Prensa Obrera N° 1402

Durante la inauguración de un local de la agrupación kirchnerista Nuevo Encuentro en el barrio de Villa Crespo, un ataque con balas de plomo -aparentemente desde el piso 24 de una torre ubicada frente al local- hirió a dos mujeres de 30 y 19 años, que se encuentran fuera de peligro pero debieron ser trasladadas al Hospital Durand. Nuevo Encuentro convocó a una conferencia de prensa en el flamante local ubicado en la calle Padilla al 800 para poner de relieve la gravedad del hecho y exigir su esclarecimiento. Cabe señalar que la misma noche se produjo un ataque contra un local de La Cámpora en Mar del Plata, con cuatro disparos de una Itaka que destruyeron el vidriado del local. Expresamos nuestro total repudio a la agresión y nos plegamos al reclamo por el esclarecimiento inmediato del hecho y el castigo a los responsables.

Alrededor de las 15 horas de este domingo, una patota dirigida por personas presuntamente pertenecientes a la barra brava de Godoy Cruz y ligadas a esa municipalidad, golpeó salvajemente a Roberto Macho, secretario general de ATE, y a otros dirigentes gremiales. Los compañeros realizaban una volanteada con el reclamo de reincorporación de despedidos del Instituto Provincial de Juegos y Casinos. En el lugar se encontraba personal policial de caballería, que se retiró facilitando el accionar de la patota. Mediante un video, se ha podido individualizar el rostro de varios de los líderes de la patota. En el día de ayer, el gobernador Cornejo lanzó una amenaza al movimiento de lucha de ATE y a la líder de la CTA Raquel Blas, después de la contramarcha de la vendimia (ver artículo). Cornejo dijo: "Se pasado un límite, esto no va a quedar así". La agresión a Macho se da en ese contexto. Responsabilizamos a Josefina Canale, responsable del instituto de Juegos y Casinos, y al gobernador Cornejo por la integridad física de los compañeros y cualquier otro luchador popular. La dirección de ATE es vanguardia en la lucha provincial contra el ajuste y los despidos. En algunas horas más la Comisión directiva de ATE Mendoza brindará una conferencia de prensa donde ofrecerá más detalles del suceso. También se iniciarán acciones legales y movilizaciones en repudio. Los parlamentarios del Partido Obrero presentarán un pedido de interpelación al ministro de seguridad y al gobernador Alfredo Cornejo.

Los abajo firmantes, nos pronunciamos energicamente en defensa de los tres primeros dirigentes sindicales imputados desde la implantación del protocolo anti-piquetes del gobierno nacional. El “protocolo” ha debutado en Mendoza con la imputación de Raquel Blas y Roberto Macho, dirigentes de ATE, y de Federico Lorite, del SITEA (Sindicato de Trabajadores Estatales Autoconvocados), por la marcha a Casa de Gobierno desarrollada el 24 de febrero en el marco del paro nacional de los estatales. Denunciamos que a estos dirigentes gremiales se les busca aplicar el artículo 194 del Código Penal, que establece penas de hasta dos años de prisión, por “entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes por tierra” en un acto brutal de criminalización de la protesta. Consideramos que la imputación contra Blas, Macho y Lorite es un ataque a todo el movimiento obrero. Las medidas que derivaron en la imputación de los dirigentes gremiales fueron votadas en una asamblea en la que participaron centenares de trabajadores y en el marco del enorme paro nacional de ATE, que se transformó en una gran jornada de lucha de los trabajadores. -Abajo el protocolo anti-piquetes -Abajo la imputación contra los compañeros. PRIMERAS FIRMAS: Sindicatos: CTA - Mendoza ATE – Mendoza ATE – Sur Provincia de Buenos Aires ATE - Almirante Brown - Pte Perón ADEMYS AGD-UBA Consejo Ejecutivo SUTEBA – La Matanza SITRAIC Directivos y Congresales Víctor Grosi (Secretario General Sitraic) Ileana Celotto (Secretaria General AGD–UBA) Ariel Osatinsky (Secretario General ADIUNT Tucumán) José Mini (Secretario General de ADICUS San Luis) Romina del Pla (Secretaria General Suteba Matanza) Daniel Rapanelli (Secretario General de Suteba Ensenada) Amelia García (Secretaria General Suteba La Plata) José Magallanes (Secretario General Suteba Escobar) Gabriela Delfino (Secretaria General SUTEBA Bahía Blanca) Sebastián Henríquez, (Secretario General SUTE Godoy Cruz) Cecilia Bari (Secretaria General Atrana -Radio Nacional) María de los Ángeles Troitiño (Secretaria General CTA - Lomas de Zamora y Secretaria Adjunta ATE Gran Buenos Aires Sur) Nora Quercia (Secretaria General ATE - Gran Buenos Aires Sur) Juan Anzorena (Secretario General ATE y CTA Almirante Brown – Presidente Perón) Rubén Allende (Secretario General Municipales de Coronel Suárez) Esteban Roldán (Secretario General Si.Tra.Ju.R. - IV Circunscripción - Sede Cipolletti - Rio Negro) Antonio Rosselló (Secretario Adjunto Conadu Histórica) Soledad Sosa (Secretaria Adjunta CTA Mendoza) Maria Elena Molina (Secretaria Adjunta Amsafe Rosario) Victor Hugo Romero (Secretario Adjunto ATEN Zapala) Rubén Schofrin (Secretario Adjunto SIPREBA y delegado Perfil) Alejandro Toloza (Secretario Adjunto de UETTel) Gabriel Lubo (Secretario Adjunto de Ademys) Alejandro Bernat (Secretario Adjunto Suteba Ensenada) Claudia Consiglio (Secretaria Adjunta Suteba Escobar) Graciela Calderón (Secretaria Adjunta Suteba La Matanza) Enrique Gandolfo (Secretario Adjunto SUTEBA Bahia Blanca y CTA Bahía Blanca – Coronel Dorrego) Norberto Calducci (Secretario Adjunto ATEN Plottier) Leonardo Varela (Secretario Adjunto ADUNLU Luján) Ernesto Eloiza (Secretario Adjunto ADU San Luis) Raúl Mira (Secretario Adjunto ADIUNT Tucumán) Rolando Castro (Secretario Adjunto ADICUS San Luis) Alejandro Crespo (Vocal Sutna San Fernando) Patricia Jure (Minoría ATEN Capital) Marcos Vega (Minoría ATEN Capital) Marcelo Brizuela (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora y CTA Lomas de Zamora) Aida Ledesma (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur) Luis Lombar (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora y CTA Lomas de Zamora) Maia Cartier (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Alfredo Machuca (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora y CTA - Lomas de Zamora) Omar Sosa (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Elsa Sotelo (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Liliana Rodríguez (Comisión Directiva de ATE SUR y CTA Lomas de Zamora) Norberto Señor (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Antonio Bordón (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora y CTA - Lomas de Zamora) Susana Ancarola (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Fernando Fernández (Comisión Directiva ATE Gran Buenos Aires Sur - Lomas de Zamora) Violeta Roncaglia (Comisión Directiva ATE - Brown - Pte Perón) Ana María Viola (Comisión Directiva ATE - Brown - Pte Perón) Juana “Fanny” Díaz (Comisión Directiva ATE - Brown - Pte Perón) Cecilia Provenzano (Comisión Directiva ATE - Brown - Pte Perón) Susana Lopez (Comisión Directiva ATE de ATE Brown - Pte Perón) Angel Cervantes (Comisión Directiva de ATE Brown Brown -Pte Perón) Isabel Lopez, (Comisión Directiva ATE - Brown - Pte Perón) Cecilia Gallinger (Comisión Directiva CTA - Lomas de Zamora) Mariel Ferrer (Comisión Directiva CTA - Lomas de Zamora) Florencia Muñoz (Comisión Directiva CTA - Lomas de Zamora) Juana “Fanny” Díaz (Comisión Directiva CTA Almirante Brown – Presidente Perón) Alejandro Pérez (Comisión Directiva CTA Almirante Brown – Presidente Perón) Norma Giménez (Secretaria de Derechos Humanos CTA Rosario) Juan Arturo Gómez (Secretario de Derechos Humanos CTA San Luis) Marta Gómez (Sec Gremial SUTEBA - La Matanza) Ariel Iglesias (Sec de Organización SUTEBA - La Matanza) Dante Alfaro (Sec de Promoción Social SUTEBA - La Matanza) Angel Cáceres (Sec Administrativo SUTEBA - La Matanza) Ernesto Settembrni (Sec Finanzas SUTEBA - La Matanza) Olga Ortigoza (Sec Comunicación SUTEBA - La Matanza) Valeria Gómez (Sec Cultura SUTEBA - La Matanza) Fabián Ponce (Sec de Jubilaciones SUTEBA - La Matanza) Nathalia Gonzalez (Sec DDHH SUTEBA - La Matanza) Andrés Machuca (Sec Formación Político Sindical SUTEBA - La Matanza) Juan Romero (Sub Secretario de Cultura SUTEBA - La Matanza) Gabriela Bardaro (Sub Secret Gremial SUTEBA - La Matanza) Maxi Gomez (Sub Secr de Organización SUTEBA - La Matanza) Juan Pablo Casiello (Secretario Gremial AMSAFE Rosario) Varinia Traversa (Secretaria de Formación SUTEBA Bahía Blanca) Susana Altamirano (Vocal Titular SUTEBA Bahía Blanca) Alberto Villoldo (Secretario Organización Suteba La Plata), Damián Bonini (Secretario DDHH Suteba La Plata), Guillermina Castillo (Sub Secretaria Gremial Suteba La Plata), Rosana Caccavale, Daniel Cadabón y Etel Meneces (Vocales Suteba La Plata), Verónica Peiro (Comisión Revisora de Cuentas Suteba La Plata), Fernando Menéndez (Secretario de Promoción Social SUTEBA La Plata) Lorenzo Labourdette (Secretario Administrativo y de Actas SUTEBA La Plata) Andrea Arrigoni (Secretaria de Finanzas SUTEBA La Plata) Juan Pérez (Subsecretario de Educación SUTEBA La Plata) Domingo Garro (Vocal SUTEBA La Plata) Rodolfo López (Vocal SUTEBA La Plata) Ernesto Settembrini (Secretario Finanzas Suteba Matanza), Juan Romero (Sub Secretario Cultura y Educación Suteba Matanza), Natalia Landriel y Gabriel Díaz (Vocales CES Suteba Matanza) Dante Alfaro (Secretario de Promoción Social SUTEBA La Matanza) Pablo Fernández (Vocal Titular SUTEBA La Matanza) Marisabel Grau (Secretaria de Prensa. ADEMyS Ciudad de Buenos Aires) Hernán Boeykens (Vocal Suplente ADEMyS Ciudad de Buenos Aires) Juan Arturo Gómez (Secretario Gremial ADU San Luis) Cristian Henkel (Secretario de Organización de AGD UBA), Santiago Gándara Castro (Secretaría de Prensa y comunicación de AGD-Uba), Néstor Correa (Secretario de Derechos Humanos de AGD UBA), María Laura Carboni (Secretaría de géneros y diversidad sexual AGD UBA), Graciela Molle (Suplente de la Secretaría de Organización y Actas AGD UBA), Damián Molina Torres (Suplente de la secretaría de hacienda y administración de AGD UBA), Daniel Duarte (Suplente de la secretaría de prensa y comunicación de AGD UBA), Andrea Fabiola Ferro (Suplente de la secretaría de géneros y diversidad sexual de AGD UBA), Jorgelina Matusevicius (Secretaria Gremial. AGD- UBA): Ariel Slipak (Vocal Titular AGD- UBA) Cecilia Piérola (Vocal Suplente AGD- UBA) Martín Kalos (Comisión Revisora de Cuentas AGD- UBA) Randy Stagnaro (Secretario de Cultura y Juventud SIPREBA y delegado Tiempo Argentino), Ana Laura Tornaquindici (Secretaria de Géneros SIPREBA y delegada diario BAE), Sofia Benavides (Vocal SIPREBA), Florencia Guerrero (Revisora de Cuentas SIPREBA), Agustín Lecchi, Secretario de Organización SIPREBA y delegado de Canal 7 – TV Pública. Tomás Eliaschev, Secretario de Derechos Humanos SIPREBA y delegado de Revista Veintitrés Matías Retamosa, Vocal Titular.SOECN Ceramistas de Neuquén: Viviana Miño, Secretaria gremial APUDIPA- CICOP: Miguel del Pla (Secretario de Actas CTA Santa Cruz), Silvia Dickie (Secretaria de Género CTA Santa Cruz), Ricardo Schiro (Consejo Directivo de Cicop), Felix Wul (Secretario de Actas y congresal seccional de Cicop del Hospital Oncológico de Lanús), Alejandro Crespo (Vocal Sutna San Fernando), Juan Cappa (Secretario de Cultura de ADUNS Sur), María Eugenia Fermento (Secretaria de Actas ADUNS Sur), Pablo Zamponi (Secretario de Formación de la CTA Bahía Blanca), Beatriz Perotti (Comisión Directiva ADIUC Córdoba), Marcela Calabrese (Secretaria Gremial Suteba Ensenada), Federico Landriel (Secretario DDHH Suteba Ensenada), Juan Martín Manghi (Secretario Salud Suteba Escoba), Juan Carlos Moya (Vocal Suteba Quilmes), Zulma Redel (Vocal Suteba Bahía Blanca), Walter Sanchez (Minoría CES Suteba San Isidro. Congresal CTA Norte), Margarita Cuellar (Minoría CES Suteba San Isidro), Julia Sosa (Revisora de Cuentas Ademys (Caba), Lourdes Alfonso (Caba), Anabel Allochis (Córdoba) (Integrantes de la minoría de CTERA Lista Multicolor), Mabel Parra (Secretaria Gremial ATEN Plottier), María del Valle Aibar (Secretaria Género y DDHH ATEN Plottier), Sandra Alfaro (Secretaria Primaria ATEN Plottier), Roxana Mardones (Minoría ATEN Provincial), Lautaro Palma Parodi y Marcelo Romero (Minoría ATEN Chos Malal), Unelen Vazquez (Sec Prensa CTA Zona Norte), Javier Cattaneo (Secretario Media ATEN Andacollo y Sec D.Humanos CTA Zona) Horacio Prado (Secretario Gremial Atrana Radio Nacional), Matias Tomasello (Consejo de Representantes Foetra), Rodolfo Delgado (Secretario Gremial Suteba Escobar), Elsa Galleguillo (Secretaria de Derechos Humanos de Suteba Escobar), Enzo Mereu (Vocal Suteba Escobar), Claudio Dellecarbonara Delegado Línea B de SUBTE y miembro de la Comisión Directiva de AGTSyP Gladys Perri (Secretaria de Derechos Humanos de ADUNLU Lujan), Arturo Gómez (Secretario Gremial ADU San Luis), Andina Dorkas (Secretaria de Finanzas de ADIUNT Tucumán), Luis Agüero Gómez (Vocal ADIUNT Tucumán) Javier Palma (Secretario Administrativo ADUNLU Luján) Miguel Angel Quinteros (Vocal ADIUNPA Patagonia Austral), Sergio Fabián Báez (Vocal ADIUNPA Salta), Graciela Biachi (Revisora de cuentas Suteba Escobar), Sandra Salazar (Presidenta Cicop Hospital Mercante), Juntas Internas ATE- Ministerio de Economía de Nación ATE- Ministerio de Trabajo de Nación ATE - Ministerio de Planificación de Nacion ATE - Educación Sede La Plata ATE - Hospital Baigorria. Provincia de Santa Fe ATE - Promoción Social CABA ATE – INCAA ATE - SENASA CABA ATE – Hospital Quemados ATE - INTA LAN Comisión Interna FALCÓN Comisión Interna - Tercerizados de Aerolíneas Argentinas Delegados José Luis Perea, Coordinador Mesa Nacional ATE-INTA Alejandro Sanchez Moreno, Delegado General ATE DGCyE - La Plata Gastón Siquier, Delegado General ATE - Subsecretaria de Promoción Social GCBA Hernán Izurieta, Delegado General ATE - Ministerio de Trabajo Nación Pablo Almeida, Delegado General ATE - Ministerio de Economía Nación José Piazza, delegado General ATE – Teatro Colón Tamara Lescano, Delegada General ATE - Estadística y Censos GCBA. Adrián Rodríguez, Delegado General ATE - Ministerio de Planificación Nacional Manuel Lombardía, Delegado General ATE - Hospital De La Vega, Moreno Gabriela Suppicich - Consejera Gremial Electa ISSN - ATE Neuquén Carina Maloberti, Delegada ATE - SENASA CABA Laura Kohn, Delegada ATE Ministerio de Economía La Plata Manuel Vargas, Delegado ATE Ministerio de Economía La Plata Héctor “Pepi” Sallis, Delegado ATE Ministerio Economía La Plata Oscar “Negro” Maidana, Delegado ATE Economía La Plata Pía Garralda, Delegada ATE ARBA Maria Ines Churi Uro, Delegada Adjunta ATE DGCyE - La Plata Miguel Ciappina,Alejandro, Herbón Gisela Biondo, Gisela Biondo, Mauricio "Pity" Silva, Chiqui Suarez, Víctor Badino, Gabriela Barboza, Delegados ATE - DGCyE - La Plata Alicia Gonzalez, Delegada ATE - Legislatura Provincia de Bs. As. Nicolas Cadabón, Delegado ATE -Legislatura Provincia de Bs. As. Maria Flor Stevani, Delegada ATE- Asuntos Agrarios Laura Stevani, Delegada ATE - Asuntos Agrarios Pablo Chanquet, Delegado ATE - Niñez Sebastian Dinius, Delegado ATE - Secretaria DDHH Ana Bernasconi, Delegada ATE CONICET Silvia Mitschenco, Delegada ATE - Hospital Mercante Paola Trejo, Delegada ATE - Hospital Mercante Antonio Facea, Delegada ATE - Hospital Mercante Norma Jaime, Delegada ATE - Hospital Mercante Christian Vega - Delegado ATE AFSCA Eduardo Viceiro, Delegado Adjunto ATE - Ministerio de Economía Nación Demián García Orfanó, Delegado Junta Interna ATE Ministerio de Economía Nación. Martín de Azpiazu, Delegado Junta Interna ATE - Ministerio de Economía Nación Lorena Itabel, Delegada Junta Interna ATE - Ministerio de Economía Nación José Alercia, Delegado ATE – Ministerio de Economía Nación Lucio Moreno Delegado ATE - Ministerio de Economía Nación Emilio Madias, Delegado ATE - Ministerio de Economía Nación Pablo Anino, delegado ATE Ministerio de Economía Nación Guillermo Tejada Arce, Delegado ATE - Teatro Colón Valentina Viglieca, delegada ATE - Secretaría de Cultura de la Nación Diego Abu Arab, JI - Ate Ministerio de Trabajo de la Nación Eduardo Movia, delegado JI-ATE Ministerio de Trabajo de la Nación Roxana Kukla, Delegada ATE - Ministerio de Trabajo de la Nación Cecilia Dinius, Delegada ATE - Ministerio de Justicia de la Nación Francisco Rizzi, Delegado ATE - INCAA Nicolás Rodrigez, Delegado ATE - INCAA Natalia Badgen, delegada ATE - Ministerio de Espacio Público de CABA Marta Ysabel Denis Parada, Delegada ATE - Hospital Tornú Raul Vega, Delegado AEFIP Germán Afustín Cardeza - Delegado Mina de Santa Cruz - Ate Rio Turbio Carlos Blanco. Hospital Eva Perón – Granadero Baigorria – ATE Rosario Vanesa Blanco. Hospital Eva Perón – Granadero Baigorria – ATE Rosario Marcelo Ferreyra. Hospital Eva Perón – Granadero Baigorria – ATE Rosario Patricia Serenelli. Hospital Eva Perón – Granadero Baigorria – ATE Rosario José Figueroa. Hospital Eva Perón – Granadero Baigorria – ATE Rosario Pamela De Seta, Delegada de Organización ATE Ministerio de Planificación Nacional. Diego Bersusky, Delegado de Administración ATE Ministerio de Planificación Nacional. Mariano Skliar, Delegado Adjunto ATE Subsecretaria de Promoción Social GCBA. Patricio Villani, Delegado de Organización ATE Subsecretaria de Promoción Social GCBA. Federico Acebedo, Delegado de Prensa y Comunicación ATE Subsecretaria de Promoción GCBA. Nadia Gauna, delegada ATE Promoción social de CABA Lujan Rodríguez, Delegada de Prensa y Comunicación ATE Comisión Nacional de Energía Atómica. Celina Rodríguez, Delegada Ministerio de Desarrollo Social Buenos Aires, ATE La Plata. Javier Lombardo, delegado paritario por ATE Ministerio de Desarrollo Social Neuquen Eliana Negrete, Delegada ATE Subsecretaria de Agricultura Familiar Ministerio de Agricultura, Delegación Jujuy. Gabriel Mellibosky, Delegado SEU-UNC y junta promotora ATE-UNC Córdoba. Cecilia Gianfrancisco, Delegada Congresal de ATE-Salud, Neuquén. Mauricio Vidal, Delegado de ATE Ministerio de Desarrollo Social, Río Negro, delegación Cipolletti. María Sol Martín, Delegada de ATE Salud, Neuquén. Agustín Suárez, delegado ATE INTA AMBA. Ana Laura Lastra, delegada JI-ATE INDEC Mariana Elorga, delegada JI-ATE INDEC Carolina Gaetmank, delegada JI-ATE INDEC Vanina Micello, delegada JI-ATE INDEC Emilio Salgado, delegado JI-ATE INDEC Carina David, delegada JI-ATE INDEC Marcelo Gómez, delegado JI-ATE DG Música de CABA Roberto "Coroco" Traibel, delegado JI-ATE DG Música de CABA Leandro Sorribas, delegado JI-ATE RUB CABA Gustavo de Biase, delegado STV Vialidad Nacional José Luis Salazar, delegado STV Vialidad Nacional Nicolás Sandez, delegado STV Vialidad Nacional Bárbara Acevedo, delegada de la Junta Interna ATE Garrahan Cristal Chechelgis, delegada de la Junta Interna ATE Garrahan Carina Manrique, delegada de la Junta Interna ATE Garrahan Walter Valdemoros, delegado de la Junta Interna ATE Garrahan Patricio Lara, Marcelo Battiato, Diego Altamirano (Comisión Interna Kimberley Clark), Rubén José Gómez, Emanuel Gómez, Ariel Cabrera, Daniel Montoya, Diego Zalazar (Comisión Interna Smurfit Kappa), Sebastian Guillermo Gamboa, Ezequiel Gomez, (Delegados Bon Masé), Juan Chavero, José Vera, (Delegados Fernet Branca), Fernando Cabrera (Delegado Procter & Gamble), Justiniano Díaz (Congresal seccional Vicente López Cicop), Justiniano Díaz (Congresal CICOP), Carlos Firpo (Delegado seccional Hospital Caberd-Luján), Silvia Báez (Secretaria de Finanzas Hospital Km 32 Matanza), David Carballo, Diego Gavela, Christian Paletti, Fabian Tevez, Jesica Palmisciano, Agustina Chaves, Hernán Rojas, (Subte Delegados AGTSyP), Federico Navarro (Comisión Interna Aluar-Puerto Madryn), Carlos Barco (Delegado Siderca), Miguel Walter Relañez y Patricia Lara (C.Interna Kimberley Clark), Jose Maidana (Delegado petrolero empresa Oleosur Las heras Sta Cruz), Cristian Migues (Comisión interna UOM Acindar Villa Constitución), Miguel Braveti (Comisión Interna Grafica Interpak), Pablo Viñas (Comisión Interna AGR Clarín), Marcelo Quinteros, Andrés Garola Hansen, Sebastián Pereyra, Sergio Acuña, Emiliano Mansilla, Sebastián Martínez y Daniel Ibasca Paiva (Comisión Interna gráfica de Artes Gráficas Rioplatense, Grupo Clarín), Darío Bernasconi, Emanuel Ortiz, Claudio Lescano (Comisión Interna gráfica de Interpack), Jorge Fernández, Sergio Siebemberg, Sebastián Rodríguez, Enrique Andina Flores, Sebastián Alvarez, Carlos Ponce (Comisión Interna gráfica de Anselmo Morivllo& Quad Graphics), Pablo Aranda (Delegado IPESA), Federico Fabrini (Congresal Federación Gráfica Bonaerense), Carlos Pacheco, Mario Nicoleti, Miguel Galarza, Cesar Aguirre, Jose Chanampa, Jose Gomez, Silvio Olivera, Luis Mariani (Cuerpo de Delegados de Ecotrans), Pablo Bush, Delegado Knnor Ariel Eidelman (C.I. Ciclo Básico Común de AGD UBA), Eduardo Penello (C. I. Facultad de Derecho de AGD UBA), Martín Trombetta (C.I. Facultad de Cs. Económicas de AGD UBA), Joaquín Farina (C.I. Facultad de Cs. Económicas de AGD UBA), Mariano Merzbacher (C.I. Facultad de Ciencias Exactas de AGD UBA), Nicolás Cambón (C.I. Facultad de Arquitectura y Diseño de AGD UBA), Lucas Poy Piñeiro (C.I. Facultad de Filosofía y Letras de AGD UBA), Natalia Casola (C.I. Facultad de Filosofía y Letras de AGD UBA), Luis Trombetta (C.I. Facultad de Medicina de AGD UBA), Hernán Scorofitz (C.I. Facultad de Psicología de AGD UBA), Dolores Rocca Rivarola (C.I. Facultad de Ciencias Sociales de AGD UBA), Gabriel B. Pinto (C. I. Facultad de Ciencias Veterinarias de AGD UBA), Laura Torres Bianchini (C. I. Facultad de Ciencias Veterinarias de AGD UBA), Cecilia Rikap, Secretaria Gremial, Facultad de Ciencias Económicas. Federico Wahlberg, Vocal suplente. Pablo Vitale, Secretario de Hacienda y Actas, Facultad de Ciencias Sociales. Leandro Rodríguez, Secretario de Prensa CBC. Lucía Maffey (Delegada de Jóvenes Científicos Precarizados, Buenos Aires) Omar Latini (Congresal nacional a Ctera- Tribuna Docente Adosac Sta Cruz), Raúl Stevani (Delegado de Agronomía UNLP La Plata), Sandra Costa, Laura Gauna, Miguel Pallarols, Mónica Rua, José Luis Poverene, Rodrigo Amoroso, Rocío Rodríguez, Natalia Oviedo, Gustavo Guida, Analía Pascual, Adriana Sirna, Paola Molina, Milton Gauna, María Victoria Ferreiro, Andrea Schein, Carmen Acuña, Sabrina Molina, Domingo De Cristófaro, Fabiana Torres, Juan Gómez, Margarita Donnadio, Daniel Sierra, Fabián Rodríguez, Miguel Abramzon, Marcela Soriano, Daniel Menéndez, Claudia Velazquez, Santiago Idiart, Nora Biaggio, Alejandra Enriquez, Enrique Presedo, Sebastián Medina, Olga Anzolini, Juan Parrello, Patricia Rua, Nancy Guzman, Leonor Arnao, Alberto Poloni (Congresales Suteba), Florencia Vespignani, Delegadas SUTEBA Lanus Mónica Villarreal, Delegadas SUTEBA Lanus Evangelina Acosta, Delegadas SUTEBA Lanús. Raúl Nudel, Delegado SUTEBA General Sarmiento. Cecilia Gallinger, SUTEBA Lomas de Zamora Federico Torioni, Delegados SUTEBA Lomas de Zamora. Sabrina Straforini, Delegada SUTEBA Almirante Brown. Rodrigo Aleman, Delegados SUTEBA La Plata Guillermo Casarini, Delegados SUTEBA La Plata. Ivana Muzzolón, Delegados SUTEBA Luján Matías Remolgao, Delegados SUTEBA Luján Andrés Flouch, Delegados SUTEBA Luján. Sebastián Cardozo, Congresal SUTEBA Florencio Varela. Pablo Queiruga, Delegado SUTEBA Florencio Varela. Claudia Baldrich, Delegado SUTEBA San Martín – Tres de Febrero Silvia Gabarain, Delegado SUTEBA San Martín – Tres de Febrero Adrián Fuertes, Delegado SUTEBA San Martín – Tres de Febrero. Leonardo Moreno, Delegado SUTEBA Exaltación de La Cruz. Carolina Faber, Delegada SUTEBA San Vicente - Presidente Perón. Fernando Lobato, Delegados SUTE Mendoza Vanina Frecentese, Delegados SUTE Mendoza Teresa Roura, Delegados SUTE Mendoza Violeta Ayles, Delegados SUTE Mendoza. Martín Lamas, delegado UNTER Valle Medio (Río Negro). Mariano Garrido, delegado.ADEMYS Martín Rodríguez Miglio, Delegado IDEI-UNGS. Pamela Peyran (Congresal de UTE), Andrés Carpintero (Delegado Revista Veintitrés), Alfonso de Villalobos (Delegado de Tiempo Argentino), Brian Majlin (Delegado Minuto Uno), Hernan Herrero (Delegado El Cronista), Leonardo Villafañe (Delegado El Cronista), David Nudelman (Delegado diario BAE), Elsa Castro (Delegada ATSA del Centro Gallego), Pablo Eibuszyc (Congresal Fatel y delegado Foetra edificio Libertad), Flavio Pereyra (Delegado Foetra edificio República), Belén Díaz (Delegado Foetra edificio Florida Personal) Guido Fuentes (Delegado Foetra edificio Caballito Personal), Rolando Roque (Delegado Foetra Vicente López), Jonathan Marin (Delegado Foetra ed. Libertad), Nicolas Quiroga (Delegado Foetra ed Golf), Silvia Vermi (Delegada Foetra Ed. Palermo), Matías Tomasello (Consejo de Representantes Foetra), José Sosa (Congresal Fatel ), Javier Lewkowicz (Delegado Cepetel Ed. Talcahuano), Rolando “tito” Gozalez , Jose Ali (Delegados telefónicos Cutralco), Carlos Artacho, delegado de FOETRA, Ed. Costanera Soledad Domenichetti, delegada de FOETRA, Ed. CIBA Martín Durand, delegado de FOETRA, Ed. Vernet Ana Goussies, delegada de FOETRA, Ed. Culpina Mariela Pozzi, delegada de Foetra, Ed. Piedras Silvia Leguizamón, delegada de Foetra, Ed. Piedras Guillermo Schmal, delegado de Foetra, Ed. Flores Volta Diego Marina (Delegado Hielo Cipolleetti), Hector River (Comisión Directiva Unter Cipolletti), Jose Luis Vazquez (Delegado Papelera Molarsa Neuquen ), Norma Dardik (Delegada Ate Villa Regina), Aldo Busatto (Delegado Aerolineas Argentinas APTA), Hector Echagüe (Delegado Aerolineas Argentinas APTA), Martín Agosti (Delegado Banco Provincia), Fabiana Sotelo Delegada de Base de Banco Provincia Sucursal Boedo Rocío Salgueiro (Congresal Conaduh) Lucas Giono (Congresal Conadu H), Ana Atorresi (Congresal ADURN Rio Negro), Marcelo Hernández (Congresal ADUNLU Lujan), Carlos Figuez (Congresal ADIUNSA Salta), Silvio Fanti “Marley” (Lear), Alicia Navarro Palacios, secretaria de DDHH del Consejo Directivo ADEMyS Marilina Arias, vocal Consejo Directivo ADEMyS Federico Puy, delegado docente y Congresal UTE Hernán Cortiñas, delegado docente y Congresal UTE Julieta Azcarate, delegado docente y Congresal UTE Luciana Elger Vargas, delegado docente UTE Mariela Petris, delegado docente UTE Nicolás Gómez Perdigón, delegado docente UTE Herera Giselle, delegado docente UTE José María Pérez, delegado docente UTE Marcos Ahumada, delegado docente UTE Hernán Cortiñas, delegado docente UTE Adriana González, delegado docente UTE Marisel Vannini delegada de UTE Rossi Constanza delegada UTE Ivana Otero delegada UTE Melody Blanco delegada UTE Pérez Marcelo delegado UTE Agrupaciones y Listas Sindicales Lista Bermellón de ATE Tribuna Estatal Agrupación Victor Choque de ATE ATE desde Abajo Agrupación Marrón Clasista CTA Estatales en Marcha - Lista Fucsia de ATE Corriente de Estatales Organizados Lista Verde-Roja-Negra ATE Ministerio de Educación y Deporte Nación Agrupación Naranja Nuclear CNEA Agrupación Naranja del Hosp. Garrahan Agrupación Naranja Nuclear AFTIC Agrupación Naranja ATE INTI Agrupacion Si Se Puede Trabajadoras/Es Del Hospital Garrahan Tribuna de Salud Tribuna Docente

Foto: Ber Cornejo Una columna que se extendía desde la Avenida 9 de Julio hasta el Congreso marcó la jornada de lucha del 8 de marzo en la Capital Federal. Organizaciones de mujeres, entre ellas el Plenario de Trabajadoras, se movilizaron de manera unitaria e independiente de los partidos de gobierno, junto a la CTA Autónoma, CONADU Histórica, AGD UBA, Ademys, Suteba La Matanza, la Comisión de Mujeres de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, la Junta Interna de Promoción Social y la Federación Universitaria de Buenos Aires, entre otros. Encabezando la marcha estuvieron Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ese mismo día, por la mañana, Elia Espen logró declarar anticipadamente en la causa que investiga la desaparición de su hijo Hugo Miedan. Junto a ellas estuvieron las y los diputados del Frente de Izquierda, que participaron de toda la movilización, entre ellos Soledad Sosa, Néstor Pitrola, Pablo López y Marcelo Ramal. Fueron protagonistas distintas víctimas de violencia, como Gabriela Macías, ex esposa del Secretario de Gobierno de Río Gallegos, quien viajó hasta Buenos Aires para nacionalizar la denuncia contra este funcionario golpeador, encubierto por todo el arco político patronal y la justicia provincial, y reclamar su destitución. Se hizo presente Karina Abregú, cuya ex pareja la prendió fuego y no ha conseguido que el Consejo Nacional de las Mujeres le brinde ningún tipo de asistencia desde 2015. La normativa establece que el Estado prestará ayuda si las quemaduras se dan en el 70% del cuerpo, mientras que Karina “sólo” tiene el 60% afectado. También movilizaron las familiares de Silvia y Yamilia Rosso, asesinadas en 2014 por un informante de la policía en Avellaneda. Y amigos y familiares de Suhene Caravalos, muerta tras una larga agonía después de una paliza que le propinara su ex pareja. En un fallo escandaloso que busca ocultar la inoperancia de la casta judicial, la Corte Suprema acaba de dictaminar que murió producto de una trombosis que le produjeran las pastillas anticonceptivas. Sobre las ocho de la noche se dio lectura al documento unitario en Plaza de Mayo que dio cuenta de la continuidad de la política misógina del kirchnerismo en el gobierno del PRO, con la negativa a legalizar el aborto, con el aumento de los femicidios en el país y el encubrimiento de las redes de trata. Durante la lectura se denunció que la precarización laboral extendida durante el “modelo nac&pop” pavimentó el camino para el vaciamiento ulterior de Macri de los programas de asistencia a la mujer; que la carestía de la vida, los tarifazos, los salarios a la baja, la falta de vivienda, educación y salud públicas, forman parte del mundo de las mujeres trabajadoras desde hace décadas, constituyendo una verdadera política capitalista de Estado. Entre los puntos más aplaudidos del documento estuvo el repudio al pago de la deuda externa y el acuerdo con los fondos buitres, el apoyo al santiagueñazo docente y la denuncia de la represión ejercida por el gobierno K de Zamora, la exigencia de que se apruebe el proyecto de la Campaña por el Derecho al Aborto en el Congreso tras largos años de ser cajoneado, la denuncia de la impunidad reinante en Tucumán en torno a los casos de Marita Verón y Paulina Lebbos, el llamado a la solidaridad internacional con las mujeres que luchan en todo el mundo contra la opresión y el ajuste capitalista, y el llamado a movilizar con fuerza este 24 de marzo contra la impunidad de ayer y de hoy, repudiando la visita de Obama al país y el cínico galardón que entregará a Macri por su nula contribución a los Derechos Humanos. Fracaso K A días de realizarse este acto que convocó a más de 30 organizaciones de lucha, el Movimiento Evita y representantes de la burocracia de Yasky, en nombre de La Cámpora y otra serie de organizaciones K, anunciaron que realizarían un acto en la Plaza de Mayo a la misma hora que estaba convocada la actividad multisectorial que se desenvuelve sistemáticamente en el mismo escenario desde hace por lo menos 20 años. Este intento de usurpación política de parte de organizaciones que abandonaron cualquier tipo de lucha por los derechos de las mujeres durante los últimos 12 años para defender las políticas de Estado causantes de este cuadro de situación, intentó ser maquillado con una propuesta de sacar una foto de todas las organizaciones juntas contra Macri, que sólo fue rechazado por una posición de principios por el Plenario de Trabajadoras. Finalmente, la marcha kirchnerista se caracterizó por su escaso número y su intento de suplir un movimiento real con una convocatoria de aparato. Queda planteada la necesidad de profundizar la organización de un movimiento que suscita la simpatía de amplias capas de la población, y orientarlo en la lucha por revolucionar este régimen social de pies a cabeza.

El 28 de febrero se celebró en Estados Unidos la 88ª edición de los Oscar, una entrega muy politizada en medio de las convulsivas elecciones primarias en el país. El galardón llegaba con un fuerte nivel de denuncia, a partir del anuncio de un boicot para protestar que no se incluyeran afrodescendientes entre los nominados principales por segundo año consecutivo. Habían impulsado la protesta artistas como el director Spike Lee, el actor estadounidense Will Smith y su esposa Jada Pinkett. El lema del reclamo era #OscarsSoWhite. El humorista afroamericano Chris Rock, maestro de ceremonia de los Oscar, mantuvo un discurso irónico y paródico en torno al boicot y al racismo. A pesar de señalamientos importantes como la represión policial, pareció más un intento de la Academia de bloquear y neutralizar las denuncias. Este ángulo fue acompañado por toda una estructura paródica por parte de la Academia: llegaron a poner a un grupo de pequeñas ‘girls scout’ afroamericanas a vender galletas para una colecta. "En el '62 y '63 tampoco había nominados negros, pero no había protestas porque teníamos cosas serias para protestar. Teníamos que preocuparnos porque no fueran a matarnos o a violarnos”, relativizó Chris Rock durante sus monólogos. Otro de los temas abordados fue el de los abusos sexuales -en especial los que se producen en los campus universitarios de Estados Unidos, con la intervención, en la ceremonia, del vicepresidente del país, Joe Biden. El funcionario, tras un breve discurso, quedó a cargo de la presentación de la gran cantante Lady Gaga -que venía de participar de una oda al imperialismo yanqui en el SuperBowl-, quien interpretó al piano una canción junto a víctimas de abusos sexuales, ella misma incluida. Biden encabeza una inocua campaña llamada “Depende de nosotros”, que no ha tenido ninguna efectividad para reducir los abusos, que alcanzan en algunos liceos a un tercio de las estudiantes universitarias. La Academia ha jugado aquí también un papel de encubrimiento del régimen político. Finalmente, el actor Leonardo DiCaprio, ganador del Oscar por “El Renacido”, enunció una contundente denuncia ambientalista: "’El Renacido’ es sobre la relación de un hombre con el mundo natural. En 2015 tuvimos el año más caliente. El cambio climático es algo real, es la amenaza más urgente que enfrenta nuestra especie. Tenemos que trabajar de manera colectiva, no seguir dejando las cosas para después. Tenemos que apoyar a líderes en el mundo que no hablen en nombre de las grandes corporaciones y grandes contaminantes sino por la humanidad, por los pueblos indígenas, por los millones y millones de personas más afectadas por esto, por los hijos de nuestros hijos y por toda esa gente que ha visto sus voces acalladas por la política de la codicia. No demos por sentado nuestro planeta”.

Hace unos días se conoció la noticia de que el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, le solicitó a la jueza Arroyo Salgado que disponga una medida cautelar para frenar todas las obras que se estén realizando o estén próximas a comenzar en countries y barrios cerrados de la ribera del río Luján y el Delta del Paraná. El funcionario argumenta "que la proliferación de construcciones en esas zonas provoca inundaciones" ( El Civismo , 29/2). Según informó el sitio fiscales.gob.ar , la causa se inició en abril de 2012 por una denuncia que alertaba sobre los peligros de esas obras para el medio ambiente. El expediente se fue ampliando a raíz de las inundaciones de octubre de 2014 y agosto de 2015, que produjeron varias muertes, miles de evacuados, cortes de rutas y caminos, así como grandes pérdidas materiales (ídem). El solo hecho de que un funcionario judicial reconozca la gravedad del asunto es un reconocimiento a la denodada lucha que desde hace años vienen desarrollando las organizaciones ambientales, de inundados y politicas, incluido el Partido Obrero. Las permanentes denuncias que realizamos sobre las alteraciones al curso del río Luján que realizan los megaemprendimientos inmobiliarios, son las principales causales de las inundaciones ya que acaparan los márgenes inundables y los humedales. Esto dificulta el escurrimiento rápido e inundan las zonas más bajas (barriadas obreras). Esta definición "científica" es por la tarea de investigación de las organizaciones ambientales, cuando debería hacerlo el comité de cuenca, una cáscara vacía. Aquí lo que prima no es una desgracia de la naturaleza, sino una clara orientación social que privilegia al capital inmobiliario, de la que dan el visto bueno todas las intendencias de la región, sean kirchneristas, macristas o massistas y del gobierno provincial. Hay que agregar, también, que hace más de un mes la provincia de Buenos Aires anuló el Código de Ordenamiento Urbano de Luján, aprobado a mitad del año pasado en una sesión a las apuradas para cerrar negociados urgentes que tenían en carpeta. El COU, que había sido frenado en 2013 por la movilizacion popular, fue aprobado luego de hacerle algunos retoques por parte de la gestión del PRO y el "consenso" de la oposición K y del Frente Renovador. Probablemente, la provincia haya hecho este recule para volver a la carga luego con otras modificaciones que plazca sus intereses. El Partido Obrero de Luján plantea la necesidad de exigir (mediante un plan de acción y movilización) que se dicte la cautelar, velar por su cumplimiento efectivo y promover asambleas vecinales de los distritos de la región, que se organicen por un plan de urbanizacion a la medida de los intereses de las mayorías trabajadoras (obras hídricas, traslado de viviendas de zonas inundables, plan de viviendas y de espacios verdes, etc.).

El empresario Marcelo Mindlin, dueño de Edenor y uno de los principales responsables de los cortes de luz y beneficiado con el reciente tarifazo, anunció que su holding Pampa Energía, tiene avanzadas las negociaciones para comprar la filial argentina de Petrobras por 1.200 millones de dólares. El gobierno macrista le autorizó a Edenor un aumento en la tarifa de la luz del 700%, mientras la empresa dejaba a medio millón de personas sin electricidad, con la excusa de que sus ingresos no les alcanzaban como para invertir en las obras necesarias para evitar los cortes que, dicen, con la ayuda del tarifazo, se superarían dentro de un año. Pero la solvencia de Mindlin queda al descubierto con los millones que Pampa Energía tiene a disposición para realizar la compra del 67% de Petrobras Argentina (Pesa), incorporando así yacimientos, estaciones de servicio, destilería, petroquímicas, centrales de energía y más participación en Transportadora Gas del Sur. El pulpo de Mildlin era ya la mayor empresa integrada del país, con Edenor, Transener (transporte de electricidad), TGS y generadoras. Constituyó su emporio energético gracias a los subsidios directos que le fueron otorgados durante los años de gobierno K, en los que no invirtió ni un peso y llevó a un deterioro mayúsculo al sistema eléctrico argentino. Ahora sigue creciendo alimentado por el tarifazo, otorgado por Aranguren y Macri. Emergencia energética es el nombre que se le ha puesto al desfalco, no hay ni siquiera planes de obras. Para salir de la crisis energética hay que nacionalizar sin pago a todas las compañías, bajo control de sus trabajadores y abrir sus cuentas.

En nuestro segundo plenario de Jubilados Clasistas, el 19 de febrero pasado, participaron 37 compañeros, lo que supuso un salto importante respecto del lanzamiento de nuestra agrupación, en diciembre de 2015, cuando un puñado de compañeros nos propusimos llevar adelante la tarea de organizar a jubilados y pensionados con un planteo clasista. En algunos locales -como Paternal, Boedo, Saavedra- se está convocando a reuniones preparatorias del próximo plenario que realizaremos el viernes 18 de marzo. Un dato llamativo del segundo encuentro fue que varios de los concurrentes se acercaron por el volante de la agrupación que distribuimos en algunas colas de cobro de los bancos y en el Pami, donde convocábamos al plenario con los ejes de un aumento de emergencia de 5.000 pesos y 9.000 de jubilación mínima. Varios de los jubilados invitados realizaron importantes intervenciones, con planteos que coincidieron con el programa que Jubilados Clasistas viene proponiendo, como el 82% móvil del salario del trabajador en actividad en la misma categoría y función; que la gestión del Pami y el Anses esté en manos de los trabajadores y los jubilados, y los 5.000 pesos de emergencia y los 9.000 de mínimo, como reivindicaciones centrales. Se debatió y se aprobó el carácter clasista de nuestra organización, por su independencia política respecto de los bloques y partidos patronales, y la necesidad de vincular sólidamente nuestros reclamos a los del conjunto de los trabajadores. Como parte de este planteo se aprobó intervenir en el encuentro sindical que estaba convocado en Racing y se denunció a la burocracia que dirige las centrales sindicales y la mayoría de los sindicatos. Varios de los concurrentes participan en distintos centros de jubilados e incluso uno es dirigido por un compañero que estuvo presente en el plenario. También hubo jubilados que forman parte de un comedor popular de Belgrano. En todos los casos, los compañeros se propusieron llevar nuestros planteos y materiales a estos centros. En la reunión se recaudaron 400 pesos para un fondo de la agrupación. Como resultado de la reunión, se conformaron sendos núcleos de jubilados en Boedo y Paternal, que se suman al original de Saavedra. Y varios compañeros manifestaron su disposición a impulsar núcleos similares en otros lugares de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. No descuidamos el tema de las “redes” y armamos una página en facebook (Jubilados Clasistas) que se instaló con un importante crecimiento en muy poco tiempo; en algunos locales (Paternal, Boedo, Saavedra) se está convocando a reuniones preparatorias del plenario del 18 de marzo. Como Jubilados Clasistas fuimos invitados y aprobamos concurrir el martes 8 de marzo a la audiencia en Comodoro Py por el caso del hijo secuestrado y desaparecido de la compañera Elia Spen. Este desarrollo en tan corto tiempo muestra el acierto de la creación de la Agrupación Jubilados Clasistas como instancia de organización y reagrupamiento de los trabajadores “pasivos”. El Plenario del 18 de marzo será una oportunidad de balancear este breve pero intenso período de trabajo y de proponernos nuevas metas de desarrollo e iniciativas de lucha, en un escenario político donde las brutales medidas antiobreras y antinacionales del gobierno de Macri comienzan a ser enfrentadas por los trabajadores. La cita del 18 de marzo es a las 18 horas, en Mitre 2162, Ciudad de Buenos Aires. Convocamos a todos los compañeros que se acercaron y a quienes se sientan involucrados a trabajar por un gran plenario que signifique un nuevo salto cuantitativo y cualitativo.

El intendente de Lanús, Néstor Grindetti (PRO), lleva adelante la versión local del ajuste que Macri impulsa a nivel nacional. Primero despidió masivamente trabajadores municipales y ahora propone una paritaria a la baja. A fines de diciembre, con una modalidad cínica de "no renovar los contratos", el intendente despidió a alrededor de 300 trabajadores. Para ello, Grindetti contó con la colaboración del kirchnerismo que gobernó el distrito los últimos años, manteniendo a centenares de trabajadores municipales en condiciones precarias y contratos (horas cátedra, plan envión, entre otros). La gestión de Díaz Pérez fue la que dejó el terreno preparado para el ajuste macrista. Grindetti también contó con la colaboración de Miguel Pedelhez, secretario general del sindicato de municipales, que no convocó una sola medida para defender los puestos de trabajo y, de hecho, fue cómplice de la precariedad de los municipales durante el gobierno PJ-FpV. La colaboración de Pedelhez con el gobierno municipal es explícita, como lo ha manifestado su agrupación "la Descartes". Esta mano que le está dando el histórico burócrata sindical a Grindetti para que imponga el ajuste en el distrito, se pone nuevamente de manifiesto en la "discusión paritaria". Pedelhez acaba de declarar ante un portal de noticias que va a reclamar un piso del 30%. Este piso expresado por quien reclama el aumento, se transforma inmediatamente en el techo. Así da una fuerte señal al intendente, y prepara el terreno para que imponga un aumento que podría acercarse al 25%, tal como pretendía Macri para el conjunto de los gremios. Un aumento de estas características implica una rebaja salarial frente a una inflación que será del 40% anual por lo menos. Quieren llevar los salarios municipales a mayores niveles de miseria, mientras el básico es apenas la mitad de los sueldos que rondan los 4 ó 5 mil pesos. Los trabajadores denuncian una fuerte presión y disciplinamiento laboral con amenazas de despidos, que tiene por objetivo superexplotar y amedrentar ante cualquier tentativa de organización en defensa del salario y las condiciones laborales. Compañeros han denunciado que esta situación ya ha causado problemas de salud entre los trabajadores, incluyendo un trabajador que sufrió un ACV en el lugar de trabajo. El malestar en la base trabajadora crece, y la paritaria y el próximo ajuste nacional pueden ser detonantes. Las declaraciones de la concejal del FpV Augusta Vicius son reveladoras del rol del kirchnerismo frente al ajuste. Vicius aseguró que “no van a permitir más despidos”, aceptando los que ya pasaron; por otro lado, no se hace cargo de la responsabilidad del FpV por la situación precaria de cientos de municipales. Tampoco hace referencia a los despidos en municipios donde gobierna el kirchnerismo ni a los despidos y represión de Alicia Kirchner en Santa Cruz. Para hacer frente a los planes de ajuste es necesario impulsar asambleas en los diferentes sectores del municipio para que el conjunto de los trabajadores municipales vote paritarios, y elabore un pliego de reivindicaciones y un plan de lucha. Están planteados como puntos fundamentales la reincorporación de los despedidos, el pase a planta permanente de todos los contratados, un aumento salarial del 40%, la indexación mensual del salario para que no se lo coma la inflación galopante, y el blanqueo de todos las sumas que componen el salario.

En la última semana hubo una nueva oleada de despidos en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Con los despidos en la Unidad de Investigación Financiera (UIF) y en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), ya son 600 los trabajadores de este ministerio dejados en la calle. La situación será aún más grave cuando las autoridades del PRO anuncien los anticipados despidos de los compañeros contratados de planta transitoria y Artículo 9. La gran mayoría de los trabajadores tenemos contratos precarios, un legado de la gestión K del ex ministro Julio Alak y el ex secretario de la cartera, Julián Álvarez, que son la base sobre la que se asienta el macrismo para armar los despidos que estamos sufriendo ahora. La mayoría de los despidos consumados hasta el momento son de trabajadores contratados a través de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara), una truchada armada para tercerizar el vínculo laboral con los empleados. Con el argumento falaz de los “ñoquis” (muchos de los cuales se perpetuarán en la nueva gestión) están destruyendo puestos de trabajo reales. En muchos casos desmantelando áreas enteras, como sucede con los programas vinculados a los juicios de lesa humanidad del Ministerio. Si bajo la gestión kirchnerista que ascendió a Milani como jefe del Ejército, la tarea de dichos programas encontró límites objetivos, el discurso macrista, más cercano a la repudiable editorial de “La Nación” exigiendo el fin de los juicios a los genocidas y los despidos porque “sobra gente” en el ministerio, sólo puede suponer una profundización de una política de impunidad por parte del Ejecutivo en esta materia. Para frenar los despidos es necesario reorientar la lucha La lucha contra los despidos en el Ministerio choca con el accionar tanto de UPCN como de ATE. La política de UPCN han sido las negociaciones a puertas cerradas y la desmovilización de los trabajadores. ATE ha jugado a la dilatación del conflicto apostando también a una mesa de negociación: a un mes y medio de los primeros despidos, consiguieron menos de 40 reincorporaciones, mientras la gestión avanzó con 100 despidos más. La Junta Interna de ATE (Verde) renunció a organizar a los trabajadores: no convocaron a ninguna asamblea, refugiándose en reuniones cerradas. Frente a esta parálisis, ATE Capital (vinculada con el kirchnerismo) convocó a numerosas asambleas, pero se negó a impulsar un plan de lucha contundente, lo que desmoralizó y alejó de la lucha a muchos compañeros y trabajadores despedidos. El paro del 24 marca el camino A pesar de esta orientación, el paro del 24 encontró a casi 1.000 compañeros del Ministerio de Justicia en la calle (aunque divididos por la interna faccional de ATE). Esta movilización tiene que ser el punto de partida de un plan de lucha con paros, piquetes y ocupaciones. Así se logró revertir una importante cantidad de despidos en el Inadi, donde está planteado retomar la lucha por la reincorporación del resto. Necesitamos urgentes asambleas generales por edificio sin distinción de afiliación que organicen el paro, la permanencia y la movilización. Con la iniciativa de los trabajadores podemos superar la parálisis de las burocracias.

Ya son once los municipios salteños que despidieron trabajadores. El gobernador, Juan Manuel Urtubey, promete hacer “lo humanamente posible” para sostener las finanzas de la provincia, pero encabeza a los gobernadores que avalan el pacto con los buitres incondicionalmente. Urtubey aplaudió la eliminación de retenciones al agro y la minería, generando sólo para este año la pérdida de al menos 2.000 millones de pesos para los municipios. Tampoco revisó los impuestos y tasas provinciales miserables que pagan estos pulpos ni los subsidios que reciben. Con ese paquete explosivo, el ajuste empieza a producir sus primeras eclosiones desde la base del Estado, los municipios. Urtubey no paga el fondo compensador a las comunas y por su “descentralización” los municipios concentran al menos 15.000 trabajadores precarizados, quienes son los primeros en sufrir los despidos. Pero el ajuste va más allá: en Aguaray y San Lorenzo, se despiden trabajadores de planta y se los toma nuevamente pero con la mitad del salario y en negro. En Colonia Santa Rosa, el intendente Guerra reemplaza a los despedidos de planta por jornaleros a los que paga migajas. Se ha reunido el foro de intendentes para anunciar que no van a pagar la pauta de ajuste miserable que arregló la burocracia con Urtubey. El resultado de toda esta política es una mayor parálisis de la obra pública municipal y de sus servicios. En la capital, el massista Sáenz subió en por lo menos un 30% todos los tributos sin que esto tenga como contrapartida una mejora en la obra pública. Moldes, ¿el signo de la etapa? Urtubey no dudó en reprimir y criminalizar la protesta de los obreros que enfrentaron los despidos en Coronel Moldes y Cerrillos. Pero ante el fracaso impuso junto al PJ la intervención de Moldes hasta 2017. Es que las intervenciones “cortas” de Colonia Santa Rosa y El Bordó han sido impotentes para realizar el trabajo sucio; por eso el gobierno decidió abrir con esta medida, a todas luces antidemocráticas, una etapa prolongada de maniobras contra los moldeños para imponerles el ajuste. La intervención tuvo que sortear una crisis dentro del PJ y con la banda de intendentes, quienes se pusieron en guardia contra “la política de la intervención permanente”. Es que todos los municipios se encuentran al borde del default. García, el intendente intervenido, iniciaba su tercer mandato siempre propuesto por Urtubey. Los intendentes no quieren que se cuestionen sus feudos. En Diputados, un referente del kirchnerismo dijo que “no puede ser que las tomas de municipalidades por parte de cinco obreros revoltosos se deban resolver con intervención, cuando podríamos solucionarlo con la policía”. Abajo el ajuste Más allá de la lucha de camarillas, todos los intendentes se alinean con Macri y Urtubey en el ajuste que impone el arreglo con los buitres. El endeudamiento de los municipios crecerá geométricamente empujando los despidos y hasta enajenando el patrimonio para pagar deudas, como en el caso de Moldes, que debió entregar en este concepto tierras fiscales que estaban destinadas a familias sin techo. Al ajuste de los Macri, Urtubey, Sáenz y el resto de los intendentes oficialistas y kirchneristas, el Partido Obrero opone un programa por la reincorporación y el pase a planta de todos los despedidos. La apertura de los libros contables al pueblo para acabar con los desfalcos, mientras proponemos un impuesto extraordinario a los capitalistas que se benefician con la devaluación, los tarifazos y la inflación, para financiar los salarios y la obra pública bajo control de los trabajadores. En esta perspectiva, llamamos a los trabajadores y al conjunto de la población a organizarse junto con el PO para derrotar el ajuste, recuperar los sindicatos y organizaciones populares, así como en poner en pie una alternativa política de los trabajadores.

El gobierno provincial de Santa Fe se ha empeñado en las últimas semanas por mostrar algún tipo de diferenciación con el gobierno nacional. Pero esto es sólo para las tribunas. Los puntos esenciales del régimen que Macri quiere poner en pie cuentan con el total acompañamiento del gobierno provincial. En la línea del pacto buitre, el gobernador, Miguel Lifschitz (PS) y el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, anunciaron un plan de endeudamiento para Santa Fe con emisión de títulos públicos a tasas usurarias. Saglione fue a buscar inversores y a debatir las condiciones del plan a la convención del J.P. Morgan en Estados Unidos. Ajuste y lucha en la provincia El gobierno, en acción común con las burocracias sindicales, pretende cerrar las paritarias. Del otro lado, los trabajadores dan cuenta de su voluntad de lucha para ir por más. Santa Fe es una de las provincias del No Inicio en la docencia, lucha que empuja a estatales y municipales. El gobierno provincial trata de cerrar por ahora el capítulo paritarias con aumentos engañosos que no llegan al 30% y en cuotas. La semana pasada tuvo lugar un paro general en el cordón industrial de San Lorenzo contra 400 despidos en la empresa Ar Zinc. La dirección de la CGT San Lorenzo anunció que de no haber avances en la discusión con la empresa irá por un paro de 48 horas en dos semanas. En las metalúrgicas hay un torbellino de despidos que se traslada de lugar en lugar. Del cierre de Paraná Metal, a las suspensiones en Acindar, pasando por despidos en el cordón de la zona sur de Rosario, empresas como Bambi y Electrolux. La aceitera Ricedal de la localidad de Chabás despidió a 28 trabajadores y grupos especiales de la policía de Santa Fe se apostaron en la ciudad, hecho que denuncia la Federación Aceitera. Lifschitz dice que no quiere criminalizar las protestas tras el protocolo de Bullrich, pero el ministro de seguridad provincial, Pullaro metió el garfio sin problemas en la adhesión al protocolo El ministro de Trabajo provincial jura que los despidos son casos puntuales. La cuestión es que se van sucediendo despidos en una empresa tras otra. El Frente Progresista permite que siga esta sangría obrera en Santa Fe. El paro nacional de ATE, contó con una demostración de lucha por parte de los estatales que se movilizaron en Rosario. Los docentes y especialmente Amsafe Rosario están protagonizando movilizaciones semanales, que acompañan el paro con una gran concurrencia. El paro del general del cordón industrial de San Lorenzo demostró también una predisposición a la huelga en numerosas fábricas. Es sabido que hoy es Ar Zinc, pero mañana es otra empresa. Es necesario poner en marcha una campaña política que denuncie la convalidación del pacto buitre por parte del gobierno provincial. Esta gran entregada nacional, tendrá duras consecuencias para los trabajadores de Santa Fe. Contra la política del gobierno provincial y los municipios de todos los colores políticos, apoyemos todas las luchas en curso. Por quebrar los techos paritarios, contra los cierres de fábricas y despidos en la industria. Contra el impuesto al salario.

El 22 de febrero se realizó un acto en el cuarto aniversario de la masacre ferroviaria de Once, convocado por la Comisión de Familiares de Víctimas de dicha tragedia que se cobró la vida de 51 personas y alrededor de 700 heridos, muchos de ellos lisiados y /o con graves daños en su salud. La importancia especial de este acto es que se realizó luego de dictadas las sentencias en el juicio el 29 de diciembre pasado, con 21 condenas para empresarios y funcionarios. Los Familiares y Amigos de las Víctimas reclamaron que se declaren firmes las condenas y cárcel común para los condenados. Esto porque el problema se está dilatando: recién el 30 de marzo se conocerá el texto de las sentencias. Y, a partir de ahí, se abre un período de apelaciones que puede llevar mucho tiempo, en el que estarán en libertad antes de que reciban su veredicto. Además exigieron que se procese a Julio De Vido, ex ministro K, el cerebro que habilitó el desvío de fondos ferroviarios por los empresarios Cirigliano. También se planteó que gran parte de los heridos no ha recibido el apoyo económico necesario para enfrentar las secuelas sufridas en su salud. Es necesaria una ley de resarcimiento a cargo del Estado, pero financiada con la expropiación de los fondos de los empresarios y funcionarios culpablesA la luz de la prisión domiciliaria otorgada al responsable del crimen de Mariano Ferreyra, el burócrata de la Unión Ferroviaria José Pedraza, hay que tomar en cuenta las presiones y coimas que correrán para que los culpables eviten la cárcel o bien la "sufran" en sus countries o pisos de lujo. El acto se realizó en el andén 1 de Once, la estación donde ocurrió la masacre y contó con más de un centenar de asistentes. Nuestro partido acercó su solidaridad con la lucha de los compañeros contra la impunidad. Más que nunca es necesario redoblar la movilización independiente de los familiares convocando a los trabajadores ferroviarios -que vienen reclamando también por la absolución del maquinista Córdoba, condenado como contrapartida y chivo expiatorio a tres años y cuatro meses de prisión- y al conjunto de las organizaciones que han acompañado esta lucha.

El lunes 29 de febrero, en el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires se notificaron 40 despidos de planta temporaria, de un listado de 80 en esa situación, que finalizan el 31 de marzo. Ese mismo día se desenvolvió en el ministerio una gran asamblea que contó sólo con el apoyo de ATE. El primer paso fue pedir que de manera urgente el ministro, Leonardo Sarquis, ex gerente de semillas nada menos que de Monsanto, nos recibiera, pero se negó a hacerlo y huyó por la puerta trasera. Logramos que el director general de Administración nos entregara el listado de los despedidos. Reconoció que no había un criterio ni razón para despedir a los compañeros, más que la decisión política de hacerlo. Lo que encendió a los trabajadores fue saber (sin que nadie lo negara) que la lista de despidos la confeccionó UPCN, hecho que se confirmó cuando llegaron las notificaciones de la mano de la subdirectora de Personal, también delegada gremial. Pero la solidaridad de sus compañeros y la firme decisión de los de afuera, obligaron a que debieran dar marcha atrás y las compañeras ingresaron sin mayores problemas en su repartición. Desde el primer día estamos en estado de asamblea permanente, con recorridas por los pisos donde denunciamos que despiden trabajadores pero aumentan los subsidios a los tamberos, al trigo y al maíz. Las asambleas son cada vez más numerosas. De lunes a viernes hemos ocupado el piso 7 (donde se ubican los despachos de las autoridades) durante las tardes con realización de batucadas masivas, con las que arrancamos el compromiso de una reunión con el ministro. El jueves dimos un paso adelante, realizamos una radio abierta cortando junto a los municipales las calles 12 y 51. Se leyeron notas de las oficinas pidiendo las reincorporación de los despedidos firmadas por todos sus compañeros, y hablaron los propios despedidos dando cuenta de que no son ñoquis, que detrás de ellos hay familias, y contando las tareas que realizan. También participaron compañeros temporarios que no han sido echados y familiares de quienes quedaron dentro, dando otra muestra de solidaridad de clase. Del corte participaron numerosas juntas internas, como las de Educación, OPDS, Economía, Ioma, Legislatura, Arba, Producción y el Suteba La Plata. En medio de la radio abierta recibimos la noticia de que nos levantaban la reunión con el ministro por otra el lunes 7 en el Ministerio de Trabajo a la que votamos ir movilizados. La asamblea también votó el rechazo a la oferta del 15% de Vidal, contrastando con la aceptación de UPCN a dicha oferta. Esperamos la reunión del lunes con la firme decisión de dar esta lucha hasta ganar. Hasta la reincorporación de los 40 despedidos.

El 4 de marzo se realizó una manifestación en la plaza 9 de Julio de Posadas reclamando por los despidos. En el mismo participaron estatales de distintos organismos. Dentro de los medios de prensa que cubrieron la manifestación aparecieron dos personas, presuntos periodistas de un medio local. Luego de hacer varias entrevistas tomaron imágenes de todos los manifestantes y ante la consulta insistente para develar su acreditación los presuntos periodistas se retiraron súbitamente. Luego de una investigación por parte de ATE se pudo determinar que ambos sujetos eran policías y que forman parte de una estructura de espionaje que existe en la provincia para investigar en forma clandestina a organizaciones sociales, sindicatos, etc. Uno de los sujetos es un cabo de la policía llamado Cristian Soto, del otro resta confirmar su identidad. Estos hechos gravísimos, muestran el carácter conspirativo hacia las filas obreras de los "servicios de seguridad". También, queda claro que el aparato estatal represivo no sólo está intacto desde la dictadura sino que fue y es recreado por cada gobierno que ostenta el poder del Estado. El Partido Obrero ha denunciado este hecho y responsabiliza por el mismo tanto al gobierno nacional saliente, que dejó montado el andamiaje del Proyecto X para el espionaje de las organizaciones populares, como al gobierno entrante, que debuta con un protocolo represivo. Denunciamos también al gobierno provincial “renovador” que dice que no suscribe el protocolo Bullrich pero aplica el mismo espionaje con las fuerzas policiales locales. Así, se prepara para continuar la línea represiva que demostró en la salvaje represión en el puente de Posadas, hace apenas dos años. ¡Abajo el espionaje y la represión contra el movimiento obrero! ¡Por la apertura de los archivos de inteligencia y el desmonte del aparato represivo nacional y provincial!

El viernes 4, en reunión paritaria, el gobierno provincial de Vidal ofreció un aumento salarial del 15 por ciento en dos cuotas: 5% enero y febrero, más un 10% a partir en marzo para el primer semestre del año, con “la promesa” de reabrir la negociación en julio. Esta oferta salarial a la baja se da en un cuadro devaluatorio e inflacionario, seguido por una ola de despidos entre estatales de nación, municipios y también la provincia, como ocurre en el Ministerio de Agroindustria. El gobierno de Vidal está profundizando el ajuste iniciado por Scioli. El ajuste implica también recortes a los cupos en los comedores escolares, faltante de cargos, la continuación de contratos precarios y la falta de insumos en los hospitales. En este cuadro se realiza ésta oferta miserable. Rápidamente, la burocracia de UPCN salió a firmar como un “logro histórico”, lo que debe repudiar el conjunto de los estatales. La posible reapertura paritaria para mitad de año es otra estafa, ya que la misma apunta a un “reajuste” menor después de los tarifazos y aumentazos del semestre. Los gremios nucleados en FEGEPPBA vieron de manera “positiva” el acuerdo, aunque Soeme realizará retenciones de servicios parciales para disimular su apoyo, como realiza año tras año. Por el lado de ATE, se rechazó la oferta y se convocó a un paro provincial de 24 horas horas el miércoles 9, con movilizaciones regionales y llegadas a distintos ministerios. El reclamo de palabra es de un 44% de aumento en una sola cuota, pero no se ha adoptadn ningún plan de lucha. Los estatales necesitamos un plenario de delegados provincial con mandato que unifique a los trabajadores detrás de un programa, el cual resuelva un plan de lucha con movilizaciones y paros progresivos para triunfar. Es en este sentido que planteamos: · Por un paro nacional de 48 horas contra los despidos y por el salario. · Aumento del 44% en una sola cuota. Por un salario igual a la canasta familiar, hoy calculada en 16.400 pesos, indexación por inflación. · Ningún despido, reincorporación de todos los compañeros. Pase a planta permanente de todos los contratados (mensualizados, becarios).

Los despidos masivos en CN23 por parte del empresario Cristóbal López, los del Grupo Olmos en Crónica TV, las 120 cesantías en DeporTv y la situación crítica que atraviesan los compañeros de 360 delatan el agotamiento de una camarilla que con los millones de la pauta oficial formó un sistema de medios. Sus empresarios, hasta ayer “nacionales y populares”, acabado el curro, descargan la crisis sobre los trabajadores. Cristóbal y la camporista Cano de CN23 tuvieron como respuesta la rápida reacción de los trabajadores quienes, con la ocupación y la interrupción de la transmisión, lograron revertir momentáneamente los 118 despidos al forzar al Ministerio de Trabajo a dictar la conciliación obligatoria. Sin embargo, la satisfacción inicial comienza a diluirse a medida que pasan los días y la empresa se niega a reincorporar a los compañeros. Con el canal transmitiendo y los trabajadores en sus casas, el sindicato de trabajadores de televisión (Satsaid) insiste en respetar una "conciliación obligatoria" que no es acatada por la patronal, lo que debería habilitar las medidas de fuerza. Una parálisis en este sentido, puede provocar la desorganización de los compañeros y situaciones extremas como la vivida por una periodista del canal CN23 que, en vivo, rompió en llanto al narrar la situación que están atravesando. El Satsaid repite la misma estrategia utilizada en el conflicto con C5N (también de Kristóbal) en 2015. Allí, y luego de una reacción impresionante de los trabajadores similar a la desplegada por los compañeros de CN23, el conflicto culminó en una derrota, pese a contar con un enorme potencial de lucha. La ola de despidos y la lucha de los compañeros de CN23 reclaman de modo urgente la convocatoria al paro general del gremio para enfrentar el ajuste. Desde la Naranja de Televisión llamamos a los compañeros de televisión a un debate profundo en cada lugar de trabajo para votar un plan de lucha que impida que los trabajadores seamos la variable de ajuste. ¡Ningún despido en Televisión! ¡Reincorporación de todos los trabajadores despedidos de CN23!

Hasta el momento, Baradero había sido una excepción a la ofensiva contra el gremio estatal, pero más temprano que tarde los despidos se dejaron sentir en nuestra ciudad. La intendenta, Fernanda Antonijevic (Junta Vecinal, Cambiemos), utiliza los mismos métodos que su predecesor, Aldo Carossi (FpV), utilizó para despedir trabajadores. La persecución y el achique se dan por la no renovación de contratos. Pero estos despidos, de no haber una respuesta obrera, pueden extenderse a personal de planta permanente. En este sentido, consideramos que el sindicato de municipales y ATE Baradero deben convocar a asambleas y llevar adelante un paro en defensa de los puestos de trabajo. Una medida en apoyo a una lucha general siempre redunda en la defensa de los trabajadores no afectados directamente. También debemos señalar que no se trata sólo de un “achique” de personal sino de nuevos casos de persecución política, ya que entre los despedidos se encuentran militantes o adherentes de un sector de la actual “oposición”, antiguo oficialismo. La situación es ejemplificadora, los partidos patronales (Cambiemos, FpV, FR) no defienden a los trabajadores como clase, a lo sumo pueden llegar a realizar una defensa Frente a esta situación llamamos al conjunto de los trabajadores estatales de ambos sindicatos a realizar asambleas en cada lugar de trabajo para votar un plan de lucha que logre revertir los despidos. La batalla jurídico-legal no puede reemplazar a la lucha en las calles. Los municipales de Coronel Suárez demostraron que con una rápida acción huelguística es posible torcerle el brazo al gobierno. Los instamos a seguir ese camino. • Inmediata reincorporación. • Basta de despidos. No a la persecución política y/o sindical. • Basta de precariedad laboral. Por el pase a planta permanente. • No al recorte en deportes, salud y educación que sólo perjudican a los vecinos de la ciudad. • Que el ajuste lo paguen los empresarios.

El Plenario Nacional de la UJS que se reunió el 27 y 28 de febrero resolvió impulsar una campaña en todo el país contra el protocolo represivo de Bullrich-Macri. En función de este objetivo editamos una declaración nacional convocando a las organizaciones estudiantiles y juveniles de todo el país a organizarse para voltear el protocolo. El lunes 7, las Juntas Representativas de la Fuba y de la FULP deliberaron y aprobaron nuestra propuesta de convocar una Jornada Nacional para el próximo 17 de marzo. Las declaraciones aprobadas parten de caracterizar el protocolo como “la contracara necesaria de una política de ajuste” y denuncian la aplicación del protocolo contra los trabajadores de ATE Mendoza que revela su contenido. Los docentes universitarios nucleados en la AGD-UBA y en la Conadu Histórica también participan de la convocatoria. Los K le dan la espalda a la lucha contra la represión En la Fuba, la representativa sesionó sin la participación del Centro de Sociales dirigido por La Cámpora que manifestó que “el temario no era de su interés”. En La Plata, los kirchneristas -un poco menos pusilánimes- participaron de la junta pero rechazaron nuestra propuesta porque mencionaba la ley Antiterrorista y el Proyecto X. ¿Tenemos que entender que apoyan estas medidas represivas? La defensa de la represora Alicia K los anula como opositores al protocolo. El 17 de marzo golpeemos al protocolo Con la salida de un afiche nacional firmado por Fuba, FULP, AGD y Conadu H, la campaña hacia la Jornada Nacional entra en una segunda etapa. Nos proponemos llevar la propuesta a los secundarios, terciarios y universidades de todo el país para realizar clases públicas, radios abiertas, manifestaciones culturales y acciones de frente único, desafiando el protocolo de Bullrich. En La Plata, la jornada coincidirá con una movilización por el boleto educativo. En Capital, la Fuba convocará en los próximos días una reunión abierta para coordinar las acciones a llevar adelante. Una exitosa jornada de lucha el 17 de marzo nos prepara para una enorme movilización el 24.

En el “Día internacional de la Mujer Trabajadora” una gran movilización de alrededor de 3.000 personas ganó las calles de la ciudad y concluyó frente a Casa de Gobierno con las consignas de “Abajo el ajuste y los despidos. Ni una menos”. La movilización fue encabezada por las trabajadoras de Trata y Violencia, protagonistas de la impresionante lucha desplegada frente a los despidos en estas dependencias y que le impusieron al gobierno una derrota parcial logrando la reincorporación de las siete despedidas en Violencia, reforzando así la lucha por la inmediata reincorporación del conjunto de los despedidos y planteando una agenda de reclamos contra el vaciamiento y la precarización que enfrentan desde hace años. Asimismo, en el marco de la conciliación obligatoria que se pretende imponer a la docencia para frenar el proceso de lucha que le arrancó un paro provincial a la burocracia sindical y la proliferación de las asambleas en las escuelas, ocupó un lugar central el reclamo del 40% de aumento salarial docente. De esta forma, la jornada de movilización del movimiento de mujeres confluyó con estos grandes procesos de lucha de las trabajadoras, imprimiéndole carácter práctico para la conquista de sus reclamos, pero fundamentalmente el carácter antiestatal, independiente y de denuncia a la responsabilidad del gobierno ante el derrumbe de las condiciones de vida de las mujeres en la provincia. La preparación de la marcha estuvo precedida de una lucha política clave para desnudar la responsabilidad del gobierno nacional macrista y también de los gobiernos provinciales frente a la profundización del ajuste. Esta batalla política que el pasado 25 de noviembre, Día de la No Violencia hacia la Mujer, implicó que el grupo de “Autoconvocadas Ni una Menos”, ligadas al kirchnerismo, rechazaran firmar el documento, en esta ocasión las obligó a aparecer por la organización de la marcha. No obstante, en esta oportunidad como en aquélla, nuevamente la izquierda, principalmente el MST, MAS y PTS asumieron el rol rastrero del kirchnerismo, mediante el intento de imponer un documento lavado y rechazando la finalización de la marcha en Casa de Gobierno, destino que finalmente se impuso mediante el voto de las despedidas estatales y docentes presentes en la reunión. La disputa política que llevamos adelante desde el Plenario de Trabajadoras fue refrendada por los sectores de trabajadoras en lucha por sus reivindicaciones más acuciantes, que llegó a la conclusión de que es necesario poner en pie un movimiento de mujeres con un programa de salida propio e independiente de los ajustadores. Este planteo y el desarrollo de la campaña de agitación política, la realización de una charla en la universidad, la presentación de un paquete de proyectos de ley sobre la cuestión de género y una audiencia pública, redundó en nuestra numerosa columna que fue la más nutrida, convocando a amplios sectores de trabajadoras, estatales, docentes, municipales, de trolebuses, a las luchadoras por el derecho a la vivienda, ambientalistas, del movimiento LGTBI y estudiantes. La movilización arroja claridad sobre la responsabilidad estatal y la vigencia de las demandas realizadas en las dos masivas movilizaciones del 3J y el 25N bajo la consigna #‎niunamenos, desconocidas tanto por el gobierno nacional de CFK, como por el gobierno provincial, y que se agudiza bajo el gobierno de Macri. El movimiento de mujeres debe avanzar en un frente único con los trabajadores para la conquista de todas sus demandas.

En Posadas y otras localidades, como Jardín América, se vienen realizando grandes movilizaciones contra el tarifazo de Electricidad de Misiones Sociedad Anónima (Emsa). En principio, fueron convocadas por las redes sociales, empezaron con pequeñas concentraciones hasta llegar a movilizaciones de miles de personas y la ocupación del oficialista Canal 12. La situación no da para menos: con la llegada de las boletas de enero se recibió un aumento de más del 300%, impagable para muchas familias. Este aumento se anticipó incluso a la quita de subsidios de Nación. ¿Cómo puede ser que tengamos estas boletas impagables en una provincia inundada por Yaciretá y con la represa de Uruguaí, justamente en un año con producción récord de energía? El gobierno provincial ofreció financiar para que se pueda pagar en tres cuotas las boletas mensuales. Desde el macrismo tratan de imputar el aumento al gobierno provincial, una clara impostura ya que los tarifazos son parte fundamental del plan del gobierno nacional. Es importante para los trabajadores distanciarnos de los pedidos del PRO-UCR de la intervención nacional de Emsa, ya que esto no es un problema únicamente administrativo y el interés del PRO es nombrar funcionarios para estructurar su aparato en la provincia. Desde el Partido Obrero venimos impulsando asambleas en los barrios y lugares de trabajo para ganar las calles y frenar el tarifazo de Macri y el gobernador provincial, Hugo Passalaqcua.

Las elecciones parlamentarias en la República de Irlanda potenciaron la crisis política que sufre el país. Los partidos que sostuvieron al régimen luego de la guerra civil y la ocupación británica hace casi 100 años, cayeron en el apoyo popular; y la posibilidad de formar un gobierno estable es cada vez más improbable. El partido pro-austeridad gobernante, Fine Gael, perdió 30 diputados de los 138 del parlamento, y sólo obtuvo 47 (26% de los votos). El laborismo, que formó una coalición con Fine Gael, cayó al 6,6%, la peor elección en su historia, una tendencia que ni el propio Jeremy Corbyn pudo revertir. Es muy difícil que Edna Kenny (Fine Gael) obtenga los votos necesarios para formar gobierno, aunque apuesta a lo mismo que los españoles del PP y el PSOE, a una gran coalición. El otro histórico partido de centroderecha es Fianna Fail, el mismo que rescató a los bancos irlandeses y comenzó una política de austeridad en 2008, y que sólo alcanzó el 24,3%. Esto significa que entre las tres principales fuerzas apenas pasaron el 55% de los votos totales. La clase obrera no creyó en la prometida recuperación de Irlanda, uno de los países más endeudados, desiguales y con mayor precarización laboral de la OCDE. El dato político es el ascenso de los partidos independientes y de izquierda. El independentista Sinn Fein obtuvo el 14% y 28 diputados; mientras que la coalición entre el frente “People Before Profit” y el SWP obtuvieron el 4% y cinco diputados. Su campaña se basó en el reclamo por el derecho al agua, en contra de los desalojos masivos realizados por el gobierno de Edna Kenny, y contra la privatización del sistema de salud y educación. El nuevo Partido Social Demócrata (SDP) obtuvo tres diputados. La ICTU (principal confederación irlandesa), que nuclea 600.000 miembros, declaró su apoyo a los partidos independentistas y de izquierda. La secretaria Patricia King dijo que los “resultados muestran una clara división izquierda-derecha en nuestro sistema político en términos de apoyo a los derechos laborales” (22/2).

La renuncia de Miguel Galuccio a la presidencia de YPF coincidió con la decisión de la Justicia de que se hiciera público el acuerdo de la petrolera con Chevron. El último acto de Galuccio fue defender a rajatablas el carácter secreto del acuerdo, escudándose en el carácter de YPF como “empresa de derecho privado”. Los que se llenaron la boca con la “recuperación de la petrolera de bandera” se toparon, una vez más, con la realidad de una reprivatización. Para completar el cuadro, la republicana Laura Alonso apoyó cerradamente la decisión de Galuccio. O sea que la ex diputada PRO debutó en su cargo “anticorrupción” amparando una conspiración económica contra el país. Detrás de la renuncia de Galuccio, sin embargo, hay otras razones de fondo. La petrolera viene barranca abajo, con una caída en el 50% de sus ganancias en el último ejercicio. El porvenir venturoso que auguraba la explotación no convencional se ha derrumbado junto a los precios internacionales del crudo. En vez de anunciar nuevos proyectos, Galuccio anticipó días atrás un panorama de recortes y despidos. Pero no es ése el único baldón: desde la seudoestatización de YPF, el endeudamiento de la petrolera pasó de 2.000 a 7.000 millones de dólares. Algunos sospechan que cuando el gobierno kirchnerista “andaba desesperado de dólares, la petrolera se convirtió en uno de sus aliados” ( La Nación , 9/3). O sea que Galuccio, por cuenta del gobierno K, sometió a la petrolera a la misma práctica perpetrada por Martínez Hoz en los años de la dictadura: endeudarla en función de los intereses oficiales. Galuccio y su saga -acuerdo con Chevron, libertad cambiaria, tarifazos en los combustibles, endeudamiento- representó la tentativa de los “nacionales y populares” de comandar ellos mismos el viraje hacia el capital internacional. Esta orientación chocó con la marcha de la crisis capitalista: con la caída de los precios internacionales, el endeudamiento ypefiano se quedó sin garantías. Para afrontar la deuda, la petrolera prepara un ajuste. La experiencia YPF-Galuccio fue una versión anticipada del régimen económico que ahora intenta poner en pie el macrismo. El fracaso de la “nueva” YPF adelanta, por lo tanto, los límites brutales del gobierno Cambiemos y de su orientación económica, en el cuadro de la crisis mundial.

El CTBA está formado por cinco prestigiosos teatros que son parte de la historia artística y cultural de la Ciudad de Buenos Aires y del país. En la actualidad se encuentra en franca decadencia, en una situación límite. El Teatro de la Ribera está cerrado por reformas hace más de un año, así como el Alvear, que no abre sus puertas desde hace casi dos años y que tendría su reapertura recién en 2017. El Sarmiento presentó apenas dos obras durante 2015; el Regio, solo una. El emblemático Teatro San Martín, con múltiples salas y espacios de exposición, tuvo una cartelera reducida a su mínima expresión, sin desmedro de su alquiler para fiestas privadas. Según el nuevo director del CTBA, Jorge Telerman, las refacciones realizadas a puertas abiertas avanzaron sólo un 30%. Ahora determinaron su cierre exhibiendo algunas obras en otros teatros. Está prevista su reapertura para finales de año. Un desguace sin “grietas” También por “refacciones” estuvo cerrado por más de tres años el Colón: el macrismo modificó radicalmente su fisonomía, desmantelando sus talleres y convirtiéndolo en una gran sala de alquiler para eventos privados y contratación de obras completas, abandonando la producción integral de sus propias obras. El plan maestro fue iniciado por Telerman, con el aval del kirchnerismo en la Legislatura. El CTBA presenta a su vez una fuerte precarización laboral: la mayoría de sus trabajadores no perciben el mismo salario ni los beneficios básicos de quienes están bajo convenio del sector (los que a su vez cobran fuera de término). Los sucesivos gobiernos de la Ciudad (Ibarra, Telerman, Macri) han ido profundizando la privatización y el vaciamiento. Darío Lopérfido, otrora vocero de De La Rúa y ahora de la amnistía a los genocidas, ha sido colocado por Rodríguez Larreta al frente del Ministerio de Cultura. Asumió excluyendo a los artistas del teatro independiente del acceso al circuito estatal, alegando “falta de capacidad” -argumento inaceptable, entre otras cosas, porque de allí provienen, históricamente, los integrantes de los teatros estatales. La designación de Telerman al frente del CTBA demuestra que el vaciamiento cultural de la Ciudad no conoce fronteras partidarias. Como jefe de campaña de Scioli, Telerman digitó una cruzada contra Macri por ajustador, devaluador y vaciador del Estado; hoy integra su personal político. Ni lento ni perezoso, ya declaró que el presupuesto para este año (15 millones de pesos) es exiguo y, como buen capitalista del espectáculo toma este déficit como punto de partida para el ingreso de capitales privados ( La Nación , 15/2). Esta política de autofinanciamiento es posibilitada por la Ley de Autarquía del CTBA, consensuada por macristas y kirchneristas en la Legislatura. Por una salida para el CTBA No se debe depositar expectativas en quienes llevaron al Complejo a esta situación. Para defenderlo, es necesario organizarnos de forma independiente del Estado y los empresarios del espectáculo, con un programa de reivindicaciones concretas. Exigimos un aumento del presupuesto para contratar, bajo convenio, a los artistas y trabajadores necesarios para un funcionamiento pleno y la producción integral de las obras, así como el pase a convenio y la regularidad salarial para los trabajadores precarizados. Reclamamos un plan de obras con plazos y fechas concretas, fiscalizado por trabajadores y representantes de la comunidad artística, para concluir las reformas en curso y realizar otras que sean necesarias. El autofinanciamiento es un recurso de los vaciadores y una adaptación a la falta de presupuesto. El Estado debe garantizar el sostenimiento de los teatros estatales, así como el libre acceso de toda la población a sus obras, mediante la gratuidad de las entradas y una programación abierta a todos los creadores que deseen presentar sus obras en el CTBA. Los artistas y trabajadores deben ser parte del armado de la agenda de espectáculos. Con este programa, impulsamos reuniones y asambleas con todas las organizaciones, artistas del teatro independientes y público en general. Para recuperar los teatros del CTBA, la clave es la organización.

Foto: Sebastián Baracco El viernes 4 de marzo se desarrolló en el Centro Cultural León León, en el barrio de Palermo, una concurrida charla hacia el 24 de Marzo con la participación de Jorge Altamira y Elia Espen. En su intervención, Elia dijo que “ya hace casi 40 años se llevaron a mi hijo, pero seguimos pidiendo lo mismo”. Fue rabiosamente aplaudido su anuncio de que declararía por la desaparición de su hijo la semana subsiguiente. En su vibrante intervención mencionó las condiciones en que desapareció su hijo Hugo Miedan, militante del PRT y estudiante de Arquitectura, que fue llevado por sus captores al centro de exterminio El Atlético. También comentó el brutal allanamiento sobre su casa con posterioridad a la desaparición de Hugo, e ilustró la complicidad de todas las instituciones con el genocidio. Elia llamó a marchar con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia el 24 de Marzo. “Lo que tenemos que tener claro es por qué marchamos”, indicó. “Ante todo, por juicio y castigo a todos los genocidas. Nosotras las madres queremos que se abran los archivos”, puntualizó, e incorporó el reclamo contra la ley antiterrorista y contra todo proyecto que atente contra la libertad de expresión. Altamira consideró que “el relato de Elia introduce el realismo en una generación que está muy lejos de haber vivido la dictadura militar”. Se detuvo en la reciente absolución, por parte del juez Norberto Oyarbide, de los jueces de la Cámara de Casación que se complotaron para liberar a Pedraza a cambio de un soborno. Denunció el cuadro de complicidad completa del Estado en el crimen de Mariano Ferreyra, lo mismo que en el caso del hijo de Elia y los 30 mil desaparecidos. La prisión domiciliaria con la que ha sido beneficiado Pedraza es la misma con la que se ven beneficiados también los genocidas. “El relato de la compañera tiene actualidad en términos políticos, porque ahora se sanciona un protocolo para reprimir las manifestaciones”, precisó Altamira. “El protocolo tiene como antecedente el Proyecto X, la ley antiterrorista y antes de eso la brigada antipiquetera que quería hacer Kirchner”. Hay una línea, “la que explica que Milani haya sido nombrado jefe de las Fuerzas Armadas”. En definitiva, una continuidad estatal. Respecto de este último punto, Altamira reflexionó: “La democracia capitalista ha manipulado con mucha habilidad el tema del tránsito de la dictadura al régimen actual, y lo ha hecho a través de sus instituciones más respetables, por ejemplo de la Conadep, que lanzó la consigna de ‘Nunca Más’. Esa consigna -dijo- hace décadas que está malinterpretada. Un trabajador entiende que ‘Nunca Más’ es lo que le pasó a Hugo, pero en realidad ‘Nunca Más’ es una amenaza, no una consigna emancipadora”. Es una amenaza contra las nuevas generaciones para que no emprendan el camino de la lucha revolucionaria. “La única forma de que sea ‘Nunca Más’ es con la victoria de los trabajadores”, culminó Altamira. En el momento de las preguntas del público estuvieron muy presentes los compañeros secuestrados y desaparecidos de Política Obrera, en el marco de un debate muy interesante acerca de las caracterizaciones políticas sobre el golpe y la intervención de PO en aquella etapa.

“Obama viene por la misma razón que [François] Hollande o [Matteo] Renzi: hace 19 años no venían los presidentes de estos países. No había una agenda de nuestro gobierno de vincularnos con el mundo. Ahora la hay”, celebró el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en el programa televisivo Animales Sueltos. En la interpretación del gobierno, la visita de estos personajes es la prueba de una Argentina fortalecida, que se ha reinsertado en el mundo. Sin embargo, la visita de Obama se produce por los motivos contrarios. El máximo exponente del imperialismo viene a apuntalar al gobierno de Macri en un momento de precariedad política, cuando aún está lejos de poder desarrollar el brutal plan de ajuste económico que tiene formulado. En términos más estrictos, uno de los puntos principales de la visita de Obama consiste en dar un espaldarazo al leonino acuerdo con los fondos buitres y al pacto de Griesa, Macri y el Congreso. Obama no quiere que se caiga un acuerdo que implica ganancias astronómicas para el capital financiero y que constituye la piedra basal de la administración macrista. Esto se completará con una “promoción” del Acuerdo Transpacífico. Pero también se encuentra en la agenda una mayor injerencia del imperialismo en las cuestiones de seguridad. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, viajó a Estados Unidos, donde se entrevistó con integrantes de la DEA y el FBI. Según la ministra, “va a haber cooperación en la frontera, en inteligencia criminal y en el armado de equipos comunes” (Clarín, 28/2). Bullrich se trajo de Estados Unidos el modelo de los “centros de fusión”, creados en Estados Unidos luego de los atentados de 2001, y que propulsa un trabajo conjunto de las agencias de seguridad. “También se está negociando con la Cancillería la realización de operaciones de paz conjuntas”, según La Nación (4/3). Para hacer más digerible su injerencia en los asuntos argentinos, Obama buscará tergiversar la responsabilidad imperialista en el encumbramiento de la dictadura genocida de Videla. Negocia una reunión con Estela de Carlotto e incluso una visita a la Esma. Eso ya lo logró Hollande, la máxima autoridad del país responsable de las torturas en Argelia que se exportaron luego a Latinoamérica. Situación regional En un plano regional, Obama reconoce con su visita la política de ataques del macrismo contra Venezuela, que incluyeron la amenaza de aplicación de la Carta Democrática. Argentina constituye una atractiva pieza para los Estados Unidos en el nuevo tablero latinoamericano, signado por la profunda crisis y caída de los gobiernos “progresistas”. La visita apunta también a colocar al país, decididamente, bajo su bloque. Un analista político ha advertido que “así como Obama aprovechará el paso por Buenos Aires para centrarse (por referencia a la visita previa a Raúl Castro), Macri lo utilizará para moverse hacia la izquierda. Conversará con su visitante sobre la relevancia de Cuba en el ajedrez de América del Sur. En especial en el acuerdo de paz de Colombia” (ídem, 22/2). Macri pretende disipar los temores que lo ubican como un “uribista” y se pliega a la línea predominantemente negociadora del imperialismo. Repudio Obama llegará a la Argentina en medio de la enésima promesa del cierre de la prisión de Guantánamo, donde centenares de personas permanecen en un limbo judicial y bajo la tortura. El imperialismo tiene prisiones secretas en Europa y en Asia. Sigue promoviendo golpes de estado en el mundo y en su propio país actúa como verdugo de la población negra, de la población latina y precariza a las masas obreras. Actualmente, Estados Unidos bombardea a la población civil siria y sostiene su presencia militar en Afganistán y otras decenas de países. Organicemos el repudio a la presencia del máximo representante de la reacción en toda la línea.

La decisión del gobierno de postergar la sesión de Diputados que debe sancionar la ley exigida por el juez Thomas Griesa no obedece a una necesidad por alcanzar el quórum o los votos mínimos necesarios para ello. Esas voluntades ya se reunieron, desde que Massa y el bloque justicialista disidente aceptaron el dictamen oficial a cambio de algunas modificaciones de carácter cosmético. El gobierno postergó la sesión porque espera sumar un apoyo todavía más numeroso de acá al martes, a costa de hundir el cuchillo a fondo sobre el pejota y el kirchnerismo. José Luis “Barrick” Gioja, el aspirante a presidente de la “unidad” peronista, ya instruyó a sus diputados a apoyar el pacto buitre. Lo mismo pasa con el gobernador de Entre Ríos, mientras el tucumano Manzur está tratando de convencer a sus diputados. A todos estos opositores, Macri les hizo saber que el pacto con los buitres debía votarse sin condiciones, y así será. Las “modificaciones” introducidas por Massa apenas apuntan a disimular la entrega: por caso, un “límite” al endeudamiento que coincide, con pelos y señales, con el monto de deuda que el gobierno precisa para pagarle a los buitres. El kirchnerismo “duro”, por su parte, ya entregó las armas en la Cámara de Senadores, que es donde sus votos importan. Así lo dio a entender Juan Manuel Abal Medina, ex jefe de Gabinete de Cristina, cuando pidió a los diputados K que le dieran quórum a la ley Griesa. Pero lo que mejor retrata el derrumbe camporista es su dictamen de oposición a la propuesta oficial: a la oferta de Prat Gay -que ofrenda a los buitres beneficios de entre el 1.000 y 1.500%- Kicillof le contrapone… un 10% menos. Kicillof y los suyos cargan con su propio derrotero entreguista, jalonado por el pago al Club de París, a Repsol y por varias tentativas frustradas de arreglo con Paul Singer y los suyos. En las últimas horas, varios kirchneristas han advertido que el acuerdo con los holdouts podría terminar en nuevos litigios de deuda, ya sea por parte de otros buitres que habían cerrado por cifras menores -por caso, los bonistas italianos- o de quienes habían aceptado los canjes de deuda. Si después de cerrar el acuerdo con los buitres el gobierno y el Congreso se desayunan con un nuevo Griesa, asistiríamos a una crisis política y financiera de marca mayor. En cualquier caso, será el resultado inevitable de la renuncia a la soberanía nacional en la cuestión de la deuda, que Kirchner y Lavagna convalidaron con el canje de 2005. En materia de humillaciones al Estado argentino y a sus poderes, convertidos en una oficina de registro de los fallos extranjeros, todavía no está dicha la última palabra. Crisis capitalista Lo que mueve a la legión de diputados y senadores a firmar el arreglo colonial es la expectativa de tramitar el rescate financiero de sus provincias quebradas. Mientras los economistas afines a los bancos auguran un porvenir venturoso de “inversiones”, los gobernadores esperan emitir deuda en dólares para afrontar los sueldos y aguinaldos del segundo semestre. Pero el quebranto del fisco es apenas la manifestación de una crisis capitalista general, que asoma en el balance de los primeros tres meses de macrismo. La reducción de impuestos al capital sojero o a las mineras ha reducido la recaudación, sin revertir una declinación económica que viene empujada por la crisis mundial y continental -derrumbe de los precios de la soja y el petróleo, colapso económico y político de Brasil. Sólo en lo que va de 2016 se han caído 100.000 puestos de trabajo, entre los despidos estatales y los privados. La devaluación del dólar no ha frenado la sangría de divisas, que sólo se modera a costa de ofrecerle a los especuladores tasas usurarias y de agravar, por lo tanto, la recesión. La primera operación de deuda del gobierno ha sido un “blindaje” de 5.000 millones de dólares del Banco Central, de los cuales ya se fueron 1.500 en febrero. O sea que quienes liquidaron una parte de la cosecha en diciembre y le “aportaron” sus dólares al gobierno, ahora los recompran gracias a esta operación de deuda. El reendeudamiento oficial no financia la inversión, como dicen sus defensores, sino la fuga de capitales. Luchas y desplazamientos políticos Sólo para este año, el macrismo contempla la emisión en pesos del equivalente a 30.000 millones de dólares para financiar estos quebrantos. Las nuevas deudas a tramitar por las provincias suman otros 3.000 millones. Si se tiene en cuenta la deuda preexistente -que el kirchnerismo dejó en 250.000 millones de dólares- Argentina carece de garantías para solventar estas nuevas hipotecas (la industria petrolera estatal y el conjunto de las empresas de servicios públicos ya fueron rematadas bajo el menemato). El único respaldo para un endeudamiento mayor son los presupuestos presentes y futuros, sometidos al cedazo de un ajuste brutal. Con ese fin, el gobierno se apresta a “reformular” el Presupuesto 2016 mientras se acerca al Fondo Monetario, el gran auditor mundial de los ajustes. El rescate financiero no reemplaza al ajuste, como pretende venderlo Prat Gay. El ajuste es la precondición de ese rescate, al cual se han colgado con desesperación el conjunto de la burguesía argentina y sus partidos. La ley Griesa inaugurará una etapa de grandes choques entre las clases sociales y desplazamientos políticos de fondo. La aprobación del acuerdo colonial reduce a los partidos históricos de la Argentina a la condición de notarios del capital financiero -después de haber sepultado cualquier resabio o referencia de carácter nacional.Denunciamos este pacto de fondo del gobierno y el Congreso con el capital financiero; que la cuestión se someta a un referéndum, junto con el conjunto de la deuda usuraria; por su investigación integral, lo que debe llevar a su desconocimiento, por su carácter usurario y delictivo. Estas medidas elementales para poner fin a una sangría de cuatro décadas, unidas a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, permitirán reorientar el ahorro nacional a la reconstrucción económica del país bajo la dirección de sus trabajadores. La izquierda tiene la responsabilidad y el desafío de acaudillar la lucha contra el régimen entreguista y antiobrero que quiere ponerse en pie a partir de la ley buitres. Esa respuesta obrera ha comenzado a tener expresión vibrante en Santiago, en Santa Cruz y en Mendoza, como extensión del gran paro nacional de ATE del pasado 24, y se manifestó también en la masiva movilización por los derechos de la mujer del pasado martes 8. Con ese impulso, nos preparamos para la gran movilización del próximo 24 de Marzo.

“Más allá de su pasión por el golf y el interés en conocer otros lugares de la Argentina además de Buenos Aires, la visita del presidente norteamericano, Barack Obama, a Bariloche en su paso por el país responde a una clara decisión política: buscará evitar las protestas contra Estados Unidos de sectores de izquierda el 24 de Marzo, fecha en que se cumplirán 40 años del último golpe militar”, informó La Nación (4/3). Al parecer, la recomendación del embajador norteamericano, Noah Mamet, fue determinante en la decisión de Obama (ídem). Pero en Bariloche Obama ya ha cosechado los primeros repudios. El comunicado del PO de dicha ciudad denuncia que “el aterrizaje en Bariloche de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, con agentes de la embajada de ese país, apunta a una militarización de nuestra ciudad como ocurriera con la llegada de Bush a Mar del Plata en 2005”. Y señala: “La llegada de Obama, representante máximo del imperialismo que oprime a los pueblos del mundo, sea a través de la fuerza bélica o de la expoliación financiera, merece el máximo de los repudios”. Obama, go home.

El representante de Sergio Massa volteó el Decreto de Necesidad y Urgencia de ganancias en la comisión bicameral del Congreso. El revés macrista expone la fragilidad de sus alianzas parlamentarias, pero mucho más las contradicciones y limitaciones del Frente Renovador. Massa había recibido, en un coqueto restaurante de Tigre, a tres negociadores del gobierno para conseguir su apoyo al pacto buitre. Allí, la victoria de los macristas fue total, consiguieron su apoyo a cambio de una comisión para discutir el flujo de la devolución del 15% de coparticipación en los cinco años que estableció Macri; o sea, nada. Macri ha hecho entender a sus aliados que la rendición nacional al capital financiero no es negociable, que para la clase capitalista es una cuestión de Estado y que está sujeta a concesiones menores, pero nada que complique el presupuesto público que se destinará a los compromisos de deuda y a sostener los subsidios al capital. Así las cosas, quedó la promesa presidencial de tratar el impuesto a las ganancias en el Congreso, pero que no tiene materialización alguna, puesto que ni siquiera están constituidas las comisiones que tendrían que tratarlo. El voto negativo del massismo al DNU de ganancias en la bicameral no suspende la vigencia del decretazo. Eso ocurriría de rechazarlo ambas cámaras. Mucha agua correrá bajo el puente hasta que los DNU se traten siquiera. En tanto, el pacto buitre va para adelante a paso de vencedor. Y el pacto buitre agravará el ajuste para garantizar el repago del hipotecamiento nacional y de las provincias, y ajuste mediante, a perpetuar el impuesto a las ganancias. Massa entregó ganancias cuando aprobó el pacto buitre en el plenario de comisiones. El movimiento obrero tiene que intervenir en la crisis para meterle al gobierno un paro nacional para terminar con ganancias y contra el conjunto del ajuste.

El publicitado contrapunto entre Kicillof y Prat Gay fue de utilería. Bien mirado, disputaron la titularidad de la política de colonización por parte del capital financiero, que culmina con el pacto buitre. Kicillof agradeció la presencia del ministro y se mostró comprensivo con el gobierno, porque le toca negociar “con el capital más voraz del planeta”. Luego retrucó a la acusación de Prat Gay de que el gobierno anterior dejó acumular intereses. Dijo que los tiempos los marcaron los buitres, que se negaron a aceptar la oferta que sí le aceptaron al gobierno de Macri. La confesión es indicativa de que en el fallo Griesa y su resolución, ahora bendecida por el reingreso del FMI y la visita de Obama, había una orientación compartida por toda la burguesía, ante el agotamiento de la experiencia kirchnerista. Esa política la suscribía -y hubiera sido llevada adelante también- por Scioli. Prat Gay le echó en cara a Kicillof la aceptación de la deuda por juicios en los tribunales del Ciadi y la escandalosa indemnización a Repsol, sin decir que contaron en su momento con el beneplácito del macrismo. El otro debate que plantearon ambos es cuál de los arreglos fue más ruinoso, si el de los buitres o el de los canjes de deuda de la administración K. Prat Gay reconoció que los buitres ganan 13 ó 15 veces lo que invirtieron, no ocultó que se trata del capital más tres veces en intereses, incluso que eso es mucho más (369%) que lo que ganaron quienes se acogieron al arreglo del segundo canje de 2005. Pero le retrucó a Kicillof que si los buitres hubieran entrado en el canje II obtenían lo que arrancaron ahora, contando los jugosos cupones PBI y el lucro cesante promedio de cualquier inversión financiera durante estos 11 años. Uno y otro tuvieron razón: fueron dos negociados fabulosos contra el pueblo argentino, el de los K y el de ahora. Como reconoció Pichetto “hicimos mucho para salir del default, ahora tenemos que apoyar el capítulo final”. Luego, resultaron absurdas las promesas de Prat Gay de que así evitaremos un ajuste, teniendo en cuenta las devaluaciones, los 70 mil despidos estatales y privados, una inflación proyectada del 45% en cuatro meses, los tarifazos del 600%, la caída de salarios y jubilaciones, el decretazo perpetuando ganancias y una transferencia hacia los exportadores, petroleras y mineras de miles de millones de dólares, más una tasa de interés al 37% que agrava la recesión. Van a fondo en el ajuste que CFK y Kicillof no pudieron llevar hasta el final. Kicillof le criticó a Prat Gay que emitirá pesos contra los dólares que entrarán. Prat Gay le contestó que compensarán esa emisión absorbiendo pesos “no utilizados” en el gasto público, o sea, avanzando en el ajuste. El Partido Obrero criticó al ministro y al gobierno Macri por el trámite express cuyos tiempo marcó Griesa, y a todas las fuerzas políticas que votarán un acuerdo que pagará el pueblo trabajador. Denunciamos la unidad macrista kirchnerista en el relato del supuesto “desendeudamiento” cuando Argentina debe 250 mil millones de dólares, lo que ya representa el 50% del PBI. Con las nuevas hipotecas en marcha, esa proporción trepará rápidamente a 2/3, llevando al país al rumbo de la cesación de pagos. Marcamos que pagar deuda con más deuda delata una bancarrota nacional. Señalamos que vuelven a aceptar la jurisdicción extranjera para los fallos de deuda. En suma, denunciamos la naturaleza colonial del acuerdo y el desfalco a la nación que es todo el mecanismo de la deuda. Macri denunció el pago de 694 mil millones de dólares en impuestos en la década K. Pues bien, marcamos que 200 mil millones se fueron al pago serial de Cristina, que hoy debemos más y que marchamos a un oneroso rescate. Señalamos que, con la intermediación de la banca Morgan, la ex empleadora del ministro de Economía, el acuerdo es una réplica del de Repsol, garantizando un monto en efectivo con la emisión de bonos que fuera necesaria. Para eso pidieron un cheque en blanco al Congreso, que les permita emitir bonos hasta alcanzar el monto máximo de la sentencia total. El porvenir venturoso del reendeudamiento que pintó Prat Gay, que votarán los “progresistas” de Stolbitzer, Binner y Donda, el PJ de los gobernadores, el massismo, la burocracia sindical y buena parte del FpV (la que importa), signa la entrada de Argentina a la crisis mundial. Por eso, el ajuste que servirá de garantía a esta nueva hipoteca será monitoreado nacionalmente y en cada provincia por el FMI, lo que costará sudor y lágrimas a los argentinos. CFK dio cuenta del default K, cuando dijo que “si Macri arregla con los buitres dura doce años”. Pero mucho antes de ello, Macri y los gobernadores del PJ deberán vérselas con el movimiento obrero. Así lo demostraron el paro nacional de ATE el 24, los trabajadores de Santa Cruz y los docentes de Santiago del Estero. La grieta nacional no es entre macristas y kirchneristas, sino entre ajustadores y ajustados. El Partido Obrero y el Frente de Izquierda serán la expresión política de estos últimos.

Foto: Ignacio Smith La votación del pacto colonial con los fondos buitre no será solamente un capricho entreguista del macrismo. Los bloques y diputados de la oposición se van sumando al acuerdo entreguista. Así ocurre con Massa, los gobernadores del PJ y buena parte del kirchnerismo. La “brava” oposición de La Cámpora se ha limitado a una contrapropuesta a los buitres, unos centavos por debajo de lo que ofertaron Macri y Prat Gay. El acuerdo colonial no abre ningún horizonte económico y social. Apenas servirá de pretexto para reciclar las deudas que dejó el kirchnerismo con nuevas y gravosas hipotecas. Después de haber reconocido la deuda usuraria y de pagarla “serialmente”, ahora vamos a una entrega a manos de los mismos especuladores que succionaron la riqueza nacional durante décadas. Pero los usureros exigirán garantías para este rescate: un ajuste feroz, a costa del salario, las jubilaciones y el derecho al trabajo. Ese ajuste ya se puso en marcha, con más de 100.000 despidos en lo que va del año. Los trabajadores han salido a enfrentarlo: lo demuestra el gran paro estatal del pasado 24, el “santiagueñazo” de los docentes y la rebelión de los maestros de diez provincias contra la oferta salarial del gobierno. Esa respuesta está presente en los trabajadores de prensa y en la acción combativa de ATE Mendoza, que el gobierno enfrenta con el procesamiento de sus líderes. Ganemos las calles contra el pacto buitre, una conspiración contra el país y sus trabajadores. El próximo martes 15, nos movilizamos al Congreso a las 17 horas.

Ahora, cuando Stiuso se ve obligado a salir a la luz pública, queda claro por qué tanto le convenía la oscuridad. Este hombre, que durante décadas ha sido un instrumento y a la vez ha tenido de rehenes a tantos políticos de la burguesía argentina, es un personaje de una mediocridad sorprendente y un extorsionador (puede dar fe Luis Moreno Ocampo, que recibió de Stiuso un “carpetazo” por la cabeza, al aire, en un programa de televisión). Con él queda a la luz la condición mafiosa del personal político del Estado argentino, fiel expresión de la burguesía que lo mandata. Las “operaciones” que Stiuso y Alberto Nisman hicieron en la causa Amia por cuenta de Néstor Kirchner no son más que un refrito de informes que les suministraban la CIA, el Mossad israelí y los servicios de inteligencia de Alemania e Inglaterra. El hecho de que Stiuso sea la punta de lanza de las acusaciones gubernamentales contra sus antecesores es parte de la disgregación de la camarilla K, de la cual este espía era una pieza clave. Como se recordará, él fue el encargado de organizar, por instrucciones de Kirchner, “una Gestapo, una Side paralela”, como denunció en su momento el ex ministro kirchnerista Gustavo Béliz en sede judicial. En definitiva: Stiuso es el personaje traído por Macri para organizar otro apriete, otra vuelta al nudo del cerco judicial contra los K. Pero la catadura del elegido para esa operación, develada por sus apariciones públicas, pone en crisis a la operación misma. Por otra parte, todo el armado no tiene otro propósito que la simple extorsión: por ahora, la amenaza de encarcelar a Cristina Kirchner es un arma de presión en favor de la “gobernabilidad” buitre. La necesidad del ocultamiento La crisis que deriva de la muerte de Nisman es un gran escenario de ocultamientos, de los dos lados del mostrador. Sólo por mencionar un caso, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ex mujer de Nisman, impidió que se revisaran las computadoras del fiscal con el argumento de “preservar su privacidad”. Algo oculta también ella. Mucho más ocultan Sergio Berni, la fiscal Viviana Fein y el personal de Prefectura que intervino en la escena del crimen, dedicados a destruir evidencias sistemáticamente. Algo oculta Diego Lagomarsino, proveedor del arma que mató al fiscal, porque no quiere que la causa pase al fuero federal. Y ni hablar de Stiuso, que reparte “carpetazos” por televisión para que no hablen de él. Las 17 horas del testimonio de Stiuso no sirven para nada en términos jurídicos. Lo admitió su abogado, Santiago Blanco Bermúdez, al declarar que su cliente “no había aportado pruebas, sino una interpretación” (La Nación, 7/3). Por lo demás, lo payasesco de toda la operación hace imposible cualquier condena seria, más allá de las extorsiones políticas mencionadas. Pero seguramente en la interna macrista algunos ya les estarán reprochando la audacia a quienes pergeñaron este retorno de Stiuso: a nadie conviene, por ejemplo, que se develen los vínculos de Nisman con el propio Stiuso, con los espías Alberto Mazzino y Fernando Pocino (es el que aparece en una foto con Hebe de Bonafini durante la primera represión al Indoamericano). Elisa Carrió, por ejemplo, dice que el entregador de Nisman fue Stiuso. Siempre se debe recordar que el macrismo es una bolsa de gatos. Y todo puede empeorar cuando empiecen a volar otros “carpetazos”, como, por ejemplo, el de la proximidad de Stiuso con lavadores de dinero vinculados con la camarilla macrista que dirige Boca Juniors. Las carpetas van pero también vuelven y a veces se hacen plomo caliente, como cuando la Bonaerense asesinó a tiros a Pedro “el Lauchón” Viale, agente de la Side, mano derecha de Stiuso y empleado de un viejo amigo de Macri: el proxeneta Raúl Martins. El Estado argentino y sus funcionarios más encumbrados hieden por todos sus costados. Entretanto, la apelación de Lagomarsino al pase de la causa al fuero federal obliga a que intervenga la Cámara del Crimen. Se trata de otra instancia de negociaciones espurias. Otra vez: los trabajadores necesitan librarse de esas cuevas de conspiraciones contra el pueblo que son los servicios de inteligencia. Su disolución y la inmediata apertura de sus archivos han de ser consignas en este 24 de Marzo, significativo como el que más.

En su discurso de apertura de las sesiones legislativas, María Eugenia Vidal volvió a hacer hincapié en que su gobernación recibe una provincia quebrada. Una deuda contraída declarada de 122 mil millones de pesos, a la que deben sumarse otros 59 mil millones de pesos con el Banco Provincia, IPS y Ioma, más 22 mil millones de déficit fiscal de 2015. A esta factura le añadió la precariedad social: la mitad de los hogares de toda la provincia no cuentan con agua potable, hay 180 obras en escuelas que se encuentran paralizadas, 53 de los 78 hospitales se encuentran en estado de “demolición”. En esto Vidal no miente. Pero los trabajadores deben saber que, al igual que Macri a nivel nacional, Vidal se vale de la quiebra como herramienta para justificar despidos, endeudamiento y ajuste. O sea que es la voz de mando para una ofensiva contra las víctimas de la quiebra actual. Vidal le pasa la factura a los trabajadores En realidad, toda la perspectiva de Vidal es descomprimir el rojo fiscal y los vencimientos de deuda mediante un megaendeudamiento. Ya salió a la caza de inversores -de la mano del JP Morgan, Citigroup y HSBC- para colocar bonos por 1.000 millones de dólares a una tasa de interés que no bajará del 9%. Por esa razón comenzó su discurso agradeciendo el apoyo de Massa, Stolbizer y el FpV a la aprobación del Presupuesto 2016 con una autorización de deuda de 60.000 millones de pesos, sumados al compromiso de los mismos a votar en el futuro otros 28.500 millones por el déficit del Banco Provincia, sumado a la apropiación de casi 7.000 millones de “excedentes”, que llevarán a 20.000 millones la deuda con el organismo de previsión social. La quiebra de la provincia no hará más que agravarse en perjuicio de los trabajadores, por la sencilla razón de que el nuevo gobierno sigue el mismo camino de saqueo provincial que siguió Scioli. Ahí están los centenares de despidos en dependencia estatales y del cierre de paritarias a la baja (Vidal no se privó de agradecer los favores de Baradel y el Frente Gremial). El Ejecutivo prepara una Emergencia Administrativa que sería la antesala de una Ley de Modernización del Estado; la “modernización” es la coartada para liquidar la estabilidad laboral y asegurarse el manejo discrecional de los contratos de obra pública. En esa dirección apunta también el nuevo intento de aprobar la Emergencia en Infraestructura, que no tiene detalle alguno de las obras a las que se refirió Vidal en el discurso. Demagogia La gobernadora empaquetó el ajuste en un discurso de promesas, demagogia y falsedades. Dijo: “Cuidamos el empleo y resolvimos el conflicto de Cresta Roja”, mientras vuelven a la carga con los despidos en el Estado (Ministerio de Agroindustria) y los obreros de la avícola se mantienen con un Repro sin garantía de continuidad laboral. Anunció un “plan salvataje” para los hospitales y el nombramiento de personal cuando por cuarto año consecutivo se redujo la partida presupuestaria para ese área. Adelantó que un censo de la situación de los establecimientos educativos determinaría para junio todo un plan de infraestructura escolar, mientras el presupuesto de Vidal ratifica el desmantelamiento sciolista de la dirección encargada de arreglar escuelas. Para salir realmente de la situación de quiebra de la provincia habría que empezar por gravar las tierras rurales al valor de mercado, eliminar las exenciones impositivas a la gran industria, investigar el conjunto de la deuda provincial para determinar su carácter usurario y por lo tanto rechazar su pago. Estos recursos, al revés del régimen de emergencias que concentra en la camarilla gobernante el manejo a discreción de los fondos del Estado, deben ser destinados a un plan de infraestructura escolar discutido por el conjunto de la comunidad educativa (y el control de sindicatos docentes y centros de estudiantes sobre el Fondo Educativo que reciben los municipios); a las necesidades de insumos, personal, medicamentos y obras determinados por los trabajadores de la salud; a la obra pública de acuerdo a un plan integral elaborado por técnicos, organizaciones ambientalistas y asambleas de inundados de toda la provincia. Garantizando un salario igual a la canasta familiar, el pase a planta de todos los trabajadores del Estado y la devolución de los fondos al IPS para asegurar el 82% móvil para los jubilados. En el acto que realizó el Partido Obrero frente a la Legislatura (que contó con la participación de La Brecha, el PTP y el FPDS-CN), el diputado provincial del FIT Guillermo Kane, que no participó de la Asamblea Legislativa en rechazo a esta agenda parlamentaria diseñada en un juzgado de Nueva York, aseguró que “seguiremos peleando, tanto dentro de la Legislatura como en la calle, contra los despidos y la precarización laboral, por la triplicación del presupuesto para salud y educación, enfrentando este pacto buitre para que la crisis la paguen los capitalistas”. Más que nunca, los trabajadores tenemos que desarrollar nuestra alternativa política.

La “novela narco” en Salta sumó una cantidad importante de capítulos en lo que va del año. Mientras se escriben estas líneas, los periódicos informan “la caída” del narco boliviano Sejas Rosales, responsable de por lo menos once causas de tráfico de cocaína y apuntado como un “protegido” del juez federal Raúl Reynoso. Este último fue apartado de su cargo al hacerse público todo un sistema, tarifado, para otorgar la libertad a los delincuentes. Su reemplazante en el cargo aguantó un par de semanas… y renunció. El operativo se da en sincronía con uno impulsado por la justicia federal, “Febrero Blanco”, que cuenta entre sus intervenciones con el arresto del presidente del Concejo Deliberante de Salvador Mazza, Alejandro Maurín, y con el pedido de captura internacional de su par Mauricio Gerónimo. Tenemos un cuadro en que el Estado, sus instituciones, su justicia y fuerzas de seguridad, se ven involucradas como nunca en el flagelo que dicen combatir. ¿Narco-concejales? El concejal urtubeísta Mauricio Gerónimo está acusado de narcotraficante y tiene pedido internacional de captura. Iniciado en la política de la mano de Carlos Villalba (el intendente destituido por estar ligado a una red de trata), en mayo pasado había sido electo junto a Alejandro Maurín por el Frente Grande, lista apoyada abiertamente por el mismo Urtubey y el FpV. Los indicios apuntaron contra ellos luego de la captura de un camión con 267 kilos de cocaína en Santiago del Estero; según las investigaciones de la Fiscalía Federal N˚ 1, los concejales oficialistas eran distribuidores de droga en todo el país. Lo llamativo es que el camión de cocaína estaba a nombre del ex diputado provincial Ernesto José Aparicio, vinculado en 2006 con el asesinato de la pequeña productora Liliana Ledesma, quien lo había denunciado por narcotráfico en varias ocasiones. A pesar de los reiterados testimonios en su contra, de las movilizaciones populares y de los pedidos del PO para que se constituyera una comisión investigadora, peronistas, radicales y renovadores lo defendieron. Aparicio tuvo que dejar su banca pero murió sin ser juzgado. Algo similar ocurre ahora en el Concejo Deliberante de Mazza: las primeras convocatorias a sesiones extraordinarias para tratar el tema fracasaron por falta de quórum. Tras varias maniobras y producto de la presión popular, se juntó el número y Gerónimo fue destituido, pero no por sus causas, sino porque el prófugo buscado por la Interpol “se ausentó sin aviso ni justificación al Concejo”. Por su parte, Maurín no fue destituido sino que se le abrió una comisión investigadora. Ahora se plantea una nueva crisis porque la sucesora de Gerónimo en la lista de concejales oficialistas tiene condena por narcotráfico. En medio de la crisis, el intendente Méndez se tomó una licencia. Se ha abierto una crisis importante en la zona caliente del narcotráfico e incluso se baraja la posibilidad de otra intervención a un municipio, esta vez por su completa descomposición política y múltiples vínculos con el delito. Mientras tanto, el descontento popular contra el narco crece y se va ligando a una conclusión política de fondo: el Estado es el protagonista y productor de esta trama. El viernes 11, una delegación de parlamentarios del PO, encabezada por el diputado nacional Pablo López, la senadora provincial Gabriela Cerrano y el diputado provincial Claudio Del Plá, se constituirá en Salvador Mazza para apoyar el reclamo de los familiares contra la impunidad de los crímenes narcos y para impulsar una investigación independiente que desarme la trama de un estado descompuesto que destruye el porvenir, amenaza la vida y la salud de la población.

El gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, logró canalizar, a mediados del año pasado, el rechazo regional al gobierno kirchnerista por la crisis de la industria frutícola. Derrotó en la elección provincial al FpV -por un amplio margen- con un improvisado partido local estructurado en base a la caja estatal. Del coqueteo con Sergio Massa supo desmarcarse cuando el “presidenciable” se hundía en las encuestas. Y pasó, con posterioridad a las internas de agosto, al apoyo explícito a la candidatura de Scioli, que aseguraba el precio sostén del barril criollo en las cumbres de la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi). Por eso, la asunción de Macri encontró a Weretilneck en el campo de la “resistencia”. Se negaba, decía, a “arrodillarse ante el gobierno nacional”. Un trimestre de macrismo bastó, sin embargo, para que el gobernador rionegrino emprendiera una nueva voltereta política. Un canje buitre Sucede que la provincia atraviesa una profunda crisis fiscal. El presupuesto provincial, aprobado en diciembre pasado, estipula un déficit de 900 millones de pesos y vencimientos de deuda por otros 950 millones. Según el propio gobernador la provincia perderá 400 millones por las modificaciones en ganancias y otros tantos por la baja del Fondo Sojero, ante la reducción de retenciones. Este año, a diferencia del pasado, Weretilneck no podrá acudir a fondos que provengan de renegociaciones de contratos petroleros para el auxilio provincial. El mismísimo gobernador fue elocuente en el discurso inaugural de las sesiones legislativas, cuando habló de “incertidumbre financiera” para referirse a la situación económica de la provincia. Son estos los motivos de fondo que llevaron al acercamiento de Weretilneck al presidente Macri. Por eso, el gobernador rionegrino saludó en Bariloche, en presencia del Presidente, el acuerdo con los fondos buitre y el “regreso al mundo” de la Argentina. Al igual que el resto de los gobernadores, Weretilneck ve en el pacto con los buitres la llave para su propio rescate financiero. Y por ese mismo motivo no asistió ala reunión de gobernadores del FpV,que al igual que Río Negro reclaman la restitución del 15% de los impuestos coparticipables retenidos por Nación. El gobierno de Weretilneck optó por dar señales claras de su colaboración política con la línea oficial. Por eso ha bendecido junto a Macri el nacimiento de Frontec, la compañía que surge del acuerdo entre Invap -la empresa rionegrina de tecnología compleja- y el grupo Grobocopatel, para vender servicios satelitales de estudio del suelo y los cultivos. Invap ha cerrado también un memorándum de entendimiento con la empresa francesa Areva, para participar conjuntamente de una licitación de reactores en Sudáfrica. La presencia de Barack Obama en Bariloche, el próximo 24, será el bautismo del acuerdo que se teje entre Invap y la Nasa. Weretilneck y Macri han colocado a la principal empresa estatal rionegrina al servicio del “rey de la soja” y el imperialismo, poniéndola en la mesa de negociaciones del pacto colonial con los buitres. Una crisis social emergente El gobernador ha saludado las medidas económicas tomadas por el macrismo. Es que los grandes monopolios frutícolas y exportadores se beneficiaron con la devaluación y la eliminación de las retenciones. Esas medidas le permitieron sostener sus ganancias, a pesar de la caída de las exportaciones. Pero de ninguna manera han dado una salida a la crisis de los pequeños productores, que no tienen acceso a la exportación y son expoliados por los grandes monopolios. Peor aún se la ven los obreros rurales, del empaque y del frío. Las burocracias sindicales de Uatre, SOEFRNYN y STHIMPRA, le han prestado un servicio excepcional a las patronales, que han realizado centenares de despidos, acelerado los ritmos de producción e impuesto paritarias a la baja. La provincia se ve azotada también por la crisis de la industria petrolera y minera. El acuerdo firmado por el sindicato petrolero hace agua por todos lados y se multiplican los despidos, las suspensiones y las jubilaciones forzosas. Se acaban de evitar 200 despidos en la minera MCC, en Sierra Grande, gracias a la respuesta obrera. Pero la complacencia del gobierno con la patronal minera china le costará al fisco provincial otros 44 millones de pesos. Finalmente, las paritarias docente y estatal han cerrado con acuerdos ruinosos, que se agravan con el ingreso de miles de estatales a pagar ganancias. Las burocracias kirchneristas de Unter (docentes) y UPCN le han hecho flaco favor al gobernador devenido a macrista. En este escenario, la campaña hacia el 24 de Marzo próximo y la movilización recobran un valor especial. Es necesaria una intensa agitación política denunciando el “pacto buitre” y la llegada de Obama a la provincia, y el papel colaboracionista de la burocracia de los sindicatos con el ajuste en marcha. La impunidad reinante, que en la provincia se anota decenas de casos, deberá ser, naturalmente, otra denuncia clave.

Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, en nombre de Elsa Rodríguez, presentaron esta mañana un recurso de casación impugnando la resolución del Tribunal 21 que le otorgara el beneficio de prisión domiciliaria a José Pedraza. Pedraza, condenado a 15 años de prisión por el asesinato de Mariano Ferreyra y las graves heridas de Elsa Rodríguez, fue enviado a cumplir condena a un edificio de lujo en Palermo Chico. “Desconocemos quiénes serán finalmente los jueces que resolverán sobre la procedencia del recurso porque el Tribunal N˚ 21, al no estar completamente constituido, opera bajo el régimen de subrogancias”, explicó la abogada Ferrero. Precisamente, fueron los votos de dos jueces subrogantes los que beneficiaron a Pedraza. “El Tribunal había rechazado reiteradas veces el pedido de la defensa, ya que los médicos forenses constataron que estaban perfectamente dadas las condiciones para que permaneciera en el penal de Ezeiza”. La abogada también señaló que “detrás de esto, se esconde una decisión política de darle un punto al final a la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra, reafirmado por la absolución de los jueces que intervinieron en el intento de soborno comandado por Pedraza para obtener impunidad. El beneficio injustificado que dos jueces subrogantes impusieron sorpresivamente está asociado a las negociaciones del gobierno de Macri para congraciarse con la CGT.

Foto: Javier Entrerriano Transcurridos 39 años del secuestro y desaparición de su hijo Hugo Miedan, pudo sentarse por primera vez a declarar Elia Espen, Madre de Plaza de Mayo (Línea Fundadora). Con la honestidad que la caracteriza, Elia se sentó frente a los jueces del Tribunal Oral Federal N˚ 2 y les dijo que tenía un solo interés en el juicio: “La verdad y la justicia”. La declaración testimonial de Elia puede inscribirse como una victoria de su tenacidad y lucha. A sus 84 años, pudo franquear el “silencio” que le fue impuesto por el Estado. A partir de una petición realizada por Apel en la causa ABO (Atlético Banco Olimpo), su declaración no pudo haber llegado en mejor fecha, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. En este caso, fue la reivindicación de la incansable pelea contra el apañamiento estatal a los genocidas, protagonizado por centenares de mujeres luchadoras. Elia fue acompañada por un centenar de personas, sus hijas y nietas, Jorge Altamira, dirigente del Partido Obrero, los diputados Pablo López y Soledad Sosa, Ileana Celotto de la AGD-UBA, la Fuba, la Asociación de ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD), representada por Carlos Loza, Nora Tomé, HIJOS Oeste, y muchos más. La concurrencia fue tan grande que debió habilitarse la platea alta de la sala más grande de Comodoro Py. Hugo, militante del PRT, desapareció el 18 de febrero de 1977 y fue visto por sobrevivientes en el centro clandestino de detención El Atlético, ubicado en Paseo Colón y Juan de Garay de esta Capital. Elia y sus hijas estuvieron privadas de libertad, cuando los genocidas allanaron su domicilio en búsqueda de Hugo. La denuncia que Elia presentó ese mismo día nunca quedó registrada en la comisaría. Hugo fue visto por última vez por sobrevivientes, en septiembre de 1977, en el Centro clandestino El Atlético. Durante su testimonio, Elia contó el allanamiento que realizaron los militares en su casa, donde vivía Hugo. Detalló los robos a los que fueron sometidos, el maltrato a sus hijas y a ella misma. “Se robaron todo lo que pudieron cargar. Lo metían en las sábanas y lo llevaban como fajos”. Elia recordó que el militar que llevaba la voz cantante le quedó grabado en su retina, y al día de hoy lo recuerda. Continuó narrando la infinidad de gestiones que realizó: el paseo por ministerios, las entrevistas con el genocida y capellán de la Armada Emilio Graselli, los hábeas corpus, cartas a la OEA y episcopados. Los resultados obtenidos siempre fueron negativos. Así, comenzó a relacionarse con otras madres y familiares “Sería que las madres teníamos algo en las caras que nos dábamos cuenta. Y así nos fuimos organizando” Espen destacó que recién el año pasado, y a partir de un habeas corpus que presentara con la autora de esta nota, la Justicia obligó al Estado a investigar e informar mensualmente sobre los resultados. La cantidad de tiempo que tuvo que esperar Elia muestra los límites de los juicios que siguen celebrándose a paso de tortuga, por un puñado de genocidas y un número inferior de víctimas. Este tercer tramo del juicio ABO todavía no tiene fecha de inicio. A 40 años del golpe genocida, se impone la necesidad de reclamar, como siempre, la apertura ya de los archivos, el juicio urgente a los milicos genocidas y sus cómplices, la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas por todos los compañeros. Terminada la audiencia, Elia llamó a movilizarse este 24 de Marzo con el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia contra la impunidad de ayer y de hoy, y en defensa irrestricta de los derechos humanos.

Nuevamente, como en los años anteriores, los organismos K anunciaron el horario de su acto cuando la convocatoria del Encuentro Memoria Verdad y Justicia ya había sido lanzada. Abuelas de Plaza de Mayo, Madres Línea Fundadora, H.I.J.O.S. y Familiares concentrarán a las 14 en Avenida de Mayo y 9 de Julio para luego marchar a Plaza de Mayo. La convocatoria del EMVyJ había sido anunciada para las 14.30 desde Congreso. Nuevamente, el ingreso a la Plaza será motivo de una disputa física y política. Como en los años anteriores, el objetivo del kirchnerismo es apropiarse de la Plaza y marginar a los organismos independientes y a la izquierda combativa agrupada en el Encuentro. Detrás de la fachada de Abuelas, se encuentran La Cámpora y otros grupos políticos K que manipulan el 40 aniversario del golpe genocida para agitar el “vamos a volver” del gobierno de las leyes antiterroristas, el Proyecto X y Milani. Lanzaron especulaciones sobre la posible reaparición pública de CFK en el acto. El acto de Abuelas tiene como consigna “a 40 años del golpe genocida, todos a la Plaza” y se propone “recordar” el nuevo aniversario. Ni una palabra de la lucha contra el ajuste y los despidos que aplican tanto el gobierno nacional como los gobernadores e intendentes peronistas. Consultada por la posibilidad de que este año hubiera una sola marcha, junto a los partidos de izquierda, Estela Carlotto contestó: “Se pensó esa posibilidad. No se pudo. Nosotros no vamos a hablar mal de Cristina ni de Néstor” (Página/12, 6/3). Vale señalar que una parte de la izquierda (el MST, el MAS, el PTS) estaba dispuesta a “no hablar mal” de las gestiones K -es decir, a deponer las denuncias vigentes sobre su carácter represivo y antiobrero- en aras del “frente único” anti-Macri. A esta altura resulta evidente que los K no están dispuestos a emprender ninguna lucha, como lo demuestran el ajuste brutal que Alicia Kirchner está aplicando en Santa Cruz y la deserción de la burocracia, en todas sus variantes, de la defensa del salario y los puestos de trabajo. Por otra parte, el kirchnerismo reclama una subordinación política completa, como lo ha demostrado en la campaña por la liberación de Milagro Sala. Como gesto de buena voluntad, el PTS y otros grupos se avinieron a participar en actos donde la exaltación política de la Tupac Amaru fue la nota excluyente. La convocatoria K tampoco menciona la presencia de Obama en el país para esa fecha. La Cámpora no ha emprendido ninguna agitación al respecto. En definitiva, su oposición al acuerdo con los fondos buitre es una puesta en escena. Su principal preocupación es no verse excluidos del PJ, cuyos gobernadores apoyarán el acuerdo de manera compacta. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia procesó estos debates durante varias semanas, en las que se discutió la preparación del acto. Finalmente, definió como las consignas principales del acto el reclamo de cárcel común y efectiva a los genocidas, “contra la impunidad de ayer y de hoy”, “fuera Obama” y “no al ajuste de Macri y los gobiernos provinciales”. La posición que alentaba un acto unificado con los K fue derrotada. Ahora, la lucha política se trasladará la elaboración del documento que presidirá el acto. Defenderemos la denuncia contra Macri y sus antecedentes K. Pongamos en pie una tribuna de lucha contra el ajuste y el “protocolo” represivo en Plaza de Mayo y en todas las plazas del país.

La marcha provincial docente del 9 de marzo constituyó la movilización más grande contra el zamorismo en toda su historia de 12 años. Quince mil docentes marcharon por las calles santiagueñas con el apoyo del conjunto de la población, que aplaudía, tocaba bocina y los vivaba a su paso. El gobierno había jugado con artillería pesada a fin de amedrentar contra el paro y la movilización: tras la represión y detención de dos compañeros, lanzó un comunicado oficial anunciando descuentos a los huelguistas, luego abrió una causa penal trucha para investigar la “incitación a la violencia” en la marcha, hizo circular rumores de una “contramarcha” oficialista, envió policías a las escuelas para tomar lista de los huelguistas, etc. En ese marco, el docente Franco Maldonado, conocido activista de la ciudad de Frías, fue acuchillado por dos encapuchados que no le robaron nada (ya está fuera de peligro). Lejos de amedrentarse, los docentes reaccionaron profundizando el paro y la movilización. La marcha estuvo precedida por movilizaciones en todos los puntos cardinales de la provincia, incluso en los pueblos más remotos. Comenzaron a sumarse e incluso a parar distintos docentes de privados, a pesar de la cerrada oposición de la dirigencia de Sadop. Desde distintos puntos del país se sumaron delegaciones de sindicatos en apoyo, entre las que se destacó la de Suteba La Matanza, encabezada por Romina del Plá, cuya participación generó gran repercusión entre los docentes. Asimismo, el diputado Pablo López, del Frente de Izquierda-Partido Obrero, se hizo presente en la provincia para apoyar la movilización. Tras la marcha, se realizó una asamblea del sindicato Cisadems, el gremio que está convocando al paro. Se votó continuar con el paro por tiempo indeterminado, una nueva jornada de lucha el jueves (ese día, además, la CEA sesionará en Santiago) y, a propuesta de Tribuna Docente, un plenario provincial de delegados electos con mandato. El desafío ahora es convertir al plenario de delegados en una verdadera instancia de centralización de la lucha, sobre la base de la realización de asambleas de base en todas las escuelas y la elección de delegados con mandato. Esto permitirá la unificación de los docentes afiliados a distintos gremios e incluso sin afiliación gremial. La lucha docente abre un canal para todos los explotados: los trabajadores de salud, municipales, judiciales y de todos los ámbitos. Se impone sumar a los padres de los estudiantes, a la juventud estudiantil y a todos los agraviados por este régimen de ajuste, miseria y represión. Hagamos reuniones y asambleas en los pueblos, lugares de trabajo y estudio, y convoquemos a una gran marcha provincial de todos los trabajadores, por salario y paritarias.

La intervención de los docentes de Córdoba impuso el mandato del reclamo del 40% y el plan de lucha, desbaratando así las maniobras de la conducción sindical y el gobierno que pretendían imponer un 25% anual. Las escuelas se encuentran movilizadas y elaborando mandatos. Luego de votar un nuevo rechazo a la propuesta y un plan de lucha extendido que desdoblaba un paro de 48 horas, el gobierno dictamina la conciliación obligatoria para impedir realizar los paros y las asambleas. Esta conciliación fue pedida por la propia burocracia celeste de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) y la adelantó el propio secretario general en la asamblea, anunciando, sin consultar a nadie, que el sindicato la acataría. Es una conciliación trucha por donde se la mire. En primer lugar, porque la dicta el propio gobierno que es parte en las negociaciones y, por lo tanto, no está en condiciones de conciliar en el conflicto. En segundo lugar, porque sólo obliga a los trabajadores a suspender sus medidas de fuerza y sus decisiones, pero no retrotrae las decisiones de la patronal -es decir del gobierno. No obliga al gobierno a devolver los descuentos por el día de paro el 29 de febrero. Tampoco lo obliga a devolver el 82% móvil a los jubilados estatales y dejar de aplicar la ley previsional 10333 (la que roba el 11% a los haberes jubilatorios), que es uno de los puntos del reclamo docente. A esta conciliación trucha la pidió el propio Juan Bautista Monserrat, secretario general de la UEPC, para poder imponer el planteo del gobernador, Juan Schiaretti, del 25 ó 26% en dos cuotas. La moción que propuso la Celeste en la asamblea provincial desdoblaba el paro de 48 horas que mandataban las escuelas y le daba una semana de tiempo al gobierno para que pueda dictarla. Ese mandato fue votado y festejado por la lista Naranja (kirchneristas), cabeza de la Pluricolor (IS, MST, PCR) en el sindicato. A pesar de esta nueva maniobra, las escuelas siguieron desarrollando asambleas y estas fueron perseguidas por los directivos con amenazas de nuevos descuentos. Algunas escuelas movilizaron su asamblea a la sede del sindicato para exigirle que rechace la conciliación. El argumento de que estas asambleas o acciones en las calles no están avaladas por el gremio sirve para tildar de inorgánico a todo aquel que plantee luchar. Así, la Celeste amenazó con echar del sindicato a una compañera dirigente de Tribuna Docente. Frente a esta situación de rebelión en las escuelas, la propia Celeste tuvo que sacar un cronograma de acciones a contraturno durante la conciliación: volanteadas, radios abiertas y hasta una movilización. La oposición pluricolor que inicialmente había planteado medidas, luego las levantó para mantener la organicidad del sindicato. Tribuna Docente, en cambio, impulsa todas las asambleas y acciones que los docentes y las escuelas están llevando adelante. Además, hemos presentado una impugnación de la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo y una exigencia formal de asambleas al sindicato. También desde la banca del Frente de Izquierda en la Legislatura, presentamos un proyecto de repudio de esta conciliación y a todas las directivas del Ministerio de Educación que atentan contra la actividad sindical en las escuelas. Llamamos a mantener el estado de movilización y deliberación en las escuelas. La UEPC debe rechazar la conciliación obligatoria. Exigimos que se restituyan las asambleas y que decidan las bases, elaborando mandatos y sosteniendo las acciones de marchas, piquetes y cortes. El sindicato y el gobierno quieren usar la conciliación para decidir por fuera de los docentes como decidieron el año pasado con la represión. Sus armas están cada vez más mojadas. Las escuelas, en cambio, están rebeladas. Vamos a defender el programa que han impuesto: 40% ahora y derogación de la ley 10333, defensa del 82% móvil.

El acuerdo del gobierno, la Celeste y las otras burocracias docentes nacionales no cierra por ningún lado. El aumento salarial ruinoso ha generado un enorme descontento en todo el país. Sonia Alesso (Amsafe), Eduardo López (UTE) y Roberto Baradel (Suteba) presentaron este salario a la baja como un triunfo. Dijeron haber perforado los techos salariales. Pero no fueron profetas ni en su propia tierra. Los docentes de Santa Fe le rechazaron el acuerdo, y también el ofrecimiento de un 34% mentiroso del gobernador Miguel Lifschitz (Partido Socialista). Pararon 48 horas de No inicio y la asamblea provincial. En Ciudad de Buenos Aires, UTE debió rechazar la propuesta de Rodríguez Larreta, ante el enorme descontento de la base de ese gremio. Frente al noveno año consecutivo de pacto de la UTE de Eduardo López con Macri, fueron a la huelga el sindicato Ademys y la oposición multicolor de UTE. En Buenos Aires, las grandes seccionales del Suteba conducidas por la Celeste rechazaron el acuerdo mediante el mecanismo de la consulta, igual que las nueve seccionales multicolores: Baradel dibujó el resultado y proclamó la aceptación, pero tuvo que señalar que la diferencia era ínfima con el No. Baradel aceptó un arreglo muy por debajo de la inflación presente. La bronca en las escuelas crece, por los aumentos de precios de los últimos días y por el impuesto a las ganancias, que ahora pagarán más docentes que antes. A todo esto, hay que agregar la crisis con el avance del dengue, que amenaza convertir a las escuelas en un enorme escenario de extensión de la enfermedad. Pero a pesar de todo, Eduardo López y Baradel le garantizaron el normal inicio de clases a Macri en la Capital y en la provincia de Buenos Aires, y Sonia Alesso un inicio de clases sin paro nacional. La Celeste salió al rescate de Macri, un verdadero cachetazo a las ilusiones de esa izquierda que planteó a los gritos que la burocracia kirchnerista se pasaba al campo de los sectores combativos. La moneda de pago del gobierno de Vidal por la gauchada de Baradel fue declarar que el “aumento” es hasta marzo de 2017. Para ser más claros: el ministro de Economía, Hernán Lacunza, rechazó cualquier ilusión de “paritaria abierta”. Udocba y la FEB se sumaron también al sostenimiento del gobierno de Vidal. Una gran experiencia para el conjunto de la docencia. Sí pararon los Suteba multicolores, por un básico de 12.000 pesos y un 40 por ciento de aumento en el resto de las categorías. El paro de No inicio de los Suteba combativos fue importante, en especial porque los Suteba combativos y la Multicolor se consolidaron como la única referencia para enfrentar el ajuste macrista. Este clima llevó a Baradel a declarar que si no se abre la paritaria para el monitoreo de los aumentos de precios habrá “un paro docente en la provincia de Buenos Aires” y a convocar, a menos de diez días de cerrar la paritaria con Vidal, a reuniones de delegados en todas las seccionales del Suteba. Rebelión docente en el interior En Santiago del Estero se produjo un docentazo. Miles de maestros y profesores están en paro por tiempo indeterminado desde el 1˚ de marzo (ver nota aparte), porque el gobierno de Gerardo Zamora -un ex K travestido en macrista- presentó un ofrecimiento miserable. Una marcha de más de 8.000 trabajadores el viernes 4 de marzo fue brutalmente reprimida. Dejó numerosos maestros heridos y otros detenidos. Los docentes marcharon hasta el lugar de detención hasta que arrancaron la liberación de sus compañeros. La lucha santiagueña se profundiza y tiene la simpatía y solidaridad de todo el país. Los docentes de Santiago del Estero tienen el peor básico nacional (2.190 pesos) y ni siquiera cobran, en muchos casos, el sueldo mínimo de 6.060 pesos. El miércoles 9 de marzo realizaban una gran marcha provincial. En Córdoba, el paro de no inicio fue masivo y la marcha de ese día congregó a más de 10.000 docentes (ver nota aparte). En Entre Ríos, los docentes de Agmer pararon 72 horas a partir del 29 de febrero. En medio del paro, el gobierno decretó la conciliación obligatoria y también interviene una jueza. La dirección Celeste dijo que rechazaba la conciliación pero se sentó a dialogar con el gobierno y la jueza, y reclamó que cualquier acuerdo sea remunerativo en todos sus componentes y tramos, ante el repudio de los trabajadores jubilados, golpeados por las innumerables cifras en negro. El martes 8, una asamblea provincial analizó la respuesta del gobierno y está planteada la continuidad de las medidas de fuerza. En Santa Cruz hubo un paro de 48 horas de No inicio. La “nac&pop” Alicia Kirchner recién hará una oferta salarial a los docentes el 16 de marzo. Es una situación que enfrentan también los trabajadores municipales y provinciales. El congreso de Adosac votó otras 48 horas de paro, y por iniciativa de los congresales de Tribuna Docente, que Adosac plantee en la mesa de unidad de gremios de la provincia la convocatoria a un plenario obrero de Santa Cruz para enfrentar el ajuste. En Neuquén también se agudiza la crisis de la paritaria. El gobierno mantuvo su 25% en tres cuotas más las sumas del Fonid (Incentivo docente), lo que fue rechazado por unanimidad. La burocracia celeste de Guagliardo no pudo evitar que la semana próxima haya un nuevo paro de 48 horas, pero fue condicionado a que cualquier negociación saque del monto de registro para el impuesto al salario todos los ítems y los plus por zona desfavorable. Por iniciativa de Tribuna se planteó la moción de paro de una semana, que en la votación provincial perdió con las 48 horas por apenas 100 votos. En Tierra del Fuego, la gobernadora ultraK planteó aumento cero para la combativa docencia de la isla. La respuesta fue un paro de 72 horas del Sutef, y un acampe frente a la Gobernación de docentes y estatales. Un congreso, el domingo 6, votó la continuidad de las medidas. En Mendoza, el Sute también realizó paro de No inicio, y tiene votado un paro de 24 horas para la semana siguiente. El gobierno de Cornejo ofreció un 19% de aumento para los profesores y 22% para los maestros, incluyendo los 1.300 pesos en negó del ítem aula, que se cobra si no se falta ni un solo día, por cualquier causa, incluyendo fallecimiento de familiar. También pararon en Misiones, que continuará medidas la semana siguiente, Chaco y Chubut. La paritaria a la baja de Ctera y de la Celeste, en rescate del gobierno de Macri, ha entrado en una crisis completa. Y ha delatado a la burocracia kichnerista como un pilar de la política de rescate capitalista a costa de los trabajadores. Reclamamos a Ctera el paro nacional en apoyo de las provincias en lucha, y vamos por la reapertura de las paritarias en todas las jurisdicciones, por 12.000 de básico, y 40 por ciento de aumento en todas las categorías. Impulsamos también una gran marcha nacional educativa para la tercera semana de marzo, con fecha probable el 18 de marzo. Los métodos desarrollados en esta primera etapa de la lucha contra Macri y los gobernadores K, socialistas o massistas son un laboratorio riquísimo para quebrar el ajuste capitalista en curso.

Con una lista de 20 talleres, con representación de diarios, editorial, packaging, cooperativas, talleres chicos y grandes; encabezada por los secretarios generales de cuatro de los talleres y grupos económicos más grandes del mercado editorial (Interpack del grupo Zupan, AGR-Clarín, Ipesa y Morvillo & QuadGraphics), de los cuales integran la lista el 100 por ciento de sus cuerpos de delegados, la Lista Naranja se presenta como una fuerte alternativa ante la anquilosada Lista Verde. La Verde cuenta con el secretario general del gremio, Raymundo Ongaro, quien con 92 años, ocupa ese lugar desde 1967. La “renovación” propuesta para esta elección por el oficialismo, Héctor Amichetti, ya superó la edad jubilatoria y hace más de cuarenta años que no pisa un taller. A pesar de un prehistórico pasado combativo, desde hace décadas la fe de Ongaro en la colaboración de clases lo llevó muy lejos: apoyó a Menem y al indulto, lo que le valió el repudio de las Madres de Plaza de Mayo; fue pionero en la desregulación de las obras sociales tomando un crédito del Banco Mundial, y luego de la privatización de la jubilación, convirtiendo al sindicato en vendedor de la AFJP Activa del grupo Clarín. Luego celebró con De la Rúa exenciones impositivas a las patronales en un acto “inmortalizado” junto a “la piba” Patricia Burlich, por entonces ministra de Trabajo. Con Kirchner postró al gremio en las paritarias y saludó el impuesto al salario, modorra que sacudimos desde la oposición con enormes movilizaciones que incluso tiraron la “pauta” para arriba. Ahora, con un sindicato en la oposición, que asevera estar en “la resistencia”, los trabajadores ya han tenido un pantallazo: ante la negativa de la Faiga (cámara patronal) de acordar un bono de fin de año, no impulsaron ni siquiera asambleas en los talleres; por eso pega fuerte la noticia de que en varias fabricas que dirige la Naranja hemos obtenidos bonos que van de los 4 mil a los 6.300 pesos. La “democracia” de la Verde Un capítulo aparte son las maniobras de la Verde y su Junta Electoral contra la Naranja. Desde su presentación, hombres de la Verde han “apretado” cobardemente a mujeres de nuestra lista, llegando a amenazarlas con represalias con la obra social o la ayuda a cooperativas. Así, forzaron la renuncia de compañeras que han sido reemplazadas por nuevas candidatas, que se suman a la lista cumpliendo así con requisitos “extra” estatuarios, dado que nuestra lista ya estaba oficializada. El contraste es fuerte con la “voluntad democrática” que la Verde demostró con la Bordó- PTS para habilitar la presentación de una “lista” que cuenta con un solo delegado, es encabezada por una cooperativa, con un secretario adjunto que perdió el taller a manos de la burocracia y que tiene por objetivo restarle votos a la Naranja que se presenta como alternativa en el gremio. La denuncia de una supuesta “proscripción”, formulada por el PTS una semana antes de la presentación de listas, no fue más que el taparrabos para disimular un acuerdo con la burocracia, finalmente sin una sola medida de lucha, tal como figura en un acta firmada entre la Verde, su Junta Electoral y la Bordó, quienes supuestamente “proscribían” se pronunciaron por escrito a favor de dejar de lado requisitos legales, para facilitar la presentación de la Bordó. La única opción es La Naranja La Naranja se postula para dirigir el sindicato contra el ajuste patronal, de Macri y los gobernadores e intendentes del FpV, defendiendo un programa que en gran parte ya hemos hecho carne donde dirigimos las comisiones internas; con la efectivización de contratados, los bonos de fin de año, el salario básico por encima de la canasta familiar, la lucha por la estabilidad laboral, y el método de la democracia sindical, luchando por una perspectiva política propia de los trabajadores, lo cual tiene su máxima expresión en la candidatura a primer congresal del dirigente histórico del gremio y diputado nacional por el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, Néstor Pitrola. ¡Vamos por el desarrollo de la alternativa clasista en el gremio gráfico! Taller por taller y obrero por obrero; porque si pudimos todo esto en nuestros talleres, mucho más podremos poniendo a todo el gremio en pie.

La larga lucha de los trabajadores de Ecotrans en defensa de su fuente de trabajo afronta ahora un nuevo desafío. Este mes, los sueldos no fueron depositados en tiempo y forma, argumentando que el gobierno nacional no había depositado los subsidios a las empresas de transporte. Semanas antes, una asamblea general, previo corte de servicios, venía de votar un plan de movilización frente al descalabro reinante. El grupo Cirigliano ha hecho uso y abuso en la utilización discrecional y parasitaria de los subsidios. Los fondos fueron desviados a otros fines y no a mejorar el servicio y las condiciones de trabajo. En pocos años vimos cómo su patrimonio crecía en forma exponencial a la vez que la empresa se derrumbaba como consecuencia de la falta de inversión. Los Cirigliano han presentado hace unos meses un concurso trucho de acreedores cuando no existen razones que lo justifiquen porque Ecotrans es una empresa viable: entre la recaudación y los subsidios del Estado, se cuenta (con una buena administración) con los fondos necesarios para prestar un buen servicio. Esta política se ha agravado en el último período, hasta desembocar en una situación terminal, como la actual, en que el deterioro de las unidades, la falta de mantenimiento, y la ausencia de repuestos y hasta el recorte de los recorridos, va provocando la parálisis de los servicios. Ni vaciamiento ni desguace Frente al derrumbe del grupo empiezan a levantar cabeza las tentativas de desguace de la línea. Y de posibles compras de la empresa, por pedazos, por parte de empresas de la zona conocidas entre los trabajadores como sumamente negreras, donde no respetan los convenios laborales. Frente a esta situación, los trabajadores de Ecotrans preparan una campaña de denuncias y movilización, rechazando tanto el vaciamiento como el desguace y planteando la necesidad de defender un transporte para todos. Los compañeros exigen al Estado una inspección integral a la empresa bajo control del cuerpo de delegados, para verificar la situación real y que se abran sus libros y sus cuentas para saber a dónde van a parar los recursos que la patronal recibe. Reclaman que se forme una comisión de control integrada en forma conjunta por representantes del Estado y de los trabajadores a los fines de fiscalizar el movimiento de la empresa. Todo esto debería traducirse en un plan de inversiones, cuya ejecución debe estar sometida a la supervisión común de los trabajadores y el Estado. Dos estrategias En medio de esta difícil situación se realizarán las elecciones de delegados en abril, cuando asistiremos al choque de dos estrategias. Por un lado, la dirección de la UTA, a la que responden una minoría de los delegados de Ecotrans que vienen haciendo la plancha ante el vaciamiento de la empresa y la amenaza de un desguace. Por otro, la de la lista Unidad, que históricamente ha defendido la estabilidad laboral, el cumplimiento estricto del convenio, desconocido por la inmensa mayoría de las patronales y la defensa, como ya sucedió en la histórica lucha ante la quiebra de Transporte del Oeste, de la totalidad de los puestos de trabajo de los compañeros.

En el conflicto del Grupo 23, el gobierno nacional fue ajustando su política. Al principio, se caracterizaba por la parálisis indolente. Con esa actitud buscaba posicionarse por fuera de una crisis que, desde su perspectiva, aparecía como una arista más del derrumbe político y “cultural” del kirchnerismo. Además, claro, legitimaba el ajuste que ellos mismos preparaban. Nada mejor que “tercerizar” el ajuste en el kirchnerismo para darle un carácter de política de Estado. Pero la acción decidida de los trabajadores fue transformando a un conflicto considerado “propio” del kirchnerismo en un problema político para el gobierno. Luchamos por una orientación de independencia política respecto de la patronal. La lucha se centró, de entrada, en la defensa de los 800 puestos de trabajo y de los derechos de los trabajadores. El festival del Parque Centenario con más de 25 mil participantes y laas sucesivas acciones de lucha junto con el Sipreba colocaron al conflicto en el escenario político y obligaron al gobierno a involucrarse. Lo hizo, sin embargo, para abonar la política de desgaste que ejecutaban los Szpolski, Garfunkel y Martínez Rojas. Así, la cartera laboral pasó de una actitud beligerante con la nueva patronal (amenazar con multas y promover los Repro para los trabajadores) a ser vocera directa de las versiones de una supuesta operación comercial. Así, justificó la postergación de las multas a la patronal, a la vez que incumplía los acuerdos rubricados en sede ministerial. Se acabaron las multas y comenzó el cajoneo de los expedientes a favor de los Repro. Las autoridades políticas del ministerio (Silvia Squire, tercera en la línea de mando) se involucraron personalmente en la serie de mentiras y dilaciones de la patronal. El gobierno cobró conciencia de que, detrás del conflicto en el G23, se está jugando una partida más general en la relación de fuerzas entre todas las patronales de medios y los trabajadores a través de su nuevo sindicato, el Sipreba. En la contundente movilización del 3 de marzo a la Plaza de Mayo, la actitud del gobierno fue nuevamente la de ningunear el conflicto, para producir un mayor desgaste entre los trabajadores. Sin embargo, finalmente, tuvieron que acceder a conceder una reunión con el vice ministro de trabajo Ezequiel Sabor que, al cierre de esta edición, estaría próxima a realizarse. Una vez más, la beligerancia de los trabajadores de prensa volvió a poner las cosas en su lugar y, ante la ausencia de una respuesta patronal redoblaron su plan de acción orientado al poder político. La masividad de la asamblea del lunes 7 de marzo es una muestra de que, entre los trabajadores, hay reservas de lucha y que, paso a paso, van asumiendo la conciencia de que, para encontrar una salida, deberán mantenerse firmes y pacientes en el conflicto durante un período más o menos prolongado. Allí los trabajadores resolvieron avanzar en más medidas de acción directa orientadas a la obtención inmediata de los Repro (hay casos recientes de paliativos de esa naturaleza), a la vez que volver a tomar la medida de editar un diario con el propósito de desafiar el lock-out y, ahora, aspirar a que el propio diario sea una herramienta de recaudación de fondos a través de solicitadas y avisos. Radio América ya emite hasta tres veces por día a través de la frecuencia oficial programas que, principalmente, difunden el conflicto y su desarrollo. La orientación de retomar el camino de la salida de una publicación (por ahora digital), está lejos de encontrar una inspiración autogestiva. La continuidad de los puestos de trabajo depende de la imposición al Estado para que genere las condiciones necesarias para la continuidad de los medios a partir de la pauta adeudada al G23 y la generación de mecanismos que impidan el cobro de los vaciadores y aseguren, en primer lugar, el pago de la deuda con los trabajadores. Son 35 días de ocupación. Tres meses de sueldos adeudados y el aguinaldo. Y la pelea sigue. Un capítulo extraordinario de la lucha de los trabajadores de prensa. Un gran aporte para toda la clase obrera acerca de los métodos para enfrentar el brutal ajuste del gobierno nacional.

La movilización del martes 1˚ -en la apertura de las sesiones legislativas- sacudió al gremio bancario, que se encuentra en un estado de deliberación. La masividad de la medida ha demostrado que existe una disposición a la lucha entre los trabajadores y que hay reservas para enfrentar el ajuste. Los banqueros, a la señal de largada del gobierno, han profundizado el cuadro de achique de los bancos que ya había comenzado durante el gobierno de CFK. Los despidos en la banca pública buscan liquidar la conquista histórica de la estabilidad laboral en esos bancos, a la vez que operan de luz verde para que los privados procedan a despidos que ya venían desarrollando como retiros voluntarios. A eso se suma un número indeterminado de despidos en las empresas asociadas a los bancos, que operan de tercerizadoras de servicios bancarios. El cierre de las operaciones de banca minorista del Citibank debe valorarse en este marco, ya que pone un manto de duda sobre la continuidad laboral de 2.000 bancarios. La idea del banco es vender esas posiciones a otra entidad. Sabemos que todas estas transferencias vienen de la mano de una “reestructuración”, lo cual en criollo significa un proceso de despidos. A este cuadro se le suma una modificación de ganancias que ha sido repudiada masivamente, con la cual pasarán a tributar aproximadamente el 75% de los bancarios. El preacuerdo salarial de 3.000 pesos fijos responde a un 20% de aumento -inaceptable bajo cualquier concepto, cuando el salario inicial ha quedado en menos de dos tercios de la canasta familiar para febrero. Un cuadro explosivo La reapertura de las negociaciones paritarias debe encontrar a un gremio en pie de lucha. El preacuerdo se cerró sin movilizar al gremio. La movilización del 1˚ no fue acompañada de la convocatoria a un paro, que hubiera amplificado la medida. En 2014 fuimos a un proceso huelguístico por despidos efectuados por el ex gobernador José Alperovich en Tucumán, ahora debemos seguir esa línea de acción nuevamente. Los banqueros buscarán utilizar los despidos como una moneda de cambio para hacer pasar un acuerdo dentro del “techo salarial” y continuar con la destrucción de nuestras condiciones laborales. El gobierno quiere que negociemos la continuidad laboral a cambio de un aumento salarial muy por debajo de la inflación. Debemos rechazar esta extorsión: desarrollemos asambleas y plenarios que voten el paro y un plan de lucha. Ningún despido. Anulación del impuesto al salario. Salario inicial de 18.000 en mano indexado por inflación. Pase a planta de todos los tercerizados.

A partir de marzo se encuentra disponile en ujotaese.org la nueva página web de la UJS. La página es un paso adelante en la estructuración de una juventud socialista en todo el país. La página fue desarrollada de manera militante por compañeros formados en el desarrollo web y sigue en constante mejoramiento. El aporte de todas las regionales es clave para que la página se convierta en una vidriera del desarrollo de la UJS y su participación en la lucha de clases. Con una actualización diaria, bibliografía, cursos de formación política, videos y una agenda de lucha; la página es un aporte a la formación política y a la difusión de las ideas socialistas en la juventud.

Luego del cierre de la paritaria docente en un 35% para el sueldo inicial, los sindicatos sciolistas bonaerenses UPCN y Salud Pública, entre otros, se aprestan a firmar un acuerdo del 15% en tres cuotas hasta julio. La intención macrista de imponer un techo del 25% anual, llega de la mano de las conducciones gremiales oficialistas del gobierno anterior. Esta es la “resistencia con aguante” del arco peronista, incluidas sus variantes kirchneristas. Mientras tanto, la oleada de despidos es realmente resistida por los trabajadores: Educación, Legislatura, Desarrollo Social y Derechos Humanos ya han logrado la reincorporación de sus contratados y ahora están en plena pelea en el Ministerio de Agroindustria. El parazo del 24 de febrero de ATE nacional, también fue bloqueado por el ala kirchnerista del gremio. En el plenario de secretarios generales plantearon parar recién en marzo o abril, mientras ya arreciaban los 20 mil despidos, no convocaron activamente a los estatales provinciales ni municipales en los lugares donde dirigen el gremio, salvo en Capital Federal, y esto ante la enorme presión de los trabajadores de cada repartición de la administración central. Con esta misma política, la seccional ATE Ensenada, que alberga al poderoso movimiento obrero del Astillero Río Santiago, no movilizó a Plaza de Mayo y lo hizo tibiamente en la del lunes siguiente hacia la gobernación. En los lugares de trabajo hay una enorme deliberación política. Se debate entre el rechazo general a la entrega de UPCN y la expectativa de que Cambiemos modifique algo de los reclamos pendientes tras 28 años de gobierno peronista en la provincia. En este debate es crucial la intervención del clasismo, con su método y su programa. Los trabajadores paramos y marchamos por nuestros salarios, gobierne quien gobierne y llevamos a las asambleas y plenarios la votación de cada una de las medidas que han convocado desde la CGT de Moyano hasta la CTA Autónoma. El próximo miércoles 9 de marzo, ATE junto a judiciales y Cicop, convoca a parar y movilizar en La Plata. Las asambleas en hospitales y reparticiones públicas tienen que expandirse como reguero de pólvora para que los trabajadores podamos superar a las viejas burocracias sindicales, anquilosadas en el poder. El cierre burocrático de la peor paritaria de todas será un capítulo que sumará leña a un proceso que recién comienza en estatales. Tres mil trabajadores provinciales se afiliaron a ATE en lo que va del año y dos mil se desafilaron de UPCN. Una transición interesante, que obliga a ir por una nueva dirección, clasista, combativa, con medidas de fuerza hasta ganar como en Mendoza, Coronel Suárez y Educación sede de La Plata. Por el pase a planta permanente de todos los precarizados, por un salario igual a la canasta familiar indexado por inflación, por los 10 mil pesos para la categoría inicial, y por paritarios electos en asamblea.

El largo proceso de recesión económica, la ola de despidos y la inflación imparable están provocando una aguda crisis social. Se siente en los barrios obreros, cada vez con más fuerza, la certeza de que estamos ante una ofensiva antiobrera en regla. El congelamiento salarial en los programas de empleo precario del Estado y planes sociales, que lleva 17 meses sin aumento (14 con Cristina y tres con Macri), deja a más de 1 millón de personas indefensas ante el aumento brutal de los precios de los alimentos. Es en este marco que el Polo Obrero ha lanzado una iniciativa de organización y movilización para comenzar a dar respuestas ante la crisis. El lunes 7 realizamos un plenario con casi 60 delegados de Capital y provincia de Buenos Aires. Hubo numerosas delegaciones de Capital, Oeste y Sur (entre 15 y 20 cada una). El informe a cargo de la Mesa del Polo Obrero estuvo orientado a caracterizar que asistimos a choques de fondo por la tentativa del gobierno de aplicar el ajuste. El acuerdo colonial con los buitres, con el concurso de todos los bloques capitalistas del Congreso Nacional, es un ataque en regla al movimiento obrero. En este cuadro, la inflación se proyecta en un 40% anual, los despedidos entre el sector público y privado están en 100 mil y se esperan más. El plenario dio cuenta de la iniciativa lanzada una semana atrás de empadronar a los desocupados de los barrios, y convocarlos a reuniones y asambleas. Los compañeros que intervinieron en el plenario (Matanza, Moreno, Avellaneda, Capital) dieron cuenta de una crisis social más profunda de la de nuestras previsiones. Empadronamientos de una hora entre pocos compañeros consiguen anotar entre 30 y 40 personas, llegando a 60 cuando se prolongaban dos horas. Sin haber lanzado aún una campaña en regla, o mejor dicho dando los primeros pasos en la misma, obtenemos objetivos mayores a los esperados. Las cuadrillas de trabajo del programa Argentina Trabaja vienen recogiendo el pedido de trabajo por vecinos y transeúntes cotidianamente, informaron los compañeros de Esteban Echeverría. Si esta tendencia continúa, podemos tener como resultado miles de empadronados por trabajo. Esto reforzará la movilización del 16, a nuestra organización, y pondrá en movimiento la lucha contra los despidos. En el plenario se informó de un acuerdo de frente único alcanzado entre la casi totalidad de las organizaciones piqueteras o de desocupados (CCC, Frente Popular Darío Santillán, Frente Popular Darío Santillán - Corriente Nacional, Pueblo Unido, Barrios de Pie, AGTACAP, MST Teresa Vive, MTR y otros) para una jornada de lucha nacional el próximo 16 de marzo con las siguientes consignas: trabajo genuino, aumento salarial, abajo el protocolo represivo. De la jornada del 16 participará el Sitraic, que también lanzó un plan de lucha por trabajo para los obreros de la construcción. Finalmente, el plenario votó un plan de asambleas, campaña de financiamiento para la agitación con volantes, pintadas y afiches, empadronamiento tres veces por semana y organización del gran piquetazo el día 16.

El jueves 3 de marzo, en la sede de AGD-UBA, realizamos la primera asamblea del año de Músicos Organizados. Esta nueva asamblea se realiza en medio de un brutal ajuste sobre los trabajadores y los músicos, llevado adelante por el gobierno macrista a nivel nacional y por el kirchnerismo en diferentes provincias. Lejos de la “revolución de la alegría”, la situación de los músicos es muy delicada y vemos que no se están pagando los contratos de quienes han tocado en el CCK. La herencia de precarización laboral que ha dejado el kirchnerismo en el terreno de las orquestas juveniles es el plafón que tiene el macrismo para cerrar programas y despedir más músicos. En este contexto, la dirección del Sadem está paralizada y no esboza respuesta alguna. Si en los años de la “década ganada” los músicos seguíamos tocando a la gorra o pagando y las condiciones de seguridad eran paupérrimas -llevando a tener varias muertes en nuestros escenarios- en el actual contexto todo va a profundizarse. Desde principios de año, hemos largado una campaña para recuperar nuestro sindicato, editando un boletín que repartimos masivamente a los músicos y asistentes al festival en apoyo a los trabajadores del Grupo 23 en Parque Centenario. Posteriormente, hicimos lo mismo en el Cosquín Rock, donde viajamos con una pequeña delegación. El jueves 3 largamos una fuerte campaña de afiliación y un petitorio a la dirección del Sadem para pedir una asamblea extraordinaria, que dé respuesta a este brutal ataque hacia los trabajadores. También se decidió un repudio al protocolo Bullrich, a la cárcel domiciliaria a Pedraza y marchar con una columna propia el próxima 24 de Marzo, cuando se conmemoren los 40 años del golpe genocida. Llamamos a los músicos a acercarse y organizarse por una salida en función de sus intereses como trabajadores.

La película Spotlight (“Primera plana”, en español), escrita y dirigida por Tom McCarthy, relata la investigación verídica del diario The Boston Globe, que destapó en 2002 los casos de pedofilia en la Iglesia católica, donde estaba involucrada la cúpula eclesiástica de Boston, en particular el cardenal Bernard Law. El film (representando aquella notable investigación periodística que ganó el Pulitzer) revela cómo la Iglesia, con una política sistémica, encubrió los abusos cometidos por casi un centenar de curas entre 1984 y 2002. Spotlight, la palabra que da nombre a la película, retrata el nombre del equipo especial de investigación del Boston Globe. Los periodistas sacaron a la luz el caso tras un inapelable y ejemplar trabajo periodístico. Eso es: horas de entrevistas a las víctimas, chequeo de fuentes, decenas de llamadas, trabajo de archivo, búsqueda de documentos en la Corte, entrevistas a los victimarios, derecho de réplica a la Iglesia. “La gran historia no está en los curas, como individuos, está en la institución; práctica y política. Hay que apuntar contra los males del sistema”, caracteriza en un momento el entonces editor del Globe, Marty Baron (representado por el actor Liev Schreiber), hoy al frente de The Washington Post. Se muestra cómo la Iglesia, desplegando su poder, opera y presiona para encubrir los abusos, mediante un metódico ocultamiento: la víctima firmaba un acuerdo de confidencialidad para lograr un arreglo, los abogados tomaban un tercio (también se refleja su negocio carroñero) y el clero se mantenía, así, fuera de los registros. “La Justicia mantiene casos sellados por presión de la Iglesia”, se denuncia en un tramo. En otro: “La Iglesia quiere que creamos que sólo son algunas manzanas podridas, pero es un problema mayor”. Se apunta a la regla, no a la excepción. Queda evidenciado cómo intervenía la institución para que los sacerdotes abusadores evadieran los cargos, mientras los iban mudando de parroquias bajo eufemismos como “permiso por enfermedad”. El arzobispo Law tuvo que renunciar a su cargo en diciembre de 2002 tras el escándalo. Fue nombrado en mayo de 2004 arcipreste de la Iglesia de Santa María Maggiore -tal como revela el film sobre el final- una de las basílicas más simbólicas de Roma. En 2005, encabezó una misa en la Basílica de San Pedro. “No perdió influencia. Fue miembro de más congregaciones que cualquier otro obispo” (The Guardian). “Desde ahí pudo influir en el nombramiento de los obispos estadounidenses a lo largo de los años” (La Nación). Law nunca fue llevado a la Justicia. Se lo exoneró sobre la base de un acuerdo con el episcopado. El diario del Vaticano (L’Osservatore Romano) evitó polemizar con el film -reciente vencedor del Oscar a la mejor película- y lo consideró “emocionante” y “no anticatólico” porque “da voz al horror y al dolor profundo de los fieles”. La película, pese a la denuncia, despliega un discurso admisible y hoy estratégico para el clero: la denuncia es hecha en un diario (The Boston Globe) de mayoría de lectores católicos (53%), al igual que parte de los periodistas del equipo, quienes, según se relata, se sienten alejados de la Iglesia. Orbita así un discurso de condena a las franjas más corrompidas como método de ‘purificación’. Su productor Michael Sugar lo graficó en la premiación: “Esta película dio voz a los supervivientes. Y este Oscar amplifica esa voz, lo cual esperamos se convierta en un coro que llegue hasta el Vaticano. Papa Francisco, es hora de proteger a los niños y restablecer nuestra fe”. La orientación de Francisco es la de salvar al conjunto de la institución de la crisis -que se derrumba bajo escándalos financieros y casos de pedofilia- y a miles de abusadores ante las avanzadas judiciales. Spotlight, por otra parte, es un canto a la supuesta independencia de la prensa. No existe ni puede existir su independencia. Los grandes medios de la burguesía -aún cuando investigan al poder- accionan de acuerdo a los intereses políticos y económicos del periodo histórico en que se desarrollan, y operan desde la ilusión de la objetividad. Los medios de prensa, asimismo, hoy tienden a la supresión sistemática de cualquier posibilidad de un equipo ‘spotlight’: vaciamiento, ajustes, multitarea, despidos, cierres, anulación de especializaciones, son la característica de época en las redacciones, en medio de la ‘convergencia’ entre el formato papel, la web y las nuevas tecnologías. Con este film, Tom McCarthy produce, en tanto denuncia social, una línea de continuidad respecto a otra película suya, The Visitor (2007), un trabajo cinematográfico de calidad sobre las condiciones de opresión y represión que viven los inmigrantes en Estados Unidos después del 11-S. Spotlight es una obra valiosa, la expresión de la total descomposición de la Iglesia.

En referencia a la aprobación -a instancias de Dilma Rousseff- de una ley de inspiración ‘tucana’ que avanza en una mayor participación del capital extranjero en el pre-sal -o sea en una mayor privatización del petróleo-, caracterizábamos en el número anterior de Prensa Obrera que “el viraje en materia petrolera es una tentativa de Dilma por salvar su pellejo y la sobrevivencia de su gobierno a costa de concesiones sensibles al gran capital” (PO N˚ 1.401), pero que “la eficacia de la iniciativa oficial para neutralizar el cerco judicial está por verse”. La detención posterior de Lula para ser llevado a declarar por el Petrolão, escándalo de sobrefacturación de obras públicas, y el recrudecimiento del cerco judicial contra Rousseff indica que las concesiones han llegado probablemente demasiado tarde. La Bolsa, por ejemplo, saludó con un alza la detención de Lula. El presidente de la Federación de las Industrias del Estado de São Paulo (FIESP), Paulo Skaf, ha expresado su respaldo a las protestas opositoras del 13 de marzo, que intentarán repetir la performance millonaria del año anterior. Pese a la voluntad ajustadora de Rousseff, el PIB de 2015 señala una caída de casi el 4% con respecto al año anterior y confirma una recesión económica. Desde el inicio de la crisis se produjeron más de un millón de despidos. La notable devaluación del real impulsó las exportaciones de los commodities, pero no lo suficiente como para compensar la caída de los precios (petróleo, mineral de hierro, etc.). Es probable que, a esta altura de la crisis, cualquier tipo de recate internacional esté condicionado a un desplazamiento de Rousseff del gobierno. A fin de cuentas, el PT ya no es el partido que permitió ganancias siderales a contratistas, bancos y mineras, y que simultáneamente contuvo al proletariado más importante de Latinoamérica en una etapa de rebeliones populares. La marcha imparable de la crisis capitalista ha minado el capital político del lulismo. Cercada El cerco sobre Dilma avanza velozmente. La oposición ha reimpulsado el impeachment (juicio político) en el Congreso, pero también avanza el cerco a través del Tribunal Superior Electoral. La prisión preventiva contra João Santana, asesor de las campañas presidenciales del PT, por presunto financiamiento ilegal de campañas políticas en varios países (vía Odebrecht), golpea peligrosamente cerca de la presidenta. Si se comprueba el financiamiento ilegal en la campaña 2014, “la situación tanto de la presidenta como del vice, Michel Temer (del PMDB), pasa a un estado terminal” (Página/12, 23/2). Esta variante es más fulminante que la del impeachment: se impugna la lista ganadora y se convocan nuevas elecciones en 90 días. La oposición no sale indemne de esta crisis. Buena parte de ella, también se encuentra imputada por el Petrolão. En este marco, el vicepresidente Temer ha alentado un gobierno de unidad nacional y -más recientemente- un “pacto entre el capital y el trabajo”. Aunque el PT alberga esperanzas en un efecto búmeran que instale a Lula como candidato presidencial para 2018 y ha convocado a contramanifestaciones para el 19, lo cierto es que el lulismo tiene poco para ofrecer y motivar a los trabajadores. Disputa general Pocas horas después de la detención de Lula, se conocía la condena de Marcelo Odebrecht, uno de los mayores exponentes de la patria contratista local, a la pena de 19 años de prisión, acusado -en el marco del Petrolão- de formar parte de un club de constructoras que conseguían licitaciones fraudulentas con Petrobras. El Petrolão, por el que Lula fue llevado a declarar, esconde una puja de gran alcance entre el capital internacional y la patria contratista local por el control de la obra pública y el petróleo. Hace pocos días, el Petrolão alcanzó nuevas ramificaciones internacionales con las denuncias contra el presidente peruano Ollanta Humala, acusado de beneficiar a Odebrecht durante su mandato a cambio de sobornos. La podredumbre del régimen político brasileño plantea la consigna “que se vayan todos” y el debate de una asamblea constituyente que reorganice el país sobre nuevas bases sociales.

El diario madrileño El País (7/3) ha calificado a la reforma laboral que intenta aplicar el gobierno de François Hollande (Partido Socialista) como la gran batalla de su mandato. Constituye uno de los mayores ataques contra el movimiento obrero francés en los últimos tiempos. Plantea, entre otros puntos, la derogación de hecho de la jornada de 35 horas, que puede extenderse a 46 horas “con un sobrecosto de apenas un 10% en las horas extras” (El Cronista, 3/3). Abarata las indemnizaciones por despido, habilita los despidos masivos bajo el cheque en blanco de ‘motivos económicos’ y procura debilitar el poder de negociación de los trabajadores atacando prerrogativas de los sindicatos y privilegiando las negociaciones por empresa en vez de por sector. Este tipo de legislaciones antiobreras buscan implantarse en toda Europa. El ataque gubernamental resume una orientación estratégica de la burguesía francesa y por eso cuenta con el apoyo de Los Republicanos, la fuerza política que comanda Nicolás Sarkozy. El rechazo del “ala izquierda” del PS es pura demagogia: se trata del mismo sector político que apoya el estado de excepción, que bajo el pretexto de combatir al terrorismo ataca al movimiento popular y suprime libertades democráticas. El malestar popular causado por el anuncio de la reforma, a un año de las elecciones, ha llevado a Hollande a demorar su presentación. El objetivo del gobierno es negociar cambios menores con la burocracia sindical para que ésta contribuya a hacerla digerible ante las masas. Pero no será una tarea fácil. El 9 de marzo se desarrollaban protestas en 120 ciudades, en las que participaban organizaciones estudiantiles y obreras. Un petitorio contra la reforma recogió más de un millón de firmas. Coincidían también las manifestaciones con una huelga ferroviaria contra los intentos de ‘armonizar’ las condiciones laborales del transporte público con el transporte privado, es decir imponer una mayor precarización laboral. El profundo malestar ha forzado también un paro general para el 31 de marzo, convocado por siete organizaciones, entre ellas la CGT, FO, FSU, Solidaires. Abajo la reforma laboral reaccionaria. Por la victoria del movimiento obrero francés.

El triunfo resonante de Donald Trump en las primarias republicanas -que afianza sensiblemente sus chances de conquistar la nominación presidencial del partido- ha desatado un tembladeral político. El Partido Republicano (PR) corre el serio riesgo de implosionar. Trump, como se han encargado de subrayarlo distintos analistas, no es un cuerpo extraño a esa agrupación, que ha creado la criatura que ahora amenaza devorarlo. La irrupción del magnate inmobiliario corona un proceso de disgregación y división interna que ya carcomía al PR. Trump abreva en los halcones del partido nucleados en el Tea Party, que desafían desde hace muchos años a los líderes más tradicionales. Bancarrota capitalista, demagogia social Pero el PR es una de las columnas vertebrales del sistema político norteamericano. Su derrumbe es una medida de la descomposición del régimen social y político, tomado en su conjunto. Estados Unidos está colocado en el centro de la tormenta de la crisis mundial que ha entrado en su noveno año. Decenas de millones de estadounidenses son víctimas de un implacable retroceso de sus condiciones de vida. Más que cualquier otro candidato republicano, Trump apela a un enorme dosis de demagogia social, explotando la intensa ira y frustración que anida en sectores crecientes de la población. Trump denuncia el alto desempleo, los bajos salarios y el estado desastroso de la asistencia sanitaria. En los Estados del sur, cuyos votantes le dieron a Trump una fácil victoria el mes pasado, el ingreso medio por hogar todavía es un 10% inferior, a valores constantes, que una década atrás. En Tennessee, como en Georgia, ese retroceso llega al 15%. Por primera vez en la historia americana, la nueva generación piensa que está condenada a vivir peor que sus padres. Se han quebrado las esperanzas de progreso social. Una porción importante de votantes de Trump proviene de sectores que sólo han completado la escuela secundaria, lo que los convierte en el principal blanco del trabajo precario y el desempleo. La demagogia social se combina con un choque con Wall Street, con dos propuestas impositivas que afectan los intereses de la banca y los fondos que operan en las bolsas. Trump explota también el impasse internacional del imperialismo. Invoca un pasado mítico y promete “hacer a América grande otra vez”. El empantanamiento estratégico de los Estados Unidos pretende ser superado con tendencias proteccionistas, convocando a una guerra comercial y financiera y, en definitiva, a la guerra misma. La favorita del establishment Los planteos xenófobos y belicistas de Trump han llegado tan lejos que han despertado una reacción mundial generalizada en su contra, incluida la de su propio partido. Los principales líderes republicanos han cerrado filas e iniciado una cruzada para evitar su nominación, y advierten que en caso de que gane, no lo apoyarán. Esto, obviamente, lleva agua a favor del molino del Partido Demócrata. Como consecuencia de este panorama, Hilary Clinton se ha transformado en la candidata excluyente del establishment. La gran burguesía ha colocado sus fichas y sus recursos en la aspirante demócrata. Incluso parte del aparato republicano consideraría su triunfo como un mal menor, alentando bajo cuerda este desenlace. Este desplazamiento se ha hecho sentir en los resultados de las primarias: en base a este apoyo impensado, y luego de que sufriera un empate agónico con Bernie Sander -la gran sorpresa de las elecciones- Clinton retomó la delantera en su propia interna. Todo indicaría que la esposa del ex presidente Bill Clinton ha afirmado sus pretensiones para obtener la nominación. Pero eso no desmiente que el agotamiento del sistema político se extiende al propio Partido Demócrata, que carga sobre sus espaldas la gran frustración que ha provocado la gestión Obama. Después de llegar a la Casa Blanca prometiendo “el cambio en el que usted puede creer”, terminó privilegiando el rescate de la banca y el capital en crisis a expensas de las necesidades populares. La reforma de la salud terminó vaciada y se transformó en una fuente de beneficios de la industria de seguros. A esto habría que agregar el empantanamiento de la guerra y la intervención norteamericana en Medio Oriente y Afganistán. Esa frustración ya había dado un primer aviso. Obama es el único presidente, junto con Franklin Roosevelt, que obtuvo menos votos en su reelección que en su primera consagración. Ese retroceso le costó la pérdida de la mayoría en ambas cámaras. Que la derecha levante cabeza no es casual. Pero la otra cara de la moneda son los desplazamientos por izquierda. “Sanders ha ganado un amplio apoyo y demostrado la existencia de un deseo dentro de amplios sectores de la clase obrera de una alternativa al capitalismo. De manera significativa, las encuestas han indicado que Sanders haría sustancialmente mejor papel contra Trump que Clinton” (World Socialist Web Site, 19/2). Esto revela el error de los pronósticos apresurados que negaban derivaciones políticas al “movimiento de indignados” que se hizo conocer como Ocupa Wall Street (Occupy Wall Street). El contendiente de Hilary Clinton en la interna demócrata ha recogido el apoyo mayoritario entre los votantes menores de 30 años. Sanders propone un salario mínimo de 15 dólares la hora, cobertura universal de salud pública, cese de los aranceles universitarios y renegociación de su inmensa deuda, freno al desalojo de viviendas. Un punto especial es el planteo de desmantelar a los grandes bancos, cuya quiebra presenta, oficialmente, un riesgo sistémico. Sanders, sin embargo, no cuestiona las numerosas guerras que promueve el imperialismo yanqui. A medida que pasan los días, Sanders ha bajado los decibeles, y pone ahora el acento en una tibia defensa de la seguridad social y exhorta a sus seguidores a preservar “la unidad” del partido, lo que fue interpretado como un llamado a votar por Clinton en las generales. De todos modos, la vaca no está atada. Hilary Clinton sufre una ruptura y un distanciamiento entre la población afroamericana, que había sido uno de sus principales soportes. Perspectivas Estados Unidos está frente a una crisis política de dimensiones históricas. El desmoronamiento del régimen político y de sus partidos es un caldo de cultivo y un fermento de virajes y cambios decisivos en la conciencia y accionar popular. La llamada “izquierda radical” necesita tomar debida nota de esta situación y obrar en consecuencia. El punto de partida es la total independencia respecto de los bloques patronales. Es necesario impugnar resueltamente a los candidatos republicanos y a Clinton; y, a partir de ahí, clarificar y delimitar posiciones con la estrategia y los planteos de Sanders, exponiendo un programa transitorio de carácter anticapitalista. Esta acción política debe estar presidida por el llamado a la construcción de un partido independiente de los dos partidos de la burguesía imperialista, un partido obrero.