Prensa Obrera N° 1392

-¿De qué los acusan? -Originalmente, de haber tomado una medida gremial contra unas sanciones arbitrarias que nos aplicaron a compañeros que faltamos por donación de sangre, habiendo cumplido con todas las normas nacionales que rigen ese derecho. Luego, por intervención de oficio de una fiscal, agregaron a la causa -que lleva 200 fojas- un paro de 36 horas anunciado por paritarias y un paro de la Línea D, hechos en los que no tuvimos ninguna intervención. -¿Qué se resolvió en esta instancia? -La jueza no hizo lugar al pedido de anulación de la causa Subte-Taller San José, presentada por nuestra abogada Andrea Folgueras y la elevó a juicio. La fiscalía intervino diciendo que el transporte público de subte es un servicio esencial y no se puede afectar. Si bien la ley 4472, que regula la actividad, no lo define como servicio esencial, su articulado sancionatorio, suficientemente ambiguo -artículos 21 a 24- multan la "obstaculización o interferencia" del servicio o de la recaudación. Se consideran infracciones administrativas graves, sin perjuicio de las figuras penales que puedan corresponder. Como de esas sanciones está exento "el ejercicio regular del derecho de huelga", los fiscales echan mano de otra disposición -art. 20- que obliga a notificar medidas gremiales con 48 horas de anticipación, algo en muchos casos incumplible. -¿Hay otros trabajadores o sectores afectados? -Hay 35 trabajadores, delegados y activistas en distintas etapas de juicios. Entre ellos los que tomaron una medida solidaria con los petroleros perseguidos de Las Heras. En ese juicio, en primera instancia hubo un fallo a favor de los trabajadores y la patronal apeló a la Cámara. Van a fondo. En el subte es un desfile el de los activistas por tribunales. -¿Qué actitud ha adoptado el sindicato AGTSyP? -El sindicato no ha hecho nada como organización, ni medidas de repudio ni campaña de ninguna especie. La directiva se ha limitado a ofrecer asesoramiento legal y hacerse cargo del pago de las multas que surjan. Desde la Agrupación Naranja hemos denunciado sistemáticamente esta actitud y reclamado una acción general del sindicato contra la represión del macrismo en el subte, que apunta a imponer planes de racionalización y reducción de personal. También hemos caracterizado que la inacción de esta conducción responde al hecho de haber compartido como parte del kirchnerismo, la aprobación de la ley 4472, incluso la redacción de la misma, en íntima colaboración con el PRO. Fue cuando Cristina dio la orden de pasarle el subte a Macri. -¿Querés agregar algo más? -Es imprescindible, para liberar a la AGTSyP de este cepo judicial, que le ata las manos, encarar una acción decidida contra la represión a la acción gremial. La legislación represiva que lo permite, debe ser derogada. Si la directiva mantiene su actitud actual, corresponde que los delegados que se consideren democráticos e independientes, tomen en sus manos una campaña activa lo antes posible.

EXCLUSIVO DE INTERNET La comisión se conformó hace dos semanas con compañeras tanto de la planta 1 (Ezeiza) como de la 2 (Echeverría) y viene acompañando a los trabajadores en los múltiples cortes que se llevan a cabo. También tomaron iniciativas propias como la redacción y firma de un petitorio, y de un volante para repartir en los barrios, así como cortes y la participación en la movilización del 25N. En este marco, el 24 de noviembre concurrieron con los compañeros de Tribuna Docente y la Lista Multicolor a la asamblea ordinaria del Suteba Echeverría-Ezeiza a contar su problemática y extender su experiencia a otros gremios. -¿Cómo se formó la comisión? Pamela: se formó a raíz de todos los problemas que tienen nuestros maridos en las plantas y empezó como una cadena de whatsapp, que después se fue extendiendo por las redes sociales. -¿Cómo ven el desarrollo del conflicto? -Nosotras queremos que se solucione pronto y que las fuentes de trabajo no se pierdan, pero nadie se hace cargo del problema. En mi familia, por ejemplo, somos cuatro y el único ingreso es el de mi marido, que venía cobrando en cuotas. Ellos iban y trabajaban a veces 2, 3 ó 4 horas, hasta que al final directamente no trabajaban. Hace ya tres semanas que no entran a la planta. -¿Cómo se organizan en la comisión? -La convocatoria se hace fundamentalmente por Facebook y whatsapp, y también a través del boca a boca. Cada una va agregando a las mujeres que quieren formar parte de la comisión. Hay mujeres de Loma Verde (granja) que también quieren incorporarse. También hay compañeras que no pueden venir por los hijos o por el trabajo, y nos apoyan compartiendo fotos, invitando a más gente y de otras formas. -¿Por qué crees que hay muchas mujeres que todavía no participan de la comisión? -Creo que es más que nada por el machismo de los trabajadores. Muchas de nosotras sufrimos esto de los mismos maridos. Eso de: "por qué si sos mujer vas a los cortes". Pero nosotras somos las que los vemos todos los días cuando llegan de cada asamblea. Hay muchos hombres que lloran y realmente es una pena verlos así. Entonces nuestra manera de apoyarlos es estar acá con ellos.

En el Día Internacional de Lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, más de 7 mil personas se movilizaron por las calles de Córdoba por‪ #‎NiUnaMenos contra toda forma de violencia hacia la mujer. La presencia en la marcha de las principales luchas obreras y populares de la provincia repudió el avance de las políticas de ajuste, el desempleo, la tercerización, precarización, trabajo en negro; los salarios por debajo de la canasta familiar; la devastación de la salud y la educación pública, y la ausencia de planes populares para el acceso a la vivienda. La masiva convocatoria implica la profundización del método de movilización independiente que logró la condena a perpetua del femicida de Paola Acosta y que, en el orden nacional, concentró 70 mil mujeres en el XXX Encuentro Nacional de Mujeres para darle continuidad al #NiUnaMenos. Al final de la movilización se leyó un documento político consensuado entre las organizaciones convocantes, que tuvo como eje principal la denuncia contra el Estado capitalista como primer responsable de la opresión que sufren las mujeres. Resaltan esa denuncia el incremento de los femicidios en los meses posteriores a la primer jornada nacional; el carácter burocrático y misógino del aparato judicial plagado de causas por violencia y cuotas alimentarias, que rechaza la aplicación de la figura de femicidio para encubrir la responsabilidad estatal; la muerte de más de 500 mujeres al año por abortos clandestinos, mientras el gobierno bloquea el acceso a los abortos no punibles en compromiso con la Iglesia; la trata de mujeres y niños bajo el amparo y la complicidad del poder político y el aparato de seguridad. El documento leído es fruto de la lucha política que dimos desde el Plenario de Trabajadoras en los debates previos a la marcha, pero fundamentalmente porque fue la imposición de los diferentes sectores que se encuentran en lucha en la provincia, que dieron amplia representación a la jornada. El sector de periodistas y escritoras autoconvocadas ligadas al kirchnerismo eran partidarias de establecer un documento lavado que no denunciara a los gobiernos y que planteara en general la declaración de emergencia en violencia de género, para ello contaron con el apoyo de las legisladoras Laura Vilches, del PTS, y de Luciana Echeverría, del MST (asumió una banca del juecismo, por un mes). Estos sectores K, a último momento, decidieron no firmar el documento unitario. La gran columna del Plenario de Trabajadoras, de más de 300 compañeras, la principal de la izquierda, compuesta por las luchadoras de la toma de Barrio Cabildo por la vivienda, trabajadoras de trolebuses, docentes y estatales en lucha, jóvenes en defensa de la educación pública, compañeras que enfrentan la instalación de Monsanto en Malvinas, y referentes de las principales luchas obreras y populares de la provincia; es la consecuencia del despliegue de un programa de salida a cada reivindicación y un plan de lucha para arrancarlo. Es claro que asistimos al desarrollo de un movimiento de masas por los derechos de las mujeres, que evoluciona marcadamente hacia la movilización contra el Estado capitalista. La lucha por el direccionamiento independiente de ese movimiento es esencial para el desarrollo y el triunfo del mismo. Es una impostura de primer nivel "luchar" por los derechos de las mujeres y apoyar a los gobiernos capitalistas y clericales. Vamos por un plan de lucha que logre el aborto legal y la emergencia en violencia de género. Vamos contra el ajuste junto al movimiento obrero. Organizamos una contundente campaña en ese sentido en el marco del próximo 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

A un año del brutal ataque a una médica en su habitación dentro del hospital, hecho que intentó ocultar la Dirección del mismo y que movilizó a todo el nosocomio con los sindicatos de ATE y Cicop a la cabeza, se inició una campaña de denuncias a la población y a los medios para decir "basta" a la corrupción, la violencia y la desidia. A los pocos meses, los delegados combativos de ambos gremios, correspondientes a Tribuna Salud y Tribuna Estatal, salíamos nuevamente a la calle, esta vez a defender Pediatría a punto de cerrar sus puertas a la población. Dimos otra lucha ejemplar para sostener el derecho de los niños a tener acceso a una salud gratuita, universal, de calidad, con apoyo de los medios locales, pacientes y paceños, los profesionales llegamos al Congreso de Diputados de la Nación, donde fuimos respaldados en nuestro reclamo por el diputado Pitrola para denunciar en ese recinto, la crisis hospitalaria en la provincia de Buenos Aires, con su peor exponente en los servicios de Neonatología y Pediatría; evitamos así el cierre de dichos sectores. Ahora nuevamente los delegados denunciamos la precarización laboral en nuestro hospital padecida por los trabajadores de limpieza, cocina, cuidadores hospitalarios y mantenimiento, que trabajan como becarios, algunos desde hace años y con la falsa promesa de nombramiento por parte de este gobierno provincial. Scioli prometía salud en sus discursos, para todo el pueblo argentino, cuando es responsable del vaciamiento sistemático de los hospitales en el conurbano bonaerense; cómplice de las condiciones pésimas en las que trabajamos, con salarios de hambre y con trabajadores en negro, hostigados y amenazados de quedar sin trabajo si hablan de su situación. El miércoles 18, luego de varias asambleas, decidimos salir con volantes, radio abierta y una original olla popular "choriceada", a la puerta de ingreso del hospital, allí se desarrolló una jornada de varias horas junto a pacientes, vecinos, trabajadores y delegados de ATE "La Sarmiento" y Tribuna de Salud, actual presidencia de Cicop, con presencia de radios locales, a exigir el nombramiento de los más de cien compañeros y no sólo el pase a planta de unos pocos privilegiados cercanos o serviles a la Dirección, a punteros y/o a los delegados de la burocracia sindical. La jornada fue exitosa, se logró destrabar varios pasos administrativos y al día de la fecha se han anunciado 45 nombramientos. Fue muy importante la participación de los compañeros al ingreso o egreso de sus turnos laborales, se inició una nueva lucha en defensa de los derechos de los trabajadores, así como en defensa de la calidad de atención que se merece nuestro pueblo, tan castigados ambos por la política hospitalaria kirchnerista y sciolista, con una gestión corrupta que deja vacíos los hospitales y bajo amenaza de despido a quienes aún sostenemos la salud en nuestra provincia. Seguiremos en estado de asamblea permanente hasta que se hagan efectivos todos los nombramientos del personal precarizado.

-¿Cómo se inicia el conflicto? -El conflicto viene de una larga lucha sindical y no tuvimos ninguna solución. Tuvimos medidas de fuerzas todos los meses porque siempre había problemas para cobrar y no se entendía por qué se vendía y se exportaba. Finalmente, se agotaron todas las instancias en el Ministerio de Trabajo y el 4 de agosto ocupamos la fábrica y le comunicamos al dueño que hasta que no nos pagara los salarios adeudados no nos íbamos, porque ya estábamos viendo un vaciamiento financiero. Después, hicimos la primera conferencia de prensa, conocimos a la gente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados (Facta) y ahora estamos yendo a todos lados difundiendo esto y nos están ayudando muchas cooperativas ya conformadas. Hace 15 días salió un fallo a favor nuestro, porque la fiscalía entendió que no estábamos haciendo ninguna usurpación de la propiedad privada, sino que estábamos tomando una medida netamente gremial; pero el dueño de la empresa, Rodolfo Conti, a la semana hizo otra denuncia, y el fiscal Grotto nos mandó una brigada de la Metropolitana a la puerta las 24 horas, que no nos deja montar ningún tipo de actividad, ni entrar ni sacar nada de la fábrica para poder seguir produciendo. -¿Entonces ahora en la fábrica está la policía? -La policía está las 24 horas, pero hay un fallo anterior que dice que es una medida gremial, además la empresa nos debe cuatro meses de salarios, la fábrica está concursada y tiene un pasivo de 84 millones de pesos, le debe 17 millones de pesos a la Afip. Nosotros habíamos solicitado un préstamo a la mutual de pasteleros, que nos descontaban de nuestro recibo de sueldo, pero no la mutual no lo recibía y además no nos pagaban la obra social, las cargas sociales, jubilación. Así que nuestras familias están devastadas y se nos hace muy difícil llevar el conflicto, porque ya pasó a ser un conflicto social, pero lo hacemos para no dejar que se lleven nada y no quedar afuera porque no es lo mismo pelear de afuera que pelear de adentro. Hay muchos compañeros que trabajaron casi toda su vida en la empresa. -¿Qué medidas de lucha están impulsando además de la toma? -Estamos impulsando un fondo de huelga, estamos haciendo diversas actividades: vamos a las universidades, hoy vinimos a Parque Los Andes con los compañeros del Frente de Izquierda, con los que hicimos un festival solidario, los vecinos nos ayudan con comida, con quienes tenemos una buena recepción porque están entendiendo que somos víctimas de un vaciamiento y que la Justicia está fallando en contra nuestro. Tienen que revocar este último fallo porque nosotros necesitamos producir. Somos más de 74 compañeros que estamos sosteniendo esto y nos resulta muy difícil, la Justicia nos pone trabas y se nos hace todavía más difícil. Por eso la lucha y la difusión en distintos ámbitos. Esta actividad es una demostración más de que este es el camino porque la gente se acercó a colaborar. -Si tuvieras algún mensaje para otros trabajadores en lucha, ¿cuál sería? -Tenemos muy claro que no somos los únicos en esta situación. El mensaje es que no tengan miedo que siempre va a haber gente que los va ayudar, como nosotros mismos que estamos dispuestos a ayudar a cualquier trabajador que esté en problema y en cada empresa vamos a estar ahí, ayudándolos, apoyándolos. Y esta situación está pasando en toda la Argentina, este ajuste es a nivel mundial, por eso los trabajadores tenemos que luchar contra esas cosas que son terribles. Los patrones que se quieren llevar todo a costa del trabajador y acá los trabajadores tenemos que defender las fuentes de trabajo, atacar a todo esto, agruparnos y no quedarnos de brazos cruzados.

En su última sesión de 2015, el Concejo Deliberante de Córdoba aprobó la formación del ESyOP, un organismo autárquico destinado a crear una municipalidad paralela de tercerización, privatización y negociados. La aprobación, que necesitaba mayoría de las 2/3 partes de los concejales, vino de la mano de los concejales radicales más el apoyo de la bancada del PJ, que comanda la esposa del gobernador Schiaretti. Previo a la aprobación, tuvo lugar una audiencia pública donde se presentaron a defender enérgicamente el "ente", todas las cámaras empresarias, entre las que se destacaron la Cámara de Desarrollistas (especuladores), de Comercio, de la Construcción y el Cluster tecnológico. El pacto Mestre-Schiaretti, que apoya la clase capitalista, tiene como objetivo la participación de todos ellos en el desenvolvimiento operativo del "ente" -es decir en los grandes negociados que se preparan. Justifican al "ente" con la supuesta obra pública que se financiaría con empréstitos internacionales; sin embargo, han tenido que reconocer que será la Municipalidad la que tomará la deuda y luego transmitirá esos fondos al "ente". En ese sentido, la ordenanza establece que el ESyOP podrá adquirir, vender o ceder toda clase de derechos, acciones, moneda extranjera y valores. Es decir que el ente será una financiera. Hay que recordar que el año pasado estalló el escándalo de la financiera CBI que involucró a Mestre y De la Sota, cuando apareció muerto en su camioneta el vicepresidente de esa entidad financiera. Los municipales se han lanzado con todo a la lucha por la derogación del ente. Se han realizado asambleas diarias en todas las dependencias y dos asambleas generales con miles de compañeros. La conducción del Suoem, integrada por varios radicales, que en un principio planteó que se aceptara el ente con un director del sindicato, ahora cambió de posición. Pero ha levantado las reuniones del cuerpo de delegados, instancia donde perdió la aprobación del ente y donde se decidió un plan de lucha, para que no tenga continuidad hacia el paro y la huelga general. Igualmente son muchas las dependencias que se encuentran sin trabajar. La conducción también convocó a una audiencia pública del Suoem, donde se hicieron presentes abogados constitucionalistas, algunos sindicatos, algunas agrupaciones kirchneristas y el PO. Se decidió la conformación de una multisectorial contra el ente. Esos kirchneristas rechazan el ente, pero no impulsan la movilización obrera y mucho menos la huelga. Pretenden establecer alguna iniciativa de oposición a Macri-Mestre, pero ello no va a proceder porque el kirchnerismo tiene el mismo programa que el macrismo y, además, la mayoría de los kirchneristas cordobeses ya se fueron con Schiaretti, lo que dio como resultado los acuerdos cerrados por los legisladores K en la Legislatura provincial. Frente a la lucha, Mestre ha diseñado un plan de regimentación contra los municipales. Se preparan descuentos de más del 40% de los salarios y se envió un proyecto al Concejo Deliberante para limitar las asambleas a 45 minutos. Ya antes se había aprobado un Código de Convivencia municipal, con el objetivo de restringir las movilizaciones. Al ataque se sumó el ministro de Trabajo provincial, Adrián Britos, hombre de la CGT regional, quien manifestó que no se afectan los derechos de Suoem y que se está haciendo un ejercicio abusivo del derecho de huelga, lo que anticipa una intervención provincial para defender el ente por medio del Ministerio de Trabajo (conciliación obligatoria) y las fuerzas represivas. El triunfo de la lucha de los municipales es central para frenar el ajuste capitalista, que en este caso significa un cóctel de endeudamiento, privatización, tercerización, negociados y precarización laboral. Necesitamos que se ponga en marcha un plan de lucha de paros escalonados y la huelga general para terminar con el ente. El cuerpo de delegados del Suoem debe reunirse para llevar adelante este plan y unificar todas las medidas de lucha que surjan desde las asambleas de base. La movilización del Suoem debe estar acompañada por el pueblo trabajador; en primer lugar, por los sindicatos y la CGT. Para ello es necesario establecer una lucha conjunta que puede comenzar con una gran marcha contra la privatización y el ajuste.

Bimbo es la mayor panifcadora del mercado mundial, con más de 70 firmas que operan en más de 20 países en tres continentes. Este pulpo de la panificación ha despido en la última semana en tres tandas unos 41 trabajadores en su planta de Pilar. Los despidos no se tratan de un problema de "costos", esta patronal ha anunciado hace dos meses un plan de inversiones de más de 55 millones de dólares, parte de la cual irá para Pilar. Por el contrario, se trata de atacar a un sector de trabajadores que se enferman o tienen dolencias por los brutales ritmos de trabajo que operan allí. La tendinitis, los dolores de espalda y los accidentes de trabajo son moneda corriente en Bimbo. A esto se le suma el trabajo en los feriados, los domingos y la compulsión a trabajar los francos. Por otro lado, esta "limpieza" es la segunda parte de un plan de reducción de la planta que viene avanzando con más de 60 despidos encubiertos ("retiros voluntarios") en el último año. Pero la andanada de despidos actual provocó una importante reacción obrera que no se produjo en 20 años de superexplotación de esta patronal que llevó a una asamblea en la puerta de la fábrica por la mañana del viernes 20 y que derivó en un paro total y un piquete que impidió el egreso de mercadería. El mismo día por la tarde, el Ministerio de Trabajo de Pilar dictó una conciliación obligatoria que la empresa no acató, dejando fuera a los despedidos con goce de sueldo. Durante todo el fin de semana se sostuvo el paro y un piquete de los despedidos con apoyo de trabajadores y numerosas delegaciones de trabajadores del parque industrial. Esta medida desgastó a los despedidos y llevó a que el lunes se llegara a un acuerdo con la patronal para levantar el bloqueo y entrar en negociaciones individuales para discutir el arreglo o su incorporación, mientras la empresa violó la conciliación con tres nuevos despidos el 24 de noviembre. En este cuadro existe una crítica muy extendida al gremio STIA, porque le quitó el cuerpo a la medida de los despedidos. Al momento, la patronal ha quebrado una medida de acción directa del colectivo obrero sin que éste haya logrado su reclamo. Esta nueva etapa pone a prueba a un nuevo cuerpo de delegados que ha ganado con una importante votación un mandato en pos de la defensa de los puestos de trabajo. La unidad de los trabajadores es crucial para confrontar a esta patronal negrera que destruye físicamente al obrero hasta que lo echa y que prepara una reducción de personal aún mayor. Se impone una medida de conjunto de la fábrica y del gremio para quebrar la avanzada de esta patronal. ¡Toda la solidaridad con los despedidos de Bimbo!

Desde el Partido Obrero repudiamos la instrumentación de sumarios a los representantes gremiales del Centro Educativo N° 8 Maestras Lucio Lucero con lo que se pretende atacar la organización de los trabajadores y la libertad sindical. La criminalización de la protesta está a la orden del día en la provincia. Desde el gobierno buscan amedrentar y disciplinar a los trabajadores en un intento de frenar las luchas venideras. Los reclamos son los siguientes: • Recomposición salarial para los docentes de nivel primario, jornada completa (cobran una diferencia mínima respecto de los docentes de jornada simple aún cuando trabajan el doble de tiempo). • Eliminación de la restricción impuesta para acceder a cargos docentes, a quienes viven a más de 15 kilómetros, lo que perjudica gravemente a quienes viven en localidades que no cuentan actualmente con tantas escuelas para dar trabajo a los docentes que allí habitan. • Derogación de la norma que ata el concepto docente a las licencias. El uso de un derecho otorgado por un lado, no puede ser penado por el otro. • Cobertura de los cargos docentes vacantes, ante el paulatino vaciamiento al que está sometida la institución, debido a las desfavorables condiciones de trabajo. Marcelo Sosa -ministro de Educación-, durante meses esquivó los reclamos docentes dilatando la resolución del conflicto. Sin embargo, la persistente movilización de los trabajadores de la educación (marchas, acampe frente a la casa del gobernador, cortes de calle, volanteos, etc.) logró imponer una mesa de diálogo y la firma de un acuerdo, que fue, luego, desconocido. Esto deja al descubierto la política de ajuste que implementa el gobierno mediante el desfinanciamiento a la educación pública, entre otros. Además, expone el despotismo del gobierno sanluiseño, que transgrede la Constitución Nacional, avasallando el derecho de los trabajadores a reclamar, peticionar, llevar adelante medidas de fuerza etc. y ataca a sus representantes sindicales desconociendo sus fueros. Ahora, con el llamado a declarar los días 9 y 10 de diciembre, el Estado pretende desarticular la organización de los compañeros a la vez que los convierte en la "víctima obligada" de la interna del PJ provincial: los que se van dejan la "papa caliente" a los que asumirán en medio de un conflicto alargado a propósito. . Nos solidarizamos con nuestra compañera Amanda Arce, quién desde hace años viene impulsando en la provincia una lucha continua contra este régimen en defensa de la Educación pública y de los trabajadores, pese al macarthismo del que ha sido y es objeto. Acompañamos los reclamos de padres y docentes del Centro Educativo N° 8 Lucio Lucero y llamamos a los trabajadores y sus organizaciones a solidarizarse y movilizar, hasta dar por tierra con las sanciones impuestas. Saludamos las resoluciones del Secretariado nacional de la CTAA que ha convocado una jornada nacional contra la criminalización de la protesta y se hará presente en la provincia el 10 de diciembre. Se organiza desde la filial San Luis, conferencias de prensa, Encuentro Artístico el 2 de diciembre; paro y movilización, los días 9 y 10. Basta de persecusiones. Abajo los sumarios. Pago inmediato de lo acordado.

EXCLUSIVO DE INTERNET Los trabajadores municipales de Centenario emprendieron una lucha extraordinaria de más de 35 días en reclamo por el pase a planta permanente, recategorizaciones y aumento de la remuneración por años de antigüedad. El conflicto comenzó tras el incumplimiento de un acta-acuerdo de pases a planta permanente y recategorizaciones acordada entre el gobierno municipal (FpV) y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEM) el 22 de septiembre del corriente año. Ante tal incumplimiento, los trabajadores, luego de diversas medidas, decidieron ocupar el corralón municipal. La respuesta del gobierno del FpV fue contundente: represión y la persecución. Durante el desarrollo del conflicto, el gobierno pretendió extorsionar a los trabajadores con los suministros de servicios, llegando a sostener que colapsaría la red de cloacas y se tendrían problemas en el abastecimiento de agua. Luego los acusó de hechos de violencia que jamás existieron. La resolución del conflicto no significaba una erogación importante para el fisco municipal, lo que puso de manifiesto el carácter estrictamente político del conflicto. Para Bertoldi se trataba de la oportunidad de quebrar a la organización obrera y de imponer su autoridad de cara a la asunción del nuevo gobierno. Para ello, fue ilustrativo el apoyo que obtuvo del MPN, que colaboró en la dilación del conflicto suspendiendo las suspuestas reuniones de mediación en el Concejo. La victoria de la huelga queda resumida en que el gobierno se compromete a respetar el acta-acuerdo firmada por Bertoldi y el intendente electo Esteban Cimolai el 22 de septiembre. Se incluirá en los listados de planta a todos los trabajadores ingresados hasta el 31 de diciembre de 2014, con el respeto de los listados presentados por el sindicato. Por otra parte, se acuerda no descontar los días de huelga ni tomar medidas persecutorias. Se reafirma una mesa de diálogo con el intendente electo en diciembre, donde se tratarán los puntos correspondientes a la antigüedad. En el conflicto fue importante el aporte de la banca del Frente de Izquierda, ya que a instancias de la diputada Gabriela Suppicich, los trabajadores asistieron en dos oportunidades a la Comisión de Trabajo y lograron una declaración en términos favorables a la huelga. En esta importante conquista, los trabajadores de Centenario reivindican la asamblea como método indiscutible de los trabajadores en el reclamo para mejorar sus condiciones de trabajo. Frente al intento del MPN de someterse a la orientación de una mediación muerta del Concejo, la independencia política fue clave para arribar a este triunfo.

En su edición del 19 de noviembre, el periodista Ezequiel Fernández Moores, de La Nación , expone en una columna titulada "FBI, el dueño de la pelota" la dimensión de negocios, intereses y descomposición en la Conmebol con el telón de fondo del Fifagate, no sólo en la condición presente de esta crisis política local, regional e internacional, sino en su perspectiva. Allí se precisa la cronología de los que hablaron para el FBI dentro de la Conmebol. El primero fue José Hawilla, presidente de Traffic Group, que hizo grandes negocios con los derechos de televisación y fue detenido por fraude impositivo ( Clarín , 10/6). Luego fue el turno de buchonear de Alejandro Burzaco quien era CEO de la empresa Torneos, cuyo paquete accionario es compartido por el grupo Clarín (también por los herederos del empresario Luis Nofal y el fondo buitre DLJ) y tiene en el Gobierno a su principal cliente. Burzaco negoció su detención con el FBI como "testigo protegido", de modo que se compromete a dar información para aliviar su situación procesal en Estados Unidos. Según la denuncia, tanto Burzaco como los empresarios Hugo y Mariano Jinkis habrían pagado coimas de 110 millones de dólares, a través de la empresa Datisa, a los dirigentes de la Conmebol, para obtener los derechos televisivos y de comercialización de las copas América 2015, 2019 y 2013 y Centenario 2016. La información que puede aportar Burzaco está referida a las coimas recibidas por la AFA, al papel de Grondona en el manejo de los contratos de la Fifa y a los negociados del gobierno argentino con Fútbol para Todos y la organización de diversos torneos ( Prensa Obrera , 11/6). También afecta a Macri: cuando se desvinculó de Torneos, el empresario Carlos Ávila denunció que era espiado por la Metropolitana, cuyo jefe era Eugenio Burzaco, hermano de Alejandro, y próximo secretario de Seguridad de la Nación. Macri, además, tuvo a Jorge "Fino" Palacios y Ciro James a cargo de la "seguridad" en Boca. El tercero en "hablar" con el FBI fue José María Marín, el ex presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF). Con 83 años, Marín era uno de los miembros del Comité de Clubes de la Fifa. Estas delaciones habrían provocado la caída de Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (quien, a su vez, ya habría acordado una "delación compensada"); Bedoya voló el 4 de noviembre a Nueva York horas después de renunciar a su cargo. Aseguran que fue asesorado por un abogado que estuvo preso en Estados Unidos acusado por la DEA y que hasta se reunió con el presidente Juan Manuel Santos. Y también cayó, hace pocos días, Sergio Jadue, presidente de la Federación chilena (ANFP). Este último acaba de viajar a Estados Unidos, se declaró culpable y se sumó a las delaciones ante el FBI. Los dirigentes van cayendo uno detrás de otro. La fuente señalada por La Nación indica que también seguirán ese camino los presidentes de la Federación de Ecuador y de la propia Conmebol. De ser así, se completaría la lista de los doce dirigentes sudamericanos involucrados en los contratos de Datisa. Aún más, en los últimos días, durante el Congreso Extraordinario de la Confederación Sudamericana de Fútbol en Río de Janeiro, se confirmó la renuncia del dirigente de Quilmes José Luis Meiszner como secretario general de la Conmebol. También la del brasileño Marco Polo del Nero, a la representación sudamericana ante Fifa. En su lugar irá Fernando Sarney, vice de la CBF e hijo del ex presidente brasileño José Sarney. Del Nero es otro más que está bajo la lupa tanto de la justicia local como de la estadounidense ( La Nación , 26/11). Son las últimas imágenes del naufragio. Se pregunta Moores: ¿Llegará, para la Conmebol, la hora del urugayo Paco Casal, quien impulsó en su país el primer juicio de denuncia de los manejos oscuros de esa federación de fútbol? Se responde: la semana pasada, la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay pidió sanciones contra Tenfield, la firma de Casal, por no transmitir por televisión abierta los partidos de eliminatorias de Uruguay violando una resolución que indica que son "de interés general". Tenfield (que pagó 12 millones de dólares por la exclusividad) criticó la insistencia del Estado en "expropiar derechos sin compensación algunas", afirmó que la ley es de "dudosa constitucionalidad" y tildó la medida de "ilegítima". "En la Conmebol se van los malos. Los que vengan, eso sí, pueden ser aún peores", concluye el columnista. La descomposición de uno de los deportes más hermosos, es decir del régimen camarillesco construido para gerenciar estos negocios, es total.

En la sesión del jueves 26 de noviembre se ha obtenido media sanción al proyecto de ley de indemnización para los ex trabajadores de Gas del Estado, por el incumplimiento del pago de las acciones que estableció la privatización menemista. Se ha logrado, a muy poco de que su coordinadora se fundara y desarrollara sus asambleas y movilizaciones, siguiendo la trayectoria ejemplar de los ex trabajadores de YPF. También se incluyó en esa misma ley, a los ex trabajadores de Segba y tuvieron su media sanción proyectos similares para ex trabajadores de Agua y Energía y Petroquímica General Mosconi. Este triunfo obrero logró explotar la crisis política. La banca del PO-FIT jugó un papel decisivo, colaborando en la organización de la lucha y aportando, a partir de la experiencia con la ley para YPF, la mayor parte de las modificaciones al proyecto original, que tomaron como propias las asambleas de Buenos Aires, Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Mendoza, Neuquén y Río Negro. Nuestra diputada en Neuquén, Gabriela Suppiccich, logró, junto a los trabajadores, que se aprobara por unanimidad una comunicación de la Legislatura, en apoyo. Fresina y Dalmau, sus pares en Mendoza, también presentaron la misma iniciativa. Además, fue nuestro diputado nacional, Pablo López -aplaudido por los ex trabajadores presentes en el recinto-, el que allí, planteó la inclusión de las modificaciones que Pais (FpV, autor del proyecto) había aceptado en las comisiones. De esta manera, se ha logrado que entren los trabajadores transferidos a YPF o a Gas Residual, y los que cobraron sumas menores por juicios o pagos parciales de PPP -empresas como Metrogas, Camuzzi, Gasnor, incumplieron con la excusa de que no "lograban utilidades"- y se fija un mínimo para el importe de la indemnización, referenciado en el de la ley de YPF. Es un avance sobre el proyecto original. El PRO, la UCR y los bloques aliados boicotearon la sesión y, por otro lado, los límites a este triunfo los ha impuesto el propio FpV, porque Pais, se negó a incluir a todos los trabajadores que fueron despedidos con la privatización y a definir claramente un importe de indemnización, dejándolo en manos de Prat Gay, del PRO. De todas formas se estableció un piso de la indemnización equivalente al de la ley de ex trabajadores de YPF. Los despidos en Gas comenzaron con una resolución ministerial del 1°/8/91 y continuaron luego de la votación de la ley de privatización con los diputruchos del 17/7/92, en las privatizadas del gas (multinacionales como British Gas, Total asociadas con grupos locales: Pérez Companc, Techint, Macri, etc.), a las que se las sigue premiando hoy en día con subsidios y tarifazos. País no quiso incluir a los despedidos con "retiros voluntarios" entre esas dos fechas, unos 1.500 trabajadores aproximadamente. Se ha valido de una de las medidas más ilegales de la vida política argentina: la ley votada con diputados falsos, para quitar derechos a los despedidos y confiscados, en claro y pleno proceso de privatización. Aún queda un tramo para lograr la sanción de la ley, en el que no podrá estar ausente la lucha de la Coordinadora para lograr sus objetivos, con la prioridad de que entren todos los compañeros.

El sábado, la concesionaria del Zoo de Buenos Aires despidió a la compañera Indira Guido, que trabaja en el patio de comidas. Indira es una reconocida activista de la asamblea unificada del zoológico y fue candidata a delegada por su sector en el sindicato de pasteleros y perdió por apenas un voto la elección. Su despido constituye una clara persecución sindical y, por lo tanto, una "práctica desleal" e ilegal. La patronal avanzó contra la compañera como paso siguiente a la aplicación de los descuentos por días de paro aplicados días antes a la masa de los activistas y delegados. Se trata de una política de revancha frente al avance en la organización y las conquistas de los trabajadores. La asamblea del zoológico liderada por los delegados de base de Sutecba venía de conquistar varios puntos de su pliego sobre la base de las medidas de acción directa, las asambleas de base sin distinción gremial y una intensa campaña de difusión sobre las condiciones laborales y en el cuidado de los animales, de la que participaron legisladores de la Ciudad de Buenos Aires y organizaciones de protección a los animales. Las condiciones deplorables que se llevaron la vida de varias especies en el último año son el correlato de la precarización laboral. Los trabajadores, con su lucha, obtuvieron el ingreso de parte del personal profesional necesario, el encuadramiento del personal medio al convenio general y otras reivindicaciones. Ahora siguen la lucha por el encuadramiento de todos los trabajadores bajo el mismo convenio de los trabajadores municipales y por el reconocimiento de los pisos salariales del escalafón general. Aquí se da el caso curioso e ilegal de que un convenio sectorial se ubica por debajo del convenio general de la rama, una distorsión que los trabajadores quieren resolver a la brevedad con su lucha que pretende ser maniatada con estas acciones de persecución. En la Legislatura de la Ciudad, legisladores de izquierda presentaron un pedido de informes sobre las condiciones de la concesionaria para promover la derogación de la concesión. Llamamos a todas las organizaciones sindicales, estudiantiles, políticas y proteccionistas a legisladores y referentes de las luchas ambientales a repudiar el despido de Indira y las acciones persecutorias para lograr su reincorporación y avanzar en la unificación de los trabajadores bajo un mismo convenio y la revisión de la concesión en manos de una empresa vaciadora y antiobrera.

La promesa de campaña realizada por los economistas de Macri, referida a que la devaluación que pensaban aplicar no iba a generar una mayor inflación, ha sido desmentida con la velocidad de un rayo. Aún antes que el gobierno nuevo asuma y se consume la devaluación largamente prometida, asistimos a un crecimiento de los precios que duplica el promedio mensual de 2015. Si se proyectase noviembre en términos anuales, la inflación estaría por encima del 40% anual. No debiera sorprender que sea en la canasta alimentaria donde los precios han crecido con mayor intensidad. El pan, la carne, la leche, entre otros, han aumentado por encima del 20% en un solo mes. La razón de fondo es que, al anuncio de la devaluación que se piensa ejecutar luego del 10 de diciembre, se le debe sumar la eliminación de las retenciones al trigo, al maíz y la carne, y la reducción de la tasa que se aplica a la soja. La eliminación o reducción de las retenciones no tiene sólo un efecto fiscal, en la medida que el Estado deja de recaudar impuestos. También tiene un impacto en los bolsillos de los consumidores, pues las retenciones dividen el precio interno del internacional. Este aumento de los precios del trigo y el maíz ya se está expandiendo en toda la cadena de valor. Los diarios de la ‘opo’ y el macrismo acusaron al actual gobierno por las subas generalizadas de noviembre, afirmando que la Secretaría de Comercio está en huelga de brazos caídos. Señalaron, además, que piensan mantener el plan de “Precios Cuidados”, al que hasta ahora tildaron como un monumento al fracaso. ¿Piensan repatriarlo a Guillermo Moreno también? Lo cierto es que, por más intensos que hayan sido los aumentos de precios de estas semanas, estamos asistiendo recién al primer capítulo de un plan de ajuste mucho más intenso. Los funcionarios del gobierno entrante han dicho hasta el cansancio que piensan aplicar un tarifazo en los servicios de luz y gas, y también en el transporte público. Según sus propios cálculos, los aumentos en este terreno pueden alcanzar hasta el 500%. Gradualismo, las pelotas La suba de precios ejecutada por los capitalistas en noviembre no sólo refutó el relato mentiroso de los Prat Gay, Frigerio y compañía de que la devaluación no generaría inflación, también muestra que el debate entre ajuste “gradual” o “shock” es una disquisición teórica de nulo interés práctico. El capital pugna por descargar la crisis sobre las espaldas de los trabajadores e incrementar su tasa de ganancia. Detrás del tipo de cambio, la tasa de interés y del nivel de precios se esconde una relación social de explotación, que el capital quiere profundizar en su propio beneficio. El gran objetivo del ajuste en marcha es reducir el precio que los capitalistas pagan por la fuerza de trabajo, forzando a que los trabajadores la vendan por debajo de su verdadero valor (que como mínimo debe ser la canasta familiar). Este objetivo es el único que une a todas las fracciones capitalistas que, con intereses encontrados, conviven dentro del gabinete del nuevo gobierno. En estas condiciones, el anuncio de que se levantará el piso del impuesto a las Ganancias que se cobra sobre los salarios, está lejos de ser una salida. Ocurre que el beneficio que implicaría esta medida alcanzará sólo a una pequeña minoría de los trabajadores (se calcula 1,2 millón sobre casi 16 millones de trabajadores). Para la mayoría restante, que tiene salarios promedio de 6.000 ó 7.000 pesos, el golpe del crecimiento inflacionario será simplemente enorme. La fractura interna que ha sufrido la clase obrera bajo el kirchnerismo, con desniveles salariales enormes, pegará un nuevo salto. De ella se vale la burocracia sindical que a lo máximo que aspira es a atender, aunque muy parcialmente por cierto, al sector más elevado de los trabajadores mientras le da la espalda por completo a los que están en negro o precarizados, y que son quienes tienen los más bajos ingresos. Un programa Para los trabajadores se presenta el desafío de darse un programa concreto para intervenir en esta fase de la crisis. El primer punto es blindarse frente a los efectos inflacionarios inmediatos que generará la devaluación y los tarifazos. Ante ello corresponde plantear un aumento de emergencia para todos los trabajadores, que deberá ser mayor para todos ellos que no se vean alcanzados por la medida del no pago del impuesto a las Ganancias. En relación a éste último, planteamos la abolición de ganancias en los salarios de convenio. El aumento de emergencia debe incluir a los jubilados para llevar la mínima a los 8.500 pesos, ya que el próximo reajuste de sus haberes será recién en marzo. Por esta vía apuntamos a blindar a la clase obrera ante el ajuste y defender su unidad como clase. Junto con esta medida de emergencia corresponde plantear la indexación salarial mensual de los salarios y de las jubilaciones. Se trata, otra vez, de una acción defensiva para preservar el actual nivel de vida del pueblo. La tercera medida para blindar a los trabajadores pasa por prohibir los despidos y suspensiones por un año, ya que como ha ocurrido en el pasado o como está ocurriendo ahora mismo en Brasil, es sabido que las devaluaciones producen una fuerte caída de la producción y con ello de los puestos de trabajo. Con este programa inmediato, el Partido Obrero planteará un paquete de leyes antiajuste en el Congreso y, por sobre todo, una fuerte campaña de agitación en las grandes concentraciones obreras y de trabajadores. Elevamos esta propuesta a todos los sectores obreros combativos que están debatiendo la necesidad de concretar iniciativas de lucha en el próximo período.

El 1° de diciembre se hizo la ceremonia de entrega de diplomas a las autoridades electas de toda la provincia en el Colegio Salesiano de Río Gallegos. Una contundente delegación del PO, llegada de varios puntos de la provincia, que incluyó al compañero Marcelo Ramal, se hizo presente para acompañar a los dos concejales electos del Frente de Izquierda, Damián Pessolano, de Perito Moreno, y Pablo Lombroni, de Gobernador Gregores. De este modo, destacamos el enorme triunfo que significa haber perforado la Ley de Lemas en Santa Cruz y subrayar el progreso de la izquierda. En esa situación nos tocó ser espectadores del agravamiento de la crisis política: el gobernador Peralta no se hizo presente. La única diputada consagrada por la lista del PJ, Gabriela Peralta, se retiró apenas recibido su diploma. Con ella, y a diez minutos de iniciada la ceremonia, se fue una importante barra del PJ que tuvo un contrapunto con la barra del FVS (kirchnerismo puro). Al recibir sus diplomas nuestros concejales, se escuchó el coro "concejales de los trabajadores..." y un estribillo contra la Ley de Lemas. La barra del FVS se sintió afectada y empezó a cantar, con lo cual por largos minutos tapamos a los locutores del acto. En la cuna de los K, la oposición política en el acto fue la izquierda, que logró que retumbe en todo el gimnasio la consigna más clasista de todas; "luchar vencer, obreros al poder". Cuando ya nuestros compañeros habían recibido sus diplomas, nos retiramos cantando un homenaje a Mariano Ferreyra, mientras nuestros concejales eran entrevistados por todos los medios locales de radio y televisión. Nos fuimos entusiasmados, porque el gobierno que nace expuso sus debilidades y nosotros nuestro objetivo: ser la oposición al débil gobierno de Alicia Kirchner y al de Macri desde el campo de los trabajadores.

En el balotaje, Santiago dio la nota por ser la provincia donde Scioli obtuvo el porcentaje más alto (71%), a partir de la fortísima extorsión del aparato oficialista. Sin embargo, y antes de haber asumido Macri y los nuevos diputados, ya se ha evidenciado que el zamorismo y el macrismo han tejido un acuerdo. En la sesión del Congreso Nacional del jueves 26, cuatro de los siete diputados nacionales del bloque del Frente Cívico por Santiago (zamorista) pegaron el faltazo, dificultando el quórum al kirchnerismo. Tras la primera vuelta, el zamorismo moderó notoriamente sus declaraciones contra Macri. Ya antes del balotaje, Gerardo Zamora afirmó que, ganase quien ganase, debería haber un "clima de convivencia", y que el próximo presidente "debe(rá) tener la suficiente capacidad de consensuar cosas, sobre todo el candidato de Cambiemos no tendrá mayoría propia en el Congreso y necesitará la autorización parlamentaria, por caso, para endeudarse, discutir los recursos de provincias y municipios, discutir con los sectores del trabajo" ( Nuevo Diario , 18/11). Esto expresa el contenido del pacto de Macri con Zamora (y que apunta al resto de los gobernadores 'feudales'). En sus visitas a Santiago, Macri planteó que la provincia se encuentra a la "vanguardia económica", defendió la obra pública zamorista (obras faraónicas de escasa utilidad social, con altísimos sobreprecios para favorecer a contratistas amigas) y abogó abiertamente por profundizar el carácter sojero del NOA (especialmente Santiago y Salta). Esta situación genera un reacomodamiento del mapa político local: la oposición patronal va a quedar en offside; todo el sector de Cambiemos se va a ver en figurillas para mostrar su supuesto carácter opositor cuando voten la mayoría de las leyes junto al zamorismo en el Congreso. Ya se ha formalizado una crisis en las filas provinciales del PRO: un sector más afín al radicalismo pidió la intervención del partido y elecciones internas, denunciando falta de democracia interna. Por otra parte, el acuerdo del massismo local con el zamorismo es público, y es un secreto a voces que la diputada que obtuvo el massismo actuará junto al bloque del zamorismo en el Congreso. Rápidamente se está demostrando la comunión de intereses entre macrismo y zamorismo-kirchnerismo.

Uno de los focos principales de crisis en la transición de gobiernos radica en la continuidad o no de los funcionarios que ocupan áreas del Estado que son, al menos formalmente, independientes del Poder Ejecutivo. Entre ellas se destacan el Banco Central, la Procuración General y el AFSCA. Es sabido que los actuales funcionarios pretenden quedarse en sus cargos, a pesar de que el gobierno que los designó perdió las elecciones. Alejandro Vanoli, Alejandra Gils Carbó y Martín Sabbatella afirman que su mandato no vence el 10 de diciembre y deben cumplir con la totalidad del mismo. El argumento al que se echa mano contradice la posición del propio kirchnerismo, que había defendido el carácter "militante" de estos funcionarios. Se trató de un relato funcional al desarrollo de un régimen de tipo bonapartista -es decir basado en el poder personal y de su camarilla. Pero la contradicción de argumentos también está presente en el macrismo. Desde las usinas del PRO se insistió recurrentemente en la necesidad de la independencia del BCRA, así como de la jefatura de los fiscales y del organismo encargado de manejar los medios. El pedido de destitución de los actuales funcionarios, porque responden al gobierno saliente, delata la intención de repetir la misma cantinela. Sturzenegger en el BCRA y quienes nombre Macri en la Procuración General y en el AFSCA serán tan ‘independientes’ como lo han sido Vanoli, Gils Carbó y Sabbatella. El único punto de diferencia entre la "dependencia" de Vanoli y la ‘independencia’ de Sturzenegger es que el primero pagó la deuda externa usando las reservas del BCRA y su sucesor lo hará tomando nueva deuda. Pero la diferencia acá también debe relativizarse, pues los swap dados por China en este último año también constituyen una deuda que deberá ser oportunamente afrontada. En relación al AFSCA, el cambio de funcionarios que reclama el macrismo anticipa que buscará establecer un dominio similar al que el kirchnerismo quiso imponer sobre los medios de comunicación. El manejo de la pauta publicitaria de la Ciudad repite, aunque a socios distintos, la discrecionalidad que el kirchnerismo utilizó con la pauta del gobierno nacional. Es probable, también, que se avance en una nueva ley de medios, algo que el propio gobierno actual dejó picando al replantear la participación de las telefónicas en el negocio audiovisual. La conclusión de fondo de esta disputa es que pone de manifiesto la tendencia acentuada al establecimiento de gobiernos de camarilla, con relativa independencia del personal político que ocupe coyunturalmente la Casa Rosada. Esta tendencia se basa en la incapacidad de la clase capitalista de gobernar a través de las instituciones representativas, especialmente el Congreso que en el sistema actual oficia de "representante del pueblo" (Diputados) y de las "provincias" (Senado). Vale recordar que el kirchnerismo gobernó de manera consecutiva valiéndose de la "emergencia económica", por la cual el Congreso cede funciones al Ejecutivo. Y ahora Macri echará mano también a ese recurso (valiéndose de la extensión de la “emergencia” hasta 2017 votada por el kirchnerismo), como lo anticipa el anuncio de que no convocará a sesiones extraordinarias del Congreso -o sea, gobernará por decreto. La demagogia democratizante del derechista Macri no debe confundir a los trabajadores sobre lo que realmente está en juego. La bancarrota económica y la aplicación de un ajuste para descargarla sobre las espaldas del pueblo es incompatible con un funcionamiento político democrático.

Ya en ocasión del debate presidencial, Mauricio Macri había anticipado su intención de plantear la exclusión de Venezuela del Mercosur, alegando la cláusula que habilita a ello en caso de “interrupción del orden democrático”. Macri alude a la existencia de presos políticos -en primer lugar, de Leopoldo López. Sobre la detención y procesamiento de López existen fuertes denuncias relacionadas con la adulteración de evidencias en pos de su condena. Del otro lado, se han puesto de manifiesto las conspiraciones golpistas que involucran a esa fracción de la oposición, que ha recurrido a la acción directa para derrocar al gobierno de Maduro. En aquella ocasión, y en lugar de denunciar la maniobra, Scioli -el candidato de los ‘nacionales y populares’- guardó silencio. Los chavistas que lo llamaban a votar en la Argentina tampoco se lo reprocharon. Algo parecido ocurre ahora con los “progresistas” del Mercosur: aunque los gobiernos de Uruguay y Brasil ya anticiparon que la aplicación de la “carta democrática” no tendría cabida, sí admitirían un “llamado de atención” a Maduro. Para Macri esto puede representar un triunfo político: una censura a Venezuela sería una señal de ‘reencauzamiento’ del Mercosur en función de los intereses de la derecha continental. Es probable que Dilma especule con que “un llamado de atención” contra Venezuela le otorgue oxígeno, de cara a su crisis interna y ante los “Macri” de su país. Aunque el tiro le puede salir por la culata, si es que la derecha ve en esa votación un gesto de debilidad. Por su parte, el canciller uruguayo dejó entreabierta una ventana al decir que “todavía están dadas las condiciones para no aplicar esa cláusula” (La Nación, 25/11). Hoy no, mañana tal vez. El desbarranque de los “progresistas” del continente es completo. En cualquier caso, queda claro que el ingreso de Venezuela al Mercosur, que no aportó nada en términos de una integración económica soberana de los pueblos, sí ha servido para darle a las burguesías latinoamericanas, vinculadas con el imperialismo por mil lazos, un medio para intervenir en la política interna de Venezuela. Los derechos humanos son la coartada para avanzar en una ‘normalización’ económica y política del país según los intereses del imperialismo. Anteriormente, el Mercosur había suspendido a Paraguay, después del golpe parlamentario que la derecha propinó contra Fernando Lugo. Pero enseguida, los progresistas abandonaron a su suerte al sacerdote paraguayo, a quien excluyeron de la cumbre del Mercosur desarrollada una semana después del golpe (ver PO Nº°1.246). Paraguay, ya “normalizada” por los golpistas, fue reincorporada un año más tarde. Estos son los “pergaminos” de quienes ahora quieren intervenir en Venezuela en nombre de la democracia. Rechazamos esta injerencia, que Macri impulsa a cuenta del imperialismo, sin que ello implique de nuestra parte el menor apoyo al régimen chavista, en avanzada descomposición. Denunciamos la creación de un “régimen de excepción” en Venezuela, que no ha impedido el progreso de la desorganización económica y el saqueo del país en beneficio de una camarilla capitalista, y sirve en cambio para hacerle pasar a los explotados un ajuste brutal. Pero la superación del nacionalismo decadente no será obra de los Macri, sino de una acción histórica independiente de los explotados de Venezuela y de toda América Latina.

El blanqueo que prepara Macri se parece al que venía elaborando Miguel Bein, el asesor predilecto de Scioli.En ambos casos, no hace falta repatriar los dólares del exterior. El costo del blanqueo de bienes y moneda extranjera que se queden en el exterior será de 8% el primer año y 10% el segundo. Y en caso de que se transfieran al país, serán de 5 y 7%, respectivamente. Pero como ya ha empezado a circular en la city porteña, el proyecto apunta en otra dirección: cuando el producto del blanqueo se destine a la compra de títulos privados de deuda o a títulos públicos, y cuyo plazo de amortización no sea inferior a cinco años, la tasa baja a 4 y 3%, respectivamente. Este incentivo tiene como propósito alentar la compra de títulos en momentos en que el gobierno se prepara para un enorme reendeudamiento del país. El macrismo sabe que no tiene la vaca atada, en un escenario internacional dominado por la fuga de capitales y la crisis de los países emergentes. Estas condiciones precarias podrían agravarse más si la Reserva Federal de Estados Unidos aumenta la tasa de interés. En este contexto, los elevados rendimientos -cercanos a los dos dígitos- que podría reportar el festival de bonos del nuevo gobierno no es una garantía de éxito de la operatoria. El blanqueo oficiaría como un anzuelo -y, por lo tanto, como un reaseguro- para tentar al capital a invertir. Los títulos blanqueados podrían ser, a su vez, revendidos en el mercado: el puntapié inicial para un nuevo negocio especulativo. Para evitar el problema de la Ley de Lavado de Dinero, el proyecto establecería que los bancos, a diferencia del blanqueo de 2009, no deberán informar a la Unidad de Información Financiera (UIF) cuando el origen de los fondos sea la evasión fiscal. Después de haber batido el parche contra la "corrupción" y a favor la "transparencia", el ingeniero debuta con un premio a la burguesía evasora y un indulto, en primer lugar, para los Lázaro Báez y los Caputo. Pero además, las fronteras entre la evasión fiscal y el narcolavado son vidriosas, y constituyen, en muchos casos, negocios complementarios. El macrismo arranca consagrando un piedra libre a los narcotraficantes. Pero, además, el blanqueo iría unido a una moratoria que perdonaría sanciones intereses con un plan de pagos de 60 cuotas, contemplando apenas un pago inicial de 5% de lo adeudado. Si tenemos presente que, en la actualidad, los intereses que cobra el fisco son del 3 por ciento mensual, la supresión de los mismos, termina reduciendo la deuda en hasta un 30 por ciento. A eso habría que agregar que la suma adeudada se paga en cómodas cuotas durante cinco años, con lo cual su valor final pasa a ser irrisorio -ello, sin considerar las multas, que en algunos casos pueden llegar hasta duplicar el capital adeudado. El perdón fiscal implica la no aplicación de la ley penal tributaria, eximiendo de prisión a los evasores comprometidos en los delitos más graves. Estamos frena una licuación fantástica de los pasivos empresarios. Como contrapartida, asistimos a un golpe demoledor a las finanzas públicas. Partiendo de un cálculo conservador, las deudas impositivas, en la actualidad, ascenderían a por lo menos 50.000 millones de pesos -unos 5.000 millones de dólares al tipo de cambio oficial actual. La Afip se privaría de recaudar un 80 ó 90 por ciento de ese monto. Como la moratoria abarca las deudas impositivas pero también las previsionales, el desfinanciamiento se extiende al Anses. Después de haber denostado al gobierno kirchnerista por el déficit fiscal, el macrismo inicia su gestión ahondando más los desequilibrios presupuestarios. El gobierno pretende remontarlo apelando a un ataque en regla contra el bolsillo popular.

La asunción de los nuevos diputados nacionales y legisladores del Frente de Izquierda en diferentes provincias ha reproducido en mayor escala lo que ya vivimos en 2013: el PTS inscribió como propias las bancas que se obtuvieron colectivamente, rechazando hacerlo en el marco de un bloque común del Frente de Izquierda. Así ocurrió en Córdoba, donde el Frente de Izquierda obtuvo tres diputados (el PO e IS, en cambio, resolvieron constituir el bloque FIT); en las dos bancas de Neuquén, donde Raúl Godoy ha formado un bloque separado; en Mendoza, donde el FIT contará con dos senadores y cuatro diputados provinciales, además de numerosos concejales; y en la Ciudad de Buenos Aires, donde el FIT pasa a tener dos bancas en la Legislatura porteña. En el Congreso Nacional, Myriam Bregman ya se había separado del bloque del FIT apenas asumió su banca en lugar de Néstor Pitrola. Ahora, a partir del 10 de diciembre, el bloque del Frente de Izquierda en el Congreso estará constituido por los tres diputados del Partido Obrero -Néstor Pitrola, Pablo López y Soledad Sosa, que asume en lugar de Nicolás del Caño. Bregman, por separado, formó el "bloque PTS". La escisión de los diputados del PTS de un bloque común comporta una ruptura con todos los acuerdos fundacionales del FIT, que establecieron la rotación y la gestión colectiva de las tareas legislativas. La apropiación para un partido de bancas conquistadas en común es una usurpación política, incluso frente al electorado que votó por "un bloque del Frente de izquierda", en el Congreso o en las legislaturas. Los acuerdos de rotación que firmamos en 2011 implicaban la participación de asesores de los tres partidos durante los mandatos legislativos de los sucesivos compañeros y, naturalmente, un debate colectivo sobre los desafíos políticos a enfrentar por los diputados del FIT. El "rancho aparte" del PTS ha implicado el desconocimiento de esos acuerdos, con excepción de la rotación, y la exclusión de los otros partidos del Frente cuando a los diputados de ese partido les toca ejercer sus mandatos. En este cuadro, y después de haber ratificado esta escisión en todas las legislaturas, los compañeros del PTS de Mendoza le han enviado una carta al PO de esa provincia proponiendo la constitución de un "interbloque" de diputados y senadores. Estamos ante una maniobra o tentativa de encubrir una política escisionista, cuyo origen, sin embargo, podemos adivinar. La escisión de las bancas le ha originado al PTS una crisis y un rechazo político que, en el caso de Mendoza, es proporcional al lugar electoral alcanzado por el FIT. Ese daño, sin embargo, alcanza al conjunto del Frente de Izquierda, ante la evidencia de que sus conquistas parlamentarias son un campo de intensas disputas faccionales. Desde el Partido Obrero, no podemos contribuir a disimular ese daño con imposturas políticas -por caso, admitiendo un remiendo precario -el "interbloque". Reclamamos un debate político en la mesa nacional del Frente de Izquierda y una salida nacional a esta crisis: asumir los acuerdos originales del Frente de Izquierda, constituyendo bloques comunes en el Congreso y en todas las legislaturas, y debatir una agenda de lucha política de cara a todos los episodios que planteará la actual transición y el ajuste en marcha contra los trabajadores.

Cuando en febrero de 2003 los campesinos formoseños cortaban rutas para detener a las empresas sojeras que los intoxicaban con agroquímicos, Ricardo Buryaile los fustigó duramente, porque, decía, perturbaban el buen clima para las inversiones en la provincia. El gobernador K, Gildo Insfrán, sostenía lo mismo. Buryaile, un terrateniente-ganadero formoseño, era por entonces dirigente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Chaco y Formosa (ChaFor), integrante de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA). En 2005, cuando miles de campesinos se movilizaron a la ciudad capital con un pliego de demandas urgentes ante la situación desesperante de los pobres del campo atacados por los “agronegocios”, la santa alianza sojero-ganadera-fumigadora volvió a manifestarse: Buryaile, Insfrán y Luis Basterra (por ese entonces ministro de la Producción de la provincia y actual diputado nacional del FpV) cerraron filas nuevamente contra el campesinado y los trabajadores rurales de la provincia. Tres años más tarde, desatado el conflicto por la renta agraria entre los capitalistas rurales y el gobierno, el dirigente saltó a la palestra nacional (ya era vicepresidente segundo de CRA) como uno de los principales dirigentes de la infame Comisión de Enlace. Montado en esa notoriedad, y ante la falta de figuras convocantes en el deshilachado radicalismo local, logró entrar como diputado nacional (UCR) por la provincia de Formosa en 2009. En 2013 renovó su banca. Buryaile además de pronunciarse por una devaluación “inmediata”, promete la eliminación y/o rebaja de las retenciones, así como aliviar la “carga impositiva” para los capitalistas (lo que significa, además de desfinanciar al Estado y golpear duramente al bolsillo popular, mantener y profundizar la precariedad del trabajador rural). El que sea presentado como un representante del “interior profundo” no es un tema menor. Precisamente, la provincia de Formosa muestra palpablemente las consecuencias depredadoras, social y ambientalmente, y la naturaleza parasitaria de la actual fase de desarrollo capitalista en el agro: acaparamiento de tierras, represión homicida a originarios, expulsión de la población, intoxicación por fumigaciones, pobreza perenne, emigración y “feudalismo” político. Buryaile no sólo ha acompañado e impulsado este proceso, sino que ha sido uno de sus principales protagonistas y beneficiarios.

Cuando el periodista le preguntó al flamante presidente su opinión sobre el fallo de la Corte referido a la deuda de las provincias, la sonrisa devino en un rictus: "Deben pensar que uno tiene soluciones mágicas". Hasta la semana pasada, el gobierno le descontaba a Córdoba, Santa Fe y San Luis unos 7.000 millones de pesos de la recaudación coparticipable por año. Ahora, en función del fallo de la Corte, deberá girarle rigurosamente esos montos. Por si fuera poco, el Ejecutivo deberá negociar cómo les devuelve a Santa Fe y San Luis lo que les retuvo indebidamente desde 2006, lo que sumaría unos 30.000 millones de pesos más los intereses. En el caso de Córdoba, cuando obtenga una sentencia definitiva, será acreedora a un retroactivo de 50.000 millones de pesos más intereses. Pero las cifras se multiplicarán, porque CFK le redobló la apuesta a la Corte: a través de un decreto, ha generalizado la devolución del 15% a todas las provincias. Así, el monto que se le sustraerá a la Anses es de 73.000 de pesos. Según una consultora afín al gobierno, el costo fiscal total de los fallos, en caso que se sumaran todas las provincias al reclamo, sumaría 363.648 millones de pesos (Economía y Regiones). El decreto presidencial plantea compensar al Anses con fondos del Tesoro, y no tomar en cuenta la detracción para el cálculo de los aumentos jubilatorios (recordemos que, por la ley vigente, esos aumentos toman en cuenta la evolución que registra el fondo de Garantía de la Anses). De todos modos, estamos ante una frazada demasiado corta. Por caso, el Anses podría retrasar todavía más el pago de las sentencias pendientes a los jubilados. Aunque el fallo de la Corte no lo dice, algunos interpretan que la Anses sería forzada a la venta de las acciones que posee el Fondo de Garantía en grandes empresas privadas. Esa venta fue reclamada por las empresas involucradas, para sacar al Estado del capital accionario y quitarle la prerrogativa de tener miembros en sus directorios. El reparto del "ajuste" que se viene Pero se ha señalado también otra cuestión de fondo: el fallo -y el posterior decreto presidencial- diseñan el reparto del "ajuste" que se viene, entre la Nación y las provincias. Ocurre que la anunciada reducción de las retenciones al campo reduce la importancia del tesoro central en la recaudación: el "fondo Sojero" que se distribuía federalmente se reducirá a una mínima expresión. Por lo tanto, una "federalización" de los ingresos compartirá también una "federalización" de gastos, y, por lo tanto, una política de ajustes en cada una de las provincias. Estamos ante otro episodio de la transición política -el de las crisis políticas y grandes luchas provinciales.

La designación del ex CEO de Shell como ministro de Energía del nuevo gobierno, anuncia el inicio de una sorda lucha entre multinacionales hidrocarburíferas. Aranguren, el nuevo ministro, ha sido un duro crítico de la monopolización de la dupla YPF-Chevron sobre Vaca Muerta. Como CEO de Shell, el año pasado, se opuso a la última ley de reforma hidrocarburífera por obstaculizar el ingreso de “otras empresas en condiciones de presentar una oferta superadora”, en vez de facilitar la extensión de las concesiones en ese momento. De lo que concluyó “debe haber más competidores y más inversores en Vaca Muerta”. También se opusieron en su momento, el candidato Massa: “le robaron la billetera a las provincias”, y Sapag: “es un acto de coloniaje” (el MPN se abstuvo y votó en contra). Aranguren plantea un “nuevo marco regulatorio” que sea eficaz y en un escenario de levantamiento del cepo. Ese nuevo marco debería devolver a las provincias productoras el dictado de las condiciones del pliego de licitación de áreas (actualmente por la nueva ley, en manos del Estado Nacional), la fijación de regalías y de la política impositiva. Pero Aranguren no anunció ninguna política de “shock” en el área, por el contrario anunció que no alterará la composición accionaria de YPF SA (49% en manos privadas) y que Galuccio seguirá al frente de la misma. Como la última reforma de la ley de hidrocarburos la impulsó Galuccio en la línea de la “chevronización” (PO Nº 1.346 del 29/12/14), se abre una contradicción de fondo entre el Ministerio de Energía y la política actual de YPF SA en relación a sus socios y monopolizadores de Vaca Muerta. Se abre un período de pujas y negociaciones, máxime si se tiene en cuenta que Macri no tiene ni quórum ni mayoría en el Congreso. Clave: los subsidios El otro tema sensible es el precio del barril del crudo, que actualmente está desacoplado del precio del mercado mundial para las petroleras y las refinadoras, a través de un subsidio del Estado Nacional. Aranguren es partidario de quitar los subsidios. Pero esto sería un cataclismo financiero para las provincias productoras de petróleo. Sin ese subsidio estatal las petroleras amenazan con parar la producción, pero para quienes refinan solamente (o es su mayor negocio), una baja del precio del barril bajaría sustancialmente sus costos de refino. Shell (de donde viene Aranguren) es un caso de estos últimos. Pero, además, es una multinacional con espaldas suficientes como para bancar un precio bajo, por un tiempo, hasta barrer competidores. La quita de subsidios implica también un aumento en las tarifas. Aranguren lo anuncia para la electricidad en Capital Federal y el Gran Buenos Aires. Sin embargo, desde la victoria de Macri, las acciones de empresas como Pampa Holding, Capex, Transener, no dejan de caer. Esto puede reflejar también, que la quita de subsidios no será la esperada o prometida. La necesidad de una negociación institucional de resultado incierto explica la política ecléctica del macrismo y el comportamiento no “ortodoxo” del mercado accionario, que teme un resultado de impasse (ni chicha ni limonada), pero hay algo seguro: habrá una lucha sin cuartel en y por los yacimientos entre las grandes multinacionales. Junto a los tarifazos contra trabajadores y consumidores.

Por primera vez desde su creación en 1994, el Consejo Nacional de las Mujeres estará dirigido por una reconocida militante por los derechos de las mismas. Las autoridades anteriores carecían de trayectoria en la materia, e incluso se designaron elementos vinculados con el clero. Fabiana Tuñez es la cara visible de una ONG que integra a un grupo de mujeres -La Casa del Encuentro-, que fue creada hace diez años. Dos acciones la hicieron conocida: en primer lugar, la lucha contra la trata, que llevó a que durante cuatro años se movilizaran al Congreso para denunciar las redes y la complicidad estatal. Durante ese período, la acción callejera fue coordinada junto a nuestra organización, fundamentalmente. El otro hecho con el cual La Casa del Encuentro alcanzó repercusión pública fue la cuantificación de los casos de femicidios, registro que delató la brutal realidad que viven las mujeres en nuestro país. Ambas actividades chocaron directamente con el Estado y con el kirchnerismo. Luego de siete años de ley de trata, ni una red fue desmantelada, al menos 1.500 mujeres al año son explotadas sexualmente por el accionar de estas redes y los femicidios no cesan. Giro La designación de Tuñez, sin embargo, no representa una novedad en cuanto a sus vínculos políticos. Desde hace cuatro años, su ONG se encaminó hacia los acuerdos y convenios con el gobierno de la Ciudad. Esta etapa coincidió con un abandono de la movilización callejera, reduciendo la misma a una presencia en alguna fecha emblemática y una ruptura consciente con organizaciones como la nuestra. Hasta el año 2011, el Plenario de Trabajadoras y La Casa del Encuentro llevaron adelante movilizaciones y actividades callejeras regulares, para criticar, cada una desde su comprensión política, la Ley de Trata impulsada por Aníbal Fernández. La nueva ministra nacional de Desarrollo Social que designó a Tuñez, Carolina Stanley, carga consigo la nefasta gestión del gobierno de la Ciudad en lo que refiere a violencia de género. Como ministra, Stanley abandonó a su suerte los centros de Asistencia a la Mujer y cajoneó la creación de nuevos centros. El macrismo acaba de aprobar de manera "exprés" un presupuesto que no contempla recursos para encarar políticas en esta materia y que, por el contrario, financiará organizaciones clericales que podrán impartir en las aulas principios que pavimentan el camino hacia la violencia contra la mujer. Es el gobierno del veto a la reglamentación del aborto no punible y que acaba de aprobar la entrega de 30.000 metros cuadrados de tierras públicas al Arzobispado (en este caso, con el apoyo del kirchnerismo). El nuevo presidente y futuro ex jefe de Gobierno ha amparado a proxenetas de alcance internacional, como es el caso del ex Side, Martins. 3J La designación de Tuñez pone sobre el tapete la contradicción que encerró el gigantesco "ni una menos". Si por un lado la movilización multitudinaria colocó como nunca la agenda de la mujer violentada, por el otro, los agentes del Estado se infiltraron en el movimiento con un claro objetivo: colocar a los reclamos por encima de las clases sociales y de los gobiernos. La "universalidad" de un reclamo puede aludir a su carácter masivo o indiscutido. Otra cosa es que esa masividad comprometa a los bloques políticos y clases sociales por igual. La "pobreza" es tan unánimemente lamentada como la violencia de género. Sin embargo, el gobierno de la devaluación y el ajuste se apresta a acrecentarla, para rescatar a una minoría social. La enumeración de reivindicaciones que orientan al movimiento de mujeres son contradictorias con la orientación gubernamental: el aborto legal, la lucha por una salud pública que atienda las demandas de las mujeres, el desmantelamiento de redes y la denuncia de la complicidad estatal, el acceso de la mujer a un mercado laboral estable y en blanco, el acceso a la vivienda, serán algunas de las demandas que chocarán con el gobierno reaccionario de Macri y su gabinete de gerentes del capital financiero. Como se ve, la cooptación estatal de los movimientos de lucha no será un patrimonio exclusivo del kirchnerismo. La lucha por los derechos de las mujeres exige su independencia respecto del Estado ajustador y clerical, en unidad con el conjunto de los trabajadores.

Un arco muy amplio de organizaciones y luchadores populares ha sumado su firma al petitorio que reclama contra la expulsión del Seom de Jujuy del delegado y militante del PTS Alejandro Vilca. El petitorio va dirigido a la Comisión Directiva del sindicato y a su Secretario General, Carlos "Perro" Santillán, para que deje sin efecto la sanción, que a todas luces viola la democracia sindical. La firma de nuestro partido y de nuestros dirigentes públicos obedece a la comprensión de que una medida que vaya en contra de la democracia sindical es perjudicial para la lucha de los trabajadores y termina favoreciendo la burocratización de las organizaciones obreras. Por eso, la sanción es por completo inadmisible. Las divergencias que puedan presentarse al interior de una organización sindical deben resolverse mediante la lucha política abierta y nunca por el método expeditivo de las sanciones. Aunque el petitorio que está siendo firmado no lo dice en ningún lugar, sí hemos tomado nota que los compañeros del PTS han recurrido al Ministerio de Trabajo para que intervenga en el caso, reclamando que se declare nula la asamblea que votó la expulsión de Alejandro Vilca. No compartimos esta decisión. La intervención del Ministerio de Trabajo debe ser el recurso último, al que se debe apelar sólo luego de que se agoten todos los medios para persuadir a la dirección del Seom, organización que forma parte del movimiento obrero combativo del país, a que deje sin efecto la sanción. No podemos obviar que por la vía del Ministerio de Trabajo se refuerza la intervención del Estado en las organizaciones obreras. Una reincorporación de Alejandro Vilca por esa vía no podrá ser consideraba como un triunfo de los trabajadores, como sí lo sería, en cambio, si se logra gracias a una fuerte campaña de pronunciamientos y de movilización del movimiento popular de la provincia y de todo el país. El Partido Obrero llama a todas las organizaciones populares a profundizar la campaña para que el Seom dé marcha atrás con la sanción, en defensa de la democracia sindical y también del carácter combativo del sindicato de obreros municipales de Jujuy.

La designación de Juan Cruz Avila al frente de la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) causó estupor en buena parte de la comunidad universitaria. Su nombramiento representa un salto frente al pasado, cuando las políticas privatistas y de mercantilización educativa se canalizaban a través de la burocracia universitaria. Ahora, a tono con su gabinete de operadores financieros, Mauricio Macri colocó a un empresario a manejar las universidades. El desasosiego crece cuando se analizan los antecedentes académicos de Avila. Licenciado en la Universidad de Belgrano, su único vínculo con la universidad pública se reduce a una labor de asesoramiento a las autoridades del Hospital de Clínicas de la UBA. Esas autoridades llevaron al histórico hospital escuela a una situación de vaciamiento sin precedentes y son las que ahora mismo están cuestionadas por escandalosas denuncias de corrupción, y por el deterioro creciente del hospital que derivó, semanas atrás, en la explosión de una máquina esterilizadora. Entrevistado por La Nación, Esteban Bullrich justificó la designación del productor de Fantino aludiendo a su “transparencia en el manejo de fondos”, un elemento que debería estar descartado a la hora de ponderar la idoneidad de un funcionario público. Es probable que haya tenido que aclarar el punto debido a los conocidos negociados del padre de Avila, Carlos, el otrora “dueño” del fútbol, con Daniel Vila y José Luis Manzano. Bullrich se refirió al futuro SPU del PRO como un “neutral”. Avila será neutral en las disputas entre las camarillas universitarias, pero no es neutral respecto a los intereses sociales que viene a proteger: el usufructo capitalista a costa de la ciencia y la universidad. Fue la defensa irrestricta de esos mismos intereses la que garantizó la continuidad de un lobbista del glifosato, Lino Barañao, al frente del Ministerio de Ciencia y Tecnología. El nombramiento de Avila es una señal de alerta para el conjunto de la universidad. Es un golpe para una universidad, ya golpeada por la precarización que dejan años de cogobiernos kirchneristas, radicales y peronistas. Las federaciones estudiantiles y docentes recuperadas por la izquierda pueden jugar un gran papel poniendo en marcha un movimiento nacional de estudiantes y trabajadores en defensa de todas las reivindicaciones de la universidad pública.

Mauricio Macri eligió, para encabezar el Ministerio de Cultura nacional, el mismo perfil que el de la mayoría de sus nuevos funcionarios nacionales: un hombre de la corporación. Pablo Avelluto, tal su nombre, estuvo al frente de la filial argentina de Random House Mondadori, una megaeditorial internacional, durante ocho años. Fue, además, gerente de la Editorial Planeta durante cuatro años. Hasta el momento se desempeñaba como coordinador del Sistema de Medios Públicos de la Ciudad. Avelluto desembarcó con declaraciones "progresistas", al asegurar que durante su mandato se va a convocar a los artistas "por su talento" y no por sus preferencias políticas, en una crítica dirigida a la gestión cultural K. Además, se manifestó en favor de la descentralización de la cultura. Sin embargo, poco tiene de progresista. No sólo por los testimonios que fue deslizando estos años desde su cuenta de Twitter ("¿Y si echamos a todos los docentes y empezamos de nuevo? Ok, no a todos, sólo a los que creen que hacer paros sirve para algo", por ejemplo), sino porque será el encargado de desenvolver la política privatista cultural que proyectó el macrismo en la Ciudad. Ejemplo de ello es la propuesta del gobierno electo de impulsar una "ley de mecenazgo" a nivel nacional. Esa ley, aplicada en 2009 en la Ciudad (aprobada dos años antes), destina impuestos sobre ingresos brutos -una exención impositiva- a proyectos culturales. Bajo este régimen, el Estado deriva en el mecenazgo privado acciones que le son propias, determinando que sean las empresas las que regulan las acciones culturales (La Nación, 27/9). Es decir que frente a la posición de la "democratización" de las ideologías que proclama Avelluto, estamos ante la utilización por el capitalismo de la cultura como transmisora de ideología y ganancias. Un caso que reproduce la práctica cultural del macrismo tuvo su mejor ejemplo hace semanas, cuando un grupo de artistas, en el Centro Cultural San Martín, presentó una performance que denuncia el vaciamiento y la precarización laboral y artística del propio teatro. Denunciaron que todos los directores del teatro fueron elegidos por las autoridades del gobierno y no por concurso público, así como también el alquiler del espacio para eventos. Por otra parte, según cuenta a Prensa Obrera, el dirigente y ex delegado general por ATE en el Teatro Colón, José Piazza, la Ley de Autarquía del Colón de 2008 -"impulsada por el PRO, avalada por el kirchnerismo y el Sutecba- abrió instancias a todo tipo de negociación en el Colón. Se apropiaron del presupuesto anual y las producciones propias han sido tercerizaciones: escenografía, herrería del teatro, boleterías, mayordomía, vigilancia, entre otros. Esto estableció negocios privados con fondos públicos". Avelluto viene a reemplazar a Teresa Parodi, designada en marzo de 2014, en una medida que buscó reforzar la política de cooptación estatal que caracterizó a la "década ganada". En una sociedad donde la mayoría de la población vive con salarios de hambre, ¿qué lugar queda para el disfrute y el ejercicio de la creación artística? Es necesario intervenir con una política independiente del Estado en este escenario de crisis, cooptación y privatización cultural, y darle una perspectiva propia que eleve las condiciones para la más absoluta libertad en la creación artística y el acceso a la cultura de los trabajadores.

"Es patrimonio del Estado". Esta fue la respuesta de Aníbal Fernández cuando se lo consultó por la continuidad de Lino Barañao en el gobierno de Macri. La definición no podría ser más precisa -sobre todo cuando viene de otro "patrimonio del Estado". Declaraciones similares se hicieron de parte del macrismo y de la propia CFK, que dio su aval al pase. Privatización y precarización ¿En qué consiste esta "política de Estado" que defienden kirchneristas y macristas? Barañao fue un ferviente promotor de la privatización del desarrollo científico. Alrededor del 50% del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Técnica se destina a "iniciativas que involucran a empresas". Estas iniciativas, sin embargo, no representan un aporte de las empresas al desarrollo científico, sino un subsidio del Estado a las empresas. Según el propio ministro, el sector público invierte el 0,5% del PBI, mientras que las privadas aportan sólo el 0,15%. En una reciente entrevista con el diario La Nación, Barañao insiste en este punto, sólo para arribar a la conclusión de que no hay más inversiones del sector privado "porque no tenemos grandes empresas radicadas aquí" y que "en la medida en que tengamos más, ese porcentaje irá aumentando". El ministro nac&pop resultó un defensor de la penetración imperialista; no debería llamar la atención su continuidad en el gobierno de Prat Gay y Melconian. Durante algunos años, el aumento de recursos destinados al área permitió aumentar la planta del Conicet (fundamentalmente con becarios) y llevar adelante algunos proyectos de investigación. Con esto, el kirchnerismo ganó una influencia en el ámbito científico y cooptó a las principales autoridades. Es falso, sin embargo, que haya habido un nuevo "modelo científico": la estructuración bancomundialista del sistema científico no se alteró y el carácter precario del trabajo científico se vio reforzado como muestran los Jóvenes Científicos Precarizados. "A la ciencia no le da lo mismo" El pase de Barañao al macrismo es completo. En Página/12, le asigna a Cambiemos una vieja promesa de Néstor Kirchner: llevar la inversión en CyT al 1,5% del PBI. Las autoridades de la Facultad de Exactas, que hace dos semanas impulsaban el "no nos da lo mismo" -junto con Barañao- no han dicho una palabra de esta "traición". Por lo bajo, muchos ya mostraron satisfacción con la continuidad. Demuestran que los mueven sus privilegios de camarilla y no la defensa de la ciencia como herramienta de progreso de la humanidad. La continuidad de estos privilegios, es cierto, está condicionada por la quiebra del Estado y el desarrollo del ajuste puede llevar a nuevos choques. Pero no hay que descartar la posibilidad de una borocotización en masa de las camarillas "científicas". Organicémonos contra el ajuste La UJS y el Partido Obrero encaran la pelea contra el ajuste en el ámbito científico como parte de una lucha integral contra la devaluación y los tarifazos, por la defensa del salario y los puestos de trabajo. Llamamos a los estudiantes e investigadores que se movilizaron en las últimas semanas contra el triunfo del PRO a organizarnos de forma independiente y a elaborar un programa que vincule la lucha contra el ajuste al desarrollo de la ciencia. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ver más: La continuidad de Barañao Barañao y Banco de Datos Genéticos

La sesión del jueves pasado fue aleccionadora. El kirchnerismo dejó para el último minuto de su gobierno un conjunto de leyes largamente postergadas, que representaban diferentes conquistas para los trabajadores. ¿Qué ocurrió, entonces? De un lado, la actual oposición -Cambiemos y el Frente Renovador- boicoteó la sesión. Del otro, el kirchnerismo ni siquiera pudo alinear a su tropa. El Congreso demostró, en cuestión de horas, su contenido clasista. El quórum se consiguió en minutos -y con asistencia perfecta- para el resarcimiento a Repsol, los canjes usurarios de deuda o la modificación antiobrera del régimen de las ART. Desfalleció, sin embargo, cuando se trató de asegurar la expropiación del Bauen o el derecho al trabajo de los mineros de Río Turbio. Además del boicot de la actual oposición, esta vez el kirchnerismo no pudo garantizar el quórum propio. Luego del triunfo de Macri hay una diáspora interna, sobre todo de los alineados con el grupo de gobernadores del PJ, que reclaman el desplazamiento del sector camporista y los más cercanos a CFK. Nuestro bloque del Frente de Izquierda resolvió dar quórum y garantizar que la sesión se lleve adelante, sin ninguna vacilación. Estaban en juego decenas de leyes por las cuales diversos sectores de trabajadores lucharon por más de diez e incluso veinte años. Ese día, fuera del Congreso, cientos de trabajadores telefónicos, de ex Gas del Estado, de Petroquímica Mosconi, del Hotel Bauen, de Agua y Energía, trabajadores de la televisión, entre otros, se encontraban movilizados. Pero ni la oposición ni el oficialismo estaban interesados en las leyes de los laburantes, sólo la profunda disputa política entre ellos pudo colar en esta última sesión conquistas obreras. Qué leyes votamos Las leyes a favor de los trabajadores que estaban en juego fueron: en primer lugar, las de resarcimiento por el no pago de los Programas de Propiedad Participada. Como había ocurrido en el caso de YPF, se votaron resarcimientos para ex trabajadores de Gas del Estado, Agua y Energía y Petroquímica General Mosconi. Todos ellos acumulan más de 23 años de lucha. En el caso de Gas del Estado se conformó una coordinadora nacional, que viene luchando por la ley en varias provincias. Luego, la expropiación del Hotel Bauen, para trabajadores que hace 13 años lo han mantenido en funcionamiento bajo su control. En tercer lugar, la ley de emisión de bonos de ganancias para los telefónicos. Otra ley obliga a las petroleras a incorporar un cupo de mujeres trabajadoras. Además, se votó la creación de una carboeléctrica estatal en Río Turbio, que -aún con sus enormes límites- votamos en general. También en este caso, el Partido Obrero contaba con un proyecto propio que lo elevamos como dictamen de minoría, el cual fue desechado por el kichnerismo, sobre todo por nuestro planteo de que la carboeléctrica tuviese mayoría obrera en el directorio. De todas maneras, algunas modificaciones que planteamos fueron recogidas, como el límite a la tercerización de funciones. En el temario, también se presentaron leyes que afectan al medio ambiente, así como ventajas impositivas para sectores empresarios. Por supuesto, votamos en contra de las mismas. Kirchneristas y opositores Todas estas leyes fueron puestas en riesgo porque el oficialismo, a diferencia de cuando nombró de manera irregular auditores generales o cuando indemnizó a Repsol, no pudo garantizar quórum propio. Además fueron incluidas en la última sesión, a sabiendas de su carácter crítico y de la posibilidad de un resultado adverso -como resultado de la veloz descomposición del FpV- e incluso, como sugirió La Nación, por la posibilidad de un veto por parte del nuevo presidente. Estas leyes llevaban años presentadas y muchas con dictamen de varios meses. Esto lo denunciamos en el recinto, así como también que el quórum estricto llevó a una votación en paquete, completamente irregular, que no permitió el debate ni plantear modificaciones. La mayoría de las leyes aprobadas no tenían dictámenes de minoría ni disidencias, por lo que contaban con la aprobación de los bloques del PRO, UCR y Frente Renovador. De cara al ajuste que se viene, ninguno de ellos quiso consagrar conquistas obreras, que podrían servir de precedente en las futuras luchas por el derecho al trabajo. La jauría que ataca a la izquierda por haber dado quórum y asegurado la votación de estas leyes, no vacilará en derogar a libro cerrado la ley cerrojo, dentro de muy pocos meses, para pagarle a los fondos buitre. Seguramente, ya están negociando con el actual oficialismo el "quórum" y los votos, en nombre de las "políticas de Estado”. No sólo reivindicamos nuestra presencia y nuestro voto en la sesión del jueves: alertamos contra la posibilidad de un bloqueo en el Senado y llamamos a todos los compañeros y organizaciones obreras que se movilizaron el pasado jueves a estar alertas y a asegurar, con la lucha, lo que ninguno de los bloques capitalistas está dispuesto a garantizar.

Desde que, bajo presión de los mineros, fue expulsado Sergio Taselli como concesionario de la fallida privatización de la mina de Río Turbio, la empresa está intervenida por el Estado nacional. Históricamente, los trabajadores y las poblaciones de esta cuenca carbonífera vienen planteando la construcción de una usina que queme el carbón en la zona para abaratar costos y hacer viable el emprendimiento minero en el que actualmente trabajan 3.000 obreros y es la actividad económica vital en la región. El Partido Obrero fue una de las primeras fuerzas que levantó la consigna de construir la usina, especialmente en tiempos en que Menem y Kirchner tenían en vista el cierre del yacimiento a mediados de los '90. La lucha minera de esos tiempos con ocupaciones y marchas a la capital, votadas en asambleas comunitarias, salvó el yacimiento, y luego la absurda muerte de 14 mineros en 2004 creó tal conmoción que (como en la tragedia de Once) derivó en sustanciales inversiones y la construcción de la usina y el interconectado. Toda una nueva generación de compañeros mineros se ha incorporado al trabajo. Miles de millones ha invertido el Estado desde entonces y la corrupción de las gestiones más la ineptitud de los responsables técnicos ha derivado en que buena parte de ese dinero se haya dilapidado. Las condiciones de seguridad en el trabajo siguen siendo precarias y la capacidad de producción de carbón para la usina está en duda por la falta de planificación adecuada. El Congreso del carbón Una primera reacción obrera fue el Congreso del Carbón de 2013, cuando los mineros reclamaron comisiones de seguridad con poder para detener las actividades cuando exista un riesgo de accidente. Plantearon el control obrero, hicieron numerosas denuncias y exigieron una figura legal de empresa carboeléctrica estatal con gestión paritaria de trabajadores y el Estado. En la gran asamblea donde cerró este congreso pusimos a disposición de las resoluciones allí votadas las bancas recién conseguidas del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. El radical Raúl Costa prometió apoyar. Sin embargo, el gobierno que preparaba un negociado con la explotación de la usina y prefería la figura de intervención, ya que así elude varios controles, dio largas al asunto. En abril, el Partido Obrero decidió presentar su propio proyecto que denominamos "carboeléctrica estatal obrera". Una segunda reacción obrera estalló en octubre, semanas antes de las elecciones, cuando las denuncias del sector vial de los talleres pararon el sector y establecieron un piquete. Reclamaban el fin de contratos con empresas amigas de los administradores, la salida del gerente Lisse, el tratamiento de la figura legal de la empresa en el Congreso y la inversión para reactivar los propios talleres, parados por falta de insumos. La huelga y los piquetes rápidamente se fueron extendiendo a toda la mina y la conducción kirchnerista de ATE seccional debió realizar varias asambleas generales. Las negociaciones comenzaron después de las elecciones de octubre: Lisse tiene licencia y se cortaron varios contratos con terceros, a la par que se habilitó el tratamiento de la figura legal en el Congreso. La huelga se suspendió luego de casi tres semanas, a la espera de la ley. Algunos sectores, como Punta Loyola, continuaron la huelga en reclamo de la remoción de sus jefes. El proyecto oficial El proyecto oficial le otorga a la provincia el 45% de las acciones, con un derecho a veto del que carecen los demás integrantes del directorio. En el artículo 4 del estatuto social planteaba que la explotación será "por sí o por terceros", preparando explícitamente la concesión de la usina, que, conviene aclarar, va a ser siempre negocio, ya que cuando no haya carbón va a quemar gas. La CTA seccional convocó, entonces, un plenario para debatir el proyecto. En la reunión se resolvió emitir un documento para los bloques legislativos y en el mismo se plantearon tres ejes: no a la tercerización; mayor participación de los trabajadores en el Directorio y control obrero en la fiscalización. El bloque del FIT se encargó de hacer llegar a los diputados estas objeciones, que fueron avaladas por la CTA provincial. Pablo López habló en la comisión. Se logró eliminar ese párrafo privatizador del artículo 4. Fue la decidida intervención parlamentaria de la izquierda la que definió la situación del quórum, no sólo por Río Turbio sino por varias leyes obreras que estaban en juego. El radical Costa estuvo ausente. Pablo López intervino en la sesión y propuso modificaciones en función del proyecto del PO y la nota de la CTA Autónoma, para que el directorio tenga mayoría obrera y que la comisión fiscalizadora sea formada por trabajadores electos y revocables por sus propios compañeros, como un elemento clave para evitar un nuevo vaciamiento y el manejo corrupto de los fondos. Las modificaciones propuestas fueron rechazadas. Hay que ver si llega a ser ley la media sanción; los senadores podrían sesionar el 9, y aún aprobada, Macri tiene el recurso del veto. La ley votada, de todos modos, deja abierta la puerta a una eventual concesión a privados. Tampoco ha establecido forma alguna de control obrero, sólo la participación de un trabajador en el directorio, que ni se sabe cómo se elegiría. La media sanción constituye un paso adelante para defender la continuidad del yacimiento y de la puesta en marcha de la usina, pero la crisis recién comienza. El Partido Obrero ha batallado por la gestión obrera de la empresa estatal y para que se investiguen todos los negociados desde Taselli en adelante. Hemos logrado interesar a la CTA y a una parte del activismo al respecto. Este es el programa que continuará más vigente que nunca si se concreta la empresa estatal carboeléctrica.

El 26 de noviembre se realizó una movilización de dos mil telefónicos al Congreso por el tratamiento de los proyectos de Bonos de Participación en las Ganancias que adeudan Telefónica y Telecom desde la privatización. Una vez alcanzado el quórum, el bloque del FpV votó a libro cerrado todo un paquete de leyes (algunas favorables a los trabajadores), que incluía el “proyecto Recalde”, negando la discusión y el planteo de modificación de dos artículos presentada por el diputado Pablo López del Frente de Izquierda. Este había reclamado “un resarcimiento económico por los años de incumplimiento del pago de los bonos de participación en las ganancias a todos los empleados”, y que se paguen “los bonos de participación sobre el 10% de las utilidades netas antes de la aplicación del impuesto a las ganancias”. El “proyecto Recalde” fue presentado como una forma de desviar el reclamo por el resarcimiento económico y el 10% que figuran como centro del “proyecto Pitrola”, reclamo fundamental, ya que es un derecho adquirido que se estableció por ley al momento de la privatización. El incumplimiento de las empresas derivó en miles de juicios que siguieron el derrotero de la “justicia” y de un fuerte lobby patronal para dejar fuera de este reclamo a los trabajadores que no son ex Entel, o “pagar” porcentajes irrisorios del 0,5%, en sintonía con lo que proponen las empresas. El “proyecto Recalde” desvía el reclamo sobre el porcentaje, al plantear una “negociación colectiva” entre el sindicato y las empresas, sin ningún piso establecido, y como parte de las paritarias. En caso de no llegar a un acuerdo, propone que resuelva el Ministerio de Trabajo. No sólo patea la pelota para adelante sino mucho más grave, deja en manos del ministro de Trabajo, ahora macrista (Triaca), el reclamo por los bonos... La directiva de Foetra Buenos Aires se negó a debatir los dos proyectos. Al punto de impulsar la anterior movilización del 12 de agosto, sin que nadie conociera el “proyecto Recalde” que se iba a presentar. También se negaron a debatirlo en asambleas de edificio, en el plenario de delegados y también a convocar una Asamblea General Extraordinaria solicitada por casi mil firmas de trabajadores de Telefónica, Telecom, Movistar y Personal para discutir los proyectos presentados y un plan de acción. El “proyecto Recalde” pasa ahora al Senado. Pero la lucha por el pago de los bonos no está cerrada. Sigue pendiente esta reivindicación que se ha instalado como nunca en el gremio. En caso de sancionar la “ley Recalde”, ¿cuál será el porcentaje a cobrar? ¿Qué pasará con la deuda acumulada por las empresas? El “proyecto Pitrola” impulsado por la banca del Frente de Izquierda, que logró sumar el apoyo de once diputados, rompió el freno de las agrupaciones y las direcciones sindicales burocráticas. Pero para que esta lucha triunfe es necesario que las direcciones sindicales rompan los compromisos con las patronales, que han llevado adelante de la mano del gobierno kirchnerista, aliado estratégico de las empresas telefónicas. El nuevo gobierno buscará tejer nuevos acuerdos con las patronales y la burocracia sindical. No a la entrega de esta lucha histórica. Que se convoque la Asamblea General Extraordinaria de activos y jubilados y se debatan los proyectos presentados. Por el resarcimiento económico y el 10% para el pago de los bonos de participación para todos los telefónicos.

Un editorial de la semana pasada de La Nación, en el que se exigía “terminar con las mentiras de los años ‘70” y con los juicios a los genocidas, expresó crudamente una posición de fondo de la burguesía, que observa con temor la posibilidad de verse ella misma en el banquillo de los acusados. De allí el clamor del editorialista contra las “persecuciones” a jueces que colaboraron con la represión y otros cómplices civiles del genocidio. La causa judicial contra Carlos Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma y socio político y económico de los gobiernos de Fellner-CFK, encendió las alarmas de esta gente. Todos los años, la marcha que conmemora la “Noche del Apagón” levanta la acusación por la complicidad de uno de los grupos capitalistas más importantes del país con los grupos de tareas de la dictadura militar. Ahora, nada menos que Techint se encuentra en el ojo de la investigación judicial por la desaparición de 40 obreros de la ex Dálmine-Siderca, en Campana. Los casos podrían ascender a 230. La zona Zárate-Campana era un área represiva controlada por el Ejército, con centro en la base militar de Campo de Mayo. Por allí pasaron más de 7.000 compañeros y sobrevivieron apenas un centenar. “Fue un área con alto nivel represivo, que atacó fuertemente la militancia política y laboral. Era una zona fabril e industrial fuertemente sindicalizada. Y todavía tenemos pendiente cómo fue la relación operativa con las empresas”, dice en Infojus (27/11) uno de los fiscales, Miguel García Ordaz. En el marco de esta pesquisa, la semana pasada fueron indagados cinco represores. De ellos, cuatro estaban en libertad. Se negaron a declarar. “Eran los encargados de poner los medios a disposición de las fuerzas de tareas, los que tenían personal a cargo y diagramaban los operativos” (ídem). La burguesía nacional impulsó y financió el genocidio. Cuarenta años después, la patronal de La Nación reclama impunidad. Sus periodistas y obreros gráficos le mostraron, en su propia casa, que hay reservas para seguir peleando por el juicio y castigo.

El 3 de diciembre se leyeron las condenas de este juicio antiobrero. Dos años de prisión a Horacio Catena, secretario general del Sutef y de la CTA de la isla. Las condenas varían entre los ocho meses y superiores a un año. De allí para abajo. Solamente cinco compañeros fueron absueltos. Para algunos trabajadores -con antecedentes penales-, las condenas son de cumplimiento efectivo. Los trabajadores escucharon de pie las condenas y en sus alegatos finales desafiaron al Estado y al tribunal. El compañero Marín, en particular, manifestó que "nunca han podido frenar con persecuciones judiciales a los trabajadores y ésta no va a ser la excepción". El PO estuvo presente a través de la compañera Elida Ramos (secretaria general de la seccional Río Turbio de la CTA) junto a la delegación de Adosac y a otras delegaciones nacionales y de varias provincias. Se trata de un ataque en regla del Estado y en particular del derrotado gobierno "progre" de Fabiana Ríos, contra todo el movimiento obrero de la isla, ya que golpea a dos de los gremios más combativos y trata de dejar fuera de juego a la dirigencia del Sutef y la CTA, combinando la aplicación de sumarios administrativos, en los que incluso se piden sanciones a los docentes que fueron absueltos en sede penal. Varias organizaciones ya se han pronunciando para dar una respuesta de conjunto a estas condenas con un paro general de la Ctera, la CTA y la CGT Moyano, y fue ésa la bandera que ha asumido también la Marcha Educativa a Plaza de Mayo el 3 de diciembre, convocada por los sindicatos y seccionales opositoras de la docencia de todo el país. La pelea para absolver a los recién condenados se combina con la continuidad de la lucha por todas las reivindicaciones docentes, educativas y de todos los trabajadores para impedir que nos hagan pagar los platos rotos de esta crisis.

Ya hubo 4.644 asesinados a manos de las fuerzas represivas del Estado desde 1983, incluyendo “gatillo fácil”, muertes en cárceles y comisarías y asesinados en protestas sociales. Son los que lleva contabilizados la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), que el jueves 26 presentó su “informe antirrepresivo 2015”, como lo hace todos los años, en la Plaza de Mayo, acompañada por familiares y organizaciones de lucha. Esta vez, con oradores que desarrollaron varias de las denuncias incluidas en el informe. Entre otros, hablaron Marcelo Ramal (PO-FIT), “Cachito” Fukman (AEDD), Mónica Alegre (mamá de Luciano Arruga) y delegados de los choferes de la 60, que sufrieron la represión en la Panamericana durante su gran lucha. Según la Correpi, los gobiernos K tuvieron un promedio de 200 casos anuales, suficiente para mostrar los límites del “gobierno de los derechos humanos”, la sanata de la “seguridad (represión) democrática”, Milani y la sanción de las leyes antiterroristas. Los congresos contra la “violencia institucional”, encabezados por los funcionarios nacionales que albergaban a Berni y Granados en sus gabinetes, obviamente no aportaron un pito a la lucha contra la impunidad, sino a la lavada de cara del gobierno. La descomposición del Estado y de sus fuerzas de seguridad, asociadas con la creciente criminalización del capital, provocan crímenes horrendos contra los trabajadores y la juventud, desde el “gatillo fácil” hasta masacres sociales como las de Once y Cromañón. La impunidad de los crímenes de la policía y de las redes de trata, el crecimiento del narco en las grandes ciudades, la represión a las luchas sociales, la corruptela generalizada de los funcionarios se entrelazan con el crecimiento del juego, la especulación inmobiliaria y otros mecanismos de lavado de dinero. La convocatoria de la comisión de familiares de Tucumán, encabezada por Alberto Lebbos (papá de Paulina, asesinada en 2006), que recoge uno de los mandatos del reciente Encuentro Nacional de Mujeres, es una oportunidad para enfrentar desde una posición independiente el recambio de gobierno, fijando una agenda de lucha. Llamamos a impulsar en todo el país la participación de víctimas, familiares y organizaciones combativas del movimiento democrático y de derechos humanos.

Tras dos jornadas marcadas por la masiva movilización y acampe de los compañeros de Adosac, ATE, Partido Obrero y numerosas organizaciones, en las puertas del tribunal Federal de Caleta Olivia, finalmente el fiscal del juicio pidió la absolución de nuestro compañero, militante del PO y docente, Omar Latini, del ex secretario de Adosac, Daniel Gómez, y de los padres autoconvocados Alberto Francés y Marcelo Zabala. Los cuatro fueron juzgados por participar en los cortes de ruta de padres y docentes en defensa de la escuela pública durante la pueblada educativa que en 2011 movilizó a Caleta. El juicio contra los compañeros era un nuevo intento de criminalización de la protesta. Demostramos que, además, era una farsa jurídica. El poder político de la provincia debió lamentar el empeño que puso en insistir en la acusación cuando las indagatorias de Omar Latini y Daniel Gómez fueron trasmitidas en directo por el canal local de Caleta Olivia y seguidas por todo el pueblo. La declaración de Omar Latini fue un alegato político que reivindicó los métodos de lucha de los trabajadores, la independencia de clase y el carácter político represivo de las imputaciones. El desarrollo de la jornada continuó con las declaraciones de los testigos, todos pertenecientes a la policía. Lo único que dejaron claro fue la crisis social imperante en la ciudad. A pesar de que la imposibilidad de llevar adelante la acusación ya era evidente en la primera jornada, el fiscal Fabricio Sachi extendió el juicio un día más. Finalmente, en su alegato solicitó la absolución de los compañeros. Por su parte, la juez Marta Yañez retrasó la notificación de la absolución, aunque ésta es la respuesta obligada ante la falta de acusación del fiscal. Una vez más, la organización popular venció el intento de regimentación y represión de los representantes políticos, gremiales y sociales de sus luchas. Los bombos que por dos jornadas completas habían acompañado a los luchadores imputados, volvieron a sonar esta vez para festejar un nuevo triunfo contra la represión de la protesta.

La elección se realizó el 30 de noviembre y se presentaron cuatro listas: la Lila, que dirige la Adosac; la Rosa, de Tribuna; la Naranja (IS) y una lista Bordó, armada desde el gobierno. En la elección, que es obligatoria para todos los niveles, votaron más de 7.300 docentes. Se impuso la Lila, que llevó los dos cargos por mayoría con más de 3.300 votos. La Rosa-Tribuna Docente logró un importante resultado con unos 1.650 votos, consagrando a Silvia Dickie por la minoría en esa Junta. Es la primera vez que Tribuna ingresa en esta Junta. El dato más significativo fue la elección en Río Gallegos, donde la Rosa ganó con 854 votos sobre 788 de la Lila. La política que nos llevó a presentarnos como Tribuna se demostró acertada. Tercera salió la Naranja con 1.250 votos y, última, la del gobierno con 850 votos. Nuevos compañeros se han sumado y se ha extendido el radio de influencia provincial de la agrupación. Terminamos el año en pleno ascenso entre los maestros.

Finalmente, Tomada procedió a otorgar la personería gremial para la AGTSyP, permitiéndole la representación en primer grado de todos los trabajadores de Subte y Premetro en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, según las competencias que marca la Ley de Asociaciones Sindicales. El sindicato podrá ser firmante de convenio. La alegría y entusiasmo recorrió ampliamente las bases del Subte. Después de siete años de haberse presentado los papeles del sindicato, inscripto dos años después (cuando lo normal son 90 días de trámite) y luego de normalizar sus autoridades, estatuto y balances contables, se procedió a iniciar a mediados de 2013 los trámites de compulsa contra la UTA que ejerció una representación ilegítima. Un dominio que fue quebrado, en su momento, por aquel Cuerpo de Delegados combativo que le hizo firmar, a regañadientes, grandes conquistas como las 6 horas (2003), el pase de los tercerizados (2005-2006), un gran aumento salarial (2005); y hasta rechazó la aplicación del guarda flexibilizado (2008) y las máquinas expendedoras (2004). La existencia de la AGTSyP también condicionó en los hechos el “monopolio de la lapicera” por la UTA. Ahora, este reconocimiento de competencia legal y legítima por parte del Estado hacia la AGTSyP, debiera ser un punto final a un largo período, donde reivindicaciones justas y necesarias nos fueron negadas en nombre de no poseer la representación “legítima”. Basta nombrar el 82% móvil, la jubilación anticipada a los 55 años, el reconocimiento de la insalubridad definitiva y extensiva a todo el ámbito, el destierro de la tercerización (que ha vuelto), la mejora de la bolsa de trabajo y el sistema de ascensos, la redefinición de las categorías y el escalafón del Convenio, el régimen de descansos y francos, las condiciones de Higiene y Seguridad, las dotaciones de personal, las innovaciones tecnológicas y su impacto laboral, la capacitación técnica, el servicio médico, etc. Es una conquista. Sin olvidar, claro, que la personería gremial tiene también otra cara. Es, junto a gran parte del articulado de la Ley 23551 (de Asociaciones Sindicales), una traba del Estado capitalista para condicionar el libre accionar de los sindicatos y el ejercicio de su democracia sindical. Por ejemplo, la amenaza de perderla si no se acatan disposiciones ministeriales, siempre antiobreras. De manera que la nueva situación pondrá a prueba, en un nuevo escenario, a la dirección kirchnerista de la AGTSyP, que condicionó todo su accionar a los compromisos con el gobierno. Llamamos a desarrollar toda una agenda por las reivindicaciones postergadas, con el método clasista de la asamblea y el mandato. Ante la urgente situación creada por el ajuste en marcha, con la suba de precios al consumo, los tarifazos energéticos, la devaluación y aumento del costo de vida en el marco del traspaso de gobierno, “estrenemos” la Gremial con el pedido de un bono de fin de año que compense mes a mes hasta llegar a la discusión paritaria en marzo.

El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) consiguió la personería legal, lo que supone un triunfo excepcional para los trabajadores del gremio en el camino de su organización sindical. En la misma semana en que los periodistas de La Nación lograron, luego de una movilización extraordinaria, un inédito "derecho a réplica" respecto del editorial fascista publicado en las páginas del diario, el Ministerio de Trabajo le otorgó la personería al nuevo gremio en un tiempo récord de seis meses. Tanto lo sucedido en La Nación como la legalización del Sipreba forman parte de un vasto proceso político desarrollado al interior del gremio de prensa y que está íntimamente ligado al derrumbe del kirchnerismo y su ley trucha de medios. Los periodistas de La Nación reventaron las redes sociales denunciando el editorial de apoyo a los genocidas que la patronal del diario escribió como "festejo" por el triunfo de Macri. Estas acciones, que fueron acompañadas por la asamblea general más importante de los últimos 40 años y la publicación en las páginas del matutino de una declaración de repudio de los trabajadores, hecho inédito en los 150 años de historia antiobrera del diario, conmovieron al país y pusieron en la agenda nacional la lucha por las libertades democráticas. Los compañeros de La Nación lograron en unas horas lo que al kirchnerismo y su ley de medios nunca les interesó realizar. Setenta y dos horas más tarde, Tomada decidió la inscripción sindical de un gremio que ya había conquistado su "legalidad" a fuerza de mil batallas contra las patronales, el Estado y una burocracia sindical decrépita (del viejo sindicato, la Utpba), que trabajó conscientemente para destruir el tejido gremial y mantener el dominio del sindicato a fuerza de la división y el fraude. El acta de fundación del Sipreba fue el masivo plebiscito realizado en diciembre del año pasado, cuando 2.000 trabajadores le dieron su aval al nuevo sindicato. El Sipreba es la resultante de un vastísimo proceso de estructuración en las redacciones que hunde sus raíces en hechos históricos en la vida del gremio. Con una burocracia que se hizo "fuerte" gracias a la destrucción de puestos de trabajo y el despido de los activistas bajo el menemismo, la Naranja de Prensa puso en pie la primera comisión interna en Editorial Perfil y la ocupación de la empresa en defensa del Estatuto del Periodista, que la patronal en quiebra intentó liquidar. Le siguió la reorganización sindical en Clarín, que fue aplastada sin miramientos por Magnetto a los pocos meses. Luego vino la histórica lucha contra el cierre de Crítica y el triunfo opositor en las elecciones de UTPBA en 2010 en todas las empresas periodísticas organizadas, que la burocracia desconoció mediante fraude. Finalmente, la conquista de la paritaria única de toda la prensa escrita en un gremio que no tenía paritarias, con representantes elegidos en asamblea y el primer paro general en 30 años, con 1.500 periodistas movilizados en la calle, que invadieron el hall central de La Nación en el microcentro porteño y la recuperación de la organización gremial en Clarín. Cuanto más se movilizaban los trabajadores, más sola quedaba la burocracia. Como un reto de la historia, el Sipreba surge en medio del traspaso del gobierno. El manejo de la famosa pauta oficial que permitiera al kirchnerismo la concentración de medios más fabulosa de la historia, puede liquidar en horas infinidad de empresas periodísticas "oficialistas", junto a la enorme crisis económica que tiene también en jaque a los hasta ayer, medios opositores. Se abre un proceso convulsivo, con medios que se pasarán al macrismo y otros que, aludiendo a la falta de pauta, intentarán achicarse o cerrar descargando nuevamente la crisis contra los trabajadores. Actualmente, los compañeros de Radio Rivadavia llevan casi un mes de paro por incumplimientos salariales. El Sipreba tiene en lo inmediato, la enorme tarea de preparar las condiciones de una respuesta general a los golpes que el macrismo y las patronales intentarán descargar contra los trabajadores. El Sipreba no es el resultado de ningún paralelismo sindical, ya que la conquista del nuevo gremio está directamente vinculada con la pelea por la expulsión definitiva de la vieja burocracia de la UTPBA, que aún conserva el monopolio de la discusión salarial. Frente al verano caliente que se avecina, el nuevo sindicato ha convocado a un plenario general de delegados para mediados de diciembre para preparar el terreno de la lucha y consolidar la campaña de afiliación masiva. El reconocimiento del Sipreba como nuevo gremio de Prensa ha provocado una enorme alegría en todas las redacciones. Las patronales han tomado nota de esta situación. Más aún, luego de la rebelión ocurrida en La Nación. ¡Chau UTPBA! ¡Viva el Sindicato de Prensa de Buenos Aires!

En los últimos días, la conducción kirchnerista del gremio del neumático tendría que haber convocado la asamblea general para votar, entre otras cosas, la Junta Electoral que fijará la fecha de la elección nacional del gremio. La asamblea general debería efectuarse antes de fin de año, si es que el secretario general, Pedro Wasiejko, y la Violeta respetan las fechas de su mandato. La dilación en la convocatoria tiene explicación: Wasiejko teme perder la asamblea. La organización del activismo independiente y la conciencia general de los trabajadores en Fate está en su punto más alto. De recorrida por la fábrica, Wasiejko fue repudiado en todos los sectores, buscando votos para Scioli. La campaña realizada por estos personajes de la burocracia sindical, no hizo más que lograr la reacción inversa de los trabajadores. Las condiciones laborales en el resto del gremio son verdaderamente deplorables. En Pirelli, el cierre de la paritaria vino con un acuerdo por debajo de la mesa que impuso las 8 horas y media con trabajo continuo entre los turnos. Esto ya había generado un enorme revulsivo en Fate, donde fue rechazado. A esto, se suma la persecución permanente a todos los trabajadores y en particular a los delegados, integrantes de La Negra. En las últimas semanas, la patronal despidió a cuatro trabajadores que se habían enfrentado a Wasiejko, para impedir la imposición del trabajo continuo. Todos estos elementos han conformado un escenario de profundo rechazo a la Violeta. En Firestone, la situación de presión patronal es insostenible. Hace pocas semanas, los trabajadores realizaron masivas asambleas por sectores, exigiendo la remoción de capataces que hostigaban a los compañeros. Finalmente se lograron los objetivos, pero la patronal despidió a un trabajador, acusándolo de maltratar a integrantes del servicio médico. La Negra de Firestone ha lanzado una gran campaña para reincorporar al compañero y va con todas sus fuerzas a la asamblea de fábrica para exigir un plan de lucha por la inmediata reincorporación. La situación en el neumático empeora fuera de los principales establecimientos fabriles. En Imperial Cord de Gualeguaychú, el salario está muy por debajo del promedio y los compañeros están sometidos a las peores condiciones de trabajo de todo el gremio, sin ningún tipo de resguardo frente a las altas temperaturas ni los trabajos de alta peligrosidad para la salud del trabajador. Sumado a esto, los centenares de trabajadores de las gomerías afiliados al Sutna ni siquiera cuentan con el convenio colectivo de trabajo. Frente único para recuperar el sindicato En Fate se encuentran agrupamientos opositores a la Violeta. La Lista Roja, integrada por delegados y luchadores de izquierda e independientes, ha hecho público un acuerdo con La Negra para enfrentar a Wasiejko. La experiencia de reclamos y luchas comunes pavimentó el camino. El PTS y el MAS han lanzado una campaña contra el Sutna San Fernando, en función de cargos en la seccional que ellos mismos pusieron en riesgo en la elección anterior presentando otra lista y favoreciendo así a la Violeta. Se trata de una orientación divisionista cuando la prioridad es la lista nacional. Es así porque, en esta elección, los trabajadores no corren peligro de perder la seccional; todo lo contrario, es la oportunidad de desplazar a la burocracia violeta de todo el Sutna, apoyados en la enorme autoridad conquistada por el Sutna San Fernando. Wasiejko, uno de los líderes de la CTA kirchnerista, está intentando imponer una mayor flexibilización laboral en común con las patronales del neumático. Es la política de los férreos defensores del "modelo" (junto con las patronales). La batalla por una nueva dirección en el Sutna es parte integral de la batalla contra el ajuste macrista, así tenemos que comprender la situación de todo el movimiento obrero. Desde ese lugar, La Negra está convocando a la unidad del activismo, con el método del frente único de clase que ha llevado adelante la seccional.

El XXIX Congreso Ordinario de Suteba sesionó luego del triunfo del macrismo. Un año antes, el último congreso ordinario había votado como Política Gremial una única medida: centrar todos los esfuerzos del Suteba en la campaña electoral del FpV, derrotar a la derecha y profundizar “el modelo”. Con el ascenso de Macri, la burocracia sindical celeste también tuvo su fin de ciclo, iniciado en 2003, cuando colocaron al Suteba como furgón de cola del kirchnerismo. El balance de la derrota concentró toda la atención del congreso, el más político de las últimas décadas. La discusión fue de alto voltaje, duró casi cinco horas. Hubo 58 intervenciones. En la apertura, el secretario general Roberto Baradel reivindicó con vehemencia la decisión de la Celeste de apoyar la campaña electoral del FpV, de Aníbal Fernández, y de haber votado a Scioli. Acusó a la izquierda, especialmente a Tribuna Docente, de cómplice de la derecha por su voto en blanco. Pero ni el tono epopéyico ni consignas tales como “Ni un paso atrás” pudieron disolver el sentimiento generalizado de derrumbe que vivía la base celeste. Como confesó Hugo Yasky, chocaron contra “un escenario distinto del que esperábamos” (Congreso CTA, 26/11). Baradel pretende liderar la resistencia a Vidal La derrota K socavó las bases del sindicalismo yaskista. Ello se evidenció en la dinámica que tuvo el congreso. La mesa, con Baradel a la cabeza, sin abandonar chicanas ni autoritarismos, permitió que la oposición multicolor se expresara. Al finalizar su discurso de apertura, Baradel caracterizó que se venía una etapa de “resistencia”. Contradictoriamente al año y medio de parálisis y de paz social ofrendada a Scioli, planteó cerrar filas para “dar la pelea” y llamó a la oposición a la unidad. Anunció que convocaría a la Multicolor a una mesa de discusión para avanzar en esta dirección. Las intervenciones de los congresales de Tribuna Docente demolieron el balance de la Celeste. Señalaron que el triunfo del macrismo era responsabilidad del falso progresismo kirchnerista que, luego de doce años de gobierno, había tomado en sus manos el programa completo de la derecha: paritarias a la baja, Chevron, pago serial de la deuda externa, devaluación de la moneda e inflación galopante, defensa de las patronales con la gendarmería de Berni para imponer despidos y suspensiones masivas, vaciamiento de la salud y de la educación, y el apoyo al ajustador más brutal de la provincia, cuando colocó al sindicato sosteniendo a Scioli, enemigo jurado de docentes, estatales, médicos, enfermeros, judiciales y trabajadores públicos en general. Denunciaron que la política celeste arrastró a miles de compañeros detrás de uno de los ajustadores que descargaría la crisis capitalista de la Argentina sobre los trabajadores y reivindicaron que los Suteba combativos fueron los únicos que defendieron la agenda de los trabajadores y el derecho de huelga. Pero, en particular, caracterizaron que con la política que había llevado al fracaso al Suteba y que el congreso convalidó por mayoría, no había posibilidad alguna de desarrollar ninguna “resistencia” exitosa al ajuste de Macri y de Vidal. Los congresales de Tribuna Docente exigieron que Suteba y Ctera repudien y enfrenten el juicio contra docentes y camioneros en Tierra del Fuego, y que se sumen a la Marcha Nacional contra el Ajuste en Educación convocada por las organizaciones docentes, estatales, estudiantiles y políticas combativas para el 3 de diciembre, justamente para enfrentar la política de Bullrich y Vidal. Tribuna Docente rechazó el ofrecimiento de “liderazgo” de Baradel. El ejemplo de “oposicion” que declama ya lo conoccemos: es la paz social de cuatro años que le brindró la UTE celeste a Macri y a Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires. El sindicalismo kirchnerista ya está planteando que sostendrá la gobernabilidad de Macri y Vidal. Lo que sí tomó Tribuna fue el convite de enfrentar el ajuste en la provincia. Pero con un programa: salario igual a la canasta familiar; fin de la precarización educativa y laboral; defensa del Estatuto Docente, de las jubilaciones y del Ioma; defensa del derecho a huelga; no al salario por mérito y al presentismo; triplicación del presupuesto educativo. Con un método: plenario provincial de delegados de escuela con mandato. Y con un plan de medidas de fuerza progresivas hasta alcanzar los reclamos.

La situación en Cresta Roja, cuyos trabajadores vienen movilizándose sistemáticamente, se ha agravado esta semana. El anuncio hecho por la patronal, de que se iba a retomar la faena, quedó en la nada. Entretanto reina incertidumbre sobre el cobro de la próxima quincena. Hasta ahora, el pago de los salarios se venía realizando normalmente. Con el pretexto del fin de mandato, el gobierno kirchnerista se ha borrado. En este marco, una asamblea numerosa, que congregó a 1.200 compañeros, resolvió hacer un compás de espera hasta la asunción de las autoridades electas. Esa decisión se ha tomado sobre la base de promesas, sin ningún compromiso público del gobierno entrante sobre la continuidad laboral y el funcionamiento de la empresa. Colaboradores de la gobernadora electa habrían manifestado informalmente la intención del gobierno de “intervenir” Cresta Roja. Hernán Lacunza, futuro ministro de Economía de la provincia, sin embargo, al ser interrogado sobre la cuestión, señaló que el conflicto estaba fuera de su competencia. En buen romance: el gobierno provincial no piensa poner un peso. No se nos puede escapar que la política del macrismo ha sido hostil a los trabajadores en lucha de las empresas vaciadas. Macri vetó todas las leyes a favor de las fábricas recuperadas. Esa misma orientación es la que ahora se repite con el Bauen, donde la bancada del PRO boicoteó las sesiones en que se aprobó su expropiación. El gobierno está enviando una señal por adelantado de cuál va a ser su conducta frente a la crisis industrial en curso. Extorsión No es cierto, como dice la familia Rasic, titulares de la empresa, que Cresta Roja no es viable. El argumento de los dueños es que el derrumbe de las exportaciones a Venezuela sería la responsable del colapso de la compañía. Pero lo cierto es que la actividad avícola es uno de los pocos sectores que sigue reactivado. “La producción de carne aviar creció un 5,4 por ciento en los primeros cuatro meses del año, apuntalada en la mayor demanda interna que permitió compensar la merma en la demanda externa”. Así se desprende del informe de la Consultora Investigaciones Económicas Sectoriales (IES). Lo que ha colapsado no es la actividad avícola sino el manejo de la patronal, que venía usufructuando contratos “non santos” de exportación con sobreprecios, avalados por el Estado, a los que hay que agregar jugosos subsidios. Ahora, que se agotó esa operatoria, los Rasic pretenden hacer pagar los platos rotos a los trabajadores. Estamos frente a una extorsión. Los fantasmas de la “inviabilidad” son un pretexto para promover una amplia restructuración, que apunta, como ellos mismos lo han manifestado, a reducir salarios y personal en un 30 por ciento. Esto significaría dejar en la calle a 1.500 trabajadores. La extorsión ha llegado al extremo de paralizar la producción y conducir la empresa a su actual vaciamiento. Entre los planes de las patronales estaría la venta de la empresa. Según algunos trascendidos, habría una oferta de una empresa brasileña, pero la condición previa sería el recorte previo de los puestos de trabajo. Representantes del macrismo han dicho que no pueden hacer nada antes de asumir. Pero lo concreto es que Macri y Vidal no han esperado al 10 de diciembre para hacer anuncios cuando están en juego intereses de los capitalistas. Las 5.000 familias que dependen de Cresta Roja necesitan definiciones y no nuevas dilaciones. Es necesario emplazar al nuevo gobierno para que dé una solución y, en caso de no obtener respuestas satisfactorias, retomar la movilización. El Estado debe asumir el compromiso de garantizar la continuidad laboral de todos los trabajadores, velando en primer lugar por el pago de los salarios. El 11 de diciembre debería comenzar a funcionar una mesa de trabajo integrada con representantes de los trabajadores y el Estado, cuya función sea poner nuevamente en funcionamiento las plantas y ejercer un control estricto de la producción y del movimiento financiero de la empresa mientras se discute una salida de fondo. Lo que está claro es que, si nos guiamos por las necesidades sociales, la actividad avícola tiene un campo de desarrollo. No sólo hay una demanda en expansión sino que hay una demanda insatisfecha potencial, si partimos de que existen 8 millones de pobres cuya dieta está sensiblemente por debajo de los niveles proteicos recomendados. Ni hablar de los comedores escolares, cuya calidad es deplorable. Si se habla de “pobreza cero”, Cresta Roja, en lugar de achicarse, debería ampliarse.

La denuncia de corrupción en Ioma por parte de la Asociación de Profesionales de esta obra social, que trascendió a través en un diario de la ciudad de La Plata, implicó a Roberto Baradel, secretario general del Suteba, quien ejerce la vocalía titular que el sindicato docente provincial posee en el directorio de la obra social, al igual que al secretario general de UPCN, como cómplices en el desfalco de 2.800 millones de pesos a través de negociados, estafas y sobreprecios durante los años 2014 y 2015. Esta misma asociación ya había denunciado un negociado con medicamentos oncológicos que tiene a funcionarios procesados. Esta nueva denuncia y su publicidad tienen el aroma de una operación política en medio de la disputa que el macrismo, con la impronta de un futuro gobierno de camarillas, mantiene con el kirchnerismo y las burocracias sindicales de distinto pelaje, por el manejo de espacios de poder en el aparato de Estado, cuestión que atraviesa la que es de por sí una profunda crisis política. Sin embargo, el carácter que reviste la denuncia no opaca el escandaloso desfalco y saqueo que sí afecta a la obra social. El vaciamiento del Ioma, como el de la salud y la educación pública, ha sido el signo distintivo de la gestión del gobierno K bajo la gobernación de Daniel Scioli. Las obras sociales, por otra parte, son uno de los botines de guerra de las burocracias sindicales. Las denuncias de corruptelas pueden ser parte del intento de distracción que el macrismo implementará juntamente con la burocracia sindical, mientras desarrolla el ataque a los trabajadores con un ajuste vía devaluación, aumentos de tarifas y acuerdos salariales por debajo de la inflación, sea en forma de shock o de manera gradual, como salida a la crisis económica capitalista. El propio macrismo se halla atravesado por gravísimos hechos de corrupción en la Ciudad de Buenos Aires. La oposición multicolor rechaza cualquier injerencia externa en el Suteba. El vaciamiento del Ioma ha dejado desde hace tiempo a cientos de miles de trabajadores y sus familias que efectúan regularmente sus aportes, sin las prestaciones médicas mínimas elementales que la obra social debería brindar, sean en forma de medicamentos, atención médica, internaciones o intervenciones quirúrgicas. En las distintas asambleas ordinarias de memoria y balance de Suteba efectuadas en toda la provincia, la Lista Celeste planteó un repudio a esta denuncia, una suerte de desagravio a la figura de Roberto Baradel. De igual manera, en el Congreso Ordinario de Suteba repitieron el mismo planteo. No obstante, esta preocupación de la conducción provincial celeste por la denuncia sobre la intervención de Suteba y otros gremios en el desfalco y sobre su secretario general, no estuvo acompañada de ninguna propuesta concreta de investigación frente al enorme saqueo de la obra social, ni tampoco de iniciativas para garantizar la provisión de medicamentos y atención médica a las miles de personas que no pueden acceder a éstas u otras prestaciones desde las más simples hasta las más complejas. Rechazamos la utilización política del vaciamiento del Ioma por parte de los propios saqueadores, todos absolutamente comprometidos con el ajuste que preparan para descargar sobre los trabajadores. Al ponerse este punto en votación, la dirección de Suteba se negó a formular el repudio junto a la conformación de una comisión investigadora integrada por el oficialismo y la oposición. Desde Tribuna Docente hemos planteado la necesidad de conformar una comisión investigadora independiente del directorio y del gobierno que esté integrada por los trabajadores del Ioma, así como también la apertura de los libros contables para develar el destino de los aportes que millones de trabajadores efectúan mensualmente y que deberían garantizar la totalidad de las prestaciones médicas y farmacológicas requeridas en cada caso y complejidad. En consecuencia, en defensa de Ioma y las necesidades de los millones de afiliados, los congresales multicolores se abstuvieron al plantearse como único punto el repudio a la denuncia sobre Baradel.

El próximo viernes 4 de diciembre se realizarán elecciones estudiantiles del Consejo Superior, donde votan los consejeros directivos electos en las trece facultades de la UBA. La presentación de listas dejó planteada una pelea voto a voto por la mayoría estudiantil. De un lado, estamos las agrupaciones de izquierda que conducimos la Fuba y los centros de estudiantes combativos. Del otro, un armado del Rectorado que comandan Barbieri y Yacobitti, y reúne a consejeros estudiantiles de la UCR, el PJ y el PRO. El escenario es sumamente parejo y por eso es enorme la responsabilidad de algunas agrupaciones que, a pesar de contar con pocos consejeros, serán clave para terminar de inclinar la balanza. Es el caso de los tres consejeros del MLI de Ingeniería y del consejero del Fana de Agronomía, cuyos votos asegurarían un triunfo de la izquierda. Ambas agrupaciones vienen de participar del último congreso de la Fuba, que no pudo sesionar por falta de quórum. En esa ocasión, MLI y Fana concurrieron a la convocatoria de la izquierda y se diferenciaron de esa manera del boicot que ejercieron Nuevo Espacio (Franja Morada), el PRO y el kirchnerismo contra la principal organización del movimiento estudiantil de la UBA. Esta misma semana, el MLI aportó el quórum para la reunión de la Junta Representativa de la Fuba. Allí votaron junto a la izquierda la participación en la marcha nacional educativa convocada por los Suteba recuperados y otros sindicatos combativos. Sin embargo, mantienen reserva sobre su voto en el Consejo Superior, al que consideran un ámbito "distinto" a la Federación. La realidad es que nuestros consejeros actúan como una extensión de la lucha de la Fuba. En ambos terrenos enfrentamos a los mismos enemigos de la educación pública. Escindir uno del otro es artificial y sólo apunta justificar una inconsecuencia política. En la vereda de enfrente, ocupa un lugar similar la UES, que detenta dos de los tres consejeros del frente K que ganó en Sociales. La UES votó a Barbieri como rector, participó del sabotaje a la Fuba y ahora negocia un apoyo que podría ser decisivo para la lista que encabezan los pibes de Yacobitti y Cambiemos. A horas de pedir un balotaje "contra el neoliberalismo", el voto de los consejeros de Sociales por Franja Morada y el PRO mostraría el grado de compromiso profundo de los K con la transición en curso. La nueva conducción de Sociales debe pronunciarse sobre este salto a la derecha. La necesidad de una definición alcanza también a las agrupaciones que participan de la conducción de la Fuba. Como la elección admite una multiplicidad de listas, La Mella optó por abrir distintos caminos presentándose al mismo tiempo junto a la izquierda y en otras variantes con La Cámpora y los K. De nuestra parte, rechazamos esta unidad suicida con el kirchnerismo, justo cuando el fracaso de su experiencia falsamente "nacional y popular" acaba de llevar al poder a Mauricio Macri. La pelea por la mayoría estudiantil es una disputa estratégica para el destino de la universidad y para los reclamos de sus estudiantes y trabajadores. Se juega también la continuidad del frente de conducción de la Fuba, cuando la asunción del gobierno PRO exige más que nunca independencia y consecuencia en la defensa y la lucha por la educación pública. Reforzamos el llamado a todas las agrupaciones de izquierda e independientes a actuar como un único bloque el próximo 4 de diciembre. Es la condición para garantizar un triunfo sobre el Rectorado y defender la autonomía del movimiento estudiantil y la juventud en la nueva etapa política que se abre en la Argentina.

La charla que brindó Jorge Altamira en Pergamino contó con la presencia de más de un centenar de trabajadores y jóvenes llegados desde Baradero, Ramallo, San Nicolás, San Pedro, Colón, San Antonio de Areco, Rojas, Capitán Sarmiento y Salto, junto a los anfitriones. Lucas Giannetti destacó la constitución del Partido Obrero y de la UJS en nuevos distritos como Rojas, Ramallo y Capitán Sarmiento. Planteó el valor que tuvo el resultado electoral en la región para garantizar la conquista de una nueva banca del Frente de Izquierda. Explicó que el Partido Obrero se abrió paso interviniendo en todos los conflictos en uno de los centros agrícolas más importante del país y también de concentración fabril con patronales como Arcor, Techint, Monsanto, Dupont entre otras. En San Nicolás, se destacó también la conquista del boleto estudiantil gratuito. Altamira realizó un profundo análisis del cuadro político, donde una parte de los trabajadores buscó en el voto a Macri una salida a un régimen económico que ya no se sostiene. La clase capitalista y sus partidos llevaron a los trabajadores a votar la agenda del ajuste y la devaluación, la que deberá, sin embargo, atravesar ahora por contradicciones y choques en su interior. Por caso, Altamira destacó el temprano apartamiento de Sanz, hombre de Techint, a partir de la disconformidad del pulpo siderúrgico por la marcha de los acuerdos con China. En relación a la agenda de los trabajadores, Altamira advirtió que la prometida modificación del mínimo no imponible, una de las condiciones puestas por los sindicalistas para sostener al nuevo gobierno, es de corto vuelo, ya que rápidamente va a quedar desactualizada por la inflación. En este cuadro, no fue el Frente de Izquierda el que canalizó la debacle del kirchnerismo, lo que obliga a un debate y a una clarificación política. El Frente de Izquierda debe constituirse como un verdadero frente único, con un bloque único parlamentario, una agenda y una campaña en común. Y transformar, como acaba de ocurrir en las últimas sesiones parlamentarias, la intervención del bloque del FIT en determinante del debate nacional. “La agenda de los trabajadores está presente. La expectativa en los devaluadores tiene el tiempo contado. La tarea es ganar a los trabajadores a una salida propia, de carácter estratégico”.

Documentos hasta ahora secretos dados a conocer por la CIA revelan la magnitud de la injerencia norteamericana en una de las mayores y más ignoradas masacres obreras de la historia, la producida en 1965 en Indonesia (exploradas, por otra parte, en dos películas recientes: El acto de matar, 2012, y La mirada del silencio, 2014). En 2001, el Departamento de Estado había hecho conocer, en el compendio Relaciones Exteriores de los Estados Unidos 1964/68, el papel de funcionarios norteamericanos organizando el aniquilamiento del Partido Comunista Indonesio (PKI), proveyendo asistencia militar a las fuerzas armadas y alentando a éstas a ir a fondo en esa masacre. Lo que los nuevos documentos aportan es que esta acción fue seguida día a día por el presidente Lyndon Johnson, considerándola la acción estratégica más importante del imperialismo yanqui en un período en el que, supuestamente, al tope de la agenda, estaba nada menos que la ofensiva militar sobre Vietnam. Un fallo de la Corte llevó a desclasificar los informes diarios de la CIA al ejecutivo -Daily Briefs- lo que se considera la información de inteligencia más celosamente guardada. Desde octubre a noviembre, el presidente norteamericano monitoreó y orientó el golpe de Estado y una de las mayores masacres de siglo pasado. Los reportes se interrumpen hacia fin de 1965 y reaparecen en marzo 1966. En este momento, quien escribe el informe se congratula: “Queda aún por verse si las fuerzas armadas se pueden mover rápidamente a una consolidación de su posición. Los primeros signos aparecen promisorios: el Partido Comunista ha sido finalmente prohibido”. No sólo “prohibido”, sino víctima de una masacre, que investigaciones actuales hacen oscilar entre quinientos mil o un millón, aunque “nadie sabe a ciencia cierta”(1). Para establecer una relación, en aquel momento Indonesia tenía cien millones de habitantes. Es, aún así, una versión edulcorada. Los documentos publicados están fuertemente censurados por razones de seguridad interna y conveniencia política. En tanto, Suharto, la cabeza del golpe en 1965, cayó en 1998 y el régimen que le sucedió, encabezado por militares y magnates del petróleo y carbón -se ha montado sobre la impunidad del ejército de Indonesia. Ni éste ni los civiles jamás han tenido que responder por aquella masacre. Asia, 1965 Asia era, en ese entonces, el escenario mayor de la revolución mundial. El imperialismo norteamericano había volcado todo su enorme poderío militar para contener el curso ascendente de la revolución colonial. Indonesia era una pieza clave. La crisis del sistema imperialista armado tras la Segunda Guerra Mundial y la rebelión de las masas había dado al PKI una fuerza extraordinaria, con dos millones de afiliados -el más importante de todo el mundo capitalista- y el dominio casi absoluto del movimiento sindical. En 1955 se produjeron las primeras elecciones con sufragio universal, en las que triunfó el Partido Nacional Indonesio, con Sukarno a la cabeza, una variante del nacionalismo pequeño burgués, bonapartista, que obtuvo 8,4 millones de votos. La gran sorpresa fue, sin embargo, la votación del PKI, casi 6 millones. Sukarno debió canalizar el reclamo y la movilización antiimperialista del pueblo indonesio, a través de medidas como la nacionalización de todas las empresas de propiedad holandesa, el repudio a la deuda con ese país (Holanda había sido el país opresor hasta 1945) y el retiro de la ONU. El gobierno nacionalista asumió estas decisiones, sin embargo, como capítulos de una política de rescate y reconstrucción de la burguesía nativa a partir del Estado. Sukarno no se planteó liquidar al imperialismo y en un país en el que la esencia de la opresión se concentraba en la cuestión campesina, lo que planteaba la expropiación de los terratenientes y capitalistas para proceder a su explotación colectiva, no dio un paso en esta dirección. “Armas y hombres a Vietnam” ¿Cuál es la peculiaridad de Indonesia en ese período? El archipiélago está en el sudeste asiático, donde se libra la batalla crucial de Vietnam, frente a la embestida militar del imperialismo yanqui. Las burocracias china y soviética se niegan a encabezar un frente único mundial antiimperialista para derrotar la invasión, expresado en la consigna “armas y hombres a Vietnam”, planteada por la Revolución Cubana. Pero, además, el gobierno nacionalista burgués de Indonesia tiene frente a sí un poderoso Partido Comunista girando en la órbita de la burocracia del Estado obrero chino. Indonesia es, por todas estas razones, un laboratorio esencial de la lucha de clases mundial. En los primeros días de octubre del ‘65 se inicia un golpe de Estado preventivo, dirigido por militares de izquierda, contra un golpe inspirado por la derecha financiada por la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. La derrota de este golpe es el pretexto que utilizan los sectores más reaccionarios del ejército para iniciar una etapa ferozmente represiva, centrada en el PKI. Durante años, los comunistas indonesios habían sostenido el planteo de la revolución por etapas y defendido el Frente de Unidad Nacional con el general Sukarno, a quien saludaron hasta el último minuto como el “héroe nacional y revolucionario” de Indonesia. Ni en el momento de mayor terror anticomunista en el país el PKI dejó de apelar a la protección de Sukarno. Su líder explicaría esta política: “en su etapa actual, la revolución indonesia es una revolución democrática burguesa por su naturaleza y no una revolución socialista... no elimina la propiedad privada de los medios de producción... estimula el desarrollo de la burguesía nacional”(2). Reproduce la concepción estalinista sobre el carácter de la revolución, que va a hundir políticamente a la III Internacional desde 1924 y va a ser determinante en el suicidio al que se condenó a la vanguardia china en 1927. Justamente, en toda la historia de la clase obrera mundial se pueden citar dos derrotas comparables: la que sufrió el Partido Comunista Chino en ese año a manos del nacionalismo dirigido por Chiang Kai-shek y la que infligió Hitler al Partido Comunista alemán en 1933. Para el imperialismo yanqui, el baño de sangre fue una victoria trascendental, ya que cambió el equilibrio de poder en el sudeste asiático y jugó un papel determinante en el aislamiento de las revoluciones china y vietnamita. En una izquierda argentina conmovida por la Revolución Cubana y la disgregación de la monolítica burocracia del Kremlin, la experiencia de Indonesia fue un mazazo para los jóvenes que habían puesto sus expectativas revolucionarias en el maoísmo y un golpe imposible de absorber para las corrientes de ese signo (Vanguardia Comunista, Partido del Trabajo). En una jovencísima Política Obrera, explicamos el nuevo fracaso de la revolución por etapas y denunciamos que: “la ceguera y la incapacidad del PKI han facilitado el vuelco hacia la derecha del curso de la situación, mientras Sukarno... se ha volcado también a la represión, afirmando, respecto a los comunistas, que son ratas que han comido un trozo del gran queso y trataron de roer el pilar de nuestra casa. Demos caza ahora a esas ratas...”(3). 1. The New York Review of Books, www.nybooks.com 2. D.N. Aidit: La Revolución Indonesia..., Ediciones Pekín, 1964. 3. Política Obrera: Indonesia..., Suplemento periódico N° 5 (enero febrero 1966).

Se va un gobierno que dejó una enorme deuda pendiente con los jubilados, con reclamos históricos que nunca fueron considerados o los bicicletearon. Por ejemplo: • el 82% móvil sobre el salario del trabajador en actividad. • un salario mínimo equivalente a la canasta de jubilados que, de acuerdo a la Defensoría de la Tercer Edad, equivale hoy a 9.000 pesos, cuando todos sabemos que el 75% de los jubilados cobra una mínima de 4.200. • miles de juicios con fallo favorable por actualización de haberes, sin ser ejecutados, mientras se pagó "serialmente" 175.000 millones de dólares de una deuda externa fraudulenta y usuraria. • la Anses y el Pami, intervenidos por burócratas del Estado que los vaciaron y desfinanciaron. Y la lista continúa. El nuevo gobierno que asumirá el próximo 10 de diciembre ¿va a resolver favorablemente alguno de estos reclamos? Terminantemente no. La promesa electoral del 82% móvil sólo está referida al salario mínimo de ley, lo que elevaría apenas 200 pesos la mínima actual. El gabinete económico designado por Macri está integrado por hombres afines a los intereses de los sectores financieros internacionales que vienen "exigiendo" un ajuste brutal de devaluación, tarifazos y congelamiento de salarios. Lo mismo que impusieron, por ejemplo, en Grecia, y provocaron una gigantesca crisis humanitaria. Tenemos que mirar la realidad de frente. Si aspiramos a que nuestras reivindicaciones, justas e impostergables, sean satisfechas, tendremos que organizarnos para luchar por ellas y cuanto más pronto lo hagamos, mejor. Te convocamos a sumarte para poner en pie una agrupación clasista de jubilados y pensionados, independiente del Estado y de los gobiernos de turno, que se plantee la firme tarea de pelear por todos los reclamos postergados y merecidos luego de una larga vida de trabajo. Nos proponemos, además, vincular nuestra organización y lucha a la del conjunto de los trabajadores, por nuestras reivindicaciones comunes. También para brindar nuestra colaboración en la histórica tarea de recuperar los sindicatos como instrumentos de organización y lucha de los trabajadores y expulsar de su seno a los burócratas millonarios que seguramente ahora brindarán sus servicios al nuevo patrón de estancia Macri, para que éste nos pueda imponer, sin demasiados sobresaltos, el ajustazo que se trae bajo el brazo. Te esperamos.

En momentos en que la Federación de Rusia y Turquía están enfrascados en una pelea que amenaza con convertirse en un conflicto a gran escala, las organizaciones marxistas de los dos países comprometidos con el internacionalismo proletario han emitido una declaración conjunta que reitera la importancia de la fraternidad entre sus dos naciones. El avión de combate ruso derribado por la fuerza aérea de Turquía ha señalado la amenaza de una guerra regional o incluso mundial con consecuencias devastadoras para la humanidad. Se trata de un episodio de la tormenta a la que Siria ha sido sometida, como resultado de la intervención del imperialismo y el trío Arabia Saudita, Qatar y Turquía, empujando su agenda sectaria sunní (uno de los grupos confesionales musulmanes). Nuestros partidos están decididamente en contra de la nueva escalada de enfrentamiento entre la Federación de Rusia y Turquía, y condenan las políticas que han llevado a esta delicada situación que amenaza con una guerra de dimensiones catastróficas. En términos inmediatos, el derribo del avión ruso, es la consecuencia lógica de la estrategia de Turquía en Siria, que se basa en un apoyo flagrante en forma de armamento, dinero, el tráfico de petróleo, la logística, el paso seguro de los combatientes, etc., a extremistas sunnitas y grupos terroristas incluyendo Isis (o Isil), enconnivencia con los regímenes reaccionarios de Arabia Saudita y Qatar. Es claro para todo el mundo que el propósito del gobierno del AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo, oficialista) es obtener una posición hegemónica en Siria, por su propósito más amplio de apoderarse de una parte del petróleo y el gas de Medio Oriente. En una perspectiva más amplia, el Occidente imperialista, Rusia y el trío regional (Turquía, Arabia Saudita y Qatar) están interviniendo en la guerra civil de Siria con el fin de aumentar su propia influencia en este desafortunado país. Hacemos un llamado a los pueblos de la Federación de Rusia y Turquía para rechazar la atmósfera venenosa avivada por los Estados y los medios de comunicación burgueses en ambos países que enfrenta a los pueblos unos contra otros, preparando el terreno para las hostilidades más profundas en el futuro con consecuencias nefastas para la región. Hacemos un llamado a los pueblos de toda la región de Oriente Medio y el Norte de Africa y, en primer lugar, las fuerzas de la clase obrera y todos los internacionalistas, a unirse en su lucha contra todas las formas de reacción y tomar el problema en sus propias manos No hay alternativa ni atajos: el pueblo tiene que organizarse y luchar contra la intervención reaccionaria del imperialismo y la reacción regional con el fin de crear una Siria como una sociedad justa de acuerdo con las aspiraciones de las masas en las primeras etapas de la revolución árabe. En oposición a los gobernantes de ambos países, los partidos marxistas revolucionarios de Rusia y Turquía, estamos hombro con hombro con la firme creencia de que somos nosotros los que representamos el futuro común de la unidad de todos los pueblos. Exigimos: rechazar cualquier acción de provocación, tanto procedentes de Rusia como de Turquía, que sólo puedenconducir a una escalada de la tensión. ¡Viva el internacionalismo proletario! ¡Viva la fraternidad de los pueblos rusos y turcos! Comité Ejecutivo del Partido de los Comunistas de Rusia (RPK) Consejo de la Asociación de Unidades marxistas (AMO) de San Petersburgo Departamento Regional, Rusia Comité Central del Partido Revolucionario de los Trabajadores (DIP), Turquía Estambul y San Petersburgo, 29 de noviembre

El régimen de Recep Tayyip Erdogan se ha cobrado una nueva víctima: Tahir Elçi, presidente del Colegio de Abogados de la ciudad de Diyarbakir (ciudad de mayoría kurda), fue asesinado en medio de una conferencia de prensa. Mientras el gobierno turco argumenta que se trató de un enfrentamiento, porque el hecho se produjo en medio de un confuso tiroteo, el Consejo Ejecutivo del Congreso Nacional de Kurdistán (KNK) denunció en un comunicado que Elçi "fue selectivamente alcanzado con un disparo en su cabeza" (28/11). El Colegio de Abogados no vaciló en calificar lo ocurrido como un asesinato premeditado, en sintonía con varios testimonios. Elçi era hostigado por el régimen turco por su compromiso con los derechos del pueblo kurdo y su lucha por la autodeterminación. Actualmente, era víctima de una persecución estatal que pretendía llevarlo a la cárcel por declarar que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán (PKK) no es una organización terrorista. La impunidad con la que han operado los asesinos, a plena luz del día y frente a las cámaras de televisión, demuestra el rol estatal en los crímenes políticos y masacres contra el pueblo kurdo, para lo que se vale de oscuras bandas paraestatales e incluso del Estado Islámico. Durante las últimas campañas electorales se produjeron atentados criminales en Suruc y en Ankara con el propósito de quebrar el principio de unidad entre la clase obrera turca y el movimiento nacional kurdo. Miles de luchadores kurdos, a su vez, se encuentran encarcelados. El crimen contra Tahir Elçi es un crimen contra todo el pueblo kurdo y el movimiento democrático turco. Las movilizaciones contra el asesinato (en las ciudades de mayoría kurda, pero también en Ankara y Estambul) fueron reprimidas y en Diyarbakir se dictó el toque de queda. Abajo el régimen reaccionario de Erdogan.

“Preparar, preparar otra huelga general” parece ser el grito de guerra, constante, en cada movilización de los distintos y diversos gremios del país, campesinos, trabajadores organizados y estudiantes, tanto secundarios como universitarios, los tres principales frentes de la resistencia en Paraguay, acompañados de varios partidos políticos de izquierda. Otra huelga general es la consigna, la segunda en lo que va del período gubernamental del presidente Horacio Cortes, sobre quien es de público conocimiento su vinculación amistosa con Mauricio Macri, desde los carteles de la mafia del fútbol hasta la administración de los bienes públicos, ambos representantes de la oligarquía latinoamericana. La medida de fuerza pretende llevarse a cabo por cuatro días. Sería la cuarta huelga de este tipo pero la más extensa en la historia, decidida en asamblea de las centrales sindicales el pasado 12 de noviembre. Es una respuesta a la apatía del gobierno ante los reclamos estudiantiles por la reforma universitaria o el almuerzo escolar o el costo del boleto del ómnibus. Expresa los paros de los trabajadores de bus por la falta de libertad sindical, que se ve reflejada en los choferes de la Línea 49, quienes después de par de meses crucificados, recién fueron escuchados. La huelga vuelve a sacar a la luz la masacre de Curuguaty, las tierras destinadas a la reforma agraria que siguen siendo usufructuadas por sojeros, para la plantación mecanizada, que además no paga los impuestos suficientes para las arcas del Estado. En los últimos meses, el gremio de los cooperativistas ha protagonizado grandes movilizaciones, exigiendo la democratización de las unidades. Ellos también adhieren sus reclamos a la huelga, así como los trabajadores taxistas, quienes conforman el enjambre amarillo, una de las agrupaciones que más fuertemente operan en estas fechas, que no son casuales, puesto que el tercer y cuarto día de la medida, el 21 y 22 respectivamente, se estará desarrollando la Cumbre de presidentes del Mercosur, en la ciudad de Asunción. Esta será, a nivel nacional, la prueba más grande de la resistencia contra los planes del imperialismo. La huelga exige un 25% del aumento en el sueldo mínimo. Piquetes y movilizaciones serán las constantes en la calles, mientras en paralelo Macri, ya como presidente asumido confirmaría que una de sus primeras medidas en política exterior será la solicitud de suspensión de Venezuela del Mercosur.

•Primera clase Introducción al periodismo •Segunda clase Cómo llegar a los medios y los periodistas desde las instituciones. Cómo hacer la prensa de una ONG, centro cultural, un club barrial y no morir en el intento. •Tercera clase De la teoría a la práctica periodística. Viernes 4, 11 y 18 de diciembre, a las 18 horas. Piedras 895

Palermo Los días 15 y 22, a las 19 hs, en el Centro Cultural León León, Nicaragua 4432. Con Juliana Cabrera San Telmo 15 y 22, 19hs, en Piedras 895. Con María Chuli

Jueves 17, 18hs : - Trabajadores de la salud, con Marcelo Ramal. Viernes 18, 19hs: - Estatales, en Piedras 895, San Telmo. - Trabajadores Sociales en Lucha, en Av. Caseros 3093, Parque Patricios. - Av. San Martín 6041, Villa Devoto. Sábado 19, 19hs. - Abasto, en San Luis 3194. - Almagro, en Díaz Vélez 4245. - Bajo Flores, en Miraflores 2205. - Chacarita, en Av. Forest 425. - Liniers, en Las Tunas 11184. - Mataderos, en Manuel Artigas 6151. - Parque Avellaneda, en Moreto 8. - Saavedra, en Balbín 4224. - UBA, en Facultad de Veterinaria, Av. Chorroarín 280. - Villa Pueyrredón, en Av. Albarellos 2802. - Villa Urquiza, en Donado 2515, 20hs. - Paternal, en Trelles 2312.

Charla: "Los trabajadores ante el nuevo escenario político", luego choriceada. Sábado 5, 19hs. en Calle 41 e/5 y 6.

Berazategui : viernes 4, 18 horas. Calle 15A N° 4758, a media cuadra de la estación.Con Rafael Santos. Escobar : lunes 7, 18hs, en Sarmiento 694. Con Christian Rath. Morón : viernes 4, 18hs, en Machado 1040 (primer piso). Con Christian Rat

Cristina Kirchner se está yendo, Macri todavía no asumió. Pero detrás de las peleas sobre el traspaso de mandato, la transición trae un pesado paquete para los trabajadores: los aumentos en la carne, el pan y otros productos de primera necesidad han superado el 20% en menos de un mes. Los anuncios de devaluación y reducción de impuestos a los exportadores (retenciones), que abundaron en los asesores de Macri y de Scioli, ya han sido asumidos por los capitalistas. Estamos ante una brutal transferencia de riqueza social desde los trabajadores hacia los pulpos alimentarios, comerciales o exportadores. ¿Qué otra cosa es esto sino el “ajuste”? Los “nacionales y populares” preparan ceremonias de despedida. Pero desde sus lugares en el Estado hacen la vista gorda frente a los aumentazos. Los miembros del nuevo gabinete debaten tarifazos en los combustibles y en el transporte, para que la compensación a las empresas por el retiro de subsidios la paguen trabajadores y consumidores. ¿Cómo nos blindamos frente a este zarpazo? Debatamos un programa • aumento de emergencia, para compensar los aumentazos de estos días; • elevación de la jubilación mínima a 8.500 pesos; • abolición del impuesto a las ganancias en todos los salarios de convenio; • indexación mensual de salarios y jubilaciones, para protegernos de la devaluación y los tarifazos; • prohibición de despidos y suspensiones.