Prensa Obrera N° 1342

La cuarta jornada global por la aparición con vida de los estudiantes mexicanos tuvo como epicentro una gigantesca concentración que abarrotó el Zócalo del Distrito Federal y sus alrededores. Cientos de miles de personas acompañaron a los familiares que arribaron a la capital, después de una caravana que recorrió todo el país. En el interior mexicano hubo protestas muy importantes en los distritos empobrecidos del sur. En el caso de Guerrero, una columna de 4 mil docentes bloqueó los accesos al aeropuerto de Acapulco. Más de 150 escuelas y universidades pararon el 20 de noviembre, lo mismo que los telefónicos, en tanto que algunos gremios -como Electricistas- participaron de las movilizaciones. La docencia es el sector más activo del movimiento obrero: en Oaxaca llevan cinco meses de ocupación del Zócalo provincial, resistiendo la aplicación de la reforma educativa, y en Guerrero impulsan las acciones de protesta junto a familiares y estudiantes normalistas. Las consignas más coreadas en la jornada del 20 fueron "Aparición con vida" y "Fuera Peña Nieto", un planteo recogido por muchos familiares en sus intervenciones. El repudio a la corrupción también estuvo muy presente. "Orden y seguridad" El presidente Peña Nieto se recluyó en Campo de Marte para la conmemoración de la Revolución Mexicana. Allí se mostró con el jefe de las Fuerzas Armadas, que le expresó su respaldo. En consonancia con él, el presidente de la Corte Suprema hizo un llamado al "orden, seguridad y paz''. La Coparmex, central patronal mexicana, exhortó al Presidente a reprimir los bloqueos, piquetes y ocupaciones de edificios que recorren el país (y que incluyó uno de los edificios de la cámara patronal). La burocracia sindical de la CTM, adscripta al PRI, ha hecho, en varias regionales, llamados explícitos a no participar de las movilizaciones. Peña Nieto recibió también un espaldarazo del Parlamento Europeo a las -vergonzosas- investigaciones oficiales por Ayotzinapa, mientras que el Wall Street Journal reveló que las fuerzas norteamericanas continúan cooperando con sus pares mexicanas en tareas de “seguridad interna”. Las reformas privatistas del Pacto por México, así como el desafío que implica la movilización popular, unen por ahora al imperialismo, la burguesía y la burocracia sindical en el sostenimiento de Peña Nieto. Lo mismo vale para la oposición, que está implicada en las acusaciones por el asesinato. El PRD experimenta la crisis más importante de su historia. El descrédito en que ha caído -el ex alcalde de Iguala pertenecía a su fuerza- ya tiene su expresión en las encuestas hacia las elecciones legislativas de 2015. Represión abierta En este cuadro, el Presidente decidió mostrar los dientes al pueblo movilizado, con una acción ejemplificadora: once manifestantes fueron detenidos y enviados a prisiones de máxima seguridad en Veracruz, bajo la insólita imputación de tentativa de homicidio, motín y asociación delictiva. El macizo apoyo institucional que recibe Peña Nieto debe ser matizado a la luz de las tendencias disolventes que implica el entrelazamiento de los carteles del narcotráfico y el poder político y económico. Hay cuatro estados intervenidos por las fuerzas federales. La Coparmex ya ha dicho que "la inseguridad avanza y da señales de riesgo de diluir el entusiasmo logrado con las reformas recién aprobadas" (La Jornada, 23/11), y añade que "el 37 por ciento de las unidades económicas del país ha sido afectado por el incremento de la delincuencia incluidas las extorsiones a empresarios (...) el secuestro y el robo constante de maquinaria en las constructoras" (ídem). El empeño del régimen en su autopreservación contrasta con la energía de los familiares, y las fuerzas que los acompañan, en la lucha por la aparición con vida de los 43 normalistas, y por poner fin al infierno de las desapariciones y masacres sistemáticas del narco Estado burgués mexicano.

El impetuoso allanamiento a una empresa hotelera propiedad de Cristina Kirchner, ordenado por el juez Claudio Bonadío, provocó una reacción generalizada del gobierno. Capitanich lo calificó de "ataque despiadado y sistemático" del Poder Judicial, que sería parte de "una estrategia de golpismo activo" junto a algunos medios de comunicación y miembros de la oposición. En la misma línea, voceros del kirchnerismo lo vincularon a lo que llaman la "actitud sediciosa" de los senadores opositores que se negaron a tratar la designación de un nuevo juez en la Corte Suprema. La empresa Hotesur, de la cual la Presidenta es accionista, administra el lujoso hotel Alto Calafate, propiedad de los Kirchner desde 2008. Las primeras pericias judiciales detectaron balances falsos y contrataciones ficticias. Según las denuncias, durante 2010 y 2011 empresas de Lázaro Báez alquilaron 935 habitaciones por mes que no se ocuparon, por alrededor de 10 millones de pesos. El alquiler de habitaciones "fantasma" en hoteles es un procedimiento típico de los lavadores de dinero. La Inspección General de Justicia (IGJ), controlada por el oficialismo, hizo la vista gorda frente al hecho de que Hotesur ocultara la constitución de su directorio desde 2009 y sus balances desde 2010. La misma función de ocultamiento llevó adelante la IGJ en los casos de Ciccone, Shocklender o el propio Lázaro Báez. Un gobierno sedicioso El kirchnerismo aturde con sus peroratas sobre golpismo y sedición cuando quedan al descubierto sus actividades delictivas. El gobierno, que se resiste a ser investigado mientras sus funcionarios se han enriquecido obscenamente durante el ejercicio de la función pública, es el primero en asumir, por eso mismo, actitudes sediciosas. También, y muy especialmente, cuando hace frente a medidas de fuerza de los trabajadores. No obstante, los gritos sobre golpismo y sediciones no han logrado desmontar uno solo de los abrumadores argumentos de la acusación. La causa de los hoteles forma parte de la oleada de imputaciones judiciales que tienen cercado al gobierno, desde los procesamientos a Amado Boudou hasta el manejo de los fondos de Fútbol para Todos y la nueva indagatoria a los hermanos Zacarías por el tráfico de efedrina, incluido un allanamiento a la Procuración, controlada por Alejandra Gils Carbó, por el posible espionaje a un fiscal. Los jueces torean al gobierno con el objetivo de marcar la cancha y reposicionarse frente al nuevo escenario político del año que viene. Sin embargo, el límite a esas investigaciones lo pone la propia burguesía, la que no se propone voltear al gobierno, sino que quiere que se haga cargo del ajuste que está en marcha y resuelva las crisis abiertas con el gran capital. La "hoja de ruta" exigida por la derecha es transitada hoy, puntillosamente, por el gobierno "nacional y popular". Para cualquier crisis o desvío en ese rumbo, están los "carpetazos" -cada vez más voluminosos- de la corrupción oficial.

Dilma Rousseff comenzó su segundo mandato (cuarto de su partido) después de vencer el segundo turno con 51,6% de los votos. En las elecciones presidenciales anteriores, sin embargo, Lula había obtenido 61,3% y 60,8% (2002 y 2006) y la propia Dilma 56% (2010), en el segundo turno. En la cuna histórica del PT, el ABC paulista, Dilma fue derrotada estrepitosamente. Después de la victoria a lo Pirro de hace un mes, su primer medida fue aumentar las tasas de interés, para “calmar los mercados”, esto es, aumentar la deuda pública. El capital financiero ya tiene una tasa de lucro entre 40 y 50% mayor que la media del país. La segunda fue ofrecer el ministerio de Economía al presidente del Bradesco (junto con Itaú, uno de los dos mayores bancos del país), que rechazó la oferta. Simultáneamente, cobró dimensiones ‘fellinescas’ el escándalo de corrupción de la mayor empresa del país, la Petrobras, llamado de Operação Lava Jato (literalmente, “lava chorro”). El escándalo precedente, el mensalão (compra de votos parlamentarios por el gobierno), había sido definido como “el mayor” y “el último”; el de Petrobras le arrebata, con holgura, ambos títulos. Se trata de un esquema de coimas multimillonarias para la concesión de contratos públicos. Se encuentran involucradass las nueve mayores empresas constructoras del país (Camargo Correa, Engevix, Galvão, Mendes Júnior, IESA, OAS, Odebrecht, Queiroz Galvão y UTC) que ya tienen varios directores presos. Los beneficiarios, directores de la empresa estatal, desviaban las coimas hacia las cuentas de los “partidos” (eufemismo) de la coalición de gobierno (PT, PMDB, PP, y algún otro de la “base aliada”) y, claro, hacia sus propias cuentas (“comisiones”). Ni que decir tiene que las coimas eran cargadas en las cuentas (sobrefacturadas) de las empresas: un esquema de saqueo multimillonario de los cofres públicos. Morgan Stanley calculó que las pérdidas de la petrolera debido al esquema serían de R$ 21 mil millones (cerca de US$ 10 mil millones). Uno de los funcionarios comprometidos, el ya jubilado Pedro Barusco, ex Director de Servicios, se presentó espontáneamente (¡sin ser citado!) a la policía, comprometiéndose a devolver, de su bolsillo, 100 millones de dólares (pero no los intereses producidos por ese dinero en los últimos doce años).Este es el partido y el gobierno cuya victoria electoral los “progres” de toda América Latina definieron como “continuidad del proceso de cambio” (cambio de moneda nacional por dólares en cuentas en el exterior). La “izquierda” (PT y “progres”) denuncia un golpe judicial. Petrobras (cuyo valor de mercado cayó de R$ 410 mil millones en 2011 para R$ 160 mil millones) es responsable por el 10% de la recaudación impositiva del país: el escándalo tendrá impacto en las cuentas públicas. Las nueve empresas (el “cartel”) facturaron en 2013 “por lo menos” (o sea, más) R$ 33 mil millones con contratos públicos, financiaron candidatos a diputados con R$ 721 millones, y candidatos a senadores con R$ 274 millones (en 2010), y viva la democracia. ¿Por qué el escándalo no estalló abiertamente durante la campaña electoral, cuando las investigaciones ya estaban en curso, para perjudicar a la candidata del PT-PMDB? Primero, porque el juez entendido en la causa declaró que “el cartel” opera desde hace “por lo menos” (o sea, más) 15 años, cuando el gobierno (y Petrobras) estaban en manos del partido opositor (PSDB), que había llegaddo al segundo turno. El “coimaducto” es un “modelo de negocios”. El intermediario del esquema (un tal Alberto Yousseff, que también cantó) ya había estado en cana en 2003 (y otras veces) por crímenes semejantes y está metido en otros escándalos menores que benefician, claro, al PSDB. O sea, se cubrieron entre todos. Los resultados electorales recientes, así, merecen una segunda lectura: consagraron a un candidato opositor (Aécio Neves), con 49% de los votos, como recambio en caso de crisis institucional y elecciones anticipadas, si lo imponne el escándalo “pluripartidario”. La negativa del presidente del Bradesco a asumir como ministro no es un caso aislado: el PMDB, partido del gobierno, propone para presidente de la Cámara a su diputado Eduardo Cunha, que apoyó abiertamente al opositor Aécio Neves en el segundo turno. Tarso Genro (ex gobernador petista de Rio Grande do Sul y ex ministro de Justicia de Lula) interpreta esta propuesta como un paso hacia la ruptura de la alianza gubernamental. Se desarrolla una crisis política que puede llevar al juicio político de la Presidenta. El déficit comercial y en cuenta corriente del país son los peores de los doce años de “gobierno progresista”. El déficit de las cuentas externas ha alcanzado un 3,7% del PIB, un nivel que no era alcanzado desde 2001-2002 (crisis argentina) que, en aquel momento, mandó a la lona al gobierno de Fernando Henrique Cardoso. Furlán, representante del agronegocio (y ex ministro de Lula) propone abiertamente la salida del Mercosur y la firma de acuerdos bilaterales con los EEUU y la UE, lo que también plantea Celso Lafer, ideólogo “internacional” del PSDB. Se va formando un consenso. El PT busca adaptarse, anunciando medidas de ajuste violentas (un “sistema único de trabajo” que da vía libre a los despidos y a la flexibilización laboral). Manipula las cuentas fiscales para asegurar el pago de la deuda externa, que está comprometido, en especial debido a la deuda privada. ¿Cómo se encuentra la izquierda en esta coyuntura? El PSOL, luego de obtener 1,6 millón de votos en la primera vuelta (el doble de 2010) rifó lo ganado con un apoyo a Dilma (“entusiasta”) en el segundo turno. El PSTU, que hizo una votación casi marginal (menos de 100 mil votos) sólo atina a plantear, ante la crisis mayúscula: “Sólo la lucha puede garantizar cambios y evitar retrocesos”. O sea que hubo “avances” y hay que seguir empujando. También los “movimientos” y, sobre todo, las ONGs y fundaciones que reciben fondos del Estado y las corporacionesl, se limitan a criticar al gobierno por temas puntuales. Ahora que la crisis se pone pesada denuncian el “golpismo” y apoyan al gobierno: así lo hicieron en junio de 2013, así lo hacen ahora - y denuncian a la izquierda clasista por “golpista”. Es necesario refundar la izquierda clasista en Brasil.

La Cámara de Apelaciones revocó la condena de primera instancia por la cual Eduardo Feinman y la productora Telepiú SA (C5N) debían indemnizar al Partido Obrero y a José María Escobar por 300.000 pesos por daños y perjuicios. Esto, por habernos imputado maliciosamente el incendio de una formación del ferrocarril Sarmiento, ocurrido en la estación de Merlo en el año 2008. Según los jueces Elisa Díaz de Vivar, Mabel de los Santos y Fernando Posse Saguier, Feinman no hizo sino recoger la "versión oficial", tal como fue pregonada por Florencio Randazzo durante la mañana, quien acusó a "infiltrados de Quebracho y del Partido Obrero" de haber provocado el fuego y otros destrozos. Sostienen que el reportaje a Escobar que Feinman abre, preguntándoles si en la escuela donde se desempeña como preceptor les enseña a los alumnos a provocar incendios, formó parte de un "diálogo cordial", y que las afirmaciones de Feinmann y sus adláteres en torno a "ejercicios prerrevolucionarios" del PO, que consistirían en incendiar vagones y provocar desmanes, "se refieren a hechos y no a juicios de valor". De igual modo, afirman que no existió 'maliciosidad' cuando el canal publica el graph: "alerta, está marchando el Polo Obrero y se temen nuevos incidentes en la zona de Castelar", a pesar de que nunca existieron ni la marcha ni los incidentes, como se encuentra acreditado en la prueba que ofrecimos. Aquí, la información no se puede atribuir a ninguna fuente oficial, esto porque partió de la imaginación de Feinman y sus productores. "A las 19 horas, comenzó la conferencia del ministro Fernández acompañado por Stornelli, donde describió minuciosamente el operativo de sabotaje que afectó a la formación", y ésta sería -sostienen los jueces- la fuente de "información periodística" en la que Feinman se apoyó para tildar a Escobar de "mentiroso" y "violento" por enésima vez a lo largo de la jornada. En definitiva, el fallo del tribunal de alzada -que recurriremos ante la Corte Suprema- constituye un nuevo ataque contra el PO y sus militantes. La animosidad del tribunal contra el PO es evidente. Los fundamentos del fallo son una maraña de prejuicios contra la izquierda. Los jueces afirman que "el espíritu combativo que nutre a la organización y que se trasunta en este tipo de reivindicaciones, configura un elemento para considerar al resolver el caso". De este modo, naturalizan que el PO deba "sobrevivir en un clima hostil" ya que participa de "cortes de rutas, piquetes, manifestaciones, entorpecimientos de tránsito y marchas que suelen generar violencia y conflictos entre los manifestantes y el ciudadano que quiere ejercer sus derechos constitucionales y, vivir con tranquilidad". Los jueces se extralimitan en su función para pasar a tomar partido en la lucha social que se desarrolla en el país desde siempre -del lado de los explotadores. Deslizan sobre el PO la responsabilidad de los desmanes, al referir que "cuando existen tales disturbios (es) porque muchos responden al estímulo de los manifestantes para aprovecharse en beneficio propio de la situación creada". Es el mismo razonamiento que la Justicia aplica para justificar las agresiones sexuales por la medida de una minifalda. De este modo, el tribunal invierte los términos de la demanda que entablamos y pasan a acusar nuevamente al PO, a pesar de que Aníbal Fernández y su pandilla jamás llevaron sus injurias a sede judicial, incapaces de presentar una sola prueba contra Escobar y nuestro partido. Para absolver la posición de Feinman, los jueces esgrimen el "derecho a la libertad de expresión". La demanda interpuesta por el Partido Obrero no acepta la libertad de expresión cuando es ejercida en forma despótica por el Estado y el monopolio de los medios de comunicación, sin dar cabida a ninguna expresión contradictoria con la oficial. Lo ocurrido fue un montaje conspirativo de Aníbal Fernández, Eduardo Feinman y C5N -que al momento de los hechos recibía una gran cantidad de pauta oficial- para desviar la atención sobre la responsabilidad del incendio y de un eventual sabotaje de parte de los Cirigliano. Actualmente, C5N está en manos del empresario K Cristóbal López. Hay un dato que define claramente la raíz de clase que motiva este fallo: la misma Sala M, que ahora se muestra tan celosa del derecho de expresión de Eduardo Feinmann para atacar al PO, en agosto del 2013, permitió que continuara una causa contra a Osvaldo Bayer, Mariano Aiello y Felipe Pigna que en su origen pretendía que no se emitiera el documental “Awka Liwen, la otra historia”, reconvirtiéndola en un amparo entre particulares que puede terminar en una indemnización a los nietos de José Alfredo Martínez de Hoz -ex ministro de Economía de la dictadura de Videla, por el trato que le dispensa a esta tradicional familia oligárquica en el documental . En esa película, los realizadores señalan a los Martínez de Hoz como cómplices en el genocidio mapuche encabezada por Julio Argentino Roca durante la Campaña del Desierto. Apelaremos el fallo ante la Corte Suprema de Justicia e iniciaremos una gran campaña política para desbaratar esta provocación contra la izquierda revolucionaria.

Alrededor de 500 personas se manifestaron en la Marcha del Orgullo en Tucumán, levantando cuatro consignas principales: inclusión laboral de los trans ya; no más contravenciones; en las escuelas, religión No; basta de lesbofobia. La convocatoria fue organizada por el Colectivo LBGTIQP En Lucha, Pan y Rosas (PTS), Iniciativa Laica, Agrupación 1969 (PO e independientes) y Libre Diversia (MST). La movilización fue una colorida y ruidosa expresión independiente del colectivo LGTBI, el cual se sintió identificado con la convocatoria. En años anteriores, la jornada era convocada sólo por las organizaciones cooptadas por el gobierno nacional y provincial. Antes de la marcha se llevaron adelante distintas actividades (charlas-debate, agitaciones céntricas, etc.), en el medio de una gran campaña de la Iglesia, no sólo contra el derecho al aborto legal sino también 'en defensa de la familia'. Se dio a conocer por las redes sociales un cuadernillo que envía el Arzobispado contra el matrimonio igualitario y un video de una clase de religión de un colegio secundario con un fuerte mensaje homofóbico. Este intento oscurantista y represor de la Iglesia tuvo su respuesta en la gran concurrencia de la Marcha del Orgullo y la gran simpatía y adhesión que mostraban los transeúntes que veían pasar la movilización. Se trató de un gran paso para poner en pie un fuerte movimiento LGTBI de lucha, independiente del Estado, la Iglesia y la oposición patronal. Sigamos adelante.

Para Jorge Altamira, referente del Partido Obrero y del Frente de Izquierda, la muy publicitada crisis desatada en el Unen es una expresión de la inviabilidad del progresismo, en momentos en que la agenda del conjunto de la burguesía es el ajuste a costa de los trabajadores y el pedido de un rescate financiero internacional. "El progresismo ha fracasado -escribió Altamira-. Los dirigentes de la UCR, Sanz, Aguad y otros apoyan la orientación de Massa, Kicillof, Blejer y Marangoni, del grupo de Scioli, de que hay que buscar un rescate financiero internacional. No están preocupados por el progresismo". En un análisis más abarcativo del cuadro político, Altamira destacó que la crisis del campo opositor no responde sólo a contradicciones internas, sino a la presión que ejerce la apuesta por el sciolismo, por parte un amplio sector de los capitalistas, que recluta a los barones del conurbano y a la burocracia sindical para proceder a un desmantelamiento ‘ordenado' del kirchnerismo y, por sobre todo, a evitar un desmadre de la crisis económica y política. Altamira hace un paralelo entre el desmantelamiento del kirchnerismo y los avatares de progresismo. "Al desmantelamiento del kirchnerismo le corresponde, en el campo opositor, una tentativa de desmantelamiento del progresismo y de la UCR. Esto se ve reflejado en que Massa y Macri hacen ofertas de copamiento a un conglomerado de fuerzas que tiene mucho mayor asentamiento que ellos en la geografía política nacional". Altamira traza otro paralelo: el hundimiento del progresismo viene desde el Frepaso, que acabó adoptando la agenda de convertibilidad de Cavallo en la trayectoria a la bancarrota de 2001. En definitiva, para Altamira "la crisis de Unen y de la UCR obedece a que el empresariado puso en la agenda la formación de un frente del 'ajuste', la devaluación y el rescate financiero, no un 'frente progresista'". Altamira pronosticó que "la agudización de la crisis económica y política planteará el desarrollo de una polarización política. De un lado, el bloque del ajuste capitalista contra las mayorías populares; del otro, el bloque de la izquierda empeñada en desarrollar una alternativa de poder propia de los trabajadores". "Desde el PO, llamamos al electorado progresista que pierde las expectativas en Unen y al electorado progresista antisciolista del kirchnerismo a sumarse a construir una alternativa política independiente y que defienda los intereses populares junto al Frente de Izquierda", finalizó Altamira.

Una mujer que había denunciado a bandas narco de la zona sur de Rosario, vinculadas con el crimen de su hijo cometido el año pasado, fue asesinada mientras atendía su negocio. Como para que no queden dudas del motivo del crimen, le tiraron múltiples disparos sin mediar diálogo ni palabra alguna. Uno de los procesados por el asesinato de su hijo también lo está por el de uno de los líderes de la banda de Los Monos, los principales dueños del negocio de la droga en Rosario. En el contexto de la crisis política y económica que atraviesa el país, asoma de forma cada vez más visible el problema del narcotráfico. A diferencia de lo que ocurría en la década de 1990, la Argentina es ahora un país productor. Un punto clave es la cooperación con el narcotráfico de las mismas instituciones formalmente responsables de investigarlo. En julio, procesaron al ex titular de la Secretaría de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico (Sedronar), como partícipe necesario de que el 85% de la efedrina que ingresaba en el país fuera destinado a la fabricación de estupefacientes. La complicidad de la policía santafesina con el narcotráfico es emblemática, al punto que está preso un ex jefe de la institución, pero se trata de un fenómeno extendido a todo el país. El narcotráfico no se sostiene sin cobertura policial, judicial y política. En agosto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, dijo que nadie puede negar el avance de la droga en la Argentina. Berni le respondió que se dio cuenta tarde y que se lo viene reclamando hace más de un año y medio, pero su propio operativo en Rosario, donde existen entre 800 y 1.000 quioscos de venta de droga, fue un fiasco. El desembarco de 3.000 agentes de Prefectura, Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal terminó con el magro resultado de 26 detenidos, la incautación de 3.400 dosis de cocaína, 1.200 de marihuana, cinco armas de fuego, 50.000 pesos, y lo más grave: la banda de Los Monos presa. pero no por narcotráfico, cuando su negocio es ése, sino por crímenes. Es decir, con los principales dueños del negocio de la droga en Rosario sin causas por drogas. Pero, de todos modos, pueden destruirse bandas como la de Los Monos o cualquier otra. Los narcotraficantes, incluidos los jefes de las bandas o los "señores de la droga" colombianos o mexicanos son material descartable: casi siempre mueren jóvenes, violentamente, o presos, y en la mayoría de los casos ni siquiera logran transferir sus fortunas a sus familias. Los verdaderos dueños del negocio son los grandes bancos que lavan el dinero de la droga, o los puertos privados -en Rosario hay 21- por los que sale la droga. Las bandas que manejan la operatoria local cobran en especies; es decir, en drogas, y la lucha entre ellas por el territorio y por el mercado a costa ya centenares de muertos sólo en Rosario y Santa Fe. Es un Estado tomado por el narcotráfico, cuyo dinero -como el del tráfico de armas y otros ilícitos- es el gran sostén del sistema financiero.

Con muchos menos votos que los habituales, el kirchnerimo logró aprobar en la Cámara de Diputados la creación de la Universidad Nacional de Defensa (Undef). El proyecto aprobado prevé la unificación de los tres institutos de formación, controlados por cada una de las Fuerzas Armadas, en un ente universitario autónomo bajo el control del Estado Mayor Conjunto y el Ministerio de Defensa. La Undef tendrá a su cargo la formación de civiles y militares en distintas disciplinas a través de carreras de pregrado, grado y posgrado. La ley recibió duras críticas, no sólo de la oposición sino también de algunos diputados kirchneristas como Adriana Puiggrós o Jorge Rivas, que votaron en contra del proyecto. La mayoría de los cuestionamientos hicieron eje tanto en la naturaleza de una institución que no podría regirse por la Ley de Educación Superior (ya que el cogobierno, la autarquía y autonomía universitarios son incompatibles con el verticalismo militar), como en los reparos frente a que los mandos militares se reserven la formación de su tropa al margen del control civil. Sin embargo, como denunció en el recinto el diputado del Frente de Izquierda Néstor Pitrola, el problema de fondo es que detrás de la creación de la Undef está el impulso del gobierno para reposicionar en la escena política nacional a las Fuerzas Armadas. Una línea asentada en la ley antiterrorista, el Proyecto X, la intervención de la gendarmería de Berni en el control y la represión, así como el espionaje contra las organizaciones populares, cuyo símbolo es el sostenimiento de Milani como jefe del Ejército, a pesar de las probadas denuncias sobre su participación en el terrorismo de Estado durante la última dictadura. En los últimos años y de la mano del kirchnerismo, el Ejército pasó a cumplir tareas de asistencia social y comunitaria en los barrios, el puntapié para su intervención en asuntos de seguridad interior. El mismo destino tienen los cien millones de pesos extra que recibió el área de inteligencia militar controlada por Milani el último año. La "integración de las Fuerzas Armadas con el proyecto nacional", clamada por la Presidenta, no es otra cosa que el reforzamiento del espionaje interno y la capacidad de represión del Estado frente a la crisis y el desborde social. La delegación de mayores poderes y autonomía en la formación militar para los Milani de hoy y mañana es un paso más en esta dirección. Al fundamentar el voto negativo del Frente de Izquierda, Pitrola fue contundente: "Nuestras Fuerzas Armadas son un trágico testimonio del monopolio de las armas contra el pueblo en la República Argentina. No queremos una universidad de la represión".

El ParlaNoa es una instancia que a reúne representantes de los diferentes bloques políticos de las legislaturas de las provincias del noroeste argentino (Tucumán, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca y La Rioja). En esta oportunidad, sesionó en Tucumán. En representación del Partido Obrero se hizo presente la senadora provincial por Salta, Gabriela Cerrano, quien presentó un proyecto de resolución para declarar la emergencia en derechos humanos en todo el NOA. El proyecto, además, solicitaba al Congreso de la Nación y a los parlamentos provinciales la creación de una comisión bicameral investigadora de los derechos humanos, integrada por diputados y senadores nacionales, y por referentes de organismos de derechos humanos, organizaciones políticas, sindicales y sociales de las provincias del NOA, y Familiares y Víctimas de la impunidad. Según el reglamento del Parlamento del NOA, está contemplada la creación de comisiones especiales para investigar o estudiar determinados temas. Confluyendo con esta iniciativa del bloque del Partido Obrero, la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad de Tucumán -encabezada por Alberto Lebbos, y acompañada por un centenar de compañeros del PO- se movilizó el viernes a la Legislatura para presentar un petitorio que contemplaba numerosas denuncias de atropellos y violaciones a los derechos humanos en la región; además, había solicitado hacer uso de la palabra en la sesión plenaria del ParlaNoa. Los representantes de todos los bloques patronales, oficialistas y opositores ningunearon estas inquietudes. El jueves, la comisión parlamentaria que debía dictar dictamen y resolver si el proyecto de resolución presentado por el Partido Obrero iba a tener tratamiento, lo archivó con el argumento de que en las provincias del NOA no hay evidencias de violación a los derechos humanos. El viernes, a la delegación de la comisión de Familiares, primero se la hizo esperar varias horas fuera de la Legislatura, bajo el sol, y luego sólo permitieron el ingreso de cuatro representantes, informando que recién al finalizar la sesión plenaria del ParlaNoa se les iba a dar el uso de la palabra. Los cuatro voceros de la Comisión de Familiares que ingresaron fueron encerrados en un cuarto vigilado por numerosos policías; como pasaban las horas sin ser atendidos, decidieron retirarse, actitud que fue acompañada sólo por la senadora del PO, Gabriela Cerrano. Ha quedado demostrado una vez más que el ParlaNoa es un conciliábulo de los patrones regionales y del gran capital. De los cuarenta proyectos presentados, sólo fue desechado el presentado por el PO -que impulsaba una iniciativa para enfrentar las violaciones de los derechos humanos y todo el andamiaje de impunidad que desde los poderes públicos amparan al crimen organizado.

El 29 de octubre de este año, Verbistky declaró en el megajuicio Esma III. Sorprendió al describir a Francisco como un colaborador en el esclarecimiento de algunas de sus investigaciones sobre el genocidio, tras las lapidarias denuncias que en el pasado formuló contra Bergoglio. Verbitsky dijo que éste le confirmó por medio de una carta que la Iglesia tenía la titularidad de la isla del Tigre "El Silencio", a donde fueron llevados los secuestrados de la Esma durante 1979, para ocultarlos de la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visitaba el país debido a las denuncias de los familiares. Cuando Francisco declaró en el segundo tramo del juicio Esma, años atrás, negó la existencia de archivos episcopales con documentos sobre los detenidos-desaparecidos. Sin embargo, ahora algunos comenzaron a aparecer, a cuentagotas. Su sucesor, José Arancedo, remitió a la Justicia copia de un documento donde constaba el informe de una reunión de los obispos con Videla, en la que se discutió la conveniencia o no de decir que los desaparecidos habían sido asesinados. Más recientemente, el Papa ordenó la desclasificación de los archivos sobre la muerte del obispo Angelelli. Bergoglio asegura haberse enterado recién hace diez años del robo de bebés. Sin embargo, el testimonio de Estela de La Cuadra -hija de "Licha", primera presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, fallecida antes de poder reencontrarse con su nieta Ana Libertad ("la nieta 115")- lo desmiente, ya que acudieron personalmente a él para que intercediera por su caso. Día a día, miles de familiares acudían a la Iglesia en busca de noticias sobre sus desaparecidos, sin hallar respuesta ni auxilio. En muchos casos, los curas incluso realizaban tareas de inteligencia. Emilio Graselli, del vicariato castrense, es un caso paradigmático, porque al tiempo que intentaba sacarle información a los familiares, consultaba un fichero donde constaba el destino de los desaparecidos. Graselli, al día de hoy, y a pesar de las denuncias que pesan sobre él, nunca fue juzgado. La relación entre la cúpula de la Iglesia y la dictadura era íntima. Los capellanes daban su bendición a los genocidas y los exculpaba porque, decían, arrojar cuerpos al mar desde un avión era una "muerte cristiana". Ahora, en los canales de televisión puede verse un spot en el que juntos, Carlotto y Arancedo, convocan a los chicos apropiados que aún no fueron encontrados. En Quilmes, las autoridades de la Unqui pretenden regalarles a los obispos la creación de un banco de datos genéticos. La perfidia no puede ser mayor. La Iglesia debe todavía rendir cuentas, por ejemplo, sobre el papel que tuvo el Movimiento Familiar Cristiano en las apropiaciones.

Se presentó el presupuesto 2015 de la Ciudad en la Legislatura. El mismo será de 85 mil millones de pesos, un 21 por ciento más que el cierre de 2014. Contradictoriamente, se estima una inflación del 28 por ciento y un dólar a 12,5 pesos. Pero lo más curioso de esta presentación fue que el dato clave para caracterizar el programa del gobierno para 2015 no estaba dentro de lo presupuestado, sino que justamente había sido excluido: el PRO "espera" poder refinanciar un vencimiento de 475 millones de dólares en abril y, por lo tanto, no lo contabiliza. Esto es lo que explica el apoyo de Macri al arreglo con los buitres que el gobierno nacional prepara para enero, porque un default más amplio de la deuda, dejaría colgado del pincel a la gestión PRO y su presupuesto. En su interpelación al ministro, Marcelo Ramal desnudó este ocultamiento y planteó que se abren dos alternativas para la Ciudad que podrían combinarse: o un canje parcial de la deuda por vencer, cargando con fuertes intereses a los próximos ejercicios, o una cancelación forzosa a costa de un ajuste aún mayor. El presupuesto combina una subestimación de la inflación con una devaluación del 50 por ciento y aumentos en patentes del 50 por ciento y del 30 por ciento para el ABL. Paralelamente, prevé fuertes recortes en Salud y Educación, y aumentos salariales del 25 por ciento, menores a la inflación. Además, el pago de vencimientos de la deuda externa sí prevista, aumenta un cien por ciento respecto de 2014, alcanzando los 3 mil millones de pesos. Es evidente que el gobierno va por un colchón de recursos para afrontar la hipoteca creciente de la deuda, que se ha triplicado entre 2008 y 2013. Contrariamente a lo que sostiene el PRO, el mayor endeudamiento de la Ciudad ha ido a parar a gastos corrientes, los vencimientos son refinanciados luego a tasas mayores, transformándose en una espiral. Paralelamente, bajo una falsa descentralización, aumentan los recursos para publicidad, atendiendo las necesidades de la campaña presidencial. En ese sentido, Ramal señaló que "en definitiva, el opositor Macri nos ofrece el mismo plato que nos mostró Kicillof en el Congreso: agravar la crisis social y el agobio impositivo a los vecinos, para servir a los especuladores financieros. Mientras tanto, el gran capital radicado en la Ciudad sigue sin ser gravado". Mientras tanto, los subsidios a la educación privada crecen 38 por ciento. Es el presupuesto dictado por la política privatista de la inscripción online, la evaluación educativa y la aplicación generalizada de la NES. El presupuesto de vivienda cae del 3,6% del total en 2011 al 2,4% para 2015. La urbanización de las villas y la construcción de viviendas sociales siguen siendo postergadas en función del maquillaje y la "integración" al tejido urbano que postulan el PRO y el FpV. El presupuesto adelanta una profundización de la línea de ajuste del PRO contra los trabajadores y vecinos, agravada por la inflación y la profundización de la crisis económica nacional. En estos días, la Legislatura es el escenario de la presentación del presupuesto, área por área. Llevaremos la agenda de los trabajadores y vecinos a cada una de ellas: la construcción de escuelas, el nombramiento de enfermeros/as y una verdadera transformación de las villas en barrios.

Walter Gómez, obrero de la fábrica Proyecto Metalúrgicos, fue víctima de un accidente laboral en noviembre de 2013. Al cumplir un año de su fallecimiento, el 17 de noviembre, sus familiares, junto a la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad y el Partido Obrero, realizaron un acto en la puerta de la fábrica. Alberto Lebbos, por la Comisión de Familiares, y José Luis Toro, por el Partido Obrero, denunciaron accidentes como el que sufrió Walter, resultado de la precarización e inseguridad en las condiciones de trabajo, que se repite en las distintas fábricas de la provincia con la complicidad del Estado y la burocracia sindical. El accidente se produjo el 2 de noviembre de 2013, cuando una caldera explotó e hirió de muerte a los trabajadores que se encontraban sin ropa adecuada y materiales de trabajo que los protegieran. Cuatro obreros fallecieron y dos resultaron gravemente heridos. En la causa está solamente imputado el responsable de Higiene y seguridad de la fábrica, pero no sus dueños ni ningún funcionario público. La burocracia de la UOM nunca se acercó a los familiares de Walter ni realizó ninguna denuncia a la patronal. Las condiciones de seguridad en la fábrica en la actualidad son las mismas que al momento del accidente. El acto fue apoyado por los vecinos de la fábrica. La patronal intentó armar una provocación mandando a la burocracia a enfrentarnos y procurando arrastrar a un grupo de los trabajadores, pero fracasaron ante la acción decidida de los compañeros y familiares.

Luego de las copiosas lluvias del 28 de octubre, que dejaron miles de inundados en la provincia de Buenos Aires, Macri, Vidal, Larreta y todo su gobierno afirmaron que la Ciudad ya no se inunda gracias a las obras que están realizando y en particular a los reservorios del Parque Sarmiento. La Asamblea de Inundados de Saavedra refutó estas afirmaciones y explicó que las inundaciones del arroyo Medrano son particularmente serias cuando las lluvias vienen del oeste, como aquel fatídico 2 de abril de 2013 en el que ocho personas murieron, seis en Saavedra. El 28 de octubre hubo una sudestada. En el diario vecinal "Mi Belgrano" de noviembre, estos mismos funcionarios afirman que las obras del Parque Sarmiento son parte del Plan Hidráulico Maestro, con el que estarían cumpliendo, y que estas obras benefician a 200.000 habitantes, donde se encuentra el 80% de la cuenca del Medrano. Todo esto es una verdad a medias... En primer lugar, las obras en el Parque Sarmiento fueron arrancadas con la lucha de la Asamblea de Inundados de Saavedra junto con otras asambleas. Fue en las reuniones entre los funcionarios de la Ciudad y los miembros de la asamblea donde se acordó la construcción de estos reservorios. Por el Decreto 65/13, la cuenca del Medrano fue excluida del presupuesto de obras del Plan Maestro. Las partidas asignadas a obras hídricas de prevención y mantenimiento fueron subejecutadas en el Presupuesto 2013. En segundo lugar, en las reuniones, los funcionarios reconocieron que las obras tendrían un carácter paliativo, pero que no resolvían estructuralmente las inundaciones del Medrano. Todas estas reuniones están documentadas. Por último, se calcula que el agua en superficie aquel 2 de abril fue de dos millones de metros cúbicos y los reservorios apenas pueden contener un 10%. De producirse un evento similar, un reservorio aguas abajo no resuelve ningún problema aguas arriba. La solución en el Medrano tiene que ser integral, todas las jurisdicciones que abarca la cuenca tienen que planificar conjuntamente en un comité donde estén los funcionarios de la provincia y de la Ciudad, los municipios afectados y representantes de las asambleas de vecinos. Tenemos que parar ya con la apropiación capitalista del suelo con fines especulativos, las construcciones en los humedales e impulsar el reclamo por el plan de obras ya, para terminar con las inundaciones en el Medrano con participación y control de los vecinos. Por todas estas razones, la movilización del 2 de diciembre para denunciar al gobierno de Macri tiene que ser multitudinaria.

El 3 de diciembre se realizarán las elecciones de Comisión Directiva del sindicato docente universitario de Tucumán. Participan tres listas: 1) el Frente Docente por el Cambio: la lista del activismo combativo de la huelga, encabezada por Ariel Osatinsky, de la Agrupación Naranja; 2) el actual oficialismo, cercano al kirchnerismo y las autoridades de la UNT, y 3) la lista del PCR. Esta elección será el corolario político de la histórica huelga de 89 días que llevamos adelante entre mayo y agosto. A lo largo de todo el proceso electoral, la superioridad política, numérica y organizativa de nuestra lista ha sido evidente. Las 50 candidaturas y los 400 avales duplican la cantidad presentada por las otras dos listas. Casi un centenar de docentes están motorizando la campaña por la recuperación del gremio en las facultades, escuelas y colegios preuniversitarios. Ya hemos conquistado, antes de realizarse las elecciones, las vocalías de seis seccionales porque las otras listas no han presentado lista en esas casas de estudio. La constatación, por parte de nuestros rivales y de las camarillas que los apoyan en las distintas facultades, de que no podrían evitar que el activismo combativo recupere el gremio, ha devenido en una campaña "sucia", macartista y difamatoria, hacia nuestros candidatos. La semana pasada se llegó al absurdo de que el actual secretario general "denunció" a nuestros compañeros Ariel Osatinsky y Antonio Roselló por difundir en los medios locales las actividades de protesta organizadas por el gremio y por Conaduh. En el mismo sentido actuaron los candidatos de la lista del PCR, que salieron a difamar a nuestros candidatos y por eso mismo fueron repudiados por sus propios colegas. La rotura de afiches, la utilización de los medios del gremio a su favor, la acción de algunos decanos y funcionarios del Rectorado para traccionar el voto en contra del Frente Docente por el Cambio, ponen en evidencia que quienes conducen actualmente el gremio no se quedarán de brazos cruzados y que van a usar todos los recursos disponibles para evitar que Adiunt se transforme en un sindicato combativo e independiente de las autoridades y de los gobiernos de turno. Por lo tanto, en la recta final se deberán sortear positivamente los múltiples obstáculos que interpondrán las camarillas y las autoridades de la UNT, e incluso el gobierno provincial, para evitar el terremoto que podría significar la recuperación de Adiunt. Desde la Agrupación Naranja y el Frente Docente por el Cambio nos jugamos a fondo en esta batalla.

Los resultados en las elecciones de la CTA en la zona oeste, aunque deformados por un fraude escandaloso, muestran un fuerte avance del clasismo en docentes y el Neumático. En la seccional Merlo-Moreno, con un 22 por ciento de los votos, ingresamos por primera vez a la Comisión Ejecutiva de la seccional con dos miembros por la minoría. Allí se destaca la elección en Pirelli con un 18 por ciento y un masivo voto docente. El 17 por ciento en Morón, con porcentajes del 20,44 en Hurlingham, 18 en Morón y 13 en Ituzaingó, no alcanzó para acceder a la minoría debido al fraude armado mediante decenas de urnas abultadas con "afiliados directos". Acá estamos ante una CTA desconocida, ausente de cualquier lucha en los distritos. En el Hospital Posadas, estos dirigentes gremiales son los defensores del gobierno responsable de la tragedia que costó la vida del joven camillero ocurrida semanas atrás. El 19,5 por ciento en La Matanza fue producto de una gran elección en las urnas docentes, a pesar de que una parte importante del frente Multicolor que recuperó el Suteba, hizo una campaña activa por la abstención electoral. Acá también los resultados fueron dibujados para evitar que ingresemos a la directiva. La Lista 3 realizó una lucha tenaz contra el fraude. Con cientos de fiscales enfrentamos el patoterismo de los punteros, la falta de boletas e innumerables irregularidades. La diferencia la sacaron en las urnas de los llamados movimientos sociales, cuyos miembros venían a votar para cumplir con sus "empleadores" de las cooperativas ligadas al gobierno. El crecimiento en resultados de nuestra lista refleja la disposición de lucha por parte de los trabajadores y un trabajo sistemático de construcción política para echar a la burocracia sindical de nuestros gremios.

"Una vez más, los proyectos que se exhiben en la Honorable Cámara de Diputados de Santiago del Estero, en su mayoría de legisladores del Frente Cívico, no hacen otra cosa que generar malestar en la población santiagueña. Hoy no fue la excepción. La polémica comenzó cuando la legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores, Andrea Ruiz, presentó un proyecto de declaración de repudio a los descuentos y sanciones aplicadas por las autoridades del Poder Judicial a sus empleados. Ante esto, Ruiz expuso que "los compañeros trabajadores deben sufrir las medidas arbitrarias de los directivos por reclamar lo que les corresponde" y pidió a sus pares acompañar este propósito. Una vez finalizada la exposición de la autora del proyecto, el diputado oficialista Antonio Romano pidió rápidamente la palabra y expresó: "antes que nada, quiero decir y aclarar que no estoy en contra de que las personas mejoren su calidad de vida, que cobren más; aclaro esto para que después no sea sacado de contexto. Ahora, los empleados judiciales nunca participaron de la mesa de diálogo. Ellos se cierran, deben ser elitistas o algo así. Primero, antes que nada, se busca el diálogo y si no se da, bueno, las huelgas". Seguidamente, expuso que la situación de los judiciales es una "cuestión dirigencial" e instó a los trabajadores a sumarse a la mesa de diálogo de la Confederación General del Trabajo (CGT) para resolver "pacíficamente" esta cuestión. Por su parte, la legisladora Natalia Carreras hizo uso de la palabra y dijo que "los mecanismos elegidos por los empleados judiciales no han sido los adecuados, puesto que hubo masivo abandono de puestos de trabajo, incluso rompieron parte del edificio. Tampoco estoy en contra de que las personas tengan una mejor calidad de vida, pero el derecho a huelga no debe alterar la paz pública". Luego de escuchar las opiniones de sus pares afines al Frente Cívico, la líder del Frente de Izquierda salió a defender a los trabajadores y aportó que "desde el gremio de Judiciales se pidieron audiencias con el gobierno, acción que fue rechazada en varias oportunidades. Creo que para comenzar el diálogo, el gobierno debe ser el primero en abrirse a ello". Una vez finalizado el descargo de los señores diputados, a la hora de votar sucedió un hecho insólito: se había votado de manera positiva el proyecto de la banca opositora, pero el presidente de la Cámara de Diputados, el Dr. Marcelo Barbur, dio por negativo alegando minoría de votos a favor y lo dejó sin sanción. Romano y Carreras, quienes en un principio se mostraron a favor del designio de su compañera Ruiz, finalmente optaron por no votarlo".

Intervenimos en las elecciones de la CTA Yasky con el objetivo de profundizar las tendencias antiburocráticas al seno del Sute, que en las últimas elecciones dejó a la oposición antiburocrática del Furs a votos de recuperar varias seccionales y gano Godoy Cruz. ¡Lo conseguimos! La puesta en pie de la única lista de oposición con candidatos de al menos diez de los 18 departamentos, más de 50 fiscales y agrupamientos departamentales caracterizaron una movilización sin precedentes para Tribuna Docente, columna vertebral y dirección de la clasista Lista 3 mendocina. La campaña La burocracia hizo campaña demagógicamente, al copiar el programa de Tribuna Docente: la democratización de la obra social, el 82% móvil, la licencia especial por violencia de género, la equiparación de las asignaciones familiares y el boleto educativo. Los docentes no comen vidrio. La campaña de la Lista 10 tuvo un presupuesto millonario, organizando cuatro congresos provinciales, publicidad televisiva, cartelera comercial callejera, licencia gremial a todos sus candidatos para recorrer escuelas y control absoluto de la junta electoral. Nuestra campaña, en cambio, estuvo basada en la preparación de una delegación de docentes al Congreso del Luna Park y en la militancia de nuestros candidatos, escuela por escuela, haciendo cadenas entre sus compañeros para que nuestros materiales lleguen a la mayor cantidad de compañeros. Así pudimos llegar con la propaganda de la lista a todo el gran Mendoza, el este principalmente en el departamento de San Martín y el sur concentrado en San Rafael. El rosa del afiche provincial de la Lista 3 inundó las escuelas y avenidas de las principales ciudades. Los resultados Incluso donde no los tuvimos, surgió la solidaridad con la lista: desde General Alvear recibimos el acta de una presidente de mesa que denunció la falta de boletas y el fraude. A pesar del fraude escandaloso y todas las maniobras la Celeste declara haber ganado 9 mil votos contra 2 mil de la Lista 3. Este resultado distorsiona la realidad. Primero, porque disimula la gran cantidad de "afiliados directos" que llevaron a votar los punteros del PJ -en el caso de Las Heras, el intendente "colaboró" mandando a la burocracia del sindicato municipal a votar. En las mesas donde fiscalizamos, los resultados son más ajustados, donde no se pudo fiscalizar la diferencia es abrumadora. La conclusión es clara. Una gran elección de la lista sección Las Heras (perdiendo en el padrón docente por 260 a 230), los más de 200 votos docentes en Guaymallén y un 30% oficial en la elección general de Luján de Cuyo son las expresiones de un ascenso del clasismo en la CTA oficialista. La oposición antiburocrática debe tomar nota de las consecuencias nefasta de abstenerse de esta batalla. En Godoy Cruz, la Celeste obtiene el mejor resultado provincial. Alertamos que la burocracia celeste va a utilizar la seccional de CTA con el aval que le dan los votos docentes, para "puentear" la sección de Sute. A la burocracia que hace fraude en Sute y en CTA no se le puede oponer la abstención, se le opone la lucha política y organizativa.

La hoja de ruta trazada por el kirchnerismo en beneficio de Telefónica y Telecom enviando al Congreso la ley Argentina Digital ha impactado de lleno en el gremio de televisión. No es para menos, la participación de las telefónicas en el mercado audiovisual pone en jaque la continuidad laboral de treinta mil trabajadores que en forma directa o indirecta trabajan en Cablevisión, Supercanal, Telecentro y centenares de cooperativas en el interior del país. El gobierno justifica esta concesión al capital financiero internacional con el planteo de "favorecer a la competencia". Un razonamiento similar había utilizado Roberto Dromi en los '90 permitiendo el desguace de Entel y la entrega de la soberanía comunicacional a los pulpos europeos en nombre de la "justicia social en las telecomunicaciones". Tras la presentación del proyecto de ley, se terminó de confirmar al detalle que el núcleo de la Ley de Medios apuntó desde sus orígenes a un nuevo reparto de los medios en favor de una mayor concentración de capitales, mientras se levantaban las banderas de la "pluralidad de voces" y "la democratización de la palabra". Este hecho ha desencadenado una crisis política en el propio kirchnerismo. La directiva del sindicato de televisión (SATTSAID), alineada con el FpV desde la primera hora, ha convocado a una movilización al Congreso Nacional para el 3 de diciembre, día que debe ser tratada y aprobada por el oficialismo en la cámara alta. El objetivo del gremio es introducir algunas prevenciones "antimonopólicas", que permitan realizar una convergencia entre las cableras y las telefónicas de forma gradual. O sea, autorizar por un plazo de entre cinco y diez años el ingreso de las cableras al negocio de la telefonía, para luego sí liberar a las telefónicas el servicio audiovisual. Un planteo que encuentra límites concretos por el propio peso financiero de las telefónicas, que tarde o temprano, pondrán las cosas en su lugar. Este cuadro debe potenciar la intervención de los trabajadores. Las adecuaciones en torno de la ley de servicios audiovisuales ha permitido a las empresas, amparadas en un fallo de la Corte Suprema de Justicia bajo el paraguas de la sustentabilidad financiera, el despido arbitrario de decenas de compañeros en C5N, ESPN, TV fuego, DirecTV, America TV y otros. Debemos intervenir con un planteo de conjunto, convocando a un paro nacional en rechazo a la ley Argentina Digital y movilizándonos en defensa de todos los puestos de trabajo.

Se llevaron a cabo las elecciones de Centro de Estudiantes en las facultades de Humanidades y de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Catamarca. En estas dos facultades, la conducción de los centros estaba monopolizada por los radicales de Franja Morada y por distintos agrupamientos vinculados con el peronismo. Este año se quebró ese monopolio por el gran ascenso de la UJS-PO y el gran retroceso del peronismo universitario. En Humanidades, la UJS salió segunda con un 33% de votos, lo que nos permitió obtener tres secretarías (dos más que el año pasado). Con un 50% de los votos, Franja Morada retuvo la conducción. El peronismo fue dividido entre massistas y barrionuevistas, quienes quedaron completamente relegados. En Exactas, las elecciones se disputaron entre la UJS y Franja Morada, pues La Cámpora-Megafón, en retroceso, no llegó a presentar lista. En esta elección, la UJS logró un 35%, conquistando tres secretarías. Antes de estas elecciones a Centro habíamos conquistado un consejero directivo, con lo cual la UJS ha quedado instalada en la UNCa no sólo como la única referencia de la izquierda (el MST sólo se presentó en Humanidades, obteniendo 20 votos), sino también como la segunda fuerza estudiantil universitaria, por encima del peronismo. La UJS capitalizó un intenso trabajo de denuncias y organización llevado adelante durante todo el año. En Humanidades denunciamos la precariedad edilicia, el ataque a los planes de estudios, la ausencia de guardería y reclamamos el boleto educativo. En Exactas, nuestra campaña tomó como eje la precariedad en el cursado, el reclamo por edificio propio. La UJS termina el año con un crecimiento muy importante de sus filas. Nos preparamos para el desafío del año próximo: la conquista de la dirección de los centros, para enfrentar la inevitable profundización de política oficial de ajuste y privatización educativa.

Al frente los estudiantes, frente conformado por la agrupación independiente Estudiantes autoconvocados, la UJS-Partido Obrero, Visión sostenible (independientes), la Cepa y Sur, quedó a 5 votos (418 a 423) de asestarle una derrota a la lista kirchnerista del Rectorado en la primera elección de centro en el departamento de Desarrollo productivo. En un movimiento estudiantil por ahora regimentado por el Rectorado, la gran elección (en el departamento más masivo de la universidad) constituye un avance sin precedentes. El frente obtuvo cinco secretarías y ganó en tres de las siete carreras. En Turismo, la carrera mayoritaria, la elección de Al frente los estudiantes fue del 70 por ciento. El eje fundamental de la campaña fue la necesidad de contar con un centro que organice a los estudiantes por sus reclamos (cupos, sobreprecios en buffet y apuntes, oferta horaria) diferenciando esta política de la que llevan adelante los otros centros conducidos por los K. De allí el valor de la votación de Al frente los estudiantes como pronunciamiento del estudiantado.

Este 25 de noviembre, día de lucha contra la violencia hacia la mujer, protagonizaremos una movilización unitaria del movimiento de mujeres. Esta finalizará con la lectura de un documento único en la puerta de la Legislatura provincial. La movilización será encabezada por los familiares y amigos de víctimas de violencia de género en la provincia. Entre los casos más resonantes está el de Fernanda Toledo, asesinada por su marido en 2009; Claudia Vera, quien está siendo juzgada por asesinar a su marido luego de radicar diez denuncias por agresiones en la comisaría; Johana Chacón y Soledad Olivera, víctimas de trata de personas en el departamento de Lavalle; y las feriantes de Guaymallén que, desde hace dos meses, vienen sufriendo las patoteadas de los agentes del intendente, que no les permiten poner los puestos con los que se ganan la vida. El documento acordado establece la responsabilidad de la violencia hacia las mujeres en el Estado y los distintos gobiernos de turno, que sólo han tomado medidas de maquillaje o insuficientes, y que lejos están de dar una salida a esta situación. Contempla los distintos tipos de violencia, que en su mayoría vienen del propio Estado, como lo son la carestía de vida, el ajuste en curso, la no reglamentación del aborto no punible y la prohibición de la venta del misoprostol. Defendemos el método del frente único para conquistar las reivindicaciones de género contra el gobierno y las variantes capitalistas. Este 25 de noviembre es sólo el puntapié.

El 25 de noviembre en Tucumán En Tucumán se realizó una numerosa e importante marcha unitaria que culminó con un acto en Plaza Independencia y la lectura de un documento acordado por las organizaciones convocantes. Alrededor de 2.000 mujeres se hicieron sentir en las calles contra el ajuste, la violencia estatal y la impunidad, por el aborto legal y las reivindicaciones pendientes del movimiento de mujeres. La marcha estuvo encabezada por la Comisión de Familiares víctimas de la Impunidad, moción que llevamos desde el Plenario de Trabajadoras a la reunión de coordinación. También estuvieron presentes familiares de distintos casos de femicidio, los de Noelia Rivero, María Medina, Sandra González, entre otros. Alejandra Mendoza: una gran movilización unitaria y contra el gobierno Este 25 de noviembre, en Mendoza, tuvo una particularidad respecto de años anteriores: la movilización fue unitaria del movimiento de mujeres y gremios combativos, y finalizó con la lectura de un documento único en la puerta de la Legislatura provincial. Unas 400 personas marcharon por el centro de la ciudad. El documento consensuado le exige a los gobiernos la creación de casas refugio, el desmantelamiento de las redes de trata, la legalización del aborto y la adhesión de Mendoza al protocolo de aborto no punible, entre otras reivindicaciones. El acto tuvo sólo dos oradores: el hijo de Claudia Vera, quien está siendo juzgada por asesinar a su marido después de hacer una decena de denuncias en la comisaría; y las feriantes de Guaymallén que desde hace más de dos meses vienen enfrentando las patoteadas del intendente que no les permite poner sus puestos, con los que se ganan la vida. Puli Chaco: acto y movilización contra la violencia hacia la mujer En la jornada de ayer, y en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero junto a la Comisión de la mujer de UPCP, familiares de Yamila Gómez -adolescente asesinada en Fontana por su novio-; víctimas de violencia de género; trabajadoras de la salud; docentes; estudiantes y público en general, recorrieron las calles céntricas de la ciudad para elevar una serie de reclamos relacionados a la cuestión. Desde la Comisión de mujeres de UPCP destacaron que "hay que empezar a denunciar. Nosotras tenemos compañeras que fueron 14 años víctimas de la violencia y hoy han salido de su situación. Lamentablemente, muchas veces, la policía no escucha las denuncias, y los golpeadores se pasean por el barrio. Queremos terminar con la impunidad y que los golpeadores sean sancionados". Familiares de Yamila Gómez pidieron justicia por la joven que fue asesinada en agosto por su novio Héctor Merino. "Este monstruo cometió este crimen horrendo y terminó como preso vip, por ser hijo de un comisario de Sáenz Peña, goza de salidas, puede usar celular e internet en la comisaría. Ahora fue trasladado a La Escondida. Queremos que no vuelva a salir porque podría matar de nuevo tranquilamente", expresaron las familiares de Yamila. Rocío Gómez, referente del Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero, señaló: "El kirchnerismo sancionó una ley de trata, pero ninguna red de trata fue desmantelada. Nos hablan del botón antipánico, pero no se toman medidas efectivas contra los asesinos de mujeres, que gozan de impunidad especialmente cuando tienen relación con funcionarios del Estado o la policía. Reclamamos que se tomen medidas urgentes. Es todo un régimen político cómplice de estos atropellos y hoy estamos en la calle para reclamar medidas urgentes para terminar con esta situación". Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero Chaco Esta importante presencia de familiares demuestra, una vez más, las características profundamente misóginas del régimen de Alperovich, donde la violencia contra las mujeres con casos emblemáticos como Paulina y Marita apuntan al propio corazón del gobierno. La columna del PDT fue numerosa y muy colorida, y las compañeras de los distintos frentes del interior autofinanciaron su concurrencia porque querían estar presentes en esta jornada de lucha que votamos en el ENM y en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda. Tenemos que ir a una agenda de lucha para imponer el tratamiento del aborto legal en el Congreso. Eso es lo que cantábamos en la columna del PDT.

La muerte de Omar Chabán despertó una polémica en torno de su figura: junto a las voces que enfatizaron su responsabilidad en la masacre de Cromañón, artistas de trayectoria ensalzaron su rol como innovador cultural. "Te recordaremos con afecto aquellos que te conocimos", escribió Andrés Calamaro. "Creo que ya lo podemos dejar en paz a Chabán, que dejaré en mi memoria en Cemento. Ahora ocúpense de los vivos que son peores", dijo la cantante Erica García. Desde la banda "Pez", expresaron: "A Chabán lo voy a recordar como el tipo que me dio una fecha a los 16 años, sin vender tickets y nos cuidaba en la puerta cuando venía la yuta". Iván Noble dio otra mirada: "Chabán fue responsable. Ni hablar los funcionarios. Pero los que fuimos parte del rock en los ‘90 contribuimos al Planeta de Los Simios". Las palabras de reconocimiento a Chabán responden a su rol como artista plástico y artífice del under en Buenos Aires: fundó desde los ochenta el Café Einstein, luego el Di Schule y Cemento, cuevas del rock y del arte conceptual. Además de la conocida historia de Sumo, Los Redondos o Soda Stereo, en aquellos espacios podían hallarse expresiones de danza clásica ante el público punk-rock, ver al performer Batato Barea, escuchar recitados de Shakespeare o ir a las cenas lacanianas de los martes. Había ollas populares. Se presentaban obras como "Uorc", de La Organización Negra. O "Clásico Amoral", de Chabán, en la que los actores estaban vestidos y el público no, rediscutiendo la idea del arte, el espectador y el erotismo. Toda esta movida vanguardista y rockera se llevaba adelante en condiciones de precarización hacia el público y hacia los artistas. "Era la única alternativa de cultura que teníamos; si te caían gotas del baño de arriba, reputeabas a todos los que tenían que ver con Cemento, pero tratabas de adaptarte porque era el único lugar, no existía otra posibilidad", sintetizó el cantante de Las Pelotas Germán Daffunchio ("Cuando el arte ataque", Demo Editores, 2006). Los artistas estaban atados a esas condiciones para desarrollar y exponer su creación. Chabán cumplía un doble rol: artista vanguardista y empresario. Su carácter "progre" en el ambiente, en modo alguno escapaba a las leyes de la usura capitalista. Su responsabilidad en la masacre fue probada y el vértice de la responsabilidad está en el Estado. En la figura de Chabán se concentra descarnadamente la mercantilización que la industria cultural ejerce sobre el arte y la cultura.

El domingo 7 de diciembre, el Partido Obrero de Río Negro realizará su picnic anual. Será un evento político y cultural en el que disfrutaremos a orillas del río, en el Paseo de la Isla 58, y reuniremos a la familia obrera para hacer un balance político del año, debatir las tareas a desarrollar y prepararnos para las luchas que se avecinan. Comienza a las 9:30 con una bicicleteada desde plaza de los Próceres hasta el balneario municipal. Es a la canasta. Cierra la jornada Gabriela Suppicich, diputada electa de Neuquén por el Frente de Izquierda.

El 20 de noviembre se realizó en Córdoba la octava Marcha de la Gorra, que reúne a miles de jóvenes y organizaciones para reclamar contra el gatillo fácil, la represión policial y por la anulación del Código de Faltas. La convocatoria fue masiva en la capital cordobesa. La marcha tuvo lugar en una Córdoba militarizada y profundamente conmocionada por el incremento de la represión policial y el gatillo fácil -ya son ocho casos en lo que va del año. El emblemático caso de ‘Guere' Pellico movió masivamente al barrio Los Cortaderos, situación que terminó con la judicialización y detención de los dos oficiales implicados en el asesinato. Es justamente esta creciente movilización popular la que obligó al conjunto de las fuerzas patronales a consensuar reformas cosméticas al Código de Faltas (el cual ahora pasaría a llamarse "Código de Convivencia"), a ser votado en la Legislatura provincial para fines de este año. Las reformas mantienen el carácter represivo del código. Figuras como "merodeo", "prostitución escandalosa", "resistencia a la autoridad" o "negativa a identificarse" habilitan las detenciones arbitrarias y constituyen una herramienta de represión por excelencia para la policía. El procesamiento administrativo previsto en el código -que ahora involucraría a jueces de paz, fiscales y ayudantes de fiscales- viola cualquier derecho a legítima defensa y a las libertades democráticas. Inclusive, en el nuevo código intentaron incorporar una cláusula antihuelga que fue desbaratada por la movilización de los trabajadores. El encubrimiento La modificación del Código de Faltas forma parte de toda una serie de iniciativas parlamentarias (nueva policía anti-narcotráfico, "control ciudadano de la policía", etc.), que fueron impulsadas por el delasotismo y acompañadas por juecistas, radicales y kirchneristas, con las cuales intentan legitimar un aparato policial profundamente cuestionado, y cerrar así la crisis política abierta luego que el estallido del narco-escándalo a mediados del año pasado y los amotinamientos de fines de año, que se llevaran puesto al segundo jefe de policía en menos de un año. La férrea defensa que el propio De la Sota hace del actual jefe de policía, Julio César Suárez, imputado por coacción contra el periodismo que cubría un operativo policial, justamente en el movilizado barrio Los Cortaderos, es el sostenimiento de todo un aparato policial profundamente descompuesto, que regentea las redes de narcotráfico, de la trata y el crimen organizado. Al igual que el kirchnerismo a nivel nacional lo hace mediante la Gendarmería de Berni, Proyecto X o la ley antipiquetes, De la Sota requiere de un fuerte aparato represivo para hacer pasar su política de ajuste que el pueblo explotado no está dispuesto a aceptar. La masiva Marcha de la Gorra en toda la provincia se pronunció contra el gatillo fácil, contra el abuso y la represión policial, por la anulación del Código de Faltas y la destitución del jefe de Policía. Preparemos para el próximo 17 de diciembre una marcha a la Legislatura provincial para rechazar el nuevo "Código de Convivencia".

La trama mafiosa, minuciosamente descripta por los abogados del caso, repite como un calco los elementos del crimen de Mariano Ferreyra: tercerizadas -que trafican "mano de obra" de aborígenes en transportes truchos-; empresarios inescrupulosos -asociados al gobierno provincial- que los emplean, quedándose con millones de pesos robados de los sueldos de los trabajadores; encubrimiento estatal y participación policial como gendarme de estos intereses; silencio cómplice de las organizaciones gremiales; encubrimiento por parte de la Justicia y zonas liberadas para hacer posible esta trama delictiva. Cuando Daniel Solano percibió esta estafa, se organizó todo el aparato mafioso empresarial-político-judicial-policial para eliminar a un trabajador que comenzaba a resultarles peligroso, y para luego encubrir el crimen. El precario acampe de los familiares de Daniel y los abogados que los patrocinan, frente a la Fiscalía de Choele Choel, se convirtió en el epicentro de una creciente solidaridad de algunos sectores de la población de Valle Medio, en particular de la juventud, que fue posteriormente irradiando a toda la provincia. La causa debe cobrar estado nacional. Tenemos que impulsar una imponente movilización popular, que acompañe a la colosal investigación realizada por los abogados. Esta es la única garantía de que se logre una condena efectiva a los responsables materiales e ideológicos y a la larga cadena de encubridores que pretenden sancionar la impunidad de la desaparición de Daniel Solano.

Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó que la causa en la que se investiga la desaparición de un estudiante neuquino en 2003, Sergio Avalos, sea llevada adelante como "desaparición forzada de personas", en lugar de la carátula "averiguación de paradero". El de Avalos sería el tercer caso de los desaparecidos en democracia incorporado bajo esa figura que reconoce la participación del Estado y sus fuerzas de seguridad en la desaparición. Antes del caso de Avalos, se produjo el de Iván Torres, desaparecido en Chubut también en 2003, y el de Luciano Arruga, hasta la aparición de sus restos en octubre de este año. De acuerdo con el relevamiento de los organismos de derechos humanos, son más de 200 los casos de desaparecidos en democracia. Que sólo sean tres los que la Justicia ha ordenado investigar como "desaparición forzada" revela el grado de impunidad con el que actúan la policía y sus bandas asociadas. En todos los casos, el cambio de calificación fue el resultado de una intensa lucha por parte de los familiares, compañeros y organizaciones. La modificación de la carátula para Luciano Arruga llegó recién en 2013 -es decir, cuatro años después de su desaparición. En el caso de Julio López todavía no se ha llegado ni siquiera a eso. Las filas de la Bonaerense, responsable de su desaparición, jamás fueron indagadas y los únicos investigados son los funcionarios judiciales que juzgaron al genocida Miguel Etchecolatz y las abogadas de López, por no haber tomado los recaudos para cuidarlo. La denuncia fue impulsada por el hijo de López -de militancia oficialista- y es funcional al encubrimiento de las responsabilidades políticas del gobierno, que ha abandonado toda búsqueda. Multitudinaria movilización En los últimos días, en la ciudad de Rosario, se llevó adelante una multitudinaria movilización por la desaparición del joven Franco Casco, ocurrida en octubre de este año luego de ser detenido por la policía local y finalmente encontrado muerto en el Río Paraná. Su familia reclama la calificación de "desaparición forzada". Por otro lado, el crecimiento incesante del narcotráfico y las redes de trata, que cuentan con la participación y encubrimiento de las fuerzas represivas y judiciales del Estado, agravan la situación. Es el caso del triple crimen de Villa Moreno, ocurrido en Rosario en 2012, en el que fueron asesinados tres militantes del FPDS, dejando al descubierto la trama de complicidad policial con el narcotráfico. CFK afirmó que "hoy nadie puede desaparecer". El gobierno se pronuncia una y otra vez desconociendo la existencia de desaparecidos en democracia. Por eso, echa mano sobre el Banco Nacional de Datos Genéticos restringiendo su competencia exclusivamente a los casos de lesa humanidad anteriores al 10 de diciembre de 1983. Detrás del gatillo fácil, los crímenes sociales como Cromañón, las inundaciones de 2013, la masacre de Once, el crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, se encuentra la mano del Estado y su trama de complicidades. Una lucha consecuente debe unificar en un gran movimiento nacional a la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy. Es en este marco que llamamos a organizar una gran jornada el próximo 10 de diciembre, día en que los familiares de víctimas de la impunidad y organizaciones llevarán a cabo una movilización al Congreso Nacional y otros puntos del país. Aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia. Desmantelamiento de las redes de trata. Desmantelamiento del aparato represivo. Basta de "gatillo fácil". Reorganización integral de la seguridad sobre nuevas bases. Juicio y castigo a todos los responsables de los crímenes contra el pueblo.

El 20 de noviembre comenzó el alegato de la querella de Justicia Ya! que representa, entre otros, a la Asociación de ex detenidos desaparecidos, la Asociación Anahí y la AGD-UBA. Nuestra querella acusa por genocidio a Gustavo Adolfo Cacivio, Néstor Norberto Cendón y Federico Antonio Minicucci por 204 casos de compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por el centro clandestino de detención y exterminio que se encontraba en autopista Ricchieri y Camino de Cintura. La querella que representamos fue punta de lanza en la solicitud de revocatoria de las prisiones domiciliarias que gozan los genocidas y llevó a la fiscalía a acompañar nuestro planteo. No obstante, no tuvo acogida en el Tribunal Oral Federal N° 4. Nuestra querella amplió la acusación por 27 casos de homicidios, entre ellos el de Julio Diego Guagnini, hijo de nuestra compañera Catalina Guagnini, y por once casos de delitos sexuales. La posición que sostenemos respecto de los delitos sexuales no fue compartida por las querellas del CELS, la Secretaría de Derechos Humanos y la fiscalía, por lo que, en soledad, hemos solicitado se amplíe por la totalidad de los casos que denunciamos. Homicidios múltiples El TOC 4 hizo lugar a la totalidad de nuestros planteos, lo que permite acusar por múltiples homicidios, delitos sexuales, torturas, privación ilegítima de la libertad, subsumidos todos ellos en el delito de genocidio y pedir la pena de prisión perpetua en este juicio. De esta manera, sorteamos la necesidad de realizar un juicio especial por delitos sexuales lo que se traduce en un nuevo ataque a las compañeras víctimas de la maquinaria genocida. Este alegato se realiza con un acusado menos: Faustino José Svencionis falleció hace unos días, por lo que no escuchará la acusación de nuestra querella. Una vez más, la impunidad biológica sobrevuela los procesos de memoria, verdad y justicia, asestándole un gran golpe. La cantidad de represores que se están juzgando revelan la fragmentación de los juicios y el silencio estatal que a 38 años de democracia, y aún derrotando las leyes de impunidad, sigue sin abrir los archivos de la dictadura y valiéndose de los organismos de derechos humanos y víctimas para aportar la prueba que pueda conseguir la condena de los genocidas. El primer juicio y el que estamos concluyendo por el centro clandestino de detención El Vesubio no encontrará aquí su final porque aún nos quedan genocidas que condenar, genocidas por descubrir, y conocer finalmente la totalidad de nombres de compañeros que estuvieron cautivos allí. El cierre de nuestro alegato será el jueves 27, a las 9:30 de la mañana, en la Sala SUM de Comodoro Py 2002. ¡30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes!

La Justicia es parte de un operativo estatal de impunidad para impedir que el jefe del ejército César Milani se siente en el banquillo de los acusados por la desaparición del soldado Alberto Ledo, durante la dictadura. El último episodio de la saga se produjo la semana pasada, cuando el fiscal Gustavo Gómez -que reemplazaba al fiscal Carlos Brito, de licencia- fue apartado de la causa con premura en el momento en que analizaba el pedido de los querellantes de llamar a indagatoria a Milani. No sólo eso: el abogado defensor del militar denunció penalmente a las tres abogadas que representan a la familia Ledo en la querella por amenazas e intimidación de un testigo, causa que de prosperar podría determinar que les quiten las matrículas e impedir, de este modo, su participación en el caso. El carácter político del apartamiento del fiscal Gómez -decidido el juez Daniel Bejas, que entiende en la causa- es notorio, ya que no sólo fue apartado en un lapso de seis horas de la causa Milani, sino también de la que investiga el supuesto enriquecimiento ilícito del actual ministro de Salud Juan Manzur, otra sobre corrupción en Yerba Buena que involucra al intendente Daniel Toledo y una más que indaga sobre manejos irregulares de fondos públicos en Montero, en el que están sospechados el intendente Alberto Olea y su esposa, la diputada nacional María del Carmen Carrillo. Todo un operativo de impunidad estatal llevado adelante por sus elementos judiciales. "Están protegiendo a Milani", dijo a este cronista Graciela Ledo, hermana del soldado desaparecido en 1976. Las abogadas Adriana Mercado Luna y Viviana y María Elisa Reinoso fueron denunciadas penalmente, luego de que solicitaran por tercera vez la indagatoria del sospechado militar. "Toda la carga de la prueba indica que Milani debe declararar", señala Mercado Luna. "Por otro lado, toda la prueba fue presentada por la querella -agrega Ledo-, mientras la fiscalía no hizo ningún aporte". Una línea de acción repetida: el fiscal Pablo Camuña, designado por la procuradora Gils Carbó, había recomendado en un primer momento que se archivara la investigación sobre Milani, pero la Cámara hizo lugar a la apelación planteada por la familia Ledo y se tuvo que reabrir el expediente. Las denuncias en La Rioja por otros casos que involucrarían a Milani no avanzan debido a la inacción de la Justicia. Mientras tanto, la acusación por "amenazas e intimidación" sobre un testigo -que había sido acusado por la querella por falso testimonio- muestra el armado que los defensores de Milani están dispuestos a llevar adelante para cumplir sus objetivos. La cerrada defensa del cuestionado militar -un especialista en inteligencia y que multiplicó el presupuesto de ese área en el ejército- tiene un carácter estratégico para el gobierno kirchnerista, que no duda en tirar por la borda el "relato" sobre su defensa de los derechos humanos al impedir que se juzgue a un probable participante del genocidio de la dictadura. Los episodios recientes indican que el oficialismo usa todo recurso estatal para proteger a Milani de la investigación de los hechos del pasado.

Días atrás, Horacio Verbitsky eliminó del sitio web de Página/12 ocho columnas lapidarias contra Jorge Bergoglio, que recogían el resultado de sus investigaciones sobre la complicidad de la Iglesia argentina con la dictadura. Desde esas columnas y varios libros, Verbitsky señaló a Bergoglio por cómplice de los genocidas. Destacó los casos de los curas Orando Yorio y Francisco Jalics, quienes estuvieron en la Esma. Verbistky sostenía que Yorio "denunció a Bergoglio como el responsable de su secuestro y de las torturas que padeció durante cinco meses de 1976". Habiendo estallado en las redes sociales esta "autocensura", el columnista ensayó una explicación infantil: en una breve columna titulada "Fui Yo" (Página/12, 18/11) dijo que personalmente pidió que se quitaran sus notas sobre el otrora cardenal porque "no quería darle información premasticada a la nube de periodistas europeos que cayeron sobre Buenos Aires" y pretendían escribir biografías sobre Bergoglio. El resultado fue el contrario al deseado: a raíz de esta "autocensura", los archivos se expandieron ahora como reguero por toda la web. Además, de todos modos, las denuncias Verbitsky siguen constando en sus propios libros y, asimismo, los diarios en los que se publicaron aquellos artículos están disponibles en cualquier hemeroteca. Luego, también los periodistas alcahuetes del gobierno -Daniel Tognetti y otros- comenzaron a borrar los tuits en los que habían compartido las notas de Verbitsky. Un naufragio intelectual de las dimensiones del Titanic. Por la bendición baila el mono Es obvio que esta borratina general responde al giro vaticano del gobierno, que logró la bendición papal para sus acuerdos con el capital financiero. A cambio, la “Santa Madre” se quedó con reivindicaciones clave del nuevo Código Civil y Comercial. Podría decirse que quien intimó a Verbitsky a este recule fue Estela de Carlotto. Cuando la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo viajó al Vaticano, le pidió disculpas al Papa por haberlo señalado como cómplice de la dictadura militar de '76/'83. Según sus propias palabras, "simplemente me estaban informando mal desde sectores que yo creía que eran serios". Todos miraron inmediatamente al presidente del CELS. Los "nacionales y populares" están dispuestos a todo aquello que esté al alcance de sus manipulaciones. Milani no es un accidente.

En las elecciones de Centro del Profesorado Nº 41 (uno de los más importantes de zona sur) triunfó un frente independiente: 53,2% para el Frente de Estudiantes en Lucha "Carlos Fuentealba", conformado por La Comuna (FPDS + MIR), el MAS, la agrupación Mariano Ferreyra (UJS) e independientes, por un lado, y el 46,8% para la Lista 2 (agrupaciones K), por el otro. La constitución del FEL (y su victoria) fue producto de un proceso de lucha (radios abiertas, cortes de calle, asambleas) por el edificio propio y todas las reivindicaciones (reformas en el edificio actual, boleto educativo) y expresó una síntesis entre la conducción previa del centro (La Comuna y el Mas), la Mariano Ferreyra y el activismo surgido al calor de la lucha. Los estudiantes han sido concientes de lo que estaba en juego y votaron por el frente de los luchadores en contra de la lista K, que no ahorró macartismo en su campañ y la que significaba un centro inmóvil frente a las reivindicaciones planteadas.

En las elecciones de Centro de Estudiantes de la Escuela de Humanidades en la Universidad Nacional de San Martín, el Frente de Izquierda Estudiantil -encabezado por la UJS- renovó su mandato por segundo año. El Movimiento Evita -que en las elecciones del año pasado había quedado en minoría por sólo cinco votos ante la mayoría conquistada por el Frente de Izquierda- decidió no presentarse a la elección, de manera tal que hubo elección con lista única. Los 115 votos emitidos constituyen un pronunciamiento de los estudiantes por la defensa de un centro en acción, que desde hace un año viene desarrollando un enorme abanico de iniciativas para conquistar mejores condiciones de cursada y por una nueva orientación para la universidad, que actualmente funciona como una caja negra de los negociados del gobierno y sus empresarios amigos. Los votos emitidos constituyen, sobre todo, una derrota a la política del Movimiento Evita, que pretendió emprender un camino de vaciamiento del centro, tal como se realiza en otros centros de la Unsam -por ejemplo, Ciencia y Tecnología o Política y Gobierno, escuelas en las que hace más de tres años no se realizan elecciones y los centros se encuentran completamente disueltos. El Evita ha decidido cobijarse en los órganos de gobierno, funcionando como un mero "levanta manos" del decano Greco -un Boudou que fue expulsado de la Universidad de Quilmes por el acrecentamiento de su patrimonio en más de tres millones de pesos- y del rector kirchnerista Carlos Ruta.

Las elecciones estudiantiles de la Universidad Nacional de La Plata fueron el escenario de una confrontación política entre las listas tributarias del gobierno y las listas de la izquierda. Humanidades y Bellas Artes eran las grandes apuestas de las listas del gobierno. En ambos casos, los centros eran conducidos por La Mella, y estaban carentes de un programa para enfrentar a las autoridades. La UJS planteó la convocatoria a plenarios donde las fuerzas de izquierda discutieran cómo intervenir en este escenario. Sólo La Mella recogió la iniciativa, mientras el resto de la izquierda resolvió abstenerse de esta pelea política de fondo que atravesaba la elección. En estos plenarios, hicimos hincapié en la elaboración de un programa político de lucha para convertir a los centros en gremios combativos. Enfrentar la ofensiva del gobierno y defender la independencia de los centros de estudiantes es una cuestión de principios, pero sólo será consecuente en la medida en que se exprese el contraste entre los que son un canal del ajuste y de quienes nos agrupamos para combatirlo. A partir de la constitución de Estudiantes al Frente en ambas facultades (junto a La Mella en Bellas Artes y en Humanidades, también con Izquierda Socialista y agrupaciones independientes) fuimos a una confrontación directa poniendo sobre la mesa qué era lo que estaba en juego en la elección. Las victorias tanto en Humanidades (42 a 29% -más de 600 votos-) como en Bellas Artes (39 a 36%, contra el fraude que se cocinaba desde el Decanato) son un pronunciamiento contra el gobierno y su regimentación de la juventud para hacer pasar el ajuste, y abre una nueva etapa del movimiento estudiantil de la UNLP. A partir de ahora, los centros estarán atravesados por dos orientaciones, la UJS se esforzará por convertirlos en canales de organización de los estudiantes contra el ajuste, la precarización laboral y la privatización. La izquierda abstencionista cosechó magros resultados, incluso cuando el PTS se presentó en soledad como Izquierda al Frente, confundiendo al electorado. El contundente triunfo con el cual aplastamos a la Franja Morada en Arquitectura (59 a 27% -¡más de 1.700 votos!) es el resultado de dos años de conducción en los cuales hemos enfrentado la reacreditación a la Coneau, la elección trucha del decano Gandolfi, la proliferación de los posgrados, en los que dejamos en evidencia que la Franja no es otra cosa que un agente de la política privatista que baja desde el Decanato. Es un claro pronunciamiento en favor de un centro independiente y combativo. Se abre un nuevo capítulo para la UJS de La Plata, desde la conducción de tres centros y desde la Secretaría General de la Fulp, que asumimos en septiembre, para dar un nuevo impulso a la lucha contra la precarización de estudiantes, docentes y no docentes (en apoyo a los proyectos que presentamos en el Consejo Superior), motorizando los movimientos de ayudantes de Bellas Artes y de los trabajadores de los servicios; por la sanción definitiva del boleto educativo gratuito en el Senado; contra el presupuesto 2015, que será un nuevo presupuesto de ajuste y que profundizará el cierre de carreras; los convenios con las empresas; los aranceles y la ligazón con el poder político de turno. Empieza una nueva etapa en el movimiento estudiantil platense. Vamos por imprimirle una perspectiva política de lucha. ¡Manos a la obra!

El Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires pretende elegir rectores en los colegios preuniversitarios. En el caso del Carlos Pellegrini, esto ocurrirá el 4 de diciembre y, al día siguiente, será el turno del Colegio Nacional de Buenos Aires. Las autoridades de la universidad pidieron la renuncia al actual rector del Pelle, Marcelo Roitbarg, quien accedió al pedido cuando debía terminar su mandato en julio 2015. En paralelo, adelantaron tres meses la elección en el Buenos Aires para reelegir a Gustavo Zorzoli. La nueva tentativa del Rectorado de la UBA para hacerse con el control de los colegios, eligiendo rectores fuera del período de clases, es fuertemente resistida por los estudiantes de ambos preuniversitarios, quienes en las últimas elecciones votaron masivamente a las listas de izquierda y de la UJS, las cuales plantearon la lucha contra esta imposición durante la campaña. Gran elección en el Pelle y victoria en el Nacional El frente K "Unidos y Organizados" ganó las elecciones en el Pelle con una campaña lavada; sin embargo, el dato político fue el crecimiento exponencial de la Izquierda al Frente, la agrupación de la UJS, que quedó en segundo lugar a sólo 15 votos de los K -con unos 485 votos, el 24%, cuadriplicando los votos del año pasado. El ascenso electoral -y también militante- es un mandato para enfrentar el plan del Consejo Superior de elegir a Leandro Rodríguez -vicerrector del turno tarde y referente de Franja Morada- como rector. En el Buenos Aires, luego de un año de conducción de Oktubre (agrupación conformada por independientes de izquierda y la UJS), en 2013 había ganado Consciente Colectivo, una agrupación que se autoproclamaba como independiente a pesar de su tendencia filo-kirchnerista. Durante su año de conducción, no libraron ninguna lucha con la excusa repetida de que "faltaba conciencia" para desarrollar las acciones, permitiendo así la avanzada de las autoridades. Consciente Colectivo terminó cuarta, incluso detrás de los votos en blanco. Sin embargo, ni el kirchnerismo (que contó con el apoyo de Aníbal Fernández y Recalde, quienes grabaron spots junto con los principales candidatos de La Cámpora) ni Franja Morada (apoyada por las autoridades todo el año) consiguieron llegar al 20%. Oktubre volvió a la conducción del centro sacando 542 votos -más del 30%. Un mandato por la democratización El ascenso de la izquierda en ambos colegios está ligado a un programa de lucha por los reclamos de estudiantes, docentes y no docentes -es decir, a la reorganización de la universidad sobre los intereses de las grandes mayorías. En contraposición a los Zorzoli y los Rodríguez, a quienes los unen los negocios del Rectorado, los recursos propios, la precarización docente y el ajuste presupuestario, los estudiantes votaron "ningún rector del Consejo Superior" y se preparan para desarrollar un plan de lucha.

"Militantes, amigos, compañeros, luchadores. Tuvieron que callarlos con 40 balas", titulaba el periódico Política Obrera en su edición del 23 de diciembre de 1974, a una semana del asesinato, por parte de la Triple A, de dos militantes obreros de la fábrica de pinturas Miluz, Jorge Fischer (delegado general) y Miguel Angel Bufano. La alevosa cantidad de disparos que fueron necesarios para silenciar a estos militantes de Política Obrera da título al largometraje documental Cuarenta Balas - El Caso Fischer-Bufano, de los realizadores Ernesto Gut (Thuta) y Dionisio Cardozo (Dennis). Desde 2012, el film (que cuenta con el testimonio de más de 30 entrevistados, animaciones y recreaciones de época) viene produciéndose en Buenos Aires y otras partes del país. Entre ellas, Villa Constitución, donde Jorge Fischer participó del Plenario Nacional Antiburocrático organizado días después del histórico Villazo y protagonizado por los obreros metalúrgicos de la ciudad. Ese plenario, en el que Jorge tuvo un papel destacado, fue organizado en la perspectiva de estructurar nacionalmente al movimiento clasista que tenía su máxima expresión en Villa Constitución -liderado por los obreros de Acindar y apoyado por toda la ciudad. En el marco de la investigación de archivo llevada adelante por varios compañeros que participan del proyecto, el Archivo de la Memoria entregó una serie de archivos digitalizados de audio y video. En ese material, encontramos dos archivos con el nombre de "Acindar". Se trataba del audio (hasta entonces perdido) del Plenario de Villa Constitución y, entre los oradores, se pudo distinguir la intervención de Jorge Fischer: "Nosotros creemos que el primer punto que debe plantear este plenario es la defensa incondicional de la lucha de los compañeros de Acindar -comienza Jorge-. Para esto, es fundamental que de este plenario surja una Coordinadora Nacional en defensa del triunfo de Acindar, en defensa de las comisiones internas y de los cuerpos de delegados combativos, en defensa de los activistas que pelean en las fábricas por los derechos de los trabajadores..." (a continuación, aplausos y cánticos: "Llegó la hora / de la Coordinadora..." y luego el discurso continúa). Hasta el momento no se encontraron otros registros de audio o fílmicos de ese plenario ni de Jorge Fischer, con lo cual el hallazgo tiene un valor fundamental. La misma noche en que se identificaron los audios, Viviana Asrilant, viuda de Fischer, confirmaba que ésa era la voz de Jorge y que ése era el planteo que había llevado en representación de los obreros de Miluz y de Política Obrera. Recuperar la voz, el legado de los compañeros asesinados y echar luz sobre esos años de lucha y represión, es la tarea de Cuarenta Balas - El Caso Fischer-Bufano, que tendrá una proyección especial de homenaje el 2 de diciembre, a 40 años de este crimen de Estado que continúa impune.

En el inicio de este mes de noviembre se concretó la jornada llamada "BioArgentina", organizada por la Cámara Argentina de Biotecnología. Tuvo lugar en la Sociedad Rural, con más de 900 participantes, y fue promocionada como un "encuentro virtuoso entre la ciencia y las empresas... destinado a la vinculación efectiva (sic) entre jóvenes investigadores y fondos de inversión". El acontecimiento central de "BioArgentina" fue una videoconferencia ofrecida por el estadounidense Craig Venter. Se trata de un biólogo que se ha destacado por una acumulación recontramultimillonaria de capital vinculada a la privatización de los descubrimientos en biotecnología. Venter ascendió a la fama al fundar la compañía Celera Genomics, la cual, sobre el final del siglo pasado se consagró a descifrar el código genético humano (el genoma)... y a buscar "patentarlo" para su utilización comercial e industrial. El asunto derivó en una suerte de escándalo planetario, ya que implicaba convertir a Venter en "propietario" de lo que entonces se llamó la revelación del "libro de la vida". Uno de sus críticos más notorios fue el premio Nobel de Medicina John Sulston, quien denunció la incompatibilidad entre semejante pretensión y los beneficios posibles de la utilización de los descubrimientos de la ciencia en beneficio de la humanidad. El genoma es el 'mapa' de aproximadamente 30.000 genes, que son la combinación de cuatro componentes químicos que constituirían sus "letras" y que se estructuran en una secuencia determinada. En los últimos años, los avances en esta técnica de "secuenciación" han sido enormes y se han revelado genomas de diversas especies que pueden cumplir funciones clave en la productividad de la industria agropecuaria y del petróleo (por la producción de bacterias genéticamente modificadas que colaboran en la degradación del combustible) entre otras. Venter anunció, inclusive, la creación de vida "sintética", al introducir un genoma creado artificialmente en el núcleo de otra célula previamente vaciada del original. El planteo ha sido cuestionado, entre otras cosas, porque los genes de laboratorio copian un ADN previamente almacenado en un computador. Descubrimientos revolucionarios Nadie discute, sin embargo, que en esta investigación de punta los descubrimientos por venir pueden tener un alcance revolucionario, que permitan la creación de microorganismos aplicables en la creación de nuevos fármacos, en la fabricación de biocombustibles, en la ingeniería biológica de productos de la naturaleza que hace tiempo está en pleno desarrollo. En marzo pasado, un grupo de investigadores yanquis y europeos anunciaron la creación de un primer cromosoma que abriría la puerta a la creación de vida artificial. En un artículo que acaba de publicar en The New Book of Review, el biólogo Richard Lewontin remonta la historia de esta vieja fantasía humana de "crear vida" desde el mito del griego Pigmalión, cuya hermosa estatua femenina cobró vida, hasta el más reciente de Frankestein. Lewontin plantea los dilemas de esta biotecnología, que alcanza una cumbre de la ciencia mientras mueve millones de dólares, algo que puede terminar en catástrofe. Lo de Frankestein tiene lo suyo: el bioterrorismo basado en estos experimentos podría ser espantoso. El asunto ya está en la agenda de la CIA y sus congéneres. Digamos de paso que Craig Venter comenzó su carrera en la Marina de los Estados Unidos, en la guerra de Vietnam. De salvaguardas y protocolos El asunto ya dio lugar a un Manifiesto que recogió más de un centenar de adhesiones de organizaciones de todo el mundo, el cual reclama una inmediata "moratoria" de este tipo de investigaciones y plantea una cantidad de salvaguardas y protocolos dirigidos a encuadrar esta rama del quehacer científico. Se estima que el 2 por ciento de la economía norteamericana está vinculada a la ingeniería genética, que crece a una tasa anual del 12 por ciento. Lewontin critica al citado Manifiesto que no considere el contenido social (capitalista) de la explotación científica y plantee formas de "control" inviables. El monopolio de la propiedad privada se extiende en este caso al patentamiento y la privatización de los metabolismos más vitales. Monopolio capitalista y ciencia son, en definitiva, incompatibles. Naturalmente, nada de esto se debatió en BioArgentina, montada por "fondos de inversión" y una cámara empresaria que integra a los grandes pulpos de la explotación del campo, incluidas la grandes exportadoras y el capital especulativo. Quien abrió el encuentro fue el Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Lino Barañao (en el predio choreado de la Rural). La imagen vale más que mil palabras. Tomar nota: cuando le preguntaron días atrás a Macri si mantendría en pie algo del actual gobierno, no vaciló en responder: la política científica. El área del quehacer científico ha sido convertida por el gobierno de los Kirchner en una rama de los negocios de las corporaciones privadas para la confiscación de una fabulosa renta monopólica. Mientras tanto, los jóvenes del Conicet, el organismo rector de la ciencia en Argentina, son expulsados en masa de la carrera de investigador científico, porque no han logrado un "encuentro virtuoso" con los "fondos de inversión".

En las vísperas de un nuevo año, que estará caracterizado por la lucha política y electoral, nos encontramos ante el desafío de superar lo alcanzado hasta el momento. La necesidad de recursos para llevar adelante la campaña en el plano nacional y en las provincias -nos presentaremos en cuatro provincias nuevas, llegando a 19-, nos plantea una campaña financiera extraordinaria. Sin ir más lejos, durante los primeros meses del año enfrentaremos la primera batalla estratégica por la gobernación de Salta y el gobierno de la capital provincial. También tenemos el desafío de la apertura de nuevos locales en puntos del país donde todavía no estamos. Estrenamos locales en Puerto Madryn, Posadas, Chilecito y Tierra del Fuego. Pedimos la colaboración de todos los compañeros que han realizado una experiencia con nosotros en las asambleas, plenarios y reuniones hacia el Congreso del Luna Park, incluso los que se sumaron ese mismo día. Requerimos el aporte de todos los activistas y trabajadores de los gremios para profundizar iniciativas como la lucha por la reapertura de paritarias, el bono de fin año y el aumento jubilatorio. Los importantes registros electorales de las listas impulsadas por la Coordinadora Sindical Clasista-PO -en las dos CTA y en varios sindicatos- plantean masificar la Campaña Financiera a los miles de fiscales y compañeros que nos apoyaron con su voto. Este breve panorama muestra el fuerte potencial de desarrollo que tiene la izquierda por delante, en un cuadro de agravamiento de la crisis económica y la profundización de la bancarrota kirchnerista. Vamos por una campaña financiera extraordinaria para poner en pie una alternativa política de poder para los trabajadores.

Aunque numerosos comentaristas ven en la caída de los precios internacionales del petróleo la oportunidad para una reactivación de la economía mundial, lo cierto es que anuncia un período catastrófico para numerosos países que han sobrevivido a la crisis gracias a la elevada renta minera. Entre principios de siglo y una fecha reciente, el barril de petróleo había subido de 10 a 150 dólares -con una recaída muy fuerte en 2009, hasta una cotización media de 100 dólares antes del desplome a 75 dólares. Ahora, el derrumbe, en pocas semanas, ha sido superior, en algunos casos, al 25 por ciento. Con la excepción de Estados Unidos, los cambios en los precios internacionales no repercuten en los precios internos y son, por lo tanto, inocuos para reactivar el consumo final. Ocurre que la mayor parte de los gobiernos necesitan los impuestos a los combustibles para hacer frente al pago de la deuda pública y al rescate de los bancos. Si bien el precio corriente continúa elevado en cualquier comparación, su impacto negativo sobre la tasa de beneficio de las compañías petroleras es muy fuerte debido al aumento de los costos que acompañó el alza de precios, sea por un reparto de la renta entre todos los sectores que intervienen en la producción (servicios tecnológicos), sea por la incorporación de yacimientos que exigen procesos más caros, sea por el incremento de las inversiones. La caída del precio del petróleo replica la de todos los rubros de minerales metalíferos y alimentos. Este giro modifica el curso de la crisis mundial porque da de lleno en la periferia, en el mismo momento en que se ha hecho más aguda en Europa y Japón. En principio, esta tendencia empalma a la crisis mundial actual con la de los años 30 del siglo pasado, la cual se caracterizó, de entrada, por una fuerte crisis agraria y el colapso del comercio exterior de los países de menor desarrollo. La caída del precio internacional del petróleo es atribuida a diversos factores: una caída de la demanda de China y Europa, un fuerte aumento de la producción de combustibles no convencionales en Estados Unidos y hasta una recuperación de la producción en Libia y en Irak. La crisis de sobreproducción en China es decisiva, porque la presencia económica de China ha sido un factor fundamental en la expansión del mercado mundial. China se encuentra, asimismo, en las vísperas de un estallido financiero. Del otro lado, la elevadísima renta petrolera había abierto espacio para la producción costosa de gas y petróleo no convencionales en Estados Unidos. En el mercado norteamericano, el precio del gas ha caído al límite de la rentabilidad. El descenso del precio de la nafta en el surtidor -o del gas para la industria y la calefacción- se verá opacado por el cierre de yacimientos, cuya productividad es declinante. El boom de los combustibles en Estados Unidos fue alentado por las bajísimas tasas de interés, que permitieron financiar inversiones que a otras tasas habrían sido prohibitivas. De victimario en la pelea del petróleo, Estados Unidos podría convertirse en víctima, en el caso de que se cumpla el anhelo de la banca central de aumentar los tipos de interés. Si esto no ocurriera por la presión de la industria, se habría bloqueado el intento oficial de evitar ordenadamente un estallido financiero internacional. Una “guerra del petróleo” Un factor esencial en el derrumbe de la renta petrolera es, obviamente, Arabia Saudita, la cual se niega a restringir la oferta de combustibles para detener la caída del precio, para no beneficiar a sus competidores. Se podría decir que se ha entablado una suerte de guerra del petróleo entre Estados Unidos y Arabia Saudita, porque aunque los norteamericanos aún no exportan, sí han dejado de importar. Los sauditas tienen espaldas para aguantar una guerra de precios, pero hasta cierto punto: aunque tiene los costos más bajos del mundo, el presupuesto del Estado depende como nunca de los ingresos del petróleo. Una disminución de los subsidios públicos desestabilizaría el orden político en el agitadísimo Medio Oriente. Los eslabones débiles incandescentes de esta crisis son Brasil, Rusia y Venezuela. Los costos de Petrobras y de PDVSA superan cómodos los precios actuales del petróleo; en estos niveles ambas empresas son inviables. El problema es que, además, tienen deudas gigantescas y son fuentes de financiamiento de Estados con deudas aún mayores. Las acciones de Petrobras cotizan a la mitad de su pico; los brasileños han sido advertidos de esta catástrofe con bastante antelación, cuando quebró el aventurero nacional y popular de Brasil, Eike Batista, un Cristóbal López agrandado del país vecino. En Rusia ocurre todo esto con el agravante de que varias compañías internacionales han abandonado su asociación con compañías rusas, en el marco de las sanciones de la Otan por la crisis de Ucrania. La oligarquía rusa ha hecho causa común con el capital internacional y está fugando capitales de Rusia en gran escala; el rublo ha perdido en 30% de su valor en tres meses. Todo esto vale también para Ecuador o Bolivia. La crisis brasileña afectará a todo su vecindario. Como se ha dicho arriba, está en picada todo el universo de materias primas. La principal repercusión, de una aproximación de la crisis mundial en curso a la de los años '30, será sobre el comercio mundial, porque reforzará las tendencias hacia la autarquía económica, y esto a una crisis del sistema monetario internacional. El 'ascenso' del partido republicano en Estados Unidos cobra relevancia, en este contexto, porque es el abanderado de la guerra comercial. Y naturalmente de la guerra interna -ahí está el juicio de Ferguson.

Excelente el artículo, que he vuelto a leer hoy. Entiendo como un progreso abandonar la caracterización de organización efímera para Podemos a cambio de una definición respecto de su programa. Existen profundos lazos entre Podemos y el kirchnerismo. No sólo dinero. Antes de su muerte, Ernesto Laclau, y ahora Foster, aparecen como luminarias de su firmamento. El agregado cultural de la Embajada argentina, Jorge Alemán, es su consejero áulico y les ha armado el círculo de psicoanalistas (facebook.com/german.cano.3785, el enlace es de Germán Cano, uno de los más próximos a Pablo Iglesias y a Alemán). Otro del círculo es Luis Alegre, quien ha escrito un libro para el catedrático Carlos Fernández de Liria, El orden de El Capital, cuyo prólogo es una joya. La teoría es que entre el capitalismo y el fallido comunismo hay un Estado jacobino realizable: por ejemplo, la revolución bolivariana. Esto está elevado a la categoría de teoría política. Esta teoría es un reflejo de los vínculos con Correa, Morales, antes Chávez, ahora Maduro. Mientras que históricamente el estalinismo quiso explicar el apoyo episódico al nacionalismo burgués en América Latina como un progreso hacia una supuesta revolución, para Podemos se trata de la internacional jacobina y el Estado pequeño burgués como un objetivo en sí mismo. Sin embargo, mientras en América Latina el enfrentamiento con el imperialismo yanqui siempre sobrevuela la escena, en el caso de Podemos nadie ocupa como enemigo esa posición central. Por lo tanto, carecen de ese eje y no han sido capaces siquiera de ubicar a Alemania como nación dominante dentro de la Unión Europea. En todo caso, Podemos ha provocado una crisis sin salida a Izquierda Unida. Están gestando un acuerdo para las elecciones municipales con una segunda marca denominada Ganemos. Esta crisis se ha trasladado al Partido Comunista, en el cual un sector minoritario preconiza una delimitación y romper con las marcas electorales que diluyen el programa. Dentro de ese sector hay quienes promueven confusamente un programa de clase. Por lo que he percibido en discusiones dispersas, la confusión ha llegado a las filas de Corriente Roja (morenismo local) que fue la única organización de la izquierda que en las elecciones al parlamento europeo se presentó con una lista de trabajadores, desde luego con un fuerte fracaso.

El anuncio efectuado por el fiscal del condado de Saint Louis, Robert McCullock, el lunes a la noche, acerca de que el oficial de policía Darren Wilson no sería enjuiciado, es visto en todo el país y en todo el mundo como una farsa judicial. Desde el comienzo, el proceso que llevó a la decisión final fue manipulado en forma fraudulenta con un propósito excluyente: proteger al policía que había asesinado al joven Michael Brown, que estaba desarmado. En vez de presentar cargos para una acusación formal, el Estado convocó a un "grandjury" (un jurado acusador que decide si hay o no mérito para enjuiciar penalmente), que reemplazó el juicio público por una audiencia secreta, a puertas cerradas, en la cual la evidencia fue controlada por la fiscalía, conducida por una persona con estrechas relaciones con la policía. Esto fue seguido por una inusual decisión de la fiscalía de no requerir y discutir imputaciones específicas. Las transcripciones de las actas del "grandjury" revelan una tendencia clara y evidente, donde los fiscales se dedican a desacreditar toda la evidencia, incluyendo los testimonios oculares, que no estaban de acuerdo con el relato requerido. Wilson, por el contrario, presentó su versión durante cuatro horas sin ser cuestionado. A través de las audiencias, la oficina del fiscal buscó enjuiciar a Michael Brown y no a Darren Wilson. En general, los "grandjuries" aceptan las imputaciones que presentan los fiscales, y en este caso no fue diferente. A pesar de la abrumadora evidencia de que se había cometido un crimen, el "grandjury" no presentó una acusación formal porque la fiscalía no lo quería. La absolución de los crímenes de Wilson, sin embargo, no se puede explicar simplemente como resultado de las infracciones de McCulloch. Las acciones del fiscal fueron parte de una operación política extremadamente bien orquestada, en la cual estuvo involucrado en forma estrecha el gobierno de Obama, como se empeñó en destacar el mismo McCulloch. Dada la enorme ira popular por el asesinato de Brown y el claro fundamento legal para un juicio, se podría preguntar por qué el "grandjury" no propuso, al menos, una acusación por un crimen de menor envergadura, como, por ejemplo, homicidio culposo. O por qué no se realizó una acusación y no se llevó a cabo un juicio que, dadas las simpatías de la fiscalía, habría producido, muy probablemente, el mismo resultado: la exoneración de Wilson. En los tres meses que pasaron entre el asesinato de Michael Brown y la decisión final de no procesarlo, sin duda hubo un debate tras bambalinas sobre estas diferentes posibilidades. Nuevos precedentes para la represión Hay dos factores que explican la línea de pensamiento que llevó a la clase dominante a la decisión que tomó. Existe, ante todo, el elemento de la provocación. La clase dominante ha buscado establecer nuevos precedentes para la represión en los Estados Unidos. En realidad, el momento del anuncio de la decisión del "grandjury" parece haber sido calculado deliberadamente para crear las mejores condiciones para la violencia policial. En una escalada en la respuesta a las protestas de agosto, la policía antidisturbios patrulló las calles en la noche del lunes, armada con armas automáticas y vehículos blindados, disparando balas de goma y gases lacrimógenos. El martes, el gobernador de Missouri, Jay Nixon -quien había declarado un estado de emergencia preventivo una semana antes de la decisión del "grandjury"- anunció que 2.200 miembros de la Guardia Nacional, una rama de las Fuerzas Armadas, serían desplegados directamente contra los manifestantes. Una ciudad estadounidense ha sido efectivamente ocupada. En segundo lugar, la decisión refleja la intención de cerrar filas. Más allá de las alternativas tácticas que se discutieron, finalmente se tomó la decisión de que, frente al aumento del malestar social, no debían hacerse concesiones, porque cualquier concesión sería vista como un signo de debilidad, lo que alentaría una mayor oposición. Sin embargo, al defender su preponderancia a través de la violencia, la clase dominante se ha desacreditado aún más a sí misma ante el mundo entero. Un Estado que ha organizado guerras en todas las regiones del mundo, invariablemente justificadas sobre la base de la defensa de los derechos humanos, emplea las formas más brutales de represión dentro de sus fronteras. En los medios de comunicación existe un cierto nerviosismo acerca de las consecuencias políticas de estas acciones. El columnista del Washington Post, Dana Milbank, por ejemplo, expresa su preocupación de que "el enjuiciamiento patético de Darren Wilson" por parte de McCulloch, haya reforzado "un sentimiento entre los afroamericanos y entre muchos otros de que el sistema judicial se encuentra manipulado". The New York Times, hablando en nombre de sectores del Partido Demócrata, muestra su preocupación, en un editorial publicado el martes, acerca de que “las calles llenas de cicatrices de Saint Louis y la indignación que continúa reverberando en todo el país... muestran una vez más que la desconfianza en la aplicación de la ley presenta un grave peligro para el tejido cívico de los Estados Unidos”. Este "grave peligro" ha sido alimentado, según el Times, por la decisión de no procesar a Wilson. Mientras que estos comentarios son generalmente enmarcados en términos raciales, la cuestión de fondo es de clase. La clase dominante es muy conciente de que las políticas que persigue -interminable guerra en el exterior y la contrarrevolución social en el país- son profundamente impopulares. Por un "grave peligro para el tejido cívico", el Times entiende malestar social. Una crisis política Aunque es conciente del desbordante descontento social, la clase dominante no tiene nada que ofrecer. El propio Times coloca sus críticas a la decisión del gran jurado en un marco de elogio para el papel de Obama, como si su gobierno no ocupara un lugar central en el resultado en Ferguson y en la crisis política más amplia a la que hace frente la clase dominante estadounidense. La respuesta de Obama a la decisión del "grandjury" es reveladora. El Presidente, inmediatamente, se apresuró a declarar en cadena nacional que los resultados del juicio eran válidos y legítimos. "Somos una nación construida sobre el imperio de la ley -dijo-, así que tenemos que aceptar esta decisión del ‘grandjury’". Esto no es más que un respaldo al fraude judicial y legal. Al mismo tiempo que Obama se asocia a una decisión que da licencia a la policía para matar, cuando se refirió a los manifestantes dijo que "nunca hay una excusa para la violencia". Seis años de administración de Obama no han pasado inadvertidos. Millones de trabajadores y jóvenes en los Estados Unidos han comenzado a llegar a la conclusión de que no existe un mecanismo, dentro del sistema social y político existentes para resolver sus inquietudes o expresar su oposición. Esta comprensión ha sido confirmada por la exoneración de Darren Wilson. Estos son los sellos distintivos de un sistema que se dirige inexorablemente hacia la ruina.

La Legislatura provincial aprobó la ley N° 2.932 que autoriza al municipio de Cutral-Có a declarar de utilidad pública y expropiar el inmueble de Cerámica Stefani. La norma estipula el pago de una indemnización y el advenimiento de la patronal vaciadora. Con la sanción de dicha ley, el municipio está habilitado para efectivizar la expropiación, que costará más de 7 millones de pesos al municipio. Para ello, el intendente Rioseco tomará un crédito con el Enim (ente intermunicipal), creado después del Cutralcazo para administrar las regalías del yacimiento El Mangrullo. Esta ley representa un paso adelante para terminar con la precariedad legal en la que se encuentra la cooperativa. La fábrica aún se encuentra en concurso de acreedores. El pago de más de 7 millones de pesos a Vladimiro Stefani constituye una enorme concesión al vaciador, que aún adeuda a los trabajadores aportes jubilatorios y de obra social. Incluso persisten las deudas a los proveedores y al municipio. En ese sentido, la limitación más importante de la ley es la cláusula del advenimiento -es decir, el acuerdo de los expropiados. Ocurre que a través de ella se inicia un proceso de chicanas judiciales que pueden dilatar el trámite expropiatorio. En el caso de Zanón, la concreción de la ley demoró más de tres años. La usurpación de Rioseco y la independencia política La sanción de la ley fue utilizada por Rioseco como un acto de campaña de su candidatura a gobernador. El ex cristinista y ahora sciolista participó de la sesión junto a Mariano Mansilla del UNE, y en la conferencia de prensa posterior se arrogó la representación de la lucha histórica de los trabajadores de Stefani. Allí Rioseco se mostró defensor de la cooperativa e "invitó" a los obreros a seguir el camino de la empresa El Petróleo, una cooperativa de corte capitalista. Se trata de un acto de usurpación política de una lucha que tiene un enorme respeto y autoridad en el pueblo de Cutral-Có y la provincia. Los obreros iniciaron la producción en defensa de sus puestos de trabajo en 2010 ante la retirada definitiva de la patronal. La enorme lucha contó con carpas del aguante, festivales, cortes de rutas y movilizaciones. El pico más alto de esta gesta fue el plebiscito que se realizó en la ciudad, donde más de 5.000 personas se movilizaron para votar por el Sí al emprendimiento obrero. Rioseco militó por su desalojo y por el no a la continuidad de Stefani en el plebiscito. El paso que significa la aprobación de esta ley sólo ha sido posible por la tenacidad y la firmeza de los obreros de Stefani. La postura de Rioseco no sólo es demagogia electoral: apunta a una cooptación política, destinada a convertir a Stefani en una cooperativa capitalista. La independencia política de los trabajadores de Stefani, frente al gobierno de Rioseco, es la única garantía para efectivizar la expropiación y la renovación tecnológica que la fábrica necesita. El Partido Obrero, que ejercerá la banca del Frente de Izquierda, se coloca a entera disposición de la lucha de los obreros de Stefani. La lucha por la estatización sin pago bajo control obrero de todas las fábricas ceramistas sigue a la orden del día.

Los trabajadores del Sitraic concurriremos a la audiencia pública que se realizará el 25 de noviembre en el Congreso Nacional, donde se hará la presentación de un proyecto de pey impulsado por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, el cual establece un régimen de jubilación especial para los trabajadores de la construcción, garantizando el acceso a la jubilación de los trabajadores cuando éstos alcancen la edad de los 50 años. Apoyamos fuertemente esta iniciativa de los diputados del Partido Obrero en el Frente de Izquierda, pues la consideramos una reivindicación histórica. La actual ley impulsada por el agente del Batallón 601, Gerardo Martínez, impide que los trabajadores de la construcción se jubilen. Invitamos a participar de esta audiencia y a acompañarnos en la lucha por lograr una jubilación digna.

En la sesión del Concejo Deliberante del 13 de noviembre, el Partido Obrero de Marcos Paz, junto a los delegados clasistas de Ecotrans, hicimos uso de la banca abierta para exponer la problemática que atraviesan los trabajadores del transporte y los usuarios de Marcos Paz, Las Heras, Villar y Navarro, distritos donde el único servicio es Ecotrans. Ni el tren funciona. La exposición fue acompañada por la Comisión de Mujeres, los vecinos del barrio Los Aromos, que vienen reclamando el traslado de una fábrica clandestina, la UJS, Tribuna Docente y el Partido Obrero. Por la mañana realizamos una conferencia de prensa con medios locales. Denunciamos el vaciamiento como una política sistemática que desarrolla el grupo Plaza, y el desvío de subsidios para reparar y mantener las unidades. Se entregó a los concejales y a los medios un informe que pone en evidencia que hay 120 unidades esperando ser reparadas, algunas desde marzo. Se comentó que en la mejor época de Transportes Del Oeste, antes de Ecotrans, funcionaba la Línea 136, la cual tenía 70 unidades con una población que era un tercio de la actual, siendo que en aquel momento no había subsidios. La concentración en el transporte supedita el servicio de pasajeros al negocio capitalista en manos de los Cirigliano, responsables de la masacre de Once. Se expusieron los accidentes que sufrieron los choferes por conducir unidades sin mantenimiento. Exigimos que se tomen las medidas para evitar una muerte. Presentamos un proyecto de resolución donde solicitamos acompañar el reclamo del cuerpo de delegados y los trabajadores ante la gravísima situación que atraviesa el servicio por falta de mantenimiento y repuestos. Reclamamos que la Secretaría de Transporte de la Nación brinde un informe sobre la entrega de subsidios a Ecotrans y los destinos de la misma, y que se constituya una comisión de control y seguimiento donde el cuerpo de delegados pueda ver el movimiento financiero de la empresa para evitar su desguace y privilegiar un servicio digno para los trabajadores y usuarios. Por último, solicitamos realizar una asamblea popular en el Concejo Deliberante, entre usuarios, trabajadores del transporte, concejales, así como organizaciones políticas y estudiantiles, donde se delibere y resuelva un plan de acción para superar esta insostenible realidad, en defensa de los 1.200 puestos de trabajo de Ecotrans y de un servicio de transporte digno para los vecinos de la zona.

Para los trabajadores del Hospital Posadas nada volvió a ser lo mismo luego de la muerte de Emanuel García. A lo largo de una semana, los trabajadores nos hemos movilizado permanentemente, realizamos dos cortes en la Autopista Oeste y siete asambleas generales, sumadas a las asambleas por turnos y por sector que se realizaron, en cada una de ellas se expresó la voz de los trabajadores de base. En las asambleas se planteó y se votó que se vayan los responsables y la exigencia de respuestas inmediatas a las autoridades del Ministerio de Salud y a Capitanich, jefe de Gabinete e interlocutor del Poder Ejecutivo Nacional. La masiva asamblea del martes 18 de noviembre votó la conformación de un comité de crisis compuesto por los gremios del hospital y por el Dr. Videtta (siendo éste revocable) y, a su vez, la conformación de un comité de control de gestión votado en asamblea, con representación de los trabajadores de todos los sectores del hospital. Asimismo, se votó un pliego de reclamos concretos: regularización inmediata de los insumos básicos, mudanza del servicio de Psiquiatría a la planta baja, la exigencia de la investigación de los hechos ocurridos, así como también la responsabilidad de los implicados, y terminar con la precarización laboral con pase a planta para todos. Ese mismo martes por la tarde, con la ayuda de la Policía Federal y de un grupo de barrabravas del Deportivo Morón, comandados por Diego Spina (presidente del club y principal operador político de Sabbatella), el fiscal, La Cámpora y Nuevo Encuentro ingresaron todos los directivos del hospital con Spaccavento (presidente del Concejo de administración, militante del Movimiento Evita) a la cabeza, su intención fue ocupar la dirección del hospital. Esta cobarde actitud fue repudiada por todos los trabajadores en la asamblea del día posterior. El rol de la intergremial Con un hospital movilizado como nunca en tanto tiempo, algunos dirigentes de la intergremial (ATE/STS) intentan llevar agua para su molino. En primer lugar, ATE defendió el rol de Spina, calificándolo como un político de raza y no permitieron hablar a muchos de los trabajadores que pretendíamos explicar las intenciones y las trampas que nos pretenden imponer las autoridades. A pesar de las maniobras, la asamblea votó participar de la reunión en el Ministerio de Salud para darle salida a este conflicto; asimismo, votó que además de la intergremial participen dos representantes de la asamblea que lleven el mandato con el pliego de reclamos. ATE no sólo defendió el rol de Spina en la asamblea, sino que fue uno de los que abrieron la puerta para que pueda ingresar y que utiliza a su fuerza de choque para hostigar a los trabajadores que denunciamos sus arreglos. Hoy más que nunca La situación abierta en el hospital nos coloca en el enorme desafío de reorganizarlo sobre nuevas bases, en primer lugar, que las autoridades cumplan el pliego de reivindicaciones postergados, para ello estamos organizándonos en todos los sectores y votando el pliego sectorial. Por otro lado, debemos denunciar y condicionar a las direcciones de la intergremial que pretenden acordar con las autoridades de turno. La crisis abierta en el Hospital Posadas no sólo puso al desnudo el rol de las autoridades, en nuestro caso directamente el del kirchnerismo, sino también el rol de las burocracias sindicales (en su mayoría seudo-K), quienes pretenden acordar a costa del conjunto de los trabajadores. Pero esta vez contamos con una movilización de la base sin precedentes y es sobre ella donde nos organizamos para obtener todos los reclamos.

Las elecciones de la CTA fueron un plebiscito en Ensenada contra Yasky y Baradel. La Lista 3 obtuvo el 71 por ciento de los votos en las urnas docentes contra el 28 por ciento de la Lista 10 de la "Celeste". Fue una extraordinaria movilización del Suteba Ensenada (multicolor) y de Tribuna Docente que garantizaron el voto del 61 por ciento del padrón docente de la seccional. Los resultados cantan: 191 votos de la Lista 3 contra 75 votos de la Lista 10 de la burocracia. Considerando el distrito de Ensenada de conjunto, que incluyó las urnas de los movimientos sociales, astilleros, salud, jubilados, centro de formación profesional, la burocracia superó a la Lista 3 por apenas nueve votos. Los yaskistas de Ensenada hicieron esa "diferencia" con los "afiliados directos" que representan el 70 por ciento de sus votantes. Los más de 60 fiscales efectivos de la Lista 3 cubrieron las 23 mesas de Ensenada garantizando la derrota del fraude y el "urnazo" del 71 por ciento en docentes. Los docentes de Ensenada ratificaron el apoyo masivo a la conducción multicolor del Suteba Ensenada, que decidió por voto de su comisión directiva participar de los comicios de la CTA "Balcarce" y enfrentar a Baradel y compañía. Esta más que claro que el único que no legitima es el que lucha. Al cierre de esta nota, denunciamos el robo de la minoría a la Lista 3 en la regional La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio. La junta electoral yaskista suspendió el conteo de los votos cuando la Lista clasista se aproximaba al 30 por ciento en esos distritos (10 puntos por encima del 20% necesario). Sobre la medianoche, el yaskismo dibujó un 17,5 por ciento para la Lista 3 adjudicándose unos 1.500 votos "extras" de los "movimientos sociales" que hasta las 21 horas no existían. A última hora, la junta electoral nacional reconoció la minoría para la lista 3 en la regional La Plata, Ensenada, Berisso, Magdalena y Punta Indio. No obstante, seguiremos peleando la representación que nos corresponde en todos los ámbitos.

El 40 por ciento conquistado en las tres grandes fábricas del neumático por parte de la Lista 3, en las elecciones de la CTA "Yasky", coloca al sindicato en un nuevo escenario. Ha transformado a los compañeros de la Negra-Lista 3 en la referencia opositora principal a la dirección kirchnerista. En Fate (Sutna-San Fernando), obtuvo el 70 por ciento de los votos. Esta elección muestra el avance del activismo de la fábrica. La política que ha desarrollado en la última etapa el Sutna San Fernando ha redundado en varias conquistas y en la reincorporación de compañeros despedidos. El magro 20 por ciento de la Violeta (burocracia), en una elección convocada a su propia conveniencia, es una señal de los trabajadores de Fate a todo el gremio. El 70 por ciento conquistado, al mismo tiempo, es un mandato para la seccional. Las próximas elecciones de delegados de base en Fate deberán expresar esta adhesión masiva a la Negra y a un nuevo avance del activismo y obtener una mayoría del cuerpo de delegados. El 24 por ciento obtenido por la Lista 3 en Firestone es un nuevo paso por la recuperación del gremio. Los delegados y activistas que vienen de conformar la Negra en Firestone han hecho un importante trabajo que los ha colocado como la principal fuerza de oposición en la fábrica. Haber conquistado esta importante elección, sienta las bases de un reagrupamiento de fuerzas para las próximas elecciones de delegados. En Pirelli, la Lista 3 obtuvo un 18 por ciento, quedando también en segundo lugar. La urna, a diferencia de Fate, fue colocada en el local de la seccional, no en la fábrica. Esta maniobra se sumó a otras tantas que impidieron que los trabajadores se expresaran masivamente. La 3 llegó a la elección con la victoria de haber logrado la reinstalación de Walter "el Perro" Cabrera. La lista del Nuevo MAS, con un solo delegado de sector (sobre más de 40 sin contar los seccionales), encabezada por un conocido activista de Firestone, Maximiliano Cisneros, obtuvo un 13 por ciento entre las tres fábricas. El Nuevo MAS, como es obvio, rechaza el frente único contra la burocracia sindical, y paga por ese faccionalismo. Su porcentaje de votos impidió una derrota de la Violeta, que habría dejado planteada la recuperación de este sindicato fundamental de la industria. Es necesario que la Negra desarrolle una gran actividad de reclutamiento y de organización para evitar que la división de otros agrupamientos impida la derrota de la burocracia. La participación en las elecciones de la CTA ha servido para desarrollar una enorme agitación en todo el gremio, que arrojó grandes resultado. Votaron 1.141 trabajadores del neumático, y la Lista 3 y la Negra quedaron tan sólo a 63 votos de ganarle a Yasky-Wasiejko en la suma de las tres principales fábricas del gremio.

Dirigentes de alrededor de treinta gremios del sector automotor, ferroviario, aéreo y portuario marítimo resolvieron una medida de fuerza de tres o más horas para el próximo jueves 27. La convocatoria plantea una jornada de asambleas simultáneas a partir de las 4 de la mañana en las terminales o cabeceras, para protestar por la falta de respuesta del gobierno a los reclamos por un plus salarial de fin de año por la inflación y la modificación del impuesto a las ganancias confiscatorio del salario. Los propios convocantes han reconocido que los acuerdos paritarios se cerraron diez puntos debajo de la inflación proyectada para el año y el impuesto al salario licuó prácticamente los aumentos de los primeros meses. Por el impacto del transporte en todas las actividades, esta medida de fuerza, aún parcial, es un salto en esta lucha. Viene precedida por los paros y movilizaciones de los bancarios, de los petroleros de la Patagonia, de los trabajadores de Aluar, de los docentes de la provincia de Buenos Aires y de la CTA Autónoma, que junto con la Coordinadora Sindical Clasista y otras organizaciones movilizaron a miles de trabajadores el pasado 20 a Plaza de Mayo. Los representantes de la CGT Balcarce, oficialista, sólo le pidieron al gobierno no aplicar ganancias sobre el aguinaldo, se negaron a unificar el reclamo por un bono y la anulación del impuesto a las ganancias sobre el salario, y mucho menos a resolver medida de lucha alguna. Los sindicatos alineados con el gobierno de CFK se han convertido en un cero a la izquierda para los trabajadores. La jornada del jueves 27 debería ser una acción de advertencia. Los trabajadores no deben permitir que el gobierno recaude del bolsillo obrero para financiar un acuerdo con los fondos buitre. ¡Primero los trabajadores, no la usura! Que en todas las asambleas se vote un paro general del transporte de 24 horas y un plan de lucha por el bono, la derogación del impuesto a las ganancias sobre el salario y la reapertura inmediata de las paritarias en todos los gremios.

Por primera vez desde que está al frente del gremio, Cirielli perdió una votación en el Cuerpo de Delegados de Apta. Su objetivo era hacer pasar una paritaria del 28 por ciento -que Recalde impuso a las restantes burocracias de la Fapa (federación de gremios de aerolíneas)- con diversos adornos que no tocaban el sueldo: más pasajes, viáticos, más días de licencia por matrimonio, etc. Tampoco se disminuía la presión insoportable del impuesto al salario. El día anterior, una asamblea de 250 técnicos aeronáuticos en los hangares de Ezeiza había votado rechazar el acuerdo y movilizarse al gremio a la salida del turno. El reclamo central era el pase al básico de las numerosas sumas no remunerativas. Esto representaría un aumento salarial considerable, ya que todas las tareas especiales, viáticos, antigüedad y categorías parten de este básico que ha quedado reducido a la nada. Son los compañeros más antiguos a los que se les acerca la edad jubilatoria, que tradicionalmente estuvieron alineados con Cirielli, los que han roto el cerco. La movilización al gremio no fue pasiva. Los compañeros realizaron fogatas, cantos y pintadas rechazando el acta y reclamando asamblea general; incluso ingresaron masivamente al sindicato expresando una bronca largamente acumulada. En el cuerpo de delegados se desarrolló un intenso debate. La burocracia planteó que había que aceptar el 28 por ciento o ir a un paro, corriendo por izquierda al sector de delegados que bajo la presión de la movilización planteaban rechazar el acuerdo y que Cirielli vuelva a discutir con Recalde. Finalmente, se pusieron a votación tres mociones: aceptar el acta acuerdo (15 votos), rechazar y seguir negociando (20 votos) y rechazar y convocar una asamblea general para votar un plan de lucha (ocho votos). También se rechazó una suma por única vez equivalente al 26 por ciento, cuyo pago se haría por fuera del salario "para evitar el pago de Ganancias", actuando Apta como pagador a cambio de un 5% por la gestión. La fractura en el Cuerpo de Delegados está liderada por sectores desplazados de la directiva. Temen a la asamblea general y su enfrentamiento con Cirielli se circunscribe a recuperar sus sillones. El enorme descontento y las elecciones del gremio en 2015 aceleran la crisis y los realineamientos burocráticos. El activismo empieza a actuar como un bloque cada vez más definido. En el nuevo plenario se aprobó de manera abrumadora la moción de apoyar la lucha de los despedidos y reclamar al gremio se los considere afiliados plenos con derecho a la obra social. La burocracia que pretendía votar contra la defensa de los despedidos no se animó a intervenir. Se abre una enorme oportunidad para poner en pie una alternativa antiburocrática en Apta, basada en la movilización independiente de los técnicos aeronáuticos.

El salario de los trabajadores de las terminales automotrices estuvo en los últimos años disfrazado por la oferta de horas extras. Un operario podía llegar a ganar más del 100 por ciento del salario neto en horas extras. Desde los primeros nubarrones que asomaron en la industria automotriz la primer variable de ajuste fueron los trabajadores; a los despidos por goteo y las suspensiones que no pararon en todo el año, hay que sumarle los cortes de horas extras, que dejaron al desnudo el salario real de los trabajadores mecánicos. Es así que un operario con categoría de producción ronda los 13.000 pesos mensuales. El reajuste trimestral por inflación, que adoptaron las patronales y el Smata, no frena, de ninguna manera, la pérdida del poder adquisitivo del salario. A esto hay que sumarle el impuesto al salario que está haciendo estragos en los sueldos de esta porción de los trabajadores. En lo que va del año, el Smata lleva un acumulado de 25 por ciento de incremento salarial, faltando todavía el último trimestre, pero a este porcentaje hay que descontarle lo que se lleva ganancias, "hasta un 30 por ciento del incremento salarial no va al bolsillo del trabajador sino a la Afip" (Clarín, 6/4). O sea que el aumento del 25 por ciento es, en realidad, para muchos, un 17,5. Un dato que ejemplifica lo perverso de la aplicación de este impuesto es que está castigando a muchísimos trabajadores que cobran menos de 15.000 pesos mensuales por haber superado en 2013 esta cifra. Por ejemplo, si entre enero y agosto de 2013, un trabajador superó el promedio de 15.000 pesos, aunque haya sido con horas extras, es alcanzado por el impuesto aunque esté cobrando una cifra menor. Una aberración. Esta situación se volverá insostenible a fin de año, el alcance de la confiscación del medio aguinaldo y los bonos vacacionales (que en las terminales representa un equivalente de 300 horas) será enorme. El carácter del impuesto al salario es una escuela política para muchos mecánicos que tuvieron alguna vez simpatía por el kirchnerismo, y hoy ven cómo los "nacionales y populares" les roban parte del salario en función de una agenda patronal. Los debates y la bronca crecen mes a mes en los lugares de trabajo y se entiende claramente que el problema es político. Mientras el oficialismo se niega sistemáticamente a discutir en el Congreso todo lo que esté relacionado con el impuesto a las ganancias, la abolición de este impuesto regresivo se impone como una de las primeras reivindicaciones de los trabajadores mecánicos, junto con la prohibición de despidos y suspensiones. El programa del Frente de izquierda está más vigente que nunca y hay que desarrollarlo.

Los trabajadores judiciales de Santiago del Estero se encuentran en lucha hace 35 días, con asambleas permanentes de más de 200 personas y movilizaciones que llegan a las 500 personas. El eje de sus reclamos es el aumento salarial y la recategorización. Se trata de una respuesta a la política de miseria salarial del gobierno de los Zamora: los judiciales santiagueños son los peor pagos del país y los más precarizados (miles de contratados, con salarios de 2.700 pesos). El zamorismo no ha abierto paritarias en los últimos diez años; en esta tesitura, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) se niega siquiera a recibir a la representación gremial y manifiesta que no se discutirán salarios hasta el año que viene. Ante la continuidad del plan de lucha, el STJ aplicó fuertes descuentos a los trabajadores, lo que fue respondido con un paro de 24 horas y una movilización de medio millar de trabajadores. En localidades del interior, el paro llegó a un acatamiento del 100%. Los compañeros contratados, al estar amenazados, se adhirieron desde el edificio de Tribunales con una inmensa lluvia de papeles. Hay una gran simpatía popular: la población apoyó con bocinazos y aplausos, y salió a las veredas a saludar la lucha de los judiciales. En la última marcha, los trabajadores imprimieron y volantearon un artículo periodístico que destaca la oposición del zamorismo en la Cámara de Diputados a un proyecto del Frente de Izquierda de repudio a los descuentos y a la persecución gremial contra judiciales. Un sector importante de los activistas que vienen impulsando la lucha proviene de "Bases Peronistas": se hace presente la crisis que quedó planteada dentro del Frente Cívico después de las elecciones municipales, entre Bases Peronistas (vicegobernador José Emilio Neder) y el sector radical liderado por Zamora. Ante este cuadro político, la atención de los trabajadores santiagueños, e incluso de importantes sectores de clase media, está puesta sobre los judiciales: la lucha por el pase a planta, aumento salarial, recategorización y contra la persecución zamorista es una bandera de todos los trabajadores santiagueños. Un triunfo de judiciales será un golpe a la regimentación política sobre los sindicatos y sobre la sociedad santiagueña en general.

Se realizó un plenario de delegados de Foetra Buenos Aires por Memoria y Balance. El plenario fue precedido por una campaña por un bono de fin de año de 5.000 pesos y la reapertura de las paritarias. Numerosas asambleas de base votaron llevar ese mandato. Con el fraude bochornoso de la última asamblea general aún fresco, el secretario general Iadarola, abrió el plenario leyendo un comunicado de la "mesa de unidad sindical" formada por la Fatel, Foeesitra, UPJET, FOPSTTA (gremios y federaciones telefónicas con representación en todo el país) que declaraba "reabierta la discusión salarial en todos sus alcances", revisando la paritaria firmada hace cuatro meses con fraude y el rechazo de todo el gremio. La burocracia pretende recomponerse del costo político de aquella paritaria a la baja, cuando Telefónica y Telecom están en el ojo de la tormenta por los enormes negociados en marcha y favorecida por el gobierno. Por eso pegó este volantazo, pero sin abrir un mínimo debate sobre el porcentaje a reclamar y mucho menos sobre la realización de un plan de lucha. En el plenario se les impidió el uso de la palabra a los delegados opositores, mientras los delegados oficialistas reiteraron sus ataques macartistas contra la izquierda, planteando "esto no es el Partido Obrero" o acusando a la "zurda loca". Es una prueba del desbarranque político de una burocracia que supo tener un pasado combativo, hoy alineada a las dos centrales K: la CGT-Caló (por el lado de Iadarola, el secretario general) y la CTA-Yasky (por el de Marín, el adjunto). La reapertura de la paritaria es un triunfo de los trabajadores, pero para concretar la consigna necesitamos avanzar y pasar a los hechos, votando en asambleas de base un pliego de reclamos, que incluya un aumento que supere el 40 por ciento de inflación de este año, que plantee la eliminación del impuesto al salario o que lo absorban las patronales con sus ganancias y el pago de un bono de fin de año de 5.000 pesos para todos los telefónicos (de fija, móvil y tercerizados). Bonos de ganancia para todos los telefónicos En el final del escueto plenario, la mesa informó sobre la situación de los bonos de participación en las ganancias, los que motivaron miles de juicios. Las patronales que han incumplido con la ley que habilitó la privatización cercenaron un derecho establecido, escudándose en un decreto menemista que luego fue declarado ilegal e inconstitucional. Sobre este reclamo histórico, la mesa informó que tendrá una entrevista con la Corte Suprema -que debe resolver si corresponde el pago al conjunto de los telefónicos o solos a los ex Entel- para plantear su posición de que se incluya a todos; es decir que se deja librado el tema a la Justicia donde, según dijeron, "es difícil que se gane". Sobre un reclamo tan importante y sentido en el gremio, la mesa se negó a abrir la discusión en el plenario y mucho menos a realizar una movilización del gremio por un tema de alcance nacional, que sería fundamental para frenar la presión que vienen ejerciendo las patronales desde hace años. Desde la Naranja hemos lanzado una campaña para asistir a la Asamblea General de Foetra del 27 de noviembre con la línea de rechazar la Memoria y Balance (que incluye el fraude de la última asamblea), reclamar el bono de fin de año de 5.000 pesos y 40 por ciento de aumento al básico y adicionales para la paritaria de 2014, actualización por inflación y eliminación del impuesto al salario. Y, por último, pero no menos importante, la exigencia del pago de los bonos de ganancia a todos los telefónicos. Por un plan de lucha, que empiece con un paro y movilización nacional.

La pretensión del delasotista Urbano (secretario general de la UOM-Córdoba) de expulsar a los delegados opositores de la planta 1 de Montich se frustró. El día en que vencía el mandato de los compañeros, por orden judicial se hicieron las elecciones de delegados en la planta. Urbano no pudo presentar lista propia y los delegados fueron ampliamente ratificados. Para el día siguiente, Urbano había convocado un congreso de delegados con un único punto: la expulsión de los delegados de Montich por haber denunciado la estafa montada por la empresa con la complicidad de la burocracia y el gobierno para recibir subsidios (los Repro). Los delegados acusados se dirigieron al conjunto de los trabajadores metalúrgicos, denunciando el objetivo de Urbano, lo acusaron de tener políticas patronales, de no defender a los trabajadores, de querer acallar los reclamos y llamaron a que se hicieran asambleas en todas las fábricas para que los delegados fueran al congreso con un mandato de las bases. La intención de expulsar a los compañeros de Montich obedece al propósito de limpiar de activistas las fábricas en una acción combinada entre la burocracia, el gobierno y la Justicia. Esto quedó claramente ratificado en el congreso: Urbano apareció en la sala de sesiones custodiado por policías de la provincia; la rápida y airada respuesta de los delegados obligó al jefe policial a levantar el operativo. Ahí quedó claro que ése es todo el apoyo que tiene la burocracia; al comprobar que no pudo movilizar delegados propios para avanzar en la expulsión, montaron un provocación agrediendo físicamente al secretario adjunto del gremio (que defiende a los delegados de Montich); el grueso de los delegados salió en su defensa y los matones y los burócratas terminaron huyendo de la sala, por lo que el congreso finalmente no se hizo. Un gran triunfo Los delegados de Montich han ganado una muy importante batalla, que se debe a la clara conciencia que tienen de lo que está en juego y cómo se organizaron para impedir la expulsión. Su firme decisión de no permitir que la burocracia se saliese con la suya puso de manifiesto que no se ha podido frenar el espíritu de rebelión en la UOM a pesar de los despidos y los procesamientos en Valeo. Rápidamente, corrió como "aire fresco" por las fábricas la noticia de la suspensión del congreso. La situación de la UOM reviste un carácter estratégico para los trabajadores y para las patronales. La burocracia hace aguas por su sometimiento a la política patronal de aprietes, despidos y suspensiones; ha intervenido para frenar y desviar las luchas en las fábricas. En el marco de una política general de ajuste contra los trabajadores, los procesos antiburocráticos aparecen como el principal escollo. Lo que plantea la necesidad de avanzar en un reagrupamiento clasista que dé perspectiva a esta fuerte tendencia antiburocrática. Este triunfo sobre la burocracia de la UOM y el gobierno provincial no es un hecho aislado, los sindicatos cordobeses están recorridos por fuertes tendencias antiburocráticas que en las principales elecciones que hubo este año (Suoem, Adiuc, UTA, delegados de VW) tuvieron una expresión organizada, desplazando incluso a las viejas conducciones (UTA).

El acto del 20N en la Plaza de Mayo convocado por la CTA Autónoma, la CSC-PO y otras organizaciones fue un reflejo de los movimientos que por diversos reclamos -en particular salariales- crecen a lo largo y ancho del país. Los paros de tres horas -bajo la forma de asambleas, resueltos por los gremios del transporte- se suman al de los docentes bonaerenses (con impacto en el sector privado), al de los bancarios, a las medidas votadas por los petroleros de la Patagonia, al conflicto de Aluar, que terminó arrastrando a un plan de lucha común a los sindicatos nucleados en la CGT de Chubut, Santa Cruz y Río Negro. No es una casualidad que el sur se haya convertido en un epicentro de los conflictos salariales: según un relevamiento realizado por el Sindicato de Trabajadores Viales de Chubut "una familia de Trelew o Rawson necesita 18.167 pesos para llegar a fin de mes", y los descuentos por ganancias hacen estragos. Pero la situación es similar en todos lados. Los docentes rosarinos pararon y se movilizaron a la Gobernación de la provincia y los bancarios protagonizaron multitudinarias marchas por la ciudad. La fuerte presión y el malestar reinante terminó imponiendo el anuncio de bonos navideños en siete provincias. La alta inflación coexiste con una caída económica, que cada día se cobra puestos de trabajo (según datos de la CTA se destruyeron 485.000 empleos desde junio del año pasado) y provoca múltiples conflictos. Lear, Fundición Martínez, Donnelley, Gestamp, Valeo... muchas de estas aguerridas luchas contribuyeron a horadar al gobierno y a poner un límite al ajuste capitalista. Tregua Mientras Capitanich y Macri compiten por exhibirse intransigentes ante los trabajadores, el vasto movimiento que hoy se desenvuelve hace crujir la tregua sancionada por toda la burocracia sindical (oficialista y opositora) luego de la huelga general del 10 de agosto. Desde aquel momento, los Moyano, Venegas, Caló y Martínez se concentraron en trenzar acuerdos para una reunificación de la CGT (aún en veremos), dirigida a reforzar su menguada capacidad de contención y su posicionamiento frente a los "presidenciables". Si algo brilló por su ausencia en los cónclaves sindicales fue la "agenda obrera". La recomposición salarial, el rechazo a la confiscación del impuesto a las ganancias, la resistencia a los despidos y suspensiones, los reclamos por los bonos de fin de año y, sobre todo, por la reapertura de las paritarias; esa agenda obrera se instaló "desde abajo". La inminencia de las fiestas, que siempre son un registro del deterioro social, obliga a la burocracia a tratar de retomar algún protagonismo, implorando un adicional o que no se considere el aguinaldo en el cálculo del mínimo de ganancias; en el mejor de los casos, magros paliativos que no alcanzan a los millones de desempleados, beneficiarios de planes y "ocupados en negro", sobre los cuales se han enfocado todas las miradas. Según La Nación, "hay en marcha una virtual reapertura de las paritarias". En realidad es lo contrario, lo que hay es una gran maniobra contra la cuestión clave de la reapertura de la discusión de las escalas convencionales. Esa es la función de los bonos negociados "lugar por lugar" y las sumas puente, e incluso del meneado fantasma de los saqueos. Algunos gremios como gráficos y telefónicos han solicitado a las cámaras empresarias discutir aumentos (la Federación Gráfica reclama un 12 por ciento hasta marzo, cuando vence el actual convenio), pero no hay plan de lucha alguno. En el acto del 20 se planteó la perspectiva que defienden el PO y el Frente de Izquierda. "Necesitamos un Confederal de todos los sindicatos argentinos, con mandato de asambleas de trabajadores, para poner en pie al movimiento obrero, con un programa, con un plan económico que arranque de los intereses de la mayoría laboriosa. No podemos sentarnos a esperar a los Scioli, a los Massa, a los Macri, a los Cobos o a los Binner. Si el movimiento obrero sale a quebrar el ajuste, reforzamos una alternativa de los trabajadores para que la crisis la paguen ellos", planteó Néstor Pitrola desde el palco.

Cuatro días después de haber sido entregado un borrador del presupuesto municipal 2015 y de haber sido aprobado por todos los bloques políticos de Guaymallén -el concejal del Partido Obrero, Federico Telera, lo rechazó de plano. Se ha votado a libro cerrado y sin ninguna objeción ni debate. El presupuesto 2015 más que duplica al del año pasado. Supera los 1.400 millones de pesos frente a los casi 700 millones de 2015. Tan notable aumento ha dejado en claro los intereses que defiende cada bloque político: mientras el Ejecutivo con sus secuaces radicales y demócratas votan a favor de "obras públicas" que va a revalorizar el valor del suelo en los countries y barrios coquetos, a las barriadas populares se les niega la urbanización y asfaltado. Mientras el municipio gasta una fortuna en pauta publicitaria, los centros de salud están vaciados y sin profesionales. Se contempla un aumento de un miserable 30% para el salario de los trabajadores de la planta municipal; no obstante, la masa salarial aumenta más de un 300%. Esto abre las puertas a un festival de contrataciones a criterio del Ejecutivo. Algo por más curioso en vísperas de un año electoral. Lo que es seguro es que este incremento no se destinará a los magros salarios de la planta municipal. Aún más grave es el método con el que actúa el oficialismo y la oposición trucha que consiste en ocultar sistemáticamente todo tipo de información. En particular a nuestra banca. Junto con el presupuesto se aprobó un 30 por ciento de aumento en las tasas municipales. Otro tarifazo a los trabajadores de Guaymallén. Rechazamos este presupuesto porque constituye una nueva estafa y deja por fuera las principales necesidades del pueblo de Guaymallén, como la vivienda, la urbanización de los asentamientos precarios y realización de obras hídricas.

El intento por parte del Ejecutivo provincial de avanzar en su política de entrega de los recursos naturales sufrió una gran derrota legislativa, fruto de una verdadera pueblada en General Alvear, San Rafael y el Valle de Uco. Se rechazó en Diputados la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para el proyecto minero Hierro Indio. Este proyecto no era más que el mascarón de proa para proceder a la modificación de la ley 7.722 que impide el uso de sustancias contaminantes. El objetivo estratégico es habilitar los megaemprendimientos como San Jorge, ya rechazados por el pueblo mendocino. La Cámara de Senadores aprobó el proyecto por un voto. En Diputados se cayó la sesión por quórum. El oficialismo provincial pretendía cajonear el proyecto con media sanción de senadores esperando tener mejores condiciones, pero, por sobre todo, para seducir a los radicales dubitativos. Lo que no tuvo en cuenta el Ejecutivo provincial fue la reacción popular. En sesión especial de Diputados, por la presión popular, fue derrotada la posición del gobierno, de sectores del radicalismo y el Frente Renovador que pretendían aprobar la DIA del proyecto minero Hierro Indio, el cual se caracterizó por su falta de rigurosidad técnica, administrativa, científica y legal. El pueblo de General Alvear y todos los pueblos que se movilizaron identificaron el fondo de la discusión: Hierro Indio, si bien no usaría sustancias tóxicas en su explotación, es la punta de lanza de la penetración de la megaminería contaminante, penetración empujada abiertamente por el Coloquio de Idea y por las cámaras que agrupan al gran capital en Mendoza. Esta enorme presión capitalista es la que tuvo que contrarrestar el pueblo movilizado. La burocracia, la patronal y el PO Todas las cámaras y asociaciones empresariales declararon su descontento frente a la situación en nombre de "la libertad para hacer negocios". La burocracia sindical de la Uocra y Aoma se movilizó para reclamar la aprobación de la DIA en consonancia con el descontento patronal. La burocracia prestó especial atención a los diputados del Partido Obrero. En la sesión especial, nos agredió con amenazas como recogió el matutino Los Andes, mientras la presidencia de la cámara nos llamaba la atención por "exaltar los ánimos". No toleran el protagonismo del PO entre los trabajadores de la ex Vale, que ahora organizan el Sitraic. Pero, por sobre todo, del planteo de expropiación sin pago de Potasio Río Colorado y su puesta en funcionamiento bajo control de los obreros y de las organizaciones defensoras del medio ambiente. Todas las fuerzas patronales fueron golpeadas por el pueblo movilizado, agravando sus crisis y poniendo de manifiesto los vínculos con los distintos grupos capitalistas.

Ha sido el propio titular de la Anses quien ha saludado el fallo de la Corte Suprema revocando el fallo de la Cámara de Seguridad Social sobre la actualización de la Prestación Básica Universal (PBU). "La Corte... le dice a la Cámara: ‘lo que ustedes hicieron no está fundado', nosotros necesitamos saber el impacto que puede tener un caso de esta naturaleza... se puede llegar a hacer un reclamo pero hay que analizar caso por caso" (CN 23, 11/11). ¿Qué había fallado la Cámara? Que la PBU debía actualizarse en base al fallo Badaro I, en el que la misma Corte planteó una actualización del 88.57% por el período 2002/2006 -en base al índice de salarios del Indec. Esto llevaría la PBU a 2.600 pesos, contra los 1.526,75 que todo jubilado percibe por este concepto al día de hoy. La PBU -equivalente a una jubilación asistencial que oficia como "piso"- se congeló durante más de diez años, desde el '97 hasta 2009-, incluyendo el hundimiento provocado por la devaluación 2001/2002. ¿Qué determinó la Corte? La anulación del aumento otorgado por la Cámara. Dice el fallo: "en caso de haberse producido una merma" debe probarse "si el nivel de quita resultaba confiscatorio". Por lo tanto, debe revisarse caso por caso si el jubilado tuvo un perjuicio por la falta de actualización de la PBU y, recién entonces, puede hacer su reclamo. Al jubilado le esperan, sin embargo, dos pruebas más. La Corte autoriza un reajuste limitado al período 2002/2009 si ha habido un perjuicio de más del 15% sobre el total del haber. Esta cláusula eliminaría las dos terceras partes de los jubilados y pensionados del reclamo porque la PBU es una proporción menor del haber total. La segunda prueba es de antología. El jubilado hizo un juicio, probó que sufrió un perjuicio que supera el 15%, ganó el juicio y debería poder cobrar, pero el fallo de la Corte no explica cómo queda acreditado el daño ni si la respuesta debe ser afirmativa e inmediata en esa instancia. "Lo que plantea la posibilidad de que, ante una negativa de la Anses, el jubilado deba recorrer nuevamente todo el espinel judicial para obtener otro fallo favorable" (jubiladosaportantes.wordpress.com/). Detrás del reclamo que pulverizó la Corte, existe más de 1.000 juicios llevados adelante por los jubilados y una espera de cinco años hasta llegar a esta iniquidad. La Corte no es aliada de los jubilados Contra quien piense que la Corte ha sido una aliada de los jubilados, siendo que ésta ha sostenido la política oficial contra el 82% y la actualización de los haberes. La Corte defiende el régimen de actualización "semestral" de haberes fijado por el gobierno en la ley 26.417 -que de movilidad no tiene nada. Luego de aquel fallo Badaro I, en el fallo llamado Badaro II dejó de lado el concepto de atar la actualización de la jubilación a los ingresos de los trabajadores activos como pauta, cambiándola por los aumentos a las jubilaciones mínimas otorgadas por el Poder Ejecutivo, determinados en base a los aumentos de la recaudación, de los salarios y de los recursos totales de la Anses. La Corte no contestó jamás la demanda de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, que reclamó extender a todos los jubilados, hayan hecho o no juicio, el ajuste determinado en el caso Badaro. Acaba de revocar 34 cautelares de actualización de haberes invocando la "sustentabilidad" de la Anses. El término "capcioso" supone una acción deliberada para confundir al interlocutor. En un rapto de sinceramiento, el titular de la Anses ha planteado que el fallo de la Corte "es una sentencia capciosa" (Ambito, 14/11). Lo que se llama una "política de Estado" mientras se consuma el vaciamiento sistemático de la Anses en función del subsidio a las empresas o el pago a los acreedores de la deuda pública.

Se acaban de dar a conocer los resultados del concurso #yovoto organizado por la Legislatura de la Ciudad. En esta compulsa se ofreció a cada bloque postular un proyecto, que se difundieron a través de una plataforma virtual. El más votado fue el de la jornada de 6 horas para enfermeras y enfermeros, presentado por Marcelo Ramal. Obtuvo 22.446 puntos, resultado de una votación ponderada según el interés que le asignaba el votante a cada proyecto. Resultó segundo, y con 17.455 puntos, el proyecto de la Coalición Cívica de "aumentar la inversión en educación". Bastante más atrás quedó el proyecto de PRO - "prohibición de trapitos y limpiavidrios", con 14.975 puntos. Ahora, estos tres proyectos volverán a competir en una nueva ronda de votación hasta el 3 de diciembre. En la rueda de prensa donde se anunció al ganador, Cristian Ritondo, vicepresidente de la Legislatura, atribuyó nuestra victoria "a la presencia del partido de Ramal en los sindicatos". Probablemente, buscó ligar este resultado a una acción organizada por el voto, algo que nunca ocultamos. El triunfo de las seis horas fue el corolario de una movilización política. En los diez días que duró la votación, enfermeras y enfermeros de todos los hospitales se organizaron para que sus compañeros voten en los lugares de trabajo. En las redes sociales la repercusión de la campaña fue importante, junto con las muestras de simpatía y apoyo. Si se pudo articular esta votación en tan pocos días es porque "las seis horas" ya existían como un movimiento, que se fue gestando en las recorridas y charlas realizadas por Ramal en los hospitales, las mesas y seminarios masivos organizados en la Legislatura y la propia movilización de las enfermeras a la Comisión de Salud, para exigir el tratamiento del proyecto. El PRO presentó cuatro proyectos, todos relacionados con medidas represivas. La suma de todos ellos no logró alcanzar al de las seis horas para enfermeros. Es una victoria inocultable de la agenda de los trabajadores, en oposición al programa de reacción política de los bloques que han convertido al presupuesto público en un botín de los grupos contratistas e inmobiliarios. Las seis horas Establecer las seis horas para enfermería, allí donde los bajos salarios obligan a los trabajadores de la salud a jornadas de doce y hasta catorce horas, es un planteo de reorganización de la Ciudad a partir de la condición de sus trabajadores. Nuestro proyecto plantea una jornada de seis horas con un salario básico inicial de 11.600 pesos, que es lo que el Indec porteño establece actualmente como canasta familiar. Como resultado de la insalubridad de la tarea, el proyecto establece la jubilación a los 55 años. Naturalmente, la jornada reducida obligará al estado de la Ciudad a la incorporación de nuevos enfermeros, lo que también establece nuestra iniciativa. Las "seis horas" se oponen al planteo de privatización de la salud que, por supuesto, no es patrimonio exclusivo del gobierno porteño. Es que la sobreexplotación de enfermeros, médicos y residentes permite que la salud privada se apropie de los trabajadores formados en el hospital público, ofreciéndoles un salario apenas superior. Pero en un plano más general, una victoria de las "seis horas" somete a discusión las condiciones laborales de todos los trabajadores de la Ciudad, igualmente sometidos a la precariedad laboral y a las jornadas extendidas en el comercio, call centers, escuelas o fábricas. Por eso, en la nueva etapa de esta votación, además de reforzar la campaña en escuelas, recabaremos el voto de todos los trabajadores, por una victoria que apuntale la lucha de todos ellos por el salario y sus condiciones laborales. Movilización política Nunca se nos escapó el elemento de manipulación de una iniciativa desarrollada oficialmente por la propia Legislatura, donde la agenda de los trabajadores y vecinos es bloqueada con pactos de todo tipo. Mientas se nos invita a la participación “vía internet”, el proyecto de enfermería lleva meses cajoneado en la Comisión de Salud. Pero esa manipulación no difiere cualitativamente de la que enfrentamos, por caso, en una elección general o en un sindicato burocrático. Nos serviremos de la nueva etapa de votación para desenvolver un gran pronunciamiento de los trabajadores de la Ciudad en favor de una agenda propia, y como parte de la lucha para que se aprueben las seis horas. Por lo pronto, la Comisión de Salud anunció que el 1º de diciembre se inicia el tratamiento de nuestro proyecto. La segunda etapa de #yovoto comenzó este miércoles 19, y se extenderá hasta el 4 de diciembre. En la página oficial de la Legislatura, figurarán todos los antecedentes de nuestro proyecto, por caso, las filmaciones de nuestros plenarios y jornadas, y testimonios de enfermeros. Además, podrán hacerse preguntas, aportes y críticas, además de votar a favor o en contra. Hagamos de esta "segunda vuelta" un gran pronunciamiento popular por la aprobación de las seis horas. Ingresando en: demos.legislatura.gov.ar podes sumar tu voto. Convocamos a todas las organizaciones populares y al movimiento obrero combativo de la Ciudad a sumarse a esta campaña.

La recesión en la industria ya está entre las más prolongadas desde el fin de la convertibilidad hasta ahora, sólo superada por la bancarrota de 2001. Acumula 15 meses con una caída del 10%. De persistir esta tendencia en lo que resta del año, la recesión industrial "promete erigirse como la de mayor extensión de la década y acercarse a dolorosos niveles" (Ambito, 21/10). El empleo y los salarios han caído: desde julio de 2013, hay 485.000 empleos menos; de los cuales, el 84%, corresponde a los meses del presente año. Si sumamos ocupados y subocupados, totalizan 2.400.00 personas, el 16,7% de toda la mano de obra. Las estadísticas ofíciales no incluyen a los que se desempeñan en planes sociales. Si se los tomara en cuenta, la desocupación sería de 4 millones de personas. Por otro lado, hay un descenso pronunciado de los salarios "que se ubica en promedio en torno al 7,7%, que se agrava llegando al 11% de los trabajadores no registrados y que sube al 14% para aquel sector de los asalariados afectado por el impuesto a las ganancias" (La Nación, 23/11). El retroceso es la principal razón de la recesión. En la industria automotriz, ha bajado un 40% la compra de autos en el mercado interno, mientras que las exportaciones han caído en mucha menor medida. Vaciamiento de las reservas El gobierno le adeuda al Banco Central 48.500 millones de dólares y 224.000 millones de pesos, que equivalen a 26.750 millones de dólares. En total son 75.250 millones de dólares, más de dos veces y media las reservas internacionales brutas del BCRA, que rondan los 28.100 millones de dólares, incluyendo los yuanes chinos. El año próximo, el BCRA deberá darle al gobierno 11.889 millones de dólares para pagar los vencimientos de la deuda pública. También deberá entregar 85.000 millones de pesos por utilidades contables y más "adelantos", por 62.000 millones de pesos. Esto no incluye las obligaciones externas del sector privado. La deuda con los importadores asciende a 5.000 millones de dólares por transacciones con el exterior ya concretadas -algunas fuentes llevan esa cifra a 10.000 millones de dólares. Cuentas en rojo El déficit fiscal se ha disparado un 170%. El pago de la deuda, los subsidios y las firmas públicas impulsaron la suba. "El déficit de 2014 superará los 150.000 millones, con ayudas del BCRA y Anses por 140.000 millones -casi triplicando el rojo de 2013- que se cubrirá con más emisión y deuda" (Clarín, 20/11). Esta emisión parasitaria echa leña al fuego de la carestía que ya supera el 40% anual, pese a la caída de la demanda. El gobierno pretende achicar el rojo con un nuevo tarifazo -esta vez, de la electricidad-, suprimiendo los subsidios y aumentando un 300% las tarifas. Pero esta medida, como ya ocurrió con el gas, no redundará en una baja de los subsidios. Deuda El país no cuenta con los dólares para afrontar los vencimientos de 2015. El superávit comercial ya no alcanza para pagar los intereses de la deuda pública y privada. Hasta septiembre, el superávit por ese concepto ascendió a 6.500 millones de dólares, que hubiera sido aún más reducido en caso de no haberse restringido las importaciones. Los pagos por servicios, turismo, giro de utilidades (favoreciendo a varios grupos empresarios, ya que se hizo la vista gorda al cepo), la fuga de divisas y los intereses de la deuda, insumieron 10.000 millones de dólares. A esto hay que sumarle los vencimientos de la deuda. "Con préstamos del Banco Central, Banco Nación, Anses y organismos internacionales, queda un bache de 6.000 millones en lo que resta de 2014 y otros 17.000 millones en 2015" (Clarín, 5/7). Conclusión El precio de la "paz cambiaria" ha sido un sensible aumento de la tasa de interés, que ha encarecido el financiamiento del Estado. Los desequilibrios de la economía se han acentuado. Hay un derrumbe económico a la vista de todos.

La movilización por el día internacional de lucha contra la violencia hacia la mujer, contó con la presencia de más de 4.000 mujeres que marcharon desde el Congreso a Plaza de Mayo. Decenas de mujeres víctimas de abusos, desalojos violentos, falta de vivienda, trabajos precarios, abusos de sus hijas fueron las protagonistas de la jornada. Las mujeres organizadas por el Polo Obrero y el Plenario de Trabajadoras del Bajo Flores protagonizaron una de las principales columnas, en la que estuvieron las mujeres migrantes a las que Berni amenaza con deportar si llegan a luchar por vivienda o trabajo, o contra el flagelo del paco que se lleva la vida de los pibes y las pibas del barrio, ante la vista cómplice de la Gendarmería y la Prefectura. En la cabecera de la marcha estuvo presente Iara, junto a la Comisión de Familiares y amigos, quienes están luchando por la condena para el policía bonaerense que abusó de ella durante cuatro años. A su lado estuvo Mariana, de Olavarría, quien tuvo que soportar junto a sus hermanas que la Justicia le sotorgara prisión domiciliaria a sus abusadores, abuelo y padre de dos de las chicas. También estuvo Rocío Girat, quien consiguió revertir la excarcelación de su abusador, un militar pareja de su madre, gracias a la lucha y las salidas mediáticas. Muchas mujeres más, víctimas de la impunidad del Estado y de la violencia social marcharon y cantaron, mostrando que el movimiento de mujeres tiene reservas de lucha y que no confunde el rumbo de su pelea. La marcha finalizó con la lectura de un documento en Plaza de Mayo que remarcó que se asesina a una mujer cada 30 horas, el no desmantelamiento de las redes de trata, la lucha contra el ajuste, la inflación, los despidos y las suspensiones, y se denunció la responsabilidad del gobierno por su pacto con el Vaticano y su bloqueo al aborto legal.

La revelación de que la cadena de hoteles de la familia presidencial servía a una gigantesca operación de lavado de dinero devolvió al kirchnerismo a su verdadera condición: la de un gobierno que se disgrega. Después de todo, sufre una hemorragia de aliados desde 2008 -y ahora 'parió' Pichetto. Los caciques del sindicalismo del transporte, antiguos oficialistas, siguen adelante con la huelga del jueves 27, aunque se limite a la defensa del medio aguinaldo para los compañeros afectados por el impuesto al salario. En este cuadro, ¿asistimos, acaso, a un intento de acortar el mandato presidencial desde Comodoro Py? Los jueces 'sediciosos', por lo menos, se van sumando. Probablemente no, y no porque los tiempos judiciales sean interminables, especialmente para los bonetes grandes y para el poder. La Corporación aprieta, pero todavía no ahorca. Ocurre que la supervivencia de los K se está disputando por otro lado: el compromiso de sostener la candidatura de Scioli para transitar los últimos meses de gobierno. Se trata de la candidatura que asegura el continuismo de los caciques del conurbano y de la burocracia sindical, con el planteo de "volver a los mercados internacionales" ante la asfixia financiera que soporta el capital nativo. El récord de cheques rechazados que anuncia Ambito (26/11), muestra que el asunto orilla la bancarrota. Antes que soltarle la mano a Scioli, CFK preferirá desprenderse de Kicillof y formar un gabinete de 'transición'. De ocurrir lo contrario, el ariete judicial sí podría convertirse en un pasaje del gobierno a mejor vida. Quien entiende de esto mejor que nadie es el ex canciller Jorge Taiana, que oficia de izquierda del kirchnerismo, quien se tomó un avión a Mendoza para celebrar el día del militante con los gobernadores sciolistas. El Movimiento Evita lo acompaña en la modesta aspiración de ganar la candidatura nacional y popular a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde sus posibilidades son nulas. Hasta Horacio González, de Carta Abierta, quien dice discrepar con la "formación político-literaria" (sic) de Scioli, ahora le reconoce virtudes de "cortesía personal" (La Nación, 22/11). Scioli, el salvavidas Cuando desde distintos rincones se alude a la posibilidad de una victoria oficialista en primera vuelta, el beneficiado no es La Cámpora sino Scioli, su sepulturero. El kirchnerismo no tiene espacio en la transición política. Los apoyos que reciben sus iniciativas en el Congreso necesitan del respaldo del sciolismo, que le ha puesto un precio a ello -facilitado por la división opositora. Los camporistas fingen creer que un gobierno de Scioli implica continuidad kirchnerista, pero Scioli representa el desmantelamiento progresivo del régimen K. Gracias a esa promesa, Scioli pudo frenar la corrida de los barones del conurbano y de la burocracia sindical hacia el campo de Sergio Massa, cuya candidatura, por eso mismo, ha perdido sustento pejotista y ganado el módico de algunos candidatos radicales. Un editorialista de ¡Clarín! acaba de anticipar que Scioli conformará un "gabinete a lo Menem", con "ministros de peso". En otras palabras, tendrá su propio Cavallo. El "cristinismo" tendrá que acompañar esta orientación o atenerse a las consecuencias: la escalada judicial contra la Presidenta. Entretanto, los buitres guardan su propia carta de extorsión. La gesta "nacional y popular" deberá optar entre Scioli o una residencia privada en Devoto. Mientras tanto, el candidato opositor preferido por el kirchnerismo, Macri, se ha convertido en el preferido por la oposición. El martes pasado, "el pibe" presentó su programa: "moneda fuerte e infraestructura". Se trata del password del capital inmobiliario, que se prepara a tomar por asalto el suelo urbano de las principales ciudades, en especial Buenos Aires. Ese mismo programa se lo presentó Gustavo Weiss, el presidente de la Cámara de la Construcción, precisamente, a Cristina Kirchner. La respuesta de la Presidenta mostró su pérdida de sintonía con la situación del país, cuando opuso a un rescate financiero internacional seguir gravando salarios y desvalijando a la Anses. Esas 'tetas' de los K se han secado -es lo que le recordarán los gremios del transporte. Entre Scioli y Macri, Massa rema a los codazos y el 'progresismo' se desintegra. La agenda de la burguesía no contempla espacio para el progresismo. Lo ilustra Dilma Rousseff, quien entre recesión y acoso judicial, trata de salvar un segundo mandato que aún no inició. Si los 'tres mosqueteros' salvan los escollos para llegar a una segunda vuelta, vendrá el momento de formar un gobierno de coalición, como se los exige todo el arco burgués desde todos los medios de comunicación. ¿Para hacer qué? El recontra gran ajuste -como lo vociferó Ricardo Arriazu, un patriarca del 'establishment'. Ya se escucha con inusitada frecuencia que un arreglo con los buitres no alcanza -que hay que meter el bisturí hasta el hueso. Claro que Argentina enfrenta un ajuste -el asunto es quién lo paga. Transición La transición política en curso es el prólogo a lo que será seguramente el período de mayor crisis social y de luchas populares desde incluso antes de 2001. Es en esta perspectiva de conjunto que debe instalarse el Frente de Izquierda. Se trata de cruzar el puente entre la comprensión que hoy tienen las masas de esta situación y la que deberán enfrentar a mediano plazo. Está prohibido, para los luchadores, saltarse la evolución de la conciencia política del pueblo. Es también un seguro contra la tendencia a pasar del 'luchismo' al 'electoralismo'. La burocracia sindical está buscando reposicionarse en este final de año, no para conducir al movimiento obrero a la victoria, sino para contener el avance de la izquierda y construir una salida política con los 'tres mosqueteros'. No debería haber ilusión en un 'giro de izquierda' de la burocracia. El planteo estratégico de unir a la izquierda con el movimiento obrero está más vigente que nunca.

Cuando este periódico esté en la calle, el país estará semiparalizado debido a la huelga de los medios de transporte por un plus salarial de 4.000 pesos ante la inflación y un cambio en el impuesto a las ganancias sobre el salario. Aluar estará ocupada por sus trabajadores, en reclamo de que la patronal se haga cargo del impuesto sobre el salario. En las últimas semanas, han parado los bancarios, los trabajadores de Aluar, los docentes y estatales de diferentes provincias. En el sur, el gobierno se negó a homologar “un acuerdo por tres cuotas de bono puente entre enero y marzo, por un valor de 6.000 pesos hasta que se reabran las paritarias a lo que podría sumarse un bono de fin de año de 3.000 pesos” y “el pago por parte de las empresas petroleras de una suma de hasta 8.000 pesos en concepto de impuesto a las ganancias por cada trabajador” (elextremosur.com, 25/11). La burocracia sindical oficialista sólo plantea no aplicar ganancias sobre el aguinaldo, en lugar de la eliminación del impuesto al salario, la reapertura de las paritarias y la suba de las jubilaciones. La Presidenta ha dicho que no puede ceder a estos reclamos, porque necesita la plata de los trabajadores para financiar a la patria contratista de los sobreprecios. Deliberemos en todos los lugares de trabajo para que los sindicatos lancen un plan de lucha hasta la victoria de nuestras reivindicaciones.