Prensa Obrera N° 1336

Un enorme movimiento popular recorre México en reclamo de la aparición con vida de 43 estudiantes del magisterio rural de Ayotzinapa, un pequeño pueblo del estado de Guerrero. "Con vida los llevaron, con vida los queremos", corean los manifestantes. El hallazgo de fosas clandestinas, donde presumiblemente se encuentran los cadáveres de muchos de los jóvenes desaparecidos, desató una conmoción internacional y movilizaciones en 25 estados, incluyendo protestas de miles en varias ciudades de Guerrero. Los estudiantes del combativo liceo habían arribado a fines de septiembre a la ciudad de Iguala, en el departamento de Guerrero, con el propósito de recaudar fondos para participar de la movilización del 2 de octubre en el Distrito Federal, donde se conmemora y aún se exige justicia por la masacre contra cientos de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas, en 1968. Como represalia por intentar protestar en un acto político promovido por el intendente, los estudiantes fueron atacados –en un operativo concertado de la policía y un cartel del narcotráfico- con disparos de ametralladora, con el saldo de tres jóvenes muertos. El resto fue secuestrado y torturado, y aparentemente fueron rematados en los montes próximos a Iguala, y enterrados en fosas comunes. Poder político y narcotráfico El alcalde de Iguala, al que se señala como autor intelectual de las desapariciones, se fugó. Integrante del PRD, tiene vínculos con el cartel de los Beltrán Leyva y está acusado de la tortura y posterior asesinato de al menos tres militantes de su propio partido. Toda esta información estaba en conocimiento de los servicios secretos federales y también de la Procuraduría General de la República. El gobernador, Angel Aguirre (un histórico del PRI que pasó recientemente al PRD), prometió que los 81 alcaldes de la región y sus policías serán investigadas. Pero el propio Aguirre no es un hombre de fiar: hasta hace poco impulsaba “colocar bajo el mando de las autoridades locales a las policías de los municipios más importantes del estado: Acapulco, Chilpancingo, Teloloapan, Tixtla, Zihuatanejo e Iguala” (Página 12, 7/10), o sea, una consolidación del poder de los cárteles. El centroizquierdista PRD, como se ve, no es ajeno al régimen político narco: de hecho, su dirección nacional ratificó su apoyo político al gobernador (La Jornada, 10/10). Las vinculaciones entre el narcotráfico y todos los poderes del Estado han quedado ilustradas en la amenaza con la que los narcos de Guerreros Unidos (GU) recibieron a las fuerzas federales: “gobierno federal y estatal y a todos los que nos apoyaban, se les exige que liberen a los 22 policías que están detenidos. Les damos 24 horas para que los suelten, si no aténganse a las consecuencias. Empezaremos a poner nombres de la gente que nos apoyaba del gobierno… ya empezó la guerra atte: GU”. (El País, 7/10). Como si hubiera tomado nota del mensaje, la Cámara de Diputados nacional se limitó a formar una comisión para investigar el tema. Desintegración Como en Tamaulipas y Michoacán recientemente, el Estado federal ha enviado a la policía del Distrito Federal y a la Gendarmería a recuperar el monopolio de la violencia en el estado de Guerrero. En Tamaulipas, estado lindante con Estados Unidos, y que vio nacer a los carteles del Golfo y de los Zetas, se dispuso recientemente la división del territorio en cuatro cuadrantes bajo el control del Ejército y la Armada. En Michoacán, intervinieron en el verano para evitar que se desmadrara por completo un enfrentamiento que involucraba a varios grupos narcos y a las denominadas Autodefensas Unidas. En el caso de Guerrero, la intervención obedece también al temor a la autoorganización de las masas, en un estado que es el más pobre del país, y que en 2013 “tuvo una tasa de 63 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más alta de México y tres veces mayor a la media nacional”. El Ejército Popular Revolucionario (EPR), uno de los grupos guerrilleros que operan en la región, caracteriza a las fuerzas que masacraron a los estudiantes como grupos paramilitares, y denuncian en un comunicado que “los alumnos desaparecidos estarían siendo torturados en cuarteles de la Policía Federal, el Ejército y la Marina” (Página 12, 8/10). El fracaso de la estrategia de militarización de Calderón (PAN), que dejó 60 mil muertos, no parece haber encontrado una alternativa por parte de las fuerzas políticas patronales. El gobierno del PRI avanza en la misma línea, con el apoyo del centroizquierdista PRD. Su dirigente, Carlos Navarrete, ha dicho que “entendimos que, mientras no hubiese una gendarmería capacitada, era necesaria una intervención temporal del Ejército. Pero esto ya lleva ocho años” (El País, 6/10). Todos los partidos, cámaras empresarias y estamentos del Estado están perforados por el narcotráfico. En los últimos ocho años se han encontrado más de 400 fosas clandestinas por todo el país, pero la Procuraduría General de la República hizo escasas 34 averiguaciones sobre el tema. Respuesta Popular Todas las escuelas normales rurales de México se declararon en huelga en solidaridad con sus compañeros de Ayotzinapa. Los familiares de los estudiantes, organizaciones políticas, sociales y de Derechos Humanos, se movilizan en reclamo de justicia. El movimiento estudiantil, del que formaban parte los estudiantes masacrados, vive un particular proceso de efervesencia: los estudiantes del Instituto Politécnico frenaron con una movilización al Zócalo de 50 mil estudiantes (un tercio de la matrícula del Instituto) los intentos del gobierno federal de cambiar el plan de estudios, que planteaba menos horas de clase y la reducción en la calidad de la currícula. Exigimos la aparición con vida de los estudiantes desaparecidos, y el esclarecimiento de la masacre. Desarrollemos la denuncia y movilización internacional por estos objetivos.

-Teniendo en cuenta tu vastísima trayectoria en el campo del psicoanálisis y la Salud Mental en el cual sos un referente ¿Qué balance haces de las políticas estatales en el campo de la Salud Mental en relación a la población durante los últimos años, llegando al llamado "fin de ciclo"? -El gobierno se fue readaptando a la crisis económica mundial, pero no ha modificado el modelo de desarrollo productivo ni las bases económicas y financieras centradas en el mercado para que hagan negocios las empresas capitalistas. El modelo K no pretende alcanzar una nueva forma de sociedad más allá del mercado y del Estado como promotor del consumo. Esto ha llevado al deterioro del sistema público de salud, como lo demuestran las protestas realizadas por profesionales y trabajadores en nuestra ciudad y en diferentes provincias. Debo decir que es una vergüenza que en la ciudad de Buenos Aires, el lugar con mayores Trabajadores de Salud Mental del universo, la atención en Salud Mental sea tan deficiente. Como sucede con el hambre en el mundo, no hay otras razones que no sean políticas. Las políticas privatizadoras que se siguen llevando en la actualidad han destruido la Salud Pública. Su resultado es una salud para aquellos que tienen poder adquisitivo y una salud para los pobres en hospitales abandonados o en el manicomio. Es así como nos encontramos con el vaciamiento de los hospitales; disminución del personal, falta de instrumentos médicos, disminución de la calidad y cantidad de insumos; privatización de servicios como mantenimiento, cocina y lavandería que para obtener más ganancias bajan la calidad, y podríamos seguir. Es la lógica de un sistema capitalista donde la salud se ha transformado en una mercancía. Por ello, luego de la promulgación de la Ley de Salud Mental, la Ley 448 de la CABA y de otras provincias, éstas no se cumplen. Es necesario que se promueva su cumplimiento con planes de transformación, un presupuesto adecuado y recursos acorde a lo requerido y no simplemente discursos, relatos y voluntarismo. Para avanzar en el campo de Salud Mental hay que enfrentar el poder que se encuentra en una alianza entre sectores del Estado, los grandes laboratorios, las instituciones de medicina privada, la burocracia sindical que manejan sus intereses en las obras sociales y las organizaciones médicas que se oponen a cualquier proyecto de transformación. La socialización de la salud no implica solamente una formulación ideológica y política sino ser consecuentes con una ética para llevar adelante una perspectiva racional y científica en el campo de la Salud Mental. Es necesario luchar para que el Estado sostenga la salud pública desarrollando una política universalista de seguridad social, con la participación de los trabajadores de Salud Mental y los usuarios. -¿Como caracterizas que es el cuadro de situación en relación a los profesionales y trabajadores de la Salud mental en los distintos subsectores de salud? -El deterioro de la Salud Pública va acompañado por acciones políticas que desde el Estado apuntan a transferir recursos públicos al sector privado. Uno de los mecanismos utilizados son los subsidios a las obras sociales de los grandes sindicatos de la CGT. Su resultado es la tercerización de la salud, producto de la descentralización que derivó en la transferencia de establecimientos de la Nación a las provincias y de estas a los municipios conjuntamente con la tercerización que permite contratar trabajadores con salarios muy por debajo de los que deberían percibir. No hay planes nacionales efectivos en Salud Mental. Además se promueve trabajos precarizados y clientelares bajo el rótulo de un supuesto progresismo de “trabajo comunitario” o “atención primaria”. En la mayoría de éstos, el estado no sólo contrata bajo condiciones de cualquier tercerizado, sino que no hay aportes de recursos y formación adecuada para llevar adelante dicha tarea. -¿Qué lectura haces de la salud mental durante la llamada "década ganada"? -El capitalismo mundializado ha llevado cada vez más lejos aquella premisa de “tanto tienes, tanto vales”. La normalización de estos tiempos hace que vemos como “natural” estos fenómenos en todos los ámbitos. Pero como todo poder, podrá ser hegemónico pero nunca absoluto. En ese camino es necesario diferenciar los efectos de acuerdo a la pertenencia de clase, generación y género. No somos todos iguales. Sin embargo hay una suerte de naturalización de la deficiente atención de lo público destinado a los que no tienen poder adquisitivo. La Salud Pública es para los pobres y la privada para los que pueden pagar la prepaga o tienen una obra social -debemos recordar que el 40% de la población trabaja en negro-. Una ética basada en el derecho a la salud es reemplazada por los derechos individuales, donde el derecho básico es el de propiedad. Además es necesario decir que la salud en sus aspectos psíquicos y orgánicos -ambos van siempre juntos- dependen de una complejidad de factores familiares y sociales: cómo vivimos, donde vivimos, si tenemos vivienda, la calidad del trabajo, el acceso a la educación, la contaminación ambiental. También vemos como aumenta la pobreza y la marginación, ya que la desocupación es reemplazada por trabajos en “negro” y precarizados. Los datos son contundentes. En los últimos 10 años la supuesta “reactivación” que se llevó adelante fue sostenida por la precarización y superexplotación. En este sentido es importante reflexionar sobre las consecuencias en la subjetividad que tiene el pago de la deuda externa. Se habla de una deuda que tiene Argentina, aunque no es el capital quién la paga. Al contrario, éste hace importantes negocios mientras el esfuerzo recae en el conjunto de la población, en especial sobre los sectores más vulnerables. En definitiva, la deuda es ilegítima e impagable. Cuanto más se paga, más aumenta. Un verdadero circulo vicioso que solo sirve para imponer políticas sociales y económicas por parte de los organismos financieros internacionales. Esta situación ha llevado a que los servicios sociales, la educación y la salud pública cuenten con un presupuesto reducido, cuyo deterioro solo beneficia a las empresas privadas y, en consecuencia, a aquellos que pueden pagar una prestación. -¿Cuál es tu opinión sobre la convocatoria al Congreso de la Izquierda y el Movimiento Obrero del 8 de Noviembre en el Luna Park? ¿Qué debería ser discutido en el Congreso como parte de las problemáticas planteadas? -En primer lugar debo señalar que este Congreso es consecuente con el espacio ganado por el Frente de Izquierda. De allí su importancia en tanto supone convocar a que los propios trabajadores puedan debatir políticamente sobre la situación del movimiento obrero y la izquierda. En este sentido creo que los propios participantes del Congreso se deben dar un temario sobre cuales son los ejes de sus problemáticas. Ahora bien, desde lo que vengo diciendo, puedo sugerir que un tema muchas veces soslayado son las condiciones de deterioro de la salud de los trabajadores y cuales son los instrumentos para encontrar las respuestas necesarias. De allí se desprende la importancia de que los delegados de las comisiones internas en cada empresa participen en el control de la gestión de las obras sociales de su sindicato. No sólo en la contratación de los servicios sino en la efectividad de su implementación y las tareas de prevención que específicamente requiere cada actividad desarrollada por los trabajadores.

La anunciada disposición gubernamental a renegociar con los buitres a partir de enero ha sumado otro ingrediente. Los fondos especulativos han salido a denunciar las andanzas delictivas de Lázaro Báez, mucho más que un “allegado” a la familia K. De este modo, el cerco judicial sobre la camarilla presidencial se extiende ahora al plano internacional. esde luego, las operaciones financieras de la camarilla le han dado a esa extorsión un amplio campo para desarrollarse. Hace unos meses que el nombre del juez Cam Ferenbach, de Nevada, produce entre los K mucho más temor que el de Thomas Griesa. La llamada “American Task Force”, que reúne a los fondos buitre en litigio con la Argentina, presentó en el despacho de ese juez una demanda y un pedido de investigación sobre los manejos financieros en ese Estado de Lázaro Báez; es decir, sobre la ruta del dinero K. Báez radicó en Nevada no menos de 123 empresas fantasma para poner en circulación y blanquear dinero mal habido. Tanto los buitres como Ferenbach, dan por probado que Báez es un testaferro de la familia Kirchner (Ferenbach, en un dictamen, habló de “trío siniestro” al referirse a la sociedad de Néstor y Cristina Kirchner con Báez). Rutas habituales El circuito de lavado que usó Báez resulta doblemente interesante, porque devela la ruta utilizada habitualmente por los capitales originados en el narcotráfico, el tráfico ilegal de armas y la evasión impositiva, entre otros delitos. Ferenbach, que utilizó las investigaciones desarrolladas anteriormente por el fiscal porteño José Luis Campagnoli, detectó 65 millones de dólares depositados por las compañías fantasma de Báez en tres bancos: el AIG Private Bank, de Zurich; el Pictet, de Ginebra; y el LGT, de Liechtenstein. Ese dinero llegó hasta ahí después de pasar por Uruguay (allí se cambió de pesos a dólares, no antes), luego a entidades de Bahamas, de allí a compañías de Báez en Nevada, luego al paraíso fiscal de las islas Seychelles y, finalmente, a los bancos de Suiza y Liechtenstein. Como se ve, el blanqueo de dinero sucio es imposible sin la intervención del sistema financiero, de la banca internacional. Hace unos meses, en mayo, Ferenbach había encontrado otros 20 millones de dólares depositados en Europa por Martín Báez, hijo de Lázaro. Ahora, los buitres pedirán el embargo de cuentas abiertas en el exterior a nombre de Báez, y todo indica que irán también detrás de Cristóbal López, otro empresario K. Los montos de dinero detectados, si bien voluminosos, no tienen significación frente a los miles de millones de dólares reclamados por los buitres, pero su importancia no es esa: lo que se proponen Paul Singer y otros es chantajear con las consecuencias penales, y por tanto políticas, que sus acciones judiciales podrían producir. En otras palabras: la camarilla gubernamental deberá negociar con los buitres en enero, como se propone hacer, bajo la presión y el chantaje a que se verá sometida por sus propios delitos. La “ruta del dinero” pone de manifiesto los límites insuperables de los K, antiguos clientes de la ´banca off shore”, para lidiar con el capital financiero internacional.

El anuncio de Sabbatella de que procederá a la adecuación “de oficio” al Grupo Clarín, forzándolo a la venta de ciertos medios estratégicos (Canal 13, Radio Mitre, TN y Cablevisión) ha devuelto a la primera planta el choque entre el gobierno y la “corpo”. Todo indica que, como en otras oportunidades, el choque terminará en una nueva impasse, judicial y política. El gobierno ha presentado evidencias de vinculaciones societarias –accionistas y directores “cruzados”- entre diferentes empresas del grupo. Por supuesto, las vinculaciones existen. Pero la Ley de Medios no las prohíbe, y fueron incluso avaladas por el fallo de la Corte que le diera constitucionalidad a la Ley. Vuelve a quedar de manifiesto que no fue concebida para la “democratización de las voces” sino, en el mejor de los casos, para establecer un nuevo reparto de poder entre diferentes monopolios capitalistas de los medios. Sabbatella conocía las “anomalías” desde enero de este año, cuando recibió el plan de adecuación voluntario de Clarín y afirmó que éste se encontraba “dentro de la ley” (Perfil, 20/01/14). En su momento subrayó que aquella era una impresión personal y que debía esperar la opinión del Directorio de AFSCA. El `cambio de opinión` ha sido empujado, probablemente, por razones políticas ajenas a la 'democratización de la palabra'. El gobierno ha recreado la gastada 'guerra con Clarín' en la misma semana en que Vanoli y Kicillof trajinaron las oficinas de banqueros y empresarios, para asegurarles que la cruzada “antibuitre” se termina en enero. Pari Passu El choque con Clarín, de todos modos, marcha por el mismo camino que el de los `buitres`. La “corpo” ya anunció que retomará el camino de los amparos judiciales. El propio Sabbatella ha anunciado que cualquier adecuación de oficio llevarían entre seis meses y un año. Contienda judicial mediante, la “guerra con Clarín” durará lo que el mandato de CFK. Clarín reclamará –como los buitres- igual tratamiento ante la Ley que el recibido por los otros pulpos mediáticos, cuyas posiciones se encuentran en completa violación de la norma como Telefónica-Telefé, Telecentro, Prisa, o Moneta. Si sus “adecuaciones” se encuentran estancadas, es porque la aplicación de la Ley de Medios choca con otro afán del gobierno –el meganegocio de la fusión de las telecomunicaciones y los medios audiovisuales. En él, depositan su interés fondos como Fintech, que a su vez son parte de los acreedores que alientan una “salida” (reestructuración general, arreglo con los buitres) a la crisis de deuda. Papel pintado A cinco años de la sanción de la Ley de Medios, la impasse no puede ser mayor. Las licitaciones de señales de TV abierta a organizaciones sin fines de lucro han quedado en la nada. Las denuncias de las comunidades de los pueblos originarios sobre el copamiento k de las señales otorgadas en su nombre son ninguneadas. El anuncio de la condonación de deuda impositiva a cambio de pauta oficial pinta de cuerpo entero la política de medios del gobierno: rescate al capital a cambio de propaganda para su camarilla en retirada. Mientras tanto, los trabajadores de todos los medios enfrentan persecuciones gremiales, intentos de flexibilización laboral y perspectivas de despidos producto de las reestructuraciones de las empresas. A la cortina de humo de “la guerra con Clarín” le oponemos la lucha por la libertad de expresión, que exige la superación del monopolio capitalista de los medios, y el reparto de sus recursos entre el conjunto de las expresiones políticas, culturales, sociales y artísticas, para que se expresen las luchas populares y las genuinas expresiones independientes del arte y la cultura.

El movimiento de los ex trabajadores de YPF se está estructurando en torno al reclamo por los derechos arrebatados en las sucesivas privatizaciones y contra la ley de hidrocarburos del gobierno, que pretende una entrega del patrimonio nacional aún más profunda.El 1° de octubre comenzaron a tratarse nuestros proyectos de ley de resarcimiento en la Comisión de Legislación de Trabajo de Diputados. Néstor Pitrola defendió el contenido de las leyes y reivindicó la lucha que llevan adelante los ex ypefianos desde hace más de 22 años. Para lograr el voto favorable impulsó abrir el debate en asesores e invitar a una delegación de ex ypefianos a exponer frente a los diputados. Los pequeños pasos que estamos logrando son el resultado de haber estructurado una Coordinadora de ex Trabajadores de YPF a nivel nacional. La ley de hidrocarburos que el gobierno quiere aprobar abre un nuevo y más profundo proceso de privatización y contaminación ambiental, con las consecuentes catástrofes sociales. Llevaremos al Congreso del movimiento obrero y la izquierda nuestra posición y experiencia. Además de la de Mendoza, se ha concretado una asamblea en Bahía Blanca y se realizará otra en Salta. También se publicará un folleto con las leyes y un boletín con el bagaje de conocimientos de los trabajadores. La Coordinadora de Buenos Aires ha resuelto una declaración contra la ley Chevron para que se apruebe en cada lugar y difundirla en todo el país, junto con la participación en las movilizaciones, contra la ley.

Hace más de diez años irrumpía el "juecismo". En poco tiempo, (2003) fue electa para la intendencia de Córdoba con una votación superior al 60%, y cuatro años después ganaba las elecciones provinciales, pero un fraude impediría su llegada al gobierno. En 2009 ganó las elecciones parlamentarias nacionales. Armado por un sector patronal, su figura excluyente, Luis Juez, provenía del riñón del PJ menemista. Esa abrupta performance electoral precipitó un oportunismo inédito de parte de la mayoría de las fuerzas progresistas (PS y otros), izquierdistas (PC, PCR, CTA), e incluso trotskistas. El MST lo reivindicó como una fuerza que se oponía al bipartidismo. No se buscaba una fuerza obrera, sino el ‘tripartidismo'. El velo progresista de Juez no tarda en esfumarse. En el conflicto del campo se alinea abiertamente con los pools de siembra. Se opone a la estatización de las AFJP. Pierde apoyo electoral, y así comienza la debacle. En octubre de 2013 hace su peor elección con el 3% provincial. Juez ahora se asocia a la UCR y el PRO de Macri. Esto agudiza la trifulca en la UCR. Mientras este armado busca ganar la provincia al PJ, De la Sota planea adelantar las elecciones para mayo de 2015. Así las cosas, tendríamos elecciones adelantadas, por un lado con dos listas derechistas. Todas las encuestas, en todos los niveles, registran un avance del Frente de izquierda respecto de 2013. El desarrollo incesante de agrupamientos antiburocráticos en los sindicatos de Córdoba (Smata, UOM, UEPC, SEP, Suoem, Adiuc, ATE, bancarios, UTA, frigoríficos, Luz y Fuerza, telefónicos, etc.) tiene como marco este cuadro político. La debacle del centroizquierda potencia la alternativa electoral de la izquierda. Para reforzar esa perspectiva estamos desplegando una agitación política sistemática sobre los grandes ejes de la crisis, oponiendo un programa de salida para la clase obrera (prohibir despidos, reabrir paritarias, plan de viviendas, anulación del Código de Faltas, fuera Monsanto, defensa de la mujer trabajadora) y apoyar decididamente las luchas que enfrentan estas políticas. Asimismo, promovemos el reagrupamiento (frente único) de la izquierda y el activismo, antiburocrático, tanto en los sindicatos como en los lugares de estudio, barrios y ciudades. El desarrollo de las asambleas en los principales sindicatos, universidad, barrios y ciudades, de cara al Congreso del movimiento obrero y la izquierda, que votan un programa y un plan de acción para intervenir en cada uno de esos frentes, muestra esta posibilidad en movimiento.

"En un porcentaje altísimo de clubes se vende droga (...) todos sabemos lo que pasa dentro de los clubes y todos nos hacemos los giles". La sinceridad le llegó de pronto al presidente de Excursionistas, Angel Lozano, cuando por orden del juez Claudio Bonadío le allanaron el club y hubo diez detenidos, además del secuestro de cocaína y armas de guerra. Al día siguiente, Bonadío mandó a Gendarmería a allanar el Indec, donde detuvieron a otros dos barras de Excursionistas y miembros de la patota que sistemáticamente ha atacado, durante años, al personal del instituto. Los barras que tenían droga dentro del Indec llamaron por teléfono para pedirle ayuda y abogados, a un tal "Rafa", jefe de patotas y ladero de Guillermo Moreno. En esta situación, cuando queda a la vista de todos hasta qué punto los millones de narcotráfico han penetrado y corrompido a las instituciones del Estado, a las fuerzas de seguridad y a casi todos los ámbitos de la vida social del país, surge la iniciativa gubernamental de legalizar el comercio de drogas. Aunque, si bien se mira, hablar de "iniciativa gubernamental" es impropio. Como en tantas otras cosas, en este punto el gobierno baila una música que le llega desde lejos. Por "La Nación" (11/10) sabemos que, por primera vez, el gobierno norteamericano se propone "flexibilizar" su política sobre drogas y a mostrar una mayor "tolerancia" hacia la despenalización decidida por otros gobiernos. Como se ve, George Soros (véase PO N° 1.335) no está solo. Por lo menos, en la citada edición del diario de los Mitre, el secretario adjunto del Departamento de Estado para Narcóticos, William Brownfield, dio por superadas las disposiciones de la Convención Unica sobre Estupefacientes, sobre la que se sustenta todo el andamiaje actual de leyes norteamericanas en la materia. "Las cosas han cambiado desde 1961", dijo Brownfield, y añadió: "Debemos tener la suficiente flexibilidad para integrar esos cambios a nuestras políticas". Ahora bien, ¿qué se discute cuando se habla de la legalización del narcotráfico? Los grandes bancos, al acecho El año pasado, la Afip presentó una denuncia contra el banco HSBC por maniobras de desvío y lavado de dinero, para lo cual, entre otras cosas, esa entidad utilizaba facturas apócrifas de empresas también vinculadas con esos delitos. El asunto olía mal, porque involucraba, según la denuncia, al gobierno de Córdoba y a la municipalidad de San Isidro, ambos en manos de la oposición. Finalmente, todo quedó en la nada. Por cierto, sólo alguien demasiado ingenuo confiaría en una investigación por lavado de dinero y facturas apócrifas impulsada por el gobierno del caso Skanska. La denuncia, sin embargo, refrescaba el papel de los grandes bancos en el lavado de dinero sucio procedente del narcotráfico, el contrabando de armas, la evasión y otros rubros por el estilo. El HSBC, de origen británico, está sospechado fuertemente de lavar dinero de los carteles mexicanos de la droga y de traficantes de armamento, y por eso se le impuso en los Estados Unidos una multa de 1.900 millones de dólares. Se trata sólo de un ejemplo. La lista de bancos involucrados en ese tipo de maniobras es larga y en ella están, entre otros, el City, el Wells Fargo y muchos más. No podía ser de otro modo: según diversas estimaciones, el narcotráfico mueve en el mundo unos 2 billones de dólares anuales, y más aún el comercio ilegal de armas. Semejante masa de dinero no puede circular si no es por el sistema financiero legal, por los bancos. Kieran Beer, ex funcionaria del Tesoro norteamericano durante el gobierno de Bill Clinton, dio tiempo atrás la clave del asunto: "Las regulaciones de la banca nacional e internacional son laxas y permiten el encubrimiento de transacciones ilegales; a ningún gobierno le conviene arruinar a la banca privada, y menos al de Estados Unidos". Léase al revés: los capitales del narcotráfico, creadores sistemáticos de burbujas financieras y motores de las crisis, son al mismo tiempo los que impiden una quiebra general del sistema financiero. Cuando se discute la legalización del narcotráfico, se debate una transformación radical del negocio: sacarlo de la clandestinidad, blanquearlo y hacerle pagar impuestos. Grandes buitres, como Soros, se preparan para el negocio que viene. Y Soros, al menos, ya encontró en Buenos Aires y en Montevideo un par de segundos violines, desafinados pero posiblemente útiles. Estamos contra la penalización y persecución a los adictos, pero como parte de la lucha para terminar con los narcos y sus socios capitalistas -y no como pretexto para "legalizar" el negocio de éstos últimos.

El jueves 16 de octubre, el plenario del Consejo de la Magistratura tratará el expediente contra los jueces Emilio L. Fernández y Luis René Herrero, de la Cámara de Apelaciones de la Seguridad Social. Ambos son imputados en una causa armada sobre la base de denuncias insustanciales y falsas a instancias del gerente de asuntos penales de la Anses, Sergio Rodríguez -a quien la Presidenta propone actualmente como titular de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas- y de la jueza Nora Dorado. Los dos jueces imputados produjeron numerosos fallos contra las apelaciones de la Anses a las sentencias de actualización de los haberes de los jubilados. La causa contra los jueces Herrero y Fernández se inició hace dos años, a iniciativa de la Anses y el gobierno. El voto de solicitud del jury de enjuiciamiento fue votado por los representantes del Poder Ejecutivo y los consejeros que le responden. Todas las imputaciones a Herrero y Fernández son supuestos defectos de forma en sus procedimientos. Lo que se busca es amedrentar a los jueces previsionales y a quienes se hagan cargo de tal tarea. La Corte Suprema de Justicia produjo una acordada en defensa de Herrero a fines de 2012, pero no volvió a intervenir desde entonces. El actual titular de la Anses llegó a plantear que los fallos de Herrero atentaban contra la "sustentabilidad del sistema previsional", cuando éste se hunde por ser la caja que utiliza el gobierno para pagar deuda pública, financiar los déficits del tesoro y darle crédito a las empresas. Antes de esto, la Corte Suprema dispuso la revocatoria de 34 cautelares que beneficiaban a los jubilados, en oposición a fallos de la Cámara de Seguridad Social. La Corte defendió también la "sustentabilidad", llamando a los jueces de la Seguridad Social a actuar "con la prudencia que demanda un conflicto entre el derecho de defensa del organismo (por la Anses) y la necesidad". La Corte omite, naturalmente que la Anses está en manos de sus vaciadores. Defendamos a los jueces de la Seguridad Social.

El Partido Socialismo y Libertad (PSOL) obtuvo el 1,6% de los votos a nivel nacional, el doble de la elección anterior, pero lejos del 7% que alcanzó en 2006. En algunos lugares, como Río de Janeiro, tuvo una performance destacada y consagró diputados nacionales. El resto de la izquierda, incluyendo al PSTU, hizo una elección marginal. El PSOL caracteriza el segundo turno como "más de veto que de voto". "Orienta a sus militantes a tomar libremente su decisión", una fórmula que tiene en cuenta que figuras destacadas y diputados electos del PSOL ya han llamado a votar por Rousseff. Interpreta que Neves implicaría un viraje hacia la derecha, pero soslaya que es la propia Dilma la que emprenderá ese giro en caso de triunfar, luego de dos décadas de política capitalista y terrateniente. En el último debate presidencial, con candidatos evangélicos en todas las listas, Luciana Genro, la candidata trotskista del PSOL, creyó oportuno declarar que "la esencia de la religión es el amor" (tweets del último debate presidencial, 4/10). Quizá hubiera sido mejor denunciar la penetración de todas las iglesias en los principales partidos. Cuando se escindió del PT, el PSOL hizo un llamado a recrear "el PT de los orígenes". Ahora llama ahora a votar al 'PT actual', gestor de los intereses capitalistas en alianza con fuerzas tan reaccionarias como el PMDB. El que no encuentra sus orígenes, veinte años después de su aparición, es el PSOL. La izquierda revolucionaria tiene el deber de denunciar el carácter capitalista y ajustador de los partidos en liza, frente a un electorado que votara con resquemor Dilma Roussef o se abstendrá.

Los municipales vienen enfrentando con paros, movilizaciones y cortes de ruta el atraso en los pagos, el vaciamiento del hospital y demás servicios producto del despilfarro del gobierno de Guacone (FpV). Los demás bloques vienen sosteniendo a un gobierno a todas luces corrupto y vaciador. Le han votado los presupuestos y ante cada crisis forman una... comisión. Luego de ocupar por tres días la Municipalidad de San Pedro contra la resolución del gobierno de descontar los días de paro, los trabajadores conquistaron el cobro. La lucha de los municipales muestra el valor de la intervención de los trabajadores. Queda planteado intervenir en esta crisis con una salida obrera. Guacone se tiene que ir. Por asambleas de trabajadores, vecinos y jóvenes que tomen en sus manos la crisis: que se abran los libros y se investigue la malversación de fondos. Juicio y castigo a los culpables del hundimiento del municipio de San Pedro.

El 12 de abril, un enfrentamiento a tiros entre los seguidores de Dainotto (secretario general de la Federación de Camioneros de Santa Fe) y los del secretario gremial del sindicato, Rubén López, dejó un muerto y cuatro heridos de bala. Un mes después, Dainotto presentaría la renuncia. El ex dirigente camionero propuso devolver 2 millones de dólares que robó para quedar en libertad. Cualquier similitud con bandas narcos para quedarse con la caja y eliminar al competidor no es coincidencia. La recesión y el ajustazo pondrán estas "guerras" por preservar las cajas en el orden del día. Mientras tanto, es vox populi que todas las empresas encuadradas en camioneros han despedido, directa e indirectamente (retiros voluntarios, jubilaciones anticipadas, etc.). En correos, varias ya plantean la venta por problemas financieros; otras, el cambio de actividad (logística) con la consiguiente tercerización de lo poco que queda de correos. En logística, con el derrumbe del consumo, "sobran" trabajadores. En la recolección, los contratados han sido despedidos, mientras que ahora van por los efectivos con legajos "sucios". La nueva concesión es un campo de pruebas para liquidar lo poco que queda de nuestro convenios y beneficios. Moyano ha renunciado a convocar a una huelga general ante este panorama en todas las actividades. Arrecian las suspensiones y los despidos, pero su meta es "unir" a toda la burocracia sindical y esperar hasta el año que viene, luego de reunirse con el ajustador Macri. El impuesto al salario está comiendo todo el aumento en paritarias. La insalubridad de nuestras tareas está haciendo estragos entre los compañeros, a punto tal que la ART de Camioneros ha convocado a los delegados para solicitarles que "hablen" con los compañeros para frenar la "andanada" de juicios que tienen. La enorme necesidad de estos compañeros es jubilarse a los 55 años, con el 82 por ciento móvil, ya que se encuentran con una incapacidad del 70 y 80 por ciento, como lo hacen los choferes de camiones. Los adicionales, comida y viáticos no están incorporados al salario. Ante estas severas incapacidades, los compañeros perciben sólo el básico.

Los trabajadores del Garrahan -enfermeros, médicos, residentes, becarios y administrativos- junto a la Comisión Interna de ATE y la Asociación de Profesionales se concentraron en las puertas del Jardín "Quiero Mimos", donde asisten los hijos de los trabajadores, y se movilizaron luego a la Dirección del Hospital cantando, con pancartas y golpeando latas de leche en polvo, para que los demás trabajadores se sumen. Se movilizaron por tercera vez y cortaron la avenida Entre Ríos para que todos se enteren de lo que sucede en el emblemático hospital. Durante el corte se denunció que la Dirección, integrada por miembros del gobierno nacional y de la Ciudad, los mismos que se llenan la boca con los beneficios de la lactancia materna y el vinculo madre-bebé, pretenden hacer perder derechos a los niños hijos de los trabajadores. Hace apenas dos años se inauguró el edificio y ya queda chico. No se realizó ninguna consulta a las maestras sobre sus necesidades ni se planificó en función de la cantidad de trabajadores que lo necesitan, que en un 80 por ciento son mujeres. También se destacó la necesidad de los trabajadores del hospital de tener el jardín en el lugar de trabajo, para concurrir rápidamente en caso necesario y, al mismo tiempo, evitar faltar por dichas cuestiones. Los trabajadores repudiaron el subsidio que les ofrecen a cambio del cierre, se oponen a que el dinero del Estado sea trasladado al ámbito privado, no quieren enviar a sus niños a instituciones privadas. Se denunció además que UPCN adquirió un inmueble a la vuelta, donde se rumorea que "justo" pondrían... un jardín. Marcelo Ramal, legislador del Frente de Izquierda, presentó una iniciativa en la Legislatura y se entrevistó con miembros del Consejo del hospital para rechazar el cierre del jardín. • ¡Abajo el ajuste! No al cierre de la sala de tres años del jardín. Derogación de la Resolución 663/14. • Que se destine el presupuesto de acuerdo a las vacantes necesarias para garantizar no sólo la Sala de 3, sino su ampliación a todos los trabajadores contratados y tercerizados del hospital. • Triplicación del Presupuesto en Salud y por la defensa de la Salud pública y gratuita

Seis semanas lleva la lucha de los trabajadores de la llamada fundación Trabajo y Solidaridad. La "fundación" es la empresa con la cual el burócrata de Atsa Eduardo Abel Ramos se ha convertido en uno de los mayores empleadores de la provincia: 570 trabajadores se encargan de la limpieza, la comida y los servicios generales de cinco de los seis principales hospitales de la ciudad. Los compañeros son, por lejos, los más explotados entre los trabajadores de la Salud. Se les paga por jornada reducida cuando la verdad es que la mayoría trabaja horas extras y deberían cobrar el básico de convenio completo (la diferencia alcanza al menos a 2.000 pesos por compañero). Las violaciones al convenio son generalizadas. El conflicto estalló, entre otras cosas, porque se acumulaban tres años sin que les dieran las vacaciones anuales, la demora en la entrega de ropa de trabajo y además denuncias porque las multas aplicadas a la empresa por incumplimiento o mala calidad de los servicios se le descuentan sistemáticamente a cada trabajador. Al momento, cuatro compañeras se encuentran encadenadas en el acceso al hospital San Bernardo, donde reclaman la reincorporación del compañero Maidana, vocero de esta lucha, y la vuelta a sus puestos originales de otras dos activistas trasladadas a modo de represalia. El tema de fondo que se ha puesto a debate es el pase a planta. El parasitismo de Ramos y sus empresas es total. Los compañeros casi no tienen herramientas de trabajo, cocinan en las instalaciones de los hospitales.... Ramos fue pilar del régimen romerista -del que recibió los primeros contratos, forzando el retiro voluntario de los que hacían esas labores como trabajadores de planta- y lo es ahora de Urtubey. Se ha vuelto millonario con las tercerizaciones y se mantiene hace 30 años a la cabeza de Atsa mediante el sistemático fraude y la proscripción de toda lista opositora. Es hoy diputado y presidente de la Comisión de Salud. Desde las bancadas del PO estamos ayudando a la organización de esta lucha y llevamos los reclamos de los trabajadores a la Legislatura. Los compañeros han elegido delegados y fundado un sindicato propio del que tramitan su inscripción gremial. La lucha es de características heroicas, porque desafía a una verdadera mafia y ha despertado la mayor simpatía de la población y de los trabajadores del hospital. Cruje otra de las patas del régimen de Romero y Urtubey. Nos empeñamos con todo para el triunfo de esta lucha y convocamos a toda la población a rodearla de solidaridad.

Luego de las 48 horas de paro del personal de aduana y de un paro de 24 con movilización a la sede Plaza de Mayo del personal impositivo y de la seguridad social, el gobierno nacional tuvo que otorgar un aumento a los trabajadores de la Afip: 22 por ciento a los aduaneros, 16 por ciento a los impositivos. El gobierno ha tenido que retroceder en no otorgar aumento este año, como lo había hecho en 2011. Sin embargo, su política estratégica de eliminar el Fondo de Jerarquización (y a través de él, reducir el salario), avanzó. Ocurre que dicho fondo está asociado a la recaudación del fisco y es independiente de la pauta salarial que fija el Estado Nacional. En esta oportunidad, para "satisfacer" el reclamo del 28,15 por ciento han tomado como aumentos a cuenta los incrementos del Fondo de los últimos diez meses (producto de la inflación que eleva la recaudación a través del IVA), de ahí el aumento de 16 por ciento para los impositivos. Para el caso de los aduaneros, el aumento es mayor. Etchegaray brindó una video-conferencia donde anticipó el acuerdo que luego rubricarían los sindicatos, pero señaló que su intención es disociar el Fondo de Jerarquización de la inflación -es decir, confirmó la intención de modificar la base de cálculo. Si el recule del gobierno no fue mayor y logró avanzar en su política contra el Fondo, fue por el papel que jugaron las conducciones de Aefip y Supara. Entre los trabajadores se advierte que la lucha daba para más: las movilizaciones, piquetes, paros en aeropuertos y agencias de atención al público, y grandes asambleas, así lo demostraron. La conducción de Supara acató sin vacilar las conciliaciones obligatorias y a último momento accedió a una conciliación "voluntaria", en nombre de la "paz social". Finalmente, levantó el plan de lucha sin consultar siquiera a los "cuerpos orgánicos", donde una mayoría de delegados ya había votado en contra. La "Mesa Directiva Nacional" de Aefip desmontó una gran movilización en agosto y llevó a acciones parciales al interior del país durante más de un mes. Ambos gremios han llevado al extremo la política de dividir a los trabajadores a pesar de tener mismo reclamo. Un nuevo capítulo se abre, porque el magro aumento es suficiente para hacer saltar de escala a los trabajadores en el pago del impuesto a las ganancias.

El trabajador Gustavo Gómez murió electrocutado mientras realizaba tareas de poda de árboles para el área de Higiene Urbana del municipio en la zona oeste del distrito. El intendente Jorge Macri, buscando deslindarse de sus responsabilidades, aseguró que los trabajadores tienen todos los elementos de trabajo y prometió los medios para la subsistencia de la familia. Desmentimos terminantemente las declaraciones de Macri. Los trabajadores municipales conocemos bien la precariedad de las condiciones de trabajo en el municipio, que llevan a que nuestros elementos de trabajo, en la mayoría de los casos, sean improvisados por los mismos trabajadores. Gómez, como muchísimos otros, estaba contratado de manera precaria desde hace cinco años cuando había ingresando bajo la gestión del anterior intendente kirchnerista. Es falso que vaya a asegurar la subsistencia de la familia, cuando el municipio paga a sus trabajadores activos salarios básicos de miseria que no llegan a 4.000 pesos, menos de un tercio de la canasta familiar. La desidia, la precarización laboral, el incumplimiento de condiciones laborales que eviten accidentes es la contrapartida de una orientación presupuestaria volcada a favorecer negociados capitalistas como el Metrobus y la especulación inmobiliaria, en desmedro de las condiciones de vida de los vecinos y trabajadores. Los municipales tenemos que salir a pelear por la provisión de elementos de protección y seguridad. Por la creación de una comisión de seguridad e higiene conformadas por representantes electos en asamblea en cada dependencia, que verifique el cumplimiento de las normas. Por el reconocimiento de las tareas insalubres que se desarrollan, por ejemplo, en hospitales y el cementerio. Por salario igual a la canasta familiar. Planteamos la creación de una comisión investigadora compuesta por familiares de la victima, trabajadores y organizaciones independientes del Estado.

El secretario de Seguridad de General Rodríguez, Daniel Evangelista, se despachó contra los paraguayos, bolivianos y peruanos: "Me tienen las pelotas llenas", bramó. Lo hizo haciendo alarde del desalojo de vecinos -instalados para enfrentar la falta de vivienda popular- en el barrio Los Troncos. En lugar de enfrentar el problema social, se aplica la represión. Y la Justifica desde la xenofobia. ¿El intendente Anghileri acompaña esta resolución? ¡No nos olvidemos que se está intentando que los vecinos de Moreno no puedan venir a atenderse al Hospital Vicente López! General Rodríguez es uno de los distritos con mayores tasas de homicidios dolosos del conurbano. Ese nivel de delito no puede funcionar sin el visto bueno del poder político y su conexión con los aparatos de seguridad. Los propios vecinos y comerciantes denunciaron esa misma semana, en una reunión sobre seguridad, la existencia de zonas liberadas. Si Evangelista se animó a declarar su xenofobia represiva es porque cabalga en la onda de los jefes de seguridad nacional, Berni, y provincial, Granados. Las declaraciones de Evangelista desataron una ola de acusaciones cruzadas entre diversos dirigentes políticos del distrito, en torno del acaparamiento ilegal de tierras. Se trata de una complicidad manifiesta en defensa de los negociados inmobiliarios, mientras se le niega a los sectores populares el derecho a una vivienda. Rechazamos la represión a nuestros hermanos extranjeros y planteamos un plan de acción y movilización por las reivindicaciones populares de salario, trabajo y vivienda.

Luego del asesinato de Mariano Ferreyra, la lucha contra la tercerización laboral cobró un impulso inusitado en numerosas ramas, fuera del ferrocarril -una onda de luchas que no se ha agotado. En contradicción con el relato oficial, que pretende eximir al kirchnerismo de cualquier responsabilidad, la reforma reciente del Código Civil ha reforzado los beneficios que la tercerización ofrece a las grandes empresas. En las horas posteriores al crimen, bajo la presión de la movilización popular, el Ministerio de Trabajo asumió compromisos que estaba decidido a incumplir. Carlos Tomada había hecho públicamente una cerrada defensa de la tercerización laboral. Cuando dos meses después del asesinato, los tercerizados cortaron las vías para exigir la concreción del pase a planta prometido por los funcionarios, desde el gobierno se urdió un monumental operativo para criminalizar a los ferroviarios y al Partido Obrero. Recordemos: mientras los tercerizados cortaban las vías en Avellaneda, las patotas de la burocracia, que todavía no había sido rozada por el proceso judicial, protagonizaban destrozos en la estación Constitución con objetivos intimidatorios muy precisos. En efecto, tres días después, desde una sede oficial y ante todos los medios de comunicación del país, la ex ministra Nilda Garré aseguraba que entre los provocadores se encontraban nada menos que diez militantes del PO. El entonces secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi radicó de inmediato la denuncia penal, según dijo por instrucción de la Presidenta de la Nación. El libreto lo había escrito Horacio Verbitsky en una columna dominical de Página/12 plagada de mentiras. Los dirigentes de la agrupación Causa Ferroviaria, en la que militaba Mariano, fueron detenidos. Los liberaron días después, ante el enorme repudio popular y la completa falta de pruebas en su contra. Sólo después de esta lucha política descomunal comenzaron a ser efectivizados por tandas los compañeros con los que se movilizaba Mariano. El 20 de enero de 2011, como corolario de este proceso, se produce el diálogo en el que Tomada aconseja a Pedraza "hacerle la cabeza" a los tercerizados. La tercerización ha sido uno de los pilares del "modelo K", porque es un recurso para precarizar las condiciones de trabajo y abaratar la mano de obra. Desconoce los convenios colectivos y produce una división entre "efectivos" y "tercerizados". La tercerización campea a sus anchas en todas las ramas de la producción, disimuladas como prestadoras de servicios. Continúa instalada con todo en el ferrocarril, enriqueciendo a los mismos empresarios que hacían negocios con Pedraza y Schiavi. Randazzo Desde la asunción de Randazzo en la gestión ferroviaria, la tercerización no hizo más que crecer. Bajo esa modalidad se realizan todas las obras de infraestructura posteriores a la masacre de Once. Están a cargo de empresas como Herso, Sogesic, Ferromel, Comsa, Copimex y otras, que son propiedad de Romero, Roggio y algunos socios menores del negocio ferroviario. Los despidos son sistemáticos. El año pasado, la Coordinadora de Tercerizados Ferroviarios empadronó a 500 trabajadores de todas estas empresas y lanzó un plan de lucha por la reincorporación de los despedidos y el pase a planta. El Ministerio de Trabajo prolongó la negociación, mientras Randazzo y las patronales despedían a los activistas y cerraban obradores para quebrar esta batalla que se extendió durante todo 2013. Randazzo nunca respondió a los pedidos de audiencia de los trabajadores. En el rubro de la tercerización, también se anotan las empresas de "seguridad". Emplean a centenares de trabajadores en la custodia de los cables de señales, dependencias, andenes y formaciones. Son propiedad de los mismos grupos económicos que "gestionan" la red. A fines del año pasado, Hunter SA, propiedad del grupo Romero, despidió a 40 trabajadores, toda su plantilla en el Roca y cerró los obradores de Herso. Hace una semana atrás, una manifestación de compañeros de Segmar SA arrancó una audiencia en el Ministerio de Trabajo para denunciar el apriete al personal para que renuncie como condición de traspaso a las empresas Mapra, Rebor y Morata, que reemplazarán a Segmar en el Mitre y el San Martín, las líneas que opera Roggio a través de Corredores Ferroviarios SA. Los compañeros exigen un compromiso de continuidad laboral, la preservación de la antigüedad y los demás derechos adquiridos, y el cobro de deudas por horas extras nunca liquidadas. En el Sarmiento, los compañeros de la ex JB, hoy CI5, siguen tercerizados aunque conquistaron un adicional que los equipara con la categoría inicial del personal ferroviario. En Ferrosur, la empresa de carga del Roca, los tercerizados de Millenium hacen tareas de banderilleros o cambistas. Quedaron afuera del pase a planta de 2011 y son compañeros con mucha antigüedad. El 20 de octubre próximo, en el cuarto aniversario del crimen de Mariano, nos movilizaremos una vez más por el juicio y castigo a todos los culpables y contra la tercerización laboral.

Tras las escandalosas denuncias publicadas por La Nación (ver PO N° 1.335), el silencio de la UBA fue atronador. El matutino difundió con lujo de detalles el funcionamiento de una red de desvío de fondos a través del otorgamiento fraudulento de subsidios del Ministerio de Industria, cuyas ramificaciones llegarían a empresas vinculadas con el secretario de Hacienda y el decano de Económicas, entre otros funcionarios de la UBA. Sin embargo, ni el rector ni sus secretarios emitieron comunicación pública al respecto. Tampoco los decanos "Carta Abierta", porque el negociado involucra por completo a Kicillof y su gobierno, a la vez que desnuda su entrelazamiento con la oligarquía profesoral, más allá de que sean radicales, peronistas o del PRO. El PO, por el contrario, inició una campaña para reclamar la formación de una comisión investigadora. Desde nuestro lugar en la mayoría estudiantil del Consejo Superior, reclamaremos su formación, integrando a las representaciones de estudiantes y trabajadores. No estamos frente a un problema "que solamente deberá resolver la Justicia". Las denuncias ponen al desnudo el rol de las "asesorías" y servicios de "consulta" que brinda la universidad como tercerizada de empresas u organismos públicos. Lejos de cualquier interés académico, priman la descomposición y los negocios que degradan y desnaturalizan a la UBA. Esa orientación social es el cemento del que está hecho, finalmente, el pacto entre el gobierno K y las camarillas profesorales para repartirse el Rectorado. Vamos por una campaña para exigir el esclarecimiento de los hechos denunciados, la apertura de todas las cuentas de "recursos propios" y el desmantelamiento de las cajas negras en la universidad. Propondremos a la Fuba y la AGD que tomen estos planteos en sus manos.

La Agrupación 20 de diciembre (UJS+Independientes) se impuso con un amplio respaldo en las elecciones de Centro de Estudiantes en el ISFD N° 111 "Dr. Mariano Moreno", de la localidad de Moreno. A pesar de ser única lista, hubo una gran participación que duplicó la cantidad de votantes de la anterior elección. Nuestra agrupación parte de una delimitación política, tanto de la dirección del colegio como de un gobierno que ajusta en la educación. Como ocurre en la mayoría de los institutos de la provincia de Buenos Aires, la ausencia de un edificio propio acota la oferta horaria (existe sólo el tuno noche) y promueve la deserción. La "zona liberada" que se vive en los alrededores, con la complicidad de la policía y la inmovilidad del gobierno municipal, coloca a los estudiantes como foco de ataques violentos y robos. Estas cuestiones fueron tomadas en nuestra plataforma. Desde la 20 de Diciembre, hoy conducción del Centro de Estudiantes (CEMMo) somos conscientes que tenemos por delante un arduo trabajo. La única manera de lograr la victoria de nuestras reivindicaciones es agrupando al conjunto del movimiento estudiantil en un órgano democrático y participativo, que elabore a través de asambleas abiertas, un plan de lucha contra el ajuste.

Desde principios de año, en el profesorado de Educación Física Federico W. Dickens, el Centro de Estudiantes se propuso un objetivo: romper con el ajuste presupuestario y la discriminación, logrando la apertura del turno noche para mujeres. Discutimos en asambleas y cursos, y lanzamos una gran juntada de firmas que incluyó a más de 600 estudiantes y docentes. La difusión por las redes sociales amplificó aún más el reclamo; además, se planteó un torneo deportivo bajo esta bandera. Finalmente, hicimos una conferencia de prensa a la cual acudieron varios medios de comunicación, estudiantes de otros institutos y docentes, y que culminó con una gran asamblea conjunta. Luego de cuatro años sin que se abra la inscripción para las mujeres en el turno vespertino, la lucha del Centro de Estudiantes logró quebrar este atropello. Queda claro que organizados en forma independiente del gobierno y las autoridades hemos logrado una enorme victoria para los estudiantes y docentes del Dickens. Tenemos planteados grandes desafíos para seguir defendiendo la educación pública. El próximo paso es organizarnos por las reformas edilicias, para lograr condiciones de cursada dignas para estudiantes y docentes, y de esta forma también garantizar la seguridad para la comunidad educativa del instituto.

En la Escuela Media Nº 2 de San Nicolás se consagró como conducción del Centro de Estudiantes la Lista de la UJS + Independientes. Siendo la única lista presentada, los directivos del colegio intentaron boicotearla, llamando a votar en blanco. La lista de los estudiantes desarrolló una campaña de clarificación política con un programa de independencia de las autoridades y gobiernos, la defensa de la educación pública y la unidad obrero-estudiantil. Así, la UJS+Independientes logró 141 votos a favor, contra los 48 en blanco de los directivos. La lista puso de manifiesto las necesidades más inmediatas del estudiantado: una fotocopiadora bajo la dirección del Centro de Estudiantes, un menú estudiantil económico, condiciones edilicias dignas, reforma estatutaria realizada por los propios estudiantes, intervenir en la campaña por el boleto educativo gratuito. La conducción de este Centro de Estudiantes plantea, como UJS, un enorme desafío, ya que debe ser un punto de partida para la formación de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios de San Nicolás, para que los estudiantes cuenten una herramienta de lucha y organización frente a la profundización del ajuste.

Del 23 al 28 de septiembre se realizó el festival "Berazategui rock", donde se presentaron alrededor de cien bandas locales, junto a reconocidos artistas nacionales. Músicos Organizados aprovechó el evento para difundir una campaña de denuncia sobre la verdadera situación de los músicos de Berazategui. Ante la ausencia de espacios para tocar, el cierre de los lugares tradicionales y la prohibición de tocar en espacios públicos, producto de ordenanzas municipales que atentan contra la expresión artística, las cientos de bandas nuevas que se forman terminan pagando para tocar en espacios privados fuera de Berazategui. Los jurados seleccionan a los artistas con criterios dudosos, amontonando bandas que terminan tocando apenas algunos minutos, algunas de ellas en horarios poco habituales para el público de rock. Los organizadores ni siquiera brindan elementos de publicidad que sirva para que cada banda difunda su convocatoria. Que el gobierno sea quien designe qué bandas tocan y cuáles no tiene un fuerte carácter proscriptivo. De las 430 bandas que actuaron en su primera edición en 2009, se pasó a 180 en 2013 y poco más de cien en 2014. Aunque la página de la intendencia anuncia la posibilidad de "permitir a los nuevos la experiencia de protagonizar un concierto con organización netamente profesional", la realidad es que la mayoría de los músicos no cobra por su trabajo. Queremos que el "Bera Rock" deje de ser una herramienta de manipulación política del gobierno de Mussi, para convertirse en un festival permanente que use todos los lugares aptos para tocar y que cobije a la totalidad de los músicos de Berazategui. Que el "back line", sonido y un cachet proporcional y móvil para los artistas, esté a cargo del municipio. Para que la selección y programación no esté sujeta a intereses prebendarios y sea definida por asambleas de músicos.

En una confusa pelea, hace un año atrás un grupo delincuentes baleó en Ezeiza al joven Gastón Gómez. El chico murió camino al hospital. Gastón tenía 16 años, estudiaba en la secundaria 305 de su barrio, era muy querido por familiares, amigos y vecinos. Tenía a cargo a su madre, quien padece de varias enfermedades. Su asesinato conmovió al barrio: se sucedieron varias movilizaciones hacia la municipalidad y la fiscalía. Finalmente, como resultado de esa lucha, en mayo de este año fue detenido Gustavo Meza, sindicado como el autor de los disparos que le quitaron la vida a Gastón. La fiscal de la causa ha dicho que el caso está resuelto, sin embargo hubo que luchar mucho para que haya algún avance. Mientras tanto, allegados de Meza realizan aprietes anónimos por las redes sociales. También la madre de Gastón ha recibido últimamente frecuentes amenazas telefónicas. Por otro lado, desde la municipalidad jamás se han acercado a brindarle apoyo o alguna solución a la familia, por ejemplo respecto de la salud de la madre de Gastón. El barrio Sol de Oro es una zona olvidada por el poder local Contrastando con esa realidad, se encuentra pegado el barrio de casaquintas El Trébol, donde la quinta de Maradona tiene un patrullero permanente en la puerta. Por todo esto, el barrio sale a pelear por justicia por Gastón Gómez, enfrentando a los poderes del Estado. El próximo paso será la movilización al cumplirse un año del crimen, el lunes 27 a las 16 horas, desde el barrio hacia el centro de Ezeiza.

Tuvimos una gran participación en los talleres de diversidad sexual, luchando contra el intento de vaciamiento del debate de parte del arco K y de la Comisión Organizadora. Impulsamos en todos los talleres el rechazo al Código Civil clerical aprobado por el gobierno nacional, que nos afecta como mujeres, LGTBI y trabajadoras. Mientras las organizaciones K defendieron este Código, basado en un pacto con el clero, justificando este retroceso de nuestros derechos con algunos artículos "progres", dejamos en claro que no son más que el queso de nuestra ratonera, ya que esta reforma en su conjunto implica un avance de la iglesia sobre nuestros derechos. Destacada en particular fue la participación de compañeras trans de Córdoba quienes se encuentran luchando por la aprobación del proyecto presentado por nuestra banca en la Legislatura por el cupo laboral trans del 3 %, para que todo organismo estatal o empresa con participación del estado tenga un cupo laboral de personal trans o travestis, teniendo en cuenta la gran problemática que viven nuestros compañero/as con una expectativa de vida de 35 años que en su mayoría se ven expulsadas a la prostitución para poder subsistir. Denunciamos el intento de diluir el debate de parte de la Comisión Organizadora, quienes intentaron censurar con gritos a nuestras compañeras cando explicaban que no podíamos separar nuestra problemática del ajuste a nivel nacional que está llevando el gobierno, como si nuestra comunidad estuviese exenta. A pesar de la mayoría K que copó el taller trans, nadie pudo desconocer (así como tampoco dar respuestas concretas) a los planteos realizados. Realizamos en Salta un gran plenario de nuestra agrupación con la participación de compañeras de Tucumán, Córdoba, Chaco, Mendoza, Misiones, Buenos Aires, para poner en pie nuestra perspectiva en todo el país.

En las elecciones bolivianas, el MAS sumó apoyos desde el gobierno de CFK hasta el centroizquierda -Unidad Popular y Marea Popular- pasando por el estalinismo y una fracción del maoísmo (el PC y el PCMLN están integrados al gobierno). Dado el apoyo abrumador que las encuestas anticipaban para Evo Morales, el voto centroizquierdista no se ha fundado en la necesidad de ‘evitar que avance la derecha’, sino en una decidida posición de principios. Nadie discute que la base económica del gobierno indigenista está formada por las grandes petroleras y mineras, y por el gran capital sojero. Esta es la caracterización insoslayable del régimen político boliviano, con total independencia del éxito mayor o menor que él mismo se atribuye en materia de ‘redistribución de ingresos’; aunque es indiscutible que la acumulación de capital se ha incrementado en forma colosal (tasa de beneficio), en un ciclo de crecimiento, relativamente en relación a la fuerza de trabajo. El éxito de la ‘redistribución’, sin embargo, es siempre episódico, en tanto no cambian las relaciones de propiedad. El gobierno mismo admite que no ha avanzado en la industrialización, en un período de ocho años de crecimiento sin precedentes de los ingresos fiscales. El centroizquierdismo de Argentina, antiguo y moderno, erige al indigenismo como equivalente a una revolución social, cuando es precisamente la revolución social lo que no ha ocurrido. No hay periódico en el mundo que no señale el pacto entre el indigenismo alteño y el hispanismo serrano del capital sojero como uno de los rasgos fundamentales de la actualidad política de Bolivia. Pacto que nace de la renuncia del MAS a implementar la reforma agraria en la nueva carta constitucional y que es acompañada por la cesión casi integral de la renta agraria al capital sojero. La izquierda La izquierda llamó al voto nulo o blanco, el cual fue totalmente marginal. Por un lado, el POR hizo campaña por el voto nulo, como lo hace desde hace 32 años -su última presentación a elecciones fue en 1985-, con el planteo de la "inviabilidad de la democracia burguesa". El caso del POR es un ejemplo inigualable del vaciamiento conceptual que puede producir el sectarismo autoproclamatorio, porque lo que distingue al momento actual de Bolivia es un fenómeno que los marxistas solamente admitieron como episódico y excepcional: un protagonismo de la masa pequeño burguesa indígena (en especial urbana), con total autonomía respecto de la clase obrera. El MAS disimula su régimen bonapartista personal con la envoltura de la ‘democracia indigenista’, que ha plasmado en el "Estado plurinacional'. Bonapartismo indio Desde Prensa Obrera fuimos señalando esta particularidad de la evolución de Bolivia desde el mismo inicio del movimiento que culminó en la insurrección de octubre de 2003. La masa pequeño burguesa indígena vive el bonapartismo indio como una democracia propia, cuya base económica son las arcas fiscales y el comercio informal. Una situación revolucionaria, en Bolivia, solamente podrá tener lugar cuando este fenómeno se haya agotado y cuando en este agotamiento participe en forma vigorosa la vanguardia de la clase obrera sobre la base de un programa. El POR, mientras tanto, sigue esperando ‘la revolución y la dictadura proletarias’ desde la hamaca paraguaya del inmovilismo. La LOR-CI (PTS) llamó al voto nulo en nombre de la reconstrucción del Instrumento Político de los Trabajadores (IPT) de la COB, que fuera echado a andar por la burocracia sindical hace dos años y que se extinguió a la velocidad del rayo. Se pretendió recrear el PT de Brasil, como herramienta electoral de los sindicatos controlados por la burocracia. El llamado ‘Instrumento Político’ fue meneado en los debates sindicales durante más de dos décadas, completamente estériles, que oponían unas fracciones a otras. La creación de un ‘instrumento’ se daba en oposición a la tradición sindical de Bolivia, que reivindicaba los programas de Pulacayo (1946) de la Federación Minera y de la COB (1970), que tenían por eje el gobierno obrero y campesino. La propuesta tuvo un avance efímero cuando una fracción conservadora se hizo cargo de la dirección de la COB. La coyuntura parecía propicia por los problemas económicos que tuvo que enfrentar el gobierno en ese momento, y por un ascenso de luchas parciales. En poco tiempo, sin embargo, el MAS sumó a la burocracia a su red de cooptación. La cuestión del partido obrero Luego de ‘fundar’ (episódicamente) el IPT, la burocracia de la COB acompañó el levantamiento de la vigorosa huelga general por las pensiones y luego fue artífice del descabezamiento de la dirección combativa de los mineros de Huanuni. El gobierno del MAS ha tendido fuertes redes de captación en la clase obrera a través de las cooperativas mineras. Se asiste en Bolivia, en definitiva, a la tentativa más profunda, en la historia del país, para marginalizar y atomizar al proletariado. La cuestión del partido obrero, en Bolivia, debe partir de esta nueva situación histórica de las masas, o sea de una crítica marxista del indigenismo, que ponga en evidencia su carácter de clase, sus limitaciones insalvables y la ficción de la ‘democracia plurinacional’.

En un escenario latinoamericano signado por el cambio de frente de la burguesía -el 26 de octubre en Brasil y Uruguay pueden ser derrotadas las coaliciones que lideran el PT y el Frente Amplio-, Evo Morales acaba de ganar holgadamente su tercer mandato como presidente. Habría obtenido el 61 por ciento de los votos, a 37 puntos del segundo -el empresario Doria Medina, de la Unidad Democrática- y ganado, por primera vez, en ocho departamentos de los nueve que tiene Bolivia. Ganó en Santa Cruz, la cabeza de la rebelión separatista de la oligarquía terrateniente siete años atrás. Varios de sus miembros se pasaron al MAS y los empresarios de la región fueron de los mayores contribuyentes a la campaña de Evo. En el mismo sentido debe apreciarse la victoria del MAS en Pando, otro de los bastiones antes opositores. Morales lideró una campaña bajo la consigna "El MAS es Bolivia", cuya base social está formada por los terratenientes del Oriente -que le reconocen haber paralizado el levantamiento agrario-, los cooperativistas mineros -contratistas de los pulpos mineros y beneficiarios de la reciente Ley Minera-, los banqueros -que obtuvieron utilidades de 212,6 millones de dólares en 2013 contra 43,6 en 2012- , los cocaleros o los transportistas. Una inmensa red de cooptación que sigue incluyendo a las dos terceras partes del movimiento campesino y a la COB. Signo de este cambio fueron las declaraciones de Daniel Sánchez, presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, en plena campaña electoral: "Hemos acordado no tocar temas políticos y separarnos de ese sector empresarial que hacía huelgas de hambre, principalmente en Santa Cruz. Queremos dedicarnos a lo que nosotros hacemos, que es empresa" (La Tercera, Chile, 10/10). ¿Qué será Bolivia? "Bolivia es y será minero", declara el mismo capo de los empresarios, asignándole a la nación una condición rentística. En Potosí, sin embargo, región minera y petrolera, Evo cayó doce puntos respecto a las presidenciales de 2009 -66 contra 78%. En 2010 hubo una huelga cívica que duró 19 días y tuvo el acompañamiento de los mineros. La oposición de derecha capitalizó el descontento y el Partido Verde, con elementos que rompieron con el MAS, obtuvo aquí una de sus mayores votaciones -4,46%. Los límites El MAS logró una mayoría clara en el Congreso -a estas horas pierde la mayoría en Diputados-, 107 representantes contra 114 en la composición actual. Este retroceso se explica por el cambio en las tendencias de votación: "un hecho que no le permitió acaparar el Legislativo fue la reducción del apoyo en el occidente" (La Razón, 13/10). El "nacionalismo indígena" ganó posiciones en el oriente, en el que domina la oligarquía, y perdió votos en el Occidente, es el caso de Potosí y del distrito de La Paz, que fue epicentro de la huelga general por las pensiones en 2013 -aquí el Partido Verde fue la sorpresa, obteniendo, provisoriamente, un diputado. Evo recorrió toda Bolivia reivindicando una supuesta "reapropiación de la renta petrolera" que encubre la acelerada depredación de reservas mineras, que no van más allá de 2022, y una economía donde el 80% de las exportaciones son materias primas. En sus dos mandatos, el gobierno del MAS enfrentó crisis severas en materia económica y política, esto como expresión de los vaivenes de la economía mundial y de la fuerte limitación de la pretendida política de redistribución de ingresos. Es lo que ocurrirá, con mayor intensidad, de aquí en más, como resultado de la caída de los precios internacionales del petróleo, el gas, los minerales y la soja.

Se puede decir que, por primera vez, en esta campaña electoral el Partido de los Trabajadores de Uruguay ha logrado ser conocido por una audiencia masiva y de alcance nacional. Los candidatos del PT han estado presentes en los medios, tanto en Montevideo como en el interior del país. Rafael Fernández (candidato presidencial) participó de los debates con los restantes candidatos -con la excepción de Tabaré Vázquez, quien no participa de los mismos. El 9 de octubre, uno de estos debates fue emitido en una cadena de todos los medios privados (canales de televisión abierta y radios), lo que permitió que muchas personas escucharan al PT por primera vez. El impacto fue inmediato, muchos compañeros se contactaron con el partido, solicitaron listas para votarlo o directamente se ofrecieron para colaborar de distintas formas. El PT ha realizado también una campaña muy intensa en las redes sociales, en particular en Facebook, donde se difunden tanto los videos de las entrevistas como videos de sus candidatos, bajo la consigna "¡El PT responde!", donde contestamos preguntas que llegan por diversos medios. En gran medida, las redes sociales han sido las responsables de la apertura del trabajo en nuevos departamentos: nos contactan compañeros de Soriano, Paysandú, Cerro Largo, Río Negro, Maldonado, quienes solicitan listas y se ofrecen para trabajar para el partido. En algunos casos, esto involucra a grupos de compañeros, como en el caso de Soriano, donde se acercaron obreros de una fábrica papelera. Presencia nacional En esta elección, el PT logró presencia en todos los departamentos y en todos los circuitos de votación. Hasta ahora, el Estado no garantizaba la presencia de las listas en las mesas de votación; para esta elección lo hará por primera vez. En la última etapa de campaña estamos recorriendo nuevos departamentos, a los que no habíamos llegado en la etapa anterior, haciendo agitaciones con volantes, un reparto masivo del programa partidario y de la Lista 1917 que identifica al partido. La campaña del Partido de los Trabajadores plantea la necesidad de preparar a la clase obrera para dar una respuesta al ajustazo que exige el FMI, el que vehiculizará el próximo gobierno -tanto si triunfa el Frente Amplio como si se impone la alianza de los partidos de la derecha "tradicional". Ha impactado en particular el alerta colocado por el PT ante los planteos de elevar la edad de retiro para las jubilaciones (que está presente en el programa del FA), así como la agitación de la cuestión salarial y de los impuestos a los sueldos. Por otra parte, el PT ha denunciado el entrelazamiento de la cúpula frenteamplista con las grandes empresas y banqueros, así como con la Embajada norteamericana, colocando la necesidad de reconstruir la izquierda sobre la base de la independencia política de la clase obrera, en oposición al frente de colaboración de clases. Esto diferencia el planteo del PT de otras variantes a la izquierda del FA (como "Unidad Popular"), que intervienen en estas elecciones y colocan consignas como "patria o entrega", o "somos izquierda, somos patria", reivindicando el "pueblo" en oposición a la clase obrera en tanto fuerza histórica independiente. La campaña del PT deja un saldo favorable para la etapa que se abre luego de la elección. Hemos ganado presencia y autoridad para impulsar un reagrupamiento de izquierda sobre la base de un programa obrero y socialista.

La epidemia de ébola, que ya ha causado más de 3.400 muertos en África occidental ha sido calificada por el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, ante la primera muerte en Estados Unidos, como "una crisis global urgente". De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos podrían elevarse a 20 mil por semana para mediados de noviembre, y el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, sus iniciales en inglés) estima que para enero puede haber 1,4 millones de casos (The Guardian, 7/10). La tasa de letalidad de la enfermedad ha superado el 50 por ciento en el brote actual. Hasta ahora, la prensa achacaba la excepcional diseminación de la enfermedad al atraso de los sistemas sanitarios de los países afectados (Sierra Leona, Guinea, Costa de Marfil, Liberia, Nigeria y Senegal), a la elevada circulación en las fronteras de dichos países, a la desidia de sus autoridades e inclusive a cuestiones culturales relativas al entierro de los muertos. Muchas de estas cuestiones están fuera de duda, como lo ilustra la huelga de los trabajadores encargados de enterrar los cadáveres de los infectados en Freetown, la capital de Sierra Leona, ante la falta de pago (Clarín, 9/10), pero omiten resaltar el problema de conjunto, el cual se ha puesto en evidencia con el primer caso de ébola autóctono en España. Primer mundo El centro de salud Carlos III, al que pertenece la enfermera infectada Teresa Romero, supo ser una prestigiosa institución en el combate de enfermedades emergentes. Sin embargo, como parte del plan de ajuste y de la crisis capitalista, las autoridades de Madrid lo fueron desmantelando. El retroceso de los sistemas sanitarios de los países 'desarrollados' y su desprecio por los trabajadores de la salud ha quedado en evidencia ante la llegada del ébola: en el caso de España, ha desatado una crisis política que podría hacer rodar la cabeza de la ministra de Salud, Ana Mato. Los enfermeros y médicos del Carlos III disponían de una indumentaria de nivel de seguridad biológica 2 para tratar a los sacerdotes españoles que habían sido repatriados después de infectarse en Africa (y que posteriormente murieron), cuando correspondía una indumentaria de nivel 4, "completamente impermeable y con respiración autónoma" (El País, 7/10). Los enfermeros fueron instruidos a las apuradas, con cursillos de entre 15 y 45 minutos, y los protocolos de atención no estaban correctamente difundidos. En el caso particular de la enfermera Teresa Romero, hubo una cadena de negligencias: a pesar de haber estado en contacto con uno de los sacerdotes infectados, cuando contrajo fiebre no fue aislada, sino que se siguió el procedimiento de rutina para estos casos; cuando informó que su fiebre superaba los 38,6 grados, no fue derivada al hospital correspondiente. Por último, su traslado al centro especializado se demoró durante horas debido a la ausencia de una ambulancia adecuada para estos casos, o sea "con la cabina del conductor físicamente separada del área de transporte del paciente" (ídem, 8/10). Al estilo de Cristina y Randazzo con los accidentes ferroviarios, las autoridades españolas intentaron encubrir la responsabilidad estatal y se insinuó inicialmente que la culpa podía provenir de errores de la propia enfermera en su contacto con el infectado. Los trabajadores del centro Carlos III y otros hospitales han desarrollado protestas ante el desamparo que sufren, y distintas asociaciones gremiales reclaman la renuncia de la ministra de Salud. Con el apoyo del PSOE, Rajoy la sostiene. El escándalo ha tenido su correlato en una caída de la Bolsa, debido al impacto que la situación producirá sobre el turismo. La enfermera infectada, habitante de un barrio modesto del cordón industrial de Madrid, atraviesa ahora la fase más crítica de la enfermedad y hay decenas de personas en observación. La enfermedad podría expandirse a otros países de Europa, ante los que Rajoy debió explicarse y asumir la gravedad del problema. A la deriva Tanto Estados Unidos como los países de la Unión Europea han resuelto tomar la temperatura en los aeropuertos y fronteras a los pasajeros que procedan de los países africanos afectados, pero existe un recelo ante lo que sería la ineficiencia de la medida. En definitiva, el imperialismo improvisa frente a la enfermedad. Santiago Mas-Coma, experto de referencia para enfermedades olvidadas de la OMS, al intentar defender a la institución de las críticas que aseguran que reaccionó tardíamente, dijo que el ébola "ha cogido desprevenido a todo el mundo" (ídem, 7/10). La enfermedad, limitada hasta ahora a poblaciones africanas pobres, nunca despertó el interés de la investigación y de la industria farmacéutica. Nada menos que la directora general de la OMS, Margaret Chan, ha planteado en términos contundentes que hoy también en Africa la muerte tiene dos varas: no hay prácticamente víctimas ricos y a los pobres se los está dejando morir. No es un evento natural inesperado lo que está en el origen de esta masacre social en Africa y su expansión hacia Europa y los Estados Unidos. Es la consecuencia de un sistema social que somete a la población sumergida de Africa a condiciones inenarrables de vida y salubridad, y de una industria que recién ahora, ante la catástrofe y la emergencia de un "mercado", quizá se lance a investigar y producir una alternativa. En lo que hace a la investigación de la enfermedad, en Estados Unidos, el ébola sólo era estudiado como potencial arma biológica. Ahora que puede abrirse un nicho de negocios, distintos laboratorios habrían acelerado sus investigaciones (GSK, Johnson & Johnson y otros). En su etapa de senilidad, el capitalismo asiste impávido al resurgimiento y expansión de todo tipo de enfermedades, sin mucho más para ofrecer que negociados. El ébola está mostrando, sin embargo, las grandes reservas para la humanidad que significan sus trabajadores de la salud y muchos de sus científicos.

Hace sólo cinco meses la agrupación Podemos irrumpía como sensación electoral en España, al obtener 1,2 millón de votos y cinco escaños en el Parlamento europeo. Las elecciones europeas son, por regla, más accesibles a las agrupaciones que se mueven en los márgenes de la política por referencia a aquéllas que disputan posiciones nacionales ejecutivas. Pablo Iglesias, el líder de Podemos, es un politólogo. Se hizo notorio desde los programas de la televisión alternativa que él mismo dirigía con la intención evidente de capitalizar el movimiento de “indignados”, el cual emergió en España hace tres años, aunque luego se diversificó en distintas acciones reivindicativas y también perdió presencia callejera. Fue un equivalente, en cierto modo, del movimiento asambleario de Argentina en 2002. A partir de sus creaciones mediáticas, Iglesias pasó a los debates televisivos por aire, donde ganó una audiencia con impacto electoral. Los líderes de Podemos provienen del PSOE y del PC. Podemos no es, a nivel europeo, completamente original. Antes que él, brilló en los medios y en las urnas el francés Olivier Besancenot, de origen trotskista. Besancenot es un buen polemista, que se valió de un pastiche programático en boga, que mezclaba los planteos de numerosos movimientos sociales sin una línea estratégica. Les dio, a mediados de la década pasada, un gran susto a los partidos tradicionales de la izquierda, del cual al final éstos salieron ilesos. Otro fenómeno, si se puede llamar así, es el del italiano Beppe Grillo, que ganó (y mantiene) entre un 20 y un 25 por ciento del electorado. Grillo tiene una cantidad enorme de seguidores en las redes, pero curiosamente prohíbe a sus dirigentes participar de programas televisivos, por temor a que pierdan la línea que él les baja. En definitiva, Podemos se inscribe en una lista de tentativas de llegar al estrellato por vía mediática -algo que también ocurre con muchas derechas chovinistas europeas. El papel de los medios masivos y de las redes sociales en la irrupción de Podemos ha sido destacado por propios y ajenos. Un analista político recuerda que, en una conferencia que dictó Iglesias ante las juventudes comunistas, en 2013, señaló que “no importan los contenidos, aún siendo positivos como en la dictadura del proletariado, si no se venden” (El País, 10/10). La utilización de esta expresión que el ‘neoliberalismo’ ha convertido en popular “no importan los contenidos... si no se venden” no es sinónimo de desarrollo de una conciencia de clase o socialista, sino del predominio de la publicidad sobre el programa. Aún más llamativo es el pasaje de la apología de la “acción directa” al electoralismo: la calle sirve de escenario para proyectarla a las redes sociales y a los estudios de televisión -de ningún modo para oponer la acción de los explotados al Estado. Para todo esto hay que pagar, sin embargo, un ‘peaje’, porque la difusión en los medios alternativos está bajo la propiedad y tutela firme de las mayores corporaciones capitalistas. No sorprende, por eso, que Podemos esté tropezando tempranamente con contradicciones políticas que, en definitiva, son insalvables. La cancha y los pingos Para sorpresa de muchos, aunque no de todos, la agrupación de Iglesias ha resuelto no presentarse en las próximas elecciones municipales. El diario El País lo interpreta, sin ser desmentido, como “temor al descontrol organizativo y para no quemar la marca Podemos” (ídem, 22/9). La decisión, no por casualidad, parece haber “provocado decepción entre las bases de la formación” (ídem), aunque responde a una lógica implacable. Un borrador de principios políticos atribuye el éxito de Podemos al “factor sorpresa ante la ciudadanía”, que ahora requiere “una estrategia bien pergeñada”. Podemos advierte que perdería la ventaja, en votos, que le ofreció la ‘sorpresa’. Hay, sin embargo, algo más importante todavía. La dirección de Podemos está convencida de que las listas municipales son propicias para el ingreso de un número elevado de candidatos -a diferencia de los pocos al Parlamento europeo. Ha advertido -como en el ejemplo citado del italiano Grillo- que esto daría cabida a toda clase de tendencias y de simples arrib istas, los que operan fuera del control del círculo dirigente. En estas condiciones, la hazaña mediática es impotente. Ante el primer desafío, luego de su ascenso electoral, Podemos se convierte en un cero electoral. No por eso, sin embargo, Podemos ha optado por el abstencionismo en el turno municipal: un instructivo convoca a los afiliados a promover candidaturas de ‘unidad ciudadana y popular’. Llama a insertar candidatos de Podemos en otros agrupamientos, particularmente en aquellos movimientos locales que también surgieron al calor de los “indignados”. Como ejemplo de estas alianzas, Iglesias menciona al grupo Ganemos, que tiene presencia en ciudades como Andalucía, Sevilla o Málaga. Ganemos se encuentra, a su vez, en avanzadas tratativas con Izquierda Unida (IU). En Andalucía, IU participa del gobierno junto al PSOE. Esto no sería obstáculo para una lista de IU con Ganemos, que podría ser apoyada por Iglesias. La omisión de las municipales, con el argumento de no perder espacios y reputación electoral, desemboca en un entrelazamiento con los ‘partidos de Estado’, a los que el mismo Iglesias ha definido como una “casta política”. El pez por la boca En relación a la cuestión catalana, Iglesias, relata La Vanguardia (5/6), “está en contra de la independencia de Cataluña, pero reivindica el derecho de catalanes y vascos a decidir su futuro en una consulta” -exactamente la posición de la gran burguesía de Cataluña. Un analista define a esta posición como “un perfecto ejercicio de marketing político, con el propósito de pescar a dos aguas” y así “evitar cuidadosamente todo problema de fondo” (El País, 10/10). Otro observador destaca “el perfil bajo pero tolerante de Podemos en la cuestión catalana y en el referéndum”, y lo caracteriza como un “producto apto” (sic) para un sector del electorado frío en materia de independencia. Podemos no pretende desarrollar un ala radical en el movimiento soberanista, sino capturar votos en los dos polos de la pugna catalana sobre la base de la ambigüedad política. Aunque se supone republicano, Podemos no intenta aprovechar el independentismo catalán para dar un golpe decisivo a la monarquía española. La independencia real de Cataluña y el País Vasco, y la conquista de la República exigen un programa y un método, así como movilizaciones revolucionarias. En un reportaje posterior a la elección de mayo, Iglesias afirmó que “este (sic) euro no sirve”, pero recalcó que “nosotros no pretendemos una vuelta al pasado, a la peseta. Planteamos que es inaceptable una moneda única que no esté controlada por instituciones democráticas” (El País, 23/5). La ‘indignación’ de Podemos (o de Iglesias) con el capitalismo es harto limitada; peseta o euro, ¿y una planificación socialista? Iglesias plantea “un default y una reestructuración de deuda”, algo que está en la carpeta de varios institutos oficiales, como alternativa a la deflación implacable que asola a la Unión Europea. Abreva en el kirchnerismo, que ha duplicado la deuda pública en una década y lleva a la quiebra al sistema jubilatorio y monetario. Sea como fuere, este ‘programa’ ha sido elucubrado por una minoría académica para que sirva de plafón a un esquema publicitario cuyo costo económico desconocemos, pero que ha desembocado en la propuesta de meter candidatos designados en otras listas para las municipales para evitar el aluvión en las propias. Asistimos a una disolución ‘temporal’.

En el Ferrocarril Sarmiento se está desarrollando una ofensiva gubernamental-burocrática contra el cuerpo de delegados, el activismo y los trabajadores. El ministro de Transporte e Interior, Randazzo, quiere hacer su campaña política presidencial mostrándose duro contra los ferroviarios. Lanzó un operativo de amedrentamiento, constituyendo una patota de "seguridad" que, uniformados, se pasean por las formaciones. Estos patovicas constituyen un cuerpo de elite a las órdenes del ministro. Una creación ilegal -al margen del convenio y los reglamentos ferroviarios- cuyo principal objetivo es el disciplinamiento de los trabajadores del riel. En eso, la ‘inversión' de Randazzo no escatima fondos: camaritas en todas partes, en las locomotoras, en los talleres, etc. (sólo faltan en los baños). Una verdadera 'revolución' del botoneo antiobrero y antisindical. No casualmente, Randazzo montó una causa de desafuero y penal contra los delegados en oportunidad del reciente paro general usando las camaritas. Al mismo tiempo, viene provocando conflictos en forma artificial, no respeta la Bolsa de Trabajo y está haciendo entrar al Sarmiento a amigos de la burocracia sindical. Por otro lado, niega los reclamos por el ticket (ganado en el Belgrano) y por el resarcimiento (que sí se aplicó en otras líneas). Contra el vaciamiento de Emfer y Tatsa Sobre la "revolución ferroviaria" de la que se jacta, se trata de la compra -y el endeudamiento con el capital chino- de una cantidad de vagones. Mientras tanto, avanza el vaciamiento de los talleres nacionales, como lo vienen denunciando los trabajadores de Emfer y Tatsa frente al vaciamiento de los Cirigliano. El PO-Frente de Trabajadores presentó un proyecto de ley para que estas empresas sean expropiadas y puestas en funcionamiento bajo gestión de sus trabajadores, para dar impulso al desarrollo de esta industria. Por otra parte, el maquillaje de los vagones nuevos no ha sido acompañado por una modernización de los sistemas de cambios ni de los de señales, lo que hace altamente precarias la seguridad del Sarmiento. Elecciones En estas condiciones la burocracia de la Verde de Sasia ha presentado lista para las elecciones del cuerpo de delegados del 11 de noviembre, removiendo a algunos de sus viejos y quemados cuadros. Una 'renovación' gatopardista, alentada por Randazzo. La Verde intenta levantar cabeza: en el reciente paro nacional alentó el carnereaje en diferentes sectores (boleterías y otras), contra la adhesión votada en asamblea general, mientras la administración K promueve nuevas jefaturas, con cooptaciones de los que carnerean y se abren de la vida sindical. El proceso de desafuero al cuerpo de delegados no tiene sustento para progresar, pero es un intento de apartar a los ferroviarios de esta dirección. Es por esto que los compañeros de la Lista Gris le hicieron a Sobrero la propuesta de conformar un frente único y una lista unitaria con la Bordó. Días más tarde, Sobrero respondió negativamente a este planteo. Habla de la unidad en todas partes, incluso con los enemigos del Frente de Izquierda, menos en el Sarmiento. Es un error. La ofensiva gubernamental-burocrática se irá profundizando. Hace falta unir a los trabajadores con un fuerte funcionamiento sindical: asambleas seccionales y por sector, retomar un plan de acción contra la carestía, por los tickets y el resarcimiento, contra los ingresos digitados al ferrocarril, por una Bolsa de Trabajo controlada por una comisión obrera electa en asamblea.

1. El proyecto de ley de hidrocarburos que presentó el gobierno nacional, que pretende aprobar velozmente en el Congreso, significa transformar el acuerdo YPF-Chevron en política petrolera nacional. 2. La ley busca alargar indefinidamente los plazos de las concesiones, mediante acuerdos y asociaciones entre YPF y las contratistas privadas. Permitirá a las empresas exigir la redefinición de las áreas y yacimientos estableciendo nuevos contratos. 3. El propósito estratégico es que las nuevas asociaciones concentren la renta petrolera entre las empresas, en perjuicio de los recursos nacionales y provinciales. 4. Los nuevos contratos seguirán el sistema de cláusulas secretas establecido con Chevron, quitándoles responsabilidad por el daño ambiental. 5. Se busca promover la explotación de los yacimientos de esquistos y pizarras (shale gas y shale oil) mediante la contaminante técnica de fractura hidráulica (fracking) y convertir a la Argentina en una plataforma exportadora de petróleo y gas en favor del capital internacional. 6. Mientras el oficialismo da tratamiento exprés a las leyes en favor de los monopolios petroleros, como ya hizo antes con Repsol, los ex trabajadores de YPF cesanteados en la privatización llevamos 23 años postergados en nuestro resarcimiento. 7. Denunciamos que esta ley bloqueará el desarrollo nacional de energías alternativas no contaminantes y de la propia industria nacional. En oposición, planteamos la nacionalización integral de la producción de hidrocarburos y en primer lugar la de YPF, con apertura de sus libros y control de los trabajadores. Convocamos a movilizar contra esta ley entreguista en oportunidad de su tratamiento en la Cámara de Diputados.

En las próximas semanas se llevarán adelante las elecciones de centros de estudiantes de la Universidad Nacional del Noreste (Unne) y de varios profesorados. La UJS se prepara para dar batalla por centros independientes y de lucha en tres facultades de la Unne y en el instituto terciario donde se cursa Trabajo social, Enfermería y Comunicación. Contra la Franja y los K La primera parada es en Exactas de la Unne, en Corrientes, donde presentamos una lista (Antídoto) contra la Franja Morada que dirige el centro. Reactivamos una agrupación para luchar por un centro independiente que lleve adelante todos los reclamos -fundamentalmente el desguace de las carreras de la facultad para adaptarlas a la Coneau. La principal batalla la tendremos en Humanidades, donde la UJS ha conformado un frente con la Cepa, que tiene la perspectiva de recuperar el centro de manos de la Franja Morada. Se presentan tres listas vinculadas con las camarillas de profesores, de sectores de la Franja y también una lista K. Entre ellas no hay diferencias de principios: todas apoyan la gestión de la rectora Veiravee, que surgió de un compromiso peronista-radical. "El Frente" plantea poner en pie el centro de estudiantes por reclamos clave, como el boleto estudiantil, terminar con los cupos del comedor y la lucha por la defensa de los planes de estudio. A nivel regional, la Cepa integra una dirección de la Funne que se encuentra paralizada, donde también participan agrupaciones kirchneristas. Los centros que dirige se encuentran adaptados a la política de la gestión y no se han movilizado por los reclamos de los estudiantes. En Arquitectura, nuestro objetivo es formar una lista para poner al centro en acción. Vamos a una campaña para superar el requisito proscriptivo de 300 avales necesarios para presentarse y fundar la UJS en la facultad. La lucha en terciarios Por último, hemos fundado nuestra agrupación en el Instituto de Trabajo Social de Corrientes. La pelea aquí es para poner en pie una lista y fundar un verdadero centro de estudiantes que funcione en base a asambleas y defienda los reclamos.

Del 29 de septiembre al 1° de octubre se realizaron las elecciones directas de la Federación Universitaria de Río Cuarto (Furc). La elección fue dominada por una polarización política entre el Espacio Independiente (MPE-kirchneristas) y Dinámica Estudiantil (ligada a un sector de las camarillas docentes); entre ambas listas se quedaron con el 85% de los votos. El Espacio Independiente, ganador de la elección, escondió todo su apoyo al gobierno nacional y basó su campaña en la implementación de un carnet de descuentos en comercios, en la promesa de un nuevo comedor universitario y mejoras edilicias que las autoridades nacionales y universitarias que ellos apoyan niegan hasta hoy. Avanza la UJS En la UNRC se presentó por primera vez una lista de izquierda: la de la UJS. Nuestra propuesta se basó en denunciar la aplicación a rajatabla de la Ley de Educación Superior, bajo un rectorado "nacional y popular", incluyendo la acreditación de carreras enteras a la Coneau. También propusimos que se responda a las necesidades más sentidas: becas para el que las necesite, aumento inmediato de la oferta de menús en el comedor, entre otras. En la Facultad de Humanas, allí donde la UJS empieza a desarrollar una posición política estratégica, tuvimos una votación cercana al 5%, superando a fuerzas que tienen años de militancia. Crecimos en términos militantes y nos preparamos para el desafío inmediato que viene: llevar al Congreso de la izquierda y el movimiento obrero una nutrida delegación de estudiantes y docentes de la UNRC.

Los días 29, 30 y 31 de octubre se realizarán las elecciones en el Ceungs. La conducción la tiene, hace dos años, el Funyp, un frente de agrupaciones kirchneristas como La Cámpora, Kolina, el Movimiento Evita, entre otros. En su mandato, ha avanzado el ajuste que golpea en la universidad de la mano del rectorado Carta Abierta que pasó de Rinesi a la nueva rectora Diker. La Ungs es una universidad que, a pesar del discurso progre de sus autoridades, expulsa a los estudiantes. Casi la mitad de los ingresantes no supera el curso de ingreso, se habilitó a la concesión privada un aumento de más del 80% del precio de los apuntes, a la vez que se recortó ampliamente el presupuesto de los viajes de estudio. A principios de año, las líneas de colectivos que otorgaban un boleto educativo dejaron de darlo. La situación de los graduados universitarios no es mejor, ya que los títulos están devaluados incluso para la misma universidad, la cual casi no toma graduados de la misma para dictar clases, lo que pone al día el reclamo de la carrera docente. Frente a este panorama, el centro de estudiantes no ha convocado una sola asamblea en todo el año, su comunicación, mediante redes sociales, se reduce a informes de cómo van las negociaciones por los reclamos. En consecuencia: pasaron todos los ajustes y atropellos. En este cuadro, existe un creciente repudio estudiantil que se pudo expresar en las votaciones de claustro, donde las listas del Frente de Izquierda (PO-PTS) y el frente de agrupaciones independientes Alud (La Mecha - La Martí, entre otros) conquistaron consejeros de instituto y sacaron juntos más votos que la conducción. En la elección en graduados, una lista conformada por el PO, La Mecha, La Martí e independientes le ganó la elección a la lista de la gestión, consagrando nuestro primer consejero superior en el claustro de graduados. Partimos de la experiencia de varias gestiones nac&pop que ilusionaron a distintas agrupaciones independientes, mientras la izquierda -particularmente la UJS-PO- las combatía. Ahora el repudio a las autoridades ajustadoras se ha generalizado. Mientras desenvolvemos una intensa agitación por el boleto educativo gratuito y su aprobación en el Senado provincial, hemos impulsado una campaña común para lograr el pronunciamiento del estudiantado por un centro en acción para quebrar el ajuste. Se trata de elaborar un programa de reivindicaciones, mientras impulsamos desde la práctica un frente de todas las agrupaciones independientes del Estado y de las autoridades que recupere el centro de estudiantes para enfrentar el ajuste.

Uno de los debates de fondo estuvo centrado en si el Fura podía ser reemplazado -mejor dicho quebrado- a favor de un frente con las corrientes que rechazaron integrarlo hace dos años atrás (IS, CS, POR). Quien operó tenazmente en ese sentido, negociando hasta último momento un armado paralelo y sin principios que fracasó, fue el frente Indigo (PSTU). Tribuna Docente defendió el Fura como frente único para defender a Aten recuperada, tarea que debemos completar recuperando seccionales que aún están en manos del yaskismo y que han sido una base de acción a favor de la lista de Quintriqueo en la elección de la CTA y que aportaron a las listas de ATE y de UPCN en la reciente elección del ISSN. La victoria de la Lista Fura, ampliando la conquista de nuevas seccionales, es todo un desafío. La disolución del Fura o su reemplazo por un frente de izquierda testimonial eran el peor camino ante el objetivo del gobierno de volver a dirigir a Aten con el TEP (Trabajadores por una Educación Popular). Por un lado y por el otro, se trataba de políticas liquidacionistas. El Fura es un paso adelante del movimiento real. Y así lo defendimos.

Luego de largas jornadas de debate entre las agrupaciones, finalmente se conformó el Fura en toda la provincia. Con el antecedente inmediato del abrumador triunfo en la elección de consejeros gremiales del ISSN (obra social y caja jubilatoria), el "cantado" paso siguiente era defender Aten recuperado. Está en juego su lucha, el método asambleario y la autonomía del poder político, lo que ha transformado al sindicato en un punto de reagrupamiento dentro de la CTA y del conjunto del movimiento obrero. El Fura se presentó en 14 seccionales, comisión directiva provincial y congresales a Ctera. Tribuna Docente integra las listas provincial, de capital, Plottier, Centenario, Chos Malal, Picún Leufú, Andacollo, Piedra del Aguila, Las Lajas y Aluminé. Aportó con la constitución completa de tres seccionales, dos de ellas hoy en manos del yaskismo (Chos Malal y Piedra del Aguila), un desafío para avanzar en la recuperación de Aten. Tendremos la responsabilidad de encabezar la seccional más numerosa y, con los casi 40 candidatos aportados en toda la provincia, defenderemos el sindicato que hemos recuperado en 2012. Pero no todas las agrupaciones estuvieron a la altura de las circunstancias. En primer lugar, la Naranja del secretario general de Aten (Daniel Huth), que defeccionó y prefirió no participar de la nueva constitución del Fura en una disputa de cargos con sus aliados de la agrupación Azul. La propia Azul, que también se retiró al inicio del debate, colocó al Fura al borde de la disolución y detrás de ellos se enfilaba el éxodo de agrupaciones, abriendo el camino para que el yaskismo recuperara Aten. Apenas iniciado el debate, y ante estas actitudes, Tribuna Docente publicó un comunicado donde denunciamos que esa política de la Naranja y la Azul era la base de un proceso de cooptación oficial, en primer lugar respecto a la victoria en el ISSN y, acto seguido, lo sería en Aten. Pero, además, un proceso de expropiación a los miles de trabajadores, que votaron en la elección del ISSN, de los lugares conquistados como Fura. Ambas, Naranja y Azul (a la cual se sumó la Ambar de Liliana Obregón) actuaron, por cuestiones de cargos, ignorando la responsabilidad que le cabe al Fura como dirección antiburocrática de uno de los sindicatos más importantes en la situación política provincial. Menos aun tuvieron en consideración sus responsabilidades ante la base de Aten, en momentos en que el gobierno impulsa una ley de educación provincial privatista y de precarización educativa y laboral. Tribuna Docente definió, desde el primer minuto, que la defensa del Fura era la tarea central y puso toda su energía militante y su intervención en el debate en ese sentido. Una y otra vez, caracterizamos el liquidacionismo como una forma de la cooptación. La defensa del Fura ha sido, en este cuadro, una victoria del clasismo y abre un campo mayor para su desarrollo. Será una batalla política de suma importancia en la provincia, ya que enfrentaremos al TEP (yaskismo) que pretende retomar las riendas del sindicato, con la colaboración de la lista divisionista de IS (Fucsia)-POR (Púrpura)-CS (Colorada). Ni bien se conoció la noticia, estallaron expresiones de alegría n los celulares docentes. Incluso un reconocimiento de otras fuerzas políticas al papel clave jugado por Tribuna Docente. ¡Vamos, a defender a Aten recuperada!

Se realizó el plenario de lanzamiento de campaña de la Lista 3 de la CTA Capital. Decenas de candidatos docentes de UTE, del subte, aeronáuticos de APA y una delegación de estatales de ATE debatieron acerca de la importancia de desenvolver esta pelea que comparte con la campaña por un Congreso del movimiento obrero y la izquierda la lucha por arrancar a los trabajadores de las manos de la burocracia. Por eso, la campaña excede largamente a los propios afiliados a los sindicatos que se integraron a la CTA-Yasky. Busca ser un punto de referencia del clasismo para los trabajadores de todos los gremios. Pianelli, secretario general de la AGTSyP, actúa del mismo modo, pero en un sentido contrario. Su actividad en el subte influye sobre corrientes de otros gremios y los empuja a su estrategia de integración al Estado capitalista y el gobierno K. Por este motivo, iremos a una campaña con ejes políticos nacionales, como nuestro rechazo a la ley de entrega petrolera y la denuncia del fracaso de la estatización trucha de Aerolíneas Argentinas. Los principales gremios involucrados, UTE y AGTSyP, cuentan con una dirección sindical kirchnerista y una patronal macrista, y han demostrado sus límites para enfrentar a la derecha en la ciudad. Los pactos legislativos de ambas fuerzas se han manifestado también en el terreno sindical con una creciente parálisis e integración de ambos sindicatos, en especial la UTE, al gobierno porteño. Además, ambas direcciones comparten la preocupación de una fuerte oposición de izquierda en ascenso y coinciden en combatirla con un vaciamiento y una mayor burocratización de sus propias organizaciones. UTE ha enterrado los plenarios de delegados y el nuevo estatuto de la AGTSyP apunta a enquistar a la directiva pianellista negando las representaciones clasistas. Las elecciones de la CTA serán un preámbulo de las que se realizarán en ambos sindicatos durante los próximos meses y, por lo tanto, apuntalarán al clasismo de cara a esas batallas. Por ello, la política abstencionista es perjudicial para el desarrollo de una vanguardia obrera en los sindicatos. Con voto unánime se conformó una mesa de campaña y de preparación del Congreso del movimiento obrero y de la izquierda compuesta por Lurdes Alfonso (UTE), candidata a secretaria general; David Carballo (AGTSyP), candidato a adjunto; Silvia Merino (UTE); Diego Gavela (AGTSyP); Sebastián Legna (UTE); Cristian Paletti (AGTSyP); Eduardo Viceiro, delegado ATE Mecon, y Alfonso Villalobos, del PO. Se resolvió una campaña por 200 fiscales, recorridas conjuntas de docentes y trabajadores de Metrovías en el subte y las escuelas, así como un acto en el edificio de Perú 2, de Aerolíneas Argentinas, y recorridas en Ezeiza y Aeroparque. Se editará una declaración especial para la Ciudad de Buenos Aires con estas conclusiones, un afiche y un spot de campaña para una gran difusión en las redes sociales.

"En la CTA nunca más va a haber fraude, nunca más va a haber disputa de aparatos, nunca más va a haber quien niegue la voluntad de las trabajadoras y trabajadores para expresarse". Estas fueron las palabras de Yasky cuando festejó el reciente contubernio establecido con la otra facción que dividió la CTA en 2010, la dirigida por Pablo Micheli. La tramoya, piloteada por el Ministerio de Trabajo de Tomada, legaliza a ambas CTA en un claro acuerdo de aparatos. Un reconocimiento brutal de la práctica que desenvolvieron juntos durante décadas, para proscribir a la izquierda y a los luchadores. Fiel a su ADN, la burocracia yaskista comenzó las "elecciones trasparentes" que anunció su jefe con un alevoso fraude: intentó proscribir sin motivo alguno la nómina de candidatos de la comisión ejecutiva de San Isidro, encabezada por los dirigentes del combativo sindicato Sutna San Fernando, y eliminó la elección al gran sindicato docente de Córdoba, la UEPC, un sindicato con 30.000 afiliados y 6.000 jubilados, negando arbitrariamente que los trabajadores de ambos gremios pudieran "expresarse". El primer caso fue una exigencia del capitoste del Sutna, Pedro Wasiejko, que pretende evitar una derrota en la fábrica Fate, cabeza de la oposición clasista que lo enfrentará en las próximas elecciones del gremio del neumático. Al cierre de esta edición, la disposición a movilizarse de parte de los trabajadores del Sutna San Fernando y del conjunto de la Lista 3 a la sede de la CTA hizo retroceder a la burocracia yaskista, que oficializó a esta lista regional. El segundo es el resultado de una lucha de aparatos al interior de la burocracia celeste de UEPC: una facción está con el gobernador De la Sota y otra con el gobierno cristinista. Temen que, en ese cuadro, se registre un avance estratégico de la oposición docente encabezada por Tribuna Docente en la provincia. Junto con este flagrante fraude, proscribieron la nómina ejecutiva de Tucumán, de Santa Fe Capital y otras más, así como 18 nóminas de congresales de la Lista 3, la de la izquierda y los luchadores. La justificación (tener incompleto alguno de sus cargos) también es completamente arbitraria, porque ese requisito no figura en la convocatoria pública a elecciones ni en el estatuto de la CTA, ni en la Ley de Asociaciones Sindicales ni en la legislación electoral nacional. La elección, además, incluye padrones inflados y manipulados, como fue siempre, sin padrón provisorio y dejando afuera a miles de trabajadores antiburocráticos de todos los gremios. Sobre la base de esa eliminación cuestiona a los compañeros que integran a la Lista 3 de Tucumán. Aunque no está en juego un resultado favorable para la burocracia, ésta teme como a la peste la consolidación del gran reagrupamiento clasista y antiburocrático que es la Lista 3, que en todo el país -con casi 1.500 candidatos- disputará voto a voto. No hay nada que se pueda recuperar de este aparato que sobrevive de los padrones inflados, la manipulación, el fraude y la prebenda gubernamental. Pero utilizaremos la campaña y la elección para impulsar un fuerte reagrupamiento clasista en todos los sindicatos que participan. La Lista 3 -que presentó lista nacional en ocho provincias y veinte listas regionales y locales- va por la defensa de los trabajadores antiburocráticos del Sutna, de los Suteba combativos, de los compañeros del Subte que enfrentan a la burocracia K de Pianelli, de los delegados y activistas aeronáuticos, de los metalúrgicos de Villa Constitución, de los judiciales que luchan por una nueva dirección. Una vez más, la abstención del PTS y de IS, los que repiten la misma actitud de adaptación que tuvieron a la burocracia "centroizquierdista" en la elección de la CTA de Micheli, atenta contra los intereses de los trabajadores que luchan por la recuperación de sus sindicatos.

"Claro que estamos preocupados, es mucha gente a la que se le termina su contrato de trabajo". El jefe de la CGT-Balcarce y secretario general de la UOM, Antonio Caló, se refirió así a la posibilidad inminente de que 3 mil metalúrgicos de Tierra del Fuego, cuyos contratos vencen el 31 de este mes, se queden sin trabajo a partir de noviembre, debido a la caída de la actividad. Se trata de operarios que trabajan en las grandes plantas de BGH, New San, Carrier y Radio Victoria, instaladas en Río Grande y en Ushuaia. Esas fábricas, productoras de equipos de aire acondicionado, trabajan estacionalmente entre febrero y octubre. Sus obreros, carentes de estabilidad, son contratados todos los años para trabajar durante ese período, pero ahora las empresas anuncian que no los contratarán para la próxima temporada o lo harán en una escala mucho menor. El desastre que se anuncia no termina ahí. Las fábricas de productos de línea blanca, que ya redujeron sus planteles de 15 mil empleados en 2013 a sólo 12 mil en 2014, prevén reducir aún más el número de sus operarios para el año que viene. Además de la recesión interna, esas empresas tienen problemas para proveerse de insumos debido a las conocidas restricciones cambiarias dispuestas por el gobierno. Entretanto, en el Gran Buenos Aires, PSA Peugeot-Citroën, en Villa Bosch, anunció que sus 1.200 trabajadores del turno tarde, también afiliados a la UOM, seguirán suspendidos por lo que resta de octubre y que posiblemente esa medida se extienda hasta fin de año. Como se ve, la situación provocada por despidos y suspensiones -con epicentro en la industria automotriz y en la metalúrgica- se ha vuelto dramática. Con la "preocupación" del burócrata oficialista no hacemos nada. Durante todos estos años, las patronales de esas industrias, como admitió la Presidenta, la juntaron en pala. Los beneficios extraordinarios que acumularon no fueron de ninguna manera compartidos con sus empleados. Sin embargo, ante el primer parate en las ventas suspenden y despiden para que los trabajadores paguen la crisis. Además, el gobierno y la burocracia defienden a las patronales, incluso con patotas y con represión policial. Resulta indispensable promover una profunda movilización para que se convierta en ley el proyecto del Frente de Izquierda que prohíbe despidos y suspensiones. Que se repartan las horas de trabajo entre todo el personal sin afectar el salario. Que se abran los libros de las empresas, para conocer sus costos y las ganancias que acumularon. Que se convoque a un paro activo de 36 horas, como primer paso de un plan de lucha para detener los despidos y suspensiones, y para defender el salario de la inflación galopante.

La gestión de Recalde firmó con la Federación de Personal Aeronáutico (Fapa) un acuerdo salarial de un 28,2 por ciento en una cuota, a partir de noviembre. De un golpe, consiguieron imponer una rebaja salarial del orden del 15 por ciento, en virtud de la inflación estimada. Pero la discusión paritaria fue el escenario para reconocer el fracaso de la estatización de Aerolíneas Argentinas, y una nueva etapa signada por la "estandarización" y la "productividad" (nada que ver con la meneada "función social y productiva de la conectividad nacional"). La amenaza de pedir el concurso preventivo de crisis si la pauta salarial superaba el porcentaje propuesto por la empresa, sirvió de excusa para que los sindicatos levantaran cualquier plan de lucha. El curso de las negociaciones posteriores demostró que la dirección de los sindicatos enrolados en la Fapa (autores de la consigna "Yo te banco") optaron por ingresar a esta nueva etapa de ajuste en cogestión con Recalde. El acuerdo había incluido una cifra no remunerativa depositada a los sindicatos, los cuales, a cambio de una "comisión administrativa", distribuirían entre los trabajadores -un novedoso mecanismo para evadir ganancias. Para compensar esas erogaciones, los sindicatos aceptaron postergar un mes el comienzo del acuerdo (a noviembre). La "comisión administrativa" para "eludir ganancias" generó un impacto en los medios y, a su turno, entre los trabajadores. Los sindicatos debieron salir rápidamente a desmentirlo. Con excepción de los pilotos, que aceptaron la modalidad establecida, tuvieron que darle un nuevo formato a la cifra no remunerativa. El mes perdido en la paritaria se mantuvo para financiar otras cifras no remunerativas. También se preservó la estratégica cláusula de paz social. Apta, que no integra la Fapa, todavía no puso la firma, pero se apresta a hacerlo (hay un petitorio de 700 firmas reclamando una asamblea general para rechazar un acta de productividad y paz social firmada en julio, que nunca fue respondido). Las extorsiones de Recalde se adelantaron a la presentación del presupuesto que indica una política de austeridad para los subsidios al transporte. Con todo, y en el marco de la crisis paritaria, el oficialismo incorporó a última hora avales por 360 millones de dólares para "financiar equipamientos". Aerolíneas sigue funcionando con un déficit operativo de dos millones de dólares diarios. Los libros de la empresa se encuentran cerrados y los últimos balances, que no se habían presentado durante años, han sido objetados en varios puntos por la auditoria de la Nación. Una línea de bandera que garantice la conectividad (y, por lo tanto, tramos no rentables) podría funcionar en el marco de una gestión única de la actividad, incorporando filones que han sido entregados y nunca recuperados como el duty free, el servicio de catering y la gestión de los aeropuertos en su conjunto (hoy paraísos del trabajo tercerizado y ganancias exorbitantes). Las amenazas de Recalde han abierto un estado de deliberación política entre los trabajadores acerca del futuro de la compañía. El Congreso del movimiento obrero y la izquierda será la oportunidad para ofrecer un balance del carácter de las estatizaciones truchas del kirchnerismo y pugnar por un salida obrera a la persistente crisis de Aerolíneas Argentinas y Austral luchando por la apertura de los libros de la empresa como forma transitoria del control obrero de la empresa y todo el sistema aerocomercial nacional.

Los trabajadores de la autopartista Valeo están de paro por 35 despidos de personal efectivo. La empresa se escuda en el procedimiento preventivo de crisis que aceptó el gobierno provincial y pretende, además, que los despidos sean con el 50 por ciento de las indemnizaciones. La asamblea rechazó la propuesta patronal de una "paz social" de cuatro meses a cambio de convertir los despidos en suspensiones. Ese camino ya fue recorrido en el conflicto anterior y terminó con 60 contratados despedidos. En un año, la empresa se desprendió de más de 100 trabajadores, casi un 40 por ciento del personal. Los trabajadores de Valeo denunciaron que la empresa rechazó contratos que estaban prácticamente cerrados con Toyota y Nissan por indicación de su casa matriz en Brasil. Ya en julio habían denunciado que la empresa (productora de ópticas) tenía ventas cerradas por varios años y había hecho inversiones en la planta para cumplir con las mismas. Quieren “limpiar” la fábrica Es evidente que la empresa acumuló stock, una parte en la propia fábrica (ahora lo están sacando), pero también fuera de ella. Lo que busca la patronal es "limpiar" la fábrica de los trabajadores que en marzo -luego de 18 días de toma- le impusieron reincorporaciones, un plus salarial y la efectivización de contratados. Es una vendetta. Luego de esa toma, la empresa, el gobierno y la Justicia lanzaron una ofensiva contra los activistas (15 de ellos están procesados) y en particular contra los delegados (dos con pedido de desafuero y uno fuera de la fábrica por orden de un fiscal). El burócrata delasotista Urbano es partícipe de esta persecución contra los delegados opositores en toda la provincia, quienes revelaron tener una fuerte incidencia en las principales fábricas. Por otra parte, Montich -la principal autopartista de la provincia, también de capitales brasileños- montó una estafa dibujando una crisis para recibir los Repro. Aquí colaboró el Ministerio de Trabajo de la Nación y la burocracia de la UOM. Los delegados denunciaron que desde junio la empresa no tiene suspensiones y que incluso hay trabajadores que hacen horas extras. Ante el reclamo de un aumento salarial de 1.000 pesos, la patronal ofreció darles el 20 por ciento del subsidio nacional (390 pesos y tres bolsones con mercadería) con el acuerdo de la UOM, que se quedaba con un 5,5 por ciento. Urbano terminó aceptando toda la denuncia en un programa de televisión, mientras mandaba cartas documento a los delegados y amenazaba con desaforarlos y expulsarlos del gremio para facilitar sus despidos. Exigimos la inmediata reincorporación de los 35 despedidos de Valeo y la apertura de los libros de contabilidad de la empresa. La situación plantea el paro general de la UOM, un plan de lucha y la convocatoria a un congreso de delegados con mandatos de asambleas en todos los establecimientos.

-¿Qué te parece la convocatoria al Congreso de la izquierda y el movimiento obrero en el Luna Park? -Me parece muy positivo, quiero manifestar mi adhesión al mismo, es muy importante que los trabajadores tengamos nuestro espacio, que podamos expresar nuestras necesidades y reclamos; se van a evidenciar las luchas que damos diariamente en cada rincón del país. Es un espacio para canalizar nuestras demandas y darles una salida política. -Participaste de dos asambleas hacia el Congreso, tanto en Perito Moreno como en Las Heras. ¿Qué resolvieron? -Impulsar la movilización por la problemática del agua, el vaciamiento de la salud y la defensa de la educación pública entre otras. La lucha por lo recursos naturales frente al embate minero y el fracking de la petroleras es crucial en el noroeste provincial. Votamos impulsar un festival para recaudar los fondos necesarios para asegurar el viaje de los compañeros que deberán recorrer hasta 2.500 kilómetros para llegar al Luna Park.

Entre los días 11 y 12 de octubre se desarrollaron sendas asambleas en Las Heras y Caleta Olivia. Allí se congregaron trabajadores petroleros, de la construcción, docentes, estatales, municipales, trabajadores desocupados, ambientalistas, jóvenes estudiantes, artistas y representantes de la lucha por el agua. Discutimos sobre los alcances para nuestra zona de la ley de hidrocarburos que impulsa el gobierno: se trata de una nueva entrega petrolera a los pulpos internacionales por parte del kirchnerismo en sociedad con Peralta y el acuerdo de todo el arco opositor. Significará para el conjunto de los trabajadores un nuevo golpe a las condiciones de vida, mediante tarifazos y mayor inflación. Los compañeros denunciaron desocupación creciente y la sostenida tercerización que afecta a muchos trabajadores petroleros encuadrados en convenio de construcción y el impuesto al salario que carcome sus ingresos. Estos dos reclamos han sido motivos de grandes luchas obreras en la zona. Alertamos sobre la rápida burocratización de la conducción de Vidal al frente del sindicato petrolero. No sólo abandonó a sus compañeros de Comisión Directiva cuando fueron presos, sino que se alineó con Peralta y La Cámpora, ambos responsables de la "Intervención" y de la nueva ley de "entrega" de hidrocarburos. Se votaron resoluciones para reclamar por la Libertad de los presos de ATE en Río Gallegos, la absolución a los trabajadores de Las Heras condenados a perpetua, y por el desprocesamiento de Norma Villamayor y los compañeros del Polo Obrero, de los padres y docentes acusados por las huelgas de 2011, comprometiendo esfuerzo en estas campañas en defensa del derecho a luchar. Acordamos en que las posiciones ganadas por la izquierda en el terreno parlamentario han permitido amplificar y reforzar la lucha por el agua, especialmente después de la reciente audiencia pública, llamamos al conjunto de los trabajadores y pobladores de la región a impulsar una campaña por la aprobación de este proyecto de ley y la construcción de un acueducto que lleve agua en calidad y cantidad a toda la zona norte. Vamos con todo al paro provincial convocado por la CTA para el 15 por la reapertura de paritarias y aumento salarial, contra la tercerización y precarización laboral en el Estado, para recuperar la obra social y la defensa del régimen jubilatorio de los estatales. Llamamos a sumarse a nuestras filas a los sectores populares que luchan por la defensa del medio ambiente, por la escuela pública, contra el vaciamiento de los hospitales, por el boleto estudiantil, contra la trata y el narcotráfico; por espacios culturales-deportivos; nos dirigimos especialmente a la juventud que liga su destino histórico al de la clase obrera. Ratificamos en la Mesa Coordinadora regional a los compañeros Gastón Castro, secretario general Adosac Perito Moreno; José Maidana, delegado petrolero; Alejandro Lugo, delegado coordinador Sitraic; Alejandro Martínez, integrante ONG Sos Agua; Tiago Monti y Lucas Bruke, estudiantes secundarios Caleta Olivia; Norma Villamayor y Lía Santillán, Agrupación Lista Violeta ATE; Celeste González, delegada Fundación Olivia; Pablo Robles, delegado municipal Soem Caleta Olivia; Alvaro Santana, cantante del grupo "Alma de Mane"; Sebastián Moyano, músico, Movimiento Ambiental Los Antiguos; Omar Latini, congresal nacional CTA; Alberto Luciani, abogado defensor de la causa Sayago, Trabajadores Petroleros de Las Heras; Osvaldo Giménez, Coordinadora Nacional ex Ypefianos; José Ayala, locutor FM 89.1 de Las Heras. En ese rumbo vamos con todo al Congreso del movimiento obrero y la izquierda.

Más de 60 jóvenes participaron de la segunda asamblea que la UJS de La Plata convocó de cara al Congreso del movimiento obrero y la izquierda. El debate estuvo atravesado por los desafíos que se presentan para el movimiento estudiantil platense en el cuadro de la crisis política nacional y la bancarrota económica. El dato saliente fue el progreso de la campaña contra la precarización laboral en la UNLP, que habíamos votado en la primera asamblea. La preparación de la movilización al Consejo Superior ha servido para reimpulsar el movimiento de docentes ad honorem de Bellas Artes y para organizar un cuerpo de estudiantes trabajadores de los servicios de distintas facultades. Elecciones universitarias Otro punto importante fue el de la lucha política hacia las elecciones estudiantiles de principios de noviembre. Las mismas serán el campo de batalla entre las fuerzas que responden al Rectorado, el gobierno y los partidos patronales, de un lado, y las fuerzas de izquierda, por el otro. La continuidad de la política de vaciamiento de las carreras y de asociación con el gran capital requiere para la camarilla universitaria maniatar a las organizaciones estudiantiles. Por eso, destinan enormes recursos a la disputa de los centros conducidos por la izquierda. La adaptación política de La Mella-Patria Grande a las autoridades universitarias -y sus coqueteos con el kirchnerismo- sumió en la parálisis a la Federación y los centros que preside, pavimentando el camino a los K que buscan ganar en Humanidades y Bellas Artes. La Franja Morada y los decanatos apuestan sus fichas en Arquitectura y el Observatorio, ambos independientes y combativos. Se resolvió redactar una declaración que clarifique lo que está en juego, planteando la necesidad de impulsar frentes únicos por la independencia política de los centros de estudiantes, partiendo de la elaboración de un programa reivindicativo contra la privatización y la precarización. Para combatir el ajuste del gobierno y el Rectorado, hay que recuperar la capacidad de organización y movilización de los centros. Con esta política buscamos dar la pelea en una decena de facultades. También se resolvió la realización de un gran festival y jornada cultural a cuatro años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, un emblema de la lucha socialista de la juventud.

En el cordón industrial del sur de Santa Fe se formó una mesa regional con importantes referentes gremiales de la zona. La mesa abordó los problemas políticos del movimiento obrero. Sobre esta base, elaboró una declaración para debatir con importantes luchadores y activistas gremiales. Los paros y las luchas en los últimos meses demostraron las energías acumuladas de los trabajadores del cordón industrial. Se ha producido una deliberación con asambleas y plenarios de importantes sindicatos en el proceso previo y posterior al último paro nacional. Papelera Andino Las reivindicaciones en los lugares de trabajo están al rojo vivo. En primer lugar, contra el cierre de Papelera Andino, que dejó a cien familias en la calle y donde tanto el gobierno nacional como el provincial actúan como verdaderos verdugos. Vamos por la defensa incondicional de los puestos de trabajo y la expropiación de Andino bajo control de sus trabajadores. Una delegación de la Coordinadora Sindical Clasista se reunió con ellos, llevando la propuesta de realizar una audiencia pública en el Congreso y la presentación de un proyecto de expropiación sin pago de Papelera Andino bajo gestión obrera. Tercerización y contratos basura La tercerización y contratación precaria están completamente generalizadas. El Estado es el primero que se anota en ello, como lo demuestra la mitad de contratados en la planta de Fabricaciones Militares de Fray Luis Beltrán. El plus salarial del convenio Copa -donde el salario básico es de 10.500 pesos- es utilizado como moneda de cambio por parte de las grandes agroexportadoras e industrias para sostener un régimen de superexplotación. La cosecha gruesa se ha cobrado 14 muertes obreras en cinco años, bajo la abierta complicidad del Ejecutivo provincial del Frente Progresista y los gobiernos municipales. El trabajo en negro también es una constante en la construcción. La mesa rescató la tarea de la bancada del Frente de Izquierda en Bermúdez, a cargo de Jorgelina Signa, como herramienta de la lucha contra el trabajo en negro. Impuesto al salario La lucha contra el impuesto al salario generó debates y asambleas en distintas comisiones internas. Soepu (petroquímicos) y Acindar lanzarán un plan de lucha. Las reivindicaciones planteadas requieren de una respuesta de conjunto de todo el movimiento obrero de la zona, en términos de deliberación y plan de lucha. Las dos CGT que actúan en el Cordón Industrial se niegan a ello, con medidas aisladas y sin la menor deliberación obrera. En función de esto, la mesa resolvió una campaña por un plenario de delegados de base de todos los trabajadores del cordón, por un plan de lucha de conjunto. La mesa elaboró un llamamiento y se resolvió discutir la adhesión de numerosos activistas y dirigentes de la construcción, municipales, de la alimentación, del peaje, petroquímicos, aceiteros, portuarios, metalúrgicos, Amsafe Rosario, el cuerpo de delegados de San Lorenzo, en Fabricaciones Militares, en el Pami y químicos. También se resolvió la formación de un comité de apoyo a la lista clasista frente a las elecciones de la CTA Yasky, que abarque de Villa Constitución hasta San Lorenzo. Por último, decidió impulsar una asamblea general de todo el cordón para deliberar colectivamente y votar los delegados para el Congreso del movimiento obrero y la izquierda.

Con la presencia de casi 2.000 personas, entre las que se acercaron mujeres invitadas en los propios talleres, docentes, madres que luchan contra los abusadores de sus hijas, víctimas de la impunidad del Estado, realizamos un acto que contó con importantes oradores. En primer lugar invitamos a Alberto Lebbos a dirigir unas palabras, quien estuvo presente en Salta para dar su apoyo a las mujeres concurrentes al Encuentro. Lebbos destacó la militancia de quienes integran la Comisión de Familiares contra la Impunidad de Tucumán. También agradeció el apoyo permanente del PO y destacó a las mujeres militantes que estuvieron a la vanguardia de ese apoyo, y con quienes la Comisión concurre a los encuentros nacionales de mujeres desde hace años. En el mismo sentido se expresó Ana Fernández, mamá de una joven asesinada en Salta, quien todavía hoy busca justicia. Luego intervinieron dos trabajadoras del Hospital San Bernardo de Salta, quienes están tercerizadas a manos de un burócrata sindical de Atsa y diputado urtubeísta, Eduardo Ramos. Las compañeras concurrieron con las cadenas con las cuales están haciendo una medida de protesta en las puertas del hospital reclamando el pase a planta. Luego, Romina del Plá explicó la enorme batalla que tienen por delante las docentes en la lucha por el salario y las condiciones de trabajo, reivindicando las grandes luchas de este año. También destacó el rol que cumple Tribuna Docente, corriente que hoy se encuentra dando batalla contra la lista de Yasky y Baradel en la CTA. Desde el palco, la secretaria general de Suteba Matanza saludó la batalla por la realización de un gran Congreso del movimiento obrero y de la izquierda en el Luna Park. A continuación subieron al escenario Claudio del Plá, diputado provincial y dirigente del PO salteño, y Gabriela Cerrano, senadora por Salta capital, candidatos a Gobernador y vice respectivamente, para las elecciones adelantadas, cuyas primarias se realizarán en abril. Gabriela hizo referencia a la lucha del PO por los derechos de las mujeres y nuestra lucha contra el gobierno de Urtubey. Claudio del Plá describió el cuadro general provincial, las luchas parlamentarias del PO ante la crisis por los desmontes y la ley de hidrocarburos. Vanina Biasi, dirigente nacional del PO y del Plenario de Trabajadoras, enmarcó la lucha de la mujer en el cuadro político actual y desnudó las políticas del gobierno kirchnerista.

Alrededor de 15 mil mujeres se dieron cita en la provincia de Salta debatiendo en talleres con 62 temáticas diferentes. Mujeres de todo el país, en su abrumadora mayoría trabajadoras, con una delegación del Plenario de Mujeres que llegó a concentrar a 1.800 mujeres en las diferentes instancias de participación -la mayor representación de una organización única. La presencia de las docentes en el Encuentro fue significativa, abriendo veinte comisiones de trabajo. Tribuna Docente fue la corriente docente que se destacó como corriente nacional, dando batalla a la conducción docente yaskista, con decenas de candidatas de la Lista 3. Un importante grupo de enfermeras de la Ciudad de Buenos Aires que están batallando por la jornada laboral de seis horas -proyecto presentado por el diputado Ramal del Frente de Izquierda- fue el centro de atención de las trabajadoras de la Salud. Junto a la delegación del Plenario de Trabajadoras estuvieron presentes y compartieron el palco de nuestro acto central y la cabecera de la movilización, las trabajadoras víctimas de la tercerización en el Hospital San Bernardo, explotadas por el burócrata sindical y diputado oficialista Ramos, quienes están en protesta encadenadas frente al hospital. Las comisiones contra la impunidad de Salta y de Jujuy formaron parte también del Encuentro. Discutieron iniciativas hacia el próximo 10 de diciembre y marcharon encabezando la columna del Plenario de Trabajadoras. Alberto Lebbos viajó a Salta para dar un saludo a todas las presentes algo que hizo durante la marcha. Intervino en el acto convocado por el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero, reconociendo particularmente a la mayoría de mujeres que integran los movimientos contra la impunidad. Mujeres de la comunidad wichi y qom concurrieron también como parte de la delegación de Formosa. De la provincia de Buenos Aires y Capital, cientos de compañeras de cooperativas de trabajo, estudiantes y trabajadoras debieron comenzar a batallar por llegar al Encuentro desde la salida, ya que fuimos víctimas de una estafa con varios micros, algo que padecieron diferentes organizaciones. Las salteñas se trasladaron desde el interior, destacándose las docentes de Orán entre otras. Las diputadas y concejales del PO estuvieron a la cabeza de la organización de las delegaciones. Durante y en los días previos, varias dirigentes del PO hicieron una campaña en los medios y aunque la voluntad proscriptiva contra el PO fue bastante marcada, Cintia Frencia, diputada de Córdoba, Gabriela Jorge, diputada por Salta, Gabriela Cerrano, senadora por Salta capital y Vanina Biasi estuvieron en varias radios y programas televisivos. El día viernes en el principal diario local se informaba que comenzaba a naufragar nuevamente el intento de armar una "zona roja", medida que contó con la oposición de varias organizaciones trans y del PO. En el Encuentro hubo unas 4.000 mujeres llevadas desde la constelación de organizaciones detrás de las cuales se oculta el PCR, incluidas las numerosas cooperativas de trabajo que regentean; 500 de Patria Grande, 200 de Mumala, 800 del PTS y 600 del MST. Más de 15 organizaciones que se referencian en el kirchnerismo, entre las cuales se encuentra Miles, Movimiento Evita, Kolina y Nuevo Encuentro, juntaron unas 2 mil mujeres; sectores de IS, CTA, UCR, PS, FPDS, organizaciones feministas de diferentes puntos del país, representantes de sindicatos y otros sectores tuvieron presencias más pequeñas, numéricamente hablando. Hubo en total no más de 15 mil mujeres, que aunque es mucho está muy lejos de las 40 mil anunciadas por el PCR desde sus voceras en la Comisión Organizadora. El debate se desarrolló de forma amplia, sin embargo, la atomización del movimiento de mujeres se hizo sentir: mientras que las corrientes antigubernamentales eran mayoría no lograron coordinar una acción común contra el gobierno, sus políticas y el ajuste en marcha. El copamiento K en algunos talleres podía ser fácilmente evitado con la unidad de acción. No obstante esto, las expresiones contra el Código Civil reaccionario, el ajuste y la denuncia a la responsabilidad estatal sobre la violencia hacia la mujer fueron claramente mayoritarias. Como también lo fue el reclamo de que se apruebe el aborto legal. La delegación del Plenario realizó un acto central en el que hablaron Alberto Lebbos, Claudia y Susana, tercerizadas del Hospital San Bernardo, Romina del Plá, Gabriela Cerrano, Claudio del Plá y Vanina Biasi. El día domingo realizamos una charla para las docentes en el Centro Argentino en la que hablaron Anabella Allochis, Lourdes Alfonso y Romina del Plá. Ante las mujeres en los talleres, colocamos el proyecto de ley presentado en Salta para reformar la Constitución y que las mujeres elijan jueces y fiscales que deban atender casos de violencia hacia la mujer, también propusimos poner en pie una gran movilización en todo el país el 25 de noviembre en el Día Contra la Violencia hacia la Mujer denunciando al gobierno por su complicidad. Juntamos firmas contra el Código Civil y por el tratamiento del aborto legal, colocamos ampliamente el boletín Trabajadoras y la Prensa Obrera e impulsamos en los talleres la convocatoria al Congreso del movimiento obrero y la izquierda a realizarse en el Luna Park el 8 de noviembre. El PO, junto al MST y el PTS propusieron a la Capital como sede del XXX Encuentro Nacional, sin embargo, aunque esta moción salió aprobada por votación o consenso en varios talleres, terminó primando la propuesta oficial de que fuera Mar del Plata con el método del "aplausómetro". La alocución para proponer la sede sirve como termómetro de la composición de la delegación fomentada por el PCR o sus aliados, de consenso con la Iglesia. Cientos de mujeres se acercaron a nuestras filas escuchando nuestras propuestas programáticas y las críticas políticas y metodológicas a quienes dirigen la Comisión Organizadora. Ahora tenemos por delante la enorme tarea de colaborar por la unidad del movimiento de mujeres en la acción común por los derechos de las mujeres.

La Comisión Organizadora del Encuentro fue escenario de una aguda disputa política. Las mujeres del PCR junto con kirchneristas de toda laya y funcionarias del gobierno provincial y municipal conformaron un verdadero bloque, al que, según las circunstancias, se sumaron las mujeres del MST y de Patria Grande. Fueron a fondo en una orientación de estrechar vínculos con el Estado y la Iglesia católica. Desde la primera reunión, este bloque se colocó en una línea de conciliación con nuestros verdugos, en nombre del "financiamiento para el ENM". Rápidamente salieron volantes firmados por quienes habilitaron los prostíbulos allanados el año pasado -la Municipalidad de Salta- y declaraciones de agradecimiento por la "buena voluntad de los gobiernos", por parte de las propias organizadoras. Pero el desbarranque fue mayor a la hora de discutir el documento de apertura y el recorrido de la marcha. Se negaron a delimitar las responsabilidades del Estado y su personal, embelleciendo incluso las medidas tomadas por el gobierno nacional. En el caso de la trata de personas, por ejemplo, terminaron ocultando que la ley de trata K no ha sido capaz de desmantelar una sola red, absolviendo a un Estado que mantiene el blanqueo de capitales y que sostiene una complicidad de estas redes, de las cuales se sirve. Estuvo ausente también un señalamiento de rechazo a las políticas de ajuste que el gobierno intenta descargar sobre nuestras espaldas, por medio de tarifazos, despidos y suspensiones. Por último, en la Salta tutelada por el clero, rechazaron reivindicar la separación de la Iglesia y el Estado. La tradicional marcha fue la consumación de esta política de entrega. No sólo se negaron a pasar por la Catedral sino hasta incluso por los centros políticos, la plaza central y la Legislatura, tal como lo exigían Isa, Urtubey y el Obispado. Ante todos estos escenarios, desde el Plenario de Trabajadoras contrapusimos una política de independencia del Estado, señalando las responsabilidades políticas en el crecimiento de la situación de violencia hacia la mujer y defendimos un carácter verdaderamente democrático, laico y de lucha para el Encuentro. A todo esto, el bloque entreguista planteó una política de persecución, de macartismo y de expulsión de quienes no aceptaban su orientación. El PCR ha dejado en claro hasta dónde está dispuesto a llegar para defender sus vínculos con los sectores más oscurantistas y reaccionarios que tutelan sobre la Justicia, la salud y la educación, y con un gobierno que ha dejado en la máxima de las desprotecciones a las mujeres. En este cuadro, referentes de la lucha contra la impunidad, como Ana Fernández, sectores de docentes, intelectuales y artistas, luchadoras por los derechos de las mujeres, como las integrantes de la Campaña nacional por la legalización del aborto o las Católicas por el derecho a decidir, quedaron en los hechos afuera. Entendiendo el enorme desafío en una Salta señalada como clerical es que con ellas, junto a miembros de HIJOS y con un ala kirchnerista combativa, conformamos una Mesa laica, que sacó numerosos pronunciamientos que reclaman un Estado laico en todas sus vertientes. A su vez, esta política expulsiva fue claramente en detrimento del propio Encuentro. Así lo manifiestan delegaciones enteras, recorriendo de una punta a la otra la ciudad para conseguir alojamiento, las sedes de los talleres o materiales que han llegado sobre la hora. Pusieron en riesgo lo que reivindican como "el corazón y el espíritu" de los encuentros, que es el debate en los talleres. Sin embargo, este copamiento reaccionario sobre la Comisión y el Encuentro no pudo evitar, ni en los talleres ni en la marcha, que el Encuentro se convirtiera en una movilización política fundamentalmente antigubernamental y anticlerical.

El núcleo de enfermeras de hospitales públicos y de sanatorios privados que formó parte de la delegación del Plenario de Trabajadoras no sólo se destacó por su número, también lo hizo por su combatividad y la firmeza de sus planteos. Participaron enfermeras de la maternidad Sardá, del Hospital Tornú y del Gutiérrez, por el lado de las municipales, y del Centro Gallego, el Hospital Italiano, sanatorios Franchín y Güemes por la sanidad. En las cuatro comisiones de salud plantaron la bandera de la jornada de seis horas por insalubridad para enfermería, un salario inicial de 11.000 pesos y la jubilación a los 55 años, promoviendo que el proyecto que presentó la bancada del PO-Frente de Izquierda en la Legislatura porteña se replique en el resto del país. La propuesta fue muy bien recibida, se distribuyeron un centenar de proyectos de ley y varias delegaciones de ATE presentes pidieron copias para impulsarlo en hospitales del interior, como Neuquén y Mar del Plata. Las médicas presentes en los talleres pidieron que se elabore un nuevo proyecto que también las incluya. Las denuncias en las comisiones de la crisis sanitaria y el vaciamiento de la salud pública por la falta de personal e insumos, y los riesgos que corren los trabajadores en contacto con enfermedades sin la debida protección sanitaria, demolieron los argumentos de los elementos kirchneristas, los cuales se dedicaron a atacar a las enfermeras acusándolas de no tener vocación profesional, por pretender una jornada más corta. Con este argumento patronal también atacaron el uso de las licencias psiquiátricas, por lesiones o por maternidad; en la línea del gobierno nacional de ilegalizar las demandas obreras declarando los servicios públicos como esenciales. Un grupo de asistentes de salud de Buenos Aires denunció que se realizan campañas de prevención de enfermedades sexuales en hospitales y escuelas sin profilácticos, de los cuales también carecen los hospitales y centros médicos. Ya perdido el debate, un grupo de la JP y del Movimiento Evita comenzó a golpear puertas, patear bancos y gritarle a las compañeras, que se mantuvieron firmes en sus planteos. Las enfermeras batallaron para que entre las resoluciones estuvieran la demanda de las seis horas, más presupuesto para salud, apoyo a la lucha de las trabajadoras tercerizadas del Hospital Baigorria, que se encuentran encadenadas frente al hospital, y el rechazo a la reforma reaccionaria del Código Civil. Además, invitaron a todas las trabajadoras de la salud a participar del Congreso del movimiento obrero y de la izquierda. El domingo, las enfermeras marcharon con pecheras por las seis horas y votaron una jornada en los hospitales Gutiérrez y Fernández para colectivizar esta valiosa experiencia política.

La intervención del Plenario de Trabajadoras en el Encuentro tuvo un punto alto en los talleres sobre femicidios. Junto a Ana Fernández, madre de Cintia Fernández, asesinada por un policía miembro de la división de trata de personas en 2010; también participaron la madre y hermanas de Abigail Antelo, de 16 años, asesinada este año en la frontera de Salvador Mazza y cuyo cuerpo fuera arrojado en territorio boliviano. El crimen de Evelia Murillo -maestra que fue asesinada por defender a una niña de un violador- estuvo presente en todos los debates, porque las mujeres se sintieron identificadas con ella, en tanto trabajadora y luchadora. La inacción del Estado es un denominador común en todo el país. No se ponen los recursos para la asistencia o se entregan subsidios miserables, tampoco hay presupuestos asignados para los refugios, el fracaso del botón antipático como medida de auxilio es completo. Muchas mujeres han sido asesinadas por sus parejas o ex parejas, cuestión que se agrava por el carácter conservador y misógino de la Justicia a la hora de condenar a los violentos. En los debates, se condenó al régimen político que sostiene la opresión de la mujer. También se debatió el rechazo al Código Civil y se colocó el repudio y el pedido de derogación en las conclusiones. La ministra de Justicia, Pamela Calleti, había anunciado que participaría en el Encuentro "como mujer". Pero ni se atrevió a poner un pie en la escuela: reculó al ver que había fracasado la intentona del gobernador Urtubey de "venderle" al Encuentro los anuncios publicitarios colocados en toda la ciudad, propagandizando la supuesta emergencia del gobierno a raíz de la violencia de género. En estos talleres, presentamos el proyecto de ley para habilitar la elección de jueces y fiscales en violencia de género por el voto de las mujeres. El planteo tuvo una amplia aceptación, y algunas mujeres plantearon impulsarlo en sus provincias. Esta simpatía encaja con toda la experiencia recorrida por las organizaciones de mujeres, que lograron imponer medidas transitorias como los refugios y el acompañamiento. Pero donde, al fin de cuentas, son las propias mujeres las que auxilian a las víctimas, mientras el Estado naturaliza la violencia con fallos absolutorios. Los debates sobre la violencia a la mujer atravesaron todo el Encuentro nacional. Por unanimidad, resolvimos movilizarnos el 25 de noviembre a Plaza de Mayo y en todas las plazas del país. Fortalecidas, las madres de las víctimas salieron de los talleres para participar de la marcha multitudinaria que recorrió la ciudad, entrando al casco histórico y a la plaza, donde todos los viernes se marcha contra la impunidad.

El XXIX Encuentro Nacional de la Mujer no sólo fue una extraordinaria movilización de salteñas y de mujeres de todo el país. Constituyó, por sobre todas las cosas, una tenaz lucha política que comenzó mucho antes del Encuentro. Desde hace meses, los Urtubey, los Romero y los Olmedo, junto con el Obispado salteño, desarrollaron una política permanente de provocaciones, con el propósito de aislar sus deliberaciones del conjunto de la población y de la mujer salteña. Esta política fracasó miserablemente, en primer lugar porque la crisis en torno de una de las principales reivindicaciones de la mujer -la lucha contra la violencia de género- le estalló en las barbas a Urtubey. Meses atrás, la seguidilla de asesinatos de mujeres obligó al gobierno a declarar una inocua “emergencia” de género, la cual deja la investigación y juzgamiento de los crímenes en manos del mismo régimen que ampara a los violentos. Pero, en las vísperas del Encuentro, Salta fue conmovida por otro asesinato, el de la maestra Carmen Murillo. Ante esta realidad, Urtubey “recibió” a las visitantes de Salta con una profusa campaña mural publicitando su “emergencia”. Después del fracaso de sus provocaciones, el gobierno pretendía embanderarse con las reivindicaciones de las mujeres. Le correspondió al Plenario de Trabajadoras y, en particular a su representación salteña, desenmascarlo. Nuestras parlamentarias expusieron su proyecto para que los jueces y fiscales en crímenes de género resulten votados por las mujeres, lo que recibió una amplia aceptación en los talleres. Al mismo tiempo, y junto con las compañeras que se movilizan contra la impunidad, denunciamos la complicidad y desidia del Estado en todos estos crímenes. En los talleres se hicieron presentes mujeres salteñas que vinieron “por la propia”, todo un síntoma político. Derrota oficial Esta misma batalla se libró con el kirchnerismo a escala de todo el Encuentro. Con un gran despliegue de aparato, el intento de las organizaciones kirchneristas por copar el ENM fue evidente. Pero el fracaso de esta tentativa fue político, porque las representantes K no pudieron defender su política en los talleres. La denuncia del Código Civil clerical no logró ser rebatida por las militantes oficialistas. En un extremo, una de ellas pidió que cesáramos de criticar el artículo 19 -que plantea la vida “desde la concepción”- para “no ser funcionales a la derecha”. Naturalmente, nuestras compañeras le reclamaron que dejaran de defender el código reaccionario, así dejaban de ser funcionales a la Iglesia. Allí donde se debatió el derecho al aborto legal y gratuito, el oficialismo no pudo defender la alineación del gobierno con el Vaticano. En este cuadro, el principal blindaje que protegió al gobierno y al clericalismo fue el que brindó la propia Comisión Organizadora -donde el PCR, en frente único con kirchneristas y funcionarias del gobierno, quiso limar al Encuentro de un carácter antigubernamental y anticlerical. Lo hicieron desde el documento de convocatoria hasta la negativa a movilizarse hacia los centros del poder político y religioso. No lo logró: los debates y movilizaciones giraron, precisamente, alrededor de las reivindicaciones negadas durante la ‘década ganada’. También la lucha contra la superexplotación laboral ganó una agenda propia, a partir de la gran repercusión que tuvo el proyecto de seis horas para las enfermeras que el Frente de Izquierda presentó en la Ciudad, al que muchas compañeras hicieron propio para llevarlo a otras provincias. Perspectivas En este cuadro, la presencia del Plenario de Trabajadoras no se destacó solamente por su numerosa convocatoria, sino también por la consistencia de su agenda de lucha en los talleres y en las calles: la denuncia contra los femicidios y la desidia del Estado ante el asesinato de mujeres; la exigencia del desmantelamiento inmediato de las redes de trata, las cuales se mantienen intactas con total impunidad; la denuncia del Código Civil impuesto por los K y el Vaticano; la exigencia de la separación de la Iglesia y del Estado, para acabar con su tutela oscurantista y poder consagrar la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para evitar la muerte de medio millar de mujeres por año; la lucha contra la precariedad laboral y el ajuste en curso. En las 60 comisiones y entre las 15 mil mujeres que participaron vivamente en las deliberaciones quedó trazada una agenda clave de acción. Mesa del Plenario de Trabajadoras Los oficialistas no pudieron ocultar su responsabilidad y la del Estado ante la gravedad de la situación que vive la mujer salteña. Sus provocaciones buscaron un enfrentamiento entre creyentes y no creyentes, pero lo único que consiguieron fue indignar a muchas católicas y convencerlas de participar del Encuentro. Al respecto, la senadora Gabriela Cerrano, dirigente del Plenario de Trabajadoras, declaró: “La denuncia contra los femicidios y la desidia del Estado ante el asesinato de mujeres, la exigencia del desmantelamiento inmediato de las redes de trata que se mantienen intactas con total impunidad, la denuncia de retroceso contra los derechos de la mujer y los trabajadores en general consagrados en el Código Civil impuesto por los K y el Vaticano, la exigencia de la separación de la Iglesia y del Estado para acabar con su tutela oscurantista y poder consagrar la educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y el aborto legal para evitar la muerte de medio millar de mujeres por año; la lucha contra la precariedad laboral y el ajuste en curso son, entre otras, parte de la enorme agenda reivindicativa que más de 15 mil mujeres elaboraron en más de 60 comisiones”. Por su parte, la diputada obrera Gabriela Jorge añadió: “con nosotras se movilizaron cientos de mujeres, destacándose las que luchan contra la impunidad, como Ana Fernández y las familiares de Abigail Antelo; las compañeras tercerizadas de la Fundación Trabajo y Solidaridad que luchan contra la superexplotación y la precariedad laboral impuesta; las docentes que quebraron el cepo salarial de Urtubey y la pesada loza de la burocracia sindical de la intergremial y la ADP, formando Docentes Unidos; cientos de mujeres que en los barrios se organizan contra la violencia doméstica y la amenaza constante de las redes de trata; y las jóvenes secundarias, terciarias y universitarias que pelean por la educación sexual, el dictado de las carreras de Derecho, Trabajo Social y Psicología en la universidad pública”. Para finalizar, Cerrano sentenció: “El resultado del XXIX Encuentro de Mujeres en Salta ha dejado una clara agenda política y reivindicativa, a la vez que ha fortalecido las condiciones de organización y de lucha de las mujeres salteñas. Vamos por la aprobación de nuestros proyectos de ley para que las mujeres puedan elegir a los jueces de violencia de género y quebrar el dominio reaccionario de la Iglesia sobre la Justicia que consagra la impunidad, la violencia y el asesinato de mujeres. Vamos por la construcción inmediata de los hogares refugio que Isa (el intendente de la capital salteña) no construye, la creación de guarderías públicas y un subsidio de dos salarios mínimos a toda mujer golpeada para que ésta deje de depender económicamente del golpeador. Vamos por la anulación del decreto que reglamenta y obstruye en aborto no punible en Salta. Vamos por todas las reivindicaciones de la mujer. Es indudable que la conquista de esta agenda es inseparable del desarrollo de la fuerza social y política que la imponga; por eso la ligamos al desarrollo de una alternativa política de la mujer, los trabajadores y explotados. Lo que está planteado ahora es una nueva movilización política de cara al Congreso del movimiento obrero y la izquierda, impulsado por el PO y cientos de sindicatos y activistas sindicales clasistas, el próximo 8 de noviembre en el Luna Park, con este objetivo”.

Una delegación compuesta por delegados y ex delegados de frigoríficos del Valle de Río Negro presentaron, junto a los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, el proyecto de ley que establece la reducción de la jornada laboral sin modificación de salario y la jubilación anticipada, en este caso por insalubridad, para todos los trabajadores de la industria del hielo y cámaras frigoríficas. El proyecto fue elaborado por los trabajadores. Las consecuencias nocivas de trabajar en el frío fueron expuestas en los fundamentos y en la audiencia en el Congreso. El trabajo bajo cero grado genera daños psicofísicos, en las vías respiratorias, en la piel, el sistema óseo y muscular; además, genera envejecimiento precoz. Los trabajadores toleran amplitudes térmicas que superan los 40 ºC, cuando deben salir de las cámaras al ambiente exterior. Los obreros del hielo son los encargados de conservar la fruta (especialmente manzanas y peras), destinada mayormente a la exportación. Pese a las ganancias extraordinarias de las patronales, el poder adquisitivo de sus salarios ha caído en forma estrepitosa. Estos trabajadores del hielo también deben lidiar con la burocracia de su sindicato (Stihmpra). El secretario general de Stihmpra, Rolando Troncoso, es al mismo tiempo secretario de Trabajo del gobierno provincial. La burocracia del hielo le da la espalda al reclamo de insalubridad por parte de los trabajadores y al 40% de plus salarial por zona desfavorable. Por el contrario, se encarga de cerrar, sistemáticamente, paritarias a la baja. El sindicato se encuentra integrado por completo al Estado. La audiencia de los compañeros del hielo contó con la destacadísima participación de dirigentes del Subterráneo, de la mesa de Enfermería, del Teatro Colón y de telefónicos. Todos protagonistas de la lucha por el reconocimiento del trabajo insalubre en su sector. La experiencia de la conquista de las seis horas por insalubridad para los trabajadores del subte enseña la necesidad de un fuerte proceso de organización obrera. Esta lucha ha dado lugar a la constitución de la Agrupación Clasista de Trabajadores del hielo y la fruta. El Congreso del movimiento obrero y la izquierda del 8 de noviembre en el Luna Park será otra instancia fundamental para avanzar en esta dirección.

Con la presencia de cientos de vecinos se llevó a cabo la audiencia pública en la Legislatura bonaerense. La resolución que convoca a la audiencia fue presentada por el Frente de Izquierda junto a otros diputados opositores, a pedido de las asambleas. Ya en el comienzo, la bronca se hizo sentir: los funcionarios de Daniel Scioli y Pablo Bruera no se hicieron presentes. Se comenzó con la lectura de los informes enviados -luego de 18 meses- por los ministros ausentes del gabinete de Scioli: Ricardo Casal, Alejandro Arlía y Eduardo Aparicio, informes que fueron repudiados por los vecinos por su contenido mentiroso y encubridor. Las obras votadas el año pasado, con un endeudamiento de 2 mil millones de pesos, y denunciadas por los ingenieros como absolutamente equivocadas e insuficientes, sólo han avanzado en un 3 por ciento. A medida que se desarrollaba la audiencia, las intervenciones de los vecinos inundados fueron más contundentes. La maniobra de lavarle la cara a los diputados oficialistas que presidieron la sesión, como el camporista José Ottavis y la bruerista Valeria Amendolara, se fue cayendo a pedazos. Una intervención tras otra señaló la coordinación entre todos los niveles del Estado para encubrir las consecuencias de la inundación. Amendolara se retiró cuando denunciaron su voto como concejal al Código de Ordenamiento Urbano de La Plata, que ha sido una base para la construcción indiscriminada. El juez Luis Arias, quien planteó en su fallo la existencia de un plan para encubrir el número de muertos por la inundación, alertó que quienes no denunciaran esto se erigirían en cómplices. La abogada de Apel y representante de la asamblea de inundados de Tolosa, Ailín Alvarez, fue contundente al declarar que existen pruebas suficientes que incriminan a los tres niveles del Estado y adelantó que se presentará una denuncia para que el ministro de Seguridad de la provincia, Ricardo Casal, sea imputado en la causa. En su intervención, el diputado electo por el Frente de Izquierda, Guillermo Kane, calificó la audiencia como un hito en la lucha para que este crimen social no quede impune y denunció la falta de obras públicas en toda la provincia. A su vez, cuestionó el veto del oficialismo y de los bloques principales de la oposición para que el ministro de Seguridad sea interpelado por la Cámara de Diputados bonaerense. Fueron 15 horas de intervenciones demoledoras, que pusieron blanco sobre negro las responsabilidades políticas y constituyen un nuevo impulso a la lucha de los inundados.

La muerte del miembro de la Corte Suprema Enrique Petracchi se suma a la de Carmen Argibay, ocurrida en mayo pasado, y a la jubilación anunciada por Zaffaroni cuando cumpla los 75 años. Entre los cuatro miembros que quedarían en la Corte, sobre los cinco que exige la ley, se encuentra Carlos Fayt, que ya tiene 96 años. Aunque Lorenzetti afirmó que la Corte puede funcionar con menos miembros que los que establece la ley, el kirchnerismo hizo saber que buscará llenar las vacantes. Mientras Capitanich plantea cubrir cinco cargos, el viceministro de Justicia, el camporista Julián Alvarez, quiere llegar a los nueve, para tomar el control, incluida una renuncia de Lorenzetti. La designación de jueces de la Corte Suprema, sin embargo, requiere dos tercios del Senado. El kirchnerismo necesitaría un pacto político entre el PJ y la UCR. Si la UCR ya corría el riesgo de ser tupacamarizada por las presiones de Massa y Macri, los ofrecimientos del kirchnerismo-pejotismo podrían tetanizarla. El presidente de la UCR, Sanz, aumentó su precio cuando declaró que no aprobarán cualquier candidato que quiera el gobierno. El tema pasará a formar parte de otros, como el pliego del presidente del Banco Central y hasta el nuevo embajador en el Vaticano. Sin ‘mayoría automática’, los K se ven obligados a lo que menos quieren: negociar poder. La alternativa a esto es gobernar ‘de facto’ a través de funcionarios ‘temporales’ y sillas vacías. La importancia del control de la Corte Suprema está relacionada, claro, a "la ruta del dinero". Pero la Corte Suprema también deberá dirimir sobre la ley de Abastecimiento, el Código Civil y Comercial, y desde ya, la aplicación de las autorizaciones y desguaces del AFSCA. Un pacto para la Justicia y el Banco Central implicaría un pseudo gobierno de coalición transitorio hasta las elecciones generales. Incluye la negociación con los buitres, un nuevo endeudamiento y la ‘gran’ devaluación. Tendríamos un adelanto de la coalición que el PRO considera inevitable para después de 2015 -sin precisar, nunca, si es con Massa o con los K. El ritmo de la crisis se acelera, no solamente porque en algunas semanas caduca la cláusula Rufo, sino porque la misma Corte acaba de ordenar que el gobierno informe sobre el caso Ciccone y la construcción de las represas de Santa Cruz, dos disparos al corazón de la camarilla K.

El miércoles 1º de octubre se realizó una enorme movilización de los obreros de Zanón en reclamo de un crédito de 20 millones de pesos al Estado provincial, ante la crítica situación que atraviesa la fábrica. De la marcha participaron también los obreros de Stefani y Cerámica Neuquén. Las asambleas realizadas en la fábrica, luego de la gran movilización, votaron nuevas medidas de acción que incluían cortes de ruta al frente de la fábrica y en los puentes de Río Negro y Neuquén. El gobierno tomó nota. Propuso un subsidio no reintegrable para la cooperativa de 15 millones de pesos en tres cuotas. La primera, de 2,5 millones, en octubre; la segunda en enero por otros 2,5 millones, y la tercera de 10 millones en marzo de 2015. La primera gran conclusión es que el Estado envía una propuesta, loo cual venía dilatando desde hace más de un año, como reacción a lucha de los trabajadores. La contrapropuesta La asamblea de la fábrica discutió una contrapuesta de 20 millones de pesos de inmediato y dos entregas de 5 millones en diciembre y en enero. A la vez, impugnó el subsidio y reiteró el reclamo de un crédito, que sería devuelto al Estado con cerámicos destinados a la obra pública. Llama la atención que la dirección sindical prefiera contraer una hipoteca cuando hay una oferta no onerosa. Un crédito público sin intereses, que se deprecia por la inflación, es -de todos modos- una forma de subsidio. La obra pública debe ser un cliente cautivo de las cooperativas ceramistas, en términos compatibles con los costos de producción. Sin embargo, los obreros coinciden en que el crédito de 20 millones tampoco soluciona la crisis de fondo. De hecho, parte del crédito estará destinado al pago de deudas con los proveedores. Además, es clave considerar el cuadro inflacionario y la tendencia a la devaluación del peso. En este escenario, otra cerámica, Stefani, está en las puertas de ser declarada susceptible de expropiación por utilidad pública. Stefani necesita una renovación tecnológica. Las tres fábricas ceramistas de Neuquén sufren un profundo atraso salarial. El Estado debe garantizar la renovación tecnológica, la materia prima, el salario, la jubilación de convenio y la obra social. La mesa regional de Neuquén y el Alto Valle por el Congreso del movimiento obrero y la izquierda ha hecho propia la lucha de los obreros ceramistas y ratificado la reivindicación de la expropiación de toda empresa que despida o cierre bajo control o gestión obrera. En oposición al boicot del capital y del Estado a las cooperativas de trabajadores, reafirmamos la lucha por un gobierno de trabajadores que gestione la economía en forma colectiva.

Una delegación de trabajadores tercerizados de las empresas de "seguridad" de los ferrocarriles San Martín y Mitre se presentaron a una audiencia pactada con el Ministerio de Trabajo, de la que participaron el delegado Matías Sandoval, promotor de la presentación inicial ante el ministerio y un delegado por cada una de las empresas Mapra, Murata y Rebor, junto con Jorge Hospital, de la Agrupación Causa Ferroviaria Mariano Ferreyra, y el abogado Leo Bonomi. En la reunión, el funcionario les informó que la cartera laboral había mantenido una reunión con funcionarios del Ministerio de Interior y Transporte para ponerlos al tanto de las denuncias de los trabajadores sobre las renuncias compulsivas impuestas por Segmar para el traspaso a Mapra, Rebor y Murata, las empresas que la sustituyen en la contratación con Corredores Ferroviarios y todos los reclamos referidos a continuidad laboral, pago de extras y plus nocturno, y otras violaciones a las leyes laborales. Por último, dijo que en la semana entrante tendrá una respuesta de la cartera de Transporte y fijó una nueva audiencia. Sin embargo, no cayó bien su negativa a suscribir un acta de la reunión. El ministerio no convoca a las partes, como debería ser su rol, sino que hace una presunta gestión administrativa de la cual no queda constancia ni compromiso alguno. Tampoco deja constancia de las tratativas con los delegados, quienes ya fueron amenazados con represalias por las empresas. Los trabajadores le advirtieron que cualquier represalia sería respondida con una acción de lucha que afectaría el servicio ferroviario y sería responsabilidad del ministerio. Por eso, los compañeros reunidos en asamblea, al terminar la audiencia, resolvieron elegir delegados por empresa, sacar un volante y promover reuniones y asambleas para fortalecer una nueva convocatoria el 16 de octubre. Simultáneamente, hubo reuniones con el abogado de la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) que los asesora para emitir todas las respuestas e intimaciones legales pertinentes frente a las violaciones a los derechos laborales de los compañeros que realizan las empresas. Al finalizar la asamblea, una delegación se trasladó a la reunión de la Coordinadora Sindical Clasista para informar la situación del movimiento ante decenas de representaciones sindicales. Los compañeros ya debaten su participación en el Congreso por la unidad del movimiento obrero y la izquierda, y preparan una reunión para elevar sus propuestas contra la precarización y tercerización laboral.

El viernes pasado por la tarde, la patronal de Fate despidió al compañero Carlos Sahagián del sector terminación de radial auto, en el que estaba desde hace poco tiempo y luego de varios traslados. Este despido se produjo en el marco de un plan de suspensiones en el neumático, que en Fate se extienden hasta dos días por semana. La dirección del sindicato firmó a espaldas de los trabajadores este plan de suspensiones con el argumento de "cuidar los puestos de trabajo". El mismo viernes, al enterarse del despido, el Sutna de San Fernando convocó a una asamblea y un paro de toda la planta durante dos horas. Lo mismo sucedió en los turnos siguientes. Carlos es uno de los candidatos que integra la lista 3 en las próximas elecciones de la CTA, lo que delata el carácter de su despido. La reacción general de los trabajadores de Fate ha sido nuevamente masiva y da la pauta de la firmeza que existe en la fábrica. Es una evidencia para todos que las suspensiones no son un resguardo contra los despidos, sino una herramienta para ir en esa dirección. Madanes Quintanilla, el patrón de Fate y del re-monopolio Aluar, afirma que la caída promedio de la producción de neumáticos es del 12 por ciento (Clarín, 12/10). Atribuye esta situación a la recesión en la industria automotriz, el transporte y la maquinaria agrícola. Madanes también señala que "se postergan inversiones y hay suspensiones, pero no hubo apocalipsis", pero se desdice enseguida al afirmar su "miedo a una mayor recesión". Madanes no duda en proponer una salida: la devaluación del peso."Una devaluación -dice- no es deseable ni es la solución, salvo cuando no se tiene más remedio y si se realiza dentro de un programa integral". Rechazo al ajuste La burguesía nacional, en este caso oficialista, llegó a la situación crítica que ha alimentado durante la última década, pero quiere que la crisis la paguen ahora los trabajadores. Todos los días se presentan nuevos escenarios de lucha, donde los trabajadores debemos rechazar el ajuste de las patronales. La reacción solidaria de los trabajadores de Fate con el compañero despedido parte de la caracterización de que vendrán nuevos despidos. Debemos desarrollar a fondo una campaña en todo el gremio por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, para preparar las condiciones de las luchas que vendrán. El sindicato del Neumático tiene la obligación de convocar a un plenario de delegados con mandatos para discutir una agenda de ocupaciones generales de los lugares de trabajo ante el menor atisbo de cesantías. La experiencia de los últimos meses en la zona norte del Gran Buenos Aires demuestra el peligro de derrotas seguidas, a partir de una falta sistemática de preparación para hacer frente a la crisis capitalista. Luego de la jornada de paros el miércoles 22, los trabajadores de Fate se movilizarán al Ministerio de Trabajo, en Tigre, para exigir la reincorporación inmediata del compañero despedido. El Partido Obrero se empeñará en apoyar estas movilizaciones para derrotar los propósitos de las patronales

El sábado 27 de octubre se realizó en Ituzaingó, a iniciativa de Hijos Capital, un homenaje a Carlos Banylis, quien fuera delegado de Transporte del Oeste (TDO), asesinado por la Triple A el 10 de junio de 1975. Carlos era militante del PC y formaba parte de la oposición a la burocracia de la UTA. Esta condición le hizo recibir varias amenazas, lo que llevó a tomar el resguardo de dejar su puesto de trabajo como chofer. Esa decisión no evitó que un grupo de las AAA se presentara una noche en su casa y lo acribillara frente a su mujer y sus hijos. El crimen fue encubierto por el juez que atendió la causa, evidenciando -como en tantos otros casos- que desde antes de 1976 el terrorismo era una política de Estado que involucraba al conjunto del poder político. El asesinato de Banylis estuvo al servicio de la orden, dictada por el gobierno peronista, de aplastar a los movimientos que dentro de los sindicatos cuestionaban a la burocracia lopezrreguista. En TDO, su muerte le permitió a la patronal liquidar las conquistas obtenidas en los '70 (como haber eliminado el trabajo sin libreta). Aquel nivel de organización alcanzado, sólo se empezó a recuperar luego de varios años con el proceso que llevó al triunfo de la actual comisión interna clasista. En el homenaje hicieron uso de la palabra su familia y sus compañeros de militancia, y se colocó una baldosa con el nombre de Carlos Banylis. Una delegación participó en representación de los delegados y trabajadores de Ecotrans (ex TDO), quienes continúan con la tarea pendiente de recuperar los sindicatos de manos de la burocracia sindical y ponerlos al servicio de un gobierno de los trabajadores.

Los jueces del Tribunal Oral Criminal N° 21 rechazaron el pedido de prisión domiciliaria de José Pedraza. Por ahora, el ex jefe de la UF deberá continuar cumpliendo en la cárcel de Ezeiza la sentencia de 15 años prisión, a la que fue condenado como coautor del crimen de Mariano Ferreyra. De todos modos, no está todo dicho. En primer lugar, porque la defensa de Pedraza apelará la decisión de los jueces. Por otro lado, la Cámara de Casación tiene en sus manos tanto la revisión de la condena como el pedido de absolución formulado por sus abogados. Finalmente, en caso de que los jueces de Casación resuelvan una reducción de la pena impuesta por el TOC 21, Pedraza quedaría a la puerta de salir libre. La negativa a otorgarle la prisión domiciliaria a Pedraza le ahorra al gobierno un roce político con su tropa en la víspera del cuarto aniversario del asesinato de Mariano. El hermano de Mariano, Pablo, un kirchnerista que fue llevado a la Legislatura porteña, será orador único en una ceremonia oficial destinada a descubrir una placa de Mariano. El abogado de Pedraza, Carlos Froment, le había propuesto al tribunal radicar como lugar de detención un departamento en Avenida del Libertador y Billinghurst, en Palermo, propiedad de la esposa del sindicalista, para evitarles a los jueces la incomodidad de otorgarle la domiciliaria en el piso millonario de Puerto Madero donde fue detenido en febrero de 2011. La tramitación del pedido de Pedraza se prolongó por varios meses. Los numerosos informes médicos solicitados por su defensa no resultaron para nada concluyentes respecto de las patologías que esgrime para fundar su pedido. En todo caso, los jueces consideraron que la cárcel de Ezeiza cuenta con los medios para asistir al ex sindicalista y ordenaron que éste sea sometido a revisiones periódicas

A cuatro años del asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, organizamos un gran festival el sábado 18 de octubre en Avellaneda, en la plaza Alsina (Avenida Mitre al 700). La jornada va a comenzar a las 13 y finalizará a las 20. Habrá bandas en vivo y otras intervenciones artísticas. También se reconstruirá un mural en memoria de Mariano. Mariano militó en la regional Avellaneda desde los 15 a los 23 años. Su asesinato produjo una gran conmoción entre la juventud, los trabajadores y la población de la zona, donde lo veían organizando a los estudiantes, recorriendo los barrios o luchando por los intereses de los trabajadores.

Desde inicios de mes, la caída superior al 20 por ciento de las acciones de YPF en Wall Street refleja que los inversores no creen que "Vaca muerta" reviva a la petrolera "semiestatal". Una de las razones es la brusca caída del precio del petróleo en los mercados mundiales, que se precipitó en semanas recientes. Materias primas "Entre 2000 y 2011, los índices generales de precios de los productos básicos se triplicaron, superando fácilmente el crecimiento global", comenta The Economist (4/10). Pero desde las cimas, alcanzadas en 2011 y 2012, los precios de los alimentos comenzaron una declinación que ahora se ha acentuado. El desplome de la soja acumula más del 40 por ciento, el cobre baja el 35 por ciento y el petróleo promedia una reducción del 30 por ciento. Las previsiones de menor crecimiento de la economía global se reflejan, en el caso de la soja, con una gran producción en Estados Unidos y una menor demanda de China. La baja del cobre obedece al menor consumo en la construcción de obras de infraestructura, a las menores inversiones y a la saturación de viviendas (en China, Estados Unidos, etc.). La brusca caída del petróleo en lo que corre de octubre profundiza una tendencia que obedece a una menor demanda global, especialmente en Europa y China, pero también con una oferta de productores que regresaron al mercado (Irán, Libia) y a que Arabia Saudita, el principal productor, no reduce como en otros tiempos la oferta cuando los precios declinan. El precio de la energía de oferta "Tres factores importantes eran claramente visibles hace un año y estos movimientos estaban obligados a bajar los precios debido a la mayor oferta de petróleo. El fin del embargo de Estados Unidos contra Irán presagiaba automáticamente un exceso en el suministro (....) La extrema necesidad de Irán por dinero en efectivo significa inevitablemente bombear tanto petróleo como sea físicamente posible. "Libia está de vuelta en los negocios. Al igual que Irán, Libia está desesperada por dinero en efectivo y se venderá tanto petróleo como pueda. La fractura hidráulica (fracking) en Estados Unidos ha alterado fundamentalmente el mercado del petróleo. Los Estados Unidos siguen siendo el mayor consumidor mundial de petróleo. En 2005, Estados Unidos importaron el 60 por ciento (...) Para el año 2014, Estados Unidos sólo necesitará importar el 3 por ciento de su consumo de petróleo. Como el fracking aumenta la producción nacional, Estados Unidos pasará de ser un importador neto a exportador neto de petróleo y va a cambiar las alianzas políticas en el mundo para siempre" (Oilpricenet, 10/6). Irak "venderá crudo liviano a Asia con el mayor descuento desde 2009" (Bloomberg, 13/10). La disputa pública entre los príncipes saudíes sobre la reducción de precios que está implementando Arabia Saudita para mantener su porción de mercado y "defenderse del aumento de la producción en Estados Unidos y amenazas de riesgo para sus economías dependientes de los hidrocarburos" (Financial Times, 15/10) revela la temperatura que alcanza la guerra comercial que ya ha comenzado. Esto tendrá implicancias en la "alianza" liderada por Estados Unidos para combatir al Estado Islámico, la que hace agua por todos lados. La reducción de las proyecciones en la demanda de energía de la agencia de Estados Unidos (IEA) ) "ha repercutido en toda la industria petrolera, golpeando las acciones de los productores de petróleo de esquisto en Estados Unidos y nerviosismo que provocan en los países que dependen en gran medida de los ingresos del petróleo, como Rusia" (Financial Times, 15/10). YPF Las caídas adicionales en los precios del petróleo "podrían poner en peligro la inversión en aguas profundas, el Artico y las reservas de pizarra (Vaca Muerta) que requieren un alto precio del petróleo para pagar los gastos, según analistas" (Financial Times, 15/10). Reflejando esa "percepción", en lo que va de octubre las acciones de YPF caen más del 20 por ciento. YPF estaría "acorralada" por sus escasas perspectivas de inversiones para explotar los yacimientos de Vaca Muerta. Ese fue el pronóstico del medio oficialista Tiempo Argentino cuando días atrás escribieron que YPF estaba "acorralada". "Existen muchas maneras de especular, pero la maniobra buitre se caracteriza por aprovecharse de los países y las empresas cuando están acorralados" (Tiempo Argentino, 5 /10). Esto describe las apuestas contra YPF, por parte deAurelius Capital Management, el fondo buitre de Mark Brodsky, "quien compró un tipo de derivado especial llamado PUT por 9 millones de dólares de la petrolera argentina YPF, que implica mayores ganancias cuanto más cae el valor de la acción." También el Citigroup, un ‘amigo’, compró el mismo tipo de derivado por 6,3 millones de dólares. Con la reciente caída de precios de YPF cotiza debajo de 30 dólares y debe estar dejando fortunas a los apostadores negativos. El ‘acorralamiento’ de YPF es la resultante de cotizar en Wall Street y someterse a contratos secretos de Chevron y a las concesiones petroleras. Así alimentan a los buitres, Repsol, Esquenazi, Soros, Aurelius, Singer, Citigroup y compañía. Sólo la nacionalización total de toda la industria petrolera dará una salida al abastecimiento de energía para industrializar el país, no cotizando en las bolsas para que los "inversores" se queden con la renta petrolera y endeuden la nación. El capital financiero es buitre por naturaleza.

Ya se encuentra en la fase final de producción el film documental que aborda el caso de los militantes obreros Jorge Fischer y Miguel Angel Bufano, secuestrados y asesinados por un comando de la Triple A en diciembre de 1974. Ambos integraban la organización Política Obrera (hoy Partido Obrero) y trabajaban en la fábrica de pinturas Miluz, donde Fischer era delegado general. Más de cuarenta balas fueron necesarias para silenciar a estos jóvenes socialistas, de poco más de veinte años de edad. En esta instancia de la realización de la película, que comenzamos a rodar en el año 2012, enfrentamos la etapa de postproducción y posterior difusión del film. Aunque contamos con el valioso apoyo del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales de la Argentina (INCAA), ese aporte no nos alcanza para sostener las características de calidad a las que aspiramos para el largometraje, que cuenta con recreaciones de época, escenas de animación y el testimonio de más de treinta entrevistados. Esta situación nos plantea la necesidad de solicitar la contribución de todos aquellos que crean que esta película permitirá echar luz sobre un período histórico políticamente confuso, sobre todo en lo relativo al accionar de la Triple A y sus crímenes contra la clase obrera y su vanguardia antiburocrática. Es la oportunidad de sostener, por sobre todo, la memoria y el legado de nuestros compañeros, y la lucha contra el terrorismo de Estado en todas sus formas. En diciembre de este año se cumple el 40º aniversario de los asesinatos de Fischer y Bufano, motivo por el cual nos hemos propuesto presentar la película antes de esa fecha, en un preestreno a realizarse en el cine Gaumont de la Ciudad de Buenos Aires, preparando el estreno en cines para marzo del año 2015. Contamos con tu aporte para lograrlo. Avance de la película https://vimeo.com/105599071 Contacto: cuarentabalas@hotmail.com En Facebook: Cuarenta Balas - documental

En 13 de las 14 urnas habilitadas en el sindicato se impuso la opositora Lista Naranja; 1.500 votos de diferencia en una elección de 4 mil. La Lista Naranja está integrada por miembros desplazados de la actual conducción y apoyada por la Federación Nacional de Petróleo y Gas Privado, y capitalizó el repudio sobre la base de una campaña contra el impuesto al salario y la recuperación de la obra social. El triunfo de la oposición se asienta en el profundo repudio de la base obrera a una conducción que destruyó la obra social, abandonó toda defensa del salario y las condiciones laborales, e impuso un régimen de terror al interior del gremio con listas negras entregadas por el sindicato a las patronales. El "Dante de la gente" -como se hacía llamar González en su campaña como candidato a diputado nacional del Frente para la Victoria- tiene en su haber más de 50 compañeros despedidos. González no reconoce la derrota y valiéndose de robos de urnas y patoteadas pretende impugnar la elección. Lo que está en juego no es solamente el suculento negocio de la obra social y el manejo discrecional de los aportes sindicales, sino una categórica derrota política del gobierno nacional en el movimiento obrero. Tan fuerte es el rechazo a Dante González, que la dirección de la Federación Nacional ha prometido un paro nacional si el Ministerio de Trabajo no reconoce el resultado electoral. Se abre una nueva etapa en el gremio donde está planteada la elección de nuevos delegados y el reagrupamiento del activismo sobre la base de un pliego de reivindicaciones impostergables.

Al cierre de esta edición, comenzaban las elecciones de comisión interna no docente (Apuba) en la Facultad de Sociales. Allí votarán 350 trabajadores distribuidos en dos sedes. Hoy, la interna está en manos de la oposición a la conducción burocrática del gremio. Se presentaron tres listas, dos en condiciones estatutarias de competir. Las dos listas que hoy quedan en pie dividen aguas: de un lado, la lista "354" que lleva en sus filas a no docentes representantes de la directiva de Apuba junto a militantes camporistas y de otras líneas kirchneristas. La lista fue armada en las sombras por el secretario de derechos humanos de Feduba (sindicato de los docentes universitarios funcionarios, opositor a la AGD), quien es no docente en la carrera de Comunicación, dirigida por el decano kirchnerista Postolski y por el sindicato. A la cabeza colocaron al hijo de un burócrata del gremio textil, cuyo antecedente es el de haber estado en la interna que dirigimos desde la agrupación Bordó, en 2009, ocasión en la cual se negó a participar de ninguna reunión con la gestión de entonces y que se borró cobardemente en difíciles momentos de entonces: es el caso de la toma de la facultad que duró 45 días y contra la cual la gestión y el sindicato (y el candidato en cuestión) pretendían usar a los no docentes como fuerza de choque. No lo lograron. Ex funcionarios del AFSCA, de Aerolíneas Argentinas, de Télam, del Rectorado de la UBA, como el propio decano, buscan preservar sus ingresos equiparados a puestos ministeriales. Un subsecretario de facultad -depende de la antigüedad que haya acumulado como docente- cobra entre 30 y 50 mil pesos. Algunos de los beneficiados con esta beca ni siquiera pisan la facultad, sólo pasan por el Banelco. Este botín quieren preservarlo sacando del medio a la interna que defiende a los trabajadores. Funcionamiento por asamblea La lista armada por la gestión y el sindicato debe hacer campaña contra una interna que ha crecido en integrantes y que ha logrado arrancar reivindicaciones únicas en nuestro gremio. Nuestro Frente de Recuperación Gremial, dirigido por la Bordó junto a la agrupación René Salamanca, ha obtenido importantes conquistas de la mano del funcionamiento en asamblea. Somos la facultad con menos recursos propios de la UBA; sin embargo, hemos cobrado las sumas extras de refuerzo salarial más elevadas. Las internas de la burocracia sólo consiguen pagar, en negro, sumas miserables. En los cuatro años previos a nuestra conducción de la interna, quienes hoy se postulan consiguieron apenas 20 recategorizaciones. En nuestros dos períodos al frente de la interna, logramos 170, un hecho sin precedentes. La desesperación de la gestión con promesas y armado de provocaciones alcanza para entender que el cambio de conducción que proponen tiene por objeto perjudicar la vida de los no docentes en beneficio propio. Izquierda Socialista intentó presentar una lista que no logró siquiera ser completada. Varios de sus integrantes se fueron con la burocracia. IS dirigió la interna en el período 2011-2012 de la mano de la dirigencia burocrática de Apuba y de la conducción kirchnerista de la facultad. Luego de haber perdido la interna con un rechazo feroz de parte de los compañeros, durante estos dos años siguieron atacando a la única interna antiburocrática y beneficiaron a la gestión y a la burocracia, con cuya lista negociaron ingresar -sin éxito- hasta hace sólo una semana. Llamamos a la militancia de izquierda a condenar esta actuación. Estamos peleando con fuerza para que el 15 de octubre Sociales siga teniendo una interna clasista al servicio de los trabajadores y de la ruptura de los trabajadores con las burocracias sindicales de todo pelaje.

La Junta Interna de ATE ha adelantado las elecciones al 23 de octubre cuando su mandato vence formalmente el 22 de noviembre de este año. Los trabajadores se enteraron de la fecha de elecciones a través de la Agrupación Naranja, en momentos en que le fueron rechazadas más de 40 afiliaciones nuevas. La Verde, con esta maniobra intenta evitar ser desplazada de la dirección de la junta interna. Día tras día, se suman los trabajadores afiliados a ATE que repudian a la actual dirección michelista de ATE-Inti, reducida a un grupo más parecido a una patota que a trabajadores organizados. Además de adelantar la fecha de elecciones y proscribir afiliados, también han puesto como condición la presentación de 60 candidatos con un año de antigüedad como afiliados. Esta exigencia inédita quiere bloquear hasta nuevo aviso la elección de delegados por sector, donde pueden votar todos los trabajadores y no sólo los afiliados. La Verde procesa una profunda crisis e intenta salvarse con manotazos de ahogado a partir de un aparato montado con prebendas. Un grupo interno ligado al kirchnerismo rompió con ellos y conformó la Lista Bordó, quienes acordaron una presentación con lista incompleta, con el fin de dividir el voto opositor a la Verde. También se retiraron, por ahora en silencio, el Frente Darío Santillán y Rompiendo Cadenas. Estos grupos han rechazado aunar esfuerzos con la Naranja señalando que "no hay espacio para intervenir en estas elecciones". Su acción común con la burocracia Verde durante dos años los redujo a un pequeño grupo, sin embargo, debieran hacer un balance crítico y sumarse a la recuperación de la herramienta gremial de los trabajadores del Inti. Con los verdes "puros", sólo quedaron los promichelistas de Opinión Socialista. La Verde ha "planchado" cualquier tipo de plan de lucha. Los paros aislados y sin preparación intentaron disimular su adaptación a la dirección kirchnerista del Inti, que ha incumplido todos los acuerdos de pase a planta permanente, junto con otros reclamos, logrados en la histórica huelga de 2012. Contra el vaciamiento La Naranja del Inti ha jugado un papel central en la organización de los trabajadores. Junto con decenas de trabajadores y con las bancas del Frente de Izquierda, se elaboró un informe detallado sobre el vaciamiento del instituto que motivó actos y movilizaciones. A la parálisis de la Junta interna, le opusimos el avance en la conciencia y organización de los compañeros del Inti. Al momento de realizar la impugnación de esta convocatoria trucha, la Naranja ha conformado una lista de más de 60 compañeros reconocidos en cada uno de sus centros y en todo el instituto. Esta lista demuestra el crecimiento de los sectores antiburocráticos en el Inti que se disponen a recuperar la junta interna e iniciar una nueva etapa de organización y lucha. Las bases de la campaña son la independencia política del Estado y de la dirección kirchnerista del Inti, como punto de partida para avanzar en todos los reclamos. Llamamos a todos los sectores de trabajadores a realizar una gran campaña de denuncia y a pronunciarse contra los intentos fraudulentos en el Inti.

El segundo del ministro Axel Kicillof no pudo ser más claro: rechazó el pago de un plus salarial de fin de año con el argumento de que “el salario real no cayó”. Los trabajadores que tuvieron paritarias no pueden decir lo mismo: obtuvieron aumentos anuales del 20 ó 25% contra una inflación real del 40%. ¿Qué decir del 50% de precarizados, muchos de los cuales ni siquiera tuvieron un aumento? Mientras tanto, el mismo gobierno ofrecía el oro y el moro a cerealeras, aseguradoras y otros capitalistas para obtener un puñado de dólares. Para financiar el barril sin fondo de la bancarrota nacional, el gobierno refuerza la especulación y la desorganización económica. Por encima de las bravuconadas, la política oficial es un traje a medida de los buitres, tanto los de adentro como los de afuera. Mientras tanto, la fiesta de los especuladores la pagan los trabajadores. Tres mil metalúrgicos están por ser despedidos en Tierra del Fuego. Las suspensiones y despidos siguen arreciando en la industria automotriz. Lo mismo ocurre en las autopartistas y también en el Neumático. En este cuadro gravísimo, las centrales obreras se han llamado a “cuarteles de verano”. La burocracia sindical, en todas sus vertientes, reparte sus cartas entre los Massa, Macri, Scioli y otros ajustadores. Discuten la “unidad”, no para luchar, sino para frenar mejor las demandas obreras y enfrentar al clasismo. Pero los reclamos adquieren una urgencia mayor. Es necesario deliberar en los lugares de trabajo y sindicatos, establecer un programa y un plan de acción para poner en pie de lucha a nuestras organizaciones obreras por: > 3.000 pesos de emergencia para trabajadores y jubilados, frente a la inflación galopante. > Reapertura de las paritarias e indexación automática de los salarios de acuerdo con la inflación. > Prohibición de suspensiones y despidos, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario. > Anulación del impuesto al salario. > Ningún tarifazo, apertura de los libros de las grandes empresas, a manos de comisiones de trabajadores. Por todo lo anterior, luchemos por un plan de lucha nacional, comenzando por un paro de 36 horas.

Hoy la noticia que recorrió todas las escuelas del distrito de Marcos Paz nos cayó como un balde de agua fría, Claudia Duckart ha fallecido, no podíamos creerlo. Hace unos días se sentía mal pero nada imaginaba este desenlace, el lunes 22/09 le manifestó a su familia que no se sentía bien pero fue igual a la escuela, porque debía preparar el contralor, siempre fue muy responsable. El debate hoy entre los docentes fue como nos absorbe este sistema educativo, quienes tiene varios años de antigüedad solo piensan en jubilarse, terminar con esta farsa, una educación en decadencia que día a día está peor, toda la presión está dirigida hacia los docentes y aquellos que tienen la tarea de secretarios tienen una presión extra. Otros criticando fuertemente al sistema educativo planteando la necesidad de transformarlo ya. Claudia Duckart hoy Delegada de la escuela secundaria N° 1 de Marcos Paz era una histórica constructora de tribuna docente, integro la comisión directiva de Suteba durante el 2003 – 2006 y 2006 -2009 y candidata del partido obrero y del frente de izquierda y los trabajadores en varias elecciones. Una perdida enorme de una luchadora incansable, tus compañeros te despedimos hasta la victoria siempre!!! 22/9/14

En Santa Cruz campea el trabajo precario dependiente del propio Estado. El gobierno se ha negado a discutir salarios el segundo semestre y amenaza volver a la carga contra los derechos jubilatorios. La recién asumida CTA de Santa Cruz realizó un plenario de trabajadores a fines de agosto y concretó su primer paro provincial en apoyo a todas las luchas el 25 de septiembre, en reclamo de la reapertura de las paritarias, en defensa de las conquistas jubilatorias y por la libertad de los presos de ATE, entre otros reclamos. La huelga fue masiva en la docencia, importante en hospitales, administración pública y la Justicia, y la novedad fue la asamblea municipal de Río Gallegos donde cerca de 700 compañeros resolvieron adherir al paro del 25 y reabrir el conflicto salarial, a pesar de no pertenecer a la CTA. El paro fue total en el municipio, donde la agrupación Tribuna Municipal había agitado durante una semana en favor de la adhesión al paro. La CTA respaldó a ATE que viene con paros parciales, ante la pretensión del gobierno de Peralta de aplicarles a los estatales la conciliación obligatoria. También marchamos al finalizar la jornada hasta la Casa de Gobierno para entregar un petitorio por la libertad de los presos de ATE. Sin embargo, la "normalizadora" de ATE (degenarista) no concurrió al acto de la CTA, reiterando una práctica divisionista, que atenta en primer lugar contra sus propias bases. Después del paro, el gobernador salió a confrontar con la CTA por la cuestión salarial y jubilatoria. Tanto desde Adosac como desde la CTA extendimos nuestros reclamos a la devolución de la obra social, intervenida hace 24 años, donde los fondos son un botín manejado por el Estado kirchnerista-peraltista sin ningún control. Enterados de la postergación de la "jornada nacional" de la CTA-Micheli al 20 de noviembre, el secretariado de la CTA Santa Cruz consideró que las luchas y los reclamos pendientes en nuestra provincia no pueden esperar a un saludo de fin de año, y por eso se resolvió llamar un nuevo paro provincial para el 15 de octubre. El nuevo paro viene a reforzar reclamos muy sentidos, como la absorción al Estado de las 60 trabajadoras de Guzmán, compañeras que se desempeñan en la limpieza de escuelas bajo un sistema de tercerización, las que luego de ser despedidas están dando una lucha ejemplar con movilizaciones y acampes, apoyadas por la CTA. Paralelamente, en los tres municipios más importantes de la provincia hay conflictos salariales, contra la prepotencia de los jefes o para efectivizar contratados y ante accidentes de trabajo graves que desnudaron la falta de pago de los seguros en Caleta Olivia. En este cuadro de lucha contra el ajuste, los militantes y las agrupaciones de la CSC y del PO preparamos un nuevo encuentro en Río Gallegos para organizar nuestra participación en el Congreso del movimiento obrero y la izquierda del Luna Park.