Prensa Obrera N° 1334

El proyecto de ley que convierte al Instituto Universitario Nacional de Arte (Iuna) en Universidad Nacional de Arte (UNA) ha sido presentado por el kirchnerismo como una transformación radical respecto a la educación artística impuesta por el menemismo en los '90. Nada más alejado de la realidad. El cambio de nomenclatura de la principal universidad de arte no extiende el alcance de los títulos emitidos ni aumenta el presupuesto, no modifica la estructura de gobierno ni mejora las condiciones laborales de los docentes. ¿Por qué, entonces, el kirchnerismo y las autoridades de la universidad celebran el cambio de nombre? Resulta que esta modificación tiene como condición una "reacreditación" frente a la Coneau, cuestión resistida por el movimiento estudiantil. Las autoridades y el kirchnerismo que dirigen el Iuna ven en esto una oportunidad para avanzar con la política que llevaron durante todos estos años y que nada tiene que envidiarle al menemismo: ingresos cada vez más restrictivos, cierre de sedes, degradación de las carreras de grado y títulos y el incremento acelerado de la oferta de posgrados y cursos de extensión arancelados. La creación del Iuna en los '90 sirvió, tanto para la descalificación general de las carreras artísticas y la destrucción de los terciarios artísticos de la Ciudad de Buenos Aires, como de base para un gran avance de la privatización de la educación artística. Ahora, el cambio de nombre pretende recrear esa orientación bajo nuevas formas. Frente al cambio de nomenclatura de la universidad, la UJS convoca al movimiento estudiantil a reforzar su organización independiente de las autoridades y el gobierno. La tarea del momento es enfrentar la reacreditación a la Coneau, la reforma de los planes de estudio y el cierre de sedes. Convocamos a los centros de estudiantes a constituir a una federación universitaria que sirva de impulso a esta lucha.

La lucha de dos meses de los becarios/as de investigación de la Universidad de Buenos Aires ha logrado un triunfo histórico. En el marco de una movilización de los becarios al Consejo Superior junto a AGD-UBA, el rector Barbieri anunció una negociación en marcha para alcanzar una equiparación de cargo que implica un aumento de salario de 7.200 a 9.200 pesos, aproximadamente, y que quedan adheridos a la paritaria docente. El conflicto comenzó dos meses atrás para exigir un aumento salarial de emergencia dado que los becarios de la UBA cobraban 5.800 pesos, muy por debajo del resto de los becarios que percibían un promedio de 9.000 pesos. Luego de las primeras medidas, se logró un aumento salarial del 25% y la exención en los aranceles de posgrados cobrados por la propia universidad. Lo conseguido representa una conquista histórica porque defiende la figura del docente-investigador con una dedicación exclusiva en un momento en el cual la investigación en la UBA transita el desfinanciamiento y el ninguneo de la actual gestión. Los becarios de investigación han demostrado la importancia de la organización y la movilización para poder transformar, no sólo nuestras condiciones de trabajo, sino también la propia universidad.

El Centro de Sociales ha denunciado que bandas delictivas han copado el estacionamiento de la facultad, para la venta de droga y artículos robados, convirtiéndolo así en terreno hostil para estudiantes y trabajadores. Una estudiante fue atacada y dos grupos enemigos se pelearon a cuchillazos en pleno horario de cursada por el "control" del lugar. Todo esto ante la mirada indiferente de las autoridades y con la necesaria complicidad policial. La denuncia de esta situación tuvo una gran repercusión mediática y entre los estudiantes y trabajadores de la facultad. Realizamos un bloqueo al lugar y nos movilizamos al Consejo Directivo junto con la AGD y la Comisión Interna No Docente, para presentar un petitorio con miles de firmas exigiendo una solución inmediata a la crisis edilicia de ambas sedes. Pero el decano Postolski siguió con la línea de esconder la basura debajo de la alfombra. Si bien reconocieron que "la policía es cómplice del delito", ocultaron su responsabilidad como funcionarios y encubrieron la del gobierno y su aparato represivo. El mismo papel, no casualmente, jugaron La Cámpora y compañía (La Mella es de la partida). Escuchar a los pibes de Berni y Milani vociferando sobre la "estigmatización" y planteando que "la inseguridad es funcional a los medios hegemónicos" supera todo límite. La Mella se suma alegre a estos argumentos berretas, con la misma velocidad que elogió a Máximo o apoyó la candidatura de Taiana. Por eso concentran todos sus energías en atacar al centro, mientras encubren la responsabilidad del gobierno, su policía y las autoridades de la UBA. Nuestra movilización debe continuar. Vamos por un edificio único en condiciones para poder estudiar y trabajar.

Del 29 al 4 de octubre se estarán desarrollando las elecciones para centro de estudiantes en el instituto terciario "Ricardo Rojas" de Moreno. Luego de un año de dar una batalla contra la pasividad que nos propone el actual centro estudiantes, totalmente adaptado al gobierno K, desde la agrupación Mariano Ferreyra, hemos presentado lista con la finalidad de convertir al centro en una verdadera herramienta de lucha contra el ajuste que nos quiere imponer el gobierno nacional y la oposición patronal, y de esta manera hacer posible las reivindicaciones más sentidas del terciario. El deterioro edilicio, el hacinamiento, la falta de un jardín maternal y de un boleto educativo gratuito son problemas muy sentidos por los estudiantes, por cuya solución la actual dirección del centro no ha hecho nada. En contraposición a esto, hemos desarrollado a fondo la campaña por el proyecto del Boleto Educativo Gratuito para Buenos Aires presentado por el Frente de Izquierda, juntando más de 500 firmas. También hemos convocado un plenario abierto de la agrupación para sumar los reclamos del conjunto de los estudiantes a nuestras propuestas, rompiendo con la pasividad que promueve la actual dirección del centro. Es necesario, más que nunca, la organización estudiantil independiente del gobierno y la dirección del colegio. Desde la agrupación Mariano Ferreyra nos comprometemos a desarrollarlo a fondo.

En Bolivia acaba de sancionarse la ley minera. Es una pieza maestra de entrega y depredación ambiental y laboral. La gran minería privada tiene hoy el 49% de las superficies en explotación (8.000 trabajadores), las cooperativas y unipersonales el 36% (120.000) y la minería estatal un 15% (8.000). La ley aprobada, con el acuerdo de la COB, da por válidos los 7.920 contratos vigentes hasta la fecha, que abarcan 2,5 millones de hectáreas en la proporción indicada. Además, en un período de cinco años, el Estado se compromete a entregar las reservas mineras en sus manos a los actores privados. Una proyección indica que se pasaría de 120.000 cooperativistas a 230.000 en una suerte de ocupación masiva de áreas armadas desde el Estado. Comibol -empresa estatal- no será más propietaria de los minerales que se encuentran en el subsuelo nacional y su lugar, a pedido de los cooperativistas, lo ocupará la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera. La preeminencia de los cooperativistas está en el corazón del régimen económico del nacionalismo "indígena". Se trata de un sistema de explotación de fuerza de trabajo contratada por la cooperativa. Las cooperativas pagan monedas en impuestos, no asumen cargas sociales y tienen un régimen de depredación ambiental y laboral que ha vuelto a sacar a luz el término "mitayo". Los grandes pulpos mineros se asocian con las cooperativas y le compran el mineral, lo que convierte a estas últimas en empresas tercerizadas, que acaparan la parte menor del valor agregado. No hay fronteras en materia ambiental. El trámite para obtener autorización estatal para el uso de los recursos naturales -como el agua-ha sido reemplazado por el "acuerdo entre partes", que luego se informa al Estado. Es la vía libre al atropello de los cooperativistas y las empresas, que tienen varios muertos en la pelea por los "acuerdos". La ley, además, liquida la consulta previa a los habitantes de una zona para decidir sobre la afectación de sus recursos.

La convocatoria a una nueva audiencia pública, para aplicar un tarifazo al servicio de agua potable, es parte de una crisis colosal del gobierno de Scioli. La empresa de agua ABSA está al borde de la quiebra. Tiene un rojo de más de 50 millones de dólares sin haber invertido un centavo en obras y mejoramiento de los servicios. Desde el fracaso de la privatización de Obras Sanitarias, la huida de Azurix-Enron (que no proveía agua potable) y los ilegales arreglos millonarios frente al tribunal del Banco Mundial, se abrió el agujero negro que terminó por descompensar ABSA -la empresa cuasiestatal que reemplazó a la privatizada, transformada pronto en una caja negra de Scioli. En la audiencia pública, los funcionarios sciolistas, entre ellos el llamado "defensor del pueblo", fueran vapuleados por los vecinos y la oposición presentes. No obstante el nivel de repudio, los funcionarios de Ocoba y ABSA confirmaron que no piensan negociar el tarifazo -de hasta un 146%. Este sería el tercer aumento en dos años: 180% en 2012, y 46% al agua por revalúo inmobiliario en 2013. La crisis obligó a la oposición política (Unen, FR, etc.) y hasta al FpV, a oponerse al tarifazo en 9 de Julio, Bahía Blanca, Pehuajó y otras localidades, donde se pronunciaron en los concejos deliberantes. Mientras tanto, Scioli no cobra el agua a las grandes industrias y grandes propietarios del campo -quienes consumen el 91%. Tampoco tiene fundamento cobrar el servicio de agua con arsénico que se distribuye en 40 localidades. El tarifazo no debe pasar. El 8 de octubre, todos a la nueva Audiencia pública en el Colegio de Abogados de la ciudad de La Plata.

El "cierre" del frigorífico Estancias del Sur dejó 540 familias en la calle. Después de casi un año de inactividad, durante el cual los trabajadores venían cobrando la garantía horaria, la patronal ofreció un indemnización del 75% en tres cuotas, que terminó siendo aceptada (aunque ya es un motivo de conflicto porque el 75% se ha convertido en un 60%). La repercusión sobre los pueblos de la zona (Unquillo, Río Ceballos, Villa Allende) se ha hecho sentir: hay comercios que han reducido personal o directamente cerrado. Las perspectivas laborales para los trabajadores del frigorífico son pocas; la mayoría changuea en la construcción. Estamos ante una crisis social de envergadura para toda la región de Sierras Chicas. Vaciamiento El grupo Marfrig, propietario de Estancias del Sur, ha decidido sin embargo "mantener la unidad operativa" a la espera de una apertura mayor de las exportaciones de carne. Mientras tanto, concentró la producción en las plantas que tiene en Santa Fe y San Luis aprovechando que el gobierno nacional la había otorgado la cuota Hilton (carne de exportación) al grupo. De esta manera, pudo vaciar Córdoba (ya se han llevado la maquinaria más importante) y concentrar en las otras dos plantas. Algo similar ocurrió con el frigorífico Carnes Huinca, que cerró su planta de Huinca Renancó dejando a 200 familias en la calle y la trasladó a San Luis donde las condiciones laborales son "mejores"... para la empresa. El gobierno provincial y los intendentes de la zona son han acompañado todas las maniobras empresarias. El Ministerio de Trabajo de la provincia actuó abiertamente para desarmar la lucha que los trabajadores tuvieron en los primeros meses del año. En febrero, nuestra legisladora Cintia Frencia presentó un proyecto de ley para que el gobierno garantice los salarios y los puestos de trabajo costeados por Marfrig, llegando a la expropiación si la empresa no cumplía con las exigencias. El proyecto fue cajoneado. En Carnes Huinca, el gobierno provincial y el municipio orientan la conformación de una cooperativa, lo cual implica trasladar a los trabajadores la responsabilidad y los costos de sostener sus puestos de trabajo y sus salarios. En el caso de Estancias del Sur no se ha planteado la cooperativa, porque además Marfrig no "larga" las instalaciones, las reserva "para mejor ocasión". El plenario provincial por el Congreso de la izquierda y el movimiento obrero resolvió impulsar una campaña por la reapertura del frigorífico sobre la base de la expropiación del mismo, su pase a manos del Estado y funcionamiento bajo control de los trabajadores. Sobre esta base presentaremos un proyecto de expropiación y convocaremos a la organización de la población de Sierras Chicas con esta perspectiva.

El jueves 25, una estudiante de Psicología, se dirigía al CBC de Martínez, después de trabajar. Hizo una cuadra y media desde la parada del colectivo, sintió el ruido de un auto que paraba detrás de ella y comenzó a caminar más apurada. Cuando se iba a dar vuelta para ver qué pasaba, un hombre la agarra del cuello y le dice "vos te venís con nosotros". Ella le muerde la mano y logra soltarse. Esto fue en la esquina de Monseñor Larrumbe y Talcahuano. Corre hasta la UBA y con sus compañeros se encargan de hacer la denuncia. Después de infructuosos llamados a la comisaría, recién a las 23 horas la policía recibe a ella y sus compañeros en la Comisaria 10° de Martínez Oeste (San Isidro). Por la falta de datos específicos (sobre la patente del auto, por ejemplo), se niegan a tomar la denuncia, en una muestra de desidia y la complicidad. Finalmente, la tomaron ante la insistencia de María y sus compañeros. No es el primer caso de intento de secuestro en la zona, alrededor de la UBA y los secundarios aledaños. Tampoco en los barrios y las villas de San Isidro. Las redes de trata operan impunemente en los barrios y con complicidad policial. Reclamamos la iluminación y protección de los caminos hacia las instituciones educativas y en los barrios. Constituyamos una "Comisión de Mujeres" integrada por centros de estudiantes, representantes de los barrios, sindicatos y las organizaciones de género y las organizaciones de derechos humanos actuantes en San Isidro. La organización de las mujeres independiente del Estado es el primer paso para avanzar contra la violencia de género.

Córdoba se encuentra profundamente conmovida y movilizada por el brutal asesinato de Paola Acosta y el ataque a su pequeña hija Martina, quien aún lucha por su vida. Paola fue asesinada por el padre biológico de Martina, Lizzaralde, luego que el miércoles 17 por la noche él se presentara en casa de Paola para entregar la primera cuota alimentaria y conocer a su pequeña hija. La manera en que se desenvolvieron los hechos muestra que se trató de una acción premeditada. Con el asesinato de Paola, ya son once los femicidios en Córdoba en lo que va del año, sólo contabilizando aquellos casos que cobran estado público. Paola venía de un largo litigio judicial con Lizzarande por el reconocimiento de la paternidad de Martina y una cuota alimentaria; a pesar de tener conocimiento de estos antecedentes de violencia económica y psicológica, ni la Justicia ni el gobierno brindaron a Paola las garantías necesarias. Fue la movilización la que alertó a la sociedad para la búsqueda de Paola y Martina. El gobernador no ha pronunciado palabra. A diario ingresan 450 casos a los seis juzgados de familia -sólo en la capital cordobesa-, todos ellos implican algún tipo de violencia contra las mujeres y sus hijos. El sistema judicial victimiza una y otra vez a las mujeres sometiéndolas a burocráticos procesos para acceder a una cuota alimentaria o para obtener el resguardo necesario de su integridad física. La mayoría de las denuncias por violencia son desestimadas, sólo el 20 por ciento de las denuncias siguen su curso y son investigadas. Los femicidios no pueden deslindarse de la descomposición del régimen social y sus gobiernos. Es necesario un abordaje integral; en este sentido, va el proyecto de ley presentado en la Legislatura y exigimos su inmediato tratamiento y aprobación. Exigimos inmediata justicia por Paola y la perpetua a Lizzaralde; Moyano y Oyhanarte deben ser destituidos, y el fiscal Oyhanarte procesado penalmente por incumplimiento e impericia en los deberes de su cargo. Acompañamos a la familia e impulsamos a fondo la gran movilización popular que despertó el asesinato de Paola, denunciando todo este andamiaje estatal que garantiza la violencia contra las familias trabajadoras y la mujer en particular, para terminar con los femicidios.

Dos fallos recientes muestran que existe una política de absolución y blanqueo de la política represiva oficial. Berni sobreseído La jueza federal de San Martín, Sandra Arroyo Salgado, dictó el sobreseimiento de Sergio Berni en una causa en la que se encontraba acusado por la privación ilegítima de la libertad de 68 personas que participaron de un piquete sobre la Panamericana en agosto de 2012. Berni ordenó detener y trasladar a la Unidad Militar de Campo de Mayo a hombres, mujeres y niños cuando se retiraban en un micro. La denuncia contra el secretario de Seguridad fue radicada por los organismos de derechos humanos que integran el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. En su fallo, Arroyo Salgado sostiene que los manifestantes fueron detenidos "cuando intentaban huir". Sin embargo, la misma jueza había dictado antes el sobreseimiento de los manifestantes, por considerar que no se podía determinar que hubieran cometido un delito. Como mínimo, a Berni le cabría la figura de abuso de autoridad. Arroyo Salgado miente cuando afirma que Berni actuó de acuerdo a un supuesto "protocolo", pero el único "protocolo" emitido por el Ministerio de Seguridad prohíbe expresamente el traslado de detenidos en otros vehículos que no sean patrulleros o camiones celulares, y que éstos sean alojados en centros no habilitados a tal efecto. La orden de sobreseer a Berni llega desde el poder político, que lo fogonea incluso como candidato para 2015. Los organismos del Encuentro apelaremos a la Cámara. Proyecto X Por otra parte, el juez federal Sebastián Casanello dictó la falta de mérito para dos oficiales de Gendarmería Nacional en la causa del Proyecto X. Se trata del gendarme Elizabeth Calisaya y el primer alférez Raúl Scheuerman. Ambos se infiltraron en protestas de los trabajadores de Kraft. Para el juez, no existirían elementos probatorios suficientes, aunque ordena seguir investigando "el modo en que la Gendarmería reúne y reproduce la información". Casanello presupone que las actuaciones de los dos gendarmes "habrían estado fundadas en órdenes judiciales". La información obtenida por éstos mientras se hacían pasar por periodistas fue utilizada para procesar a delegados, trabajadores y dirigentes. La Justicia no se pronunció aún sobre la criminalidad de fondo del Proyecto X, a pesar de todo el material sobre el espionaje y la infiltración, que fue hallado en poder de la Gendarmería Nacional. La existencia del Proyecto X fue reconocida por el ex jefe de la fuerza, Héctor Schenone, cuando Nilda Garré se encontraba a cargo del Ministerio de Seguridad. Sin embargo, Casanello afirma que todavía debe clarificarse "si existieron directivas previas de la jefatura". Es obvio que la infiltración de Calisaya y Scheuerman responde a una política de Estado.

La crisis de la industria automotriz cordobesa parece no encontrar un piso. A las suspensiones sistematizadas en Fiat (15 días rotativamente para todo el personal) e Iveco se suma el derrumbe en las autopartistas locales. Iveco y VW abrieron la lista de retiros voluntarios. Para completarla, ya se anunciaron cierres de concesionarias para 2015. Las razones del agravamiento de la crisis son varias. El telón de fondo de la reducción del mercado brasileño se ha agravado por la desorganización económica y la recesión interna. La dependencia de la importación (75% de las autopartes) es el resultado de la desindustrialización que convirtió a las fábricas en ensambladoras - todo esto a beneficio de las multinacionales automotrices. El otro agravante de la crisis es la política de sóbrestocks que llevaron las empresas para especular con una devaluación. Para ello, se impusieron aumentos en los ritmos de producción y horas extras. Ahora las patronales han entrado en una "estricta política de contención de costos" que les ha permitido "mantener la rentabilidad" (Fundación Mediterránea). La política de "contención" son las suspensiones, los despidos, los retiros voluntarios, el reclamo de mayores subsidios y el apriete a los trabajadores. Por una intervención obrera Las terminales reclaman que el gobierno les venda 2.400 millones de dólares para pagar a sus filiales en el exterior por autopartes (cuyo precio y condiciones de comercialización son un secreto "comercial"). Y luego para que devalúe y así valorizar en dólares su stock. Pignanelli decretó el "estado de alerta y movilización" por 400 despidos que se avecinan en las concesionarias, pero nada hace (al igual que Dragún en Córdoba) frente a las suspensiones y despidos. La burocracia teme que cualquier señal dé lugar a una intervención activa de los trabajadores. Es lo que sucede en la UOM Córdoba, donde la burocracia debió coquetear con tomas, bloqueos y luchas para esterilizarlas e impedir una acción general de los trabajadores, como temió que sucediera con la movilización y el paro del 28. En el Smata no ha habido aún una reacción frente a las suspensiones, en parte por el pago del 75% y por el aislamiento de las plantas. El encanutamiento, la especulación contra el peso, el precio de los autos, todo eso plantea la apertura de los libros de las empresas (incluidos los de sus propias financieras y de los grandes proveedores como Techint o Siderar), imponer el control obrero y exigir a las empresas que den a conocer sus planes de producción. Con el reparto de las horas de trabajo, sin afectar el salario, y un control de los ritmos de producción se impiden las suspensiones y despidos. Este programa de salida a la situación requiere de la convocatoria a asambleas en todas las plantas y a una asamblea general del Smata, y plenarios de delegados con mandatos de asamblea en la UOM para establecer un plan de lucha. Este programa también sirve de base para un reagrupamiento clasista de los trabajadores metalmecánicos, que motorice la lucha y que se organice para echar a la burocracia de la UOM y el Smata.

El paro de 48 horas de Adiunt se cumplió con un importante acatamiento (promedio del 65%) pese a los aprietes y amenazas de las autoridades. Se trataba de un paro de advertencia, ante el incumplimiento de algunos puntos de los acuerdos arrancados en agosto. El paro logró poner un límite a la política de provocaciones y dilaciones de parte del Rectorado, y logró evitar el aislamiento al que querían someterlo. También paró Gdiunt (de la federación docente universitaria oficialista) con reclamos similares, y el gremio no docente salió públicamente a exigir un adicional de 500 pesos para todas las categorías, un reclamo que ha nacido como onda expansiva del adicional conquistado por los docentes. El escenario les mostró a las autoridades que el horno no estaba para bollos. Desde el momento del anuncio del paro, tuvieron lugar dos mesas "paritarias" en las que fueron apareciendo algunas soluciones: el pago del adicional de 1.000 pesos a todas las docentes que estaban con licencia por maternidad y la postergación del aumento de la cuota de la obra social a los docentes de menores salarios. En relación al pago del adicional de 1.000 pesos a los auxiliares estudiantiles, las autoridades fracasaron en su estrategia de no incluirlos. El Consejo Superior resolvió que se les pague, aunque condicionado a la existencia de fondos. Las autoridades harán una propuesta de pago proporcional a la cantidad de horas que una próxima asamblea de Adiunt deberá considerar. Sobre otro de los puntos de conflicto, relativo al reclamo de desmantelamiento de la patota del Rectorado, respondieron que están elaborando un "protocolo" de funcionamiento del personal de seguridad. Adiunt denunció que no se ha tomado ninguna medida contra los que reprimieron a los estudiantes y las autoridades dijeron que iban a presentar un informe en la próxima reunión paritaria con la presencia del responsable de esa área. Respecto a Carrera Docente y Ciudadanía de los preuniversitarios, las autoridades insisten en que serían temas prioritarios de la Asamblea Universitaria convocada para el 30 de octubre, pero que no pueden "formalizar eso por escrito". Se comprometieron, sí, a que el Consejo Superior fije un temario y a realizar una jornada con todos los consejeros directivos que integran la Asamblea Universitaria, para que Adiunt explique su posición sobre esos puntos El paro, que tuvo también una concentración en el Rectorado, ha demostrado que las reservas combativas se mantienen en pie, dispuestas a no permitir que los reclamos arrancados con la huelga general sean birlados por las autoridades. Las dos grandes tareas ahora consisten en movilizar todas las fuerzas posibles para que la Asamblea Universitaria vote efectivamente los reclamos docentes (Carrera docente, reconocimiento al Convenio Colectivo de Trabajo, Ciudadanía a los docentes preuniversitarios) y recuperar Adiunt, con una lista de frente único de todo el activismo combativo de esta huelga histórica.

La gobernadora Corpacci anunció en una iniciativa de reformar la constitución, que sorprendió a propios y extraños. El vicegoberandor Mera, sostuvo que se enteró por los diarios, de la misma manera el intendente de la Capital y la oposición agrupada en el Frente Cívico o en el barrionuevismo. Corpacci plantea la eliminación de la reelección indefinida, una legislatura unicameral, limitaciones al uso de los decretos de necesidad y urgencia, y varias reformas en el Poder Judicial. Corpacci anuncia una reforma imposible al cese de su mandato y no tiene los dos tercios de ambas cámaras necesarios. Se trata de una tentativa tardía de recobrar la iniciativa, para la campaña electoral. La coalición (K con el saadismo, los barrionuevistas, el merismo y otros grupos del PJ) , que permitió a Corpacci hacerse con la gobernación en 2011, ha estallado. Barrionuevo y varios intendentes han hecho rancho aparte, al igual que vicegobernador Mera; el intendente de la Capital, con buena parte del aparato partidario, se pasó al massismo. Por temor a ser barrida, se ha negado a establecer la fecha de las elecciones. Hace unos meses, Corpacci envió un proyecto de ley para establecer el sistema de las Paso, pero no ha logrado pasar del estado parlamentario. El planteo reformista de la constitución ya fue rechazado por la oposición y hasta por el auditor general de la Nación. El Frente Cívico, del ex gobernador Brizuela del Moral, la condicionan a un acuerdo político previo. Quien apoyó la iniciativa del gobierno fue el obispo. En Catamarca se ha agravado la crisis con numerosos cierres de empresas, despidos y suspensiones, un declive del negocio minero, un creciente déficit fiscal a la par de denuncias de corrupción.

El Frente Progresista, con Binner a la cabeza, intenta hacer propio el programa de la gran burguesía. Antes de pedir respeto por los fondos buitre, Binner fue uno de los primeros que recomendó la devaluación de la moneda y levantar el cepo cambiario. Es un hombre de las agroexportadoras, grandes pools de siembra y fideicomisos que controlan la producción agrícola de Santa Fe. Al unísono, las agroexportadoras, el gobierno, la Federación Agraria y la Sociedad Rural usan como excusa su oposición a la ley de abastecimiento para exigir la devaluación de la moneda. Pero este programa no es sólo de la boca para afuera: lo aplica en Santa Fe de acuerdo con sus posibilidades. Siguen los tarifazos en los servicios, en el transporte urbano de pasajeros de Santa Fe capital y ahora se anuncia nuevamente en el de Rosario. Con un decretazo, aumentaron un 41 por ciento el agua, mientras regiones enteras de la provincia toman agua de pozo. Hay suspensiones en Acindar, General Motors o cierres de plantas como papelera Andino. Los trabajadores La térmica empieza a saltar por distintos flancos. Los docentes de Amsafe Rosario, ATE y Sadop plantean la inmediata reapertura de las paritarias, luego de aumentos en cuotas que no llegaban al 30 por ciento. La dirección celeste provincial de la docencia hace demagogia con el reclamo, pero sigue sin convocar a nada. Amsafe Rosario tomó el toro por las astas: convoca para el 3 de octubre a un Encuentro provincial de lucha -de docentes y estatales- por la reapertura de las paritarias. El planteo del Partido Obrero es que se vote un plan de lucha, comenzando con movilizaciones y paro de docentes y estatales en conjunto. Acindar de Villa Constitución, después de cuatro años, hizo una asamblea general que paró totalmente la planta. Aunque poniéndole límites, la parte oficialista de la comisión interna tuvo que convocarla a partir de la presión que comienza a crecer. Comenzará un plan de acciones para que la empresa se haga cargo del impuesto al salario y contra las tercerizaciones. Vamos con todo al Congreso del movimiento obrero y la izquierda Ha concluido la primera ronda de asambleas y reuniones que el Partido Obrero ha convocado, en distintas ciudades y gremios de la provincia, preparatorias del Congreso en el Luna Park en noviembre. A todas han asistido compañeros nuevos que se han acercado a partir del interés que genera esta convocatoria. Las reuniones y asambleas funcionan como un laboratorio político para enfrentar los desafíos de la lucha de clases. Así es que se han votado numerosas e importantes campañas en la provincia. Sólo a modo de enumeración: iremos a una audiencia pública al Congreso Nacional, con los diputados del Frente de Izquierda y la concejal Jorgelina Signa, de Capitán Bermúdez, para plantear la expropiación de Papelera Andino bajo control de sus trabajadores; organizamos una campaña en todo el cordón industrial de San Lorenzo por la continuidad del plan de lucha luego del paro nacional, con plenario de bases de todos los trabajadores. Nos planteamos un objetivo de 200 pronunciamientos de trabajadores del cordón industrial convocando al congreso de noviembre. Las asambleas de docentes y estatales votaron una furiosa campaña por la reapertura de las paritarias y para presentar una gran lista provincial para las elecciones de la CTA yaskista. Todas estas campañas, junto a otras, se condensarán en una Mesa regional impulsora del Congreso del movimiento obrero y la izquierda.

Las dos industrias productoras de celulosa en Uruguay están enfrentando conflictos sindicales. A Montes del Plata le pararon el vivero en M'Bopicuá, y a UPM los transportistas le bloquean desde el martes el ingreso de madera. UPM presentó un recurso penal para levantar el piquete a su planta de Fray Bentos, instalado por el sindicato de camioneros en reclamo de que las empresas transportistas flexibilicen la jornada de los choferes. La empresa ha implementado un régimen de trabajo que obliga a "mudar" a los choferes a otras zonas del país para no pagar horas extras. La voracidad de la caldera de Botnia lleva a buscar madera cada vez más lejos y la empresa no quiere reconocer este tema. La impunidad de UPM es total en el Uruguay: los choferes denuncian que las empresas rompen el convenio cuando quieren y se han instalado en la puerta bloqueando todo el ingreso de materiales. Qué mujeres En Montes del Plata, a pocos días de su inauguración, la multinacional enfrenta un conflicto en el vivero de la planta en M'Bopicuá, en Río Negro. Los trabajadores pararon en protesta por el despido de un empleado que prestaba funciones en el vivero desde hace 22 años, cuando pertenecía a la española Ence. La lucha tiene un rasgo muy particular: está protagonizada por un grupo de compañeras que, en una acción ejemplar, decidieron emprender una marcha a pie a lo largo de 17 kilómetros para manifestarse en la plaza Artigas de Fray Bentos contra el despido. Las primeras reacciones obreras contras las papeleras se están haciendo sentir.

Durante trece días los trabajadores de Sidor volvieron a parar la planta, en rechazo a un convenio colectivo fraudulento. A fines de julio y principios de agosto, hubo un mes de huelga y movilizaciones duramente reprimidas. Tras varios intentos fracasados de quebrarla, la dirección de la empresa reanudó la producción a fuerza de despidos, la detención de activistas sindicales - que aún continúan presos- y guardias armados al pie de los altos hornos. Obreros no especializados, militantes del PSUV, reactivaron la acería, pero inutilizando uno de los dos altos hornos que se encontraban operativos, en una planta que ya trabajaba al 50% de su capacidad. Ahora, y al igual que en el "madrugonazo" de agosto, el gobierno apeló a la cooptación de sindicalistas para tratar de hacer pasar el nuevo convenio colectivo. Pero la firma de sindicalistas del Sutiss, que habían rechazado el acuerdo previo, no amedrentó a los trabajadores: en asamblea, rechazaron lo firmado, sostuvieron sus reclamos y exigieron que representantes del gobierno se presenten y expliciten las características del nuevo convenio, que nunca fue sometido a discusión. La militarización de la planta fue lo único que permitió doblegar a los trabajadores de Sidor que seguían firmes. Derrumbe El presidente Nicolás Maduro se apresta a pagar en octubre casi 6.000 mil millones de dólares de deuda externa mientras arrecia la escasez y la inflación toca records históricos. Economistas de la oposición derechista denuncian que el gobierno no cuenta con los fondos necesarios para solventar el pago. Piden que reestructure estas deudas con Wall Street y vuelque esos dólares para financiar importaciones. Las agencias de crédito internacional aprietan para evitar cualquier tipo de default con el capital financiero, mientras promueven el default con los capitalistas locales. Maduro aseguró que cumpliría con sus compromisos internacionales ante todo. La devaluación sigue su curso: el dólar paralelo llegó a 90 bolívares. Los trabajadores de la faja de Orinoco de la petrolera PDVSA se han declarado en estado de alerta y movilización. En la industria automotriz los trabajadores enfrentan los despidos y vienen de protagonizar un contundente paro nacional en solidaridad con la lucha de los trabajadores de Toyota. A su vez, exigen el respeto a los contratos colectivos, detener las reducciones salariales, las vacaciones forzadas y la derogación de los decretos de importación de autos chinos. El "sacudón" de Maduro reforzó la presencia militar en el gabinete. La salida del superministro petrolero Rafael Ramírez fue interpretada como una vuelta atrás en los anuncios de un giro económico hacia un ajuste. La lucha de Sidor y de las automotrices muestran un principio de ruptura de la clase obrera con el gobierno de Maduro, y de unificación nacional de las luchas en curso. Diferentes encuentros sindicales que se están desarrollando debieran profundizar este camino de lucha, sobre la base de caracterizar este nuevo fracaso del nacionalismo de contenido burgués e impulsar una alternativa política de los trabajadores.

La última encuesta otorga a Evo Morales una preferencia electoral al 56 por ciento, 39 puntos por encima del segundo (Doria Medina, de la Unidad Demócrata). Evo prometió ganar con un 70 por ciento. La consigna oficial es un pomposo “El MAS es Bolivia” y ya ha dejado planteada la reforma de la Constitución para acceder a una cuarta presidencia en 2019. El gobierno presenta como su logro histórico la reapropiación de la renta petrolera -4.200 millones de dólares al año (2013), contra 1.600 antes de la nacionalización. El salto en la exportación de gas ha sido de 485 a 6.000 millones de dólares en diez años. Bolivia ha recuperado su condición rentística El ex ministro de Energía Andrés Solís Rada ha denunciado que "no tenemos una reserva estratégica para hacer funcionar las plantas de Bulo Bulo (amoníaco y urea) y de Gran Chaco (etileno propileno), para la siderurgia del Mutún o para industrializar el litio de Uyuni" (bolpress.com, 18/2. Hay una acelerada depredación de reservas mineras, que no van más allá de 2022. Hubo una expansión rapidísima de la soja transgénica y una casi nula reforma agraria. En Bolivia, por esto mismo, un 60% de la población activa es informal y casi un millón de niños es explotado (en una población activa que no llega a los 5 millones). Morales defiende esta "cultura del trabajo", que proporciona un elevado "ejército de reserva" infantil. El salario mínimo es de 200 dólares contra una canasta familiar de 1.000. Los planes sociales no suman más de unos insignificantes 300 millones de dólares anuales. Garantía a los capitales La reserva de moneda extranjera se ha triplicado, oficiando de enorme garantía ociosa para los capitales nacionales e internacionales y para incrementar la deuda externa; las remesas de ganancias al exterior están libres de cargas fiscales. Evo Morales recoge el apoyo indígena a partir de la euforia de consumo creada por los ingresos mineros-sojeros. Esta situación explica también su clara delantera en Santa Cruz y los distritos opositores, donde pesa por sobre todo el freno impuesto por el MAS a las reivindicaciones agrarias. A mediados de 2013, se desarrolló una huelga general por las pensiones, acicateada indudablemente por los mayores recursos que dispone el Tesoro. Dos años después de esta lucha, el gobierno ha concedido una reducción de la edad para acceder a la jubilación. Es lo menos que podría ocurrir cuando el promedio de vida de un trabajador de los socavones es inferior a los 40 años. La izquierda y el PT La crisis de los años 2012/3, motivados por el intento de construir una ruta que avasallaba derechos indígenas y por la cuestión de las pensiones, provocó un movimiento interno en la Central Obrera para fundar un partido de trabajadores. La burocracia cobista era una hija desatendida de la cooptación del MAS. La operación contó con el apoyo de toda la izquierda morenista del país. El PT terminó naufragando bajo la presión del gobierno, quien no tuvo el menor problema en lograr que la burocracia sindical archivara el intento. Las elecciones próximas no cuentan con una alternativa de izquierda, ni siquiera en términos potenciales. 1.Sobre la posición del PO frente a Bolivia y el PT, ver PO números 1.259, 1.262, 1.267, 1.268, 1.269, 1.272, 1.288, 1.291 y 1.298, todos del año 2013.

¿Cuáles han sido las posiciones de algunas organizaciones relevantes de la izquierda con respecto al referendo por la independencia de Escocia? El Socialist Workers Party, de Gran Bretaña, llamó a votar por el Sí, con el argumento de que la separación de Escocia del Reino Unido agravará la crisis política en Westminster, por lo que debilitaría y haría caer al gobierno conservador de Cameron. La especulación cortoplacista suplanta aquí al fundamento histórico-político. Distorsionan las causas (materiales) del debilitamiento, no ya del gobierno británico sino de los restos del imperialismo inglés, que están relacionados con la decadencia del capitalismo y la bancarrota internacional. Aíslan la cuestión nacional del contexto histórico y de la lucha de clases del proletariado en el conjunto de la isla. No tienen en cuenta que el planteo nacional escocés abogaba por la Unión Europea y la defensa de la monarquía. El Partido Socialista Escocés apoyó la independencia en el marco del frente "Sí Escocia" con la burguesía local. Asocia al centroizquierdismo escocés con la defensa del Estado de bienestar, un prejuicio interesado. Ken Loach, el gran cineasta, dirigente del Left Unity, también apoyó al Sí "para empezar a crear -dijo- una sociedad más justa, libre y sostenible". ¿Qué le queda entonces al gobierno de la clase obrera y al socialismo? En la misma línea se ubicó Izquierda Socialista de Argentina, que opina que la independencia "sin duda crea mejores condiciones para defender las conquistas sociales y luchar por nuevas conquistas". Esta posición relega a la Otan, la UE y la Reina a un plano intrascendente. Ninguna de estas organizaciones impugnó la oposición del nacionalismo a la unidad e independencia de Irlanda, punto clave para "debilitar" al imperialismo inglés. El Socialist Equality Party y el PC británico se posicionaron por el No, eludiendo una posición de abstención basada en la promoción de la unidad e independencia de clase del proletariado británico. La LIT-CI, dirigida por el PSTU brasileño, se opone a la creación de "un Estado pseudoindependiente, sumiso a Inglaterra, Estados Unidos o Europa" y a la división del proletariado, aunque caracterizan a Escocia como nación oprimida. El PCR argentino declaró que "el imperialismo inglés derrotó al pueblo escocés que se quería independizar luego de 300 años de opresión económica, lingüística y cultural". Pero "Escocia no es una colonia interior histórica del Reino Unido -no tiene nada que ver en esto con Irlanda-, sino que ha formado parte, históricamente, del entramado del imperialismo británico" (Prensa Obrera N° 1.332). La Fracción Troskista-CI (PTS) caracterizó que "ninguno de los dos campos son una alternativa para los trabajadores y el pueblo pobre", y se posicionó por la abstención. Esta radiografía de las posiciones de izquierda sobre Escocia apunta a identificar el método que sustenta sus posiciones, puramente impresionista. Pone de manifiesto el abismal retroceso de la mayoría de las tendencias que aún reivindican a la IV Internacional. Nuestra definición política partió de una caracterización de la cuestión nacional en el imperio británico y del efecto desintegrador que ejerce sobre él la bancarrota capitalista. Hemos puesto énfasis en la ruptura con la Unión Europea, la abolición de la monarquía, la independencia y unidad de Irlanda, la expulsión de la Otan y la unidad del conjunto del proletariado de las islas contra el capital.

Hasta 100.000 personas se han movilizado estos días en Hong Kong contra una resolución de la Asamblea Popular China que reserva a Pekín un derecho de veto sobre los candidatos presidenciales. También reclaman la renuncia del gobernador. Desde que Hong Kong volvió a la órbita china, las máximas autoridades políticas del territorio responden a Pekín. "La particularidad de estas marchas es que arrastran más gente durante la noche, cuando los trabajadores salen de sus empresas" (Clarín, 1/10). La posibilidad de que el distrito financiero pudiera quedar cerrado por las protestas hizo caer a la Bolsa, la segunda de Asia y la sexta más grande del mundo. A Pekín le preocupa el impacto del movimiento democrático en el territorio continental y en las regiones separatistas. El contenido de clase del movimiento, sin embargo, es capitalista, pero se produce en una etapa de luchas y de organización desde abajo del proletariado de China. Con referencia a esto, la burocracia gobernante y la patronal de China siguen una línea de contención, que promueve la asimilación de las nuevas organizaciones o su integración a los sindicatos estatales mínimamente reformados. Hay, entonces, una presión convergente sobre el Estado, desde afuera y adentro del territorio, en conformidad con el desarrollo urbano y económico enorme que ha tenido el país. De otro lado, sin embargo, las tendencias a un estallido financiero son cada vez más evidentes. La prensa internacional reitera informaciones sobre el crecimiento descomunal de la deuda de China, registrada y no registrada. También el poder político ha sufrido cambios: el gobierno colectivo de la burocracia ha sido sustituido en parte por el gobierno personal del nuevo presidente, Xi. O sea que, al igual que lo ocurrido en 1989, cuando la masacre de Tiananmen, la crisis en el peñasco de Hong Kong encuentra a la burocracia china en el cruce de una transición.

Casi dos millones de personas se habían movilizado en el día nacional de Cataluña, hace dos semanas atrás (la región cuenta con 7,6 millones de habitantes). El parlamento catalán aprobó una ley que autoriza la consulta independentista y el gobernador catalán Artur Mas convocó a una consulta popular bajo las preguntas “¿Quiere que Cataluña sea un Estado? y, en caso afirmativo, ¿quiere que sea un Estado independiente?”. La independencia implica el fin de la monarquía en el nuevo Estado. La convocatoria fue impugnada por el gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que suspendió la consulta. Esta suspensión, acatada por el gobierno de Mas, fue respondida con una multitudinaria manifestación de repudio. “Tercera vía” La gran burguesía de Cataluña no acompaña el planteo independentista, ni renuncia a la monarquía. Un grupo de empresarios está buscando una “tercera vía”, la que neutralizaría la independencia. Sólo una fracción de esta burguesía reclama una mayor autonomía fiscal, con la expectativa de convertirla en una herramienta para desarrollar una política ‘nacional’ de ajuste: menos impuestos a los beneficios y mayores subsidios al capital. La Unión Europea y sus estados se han pronunciado contra la independencia de Cataluña. Tienen en claro que sería el fin del estado español y de toda la operación de rescate financiero de España. El PSOE se ha alineado con el gobierno de Rajoy y la monarquía, con una propuesta de reforma constitucional que habilite mayores autonomías. Es la posición que defiende la fracción Unió del partido oficial Convèrgencia i Unió. Tanto este partido como la Esquerra Republicana (ERC) defienden la integración de una Cataluña independiente a la Unión Europea, es decir que recupera derechos estatales frente a España para entregarlos a la UE. El referendo catalán no contempla la opción de una Cataluña independiente en el marco confederal de una España republicana. La cuestión de la monarquía aparece en esta crisis como un subproducto de la cuestión independentista. Artur Mas había anunciado que no desafiará una orden contraria por parte del Tribunal Constitucional, o sea que no sacará las urnas a la calle en noviembre si no obtiene autorización. Esquerra plantea hacer la consulta de todos modos. La cuestión independentista desarrolla una escisión en el campo catalanista. El PP y el PSOE están electoralmente por el suelo. La independencia catalana afecta fuertemente a la izquierda y a la nueva izquierda, ambas defensoras de la integración a la Unión Europea. Cayo Lara, principal exponente de Izquierda Unida, respalda el referendo de noviembre, pero para “seguir conviviendo juntos todos los territorios del Estado español” (Radiointereconomía, 11/9); o sea que contestaría no a la segunda pregunta de la consulta. Podemos, que reclama para sí la representación de los “Indignados”, apoya el referendo pero sin dar una indicación de voto, con el pretexto de que en su seno conviven distintas posturas -esto a pesar de (o debido a) haber conseguido 12 mil afiliaciones en pocos meses, superando en número a ERC (La Vanguardia, 7/9). Su máximo dirigente, Pablo Iglesias, ha dicho a título personal, que preferiría que Cataluña prosiguiera dentro de España – sin importar que se trata de una monarquía. La defensa de la ‘España de las autonomías’, el estatuto adoptado bastante después del fin de Franco, a pesar de que se cae a pedazos, abarca a un amplio espectro político que teme a las masas y a los planteos republicanos. En el País Vasco, el Partido Nacionalista ha dicho que persistirá en una política de negociación con Madrid. A la irreverencia de los manifestantes catalanes, los medios españoles le oponen el ejemplo escocés, donde el referendo fue pactado y no se cuestionó la autoridad de la reina. La movilización independentista se acrecienta en Cataluña (una brasa caliente para sus propulsores) al mismo tiempo que las protestas republicanas que llevaron a la dimisión de Juan Carlos. Apoyamos el derecho del pueblo catalán a la autodeterminación y, en el cuadro político actual, a la independencia porque, aun con sus limitaciones, es un arma de la lucha por la república en toda España y, en esa medida, por la Unión Republicana y Socialista de los Pueblos Ibéricos. Es asimismo un golpe al Estado español, vasallo de la Unión Europea imperialista. La rápida caducidad de Podemos como fuerza de oposición anticapitalista y republicana deja más claro que nunca la necesidad de un Partido Obrero.

Obama anunció la creación de un frente mundial para destruir al Estado Islámico (EI) en Siria e Irak. Se trata de una demostración de la envergadura de la nueva crisis que se ha desatado en el Medio Oriente. Lo que el afro-americano de la Casa Blanca no aclaró es su política: los republicanos y los sionistas, por ejemplo, lo incitan a aprovechar la situación para poner fin al régimen sirio de Bashar Al-Assad. El mismo caracterizó que su permanencia era incompatible con cualquier salida para la crisis devenida en guerra en gran escala. El objetivo estratégico de la guerra permanece confuso. Obama sabe, sin embargo, que Rusia, China e Irán, indispensables para la guerra contra el EI, se oponen firmemente a cualquier tentativa de ese tipo -dijeron lo mismo, incluso, Argentina, Brasil y Venezuela. Con estas prevenciones, Obama pone en aviso al gobierno sirio cuando lanza un ataque en ese territorio y, al mismo tiempo, refuerza la asistencia militar a las guerrillas que combaten al dictador de Siria. El Congreso norteamericano aprobó un proyecto de ley para financiar, armar y entrenar a los opositores sirios (Al Arabiya, 21/9), aun admitiendo que "dada la atomización de los grupos rebeldes es difícil distinguir quiénes son los moderados y quiénes no" (El País, 20/9); 85 de los 200 congresistas demócratas votaron en contra del proyecto, por la perspectiva de embarcarse en una guerra sin salida. El Pentágono presiona para que retornen los marines a Irak. Según el jefe de Estado Mayor, Martin Dempsey, ni los bombardeos ni el armado de grupos sirios, kurdos o sunitas será suficiente. "Entre 12 y 15 mil soldados son necesarios para recapturar el territorio dominado por el EI". Los bombardeos norteamericanos y británicos están provocando numerosas muertes y una enorme destrucción humanitaria, encima de las ya producidas desde 2003. Mercado persa En el mercadeo internacional para repartirse las zonas de influencia, Obama intenta persuadir a Irán para que abandone a Siria a cambio de un acuerdo nuclear, algo que insurje al Estado sionista, por un lado, y a Hizbollah, la milicia chiíta libanesa, por el otro. Israel abatió un avión militar de Siria, cuando éste se adentró apenas unos metros en las colinas del Golán, las cuales pertenecen históricamente a la propia Siria. El gobierno de Francia, por el contrario, no acompaña a Estados Unidos en la acción en Siria, porque denuncia que ella es un apoyo a Bashar, cuando de lo que se trata es de derrocarlo. La posición de Turquía no hace las cosas más sencillas a los yanquis. Ocurre que la pelea que dan los kurdos contra EI, en el norte de Irak, y el desplazamiento de la guerrilla kurda del PKK para defender a sus connacionales en el norte de Siria han indispuesto a Turquía contra la coalición de Obama, toda vez que Turquía es una opresora nacional del Kurdistan. El escenario bélico se ha trasladado, además, aunque en forma parcial, a Argelia y Libia. Hay una enorme línea de guerra en esta parte del planeta. Solamente un poco más allá se encuentra Ucrania, donde las milicias rebeldes pro-rusas han infligido una derrota decisiva al ejército de Kiev y la Otan, con la posibilidad de extender su avance hacia los confines de Crimea, que ya es territorio ruso. No hace falta subrayar, entonces, que se desarrolla una gigantesca crisis mundial de carácter político-militar. Sin reconocer los derechos al autor, Obama ha pronosticado que Estados Unidos enfrenta "una guerra prolongada". Estado Islámico ¿Qué pasa del otro lado, mientras tanto? Los contingentes militares del EI han derrotado repetidamente al ejército de Irak, entrenado por Estados Unidos durante varios años, diez veces más numeroso. La milicia fascista está mucho más motivada que sus adversarios. En este momento se encuentra a ocho kilómetros de Bagdad. Si la coalición norteamericana no supera sus contradicciones, la toma de la capital de Irak por parte de EI sería un golpe estratégico descomunal. Laurent Fabius, el canciller francés, quisquilloso con el lenguaje, se vería obligado a admitir que la milicia fundamentalista se habría convertido en Estado. La mayoría de los sectores sunnitas vinculados con Saddam Hussein en el pasado reciente ha desoído los cantos de sirena de Estados Unidos y mantienen el apoyo al EI. El "pro-occidental" Frente Revolucionario Sirio tiene acuerdos con el EI en algunos suburbios de Damasco; el Ejército Libre Sirio ha denunciado los bombardeos norteamericanos al grupo islamista Al Nusra, con el cual colabora en algunos frentes. Incluso los pases de combatientes de un bando al otro serían constantes (Zaman Al Wasl, 26/9). El Estado Islámico tiene una estrategia política más clara que sus adversarios, lo cual le ha permitido avanzar con apenas 30 mil hombres armados. Las andanzas del EI han alimentado la suspicacia de que sea una creación del sionismo o incluso de Estados Unidos, porque funciona como un pretexto para acabar con el gobierno de Siria y promover el despliegue aéreo (y más tarde terrestre) de Norteamérica. EI no ha proferido ni una palabra respecto a acabar con el ‘enemigo sionista'. Es difícil asegurar, por ahora, si esto es una prueba de alianza o una astucia islámica, para avanzar en la creación de un Estado sirio-iraquí. El gobierno iraquí, apadrinado por la Casa Blanca, propugna una salida de unidad nacional de chiítas, sunnitas y kurdos. Esta misma estrategia fue utilizada por Estados Unidos en 2003, cuando constituyó "consejos populares sunitas" para luchar contra la infiltración de Al Qaeda, que terminaron como centros de reclutamiento para los islamistas. Las contradicciones salen a la luz por todos lados. El nuevo primer ministro de Iraq recluta ex-baathistas y promete contratos legales y amnistía para todo ex militante del EI que se una a la nueva fuerza (Iraq Oil Report, 18/9), pero en el pueblo de Diyala, dichas milicias, coordinadas por Bagdad, han abierto fuego contra los ‘aliados' kurdos (ídem). El Irak unificado y antisectario muere sin siquiera haber nacido. El imperialismo se encuentra en un impasse estratégico. Las reconfiguraciones políticas de la región se han demostrado históricamente inviables. Sólo poderosas revoluciones sociales en los principales Estados que se disputan el nuevo reparto de la región, pueden poner fin a esta catástrofe y ofrecer una salida.

Un "teatro tomado". Así define la artista Vivi Tellas a Las Personas, una obra creada y dirigida por ella que se presenta actualmente en la sala Casacuberta del Teatro San Martín. ¿Tomado por quién? La respuesta, a la vista, es la obra íntegramente representada por 22 trabajadores del teatro. Es decir, por aquellos que nunca se ven, por los que fabrican la escena detrás de la escena. Los actores se presentan tal como son y "actúan" de ellos mismos. Nos van contando desde la fecha que comenzaron a trabajar hasta el descubrimiento de una opción sexual. Las anécdotas se mezclan con momentos de organización sindical. La pasión por sus respectivos trabajos realza la descripción de las condiciones en que se realizan. Desde la trabajadora parcialmente contratada, la falta de elementos de trabajo, la preparación de los vestuarios. Este ciclo denominado “Biodrama”, creado por Vivi Tellas, fue impulsado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad en el marco de los 70 años del San Martín. Mal que les pese a sus organizadores, la obra no puede dejar de reflejar el deterioro de las condiciones laborales y de expresión artística, como resultado de la precarización y privatización del Teatro (veáse artículo en Prensa Obrera N° 1.333). El espectador entiende que lo que se ve en el teatro es sólo una parte de la labor teatral. La obra muestra a una clase que se ha subido a las tablas: junto a los artistas consagrados están quienes, con su trabajo subliminal, permiten que el teatro exista. Como un guiño de Bertolt Brecht, son los trabajadores quienes toman el escenario y se vuelven protagonistas. La obra se presenta los martes a las 20 horas, en la sala Casacuberta del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Platea: 30 pesos.

La reciente edición de la Bienal de San Pablo, la mayor muestra de arte contemporáneo de América Latina, ha estado dominada por fuertes expresiones contestatarias. Un grupo de 55 artistas -entre ellos israelíes y palestinos- sacó una carta que criticaba el apoyo financiero de Israel a la muestra, lo que obligó a retirar el subsidio de ese país a la Bienal. En la entrada aparece la instalación Espacio para abortar, del colectivo de artistas bolivianas "Mujeres Creando": se trata de "un enorme útero con pequeñas cortinas donde se invita a quienes le han puesto el cuerpo a una experiencia clandestina a contar sus vivencias" (La Nación, 6/9). María Galindo, integrante del grupo, no deja dudas acerca del contenido: "Es una denuncia contra la izquierda latinoamericana, Cristina Kirchner, Dilma Rousseff, Evo Morales, que nos prohíben el derecho a abortar y empujan a miles de mujeres a situaciones de riesgo por el solo hecho de adueñarse de sus cuerpos" (idem). Otras obras, como Dios es marica, es una mezcla de travestismo con imágenes religiosas y sexuales. Entre las temáticas de las obras están la crisis del capitalismo, las guerras, los abusos sexuales en la Iglesia católica, las drogas, las condiciones carcelarias, la pobreza, la corrupción, el racismo -reflejado en el caso de la ciudad americana de Ferguson- o el papel de los medios. Aun muerto, León Ferrari estuvo presente en la Bienal. El colectivo "Etcétera" recupera sus obras y conceptos a través de montajes. Es el caso de Infierno financiero, que muestra una pintura de El Bosco donde se recrea el infierno junto a la imagen de operadores de la bolsa. La muestra también incluye las cartas que Ferrari escribió al Vaticano en 1997 y 2000, pidiendo la abolición del infierno. También se expone Violencia, del argentino Juan Carlos Romero, presentada por primera vez en 1973 en el Centro de Arte y Comunicación (CAyC). En ese mismo año, Romero -que fue activista político y gremial (pasó por Montoneros) y formó parte del conceptualista "Grupo de los 13"- se sumó al boicot que se organizó contra la edición XIV de esta misma Bienal paulista, como denuncia al régimen militar en Brasil. La muestra se expresa como una convulsionada reacción artística ante la crisis general, con obras que recuperan algunas ideas artísticas de vanguardia (el conceptualismo) de los sesenta y principios de los setenta. Dice el texto de presentación de la Bienal: "El arte en su mejor momento es una fuerza disruptiva". La gran muestra busca "asimilar" y "comprender" a los expositores y sus obras. Pero, en definitiva, la Bienal ha sido una gran caja de resonancia de la crisis capitalista y un esbozo de rebelión que debe encontrar el cauce político.

La Bancaria intenta proscribir, por "no cumplir con el estatuto", a la Lista 14 - Naranja, integrada por compañeros del Partido Obrero, Tribuna Bancaria e independientes, trabajadores activos y jubilados de Banco Provincia, Ciudad, Galicia, Credicoop y La Caja. El estatuto es absolutamente antidemocrático: no da lugar a una oposición de los trabajadores y, pese que aporta compulsivamente, la gran mayoría del gremio no puede votar al no estar afiliado. Los requisitos para presentarse como candidato a ésta y a cualquier elección son imposibles de cumplir. Para ser candidato al secretariado seccional es necesario haber sido delegado general de una comisión interna; para ser candidato a congresal, de un secretariado seccional o haber sido congresal (sic). Es más fácil ser candidato a Presidente de la Nación que a dirección de La Bancaria. El congreso de La Bancaria es el que escribe el estatuto. Está armado para perpetuar a los mismos que la dirigen desde siempre. Palazzo confirma esta metodología que el zanolismo utilizó durante cuarenta años para perpetuarse en el poder. El acceso a los padrones es otro impedimento "estatutario", salvo, obviamente, para la propia conducción de La Bancaria. Desde un primer momento, hemos invitado a todas las agrupaciones e internas del gremio que sostienen posiciones independientes a la dirección del sindicato a poner en pie esta lista. El "Encuentro Bancario" y "La Germán Abdala" (CTA), actuales conducciones gremiales en el Banco Provincia y Ciudad, respectivamente, no han asumido la responsabilidad de ponerle el cuerpo a una gran lista en la Seccional que aspire a recuperar el Sindicato y ponerlo al servicio de los trabajadores. La proscripción a la Lista 14 - Naranja es el ataque a un programa que levanta las verdaderas necesidades de los trabajadores bancarios: organizar a todos los bancos en plenarios de delegados de base; acuerdos salariales refrendados en asambleas en todos los bancos; anular el impuesto al salario para activos y jubilados; arrancar el ingreso de personal y pase a planta de todos los tercerizados, contratados y monotributistas; terminar con la diferencia salarial con igualación al mejor salario del gremio; lograr el reconocimiento del trabajo insalubre en los call centers; control por los afiliados de nuestra obra social y el crédito hipotecario a tasa preferencial para todos los bancarios; defender a ultranza de nuestro convenio colectivo de trabajo vigente. Este es el programa proscripto. La "nueva" bancaria, La Bancaria "democrática", proscribe porque en su campaña no hay lugar para responder preguntas evidentes: ¿por qué más del 90 por ciento de los bancarios pagamos el impuesto al salario? ¿Por qué la falta de personal recorre todos los sectores del gremio? ¿Por qué mientras los banqueros "la levantan en pala", la flexibilización y los despidos han avanzado a mares en la “década ganada"? Llamamos a todos los compañeros y compañeras, a los delegados y delegadas, a las gremiales independientes a rechazar esta proscripción y rechazar la lista única, para democratizar realmente el gremio.

Como consecuencia de dos movilizaciones al juzgado que tramita la quiebra, los trabajadores de Donnelley (ahora cooperativa Madygraf) lograron el compromiso de pago de 4 mil pesos por parte del juez Santichia. Sería -manifestaron- "a cuenta" de los trabajos realizados en el mes. Todavía queda por definir el destino del dinero que la empresa tiene en sus cuentas. Aún no se habilitó el pago de indemnizaciones y salarios adeudados correspondientes a agosto. El sindicato no se hizo presente en las movilizaciones, a pesar de que fogoneó la salida cooperativista, y le ha sacado la obra social a los trabajadores. También se produjo la movilización de un grupo de trabajadores (muchos jerárquicos), que se manifestaron por la liquidación inmediata de los bienes, para destinarlos al pago de las indemnizaciones. Los trámites en el Inaes no avanzaron. Como señaláramos en la edición anterior de Prensa Obrera, se trata de un trámite tortuoso. La política de la burocracia de Ongaro y el ministerio lleva a la desmoralización de los trabajadores. Según los delegados, el Ministerio de Trabajo habría reconocido en un escrito la continuidad laboral, pero se trata de un compromiso vacío si no aclara bajo qué forma jurídica o de propiedad. Una declaración de utilidad pública con vista a la expropiación es facultad de la Legislatura, aunque de signo contrario a la tendencia del Estado en el caso de empresas vaciadas o bajo trato judicial. Christian Castillo, por el bloque parlamentario del Frente de Izquierda bonaerense, ha presentado un proyecto en ese sentido, a cambio de un peso de indemnización. La empresa no sería estatizada sino transferida a la cooperativa, aunque es probable que sea cuestionado el articulado sobre la indemnización. Exigimos una movilización del sindicato por la expropiación sin carga para los trabajadores y una comisión de seguimiento formado por todas las agrupaciones sindicales y el cuerpo de delegados. Necesitamos un plenario de delegados.

Al calor de la inflación, que carcome el poder adquisitivo de los asalariados, se han quebrado los acuerdos alcanzados a principios de año en los sindicatos cordobeses. En ese momento, toda la burocracia sindical cerró cifras que oscilaban en un 30 por ciento en cuotas, y lo hacían así con la intención de que el acuerdo cubriera todo 2014. En ningún caso las conducciones plantearon la actualización mensual por inflación, cuando a todas luces quedaba claro que ésta superaría el aumento pactado. En aquellos momentos, fue Tribuna Docente (Lista Fucsia) la que impugnó formal y políticamente ante la UEPC y el gobierno provincial el acuerdo, y reclamó no sólo un aumento superior y la determinación de un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar para todos los docentes, sino fundamentalmente la denominada cláusula gatillo (indexación), que presupone una paritaria permanente, lo que establece las bases para que sea el movimiento en su conjunto el que intervenga en defensa de su salario y sus condiciones de trabajo. ATE, que había sido finalmente reconocida por De la Sota, no firmó la propuesta por insuficiente y formalmente quedó en "conflicto", aunque no estableció una acción de lucha. Después de haberse cobrado las últimas cuotas de los acuerdos, los gremios más importantes (UEPC, SEP, Suoem, Luz y Fuerza, Aoita) han planteado la reapertura de las paritarias bajo una presión enorme de las bases, que ya se había presentado en las jornadas del 27 y 28 de agosto pasado. El cuerpo de delegados del Suoem, a moción de los delegados del PO apoyados por toda una parte de los delegados que se alinean con la Lista Verde de la conducción, resolvió un paro de 36 horas con abandono de trabajo. Los colegios preuniversitarios (Belgrano y Monserrat) habían parado por el salario contra la conducción K de Adiuc. Ahora la cuestión de la reapertura arrancó en la UEPC, donde a iniciativa de Tribuna Docente-Lista Fucsia se multiplicaron los mandatos que reclamaban la paritaria y el plan de lucha. Rápidamente, el planteo de la UEPC se ha extendido y próximamente integrará a todos los gremios. Las oposiciones antiburocráticas en Adiuc, UTA, Smata y UOM trabajan en ese sentido. Estamos ante una tendencia que se expresa de igual modo en la lucha contra el impuesto al salario (Suoem, bancarios, Luz y Fuerza), o para prohibir despidos y suspensiones (frigoríficos, UOM, Smata), y que no se limita al reclamo, sino que pone en discusión la cuestión de la organización y del plan de lucha, como se ve en los mandatos docentes o en el Suoem, o entre los "autoconvocados" metalúrgicos. Por el contrario, la burocracia piensa que podrá neutralizar esa tendencia con un bono único "navideño" y en negro. Ya se ha montado toda una pantomima entre las conducciones de los gremios estatales y De la Sota, puesto que al "presidenciable" no se le escapa que algún lastre deberá echar. El Partido Obrero y las agrupaciones clasistas que éste orienta reclaman una verdadera reapertura de las paritarias, un 30 por ciento de aumento y cláusula gatillo, paritarios electos en asamblea y revocables; para ello sostenemos que es necesario establecer un plan de lucha que se inicie con un paro de 36 horas, abandono de trabajo y movilización de miles de trabajadores. En ese sentido, nuestra compañera Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda, ha repudiado públicamente la postura de De la Sota y de la burocracia, y ha preparado un proyecto de ley que plantea la inmediata reapertura de las paritarias, el cual será presentado con el apoyo de delegados y activistas de los principales sindicatos.

El 23 de septiembre, la planta de faena de la empresa Cresta Roja, ubicada en el límite entre Esteban Echeverría y Ezeiza, cerró sin previo aviso a sus trabajadores y sin dar ninguna explicación. Desde ese día, los trabajadores continuaron cumpliendo su horario de trabajo en las puertas del establecimiento. El Ministerio de Trabajo provincial dictó la conciliación obligatoria, que la empresa no acató durante dos días. El viernes, anunció la reapertura de la planta a través de un afiche pegado en la puerta. Esa fue la única comunicación que tuvo la patronal con los trabajadores en los cuatro días de conflicto. Los trabajadores denuncian una maniobra de la empresa para ir a una fuerte reducción de personal (alrededor de 300 puestos de trabajo) y golpear la organización de los trabajadores lograda a partir de diversos reclamos laborales. Hace tres meses, la empresa se presentó en convocatoria de acreedores, aunque es la segunda productora de pollos a nivel nacional y registra ganancias millonarias. La empresa no redujo en ningún momento la producción y durante los días que mantuvo cerrada la planta II en Ezeiza trasladó la faena a su otra planta en Cañuelas. Los trabajadores de Rasic-Cresta Roja, como muchos sectores de la clase obrera, están dispuestos a defender sus puestos de trabajo y enfrentar cualquier atropello patronal.

El 24 de septiembre se realizó la elección de consejeros por los afiliados para el Consejo de Administración del ISSN (Instituto de Seguridad Social de Neuquén). Es una elección de importancia para los trabajadores, no sólo por el padrón de casi 70.000 afiliados, sino porque representa un aspecto de la confiscación estatal realizado directamente a través del desmanejo de los aportes descontados del salario e indirectamente a través del creciente cobro de plus y eliminación de prestaciones a favor de las empresas de la salud privada. Además, existen proyectos en la Legislatura de aumento de la edad jubilatoria y aportes de los trabajadores presentados por el PJ y apoyados por el MPN. Se presentaron cuatro listas. La Lista 1, liderada por la burocracia de UPCN (históricamente la lista oficialista), la Lista 2 (integrada por Aten, Sejun y agrupaciones como Tribuna Estatal, 27 de junio y PCR), la Lista 3 (otra expresión del MPN) y la Lista 7 de la dirección de ATE y del kichnerismo en Aten, que fue derrotado en las elecciones internas previas. Más de 20.000 trabajadores se han pronunciado en las urnas en toda la provincia. La Lista 2 ganó prácticamente en la totalidad de las localidades y obtuvo más del 50% de los votos, superando el aparato del gobierno provincial y los intendentes, quienes pusieron punteros y camionetas a disposición de las otras listas, según fuesen los acuerdos locales y provinciales en cada caso. Los trabajadores votaron a conciencia porque no están dispuestos a seguir cargando sobre las espaldas el vaciamiento que provocó el gobierno del MPN y Sapag en el ISSN. La victoria abrumadora en estas elecciones demuestra el agotamiento de la experiencia de los trabajadores con la burocracia sindical de ATE-CTA ligada al kirchnerismo (que no se pudo expresar en mayo pasado en la elección de la CTA. Es una derrota política para el gobierno de Sapag, que ha favorecido el negocio con las clínicas privadas y los laboratorios y no devuelve la deuda histórica por varios miles de millones de pesos que tiene con el ISSN en concepto de contribuciones patronales. Sapag pretende incluso utilizar ese déficit creado por el Estado-patrón como excusa para hacer pasar la entrega petrolera, anunciando la creación de un fondo previsional atado a un porcentaje de las regalías. Las consejeras gremiales electas tenemos el desafío de transformar estos lugares de representación en una herramienta de defensa de las prestaciones asistenciales y de la caja jubilatoria que empalme con la organización y la lucha de los trabajadores. Conquistamos también un lugar para la organización de los trabajadores y el control de los recursos del ISSN. Desde Tribuna Docente y Estatal-PO hemos defendido un método de frente único. Lo hicimos en Aten cuando recuperamos el sindicato con el Fura, lo hicimos en la CTA con la Lista 2 y enfrentamos el fraude y a la patota sindical. Con este resultado, apostamos a la defensa de Aten recuperada y al desafío de lograr la recuperación de ATE en las próximas elecciones de sindicato.

Las obreras y obreros de Zanón han decido movilizarse el miércoles 1° de octubre, día en que se cumplen 13 años de la ocupación de la planta, para reclamar el otorgamiento urgente de un crédito destinado a la renovación tecnológica de la fábrica. Una conferencia de prensa y la movilización del miércoles 1° son el inicio de un plan de lucha que irá siendo delineado en las próximas asambleas de fábrica. La cooperativa obrera padece un profundo atraso tecnológico, que plantea enormes dificultades para continuar con la producción. El atraso de las maquinarias y la baja producción condena a los trabajadores a recibir un salario por debajo del que establece la paritaria de la rama, y ponen en riesgo conquistas como el aguinaldo o el propio pago de las contribuciones patronales. Han sido los trabajadores quienes, durante más de una década, se han montado en sus hombros lo que la patronal vaciadora y el gobierno han rechazado hacer, a saber: mantener la fábrica en producción y garantizar los 400 puestos de trabajo. La iniciativa obrera surge luego de soportar más de un año y medio de dilaciones por parte de los K y el MPN para el otorgamiento del crédito. Los legisladores del MPN y el PJ se fotografiaron paseando por las instalaciones de la fábrica, para luego oponerse en la Legislatura a otorgar el crédito a la cooperativa. El PJ, ahora dice estar gestionando la inclusión de Fasinpat en la línea de créditos Fondear, del gobierno nacional. Se trata de un nuevo saludo a la bandera. Las dilaciones y el sabotaje a la cooperativa obrera contrastan con la premura de los K y el MPN para arrancar la aprobación de la nueva ley de hidrocarburos, en la que se le concede a los monopolios petroleros exenciones impositivas y facilidades para fugar capitales al exterior. Ni el boom de la especulación inmobiliaria, como consecuencia del efecto Vaca Muerta, ha alentado al gobierno a dar un impulso a las fábricas ceramistas bajo gestión cooperativa; muy por el contrario, son sometidas a un agudo ahogo financiero. En este escenario, entre los trabajadores se debate si es pertinente o no vender parte de los terrenos de la fábrica. Esto le permitiría a la cooperativa salir momentáneamente de la asfixia financiera en la que se encuentra, para luego volver a la misma situación. Por el contrario, en primer lugar es necesario preparar metódicamente un plan de lucha, que coloque a Zanón en el centro del escenario político provincial e incluya el reclamo de la estatización bajo control obrero de todas las fábricas ceramistas de Neuquén. Es el Estado el responsable de garantizar la renovación tecnológica, todas las conquistas del convenio para los trabajadores y colocar a las fábricas ceramistas como las proveedoras privilegiadas de la obra pública provincial. La gesta de los ceramistas ha quedado inscripta en la historia de la lucha de los trabajadores y el pueblo neuquino. Ahora, una vez más, esta lucha reclama ser rodeada de toda la solidaridad. Apoyemos con todo a los obreros de Zanón.

El gobierno pretende copar ATE para transformarlo en un apéndice disciplinado, como ya lo ha hecho con Sute, el gremio docente. La organización gremial combativa de los estatales es un obstáculo para los planes de ajuste y privatización del gobierno provincial. En este cuadro se inscriben las "inspecciones" del ministro de Salud Matías Roby a los lugares de trabajo, buscando responsabilizar a los trabajadores sobre el espantoso estado de hospitales y centros de salud, y ocultar la responsabilidad del gobierno en el desfinanciamiento, la falta de insumos y la anarquía administrativa. Al mejor estilo de los ’90, Roby está vaciando la salud para proceder a su privatización, como ya lo ha hecho con cardiología del Hospital Central. Lo mismo ocurre con Parques y Zoológico, donde las vacantes no se cubren y empiezan a proliferar los contratados, los planes oficiales consisten en entregar los bellos espacios del Parque General San Martín a los empresarios del turismo y la noche. Los contratados abundan en todos los sectores del Estado, el congelamiento de la planta ya ha sido aprobado con la complicidad de la UCR y los PD-PRO. En este contexto, el acoso de la organización gremial, para proceder a su copamiento, por medio de agentes del oficialismo, se ha trasformado en una política de Estado. En Mendoza, este operativo estatal apunta contra la directiva combativa que encabeza Raquel Blas. Los partidarios de esta regimentación estatal reivindican un "modelo sindical dialoguista", del mismo modo que la Presidenta reivindicó, en noviembre de 2009, el "sindicalismo constructivo", que adjudicaba a José Pedraza. El Estado enfrenta la combatividad histórica de ATE, mientras descarga la crisis y el ajuste contra los estatales. Quienes encabezan este operativo a favor de un sindicato ‘dialoguista', compartieron durante años la actual directiva. El reforzamiento de la ofensiva estatal contra los trabajadores, en el marco de la gigantesca crisis de deuda, inflación y trabajo, los ha llevado a recular en toda la línea. Mientras, la directiva de ATE y CTA está en una campaña para democratizar Osep, mediante el voto directo de los trabajadores cotizantes, Roby pretende anexarla al Ministerio de Salud para echar mano de los aportes de los trabajadores. ¿Cómo se "dialoga" en este caso? La reacción de los medios frente a lo que ya llaman la "interna" de ATE, confirma que estamos en presencia de un operativo armado desde el Estado. El próximo 8 de octubre ATE va a la huelga por reapertura de paritarias y de las subcomisiones por sector. El plan de lucha se fortalecerá con asambleas. El pliego de reclamos incluye el pase a planta de todos los compañeros contratados, el rechazo a los planes privatistas en salud, transporte y parques y zoológico; un aumento del 20 por ciento retroactivo a julio y doble aguinaldo. Nos empeñaremos en convertir la diferenciación política en los sindicatos, que crece al compás del vuelco del activismo hacia la izquierda combativa en el plano político, en una herramienta de organización independiente.

Se ha presentado la Lista 3 a las elecciones de la CTA-Yasky del próximo 18 de noviembre. La integran, por la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero, la dirección clasista del Sutna San Fernando, delegados del Neumático de diferentes fábricas, centenares de dirigentes y delegados docentes del país, delegados del Subte, de la UOM Villa Constitución, docentes universitarios de la Conadu y judiciales. Un gran reagrupamiento del sindicalismo clasista y de la izquierda, que también integra el PSTU y sectores del Colectivo Docente de la provincia de Buenos Aires y de la agrupación Almafuerte del Suteba Escobar. Son casi 1.500 candidatos, que conforman la lista nacional encabezada por Romina del Plá, secretaria general del Suteba Matanza, y por Maximiliano Bronzuoli, secretario ejecutivo del Sutna San Fernando. También se han integrado listas en ocho provincias (Capital, Buenos Aires, Santa Fe, Río Negro, Tucumán, Córdoba, Mendoza y Salta) y más de 20 ejecutivas seccionales y regionales. La provincial de Buenos Aires está encabezada por el directivo del Sutna San Fernando Alejandro Crespo, y por Amelia García, secretaria general del Suteba La Plata. La lista de Capital la encabezan Lourdes Alfonso (UTE) y David Carballo, delegado de la Línea B del Subte. Con él, tres de los cuatro delegados de la Línea B, además de delegados y activistas de otras líneas, se han colocado a la cabeza de la lucha contra la dirección K de Pianelli. ¿Está en juego efectivamente la dirección de esa central? No, no sólo por la relación de fuerzas, sino por el carácter mismo del padrón, absolutamente manipulado, y de votaciones que con seguridad serán "infladas", tal como ocurrió con la CTA antes y después de su división. Nuestra intervención es parte de la batalla de fondo por una nueva dirección del conjunto del movimiento obrero. En ese punto, es una oportunidad de lucha y desarrollo político. Una batalla estratégica Se trata de una batalla estratégica contra la burocracia sindical más kirchnerista de todas, la de Hugo Yasky, Pedro Waseijko y Roberto Baradel. Una central que realiza su elección bajo el amparo de un "normalizador" del Ministerio de Trabajo -es decir, piloteada por Carlos Tomada. Es una lucha contra el gobierno del pago a los buitres y el ajuste contra el movimiento obrero, y contra la burocracia más integrada al Estado. Izquierda Socialista y el PTS volvieron a pasar de largo de esta lucha, nada menos que contra Yasky, como lo hicieron también en la CTA Micheli. Es otra clara adaptación a la burocracia sindical centroizquierdista. El MAS presentó una lista, francamente divisionista, sólo a nivel nacional. Repitió lo que hizo en las elecciones de la CTA-Micheli, en mayo pasado. Para justificar la ruptura montó una provocación contra los compañeros del Sutna San Fernando, la Lista Negra y el PO, a los que acusa de una conspiración absurda contra un activista de su corriente en Firestone. La disolución del Encuentro de Atlanta ha tenido otra expresión en torno de esta lucha política. En defensa de las direcciones combativas Nuestra lista va por un voto en defensa de los Suteba combativos, del Sutna San Fernando recuperado, del objetivo de los compañeros del Neumático de disputarle el sindicato a Waseijko en las próximas elecciones de su gremio, de Amsafe-Rosario, de la ascendente oposición clasista en la UEPC Córdoba y del grueso de Ctera, de los docentes universitarios que, enfrentando al yaskismo, salieron a la huelga junto con Conadu Histórica en Tucumán, Rosario y San Luis, reforzando la oposición en Córdoba, La Plata y otras regionales; una política para fortalecer a los metalúrgicos antiburocráticos de Villa Constitución, a los trabajadores aeronáuticos que enfrentan a la patronal de Aerolíneas y La Cámpora, apoyada por la dirección K de APA, a los delegados combativos del Subte, que enfrentan a Roggio y a la dirección K de la AGTSyP. Desde el punto de vista de los gremios que participan de esta elección, se trata de una lucha política del clasismo de más alcance que la librada en la elección de la CTA Micheli. En otro sentido, no se aprecian los desplazamientos políticos que llevaron a la conquista de provincias, seccionales y minorías en la CTA Micheli. La Lista 3 va por un voto que trasciende los límites del padrón. Se trata de un reagrupamiento del clasismo en la CTA que fortalezca a todo el movimiento obrero combativo. A los miles de candidatos sumemos ahora miles de fiscales: En Acindar, en las federaciones universitarias, en judiciales, en toda la docencia de Ctera, en el Neumático, en el Subte, en aeronáuticos.

Con la presencia de un centenar de compañeros, se realizó el plenario provincial por el Congreso del movimiento obrero y la izquierda en el Chaco. Los informes de apertura estuvieron a cargo de Ezequiel Dolber y Aurelio Díaz. El debate central giró en torno a la crisis política y las duras luchas que vive la provincia. En su informe, Aurelio caracterizó que, tanto la UCR como el PJ comparten las mismas bases sociales en la provincia: los sojeros y la burguesía nativa que lucra con los desmontes y el remate de tierras de la provincia. El plenario analizó la situación creada por la ruptura del PJ y la pelea política abierta en diversos gremios y en el movimiento popular, donde la burocracia sindical agita la vuelta de Capitanich, en una variante tardía de cooptación cuando el kirchnerismo ataca día a día los reclamos del pueblo trabajador. Le oponemos a esta variante la independencia política del movimiento popular y la consigna de un congreso obrero y campesino, para poner en pie una alternativa de los trabajadores. Un punto especial que se tocó fue la campaña por el pase a planta de los precarizados del Estado. El gobierno realiza una gran alharaca por la realización de concursos de trabajadores "becados". Pero el pase a planta incluye a una ínfima minoría, y el resto queda en negro y ganando 800 pesos. Se resolvió una movilización y una campaña por el punto, vinculada a una intervención enérgica en apoyo a la huelga estatal y docente por el salario, y el conjunto de los reclamos. Vinculamos esta lucha política con la necesidad de poner en pie una agrupación clasista e independiente en el sindicato estatal, para quebrar la política de la burocracia de colaboración con el PJ. También estuvieron presentes representantes de las luchas en la provincia contra los femicidios y el gatillo fácil, que hace estragos entre la juventud. Como ocurre en Salta y en Tucumán, se discutió la iniciativa de poner en pie un movimiento de familiares de víctimas de la impunidad, para luchar contra estos abusos del Estado. Los ferroviarios plantearon el problema del transporte público, frente al recorte de frecuencias en la línea de pasajeros del Gran Resistencia. Programa de lucha En numerosas asambleas previas en los barrios y localidades, fue surgiendo un programa de reclamos de los municipios y los barrios populares, que incluye la tierra, la salud, la infraestructura básica, la educación y las condiciones de trabajo. Ampliaremos esta campaña de asambleas para que en cada una se resuelva un pliego de reclamos y una movilización política por ellos, quebrando el control de los punteros. En cada caso, vinculamos este pliego con la lucha estratégica por un gobierno de los trabajadores. La consigna del congreso obrero y campesino, que el plenario discutió, justamente cumple el rol de defender un método de deliberación entre los trabajadores para poner en pie una alternativa política propia. El plenario votó un manifiesto provincial y una campaña, que deberá rematar en una gran delegación para el 8 de noviembre y en un reagrupamiento para la presentación de listas provinciales de cara a las elecciones del 8 de marzo. Para preparar una intervención, se votó una mesa de dirigentes sindicales, barriales y de la juventud.

Una nota del último La Verdad Obrera (25/9) acusa al “Perro” y al “Pollo” de “querer repetir Atlanta en chiquito", en alusión a una convocatoria que se haría en los próximos días. En un artículo previo, más duro, había declarado que ese Encuentro "no ha(bía) pasado la prueba". La admisión contundente del fracaso no significa que el PTS reconozca nuestro acierto cuando caracterizamos a ese Encuentro como antagónico al Frente de Izquierda y a la independencia de clase. Esto permite sospechar que el PTS podría volver al redil devaluado, cuando la conclusión que debería sacar es sumarse al Congreso del movimiento obrero y la Izquierda. El PTS acusa al "Perro" y al "Pollo" de "estar ausentes" en las luchas de la Panamericana y en las jornadas de paro activo del 27 y 28 de agosto. En las elecciones de la CTA Micheli, el Encuentro también se dividió -entre el abstencionismo y una participación marginal, lo cual vuelve a ocurrir ahora en la CTA Yasky. El PTS evita referirse a su faccionalismo en numerosos episodios vinculados con todos estos acontecimientos, lindantes con la provocación, contra sus propios aliados del Encuentro (arrancó con la ocupación parcial de Gestamp). La lección que ha dejado el famoso Encuentro, liderado por el "Perro" y el "Pollo", es sensiblemente lamentable. En Jujuy, la organización del "Perro" gerencia planes del Estado, no sorprende que rechace la independencia clasista; lo mismo ocurría cuando militaba en el PCR, que abominaba de esa independencia para promover "el bloque de cuatro clases". En el mismo artículo, el PTS nos critica a nosotros también, no sea que tenga que adjudicarnos el acierto y el pronóstico sobre el Encuentro. Dice que el Congreso del movimiento obrero y la izquierda sería un congreso con nosotros mismos (el PO), pero no repara que se trata un ‘aislamiento’ positivo, en estas circunstancias porque nos delimita de ese Encuentro que ha concluido en la nada, caracterizado por el oportunismo político y el faccionalismo dañino para la clase obrera. ¡Asegura la continuidad política del Frente de Izquierda! Una federación ocasional de sectas hostiles entre sí está muy por debajo de la convocatoria de un partido que encabeza una votación de centenares de miles de trabajadores por una salida obrera y socialista. El PTS podría aportar positivamente si participara en el desarrollo de este Congreso, cuya base son los principios del Manifiesto Político suscripto por el conjunto del Frente de Izquierda. No hacerlo es conspirar contra la perspectiva abierta por el Frente de Izquierda, algo que el PTS persiste en hacer desde los ataques injuriosos a nuestros cuadros y dirigentes, el intento fallido de formar un partido de trabajadores con la única participación del PTS o, más tarde, con este Encuentro cuyo punto de acuerdo es que la independencia de los trabajadores “nos aleja de los obreros peronistas". ¡Todos los movimientos combativos del sindicalismo vinculado con el peronismo reclamaron para sí una independencia política de los políticos del peronismo! ¿Cuántos obreros en Argentina -no burócratas ni pichones de burócratas- estarían en contra de una independencia de los sindicatos y de los trabajadores? "Volver al Primero de Mayo" Luego del asumido fracaso de Atlanta, el PTS propone reeditar "la unidad lograda el 1º de Mayo, con un programa que parta del triunfo de las luchas e incluya la independencia política de los trabajadores". La propuesta rescata lo que hasta ahora rechazó. El acto único del 1° de Mayo obedeció a la evidencia de que era imposible conmemorar la jornada contra el PO, o declarar un cambio unilateral de alianza, del Frente de Izquierda al centroizquierdismo y al moyanismo del "Perro" y otros más. En Prensa Obrera lo caracterizamos como una "gran asamblea a cielo abierto" (PO N° 1.313, 8/5), tanto las divergencias políticas con el Encuentro fueron notables; el "Perro" ni se quedó a escuchar a los oradores restantes. Por un lado, los oradores del PO y de la Coordinadora Clasista expresaron una política de superación del movimiento obrero atado al peronismo y al Estado, por uno integrado a la lucha de clases y a la perspectiva abierta por el Frente de Izquierda. Altamira habló de una "vuelta de página" y de que la lucha de clases sólo era tal cuando cobraba un carácter político. Del otro lado, predominó la exhortación movimientista a la lucha por la lucha misma, o al discurso autoproclamatorio, que convierte a los dirigentes sindicales de izquierda en una dirección política de la clase, cosa que no son. La dirección de la clase, dijimos en el acto, "deberá partir de un programa político, y no podrá emerger como una representación parlamentaria de un movimiento sindical políticamente neutral" (ídem); necesitamos, se insistió, un trabajo político integral coordinado del Frente de Izquierda, junto a un método de debate programático" (ídem). Ese es el método del Congreso del movimiento obrero y de la izquierda. De todos modos, si el PTS propone ‘volver al 1° de Mayo’, nosotros respondemos: hagámoslo bien, no en una forma improvisada cuyos resultados conocemos. Que el Frente de Izquierda presente un documento, blanco sobre negro, a la discusión con el conjunto de corrientes interesadas, y se abra una discusión con plazos precisos. Desde los principios, la flexibilidad puede ser ‘milagrosa’ (con perdón de la palabra, claro), fuera de ellos es liquidacionista. De Moyano-Barrionuevo al inmovilismo político El pez por la boca muere. Lo demuestra esta contribución inesperada del PTS, "la tregua en la que entró la burocracia sindical y el cierre de las paritarias influyó de alguna manera para que la mayoría de las tendencias que habían convocado al 1°de Mayo no insistieran en avanzar" (LVO, 25/9). Esto y caracterizar al Encuentro como un apéndice político de Moyano-Barrionuevo es una sola cosa. La tregua de la burocracia opositora sumió en el inmovilismo al ‘encuentro sindical combativo’. ¡Qué se puede construir realmente sobre semejantes cimientos! El PTS nos está diciendo que, junto a Izquierda Socialista, decidió paralizar el Frente de Izquierda en función de una perspectiva seguidista a la burocracia sindical. Más previsor, el Congreso del PO fundó su propuesta de un Congreso obrero y de izquierda en la necesidad de tomar la iniciativa -o sea combatir el inmovilismo que interesa a las clases y castas del ‘establishment’. No solamente llamamos a los partidos del Frente de Izquierda a organizar en común el Congreso del Luna Park y las mesas y coordinadoras que trabajan por él. Llamamos a la totalidad de la izquierda que, en los últimos días viene mentando, demoradamente, la "unidad de la izquierda" (luego del fracaso de sus aventuras ‘pluralistas’ y ‘centroizquierdistas empecinadas’), a que presente sus planteos de un modo claro y por escrito, y deje de tirar improperios por los medios de comunicación. O que critique, por escrito, el Manifiesto Político del Frente de Izquierda. Reivindicamos un debate de cara al conjunto de los trabajadores.

- El Partido Obrero ha convocado a un Congreso de la izquierda y de los trabajadores, ¿qué pensás de esta iniciativa? -Me parece muy auspiciosa, porque siempre que se abren espacios donde se pueda hablar, analizar y sacar conclusiones resulta importante, en el sentido de aunar criterios para que las ideas se plasmen en acciones. - ¿Cómo podría este Congreso darle un mayor impulso a la lucha contra la impunidad? -Hay mucha gente que está luchando contra la impunidad. Yo sólo represento a mucha gente que es invisible, que no se la conoce y que viene peleando desde hace muchos años. Creo que en estos espacios, como el de la lucha contra la impunidad, no debemos quedar entrampados en lo que proponen los grupos hegemónicos o los poderes políticos tradicionales: "cooperativizar" la responsabilidad. Desde muchos medios de comunicación escuchamos hablar de la cuestión de la inseguridad. Ellos hablan mucho de la inseguridad y no hablan tanto de la impunidad, eso les sirve para decir que es un problema de todos, que todos somos responsables, que la culpa la tenemos todos y siempre hablando en ese lenguaje, y yo insisto que el lenguaje no es inocente. Acá, más que hablar de inseguridad hay que hablar de impunidad y no hay que cooperativizar las responsabilidades. Aquí hay una responsabilidad principal, fundamental, de la situación, y es la de los que detentan el poder. - En las últimas semanas se han producido novedades importantes en la causa de Paulina. -En el homicidio impune de Paulina está absolutamente demostrado que hubo terribles maniobras de encubrimiento para proteger a los asesinos. El fiscal, Diego López Avila, practicamente ha concluido la etapa investigativa de las maniobras de encubrimiento. Ya hay varios imputados: un personaje siniestro, el ex secretario de Seguridad de la provincia, Eduardo Di Lella. También quienes eran entonces jefe de Policía de la provincia, Hugo Sánchez; subjefe de la policía, Nicolás Barrera, y jefe de la Regional Norte, Rubén Brito. Todos están imputados por el delito de encubrimiento agravado, además de abuso de autoridad, falsificación ideológica, de instrumento público y una serie más de delitos, todos agravados porque ellos han sido funcionarios públicos puestos por Alperovich. La causa será elevada a juicio muy pronto. Ya está absolutamente demostrada la connivencia de un poder político de la provincia de Tucumán en la protección de los asesinos de Paulina. Esto no se agota en aquellos cuatro personajes, porque aquí también tuvo una gravitación importante el fiscal Carlos Albaca, que tuvo a su cargo la causa durante siete años. Albaca ha salido indemne del pedido de juicio político porque la comisión de juicio político de la Legislatura, presidida por Sisto Terán, en lugar de juzgarlo, le ha dado un blindaje de impunidad siguiendo órdenes de Alperovich. Ahora, este tipo ha dejado de ser fiscal y está jubilado con más de 50 mil pesos mensuales. Hemos hecho las denuncias, tiene varias denuncias penales que espero avancen, porque ha quedado absolutamente demostrada una connivencia entre el Poder Ejecutivo de la provincia, el Poder Legislativo y estos siniestros personajes del Poder Judicial de la provincia, que se han confabulado para darle impunidad a los asesinos de Paulina. Sin lugar a dudas, debe haber detrás alguien muy poderoso como para que se confabulen los tres poderes de la provincia de Tucumán en maniobras de encubrimientos. Pero, bueno, la causa va avanzando. Espero que pronto llegue el juicio oral así, en un juicio público con la prensa, con toda la gente, se pueda observar la conducta de estos delincuentes.

-¿Cómo viene la lucha de Emfer-Tatsa en defensa de los puestos de trabajo? -Bastante complicada, ya que el gobierno no está dando ninguna solución. Los trabajadores estamos cobrando en negro para el Estado, pero no tenemos trabajo ni nos pagan las cargas sociales, obra social, jubilación y ART. Hay un vaciamiento de la empresa y Cirigliano se borró. Después de la última reunión con el gobierno y la UOM, Caló nos pidió 15 días para solucionar el problema, si no, dice que va a estar al frente de la lucha. En el caso de que no tengamos una respuesta para la semana que viene, empezaremos con cortes y un plan de lucha para que el gobierno decida qué va a hacer con la empresa. -¿Qué salida ves para Emfer-Tatsa? -Yo estoy por la expropiación y la estatización de la empresa, para que se reactive y que sigamos todos los trabajadores en la planta. Pero vemos que por parte de Cirigliano, del gremio y del Estado quieren seguir haciendo negociados y que sigan los mismos corruptos que estuvieron siempre. A nosotros nos quieren afuera de la planta, por eso están buscando el desmantelamiento de la organización que formamos. -¿Cómo ves la iniciativa de un Congreso del movimiento obrero y la izquierda? -Me parece muy importante para todos los trabajadores y para el movimiento obrero hacer un debate general de la situación del país. Estamos atravesando un momento muy complicado, tenemos muchos despidos y suspensiones, y sabemos que el gobierno y los empresarios están de acuerdo con que esto suceda. Yo voy a participar y lo voy a hablar con mis compañeros.

El miércoles 24 de septiembre, los compañeros de Tribuna Estatal Inta realizaron la segunda asamblea en Castelar para promover el Congreso de la izquierda y el movimiento obrero. Tanto en la asamblea anterior como en la de este miércoles, que se realizó en otro sector y con otros trabajadores, se generó un profundo y extendido debate ligado a la propuesta del Partido Obrero. La asamblea dio lugar al desarrollo y el intercambio de ideas alrededor del ajuste que se ejecuta en Inta y de la crisis política nacional, que confluyó en la identificación de las reivindicaciones laborales de los compañeros. Definir un programa independiente y anticapitalista, y concretar un primer cronograma de acciones políticas para intervenir decididamente en la crisis es fundamental de cara a los desafíos que tenemos por delante

Con la presencia de Néstor Pitrola y más de 40 docentes, en un día atravesado por fuertes lluvias, sesionó la asamblea docente de cara al Congreso del movimiento obrero y la izquierda. El informe político planteó como uno de los objetivos centrales del Congreso contribuir a las luchas del movimiento obrero, entre las cuales Pitrola destacó la huelga docente bonaerense, ya que ésta logró instalar en la situación política y en las acciones de lucha del movimiento obrero el método de la huelga general para quebrar el ajuste. A su vez, señaló cómo la docencia universitaria tucumana tomó este método para desenvolver una huelga de 87 días que culminó con un triunfo resonante. También destacó la necesidad de poner en pie al movimiento obrero sobre la base de la independencia política y con el método de frente único, mediante el cual -por ejemplo- se conquistaron los Suteba combativos. Romina del Plá intervino sobre la crisis que transita la educación y el ajuste en curso, que se expresa en las paritarias a la baja, el deterioro edilicio y el vaciamiento del Ioma. Destacó la importancia de la lucha política para superar a la burocracia en todos los terrenos; en este sentido, las próximas elecciones en la CTA-Yasky serán un gran escenario para dar batalla a la burocracia que dirige el gremio docente más numeroso. Como conclusión del informe, destacó que la superación de la crisis educativa sólo podrá ser posible con una reorganización social a cargo de un gobierno de trabajadores. El Suteba Matanza, por otra parte, llevará más de un centenar de compañeras al Encuentro de Mujeres de Salta, con un intenso trabajo de Tribuna Docente. De las mismas, treinta participarán en una experiencia común con el Plenario de Trabajadoras. Varios compañeros intervinieron destacando la lista de la CTA que encabeza Romina, tanto en el orden nacional como el local, y expresando que los agrupamientos que se abstienen en la elección -desertan de la lucha política- le dan aire a la Celeste de Baradel y María Reigada. Las resoluciones fueron publicar una declaración sobre la crisis educativa, promover la participación en la próxima reunión previa del Plenario de Trabajadoras, desenvolver a fondo la campaña electoral con 170 fiscales de piso y movilizar masivamente el 8 de noviembre al Luna.

En las últimas semanas, la campaña hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda ha tomado gran forma en las zonas industriales más importantes del país. Se trata de mesas regionales integradas por compañeros de grandes fábricas, luchadores de los sindicatos y animadores directos de distintos movimientos populares. Es lo que ha ocurrido en Córdoba, Mendoza, la zona sur y oeste de la provincia de Buenos Aires, y lo que sucederá en los próximos días en Neuquén, la zona norte bonaerense, el cordón industrial de San Lorenzo, en el norte petrolero de Santa Cruz y en varios sindicatos de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras. Sobre el Frente Unico La formación de estas mesas regionales habla de un proceso de construcción política sobre la base de un programa y un método, por un lado, y de un plan de acción, por el otro. Se trata, con total claridad, del método inverso de las "coordinadoras de las luchas" que no podían ponerse de acuerdo en elegir la presidencia del evento. El oportunismo en los principios es la base del método faccional, esto cuando los intereses particulares no se subordinan a una finalidad estratégica. En la construcción de las mesas, se ha tenido en cuenta el balance de las luchas y de las tentativas de organización en los últimos tiempos, o sea de la experiencia real del movimiento. La meta más importante del Congreso de noviembre es servir al desarrollo de mesas y coordinadoras político-reivindicativas, principalmente en todos los centros proletarios. Es una demanda de la situación política del país tomada en su conjunto, que se caracteriza por un desmoronamiento económico y una crisis política cada vez más aguda. El trabajo político consiste en preparar a los luchadores para intervenir en estas condiciones cada vez más excepcionales. Ignorar el proceso político y oponerle las luchas en abstracto es una forma de desarmar al activismo obrero y de la juventud. Grandes planteos En la zona norte de la provincia de Buenos Aires, la declaración que han elaborado los compañeros se destaca, precisamente, por esto: prepara al movimiento obrero frente a una escalada mayor de suspensiones y despidos por medio de un programa, que en primer lugar plantea el reparto de las horas de trabajo y que, en segundo lugar, busca desarrollar una verdadera coordinación que cree las condiciones apropiadas para la ocupación de empresas que despidan o cierren. Este programa plantea el frente único del activismo en cada lugar de trabajo y en cada sindicato, porque no se puede construir la unidad sobre un faccionalismo de base. Es llamativo que en las luchas zonales del último año, las ocupaciones de empresas fueron muy pocas, episódicas y aisladas; es lo que hay que superar. Hubo, sí, una participación de estudiantes en acciones propagandísticas. La mesa norte del GBA apoyó participar en las elecciones de la CTA Yasky, que ya se han largado, sobre la base de luchadores del neumático y docentes, con las reivindicaciones y métodos de lucha que se presentan en la etapa. Otra mesa interesante es la de Mendoza, que ha convocado un gran plenario provincial. Advertido de este gran desarrollo clasista, el gobierno K ha empezado un trabajo para copar ATE. La declaración de la mesa plantea la cuestión minera en términos de clase. Rechaza, por un lado, la reforma del código minero que planean el gobierno y la ‘oposición’ de Cobos y el PRO para entregar la Cordillera de los Andes a la Barrica Gold, y reclama, por el otro, la puesta en funcionamiento bajo control obrero y de las asambleas ambientales de la mina de potasio controlada por Vale Río Doce. El desarrollo del Sitraic en la provincia tiene esta consigna como uno de sus ejes fundamentales. Defendemos el medio ambiente y el derecho al trabajo por medio de una lucha de clases consciente. La mesa en Córdoba, que se estableció en un plenario muy numeroso, discutió la intervención en varias elecciones sindicales de aquí a fin de año. La UOM atraviesa una una gran deliberación en la base y en los delegados independientes como consecuencia del impacto de las suspensiones y despidos; lo mismo vuelve a ocurrir en el Smata. Muchos luchadores de las asambleas ambientales que enfrentan a Monsanto se han sumado a la iniciativa, así como también con el movimiento de defensa del agua. En Neuquén, el proceso de formación de la mesa incorpora un debate de fondo sobre las perspectivas de las fábricas bajo gestión obrera. Zanón ha lanzado un plan de lucha por un crédito del Estado para la renovación de su parque productivo. La formación de una mesa de ceramistas, docentes, estatales, trabajadores de la fruta y el frío está a la orden del día. Esto ayudará a la penetración entre los obreros petroleros y de la construcción, en plena invasión de capitales por Vaca Muerta. Se trata de una política que apunta a la perspectiva de una Central Obrera mayoritaria en Neuquén, independiente de las patronales y el Estado. Militar y reclutar Promovemos la caracterización política de cada situación a cargo del propio movimiento obrero. Esto supone el debate de la situación en su conjunto. De este modo los compañeros se transforman en voceros políticos de su clase. Nadie lo ha planteado hasta ahora; es uno de los objetivos mayores del Congreso. Los compañeros que se suman a la iniciativa lo hacen en términos individuales, con independencia del nivel de dirección sindical. Participan como militantes, que se esforzarán por convencer a otros compañeros y a reclutarlos para la campaña, sin arrogarse una representación que no han ganado políticamente, que es lo que ocurre de un modo casi habitual. Así como la burocracia dice que los sindicatos son peronistas, es frecuente que la izquierda haga lo mismo allí donde sus militantes han ganado representación sindical. En nuestro caso, no tenemos el menor interés de saltarnos el paso de la conquista política de cada trabajador para la causa de la revolución socialista. Los sindicatos deben ser autónomos de los partidos y adoptar sus decisiones por medio de asambleas y congresos. El sentido estratégico del trabajo revolucionario en los sindicatos no es ganar su estructura, sino elevar la conciencia y la organización de la clase obrera para la lucha por un gobierno de trabajadores. El Frente de Izquierda Desde abril pasado, cuando se realizó el congreso anual del Partido Obrero, hemos planteado que el Congreso fuera convocado por el Frente de Izquierda. Los partidos del Frente prefirieron desarrollar otra alternativa -antagónica al Frente de Izquierda, con la etiqueta de coordinar las luchas. Aún sostenemos la posición de una convocatoria común. El desarrollo de mesas regionales debería facilitar la unidad de la convocatoria. En ellas estarían presentes agrupaciones que actúan diferenciadas en los lugares de trabajo y en los sindicatos, por lo que su integración sería un paso extraordinario para promover entre ellas un frente único frente al Estado, las patronales y la burocracia sindical. Un cuadro o contexto político común daría más precisión a las posiciones diferentes de unos y otros. Todo esto no es recomendación de manual, menos aún pedante; tiene que ver con la situación política de conjunto, que se caracteriza por una transición en el movimiento obrero y la juventud hacia posiciones independientes del Estado capitalista. Nuestro partido, el Partido Obrero, se delimita en el debate de la izquierda por la política de construir una alternativa de poder clasista en el curso de la crisis presente y como resultado de ella.

Mientras las mujeres de la provincia de Córdoba nos organizamos para participar del Encuentro Nacional de la Mujer, el recrudecimiento de la crisis provincial vuelve a dejar al desnudo el fracaso de las políticas hacia la mujer por parte del gobierno, que no han avanzado un ápice en garantizar sus derechos. El crecimiento alarmante de los femicidios, que de forma estremecedora volvió a exponerse con el caso de la Paola Acosta puso sobre el tapete el fracaso del "botón antipánico" impulsado por De la Sota y la ley de Violencia de Género provincial, medidas que desvían la responsabilidad estatal colocándola exclusivamente en cabeza del agresor, pero que también implican el reforzamiento de un aparato policial vinculado con las redes de trata y el narcotráfico. En la provincia, los embarazos adolescentes, la muerte o mutilación de mujeres, en su mayoría pobres, por abortos clandestinos son moneda corriente. En contraposición a esto, el gobierno de De la Sota sostiene una alianza con la Iglesia contra las mujeres, impidiendo el acceso al derecho al aborto no punible, vetando la distribución gratuita de la pastilla del día después y avalando la intromisión de la Iglesia en la educación pública. En el plano laboral, los derechos de la mujer son postergados al extremo de haber impugnado que una docente ocupa el cargo de preceptora luego de haber ganado el cargo por concurso, con el argumento de que "una mujer no puede cuidar a varones". Todo esto, ante la mirada impávida del Ministerio de Educación, la burocracia sindical de UEPC y el Consejo de la Mujer, pese a la contundente denuncia realizada por el Plenario de Trabajadoras y Tribuna Docente. El Consejo Provincial de la Mujer -institución creada por la Legislatura- no se ha inmutado por la alarmante situación que cotidianamente enfrentan las mujeres de la provincia. No se ha pronunciado frente al brutal asesinato de Paola Acosta ni ha amagado siquiera con llevar adelante alguna medida para poner freno al incesante incremento de los femicidios. Frente a esta situación, desde el Plenario de Trabajadoras y nuestra banca en la Legislatura nos hemos colocado a la cabeza de la defensa de los intereses de las mujeres de la provincia. Presentamos e impulsamos diferentes proyectos de ley, entre ellos de salida integral e inmediata a la situación de violencia; de aplicación inmediata de los abortos no punibles en la provincia; y de inmediata búsqueda en caso de desaparición. Asimismo, denunciamos al Consejo de la Mujer como una verdadera caja negra que dilapida el presupuesto a discreción sin rendir cuentas ante la población, exigimos la destitución de la actual Meja Ejecutiva y la conformación de un Comité electo de manera directa y democrática por las mujeres de Córdoba, con cargos revocables, para poner el Consejo al servicio de la organización y conquista de los derechos de las mujeres. De esta manera, la campaña por el Encuentro de Salta se abre paso entre los principales frentes de mujeres de la provincia.

El próximo 20 de octubre, cuando se cumpla el cuarto aniversario del crimen de nuestro compañero Mariano Ferreyra, el Partido Obrero se movilizará en todo el país para exigir la condena a prisión perpetua de Pedraza y sus cómplices, y denunciar las maniobras de impunidad que se tejen desde el poder político. Nos movilizaremos desde Barracas, el lugar donde los compañeros fueron emboscados por la patota de la Unión Ferroviaria y cayó asesinado Mariano, hasta el Congreso Nacional. Levantaremos una tribuna de respaldo a todas las luchas obreras y populares de todo el país. En definitiva, ¿qué cambió desde el asesinato de Mariano y la condena a Pedraza a esta parte? Los ferrocarriles continúan gestionados por los mismos empresarios que lucraron con Pedraza y Schiavi. El rescate de los vaciadores por parte del gobierno fue completo. Ahora operan tras la fachada de una empresa estatal, Sofse. Randazzo no hizo otra cosa que asignar a cada empresa que integraba Ugofe -Romero, Roggio- la gestión de una línea. Incluso TBA, apartada de la gestión del Sarmiento luego de la masacre de Once, está participando del negocio. Mientras los trabajadores de Emfer-Tatsa enfrentan el vaciamiento y las represalias judiciales por haber denunciado a los Cirigliano, el gobierno está empeñado a fondo en el encubrimiento de los funcionarios responsables en el juicio oral por la masacre de Once y mantiene una línea de provocaciones contra los familiares y víctimas. La Unión Ferroviaria sigue en manos de la burocracia formada por José Pedraza, empezando por Sergio Sasia, su actual secretario general y antes delegado de la Verde en el ferrocarril Mitre. La mayoría de los nombres se repiten. El rescate del pedracismo fue operado directamente desde los ministerios de Trabajo (Carlos Tomada) y del Interior (Florencio Randazzo). Las patotas de la burocracia gozan de respaldo oficial. Las amenazas e insultos de Pignanelli remiten directamente a los que la Verde de Pedraza profería contra las movilizaciones de los tercerizados. Las patotas de Pignanelli y la Gendarmería conducida por Berni se completan en el ataque contra los trabajadores de Lear, del mismo modo que la patota que asesinó a Mariano tuvo en su momento el apoyo de la Policía Federal y Aníbal Fernández. Cristina Fernández no perdió oportunidad de ratificar su alianza con Pignanelli. El asesinato de Mariano fue el resultado de un plan criminal en el que participaron los burócratas de la Unión Ferroviaria, los funcionarios de la Secretaría de Transporte y los empresarios de la ex Ugofe para defender negocios compartidos. La investigación judicial que se inició con el crimen fue desmembrada para limitar sus alcances. Esa operación comenzó tempranamente, con la división de la investigación en varias causas. La causa que se formó para investigar la relación comercial que existía entre la UF y la empresa Ugofe nunca avanzó un centímetro. La "causa de las coimas", que investiga a una parte del Poder Judicial, se encuentra paralizada. Las escuchas y los allanamientos realizados en el marco de esa investigación fueron pruebas clave en la condena a Pedraza, y no dejan duda de sus negociaciones con los jueces para liberar a Favale. Sin embargo, de veinte magistrados se excusaron de intervenir. El más reciente fue Norberto Oyarbide. En su alegato en el juicio oral contra Pedraza, la fiscalía soslayó el alcance de los intereses económicos compartidos por Pedraza, empresarios y funcionarios, y el papel de los policías, a los cuales acusó apenas por abandono de persona. Las condenas de Pedraza y de los principales responsables que llegaron a juicio fueron el resultado de una movilización popular extraordinaria. Ahora, esas condenas se encuentran sujetas a la revisión de los jueces de la Cámara de Casación. Las defensas reclaman la absolución de todos los condenados. Por nuestra parte, el TOC 21 no le permitió a nuestra querella recurrir la calificación del hecho y reclamar la pena de prisión perpetua a Pedraza, Fernández, Díaz, Favale y Sánchez por el homicidio agravado de Mariano y las tentativas de homicidio agravadas de Elsa Rodríguez y Nélson Aguirre. Ese es el verdadero encuadramiento que se ajusta al plan criminal. Los jueces del TOC 21 sí hicieron lugar a las apelaciones de la fiscalía y del CELS, que -cabe recordar- desestimó el papel jugado por Aníbal Fernández y Carlos Tomada en la trama criminal. Mientras los jueces de Casación deliberan, Pedraza y Fernández maniobran para asegurarse el beneficio de la prisión domiciliaria. El crimen de Mariano marcó con sangre la diferencia estratégica que separa al movimiento obrero del nacionalismo pequeñoburgués encarnado por los K. El próximo 20 de octubre reivindicaremos la militancia obrera y socialista de Mariano Ferreyra redoblando la movilización por el castigo a todos los culpables y por el triunfo de todas las luchas.

Desde el 18 de septiembre no está más entre nosotros la compañera Mónica Alvarez, tras soportar una enfermedad a lo largo de tres años, tiempo en el que estuvo alejada de la militancia en el Partido Obrero. Su ingreso data de los primeros años de Política Obrera, en la universidad. Un día después de su muerte física, amigos, vecinos y compañeros nos reunimos para recordar y homenajear a "Moni", nuestra querida Mónica, quien marcó a fuego a decenas de jóvenes en su tarea como docente, psicopedagoga y militante revolucionaria; además del recuerdo de su carácter siempre jovial, popular, piquetera, amiga entrañable, transgresora, inteligente, coqueta, sus vecinas recordaron su colaboración personal, sus enseñanzas; conformó en el barrio de Atepam, Villa Tesei, una lista opositora a la de los punteros del municipio en la sociedad de fomento. En 2001 colaboró en el distrito con la conformación del Polo Obrero. Se la vio el 20 de diciembre de 2001: ni los gases la detenían, siempre adelante. Siempre se comprometió y difundió los derechos de los oprimidos, la mujer, los jóvenes (a los que nunca les negaba una mano, un oído). En el distrito fue un de compañera reconocida como militante del Partido Obrero. Te vamos a extrañar. Nuestro compromiso es continuar tu lucha, ¡hasta la victoria siempre Mónica Alvarez! A sus padres, hijo y familiares, nuestras condolencias

En la Facultad de Sociales probablemente se votará la semana del 20 de octubre. La Izquierda al Frente tendrá la tarea de defender la conducción del Cecso, luego de la victoria del año pasado sobre La Mella-Patria Grande. Las elecciones se dan en un marco de profundización del ajuste en la facultad. El decano kirchnerista Postolski votó por todo el gabinete del rector Barbieri y apoyo un presupuesto que se redujo frente a la inflación. Las consecuencias están a la vista. Las dos sedes se vienen abajo: inundaciones, cortes de luz y agua, evacuaciones y hacinamiento. Las autoridades buscan, además, avanzar sobre nuestros planes de estudio. Ya reformaron Trabajo Social y ahora pretenden hacer lo propio en Comunicación, desvalorizando el título, recortando orientaciones e introduciendo el trabajo gratuito obligatorio. Con La Izquierda al Frente sacamos al Cecso de la parálisis en la que lo tenía inmerso su anterior conducción, ligada a la gestión -La Mella puso a la vicedecana Funes, proveniente de la carrera de Sociología. Este año, los estudiantes nos organizamos junto a los docentes y no docentes por mejoras edilicias, para poner fin al trabajo precario y frenar las reformas antieducativas de las carreras. Además, nos hemos movilizado por Lear, Gestamp, Donnelley, Perfil, docentes, etc. La lista de La Cámpora (Vamos Sociales) y La UES -cuya consejera votó a Barbieri- se asumió públicamente como la hinchada estudiantil de la gestión, llegando al ridículo de saludar "el nuevo edificio", en medio de su debacle. Por su parte, La Mella se transformó en vocera de las autoridades, atacando al Centro de Estudiantes con sus mismos argumentos. Producto de esta política es que El Empuje -frente que conducía el Cecso hasta el año pasado- dejó de existir. Este año los estudiantes de Sociales tenemos el desafío de fortalecer un centro de estudiantes independiente de la gestión y del gobierno para enfrentar el ajuste en la facultad. ¡Vamos con la Izquierda!

La semana del 20 de octubre tendrán lugar las elecciones de Centro de Estudiantes y representantes por carrera en Filosofía y Letras. El centro ha entrado en una nueva etapa. El año pasado, La Izquierda al Frente desplazó de la conducción del Cefyl a La Mella (Patria Grande), después de tres años de pasividad: habían dejado pasar grandes ajustes en materia edilicia, eliminación de becas, etc. El contraste con el pasado es total. El protagonismo del Cefyl en las grandes luchas de los trabajadores contra el ajuste del gobierno es destacado por todos. La lucha por la democratización cuando se eligió a la nueva decana, Graciela Morgade, contrastó con la integración del Cefyl en la rosca de camarillas cuando dirigía La Mella. A partir de esa lucha, la flamante decana K abrió sumarios a los representantes estudiantiles, pero fue derrotada. Un centro que volvió a otorgar becas de apuntes y a poner el problema edilicio en agenda (consiguiendo avances, como la vuelta del gas) muestra a las claras el contrapunto de orientaciones. Sin embargo, las autoridades no han dado respuesta a los principales reclamos: becas solicitadas, la construcción de un nuevo edificio, las limitaciones horarias, etc. Las autoridades "progres" votaron en conjunto con a derecha todos los puntos clave, incluido el presupuesto de ajuste otorgado por el gobierno nacional. Así es que han avanzado en las restricciones para poder cursar, rechazando designaciones docentes y limitando la oferta horaria, etc. Los ámbitos donde este ajuste se desarrolla son las Juntas por Carrera, donde la izquierda tiene un alcance más limitado, mientras que La Mella-Patria Grande y los K tienen la mayoría de los representantes. Al cierre de esta edición, se discutía públicamente la conformación de un megafrente electoral contra la izquierda, desde los K de Seamos Libres, hasta el MST. Esta situación delinea los principales desafíos que tienen los estudiantes junto al Cefyl. En primer lugar, reforzar la experiencia de este año en el centro por todos nuestros reclamos, siguiendo un camino de lucha e independencia política junto a la izquierda y los trabajadores. Por otro lado, extenderla a las carreras, para que los representantes estudiantiles pasen a ser junto al Cefyl una gran referencia y una herramienta de lucha.

La última reunión de la Junta Representativa de la Fuba, que contó con la presencia de la mayoría de centros conducidos por coaliciones de izquierda, votó, a iniciativa de la UJS, una campaña de apoyo a reivindicaciones estudiantiles y docentes de carácter urgente. El relato interesado del rector Barbieri y su tropa de radicales, kirchneristas y macristas asegura que la UBA va "viento en popa", y que su "gestión" permitió la mejora de las facultades. Agrupaciones como Nuevo Espacio, financiada por el Rectorado, o La Cámpora, en las facultades humanísticas, reciben prebendas para difundir este relato entre los estudiantes. Sin embargo, la realidad de la UBA es otra. La Fuba votó, por ejemplo, una campaña por el edificio único y en condiciones para Sociales. La otra sede, ubicada en plaza Houssay, está devastada y asolada por mafias arregladas con la policía. También los estudiantes de Filo y de Psico reclaman por sus edificios. En esta última facultad, hay movilizaciones contra el intento de imponer una tesis como condición para recibirse, que es el primer paso para acreditar la carrera a la Coneau y encarar, según las palabras de las propias autoridades, una reforma "radical" del plan de estudios (lo que supone el vaciamiento y posgrados pagos). La nota de color en la reunión la dio el PTS, que se opuso a que la Fuba hiciera una campaña en apoyo a estos y otros reclamos. En lugar de esto, reivindicaron "las luchas de la Panamericana" y una exitosa obra de teatro organizada por el centro de Sociales. La Mella, por su parte, también se opuso a la campaña argumentando que se trataba de una "maniobra electoralista" (sic). Se ve que las luchas del movimiento estudiantil no encajan con sus campañas electorales, que apuntan a atacar a los centros de izquierda con el visto bueno de las autoridades. La reunión rechazó como liquidacionista el planteo de dejar vacante la lucha contra el régimen universitario que cogestionan los partidos patronales. Votamos movilizarnos el próximo 8 de octubre al Consejo Superior, cuando confluirán varias facultades y estudiantes preuniversitarios con sus demandas.

El viernes 5 de septiembre, el Acuerdo Cívico y Social organizó una conferencia para debatir sobre "inseguridad y la lucha contra el narcotráfico". El presentador fue el diputado nacional, José Cano, quien se candidatea para ser el próximo gobernador. El conferencista fue el colombiano Federico Gutiérrez Zuloaga, ex candidato a la intendencia de Medellín en 2011 por el partido de Uribe. Actualmente, Zuloaga preside una firma de "consultoría en seguridad privada", el eufemismo con que se conoce a la tercerización de las actividades de infiltración y espionaje por parte de los Estados. Hace dos años, Cano se paseó por los medios con una coronela en actividad del ejército de ese país. Cuando había dejado la presidencia, Uribe vino a Tucumán a dictar una conferencia invitado por el diputado radical. José Cano, de la UCR, pretende ser el candidato de Massa. En su conferencia, Zuloaga reivindicó a las autodefensas; o sea, los grupos paramilitares y parapoliciales impulsados por los latifundistas, que cometieron todo tipo de crímenes contra los campesinos pobres y pobladores del interior colombiano. A modo de autocrítica, dijo que algunos grupos de las autodefensas habían terminados cooptados por los propios narcos. La conferencia se desarrolló en el salón de actos de la Federación Económica de Tucumán. En las primeras filas, junto a los dirigentes del radicalismo, se encontraban dirigentes de Libres del Sur y uno de los dirigentes del Frente Renovador, el legislador Vargas Aignasse. Recientemente, Tucumán fue sacudida por la gran huelga docente universitaria. Tanto el Acuerdo Cívico y Cano, como el massismo provincial, le dieron la espalda, incluso cuando la patota del Rectorado intentó a los golpes romper la toma estudiantil en apoyo a la huelga docente. Cano fue funcionario de la UNT cuando se creó la Dirección de Políticas Universitarias, la cobertura de este "grupo de tareas".

La conferencia electoral del Partido Obrero, sesionó el sábado 27 de septiembre, en Salta con la presencia de más de un centenar de delegados de toda la provincia. Como conclusión de este debate se votó la publicación de un manifiesto político, así como las candidaturas del actual diputado provincial, Claudio Del Plá y de la senadora Gabriela Cerrano, a Gobernador y Vice, respectivamente, y del diputado nacional Pablo López a intendente por la ciudad de Salta. Transcribimos extractos del documento aprobado que será la base de la publicación del Manifiesto: "Urtubey superó al ex gobernador Romero al profundizar su agenda capitalista y antipopular (...) Los negocios con la tierra en la ciudad y en el campo, que privan a decenas de miles de salteños de vivienda y expulsa a campesinos y originarios y destruye el mbaco, les haedioambiente a través de los desmontes, se han profundizado. El monopolio sobre el uso del suelo por parte de las grandes corporaciones capitalistas vinculados a los negocios de la soja, el azúcar o el ta permitido obtener ganancias extraordinarias, a la par de la destrucción de fuentes de trabajo y un mayor atraso y dependencia de todo el interior salteño. La entrega petrolera prosiguió y junto con ella el parate productivo y el vaciamiento que amenaza con convertir nuevamente al departamento de San Martín, en un polvorín social. El éxodo de los desocupados y expulsados del campo hacia las ciudades cabeceras, agudiza el déficit habitacional y la miseria social. Salta encabeza hoy las cifras de trabajo en negro, desocupación y desnutrición infantil, como también las de desmontes y del precio de la tierra (...) La relegación definitiva de una autonomía financiera de la provincia, iniciada por Romero con el remate del Banco Provincia en favor del Banco Macro, es hoy continuada por Urtubey en favor del mismo pulpo financiero (...) El principal negrero es el propio Estado. Los hospitales y escuelas de la provincia se encuentran en una situación de precariedad absoluta.... Las "estatizaciones" de Urtubey permitieron que las privatizadas romeristas ("Aguas de Salta" o la española "Fundación Santa Tecla"), se fueran sin pagar resarcimiento a la provincia por los incumplimientos de contratos. Lo mismo sucederá con el "Tren a las Nubes" o "Aunor" (recientemente estatizadas) (...) El narcotráfico y la trata de personas están al orden del día, de la mano de los vínculos con el aparato policial y el poder político (...) Los femicidios son responsabilidad del propio Estado, en base al tutelaje que ejerce el clero católico sobre la educación y la feminofobia del Poder Judicial (...)". Situación política "La victorial electoral del PO en la capital salteña en 2013, junto con las luchas populares contra el ajuste y todos los agravios del régimen, refuerza la lucha contra la supremacía política de los candidatos tradicionales (...) Existe un cuadro de disgregación política creciente de los bloques patronales. El ascenso electoral del PO ha reforzado la confianza de los luchadores en la lucha por la recuperación de las organizaciones de los trabajadores y el pueblo, desterrando a los punteros y burócratas sindicales y para avanzar en la organización de los desorganizados, ya sea el movimiento estudiantil, las mujeres y sus reivindicaciones, los originarios y campesinos por la tierra, como también los sin techo (...) Desde el PO impulsamos un congreso obrero y de la izquierda para el desarrollo de una alternativa obrera y socialista. Nos pondremos a la cabeza de la conformación de plenarios obreros zonales preparatorios y la conformación de mesas que impulsen este congreso, sobre la base de iniciativas políticas y sindicales concretas. Existe la disposición a concurrir por parte de los docentes provinciales, los obreros del azúcar de San Isidro y Tabacal, los petroleros del norte provincial, los trabajadores de las principales industrias, de la salud, judiciales y los obreros municipales de toda la provincia (...) Objetivamente, está planteada la pelea por la intendencia; lo reconocen en forma abierta nuestros adversarios de clase. Debemos tener como puntos de apoyo graníticos la más amplia organización independiente de las barriadas y los trabajadores municipales. Vamos por el desmantelamiento del régimen de negociados de Isa y compañía, por el fin de los impuestazos y la expulsión de la patria contratista parasitaria del municipio (...) Orán y San Martín Romero y Olmedo (quienes van detrás de Massa), son los principales implicados en los negocios con la tierra, en el negreo de trabajadores y la represión al pueblo durante el gobierno del primero, hoy quieren hacer pie en el departamento de Orán; quieren aprovechar la debacle que ellos mismos causaron para justificar una política derechista de militarización en nombre de la inseguridad. Como en las viejas épocas, Romero quiere ser el garante del "orden" a través de los palos y la represión. Apunta contra el movimiento obrero de este departamento, el más combativo, como lo demostraron sus docentes y los obreros del Tabacal o los trabajadores municipales de Orán, Colonia Santa Rosa y Urundel. Contra este intento oponemos la convocatoria a un congreso obrero de toda la zona que delibere sobre la necesidad de que sean los trabajadores quienes determinen el uso del suelo y el manejo de toda la riqueza social que hoy en día es apropiada por La Seaboard Corporation y un puñado de terratenientes y narcotraficantes (...) La reconversión de la producción local en función de las necesidades sociales, el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, y la puesta en pie de comisiones obreras independientes que supervisen la prohibición del trabajo en negro, y aseguren las condiciones de seguridad y salubridad, requieren una gran movilización popular. También en el Valle de Lerma, la producción tabacalera se sostiene sobre la base de la explotación de miles de trabajadores rurales y pequeños productores en favor de pulpos extranjeros como Aliance One, Dimon y Massalin (...) En San Martín, el parate petrolero y los desmontes están llevando a la debacle social a todo el departamento. Solamente en Mosconi existe una desocupación que llega a la increíble cifra del 60 por ciento. La renovación de los contratos hasta 2027 a las petroleras, como la nacionalización trucha de YPF, sólo han hundido la producción que cayó a la mitad en sólo seis años (...) Vamos por lo nuestro La consigna principal de nuestra campaña será la convocatoria de una Asamblea Constituyente, para reorganizar en forma integral la provincia, social y políticamente, allí donde nos impongamos a los candidatos patronales (...) El desarrollo del PO en el terreno electoral es una clara manifestación de la rebelión del pueblo salteño contra la clase capitalista y sus políticos, que destruyeron la provincia y el país (...) Llamamos al pueblo de Salta a organizar una pueblada electoral, la única forma que puede dar la victoria a una partido de la clase obrera. Los progresos y victorias de nuestro partido serán siempre un paso hacia un gobierno de los trabajadores. Ahora es cuando...”.

El Senado bonaerense votó la ley de "incorporación de la escuela comunitaria a la educación formal". Afecta a los jardines comunitarios, que funcionan precariamente en sociedades de fomento, locales de agrupaciones o comedores comunitarios. No integra a los "educadores", sin embargo, como docentes amparados por el estatuto. Tampoco establece condiciones de título para enseñar y deja el ingreso al trabajo librado a los acuerdos entre las organizaciones sociales que han montado los jardines y el Ejecutivo provincial. La ley establece, en un sentido impreciso, la obligación del Ejecutivo de financiar estos establecimientos, pagar a los educadores un "sueldo digno" y que se capaciten. Se desconoce con qué presupuesto, con qué salarios y cuál será la capacitación a brindar. Se mantiene al sector "comunitario" como una categoría separada de la educación formal, de características ‘flexibles’. Los jardínes comunitarios son una consecuencia de la nula cobertura del Estado a la educación de los niños desde los 45 días. Compensan las escasas vacantes en las salas de 4 y 5 años, cuya prestación estatal es obligatoria en la provincia. Refuerza esta (supuesta) línea pedagógica de "inclusión", que sustituye la enseñanza básica por el asistencialismo. Las variantes "comunitarias" también han incentivado los esquemas de contratación fuera del estatuto docente y del sistema de actos públicos, como es el trabajo precario de los planes Fines o las "madres cuidadoras". El proyecto, promovido por el Frente para la Victoria, disfraza de creación "autogestionaria" esta improvisación promovida por funcionarios del Estado. Después de su votación llegó a anunciarse un posible veto de Scioli. Ocurre que legaliza el manejo de los "jardines" por un conjunto de organizaciones K, rivales de Scioli en la interna del FpV. Finalmente, se anunció que una reglamentación posterior dejaría al personal sin título solamente con los niños más chicos hasta 4 años. Pero no se aclara quién seleccionará a ese personal, ni bajo qué condiciones. Este acuerdo entre Scioli y los K absorbe la limitada oferta que "auto-organizaron" los K, sin que ello resuelva, ni por asomo, la necesidad de jardines que tiene la provincia. En la primera etapa del gobierno de Urtubey, este sistema fue puesto en marcha en Salta, a cargo de Barrios de Pie. El voto del Frente de Izquierda En junio, en oportunidad de su tratamiento en el recinto, Christian Castillo, diputado del Frente de Izquierda, votó a favor de esta ley, en calidad de apoyo "crítico", alegando que mejoraba las condiciones laborales de los empleados en los jardines comunitarios. Es cierto que éstos pasarían a recibir un sueldo en blanco, pero al mismo tiempo descalificaba la educación y ejercicio de la docencia; violentaba las condiciones establecidas por el estatuto docente -una gigantesca conquista sindical y educativa, que todos los gobiernos han intentado suprimir. Esta posición no fue consensuada en el bloque. El Partido Obrero e Izquierda Socialista nos oponemos a esta ley, porque precariza la educación. El PTS reivindica los programas kirchneristas "autogestionarios" de los barrios. El reciente Plenario Provincial de delegados docentes antiburocráticos, en Berazategui votó unánimemente rechazar la ley precarizadora del FpV. En esta línea, debemos enfilar toda la iniciativa del Frente de Izquierda. Reclamamos que se establezca un sistema de jardines públicos sobre la base de un relevamiento de toda la población que necesita el acceso a ellos. Ese programa debe absorber a los actuales jardines comunitarios, reconociendo a todos sus trabajadores la antigüedad laboral, titularizando en cargos docentes a los que tienen títulos y en funciones de auxiliar a quienes no lo tengan. Hemos presentado un proyecto al Frente de Izquierda en este sentido.

Afuera de la Legislatura, algunos centenares de municipales llevados por la federación municipal (Fesimubo), seguían la sesión. Adentro, una barra de directivos de los sindicatos municipales imponían sus cánticos. Los diputados de extracción sindical, Hernán Doval (FpV-Fesimubo), autor del proyecto original y Rita Liempe (UP-ATE) saludaban la votación del proyecto como un día histórico, que "terminaba con la precariedad laboral de los municipales". Recibió un saludo especial el diputado Juan José Mussi, representante histórico de los intendentes del PJ que han pasado de Menem y Duhalde a Cristina, sosteniendo el negreo de los municipales a través de todos sus mandatos. En el mismo sentido fueron los discursos de los principales diputados del PJ, la UCR y el FAP. Quedó en manos del Frente de Izquierda, a través de Christian Castillo, ir contra la corriente. Como explicaba un comunicado distribuido en la movilización por los municipales del Partido Obrero, no asistíamos a la conquista de la paritaria sino a su entierro. El proyecto original, que habíamos definido apoyar, establecía una paritaria provincial única de municipales. Propusimos una serie de enmiendas para clarificar y extender derechos laborales por los que los municipales vienen peleando, como comisiones de seguridad e higiene y guarderías. Sin embargo, las modificaciones que sufrió el proyecto fueron en el sentido contrario, llevando a la imposición de cláusulas patronales y la anulación de la paritaria única. Las paritarias que se establecen, limitadas a los fondos y la disposición de cada municipio, mantiene el aislamiento y la heterogeneidad que permiten hoy que los municipales sean el sector peor pago de los trabajadores en blanco del país, con muchos básicos por debajo del salario mínimo vital y móvil. En la discusión, el diputado de la Fesimubo entregó, además, muchos aspectos laborales importantes. Se quitó la referencia de un porcentaje por antigüedad, se alargó el período de prueba de seis meses a un año y se endureció una cláusula de servicios esenciales, al punto de cuestionar severamente el derecho a huelga. El reclamo de los municipales de una paritaria provincial, por el cual la federación nunca organizó un plan de lucha, ha sido desguazado. ATE acompañó la partida, negociando una redacción de las paritarias municipales y el Consejo Consultivo provincial que les garantizara un asiento. Han privilegiado el aparato por encima del salario de los municipales. El balance de esta entrega refuerza la necesidad de constituir un poderoso reagrupamiento provincial de municipales antiburocráticos para recuperar los sindicatos, ir por un salario igual a la canasta familiar, por condiciones de trabajo y por una paritaria única de municipales.

En julio de este año, los senadores de la UCR-Unen Montero, Sanz y Estenssoro (mandato cumplido) presentaron su proyecto de ley de hidrocarburos, apoyado también por Cobos. En los fundamentos reivindica la ley de Onganía, que eliminó el monopolio de YPF y permitió la entrega de nuevas áreas. Deja en manos de los gobernadores los permisos de exploración y las concesiones a los privados ("ley corta"), pero igualmente permite a las petroleras el "dominio y la libre disponibilidad sobre los hidrocarburos que extraigan", la exportación de crudo y derivados, y les otorga la confidencialidad y propiedad de los datos de exploración. Cuando Estenssoro señala que el manejo del petróleo "no puede estar entrampado en necesidades fiscales o en preferencias de empresas amigas", simplemente postula que la renta petrolera sea acaparada por grupos capitalistas. Los planteos de Aranguren, de la Shell (refinación y producción de crudo) están en esa misma línea. "Tener de socio a la provincia no es malo, porque ante problemas con el gobierno nacional por la importación de equipos o el incremento de las retenciones (a la exportación), o con las comunidades locales y los sindicatos, es más fácil encontrar una solución si la empresa provincial participa" (Perfil, 24/8). Interesantísimo. También los ocho ex ministros de energía de la privatización reclamaron contra los "compromisos de inversión aprobados de manera discrecional". Desde el inicio de la privatización, la industria petrolera ha provocado una enorme destrucción de fuerzas productivas. Dejó a decenas de miles de trabajadores desocupados, descalificados y actualmente tercerizados y superexplotados. Destrucción ambiental, agotamiento de los recursos naturales, tarifazos y pérdida brutal de la soberanía.

-¿Cómo fueron tus comienzos como activista en YPF? -En 1986, en Santa Cruz Norte, armamos una lista de oposición a Ibáñez, del Supe (sindicato de petroleros del Estado). En una asamblea impulsamos la moción de cortar el suministro de crudo para frenar el privatista Plan Houston de Alfonsín. La medida se votó por unanimidad. La burocracia del Supe no registró la moción y al salir me golpearon entre tres. Así frenaron la medida. -¿Cuál es tu opinión sobre el fracking? -Es muy costoso. Se usan unos 25.000 metros cúbicos de agua por pozo, más unos 500 aditivos, lo que lo hace inmanejable. Organismos de investigación determinaron en Estados Unidos -donde hay mayor actividad de fracking- que un gran número de químicos empleados son cancerígenos y que el agua arrastra minerales pesados y también radioactivos. -¿Qué alternativa proponés? -Una concepción diametralmente opuesta a la basada en la rentabilidad de las empresas petroleras, porque lleva al uso indiscriminado de los hidrocarburos, al incremento del efecto invernadero, la lluvia ácida y la contaminación del agua y los suelos. También hay que redireccionar la orientación de la industria: la alternativa al transporte automotor público y de carga es el transporte ferroviario con energía eléctrica, y el uso de hidrógeno como combustible. La combinación de energía mareomotriz (hubo un proyecto aprobado en 1975 por Agua y Energía, en la península de Valdez, por 5.300 megawatts de potencia instalada, luego dejado en el olvido), energía eólica, hidráulica, solar y el uso de hidrógeno, deben ir reemplazando el uso de los hidrocarburos que debiera utilizarse sólo para la industria petroquímica. Pero nada de esto puede ocurrir si se mantiene la explotación petrolera para que se beneficien los capitalistas del petróleo. Por eso, debe ser totalmente estatizada y puesta bajo control de sus trabajadores y la población. Es decir, frenar la ley de hidrocarburos del gobierno e impulsar la del Frente de Izquierda.

La denuncia de Cristina Kirchner acerca de una conspiración se llevó puesto al titular del Banco Central, viejo amigo de la familia K y custodio de muchos de sus secretos. Fábrega fue eyectado por haber advertido a los banqueros para que vendieran sus valores en dólares, cuando supo que deberían entregarlos al Central al tipo de cambio oficial. Hizo lo que haría cualquier banquero central -rescatar a la banca. Lo curioso es que, en su reemplazo, fue designado Alejandro Vanoli, quien es todavía incluso más responsable de las operaciones ‘non sanctas’ en el mercado paralelo de la Bolsa, en su condición de titular del Mercado de Valores. Por esta vía, los capitalistas ingresaban dólares a 15 pesos y fugaban capitales que -se supone- están registrados legalmente. Vanoli ha repetido en forma pública que el litigio con los fondos buitre se superará a partir de enero próximo -o sea pagando. Juan Carlos Fábrega se va dejando al Banco Central con una deuda de 230 mil millones de pesos, al 30 por ciento anual, lo que equivale a la totalidad de las reservas internacionales. El Banco Central está quebrado y la moneda nacional es un papel pintado. Desmadre La avalancha de denuncias de CFK obedece, precisamente, a que la situación financiera y monetaria se ha desmadrado. El enojo apunta al gobierno norteamericano, que no impidió la victoria judicial de los fondos buitre cuando se lo había prometido si normalizaba la deuda de Argentina en el Ciadi, con el Club de París, y con el arreglo con Repsol -el cual viabilizaba la entrega de los hidrocarburos a Chevron. En medio de los sofocones con la embajada yanqui, los K apuran la aprobación de la ley petrolera Galuccio-Chevron-Exxon-Soros. Los kirchneristas parecen convencidos de que este núcleo los va a sostener en el poder contra viento y marea, del mismo modo que hiciera con Obama si hacía los arreglos externos ya mencionados. Que el gobierno despida al presidente del Banco Central, cuyas relaciones con los banqueros conocía de sobra y fueron la razón para que fuese nombrado, en primer lugar, revela que la crisis financiera y monetaria llega a su fase terminal. Es lo que explica el derrumbe de la Bolsa, el miércoles 1º, a pesar de que venía en suba cómoda acompañando la devaluación paralela del peso. También explica el colapso de la cotización de YPF en Nueva York, la niña mimada de los pulpos petroleros y los capitales financieros. La crisis tampoco termina siquiera con un arreglo con los buitres, sino con una devaluación de la moneda, lo que a su vez implica un torniquete brutal de los salarios y gastos sociales. Si el gobierno mantiene su lógica, deberá intervenir la Bolsa para controlar las operaciones cambiarias disimuladas como movimientos de capitales. Una consecuencia de esto sería la completa ilegalización del mercado de cambios. Una alternativa sería que desdoble ese mercado de cambios y convierta al paralelo en un mercado oficial financiero, con la yapa de un incentivo a los sojeros para que vendan la cosecha retenida. Esta operación podría servir para llegar a fin de año, aunque con una inflación de precios siempre mayor. El avance de la entrega petrolera depende de la sanción de la ley de hidrocarburos y de una devaluación en regla. Ni siquiera Chevron piensa financiar sus inversiones con dólares a 8,45 pesos. No es la primera vez que CFK denuncia que los especuladores buscan bloquear la deuda reestructurada, que aceptó el 92 por ciento de los acreedores. Horacio Verbitsky, hace más de un mes, dijo lo contrario -que era el gobierno quien quería volver a reestructurar esa deuda. Hay algo muy simple: los K no tienen la plata para pagar los vencimientos de 2015 (por eso aplicaron el plan Obama de arreglar con todo el mundo), ni tienen ahora dónde hacerlo, porque ninguna plaza financiera se ofrece a actuar como agente de pago. Después de enero se verán obligados a hacer las dos cosas: el canje de la deuda de 2015 y encontrar un refugio para pagar, apenas les pague a los buitres. Crisis polìtica El poder político del kirchnerismo cuelga de un hilo, ahora que se apresta a hacer bingo con la renuncia de Capitanich y las penurias cada vez mayores de Boudou. El patio de las palmeras se ha convertido en el reducto del poder, en momentos en que todas las fracciones de la burguesía temen a la reacción popular que provocaría una nueva devaluación y, probablemente, la primera de varias otras. Ni Lavagna se anima, en un clima como éste, a rememorar el ‘rodrigazo’. La caracterización no es completa si no se añade la desvalorización del real brasileño, la que presiona fuerte hacia la devaluación del peso. Brasil no tiene solamente una deuda externa pública importante: de mayor importancia es la deuda privada con el extranjero y el volumen de capitales móviles en la Bolsa paulista. Brasil sufre, precisamente, una nueva fuga de capitales, que podría ser temeraria por su magnitud. El ‘quid’ de la cuestión es quién va a pagar esta crisis. La devaluación no es una necesidad para el desarrollo de la economía y el empleo, sino una operación financiera para pagar la deuda externa y acelerar la entrega petrolera. Toda la tendencia de la crisis y la política K es que será cargada sobre las espaldas de los trabajadores. Es sobre esto que los trabajadores deben centrar su atención, no en los discursos distraccionistas de CFK ni en la ‘serenidad’ mentirosa del cuartero de los arribistas -Scioli, Massa, Macri, Cobos-Binner. Todos ellos plantean una componenda con los buitres y un mayor endeudamiento para pagar la deuda impagable. Nunca tan oportuno, entonces, que desarrollemos un gran Congreso del movimiento obrero y la izquierda. Nunca tan oportuno que algunas organizaciones reflexionen y se sumen a esta gran movilización político-reivindicativa. En este marco, llamamos a un plan de lucha y a una huelga activa de 36 horas, y por la convocatoria a un Congreso de bases de la clase obrera, para oponer a la política del gran capital una salida de los trabajadores.

El PO libró una batalla política socialista en el plenario de comisiones que trató la estatización de la Universidad de las Madres. En primer lugar, Pitrola denunció que "las propias premisas de los fundadores de la Universidad fueron pisoteadas, porque un espacio que se constituyó a favor del pensamiento crítico en la lucha por los derechos humanos, expulsó sistemáticamente a una cantidad de militantes, intelectuales y organizaciones que pasaron por ella, por caso: Néstor Kohan, Herman Schiller, Vicente Zito Lema, Alberto Guilis y Raquel Angel, entre otros". Pitrola rescató a la educación pública y la lucha por ella. Pero señaló que ello no puede confundirse con una medida que sólo será otro peldaño en el proceso de estatización de Madres de Plaza de Mayo. Esa cooptación por el Estado alejó a ese sector de las Madres de todas las grandes luchas populares. El extremo de este derrotero se produjo cuando la Fundación Madres de Plaza de Mayo fue puesta al servicio de la reivindicación del represor César Milani. Luego, denunció la corrupción del emprendimiento de Sueños Compartidos (Schoklender). Pitrola señaló nuestra oposición a convalidar otro caso Ciccone -o sea, una estatización para encubrir un acto de corrupción o lavado de dinero, mientras se mira para otro lado ante el reclamo de estatización de Emfer o Donneley. La diputada Alcira Argumedo, de Proyecto Sur, apoyó la ley, pero con una disidencia: que el instituto forme parte del sistema universitario estatal y no del Ministerio de Justicia, para que pueda contar con "autonomía". El PTS hizo un dictamen en minoría con una posición similar, planteando que futuros gobiernos podrían darle otro contenido al instituto. Nada de esto modificaría la cuestión de fondo -o sea, la estatización de los derechos humanos, ya sea bajo Macri, Binner o Massa. Pitrola basó nuestro dictamen en que "luchamos por la autonomía e independencia de toda organización popular: sindicatos, centros de estudiantes y también de los organismos de derechos humanos". Horacio Pietragalla, diputado de La Cámpora, dijo "sentir vergüenza de la izquierda argentina". Pitrola a viva voz le respondió: "vergüenza es sostener a Milani y reprimir a los obreros".

Las modificaciones al viejo Código Civil responden al interés de la Iglesia, en lo que hace a la vida privada, y al gran capital en lo que hace a la llamada "seguridad jurídica" de sus negocios. En el proyecto aprobado por el Senado se mantiene a la Iglesia católica como persona pública, lo que identifica a un Estado no laico y coloca al culto católico en un lugar privilegiado respecto de otros cultos. Impunidad para el Estado... El proyecto votado en el Senado excluyó del texto original las disposiciones referidas a la responsabilidad del Estado, en lo que fue sólo una maniobra. La Cámara de Diputados, en paralelo, dio media sanción a un proyecto de ley que incluyó íntegramente aquellas disposiciones. Allí se establece la exención de toda responsabilidad al Estado y a sus funcionarios ante un hecho que perjudique a un individuo o una empresa. Estos ya no podrán acudir al fuero civil para reclamar un resarcimiento por el daño sufrido y se los somete al reclamo administrativo, que está sujeto a una legislación que no es homogénea y varía según la provincia. En la misma línea, establece que el Estado no debe responder, ni en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de los servicios públicos. ¿No estamos hablando de Once, de las 124 víctimas fatales por accidentes ferroviarios en la "década ganada" o de Lapa, Austral y el descontrol en los vuelos? ...y para los empresarios El proyecto abre aun más las puertas a la tercerización. La empresa principal no será responsable ni siquiera solidariamente de las deudas laborales de firmas dependientes o subsidiarias, lo que va en contra de los sucesivos fallos que han obligado a lo contrario. En las UTE (Uniones Transitorias de Empresas) no se presume la responsabilidad solidaria de los socios por los actos que realicen ni por las obligaciones que contraigan frente a terceros, si no existe pacto expreso. De este modo, los trabajadores sólo tendrán como garantía de sus reclamos laborales a los activos de la empresa que los haya contratado, pero no a los de la empresa "madre". La reforma habilita los contratos de locación de servicio y de obra, usuales para encubrir relaciones laborales principalmente en el Estado. Y viabiliza, una vez más, el contrato de agencia, sinónimo de precarización laboral. Más grave aún, elimina la aplicación de la garantía de indemnidad en el contrato de locación de servicios, por lo que el trabajador no podrá invocarla en caso de accidente. En los casos de lesiones o incapacidad física o psíquica, el Código innova planteando que la indemnización debe sólo cubrir "la disminución de la aptitud... para realizar actividades productivas" durante el tiempo en que pudo haberlas desarrollado. Esto supone que la vida humana no tiene un valor en sí mismo, sino en función de lo que potencialmente podría producir. Se abandona de este modo el concepto de "reparación integral", que estaba presente hasta hoy. Ataque a la organización de los trabajadores "Si un grupo realiza una actividad peligrosa para terceros, todos sus integrantes responden solidariamente por el daño causado por uno o más de sus miembros. Sólo se libera a quien demuestra que no integraba el grupo". Este es el texto del artículo 1.762. ¿Es un exceso suponer que es una norma aplicable a una movilización que se considere "riesgosa o peligrosa para terceros"? El texto, además, no plantea defensa alguna de los derechos de protesta, denuncia o petición a los autorizados, por lo que la evaluación de si una movilización es "riesgosa o peligrosa" quedará en manos de los jueces. La reforma está en la línea de la ley antiterrorista, el Proyecto X y otros avances represivos . El proyecto eliminó el reconocimiento al derecho al agua potable (algo formal, desde el momento que el 58 por ciento de la población no lo la tiene). Pero sí garantiza el uso comercial e industrial del agua, lo que está en consonancia con la megaminería a cielo abierto y la explotación del petróleo y gas no convencionales. A la luz de todo esto, el No a la reforma debe ser una causa nacional de los trabajadores.

"Creo que nos toca denunciar la cuestión de privilegio más grave desde que estamos en esta cámara (...) "El Partido Obrero y el Frente de Izquierda, cuando se reunió la Bicameral, no estaban en ésta cámara, de manera que somos especialmente avasallados por este tratamiento, un tratamiento exprés, que viene de un pacto político exprés entre la Presidenta y el Vaticano. Se nos está privando del debido debate en torno a cuestiones cruciales que hacen a nuestro programa político, por el que nos han votado y por el que tenemos esta representación popular. Y queremos dar ese debate, como por ejemplo el bloqueo al derecho legal al aborto y a la fertilización asistida que ya es ley y que bloquean el artículo 19 y el artículo 57 de este Código Civil y Comercial que está a tratamiento en el día de hoy. "No se nos puede obligar a votar, sin el debate correspondiente, a favor de la Iglesia católica con la que estamos completamente en desacuerdo porque afecta el laicismo del Estado (...). "Es claro que (...) se impulsa un Código Civil y Comercial inspirado en los preceptos de la reforma que tuvo su matriz en el año 1998, con el menemismo, con numerosos articulados de carácter antilaboral (...). "Para dar algunos ejemplos, el artículo 1.963 violenta la prelación del derecho laboral establecido en el artículo 1° de la Ley de Contrato de Trabajo (...). El artículo 1.520, elimina la responsabilidad de las empresas principales en los casos de tercerización, un gran tema que afecta a 600 mil trabajadores argentinos, que puso en la agenda del movimiento obrero nada más ni nada menos que el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, y este artículo 1.520 elimina lo avanzado en la jurisprudencia en torno de la responsabilidad de la empresa principal sobre la empresa tercerizadora, que es uno de los vehículos de la precarización laboral. El artículo 1.251 afecta el concepto de remuneración, dándole ese carácter a la locación de servicios que todos sabemos que es un fraude laboral, otro aporte a la precarización y a la flexibilidad laboral noventista. El artículo 1.746 voltea el derecho a la indemnización integral por vida en caso de accidente del trabajador y lo coloca en un orden civil, donde lo único que puede demandar es el lucro cesante o los salarios cesantes del trabajador que ha perdido la vida o que tiene una discapacidad (...). "Nosotros queremos discutir este código en el debido procedimiento, en las comisiones, en el pueblo argentino, entre los trabajadores y en el movimiento obrero con el debido tiempo para que esto se conozca y el 1.300.000 argentinos que han votado a este Frente de Izquierda no pierdan la representación en este debate como la están perdiendo con éste tipo de tratamiento exprés. "Sr. Presidente, se nos priva de defender nuestro mandato, nuestro programa, en un tratamiento sumario e ilegal de un Código Civil y Comercial que en la pirámide jurídica está inmediatamente después de la Constitución y por encima de las leyes (...) Nosotros queremos defender los derechos de la mujer, queremos defender el derecho al acceso al agua potable, y no queremos que se introduzcan, como se introducen en este código, reformas antilaborales que afectan al conjunto de los trabajadores. "(...) Por eso denunciamos que este tratamiento y este Código Civil no sólo es retrógrado y reaccionario, sino que será definitivamente ilegítimo. Muchas gracias, Sr. Presidente (aplausos)."

Cristina Kirchner culpó al presidente del Banco Central de complotar contra la economía nacional. Chocolate por la noticia: lo hacen ante la vista y paciencia del gobierno kirchnerista. Nombró como reemplazante al presidente de la Comisión de Valores, el otro que toleró las maniobras de los conspiradores. El nuevo funcionario ha advertido en forma repetida que el pago a los 'buitres' se arregla en enero. Para pagar la deuda usuraria, los K han vaciado el Banco Central y provocado una corrida contra el peso. Para salir del derrumbe, recurren al socorro de Galuccio, Chevron, Exxon y Soros -los campeones del mundo de la conspiración. En estas condiciones, una megadevaluación del peso es, de nuevo, un hecho consumado. Hay que dar la pelea a esta nueva tentativa de hacer pagar a los trabajadores la crisis capitalista. Plan de lucha y huelga activa de 36 horas por el reparto de las horas de trabajo, la reapertura de las paritarias y el aumento de las jubilaciones. Por un Congreso de bases de las organizaciones obreras, para oponer un plan de los trabajadores al desmadre capitalista.