primeros tres meses de gestión de la gobernadora macrista María Eugenia Vidal. Los hechos de corrupción son conocidos y también su consecuencia: la falta de inversión en tecnología y en equipamientos de seguridad. Si a esto se le suman el ingreso de personal por “amistades” y la asignación arbitraria de categorías, se tiene un cuadro claro del manejo del astillero por parte de esa administración. Claro que estos hechos no podrían darse sin la connivencia del gremio ATE, dirigido por la Lista Blanca, que lejos defender los intereses de los trabajadores optaron por aliarse con la patronal y que hicieron campaña por Daniel Scioli presidente. Este escándalo de proporciones aún no determinadas nos tiene que hacer abrir los ojos y estar aún más atentos. El manejo del astillero como caja negra llevó a su destrucción. Hoy es una fábrica paralizada. La muerte del compañero Chirola y todos los que han fallecido trabajando, los accidentes sistemáticos, todo es producto del derrumbe al que llevaron al ARS. En la última asamblea general, la Blanca volvió a mostrar que, ante todo, es colaboradora de la empresa y el gobierno: le “otorgó” 30 días a la gobernadora para que diga si quiere o no invertir en el Astillero. Tras años de gestión jugando para el poder de turno, la burocracia ha dejado este estado de corrupción, clientelismo, negociados, desmovilización, desinversión, negligencia y pérdida de vidas de compañeros. Hoy más que nunca está claro que sólo con nuestra lucha lograremos un astillero 100% estatal y con trabajo. Vamos por delegados de sección independientes que reflejen lo decidido en asambleas de base, por una comisión interna que defienda las reivindicaciones de los trabajadores. Necesitamos un gremio independiente de la patronal y del gobierno. Reclamamos la apertura de los libros de la empresa. Los trabajadores necesitamos conocer todos los movimientos, poder fiscalizar y saber qué sucedió y qué sucede en el astillero. Exigimos la inversión tecnológica necesaria de manera inmediata. Por cada compañero caído, por cada “accidente”. Vamos por el salario y contra el ajuste. No queremos que ahora pinten a nuestro astillero de amarillo, como ya lo estuvo de naranja.

Los trabajadores municipales del distrito vienen llevando adelante un quite de colaboración, en la última semana, como respuesta al decretazo a lo Macri del intendente Gabriel Katopodis (FpV). La lucha de estos compañeros incluyó una toma del hall central de la municipalidad. El decreto les otorga un 27% de aumento, cuando la inflación actual ronda el 40%. Y si tenemos en cuenta que el salario básico de los municipales (4.900 pesos) está por debajo del salario mínimo y muy lejos de la canasta familiar, la imposición es directamente una burla. Es por esto que los trabajadores de distintas dependencias se movilizaron a la municipalidad en dos oportunidades durante la semana pasada exigiendo un aumento del 40%, y obligaron a los dirigentes de los tres sindicatos, que siempre acordaron con el intendente, a una dura negociación. Es evidente que el gobierno municipal está dispuesto a imponer el ajuste en el distrito. No hace mucho Katopodis estuvo a la cabeza de los intendentes del FpV para hacer un acuerdo con la gobernadora Vidal y aprobar el presupuesto de la provincia, un presupuesto de ajuste y de endeudamiento brutal. Eduardo Alborja, del Sindicato de Trabajadores Municipales de Salguero 20, y José Arcuri, de la Agrupación de Profesionales, Jerárquicos y Técnicos, venían negociando un aumento del 30%, pero los trabajadores exigen un incremento del 40% y denuncian despidos en algunos sectores. La mayoría de los trabajadores están precarizados con contratos que deben renovar cada año. Por todo esto los trabajadores ocuparon el hall central de la municipalidad. Esta lucha obligó al gobierno provincial a intervenir a través de Rafael De Biase, delegado del Ministerio de Trabajo bonaerense, que convocó a los tres gremios que representan a los municipales a una reunión. Comunicó que buscará ser un nexo con el gobierno para que San Martín reciba "parte del dinero que le debe la provincia de Buenos Aires", y que los nuevos fondos permitan mejorar la oferta porcentual para los salarios de 2016. Con esta premisa los dirigentes sindicales llamaron a levantar las medidas de fuerza. Apoyamos a los trabajadores municipales en esta lucha, y los llamamos a seguir los métodos que lograron frenar los despidos en el municipio de Coronel Suárez. Y hoy siguen luchando por un aumento salarial del 40%. Asamblea permanente, y luchar por el aumento del 40%, por un salario igual a la canasta familiar, no a los despidos, y por el pase a planta permanente de todos los trabajadores municipales. No dejemos pasar el ajuste de Macri, Vidal y Katopodis.

El 4, 5, y 6 de abril se desarrollarán las elecciones para claustro y centro de estudiantes en la Universidad Nacional de La Matanza, en un contexto complejo tanto dentro de la universidad como fuera de ella. En principio nos encontramos con el ajuste del gobierno macrista, que cuenta con el apoyo de la mayoría del PJ y de ex funcionarios K, que sostienen el argumento de la “gobernabilidad”: el presupuesto aprobado en la Legislatura bonaerense por ambos bloques es una muestra de ello. Esta política de ajuste toma su forma concreta en la Unlam, tanto en el precio de los apuntes (cada vez más restrictivos), como en la no aplicación de la ley de boleto educativo gratuito (ley ya sancionada, pero que no entra en vigencia por la negación a reglamentarla), el cobro cada vez más uabusivo para las reincorporaciones o para cursar en verano, así como también la no aplicación y con futuro incierto de los cursos de ingreso (que aún son pagos). También se expresa en despidos dentro de los docentes de la Universidad. El caso más grave es el de los profesores de salud, despedidos durante el receso y luego de una inspección de la Coneau. La persecución llegó a tal nivel que al secretario general de Sidunlam lo echaron luego de participar en una asamblea de docentes dentro de la facultad. Esta medida es un claro mensaje para regimentar a los trabajadores y es una política llevada a cabo de forma sistemática por parte del gobierno. El Centro de Estudiantes, dirigido por la Liga Federal Universitaria, agrupación perteneciente a la Juventud Universitaria Peronista, nada ha dicho ante estos atropellos. Actúan como chaleco de fuerza frente a la organización independiente de los estudiantes. Sus actividades dentro de la institución son de un mero rol administrativo sin comprometerse de manera alguna con quienes dice representar. Fragmentación en la izquierda La presentación de listas refleja una clara dispersión de fuerzas en la universidad. Se presentaron unas diez listas de las cuales cuatro son de izquierda. Todavía falta que la junta electoral (Liga Federal) apruebe los avales de cada lista para saber cuáles quedaran en juego; es sabido que las condiciones para presentación de listas son absolutamente proscriptivas. Lamentablemente todos los intentos de La Comuna-UJS de conformar una lista de unidad de la izquierda y los estudiantes naufragó debido a las maniobras faccionales del PTS e Izquierda socialista. Desde la UJS sostuvimos reuniones durante un mes, con IS y otros grupos, para discutir un programa y consignas para pelear por el centro de estudiantes; pero de la noche a la mañana se conformó un bloque, encabezado por el PTS, de la izquierda que viene embelleciendo al kirchnerismo adjudicándole rasgos progresistas o de resistencia frente al ajuste. Desde La Comuna planteamos un programa para luchar por un centro de estudiantes democrático e independiente de las autoridades y el Estado, que luche por el boleto estudiantil gratuito, por la gratuidad del curso de ingreso, las reincorporaciones a la cursada y materias de verano; apuntes al costo y por la expulsión de la policía de la universidad.

El 23 de marzo, en el Colegio de Abogados de La Plata, la gobernadora María Vidal ha convocado a una audiencia pública cuyo objetivo es hacer pasar un aumento del 150% en la tarifa de los servicios de agua y cloacas de La Plata y en el interior de la provincia, que afectará a millones de habitantes. Este nuevo tarifazo se da en el marco del rechazo de Aguas Bonaerenses (Absa), que se ha negado a acatar el fallo judicial ratificado en noviembre de 2014 por la Suprema Corte de Justicia bonaerense que obliga a devolver a los usuarios 2.000 millones de pesos de un tarifazo anterior aplicado en 2012 y rechazado por la Justicia. Absa, en los últimos ocho años, ha operado como una caja negra de Scioli y de sus socios de la Comisión Directiva del Sindicato de Obras Sanitarias de Buenos Aires (Sosba), quienes a través de Mako SA y 5 de Setiembre SA tercerizaron las obras sin pasar por proceso alguno de licitación y varios otros negocios ilícitos. Scioli y ahora Vidal, mediante auditorías, dibujaron un déficit anual de más de 1.000 millones de pesos. Los estudios encargados por el nuevo gobierno “están sospechados de ser una cortina de humo” ( Hoy , 10/3). Así “la herencia recibida” y el quebranto por “la falta de inversiones y mantenimiento alcanza a las 77 plantas depuradoras cloacales y a 18 plantas potabilizadoras, entre ellas la de Punta Lara (Donato Gerardi) que cumplió 60 años y su vida útil era para 30”. El informe indica “cuadrillas desmanteladas y cañerías con más de 100 años de uso”, a esto se suma “un gasto extraordinario por roturas de bombas, andamiajes en deterioro y mayor consumo de potabilizantes, mientras otro tema acuciante son los desbordes cloacales”. Apoyándose en el escenario en llamas aportado por sus informantes, Vidal pretende decretar la emergencia hídrica, apoyada por el intendente Héctor Gay, de Bahía Blanca, quien indicó “que para que la intervención (de Absa) tenga lugar se deberá aprobar la emergencia en Infraestructura en la provincia. Es que, según fuentes del Ejecutivo, el plan de la gobernadora es inyectar fondos obtenidos vía endeudamiento para la inversión en las redes de agua potable y cloacas” ( La Verdad, Junín, 18/12/15). Esta jugada evitaría el proceso de control licitatorio y la gobernadora apuraría un plan de inversiones por más de 5.400 millones de pesos mediante créditos de la Corporación Andina de Fomento. Otra definición política de Vidal en Absa ha sido la designación como presidente de Rafael Sardella, quien viene de ser parte orgánica de una caja negra llamada Correo Argentino e imputado por el fraude al Estado de las “consolidadoras”, negocio en el que respondió a Franco Macri y a Julio De Vido. Un lacerante interrogante que va a sobrevolar la audiencia pública del 23 de marzo es si Vidal seguirá adelante con la adjudicación trucha de la obra de ampliación de la planta potabilizadora de Punta Lara que le fue otorgada por Scioli en 2012 a Mekorot (empresa israelí acusada de graves violaciones a los derechos humanos en la Franja de Gaza), luego de una polémica licitación hecha a su medida. La compulsa de precios se hizo sobre un plan de obra que había diseñado previamente la empresa israelí que no prevé reemplazar (como corresponde) primero la red de distribución que tiene más de cien años. Por agua potable en cantidad y calidad sin arsénico, salinización ni contaminación por metales pesados. Que se abran los libros contables de Absa y la gobernación, auditados por las comisiones de vecinos, usuarios y la asamblea de trabajadores de Absa. Hay que poner a Absa, a las obras de infraestructura (licitación-adjudicación-seguimiento y final de obra) y a los créditos (su obtención, manejo y aplicación) bajo control de las comisiones de usuarios y de la asamblea de trabajadores de Absa.

Este viernes 18 de marzo, desde las 17 horas, en la Plaza Alsina (avenida Mitre y Alsina, Avellaneda), realizaremos un gran festival contra la impunidad de ayer y hoy. Preparando una multitudinaria movilización independiente el 24 de Marzo a 40 años del último golpe militar. La domiciliaria a José Pedraza es un nuevo guiño del gobierno nacional hacia las burocracias sindicales para poder hacer pasar los despidos y el ajuste. Muestra una línea de continuidad del kirchnerismo, que halagó a Pedraza como "el sindicalismo que construye", con el macrismo. La lucha por justicia por Mariano fue una pelea de fondo contra un régimen, contra la burocracia sindical y sus patotas, las tercerizaciones y el régimen de privatización del ferrocarril. La realización de este festival en Avellaneda va en este sentido, en el distrito donde militó Mariano, lanzando la pelea contra el operativo de impunidad en curso. Junto a las bandas de rock, las muestras fotográficas y diversas expresiones artísticas, estarán presentes familiares de casos de impunidad que hoy luchan por su esclarecimiento. Como los familiares de Silvia y Yamila Rosso, víctimas del femicida Alberto Angel Pérez ("el loco Cacho"), del que se está esperando la extradición y la sentencia a cadena perpetua. También estarán los familiares de Darío Avalos, trabajador de la construcción asesinado por la patota de la Uocra, a poco tiempo de comenzar el juicio a sus asesinos. La lucha contra el protocolo antipiquete estará presente en este acto-festival. Protocolo que ha intentado instalarse con el anterior gobierno nacional. Y que tiene el objetivo de sacarnos de las calle para instalar el pacto con los fondos buitres (el ajuste). Para comenzar, el gobierno de Cambiemos en Mendoza procesó a Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes del gremio de estatales en esa provincia y luchadores contra el ajuste, por la movilización organizada en el paro de ATE del 24 de febrero. Invitamos a las organizaciones políticas, sociales, estudiantiles, culturales a participar de este acto e instalar un programa independiente de lucha contra impunidad.

Luego de cuatro días de debate, formación política y camaradería, el 7 de marzo finalizó el campamento de la UJS de La Rioja, Catamarca y Tucumán en los valles tucumanos de El Mollar. Junto al campamento realizado en Salta a mediados de febrero, con compañeros de esa provincia y de Jujuy, culminamos con una gran instancia de deliberación de la juventud del NOA sobre América latina y el fracaso de las experiencias nacionalistas y centroizquierdistas como así también acerca de la teoría del Estado y las perspectivas de la revolución. Entre las dos convocatorias se han reunido cien compañeros aproximadamente. De esos cien jóvenes luchadores se destacan experiencias políticas muy diversas, como el caso de los compañeros universitarios de La Rioja, quienes luego de las enormes movilizaciones por la destitución del vitalicio rector Enrique Tello Roldán y la democratización de la Unlar pasaron a construir el Partido Obrero de esa provincia, en la comprensión de la necesidad de un partido revolucionario de la clase obrera para derrotar al régimen de camarillas universitarias como parte de una lucha por la emancipación de los trabajadores argentinos. También el caso de la delegación de Salta, donde a pesar de la temprana edad, ya tenemos jóvenes que se están transformando en voceros políticos del pueblo salteño. En el caso de Tucumán y Catamarca la delegación constata una extensión del trabajo político de la UJS en casi todas las facultades de la UNT y del ascenso de la izquierda, con la conquista de posiciones en la universidad de Catamarca. Esta inserción plantea enormes posibilidades y batallas en una región fuertemente afectada por el desastre ambiental y social provocado por Alumbrera y por la crisis capitalista y la caída de los precios de los minerales. Por caso del papel jugado por las expresiones como el kirchnerismo abordadas en el curso, los compañeros de Jujuy han sido testigos del papel de regimentación política dentro del movimiento obrero y sindical de la provincia de la organización paraestatal de Milagro Sala. Esta instancia de formación y deliberación ha sido enormemente fructífera y ha dejado planteada la estructuración de nuestra organización a escala del NOA como parte de la lucha contra el ajuste macrista y de los gobernadores kirchneristas de la región sobre los trabajadores y la juventud.

En Bahía Blanca se movilizaron 200 compañeros convocados por la Coordinadora Estudiantil por el Boleto, organismo que centraliza la lucha con todos los centros y activistas. Participaron centros de BByF, Humanidades y Derecho de la UNS, terciarios como el Conservatorio de Música, Danza y el Instituto Avanza. También lo hicieron secundarios agrupados en el centro del ex colegio nacional y el Normal. También se movilizaron vecinos de Cabildo (localidad cercana) que pelean por tener una tarifa accesible y con las frecuencias correspondientes. La jornada arrancó con una gran cobertura mediática donde nos encargamos de señalar todas las acciones desenvueltas desde 2006, cuando el boleto para secundarios fue arrebatado bajo el gobierno comunal del destituido Rodolfo Lopes (PJ), hasta la movilización del año pasado que obtuvo la unanimidad en el concejo deliberante para adherir al régimen de boleto gratuito para todos los estudiantes. Al mismo tiempo, pusimos de relieve que el reciente tarifazo en el boleto promovido por el intendente Héctor Gay (Cambiemos) era una estafa al pueblo ya que había sido implementado luego de un estudio de costos que no ni siquiera fue presentado a la Comisión de Usuarios Testigos y al poco tiempo de conocerse una estafa millonaria vinculada a tarjetas magnéticas con saldo infinito. Como hicieran los gobiernos anteriores (FpV y Massa), premian a las empresas, que reciben subsidios estatales, con comprobados casos de corrupción, pero que apelan al boletazo en forma sistemática y niegan este derecho elemental a los estudiantes bahienses. Esta movilización es un puntapié muy importante puesto que aún no comenzaron las clases en los terciarios ni en la universidad. En muchas escuelas no hay clases por la presencia de ratas, mientras Vidal recorta el cupo de comedores escolares y persiste una infraestructura ruinosa. Como hiciera el ex intendente massista, Gay ha deslizado la posibilidad de manotear el fondo educativo no para el boleto gratuito, sino para financiar el “beneficio” que existe actualmente para los estudiantes. Vamos por extender esta campaña a todas las escuelas e instituciones educativas de la ciudad, para hacer realidad el boleto gratuito que estamos obteniendo con la lucha y sorteando la traba del conjunto de las fuerzas políticas tradicionales, que se aprestan a pagarle miles de millones a los fondos buitres. En esta tarea está comprometida la UJS bahiense.

El lunes 7 de marzo se reunió la Junta Representativa de la FULP. En un nuevo episodio, La Mella-Patria Grande reeditó su accionar cuando el paro del 24 de febrero: otra vez firmó dos pronunciamientos contrapuestos, en esta ocasiónmpara el 8 de Marzo. En uno propuso convocar a la marcha de la mujer en La Plata con una denuncia al gobierno de Macri y al Estado en forma abstracta y contradictoria, sin una observación del accionar del gobierno K respecto de la situación de violencia hacia la mujer y el avasallamiento de sus derechos, evitando señalar el período precedente, sin mencionar siquiera las causas que llevaron a la inmensa movilización por el #NiUnaMenos el 3 de junio pasado. La única denuncia planteada respecto al período anterior era contra el ex intendente Pablo Bruera, que cerró una Casa Refugio para víctimas de violencia en La Plata, lo cual fue criticado incluso por sectores del FpV. El bloque kirchnerista anticipó su voto favorable con una única condición: omitir cualquier convocatoria, como si el pronunciamiento y la convocatoria pudieran estar desligados. Tanto La Mella como la Cepa (vicepresidencia) aceptaron esta modificación y dieron por aprobada la moción. La UJS-PO fue la única fuerza política que criticó el texto presentado por La Mella, e hizo una propuesta de modificaciones, acompañada por los centros de Arquitectura (representado en su vicepresidencia en la Junta) y de Trabajo Social. Propusimos incorporar una denuncia al kirchnerismo, que no desmanteló una sola red de trata, aprobó un Código Civil clerical, se opuso a tratar el aborto legal, seguro y gratuito y no tomó ninguna medida contra la situación de violencia. Mencionar la complicidad y responsabilidad del poder político y sus funcionarios en casos de femicidios y de violencia de género. Por último, marcamos la necesidad de sostener la convocatoria a la movilización independiente del 8 de Marzo, como salida real a la organización de la mujer trabajadora por sus reivindicaciones. Luego de la Junta Representativa, La Mella propuso un pronunciamiento de la conducción de la FULP (La Mella-Cepa-UJS) en los términos que impulsaba la UJS-PO, que fue publicado con dos horas de diferencia al resuelto por la Junta. Este pronunciamiento servía, fundamentalmente, para clarificar que la FULP movilizaría en la marcha independiente y de lucha de la que participaría la izquierda. De esta manera, La Mella vuelve a incursionar en una política esquizofrénica, con el agravante que esta vez acompañó con su voto, en un organismo de la Federación, el pronunciamiento pro-kirchnerista. Detrás de una supuesta política de “unidad” entre la izquierda y los K, La Mella impulsa en realidad la subordinación de la FULP al kirchnerismo. Advertimos a los compañeros que van a fracasar en el intento de ser impulsores de la “unidad” entre posiciones que están separadas por un abismo. Quienes dimos una lucha a fondo los últimos doce años contra el derrumbe educativo, la precarización laboral, por Mariano Ferreyra, Luciano Arruga y Jorge Julio López, no oficiaremos de rescatistas de una fuerza que está impugnada, por su orientación política patronal, como oposición real al gobierno de Macri.

El 11 de marzo, el tribunal que juzgó al suboficial Jorge Villegas, de la policía de Río Negro, por el asesinato del joven Pablo Vera en septiembre de 2014, votó por unanimidad la pena de cadena perpetua para el acusado y su encarcelamiento inmediato. Se logró así una gran victoria de la movilización popular, impulsada por la Coordinadora Antirrepresiva 13 de Enero -que integran diversas organizaciones sociales y políticas- y que acompañó desde el primer día a una familia que nunca bajó los brazos. El primer éxito de esta persistente movilización fue salirle al paso y contrarrestar la fuerte campaña de estigmatización de Pablo en particular y “de los jóvenes de los barrios” en general, impulsada tanto desde el Juzgado de Instrucción como desde la prensa patronal de nuestra provincia. El punto más alto y grave de esta campaña se produjo el 29 de noviembre de 2014, cuando la policía reprimió brutalmente, con gases y balas de goma, la marcha de repudio a la resolución de la Cámara 1ª -que determinó que Villegas esperase el juicio en libertad- desatándose una cacería humana que culminó con más de 50 heridos y 24 detenidos (entre ellos una mujer embarazada y niños de 10, 11, 14 y 17 años). La mayoría de ellos fueron apaleados en los calabozos de la comisaría 21ª, donde sufrieron todo tipo de vejaciones. La rápida movilización solidaria que se concentró en las puertas de las comisarías donde estaban los detenidos -y que se mantuvo toda la noche- puso un límite a la golpiza y logró la libertad de los detenidos, instruyéndose una causa paralela que aún debe ser elevada a juicio. Durante las audiencias, la Coordinadora y otras organizaciones solidarias garantizaron una radio abierta frente a los Tribunales y la permanente movilización de decenas de militantes y luchadores sociales, destacándose la presencia de numerosos familiares de casos de gatillo fácil y desaparición de personas en la región (Matías Casas, Daniel Solano, Carlos Painevil, entre otros). Estos volvieron a hacerse presentes durante la lectura de la sentencia, junto a Nora Cortiñas, a la madre de Luciano Arruga, al hermano de Darío Santillán y a la diputada del FIT neuquino, la compañera Patricia Jure. Al cierre del acto frente a los Tribunales con el que culminó la jornada, Jure saludó la victoria obtenida e instó a no bajar los brazos, “ya que la corporación policial va a seguir bregando para anular la sentencia, o mitigar sus alcances. Ya lo vivimos en Neuquén con el crimen del maestro Fuentealba, cuyo ejecutor material, el cabo Barrientos, pese a estar condenado judicialmente se paseaba por los shopping; o en el caso de nuestro compañero Mariano Ferreyra, con el responsable ideológico de su crimen, José Pedraza, beneficiado con el arresto domiciliario en jaula de oro”. Nora Cortiñas, por su parte, instó a “utilizar esta victoria para fortalecer la lucha por la plena vigencia de los derechos humanos y el juicio y castigo a sus violadores, convocando a marchar este 24 de Marzo contra la impunidad de ayer y de hoy”. El acto terminó con todos los presentes coreando: ¡Pablo Vera, presente! ¡Nunca más gatillo fácil! ¡30.000 compañeros desaparecidos, presente! ¡Ahora y siempre!

El 7 de marzo, la Coordinadora de Ex Trabajadores de Gas del Estado realizó su primera asamblea del año, a la que concurrieron más de 320 compañeros. Más allá de la preocupación por registrarse en el padrón auto organizado, los asistentes votaron instalar en el Congreso Nacional la lucha por la sanción de su ley, a través de su propia movilización, ya que el parlamento está tratando la agenda que le interesa a los buitres. La mesa dio un informe sobre cómo se logró la media sanción de Diputados, hacia fin del año anterior, con asambleas, movilizaciones al Congreso mientras sesionaban los diputados, también a las privatizadas Metrogas y Gas Natural, recogiendo el apoyo de sus trabajadores, con recorridas por los despachos, no sólo para que se trate la ley sino también para modificar el proyecto original, con su propia propuesta. Finalmente, se consiguió la media sanción (sin el quórum del macrismo y la mayoría de sus fuerzas aliadas) sobre el proyecto del FpV con algunas de las propuestas planteadas por los trabajadores. Pero el diputado Juan Pais (FpV) -autor del proyecto original- no quiso modificar la fecha de corte. A consecuencia de ello, quedan excluidos alrededor de 1.000 trabajadores despedidos en el proceso de privatización. Aun así, el kirchnerismo tampoco lo llevó al recinto de senadores para sancionar la ley, antes de finalizar su gobierno. Con esa experiencia y la de los ex trabajadores de YPF que lograron su ley y continúan movilizándose por el pago y por el resarcimiento jubilatorio, se plantea la confianza exclusiva en un camino de lucha independiente. La mesa de dirección de esta Coordinadora tiene la responsabilidad de organizar lo votado en asamblea y colocarle una pronta fecha a la movilización. No es con una gestión en los despachos que se va a lograr la ley: los legisladores de los partidos patronales están para votar el pago a los buitres. Abrirse paso en ese terreno implica desplegar las propias fuerzas y explotar las crisis de las fuerzas patronales. Y no restringirnos a las conversaciones en las oficinas. Lo demuestran una enorme cantidad de experiencias: las huelgas de los trabajadores del subte para arrancar las 6 horas en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que doblegaron el veto del jefe de Gobierno. La asamblea aplaudió las intervenciones de la mesa que, delimitándose de los partidos del gobierno, plantearon: si los senadores modifican el proyecto colocaremos el cambio de la fecha de corte y en caso contrario desarrollaremos un proyecto de ley para la inclusión de los compañeros. Integrantes de la mesa agradecieron al PO-FIT y a su banca, en la persona de Pablo López, por la intervención en defensa de las modificaciones que beneficiaban a todos los ex trabajadores. El aplauso rotundo a la lucha, de los cientos de trabajadores presentes, marca el camino.

La llegada de boletas de la luz, emitidas por la Cooperativa Eléctrica con aumentos en algunos ítems de 37% y en otros del 67%, generó la autoconvocatoria de varias asambleas populares y marchas por la ciudad. La resolución que se implementa con firmeza es el no pago de las boletas y las intervenciones giraron alrededor de la responsabilidad del gobierno municipal de Javier Martínez (PRO-Cambiemos) y el presidente de la Cooperativa (PJ). Este primer aumento en la boleta está íntegramente formado por rubros municipales (alumbrado público) y provinciales (impuestos varios), junto con los de la Cooperativa (obras y Cuota Capital Asamblea). Todavía no ha llegado el tarifazo correspondiente a la energía propiamente dicha. El viernes 11 la movilización marchó directamente sobre el Concejo Deliberante, superó los matones instalados por la UCR-PRO e increpó al intendente. Los debates y propuestas giran alrededor del rechazo al aumento de la luz, abrir y controlar los libros de la cooperativa, elegir por asamblea una nueva dirección, que se anulen todos los rubros de leyes provinciales y otros que encarecen la boleta. Se están juntado firmas y se convoca a una nueva marcha el viernes 19. El Partido Obrero ha intervenido con estas posiciones y está implementando, junto con otros vecinos, un petitorio que colabora con la organización y los reclamos, que está siendo firmado masivamente. - No paguemos las facturas. - La apertura de los libros contables de la Cooperativa Eléctrica Limitada de Pergamino (CELP) bajo control de trabajadores y vecinos. - La constitución de una comisión de vecinos que controle las cuentas de la Cooperativa, las inversiones, las obras a realizar. - La elección en asambleas de delegados barriales que actúen con mandato de los vecinos. - La derogación de las leyes que se adjuntan a la factura de luz y, en ese sentido, el llamado a una audiencia pública en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires. - No al cobro de la cuota de capitalización. - La convocatoria a sesión extraordinaria del Concejo Deliberante, con bancas para el pueblo que resuelva contra el aumento de la luz y a favor de los puntos arriba expresados. - Renuncia inmediata del Consejo Administrativo actual. La convocatoria a Asamblea Extraordinaria de la CELP para renovar autoridades, sobre la base de asambleas barriales con mandato de delegados. Una vez más, mientras resuena en Pergamino “que se vayan todos”, el piquete y la asamblea son el recurso obrero y popular para frenar los tarifazos.

La caída de una columna sobre los niños de la escuela N° 3 de Las Toninas es la clara demostración de la desinversión educativa y de los negociados que se llevaron y se llevan a cabo. Responsables 1 Juan Pablo De Jesús (FpV) es el intendente hace varios períodos. Durante 2015 recibió 47.712.807 pesos de Fondo Educativo y los años anteriores otras sumas equivalentes. Es el que habilitó el contrato de la empresa Cantera, que, a su vez, tiene las obras de otras escuelas. El intendente, los bloques del Concejo Deliberante anterior y actual (FpV, Cambiemos, FR), el Consejo Escolar compuesto por varios miembros del Suteba, son responsables de la adjudicación de las obras a empresarios amigos del poder y de las consecuencias que hoy pagan tres niños y que en cualquier momento implica un nuevo desastre sobre alumnos, docentes y no docentes dado que el deterioro edilicio y las obras incompletas se da en toda La Costa. Responsables 2 Scioli primero, y Vidal actualmente, han hecho oídos sordos a los reclamos de la docencia ante las discusiones paritarias. No sólo han resuelto sueldos por debajo del costo de vida, con más de la mitad en negro. Vidal ha cerrado rápido la paritaria. No ha tenido en cuenta los reclamos de resolución de la emergencia edilicia de toda la provincia. Ampara desde la gobernación el uso de los fondos para favorecer a los empresarios amigos, al punto de que circula la versión de que la empresa Cantera estaría ligada al ex vicepresidente Amado Boudou, quien inició su carrera político-delictiva como secretario de Hacienda del Partido de La Costa de la mano de De Jesús. Vidal se ha reunido con los intendentes del FpV asegurando los negociados y fondos a cambio de que voten el presupuesto 2016. Cambiemos y el FpV/PJ cogobiernan la provincia. Responsables 3 Los sindicatos docentes de la zona, sea Suteba conducido por el FpV, la FEB y Udocba, que actualmente están ligadas al macrismo, no han convocado a movilizarse ni a medidas de fuerza ante este grave accidente. No convocaron al no inicio por el sueldo, por el presupuesto, por los comedores, por la emergencia edilicia y ahora no defienden a los docentes y a los alumnos. Hay que usar los métodos de los Suteba multicolores Asamblea abierta de padres y docentes de todo el Partido de la Costa para parar, marchar y reclamar: Atención gratuita e integral a los niños accidentados y a sus padres. Formación de comisión de padres, docentes, no docentes y alumnos que investigue y controle las obras, los fondos, que establezca las prioridades sobre la base de las demandas de las escuelas. Juicio y castigo a los culpables políticos, económicos y materiales del accidente en la escuela N° 3.

El 11 de marzo se cumplieron dos años del asesinato del trabajador de la construcción Darío Ávalos a manos de una patota de la Uocra. El crimen fue cometido en horas de la mañana, cuando la patota acorraló y atacó a un grupo de trabajadores de la construcción que reclamaba por sus puestos de trabajo frente al obrador de la empresa Esuco, en la ribera de Fiorito. El ataque fue planificado por los cabecillas de la seccional Uocra Lomas de Zamora, Walter Leguizamón y Héctor Cabrera (secretario general y secretario adjunto, respectivamente) y comandado por sus colaboradores gremiales, quienes detonaron decenas de disparos con armas de fuego, hiriendo gravemente a algunos de los trabajadores y cobrándose la vida del compañero Ávalos. El ataque hubiera sido imposible sin la colaboración de la policía, que actuó de común acuerdo con la patota para liberarle el terreno a la emboscada. Y tampoco hubiera podido ser sin el acuerdo de la empresa Esuco, a cargo del empresario Carlos Wagner, que albergó dentro del obrador a parte de la patota que lideró el ataque contra los trabajadores. El grupo agresor, autodenominado "La banda del Lobizón", era conocido en la zona sur por su condición de grupo de choque y su capacidad para agredir y amedrentar trabajadores, incluso de resolver internas dentro de la propia Uocra, como fue el caso del ataque e incendio de la seccional Florencio Varela. Su surgimiento está estrechamente ligado al padrinazgo de Gerardo Martínez, quien se valió de este grupo y de otros para ocupar la seccional Lomas de Zamora y desplazar a la fuerza al sector disidente del sindicato que más tarde impulsaría al nacimiento del Sitraic. Gerardo Martínez es responsable directo de la proliferación de bandas armadas y de la lumpenización de la Uocra, como un medio para destruir las conquistas del gremio y aceitar los negocios con las patronales y el Estado. Al poco tiempo de la muerte de Darío, sus familiares, junto al Sitraic, el PO y diversas organizaciones sindicales, políticas y de derechos humanos, conformaron la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos, que dio lugar a una intensa agenda de iniciativas políticas para conseguir justicia. Con masivas movilizaciones por el centro de Lomas de Zamora, distintas movilizaciones a los tribunales, actividades de difusión, actos, la recorrida de diversas convocatorias contra la impunidad y por los derechos humanos, se obtuvo la detención de varios de los imputados y la orden de captura de los principales responsables, Leguizamón y Cabrera. Mientras el primero de éstos se encuentra prófugo de la Justicia y es escondido por la Uocra; el segundo acaba de ser liberado por la Justicia, en una clara señal que intentan preparar el camino de la impunidad. Al cumplirse este nuevo aniversario los familiares y las distintas organizaciones recordamos a Darío colocando una placa en los muros de la empresa donde sucedieron los hechos aquel 11 de marzo de 2014, en un acto que contó con el conmovedor testimonios de la familia y el compromiso de continuidad con esta lucha hasta obtener justicia. A mediados de este año tendrá lugar el juicio oral donde comparecerán los responsables materiales e intelectuales de este crimen. Nos preparamos para una intensa actividad para llegar a esta instancia con una fuerte movilización popular que quiebre el operativo de impunidad y condene a los responsables. Es momento de desterrar definitivamente a las bandas y a las patotas de la construcción y de todo el movimiento obrero. ¡Darío Avalos, presente!

A fines de 1902, Venezuela era deudora de bancos de los imperios británico, alemán y del reino de Italia por 119 millones de bolívares (Bs), saldo al que se habían acumulado 46 millones por intereses. El gobierno venezolano había suspendido el pago de esta deuda debido a la crisis económica que atravesaba el país. Ante esta situación de mora, las flotas de estas potencias imperialistas bloquearon los puertos venezolanos reclamando el pago. Los cañoneos y choques armados despertaron una ola de movilización antiimperialista en Venezuela y en toda América latina. Finalmente, con mediación yanqui, se regló que el 30% de lo recaudado por la Aduana Nacional venezolana sería destinado, directa y diariamente, al pago de la deuda hasta saldarla. En el ínterin los imperialistas habían ido sumando intereses, punitorios e indemnizaciones de diverso tipo hasta un valor de 350 millones de Bs. Todo inflado por los banqueros. Finalmente se redujo la cifra a 150 millones. El pacto colonial con los buitres El acuerdo firmado con el grupo buitre NML coloca límites a la política crediticia del gobierno argentino. No puede gestionar nueva deuda externa en dólares hasta que se salde la deuda con los buitres. Sí puede encarar empréstitos en pesos, internos en la Argentina, hasta un máximo equivalente a 2.000 millones de dólares. Más aún: el dinero que entre por los bonos emitidos para recolectar el efectivo para pagarle a los buitres debe ser depositado a favor de éstos a medida que vaya ingresando. Se trata de un pacto colonial, donde un juez yanqui y el capital financiero controlan el flujo de crédito de la Nación. En la Venezuela de 1903 fue la diplomacia de las cañoneras; hoy, en la Argentina macrista y del conjunto de la burguesía nacional se trata de la diplomacia de las financieras.

Imagen de trabajo , el programa semanal del Satsaid (Sindicato Argentino de Televisión) que se emite los domingos al mediodía por A24, dedicó tres cuartas partes de su programa del 6 de marzo al conflicto que atraviesa el Canal de Noticias CN23, donde, sin embargo, en ningún momento se lo ligó a los otros despidos que sufre el gremio ni se hizo alusión a poner en pie un plan de lucha y un paro general que posibilite revertir los 118 despidos que ejecutó el empresario Cristóbal López no bien tomo posesión del canal. A su vez, Julio Barrios, secretario gremial del sindicato, en el diario Clarín del día siguiente, se refirió al conflicto haciendo hincapié en que no se trataría de 118 despidos ya que “para el Satsaid hay entre 80 y 90 de los despedidos que son laburantes; el resto no” y de que se estaba viendo la posibilidad de que los accionistas abran los “retiros voluntarios” ( Clarín , 7/3). Mientras tanto, el conflicto se encuentra suspendido por medio de la conciliación obligatoria (violada por la parte patronal) y el canal sigue emitiendo con una planta mínima. Lejos de ser un caso aislado, en los últimos días se sumaron los trabajadores de PPT (la productora de 6,7,8 ) que en diciembre ya había echado a 24 personas al no renovar los contratos denominados "de plazo fijo". La productora presentó un "procedimiento preventivo de crisis" ante el Ministerio de Trabajo y adeuda los salarios de febrero a cerca de 120 compañeros. La oferta presentada por la empresa de abonar los salarios en cinco cuotas semanales fue rechazada de plano por los trabajadores, quienes se encuentran sin realizar ningún tipo de tarea desde la finalización del ciclo. La situación se encuentra empantanada y circulan rumores de que la empresa no estaría dispuesta a reincorporar a ningún compañero y que la salida, al igual que en CN23, sería a través de retiros voluntarios y algunas "reubicaciones". Una situación similar atraviesan los compañeros de 360 TV, del grupo Electroingeniería, principal beneficiario de obra pública en la última década, quienes están cobrando sus sueldos en cuotas. La implosión del armado mediático del kirchnerismo, ni bien cortado el flujo de fondos recibido en pauta oficial, expresado en la crisis que atraviesan los canales “oficialistas”, deja al descubierto que la tan mentada democratización de la palabra era la fachada para un negocio de miles de millones de pesos que fueron desviados sistemáticamente por los empresarios “nacionales y populares” y que se tradujo en el vaciamiento de estas empresas. En este contexto, sólo con la movilización y un plan de lucha, consistente en un paro general de todo el gremio y la ocupación de cada empresa que despida, lograremos frenar los despidos. El ataque general al movimiento obrero debe ser enfrentado superando la tregua de las centrales sindicales que miran para otro lado, mientras se descarga la crisis, con despidos, ajuste y tarifazos sobre los trabajadores y se prepara un "pacto buitre" para seguir pagando la deuda usuraria a costa del pueblo trabajador. Desde la Naranja llamamos a debatir en asambleas y reuniones en cada lugar de trabajo, abrir una deliberación en el gremio para enfrentar los despidos y defender el salario, por el adelantamiento de las paritarias y por la abolición del impuesto al salario, que más compañeros han comenzado a pagar. A la extorsión del gobierno macrista,empleo o salario, opongamos un plan de lucha del Satsaid por la defensa del salario y todos los puestos de trabajo. ¡Pongamos de pie al gremio de televisión!

Es un eufemismo hablar de "crisis" para referirse a una tragedia histórica. Esto se aplica tanto a lo que sucede ahora como a lo que en general se llama "crisis migratoria", en relación a la gigantesca migración en masa cuyo pico fue en 2015 y continúa, o quizás incluso está aumentando, en 2016. Nos referimos al éxodo de un millón de personas: mujeres, niños, ancianos y hombres más jóvenes, principalmente de Siria, de Afganistán y de otros países del Medio Oriente y de África del Norte (Mena, por sus siglas en inglés) que están en guerra y que sufren una gran descomposición social. En un intento desesperado por sobrevivir, estas personas se dirigen a la Unión Europea -o, más bien, a la "fortaleza" que es Europa. La gran mayoría lo hace a través de Grecia y cientos de personas mueren en el intento, en el mar Egeo, en el Mediterráneo o en la ruta de los Balcanes. La dimensión de esta tragedia se puede ver en las frívolas cifras que da el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o, incluso, la Oficina Europea de Policía (Europol). En 2015 hubo 856.000 casos de migración por mar. En enero de 2016, hubo 60.000 casos en solo un mes que entraron a Grecia, a pesar del mal clima y las tormentas. En dos días, el 17 y 18 de febrero, entraron entre 4.600 y 4.800 personas. En la semana del 12 al 18 de febrero, fueron 11.790. En el primer mes de 2016, se reportaron 403 muertes en el mar Egeo, la mayoría, niños. El destino de los niños es el aspecto más brutal de esta tragedia. Según la Europol, de más o menos 270.000 menores que entraron en Europa en 2015, más de 10.000 desaparecieron y cayeron en manos de bandas de traficantes y redes de prostitución infantil. Sin embargo, no apareció ningún niño ni se desmanteló ninguna red de trata, lo cual demuestra la indiferencia criminal, o, dicho más sutilmente, la "negligencia benigna", o incluso la falta de protección por parte de las autoridades estatales correspondientes. Mientras tanto, el tráfico de personas, especialmente de niños y chicas muy jóvenes, se ha convertido en un negocio muy lucrativo: en la segunda mitad de 2015, los traficantes hicieron una ganancia de aproximadamente 3.000 millones de euros, según la Europol. Una manifestación típica de la actitud del Estado europeo hacia los refugiados en general, y hacia los niños en particular, es la siguiente: según un informe de la Acnur, "el 15 de febrero de 2016, las autoridades austriacas le informaron a la policía de Eslovenia que a los niños que no estén acompañados o que estén separados de sus padres y que no pidan asilo en Austria ni expresen su interés en pedir asilo en Alemania, se los llevará a Eslovenia, independientemente de si los acogen familias o no". De las miles de personas que todos los días intentan entrar a Europa a través de Grecia, aquellos "suertudos" que logran eludir la muerte en el mar y las operaciones para repeler la entrada llevadas a cabo por las fuerzas policiales, por la agencia Frontex de la Unión Europea y, muy pronto, por las patrullas de la Otan, continúan su odisea como reclusos en los nuevos campos de concentración militarizados, mal llamados "puestos de control fronterizos" y "campos de traslado". Cuando llegue el momento, aquellos que estén autorizados a continuar su travesía en los Balcanes, en dirección al norte y al oeste de Europa, deberán atravesar una jungla llena de obstáculos y riesgos. Deben moverse en condiciones sumamente inhumanas, sin comida ni refugio, bajo la lluvia y con climas fríos, teniendo que frenar en todas las fronteras, desde Eidomeni, en la frontera entre Grecia y Macedonia, hasta Alemania, donde los estados locales, con el respaldo de la Unión Europea, levantaron vallas electrificadas con alambres de púas. Además, sufren una represión brutal por parte de la policía antidisturbios, explotación por parte de las mafias y ataques terroristas que ejecutan bandas locales y tropas de asalto fascistas. Los refugiados ya no se enfrentan solamente a la "fortaleza" europea como en años o décadas anteriores de migraciones en masa, sino a una Unión Europea que se desintegra rápidamente por divisiones nacionalistas antagónicas. Los "planes" que fomentaban la Unión Europea y Alemania a mediados de 2015 para el "manejo de las oleadas migratorias", el "reparto proporcional de refugiados", etc. fallaron rotundamente. Todos los países de la Unión Europea comenzaron a tomar medidas unilaterales, restablecieron los controles fronterizos y desmantelaron, poco a poco, el espacio de Schengen, que era un área libre de controles para los ciudadanos de la UE. Después de la adopción del euro, la moneda corriente de Europa, Schengen fue el segundo pilar y gran "logro" de la integración capitalista europea, y ahora se desmorona. La autoridad de Alemania como la fuerza motriz de la economía europea y de Angela Merkel como la personificación de la supremacía política en Europa, se convirtieron en cosa del pasado después del verano (en el hemisferio norte) de 2015. Incluso fracasó el pacto Merkel-Erdogan, que establecía la entrega de 3.000 millones de euros a Turquía y la promesa de renegociar su entrada a la UE, con el fin de amortiguar las oleadas de refugiados de Siria y del Medio Oriente. Una muestra reciente y muy significativa de que Berlín y Bruselas perdieron el control, fue una reunión en Viena realizada inmediatamente después de la cumbre de la Unión Europea del 18 y 19 de febrero de 2016. Austria convocó a nueve países balcánicos (Albania, Kosovo, Montenegro, Bosnia, Macedonia, Croacia, Serbia y Eslovenia), ignorando completamente las deliberaciones de la cumbre de la UE del día anterior. Lo que pomposamente llamaron "conferencia para manejar en conjunto la migración" fue en realidad para promover un cierre de facto de la ruta de los Balcanes y una exclusión de facto de Grecia del espacio de Shengen, por medio del cierre de sus fronteras con los países vecinos que no pertenecen al Schengen, en principio, con Macedonia. Una autoridad de la UE hizo un comentario de mal gusto sobre que fue "un intento improvisado de reconstruir un nuevo imperio austrohúngaro". El Acnur advierte sobre un "posible caos". El ministro de Relaciones Exteriores de Grecia, Nikos Kotzias, se quedó claramente corto cuando habló de un "acto unilateral y poco amigable". La "crisis migratoria" interactúa con todas las contradicciones inconclusas de una Unión Europea que quedó vulnerable y frágil después de la crisis capitalista mundial de 2008, con una economía estancada, una deuda soberana sin resolver, con una crisis bancaria, con la zona euro en grandes problemas, con los trabajadores y las clases populares que ya sufrieron por años el desempleo crónico en masa y brutales ajustes. Las fuerzas centrífugas se reforzaron en toda la UE. Después del peligro que supone una salida de Grecia de la zona euro, que siempre es posible, la perspectiva de una salida de Gran Bretaña cristaliza la crisis de la Unión Europea en su conjunto. Todas las heridas históricas del continente, posteriores a la caída del muro de Berlín y al colapso de la Unión Soviética, se abrieron nuevamente, como lo demuestra de forma dramática la situación en Ucrania. Al principio, el impacto de la crisis capitalista mundial reveló una enorme grieta y desequilibrios en la UE y en la zona euro entre el norte y el sur; ahora, la "crisis migratoria" muestra la grieta entre Europa occidental y Europa del este, con el grupo Visegrád (Hungría, Polonia, la República Checa y Eslovaquia) desafiando a Alemania en su propia zona de influencia en "Mitteleuropa" (Europa central). Las oleadas de refugiados se encuentran en Europa con un panorama social totalmente cambiado por la crisis sistémica-estructural del capitalismo, lo cual trae nuevos cambios dramáticos en el panorama político de todo Europa, y esto no excluye a su núcleo duro, la mismísima Alemania. Grecia es un microcosmos de la gran crisis de la UE. Al ser el eslabón débil y el chivo expiatorio de la zona euro, y por ser la puerta de entrada de la oleada de migrantes desde el Medio Oriente, Grecia se convierte en el punto de partida de la desintegración de espacio Schengen- ¡y se lo culpa por eso! La valla de la Unión Europea en la frontera de Macedonia fue, incluso antes del "acto unilateral" de Austria, una medida para atrapar a los refugiados en Grecia, que, además de ser un país empobrecido y en quiebra, también se transformaría en una "caja negra" para las víctimas "indeseables" de las guerras y de la destrucción que orquestó el "civilizado" occidente, no solo los Estados Unidos sino también la misma Unión Europea, como en Siria y en Libia. Las presiones de la UE sobre Grecia para que cree "puestos de control fronterizos" y "campos de traslado para inmigrantes", tienen un solo propósito: posibilitarle a los otros países europeos que manden a los refugiados de vuelta a Grecia, considerado el primer país de entrada, conforme a lo dispuesto por la Convención de Dublin, de la cual se excluyó a Grecia de facto en el 2011 por las condiciones inhumanas en los lugares de detención para los inmigrantes, como es el caso del centro de reclusión de Amygdaleza. Hasta ahora, en Grecia hay 10.000 lugares para refugiados cerca de Atenas y otros 2000 en Tesalónica. Según el gobierno de Grecia, incluso si unos pocos miles se asientan en este país quebrado económicamente, no habría esperanzas para ellos, y mucho menos para los cientos de miles o más que los países de la UE pretenden atrapar o expulsar a la "caja negra" griega. Si se implementan estos planes inhumanos, Grecia, obviamente, se convertirá en un "cementerio de almas", como dijo Yannis Mouzalas, el ministro de migraciones de Grecia, a esta altura, acertadamente. Es probable que esta barbarie europea, "blanca" y "cristiana" no signifique nada en un continente donde hay campos de concentración, como Buchenwald, que se abrieron nuevamente para los refugiados estos últimos años; en un continente donde el estado danés aprueba una ley nazi para confiscar el dinero y las joyas de aquellos que buscan asilo político; donde las autoridades noruegas deportan inmigrantes a la frontera del Ártico; donde los justicieros suecos persiguen a los inmigrantes; y donde mafias atacan a caravanas de refugiados en la República Checa, en Alemania, en Grecia, en Hungría y en Gran Bretaña. Estos ataques no son hechos aislados, no son acciones "espontáneas" de individuos o grupos "políticamente confundidos", "desorientados" o ultra conservadores. Son el producto tóxico de la xenofobia y el racismo fomentado por el Estado, especialmente por políticos burgueses que le dan prioridad a su reelección por sobre la vida humana. Ellos y sus políticas son responsables en primer lugar por el ascenso de la extrema derecha en Europa, del Frente Nacional de Marine Le Pen, de Alternativa para Alemania, del movimiento islamófobo Pegida o de los pro-nazi "Amanecer Dorado". En el caso de Grecia, es notable como, a pesar de las condiciones sociales desastrosas, se ha desarrollado un movimiento popular de solidaridad hacia los refugiados, un movimiento muy poderoso que se formó desde "abajo", sumado a movilizaciones constantes contra la xenofobia, contra la represión del Estado de los inmigrantes y contra las mafias fascistas de "Amanecer Dorado". No es un accidente que las autoridades estatales, al igual que la UE y la Otan rechacen e intenten evitar y/o prohibir cualquier contacto o fraternización entre redes de solidaridad del pueblo y organizaciones de trabajadores con los refugiados. Esto lo hacen militarizando los "puestos de control" y los campos de refugiados y autorizando el contacto solamente con ONG oficiales y financiadas por los medios "convencionales". Junto con la militarización del "manejo de la crisis migratoria", llega ahora una acontecimiento incluso más siniestro: el despliegue de fuerzas de la Otan en el Egeo y en las fronteras de Turquía y Grecia, con el consentimiento de la UE, y de los gobiernos de Tsipras y de Erdogan. El fin es, aparentemente, controlar los flujos migratorios, bajo la excusa de combatir el "contrabando" y "superar las debilidades de los controles locales de ambos Estados". Esta militarización/Otanización del Egeo y de las fronteras de Turquía y Grecia abre una nueva etapa, y más peligrosa. El objetivo real no se limita a frenar las imparables oleadas migratorias. Se está erigiendo un frente amplio y represivo de las fuerzas de la Otan desde el mar Báltico hasta el Mar Negro y el Mediterráneo. Europa y el mundo han entrado en una fase post Guerra Fría. De hecho, con el despliegue de las fuerzas de la Otan en esta zona neurálgica, se fusiona el frente de confrontación en Europa del este (Ucrania) con las guerras del Medio Oriente, donde están involucrados tanto Rusia como la Otan. La crisis de desintegración en la UE se suma al caos del Medio Oriente con las consecuencias más impredecibles, explosivas y peligrosas. Europa se enfrenta no sólo a una profunda crisis social, económica y política: el impasse de la UE sumado a una "crisis migratoria" sin precedentes, la deja en una encrucijada, en un momento decisivo. Bajo las condiciones actuales de una insoluble crisis capitalista mundial, que se agravará muchísimo en el próximo período, ni la Unión Europea ni las oleadas de refugiados pudieron encontrar una solución. Ambas crisis se interrelacionan y encuentran su origen en la globalización capitalista y su implosión de 2007-2008. La presente Gran Migración es completamente diferente a otras oleadas migratorias del pasado, que surgieron a raíz de la escasez de medios de vida y las oportunidades en los centros de expansión económica, y particularmente en los centros de expansión industrial en los siglos XIX y XX, fueron un factor de atracción para los inmigrantes. Ahora, la Gran Migración se ubica en un contexto de sobreacumulación de capital, de desindustrialización en los países capitalistas más avanzados y una depresión creciente. El "desplazamiento de gente y el problema de refugiados más grande desde el fin de la segunda guerra mundial", como se lo describe oficialmente, surge cuando las condiciones de vida de los refugiados fueron destruidas a causa de una globalización capitalista muy desarrollada y de guerras brutales; y después por la implosión de aquella globalización, con todas sus implicancias sociales, políticas y geopolíticas. "La peor crisis desde el crack de 1929 y la Gran Depresión de los años 30", según las mismas fuentes oficiales. Esta implosión que produjo "la peor crisis desde el crack de 1929 y la Gran Depresión de los años 30" y "el desplazamiento de gente y el problema de refugiados más grande" que hay ahora, es el fundamento histórico-material que tienen en común. Una solución real debe enfrentar esta base en todas sus expresiones para arrancar de raíz las causas de esta catástrofe, las causas sociales sistémicas de las guerras, de los desplazamientos, del desempleo masivo, de la pobreza, del racismo y de la xenofobia. Con esta orientación estratégica, las fuerzas de emancipación deben unirse y luchar: -por tirar abajo las vallas, los campos de concentración de refugiados y todas las leyes antiinmigrantes; -por la construcción de redes de solidaridad por todo Europa con los refugiados para que se vinculen con las organizaciones populares y con los trabajadores de Europa; resistir ante la criminalización de la militancia o el trabajo solidario del pueblo; -contra la xenofobia, el racismo, la extrema derecha y las mafias fascistas; -para terminar con las guerras imperialistas, las guerras 'proxy' y las divisiones reaccionarias en fracciones étnicas y religiosas en Siria y en el Medio Oriente -por la disolución de la Otan, de sus bases militares y de su maquinaria de guerra; -por tirar abajo la "fortaleza" europea del gran capital. Europa está en una encrucijada: o termina enterrada bajo las ruinas del fracaso de la Unión Europea, que se desintegra por divisiones nacionalistas al servicio de los intereses de la clase dominante o se unifica en base a nuevas relaciones sociales, con un carácter socialista e internacionalista, que incluiría la incorporación de los refugiados y de las víctimas de la misma bancarrota mundial de un capitalismo en decadencia. Ahora más que nunca, la advertencia de Rosa Luxemburgo es urgente y vital: ¡Socialismo mundial o barbarie! 25 de febrero de 2016

El 14 de marzo, otro hecho de violencia sacudió nuevamente al movimiento. Se trata de Lautaro, un activista gay de Miramar. Fue detenido por policías sin identificación, que lo subieron a un auto y lo llevaron al vivero, sitio emblemático de la ciudad. Ese lugar es conocido también porque allí ocurrió un violento femicidio, el de Natalia Mellman en 2001. En ese sitio fue torturado, golpeado, quemado con cigarrillos, tajeado y lo amenazaron de muerte. Luego lo dejaron ahí. Corresponde aclarar que no es la primera vez que Lautaro resulta víctima de agresiones por parte del cuerpo policial, ya que repetidas veces fue detenido en la calle, con pedido de DNI y averiguación de antecedentes de por medio. También fue varias veces objeto de burlas y agresiones, por ser conocida en la ciudad su orientación sexual y su militancia en ese sentido. Es extremadamente grave que sigan sucediendo estos hechos de violencia hacia nuestro colectivo y hacia un menor de edad. Repudiamos el hecho y denunciamos la impunidad que otorga el Estado a los policías para que actúen. A pesar de que la familia de Lautaro ya ha hecho denuncias no han obtenido ninguna respuesta. Este suceso no es aislado sino que es una expresión más de la violencia que sufrimos los integrantes del colectivo LGBTI diariamente, desde burlas y discriminación laboral hasta el caso extremo de asesinato de compañerxs trans. El principal responsable es el Estado y las fuerzas represivas amparadas por el mismo. En este sentido, a días del 24 de Marzo, llamamos a fortalecer la organización independiente del Estado. Para que estos hechos no existan más: que se investigue, identifique y separen a los policías implicados. Basta de persecución al colectivo LGBTI.

En agosto de 2015, Alejandro “Cacho” Santa Andrea (conocido por haber sido locutor de la Fiesta Nacional del Inmigrante y ex director de Radio FM Integración, furiosamente oficialista) fue acusado de violar a una niña de 8 años, que mendigaba por las cercanías de su casa. Recientemente, el Tribunal Penal N° 1 de Oberá ha decidido absolverlo por el beneficio de la duda, luego de suspender el comienzo del juicio oral en dos oportunidades. Este hombre, siendo secretario del Honorable Concejo Deliberante de Oberá, aprobó la resolución que declara a dicha ciudad como Pro Vida. A raíz del escándalo que suscitó el juicio, fue suspendido de sus funciones en el municipio, pero desde un comienzo tuvo amparo político que lo salvó de ser puesto en celda común al ser detenido. Recién pasados diez días se realizó el allanamiento en su casa. Hasta un comisario de la Policía de Misiones -Javier Millán Barredo- oficia como uno de los abogados defensores. Queda de manifiesto, una vez más, que es un ejercicio habitual de la Justicia patriarcal y de clase, vulnerar los derechos humanos de los niños y niñas, obligándolos a pasar por situaciones de revictimización (se realizaron a la niña dos Cámara Gesell), descreyendo de sus palabras, transformándolas en error o mentira. La duda que beneficia a Santa Andrea la construyó la propia Justicia al malograr las pruebas sistemáticamente. Además, la única que vez que estuvo detenido 115 días en celda VIP, había amenazado con que si no lo soltaban “hablaba”, porque él sabía cosas de otra gente del poder. El abuso sexual en la infancia es una de las problemáticas mayormente invisibilizadas por parte del Estado, la Justicia, las instituciones: uno de cada cinco niños sufren y sufrieron abuso sexual antes de llegar a los 18 años de edad. La Justicia del Estado proxeneta se empeña en garantizar el territorio de la impunidad, como lo hizo con Marilyn Bárbaro, cuya causa parece que quisieran que prescribiera. El viernes 11 nos reunimos en el Centro Cívico de Oberá para repudiar el hecho y resolvimos intensificar la convocatoria para el día 23, en el cual se lee la sentencia completa en el Tribunal Penal.

El brote de dengue no debería haber tomado por sorpresa ni a esta gestión ni a las anteriores. Hace bastante más de una década, cuando aún no había casos autóctonos ni importados de la enfermedad, el gobierno de la ciudad debía realizar tareas de vigilancia epidemiológica del mosquito transmisor (Aedes aegypti) para su monitoreo y erradicación. Las tareas de colocación y remoción de ovitrampas para estimar la población del mosquito mediante el recuento de huevos, fueron realizadas por personal aleatorio durante la gestión de Ibarra (choferes de los vehículos del Instituto Pasteur, por ejemplo) y luego por estudiantes precarizados de las carreras de veterinaria y biología de la UBA. Aún así, la información concreta está hace tiempo: la población del mosquito venía en aumento, lo cual constituía un factor de riesgo importante, ya que al comenzar la circulación del virus, las condiciones estaban dadas para su pronta difusión. Ninguna de las gestiones hizo nada para prevenir el brote actual. Ni con medidas de control, ni de erradicación, ni diseño de planes de contingencia, ni de difusión de información. En 1997, la OPS (Organización Panamericana de la salud) aprobó un Plan Continental para la erradicación del mosquito (lo cual no es impensable, considerando que entre el 1948 y 1972 desapareció de la Argentina y otros países de Latinoamérica). Para ello, debe existir una cobertura universal para eliminar al mosquito y un plan de vigilancia para evitar que vuelva a aparecer. Esto significa desembolsar, claro, un presupuesto acorde para infraestructura y personal. El fracaso evidencia una falta absoluta de acciones políticas al respecto. Gobiernos nacionales y provinciales se limitan a poner el acento en la responsabilidad individual de prevenir la infección: la descacharrización, la colocación de repelentes, etc. Pero no sólo no tienen en cuenta que la gran mayoría de los reservorios del mosquito se encuentran en espacios públicos cuyo saneamiento es responsabilidad de los gobiernos locales sino que directamente se burla de aquellos que no tienen acceso a agua corriente ni condiciones adecuadas, y utilizan los “cacharros” para juntar agua. Tampoco ponen el acento en la desforestación indiscriminada y el uso de agrotóxicos promovidos por el monocultivo y la sojización que conduce a la modificación del medioambiente que agravan la situación: inundaciones, pérdida de predadores naturales del mosquito, mayor resistencia a los insecticidas y migración de vectores a zonas nuevas (además del dengue, otras enfermedades transmitidas por insectos fueron modificando sus zonas endémicas, como el ishmaniasis, chicungunya, y el zika). Reclamemos: Aumento en el presupuesto de Salud de la Ciudad. Saneamiento ambiental a cargo del gobierno de la Ciudad, con personal capacitado y en planta. Distribución gratuita de repelentes de uso personal que contengan DEET. Planes de contingencia adecuados en todos los Hospitales y Centros de Salud, con el personal y presupuesto necesario.

Ni siquiera el oficialismo niega ya que estemos ante una crisis de envergadura en la política de viviendas de Urtubey. En la última sesión de Diputados, el presidente de la cámara Santiago Godoy, esbozó duras críticas a los funcionarios provinciales involucrados en estafas a los vecinos preadjudicatarios de terrenos. Claro que su lógica fue la de apuntar a responsabilidades individuales (“ineptitudes”) para salvar a toda una estructura cuasi-mafiosa, defensora de la especulación inmobiliaria y los negociados con la tierra. Sin embargo, el hecho es sintomático porque muestra el pantano en el que ha caído Urtubey frente a una presión social creciente. La provincia de Salta tiene un déficit habitacional que afecta a por lo menos 45 mil familias, mientras que la oferta gubernamental no satisface siquiera el crecimiento vegetativo de la demanda. La necesidad de impulsar junto a los vecinos sin techo un viraje total en el tema está a la orden del día. Un escándalo, una expropiación, nuevos escándalos La escasez de tierras es artificial en Salta: en realidad existen predios gigantescos cuya sumatoria equivale a más de 500 hectáreas en plena ciudad. Todos herederos de la vieja oligarquía salteña, los propietarios no fueron tocados por ningún gobierno. Pero en sus últimos años de gobierno, el urtubeísmo tuvo que abandonar esa línea para tomar segmentariamente el programa del Partido Obrero. Luego de su derrota en 2013 a manos de nuestra organización, el gobernador anunció la pronta aprobación de un proyecto impulsado por nuestros diputados desde su llegada a la Legislatura doce años antes y rechazado sistemáticamente por el peronismo: la expropiación del predio Pereyra Rozas, de 110 hectáreas. Anteriormente, Urtubey había intentado descomprimir la expectativa popular expropiando otro terreno al sur de la ciudad, mucho más barato, chico, sin servicios y para la entrega de lotes, no de viviendas. Dos expropiaciones no fueron suficientes sin embargo para evitar el estallido de la crisis a comienzo de 2014. Los negocios del suelo arrancan por casa Tierra y Hábitat surgió frente a la ocupación de terrenos y el encarecimiento sistemático de los planes gubernamentales, a los que sólo accede la clase media. Se encarga de descomprimir la demanda habitacional sorteando terrenos sin servicios para las familias más pobres y amenazando con expulsar del padrón a quienes ocupen o incluso reclamen. Totalmente antagónico a cualquier criterio redistributivo, el Estado funciona como una inmobiliaria que perjudica al que menos tiene, dándoles terrenos alejados y dejando libradas a su suerte la colocación de servicios y la construcción. Pero TyH ha sido impotente para frenar la crisis y desde su interior se estructuró toda una mafia de punteros y funcionarios que ha quedado expuesta por el reclamo de los vecinos. Los funcionarios vendían “preadjudicaciones” y llegaban a acuerdos con organizaciones sociales cooptadas, comprometiendo futuros loteos a cambio de apoyo político. Así, en cada nueva entrega de lotes se desatan ocupaciones de terrenos y movilizaciones ante la evidencia de la arbitraria distribución de beneficios. Sin embargo, la última crisis de Tierra y Hábitat ha sido la más grave: entre preadjudicaciones, adjudicaciones y reventas, los “beneficiarios” se dieron con que cada lote tenía tres familias ocupantes. La movilización posterior de los vecinos hizo caer a los dos responsables del área y obtuvo la expropiación de 16 nuevas hectáreas. En la última sesión de diputados el PO votó a favor de la medida, pero llamando la atención de que los últimos hechos dejaron de manifiesto que las expropiaciones de Urtubey, al ser improvisaciones que no se sustentan en plan alguno y que se canalizan a través de las camarillas estatales, no serán la solución al problema de la vivienda sino la fuente de nuevos negociados y crisis. Nuestra salida El problema de Tierra y Hábitat está en la justicia y Urtubey anuncia auditorías internas. Pero ya en 2013 estalló un problema similar en el instituto de la vivienda, que llevó a la intervención del organismo. Finalmente, la causa quedó en la nada y el interventor gubernamental, obviamente, se dedicó a barrer la basura bajo la alfombra. En esta nueva crisis es necesaria una intervención independiente para investigar a fondo la corruptela y arbitrariedades del Estado en su política miserable de lotes sin servicios y negocios para unos pocos. Desde el PO, estamos presentando un proyecto de conformación de una comisión parlamentaria investigadora con participación de los vecinos damnificados, para poner sobre la mesa la situación de Tierra y Hábitat, sus mecanismos de adjudicación, selección, empadronamiento y sus métodos de planificación de nuevos loteos. Además de nuestra iniciativa inmediata, seguiremos levantando con más energía que nunca la consigna de destinar por lo menos el 40% del suelo urbano vacío a un verdadero plan habitacional de acceso universal.

Las novedades sobre la situación de Cresta Roja dejan de manifiesto que están en peligro miles de puesto de trabajo solo en esta empresa. La jueza Pérez Casado aceptó la propuesta de la empresa Ovoprot, que está operando Cresta Roja desde enero, cediéndola por los próximos seis meses con la posibilidad de prorrogar por otros seis meses o hasta que se concrete la venta. En este acuerdo, en el que los trabajadores no han tenido participación ni han podido tener acceso al texto, no queda establecido el reingreso de todos los trabajadores, y mucho menos los plazos en los que irán ingresando. En la resolución de la jueza (que cita La Nación) se estima que en julio se podrían faenar 180 mil pollos diarios, reingresando 1.200 trabajadores. Sin embargo, la declaración de un gerente de Ovoprot ante 400 trabajadores en la planta 2 días previos a esta resolución, contradice este compromiso. La empresa operante estima incorporar 400 trabajadores para faenar esa cantidad de pollos. Lo que implica una fuerte reducción de personal y a la vez un fuerte aumento de la productividad. Hasta el momento, de los 5.000 trabajadores de Cresta Roja, solo están trabajando 484 en el campo con las tareas de cría. Por otro lado, Ovoprot, tal como lo señaló su representante en aquella reunión, no reconocerá la antigüedad laboral de los operarios, lo que implica una fuerte reducción salarial para aquellos que van ingresando. El sindicato (Stia) reapareció, luego de una larga ausencia, para comenzar los trámites de indemnización, aceptando el despido de hecho del conjunto de los trabajadores sin antes tener un firme compromiso sobre la continuidad laboral con la nueva empresa operadora. La situación de los trabajadores es desesperante, no sólo porque pueden perder su fuente laboral, sino también porque están sosteniendo a sus familias con los 6 mil pesos del Repro que el gobierno paga con retrasos de hasta 25 días. La falta de iniciativa y de acciones en estas últimas semanas implica que los trabajadores están atados de manos para enfrentar esta negociación con el gobierno de Macri-Vidal y la patronal. Poner al conflicto de Cresta Roja en las calles y en la escena política nacional nuevamente, como lo han hecho los compañeros durante varios meses de 2015, es el mejor camino para enfrentar las presiones del gobierno, y para defender los 5.000 puestos de trabajo. Es necesario convocar a una asamblea sin presencia patronal para que el colectivo obrero elabore un plan de acciones; están planteadas como reivindicaciones principales, exigir por escrito los plazos de reingreso de todos, que el Estado pague los salarios y aguinaldo adeudados, y la integridad de los salarios hasta el reingreso del último compañero.

A fines de enero, la Federación del papel acordó una suma fija por única vez de 2.500 pesos a cuenta de las próximas paritarias que comienzan en abril, aplica solo para el convenio de fabricación dejando excluidos a los otros seis convenios que tiene la industria, también habilita a las patronales a absorber dicha suma cuando se resuelvan los próximos aumentos y exime del pago a las patronales en proceso de crisis. El acuerdo se pactó en completo silencio, como acostumbra la burocracia celeste del papel. ¿Por qué no se realizaron asambleas en todos los sindicatos para debatir y resolver un mandato de reclamo general? Las últimas cuotas de paritarias y sumas fijas pactadas de 2015 se diluyeron rápidamente con el costo de vida. No existió una iniciativa tampoco desde el gremio por el bono compensatorio a fin de año dejando a criterio de cada seccional. Siendo un reclamo de vital importancia. Esta suma a cuentas de próximas paritarias no compensa la perdida de estos meses y demuestra que la burocracia de la Federación y los sindicatos es de total acompañamiento y pasividad frente al ajuste. Con los nuevos cambios en la dirección de la federación del papel se intenta dar una nueva imagen de acercamiento a los afiliados, pero la cruda realidad en que se encuentra el gremio los obliga a salir a recorrer los sindicatos de la provincia para apaciguar los ánimos de los compañeros, donde las patronales han avanzado con políticas antisindicales y de enorme precarización laboral. Una mención de alerta es el servicio de la obra social en estado crítico, donde es constante la falta de atención por falta de pago a las prestadoras y en las provincias casi no hay cobertura. En las últimas paritarias, la cámara patronal sentaba a la mesa de negociaciones a representantes de empresas que no permiten la sindicalización, como es el caso de las multinacionales Arauco y Cartocor, entre otras. Se hace evidente que la burocracia papelera renunció a la lucha sindical hace décadas. Ahora intenta posicionarse desde muy atrás organizando encuentros de delegados por ramas para analizar los convenios cuando ni siquiera se hace respetar su cumplimiento. El promedio de las categorías iniciales convencionales es de 37 pesos y las superior 56 pesos. Las menos calificadas son las del convenio colectivo de fabricación, el más importante en empresas involucradas y por cantidad de trabajadores involucrados. Estos valores están muy lejos de alcanzar el costo de una canasta familiar, teniendo que recurrir los trabajadores a pelear adicionales internos. La asociación de fabricantes del papel que agrupa a las patronales saludo las resoluciones adoptadas por el nuevo gobierno y emitió anuncios en que “es necesario trabajar en la productividad de la empresa, lograr un marco jurídico estable para definir inversiones, simplificación de procesos y reducción impositiva a nivel nacional, provincial y municipal”… piden más ajuste para garantizar sus negocios. Hay que poner al gremio en pie de lucha para enfrentar el ajuste del gobierno y las patronales, pero de la mano de la burocracia celeste no va a ser posible. Alertamos la trampa de las paritarias al 20% a seis meses... nada asegura que en la segunda negociación nos den el mismo porcentaje. En medio de una situación económica con inflación del 4% mensual, con una ola despidos generalizados y con el pacto buitre de rendición al capital financiero que significaran millones de pesos de embargo y austeridad para el país, enmarca un panorama nada favorable para que a mitad de año se pacte otro 20%, a esa altura del año la burocracia y el gobierno nos van a salir a decir qué no es momento de discutir salarios. Intentando congelando así las paritarias. Pero nada está dicho. Hay que comenzar la lucha por aumento mínimo del 40% en un pago. Nuestras familias no comen en cuotas. Llamamos a construir una fuerte agrupación clasista y antiburocrática en nuestro gremio para disputar los sindicatos y ponerlos al servicio de nuestros intereses.

Esta película del húngaro Lásló Nemes, ganó el premio del Festival de Cannes y ahora el Oscar de Hollywood a la mejor película extranjera. Pinta el horror de los campos de concentración del Holocausto hitlerista. El problema del Holocausto fue tocado en los juicios de Nuremberg. Pero luego pasó al "olvido". Recién una década después del fin de la guerra Alain Resnais creó su documental Noche y Niebla , donde el horror de la masacre nazi se ve en pilas de objetos acumulados, fosas comunes, máquinas que empujan cadáveres para enterrar. Pero la matanza industrial en los campos no aparece directamente, se infiere. Luego, Lanzman creó una superobra ( Shoa ) de más de diez horas de duración que le llevó muchos años armar, con decenas de reportajes a sobrevivientes de los campos, pero negándose a escenificar ficcionalmente el mecanismo de aniquilación. En la década del ’90, Steven Spielberg lanzó la producción yanqui Lista de Schindler , de gran éxito, pero que encara las cámaras de gases en forma risueña-banal, tan típico del esquema spielbergiano: los judíos entran en la cámara de gases y cuando empiezan a desesperar porque adivinan su inmediata muerte reciben… ¡una ducha de agua! Fue muy criticada. Aparte de su contenido ideológico prosionista. Pero este film del húngaro Nemes recibió el elogio del propio Lanzman, porque desarrollando un complejo proceso de cámaras no cae en golpes bajos. Toda la película sumerge en el clima de opresión que existía en el campo de Auschwitz, donde fueron aniquilados un millón de judíos. La película ofrece la visión del personaje central, Saúl. Este es un sonderkomando , uno de los hombres reclutados por los verdugos nazis entre los propios judíos para hacer el trabajo pesado (arrastrar cadáveres, cargarlos en montacargas, enviarlos al crematorio, limpiar las cámaras de las excrecencias de los muertos, recoger la ropa y bienes y clasificarlos, etc.). Abyecto papel de un colaboracionista forzado. Pero la película no es un documental, es una historia de la resistencia y la rebelión incluso de estos sonderkomandos . En realidad hay dos rebeliones: la de Saúl, que cree reconocer a su hijo en un joven que sobrevivió, aunque inconsciente, al gaseo final. Trata de recuperarlo y frente a su muerte se propone lograr un entierro judío con un rabino que diga los salmos religiosos. Este es el nudo central, que suena como un gran contrasentido: miles pasan frente a los ojos de Saúl hacia las cámaras de gas y los crematorios; pero él quiere enterrar a su "hijo". En la película no queda claro si lo es efectivamente. Cuando compañeros del sonderkomando le señalan que no ha tenido hijos, Saúl insinúa que es producto de una relación extramatrimonial. La suya es una actitud enajenada. La búsqueda del rabino entre los que marchan a su muerte, el robo del cadáver del joven que es llevado al antro donde duerme, etc., es hecho por un hombre con gran energía e iniciativa que juega su vida para lograr este objetivo. La segunda rebelión es la del levantamiento del sonderkomando el 7 de octubre de 1944. Los verdugos nazis eliminaban periódicamente a los sonder para que no quedaran testigos de su genocidio. La película muestra que este grupo de sonderkomando tenía relación con la resistencia polaca y se preparaba para un levantamiento. Esperaba el momento oportuno. Este se aceleró: después del envío de 400 mil judíos húngaros a Auschwitz, la "producción industrial" cayó fuertemente. El jefe del campo le pide al jefe de la brigada colaboracionista que arme una lista de 300 de ellos que puedan ser prescindibles. Esto obliga a adelantar la insurrección, en realidad un motín, ya que la relación de fuerzas era desigual. Armados con palos, piedras y algún arma de fuego, los sonderkomandos se enfrentaron a los nazis: tomaron un edificio, mataron a tres SS y volaron la cámara y el crematorio. Su ejemplo fue seguido por otro grupo de otra cámara. La represión fue bestial: 250 sonderkomando fueron salvajemente asesinados. Alguno logró huir. Un film fuerte, que marca los extremos de la barbarie a los que llegó el imperialismo nazi. También, por omisión, su contrapartida del imperialismo "democrático", que se negó a bombardear las vías férreas por donde venían trenes cargados con judíos para su aniquilamiento, lo que hubiera disminuido drásticamente la cantidad de víctimas del Holocausto. La Cámara y el Horno volados por el levantamiento sonderkomando no fueron reconstruidos. Meses más tarde el campo fue abandonado ante el avance del Ejército Rojo y terminaba la guerra. Pero el drama de los refugiados de Oriente Medio en Europa, los campos de internación a los que son enviados, indican que la barbarie es sinónimo de descomposición del capitalismo. Las palabras de la revolucionaria alemana Rosa Luxemburgo son proféticas: socialismo o barbarie.

Una investigación publicada ayer en el diario La Nación reveló que el empresario Cristóbal López acumuló una deuda de más de 8.000 millones de pesos con la Afip, por no haber pagado durante unos tres años las retenciones que Oil les hizo a sus clientes por la venta de combustibles. El Impuesto a la Transferencia de Combustibles (ITC) representa, junto con otros cargos, el 26 por ciento del precio cobrado en el surtidor, y la falta de pago fue cubierta por diversos planes de pago que otorgó la Afip. Agreguemos que no se trata de los planes usuales de pago sino de carácter excepcional, cuyo otorgamiento es competencia exclusiva del director de la Afip. Este mismo régimen es el que accedió la empresa All Fund en el remanido caso Ciccone. Estos planes contemplan el pago de 120 cuotas, es decir, a 10 años y a tasas de interés sensiblemente inferiores a la inflación, con lo cual la deuda termina licuada totalmente. Los 8.000 millones de pesos que se quedó Cristóbal López representan, al dólar oficial de ese entonces, más de 1.000 millones de la divisa norteamericana, que López devolverá el día del arquero. Ahora, el caso sale a luz como parte del cerco judicial que se ha tendido contra Cristina y sus compinches. Para el gobierno macrista, es simplemente un mecanismo extorsivo y un reaseguro de que los K no van a poner palos en la rueda en el giro económico que está en marcha El kirchnerismo, de todos modos, ya ha dado sobradas señales que, mas allá de la alharaca, no va sacar los pies del plato. Confiscación El mecanismo al que apelado Cristóbal López es moneda corriente. La clase capitalista bicicletea o se guarda los fondos de impuestos que recauda de sus clientes, consumidores y hasta de sus propios trabajadores como “agente de retención”. Es usual que las empresas no depositen las cargas sociales de sus trabajadores, tanto los aportes previsionales como los destinados a la obra social. En lugar de de sacar plata de sus propios bolsillos, las patronales utilizan la plata de terceros, obteniendo una forma de financiarse prácticamente gratuita -una radiografía lapidaria sobre el carácter parisatario y confiscatorio del sistema social vigente. No debería sorprender que a la par de las maniobras de Cristóbal López, se haya destapado que hay 1.000 planes otorgados bajo ese régimen. Todavía no se conocen los nombres pero una lista tan grande ya es un indicador que estamos ante un mecanismo del cual ha usufructuado en forma generalizada la clase capitalista, amiga y no tan amiga de los K. En la cúspide de este sistema de evasión se encuentran los bancos, que son los principales vehículos de la fuga de capitales. El caso más reciente ha sido el HSBC, que detenta 4.040 cuentas de argentinos en Ginebra, la mayoría no declaradas, por un monto superior a 3.500 millones de dólares. La comisión bicameral que se creó para investigar la denuncia quedó desactivada. Alfonso Prat Gay figura en dicho listado. El actual ministro está ahí en su condición de representante de Loma Negra. Varias de las empresas que allí figuran, como el grupo Grobocopatel, eran en ese entonces -en 2006/7- las niñas mimadas de los K, incluido el grupo Clarín. Nadie está dispuesto a que la sangre llegue al río.Entre bomberos no van a pisar la manguera.El nuevo titular de la Afip acaba de anunciar que entre los proyectos que el macrismo tienen en la gatera está el de un blanqueo. Basta de saqueo y encubrimiento. Cristóbal López debe responder con su patrimonio.El país debe resarcirse del daño procediendo a la expropiación de sus empresas.

Los resultados negativos de YPF, sin lugar a dudas, aceleraron el alejamiento de Galuccio. La petrolera experimentó una caída en el 50% de sus ganancias en el último ejercicio. Las expectativas que despertaba la explotación no convencional se han derrumbado junto a los precios internacionales del crudo. La gota que rebalsó el vaso es la revelación del gigantesco endeudamiento de la petrolera, que pasó de 2.000 a 7.000 millones de dólares. Detrás de la renuncia de Galuccio, sin embargo, hay otras razones de fondo. Asistimos a la tentativa de una reconfiguración general de la actividad petrolera. En el “modelo de negocios” urdido por el presidente saliente, el capital privado debía asociarse con YPF. El convenio con Chevron era el ejemplo a imitar. Viraje El nuevo esquema de explotación que se está barajando permitiría, en cambio, que las corporaciones privadas hagan sus inversiones en forma independiente, prescindiendo de la petrolera como intermediario o socio. Es el puntapié inicial para el desembarco de otros grandes pulpos, que aspiran a adueñarse de los recursos petroleros a precios de remate. Como lo señaló el propio presidente para América Latina y Africa de Chevron Corp “hay que incentivar la exploración y desarrollo, especialmente cuando los precios internacionales están bajos” (Wall Street Journal para La Nación, 10/3). En la misma dirección, la consultora First Corporate Finance Advisors destaca que las fusiones y adquisiciones de empresas en el mercado local de petróleo y gas aumentarán a partir de las “señales positivas a los inversores internacionales” emitidas por el gobierno nacional, que “buscan la apertura de la economía local al mercado mundial” (Ambito, 15/3). El informe destaca que se busca aprovechar que las valuaciones de las empresas argentinas se encuentran entre 40 y 60% por debajo de sus pares regionales e internacionales. En esta reconfiguración, no sólo está en juego el reparto de los hidrocarburos convencionales y no convencionales sino también los jugosos contratos de obra pública y de insumos asociadas a la explotación petrolera. Es lo que viene ocurriendo en Brasil en el que el “Petrolão” (escándalo por coimas en torno de Petrobras) se ha llevado puesto a las constructoras que orbitaban alrededor de la petrolera estatal. Dilma acaba de pactar con la oposición el desguace de Petrobras, autorizando la explotación en forma directa de los estratégicos recursos de la plataforma submarina presal por parte de los grandes pulpos petroleros. Esto nos da una pista de lo que se viene en nuestros pagos, y que se inscribe en una tendencia continental. La crisis mundial y el derrumbe de los gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas de America latina han avivado las disputas por el reparto del botín. Las provincias estarían interesadas en este giro pues tienen la expectativa, sacando del medio a YPF, de poder recuperar al menos parcialmente su autonomía para negociar convenios con las petroleras y sacar una mayor tajada en concepto de regalías. Estaríamos ante una suerte de retorno de la denominada “ley corta”, que rigió antes de la “reestatización” (reprivatización) de YPF. Lo que se viene Pero el asunto no se agota allí. Una de las cuestiones centrales es la de los subsidios. “La industria de los hidrocarburos opera dentro de una burbuja subvencionada por el gobierno… En Argentina, el barril de petróleo cuesta más del doble que en Estados Unidos, y el precio del gas natural es hasta casi cuatro veces más caro” (WSJ, 10/3). El gobierno de Macri confirmó esta política, que representa una erogación de 5.000 millones de dólares -casi la mitad de lo que se deberá abonar a los buitres por el fallo Griesa. Una franja de petroleras, en especial aquellas ya instaladas en el país, viene ejerciendo una gran presión para que continúen los subsidios. Este sector es partidario de desembarazarse de la intermediación de YPF pero sin perder el auxilio estatal. Aranguren , en cambio, estaría fogoneando un mayor volantazo, “enfriando” los planes de autoabastecimiento y alentando las importaciones. Esto implicaría un recorte de los subsidios. Algunos analistas asocian los planes de Aranguren a su ex empleador Shell. Es que la compañía, que se dedica en Argentina sólo a la refinación, estaría forzada a comprar el crudo al doble de su valor. Pero, el problema tiene mayor alcance. Lo que plantea Aranguren es dejar actuar al “mercado”, lo que llevaría a la sobrevivencia de los pulpos con mayor espalda financiera. Es lo que viene ocurriendo en Estados Unidos, donde la actual crisis del petróleo ha dado paso a un proceso de concentración. La era post Galuccio augura una gran pelea por el botín, en la que están involucrados la nación y las provincias. Pero los capitalistas que pelean por el reparto del negocio coinciden en la necesidad de atacar las condiciones laborales. Los directivos de YPF indicaron que continuará con su plan de reducción de costos laborales y suspensiones. La compañía, por lo pronto, mantiene inactivos a 2.000 trabajadores.

El XXIII Congreso del Partido Obrero, que tendrá lugar entre el 24 y 27 de marzo próximos, sesionará en medio de una transición política apasionante. La votación del acuerdo con los fondos buitre en el Congreso ha concentrado todas las cuestiones fundamentales de la etapa que se viene. Por un lado, el voto favorable de los partidos del régimen a la “ley Griesa” traduce el mandato de la burguesía al gobierno Cambiemos: tramitar un rescate financiero a manos del capital internacional, de cara a la bancarrota que deja el régimen anterior. Dentro de este objetivo general, hay que precisar que el arreglo con los buitres debió precipitarse, sin asegurar siquiera el fin de futuros litigios en tribunales extranjeros. La razón de este apresuramiento es la temprana crisis económica del gobierno macrista. La ilusión de que el levantamiento del cepo y la devaluación posterior configuraran una transición ordenada se derrumbó rápidamente. El tarifazo, que subió los costos industriales, reforzó los reclamos capitalistas a favor de una devaluación mayor. Mientras tanto, el capital sojero prolongaba la retención de la cosecha, en el marco de una caída sostenida de los precios internacionales. De ese modo, el gobierno evitó una nueva corrida cambiaria a costa de elevar la tasa de interés a niveles astronómicos, ahondando la recesión industrial y comercial. Este cuadro general no sólo explica la desesperación con la cual el gobierno salió a buscar el socorro del capital financiero. También anticipa el impasse económico al que conducirá la tentativa de reendeudamiento oficial. Por un lado, las nuevas operaciones de deuda deberán reciclar las hipotecas anteriores, como ocurre con las deudas del Tesoro con el Banco Central, las de las provincias y las del propio Estado nacional, que saldrán a buscar deuda para financiar sus déficits corrientes. Sólo para levantar estos muertos, la deuda pública argentina trepará por encima de los 300.000 millones de dólares. El mito del desendeudamiento -invocado por igual por oficialistas y opositores- ya no puede sostenerse seriamente. La otra contradicción del plan oficial es que convoca al capital financiero internacional cuando éste refluye de los mercados “emergentes”. Las garantías que estos ofrecían al endeudamiento -los precios de sus materias primas agrícolas, mineras o petroleras- se han derrumbado. Esto vale también para Argentina, y no sólo por la soja. La meca de Vaca Muerta y el gas no convencional, que pivoteó la tentativa kirchnerista de viraje a los “mercados”, ha quedado por ahora en las carpetas. Lo mismo ocurre con los proyectos mineros. En estas condiciones, Argentina sigue el derrotero brasileño: la devaluación no ha frenado la sangría de divisas, y las nuevas emisiones de deuda financian la fuga de capitales. Los economistas que presentan a la situación argentina como una crisis de financiamiento del Estado omiten que ésta es sólo la manifestación de una crisis de las relaciones sociales capitalistas, en un plano mundial y continental. Como en otros países, el Estado argentino ha quebrado para rescatar al capital, en primer lugar, a los acreedores de la deuda “reestructurada”. En esas condiciones, el reendeudamiento que planea el gobierno Macri sólo podría tener lugar ofreciendo la garantía de inmensas confiscaciones sociales y remates del patrimonio nacional. Hemos señalado que buena parte de éstos ya han sido rematados bajo el menemato, pero deben tomarse en cuenta las reestatizaciones transitorias que rescataron a sus anteriores vaciadores privados, como Aerolíneas (Marsans) o el 51% de YPF. En cualquier caso, la principal garantía del reendeudamiento es el ajuste de los gastos sociales del Estado. El acuerdo con las provincias, que ha servido de contrapartida o excusa para el voto de los diputados del PJ a favor de la ley Griesa, condiciona el futuro financiamiento de los distritos al “monitoreo” de los ajustes. Es la réplica interior del otro monitoreo, el que vendrá de la mano del FMI. Los rescatistas, por otra parte, van por una recolonización económica de mayor alcance. La cancillería de Cambiemos reanudó las tratativas por acuerdos de libre comercio con la Unión Europea y Estados Unidos, todo lo cual deberá procesarse en medio de choques agudos al interior de los propios explotadores. Un régimen a la carta del capital financiero La votación favorable en la Cámara de Diputados y la que se espera que ocurra en la de Senadores, sirven como piedra basal para la configuración del régimen político que le sigue al derrumbe del kirchnerismo. El FpV se ha partido en la primera votación del año, aunque todas las partes intentan disimular la crisis armando una lista única en la interna del Partido Justicialista. El kirchnerismo ‘gurca’ duda en sacar los pies del plato, porque una ruptura lo dejaría reducido a la mínima expresión. El objetivo de los gobernadores de aprovechar el pacto con los buitres para endeudar a los estados provinciales alcanza al gobierno de Santa Cruz, dirigido directamente por la camarilla K. Pero incluso una competencia interna en el PJ no sería otra cosa que el recurso último y de crisis para mantener la unidad del aparato justicialista. La carencia de mayoría parlamentaria por parte de Cambiemos ha dado lugar a un régimen político inestable, en el cual cada pacto político requiere un acuerdo específico. No sólo Massa se candidatea para votar con el macrismo en el Congreso; lo mismo hace Stolbizer y el llamado bloque Progresista, que acaba de votar favorablemente el pacto con los buitres. Un régimen de acuerdos a la carta no es el apropiado para enfrentar una bancarrota económica de dimensiones. Alcanzarán las primeras crisis para que los aliados se transformen en opositores, aún más cuando se acerquen las elecciones del 2017. Lejos de una perspectiva de estabilidad económica y política, el Partido Obrero traza su plan de acción sobre un pronóstico que tiene en cuenta la bancarrota económica y la creciente desintegración de los partidos políticos patronales. Los trabajadores Las convulsiones que plantea esta transición política para los trabajadores han tenido en estos meses algunos anticipos. Las luchas de Cresta Roja y del Grupo 23 mostraron las enormes reservas de lucha de la clase obrera. La burocracia sindical, en sus diferentes vertientes, actúa a cuenta de la gran patronal y del relato oficial: pasar el mal trago de un cuatrimestre “difícil”, a la espera de una reactivación posterior. Con esa expectativa, han entregado a los precarizados o contratados, o resignaron aumentos salariales y conquistas laborales a cambio de promesas difusas de preservación de los puestos de trabajo. Así ha ocurrido con los petroleros y el Smata, o entre las burocracias kirchneristas de la docencia o el neumático. La prometida reducción del impuesto al salario ha terminado en un fraude, bajo las exigencias del arreglo colonial que votaron los mismos diputados de la burocracia. Los despidos de los últimos meses, que rondan los 100.000, están lejos de sentenciar el resultado de las luchas que se vendrán. Por debajo de estos arreglos, han emergido enormes intervenciones obreras. Santiago del Estero, Mendoza, Córdoba, Tierra del Fuego han sido el escenario de movilizaciones multitudinarias de docentes y estatales. Pero la marcha de la crisis y el ajuste oficial son incompatibles con la “paz” precaria de la burocracia El colapso de Brasil ha agravado la competencia entre los pulpos automotrices del Mercosur, y la industria de aquel país reclama el fin del comercio “administrado”, o sea, del paraguas protector sobre las terminales argentinas. Mientras tanto, los nuevos administradores de YPF anticipan la intención de enjugar su crisis con despidos masivos. En suma, las grandes organizaciones obreras van a ser profundamente conmovidas. Vamos a un período intenso de luchas y movilizaciones, El Congreso del PO debatirá una política para dirigirnos a ellas, reforzando la agitación y el reagrupamiento por paritarias sin techo, por un salario mínimo igual a la canasta familiar, la indexación mensual del salario, la prohibición de despidos y la preparación de la huelga general y la ocupación en cada fábrica o establecimiento que despida. La función del activismo combativo y de la izquierda es intervenir en este proceso de luchas que tendrá su centro en los sindicatos, alejándose de las acciones de capilla, que inevitablemente conducen al faccionalismo. En ese sentido deben plantearse la campaña por congresos obreros, que en algunas provincias, dado el cuadro de agitación creado por el ajuste, pueden tener una realización efectiva y servir como experiencia piloto para el conjunto de la clase obrera. El mismo cuadro de luchas y deliberación política tendrá que abrazar al movimiento estudiantil, al de los desocupados, a la lucha de la mujer. Estrategia política La votación del pacto buitre ha dejado al descubierto la miseria política del kirchnerismo, el cual, sin embargo, se autopostula para liderar la oposición popular al gobierno. La intervención de Máximo Kirchner en el Congreso, señalando que “no deben ponerse piedras en el camino” de los ajustadores macristas, delata el carácter impostor de su voto contra el pacto buitre. Sólo buscaron disimular el apoyo compacto que, en pocos días, brindarán los senadores K en favor del acuerdo. La Cámpora se ha subordinado a la normalización del Pejota, que tendrá como eje a “Barrick” Gioja. El kirchnerismo es un partido del ajuste, como lo demuestran los recortes brutales de Alicia Kirchner en Santa Cruz y de Bertone en Tierra del Fuego. Todo lo anterior demuestra la enorme ficción política de presentar a los choques sociales en curso como un enfrentamiento entre macrismo y kirchnerismo. De este modo, asocian al derrumbe del nacionalismo capitalista con el de las perspectivas reivindicativas y políticas de los propios trabajadores. La izquierda que se asocia a este fraude político no sólo está hipotecando la lucha contra el macrismo, sino también las conquistas que en términos de independencia política se jalonaron al cabo de una década de lucha contra los “nacionales” de Chevron. La estrategia que guía la acción del Partido Obrero es transformar a la clase obrera y a la izquierda en la oposición política al macrismo. Esto significa explotar las tendencias que anidan en las masas a la lucha contra el ajuste, sobre la base de una política independiente. La delimitación con el kirchnerismo como así también con el centroizquierdismo debe hacerse sobre la base de una iniciativa política creciente. El terreno conquistado por el Frente de Izquierda debe ser desarrollado sistemáticamente por medio de la agitación, la propaganda y la organización. Por medio de una intensa agitación política y de un trabajo metódico de organización de los activistas, es necesario hacer emerger la verdadera “grieta nacional” -entre los partidos capitalistas y su Estado, de un lado, y la izquierda y la clase obrera, del otro. El Congreso del Partido Obrero debatirá los planteamientos, las consignas y los métodos de organización para esa gran tarea.

Foto: Federico Imas El cuarenta aniversario del golpe de 1976 volverá a ser la ocasión para que miles de trabajadores, jóvenes y ciudadanos se vuelquen a las calles. Al reclamo de juicio y castigo a los genocidas, se unirán reclamos urgentes. Vamos a movilizarnos contra el protocolo represivo de Macri, que ya se ha cobrado a varios luchadores procesados. Vamos a repudiar el pacto buitre, que entrega 15.000 millones de dólares a los usureros internacionales. Esa mayor esclavización financiera del país será pagada por el pueblo trabajador. Pero los ajustes ya están en marcha, con 100.000 despidos y recortes de conquistas laborales y salariales. No sólo el gobierno Macri es el ejecutor de esa confiscación, sino también los gobernadores e intendentes, sean estos radicales, kirchneristas o “socialistas”. Para bendecir este rumbo ha venido Obama, el jefe del Estado responsable de los mayores genocidios políticos, económicos y militares contra los pueblos. El 24 de marzo es -y siempre fue- la jornada que marcó a fuego a los responsables políticos de la “impunidad de ayer y de hoy”. Los partidos y gobiernos que apoyaron el punto final, la obediencia debida y los indultos. Los que, llamándose a sí mismo “nacionales y populares”, sancionaron la ley antiterrorista y armaron el Proyecto X, un sistema de espionaje a los luchadores. Los que vallaron la Plaza, con Aníbal Fernández, incluso los 24 de Marzo. La gran jornada por las libertades y por el derecho a luchar nunca puede ser el pretexto para encubrir a quienes, incluso hoy, reprimen en las provincias que gobiernan, como Santa Cruz o Tierra del Fuego. El Partido Obrero te invita a la marcha independiente del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Vamos contra el protocolo represivo, por el desprocesamiento de los luchadores, contra el pacto buitre y los ajustes de Macri y los gobernadores. Vamos a repudiar la presencia de Obama, y los pactos coloniales contra la Nación y sus trabajadores. Vamos a reclamar la derogación de la ley antiterrorista y la apertura de los archivos de todos los servicios de inteligencia. Por Maxi y Darío, por Jorge Julio López y Luciano Arruga. Por Mariano Ferreyra, para que Pedraza -y todos los genocidas- vayan a cárcel común. ¡30.000 detenidos desaparecidos, presentes!

Foto: Seba Varacco La jornada del pasado martes 15, cuando se trató la ley Griesa en el Congreso, fue el momento culminante de la movilización política que viene llevando adelante el PO contra este pacto colonial. Consulta tramposa En los debates previos, sólo el PO presentó un dictamen de minoría. El proyecto del PO se diferencia del dictamen presentado por el FpV bajo la batuta de Recalde y Kicillof -que parte de reconocer la necesidad de pagar a los buitres, pero un poco menos. El PO en cambio, impugna el acuerdo y plantea la revisión integral y la investigación de toda la deuda pública, la suspensión de su pago, a excepción de las tenencias de jubilados y pequeños ahorristas, mediante lo cual se hará saltar gran parte de su carácter mayoritariamente fraudulento y usurario. El proyecto del PO plantea la formación de una comisión investigadora, nominada por un congreso de trabajadores electos con ese fin. Sus conclusiones deberán ser volcadas al debate nacional durante por lo menos 60 días, para marchar a un referendo nacional para que el pueblo decida qué hacer frente a esta deuda. En el inicio de la sesión, Recalde (FpV) propuso como “moción de orden”: pasar a cuarto intermedio y abordar su proyecto llamando a una consulta popular. Este proyecto habría sido presentado el 11 de marzo, tres días después que el PO presentara el suyo en el debate preparatorio. Fue una reacción frente a nuestra propuesta, pero sólo para encubrir la capitulación de su bloque. El FpV presentó su moción -que no podía prosperar- con el único objetivo de posar de opositor a los buitres. Néstor Pitrola rechazó esta polarización ‘para la tribuna’, cuestionando la hipocresía de levantar esa consigna que ya había sido presentada por el Frente de Izquierda cuando se discutió la ley de pago Soberano hace más de un año, y que entonces fue rechazada por el kirchnerismo. Además, señaló Néstor, quieren encubrir el voto sin fisuras que le darán a la ley buitre en el Senado “Después de 12 años quieren un proyecto para pagarle un poquito menos a los buitres. No tienen autoridad política ni moral para plantear esto” (Clarín, 16/3). De ese modo, anunció la abstención de los tres diputados del PO-FIT. En este punto, Myriam Bregman del PTS, votó junto a Recalde, Kicillof y el FpV. Fue un acto de seguidismo a los K, detrás de una “moción” que no tenía ninguna chance de prosperar y que sólo servía como campo de maniobras para disimular el sometimiento del kirchnerismo al capital financiero. En el recinto y en las calles Para que no hubiera dudas, en la banca de nuestros diputados se pegaron cartelitos que planteaban: Abajo el Pacto Buitre y que fueron captados por los medios televisivos. También se pegaron otros carteles en apoyo a la lucha de los trabajadores contra el vaciamiento del empresario K, Szpolski, del Grupo 23. Los discursos planteados por nuestros tres diputados -Pitrola, Sosa y Pablo López- tuvieron gran repercusión. El discurso de Pitrola fue “trend topic” en Twitter durante varias horas, y acumula ya miles de visitas en nuestra página web. Al igual que el 1° de marzo, cuando vino Macri a inaugurar las sesiones parlamentarias, concretamos una movilización y un acto callejero, donde nuestros diputados se dirigieron a los manifestantes. Pablo López denunció a diputados y senadores salteños que iban a dar su voto al pacto con los buitres, siguiendo los acuerdos establecidos por el gobernador Urtubey con el macrismo. Soledad Sosa, la diputada por Mendoza, llamó a apoyar las luchas obreras, particularmente los docentes que se han movilizado masivamente en Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Neuquén y ahora lo estaban haciendo en su provincia. Pitrola cerró el acto en forma vibrante. Denunció el carácter mediocre de la sesión, donde había intervenciones penosas de diputados que hablaban para encubrir la entrega. Señaló que se estaba votando el último paso del camino iniciado por los K con los canjes I y II, la indemnización a Repsol y el pago al Club de París. Llamó a utilizar las bancas parlamentarias del Congreso Nacional y las legislaturas para denunciar este pacto colonial y convocar a los trabajadores del país a movilizarse. Pronosticó que “se van a topar con la clase obrera en lucha” contra el ajuste. Llamó a organizar una presencia masiva en la marcha del 24 marzo para repudiar a Obama, el pacto colonial y el ajuste. Durante la noche, una patota K hostilizó y amenazó físicamente a los diputados del PO, particularmente a Pitrola. Una guardia espontánea de militantes garantizó la seguridad de los “diputados de los trabajadores”. Cuando salieron, luego del discurso de Soledad Sosa, fueron vitoreados por los compañeros reunidos frente al Congreso. Las denuncias del PO dolieron a quienes son cómplices de la entrega. Con el reparto de volantes, actos en puerta de fábrica, charlas en colegios y locales, y agitaciones en plazas, vamos por una gran columna este 24 de Marzo.

El diputado salteño del PO denunció al gobernador Urtubey “como una de las piezas fundamentales para el apoyo al acuerdo con los buitres” por parte de los gobernadores provinciales, reunidos hace una semana con Frigerio y Macri para cerrar la devolución progresiva de la coparticipación y la habilitación al reendeudamiento local. Uñac, Bertone y Gutiérrez, entre otros, salieron rápidamente a apoyar la propuesta del ejecutivo. López señaló a Urtubey como la cabeza provincial de este sometimiento a la agenda entreguista y señaló como antecedente que en plena campaña electoral, como vocero de Scioli, viajó “a Estados Unidos a reclamar que se lleve adelante este acuerdo” y luego “fue Urtubey el que armó el bloque del PJ” para garantizar el quórum y los votos necesarios. López puso en evidencia las gravosas consecuencias con la firma de este pacto. “Ya hay una fila de provincias que se están anotando para contraer sus propias deudas, esperando que este acuerdo se apruebe (…) deudas que tienen como garantía un brutal ajuste contra el pueblo”. Ajuste que ya empezó, como en la provincia de Córdoba “que ha pedido una deuda de más de 1.000 millones de dólares, a tasas usurarias”, en donde el gobernador “retiró la conquista del 82% móvil para los jubilados” bajando diez puntos el ingreso de los mismos, señaló el diputado salteño, quien afirmó que los gobernadores están dando señales que el endeudamiento, para salvar los quebrantos provinciales y el rescate de los capitalistas locales, se hará a costa de despidos, salarios de miseria, reformas jubilatorias y laborales a la baja. “En el Gran Rosario y en todo el litoral santafesino arrecian los despidos, como ha ocurrido con los 400 trabajadores de ArZinc”, agregó López. Todas estas nuevas deudas se harán a tasas usurarias, casi al 10% anual. “Mi provincia también está esperando la aprobación (…) para emitir deuda por 300 millones de dólares a tasas por arriba del 8%”. La deuda de Salta “debería investigarse”, vociferó el diputado del PO. “Esos fondos no han ido a parar a obras públicas ni nada, sino a rescatar los negocios de los grupos monopólicos” y agregó que Urtubey puso las regalías hidrocarburíferas como garantía de endeudamiento, al igual que hizo Romero en su gobierno. “Romero y Urtubey vendieron las joyas de la abuela, entregando prácticamente de por vida nuestras regalías hidrocarburíferas”, remató López. Por último, destacó la reacción obrera ante el ajuste en curso: “la CGT de San Lorenzo ha convocado a un gran paro, las masivas movilizaciones en Tierra del Fuego, Santiago y otras están mostrando la enorme reserva de los trabajadores argentinos para enfrentar el ajuste que está en marcha”. Y cerró: “Es claro, señor presidente, que voy a ser el único legislador nacional de la provincia de Salta que va a votar en defensa del interés del conjunto del pueblo argentino y del pueblo salteño”.

La intervención en Diputados de Néstor Pitrola fue una pieza de acción revolucionaria en el parlamento. La comparación con el pacto Roca-Runciman, de entrada, no pudo ser más oportuna, marcó su tono y su alcance. Aquel, fue la pieza clave de la Década Infame: “éste pacto buitre es un pacto colonial de rescate del capital financiero contra la República Argentina, única agenda del gobierno Macri y de las fuerzas que gobernaron para el pago de una deuda usuraria durante 40 años (…) En el fondo hay una convergencia entre los K y el macrismo en el rescate total de la deuda. La grieta no es entre macristas y kirchneristas, es entre ajustadores y ajustados”, lanzó Pitrola a los medios, que esperaban su opinión en el salón de Pasos Perdidos. Pitrola polemizó con el kirchnerismo, denunciando que su votación en contra representaba un fraude porque “votarán a favor en el Senado”, que es donde está en riesgo la mayoría, “y porque su dictamen de minoría propone pagarles sólo algo menos”, pero pagar al fin. Luego, relativizó la supuesta quita, tan arengada por el macrismo, señalando que “el proyecto de ley plantea el pago del 100% del capital y tres veces el capital en intereses”; además, apuntó contra su artículo 4°, el cual dice que el techo de pago es hasta el 100% de la sentencia de Griesa, lo cual constituye un cheque en blanco para la deuda no arreglada todavía. Al mismo tiempo, volvió a cargar contra los argumentos del kirchnerismo, representados en el informe de Kicillof: “el oficialismo arguye que el lucro cesante de los canjes 1 y 2, si en su momento hubieran entrado estos bonistas, es equivalente a este acuerdo colonial. Tienen razón (…) El canje 1 y 2 fue un negociado de rescate de deuda de la misma magnitud que este pacto buitre. Este pacto buitre es el último eslabón de una política que ejecutó el kirchnerismo: el Club de París, los tribunales del Ciadi, la escandalosa indemnización a Repsol”. “Macri completa la obra para la cual al kirchnerismo no le dio la nafta”. Pitrola marcó que “la sentencia de Griesa, la no intervención de la Corte norteamericana y la visita de Obama para bendecirla” forman parte de una política del imperialismo a favor de la “rendición nacional” a la que ligó más adelante las visitas de Hollande y De Renzis. Y allí colocó una idea de fondo: “vienen a reforzar al gobierno de Macri en sus debilidades, nosotros explotaremos esas debilidades para que el movimiento obrero derrote el ajuste de Macri y los gobernadores, desde Urtubey hasta Alicia Kirchner”. Denunció la jurisdicción extranjera en que “volverán a incurrir después de criticarla”, pero además, didácticamente, contrapuso el cumplimiento de las sentencias del amo del norte con las de los “tribunales previsionales y aún de la Corte Suprema argentina, contra las que se apela hasta la muerte para no pagar los juicios de centenares de miles de jubilados”. Luego, puso en evidencia el contraste del sistema impositivo: “Paul Singer y su gente tampoco van a pagar impuestos, que acá pagamos hasta en los salarios, porque este arreglo no tributa un dólar de ganancias”. En su discurso, Pitrola refutó las promesas macristas de bajas tasas de interés, señalando que “ya la provincia de Buenos Aires suscribió deuda a una tasa usuraria del 9,37%” y denunció: “a un plazo de diez años, los bonos que se emitan nos van a costar 30 mil millones de dólares, esto no lo escuché acá”, lo que representa el doble del acuerdo inicial. La Banca Morgan ha sido un eje del negociado de las deudas. “Creo que al ministro de Economía lo puso la Banca Morgan. Ha sido su carta fuerte”, afirmó. La primera función del acuerdo es garantizar la fuga de capitales, “de manera inmediata, automática, va a venir la suscripción de deuda por los giros de utilidades pendientes que quedaron del cepo, y ya tenemos de entrada otro gatillo de 20 mil millones de dólares de deuda, que también son dólares que se van a ir del país”. Descartó la lluvia de dólares para desarrollo alguno: “vendrán a refinanciar pasivos y fuga de capitales.” Pitrola anticipó que este acuerdo es la punta del ovillo para un nuevo ciclo de endeudamiento y refutó que este acuerdo usurario evitaría un ajuste. “La realidad es que en estos noventa días tenemos 110 mil despidos y en noviembre, diciembre, enero y febrero, una inflación del 15%, que proyectada es un 50%anual; 38% las tasas de interés, que están infartando la economía en la depresión; $4.900 pesos a los jubilados”. “El ajuste que está en marcha, en verdad, es la precondición de este pacto buitre”, señaló Pitrola: “un reporte de Standard & Poor’s publicado por Ambito Financiero arrojó que la nueva calificación dependería en gran medida de la capacidad del gobierno para implementar su reforma económica (…)”, traducido al criollo: la capacidad que tenga de aplicar el ajuste. El discurso formuló una caracterización y un pronóstico: “No coincidimos con CFK, quien dijo que si Macri arregla con los buitres dura 12 años; mucho antes se va a topar con el movimiento obrero argentino, que reaccionará incluso superando la burocracia sindical comprometida en el ajuste”. La agenda de los trabajadores En su discurso, Pitrola planteó nuestra agenda: “El Frente de Izquierda tiene una propuesta de ajuste: por ejemplo, no pagar los 68 mil millones de pesos que el gobierno Macri reconoció del negociado de Kicillof y Cristina Kirchner del dólar futuro”, levantó la voz Pitrola, colocando los intereses de los trabajadores contra el rescate del capital. Y siguió: “Segunda medida, investigación y suspensión del pago de la deuda que sea considerada ilegítima en la República Argentina -otro ajuste a los bancos, que han ganado como nunca en la etapa precedente, y han ganado con títulos públicos”. “Miren si tenemos para ajustar: a las mineras, a las petroleras; en cambio, a las mineras se las premió con una rebaja de retenciones y a las petroleras se les paga el doble del precio internacional del petróleo, que lo pagamos en los surtidores con aumentos sistemáticos”. Luego, explicó que nuestro dictamen de minoría plantea la formación de una Comisión Investigadora, avalada en un Congreso de Trabajadores, con delegados electos, para investigar toda la deuda, su carácter ilegítimo, su carácter usurario, suspender el pago a excepción de aquellas tenencias de jubilados o pequeños ahorristas, y que esas conclusiones sean volcadas en un referendo nacional para tener un gran debate, de dos meses, en todas las organizaciones populares. Reivindicó todas las grandes luchas obreras del momento y colocó un programa inmediato: “prohibición de despidos por un año, aumento de emergencia a los jubilados, abolición de ganancias en los salarios, 40% de aumento y un salario equivalente a la canasta familiar” y marcó “el no pago de la deuda como eje de un plan económico alternativo, que recupere el control soberano de banca, del comercio exterior, de los recursos estratégicos”. En el cierre Pitrola planteó que “el Frente de Izquierda se plantea como una alternativa política contra este capitalismo, contra esta organización social, que tiene a las deudas como un factor de opresión nacional de los pueblos y nos vamos a apoyar en la lucha del movimiento obrero para constituir una alternativa política que lleve a los propios trabajadores al poder, para terminar con las guerras, con la expoliación de las deudas, con el hambre, la miseria y la explotación del hombre por el hombre”.

La diputada nacional del PO por Mendoza desenmascaró al Poder Ejecutivo, cuando dice que “si hay acuerdo no hay ajuste” “La nueva deuda no financiará inversiones productivas, sólo servirá para hacer frente a los quebrantos provinciales y deudas anteriores”, sintetizó. Afirmó que su provincia, Mendoza, arroja una deuda acumulada de aproximadamente 15 mil millones de pesos y que a través de aceptar el acuerdo, “el gobernador Cornejo ya ha conseguido autorización para más que duplicarla en el corto plazo”. Nuestra diputada mendocina hizo eje en las consecuencias del acuerdo con los fondos buitre y en este sentido marcó que “el ajuste es precondición de ese rescate”, desnudando el relato macrista. “Con un patrimonio nacional que ya fue rematado, el gobierno ofrece como único respaldo los presupuestos nacional y provinciales, que serán sometidos a un recorte brutal” en gastos sociales y despidos en la administración pública, para solventar estas nuevas hipotecas. Sosa, además, denunció que paralelamente se opera un rescate del conjunto del capital en vistas a las recientes medidas de reducción de impuestos y eliminación de retenciones al agro y las mineras, mientras se producen “miles de despidos en el sector público y privado, más los tarifazos”. Fue enfática al señalar que la orientación del ajuste es “sobre los bolsillos de las familias trabajadoras” y dijo que los 107 mil despidos que se produjeron en el sector público y privado en todo el país son prueba de ello. La intervención de Sosa tuvo su punto fuerte en la denuncia sobre la aplicación del protocolo antipiquete. Denunció que el gobierno de Mendoza fue el primero en aplicarlo sobre Raquel Blas y Roberto Macho, referentes sindicales de Ate de esa provincia y aseveró que se montaron grupos paraestatales y patotas que han agredido físicamente a activistas sindicales. “La aplicación del ajuste viene de la mano de la represión y la regimentación de la protesta. Están buscando quebrar la voluntad de lucha de todos los trabajadores” y marcó que el gobierno necesita demostrarle al capital financiero que son capaces de aplicar el ajuste. “Contra la agenda del rescate al gran capital, vayamos por el 82% móvil, la prohibición de despidos, la eliminación del impuesto a las ganancias sobre salarios de convenio, el pase a planta de todos los precarizados (…) Que el ajuste se haga sobre los que se roban la riqueza nacional: la banca, las mineras, petroleras, el capital agrario concentrado”, remató Soledad Sosa.

Para el 12 de junio están convocadas las elecciones municipales en Río Cuarto. Los comicios se desenvolverán en el marco de un acelerado deterioro de las condiciones de vida del pueblo trabajador del distrito. Al incremento del impuesto inmobiliario cercano al 30%, a los tarifazos de luz y trasporte público, se sucederá el aumento del gas y un nuevo intento de subir el costo del boleto. Mientras tanto las tasas de industriales y comerciantes se mantienen congeladas. El gran capital agrario, dominante en la zona, directamente no paga impuestos municipales y los provinciales se encuentran desactualizados desde los ‘90. Según el propio gobierno, durante 2015 el municipio tuvo un déficit operativo mensual de 3,6 millones de pesos. El déficit en las cuentas públicas es el resultado de la actuación de la Municipalidad como una caja recaudadora al servicio de las empresas como SAT y Cotreco. El municipio paga a sus prestadores contrayendo deuda. El intendente actual, el radical-macrista Juan Jure sigue la orientación de toda la burguesía; someter las cuentas públicas para salvar al capital y contraer deuda para pagar deuda. Los candidatos del ajuste La UCR tiene cinco postulantes a suceder a Jure, que termina su mandato sin cumplir las promesas por las que fue electo. Cada día, uno de los posibles sucesores se despacha con críticas al oficialismo, como si ellos no tuvieran nada que ver con la actual gestión. No obstante el carácter derechista de las candidaturas radicales, todas alineadas con Macri, el Partido Socialista llegó a un acuerdo para integrar las listas de la UCR-PRO. El PJ iría dividido a estas elecciones. Sin embargo, las encuestas dan arriba al delasotista Juan Manuel Llamosas (Unión por Córdoba) sobre cualquier candidato de Cambiemos. Detrás de Llamosas se encolumnan elementos que provienen del extinto armado sciolista y sectores K. El apoyo del “progresismo” del PS y los kirchneristas a los candidatos del gobierno nacional y del provincial, deja en claro su disgregación política y su total adhesión al programa de ajuste, recortes salariales y despidos que imponen esos gobiernos. Debut del Frente de Izquierda y los Trabajadores Río Cuarto es recorrida por una movilización popular que se ha expresado en varias marchas masivas en los últimos meses, como por ejemplo la marcha contra el aumento del boleto o contra la impunidad reinante en la ciudad, como así también por NiUnaMenos. Desde el Partido Obrero abordamos la campaña electoral con el objetivo de desarrollar una fuerte agitación política contra el ajuste de los gobiernos capitalistas y marchar al reagrupamiento de los luchadores para avanzar en una gran fuerza política que defienda esa perspectiva. Vamos también por el ingreso de concejales de izquierda en el Concejo. Sobre esa orientación estamos recorriendo los barrios de la ciudad y los frentes obreros, convocando a los trabajadores a debatir y organizarse para dar la batalla por todas las reivindicaciones pendientes, y para que la ciudad sea gobernada en función de los intereses populares. El PTS, de reciente presencia en la ciudad, ha anunciado mediáticamente que tiene candidato a Intendente por el Frente de Izquierda. El Frente de Izquierda, que incluye también a IS, no se ha reunido para discutir el punto aún, tampoco ha elaborado un programa para la elección. Al PTS ni siquiera se le conoce el programa que levanta en la ciudad. La apropiación indebida del FIT tiene un objetivo concreto: buscan, por medio del chantaje, una representación que no tienen en la ciudad o, peor aún, la ruptura del FIT. Desde el PO Río Cuarto rechazamos esta maniobra electoralista. Exigimos discutir con el FIT y los luchadores de Río Cuarto un método democrático y de frente único que nos permita abordar con las mayores fuerzas posibles la campaña electoral. Vamos por el debut electoral del Frente de Izquierda en Río Cuarto. Presentemos una gran fuerza de los trabajadores, con una campaña obrera y socialista que enfrente a los capitalistas y sus políticas de ajuste. Vamos por el ingreso al Concejo Deliberante. Llamamos a todos los activistas de los diferentes movimientos del distrito a confluir y apoyar las listas del Frente de Izquierda.

El gobierno de Juan Schiaretti arremete fuertemente contra el conjunto de los estatales. Inauguró su gestión recortando las jubilaciones provinciales, con la aprobación de la ley 10.333 que calcula el 82% sobre la remuneración una vez deducidos los descuentos de jubilación. En la misma sintonía que el gobierno nacional, comenzó el año recortando y resintiendo áreas centrales, como es el caso de 15 despidos en la Secretaría de Trata y 75 en el Ministerio de Desarrollo Social, entre muchos otros. Frente a todos estos ataques, el sindicato mayoritario de estatales (SEP) no movió un dedo. Para desviar la presión que comenzaba a ejercerse desde las bases, el secretario general, José Pihen, decidió marchar contra los supermercados por la inflación. Legislador oficialista, Pihen rechazó y ninguneó todas las iniciativas promovidas por el Frente de Izquierda en la Legislatura para defender a los trabajadores. Pihen esperaba que la paritaria de la Unión de Educadores (UEPC) con la provincia impusiera un acuerdo miserable a los docentes del 25% en dos cuotas, para poder justificar un acuerdo similar entre los estatales, pero la maniobra no le salió: los docentes rechazaron en todas sus asambleas la propuesta de la burocracia y se lanzaron a la lucha. Mientras el gobierno se “autodictaba” la conciliación obligatoria para los docentes, Pihen se apresuró y decidió arreglar un acuerdo ruinoso de un aumento de 2.000 pesos a partir de febrero y 700 pesos a partir del sueldo de julio. Esas sumas llevan a un achatamiento salarial y representan entre un 26 y 28% anualizado, que es aún menor porque se paga en dos cuotas. El anuncio del 42% en algunos casos es una impostura, se trata de los contratados que pasarán a cobrar un sueldo bruto de 8.367 pesos, una verdadera vergüenza. Del acuerdo se excluyó a los otros sindicatos que intervienen en el ámbito público, ATE y UTS (Salud) y nunca jamás fue tratado en ninguna asamblea de base. Con el acuerdo, la burocracia de estatales pretendió evitar lo que sucede en docentes y trató de cortar la enorme tendencia a luchar de los trabajadores; pero consiguió lo contrario. De inmediato los hospitales se pronunciaron en contra, realizaron asambleas y se declararon en lucha por el aumento salarial. UTS rechazó el acuerdo, exige un 45% de aumento y definió un plan de acción que ya comenzó con asambleas y cortes en toda la provincia. ATE también rechazó. El martes 15 de marzo se desarrollaba una movilización provincial. La lucha por el salario empalma con la lucha contra los despidos que los trabajadores vienen desarrollando contra el gobierno y la burocracia sindical. Las trabajadoras de la Secretaría de Violencia ya lograron la reincorporación de la totalidad de las compañeras despedidas. El viernes 11 de marzo, el gobierno envió la policía a reprimir al Ministerio de Desarrollo Social cuando los trabajadores se encontraban realizando una asamblea y algunos compañeros pretendían encadenarse. Hasta ahora, Schiaretti ha pasado el ajuste con la complicidad de la burocracia sindical que se niega a convocar las asambleas de base y emprender un plan de lucha. Frente a la superación de esa burocracia, prepara la represión. La situación no da para más. Para obtener el 40% de aumento, derogar la ley 10.333, reincorporar los cientos de despedidos, y pasar a planta a todos los contratados, es necesario un plan de lucha, con asambleas en todas las reparticiones que voten un programa que unifique a todos los estatales y que marche a la asamblea general y la movilización provincial. La crítica y la superación de la burocracia sindical que se alinea con el ajuste de Schiaretti es central para garantizar el triunfo. Tribuna Estatal-Tribuna de Salud está empeñada en esta perspectiva.

Tierra del Fuego sufre el mayor ajuste aplicado sobre las espaldas de los trabajadores en todo el país, llevado a cabo por la gobernadora del FpV, Rosana Bertone. El ajuste En el primer mes de gobierno, a principios de enero, se aprobó un paquete de leyes de ajuste: se aumentó la edad jubilatoria, llevándola a 60 años; se descontó entre un 1 y un 4,5% del salario a los estatales activos y entre un 8 y un 15% a una gran parte de los jubilados; a los médicos se les desconocieron las guardias en el cómputo para las jubilaciones, aunque deben seguir pagando aportes y contribuciones sobre ellas; se descontó un 5% a las pensiones a las personas con discapacidad. Siguen despedidos 200 docentes talleristas y cientos en el ámbito central, pero amplió la planta política para poder manipular, mediante la extorsión del despido, a más de 150 trabajadores. Continúa el plan de dar de baja más de 800 planes del precarizado PEL (Programa de Entrenamiento Laboral). La respuesta obrera Los estatales fueguinos han respondido con muchísima fuerza, unidad y organización. El 1° de marzo se realizó un paro provincial en rechazo a este paquete de leyes de ajuste con un acatamiento enorme y se logró arrancar una reunión con los legisladores. A dicha reunión acudieron sólo tres legisladores de los 15 que integran la Legislatura. Dirigentes de los distintos gremios estatales decidieron quedarse dentro del edificio hasta esperar una respuesta, que nunca llegó. Se votó el paro provincial nuevamente y una asamblea de estatales votó una movilización y acampe a la Casa de Gobierno. El gobierno apostó al desgaste, creyendo que la lucha de los estatales mermaría, pero una asamblea votó nuevamente paro y movilización, que contó con un acatamiento aún mayor. El miércoles 9, el paro provincial tuvo un acatamiento del 90% y en Ushuaia marcharon más de 10 mil personas, la movilización más masiva de los últimos 20 años, desde las movilizaciones por justicia por Víctor Choque, el primer asesinado durante el menemismo. Ante semejante presión popular, el vicegobernador, Juan Carlos Arcando, recibió a los dirigentes de los gremios estatales, sin lograr que se levante el acampe. Al día siguiente, el gobierno reculó y ofreció modificar ciertos artículos, pero sólo los que son inconstitucionales. La consigna de la asamblea permanente de los estatales fue clara: “derogación de todo el paquete de leyes de ajuste”. Crisis política El primer signo de resquebrajamiento político fue la renuncia del ministro de trabajo provincial. Luego, el municipio de Río Grande se negó a acompañar los descuentos compulsivos. Por último, ante las gigantescas movilizaciones, el intendente de Ushuaia, de La Cámpora, decidió despegarse de la gobernadora y pedirle que vuelva atrás con el paquete de leyes. Sin embargo, los tres intendentes que respondían a la gobernadora apoyaron el paquete de leyes. El recule de los intendentes viene de la mano de la enorme movilización popular y una participación de los municipales muy grande en todas las movilizaciones. Tal es así que los municipales de Ushuaia continúan con el acampe y el paro. También influye la interna del peronismo, que va a elecciones en dos meses. Se profundiza la lucha Es destacada la unidad de los trabajadores y de los gremios ante esta situación. Continúa el acampe y siempre se ha respetado lo que la asamblea diaria de estatales decide. La maduración política de los trabajadores fueguinos es notable. Los últimos días, en un gesto de solidaridad de clase se han plegado sindicatos privados al reclamo y pronto se plegarían también Camioneros y la UOM. Una multitudinaria Marcha de Antorchas coronó el lunes 14 en Ushuaia una nueva jornada de lucha.Una imponente asamblea votó, antes de la Marcha de Antorchas, una campaña de firmas para la revocatoria de la gobernadora y una nueva jornada de bloqueos a los accesos de la ciudad que se desarrolló exitosamente el 15 de marzo. La gobernadora ha echado a correr el rumor de un acuerdo, desmentido por los sindicatos en lucha. En la medida en que no haya respuestas positivas, está planteada una nueva movilización que -según todos los pronósticos- podría superar las anteriores. Los estatales fueguinos vamos por: - Derogación del paquete de leyes de ajuste - Reincorporación ya de los despedidos. - Basta de precarización, pase a planta de los PEL. - ¡Paritarias libres y sin techos, ningún congelamiento ni rebaja salarial!

“¿Pusieron a Roncaglia? No te puedo creer. Es una señal fuerte para Jaime (Stiuso), porque él lo hizo comisario cuando no le daban los años”. El asombro del agente de la AFI (ex Side), quedó impreso en la nota periodística (Clarín, 12/3). La misma fuente habla de los vínculos del nuevo jefe de la Policía Federal, Néstor Roncaglia, no sólo con Antonio “Jaime” Stiuso; también con Pedro “Lauchón” Viale, mano derecha de Stiuso en la Side y asesinado por el grupo Halcón de la Bonaerense cuando estalló una interna por cuestiones de drogas, desarmaderos de autos robados y operativos fraguados. Jorge Rodríguez, un ex agente del Ministerio de Seguridad, denunció a Roncaglia por “robo de bienes y sustancias, coimas, gastos de comidas del personal, reparaciones de vehículos y arreglos edilicios, horas extras y comida y vacunas para los perros” (ídem). El nuevo jefe de la Federal, como se ve, hace honor a las tradiciones de la fuerza. También a la política de espionaje de Mauricio Macri, recostado en el viejo aparato de la SIDE, heredado de la dictadura, que comandaba Stiuso; es decir, repite la alianza que en su momento anudó Néstor Kirchner con los resultados conocidos. Como gato entre la leña, Roncaglia intentó despegarse de Stiuso y dijo que el espía “no es mi amigo” (Urgente24; 16/3), pero nadie dijo que lo fuera; y que Stiuso “no tuvo nada que ver con mi nombramiento” (ídem), pero tampoco en ese caso se dijo que “Jaime” lo hiciera designar jefe de policía, sino que lo hizo ascender a comisario “cuando no le daban los años”. Por su lado, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, atribuyó los cargos contra Roncaglia “a que hay gente que no lo quiere”. Todo un argumento, como se ve. La interna policial El jefe renunciante, Román Di Santo, perdió una interna feroz derivada del caso Nisman y del traspaso de lo más sustancioso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires; esto es, la fusión con la Metropolitana de las 54 comisarías de la PFA, con sus patotas de calle y las divisiones de Homicidios y Robos y Hurtos, al punto que personal de la (¿ex?) Federal se entrena en el Instituto de Seguridad Pública de la Policía Metropolitana. Es más: los diarios ya hablan de “tensiones” por ese asunto entre el gobierno nacional y el de la CABA, de modo que el asunto golpea de lleno en las grietas internas del macrismo. La crisis política se desenvuelve imparable, y en la policía eso se siente de un modo particular. La interna en la Federal la perdió Di Santo con quien es y seguirá siendo el hombre más poderoso de la fuerza: el comisario general Guillermo Calviño, jefe de la omnipotente Superintendencia de Seguridad Metropolitana que controla las comisarías de la CABA. “Calviño tiene la calle, y el que tiene la calle tiene el poder”, dice una fuente policial citada por esa misma nota de Clarín. Es una pelea mafiosa por el control del territorio. Calviño, que no disimula su proximidad política con Macri, está citado para el 14 de abril por el juez Sebastián Casanello, quien tiene a su cargo una denuncia contra el jefe policial por haber encubierto a dos efectivos que coimearon a un dealer y le robaron una bolsa con marihuana. Di Santo estaba en la cuerda floja desde el día en que Alberto Nisman apareció tirado en el baño de su departamento con un tiro en la cabeza. En principio porque él tenía diez hombres asignados a la custodia del fiscal, que debían protegerlo durante las 24 horas todos los días; pues bien, ninguno de ellos estaba con Nisman cuando le llegó el tiro del final. Además, Di Santo estuvo con Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y personal de su propia fuerza y de Prefectura en la casa de la víctima, o sea que fue uno de los que se dedicaron a contaminar la escena del crimen y arruinar evidencias. Sin embargo, no es por eso que la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman y querellante en la causa, carga contra Di Santo, sino por la difusión de fotos íntimas que el fiscal muerto guardaba en sus electrónicos. Esos aparatos fueron procesados por gente de Apoyo Técnico de la Federal, y de allí se filtraron para la campaña contra Nisman que en su momento organizó el kirchnerismo. Ahora, se dice que esas filtraciones fueron una maniobra (¿de Calviño?) para voltear a Di Santo. Si así fue, lo lograron. En definitiva, la caída del jefe y del subjefe de la Federal (Héctor Tebes, reemplazado por la comisaria mayor Ester Franco, que viene de Asuntos Internos y luego Violencia Familiar) son recursos de crisis. Apuntan a un reamado mafioso de la Federal para ponerla bajo control político del gobierno, pero esto no hace más que reavivar las internas dentro de la policía y del propio gobierno. Ahora, los 17 mil federales que se fusionan con la Metropolitana -una policía militarizada y particularmente brutal- se dedicarán, claro está, a su función natural de organizar el delito, pero sobre todo a responder a las necesidades gubernamentales de reprimir a los trabajadores que se alzan contra los despidos, la carestía y los tarifazos. En otras palabras: de llevar a la práctica la aplicación de la ley antiterrorista del kirchnerismo y del protocolo macrista.

En la megacausa Esma, donde se juzga a 50 genocidas (el juicio inició en 2012 con 70, pero la muerte los fue librando de la condena), Apel alegará en nombre de Justicia Ya Buenos Aires, solicitando la condena por genocidio para todos los imputados los días 30 y 31 de marzo y el 4 de abril. Para presenciar los alegatos, presentarse de 9 a 14 en Comodoro Py 2002, con DNI.

De acuerdo con las últimas informaciones, Obama tendrá su entrevista con la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y el gobierno quiere llevarlo a la Esma. Asimismo, Mauricio Macri anticipó que le pedirá al jefe de Estado yanqui que abra los archivos vinculados a la dictadura (aunque no aclaró si él procederá a lo mismo con los archivos criollos). El macrismo lo ensalza como demócrata y Premio Nobel de la Paz. “No obstante (…), los dos ejes centrales de la agenda de Obama con Macri estarán ocupados en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo internacional. Se prevé que sobre estos temas se cierren acuerdos concretos de cooperación bilateral, como un mayor intercambio de información de la DEA con la oficina antinarcóticos de aquí, la ampliación de cursos de capacitación a las fuerzas de seguridad y el trabajo conjunto en misiones de paz en zonas de conflicto en el mundo” (La Nación, 12/3). Detrás de la lavada de cara “humanitaria”, la misión de Obama apunta a respaldar el acuerdo buitre y al reforzamiento de la colonización de los servicios de inteligencia y de todo el aparato represivo local a manos del imperialismo.

Los actuales juicios por los delitos de la dictadura genocida forman parte de una cadena de marchas y contramarchas, cuyo punto de partida fue la ley de autoamnistía dictada por la última junta militar en las vísperas de la asunción de Raúl Alfonsín. El juicio y castigo era un clamor popular en ascenso, que afectaba la “transición democrática” pactada entre los principales partidos patronales y los militares y auspiciada por el imperialismo. El gobierno radical intentó encausar el juzgamiento de los genocidas -de la cúpula de la dictadura- a través de los tribunales militares. Pero la maniobra fracasó por la resistencia de los milicos. Para intentar contener la movilización democrática de masas, en 1985 el gobierno instruye el llamado Juicio a las Juntas. Fueron juzgados sólo los doce integrantes de las cuatro juntas militares que encabezaron la dictadura. Las penas fueron un revés para las expectativas democráticas de las masas: los jueces condenaron a prisión perpetua solamente a Jorge Videla y Emilio Massera; Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión y Lambruschini y Agosti a 8 y 4 años, respectivamente. Galtieri y Anaya fueron absueltos. La cuarta junta militar ni siquiera fue procesada. La “teoría de los dos demonios” del alfonsinismo estaba en su apogeo. Luego del alzamiento carapintada de Semana Santa, Alfonsín y todo el arco de partidos del sistema firmaron el Acta Democrática del 19 de abril de 1987 junto a Aldo Rico, donde cedieron a sus presiones y se reivindicó la doctrina de la obediencia debida -que había sido formulada por Alfonsín mucho antes de los acuartelamientos. El Partido Obrero fue el único que desde el vamos se negó a asistir a las reuniones con el gobierno radical, rechazó la firma del “acta democrática” y denunció la capitulación del alfonsinismo y todos los partidos. Este acta, que velaba por “el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado” fue el origen de las leyes de Punto Final y Obediencia debida. La sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida sellaron la política oficial de desmoralizar a quienes se movilizaban contra la impunidad. La masacre de La Tablada sellaría con sangre el rabioso militarismo del gobierno alfonsinista. Los indultos de Menem -entre 1989 y 1990- fueron la conclusión de ese operativo político. Los militares se reciclaron en democracia, fundaron sus propias empresas, ofrecieron sus servicios a distintos grupos capitalistas o simplemente se retiraron. Sin embargo, la movilización popular no cesó y comenzaron a llegar del exterior los pedidos de extradición de represores por casos que afectaron a extranjeros o a compañeros con doble ciudadanía. El gobierno de la Alianza se negó a autorizar las extradiciones y las presiones judiciales harían eclosión durante el gobierno de Néstor Kirchner. Sólo frente ante los pedidos de Baltazar Garzón y a 30 años de los hechos, el régimen accedió a que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el expreso pedido del kirchnerismo de eliminar del proyecto de ley la anulación de los indultos, lo que hubiera significado el inmediato encarcelamiento de Videla y compañía. El objetivo era garantizar que los represores fueran juzgados en el país a manos de la Justicia que sancionó la “continuidad jurídica” entre regímenes constitucionales y militares y con la asistencia de sus “camaradas de armas”. Esta capitulación política fue el mal menor que Néstor Kirchner decidió soportar ante la crisis de envergadura que significaría la extradición masiva de militares. Los juicios en la actualidad A 40 años del golpe, las cifras oficiales hablan de unos 1.500 genocidas procesados y se dictaron unas 400 sentencias -de las cuales sólo 104 fueron ratificadas por la Corte Suprema de la Nación. Estas cifras son escurridizas, porque en casi todos los juicios se repiten los acusados (Luciano Benjamín Menéndez, por ejemplo, tiene en su haber más de 16 sentencias, por ejemplo). Del universo de condenados, más del 40% goza del beneficio de prisión domiciliaria sin custodia. Se mantienen bajo siete llaves los archivos de la dictadura. El kirchnerismo simuló “aperturas” con informaciones que ya eran conocidas hace mucho, sin afectar a los servicios de inteligencia del Estado, celosamente custodiados durante su mandato por dos personajes con actuación bajo la dictadura: “Jaime” Stiuso (Side) y César Milani (inteligencia militar). Las pruebas de los juicios son aportadas fundamentalmente por sobrevivientes, familiares y organismos de derechos humanos. Estos juicios marchan lentamente. Las víctimas sobrevivientes deben declarar una y otra vez en calidad de testigos y, mientras tanto, esperar años para que se juzguen sus propios casos, de tal modo que nuestro compañero Pablo Rieznik falleció antes de que su secuestro y torturas fueran juzgadas por un tribunal, a pesar de que declaró, en 2009, como “testigo” en el marco del juicio Atlético Banco Olimpo, donde estuvo secuestrado. En el caso de Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo (LF), declaró por primera vez por la desaparición de su hijo, por petición de Apel de realizar una declaración anticipada. Para llegar a esta instancia tuvo que esperar 39 años desde la desaparición y 10 desde la reapertura de los juicios. Durante los debates, siguen apareciendo nuevos nombres de compañeros que estuvieron en los distintos centros clandestinos. Los casos de nuestros compañeros de Política Obrera Marcelo Arias, Gustavo Grassi y Fernando Sánchez, llegarían a juicio recién en 2018. La impunidad está lejos de haber terminado. Las condenas sobre los represores por privación ilegítima de la libertad representan el 32%; por torturas, el 26%; por homicidios, el 16%. Sin embargo, las condenas por apropiación de menores representan apenas el 6%, y por delitos sexuales el 4%. De las mujeres secuestradas, el 16,2% estaban embarazadas al momento de su desaparición (según los datos del Registro Unificado de Víctimas de Terrorismo de Estado, 2015). En un solo caso se dictó una condena por genocidio contra los genocidas: ocurrió en 2015, en el juicio contra la Fuerza de Tareas N˚ 5, en la ciudad de La Plata, donde el Tribunal Oral Federal N° 1 hizo lugar a la petición de la abogada Pía Garralda, de Apel, en su alegato. A 40 años del golpe de Estado, seguimos reclamando el juicio y castigo. • Cárcel común, perpetua y efectiva a todos los genocidas por todos los compañeros. • Apertura ya de los archivos. • Contra el desaguace del Banco Nacional de Datos Genéticos. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos ¡presentes! El 24 de Marzo, todos a la Plaza.

La movilización del 24 de Marzo tiene una vigencia extraordinaria por varias razones. La primera de ellas es que, a 40 años de ocurrido el golpe, el genocidio continúa impune. Fue necesaria una movilización popular incesante durante la dictadura, y luego contra las maniobras -leyes de impunidad, indultos- de todos los gobiernos que le sucedieron, para que al cabo de casi tres décadas hubiera algo parecido a “juicio y castigo”. Como se ha dicho ya mil veces, estos juicios iniciados en 2006 se desarrollan a cuentagotas. Juzgan a algunos jerarcas y a un puñado de represores identificados por sobrevivientes y familiares y sus resultados son mezquinos en relación con la magnitud de los crímenes de que son acusados. Desde la Corte y desde el gobierno de Macri se alienta abiertamente la generalización del beneficio de la “prisión domiciliaria” para los genocidas. Miles de militares y policías que actuaron bajo la dictadura aún continúan en funciones. Sin ir más lejos, dos connotados exponentes de aquella generación son “Jaimito” Stiuso y César Milani, protagonistas de la guerra de camarillas y servicios de inteligencia que eclosionó públicamente con la muerte del fiscal Nisman. La perpetuación del aparato represivo formado en la Escuela de las Américas, en los planes Conintes y Cóndor, en la Doctrina de la Seguridad Nacional y la “guerra contra la subversión”, está en la base de su putrefacción actual. Todos los gobiernos recurrieron a sus servicios para enfrentar crisis políticas. Alfonsín, tras aplastar el copamiento del cuartel de La Tablada, para respaldar el estado de sitio contra los saqueos provocados por la hiperinflación. Menem se asoció para el contrabando de armas y para reprimir las puebladas en Santiago del Estero, Cutral Có y el norte de Salta. De la Rúa recurrió a la Side y a los escuadrones de la Federal para cometer un baño de sangre contra el Argentinazo. Duhalde hizo lo propio en la Masacre de Avellaneda. Los K montaron un aparato de inteligencia con sede en Campo de Mayo para espiar a las organizaciones obreras y populares e involucraron decididamente a la Gendarmería y a las Fuerzas Armadas en la “lucha contra el narcotráfico”, en sintonía con los lineamientos del Departamento de Estado yanqui. En la víspera de este 40° aniversario, volvemos a denunciar la complicidad de la burguesía, de sus partidos, de la Iglesia y del imperialismo con el golpe genocida. La movilización del 24 de Marzo es una caja de resonancia de los reclamos democráticos y sociales de los trabajadores y la juventud. El kirchnerismo intentó estatizarla a través de la cooptación de organismos de derechos humanos y declaró feriado el 24. El frente único de organismos y partidos de izquierda reunido en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia defendió durante todos estos años su independencia frente al Estado. Una divergencia estratégica, que este año nuevamente se expresará en la disputa por la Plaza. En el acto del Encuentro, la lucha de los 30.000 desaparecidos será reivindicada junto a las luchas actuales que enfrentan al ajuste y la represión del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Vamos a Plaza de Mayo a respaldar a los obreros de Cresta Roja, a los municipales de La Plata, a los docentes de Santiago del Estero, a los trabajadores de la construcción y los municipales de Santa Cruz; a los compañeros de ATE Mendoza procesados; a repudiar el “protocolo” represivo de Macri-Bullrich y los gobernadores y a las leyes antiterroristas de los K. Vamos en apoyo a las luchas de estatales, bancarios, metalúrgicos y periodistas contra los despidos. A 40 años del golpe genocida, movilicémonos contra la impunidad de ayer y de hoy. Abajo el pacto buitre. Fuera Obama. Ni olvido ni perdón.

El ajuste y la crisis política nacional han pegado en la línea de flotación del régimen político del Chaco. La baja en la coparticipación federal, la baja en el fondo sojero y la parálisis de la obra pública con fondos nacionales han colocado knock-out a la economía provincial. A esto se suman las paritarias a la baja y el congelamiento de planes sociales y cooperativas de vivienda. Una parte sustancial de las cuentas públicas se encuentran embargadas por un viejo juicio de los trabajadores judiciales a quienes no se les respetaron los aumentos producto de la ley de Enganche con el Tribunal Superior de Justicia. La crisis ha puesto de relieve la inviabilidad del esquema económico armado bajo el kirchnerismo. La entrega masiva de tierras al capital sojero, el acaparamiento y el despoblamiento rural, no fueron compensados con ninguna política de industrialización. Todo lo que se armó, por el contrario, fue un colchón de cooptación y control social sobre la base del presupuesto estatal. La quiebra de las finanzas públicas golpea de lleno en este esquema. La salida a esta encerrona que promueve el gobierno de Domingo Peppo es un masivo endeudamiento, sumado al alineamiento macrista en busca de fondos nacionales. Por un lado, se reclama endeudamiento para pagar viejas deudas, como los embargos de los judiciales. Por otro, para la realización de obras públicas que tienen, en todos los casos, el objetivo de desarrollar el complejo exportador, con el cual ganan un puñado de pulpos agroindustriales que actúan en la provincia. En última instancia, bajo la presión del déficit, el endeudamiento será usado para gastos corrientes. La precondición de cualquier endeudamiento, y de los fondos nacionales, será un ajuste despiadado. El acuerdo con los fondos buitre ha quebrado al peronismo de la provincia. Peppo se aferra a la “gobernabilidad” y la búsqueda de “financiamiento”. Gustavo Martínez Campos anunció que votaría en favor del acuerdo, y lo propio haría el senador Aguilar. Capitanich, por su parte, aspira a presentarse para conducir el PJ nacional bajo la batuta de La Cámpora. Hizo votar en el congreso provincial que los legisladores nacionales por Chaco votarían contra el acuerdo. Pero el mismo Capitanich reclama endeudamiento. Apunta a recuperar un préstamo de 40 millones de dólares de la CAF para resistencia. Mientras aplica un ajuste en regla en la municipalidad, con el aumento del Estacionamiento Medido (tres veces más caro que en Capital) y un impuestazo inmobiliario en puerta. Hay contratados de la Municipalidad suspendidos desde diciembre. Los golpes y contragolpes de la interna del PJ incuban una crisis política provincial. En estas condiciones, el golpe que ya se siente en las condiciones de vida del pueblo de la provincia es demoledor. La respuesta popular, sin embargo, todavía está dando sus primeros pasos. La docencia se organiza lentamente a través de la huelga docente de Sitech Federación y Atech. La denuncia de los despidos en Cultura, los despidos en el Promeba o en la subsecretaría de Agricultura familiar sacuden reparticiones estatales. La burocracia sindical y el gobierno actúan como el factor de contención. La Justicia mantiene intervenido el principal gremio de la provincia, la UPCP, frente a la pasividad de la dirección de Niz. La Uocra ha paralizado toda reacción en la construcción, con promesas y llamados a la calma. Otro tanto ocurre con las “organizaciones sociales” oficialistas, que no se movilizan a pesar de la parálisis de los planes de construcción, cuyo presupuesto baja a cuenta gotas. Para el movimiento popular, es vital sacudirse este corsé de contención, lo que implica poner en pie una dirección independiente para enfrentar el ajuste. Con una gran campaña de agitación, el Partido Obrero se empeña en esta tarea.

En las últimas semanas, el dengue ha afectado a gran cantidad de vecinos del barrio de Lugano. Hasta hoy, no existe un registro oficial sobre el cual verificar la cantidad de afectados. El jueves 10, la ministra de Salud visitó la Villa 20 (donde se concentran la mayor cantidad de casos de dengue autóctono), para anunciar algunas medidas a tomar frente a este problema. La visita fue un verdadero bochorno: cuando los vecinos y organizaciones sociales exigimos respuestas de la ministra, lo único que pudo expresar fue que en los centros de atención primaria (Cesac) del barrio se brindarán 10 turnos diarios, y que a cada persona que venga con síntomas les darán una crema repelente. Es decir que su propuesta fue la entrega de 50 repelentes por semana, y dos por día para el personal. De esta manera, el ministerio sigue desconociendo la emergencia que existe y la amenaza de epidemia que el dengue significa para la población de Lugano. La atención sanitaria se encuentra hasta este momento saturada; así lo expresan trabajadores del Cesac 18. Esta demanda de atención no tiene en cuenta, sin embargo, a los vecinos que tienen dengue y no concretan la consulta. Los focos de proliferación se encuentran a la vista de todos, los vecinos que lindan con la zona del ex barrio Papa Francisco (hoy transformado en un basural) se acercan con síntomas constantemente. El mosquito se está propagando más rápido que las medidas de asistencia oficial. El ocultamiento de esta realidad es parte de la política que ha tenido el Gobierno de la Ciudad sobre la crisis habitacional, social y ambiental que existe hoy en la Comuna 8. Mientras crecen los casos de dengue autóctono, el gobierno sigue paralizando la finalización del hospital de Lugano, amenaza con el cierre del único Cesac (el 18) que existe en la Villa 20 y posterga la inauguración del Cesac 43. La falta de urbanización de la Villa 20 y de infraestructura sanitaria o de servicios básicos es verdaderamente calamitosa. El gobierno no se quiere hacer cargo de la profunda crisis social que sufre esta comuna. Necesitamos que se elabore un verdadero plan de emergencia bajo control de los vecinos, frente a una situación que amenaza a toda la población de la Comuna.

En Posadas y otras localidades, como Jardín América, se vienen realizando grandes movilizaciones contra el tarifazo de Emsa. En principio fueron convocadas por las redes sociales, empezaron con pequeñas concentraciones a movilizaciones de miles de personas y la ocupación del oficialista Canal 12. La situación no da para más, con la llegada de las boletas de enero se recibió un aumento de más del 300% impagable para muchas familias. Este aumento se anticipó inclusive a la quita de subsidios de Nación. ¿Cómo puede ser que tengamos estas boletas impagables en una provincia inundada por Yaciretá y con la represa de Uruguaí, justamente en un año con producción récord de energía? El gobierno provincial ofreció financiar para que se pueda pagar en tres cuotas las boletas mensuales. Desde el macrismo tratan de imputar el aumento al gobierno provincial, una clara impostura ya que los tarifazos son parte fundamental del plan del gobierno nacional. Es importante para los trabajadores distanciarnos de los pedidos del PRO-UCR de la intervención nacional de Emsa, ya que esto no es un problema únicamente administrativo y el interés del PRO es nombrar funcionarios para estructurar su aparato en la provincia. Desde el Partido Obrero, venimos impulsando asambleas en los barrios y lugares de trabajo para ganar las calles y frenar el tarifazo de Macri-Passalaqcua.

En plena campaña electoral, en octubre del año pasado, las denuncias judiciales de las entonces diputadas del PRO Patricia Bullrich y Laura Alonso, pusieron en evidencia una red de pinchaduras telefónicas contra dirigentes políticos, periodistas y jueces que eran de este modo espiados -aparentemente- por ex miembros de los servicios de inteligencia y por el Ejército. El espionaje, según las denunciantes, se habría desarrollado desde las dependencias del Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa (Citefa), en Villa Martelli, y la información les fue provista a las diputadas por un ex agente de la Side. De acuerdo con las denunciantes, había 202 intervenciones. El juez Sebastián Casanello, en cuyo juzgado recayó una de las causas, ha dado a conocer el informe de un peritaje ordenado a un experto de la Universidad Tecnológica Nacional. Este señala que "al realizar la pericia solicitada sobre dichos aparatos telefónicos se determinó que los mismos habrían sido afectados por un virus conocido como 'troyano', el cual se trata de un software que es útil para modificar, borrar, extraer archivos, habilitar cámaras y micrófonos, permitiendo así escuchar y grabar las conversaciones de su usuario" (Infobae, 10/3). Se han confirmado 33 casos de los 202 denunciados, entre ellos el actual ministro de Hacienda, Alfonso Prat Gay, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, y el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, además de Margarita Stolbizer, Victoria Donda, el juez Claudio Bonadio y las juezas Sandra Arroyo Salgado y María Servini de Cubría, el ex jefe del ejército César Milani, el gobernador cordobés José Manuel De la Sota, Héctor Magnetto, y los periodistas Jorge Lanata y Carlos Pagni, entre otros. Se ha ordenado un nuevo peritaje a cargo de la Policía Metropolitana. Figura también entre los casos confirmados de espionaje Marcelo Ramal, legislador porteño por el PO-Frente de Izquierda. Luego de Proyecto X, estas nuevas revelaciones vienen a confirmar la existencia de un régimen de servicios que debe ser desmantelado.

El juez federal Norberto Oyarbide dictó el sobreseimiento de Eduardo Riggi en la causa que investiga el intento de soborno con el que Pedraza intentara comprar su impunidad tras el crimen de Mariano Ferreyra. Los abogados que representamos a Elsa Rodríguez y Nelson Aguirre apelamos esa resolución. La investigación de la llamada “causa de las coimas” comenzó a partir de las escuchas judiciales ordenadas en el marco de la causa judicial que investigaba el crimen de nuestro compañero. Allí se detectaron las maniobras que involucran a ambos jueces, a Pedraza, a un agente de la ex Side que revestía como “personal de Presidencia de la Nación” y al entonces vicepresidente del Belgrano Cargas y contador de la Unión Ferroviaria Angel Stafforini. Durante la investigación judicial del asesinato de Mariano Ferreyra se conoció esta maniobra ideada para manipular el sorteo de Casación y lograr que la causa se radicara en la mencionada Sala III. En septiembre de 2012 fueron procesados, además de José Pedraza, Octavio Aráoz de Lamadrid, ex secretario de la Cámara de Casación Penal; Juan José Riquelme, ex agente de inteligencia; Angel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y vicepresidente de Belgrano Cargas; y Luis Ameghino Escobar, encargado del sistema informático de asignación de jueces. La fiscalía había requerido que Eduardo Rafael Riggi fuera indagado. Oyarbide no sólo rechazo el pedido sino que en un arbitrario fallo que minimiza las pruebas dictó el sobreseimiento. Esas pruebas dejan al desnudo que los constructores de la maniobra esperaron que el empleado de la cámara Luis Ameghino Escobar, “el señor de las teclas”, manipulara el sorteo para que una vez que se radicara en la Sala III de Casación tener la mayoría a través de los jueces Riggi y Michell (quien falleció, por lo cual se extinguió la acción penal respecto a él) para obtener el fallo buscado. En las “escuchas”, surge claramente que “el amigo Eduardo” -como es mencionado Riggi- y Michell ya habían recibido otras “atenciones” de parte de Pedraza y que negociaban el pago de una coima en dólares para sobreseer a los patoteros detenidos hasta ese momento. Eduardo Riggi continúa revistiendo como juez de la Cámara de Casación por un pacto entre el kirchnerismo y el macrismo, previo al cambio de gobierno. La investigación fue demorada durante meses por el juez Luis Rodríguez, más tarde promovido al fuero penal por el kirchnerismo. Es de público conocimiento que Oyarbide acordó su jubilación con Macri para evitar el juicio político por haber favorecido al matrimonio K en varias causas de corrupción. Antes de su retiro, efectúa un nuevo acto funcional al poder político de turno y la corporación judicial. Este fallo es una muestra más de la voluntad política de declarar el punto final tanto en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra como en sus investigaciones derivadas.

Foto: Javier Entrerriano El 10 de marzo, la Coordinadora Sindical Clasista se movilizó a la Casa de Mendoza en Buenos Aires para repudiar la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE Mendoza, y Federico Lorite, del Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados (Sitea). Los dirigentes gremiales son los primeros imputados por el protocolo antipiquetes de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. Están encausados por la realización de una marcha en el cuadro del paro nacional estatal del 24 de febrero pasado. Se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra”. El gobierno de Alfredo Cornejo (Cambiemos) prosigue la línea de persecución contra los trabajadores que efectuaba el ex gobernador justicialista Paco Pérez. Asistimos a un ataque contra todo el movimiento obrero. La movilización había sido decidida en una asamblea de centenares de trabajadores y delegados estatales. Un petitorio en rechazo a la imputación ha cosechado una multitud de firmas del movimiento obrero combativo, incluyendo numerosas seccionales de Suteba, de ATE, el Sitraic, y la AGD-UBA. La actividad culminó con un acto frente a la Casa de Mendoza. Participaron, entre otros, los diputados nacionales del Partido Obrero-FIT Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa; Marcelo Ramal (legislador porteño); Guillermo Kane (diputado provincial por Buenos Aires); Gabriel Solano; Ileana Celotto (secretario general de AGD-UBA); dirigentes de ATE Sur y de ATE Capital. Raquel Blas señaló que “lo más grave es que el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, aparte de adherir al protocolo antiprotesta social de Bullrich está armando un aparato paraestatal de represión para amedrentar a los trabajadores”. Días después de la imputación, el secretario general de ATE, Roberto Macho, fue agredido por una patota en el marco de un volanteo contra los despidos en el Instituto Provincial de Juegos y Casinos. Blas concluyó que “vamos a derrotar esta política represiva luchando en las calles por los reclamos de los trabajadores”. Soledad Sosa, diputada nacional por el PO-FIT de Mendoza, denunció que “el protocolo y la represión son la otra cara del ajuste que el gobierno de Macri les da como garantía para un acuerdo a los buitres”. Abajo la persecución contra Blas, Macho y Lorite.

Los diputados nacionales Néstor Pitrola y Soledad Sosa (PO-Mendoza), se reunieron hoy en la carpa de lucha contra los despidos en el Banco Central con los trabajadores, delegados del gremio y miembros de la Comisión Directiva de La Bancaria encabezados por su secretario general Sergio Palazzo. El intercambio fraternal reunió a decenas de trabajadores. Pitrola y Sosa señalaron: “Les traemos la solidaridad del Partido Obrero a esta lucha que es parte del ajuste que ya está en marcha y ha sido la condición del vergonzoso pacto buitre que mañana votarán los diputados de las fuerzas comprometidas con todo el desarrollo de una deuda ilegítima y usuraria”. Los trabajadores explicaron que se trata de trabajadores mayoritariamente de planta permanente. Pitrola y Sosa felicitaron la actitud de lucha que mostró a La Bancaria reclamando ante el Congreso, el día en que su columna coincidió con la movilización del PO ante la apertura legislativa. “Les traemos también nuestros proyectos de ley de Abolición de Ganancias en los salarios de convenios colectivos y el proyecto de prohibición de despidos por un año. Dos banderas que en nuestra opinión serán arrancadas por la clase obrera con sus métodos de lucha, por eso para nosotros es hora de un paro nacional por ellas y contra el ajuste”, indicó Pitrola. “Los proyectos parlamentarios están al servicio de ese objetivo. Su tratamiento no es canjeable por el pacto buitre, porque el ciclo de endeudamiento que abre llevará a más confiscación a los trabajadores”. Sergio Palazzo manifestó que en ambos puntos acuerda el gremio y que, precisamente la posición de La Bancaria es anular el pago de ganancias en salarios convencionales y no un mero retoque del mínimo no imponible que se lo lleva la inflación. Los dirigentes manifestaron que antes de las paritarias, 20 mil nuevos bancarios ya pagan ganancias después del decreto de Macri.

Los rumores finalmente se confirmaron: el martes 15 de marzo, el hospital amaneció con cientos de telegramas de despidos. Ante semejante noticia, los trabajadores se fueron concentrando en el hall del hospital. Una masiva asamblea de casi mil trabajadores convocada por ATE, en la que participaron también los sindicatos Cicop y STS, votó por unanimidad el paro y movilización a la Gobernación en La Plata para el 16 de marzo, día del paro nacional convocado hace días. En la misma asamblea se planteó la necesidad de desarrollar un plan de lucha para frenar el ajuste y los despidos. La decisión de definir las medidas a tomar quedó supeditada a una próxima asamblea el jueves, aunque quedó para una asamblea para el jueves por la mañana, la decisión de definir las medidas a tomar, se hace evidente que con el telegrama en mano, ya no se puede especular y es necesario parar hasta reincorporar a todos los compañeros. La trabajadora del Hospital Posadas y miembro de la agrupación Tribuna Estatal, Jimena Lettieri, declaró: "Estos despidos se enmarcan en un plan estratégico de las autoridades y el gobierno que apunta a la privatización del hospital. Los despidos afectan a diferentes áreas como Limpieza, Seguridad, administrativos, docentes del Jardín Maternal, etc. En muchos casos, con más de diez años de trabajo. Desde hace mucho venimos denunciando la realización de una enorme campaña mediática por parte de las autoridades, donde se trató a los trabajadores de ñoquis, saboteadores y violentos, justamente para justificar esta ola de despidos en el hospital más grande de la provincia de Buenos Aires". Y agregó: "Somos conscientes de que un hospital con menos trabajadores, es un hospital que va a brindar menos salud a la población. Por ello, la lucha que emprendemos para reincorporar a los compañeros también se inscribe en una lucha por la defensa de la salud pública, gratuita y de calidad". Por último, señaló: "Es necesario tomar los ejemplos de lucha que se dieron ante los despidos recientemente, como los compañeros de Educación de La Plata, que después de un paro por tiempo indeterminado y ocupación de la dependencia lograron reincorporar a todos los compañeros. Es necesario poner en alto que la estabilidad laboral en nuestro hospital es una lucha de mucho tiempo y hace muchos años que no había despidos. No podemos dejar pasar éstos".

Más de 200 delegados escolares santiagueños votaron, en el primer plenario provincial de delegados escolares, un plan de lucha exigiendo el pase al básico de todos los montos en negro, la apertura de paritarias en la provincia y el sobreseimiento de los compañeros Garnica y Palomo. La propia realización del plenario fue un gran triunfo del movimiento docente: se conformó un ámbito de coordinación para docentes afiliados al sindicato Cisadems, docentes sin afiliación gremial, docentes privados, etc. Hubo presencia de combativas delegaciones de todo el interior provincial, que se destacaron por compartir sus profundas experiencias de lucha y por la claridad de los reclamos (hay acampes docentes en 18 localidades de la provincia). En primer lugar, el plenario votó dar un carácter masivo a la movilización provincial del jueves 17. El plenario también votó exigir a las centrales sindicales (Ctera, CEA, Sadop, etc.) un paro nacional no sólo en apoyo a la lucha santiagueña sino también en coordinación con las diez provincias con docentes en lucha. A la vez, votó exigir la realización de una marcha federal docente, con fecha tentativa para el martes 22 o el martes 28. Se aprobaron también otras mociones de distinto tenor, entre ellas una jornada provincial de cortes de ruta para el próximo viernes 18 de marzo, y una movilización provincial a Termas de Río Hondo para el viernes de Semana Santa y el viernes 1 de abril, con el fin de realizar una gran protesta en el medio de la temporada alta turística y el Moto GP (premio internacional de motociclismo). La docencia santiagueña traza una perspectiva de lucha para los docentes de todo el país. ¡Vamos por la marcha federal educativa y el paro nacional! Este jueves, ¡todos a la marcha provincial!

A partir de la caída del mercado brasileño y el ajuste general que el grupo Volkswagen (VW) está imponiendo a todas sus plantas del mundo (para afrontar los costos del fraude ambiental cometido en Estados Unidos con los motores diesel), la patronal alemana le informó al Smata que la producción en la planta de Pacheco para 2016 será aproximadamente de 60.000 unidades (casi 40 mil menos). La empresa elimina el turno noche, a partir del 21 de marzo. Esto, por supuesto, con el resultado de 1.600 trabajadores sobrantes. El Smata le propuso a la empresa un esquema de suspensiones rotativas que afectara al total de la planta, a cambio de que los despidos sean encubiertos bajo la forma de retiros “voluntarios” y jubilaciones anticipadas. Al día de hoy, a pesar de la propuesta antiobrera del Smata, la empresa no la ha aceptado. Los tres turnos que actualmente rotan una vez por mes, lo harían semanalmente entre mañana y tarde y estarán suspendidos cuando les toque el turno noche. A esto hay que sumarle una suspensión semanal, es decir que se trabajará cuatro días a la semana. Ocho días de suspensión sobre los veintiuno laborales del mes, lo que significará una brutal rebaja del salario. Solamente desde noviembre de 2015 se perdieron más de 200 puestos de trabajo con la metodología de los retiros voluntarios y las prejubilaciones. En lugar de plantear que la empresa se haga cargo de su crisis, el sindicato la reparte entre el conjunto de trabajadores de VW. La única salida viable para los trabajadores es el reparto de las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, el rechazo de cualquier esquema de suspensiones y ningún despido encubierto. Buitres... Oscar Romero, diputado y burócrata del Smata, viene de romper con el bloque del FpV porque, según dice, es necesaria una “oposición responsable”. Romero hace referencia al proyecto de “ley de autopartes”, que pretenden presentar, como la solución a todos los males de la industria, como prenda de cambio para votar la entrega nacional a los fondos buitre. El contrasentido no podría ser mayor: el Smata votará a favor del pago de miles de millones al capital financiero, a cambio del tratamiento de una ley que pretende llevar del 25 al 50% la fabricación de autopartes en la argentina. El argumento de la burocracia es verdaderamente ridículo: cuando las terminales no le pueden vender más autos a nadie, Romero pretende votar la entrega nacional a cuento de un proyecto inviable. La crisis capitalista desnuda el carácter patronal de la burocracia sindical. La colaboración del gremio con Macri también pasa por neutralizar cualquier tentativa de resistencia independiente por parte de los trabajadores para frenar el ajuste en marcha. Las terminales automotrices, y particularmente VW, han tenido ganancias espectaculares y beneficios extraordinarios (subsidios, exenciones impositivas, etc.) durante los gobiernos kirchneristas, y el actual gobierno aumentó esos beneficios aún más. Como contrapartida, los trabajadores metalmecánicos tuvieron pérdida del poder adquisitivo del salario, por el doble efecto de la inflación y el impuesto a las ganancias. A su vez, los reajustes trimestrales siempre estuvieron por detrás de la inflación. Retiros voluntarios, prejubilaciones y contratos basura estuvieron siempre al alcance de las terminales para disponer del plantel de trabajadores en función de las fluctuantes necesidades de producción. No conocemos, por parte del Smata, ni siquiera un comunicado que haya alertado o denunciado tibiamente esta situación, ni qué decir de una medida en defensa de los trabajadores. Bien conocen los trabajadores el rol jugado por la dupla Pignanelli-Manrique durante el conflicto desencadenado en Lear ante los despidos de la patronal. En esa ocasión fueron enérgicos los comunicados en los principales diarios, no a favor sino contra los despedidos, haciendo frente único con la patronal y la Gendarmería. Iniciamos una fuerte campaña por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y por la ocupación de toda fábrica que cierre o despida masivamente. Defendamos cada uno de los puestos de trabajo. Que la crisis la paguen los capitalistas.

Foto: Javier Entrerriano La Nación: plenario de delegados y plan de lucha ¡ya! La patronal mandó 31 telegramas de despido con el argumento de anular el turno mañana. En el marco de la conciliación obligatoria redobló la apuesta y planteó deshacerse del 40% del personal. La Verde condena a los trabajadores a pelear solos, apostando al desgaste y la desmoralización de los compañeros más decididos en la lucha. La nueva propuesta de despidos duplica el número original y recae sobre los “contratados” (con 5, 6 y más años de antigüedad), quienes son excluidos por la Verde de la vida sindical de la fábrica no participan ni de las asambleas. Es una forma de avalar el fraude patronal. La empresa deja pasar el tiempo, apostando a la ausencia de un plan de lucha de todo el gremio, para dejar caer los contratos en abril, deshacerse del personal y ultraflexibilizar al resto. Es necesario un plenario de delegados en las puertas del diario que discuta un plan de lucha para frenar los despidos en La Nación y en el gremio. Todo lo demás es dilación para dejar pasar los despidos simulando luchar. La “resistencia al neoliberalismo” tan proclamada tiene un enorme desafío en el diario más neoliberal del país. La Naranja está desde el primer día a entera disposición de esta lucha. Pesout: que la patronal pague lo adeudado El año pasado, la patronal impuso a los trabajadores un semestre “de gracia” con respecto a las paritarias -o sea, no pagar durante seis meses el aumento paritario correspondiente. Pero el “período de gracia” ya lleva 11 meses sin que la Verde haya dado una respuesta. La deuda también se extiende al aguinaldo. Y el salario lo cobran en forma de “vale” semanal de acuerdo al capricho patronal. La presión ejercida por los compañeros motivó un paro en la planta. Arrancaron el compromiso de cobro del 35% del aguinaldo para el 18 de marzo. La semana pasada hubo dos despidos en una clara señal contra el reclamo obrero. La burocracia los dejó pasar sin inmutarse. Si la empresa aduce crisis, que abra los libros. Hay que discutir un plan de lucha en caso de que la empresa no cumpla con su palabra. La denuncia en el ministerio, acompañada de una acción sindical, debe ser el primer paso. Paralelamente exigir que salde lo adeudado. Sixis: víctima del Código Civil K El cierre de Sixis, cuya principal actividad estaba relacionada con la facturación impresa, tiene dos fundamentos. Uno es el Código Civil K, que impulsa la facturación digital, y otro, la absoluta parálisis de la Verde frente al problema. Los despidos y cierres de empresas en los últimos dos años se han multiplicado estrepitosamente y aumentan día tras día. Estamos frente a una verdadera masacre social en el gremio, mientras la burocracia intenta salvarse el pellejo acomodándose en la interna del PJ. Los únicos dos candidatos a Comisión Directiva de la Verde que trabajan en sus talleres están viendo, impotentes por su política, como sus propias patronales despiden trabajadores. Los gráficos necesitamos una alternativa Este cuadro de derrumbe de la actividad gráfica se fundamenta en la recesión económica por un lado, y el avance tecnológico utilizado contra los trabajadores, por el otro. Pero el engranaje fundamental para que el ajuste se descargue sobre la espalda de los trabajadores es la burocracia ongarista, cuya supervivencia depende de la derrota de la clase obrera por parte del gobierno macrista. Este 15 de abril, los gráficos tenemos en la Lista Naranja Gráfica una alternativa para enfrentar el ajuste patronal. Una lista encabezada por los talleres que hicieron carne el programa de los trabajadores: estabilidad laboral, salarios dignos y mejores condiciones de trabajo.

El 23 de junio se votará la continuidad de Gran Bretaña en la Unión Europea. El alcalde tory de Londres, Boris Johnson, seis ministros del gabinete de David Cameron, la mitad de los diputados conservadores y varios laboristas, anunciaron que apoyarán el “Brexit” (salida), lo que produjo pánico financiero y la caída más grande de la libra esterlina desde 2009. Johnson manifestó que no pretende irse de la Unión Europea (UE) sino renegociar la permanencia. Los fascistas de Ukip también están a favor de la ruptura. Gran Bretaña tiene uno de los déficits de cuenta corriente más importantes de la OCDE, y un sector de su burguesía alienta la salida devaluatoria para licuar deuda. Goldman Sachs pronosticó que el Brexit llevará a devaluar un 20% más (IBT, 22/2); y el Citi y Deutsche Bank que superará la devaluación del euro hasta la paridad con el dólar (Telegraph, 23/2). Luego de la devaluación china y su derrumbe financiero, sigue Londres. Una devaluación no solucionará la caída de ganancias y la toxicidad del sistema financiero. Lo que se gana en el abaratamiento de las exportaciones industriales, se pierde por las importaciones y la caída de los acuerdos comerciales europeos; sumado a que un cuarto de los activos de deuda están en manos de bancos extranjeros y la repatriación (fuga de capitales) de sus operaciones agravaría la crisis (Financial Times, 28/1). Los activos británicos se harían menos atractivos para inversores y una menor calificación significaría crédito caro, recesión y déficit fiscal. El Citi dijo que “el Brexit también animaría a la secesión de escoceses y catalanes por otra vía, al demostrar que la Unión Europea es más porosa de lo que parece, dándoles esperanzas de seguir dentro de la Unión aunque se separen de sus actuales Estados” (Expansión.com, 25/2). La salida de Gran Bretaña aceleraría las tendencias a la disolución de la Unión Europea. In y out A mar revuelto, los HedgeFounds apoyan el Brexit porque permitirá el “shorting” (comprar acciones tomando crédito de un inversor de la City, y vender para recomprarlas cuando caigan). Mientras que los bancos de la City (Goldman Sachs, Citigroup, entre otros) están contra el Brexit porque defienden a Londres como plaza financiera europea, en recompensa por la estatización de sus deudas. El imperialismo europeo y norteamericano juega sus fichas por el “In” (HSBC, Deutsche Bank, JP Morgan). Saben que el Brexit -como el Grexit- desataría un derrumbe bancario imparable. Según YouGov, las grandes empresas apoyan en un 93% el In (yougov.co.uk, 25/1), que baja a 63% en la Cámara de Comercio (The Economist, 3/3). El “Big Bussiness”, 36 de las 100 compañías más grandes del FTSE, ligadas a los negocios continentales como Vodafone y Shell (Financial Times, 22/2), y la mayoría de la Cámara de Comercio, piden la permanencia (www.businessforneweurope). El 77% de la industria automotriz está por el IN (www.smmt.co.uk, 3/3). En la pequeña industria, la permanencia sólo obtiene el 47% contra el 42% en favor de la salida. Los pequeños industriales y comerciantes, están contra las regulaciones laborales y de contratación europea (www.businessforbritain) y en favor de “renegociar con la UE” como pide Johnson. Sin embargo, según The Economist, Gran Bretaña tiene uno de los mercados menos regulados de Europa (3/3). El laborismo y la izquierda El laborismo está por el “In”, con la consigna de una Europa más regulada para “proteger los derechos de los trabajadores”. Bajo la amenaza de la pérdida de puestos de trabajo, el laborismo enrola a la clase obrera bajo una salida imperialista de ajuste. La izquierda está dividida. El bloque “Otra Europa es posible” pretende “reformar las instituciones europeas”, al lado de Syriza, Podemos, Bloco de Esquerda, y los Verdes. Son los agentes “por izquierda” del imperialismo y el gran capital europeo. Otros grupos menores (PCGB, Partido Socialista) y distintos intelectuales y activistas, apoyan la salida. Explican que el referéndum griego ha demostrado que la democracia es imposible en la Unión Europea (UE), y apelan al voto histórico de la izquierda británica (y del laborismo) por el “Out”. Plantean una Europa democrática que rechace el TTP y las políticas xenófobas. La izquierda no debe hacer seguidismo a lo que son dos variantes que intentan salvar al capital británico de su crisis a costa de los trabajadores. Ninguno de los campos pone en cuestión, por ejemplo, a la monarquía. La izquierda debe oponer un planteo propio y explotar la situación creada para desarrollar una fuerza revolucionaria. La ruptura con la UE debe encararse con un planteo independiente: abajo la monarquía, por una federación socialista de Gran Bretaña e Irlanda en el marco de los estados unidos socialistas de Europa.

El PT surgió en el escenario político de Brasil como consecuencia de la descomposición del régimen militar que había sido establecido en 1964 y como consecuencia de un fuerte desarrollo de la clase obrera. Este desenvolvimiento fue acompañado por la emergencia de numerosos sindicatos independientes y la creación de la Central Unica de Trabajadores. Constituyó, por todo esto, la mayor tentativa de desarrollar un partido obrero independiente en América Latina en décadas, incluso con la fuerte traba potencial que implicaba el establecimiento de una dirección política constituida por una burocracia sindical en formación aliada a una pequeña burguesía que se estaba reconvirtiendo del stalinismo y del castrismo. La llegada del PT al gobierno fue del todo singular. Aunque había atravesado un ‘período de prueba’ en la gestión de gobernaciones y municipios, el PT se vio obligado a adoptar un procedimiento excepcional para ser aceptado como partido de gobierno. El propio Lula se encargó de advertir a los delegados del Congreso Nacional reunido a principios de 2002 que si deseaban ocupar el Palacio del Planalto en las elecciones de ese año, debían estar dispuestos a “tragarse sapos”. El primero fue, indudablemente, el requerimiento de la compañía, como candidato a vicepresidente, de un empresario textil, evangélico y fundador de un partido de la derecha brasileña. No fue, con todo, el sapo más grande. Cuando el presidente en funciones, Fernando Henrique Cardoso, reclamó el apoyo del FMI para hacer frente a la enorme crisis económica que había comenzado en 1999, el FMI puso como condición que el acuerdo fuera firmado por los partidos que competían en la elección. Lula aceptó con entusiasmo esta extorsión, ofreciendo el primer caso de un partido que sustituía su programa por un programa confeccionado por la principal institución del capital financiero internacional. Para ser rigurosos es necesario destacar, sin embargo, que esta línea de tragarse sapos venía de antes: el hecho más importante es la paz social que había firmado Lula con los terratenientes y el capital sojero de Brasil, en un país donde la cuestión agraria es conocidamente explosiva. Ya en el gobierno, el PT dio varios pasos adicionales. El primero, enseguida de asumir, fue la firma, por parte de Lula y el presidente del Citibank, de un pacto financiero para que la banca norteamericana levantara el bloqueo a los créditos destinados a financiar la exportación de Brasil -12 mil millones de dólares de aquellos años (lo explica William Rhodes en el Financial Times del 24/6/04). De inmediato, designó para presidir el Banco Central a un altísimo funcionario del Bank of Boston, Henrique Mireilles. El gabinete apuntado para la gestión incorporó a ministros designados por el PMDB, así como a numerosísimos funcionarios en distintas reparticiones del Estado. El PMDB no solamente es el mayor partido de la burguesía brasileña sino también una criatura sobreviviente de la dictadura militar. Es también la agrupación más corrompida (“fisiológica”, en la “giria” local) de la política brasileña. Aunque la prensa y la opinión pública hablaran del “gobierno del PT”, no era el caso obviamente: era un gobierno capitalista de coalición con la burguesía y la derecha del país. El programa antiobrero que aplicó enseguida provocó la escisión de un número importante de legisladores y la formación del PSOL, una coalición de agrupaciones que se había ‘tragado todos los sapos’ precedentes. En este cuadro estalla el primer gran episodio de corrupción: el llamado “mensalão”, por el cual se utilizaba dinero público para conseguir los votos de la bancada del PMDB, en casos no necesariamente controvertidos, para aprobar los proyectos del gobierno; el lubricante de la coalición con la burguesía era la corruptela. No obstante esto, quienes hoy aseguran que la corrupción es común tanto a la derecha como a la izquierda, en aquellos momentos saludaban el ‘liderazgo’ de Lula y la supuesta elevación de la misérrima población brasileña a la categoría de “clase media C”. El mensalão produjo las primeras bajas en el gobierno, cuando la Justicia condenó al número dos del PT, Jose Dirceu, un ex guerrillero castrista devenido en un ‘realpolitiker’ del capitalismo. Lo instructivo de todo esto -si se lo puede llamar así- es que la corrupción se instaló en el nuevo gobierno desde el principio, como un mecanismo que habilitaba el funcionamiento de un régimen de coalición con la burguesía nacional. De aquellos polvos vienen estos lodos que ahora parecen comprometer la continuidad del gobierno de Dilma Rousseff. El mecanismo del poder se ha puesto en reversa: los votos del PMDB se han convertido ahora en árbitros de un juicio político contra la Presidenta -que, por otra parte, tampoco es oriunda del PT sino del PDT, un partido nacionalista que había quedado confinado al estado de Rio Grande do Sul. Petrobras, Oderbrecht, Eike Batista Como lo admite con descaro toda la prensa, las coimas de Petrobras vienen de lejos; afecta al ex presidente Fernando Henrique Cardoso (un ex izquierdista y famoso intelectual convertido en agente del Departamento de Estado de Estados Unidos) y al padre del actual presidente de la constructora y empresa de ingeniería Oderbrecht. El destape de la corrupción ahora es la consecuencia del choque violento de intereses contrapuestos en la burguesía brasileña y en el capital internacional. Los gobiernos ‘petistas’ habían convertido a Petrobras y a las constructoras (y también a la minera Vale) en el pivote de un desarrollo industrial de Brasil. La explotación de los yacimientos pre-sal mediante enormes inversiones y el monopolio operativo de Petrobras pretendía desarrollar una periferia industrial relevante, sea de servicios tecnológicos como de refinerías y producciones derivadas del petróleo. Este plan entró rápidamente en conflicto tanto con las petroleras internacionales, que reclamaban licitaciones abiertas de explotación, como con los accionistas internacionales de Petrobras, que cuestionaban la rentabilidad de las inversiones, así como el recorte de los dividendos en beneficio de las inversiones. Es así que a medida que la actividad de Petrobras crecía, su cotización en la Bolsa de Nueva York caía; hoy, en el pozo de la crisis, es un 80% inferior a su punto más alto. En el marco de este plan, el gobierno de Lula intentó crear una burguesía petrolera nacional, mediante fuertes concesiones y apoyos financieros a un aventurero, Eike Batista, el cual se lanzó a un incesante acaparamiento de empresas mediante deudas. La primera señal del derrumbe que se desarrolla en la actualidad fue la declaración de quiebra de Batista y toda su red de empresas, agobiado por un endeudamiento que no podía renovar ante los síntomas de crisis en el mercado petrolero internacional. La revelación pública de las coimas de Petrobras interviene cuando la caída estrepitosa de los precios internacionales del petróleo invalida la tentativa industrializadora, ya que priva a la petrolera de capacidad de inversión. Petrobras ha comenzado a malvender activos en gran escala, por un lado para pagar deudas, pero también para asegurar la continuidad de sus proyectos más relevantes. En Nueva York, los accionistas de Petrobras reclaman un resarcimiento por el dinero sustraído a las utilidades por las coimas. Hace tres semanas, Dilma dio el paso más duro: eliminó el monopolio de Petrobras como operadora de los yacimientos pre-sal -la principal exigencia del capital financiero internacional y ¡de las bancadas aliadas del PT! La Presidenta asegura que no va a renunciar, bajo ninguna circunstancia, pero ya ha renunciado a los objetivos básicos de su gobierno. Las constructoras brasileñas se encuentran entre las más importantes del planeta. Lula ha sido su principal lobbista en el país y en el exterior. Coimeado o no, su rol como líder obrero ha quedado completamente desnaturalizado -es un gerente de las firmas capitalistas. Oderbrecht, Andrada Gutierrez, Camargo Correa y otras no solamente se beneficiaron de los contratos de obras de Petrobras, por los cuales han pagado coimas a diestra y siniestra. Gran parte de la política exterior de Brasil se atuvo a los intereses de ellas. Lula se adelantó a Obama en la obtención de concesiones en Cuba para las constructoras brasileñas -lo cual lo convierte en un ariete de la privatización de empresas en Cuba y de la ruptura del monopolio del comercio exterior de la Isla. Lo mismo en Venezuela, Nicaragua, Bolivia o El Salvador, que tienen en común su condición bolivariana. El cabo electoral de Lula, João Santana (que también lo fue de De la Sota y Duhalde) organizó las campaña electorales en esos países en función de los intereses de Brasil. Brasil dirigió la campaña electoral de Ollanta Humala, el cual se había comprometido a otorgar la concesión de las construcciones de rutas y oleoductos hacia el Pacífico a Oderbrecht. La corrupción social y política de la dirección y el aparato del PT es considerablemente mayor que la que deriva de las coimas que le son imputadas. Es lo que simplemente olvidan quienes salen a defender a una organización que se declara políticamente de los trabajadores. La camarilla petista ha trabajado con dedicación para destruir la condición clasista de la izquierda y el movimiento obrero en América Latina. En las elecciones para elegir la representación obrera en el Consejo de Petrobras, hace tres semanas, el sindicato de la CUT fue derrotado por una improvisada lista independiente. Los obreros de la petrolera perciben que el gobierno de Rousseff está destruyendo a Petrobras y cediendo a la presión financiera internacional, con el único pretexto de salvar su propio pellejo. El potencial de derrumbe económico que encierra el desmantelamiento de Petrobras y de las propias constructoras podría llevar a Brasil rápidamente a una situación pre-revolucionaria. El golpe La destitución de Dilma Rousseff es reclamada por todos los sectores capitalistas que han chocado con el gobierno en los últimos años. No han conseguido todavía reunir, sin embargo, una mayoría parlamentaria para proceder al juicio político de la Presidenta, porque las consecuencias serían muy graves para otros intereses tanto o más poderosos. Una gran parte de los destituyentes parlamentarios enfrentan procesos de corrupción a igual título que los funcionarios del gobierno o los dirigentes del PT. En la burguesía se teme, por sobre todo, el estallido de una rebelión popular, que sería la consecuencia del vacío de poder que podría producir una transición precaria, y de los planes de ajuste que aplicaría un nuevo gobierno. Los ajustes petistas ya han producido casi dos millones de despidos o suspensiones. Puede sorprender que la burguesía industrial de São Paulo sea abiertamente golpista, en contraste con el silencio relativo del capital sojero -el cual está recibiendo los beneficios de una gran devaluación de la moneda, el real. Ocurre que esta burguesía industrial ha sido marginada de las tentativas de industrialización de Lula, porque quedó expuesta a la competencia demoledora de China -una gran aliada de Petrobras y las constructoras. Las grandes acerías brasileñas encabezan la campaña internacional para penalizar la exportación siderúrgica de China. La burguesía paulista reclama la sanción de una “ley compasiva”, que blinde el capital de las empresas de los perjuicios que ocasionen los ejecutivos de ellas (Ambito, 10/3). De lo contrario, arguyen, podría venirse abajo el patrimonio de numerosas compañías. El paso siguiente sería la absolución o la disminución de penas por parte de los tribunales de apelaciones o la Corte Suprema. La charlatanería característica en estos casos, atribuye a la independencia de la Justicia el conocimiento y la sanción de la corrupción. Esa Justicia, en realidad, está sustituyendo la aportación de pruebas materiales de los delitos por un sistema de coacción penal que ofrece rebaja de penas y arrestos domiciliarios a quienes confiesen responsabilidades y delaten a supuestos cómplices. Semejante procedimiento sería fácilmente cuestionado en una apelación, incluyendo un cambio en la opinión de los nuevos jueces. La Justicia es un poder del Estado, que en ningún caso irá contra el poder de ese Estado. Mauricio Oderbrecht, el presidente del conglomerado, ha dicho que apelará su condena a 19 años, porque el expediente abundaría en delaciones y estaría carente de pruebas. La llamada “ley del arrepentido” otorga poderes discrecionales a jueces, investigadores y policías contra los derechos ciudadanos. No se puede dejar fuera de foco la implicancia internacional que tendría un desplazamiento del gobierno de Dilma. Aceleraría el proceso para poner fin al gobierno de Maduro, en especial por el impacto que tendría en las fuerzas armadas de Venezuela un ‘golpe blanco’ en Brasil. En Uruguay, se está desarrollando en torno a acusaciones de corrupción en la petrolera estatal Ancap, un proceso similar al de Brasil. Por último, sería un espaldarazo al gobierno ‘buitre’ de Macri. La desvalorización enorme que ha sufrido la Bolsa de São Paulo es un bocado de cardenal para los bancos y fondos de cobertura internacionales; Brasil se vería obligada también a renegociar la deuda pública. El aguijón de la crisis lo constituye, sin sombra de duda, la voracidad del capital internacional para lograr un nuevo reparto de patrimonios y capitales en Brasil. La deuda externa de Brasil, pública (80% del PBI) y privada (70% del PBI) es de 3 billones de dólares. El movimiento obrero El domingo 13 está prevista lo que sería una gran manifestación a favor del juicio político para destituir a Dilma. La dirección del PMDB se encuentra atenta a los resultados para determinar si se retira del gobierno e inviabiliza de este modo la gestión de Rousseff y lograr una renuncia que evite el ‘impeachment’. No existe ninguna posibilidad, sin embargo, de que estas manifestaciones atraigan a la masa del pueblo pobre y trabajador, que conoce bien a sus inspiradores. No sería, sin embargo, la primera vez que cae un gobierno por presión de un movimiento civil minoritario. Es significativo que a los organismos convocantes les importe poco que el encargado del juicio político a la Presidenta sea el Congreso más corrompido de la historia brasileña. Frente a la amenaza de golpe a cargo de un parlamento de corruptos, el PT se encuentra ‘groggy’, debido a su complicidad evidente con el favoritismo a los conglomerados capitalistas y la corrupción, y como consecuencia de su complicidad con la política de despidos masivos que asola Brasil. La única oposición a la salida capitalista catastrófica a la crisis en curso, incluida la oposición a un golpe ‘blanco’, es la que puede partir de la clase obrera. Por eso entendemos que lo que se encuentra a la orden del día es el llamado a un congreso de trabajadores, electos en lugares de trabajo y en asambleas, para lanzar una movilización contra despidos y suspensiones, contra el desmantelamiento o privatización de empresas del Estado y contra cualquier salida golpista de parte de un Congreso de delincuentes políticos y económicos. La reivindicación de una Asamblea Constituyente no tendría otra implicancia que poner fin al gobierno de Dilma Rousseff, lo cual, en el momento actual, potencia la agitación golpista. Solamente cuando la clase obrera haya reunido las condiciones mínimas de movilización para poder pelear por su propia salida a la crisis, esa reivindicación podría ser una herramienta de lucha. No es aceptable ninguna forma de frente único de hecho con la movilización golpista. La iniciativa de un Congreso obrero de delegados, que debería ser dirigida a todos los sindicatos y comisiones de fábrica de la CUT, podría ser adoptada conjuntamente por la central sindical combativa, Conlutas, y por la izquierda constituida por el PSOL y el PSTU. Este congreso se convertiría en punto de polarización de los trabajadores en el caso de que prospere un ‘impeachment’ y con él una situación de mayor crisis económica y política. Brasil vive una circunstancia singular donde gobierno y golpistas rivalizan en el tamaño de su debilidad política y la carencia de apoyo político propio. (Nota publicada el 12/03 en: https://www.facebook.com/jorge.altamira.ok/?fref=ts)