Prensa Obrera N° 1337

El ébola ha sido reconocido definitivamente como un problema global: la confirmación de dos casos autóctonos en los Estados Unidos, ambos de enfermeras que trataron a un paciente infectado procedente de Liberia, obligaron a Obama a suspender un viaje de campaña y a convocar una reunión urgente de su gabinete. “Nos estamos preparando para más (casos) y eso es una posibilidad muy real”, adelantó el juez Clay Jenkins, del condado de Dallas (Página 12, 16/10). Obama habló con el premier japonés para coordinar medidas, a la vez que negocia con Rajoy cómo será la escala de sus tropas que se dirigen a Liberia: teme que éstas se contagien en suelo español. Al igual que España, el sistema de salud norteamericano tampoco estaba preparado para enfrentar el virus. El principal sindicato de enfermeros (el National Nurse United) denunció -ante un remanido intento de acusar a las propias trabajadoras de la salud- la ausencia de entrenamientos, la falta de claridad de los protocolos de atención, y que en el hospital en cuestión se trabajó durante días sin equipos de protección adecuados. Se confirma la misma improvisación y exposición de los trabajadores sanitarios que se vio en España. Como ha reconocido la directora general de la OMS, Margaret Chan, “el mundo está mal preparado para responder a cualquier emergencia sanitaria sostenida y severa” (El País, 14/10). Un régimen sin anticuerpos... La crisis mundial ha dejado sin anticuerpos a los países centrales para frenar la llegada de la enfermedad a sus fronteras. El presidente norteamericano advirtió que la epidemia puede propagarse a nivel mundial si no es contenida en el oeste de Africa, y no hay indicios de que ello vaya a ocurrir: la ONU afirma haber recibido sólo el 25% de los 1000 millones de dólares prometidos para enfrentar el brote. En el mismo sentido, el Wall Street Journal (10/10) ha señalado que “los aspirantes a pesos mundiales (…) han llegado demasiado tarde con muy poco a la crisis”. Los planteos de un 'Plan Marshall' para ayudar a los países más afectados (Sierra Leona, Liberia, Guinea), cuyo costo debería ascender a 30 mil millones para fines de 2015 si la enfermedad se extiende a otros países de la región, son puras declamaciones de un capitalismo senil, como lo ilustra la experiencia haitiana frente al terremoto de 2010. Mientras tanto, en los países más afectados los hospitales y centros de aislamiento se encuentran colapsados, y la enfermedad hace estragos en la vida social y la situación económica, provocando -en el caso de Liberia- desplazamientos internos de la población. El representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Argentina, Pier Paolo Balladelli, estima que los sistemas de detección de los países de Africa Occidental próximos a los países más afectados podrían no estar funcionando. “No es posible que alrededor del foco de la epidemia, que por ahora causó 5000 muertos y 10.000 afectados, no haya otros casos” (Página 12, 15/10). Pronostica, también, una multiplicación de los casos fuera del continente africano. … ni vacunas El jefe del Centro para el Control de Enfermedades norteamericano (CDC por sus iniciales en inglés), Thomas Frieden, ha dicho que la epidemia “podría haber sido prevenida con menos del 1% de los recursos que se necesitan ahora” (Financial Times, 12/10). Demasiado tarde para lágrimas: también la vacuna se ha retrasado por problemas de financiación. Christopher Basler, microbiólogo experto en ébola, afirma que “las grandes empresas farmacéuticas no se han interesado por este tipo de virus porque hasta ahora eran muy poco comunes. El mercado es muy pequeño” (El País, 14/10). Pero a su vez, “esta cepa actual del virus, la más mortífera, se ha topado con un entorno global de crisis y recortes” (ídem), lo que ha afectado no sólo los presupuestos de investigación estatales sino incluso la atención sanitaria corriente de la población. En definitiva, la fiebre hemorrágica que supo estar confinada durante cuarenta años a regiones inhóspitas del continente africano, se ha transformado en un emergente de la crisis mundial. Ver también en PO 1336: “El ébola porta una crisis política”

Se ha deschavado un fraude a las finanzas públicas armado entre la patronal, el gobierno nacional y la burocracia de la UOM local, agente de Caló a nivel nacional y de De la Sota a nivel provincial. La empresa Maxion Montich, una de las principales autopartistas de Córdoba - con más de 500 empleados- , instruyó a sus trabajadores para que cobrasen los $ 2000 mensuales del Programa de Recuperación Productiva (Repro) y los reintegrasen luego a la empresa. A cambio de ello, recibirían $ 390 y tres bolsones con mercadería. La denuncia se conoció a través de una cámara oculta efectuada por un programa de televisión. Estas "instrucciones" fueron dadas en el marco de una asamblea en cada turno con la presencia del conjunto de los trabajadores, y donde participaron miembros de la directiva de la UOM local. De acuerdo a lo informado, y si prosperaba el arreglo, éstos recibirían un 5,5% para la obra social y el sindicato. La empresa ni siquiera reunía las condiciones para acceder al programa del gobierno nacional, ya que desde junio no tiene suspensiones e, incluso, trabaja horas extras. A través de un pedido de informes, la legisladora del FIT, Cintia Frencia, reclamó al gobierno provincial que responda sobre su intervención en este otorgamiento y si le ha concedido a la empresa el procedimiento preventivo de crisis, que habilita subsidios y la posibilidad de despidos “baratos”. Los delegados de la planta denunciaron que venían reclamando un aumento salarial de $ 1000 y buscaron comprarlos con los $ 390. Así, la empresa pretendía sacarse de encima el pedido de aumento y hacer un negocio. El aval de la burocracia a toda la maniobra quedó certificado con la presencia de la comisión directiva en las asambleas “instructivas”. Urbano, el secretario de la UOM local, terminó reconociendo públicamente que el gremio había firmado el aval a los Repro y que el armado con éstos constituían un fraude. Pero ello no lo privó de lanzar una campaña contra los delegados de Montich , acusándolos de mentir y "ensuciar al gremio". Está preparando un congreso de delegados para sancionarlos, lo que llevaría al desafuero y al despido. El deschave del fraude de Montich, con la complicidad del gobierno y la burocracia, echa luz sobre los programas de asistencia al empleo de los gobiernos, que no sólo son subsidios directos al capital sino además una corruptela fenomenal. En esta situación, es tarea central la defensa incondicional de los delegados que hicieron la denuncia. No sólo se trata de un fraude a las finanzas públicas: la crisis pretende ser explotada para despedir (como sucede en Valeo) y limpiar las fábricas de activistas. La burocracia se asocia a las patronales y al Estado en esta tarea, con el objetivo de impedir una reacción obrera organizada contra la pretensión de trasladar los costos de la crisis capitalista a los trabajadores. La defensa de los delegados de Montich y de los activistas de la UOM perseguidos ingresa a la agenda inmediata del conjunto de los trabajadores de Córdoba y del país.

La gran movilización de los trabajadores de la feria terminó con un importante triunfo. Aunque no se les habilitó nuevamente el lugar, la gestión municipal aceptó cederles un terreno a pocas cuadras, para mantener la feria. Para ello, los feriantes tuvieron que sacarse de encima la vieja comisión que tenía oscuros acuerdos con la gestión municipal, y sortear todo tipo de presiones y ataques contra sus esfuerzos de organización independiente. La acción de los diputados del PO, como rueda auxiliar de la movilización a la Legislatura de la provincia, fue el punto de inflexión para que la gestión abriera una mesa de negociación y accediera al reclamo de continuidad de la feria y los puestos de trabajo. Ahora el concejal del Partido Obrero, Federico Telera, junto con la comisión de lucha de los feriantes, exigirán que se haga efectivo el acuerdo. Telera presentará un proyecto de ordenanza municipal que declara de interés cultural y económico la feria de los compañeros.

Cuando el intendente Lobos aumento las dietas de concejales y funcionarios políticos del municipio de Guaymallén de $26 mil a casi $40 mil, no tuvo en cuenta que la composición del Concejo Deliberante había sufrido una modificación significativa. El Concejal y dirigente del Partido Obrero Federico Telera, que ingresó este año con el FIT, rechazó el aumento y denunció ante la opinión pública el “dietazo” del intendente y su camarilla. El rechazo popular fue inmediato y adquirió dimensiones enormes. El intento del intendente de apretar a Federico Telera en una reunión, con el resto de los concejales, agravó las cosas. Federico denunció lo ocurrido y la indignación popular creció aún más. Su denuncia entroncó con una población que repudia los salarios bajos y los despidos en la municipalidad, mientras peronistas y radicales se aumentan abultadamente sus salarios. Asimilando el golpe sufrido, los concejales anunciaron que no cobrarían el aumento. Pero se trató de una maniobra. A un mes de este escándalo el Concejo Deliberante no derogó el “dietazo”, con lo cual queda vigente para el resto de la planta política del Concejo. Estas maniobras fueron acompañadas de otras, cuyo objetivo era afectar la consideración pública de nuestro compañero. El Ejecutivo llegó al ridículo de depositarle el sueldo completo sin descuentos, para denunciarlo diciendo que era falso que había rechazado el aumento. Pero el tiro, otra vez, le salió por la culata. Federico Telera mostró todas las presentaciones administrativas que había realizado renunciando al aumento. Otra vez, el intendente debió retirarse con la cola entre las piernas. Hasta un portal oficialista dio a conocer encuestas que arrojaban un triple empate entre Federico, el FpV y la UCR, siempre considerados como bloques únicos. La banca en la calle En el mismo momento que fracasaba el operativo de desprestigio a Telera, el Ejecutivo cerraba, sin previo aviso, el predio de una de las ferias más grandes de Guaymallén. Poco más de 500 feriantes se quedaban sin su trabajo. En una reunión entre nuestro concejal y los feriantes se decidió ganar la calle. Una marcha de más de 400 feriantes sitió la intendencia exigiendo la continuidad de la feria y de los puestos de trabajo. Por esta movilización, el apoderado municipal ha iniciado una denuncia legal contra nuestro compañero por "incitación a la violencia y estafa". En el expediente de la denuncia fueron adjuntadas una serie de fotografías que marcan una acción de espionaje paraestatal, algo singular para una gestión que prometía la liberación nacional y la defensa de los derechos humanos. Esta denuncia fue ingresada al concejo deliberante con el objetivo de comenzar a “armar” una sanción. El único “crimen” que cometió Telera fue participar e impulsar la movilización de los trabajadores de la feria, algo que es común en la acción de la banca. Se pretende que el Concejal reduzca su acción política a las cuatro paredes del Concejo, y que no intervenga en las luchas populares. En oposición a cualquier sanción, defendemos el método con el cual venimos actuando: a partir de que distintos barrios se han organizado para pelear por la urbanización, presentamos un proyecto de ordenanza m que establece la emergencia habitacional, con el claro objetivo de desarrollar un movimiento de lucha por la vivienda, días después distintas cooperativas ocuparon el municipio por la paralización de obras prometidas. El apoyo a las bibliotecas populares, la defensa de los centros sanitarios y sus trabajadores, así como la lucha por las 6 horas de trabajo en las oficinas fiscales, también son parte de la acción de organización y lucha de la banca. Hemos lanzado una campaña contra cualquier tipo de sanción a Federico Telera. Ya se han pronunciado organizaciones como Pueblo Unido, la secretaria general de CTA Guaymallén y la junta ejecutiva de CTA, así como delegados y activistas sindicales y barriales.

La revelación de que en las vísperas del 17 de octubre la burocracia sindical de la CGT-Balcarce se haya reunido con Macri no debe sorprender. Después de todo, se sabe que la “lealtad” de los Caló-Gerardo Martínez y cia. es con ellos mismos. Lo que sí merece destacarse es el contenido de la conversación. Según el diario Clarín, Macri les dijo “ los voy a ayudar a frenar a los trotskos que les están complicando la vida en los sindicatos ”, lo que produjo “sonrisas de sus interlocutores”. La reunión entre Macri y los burócratas que por el momento ofician de oficialistas fue precedida por otras, en las que participaron los Moyano, Venegas y otros opositores. En todos los casos el objetivo fue el mismo: tender un puente para que la burocracia sindical respalde la candidatura presidencial del Jefe de Gobierno. Aunque es prematuro que esto ocurra en lo inmediato, es evidente que para Macri el objetivo está cumplido. El candidato del PRO sabe que la burocracia sindical es piantavotos, pero necesita mostrarle a la clase capitalista que puede lidiar con la burocracia sindical, y pactar con ella una persecución a la izquierda y al movimiento obrero combativo que crece en los lugares de trabajo y en los sindicatos. El tenor de las conversaciones de los burócratas con Macri le da un sentido preciso a las movidas para lograr la unidad de la CGT que impulsan distintos sectores de la burocracia sindical. Moyano fue clarísimo cuando dijo que “el próximo gobierno deberá tener un fuerte apoyo político porque deberá llevar adelante un fuerte ajuste”. La unidad de la CGT tendría la función de viabilizar el golpe que planean los capitalistas contra los trabajadores, lo cual requiere preventivamente “frenar a los trotskos que les están complicando la vida en los sindicatos”. Es de esperar que Cristina Kirchner guarde un prudente silencio ante la revelación de esta reunión. Los motivos son entendibles. Si usase uno de sus discursos para denunciar la `deslealtad` de los burócratas sindicales dejaría expuesta una debilidad enorme, que comprometería su propia capacidad de gobierno. Pero este es sólo un motivo. El otro es que la propia presidenta también es partidaria de “ayudar a frenar a los trotskos”, como lo prueba la acción represiva de Berni desplegada en la Panamericana, contra los obreros que siguen con el “sueño de tomar el Palacio de Invierno”. La fuente de inspiración del PRO está en la propia Casa Rosada. El acuerdo de fondo que existe en los partidos del régimen para perseguir al movimiento obrero combativo prueba que existe una clara conciencia en la clase capitalista de que marchamos a un ajuste general, con devaluaciones monetarias, mayores despidos y suspensiones. Como toda bancarrota de fondo se planteará qué clase social soportará la carga de pagar la factura de la crisis. La identificación de los obreros que pelean con “los trotskos” se explica por el hecho de que el Partido Obrero y el Frente de Izquierda son el único bloque político consistente que enfrenta a los partidos capitalistas. Este enfrentamiento estratégico es el punto de partida para un desarrollo político de una alternativa de la izquierda y los trabajadores.

El próximo 8 de noviembre se realizará en el Luna Park el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, con la presencia de compañeros y compañeras de todo el país. Junto con el Partido Obrero el Congreso ha sido convocado por luchadores del movimiento obrero, de la juventud, de los derechos humanos. El Plenario de la Mujer Trabajadora acaba de movilizar a la provincia de Salta a miles de mujeres al Encuentro Nacional de la Mujer. El propósito que persigue el Congreso es muy claro: desarrollar la unidad del movimiento obrero y la izquierda para pelearle la salida a la nueva crisis capitalista del país a los partidos tradicionales que representan a los explotadores nacionales y extranjeros. El gobierno ‘nacional y popular’ concluye su aventura política de una década con una bancarrota económica completa. Vino a ‘reconstruir la burguesía nacional’ y acaba sus días pidiendo el rescate a los usureros como Soros o a los pulpos como Chevron y Exxon, o a Telefónica y a Vila Manzano, e incluso al Club de Paris – la asociación de los estados imperialistas. Los K y todos los opositores coinciden en implorar el rescate del capital internacional, o sea más y más deuda externa, luego de haberles pagado centenares de miles de millones de dólares, que fueron sacados de la Anses y de los bancos públicos. Como conclusión de este nuevo fracaso de la burguesía nacional, planteamos la unión de la izquierda y la clase obrera como alternativa de poder. En oposición a los que persisten en operar como furgones de cola de la burguesía nacional, nos plantamos por la independencia política de los trabajadores. La cuestión clave, ante la inflación, la bancarrota financiera, las suspensiones y los despidos, es: ¿quién paga la crisis, los trabajadores o los capitalistas? Necesitamos desarrollar la unión de la clase obrera y la izquierda para imponer que la crisis la paguen los capitalistas, con un programa de reorganización del país, en la perspectiva de un gobierno de trabajadores. El crecimiento electoral del Partido Obrero y del Frente de Izquierda expresa, precisamente, la disposición de los trabajadores y de la juventud por una salida popular y anticapitalista. Fuera la burocracia sindical La unión del movimiento obrero y la izquierda es fundamental para poner fin a la usurpación de los sindicatos por parte de la burocracia sindical. La burocracia sindical es la responsable de las numerosas suspensiones y despidos, y de las derrotas de las luchas emprendidas para derrotar esas suspensiones y esos despidos. La burocracia de los sindicatos es un pilar de la salida de los capitalistas para que los trabajadores volvamos a pagar la crisis, que hace avanzar cada vez más la precarización laboral y la pobreza entre millones de trabajadores. La burocracia sindical tiene resueltas sus necesidades sociales; vive como los ricos. A los trabajadores les ocurre lo contrario. Por eso la burocracia manda patotas contra las luchas, como ocurriera hace cuatro años con Pedraza y los tercerizados del ferrocarril, y ocurre ahora con las patotas enviadas contra los obreros de Gestamp, de Lear, de la construcción, contra los docentes e incluso contra la juventud. La burocracia ejerce el fraude y la violencia en los lugares de trabajo con el apoyo del ministerio de Trabajo, las patronales y la gendarmería. La cuestión del poder Convocamos a este congreso en el Luna Park con el objetivo también de señalar un camino de poder al conjunto de la izquierda que participa, en sus propios términos, en la lucha cotidiana de los trabajadores. En oposición a la fragmentación y el sectarismo planteamos la cuestión del poder, que emerge en forma inevitable de toda la bancarrota capitalista. Defendemos a muerte la lucha de ideas y las delimitaciones políticas, y por eso repudiamos los métodos de la intriga y el faccionalismo en el movimiento obrero. Desde los ingenios de Salta y Jujuy, y los mineros de Altos Hornos Zapla y Catamarca, hasta los petroleros de la Patagonia, y de empresas como Fate, Pirelli y Firestone, o Acindar y Siderar, y los compañeros de la gran lucha de Lear; desde las grandes fábricas del Cordón Industrial de San Lorenzo, los luchadores que animan ATE y la CTA de Mendoza y el movimiento popular combativo de la provincia, hasta los perfumistas o compañeros de VW y Ford, del norte de Buenos Aires; desde los trabajadores del subte y ferroviarios, que siguen la misma pelea por la que fue asesinado Mariano Ferreyra, hasta los trabajadores de prensa y los gráficos de numerosas plantas y editoriales; desde los obreros de la Construcción de Sitraic hasta los docentes de Suteba, Neuquén, Santa Cruz o de las universidades, con los compañeras del clasismo que dirigen AGD-UBA y los que han protagonizado la gran huelga de Tucumán; desde todo este campo y mucho más, el Congreso del Luna Park viene a desarrollar la capacidad política de la clase obrera, para preparar las condiciones que la transformen en la clase dirigente del país. Con la conciencia de este objetivo estarán presentes los movimientos de lucha contra el gatillo fácil, contra la impunidad y contra la trata de personas. El 2015 En el Luna Park vamos a discutir la lucha electoral que tendrá lugar en 2015, para que una mayoría creciente de trabajadores vote por trabajadores y por la izquierda, y no lo haga por sus verdugos, los partidos patronales. Poner la tribuna parlamentaria al servicio de la lucha y la organización independiente y al servicio del desarrollo de una conciencia de clase en los explotados; hacer esto es fundamental. Enfrentamos el desafío, como podría ocurrir por ejemplo en Salta, de emprender una lucha por intendencias y gobernaciones, con la reivindicación de convocar a Asambleas Constituyentes soberanas, que desmantelen el estado oligárquico y capitalista y organicen una transición política y social hacia un gobierno de trabajadores, mediante una organización de masa de la clase obrera. No nos arrogamos mandatos que no nos hayan dado ni proclamamos una condición que solamente conquistaremos, como ya ocurre, con una lucha política firme. Sí queremos ofrecer un camino y un método. Por eso hemos organizado centenares de asambleas obreras y de la juventud en los principales centros del país, para preparar este Congreso y para dejar establecido un principio de organización política amplia de trabajadores. Construyamos un ascenso político La envergadura de la bancarrota económica no es un proceso natural, sino que expresa el derrumbe de las relaciones sociales capitalistas. Prueba la inviabilidad de continuar con el pago de una deuda usuraria, que ha consumido bajo la ´década ganada´ 190.000 millones de dólares. Planteamos la necesidad de poner fin al pago de la deuda usuraria. ¡Si sólo con el megacanje del 2001 armado por Cavallo la deuda se incrementó ficticiamente en 50.000 millones de dólares! Rechazamos también la nueva entrega petrolera y llamamos a movilizarnos para que la ley escrita por Chevrón y Soros no sea aprobada. Planteamos la nacionalización de todos los recursos energéticos bajo control obrero. El Congreso del 8 de noviembre, del movimiento obrero y la izquierda va a ser un éxito. Lo acaba de anunciar la enorme movilización del Partido Obrero al Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. Es que esta convocatoria traduce una tendencia y una aspiración de fondo, y defiende una perspectiva de conjunto, en oposición al método auto referencial. ¡Construyamos el ascenso político del movimiento obrero y la radicación de las ideas socialistas y revolucionarias en lo más profundo de los trabajadores! 8 de noviembre, Luna Park. Cierra: Jorge Altamira

Murió Stella Maldonado, quien era la secretaria general de Ctera, integrante del núcleo duro del yaskysmo. Tratándose de una dirigente sindical, a muchos debió sorprender que funcionarios del Estado, como los ministros de Trabajo y de Educación, Carlos Tomada y Alberto Sileoni, la hayan despedido como a una mano derecha de su gestión. Stella Maldonado proviene de la izquierda peronista de los años '70. Enfrentó a la dictadura militar videlista, y militó en el gremio docente en su reorganización, como muchos compañeros de la izquierda. Entre ellos, vale mencionar a nuestras compañeras de Tribuna Docente y del PO Nora Biaggio y Amelia García, destacadas dirigentes de las viejas entidades de base de la docencia en la provincia de Buenos Aires, luego disueltas por el armado burocrático de Suteba. Lo que va de aquella luchadora a los homenajes gubernamentales de hoy marca la integración de aquella izquierda peronista al aparato del Estado, en particular en lo que hace a la subordinación de los sindicatos a la esfera estatal. Ese proceso, Maldonado lo recorrió desde el inicio de los gobiernos democratizantes, en 1983. El interés por alinear a los sindicatos docentes detrás de la subordinación al peronismo, llevó a este sector, entonces capitaneado por Mary Sánchez (emblemática secretaria general de Ctera, luego funcionaria -primero de la Alianza, y luego, de la Dirección General de Cultura y Educación en la provincia de Buenos Aires, en la gestión peronista de Adriana Puiggros), a disolver las entidades de base democráticas e independientes del Estado que existían en la provincia de Buenos Aires para formar un sindicato burocrático, el Suteba. Efectivamente. El Suteba comenzó sus días imponiendo un estatuto cárcel, calcado del estatuto de la UOM. Esa regimentación no pasó sin lucha y resistencia. Justamente, la Udeb de General Sarmiento, de la cual formaban parte Stella Maldonado como "oposición celeste", y la de La Plata, votaron en contra de ese estatuto, en 1987. El resultado contrario al unicato, votado por mayoría en varias otras asambleas de las Udeb, fue desconocido por el amañado congreso de origen de Suteba, ya entonces, con la presencia de patotas que garantizaron el resultado. El corolario de esa resistencia fue la proscripción por más de 8 años de los dirigentes docentes opositores de la izquierda, a los que no se les permitía afiliarse al Suteba. Ese proceso culminó, ya con Maldonado como secretaria general de Ctera, con una central docente completamente vaciada, y ausente de todas y cada una de las grandes luchas protagonizadas por la docencia desde 2005, como consecuencia de su integración completa al gobierno K. El ejemplo más emblemático fue el aislamiento consecuente de la enorme huelga neuquina del 2007, en cuya lucha fue asesinado Carlos Fuentealba. Las palabras del ministro Sileoni, que la caracterizó como una gran amiga del gobierno , responde a este retroceso político de una fracción de la burocracia sindical que se autodenomina "autónoma".

Luego de los comentarios 'gay-friendy' del Papa el año pasado ("No soy quién para juzgar a los homosexuales"), la Iglesia católica dio a conocer el documento del último Sínodo de la Familia convocado por Francisco. La prensa ha divulgado la idea de que la Iglesia se estaría abriendo por obra del Papa argentino. Sin embargo, él mismo, como Arzobispo de Buenos Aires, organizó en 2010 junto a otras iglesias la campaña 'pro-familia' contra el "plan del demonio" (sic) que era para él la ley de matrimonio igualitario. El documento del Sínodo dice que "las personas homosexuales tienen dones y cualidades para ofrecer a la comunidad cristiana". La Iglesia, en crisis hace años (por negociados, denuncias de pedofilia y complicidad con dictaduras), se ve obligada a abrir el juego para reconvocar a los fieles. Pero hace esto sin dejar dudas de su doctrina de fondo: "La Iglesia, por otra parte, afirma que las uniones entre personas del mismo sexo no pueden ser equiparadas al matrimonio entre un hombre y una mujer". Repudiamos la demagogia que envuelve esta nueva imagen que pretende mostrar la Iglesia católica, mientras pacta con el kirchnerismo la aprobación express del Código Civil reaccionario contra los derechos de las mujeres y la clase trabajadora. El pacto del Papa y CFK solamente puede parir miseria y más marginación para nosotros. Hay que exigir la separación de la Iglesia y el Estado.

La propagación del ébola revela los peligros que tiene para la humanidad que la salud esté en manos de sus actuales líderes. El presidente Obama, impotente ante la expansión de "la más severa y aguda emergencia de salud pública en tiempos modernos", según la OMS, mandó tropas al oeste de Africa ante posibles levantamientos y para cercar las zonas de contagiados. Epidemia y pandemia En un artículo aparecido en New England Journal of Medicine, Peter Piot (codescubridor del virus hace 38 años) dice que este brote de ébola es "superior a todos los anteriores sumados" y "afecta tres países sumados" incluyendo "áreas rurales, los mayores centros urbanos y ciudades capitales". Advierte que de no seguir ciertas pautas que cambien el curso actual, puede transformase en una "epidemia cercana a incontrolable". La cifra de 5 mil muertes y 9 mil contagiados en Africa sólo corresponde a aquéllos que han concurrido a los hospitales. En el mismo estudio, los especialistas aclaran que la amplia expansión internacional que alcanzó este brote no es por "características biológicas del virus (...) Es más probable una combinación de deficientes sistemas de salud, indiferencia internacional, alta movilidad de la población, aduanas locales, capitales densamente pobladas y falta de confianza en las autoridades luego de años de conflicto armado" (http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe1411471). Armas sí, salud no La falta de tratamientos, medicinas y vacunas revela cuáles son las prioridades bajo el capitalismo. Una epidemia focalizada en el centro de Africa, que afecta a poblaciones pobres y gobiernos con débiles o nulos sistemas de salud, no interesó a las grandes farmacéuticas para desarrollar investigaciones. Por eso, tampoco hay vacunas para el mal de Chagas y otras enfermedades que se propagan en zonas de pobreza. Los aumentos de los gastos de defensa del presupuesto de Estados Unidos, para invadir Irak y Afganistán han llevado a congelar o reducir los gastos en salud. El director de los Institutos Nacionales de Salud (NIH), Francis Collins, dijo "que una década de estancamiento del gasto de investigación ha ‘desacelerado' todos los sectores de investigación, incluyendo vacunas para enfermedades infecciosas (...) el dinero, o la falta de él, es la gran parte del problema. La capacidad de compra de los NIH bajó un 23 por ciento desde hace una década, su presupuesto ha permanecido estático. En el año fiscal 2004, el presupuesto de la agencia fue 28 mil millones. En 2013 fue 29,1 mil millones -apenas un cambio sin ajustarlo por inflación. La situación es peor en la división de enfermedades infecciosas, donde el presupuesto ha caído desde 4,3 mil millones en 2004 a 4,25 mil millones en el año fiscal de 2013 (ídem)". En cambio, en 2013 en Estados Unidos se gastaron 180 mil millones más en defensa que en 2002, un total de 619 mil millones. Los gastos militares de Estados Unidos son superiores al 36 por ciento del total mundial cuando su economía es el 23 por ciento, durante la guerra de Irak llegó a ser el 44 por ciento (Council on Foreign Relations, 15/7). Estados Unidos, uno de los responsables En un artículo titulado "Cómo Estados Unidos ha hecho la crisis del ébola peor" (Wall Street Journal, 14/10), un especialista dice que "Africa tiene el 24% de la carga mundial de morbilidad -tasa de enfermos y mortalidad en determinado momento y lugar- y tiene sólo el 3% de la fuerza laboral de salud del mundo". La rapiña de médicos de otros países por parte de Estados Unidos se facilita con reformas a leyes migratorias. "En 2010, los Estados Unidos tenían 265.851 médicos licenciados formados en otros países, lo que constituye el 32% de nuestra fuerza de trabajo médico", de acuerdo con la American Medical Association (AMA). Entre ellos, 128.729 procedían de países clasificados por el Banco Mundial como de países de ingresos bajos o medios bajos". Estos médicos tienden a trabajar en peores condiciones laborales que los graduados de medicina estadounidenses. Aun así, hay "43,3 millones de estadounidenses sin seguro médico". La respuesta de las enfermeras Las que han denunciado el ineficiente estado de salud del país han sido las enfermeras (y su sindicato, NNU). En una carta abierta al presidente Obama, levantan un programa de acciones a adoptar, en el que reclaman "estándares nacionales y protocolos que todos los hospitales deben seguir para proteger a los pacientes, a todos los trabajadores de la salud y al público". También reclaman equipos de protección y denuncian que "las enfermeras matriculadas, médicos y otros trabajadores de la salud (están) en extremo riesgo. Ellos son nuestra primera fila de defensa. No deberíamos mandar a nuestros soldados al campo de batalla sin armaduras y armas". (ver en Prensa Obrera on line: "Ebola, un emergente...").

Compañeras, compañeros: En este lugar, hace cuatro años, los enemigos de la clase obrera, los enemigos jurados e irrevocables de la clase obrera, asesinaron a nuestro compañero Mariano Ferreyra e hirieron gravemente y durablemente a nuestra compañera Elsa Rodríguez. Cuatro años después, Mariano Ferreyra sigue presente en el escenario político del país. Es la mejor demostración de la naturaleza de la lucha que estaba emprendida; Mariano es objeto de una lucha política en que el Estado pretende desvirtuar el significado de ese combate y de ese asesinato. Sin embargo, el ataque a los compañeros ferroviarios y organizaciones solidarias, el 20 de octubre de 2010 fue un crimen contra la clase obrera de este país y fue un crimen del Estado argentino contra la clase obrera de este país,y esta acusación es irrevocable. Esta acusación se va a levantar cuando la clase obrera de este país termine con este Estado de este país y construya una perspectiva política de los trabajadores (aplausos). Es un crimen contra la clase obrera porque la lucha que estaba emprendida era una lucha absolutamente vital, y lo sigue siendo hoy para los explotados de este país: la lucha contra la tercerización laboral, la lucha por recuperar derechos históricos de la clase obrera conquistados a través de décadas y décadas, no sólo de movilizaciones sino de derramamiento de sangre de los trabajadores. Fue tanintenso el significado de este "crimen político contra la clase obrera", que al día siguiente, el 21 de octubre, numerosas fábricas, varios sindicatos, entendieron que respetaban la voluntad de los trabajadores declarando paros parciales e incluso paros de todo el día, de 24 horas. Fue un crimen de Estado que los kirchneristas no van a poder levantar jamás, porque la burocracia sindical, la Policía Federal y los concesionarios del ferrocarril son parte del aparato del Estado capitalista que protege la explotación de la clase obrera. Fue un crimen de Estado, y a la cabeza del Estado está la Presidenta de la Nación, que al día siguiente denunció a la Federación Universitaria de Buenos Aires por romper una puerta del Ministerio de la Educación, como una muestra de la violencia que anima a la juventud argentina y justifica los crímenes de Pedraza. Habría que haber puesto el audio, en la Legislatura de la Capital hoy y en la Municipalidad de Avellaneda, con la Presidenta indignada por la rotura de la puerta del ministerio y ninguna palabra sobre Mariano Ferreyra. Hay que poner el audio con los planteos en ese momento. Una gigantesca movilización se produjo al día siguiente y el gobierno no tuvo el recato, siquiera, de apagar las luces de la Casa Rosada, en mínima señal de duelo, y los que brillaban con sus luces ese día, cuatro años después reivindican a Mariano Ferreyra. ¡Claro que indigna!, pero dejemos la indignación. Esta es una lección política fabulosa: esta gente, como antes de ellos, lo mismo que ellos, aquí como en todos los países del mundo, van a mentir, van a engañar, van a utilizar todos los recursos propios del sinvergüenza político, para evitar que un trabajador saque la conclusiones que corresponden de las experiencias que vive:¡y qué experiencia más brutal que la experiencia de ver caído un compañero en la lucha! Y durante seis meses siguieron una línea de ataque al Partido Obrero y a Mariano Ferreyra, reflejado en un corte de vías posterior, en la que fueron detenidos compañeros del Partido Obrero, incluso dirigentes del Partido Obrero, acusados de disturbios en la estación Constitución, montada por el propio pedracismo, que tiene en la propia estación un polígono de tiro. Y la ministra de Defensa, Nilda Garré, acusando -por todos los medios públicos- al Partido Obrero de la ejecución de nuevos hechos de violencia. Estos sinvergüenzas hoy descubren placas y pegan afiches en nombre de Mariano Ferreyra. Es un crimen de Estado, es decir que el que tiene que ser condenado es el Estado, y la condena del Estado, cuando ocurre, la pena que se aplica es el derrocamiento del Estado. Es un crimen de Estado que buscaron preservar, como lo demuestra aquella conversación telefónica entre Pedraza y el ministro de Trabajo. Era una polémica, Pedraza que reclamaba que no pasen a planta permanente los tercerizados, porque esto sería una victoria de la izquierda, y Tomada que le decía "tomátela con calma, laváles la cabeza, pasálos para nuestro lado y esto se disipa". Y cuatro años después no se disipó, crece la izquierda en el movimiento obrero, crece la izquierda en la juventud, no le lavan la cabeza a nadie porque se desarrolla la conciencia de clase y la conciencia socialista de los trabajadores. Los lavadores de cabeza, hoy en Avellaneda y en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, le hacían un homenaje a Mariano Ferreyra. ¡Son unos sinvergüenzas! Pero no engañan a nadie, se engañan a ellos mismos. Los trabajadores les van a pasar la factura por tanta estafa política. Esto es lo que dejó Mariano Ferreyra. Y el propio juicio oral ha sido una estafa política, porque excluyó de ese juicio a la patronal, al ministro Aníbal Fernández, a la Policía Federal, excluyó de ese juicio al núcleo más importante del aparato del Estado. Por eso lo hemos impugnado. El valor de la lucha política del Partido Obrero consistió en que, desde el primer día, delimitamos los campos y dijimos: acá está la clase obrera, por un lado, acá está el aparato del Estado capitalista con todos sus verdugos y esbirros, del otro lado. Porque marcamos esa delimitación en esta lucha, fracasaron todas las cooptaciones, y el gobierno tuvo que admitir finalmente que la Justicia y la Policía detengan a Pedraza, detengan a Favale y detengan a la patota. Lo tuvo que hacer después de haber avalado y justificado es crimen. La intelectualidad kirchnerista -yo diría que casi sin excepción, porque la excepción que tengo en la cabeza fue una excepción vergonzante-, casi sin excepción, dijo: "bueno, es lo que ustedes buscaban, con este tipo de acciones debilitan al gobierno nacional y popular", es decir que la mejor forma de fortalecerlo es no hacer absolutamente nada en la lucha por los derechos. Juan Pablo Feinmann fue el primero en salir a defender a Pedraza, cuando simplemente se podría haber callado la boca. Esta gente le tiene terror al proletariado, saben con qué se va a enfrentar cuando la masas inauguren un gran ascenso definitivo, van a dejar de bastardear y de vivir a costa de los trabajadores, recogiendo las migajas del Estado en los canales de televisión y en los ministerios. Esta pequeña burguesía intelectual reaccionaria que se viste de progresista son nuestros enemigos, los peores, porque a Berni lo reconocemos andando. Berni tiene un prontuario que arranca en las minas de Río Turbio como infiltrado, hace dos décadas. Estos otros son peores. Otra cosa más: ¿algo cambió?No cambió nada y no podía cambiar. Toda la porquería volvió a subir a la superficie apenas los trabajadores de Gestamp ocuparon la planta un fin de semana- la Presidenta, desde Santa Cruz, pronunció un discurso como el que pronunciaba contra Mariano Ferreyra, acusando a los trabajadores de Gestamp de querer tomar el Palacio de Invierno, que como ustedes se darán cuenta es la acusación máxima que puede hacer un dirigente capitalista contra los luchadores. Es la acusación mayor: pena capital, pelotón de fusilamiento, "el tipo quiere tomar el Palacio de Invierno, quiere inaugurar una nueva época histórica, hay que aniquilar a los trabajadores de Gestamp". La toma del Palacio de Invierno fue un factor poderoso de mejoras sociales en numerosos países, y los trabajadores de Gestamp estaban luchando contra los despidos. Entonces, la jefa de Estado, como en octubre de 2010 con la puerta del Ministerio de Educación, sale a bajar línea: pegue, hay que pegar a estos trabajadores. Poco tiempo después, con motivo de cumplirse el 40° aniversario del 1° de mayo de 1974, la misma Presidenta, con su alter ego intelectual, Horacio Verbitsky, descubrieron -con cuarenta años de demora- que la juventud peronista había hecho mal en retirarse de la Plaza de Mayo en 1974, que tenía que haberse quedado ahí junto al gobierno de las Tres A; con cuarenta años de demora, rechazaban y acusaban el gesto más importante de la juventud peronista, aplaudido por el Partido Obrero, el 1° de mayo de 1974, de romper con el gobierno de la Triple A, lamentablemente sin dirección política. Todo gira en torno de lo mismo: "no saquen los pies del plato". Este Estado es un único Estado, no se puede estar en contra del Estado, pueden ocupar tres bancas, pueden hablar ocho minutos, pueden participar del trabajo de comisiones, pero ¡cuidado con atentar contra este Estado! Los obreros de Gestamp luchan contra la desocupación, contra los despidos y viene el ataque. Ahora, no sé bien quién fue, hoy, uno de éstos, De Pedro, no sé quién, de La Cámpora, pronunció un discurso por Mariano Ferreyra. Pero ¿dónde estuviste, muchacho, el 20 de octubre de 2010? Pero dejemos el 20: el 21... el 21, ¿no moviste el culo ni fuiste a la Plaza de Mayo, como fueron tantas familias de trabajadores? Como ustedes ven, la pasión del Partido Obrero por Mariano no es una pasión emocional; es una pasión que nace de las mayores convicciones, de una comprensión del momento histórico, de una disposición para pelear este momento histórico. Nosotros sabemos bien por qué Mariano estaba acá con ese piquete el 20 de octubre, y nosotros hubiéramos estado ahí si las circunstancias de la lucha nos hubieran puesto en esa manifestación. Fue una lucha de muchos años, y ahora que se critican piquetes, los cortes de vías, los piquetes ferroviarios, todo esto se encuentra en la línea de todo lo que había hecho el movimiento piquetero. Vean ustedes cómo algo que nace de la conciencia y dela lucha del trabajador se transforma en un arma colectiva, porque los piquetes siguen, siguen en ese desarrollo, en esa perspectiva - y en la medida en que sigan esa perspectiva, que no la desnaturalicen. El piquete del 20 de octubre fue un piquete de frente único de trabajadores, no eran una ni dos, sino numerosas organizaciones las que participaban; quizá no todas, pero las que participaban actuaban en frente único, discutían en asambleas, sacaban conclusiones comunes y lo hacían en un terreno francamente desfavorable. La presencia de un canal de televisión aquel día, aquí, fue fortuita, y permitió, ayudó a develar lo que había ocurrido en la calle, pero fue fortuita. Ahora, ¿qué tenemos? Tenemos un gobierno que, según los diarios, recuperó la iniciativa política. Dice: "recuperé tanto la iniciativa política, que le voy a hacer un homenaje a Mariano, me voy a mofar de ustedes". Pero los que piensan que este gobierno recuperó la iniciativa política, están mirando el canal equivocado, porque es una maquinaria de aprobación de leyes en el Congreso, perfectamente vacía de contenido. Hay una ley de pago soberano, que caducó en el momento en que pusieron la firma, porque la ignoraron todos los capitalistas, y su única función ha sido advertirle al capital mundial que este gobierno está dispuesto a pagar toda la deuda externa argentina con la última gota de sangre de los trabajadores, cueste lo que cueste. Toman otras medidas: incrementan las deudas; antes las deudas se incrementaban por diez años y ahora las deudas se incrementan por ocho meses. Dentro de ocho meses hay que pagarla. Ya estamos pagando la deuda a Repsol; hay que gente que todavía no se enteró que se le pagó con una deuda y ya se está pagando esa deuda en efectivo. Es todo ficticio, es una gran espuma, es un aparato de propaganda sostenido por los así llamados ‘opositores', que al igual que el gobierno, quieren pagar todo lo que haya que pagar, porque el 60 por ciento de esa deuda está en manos de la clase capitalista local, de la burguesía nacional que Néstor Kirchner quería reconstruir. Es una gigantesca ficción que los trabajadores, todavía, no pueden desgarrar o no desgarran por una insuficiencia de organización, por una insuficiencia de dirección, pero que están avanzando en esa organización y en la construcción de una dirección. Todo está por jugarse en este país en los próximos meses y años, y por lo tanto, este acto conmemorativo no es un memorial a Mariano Ferreyra, sino un programa para terminar con la dominación de la burguesía, en primer lugar, constituyendo una poderosa alternativa política de los trabajadores y ése es nuestro objetivo en el Luna Park, el 8 de noviembre próximo, al cual todos tienen el deber de concurrir. Gracias, compañeros.

El paro del 22, por 24 horas con asistencia y movilización, fue convocado por los medios de comunicación, y preparado por una movilización a la cual no se invitó a los trabajadores bancarios en su conjunto. Fue una actividad planeada por y para el aparato de La Bancaria. Este sería el tercer plan de lucha del año de La Bancaria. Luego de paros, paritos y parazos, no se ha brindado ninguna respuesta por parte de los banqueros y el gobierno al justo reclamo por impuesto a las ganancias. La lucha del Central, con los métodos de la clase trabajadora (asamblea, paro y movilización) fue aislada por el sindicato; ahora, cuando se ha dictado la conciliación obligatoria para ese conflicto, se convoca a un paro que debería haber sido para apoyar su lucha y generalizarla a todos los bancos. Además del impuesto al salario, debemos poner en la palestra el conjunto de los reclamos del gremio: tercerizaciones, empeoramiento de las condiciones de trabajo, planes comerciales ultraexigentes, falta de personal, despidos (muchas veces encubiertos como retiros voluntarios), marcan la necesidad de un movimiento general del gremio contra el ajuste. El costo de vida aumenta constantemente y plantea la necesidad de la reapertura de paritarias. Los 5.500 pesos del día del Bancario, que se acordaron en abril, finalmente han quedado devaluados por la inflación y no solucionan ningún problema. Para poner en pie un verdadero plan de lucha, este debe ser votado en asambleas y plenarios de delegados, involucrando a la masa de trabajadores bancarios. Paramos por los despidos, por el reintegro del 100 por ciento del impuesto al salario, por aumento salarial, por la recuperación de la Obra Social, ingreso de personal y el pase a planta permanente de todos los tercerizados, contratados y monotributistas. Contra la proscripción de la Lista 14 Naranja de la seccional Buenos Aires, por democracia sindical, por un plan de lucha que involucre a todos los bancarios hasta ganar.

La versión del "atropellamiento" que habría sufrido Luciano Arruga en la General Paz, y su muerte en el hospital Santojanni, está envuelta en un mar de dudas. Dos meses después de la desaparición, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial informó a la fiscalía de La Matanza -donde estaba radicado el caso en ese momento- "que en la morgue de la Capital no se había recibido ningún cuerpo con las características del muchacho" (La Nación, 19/10). Sin embargo, el cadáver de Luciano apareció enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Cae de suyo la pregunta: ¿en la CABA gobernada por Macri se entierra un NN, a un fallecido en un accidente vial, sin que haya pasado por una morgue judicial? ¿No hubo, por tanto, un informe forense que determinara las causas de la muerte del supuesto NN? ¿Qué se hizo para identificar a ese NN? ¿No intervino un juez? En este punto, la acción criminal de la Bonaerense le estalla en la cara al gobierno de la Ciudad y a los tribunales porteños. En principio, hace falta una ingenuidad rayana en la complicidad para aceptar sin más la versión del atropellamiento. La Correpi ha publicado una lista tenebrosa de personas detenidas ilegalmente (secuestradas) por la policía, que luego de ser torturadas y asesinadas en cualquier comisaría aparecen "atropelladas" al costado de una ruta. Y esto que se conoce ahora, después de cinco años y medio, , parece indicar que todo el asunto es parte de un armado encubridor hecho de apuro, que deja huecos por todas partes. Pero, aun si se acepta la versión del atropellamiento, las preguntas que se derivan del hecho son contundentes para mostrar un entramado criminal que involucra a la policía, al Poder Judicial y a los gobiernos de la provincia de Buenos Aires y de la CABA. Cadena de mentiras La madre de Luciano fue al Santojanni la misma noche de la desaparición del chico, y de nuevo al día siguiente. Las dos veces le dijeron que no habían atendido a nadie con las características de su hijo. Le mintieron a sabiendas ¿por qué? Y si se invierte la pregunta ¿le mintieron a sabiendas o le dijeron la verdad, y por tanto el chico jamás estuvo en el Santojanni? Más preguntas: ¿qué hizo el personal de la Policía Federal que obligatoriamente debió intervenir en el Santojanni, como en cualquier caso de atropellamiento? ¿A qué juzgado dio intervención? ¿Qué se hizo para identificar al supuesto NN? ¿Por qué no se cotejaron sus huellas dactilares con las de personas cuya desparición se había denunciado, cual era el caso de Arruga? Ahora, el Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación informa que ese cadáver nunca pasó por sus manos, de modo que si es cierto que el chico fue atropellado y murió en el Santojanni, la Policía Federal no dio parte a ningún juzgado y se lo enterró irregularmente. En cualquier caso, las maniobras de encubrimiento son tan groseramente obvias que de ellas se desprende por su propio peso una sola deducción: Luciano Arruga nunca fue un NN, siempre supieron de quién se trataba y toda esa farsa trágica se hizo para ocultar un crimen policial. La mafia en el poder Está comprobado por pericias forenses que, apenas horas antes de su muerte, el chico fue subido a un patrullero y que estuvo en el destacamento policial de Lomas del Mirador. Luciano era hostigado sistemáticamente porque se negaba a robar para la policía y, después del crimen, sus familiares y todos los organizadores de las movilizaciones por el esclarecimiento han sido atacados y amenazados sistemáticamente por la policía provincial. Por eso la cadena de encubrimiento es tan larga y tan encumbrada, porque se trata de un delito prototípico: la de los pibes pobres obligados por la policía a robar para la comisaría. Y no se trata solo de la policía, sino de todo un entramado mafioso que comprende a los punteros políticos, a las intendencias, al Poder Judicial.. Por eso tanta persistencia para encubrir el crimen de Luciano Arruga, porque develar su asesinato es develar a las mafias gobernantes.

La Legislatura aprobó unánimemente un pedido de informes, presentado por Marcelo Ramal, para que el ejecutivo porteño responda por la exclusión de Ernesto Abus, trabajador precarizado de la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad, de un concurso para pasar a la planta permanente en esa dependencia. Abus pretendía presentarse al concurso después de desempeñarse durante cinco años como programador en la Dirección con un contrato precario. Su exclusión del concurso constituyó un claro acto de discriminación, debido a que en una parte de la documentación que presentó figura con el seudónimo que debió utilizar debido a que fue exiliado junto con toda su familia durante la última dictadura . Su situación de exiliado político y víctima del terrorismo de Estado fue reconocida por la propia Corte Suprema de Justicia. Ernesto es además un activista gremial en su lugar de trabajo y afiliado a ATE. Este atropello ha desnudado la política del PRO para los trabajadores del gobierno de la ciudad, los cuales soportan la precarización laboral y la persecución sindical. En la propia dirección de Estadística, este hecho se suma a los despidos y traslados de delegados de ATE luego revertidos por la Justicia laboral. El caso revela además las arbitrariedades y maniobras que sufren los 15.000 trabajadores precarizados de la Ciudad, por parte del gobierno, en los escasísimos concursos públicos existentes, que se contraponen con el derecho a pasar a la planta permanente de forma directa. En la sesión, Ramal destacó la presencia de trabajadores de la Dirección de Estadística en el recinto, y afirmó que "la aprobación del presente proyecto debe ser un punto de apoyo para que sean reconocidos los derechos a la planta permanente y a la estabilidad laboral de Abus y de todos los precarizados de la Ciudad".

En las elecciones de Centro de Estudiantes del colegio Politécnico de Berazategui, uno de los más importantes de Berazategui y zona sur, la lista Bordó, integrada por compañeros UJS e independientes, se impuso con un arrollador 75%, sobre un total de 815 votantes (una participación histórica, la matrícula es de 1.800), superando por 413 votos a la segunda lista, la cual había llevado al Poli al estancamiento y redujo al centro de estudiantes a reuniones prácticamente sin participación. Nuestra campaña se centró en la denuncia de la falta de presupuesto, la cual vemos reflejada en la falta de becas, viandas y un edificio en condiciones, así como también abrimos el debate sobre la Ley de Educación del kirchnerismo, que nos suma un año al plan de estudios, el cual consiste en 200 horas de trabajo ¡gratuito! para empresas cercanas al colegio. Este resultado se suma a otros similares en diferentes colegios de la zona, es parte de un proceso, aún incipiente, de constitución de un movimiento secundario combativo.

Con la presencia de los legisladores del Partido Obrero en el Frente de Izquierda y organizaciones piqueteras, cooperativistas y delgados del polo Obrero, se realizará en el parlamento nacional la audiencia pública por tres leyes que impulsan los diputados Néstor Pitrola y Pablo López. En primer lugar, se presentará el proyecto de SEGURO AL DESOCUPADO. Este plantea: Art. 1°: Se aumenta el Seguro al Desocupado instaurado en la Ley N° 24.013 Nacional de Empleo, que cobrara todo trabajador despedido a un 60% del mejor salario recibido en los 6 meses previos a la cesantía (...) Art. 3°: La Anses constituirá una Bolsa de Trabajo, a fin de ofrecer posibilidades de empleo al trabajador desocupado. El cobro de este Seguro al Desocupado se extenderá hasta que el trabajador despedido vuelve a ingresar. Algunos de sus fundamentos son: "Actualmente el monto del llamado Seguro al Desocupado esta en los 400 pesos mensuales. Esa cifra se paga durante los primeros cuatro meses, para descender al 85% los cuatro meses siguientes y al 70% los últimos cuatro meses" (...) "Al año cesa de percibirse, Es necesario terminar con esta arbitrariedad antiobrera del Poder Ejecutivo. Para ello, debe cumplirse con el planteo de que se abone al desocupado un porcentaje del mejor salario que hubiera cobrado en los seis meses previos a su despido. Planteamos que un 60% del mejor salario cobrado en los 6 últimos meses de su trabajo como asalariado, sin techo alguno..." Por separado se presenta un proyecto por un aumento de emergencia para los trabajadores precarizados del Argentina Trabaja: ACTUALIZACION DE EMERGENCIA DEL INGRESO SALARIAL DE LOS LLAMADOS ‘PLANES DE TRABAJO': Art. 1°: se actualiza la remuneración salarial mensual que reciben los trabajadores inscriptos en los planes Argentina Trabaja y Ellas Hacen a partir del 1° de septiembre del corriente año, en un 80% del Salario Mínimo, Vital y Móvil. Art. 2°: La remuneración salarial mensual de los trabajadores de estos planes de empleo se actualizara en la misma proporción que marca el artículo 1°, cada vez que aumente el Salarió Mínimo, Vital y Móvil (...) El tercer proyecto plantea reparar un fraude laboral extendido y agravado porque es el Gobierno el que lo plantea, como es el de la conformación de cooperativas para reemplazar trabajadores bajo convenio: DE PASE A PLANTA PERMANENTE DE LOS TRABAJADORES INSCRIPTOS EN LOS PLANES DE TRABAJO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Art. 1°: Se dispone el pase a la planta permanente de todo trabajador actualmente inscripto en los Planes de Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social (Argentina Trabaja, Ellas Hacen o similares) que este cumpliendo tareas en el ámbito de la Administración Pública Nacional, de las provincias y municipios que han suscripto a estos Programas. Art. 2°: El Ministerio de Desarrollo Social traspasara el presupuesto que invierte en la actualidad en estos planes, al presupuesto de las provincias, municipios, reparticiones o institutos donde se han de incorporar los trabajadores del Argentina Trabaja y Ellas Hacen. La diferencia presupuestaria, que devenga de estos pases, deberá ser compensada por una partida especial del presupuesto nacional. Art. 3°: Los trabajadores que sean incorporados a la Planta Permanente gozaran de los mismos beneficios salariales y convencionales del resto de los trabajadores permanentes en cada rama que se desempeñen. Regirá el principio de "a igual trabajo, igual salario" y a "igual trabajo, igual convenio". Art. 4°: Se constituirá una Comisión de Control, formada con delegados elegidos por las propias organizaciones de desocupados y trabajadores de los planes precarizados y por los sindicatos y comisiones internas de cada área donde debieran integrarse los trabajadores que pasen a planta permanente, para fiscalizar la culminación de este operativo en términos reales e inmediatos" (...). El Polo Obrero viene realizando una campaña por el aumento y el pase a planta en los municipios donde realizan sus tareas los compañeros cooperativizados , en los próximos días presentaremos estos proyectos en obradores, lugares de trabajo y barrios e iniciaremos una serie de reuniones con organizaciones piqueteras y cooperativas para convocar en común acciones de lucha, la presentación en la audiencia pública e impulsar en común una campaña por nuestros derechos.

Las elecciones estudiantiles en la Universidad Nacional de La Plata presentan una cruzada política de fondo. El rectorado y los decanatos necesitan de centros de estudiantes maniatados, de cara a un año en el que proyectan profundizar la ya extendida política de precarización laboral, el vaciamiento de los planes de estudios y un presupuesto de ajuste. El correlato de esta orientación, ya prevista y promovida desde la Ley de Educación Superior, es la multiplicación de los posgrados arancelados y de los convenios negreros con grandes empresas. En este escenario, las autoridades universitarias juegan a fondo sus fichas para las elecciones estudiantiles. Franja Morada apuesta su aparato contra los centros independientes de Arquitectura y el Observatorio. El kirchnerismo se apresta a disputar las conducciones de Bellas Artes y Humanidades. Las camarillas vienen por los centros conducidos por la izquierda. La UJS ha puesto sus energías en aportar claridad sobre este escenario político, a diferencia de la mayoría de la izquierda, que aborda estas elecciones en forma autoconstructiva. Para que la fotografía sea completa, de todos modos, es necesario hacer un balance de la conducción de la Fulp y de los centros, en primer lugar de Patria Grande (que preside la Federación y cuatro centros de estudiantes). El avance de agrupaciones oficialistas no ha tenido obstáculos en estas facultades, por la adaptación a las autoridades que se expresa en la ausencia de una delimitación y acciones concretas que impulsen medidas de lucha. Nuestra política ha sido el llamado al conjunto de las fuerzas de izquierda a debatir este cuadro y hacer los balances necesarios, con la perspectiva de poner en pie reagrupamientos para derrotar a las listas del gobierno y del rectorado. Las corrientes de izquierda no han recogido el guante, absteniéndose de la pelea política planteada en el movimiento estudiantil. En Bellas Artes y Humanidades, donde Patria Grande es conducción, tomó nuestro planteo de realizar plenarios abiertos de la izquierda, para defender esos centros de las agrupaciones tributarias del gobierno. En esas instancias, hicimos hincapié en la elaboración de programas políticos para convertir a esos gremios estudiantiles en organizaciones de lucha. En Arquitectura, una numerosa asamblea votó movilizar contra las restricciones, lo cual traza un clima favorable para sostener la gran diferencia que le sacamos a la Franja el año pasado, porque evidencia la necesidad de un centro independiente para luchar por los reclamos de los estudiantes. Entramos en la etapa de definiciones. La UJS se prepara para jugar un rol definitorio en esta lucha política y dar un salto en la conquista de representación en los centros y en los consejos directivos. Es un paso más en la preparación de un movimiento estudiantil combativo para enfrentar el ajuste y la privatización.

En la Audiencia Pública por el aumento de emergencia de 3.000 pesos para jubilados y pensionados se leyó una carta de Luis Herrero (uno de los jueces perseguidos por fallar a favor de los jubilados) que encierra un apoyo y una contribución. En su misiva, Herrero acuerda con el reclamo, dadas las "necesidades perentorias de los jubilados frente a la grave pérdida de poder adquisitivo de sus ingresos", aun a sabiendas de que este aumento supone un achatamiento de la pirámide de haberes. Lo más significativo es, sin embargo, el concepto que le sigue: remarca que la movilidad de las jubilaciones es una garantía constitucional prevista en el artículo 14 bis de la Constitución, "que es menester defender a rajatabla contra los intentos del menemismo en degradarla, ningunearla o llamarse así a cualquier `mendrugo´ ("doctrina Chocobar, Sixto Celestino)". Caracteriza así, de "mendrugo" a la ley 26.417 del actual gobierno, de actualización "semestral" de haberes depreciados. El gobierno llama a esto "movilidad jubilatoria" siendo que de "movilidad" no tiene nada. Invoca entonces Herrero un conjunto de fallos en los que se sostiene que la movilidad "no es un reajuste por inflación, sino que es una previsión con profundo contenido social referente a la índole sustitutiva de la prestación jubilatoria, para la cual es menester que su cuantía, que puede ser establecida de modo diferente según las épocas, mantenga una proporción razonable con los ingresos de los trabajadores" (destacado por el propio Herrero). Señala que la Corte, en la sentencia Badaro II (26/11/2007) traicionó este concepto -luego de haberlo avalado en el fallo Badaro I. Olvidó completamente "los ingresos de los trabajadores activos como pauta (destacado de Herrero) de la movilidad, en un giro copernicano", cambiándola por "los porcentajes de aumentos a las jubilaciones mínimas otorgadas por el Poder Ejecutivo" en comparación con el índice de actualización que calculó para el periodo 2002/2006 en su primer fallo y fijó un aumento del 88.57%. Invocando este precedente, varios jueces están rechazando demandas de reajuste de haberes con el argumento que los aumentos se dan y la movilidad existe. En relación a nuestro proyecto de ley, Herrero advierte que en sus fundamentos se dice que "la ley de ‘movilidad' (26.417) eliminó el ‘ajuste' de las jubilaciones por la inflación o los salarios", cuando debiera decir que "la ley de ‘ajuste' (26.417) eliminó la ‘movilidad'". La Audiencia realizada por el aumento de emergencia, votó la defensa de los jueces Luis Herrero y Emilio Fernández, ante la persecución kirchnerista, como parte de la lucha por las reivindicaciones de los jubilados.

El viernes 24 de octubre se van a dictar el veredicto y sentencia de los hechos ocurridos en el año 1977 en el centro clandestino de detención "La Cacha", dónde Apel La Plata forma parte de la querella de ¡Justicia Ya! Durante el juicio, la intervención de nuestra querella fue muy importante, desarrollando una gran batalla contra la impunidad. Nuestra denuncia Durante los alegatos denunciamos el desguace que sufrió la causa luego de estar diez años en instrucción, la impunidad de los genocidas que no están imputados y los compañeros que quedaron afuera de esta causa a pesar de las pruebas de que estuvieron secuestrados en este centro. También hicimos referencia a la impunidad de la pata civil de la dictadura: la Iglesia, el empresariado, los jueces, algunos de los cuales son docentes en la UNLP, y, especialmente, los médicos policiales que firmaron certificados de defunción truchos por supuestos enfrentamientos, para después desaparecer los cuerpos. Demostramos el accionar de las fuerzas represivas y la coordinación entre las distintas fuerzas para sostener la represión en la región platense. Presentamos pruebas que incriminaban principalmente a integrantes del Destacamento de Inteligencia 101, además de miembros de la Policía Bonaerense y Federal y del Servicio Penitenciario, como "el Oso" Acuña, del Servicio de Inteligencia del Ejército. Por esa razón requerimos la investigación del accionar de las fuerzas conjuntas, de todos los agentes implicados por todas las víctimas. Una de las intervenciones centrales de nuestra querella fue el planteo del tratamiento de los delitos sexuales, como delitos específicos, diferenciados de los tormentos en general. Esto fue rechazado por el tribunal, lo mismo que la ampliación de la acusación por homicidio, para lo cual alegaron cuestiones formales. Igualmente, solicitamos el cambio de la acusación por estos delitos y requerimos las penas máximas para todos los acusados por el delito de genocidio. Solicitamos, nuevamente, que se retiren las prisiones domiciliarias de cuatro imputados, como así también sus jubilaciones, y que se investigue la responsabilidad del cura Graselli, los médicos policiales y los jueces rechazadores de hábeas corpus. Convocamos a todos a movilizarse el viernes 24 a partir del mediodía al Tribunal Oral 1 de La Plata (4 entre 51 y 53) para exigir cárcel común perpetua y efectiva a todos los genocidas y por todos los compañeros.

Hace unos días, en la Oficina Comercial de Caballito de Telecom Personal se produjo una agresión contra el delegado de Foetra, Guido Fuentes. El compañero tuvo que ser hospitalizado por la ART con traumatismos por la salvaje agresión de un cliente desquiciado. Las situaciones de violencia se repiten en la mayoría de las oficinas de las empresas de telefonía móvil, donde las patronales ahorran en condiciones de trabajo y seguridad, mientras los trabajadores pagan con insultos y agresiones las numerosas quejas y reclamos por mal funcionamiento y sobrefacturación. Frente a este hecho, los trabajadores se autoconvocaron y al día siguiente en una asamblea exigieron medidas para garantizar las condiciones de condiciones de seguridad, solicitando una urgente intervención de la dirección sindical. La patronal, sabiendo la gravedad del asunto, arrancó el día con la persiana baja. Pero luego decidió abrir la oficina como si nada hubiera pasado, convocando a trabajadores de otras oficinas comerciales que, en la mayoría de los casos, se negaron a asistir en solidaridad con Guido y los compañeros de Caballito. La dirección del sindicato Foetra brilló por su ausencia. Pero intervino como cadena de trasmisión de la patronal, tratando de meter miedo para que levante cualquier medida de lucha bajo apercibimiento de ser responsables de una sanción patronal. Los trabajadores se mantuvieron firmes y votaron un pliego de reivindicaciones a la empresa con copia al sindicato, con medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores. Al día siguiente, la patronal, amparada en la ausencia de la dirección sindical, realizó "pedidos de informes" (otra forma de ejercer violencia), lo cual generó un enorme repudio entre todos los trabajadores. Decenas de adhesiones de delegados de base y oficinas enteras manifestaron su solidaridad con los trabajadores de Caballito. Repudiamos los "pedidos de informes" y cualquier intento de sanción por defender la integridad física, las condiciones de trabajo y de seguridad. Impulsemos la organización independiente de los trabajadores.

Las abogadas militantes de Apel coordinamos las comisiones de Impunidad y de Derechos Humanos en el Encuentro Nacional de Mujeres. En la primera, escuchamos un desfile de casos de violencia institucional y gatillo fácil en varias provincias, entre ellas, Salta, Santiago del Estero, Misiones, Buenos Aires y Tucumán. Con la presencia de madres y hermanas luchadoras, que dieron cuenta de la batalla diaria en tribunales y en las calles, se pudo trazar un hilo en común entre todos los casos: la impunidad está amparada por el Estado (nacional, provincial y municipal), la burocracia sindical, las policías y el poder económico. Todo ello con el auxilio, anuencia y complicidad del Poder Judicial y los medios de comunicación que invisibilizan los casos. Al mismo tiempo se pudo resaltar que los métodos de la dictadura judicial se mantienen vigentes y, tal como ocurre en los juicios de lesa humanidad, las pruebas y su cuidado están en manos de las víctimas. En este cuadro, la promulgación del nuevo Código Civil, de impronta clerical y reaccionaria, viene a garantizar la impunidad de los funcionarios públicos y de los responsables políticos directos. Se garantiza la impunidad de los Alperovich, los Zamora, los Urtubey, los Scioli, los Closs (en Misiones) y los Insfrán, quienes cuentan con la anuencia del gobierno nacional. En la comisión de Derechos Humanos se dio una importante batalla exponiendo la inactividad estatal en la producción de la prueba y la necesidad de incorporar los delitos sexuales cometidos en los centros clandestinos de detención como delitos autónomos, y su necesidad de ser juzgados en este momento y no con próximos juicios para evitar la revictimización de las compañeras al exponerse nuevamente al brindar sus testimonios y se alargue aún más la espera por justicia. Con el horizonte de que el Encuentro sea un canal de organización para avanzar en la conquista de nuestros derechos, sea resolutivo y nos permita forjar plan de lucha, en estas comisiones se arribó a las siguientes conclusiones: • declarar la emergencia nacional en Derechos Humanos; • derogación de la Reforma del Código Civil; • apoyar el proyecto del elección popular de fiscales y jueces y revocatoria de mandatos presentado en la Legislatura de Salta por el Partido Obrero y promover un proyecto similar a nivel nacional y federal; • proponer un plan de visibilización y difusión nacional de los casos de desaparecidos en democracia sin distinción de género; • aparición de todas las mujeres desaparecidas. Desmantelamiento de los aparatos represivos del Estado. Derogación de la ley antiterrorista. Fuera Milani, Berni y Granados: impedir el reforzamiento de los aparatos represivos; • Derogación del Código de Faltas de la provincia de Córdoba. • Repudio de la participación de mujeres de las fuerzas de seguridad en el ENM, porque representan a las instituciones que implementan políticas de Estado represivas y violatorias de los derechos humanos; • por una ley nacional de protección integral de las víctimas y testigos con política efectiva que no esté a cargo de las fuerzas de seguridad; • no a la manipulación del BNDG y los CCD; • perpetua a Pedraza; • repudio al asesinato de Evelia Murillo, maestra asesinada por defender a una niña de un violador; • que se incorporen los delitos sexuales en los juicios por genocidio; • imprescriptibilidad de los delitos sexuales y de las causas contra funcionarios públicos.

En La Plata, la audiencia pública por el aumento del agua, con 200 asistentes, comisiones de vecinos, senadores, diputados y concejales desnudó que ABSA es una caja negra. ABSA es Scioli: es una sociedad anónima mixta Su directorio está en la ilegalidad jurídica junto a un "ente regulador" que debería defender al usuario, pero es un aguantadero de punteros del sciolismo. Dos empresas tercerizadas de ABSA son de la burocracia sindical del gremio, que responde a Scioli. En la audiencia hubo más de 80 intervenciones de Moreno, Bahía Blanca, Coronel Rosales, Bragado, Merlo Punta Alta, de la oposición política y comisiones de vecinos. Todas rechazaron el aumento de tarifas. Algunos reclamaron "fuera Scioli". Quedó de manifiesto que el tratamiento de aguas cloacales es un circuito de contaminación, que abarca a toda la provincia. El tarifazo trata de esconder la quiebra de ABSA: un déficit de 74 millones de dólares confesado por los gerentes. Los funcionarios reclamaron 400 millones para seguir funcionando. Mientras la tarifa aumenta para los consumidores finales, los grandes usuarios industriales continúan con todo tipo de exenciones. Abajo el tarifazo, por miles de firmas y movilización a los municipios, ABSA y la Gobernación.

El 16 de octubre, los trabajadores tercerizados volvieron a tener una audiencia en el Ministerio de Trabajo. El funcionario que recibió a los representantes de los trabajadores se comprometió a aceptar un listado de los despedidos y citar a las empresas Segmar, Reebor, Murata y Mapra para que los absorban. Se trata de un paso importante en el pliego de reclamos de los compañeros. La lucha que se fue gestando operó para revertir despidos masivos. Por otro lado, la absorción de trabajadores de Segmar a las otras empresas trajo aparejado un proceso de organización gremial. Los brigadistas que hacen la seguridad en los trenes están eligiendo delegados. Este sector realizó un paro para que la empresa no discrimine trabajadores que ingresaban de Segmar. Al paro se sumaron los guardas y no salió ni un solo tren. Rápidamente, los compañeros obtuvieron el triunfo. Ahora, se están organizando para ir a la huelga ante cualquier ataque de la patronal. En otros objetivos de Murata se está organizando la elección de delegados. Lo mismo ocurre en Reebor y los pocos objetivos que aún tiene Segmar. Lo que comenzó como un ataque de la patronal, se está convirtiendo en un búmeran. En asamblea en la puerta del ministerio, los trabajadores fijaron un plan de acción para reincorporar a todos los despedidos, por la satisfacción de todos los reclamos y el pase a planta permanente. Entre otras iniciativas, se resolvió elaborar un boletín para organizar a todos los vigiladores; realizar un torneo de fútbol con equipos de todas las empresas para sostener la lucha de los despedidos, organizar un acto con Causa Ferroviaria y la CSC-PO en Retiro y participar en los actos por el aniversario de Mariano Ferreyra y del Congreso del movimiento obrero y la izquierda.

El pasado miércoles 8 se realizó la primera asamblea ambiental en el Distrito de Quilmes rumbo al Congreso del Movimiento Obrero y la Izquierda. Contó con la participación de compañeros de "No a la Entrega de la Costa de Bernal" de la asamblea de los Vecinos Autoconvocados contra la subestación eléctrica de Quilmes, representantes de la asamblea de la subestación de Rigolleau, luchadores por la erradicación de las antenas en los barrios y representantes de la asamblea por "no a la tracción a sangre". El debate giró en torno de la importancia de la unificación de todas estas luchas sociales y ambientales, con el programa de la izquierda, a su vez se destacó el rol que juegan los parlamentarios del Partido Obrero a lo largo y ancho del país, poniéndose a disposición de todas las luchas por el medio ambiente. Se votó la realización de una radio abierta el próximo 29, fecha que coincide con la apertura de los pliegos para la construcción de la subestación de Quilmes. Se resolvió también la presentación de un pedido de informes ante el municipio por las obras de cableado de la actual subestación Sobral en Ezpeleta, que al día de hoy ya produjo 170 muertos por cáncer. Además se votó la participación en el segundo encuentro de "Barrios irradiados" en Berazategui. Por último se resolvió la asistencia a la próxima asamblea general de Quilmes y la participación en el Congreso en el Luna el 8 de Noviembre.

Los trabajadores de la textil Platex de Tirol están dando una dura lucha contra el intento de la patronal de imponer un nuevo régimen de trabajo, de dos días laborables (de 12 horas) por dos días de franco. El nuevo régimen es una trituradora por las condiciones de insalubridad laboral de la planta, donde se respira polvillo de algodón y se trabaja a casi 50 grados. Las jornadas de 12 horas harán aún más frecuentes los accidentes de trabajo, por el agotamiento. La patronal quiere imponer el trabajo obligatorio los feriados sin pagarlos como horas extras. Como la suma de horas trabajadas será menor que en el régimen actual (de 8 horas con cinco días por uno de franco), la medida produce una reducción salarial de hasta 1.500 pesos por trabajador (en el turno noche, el más afectado). Los salarios iniciales en la planta son de 5.500 pesos. El rechazo a la medida corrió por cuenta de los delegados y trabajadores de la fábrica, mientras el sindicato a nivel nacional arregló para que se imponga el nuevo régimen. Por eso, no movió un dedo incluso cuando el conflicto tiene un alcance nacional. La empresa está extendiendo el nuevo régimen en las distintas plantas que tiene en forma gradual, lo cual llevo a choques, al menos, en Tucumán y en Monte Caseros. Es preciso un plan de lucha común de todas las plantas para enfrentar el atropello. Los trabajadores de la planta de Tirol juntaron las firmas de prácticamente todo el personal contra la medida. Cuando la empresa decidió aplicar el nuevo régimen, resolvieron no entrar a trabajar en esas condiciones, y exigir la entrada en los antiguos horarios. La empresa se negó, frente a lo cual los trabajadores se concentraron en la puerta en un acampe de los tres turnos. La falta de respuesta condujo al corte de la ruta de acceso a Tirol. Recién allí, intervino el Ministerio de Trabajo, "proponiendo" una conciliación obligatoria por ocho días para descomprimir la situación, que fracasó por la negativa de la empresa a aceptarlo. La empresa amenaza con el cierre si no se aceptan los nuevos turnos, pero acaba de recibir un crédito subsidiado por 80 millones de pesos acordado por Capitanich para ampliar la producción. La intervención del Estado estuvo capitaneada por Sager, un socio incondicional de las patronales, responsable del operativo para echar a los delegados del Toba y garantizar a término el cierre de la planta. El fracaso de este intento lleva a profundizar el plan de lucha, con nuevos cortes y movilizaciones. La situación abrió también un debate entre los trabajadores sobre la necesidad de recuperar el sindicato, en manos de la burocracia de Escobar (concejal del PJ de Fontana) -o bien crear un nuevo sindicato. Esta última opción presenta enormes dificultades. Sería necesario antes desafiliarse, a riesgo de perder la condición de delegados reconocidos por el gremio y la empresa de los delegados actuales, que han estado a la cabeza de la lucha. Apostamos al triunfo de esta huelga, que será un envión para todas las luchas del cordón industrial.

El 5 de noviembre se realizarán las primeras elecciones de centro de estudiantes del Departamento de Desarrollo Productivo de la Universidad de Lanús. Se ha conformado un frente para enfrentar al Rectorado y sus agrupaciones K, integrado por la agrupación independiente Estudiantes Autoconvocados, la UJS-PO (que aporta candidatos para integrar la CD y por carrera), Visión Sostenible (independientes) y, en un lugar menor, la Cepa y Sur. El desafío fundamental que existe en la Unla es derrotar el dominio que el Rectorado pejotista de Jaramillo y sus agrupaciones tienen sobre las organizaciones del movimiento estudiantil, que coloca al Centro al servicio de una política privatista en la universidad (aceptación de fondos de La Alumbrera, acuerdos de pasantías precarias con grandes empresas, cupos de ingreso, etc.). En elecciones de otros centros, la división del espacio independiente y de izquierda, pavimentó las victorias kirchneristas. Una victoria por parte de este frente en Desarrollo Productivo (el departamento más masivo de la universidad) sobre las agrupaciones K abriría un proceso novedoso de movilización estudiantil y sería un gran pronunciamiento en contra de esa política. El frente ha acordado un funcionamiento regular y abierto de la comisión directiva, asambleas periódicas en el caso de obtener la conducción, así como un programa de independencia política del gobierno y todos los ajustadores, en contra de la LES y la Coneau y por la unidad con todas las luchas populares. Nos nutriremos de todas las problemáticas estudiantiles para desarrollar una gran campaña por prácticas pre profesionales formativas y bajo convenio, mayor oferta horaria, eliminación de cupos de ingreso entre otras grandes reivindicaciones. Estamos en las vísperas de una nueva etapa en la Unla. Manos a la obra.

La descomposición del régimen se puso a prueba una vez más en forma trágica. El domingo 12 de octubre, los barrios El Prado y La Trocha, de Marcos Paz, jugaron un partido de fútbol. A pesar de que se preveían enfrentamientos, el partido se jugó sin que se dispusiera prevención alguna. Así, se produjo un tiroteo entre ambos equipos. Un joven murió y hubo varios heridos. La familia está reclamando justicia y que paguen los responsables del asesinato. Hay once detenidos, entre ellos punteros del intendente Curutchet. Acompañamos y nos sumamos a los reclamos de justicia para terminar con la impunidad, y que los responsables vayan a la cárcel.

Las compañeras del Ministerio de Justicia bonaerense, en el Encuentro Nacional de Mujeres, exigieron justicia por el asesinato de Laura Iglesias, cruelmente asesinada en Miramar el 29 de mayo de 2013, mientras realizaba su trabajo. Laura era Trabajadora Social del Patronato de Liberados Bonaerense. Dicha institución tiene la función de dar asistencia y tratamiento a liberados, mujeres y hombres, que salen de estar privados de su libertad o están en conflicto con la ley penal. La institución no cuenta con los recursos para la reinserción social ni con las condiciones dignas de trabajo. Denunciaron que la presidenta del PLB, Alejandra López, ni siquiera cumple con la ley de "cupo laboral para liberados", pretendiendo solucionar el problema con programas que tardan meses en otorgar y desviando los recursos destinados a tal fin. Laura Iglesias había comentado a su familia que la policía hacía "trabajar" para ellos a los tutelados. La organización del delito viene desde el centro mismo del Estado y sus instituciones. Sus compañeras difundieron un petitorio que reclama que se aparte a la Policía Bonaerense de la investigación. Piden que se realice la investigación teniendo en cuenta el trabajo que ella realizaba y que se analice la causa en relación a otros hechos semejantes ocurridos en Miramar, como los de Natalia Melman, asesinada por policías en 2001, o el de Mara Mateu. En los tres casos las mujeres fueron golpeadas, abusadas y asesinadas, utilizando el cordón de una zapatilla. Por último, denuncian y repudian al ministro Casal y al gobernador Scioli por no dar respuestas a los reclamos y mantener las pésimas condiciones de trabajo. Si el régimen de liberados fuera como debe ser, los lazos de la delincuencia con la policía y el servicio penitenciario se pondrían al desnudo. Sumemos nuestras firmas en cada dependencia. Exijamos justicia por Laura y condiciones de trabajo digno para todos sus compañeros.

La última semana el petróleo bajó a menos de 82 dólares el barril, un descenso del 22% lo que determinó el precio más bajo en cuatro años. Los motivos son varios: la sobreoferta de crudo de los países árabes, la producción de shale oil en Estados Unidos y la incapacidad mundial para absorberlo ante la amenaza de una nueva recesión global. China intentó rescatar los precios del crudo aumentando sus importaciones, pero como está sustituyendo hidrocarburos de Arabia Saudita por los de Rusia e Irak, agravó la crisis. Arabia Saudita bajó más sus precios hacia el mercado asiático (La Nación, 11/10). Esto puede impactar en los yacimientos no convencionales de shale oil, empezando por Estados Unidos, en los yacimientos de aguas profundas presal de Brasil, en los crudos pesados de Venezuela y en los países que recién comienzan con el fracking, como Canadá o Argentina. Cuando los precios caen, las multinacionales, como las que tienen concesiones en Vaca Muerta, prefieren zonas con costos de extracción más baratos (Ambito Financiero, 16/10). La consultora Morgan Stanley informa que el barril mínimo para cubrir los costos de explotación de Vaca Muerta debería ser de 85 dólares. El informe de YPF sobre el proyecto de Loma Campana (Neuquén) señala que si bien es viable con un barril de 84 dólares, al quinto año debería alcanzar los 100. Aunque en nuestro país los precios del petróleo no replican necesariamente el internacional y son controlados por la Secretaría de Energía, si la caída persiste será difícil para el gobierno sostener el precio y tampoco sería viable la prenda de la exportación de crudo, para Chevron, Exxon, Soros y demás buitres, que lo sustentan. Respecto a Vaca Muerta, el especialista en energía Nicolás Gadano, hoy "consultor" de Galluccio (YPF) señala que "será un desafío extra para las empresas, los gobiernos y los gremios ponerse de acuerdo para bajar costos. De otra forma, los proyectos podrían no cerrar" (Río Negro, 15/10). Es evidente que se preparan nuevas concesiones a los pulpos, para compensar el derrumbe de los precios. Esos regalos -como la devaluación de la moneda o la libertad completa para el movimiento de divisas- irán por fuera de la ley entreguista que el kirchnerismo se apresta a votar en el Congreso.

- ¿Cómo fue el despido de YPF? - Nos llegó el telegrama en 1992, a horas de que la Junta Electoral del Supe (sindicato petrolero) oficializara la lista, que encabezábamos con César Rainieri (del PO). El candidato de la Celeste (burocracia sindical de Ibáñez) era Cuellar. Ahora quiere desalojar al Centro de Jubilados de YPF del edificio que le regaló Cassia (burócrata aún en actividad). - ¿Qué reacción hubo contra la privatización de YPF? - Formamos un concejo asesor en 1991, con trabajadores del departamento de San Martín, dábamos charlas. Hicimos marchas y cuando vinieron los funcionarios para privatizar, nos convocamos en el aeropuerto. Los delegados dentro del avión tenían micrófonos para que todos escucharan, mientras afuera movían el avión. - ¿Y luego de las privatizaciones? - No hicieron inversiones y creció la desocupación. Romero gobernó para las privatizadas. En 1996 fundamos la Unión de Trabajadores Desocupados, con mayoría de ypefianos. Nos metieron varias veces presos. En las puebladas de 2000, la gendarmería asesinó a Justiniano y Gómez, ambos hijos de ypefianos. Romero es responsable de estos asesinatos, comparables con el crimen de Pedraza. La causa está archivada. - ¿Actualmente? - La Pluspetrol transfirió todo y se va al sur, no hay laburo. Uno de los Urtubey es asesor de la Panamerican. Disponen de la cuenca de agua potable que dejó YPF. Urtubey sacó un préstamo por 900 millones de pesos, con el respaldo de las regalías, para el fondo de reparación histórica, pero no hubo ni un peso para las obras. Luego de la sesión del Consejo Deliberante convocada por Olmedo, concejal del PO, en repudio al pago a Repsol, los ex trabajadores de YPF hicimos 4000 volantes. - ¿Qué conclusiones y resoluciones adoptaron en la reunión? - En 22 años de esperanzas en el gobierno, no se logró cobrar. Con la coordinadora se puede luchar nacionalmente por nuestra deuda y el patrimonio nacional. Es una lucha política. Se resolvió ver a los diputados y senadores salteños para que voten las leyes, concentrarnos los martes en la plaza y participar en el Congreso (del movimiento obrero y la izquierda) del 8 de noviembre. Esperamos que se logre un plan de acción, una brújula. Hoy tenemos diputados como Pablo López. Para que la renta petrolera pase a jugar en beneficio de todos, debe estar en manos del pueblo trabajador. Esa sí sería una verdadera distribución equitativa de la riqueza.

Las declaraciones de Alex Freyre, en los últimos días, son una nueva muestra de la decadencia del movimiento LGTBI a causa de la cooptación estatal. Freyre publicó en su cuenta de Twitter que si Massa o Macri ganasen en 2015 "en 2016 morirá Aníbal Pachano, en las peores condiciones". Freyre argumenta que como los dos candidatos pagarán a los fondos buitre moneda sobre moneda, no habría recursos para la medicación para personas con VIH. Y por "casa" ¿cómo andamos? Fue la propia Fundación Huésped la que salió a refutar a Freyre señalando que "en Argentina, cada día mueren tres personas con VIH, pero no por falta de medicación. Mueren porque conocen su diagnóstico de manera tardía, entre otras causas como consecuencia del estigma y la discriminación". Quienes mueren con VIH lo hacen porque las políticas públicas son insuficientes (y son necesariamente complementadas por las ONG), porque no existe educación sexual científica en todas las escuelas ni programas públicos de difusión y detección temprana. Los presupuestos de salud pública -y educación- estarán todavía más recortados en 2015 para pagarle al Ciadi, a Repsol y a los buitres no necesitamos esperar a un eventual gobierno de Massa o Macri. Mientras la salud y la educación públicas estén condicionadas al pago de la deuda externa, la defensa de nuestros derechos dependerá de nuestra propia organización. Debemos poner el ahorro nacional en favor de la salud, la educación y el desarrollo nacional, y no al servicio de los usureros nacionales e internacionales. Sólo la izquierda plantea este programa.

La principal batalla política planteada en el Encuentro Nacional de Mujeres se libró con los sectores kirchneristas, que eligieron nuclearse en talleres referidos a la agenda de la propaganda oficial. Con el conjunto de las constelaciones que integran el aparato estatal montado por el kirchnerismo, mujeres de la municipalidad de Morón, del Ministerio de Desarrollo Social y de otros distritos se nuclearon detrás del apoyo a la presidenta como principal lema. En los talleres referidos a los sindicatos o a la educación, donde se concentraron cientos de trabajadoras y maestras, la presencia de los sectores oficialistas fue baja o nula. Allí, las docentes criticaron, entre otras políticas, la degradación educativa, que pretende suplantar a los jardines por los "centros de primera infancia" y plantearon los objetivos salariales del sector. En los talleres referidos a aborto y anticoncepción, el kirchnerismo también estuvo ausente: el tema les resulta incómodo por partida doble. No quisieron enfrentar a las militantes de izquierda ni a las de la Iglesia, enviadas para romperlos. Contra la precarización En las comisiones relativas a "Mujer y Comunicación" las militantes de Nuevo Encuentro concentraron la mayor parte de su esfuerzo para defender la ley de medios, hasta el punto de armar comisiones de ese taller, integrado exclusivamente por representantes de esa fuerza política. En los talleres de organizaciones barriales, las compañeras del Plenario y del Polo Obrero desnudaron la profunda precarización laboral a la que las condena el gobierno, con el armado de cooperativas que pagan ingresos por debajo de los salarios de convenio. Del otro lado, punteras del gobierno reivindicaban esta política de precarización como parte de la "inclusión" de la década ganada. Las mujeres organizadas de los barrios no las dejaron avanzar. El debate sobre el Código Civil se dio en la mayoría de los talleres. La tesis kirchnerista era que no teníamos que atacarlo, porque ello sería funcional a la derecha que lo rechaza parcialmente. El burdo argumento fue rebatido de forma plena por el Plenario de Trabajadoras, haciendo una crítica de fondo al Código más allá de la impugnación del artículo 19, que defiende la "existencia de la persona desde la concepción". Una aberración científica y jurídica, pactada con el Vaticano, que hará que las mujeres que deban practicarse abortos paguen aún más caro de lo que lo hacen hoy. La barbarie clerical Detrás del reconocimiento de la diversidad sexual, no puede ocultarse la pérdida de derechos laborales, la consagración de contrataciones precarias, el impulso a la tercerización laboral y las barbaridades jurídicas al servicio de los intereses poderosos del clero. Las elucubraciones de las kirchneristas se iban disolviendo ante la contundencia de estos argumentos. En los talleres de mujer y trabajo y en los de prostitución repudiamos los intentos del kirchnerismo de legalizar la prostitución como negocio capitalista. Rechazamos el hostigamiento del Estado y de las mafias contra la mujer obligada a prostituirse, y defendemos el derecho a organizarse contra ese atropello. Pero luchamos para superar esta degradación y no por naturalizarla. En los talleres de Trabajo, denunciamos que sólo el 10% de las más de 1.200.000 empleadas domésticas están blanqueadas, y que la socialización de las tareas domésticas, a través del desarrollo de lugares educativos, deportivos y recreativos para los niños, no estuvo jamás dentro de las metas de este Estado. Las que pegaron el faltazo En las comisiones de trata de personas, las militantes kirchneristas directamente pegaron el faltazo. Las pocas funcionarias presentes en estas comisiones no podían explicar algo tan elemental como el rescate de más de cinco mujeres tratadas por día sin lograr desmantelar ni una sola red. Las defensoras del modelo de pagadores seriales, que ahora están preparando el desembolso a "los buitres más buitres" a partir de enero, faltaron, obviamente, al taller de Deuda externa. En definitiva, la presencia kirchnerista sólo fue una movilización de aparato, organizada para defender aquellas políticas que aseguran cargos y sueldos abultados para muchas de las que lideraron la delegación. El Plenario de Trabajadoras tuvo en claro que iba a librar centralmente esta batalla, y cumplió su objetivo. La atomización del movimiento de mujeres no permitió golpear con mayor fuerza a un Estado que buscó autoexculparse de la violencia hacia la mujer. Esta es la realidad que debemos empezar a cambiar: el 25 de noviembre tenemos la oportunidad de poner en pie grandes movilizaciones hacia el poder político, cargando sobre los gobiernos la principal responsabilidad sobre el estado de situación que viven las mujeres.

Hay un término inglés, traducido al castellano como Zona 0, que define a la porción de tierra o suelo inmediatamente debajo de una explosión de bomba, sobre todo en el caso de un arma nuclear. Esta devastación, que señala el vacío provocado por esa catástrofe, es también lo que puede suceder a un artista luego de una explosión interna, provocada por el choque de diferentes estéticas, lo que queda luego de esa discusión radical, aquello sobre lo que habrá que construir y cuyas cenizas serán el abono. Ese término es Ground 0. Así se llama el disco que acaba de hacer público la pianista Adriana de los Santos, una de las creadoras y referente insoslayable de Músicos Organizados. Formada en música clásica en el país y en el exterior, tuvo su bisagra estética con la obra de John Cage, el gran músico estadounidense que revolucionó el concepto de música, rompiendo con los habituales prejuicios que dominan el campo estético no sólo en el ambiente musical, sino en general en el artístico. A partir de ese encuentro, se dedicó a la música experimental: improvisaciones, preparación de instrumentos musicales en registros que éstos no tienen habitualmente -como, por ejemplo, el uso de piedras colocadas en el arpa del piano-, utilización de esos instrumentos de modo diverso a aquél para el que fueron creados -como la percusión de la tapa del piano o de sus laterales-, la inclusión como instrumentos musicales de objetos diseñados para otro fin -amoladoras, tablets, teléfonos celulares, entre otros. “Ground 0” está compuesto por ocho improvisaciones, en cada una de las cuales Adriana toca el piano y es acompañada por otro músico: Guillermo Gregorio, MigMa, Fernando Perales, “Mono” Hurtado, Agustín Genoud, Sam Nacht, Grod Morel, Carlé Costa y Andrea Pensado son los encargados de tocar clarinete, bandejas, mix, piedras, contrabajo, mic, voces, trombón, saxo, bajo eléctrico, electrónica DiY, guitarra, iPad, iPhone y mixer. La música de De los Santos y sus invitados trabaja desde la tensión y lleva hasta el límite las posibilidades tímbricas de los instrumentos, incluso hasta no reconocerlos. Sonidos de animales, de cuchillos, de camiones, fondos de aquelarre o de avenida en hora pico, interferencias de radio en combate, diálogos en que los discursos se pisan, se enciman, se enloquecen, diálogos de sordos, ironía, gritos, lucha de voces en la que gana el silencio. Adriana de los Santos logra con “Ground 0” una construcción, como en la metáfora de la tapa del disco, envuelta en brumas, apenas iluminada de soslayo por una luz que parece de crepúsculo; una construcción en el aire, como la música. Para escuchar el disco por internet: https://adrianadelossantos.bandcamp.com/releases

Disfrutar, aprender o producir arte está vedado hoy al conjunto de los trabajadores y es cada vez más dificultoso para los artistas. Altos precios en las entradas, políticas de estado que privilegian el mercado y el turismo, vaciamiento de las escuelas artísticas y privatización de los espacios como el teatro San Martín, se suman a los cierres de Centros Culturales que encabezó el macrismo. Pero no todo al panorama es tan oscuro. Los artistas visuales, cineastas, teatristas, escritores, fotógrafos, músicos y estudiantes de arte que conformamos el Frente de Artistas nos hemos dado a la tarea de construir un espacio propio en el que el debate político, junto a las producciones artísticas, se transforme en un eje de agrupamiento de los artistas que luchan por transformar la realidad. En la etapa política del ascenso de la izquierda y su fusión con el movimiento obrero reivindicamos el derecho de los artistas a organizarse y el de los trabajadores de acceder al arte. Esta idea, fusión al fin también, encontrará su faro en León León. Talleres, proyecciones, obras, cursos, debates, espectáculos musicales, presentaciones de libros, etc…, conformarán la grilla del centro.

La noticia que recorrió todas las escuelas del distrito de Marcos Paz nos cayó como un balde de agua fría, Claudia Duckart había fallecido, no podíamos creerlo. Hace unos días se sentía mal, pero nada imaginaba este desenlace. El lunes 22 de septiembre le manifestó a su familia que no se sentía bien, pero fue igual a la escuela, porque debía preparar el contralor; siempre fue muy responsable. El debate entre los docentes, a raíz de lo ocurrido con Claudia, fue cómo nos absorbe este sistema educativo. Quienes tienen varios años de antigüedad sólo piensan en jubilarse, terminar con esta farsa, una educación en decadencia que día a día está peor, donde toda la presión está dirigida hacia los docentes y donde aquéllos que tienen la tarea de secretarios tienen una presión extra. Otros, criticando fuertemente al sistema educativo, planteando la necesidad de transformarlo ya. Claudia Duckart era delegada de la escuela secundaria N° 1 de Marcos Paz y una histórica constructora de Tribuna Docente. Integró la comisión directiva del Suteba distrital de 2003 a 2009 y fue candidata del Partido Obrero y del Frente de Izquierda en varias elecciones. Una perdida enorme de una luchadora incansable. Tus compañeros te despedimos, ¡hasta la victoria siempre!

El 16 de octubre comenzó el juicio contra dos referentes sociales de la Villa 20, el “Tano” Luciano Nardulli (CCC) y Diosnel Pérez (FPDS). Una movilización, en la que participó el Partido Obrero, se dirigió a la sede del tribunal para respaldar a los compañeros. El Gobierno de la Ciudad, la fiscalía y su Justicia acusan al Tano y a Diosnel de haber sido los instigadores de la toma del Parque Indoamericano. A cuatro años de la masacre en la que las policías Metropolitana y Federal asesinaron a Rosmery Churapuña, Canabiri Álvarez y Bernardo Salgueiro, quienes se encuentran en el banquillo de los acusados son los luchadores. En cambio, la Justicia dejó impunes a todos los policías acusados, a pesar de reconocer como probado que los muertos fueron resultado de la acción policial. Nardulli y Pérez llegan al juicio oral luego de haber sido absueltos en dos oportunidades. Las supuestas "pruebas" contra ellos consisten en algunos testimonios aislados de las fuerzas de seguridad, las mismas que están implicadas en el crimen de los vecinos. Tanto la toma del Indoamericano como la del barrio Papa Francisco reflejan una inmensa crisis social en la Ciudad. En 2010, apenas consumado el desalojo del Indoamericano, el gobierno nacional y el gobierno porteño se comprometieron a poner un peso por cada peso que pusiera el otro para dar respuesta a la necesidad de los vecinos. Todos han incumplido. Mientras llevan a juicio oral a representantes de la pelea por el derecho a la vivienda, las topadoras arrasaban el barrio Papa Francisco. En este caso, la criminalización de los luchadores sociales pretende ocultar la completa connivencia del Estado con los especuladores capitalistas, que condenan al pueblo a la falta de vivienda. Exigimos la inmediata absolución de Diosnel y el “Tano”, el juicio y castigo a los asesinos y el derecho a la vivienda para todos los vecinos.

Luciano Arruga fue hallado sin vida el 17 de octubre pasado. Había sido enterrado como NN en el cementerio de la Chacarita. Se encontraba desaparecido desde el 31 de enero de 2009, cuando su familia lo vio por última vez. Dos causas judiciales investigaron lo que pasó esa noche. Una, caratulada como desaparición forzada de persona, radicada en la Justicia Federal, siguió la responsabilidad policial gracias al esfuerzo y a la lucha de los Familiares y Amigos de Luciano. Allí se acreditaron las denuncias que la mamá y la hermana de Luciano sostuvieron siempre: que había sido detenido y torturado por la Policía Bonaerense en el destacamento de Lomas del Mirador. Los peritajes con perros aportaron esta información, que se completó luego con la declaración de un testigo. Los perros también reconocieron el ADN de Luciano en un descampado de la zona, donde un móvil policial del destacamento -rastreado a partir de su GPS- estuvo detenido fuera de su radio de patrullaje la noche del 31 de enero de 2009 durante dos horas. Luciano Arruga era hostigado por los policías por negarse a robar para ellos. La otra causa, cerrada hace cinco años y ocho meses, desarrolla una versión sustancialmente distinta. Según ese expediente, Luciano habría estado la noche del 31 de enero de 2009 cruzando General Paz -mano Capital- a la altura de la avenida Emilio Castro, cuando fue atropellado por un auto. El conductor era un joven de 21 años que inmediatamente reportó el accidente. El episodio no tiene testigos y en el lugar en que ocurrió hay una garita de la policía. Según esa causa, Luciano fue trasladado por el Same al hospital Santojanni, donde fue operado sin éxito y falleció a las ocho de la mañana. Este expediente presenta serias irregularidades. El 31 de enero y el 1° de febrero, la familia fue a buscarlo al Santojanni, pero entonces le dijeron allí que ningún NN coincidía con la descripción. Luciano tenía dos tatuajes y sus huellas estaban registradas en el sistema informático, debido a una detención previa que sufrió en el destacamento de Lomas del Mirador. Luciano fue enterrado como NN en el cementerio de Chacarita. El joven responsable del supuesto atropello fue sobreseído y la causa cerrada y archivada. Amenazas permanentes A las diferencias sustanciales que tienen ambas causas, se suma el dato -también acreditado en la Justicia- de que la familia y los amigos de Luciano, y también militantes de izquierda que vienen acompañando la causa, recibieron amenazas sostenidas y sistemáticas por parte de la policía desde el momento de su desaparición. En una oportunidad, denunciaron públicamente que uno de los ocho policías implicados -los que estaban de turno en el destacamento la noche del 31 de enero de 2009- se presentó en la casa de un amigo de la familia y le sugirió que desapareciera por unos meses porque iba a terminar muerto. En la conferencia realizada para anunciar el hallazgo del cuerpo, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, expresó que la única causa cuyo desarrollo le consta a la familia es la que viene impulsando hace casi seis años y que está caratulada como Desaparición forzada de persona. De la otra, la que relata el supuesto accidente de tránsito, la familia nunca tuvo conocimiento y no la acepta como válida. El caso de Luciano Arruga se encuentra en el centro de un entramado mafioso que vincula a la Policía, la Justicia y a los gobiernos de Fernando Espinoza en La Matanza y de Daniel Scioli en la provincia. Estos son los barones bonaerenses que custodian al gobierno de Cristina Fernández en la Nación, los que sostienen a una policía corrompida hasta la médula, que se dedica a hacer desaparecer y a asesinar sistemáticamente a jóvenes pobres, en la mayoría de los casos con absoluta impunidad. La función que todos los gobiernos eligen delegar en ella es la de reprimir a la juventud pobre y a la organización social y política independiente de los trabajadores.

Al cierre de esta edición, se desarrollan los últimos días de las elecciones de Filo y Sociales, mientras se prepara el inicio de Psicología y Exactas. En todos los casos, los centros están disputados entre las listas que reagrupan a la izquierda y los bloques oportunistas que armó La Mella. Como fue publicado en Prensa Obrera, en Filo y Sociales el frente Vendaval incluye a estos ¿ex? chavistas junto a Seamos Libres, un sector del FpV que milita por Taiana, y el MST. En Psicología se confirmó la presentación de "El Impulso", que agrupa a Libres del Sur, el FER y La Mella. El único "principio" es intentar desplazar a la izquierda en general, y al PO en particular, sea con Taiana, sea con Prat Gay. La UJS protagoniza una intensa campaña de defensa de estos centros recuperados para la pelea por los reclamos estudiantiles sin compromisos con las camarillas y la lucha contra el ajuste en unidad con la clase obrera.

El viernes 17 de octubre finalizaron las elecciones del Centro de Estudiantes de Ingeniería. En un ajustado resultado, menos de 50 votos separaron a las tres primeras listas (Mella-Cauce; "7 de Septiembre", que agrupa a la UJS-PO, La Corriente e IS y MLI). Por sólo 23 votos terminó primero el frente entre La Mella y Cauce, que obtuvo prácticamente la suma aritmética de lo que ambas listas habían sacado por separado en 2013 (22 y 8%), desplazando de la conducción a la "7 de Septiembre", que pasó al segundo lugar, dos puntos abajo respecto de 2013. El MLI, por su parte, creció 8 puntos y quedó tercero. Los resultados desmintieron, una vez más, la falacia del "avance imparable de la derecha" en la UBA. La lista del rectorado (Nuevo Espacio) salió quinta y no llegó al 5%; Unidos y Organizados, representando al gobierno K apenas superó el 3%. El PRO, por su parte, hizo una elección similar a la del año pasado, con 8%. La lista que ganó las elecciones y el MLI hicieron campaña plegándose "formalmente" a los planteos de rechazo a la Coneau y el ajuste de las autoridades que estableció como agenda la "7 de Septiembre". El 80% de los votos se concentraron en estas tres agrupaciones. Esto no puede ocultar, sin embargo, el carácter de la lista ganadora. Como denunciamos durante la campaña, La Mella-Cauce omitió deliberadamente toda mención al sector filo K de la camarilla que maneja la FIUBA; el gobierno también estuvo ausente para ellos. Semejante adaptación los llevó a la derrota -e incluso a la ruptura entre ellos- en otras facultades, como Sociales. No obstante, La Mella-Cauce explotó su falsa condición de producto "nuevo", pues esa experiencia no está instalada en la facultad. Su campaña apeló a la demagogia y los slogans vacíos de contenidos. Proclamaron que "las carreras vayan al Centro", a pesar de que triunfaron precisamente por su sobrerrepresentación en una, mientras "la 7" triunfó en la sede mayoritaria. El virtual "triple empate" en la elección abre una nueva etapa para el Centro de Estudiantes, y también para nuestra agrupación, EIA (UJS e independientes), que se traza el desafío de ampliar mucho más el reagrupamiento de fuerzas conquistado este año, basado en la lucha contra la política degradante del gobierno y las camarillas, y la unidad con la clase obrera.

Con más de 50 candidatos y 400 avales, se presentó la lista del Frente Docente por el Cambio para las elecciones de Comisión Directiva, vocalías y delegados del sindicato docente de la Universidad de Tucumán (Adiunt), que se realizarán el 3 de diciembre. El FDC está integrado por la Naranja y luchadores independientes que se destacaron en la histórica huelga de 90 días. La docencia tucumana quebró el techo salarial del 30 por ciento, logrando aumentos que superaron levemente la inflación del 40 por ciento. También logró motorizar la reforma del Estatuto de la UNT para que se incorporen los derechos laborales docentes. El triunfo de la huelga ha sido posible por la enorme unidad construida en base a la soberanía de las asambleas y a la irrupción de un cuerpo de activistas que ahora se ha planteado la tarea de recuperar el gremio y ponerlo plenamente al servicio de las luchas que vienen. Independencia del Rectorado y de todas las camarillas La lista del FDC está encabeza por Ariel Osatinsky, de la Naranja, junto a Raúl Mira, referente de las escuelas preuniversitarias de la UNT. Por primera vez, nuestra presentación abarca a 12 de las 14 vocalías existentes y delegados para la gran mayoría de las facultades y escuelas. Es una lista independiente de todas las camarillas que están disputándose la UNT. El Rectorado lo sabe y ha trabajado a fondo para enfrentarla. Algunos sectores, entre ellos el PCR, impulsaron la idea de una "lista única" indiferenciada, en contraposición con el planteo de la Agrupación Naranja de impulsar un proceso de recuperación del gremio de la actual conducción, la que es correa de transmisión de las posiciones K en la UNT. El kirchnerismo que dirige el gremio, y que se había dividido durante la huelga, ha buscado camuflarse detrás de candidaturas no ligadas a los aparatos K, pero que no plantean una ruptura real con las autoridades de la UNT y los decanos. El PCR, que tuvo posiciones vacilantes a lo largo de toda la huelga y ha perdido por eso a una parte de su base, ha preferido una presentación testimonial sólo con el objetivo de dificultar la recuperación de Adiunt por parte de la Naranja y el activismo. La huelga de Adiunt tuvo como consigna motriz los 8.000 pesos para el cargo testigo, lo que se opone por el vértice a la política de ajuste que lleva adelante el gobierno nacional. El FDC plantea como tarea estratégica la preparación de la lucha por la reapertura de la paritaria, con delegados electos y mandatos de asamblea. En lo inmediato, la lucha por la carrera docente, el convenio colectivo de trabajo y la ciudadanía de los preuniversitarios. La Asamblea Universitaria convocada para el 30 de octubre se ha transformado en un terreno de maniobras en contra de la docencia. La campaña electoral, en este sentido, estará íntimamente asociada a la continuidad de la lucha para asegurar la materialización de estas conquistas. En este marco, desde la Naranja estamos impulsando la organización de una importante delegación de luchadores docentes al Congreso del 8 de noviembre en el Luna.

ELl 15 de octubre se realizaron las elecciones de Comisión Gremial Interna No Docente (Apuba) de Sociales. Por 171 votos contra 129, el Frente de Recuperación Gremial -integrado por la Agrupación Bordó, la agrupación René Salamanca y compañeros independientes- se impuso de forma clara y retuvo la interna. A principios de 2014 cambiaron las autoridades universitarias: en Sociales, llegaron al decanato las listas de graduados y profesores que ganaron en 2013, identificadas con el gobierno nacional. El decano actual es Glenn Postolski, docente de la carrera de Comunicación y ex funcionario de la gestión del rector saliente, Hallú. Varios de los funcionarios actuales proceden de organismos nacionales como AFSCA, Télam, Aerolíneas Argentinas, entre otros. La gestión kirchnerista, en consonancia con la directiva del sindicato, se jugó con todo a desplazar al clasismo de la conducción de la interna. El fracaso fue muy grande, a pesar de que cuentan con el manejo discrecional del presupuesto, el poder de hacer valer la autoridad frente a los trabajadores y el manejo completo de la junta electoral de Apuba que no se privó de realizar truchadas en el padrón hasta apenas 48 horas antes de las elecciones. Sin embargo, no les alcanzó. Merece una denuncia particular la actuación de IS, quien dirigió la interna en el período 2011-12, sobre la base de un completo acuerdo con la anterior gestión del decano Sergio Caletti, hombre de Carta Abierta y la directiva del sindicato. En este período en que recuperamos la interna, siguieron en alianza con la burocracia y la gestión, y sólo rompieron por la disputa por lugares en la lista. Nuestra lista ganó sobre la base del compromiso con la defensa de las asambleas y de las conquistas logradas hasta el momento. Defendimos una Interna independiente de la gestión de turno y de la directiva, porque demostramos en la práctica que sólo así conseguimos mejorar nuestra condición laboral. Defendimos, frente a ataques macartistas y despolitizadores, nuestra política de apoyo a las luchas de los trabajadores y las movilizaciones en común con las listas opositoras a las burocracias de todo pelaje. Enfrentamos las promesas de ingresos, recategorizaciones y hasta de cobro de horas extras sin ser trabajadas que hacían la gestión y el gremio. Enfrentamos también a los aprietes directos llevados adelante por los funcionarios. Este triunfo debe ser valorado por el conjunto de los claustros, ya que los no docentes que se alinean con las gestiones y el gremio suelen ser usados contra las luchas de los estudiantes y docentes. Tenemos por delante la enorme tarea de que esta referencia que es la interna de Sociales para el conjunto del gremio logre extenderse y ganar terreno frente a las internas traidoras dependientes de la directiva y los decanos.

Cristina Fernández de Kirchner hizo anuncios por el régimen de trabajo precarizado de cooperativas del programa Argentina Trabaja (AT). Adelantó que se construirán 500 salitas para jardines de infantes utilizando la mano de obra de 15 mil cooperativistas y que se dará un aumento de 600 pesos, con lo que el ingreso de los trabajadores precarizados pasa de 2.000 a 2.600 pesos. El gobierno nacional hizo de la precarización laboral un régimen de trabajo permanente. Con el método que las patronales utilizan hace años, el Estado implementó un fraude laboral contra 170.000 trabajadores, mediante un régimen que disfraza la relación laboral de ‘cooperativismo’. La mayoría de los trabajadores del AT realizan tareas en municipios, plazas, calles, parques, universidades, Campo de Mayo y la Esma, es decir que son trabajadores estatales precarizados. Los trabajadores del AT no cobran aguinaldo ni vacaciones y el régimen de faltas lo controla el Estado, que aplica descuentos arbitrarios. El aumento anunciado por CFK, reclamado en sucesivos planes de lucha por las organizaciones piqueteras, es del 30%. Si tomamos en cuenta que el último aumento fue en abril de 2013 y que la inflación a la fecha fue del 50%, tenemos que el poder de compra de los trabajadores del AT bajó un 20%. En oposición a estas violaciones a los derechos laborales, la bancada del PO en el Frente de Izquierda presentó dos proyectos de ley con este programa: 1) aumento de emergencia de un 80% del salario mínimo, vital y móvil, que siga la evolución de este índice y se independice de la voluntad y manipulación del Ejecutivo; 2) pase a planta y convenio de todos los trabajadores del AT. El Polo Obrero viene realizando una campaña por el aumento y el pase a planta mediante agitaciones, radios abiertas, volanteos y acciones de lucha que profundizaremos de cara a la movilización que impulsaremos con las organizaciones de lucha el 31 de octubre al Parlamento, cuando se realice la audiencia pública por estas leyes.

A tres meses de terminar el año, el salario docente se ha disuelto con la inflación, que ya supera el 40 por ciento. De esta forma, los docentes bonaerenses hemos perdido 10 puntos, sin contar el arrastre del deterioro de las paritarias pasadas. La bronca en las escuelas es creciente, máxime si se tiene en cuenta que el impuesto al salario afecta a más del 60 por ciento de los trabajadores de la educación. El 8 de octubre, luego de una jornada de huelgas lanzadas por los Suteba combativos, volvió a realizarse una jornada de lucha con paro y movilización, por la reapertura de las paritarias y la anulación del impuesto al salario. Estas jornadas fueron votadas en el VII Plenario Provincial de Delegados de Escuela con Mandato de los Suteba combativos realizado en Berazategui. En esa ocasión, se repudió, además, la convalidación de los jardines comunitarios consagrados en la ley de Luis D'Elía. "Plan de lucha" regresivo En este clima, la burocracia celeste de Baradel, acompañada en esta mascarada por la FEB de Marta Petrocini, ha largado un remedo de plan de acción: de los paros de 48 horas al regreso del receso invernal, la burocracia sindical docente ha retrocedido a un petitorio por aumento de presupuesto y una marcha ultraminoritaria el pasado 16 de octubre, donde la columna más importante del Suteba la aportaron las seccionales disidentes. Continuidad de la lucha Mientras Yasky y Baradel hacen "saludos para la tribuna" los Suteba combativos han convocado a parar y movilizarse los días 21, 22 y 23 de octubre, junto a otros gremios provinciales y a la CTA verde de la provincia, por la reapertura de las paritarias y por una suma extraordinaria de 2.000 pesos para todos los educadores. A pesar de los descuentos masivos en muchos distritos, la tendencia de los maestros y profesores es a sumarse masivamente a las medidas de fuerza. Este octubre caliente preanuncia un fin de año al rojo vivo, en sintonía con los reclamos de sumas fijas de compensación por la inflación reclamada por la mayoría de los gremios y por la reapertura de las paritarias.

En Santa Cruz campea el trabajo precario dependiente del propio Estado. El gobierno se ha negado a discutir salarios el segundo semestre y amenaza volver a la carga contra los derechos jubilatorios. La recién asumida CTA de Santa Cruz realizó un plenario de trabajadores a fines de agosto y concretó su primer paro provincial en apoyo a todas las luchas el 25 de septiembre, en reclamo de la reapertura de las paritarias, en defensa de las conquistas jubilatorias y por la libertad de los presos de ATE, entre otros reclamos. La huelga fue masiva en la docencia, importante en hospitales, administración pública y la Justicia, y la novedad fue la asamblea municipal de Río Gallegos donde cerca de 700 compañeros resolvieron adherir al paro del 25 y reabrir el conflicto salarial, a pesar de no pertenecer a la CTA. El paro fue total en el municipio, donde la agrupación Tribuna Municipal había agitado durante una semana en favor de la adhesión al paro. La CTA respaldó a ATE, que viene con paros parciales, ante la pretensión del gobierno de Peralta de aplicarles a los estatales la conciliación obligatoria. También marchamos al finalizar la jornada hasta la Casa de Gobierno para entregar un petitorio por la libertad de los presos de ATE. Sin embargo, la "normalizadora" de ATE (degenarista) no concurrió al acto de la CTA, reiterando una práctica divisionista, que atenta en primer lugar contra sus propias bases. Después del paro, el gobernador salió a confrontar con la CTA por la cuestión salarial y jubilatoria. Tanto desde Adosac como desde la CTA extendimos nuestros reclamos a la devolución de la obra social, intervenida hace 24 años, donde los fondos son un botín manejado por el Estado kirchnerista-peraltista sin ningún control. Enterados de la postergación de la "jornada nacional" de la CTA-Micheli al 20 de noviembre, el secretariado de la CTA Santa Cruz consideró que las luchas y los reclamos pendientes en nuestra provincia no pueden esperar a un saludo de fin de año, y por eso se resolvió llamar un nuevo paro provincial el 15 de octubre. El nuevo paro volvió a ser masivo en la docencia y vino a reforzar reclamos muy sentidos, como la absorción al Estado de las 60 trabajadoras de Guzmán, compañeras que se desempeñan en la limpieza de escuelas bajo un sistema de tercerización, las que luego de ser despedidas están dando una lucha, apoyadas por la CTA. Nuevamente ATE estuvo ausente de la marcha e incluso no se adhirió al paro. El 18 en el Acto por la libertad de los presos de ATE, la dirigencia provincial de ATE volvió a dar la espalda a sus propios detenidos. El faccionalismo contra la nueva CTA es una enfermedad. Paralelamente, en los tres municipios más importantes de la provincia hay conflictos salariales, contra la prepotencia de los jefes o para efectivizar contratados, o ante accidentes de trabajo graves que desnudaron la falta de pago de los seguros en Caleta Olivia. En este cuadro de lucha contra el ajuste, los militantes y las agrupaciones de la CSC y del PO preparamos un nuevo encuentro en Río Gallegos para organizar nuestra participación en el Congreso del Luna Park.

-En tu condición de candidata a secretaria general, ¿cómo definirías la lista y sus objetivos? -La Lista 3 es un gran frente único de la docencia combativa, expresada en los delegados departamentales de la Asamblea Provincial de Salta, en los representantes de los Suteba Multicolor de Tribuna Docente y el Frente Indigo, en los centenares de docentes de todo el país desde Jujuy a Santa Cruz que son candidatos, junto a los trabajadores del neumático del Sutna San Fernando, delegados del subte, metalúrgicos de Villa Constitución y decenas de trabajadores clasistas en todo el país. Es el resultado de la enorme tarea de la Coordinadora Sindical Clasista y el Partido Obrero para desenvolver una lucha política contra la burocracia ultraoficialista de la CTA, encabezada por Yasky, que quiere transformarse en dueña de su "parte" de la central, para seguir siendo el arma del gobierno y la patronal entre (entre y contra) los trabajadores. -Yasky encabeza la lista nacional y Baradel la de la provincia de Buenos Aires, ¿cuál es el planteo hacia la docencia nacional? -Semejante binomio produce un rechazo profundo en la docencia. Son el símbolo de la entrega sistemática de nuestro salario y nuestras condiciones de trabajo. De entrega de la educación a la política educativa oficial, el seudoprogresismo que encubre la privatización, el desguace y el vaciamiento educativo. La docencia que luchó todo el año contra la burocracia, tiene la oportunidad, pocas veces tan clara, de oponer a la conducción sindical integrada al gobierno, una alternativa de los trabajadores y el clasismo, como es la Lista 3 que hemos puesto en pie, y que encabezo junto a Maxi Bronzuoli, del Sutna San Fernando. Es también la posibilidad para que los docentes expresemos nuestro malestar con los acuerdos salariales por debajo de la inflación que cerró la dirección celeste de Ctera, Suteba y los sindicatos provinciales. En cada rincón del país podemos sumar nuestro voto por la Lista 3 y sumarnos a la fiscalización. Es una gran movilización política que enfrenta a la burocracia e impulsa la organización de los trabajadores en forma independiente. -¿Qué está planteado en la importante regional Matanza? -El desafío en La Matanza es doble. Por un lado, tenemos que enfrentar al sindicalismo paralelo al Suteba Multicolor. Los agrupamientos que se abstienen en esta elección, no reparan en el daño que intenta hacer la burocracia celeste desde el aparato de la CTA. Enfrentarlos ya los ha puesto nerviosos. Hasta cambiaron el candidato para poder juntar las distintas líneas internas completamente centrífugas. La fuerza del Suteba Matanza en manos de la Multicolor, les hace dudar hasta del fraude que ya tienen preparado con los padrones de los movimientos barriales. Enfrentar a la burocracia, aún en un terreno desfavorable, fortalece a una dirección que se postula como tal, y proyecta la lucha dentro del propio gremio a la lucha por conquistar la dirección de todos los trabajadores. Ese es el otro aspecto. En La Matanza las centrales obreras están ausentes en cualquier reclamo de los trabajadores. La burocracia se expresa sólo en sostenimiento de las distintas alas del gobierno o de la oposición patronal. Esto, mientras se suceden los despidos y las suspensiones en las fábricas y talleres. Es un distrito central para el peronismo, y hoy también expresión del ascenso de la izquierda: el Suteba en manos de la multicolor, encabezada por Tribuna Docente, la APS del Hospital del Km 32, o la comisión interna naranja de Interpack, son algunos ejemplos. La elección de la CTA permite establecer una lucha política por la recuperación de las organizaciones sindicales y una salida independiente de los trabajadores a la crisis.

Los trabajadores de la Fundación Trabajo y Solidaridad llevan siete semanas de lucha. Hace dos semanas, cinco compañeras decidieron encadenarse en las puertas del principal hospital de la provincia. El conflicto estalló, entre otras cosas, porque se acumulaban tres años sin que les dieran las vacaciones anuales, la demora en la entrega de ropa de trabajo y denuncias porque las multas aplicadas a la empresa por incumplimiento o mala calidad de los servicios se le descuentan sistemáticamente a cada trabajador. La fundación contrata 570 trabajadores y tiene a su cargo la limpieza, la comida y los servicios generales de cuatro de los cinco hospitales de la capital. Pertenece al diputado oficialista Eduardo Ramos, quien es, a su vez, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y secretario general del Atsa. Los incumplimientos del convenio colectivo de trabajo (122/75) y la negativa a que los trabajadores puedan contar con delegados en los lugares de trabajo, se completa con la persecución hacia toda voz opositora. La crisis se va agudizando La lucha ha puesto en cuestión todo el accionar de la fundación. El presidente de la Cámara de Diputados manifestó que los contratos están vencidos, mientras desde la fundación habían anunciado tener prórroga por cuatro años más. El gobierno tendría que renovar los contratos en el contexto de esta crisis y el fuerte cuestionamiento que cada vez más sectores están planteando. Un informe parcial de la Auditoría General de la provincia pone en cuestión el servicio, ya que han encontrado al menos 50 falencias en la prestación. Cada vez se reúnen más pruebas que incriminan al gobierno. Esta semana se han cumplido nueve semanas de un pedido de informes, presentado por el Partido Obrero, que el ministro de Salud debe responder sobre los contratos, la recaudación y las multas de la empresa, así como también el encuadre de convenio de los trabajadores. Por otra parte, aún falta la publicación del informe final de la Auditoría, terminado hace más de 40 días, que expondría aún más el carácter podrido de este parasitismo sobre la salud pública. Ramos, al igual que los sindicatos adictos al poder de turno, conforma la intergremial de Urtubey, que ha sido puesta en cuestión por la gran huelga docente de principios de año. Sin dudas, la crisis de una de las patas de este régimen es una oportunidad para que los trabajadores de la salud avancen por sus reivindicaciones de cara a la próxima etapa. Desarrollemos una gran corriente de solidaridad con la lucha de los trabajadores de la fundación contra esta verdadera mafia. Vamos por la reincorporación de Oscar Maidana, delegado electo despedido; la rescisión de los contratos y la prestación por administración de los servicios de ropería, cocina, mantenimiento y mucama; el pase a planta de los trabajadores de la fundación. Abajo la burocracia sindical de la salud.

En el Ingenio San Juan, la patronal decidió abruptamente dar por terminada la zafra y dejó a los trabajadores en la calle con una fuerte deuda salarial. Los compañeros reunidos en asamblea decidieron tomar el ingenio e impedir que la patronal retire las bolsas de azúcar acumuladas para poder garantizar el cobro de los salarios. Presionada por la toma, la burocracia de Fotia decidió convocar a una asamblea en la sede central del gremio. Más de 250 trabajadores marcharon a la Plaza Independencia para reclamar la intervención del gobierno y, luego, a la asamblea. El secretario general de Fotia, Palina, pidió que se levante la toma con la excusa de que la patronal necesitaba sacar las bolsas de azúcar para poder pagar los sueldos y que el gobierno estaba interviniendo para solucionar el tema. La propuesta fue rechazada con un fuerte abucheo: los trabajadores le enrostraron a Palina las lamentables condiciones laborales, el trabajo en negro y sin obra social, y le exigieron luchar por las fuentes de trabajo y por la reincorporación de los luchadores despedidos en la zafra pasada. En las últimas elecciones provinciales, Palina participó de la lista de Alperovich. Su esposa es también legisladora oficial y dirige una empresa de contratación de tercerizados en los ingenios. Con la complicidad de la burocracia, la mayoría de los ingenios han conseguido poner a casi todo su personal en carácter de temporarios. Sólo se trabaja los meses de zafra, que en el mejor de los casos llega a 150 días. Esta crisis se da en el marco de versiones de que la actual patronal abandonaría el ingenio luego de haberlo vaciado. La falta de mantenimiento e inversiones son completas. La burocracia está jugando a favor de un recambio empresarial, los que suelen terminar en grandes negociados, despidos, pérdida de antigüedad y cambio de funciones. Por eso mismo, un sector de trabajadores está impulsando que el Estado se haga cargo, asegurando todas las conquistas y derechos históricos de los trabajadores. La lucha del Ingenio San Juan se produce en el marco del proceso de renovación de la comisión directiva del sindicato, que se realizará el 7 de noviembre y que enfrentará a la vieja burocracia con una lista del activismo que ha surgido al calor de los reclamos de los últimos años y que hoy encabeza la lucha en defensa de la fuente de trabajo y los salarios.

En la madrugada del miércoles 22, una patota armada de cinco personas atacó la carpa que instalaron los trabajadores despedidos de Lear frente a la planta de Pacheco. Los atacantes llevaban armas de fuego y cuchillos con los que atacaron los materiales del acampe, Se llevaron banderas de los trabajadores despedidos y amenazaron a los compañeros y compañeras que se encontraban de guardia, entre ellos Silvio Fanti, delegado legítimo de la planta. Denunciamos que este ataque se realizó en un lugar absolutamente controlado por la Bonaerense y la Gendarmería, con lo que el ataque sólo puede haberse hecho efectivo ante una liberación de la zona. Responsabilizamos al gobierno nacional y provincial por la integridad física de los compañeros de Lear, así como también a la dirección del Smata. Exigimos la reincorporación de los despedidos y el reconocimiento de la comisión interna, el castigo a los responsables de estos ataques y la inmediata solución a este largo conflicto. Seguiremos apoyando todas las medidas de lucha que decidan los trabajadores de Lear en pos de su reincorporación

Más de cien trabajadores de Montich, con su cuerpo de delegados en pleno, junto a delegados de varias e importantes fábricas y talleres, se convocaron frente a la sede de la UOM para repudiar el intento de la burocracia de sancionar a los delegados de Montich. El secretario general de la seccional, Urbano, un agente de Caló a nivel nacional y de De la Sota a nivel provincial, había convocado a comisión directiva para ese día con un único punto en el temario: sancionar a los delegados de la empresa Montich. La movilización obrera fue recibida con un gremio custodiado por la policía de De la Sota; finalmente, la reunión de comisión directiva no se desarrolló. La burocracia la emprende contra los delegados por haber denunciado públicamente a la empresa por un fraude contra las finanzas públicas y los trabajadores. A pesar de que no hay suspensiones desde junio y que además se hacen horas extras, la empresa accedió al programa de Reactivación Productiva (Repro). Los delegados habían denunciado que la patronal los instruyó en asambleas a cobrar los 2.000 pesos del subsidio nacional para luego reintegrárselos a la empresa a cambio de 390 pesos y tres bolsones con mercadería. La multinacional buscó asociar a los trabajadores al fraude para sacarse de encima el reclamo de un aumento salarial. La empresa cometió el fraude con el aval de la directiva de la UOM, la cual participó de las asambleas "instructivas". El gremio se beneficiaba con un 5,5 por ciento, todo lo cual terminó siendo reconocido públicamente por Urbano. A partir de conocida la denuncia, la burocracia la emprendió contra los delegados. Valeo La persecución de la burocracia contra los delegados de Montich no es la única. Es un proceso en el cual Urbano está metido en asociación con las patronales, la Justicia y el gobierno, luego de tomar clara conciencia de que una tendencia antiburocrática y combativa va cobrando cuerpo en el gremio. El primer objetivo fue desmantelar Valeo que -con la toma victoriosa en febrero- abrió un proceso de lucha en todo el gremio. Quince trabajadores están con causas judiciales y dos delegados con pedido de desafuero. La burocracia dejó actuar a la patronal, aislando la resistencia de los trabajadores y permitiendo cien despidos en seis meses (los últimos 35 fueron resistidos con un semana de paro, que finalmente se levantó sin obtener las reincorporaciones exigidas). Mientras la directiva arma reuniones para sancionar delegados que luchan, no ha tomado una sola medida para impedir los despidos ni abrir la discusión salarial, que es un reclamo generalizado. Defensa de los delegados, reapertura de paritarias y reincorporación de los despedidos La reacción de los delegados y los trabajadores marchando hacia el gremio es un gran paso adelante. Abre el camino para unificar al conjunto de los trabajadores metalúrgicos bajo un programa de reclamos que fueron claramente expresados en el paro del 28 de mayo, y que la burocracia se ha esforzado en diluir. Ni una sanción a los delegados de Montich. Basta de persecución judicial, patronal y de la burocracia contra el activismo y los delegados. Asambleas en todas las fábricas para sacar mandatos por un plan de lucha por la reapertura de las paritarias, un 30 por ciento inmediato y la reincorporación de los despedidos.

Viome, fabricante de productos químicos para la construcción, representa quizá la experiencia más emblemática de autogestión que se viene desarrollando en Grecia. Luego de una lucha prolongada contra el vaciamiento y el cierre, los trabajadores reanudaron la producción en febrero de 2013. En julio de este año desbarataron una ofensiva de la ex patronal para retomar el control de la empresa. Aunque la Justicia rechazó el pedido de los antiguos dueños de reasumir la administración de la fábrica, lo que disipó la amenaza de un desalojo, le impuso a los trabajadores condicionamientos severos. El juez nombró una administración tripartita, donde sólo uno de los designados es del palo de los trabajadores. Los otros son funcionarios que han intervenido en otros juicios. La función de la administración es colaborar con el juez para liquidar los activos en las condiciones más ventajosas para los acreedores. Bloqueo económico A los obstáculos legales se unen los económicos. Para sobrevivir, los compañeros tuvieron que vender a precio de liquidación las existencias almacenadas al momento del cierre. Se enfrentan, además, a un mercado fuertemente concentrado. Por ejemplo, uno de sus insumos fundamentales provenía de una empresa perteneciente al mismo grupo que controla Viome. La misma dependencia se constata con los clientes: las grandes constructoras. La intención es aumentar el universo de clientes en el extranjero, lo que choca con la recesión continental. Los compañeros de Viome han expresado su intención de contrarrestar esta situación apelando a una rebaja de los precios de sus productos y el sacrificio de sus ingresos. El lugar del patrón es ocupado ahora por el condicionamiento despótico del mercado, el cual actúa como un patrón colectivo. Frente a estas contradicciones, el movimiento autogestionario plantea crear una "economía social", una suerte de mercado popular alternativo al mercado tradicional. Es una falsa salida, quizás alimentada por la ilusión en un inminente gobierno de Syriza, el partido de la izquierda democratizante, que la prensa internacional da como un hecho. En realidad, habría que exigirle a Syriza el compromiso de expropiar la empresa y entregarla a la gestión obrera. El modo de producción capitalista ha socializado a su modo el proceso productivo, aunque no los beneficios. La concentración del capital resultante hace inviable una economía social en las condiciones del mercado capitalista. Perspectivas La flamante cooperativa de Viome votó "la adquisición de las acciones, excluyendo la deuda contraída por la empresa bajo la anterior dirección". Se trata de activos absolutamente depreciados como consecuencia de la quiebra, que ahora se han revalorizado gracias a la iniciativa de los trabajadores, quienes pusieron en marcha la fábrica. La propuesta implicaría un rescate parcial de los vaciadores, cuando los recursos deberían ser destinados a apuntalar el emprendimiento obrero. Esta propuesta es un resultado de la extorsión que ejerce sobre los trabajadores la enorme tasa de desocupación en Grecia. En condiciones como las descriptas, los socialistas tenemos una doble tarea. En primer lugar, defender la gestión obrera contra la ex patronal y el Estado; en segundo lugar, desarrollar un programa político de conjunto por la expropiación sin pago de la empresa, su transferencia a los trabajadores, la unión de las empresas en la misma situación, la obligación de asistir con el crédito a los emprendimientos de los trabajadores. El apoyo a estas luchas debe ser planteado en la perspectiva de la expropiación del capital como tarea política de conjunto.

“El gobierno no controla los acontecimientos, la única iniciativa la llevan las víctimas y se ha perdido la mediación con ellos”, relata el corresponsal del diario madrileño El País (18/10). El ánimo de los manifestantes se encrespó aún más cuando se supo que los cuerpos de las primeras fosas clandestinas analizadas no eran los de los 43 estudiantes desaparecidos del magisterio de Ayotzinapa. Cientos de manifestantes incendiaron el Palacio de Gobierno y la alcaldía en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero. En Acapulco, ícono turístico asolado hoy por los carteles, una gigantesca movilización popular convocada por maestros y organizaciones campesinas, con los padres de los estudiantes desaparecidos a la cabeza, reclamó su aparición con vida y coreó cánticos contra el gobierno y las fuerzas represivas. Centenares de estudiantes de estados próximos a Guerrero, como Michoacán, han arribado para colaborar en la búsqueda de los desaparecidos, así como también lo hacen grupos indígenas. Ante la desconfianza hacia las autoridades, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) se lanzó a coordinar no sólo las movilizaciones, sino también la búsqueda. “Armados con machetes, picos y palas, cada mañana dos docenas de hombres en camioneta recorren los cerros que rodean a la ciudad siguiendo las pistas que les proporcionan los lugareños”, cita el corresponsal madrileño, que asegura que “los campesinos de la zona están organizando una especie de gobierno paralelo ante la falta de respuestas de las autoridades” (ídem, 17/10). Los estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional protagonizan ocupaciones solidarias en el Distrito Federal; lo mismo está ocurriendo en la Unam y otras universidades. “Todo está listo para un estallido”, concluye el cronista. A la caldera se añade la situación social: según la Ocde, México tiene el salario mínimo más bajo del mundo (4,90 dólares la jornada). El 42% de los trabajadores mexicanos (23 millones de personas) no llegan a la “canasta ampliada”, que incluye alimentos y acceso a servicios básicos (La Nación, 7/9). Reacción estatal El gobierno priísta de Peña Nieto teme que la situación creada pulverice su agenda de gobierno. Las 'reformas estructurales' (energética, fiscal, bancaria) han quedado ensombrecidas por la masacre, que podría ahuyentar una inversión extranjera temerosa de la extorsión de los carteles. En su pelea por el dominio del negocio de las drogas, éstos se han ido fortaleciendo a partir de una diversificación de sus actividades y del entrelazamiento con todas las instituciones (partidos, Justicia, policías regionales, etc.) Según Guillermo Trejo, de la Universidad de Notre Dame, “el crimen organizado fue paulatinamente expandiendo su acción a industrias extractivas de recursos naturales -la toma clandestina de gasolina, petróleo y gas- y de riqueza humana -la extorsión y el secuestro” (El País, 16/10). La desintegración estatal no parece tener retorno. Sólo este año, las fuerzas federales han debido intervenir cuatro estados: Tamaulipas, Michoacán, Guerrero y México. El secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ha dicho que “estamos listos para tratar de ser tan útiles como podamos”. No está claro si Estados Unidos, principal demandante de la droga que manejan los carteles, prefiere un México unificado o un México desmembrado. Intentando calmar los ánimos, el gobierno ha capturado a los presuntos jefes de los carteles de Guerreros Unidos y de los Beltrán Leyva, que operan sobre todo en el estado de Guerrero. Pero los cárteles no se han quedado de brazos cruzados: lanzaron una nueva oleada de crímenes y mensajes mafiosos, como el asesinato de la periodista María del Rosario Fuentes Rubio, integrante de una red de blogueros y tuiteros que denunciaban al narcotráfico en el estado de Tamaulipas. Su cuenta fue usurpada por éstos, que dejaron tuits intimidatorios contra otros activistas. “En los últimos tres años, 27 tuiteros y blogueros han sido asesinados en Tamaulipas” (Página/12, 18/10). Centroizquierda Mientras se acentúa el proceso de movilización de las masas, el centroizquierdismo mexicano oscila entre la complicidad con los carteles y el temor a la rebelión popular. El Consejo Nacional del PRD sostuvo por mayoría no exigir la renuncia del gobernador Angel Aguirre, un reclamo de todas las manifestaciones (el alcalde de Iguala, localidad donde habrían sido asesinados los estudiantes, se encuentra prófugo). Cuauhtémoc Cárdenas calificó a la renuncia del gobernador como una cuestión “absolutamente secundaria” y un asunto de conciencia del mandatario (La Jornada, 19/10). López Obrador, ex candidato presidencial que rompió con el PRD para formar el Morena (que cobija a algunas corrientes de la izquierda mexicana), se ha limitado a plantear “una revolución de las conciencias" (El País, 14/10), confesando la ausencia completa de un programa. México asiste a un estado de virtual rebelión popular por la aparición con vida de los estudiantes del magisterio. Por la más amplia movilización obrera y popular, y por el derecho a la autodefensa de los explotados mexicanos contra el terror narco.

Cuando el intendente Lobos aumentó las dietas de concejales y funcionarios políticos del municipio de Guaymallén de 26 mil a casi 40 mil pesos no tuvo en cuenta que la composición del Concejo Deliberante había sufrido una modificación significativa. El concejal y dirigente del Partido Obrero, Federico Telera, que ingresó este año con el Frente de Izquierda, rechazó el aumento y denunció ante la opinión pública el "dietazo" del intendente y su camarilla. El rechazo popular fue inmediato y adquirió dimensiones enormes. El intento del intendente de apretar a Federico Telera en una reunión, con el resto de los concejales, agravó las cosas. Federico denunció lo ocurrido y la indignación popular creció aún más. Su denuncia entroncó con una población que repudia los salarios bajos y los despidos en la municipalidad, mientras peronistas y radicales se aumentan abultadamente sus salarios. Asimilando el golpe sufrido, los concejales anunciaron que no cobrarían el aumento. Pero se trató de una maniobra. A un mes de este escándalo, el Concejo Deliberante no derogó el "dietazo", con lo cual queda vigente para el resto de la planta política del Concejo. Estas maniobras fueron acompañadas por otras, cuyo objetivo era afectar la consideración pública de nuestro compañero. El Ejecutivo llegó al ridículo de depositarle el sueldo completo sin descuentos, para denunciarlo diciendo que era falso que había rechazado el aumento. Pero el tiro, otra vez, le salió por la culata. Federico Telera mostró todas las presentaciones administrativas que había realizado en las que renunciaba al aumento. Otra vez, el intendente debió retirarse con la cola entre las piernas. Hasta un portal oficialista dio a conocer encuestas que arrojaban un triple empate entre Federico, el FpV y la UCR, siempre considerados como bloques únicos. La banca en la calle En el mismo momento que fracasaba el operativo de desprestigio a Telera, el Ejecutivo cerraba, sin previo aviso, el predio de una de las ferias más grandes de Guaymallén. Poco más de 500 feriantes se quedaban sin su trabajo. En una reunión entre nuestro concejal y los feriantes, se decidió ganar la calle. Una marcha de más de 400 feriantes sitió la intendencia exigiendo la continuidad de la feria y de los puestos de trabajo. Por esta movilización, el apoderado municipal ha iniciado una denuncia legal contra nuestro compañero por "incitación a la violencia y estafa". En el expediente de la denuncia fueron adjuntadas una serie de fotografías que marcan una acción de espionaje paraestatal, algo singular para una gestión que prometía la liberación nacional y la defensa de los derechos humanos. Esta denuncia fue ingresada al Concejo Deliberante con el objetivo de comenzar a "armar" una sanción. El único "crimen" que cometió Telera fue participar e impulsar la movilización de los trabajadores de la feria, algo que es común en la acción de la banca. Se pretende que el concejal reduzca su acción política a las cuatro paredes del Concejo y que no intervenga en las luchas populares. En oposición a cualquier sanción, defendemos el método con el cual venimos actuando: a partir de que distintos barrios se han organizado para pelear por la urbanización, presentamos un proyecto de ordenanza que establece la emergencia habitacional, con el claro objetivo de desarrollar un movimiento de lucha por la vivienda; días después, distintas cooperativas ocuparon el municipio por la paralización de obras prometidas. El apoyo a las bibliotecas populares, la defensa de los centros sanitarios y sus trabajadores, así como la lucha por las seis horas de trabajo en las oficinas fiscales, también son parte de la acción de organización y lucha de la banca. Hemos lanzado una campaña contra cualquier tipo de sanción a Federico Telera. Ya se han pronunciado organizaciones como Pueblo Unido, la secretaria general de CTA Guaymallén y la junta ejecutiva de CTA, así como delegados y activistas sindicales y barriales.

Con la presencia del defensor del Pueblo de la tercera edad de la Ciudad de Buenos Aires, Eugenio Semino; de los dirigentes del Movimiento Nacional de Jubilados y Pensionados de la República Argentina (MNJP), de la Coordinadora Nacional de Jubilados y Pensionados, CTA y de jubilados de distintas organizaciones (entre las que corresponde destacar la presencia de trabajadores de la ex YPF y de la Unión de Jubilados Docentes), fue presentado en audiencia pública el proyecto de ley por 3.000 pesos de emergencia para todos los jubilados y pensionados, a iniciativa de los diputados Néstor Pitrola y Pablo López. La presentación no pudo tener mejor escenario, porque se convirtió en un capítulo de una jornada de lucha. Desde la mañana, cientos de manifestantes sitiaron el Consejo de la Magistratura en repudio al intento de sanción a los jueces de la Seguridad Social Luis Herrero y Emilio Fernández. Hasta allí llegaron los diputados del PO-Frente de Izquierda y desde allí salieron las delegaciones a la audiencia pública, en la que se leyó, justamente, el apoyo e interesantísimo aporte del juez Herrero al proyecto de ley. El defensor del Pueblo de la tercera edad puso de relieve la absoluta vigencia del reclamo. Demostró que, al día de hoy, un 85% de los jubilados está por debajo de los 5.000 pesos (y un 53% en la mínima de 3.200 y otro 17% por debajo de 4.000 pesos), siendo que la canasta familiar básica que elabora la Defensoría relevará en noviembre un monto no inferior a los 6.500. El aumento de emergencia propuesto llevaría el haber mínimo del jubilado -3.231,63 pesos- casi al nivel de esa canasta familiar. El defensor apoyó la crítica de Pitrola a todas las corrientes políticas patronales, que suplantan la jubilación por un "subsidio universal a la vejez". En la audiencia se integró el planteo de la pelea por la reapertura de las paritarias y el doble aguinaldo ante el recrudecimiento inflacionario, como parte del programa que debe tener un plan de lucha del movimiento obrero. Néstor Correa, por la AGD-UBA, reivindicó la causa de los jubilados como una causa de toda la clase obrera, al igual que Marcos Wolman de la Coordinadora. El representante del MNJP denunció la violación constitucional que significan todos los atropellos a los jubilados. Todos los presentes suscribieron el programa expuesto: 82% móvil en base al mejor sueldo (los ex YPF denunciaron que cobran la mínima por su despido a raíz de la privatización y el peregrinar posterior por trabajos marginales, que hundió su promedio salarial); actualización inmediata de los haberes en función de los fallos judiciales; restitución de los aportes patronales; dirección de la Anses y del Pami electa y revocable por los jubilados; defensa a los jueces de la Seguridad Social. En la audiencia estuvieron presentes organizaciones y personalidades que forman parte del movimiento de lucha real de jubilados y pensionados en la Argentina de hoy. En determinado momento, Carlos Rodríguez, por el MNJP, advirtió sobre el "achatamiento" de este movimiento, un fenómeno real que acusa a la burocracia sindical -que los ha borrado literalmente de la organización obrera-, al gobierno falsamente nacional y popular -que ha desplegado una política feroz de cooptación- y a los propios límites del movimiento de lucha en lo que hace a una acción independiente del Estado, la Justicia y la burocracia sindical. Pitrola llamó a tomar la audiencia como escalón en la lucha por la reorganización del movimiento de los jubilados y de su inserción en los sindicatos. Denunció que "la Anses es usada para pagar la deuda externa y enjugar el déficit fiscal originado en los subsidios para rescatar a los capitalistas, una tendencia mundial de los gobiernos capitalistas ante la crisis". Repudió "la política de desprender el salario del trabajador activo (82%) para transformarlo en un subsidio universal a la vejez", a la que opuso "el programa socialista, el cual plantea la jubilación como un salario diferido cuyo monto corresponde al salario testigo del trabajador en actividad". La audiencia es el inicio de una campaña nacional, difundiendo este proyecto de ley y el del 82% móvil, promoviendo reuniones abiertas con jubilados y pensionados en todo el país, con el objetivo de reagrupar y organizar un movimiento de lucha.

La crisis del Unen se combina con la del gobierno ‘socialista’ de Santa Fe, jaqueado por denuncias de corrupción e incluso de vínculos con el narcotráfico que ha copado la provincia y sus fuerzas de seguridad. Existe en la Justicia una causa que afecta al propio Binner, por no poder justificar aportes millonarios a su campaña electoral del 2007. Ya está acreditado que el ´socialista´ tuvo como financista a la empresa Terminal Puerto Rosario SA, algo que contradice la ley vigente, la que prohíbe que concesionarios públicos realicen aportes de campaña. La empresa en cuestión, para colmo, está envuelta en escándalos de lavado de dinero del narcotráfico en España. Las denuncias contra el gobierno ´socialista´ golpean en su base de sustentación. El crecimiento de la inseguridad en la provincia es el resultado de un régimen político que tiene como base de sustentación a los puertos privados, un régimen de contrabando legalizado desde el Estado. Así, el ´relato socialista´-que coloca a Binner-Bonfati en el lugar de víctimas- queda refutado por completo. La crisis de los ´socialistas´ quiere ser aprovechada por sus aliados de la UCR, que reclaman una alternancia en el gobierno provincial. Los radicales amenazan incluso con pactar con Del Sel del PRO en el caso de que el PS no les entregue la cabeza de la lista para las elecciones del próximo año. Binner, cuya campaña presidencial está en el limbo, podría aprovechar esta crisis para volver a candidatearse a la gobernación, siendo el último recurso que tienen para no perder el poder. Asistimos a una desintegración de la experiencia que comenzó con el "Encuentro de Rosario", que atrajo la atención de todo el progresismo del país, incluidas a ambas fracciones de la hoy dividida CTA. La posibilidad de estructurar un ‘frente progresista’ de la mano de las sojeras, aceiteras y de los pulpos exportadores más grandes del mundo concluyó en un fracaso total. Estas lecciones deben estar presentes ahora, cuando los grupos que apoyaron esta experiencia pretenden reivindicar sus orígenes.

Desde que Massa se fotografió con Gerardo Morales, el candidato de la UCR a la gobernación de Jujuy, el proceso de la desintegración del Unen parece ya irreversible. Morales no es cualquiera. Preside el bloque de senadores de la UCR y fue, hasta no hace mucho, presidente del radicalismo. Por eso, su decisión de pactar con Massa anticipa el camino que seguirán otros candidatos de la UCR en las provincias. El radical Cano, en Tucumán, tiene pensado un acuerdo similar, y lo mismo sucedería en La Rioja. La alianza de los radicales con chances electorales en las provincias con el candidato del Frente Renovador ha dejado colgado de un pincel a los ‘presidenciables’ del Unen. La fuga hacia Massa es la confesión de que ninguno de ellos tiene posibilidades reales y que son considerados salvavidas de plomo por sus punteros provinciales y municipales. No debe sorprender que Cobos y Binner hayan puesto el grito en el cielo contra esos acuerdos, viendo un vaciamiento de sus respectivas candidaturas. Debido a ello, la variante más probable es que ambos terminen desistiendo de sus ambiciones presidenciales para refugiarse en sus propias provincias. Ya se comenta que Cobos iría de candidato a gobernador por Mendoza y que Binner volvería a postularse en Santa Fe, apremiado por la crisis del propio Frente Cívico (ver nota). El otro perdedor de estas alianzas de los punteros de la UCR con Massa es Macri, quien también pretendía quedarse con esos respaldos. En el caso de Córdoba, la alianza del PRO con la UCR se mantendría, con lo cual se abre un panorama de división de la UCR en dos o en tres. De este modo se consolida la volatilización de la UCR como fuerza nacional y su disolución en partidos provinciales, muy vinculados con los intereses de los grupos capitalistas locales. En el caso de Córdoba, por ejemplo, el planteo de Macri de eliminar las retenciones coincide con el capital sojero que reclama esa medida, cuando cae el precio internacional de la soja y la inflación consumió los ‘beneficios’ de la devaluación de enero. En La Rioja, Massa hizo declaraciones críticas para el capital minero, lo que chocaría con Cobos en Mendoza, que es quien encabeza la campaña para modificar la ley que prohíbe la minería a cielo abierto. Lo mismo ocurre en Catamarca, donde la UCR fue la aliada histórica del monopolio Minera Alumbrera. El “ala izquierda”, en crisis En estas nuevas alianzas con Massa, la mayor crisis le ha quedado planteada al ala izquierda del Unen, que aspiraba a conquistar posiciones parlamentarias yendo como cuarto violín de los Binner, Cobos o Sanz. Para rechazar el acuerdo con Macri, los Pino Solanas y Tumini se aliaron con quienes ahora pactan con Massa. La deserción de los candidatos que se avecina puede replantear, como hipótesis, el intento de formar una nueva alianza centroizquierdista; o sea, una vuelta a Proyecto Sur. De darse esta alternativa, tendríamos una variante centroizquierdista protagonizada por fracasados políticos. Pese a ello podría despertar el interés de un sector de la izquierda que ya en el pasado estuvo dispuesta a ir con Pino Solanas, Stolbizer y hasta con Binner, pero que puso como "límite" a la UCR. La desintegración del Unen conduce a una ‘derechización’ de un escenario electoral monopolizado por los Massa, Macri y Scioli. Para la izquierda que lucha por una salida anticapitalista a la bancarrota actual, este escenario de disolución política debe explotarse mediante una acción política sistemática, que debe tener como estrategia la fusión del movimiento obrero con la izquierda.

- ¿Que motivó tu ruptura con la Celeste de UTE? - Fue un proceso muy interno y, al principio, bastante negado. Veía cosas cada vez peores. El relato kirchnerista, al que había defendido y votado, se estaba cayendo ante mis ojos. Probablemente seguiría creyendo en ese relato si no hubiera militado en una agrupación completamente dependiente del aparato estatal, lo que me hizo ver cómo el kirchnerismo y el macrismo van juntos y de la mano, sobre todo contra los trabajadores. Hay muchos militantes de la Celeste que piensan lo mismo que yo, pero no producen la ruptura. Es que la Celeste, como buen aparato estatal, utiliza la renta gremial como un mecanismo de cooptación que se sostiene desde allí, no con política. En 2007, cuando ingresé, al menos había un "como sí", empezaba López, que representaba lo nuevo en una UTE que venía muy golpeada con Tito Nenna. Había plenarios de delegados movilizadores, pero después se transformaron en lo mismo de siempre. El sindicato se cerró y llegó el momento en que no se podía discutir política. - ¿Que te llevó a sumarte a la Lista 3 de la CTA? - El proceso de honestidad que veo en el Partido Obrero. Cuando debatía con ellos me rebatían todo. "Me encanta esta gente porque es rehonesta", pensaba, "pero al mismo tiempo los odio porque no me conceden una. No le conceden una a Cristina". Ahora yo terminé en la misma. En realidad es volver a empezar en tierras mucho más fértiles. Quizá me falta mucha teoría, pero uno se hace trotskista a partir de sus diversas experiencias. Haber sido peronista y haber vivido por adentro la bravata kirchnerista, que es una gran mentira, una estafa suprema, a uno lo hace desembocar acá. - ¿El 8 de noviembre venís al Luna Park? - ¡Sí, obviamente! Tengo muchas expectativas de que se desarrolle esta unión, que ya se está dando y que ha sido tantas veces retrasada por las distintas variantes del centroizquierda y por el peronismo del cual provengo. Que se dé, de una buena vez, esta unión entre el movimiento obrero y la izquierda.

- ¿Qué opinás sobre la convocatoria al Congreso del movimiento obrero y la izquierda? - Es una convocatoria indispensable y sumamente oportuna en las circunstancias que atraviesa nuestro país. La Argentina se encuentra en franca decadencia en las más variadas dimensiones -social, política, cultural y económica. Al mismo tiempo, las dirigencias que, pasando por el gobierno, van desde la derecha hasta el centroizquierda, demuestran desorientación, incapacidad y carencia de algún proyecto que pueda convocar a la acción colectiva. Expresan, además, intereses contrarios a los del pueblo argentino, particularmente de los trabajadores. Es notorio que la izquierda genuina es la única que puede proponer un proyecto superador trascendente y convocante, por la construcción de un poder al servicio de los trabajadores y los marginados. El pueblo argentino debe saber que el Frente de Izquierda muestra capacidad, compromiso y perseverancia. El Frente de Izquierda debe contemplar cómo se va a vincular las luchas y aspiraciones de nuestro pueblo con el de las demás naciones latinoamericanas y con el mundo. - ¿Cómo debería aportar este Congreso a las reivindicacionesde la universidad pública? - El Congreso podría aportar en el impulso, crecimiento y proyección de una universidad pública, científica, laica y plenamente democrática, propiciando más derechos para estudiantes, docentes y no docentes. Frente a la mercantilización de la educación superior que estamos sufriendo, la devaluación de la ciencia, la investigación y la creatividad, los intereses privatizadores contra la vocación y el compromiso, el Congreso puede proponer un proyecto de universidad pública que contemple lo dicho más arriba, llamando a una segunda Reforma Universitaria.

Con la presencia del legislador porteño, Marcelo Ramal, realizamos una asamblea en el Hospital Ramos Mejía hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda. Se destacó la presencia de enfermeros que se están organizando como oposición a la dirección del Sutecba en el hospital, empleados administrativos y residentes. En el debate, se destacaron las paritarias a la baja firmada por los municipales, un aumento anualizado de apenas el 23% frente a una inflación del 40%. También se debatió sobre el proyecto de ley de seis horas en enfermería que presentó Ramal en la Legislatura y una campaña para impulsarlo. En primer lugar, movilizarnos el 27 de octubre a la Comisión de Salud de la Legislatura para que sea tratado, frente a las maniobras del macrismo que no lo incluye en el temario. Uno de los compañeros que encabeza la lista de oposición del Sutecba apoyó la convocatoria al Congreso y remarcó que esta etapa política, debido al agotamiento del peronismo y el creciente desarrollo del Frente de Izquierda, abre una posibilidad concreta para que la izquierda sea una opción real. También denunció la corruptela que ata a los dirigentes sindicales a los negociados contra el hospital y sus condiciones de trabajo. Para cerrar, se votó un plan de acción por el proyecto de seis horas de enfermería y para garantizar una fuerte delegación del hospital en el Luna el 8 de noviembre.

El pasado viernes 17, en la Legislatura porteña, casi doscientos vecinos participaron del encuentro por el derecho a la vivienda, convocado como parte de la campaña hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda. Estuvieron presentes vecinos de varias villas y complejos habitacionales: Lugano 1 y 2, monoblocks de Soldati, villa 21.24, Fraga, la 1.11.14, villa 3, Los Piletones, Villa 20, vecinos del desalojado Barrio Papa Francisco, de la ex AU3, integrantes de cooperativas de Vivienda y de La Boca, entre otros. Denunciaron las condiciones paupérrimas en las que viven y reclamaron el cumplimiento inmediato de las leyes de urbanización para sus barrios. Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda en la Ciudad, denunció que el macrismo ha reemplazado a la urbanización por el maquillaje a las villas. Esas obras menores se ejecutan con trabajadores precarizados en ‘cooperativas’, que son a su vez un mecanismo de cooptación política. La estrategia del macrismo es la "titularización sin urbanización": en algunos barrios, los vecinos reciben títulos precarios, que sólo pueden ser vendidos a la Corporación del Sur. La titularización no está acompañada por ningún plan serio de urbanización. De este modo, se prepara la "erradicación a través del mercado": a los mismos vecinos a quienes condena a vivir sin servicios públicos y en el hacinamiento, el gobierno les ofrecerá comprar sus lotes por monedas, y promover su expulsión de la Ciudad. Nuevos pactos El encuentro caracterizó al nuevo pacto en puertas entre los dos gobiernos, contra el derecho a vivir en la Ciudad. En las últimas semanas, los jueces filokirchneristas de la Justicia porteña se han volcado abiertamentecontra contra los sin techo. Es así que fue derogada la resolución que ordenaba urbanizar a la villa Rodrigo Bueno, en la Costanera Sur. Ello ocurre semanas después de que Cristina Kirchner anunciara un megaemprendimiento en la Isla Demarchi, muy cerca de aquel barrio. Para habilitar su construcción, el macrismo reclamará como contraprestación a los K que voten a favor del proyecto de IRSA en la ex Ciudad Deportiva, y que consiste en construir trece torres de lujo. En ese pacto de privatización de la costanera Sur no hay lugar para la Rodrigo Bueno. El remate de la Ciudad -otra de las exigencias del capital financiero de cara a la quiebra nacional- empujará a nuevos acuerdos entre los bloques capitalistas de la Legislatura. La afluencia de trabajadores que escapan de los alquileres astronómicos en el resto de la Ciudad ha llevado a la explosión de los inquilinos villeros, que hoy representan casi la mitad de los habitantes de los barrios precarios. Para proveer este negocio, las mafias de punteros o narcos multiplican sus construcciones, que luego ofrecen en alquiler a valores altísimos. Los beneficiarios de esta explotación son los principales aliados de los partidos capitalistas. Esta diferenciación social al interior de las villas es la base social de la burocratización y cooptación de distintas organizaciones vecinales. El Encuentro votó la defensa incondicional del derecho de los inquilinos a ser censados e incluídos en todos los planes de urbanización. La reunión también recogió el reclamo de los habitantes de los monoblocks (Lugano 1 y 2) que se encuentran en completo deterioro. Se votó un plan de acción por varias reivindicaciones y proyectos: la declaración de áreas protegidas de toda especulación inmobiliaria para las tierras ociosas de la Comuna 8, y su destino a vivienda popular y espacios verdes, educativos o de salud; el cumplimiento de todas las leyes de urbanización; por un fondo especial, con impuestos al gran capital inmobiliario y al juego, para la refacción de los complejos habitacionales. Por créditos sin interés y que no representen más del 10% del ingreso familiar para la vivienda popular. Por todo esto, resolvimos una declaración y un llamamiento convocando para movilizar a la Legislatura cuando se trate el presupuesto de Vivienda, así como la concurrencia de todos al Congreso del Luna.

La campaña hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda ha entrado en su última fase. En todo el país crecen los preparativos para una gran movilización política. Será la oportunidad para que la vanguardia obrera y popular debata las tareas fundamentales de la etapa, fundamentalmente la cuestión estratégica de un movimiento de independencia de clase y contenido socialista. Ante una nueva bancarrota económica y una crisis política, oponemos el método de una deliberación y movilización colectiva para desarrollar una alternativa política de los trabajadores y la izquierda. Balance provisorio No es prematuro afirmar que ya hemos concretado uno de los objetivos fundamentales que nos hemos propuesto: la formación de las mesas regionales en distintas zonas del país, especialmente en los cordones industriales estratégicos. La formación de las mesas siguió el método de adoptar iniciativas a partir de caracterizar la etapa política y la situación del movimiento obrero. La salida de declaraciones especiales favoreció un trabajo en profundidad entre los trabajadores, con campañas específicas y con la tarea estratégica de promover a los luchadores sindicales en cuadros políticos. La campaña por el Congreso permite desarrollar una iniciativa política en un cuadro de reflujo transitorio. El aislamiento de las luchas por parte de la burocracia sindical y el cuadro represivo montado para golpear a la vanguardia han procurado conseguir tiempo para ir transitando el derrumbe económico y arribar a nuevos acuerdos con el capitial financiero. La derrota de las ocupaciones de Gestamp y Paty, y de las primeras huelgas en Córdoba, han bloqueado en forma momentáneo una respuesta vigorosa a las suspensiones y despidos. La cuestión de la iniciativa política ocupó un lugar central en todos los debates; el Congreso es un terreno preparatorio para intervenir en un próximo ascenso y en la lucha electoral. Nos hemos dirigido, antes que nada, al amplio auditorio que ha votado al Frente de Izquierda o seguido nuestras propuestas y denuncias. La campaña ha servido para reforzar el vínculo político con los trabajadores y la juventud. A quienes nos apuntan con la autoproclamación, les respondemos que hemos superado el inmovilismo político en que se empantanan los impugnadores. Crisis política La campaña por el Congreso permitió procesar colectivamente las peculiaridades del momento político, caracterizado que no es del 'ciclo K', tomado en forma aislada, sino del conjunto del régimen político. El oficialismo y la oposición se encuentran comprometidos con este régimen y han desarrollado un frente único objetivo para arrreglar con el capital financiero. Argentina se encuentra en el ajuste de una crisis industrial y comercial, y de desvalorización de la fuerza de trabajo. Después de seguir el libreto del arreglo con el Club de París, con Repsol y el pago de los juicios de Ciadi, el gobierno va a nuevos arreglos, en medio de una acentuación de la crisis mundial. Se desarrolla una transición política que no acabará con el cambio de gobierno sino que cobrará mayor intensidad con posterioridad. Al bonapartismo tardío y en recule del oficialismo, la oposicion plantea un "gobierno de coalición", que delata por anticipado su incapacidad para gobernar. La caída de los precios de exportación, la deflación en Europa y Japón, el reflujo económico de China, el endeudamiento sin precedentes de las naciones emergentes (tanto público como privado): todo esto marca la base esencialmente precaria de cualquier tentativa de recomposición política. El apuro de Macri por inscribir en su programa de gobierno el enfrentamiento a los 'troskos', ponen en la superficie los ejes de la transición que se relacionan con un ascenso político de los trabajadores. Tomar la iniciativa La izquierda ha rechazado nuestra propuesta de desarrollar en común la convocatoria al Congreso del movimiento obrero y la izquierda, y el efecto es que se ha abandonado a la atomización. Tenemos ahora la recta final de este camino. En plenarios regionales y en lugares de trabajo y estudio, se desarrollarán nuevos debates y se votarán delegados para participar del Congreso, al mismo tiempo que se tomarán medidas para asegurar una nutrida movilización política que desborde el Luna Park.

La disgregación del frente oficialista que llevó a Lucía Corpacci al gobierno se profundizó. Se consumó la ruptura del sector que lidera el intendente de la capital Jalil, ahora referente de Massa en la provincia. Jalil, a su turno, está operando con Luis Barrionuevo, que se muestra alineado con De la Sota. Barrionuevo opera con el Frente Cívico en la Legislatura, desde donde trabaron algunas iniciativas oficialistas, pero apoyaron aquéllas que implican un ataque a los trabajadores. Así, se negaron a tratar el nomenclador docente con media sanción de senadores, que llevaría el sueldo inicial a 9.000 pesos. Cuando crecen los despidos y las suspensiones en el sector privado, y comienzan a generalizarse los reclamos por mejoras salariales en el sector público, la gobernadora anunció su intención de reformar la Constitución provincial a sabiendas de que es imposible, ya que no cuenta con los dos tercios en ambas cámaras. A pesar de eso, el gobierno actúa como si efectivamente la reforma se fuera a consumar. Así, convocó a una audiencia a los partidos para dar a conocer los alcances de la reforma. El PO concurrió dando a conocer un documento que denuncia la pretensión de presentar una reforma progresista cuando cotidianamente se profundizan los atropellos contra el pueblo, se avanza en la entrega de los recursos naturales y no se vacila en reforzar el aparato represivo para sofocar los reclamos populares.

El pasado 10 de octubre participé del debate por la ley de hidrocarburos que fue convocado por el Concejo Deliberante de Tartagal, a través de una resolución originada en un proyecto del concejal del PO, Walter Acevedo. El resto de los legisladores nacionales por Salta pegaron el faltazo. La actividad interesó a una importante concurrencia en la que se destacaron ex trabajadores de YPF del departamento San Martín. Expliqué que esta ley no tiene por finalidad el autoabastecimiento sino la exportación de crudo y derivados a precios internacionales, así como la libertad para girar utilidades al exterior. Esto configura un acaparamiento de la renta hidrocarburífera por parte de los pulpos nacionales e internacionales. Denuncié que los contratos podrán ser a perpetuidad, debido a que contempla prórrogas indefinidas. Con respecto a los precios internacionales de los combustibles, ya hoy estamos pagando el aumento de la nafta de un 60% en un año, y el brutal tarifazo del gas domiciliario que en Salta alcanzó hasta un 500%. Se pretende eliminar el límite de cinco concesiones para una misma empresa, por lo que el monopolio puede ser absoluto. Esta ley es la extensión a todo el país del acuerdo secreto con Chevron, garantizando entre otras cosas la impunidad ambiental para las empresas, como ya la tuvo Repsol. En el debate quedó de manifiesto la crisis petrolera que hay en el norte de Salta. Los trabajadores petroleros, muchos despedidos en los últimos meses, se van a la Patagonia. Las empresas han dejado de invertir en Salta y sí lo están haciendo en Bolivia, donde además, han construido una refinería. Desde ésta, el gas llegará procesado a la Argentina, lo que significa un incremento enorme del precio para el mercado argentino, y pondría en peligro la continuidad de la refinería de Campo Durán en Salta, que hoy procesa gas mayoritariamente de Bolivia. Mientras tanto, Pluspetrol, con la mitad de sus acciones en manos hoy de YPF, antes de Repsol, se está retirando, luego de las enormes ganancias que le dio el yacimiento gasífero de Ramos en Salta, para invertirlas en dos yacimientos en una importante cuenca del Perú. Ramos ha sufrido una brutal caída de su producción, casi 10 millones de metros cúbicos diarios, en diez años. El voto de los senadores salteños En el Senado, Rodolfo Urtubey votó a favor de la ley de hidrocarburos del gobierno. En su intervención, defendió que las empresas en Salta puedan pagar menos regalías, con el pretexto de mayores costos de producción. El hermano del gobernador salteño llegó al Senado a partir de que fue designado como responsable del Fondo de Reparación Histórica, que fue un fraude, y comprometió las regalías como garantía del crédito tomado. El ex gobernador Romero votó en contra, defendiendo la participación de los Tesoros provinciales en la renta y la libre competencia -o sea que se permitan monopolios integrados por asociaciones de empresas, no necesariamente con YPF. Romero gobernó a fuerza de privatizaciones y prórrogas de concesiones, y malversando la renta petrolera provincial para garantizar la emisión de deuda pública de la provincia. Romero además es un ferviente defensor de la separación de Tarija de Bolivia, en función de los intereses de las petroleras. Movilicémonos por el rechazo a la ley de entrega Somos partidarios de la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control obrero, para que la renta petrolera sirva al desarrollo industrial y a resolver las necesidades populares. En esta línea nos movilizaremos masivamente al Congreso el día en que Diputados trate el proyecto, para exigir su rechazo. Está planteado también una campaña y movilización por el rechazo, en toda la provincia de Salta.

En el plenario de comisiones de Diputados que debatió el proyecto de ley de Hidrocarburos, Pablo López interpeló a los funcionarios por la entrega de los recursos. "El secretario Zanini reconoció que esta ley es para generalizar los términos del acuerdo con Chevron, es decir, precios internacionales de los combustibles como ya ocurre con la nafta, la cual aumentó un 60% en un año, y con el tarifazo del gas", señaló López en el plenario. "Esta ley propone contratos a perpetuidad. El mismo De Vido y la Secretaría de Energía han dicho que los pozos no convencionales tienen una vida útil de 40 años. Si las concesiones son por 35 años, incluso sin prórroga hay perpetuidad, por más que Gallucio lo niegue", señaló López en su intervención. "Además se elimina el límite de cinco concesiones por persona jurídica que establece la Ley vigente, por lo tanto vamos a una concentración monopólica. ¿De Chevron?", denunció el diputado salteño del Partido Obrero. López preguntó a los funcionarios sobre el contenido de las cláusulas secretas del acuerdo con Chevron, que compromete recursos estratégicos para el país. Asimismo, interpeló a los funcionarios sobre la política para el norte de Salta, ya que las empresas han producido un cese de operaciones que pone en riesgo la producción de gas y el funcionamiento de la refinería de Campo Durán, mientras esas mismas empresas han instalado otra refinería en Bolivia. Los funcionarios evadieron las preguntas. "Somos partidarios de la nacionalización integral de los hidrocarburos, bajo control obrero y del resarcimiento histórico a los ex trabajadores de YPF", sentenció López en el final de su intervención. "Esta ley ratifica lo que denunciamos cuando se aprobó la falsa estatización de YPF, que significó, en verdad, una reprivatización. Se cambió a Repsol por Chevron. Nos vamos a movilizar el día en que esta ley de entrega petrolera se trate para reclamar su rechazo, y en el recinto denunciaremos su carácter privatizador y entreguista y, sin dudas, nuestro voto será en contra", concluyó Pablo López.

La convocatoria por Mariano fue coincidente con la marcha que todos los martes realiza la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad en la Plaza Independencia. Se hicieron presentes más de 1.500 personas. Junto a los familiares víctimas de la impunidad y a una importante columna del Partido Obrero, fueron de la partida Libres del Sur, el Frente Popular Darío Santillán (Corriente Nacional), la Darío Santillán (Coba), el PTS y el MST. De los agrupamientos de izquierda sólo estuvo ausente el PCR. Cuando se llegó frente a la Casa de Gobierno, se realizó el acto que tuvo dos oradores: Daniel Blanco, por la dirección del PO, y Alberto Lebbos, quien cerró la jornada, por la Comisión de Familiares. Mariano Ferreyra, ¡presente!

Al cumplirse el cuarto aniversario del asesinato de Mariano Ferreyra, el Partido Obrero realizó un acto en el barrio de Barracas, en las esquinas de Luján y Pedriel donde fue asesinado por la patota de la Unión Ferroviaria. Desde temprano, diferentes expresiones artísticas, las cuales incluyeron una exposición de fotografías, del libro que reúne poesías inspiradas en su lucha y la actuación de Tomás Villar, Ejército Rojo, La banda de Pulga Osorio y Hernán Cabra de Vega y Pecho de Las Manos de Filippi, recordaron a nuestro compañero. Luego, ante las mil personas que se congregaron, hablaron Mauro Mayor, de la UJS Avellaneda; Jorge Hospital, de la agrupación Causa Ferroviaria "Mariano Ferreyra", Néstor Pitrola y Jorge Altamira.

En oportunidad del cuarto aniversario del crimen de Mariano Ferreyra, presentamos un proyecto de ley contra la tercerización laboral. El crimen de Mariano puso en la agenda nacional esta reivindicación, que afecta a no menos de 600 mil trabajadores en todo el país. A ello contribuyeron la lucha de los tercerizados ferroviarios que lograron en los meses siguientes, mediante duras batallas, el pase a planta de más de mil compañeros, por un lado. Por otro, la gran movilización por la cárcel y perpetua a Pedraza y sus cómplices, que mantuvo muy alta esta bandera durante dos años enteros. Hoy, el fenómeno de la tercerización está muy lejos de haberse superado. La burocracia sindical actuó para neutralizar los procesos de lucha más importantes, por caso, en Luz y Fuerza y en Telefónicos, donde siguen siendo masivas las tercerizaciones. En el caso de los telefónicos, encuadrados masivamente en la Uocra, se creó un sindicato transicional que lucha por el pase al convenio Foetra (Uepetel). En Chubut, tercerizados petroleros, también encuadrados en la construcción, libraron luchas feroces por acercar sus condiciones salariales y convencionales a las del convenio madre. Parte de ellos hoy se organizan en el Sitraic. La lucha de los ferroviarios y por Mariano, movilizó proyectos de ley pretendidamente "contra la tercerización", buscando sintonizar con esta lucha. Por ejemplo, los de Alicia Ciciliani del FAP (Binner) o Facundo Moyano, hoy con Massa. De un modo general, no pretenden contrarrestar la tendencia capitalista a la tercerización como método de superexplotación obrera. Al contrario, su alcance es el del "cumplimiento de la ley" y las cargas propias de la seguridad social, de salud y previsionales. Pero no atacan el corazón del problema: la proliferación de empresas satélites de las empresas principales que tienen por objeto atomizar a la clase obrera -en su organización bajo un convenio y organizaciones obreras únicos-, e imponer convenios subalternos a la baja. El centro del problema El proyecto que presenta el bloque del Frente de Izquierda y los Trabajadores formado por los diputados del PO, ataca justamente ese punto. Establece la vigencia del convenio principal de la actividad, lo que da por tierra con el eje del problema de la tercerización. En el caso del Estado, dispone el pase a planta permanente con el convenio del área. De allí se deriva la unificación sindical y la elección de delegados, para organizar un sector fuertemente desorganizado en el plano sindical. En la sesión del 22 de octubre en Diputados de la Nación, el primer aniversario que nos toca como diputados a los integrantes del Frente de Izquierda, pediremos la palabra para hacer un homenaje a Mariano. Este proyecto, se suma a ese homenaje, para reforzar la lucha de la clase obrera en oposición a la tercerización y la explotación capitalista, contra la que murió luchando Mariano. ¡Viva tu lucha obrera y socialista!

La decisión de todos los bloques de la Legislatura -con excepción de la izquierda-, de tratar una resolución de homenaje a Antonio Cafiero, dio lugar a que expusiéramos un juicio histórico sobre el dirigente peronista fallecido. No es lo que hicieron los bloques tradicionales, para quienes la extinción de la vida opera como una absolución histórica para el fallecido. La tumba funciona como una suerte de reconciliación política. La cobardía hipnótica ante la muerte denuncia una cobardía completamente conciente durante la vida. Esta suerte de pax celestial se acentúa en períodos de hipocresía democratizante, que convierte a los enemigos en adversarios o incluso en "amigos que piensan diferente". Así pudo verse a ex montoneros cerrar la boca, en la sesión, ante quien integró el gobierno de los verdugos en los ’70. O a hacer lo mismo a legisladores con pergaminos de izquierda, quienes en el momento actual peregrinan por otros ámbitos políticos o confesionales. Al tomar la palabra, reivindicamos, en este escenario, la simple honestidad política y la exigencia de que cada uno se comporte durante la vida del modo que pretende ser recordado luego de ella. El golpe clerical del ’55 Arrancamos recordando que el vínculo de hierro que unió a Cafiero con la Iglesia católica, lo llevó a alejarse del gobierno peronista, en 1954, cuando comenzaba la ofensiva clerical para derrocar a Perón. Cafiero renunció a su cargo de ministro y se distanció de Perón en las vísperas del golpe de 1955. La ruptura con Perón no le evitó a Cafiero ser perseguido y encarcelado por la "Libertadora", en especial cuando su ala ultraclerical (Lonardi) fue reemplazada por una combinación de católicos y masones (Aramburu-Rojas). El gobierno de la Tres A En segundo lugar, recordamos el papel de Cafiero en el gabinete de Isabelita (1975), cuando asumió la cartera económica para administrar y continuar el "Rodrigazo". Cafiero puso la firma también en los decretos de "aniquilamiento de la subversión", junto a la de Luder, Ruckauf y Robledo. Esos decretos sirvieron a la militarización y reforzamiento represivo del gobierno peronista y funcionaron como una transición al golpe militar. Cafiero ocupó una posición algo más que ambigua en dos de los golpes más reaccionarios de la historia moderna. El pacto carapintada El hilo de nuestra intervención se trasladó al año 1987, en ocasión de la rebelión de los carapintadas. La historia encuentra allí a Cafiero en el balcón de la Rosada junto a Alfonsín (y a Alsogaray), como el principal soporte del anuncio que "la casa estaba en orden" -o sea, del pacto de impunidad con los carapintadas. El futuro es del socialismo Al concluir, señalamos que esta semblanza política buscaba poner de manifiesto la decadencia irremediable del peronismo y, de un modo más general, de los partidos que históricamente gobernaron la Argentina en función de los intereses capitalistas. Esta decadencia -señalamos- refuerza nuestra lucha para desarrollar una alternativa política propia de los trabajadores. Reacción Tampoco Bodart (MST) acompañó el homenaje a Cafiero. Recordó al "punto final y la obediencia debida" y pidió que la versión taquigráfica de su discurso fuera inserta en el acta de la sesión. A partir de allí, la mayor parte de los diputados que intervinieron dedicaron más tiempo a atacar nuestro discurso que a reivindicar a Cafiero. Por ejemplo, Dante Gullo señaló que "si algún día en esta Legislatura se homenajea a Trotsky, yo permaneceré callado, escuchando con respeto a quienes lo reivindiquen y callando mis divergencias". Mientras nosotros nos encontremos en el parlamento, nos opondremos con fuerza a que Trotsky sea homenajeado por sus enemigos de clase. El PRO (Ritondo) recordó el compromiso de Cafiero al apuntalar 'las instituciones' en diciembre de 2001, mientras que los radicales, por supuesto, evocaron los "días difíciles de juzgar" (sic) de la Semana Santa de 1987. La sabbatellista Cerrutti aludió a "lo complejo de todas las trayectorias políticas", como si el arribismo pudiera equipararse con las contradicciones que debe enfrentar la militancia real y efectiva. Los partidos del régimen se sirvieron del homenaje al fallecido para realizar una suerte de autoabsolución de su historia. Pero querían que asistiéramos en silencio a esa escenificación política. No lo hicimos.

La reunión reservada de Vanoli con representantes de la banca JP Morgan dejó en claro la voluntad del gobierno de llegar a un arreglo con los buitres. Los fondos especulativos, sin embargo, estarían subiendo sus pretensiones, concientes de que el gobierno se encuentra acorralado. Ha trascendido que, si la oferta no es tentadora y no se acerca al valor nominal, los fondos se inclinarían por esperar a llegar a un acuerdo con el sucesor de Cristina. A su turno, los fondos que entraron en el canje podrían activar la "aceleración" , reclamando que se les pague en forma anticipada los bonos sin esperar su vencimiento. Mientras tanto, y para llegar a enero, el gobierno K quiere remontar la escasez de dólares apelando a mayores concesiones al gran capital. Con el propósito de que los exportadores liquiden parte de la cosecha retenida, el gobierno les habría ofrecido bonos en pesos ‘atados’ a la cotización del dólar. Como esto no satisface a los ruralistas, también les ofrecería la devolución del IVA por la friolera de 1.500 millones de pesos. A su turno, el gobierno intenta que las aseguradoras, del mismo modo que lo hicieron los bancos y la Anses, se desprendan de los bonos que cotizan en dólares. La estrategia K apuntaría a que esa venta ayude a hacer retroceder la cotización de los bonos y lograr una reducción del valor del dólar paralelo. Como recompensa, el gobierno también entregaría a las compañías aseguradoras títulos en pesos ligados a la evolución del dólar oficial. Lo cierto es que esta ingeniería para llegar a fin de año está haciendo agua. Pese a todas las concesiones, las cerealeras no estarían dispuestas a liquidar la cosecha en los volúmenes a los que aspira el gobierno. En este cuadro de derrumbe, las presiones a favor de una devaluación son cada vez mayores. Los K han apelado a al torniquete y a restringir aún más las importaciones, lo que echa más leña al fuego a la recesión. En este cuadro, el dólar paralelo ha vuelto a subir, ahondando la brecha con el oficial. Pero más significativo es que el Boden 2015, un título de próximo vencimiento, ha retrocedido por primera vez en su cotización. Con sus valores actuales, estaría otorgando a quienes lo adquieran ahora un 20 por ciento en dólares, superando el rendimiento de cualquier otro bono soberano en el mundo. Es la confirmación del virtual defol de la Argentina y de que el país no está en condiciones de hacer frente a los vencimientos del próximo año. Por otra parte, un interés de ese nivel es incompatible con cualquier emisión de bonos que el gobierno tuviera en carpeta. A la crisis de financiamiento, se une la crisis fiscal, originada en los pagos de la deuda pública y los subsidios que en 2014 se duplicaron respecto de la proyección original. Pero el problema de fondo es que trastabilla la estrategia oficial que reposaba en torno de la explotación del petróleo no convencional. Las acciones de YPF no paran de derrumbarse. La caída del precio del petróleo deja a Vaca Muerta fuera del ‘radar’ de las inversiones. Esto puede provocar que las fuertes tendencias a la disolución económica, que es lo que el gobierno estaba procurando morigerar, terminen estallando.

El esfuerzo del titular de la Afip, Ricardo Echegaray, por desvincular a la Presidenta de Lázaro Báez, ese gran beneficiario de la "década ganada", se pareció al del gato entre la leña del dicho popular. "No son socios", dijo enfático el lunes 20. "Hay un vínculo comercial", admitió vacilante el martes 21. Entre el énfasis del lunes y la vacilación del martes puede haber mediado alguna advertencia: no es sencillo soltarle la mano al prototipo de la "burguesía nacional reconstruida" del kirchnerismo. Mucho menos cuando otro de los grandes ganadores de la década, Cristóbal López, también está en la cuerda floja y ambos son investigados en juzgados de los Estados Unidos por denuncias de los buitres. La admisión de los “vinculos comerciales” ha sido interpretada de distintos modos. Según algunos, es una echada de lastre de los K, que abrirían el paraguas frente a revelaciones inminentes que mostrarían lazos muchos más estrechos que unas relaciones comerciales. Para otros, el propio Echegaray estaría extorsionando a la camarilla, de cara a la guerra abierta que ha estallado al interior del gabinete en las últimas semanas. Como quiera que sea, la anunciada negociación y capitulación ante los buitres, que el capital financiero reclama por distintas vías, está impuesta también por una necesidad mafiosa: detener el riesgo penal de las investigaciones judiciales que esos buitres promueven para chantajear el gobierno. Paul Singer, del fondo NML, ha presentado una demanda para que se investigue la radicación en el estado de Nevada de 123 empresas fantasma vinculadas con Báez, cuya función es lavar dinero mal habido. El del juez Cam Ferenbach, en cuyo despacho se sigue el trámite de esas causas, es ahora un nombre mucho más temido en la Casa Rosada que el de Thomas Griesa. Ferenbach, en un dictamen, habló de "trío siniestro" para referirse a Néstor y Cristina Kirchner y a Lázaro Báez. Sustentados en investigaciones del fiscal porteño José María Campagnoli, se detectaron maniobras de Báez para lavar dinero en entidades de Zurich, Ginebra y Liechtenstein. Sin embargo, ello sólo sería la punta del ovillo de nuevas revelaciones: la más importante es el destino de los centenares de millones de dólares que los K fugaron de Santa Cruz en los años del menemismo, y que la provincia había recibido a modo de “contraprestación” por avalar la privatización de YPF. Vínculos de hierro Echegaray, que fue en el pasado abogado de una de las empresas de Báez, intentó además salvar su propio pellejo en el caso de las facturas fraudulentas que el empresario K utilizaba para estafar al fisco. Echegaray aseguró que él y otros funcionarios de la Afip no ejercieron "ningún grado de interferencia" sobre los técnicos de la filial Bahía Blanca, donde se cometió el fraude. Luis Serra, dirigente sindical y concejal peronista de Bahía, lo desmintió de inmediato: "La gente que investigaba fue desplazada. Quedó trabajando, pero sin cargo" (La Nación, 21/10). Los buitres no persiguen en vano a Lázaro Báez para extorsionar al gobierno. Denuncian que los K comparten con el ex empleado bancario, y ahora gran burgués nacional el condominio de 87 mil metros cuadrados de terreno en El Calafate, negocios inmobiliarios y la administración de emprendimientos hoteleros, entre los rubros más conocidos. Y, según los buitres y el juez Ferenbach, Báez es un testaferro de los K que ha lavado dineros del Estado, por lo cual sus empresas en el exterior podrían ser embargadas. El monto dinerario que se ha detectado hasta ahora es escaso (65 millones de dólares) en comparación con la deuda reclamada, pero no es ese el propósito de esas acciones judiciales sino la extorsión que significarían las consecuencias penales y políticas del escándalo. Por eso Jorge Capitanich, con aval de la Presidenta, negocia reservadamente con el buitre Jay Newman, del fondo Elliott, y propone pagarle a todos los holdouts, aun a los que no demandaron ante el juez Griesa. Es una transacción de mafiosos, en medio de la descomposición del gobierno K.

Se acerca fin de año y ha recrudecido la insatisfacción salarial. La magnitud de la inflación, que ya supera el 40% en un año, tritura salarios, jubilaciones y planes sociales. Los salarios de quienes tuvieron paritarias cayeron al menos un 12% en términos reales, ni qué decir de los precarizados. El impuesto a las ganancias absorbió, para muchos trabajadores, “entre un aguinaldo y un aguinaldo y medio” (Clarín, 21/10). Por ese motivo, volvieron a parar los bancarios este miércoles. Si no hay un proceso huelguístico extendido, ello no sólo se debe al parate productivo, sino principalmente al trabajo de contención de la burocracia sindical. En este cuadro, se ha instalado el debate sobre un bono (pago especial) de fin de año. Por un lado, la UIA admitió la posibilidad de su pago, claro está, “de acuerdo con las posibilidades de cada empresa”. El gobierno, por su parte, afirma que no es necesario porque el salario se ha “revalorizado”. Compara el promedio de paritarias con los guarismos del “nuevo” (y tan fraudulento como siempre) Indec. El mismo gobierno que niega un bono salarial para todos los trabajadores, prepara bonos atados al dólar a favor de las cerealeras y otros especuladores, con el propósito de que éstos ofrezcan algo de los dólares que tienen acumulados. El bono que todos quieren y nadie tiene Por el lado de las filas sindicales, Yasky, el más oficialista de todos, pero también Caló, se subieron al carro del bono. En la misma línea está la CGT moyanista. Es claro que este reclamo de “bono por única vez” es un operativo preventivo contra la gran cuestión que plantea la carestía: la necesidad de reabrir las paritarias para rediscutir los salarios 2014. La burguesía ha quedado escaldada por los saqueos y levantamientos policiales de fines del año pasado. Este año, la situación social es objetivamente más grave. En Buenos Aires, Scioli adelanta la discusión de las paritarias 2015 -que es lo contrario a reabrir paritarias-, mientras raspa el fondo de la olla para otorgar alguna migaja en las fiestas. Para la burocracia, el bono sería también una coartada para descomprimir las futuras paritarias y plantear aspiraciones salariales menores. Pero, en verdad, la burocracia ni siquiera está empeñada… en el propio bono, al menos como conquista de conjunto. Por ejemplo, la UOM de Caló ya aclaró que “no se negociará con las cámaras empresarias, sino empresa por empresa” (Clarín, 21/10). A su turno, Batallón 601 Martínez deslizó que “lo negociará con los empresarios de la construcción, sin hacerlo público” (Ambito, 21/10). La burocracia no se aparta un milímetro del libreto de la Unión Industrial, que admite el bono, no ya como negociación por gremio, sino incluso por empresa. El propio gobierno no rechaza esta vía, la de un bonus por empresa, “bajo cuerda”, el que no será homologado por el Ministerio de Trabajo. Hasta esta “preocupación” de la burocracia por el “pago de fin de año” es un fraude, porque deja a los trabajadores de cada fábrica o repartición librados a su suerte. No hay el menor atisbo de una lucha de conjunto, siquiera por el bono. Unidad sindical De Caló a Moyano, la coincidencia en reclamar el bono ha sido presentada como parte de las tratativas entre las burocracias oficialistas y opositoras en torno de una CGT unificada. El contenido de esta unidad es claro: por un lado, asegurar una sucesión presidencial sin los “tropiezos” de la convulsión social. Por el otro, ofrecer ese papel de contención al futuro gobierno, trátese de Scioli, Massa o Binner. Pero estas movidas de unidad revelan movimientos políticos más amplios, que involucran a los propios partidos a los que los burócratas, de una u otra manera, ligan su destino. Las condiciones convulsivas que planteará el arreglo con los buitres, acompañado de una nueva devaluación, tarifazos y ajustes, no sólo reclamarán el concurso de los burócratas: podrían obligar a recurrir en 2015 al gobierno o gabinete de coalición que Macri o Scioli insinúan para después de las elecciones. Moyano ha sido muy claro al afirmar, en declaraciones radiales, que “acá asumirá un nuevo gobierno, tendrá que aplicar medidas muy duras de ajuste y el movimiento obrero tiene que estar unido para acompañar”. Del otro lado, es conocida la promesa de Macri a los burócratas, de “ayudarlos a enfrentar a los troskos”. La capacidad de controlar al movimiento obrero -y, principalmente, de contrarrestar al clasismo- está presente en los debates de la burguesía y también en las movidas de Gerardo Martínez y Moyano en torno de la unificación. En lo inmediato, el gran “aporte” lo están haciendo Moyano y Barrionuevo, que han liquidado todo plan de lucha tras el paro de agosto, contribuyendo a aislar las presentes luchas. Por ejemplo, Cresta Roja, Cargill, Valeo o los gremios cordobeses que plantean la reapertura de paritarias, al igual que ATE y la flamante CTA combativa de Mendoza. El rumbo político del movimiento obrero La vinculación entre las reivindicaciones obreras, los sindicatos y la transición política demuestra que el movimiento obrero combativo y los luchadores no pueden escindir sus reclamos de una deliberación y una conclusión política de fondo, para que la clase obrera sea un factor activo y conciente en el desenlace de esta crisis. Esta es la cuestión que abordaremos ampliamente en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park. El planteo de paro activo de 36 horas y plan de lucha por la reapertura de paritarias, por un aumento de emergencia de 3.000 pesos y bono o doble aguinaldo para todos los trabajadores y jubilados; ningún despido y anulación de ganancias en los salarios, se inscribe en esta lucha política. Reforcemos la campaña por estos objetivos.

La nueva ley de hidrocarburos del kirchnerismo consagra el remate de las reservas de petróleo y de gas en favor de los monopolios internacionales. Es la generalización del acuerdo colonial que firmaron con el pulpo Chevron. -Otorga a las empresas la libre disponibilidad de los recursos y su posibilidad de exportación. -Permite girar dividendos al exterior a partir del quinto año y mucho antes para los proyectos en las plataformas marítimas. -Establece un techo en las regalías del 12%, uno de los porcentajes más bajos del mundo, despojando así a las provincias. -Libera a las petroleras de toda responsabilidad ambiental. -Adjudica los yacimientos por plazos de 35 años y con prórrogas, lo que equivale a concesiones a perpetuidad. Los pulpos aportarán mínimas inversiones. El verdadero financista será el trabajador y consumidor argentino, como lo demuestra el 80% de aumento en las naftas desde la seudoestatización de YPF. Lejos del autoabastecimiento, la “soberanía energética” que blande CFK es la conversión de la Argentina en una gran exportadora de petróleo y gas, sobre la base de una depredación acelerada de las reservas. La reforma centraliza las nuevas concesiones en YPF y sus socios, lo que ha despertado el cuestionamiento de otros pulpos. La crítica de los Massa, Macri y otros se reduce a reclamar un reparto “parejo” de la entrega petrolera. Es lo que piden Shell y su presidente, que ya busca lugar en las listas de Unen. Semejante edificio entreguista, sin embargo, podría terminar en un fracaso. La crisis capitalista internacional ha derrumbado los precios del petróleo, dejando a Vaca Muerta fuera de pista. Para salvar los acuerdos con los pulpos, el gobierno intentará compensarlos con nuevas prebendas a costa de los trabajadores y el país. El próximo miércoles 29 convocamos a una amplia movilización popular contra la sanción de la ley Galuccio-Chevron, por la nacionalización integral de la producción de hidrocarburos, comenzando con YPF, con apertura de los libros y control de los trabajadores. El Partido Obrero se concentrará en Corrientes y Callao, a las 16 horas, para marchar desde allí hasta el Congreso.