Prensa Obrera N° 1355

Del 28 al 31 de marzo, La Clase realizará un campamento en Salinas, de formación y deliberación política. La Clase impulsa una organización política, de combate, de la juventud en la perspectiva de la lucha por el socialismo. Será una oportunidad para que la juventud que lucha en el movimiento estudiantil secundario y universitario, en los barrios y el movimiento sindical y las compañeras que batallan por los derechos de la mujer trabajadora, se reúnan en una actividad recreativa, deportiva y de formación política. El objetivo es reforzar la conciencia y la organización socialista de la juventud, y por ello el campamento será una instancia de preparación para un año de enormes luchas políticas.

¿Por qué una alternativa?

La asunción de un nuevo gobierno de Tabaré Vázquez, el tercero del Frente Amplio, abre un debate para el conjunto de los jóvenes que buscan una transformación social para Uruguay. Tenemos planteada una lucha por la defensa de la educación pública contra la política del gobierno nacional que impulsa su privatización y el ajuste presupuestal. Astori ya afirmó que primero se respetarán los "compromisos impostergables": el pago de la deuda externa y los subsidios a los capitalistas en perjuicio de las necesidades populares de educación, salud y vivienda.

Tenemos por delante un combate impostergable contra la política de impunidad de ayer y hoy. El ministro de Defensa, Huidobro, recibió una enorme silbatina por parte de los propios votantes del FA desde el día uno de su asunción. Fernández Huidobro se ha dedicado a atacar a las organizaciones de derechos humanos y es el emblema de la política de "reconciliación" con los militares, que comenzó el propio "Pepe" Mujica cuando afirmó "yo no quiero viejitos presos". El campamento colocará en deliberación impulsar la campaña por el "Fuera Huidobro". Luego de las masivas movilizaciones de la juventud contra la aprobación de la baja de la edad de imputabilidad y la derrota de esta iniciativa reaccionaria, vamos por una lucha a fondo contra la represión a los jóvenes en manos de Bonomi; contra los megaoperativos, el gatillo fácil, la ley de faltas y procedimiento policial, impulsamos la ampliación de las libertades democráticas, por nuestro desarrollo cultural, social y político.

Vení al campamento

El campamento es un paso en este sentido. Compartiremos actividades culturales, artísticas y deportivas. Además de los talleres sobre la teoría marxista del Estado y la revolución, se realizará el curso central que tendrá como nombre "¿Qué hacer?", en referencia al histórico libro de Lenin, que marcó a toda una generación de revolucionarios. La lucha en que estamos empeñados -el gobierno de los trabajadores y la unidad socialista de América Latina- exigen nuestra mayor preparación política, o sea intelectual y militante, recuperando, estudiando y aprendiendo de las experiencias de las generaciones revolucionarias que nos antecedieron. El curso sobre "¿Qué hacer?" se detendrá en la situación histórica que da lugar a la formación de los primeros partidos obreros revolucionarios.

El campamento contará, además, con una mesa debate sobre los desafíos de la juventud en Uruguay del que participarán los compañeros de la Unión de Juventudes por el Socialismo-Partido Obrero de Argentina. En este año de luchas, los jóvenes queremos ser protagonistas.

Los días 25 y 26 de febrero, más de 100.000 estudiantes, profesores y no docentes, realizaron una huelga con ocupaciones de universidades y movilización, impulsadas en asambleas multitudinarias, para rechazar el decreto del ministro Wert. Este, conocido como "3 + 2", reduce las carreras de cuatro a tres años y lleva los masters (posgrados) de uno a dos. El título universitario se acredita sólo a aquellos que terminen el posgrado, valuados entre 4 y 19 mil euros. El paso de contenidos a posgrado tiene el fin de "atraer estudiantes de otros países", creando también masters de un año (tasas más altas de eurozona) que permitirán "incorporarse antes al mercado laboral" (www.ibercampus.es) sobre la base de "contratos temporales" (precarizados). El recorte de becas, puestos docentes, aumento de los aranceles universitarios y financiamiento bancario de posgrados, es condición para la suba de rentabilidad. La huelga contó con apoyo de diversos sindicatos y más de 120.000 adhesiones en Change.org.

Su éxito, con 40 movilizaciones en distintos puntos de España y 40 mil estudantes sólo en Madrid, hará que tenga continuidad. A fines de marzo, una nueva huelga sumará a los cuatro sindicatos con representación en la mesa sectorial, extendiendo la protesta a los 50 centros públicos del país. Esta segunda convocatoria unirá a sindicatos enfrentados, y servirá como termómetro de la crisis política. El creciente apoyo social y sindical pone en cuestión la huelga por tiempo indeterminado, la creación de comisiones de base permanentes, y una gran movilización política que unifique los reclamos de estudiantes y trabajadores.

El Vaticano se debatía en una descomposición terminal cuando Bergoglio fue ungido dos años atrás. El gobierno de la curia romana estaba en un completo impasse, dividido entre camarillas criminales, enlodadas por negociados millonarios y escándalos de pedofilia que sumaban miles de víctimas en el mundo entero. Los "carpetazos" entre las facciones enfrentadas habían hecho pública las inmundicias de unos y otros. El Papa Benedicto optó por abandonar el barco.

En la elección de Bergoglio el fiel de la balanza la inclinó la mayoría del episcopado norteamericano y alemán. La demolición del "partido romano" dio lugar a una salida de emergencia. Fueron también los bancos yanquis y teutones los que cargaron con una sigilosa labor de "limpieza" en el Banco Vaticano.

La sintonía con los capitostes del orden mundial se extendió a la Cancillería vaticana que pasó a lo que los conocedores de los mentideros de la Iglesia llamaron el retorno a una "línea histórica"; es decir, de colaboración con los intereses generales de la diplomacia gran capitalista. El lugar lo ocupó el cardenal Pietro Parolín que fue mucho tiempo embajador en Venezuela operando en favor una salida de compromiso entre la crisis del chavismo y al desmadre de la oposición. En el manejo de la economía de la "Santa Sede" fue instalado un cardenal anglosajón, el australiano George Pell.

Francisco hizo gala de un ornamento más austero, habló de una Iglesia de los "pobres" y condenó de palabra la porquería reinante en Roma al modo eclesial (equívoco, ambiguo, confuso). Bastó para que el ala crítica de la gestión derechista y sus desastres, más otros herederos de la devaluada teología de la liberación y algunos laicos identificados con el progresismo fueran entusiasmados por el nuevo... relato. Todo el mundo acabó conquistado por la política del gatopardismo (cambiar algo para que nada cambie).

La propia crisis terminal de la Iglesia parió así un arbitraje aceptado por tirios y troyanos que catapultó la salida de emergencia a una condición "revolucionaria". La excepción a esa idolatría, que se hizo universal ha sido una Comisión de Naciones Unidas que acusó al Vaticano en manos de Francisco de mantener la complicidad con criminales y pederastas, a los cuales continúa protegiendo. Asociaciones de Víctimas de obispos y hombres de sotana se han pronunciado en el mismo sentido. Es que más allá de las palabras no hubo ni condenas ni castigos. En los más diversos tribunales del mundo se amontonan juicios y demandas innumerables contra las Iglesias locales. Los delincuentes, traficantes y delincuentes de toda laya simplemente han sido opacados por el Vaticano frente a la opinión pública, enviados a diócesis escondidas o jubilados amablemente.

El acto doctrinario más "revolucionario" que se le adjudicó a Francisco, en el bienio fue convocar a una Sínodo (reunión de obispos) para considerar si los divorciados y homosexuales pueden ser tratados como católicos iguales a los demás. Y sólo para "reflexionar" sobre el tema sobre lo cual no se resolvería nada hasta una nueva sesión que se concretaría este año. Aun así el asunto quedó completamente empantanado. Frente a la oposición de la derecha, Francisco retrocedió en su propuesta inicial de reconsiderar la cuestión. Cerró las deliberaciones sinodales afirmando que nunca debería ponerse en duda "la verdad fundamental del sacramento del matrimonio: la indisolubilidad".

Ahora, apenas algunos meses después, la vaticanista de "La Nación" -Elizabeta Piqué- subtituló su nota sobre el bienio de Francisco indicando que "crece la oposición de derecha". Es la que habría lanzado ahora su propia campaña de "carpetazos" contra supuestos negociados de la gente de Francisco en Roma. Vuelve a hablarse de un "vatileaks". Así están las cosas. Los límites de la gestión "franciscana" son, además, las que impone una crisis mundial que está devorando a los "gestores" de las más diversas trincheras. No hay dios que los salve.

El 25 de febrero se presentó una carta al Concejo de la Magistratura firmada por Abuelas de plaza de Mayo, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, Unión por los Derechos Humanos de la Plata y Aguafuerte Colectivo de Derechos Humanos (Patria Grande), quienes expresaron su "preocupación en torno al nombramiento de los jueces subrogantes para los Juzgados 1 y 3 de La Plata", al tiempo que aclararon que "no es la intención mostrar el apoyo o la desaprobación a los jueces involucrados".

Estas organizaciones ponen foco en la contradicción entre dos resoluciones dictadas por un mismo cuerpo colegiado: la Cámara Federal de Apelaciones (CFALP). Una de ellos, emitido por la Sala I, avala lo actuado por esos jueces; el otro, firmado por la Sala III, decide apartarlos. Para los firmantes del documento, ésta contradicción "llevará inexorablemente a la paralización del fuero federal de La Plata", donde hay causas por delitos de lesa humanidad y ambos juzgados tienen a su cargo la investigación de masivas violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983.

Lo que esconde esta presentación, que busca intervenir en medio de la acusación del gobierno al golpismo de un "partido judicial", es que el Juzgado 1, que estaba a cargo del fallecido juez Blanco, además de tener causas de lesa humanidad es responsable de la justicia electoral de toda la provincia de Buenos Aires. Frente al mismo fue designado Laureano Durán, hijo del fallecido camarista Alberto Ramón Durán y cercano al ministro Julio Alak, a instancias del kirchnerismo.

Los partidos de la oposición patronal presentaron un escrito en el fuero contencioso administrativo para evitar que Durán quede al frente del juzgado, denunciado que se estaban violando normas constitucionales y legales, y que la Corte Suprema había advertido ya que los secretarios -como es el caso de Durán- no cumplen con los requisitos constitucionales para oficiar de jueces. El escrito firmado por Adrián Pérez (Frente Renovador), Pablo Tonelli (PRO), Manuel Garrido (UCR), Gerardo Milman (GEN) y Ricardo Cuccovillo (PS) reclama, como medida cautelar, el corrimiento de Durán y la reposición de Adolfo Ziulu, juez que había reemplazado provisoriamente a Blanco.

Se trata de una disputa entre el gobierno y la oposición derechista por el control de la justicia electoral. Los organismos de Derechos Humanos cooptados por el gobierno, acompañados por Patria Grande, intervienen en favor del juez Durán, con la excusa de la demora en las causas de lesa humanidad -cosa que siempre ocurrió cuando estaba Blanco y que no va a dejar de ocurrir con cualquiera de estas variantes. Vamos por la elección popular de los jueces y el derecho a revocatoria. La lucha por los derechos humanos debe ser independiente del Estado y sus gobiernos.

La Sala M de la Cámara de Casación Civil admitió el recurso extraordinario interpuesto por José María Escobar y el Partido Obrero contra su propio fallo, por el cual rechazaba la demanda entablada contra Eduardo Feinmann y la productora de C5N Telepiú SA.

La Justicia de primera instancia había condenado a Feinmann a resarcir económicamente al Partido Obrero y nuestro compañero, José Escobar, por las difamaciones que emitieron en 2008 en el programa "El Diario" (C5N), cuando atribuyeron al PO y a Escobar haber incendiado una formación ferroviaria detenida en la estación Castelar. Feinmann apeló y la Cámara de Casación revocó esa sentencia. Ahora será la Corte Suprema de Justicia quien determinará el resultado de la demanda.

La Cámara de Casación Civil entendió que era admisible el recurso extraordinario, al entender que el resultado del litigio "podrá tener importante gravitación futura al decidir en el conflicto entre el honor de las personas físicas y de las asociaciones sin fines de lucro y la libertad de prensa", por lo que corresponde decidir a favor de la admisibilidad del recurso extraordinario. Sin embargo, los camaristas rechazaron nuestro planteo de arbitrariedad en la sentencia impugnada. Según ellos, recordemos, los ataques de Feinmann contra Escobar fueron parte de un "diálogo amable pero incisivo" y las gravísimas imputaciones contra el PO, repetidas por C5N a lo largo de toda su programación, formaría parte del "derecho de libertad de prensa".

La demanda interpuesta por el Partido Obrero distingue del derecho de libertad de prensa de esta conspiración de Estado y de la patronal de los medios de comunicación para difamar un partido opositor y demonizar sus conductas, que fue lo que sucedió en 2008. También demandamos a Aníbal Fernández, en ese momento ministro del Interior, quien encabezó la provocación. En su caso, el trámite judicial avanza más lentamente ya que, durante varios meses, evadió notificarse de nuestra acción legal y, además, la demanda tramita en el fuero contencioso administrativo, donde habitualmente los plazos son más largos.

El lunes 9 de marzo se produjo el incendió el cuarto piso de la Facultad de Ciencias Naturales y el Instituto Miguel Lillo. Según trascendió, se produjo por las filtraciones en los techos del establecimiento ante las incesantes lluvias, lo que provocó un corto circuito y luego el fuego que afectó un laboratorio y un aula con capacidad para 100 estudiantes.

La precariedad de la construcción e instalaciones de esta facultad e instituto salieron a la luz pública con este hecho, pero no se trata de una situación aislada o excepcional. Ese mismo día, los estudiantes de teatro de la Facultad de Artes denunciaban las deplorables condiciones de las aulas y lugares de ensayo, sin las más mínimas norma de seguridad. Otra situación similar se producía en la Facultad de Derecho, donde instalaciones fueron clausuradas debido a que las paredes estaban electrificadas.

Todos estos hechos se suman a muchos otros ocurridos en los últimos años, el más resonante fue el derrumbe de dos anfiteatros en 2011 en la facultad de Filosofía y Letras, sin que hasta al momento se haya producido alguna investigación, mostrando a las claras la existencia de una verdadera mafia en la UNT, que lucra con la obra universitaria, realizando obras fuera de todo control, con sobreprecios, y que tiene como contrapartida, que numerosas obras reclamadas en diferentes oportunidades por la docencia o el movimiento estudiantil siguen sin materializarse.

La crisis edilicia en la UNT, ha sacado a luz también que los fondos provenientes de La Alumbrera sólo sirven como caja negra para los negociados y el enriquecimiento de la casta que regentea la universidad.

La necesidad de aumento del presupuesto y un plan de obras votado y contralado por la comunidad universitaria se tiene que transformar en una bandera de lucha contra la política actual de vaciamiento, ajuste y negociados de las camarillas enriquecidas que conducen la UNT.

Tucumán sufre una de sus peores catástrofes, con miles de familias que perdieron sus viviendas y bienes como resultados de las inundaciones.

Sin sonrojarse, el gobernador José Alperovich declaró que "la política y las obras para prevenir las inundaciones han funcionado". Sin embargo, los doce años de este gobierno se derrumban ante los ojos del pueblo: obras prometidas que jamás se hicieron, zonas inundadas por falta de limpieza de canales, diez puentes que se vinieron abajo, escuelas inundadas con clases suspendidas y zonas enteras que carecen de agua potable.

Los especialistas coinciden en que la razón de fondo de semejante desastre es la tala indiscriminada de las zonas pedemontanas y los cerros. El director provincial del Agua, Juan Sirimaldi, afirmó "No hay dudas de que llovió de manera extraordinaria, pero creo que los desmontes son responsables en un 70 por ciento de las inundaciones en Tucumán".

El desmonte irracional fue alentado en los últimos años para ampliar la frontera de la soja y el citrus. En otros casos para liberar terrenos para el negocio inmobiliario como ocurre en la zona de Yerba Buena. De esta manera, los bosques que antes actuaban como barreras naturales y a la vez ayudaban a filtrar el agua han desaparecido.

Los beneficiarios de esta política han sido un puñado de terratenientes, varios de ellos dirigentes y legisladores del oficialismo y también de la oposición agrupados en el Acuerdo Cívico.

Frente a la catástrofe, el gobierno ha declarado la emergencia social e hídrica, pero esa medida es un saludo a la bandera. Las inundaciones, por otro lado, sacaron a luz la falta completa de una política de urbanización: en varias ciudades como en San Miguel, los barrios inundados están construidos en zonas inundables.

Hay barrios en los que los vecinos comenzaron a organizarse para reclamar medidas de auxilio y en algunos casos han salido a cortar las rutas para hacerse escuchar.

El Partido Obrero plantea:

a) Creación de un fondo de reparación a los pueblos y barrios afectados en base a un impuesto extraordinarios a los terratenientes de la soja, el azúcar y el citrus y a la patria inmobiliaria para asegurar la construcción de las viviendas destruidas; reubicación de los barrios inundables a lugares seguros, un plan de obras para la reconstrucción de la infraestructura destruida (puentes, caminos, etc.) y de los eternamente prometidos diques de Potrero de las Tablas y Potrero del Clavillos;

b) para que, en lo inmediato, se asegure la ayuda material y sanitaria ésta debe quedar bajo control de los propios afectados y no de los punteros del gobierno. Que se convoquen a asambleas y se elijan representantes que también se encarguen de censar las obras necesarias y el control de su realización.

Las lluvias del último mes se convirtieron en una tragedia para miles de catamarqueños, que perdieron pertenencias, quedaron aislados o sin suministro de agua y energía eléctrica. Que un fenómeno meteorológico esté provocando esta situación pone en claro la responsabilidad es del Estado. Bajo ningún gobierno de las últimas tres décadas (los Saadi, el Frente Cívico y Social o la kirchnerista Corpacci) la obra pública estuvo orientada a prevenir o minimizar éste tipo de situaciones.

El año pasado, las lluvias en los cerros provocaron el alud que enterró a Sijan y El Rodeo y la muerte de trece personas, poniendo blanco sobre negro una política de urbanización criminal que desviaba artificialmente el cauce natural de los ríos de esa región para construir sobre ellos.

Las últimas lluvias, en el este provincial, inundaron la comunidad de Bañado de Ovanta, provocando la evacuación de todos sus habitantes y la pérdida de sus pertenencias. El Hospital quedó literalmente bajo agua junto a barrios recientemente construidos, en zona inundable, mostrando, otra vez, la falta de previsión y la ausencia de un estudio serio para la obra pública.

El Oeste catamarqueño (Andalgalá, Pomán, Belén y Tinogasta), sufren el corte de la energía eléctrica y de las comunicaciones telefónicas. Mientras el servicio domiciliario es completamente deficitario, la empresa TransNoa asegura, con lluvia o sequía, la provisión eléctrica a la minera Bajo la Alumbrera.

El gobierno de Lucia Corpacci se muestra completamente impotente para enfrentar esta situación. Su ministro de Obra Pública, es el Ingeniero Dusso, ex presidente de la Cámara de la Construcción, y uno de los beneficiarios de los grandes negociados en materias de obras públicas que no respondían a las necesidades y prioridades del pueblo trabajador catamarqueño.

El Partido Obrero reclama la apertura de un fondo de reparación a los pueblos y afectados en base a un impuesto extraordinarios a las mineras, grandes empresarios contratistas que son los responsables de construir en zonas inundables y los suministros de energía. Que se abra el debate sobre la infraestructura provincial para construir un plan integral, que sea fiscalizado por los pobladores y damnificados.

En un editorial de Nuestra Propuesta (NP, 12/3), el PC reconoce, en un balance del régimen K, que éste ha fracasado: creció el trabajo en negro, el deterioro salarial (en paralelo las ganancias del capital), aumento la desocupación, la fuga de divisas por las 500 grandes empresas del país (mayoría extranjeras), se agotaron las reservas del Banco Central, creció la deuda externa... Se trata, dice, del "ocaso de un modelo".

El PC había caracterizad inicialmente a los K como una expresión renovada del neoliberalismo, luego se dejó cooptar por los nac&pop y coadyuvó a apuntalarlos políticamente.

El estalinismo criollo se dividió. El PC, apoyando a los K, pretendía que este crearía las condiciones para desarrollar una burguesía nacional. Los "maoístas" del PCR buscaron este desarrollo en el campo opositor de la burguesía agraria, agraviada por las retenciones a la exportación de soja. Ambas fracciones buscan una burguesía nacional que "lidere el proyecto económico".

Pero la burguesía existente es la que hay. Miguel Bonasso, en su reciente libro ("Lo que no dije en Recuerdo de la Muerte") analiza que la única burguesía nacional que se desarrolló es la ligada al juego, "utilizando para desaparecer los bienes de los desaparecidos, lava el dinero de la corrupción y se ha convertido en el negocio más próspero de la Argentina ‘nacional y popular" en "una muestra de la decadencia productiva de la Argentina" (pág. 354). Bajo los K aumentó la "extranjerización" de la economía y el entrelazamiento de la burguesía nacional con el capital financiero.

El PC se queja que la falta de desarrollo de la burguesía nacional y la política K, "impidió que se formará un sujeto político eficaz (pueblo, organizaciones políticas y Estado) para un proceso que sin abandonar a priori el capitalismo expandiera al máximo las fronteras distributivas".

No se puede crear un "sujeto político eficaz" sin haber protagonizado una lucha que movilice a las masas contra el orden explotador existente. El radicalismo y el peronismo, que en su momento intentaron desarrollar a la burguesía nacional han evidenciado su impotencia y declinación histórica. Es hora que el proletariado se constituya en caudillo de la nación explotada contra el gran capital extranjero y nacional. Para eso trabaja el PO y el Frente de Izquierda.

El análisis del PC no es, sin embargo, autocrítico. Se prepara para una nueva etapa: la del ajuste contra las masas que vendrá de la mano de los K y sus sucesores o de la burguesía opositora. El PC ruega: "Es de esperar que el kirchnerismo, apretado por las circunstancias, no haga parte del trabajo sucio" (ídem). Pretende que la "bomba" reviente con el nuevo gobierno ajustador y construir una oposición "de izquierda" a la que ve "llena de posibilidades" siempre que se "involucre correctamente en el conjunto de contradicciones que van a cruzar la sociedad... en el conflicto de clases e interclases que debiera agudizarse...". Busca recrear una "izquierda" colaboracionista con expresiones del decadente, imponente y reaccionario nacionalismo burgués. En el mismo número de NP, anuncia la constitución del Alba, lista "neo-K" que se presenta en las elecciones porteñas, como un intento de bloqueo al ascenso del Frente de Izquierda.

La semana pasada, 150 estudiantes de la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (Uces) cortaron durante más de dos horas las calles en pleno microcentro. La recientemente formada "Unión de Estudiantes de la Uces" denuncia el aumento "abusivo e inconsulto" de un 40% en la cuota. Los estudiantes de la Uces deben pagar los 12 meses del año, a pesar de no cursar en enero, febrero ni en diciembre. Como además en enero se abona la matrícula, los alumnos deberían desembolsar, solo para arrancar el año, una suma superior a los 7.000 pesos.

Con el objetivo de disuadir la movilización, la Uces lanzó una campaña sobre el conjunto de los estudiantes. Los volantes editados por las autoridades justifican el aumento con la excusa de que deben hacer frente a la paritaria docente y no docente; luego, comparan las cuotas de distintas universidades con el propósito de demostrar que la Uces "está en precio". De acuerdo a estos panfletos, la carrera de Recursos Humanos, por ejemplo, tiene un costo anual de 52.810 pesos en la Universidad de Palermo, 41.443 pesos en la Uade, 50.144 pesos en la de Belgrano y 43.830 pesos en la Uces. La cuota mensual promedio está en 4.000 pesos.

Lejos de disuadir, la campaña de las autoridades incrementó la indignación estudiantil. Los estudiantes han respondido con una serie de preguntan que van al fondo de la cuestión: "¿por qué las cuotas superan los 4.000 pesos si el salario mínimo, vital y móvil está fijado en 4.716 pesos?", "sabiendo que nos aumentan un 40% anual, ¿por qué una porción mínima se ve reflejado en el aumento de los salarios a los docentes que nos dictan las clases?". Rápidamente, el sindicato docente de la Uces se pronunció en apoyo a la protesta estudiantil y denunció que los aumentos de cuotas nunca bajan a los bolsillos de los trabajadores.

Los estudiantes movilizados señalan, además, que la Uces está inscripta como una "fundación sin fines de lucro", lo que le permite evadir el pago del IVA y otros impuestos. ¿A dónde va la plata si ‘no hay lucro' y los aumentos tampoco van a los docentes? Los estudiantes denuncian un vaciamiento, ya que en paralelo a los aumentos se deteriora cada vez más la situación de la universidad. Al igual que en la UBA, la Uces tiene edificios precarios, carece del equipamiento necesario y cerró comisiones impidiendo la posibilidad de cursar en todas las franjas horarias.

El hashtag "#noteabUCES" se viralizó en las redes sociales y los estudiantes prometen seguir con las movilizaciones y constituir un centro de estudiantes. Apoyamos el reclamo para que se suspenda el aumento. Las cuentas de la Uces deben ser intervenidas por una comisión de estudiantes y docentes que determine los costos reales e investigue el desvío de los fondos. La panacea de la universidad privada es una ilusión que se está derrumbando en Chile y Estados Unidos, y ahora también en Argentina. A veinte años de la sanción de la privatista y supervigente Ley de Educación Superior, es necesaria la unidad del movimiento estudiantil de las universidades públicas y privadas para hacerle frente a los que han convertido a la educación en una mercancía degradada que, al mismo tiempo, es muy cara.

El gobierno apuro la puesta en marcha de Atucha II para sumar un aval político necesario a la firma de los acuerdos entreguistas con China, de los que se beneficiaran las empresas amigas del gobierno.

El gobierno ha apurado la puesta en servicio de la central, presionado por la crisis energética y la necesidad de mostrar un logro que avale los convenios con China para la construcción de las IV y V centrales nucleares. A estos apuros se sumó la necesidad de mostrar "gestión" en medio de la crisis política en curso.

El negociado

Desde el relanzamiento del plan nuclear el gobierno K hizo un gran negocio ya que, sin dar marcha atrás en el modelo de desguace menemista de la CNEA, dejó los negocios más suculentos para las empresas privadas y el financiamiento en manos del estado.

Más aún, cuando creó la Unidad de Gestión para la obra de Atucha II, se liberó las manos para la contratación directa, y el manejo discrecional y secreto de fondos, cosa que el nuevo acuerdo blanquea definitivamente. Esto, que llevó el presupuesto de la obra de 700 millones de dólares a un estimado de más de 4.000 millones de dólares, prefigura el gran negociado que se abre con China.

La fractura del frente patronal en torno a estos acuerdos se da porque los Techint y compañía se ven desplazados del gran negocio que significa la construcción de una central nuclear (5.000 millones de dólares). Negociado que conocen bien porque Techint construyo (y sobre facturó) una parte importante de Atucha II. En definitiva detrás del "compre nacional" k se esconde un "compre amigo", es decir un gran negociado para empresas afines al gobierno.

La factura

Es claro que este negociado lo terminara pagando la población. Para llegar hasta aquí se ha forzado la marcha de Atucha II, descargando sobre los trabajadores la carga de operar una central sin terminar. Y se han degradando las condiciones de operación al punto tal que no es posible garantizar una operación sostenida de la central al 100%. De hecho no duro una semana al 100% luego de la inauguración de Cristina, saliendo de servicio por el sistema de protección de la turbina el 24/2.

Otro dato relevante es el cambio de tecnología propuesto para la 5ta central. El gobierno se encamina a construir una central con uranio enriquecido, lo que ha abierto un debate en el sector ya que se abandona la línea de centrales con agua pesada y uranio natural. Esto implica la importación de una tecnología que Argentina aun no maneja, se refuerza la dependencia ya que hoy día si se importa el uranio natural que podría proveer cualquier país productor o incluso minarse en argentina, mañana deberá importarse enriquecido desde un selecto grupo de países o enriquecerse aquí, para lo cual debería destinarse un presupuesto acorde al desafío.

Sobre su final el gobierno se quiere llevar firmados los acuerdos millonarios con China (y los retornos) y dejar libre el camino para que sus amigos sigan lucrando con el estado. Para lograrlo no le importa hipotecar el futuro de los trabajadores, ni de la central, ni del tesoro nacional. La única oposición a esta política de rapiña es la organización independiente de los trabajadores, que desarme los negociados y articule con la población una salida a la crisis energética.

Durante todo el año 2014, desde el boletín de la Lista Gris Papelera, señalamos que el acuerdo paritario era más que insuficiente y alertamos la necesidad de reabrir las paritarias inmediatamente.

En noviembre, la agrupación ganó por amplio margen la comisión interna en Smurfit Kappa Bernal; inmediatamente se tomaron diferentes iniciativas junto a la comisión interna de Kimberly Clark: se realizaron importes asambleas en ambas fábricas con todos los turnos, donde surgieron petitorios dirigidos al sindicato y la federación, reclamando un bono de fin de año de 4.000 pesos y la inmediata reapertura de paritarias.

En estos petitorios con más de 200 firmas también se solicitaba una reunión con las directivas del gremio para trasladar la inquietud de las asambleas, que hasta la fecha está pendiente. Tenemos un gremio paralizado y que, entre otras cosas, tiene la cuota sindical más alta del país (7 por ciento).

Hace unas semanas, un comunicado de la Federación del Papel informaba que se había acordado con la asociación empresaria una suma por única vez de 2.500 pesos como anticipo de la negociación colectiva. Dicho acuerdo se cerró sin consultar con los trabajadores.

En el acta acuerdo aclara que ante posibles decretos del gobierno se absorberán, también deja bien claro que dicha suma en ningún caso se incorporará a los salarios básicos ni sufrirá modificación alguna. Las empresas que hayan tramitado un procedimiento preventivo de crisis acudirán a la representación sindical local para discutir la forma de pago. Y como si fuera poco, el adelanto extraordinario será absorbible y/o compensable con anteriores bonos o sumas que se hayan conseguido internamente, dándoles la posibilidad a las empresas de restar o no pagar el anticipo. Todo un acuerdo a la medida de los intereses patronales y del gobierno.

Las patronales del papel se acomodan ante la situación de crisis industrial, avanzan con ajustes en condiciones laborales y reducción de costos, existiendo la posibilidad de reducir turnos de trabajo. Las que están en condiciones de cierre son absorbidas por otras firmas donde aprovechan la situación para rebajar conquistas.

Ante este cuadro de ajuste sobre el salario y las condiciones de trabajo, los papeleros no podemos depender de los paritarios de la federación; los trabajadores debemos tener la última decisión sobre la paritaria. Por esto proponemos que se realicen asambleas de fábrica para elegir paritarios obreros y participen activamente en todas las deliberaciones convencionales.

Se hace cada vez más necesario que las negociaciones colectivas sean controladas bajo asambleas obreras, paritarias del 40 por ciento en un pago, actualización paritaria de todas las sumas fijas del sueldo, eliminación del impuesto al salario, restitución de las asignaciones familiares sin topes para todos los trabajadores. Reducción de la cuota sindical al 2 por ciento para un sindicato activo.

Desarrollemos la agrupación clasista Lista Gris Papelera para luchar por una nueva dirección en los sindicatos.

La lucha contra la ley de lemas, ha tomado un nuevo impulso: Después de que el gobernador Peralta la promulgara, varios dirigentes de la CTA, el Partido Obrero y otros partidos presentamos recursos de amparo exigiendo la declaración de inconstitucionalidad de la llamada ley de lemas.

El juez Marinkovic recibió la acumulación de estor recursos y luego de dar vista al fiscal y notificar al fiscal de estado para que el estado responda la demanda, dio participación a todos los partidos políticos para que tomen posición. Finalmente, emitió esta semana un fallo que es una derrota política para el gobierno y para todo el Frente para la Victoria: ha declarado inconstitucional los artículos de la ley de lemas que extienden su utilización a la categoría de gobernador, en la medida que la Constitución exige para dicha elección que el voto sea "directo y a simple pluralidad de sufragios", lo cual visiblemente no es respetado en el sistema de la ley de lemas que es indirecto y muchas veces consagra a un candidato que no fue el más votado.

El gobierno declaró su "sorpresa" ante el fallo y su decisión de apelarlo en forma inmediata, pero la ley de lemas ha recibido un golpe muy duro con este fallo ya que desenmascara ante la comunidad el acuerdo oportunista que llevó al PJ y al FVS a extender la ley de lemas a la categoría de gobernador. El fallo, sin embargo, es limitado ya que no consagra la Inconstitucionalidad de todo el sistema de la ley de lemas, que es lo que solicitaba en profundidad el Partido Obrero.

El respaldo de un juez de Santa Cruz a un reclamo de este tipo parecía ciencia ficción hace poco tiempo y es una expresión adicional de los cambios que se operan en el escenario político. El fallo sirve a la continuidad de una campaña contra la ley de lemas, que el Partido Obrero desarrollará hasta el mismo día en que se realicen las elecciones y aún después. Los avatares judiciales pueden llevarnos hasta la Corte, pero la batalla contra esta ley infame que violenta la integridad del voto, se está ganando cada día en la movilización y conciencia popular que vamos creando al respecto.

El sábado 21, el Partido Obrero lanza su campaña política con un gran congreso provincial abierto y llegaremos a él con este triunfo entre manos y con el acompañamiento al reclamo salarial de docentes y empleados públicos en pleno plan de lucha, con paros y movilizaciones.

"Yo tomo el agravio del contendiente (se refiere a cuando Orlando Ferreres le dijo por televisión ‘vos sos un poeta marxista, y un poeta no puede dirigir un partido', N.R.) como un elemento de la polémica, no como una distorsión y, justamente, le contesté que la poesía es una actividad del hombre, de la mujer, de las personas, y que si la poesía se juntara con la clase obrera y la clase obrera se juntara con la poesía tendríamos una revolución social.

(...) Es muy difícil, si no imposible, encontrar que la izquierda defienda la revolución socialista por la televisión, inclusive aquellos que hacen gala de una supuesta ortodoxia. Ahora el debate político en general es medio deshilachado, trata de ser concreto y poco poético y eso se manifiesta principalmente en la izquierda, que quiere demostrarle a la burguesía que ha conquistado el realismo y le hace una concesión teórica descomunal.

(...) en medio de un mundo que vive en una violencia general, espantosa, el discurso oficial es democratizante, humanitario, de fraternidad, de ‘no somos enemigos, somos adversarios', de ‘dialogando la gente se entiende', y esto lo vivimos acá con esta jerigonza entre opositores y kirchneristas, entre opositores tradicionales y, en general, en el discurso oficial tan pacifista y conciliador.

(...) Hay que admitir que estamos en una situación de reflujo, lo digo en un sentido general: por ejemplo, hay períodos de mayores luchas pero no tienen una envergadura tal que uno puede decir: ‘Hemos vuelto a las grandes luchas del Cordobazo'; entonces, probablemente, eso genere un distanciamiento de artistas y la clase obrera. ¿Pero no hay vida en la clase obrera? Hay una vida intensísima, oculta para la opinión pública, pero hay una gigantesca deliberación de todo tipo. Eso se observa en las conversaciones que uno tiene con los compañeros activistas, incluso con activistas de otras tendencias o de ninguna tendencia. Pero los intelectuales están separados de ese proceso, porque es un proceso que no tiene una expresión masiva.

(...) Si no hay crítica sistemática a un sector como Carta Abierta y a otros que hacen lo mismo en el campo opositor, la pelea por una dirección obrera, por una creatividad de parte del proletariado no se va a dar.

(...) Yo estoy reclamando más crítica, más elaboración. Hay que trabajar más, desarrollar más la crítica política, porque la crítica política es una semilla muy grande para la elaboración en cualquier otro plano porque permite ir al núcleo del momento histórico, es decir amplía el campo de la sensibilidad de los que crean en cualquier otro campo. Eso es incuestionable. Hay una separación entre la intelectualidad, incluso la de izquierda, y el movimiento obrero (el movimiento obrero no es todavía un actor poderoso). Eso tiene sus influencias por ejemplo en el desarrollo del Frente de Izquierda: al Frente de Izquierda y al PO hay que verlos como pasos preparatorios que le van a dar a un futuro ascenso obrero una cohesión mayor que la que tendría en ausencia de este desarrollo político".

La entrevista completa puede leerse en:

https://revistaelotro.wordpress.com/2015/02/17/entrevista-a-jorge-altamira-si-la-poesia-se-juntara-con-la-clase-obrera-y-la-clase-obrera-con-la-poesia-tendriamos-una-revolucion-social/

Hace tiempo que el gobierno provincial viene vaciando el Ministerio de Desarrollo Social: decenas de planes sociales han desaparecido, de la mano de la reducción de las partidas presupuestarias en los cupos de los comedores escolares; el presupuesto de alimentos para las organizaciones sociales se eliminó casi por completo, dependiendo ahora de lo que Nación otorgue.

Los trabajadores de uno de los galpones de acopio de alimentos se encuentran en conflicto con el ministro Aparicio, desde que reclamaron mejores condiciones de su lugar de trabajo y por oponerse al manejo punteril de la mercadería en la entrega de canastas navideñas. Ante esta decisión de los trabajadores, la patronal sciolista, sin previo aviso, ingresó a un grupo de empleados de cooperativas para realizar tareas de limpieza, a la fuerza, atestando de policías el galpón e impidiendo la entrada de los trabajadores de planta sin ningún tipo de explicación. Además, se les inicio una causa a quienes ingresaron como todos los días a su trabajo. Durante el conflicto hubo serias agresiones, con amenazas armadas y golpizas contra los trabajadores organizados. El ataque patronal se agravó, cuando pusieron en disponibilidad a cinco de los 25 trabajadores de planta permanente, incluido en delegado gremial.

La asamblea de trabajadores, que se reunía periódicamente en su lugar y horario de trabajo, junto con distintas organizaciones sociales, incluida el Polo Obrero, cortaron la avenida 13 en 520, lugar donde funciona un deposito más pequeño y donde se lleva mercadería que sacan por la noche del depósito en conflicto y, posteriormente, se marchó a la Gobernación, con más de 100 trabajadores y juntas internas de ATE.

Luego de algunos llamados entre la gestión actual y ATE, los trabajadores esperan que se firme la propuesta por la reincorporación inmediata del delegado gremial y la reincorporación de los cuatro compañeros restantes.

El Polo Obrero se pronuncia contra esta política de vaciamiento, en apoyo a los trabajadores en conflicto para que se los reincorpore a su trabajo, se despeje el depósito de toda fuerza policial y por la triplicación de su presupuesto.

El 11 de marzo, al cumplirse el primer aniversario de su asesinato, la Comisión de Familiares y Amigos de Darío Avalos convocó a una masiva movilización por las calles del centro de Lomas de Zamora bajo el reclamo de Justicia para Darío Avalos: basta de impunidad, basta de patotas.

De la marcha participaron organizaciones sociales, políticas y sindicales -Sitraic, Partido Obrero, Polo Obrero, Mossol, Convergencia Socialista, Juventud Radical Lomas de Zamora, PRT, CTA Lomas de Zamora, ATE Sur, Coordinadora Sindical Clasista, trabajadores de Leccentro, entre otros. También estuvieron presentes el diputado provincial electo por el Frente de Izquierda, Guillermo Kane, y la abogada de la familia Avalos, Claudia Ferrero.

Las más de mil personas que ocuparon las calles de Lomas marchando con antorchas, denunciaron allí a los responsables intelectuales del asesinato del trabajador de la construcción Darío Avalos, señalando la responsabilidad de Walter Leguizamón y Héctor Cabrera, de la Uocra Lomas de Zamora, en la planificación de la emboscada que atacó aquel día a los obreros de la construcción. También denunciaron el papel jugado por la Policía Bonaerense y el poder político, que liberaron la zona para que la patota pudiera proceder con impunidad. Y señalaron la responsabilidad del empresario Carlos Wagner, propietario de la empresa Esuko SA, quien actuó en complicidad con los asesinos de la Uocra. También destacaron el papel jugado por la Justicia de Lomas de Zamora que bloquea el avance de causas de este tipo, mientras deja en libertado a los artífices de los asesinatos populares, como es el caso del sobreseimiento de Eduardo Duhalde ante la masacre del Puente Pueyrredón.

Al finalizar la movilización, se realizó un acto en la calle Yrigoyen a la altura de la plaza Grijera, donde oradores de las distintas organizaciones presentes se solidarizaron con el reclamo de justicia para Darío y se comprometieron a impulsar esta lucha hasta el final.

El Sindicato de Metalúrgicos (USW) habría llegado a un principio de acuerdo nacional con la Royal Dutch Shell para poner fin a la huelga de los trabajadores petroleros de Estados Unidos, por salario digno y mejoras en las condiciones y seguridad laboral, y que llevaba mes y medio desde sus inicios el 1º de febrero de este año. "Los rumores del levantamiento de la medida de fuerza ya han presionado a la baja al mercado accionario de futuros en materia de hidrocarburos" (Bloomberg, 13/3).

El acuerdo incluiría un aumento salarial del 12% en cuotas a cuatro años, y varias concesiones a la patronal como la continuidad del mecanismo dónde el trabajador paga, al menos, el 20% de lo que debería ser un aporte patronal para su seguro médico (World Socialist Web Site, 13/3).

Desde el 4 de marzo que se habían reanudado las negociaciones entre USW y Shell (representa, aparte, a otras petroleras como Exxon, Chevron, British Petroleum, etc.). En las anteriores reuniones, el sindicato debió rechazar siete propuestas de conciliación por parte de la patronal. Esto se debió únicamente a la presión de los propios trabajadores de base. La burocracia del USW ha hecho todo lo posible para contener la medida. Es que ella mantiene relaciones y negociados con las empresas y con el propio gobierno de Obama, de cuyo partido Demócrata es gran aportista. Por eso se explica su reticencia a llamar a una huelga general de todos los más de 30.000 trabajadores petroleros que ponga entre la espada y la pared a todo el establishment productor yanqui, y en cambio solo ha llamado al paro a un 10% del sector y lo ha ido aumentando a cuentagotas. Hasta el principio de acuerdo, 7.000 eran los trabajadores en huelga, en más de 20 refinerías y petroquímicas a lo largo y ancho del país que comprenden el 20% de la producción refinera yanqui. En esta misma línea atomizadora del movimiento obrero, el ‘acuerdo nacional' "serviría de espejo para que las empresas negocien contratos locales. Las unidades -individuales- del USW podrán continuar la huelga en caso de que dichos acuerdos locales no se condigan con el nacional", o sea que si en cierta planta la patronal no cumple, sus trabajadores deberán luchar en soledad, sin respaldo del sindicato a nivel nacional.

La Shell blandía el argumento de la crisis mundial y la caída del precio del petróleo para justificar los bajos salarios y la inversión actual en materia de condiciones laborales. Sin embargo, a pesar de la baja cotización del crudo, las ganancias de los pulpos siguen siendo descomunales, 90 mil millones el último año. "Desde 2009, el crecimiento de las compensaciones a gerentes y CEO es de un 50% mayor al de los salarios al personal" (Bloomberg, 20/2). Queda, por lo tanto, irrisorio el aumento del 12% en cuotas a cuatro años obtenido por el USW para los petroleros.

Mientras, el salario real cae en picada, como el de los trabajadores de la industria automotriz, que ha decrecido en un 24% desde 2003 (ídem). La situación de precariedad se extiende a toda la clase obrera norteamericana, a los más de cinco millones de trabajadores que enfrentan renovaciones salariales este año, a su juventud, estudiantes y minorías como la afroamericana que suman la desocupación y la violencia policial.

La movida para duplicar el salario mínimo en Seattle, las grandes movilizaciones de los trabajadores de Walmart por la hora de 15 dólares, y la última gran huelga de nueve meses de los portuarios de la Costa Oeste, son indicio de una clase obrera en ebullición.

En los últimos meses han recrudecido las protestas contra el gobierno de Martelly y por el retiro de las tropas de la Minustah. En enero pasado caducó el mandato de los diputados y de dos tercios del Senado, debido a la dilación, por más de tres años, de las elecciones legislativas. Haití no sólo sufre ahora el gobierno por decreto de Martelly, sino la persistencia de la fuerza de ocupación Minustah, instalada en el país desde 2004. Esta fuerza, comandada por Brasil, actúa como una tercerizada militar del imperialismo yanqui, que se encontraba entonces concentrado en Irak y Afganistán. En la Minustah revisten todos los gobiernos 'progresistas' de la región, con la excepción de Venezuela y Cuba.

Las promesas de elecciones legislativas para el 9 de agosto, y de elecciones municipales y presidenciales para el 25 de octubre, despiertan el mismo recelo que las promesas del fin de la ocupación militar. Por caso, el ex presidente uruguayo Mujica incumplió su promesa de retirar las tropas que comandaba.

Debido a que cuenta con los salarios más bajos del hemisferio, Haití es usado por las potencias imperialistas para montar zonas francas de empresas, principalmente textiles. Adicionalmente, los Clinton se han visto involucrados en un caso de tráfico de influencias por la concesión de un emprendimiento minero en el país.

Movimiento

En el reclamo por el retiro de las tropas de Minustah convergen movimientos haitianos, que han protagonizado enormes huelgas y protestas en estos meses, y organizaciones de toda América Latina. Entre las denuncias contra la Minustah figuran acusaciones por violaciones, así como por la introducción del cólera en el país, lo que provocó más de 7 mil muertos y 500 mil infectados. De acuerdo con las denuncias de las organizaciones brasileñas, "Haití es considerado un campo de entrenamiento para militares, que, antes de ir a la misión, pasan por un entrenamiento en las favelas brasileñas" (Adital, 13/3), con lo que las camadas de los ejércitos latinoamericanos se forman para la represión interna en sus propios países.

En nuestro país, el gobierno ha anunciado el retiro de tropas a partir de abril. Esto responde a la resolución de octubre de 2013 del Consejo de Seguridad de la ONU, que resolvió prorrogar otro año la permanencia de la misión, pero reducir las tropas a casi la mitad de las más de 5 mil actuales como un modo de recortar gastos por 250 millones de dólares. Lo bochornoso es que el Ministerio de Defensa ha dicho que la retirada se da "contra la voluntad del gobierno" argentino (Terra, 24/2), que desearía permanecer hasta la realización del proceso electoral. No obstante, a pedido de la ONU, mantendrá un hospital militar (que sólo atiende a las tropas, no a la población civil). El ministro Rossi ha confesado los propósitos de represión interna de las tropas al afirmar que "en Gonaives, donde han tenido origen todos los movimientos políticos y sociales más fuertes de Haití, es donde más ha tenido responsabilidad el contingente argentino. Hay un fuerte reconocimiento a las fuerzas armadas argentinas" (ídem).

Apoyamos la campaña continental por el retiro inmediato de las tropas de la Minustah, como lo sostuvieron los diputados del PO en el Frente de Izquierda durante la sesión que prorrogó la presencia de las tropas en ese país.

Sobre el final de 2014, la Legislatura porteña aprobó, por unanimidad, la ley que establece a los centros culturales como una nueva categoría de locales con posibilidades de habilitación. El tratamiento de esta ley tiene su origen en la movilización de gran parte de la comunidad artística contra las clausuras sistemáticas que sufren los centros culturales barriales. Su aprobación ha generado en el movimiento fuertes ilusiones en la ley como instrumento para detener las clausuras.

La gran excusa del gobierno de Macri para mantener la persecución (iniciada bajo el gobierno de Aníbal Ibarra) y las clausuras, ha sido la seguridad. Pero detrás de ello hay una política de concentración de la oferta cultural en el circuito comercial.

A su vez, el macrismo ha modificado el régimen de controladores, adjudicando a solo dos de ellos la instancia de apelación de clausuras y multas. Esta concentración procura mantener un firme control sobre las decisiones de los controladores relativas a levantamientos de clausuras y/o multas. La clausura del Konex, a fines de enero, fue inmediatamente levantada. Revelando que, en última instancia, el problema se arregla con plata. Este recurso no está disponible para la gran mayoría de los centros culturales y, en definitiva, persigue fines meramente recaudatorios, relegando la seguridad a un plano secundario.

En su gran mayoría, los centros culturales que podrían beneficiarse son sostenidos por el esfuerzo de quienes los han puesto en pie y, siendo una actividad sin fines de lucro, no cuentan con los recursos económicos para adecuar sus espacios a los requerimientos edilicios que el cumplimiento de la ley requiere. Sin embargo, la nueva ley no establece un mecanismo de fomento para el sostenimiento de la actividad.

La Ciudad, que se jacta de poseer una oferta cultural incluso superior a capitales europeas, lo hace sobre el esfuerzo y los recursos de la comunidad artística y el público. Debería fomentar y sostener la actividad cultural independiente, regularizar a los docentes de los centros culturales y cesar la persecución y las clausuras.

Por eso, el próximo paso del movimiento de los centros culturales debe estar orientado a luchar por un presupuesto para la mitigación de riesgos, el reconocimiento de la actividad docente, el fomento a los artistas y el cese de las clausuras.

"Quién mató a Mariano Ferreyra?, el film de Alejandro Rath y Julián Morcillo, fue seleccionado para la competencia oficial del Festival Internacional de Cine de Barranquilla (Ficbaq) en la categoría Medio Ambiente y Pueblos en Lucha.

Galardonada en el Festival Internacional de Cine Político de Buenos Aires en 2014, fue también nominada a los premios Sur y Cóndor de Plata del mismo año y seleccionada en numerosos festivales internacionales.

La película que llevó la lucha por justicia para Mariano Ferreyra al cine, y retrató con justeza su lucha socialista, se podrá ver en la tercera edición del Ficba. El festival se realizará del 20 al 28 de marzo, en la que se proyectarán más de sesenta películas entre largos y cortos, de Argentina, Chile, Colombia, Brasil, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, México, Estados Unidos, Vietnam, Suiza, Palestina, Camboya, República Dominicana y Uruguay, entre otros países. Esta cita cinematográfica fue elegida como uno de las veinticinco mejores festivales emergentes de América Latina.

A partir del retrato de dos vidas, Cuarenta balas" - El caso Fischer-Bufano (dirigida por Ernesto Gut y Dionisio Cardozo) brinda una valiosa imagen de un momento clave de la lucha de clases en Argentina (la primera mitad de los ’70) y de la militancia de la organización Política Obrera (hoy Partido Obrero).

Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano fueron dos dirigentes universitarios de la TERS (tendencia estudiantil del PO en aquel momento) que se proletarizaron. Fischer ingresó en la fábrica de pintura Miluz en 1972 y, ya al año siguiente, luego de destacarse en una toma, fue elegido delegado general. Bufano ingresó en esa época a la empresa. En diciembre de 1974, víctimas de una confabulación entre Miluz, la burocracia sindical y la policía, fueron secuestrados por la Triple A en la puerta de la fábrica. Sus cuerpos aparecieron dos días después. El ERP, de manera inconsulta y contraproducente para la organización de la fábrica, asesinó, como "venganza" por el asesinato de Fischer y Bufano, a dos directivos de la empresa. Posteriormente, la Triple A secuestró y asesinó al sucesor de Fischer, el peronista de izquierda Héctor Noriega, quien se había animado a asumir como delegado general de la fábrica, continuando con el legado de sus compañeros. La organización obrera sucumbió a comienzos del ’76, víctima de la represión y la desmoralización.

Podemos decir que el film se destaca en relación con el cine que recrea la militancia de la época por dos motivos. Primero: cada año se estrenan decenas de films argentinos sobre los setenta y, en su inmensa mayoría, cuando hablan de represión, hacen referencia casi exclusivamente a la última dictadura militar. Muy pocos hablan de la Triple A, tal vez porque obligaría a referirse a Perón, al PJ y a la burocracia sindical. Una honrosa excepción lo es "Parapolicial Negro" (dirigida por Valentín Javier Diment), que hace foco en la pata policial de la Triple A. Cuarenta balas denuncia el rol de Perón en la configuración de la organización paramilitar y lo hace apoyándose en la caracterización que Política Obrera realizó en ese momento: si el viejo líder volvía del exilio, era para aniquilar la tendencia hacia la independencia política de los trabajadores que la izquierda y el clasismo expresaban.

Segundo: la mayor parte de las películas sobre militantes rescata la vida de guerrilleros y reconstruye acciones militares. Aquí tenemos a dos jóvenes que, formándose en el contexto internacional de la revolución cubana, la lucha vietnamita, el Mayo francés y la Primavera de Praga, despertaron a la vida política en la época del Cordobazo. Su militancia consistió en acompañar a esa clase obrera que despertaba, agudizando sus tendencias combativas que permitieran superar la regimentación peronista. En Cuarenta balas vemos lo que era organizar una marcha bajo la dictadura de Onganía y lo que representaba "proletarizarse", que era no sólo entrar a trabajar a una fábrica, sino también ir a vivir a un barrio obrero. Podemos escuchar la voz de Fischer en el multitudinario plenario antiburocrático que se realizó en Villa Constitución en abril de 1974, llamando a conformar una coordinadora nacional clasista, planteo rechazado por Tosco, Salamanca y Piccinini.

Con más de treinta entrevistas, tres años de investigación, un emotivo acompañamiento musical, animaciones y recreaciones de época, Cuarenta balas muestra que el legado de estos jóvenes militantes (al morir, Fischer tenía 25 años y Bufano 23) sigue profundamente vivo en cada lucha de los trabajadores y en cada militante revolucionario.

La película se estrena el jueves 26 de marzo en el Espacio INCAA Gaumont, Av. Rivadavia 1635, Ciudad de Buenos Aires.

Al cierre de esta edición de Prensa Obrera se conoció el pedido de renuncia presentado por el vicerrector de la UBA. Richarte esgrime “motivos personales” sin hacer referencia a su pasado como vicejefe de la Side y a los vínculos que sigue manteniendo con los servicios y que se hicieron públicos con la crisis abierta por la muerte de Nisman. En su renuncia, agradece, y con razón, a quienes lo protegieron en el Consejo Superior. Cuando los consejeros estudiantiles del PO, Gabriel I. y Carolina Fernández, presentaron la semana pasada un proyecto reclamando su destitución, saltaron en su defensa el rector Barbieri y un arco de fuerzas que va desde José Luis Giusti, decano de Económicas y ex candidato del PRO, hasta Jorge Anró, burócrata cristinista del sindicato no docente que integra la CGT oficial.

El régimen Richarte

Como Richarte mismo confiesa en su renuncia, él se va porque la campaña de la Fuba y la AGD estaban produciendo un enorme daño político a la mafia de los Barbieri, Yacobitti y Franja Morada que dirigen el Rectorado; se va para preservar al régimen que lo llevó a la vicerrectoría. Richarte dice que quiere recluirse en Derecho, donde es parte de la camarilla que maneja la facultad. Según el ex vicerrector y defensor de Amado Boudou, su tarea sería garantizar la “transparencia”. Derecho es una caja negra que recauda más de 500 millones de pesos en posgrados (son más caros que los de las privadas) mientras mantiene un récord de 3.600 docentes ad honorem (más de la mitad de la planta). El entramado podrido que gobierna la UBA, con sus lineamientos dictados por grandes bancos como el Santander, es una amenaza para la universidad pública. Los negociados para las empresas se realizan sobre la base de una precarización alarmante de las condiciones de trabajo de docentes y no docentes. La crisis presupuestaria es tal que Barbieri planteó en el Consejo Superior la posibilidad de que la UBA se desprenda de sus hospitales, lo que daría sepultura definitiva al vaciado Hospital de Clínicas.

La pelea por la Fuba

La caída del vicerrector demuestra que el principal obstáculo que tiene el “régimen Richarte” para avanzar es la existencia de la Fuba y la AGD como factores de lucha y organización independientes. Por eso, Richarte y Yacobitti alentaron el crecimiento de una agrupación propia para recuperar los centros y la Fuba, que recogió los viejos restos de Franja Morada bajo el nombre de “Nuevo Espacio”. Ahora, los discípulos del viejo Nosiglia quieren seguir el rumbo de su partido sumando a este armado al PRO.

Las elecciones estudiantiles del 2014 anuncian un Congreso de la Fuba con números ajustadísimos. Aunque la UJS incrementó levemente los delegados respecto del Congreso anterior, otras fuerzas de izquierda retrocedieron. La distribución de delegados no puede modificarse, ya que responde a la votación del año pasado, pero sí lo hacen los agrupamientos y desagrupamientos de fuerzas. Enfrente, finalmente, se encuentra un conglomerados de aparatos políticos surcado por mil divisiones, y que acaba de recibir un duro golpe político. Los kirchneristas de la UES de Sociales, por ejemplo, que integran las listas de Recalde en el FpV porteño, ¿defenderán hasta el final una coalición con la UCR y el PRO para enfrentar a la izquierda en la Fuba? ¿La Tropilla, que pretende ganarnos el centro de Veterinarias con un discurso “independentista” y “apolítico”, se hará cargo de contribuir a una lista de estas características? El próximo Congreso plantea una lucha política abierta, respecto de la cual todas las agrupaciones deberán rendir cuentas frente a los estudiantes.

Tomemos la iniciativa

Es el momento de redoblar la iniciativa contra el régimen Richarte y sus laderos estudiantiles. La caída del vicerrector de la Side es un triunfo que plantea nuevos desafíos. Es necesario desmantelar el entramado podrido que parasita la universidad, terminar con las cajas negras y reemplazar a las camarillas privatistas por un gobierno de la mayoría que estudia y trabaja en la universidad. La defensa de una Fuba independiente, de izquierda y de lucha está asociada a estas tareas y debe ser demostrada mediante la experiencia y la confrontación política con los enemigos del movimiento estudiantil.

El resultado de esta pelea va a ser determinante para las elecciones obligatorias que tendrán lugar en el mes de septiembre. Vamos a la conquista de la conciencia de miles de estudiantes y a producir un nuevo salto en el reclutamiento de centenares de jóvenes a las filas del Partido Obrero y el Frente de Izquierda.

La asamblea general de Adiunt sesionó nuevamente con una numerosa presencia de docentes. Había sido convocada para resolver el plan de lucha de la asociación, ante la falta de respuestas por parte de las autoridades a los reclamos pendientes de la huelga de 2014.

Por amplia mayoría, se votó no iniciar las clases con un paro activo de 72 horas.

El pliego reivindicativo fue acordado por todos: urgente apertura de la paritaria y genuina recomposición salarial. Que se mantenga y actualice el Adicional de Emergencia de 1.000 pesos que paga la Universidad (UNT). Aprobación inmediata de la Carrera Docente y de la Ciudadanía Preuniversitaria. Publicación del Convenio Colectivo de Trabajo y plena vigencia en el ámbito de la UNT. Pago del adicional de 1.000 pesos a los Ayudantes Estudiantiles, entre otros reclamos.

En el desarrollo de la asamblea se impuso la moción llevada por el Frente Docente por el Cambio (Naranja e independientes), que actualmente conduce el gremio, de no iniciar las clases por medio de un paro activo de 72 horas, como advertencia a las autoridades frente al cúmulo y urgencia de reclamos pendientes.

La asamblea le dio la espalda a propuestas disímiles pero que conducían a un callejón sin salida al gremio: una que planteaba que no había que emprender ninguna medida de acción directa pues las autoridades estaban dando señales de que iban a atender y solucionar los reclamos, y otra, en el extremo opuesto, que planteaba ir directamente a la huelga por tiempo indefinido, un planteo aventurero que pretendía que de manera aislada Adiunt repitiera mecánicamente la huelga del año pasado.

La asamblea votó que el paro de 72 horas tuviera un carácter activo con marchas, actos, caravanas y ocupaciones.

La decisión de ir al paro cayó como un balde de agua fría a las autoridades, que habían intentado evitar la medida con "anuncios" vacíos y demagogia mediática. Apenas conocida la decisión de la Adiunt, la rectora catalogó al paro de "apresurado". Pero el día de inicio de clases se cumplieron 305 días de mora en relación a la promesa de dar reconocimiento a la Carrera Docente. En efecto, en octubre de 2013, el Consejo Superior y la actual rectora (ex vicerrectora en aquel entonces), se habían comprometido a aprobar la carrera docente en la primera sesión de la Asamblea Universitaria de 2014, que fue el 16 de mayo. Luego, mediante maniobras dilatorias, fueron estirando los tiempos y hasta el día de hoy esos compromisos siguen sin cumplirse.

El esfuerzo ahora se va a concentrar en organizar el cumplimiento masivo de las resoluciones de la asamblea, que demuestre una vez más a las autoridades de la UNT la firme disposición de la docencia universitaria de ir a fondo en la lucha por sus reivindicaciones.

Los petroleros de Cerro Dragón pararon por despidos. La UOM Campana tuvo que denunciar los despidos de contratados en Siderca por presión de las secciones. Otros dos sindicatos han mirado al costado ante despidos muy importantes: el Smata ante doce despidos en VW y rumores de 600 "retiros voluntarios" en puerta y, peor aún, La Bancaria ignora 300 despidos en el Banco Hipotecario, el mismo que la presidenta dijo en su discurso de cuatro horas que ganó 570 millones de pesos.

Indudablemente el tema despidos está a la orden del día y por lo tanto una campaña política por la prohibición de despidos y el reparto de horas sin afectar el salario, para detener golpes y golpes al ritmo de la recesión.

La cuestión del impuesto al salario, por otro lado, cobra crecientemente más temperatura. Los sindicatos del transporte no logran ni un caramelo que les permita negociar el paro. Al contrario, La Bancaria ya no puede evitar la discusión para adherirse y otro tanto empieza a ocurrir con la desmovilizada CGT Moyano. En este tema se han producido dos pronunciamientos programáticos de importancia. La Bancaria plantea extender a todo el gremio la conquista de los bancos Provincia y Ciudad, donde la patronal compensa la totalidad del importe. Recordemos que en el diario Tiempo Argentino los trabajadores lograron la compensación de una parte. La otra gran novedad es que el cuerpo de delegados del Subterráneo, al mismo tiempo que nominó al histórico delegado clasista de la Naranja, Charly Pérez, como paritario, fijó el pedido de un bono por el 100% de los descuentos de ganancias. Antecedentes de enorme importancia en el movimiento obrero, porque abren una ruta frente a la intransigencia patronal de Kicillof-Kirchner y por otro lado meten presión a la patronal como clase para presionar ella misma al gobierno.

En materia de paritarias hay también varias novedades. La Federación Aceitera reclama el 42% de aumento, fuera de toda disciplina con el pedido de Tomada a la burocracia para reclamar del 30% para abajo. Los aceiteros van por un mínimo de 14.931 pesos que debería ser, en rigor, el salario de todo trabajador, la canasta familiar. En bancarios, si se trasladan los montos fijos de enero, febrero y marzo, el aumento sería de 31%, modesto pero que lleva a una verdadera masacre al 60% del gremio alcanzado por ganancias. Y, desde luego, la gran novedad es el reclamo del Subte, aprobado en su pleno de delegados, de un 40 y 2% por año de antigüedad.

Las paritarias, ganancias y despidos serán temas del plenario convocado por la seccional San Fernando del Sutna con vistas al paro del 31 de marzo.

El paro fue contundente en los hospitales y centros de salud, también se sintió en gran parte de la administración central, parques y zoológicos y algunos municipios. Judiciales, con excepción de los lugares donde influye la Naranja, no paró, al igual que Fadium (docentes universitarios), históricamente influenciado por el PCR.

Más de 700 compañeros se movilizaron por las calles mendocinas como parte del paro activo de la combativa Central de Trabajadores Argentinos. Recordemos que allí ganó la clasista Lista 2, en ruptura con la dirección nacional.

Las mayores delegaciones fueron aportadas por ATE y Ampros (Fesprosa, salud), pero también se hicieron notar el Sindicato Vial y la Naranja Judicial. El Sitea (estatales centrales y de entes recaudatorios) se sumó en casa de gobierno con una importante columna. Acompañaron la movilización el Sitraic y Tribuna Docente. El Sute Godoy Cruz (docentes), disidente de la conducción provincial, se hizo presente con dos personas aunque no intervino en el acto.La única organización política que acompañó la movilización fue el Partido Obrero.

El reclamo central de la jornada de lucha fue la exigencia de un aumento del 50% de aumento salarial al igual que se otorgaron los diputados a principio de año, como lo denunciaron los legisladores del PO y el Frente de Izquierda, además del 82% móvil, la anulación del impuesto al salario, las 6 horas para los trabajadores de oficinas judiciales y para los trabajadores de la salud.

Los distintos oradores del acto en la casa de gobierno destacaron la acción independiente de los trabajadores frente a los bloques políticos patronales, se destacó la enérgica intervención del compañero Roberto Macho al destacar la unidad de ATE con Ampros, la Naranja Judicial y otras organizaciones "para hacerle frente al gobierno que fuera", en referencia a la retirada del FpV y la posibilidad de recambio por la UCR-PRO.

Cabe destacar que la "oposición" michelista de ATE, no sólo brilló por su ausencia si no que también boicoteó por inacción la huelga. No puede ser de otra forma, son los mismos funcionarios provinciales los que sostienen la camarilla de Micheli y le reparten los volantes.

La movilización marca un ascenso en la lucha de los estatales que vienen de rechazar ofertas del 33% sin cuotas. En breve comienzan nuevas reuniones paritarias donde el gobierno de Paco Pérez deberá enfrentar, en el medio de las elecciones, un cuadro de movilización en los hospitales y reparticiones públicas.

Se realizó una gran actividad con activistas y trabajadores de Ecotrans, con la presencia de Pablo Heller y María Alicia Calvinho, asesores de los trabajadores, con el objetivo de analizar colectivamente los alcances del "Concurso de Acreedores" presentado por los Cirigliano y discutir cómo enfrentarlo.

La situación de Ecotrans viene complicada desde hace mucho tiempo; el proceso de vaciamiento lleva años: falta de repuestos, unidades en pésimo estado, recorridos que no llegan a su fin producto de falta de unidades, etc. Durante todo este tiempo los Cirigliano hicieron uso y abuso de los subsidios, desviándolos hacia otros negocios sin invertir un peso en mejorar el servicio.

Esta nueva jugada de los Cirigliano (el concurso) intenta embarrar la cancha con maniobras legales, para evitar que no le quiten los pisos que se disputan otras empresas -la CNRT elevó un informe solicitando la caducidad de las líneas nacionales por no cumplir el recorrido- y para seguir currando con los subsidios, utilizando a los trabajadores como rehenes.

En la charla se votó una gran campaña de agitación, teniendo en cuenta que lo que está en juego no es solo la defensa de los casi mil puestos de trabajo, sino también la mejora en la calidad de servicio pra miles y miles de usuarios.

Se resolvió elevar una carta a Randazzo, solicitando una entrevista, ver a la jueza y los síndicos, elegir en asamblea general a los miembros de la comisión de control proponiendo que sean tres por la parte de los trabajadores. Por otro lado largamos una gran campaña de agitación hacia los usuarios, explicando que un triunfo de los trabajadores implicaría un triunfo popular, de todos los usuarios.

Se votó la participación en la movilización del 24 de Marzo colocando nuestro gran reclamo: "No queremos la impunidad de los empresarios vaciadores".

Por último, se resolvió realizar una asamblea general para discutir todos estos puntos y la convocatoria del paro del transporte del 31 de marzo; allí plantearemos realizar un gran corte y movilización para hacer sentir muy fuerte el reclamo.

En el Subte se produjo un hecho destacadísimo: el cuerpo de delegados votó un excelente pliego de reclamos para la paritaria.

Sus puntos:

1) una suma fija para este mes favoreciendo proporcionalmente a las categorías más bajas;

2) 40% de aumento salarial para todos los ítems;

3) 2% por año de antigüedad;

4) bono anual compensatorio por el 100 por ciento del descuento por "ganancias";

5) licencias especiales: 24 días por trámites personales;

6) duplicar la licencia por familiar enfermo a 18 días, extendida a varones;

7) aumento de guardería (de 900 a 1.800 pesos);

8) licencia por violencia de género;

9) tiempo máximo de exposición en línea para tráfico (descansos);

10) convencionar la guardia en línea (cat. 1);

11) convencionar la reparación de aire acondicionado (cat. 3).

Este hecho no debe sorprender a los que siguen de cerca la elección en el subte. Se corresponde con el desarrollo de la campaña de la Lista Naranja (ATM e independientes), que fue la única que elaboró una propuesta frente a la paritaria y el salario, y la difundió en todas las líneas.

En las recorridas se recogieron los reclamos de la gran mayoría de los trabajadores del subte. En todos los talleres, en los tráficos, en las estaciones y los turnos nocturnos. Todos coincidieron en la necesidad de recuperar el salario y que se corrija por la inflación. Se palpó la fuerte bronca por el impuesto a las "ganancias" y no se dejaron de lado los reclamos de los compañeros de los sectores más relegados, como las cuadrillas de limpieza nocturna, el sector vías, instalaciones fijas, sistemáticamente visitados por los candidatos de La Naranja.

Fue el compañero “Charly” Pérez -candidato a secretario general por La Naranja- el que peleó en el cuerpo de delegados por favorecer, en la corrección de la suma fija, a las categorías más bajas. A los mandatos de los delegados de La Naranja se sumaron los de muchos sectores, que fueron completando el pliego, que, seguramente, se enriquecerá en próximas asambleas.

Luego se pasó a elegir los dos paritarios de base que marca el estatuto. La Comisión Directiva propuso a los compañeros “Chato” y Villavicencio (éste de la Roja y Negra, oficialista); el delegado Paletti propuso a “Charly” Pérez (Naranja) y el delegado Mastandrea a Dellecarbonara (Bordó-Violeta). El resultado fue el siguiente: “Charly” Pérez, 34 votos; “Chato”, 22 votos; Dellecarbonara, 21 votos; Villavicencio, 7 votos. Resultado que nomina a los dos primeros como delegados paritarios.

La votación a “Charly” Pérez -candidato a secretario general por La Naranja-, por el 81 por ciento de los delegados, está en sintonía con la intensa campaña de La Naranja por la paritaria y con un sentimiento mayoritario por la necesidad de un cambio en la conducción del sindicato.

Quedan planteados dos desafíos: hacer triunfar este pliego de reclamos en una paritaria propia de la AGTSyP y, a la hora de votar la nueva conducción, hacerlo por la lista y los compañeros dispuestos a llevarlo adelante.

Más de 5.000 personas marcharon el domingo 15 por las calles de Villa Carlos Paz reclamando la renuncia de fiscales, policías e incluso la del intendente. La pueblada comenzó el viernes 13 de marzo, cuando más de mil personas tomaron las calles de Villa Carlos Paz tras el descubrimiento de los cadáveres de Hernán Sánchez y Andrea Castaña, el primero desaparecido desde el 23 de diciembre de 2014, la segunda desde el 10 de marzo.

El caso de Hernán, reconocido fotógrafo de la zona, puso de manifiesto un entramado mafioso que liga a la policía de la provincia, a la justicia y a los intendentes de Punilla. El cuerpo fue encontrado mientras se buscaba a Andrea y, según un primer informe por parte del fiscal interviniente, Ricardo Mazzuchi, la muerte dataría de hace 15 días e indicaría que Hernán Sánchez estuvo secuestrado durante los tres meses desde su desaparición. Sin embargo, tres días después de encontrado el cuerpo la autopsia aún no se hizo.

La noticia enardeció a familiares, amigos y a toda la comunidad de la zona, que rápidamente se autoconvocó frente a la comisaría local para repudiar a la Justicia y la policía, que nunca impulsaron la búsqueda y, por el contrario, la obstaculizaron. El fiscal a cargo de la investigación se negó de manera sistemática a recibir a la familia, dilatando hasta el momento su participación como parte querellante en la causa, pese a las constantes pruebas aportadas por la misma. Ese fiscal fue el mismo que manifestó que no contaba con el personal necesario para la búsqueda debido al “operativo verano"; y luego montó una campaña de desprestigio a la víctima, induciendo a la opinión pública a creer que se trataba de una desaparición voluntaria. Desde el gobierno provincial y municipal nunca se estableció ni una solicitada para buscar a Hernán. Los familiares no fueron recibidos por la Justicia ni por el gobierno a pesar de los repetidos pedidos.

En el caso de Andrea Castaña la inacción policial fue fatal. El mismo día de su desaparición un conocido de la joven había realizado una denuncia al escuchar gritos en el Cerro La Cruz, zona donde desapareció Andrea. La denuncia fue desconocida por las fuerzas policiales. Muchas horas después y tras la insistencia y movilización de familiares y amigos, se arrancó un operativo que comprometió a más de cien efectivos y otros tantos civiles; sin embargo, la joven fue encontrada muerta en el mismo lugar por amigos que se empeñaron en la búsqueda.

Es evidente que detrás de estos crímenes están la policía de De la Sota, la Justicia, los intendentes; hay una guerra (en la cual estaría implicado el propio Milani) por el control de la llamada "ruta de la droga" (la 38) donde actúan impunemente las redes de narcotráfico y de prostitución, los negocios de la noche y el juego.

Desde el Partido Obrero y el Frente de Izquierda acompañamos a los familiares y a las comunidades de esas localidades de Carlos Paz y Tanti, exigiendo Justicia por Hernán y Andrea; juicio y castigo a todos los responsables, políticos, judiciales y policiales; y el desmantelamiento del aparato de seguridad.

La comisión sindical contó con la participación de más de 80 delegados y la mitad hizo uso de la palabra. El intenso debate giró en torno al carácter y la modalidad de la campaña electoral sobre el movimiento obrero en vinculación estrecha con las luchas, actuales y futuras.

Destacamos el protagonismo que deben asumir los dirigentes obreros en esta campaña, actuando como voceros de un programa -centrado en la defensa del salario, la jubilación, la estabilidad y las condiciones de trabajo- en contraste con la agenda "ajustadora" que defienden los candidatos del sistema. Esto vale para la burocracia sindical, alineada con Scioli, Massa o Macri, dispuesta a reforzar su condición de pilar de la gobernabilidad, durante la transición y de cara al próximo gobierno.

Un aspecto importante será la defensa de los activistas perseguidos por las patronales, el Estado y las patotas de la burocracia sindical; es el caso Amodil, Seally, Avon y especialmente de los compañeros del Sitraic.

Varios delegados señalaron la necesidad de poner en pie las mesas regionales de la Coordinadora Sindical Clasista. En esa dirección se resolvió reunir plenarios obreros -en Norte, Sur, Oeste-La Matanza y La Plata- para profundizar los aspectos programáticos y de la intervención en cada lugar.

Un punto del debate correspondió al paro de los gremios del transporte del 31 de marzo; con independencia de lo que termine ocurriendo con esa convocatoria ratificamos la decisión de intervenir enérgicamente, impulsando el plenario llamado por el Sutna-San Fernando para el 21 y todas las iniciativas que allí se adopten. Con anticipación rechazamos cualquier cambio cosmético que se prepare e insistimos en el reclamo de abolición total de todo impuesto a los salarios.

Se acordó la movilización de todas las agrupaciones sindicales del PO el 24 de Marzo, contra la impunidad, por Fuera Milani y el desmantelamiento de todos los aparatos de conspiración y espionaje contra la clase obrera.

Incorporando lo anterior se aprobó un cuerpo de resoluciones generales que incluye además la publicación de una declaración, la realización de actos en puertas de fábricas, foros Educativos y de Salud organizados por Tribuna Docente y Tribuna de Salud, una agitación por paritarias sin techo, con negociadores electos por las bases que defiendan un pliego integral: salario igual a la canasta familiar, prohibición de despidos y suspensiones, pase a planta efectiva de todos los tercerizados y todo un capítulo sobre la reforma de la ley de ART, la lucha por la seguridad en las plantas y el control de los ritmos de producción, etc.

A esto se suma una serie de campañas específicas:

1) Colaborar en la puesta en pie de la lista nacional de ATE (entre otros requisitos hay que reunir 9.000 avales).

2) Apoyar la campaña de los trabajadores de Ecotrans contra el vaciamiento o el desguace de la empresa. En sintonía con esto, nos proponemos convocar una reunión de trabajadores de UTA de toda la zona metropolitana para elaborar un planteamiento sobre la crisis del transporte público.

3) Impulsar la campaña nacional por el proyecto de ley del pago de los "bonos" de ganancias de las empresas telefónicas.

4) Hacia mediados de este año tendrán lugar elecciones de cuerpo de delegados en algunas líneas ferroviarias, en particular en el Roca; se aprobó una agitación sistemática de los comités que contribuya a la formación de una lista de frente único de todo el activismo.

Las discusiones y aportes sobre el programa y los métodos de la campaña estuvieron orientados por una comprensión común que tiene un enorme valor estratégico: más que nunca las reivindicaciones deben estar asociadas al fortalecimiento del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, que en esta etapa significa conquistar decenas de bancas en el Parlamento, las legislaturas y los concejos deliberantes de todo el país.

¡Vamos por eso!

La Cámara Federal de Casación Penal decidió rever el procesamiento de los empresarios azucareros Carlos Blaquier y Alberto Lemos en las causas en que estaban imputados por complicidad en el secuestro y desaparición de personas durante la tristemente célebre "Noche del Apagón", ocurrida durante la última dictadura militar en Jujuy. Los jueces de la sala IV (Hornos, Riggi y Gemignani) admitieron que los empresarios prestaron las camionetas de Ledesma en que fueron trasladados los secuestrados a un centro clandestino de detención, e incluso la existencia de un conflicto gremial y el desarrollo de tareas de espionaje, pero que no puede probarse que conocieran o quisieran colaborar en la desaparición de personas.

Sin embargo, en el proceso de primera instancia quedó fehacientemente acreditada la colaboración de Blaquier con un régimen que lo beneficiaba. "La cooperación en cadena de los imputados tuvo lugar, a su vez, en el marco de una persecución político-sindical" (Página/12, 14/3), según el fallo del juez Paviña. Blaquier participó del grupo Azcuénaga, defensor de la dictadura, publicó una solicitada de apoyo a la Junta Militar en el primer aniversario del golpe, e incluso envió una carta a Martínez de Hoz proponiéndole una campaña para diluir las denuncias por violación a los derechos humanos.

Las organizaciones que participan del juicio anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema. La prensa oficialista ligó el fallo favorable a Blaquier con la reciente absolución de Vicente Massot, el dueño del diario "La Nueva Provincia" de Bahía Blanca, acusado por complicidad en la desaparición de dos obreros gráficos, e incluso al rechazo judicial a un pedido de indagatoria de Héctor Magnetto por Papel Prensa. Los cañones apuntan al "partido judicial".

Amén de los vínculos del kirchnerismo con el "partido judicial" durante todos estos años, lo cierto es que hace tiempo que el gobierno nacional, que había fogoneado la causa en el cuadro de la disputa por los biocombustibles, había abandonado el empuje de la misma. La presidenta de la Nación, que se encolerizó con la ‘corpo' judicial por los avances en la causa de Hotesur, se ha llamado a silencio en este caso. Ocurre que Blaquier logra su absolución no sólo de la mano de un fallo judicial, sino también de una campaña de presión que incluyó el apoyo de los intendentes kirchneristas de Jujuy, que se encolumnaron con Blaquier y organizaron marchas bajo el pretexto de la defensa de los puestos de trabajo.

Blaquier supo ser, oportunamente, un empresario K: "soy cristinista y nada me hará cambiar", como ilustró en un poema dedicado a la presidenta.

En noviembre pasado, el kirchnerismo agitó la formación de una comisión en el Congreso para investigar la complicidad empresaria con la dictadura, pero nunca dio un paso. La naturaleza capitalista del gobierno kirchnerista y del aparato estatal los inhabilita para desarrollar una investigación consecuente de la clase social que instigó el golpe y sigue rigiendo los destinos del país.

El lanzamiento de la campaña electoral encuentra su correlato en una fiebre de encuestas. En todos los casos se consigna un crecimiento de las candidaturas del PO y del Frente de Izquierda respecto de elecciones anteriores.

Según un sondeo del Centro de Opinión Pública de la Universidad de Belgrano (Copub) en territorio porteño (El Cronista, 13/3), en base a 620 casos, Macri aparece como el candidato más elegido con el 21% de los votos. Lo siguen Scioli (19%), Massa (18%), Cobos (12%), y Altamira (8%). En las últimas elecciones presidenciales, el Frente de Izquierda había obtenido un 3,25% en el distrito para presidente y un 5,6% para diputados nacionales, lo mismo que en las legislativas de 2013. El salto es evidente, cualquiera sea la categoría o elección que se tome como referencia.

Analogías y Zuleta Puceiro también difundieron encuestas, que se caracterizan por una fuerte variación según se pregunte por partido o por candidato. Ambas encuestadoras señalan un crecimiento del macrismo, y una caída de Massa y de lo que fuera el Unen. Zuleta Puceiro plantea un escenario nacional de paridad entre el PRO y el Frente para la Victoria, que se inclina a favor de Macri en un enfrentamiento de éste contra Scioli. En dicha encuesta, Altamira cosecha un 3,5% de intención de voto, por encima de Rodríguez Saá (2%) y apenas por debajo de Stolbizer (5,2%). En 2011, Altamira había obtenido el 2,3% de los votos a nivel nacional. En tanto, la encuesta telefónica de Analogías, para la provincia de Buenos Aires, indica que Pitrola obtiene el 4,8% de las preferencias para gobernador, cuando el Frente de Izquierda había obtenido un 2,8% de los votos para esa categoría en 2011, y un 5% en las legislativas de 2013 que consagraron a Pitrola diputado nacional.

Recientemente, una encuesta de Hugo Haime (véase PO N° 1.353) en el conurbano bonaerense le otorgó un 6,3% de intención de voto a Pitrola y Altamira.

Las nuevas encuestas demuestran una consolidación del voto al Frente de Izquierda. Están dadas las condiciones para multiplicar la presencia en el Congreso Nacional, las legislaturas provinciales y los concejos deliberantes.

L a Conferencia votó las candidaturas centrales. En primer lugar, a Néstor Pitrola como candidato a gobernador y diputado nacional.

Para encabezar la lista a senadores se votó a Romina del Plá, secretaria general del sindicato docente más numeroso del país (Suteba La Matanza) y voz de los docentes en lucha, en la huelga de 2014. En medio de la bronca contra Scioli por la destrucción educativa, nos prestarán su atención todas las familias con hijos en la escuela pública.

La conferencia destacó la importancia de los candidatos municipales y votó a quienes encabezarán las listas del PO-Frente de Izquierda en los municipios. En el interior de la provincia sobresalen La Plata y Bahía Blanca, donde en las últimas elecciones obtuvimos porcentajes mayores al 8%. Laura Kohn, delegada de ATE, organizadora de la lucha de las víctimas de la inundación, encabezará la lista en la capital provincial.

En Bahía Blanca, otro lugar de votación significativa del Frente de Izquierda, encabezará Néstor Conte, dirigente histórico del PO en la zona. Existe allí un proceso de debate con un sector de la izquierda sobre los términos programáticos y políticos de una posible colaboración y participación para sumar su voto al FIT.

En el Gran Buenos Aires, la cabeza de nuestras candidaturas en Tres de Febrero será Adriana Sirna, quien estuvo a 150 votos de entrar como concejal en 2013, en el "feudo" del intendente Curto. Adriana no sólo es la secretaria general del Suteba San Martín, que la burocracia confiscó con el fraude, sino la cabeza reconocida de movilizaciones de padres y docentes por reclamos educativos imprescindibles.

Federico Decoppet irá como candidato a primer concejal en Vicente López, donde sacamos más del 7%. Es un reconocido dirigente de las asambleas populares que han luchado contra los negociados inmobiliarios de García (K) y ahora de Jorge Macri (PRO), y contra la falta de obras de infraestructura que provocaron inundaciones.

Muy importante es la candidatura de Jimena Lettieri en Morón, trabajadora del Hospital Posadas y reconocida dirigente del PO, que ha librado una sistemática lucha política y desnudado el falso progresismo de Nuevo Encuentro (Sabbatella, PC) desde sus inicios. Esta corriente acaba de votar junto al Frente Renovador la cesión de los terrenos del ferrocarril a los industriales del distrito, mediando una movilización popular en contra.

Nuestros candidatos serán tribunos y organizadores de las luchas por el salario, la ocupación, la salud y educación públicas, la tierra, la vivienda y las obras hídricas, contra la contaminación ambiental, el transporte colapsado y las policías distritales, con campañas asociadas que son un inicio para la discusión de las plataformas distritales

Trescientos delegados, electos en plenarios realizados en ochenta distritos, se reunieron en la Conferencia Electoral del Partido Obrero bonaerense, caracterizaron la crisis política y resolvieron el lanzamiento inmediato de la campaña electoral.

Sesionamos en paralelo con la convención radical que resolvió el apoyo a la derecha macrista. Después de la catástrofe de la Alianza con la centroizquierda que terminó convocando a Cavallo, ahora hundieron el Unen para ir directamente con el menemismo actual. El FpV, por su lado, se debate entre los candidatos derechistas y pro-yanquis Scioli y Randazzo. El massismo, que prometía llevarse los intendentes bonaerenses y el PJ, se devaluó y pide el ingreso a una interna única, lo que lo transforma en una rueda auxiliar del acuerdo PRO-UCR. La burguesía disputa entre camarillas de negocios, pero todas sus variantes preparan como salida un rescate del capital financiero con la factura a los trabajadores, no a los banqueros, desde luego. En la crisis Nisman se ha evidenciado la fractura de los aparatos de inteligencia y la Justicia. Fracturas que reflejan, en el fondo, el cambio de frente de los sectores de poder en los que se apoyó la "década K”.

La provincia no escapa a la deriva conservadora, pero a pocos meses de la inscripción de listas no hay claros candidatos provinciales, al contrario, puede haber internas sangrientas. El llamado progresismo ha ido a una bancarrota a dos puntas, la oficial y la opositora. Binner se bajó y Stolbizer no será la candidata a gobernadora, sino a presidente, de una centroizquierda residual, al punto que parte del Gen provincial se vuelca a la "gran interna" macrista. La oportunidad política del Frente de Izquierda se presenta como única, porque la política pequeño burguesa sucumbe al capital financiero. La izquierda revolucionaria que promueve a la clase obrera como alternativa política es la única que levanta con autoridad las reivindicaciones de la docencia, de los sin tierra y sin techo, de la salud y las obras públicas ambientales e hídricas acuciantes de la provincia. Somos organizadores de la lucha contra el gatillo fácil de la juventud explotada así como de la juventud precarizada. El Frente de Izquierda es la única fuerza política que levanta las reivindicaciones del movimiento obrero e interviene en la batalla electoral como parte de la lucha contra la burocracia sindical, como acabamos de hacerlo en los seis días de paro de la docencia contra la entrega sciolista de Baradel, en la lucha de Siderca, de Lear o de los obreros de Ecotrans en el oeste.

Hemos llegado a la etapa electoral instalados como nunca antes en la provincia. En paralelo a la conferencia, llovieron cuatro encuestas que ubican a Néstor Pitrola con el 5% de intención de voto a gobernador y a Jorge Altamira duplicando la elección presidencial de 2011 en la provincia. Pitrola ha llegado destacado por su labor como diputado de la provincia y como vocero político de la clase obrera. Hay condiciones para sostener el ascenso del Frente de Izquierda a partir del lanzamiento inmediato de la lucha política de nuestra militancia en todos los frentes de la campaña. Hay que romper la polarización que promueve la burguesía y el cerrojo de los medios de comunicación alineados en promover esa polarización. Desde luego, la condición para que Pitrola sea candidato a gobernador por el Frente de Izquierda es su permanencia en el parlamento, porque el primer candidato a diputado es del Partido Obrero en las mismas condiciones que en la Capital, como han sido los acuerdos del Frente de Izquierda desde 2011.

Pero enfrentamos el obstáculo interno en el Frente de Izquierda, que ya se expresó en el Luna Park ¡hace cuatro meses! El PTS obstaculiza el lanzamiento presidencial y con él un acuerdo nacional que ya propusimos dos de las tres fuerzas del Frente en el Luna. La divergencia en realidad se ha ampliado, porque el PTS pretendió vetar el apoyo de otras agrupaciones de izquierda que realizaron claros acuerdos programáticos que delimitan las divergencias y crean un marco de colaboración política sobre las bases programáticas del Frente de Izquierda, como lo es el texto firmado en Jujuy por Altamira y el “Perro” Santillán. Sostendremos la misma política que llevó a esos acuerdos de apoyo al Frente de Izquierda en la provincia de Buenos Aires.

En la Capital no se ha podido convocar una sola iniciativa conjunta. El internismo sin principios demora una campaña que pretendemos abarque cien distritos bonaerenses. De hecho, tenemos expresión como Partido Obrero en unos 95. Iniciaremos la campaña electoral defectuosamente (no es una campaña del Frente de Izquierda) pero decididamente. Lo hará el Partido Obrero con actividades en cada distrito con la participación de Altamira y Pitrola. La cuestión de los distritos, además, excede en mucho al tema de la campaña de los candidatos centrales: en cada uno de ellos destacamos ya mismo líderes locales que luego serán los líderes del Frente de Izquierda por el lugar ganado. En cada distrito elaboraremos de inmediato plataformas reivindicativas en conexión con la declaración política y programática aprobada por la conferencia. El objetivo es ingresar a los concejos deliberantes de una docena de distritos y triplicar la representación de diputados nacionales y provinciales conquistada en 2013.

Su eje es "Vamos con la izquierda, la alternativa de los trabajadores".

La conferencia votó un plan de campaña y una movilización excepcional el 24 de Marzo, reclamando que se vaya Milani, la apertura de los archivos, la derogación de la ley antiterrorista y reforzar esta perspectiva política independiente y socialista y desafiar en las calles la falsa polarización política que proponen al país. También se votó al apoyo al plenario convocado por el Sutna San Fernando para el 21 de marzo, para que, desde la política del clasismo y la izquierda revolucionaria, se intervenga en el paro del 31 de marzo, tanto si se hace como si la burocracia sindical lo levanta.

La Conferencia electoral del Partido Obrero de Córdoba aprobó un manifiesto al pueblo de Córdoba que convoca a sumarse activamente al Frente de Izquierda, a constituir comités de apoyo para conquistar un fuerte bloque en la Legislatura provincial e ingresar en los concejos deliberantes y en el Congreso nacional.

Caracterizó la crisis política y económica que envuelve a la provincia y el proceso de disgregación del conjunto de las fuerzas políticas patronales que actúan en ella, comenzando por el propio oficialismo (José Manuel de la Sota), que no ha podido definir aún la fecha de las elecciones provinciales por temor a que, incluso con un triunfo, su poder se deshilache por no contar con un acuerdo nacional. Otro tanto sucede con la oposición; liquidado el centroizquierda con el pase de Luis Juez a las filas del PRO, ahora la UCR ha dado el mismo paso y el kirchnerismo está entre un acuerdo con De la Sota o con Rodríguez Saá. La conferencia caracterizó que el desenvolvimiento del Frente de Izquierda y de nuestro partido ha creado las bases para ser un gran factor de agrupamiento y atracción de la población trabajadora y golpeada por la catástrofe ambiental, la impunidad, la pudrición del propio Estado, la desocupación, el trabajo precario y la miseria salarial; que serán los ejes de nuestra plataforma.

Participaron compañeros de más de quince localidades del interior, algunos que ya están en campaña con sus propias listas. Hubo un rico debate sobre las propuestas y planteos y se resolvió poner en marcha la convocatoria a asambleas y reuniones para elaborar las plataformas locales y salir a la batalla en todos los municipios en los que estamos. La experiencia de La Falda y Villa Allende da cuenta de la avidez por nuestros planteos y la adhesión y valoración que reciben nuestros materiales, así como el agrupamiento que generan. En La Falda ya se está concretando la posibilidad de un fiscal por mesa: un hecho histórico para la zona.

Una comisión especial de la juventud abordó la campaña tanto en la UNC como en la UNRC (Río Cuarto) en las cuales habrá en los próximos meses elecciones de los claustros y de los centros. Las mismas se desarrollarán con una crisis ya manifiesta en el kirchnerismo que dirige la universidad y gran parte de los centros y claustros.

Una comisión resolvió sobre las tareas de organización del partido y de la campaña.

La conferencia aprobó el acuerdo alcanzado con el resto de las fuerzas que integran el Frente de Izquierda y votó las candidaturas de Eduardo Salas, para encabezar la lista de legisladores y las de nuestros compañeros Jorge Navarro, abogado con una fuerte presencia en la lucha en los sindicatos contra la burocracia sindical, y Soledad Díaz García, dirigente del Plenario de Trabajadoras y destacada luchadora por los derechos de la mujer trabajadora para continuar la representación del Partido Obrero en las listas a la legislatura del Frente de Izquierda. Cintia Frencia, nuestra legisladora durante 2014, y Alejandro Roqueiro, delegado docente, serán nuestros representantes para ingresar la Concejo Deliberante en la ciudad de Córdoba.

Finalmente, la conferencia aprobó dos resoluciones específicas. La primera, garantizar una fuerte movilización el próximo 24 de Marzo en la columna independiente del gobierno y la oposición, que hemos organizado. Y la otra ratificó el apoyo de todo el partido a las campañas en Villa Allende y La Falda.

En sendas conferencias de prensa, los candidatos del régimen inauguraron la semana. Uno presentando un "plan" ante el colapso del abastecimiento eléctrico en el Norte y el otro lanzando la inscripción masiva para un plan de 25.000 viviendas...

Banda 1

Una banda, la de Romero se encuentra evadiendo la justicia desde hace cuatro años, cuando lo denuncié en los casos de compras de tierras para vivienda con sobreprecios millonarios. Al mismo tiempo, había sido denunciado por apropiarse de 90 hectáreas de la Ciénaga que habían sido compradas con el mismo fin.

Ahora anuncia que construirá 25.000 viviendas de acceso universal en cuatro años.

Debiera empezar por devolver las 90 hectáreas y también los millones que pagó a inmobiliarias amigas.

En los doce años de su gobierno, Romero encabezó una verdadera "asociación ilícita" para realizar operaciones inmobiliarias fraudulentas. Así lo califico el fiscal Barrionuevo cuando promovió acción penal a partir de mis denuncias. Pero, además de la corrupción, su gobierno fue un defensor y promotor de la especulación inmobiliaria, que al llevar los precios por las nubes, impide al acceso a la vivienda propia a la mayoría.

El "plan" es una estafa por donde se lo mire, no tiene ni terrenos ni financiamiento. Dice que va a fundar un Banco Hipotecario para la Vivienda tomando como base el 8% del presupuesto actual. ¿Pensará reducir el plan normal de obras públicas o el presupuesto de salud, acaso? La verdad es que en su gobierno se privatizó el Banco Provincial, el único que podía establecer una política de créditos blandos para vivienda y que Urtubey acaba de prorrogar, con los votos de los legisladores romeristas para que siga esquilmando con tasas usureras a los salteños. El contrato con el Macro se extendió hasta 2027.

Como planteamos desde el Partido Obrero, un plan intensivo de obra pública y vivienda debe financiarse haciendo que las grandes propiedades rurales paguen impuestos de acuerdo a su valor real y no 20 veces menos como ahora ocurre y que la producción primaria que exporta cientos de millones de dólares comience a pagar impuestos al menos en el mismo porcentaje que paga un pequeño comerciante. A eso hay que agregar la reserva del 40% del suelo urbano para poder garantizar terrenos para urbanización y viviendas populares.

Banda 2

En la otra banda cínica está Urtubey, que anuncia, ante la emergencia en el Norte, que va a denunciar a la compañía Transnoa por "incumplimiento de sus obligaciones"... El primero que no cumplió con sus obligaciones y ha sido cómplice absoluto de Transnoa y de su vaciamiento, es el propio gobernador-candidato. Desde el PO en cambio lideramos junto a los trabajadores de Transnoa la denuncia de ese vaciamiento, anticipamos que el sistema iba a colapsar por falta de mantenimiento, reclamamos la intervención (con proyectos aprobados en la Cámara de Diputados) del Ente Regulador de Energía a nivel nacional y del local. Hace ya tres años largos...

En los ’90, Romero y Urtubey fueron los privatizadores de Edesa y Transnoa, sus gobiernos han sido cómplices del vaciamiento, sólo el PO enfrentó aquel proceso. Sólo nosotros tenemos las manos libres para exigir todas las inversiones pendientes, para auditar las cuentas de estas compañías y plantear la recuperación de la prestación del servicio por administración, reduciendo sobrecostos para garantizar tarifas accesibles y un servicio eficaz. En la misma línea, estamos exigiendo la indemnización del 100% de los daños a los usuarios.

Romero y Urtubey compiten en impostura y pretenden que detrás de estas mentiras el pueblo deba elegir entre ellos dos. La realidad es implacable y los pone a ambos del lado de los responsables del enorme déficit de vivienda y del colapso del abastecimiento de electricidad y también del agua potable en todo el norte.

Desde el PO ofrecemos un programa de salida que opone las reivindicaciones elementales de la población al intento de continuismo de este régimen descompuesto.

El resultado de la Convención radical de Gualeguaychú fue recibido con entusiasmo por “los mercados”. La suba de las acciones de empresas argentinas fue generalizada, tanto en la Bolsa de Buenos Aires como en la de Nueva York. Subieron también los títulos de deuda pública. No importó siquiera el fallo de Griesa, que prohibió al Citibank pagar los bonos emitidos bajo jurisdicción local, lo que significa en los hechos una ampliación del defol. El festejo de los capitalistas se extendió a los salones de la Sociedad Rural, donde centenares de empresarios pagaron 50.000 pesos el cubierto para financiar la campaña electoral del PRO.

Los convencionales de la UCR no protagonizaron un acto de democracia partidaria, como dijeron interesadamente algunos medios. Se limitaron a cumplir un libreto escrito por los grandes capitalistas, que reclaman un viraje; esto, después de haberla juntado en pala durante la década K. Detrás de bambalinas, actuaron los operadores vetustos del aparato radical, con “Coti” Nosiglia a la cabeza. Los mismos que, bajo el gobierno de De la Rúa, fueron a buscarlo a Cavallo para que se hiciera cargo del Ministerio de Economía. O que instruyeron a Fernando de Santibáñez, por entonces director de la Side, para que financiara las coimas del Senado. Los resultados son por todos conocidos. La vuelta a la palestra de “Freddy” Storani también es reveladora: su bautismo de fuego como ministro del gobierno de la Alianza fue reprimir salvajemente el corte del puente Chaco-Corrientes, donde la Gendarmería enviada por él asesinó a dos trabajadores.

Pero hay una diferencia sustancial entre la Alianza de los ’90 y esta versión remixada. En aquella oportunidad, la UCR se alió con el ‘ala izquierda’ de la burguesía, el Frepaso. Ahora, lo hace con el ala derecha, el macrismo. Las condiciones también son distintas. En ese entonces se reservaba la cabeza. Ahora está condenada a ir de furgón de cola del PRO, un partido virtualmente inexistente en todo el país con excepción de la Ciudad de Buenos Aires.

Más que una señal de fortaleza, el acuerdo es un resultado de la debilidad de sus partes. La UCR carece de votos y no tiene posibilidad por sí misma de mantener sus posiciones en el aparato del Estado. El PRO carece de un partido para poder gobernar, a pesar del crecimiento de Macri en las encuestas. Como si fuera poco, la presencia de Carrió en la coalición, una francotiradora que pululó por todas las formaciones políticas, muestra la precariedad de la nueva alianza. A poco de andar, los caudillos radicales perdidosos en la convención -como Gerardo Morales- se han apresurado a reclamar el "respeto" a los acuerdos que ya firmaron con Sergio Massa, para asegurar sus distritos. Pero esos arreglos comprometen también las listas de diputados nacionales, algo que la Convención radical reservó para el acuerdo con el PRO. El pacto Macri-Sanz, por lo tanto, no tiene comprado todavía el pasaje a las Paso, y podría ser el preludio de nuevas crisis y rupturas. El esfuerzo de la gran burguesía por polarizar la elección deberá enfrentar la tendencia a la desintegración de las fuerzas políticas del sistema, y no sólo de las históricas.

Shock de confianza

Los economistas de Macri ya han adelantado que su programa es aplicar un "shock de confianza" para atraer capitales, que serán beneficiados con tasas de interés sustancialmente superiores a las que existen a nivel internacional. En esa línea, Macri ha prometido el levantamiento del cepo. No dijo, naturalmente, que esa medida deberá ser precedida por una fuerte devaluación del peso, con la conmoción social y política que ello implicaría. Duhalde, que sabe de megadevaluaciones, ha saludado al acuerdo Macri-Sanz como el anticipo de un eventual gobierno de coalición. El programa de la nueva alianza es abrir un nuevo ciclo de endeudamiento, a partir de un arreglo con los fondos buitre. Como Argentina carece de las divisas para hacer frente a esos pagos, la deuda será cancelada con nueva deuda, llevando al hipotecamiento nacional total por encima de los 300.000 millones de dólares. La "nueva" opción opositora no sólo deberá hacerse cargo de una bancarrota nacional, sino que su orientación no hará sino agravar esa quiebra.

Macri en persona también prometió la eliminación de las retenciones a las exportaciones, lo cual supone un ajuste fiscal y, por lo tanto, un fuerte tarifazo. Precisamente, un abanderado de la liberación de precios de las naftas, el actual presidente de Shell, Juan José Aranguen, se anota como asesor de la nueva alianza y, eventualmente, como nuevo presidente de YPF. En cualquier caso, el programa macrista seguirá los lineamientos fijados por la nueva ley de hidrocarburos votada por el kirchnerismo. Los acuerdos comerciales con China seguirán vigentes, como lo prueba la presencia en la lista de legisladores del PRO de un capo de la Cámara de Comercio chino-argentina.

El kirchnerismo

Apenas conocido el acuerdo PRO-UCR, el PJ de Jujuy anunció el adelantamiento de sus elecciones provinciales, en un intento desesperado de despegar su suerte de la elección presidencial. Tierra del Fuego, otra provincia oficialista, siguió el mismo camino. Lo mismo hizo el gobernador de Río Negro, que había sellado un acuerdo político con Massa cuando las acciones de éste estaban en ascenso. Ahora, las cosas cambiaron y hasta los Bulgheroni, que pagaban su costosa campaña, pondrán su billetera al servicio del macrismo.

Este viraje también ha estrechado al extremo la base social del kirchnerismo. Esto explica que se refugie en su propia camarilla y que se baraje con insistencia la posibilidad de una candidatura de Cristina Kirchner, ya sea a diputada nacional o al Parlasur, e incluso para la gobernación de la provincia de Buenos Aires. El revoleo de candidaturas muestra el carácter improvisado de la movida.

El repliegue de la camarilla oficial en sí misma ha reforzado las versiones de una ruptura del kirchnerismo con Scioli o, como variante alternativa, coparle por completo la lista e incluso digitarle el vicepresidente. Quienes desde el peronismo le advierten a Scioli que esto lo llevará a la derrota, le proponen que haga un frente con el decadente Massa, que podría aceptar ir a como candidato a gobernador. Por ahora, Scioli descarta esta variante tardía, porque sabe que dividiría al peronismo por dos y facilitaría aún más el triunfo de Macri.

Frente de Izquierda

La formación de la coalición del PRO-UCR introduce una modificación en el cuadro electoral. Asistimos al avance de una coalición de derecha que pretende explotar en su beneficio el retroceso inexorable del oficialismo. El programa antiobrero del macrismo y sus nuevos socios buscará ser encubierto con una demagogia republicana, una verdadera impostura si se tiene en cuenta que Macri está procesado por espionaje y que los capos del radicalismo se han ido del poder, con De la Rúa, asesinando a más de 30 personas en la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001.

Luego de la Convención de Gualeguaychú, la campaña electoral nacional ya está en pleno desarrollo. El Frente de Izquierda tiene el desafío de enfrentar una tendencia a la polarización electoral entre fuerzas patronales que, sin embargo, albergan en su interior un fuerte potencial de disgregación política. Para explotar estas contradicciones, es necesario lanzar, sin demora, la campaña presidencial del Frente de Izquierda, apoyándonos en el lugar conquistado por Jorge Altamira como candidato. Esta campaña debe ser un apoyo para las elecciones locales que tendremos en los próximos meses.

El Senado aprobó en su última sesión la ley de resarcimiento por la PPT a los ypefianos, originada en un proyecto del PO y por la que lucharon durante todo 2014 los ex trabajadores de YPF, que recompusieron una Coordinadora Nacional para luchar por su derecho largamente conculcado. La Coordinadora se formó, justamente, en respuesta a la idemnización a Repsol, porque una vez más se dejaba en la banquina a los trabajadores mientras se premiaba a los vaciadores.

Después de la media sanción en Diputados, Aníbal Fernández en persona la paró en seco en el Senado a fines del año pasado: "Jamás aprobaremos una ley que no podemos pagar", dijo. ¿Qué pasó ahora? La dilación, en el marco de la caída del precio internacional del petróleo, sirvió a una desvalorización de las 956 acciones de YPF que establece la ley que se deben pagar, en una pérdida de alrededor de un 25%, nada menos. Segundo, el gobierno se va y como el pago es en bonos, la convicción de que se trata de deuda que pagarán otros y la necesidad de juntar votos, seguramente han impulsado el tratamiento”. Y, desde luego, siempre está presente el tema de despejarle a Galuccio y a YPF un complejo frente judicial que es un pasivo oculto.

La crisis política entre los que "se van" y los que "vienen", fue explotada por los trabajadores. La Coordinadora de Ex Trabajadores de YPF inició el plan de lucha en 2015, con una movilización frente a YPF de Puerto Madero y en la contramarcha de la Vendimia mendocina. Y, por supuesto, los trabajadores estuvieron encima del Senado a pesar de que la "Cámara alta" cerró sus puertas para que los trabajadores no presencien la sesión, siguiendo su rancia tradición.

Pero los compañeros, entre los cambios cosméticos que introdujo el kirchnerismo -con el inocultable objetivo de que la ley vuelva a Diputados y se estire su puesta en vigencia-, introdujeron uno que vale la vuelta a la Cámara de origen: establece un piso en 311 pesos por acción cuando la misma tarde de la aprobación el petróleo volvía a caer un 4% en el mercado internacional. Los trabajadores, cuando están movilizados y tienen un claro objetivo y programa, defienden como nadie sus propios intereses. Así ha sido el gran proceso de lucha por esta ley junto a las bancas del PO.

La asamblea de la Coordinadora en Buenos Aires resolvió seguir el plan de lucha para que Diputados vote ya la ley, con las modificaciones, para evitar más postergaciones. Van por esto y seguirán por el resarcimiento jubilatorio y demás reclamos. Las medidas son: 17 de marzo, movilización a la Legislatura de Salta Capital y asamblea en La Plata; el 18, radio abierta frente al Congreso Nacional y en la Legislatura de Mendoza; el 19, delegación en la audiencia nacional de los telefónicos convocada por el bloque Frente de Izquierda-PO, y el 24M marcharemos todos con nuestra bandera.

El impacto de la ley de resarcimiento a los ypefianos ha sido enorme en el conjunto del movimiento obrero afectado por la estafa de las privatizaciones del menemismo, continuadas por la década K. El gremio telefónico arde alrededor de un proyecto similar elaborado por nuestros compañeros y la banca del PO, y sindicatos portuarios se han dirigido a nosotros con el mismo objetivo. Conquistar la aprobación de la ley será una conquista del todo el movimiento obrero.

Con el PJ fuera de juego, el escenario electoral santafesino se perfila hacia una polarización entre Lifschitz, el candidato del PS, y Del Sel, candidato del PRO.

El PS extorsiona a los votantes con el fantasma de la derecha. Los candidatos "progresistas" han acuñado en las últimas semanas las frases más gastadas por el kirchnerismo contra los años noventa y el neoliberalismo.

Binner se adelantó a bajarse de su candidatura antes de que los radicales votaran la alianza con el PRO. En la provincia, hasta el sector radical que compite dentro de la interna del Frente Progresista anunció su apoyo a un acuerdo nacional con el PRO. El respaldo de los radicales a Del Sel después de las Paso provinciales está cantado.

Por eso, el Frente Progresista está estafando escandalosamente a los santafesinos. Ataca a Del Sel, pero en la elección nacional irá con Macri. El fracaso de Binner, incluso para sostener una candidatura, es una muestra más de la demolición del centroizquierdismo. Por el lado del PRO, sus "equipos" están compuestos por el pejotismo. El grupo agroexportador Vicentín integra el círculo empresarial que apoya a Del Sel. Los intereses del capital agroexportador están agazapados frente a un cambio de gobierno.

Lo nuestro

Queremos imponer en la agenda electoral las grandes necesidades de los trabajadores de la provincia. La seguidilla de accidentes laborales, que no cesa, demuestra la inutilidad de los comités mixtos del Frente Progresista. Los comités obreros de seguridad e higiene, que puedan parar inmediatamente la producción, es nuestra respuesta.

Los docentes, embarcados en una gran lucha, coparon la capital provincial con una multitudinaria movilización de toda la provincia contra el ajuste en sus salarios. Bonfatti contestó con planillas en las escuelas para "botonear" a los docentes que adhieren y descontarles 300 pesos por día. Nuestros candidatos, referentes de esta lucha, le contestaron al gobernador en los medios y exigen un salario igual a la canasta familiar y el cese de la persecución.

La Federación Aceitera, por su parte, reclama un salario vital y móvil de 14.900 pesos para la categoría más baja, lo que representaría un 42 por ciento de aumento.

Al ajuste, a la disgregación y a los bufones, les oponemos los candidatos obreros y el programa y la agenda de los trabajadores.

Nuestra campaña se ha iniciado con asambleas por distrito. En Rosario, se votó una carta de nuestra candidata María Elena Molina a los docentes y un petitorio en apoyo a su candidatura. La asamblea de Santa Fe capital votó una campaña especial por las inundaciones, que señale la responsabilidad política del PJ y el binnerismo.

La asamblea en Capitán Bermúdez tomó el gran desafío de luchar por renovar la banca de Jorgelina Signa, puntal de la lucha por la salud, por los derechos de los jubilados y contra la violencia a la juventud en esa ciudad. En Rafaela, el Frente de Izquierda por primera vez tiene una lista. En la asamblea participaron un número importante de compañeros metalúrgicos, que tomaron la decisión de impulsar el Frente de Izquierda y particularmente la candidatura a concejal de Pablo Rodríguez, referente y luchador metalúrgico de la ciudad.

La filtración por parte de un whistleblower de informes del aparato de inteligencia de la policía formoseña causó conmoción en la provincia. Los informes revelan todo un sistema de espionaje dispuesto para vigilar a políticos opositores -incluidos los militantes del Partido Obrero-, sindicalistas, periodistas y aborígenes en lucha. La vastedad de los métodos incluye la vigilancia persona a persona, el hackeo de cuentas de mail e incluso informes sobre fiestas de cumpleaños de personas ligadas a la oposición. El Departamento de Informaciones de la policía -una especie de Side local- se muestra así como la expresión de un régimen que tiene a Gildo Insfrán como gobernador desde 1995. La guerra de servicios expuesta en el fin de ciclo kirchnerista, al compás de la muerte del fiscal Alberto Nisman, se replica mediante el escándalo de las filtraciones de los espías formoseños.

Los informes dan cuenta de la vida política en cada rincón de Formosa. Reseñan actividades agitativas callejeras del PO y señalan cuánta gente asistió y con la presencia de qué dirigentes contó una reunión preparatoria del congreso del Luna Park; indican los movimientos de periodistas y anticipan notas todavía no publicadas en la prensa mediante el hackeo de mails; realizan un mapeo de las distintas fracciones políticas en el interior de la provincia; muestran las actividades del gremio de los maestros opositor Voz Docente; informan sobre reclamos aborígenes; caracterizan a los asistentes a una fiesta de un docente opositor y advierten sobre comentarios adversos a la figura del gobernador. La vigilancia política -prohibida por la constitución y por la ley de inteligencia- se extiende más allá de las fronteras formoseñas: un informe da cuenta de los asistentes a una reunión de "Resistencia Qom", el grupo porteño de apoyo a Félix Díaz, con tantos detalles que sólo podría responder a la presencia de un infiltrado en la reunión. Otro informe indica hora a hora las actividades en el acampe qom, instalado en Avenida de Mayo y 9 de Julio, y señala una descompensación del cacique Díaz por la que tuvo que concurrir al hospital -el informe incluye fotos de la ambulancia que lo trasladó.

El affaire conocido como los #InsfranLeaks muestra a las claras el estado de supresión de derechos civiles que se vive en Formosa, provincia gobernada con férrea mano por el gobernador kirchnerista a quien la presidenta llama cariñosamente Gildo. La vigilancia a opositores, periodistas y luchadores implica un régimen que necesita el control y la violación de la ley y los derechos para subsistir. La filtración de los documentos del espionaje estatal se produce en medio de la conmoción que provocó la muerte del fiscal Nisman y la crisis política abierta en curso.

El PO, al igual que otros afectados por el espionaje estatal, anunció que iniciará las acciones legales correspondientes en su resguardo. El PO también anunció que desarrollará la denuncia política de la persecución política a la que sus militantes son sometidos -tal como otros sectores del activismo- y reclamará la disolución del aparato de espionaje estatal y la conformación de una Comisión Investigadora Independiente con acceso a los archivos de inteligencia con poder para determinar las responsabilidades del poder político insfranista.

El viernes 13 tuvo lugar un gran encuentro por el derecho a la vivienda y la política urbana en un salón colmado de la Legislatura porteña. Con la participación de vecinos de todas las comunas, el encuentro cobró el carácter de una gran asamblea que discutió los problemas de los barrios de la ciudad y un programa para la campaña del Frente de Izquierda en torno a la cuestión del derecho a la vivienda y la defensa del espacio público. Estuvieron presentes organizaciones sociales que participan de la campaña del Frente de Izquierda, como el Frente Popular Darío Santillán y otras organizaciones que integran Pueblo en Marcha, militantes por el derecho a la vivienda, arquitectos del taller libre del proyecto social (Fadu), vecinos de las villas de Lugano, Bajo Flores, Soldati , Barracas y la Villa 31 que luchan por la urbanización, de los monoblocks de Lugano y Soldati que denunciaron la falta de mantenimiento, la asamblea de Saavedra que lucha por obras contra las inundaciones, activistas de la comuna 13 que se organizan contra la saturación urbana en Belgrano y su encarecimiento expulsivo, los vecinos que luchan contra el megashopping de Caballito, los de Balvanera que quieren un espacio verde y público, inquilinos y cooperativas de vivienda, entre otros.

El PRO, través de un cogobierno legislativo con el FpV y el Unen, ha entregado la Ciudad a la especulación inmobiliaria y apuntalado una política expulsiva y privatizadora del espacio público. El saldo de esta política es el incesante encarecimiento del suelo, del acceso a la vivienda y los alquileres, al mismo tiempo que se promueve la construcción de megatorres y la eliminación de espacios verdes. Con el propósito de defender estos negociados el gobierno porteño viene incumpliendo las leyes votadas en la legislatura para urbanizar las villas porteñas y abandonando los complejos habitacionales. El presupuesto de vivienda es el más bajo en 50 años, y el que más se subejecuta junto con el de salud y educación.

La contracara de este desquicio es la declinación en las condiciones de vivienda de toda la población de la Ciudad, lo que explica la duplicación de la población en villas y asentamientos junto al incremento de la población en ‘situación de calle'. La campaña que hacen con los créditos de vivienda "mi primera casa" del PRO y el Procrear del krichnerismo son una gran estafa a la población. Ambos tienen fuertes trabas para que los trabajadores puedan acceder. Los requisitos que exigen son inmensos y la mayor parte de los trabajadores queda excluida de los mismos.

De todas las denuncias y reclamos que han traído los vecinos, el encuentro resolvió sintetizarlas en cuatro ejes: la urbanización de las villas, las obras edilicias para los monoblocks de Lugano, la defensa de los inquilinos -a través de garantías a cuenta del Banco Ciudad, y un proyecto para la Comuna 8 opuesto por el vértice al planteo privatista del PRO.

Lanzamos una gran campaña política de recorrida de nuestros candidatos a legisladores en los barrios por el derecho a la vivienda, para sumar el voto de los vecinos por un gran bloque del Frente de Izquierda que defienda el derecho de los trabajadores a vivir en la ciudad.

En un inesperado giro de último momento, Benjamín Netanyahu se alzó con la victoria en las elecciones de Israel. Obtuvo 30 escaños contra 24 de su rival, la coalición encabezada por el laborista Issac Herzog. Con estos resultados, Likud, el partido del primer ministro, podrá formar nuevo gobierno. Las encuestas, hasta la última semana, daban como ganador a sus opositores. Incluso en los sondeos del mismo día de la elección se hablaba de un empate técnico. Netanyahu, según los analistas, habría conseguido “recuperar muchísimo terreno gracias a la radicalización de su discurso en los últimos días, lo cual le ha otorgado los votos de la extrema derecha" (La Nación, 18/3). El primer ministro hizo hincapié en que era contrario a la formación de un Estado palestino y que seguiría autorizando la instalación de nuevos asentamientos en Cisjordania y en Jerusalén Este.

La victoria de Netanyahu constituye un golpe a la política internacional de Obama y un reforzamiento de los republicanos. Agrava las contradicciones internas del imperialismo, en el que está en el ojo de la tormenta la discusión sobre la estrategia para hacer frente a los múltiples frentes de crisis que están abiertos en el escenario internacional.

Frente interno

Este desenlace, al mismo tiempo, está lejos de disipar los densos nubarrones que enfrenta el panorama político israelí, atravesado por una fractura que ha llevado a algunos analistas a advertir que “se trata de una victoria pírrica” (La Nación, 18/3).

Asistimos a una división en el seno del régimen sionista, en torno de problemas de fondo.

Mientras Netanyahu condena el pacto de desarme nuclear con Irán, capitaneado por la Casa Blanca, dicha negociación es apoyada por el ejército y los servicios secretos israelíes. El Mossad ha desmentido las “evidencias” que había presentado Netanyahu semanas atrás sobre supuestos avances del plan nuclear iraní con fines militares.

En la agenda de discusión, también está colocado sobre el tapete el conflicto histórico con los palestinos. El gobierno ha impulsado la construcción de asentamientos de colonos judíos en territorios ocupados. El primer ministro autorizó 4.000 asentamientos durante 2014. Las negociaciones con la Autoridad Palestina se dieron por rotas en abril del año pasado, y Netanyahu se ha manifestado contrario a la fórmula de “dos Estados” como solución al conflicto, a contramano de las tratativas que auspicia la Casa Blanca. Más aún, impulsa una reforma constitucional dirigida a convertir a Israel en un Estado judío, lo cual implica instalar una política de apartheid contra los árabes israelíes. Esto ha avivado el malestar de la población árabe que se ha manifestado en huelgas y movilizaciones coincidentes con la resistencia en Cisjordania y en los territorios ocupados.

La oposición, en cambio, aboga por una negociación con Hamás y la Autoridad Palestina, aunque sin renunciar a los territorios ocupados por los colonos sionistas. El candidato opositor ha pedido un "plan Marshall" para Gaza, o sea, una “paz” basada en la colonización económica. La ribera de Gaza alberga importantes yacimientos de gas.

Esta división ha influido en el estado de ánimo popular. “Netanyahu se encontró (a su regreso de Washington) con 50.000 voces que, desde los partidos de centroizquierda, le gritaban, en Tel Aviv, ‘¡Bibi, vete a casa!’ (El País, 12/3).

Pero el cambio más importante se registra en la población árabe de Israel, que reúne al 20 por ciento de la poblacion total.

La llamada Lista Conjunta, integrada por tres partidos árabes y por un cuarto mixto árabe-judío -Hadash, ex comunista- ha logrado 13 escaños y se ha convertido en la tercera fuerza electoral del país. Uno de sus cabecillas es la diputada Hanín Zoabi, llamada “la Pasionaria” del movimiento político árabe. Zoabi participó en 2010 en la llamada flotilla de ayuda humanitaria a Gaza, interceptada por tropas de Israel en alta mar, ocasión en la que murieron nueve ciudadanos turcos.

La crisis social es otro de los factores que alimenta el descontento. La mitad de la población árabe israelí vive por debajo del umbral de la pobreza.

En medio de este cuadro, no es casual que el presidente de Israel, Reuven Rivlin, se pronunciara a favor de “un gobierno de unidad nacional” porque, según él, sería la manera de "impedir la desintegración de la democracia israelí y nuevas elecciones en un futuro próximo" (Haaretz, 17/3)

Sin embargo, las críticas cruzadas entre la Unión Sionista y el Likud, en los últimos días, “hacen que esta posibilidad sea difícil de aceptar por ambas partes” (ídem). Por otra parte, la lista única de partidos árabes, si hay un gobierno de unión nacional, será la principal voz de la oposición.

Luego de conocerse el resultado de las pericias que determinaron que el incendio de Iron Mountain fue intencional, la responsabilidad del gobierno porteño y del ministro de Desarrollo Económico, Francisco Cabrera, quedaron en el centro de la escena. Marcelo Ramal presentó un proyecto para interpelar a Cabrera en el recinto con el apoyo de diputados de diversos bloques. La iniciativa de nuestra bancada impulsó una reunión en la Comisión de Desarrollo Económico para discutir esta interpelación.

Iron Mountain es el Cromañón del macrismo. Una decena de bomberos pagaron con su vida un incendio intencional, de características mafiosas, llevado a cabo para destruir información sobre lavado de dinero de grandes bancos, como el HSBC, BNP Paribás y J.P. Morgan, en una práctica con varios antecedentes internacionales de esta misma empresa.

El ministro Cabrera fue directivo del HSBC y un lobbista de Iron Mountain. Ocultó el antecedente de un incendio en la sede central de la empresa y le otorgó un premio para lavarle la cara. Por otra parte, le concedió el régimen de facilidades y exenciones impositivas del "Polo Tecnológico" del sur cuando sólo es un depósito. Los inspectores de la Ciudad que intentaron clausurar Iron Mountain por las serias irregularidades en la habilitación de la empresa, denuncian que la clausura fue bloqueada por el gobierno y que son perseguidos en sus lugares de trabajo.

Por todo esto, Cabrera debe ser interpelado en la Legislatura para determinar la responsabilidad política de los funcionarios implicados. Iron Mountain demuestra que durante el macrismo, el entramado mafioso entre empresas que delinquen con la complicidad del Estado, ha sido preservado y reforzado.

El gobierno de Rousseff sufrió una estrepitosa derrota en la pulseada callejera del fin de semana pasado. Las 100 mil personas movilizadas en las manifestaciones convocadas por la CUT y otros movimientos sociales en defensa del gobierno, fueron ampliamente superadas por quienes protestaron en San Pablo (un millón según los organizadores, en realidad, bastante menos) y en otras ciudades. No se registraban movilizaciones semejantes desde las jornadas de 2013, por lo que el gobierno examinaba anuncios para descomprimir el malestar. Políticamente, asistimos a una movilización popular opositora capitaneada por la derecha, que explotó un malestar general -principalmente en los sectores medios- ante el ajuste en curso y el escándalo de corrupción de Petrobras.

Se trata del segundo triunfo que el PT le obsequia a la derecha en pocos meses, luego de colocar al frente del Ministerio de Economía al neoliberal Joaquim Levy y en Agricultura a la empresaria sojera Katia Abreu. La derecha explota el fracaso del lulismo para ampliar su base política. También cabe introducir matices en las características de la marcha progubernamental, donde las direcciones sindicales se vieron obligadas a cuestionar las suspensiones y despidos en curso, el avance oficial sobre el seguro de desempleo y la pensión por viudez, el aumento del transporte y de la carga impositiva sobre los trabajadores, entre otros puntos.

El gobierno ha denunciado un plan destituyente que tendría como centro el impulso de un impeachment (juicio político) contra la Presidenta recientemente reelecta. Pero la opinión preponderante en la oposición -por ahora- parece ser que una polarización de estas características favorecería al gobierno y apuestan, en cambio, a que el gobierno se vaya "desangrando poco a poco" al cargar con el peso del ajuste y la crisis económica, según los deseos de un analista de El País (12/3). De hecho, ésa es la estrategia de la oposición principal (PSDB) que apoyó la concentración del domingo: desangrar al gobierno y dejarle hacer el trabajo sucio. Ninguna de las principales figuras políticas de la oposición ni de la base aliada del gobierno se han pronunciado a favor de un impeachment. Dentro de las fuerzas armadas, según uno de los jefes de la bancada del PT, no se observan "señales golpistas" (Página/12, 15/3). La oposición sabe también que el PT cumple un papel de regimentación en el movimiento obrero que resulta valioso para cualquier política de ajuste. Los grupos convocantes del domingo (encabezados por un "Movimiento Brasil Libre") no cumplen, por ahora, ningún papel relevante, aunque revelan la tentativa de organización de una base civil para una intervención (o arbitraje) militar.

El PMDB, partido de la base aliada que desplazó recientemente al PT de la presidencia de la Cámara de Diputados y se aseguró, de este modo, toda la línea de sucesión presidencial, denunció un acuerdo de la fiscalía con el gobierno para excluir a Rousseff y Lula de la investigación del Petrolão (el caso de corrupción que envuelve a Petrobras) y desviar la mirada hacia el Congreso (sobre todo, hacia ellos mismos), y boicoteó algunos de los proyectos de ajuste enviados por Rousseff.

Ajuste y respuesta obrera

El cuadro de malestar popular en Brasil traduce una crisis fuerte. Las medidas adoptadas por el gobierno (ajuste en el gasto público, suba de las tasas de interés, mayores impuestos, subas de la nafta y de la luz), para alcanzar un superávit fiscal primario que permita cumplir con los pagos de deuda externa, tienden a profundizar la recesión. La fuerte devaluación del real intenta revertir la situación con un incremento de las exportaciones, pero atiza la inflación. Los exportadores, a su vez, protestan contra el recorte de subsidios y el aumento de algunos impuestos.

La clase obrera ha mostrado reservas para enfrentar el ajuste, como lo demostró el freno de 1.600 despidos en las largas huelgas de Volkswagen y General Motors. Los obreros del Polo Naval de Rio Grande do Sul paralizaron durante 72 horas las instalaciones ante la posibilidad de que la crisis de Petrobras redunde en despidos, y los maestros y profesores universitarios de Paraná superaron el mes de huelga en rechazo al ajuste fiscal del gobernador Richa (PSDB). El 12 de marzo se realizó en Porto Alegre un acto "independiente y clasista" contra el ajuste en que participaron Conlutas, sindicatos y fuerzas de izquierda (PSOL, PSTU, Tribuna Clasista). A la izquierda se le presenta el enorme desafío de terciar en la polarización patronal.

Las Paso de la Ciudad de Buenos Aires reflejan el potencial de disgregación de los bloques políticos que se disputan la sucesión del país. El PRO ha convertido a las Paso porteñas en el escenario de su propia interna, entre Rodríguez Larreta y Michetti. El apoyo de Macri y la mayoría de su aparato al primero ha servido para que "Gabriela" se presente a sí misma como una candidata sin aparato ni respaldos económicos de peso. Nada más lejos de la verdad: la interna del PRO es un enfrentamiento de camarillas capitalistas por el botín del presupuesto de la Ciudad. Detrás de Rodríguez Larreta, está la patria contratista que ha abrochado los negocios más redituables de la privatización de tierras y la tercerización de servicios. Con Michetti, otros pulpos, o bien desplazados del estado de la Ciudad o con temor a serlo -es el caso del grupo Roggio, quien recela de que Macri lo reemplace en la concesión del subte. Michetti alineó detrás de sí a medio gabinete macrista -entre ellos, al ministro de Seguridad Montenegro, que maneja a la policía Metropolitana.

Desbande opositor y trampa macrista

Los últimos acontecimientos nacionales han acentuado la volatilización de los opositores en la interna porteña. De un lado, el acuerdo Macri-Sanz-Carrió ha convertido en un cero absoluto a las listas electorales que emergen del estallido del ex Unen, comenzando por las de Lousteau y Ocaña. Del otro, el kirchnerismo, fracturado en seis listas, carga con hipotecas como la de los tercerizadores Recalde y Tomada y la de Aníbal Ibarra. El PRO quiere servirse de esta disgregación opositora para convertir a las Paso porteñas en una suerte de "ballotage" entre sus dos candidatos. Entre los desilusionados por el desbarranque del Unen, no falta quien piensa en votar a Michetti para infringirle un golpe a Macri. Es un adelanto de lo que ocurrirá en las Paso nacionales, cuando los radicales llamen a votar por Sanz "contra el PRO". Pero una polarización de la primaria porteña entre los candidatos del PRO será un espaldarazo a Macri y a su nueva alianza derechista, no importa si ganan Larreta o Michetti.

La complejidad de la elección se completa con la dispersión de listas de izquierda, que en su mayoría reflejan el estallido de las variantes seudoprogresistas -Unen, Proyecto Sur- y las expresiones políticas o personales que pagan el precio de su seguidismo a los partidos de la burguesía.

Nuestras armas de lucha

En el cuarto oscuro, en definitiva, la boleta del Frente de Izquierda convivirá con una treintena de listas. ¿Cómo enfrentamos estos obstáculos? En primer lugar, haciendo valer nuestro carácter de alternativa nacional en ascenso, con expresión en el Congreso y numerosas legislaturas. Como consecuencia de lo anterior, el Frente de Izquierda puede exhibir en la Ciudad una acción legislativa con iniciativas de gran importancia para los trabajadores. A la vez, el Frente de Izquierda en la Ciudad ha sido reforzado con la participación activa en la campaña de varias organizaciones sociales y de izquierda, como "Pueblo en Marcha", "Pueblo Unido" y el CRCR (Comité de Reconstrucción del Comunismo Revolucionario), una importante escisión del PCR. En el reciente encuentro de vivienda que organizamos para impulsar la campaña en los barrios, los compañeros del Frente Darío Santillán y el CRCR concurrieron con entusiasmo, y propusieron varias iniciativas de campaña. Finalmente, tenemos que hacer valer una fuerte presencia militante y callejera a la escala de toda la Ciudad, para sobresalir entre la aguda dispersión del resto de los opositores. Un intenso plan de recorridas en hospitales, escuelas y barrios ya está en marcha. Con estos recursos, tenemos que superar las Paso, para terciar en una elección general donde la concentración de listas será mayor.

En una Ciudad donde los supuestos "opositores" han sido verdaderos cortesanos del macrismo, llamamos a colmar de Frente de Izquierda la Legislatura porteña y las comunas.

Carlos Zannini, Julián Domínguez y el espía Juan Martín Mena (número dos de la Side, transformada en una unidad básica de La Cámpora y el Movimiento Evita) trajinan los tribunales para buscar allí un "pacto de convivencia", más o menos parecido al que Alphonse Capone anudó con bandas rivales en el Chicago de 1926. La citación a Lázaro Báez, el nuevo conflicto entre Arroyo Salgado y la fiscal Viviana Fein por el dichoso "punto 12" de la pericia de parte, el rechazo a la recusación del fiscal Germán Moldes y hasta el fallo sobre la “ley de lemas” en Santa Cruz indican las dificultades que encuentran en esa gestión.

Los intentos de esos emisarios del gobierno no son un signo de fortaleza del oficialismo; por el contrario, se parecen a una rendición con condiciones. Según ha trascendido, la Casa Rosada está especialmente preocupada por dos causas: la denuncia de Alberto Nisman presentada por el fiscal Gerardo Pollicita, rechazada por el juez Rafael Rafecas y ahora en manos de la Sala I de la Cámara Federal por la apelación de la fiscalía; y el caso de Hotesur, a cargo del juez Claudio Bonadío, por el cual Máximo Kirchner está a punto de ser citado a indagatoria. Si se cajonearon esas causas, al gobierno no le importaría la suerte de Amado Boudou, que debería arreglárselas solo.

Zannini, Domínguez y Mena encontraron abiertas las puertas de dos despachos amigos: el de Canicoba Corral y el de María Servini de Cubría, precisamente los que bombardearon la denuncia de Nisman aún antes de que la presentara. En cambio, encontraron pastos duros en la fiscalía de Moldes, a quien le ofrecieron aprobar el pliego de su hijo para ser juez. Moldes les contestó: "Hagan un cucurucho con el pliego y métanselo en el orto" (La Nación, 8/3).

Paralelamente, Pollicita estuvo a un paso de las trompadas con Rafecas por el rechazo de la denuncia contra la Presidenta, y Canicoba Corral lo amenazó: "Los muchachos te van a tirar un carpetazo" (ídem). A modo de retribución, el pliego de juez del hijo de Canicoba entró en el Senado, aunque el muchacho había quedado undécimo.

¿Qué ofrece el gobierno para conseguir la tregua? Poner a dormir dos acciones que afectarían a la corporación judicial. La primera es la fusión de los fueros federal y ordinario de la Ciudad de Buenos Aires (esa medida había sido propuesta hace diez años por Gustavo Béliz y Norberto Quantín, pero Néstor Kirchner la rechazó); la segunda, no poner en marcha la aplicación del nuevo Código Procesal Penal. También, claro está, desactivar "carpetazos", como el que podría caerle en la cabeza a Pollicita según la amenaza de Canicoba Corral.

Ahora bien: La Nación (ídem) reproduce lo que dijo un juez federal proclive a aceptar la tregua: "¿Qué íbamos a hacer? ¿Seguir duplicando la apuesta? ¿La Presidenta acusándonos de golpismo judicial y nosotros anunciando cada día una indagatoria o un procesamiento? ¿Hasta cuándo?". He ahí la clave de la cuestión, los límites del cerco judicial: por el momento no hay ni puede haber golpe, ni blando ni duro. Por eso las sogas aprietan pero no ahorcan.

José Chanam y Roland Armaza, del cuerpo de delegados de Ecotrans

"Notamos una gran perspectiva de votos hacia el PO y el Frente de Izquierda"

-¿Cómo ven los trabajadores al gobierno y a la izquierda?

-Notamos una gran disconformidad hacia el gobierno nacional. Y una gran perspectiva de voto hacia el PO y al Frente de Izquierda, pero es un trabajo bastante lento que hay que desarrollar en las bases para mayor comprensión. Esto porque la burocracia está encima de ellos diciendo que la izquierda son "cuatro gatos locos". Nosotros demostramos lo contrario: el Frente de Izquierda, con Pitrola y Altamira a la cabeza, obtuvo 1,3 millones de votos la elección pasada.

-Están en medio de un conflicto importante. A partir de su larga experiencia de lucha han formulado un planteo más general acerca del transporte público. ¿En qué consiste?

-El transporte está colapsado, lo que incluye a Ecotrans, que pertenece al grupo Cirigliano. Ha sido en base al vaciamiento y falta de inversiones, habiendo recibido subsidios millonarios del gobierno nacional. Nosotros consideramos que, al igual que en 2004, podemos ir a otro gran conflicto, pero con otra preparación. Ya no es la misma situación política, en aquel momento recién había asumido la presidencia Néstor Kirchner. Creo que estamos en otras condiciones. Ellos han presentado concurso de acreedores, pero la nueva ley establece que los trabajadores debemos ser partícipes de ese control. Es un maquillaje, tampoco podemos confiar en eso... hay que trabajar con las bases porque los grandes grupos monopólicos como Dota, Plaza, Metropol, van a hacer una absorción de casi todas las líneas de la provincia y el Gran Buenos Aires. Nosotros planteamos que se deben aplicar las 6 horas de trabajo y el 82% móvil para los trabajadores de la actividad.

Alejandro Toloza, secretario general de Uetel (tercerizados telefónicos)

"El Frente de Izquierda debe seguir avanzando por el beneficio de nuestra clase trabajadora"

-¿Cómo ven los trabajadores telefónicos la crisis y los realineamientos políticos?

-Este gobierno dice que está del lado de los trabajadores pero no ha hecho nada para cambiar la realidad de nuestro ámbito; por el contrario, ha implementado leyes como la de ART que nos perjudica, porque nuestra actividad tiene muchos riesgos de trabajo (como el trabajo en altura) y nos quita derechos si sufrimos un accidente, así como la reforma del Código Civil, que busca dejar al margen de responsabilidad a la empresa madre -en nuestro caso a Telefónica- de la tercerización. Con las leyes vigentes, hoy Telefónica es responsable directa de lo que le puede pasar a un telefónico perjudicado. Con el Código Civil que se aplicará desde 2016 la empresa queda excluida de toda responsabilidad, por estar nosotros mal encuadrados. Se trata entonces de un gobierno que defiende los intereses de las empresas, y no los de los trabajadores. Eso los trabajadores de las telecomunicaciones lo ven y lo viven todos los días. Reiteradas veces fuimos al Ministerio de Trabajo para denunciarlo y nunca hicieron nada. Por eso, en mi caso particular, y muchos compañeros también, apoyamos y somos parte también del Partido Obrero e impulsamos al Frente de Izquierda como una salida para solucionar nuestros problemas laborales.

-¿Cómo fue tu experiencia en esta conferencia?

-Se tocaron temas de todos los ámbitos laborales. Yo he participado y manifestado que la declaración mencione el rechazo a la tercerización, que se profundiza cada día más en el país... como el trabajo en negro.

-¿Qué recepción ha tenido el proyecto de Pitrola por el bono para los telefónicos?

-Si bien es un tema que nosotros, como tercerizados entendíamos que no nos correspondía, esta iniciativa nos hace abrir los ojos de que sí nos corresponde, porque estamos trabajando para Telefónica, lo que está oculto por un fraude laboral. Hay una maniobra detrás de nuestra tercerización, para que nosotros no gocemos de muchas prerrogativas que nos corresponderían si fuéramos efectivos. El fraude laboral no solamente apunta a las condiciones de trabajo, sino también al derecho a la participación en las ganancias. Saludamos la iniciativa y la vamos a apoyar con todas las herramientas que tengamos. Entendemos que el Frente de Izquierda va a seguir avanzando y es responsabilidad de todos los laburantes que esto suceda por el beneficio de nuestra clase trabajadora.

Juan Ignacio López, de Acoplados Salto

"Estamos disputando un lugar de protagonismo a partir de una delimitación del peronismo"

-¿Cómo ve el movimiento obrero industrial a la izquierda?

-Estamos en una zona obrera con concentraciones metalúrgicas, de la alimentación y semilleros, y próxima a San Nicolás otra gran concentración obrera donde hay grupos como Techint. El movimiento obrero nos ve como una salida política directa. Somos el único partido que volantea fuera de las fábricas con un planteo de salida frente a las variantes patronales. Tenemos un gran recibimiento de nuestros planteos en las grandes fábricas, la gente recibe bien el periódico y lo lee. Y hay un gran crecimiento de los votos en las fábricas a partir de 2011.

-¿Ese desarrollo político ha colaborado con el trabajo de organización sindical?

-Totalmente. El crecimiento del Frente de Izquierda a nivel electoral y político nos ha dado otro protagonismo. Antes éramos desconocidos, antes éramos los que volanteábamos y los trabajadores no entendían bien por qué lo estábamos haciendo. La gente nos ve ahora con otros ojos, lee los volantes y el periódico. En la UOM se ve un desarrollo del clasismo y se plantea crear listas clasistas para ganar centrales obreras.

-Vos decís que cambió la percepción respecto de la izquierda. ¿Qué pasa con el peronismo?

-Es innegable que hay un gran intento de buscar variantes peronistas para etapas de crisis y le temen a un recambio en otro sentido que no sea peronista. Estamos disputando un lugar de protagonismo a partir de una delimitación política del peronismo por izquierda. Las direcciones sindicales son todas peronistas, cómplices de sueldos miserables que no representan el costo de vida del trabajador. Nosotros planteamos el problema del impuesto al salario, contra las suspensiones, despidos, precarización y flexibilización laboral, planteos que están ausentes en los partidos patronales. En muchos momentos se plantea que la clase obrera es peronista: yo creo que está saltando el cerco, como decía Altamira.

Reportajes realizados por Gustavo Montenegro

SHEILA ACOSTA, DIRECTORA DE ESCUELA

"Mi primera experiencia de izquierda"

Entrevistamos a Sheila Acosta, docente y directora de escuela perseguida en Madariaga, quien participó por primera vez en la comisión de la mujer de la Conferencia.

-Nos contaste en la comisión que fuiste perseguida por la supervisión y separada de tu cargo...

-Así es. La supervisora venía de desplazar a otras dos directoras a las que también persiguió, porque es una acosadora laboral (...) Un director que hace denuncias en defensa de sus alumnos y alumnas genera malestar...

Hubo mucha gente que me ayudó, en ese momento Udocba, por ejemplo, porque el Suteba de Yasky fue cómplice. Pero la ayuda más grande vino no de lo individual sino de lo colectivo, porque había mucha necesidad de organizarnos con los compañeros que sufrimos lo mismo, y recién ahora se animaron muchos, ayer justamente nos reunimos en Pinamar y éramos más de diez directores y profesores.

-Vos fuiste testigo de muchos casos de violencia de género. ¿Qué crees que el Frente de Izquierda podría hacer con sus legisladores y si llegara a gobernar?

-Yo fui denunciante por un trabajo sostenido que hice (...) Hay una cultura muy machista y fallas de los servicios locales. Reclamé talleres para trabajar la prevención. En ese contexto (las víctimas) se animaron a pedir ayuda. Porque no es solamente denunciar sino intervenir, ya sabemos en qué queda la denuncia. Logramos separar a dos padres golpeadores, pero muchos otros casos no prosperaron.

La izquierda, que tiene un compromiso para un cambio social, tiene que apropiarse de esos espacios (...) en casos donde los menores son judicializados, maltratados, como el caso del asesinato de un joven en la comisaría de Madariaga.

-Es la primera vez que te acercás al PO...

-Me invitó un compañero docente que hace poco participa en el Partido Obrero. Y además yo quería participar..., ni en Pinamar ni en Madariaga hay experiencias de izquierda. Cuando yo era adolescente participaba en el centro de estudiantes, era muy combativa, era 1983 y yo me metía en todos lados, pero la vida hizo que me casara muy joven y tuviera mi primer hijo a los 17. Luché por hacer las cosas igual, cumplir con los mandatos de la sociedad patriarcal y hacer mis cosas, pero participar en política lo postergué, por eso vine hoy.

Realizado por Catalina Flexer

"Fue muy importante el proyecto de Pitrola"

Gabriel Omar, trabajador de las cooperativas del Argentina Trabaja

Entrevistamos a Gabriel Omar, trabajador de las cooperativas del Argentina Trabaja en el distrito de Esteban Echeverría.

-¿Qué te pareció la Conferencia Electoral del Partido Obrero?

-Me pareció muy buena, fue alentador escuchar a compañeros de toda la provincia que luchan por sus reivindicaciones en los distintos gremios, así como luchamos nosotros por el pase a planta permanente y por las condiciones de trabajo.

-¿Cuáles son las condiciones de trabajo de tu cooperativa?

-Además de estar precarizados como todos los cooperativistas, estamos ahora en una lucha para que nos puedan dar las herramientas y la ropa para poder trabajar. El Estado es de las patronales más negreras, nos quieren mandar a trabajar así nomás. Es por eso que en estos días vamos a realizar un piquete con los compañeros para reclamar por condiciones de laburo.

-¿Cómo viene el debate de cara a las elecciones?

-Cada vez son más los compañeros que se inclinan hacia la izquierda, fue muy importante en ese sentido el proyecto de Néstor Pitrola por el pase a planta permanente de los cooperativistas, que permitió distinguir a la izquierda de otras corrientes que están por el cooperativismo como si fuera algo bueno cuando te niegan todos los derechos laborales. Vinimos cuatro compañeros como delegados a la Conferencia que fuimos votados en asamblea, nos llevamos una gran experiencia. A seguir con la lucha y por una alternativa de izquierda!

Realizado por Mauro M.

La Convención parió un acuerdo de crisis y, como todo acuerdo de estas características, es el prólogo de nuevas crisis.

La Resolución sobre Política Electoral deja absolutamente todo el proceso de armado de la coalición electoral en manos de la Mesa Directiva del Comité Nacional. El único concepto político que se establece para la alianza es "constituir una alternativa electoral competitiva que garantice la futura gobernabilidad de nuestro país" y evite "la continuidad del populismo en cualquiera de sus variantes". La misma Mesa Directiva queda facultada para elaborar en 60 días, en función de los acuerdos, una Carta referida a los principios y el programa que deberán suscribir en forma de declaración jurada todos los candidatos de la UCR. Es decir, no hay programa hasta que los "consensos" lo determinen.

Sin fronteras

Lo más significativo está, sin embargo, en el artículo 5. Se dice allí "para lograr la mayor competitividad posible en las elecciones provinciales y municipales, los acuerdos electorales nacionales... deberán contemplar las condiciones políticas locales”. Al efecto, se autorizará, de manera excepcional la adhesión electoral de las categorías a cargos provinciales y/o municipales con otros candidatos presidenciales que no integren la coalición suscripta (bastardilla nuestra).

Es decir, la puerta abierta para colgarse de la candidatura de Massa y el cambalache total. Pero el artículo puso un límite a las alianzas: los cargos de legisladores nacionales o de parlamentarios del Mercosur deben quedar en manos de la UCR o de la coalición política con el PRO y la CC. Esta restricción abrió una crisis a menos de 48 horas de la Convención. Gerardo Morales y otros candidatos a gobernadores pusieron el grito en el cielo exigiendo libertad total para el armado de coaliciones en las provincias, incluyendo la lista de diputados nacionales y representantes del Mercosur. "La resolución de la Convención es una gran noticia para el gobierno nacional porque cristaliza un acuerdo restrictivo", planteó Morales. Como un eco, el único gobernador de la UCR (Corrientes) sostuvo que el artículo 5 era de imposible cumplimiento en la provincia en la medida que "su" frente incluía a todo el peronismo no K y no podía sostenerlo sin libertad total en materia de candidaturas.

Es decir, el cheque en blanco de la Convención de la UCR no fue suficiente, y ha abierto una nueva fase de disgregación política. Por otra parte, ¿se sostienen los acuerdos provinciales que Massa anudó con los caciques provinciales? El punto es qué quedará del Frente Renovador, habida cuenta de la diáspora que se vive en sus filas.

Lo más importante, sin embargo, es qué hará el adherente radical que reivindica una raigambre popular y que ha sido llevado al desfiladero de una opción política que hoy saluda el gran capital.

Jaime Nielsen, economista y candidato a jefe de Gobierno porteño del Frente Renovador, acaba de hacer declaraciones que no tienen desperdicio.

Nielsen tiene el "mérito" de señalar cuál es la agenda de los candidatos de los principales bloques políticos patronales. Lo que Massa, Macri o Scioli ocultan o eluden con rodeos y eufemismos, Nielsen lo expone sin pelos en la lengua.

"Cualquiera que gane la elección -dice el candidato de Massa- va a tener que devaluar" (La Nación, 14/3).Y también fue muy claro que el que venga "deberá hacer también una actualización tarifaria". Además, dice Nielsen, el próximo gobierno llegará a un acuerdo con los buitres.

En síntesis: devaluación, tarifazos, mayor pago de deuda. Nielsen es consciente de que este programa supone someter y doblegar la resistencia que producirá entre los trabajadores. Por eso, el paquete de medidas que expone va unido a hacer "respetar la ley y el orden". A la hora de precisar, propone una ley antipiquetes y la represión a quienes pretendan desafiarla.

Las declaraciones de Nielsen despertaron cierto escozor en las filas de las principales formaciones políticas, en particular en las huestes de Massa. Otros de sus asesores económicos hicieron lo posible por despegarse de Nielsen, pero, si se lee con atención, confirmaron que hay una coincidencia de fondo. Van en su misma dirección, aunque son partidarios de hacerlo en una forma más "gradual". Miguel Bein, a su turno, principal referente económico de Scioli, se dio por aludido y confirmó que "movimiento del tipo de cambio va a haber, pero no tiene por qué ser necesariamente brusco" (ídem, 15/3).

Por último, Nielsen no excluye que parte de este trabajo sucio lo haga el gobierno kirchnerista como consecuencia de un golpe de mercado. "No descarto que este gobierno tenga que enfrentar la explosión de la bomba". Que los K no se confíen de la "tranquilidad cambiaria que supimos conseguir" y vayan poniendo las barbas en remojo.

A la hora de la protesta rural, la Federación Agraria (FAA) se partió en tres.

Un sector acompañó a la dirección, que no se sumó al cese de comercialización. Otro llamó a cumplirlo acompañando a la Mesa de Enlace en distintas localidades o las filiales alineadas con el PRO o el Frente Renovador. Un tercero dio libertad de acción (Córdoba).

De este modo, lo que el gobierno presentó como una victoria de su política hacia los "pequeños productores" duró lo que dura un lirio y ha dado paso a una nueva crisis en la FAA.

Aunque el gobierno esgrimió el argumento de la cooptación de la FAA, el subsidio de 30 centavos por litro de leche para los tambos que producen hasta 2.900 litros por día o la apertura de créditos del Banco Nación, lo determinante estuvo en la caída del precio de la soja y en la feroz cooptación de la FAA en base a negocios.

La FAA tiene como principal cooperativa asociada a Agricultores Federados Argentinos (AFA) y, especializada en agroindustria, a la Federación de Cooperativas Federadas (Fecofe). Como gran vehículo de negocios, el gobierno colonizó estas organizaciones. En 2011, Fecofe desplazó a Buzzi de su conducción porque su presencia bloqueaba un conjunto de proyectos con financiamiento estatal y el mismo año la AFA se unió a la CGE, la rama empresarial K. Buzzi fue finalmente desplazado de la propia FAA en 2014.

El laborioso trabajo del gobierno logró que en el ranking de las 17 empresas que se hacen cargo del 80% de las exportaciones de granos en 2014 AFA apareciera con un 3%, además de haberse constituido en la mayor acopiadora del país. AFA y ACA -también en la CGE, pasaron de exportar 2,9 Mt en 2005 a 4,3 en 2014, un crecimiento de más del 50%.

No fue suficiente.

La quiebra de la FAA reveló que, a pesar de los negocios que le facilitó el gobierno a sus cooperativas, la mayor parte de los chacareros que la integran comparte el programa "del campo". Es decir los puntos por los que llamó al cese la Mesa de Enlace: la eliminación o disminución de las retenciones, la derogación de los ROE -autorizaciones de exportación que hoy controla el gobierno, y la devaluación- de la que no se habla en público, pero está al tope de los reclamos.

Las retenciones segmentadas

Apresurado por esta crisis, el gobierno anunció el otorgamiento de retenciones segmentadas para los "pequeños y medianos productores", presentándose como el ejecutor de una tarea pendiente de la crisis con el campo (2008) y de una reivindicación central del programa "histórico" de la FAA.

Ni lo uno ni lo otro. Es un rescate homeopático y no hay eliminación de retenciones a partir de cierto mínimo, que era el reclamo original. Las retenciones siguen en pie cualquiera sea el tamaño de la propiedad. Se constituye un fondo de 2.500 millones de pesos extraído de las retenciones para subsidiar a los productores de hasta 700 toneladas de producción -de 100 a 200 hectáreas, con montos decrecientes de mayor a menor. Para un productor de 200 hectáreas le significa financiar 13. El pago está en manos del gobierno -la devolución de retenciones de trigo pactada hace dos años le llegó a menos de la mitad de los beneficiarios. No está claro qué ocurre si el productor está en deuda con la Afip y, finalmente, dura hasta octubre.

En cualquier caso, asumir este programa desnuda los intereses sociales de una dirección. Las retenciones diferenciadas confirman el régimen de propiedad y explotación en el campo, soslayan la expulsión de campesinos por el modelo de la soja y la cuestión histórica de Argentina, que es el latifundio capitalista como columna vertebral del régimen social.

Casi un mes después del lanzamiento de la convocatoria del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia al próximo 24 de Marzo, los organismos oficialistas dieron a conocer la suya. El horario de la manifestación pro K se superpone con la anunciada por el EMVyJ.

La maniobra, como ocurrió en años anteriores, pretende impedir la realización del acto independiente, o al menos desplazarlo del horario central. Los K se valen de los organismos de derechos humanos para intentar acallar las críticas y denuncias de los luchadores contra el gobierno. Los organismos K se comprometieron a despejar la plaza a las 17:30 y liberar el acceso por Avenida de Mayo. El Encuentro Memoria Verdad y Justicia resolvió denunciar la maniobra a través de un comunicado y de una conferencia de prensa, y hacer público el compromiso asumido. En años anteriores, fue necesario ejercer una gran presión, e incluso enfrentar a las patotas oficialistas, para finalmente poder alcanzar la Plaza. Pero nunca, en estos años, lograron su objetivo de impedir el acto de los luchadores.

Impunidad de ayer y hoy

El acto oficialista no está encabezado por ninguna consigna de lucha. ¿Podía ser de otra manera, en el marco de la entronización de Milani, sobre quien continúan acumulándose pruebas de su participación en el genocidio?

El ascenso de Milani, en la víspera de un recambio de gobierno, está marcando un giro en los juicios contra los represores. Basta observar, en las últimas semanas, cómo las causas contra los cómplices civiles del genocidio se van cerrando. La Justicia rechazó el pedido de indagatoria al mandamás de Clarín, Héctor Magnetto, por la apropiación de Papel Prensa. En Bahía Blanca, la justicia de primera instancia benefició con la "falta de mérito" a Vicente Massot, el dueño del diario La Nueva Provincia, a pesar de ser un connotado colaborador de los represores. La Cámara de Casación también acaba de revocar el procesamiento de Carlos Blaquier (dueño del ingenio Ledesma y beneficiario de grandes subsidios oficiales durante los gobiernos K) por su participación en la llamada Noche del Apagón. Además, se han postergado juicios importantes en Salta y en Tucumán; en esta última, vinculados a los crímenes cometidos durante el Operativo Independencia, del que también participó Milani. Por último, sería inminente un fallo de la Cámara que beneficiaría en masa con la prisión domiciliaria a los genocidas que hasta ahora fueron condenados, liquidando la prisión común y efectiva que reclaman todos los organismos de derechos humanos.

Los Macri, los Scioli, los Massa, y otros aspirantes a la bendición del Papa Bergoglio, están decididamente enrolados en la política de "reconciliación" que promueven el clero y amplios sectores de la burguesía. La clase capitalista, de conjunto, exige devolverles a las fuerzas armadas el protagonismo perdido luego del genocidio y de la derrota de Malvinas.

La lucha contra la impunidad de la dictadura tiene plena vigencia. Atraviesa estos treinta años de gobiernos constitucionales, que han preservado el aparato represivo forjado por los Videla, los Massera, los Bussi, los Etchecolatz y los Menéndez. Esto, desde ya, alcanza a los Kirchner, que han hecho de la demagogia en materia de derechos humanos su sello distintivo. Bajo sus gobiernos se alcanzaron récords en materia de muertos en manifestaciones y protestas (Mariano Ferreyra, los qom, Indoamericano) y de condenas a luchadores (perpetua a los petroleros de Las Heras, expresamente avalada por la presidenta). El Proyecto X y las leyes antiterroristas son un producto genuino de los K, que gobernaron todos estos años aliados a Gerardo "Batallón 601" Martínez y a las patotas de la burocracia sindical; a la mafia de los Othacehé y de los Insfrán; y, obviamente, junto a los Stiuso y los Nisman.

El 24 de Marzo nos movilizamos con todo a Plaza de Mayo y a todos los centros políticos del país. Por el juicio y castigo de todos los crímenes contra el pueblo y por la apertura de los archivos de la dictadura y de los servicios de inteligencia; por los 30.000 desaparecidos y el cierre de todas las causas y la anulación de todas las condenas contra los luchadores.

Fuera Milani. Memoria, Verdad y Justicia.

El 24 de Marzo es la jornada histórica de lucha contra el genocidio dictatorial, cuyos represores, jueces y espías fueron asimilados por todos los que gobernaron después.

El caso Nisman demostró el entrelazamiento del régimen (incluyendo a oficialistas, a opositores y a la Justicia) con los servicios de inteligencia del Estado.

Esos espías, a su turno, actuaron bajo la batuta de otros servicios, como la CIA o el Mossad.

Detrás de este accionar conspirativo, hay una larga historia de crímenes contra el pueblo.

Desde los 30.000 desaparecidos hasta las víctimas de gatillo fácil.

Desde la trata de personas a los crímenes del 20 de diciembre, Maximiliano Kosteki, Darío Santillán y Mariano Ferreyra. Desde Paulina Lebbos y Marita Verón hasta Luciano Arruga.

En vísperas del 24, los bloques que se disputan la sucesión política han demostrado por igual su raíz represiva.

De un lado, el kirchnerismo quiere resolver la deserción de los Stiuso reemplazándolos con un represor de la dictadura, el general Milani.

Del otro, la flamante alianza entre Macri y Sanz debuta con el siniestro arsenal que la Justicia porteña le habilitó al gobierno PRO: las pistolas Taser, verdaderas picanas portátiles contra luchas y manifestaciones.

Los jefes políticos de esta brutalidad se postulan en nombre del "republicanismo" y la "transparencia".

La marcha convocada por Memoria, Verdad y Justicia repudiará por igual a los Berni-Milani del gobierno K, y a una oposición que pretende explotar el derrumbe oficial para imponer su propio "Estado de servicios".

Fuera Milani, apertura de los archivos, derogación de la ley antiterrorista, basta de redes de trata y de gatillo fácil, desprocesamiento de los luchadores.

El 24 nos concentramos a las 14:30 horas en la plaza Congreso, para marchar a Plaza de Mayo.