Prensa Obrera N° 1365

La Folha de San Pablo tituló los acuerdos, de la siguiente forma "Las promesas incumplidas de China en Brasil: el monto asciende a 24.000 millones de dólares". El diario paulista destaca que todos son proyectos multimillonarios de capital chino que durante los últimos cinco años fueron siendo anunciados a viva voz, pero que nunca salieron del papel. Esta cantidad sería aún mayor si se tuviera en cuenta el fiasco con la fabricante de electrónicos taiwanesa Foxconn. En una visita a Pekín en 2011, el gobierno de Rousseff anunció que la empresa invertiría 12.000 millones de dólares, pero la realidad está bastante lejos de alcanzar esa cifra. En Barreiras (Bahía) un megaproyecto de procesamiento de soja paró en pleno terraplén. En el puerto de Açu (Río de Janeiro) la siderúrgica Wisco desistió de tener una filial en Brasil cuando Eike Batista comenzó a desmoronarse. En el sector automotriz, algunos fabricantes aún no implantaron sus proyectos industriales en Brasil, como es el caso de Lifan, Hafei y Zotye. Otras inversiones acabaron dependiendo del dinero brasileño. En Camaçari (Bahía), donde JAC Motors planea una fábrica de 330 millones de dólares (1.000 millones de reales), la obra se encuentra parada a la espera de un financiamiento estatal de 40 millones de dólares (122 millones de reales). En Mato Grosso y en Pará, el acuerdo para el financiamiento de una vía férrea está parado desde hace tres años Tampoco se concretó el proyecto de Pekín en el proyecto del tren de alta velocidad entre Campinas y Río de Janeiro, que fue postergado en varias ocasiones. Otro ejemplo es la noticia de que China levantará el embargo contra la carne brasileña. Introducido en 2012 por temor a la enfermedad de la vaca loca, China y Brasil señalaron en julio pasado que dejaría de regir el embargo a las exportaciones de carne brasileña. Luego volvieron a anunciar lo mismo en diciembre. Ahora prometen que el levantamiento será total a partir del mes próximo.

Osama bin Laden, el líder de Al Qaeda y supuesto líder del atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York (2001), fue muerto en la ciudad de Abbotaabad, en Paquistán por un grupo comando de Estados Unidos (Navy Seal) que ingresó con dos helicópteros, asaltó su escondite y lo liquidó. Su ubicación fue obtenida por la CIA luego de años de seguimientos, de secuestros y torturas a un sinnúmuero de inocentes considerados miembros de su organización. La nueva versión Pero todo ha sido falso, según ha denunciado Seymour Hersh, un destacado periodista de investigación, en una extensa nota en una publicación de Londres, ya que el lugar donde escribía (Newyorker) se negó a publicarlo. Bin Laden estaba prisionero de los servicios de inteligencia de Paquistán (ISI) que lo usaban para controlar a los talibanes y Al Qaeda desde 2006. Uno de sus miembros fue a la oficina de la CIA en Islamabad y dijo que sabía dónde estaba Bin Laden a cambio de dinero (25 millones de dólares). La CIA confirmó la información y entrevistó a autoridades paquistaníes, quienes aceptaron tenerlo prisionero. Permitieron que la CIA dispusiera del detenido, con la condición que no salga con vida y fue ejecutado en la cárcel. La denuncia de Seymour Hersh desató una serie de críticas a su labor. Su largo historial de importantes revelaciones de atrocidades y mentiras de varios gobiernos estadounidenses, lo avalan. "Sus artículos y libros lo han hecho prácticamente un elemento del sistema constitucional de Estados Unidos de comprobaciones y balances" (Financial Times, 1°/8/08). Fue quien denunció la masacre que tropas de Estados Unidos cometieron contra una población civil en My Lai (Vietnam, 1969). Fue también quien denunció y dio a conocer las torturas de las tropas de Estados Unidos durante la ocupación de Irak en Abu Graib, sobre lo que escribió "Obediencia debida, del 11 de septiembre a las torturas de Abu Graib", uno de los ocho libros (My Lai, JFK; Samsom; etc.). Ganador del Pulitzer y varios destacados premios a la labor periodística. El control de la tortura en el gobierno de Obama Un comité del senado de Estados Unidos analizó la aplicación por la CIA del programa de "Detención e Interrogación", forma de describir la tortura que aplican a sus detenidos, para hallar a Bin Laden y los líderes de al Qaeda. Luego de cuatro años de negociaciones en su contenido y alcance, concluyó que la CIA "repetidamente miente acerca de sus brutales técnicas luego del 9 de septiembre (2001) y que son inefectivas", dice el informe. La complicidad del Senado con los torturadores fue puesta en descubierto, son los "únicos" que pueden "citar documentos; solicitar a visitar los sitios e interrogar al personal. Sin embargo, en los años en que estos abusos fueron aparentemente ocurriendo, no hicieron nada de eso. Hasta cierto punto, eran cómplices de ser engañados" y concluye que "Norteamérica parece tener un comité de análisis de "lo sucedido (pero) no de control" (The Economist, 9/12/14). La barbarie del capitalismo tiene una de sus manifestaciones en los métodos brutales que las propias instituciones denuncian (Congreso, jueces, etc.), pero no controlan. Obama dirige un gobierno conspirativo, donde el militarismo creciente y los métodos de tortura, asesinato y espionaje masivo de la población son uno de sus principales soportes para enfrentar la lucha de sus ciudadanos y los pueblos del mundo, por eso el sistema los mantiene sin control ni supervisión.

Dirigentes de Unter (docentes), de seccionales de ATE, de los gremios de la fruta y del hielo, junto con estudiantes universitarios, terciarios y secundarios, discutieron el proceso político que vive la provincia. El sábado 23, con la presencia de compañeros de Bariloche, El Bolsón, General Roca, Villa Regina, Allen y Cipolletti, se realizó el primer Congreso del PO de Río Negro. Participaron más de 80 compañeros, dirigentes de distintas seccionales de la Unter (docentes), delegados clasistas de ATE, de los gremios de la fruta y del hielo, y una numerosa delegación de jóvenes estudiantes universitarios, terciarios y secundarios. Por la dirección nacional del PO se hizo presente la compañera Vanina Biasi. El congreso caracterizó el proceso político que atraviesa la provincia. La polarización electoral que se configura entre Pichetto y el actual gobernador Weretilneck esconde que ambos defienden la misma orientación social. Pues han sido coautores de la entrega de los recursos energéticos a los monopolios petroleros, de dar vía libre a especulación inmobiliaria -que repercute en un enorme déficit habitacional- y de la liquidación de las conquistas de los trabajadores de la industria frutícola en favor del empresariado del sector (Cafi). Por otro lado, el Frente Progresista de la senadora Odarda, que supo ocupar el segundo lugar en las elecciones de 2013, quedaría relegado al tercero. La incorporación de una fracción de la UCR, el partido que hundió la provincia durante 28 años, al Frente Progresista, lo transforma en un replay de la Alianza. Su coqueteo con el PRO, y la reciente reunión que mantuvo con el empresariado barilochense, dan cuentas de un "progresismo" en franca derechización, parte integrante del abanico de fuerzas políticas patronales que propugnan la devaluación del peso. En este escenario, la bochornosa proscripción del Partido Obrero para las elecciones provinciales del 14 de junio, ha dejado al electorado rionegrino sin una variante política alternativa a los candidatos del ajuste. El Congreso del PO rionegrino abordó este atentado contra el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores, lanzando una intensa campaña política por la fórmula presidencial Altamira-Giordano y proclamando a Mali Quintillán, Norma Dardik y Facundo Britos como candidatos a diputados nacionales; y a Pitty Rivero como candidato al Parlasur. A su vez, lanzó la candidatura a concejal de Daiana Matamala, de cara a las elecciones en Bariloche el próximo 3 de septiembre. El escenario provincial de cara a las Paso de agosto se mantiene abierto. La inscripción de alianzas cierra el 10 de junio, cuatro días antes de las elecciones provinciales. Probablemente se constituyan alianzas contradictorias con las establecidas para la elección que se realizará cuatro días después. No hay que descartar el escenario de una gran interna de la alianza que lidera Macri, en la que compitan los candidatos del PRO, el radicalismo y el Frente Progresista. Aunque Weretilneck, luego de su ruptura pública con Massa, adelantó que irá a las Paso sin candidato presidencial (boleta corta), la alternativa que se sume a la interna del macrismo, tampoco hay que desecharla. El congreso votó también una fuerte campaña de cara al paro nacional del 9 de junio, editando una declaración provincial del PO y de nuestras agrupaciones sindicales, confrontando con la política de las burocracias sindicales y llamando a los trabajadores a adherirse y sumarse al paro. Nos lanzamos al armado de una lista clasista y antiburocrática para la elección de ATE. En la Fruta, es necesario denunciar el carnereaje de una burocracia que entregó la paritaria de enero en el medio de un proceso huelguístico. La burocracia del Hielo, también adicta al gobernador, ha ‘congelado' la pelea por el 40% por zona e ignora el reclamo histórico por la reducción de la jornada de trabajo y de la edad jubilatoria por insalubridad. Por último, el Congreso del PO se pronunció por una fuerte movilización política hacia el 3 de junio. Los triples crímenes en Cipolletti, el crimen de Otoño Uriarte, el reciente caso de prostitución infantil en Viedma y otros le dan a la jornada del 3 de junio en Río Negro un valor especial.

"No hay terapia infantil, tenemos chicos entubados en guardia, con respiradores viejos, sin médicos" La audiencia pública presidida por Néstor Pitrola en el Congreso Nacional vibró con denuncias de médicos y enfermeras del Hospital Mercante de José C. Paz. Pitrola y López (PO-Frente de Izquierda) presentaron un proyecto acompañando "el reclamo contra el cierre de servicios de Neonatología y Pediatría". Elaborado con la comunidad trabajadora del nosocomio y apoyado por los diputados Donda, Riestra, Del Caño, Bullrich y Argumedo. Se volcaron testimonios de la barbarie sanitaria que atraviesa la salud infantil. Sandra Salazar, presidenta de Cicop, marcó, como ejemplo, la renuncia de pediatras de guardia sobrepasados por la demanda de atención y falta de insumos. Relativizo los casos de violencia, considerando la desesperación de familiares ante horas de demora -por falta de personal- en atender a pacientes. Señaló, por lo tanto que "no necesitamos más policía, sino más médicos". Norma Jaimes y Silvia Mitchenco, delegadas de ATE, reseñaron el intento de municipalizar el hospital, bajo amenaza de los punteros. Fracasado esto por acción de los trabajadores, fueron al actual plan de inanición. Aplican parches: cierran los consultorios externos para mandar, por horas, médicos a guardia pediátrica. "Con ladrillos no curamos", dijo otro compañero. Denunció construcciones y fachadas preelectorales: "Se necesitan recursos humanos, que se tome y pague dignamente más profesionales". Las denuncias llovían: "no hay terapia infantil, tenemos chicos entubados en guardia, con respiradores viejos, sin médicos". La guardia pediátrica no funciona: las madres se van con chicos con fiebre, a quienes les puede producir convulsiones. Se trabaja a cama caliente, lo que impide desinfectar el ambiente. Suele haber camas en pasillos y guardia. "La falta de médicos -explicó la doctora Rodríguez- se debe al bastardeo de éstos. Mal remunerados, necesitan cuatro guardias semanales para un salario digno. Si hacen extras, les descuentan ganancias, cobran menos que en hora simple." Los cirujanos denunciaron que no hay más operaciones programadas. Pacientes postergados vuelven meses más tarde, en condiciones críticas y deben ser operados de urgencia. No hay anestesista infantil. Hay pacientes internados seis meses a la espera de marcapasos. El doctor Schiro, de la directiva de Cicop (minoría), llamó a defender las direcciones gremiales consecuentes de Cicop y ATE del Mercante ante amenazas de sanciones por sus denuncias. La crisis no se reduce al Mercante, es provincial: en el Fiorito, en el 32 de La Matanza, en el Oñativia, en General Rodríguez. Neonatología y Pediatría son víctimas centrales del derruido sistema de salud de Scioli. Scioli sigue los planes del Banco Mundial de privatizar servicios. Recibe subsidios para ‘flexibilizar' la atención y el trabajo de médicos y enfermeras. Más deuda externa sin mejora de estructura hospitalaria. Pitrola enmarcó la destrucción del hospital en la continuidad de los planes de achique hospitalario de los '90, en el caso del Mercante promoviendo su municipalización en un distrito pobre; en el Hospital de Wilde (Avellaneda), provincializándolo a un presupuesto más bajo, y se comprometió a gestionar una audiencia con Scioli y el ministro de Salud. Reivindicó la plataforma anunciada por Schiro: un hospital cada 100 mil habitantes, un centro de salud cada 10 mil. Triplicación del presupuesto de salud bajo control de trabajadores y profesionales. Se votó sacar un folleto con el contenido volcado en la audiencia. La defensa de la salud de la niñez está en el orden del día.

En la UBA, la campaña por la movilización del 3 de junio contra los femicidios se intensifica cada día más. Con la Fuba y los centros de estudiantes combativos a la cabeza, lanzamos todo tipo de iniciativas para redoblar la convocatoria. En todas las facultades se convocaron comisiones de mujeres: Psicología, Sociales, Medicina, Farmacia, Ciudad Universitaria, los CBC, etc. La indignación es general y cientos los estudiantes se suman con fotos con el cartel de "#NiUnaMenos". En la Fadu, distintas cátedras han tomado la problemática de los femicidios como tema para abordar trabajos prácticos, con la finalidad de sumar a su difusión con la producción de afiches, banderas, fanzines y spots. En el Consejo Superior logramos que se aprobara el proyecto presentado por los consejeros estudiantiles de la UJS/PO para que la UBA convoque a la marcha y no se tome asistencia ese día. Ahora vamos a exigir la destitución inmediata de Piombo y Sal Llargués, los jueces responsables por el aberrante fallo que resolvió reducir la pena a un hombre que abusó sexualmente de un niño de 6 años con fundamentos escabrosos, que son profesores de la Facultad de Derecho. El contundente repudio de estudiantes y docentes de dicha facultad motorizó una juntada de firmas por su expulsión siguiendo el camino de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que ya apartó a Piombo por el carácter "ofensivo y repudiable" de sus sentencias. En Veterinaria, los estudiantes se están organizando por justicia por Suhene Carvalhaes Muñoz, estudiante de la facultad salvajemente golpeada por su novio, quien falleció luego de ocho meses como resultado de esa golpiza. Meses antes de morir, Suhene había realizado una denuncia en la Oficina de Violencia Doméstica que quedó en la nada y en la Comisaría asentaron la denuncia como "daños recíprocos". Chiara y Suhene no son casos aislados. Con la agitación por la marcha se acercan estudiantes que han sido víctimas de violencia de género o son allegados a víctimas de femicidios. Está planteada la necesidad que las mujeres nos organicemos contra todo tipo de violencia y salgamos a exigir nuestras demandas. Que la UBA cree centros de asistencia gratuitos con personal de planta de diferentes disciplinas las 24 horas. Separación de Piombo, Sal Llargués y de todo el personal judicial, funcionario o docente, implicado en fallos discriminatorios contra mujeres violentadas. Por un régimen de asistencia diferencial para mujeres víctimas de violencia y para embarazadas. Por jardines maternales gratuitos para estudiantes y docentes en todas las facultades de la UBA.

El aberrante fallo de los jueces Horacio Piombo y Benjamín Sal Llargués, reduciendo la condena de un abusador por considerar como atenuante la supuesta orientación homosexual de la víctima de sólo seis años, desató la indignación e inmediata respuesta del movimiento estudiantil, para exigir que sean desafectados como profesores de la Facultad de Derecho de la UNLP. No es la primera vez que los estudiantes de La Plata nos movilizamos este tipo de cuestiones. En 2007, en la Facultad de Derecho, la lucha estudiantil impidió que Soria, ex funcionario de la dictadura, fuera elegido como decano. Al calor de esa pelea se incorporó, en la reforma del estatuto de la UNLP, un artículo que establece que ningún funcionario público que haya cumplido funciones en la dictadura puede ejercer como docente en la universidad. A partir de esa conquista se han dado otras luchas victoriosas, como la toma del Rectorado de febrero del año pasado que obligó a renunciar al vicedecano de Medicina, Pérez Albizu, por su colaboración en la desaparición de los cuerpos de quienes eran secuestrados y asesinados, firmando certificados de defunción como NN. Horacio Piombo, además de misógino y homofóbico, es también un juez de la dictadura. La UNLP está plagada de esta clase de elementos reaccionarios sostenidos por las autoridades. Cuando el miércoles 20, una asamblea de más de 300 estudiantes votó la toma del decanato de Derecho para exigir la suspensión y el juicio académico, la camarilla radical maniobró postergando el Consejo Directivo e impulsó, desde sus cátedras y, sobre todo, a través de la Franja Morada (que conduce el centro), una campaña contra la medida. Lo mismo vale para el sector kirchnerista del Rectorado, que a través de la Dirección de Derechos Humanos expresó su "preocupación", evitando posicionarse por la destitución de los jueces. La movilización de casi un millar de estudiantes al Rectorado el jueves 21 puso contra las cuerdas a la presidencia de la UNLP, que debió asumir el compromiso público de que apoyarán la destitución inmediata de Piombo y Sal Llargués en la próxima sesión del Consejo Superior. Con este compromiso y teniendo fecha el Consejo Directivo de Derecho, la asamblea resolvió levantar la toma del decanato y preparar con fuerza una movilización hacia estas instancias, para conquistar definitivamente la separación de sus cargos en la universidad. Esta lucha fortalece, objetivamente, al movimiento estudiantil contra las autoridades porque debió quebrar la resistencia que estas opusieron a la destitución efectiva de los jueces. Es, además, una expresión de la convivencia de las camarillas progresistas y reaccionarias que desenvuelven la misma política privatizadora. Nos esforzaremos, además, por agrupar a todo el activismo que participó del conflicto para echar a la Franja Morada del Centro de derecho para que deje de ser una dependencia más de las autoridades. Ahora vamos con todo, con la Fulp a la cabeza -junto a organizaciones de derechos humanos que nos acompañarán, entre ellas Apel, que intervino en el conflicto-, al Consejo Directivo de Derecho y al Consejo Superior por la destitución de Piombo y Sal Llargués.

El Instituto Provincial de Educación Física de Córdoba está tomado contra los planes privatizadores Después de que fuera conformada la Universidad Provincial de Córdoba (UPC), comprendida por ocho institutos de formación superior, entre ellos el Instituto Provincial de Educación Física (Ipef), en 2014, en la Legislatura cordobesa se votaba designar a una rectora normalizadora para dicha universidad, todos los bloques a excepción del PO-Frente de Izquierda, votaron a favor de que designe a Isabel Bohórquez para llevar adelante el proceso de normalización y así garantizar la política de privatización del gobierno provincial en sintonía con el nacional a fin de impulsar la plena vigencia de la Coneau, órgano creado durante el nefasto periodo menenemista y lo único que hizo fue destruir las carreras de grado y avanzar con el proceso de privatización y mercantilización de la educación pública. La principal funcionaria de la UPC en el proceso de "normalización" de la universidad avanza en esta línea dejando de lado al conjunto de la comunidad educativa en las decisiones importantes que implican discutir planes de estudios, su orientación, presupuesto, becas, etc. Tomando decisiones verticalmente, política que pretende mantener este régimen de excepción para establecer una camarilla unipersonal ligada al Ejecutivo provincial. Defienden este tipo de organización hegemónica, verticalista, antidemocrática, porque es la única forma que les permite garantizar la plena intervención de la Coneau. Y así profundizar este método, para luego reducir el presupuesto educativo, llevar la universidad al arancelamiento, aumentar una carga extra al bolsillo de los que quieren estudiar. Respondiendo así a una política que viola un principio fundamental de cualquier universidad y conquista mínima, el cogobierno y la democratización en las decisiones por parte de la comunidad educativa implicada. Estudiantes y docentes en la toma Estudiantes y docentes del Ipef vienen desarrollando una gran lucha que movilizó centenares de estudiantes y docentes, llevando los reclamos a la rectora y a la Legislatura, donde nadie dio respuestas. Los estudiantes exigen: la creación de órganos de cogobierno transitorios con la participación de todos los claustros, el aumento inmediato de presupuesto en función de las necesidades reales de infraestructura, mantenimiento, investigaciones, etc. Detallado específicamente por cada erogación y, por último, un criterio de transparencia en la toma de decisiones. A estos puntos se suma la necesidad imperiosa de nombrar a más docentes, pues existen más de 100 horas cátedra sin profesores. Frente a la falta de respuestas, estudiantes y docentes han resuelto tomar el Instituto Provincial de Educación Física, hasta que puedan establecer un diálogo que dé por satisfecho todas sus necesidades. Por el momento, desde la dirección de la UPC, la posición que se tomó es atacar de diferentes maneras la toma, al punto de utilizar los medios de comunicación que responden al delasotismo, para negativizar la medida de fuerza hasta la detención policial de uno de los dirigentes estudiantiles a través del Código de Faltas. Es crucial que este proceso de lucha directa contra las políticas privatistas del kirchnerismo y el delasotismo, tome curso hacia la victoria y eche por tierra todo intento de avanzar en la privatización de las carreras de la UPC y de la formación de los futuros profesionales para una orientación social que represente las necesidades materiales, sociales y económicas de la mayoría trabajadora que estudia. Es por ello que la toma del Ipef debe impulsar una gran convocatoria hacia todos los sectores a movilizarse masivamente a la Casa de Gobierno para terminar con la Coneau y constituir una universidad de los estudiantes, docentes y no docentes que defienden la educación pública.

El 12 de junio, en una interna, Aten elige tres consejeros escolares por cada uno de los diez distritos provinciales. Los electos competirán luego, en representación de los docentes, con la lista del gobierno. Los partidos políticos eligieron treinta consejeros en las pasadas elecciones generales del 26 de abril. Finalmente, una asamblea de sesenta consejeros votará el vocal por la comunidad que integra el Cuerpo Colegiado del Consejo Provincial de Educación. La dirección "K" de Aten (TEP) ha aportado a las listas del Frente para la Victoria y las colectoras, decenas de candidatos. En el marco de la contrarreforma educativa que se busca imponer de la mano de la ley provincial, recientemente votada por el MPN y los "K", esta nueva interna de Aten adquiere un gran valor político. Hemos constituido la lista "Unidad Multicolor" de toda la oposición. Esta vez se ha superado la división que la Fucsia, la Púrpura y otras agrupaciones llevaron adelante contra las chances del Fura. En 2012, a pesar que el divisionismo puso en riesgo su victoria electoral, el Fura recuperó Aten. Pero la insistencia en la miopía sectaria, permitió al TEP ganar Aten para la política "K" en 2014. La derrota del Fura en manos de esta política fue un golpe también para quienes promovieron el divisionismo. No se sobrevive siendo una minoría en discordia, sin principios, que prioriza el ataque a una dirección antiburocrática, colaborando con el regreso de la burocracia. La lista Multicolor de unidad está integrada por la mayoría de las agrupaciones que formaron el Fura y las que lo enfrentaron en 2014, en un único frente opositor a la burocracia celeste del TEP. Se saldan cuatro años de una lucha política por el frente único contra la división artificial de la oposición. Agrupaciones como la Azul decidieron no integrar la Multicolor (presentan lista propia en algunos distritos). Lo explica el condicionamiento político de su acercamiento a colectoras de Rioseco (FpV y Libres del Sur). O marchan a la marginalidad, como Mandato de Bases, que ni siquiera trata de armar lista contra la burocracia oficialista (a diferencia de la que sí armaron contra el Fura). Ahora se "abstienen". No se puede ser neutral ante el papel que juega la dirección del TEP-Guagliardo, de abierta colaboración con el gobierno, que debutó levantando el paro votado por las asambleas, el día en que se votó la ley antieducativa. No convocan a asambleas, ni plenarios de delegados. El 31 de marzo no convocaron al paro contra el impuesto al salario. ¡Abrieron un consultorio contable para hacer un trámite individual de reclamo! No convocan a acciones de conjunto para frenar los ataques de punteros del gobierno. La situación de la infraestructura escolar empeora. Se amplía la falta de vacantes en las escuelas públicas en favor del negocio de la educación privada. Tribuna Docente, que ha luchado por el frente único opositor desde hace años, ha aportado candidaturas en distritos completos y avales, jugándose para gestar una nueva victoria. Comenzamos convocando a la movilización del 3 de junio bajo la consigna "Ni una menos, el Estado es responsable" y llamando al paro activo este 9 de junio.

A pesar de la caída de la producción, las empresas que despiden y suspenden mantienen intacta su rentabilidad. Fiat ha comenzado con suspensiones de todo su personal. Primero fue un día a la semana ahora aprovechó el fin de semana largo y se mandó seis días corridos. El argumento es la caída del mercado brasileño, lo que plantea que la situación tiende a agravarse. A la par de esto, a través del Observatorio de la Situación Laboral, de Suspensiones y Despidos de Córdoba, obtuvimos denuncias que reflejan la situación de cuatro empresas metalúrgicas, tres de ellas autopartistas: en seis meses esas empresas (Valeo, Sturam, Venturi y Metalúrgica Degiorgis) se desprendieron de 230 trabajadores. Se trata de un informe parcial, la presidenta de la Cámara de los Industriales Metalúrgicos no sólo confirmó la veracidad del informe producida por nuestro Observatorio, sino que además generalizó la "grave" situación que viven las autopartistas. Crisis son negocios Un estudio del IERAL (el instituto de estadísticas de la Fundación Mediterránea) de 2014 señala que a pesar de las suspensiones y despidos, así como la caída de la producción las empresas mantuvieron intacta su rentabilidad. Las empresas buscan hacer negocio con la crisis a costa de sus trabajadores. Un caso emblemático es el de Renault que en 2014 se desprendió de más de 200 trabajadores; ahora promete contratar, en 2016, para la producción de Nissan, una cifra similar pero con una rebaja salarial del 15% y modificaciones en las condiciones laborales, que producirá un aumento de la productividad del trabajador con beneficio neto para la empresa. Burocracia y gobierno cómplices Muchos de estos despidos han sido encubiertos bajo la modalidad del "retiro voluntario", que no es otra cosa que una indemnización concertada a cambio de la renuncia del trabajador. El otro aspecto es la recurrencia a las llamadas consultoras que son agencias de trabajo que colaboran de esta manera con un fraude laboral, ya que los contratos se prolongan y las empresas terminan desprendiéndose de los trabajadores sin mayores dificultades. El objetivo es que no aparezcan como lo que son en las estadísticas de las empresas y, de esta manera, las mismas puedan seguir consiguiendo beneficios impositivos, promociones, etc.. El gobierno y los ministerios respectivos conocen la situación, pero también la esconden, como se revela en la respuesta negativa en los pedidos de informes que se presentan en la Legislatura sobre las condiciones de trabajo en empresas privadas, sobre planta de personal, etc. Hay una acción mancomunada entre gobierno y empresas para proceder con estos fraudes laborales y despidos encubiertos. La otra pata la compone la dirección sindical de la UOM, que avala los acuerdos de retiros o las condiciones de despido, con el argumento de que "hay que preservar lo más que se pueda". En el caso de la directiva del Smata, Dragún -su secretario general- se ufanó e haber sido una propuesta suya la rebaja del 15% en Renault. Una salida obrera Es necesario organizar el rechazo a los despidos. La reciente lucha paritaria mostró un activismo dispuesto a ir a la lucha; el acuerdo de Caló no hizo más que fortalecer las tendencias a la lucha. Se trata de ir por la asamblea general del gremio por el salario y contra los despidos y las suspensiones. El proyecto presentado por Cintia Frencia en la Unicameral y por los diputados del Frente de Izquierda en el Congreso Nacional prohibiendo despidos y suspensiones, y estableciendo el reparto de las horas de trabajo entre todos los trabajadores sin disminución salarial es la respuesta frente a esta situación.

Desde la presentación del proyecto de ley para el pago de los bonos que Telefónica y Telecom adeudan desde la privatización, viene asomando un movimiento de lucha en el gremio telefónico. Primero se realizaron dos audiencias públicas en el Congreso, con activos y retirados, delegados y abogados que llevan adelante miles de juicios (como los abogados Liliana Zabala y el Javier Spaventa) y delegaciones de delegados y agrupaciones telefónicas de Mendoza, Misiones, Córdoba y Mar del Plata. Alli se voto extender el movimiento a nivel nacional. El 6 de mayo se realizó una audiencia pública en Mendoza con más de 100 trabajadores telefónicos con Néstor Pitrola e importantes delegaciones del movimiento obrero combativo. Como parte de la actividad legislativa del bloque del Frente de Izquierda-PO, la Legislatura provincial de Mendoza votó una adhesión al proyecto presentado en el Congreso. La audiencia de Mendoza fue una gran asamblea obrera no sólo por las decenas de intervenciones y debates, sino tambien porque terminó votando una movilización. En Misiones se realizó una asamblea en el Club Teléfonos con delegaciones de Posadas, Oberá y El Dorado que, junto a compañeros de La Naranja, debatieron la situación del gremio y la lucha por el pago de los bonos. Como parte de las resoluciones se decidió formar una comisión provincial para extender y coordinar este reclamo. En Mar del Plata, la Agrupación Alternativa Telefónica debatió el proyecto que generó una expectativa en la base. La respuesta de la patronal y la burocracia del sindicato (dirigido por el octogenario Barreiro) intentan intimar a los trabajadores que se organizan de manera independiente, procediendo a traslados compulsivos. En Buenos Aires se realizó una asamblea el 16 de este mes que permitió sumar nuevas agrupaciones reacias a apoyar el proyecto de ley por los bonos. La asamblea votó impulsar un movimiento nacional y apoyar el proyecto. Junto con esto, preparar una gran movilización el 18 de junio, coordinando en cada provincia para darle a la jornada de lucha un caracter nacional. El proyecto de ley, las audiencias, asambleas, la juntada de firmas que anda alrededor de 2.500 están permitiendo superar el bloque y la paralisis de la burocracia sindical de los sindicatos y federaciones telefónicas con fuertes compromisos con el gobierno K, aliado estratégico de las patronales telefónicas. Pero a pesar de esto, avanza por abajo el movimiento de lucha. Se están preparando nuevas audiencias públicas en Neuquén y Córdoba, y se extiende el descontento entre los trabajadores de las moviles (Personal, Movistar, Claro y Nextel). La lucha por los bonos empalma con el descontento por la falta de discusión de la paritaria salarial, dpnde venimos de un bochornoso fraude en la asamblea general de Foetra del año pasado, para hacer pasar una vez más el tope del gobierno y las empresas. También por la tercerización que afecta a miles de trabajadores telefónicos, que siguen de cerca el desarrollo de una enorme huelga general de más de 50 días de los técnicos tercerizados de Movistar-Telefónica en toda España. Desde la agrupación clasista Naranja Telefónica llamamos a parar el 9 y preparar una gran movilización nacional, el 18, por el pago de los bonos y paritarias sin techo.

Un sector importante de trabajadores precarizados de las áreas informáticas del Ministerio de Economía viene reclamando desde hace meses el pase a convenio Sinep y el pago del plus informático. Luego de grandes paros y medidas de fuerza, los funcionarios puestos a dedo por el devenido en peronista, Axel Kicillof, no ofrecen otra cosa que el pase al convenio con una pérdida salarial que ellos mismos no soportarían en sus cuantiosos ingresos. El jueves 21, en el marco del paro de 48 horas que votó la masiva asamblea de los informáticos, el director general de Recursos Humanos embistió a golpes y empujones contra los trabajadores y delegados de ATE. La agresión y las provocaciones de éste y otros altos funcionarios fueron acompañadas por un cordón policial que los escoltaba portando armas de fuego. Ningún funcionario político se hizo responsable por las agresiones, como reclamaba ATE. Más bien todo lo contrario: dispusieron luego que la policía amedrentara a los compañeros en las oficinas lindantes a la del ministro. Pero, ¿cuál es la cuestión de fondo que Kicillof y los funcionarios defienden con métodos violentos? Veamos. En el ministerio hay alrededor de 1.500 trabajadores contratados por universidades. Eso constituye un fraude laboral escandaloso que reporta dos beneficios para los jefes ‘nacionales y populares'. Por un lado, la patronal ajusta el gasto público al ahorrarse los incrementos de las paritarias y las cargas sociales que implica la contratación en blanco. Por otro lado, no existe un control nominal de la cantidad de trabajadores que se contrata con la cada vez más elevada masa de dinero que se presupuesta año tras año, lo cual es fuente de desvíos y corruptelas de una casta de funcionarios. De la precarización laboral también ‘comen' las universidades, ya que reciben un suculento retorno por ser oferentes de mano de obra, que en muchos casos ni siquiera pertenece a esas casas de estudio. Negocio redondo. Menos para los miles de compañeros que no cuentan con ART ni obra social, mucho menos con aguinaldo ni licencias por enfermedad y vacaciones, y que deben hacerse cargo del pago del monotributo. La precarización se lleva puestos los números que bate la "estadista" por cadena nacional. En la casa del ministro estrella, tan sólo el 20 por ciento de los trabajadores tiene estabilidad laboral. Esa política, defendida con métodos de matones y refriega policial, fue repudiada con una gran movilización convocada el viernes 22 por la Junta Interna de ATE y con un nuevo paro de 96 horas de los informáticos. Reclamamos el inmediato pase a convenio de los informáticos, sin pérdida salarial y el pago del plus informático. Luchamos por el ingreso a la planta permanente de todos los trabajadores precarizados y tercerizados, así como también exigiremos en la paritaria jurisdiccional un salario inicial igual a la canasta familiar y un incremento de 40%, muy lejos de la cifra que el gobierno nacional acordó con la burocracia de UPCN. Con estos planteos prepararemos el paro activo de la clase obrera el próximo 9 de junio.

El 20 de mayo se realizaron las elecciones de renovación de Junta Interna de ATE Educación. La Lista Azul "20 de Diciembre" se impuso a la Lista Celeste y Blanca por 189 votos a 129. Votaron 320 trabajadores sobre un padrón de 441 empleados de planta permanente. El padrón de Educación es más grande; más de 500 afiliados, pero la conducción de ATE no dejó votar a los precarizados que están afiliados a la organización en un hecho gravísimo que puede repetirse en las próximas elecciones generales de ATE de septiembre. A la precarización del gobierno, ahora se le suma la precarización del sindicato. El triunfo de la Lista 20 de Diciembre es la expresión de la continuidad de la histórica Junta Interna de ATE Educación, que lleva más de 14 años en la conducción, luego de haber desplazado en 2002 a la agrupación Verde Anusate de la burocracia sindical. Un frente único de las agrupaciones de Tribuna Estatal, Agite Estatales, la Marrón, la 30 de Marzo, Patria Grande e independientes. Durante estos 14 años, la Junta Interna de ATE, con los métodos democráticos de la clase obrera, la asamblea general sin distinción de gremio, el debate, la movilización, impulso la organización de los trabajadores del ministerio contra las paritarias provinciales a la baja, por la conquista de la compensación salarial, el pase a planta de centenares de empleados, la lucha por condiciones edilicias dignas para desenvolver las tareas, la defensa de la compensación salarial y la reincorporación de 140 despedidos en la gran huelga y toma del año 2012, la lucha por el sobreseimiento de los seis trabajadores injustamente encausados y la unidad de todos los trabajadores de la provincia para quebrar el ajuste provincial de Scioli y De Lucía. La Lista Celeste y Blanca se formó a partir de una ruptura de la agrupación de Quebracho con la Junta Interna, más la lista Verde Anusate de la conducción del gremio y la H55, que es una agrupación que reivindica al gobierno nacional. La burocracia sindical de ATE vio en esta ruptura la posibilidad de desplazar la histórica Junta Interna; la ruptura fue funcional a la burocracia. Se produjo por lo tanto una movilización de agrupaciones contradictorias unidas por el interés de acabar con esta experiencia de más de 14 años, lo que constituye una gran conquista de los estatales Educación y la provincia. Por delante hay ahora una cantidad de desafíos. Por un lado, una gran agenda basada en las necesidades de los trabajadores. O sea el salario, el fin de la precarización laboral, edificios dignos. En esta agenda incluimos el paro de 48 horas de ATE del 28 y 29, la marcha nacional contra los femicidios del 3 de junio y el paro nacional del 9 de junio; y, por el otro, la lucha por poner en pie una lista nacional de ATE que constituya una gran alternativa a la actual conducción de ATE, agotada y fagocitada por las divisiones producto de su política de seguimiento a experiencias políticas patronales e integración al Estado.

El 21 de mayo será recordado como un día histórico en el camino de terminar con la burocracia de Cirielli en el gremio de los técnicos aeronáuticos. La asamblea general convocada para elegir Comisión Electoral en las próximas elecciones fue un desafío repleto de obstáculos que los trabajadores debimos superar uno por uno. De entrada, no se respetaron los cinco días que fija el estatuto para la convocatoria. Sólo la vigilia del activismo chequeando todas las secciones de la página del gremio hasta encontrarla, publicada tres días antes, permitieron una respuesta organizada. El horario no dejaba concurrir al turno tarde, pero era lo suficientemente temprano como para impedir la llegada a tiempo de quienes trabajando por la mañana debían viajar a Ciudadela desde Ezeiza o Aeroparque. Coordinadamente, la patronal de Aerolíneas Austral envió una circular a los jefes con instrucciones precisas de prohibir ese día francos, permisos o cambios de turno, negando autorizaciones para ingresar más tarde o retirarse antes. En los hangares de Ezeiza, el rechazo que generó esta intromisión directa de la empresa en la vida sindical provocó una crisis, incluso entre los delegados de la burocracia, quienes se vieron obligados a firmar una nota de repudio dirigida a la empresa. De inmediato se organizaron asambleas. El turno tarde, luego de una importante deliberación, votó concurrir al día siguiente al gremio, afrontando la posibilidad de sanciones por la ausencia al trabajo. Frente a esto, la patronal retrocedió, pidiendo a los delegados una urgente reunión en la que se comprometía a justificar las inasistencias de aquéllos que participaran de la asamblea general. La asamblea del turno mañana del mismo día resolvió abandonar tareas para dirigirse al gremio. A la salida, un piquete conjunto de la Policía de Seguridad Aeroportuaria y del SOM (sindicato de maestranza dirigido por Barrionuevo, aliado de Cirielli) nos impedía el paso. En la sede sindical, tres horas antes del horario pautado, unas 300 personas ajenas al gremio, pero provistas de pecheras y banderas de Apta completaron rápidamente la capacidad del salón principal, impidiéndose luego el ingreso con una guardia de patovicas. Finalmente, más de 500 técnicos logramos llegar a tiempo e ingresamos a la asamblea. Cuando se puso a votación la presidencia de la misma, el abucheo que recibió el candidato de la burocracia hizo notorio que perdería. Al ver centenares de manos levantadas, apoyando a la candidata de la oposición y luego de intentar un conteo innecesario, Cirielli se retiró junto al resto de la directiva y el veedor del ministerio. Esta actitud seguramente buscó generar una reacción violenta que justificase la suspensión de la asamblea. En lugar de eso, más de 400 trabajadores seguimos sesionando con los delegados de oposición al frente de la misma. Allí votamos un acta, la que luego de denunciar los hechos cometidos por la conducción del gremio y al veedor del Ministerio de Trabajo formulamos las siguientes exigencias: emplazar a la Comisión Directiva a fijar de inmediato una nueva fecha, en lugar más amplio, impidiendo la presencia de matones y barras bravas, garantizando el transporte a cargo de Apta para todos los afiliados y que se otorgue licencia gremial para concurrir a todo el que la solicite. Además se desconoce por falsa el acta labrada por el veedor. Esta acta, firmada por más de 400 técnicos será presentada al ministerio y la Justicia laboral. La presencia y participación de los despedidos hace tres años, con la complicidad de la burocracia reafirmó el reclamo para que sean considerados afiliados de pleno derecho y con acceso a la obra social para ellos y sus familias. Una sensación de victoria y de final de ciclo se respiraba dentro de la sede sindical. El Frente de Trabajadores Aeronáuticos, integrado por los mejores delegados y activistas, impulsando cada acción, se ha transformado en alternativa a una conducción agotada.

Más de 50 compañeros se dieron cita en el local del PO de Ensenada como parte de una convocatoria conjunta de la Coordinadora de Ex Ypefianos y la bancada del Frente de Izquierda. La reunión se convirtió en una verdadera asamblea puesto que además de las inquietudes sobre la forma en que se reglamentará la ley, se trazó un plan de acción para apresurar el pago y por próximas reivindicaciones. El balance sobre el proceso que llevó a la sanción de la ley es esclarecedor. Los compañeros sostuvieron que si no hubiese sido por las bancas del Frente de Izquierda -personificadas en los diputados Néstor Pitrola y Pablo López-, no se habría conquistado este reclamo de más de dos décadas. Fue contundente, también, el repudio a la burocracia del Supe que intentó adjudicarse la ley, pero fue abucheada en el Congreso el día de su sanción. Uno de los compañeros señaló contundentemente que el PO, representado en la localidad por Oscar "Negro" Maidana, estuvo presente desde el inicio de la lucha -desde antes del 2004. Este reconocimiento a la labor militante fue común en cada intervención de los compañeros. Ahora es necesario exigir una pronta implementación de la ley para poder cobrar rápidamente el resarcimiento y no caer en trampas de ajuste. La reunión votó una serie de resoluciones: participar de la reunión nacional de la Coordinadora el próximo viernes 29 de mayo; constituir un horario de "atención" semanal para despejar dudas de compañeros que se acerquen y volver a convocarse para el 3 de junio en un lugar más amplio. Finalmente, se resolvió acompañar la exigencia de una reunión con el Ministerio de Economía por parte de Néstor Pitrola y Pablo López, y movilizar cuando se consiga.

El resultado, en términos de las corrientes políticas en juego, arroja que la relación general de fuerzas se mantiene. El oficialismo "pianelista" (pro-K) conserva un dominio político de la organización, con un 65 por ciento de los delegados electos. El cerca de 35 por ciento de delegados opositores a la conducción se repartirá entre la agrupación Naranja (ATM-PO, más Independientes), la Bordó (PTS) y la Violeta (K disidente), con unos 8 a 10 delegados cada una. La elección de delegados sigue procedimientos democráticos, en un cuadro de relativa libertad para la acción sindical, que ha sido conquistada por los trabajadores del subte al costo de grandes y duras luchas. El triunfo del pianellismo muestra que su completa colonización por parte del kirchnerismo todavía no se ha traducido en una ruptura masiva de la base obrera con una dirección que en el pasado jugó un papel de lucha. Por el momento explota el "lado positivo" de la cooptación, que consiste en la ilusión de los trabajadores en tener un sindicato que cuente con la simpatía del gobierno y del Ministerio de Trabajo. El ala clasista debe desarrollar un trabajo paciente de organización y clarificación para acelerar estas experiencias políticas, condenadas más temprano que tarde al fracaso. Como hechos destacables, en tráfico de la combativa Línea B el clasismo encabezado por dos delegados de La Naranja (y militantes del PO), aplastó al oficialismo por 70 a 30 por ciento. También en la mayoría de sectores de estaciones el pianellismo cayó ante la oposición. En el emblemático taller Rancagua, en cambio, La Naranja fue derrotada por cuatro votos ante una lista kirchnerista, afín a la conducción de la AGTSyP. Interrumpiendo con ello, una conducción de casi 20 años del Partido Obrero y de su histórico dirigente "Charly" Pérez en ese taller, cuna de la recuperación del cuerpo de delegados del subte de manos de la UTA. Influyeron en esta derrota varios factores. El taller más grade y combativo del subte, con las mayores conquistas y categorías, está recorrido por conflictos gremiales de todo tipo, que exigen una gran actividad y experiencia sindical. Entre ellos, en el último período, el intento -derrotado- de la patronal de tercerizar el mantenimiento pesado; el desprendimiento del nuevo taller Urquiza por extensión de la línea; el ingreso de cerca de 80 nuevos trabajadores; la formación de una guardia para emergencias de la línea, que la patronal trató -sin éxito- de manipular a su antojo; más la permanente lucha por la falta de repuestos y herramientas, los déficit en seguridad e higiene, así como la demora en la capacitación para el manejo de formaciones nuevas. Este cuadro complejo fue enfrentado en medio de un recambio de delegados de ATM (PO) nuevos en la función, esforzados compañeros que contaron con el apoyo restringido de "Charly" Pérez, por limitaciones personales de salud, que, incluso, lo llevaron a no presentarse en estas nuevas elecciones. Un cuadro de dificultades que fue explotado por grupos kirchneristas y elementos patronales, para hostigar a los delegados con todo tipo de exigencias e intrigas y con una campaña macartista en términos de "hay que expulsar al Partido Obrero". Los tres delegados que asumen no tienen buen pronóstico. Carecen del más elemental programa y de una mínima cohesión política. Arrancan con compromisos con la Directiva y la patronal, contradictorios con la tradición de lucha de Rancagua. En el taller Urquiza se eligió un delegado naranja. La paridad en el ajustado resultado de la votación indica la gran reserva que existe para la reconstrucción del clasismo en el histórico taller Rancagua.

El 8 de mayo, padres y docentes de la Escuela Nº 10 continuaron realizando medidas de lucha en reclamo de una solución ante la falta de agua y los problemas edilicios de la escuela. Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, se hizo presente en la escuela, solidarizándose con los docentes y se comprometió a impulsar el reclamo por la declaración de emergencia edilicia. Familias de la escuela cortaron el puente Nicolás Avellaneda que une La Boca con Dock Sud, junto con docentes. Tribuna Docente y Ademys se hicieron presente durante todo el conflicto. La empresa coresponsable de la situación edilicia y la falta de agua (Coipro) y los funcionarios de Infraestructura Escolar destinan sus esfuerzos a ocultar los problemas de la escuela e intentar engañar a docentes y familias. La complicidad entre Infraestructura Escolar y las empresas tercerizadas que facturan millones sin realizar refacciones de fondo, es completa. Las autoridades del Ministerio de Educación ejercieron fuertes presiones para impedir que se suspendan las clases, aún cuando no había agua en la escuela, amenazando con sanciones a los docentes que participaran de las acciones de lucha y reclamo. Lamentable papel jugó la dirección celeste de UTE: dejaron a los afiliados que los llamaron librados a su suerte para luego aparecer en la escuela y decir que no se habían involucrado en las medidas de lucha porque con "los troskos no tienen nada que ver". Esto cuando la escuela cuenta con delegados del sindicato. Docentes y familias vienen enfrentando estas políticas y continuarán con los reclamos. Exigimos a las autoridades de Infraestructura Escolar y el Ministerio de Educación que denuna solución de fondo a los problemas de las escuelas, controlen a las empresas y cesen con las amenazas y amedrentamientos a la comunidad educativa que lucha en defensa de las escuelas.

Macristas, radicales, kirchneristas y "socialistas" se reparten negociados en la Ciudad de Buenos Aires. El pacto de PRO, los K y los socialistas y radicales alineados con Lousteau, es visible en el reparto de los negociados en los barrios y en todas las comunas. Hay dos tipos de maniobras. La primera son adjudicaciones de trabajos que nunca van a realizarse con empresas ligadas a los bloques del pacto. El segundo son las obras que se realizan. Detrás de esas obras hay un inmenso negociado de sobreprecios y partidas destinadas a empresas donde los empresarios macristas se quedan con las obras más grandes y los kirchneristas y radicales con cajas menores. La denuncia de este pacto ha sido uno de los ejes centrales del trabajo del legislador Marcelo Ramal del Partido Obrero, en la bancada del Frente de Izquierda. El reparto de los negocios en la Comuna 15 Ausa -una empresa de la Ciudad que tiene la concesión de las autopistas y grandes obras-, cuyo presupuesto escapa al control de la Legislatura, está construyendo el paso bajo nivel de la Estación Beiró del Ferrocarril Urquiza en los terrenos que el macrismo le robó a los socios del Club Comunicaciones, después de obligarlos a pagar una quiebra de 14 millones, que los socios repudian porque fue contraída por la dictadura. Empresarios del macrismo tienen además el resto de los viaductos que se están construyendo en la zona norte, de la prolongación del Subte y de los metrobuses grandes como el de Juan B. Justo. A los empresarios K les otorgaron el Metrobús de la Av. San Martín, por 70 millones de pesos, que el macrismo se la adjudicó a Teximco, una empresa kirchnerista que el fiscal Comparatore investigó en 2012 por sobreprecios en la construcción de las imágenes de Evita del edificio del Ministerio de Desarrollo Social. En el Cementerio de la Chacarita construyen un Paseo de Flores. La obra fue adjudicada a Cunumí SA, de Raúl Orsini, un empresario K que fue imputado en la causa por las coimas que De Vido habría pagado a la multinacional Skanska en 2007, uno de los primeros escándalos de corrupción del kirchnerismo. Macri lo sabía, porque el juez que tomó declaración a Orsini fue un año después designado ministro de Seguridad en la Ciudad, Guillermo Montenegro. Una tajada muy menor se llevan la UCR y el PS, quienes militan a campaña de Lousteau, quienes regentean junto a la burocracia no-docente de Anró, las facultades de Agronomía y Veterinaria. Con la candidatura de Lousteau aspiran a "morder" algo más interesante, por eso la lista de comuneros está encabezada por un militante del Partido Socialista de Derecho, cuya decana ha sido denunciada por mover fondos de la facultad para la campaña de ECO. La burocracia sindical también tiene su parte en estos pactos. Es famoso el acuerdo de Moyano con el PRO por la recolección de residuos, lo mismo pasa con el control del Cementerio de la Chacarita por el Sutecba. En el mismo sentido, Rescalde y Tomada (el amigo de Pedraza) le ofrecieron el segundo lugar en la Comuna 15 a UPCN. Por una comuna de lucha para los vecinos y trabajadores Como se aprecia, el presupuesto destinado a la obra pública en la Comuna hoy es apropiado por los bloques políticos patronales de la Ciudad y sus empresarios en función de sus propios intereses. La llamada descentralización del presupuesto comunal es una farsa, pues los vecinos no acceden al mismo. El conjunto de los partidos políticos, organizaciones sociales, comisiones internas, agrupaciones de trabajadores, delegados y vecinos que se unieron en el Frente de Izquierda venimos dando una intensa lucha por armar un gran bloque en la Legislatura para terminar con los negociados y la corrupción, y recuperar para las comunas el verdadero espíritu de las Asambleas Populares de 2001-2002, como organismos que se ocupen de usar el presupuesto para los intereses de los trabajadores y vecinos, la refacción de escuelas y hospitales y la urbanización de las villas.

El Oscar Schaller fue secuestrado en La Rioja, cuando tenía 19 años. Su padre, Plutarco Schaller, periodista y fotógrafo del diario "El Independiente" de La Rioja, desapareció el mismo 24 de marzo de 1976 y permaneció en estado de detenido-desaparecido durante 13 meses. Posteriormente, pasó la dictadura como preso político. Por aquel entonces, Oscar militaba en la UES y durante un mes padeció las torturas en el Batallón de Ingenieros de Construcciones 141 de La Rioja. Schaller pudo radicar su denuncia a partir del nombramiento como jefe del Ejército de César Milani, cuando su imagen comenzó a ser difundida y la reconoció. En la declaración testimonial del 19 de mayo, a pedido del fiscal riojano Horacio Salman, Schaller ratificó que fue Milani quien lo interrogó sobre su estado y que le avisó que sería dejado en libertad. Plutarco Schaller, por su parte, también reconoció a Milani, por haber sido quien fue a insultarlo porque creyó que se quería escapar, cuando estaba internado en el hospital riojano Vera Barros como consecuencia de las torturas que había recibido. Esa noche, un camión Unimog fue a la casa familiar y se llevó a Oscar. Esta ratificación va ligada a las denuncias de Marcela Brizuela de Ledo e hija Graciela Ledo, quienes acusan a Milani como responsable de la muerte de Alberto Agapito Ledo, Ramón Olivera, también secuestrado en los inicios del golpe y Verónica Matas, quien relató por primera vez su secuestro y la activa participación de Milani en la audiencia pública que convocarán los diputados Néstor Pitrola y Pablo López para denunciar la situación de la causa Ledo. Otra denuncia contra Milani En Córdoba, a fin de mes pasado, la cuñada de Milani, Clara Waite declaró frente la fiscal Graciela Lopez de Filoñuk, que en su familia existía honda preocupación por la participación del actual jefe del Ejército en el asesinato de un conscripto. Se trataría, precisamente, de Alberto Ledo. Su vínculo con el genocida Luciano Benjamín Menéndez salvaguardó la impunidad de Milani. Esta declaración será remitida al fiscal Bejas para continúe con la investigación en el marco de la desaparición y asesinato de Ledo en la capital tucumana. Redoblemos la campaña Las maniobras oficiales para garantizar la impunidad de Milani y protegerlo de nuevas denuncias no pueden ser más evidentes. En el caso Ledo, Milani está acusado por el fiscal por falsificación de documento público, ya que fraguó un acta de deserción para encubrir su desaparición. Sin embargo, el juez Daniel Bejas, rechazó el pedido de citación a indagatoria. Por otra parte, la fiscal a cargo de la investigación por las torturas y secuestro sufridos por el padre de Ramón Olivera fue apartada. Actualmente, la causa tramita en La Rioja y es la tercera vez que se queda sin fiscal. La primera denuncia de este caso data de 1984. El operativo de reconciliación con las Fuerzas Armadas y de impunidad para Milani tiene por objeto preparar una intervención del Ejército como reaseguro del orden social contra los trabajadores en un cuadro de crisis política y social crecientes. Fuera Milani, abajo el aparato de espionaje contra los trabajadores, abajo la ley antiterrorista. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

El gobierno nacional cumplió su ambición de intervenir el único edificio del predio Esma que no había sido atacado montando en él una intervención museográfica, que más allá de las palabras de Fernández de Kirchner sobre que no es un museo, sino un sitio de memoria, se transformaron en una desnaturalización y banalización del espacio por donde pasaron al menos 5.000 compañeros. Contrariamente a la versión oficial, el proyecto fue resistido por propios y ajenos. El argumento fundamental es que se afectaba la prueba que aún constituye el sitio para quienes pasaron por ese centro clandestino de detención, el más grande que hubo en el país y, por otro lado, por la banalización de la memoria que pretende direccionar la atención del visitante y aún peor, afecta la verdadera percepción, puesto que no introduce sonidos que no existían, e intenta darle a sectores, como el cuarto de las embarazadas -donde las mujeres cautivas daban a luz- una impronta artística, imbuyendo de luz blanca artificial. Al mismo tiempo, diseña de manera falsa "las cuchas", donde los secuestrados pasaban sus días, transformándolos, en palabras de la Asociación Ex detenidos desaparecidos, en un cajón donde nunca estuvimos los compañeros. No existió el consenso del que hablan los medios oficiales como Página/12, a tal punto que llevó a la Justicia el conflicto. La Cámara Federal de Apelación dio la razón a los organismos de derechos humanos independientes que interpusieron el recurso por considerar que la única manera de mantener la prueba inalterable es sin hacer intervención alguna en el espacio. Es así como todos estos años los sobrevivientes pudieron reconocer que estuvieron en la Esma. Eso ya no será posible. La resolución de la Cámara de Apelaciones fue revocada por la Casación Penal con un fallo dividido. La posición mayoritaria, escrita por el juez Slokar, se limitó a hacer un copy & paste de lo expuesto falsa y maliciosamente por la Secretaría de Derechos Humanos. Esta resolución no está firma porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación todavía no se expidió al respecto, a pesar de ello, el gobierno nacional avanzó en la usurpación de la memoria que viene realizando desde hace años y para lo que contó con el apoyo del PRO. "Hoy aquí hay una victoria de la vida sobre la muerte de la memoria sobre el olvido, de la patria sobre la antipatria...", dijo sin ruborizarse la Presidenta, quien erigió como jefe del Ejército al genocida César Milani y mantiene al buche de la dictadura Gerardo Martínez en la Uocra, como el sindicalismo que construye. En el cuadro de reconciliación que se emprende desde el gobierno nacional con las fuerzas armadas, los organismos de derechos humanos independientes siguen luchando contra el olvido, la usurpación y la impunidad de ayer y de hoy.

Los organismos de derechos humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos reunimos con Graciela Ledo, la hermana de Alberto Ledo, el conscripto desaparecido en 1976 en Monteros, Tucumán, por cuyo caso se encuentra denunciado el actual jefe del Ejército, César Milani. Durante el encuentro con Ledo, discutimos las últimas novedades de las causas contra Milani. Por la desaparición de su hermano, el fiscal Carlos Brito imputó a Milani por falsificación de documento público, ya que fraguó un acta de deserción para encubrir su desaparición. Sin embargo, el juez Daniel Bejas rechazó el pedido de citación a indagatoria. Existe un claro operativo de impunidad que parte del poder político. Graciela también se refirió al apartamiento de la fiscal a cargo de la investigación de las torturas y secuestro sufridas por el padre de Ramón Olivera. La denuncia contra Milani data de 1984. Actualmente, la causa se tramita en La Rioja y es la tercera vez que se queda sin fiscal. Sin duda, las maniobras de dilación sembradas por la defensa del genocida cosechan sus frutos al amparo del gobierno. Durante la reunión también se debatió el significado político de los festejos que el gobierno tenía en preparación para conmemorar el 25 de Mayo, en los cuales se le asigna a Milani un fuerte protagonismo. Los "abanderados de los derechos humanos" cierran su ciclo político llevando a fondo la política de reconciliación con las Fuerzas Armadas. Más denuncias contra Milani En Córdoba, a fin de mes pasado, la cuñada de Milani, Clara Waite, declaró frente la fiscal Graciela López de Filoñuk que en su familia existía honda preocupación por la participación del actual jefe del Ejército en el asesinato de un conscripto. Se trataría, precisamente, de Alberto Ledo. Su vínculo con el genocida Luciano Benjamín Menéndez salvaguardó la impunidad de Milani. Esta declaración será remitida al fiscal Bejas para que continúe con la investigación en el marco de la desaparición y asesinato de Ledo en la capital tucumana. Frente a este operativo de reconciliación y de impunidad para Milani -cuya función será actuar como reaseguro del orden social contra los trabajadores- los organismos de derechos humanos independientes debatimos reforzar la lucha por las libertades democráticas. Fuera Milani, abajo el aparato de espionaje contra los trabajadores, abajo la ley antiterrorista. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos.

Se aproxima el juicio que imputa a seis ex jerarcas de la Armada, dos ex jefes de la Prefectura Naval y otros dos ex oficiales de esta fuerza acusados por el secuestro, tortura y asesinato contra trabajadores de YPF, Propulsora Siderúrgica (grupo Techint), Astilleros Río Santiago y frigorífico Swift. Desde Apel La Plata, como parte de la querella de Justicia Ya, participaremos en representación de los compañeros. Los acusados son el ex comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek; el ex comandante de la Fuerza de Tarea Nº 5 (FT5), Jorge Alberto Errecaborde; el ex director del Liceo Naval y también comandante de la FT5, Juan Carlos Herzberg; el ex comandante del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 (BIN3), José Casimiro Fernández Carró; el segundo comandante y jefe a cargo del armamento del BIN3, Angel Antonio Mocellini (quien además cumplió funciones como comandante del grupo de tareas de la FT5), y el ex jefe de Operaciones e Inteligencia del BIN3, Roberto Eduardo Fernando Guitian. También son investigados los jefes de la Prefectura Naval zona Río de La Plata, Carlos José Ramón Schaller y Luis Rocca, y los oficiales de la Prefectura Osvaldo Tomás Méndez y Eduardo Antonio Meza. El accionar represivo de la Armada en nuestra zona operaba a través de la denominada "Fuerza de Tareas Nº 5", desde el Servicio de Inteligencia Naval (SIN), en el Batallón de Infantería de Marina N° 3, el Hospital Naval, el Liceo Naval, más el destacamento de Subprefectura de Río Santiago y, por lo menos, los CCD "La Cacha" e Infantería de 1 y 60. A 38 años del golpe genocida, este pequeño grupo de represores de la Marina y la Prefectura Naval serán juzgados por primera vez. Su participación criminal apuntó a desarticular al combativo movimiento obrero industrial de la zona, que resistía a la dictadura. Este juicio, nuevamente, abarca a una parte de represores y víctimas. Se juzgará a los diez represores por un total de 40 compañeros (tres que permanecen desaparecidos, 35 sobrevivientes y dos homicidios, los de Miguel Orlando Galván Lahoz y Roberto Pampillo, perpetrados por la Armada y la policía Bonaerense el 19 de octubre de 1976 en 7 y 58 de La Plata). De los diez genocidas imputados -alguno de ellos ya fueron condenados en otras causas-, la mayoría gozan del beneficio de la detención domiciliaria. Sólo dos se encuentran cumpliendo prisión efectiva, pero en el régimen abierto de la Unidad 31 de Ezeiza, destinado originalmente a mujeres presas con sus hijos. Perpetua y cárcel común a todos los represores por todos y cada uno de los compañeros. Juicio y castigo a sus cómplices políticos, empresarios y eclesiásticos. Apertura de los archivos de la dictadura. Separación de todos los implicados que aún revisten en actividad en las fuerzas armadas y de seguridad. Aparición con vida de Julio López.

En la madrugada del 18 de mayo, Napo Romero, militante del Partido Obrero y residente en Famaillá fue amenazado por un personaje que dijo ser enviado por el legislador de La Cámpora con la misión de pegarle un tiro o un puntazo para que "aprenda". Este mensaje tiene un claro propósito: amedrentar a nuestro compañero que está impulsando un importante reagrupamiento de luchadores en la localidad y, en ese marco, teniendo una destacada intervención en el conflicto que en envuelve al Instituto de Enseñanza Superior Famaillá (IESFA), un terciario al que concurren alrededor de 900. El conflicto se desató cuando se anunció que, a partir del 23 de mayo, el terciario se debía trasladar sin que estuvieran dadas las garantías de que el nuevo lugar tuviera el espacio y las condiciones de seguridad para seguir con normalidad la actividad académica. Como no había respuesta a estos requerimientos, se desató un proceso de movilización docente-estudiantil que naturalmente despertó fuertes simpatías en el pueblo, y donde la intervención de "Napo" se destacó enfrentando los intentos de diversos personajes y punteros que procuraron en todo momento apagar el proceso de lucha. La justificación del traslado del terciario era para despejar la "Escuelita" (el primer centro clandestino de detención de la provincia, que funcionó desde el Operativo Independencia) y transformarlo en sitio para la memoria, pero esto también fue denunciado por "Napo" y el PO, en el sentido de intentar convertir a este "espacio para la memoria" en otro "Disneylandia del terror", como ocurre actualmente en la Esma y donde se pretenda invisibilizar la participación del genocida Milani, actual jefe de las Fuerzas Armadas, en el Operativo Independencia junto a los Vilas-Bussi, de la misma manera que el papel que cumplieron el peronismo y el radicalismo antes, durante y después de la dictadura. En la localidad hay una fuerte lucha política entre diversas tendencia que en el pasado reciente ya han demostrado que el método es el apriete y el ajuste de cuenta. En función de ello, desde el PO realizamos la denuncia política de lo ocurrido y en paralelo hemos reforzado nuestra lucha en la construcción de la memoria de nuestro pueblo y en defensa de la educación pública.

Un tramo definitorio del discurso de CFK del 25 de Mayo ocurrió cuando se refirió al traslado del sable corvo del general San Martín desde el Regimiento de Granaderos al Museo Histórico Nacional, ubicado en Parque Lezama. La Presidenta ponderó el supuesto "entusiasmo" popular que despertó el paso de la espada, lo que se le vino a la mente como expresión de la "reconciliación del pueblo con el Ejército sanmartiniano". El sable corvo había sido robado del Museo Histórico por la resistencia peronista en dos oportunidades, en 1963 y 1965. En 1967, Onganía ordenó su traslado al Regimiento de Granaderos. Ahora, CFK lo devuelve como símbolo de reconciliación. El operativo político que encierra esto no podría ser más reaccionario. A la cabeza del Ejército se encuentra César Milani, un represor genocida que controla además el aparato nacional de inteligencia desde la salida de la ex Side de Stiuso y su banda. A Milani se le han asignado cuantiosos recursos para reequipar al Ejército y, sobre todo, para cohesionar a las camarillas que lo integran. La rehabilitación política y funcional de las Fuerzas Armadas es un reclamo estratégico de la burguesía y el imperialismo al Estado argentino. A diferencia del resto de los países del continente, en los que los militares juegan un papel protagónico en la represión y el control social interno, en Argentina tienen un papel marginal desde la dictadura, el fracaso de Malvinas y -por qué no- el crimen del conscripto Omar Carrasco, en Neuquén. La "reconciliación" fue ensayada por todos los gobiernos constitucionales, desde Alfonsín a esta parte, pero sus pretensiones siempre chocaron contra denuncias y movilizaciones contundentes. El kirchnerismo cooptó a Madres y Abuelas para avanzar en este operativo. El kirchnerismo, que se proclamó "hijo de las Madres de Plaza de Mayo", terminó entronizando en el Ejército a un genocida. Los tres jinetes del ajuste -Scioli, Macri, Massa- siguen el mismo camino. Ninguno de ellos se pronunció por la salida de Milani de su cargo, mucho menos porque sea juzgado. Para la burguesía, las Fuerzas Armadas son el reaseguro de un eventual estado de sitio para enfrentar una crisis social. Hoy, Milani cumple un papel irreemplazable frente a la descomposición del viejo aparato. La herencia K -Milani, leyes antiterroristas, Proyecto X, perpetua a los petroleros de Las Heras- deja a sus sucesores mucha tela para cortar. La década ganada se puso las botas y la ropa de fajina.

Más de cincuenta estudiantes de los profesorados de nivel inicial y nivel primario del Normal 1 participaron el martes 19 en la charla-debate con Marcelo Ramal "Un programa contra las políticas antieducativas en la Ciudad". Organizada por Tarea Fina (UJS-PO e Independientes), la charla apuntó a echar luz sobre varios aspectos de las políticas y modificaciones en la educación realizados en los últimos años que nos afectan directamente, hoy como estudiantes y en un futuro como trabajadores de la educación. ¿De dónde vienen, cuál es su orientación, quiénes las promueven, cuál ha sido el papel jugado por parte de los sindicatos, los gobiernos y la oposición? ¿Por qué año tras año docentes y estudiantes tienen que salir a la calle en defensa de sus derechos? Ramal comenzó la charla explicando que estas políticas, que por lo general significan un ataque a las condiciones de estudio y de trabajo en la educación pública, no se pueden escindir del contexto social e histórico en el que se dan, sino que son parte de un sistema capitalista en declive que tiene que transformar en negocio lo que hasta ahora no lo era para poder sobrevivir, de esta manera se explican los constantes intentos de privatizar la educación y la salud. La educación pública es tenazmente vaciada en todos los niveles a la vez que las instituciones privadas proliferan en toda la Ciudad sobre la base de reformas hechas a su medida y a los enormes subsidios entregados por el Estado, mientras el presupuesto para educación pública está muy por debajo de lo necesario. Con las inscripciones on-line se ha llegado al punto de que ahora el Estado controla y restringe la cantidad de alumnos que pueden ingresar a la escuela pública, con las consecuencias ya conocidas de miles de pibes sin vacante. Así la escuela privada ya no es exclusividad de los ricos, sino que la clase trabajadora tiene que pagar también si quiere acceder a la educación, aumentando aún más los costos de vida. A la hora de las preguntas, los ejemplos puntuales aportados por los estudiantes del Normal verificaron este diagnóstico con datos abrumadores: becas insuficientes, talleres a contra turno que significan una traba para los que trabajan, falta de espacios para los hijos de las y los estudiantes, falta de cátedras, falta de recursos, etc. Los compañeros de Tarea Fina comentamos algunos de los proyectos que hemos presentado como parte del Consejo Directivo para paliar las dificultades que se presentan para terminar en tiempo y forma la carrera, por ejemplo el pedido de apertura de cursos intensivos de verano, y convocamos a una reunión abierta en las próximas semanas para tratar los temas más sensibles que afectan a los estudiantes y organizar un curso de acción para conquistar las reivindicaciones a partir de una agrupamiento de los estudiantes independiente del gobierno, el Estado y las autoridades. Ramal cerró la charla con la conclusión de que para resolver la crisis educativa es necesaria una reorganización de la Ciudad y de la sociedad en torno de los intereses de la clase trabajadora y no de los intereses capitalistas, en ese sentido llamamos a organizarse con Tarea Fina en el normal y con el Frente de Izquierda en todo el país.

Presentamos las listas del Frente de Izquierda en La Rioja, integradas por el Partido Obrero e Izquierda Socialista. El marco es el de una gran crisis en los partidos tradicionales. Es la provincia del soldado Alberto Ledo, desaparecido por Milani, y del 80% de pobres, según reconoció el propio gobernador. El Frente de Izquierda lleva la agenda de los trabajadores y los demás sectores populares. Horacio Pavón, Marcelo Sánchez y Carolina Goycochea, de IS, encabezarán las candidaturas a gobernador, intendente y concejal de la capital, respectivamente, mientras que, por parte del PO, el docente Luis Scruchi será el candidato a vicegobernador y el dirigente estudiantil Daniel Iñigo irá segundo en la lista de concejales. En Chilecito (la segunda ciudad de la provincia), donde el PO tiene un importante desarrollo, encabezaremos todas las categorías con las candidaturas de Marisa Espejo a diputada, Marina Páez y Claudia Baigorria a intendente y vice, y Pedro Carrizo a concejal. El escenario político y social está atravesado por una enorme crisis y un proceso de división de las fuerzas partidarias tradicionales. El adelantamiento de las elecciones es una maniobra del gobernador Beder Herrera, alineado con el sciolismo, para disciplinar al PJ tratando de evitar presentaciones solitarias. Así logró que el intendente de la capital, Ricardo Quintela, alineado con Florencio Randazzo, y que en algún momento conquistara predicamento con el discurso antiminero, terminara postrado ante el bederismo. Lo ocurrido tiene su importancia porque hasta hace unos meses era candidato fijo a conquistar la gobernación, al punto que había logrado armar y liderar un frente con la UCR, el PRO y el massismo local, cuando se había anunciado la realización de elecciones constituyentes municipales en la capital (que luego se levantaron). A partir de ese momento, todo ese rejunte estalló, Quintela intentó lanzarse solo, pero el PJ no lo acompañó y terminó bajando su candidatura, despejándole el camino al candidato de Beder, Sergio Casas, actual vicegobernador. Enfrente, presentándose como la "oposición" aparece la UCR con Julio Martínez junto a Ismael Bordagaray, el massista intendente de Famatina. La lista va acompañada por varias colectoras: PRO, la CC-ARI, el Partido Socialista y el Partido Nuestra Tierra (ambientalistas), entre otros. Martínez y Bordagaray agitan la bandera de "el Famatina no se toca", pero tienen como referentes a Macri y a Massa, quienes ya han declarado que donde haya licencia social, hay que ir a fondo con la entrega de la cordillera a los pulpos mineros. En los medios hay todo un esfuerzo para instalar una falsa polarización. Venden el verso de "Continuidad o cambio", cuando tanto Casas como Martínez representan la continuidad con ajuste y entrega. El gobernador Beder, en declaraciones públicas, dijo que en La Rioja "el 80% son pobres" y ahora vienen por más ajuste. Por eso, la provincia está recorrida por un reguero de luchas como la de los trabajadores de salud, aceiteros, trabajadores de los Programas de Inserción Laboral (PIL) y docentes. La Rioja no sólo es la provincia del soldado Alberto Ledo. El aparato policial se llevó la vida de Danilo Heredia y Romina Ríos, y son probadas sus relaciones directas con las redes de trata, que en La Rioja explotaron a Marita Verón e hicieron desaparecer a "Peli" Mercado. A días del NiUnaMenos, cabe destacar que ante el femicidio de Romina Ríos por un policía, Beder planteó que se trataba de "un caso de carácter privado y pasional". Más tarde, se comprobó el vínculo entre el bederista intendente de Patquía con el femicida. La senadora kirchnerista Aguirre de Soria fue denunciada por encubrimiento por limpiar la escena del crimen para hacer un "homenaje". La agenda de los trabajadores, por su salario, trabajo, jubilación, en defensa de las libertades y la cárcel a los genocidas y a las mafias de la trata y el gatillo fácil, así como en defensa del medio ambiente y de los recursos naturales, comenzando por el agua, sólo es levantada por el Frente de Izquierda.

Cristina Kirchner defendió la estatización trucha de los ferrocarriles que se llevó a cabo luego de 12 años de gobierno y de haber llenado los bolsillos a empresarios amigos con los millonarios subsidios al transporte. El Estado invierte para poner a punto la infraestructura y dar paso a una nueva privatización. CFK amenazó a los trabajadores: "No deben realizar reclamos desmedidos". El martes 19, la presidenta Cristina Kirchner anunció por cadena nacional la "promulgación de la ley de creación de Ferrocarriles Argentinos". Lo hizo en un acto en la Estación Retiro, como parte de la campaña electoral del ministro Randazzo, su pollo en la interna del FpV. La nueva ley promulgada es sinónimo de entrega, desindustrialización y reprivatización. "Solamente en adquisición de material rodante para el Belgrano Cargas y en los trenes que hemos comprado, sumado a la electrificación del Roca, hemos destinado 3.000 millones de dólares...", dijo la Presidenta. Esto se hace generando nueva deuda con monopolios chinos, que deberá pagar el pueblo y, además, se le da un fuerte golpe a un plan de industrialización nacional. Se terminaron cerrando los talleres de Emfer, otrora orgullo K cuando inauguraron los trenes de doble piso. Muchos operarios especializados han sido desplazados y asimilados como controles de evasión en el Sarmiento, mientras las maquinas se herrumbran en algún depósito. La nueva ley de "estatización" es, en realidad, una reprivatización. Se dejan los ramales más rentables en manos de los mismos grupos capitalistas exportadores y se le abre el ingreso a nuevos grupos empresarios. El Estado invierte en poner a punto la infraestructura que fue vaciada por los concesionarios en esta década y por esa razón es que recibe el apoyo del PRO y de toda la oposición derechista. La Presidenta afirmó que "esto no significa un ataque a los privados ni una defensa irrestricta e incondicional a lo público". Para ella, el Estado en el siglo XXI debe "asegurar un piso mínimo de los servicios", para que los capitalistas luego hagan sus negociados. CFK llamó al próximo gobierno a que no elimine los subsidios al transporte: "para algunos empresarios que no les gustan los subsidios (les digo) que (deben seguir) manteniendo los subsidios al transporte, porque también es ganancia indirecta para la rentabilidad de los empresarios". Les recordó que si aumenta el transporte, crecerá también el reclamo salarial. La Presidenta aprovechó para llamar a los trabajadores en general, y a los ferroviarios en particular, a frenar sus reclamos, porque "lo desmedido" de éstos es lo que abriría (y habría abierto) el camino a la pérdida de conquistas y la privatización. Al respecto, contó la anécdota de cuando Eva Perón recorrió las estaciones ferroviarias en la huelga de 1951 y, "contra los reclamos desmedidos", preguntó a los huelguistas: "¿Cómo estaban antes?". Contra estas amenazas el movimiento obrero va al paro general el 9 de junio.

La Presidenta aprovecha cada oportunidad para ajustar cuentas con las tendencias de lucha e independientes del movimiento obrero. En un reciente discurso, y en un tiro por elevación a la próxima huelga del transporte del 9 de junio, dijo que hubo "algunos, hasta a Perón le hicieron huelgas" en referencia a la luchas ferroviarias de 1950-51. El nacionalismo burgués no soporta la actividad de lucha de los trabajadores. Su base está en la regimentación de los sindicatos para poder usarlos como marionetas domesticadas en sus maniobras políticas frente a partidos rivales. Una lucha histórica Para 1948 se había acabado la etapa de las concesiones del peronismo al movimiento obrero, arrancada también por el reclamo y movilización de trabajadores. Comenzaba el ajuste (y la represión a los que no lo aceptaban). En 1949, los ferroviarios rechazaron la escala salarial propuesta por el Ministerio de Trabajo y la burocracia de la Unión Ferroviaria (UF), y comienzan a reunirse en Asambleas Interseccionales por fuera del control burocrático. A fines de 1950, los ferroviarios van al paro reclamando aumento y categorías, así como también la renuncia de la burocracia de la UF. Para frenar el desborde, la CGT -por iniciativa de Perón- interviene la UF. Ante las amenazas y el cierre de locales los ferroviarios decidieron ir a la huelga general, centralizados por una Junta Consultiva, una suerte de Comité de Huelga. A pesar de las amenazas, la huelga se extendió hacia el interior. Fue entonces que la misma Eva Perón recorrió "los talleres ferroviarios para pedir a los obreros que carnerearan" (Hugo Gambini, Huelgas contra Perón). "¿Por qué están en huelga?", recriminaba Evita a obreros que en su mayoría habían votado por Perón. "¿Sabe qué pasa, señora? -respondían los huelguistas-, nos cerraron los locales de la UF y eso está mal". "Los obreros, finalmente, rechazaron su propuesta. Evita los mandó a ‘la puta madre que los parió a todos'" y los amenazó con la represión (Marcelo Larraquy, De Perón a los Montoneros). Represión y derrota Una marcha de miles de ferroviarios sobre la sede central de la UF en la calle Independencia fue disuelta a sablazos con heridos y detenidos. Un enojado Perón declaró ilegal la huelga porque "no fue consultada" y era obra de "mil a dos mil agitadores y ciento cuarenta y ocho mil indecisos". Finalmente, el gobierno peronista decretó la militarización del ferrocarril, despidió a dos mil trabajadores, trescientos dirigentes fueron presos (algunos de ellos arrancados de sus hogares por la policía y el ejército) y obligados a levantar el paro. La burocracia, aislada, se dedicó a formar grupos de carneros y matones para perseguir a los huelguistas. La huelga fue derrotada y, a partir de ahí, se acentúo la política de burocratización y regimentación sindical. Gran parte del pueblo y la clase trabajadora, incluso la que apoyaba al peronismo, fue solidaria con la huelga ferroviaria, dándoles cobijo a los perseguidos. El balance de esta enorme lucha forma parte de la enorme historia de los obreros del riel argentinos. El próximo 9 de junio, las bases de la UF se plegarán al paro general pese a que la burocracia pedracista K no adhiere. Vamos por asambleas autoconvocadas para coordinar esta adhesión.

Con avances y retrocesos, el desarrollo del PO en este departamento es acompañado por sectores de la juventud, docentes, puesteros, ex ypefianos, jubilados y vecinos. Las elecciones legislativas de 2013 posicionaron al PO en dos bancadas del departamento Tartagal y de Mosconi, con votaciones importantes en ambas ciudades. En estas ejecutivas, el gran objetivo era defender estas bancadas conquistadas. Cada localidad tuvo su particularidad, pero lo que surge de la generalidad es que se confirmó el derrumbe del romerismo y la gran mayoría de sus candidatos locales. Al igual que a nivel provincial la UCR se ubicó en tercer lugar con gran apoyo de un sector de los medios oficialistas, en la línea de que haya una oposición complaciente que desplace al PO. En Tartagal, el cristinista Leavi y patrón del trabajo en negro logró casi el 45% de los votos ante una oposición que pertenece a su mismo frente que llevaba a Urtubey como gobernador. En la categoría a concejales, la UCR ganó con casi el 13%, pero el oficialismo logaría ingresar siete concejales sobre 11 con diferentes colectoras. Nuestra bancada de Tartagal está aun en discusión, logramos 1.509 votos y nos correspondería la décimo primer bancada. Un piso restrictivo del 5% nos dejaría afuera. En Mosconi tuvo el eje de la elección en los intendentes. Allí disputaban también dos oficialistas. Finalmente, se impuso el PRS, con Ruarte denunciado por malversación de fondos en su gestión 2007-11, que vuelve a la intendencia con el apoyo explícito del aparato oficial. El actual intendente terminó cuarto. No pudimos retener nuestra bancada ante este panorama, pero sostuvimos una votación de casi 600 votos para concejal y casi duplicamos, al igual que en todo el departamento, en las categorías de gobernador, senador y diputados. En Aguaray se conformó un rejunte contra el oficialista Alcoba, quien luego de las Paso confió su suerte a la amplia diferencia que había sacado, 20 puntos. Urtubeístas, romeristas, radicales y hasta ex alcobistas se "unieron" y lograron por 36 votos superar al intendente. Esto no disimula que esta unidad en la desgracia prontamente implosionará por sus peleas de camarilla. Los trabajadores y vecinos, algunos con críticas y otros valorando nuestra coherencia, resaltaron nuestra total independencia ante este conglomerado de fuerzas. Y la novedad ante esta descomposición es que nuestra compañera Mariela Alvarez, delegada regional en la lucha docente y referente de Tribuna Docente fue electa como convencional constituyente con más del 10%. Una bocanada de aire fresco se apresta a experimentar la vecindad de Aguaray con el ingreso de quien planteará las reivindicaciones de los trabajadores en la elaboración de la Carta Orgánica. En Salvador Mazza, nuestra lista mantuvo las votaciones de las primarias. El hecho de que nuestra lista estuviera conformada por familiares que luchan contra la impunidad, la juventud, los laburantes y vecinos que nos da un plafón para el desarrollo partidario en esta ciudad. El acompañamiento en esta lucha electoral de sectores como la juventud, la docencia, pequeños comerciantes (puesteros), jubilados, ex trabajadores de YPF y vecinos, marcan el camino para fortalecer las iniciativas populares, el desarrollo político del partido. Nuestra convencional constituyente en Aguaray, Mariela Alvarez y nuestro joven concejal, de sólo 22 años, Joaquín Carrizo en Tartagal (banca que la pelearemos hasta el final) se presentan como los principales voceros para que la crisis no la paguen los trabajadores.

El sábado 16, con la regional Mendoza como anfitriona, delegaciones de los nacientes Partido Obrero de San Luis y de la provincia de San Juan nos reunimos para discutir la necesidad de extender la estructuración del PO en todo Cuyo y garantizar el voto masivo a la fórmula presidencial Altamira-Giordano. Como resultado de los debates se resolvió denunciar la monopolización de las tierras que vienen sufriendo los campesinos pobres o familias de productores que viven de su trabajo; también la lucha por terminar con el trabajo precario y el clientelismo en el Estado; por el pase a planta de los planes sociales; la defensa de los obreros frente a los atropellos de bodegueros y viñateros; la defensa de la salud y educación públicas. Impulsaremos, en lo inmediato, cursos de formación política, con compañeros de Mendoza que viajaran a San Luis y San Juan, y una gira de la diputada nacional (ahora por Cuyo) Soledad Sosa por las principales ciudades de esas provincias. La fundación del Comité Cuyano del Partido Obrero es parte del ascenso de la izquierda que recorre todo el país; el crecimiento de nuestro partido es la expresión de la maduración política de una vanguardia obrera cada vez más extensa.

El 25 de mayo murió Antonio Luna. Fue subsecretario de Transporte Ferroviario entre 2006 y 2012. Se encontraba imputado en el juicio que sigue actualmente por la masacre de Once. Proveniente de La Fraternidad, fue una de las piezas clave en la integración de la burocracia sindical al esquema de gestión ferroviaria montado por el kirchnerismo. Durante el juicio por el crimen de Mariano Ferreyra, quedó demostrado que él y Juan Carlos "Gallego" Fernández decidían cuáles empresas tercerizadas eran contratadas para proveer a Ugofe. El fraude consistía en repartir el negocio entre empresas pertenecientes a las mismas empresas concesionarias que administraban el ferrocarril y entre las "cooperativas" truchas que explotaba la burocracia, como Unión del Mercosur, que pertenecía a la cúpula de la Unión Ferroviaria. La factura la pagaba el Estado. La defensa de este negocio fraudulento condujo al ataque criminal que le costó la vida a Mariano. A pesar de nuestras denuncias, Luna no fue investigado ni por su participación en la planificación de la emboscada ni por el fraude con dineros públicos. La causa que se abrió para investigar los "delitos económicos" -paralela a la del homicidio de Mariano- no avanzó un milímetro. El gobierno sostuvo a Luna en su puesto hasta siete meses después de la masacre de Once. Le pidieron la renuncia ante la evidencia de su inminente procesamiento en esa causa, lo que ocurrió junto a Antonio Sícaro, Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y otros funcionarios. Luna fue desplazado el mismo día que Pedraza renunció a su enésima reelección al frente de la Unión Ferroviaria. El salvataje del sistema organizado por los K requería un lavado de cara, cuando el colapso ferroviario no podía ser más evidente. Randazzo, el "preferido de la Presidenta", orquestó el salvataje de la burocracia de la UF tras la caída de Pedraza y el encubrimiento de Roggio, Romero y los Cirigliano por el saqueo de los subsidios ferroviarios. Luna fue protagonista de ese desfalco. La burocracia de la UF -todos pedracistas- es todavía el único gremio ferroviario que permanece "leal" al gobierno. Durante el juicio de Mariano se revelaron escuchas telefónicas entre Luna y Fernández. "A los amigos los acompaño hasta la puerta del cementerio", fueron las palabras que usó para solidarizarse con el "Gallego" y sus cómplices de la UF. Se les adelantó. Murió impune.

El pasado 8 de mayo, más de 1.500 estudiantes secundarios, con el apoyo de los docentes de Ademys y la Fuba, se movilizaron del Ministerio de Educación Nacional al porteño frente a la grave crisis educativa que se desarrolla en la Capital Federal y el país. Asimismo, el 20 se hizo un festival frente al Ministerio y el 21 el Comercial 4 cortó Paseo Colón y San Juan. Los reclamos fueron contra el cierre de cursos, por una solución inmediata a los problemas de infraestructura, por el reconocimiento de las especialidades artísticas, contra las cesantías y despidos docentes, y contra la persecución estudiantil avalada por el 0800 buchón. La mayoría de estos reclamos, y de los problemas que se dan particularmente en cada modalidad, tienen un origen común. Parten de la aplicación de la NESC en el 100% de los colegios en 2015. La reforma que impulsa el kirchnerismo, mediante la Ley de Educación Nacional a lo largo del país, es la causante del cierre de más de 140 orientaciones, que contemplaban por ejemplo las especialidades artísticas. Es esta misma reforma la que quita horas de materias específicas para reemplazarlas por horas de materias generales, muchas veces hasta alargando los horarios de cursada en distintos establecimientos. La consecuencia de esto es la superposición de turnos (¡!) en muchos colegios y la falta de espacio físico en las escuelas para enfrentar este problema. La salida del gobierno, mediante el decreto 1990, es el cierre de cursos con menos de 15 estudiantes y la fusión con otros. El resultado: aulas superpobladas y docentes que pierden su trabajo. La consigna de suspensión de la NESC, a pesar de esto, no fue levantada en la movilización. Tampoco quedó planteado un plan de lucha a seguir. La dirección de la Coordinadora (la agrupación kirchnerista Seamos Libres) quiere llevarla nuevamente hacia el inmovilismo, como lo hiciera el año pasado, producto de su adaptación a la reforma. Pese a esto, los estudiantes reclaman salir de la parálisis. En el Normal 5 se cayó un pedazo de techo en medio de una clase sobre el banco de un compañero. La Técnica 30 tiene su laboratorio inutilizado. El Danzas 1 directamente no tuvo clases una semana por falta de agua. Y esto son sólo algunos ejemplos, se caen mingitorios encima de los compañeros o pedazos completos de mampostería. El invierno se acerca y varios colegios carecen de calefacción. Como si esto fuera poco, crece la persecución y regimentación política, no sólo con el 0800 buchón, sino también con sanciones, como en el caso de la Técnica 32 o del Arranz. Vamos por un plan de lucha El fin de semana pasado, varios artísticos plantearon la necesidad de tomar sus colegios ante la falta de respuesta del gobierno frente a los cortes y la movilización. Los filo K se desvivieron para que eso no sucediera. La Coordinadora debe ser una herramienta del movimiento estudiantil para la preparación y organización de esta lucha, no una traba. Hagamos asambleas en todos los colegios y tomemos las medidas que sean necesarias. Todo el apoyo a esta lucha, preparemos un gran movimiento en defensa de la educación pública para suspender la reforma.

El 8 de mayo en el Club Teléfonos de Posadas Misiones se realizó una Asamblea con más de 20 trabajadores telefónicos de diferentes edificios y localidades donde se debatió el proyecto por el pago de los Bonos que Telefónica y Telecom adeudan desde la privatización. La Asamblea comenzó con una intervención de Carlos Andreoli, Delegado de Telecom de Oberá que informó la audiencia del Congreso, la juntada de firmas y la discusión en toda la provincia para poner en pie este reclamo, ante la falta de iniciativas de las organizaciones sindicales. Una delegación de la Naranja telefónica, con Matías Tomasello y Pablo Eibuszyc, dieron un informe y abrieron el debate para avanzar con la organización de este movimiento de lucha. Se leyó la adhesión de la Dra. Liliana Zabala que ganó en la corte suprema el reconocimiento de este derecho. También estuvo la abogada Olga Aguirre de APEL que respondió varias consultas legales. Y una delegación del Partido Obrero de Misiones y el Secretario de Comunicación del Partido Socialista de Misiones, que comprometieron un apoyo a esta lucha. En la Asamblea se resolvió la formación de una comisión por el cobro de los Bonos formada por 6 compañeros de distintas localidades de la provincia y sectores operativos de la empresa (grupo energía, revisadores, asignaciones, servicios especiales, planta interna y repartidores) que fue votada por todos los presentes junto con la recorridas a los edificios y a los diputados de Misiones para que sumen su apoyo.

El 6 de mayo se realizó una audiencia pública en la legislatura de Mendoza con más de 150 trabajadores telefónicos. La Audiencia fue una gran Asamblea Obrera que dio continuidad a la audiencia realizada en el Congreso. En esta oportunidad empezó con un anuncio importante, del diputado “Tito” Fresina del Frente de Izquierda – PO. La Legislatura Provincial de Mendoza votó a favor de la aprobación del proyecto (Resolución N° 1822) presentado en el Congreso Nacional por el pago de los Bonos que las empresas telefónicas adeudan a los telefónicos desde la privatización a la actualidad. En la audiencia estuvo presente Néstor Pitrola, que desarrollo el método que permitió la aprobación de la ley de resarcimiento económico a los ex trabajadores de YPF. Luego intervino Stella Mariani, delegada del Edificio Chile, desarrollando la enorme campaña para convocar la Audiencia y poner en pie el movimiento de lucha y organización. También estuvo en la mesa e intervino el secretario gremial del SOETEM (Sindicato Telefónico de Mendoza) Oscar Merino. Desde Buenos Aires asistimos con una delegación de la Naranja Telefónica constituida por Pablo Eibuszyc y Flavio Pereyra, delegados de Foetra y promotores del proyecto de ley. También estuvo presente una delegación de telefónicos de la CTA de Buenos Aires. En la Asamblea se expresaron decenas de delegados y compañeros de base. También delegaciones importantes y representativas del movimiento obrero que se solidarizan y apoyan este reclamo. Como el Secretario General de la CTA Mendoza Guillermo “Polo” Martínez, Soledad Sosa diputada nacional del Frente de Izquierda por Mendoza y Secretaria Adjunta de la CTA y Noelia Barbeito Senadora y candidata a Gobernadora también por el FIT. Se hizo presente un representante del sindicato Atilra que trajo el apoyo de la CGT Mendoza y se leyeron las adhesiones del diputado nacional Dante González del FPV de Mendoza y de la Dra. Liliana Zabala desde Buenos Aires. Al cierre de la Audiencia la mesa recogió el planteo de la mayoría de los compañeros y se voto a mano alzada y por unanimidad impulsar una movilización.

El dirigente del PRO tucumano, Alberto Colombres Garmendia, logró que la Justicia local emitiera un fallo que declara como inconstitucional la habilitación a los jóvenes de 16 y 17 años para que puedan votar en las elecciones. En la Junta Electoral Provincial están esperando que el fallo quede firme para borrar del padrón a todo ese sector del electorado joven. Ante esta arremetida contra los derechos de la juventud, tanto José Cano y el Acuerdo Cívico, como el intendente de la Capital, el kirchnerista Domingo Amaya, han guardado total silencio. Desde el Partido Obrero condenamos al fallo judicial, a sus promotores y aliados políticos, y vamos a impulsar una campaña popular en el seno de los colegios, facultades y los barrios para reclamar el derecho de la juventud de participar y poder votar en las elecciones.

Absolvieron a nuestro compañero Ariel Figueroa, del Polo Obrero de Luján, tras un juicio oral extremadamente corto, pero ruidosamente musicalizado por más de 100 compañeros que hicieron el aguante fuera del edificio. La brevedad del trámite se debió a que, previamente, se había rechazado toda la prueba ofrecida por la defensa, quedando sólo los testimonios y actas policiales para su consideración. El compañero fue llevado a juicio por un corte realizado sobre la ruta nacional N° 5 en esa localidad, el 5 de septiembre del 2012, junto a vecinos que reclamaban viviendas y mejoras en los nuevos asentamientos, como apertura de calles y saneamiento de aguas y por compañeros del Plan Argentina Trabaja que pedían aumento salarial y que se les permitiera llevar adelante las mejoras de sus barrios. Evidentemente, el rechazo de los testimonios de la defensa por parte del juez del Juzgado Federal Correccional y Criminal de Campana, Adrian González Charvay, tuvo por objeto que no quedaran asentadas en las actas del tribunal las inhumanas condiciones de los barrios, así como tampoco testimonios que den cuenta de la precarización laboral que implica el Plan Argentina Trabaja en todos los municipios. Tras la declaración de los policías (incómodos, ya que debieron reconocer que habían identificado a Ariel Figueroa por conocerlo previamente como vecino y saber que pertenecía al Polo Obrero), llegó el veredicto. El fallo reconoce que el derecho de vivienda es un derecho esencial que debe tener supremacía sobre la incomodidad temporal de un corte de vías terrestres, porque en definitiva lo que se busca es que los funcionarios den respuesta a dichas demandas. Por medio de la perseverancia y la movilización, hemos asentado una nueva derrota a la criminalización de los luchadores.

Las propias usinas de información oficiales del vecino país han anunciado con bombos y platillos los acuerdos económicos alcanzados entre Brasil y China, en ocasión de la reciente visita del premier chino. Se ha destacado en especial el convenio que apunta a la construcción del ferrocarril transamazónico junto a la venta de aviones brasileros y la asistencia china a Petrobras. Pero no todo lo que brilla es oro. El premier chino y su par brasileña, "buscaron impresionar dando a conocer acuerdos por 53.000 millones de dólares. Sin embargo, gran parte de ese paquete está compuesto por viejos anuncios recalentados para que sean más apetecibles, especialmente a un pueblo brasileño preocupado por el debilitado crecimiento económico" (Financial Times, 22/5). El conocido diario londinense pone de relieve la paradoja entre el enorme potencial que hay para un intercambio económico entre ambos países (ya que tienen necesidades que podrían ser cubiertas recíprocamente entre uno y otro) y las trabas para llevarlo a la práctica. Las dificultades para lograr este acople, volvieron a quedar en evidencia en el confuso lenguaje que se utilizó en los anuncios a los que se habría arribado. Se habla de un memorándum de entendimiento para "considerar" otorgarle un préstamo a dos compañías chinas para "facilitar" el suministro de servicios de transporte a Vale, la exportadora brasileña de mineral de hierro. Por otra parte, un pedido de fabricación por 40 aviones Embraer brasileños que ya había dado a conocer anteriormente. También fue vaga la descripción de un plan para estudiar una conexión ferroviaria que uniría la costa atlántica de Brasil con un puerto sobre el Pacifico en Perú. Brasil ya tiene suficientes dificultades para poner en servicio ferrocarriles dentro de sus propias fronteras, dadas las restricciones ambientales y de otro tipo. El comercio recíproco subió de 2.000 millones de dólares en 2000 a 78.000 millones de dólares el año pasado pero, en cambio, la inversión extranjera directa china en Brasil no supera los mil millones de dólares. Las condiciones chinas, como se vio en los acuerdos con la Argentina, son leoninas y atan sus créditos al uso de equipos fabricados en China y hasta mano de obra china. Por otra parte, son reacios a las licitaciones y son partidarios de la adjudicación directa. Esto no figura en los compromisos suscriptos pero está lejos de haber quedado cerrado. Esto es una fuente potencial de conflictos con la burguesía industrial brasileña, en especial con el poderoso empresariado paulista, que no está dispuesto a resignar posiciones y quedar fuera del reparto. Lo cierto es que la relación económica con China en esta última década ha sido cada vez más asimétrica, contribuyendo a acentuar la primarizacion de Brasil. En los últimos 10 años, las exportaciones a China crecieron pero más del 70% son productos primarios. Las importaciones son de productos industriales. Por otra parte, desde 2008 las exportaciones están estancadas y debido a que las importaciones siguieron aumentando, se acumula un creciente déficit comercial con el país asiático. A esto habría que agregar el propio trabajo de zapa que realiza la crisis mundial capitalista. El entusiasmo de las empresas chinas ha decaído al ver el tembladeral en que se encuentran los países emergentes y la recesión y la crisis que conmueve la economía brasilera. "La desaceleración del crecimiento también ha sido motivo de decepción: la mayoría de los anuncios tuvieron lugar entre 2010 y 2011, cuando el país estaba creciendo al 7,6%" (ídem). En este contexto, se explica la sentencia del diario londinense, quien advierte que, mientras no se resuelvan estas contradicciones "ningún anuncio de viejas noticias servirá para reactivar una relación cuyo mayor potencial se está dejando arruinar". La penetración económica china augura convertirse -y ya lo está siendo- en una nueva fuente de conflictos, choques y desequilibrios explosivos en América Latina.

Las elecciones municipales y autonómicas del fin de semana en España han cambiado el panorama político de forma radical. Dos candidaturas colectivas, que son un frente de partidos con presencia de organizaciones sociales han ganado las alcaldías de Barcelona y prácticamente la de Madrid, las dos principales ciudades de España. En Madrid, la posibilidad de una alcaldesa del frente Ahora Madrid ha quedado sujeta a un apoyo o acuerdo con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE). En Barcelona, la dirigente Ada Colau del frente Barcelona en Comú ha quedado en condiciones de ser electa alcaldesa como candidata más votada. Convergencia i Unió (CIU), coalición nacionalista y fuerza mayoritaria del parlamento autonómico de Cataluña, sufrió un importante retroceso. El Partido Popular (PP) en el gobierno, a su turno, ha perdido además su mayoría en otras ciudades importantes del país como Valencia, o Sevilla y Cádiz en Andalucía, en las que tenían el control desde hace años. El PP ha recibido el castigo de sus propios electores tras la avalancha de la corrupción que consume al partido hasta la médula y como consecuencia de su política de ataque a todas las conquistas sociales de la transición. También la irrupción de Podemos en las comunidades autónomas ha dejado al PSOE en muchas de ellas en condiciones de establecer gobierno mediante pactos con esta fuerza política emergente, que tras su aparición como fenómeno de la izquierda ha ido virando hacia el centro de forma explícita y confesa. Lo cierto es que los partidos emergentes, Podemos a la izquierda y Ciudadanos por la derecha han erosionado de forma significativa el caudal de votos del PP, el PSOE e Izquierda Unida. El PSOE ha recogido menos votos que en las elecciones autonómicas y locales de 2011. La pérdida de votos del PP y la aparición de Podemos es lo que le permitiría mejorar sus posiciones municipales y autonómicas. Por qué Podemos Estas elecciones se inscriben en una transición política caracterizada por un desplazamiento hacia la izquierda de las masas. La cuestión de fondo en este proceso es la cristalización de una alternativa electoral que ha sido capaz de atraer el voto de los activistas de las organizaciones sociales, de los afectados por la política de recortes sociales del gobierno del PP, además de los descontentos con la corrupción que campea en los partidos tradicionales españoles. La burguesía misma ha tomado nota de este fenómeno. La irrupción de Ciudadanos en el espectro político forma parte de un operativo montado por la derecha para neutralizar el desplazamiento popular hacia la izquierda creando su propia movimiento político, explotando, a su modo, el odio existente contra los partidos históricos de la transición española, que es la bandera central de Podemos y de otros nucleamientos afines. El avance de las nuevas formaciones, tanto de los frentes electorales en diversas ciudades como de Podemos en regiones, está directamente vinculado a las luchas y gigantescas movilizaciones contra la privatización de la sanidad, contra el ataque a la educación pública, contra el desahucio de los inquilinos y propietarios de viviendas tras la crisis económica internacional, en defensa de los locales ocupados por activistas en toda España, y a las huelgas y conflictos sindicales como los de Coca-Cola y Movistar o de Panrico por mencionar solo los más recientes. Hay una peculiaridad en la canalización del voto hacia estas nuevas organizaciones y frentes electorales directamente vinculado al inmenso descrédito de las iniciativas para la tribuna emprendidas por los sindicatos tradicionales en torno, por ejemplo, a la defensa de la educación y sanidad públicas, cuyo control burocrático las llevó a un callejón sin salida. La guinda de este pastel ha sido la firma de un acuerdo entre los dos sindicatos que se dicen mayoritarios, Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT), para un aumento salarial del 1%, lo que ha despertado la ira del movimiento obrero en su conjunto. Crisis de régimen Los comentaristas periodísticos fijan sus ojos en el deterioro del bipartidismo y afirman que en el tablero ahora hay dos nuevas fuerzas a considerar, lo que cambia las reglas del juego. Nadie parece dispuesto a reparar en el hecho que el voto perdido por el PSOE e Izquierda Unida (IU) que virtualmente ha desaparecido del mapa con alguna excepción, es un trasvase hacia las organizaciones, partidos y frentes, que han hablado el lenguaje de los "indignados" del movimiento 15M y han sido capaces de atraer el voto de los sectores de la sociedad que se identificaron con ese movimiento de masas de corta vida pero hondas cicatrices. Hace cuatro años el 15M agrupó a las luchas sociales no sólo en Madrid sino a escala nacional. Sus residuos testimoniales, como asambleas de barrio casi sin vida, revivieron y dieron su apoyo a Podemos y a Ahora Madrid en Madrid sin excepción. Algo similar ha ocurrido en Barcelona, donde la combativa y respetada ex dirigente de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH), Ada Colau, superó al nacionalismo católico y conservador de CIU en una ciudad que el 11 de septiembre pasado se movilizaba masivamente por la independencia de Cataluña. Forma parte de este cuadro la precipitada abdicación del ex rey Juan Carlos I en favor de su hijo Felipe VI en medio de una inmensa presión social por el encubrimiento de las corruptelas en el seno de la familia real. No cabe la menor duda de que además del voto de la juventud combativa y los militantes de las organizaciones sociales los frentes electorales, organizados como agrupaciones de electores según la ley electoral española y denominadas candidaturas de unidad popular por los partidos que se dicen de izquierda, ha arrastrado el voto de un sector de los trabajadores españoles. El movimiento ha despertado ilusiones democráticas en una amplia capa de la sociedad. Pero una cosa es despertar esas ilusiones y otra muy distinta satisfacerlas. La estrategia de Podemos es la concertación de un pacto con el PSOE y los restos de IU. Es probable que el avance de esta izquierda genérica abra un curso de movilización y refuerce las expectativas de luchas futuras y sea un factor de revitalización de la clase obrera. La irrupción del movimiento obrero a un lugar más protagónico podría ser un elemento clave en la nueva transición que entramos, porque permitiría acelerar la creación de una alternativa política de poder, transformadora. Ingresamos en una nueva etapa política en la que se pondrá al rojo vivo quién paga la crisis: el capital o, como viene ocurriendo hasta ahora, la población trabajadora.

Pese al esfuerzo de las patronales para quebrar la medida por medio del personal tercerizado, la huelga general indefinida de los mineros peruanos contra los despidos y la flexibilización laboral se mantiene y es particularmente firme en algunos socavones importantes del país. En la región de Ica, la represión policial contra manifestantes que acompañan la huelga y piquetes en la Shougang Hierro -de capitales chinos- dejó un muerto y diez heridos de bala. La ley de tercerización, cuya derogación exigen los huelguistas, ha llevado a que el 70% de los mineros (150 mil obreros) se encuentre subcontratado, y la cifra va en aumento. Los tercerizados cobran casi la mitad del salario de un efectivo. En el segundo día de huelga, hubo una importante movilización en Lima. La dominación de las mineras, desafiada por una nueva generación de luchadores obreros, va asociada a la miseria y se impone a sangre y fuego. Cajamarca, con 2.331 concesiones mineras, es la zona donde se concentran los más altos índices de pobreza y extrema pobreza del país. En cuanto a la represión policial y militar en conflictos mineros (obreros o ambientales), "la última década ha sumado cerca de 253 muertos, entre hombres, mujeres y niños" (El Telégrafo, 26/5). Las leyes apuntalan la impunidad de los represores: "permiten a la policía hacer el levantamiento de cadáveres en las protestas sin que sea necesaria la presencia de un fiscal" y "exoneran de responsabilidad cuando un policía o militar mata a un manifestante en una zona declarada en emergencia" (ídem). La huelga indefinida de los mineros convergerá el 27 y 28 de mayo con un nuevo paro ciudadano regional en el sur del país contra el proyecto contaminante Tía María, de la Southern Cooper. A partir de junio, estas protestas pueden asumir la modalidad de una huelga indefinida.

Tras un mes de conflicto, una movilización de 4.000 personas hacia la legislatura provincial terminó con una enorme victoria: la expropiación de las 40 hectáreas donde se apostaban 700 familias sin techo reclamando tierra y vivienda. En tiempo récord, y prácticamente en simultáneo, ambas cámaras legislativas aprobaron por unanimidad el proyecto impulsado por el senador del Frente para la Victoria, el platense Emilio López Muntaner, donde se declara la expropiación en beneficio de los ocupantes, teniendo que pagar cuotas no mayores al 20% del salario mínimo vital y móvil. El conflicto puso en evidencia que en la capital de la provincia hay 50.000 personas sin vivienda junto a más de 150 asentamientos. La celeridad con que se llevó adelante la votación de esta ley resulta un hecho atípico para una provincia donde gobierna el capital inmobiliario, con 1.200.000 trabajadores sin techo. El discurso del senador kirchnerista ("hace falta dirimir para qué lado gobernamos, si beneficiamos a los intereses de una minoría o de algunos que quieren hacer un negocio inmobiliario o lo hacemos para los sectores más necesitados") se contradice por el vértice con un gobierno que aplica los ordenamientos urbanos en consonancia con los intereses de las grandes inmobiliarias y constructoras. Al mismo tiempo, choca con la celeridad del desalojo de la semana pasada, cuando unos 500 efectivos de la Bonaerense actuaron, por orden de la Justicia, en beneficio del propietario, la inmobiliaria de Alberto Mattioli, hombre vinculado con el clero provincial. La interna entre sciolistas y camporistas estuvo presente en todo el conflicto, con choques de poderes de jueces y magistrados -incluyendo al vicegobernador Gabriel Mariotto, quien deberá ahora viabilizar que el gobernador Daniel Scioli dé curso efectivo a la ley. La multitudinaria asamblea del barrio de Abasto, con 27 delegados organizados en equipos, desconfiados aún de que se lleve adelante la expropiación, se mantenían en piquete sobre la avenida 520, luego decidieron trasladarse a la periferia del predio en disputa, pasados tres días de sancionada la ley, el sábado 16. Con los métodos piqueteros, la asamblea y el plan de lucha, los vecinos sin techo conquistaron sus tierras. La bancada del Frente de Izquierda impulsa, además, la interpelación al ministro de seguridad de la provincia, un plan de viviendas efectivo, y la necesidad de ir por las viviendas de millones de trabajadores de la provincia, donde el derecho a la vivienda única y familiar resulta hoy una verdadera utopía. Esta enorme victoria popular en la ciudad deja al desnudo que el gobierno de Pablo Bruera está en sus últimos días. La alternativa política que impulsan los K es la edil y decana de periodismo Florencia Saintout. A los pocos días de la sanción de esta ley, el senador Emilio López Muntaner retiraba su precandidatura a intendente para impulsar a "Florencia". El Partido Obrero, que viene batallando por la derogación del Código urbano de los pulpos inmobiliarios desde hace décadas, tiene una enorme batalla por delante, construir la real alternativa por el derecho a la vivienda que han encarnado las más de 700 familias de Abasto.

En un año signado por múltiples elecciones en todo el país, es una tarea central la conquista de los recursos necesarios para garantizar nuestra presencia y la del Frente de Izquierda, que ya se extiende a 21 provincias. Nos proponemos lograr miles de aportes en lugares de trabajo, universidades y barrios que supondrán, también, un apoyo a la candidatura de Jorge Altamira a presidente. Cuando salga este periódico a la calle, ya estará en marcha la Campaña Financiera que el Partido Obrero realiza todos los años en simultáneo con el cobro del aguinaldo. La conquista de recursos, en un año electoral signado por múltiples elecciones -en algunos distritos se votará hasta ¡seis veces en un año!-, es una tarea de primer orden para poder desarrollar nuestra presencia en todo este proceso. La campaña electoral supone, prioritariamente, garantizar la presentación de las listas del Frente de Izquierda en 21 provincias -en ocho de las cuales sólo tiene actividad y personería el PO-, lo que supone una extensión nunca alcanzada por la izquierda argentina. Además, en poco tiempo, llegaremos a la legalidad en la totalidad de las provincias. Un proceso de expansión similar tenemos en las provincias donde ya contábamos con una presencia organizada y donde nos hemos extendido a nuevas localidades y municipios. Así es que nos proponemos poner en pie 100 listas distritales en la provincia de Buenos Aires. Por supuesto que una campaña de esta envergadura requiere de una movilización política extraordinaria para obtener los recursos necesarios para la misma. En los lugares de trabajo, sindicatos, en las universidades y en los barrios nos ponemos un desafío especial para conquistar miles de aportes en la medida que cada aporte es un apoyo y un pronunciamiento por la candidatura de Jorge Altamira a presidente -o sea, un pronunciamiento de los trabajadores y la juventud contra los candidatos del ajuste-, que cuentan con el aporte multimillonario de las cámaras empresarias, los banqueros y las burocracias sindicales, entre otros, para financiar sus campañas. El primer tramo de las elecciones provinciales arroja una consolidación de la votación del Frente de Izquierda que ahora debe potenciarse con una vigorosa campaña presidencial que desarrolle una polarización política contra los tres jinetes del ajuste. Este proceso político queremos traducirlo en miles y miles de aportes a la construcción de una alternativa de los trabajadores. En los próximos números de la prensa iremos publicando la agenda de actividades en los locales de todo el país para impulsar la Campaña Financiera.

El fallecimiento del jugador de Atlético Paraná muestra, otra vez, las obscenas diferencias entre las distintas categorías y divisiones del fútbol profesional El deceso del defensor de Atlético Paraná, luego de una descompensación sufrida durante el partido con Boca Unidos en Corrientes, vuelve a sacudir al fútbol argentino, cuando éste aún se encuentra conmocionado por el "accidente" y posterior fallecimiento del jugador de San Martín de Burzaco, Emanuel Ortega, y el ataque de los barrabravas de Boca a los jugadores de River durante el superclásico por la Copa Libertadores. La muerte de Cristian Gómez deja una vez más al descubierto las obscenas diferencias que existen entre las distintas categorías y divisiones del fútbol profesional local y cómo la cadena se corta siempre por el eslabón más débil. La presencia de ambulancias, equipamiento y, sobre todo, personal idóneo para atender emergencias durante los partidos es un lujo que la inmensa mayoría de los clubes del ascenso no puede solventar. Otro tanto ocurre con las modificaciones estructurales de los estadios que permitirían un desarrollo seguro, tanto del juego como del espectáculo. El presidente de Atlético Paraná y vicegobernador de Entre Ríos, José Cáceres (FpV), se apuró a aclarar que Cristian Gómez se había realizado todos los "chequeos de rutina" para deslindar responsabilidades. Y reforzar la idea de una "muerte súbita", cuando, en realidad, el jugador padecía un problema cardíaco y falleció mientras era trasladado al hospital con demora, ya que la ambulancia no se encontraba en las inmediaciones del campo de juego al momento de su desvanecimiento. Ahora ha trascendido que los electrocardiogramas no le venían dando bien a Cristian Gómez. Pero en cualquier caso, ¿qué grado de complejidad pueden llegar a tener los exámenes físicos cuando deben ser pagados por clubes sin recursos o incluso por los mismos jugadores del ascenso de sus propios bolsillos? Los estudios son exhaustivos sólo allí donde el pase o la contratación de un futbolista constituye una inversión multimillonaria, en clubes que son más empresas capitalistas que instituciones deportivas, como ocurre en las grandes ligas de Europa o tal vez en algunos clubes de primera de la Argentina. La inmensa mayoría de los jugadores del ascenso -los Cristian Gómez o Emanuel Ortega que literalmente dejan la vida en la cancha¬- son otra más de las muchas víctimas de un fútbol administrado no ya de manera desigual, sino directamente fraudulenta y mafiosa por parte de la Asociación del Fútbol Argentino, con la imprescindible complicidad de Conmebol, la Fifa y el gobierno nacional. Son estos jugadores los que realmente necesitan que Futbolistas Agremiados pare el fútbol. No sólo por el luto ante la muerte de un compañero, sino para garantizar las condiciones de contratación y de seguridad que impidan "accidentes" evitables, como los que se cobraron las vidas de Emanuel Ortega y Cristian Gómez. La AFA es una asociación opulenta: recauda millones por la publicidad, las transferencias al exterior que implican la fuga de talentos, la televisación de partidos y los subsidios del Fútbol Para Todos, y cómo no, por la actuación en el seleccionado mayor de una verdadera gallina de los huevos de oro como es Lionel Messi. Invertir en mejorar las condiciones de contratación en el ascenso o la seguridad de los estadios como el de San Martín de Burzaco ¬-o del mismo Atlético Paraná- que pueden convertirse en una verdadera trampa mortal para los futbolistas o en un Cromañón para los espectadores, no es un problema de falta de recursos. La AFA es una empresa manejada a su antojo por los dirigentes corruptos de los grandes clubes del país, quienes la tienen secuestrada como botín y como trampolín político. La seguridad de los jugadores y el público, sobre todo en el ascenso, está por completo fuera de sus objetivos. Ni hay que decir que las maniobras motorizadas desde el kirchnerismo para reformar el estatuto y permitir así el desembarco de Tinelli en la presidencia de la AFA no harían más que profundizar este manejo empresarial, en perjuicio de los clubes e hinchas pobres. Un fútbol solidario entre clubes, seguro y disfrutable para quienes hacen al espectáculo, los jugadores y el público, y no simplemente rentable para el puñado de parásitos que lucran con él, sólo será posible bajo otra organización social.

El viernes 29 se desarrollarán las dos máximas instancias del Congreso de la Fuba. Por un lado, la renovación de autoridades; en simultáneo, una Asamblea Interfacultades en plaza Houssay, para debatir y resolver sobre los principales lineamientos de la Federación. En la agenda se destaca la organización de masivas columnas estudiantiles para el 3 de junio frente al Congreso contra los femicidios (#NiUnaMenos), la confluencia con los trabajadores hacia el paro del 9 y el plan de lucha frente a la crisis universitaria. El bloque del Rectorado La distribución de los 130 delegados está fuertemente polarizada. Por un lado, está el bloque de agrupaciones radicales, macristas y peronistas ligadas al Rectorado, encabezado por Nuevo Espacio-Franja Morada. La quiebra del pacto con un sector del gobierno K desató en este sector una lluvia de carpetazos, que ilustró la descomposición del régimen de camarilllas. Cayeron el vicerrector, Darío Richarte, vinculado con la ex Side, y el decano de Económicas; y el fiscal Gonella, de procedencia camporista, presentó una causa por desvíos multimillonarios que involucra a las autoridades de Derecho -radicales y socialistas. Los "estudiantes del Rectorado" son un conglomerado heterogéneo, incluido el PRO, que reúne un bloque importante de delegados, pero lejano al quórum (66) -es decir que no conforma mayoría. Para imponerse, deberían comprar a agrupaciones independientes y kirchneristas. La campaña hacia el congreso es esclarecedora, pues muestra cómo apenas una minoría de los delegados se reconoce públicamente en este bloque. Sólo pueden agrupar tras bambalinas y mediante pactos espurios, que incluyen el reparto discrecional del presupuesto público. A este autodenominado "espacio reformista" le queda grande hasta el nombre, mientras mira para el costado ante las pruebas de corrupción que involucran a sus dirigentes y pide la intervención del Rectorado sobre la federación. Son una burocracia estudiantil con todas las letras. Una Fuba independiente y de lucha La derrota de este bloque derechista es una tarea de primer orden del Congreso. La UJS está luchando firmemente por conformar una lista de las agrupaciones de izquierda e independientes que podría alcanzar la mayoría, pues representa a la mayoría de los centros (8 sobre 13) y al 45% de los delegados. Es significativo el papel del kirchnerismo porque si bien cuentan con un tercer bloque, menor en cuanto a delegados, pueden torcer el fiel de la balanza. ¿Repetirán el sabotaje a la Fuba en unidad con los pichones de Stiuso o promoverán la derrota de los aliados de Macri y compañía? Las agrupaciones de Unidos y Organizados sufrieron un nuevo desplante esta semana, luego de la reunión de Scioli con Barbieri. Mientras hacen campaña denunciando la corrupción en la UBA, su candidato presidencial se reúne con la cabeza de los corruptos. El desenlace abierto del Congreso de la Fuba forma parte de una pelea de características nacionales, contra la derecha y los candidatos del ajuste, y porque el movimiento estudiantil se una a la clase obrera en esa batalla. Vamos por la derrota de las camarillas corruptas y la defensa de una Fuba independiente y de lucha.

Frente a la muerte de Katherine luego de estar desaparecida una semana, se desarrolló en Monte Hermoso una gigantesca pueblada. El cuerpo fue hallado a 150 metros del lugar donde sólo días antes había aparecido su celular. La noticia desencadenó la furia sobre la policía y el poder político, denunciando tanto su inoperancia como su complicidad. Así lo demuestran los incendios provocados en la comisaría, centro de convenciones, fiscalía y la propia municipalidad. El local del FpV fue apedreado. Los vecinos denuncian que el cuerpo de Katherine fue retenido por la policía y que ésta los distrajo para poder trasladarse a una zona alejada en donde luego fue hallado el cuerpo. Frente a la pueblada que se gestaba, la policía abandonó la custodia de la casa del principal sospechoso. Poco después en la puerta su abuelo fue linchado y falleció. Durante los días previos, la policía junto al intendente del FpV, intentaron disuadir las colmadas movilizaciones frente a la comisaría que exigían la aparición con vida de Katherine. Por su parte, el fiscal de la causa intentó derivarla a Bahía Blanca, para disolver las responsabilidades del aparato estatal local, y en todo momento se aferró a la hipótesis de fuga voluntaria de Catherine. Incluso horas antes de encontrar el cuerpo, la policía le informó a la madre que la nena estaba bien, generando falsas esperanzas que luego mutaron en angustia y bronca. El secretario de Seguridad de Monte Hermoso es Ricardo Triches, un ex comisario, Jefe Departamental durante el caso del asesinato de Natalia Melmann en Miramar por el que se encuentran condenados tres policías. Su casa también fue incendiada. El intendente Marcos Fernández sostuvo a Triches en su cargo a pesar de los airados reclamos por su destitución. El crimen de Katherine revela en forma descarnada las responsabilidades del Estado en este nuevo y trágico femicidio. Esta podredumbre fue identificada con rapidez por el pueblo de Monte Hermoso. El linchamiento de una persona muestra el escenario de barbarie al que lleva la descomposición estatal. Nuestra delimitación del linchamiento, sin embargo, no puede servir de excusa para liberar al Estado de sus responsabilidades, como lo han intentado algunos escribas oficialistas. ¡Exigimos justicia por Katherine! Juicio y castigo a todos los responsables del crimen. Que renuncie el Intendente, junto a toda la cúpula policial de Monte Hermoso y el fiscal interviniente. Comisión investigadora independiente, conformada por vecinos y organismos de derechos humanos. Por asambleas populares para organizar el reclamo de justicia y plantear una reorganización social del conjunto del municipio, comenzando por las fuerzas de seguridad, responsables de ocultar este crimen. A pocos días del 3 de Junio, y con más casos que suceden, llenemos las plazas del todo el país para decir bien fuerte: ¡Ni una menos! El estado es responsable.

En sus extensos discursos en las numerosas cadenas oficiales CFK no dedicó un momento al aluvión de hechos de violencia contra la mujer. Luego del asesinato de Chiara Páez, informaciones periodísticas dieron a conocer nuevos casos en las localidades mendocinas de Guaymallén y Maipú; en Río Segundo, Córdoba; en el departamento de Anta, Salta y, el más conocido en estos días, en Monte Hermoso, donde una pueblada condenó el asesinato de la joven Catherine Gabriela Moscoso, de 18 años. Las principales convocantes a la marcha del 3 de junio han presentado un programa de cinco puntos bajo el lema "De la foto a la firma". Los puntos contemplan la elaboración de estadísticas oficiales, la creación de fueros regionales especializados en violencia contra las mujeres con competencia en materia civil y penal, la reglamentación en su totalidad de la ley para prevenir, erradicar y sancionar la violencia de género y la asignación de recursos para su aplicación, la incorporación de la temática de violencia en las currículas educativas y la creación de un Ministerio de Igualdad de oportunidades para varones y mujeres. Este esfuerzo por elaborar un programa constituye una delimitación política de todos aquellos funcionarios y sectores del aparato del Estado que buscan encubrir su propia responsabilidad detrás de una foto y una consigna, y en ello radica su mérito. Nuestro programa La bancada del Partido Obrero-Frente de Izquierda presentará en el Congreso de la Nación un proyecto que contempla algunos de los puntos (como la elaboración de estadísticas oficiales, la incorporación de la temática de violencia en las aulas y la demanda de que se asignen los recursos necesarios) como parte de un programa integral que parte del problema político fundamental de definir quién tendrá la responsabilidad de aplicar estas políticas. Objetamos la capacidad de acción de un Ministerio de Igualdad de oportunidades subsumido a la lógica del Estado capitalista. Un organismo de estas características sería otro Consejo Nacional de Mujeres sujeto al gobierno de turno y que no podrá resolver ninguno de los eslabones de la violencia que azota a las mujeres con la complicidad del Estado. La posición del centroizquierda del GEN, Libres del Sur y el MST de declarar la Emergencia Nacional por violencia de género omite también este punto, desconociendo la experiencia de Salta que, bajo la batuta de Urtubey, continúa siendo la provincia con mayor cantidad de casos de violencia de género. El punto central de nuestro programa parte de la creación de un Organismo Autónomo de Mujeres (OAM), electo por el voto universal directo de mujeres mayores de 13 años, que funcione de forma autárquica y autónoma del resto de los poderes del Estado, y cuente con una partida presupuestaria administrada de forma independiente. Un organismo fundado sobre bases populares y responsable ante las mujeres, ya que sus miembros serán mujeres electas por dos años, cuyos cargos serán revocables. Nuestro proyecto plantea, entre otros puntos: • centros de atención gratuita en cada uno de los barrios de los 24 distritos del país, atendido las 24 horas por un equipo multidisciplinario de planta permanente; • subsidio extraordinario a la mujer víctima de la violencia de género equivalente a la canasta familiar. Trabajo estable y en blanco. Que el Estado reserve el 3% de su plantel a mujeres en situación de violencia; • casas-refugio de carácter transitorio. Una cada 20.000 habitantes. Asignación del 7% del Presupuesto Nacional de Viviendas a viviendas para grupos familiares en riesgo por violencia de género; • jardines maternales en los lugares de trabajo y estudio o su equivalente dinerario; • cumplimiento de la licencia de género en el marco de la ley de Contrato de Trabajo; • prohibición a las mutuales y obras sociales de dar de baja su cobertura a la mujer y el grupo familiar víctima de la violencia de género. A partir de este programa promovamos un amplio debate para organizar un poderoso movimiento de mujeres capaz de arrancar estas reivindicaciones y ser parte de una alternativa política propia de los trabajadores.

La película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?" de Alejandro Rath y Julián Morcillo, resultó ganadora a "mejor largometraje" en la V edición del Festival Internacional de Cine Social de Concordia (FICSC). El festival contó con debates, proyecciones y talleres que atrajeron a la población de la ciudad. Se calcula que unos 2.300 espectadores participaron del evento. El jurado que premió los cortos y largometrajes estuvo integrado por Rolando López Bantar, Fabián Rivero y Juan Pablo Russo. En su fundamentación el jurado destacó que "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?" muestra la vigencia de la denuncia sobre la complicidad entre el Estado, las dirigencias sindicales burocráticas y las barras bravas. También fueron reconocidos "La Paz en Buenos Aires", de Marcelo Charras; "Eslabón 16", de Aldana Rachel Juárez; "Acabo de tener un sueño", de Javier Navarro; "Sabaleros", de Igor Galuk; La Reina, de Manuel Abramovich; y "La verdad bajo la tierra, Guatemala, el genocidio", de Eva Villamala.

El 1º de mayo de 1865, un tratado secreto entre Argentina, Brasil y Uruguay conformó la Triple Alianza contra Paraguay. En el texto, luego revelado por la diplomacia británica, se planteaban como objetivos de la guerra la libre navegabilidad de los ríos Paraná y Paraguay -este río atraviesa a la nación guaraní por su mitad-, el reparto de territorios a una escala que suponía una mutilación cercana a la extinción y el pago de la totalidad de las deudas de guerra. La guerra significó el mayor genocidio de la historia latinoamericana, luego de la masacre de los pueblos indígenas. Las razones Después de Pavón (1861), en que el ejército de la Confederación, conducido por Urquiza, se retiró prácticamente sin lucha frente al de la oligarquía porteña dirigido por Mitre, la suerte de Paraguay estuvo echada. Pavón no era suficiente. Era necesario culminar el aplastamiento de las masas de las provincias y este paso exigía actuar contra Paraguay. La nación guaraní era refugio y referencia de los caudillos del interior desde el momento que venía librando una lucha de más de cincuenta años contra el monopolio aduanero y portuario de Buenos Aires. Paraguay había sido escenario de una evolución particular y distinta a la del resto del Virreinato. Comprendía, fuera del territorio actual, a lo que es hoy la provincia de Misiones, una buena parte del nordeste de Corrientes y una porción de Río Grande do Sul. Esta región ocupaba un lugar notorio en la economía del Virreinato. Poseía el monopolio natural de la yerba mate y el tabaco, dos productos de gran consumo y fuerte recaudación. La agricultura y ganadería colmaban sus necesidades y poseían vías navegables y buenas maderas, base de tempranos astilleros. La oligarquía porteña pretendió someter a su dominio -y a su Aduana- a esta parte de las Provincias Unidas. El Segundo Triunvirato impuso un fuerte gravamen a sus productos, lo que provocó la rebelión de la Junta de Paraguay, que decidió no enviar sus diputados a la Asamblea del año XIII, adoptar escudo y banderas propios y declararse república independiente, en lo que fue el inicio de la disgregación del Río de la Plata. En 1820, el fracaso de un complot condujo a la expropiación masiva de los terratenientes golpistas y el Estado asumió la propiedad de la tierra. En 1824 se suprimieron las comunidades religiosas y el gobierno se hizo cargo de sus bienes. Bajo la dirección de Gaspar de Francia se organizó una economía de pequeños campesinos arrendatarios, con producción doméstica, artesanal y de pequeña manufactura. El carácter fuertemente campesino de la sociedad paraguaya era una diferencia esencial en relación a las otras naciones de la Cuenca del Plata, dominadas o en tránsito hacia la gran propiedad. No existía en Paraguay una clase tan rica como los estancieros del Litoral o la burguesía comercial porteña, pero sí un Estado que podía competir con aquellas clases capitalistas. Esto hizo que aún bajo una dictadura estatal personalizada y de características casi monárquicas -primero con Francia, luego con los López-, Paraguay fuese un país democrático por sus relaciones sociales. Todas las clases eran relativamente iguales frente al Estado, como una reacción defensiva frente al monopolio portuario de Buenos Aires. 1816, 1852... Existe otra razón que explica la guerra, que es la unión histórica entre la oligarquía porteña y los esclavistas de Brasil a la hora de aplastar los alzamientos de los pueblos interiores. Actúa en 1816, con la invasión portuguesa pactada con el Directorio para eliminar la rebelión agraria y social dirigida por Artigas, actúa en 1852 en el golpe de Mitre contra la Confederación, actúa en Pavón... La oligarquía, el Imperio y la diplomacia británica son un sólo puño a la hora de fragmentar las Provincias Unidas y someter a los "pueblos libres". La guerra El sucesor de Francia (1842), Carlos López, buscó quebrar el aislamiento de su país. Estas tentativas no fructificaron. Al comienzo de la década del '60, Paraguay sólo había logrado comprometer al gobierno blanco del Uruguay, en un pacto de defensa de ambos territorios. Mitre y Brasil prepararon meticulosamente la guerra. El primer paso fue derrotar a los aliados de López en Uruguay. Ante un cerco progresivo, Solano López puso en pie un ejército para auxiliar a su aliado uruguayo, pero esperó en vano que Urquiza se sumara al frente contra Mitre. Después de la caída de Montevideo, resolvió atacar y sus tropas capturaron parte del Mato Grosso en disputa con Brasil. Su plan era lograr una impactante derrota del Imperio y azuzar una rebelión en todo el Litoral y la Banda Oriental. La ofensiva sólo podía continuar cruzando territorio argentino, Mitre se negó y el 18 de marzo de 1865, Paraguay declaró la guerra a la Argentina e invadió la provincia de Corrientes. De cualquier modo, la rebelión que López imaginó, abarcando incluso a Río Grande do Sul, fracasó, en primer lugar por la deserción de los ganaderos del Litoral. Lo que Mitre proclamó como una guerra de días -"en 24 horas en los cuarteles, en 15 días en campaña, en tres meses en Asunción"- duró cinco años y fue la tumba de más de 20.000 argentinos. El enorme repudio popular Existen dos fases en la guerra de Paraguay. Una, la guerra ofensiva, en la que el avance de las tropas guaraníes fue contenido en Yatay, otra la guerra defensiva, en la que ejército y pueblo paraguayo defendieron como leones cada legua de su territorio. Mitre pasó todas las pruebas como organizador de derrotas. Condujo la batalla de Curupayty con el saldo de más de 8.000 muertos aliados y 92 paraguayos. Y luego la de Tuyuty, con un balance similar. Las victorias del pueblo guaraní en una guerra que se consideraba perdida por el peso de sus contrincantes se explican por el lugar de los combatientes. El ejército de pequeños campesinos libraba una guerra patriótica con la conciencia de que en la guerra se jugaba su suerte como clase asentada en la posesión o arriendo de la tierra. Luchaban, además, contra regimientos de esclavos brasileños y gauchos argentinos, enrolados a punta de pistola. El carácter de la guerra se revela en un solo dato: hubo más de cien levantamientos populares durante ese período, que obligaron a Mitre a regresar perentoriamente del Paraguay para sofocarlos. La clave de la victoria de la oligarquía fue el apoyo de los generales entrerrianos y del propio Urquiza, que se convirtieron en los grandes beneficiarios de la guerra, con la venta de provisiones y caballadas -junto a la oligarquía porteña. La resistencia de la nación guaraní se prolongó mientras hubo niños en edad de combatir. Al concluir, la guerra había anulado la experiencia de capitalismo agrario más importante de la región, la oligarquía porteña y la dictadura esclavista podían declarar consolidados los estados nacionales bajo su dirección y las finanzas británicas vivían su mayor jolgorio con las deudas de la guerra. Sobre el mar de sangre que supuso "el crimen de la guerra" (Alberdi), la oligarquía -comerciantes y estancieros porteños y bonaerenses- y los esclavistas sellaron el destino semicolonial de toda la región.

La relativamente próxima puesta en marcha de la usina de Río Turbio ha planteado crudamente la ausencia de una figura legal de la empresa que asocie el funcionamiento de la usina al de la mina. La ausencia de una figura legal significa que no hay proyecto estratégico definido y que el gobierno se ha dejado las manos libres para una operación de la usina en manos privadas (por ejemplo de Isolux). La incertidumbre que esto plantea a los trabajadores llevó, en noviembre de 2013, a realizar el IV Congreso del Carbón, donde se resolvió reclamar a todos los bloques que se apruebe una ley para crear una carboeléctrica estatal, con participación paritaria en la conducción por parte de los trabajadores y fiscalización por medio de comisiones de control, elegidas por los propios trabajadores. Han pasado ya 18 meses y el tema sigue cajoneado. El diputado Depetri, vocero del oficialismo que hizo carrera gremial desde Río Turbio, hace algunos meses vino a proponer una sociedad anónima (al estilo de YPF) y fue rechazado por los mineros. Ahora, los sindicatos (oficialistas) que actúan en la mina han consensuado un proyecto con la intervención estatal de la empresa y lo están haciendo aprobar por los concejos deliberantes y la Cámara de Diputados de Santa Cruz. En este proyecto se respeta la idea central del Congreso del Carbón -o sea una carboeléctrica estatal-, pero se ha resignado la participación obrera paritaria y el control obrero propuestos en aquel encuentro. El proyecto no llega todavía al Congreso Nacional, revelando la crisis existente en el seno mismo del gobierno alrededor del tema. En este cuadro, los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda presentaron su propio proyecto y plantean la carboeléctrica estatal obrera, con mayoría de trabajadores y participación de los vecinos de la cuenca en el directorio, además de plantear una comisión investigadora de los manejos financieros realizados desde la concesión a Taselli y en los 13 años de intervención estatal hasta la fecha. Néstor Pitrola estuvo en Santa Cruz como parte de la campaña para instalar en la agenda parlamentaria este tema y mantuvo una entrevista con el pleno del cuerpo de delegados de ATE, donde asumió el compromiso de respaldar la carboeléctrica estatal. El proyecto de la izquierda despertó un vivo interés en todos los medios de prensa de la provincia y de la cuenca carbonífera del Turbio. Es que entre la orientación general del gobierno de tender puentes con el gran capital internacional y la expectativa de mantener las fuentes de trabajo para los 2.500 mineros sobre la base de una empresa única entre la mina y la usina, de carácter estatal, hay una crisis a punto de estallar. La noticia de que los quemadores se están modificando para quemar alternativamente carbón o gas suma una incertidumbre adicional para los trabajadores. El Partido Obrero de Santa Cruz y nuestra bancada en el congreso, estamos empeñados en colocar en la agenda el futuro de la fuente de trabajo y de los pueblos de esta cuenca carbonífera.

La decisión de Macri de rescindir el convenio por el cual la Lotería Nacional regulaba el negocio del juego en la Ciudad ha sido presentada como una "puesta en caja" a Cristóbal López, quien regentea los casinos y tragamonedas del distrito. Según algunos, Macri habría escuchado los reclamos de Michetti ‘contra el juego’, obrando en consecuencia. En realidad, la decisión del gobierno PRO sólo corre del medio al gobierno nacional. Pero no toca los intereses de Cristóbal López ni sus millonarias concesiones. La expansión de los tragamonedas y bingos de la empresa de López progresaron bajo la vista gorda de Macri, que incluso acordó con el gobierno nacional la exención del pago del impuesto a los ingresos brutos sobre el juego. Cuando en diciembre venza el convenio entre los dos Estados por el control del juego, las fabulosas concesiones de López seguirán en pie, pero estarán ahora bajo el control del Instituto del Juego de la Ciudad. El macrismo apunta a negociar directamente con Cristóbal López; o sea, a reemplazar al kirchnerismo en la sociedad siniestra entre el Estado y el juego, que ha montado un gigantesco negocio a costa de la miseria popular. Macri y el juego Es cierto que Macri-Rodríguez Larreta podrían ir contra las concesiones de López y buscar reasignar el negocio del juego en favor de otros capitalistas amigos. Hay fuertes evidencias, sin embargo, de que el propio Cristóbal López podría pasar a revistar en esa categoría. En el negocio de los tragamonedas del Hipódromo de Palermo -la mayor concentración mundial de estas máquinas en un mismo lugar-, López tiene como socio a Federico Achával. A su vez, este empresario tiene vínculos estrechos con el macrista Nicolás Caputo, quien concentra el 80% de la obra pública contratada por el Estado porteño. Por otro lado, Daniel Angelici, presidente de Boca y hombre del PRO, tiene sus fichas colocadas en la expansión de los bingos en la provincia de Buenos Aires. Como se ve, la pretensión de que Macri estaría "chocando con el juego" es una operación política de la "gran" prensa que, por otro lado, protege al jefe de Gobierno de todos sus desastres -como Iron Mountain o los incendios en geriátricos y talleres clandestinos. Pero la tesis de un Macri reconvertido a la ética tiene otro propósito político: permitirle a los Carrió y Sanz justificar su alianza con el macrismo, de cara a las presidenciales. El progresismo que en la Ciudad apoya a Lousteau "contra Macri", se va escudar en las Paso nacionales para marchar detrás de la candidatura presidencial del socio de Caputo y Iron Mountain. Esta operación política mentirosa es otro fuerte motivo para convocar al electorado a votar al Frente de Izquierda y reforzar su presencia en la Legislatura de la Ciudad.

El viernes 22 de mayo, en horas de la mañana, el compañero José Tejeda, miembro de la Comisión Directiva del Sitraic, junto al compañero Jorge Gómez, fueron atacados por una patota de la Uocra, compuesta por más de 20 matones, en la zona del cruce de La Plata y Bosques en Berazategui, quienes al grito de "que se vaya el Sitraic de acá", golpearon salvajemente a nuestros dos compañeros. Los compañeros del Sitraic se encontraban allí realizando una reunión a pedido de los trabajadores ferroviarios tercerizados que están bajo el convenio de Uocra y no se sienten representados por este gremio. Desde la Comisión Directiva del Sitraic repudiamos este nuevo ataque que hemos recibido por parte de la patota de Juan "Lagarto" Olmedo a cargo de la seccional Uocra de Quilmes-Varela-Berazategui. Esta agresión reproduce los elementos fundamentales que llevaron a la muerte del compañero Mariano Ferreyra, asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria cuando se encontraba defendiendo a los trabajadores tercerizados del mismo ferrocarril, caso por el cual hoy se encuentran condenados los principales dirigentes del gremio ferroviario, entre ellos el propio José Pedraza. Hacemos responsable de estos hechos al líder de la Uocra, "Batallón 601" Gerardo Martínez, quien ha instalado y promueve hasta el día de hoy el método de las patotas, aprietes y asesinatos que terminaron con la vida del trabajador de la construcción, Darío Avalos, el 11 de marzo de 2014, en Lomas de Zamora. El Sitraic se encuentra en estado de alerta y movilización. Inmediata detención de los responsables de esta agresión. ¡Fuera las patotas del movimiento obrero! ¡Pase a planta permanente de los trabajadores tercerizados!

Mientras se realizaba una audiencia en el Ministerio de Trabajo -en la que la patronal ratificó el despido de los 280 trabajadores-, la infantería desalojó violentamente el piquete que un grupo de trabajadores de WorldColor (WC) mantenían frente a la planta de Morvillo, ambas del mismo grupo empresario. Los delegados de Morvillo, fieles a los principios de clase, pararon la planta desde que se desplegó el dispositivo policial el día anterior, salieron luego a enfrentar el desalojo y terminaron, todos ellos, con lesiones. La asamblea repudió la represión y ratificó la exigencia al sindicato de que lance un plan de lucha del gremio. Miopía Hace tiempo advertimos a la interna de WC sobre los rumores de cierre, coincidentes con varios indicios como la falta de inversión y el desvío de producción. En marzo, la patronal no pagó los salarios, lo que motivó un paro; en solidaridad, los compañeros de Morvillo frenaron trabajos de Pilar. Sin embargo, nuestros llamados a prepararse para un ataque mayor fueron desestimados con el argumento de que "eran sólo maniobras para embarrar la paritaria". El boletín de febrero de La Naranja, en cambio, difundió al conjunto del gremio la posibilidad de un conflicto importante en WC. Claudicación frente a la burocracia Ante nuestra insistencia se realizó una reunión para discutir una acción común, que fracasó, porque la Bordó puso como condición oponer al vaciamiento de WC la huelga en Morvillo; algo que nosotros rechazamos. Semejante política es "suicida", porque la única chance de revertir el cierre es la lucha general del gremio contra el ajuste generalizado que se está ejecutando, y "criminal" porque el paro en Avellaneda, bajo estas condiciones y aislado de cualquier plan de conjunto, sólo conduciría a una derrota segura también a Morvillo. Como consecuencia, dieron la espalda a la masiva movilización de cerca de 400 gráficos al sindicato, impulsada por La Naranja, en reclamo de un plan de lucha. En el plenario de delegados que se hizo posteriormente, nuestro planteo fue: 1) que el sindicato garantice que nadie imprima los trabajos de WC, y 2) un paro con movilización a la Faiga (cámara patronal) y al Ministerio de Trabajo, apuntando a la responsabilidad política del gobierno en asegurar la continuidad. En contraste, la Bordó se limitó a defenderse tímidamente de los ataques de la Directiva que le reclamó "ser orgánica" (¡!). La respuesta que dieron fue invitar al secretario de Organización a una asamblea en la planta al día siguiente para discutir el conflicto. Una política de conjunto El día del cierre de la planta, la asamblea general de Morvillo votó nuevamente reclamar al gremio un paro y plan de lucha. Una delegación llevó esa noche la moción a Pilar. Nunca recibimos respuesta. Tampoco al planteo de bloquear en conjunto los talleres en donde se siguieron haciendo y se hacen trabajos de WC (Maggio, Casano, etc.). Los únicos que rechazaron sistemáticamente este "carnereaje" son aquellos cuyas internas pertenecen a La Naranja: AGR-Clarín e Ipesa, y desde ya Morvillo. Lejos de resaltar esta conducta clasista, la interna de WC junto a la burocracia, manifestaron en las actas de las audiencias que sus trabajos se desvían hacia Morvillo; una falsedad absoluta, funcional a la burocracia, que además fue acicateada desde el comienzo por el PTS a través del sitio virtual "Izquierda Diario". La Naranja convocó a la interna de WC a participar de la movilización, que impulsamos junto a los trabajadores de Prensa al Ministerio de Trabajo por la crisis de la industria editorial. En síntesis: confirmando la línea de adaptación a la burocracia seguida en el conflicto de la ex Donnelley, la Bordó-PTS desechó toda acción general, de cara al gremio y al gobierno, y cualquier iniciativa que no encaje en el enfoque "anti-buitres", compartido con el ongarismo. Su estrechez de perspectivas queda patentizada en que no hubo una sola publicación de la Bordó para el resto del gremio, difundiendo al menos el conflicto. Ante la parálisis inevitable a que conduce esta orientación (de la cual es bien consciente la burocracia), su único planteo se reduce a machacar con "que pare Morvillo". Hay que redoblar los esfuerzos para impulsar al gremio a la lucha contra los despidos y los cierres. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Tras la represión, un salto en las provocaciones Tras la represión, la Bordó-PTS salió a inundar las redes sociales acusando a los trabajadores de Morvillo -y en especial a su comisión interna- de ser "cómplices" de la patronal. ¡Llegan al extremo de decir que el operativo de desalojo fue combinado con los delegados de Morvillo y que las heridas que recibieron enfrentando a la policía son parte de una simulación! Más allá de la confusión o la desesperación que pueda reinar en la base estamos sin dudas ante un caso de descomposición política aguda de una dirección. La sarta de mentiras y calumnias que ha hecho rodar "por lo bajo" es propia de una secta en avanzado estado de podredumbre. Su seguidismo a la burocracia dejó a la Bordó atada de pies y manos; incapaz de reclamarle al gobierno -que terminó reprimiéndola- e incapaz de denunciar a la Verde -que dejó correr el carnereaje y se negó sistemáticamente a discutir un plan de lucha del gremio- buscan ocultar su impotencia atacando a los trabajadores que más solidarios fueron con el conflicto de WC.

El acuerdo paritario del 35 por ciento, logrado por la combativa seccional de ATE, perfora el techo salarial del gobierno y la burocracia. Como resultado de una serie de paros masivos, piquetes, movilizaciones, concentraciones, asambleas y plenarios de delegados, ATE conquistó un acuerdo del 35% de bolsillo retroactivo a marzo, el pase de un millar de contratados a planta, el reconocimiento de los licenciados en enfermería como profesionales de salud con el pase al régimen 27, entre otros ítems. Este acuerdo involucra al sector salud y la aceptación fue establecida mediante una consulta donde votaron casi 10 mil trabajadores de hospitales y centros sanitarios. El acuerdo paritario conquistado por la combativa seccional de ATE significa dar por tierra con el techo salarial impuesto por la burocracia y el gobierno, conquistó un nuevo triunfo en la lucha contra la precarización laboral y marcó una nueva pauta salarial para la provincia, tal vez para la nación. Esto provocó la reacción inmediata de las cámaras patronales y una violenta campaña de los principales candidatos radicales contra el acuerdo. Al día de hoy todavía el acuerdo no ha sido homologado por la Legislatura. Quieren desconocer la paritaria La Federación Económica de Mendoza (FEM), el Concejo Empresario Mendocino (CEM) y la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (Ucim) plantean su "preocupación" frente al acuerdo paritario de ATE salud porque establece una nueva pauta salarial frente al techo establecido por el gobierno en 25%, ni qué hablar de que termina con la precariedad de los contratados que son pasados a convenio. Los empresarios advierten que los trabajadores privados ven en el acuerdo de ATE una referencia salarial y un estímulo para reclamar el pase a convenio de miles de compañeros. El acuerdo salarial de los estatales se ha transformado en una cuestión de Estado. Los principales referentes del radicalismo y el frente Cambia Mendoza han tomado nota de la preocupación empresarial y están lanzados a una furioso campaña contra el acuerdo. Como fuera, vienen por un ajuste contra los trabajadores y en favor del gran capital. Impongamos la agenda de los trabajadores La representación política de los reclamos patronales ejercida por Cambia Mendoza tiene su contrapartida. La CTA está jugando un rol de reagrupamiento de lo mejor del movimiento obrero mendocino. No se trata de la unidad en abstracto; por el contrario, es la comprensión del proceso político, del aumento de las presiones y hostigamiento patronal, y por sobre todo la inminencia de un ajuste a gran escala en el marco de una provincia quebrada y una economía paralizada como la mendocina. Para el paro del 9, la CTA ya convocó a una movilización el día anterior, que expresará absolutamente todos los procesos de luchas de la provincia, los gremios independientes y los reagrupamientos antiburocráticos. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda ha lanzado una fuerte campaña en defensa de los acuerdos paritarios. Denunciamos que el bloque acaudillado por la UCR, como el FpV, han sido cómplices del saqueo del Banco Provincia de Mendoza y Previsión Social, de las bodegas Giol y del patrimonio de los mendocinos para beneficiar a los saqueadores Vila, Manzano, Pescarmona, Moneta y otros. Estos han hundido la provincia despilfarrando los recursos en beneficio propio. Hoy vuelven y pretenden más concesiones, subsidios y eximiciones impositivas. Los candidatos patronales son partidarios de ajustar a los trabajadores para satisfacer las necesidades de los grandes capitalistas. No se lo permitiremos. ¡Defendamos la Mendoza que trabaja!

Masiva movilización bancaria, en el primer día de huelga. El plenario convocado por el Sutna San Fernando debatirá cómo llevar a la victoria las luchas y cómo darle un programa y un carácter activo al paro nacional. La Presidenta desempolvó el 25 de mayo las amenazas más gorilas contra las huelgas obreras y el paro nacional. Depetri la interpretó de inmediato, hablando de vidrieras rotas que remontan a la lejana provocación de las marquesinas de Modart en el paro de 1988. Más brutal resultó la advertencia sobre “otro Mariano Ferreyra”, como si el asesinato de nuestro compañero no hubiera sido obra de la patota de un sindicato oficial kirchnerista de los que ahora carnerea el paro nacional, la Unión Ferroviaria. Y, en cambio, hubiera sido un “muerto” colocado por las propias víctimas, al gobierno que montó el negocio y la explotación de los tercerizados junto a los concesionarios y a la burocracia sindical. El motivo de semejante deriva es bien claro. El gobierno atraviesa una ola de huelgas obreras contra los topes impuestos despóticamente por Kicillof-Tomada a las paritarias, en connivencia con las Unión Industrial y el conjunto de las patronales, incluidas las bancarias que ganaron y ganan como nunca. La huelga general aceitera, de un pequeño pero combativo gremio, está conmoviendo al movimiento obrero y transformándose en un gran hecho político. Paraliza el principal complejo exportador argentino a través de la huelga general -un método denostado por la burocracia de las cinco centrales. Despliega piquetes para quebrar la conciliación obligatoria -y el carnereaje de una seccional oficialista en el cordón de San Lorenzo- y, tras haber arrancado a la propia patronal el 36%, ahora profundizó las medidas para quebrar la no homologación, el cepo kirchnerista a las paritarias. Los bancarios paralizaron las finanzas del país 48 horas y en asamblea, el Banco Central resolvió extender el paro dos días más. Hubo paros por turno de la Alimentación y de 24 horas de los papeleros, desconociendo la conciliación de Tomada, un hecho inédito. El 4 de junio moviliza camioneros con abandono de plantas, antes que ellos ATE para 24 horas, lo mismo que Conaduh que está en plan de lucha en todas las universidades. Hay que agregar la movida del Sitraic por 8.000 de mínimo en la construcción y el descomunal paro de la docencia bonaerense, llamado por los Suteba combativos que arrancó el pago a 27.500 docentes que no cobraban, quienes vuelven a parar por 48 horas por otros objetivos. Crisis en las paritarias. Ola de luchas obreras. El gobierno K en su ocaso choca con los sindicatos. Se disgrega aún más la burocracia sindical que lo sostuvo y lo sostiene. Es que Cristina ha empezado a prepararle el país a Scioli y a Randazzo indicando a los capitalistas que sus sucesores son, como ella hoy, los más indicados para llevar adelante el ajuste, los que podrán manejar los tiempos y a las organizaciones obreras y populares para aplicarlo. Y si no fueran los suyos, les prepara la mesa a Macri o Massa. Scioli se ha pronunciado por sostener en algún lugar futuro a Kicillof. El ministro inflexible con los salarios por debajo de la inflación y con el impuesto al salario, el nuevo sostén financiero de los explotados al Estado de la deuda externa y de los subsidios al capital. Así las cosas, el rol de un paro activo nacional es movilizar de conjunto, desde los lugares de trabajo a la Plaza a centenares de miles de trabajadores para lograr objetivos muy precisos: llevar a la victoria a los aceiteros y demás gremios en lucha, quebrar los topes paritarios, abolir ganancias en los salarios y detener los cierres de empresas y despidos masivos. Asociados a estos objetivos, el 82% a los jubilados y el pase a planta de los precarizados. Se trata de que la clase obrera irrumpa en la escena política, imponga un giro y, desde luego, gane un lugar destacado en la agenda electoral. Eso no se logra con un parito dominguero que marca el paso en el mismo lugar del ya realizado el 31 de marzo. En este marco el plenario convocado por los compañeros del Sutna San Fernando, adquiere una enorme relevancia: el debate del clasismo y de la izquierda del movimiento obrero acerca de cómo llevar a la victoria a la huelga aceitera y a todas las luchas obreras y la lucha por darle un claro programa y un carácter activo y movilizador al paro nacional.

Una asamblea histórica, la primera del gremio a nivel nacional, reunió en Rosario a más de un millar de trabajadores. El acuerdo paritario, vetado por el gobierno nacional. Cuarenta empresas y más de cien barcos parados. El 25 de mayo, la Federación Aceitera realizó una gran asamblea nacional aceitera, reivindicada por Yofra y Dávalos como "un hecho histórico porque es la primera asamblea nacional del gremio". Más de 1.000 aceiteros de diferentes provincias y localidades se concentraron en Rosario, frente a Santa Clara (Aceite Patito) una de las empresas de Molinos. Esta masiva y combativa concentración estuvo directamente vinculada con el desarrollo de la huelga y de alguna manera a su desenlace. Los dirigentes de la Federación y paritarios, Daniel Yofra y Adrián Dávalos, en sus intervenciones denunciaron que "el gobierno de Cristina es uno de los principales escollos para resolver el conflicto". Informaron a la asamblea que en una de las últimas reuniones "se había llegado a un acuerdo entre la Federación y las cámaras patronales, donde aceptaban un 36% de aumento, llevando el sueldo inicial a 14.300 pesos". Pero que "las patronales supeditaron la firma del acuerdo a la aceptación del Ministerio de Trabajo, quien lo rechazó de plano, acusando a los aceiteros de desestabilizadores del proyecto nacional y poco solidarios con el resto de los trabajadores". Los pulpos aceiteros, que igualmente podrían haber dado el aumento acordado, se refugiaron en el gobierno "nacional y popular" para "patear", una vez más hacia adelante una resolución. Esta ha sido una constante en el conflicto; las patronales y el gobierno, con el auxilio de la burocracia sindical de las centrales sindicales, se jugaron al desangre de la lucha por el aislamiento, el cansancio y las amenazas de descuentos de los días de paro. En oposición a esta orientación, la movilización aceitera mostró la enorme vitalidad de la lucha y el compromiso de los laburantes en jugarse a fondo. Desde el palco de la asamblea denunciaron el doble discurso del gobierno kirchnerista, que habla de paritarias libres y pone un techo salarial del 27% y en cuotas, y se reafirmó el compromiso de lucha por el 36% en un solo tramo, quebrando de hecho ese techo paritario. Las resoluciones Con la huelga hay más de 40 empresas y unos 100 barcos parados, así como también está afectado el comercio exterior de granos. La asamblea no sólo ratificó la huelga sino que votó su profundización Por unanimidad se resolvió: 1) defender el acuerdo arribado con las patronales, del 36% de aumento y reclamar al Ministerio de Trabajo su homologación; 2) mandatar a la Federación la decisión de nuevas medidas de lucha; 3) movilización inmediata de toda la asamblea hacia la ciudad de San Lorenzo para iniciar, esa misma noche, los bloques a las cerealeras. Los bloqueos A partir de las 21 horas, una larga caravana se dirigió a San Lorenzo donde se realizaron los cortes a los accesos de los principales pulpos aceiteros (Cargill, Vicentín, Dreyfus, Terminal 6, etc.) que no están de paro porque la seccional aceitera de San Lorenzo, comandada por el kirchnerista Reguera, está por fuera de la Federación y se ha sumado a la orientación patronal-gubernamental de aislar la huelga de la Federación. Los bloqueos del lunes 25 a la noche se mantuvieron durante el martes 26, acompañando la reunión paritaria que se realizaba en Buenos Aires a partir de las 14 horas. El cuarto intermedio que se abrió en esa reunión para continuar el miércoles 27, llevó a la resolución de continuar con los piquetes y bloqueos durante todo el día y la noche del martes, manteniéndolos durante la nueva reunión del miércoles. La Coordinadora Sindical Clasista en la Asamblea Romina del Plá, secretaria general de Suteba Matanza; Ileana Celotto, secretaria general de AGD-UBA; Rubén Shofrin, secretario general comisión interna Perfil; Pablo Viñas, secretario general de la comisión interna de Clarín; María Elena Molina, secretaria adjunta de Amsafe Rosario, y Jorgelina Signa, concejal PO-Frente de Izquierda de Capitán Bermúdez, manifestaron el apoyo total a la huelga general reafirmando, así, el compromiso que ya asumió el Partido Obrero regional, la juventud y las agrupaciones sindicales que vienen apoyando y acompañando todas las acciones de movilización y lucha. Se planteó el compromiso de realizar una fuerte movilización del movimiento obrero combativo de Capital y Gran Buenos Aires cuando lo consideren conveniente, ya que el Ministerio de Trabajo se está constituyendo en la principal traba en el conflicto paritario. En este mismo sentido, se invitó a los dirigentes de la Federación Aceitera al plenario obrero convocado por el Sutna (Fate) el 30 de mayo, donde "reunir a todos los sectores independientes del movimiento obrero con el fin de fijar una posición unitaria respecto del paro general convocado para el 9 de junio, partiendo de la necesidad de darle carácter activo a dicha acción colectiva del movimiento obrero". ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 22 días de huelga general aceitera La CGT San Lorenzo, ¿qué va a hacer? Antes de que se iniciara esta enorme huelga, en marzo, se anunció un acuerdo estratégico entre la Federación Aceitera y la CGT San Lorenzo. Los ejes eran dos: en primer lugar la defensa en común de un salario igual a la canasta familiar, tanto para aceiteros como para todos los trabajadores tercerizados del complejo oleaginoso (conocido como convenio Copa) representados por la CGT regional y, en segundo lugar, enfrentar, también en conjunto, la sucesión imparable de muertes obreras por accidentes laborales. Hicieron público este acuerdo de lucha en el acto realizado en el centro de San Lorenzo cuando fue el paro del 31 de marzo. El convenio Copa A partir de que la burocracia aceitera del sindicato de San Lorenzo se fue de la Federación Nacional, acordó con las patronales locales eliminar del convenio regional la prohibición de tercerizados. De esta manera, las patronales pudieron multiplicar, legalmente, sus extraordinarias ganancias con miles de tercerizados, que tienen convenios inferiores, tales como Uocra, Comercio y otros; así como también se multiplicaron los accidentes laborales y las muertes obreras por esa enorme precarización laboral. Como respuesta a esta situación, desde la CGT San Lorenzo se conquistó que todos los trabajadores tercerizados de las empresas del complejo oleaginoso cobraran un salario regional igual que el de los trabajadores aceiteros de planta. Este convenio, conocido como Copa, es apoyado por los aceiteros de la Federación como una situación transitoria hasta imponer el pase de todos los trabajadores al convenio de aceiteros; como lo han conseguido en las empresas de Rosario y otras localidades del interior de la provincia. Por estas fuertes razones, las discusiones paritarias de los aceiteros y de los tercerizados del Copa representados por la CGT regional están unidas y ambas se habían vencido. Sin embargo, la huelga la está sosteniendo exclusivamente la Federación Aceitera. La CGT San Lorenzo, de orientación moyanista, abandonó esa alianza de lucha con los aceiteros. Acató los 15 días de conciliación obligatoria y luego cinco días más de alargue de esa conciliación, en momentos que otros gremios, como Bancarios, desconocieron la conciliación y siguieron con el plan de lucha. En esta huelga están en juego el salario de los aceiteros, de los tercerizados (Copa) que representa la CGT San Lorenzo y las condiciones laborales. Aceiteros de San Lorenzo La burocracia aceitera de San Lorenzo deja que la huelga se desgaste, aunque una derrota afectará también el salario de los aceiteros de la regional San Lorenzo. Las patronales, que son las mismas que operan en Rosario y otras zonas, aprovecharían para avanzar contra las condiciones laborales y el convenio de todos los aceiteros. Las movilizaciones y cortes en las plantas de los pulpos aceiteros de San Lorenzo desarrollados por los trabajadores de Rosario y otras regionales aceiteras tienen el fin de bloquear la producción a las patronales, pero también son un llamado a la unidad en la lucha de todos los trabajadores aceiteros en defensa del salario, del convenio y de la efectivización de todos los tercerizados. Hay que cambiar este cuadro de situación. Es necesario terminar con esta tregua y división. Asamblea general y en las plantas, que la CGT San Lorenzo declare la huelga en apoyo a los aceiteros y por el convenio Copa.

Relanzamos la campaña electoral mendocina del Partido Obrero en el Frente de Izquierda. Con el título de este artículo como consigna central, el Partido Obrero en el Frente de Izquierda de Mendoza relanzó la campaña provincial con un acto-peña con unos 350 compañeros. A su vez, lanzamos la campaña nacional "Altamira, presidente", con delegaciones de los nacientes Partido Obrero puntano y sanjuanino. Del acto participaron numerosas delegaciones de trabajadores: gran parte de la directiva y delegados de la combativa ATE, judiciales de las oficinas fiscales en paro por la jornada de 6 horas, los ex ypefianos, delegaciones de escuelas en conflicto, municipales, referentes de la conducción de CTA como "Polo" Martínez Agüero, dirigentes de los centros de estudiantes de las universidades privadas de Congreso y Aconcagua, parte de la comisión directiva del Sitraic, feriantes de Guaymallén, docentes universitarios, las bandas que tocaron solidariamente, trabajadores de la industria y sectores privados. Elecciones y agenda obrera El frente de los radicales macristas y el Frente para la Victoria estarían encantados en discutir sobre cepo cambiario, reducción de alícuotas a la exportación, la composición de la Corte y otros temas ajenos a las necesidades del pueblo trabajador. Sin embargo, se ven obligados a discutir sobre salario, pase a planta y condiciones de trabajo, ya que las cámaras patronales han puesto el grito en el cielo frente al último acuerdo paritario de ATE-CTA, el cual establece una nueva pauta salarial al haber conquistado el 35% en una cuota y el pase a planta de cientos de contratados. Lo que más preocupa a los radicales es que se han colado en la campaña electoral una serie de reclamos obreros que deben enfrentar en plena campaña. Estos elementos explican un crecimiento en la intención de votos del Frente de Izquierda y un acercamiento del activismo obrero, ya no sólo para adherir a la campaña, si no para tomarla en sus manos de forma militante. En los próximos días lanzaremos nuevas iniciativas en defensa de la salud y sus trabajadores, por viviendas y urbanización, en defensa de la mujer trabajadora y el acceso a la educación pública. Desafío político Los radicales acusan un estancamiento en la intención de voto por debajo del 50%. El FpV vive una verdadera estampida. Los ganadores de las Paso no logran encolumnar a todos los derrotados de sus espacios detrás de ellos, esto plantea objetivamente una posibilidad de crecimiento electoral para el Frente de Izquierda, sobre todo en la base más progresista de los partidos patronales. El desafío del Frente de Izquierda es transformarse en la oposición política y social a los ajustadores. Es la conclusión que deja la gran batalla política por la aprobación de las paritarias. El Frente de Izquierda debe concentrarse en el desarrollo de un programa obrero, en la especialización de cuadros en distintos aspectos de este programa. Sobre la base de este desarrollo, y de la confrontación con los políticos patronales, iremos forjando nuevos protagonismos. Esto es inseparable del desarrollo de tendencias clasistas en los sindicatos, es lo que la compañera Raquel Blas está haciendo frente al ataque del aparato radical patronal contra maestros y enfermeros. El protagonismo personal es efímero, más en un escenario de crisis como el que vivimos. Por el contrario, apostamos al anclaje de un programa y su maduración consciente en las masas trabajadoras. Sobre esta base pretendemos ampliar las bancas del Frente de Izquierda. Vamos a defender la Mendoza que trabaja con los gremios combativos y las representaciones parlamentarias del Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

La característica política de esta provincia es su inestabilidad y la descomposición de las tradiciones políticas entre la población, lo que se combina con una cantidad pocas veces vista de agrupamientos. Es decir, un proceso agudo de disgregación política. El oficialismo provincial de Fabiana Ríos llegó como socialista, pero luego se asoció al FpV y llega al final de su segundo mandato en retirada, después de procesar y perseguir a docentes, así como otros trabajadores por los conflictos de los últimos años. Como la clase obrera tiene una presencia muy definida y una importante historia de luchas fabriles y estatales, una parte de la política local pasa por los partidos que han ido generando las diferentes burocracias sindicales. Estos partidos no son por su naturaleza partidos obreros, pero cuentan con una importante base de apoyo en el activismo sindical que sigue a esas burocracias y, en parte, forma sus aparatos. El más importante de estos partidos es el Movimiento Solidario y Popular, del diputado nacional Martínez, quien es, a su vez, secretario general de la UOM. Martínez combina su acercamiento con el gobierno nacional, con discursos combativos y con la firma de los convenios entre la UOM y la Afarte, que han establecido en Tierra del Fuego una flexibilización laboral extrema como no se registra para el empleo fabril en ningún otro lugar del país. Concretamente, la contratación temporaria (mensual) es la regla. Las plantas, a su vez, tercerizan a los trabajadores en varias empresas dentro de la misma planta de modo que muchos trabajadores pasan años y años rotando de empresa, sin acumular la antigüedad para salir del trabajo precario. Con estos antecedentes han formado un "Frente de Trabajadores", junto a sindicatos del vestido, televisión, ATE y otros. Mientras los candidatos patronales, e incluso este Frente de Trabajadores, discuten cuestiones cosméticas casi sin profundizar el debate, el Partido Obrero se planta ante la precarización y flexibilización laboral que hay en la provincia. El pasado diciembre más de tres mil metalúrgicos habían quedado en la calle, producto de los contratos basura, fue ahí donde impulsamos en la ciudad de Río Grande, junto al movimiento independiente de precarizados, el proyecto de prohibición de despidos y suspensiones, hoy cajoneado, tanto por el oficialismo como por los K y la UCR. Es hora de que el pueblo trabajador de la provincia más austral tenga una organización política que los represente; una organización que canalice los reclamos por un sueldo igual al costo de la canasta familiar, que hoy en la provincia no baja de 18 mil pesos; que luche por acabar con la precarización laboral y los contratos basura; una alternativa que luche por un plan de viviendas populares y termine con la especulación inmobiliaria en las dos ciudades grandes donde el precio de un alquiler no baja de los 5 mil pesos; una alternativa que cuando entre en la Legislatura, baje los sueldos de lujo que tienen hoy los diputados (rondando en casi 70 mil pesos), una organización que, en última instancia, defienda los intereses de la clase trabajadora. Las listas del PO para la Legislatura y los concejos de Grande y Ushuaia incluyen a una nueva generación de los trabajadores que se levanta, son compañeros fabriles, empleados públicos, docentes, portuarios y trabajadores precarizados de varios sectores. El joven Partido Obrero de la isla lucha por el ingreso a la Legislatura y los concejos para fortalecer los reclamos de los trabajadores y transformar esas bancas en una rueda auxiliar de la acción de la clase trabajadora enarbolando un programa político de independencia de clase.

El MPN perdió la conducción de Plaza Huincul con el Frente Popular Neuquino, que lidera el intendente de la ciudad vecina Cutral Có, el kirchnerista Ramón Rioseco. Representa para el MPN un nuevo golpe, luego de la elección del 26 de abril, donde obtuvo la elección más baja de su historia. Ambos partidos, el MPN y el FPN, no superaron el 25 por ciento de los votos cada uno y sólo se aproximan al 35 cuando se le suman las tres y dos colectoras con las que contaron cada uno. La decisión de la Junta Electoral Municipal de Plaza Huincul de volver a realizar la votación en siete mesas, por diversas ‘irregularidades’, responde a una decisión del MPN de manipular el escrutinio. Las siete mesas condensan el 20 por ciento del electorado. Las colectoras que llevaron Rioseco y "Pechi" Quiroga en las elecciones provinciales fueron divididas en Plaza Huincul, colaborando en la dispersión y ratificando el proceso de disgregación política general. En un municipio de 10.000 votantes se presentaron 16 listas y 11 candidatos a intendente. La única colectora que mantuvo Rioseco fue la de Libres del Sur, que conquistó el séptimo concejal, sin prácticamente ningún trabajo político en el municipio. Los otros seis concejales se dividen en forma paritaria entre el MPN y el FPN. La lista del PO-Frente de Izquierda obtuvo el 2,6 por ciento y reafirmó los resultados obtenidos en Plaza Huincul en la elección provincial, resistiendo una polarización electoral acicateada por el peso de los aparatos de los municipios de la comarca petrolera y por las colectoras. Aunque no logró despegarse de un pelotón de variantes que rondaron en esos guarismos, por debajo quedaron NCN (el partido de "Pechi" Quiroga), la UCR y la CC-ARI. El gran balance, de todos modos, reside en el desarrollo político y organizativo del PO. Nuestra denuncia por la manipulación, los negociados y las corruptelas en el Enim -el organismo conquistado por las puebladas de los ’90 luego de la privatización de YPF, destinado a impulsar la reconversión productiva de la comarca administrando los recursos del yacimiento El Magrullo- fue lapidaria. Colocamos en la agenda política de Plaza Huincul y Cutral Có el debate sobre el control y el destino de la renta petrolera manejada por el Enim. Que nuestra campaña se hizo notar lo demuestran las provocaciones montadas por el MPN y Rioseco, primero atentando contra nuestro local y luego maniobrando para impedir la fiscalización del Frente de Izquierda. Una nueva camada de jóvenes trabajadores, entre ellos petroleros, docentes y municipales, se sumó a la campaña y a la militancia. Se han acercado trabajadores ex ypefianos, interesados en reunirse para seguir dando impulso a su lucha luego de la reciente conquista en el Congreso Nacional. Las elecciones municipales en Cutral Có, y las nacionales de agosto y octubre, encuentran al Partido Obrero de la comarca petrolera más fortalecido y preparado.

Aurelio Díaz, candidato a diputado. El Partido Obrero defendió su lugar de tercera fuerza. Los comicios en el Chaco estuvieron marcados por una elección plebiscitaria del gobierno provincial. Capitanich logró capear la crisis política provincial abierta durante su jefatura de Gabinete, a costa de una unificación del PJ en la cual debió ceder la candidatura a gobernador a Peppo -dejando de lado a su delfín Aguilar. Pudo contener las movilizaciones de movimientos sociales, estatales y docentes con la complicidad de la burocracia sindical para imponer una pauta salarial de ajuste. Jugó a fondo el recurso del régimen fraudulento de las colectoras municipales y un enorme aparato punteril organizado desde el Estado. Peppo perdió la interna en su propio municipio, donde la candidata fue su esposa Simonofsky, a manos de una línea interna del PJ. El triunfo del PJ forma parte, además, de una recuperación del kirchnerismo, que en 2013 parecía marchar a una bancarrota financiera que finalmente se ha dilatado. El frente único opositor, de los radicales apoyados por Macri y Massa, fue derrotado en su intento de recuperar el gobierno provincial. En este cuadro, el Partido Obrero defendió su lugar de tercera fuerza, aunque con un retroceso respecto a las Paso y las generales de 2013. Obtuvimos 2% a gobernador y 2,3% a diputado provincial (en las Paso de 2013 logramos 2,5%). Sufrimos una intensa presión del aparato de punteros del PJ y la UCR, del gobierno provincial y los municipios. En Resistencia obtuvimos el 6% de los votos a diputado provincial y 5% a gobernador. Con relación a las últimas elecciones a gobernador (en 2011), duplicamos la cantidad de votos. Superamos el piso de las internas en el orden provincial, en todos los municipios del Gran Resistencia y en Sáenz Peña. Proyecto Sur y el MIJD no superaron el 0,75% de los votos necesarios para pasar el piso de las Paso. Entre el PJ y la UCR sumaron el 97% de los votos a gobernador. La campaña electoral intensa que desarrollamos, el reagrupamiento de nuevos fiscales (más de 250) y el trabajo en nuevas localidades abren la posibilidad de un desarrollo del partido más intenso en la provincia. El desarrollo de una fuerte organización política distrito por distrito es la única vía para superar los resultados marginales en el interior. En el parque industrial de Tirol llevamos adelante una fuerte campaña recogiendo los reclamos del movimiento obrero local. Obtuvimos el 1,6%. Sufrimos el despido de Miguel Gauna de Unitán, nuestro candidato a intendente. Un sector del activismo obrero históricamente vinculado con el PO decidió participar en la interna del PJ, donde listas opositoras canalizaron parte del descontento obrero y popular. Las elecciones generales abrirán un nuevo cuadro, en el marco de fuerte ataque patronal en todas las fábricas. En la provincia se abre un nuevo escenario de lucha política hasta las elecciones generales de septiembre, que estarán condicionadas por la marcha de la crisis política nacional y las primarias de agosto. En este marco, redoblaremos los esfuerzos por el ingreso a la Legislatura, con Aurelio Díaz, y a los concejos deliberantes.

Hablan Jorge Altamira, precandidato a presidente y Juan Carlos Giordano, precandidato a vicepresidente. Cuando el Partido Obrero e Izquierda Socialista decidieron una lista común para participar en las Paso dejaron en claro cuál era el propósito que perseguían: lanzar sin más demora la campaña presidencial, ante la evidencia de que los candidatos de los partidos capitalistas ya estaban volcados plenamente a ella, y asegurar la continuidad del Frente de Izquierda, ya que aquella es una vía para superar las diferencias existentes en materia de candidaturas. El primer pronunciamiento oficial de los compañeros del PTS iba en la misma línea. Saludaron "el cambio de posición" de IS y PO en relación a las Paso, en obvia referencia a que ambas organizaciones siempre las consideramos un maniobra reaccionaria del régimen, y señalaron que "garantizaban la continuidad del Frente de Izquierda". Sin embargo, con el transcurrir de los días, su gusto por las Paso se ha reducido a la nada. No sólo eso. Ahora acusan al PO e IS por haber lanzado una fórmula común para intervenir en ellas. Se trata de un hecho sorprendente de parte de un partido que anunció su candidato presidencial en octubre pasado, y viene insistiendo con las Paso desde 2013. ¡A principios de año nos entregaron un reglamento completo para competir en las Paso, elaborado por iniciativa exclusiva del PTS! Visto el viraje de posición que se ha operado, es lícito concluir que el PTS usó la convocatoria a las Paso como un chantaje en la mesa de negociaciones del Frente de Izquierda en pos de conseguir ciertas candidaturas, pero sin nunca querer realmente recurrir a ellas. Es lo que popularmente se llama "correr con la vaina". Este mecanismo del chantaje permanente se corresponde con su concepción del Frente de Izquierda, el cual fue calificado como un "campo de disputa" entre los partidos que lo integran, lo que conduce a subordinar los intereses generales de su desarrollo a las necesidades particulares de un aparato. Esta posición, a la que habitualmente se denomina "autoproclamación", es contraria al Frente Unico, que es la forma concreta que desde el PO entendemos al Frente de Izquierda. Para nuestro partido el Frente de Izquierda se ha desarrollado como una forma concreta de unidad de clase contra los partidos y candidatos capitalistas en el terreno político. La naturaleza progresiva del Frente Unico radica en que ofrece una herramienta para la lucha por la independencia de clase, y en esa medida cumple un propósito positivo para los objetivos generales de la revolución socialista. Llevado a las Paso esto significa que vamos a las mismas, no para establecer una guerra fratricida entre las distintas listas del Frente de Izquierda, sino a movilizar las fuerzas del Frente para enfrentar a los Scioli, Macri y Massa. En ese sentido, insistimos que las Paso son hoy la vía para asegurar la unidad y el desarrollo del Frente de Izquierda. ¿Proscripción del PO de Mendoza? En su afán de zafar de las mismas Paso que propiciaron durante meses, el PTS ha enviado por las redes sociales una propuesta ‘unitaria’ para alcanzar una lista común. Aquí las comillas cobran todo su sentido irónico, pues la propuesta ‘unitaria’ implica ni más ni menos la proscripción del Partido Obrero de Mendoza. No puede entenderse de otro modo la intención de que Nicolás del Caño no rote su banca con nuestra compañera Soledad Sosa, tal como establece el acuerdo del Frente de Izquierda y que además hace a sus principios fundantes más sentidos -que las bancas serán de uso del conjunto de las fuerzas del Frente de Izquierda. Sería una vuelta de tuerca más en la usurpación de la banca que llevaron adelante en el Congreso Nacional, al inscribir como "bloque PTS" la banca del Frente de Izquierda de Mendoza. Para ello, han pasado a hablar del "Frente de Izquierda de Nicolás del Caño", lo que supone la creación de una entidad política nueva. La autoproclamación ha cobrado la forma de un relato de apropiación personalista. Esta propuesta de proscripción de nuestro partido mendocino la consideramos francamente inadmisible. Si bien nosotros consideramos a todo el PO como un partido revolucionario y combativo, nuestra regional mendocina se destaca. El trabajo parlamentario de nuestros compañeros ha sido relevante, tanto en la Legislatura provincial donde tenemos dos diputados, como también en los tres Concejos Deliberantes donde tenemos representación. En Guaymallén, el principal municipio de la provincia, nuestro compañero Federico Telera se ha destacado en su lucha contra las roscas y las corruptelas políticas del PJ y la UCR, proyectándose como un dirigente provincial. Pero, todavía más importante, la penetración del Partido Obrero en los sindicatos de la provincia es un factor de reorganización del movimiento obrero local en torno al clasismo y al Frente de Izquierda, empezando por la dirección de ATE y CTA provincial. Por ello la compañera Raquel Blas, actual secretario general de ATE Mendoza será la cabeza de la lista nacional Bermellón de unidad de la izquierda para disputar la dirección de ATE. En este punto, lo logrado por los compañeros del PO en Mendoza es un desafío a seguir por todo el PO y el Frente de Izquierda a escala nacional. Una fuga El intento de usurpar la banca de Mendoza no aplicando la rotación establecida, es el resultado de otro hecho grave: que el PTS y el compañero Nicolás del Caño no luchen por renovar la banca de diputado nacional de Mendoza. Si entendemos esta banca como lo que es, una conquista del Frente de Izquierda y de los trabajadores, el deber es pelear hasta el final por mantener esa conquista. Es lo que hará Néstor Pitrola en la provincia de Buenos Aires, que rotará en su banca tal como está establecido y se postulará como primer candidato a diputado para mantener esta conquista del Frente de Izquierda. Marcelo Ramal hizo lo propio en su banca de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. No actuar de este modo equivale a una verdadera fuga, o para ser más exactos, un incumplimiento de la tarea de un militante revolucionario. Hacemos notar que el autobombo ("El Frente de Izquierda de Del Caño") se acaba cuando empiezan los verdaderos desafíos. ¿Se nos pide que convalidemos semejante hecho, que además trae aparejado la proscripción del PO de Mendoza? De ningún modo podemos dar nuestro consentimiento. Sabiendo que su trampa ha sido descubierta, los compañeros del PTS le han dedicado una parte de su último comunicado a afirmar que es muy simple renovar la banca de Mendoza. En las recientes elecciones en la provincia, atribuían los resultados obtenidos "al Frente de Izquierda de Del Caño". Ahora, en cambio, se podría prescindir de Del Caño para renovar la banca obtenida. ¿En qué quedamos? Los llamamos a que asuman su responsabilidad y que peleen por renovar esa banca, que es una conquista colectiva de todo el Frente de Izquierda y de los luchadores de este país. Desde luego, huelga aclarar que no es lo mismo conquistar la banca de Mendoza donde se eligen cinco diputados que la de la provincia de Buenos Aires, donde se eligen 35. Pero en el actual cuadro político, de elecciones presidenciales donde la burguesía pone todo para polarizar entre los candidatos del ajuste, más que nunca el Frente de Izquierda debe jugar en cada lugar sus mejores cartas. Vamos a las Paso del Frente de Izquierda Volvemos al punto de partida. Las Paso son, en las actuales circunstancias, el medio para asegurar la unidad del Frente de Izquierda y su desarrollo político. Nuestro acto del 5 de junio en Ferro, por ejemplo, convocado para anunciar la fórmula Altamira-Giordano así lo demuestra. Entramos directamente en la fase de la campaña presidencial, para disputarle palmo a palmo a los Scioli, Macri y Massa. Si los compañeros del PTS hacen una campaña unitaria, apuntando los cañones contra el enemigo de clase, contribuirán a la tarea común que tenemos por delante. En la mesa del Frente de Izquierda ya hemos acordado que la conformación de las listas comunes seguirá el método proporcional, y que mantendremos el principio de la rotación para quienes estén entre los tres primeros lugares. De este modo podemos asegurar que luego de las Paso tendremos una lista unificada del Frente de Izquierda con la participación y representación de todos. Aunque uno ganará y otro perderá, es posible que ese resultado se invierta en ciertos distritos, o que en algunos la diferencia sea más importante, mientras en otros no. Lo importante es que nos lanzamos a la campaña y que todos los partidos tienen el terreno para desplegar sus fuerzas y sus iniciativas. Las Paso servirán a un recuento de fuerzas del Frente de Izquierda en el marco del gran recuento de fuerzas de los candidatos de la clase obrera contra los candidatos capitalistas. Que las Paso del Frente de Izquierda sean un ejemplo de lucha y movilización política socialista ante todo el país.

El tablero político provincial fue sacudido con el anuncio del "Acuerdo del Bicentenario", que reúne a José Cano (referente del Acuerdo Cívico) y Domingo Amaya (actual intendente K de San Miguel). El anuncio opacó el impacto que produjo la visita días antes de Scioli, apadrinada por Alperovich en el Hipódromo. Un cambalache Tanto Cano como Amaya justificaron el acuerdo señalando que eran los únicos capaces de ganarle a los candidatos de Alperovich. Sin embargo, no está definido aún quién va a encabezar. Lo único que se sabe es que el candidato para la capital va a ser Germán Alfaro, el número dos de Amaya. El Acuerdo Cívico (AC) se conformó con un conglomerado contradictorio de fuerzas (UCR, Libres del Sur, PS, ARI, DC, PJ disidente) en la que únicamente Cano emergía como referente provincial. Originariamente presentado con un discurso "progresista", AC siguió todos los virajes derechistas de la UCR nacional. Cuando Massa tuvo su minuto de gloria, Cano pactó un acuerdo que significó la integración de varias tendencias del PJ que rompían con Alperovich; luego, acordó con el PRO local lo que derivó en el alejamiento de sectores massistas y de un sector radical; ahora, impulsa el acoplamiento del alperovichismo. El anuncio del acuerdo de Cano con Amaya ha producido entusiasmo en algunos sectores, pero también desconcierto. El acuerdo continuista con quien fue la mano derecha de Alperovich durante doce años provoca incertidumbre en quienes tenían expectativas en un "cambio". Reina la incertidumbre. El alicaído Massa anunció que pretende acordar con Amaya y separarlo de Macri. Mientras tanto, Amaya declaró que no tiene ninguna relación con Massa y que simpatiza con Randazzo. Macri, quien viajó junto a Sanz para bendecir el acuerdo, se encontró con un fuerte vacío por parte de Libres del Sur y del propio radicalismo. Varios sectores del Acuerdo Cívico originario dan muestras de rebeldía, pues no quieren ser desplazados de las candidaturas prometidas. Alperovich, por su parte, está usando todos los recursos del Estado para ocupar el escenario. Mientras da rienda suelta a la formación de centenares de acoples, envía una ley anticonstitucional que prohíbe las dobles candidaturas con el objetivo de meter cuña en la oposición. La única alternativa Estos alineamientos y maniobras se producen en medio de un acelerado deterioro de los indicadores sociales. Crecen la desocupación y los asentamientos; las víctimas de la inundación de febrero-marzo continúan sin respuestas, y varios gremios están en lucha. La burocracia de Fotia maniobró para impedir un paro. Sin embargo, un plenario de secretarios generales de todos los ingenios del país resolvió una huelga por tiempo indefinido a partir del 22 de junio en reclamo de un 39% de aumento salarial. En este escenario, el Partido Obrero y el Frente de Izquierda es la única alternativa frente a la falsa polarización entre quienes defienden los mismos intereses sociales y que pretenden que la crisis la paguen los trabajadores. La campaña política sigue a todo vapor, conformando asambleas y comités de apoyo con iniciativas que están agrupando a importantes luchadores obreros y populares.

Con la presencia de más de 500 asistentes en Isidro Casanova, se realizó el acto de lanzamiento de los principales candidatos del Partido Obrero de la lista local. Estuvieron en el acto Romina Del Plá, secretaria general de Suteba La Matanza, candidata a senadora por la tercera sección electoral; Ricardo Schiro, secretario general de Cicop del Hospital Km 32, candidato a intendente de La Matanza, y Miguel Bravetti, secretario general de la comisión interna de Interpack, candidato a concejal. Junto a ellos estuvieron Jorge Altamira, Néstor Pitrola y destacados luchadores docentes, de la salud, gráficos, del Polo Obrero, jóvenes y de varios gremios de la industria, que también serán parte de la lista que presentaremos en las Paso: la alternativa más representativa de la izquierda del distrito. Izquierda Socialista envió una adhesión de apoyo al acto y a la lista que encabezarán Altamira-Giordano a nivel nacional y Pitrola-Sobrero a nivel provincial. La Darío Santillán-CN estuvo presente y con una adhesión manifestó su apoyo al Frente de Izquierda. El acto comenzó con una foto de todos los asistentes con afiches y carteles con la leyenda "Ni una menos", aprovechando así la oportunidad dar un impulso la jornada del 3 de junio contra los femicidios. Romina del Plá abrió las intervenciones señalando precisamente la importancia de que esa fecha -la del 3- tenga un carácter de denuncia de la responsabilidad del Estado y sus representantes políticos. Para ello planteó una intensa campaña de movilización hacia el Congreso que involucre a cientos de trabajadores del distrito con la consigna "el Estado es responsable". Luego pasó revista a la lucha en desarrollo del movimiento obrero combativo contra la crisis educativa, de la salud, la lucha contra la impunidad y planteó la necesidad de unir estas reivindicaciones a una salida política. Miguel Bravetti hizo hincapié en la política local, caracterizó a la reciente rendición de cuentas del municipio por un monto que superaba en 1.500 millones de pesos al presupuesto original, como demostración de que se trata de una gran caja negra del PJ, que los bloques opositores actuales (massismo y macrismo) son incapaces de enfrentar. Destacó como conclusión el desafío histórico de luchar porque la izquierda consagre una banca, que sea portavoz de las principales reivindicaciones de los trabajadores el pueblo de la Matanza. Cerrando las intervenciones locales, Ricardo Schiro destacó que el PJ de Espinoza llevó a una crisis total la infraestructura distrital con el triste récord de más de 5.000 evacuados en 2014 y un déficit habitacional del 22 por ciento de los hogares -es decir 140 mil viviendas. Esta situación, junto a la crisis sanitaria, educativa, del transporte, la precariedad laboral y la seguridad fueron abordadas en la intervención para dar lugar a la conclusión de la necesidad de reorganizar al distrito sobre nuevas bases sociales. En su intervención, Pitrola afirmó: "La fórmula que hoy anunciamos con Rubén "Pollo" Sobrero, acompañándome como candidato a vicegobernador, se orienta a reforzar el proceso de ruptura con el peronismo y la burocracia sindical, dotando a los trabajadores de una alternativa política contra los candidatos del ajuste, que son tanto Scioli como Macri y Massa". Pitrola expresó que toda nuestra energía y solidaridad está puesta en el triunfo de la huelga general aceitera, que ya arrancó un mínimo aproximado a la canasta familiar de 14.300 pesos. Dio la primicia de que se acordó entre los ferroviarios del Sarmiento y el Sutna San Fernando la realización de un plenario para el 30 de mayo con el objetivo de discutir la intervención de la izquierda en el paro nacional. La agenda del paro es parte integral de la agenda política del Frente de Izquierda". Altamira señaló: "el debate entre los candidatos del ajuste es cómo lo hacen, de qué manera lo aplican, con qué gradualidad, pero no discuten que el ajuste a las violentas contradicciones y desequilibrios de la economía kirchnerista se lo aplicarán al pueblo. Nosotros proponemos que el ajuste lo paguen los banqueros, los grupos exportadores y la patria contratista". Luego de este gran acto el Partido Obrero de La Matanza sale fortalecido a desarrollar la campaña electoral de cara a las paso del Frente de Izquierda.

Noah Mamet, el embajador norteamericano en Argentina, junto a Daniel Scioli. A la par de las giras y apariciones mediáticas, hay una agenda poco visible, casi oculta, que los principales candidatos presidenciales desarrollan en la trastienda. Se trata de llamar poco la atención, pasar casi desapercibidos, pero lo cierto es que se han multiplicado los contactos de los principales bloques políticos en pugna, debido a la sucesión de Cristina, con Estados Unidos. En los últimos dos meses, estamos asistiendo a una verdadera vorágine de reuniones reservadas, conferencias cerradas al público o mensajes cifrados a lo que se agregan las actividades públicas. El embajador norteamericano en Argentina, Noah Mamet, limitó su agenda pública con el gobierno a la firma de algunos acuerdos, fotos protocolares y actividades culturales. Sin embargo, en forma subterránea, el enviado de Obama y la diplomacia apostada en Washington trabajan activamente en contactos con los principales candidatos presidenciales, legisladores y empresarios. "Estados Unidos está preparando el terreno para el próximo gobierno porque sabe que las relaciones con la Argentina cambiarán sustancialmente y hay buenas posibilidades a futuro de hacer buenos negocios aquí" (La Nación, 23/5). Se trata del comentario de un destacado empresario de una firma norteamericana, que se reunió varias veces con Mamet y formó parte de una comitiva de legisladores y hombres de negocios que viajó a Washington para mantener reuniones en el Departamento de Estado. En esta sucesión ininterrumpida de contactos ha quedado delineada una agenda que incluye las principales exigencias del establishment norteamericano. En las reuniones reservadas que el embajador norteamericano mantuvo, tanto con Scioli como con Macri, Massa, legisladores y empresarios de todos los rubros, surgen varios temas para recomponer las relaciones: la urgente colaboración en la lucha contra el narcotráfico y el ‘terrorismo’, los proyectos de inversión conjunta a futuro y el mejoramiento de los lazos comerciales, entre otras cosas". En esta misma línea, el 15 de mayo pasado, la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (Ancham), junto con el Centro de Estudios Americanos y una delegación de 27 integrantes de ejecutivos de empresas y dirigentes políticos viajó a Washington y mantuvieron reuniones con diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano. Los círculos de poder norteamericanos reclamaron definiciones en lo que se refiere a la política cambiaria atada con el cepo al dólar, la prohibición para que las empresas giren dividendos a sus casas matrices y las trabas a las importaciones, a lo que se agregó el futuro de los acuerdos "privilegiados" (así los calificaron varios), que selló Cristina Kirchner con China y Rusia. En todos estos contactos, donde desfilaron referentes de los principales candidatos, hubo señales de que habrá un golpe de timón en la política económica y que se operará un giro atendiendo estos reclamos. Macri, Scioli y Massa fueron aún más explícitos en los encuentros que mantuvieron con la diplomacia norteamericana en lo que respecta a un arreglo con los buitres, dejando en claro que dicho conflicto "se resolverá ‘rápida y efectivamente' no bien asuma el próximo gobierno. Ello despejará los fantasmas que hay con Estados Unidos, a fin de generar una relación más fluida" (ídem). Mientras se conmemora un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo, a la par de actos y desfiles oficiales, asistimos a un desfile -una verdadera procesión- de los "jinetes del ajuste" por Washington, decidiendo, en las sombras, entre bambalinas, los lineamientos principales de su próximo gobierno y los destinos del país.

Movilización obrera del plenario del Sutna San Fernando. El kirchnerismo y la oposición tradicional quieren valerse del peso del Estado y de la burocracia sindical para impedir la irrupción de la clase obrera en la crisis. Cristina Kirchner no dudó en usar la tribuna de la Plaza para atacar a las huelgas obreras que buscan romper el techo oficial a las paritarias. La Presidenta desafió a los sindicatos a ‘hacerle al próximo gobierno huelgas por paritarias libres’, como si no fuera este gobierno el que está eliminando de hecho las paritarias al imponer mediante el Estado un techo a los acuerdos salariales. Cristina, de este modo, marca el camino que continuará su sucesor. Daniel Scioli, rápido de reflejos, reiteró en estos días la posibilidad de retener a Kicillof en el gobierno, y entre los elogios prodigados, figura justamente "la manera en que está manejando las paritarias" (sic). Cristina Kirchner quiso presentar en la plaza un discurso de "despedida", pero la camarilla oficial ya se ha mimetizado con la liga pejotista que se postula a sucederla -Scioli, Anibal Fernández, Randazzo. Unos días antes de invocar la bandera de la soberanía, los diputados y asesores económicos del kirchnerismo se confundían en Washington con los de Massa y el macrismo, prometiendo el mismo rumbo para después del 10 de diciembre: arreglo con los fondos buitre, aumento de tarifas y devaluación, para abrirle paso a un nuevo reendeudamiento con el capital financiero internacional. Mientras en la tribuna de la Plaza se invocaban los derechos humanos, los actos del 25 subrayaron el protagonismo político que el kirchnerismo le ha devuelto a las fuerzas armadas, bajo el mando del represor Milani. Este rumbo del gobierno está vaciando al "poskirchnerismo" de Massa: los Othacehé y otros barones del conurbano aceleran su regreso a las listas del gobierno. Con la fiesta del 25, el kirchnerismo también encubrió el carácter agudo de la bancarrota económica, cuyo estallido el gobierno quiere postergar a costa de agravar los desequilibrios preexistentes. Kicillof financia la quiebra del Estado central tomando deuda a verdaderas tasas de default y el panorama es aún más grave para los distritos. La condición de ese nuevo rescate estatal a los capitalistas es un ajuste monumental contra salarios y jubilaciones. Contra la clase obrera Es esta perspectiva lo que explica la reacción oficial contra la clase obrera que desafía la regimentación salarial. Al día siguiente del 25, el país se desayunaba con la continuidad de la gran huelga aceitera, que el gobierno intentó liquidar sin éxito a través del Ministerio de Trabajo. Mientras tanto, el paro bancario de 48 horas arrancaba con una enorme movilización en el centro porteño. La advertencia del kirchnerista Depetri, para "no lamentar otro Mariano Ferreyra en el paro del 9", no sólo reitera el relato oficial en el crimen de Barracas -que convierte a la víctima en victimario. Apunta, además, contra el clasismo y la izquierda, que luchará por imprimirle a la jornada del 9 un programa y una perspectiva -o sea, lo que no han hecho los Moyano y Barrionuevo, que conciben un paro aislado, para seguir negociando bajo cuerda con los candidatos patronales que se anotan para la sucesión. Con ese propósito, un gran plenario convocado por el Sutna debatirá, este sábado 30, la intervención del clasismo en el paro nacional. La hostilidad hacia la clase obrera que desafía el cepo a las paritarias une a los Macri, Massa y Scioli, y por razones políticas de fondo: las luchas obreras introducen en la campaña electoral una agenda antagónica a la que manejan los tres, y cuyos términos se redactan en Washington o en los pasillos de la Unión Industrial. Es un desafío, por lo tanto, al intento del gran capital y sus partidos por monopolizar el desenlace de esta transición política. La campaña presidencial del Frente de Izquierda arranca jugándose a fondo por la victoria de la lucha aceitera y de todas las huelgas, por un paro nacional activo y de 36 horas, por paritarias libres, por la abolición del impuesto al salario y la prohibición de suspensiones y despidos. El kirchnerismo y la oposición tradicional quieren valerse del peso del Estado y de la burocracia sindical para impedir la irrupción de la clase obrera en la crisis. Apoyémonos en las poderosas tendencias de lucha para reforzar la batalla por una alternativa política de los trabajadores.

Las comisiones de Justicia, Asuntos Penales y Presupuesto de la Cámara de Senadores aprobaron un paquete de cinco proyectos de ley que establecen de qué forma comenzará a regir el sistema acusatorio -que pone las investigaciones a cargo de los fiscales- planteado en el nuevo código. El proyecto original sufrió algunas modificaciones tras las críticas de jueces y especialistas, y también por la resistencia de los trabajadores judiciales, que sostienen un masivo plan de lucha. En primer lugar, la implementación se postergó de septiembre próximo a marzo del año que viene. Además, el control del proceso de implementación lo hará una comisión parlamentaria y no la especial que duraba en funciones seis años. Se le quitó a la Procuración la facultad de control constitucional, pero se mantienen las amplias facultades otorgadas al Ministerio Público, que le permitirá a Gils Carbó digitar qué fiscal investigara en cada caso. La nueva versión establece que la Ciudad de Buenos Aires será considerada distrito único para que entre en vigor al mismo tiempo en todo su territorio, pero se mantiene postergada la implementación en los juzgados federales, como pactaron el gobierno y los jueces federales. Respecto de los trabajadores judiciales, se acordó incorporar una cláusula de "salvaguarda", garantizándoles el acceso al Ministerio Público Fiscal "en igualdad de condiciones y con los mismos requisitos" que rigen en la actualidad. Pero no garantiza la prioridad del traspaso de los actuales empleados del fuero penal a las fiscalías, que son los puestos que el kirchnerismo intentará copar. Para un empleado del fuero penal, el traspaso a las "oficinas judiciales" -que manejarán la agenda de los jueces- significa prácticamente el fin de su carrera judicial. La lucha que están dando actualmente tiene por ejes la defensa de la carrera para los trabajadores judiciales y el fin de la precarización laboral (interinos, contratados). El Código Procesal Penal moldea un régimen permanente de "estado de excepción". El empoderamiento de los fiscales colaborará a profundizar la impunidad y los atropellos que cotidianamente sufre la población a manos del Estado. Se profundiza así el antagonismo irreconciliable entre la actual organización jurídica de la Nación con un régimen que pueda ser reivindicado como democrático. Rechazamos la implementación de la reforma del Código Procesal Penal, reclamamos la elección popular de jueces y fiscales, apoyamos la lucha de los trabajadores judiciales y llamamos a construir y desarrollar una fuerte agrupación clasista en todos los tribunales del país.

César Milani. Una cuidadosa puesta en escena, cuyo rasgo distintivo fue el protagonismo de las Fuerzas Armadas y de su jefe. El gobierno de CFK organizó una remake de los festejos del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Una cuidadosa puesta en escena, cuyo rasgo distintivo fue el protagonismo de las Fuerzas Armadas y de su jefe. Para un cronista: "las fuerzas armadas han copado todo", en una puesta de escena patética dirigida a enaltecer a jefes militares "que no mataron gente" (Mosconi, primer presidente de YPF; Leal, explorador de la Antártida; Storni, fundador del Instituto Oceanográfico, entre otros). Una de las actividades principales fue el desfile militar que acompañó el traslado del sable corvo de San Martín desde el Regimiento de Granaderos a Caballo hasta el Museo Histórico Nacional, donde Cristina encabezó un acto con el jefe de Ejército a corta distancia. Más importante que la foto fue el mensaje de CFK, al reivindicar el traslado del sable corvo de San Martín como "la reconciliación del pueblo con el ejército sanmartiniano", una reconciliación planteada en su momento por el riojano innombrable y de la que el pueblo, esta vez, tomó conocimiento por cadena nacional. Julio César Milani no es sólo la cabeza del Estado Mayor y el responsable directo de un servicio de inteligencia que reúne a esta altura 1.403 efectivos, algunos provenientes de la dictadura militar. Ha sido defendido tenazmente por el gobierno "nacional y popular" en su función actual a pesar de haber sido acusado reiterada y fundadamente por la "desaparición" del conscripto Agapito Ledo y otras atrocidades. A esta altura, no ha prosperado una sola de las causas por los crímenes de lesa humanidad instaladas en Tucumán y La Rioja, a pesar de que "por mucha menos sospechas, hay muchos militares detenidos" (Urgente24, 22/5). El gobierno CFK está planteando una defensa estratégica de las fuerzas armadas, y los desfiles militares y el protagonismo de su jefe en el nuevo aniversario de la Revolución de Mayo son expresión de esta política. Es necesario tener presente que las fuerzas armadas constituirán una carta fundamental en la próxima etapa política, frente al ajuste que los tres principales candidatos presidenciales tienen en carpeta y la "conflictividad social" que esto puede desencadenar. La política orientada a imponer la intangibilidad de las fuerzas armadas fue una constante de todos los gobiernos de la democracia: Obediencia Debida y Punto Final bajo Alfonsín; Indulto bajo Menem; Reconciliación con De la Rúa, que acaba de ser absuelto por las matanzas de 2001. El gobierno CFK, con la defensa de Milani, está intentando un nuevo Punto Final, en la misma línea de los que le precedieron. Los juicios a los genocidas, cada día más ralentizados, se producen más de treinta años después de la dictadura y son la cortina de humo sobre el accionar represivo del conjunto de fuerzas a lo largo y ancho del país, con centenares de jóvenes caídos por el gatillo fácil, o presos, o presos y torturados. ¿Quién no está por la reconciliación? El operativo de intangibilidad e impunidad de las fuerzas armadas recorre, además, a toda la oposición política patronal. No sólo al PRO. No sólo a De la Sota -que impugnó incluso la política actual planteando que era de "resentimiento" y que había que negociar con los genocidas la flexibilización de sus penas a cambio de información. ¿Alguien recuerda quién hizo la siguiente declaración? "Es muy difícil tomar una posición a favor o en contra porque creo que en toda era deben haber habido injusticias, debe haber habido mucha gente que pagó con su vida las culpas de otros. No se puede tener un concepto o una definición generalizada para esa situación tan delicada, porque en muchos casos, si las Fuerzas Armadas no hubiesen actuado, no sé hasta dónde habría llegado todo aquello"? Fue Daniel Scioli. Si se le cree a Perfil, "Milani tuvo una reunión en Carmelo (Uruguay) a fin del año pasado con Scioli y éste le prometió que, si es presidente, va a seguir al frente del ejército". Milani y Malvinas El jefe de Ejército se opuso tajantemente al desfile de los Veteranos de Malvinas. No dio razones, pero se pueden presumir. En el festejo del Bicentenario de la Revolución de Mayo hubo una exhibición del martirio de nuestros soldados en Malvinas, pero ninguna imagen que puntualizara la defensa de la guerra nacional contra el ataque imperialista, o la cobardía y la traición histórica del alto mando militar, que respondía en esa ocasión a la dictadura militar. Ahora, no hubo siquiera un desfile de los veteranos.

Los trabajadores necesitamos nuestra alternativa política. El próximo 5 de junio lanzamos la fórmula Jorge Altamira-Juan Carlos Giordano en un acto masivo en el club Ferrocarril Oeste. Vamos a desarrollar al Frente de Izquierda como alternativa política de los trabajadores frente a los partidos y candidatos del ajuste, con una gran campaña presidencial de la izquierda. Desde la tribuna de acto, defenderemos las luchas que están emprendiendo los trabajadores, por el salario, el trabajo y contra los impuestos confiscatorios que se aplican sobre nuestros ingresos. Convocaremos, también, a garantizar el paro nacional del 9 de junio y darle un carácter activo para reforzar la lucha por todos los reclamos. Las luchas en curso delimitan con nitidez los campos políticos. La huelga aceitera de Rosario, que lleva más de dos semanas, cuenta con el apoyo exclusivo del Frente de Izquierda. Los Scioli, Macri y Massa se han puesto en la vereda de enfrente. Todos defienden los techos salariales que impone el gobierno actual, que habían sido reclamados por la Unión Industrial y el resto de las cámaras empresarias. Lo mismo vale para el gobierno ‘socialista’ de Santa Fe. Nuevamente, la centroizquierda se revela como férrea defensora de los intereses capitalistas. El programa de ajuste, que el gobierno le achaca a sus opositores, lo está llevando adelante Kicillof y compañía de manera sistemática. El kircherismo llega a su fin dejando un país con un 25% de pobreza, salarios promedio de 5.000 pesos y jubilaciones de 3.200. Los que se anotan en la sucesión, desde dentro o fuera del gobierno, profundizarán este ajuste contra el pueblo. En este cuadro político el Frente de Izquierda proclama que su objetivo es que los trabajadores construyan su propia alternativa política. Los resultados electorales positivos obtenidos en varias provincias muestran que estamos avanzando en ese sentido. Vamos a Ferro a construir el triunfo de las luchas en curso. Por el éxito del paro nacional. Por la satisfacción de todas las reivindicaciones populares. Para construir, con el Frente de Izquierda, una alternativa política de los trabajadores.