Prensa Obrera N° 1343

El asesinato de 7 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa y la desaparición de otros 43 desató una rebelión popular en México y movilizó a estudiantes y jóvenes en toda América Latina. En Argentina, distintas asambleas de estudiantes mexicanos vienen organizando actividades y protestas. La FUBA tomó el desafío de organizar la movilización ante la parálisis de la federación nacional que responde a Franja Morada. Primero, nos movilizamos a la Embajada junto a estudiantes mexicanos que estudian en La Plata y, el jueves pasado, aniversario de la Revolución Mexicana del 20 de noviembre de 1910, realizamos un acto frente al Obelisco escenificando un gigantesco “43” que recorrió las redes sociales en Argentina y en México. También la FULP organizó un acto frente al rectorado platense. El canciller de la Embajada mexicana mantuvo una reunión con el presidente de la FUBA a raíz de la protesta. A nuestra denuncia del papel del “Narco-Estado” en el asesinato y la desaparición de los estudiantes, la respuesta del canciller fue: “¿No te enteraste que está preso el alcalde de Iguala?”. Es clara la maniobra para deslindar responsabilidades. Un “control de daños” similar al que el gobierno K intentó cuando fue el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra. Las huelgas y movilizaciones en México señalan con justeza la responsabilidad del régimen político, podrido desde la cabeza: “Fuera Peña Nieto” es la consigna que gana las calles. La movilización popular puso al desnudo el entrelazamiento entre el gobierno y el crimen organizado –la policía reprimió brutalmente las manifestaciones, incluso ingresando a los balazos al interior de la universidad. La lucha de estudiantes, artistas y trabajadores a lo largo y ancho del continente contrasta con el silencio cómplice de los gobiernos. Kicillof y Timerman, que encabezaron la delegación del “gobierno de los derechos humanos” en el G20, se fotografiaron con Peña Nieto a días de la masacre y no abrieron la boca. El silencio de los funcionarios K sobre Ayotzinapa apuntó a proteger la ruta de negocios que se pretende abrir con el gran capital –acuerdos con Chevron, telefónicas y buitres, que incluyen al magnate mexicano David Martínez, un protegido del gobierno de Peña Nieto. La UJS ha lanzado una campaña nacional de solidaridad con el pueblo mexicano con miles de afiches y declaraciones. El próximo lunes 1 de diciembre, cuando Peña Nieto tenga que rendir cuentas en su Informe de Gobierno y miles de mexicanos vuelvan a ganar las calles, la FUBA tomó la iniciativa de convocar a una gran movilización a la Embajada en Buenos Aires. Nos proponemos una fuerte movilización de los centros de estudiantes de Capital y el gran Buenos Aires, y replicar acciones similares en el interior del país. Continuar y extender la movilización es la clave para quebrar todos y cada uno de los compromisos que presionan por la impunidad. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Julián Asiner, presidente de la FUBA

Cuando se aprobó mediante una ley en la Legislatura neuquina el acuerdo con Chevrón, los diputados del MPN y los “K” se complotaron para que dicho acuerdo no pasara por la Comisión de Medio Ambiente. Erigido en modelo para toda la actividad, las petroleras y empresas de servicios captaron el guiño oficial. Las perforaciones de pozos se han extendiendo incluso a zonas sensibles como el Área Natural Protegida de Auca Mahuída y a las inmediaciones del acuífero de Zapala, una reserva subterránea de agua. O bien, como ocurrió con el pozo incendiado en Plottier, se perfora a escasos metros de las barriadas. Pluspetrol ha vuelto a perforar al lado del pozo siniestrado. Es así que los derrames, “accidentes” ambientales y hasta incidentes con material radiactivo, están a la orden del día. Prácticamente no pasa semana sin que se conozcan hechos de contaminación. La Secretaria de Medio Ambiente de la provincia confiesa que se entera por los medios de difusión. A fines del 2013 se anunció con bombos y platillos el aumento de las multas de un 600%, pero un año después no se ha cobrado una sola multa: “(…) al día de hoy la Secretaría de Ambiente no cobró una sola sanción con los nuevos valores. El secretario de Ambiente, Ricardo Esquivel, explicó que los nuevos montos no se aplicaron porque los trámites para cobrar una multa tardan mucho”. (LMN 18/8/2014) Hace un mes atrás, una empresa radicada en el Parque Industrial de Neuquén, dedicada al tratamiento de residuos peligrosos, construyó “clandestinamente” un piletón de 10 x 15 metros, por 1,80 metros de altura, para tratar el residuo viscoso que se extrae con la limpieza periódica de los grandes tanques de almacenamiento en los yacimientos. Ni la Secretaría de Medio Ambiente de la provincia, ni la Subsecretaría de Servicios Ambientales del municipio, se percataron de la construcción del piletón, hasta que uno de sus taludes de tierra cedió, y un río de petróleo corrió a lo largo de varios centenares de metros por los cañadones. En la ciudad petrolera por excelencia de Rincón de los Sauces, desde que se fundó hace 40 años atrás, el municipio no pudo cobrar una sola multa por contaminación, según registros hasta el año 2009. Un funcionario municipal de Rincón, dijo crudamente que los derrames se deben “a la falta de mantenimiento, falta de inversión y falta de cuadrillas de trabajo para hacer las remediaciones (…) pasa el tiempo y los compromisos de hacer las inversiones se renuevan, pero en la realidad nada de esto sucede o se ve”. (LMN 18/7/2014). Las petroleras, una vez más, apelan a la “confidencialidad” de los datos y se niegan a brindar información sobre sus contrataciones. Las multas, cuando se aplican, son irrisorias. Hace un mes, la provincia multó a Chevron, Pan American Energy, Tecpetrol, Total Austral y Capex S.A. con $ 60.000 a cada una. Un chiste. Las chevronización de toda la actividad hidrocarburífera, ahora con rango de ley, libera a las empresas de la responsabilidad sobre el pasivo medio ambiental.

En las últimas semanas, el escándalo por el manejo de los fondos del Pami volvió al centro de la polémica. Con una trama ya conocida, de malversación y negociados, se abre un nuevo capítulo del "cerco judicial" luego del allanamiento de la sede central ordenada por el juez federal Claudio Bonadío a principios de mes. La investigación busca esclarecer la compra de letras de Tesorería por 2.830 millones de pesos y su relación con la pérdida de calidad de los servicios médicos para los jubilados. Sin embargo, no es lo único por lo que se investiga al Pami y a sus funcionarios. Luciano Di Cesare, interventor de la obra social desde 2007, está imputado por haberse autoasignado un sueldo de unos 100.000 pesos. También están bajo la lupa por los retrasos en las obras y el financiamiento de los hospitales del Bicentenario, que tiene a cargo la institución. Qué hacen con la plata La utilización de los recursos del Pami para financiar los déficit del Tesoro Nacional es una confiscación brutal a los trabajadores, que son sus aportistas. De esta manera, Di Cesare sigue la política llevada adelante, también con la plata de los jubilados, en la Anses, cuyos fondos se utilizan para asistir al Tesoro y, finalmente, para pagar deuda externa. El Pami fue incluido en el presupuesto nacional en 2007 y, desde entonces, es una caja directa de recursos para el gobierno. Actualmente, es el sexto presupuesto más importante del país, e incluso recibió un nuevo aumento por decreto en la última semana, de 1.158 millones de pesos. A su vez, crecen las deficiencias en sus servicios: la falta de cercanía de las prestaciones, la saturación de las camas para internaciones, un inadecuado sistema de contrataciones, geriátricos y establecimientos de salud mental que no cumplen requisitos, y falta de médicos y centros de atención. Los mafiosos de la salud Entre las irregularidades existe un acuerdo de cooperación entre el Pami y el Sedronar (la secretaría que supuestamente debería combatir al narcotráfico) vinculado con precursores químicos. En el contexto de ese acuerdo aparece el nombre de Máximo Zacarías, allegado al entorno de la familia Kirchner e involucrado en la causa de la efedrina. Todo este cuadro complica a Di Cesare, llegado al Pami en 2004 de la mano de Néstor Kirchner, y con él a todo un entramado de mafiosos de la salud con los poderes del Estado. Di Cesare es un protegido del jefe de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex Side), Héctor Icazuriaga, y tiene fuerte influencia entre la camarilla universitaria que gobierna la Facultad de Medicina de la UBA. El vaciamiento del Pami y el pago de la deuda con plata de la Anses son distintas caras del ajuste aplicado por el gobierno que, en este caso, adquiere ribetes mafiosos. Los trabajadores, activos y jubilados, deben tener el control de sus obras sociales y del sistema de salud.

El paro de transporte de la casi totalidad de los sindicatos del sector para reclamar contra el cobro del impuesto al salario tuvo un acatamiento masivo, cercano al 100%. La adhesión de los trabajadores fue total, a pesar de que la medida había sido diseñada por las burocracias convocantes con el objetivo evidente de no emprender una lucha seria. Por eso se evitó deliberadamente que sea presentada como un paro, usando el eufemismo de "asambleas", y en un horario reducido, que iba entre las 4 y las 7 de la mañana. Sin embargo la medida terminó yendo mucho más allá de la hora establecida. Muchos medios de transporte terminaron de regularizar su funcionamiento casi llegando el mediodía. Fue el caso de varios ferrocarriles y también de algunas líneas del subterráneo. En el subte la dirección de la Agtsyp volvió a carnerear, pero no pudo lograr que los subtes funcionaran. El ausentismo, que fue importante, fue la forma en la cual muchos trabajadores adhirieron a la medida, superando el carnereaje de la dirección sindical. Algo similar ocurrió entre los miembros de la Unión Ferroviaria, cuya dirección pedracista sigue firme al lado del gobierno. La contundencia que tuvo la medida sirvió para poner de manifiesto la voluntad de lucha de los trabajadores. En la base de la UTA, en La Fraternidad y en los gremios aeronáuticos existe un verdadero estado de ebullición contra el cobro de Ganancias y el retraso salarial que genera la inflación creciente. El gran resultado que recogió la lista 3 de la CTA en el subte prueba que allí también los trabajadores están en la misma sintonía que el resto de sus compañeros del transporte. La conclusión es clara: la voluntad para seguir la lucha está, de parte de los trabajadores, re-contra planteada. No ocurre lo mismo, sin embargo, con las direcciones sindicales, que no tienen en carpeta un plan de lucha para conquistar los reclamos. En este análisis coinciden tanto el anti-K Clarín como el oficialista Ámbito Financiero. Ambos afirman que la burocracia sindical descarta un paro de 24 horas, y que sólo analizaría medidas aisladas por cada gremio. Este recule ya está contenido en el programa presentado, que excluye el reclamo de la reapertura de las paritarias y la eliminación general del cobro del impuesto a las Ganancias sobre el salario. Ni siquiera la cuestión del bono de fin de año para todos los trabajadores formó parte del petitorio de la medida de acción. La falta de determinación para continuar con una acción de lucha contrasta con la decisión del gobierno de rechazar cualquier modificación al cobro de Ganancias sobre los salarios. La propia Cristina Kirchner se encargó de reafirmarlo en un acto organizado por la Cámara de la Construcción. Allí señaló que necesitaba del cobro del impuesto al salario para financiar los negocios de la patria contratista. En otras palabras quiso decir que todo el esquema económico del gobierno consiste en financiarse sobre la base de una mayor confiscación de los trabajadores. Sin embargo, esta declaración antiobrera de la presidenta no alcanzó para evitar los cuestionamientos de los empresarios, que perciben el derrumbe económico del gobierno. Los capitalistas reclaman un acuerdo con los fondos buitres y una normalización económica general que le permita abrir un ciclo de endeudamiento para financiar el ciclo de sus negocios. La oposición patronal, que coquetea con el reclamo de eliminar el impuesto al salario, lo hace en nombre de esta ´normalización´ económica que incluye el acuerdo con los fondos buitre en enero. La burocracia sindical que convocó esta medida de acción está dividida entre el apoyo a la oposición patronal de los Massa y Macri, y el "oficialismo con cambios" de Scioli. Pero en la agenda de ninguno de ellos está el auspicio a un ciclo de luchas obreras por sus reclamos. La jornada del 27 dejó planteada la necesidad de una nueva acción de lucha, que parta de un paro de 24 horas. El mismo debe ser por el conjunto de los reclamos del momento: abolición del impuesto al salario, por un bono de fin de año para todos los trabajadores, por la reapertura de las paritarias y contra los despidos y las suspensiones.

La querella de Justicia Ya! que representa, entre otros, a la Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Asociación Anahí y la AGD-UBA concluyó hoy el alegato donde pidió se condene a prisión perpetua por genocidio a Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón y Federico Antonio Minicucci, en el marco del juicio Vesubio II. El debate oral fue por 204 casos de compañeros detenidos-desaparecidos que estuvieron secuestrados en el CCDTyE El Vesubio ubicado en Ricchieri y Camino de Cintura. Los abogados de la querella, Liliana Alaniz (Apel) y Mariano Delli Quadri (Cadep) requirieron condena por genocidio y manifestaron que los delitos sexuales son al igual que la tortura, la desaparición forzosa y el homicidio parte de los delitos que lo constituyeron. Al mismo tiempo, pusieron de manifiesto que es obligación del Estado dar cuenta de lo ocurrido con cada uno de los compañeros, resaltando que cuenta con las herramientas necesarias para proceder a la apertura de los archivos de la dictadura. "Abiertos los archivos, sabremos, quiénes fueron los responsables, donde están los hijos y qué ocurrió con los compañeros desaparecidos." En el cierre, se rindió un homenaje a la compañera Catalina Guagnini, fundadora de Familiares de Detenidos por Razones Políticas y militante del Partido Obrero, quien murió en 2004, sin saber qué fue de su hijo Diego, caso en este juicio, y en ella a todos aquéllos que no cejaron en la lucha. "Cata Guagnini abrazó la causa y la militancia organizada en el socialismo revolucionario, mientras desplegaba su lucha decidida por las libertades y contra la opresión dictatorial, que le sustrajo no sólo a Diego, sino también a su otro hijo, Luis. (...) Pero nunca trazó una línea divisoria entre una y otra lucha. En definitiva, detrás del crimen, de la desaparición y de la tortura estaba un régimen social fundado en la explotación del hombre por el hombre", recordó Alaniz. Al destacar que durante la dictadura hubo una militancia activa que la enfrentó, rescatamos la memoria de todos, absolutamente todos, los luchadores obreros, socialistas y revolucionarios, y los militantes populares que la combatieron, y afirmamos que su continuidad está en la lucha por la independencia frente al Estado y la cooptación de los movimientos de derechos humanos. El veredicto se conocerá el 18 de diciembre.

Este 25 de noviembre en Mendoza tuvo una particularidad respecto de años anteriores: la movilización fue unitaria del movimiento de mujeres y gremios combativos, y finalizó con la lectura de un documento único en la puerta de la Legislatura provincial. Mas de 400 personas marcharon por el centro de la ciudad colocando al Estado como el primer violento: la precarización laboral, los bajos salarios, la inflación, la falta de vivienda y de agua son la violencia que se ejerce día a día sobre las mujeres trabajadoras. El documento consensuado le exige al gobierno nacional, provincial y municipales que se declare la emergencia en violencia de género y se le asigne presupuesto a la ley nacional, así como la creación de casas refugio, el desmantelamiento de las redes de trata, la legalización del aborto y la adhesión de Mendoza al protocolo de aborto no punible, entre otras reivindicaciones. El acto tuvo sólo dos oradores: el hijo de Claudia Vera, quien está siendo juzgada por asesinar a su marido, después de hacer una decena de denuncias en la comisaría, y las feriantes de Guaymallén, que desde hace más de dos meses vienen enfrentando las patoteadas del intendente, quien no les permite poner sus puestos, con los que se ganan la vida. La jornada del 25, así como las reuniones previas para consensuar la convocatoria y el documento común, son el primer paso para lograr la unidad del movimiento de mujeres en la provincia, que debe ser el método para arrancarles a los distintos gobiernos las reivindicaciones y derechos que nos corresponden.

Por tercer año consecutivo, los trabajadores de Walmart -principal empleador privado del país con un millón de trabajadores- realizaron paros y manifestaciones durante el “Viernes Negro”. Es una jornada estratégica para las patronales, debido a los picos de ventas y a que marca el comienzo de las compras navideñas. El reclamo de una duplicación del salario mínimo (actualmente en 7.50 dólares la hora), eje de esta jornada, se extiende a otros sectores de la clase obrera norteamericana (semanas atrás pararon por esta reivindicación trabajadores del Capitolio y el Pentágono). La consigna “De Ferguson a Wal Mart”, a su vez, sirvió para unir en la acción a dos de los sectores más oprimidos de las masas. En Sant Louis, manifestantes ocuparon tiendas para visibilizar su lucha contra el crimen impune de Michael Brown, y en solidaridad con los trabajadores de la compañía. Según los organizadores, Our Wal Mart y el Sindicato de Trabajadores de Comercio y Alimentos (UFCW, por sus siglas en inglés), las protestas se extendieron a 1600 tiendas de todo el país, incluyendo a trabajadores de la empresa y organizaciones solidarias. En algunos distritos, las protestas se dirigieron también a otras cadenas emblemáticas de la precarización laboral y la persecución sindical, como McDonalds. De acuerdo con el sindicato, este viernes se efectuarán unas 1.600 protestas en todo el país, lo que constituirá en la mayor movilización realizada hasta ahora en contra de Walmart en Estados Unidos. Walmart emplea a 1.3 millones de trabajadores distribuidos en más de 4.300 tiendas. Por esta razón, se trata de una pulseada estratégica para el conjunto del movimiento obrero.Walmart es uno de los reinos de la superexplotación y precariedad laboral , que ha sido la base de la construcción de los Walton, una de las familias mas acaudaladas del mundo, que asciende a 150.000 millones de dólares. Mientras tanto, le paga a sus empleados menos de 25 mil dólares al año. Al reclamo de un salario mínimo de 15 dólares, se une la demanda de jornadas completas de trabajo (hay muchos trabajadores con horarios reducidos). Los primeros informes indican que la medida se cumplió exitosamente y da cuenta de la presencia solidaria de sectores de la población. En Los Ángeles, trabajadores y miembros de la comunidad protestaron con una huelga de hambre durante 24 horas frente a un supermercado. En Washington: una banda en vivo apoyó a los trabajadores en huelga fuera del nuevo Walmart del distrito, donde un grupo de trabajadores realizaron una huelga de brazos caídos días antes. Es la primera vez que los trabajadores de la nueva tienda de Washington y la vecina Virginia se declaran en huelga. Manifestaciones parecidas se informan en Albuquerque , Denver y North Bergen, Nueva Jersey. Peter Dreier, profesor emérito de ciencias políticas de Occidental College, publica un artículo en el Huffington Post, donde hace su lectura de los acontecimientos :"Las concentraciones y manifestaciones del Viernes Negro representan una impresionante escalada del creciente movimiento de protesta iniciado por los empleados del mayor empleador privado de Estados Unidos. Pero también representan la vanguardia de una clara tendencia a desafiar la creciente brecha económica de la nación y la caída del nivel de vida que sufren la mayoría de los estadounidenses". Y agrega: “A veces es difícil valorar los acontecimientos históricos en el momento en que se desarrollan, pero es probable que las generaciones futuras vean en estas protestas contra Walmart un importante punto de inflexión que ayudó a cambiar el rumbo de la nación(….) ".

Ferguson asiste a un segundo levantamiento, esta vez como resultado del proceso judicial trucho que dejó en libertad al asesino del joven negro Michael Brown. La diferencia es que ahora Ferguson es acompañada por protestas en 170 ciudades de 37 estados, o sea en casi todo el país. En Nueva York, California, Oakland y Los Ángeles, hubo movilizaciones de miles de personas, reprimidas con contundencia por parte de las fuerzas policiales. Como durante el levantamiento de agosto pasado, la pequeña Ferguson fue militarizada, con 2200 reservistas del ejército actuando en forma conjunta con la policía. El propio gobernador de Missouri, Jay Nixon, se encuentra a la cabeza del operativo luego de dictar un “estado de emergencia” y un comando unificado de las fuerzas represivas. En Los Ángeles, hubo 300 detenidos en apenas tres días de movilizaciones. “La ley estatal de California requiere que el oficial sea testigo de que la persona comete un delito para detenerla, sin embargo la policía está deteniendo gente sólo por reunirse en la calle, están arrestando a todo el mundo” según James Lafferty, director del gremio de Abogados de California (WSWS, 28/11). Legalización del gatillo fácil El caso Ferguson retrata una situación general. Estados Unidos funciona como un estado policial. No sólo se trata de la brutalidad de las fuerzas de la seguridad: el conjunto del sistema legal está estructurado para asegurar impunidad a este accionar. Para el jurado, la cuestión a decidir no fue nunca si Wilson mató a tiros al adolescente de 18 años Michael Brown, sino más bien si esa muerte constituía un crimen. Al negarse a procesar a Wilson, el jurado se apegó a la ley y a la jurisprudencia existente, hasta llegar a una conclusión que suele ser la norma y no la excepción. Los estados y los departamentos de policía permiten que los agentes usen la fuerza cuando perciben lo que ellos mismos juzgan como “una amenaza inminente a su integridad física”. La Suprema Corte enmarcó esos estándares legales a través de un fallo de 1989, en el que señalaron que el uso de la fuerza debe ser evaluado a través de "la perspectiva de un agente razonable presente en la escena, y no en retrospectiva y con anteojeras"(La Nación 27-11). Se trata de un verdadero cheque en blanco a favor de la arbitrariedad policial. Desde entonces, en este tipo de casos el sistema judicial se suele poner del lado de los policías, y los fiscales y jurados no parecen dispuestos a reconsiderar sus decisiones. "No es lo mismo un policía que dispara su arma que un civil. Se presume que un oficial de la ley, y por lo tanto autorizado a utilizar fuerza letal, lo hizo correctamente", dijo Lori Lightfoot, abogada de Chicago que investigó casos de gatillo policial para el departamento de policía de esa ciudad (La Nación, ídem). Racismo El crimen de Ferguson, al mismo tiempo, pone al desnudo la brutal discriminación racial de la que viene siendo victima la población negra. La conducta de la policía suele “estar fuertemente influenciada por la raza del sospechoso, en particular en una comunidad como Ferguson, donde un departamento de policía de abrumadora mayoría blanca está a cargo de la seguridad de una ciudad de mayoría negra.” Un estudio de la publicación ProPublica revela que el riesgo de que un joven negro muera por los disparos de la policía es 21 veces mayor que el de un joven blanco. La participación de la población negra en las cárceles es 6 veces superior en proporción a la población blanca. Crisis política y reacción popular La crisis de Ferguson amenaza convertirse en otro capítulo más del descrédito creciente de la figura de Barack Obama. La tentativa de retomar la iniciativa política con la implementación por decreto de la reforma migratoria –luego de la derrota en las parlamentarias- ha quedado empañada por su conducta frente a este nuevo crimen. Si Ferguson ha galvanizado a medio país, es porque la muerte de un civil negro por los disparos de un agente es una experiencia común en las ciudades y suburbios de EE UU, que se sienten sometidos a un régimen creciente de persecución y libertad vigilada. Las manifestaciones no se han circunscrito a la población negra. La temperatura siguió subiendo en las últimas jornadas. El fallo fraudulento dio luz verde para más asesinatos policiales. Akai Gurley, un joven de Brookyn, fue fusilado ese mismo día por la policía neoyorquina, y Tamir Rice, un niño de 12 años de Cleveland, fue acribillado a balazos por la policía mientras se encontraba sólo en un parque con un arma de juguete, el sábado pasado. Por su parte, las acciones por Ferguson incluyeron, en la ciudad de Sant Louis, la ocupación de tiendas de Walmart, en un intento de sabotear el famoso “Black Friday”. Esta medida coincidió con las medidas de lucha de los propios empleados de la empresa, que reclaman una duplicación del salario mínimo (ver artículo en esta misma edición).

EXCLUSIVO DE INTERNET Tras haber presentado el proyecto del boleto educativo gratuito (BEG), finalmente el Consejo Directivo de la Facultad Regional Delta de la Universidad Tecnológica Nacional votó por unanimidad pronunciarse a favor del tratamiento y la sanción en la Cámara de Senadores Provinciales del proyecto impulsado por el Frente de Izquierda y elevó este planteo a las cámaras legislativas provinciales. Este logro fue fruto de una incansable campaña impulsada por "La Máquina" (UJS-PO + Independientes) y el consejero directivo de la misma agrupación que intervino con claridad ante las autoridades. Como parte de la campaña, realizamos una encuesta que evidenció la necesidad que representa el BEG para el conjunto de los estudiantes, docentes y no docentes de nuestra facultad. Quienesboletorealizadas junto a compañeros independientes. Sobre todo, en las sucesivas asambleas estudiantiles desarrolladas durante este año que planteaban la necesidad de luchar por el boleto educativo, cuestión la cual nos pusimos a la cabeza. Es de destacar que Ingenio Delta (Agrupación independiente que lidera el centro de estudiantes), superando vacilaciones iniciales y en un rico proceso de politización, se pronunció a favor del boleto. Los intensos debates con la conducción del centro fueron una parte fundamental de la campaña al unificar el reclamo. Terminó primando una realidad ineludible: la mayoría de los estudiantes de nuestra facultad pagan más de 600 pesos al mes para venir a cursar y algunos llegan a tener que gastar más de 1.200; el boleto es la causa primaria de la deserción y dificultad de ingreso. La gratuidad de la educación no puede basarse en el simple concepto de no arancelamiento, sino que incluye la garantía de acceso irrestricto e igualitario. Debemos seguir para que todos los estudiantes de Campana y alrededores se sumen a esta campaña, varios secundarios de la zona ya lo están haciendo. ¡Boleto educativo gratuito ya!

Una movilización de 1.200 trabajadores se dirigió al municipio de Mar del Plata en el marco del plan de lucha nacional. La columna estuvo encabezada por el Polo Obrero, Barrios de Pie y agrupaciones referenciadas en Patria Grande, junto a otras organizaciones. Siguiendo la mejor tradición piquetera marchamos unitaria y masivamente por los reclamos comunes superando la atomización impuesta por el Estado y dimos un golpe a la política de cooptación. La marcha, una de las mayores movilizaciones del año, estuvo precedida por el paro y movilización con la CTA el 20 y la masiva marcha contra la violencia hacia la mujer del 25. La crisis política marplatense La movilización se dio en un cuadro de crisis política en la ciudad. Pulti, el intendente vecinalista K, ha llevado al municipio a una quiebra presupuestaria y está cuestionado por todos lados. Por ello se debate entre perder la intendencia o unir fuerzas con el resto del kirchnerismo rival de Cheppi (y, de paso, sepultarlo a éste como alternativa "progre" futura). La oposición tradicional, además de protagonizar toda la telenovela nacional del FA-Unen (amplio ganador en 2013), está acosada por corruptelas propias: Baragiola fue destituida como presidenta del Concejo Deliberante, por negociar permisos de construcción con el Sindicato de Camioneros. Mientras el massismo es campo de un carrerismo desenfrenado a contrarreloj, Arroyo, ex funcionario de Russak y quien encabeza las encuestas, se debate entre Massa y Macri. En este cuadro, la presencia masiva de los trabajadores movilizados es un factor de clarificación de los campos sociales y políticos en la ciudad. Que la crisis la paguen ellos Los trabajadores estamos acosados por los despidos por "goteo" y no tanto (Arhepez, Textilana), el trabajo en negro y una creciente precarización laboral. El Puerto combina una rentabilidad asegurada para los pulpos exportadores, con una acentuada desocupación en tierra. La carestía se profundiza, los naftazos y tarifazos se suceden, y la descomposición social hace estragos en las barriadas obreras. La impotencia oficial es evidente y comparten con los "opositores" los mismos "remedios": más represión (policía comunal), ajuste y más prebendas y subsidios a los capitalistas. En este cuadro, lanzamos un petitorio que se está convirtiendo en un factor de movilización popular. La iniciativa, dirigida a enfrentar la ofensiva antiobrera reclama la ampliación de los cupos de trabajo y el pase a planta a los precarizados por el municipio, el bono de fin de año para todos y la actualización de presupuesto de obras (de viviendas, obra pública, etc.). Llamamos a redoblar la movilización y sostener el plan de lucha. Vamos por lo nuestro.

El 16 de septiembre se realizó un emotivo homenaje a los trabajadores de la Cámara de Diputados, víctimas de la dictadura, con la presencia de más de 300 asistentes entre familiares, trabajadores y legisladores. Nunca, hasta ahora, se investigó qué pasó con los trabajadores de la Cámara de Diputados después del golpe: ¿hay víctimas entre ellos?, ¿quiénes son? Se sabía, sí, que un diputado provincial estaba desaparecido, Ricardo de la Lama, del Bloque Frejuli, militante de Guardia de Hierro, secuestrado a pocos meses del golpe. Pero nada se sabía respecto de sus trabajadores. Gracias a la colaboración de los familiares, amigos y compañeros de trabajo del período de 1973 a 1976, pude avanzar en esta investigación para dar con sus identidades. De esta manera se pudo saber que en los primeros días posteriores al golpe militar, los trabajadores concurrieron a trabajar, haciendo largas colas para ingresar por los portones de calle 8 entre 51 y 53. Una vez que los guardias verificaban en las largas listas, podían ingresar a sus respectivas oficinas a la de espera de nuevas órdenes hasta que, finalmente, la Legislatura se cerró. La clausura del parlamento generó el despido masivo de sus trabajadores; así, los vínculos entre los trabajadores actuales y de aquel período se vieron interrumpidos dado que con la vuelta de la democracia, en 1983, los puestos fueron cubiertos por una nueva camada de trabajadores y el desconocimiento por la suerte corrida por algunos de los compañeros de antaño permaneció en el tiempo. Ahora sabemos que tuvimos compañeros que militaban en las filas de la JTP (Juventud Trabajadora Peronista), en Montoneros y en el PCML (Partido Comunista Marxista Leninista) que fueron desaparecidos y asesinados. La recuperación de sus memorias es un puente tendido entre ellos y nosotros, así quedó demostrado en el homenaje con la masiva presencia de los trabajadores de la casa. Quizás el momento más emotivo de la jornada fue la entrega de la copia de los legajos a sus respectivos familiares. En ellos figuraba como causa de cese el fallecimiento o el abandono de servicio o simplemente el cese. Ahora en ellos se dejó constancia que fueron víctimas del terrorismo de Estado. En la memoria de Luisa Marta Córica, asesinada por la CNU (Concentración Nacionalista Universitaria) en 1975; Manuel Carricondo, desaparecido en 1977; Carlos Della Nave, desaparecido en 1976; Néstor Farías, secuestrado y asesinado en 1976; Marcos Miguens, desaparecido en 1976 (sus restos fueron reconocidos por el Equipo Argentino Antropológico Forense en enero de 2012); Adolfo Berardi, asesinado en su casa en un ataque comando por fuerzas conjuntas a cargo de Etchecolatz y del mismo Camps, el 22 de noviembre de 1976.

Las terribles condiciones de trabajo en las Canteras del Quilpo, que produce la cal "El Milagro", dejaron un trabajador muerto y 38 intoxicados. Quienes habitamos la zona sufrimos cotidianamente por la dinamitación, que produce una nube de polvo que invade todo el pueblo. Quienes trabajan en las canteras tienen una corta expectativa de vida. El 15 de noviembre, producto de la falta de oxígeno y un nivel elevadísimo de monóxido de carbono y azufre, decenas de trabajadores jóvenes quedaron intoxicados e inconscientes. Los operarios tuvieron que ser rescatados por sus propios compañeros, ya que a pesar de que se comunicaron con la policía y los bomberos, el rescate llegó dos horas después. Los Bomberos Voluntarios informaron que las mediciones realizadas arrojaron en el interior del horno 700 ppm de monóxido de carbono. Mientras que a 80 metros daba más de 35 ppm (mide la concentración). El límite tolerable según la OMS es de 9 ppm. Las emanaciones tóxicas persistieron aún cuando el horno llevaba inactivo una semana. Allí se quemaba carbón de coque, un derivado del petróleo que reemplaza a la leña. Su combustión emite monóxido de carbono, dióxido de carbono y dióxido de azufre que afectan la salud, las vías respiratorias y también tiene efectos sobre los cultivos. Según un especialista, el horno no explotó de casualidad. Los trabajadores, que están de paro, responsabilizan al gerente Audisio, quien hacía oídos sordos a las advertencias. Denuncian también que el ingeniero Ponce obligaba a la gente de mantenimiento a soldar un horno en funcionamiento, meterse dentro de un hidratador con más de 70° de temperatura o realizar maniobras de 13.200 volts sin las mínimas condiciones de seguridad. El gerente y el jefe de seguridad de la empresa fueron acusados en la Fiscalía de Instrucción de Cruz del Eje del delito de "homicidio culposo y lesiones culposas", pero ambos están libres. La precarización laboral mata.

El domingo 23, más de 1.500 estudiantes y graduados de Sociales se dieron cita en el estacionamiento de Sociales para participar del evento "Chau Emeté", organizado por el Centro de Estudiantes (Cecso). Otros tantos volvieron a reunirse este viernes 28 en una segunda edición. El objetivo del centro era despedir a la sede de Marcelo T. de Alvear 2230 y celebrar la conquista del edificio único de Constitución, que desde 2015 -y por primera vez en 25 años- reunirá a las cinco carreras de la facultad. El apego que tantos sentimos a "Emeté" no es casual. La sede en la que cursó su último cuatrimestre la carrera de Sociología no es el resultado de un diseño arquitectónico planificado, sino de la lucha de generaciones y generaciones de estudiantes, docentes y no docentes, que la fueron moldeando de acuerdo con sus necesidades. El sentimiento, sin embargo, es contradictorio, porque cursar en MT implicó convivir con un edificio en estado de derrumbe, con ventiladores que se caen y ascensores imposibles. La lucha de los estudiantes de Sociales no obstante deberá continuar, porque tampoco en Constitución las autoridades han podido garantizar hasta el momento las condiciones necesarias para el desarrollo de una facultad (aulas suficientes, comedor, biblioteca, etc.). Esto implicará que alrededor de 200 trabajadores no docentes de Sociales deban seguir sus tareas en MT por un tiempo todavía indeterminado. Cocinan un negocio Así y todo, es necesario advertir que la mudanza de la carrera de Sociales a Constitución ya ha desatado una guerra al interior de las camarillas por el destino de la sede. Aquí no abundan los debates sobre criterios académicos o necesidades pedagógicas, sino las negociaciones dentro de cuatro paredes y las disputas de caja. Es sabido que Cantoni, el decano ultra-privatista de Odontología, quiere el edificio para ampliar su oferta de posgrados arancelados -los más caros de la UBA. El Rectorado, por su parte, evalúa mudar hacia MT sus oficinas de Viamonte 444, lo que implicaría un gigantesco emprendimiento inmobiliario. Barbieri viene de anunciar con Macri un convenio por el cual el gobierno de la Ciudad invertirá millones en la plaza Houssay y en Ciudad Universitaria, aunque pocos detalles se han brindado sobre las características de esas obras a las representaciones estudiantiles, docentes y no docentes de la universidad. Entretanto, nadie parece preocuparse por los estudiantes de Medicina, que desde hace años reclaman ese predio para poder cursar las licenciaturas (lo cual fue acordado por el Consejo Superior en el año 2008), que hoy no cuentan con un edificio propio y sufren a diario la falta de aulas y espacios adecuados para estudiar. La UJS ha iniciado una campaña para que se garantice la mudanza de esas carreras. Por lo nuestro El financiamiento para las obras de Constitución fue conquistado con años de luchas, tomas y movilizaciones. Rechazamos la pretensión de las autoridades de definir el destino de la sede de MT de acuerdo a intereses privados y a criterios que nada tienen que ver con la educación pública. Reclamamos un debate público y democrático sobre el punto y que en lugar de los negociados se prioricen los intereses de la masa que estudia y trabaja en la universidad.

Una de las principales resoluciones del Encuentro Nacional de Mujeres en Salta fue realizar movilizaciones en todo el país el 25 de noviembre, día internacional contra la violencia hacia las mujeres. Luego de la gran movilización en capital, desde la Multisectorial de Género La Plata, Berisso y Ensenada se resolvió una movilización para el viernes 28. De la marcha participaron más de 500 compañeras, numerosas organizaciones de mujeres, los Suteba combativos de La Plata y Ensenada, la Federación Universitaria junto a los centros de estudiantes de Arquitectura y Urbanismo, y el Observatorio. La marcha finalizó en edificio de Arba, lugar donde fue violada y asesinada Sandra Ayala Gamboa. Al pasar por la gobernación se leyó un documento donde se responsabiliza al Estado y se le exigen los recursos para las mujeres víctimas de violencia, salario igual a la canasta familiar y reapertura urgente del refugio municipal. Luego de muchos años de lucha el femicida de Sandra fue condenado a cadena perpetua, pero siguen impunes el resto de los responsables. Ni las autoridades del Ministerio ni el gobierno provincial dieron respuesta por la complicidad de los funcionarios implicados, es decir que la red de trata detrás del asesinato de Sandra Ayala sigue en pie bajo el amparo de la policía, la Justicia y el gobierno de Scioli. La mujeres en la calles exigimos el esclarecimiento del hecho, juicio y castigo a todos los responsables, y denunciamos las intenciones de reabrir un edificio público allí como si no hubiese sucedido nada. Seguimos en pie por justicia por Micaela Galle, Bárbara Santos, Susana De Barttole y Marisol Pereyra, cuando a tres años de su asesinato el principal responsable, el "karateca" Martínez, fue absuelto. Denunciamos la persecución y criminalización del colectivo travesti y trans. Contra toda violencia ejercida contra el movimiento LGTBI, ¡basta de impunidad!

Este año de trabajo parlamentario se presentaron más de 50 proyectos ligados a las principales reivindicaciones y luchas de los trabajadores y los sectores populares, y se colocó a la banca como un sostén de las mismas y como un vocero político de un programa de salida frente a la crisis capitalista. Uno de los principales ejes de trabajo fue la lucha contra los despidos y suspensiones. Presentamos el proyecto contra el cierre del frigorífico Estancias del Sur, que fue votado en la asamblea general de trabajadores. Proyectos de apoyo a conflictos como el de Conmeca y Weatherford fueron aprobados por mayoría en el recinto. Presentamos la ley para prohibir despidos y suspensiones y por el reparto de las horas de trabajo, para dar una salida integral a la crisis laboral. Arrancamos una sesión especial para debatir la situación, en particular la de la industria metalmecánica, donde desenvolvimos una caracterización y un programa; en apoyo a nuestros planteos realizamos un acto con representantes obreros de la industria de Brasil frente a las puertas de la Legislatura. En defensa del salario, en diciembre de 2013, presentamos un proyecto exigiendo un aumento de emergencia para los trabajadores estatales. En el curso de 2014 presentamos la ley de salario mínimo y por la reapertura de las paritarias. Impulsamos otras más específicas como la ley contra la tercerización laboral, ley de residentes de la salud, la de disolución de la Unidad de Títulos en la docencia, entre otros. Ambiente La lucha contra Monsanto y en defensa del agua y la tierra suscitó masivas movilizaciones durante 2013/2014 y el surgimiento de asambleas populares en diferentes localidades. Al proyecto que había sido presentado en 2013 por la prohibición de la instalación de Monsanto en Córdoba -que juntó más de 7.000 firmas-, se sumó la ley de emergencia ambiental que nucleó el apoyo de todas las asambleas ambientales de la provincia. Con la denuncia a la ley provincial de ambiente como un artilugio para viabilizar la instalación de Monsanto trabada por la lucha y por resoluciones judiciales y administrativas arrancadas por la misma, la banca se colocó dentro de la Legislatura como la única defensora del ambiente y los recursos de la provincia, enfrentando la política de De la Sota, Juez y la UCR, de entrega a los pulpos del agro e inmobiliarios el control de la tierra y la producción agropecuaria. La lucha contra la impunidad, por la vivienda y la situación de la mujer Impulsamos la ley por la anulación del Código de Faltas, contra las reformas reaccionarias que pretenden imponer de conjunto los bloques en la Legislatura, inclusive tratando de incorporar cláusulas contra las huelgas. Acompañamos la lucha contra el gatillo fácil con un proyecto por la destitución del jefe de Policía. Planteamos una ley de asistencia a las víctimas de violencia, una resolución por la destitución de los fiscales por el caso Paola Acosta y un proyecto por la elección directa del Consejo de la Mujer. Nuestro trabajo se entrelazó con los principales reclamos de las masas: presentamos un proyecto de ley de para resolver el déficit habitacional y otra por la expropiación de terrenos en Juárez Celman, ocupados por 400 familias. Junto a la comunidad palestina impulsamos un proyecto contra la masacre en la Franja de Gaza. Balance La enorme iniciativa política de la banca del Frente de Izquierda motivó la reacción de todo el arco político patronal que montó un operativo para expulsarnos de la Legislatura y bloquear el ascendiente político que nuestro trabajo recogía entre los sectores populares. El tiro les salió por la culata y la campaña contra la sanción al Frente de Izquierda se plasmó en movilizaciones y miles de pronunciamientos; la adhesión política creciente terminó por desbaratar la Cuestión de Privilegio, y así obtuvimos un enorme triunfo político. Propiciamos un trabajo colectivo de la bancada entre las tres fuerzas que componen el Frente, pero este propósito no escapó a las tendencias faccionales que están presentes dentro del mismo y, por lo tanto, se cumplió a medias. El 10 de diciembre, en función de la rotación de la banca, renunciaré para dar lugar a Laura Vilches, del PTS.

Organizado por el movimiento Justicia y Libertad junto a Patria Grande, participamos del debate sobre ¨la unidad de la izquierda¨, junto al PTS, MST, Quebracho y la UP de la juventud guevarista. El planteo de los convocantes, que participaron en las elecciones anteriores en frentes centroizquierdistas con el degenarismo en la Capital y la Provincia, planteaba la constitución de un frente electoral de cara a las elecciones de 2015, basado en la suma de las votaciones en la elección pasada, donde el contingente mayor lo aporta el Frente de Izquierda. Nosotros defendimos la experiencia del FIT, explicando que la unidad es valiosa en tanto delimitemos el campo de acción de esa unidad con claridad. El Frente de Izquierda ha podido canalizar lo que en el resto de Latinoamerica ha sido el proceso de disolución de la izquierda detrás de gobiernos nacionalistas y centroizquierdistas, cuyas políticas los ha enfrentado con los intereses de los trabajadores, en Brasil, Bolivia o Venezuela. Planteamos que la unidad de la izquierda y la construcción de frentes únicos debe partir de la independencia de clase para superar el colapso de quienes protagonizaron ascensos electorales anteriores, como Izquierda Unida, sólo para llevar a una desmoralización general capitulando ante bloques patronales, sean del gobierno nacionalista o el de los ¨sojeros¨. El ascenso de la izquierda en el país, está ligado a la independencia política de ambos bloques, que es la fisonomía que le ha aportado las definiciones políticas del Frente de Izquierda, en particular la profunda delimitación del nacionalismo burgués de los Kirchner que el Partido Obrero ha elaborado a lo largo de una década. Abrimos un debate con los 200 participantes llamando a profundizarlo, clarificando campos, programa, estrategia, balance y perspectiva por una alternativa independiente de la clase obrera. Pues no se trata simplemente de la unión para acceder a una banca en el Concejo Deliberante platense, lo que ya es una realidad inminente, sino de dotarle a los trabajadores del municipio y del país una salida política a la crisis de conjunto de este régimen. Finalizamos haciendo un llamado a impulsar en común la convocatoria de un gran Congreso del movimiento obrero y la izquierda para principios del año entrante de cara justamente a esta perspectiva. (Primera y segunda parte de nuestra intervención en: http://t.co/ch8uVjiqu2 y http://t.co/atwWwIhjPl)

El 27 de noviembre, una importante marcha de trabajadores estatales organizados en ATE "Senasa, Secretaría de Agricultura Familiar e Inta" se movilizaron contra el ajuste, por el bono o doble aguinaldo (4.000 pesos), apertura de paritarias, pase a planta permanente de todos lo precarizados, contra el impuesto al salario, por el 82 por ciento móvil y la suma de emergencia equivalente a 3.000 pesos. Sin ninguna duda, ésta es una importante movilización porque plantea un programa frente al ajuste del gobierno "nacional y popular" que ha terminado de sellar un acuerdo por el adelanto de los 5.700 millones de dólares a cuenta de retenciones e impuestos con las cerealeras y los pulpos agroexportadores para pagarle la deuda externa a los fondos buitre los primeros días de 2015. La contratara, la respuesta a esa política antiobrera y entreguista la protagonizaron los trabajadores del sector que se unieron para enfrentar el ajuste, la precarización laboral, las privatizaciones encubiertas, los bajos presupuestos. Estos fueron los ejes de la movilización lo que muestra que hay una maduración política en estos sectores. Con este programa y la voluntad de desarrollar un proceso de lucha, se llevó adelante la movilización, el primer acto se realizó frente a Inta central (Congreso). Luego se reclamó la apertura de las paritarias frente a la Secretaría de la Función Pública (Plaza de Mayo) y se avanzó con los reclamos frente a la sede del Senasa (Paseo Colón 367) para luego culminar la extensa marcha, frente al Ministerio de Agricultura (Paseo Colón y Carlos Calvo). No cabe duda alguna que la disposición a luchar en contra el ajuste ha comenzado a profundizarse entre los trabajadores estatales, por ello reclamamos un gran paro nacional de ATE, impulsado con asambleas, en todos los sectores que aglutine y generalice estos reclamos para el resto del movimiento obrero estatal. La lucha por aumentos de salario, el bono de fin de año y todas las reivindicaciones postergadas está más latente que nunca y puja por explotar a la escena política nacional.

El 18 de diciembre se realizará una audiencia pública en el Congreso Nacional por el proyecto de ley especial de Emisión de Bonos de Participación en las Ganancias a empleados de Telefónica y Telecom. Se trata de un reclamo histórico del gremio telefónico. El proyecto será presentado por los fiputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Con la privatización de Entel (Empresa Nacional de Telecomunicaciones), se estableció la obligación de las empresas licenciatarias de emitir y pagar anualmente un bono de participación sobre el 10 por ciento de las ganancias a los trabajadores. En el año 1992, el gobierno menemista firmó el decreto de "necesidad de urgencia" 395/92 para eximir (artículo 4) a las empresas telefónicas de la obligación de emitir los bonos, cuando el decreto debía reglamentar el pago de los mismos. Este decreto fue declarado ilegal e inconstitucional, lo que motivó miles de juicios que llevan años y sobre los cuales deben pasar el derrotero de la Justicia con distinta suerte, en cuanto a interpretación de a quiénes corresponde, monto a pagar, etc. La presentación de este proyecto de ley girado a todo el gremio para un debate previo a la presentación formal en el Congreso es un aporte a la lucha por el pago de los bonos a los trabajadores de Telefónica y Telecom de la telefonía fija, móvil y de trasmisión de datos e Internet y tercerizados. Este proyecto de alcance nacional para todos los trabajadores de Telefónica y Telecom incluye una denuncia sobre las privatizadas y el saqueo nacional que éstas realizan, el ataque a los trabajadores desde la privatización, que incluyó miles de despidos, suspensiones, falsos "retiros voluntarios", rebajas salariales y de convenio, la tercerización y precarización laboral de trabajadores de la actividad. Por ese motivo, el proyecto incluye a todos los trabajadores del gremio. Hasta ahora, el reclamo por los bonos ha sido básicamente un reclamo judicial. Desde la Naranja Telefónica proponemos llevar adelante la lucha en todos los terrenos. Llamamos a todo el gremio a discutir y realizar los aportes necesarios para avanzar por el pago de los bonos a todos los telefónicos. Tenemos el ejemplo de los ex trabajadores de YPF que acaban de lograr una media sanción en la Cámara de Diputados para el proyecto presentado por los diputados del bloque del Frente de Izquierda que contó con modificaciones y aportes de otros bloques para el resarcimiento económico largamente reclamado. Vamos por ese mismo camino. Queremos que las empresas telefónicas paguen lo que corresponde.

Hace poco menos de un mes, Lanata, y ahora La Nación en sendos artículos (23 y 27/11) atacaron la política de subsidios del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA). Las corruptelas oficiales han dado pie a una campaña de la oposición derechista, que reclama un ajuste integral sobre el régimen de fomento cinematográfico. El lobby de las grandes productoras y multimedios locales aboga por un recorte a la cantidad de películas a producir por año, despidos en el INCAA y aumento de los precios de las entradas en sus salas. La gestión del INCAA se defiende de los ataques a sus despilfarros planteando que "la plata que distribuimos viene del recupero de la venta de entradas y de un porcentaje de lo que se recauda en la media de publicidad televisiva. O sea, es el mismo sector que a través de una política industrial fomentada por el Estado reinvierte en sí mismo" (Miradas al Sur, 10/10). El argumento es totalmente falso, ya que el porcentaje de las entradas que va al fomento los exhibidores se lo cargan al precio de las mismas y, por lo tanto, lo paga el público. A su turno, los gastos que los capitalistas destinan a la publicidad se lo trasladan al precio de los productos que ofertan con ella. Las denuncias y los actos de corrupción expresan un choque de rapiña, en torno de un presupuesto al que sólo contribuyen los espectadores y los trabajadores. La distribución Los intereses de las grandes distribuidoras y exhibidoras multinacionales, así como los de los multimedios locales, no fueron afectados jamás por el gobierno "nacional y popular" que nunca alteró la cuota de pantalla dominada totalmente por los tanques de Hollywood. Los éxitos "nacionales" son distribuidos por esos tanques como en el caso de "Relatos Salvajes", que Warner lanzó en 288 pantallas simultáneas. El lobby ajustador de la cantidad de películas producidas anualmente ataca a las producciones de bajo presupuesto que "no concitan la atención del público", pero éstas son estrenadas en una sala sin el más mínimo apoyo estatal al lanzamiento. La gran cantidad de producciones que anualmente se estrenan y que la gestión del INCAA muestra como un logro de la "década ganada" está compuesta por un importante porcentaje de documentales, el subsidio de éstos fue arrancado con una lucha independiente del gobierno que denunciaba las corruptelas. Ante la crisis de la distribución, la exhibición de las películas producidas y ante el lobby ajustador es necesaria una organización independiente de los realizadores audiovisuales. El cine requiere, indudablemente, de recursos para su producción, distribución y exhibición. Los fondos de fomento, en lugar de ser solventados por los trabajadores y el público, deben provenir de gravar los beneficios extraordinarios de la gran industria del cine y ser gestionados por sus realizadores y trabajadores, para ponerlos en manos de los creadores y sus obras, y no de los parásitos de la industria cultural. Para que el público pueda evaluar la obra es necesaria otra cuota de pantalla, espacios cedidos a la promoción de la producción y condiciones para el lanzamiento, nuevas salas en los barrios y salarios iguales a la canasta familiar.

Se realizaron las elecciones de ATE para elegir junta interna y delegados por sector en el Ministerio de Educación de la Nación. Los resultados fueron 220 votos para la Verde, 116 para la Verde-Roja-Negra y 2 en blanco. En la elección anterior sacamos 51 votos. Esta agrupación se constituyó hace dos años ante la decisión de un sector de la lista de unidad histórica de ATE de formar la Lista Verde, en común acuerdo con los funcionarios del ministerio y un sector expulsado de UPCN. Su objetivo fue desplazar al activismo que venía tomando la iniciativa en el cuerpo de delegados. La Verde-Roja-Negra, como agrupación de oposición, continuó el proceso de organización de los trabajadores por sus reivindicaciones. En la vereda de enfrente, la junta interna aliada a la patronal se dedicó a planchar los conflictos. El trabajo constante realizado por parte de nuestra agrupación de cara a todos los trabajadores del ministerio permitió, meses antes de las elecciones, realizar una gran campaña explicando la necesidad de afiliarse para recuperar nuestra herramienta gremial. Gracias a ello, 70 compañeros se sumaron a ATE y pudieron dar su voto por un cambio. A la par de las elecciones de Junta Interna, se realizaron por primera vez elecciones de delegados por establecimiento, las que fueron convocadas a su medida. En los lugares en que podían perder, afiliaron junto a los funcionarios o directamente no convocaron a elecciones. Las cantidades de delegados fueron acomodadas arbitrariamente según sus necesidades. Otro dato del carácter fraudulento estuvo en que la Lista Verde se presentó sin cumplir con el cupo femenino para junta interna y para el edificio de Santa Fe 1548, en un ministerio con mayoría de mujeres. Ninguna de las impugnaciones presentadas por nuestra lista fueron atendidas por ATE-Capital. Mientras la seccional está fracturada entre michelistas y kirchneristas, los primeros no tienen reparo en respaldar a la Verde K para frenar el avance de la izquierda. Los resultados son parte de una tendencia general al crecimiento de los sectores antiburocráticos en nuestro gremio y a la voluntad de lucha existente entre los trabajadores del Estado contra el ajuste del gobierno. De cara a las elecciones generales de ATE de 2015, necesitamos más que nunca un frente único de los luchadores y el activismo para dar la pelea por la recuperación del sindicato.

El 9 de diciembre se desarrollarán las elecciones del Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) de la Capital Federal. Armando Cavalieri será reelegido al frente de una lista única que cuenta con el apoyo de todas las secretarías del gremio. La novedad es que el moyanismo, que presentó una lista de oposición en 2011, vuelve al redil. La reconciliación entre Cavalieri y Moyano no está dictada por los intereses de los trabajadores, sino que forma parte de los ensayos para una reunificación de la CGT que le permita a la burocracia sindical posicionarse en la transición política que vive el país. Como expresión de dicha transición, Cavalieri tiene un pie en cada lado: mantiene una línea de diálogo con el gobierno nacional (más o menos entusiasta en función del desembolso de los fondos para Osecac) y es, a la vez, hombre de consulta de Sergio Massa. La relación de Cavalieri con el gobierno nacional es casi un reflejo de las tensiones y distensiones de las cámaras supermercadistas con el gobierno. Para tratar de convencer a sus bases de la necesidad de apoyar a Cavalieri, los sectores del gremio que posan de combativos desarrollaron la 'tesis' de la conquista de 'posiciones' al interior del aparato, cuando ese procedimiento mezquino priva a la masa de trabajadores del comercio y los call center de una referencia de oposición y de lucha, en un año que conoció una reactivación de procesos organizativos. Quien se fortalece más que nadie con este tipo de planteos es Cavalieri. La construcción de un sindicato que pelee por los derechos de los trabajadores es incompatible con el apoyo electoral a uno de los emblemas -desde el menemismo- de la burocracia sindical argentina. Combativos Mercantiles y Telemarketers en Lucha desarrollan una agitación en las principales concentraciones del gremio y un debate con los cuerpos de delegados combativos para no votar el 9 de diciembre por la lista única y desarrollar una alternativa a la conducción burocrática en base a un pliego urgente de reivindicaciones: por un bono de fin de año de 4.000 pesos, aprobación de la ley del teleoperador para los call centers, elecciones democráticas de delegados, abajo la tercerización y precarización laboral.

El 29 de octubre de este año, Verbistky declaró en el megajuicio Esma III. Sorprendió al describir a Francisco como un colaborador en el esclarecimiento de algunas de sus investigaciones sobre el genocidio, tras las lapidarias denuncias que en el pasado formuló contra Bergoglio. Verbitsky dijo que éste le confirmó por medio de una carta que la Iglesia tenía la titularidad de la isla del Tigre "El Silencio", a donde fueron llevados los secuestrados de la Esma durante 1979 para ocultarlos de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que visitaba el país debido a las denuncias de los familiares. Cuando Francisco declaró en el segundo tramo del juicio Esma, años atrás, negó la existencia de archivos episcopales con documentos sobre los detenidos-desaparecidos. Ahora, sin embargo, algunos comenzaron a aparecer, a cuentagotas. Su sucesor, José Arancedo, remitió a la Justicia copia de un documento donde constaba el informe de una reunión de los obispos con Videla, en la que se discutió la conveniencia o no de decir que los desaparecidos habían sido asesinados. Más recientemente, el Papa ordenó la desclasificación de los archivos sobre la muerte del obispo Angelelli. Bergoglio asegura haberse enterado recién hace diez años del robo de bebés. Sin embargo, el testimonio de Estela de La Cuadra -hija de "Licha", primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida antes de poder reencontrarse con su nieta Ana Libertad ("la nieta 115"), lo desmiente, ya que acudieron personalmente a él para que intercediera por su caso. Día a día, miles de familiares acudían a la Iglesia en busca de noticias sobre sus desaparecidos, sin hallar respuesta ni auxilio. En muchos casos, los curas incluso realizaban tareas de inteligencia. Emilio Graselli, del vicariato castrense, es un caso paradigmático, porque al tiempo que intentaba sacarle información a los familiares, consultaba un fichero donde constaba el destino de los desaparecidos. Graselli, al día de hoy, y a pesar de las denuncias que pesan sobre él, nunca fue juzgado. La relación entre la cúpula de la Iglesia y la dictadura era íntima. Los capellanes daban su bendición a los genocidas y los exculpaba porque, decían, arrojar cuerpos al mar desde un avión era una "muerte cristiana". Ahora, en los canales de televisión puede verse un spot en el que juntos, Carlotto y Arancedo, convocan a los chicos apropiados que aún no fueron encontrados. En Quilmes, las autoridades de la universidad que lleva ese nombre pretenden regalarle a los obispos la creación de un banco de datos genéticos. La perfidia no puede ser mayor. La Iglesia todavía rendir cuentas, por ejemplo, sobre el papel que tuvo el Movimiento Familiar Cristiano en las apropiaciones de niños.

El paro docente entra en su tercera semana. Más de 50.000 profesores pertenecientes a 200 comunales han desarrollado masivas movilizaciones a lo largo del país. El paro reclama el cumplimiento total de la llamada "agenda corta" concentrada en cinco puntos: pase a planta de todos los profesores, aumento del salario mínimo docente, fin al agobio laboral, incentivo al retiro y la deuda histórica. Un día antes de que los profesores votaran el paro, el presidente del Colegio de Profesores y militante del partido Comunista Jaime Gajardo recibió una propuesta del Ministerio de Educación por teléfono. Aceptó la oferta, pero las bases la rechazaron. Esto desató masivas marchas a lo largo del país, donde destacan Antofagasta, La Serena, Valparaíso, Concepción, Temuco, y el pasado viernes, en Santiago, salieron más de 25.000 mil docentes bajo la consigna "Gajardo, entiende, las bases no se venden" (Emol, 22/11). Todos estos comunales reclaman la renuncia de Gajardo y que el paro tome características nacionales. La primera propuesta del gobierno, el "telefonazo", sólo ofrecía enviar el proyecto de bono de incentivo al retiro y de titularidad docente, pero atados al tratamiento del Proyecto de Carrera Docente, el cual es rechazado por las bases por su abierta intencionalidad de seguir con la política de precariedad laboral. La segunda propuesta es lo mismo, pero frente a los reclamos de salario mínimo docente, agobio laboral y deuda histórica se proponen "mesas técnicas", viejo recurso para dilatar y derrotar a la lucha de los profesores que usó el gobierno de Piñera y el anterior de Bachelet. La presidenta de la CUT y militante del PC, Bárbara Figueroa, defiende al gobierno intentado engañar a los docentes movilizados declarado que "habían tres temas que no estaban resueltos de los cinco, y ésos se resolvieron hoy" (ídem, 20/11). Esta segunda propuesta fue nuevamente firmada por Gajardo a espaldas de las bases, pero justificando que el documento será sometido a "consulta nacional". Esta consulta está en desarrollo y los comunales incrementan su movilización, en donde en más de la mitad ya se ha rechazado el mecanismo. Que el paro siga es una verdadera derrota de la burocracia, más aún con el PC integrado al gobierno. La tenaz lucha de los docentes a nivel nacional ha dejado al desnudo el carácter y rol del gobierno de la Nueva Mayoría, quien frente a la crisis de la educación escolar sale a rescatar a los privados, manteniéndolos como sostenedores del modelo educativo bajo fuertes desvíos de recursos del Estado y defendiendo la política de precarización del trabajo docente heredada de la dictadura. Para lograr la conquista de todos los reclamos de los profesores ya se dio un primer paso: desnudar y denunciar a la burocracia de los Gajardo y las Figueroa. Ahora es necesario que las asambleas de base, que se han forjado al calor de lucha, resuelvan el devenir de la movilización y se coordinen a nivel nacional bajo plena independencia política. La lucha de los docentes engloba el interés de la mayoría de los trabajadores del país.

La votación en noviembre del presupuesto bonaerense constituye una gran lección para la población sobre la orientación social de los distintos bloques políticos patronales. Fue votado en común por todo el FpV, incluidos La Cámpora y el Movimiento Evita, por el Frente Renovador, el sabbatellismo, los diputados de De Narváez y el Unen (UCR-FAP) un presupuesto de ajuste, endeudamiento y militarización. Se ha votado la reducción de las partidas de Educación y Salud en su proporción con respecto al total y con respecto a la inflación, mientras se ha multiplicado exponencialmente el gasto en policías y sigue creciendo el pago de servicios de la deuda y la previsión de tomar nueva deuda externa provincial. El presupuesto aumenta un 66% el monto del Ministerio de Seguridad, destinada a la Bonaerense y sus satélites municipales, mientras día a día llueven denuncias por la implicación de la Bonaerense en delitos y zonas liberadas. Otro aumento importante es el del corrupto Servicio Penitenciario, que sube un 57%. El servicio ha sido denunciado por jueces provinciales como organizador de bandas de presos parar robar. Se habilitó en este marco el pago de intereses de deuda por 7.346 millones y tomar nueva deuda por 21.000 millones de pesos. Lo que crece con este presupuesto es la hipoteca sobre las condiciones de vida de los bonaerenses y la militarización para responder a las movilizaciones de los trabajadores y la juventud que puedan surgir de una mayor crisis social. El ajuste tendrá un gran impacto en áreas que ya están en crisis como el Servicio Alimentario Escolar -que atiende a los comedores-, que este año excluyeron a medio millón de alumnos y pasa de un 0,8% del presupuesto a un 0,1. Infraestructura, a cargo de la obra pública en una provincia impactada por las inundaciones constantes en una gran cantidad de distritos tiene un presupuesto que aumenta menos que la inflación oficial, aunque de todas maneras este ministerio subejecuta sistemáticamente su presupuesto, volviendo a enviar año tras año gran parte de las obras proyectadas sin realizarlas. El presupuesto incluye entre sus ingresos los de la caja previsional del IPS, violando su autonomía, que legalmente destina sus fondos exclusivamente a los jubilados del Estado provincial. Como viene siendo costumbre en los presupuestos bonaerenses, no se prevé ninguna pauta de aumento salarial, como forma de condicionar a la baja las paritarias. La ley impositiva, votada por el oficialismo junto a la UCR y el FAP, ha sido un impuestazo a la vivienda urbana del 30%, afectando a la vivienda única de la familia trabajadora. Mientras tanto, el impuesto inmobiliario rural se modifica en el cálculo de las alícuotas, dejando intacta la subvaluación astronómica de los terrenos rurales, que llegan a estar hasta 20 veces debajo de su precio de mercado. Todo esto llevó al Frente de Izquierda a rechazar el presupuesto y denunciarlo públicamente. A pesar de ser el único voto en contra en la sesión, no fue un planteo solitario. Estos planteos fueron banderas de lucha del gran paro docente que acompañó la semana de votación del presupuesto, y de numerosas acciones de lucha y paros de los estatales de la provincia. Diputados centroizquierdistas del FAP y UP compartieron críticas al presupuesto, para luego negociar el voto a favor o ausentarse de la sesión. El supuesto progresismo muestra su divorcio total de cualquier vínculo con la lucha de los trabajadores y explotados. En plena huelga por reapertura salarial de los docentes, crisis de los hospitales públicos y nuevas inundaciones por falta de obras, habilitan el presupuesto de Scioli en nombre de la gobernabilidad. Lo mismo vale para los kirchenristas "críticos" como el Movimiento Evita que organizan "marchas de la gorra" y organizan el voto para la multiplicación del presupuesto de la Bonerense. Una impostura.

En la localidad de Capitán Bermúdez se presentó hace unas semanas el caso de una nena de 2 años, Ludmila, del barrio Copello, quien fuera internada en el Hospital Víctor J. Vilela con un cuadro severo de desnutrición y violencia doméstica. Esto saca a la luz la realidad en la que viven nuestros niños de los barrios más humildes y carenciados del cordón industrial. Es la expresión más cruda de una orientación social de la fuerza política que gobierna la ciudad desde hace más de una década. Que una niña se halle en semejante estado, a metros de los puertos cerealeros por donde salen millones y millones de dólares, muestra la descomposición de todo un régimen político. El presupuesto municipal no está orientado hacia el área de Salud y Acción Social para poder brindar una atención integral sobre la población más vulnerable de nuestra localidad. Barrio Copello es uno de los tantos barrios que no cuenta con cloacas ni pavimento, el servicio de recolección de residuos casi no existe; durante el verano no hay presión de agua y es un barrio en el que el servicio de ambulancias difícilmente acceda. Desde la bancada del Partido Obrero hemos presentado un proyecto de resolución que plantea "exigir al Ejecutivo municipal que cubra todos los gastos necesarios, tanto económicos como de acompañamiento psicológico a Ludmila, así como también a la familia. El proyecto también "solicita al responsable del Área de Salud del municipio ponga a disposición la información que posea de los niños en edad escolar que tiene la ciudad en situación de riesgo". El caso Ludmila es sólo la punta del iceberg. Los gobiernos municipal y provincial tienen que triplicar el presupuesto en salud, realizar de forma urgente relevamientos de los niños en estado de riesgo y exigir un aporte especial a los grandes contribuyentes de la zona para permitir la creación de gabinetes psicopedagógicos y un plan de inserción para las familias de riesgo social.

El pasado jueves, la Legislatura porteña votó por unanimidad una ley que destina terrenos de Parque Patricios, Barracas, La Boca y Pompeya para el millar de familias que viven a orillas del Riachuelo, en el extremo de la Villa 21-24. La relocalización de ese barrio es el resultado de los fallos judiciales sobre el Riachuelo: la Justicia dispuso la apertura de un límite -"camino de sirga"- de 35 metros desde el río, en torno del cual, y por razones contaminantes, no pueden haber viviendas ni industrias. Los estudios sanitarios indicaron elevados niveles de intoxicación y otros trastornos en la población que vive allí. La asignación de tierras para estas familias dentro de la propia Comuna 4 es una conquista de los vecinos afectados, que reclamaron ser trasladados dentro de la zona donde desenvuelven sus vidas. No ocurrió así con las primeras relocalizaciones, que llevaron a los vecinos al límite de la General Paz. Los diputados de los principales bloques, que viven postergando todas las demandas de vivienda popular, se congratularon por esta votación. Según ellos, la ley facilitará el tendido del camino de sirga y, al mismo tiempo, saldará una ‘deuda social´ con los vecinos afectados. Lo cierto es que lo primero está mucho más cerca de lo segundo. El otorgamiento de las tierras no establece plazos para la construcción de las viviendas, y mucho menos sus características constructivas. "Las viviendas que hicieron para los que trasladaron a Castañares y General Paz son una vergüenza", nos relataba uno de los vecinos que espera ser relocalizado. Para los dos gobiernos, importa la celeridad del desalojo y no las condiciones de vida de quienes aspiran a una vivienda definitiva. Mientras tanto, la "autoridad de cuenca" -y los intereses inmobiliarios que acechan en su torno- se frotan las manos con el ´camino de sirga´, y aceleran las tareas de descontaminación. "Durante veinticinco años, aguantamos los malos olores y la toxicidad. Nosotros nos vamos... cuando el río está mejor", nos relata otro vecino, cuya casa topa con el ´camino de sirga´. Los Macri y los Kirchner se proponen un Riachuelo sin olores. Pero si lo logran, su destino será la continuidad del eje inmobiliario y comercial que sube desde Puerto Madero, La Boca y Barracas. A la luz de lo anterior, es claro que la relocalización de las familias del Riachuelo no ha sido motorizada por la contaminación del río, que estos vecinos soportaron durante décadas. A los gobiernos los mueve la voracidad de tierras, y la "puesta en valor" del Riachuelo. Por eso, le hemos planteado a lovivienda vecinos afectados la necesidad de encarar la nueva etapa de su lucha con un programa: es necesario que exijamos que se pongan fecha y plazos ciertos a las viviendas nuevas; que el plan de construcción de las mismas pueda ser debatido y controlado por los delegados del "camino de sirga", no queremos viviendas de cartón. A su vez, la cuestión del Riachuelo pone en el tapete al destino de la Villa 21-24 en su conjunto. Si la descontaminación sirve a los especuladores inmobiliarios, la reorganización de las tierras lindantes al Riachuelo reforzará una política expulsiva. Es necesario unir la lucha del camino de sirga a un planteo integral de urbanización de la Villa, a partir de un censo y un plan debatido por delegados electos, que contemple la conversión y preservación de la futura costa del Riachuelo como espacio público y paseo popular.

En las últimas semanas se viene produciendo un fenómeno que llama la atención de los trabajadores de las principales metalúrgicas de la ciudad de Rafaela como MALHE y APPO. Se trata de la aparición de volantes que son pegados en distintos lugares de las plantas (y que los propios trabajadores repudiaron y arrancaron). Son panfletos anónimos, con un contenido difamatorio y de ataque contra los cuerpos de delegados que en las fábricas han ganado la elección a la burocracia. A su vez, atacan con intrigas al Partido Obrero que recientemente se conformó en la ciudad. Si bien no llevan firma, a nadie se le escapa que provienen de la dirección de la burocracia de la UOM-Rafaela. Esta reacción de la burocracia, se da en momentos en los cuales, el inmovilismo del sindicato es total, y por el contrario los trabajadores con sus delegados han salido a reclamar por su cuenta un bono de fin de año y otros puntos referidos a condiciones de trabajo en las plantas metalúrgicas. En el caso de APPO ya han arrancado a la empresa un bono de $2000 de fin de año, sentando un precedente para impulsar el reclamo en las demás metalúrgicas de la zona. La burocracia se empeña en repetir sin éxito lo mismo que en otros lugares del País. En vez de preparar a los trabajadores frente a la crisis, los ataca señalando con nombre y apellido a delegados. Este intento de intimidación es un acto de inmensa cobardía porque señala frente a la patronal colocando el nombre de los compañeros cuando ni siquiera de atreven a poner su nombre, o su organización en la firma. El propósito es una invitación al despido de trabajadores, se trata de un método doblemente ruin cuando proviene de una dirección que dice representar a los obreros. El pueblo de Rafaela debe saber quienes son los responsables si existiese una represalia hacia los trabajadores denunciados y hacerlos cargo ante cualquier hecho que esto desencadene. La expectativa que ha generado el desenvolvimiento del Partido Obrero en Rafaela ha causado gran repercusión en la ciudad, despertando un extenso interés entre los trabajadores tercerizados, metalúrgicos, de la salud, de comercio, de industria láctea, docentes, desocupados, que vienen tomando nota del desarrollo del Frente de Izquierda y el Partido Obrero en todo el país. Este es el origen de la preocupación de una burocracia crecientemente repudiada que teme ser superada y desplazada por una nueva generación de trabajadores y luchadores. El Partido Obrero redoblará su campaña respondiendo a este ataque con pronunciamientos públicos y una gran campaña política de clarificación, luchando por desarrollar una alternativa política de los trabajadores en la ciudad.

La formación de la Lista 3 en las localidades del interior de la provincia de Buenos Aires generó un revulsivo en los acartonados dirigentes celestes. Se presentaron candidatos para las ejecutivas en Pergamino (Salto, Rojas, Colón, Arrecifes), en Chascomús (General Belgrano, Pila, Lezama, Monte, Tordillo), en General Pueyrredón, en La Costa (Madariaga, Pinamar, Gesell, Lavalle), Pehuajó, San Nicolás, todas ellas volteadas por la autoridad electoral puesta por el Ministerio de Trabajo. Corrieron las de Tandil y Mercedes (Rodríguez, Luján, Giles). Los candidatos de las listas caídas fueron en la provincial y, por primera vez, se tuvieron fiscales en esos lugares, lo que fue decisivo al momento de impedir el fraude completo del yaskismo que colocó el 100% de votos a la Lista 10 allí donde no hubo control. Los resultados demuestran la potencialidad del trabajo opositor, que en muchos casos se agrupó en la Lista 3, al calor de la existencia de los Suteba multicolores. Vieron la necesidad de enfrentar a los entregadores de la lucha docente, manteniéndose junto a Tribuna Docente y a la Coordinadora Sindical Clasista, participando activamente en la elección, considerando oportuna la medición de fuerzas. En Salto, la Lista 3 obtuvo el 27% de los votos, ganado la urna volante del Profesorado, la técnica y un jardín. 76 votos a 29, sobre 490 empadronados. En Rojas, docentes y el fiscal de la 3 impugnaron la urna por falta de boletas. En Puán jamás aparecieon las boletas de la 3. En Madariaga, aún con la "aparición "tardía de las boletas, votaron 8 a la 3 y 12 a la 10, sobre 229 empadronados. Sin embargo, el diario de Madariaga publica en tapa que la 10 ganó en Pinamar por 145 a 5 de la 3, votando el 95% del padrón, justo donde no había fiscales. No publicaron el mísero resultado de Madariaga. En San Nicolás sacamos el 10% en la urna de judiciales y 24% en las urnas docentes fiscalizadas. En General Belgrano fue de 45 a 16, un 27% para la 3, esto cuando La Cámpora cayó en patota llevando a sus sometidos (unos 30) a votarlos. En docentes empatamos con la 10. El resto de los 219 emparonados no aparecieron. En Bahía, participando sólo con la lista provincial y la nacional, sacamos el 30% de los votos, y un 50% en las urnas docentes, a pesar de la campaña por el no voto de las demás corrientes con las que dirigimos el Suteba Multicolor. Mercedes obtuvo el 40% de los votos en las urnas docentes, inficionadas de afiliados directos, por lo que claramente ganamos en esas urnas el voto docente. En Tandil, el 30% nos es birlado por las urnas del interior donde votaron el 100% del padrón a la 10. Los candidatos, militantes y fiscales de la 3 en las regionales del interior de la provincia de Buenos Aires han plantado bandera contra la burocracia. Se comienza a acariciar la posibilidad de disputar la dirección de los Suteba en las localidades del interior. Nos quedan dos años. Allá vamos.

El 13 de noviembre, los jueces de la TOC N° 3 de San Martín se pronunciaron por la absolución de Carlos Marcelo Cuello, el padrastro de Iara Denise Carmona, a quien violó desde los 11 a los 15 años. Cuello, un policía bonaerense, estaba acusado del delito de corrupción de menores agravado por la edad de la víctima y la situación de convivencia preexistente. El fallo fue por mayoría y se conoció a través de una secretaria, pese a que las pruebas son demoledoras. El testimonio de Iara está avalado como veraz por diez peritos. Después de cuatro años de abuso, con el apoyo de su madre y su familia, en julio de 2011 se pretendió radicar la denuncia, lo que no pudieron concretar por ser el padrastro miembro de la Policía Científica, así que tuvieron que hacerlo en la Fiscalía. El hombre estuvo libre durante el proceso, se le dictó la prisión preventiva hace dos meses por abuso de arma y lesiones graves contra un vecino, quien recibió un impacto de bala en el pie. En 2012, la causa fue elevada a juicio contemplando, al menos, seis hechos. Durante ese año, la familia envió cartas a la Casa Rosada, donde un asesor les recomendó que Scioli se encargara del tema, además de cambiar la demanda de una acción penal a una civil. También fueron a la Esma, donde la organización Abuelas de Plaza de Mayo les dijo que no podían hacer nada. La familia de Iara debió pasar por las peripecias de conseguir una vivienda, garantizarse su propia seguridad y su mantenimiento económico, ya que el Estado no las asistió psicológica ni materialmente. Viajaron por el país para resguardarse de las amenazas, incluso a la madre de la víctima la citaron a la comisaría un sábado a las 23 horas, para que Cuello pueda ver a su hija, la hermana menor de Iara. Recordemos los recientes casos Mar del Plata, cuyo padrastro violador es de la Marina; el de las hermanas de Olavarría, idénticas situaciones de abandono en momentos de gran vulnerabilidad como son los adolescentes. Cuando comenzó el juicio oral y público, el día de la sentencia, familiares y amigos acompañamos a Iara, que se encontraba feliz, tocaba un redoblante: estaba cerca de alcanzar aquello por lo que había luchado durante más de tres años: justicia. Pero no fue así. Inmersos en un mar de lágrimas, ante la absolución, cortamos la avenida de la puerta del tribunal de San Martín, a modo de protesta, sacamos un comunicado. El sábado 15 de noviembre se realizó una asamblea en la plaza del barrio, Villa Raffo, participaron más de cien personas. Allí se tomaron una agenda de iniciativas, con el objetivo de mover masas en la instancia en Casación en la ciudad de La Plata. El Plenario de Trabajadoras-PO acompañará a Iara y a su familia en el tramo que queda hasta la apelación y la elevación a la Corte Bonaerense, desenvolviendo una vasta campaña política para redoblar la movilización popular y quebrar la impunidad. Justicia para Iara. Cárcel ya a Marcelo Cuello

Con motivo del paro de transportes, la empresa logró irritar a la planta: es que en contraste con las últimas huelgas generales en las que ofreció remises para intentar, en vano, quebrar nuestra adhesión, ahora los negó aduciendo que están "caros" (¡!), lo que implicaba dejar "tirados" a los trabajadores del turno noche; esto, sumado a la negativa de autorizar a delegados a pasar presentándose por las máquinas, fue respondido con una primer asamblea de una hora en el turno noche. Al otro día, en una reunión entre la gerencia y la interna, negaron todos los reclamos que venimos planteando: en primer lugar, dar solución a un compañero que estando internado en un psiquiátrico, pretenden despedir por "abandono de trabajo", un verdadero abandono de persona. También rechazó pagar a los mensualizados a fin de mes (como los últimos treinta años), manteniendo el pago en el quinto día como impusieron recientemente en todo el grupo Clarín. Ante la reapertura de la paritaria gráfica y el reclamo de 12 por ciento a nivel del gremio y la empresa, aseguró estar en crisis negando cualquier aumento. Tampoco dieron fecha del pago del plus y el doble aguinaldo que vienen atrasando desde hace un año y medio; un tema muy sentido entre los trabajadores que es una reivindicaron de otras empresas del grupo, donde sucede lo mismo como la redacción y la planta del diario (AGEA-Clarín). Clarín aduce que AGR está "a pérdida" y ni siquiera "pudieron" pagar ganancias (¡!), sin embargo, los trabajadores vemos que la empresa desborda de trabajo (igual que la planta de Santa Fe, AGL-Clarín); ha realizado millonarias inversiones comprando la cadena de Librerías Cúspide y costosas maquinarias, mientras los trabajadores (¡que si pagamos ganancias!) tenemos que compensar sus cuenta con atraso salarial. AGR pretende tirarnos en la cabeza una supuesta "crisis" de empresa, que de existir, es autogenerada con desvíos de trabajo y operaciones financieras habilitadas por el propio Estado: Clarín endeudó AGR en pesos, importó maquinaria a dólar oficial y ahora paga atrasado, y nos niega un aumento, mientras en su diario informa que el poder adquisitivo de los salarios ha quedado hasta un 18 por ciento atrás de la inflación. La respuesta patronal hizo explotar la bronca. El viernes -mientras se realizaba la elección de delegados, en la que votaron centenares de trabajadores y la interna fue refrendada por un plebiscitario 95 por ciento- se debatió la necesidad de arrancar con un quite: es que la empresa estaba anotando extras para adelantar trabajo el fin de semana. Así fue que el viernes convocamos asambleas de una hora por turno en la que participó todo el taller, donde cientos de gráficos votamos por unanimidad (con dos abstenciones) iniciar un quite de colaboración, no trabajar el fin de semana y si no hay respuestas el lunes, comenzar con paros escalonados.

Por primera vez en el distrito, una Comisión del Concejo Municipal de Bermúdez sesionó con la presencia de la población. Es la de Salud y la preside el Partido Obrero. Esto fue producto de una lucha política bajo la consigna "que el Concejo municipal no legisle de espaldas al pueblo", un debate que se profundizó a partir de un brutal temporal con granizo a fines de 2012, que dejó a Bermúdez totalmente anegado y con decenas de casas destrozadas. Allí exigíamos la realización de comités de crisis integrados por vecinos y damnificados, y que fueran parte de la discusión de la falta de obras públicas, desagües y cloacas en el Concejo municipal. Pero esto fue combatido por el bloque del Frente Cívico, quien nos planteaba que si pretendíamos asambleas las desarrolláramos en la calle, las reuniones del Concejo municipal "es de los concejales" y, por otro lado, el bloque del PJ tampoco alentaba su realización. Un año y medio después, la ciudad vuelve a ser noticia por la falta de recursos en salud, niños con mala nutrición, aumento del índice de cáncer, etc. Insistimos sobre la necesidad de las Comisiones Abiertas, llamando a que la comisión de salud se abra y así en los primeros días de octubre se aprobó por mayoría el proyecto propuesto por la bancada del Partido Obrero hasta el hartazgo, de que las comisiones del Concejo sean abiertas a toda la población. Estuvieron presentes distintas organizaciones como "La Gramilla", "Semilla de futuro" "Paren de Fumigar", profesionales, trabajadores de la salud, delegados docentes, sindicato municipal, vecinos y todos los bloques políticos del Concejo municipal. Nuestra bancada realizó la intervención de inicio de la comisión con el señalamiento del "derrumbe en el sistema de salud público", "la carencia de insumos y la baja cantidad de personal de salud en relación a la población". Además señaló que el próximo Presupuesto municipal en su área de Secretaría de Salud fue de un 9,33% en el año 2013 y se estima para el nuevo presupuesto 2015 un 8,03%, lo que implica miles de pesos menos para un área tan necesaria en el marco de la crisis que se atraviesa en el país. Hubo más de doce intervenciones de los presentes: señalaron iniciativas, pedidos, saludos a la posibilidad de desarrollar dicha comisión abierta e inclusive una serie de proyectos. Cerramos la comisión leyendo todos los aportes y realizando desde nuestra presidencia varias propuestas, la primera de ellas, lógicamente, defender el método con el que se había llevado adelante dicha comisión y nuestro compromiso de continuar con las características de comisión abierta en el Concejo municipal. Se señaló además la importancia de un programa único obrero y ambiental elaborado por comités independientes bajo control de los trabajadores y vecinos que luchen por la salubridad en el cordón industrial: aumento del personal en salud, adecuación de los efectores de salud a enfermedades como la adicción, aumento salarial, no a las horas extras, aumentos de insumos, control del aire, no a los agro tóxicos, etc., además de innumerables denuncias tanto sobre el gobierno provincial como nacional.

Durante el acto organizado por la Unión Ferroviaria, el 7 de septiembre en Parque Norte por el aniversario de la fundación del gremio, el ministro Randazzo anunció la "estatización" de los ferrocarriles de pasajeros de larga distancia (ramales Buenos Aires-Córdoba, Buenos Aires-San Miguel de Tucumán y Córdoba-Cruz del Eje). Lejos de ser una novedad, esta disposición data de septiembre de 2013 cuando se asignó a la Sofse (actualmente Trenes Argentinos - Operadora Ferroviaria) la gestión de dichos ramales. Actualmente, opera el Sarmiento, Tren de la Costa, Once-Bragado (continuando hacia General Pico y en dirección hacia Santa Rosa, La Pampa) y algunos ramales regionales (Salta, Chaco y Entre Ríos). El ferrocarril tiene costos fijos altos y costos variables muy bajos. La infraestructura (vías, obras, señalamiento, estaciones) supone el gasto principal de la inversión, mientras que el costo variable de la operación (administración) es considerablemente menor. Luego de décadas de inversión estatal, Europa comenzó a re-discutir sus modelos ferroviarios durante los años ‘80 y ‘90, en el marco del proyecto de Unión Europea. El sector privado tenía interés en entrar al negocio. Con matices según el país, la solución que encontraron los europeos fue la división de las empresas estatales en Operación e Infraestructura. La empresa de Infraestructura (estatal) se encargaría de las inversiones principales, mientras que se abría la puerta a que el sector privado ingresara en la operación de servicios de pasajeros y carga, y en áreas periféricas como mantenimiento, servicios, limpieza y otros. De allí proviene la idea de "empresa mixta" o las banderas de la "presencia del Estado": el presupuesto público corre con el gasto millonario, mientras el privado recauda. En nuestro país, después de años de vaciamiento, es necesaria una inversión enorme para rehabilitar los ferrocarriles. Mediante la Ley de Reordenamiento Ferroviario de 2008 (copia fiel al modelo español de separación de empresas) se creó la Sofse (operación) y la Adif (infraestructura) que hoy lleva adelante las inversiones en ferrocarriles. La "presencia del Estado" significa, en los hechos, reconstruir y rehabilitar parcialmente un sistema ferroviario de carga a la medida de las necesidades de los pool de siembra y las multinacionales mineras. Lejos de un modelo industrialista o neo-desarrollista, se trata de una reedición del modelo ferroviario agroexportador inglés del siglo XIX. Los nuevos trenes de pasajeros "estatizados" por Randazzo son algunas formaciones de apenas seis coches con diagramas que no pasan de los dos servicios semanales que, ante la primera situación de crisis o ajuste, serán desactivados por el Estado, dejando a su paso, eso sí, las vías renovadas para que la soja de Monsanto y el mineral de La Alumbrera lleguen al puerto. El ferrocarril de carga refuerza la concentración de la tierra y el modelo de exportación sojera y minera, expulsando a la gente de sus tierras (como en Formosa o Chaco), mientras crecen los conurbanos de las grandes ciudades donde millones de trabajadores viven en crisis habitacional. La cuestión ferroviaria no pasa por poner formaciones al servicio de un país vaciado. El gran desafío es luchar por un ferrocarril como herramienta de desarrollo. Eso significa una reorganización completa de la economía para promover polos de desarrollo en el interior del país, con formaciones transportando materias primas, bienes de valor agregado y trabajadores que se radican en nuevos núcleos poblacionales vinculados con ese desarrollo. La "burguesía nacional", de la que tanto se enorgullece el kirchnerismo, se ha mostrado completamente incapaz de un proyecto semejante. Este es el balance de la "década ganada" y sólo un gobierno de los trabajadores podrá poner al ferrocarril al servicio del pueblo.

El Estado Nacional accionó nuevamente su mecanismo de cooptación del movimiento LGTBIQ y particularmente del movimiento trans de la mano de un proyecto de ley presentado por la diputada kirchnerista María Rachid. El proyecto propone una medida de "resarcimiento histórico" para las personas trans mayores de 40 domiciliadas en la Ciudad de Buenos Aires que tengan DNI rectificado de acuerdo con la ley de Identidad de Género. Si bien en un primer momento se habló de 8.000 pesos, Rachid lo desmintió y culpó a Macri por el aumento de los parámetros de medición. La cifra real del subsidio no supera los 2.400 pesos. La situación del colectivo trans en nuestro país es crítica. En un marco de crisis, a una persona trans se le hace muy difícil, si no imposible, conseguir un trabajo estable, acceder a la salud integral, al esparcimiento y poder emprender estudios. El VIH y las enfermedades de transmisión sexual, la violencia policial, los crímenes de odio, las intervenciones quirúrgicas clandestinas, la prostitución y la vida en la calle, producto de una expulsión temprana de la vida familiar y el sistema escolar, nos coloca en una condición de extrema vulnerabilidad. La ignorancia, la violencia y la transfobia que permean a nuestra sociedad, nos empujan a un promedio de vida que no supera los 35 años. En este panorama se posiciona Rachid cuando sostiene que las personas trans mayores de 40 son sobrevivientes. Sin embargo, no apunta a modificar las causas de nuestro flagelo. No proponen una salida de conjunto fuera de un subsidio miserable para quienes tengan la suerte de no perecer bajo las condiciones de vida a las que nos somete este sistema. La ley nacional de Identidad de Género sigue sin reglamentación por el Ministerio de Salud, a casi tres años de su sanción. Esa reglamentación es fundamental para el acceso gratuito a la salud integral de las personas trans, y constituye uno de los pilares para garantizar la libre expresión de la identidad autopercibida. Un subsidio "reparador" no es la respuesta ante la desigualdad y la violencia que atraviesan nuestras vidas. La forma de resarcirnos es a través de la inclusión social, laboral y educativa, la atención sanitaria y la reglamentación efectiva de la ley de Identidad de Género. Si el Estado no da respuesta, la movilización conquistará estos derechos. Convoquemos a la organización y la movilización para dar una salida de conjunto al movimiento LGBTIQ, las mujeres y los trabajadores, y para que se trate y apruebe en el Congreso Nacional y en todas las provincias el proyecto de cupo laboral trans del 3% en el Estado y sus dependencias, ya presentado en Córdoba por la bancada del Frente de Izquierda. Despleguemos una gran campaña y avancemos por la conquista de nuestros derechos.

La violencia contra la mujer sacude Córdoba. Ya son quince las víctimas de femicidio. Uno de los casos, el de Paola Acosta, asesinada por el padre de su hija de un poco más de un año, quien, herida, sobrevivió milagrosamente cinco días en una alcantarilla a la que tiró su progenitor, fue causa de multitudinarias movilizaciones. A esto se suman miles de denuncias por violencia que no son atendidas por el Estado. Esta grave situación puso sobre el tapete el papel del Consejo Provincial de la Mujer, que apareció en escena por su inacción, ausencia de pronunciamientos e inexistencia de propuestas frente a la gravedad de los hechos. La destitución de la dirección del organismo es uno de los reclamos de las movilizaciones en defensa de las mujeres. El Consejo Provincial de la Mujer es un organismo creado en el ámbito del Poder Legislativo, que está integrado por mujeres que representan a los poderes del Estado en el ámbito provincial, municipal y comunal, ONG, universidades, sindicatos y colegios profesionales. Todos sus miembros son elegidos a dedo y manejan una caja negra que este año recibió una partida presupuestaria de casi 10 millones de pesos, sin contar los recursos propios y aportes privados. El Consejo está en manos de punteros del gobierno y actúa como divulgador de su política; hace propaganda a la ley contra la trata de De la Sota, que prohíbe whiskerías y cabarés, y sanciona con arresto de sesenta días a quienes los regenteen. Pero esos establecimientos están prohibidos desde hace más de ochenta años y son tipificados como delito que ya cuentan con penas más elevadas. El resultado a dos años de la aplicación de la ley es que no hay ningún proxeneta preso, y Yamila Cuello, víctima de la trata, lleva desaparecida cinco años sin que la causa ni las investigaciones avancen. La "prohibición" de whiskerías concentró el negocio de la prostitución en pocas manos con fuertes vínculos con funcionarios del Estado y reforzó la explotación de las mujeres. Con el agravamiento de las condiciones de vida de las mujeres saltó a la luz el sometimiento del Consejo a la política del gobierno. Por eso, el 18 de noviembre, Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda, presentó un proyecto de ley que impone la destitución de toda la cúpula del Consejo, al establecer la elección directa por padrón femenino y la revocabilidad de las integrantes de la Mesa Directiva. Esta presentación fue acompañada con un escrache del Plenario de Trabajadoras frente al Consejo, que exigió la destitución de la presidenta Graciela Ruiz y de toda la Mesa Ejecutiva.

La película encara un tema dramático, social y políticamente apremiante. La violencia contra las mujeres es, para Lerman, "un genocidio casi diario", con un asesinato al día. Durante 2013, los femicidios dejaron 405 niños y adolescentes huérfanos, en su mayoría menores de edad (periódico Vas, noviembre de 2014). La creación de la película aporta, concentradamente, a esta denuncia. La realización de la película conllevó una investigación de dos años, y Lerman y su equipo se entrevistaron con víctimas de la violencia de género. "Las historias eran tremendas. Testimonios muy íntimos de relatos de violencia, sufrimiento, escape, persecuciones, fugas. Algunas escenas que me relataban eran verdaderamente de películas de terror. En lo personal, por un lado, me conmovían esas historias, y por el otro, intentaba entender qué es lo que llevó a esas mujeres a soportar durante tanto tiempo semejante maltrato y de dónde surge tanta crueldad y tanto daño por parte de los hombre agresores", comentó el realizador (Clarín, 12/11). A diferencia de muchas películas que se centran en temas relevantes, Refugiado no renuncia a una construcción estética valiosa. El suspenso generado por la acción y los ambientes urbanos a medio iluminar y los sonidos penetrantes se combina con una reconstrucción por momentos semidocumental y una distancia respetuosa hacia las víctimas, evitando los golpes bajos. El rostro del esposo nunca se ve (sólo lo observamos de espaldas y fuera de foco) y no hay escenas de violencia en Refugiado, pero la angustia y el terror psicológico atraviesan el film. También existen algunos momentos de belleza, vinculados con los juegos infantiles y la relación madre-hijo. Entre lo más destacable de Refugiado se encuentra la impresionante labor de Díaz. Molinaro, con su interpretación espontánea y caótica, también aporta lo suyo, teniendo en cuenta que la película está narrada mayormente desde el punto de vista del niño. Lerman muestra la solidaridad que la situación de Laura despierta: el encargado del edificio le avisa por el portero eléctrico que su esposo está llegando; las compañeras del taller (Díaz encarna a una obrera textil) hacen una colecta para que se pueda mantener escondida sin trabajar; en el refugio, las mujeres (interpretadas por víctimas de la violencia de género en la vida real) se ayudan en el cuidado de los chicos, el lavado de la ropa y la comida. Sin embargo, el espectador no termina de comprender un aspecto clave del guión: por qué Laura decide escapar del refugio, donde parecía encontrarse protegida. La explicación que la película otorga en el final resulta poco convincente y parece más inspirada en una necesidad del guión de crear desventuras (y el suspenso consiguiente) en la huida posterior que en una motivación real de la protagonista.

Los directores Ernesto Gut y Dionisio Cardozo, y el coproductor Ale Cohen, aclararon que lo que se vería era un primer corte del film, que aún debe atravesar una última instancia de edición y postproducción de imagen y sonido. El objeto principal de la función era el homenaje por el 40º aniversario del asesinato de Fischer y Bufano, que se cumple este mes. Entre los agradecimientos al equipo que los acompaña en la producción del film, los realizadores destacaron el apoyo de Viviana Asrilant, viuda de Jorge Fischer. El filmse basa en un hecho puntual: el secuestro y asesinato, por parte de un comando de la Triple A, de los jóvenes militantesJorge Fischer y Miguel AngelBufano, de 25 y 23 años respectivamente, en diciembre de 1974. Ambos trabajaban y militaban en la fábrica de pinturas Miluz, donde Fischer era, además, delegado general, e integraban la organización Política Obrera (hoy, Partido Obrero). Sus cuerpos aparecieron en la localidad de Avellaneda, con cuarenta impactos de bala. La etapa histórica que el film aborda es la abierta a partir del Cordobazo, cuando las tendencias en el seno de la clase trabajadora (sobre todo entre los sectores más organizados) evolucionan rápidamente hacia una perspectiva de independencia de clase, e incluso socialista y revolucionaria. La película analiza particularmente el rol del peronismo ante la creciente insurgencia obrera, y el papel del propio Perón en la formación de la Triple A –cuyo accionar fue preparatorio de la dictadura militar de 1976. También cuestiona el carácter supuestamente revolucionario de la lucha armadacuando se somete a un liderazgo contrarrevolucionario y se desarrolla al margen de los de la maduración política de los trabajadores. Continúa la campaña de aportes Los datos de la cuenta para aportar a la realización del film son: Banco Francés CBU 170044240000030983052 DNI 22.573.848 Opción Cuenta Corriente En Facebook: Cuarenta Balas - documental E-mail: cuarentabalas@hotmail.com

El 25 de septiembre, el policía Jorge Villegas fusiló a quemarropa, de un tiro en la nuca, al joven Pablo Vera, quien se encontraba desarmado y no se resistía a su detención. Fue rápidamente procesado, pero el juez Gamarda le otorgó el beneficio de esperar el juicio en libertad. Esta resolución fue apelada por los familiares, quienes, acompañados por amigos de la víctima y varias organizaciones sociales y políticas, realizaron sucesivas movilizaciones reclamando cárcel efectiva para el asesino. El viernes 28 de noviembre, por la tarde, la Cámara 1ª falló ratificando la libertad del homicida. Acto seguido, la marcha de repudio a la resolución de la Cámara fue salvajemente reprimida con gases y balas de goma, desatándose una cacería que culminó con más de 50 heridos y 24 detenidos (entre ellos la compañera de Pablo Vera, su cuñada, una mujer embarazada y niños de 10, 11, 14 y 17 años). La mayoría fueron brutalmente apaleados en los calabozos de la Comisaría 21ª, sufriendo todo tipo de golpes y vejaciones. La rápida movilización solidaria que se concentró en las puertas de las Comisaría 21ª y 3ª (adonde se trasladó a varios de los detenidos), y que se mantuvo toda la noche, puso un límite a la golpiza y obligó a la Policía a reconocer la detención de dos jóvenes que figuraban como desaparecidos, aunque abundaban los testigos que aseguraban haber visto cuando eran detenidos. Durante el transcurso de la noche, y ante la creciente presión de los manifestantes, fueron liberados los menores y las mujeres detenidas. Quedan aún 14 detenidos a los que el juez pretende procesar por una docena de vidrios rotos en la Ciudad Judicial. El Estado y la "justicia" patronales quieren transformar en victimarios a las víctimas. El sábado, a las 11 horas, se realizó un acto frente a la Comisaría 3ª y a partir de allí una movilización continua y corte de calles frente a ambas comisarías y en Tribunales. El Partido Obrero responsabiliza al gobierno provincial por la represión tanto a los familiares y amigos de Pablo Vera como a los militantes de las organizaciones solidarias, y convoca a la juventud, a los trabajadores y a la ciudadanía democrática a mantener la movilización por la libertad de todos los detenidos y la cárcel efectiva al policía homicida Jorge Villegas. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Cárcel efectiva a Villegas! ¡Juicio y castigo a los responsables de los golpes y torturas sufridos por los detenidos! ¡Basta de gatillo fácil! ¡Basta de impunidad! Preparemos un gran acto, este 10 de diciembre, unificando la lucha contra los numerosos casos impunes de la zona.

Familiares y víctimas de la impunidad y la violencia institucional preparan para el 10 de diciembre una radio abierta frente al Congreso Nacional. En este movimiento participan, entre otros, familiares de Cromañón, de las inundaciones de Santa Fe y La Plata, Vanina Kosteki, Alberto Lebbos, víctimas del ‘gatillo fácil’ y organismos de derechos humanos independientes. Esta movilización pondrá de relieve el sistemático papel del Estado en los atropellos y abusos que sufren los trabajadores y jóvenes cotidianamente, y en el encubrimiento sobre la responsabilidad de los funcionarios políticos y de las fuerzas de seguridad. Poco antes de esta jornada, durante los días 6 y 7 de diciembre, los organismos de derechos humanos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia convocan al Encuentro Nacional contra la Impunidad y la Represión. Está previsto el trabajo en comisiones para abordar la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra la criminalización de la protesta, así como la salida de una declaración. La comisión contra la impunidad reunida en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda resolvió impulsar la confluencia de ambas actividades, como ya está ocurriendo. La necesidad de poner en pie un movimiento nacional de lucha contra la impunidad es una tarea de primer orden frente al reforzamiento represivo del gobierno. Las "jornadas contra la violencia institucional" que suelen convocar desde el Ministerio de Seguridad -y que siempre fueron un campo de cooptación y de maniobras para lavarle la cara al oficialismo- probablemente ni siquiera continúen realizándose. Con Berni al frente de la Gendarmería, Milani en el Ejército y el acercamiento político al Vaticano -enemigo irreductible de los derechos de las mujeres y de los homosexuales, el "gobierno de los derechos humanos" tiene poco margen para continuar la demagogia. Por otra parte, en los distritos gobernados por los opositores la realidad no es muy distinta. Basta mencionar la sanción del represivo Código de Convivencia en Córdoba o las puebladas contra la impunidad que sacudieron Santa Fe frente a la connivencia entre narcos y policías. Como señaló Alberto Lebbos en su discurso en el Luna Park, "el denominador común de todas las violaciones a los derechos humanos por parte de quienes detentan el poder en la Argentina se llama impunidad y ése es el enemigo a derrotar". Llamamos a participar de las jornadas convocadas por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia y a organizar para el 10 de diciembre una gran jornada contra la impunidad en todos los centros políticos del país.

Las causas por delitos de lesa humanidad que involucran al designado jefe del Ejército, César Milani, tanto en Tucumán como en La Rioja, están prácticamente paralizadas. No se asignan los fiscales necesarios o directamente se les retiran los expedientes a quienes intentan avanzar. Además, las familias y los abogados querellantes reciben amedrentamientos y llamadas intimidatorias. "Sabemos a quién estamos enfrentando", aseveró Graciela Ledo al programa Oral y Público de Radio La Retaguardia. Su hermano, Alberto, desapareció en Tucumán mientras hacía el servicio militar. Uno de sus superiores era Milani. Sumamos también las reflexiones de Víctor Basterra. En total son cuatro las causas en las que está involucrado actualmente César Milani. Sin embargo, ninguna avanza: "en Tucumán, donde está radicada la causa de Alberto, le retiraron el expediente al fiscal subrogante. Estaba subrogando al doctor (Carlos) Brito, y aparentemente tenía intención de producir movimiento en el expediente, tal como se había pedido varias veces la indagatoria del General Milani, pero fue recusado por su defensa, le retiraron el expediente y, al mismo tiempo, nos enteramos de que Milani denunció penalmente a nuestras abogadas por supuesta intimidación a un testigo", relató Graciela Ledo, hermana de Alberto Agapito, quien desapareció en 1976 mientras realizaba el servicio militar. En mayo de ese año había sido enviado en comisión desde La Rioja a Tucumán. En ese marco se produjo su desaparición. La única respuesta que recibió su familia fue que el joven había desertado. Uno de sus superiores en ese momento era César Milani. "Esto tiene que ver con una escalada de amedrentamientos y amenazas en la que las víctimas pasamos a ser victimarios; acá él usa y abusa de su fuerza y su poder, y pretende amedrentar a nuestras abogadas para que se retiren de la causa y nos dejen solas", aseveró Ledo. Respecto a sus letradas, María Elisa y Viviana Reynoso, Ledo las definió como muy valientes: "ésta es la segunda embestida que sufre María Elisa, porque la primera fue cuando la dejaron fuera de la AFSCA (en abril de este año fue cesanteada en la delegación local del organismo que rige la radiodifusión), ella coordinaba la delegación de La Rioja, o sea que esta sería la segunda intimidación que sufre y nosotros hemos sufrido amenazas telefónicas el año pasado, en diciembre, o sea que no sabemos cuál va a ser la próxima, pero no van a poder, porque yo creo que gran parte de la sociedad nos acompaña, y acompaña nuestros reclamos y la gente de bien va a estar con nosotros". "Nosotros sabemos que a quien estamos enfrentando es la persona quizá con más poder de la Argentina por su condición de jefe del Ejército y jefe de los servicios de inteligencia", aseguró Ledo en relación a César Milani. Quedarse solas Ledo además reconoció que la designación de César Milani y las denuncias en su contra es uno de los hechos que ha generado un quiebre profundo en los organismos de derechos humanos: "tanto es así que a mi madre, su sector de Madres de Plaza de Mayo al que perteneció durante más de treinta años, la dejó sola. Ella pertenecía a la línea de Hebe de Bonafini. Pero mi madre no ha terminado con su lucha aunque tenga 84 años". Dos madres Graciela Ledo habló con Oral y Público desde la Plaza 25 de Mayo de la ciudad de La Rioja, al finalizar la marcha que todas las semanas se realiza allí: "todos los jueves marchamos a las 21 porque acá la siesta es muy peligrosa por el sol y el calor -contó-. Son dos madres las que marchan, la señora Luisa de Toledo, que tiene 89 años, y mi mamá (Marcela Brizuela de Ledo), que tiene 84. Despacito dan una vuelta alrededor de la plaza. Con la compañía de amigos y del grupo de apoyo de Madres que siempre estamos juntos, dándonos fuerza, y Alfredo Olivera que es otra de las víctimas que tiene acá varias denuncias, una desde el año 1979. Y las otras dos desde el año '84. En una denuncia el secuestro y tortura de su padre, y en otra su detención ilegal por parte de Milani". Las causas que Graciela Ledo menciona están asentadas en La Rioja pero no tienen fiscal. En total, Milani acumula cuatro causas que están inmóviles, al igual que la que se encuentra en Tucumán y en la que se investiga la desaparición de Alberto Ledo. En todas ellas, apenas se avanza un paso aparecen presentaciones de distinta índole de parte de los abogados del jefe del Ejército para volver a paralizarlas. Mientras las dos Madres caminan, la Justicia se queda quieta.

Durante veinte días, el Concejo Municipal de Capitán Bermúdez evitó decir una sola palabra acerca del asesinato de Any Rivero, la estudiante de 18 años asesinada en la puerta de un boliche. Fue necesaria la movilización al Concejo Municipal de sus familiares y amigos para que debatiera, finalmente, una declaración política a propuesta del Partido Obrero. La declaración reclama "que se remueva del cargo al jefe de policía responsable del accionar de la fuerza policial en la localidad la noche del crimen de Any". El texto lo imputa también como "responsable de las provocaciones y represión policial en la marcha multitudinaria del lunes siguiente al asesinato de la joven, en reclamo de justicia". Los protagonistas de la pueblada en Bermúdez, del lunes 3; la movilización del jueves siguiente, así como del resto de las marchas que se vienen desarrollando en estos 22 días, para exigir justicia por Analía, denunciaron hasta el hartazgo la responsabilidad de la policía, el libre accionar de las bandas, el delito organizado y la mirada cómplice del poder político. Sin embargo, en un acontecimiento inusual en la vida parlamentaria, la declaración fue aprobada por el único voto del PO, ante la abstención del resto de los bloques del Concejo Municipal, tanto del oficialista Frente Progresista, como por parte del PJ. La abstención fue un claro acompañamiento del "cuidado a la policía"; no pudieron votar en contra debido a la presión de familiares y amigos de Any -una intención que el FP había expresado en la reunión de comisión y que luego acompañó el pejotismo municipal. La declaración política pone nombre y apellido a los responsables y/o cómplices del asesinato de la estudiante. Con esta votación, queda de manifiesto que el Frente Progresista, como el PJ (tanto kirchneristas, como del viejo peronismo santafesino), defienden el entramado del gran delito organizado que opera en Santa Fe. No hace falta ir a Ferguson (Estados Unidos) para encontrar un poder responsable de la impunidad de las fuerzas policiales. Ninguno de estos dos bloques ha hecho nada contra el lavado de dinero, la trata de personas, el tráfico sin control de los puertos cerealeros del departamento de San Lorenzo. La mayoría de los policías denunciados siguen en sus funciones. El próximo domingo 7 de diciembre se desarrollará un gran festival de protesta contra la impunidad y la exigencia de Justicia por Analía y por todos los jóvenes que mueren impunemente en nuestra provincia. Por la organización de los jóvenes y vecinos bermudences contra la impunidad. Cárcel al asesino de Analía. Juicio y castigo a todos los responsables en el momento del crimen.

La desintegración del Frente Progresista UCR-PS se manifiesta en otras candidaturas. La candidatura del periodista Del Frade ha coagulado a varias agrupaciones que provienen del centroizquierdismo y del filokirchnerismo. Del Frade adquirió renombre por su actividad profesional y, en el último tiempo, por sus denuncias de la narcopolítica. Aunque en un discurso mencionó de paso al Frente de Izquierda, evitó el contacto y el debate con nuestro agrupamiento. El carácter confusionista de este frente queda en evidencia por el hecho de que la izquierda democratizante se cuelga de una figura conocida para rascar una candidatura, en lugar de construir sobre la base de una clarificación política. El frente de Del Frade comparte con las candidaturas tradicionales la falta completa de programa. Su falta de participación en las luchas obreras que recorren la provincia equivale a un programa de hecho. El frente izquierdizante no tiene la menor intención de presentarse como una expresión política del movimiento obrero combativo.

Las elecciones provinciales de abril próximo marcan el pulso de la situación política en Santa Fe. Por estas horas, la pregunta del millón es si el Frente Progresista podrá retener la gobernación, cuando la crisis en Santa Fe no da tregua y el oficialismo afronta la desintegración misma del progresismo en todo el país. El narcotráfico, los asesinatos impunes, la descomposición policial, demuestran que afrontamos una crisis de Estado. Los grandes grupos económicos que dominan la provincia operan a partir de los puertos privados, que no sólo facilitan una evasión impositiva millonaria, sino que además son el medio por donde opera el narcotráfico, que luego lava sus capitales en el sistema financiero. Las bandas criminales que actúan en las barriadas pobres son el último eslabón de un negocio clave del capitalismo en decadencia. El Frente Progresista se ha empeñado en sostener esta privatización de los puertos heredada del menemismo. La crisis del narcolavado agudiza la explosiva situación que enfrentan los trabajadores. Sólo en Rosario se calculan cien villas miseria. La especulación inmobiliaria (una de las formas del lavado de dinero) deja sin posibilidad de vivienda a miles de trabajadores, mientras proliferan las torres de lujo vacías. Los cordones industriales y la grandes cerealeras se sostienen con miles de trabajadores tercerizados. Las muertes obreras y los accidentes laborales son una constante. El gobierno provincial ha dejado correr los cierres de fábricas, los despidos y las suspensiones. El agotamiento del progresismo El Frente Progresista está en disgregación. La UCR chantajea al PS con que si no le cede la candidatura a gobernador hará una alianza con el PRO. Pero aunque este frente termine no conformándose una parte de la UCR puede concretarlo de todos modos, dividiendo al radicalismo. Esta división podría replicarse en el PS, ya que el sector de Giustiniani debate una alianza con Barletta de la UCR. El PJ provincial, partido en incontables pedazos, pretende una "unidad" ensamblando reutemistas, massistas, obeidistas, sciolistas y kirchneristas, que le den alguna chance electoral. La travesía kirchnerista contra el viejo PJ de derecha de la provincia, quedará para otra vida. El PRO, que lleva la candidatura de Del Sel, es el que aparece con posibilidades de arrebatarle la provincia al Frente Progresista. Para ello, se nutren tanto de la crisis del PJ, y sus sectores de derecha, como de los radicales de derecha, que no quieren más un frente con el PS en el cual son segundo violín. Para hacer frente a esta disgregación los partidos están discutiendo en la Legislatura una reforma política proscriptiva. Cada lista deberá sacar, en cada categoría, el 1,5% del padrón para pasar las primarias, en un intento claro por proscribir a la izquierda. Pero al mismo tiempo, cada lista interna deberá alcanzar ese 1,5% del padrón para participar del reparto de los cargos con el sistema D'Hondt, con el que se arma la lista que compite en la elección general. Un intento del oficialismo, el PJ y el PRO, por reducir sus listas internas y disciplinar sus camarillas frente a la crisis en la que se encuentran. Vamos con el Frente de Izquierda El Partido Obrero se lanza al ruedo político con vistas a las elecciones. Durante diciembre, llevaremos adelante la primera ronda de asambleas en distintos municipios, donde debatiremos programas y plataformas. Al igual que con el Congreso en el Luna Park, defendemos el método político de que los trabajadores se sumen a participar de esta batalla central que se aproxima, y que con su propia experiencia nutran un programa obrero para Santa Fe. El Frente de Izquierda es el canal político para enfrentar la crisis por el narcotráfico, para enfrentar los despidos y suspensiones, para colocar la agenda de las grandes reivindicaciones de los santafesinos. Una consigna central que lanzaremos será "la estatización de los puertos" para terminar con el gran tráfico ilegal, y también como una vía para establecer el monopolio de un comercio exterior que hoy manejan a discreción un puñado de monopolios internacionales. Para luchar contra los asesinatos impunes y el juicio y castigo a los culpables de los crímenes contra el pueblo. Contra la depredación laboral y ambiental en los cordones industriales. Por comités obreros contra los accidentes laborales y el pase a planta permanente de todos los trabajadores tercerizados. Son algunos de los puntos que abordaremos junto a los trabajadores. Dos mandatos de “progresismo” concluyen con la posibilidad de que suba la derecha. Vamos con el Frente de Izquierda y manos a la obra.

El viernes 7 de noviembre finalizaron los comicios del Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de General Sarmiento (Ceungs), donde el Frente de Estudiantes de Izquierda (FEI) -copresidido por el Partido Obrero junto al PTS e IS, y que integra al MAS y La Martí- se alzó con el 44,5%, mientras el frente Funyp (La Cámpora, Movimiento Evita y otras agrupaciones kirchneristas), el cual condujo el Ceungs dos años, retrocedió 13 puntos hasta el 36,2%. El frente Alud (Mecha, PS e independientes) se ubicó por debajo con un 15,3% y la JUP tuvo un 2,9%. La UNGS ostenta un rectorado ‘Carta Abierta’ (antes Rinesi, hoy Diker) que avaló un aumento de al menos un 60% en las fotocopias y el recorte del presupuesto para los concurridos viajes de estudio, mientras se abolió el boleto estudiantil que otorgaba la Línea 440, lo que afectó a la enorme mayoría de estudiantes. Por otro lado, prima la precarización docente y la deserción educativa -del curso de ingreso sólo quedan la mitad de estudiantes. Frente a esto, el centro de estudiantes dejó pasar todos los atropellos a los estudiantes sin convocar una sola asamblea para pelear contra el ajuste. La UJS impulsó la conformación de un gran frente de estudiantes de izquierda e independientes, y sobre ese planteo militó una encuesta en la que 500 estudiantes se pronunciaron sobre los problemas de la carrera y el rol (o la falta del mismo) del centro de estudiantes. Esta iniciativa sirvió para sumar nuevos compañeros a la conformación de un programa para impulsar un frente de recuperación. Propusimos una mesa representativa del frente para que todas las agrupaciones tengan representación en la comisión directiva. Se abre una nueva etapa en la UNGS, signada por una gestión ajustadora y un centro de izquierda. Es preciso que el Ceungs asuma la enorme responsabilidad política de desenvolver un vasto movimiento estudiantil que pelee por un programa concreto: boleto educativo, becas sin restricciones, fotocopiadora bajo gestión estudiantil, comités de carreras resolutivos, fin de la precarización y democratización de la universidad. Este movimiento estudiantil debe estar íntimamente ligado a las enormes luchas y batallas políticas de la clase obrera en la zona más proletaria del país, ampliando ese activismo estudiantil que participó durante todo el año de ellas. Vamos por un CEUNGS de lucha e independiente que sea una referencia política para el conjunto de la juventud de la zona. En este punto, hemos desenvuelto una intensa campaña en repudio a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa e impulsamos esta semana el curso “Nacionalismo y socialismo en Latinoamérica. La estrategia de la izquierda revolucionaria” en franca polémica con la concepción oficial nacionalista en la universidad y la mayoría de las cátedras.

Este año se ha dado a conocer el cuarto relevamiento de empresas recuperadas elaborado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, que abarca el período 2010-2013 y se concentra en las nuevas empresas que se han sumado en esta etapa. Uno de los datos más elocuentes del informe es la precariedad legal en que se encuentran las nuevas empresas autogestionadas por sus trabajadores, que se ha agravado con respecto al período anterior. La reforma de la ley de quiebras, sancionada en 2010, publicitada por el gobierno K como la gran herramienta para revertir esta situación, se ha revelado como un gran fiasco. Apenas un 20 por ciento de las fábricas en manos de los trabajadores lograron continuar su actividad a partir de "autorizaciones para operar dadas por los jueces" en el marco de la nueva legislación. La nueva ley sirvió, en cambio, como pretexto para desalentar las expropiaciones, que apenas representaron un escaso 16 por ciento. La política oficial apuntó a desviar la presión obrera y popular sobre las legislaturas y el poder político, y derivarla al ámbito judicial, donde los compañeros terminan atrapados en una frondosa telaraña, sometidos al arbitrio del juez y a merced de los acreedores. Por otro lado, el relevamiento da cuenta de la falta de apoyo económico del Estado. Apenas un 40 por ciento recibió algún tipo de auxilio. Esta es una de las razones que explicaría el descenso abrupto en la incorporación de maquinarias, comparada con relevamientos anteriores. Las gestiones obreras, sin capital de trabajo, deben enfrentar la competencia capitalista. Este último ha pasado a ser el principal obstáculo, lo que es lógico en momentos en que hemos ingresado en una etapa severa de recesión. El Estado compra apenas el 13 por ciento de lo que facturan las recuperadas. El intercambio entre las propias empresas recuperadas asciende apenas a un 11 por ciento. Salarios "Los retiros de las nuevas recuperadas ascienden a 3.823 pesos". Se trata de datos de 2013, a esto habría que agregar los reajustes de este año. Pero aun así, estamos frente a ingresos de indigencia. La mayoría está muy por debajo de ese piso de convenio. Lejos de exhibir un escenario idílico y mitificar el trabajo autogestionado, el mismo es una de las variantes del trabajo precario y desvalorizado al que se ve sometida la clase obrera bajo el capitalismo. Las "fábricas sin patrones" siguen sometidas a la explotación capitalista, aunque el capital ya no esté presente en forma visible en el lugar de trabajo y la producción sea coordinada por los trabajadores. El relevamiento es también elocuente respecto a la jubilación y a la cobertura de salud. "El monotributo implica una pérdida de derechos con respecto al resto de los trabajadores asalariados, ya que no brinda las mismas coberturas". Por otra parte, las cooperativas de trabajo no están contempladas en la ley de Riesgos del Trabajo. La única opción que tienen es recurrir a la contratación de algún tipo de seguro contra accidentes personales. "Esta clase de seguros implica costos más elevados y menos beneficios para la unidad productiva que los que ofrece una ART". Conclusión El relevamiento es concluyente. Sin embargo, quienes están a su cargo hacen una exaltación y hasta una mistificación de la autogestión, que no se corresponden para nada con la realidad. Es una obligación defender la entrega de las empresas vaciadas a cooperativas independientes nacidas de la lucha, pero no con un programa encubridor de las penurias a las que se ven sometidas, sino con un programa que defienda los derechos laborales preexistentes de los cooperativistas: ninguna indemnización para los vaciadores; apoyo financiero real de parte del poder público a las cooperativas; estatización bajo control y gestión obrera. En definitiva, un programa socialista, no un programa de autogestión.

La movilización por el casco céntrico contó con varias cuadras de gente de todas las edades. Los cánticos, carteles y banderas repudiaban el proyecto aprobado en la Legislatura chubutense, mientras los comerciantes y transeúntes aplaudían el paso de la marcha. Chubut está movilizada contra la megaminería desde 2002 y, por ello, las organizaciones nucleadas en la Unión de Asambleas Ciudadanas de Chubut, elaboraron, mediante el mecanismo de la Iniciativa Popular, un proyecto de ley para prohibir la actividad minera metalífera y de radioactivos en todas sus etapas y formas. El 25 de noviembre, cuando se vencía el plazo para su tratamiento, se aprobó otro proyecto con el voto de quince diputados del FpV -mayoría- y del PJ, que altera el contenido y el espíritu del proyecto presentado por Iniciativa Popular con el respaldo de 13.007 firmas de ciudadanos de toda la provincia. El proyecto aprobado habilita la megaminería. Si bien suspende la explotación durante cuatro meses, faculta al gobernador a llamar a plebiscito vinculante sólo en las zonas donde se hará minería (llamadas "zonas de sacrificio"). "Es como si se hubiese presentado un proyecto de ley contra la trata de personas y los diputados hubiesen cambiado el texto habilitando los prostíbulos", denunció Fernanda Rojas, de la Asamblea de Vecinos de Esquel. La orden, viralizada La fotografía del celular del diputado del PJ Gustavo Muñiz en plena sesión fue rápidamente viralizada en las redes sociales y medios de comunicación como un testimonio del escandaloso apriete minero. La fotografía muestra un mensaje de Gastón Berardi, gerente de Yamana Gold, preguntando: "¿Podrá corregirse un término del artículo 4? Debería decir, abarcando la región o...". Muñiz tranquiliza al lobista: "después el Ejecutivo lo arregla". No a la megaminería El gobierno impulsa la minería de plata, plomo y uranio en la meseta (localidades de Gan Gan, Gastre, Paso de Indios). Una zona de pequeños pueblos, donde las empresas mineras ya están presentes desde hace una década con programas de "responsabilidad social empresaria" (proveen insumos a las escuelas y postas sanitarias, entregan materiales y alimentos). Las cuencas de los principales ríos como el Senguer o el río Chubut, desde donde toman agua potable las principales ciudades, atraviesan la provincia desde la cordillera hacia el mar. "La explotación minera en la meseta puede contaminar toda la provincia. Tenemos que votar todos los chubutenses, pero los diputados desprecian la democracia directa, saben que Chubut no quiere megaminería", explicó Rojas. Desde el Partido Obrero hacemos nuestra la consigna de decenas de Asambleas Ambientales de la Patagonia: "Del mar a la cordillera... Fuera las mineras".

En la mayor sala de audiencias, con 150 delegados y trabajadores de la construcción del Sitraic y delegaciones de la Coordinadora Sindical Clasista, presentamos el proyecto de jubilación a los 50 años, elaborado en común con los compañeros. Con la firma inicial de cinco diputados, arrancamos la lucha política por esta enorme reivindicación. Hubo delegados disidentes de la Uocra. La presentación impactó en los medios de la zona sur donde es fuerte el Sitraic. Daniela Herrero replicó a sus 40 mil seguidores el tuit donde "linkeamos" la audiencia. Con la ley Kirchner-Gerardo Martínez, el trabajador de la construcción no se jubila nunca. Es a los 55 años, pero requiere 300 meses de aportes que nadie reúne. Además, desde los 45 años es muy difícil entrar en una obra por el desgaste físico. Luego, el promedio de edad no tiene nada que ver con el promedio nacional, el trabajador de la construcción vive poco jubilado. La ley del ex agente de inteligencia fue la parte "progre" del pacto de sangre entre el cristinismo y esta burocracia. En el canje entró la reforma reaccionaria de accidentes de trabajo, la vista gorda del trabajo en negro, los salarios de hambre, la cobertura en la causa por ex agente del Batallón 601, la impunidad de las patotas, las paritarias a la baja para todo el movimiento obrero y el derrumbe de las obras sociales, incluida la derrumbada obra social de los albañiles. El proyecto presentado es revolucionario. Computa un año de aportes con seis meses trabajados, continuos o alternos. Esto es decisivo, porque el trabajador de la construcción termina una obra y no sabe cuándo empieza otra. Muy a menudo, los compañeros atraviesan largos períodos changueando en negro hasta tener otra obra en blanco. Buena parte de quienes se avienen a las moratorias previsionales son obreros de la construcción que empiezan así a pagar su propia jubilación, cobrando una miseria. La actual ley de jubilación en la construcción es parte de la destrucción del sistema por el que progresivamente pasamos de una jubilación a una pensión asistencial para la tercera edad. El kirchnerismo y toda la burguesía opositora, cínicamente, se oponen a este tipo de mejoras aduciendo que quebraría la Anses. Nuestra ley prevé un aporte patronal adicional, que es el 1% de la facturación de cada obra, algo que encuentra antecedentes en la derogada ley de financiamiento de la Obra Social Bancaria con un porcentaje de los débitos bancarios. Esto, no obstante la necesidad de terminar con el trabajo en negro, la evasión patronal y la reposición de los aportes patronales que rebajó el menemismo. Todo esto permitiría devolver el 82% móvil también para el obrero de la construcción. Nuestra ley es parte de la lucha estratégica del Partido Obrero y el Frente de Izquierda por la recuperación del sistema jubilatorio.

La campaña por votar en "segunda vuelta" al proyecto por las seis horas de jornada en enfermería ha cobrado fuerza en estos días. La votación, que se ha extendido hasta el miércoles 10 de diciembre, crece en los hospitales y centros de formación de enfermeros. La UJS y el Partido Obrero de la Ciudad han dispuesto mesas en las puertas de los nosocomios, incluso con netbooks, explicando y colaborando con trabajadores de la salud y pacientes para superar los obstáculos de una votación engorrosa (ver recuadro "cómo votar"). En el Alvarez, el interés despertado por la mesa de votación habilitó a una reunión posterior con diez enfermeros, en el propio hospital. En el Tornú, las compañeras y compañeros delegados de ATE instalaron un verdadero ‘centro de votación', donde los enfermeros son convocados a sufragar. La recepción fue impresionante en la escuela de enfermería Cecilia Grierson, donde los estudiantes hicieron cola para poder sumar su voto en una computadora instalada con ese fin. Nos hemos servido de la votación para reforzar el movimiento de lucha por las seis horas, que ha cobrado fuerza a partir de la presentación del proyecto de nuestra banca. En los próximos días, están previstos mesazos en numerosos hospitales. El viernes 5 coparemos el centro porteño, con una gran jornada de propaganda del proyecto y recolección de votos. Varios medios radiales de la Ciudad nos han entrevistado y se han sumado abiertamente a la campaña por las seis horas. Se inició el tratamiento del proyecto Mientras tanto, este lunes 1º comenzó el tratamiento del proyecto entre los asesores de la comisión de Salud. Acompañados por enfermeras de varios hospitales, Jorge Pachamé y Luis Trombetta, asesores de salud de la banca del Frente de Izquierda, expusieron los fundamentos del proyecto. Varias compañeras apuntalaron después su intervención. En próximas reuniones, expondremos sobre todos los aspectos de esta reivindicación: las condiciones laborales del trabajador de la salud, la necesidad de terminar con las horas adicionales (módulos), el plan de incorporación de nuevos enfermeros al hospital público. La votación por las seis horas ha interesado también a los centros de estudiantes de Medicina y enfermería, y a agrupaciones gremiales combativas de la Ciudad. Es muy claro que el proyecto apunta a la médula de las principales reivindicaciones obreras, más allá de la salud: es un golpe a la precarización y flexibilidad laboral, expresada en este caso en las jornadas laborales extendidas. Aborda la cuestión del salario, cuando relacionamos la jornada reducida con un salario que asegure el costo de la canasta familiar; y conduce a la creación de miles de puestos de trabajo en el hospital público, resultantes de la incorporación de enfermeros como consecuencia de la jornada reducida. La plataforma virtual donde se debate y vota el proyecto -demos.legislatura.gov.ar- ha recogido centenares de saludos y opiniones sobre la iniciativa, y también propuestas para mejorarla. En esta semana de votación, reforzaremos todas las iniciativas para profundizar el pronunciamiento. El 10 de diciembre, en el salón Jauretche de la Legislatura, convocamos a una asamblea de enfermeros de la Ciudad. Allí, anunciaremos los resultados de la compulsa, haremos un balance de lo conquistado y resolveremos los nuevos pasos de la campaña por las seis horas.

Cuando todavía no se ha definido la fecha de las elecciones para jefe de Gobierno en la Ciudad de Buenos Aires, los precandidatos del macrismo son amplios favoritos para imponerse en las mismas. La senadora Gabriela Michetti, con holgura, y el jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con menos margen, marchan al frente en cualquier escenario. No es el caso del otro senador del PRO, Diego Santilli, quien sería aventajado por el diputado de Suma + Unen. Así lo establece una encuesta telefónica realizada por Ricardo Rouvier & Asociados entre 600 casos, que establece tres escenarios. En el primero, pone a consideración el nombre de Horacio Rodríguez Larreta, quien acumula un 32,7%, más de cinco puntos por sobre Martín Lousteau (27). El tercer lugar corresponde al legislador porteño Jorge Taiana (13,4%) y cuarto el candidato eterno del PO, Jorge Altamira (10,3%). La intención de voto para el segundo escenario favorece ampliamente a Gabriela Michetti, quien por un 41% se impondría por sobre Martín Lousteau (25,3%), completando el podio la diputada porteña Gabriela Cerruti (11,2%). Cuarto aparece Jorge Altamira (9,1). Una tercera alternativa propone a Diego Santilli. Menos instalado en la consideración pública, el senador macrista obtendría un 15,6% y perdería ante el ex ministro Martín Lousteau, que se alzaría con un 36,9%. En tercer lugar aparece el secretario de Seguridad nacional, Sergio Berni, con 15,4%, y cerca Jorge Altamira, con 12,1%. Lousteau asoma también como un candidato de la oposición local al macrismo con posibilidades competitivas, pero su problema reside en la situación de incertidumbre respecto del futuro de la alianza Frente Amplio Unen y la repercusión en sus propios candidatos. El Frente para la Victoria se ubica en tercera posición, y dependiendo de quién sea el candidato es mayor o menor el caudal electoral prometido. En otros trabajos elaborados por Rouvier, Daniel Filmus se advierte como el dirigente del kirchnerismo de mejor posicionamiento, mientras que para el caso de que no repita su postulación, Taiana es el mejor posicionado. 27 de octubre de 2014

El llamamiento de Patria Grande a la unidad de la izquierda convoca a los sectores kirchneristas que apoyan la candidatura de Taiana -el cual es un sublema de Scioli. Este sector K no se atrevió, por ‘razones’ obvias, ni a cuestionar las dietas monumentales que se pagan en la Legislatura de la Ciudad. Patria Grande transfiere, sin beneficio de inventario, el método estudiantilista de La Mella a la política nacional. Poner en la agenda un debate de programas resulta -a la vista de esto- un acto de ingenuidad. Todo lo que se ha dicho del kirchnerismo de Patria Grande no es ficción. Taiana, la semana pasada, imaginó un baño de izquierdismo al proponer que los impuestos que se cobren por Vaca Muerta vayan a educación. En lugar del retrato de Sarmiento, las aulas empezarían a ostentar al directorio de Chevron.

Al MST no le gustó que le reclamáramos un planteo político a su propuesta de un frente de izquierda. Sus dirigentes están abroquelados en unas Paso de la izquierda que sustituyan una clarificación política. Estamos ante lo más parecido al 'trepadismo', donde la unidad de la izquierda encubre la codicia por una banca parlamentaria. Una unidad de esas características sería políticamente suicida. Pondría a la izquierda en el mismo plano de corruptela política que el de los partidos del sistema. El MST ni siquiera recuerda que hace un año hubo elecciones nacionales que hicieron, al mismo tiempo, de interna de la izquierda, con los resultados por todos conocidos. Los porotos ya fueron contados; ¿no se necesitarían algunas ideas? ¿O vamos a ir a elecciones con el reclamo de que se rebajen las retenciones a la exportación al capital agrario? Contra lo que indica el sentido común de los oportunistas, la unidad no requiere identificar los acuerdos sino las diferencias. Esto es más necesario aún cuando se reclaman internas, porque ¿de qué modo podrían los trabajadores seleccionar en una interna si desconocen las diferencias que separan a las fuerzas en presencia? Es necesario determinar si las diferencias son compatibles o no con un frente. Si son compatibles en la lucha por un objetivo común o enemigos comunes, dejar esas diferencias en claro clarifica la estrategia frentista. El MST rehúye explicitar sus posiciones, porque ya ha tenido tantas que ni él mismo sabe cuál es su programa. Este intríngulis lo debe resolver el MST, no podemos resolverlo nosotros. En las generales de hace un año, los unitarios del MST dieron 'libertad de voto', no llamaron a votar al Frente de Izquierda -o sea que deseaban que el Frente perdiera. Estas deslealtades son la consecuencia de un método desleal, que es negarse a discutir de política. Las Paso ya tuvieron lugar en octubre de 2013, ahora hay que discutir programas y la posibilidad de acuerdos. Las Paso son una corruptela política; nuestro partido las denuncia no solamente frente al MST -como todo el mundo sabe. Para el MST, somos "sectarios". Es absolutamente cierto, reivindicamos el lado progresivo del sectarismo, que es desenmascarar la falta de principios. ¿O acaso está bien armar un frente sin debatir un programa? El MST insiste en un método que los ha llevado de crisis en crisis. Después de todo, el método de alianzas sin debates ni clarificaciones le ha sido útil para irse detrás de la Sociedad Rural o para diluirse detrás del centroizquierdismo de Pino Solanas, e incluso para integrar la lista de Juez en Córdoba, que estaba encabezada por un empresario de Fiat. En estas ocasiones también nos acusaban de "sectarios" por nuestro rechazo a tales manoseos. Pero ese "sectarismo" no era otra cosa que la defensa de una política obrera y socialista. Sobre esta base se desarrolló el Frente de Izquierda, y creció en influencia y en votación. El MST, sin embargo, luego de no haber pasado las Paso, aplicó la política "sectaria" de sabotear a los candidatos del Frente de Izquierda. Votaron por Pino Solanas, no por el Frente de Izquierda. El MST no quiere, obviamente, ningún frente de izquierda, porque no es éste el cuadro de su desarrollo. Tira propuestas al voleo para juntarse con alguna fuerza tan confundida como él mismo.

El Frente para la Victoria Santacruceña (FVS) presentó un proyecto en la Legislatura para extender la ley de lemas a los cargos de gobernador y diputados por distrito. En trámite exprés pretenden aprobarlo el 11 de diciembre. El kirchnerismo, como siempre hizo en su provincia de origen, intenta volver a acomodar el régimen electoral a su medida (en los diez primeros años de gobiernos K en Santa Cruz, el régimen político-electoral fue modificado cinco veces, incluyendo dos reformas a la Constitución y tres reformas al sistema electoral). Desde 2001 no lo habían vuelto a modificar, pero la crisis entre el PJ de Peralta y el FVS (que también es, en gran parte, el PJ, pero incluye otros sellos como Kolina y el Partido de la Victoria) los ha llevado a la derrota electoral en 2013 y al riesgo muy concreto de perder la gobernación en 2015. El intento apunta a que las huestes de Peralta y Cristina Kirchner sumen sus votos para retener el gobierno provincial y, de paso, tratar de impedir que una investigación los lleve presos en la provincia donde se han cocinado las principales fortunas de la camarilla gobernante. Peralta había planteado, hace un año, la derogación de la ley de lemas y también la anulación de la reelección indefinida para gobernador (impuesta por Néstor Kirchner en 1998). Llegó a firmar con varios partidos políticos un proyecto de derogación que duerme en la Cámara de Diputados. En aquella etapa demagógica, propuso que la anulación de la ley de lemas se llevara a una consulta popular que la Justicia K no autorizó a realizar junto a las elecciones de octubre de 2013. Ahora a la maniobra del bloque legislativo del FVS, que tiene los dos tercios de la Cámara, Peralta ha contestado que promulgará la reforma, sumándose a la trampa electoral de los K, haciendo loas hacia la ley de lemas. La proximidad del precipicio lleva a extremos inconcebibles la caradurez de los gobernantes. El Partido Obrero presentó en la Legislatura su propio proyecto de derogación de la ley de lemas, denunciando este nuevo pacto podrido del FVS con Peralta y ha llamado a movilizarse en las calles el 11 de diciembre, cuando intentarán aprobar la reforma. La preservación del poder K en Santa Cruz es el camino seguro para el ajuste y para la reforma jubilatoria antiobrera, la que está pendiente desde que la movilización popular la derrotara en diciembre de 2011, haciendo estallar la crisis entre el PJ y el FVS que tiñó la política santacruceña del último trienio. El intento de preservar el poder de la camarilla K y sus aliados ha desatado gran inquietud en los gremios de la CTA -especialmente en la Adosac. En estos días, hay congresos sindicales a los que llevaremos la propuesta de que se organice un paro provincial y una gran marcha para el 11, para sumar un planteo democrático vital a la lucha que se está desarrollando contra el ajuste y el congelamiento salarial del segundo semestre. Los radicales simulan estar en contra, pero lo harán sólo hasta que se termine de sancionar y se lancen, entonces, a sumar cuantos sublemas puedan hasta terminar de embarrar la cancha con 200 boletas distintas en el cuarto oscuro. A los efectos de terminar de desenmascarar a Peralta, a Costa y sus aliados, vamos a lanzar la consigna "Que el pueblo decida en una consulta popular". Fuera la ley de lemas. Consulta popular. Paro y movilización el 11 de diciembre.

La GSEE y la Adedy, principales centrales de trabajadores griegas, pararon el 27 de noviembre en repudio a la visita de los inspectores de la Troika (Comisión Europea, Banco Central Europeo y Fondo Monetario Internacional) para planificar un nuevo plan de recorte. El éxito de la medida en el transporte fortaleció la huelga: adhirieron choferes y el metro de Atenas, portuarios, aeronáuticos y controladores aéreos. En Tesalónica, segunda ciudad griega, se paralizó el transporte público y se movilizaron los trabajadores de la metalúrgica bajo gestión obrera Viome. A su vez, una gran manifestación desde el mediodía en Syntagma, plaza principal de la capital, congregó más de 25 mil personas bajo consignas como "basta de ajuste", "basta de UE y FMI, cancelación de la deuda". El paro en el sector público volvió a ser contundente, destacándose en las reparticiones estatales, la docencia, trabajadores del Teatro Nacional y correos. Los trabajadores de medios pararon un día antes, el 26, para poder cubrir la huelga. La segunda huelga del año, cuya participación -según los organizadores- fue "hasta un 20% mayor que en la anterior convocatoria", estuvo precedida por una ola de ocupaciones estudiantiles de colegios y facultades contra los planes privatistas de la educación, que sumó a trabajadores docentes y no docentes, y que tuvo su pico en una marcha de más de 40 mil personas el 17 de noviembre, en coincidencia con el aniversario que conmemora el levantamiento contra la dictadura de los coroneles. El gobierno griego anunció hoy la posibilidad de que se prolongue el actual programa de rescate, un posible intento de darse un respiro en las complicadas negociaciones que mantiene con la Troika y que incluyen temas muy sensibles. El éxito de la huelga nacional constituye un aliento para el conjunto de los explotados griegos y crea condiciones más favorables para enfrentar el nuevo paquete que se prepara. La Troika insiste en la necesidad de realizar nuevos ajustes para salvar el agujero detectado en los presupuestos de 2015. Entre estas demandas figuran el despido de 5.500 funcionarios, la reforma de la legislación laboral que permita el despido libre o una nueva reducción de las pensiones. Se prevé que, de cara a 2015, Grecia cuente con un nuevo "rescate" en forma de línea de crédito preventivo o reforzado, pero que irá de la mano de mayor austeridad.

Carmen Martínez Ayuso vive en el número 10 de la calle Sierra de Palomeras, en el barrio madrileño de Vallecas. Tiene 85 años. No sabe leer ni escribir. Fue ama de casa toda su vida y ganaba su plata limpiando otras. En 2010, su hijo Luis Jiménez Martínez puso la casa como garantía para un préstamo de 40.000 euros que, en medio de la crisis, ya no pudo pagar. A fines de noviembre, la policía irrumpió en su hogar para desahuciarla. Las imágenes captaron el momento: en su rostro -cansado, donde alguna vez hubo luz- hay tristeza, desgarro. Sobre todo desgarro. Carmen se agarra a la pared. Cierra los ojos. Llora. Su gesto es el trágico símbolo de los miles de desahuciados en España. La mujer tuvo que abandonar la vivienda, en la que había vivido durante cinco décadas. Los números lo dimensionan: unas 480.000 familias se han quedado sin casa, en toda España, desde 2008. Son 218 por día (La Nación, 26/11). El caso conmovió a Vallecas, barrio humilde y obrero, ese lugar que fue uno de los más castigados por los bombardeos que ordenó Franco en plena Guerra Civil. En su ADN hay dolor y hay lucha. "Nosotros no nos vamos a quedar parados, vamos a ayudar a esa señora. No sólo yo, sino el cuerpo técnico, los jugadores. Dentro de nuestras posibilidades vamos a ayudarle y a echarle una mano para que encuentre un sitio para que pueda vivir dignamente y no se sienta sola". Las palabras son de Paco Jémez, el entrenador del Rayo Vallecano. El club, el más pobre de la Liga de las Estrellas de España, se comprometió a pagar la vivienda de la anciana durante el resto de su vida. Las banderas, tras el gesto de solidaridad, coparon las tribunas del Rayo Vallecano, fundado en 1924. Se leían frases como "Carmen se queda", "el rayismo contra los desahucios", "orgullosos de ustedes". Uno más: "Los desahucios de un Estado enfermo, la solidaridad de un barrio obrero". "Tienen el orgullo barrial de un enclave humilde, castigado y reivindicativo. Es una gente que ha pasado de todo. Nos meten 6-0 y no nos hundimos. El barrio es fiel reflejo de lo que ahora es el equipo", resumió el técnico Jémez sobre los hinchas del Vallecano. En su poema "Hora de Estrellas", el poeta Federico García Lorca escribe en un verso: "No conseguirá nunca tu lanza herir el horizonte". Esas palabras se hacen cuerpo en Vallecas, donde la esperanza -la construcción de otra realidad posible- es el horizonte de los campeones.

La segunda vuelta no deparó ninguna sorpresa. Tabaré Vázquez ganó por una diferencia incluso mayor a la que obtuvo Mujica hace cinco años. Previamente al balotaje, dirigentes del Partido Colorado e incluso del Nacional (al que pertenecía la fórmula presidencial opositora) anunciaron que votarían en blanco o incluso al candidato del Frente Amplio. La derecha no avanzó sino que tendió a disgregarse. Los colorados han ingresado en una crisis muy profunda. Los votos en blanco y anulados también crecieron respecto a la elección de 2009: reflejan un incipiente proceso de ruptura por izquierda. Ya el resultado de la primera vuelta había revelado la existencia de más de 60.000 votos (2,5%) que mostraban una tendencia hacia la izquierda. El semanario Búsqueda (de derecha) publicó hace un año una encuesta realizada entre empresarios y ejecutivos, en la cual la inmensa mayoría declaraba su preferencia por Danilo Astori como ministro de Economía. El primer anuncio que realizó Vázquez en junio, tras su triunfo en la "interna" del Frente Amplio, recogió ese mandato. La encuesta revelaba que la mayoría de los capitalistas prefieren un gobierno del Frente Amplio, porque aplica la política del FMI con el apoyo de la dirección de la central sindical. El gran capital exige un ajuste contra los trabajadores, pero el gobierno de frente popular, de colaboración de clases, llevarlo adelante. Vázquez realizó anuncios muy impopulares durante su campaña, como el impulso al llamado voucher educativo (privatización a la chilena), el aumento de la edad de retiro para las jubilaciones o la rebaja del salario (ajustes de acuerdo a la 'productividad' de las empresas). Para llevar adelante este programa, Astori necesita la estrecha colaboración de Mujica -quien ocupará una banca en el Senado. Es que el astorismo sufrió un fuerte retroceso electoral, y la bancada del Frente Amplio estará en manos de un bloque conformado por el MPP (mujiquismo), el sector del vicepresidente Raúl Sendic (cercano al MPP) y el Partido Comunista, los cuales se colocan como 'críticos' del futuro ministro de Economía. Mujica jugará a fondo ese rol de disciplinamiento de su bancada. Recientemente, realizó declaraciones atacando a los funcionarios públicos y en particular a los sindicatos estatales, lo cual indica que la 'reforma estatal' privatizadora está entre sus principales objetivos. Mientras tanto, se producen nuevas expresiones de crisis por izquierda. Algunas decenas de intelectuales, artistas, feministas y militantes independientes publicaron (una semana antes del balotaje) una declaración criticando el extremo sometimiento del Frente Amplio ante los "inversores" extranjeros y proponiendo un "nuevo rumbo". La carta busca abrir una deliberación para generar un reagrupamiento "anticapitalista" -la mayoría de sus firmantes ha roto ya con el FA-, aunque con un programa extremadamente limitado. No plantea una transformación social, sino apenas medidas de reprogramación económica (impuestos a las empresas, eliminación de zonas francas, derogación de la ley de bancarización). Un programa anticapitalista debe comenzar por el no pago de la deuda externa, la nacionalización de la banca, de la tierra y los recursos naturales, la abolición del secreto comercial y bancario, y el control obrero, todo lo cual exige levantar la perspectiva de un gobierno de trabajadores. La Cofe (confederación de sindicatos estatales) emitió por unanimidad una declaración repudiando las declaraciones de Mujica contra los sindicatos. Cofe ataca políticamente al actual presidente, afirmando que su alta popularidad (nacional e internacional) es porque gobierna para la burguesía y por "ser un arrepentido de la guerrilla", "ser un arrepentido de la lucha anticapitalista", "un derrotado por la ideología capitalista", etc. La dureza del pronunciamiento sindical contra el actual presidente es una advertencia dirigida principalmente a Tabaré Vázquez. El presidente electo también recibió sendas advertencias de los sindicatos de maestros y de docentes secundarios, contra los anuncios privatizadores de la educación. La mayoría de estos dirigentes sindicales se mantienen, sin embargo, dentro del Frente Amplio. Aunque en recientes elecciones sindicales en distintos gremios han sido derrotadas las listas oficialistas, no existe aún un proceso de reagrupamiento de carácter sindical y político -de independencia política frente al gobierno y el FA. Los dirigentes del Frente Amplio son extremadamente conscientes que la política que impulsan los lleva a un choque con el movimiento obrero, pero son cada vez más dependientes del capital financiero. La caída de los precios de las materias primas, la perspectiva de un alza de las tasas de interés, el retroceso de la producción industrial, y la creciente crisis en Argentina y Brasil, marcan el inicio de una nueva etapa. Si en la última década el FA pudo otorgar o mantener algunas concesiones, el futuro gobierno necesita ir a un ataque a las conquistas obreras y populares. En este cuadro, impulsamos la construcción de una alternativa obrera y socialista. Para avanzar en esa perspectiva se requiere abrir una deliberación y una acción común de la clase obrera y la izquierda anticapitalista, en primer lugar para dar una respuesta al ajustazo que impulsarán Tabaré Vázquez, Mujica y Astori.

Los preparativos para el Picnic de este año revelan el crecimiento que ha venido registrando nuestro partido durante el último tiempo y el ascenso de la izquierda, en un plano más general, a partir de la enorme cantidad de propuestas que recibimos para incorporar nuevas actividades en materia deportiva, artística, etc. que, inclusive, llegan a exceder la propia capacidad de los Bosques de Palermo. Deportivo La inscripción de equipos de fútbol se encuentra en marcha, destacándose los equipos de lugares de trabajo: talleres, fábricas, dependencias estatales, etc. Otro tanto ocurre con los equipos femeninos, en particular de las compañeras de los barrios. Nos hemos colocado el objetivo de llegar a los 500 equipos de fútbol (el año pasado alcanzamos los 400). Estamos evaluando las posibilidades de incorporar otras disciplinas deportivas a partir de diversas propuestas de compañeros. Artístico Este año, como novedad, el Picnic contará con un escenario propio de tango y jazz donde tocarán importantes grupos. Además, por supuesto, estará el tradicional escenario de bandas de rock. También hemos comprometido la presencia de importantes bandas de rock y cumbia en el escenario central -que iremos difundiendo en la medida que lo permitan los compromisos de los distintos artistas. Como ocurre tradicionalmente, habrá una muestra de fotos que resumirá las distintas experiencias de lucha y conflictos que tuvieron lugar a lo largo del año. Un grupo de artistas plásticos realizará un mural por los 43 normalistas desaparecidos en México. Cultural Habrá un espacio de recreación infantil desde temprano que contará con juegos, proyecciones y obras. También habrá un taller de percusión para chicos y adultos, con enseñanzas sobre construcción de instrumentos y nociones básicas de percusión. En materia de proyecciones, tendrá un lugar destacado la proyección del documental “Nunca Digas Nunca” sobre los desaparecidos en democracia que luego contará con un debate de diversos panelistas integrado por abogados de Apel y familiares de casos de impunidad. Político La actividad central, sin embargo, estará referenciada en la charla por los 50 años del Partido Obrero que, sin duda, reunirá una de las mayores concurrencias dentro del propio Picnic. Allí se abordarán, con sus protagonistas, aspectos nodales de la historia del PO; desde su fundación hasta el Argentinazo, pasando por el Cordobazo y la lucha bajo la dictadura. La charla contra la violencia hacia la mujer concentrará todas las experiencias de lucha que se fueron organizando alrededor del Plenario de Trabajadoras durante un intenso año en el que tuvo lugar el ENM en Salta. La actividad contará con representantes de la lucha en el NOA. La Coordinadora Sindical Clasista también realizará una charla debate sobre “los desafíos del movimiento obrero en 2015” con representantes de Suteba, Fate, papeleros y Aluar. El Picnic condensará la experiencia de lucha y organización recorrida este año, en el marco del ascenso de la izquierda y servirá para reforzar el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores.

Cumplido el paro de transporte, que paralizó las seis líneas del subte, el cuerpo de delegados de la AGTSyP, convocado por la conducción, resolvió realizar paros escalonados de tres horas por línea el martes 2. El reclamo: un bono de recuperación salarial, la reapertura de la paritaria y la modificación del impuesto al salario. A lo que se agregó la exigencia del levantamiento de sanciones a delegados y activistas que se vienen aplicando sistemáticamente y la erradicación de las empresas tercerizadas que realizan tareas de convenio. ¿Que provocó este despertar de la AGTSyP, que llevaba meses de letargo? En primer lugar, el hecho de que los paros nacionales contra el impuesto al salario, masivos en el subte, fueron derrotas políticas muy fuertes de la conducción kirchnerista, que llamó a carnerearlos. Pianelli y Segovia se habían pronunciado en contra para no enfrentar al gobierno. Pero, simultáneamente, presionados por la situación general, reclamaron una compensación salarial a Metrovías y una reapertura de la paritaria, encarándolas como una acción contra el macrismo. Los que hasta ayer justificaban políticamente el impuesto, que afecta a vastos sectores en el subte, ahora denuncian una pérdida de los salarios del último convenio. Un reacomodamiento más que evidente. En ese cuadro de alza obrera, otro factor actuante es la perspectiva de las elecciones de comisión directiva del sindicato a pocos meses vista. El pianellismo está en retroceso y viene de sufrir duros golpes. En la asamblea general que debatió el nuevo estatuto del gremio, una oposición de un 43% de los asistentes rechazó un proyecto oficial muy proscriptivo. Y en las recientes elecciones de la CTA, la Lista 3, integrada sólo por ATM (C. S. Clasista - PO), obtuvo un 35% de la votación. Es entonces factible que un frente único de la oposición de izquierda, antiburocrática, dispute la conducción del sindicato. Una primera negativa de la patronal a abrir negociaciones llevó a la formulación del plan de paros votado por los delegados. Se agregaron a esto medidas de acción directa en la Línea D, provocadas por una promoción de ascensos a gusto de la patronal y desconociendo acuerdos. También en el taller San José, por el levantamiento de sanciones a trabajadores que tomaron un día por donación de sangre. El lunes 1º, la conferencia de prensa que anunció las medidas tuvo el marco de la CTA yaskista, sin que quedara claro qué aportaría el gremio docente presente. A las dos horas, la directiva anunció la suspensión de la medida, sobre la base -informó- de un compromiso de Metrovías y el gobierno macrista de considerar el pago de un bono y pagar los días caídos por sanciones. El acta firmada no menciona el tema salarial y tampoco se refiere a las empresas tercerizadas. No es menor el hecho de que no se hayan convocado asambleas para organizar los paros ni se haya consultado antes de levantarlos por televisión. Da toda la idea de una dirección que manipula en términos de una campaña yaskista contra Macri. De todos modos, objetivamente, la contradicción entre el reclamo popular que se expresó con fuerza en el paro de transporte y la intransigencia del gobierno, ha colocado a una conducción ultra K a la rastra de un impulso obrero que coloca al subte como un revulsivo en la crisis salarial en curso. Y confluyendo con luchas como las de bancarios, petroleros, docentes, Aluar. El plan de lucha del subte debe ser por eso apoyado a fondo, reclamando asambleas en todas las líneas para considerar la respuesta patronal y actuar en consecuencia. La Agrupación Trabajadores de Metrovías apoyó con todo y organizó el paro de trasporte en el subte. Y llevó el mandato del taller Rancagua al plenario de delgados por un paro de 24 horas; que el bono sea de 5.000 pesos; que se reabra la paritaria 2014 para recuperar lo perdido; que se levanten las sanciones a los trabajadores y las causas a los delegados y activistas, y que se vayan las tercerizadas del subte. El Partido Obrero de la Capital realizó una agitación política general, apoyando la lucha del subte y promoviendo un paro nacional que dé continuidad a la lucha salarial del movimiento obrero

Se realizaron las elecciones para renovar las autoridades del sindicato obrero del Ingenio San Juan. La Lista Joven, que agrupa al activismo combativo de la fábrica, aplastó a la lista de la vieja burocracia de "Cabudo" Medina por 159 a 46 votos. Estas elecciones fueron arrancadas después de casi dos años de luchas contra la decisión de la burocracia, en acuerdo con la patronal, de impedir la participación de la Lista Joven en las elecciones de 2012. Hubo numerosas marchas, piquetes y actos sobre el Ministerio de Trabajo, la Fotia y la fábrica para reclamar nuevas elecciones democráticas. Bajo esa intensa presión, cuando ya se avizoraba un fallo del Ministerio de Trabajo declarando inválido todo el proceso fraudulento, la directiva de Fotia intervino el sindicato y convocó a nuevas elecciones. La dirigencia de Fotia buscó poner el proceso que estaba en curso bajo su control y, como ha ocurrido en otras experiencias, intentó con distintas maniobras la cooptación de los luchadores. Esto queda en evidencia si se tiene en cuenta que dejó pasar el proceso fraudulento en 2012 y que tampoco intervino en 2013, cuando la patronal despidió a los dos principales referentes de la Lista Joven. Convocadas las elecciones, el primer síntoma concreto del triunfo contra la burocracia lo dio la conquista de la junta electoral por el activismo en una asamblea. El otro fue la huelga, que incluyó la toma del ingenio por deudas y otras reivindicaciones. Esa lucha mostró el carácter propatronal de la burocracia de Medina. Con la recuperación del sindicato ahora se cuenta con un instrumento para encarar los próximos desafíos. En forma inmediata, asegurar el cobro de deudas por el fin de zafra y la reincorporación de los dos compañeros despedidos de la Lista Joven. Luego, impedir que continúe el proceso de vaciamiento de la fábrica por parte de una patronal

Hace algunos días, Pablo Micheli -dirigente nacional de ATE y secretario general de la CTA autónoma- estuvo en Mendoza. Las directivas de ATE y CTA mendocinas se enteraron por los diarios; ¿a qué vino Micheli? ATE Mendoza viene desarrollando un plan de lucha por la recomposición salarial, reapertura de paritarias, bono de fin de año y otras reivindicaciones, y es la única seccional del país en lucha. Los enfrentamientos entre la dirección combativa de ATE y el gobierno son moneda corriente y crecen en intensidad, sobre todo con el ministro Matías Roby, un talibán del mercado de la salud privada. La CTA autónoma viene de protagonizar una importante jornada de lucha, con paro y movilización, incluso sumó a gremios de la CGT o movimientos de lucha como los feriantes de Guaymallén o la coordinadora de ex ypefianos. Entonces, Micheli ¿vino a apoyar la lucha de la seccional de ATE contra el gobierno? ¿Vino apuntalar la recomposición de CTA y sacar conclusiones para fortalecer los reclamos? Nada de eso: Pablo Micheli vino a apoyar la ruptura por derecha de la directiva de ATE, fogoneada por la UCR y sectores del FpV. También a atacar a la clasista conducción de CTA. Objetivamente, se colocó en el campo del gobierno contra los luchadores, utilizando los argumentos de la gestión provincial. Pablo Micheli nos aclara aún más el panorama: en un pequeño acto público de lanzamiento de su fracción y en los medios escritos, planteó que es necesario un sindicato sin partidos, una impostura si se tiene en cuenta que él formó parte de la fundación de la UP con De Gennaro y que ahora se están matando por el control de los fondos gremiales. Pero va más a fondo, "Raquel Blas es una luchadora, pero se fue con el PO", por lo tanto, es estratégico recuperar la seccional de ATE Mendoza": lo que nos dice el secretario general de CTA es que es estratégico desplazar a los luchadores de la conducción de ATE y abortar cualquier tipo de expresión independiente.

El gremio de prensa ha dado un paso decisivo hacia la formación de un nuevo sindicato. Un masivo plenario autoconvocado de delegados resolvió la realización de un plebiscito los días 17 y 18 de diciembre en todas las empresas periodísticas de la Ciudad de Buenos Aires, con el objetivo de resolver la puesta en pie de una nueva organización gremial. El plenario había sido convocado frente a la posibilidad de que la burocracia de la UTPBA realizase, luego de 14 meses de mandato vencido e innumerables impugnaciones judiciales, una farsa electoral con el objetivo de perpetuarse en el poder. En este largo año, la burocracia sólo pudo mantenerse por el sostenimiento del Ministerio de Trabajo, que le prorrogó el mandato y le dio la exclusividad en la negociación salarial. Esto terminó en una vulgar entrega de nuestros salarios, con un incremento del 21% para todo el año. Tomada convalidó a esta burocracia para quebrar de raíz el excepcional proceso de reorganización del gremio, en el marco de un ajuste brutal y una reorganización capitalista en los medios de prensa. En los últimos años, con eje en el reclamo de paritarias impulsado por La Naranja de Prensa, se puso en pie el Plenario Autoconvocado. Mediante paros generales y movilizaciones, se lograron escalas salariales únicas y se obligó a la cartera laboral, a la burocracia y a las patronales a reconocer a los paritarios electos por asamblea de empresas. La camarilla de la UTPBA ya demostró que es nefasta. ¿Cómo llamar sino al aval a las patronales para que impongan comisiones internas truchas para hacer pasar la polifuncionalidad? ¿O el silencio a lo largo de todo el año sobre la causa penal que la patronal de Perfil le inició a la comisión interna con vistas a imponer un nuevo régimen laboral basado en la flexibilidad laboral y los despidos? Durante todo el año, La Naranja de Prensa ha insistido en mostrar esta situación. Hemos desarrollado una campaña dentro de las empresas del gremio y en la calle. Hemos constatado que los trabajadores de prensa escrita, radial y televisiva no esperan más nada de esta burocracia. Con el plebiscito convocado para mediados de mes, se abre una nueva perspectiva para los trabajadores de prensa. Miles de compañeros se expresarán en forma contundente. Llamamos a todos los integrantes del Plenario de Delegados, a los activistas y al conjunto de los trabajadores de prensa a hacer el balance de este año de luchas y resistencia para enfrentar los desafíos del futuro con una nueva herramienta: un sindicato democrático, de lucha, al servicio de los intereses de los trabajadores, independiente de las patronales y el Estado.

Los metalúrgicos de Aluar de Puerto Madryn vienen desde hace más de dos años dando una batalla contra el impuesto al salario. Hace unos meses hicieron una marcha junto a los demás gremios de la zona con cortes de ruta contra el impuesto y ahora una asamblea general de planta votó la realización de un paro de 24 horas con permanencia dentro de planta, esperar luego 24 horas y de no existir una respuesta al reclamo, la realización de otro paro de 48 horas. El impuesto al salario abarca a la totalidad de los trabajadores de Aluar; la cifra aproximada de estos descuentos es de 20 mil pesos con lo que los compañeros pierden, de hecho, la totalidad del aguinaldo. La empresa se mantiene inflexible en no absorber una parte de este enorme descuento y ofreció hasta el momento 3.000 pesos "a cuenta", a descontar en cuotas, lo que provocó un enorme repudio. El paro fue total, al extremo que un sector de un turno de una sección chica de la planta, desconociendo la votación de la asamblea, no quiso esperar el plazo votado en la asamblea para retomar después el paro y siguió con la medida de fuerza. La empresa aprovechó esta acción para despedir a los 34 compañeros de ese sector y acusar que durante la continuidad de la medida se destruyó un auto elevador. Insólitamente, antes de que la empresa notificara a la interna de los despidos, en Buenos Aires se realizó una reunión en el Ministerio de Trabajo entre la patronal y el secretariado de la UOM nacional, donde se decretó una conciliación obligatoria con los despedidos adentro hasta el 22 de diciembre. El secretariado nacional nunca se comunicó con la comisión interna y sólo envío un fax notificando la firma de la conciliación obligatoria. La empresa pretende cambiar el eje de la discusión, desviando el reclamo contra el impuesto por una lucha defensiva contra los despidos. Los trabajadores de Aluar reclamarán una audiencia urgente con la directiva de la UOM nacional, pues entienden que deben ser parte de cualquier negociación que se establezca como condición para aceptar cualquier acta que se firme. Exigen una audiencia con el ministro de Trabajo antes de que termine la conciliación y ratificaron la continuidad de las medidas de fuerza al vencimiento de la misma. Hay mucha voluntad de lucha contra el impuesto, las provocaciones patronales no van a quebrar la decisión de los trabajadores de recuperar el aguinaldo perdido.

Al cierre de esta edición, finalizó el escrutinio de las elecciones de Adiunt realizadas el 3 de diciembre. El Frente Docente por el Cambio (Lista Naranja + independientes) ganó el sindicato de los docentes universitarios tucumanos. La lista encabezada por el compañero Ariel Osatinsky se impuso por 567 contra 384 de la lista Unidad Docente que representaba a los K y a las camarillas de la universidad y que era hasta hoy la dirección de Adiunt. En tercer lugar, con 368 votos, se ubicó la lista motorizada por el PCR. La participación superó el 64% de los afiliados. Este triunfo corona una extraordinaria victoria clasista. El Frente Docente por el Cambio reúne a la vanguardia docente que organizó y dirigió la extraordinaria huelga general tucumana de 89 días que logró romper el cepo salarial del gobierno. En esa lucha, Ariel Osatinsky se transformó en el principal referente, lo que hoy se volvió a ratificar en la gran votación obtenida. La reivindicación de un sindicato independiente de las autoridades, apoyado en los métodos de la democracia sindical (asamblea general) y en la lucha consecuente fueron las principales banderas de delimitación de las otras dos listas y la que expresó los métodos y conclusiones de la gran huelga. En el último tramo de la campaña electoral, el Frente Docente por el Cambio derrotó airosamente a la campaña macartista de la cúpula del Rectorado, las distintas camarillas y las otras listas, quienes argumentaban que votar al FDC era votar por un partido o que Ariel Osatinsky era del PO, y cosas por el estilo. También se superó el despliegue de aparato que las autoridades pusieron a disposición de las listas pro-oficialistas. El FDC culmina una batalla. Ahora, desde la conducción del gremio, tiene una enorme agenda de cuestiones que abordar: entre ellas, el pago del adicional a los 500 auxiliares docentes -que las autoridades se niegan a hacer efectivo- y la derrota de las maniobras que desde la Asamblea Universitaria se vienen llevando a cabo para birlar varias de las conquistas logradas con la huelga. La nueva dirección refuerza enormemente el clasismo y a la izquierda en la Conadu Histórica y en el conjunto del movimiento docente.

Un juez federal de Mar del Plata ha dictaminado que el impuesto a las ganancias sobre salarios y jubilaciones es “inaplicable” mientras no se modifique el mínimo no imponible, vigente desde agosto pasado. El juez hizo lugar al amparo de un jubilado contra el Instituto de Previsión Social (IPS) de la provincia de Buenos Aires y contra la Afip, y determinó la inaplicabilidad del impuesto en tanto “perdure la omisión” del ajuste del mínimo no imponible. El juez considera “legítimo” el impuesto a las ganancias sobre salarios y jubilaciones, pero basa su fallo en la "naturaleza alimentaria de los haberes previsionales", lo que es de sentido común si se considera que, al día de hoy, la jubilación mínima está en 3.231,63 pesos y este monto es cobrado por un 53% del total de jubilados (digresión: en 2001, sólo un 15%), y sin contar la franja que se acogió a la moratoria, que recibe un ingreso inferior a este mínimo. El juez dice que es necesario “dilucidar” si como consecuencia del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias vigente no existe una afectación de los derechos puesto que la ley de impuesto a las ganancias prevé la actualización anual de los importes de las ganancias no imponibles. Concretamente, el juez cuestiona que el mínimo no imponible del impuesto a las ianancias aplicable a la cuarta categoría se mantenga sin variaciones desde agosto de 2013. “El salario no es ganancia” El jubilado en su demanda sostiene que “el salario no es ganancia”, consideración a la que el fallo no hace referencia, pese a que corresponde discutir la legitimidad misma del impuesto a las ganancias sobre los salarios. El gobierno ha ido (des)ajustando el mínimo no imponible por debajo de la inflación durante años, hasta transformar la cuarta categoría del impuesto a las ganancias en un verdadero impuesto al salario, cuando su origen fue gravar las ganancias de los empresarios y los ingresos de los directivos. El rechazo al “impuesto al trabajo” se ha convertido, por esta razón, en bandera recurrente del movimiento obrero en los paros y movilizaciones de los últimos años. Al incluir el impuesto a las ganancias, el salario en Argentina paga hasta el 53% en gravámenes. El proyecto de ley presentado por el PO en el Frente de Izquierda por este tema dispone la abolición del impuesto a las ganancias sobre todo salario de convención colectiva, carrera estatal o judicial, y sobre las jubilaciones. Mantiene, en cambio, el gravamen sobre los ingresos de cargos gerenciales y directivos, o políticos que superen tres canastas familiares en base a cálculos de centrales sindicales y universidades. Campaña para explotar este fallo Aunque se trata de un fallo que sólo beneficia al demandante y que, con seguridad, será apelado por el gobierno, sienta un precedente importante para los casi dos millones de trabajadores, activos, jubilados y autónomos alcanzados por ganancias. Da la oportunidad de organizar reclamos colectivos para sumar a la movilización dirigida a lograr la elevación del mínimo no imponible, las deducciones y las escalas sobre las que se aplican las alícuotas. Sumará a la movilización que hoy está en curso en el país, con los petroleros, los metalúrgicos de Aluar y los bancarios a la cabeza.

El anuncio de que Olmedo será el candidato a vice de Romero muestra la desesperación del ex gobernador. Definitivamente, no pretende desarrollar una campaña con slogans relativos a una lucha contra la corrupción kirchnerista. Olmedo es un beneficiario directo de decisiones del gobierno de Romero en los '90, cuando su familia recibió a costo cero y casi a perpetuidad 170.000 hectáreas fiscales de Salta Forestal, que lo convirtieron luego en el primer productor de soja a nivel nacional. Los negociados con tierras, en particular las adjudicaciones de tierras fiscales y la compra-venta de terrenos para la construcción de viviendas fueron el eje de una verdadera asociación ilícita. Romero se ha venido amparando en sus fueros y en chicanas para evitar declarar ante la Justicia y para que las causas no avancen, con la complicidad de la corte urtubeísta. En la Cámara de Diputados, Del Plá integró la Comisión investigadora sobre el affaire Salta Forestal y presentó dictamen para su reestatización y puesta en producción bajo control obrero y campesino. El oficialismo mandó el tema al limbo de un trámite judicial sin destino. Libro de pases La pretensión de Romero de armar un amplio frente opositor se explica por los obstáculos que ha enfrentado su candidatura. Si bien ha logrado la migración de dos diputados del PJ oficial hacia su bloque, acaba de perder al presidente de ese bloque, Javier David, que migró hacia el oficialismo. Romero está alineado con Massa y tiene también lazos estrechos con Macri, pero no logra que el jefe de gobierno porteño baje al empresario del campo Juan Collado, proclamado candidato a gobernador por el macrismo. El impasse Romero-Macri pondría en duda la candidatura del actual diputado nacional Durand Cornejo, que integra el bloque del PRO en el Congreso. Cornejo lidera las encuestas para la intendencia en la capital, aunque evita oficializar esa postulación. En el frente de Urutbey también se acumulan las crisis. Por un lado, existe una disputa por la vicegobernación entre todos los partidos del frente K; por el otro, el actual intendente Isa amenaza, con respaldo K, con disputar las primarias para gobernador a Urtubey. El oficialismo tiene no menos de diez candidatos para la intendencia de la capital, aunque ninguno llega a los dos dígitos en las encuestas. Romero parece perro en cancha de bochas. Como gobernador habilitó una reforma constitucional re-reeleccionista; ahora reclama poner un límite y abolir el Senado. Con su pasado, y con Olmedo a cuestas, ahora quiere pasar por progre. La descomposición del frente oligárquico de la provincia, tanto el oficialista como el opositor, es uno de los factores poderosos que impulsan el voto de los trabajadores y clases medias por el Partido Obrero.

En un Centro Argentino colmado, el miércoles 26 de noviembre, se llevó a cabo el acto del Partido Obrero de Salta bajo la consigna “por un 2015 de los trabajadores”. Entre los presentes se destacaron delegaciones de docentes, estudiantes, ex trabajadores de YPF, empleados de la Fundación Trabajo y Solidaridad, ceramistas, judiciales, trabajadores del transporte. El acto fue convocado con el objetivo de dar a conocer los principales conceptos políticos del Congreso del movimiento obrero y la izquierda e impulsar, a la vez, una movilización política en torno de la campaña electoral en la provincia y, sobre todo, en la capital. Abrió el acto la senadora Gabriela Cerrano, candidata a vicegobernadora. Gabriela denunció la complicidad del conjunto del régimen político con la situación de barbarie que vive la mujer trabajadora y la niñez en la provincia. Llamó a la movilización de las mujeres explotadas, por la educación sexual integral en las escuelas, la elección y revocabilidad de los jueces, y la de defensa de los derechos reproductivos de la mujer, el desmantelamiento del aparato político estatal que hoy oficia como un garante de los crímenes y la explotación de la mujer trabajadora. Luego, el candidato a intendente por la capital, Pablo López, destacó necesidad de acabar de una vez por todas con el régimen municipal de camarillas que representan Isa y los demás candidatos patronales. Explicó el cometido de una asamblea constituyente soberana del municipio, de acabar con el régimen de contratistas y la casta de políticos y burócratas profesionales que parasitan del presupuesto municipal; con la precariedad laboral; garantizar el acceso a la vivienda; por un salario igual al costo de la canasta familiar; acabar con el régimen impositivo, que hace recaer sobre los trabajadores el sostenimiento del municipio y exime a los especuladores inmobiliarios y a los negocios capitalistas. Es indispensable un régimen político de consejos vecinales y de trabajadores electos y revocables, para un verdadero gobierno de los trabajadores. Al cerrar el acto, Claudio Del Plá, candidato a gobernador, destacó la resurrección de Romero, aliado con Olmedo, como una expresión clara de la falta de alternativas del régimen político de la provincia y del fracaso del intento 'renovador' de Urtubey. En contraste con esto, desde las puebladas del norte en la década de los ‘90, hasta las enormes y más recientes huelgas de la docencia autoconvocada y la de los obreros de los ingenios salteños, el PO se ha esforzado por organizar y darle un carácter político a la lucha obrera y popular. Del Plá destacó la lucha para expulsar a la burocracia sindical que ha maniatado a la clase obrera salteña durante todos estos años. El mayor éxito del acto fue poner de manifiesto la ampliación de fuerzas en torno al PO para encarar la campaña electoral y los desafíos que ella presenta.

“Claudio (Bonadio) es para mí un ejemplo de juez independiente. Resuelve de acuerdo con sus convicciones siempre”. Esto lo dijo la diputada ultrakirchnerista Diana Conti en 2010 y quedó registrado en La Nación. Por eso Carlos Pagni, columnista de ese mismo diario, puede decir (1º/12) que “el de la Casa Rosada y los tribunales no es un conflicto. Es un divorcio”. Esto es: no se trata de un problema entre Bonadio y el gobierno sino entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, lo cual es en sí mismo una crisis política. La respuesta corporativa de los jueces a la reforma encubierta del sistema judicial, dispuesta mediante la reforma al Código Procesal Penal, es un acto de “golpismo activo” según Jorge Capitanich y un ataque sedicioso de “caranchos” según la Presidenta. No obstante, la ofensiva de Bonadio, si bien apunta al punto más sensible del gobierno -la corrupción galopante de la familia presidencial- no se propone ni podría proponerse (al menos no todavía) el derrocamiento de la camarilla kirchnerista. El amplio respaldo que Bonadio encuentra en la corporación tribunalicia no tiene su equivalente en la oposición política, que acompaña las investigaciones muy tibiamente (salvo Margarita Stolbizer, que presentó la primera denuncia, el resto calla prudentemente, sobre todo Daniel Scioli). Por eso, los pasos del juez son espectaculares pero calculados. Por ejemplo, Bonadio ordenó el allanamiento de un departamento vacío en el microcentro porteño, donde funcionaban oficinas de Hotesur, la empresa hotelera de los K. Fue un procedimiento de fuerte impacto mediático y político, pero de valor probatorio limitado. En cambio, el juez se abstuvo de allanar el domicilio fiscal de Hotesur, en Río Gallegos. Ese domicilio coincide con el de la inmobiliaria Sancho, desde donde Máximo Kirchner maneja toda la operatoria comercial de la familia. Se trata, por el momento, de un aviso extorsivo, que sólo anuncia la posibilidad de que el hijo presidencial termine esposado un día de èstos. Amigo de los amigos Ahora bien, ¿Bonadio es respaldado sólo por las camarillas judiciales? El gobierno dice que no, que el juez tiene vínculos políticos con Sergio Massa. En efecto los tiene, pero será mejor para los K no batir el parche sobre cómo comenzaron esos vínculos. Fue cuando los Eskenazi eran los petroleros favoritos de la familia Kirchner, y se vieron envueltos en algunas causas judiciales que involucraban también a Repsol. Fue entonces, y por pedido de “él”, que Massa hizo que los Eskenazi tomaran contacto con Bonadio para que les sacara las papas del fuego, y según indica el sitio Letra P Periodismo Político, el vínculo de los dueños de Petersen con el juez “terminó de fortalecerse luego de un encuentro en Madrid en el cual también aparecían ejecutivos de la petrolera española”. Ahora, los Eskenazi tienen sus fichas puestas en Massa, lo cual es revelador del cambio de frente de la burguesía. Pero no son ésas las únicas relaciones políticas de Bonadio. El juez en cuestión tiene una larga amistad, personal y política, con Carlos Corach, ex ministro de Menem y actual miembro del círculo más íntimo de Scioli. Bonadio mantiene también vínculos aceitados con el senador Miguel Angel Pichetto, del Frente para la Victoria. Como se ve, hay “caranchos” afuera y “caranchos” adentro. Otro amigo de Bonadio es Jorge “Fino” Palacios, quien es hasta hoy el jefe en las sombras de trabajos sucios de Macri. Y todavía no hablamos del encuentro que en junio de este año tuvo Bonadio, en Roma, con Jorge Bergoglio, con quien en tiempos juveniles compartió militancia en Guardia de Hierro, una organización de la derecha dura del peronismo. Por su lado, el jefe del Ejército, el represor César Milani, tiene a la inteligencia militar muy ocupada en buscarles trapos sucios a jueces y políticos opositores. Pero se ve ante un problema serio: toda la mugre que encuentra enchastra al gobierno e incluso a él mismo. Eso le pasó, por ejemplo, cuando investigó andanzas de Bonadio por las entrañas del Partido Justicialista de Córdoba, donde el general responsable de la desaparición del soldado Ledo tiene uno de sus centros operacionales. Basta con meter un dedo en cualquier costado de esta burguesía para que brote una pestilencia inaudita. Fortalecer a la izquierda revolucionaria para reorganizar la Argentina sobre otras bases sociales y políticas es, como puede verse, una cuestión urgente de salud pública.

“Confieso que fui al Congreso del movimiento obrero y la izquierda con muchas prevenciones y hasta con temor, pero estuvo muy, pero muy bueno”, dice L., enfermera del Hospital Alvarez, luchadora por las seis horas para enfermería y elegida delegada al Congreso por sus compañeros. Ahora hace su balance de aquella jornada en el Luna Park delante de una decena de enfermeras y enfermeros de su hospital. -¿Por qué esas prevenciones y temores? -Porque, aunque desde hace tiempo acompaño la actividad del Partido Obrero por las seis horas para enfermería, yo tenía los prejuicios que trasmiten sobre el PO: que son los que arman quilombo. -Ya viste: somos organizadores de la lucha, no del quilombo. Sentimos mucho desprecio por los que “arman quilombo”. -Sí, sí. Eso lo vimos en el Congreso (fui con otra compañera). Me llamó muchísimo la atención el orden que había, a pesar de la enorme cantidad de gente. El respeto de todos, la libertad para hablar, para plantear los problemas de cada sector, los debates, la forma de buscar las soluciones. Me llamó también la atención la gran solidaridad, los fondos de huelga, todo eso. El gran entusiasmo, los gritos, los cantos, pero siempre en orden y con muchísimo respeto. Como en el caso de la compañera L., para muchos trabajadores la izquierda revolucionaria empieza a ser un sorprendente descubrimiento. Al mismo tiempo, ella y sus compañeras sostienen e incrementan la organización de la lucha por las seis horas para enfermería, concientes de que ese logro será un primer paso hacia una profunda reforma progresiva en el sistema de salud de la Ciudad.

El arreglo con los buitres está afectado por la improbabiidad de ingreso de capitales para Vaca Muerta. En La Nación (3/12), Galuccio señala que YPF produce a precios superiores (Medanito) a la cotización internacional. La otra novedad es que las emisiones de deuda del BCRA ya no encuentran compradores. La Nación menciona que a pesar del creciente monto de intereses que paga, el BCRA no logra cubrir las necesidades de financiamiento. La carga de intereses pasó de 16.000 millones a 48.000 millones de 2013 a 2014, ante el "crecimiento exponencial que ha tenido el stock de la deuda emitida por el ente, a lo que hay que agregar las mayores tasas de interés (hoy van del 27% al 29% anual según el plazo)". Los bancos locales son reticentes a tomar "letras" del BCRA a cambio de pesos. En el caso de la deuda del Tesoro, "al ofrecer en la última licitación un bono al doble de plazo y con la misma tasa, apenas logró captar (y con fórceps) dos tercios de lo que buscaba". La nota se extiende también en las dificultades de las provincias que deberán endeudarse para pagar salarios a tasas siderales.

El ‘optimismo’ acerca de un arreglo con los fondos buitre va perdiendo aire. De acuerdo con la mayor parte de los trascendidos, el gobierno reclamaría, por un lado, que el acierto de cuentas se haga con la totalidad de los acreedores que quedaron afuera de la reestructuración de deuda y, por el otro, que se acepte una quita sobre el monto total, que para el gobierno debería igualar a la que se estableció con el 93% de los acreedores. En otro planteo, ha introducido la variante de no admitir el pago de intereses acumulados y punitorios -o sea que acordarían sobre el monto del valor nominal de la deuda. Argumenta que la deuda pendiente total ascendería a 20.000 millones de dólares, a la que reputa “impagable”, porque colocaría en incapacidad de pago al resto de la deuda externa. ¿Tenemos entonces litigio hasta el final del mandato? Los fondos buitre han producido también un cambio sutil de posición. No reclaman ya la ejecución del fallo de Griesa -el pago total e inmediato de la deuda impaga, con sus intereses y punitorios-, sino que aceptarían un arreglo a lo Repsol: el pago integral de la deuda en bonos, los cuales se cotizan en el mercado debajo de su valor par. La quita oscilaría, en este caso, en un 20%, aunque con una salvedad: esta quita quedaría compensada por el aumento de valor que registraría el conjunto de los títulos de la deuda argentina en caso de arreglo. La pulseada entre estas dos posiciones se encuentra afectada por el hecho de que Argentina tiene vencimientos de deuda, en 2015, por más de 15.000 millones de dólares, que no podría pagar con el nivel actual de reservas y el escaso superávit del comercio exterior. Tampoco podría hacer llegar los pagos que hiciera a sus destinatarios, esto por el bloqueo de las cuentas en el banco pagador, el Bank of New York. Si no se hicieran efectivos estos pagos, por cualquiera de las dos razones, los acreedores regulares podrían pedir una “aceleración” -o sea el pago inmediato de la totalidad de la deuda externa de Argentina. Esto provocaría un defol generalizado. La “aceleración” zanjaría todo el impasse por medio de una generalizada cesación de pagos. Frente a esta crisis de la negociación con los ‘buitres’, el gobierno enunció algunas alternativas. Una es el apoyo a las reservas argentinas por parte de China, pero esto no resuelve el bloqueo de pago establecido por Griesa ni tampoco representa un monto suficiente para encarar los vencimientos de 2015 y para salir de la cuotificación de importaciones que paraliza a la industria. Ese swap tiene un ‘inconveniente’ adicional, porque ha impuesto una suerte de libre importación desde China en perjuicio de Brasil. La ‘entente’ con la primera lleva a la ruptura con el segundo. La otra alternativa es reestructurar los pagos de 2015 con las llamadas ‘inversiones institucionales’, en referencia a bancos locales, compañías de seguros y Anses, de modo de poder pagar a los acreedores del exterior -aunque, de nuevo, con cuentas bloqueadas por Griesa. Esta variante confirmaría que el sistema jubilatorio se convertiría en el tacho de basura de la deuda de Argentina, como ocurre ya con los 70.000 millones de dólares que se deben al Banco Central. En medio de todo esto, el gobierno ha aumentado la deuda pública con bonos ajustados al dólar. Para proseguir por este camino, K y K deberían asegurar una devaluación del peso de un 30% anual, aproximadamente; de lo contrario, los tenedores se van a deshacer de esos bonos, bloqueando la posibilidad de nuevas emisiones. Esto obligaría al gobierno a financiar el gasto con emisiones de moneda y a enfrentar una inflación fenomenal. Las manos atadas El conjunto de estas contradicciones ata las manos del gobierno y de los ‘buitres’ para llegar a un arreglo, y explica la reticencia a ello. Ocurre que el atractivo de aceptar una quita mayor, por parte de esos ‘buitres’, reside en que el arreglo produzca una valorización de la deuda de Argentina y, así, una ganancia enorme para los acreedores de los diversos tipos de bonos. Pero esta posibilidad ha perdido fuerza con el giro operado en la crisis mundial con la caída espectacular de los precios del petróleo, que amenaza con quebrar a varios países, en especial Rusia, Venezuela y Brasil, e incluso a media industria de combustible no convencional de Estados Unidos. Para que la deuda de Argentina conserve su atractivo sería necesario que un arreglo sea acompañado por un ajustazo. Gran dilema, porque los K buscarían un arreglo precisamente por lo contrario: para seguir con una regulación que evite el estallido de la crisis. Todas las entidades empresarias, sin embargo, han aumentado la presión para que se ‘desregule’ la economía, en especial el ‘cepo’ y también las tarifas subsidiadas. La agenda de 2015 no registra solamente un calvario judicial para CFK, Boudou y algunos más, sino el estallido del desequilibrio extremo de la economía. Es necesario un ‘ajustazo’, de eso no hay la menor duda: pero que deben pagar los capitalistas, no los trabajadores. Esta es la cuestión política de fondo, plantea, en última instancia, una cuestión de poder.

Con el anuncio de no aplicar el impuesto al salario sobre el medio aguinaldo, Cristina K terminó desautorizando a su propio elenco oficial -desde Capitanich-Kicillof y sus defensas “filosóficas” del impuestazo hasta la burocracia de Caló, e incluso a sí misma, ya que se cansó de repetir que “ganancias no se toca”. Claro que el impuesto al salario sigue entre los ‘intocables’; el gobierno echó lastre con el medio aguinaldo para salvar la vida de ese impuesto confiscatorio que se lleva hasta dos salarios anuales. Se trata de decenas de miles de millones de pesos que van a parar a las arcas de las contratistas y al pago de la deuda externa. La burocracia sindical, con el reclamo de eximir al medio aguinaldo del impuesto al salario, dejó de lado la reivindicación de un aumento de salarios y jubilaciones que compense la inflación. Acotó el programa de lucha a una franja de trabajadores. En diversos lugares, las empresas ya se habían hecho cargo del monto del impuesto sobre el aguinaldo, que luego descargarán como un costo de su propia hoja de impuestos. Esta concesión patronal en el caso de los bancos privados desarrolló una tendencia a la huelga en la banca pública, la que ahora queda desarmada. El programa de la burocracia fue diseñado para fragmentar al movimiento obrero y la posibilidad de una lucha de conjunto. Los sindicatos oficialistas, por otro lado, han hecho lo mismo con el reclamo de un bono que se dirime en cada empresa y no como una acción general. La fragmentación de las reivindicaciones fue concebida para obstaculizar un paro general. Los kirchneristas del subte, como consecuencia del anuncio presidencial, han quedado en orsai: quisieron desviar la lucha contra el gobierno nacional con un reclamo a Macri, pero el que soltó la presa no fue éste sino los K. La decisión de CFK también ha dejado pedaleando en el aire a estos oficialistas. Está claro que la burocracia de diversos colores rechazó el planteo de reabrir las paritarias -que es un planteo de conjunto- porque esto conducía, precisamente, como por un tubo a la huelga general. En este cuadro, ¿mantendrá el paro de veinticuatro horas la CGT opositora o Moyano también se limita al medio aguinaldo? 'Prudente', como se autodefine, probablemante meta violín en bolsa. La huelga general se encuentra en la agenda de los trabajadores en esta etapa, pero aún deben madurar las condiciones necesarias. En lo inmediato, las direcciones combativas enfrentan la necesidad de prepararse a fondo contra despidos y suspensiones para no repetir el aislamiento de Gestamp, Lear y varias fábricas más, y pelear por la compensación de fin de año para todos los trabajadores, con independencia de que se encuentren o no afectados por el impuesto al salario. Más allá del movimiento obrero, están presentes los reclamos navideños de los movimientos sociales. Ofrecen la oportunidad de disputar el copamiento de buena parte de ellos por parte de los punteros K. Tenemos, asimismo, a los jubilados, cuya organización independiente ha retrocedido mucho en más de una década. En resumen, apoyamos todos los reclamos y luchas parciales, y promoveremos una campaña de agitación contra el brutal despojo que sufren los trabajadores a manos del gobierno nacional y popular.

Bastó el anuncio de otro paro de transporte para empujar al gobierno a un recule: no habrá impuesto al salario sobre el medio aguinaldo. Las teorías sobre el carácter “inamovible” y hasta "solidario" de este impuesto confiscatorio se vinieron abajo. La presión obrera ya se había expresado en el fuerte paro de colectivos, trenes y subtes de la semana pasada. ¿Qué duda cabe, sin embargo, de que el grueso de las reivindicaciones están pendientes? El propio impuesto a las “ganancias”, que se lleva hasta dos salarios por año, sigue en pie. Ni qué decir de los salarios devorados por la carestía, al igual que las jubilaciones. Por eso, siguen en pie las demandas por un bono de fin de año y los reclamos navideños de las organizaciones de desocupados. La echada de lastre debería servir para una lucha por todos estos reclamos. Y, principalmente, por el que los sintetiza a todos: la reapertura de las paritarias. Pero la burocracia sindical, que convoca a parar con objetivos limitados, se servirá del recule oficial para meter violín en bolsa. Apoyemos y extendamos todas las luchas en curso, contra la confiscación cotidiana del salario y las jubilaciones, por el derecho al trabajo.

La oposición ha denunciado que el nuevo Código Procesal Penal garantizará la impunidad oficial, al habilitar la designación de fiscales afines que dormirán las causas de corrupción. Sin embargo, el corazón de la reforma es el pase al sistema acusatorio, que otorga toda la potestad de la investigación a los fiscales, que dependen del Poder Ejecutivo. Más aun, se pasa del sistema de “legalidad” que obliga a investigar todos los delitos, a uno de “oportunidad”, donde los fiscales deciden qué delitos investigar, cómo y hasta dónde. Incluso los jueces no podrán ampliar pruebas que surjan del proceso de juicio oral, como ocurrió durante la causa de Mariano Ferreyra. Los fiscales tendrán prerrogativas de política criminal, algo hasta ahora privativo de los legisladores, sometidos al voto popular. La reforma habilita la “oralidad” en allanamientos y medidas sin orden escrita. Extiende a seis días la detención sin orden judicial, lo que amplía el margen de tiempo para el “armado”de causas. Recorta la posibilidad de la defensa en punto a nulidades de procedimientos mal realizados, cuando esas objeciones no se hagan en tiempo real. En esas condiciones, la posibilidad de impugnar quedará restringida a los grandes estudios de abogados, a cuyos estudios suele acudir el delito organizado. Semejante régimen de “aceleración de justicia” no parte de un balance de su derrotero en el país. Con un sistema similar –mixto-, el fiscal Carlos Albaca fue el vértice de la impunidad en el caso de Paulina Lebbos. Más emblemático todavía es el caso de Iván Torresen Chubut, donde rige el sistema acusatorio. Que este sistema se aplique crecientemente en distintos países no le da títulos - al contrario, forma parte de la tendencia a los estados de excepción. Es la línea de la ley antiterroristao el Proyecto X, que responden a una respuesta represiva del Estado ante la descomposición capitalista. El sistema rescata la tradición del derecho anglosajón, pero sólo en cuanto al papel de los fiscales, no en el de su elegibilidad por el voto popular. Los fiscales son el sector de la Justicia más ligado a la policía, y en muchos casos provienen de sus propias filas. La cláusula xenófoba, que permite la expulsión sumaria de extranjeros en flagrancia, es un triunfo de Sergio Berni que el Senado agravó: ahora, se aplicará a “personas extranjeras” en general, y no a “extranjeros en situación irregular”. Un extranjero viviendo en una villa en terrenos federales estará en flagrancia. Otro de sus artículos habilita al Estado la posibilidad de querellar. Es lo que en su momento se negó a Julio De Vido y compañía en la causa de Once. Ahora, el Estado responsable se podrá colocar en el lugar de víctima, para echarle la culpa a las propias víctimas o a los trabajadores. El nuevo código habilita la prisión preventiva por presunción de reincidencia, lo cual refuerza la tendencia a las detenciones indefinidas y a la condena al individuo, no al delito. Desde luego, el sistema judicial vigente es parte del amparo a la corrupción, al delito organizado y a la impunidad estatal. Pero la reforma oficial no implica progreso alguno en ese plano: por el contrario, forma parte de una línea de alteración del régimen político que se viene bordando de la mano de Milani, Berni y el “nuevo rol” que se pretende para las fuerzas armadas. La reforma no puede disociarse de la agenda antipopular del kirchnerismo y del conjunto de la burguesía –de ahí el “extendido consenso” respecto de su contenido de fondo. El nuevo Código K es la contracara necesaria de la Argentina de los buitres. La elegibilidad de jueces y fiscales es el planteo transicional de quienes luchamos por la Argentina de los trabajadores.

La revelación de que el banco HSBC inscribió 4.000 cuentas secretas de argentinos en Suiza terminó de tirar abajo la cantinela de que el país padece una ‘crisis de financiamiento’. Si a través de un solo banco se habrían evadido impuestos, según la Afip, por unos 10.000 millones de dólares, ¿qué cabe esperar de la fuga de capitales considerada en su conjunto? En la lista de los autores del desfalco, que la Afip difundió a cuentagotas el pasado viernes, están el grupo Clarín y Deutsche Bank hasta los ‘ex amigos’ K Midlin (Pampa Holding) o Ezquenazi, y también los emblemas de la patria sojera, como el grupo Grobo. Según algunas estimaciones, los capitales argentinos en el exterior alcanzan los 200.000 millones de dólares, una cifra similar a la deuda pública en dólares que está en manos de acreedores “externos”. Extorsiones recíprocas De todos modos, el gobierno ni siquiera ha destapado un caso novedoso. Las revelaciones sobre las maniobras internacionales del HSBC eran conocidas desde 2006-2008, cuando un ex empleado de la entidad le entregó a la Justicia francesa los datos de miles de depositantes clandestinos en Suiza. Echegaray dijo haberse reunido con el ‘informante’ a comienzos de este año y contar con la información desde hace varios meses. La tardía revelación de estas cuentas es la réplica de la camarilla oficial a la escalada del juez Bonadio, que acaba de reclamarle a la Afip las declaraciones de bienes de la familia Kirchner. El deschave de las 4.000 cuentas, por lo tanto, responde a un juego de extorsiones, que incluye las de Bonadio contra los K en defensa de su sector de la corporación judicial, el cual puede incluir hasta el procesamiento de CFK. A nadie se le ha escapado que el merodeo de Echegaray con las cuentas suizas se ha frenado con las de Lázaro Báez. Que la crisis de conjunto de este final de régimen se desplace hacia Comodoro Py pone de manifiesto la inutilidad completa de la oposición política patronal como tal. La campaña de Clarín y La Nación en defensa de Bonadio, presume que el 'establishment económico' tiene poca confianza en que el proceso electoral sea efectivo para devolver el poder político que los K le han arrebatado en parte. Si como anticipa Julio Blanck, en Clarín, la corporación judicial 'va por todo', quedaría un escenario de golpes y autogolpes para el año a punto de comenzar. Desde el Partido Obrero denunciamos la descomposición del régimen político en su conjunto y en todas las instituciones, y convocamos a suplantarlo por un gobierno de trabajadores. Conspiración El cariz que toma la transición política quedó graficado cuando los popes empresariales de la UIA emplazaron al gobierno a un arreglo con los fondos buitre; esto es mucho más que especular con una expectativa en ese sentido -es un ultimátum. CFK respondió a este emplazamiento con una defensa apasionada de la obra pública, o sea de los sobreprecios y de los negocios de su camarilla; la crisis fiscal podría decretar la quiebra de la patria contratista. La caída de la cotización de los nuevos bonos que emitió Kicillof para contener el mercado paralelo, ajustados al dólar, es un voto en contra de la gestión K. Esto no pasaría de un incidente si no fuera que el gobierno ha explicitado su pretensión de renegociar el Boden 2015, lo cual lo pone en manos de los acreedores. Habrá que ver qué hace la diplomacia de Obama para mediar en esta crisis de modo de asegurar que los K no terminen antes de diciembre del año que viene. Ninguna fuerza política denuncia el trasfondo económico y político del tiroteo judicial; no solamente esto, se empeñan en iniciar nuevas causas de unos contra otros. Distraídos por la ficción de la democracia, ignoran el crujido del régimen político y la disposición conspirativa de las fuerzas en pugna. Advertimos a los trabajadores que los protagonistas oficiales de esta crisis, les tienen reservado el lugar del sacrificio de sus condiciones de vida. Por eso llamamos a acelerar la campaña por la organización política independiente del movimiento obrero y la fusión con la izquierda clasista.

Ciudad de Buenos Aires -Viernes 5 de diciembre, a las 21 hs., Pub Obrero en Palermo (Av. Córdoba 5822) -Viernes 5 de diciembre, a las 22 hs., fiesta en Floresta (Segurola 1810) -Sábado 6 de diciembre, brindis de la UJS en Veterinaria -Domingo 7 de diciembre, fiesta de Balvanera -Lunes 8 de diciembre, asado en Devoto (Av. San Martín 6401) -Jueves 11 de diciembre, actividad con bandas en Belgrano (Balbín 2428) -Viernes 12 de diciembre, fiesta en Caballito (Riglos 500) -Sábado 20 de diciembre, festival en Belgrano (Balbín 2428) -Sábado 20 de diciembre, cena de fin de año en Chacarita (Av. Forest 400) -Sábado 20 de diciembre, cena de fin de año en Parque Avellaneda (Moreto 8) Gran Buenos Aires -Sábado 6 de diciembre, a las 20 hs., en Alte. Brown. Cena y música. Inauguración de local. Guido Spano y Uruguay, Burzaco. -Sábado 6 de diciembre, a las 21 hs., en Lanús. Varieté. En Anatole France 2080. -Sábado 6 de diciembre, a las 21 hs., en Lomas de Zamora. Karaoke y Fiesta. Cangallo 65. -Sábado 6 de diciembre, a las 13 hs., en Avellaneda. Almuerzo en Dock Sud. Ingeniero Huergo 1789. -Sábado 6 de diciembre, a las 23 hs., Fiesta en San Fernando. Brandsen 1225. -Domingo 7 de diciembre, a las 17 hs., Matanza. Festival en Plaza de los Periodistas, San Justo. Zapiola y Perú. -Domingo 7 de diciembre, a las 20 hs., San Isidro: Jornada cultural y fiesta. En Colectora Este de Panamericana y Marquez. -Sábado 20 de diciembre, a las 18 hs., Tigre: brindis fin de año de la Zona Norte en Hipólito Irigoyen (Ruta 197) 1475, esq Neuquén, Gral. Pacheco.