Prensa Obrera N° 1333

Los vecinos del barrio Santa Brígida, que habían tomado tierras ociosas, aparentemente pertenecientes al Obispado de Moreno, fueron desalojados por un violento operativo conjunto de Gendarmería, Infantería y Policía local. En Moreno, el intendente Mariano West -que comenzó su carrera como director de Tierra y Vivienda- le da esta "solución" a los trabajadores que viven hacinados o pagando alquileres caros. Una semana antes, el Concejo Deliberante local había votado la expropiación de las tierras tomadas. La explosión demográfica en el distrito pone en la palestra el problema del acceso a la vivienda y también el descomunal negocio inmobiliario que se realiza, incluso con tierras que parecen no tener ningún valor. Contrariamente a lo que esperaban con la represión, se produjo otra toma en el barrio, esta vez de casas del Plan Federal de Viviendas, que hace ¡cinco años! están sin terminar. Los vecinos que custodiaban las casas abandonadas y los que habían ocupado las tierras de la Curia se organizaron junto al Polo Obrero y se movilizaron al municipio. En el mismo momento que el secretario municipal, Héctor Lafalcé, los recibía y derivaba la discusión al Instituto de Tierra y Vivienda (Iduar), la policía quemaba las pertenencias y techos de las casas de los vecinos movilizados. La indignación no detuvo su organización y al día siguiente los delegados vecinales se presentaron en el Iduar. Los funcionarios municipales sólo ofrecieron futuros planes de vivienda, siendo que no terminaron el anterior. "No tenemos terrenos fiscales", "no tenemos presupuesto para vivienda", "no podemos ponerle el techo a las casas que están ocupando", "no podemos cederles esas casas que están habitando porque son de una empresa privada", fueron las respuestas. Hace falta un plan de lucha para romper la indiferencia represiva de West, con el objetivo de obtener el derecho a la vivienda digna. El Partido Obrero plantea la preparación de un gran plenario de lucha por la vivienda popular en Moreno. Basta de represión y desalojo, por el resarcimiento de las pérdidas ocasionadas. Por la conformación de un banco de tierras bajo control de vecinos electos en asamblea popular para que las tierras ociosas sean destinadas a las familias sin vivienda. Por un sistema de créditos sin interés para la construcción de viviendas y subsidios transitorios a los alquileres. Por un plan municipal de viviendas que parta del empadronamiento de trabajadores que se incorporen a la planta municipal para su construcción.

En su planta de semillas de Rojas, además de contar con más del 80 por ciento de personal transitorio, Monsanto ha despedido obreros con régimen permanente, para incrementar sus ganancias contratando precarizados en los momentos de mayor demanda. El ejemplo de Monsanto, en realidad, es la norma. La situación se agrava aún más en los meses de verano, cuando las empresas contratan mano de obra en condiciones infrahumanas -sin agua potable, sin baños, con viviendas muy precarias, amenazados con ser corridos a tiros si escapan a sus labores y con el cobro a precios exorbitantes de la totalidad de sus consumos-, provenientes de provincias como Santiago del Estero, Chaco o Formosa, para realizar tareas de manejo de sembradíos para la obtención de semillas. Desde la Comisión Nacional de Trabajo Agrario (CNTA) se ha batido el parche sobre el registro de 600.000 trabajadores rurales, pero la situación para éstos no ha cambiado, a través de diferentes mecanismos. Por ejemplo: se convalida el "alta temprana", mediante una notificación a la Afip en formulario electrónico antes de que una persona comience a trabajar, para cubrirse las espaldas. Es decir que ante alguna inspección figura como inscripto. Si ésta nos e produce, jamás se le efectúan aportes patronales. Tanto el Ministerio de Trabajo de la Nación como los de las provincias aducen permanentemente que no tienen plantel de inspectores. Otro tema es la reducción del 50 por ciento en las contribuciones patronales por dos años, que puede ser renovada por otro período igual, contra el compromiso de inscribirlo. Balance del nuevo régimen laboral K En 2.012 entró en vigencia el "nuevo" Estatuto del Peón Rural K, en reemplazo parcial del decreto-ley negrero de la dictadura militar (Nº 22.248). Un hecho fundamental de nueva legislación es que no deroga la "ley de la dictadura, dejando en pie el control de la CNTA (Estado, sindicatos y patronal) sobre los salarios, las condiciones de trabajo y aun el derecho de huelga. La ley evita incorporar a los obreros rurales a la Ley de Contrato de Trabajo que rige a todos los trabajadores del país. No consagra las paritarias para el sector y vehiculiza los "incrementos" en la remuneración "por rendimiento de trabajo". Tampoco toca las agencias de empleo, uno de los grandes canales de contratación en negro a todo nivel y no sólo en el campo, ni a los contratistas de siembra, de cosecha, de pulverización; es decir que ampara la tercerización agraria. Da vía libre para la conformación de "cooperativas de trabajo" para eludir el pago de las cargas sociales patronales. En esta nueva Ley se aprobó el Renatea, que es lo mismo que el Renatre de la legislación anterior pero manejado por el Ministerio de Trabajo; es decir que el kirchnerismo se ha hecho de una nueva caja, desplazando a las entidades patronales del agro y a la Uatre, que por ello se opuso a la nueva legislación. Los únicos puntos favorables han sido la baja de la edad jubilatoria y otros ítems de dudoso cumplimiento, como la formal declaración de un derecho a una vivienda, la jornada laboral de 8 horas diarias y 44 semanales y el descanso semanal. Planteamos: Anulación de la Ley del régimen de la dictadura. Salario igual al costo de la canasta familiar. Garantía horaria para trabajadores temporales con jornadas de 8 horas. Organización contra la mafia burocrática de la Uatre. Elección de delegados en las fincas, campos, establecimientos semilleros y de acopio. Paritarias libres, elección de paritarios por los propios trabajadores. Por la incorporación al sueldo del aporte al Renatea. Expropiación sin pago de las empresas que emplean trabajo esclavo.

En las últimas boletas, una parte importante de los trabajadores que cuentan con el servicio de gas natural, han sufrido un incremento en las tarifas de entre un 300 y un 500%. Según Enargas, se debe a una quita paulatina de subsidios a los usuarios domiciliarios. Pero a esto se suma el aumento de tarifas de alrededor de un 20% que comenzó en abril. El interventor de Enargas señala que el aumento serviría para que los domicilios reduzcan el consumo de gas, redistribuyendo su uso en la industria y reduciendo así la compra de gas importado. Es un racionamiento que paga la población, con frío y tarifazos. Mientras los usuarios domiciliarios son penalizados, el gobierno de la provincia de Salta se comprometió a costear las multas que las industrias "salteñas" deberían pagar por haber usado más gas del autorizado en 2012 y 2013. Ese mismo gobierno ha firmado un contrato con la empresa estadounidense Austin Powder, que producirá nitrato de amonio en El Galpón, y cuya materia prima es el gas. Allí, se le garantiza provisión de esta materia prima a un costo de 2,50 dólares por 10 años, cuando hoy su precio asciende en boca de pozo a 7,50 dólares. La diferencia la pagarán todos los salteños. El tarifazo afecta en forma extraordinaria a Salta. Como consecuencia de la desinversión y el vaciamiento, la provincia pasó de ser la segunda productora de gas de la Argentina a la cuarta. Actualmente, Repsol, PAE y otras empresas que operan en el país han aumentado sus inversiones en Bolivia, para aumentar la exportación desde allí hacia nuestro país. Es decir que vaciaron de un lado e invirtieron del otro, para empujar hacia arriba el precio de venta del gas. El bloque del Frente de Izquierda-PO en el Congreso Nacional presentó un proyecto de resolución reclamando la anulación del tarifazo, y que se excluya a los usuarios domiciliarios de pagar cargos para financiar la importación de gas. En Salta, ya hemos distribuido un volante en el centro de la ciudad, con gran repercusión en los medios, y ahora vamos a las barriadas con ese material. Llamamos a una gran movilización para anular el tarifazo y para que se asegure la provisión de gas natural a las cientos de miles de familias que hoy deben hacer malabares para conseguir la garrafa social.

Yamila Gómez fue asesinada con 50 puñaladas por su pareja Héctor Merino y se convirtió en la víctima número 11 de violencia de género en la provincia de Chaco, en lo que va del año. Con sólo 18 años, Yamila ya había sufrido varias veces los golpes y las amenazas de su asesino, estudiante de policía e hijo del jefe de la Policía Regional de Sáenz Peña. Yamila había intentado denunciar al violento, pero fue persuadida de no hacerlo. El asesino de Yamila continúa preso en una comisaría común, intentando mover los hilos del poder para hacerse pasar por demente y sortear la condena que le corresponde. Desde el Plenario de Trabajadoras y el Partido Obrero continuamos desarrollando una campaña y movilizaciones junto a la familia de Yamila. Exigimos cadena perpetua para el asesino y juicio y castigo para aquellos que intentaron persuadirla de no denunciar a Merino. Nos proponemos llevar a todo el país este reclamo y para que se acabe la violencia sistemática que sufrimos las mujeres, con el amparo de los personajes del poder y los gobiernos de turno. Con estos objetivos, iremos al Encuentro Nacional de Mujeres con una nutrida delegación de compañeras, junto a la familia de Yamila.

A 38 años de la Noche de los Lápices, se realizó una multitudinaria movilización de estudiantes que desembocó en la Municipalidad de la ciudad de Santa Fe, en repudio al reciente aumento del 30% en el transporte urbano y en reclamo de un boleto educativo gratuito para estudiantes, docentes y no docentes. La movilización fue convocada inicialmente por las asambleas estudiantiles del Instituto Superior N° 12 "Gastón Gori" y de la Facultad de Humanidades de la UNL, a pesar de la resistencia de la conducción del centro (MNR) y de la agrupación que dirige la FUL (Franja Morada), ambas ligadas al gobierno municipal. Desde la UJS desplegamos una gran campaña de agitación y organización de la marcha, con recorrida de escuelas, institutos y facultades, con múltiples volanteadas, afichadas, reuniones y asambleas. La convocatoria tuvo un gran eco en el movimiento estudiantil santafesino, que se movilizó con fuerza, sobre todo los centros de estudiantes secundarios de las escuelas más importantes de la ciudad. Además del repudio al nuevo boletazo -el tercero en lo que va del año-, el intendente radical José Corral, socio de Binner, se encuentra ante una fuerte resistencia popular a su política de privatización de espacios públicos -como el escandaloso caso del Parque Alberdi, regalado a empresas inmobiliarias para la construcción de cocheras. Nos proponemos extender este movimiento de lucha, impulsando asambleas en todos los lugares de estudio por el boleto educativo gratuito y contra los tarifazos, buscando sumar también a los trabajadores de la educación.

Los estudiantes de la Escuela Secundaria Nº 21 de Wilde tomaron el colegio la semana del 15 al 19 de septiembre. Entre otras cosas, reclamaron por las malas condiciones edilicias, la falta de mobiliario en las aulas y el mal funcionamiento del comedor. Hace aproximadamente tres meses ya habían realizado una manifestación sobre la avenida Lynch por estas mismas cuestiones. Se destacó el apoyo de los docentes y los padres de los chicos. La fortaleza del cuerpo de delegados logró sostener la toma a pesar de que el miércoles 17 fueron atacados por un grupo ajeno al colegio que dejó a un delegado de curso hospitalizado. Altos funcionarios de la Provincia, como el jefe de Insfraestructura, amenazaron y extorsionaron a los chicos, sin lograr vencer la fortaleza de la comunidad educativa. El vaciamiento educativo en la provincia es generalizado. El kirchnerismo nos deja con escuelas que se caen a pedazos, docentes mal pagos y pibes que van a la escuela sin comer. Esta lucha puso sobre la plana todas estas cuestiones. Ningún camporista asomó para apoyar la medida. La lucha obtuvo una serie de reivindicaciones (pizarrones, sillas, mesas, menú, iluminación), y compromisos por parte del Consejo Escolar y la Provincia. La asamblea que decidió el levantamiento de la toma planteó nuevas medidas si no se cumple lo pactado. Queda como perspectiva la expansión de este movimiento que enfrenta el derrumbe en la educación.

Un grave hecho de intimidación se vivió el pasado 12 de septiembre cuando un policía ambiental de la provincia de Córdoba, acompañado de un guardia de la comunidad Tulián y un testigo, ingresaron a la Sierra de Cuniputo por una denuncia de construcciones ilegales con desagües cercanos al arroyo Agua del Suncho. Cuando estaban por realizar la clausura fueron golpeados y obligados, a punta de pistola, a labrar un acta que declaraba que todo estaba en orden. Los atacantes se adjudican la posesión de las tierras de una reserva y, blandiendo sus vínculos con De la Sota, amenazaron con el despido del policía ambiental. Están loteando y vendiendo terrenos en una reserva de monte de interés público, beneficiándose con una especulación inmobiliaria que elevó los precios de la tierra en San Marcos a valores inaccesibles para la mayor parte de los pobladores locales. Además de ser hábitat de la biodiversidad y patrimonio cultural del pueblo comechingón originario, la Reserva Natural Sierras del Cuniputo es una "fábrica de agua" imprescindible. De ser desmontada desertificaría toda la zona. Días atrás se realizó la primera reunión del nuevo Consejo de Ordenamiento Territorial. Participaron autoridades municipales, docentes de la Escuela de Trabajo Social de la UNC, delegados elegidos por los vecinos de San Marcos e integrantes de las organizaciones sociales del pueblo. En la reunión se denunció la agresión, y se resolvió sacar una declaración condenatoria, realizar una amplia campaña de difusión y convocar a una asamblea de vecinos para definir las acciones a seguir. - No al desmonte indiscriminado. - Basta de loteos y construcciones ilegales permitidas por catastro y amparadas en las "zonas grises" que fomenta el gobierno provincial. - Inmediata resolución favorable al pedido de ampliación de éjido urbano. - Por un crecimiento planificado de acuerdo con los recursos hídricos. - Normalización de la provisión de agua del Río San Marcos. Apertura de la compuerta del Dique El Cajón. - Padrón de la población con necesidades de vivienda. - Reserva de tierras ociosas para vivienda de los pobladores a precios no especulativos.

Los sectores abiertamente privatistas criticaron al "nuevo régimen educativo", colocando su énfasis en aspectos secundarios. Es el caso del cambio de rangos numéricos para la evaluación, en una rama donde los aplazos prácticamente no existen. El desfile de ‘especialistas' criticó el abandono del mérito como un determinante de la evaluación de la educación, mientras sostuvo el resto del sistema basado en las leyes educativas kirchneristas que ellos apoyan. Son los que impulsan la evaluación docente y el salario por mérito, los que quieren flexibilizar aún más a los docentes y ampliar los subsidios a las escuelas privadas a toda costa. Gustavo Iaies, Axel Rivas y Juan Llach (sí, el mismo Llach del Pacto Federal Educativo II, derrotado durante el gobierno de De la Rúa), presentaron los programas educativos de la oposición patronal, haciendo eje en el ataque al salario y las condiciones de trabajo docente, disfrazado todo en una supuesta "calidad educativa". Los funcionarios de Scioli dieron lástima. Nora De Lucía no podía explicar la resolución que firmó. A los demás no les fue mucho mejor: se vieron atacados por los sectores que comparten programas y objetivos con ellos. Su argumento de evaluar el proceso de aprendizaje y no "castigar" a los alumnos, desconoce el castigo que representa, para toda la comunidad educativa, la destrucción de la educación pública que ha provocado su propia política. La burocracia del Suteba se apresuró a salir al rescate de la resolución ante el fracaso de los funcionarios. A ninguno le preocupa el aprendizaje de los niños. Hace falta definir un plan y un presupuesto educativo discutido y manejado por los propios actores de la educación.

Presentamos por primera vez una lista en el Conservatorio Ginastera, el cuál no tenía centro de estudiantes desde hacía dos años. La convocatoria pretendió desde el principio ser minoritaria, ya que existía un acuerdo previo entre la Coordinadora institucional de políticas estudiantiles (Cipe) dependiente del Estado y un grupo de estudiantes afines a las autoridades. Frente a ello, exigimos que sea convocada una asamblea de estudiantes para garantizar una elección democrática. Luego de reclamar, logramos que reconocieran nuestra participación, que se pretendía proscribir. También se convocó, finalmente, a una asamblea estudiantil, la cual, orientada por la otra lista y autoridades, votó una Junta electoral dos días antes de la elección previamente pactada entre ellos, y una veda electoral para garantizar que no existiera campaña de nuestra lista. Prácticamente sin campaña previa, disputamos la elección, realizando nuestra agitación en la calle. Muchos compañeros se enteraron gracias a nosotros de las elecciones. Ante eso, la Cipe, junto a la otra lista, reaccionaron con una campaña macartista hacia nuestra lista: nos acusaron por romper la veda simplemente por estar en la vía pública, amenazando con impugnar la elección y pidiendo a los estudiantes que denuncien si alguien repartía un panfleto o comunicaba sus propuestas. Finalmente, nuestra lista siguió en pie hasta el final, logrando un 30% de votos, en un escrutinio para el cual la otra lista citó a representantes del Consejo Escolar. Nuestro nuevo agrupamiento logró plantear un programa contra el ajuste en la educación pública, expresado en las condiciones precarias de nuestro edificio, que además, por su tamaño, deja a cientos de aspirantes sin posibilidad de estudiar. Los estudiantes del Conservatorio vienen haciéndose cargo de la crisis educativa, mientras los representantes del sabbatellismo en el consejo escolar no envían ni siquiera los insumos básicos de limpieza y piden que sea la cooperadora la que tape los agujeros del Estado. Logramos también clarificar la función de las autoridades dentro de los centros de estudiantes, frenando su libre desenvolvimiento como organización autónoma. En lo inmediato, vamos a plantear que el centro se pronuncie por los proyectos del Frente de Izquierda sobre el boleto educativo gratuito, la emergencia educativa en la provincia de Buenos Aires, por la unión con la lucha docente y contra la precarización laboral de los músicos.

En las recientes elecciones, sobre un total de 677 votos para consejeros estudiantiles, la UJS logró un 22%, lo que nos permitió conquistar por primera vez un cargo en el Consejo Directivo. La Franja Morada sacó un 43% y un frente barrionuevista-K el 35%. En relación con las elecciones pasadas de centro de estudiantes aumentamos nuestra votación en un 50%. El crecimiento de la influencia de la UJS se viene afirmando en los últimos años. El haber conquistado una representación en el centro estudiantil el año pasado nos sirvió de base para desplegar numerosas iniciativas y conquistar una audiencia mayor entre los estudiantes de las principales carreras. En nuestra campaña destacamos cuestiones elementales que son el resultado de la miseria presupuestaria, como la insuficiencia y precariedad de las instalaciones, la escasa planta docente (en gran parte precarizada y una parte de ella ad honoren) y la enorme deserción estudiantil frente a un régimen de becas completamente insuficiente. Además, denunciamos los cambios de planes de estudio sin participación estudiantil. En la campaña electoral también levantamos los derechos de las compañeras estudiantes y docentes, y propagandizamos el Encuentro Nacional de Mujeres con la presencia de la senadora salteña del PO Gabriela Cerrano, que reunió en una actividad alrededor de 80 compañeros.

Como parte de la campaña por un boleto educativo gratuito, más de 200 compañeros marchamos por el centro mendocino en el aniversario de la "Noche de los Lápices". Acompañando a los centros de estudiantes universitarios, agrupaciones independientes de universidades privadas y las agrupaciones estudiantiles también marcharon Tribuna Docente y ATE Educación, para terminar en un festival organizado por la UJS. Esta movilización fue precedida por una vasta agitación donde la UJS repartió más de 10.000 declaraciones en facultades y colegios e inundó de afiches la ciudad. Distintos agrupamientos que no eran partidarios de marchar terminaron yendo a las reuniones preparatorias y movilizando. También hicimos triunfar la posición en favor del boleto educativo y de movilizarse en la asamblea general de la Facultad de Políticas, donde el Centro de Estudiantes es dirigido por los K. El boleto educativo gratuito ha sido una iniciativa de la UJS del Partido Obrero, a través de los legisladores Héctor Fresina y Martín Dalmau, del Bloque del Frente de Izquierda. Esta presentación tuvo una gran repercusión mediática y produjo la reacción de los bloques del PJ y la UCR, quienes presentaron, en tiempo récord, proyectos similares. Esta situación ha creado la idea de que el boleto se aprobaría y, por lo tanto, una importante deliberación en las escuelas y facultades. Más que nunca: vamos por el boleto educativo Ya hemos recolectado cientos de planillas con la adhesión de estudiantes y trabajadores de la educación, nos proponemos llegar a 10.000 firmas. También pretendemos presentar el proyecto en todas las facultades, universidades privadas, colegios y terciarios, para ser discutido por sus concejos directivos, centros de estudiantes o cuerpos de delegados. Vamos a preparar una nueva movilización en la fecha que el proyecto llegue a tratarse en la sesión de diputados. Luego de mucho tiempo el movimiento estudiantil mendocino se comienza a sacar la modorra de encima. ¡Adelante!

Las autoridades de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA separaron de su cargo al docente Andrés Asiain, un reconocido economista kirchnerista y militante de la "Cátedra Jauretche". Las autoridades, excusándose en la falta de aulas en el horario de 17 a 19 horas, que el docente ocupa hace años, impusieron a Asiain un horario de (de 15 a 17 horas) donde él trabaja (al igual que la mayoría de los estudiantes). A partir de esta situación se desató una importante movilización de los alumnos de su curso y del activismo de la facultad para que su curso sea restituido al horario habitual. Este caso es sólo un botón de muestra de la realidad de la facultad. Las autoridades de Económicas han desarrollado a fondo la precariedad docente. En la facultad, sólo 800 docentes tienen ciudadanía plena, mientras 2.200 tienen que trabajar sin designación y salario, en la más completa precariedad. Sumada a esta situación tan frágil, la estructura antidemocrática de gobierno permite que se realicen todo tipo de persecuciones a los docentes. En 2009, Marcelo Ramal sufrió la suspensión de un concurso que había ganado y sólo lo recuperó gracias a una intensa movilización contra este atropello. El actual decano José Luis Giusti es un histórico radical afín al PRO y es sostenido por una alianza en el consejo directivo entre radicales y pejotistas K, estos últimos electos en la lista de Alberto Barbieri (ex decano y actual rector de la UBA). El ataque a Asiain es todo un síntoma del postkirchnerismo en curso. La disgregación del oficialismo hace que Barbieri mire para otro lado cuando se expulsa a un docente de su mismo espacio. Defendemos a los docentes cualquiera sea su tendencia ideológica o política, denunciamos que el gobierno nacional está al frente de la UBA en un acuerdo con Barbieri y Nuevo Espacio-Unen, y sostiene su política ajustadora. Planteamos la inmediata restitución de Andrés Asiain a su horario habitual.

La crisis que atraviesa la salud pública se descarga con particular fuerza sobre uno de los hospitales más importantes del país, el Garrahan. En invierno hubo un conflicto por la crisis de enfermedades respiratorias que llevó a que hubiera hasta veinte camas en el pasillo de la guardia. Hace un mes, directamente faltaron agujas y guantes de látex, un insumo imprescindible para el funcionamiento de un hospital. Los trabajadores terminan sufriendo esta crisis a través de su salario: los residentes de Nación que ingresaron en junio todavía no cobraron. Es en este cuadro que se llevó a cabo el cierre de la sala de 3 del jardín del hospital, que funcionaba hace 27 años. El gobierno nacional y de la Ciudad, a través del Consejo de Administración, fundamentaron esta medida en la inscripción de 53 nuevos niños de trabajadoras actualmente embarazadas, para los que no habría lugar. Es decir, ‘como falta espacio para los lactantes, se lo sacamos a los niños de 3'. De la misma forma que el problema de las camas, si la falta de lugar para lactantes es un inconveniente, quitarles este espacio a los niños de 3 no es la solución. El Consejo buscó resolver el problema a través del ofrecimiento de una suma de 750 pesos, que es insuficiente frente a los 2.500 que pide cualquier jardín. Los jardines de la Ciudad tampoco son una solución, ya que sus vacantes se encuentran en emergencia. Lo que resuelve el problema es que haya más presupuesto para el hospital. Trabajadores movilizados La reacción fue enérgica: más de 300 trabajadores se movilizaron para evitar el cierre de la sala, una actividad que fue convocada por la Comisión de Padres, la Asociación de Profesionales del hospital, la de técnicos y ATE, y a la que concurrieron trabajadores de todos los sectores. La Comisión de Padres publicó una carta abierta en la que señalaron: "De este espacio nos beneficiamos tanto los padres, que dejamos a nuestros hijos la jornada laboral completa con absoluta tranquilidad sabiendo que están junto a excelentes maestras, nuestros hijos, que están contenidos, aprenden, juegan, se divierten y son queridos y vuelven felices a casa, así como el mismo hospital porque al dejar nuestros chicos ahí disminuye notablemente el ausentismo laboral". Marcelo Ramal, diputado del Frente de Izquierda en la Legislatura, pidió la citación del Consejo de Administración a la Comisión de Salud, con el objetivo de que dé una respuesta y resuelva el problema. El cierre de la sala de 3 del Garrahan es un capítulo más del pacto PRO-K que descarga la crisis sobre los trabajadores y la salud pública. Organicémonos contra el cierre de la sala, por más presupuesto para el Garrahan y para toda la salud pública, para que la crisis no la paguen los trabajadores.

¿Cómo recibe la juventud del Chaco esta primavera? Los festejos del día de la estudiantina se vieron conmovidos por las palabras de Alicia Monje, llamando a buscar a su hija desaparecida, Micaela. Un reclamo que lleva adelante junto a sus compañeros y familiares para exigir que el Estado ponga todos sus recursos al servicio de la aparición de su hija. En Fontana, familiares de Yamila se movilizaron por justicia por el asesinato de la joven a manos de un cadete de policía, a quien se pretende reducirle la pena por "emoción violenta". De familia policial, viene bregando por ser trasladado a Sáenz Peña para gozar de los beneficios de la influencia de sus familiares directos. El pueblo de Tres Isletas se levantó y, con la consigna "ni un pibe más muerto por la policía", se movilizó para exigir justicia por Víctor Cendrich, asesinado brutalmente por siete agentes policiales del lugar. Guillermo Romero del Blanco, joven militante del Partido Obrero, recibió la primavera en el Hospital Perrando, producto de la golpiza policial recibida por agentes de la Comisaría 1ª, que falsearon una causa por intento de robo. Los hermanos de Guillermo llevan adelante un juicio contra agentes de la cuarta, por torturas y, en ese marco, los abusos policiales contra la familia han sido permanentes. La primavera para la juventud del Chaco es de lucha: llamamos a organizarnos para terminar con la violencia y el abuso contra la juventud y la mujer trabajadora, para que se haga justicia por cada uno de estos jóvenes, por una activa movilización por la aparición con vida de Micaela, y para desarmar los aparatos de represión que atentan contra la juventud. La movilización masiva el 16 de septiembre por el boleto estudiantil, en el aniversario de la Noche de los Lápices, marca un camino de organización para la juventud. Hoy como ayer.

El 18 de septiembre se cumplieron ocho años de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. En este marco, se llevaron adelante actos y movilizaciones en todo el país que denunciaron el encubrimiento y la impunidad por parte del Estado que rodean su desaparición. En la Ciudad de Buenos Aires, participamos de la movilización convocada por el Encuentro Memoria Verdad y Justicia a Plaza de Mayo. En La Plata, fuimos parte de una multitudinaria marcha junto a agrupaciones estudiantiles, políticas, sociales y de derechos humanos que se concentró en Plaza Moreno, frente al Municipio, donde se realizó el juicio en el que López declaró contra Etchecolatz. Luego, la columna continuó hasta la casa de gobierno provincial. Aparición con vida La investigación judicial, al cabo de casi una década, no progresó un milímetro. Las pesquisas jamás avanzaron sobre la Bonaerense, principal sospechada de la desaparición de López, ni tampoco sobre los servicios de inteligencia del Estado, vinculados con los grupos de tareas y la "mano de obra desocupada" de la dictadura. Por el contrario, las "pistas" seguidas por jueces y fiscales apuntaron a la familia y compañeros de López. Por un lado, el fiscal Marcelo Molina reactivó una pista dirigida a la familia de Julio López, basada en un testimonio producido a fines de 2006 por el hijo de un policía de la provincia. El supuesto testigo dice haber escuchado a Rubén López -hijo de Julio- conversar con un amigo sobre el asesinato de su padre. Por otra parte, continúa en pie una "investigación" promovida por éste contra las abogadas que representaron a su padre y contra los jueces que condenaron a Etchecolatz. Les reprocha no haberlo "cuidado". López hijo nunca caracterizó públicamente qué fuerzas e intereses estuvieron detrás de la segunda desaparición de su padre. Alejado de las movilizaciones, participa frecuentemente de actividades con funcionarios de la provincia de Buenos Aires. Un día antes de este octavo aniversario, López hijo suscribió un convenio con el gobierno de Daniel Scioli para su Fundación "Crear Consciencia", cuyo objeto es "facilitar la búsqueda de personas que están ausentes". Responsabilidades Desde el Estado nacional impera un absoluto silencio. Cristina Fernández nunca mencionó a Julio López públicamente, se lo ha desaparecido del discurso oficial. No hay acciones de ningún tipo que conlleven a dar con su paradero. La impunidad y el encubrimiento que rodean la segunda desaparición de López se conectan directamente con la vigencia del aparato represivo de la dictadura. Sólo basta recordar que, al momento de la desaparición de López, todavía permanecían en las filas de la Bonaerense alrededor de 9.000 agentes que ingresaron a la policía durante la dictadura militar. En contraposición al encubrimiento oficial, la bancada del Frente de Izquierda presentó en la Cámara de Diputados un proyecto de Resolución que plantea el repudio al encubrimiento por parte del Estado, la exigencia de apertura de todos los archivos de la dictadura y rechaza la prosecución de la causa penal contra el tribunal que juzgó a Etchecolatz y contra las abogadas que representaron a Julio López. Este proyecto, que cuenta con el apoyo de los organismos de derechos humanos independientes y las agrupaciones políticas, sociales y estudiantiles nucleadas en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, es acompañado por diputados de otros bloques. Fue presentado en una audiencia pública que acompañaron las Madres Elia Espen, Nora Cortiñas y Mirta Baravalle, entre otros. La lucha por Julio López es la lucha por las libertades democráticas hoy. Reclamamos la aparición con vida de todos los desaparecidos en democracia; contra la judicialización de la protesta social, el cierre de las causas, la anulación de las condenas contra los luchadores y la libertad a los presos políticos; el juicio y castigo a los responsables de los crímenes contra el pueblo; que se vayan Milani y Berni; que se acaben la represión, las muertes y las patotas.

Hace unas semanas, se presentó el caso de una nena de 2 años, Ludmila, del barrio Copello, quien fuera internada en el Hospital Víctor J. Vilela con un cuadro severo de desnutrición y violencia doméstica. Esto saca a la luz la realidad en la que viven los niños de los barrios más pobres del cordón industrial. Se trata de la expresión más cruda de una orientación social de la fuerza política que gobierna la ciudad desde hace más de una década. Una niña en semejante estado, a metros de los puertos cerealeros por donde salen miles de millones de dólares, muestra la descomposición de todo un régimen político. El presupuesto municipal no está orientado a la atención de los más explotados de la localidad. El barrio Copello no cuenta con cloacas ni pavimento, el servicio de recolección de residuos casi no existe; durante el verano no hay presión de agua y es difícil que el servicio de ambulancias acceda. Desde la bancada del Partido Obrero hemos presentado un Proyecto de Resolución que plantea "exigir al Ejecutivo municipal que cubra todos los gastos necesarios, tanto económicos como de acompañamiento psicológico a Ludmila, así como también a la familia". El proyecto también "solicita al responsable del Area de Salud del municipio ponga a disposición la información que posea de los niños en edad escolar que tiene la ciudad en situación de riesgo". El caso, Ludmila, es sólo la punta del iceberg. Exigimos que tanto el gobierno municipal como provincial tripliquen el presupuesto en salud, realicen de forma urgente relevamientos de los niños en estado de riesgo y un impuesto especial a los grandes contribuyentes de la zona para permitir la creación de gabinetes psicopedagógicos y un plan de capacitación e inserción laboral.

A casi cuatro décadas del golpe de 1976, se juzgan los delitos sexuales cometidos contra once mujeres en el Centro clandestino de detención (CCD) El Vesubio a pedido de la querella que integramos, Justicia Ya! Uno de los métodos utilizados por los represores en los CCD fueron las violaciones y abusos sexuales de todo tipo. Los abusos a los que fueron sometidas sistemáticamente las mujeres eran parte del plan de despojo, de nulificación, de sumisión y esclavitud de las personas. Las denuncias sobre estas agresiones sexuales cometidas en todos los CCD son largamente conocidas. Ya fueron oídas en el Juicio a las Juntas, pero también es cierto que las denuncian cada vez más testimonios. La esfera de libertad era nula: ninguna mujer abusada, esclavizada y sometida a prácticas sexuales pudo elegir. La desnudez, los manoseos, el lenguaje soez, las amenazas de ser violadas, los embarazos forzados, los abortos forzados, las violaciones y la esclavitud sexual no fueron exclusivas del CCT El Vesubio: en todos los juicios del país se escuchan testimonios en este sentido, lo que muestra que se trata de un único plan y una metodología aplicada por los genocidas. Si bien hace más de 20 años que internacionalmente se caracteriza a los abusos sexuales cometidos en centros clandestinos de detención como crímenes de lesa humanidad, y como crímenes autónomos del resto de los tormentos, en los juicios contra militares argentinos su juzgamiento ha sido resistido. El Estado en muchos casos no acompaña este reclamo. En el caso de Vesubio, la fiscalía y la Secretaría de Derechos Humanos solo peticionaron por cuatro casos. Se deja a los genocidas fuera de la persecución penal y se promueve la revictimización en un nuevo juicio. Hace dos semanas, en "Prensa Obrera" Nº 1.331, denunciamos que, ante el solitario planteo de nuestra querella, el Tribunal Federal Oral N° 1 de La Plata rechazó la ampliación por los crímenes sexuales cometidos en el CCD La Cacha. Que se juzguen ahora los delitos sexuales significa -además de una reparación- evitar que las víctimas tengan que volver a declarar lo que ya hicieron en el curso de este proceso y no tener que esperar nuevos juicios que demorarán años en comenzar. Los cuatro genocidas Norberto Cendón, Federico Minicucci, Adolfo Cacivio y Faustino Svenciones serán indagados este 18 de septiembre. Se espera tener sentencia antes de que concluya 2014

Una asamblea general de 4.000 petroleros en Caleta Olivia aprobó la desafiliación del sindicato petrolero de Santa Cruz a la Federación del Petróleo, Gas privado y Bio-combustible. Un proceso similar ya había ocurrido con los petroleros de Neuquén Río Negro y La Pampa. En menos de cinco años, la Federación perdió más de 18.000 petroleros, en lugares estratégicos para esta actividad. Aprovechando el repudio masivo a la Federación -que le saca a los petroleros 1.000 pesos por mes en concepto de Obra social y aportes sindicales-, Vidal, el actual secretario general del sindicato santacruceño, armó una campaña de meses por la desafiliación, sin explicar cuál va a ser el destino de esa cuantiosa suma de dinero que recibirá el sindicato. Más allá de este debate, ninguna de las dos facciones en pugna se había pronunciado sobre los reclamos más sentidos de los petroleros. Entre ellos, la reapertura de paritarias, la anulación del impuesto al salario, y mucho menos, la posición sobre la nueva ley de hidrocarburos. En este cuadro, el Partido Obrero desarrolló una campaña y presentó un programa frente a la desafiliación, lo que le valió la simpatía de centenares de petroleros e incluso un ataque mafioso a su local de Caleta Olivia. Planteamos: -la eliminación definitiva del descuento por aporte sindical del 2% que va a la federación; -que la comisión directiva presente un plan para la obra social y para su propia acción sindical; -que los ingresos y egresos del sindicato estén bajo el control del plenario mensual de delegados; -garantizar el 100% de descuento en los medicamentos a través del sindicato. Ningún pago adicional (coseguro) de estudios o atención médica; -hasta que las operadoras garanticen centros de atención urgente, que los cubra el sindicato con ambulancias propias en Caleta Olivia, Las Heras, Truncado y Gallegos. Que el sindicato cubra los gastos de las guarderías infantiles y que asigne una cuota de guardería para los hijos de hasta cinco años cuando trabaje la esposa. La asamblea aprobó la desafiliación, pero no confía en Vidal, que abandonó la democracia sindical, y expulsó a directivos presos por luchar de la propia comisión directiva. No existe el plenario mensual de delegados y se está armando un enorme aparato sindical alejado de los trabajadores. Los gremios petroleros son un enorme campo de disputa económica y política. Roberti, el secretario general de la Federación, es diputado del Frente Renovador. Guillermo Pereyra, el secretario general de Neuquén es senador por el Movimiento Popular Neuquino. A su turno, Vidal, actual secretario general en Santa Cruz, encaminó la desafiliación de la Federación de mano del Frente para la Victoria. La burocracia de los gremios petroleros va de la mano de los intereses de los partidos patronales de cada provincia. La crisis de la federación plantea la necesidad de luchar por un sindicato clasista ligado a todas las luchas de la clase obrera. La proliferación de conflictos por abajo con los operadores indica que se está abriendo un camino de independencia respecto de la burocracia.

En 1985, el PJ y la UCR jujeños instauraron un código electoral absolutamente antidemocrático. Establece un "piso" electoral del 5% del padrón para acceder a la distribución de los cargos, que se eleva hasta un 7 u 8% de los votantes. Ese régimen ha permitido una consolidación artificial del dominio de estos dos partidos, que ostentan más del 80% de los cargos legislativos. Sin ese piso restrictivo, el Frente de Izquierda hubiera obtenido en las últimas elecciones dos cargos legislativos. Ahora, y en medio del debate sobre la representación electoral de las minorías, se ha introducido un planteo de contrabando: la vuelta a la Ley de Lemas. Por esta vía, los que gobiernan quieren conjurar una crisis política de envergadura. El PJ provincial podría perder la provincia en 2015 y está buscando un sistema que le sume votos de otros sectores; se especula con una lista de Unidos y Organizados (Milagro Sala) que adhiera al candidato que proponga el Frente para la Victoria. Sala, que no hizo una buena elección el año pasado, acuña la frase papal a favor del gobernador "hay que ayudarlo a Eduardito (Fellner)". Para meter la reforma, la prenda de canje con el radicalismo sería un cambio en la coparticipación municipal, tema reclamado por la UCR de la provincia. Desde el Partido Obrero rechazamos el intento de reinstalar la Ley de Lemas, una medida que violenta el voto popular y busca perpetuar en el poder a la actual camarilla de gobierno. Lanzamos una campaña para la derogación del piso proscriptivo del 5% del padrón, que tiene el objetivo, hoy más que nunca, de dejar a la izquierda fuera de la Legislatura.

La venta inicial de acciones de Alibaba, el gigante del comercio electrónico de China, en la plaza de Nueva York, logró captar 25 mil millones de dólares. Benefició con 250 millones de dólares, en concepto de comisiones, a los bancos que hicieron la colocación en la Bolsa. La oferta inicial de 62 dólares por acción se elevó en pocas horas a 93 dólares (un aumento de la cotización del 50%), lo cual llevó su valuación global a más de 200 mil millones de dólares. Quedó así por encima de gigantes como Procter & Gamble, Verizon, Facebook, IBM, Oracle, Coca Cola, Intel, Merck, Visa, Citigroup y otros. Alibaba controla ocho de cada diez ventas por Internet en China, que en el último año alcanzaron un volumen de 296.000 millones de dólares. En los últimos tres meses, sus ventas crecieron un 46% y sus ganancias se triplicaron. Opaco La oferta de acciones de Alibaba en Nueva York importa como manifestación del entrelazamiento extraordinario del capital emergente en China y el capital financiero internacional -e incluso estatal entre China y Estados Unidos. El fondo de inversiones de Japón, Softbank, controla el 58% del capital accionario en manos de instituciones financieras, a pesar de las rivalidades entre China y Japón, y Yahoo otro 38%. El fundador de la compañía, Jack Ma, con el 9% del capital, tiene, sin embargo, el voto mayoritario, en virtud de un pacto societario, que ha sido reconocido legalmente por el gobierno de China y ahora por las autoridades de Estados Unidos. Solamente "28 socios fundadores y ejecutivos mantienen el control de la mayoría del directorio, aún cuando juntos sólo tengan el 10 por ciento de la compañía". El capital accionario de Ma, además, es cualquier cosa menos transparente, porque se funda en un esquema de compañías superpuestas que operan desde paraísos fiscales. Obviamente, no representa una garantía adecuada para el resto del capital en Bolsa. Esta circunstancia determinó que la oferta accionaria fuera rechazada por la Bolsa de Hong Kong (que no admite pactos societarios de control) y duramente criticada por los diarios de finanzas. Queda expuesto, de este modo, que el Estado chino opera con capitales extraterritoriales en su propio país, como ocurre también en Estados Unidos. Esta situación entraña un fuerte peligro para el resto de los accionistas, en especial los minoritarios y atomizados. Precisamente por esta razón, las autoridades bursátiles norteamericanas limitaron la compra de un 50 por ciento a inversores institucionales. Conla complicidad de ambos gobiernos, el ingreso de Alibaba en Wall Street sigue el modelo de una operación fraudulenta. "El apoyo de Beijing -directa e indirectamente- es un factor clave en el triunfo de Alibaba. Sin el apoyo gubernamental, Ma no podría tener la confianza suficiente para hablar en Nueva York frente a centenares de inversores de Wall Street durante la reciente ronda de negocios para ofrecer la oferta de acciones en la Bolsa de Wall Street" (SCMP, 15/9). Centro y periferia Alibaba ha ido a recaudar dinero en Estados Unidos para financiar su expansión en China, la que realizará mediante adquisiciones o fusiones con otros grupos económicos. Alibaba convertirá sus dólares en yuanes que el Banco Central de China reinvertirá en la deuda pública de Estados Unidos o de la Unión Europea. China financia así a los capitales norteamericanos que han invertido en Alibaba, pero mientras que la deuda pública estadounidense rinde un 2,5% anual y la europea aún menos, el japonés Softbank y la norteamericana Yahoo han visto valorizar sus acciones en Alibaba en un porcentaje descomunal en menos de una hora. El editor financiero del principal diario de Hong Kong opina que "el triunfo de Alibaba no es sólo de Alibaba en sí misma. Es sobre la inevitable tendencia de la globalización y el ascenso de China en los frentes político y económico, y también sobre cuánto ansía Beijing en apoyar y cosechar marcas nacionales que puedan competir con los gustos de Google y Amazon...". Este ascenso, sin embargo, se financia en Nueva York y la competencia con Google y Amazon se desarrolla de la mano de Softbank y Yahoo. Las "marcas nacionales" se abren camino por medio de la intervención en gran escala del capital financiero internacional. Esto ocurre en todas las ramas principales de la industria; en un determinado momento enfrentará a los capitales asociados en una guerra que podría ir más allá de lo comercial. "El ascenso de Alibaba, dice el mismo editor, ha sido impulsado por las políticas gubernamentales que han hecho de China un lugar muy inhóspito para las empresas de los Estados Unidos, e impulsado a campeones locales como Alibaba con el espacio que necesitan para convertirse en jugadores viables a nivel mundial." Alibaba, sin embargo, es al mismo tiempo un caballo de Troya del capital internacional para incursionar en territorios ‘inhóspitos’ y obtener plusvalías formidables. Para la agencia Bloomberg, Alibaba "seguirá creciendo sin impedimentos de la competencia estadounidense", pero no dice que el beneficio de ese ‘crecimiento’ irá a parar, en buena parte, a Wall Street. Nacionalismo, límites El cerco del mercado chino para favorecer a empresas nacionales tiene, asimismo, limitaciones que sólo podrán salvarse por medio de crisis severas. En primer lugar, los beneficios extraordinarios que extrae Alibaba ha puesto en marcha la codicia de otros capitales, también chinos, cuya competencia afectará la tasa de ganancia de Alibaba. Alibaba, por otro lado, carga con la hipoteca de ejercer la censura político-mediática que le impone el régimen de China. Esta ‘ventaja’ interna la hace vulnerable a la presión internacional, a partir de su entrada en Wall Street. Finalmente, la estructura oscura del capital de los socios dominantes, acentúan esa vulnerabilidad en caso de crisis bancarias y bursátiles. El pacto societario establecido equivale a un monopolio de información interna, que es muy castigado por las legislaciones comerciales. A esto aludió Jack Ma cuando no se cansó de repetir que venía a conquistar la "confianza de los norteamericanos". Por de pronto, algo de esto ocurrirá en lo inmediato, cuando se pinche la ‘espuma’ de la suba de los primeros días de cotización en la Bolsa, en perjuicio de inversores menores. El sistema de pagos que creó Alibaba Alipay, ha gestionado durante el último año 778.000 millones de dólares, de los cuales solamente un 29,7 por ciento proceden de pagos por las compras de comercio electrónico. Hasta 2011, Alipay era una unidad más de la empresa, pero se configuró como una compañía independiente por el hecho de que Alibaba cuenta con accionistas extranjeros. De este modo, se presenta un conflicto de intereses entre Alibaba y Alipay, que Jack Ma podría zanjar en perjuicio de Alibaba. Una incipiente Alibaba ya salió a Bolsa en 2007, en Hong Kong, pero se retiró cinco años más tarde tras los estragos de la crisis financiera internacional. El pacto societario encubre vínculos profundos de la empresa con funcionarios chinos. El New York Times publicó los lazos de Alibaba con fondos conectados a la estatal China Development Bank. "Los lazos (del CDB) con los llamados ‘príncipes’, hijos o nietos de funcionarios, atrajo la atención de fiscales en Estados Unidos. Investigadores de la Comisión de Valores de Estados Unidos están detrás de un programa del J.P. Morgan Chase llamado ‘Hijos e Hijas’, bajo el cual se contrata a parientes de altos funcionarios chinos y funcionarios de alto rango, violando la ley Prácticas Corruptas Extranjeras. Otros bancos están bajo investigación por similares programas" (20/7). Crisis mundial Alibaba no es un emporio industrial sino un grupo comercial; su función económica es acelerar la circulación o rotación del capital industrial en su conjunto. China, mientras tanto, atraviesa una enorme crisis de sobreproducción y, con ella, una crisis bancaria, por los fondos comprometidos con la industria y la construcción que no puede realizar su producción. La deuda de China, un 250% de su PBI, empareja a la de Estados Unidos, de 12 billones de dólares, aunque la economía norteamericana es cuatro veces mayor. El destino de este lanzamiento ‘burbujeante’ está determinado por el desarrollo del conjunto de esta crisis, que la expansión a Wall Street potenciará decisivamente.

El atentado que dejó 14 heridos en una estación de subte en Santiago ha sido el señuelo de un acuerdo entre Bachelet y la derecha para impulsar un endurecimiento de la ley antiterrorista. Bachelet se pone en línea con los reclamos de la UDI y compañía, que exigían mayores atribuciones para la ley y las fuerzas represivas. La intensa campaña macartista para responsabilizar por el atentado a "grupos anarquistas" hace caso omiso de las versiones que involucran a los servicios de inteligencia (que desarrollan una vasta tarea de infiltración de las organizaciones populares), en conexión con sectores de Carabineros. Uno de los detenidos, de la ignota "Conspiración de las Células del Fuego", ha declarado que avisaron previamente a aquella fuerza de la colocación de la bomba en el metro. Como admite un senador oficialista, "es importante analizar lo que podría ocurrir con células de ex agentes ligados a la dictadura" (Clarín, 11/9). Sectores de la derecha intentarían disuadir a la Nueva Mayoría de las más que limitadas iniciativas oficiales en materia de derechos humanos. Pero en lugar de denunciar a estos sectores reaccionarios, Bachelet los convoca para reforzar sus atribuciones. El objetivo de la ampliación de la ley antiterrorista no puede ser otro que la represión y criminalización del movimiento obrero y popular, donde sobresale un ala que no ha podido ser cooptada por Bachelet. Así lo denunció la conducción de la Fech: "repudiamos la criminalización del movimiento estudiantil (...) se utiliza un hecho lamentable para desprestigiar a un movimiento social" (ídem, 11/9). Bachelet ya ha aplicado la ley antiterrorista en su anterior mandato, especialmente contra la resistencia mapuche en el sur, con el agravante de haberlo hecho incluso contra menores de edad (2009). Tal es el afán de garantizarle las tierras a los capitalistas forestales que, en 2010, trascendió un cable de Wikileaks donde el gobierno de la actual presidente consultaba al de Estados Unidos si sus servicios de inteligencia tenían antecedentes de conexiones de los mapuches con las Farc o la ETA, algo que la misma CIA descartó de plano. El PC, integrante de la Nueva Mayoría, participó de una reunión de fuerzas políticas (incluida la UDI) donde dio la nota al mostrarse "abierto a los cambios en la ley", en lugar de plantear su derogación lisa y llana.

Tanto el SNPL como el SPAF, los sindicatos más importantes del gremio de pilotos aéreos, llevan una semana de huelga en Air France y votaron extender, con la aprobación de más del 70 por ciento de sus afiliados, las medidas de lucha hasta el 26 de septiembre debido al rechazo de la compañía de satisfacer los reclamos obreros. La huelga logró que el 60% de los vuelos sean suspendidos. Tanto el primer ministro Valss, como el recientemente nombrado ministro de Economía, Macrón, llamaron a terminar con la huelga, aunque el nuevo funcionario reconoció la necesidad de llegar a acuerdos por “concesiones deseables”. Los pilotos reclaman la creación de un contrato de trabajo con iguales condiciones salariales en todos los vuelos de más de cien pasajeros. Es decir, terminar con un régimen de tercerización al interior de la industria aeronáutica, donde las grandes empresas como Air France desmantelan sus recorridos por Francia y Europa y los concentran en empresas de bajo costo, como Transavía. La huelga es la más importante dentro de la empresa en los últimos 16 años. Con el objetivo de frenar la lucha, el director general de Air France declaró que está dispuesto a posponer el pasaje de vuelos a Transavía hasta diciembre. Defendemos el derecho a huelga de los trabajadores de Air France y bregamos por su victoria.

El reaccionario Código Orgánico de Trabajo impulsado por Correa, que recorta el derecho de huelga y limita la organización sindical, aglutinó a organizaciones obreras, indígenas y estudiantiles en una movilización común en Quito. Entre los sectores sindicales presentes, sobresalieron los médicos y los trabajadores telefónicos. Los estudiantes introdujeron su reclamo contra el aumento del transporte, y los indígenas contra la ley que les quita el control del manejo del agua en sus territorios. El presidente ecuatoriano buscó atemperar el impacto con una convocatoria propia y, al mejor estilo de Cristina, extorsionó a los trabajadores al denunciar un plan "desestabilizador" para "volver al pasado". La airada respuesta de Correa contra las organizaciones populares revela la naturaleza reaccionaria de la autodenominada "revolución ciudadana".

En mayo se cumplieron 70 años de historia del teatro General San Martín. Pero no hay nada que celebrar. En noviembre de 2013, en el marco de este aniversario, el gobierno de la Ciudad anunció la programación 2014 y refacciones en el teatro, donde estaba prevista la remodelación de la prestigiosa sala Leopoldo Lugones. Las obras iban a concluir en julio. Sin embargo, en agosto todavía no habían empezado. La sala está cerrada desde hace ocho meses. También está demorada la culminación de la sala de ensayo de danza para Ballet Contemporáneo, camarines, sanitarios y oficinas de Dirección de Ballet. A mediados del año pasado, artistas del San Martín alertaron sobre la posibilidad de que el espacio pasara a órbita privada. En una importante movilización frente al teatro se reclamó contra "la drástica reducción en la programación propia, los contratos artísticos ‘basura', la tercerización de los talleres, el alquiler del espacio para fiestas y eventos, y la coproducción de obras con empresas privadas". En esos días los trabajadores denunciaron que hay baños sin agua, retrasos en los pagos y depósitos sin luz. La Asociación Argentina de Actores se declaró en los últimos días en estado de alerta por la situación en el Complejo Teatral de Buenos Aires, que nuclea a los cinco teatros públicos de la Ciudad. Reclamaron que hay elencos contratados en 2013 que todavía no cobraron, y otros a los que se les adeudan meses de ensayo. Sin embargo, el sindicato no ha lanzado un plan de lucha ante el estado de vaciamiento del teatro. La privatización de la cultura es un eje del gobierno porteño. Hace días, se reveló la entrega de subsidios oficiales a empresarios de la cultura, por casi 17 millones de pesos. Mientras tanto, en el Centro Cultural General San Martín se tuvieron que suspender varias funciones este año porque no tenían luz. Entre las iniciativas de la Ciudad por los 70 años del teatro está "Escena 70", proyecto que reúne a programadores internacionales. Sin embargo, a los artistas no le pagan cachet ni traslado de escenografía; también está sujeta a disponibilidad la puesta de luces, que es parte fundamental de toda obra teatral. Los actores señalan que, detrás de la fachada de las funciones para las programadoras, se desarrolla un festival encubierto, precarizando laboral y artísticamente a los actores. El camino para enfrentar este escenario de vaciamiento está en la organización de los trabajadores de la cultura, independiente del Estado y de los empresarios, en defensa y desarrollo de los que producen la riqueza artística.

En las elecciones para Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref) se impuso la actual conducción, Unidos y Organizados, con el 44,6% (cinco secretarías). En segundo lugar quedó la heterogénea agrupación Almafuerte -que se presenta como independiente pero está integrada por moyanistas, radicales, Proyecto Sur e independientes- con un 26% (dos secretarías); en tercer lugar quedó La Indocta -PO e independientes- con el 25,9% (dos secretarías); en cuarto lugar salió el PCCE, con un 3%. La Untref, dirigida por el kirchnerista Aníbal Jozami, es una universidad cortada con la tijera de la Ley de Educación Superior, donde proliferan los "recursos propios" que duplican al presupuesto financiado por el Estado. El control político lo ejerce el intendente de Tres de Febrero, Hugo Curto, quien digita los puestos clave en la universidad. El local de apuntes y el bar están privatizados, mientras existe una amplia precarización laboral de docentes y estudiantes (mediante pasantías flexibilizadas en Tecnópolis y el Museo de la Untref). La elección estuvo regida por la proscripción. Para presentar lista para representantes al Consejo Superior y la Asamblea Universitaria, en el claustro estudiantil se requiere el aval del 10% de todo el padrón de estudiantes (el número incluye a los que no están cursando en este momento) y cada persona sólo puede avalar a una lista. Nuestra lista sobrepasó con creces los 715 avales requeridos (juntó 1.200) y aun así fue censurada por las autoridades. Esto mereció una campaña y una presentación judicial que tuvo acogida mediática. Conocida la proscripción, en 24 horas juntamos 200 avales nuevos, que fueron rechazados por las autoridades. La pasión proscriptiva hacia La Indocta radica en la necesidad de mantener un consejo monolítico (gobernado de punta a punta por el tándem Curto-Jozami). La elección de centro fue precedida por una asamblea estudiantil donde se bloqueó el ingreso de la Indocta a la Junta Electoral. En cambio, UyO votó la participación de Almafuerte en este organismo. Fue el antecedente de irregularidades en la elección, como la injerencia de las autoridades en la elección estudiantil -la votación de representantes en el cogobierno de la universidad se hizo en la misma urna que la del centro-, y los padrones definitivos fueron otorgados el mismo día de la votación. A diferencia de la elección de 2012, cuando hubo dos listas, en esta ocasión se presentaron cuatro. Si hace dos años nuestra agrupación había podido acaparar todos los votos opositores, beneficiándose con una polarización contra la lista oficialista, esta vez se acentuó la diferenciación política. Esto es lo que debe tenerse en cuenta a la hora de valorar nuestro 26% de los votos, resultado del afianzamiento de nuestra agrupación, que se plasmó en un importante activismo que se sumó a La Indocta antes y durante la campaña electoral. Queda planteada la integración de este activismo a la tarea de construir un movimiento estudiantil que combata la privatización y recupere la Untref para los estudiantes y trabajadores de la universidad.

El Congreso de la Federación Universitaria de La Plata, realizado el 10 de septiembre, presentó un problema político crucial: las agrupaciones kirchneles al frente de condristas, unidas, superaban en congresaucción, compuesto por Copa (Patria Grande), Cepa (PCR) y Libres del Sur. Este frente había retrocedido, mientras crecieron Franja Morada y las fuerzas de izquierda. Fuimos al congreso a poner sobre la mesa esta cuestión, y para discutir la necesidad de un programa y un plan de lucha contra el ajuste del gobierno y del rectorado. El frente de conducción, por el contrario, evadió el punto con llamados a la unidad en el vacío, mientras intentaba negociar los votos de la izquierda. Esa adaptación política abona el terreno para que se desarrollen las fuerzas kirchneristas, a contramano de lo que sucede en todo el país. Sobre esta base, llamamos a realizar un frente único de toda la izquierda para derrotar a las listas del gobierno y darle otro rumbo a la Federación. Esta orientación era distinta a la que venía sosteniendo la presidencia de la Fulp (Patria Grande), quien no sólo no combatió políticamente el crecimiento de los K, sino que al mismo tiempo compartía la conducción con Libres del Sur, una fuerza tan vinculada a la derecha y a Franja Morada que en Tucumán llegó a movilizarse contra la huelga docente. Algunas fuerzas de izquierda, como el PTS o el MAS, hicieron gala de su abstencionismo, poniendo un signo igual al resultado del Congreso. Pero la izquierda tenía una responsabilidad ineludible en la derrota del gobierno y el rectorado. Por eso la UJS-PO, que llegó al congreso con más delegados que en el pasado, conformó un frente con Patria Grande y la Cepa que permitió superar en delegados a las fuerzas del régimen. Libres del Sur, naturalmente, quedó excluido y armó su lista. Nuestro crecimiento se expresa en la conquista de la Secretaría General de la Fulp. En las comisiones del congreso, la UJS reclamó la necesidad de establecer un nuevo método para la federación: reuniones regulares de Junta Ejecutiva con resoluciones públicas y un congreso cuando se inicien las clases. Nos valdremos del lugar conquistado para pelear para que la Fulp rompa su adaptación política y se convierta en un canal de movilización. Comenzaremos por movilizar el martes 30 al Consejo Superior de la UNLP para exigir el fin de la precarización laboral que sufrimos tanto estudiantes como docentes, no docentes e investigadores. Mientras, continuaremos con la lucha por el boleto educativo gratuito, marchando a la próxima sesión del Senado de la Provincia para lograr su sanción definitiva contra el boicot del radicalismo y el kirchnerismo.

Que no destruyan nuestras carreras, defendamos al Ceadig Las elecciones del Centro de Estudiantes de Arquitectura y Diseño de la UBA serán escenario de una confrontación directa entre las listas que responden al rectorado y la conducción combativa de Estudiantes por el Cambio, un frente entre La Corriente y En Perspectiva (UJS-PO e independientes), que reagrupa a más de 150 estudiantes de todas las carreras y el CBC. Las listas de las autoridades de la Fadu y de la UBA -Fadu Plural, Reforma, Coalición, el PRO y Franja Morada- no se han puesto de acuerdo para presentarse en común. Como en el rectorado, la camarilla profesoral es un entramado que liga a peronistas, radicales, macristas y todo tipo de variantes patronales. Libres del Sur participó de estas negociaciones hasta último momento: luego de cerrar filas con los radicales, Carrió, Cobos y Prat Gay a nivel nacional, trata de hacer lo propio en la UBA. Así, aunque se presentan en listas separadas, cuentan con recursos cuantiosos para avanzar sobre el Ceadig. Hacen partícipe de este apoyo a sus nuevos amigos de Sur, a cambio de que dividan el Centro y no digan nada de la reforma de los planes de estudio del Decano y la Coneau. En consecuencia, habrá doce listas: otros grupos de izquierda, como La Mella y el PTS, rechazaron la propuesta de un frente único contra la ofensiva del decanato y el rectorado, y se presentan en soledad. Estas elecciones estarán atravesadas por la ofensiva de las autoridades para degradar nuestras carreras de la mano de la Coneau. En un documento que se filtró recientemente, el decano Luis Bruno delata cuál será el contenido concreto de su gestión: el recorte de contenidos de la carrera de grado, la multiplicación de los posgrados con aranceles, la quita de las horas de taller de las materias teóricas para transformarlas en "clases magistrales", la consecuente reducción de la planta docente y la implementación del trabajo gratuito obligatorio para los estudiantes. El principal obstáculo que encuentra la gestión para implementar esta reforma es el actual Centro de Estudiantes, que hace años logra impedir su aplicación generando una corriente de oposición que impulsa instancias de debate con delegados, pronunciamientos en los talleres y asambleas, y movilizándose junto a estudiantes y docentes. La defensa de un Centro de estudiantes que acompaña las luchas de los trabajadores, democrático, independiente de las autoridades y en acción es la condición necesaria para frenar esta reforma. El Ceadig, además, es partícipe de la pelea por la vivienda popular en la Ciudad -una orientación contraria a la de las autoridades, que postulan una arquitectura ligada a las megatorres y los grandes negocios empresariales.

El viernes 19 concluyeron las elecciones del Centro de Estudiantes de Farmacia y Bioquímica. El triunfo de Antídoto (UJS-PO e independientes) fue contundente: con el 61,2%, sacó más de 40 puntos de distancia respecto del GEN (17,2%), nuevo sello que adoptó la agrupación de las autoridades y el rectorado, otrora perteneciente a Franja Morada. Que se trató de una derrota abierta y directa de la gestión de la UBA lo demostró la presencia de militantes de su principal agrupación estudiantil, Nuevo Espacio (de Medicina y Económicas), quienes apoyaron al GEN durante toda la elección. Otras cuatro listas obtuvieron votaciones menores (la UES, La Mella, los K e IS). La lista "puramente" kirchnerista hizo sapo otra vez y apenas alcanzó el 4,8%. Antídoto revalidó su lugar en la conducción como portavoz y organizador de los reclamos estudiantiles, contra la política del gobierno y las autoridades. Así, nuestra lista reivindicó la lucha contra el desguace de la carrera que postula una nueva acreditación a la Coneau, la pelea por jornadas democráticas sobre los planes de estudio, la conquista de presupuesto para refacciones en el aula magna y la batalla por condiciones de seguridad en los laboratorios, por nombrar sólo algunos ejemplos. El hecho de que Antídoto fuera la lista con más estudiantes no es casualidad. Balances divergentes La clara victoria del PO en Farmacia refuta la idea de un avance único e indiscriminado de la derecha, tras su fortalecimiento en los primeros comicios; estamos atravesando una pelea abierta y en curso. En este punto, existe una polémica. En forma superficial e interesada, algunos medios afirmaron que "creció el reformismo", sin reparar en que dicha corriente nació expulsando al clero de la universidad, mientras sus pretendidos herederos suscriben acuerdos "educativos" con el Papa. Al margen, se trata de una falsificación que oculta el carácter contradictorio y camarillesco de las fuerzas que crecieron. El "Nuevo Espacio" de Medicina está dominado por una parte del PJ vinculado a Massa y los negocios de la salud, mientras que el de Económicas responde al sector de la UCR que pretende un acuerdo con Macri. El amontonamiento de corrientes patronales para enfrentar a la Fuba y a la izquierda desmiente que estemos frente al progreso de un partido -como en otro momento histórico supo ser Franja Morada. Por el contrario, se trata de una coalición de camarillas, cuya ligazón son los negocios. En boca de La Mella, la referencia al "avance de Franja Morada" es un deliberado encubrimiento del kirchnerismo, el cual es partícipe necesario del reforzamiento que tuvo el bloque derechista que controla la UBA. Nadie puede ignorar que el rector Barbieri asumió con la bendición de Capitanich y CFK, o que Richarte, el vicerrector "Side", es abogado de Boudou. Por otra parte, el planteo de La Mella sería legítimo si no ocultara una enorme hipocresía: en Arquitectura, rechazó un frente único de toda la izquierda y presentó su lista, precisamente cuando la confrontación era directa. Además, sostienen su coalición con Libres del Sur en Psicología, y acusan al PO de "sectario", como si fuera poca cosa la sociedad de Tumini y compañía con los radicales en todo el país. Libres del Sur se movilizó contra la huelga tucumana sin que La Mella dijera una palabra. El PTS, por su lado, no emitió posición pública ni antes ni después de las elecciones. Sin embargo, tiene una "tesis", que difunde oralmente: "donde estamos nosotros, los centros son combativos y crece la izquierda; donde no, venden café y crece la derecha". Tendrían que explicar por qué llegaron a armar lista sólo en una de las seis elecciones que hubo hasta ahora (en Económicas, donde, lejos de evitar "el avance de la derecha", obtuvieron el 1,4% de los votos, aun cuando usurparon el nombre "Frente de Izquierda"), mientras el PO derrotó a esa derecha en Veterinaria y Farmacia. Es falso, además, que su sabotaje a los frentes únicos sea en nombre de coaliciones "políticas" (sic), como sería Izquierda al Frente, porque tienen un planteo rupturista en Psicología. Las peleas que vienen En Arquitectura tendremos un nuevo capítulo de esta confrontación con el rectorado y sus agentes, durante la semana del 29 de septiembre al 3 de octubre. Luego vendrán las elecciones en las facultades humanísticas. Recorremos el camino hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda en medio de una pelea política, defendiendo los centros de estudiantes como organismos de lucha que sirvan para enfrentar los planes de ajuste contra la educación y la universidad y movilizar a los estudiantes junto con los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas.

El reclamo por la reincorporación de los 45 trabajadores de Lear que mantienen el acampe sigue en pie. Luego del ingreso de los delegados a sus puestos de trabajo, a partir de un fallo judicial que obligo a la empresa a tener que acatar, no hubo nuevas reincorporaciones. El gobierno nacional no da ninguna respuesta al reclamo de los trabajadores. Por el lado del ministerio de trabajo, sigue dejando correr el tiempo y apuesta al desgaste de los compañeros. Por parte de Berni, actúa con toda la fuerza represiva de la gendarmería , como sucedió nuevamente sobre la Panamericana. Ellos, junto a la burocracia del SMATA, defienden el pacto que tiene Lear Corporation con el gobierno K. Al cierre de esta edición los trabajadores de Lear junto a las organizaciones que venimos apoyando el conflicto, llevamos adelante una movilización a la embajada de EEUU, denunciando el accionar de la empresa buitre y exigiendo la reincorporación de todos sus trabajadores despedidos. La lucha sigue hasta que todos los trabajadores de Lear sean reincorporados.

Después de cuatro años volvió la asamblea general a Acindar-Villa Constitución. Los trabajadores comenzarán un plan de lucha contra nuevas tercerizaciones, contra el impuesto al salario, por el cobro de la asignación familiar y para que se reconozca la tarea penosa a los compañeros tercerizados (poder jubilarse a partir de los 50 años), entre otros reclamos. Si bien estas reivindicaciones vienen de larga data, desde los congresos de delegados no salía un plan de lucha por ninguno de estos puntos. La asamblea general fue con parada total de planta, situación que no se daba desde hace aproximadamente cuatro años. El cuadro de situación es crítico, puesto que el 50 por ciento de los trabajadores está tercerizado. La intervención del compañero de "El Martinete", integrante de la interna, se centró en la lucha contra las tercerizaciones y la defensa de los puestos de trabajo. "La empresa durante los últimos años viene con una política de tercerización constante, política que busca profundizar. Está en la unidad de los compañeros de planta y contratistas poder enfrentarla y resistir cualquier embate contra los puestos de trabajo". Durante la asamblea, el secretario general se explayó sobre todos los puntos; respecto al impuesto planteó: "estamos trabajando para que desde la UOM nacional se presente un proyecto de ley utilizando a los diputados de extracción sindical...". Instó a acompañar esta presentación con una movilización y hasta mencionó el proyecto del Frente de Izquierda contra el impuesto. Desde la comisión interna se planteó que las acciones a seguir serán las que se vienen discutiendo con los delegados: realizar un corte general y sorpresivo de horas extras a partir de octubre, por el impuesto al salario y las demás reivindicaciones salariales. La asamblea general fue un avance, aun cuando la mayoría de la directiva haya impuesto que sea informativa y no resolutiva. Ahora habrá que ponerle fecha precisa al comienzo del plan de lucha. Tanto dentro de la interna, como en las asambleas y en los congresos de delegados, las posiciones de lucha van posicionando a El Martinete como una alternativa de dirección de la planta.

El día que Axel Kicillof se disponía a presentar el proyecto de ley de Presupuesto 2015, una delegación de alrededor de 70 trabajadores del Ministerio de Economía, encabezados por la Junta Interna de ATE, realizamos un acto en la puerta del Congreso. Exigimos una inmediata recomposición salarial para todas las modalidades de contratación y el fin de la precarización laboral que azota al 75 por ciento de los compañeros. Entre las denuncias que realizó ATE se encuentra la enorme arbitrariedad con la que los funcionarios han incrementado sus sueldos, mediante un régimen especial. De 2008 a 2014, el sueldo de los trabajadores ha aumentado poco más de tres veces, mientras que el del ministro lo ha hecho más de cinco. Las pancartas, los cánticos y el propio acto denunciaron los incumplimientos del pago del artículo 91 de nuestro Convenio Sinep, de la Función Especifica y del Adicional Informático, todo lo cual cuenta con normas que el ministro debería aplicar. En la delegación se encontraban compañeros de la Secretaría de Hacienda, exigiendo que Kicillof no convalide la quita salarial que se les ha aplicado. Estos compañeros reclaman el pago de la Compensación Anual por las tareas que demanda, justamente, la elaboración de ese proyecto de ley con el que el ministro se pavonea en las comisiones. El acto, que estuvo acompañado por la Directiva de ATE-Capital y diversas Juntas Internas, fue saludado especialmente por los diputados nacionales del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, Pablo López y Nicolás del Caño. Luego, delegados de ATE ingresamos al Congreso y repartimos nuestro comunicado de prensa a todos los bloques y medios periodísticos presentes. Le hemos avisado al ministro que de no mediar una respuesta favorable redoblaremos la apuesta con un nuevo quite de colaboración y un acto masivo frente a su despacho. Iremos hasta conquistar los reclamos. Eduardo Viceiro Delegado ATE-MECON

Una nueva asamblea general de Adiunt, de la que participaron 200 docentes, resolvió volver a parar, esta vez por 48 horas, como advertencia a las autoridades en relación con el incumplimiento de varios puntos acordados a mediados de agosto, por los cuales se decidió suspender la huelga por tiempo indeterminado que ya llevaba 90 días. En la asamblea se denunció que el adicional de mil pesos conquistado no está siendo pagado a los 500 ayudantes estudiantiles (una categoría de inicio a la docencia, pre-graduación, que actualmente cobra aproximadamente 1.200 pesos). Las autoridades argumentan que no tienen más fondos de los que ya pusieron para el adicional al resto de la docencia. Las autoridades ofrecieron como salida que a cada docente se le descuente 25 pesos para pagar "solidariamente" 500 pesos a cada ayudante estudiantil. Tampoco se dio un solo paso real en el desmantelamiento de la patota. Arguyen estar elaborando un "reglamento de funcionamiento" pero no han tomado ninguna medida concreta contra los que golpearon a los estudiantes durante un acto de apoyo a la huelga docente y tampoco contra los jefes de la patota. Otro de los reclamos pendientes es que queden sin efecto los aumentos en la obra social. Por último, y en relación con un punto crucial de los reclamos de la huelga docente, las autoridades se han negado a fijar como prioridad en el temario de la Asamblea Universitaria la Carrera Docente y la Ciudadanía de los Preuniversitarios. En palabras del propio vicerrector, "no está garantizado que se traten en primer término". Desde que se suspendió la huelga de 90 días, las autoridades se han dedicado a provocar a la docencia. El intento de que Adiunt firmara un acuerdo de "paz social" apuntaba a imponer un clima de desmovilización de la docencia, y que las autoridades tuvieran las manos libres para maniobrar procurando licuar los acuerdos alcanzados. Ahora, frente a la resolución de la asamblea de volver a parar, llama a la docencia "a reflexionar", denuncia que el paro fue decidido por un grupo minoritario y, a la vez, nos vuelve a amenazar con descontar los días de huelga. Las autoridades vuelven a poner a prueba a la docencia. Están buscando que dé un paso en falso para intentar arrebatarle el triunfo de la lucha. Quieren aislar al activismo combativo y particularmente a la Agrupación Naranja, que orienta el PO, y evitar que dentro de 70 días cuando se realicen las elecciones de comisión directiva se pueda recuperar el sindicato. Las tareas del momento son poner todos los esfuerzos para, mediante reuniones y asambleas, garantizar el paro masivo.

La fracción yaskysta de la CTA ha convocado a elecciones para el 18 de noviembre. Con esta convocatoria, rearmada por un delegado normalizador del Ministerio de Trabajo con total parcialidad en favor de esta burocracia, se cierra el ciclo de la disolución de la CTA. Partida en dos, la fracción de Micheli ya hizo las suyas a fines de mayo pasado. Mientras los primeros se integraron abiertamente al gobierno K, los segundos se alinearon detrás del campo patronal opositor. El objetivo de los yaskystas es legitimar a la CTA como la CTA Balcarce, la versión de la burocracia sindical centroizquierdista de la CGT Caló. Méritos no le faltan: solo como botón de muestra, han carnereado todas las huelgas protagonizadas por el movimiento obrero argentino contra el ajuste K. Una elección de aparato Es una elección de aparato y viciada de irregularidades. La convocatoria fue realizada sobre el límite legal y luego de una negociación armada por el mismísimo delegado de Tomada con los ex socios, porque los viejos aliados de la CTA Micheli interpusieron un recurso frente a la justicia que ponía en riesgo la legalidad de las elecciones. El delegado electoral de Tomada está piloteando para garantizarle el reconocimiento a Hugo Yasky. La historia de la "Central" terminaría así, según los diarios, a través de un entuerto entre Micheli y Yasky arbitrado por el ministerio de Trabajo, que significaría "la escisión en dos nuevas estructuras: La ´CTA de los Trabajadores´, que liderará el oficialista Hugo Yasky, y la ´CTA Auténtica´, presidida por Pablo Micheli" (Clarín, 15.09). Luego de esta convocatoria, armada en una oficina del ministerio de Trabajo, el delegado electoral designó a dedo a la junta electoral nacional, que comenzó a armar una ingeniería electoral completamente proscriptiva. Yasky, Baradel y Waseijko preparan, otra vez, un gran fraude. Pongamos en pie una alternativa La Coordinadora Sindical Clasista- Partido Obrero lanzó un llamado para poner en pie una lista de la izquierda y los luchadores, cuya presentación signifique un reforzamiento del clasismo en todo el movimiento obrero. Está por delante la defensa de los Sutebas combativos, de la directiva combativa del Sutna San Fernando y de los delegados y activistas antiburocráticos del neumático, que el año próximo irán por el objetivo de recuperar el sindicato de manos del burócrata Wasiejko; una lista en respaldo de los delegados y luchadores del Subte que enfrentan a Macri y a las capitulaciones de la camarilla pianellista, de los aeronáuticos que enfrentan el ataque patronal de La Cámpora, de los metalúrgicos de Villa Constitución, de los docentes universitarios que han parado junto a la Conaduh contra sus propias direcciones. En resumen, se trata de una batalla obligada contra la cooptación del gobierno K que ningún luchador puede ignorar: Cualquier variante del abstencionismo implica una postura claramente favorable al yaskysmo. La CSC-PO ha mantenido reuniones con diversas organizaciones del campo antiburocrático: en principio el PSTU y sectores importantes del Colectivo Docente han declarado su disposición a integrar la lista unitaria. El MAS, en una postura de autoproclamación serial, volvió a armar una lista divisionista y testimonial, como en la elección de la otra CTA. Vamos entonces a una gran lista clasista y antiburocrática que se presentará a escala nacional, encabezando a nueve listas provinciales y más de 40 listas regionales y locales contra la burocracia de Yasky, Baradel y Wasiejko.

La crisis que ha estallado en la política chaqueña está llevando a la ruptura del PJ. Bacileff se plantó en una fecha de elecciones que es contraria a los deseos presidenciales. El PJ respaldó a Capitanich en medio de una guerra de punteros que se ha desatado por los principales puestos. A través de las internas buscan ordenar un panorama de disgregación política. Lo mismo ocurre con el radicalismo, donde Rozas comienza a erosionar la candidatura de Aída Ayala. La crisis y la disgregación política nacional meten la cola en la crisis chaqueña: Capitanich denunció a Bacileff por una eventual fuga con Massa. Sin embargo, la gestión ata su futuro electoral a obras públicas con fondos del gobierno nacional, lo cual condiciona una ruptura formal. Los lazos que atan a todas estas camarillas son, sin embargo, muy poderosos. La base social de todos es la oligarquía chaqueña vinculada a los agronegocios y la obra pública. Lo dejó claro Aída Ayala cuando se opuso al blanqueo de los peones rurales. El régimen político de la provincia descansa sobre los pactos entre el PJ y la UCR. Un ejemplo contundente de esta colaboración es la resolución que permite reemplazar docentes huelguistas por suplentes. A pesar de la demagogia de un ala del radicalismo con los docentes, la resolución, impulsada por el ministro Soto (histórico de la Utre-Ctera) en tiempos de Capitanich salió con los votos de los radicales. Otro tanto ocurre con los reclamos por el boleto estudiantil, paralizado por los acuerdos del PJ y la UCR con los empresarios del transporte. Estos golpes muestran que la crisis política se desarrolla dándole la espalda a los reclamos populares. El Partido Obrero llama a defender el salario, el pase a planta y contra el ajuste, y a poner en pie un plan de lucha con paros progresivos de toda la provincia para arrancarlos. La defensa de esta agenda requiere la independencia política del movimiento popular. Sucede que la ruptura del PJ reavivó a quienes fogonean el regreso de Capitanich contraponiendo la gestión a la de su vice. Se trata de un intento de cooptación de bajo vuelo y tardío, porque Capitanich vuelve esquilmado de su aventura pre-presidencial. Se apoya en el PJ, en el enorme aparato de punteros de organizaciones sociales que pasaron a ser paraestatales y en la burocracia sindical oficialista. Opongámosle una alternativa popular a todo este régimen de punteros y ajustadores. Para ello, planteamos un congreso obrero y campesino que organice una salida sobre la base de los intereses de los trabajadores. Sobre estos fundamentos, con el método de las asambleas y la convocatoria al Congreso del movimiento obrero y la izquierda, vamos a un gran reagrupamiento de fuerzas para la pelea electoral que se viene.

El 18 de septiembre se desarrolló una audiencia pública en el Congreso de la Nación para impulsar un proyecto de Ley que declara en emergencia hídrica a nueve localidades del norte de la provincia de Santa Cruz. La audiencia fue precedida por un proceso de construcción colectiva del proyecto a partir de las luchas, movilizaciones y cortes de ruta de los últimos años, el debate en foros y asambleas por el agua en distintos pueblos, y el reparto de 15.000 cartillas explicativas. Es la primera vez que vecinos de Santa Cruz hablaron en el Congreso y lo hicieron de la mano de la bancada del Frente de Izquierda. Estuvieron presentes los diputados Pablo López y Néstor Pitrola del Frente de Izquierda-PO, Susana Toledo (UCR Santa Cruz) y el diputado electo de la provincia de Buenos Aires, Guillermo Kane. La delegación de Santa Cruz estuvo compuesta por SOS Agua, Vecinos Autoconvocados, el cura párroco y Omar Latini, dirigente del PO provincial. Participaron, además, el Foro Hídrico de Lomas de Zamora; la Comisión de Vecinos de Pehuajó, que lucha contra el arsénico en agua; Vanina Kosteki, de los inundados de La Plata; Tribuna Ambiental y Norma Garrigue, de la Comisión de Familiares de los presos de ATE de Río Gallegos. Se sumaron el concejal Gareca (UCR de Río Gallegos) y Darío Almirón de Puerto Deseado. "Vecinos de Caleta lograron su objetivo en el Congreso: con encendidos y emocionados discursos, los representantes de la ciudad plantearon en la audiencia pública en el Congreso de la Nación la falta de agua potable en la zona norte", así la describió el diario Tiempo Sur (18/9). A dos horas de comenzada la audiencia, el gobierno de la provincia se vio obligado a realizar una conferencia de prensa para contestar las fuertes denuncias que realizó Iara, de 15 años, las que fueron transmitidas en directo por tres radios FM de la zona. Con voz firme y emocionada, Iara denunció que "las muestras de agua que fueron tomadas en los tres pozos 17 ME, 31CQ, 24 ME III y en los correspondientes acueductos colectores 200 y 300 fueron analizadas por un laboratorio independiente de Mar del Plata y arrojaron existencia de hidrocarburos en el agua que luego llega a los domicilios". Durante dos días, no hubo otro tema de debate en la ciudad. Se aprobó un plan de acción que incluye la recorrida por todos los bloques hasta que se trate el proyecto, el reclamo de adhesión a la Cámara de Diputados de Santa Cruz y los concejos deliberantes de la zona norte, y el impulso de una movilización por el agua el próximo 22 de noviembre, al cumplirse dos años de la primera declaración de emergencia del Concejo Deliberante de Caleta Olivia.

El 20 de septiembre se cumplieron treinta años de la entrega del informe elaborado por la Comisión Nacional por la Desaparición de Personas (Conadep) al gobierno de Raúl Alfonsín. La comisión presidida por el escritor Ernesto Sábato recogió la denuncia de 9 mil casos de desaparecidos y los nombres de más de 700 represores. El informe final -compuesto por 50 mil fojas- se popularizó a partir de la versión de 300 páginas conocida como Nunca Más. En la víspera del aniversario, algunos integrantes de la comisión participaron de un acto en la Facultad de Derecho donde, entre críticas al kirchnerismo, exaltaron el prólogo escrito por Sábato para el Nunca Más, en el que se proclama sin ambages la "teoría de los dos demonios". Por su parte, el kirchnerismo -que en 2006 incorporó un nuevo prólogo en el que se delimita de la "teoría de los dos demonios" y se exalta la política oficial de derechos humanos- inauguró una muestra en la ex Esma en la que se exhiben ficheros y gigantografías. Una completa vacuidad. Son tiempos de Milani y Berni, no de agitar controversias. Conadep La misión encomendada por el alfonsinismo a la Conadep -recibir denuncias y emitir un informe- apuntó desde el primer momento a cerrar el tema de las desapariciones y a sellar la "reconciliación nacional" con los masacradores. Para eso, excluyó de su conformación a Madres y Familiares. La Conadep estuvo integrada por personas que no jugaron ningún papel en las movilizaciones bajo la dictadura. Sin embargo, las denuncias de familiares y sobrevivientes sobrepasaron los límites que pretendía el gobierno radical. La entrega del informe se realizó en el marco de una marcha multitudinaria a Plaza de Mayo -replicada en todo el país- en la que el radicalismo participó con una reducida columna. La UCR pretendía que fuera la ocasión de una manifestación de apoyo al gobierno, pero fracasó. Las 70 mil personas que se movilizaron aquel 20 de septiembre de 1984 reclamaban cárcel a los genocidas en todos los matices posibles. Poco antes de la entrega del informe, el Senado de la Nación había votado el ascenso indiscriminado de centenares de militares que participaron de la represión. El argumento oficial era que no había pruebas contra ellos. Sin embargo, el gobierno de Alfonsín tampoco ordenaría encarcelar a los 730 represores identificados por sobrevivientes y familiares en sus denuncias ante la Conadep. Los militares no dejaron de mostrarse desafiantes ante un poder político que no quería saber nada con el juicio y castigo. Luego de la presentación del informe, el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas emitió una proclama en la que reivindicó el genocidio. Los "pronunciamientos" carapintadas conducirían poco tiempo después a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el Juicio a las Juntas, al cabo de dos años de proceso, fueron condenados sólo cinco de los nueve miembros que integraron las tres Juntas Militares. Fueron las únicas sentencias dictadas contra genocidas hasta que se derogaron las leyes de impunidad en 2003, veinte años después del "retorno de la democracia". Respecto de la política alfonsinista en aquellos años, Prensa Obrera caracterizaba que el gobierno estaba empeñado "en provocar la mayor desmoralización política de las masas". "Es el paso necesario para imponer la amnistía", decíamos entonces. Los indultos de Menem, algunos años más tarde, pretendieron rematar la tarea. Hoy Fue la persistente movilización popular contra tres décadas de maniobras de impunidad por parte de los gobiernos constitucionales la que arrancó los juicios a los genocidas. Los partidos de la burguesía se llenan la boca hablando de "memoria, verdad y justicia" ahora, cuando el tiempo transcurrido atenúa su impacto político. En 2003, los bloques parlamentarios mayoritarios aprobaron la anulación de las leyes de impunidad para evitar la extradición de represores a países que los reclamaban para juzgarlos. Para apoyar el proyecto presentado por la entonces diputada Patricia Walsh, los K pusieron como condición que se eliminara del articulado la anulación de los indultos -que hubiera significado el encarcelamiento inmediato de Videla, Massera y Agosti- y lo lograron. Desde entonces, al cabo de una década, fueron juzgados 2.500 casos y dictadas medio millar de condenas contra un número mucho menor de represores. Los juicios se desarrollan a cuentagotas y sólo un puñado de genocidas cumple prisión común y efectiva. A partir de un reciente fallo de la Corte Suprema, muy probablemente se generalizará para todos ellos el beneficio de la prisión domiciliaria. Los nombramientos del genocida Milani y del carapintada Berni marcan nuevamente la hora de la "unidad nacional": apuntan a quebrar la resistencia obrera y popular contra el ajuste que demanda el capital financiero internacional para socorrer a la bancarrota argentina. Sólo un gobierno de trabajadores podrá proclamar un verdadero "Nunca Más" y hacer justicia por todos los crímenes y atropellos contra el pueblo que involucran al Estado capitalista.

La mesa discutió sobre distintas experiencias del pasado. Por ejemplo, el proceso que movilizó a cientos de compañeros por la "constituyente social", y que fue dilapidado por el seguidismo a las fuerzas patronales por parte de las conducciones de ATE y CTA. También se debatió sobre la necesidad de poner en pie un partido de la clase obrera que se coloque como alternativa de poder frente a la debacle capitalista. Se resolvió revitalizar el proyecto de ley presentado por el Frente de Izquierda contra los despidos y suspensiones, y una campaña por la estatización de toda empresa que despida trabajadores. Es el caso de Impsa Pescarmona, que se llenó los bolsillos durante años y hoy pretende un rescate a costa de la pérdida de conquistas obreras y de los recursos del quebrado Estado mendocino. A la minería, concebida como otra forma de depredación capitalista, le opusimos un planteo de nacionalización bajo control obrero y ambiental, y un plan de producción en base a las necesidades de una industrialización de la provincia. También se debatieron la entrega petrolera y el derrumbe de la salud, la educación y la Justicia, víctimas de un proceso de vaciamiento y recorte que sufren los trabajadores. La mesa se puso el objetivo de llevar al congreso del Luna a 100 delegados electos en las reuniones, plenarios y asambleas de toda la provincia, y una campaña para obtener los recursos. Hay actividades previstas en 17 de los 18 departamentos de la provincia.

Los que en sus discursos repiten que, en los últimos años, empresarios, sojeros, automotrices, exportadores y banqueros la han "juntado con pala", pretenden que ahora la cuenta la paguemos los trabajadores. El contraste es brutal: la venta de diarios (incluido Clarín) no paga IVA para beneficio de las empresas de medios. Pero los trabajadores debemos pagar IVA cuando compramos alimentos para nuestras familias y los más calificados, además, también pagan un impuesto "a la ganancia" de la misma proporción de la que pagan empresarios con millones de facturación. Este año la paritaria gráfica fue del 31 por ciento en cuotas, mientras la inflación va a superar el 40. Contra la rebaja de nuestro salario real planteamos la necesidad de luchar por la reapertura de las paritarias. Las patronales pretenden descargar la crisis sobre los trabajadores, pero además especulan con ella buscando sacar ganancias extraordinarias. Ahora, aprovechando el clima de "cesación de pagos" vemos cómo nuevamente comienzan movimientos en el mismo sentido. Los primeros en perder son los trabajadores; así, los compañeros de Donnelley han sufrido la fuga literal de la patronal y hoy están luchando en defensa de su fuente de trabajo. También ha habido despidos en Maggio, Cortiñas y Ramón Chozas, entre otras. En nuestro caso se vienen atrasando pagos con los empleados y endeudando con los proveedores, buscando generar un clima que deprima todo reclamo salarial y, tal vez, urdiendo una maniobra de más largo alcance. Frente a esta situación, los sindicatos y las centrales obreras no dan respuestas; quienes comulgan con la CGT-Balcarce como nuestro sindicato, ven pasar el ajuste sin mover un dedo, salvo para frenar todo intento de lucha serio; la CGT-Azopardo convoca paros a cuenta gotas y pretende que los mismos sean sin ninguna expresión activa del movimiento obrero, mientras coquetean con variantes políticas que coinciden en una política ajustadora como Macri o Massa. Por ello es necesario que la unidad contra el ajuste parta de una delimitación política con los ajustadores y una posición clasista, es decir independiente de la burocracia, el gobierno y las patronales y, por lo tanto, asociado a la izquierda. Toda pretensión de unificar la lucha, sin una definición en este sentido, sólo puede llevar al fracaso. Los únicos que enfrentamos el ajuste somos los trabajadores y la Izquierda, enfrentando los despidos, la política contra el salario y la represión. Por ello convocamos a los trabajadores y delegados de la zona sur de la Capital Federal, y a los compañeros de nuestro gremio gráfico a participar del Congreso de la izquierda y el movimiento obrero, convocado para el 8 de noviembre, donde ya proponemos como moción lanzar una gran campaña por la reapertura de las paritarias, para debatir entre todos un plan de lucha contra el ajuste y definir un programa obrero de salida frente a la crisis.

Con la presencia de delegados y activistas de UEPC, UTA, SEP, ATE, Suoem, Adiuc, UOM, Luz y Fuerza, telefónicos, de Estancias del Sur, sesionó el primer plenario provincial preparatorio hacia el Congreso del movimiento obrero y la izquierda. Participaron cerca de 300 compañeros y se destacó una importante delegación del interior provincial proveniente desde Río Cuarto, Villa María, Jesús María, Río Ceballos, Juárez Celman, Villa Allende, La Falda y Capilla del Monte, entre otras. Los informes centrales estuvieron a cargo de Cintia Frencia y Néstor Pitrola, y el debate se centró en la crisis industrial que azota a la provincia, la lucha salarial que ya tiene a cuatro gremios solicitando la reapertura de las paritarias, la depredación ambiental y, fundamentalmente, el desarrollo de una alternativa política de los trabajadores. Esta se desenvuelve frente al derrumbe del centroizquierda y el progresismo cordobés, caracterizados por la renuncia de Scotto a la banca de diputados y dejando al kirchnerismo sin candidatura para la gobernación, por un lado, y la alianza del juecismo con Macri y la UCR, por el otro. El centro de las resoluciones se refirió al trabajo por la convocatoria al Luna Park. Se amplió la integración de la mesa organizadora con representantes de los sindicatos presentes y se resolvió juntar tres mil pronunciamientos, extendiendo a toda la provincia el trabajo desarrollado por Tribuna Docente y Tribuna de Salud; convocar asambleas en más de veinte ciudades del interior y en por lo menos doce sindicatos, dirigiendo una invitación especial al sindicato químico de Río Tercero, protagonista en la lucha de Wheaterford y a los autoconvocados de la UOM. La gran campaña desarrollada contra los despidos por el Frente de Izquierda entra en una nueva fase, puesto que ya se ha producido el cierre de Estancias del Sur, Carnes Huinca y Matricería Austral. Se planteó la exigencia de reapertura de las plantas con reincorporación de los despedidos y su puesta en funcionamiento bajo control obrero y la ocupación de toda planta que cierre o despida. Se resolvió una campaña por la reapertura de las paritarias, tomando como base lo hecho por los compañeros docentes, que impulsaron asambleas por escuela con mandatos en contra de la burocracia, que obligó a exigir su reapertura al gobierno, iniciativa a la que luego se sumaron Luz y Fuerza y otros gremios -en el Suoem está latente el desarrollo de un plan de lucha. Planteamos una campaña por un congreso de delegados de base en Córdoba, que resuelva un plan de lucha y un paro general de 36 horas. Se votó un apoyo activo a las listas antiburocráticas que se presentaran en varios sindicatos, en especial en Adiuc (universitarios), donde un reagrupamiento de todo el activismo puede desplazar a la burocracia K. Se resolvió la presentación a las elecciones de la CTA Yasky, con base en docentes y Adiuc. A la par de ello, se comprometió la defensa incondicional del activismo de la UOM, particularmente de Valeo. El plenario votó participar de la movilización latinoamericana por la despenalización del aborto para el próximo 29, en el camino de reforzar una importante delegación del Plenario de Trabajadoras al Encuentro de Mujeres en Salta. También se resolvió llevar la lucha contra la instalación de Monsanto al Congreso Nacional, mediante un proyecto con la bancada del Frente de Izquierda y extendiendo la invitación a todas las asambleas populares. Debe destacarse el abordaje que hizo el plenario de la cuestión de la vivienda, con el apoyo a la ocupación de tierras en Juárez Celman, y la presentación en el Congreso de la expropiación de esos terrenos, del mismo modo que ya se hizo en la Legislatura local. A iniciativa de los compañeros del Polo Obrero, se planteó una campaña por un plan de 300 mil viviendas populares en la provincia. Fue común la comprensión del desafío que tenemos por delante, y la tarea por poner en pie los cimientos para estructurar una alternativa estratégica.

La campaña por el Congreso del movimiento obrero y la izquierda transciende por completo la deliberación masiva y el reagrupamiento de fuerzas que tendrá lugar el 8 de noviembre en el Luna Park. Por sobre todas las cosas, la iniciativa comporta un método, que apunta a reforzar la organización política y reivindicativa de la clase obrera y del movimiento de los explotados en zonas vitales del país y a escala nacional. El reclutamiento La formación de las mesas regionales, que están en marcha en la zona norte del Gran Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Neuquén y el cordón industrial de San Lorenzo, por citar sólo los casos más relevantes, es la forma concreta que adopta este método político. En todos los casos estamos ante una experiencia inédita, que se destaca por el hecho de que luchadores del movimiento obrero toman la dirección de la campaña en sus manos, elaborando planteamientos específicos que permitan preparar, mediante la agitación y la propaganda, las luchas contra los despidos y las suspensiones, por la reapertura de las paritarias o por la eliminación del impuesto al salario. La otra pata en el que se apoya este método es el reclutamiento, asumido como tarea por todos los protagonistas que han tomado en sus manos la convocatoria al congreso. De este modo, tenemos a mesas regionales alistando nuevas fábricas, centros de trabajo o de estudio para ir a impulsar la convocatoria mediante actos, agitaciones u otras modalidades que se crean adecuadas. El método del congreso consiste en convertir a los luchadores populares en militantes políticos y organizadores de su propia clase. La coordinación de las luchas La tarea de coordinar las luchas, que ha sido invocado como el objetivo que perseguían las fallidas iniciativas adoptadas por grupos de izquierda, se replantea en una nueva dimensión, que permite superar los fracasos precedentes. El Encuentro de Atlanta, por ejemplo, que fracasó y se disolvió sin balance alguno de sus protagonistas, combinó una dosis acentuada de faccionalismo de sus integrantes, con la ausencia de toda perspectiva política definida, que facilitaba el armado de un bloque antagónico al Frente de Izquierda. La tarea de coordinar las luchas debe ser rescatada, pero sobre una base política de delimitación estratégica: la independencia política de los trabajadores. La cuestión de la coordinación de las luchas requiere, muy especialmente, el frente único del activismo en todos los sindicatos y en los lugares de trabajo. La ausencia de este planteo explica el fracaso de las experiencias antes mencionadas. La idea de que la "coordinación de las luchas" se limita a un encuentro nacional esporádico, mientras en los sindicatos o lugares de trabajo se desarrollan cotidianamente todo tipo de riñas faccionales entre los grupos, es incompatible con una construcción clasista en el movimiento obrero. A partir de este balance, deben valorarse las mesas regionales que están en construcción, pues suponen el método inverso: un fuerte trabajo de bases en común, de propaganda, agitación y organización, que concluya en un congreso nacional. La mesa que presida el congreso del Luna Park será la expresión concentrada de estas mesas locales. La unidad política La iniciativa del congreso plantea como cuestión crucial la unidad política de la clase obrera. Esa unidad debe partir de una base de principios, y no de acuerdos circunstanciales armados arbitrariamente para justificar pactos de pequeñas camarillas. Debe reconocerse, además, que la delimitación histórica, que consiste en defender la independencia de clase y el gobierno de los trabajadores, ha sido la base granítica sobre la cual un sector de la vanguardia obrera y de la juventud, y a través de ella, de un sector de las masas, pudo enfrentar al kirchnerismo “por izquierda”, derrotando todos los intentos de cooptación estatal. Quienes nos acusaron de dogmáticos terminaron en la red de cooptación oficial o, en su defecto, como cuarto violín de la oposición de derecha. Los 1.300.000 votos del Frente de Izquierda y el retroceso, y hasta la disolución de todo un sector de la izquierda, es el balance más contundente de la importancia de una lucha principista. En la medida que promueve la unidad política, el Congreso del movimiento obrero y la izquierda supera en alcance y profundidad el formato limitado de un evento sindical circunstancial. La presencia de la izquierda, como fuerza política plantea, a la vez, la de otros sectores sociales que asumen el programa de la izquierda y luchan contra el régimen social capitalista y sus manifestaciones de explotación y opresión. La presencia del movimiento estudiantil, de luchadores contra la impunidad, de movimientos ambientales, amplía el horizonte de la clase obrera y favorece su proceso de fusión con la izquierda. Esta unidad política de la clase obrera y la izquierda adquiere posibilidades de un desarrollo enorme, pues el agotamiento irreversible de la experiencia kirchnerista y del progresismo centroizquierdista planteará para franjas enormes de la población la necesidad de tomar nuevos rumbos políticos. El nivel alcanzado por el Frente de Izquierda prueba que están dadas las condiciones para que sea la izquierda revolucionaria y la clase obrera que lucha las que canalicen este proceso político. Las semanas que tenemos hasta el 8 de noviembre se transforman en decisivas. Manos a la obra.

Con una nutrida concurrencia, el jueves 18 se realizó la charla "Por un Encuentro Nacional de Mujeres laico y de lucha". La disertante fue la compañera Violeta Gil, dirigente provincial del PO de Salta y actual concejal. Entre los asistentes se destacaron delegaciones de trabajadoras de la salud, docentes, jubiladas, estudiantes universitarias y terciarias, e incluso una importante cantidad de compañeros varones. El debate marcó gran interés por parte de los asistentes, particularmente en lo relativo a la educación religiosa en las escuelas públicas, la educación sexual, la precarización laboral de las mujeres santiagueñas, el femicidio y la violencia contra la mujer. La visita de la dirigente salteña tuvo importante repercusión mediática, con cobertura de radios, televisión y diarios locales, que incluso continuó en días posteriores. Además, Violeta mantuvo reuniones con sectores particulares de trabajadoras sindicalizadas, que se comprometieron a participar activamente en el Encuentro en Salta. La actividad se realiza en el marco de la campaña del PO santiagueño hacia el ENM, que tiene como objetivo aportar una delegación de más de 100 compañeras. Salta nos espera.

La lucha por el salario y contra la impunidad y la violencia estarán presentes En Tucumán venimos desarrollando numerosas iniciativas para llevar a Salta a una gran delegación representativa de los distintos movimientos de lucha de la provincia. El viernes 12 realizamos una mesa panel sobre "la lucha de las mujeres por el salario y el trabajo", con una referente de la lucha de los docentes universitarios, una compañera de Tribuna Docente, vocera del movimiento autoconvocado y una de las dirigentes del Polo Obrero. El miércoles 17 se pintó un mural en homenaje a Leandro Ruiz, uno de los casos que tiene apuntados la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad. La madre de Leandro, sus hermanas y primas se están organizando, al igual que otras compañeras de la comisión, para denunciar en el Encuentro de Mujeres la impunidad que se vive en Tucumán. El viernes 19 organizamos una mesa panel sobre la violencia de género y la responsabilidad del Estado con la presencia de Graciela Abbut, abogada de Salta e integrante de la Mesa por un Encuentro Nacional de Mujeres laico; otra abogada tucumana integrante de la Mesa que se conformó en Tucumán, una trabajadora social del Poder Judicial y una compañera del Plenario de Trabajadoras. Con la presencia de alrededor de 70 mujeres debatimos las distintas violencias del Estado hacia las mujeres, no respetando sus derechos sexuales y reproductivos, laborales, educativos y de acceso a la salud. Todas estas iniciativas apuntalan un trabajo más vasto que ya nos ha permitido tener comprometidas a 350 compañeras de pueblos, barrios, fábricas, facultades y hospitales, quienes con un enorme sacrificio están juntando el dinero para financiar los gastos. Ahora falta el envión final, para asegurar la meta que nos dimos: llevar 500 compañeras de Tucumán al Encuentro Nacional de Mujeres.

ELa provincia de Santa Fe se encuentra entre las principales proveedoras de mujeres para la prostitución. Las bandas se mueven a sus anchas. Rosario es considerada el paraíso de la explotación sexual, sobre todo en la zona portuaria. La política del Frente Cívico de Binner es la connivencia absoluta con las bandas criminales. Incluso los casos que tomaron estado público parecen no inquietar a los dirigentes "socialistas". El PS, con la intendenta de Rosario, Mónica Fein a la cabeza, armó una enorme demagogia sobre este tema, principalmente desde la publicidad oficial. Pero en los últimos días, dos hechos derrumbaron ese discurso. El lunes 15, el coordinador de gabinete de la municipalidad de Rosario, Osvaldo Trigueros, debió abandonar su puesto cuando se supo que su hijo formaba parte de una red que publicitaba y facilitaba la prostitución en la ciudad y la región. El caso desató acusaciones cruzadas que terminaron por destapar que todo el régimen político sabía de esta actividad. El kirchnerista Roberto Sukerman fue uno de los primeros en anotarse para pegarle al desplazado Trigueros. Escupiendo para arriba, criticó que no se lo haya echado antes cuando "era vox populi en el Concejo (Deliberante) que el hijo de Trigueros era el dueño del portal" (La Capital, 15/9). ¡Es decir que sabía todo pero no decía nada! Otro ‘indignado' fue el radical, varias veces concejal, Jorge Boasso, quien reclamó que se investigue y se vaya a fondo. Lo único que consiguió es que un colaborador de Trigueros revelase que el portal que publicitaba el comercio sexual se diseñaba y actualizaba en el despacho... ¡del mismo Boasso! (Rosario3.com, 18/9). Incluso se supo que se usaba la base de datos del portal para tareas legislativas (La Capital, 18/9). "Un grupo mafioso" El otro hecho que conmocionó a toda la zona fue la desaparición de dos bebés en la localidad de Casilda. La madre de los mellizos, Liliana Montenegro, denunció que un grupo de personas, entre ellos un obstetra, la visitaron varias veces durante el embarazo afirmando ser enviados por Cáritas para ayudarla. Así fue que la llevaban a una finca, donde era revisada, y a una clínica el día del parto, donde se produjo el robo de sus hijos. El obstetra y dueño de la finca resultó ser Dante Binner... hermano de Hermes, el candidato presidencial de Unen. El régimen político en su conjunto convive y es cómplice de la trata de personas. Exigimos el inmediato esclarecimiento del robo de los mellizos y que los bebés sean devueltos a su madre. Exigimos el desmantelamiento inmediato de todas las redes de trata, hoy amparadas por el Estado. Reforcemos la organización de las mujeres y la lucha contra la trata y esclavitud sexual en todo el país.

La fachada del local del Partido Obrero de Caleta Olivia fue vandalizada con inscripciones insultantes, exigencias de que cerremos la boca y amenazas contra nuestro compañero Omar Latini (dibujaron un féretro con su nombre). Esta agresión se dio en el marco de una semana en la que el Partido Obrero intervino con gran repercusión en los medios. Primero, con las asociaciones por el agua, para informar sobre la audiencia pública que se realizó el 18 de septiembre en el Congreso Nacional para presentar el proyecto de ley del Partido Obrero para la construcción del acueducto. También, en la lucha de los trabajadores estatales de educación que reclamaban un aumento salarial, cuando denunciamos que el gobierno de Peralta ajusta a los trabajadores, mientras sigue beneficiando a mineras y petroleras. Finalmente, sentamos posición sobre la asamblea extraordinaria de obreros petroleros. Esta asamblea debía resolver la propuesta de desafiliación de la Federación de Petroleros, lo cual era reclamado por los trabajadores. Planteamos que los trabajadores no le daban un cheque en blanco a la conducción de Claudio Vidal (secretario general del sindicato de Santa Cruz), quien impulsaba esta medida para hacerse de una caja millonaria. Nuestra propuesta fue que se elimine el descuento destinado a la federación y que, mediante una comisión de control, se estableciera el destino de los fondos del sindicato. También denunciamos que desde el sindicato no se había presentado otra obra social (una permanente fuente de negociados). Esta posición independiente, tanto de la federación como de la conducción provincial, desató la furia de los líderes del sindicato y sus seguidores, tanto en los medios como en las redes sociales. Las pintadas en el frente de nuestro local se hicieron con el mismo aerosol y con la misma letra con las que se pintaron amenazas contra Vidal. Al finalizar la asamblea de desafiliación, Vidal acusó a Latini de ser un "desubicado" y de apoyar a la federación. Mentiras y falsificaciones, tal como lo hacen sus referentes políticos del Frente para la Victoria. Luego del atentado contra nuestra sede, distintos referentes sociales y sindicales nos dieron su solidaridad: la CTA provincial, SOS Agua, la delegada del Sindicato Judicial de Caleta Olivia, el PSTU y diversos medios de prensa.

Efectivos del Comando de Patrullas Comunitarias (CPC) de La Matanza golpearon salvajemente y detuvieron a tres jóvenes, dos de ellos testigos en la causa penal donde se investiga la desaparición forzada de Luciano Arruga. El Comando de Patrullas Comunitarias fue creado por el ministro Alejandro Granados en el marco de la emergencia en seguridad decretada por Scioli. El hecho ocurrió el 15 de septiembre por la noche, en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, frente a la casa de una de las víctimas. El personal policial se presentó intempestivamente en el lugar y, sin identificarse, comenzó a golpear a los jóvenes. Uno de ellos intentó defenderse, pero fue arrastrado hasta el interior de su casa, donde fue brutalmente agredido, por lo que sufrió una grave lesión en la cabeza. Luego de esto, los jóvenes fueron trasladados a la Comisaría 8ª, donde a uno de ellos -testigo en la causa Arruga- se lo notificó de una imputación por "resistencia a la autoridad". La policía no contaba con órdenes de detención ni de allanamiento, por lo que se configura una ilegalidad manifiesta. Se trata de una muestra más de la escalada represiva de la gestión kirchnerista a nivel nacional y del sciolismo en la provincia. Ambos promovieron a Alejandro Granados y lo pusieron a cargo de la cartera de Seguridad en Buenos Aires. Granados cuenta con un prontuario en el que se destaca el plan de "tolerancia cero", impulsado mientras ocupaba la intendencia de Ezeiza, con el que materializaba su idea de una "guerra a matar o morir contra la delincuencia", que con escuadrones de la muerte patrullaban el distrito. Exigimos el castigo a los responsables de este atropello. Aparición con vida de Luciano Arruga. Fuera Granados.

Elia Espen, Madre de Plazo de Mayo, fue agraviada a través de una solicitada que se publicó días atrás con la firma de la "Línea Fundadora". La crítica a Elia es a raíz de una entrevista donde ella criticaba la represión gubernamental a las luchas. En estos días, Elia ha recibido numerosas manifestaciones de apoyo y solidaridad, como la de Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, las madres Elsa Pavón y María Esther Tello, la nieta restituida Carla Artes Company, la CTA, Asociación de Profesionales en Lucha (Apel), la Agrupación por los derechos humanos ¿Quiénes Somos?, Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Colectivo Memoria Militante, Ceprodh, Hijos de La Plata, entre muchos otros. Esta entrevista fue realizada cuando Elia se encontraba en la manifestación de los jubilados, como todos los miércoles, dando cuenta de su perseverante militancia y lucha social. -¿Qué significó para vos esta solicitada? -Me causó mucho dolor, porque luego de tantos años de estar juntas, creí que me habían entendido como yo las entiendo a ellas. Yo nunca sería capaz de hacer algo así. -¿Por qué creés que se llegó a esta situación? -Me hubieran llamado y me hubiesen preguntado por qué hice esas declaraciones. Pero no lo hicieron. Yo respeto a los que piensan distinto, pero a mí no me respetaron. Yo no voy a pensar como ellos, voy a seguir defendiendo mis convicciones. Nadie me va a hacer callar. Este es el homenaje que le hago a mi hijo, a todos los desaparecidos y a las nuevas generaciones. -¿Qué repercusión tuvo esta acción entre los organismos de derechos humanos? -Si me han querido dañar, no lograron el cometido. Porque he tenido tantas pero tantas adhesiones a mi trayectoria que ahora tengo más fuerzas todavía. -¿Qué mensaje le darías a tus compañeros de lucha y a las nuevas generaciones? -Hay algo que yo siempre digo: no se callen, sigan la lucha, no la abandonen nunca. Me duele mucho ver cómo las grandes empresas avasallan a los trabajadores, los usan y los humillan. Y pienso que los que están en los derechos humanos tienen que dar su aval a toda esta gente que lucha, porque eso es lo que hacían los desaparecidos. -¿Cómo ves la situación social? -Por un lado me están diciendo que no hay pobreza, pero yo veo que están echando cualquier cantidad de trabajadores. Nosotros, los jubilados, ganamos una miseria. No me gusta que hayan vetado la ley del 82% móvil y por eso los jubilados estamos peleando. Hay muchas cosas para reivindicar, no son sólo los desaparecidos, que por supuesto es la causa principal de los derechos humanos, pero todos los otros también son derechos humanos. A mí me apena mucho que Familiares y algunas Madres no lo hayan entendido. -¿Qué pensás del proyecto de estatización de la Universidad de la Madres? -Pienso que tiene que seguir siendo de las Madres y no estatal. No es justo que les pertenezca a los gobiernos, sea el que fuere.

En Río Gallegos cumplen once meses de detención cinco trabajadores de la administración pública, a quienes pretenden condenar a penas que podrían llegar a 15 y hasta 21 años de cárcel. Les imputan los hechos del 18 de octubre de 2013, en ocasión del incendio de un edificio de la función pública. Provocación Durante el año 2013 hubo una gran lucha de estatales que se prolongó varios meses. Iniciada por autoconvocados, fue copada luego por la conducción azul de ATE. En mayo, una represión policial a esta lucha le costó la cabeza al jefe de Policía, el comisario Hasán. Para octubre, el movimiento estaba muy desgastado y dividido por las pujas internas de ATE entre dos fracciones burocráticas. El gobierno quería cerrar la lucha sin mejorar sus ofertas salariales. A pocos días de las elecciones legislativas, vio la oportunidad de montar una provocación. Ese 18 de octubre había una reunión paritaria. La única oferta fue de 180 pesos, lo que desató la ira de los apenas cuarenta manifestantes que aguardaban a las puertas del edificio. Una fogata que los manifestantes hicieron afuera del edificio terminó llevando el fuego hacia adentro, sin que ningún efectivo de seguridad interviniera. Los carros hidrantes no actuaron hasta que estaba todo perdido. Eran los tiempos en que Peralta estaba enfrentado con La Cámpora y organizó un gran acto al día siguiente como "abrazo" al edificio quemado. La caza de brujas desatada con el incendio abarcó a gran parte de los activistas. Las detenciones y torturas llegaron a todo un entorno de la conducción de ATE y hasta se secuestraron familiares para obligar a los sospechosos a entregarse. Esta persecución exceptuó al secretario general Gómez, quien ni siquiera compareció como testigo. Gómez había tejido fuertes lazos con el gobierno, negociando pagos en negro que el mismo dirigente repartía a algunos trabajadores. Investigar a Gómez llevaba directo a las responsabilidades políticas y sus vínculos con el poder. Pero la jueza evitó cualquier línea de investigación que analizara estas responsabilidades, al igual que la inacción policial. A los pocos días, ATE nacional intervino la provincia y colocó una "normalizadora". Mientras los activistas eran perseguidos, ATE verde "recuperaba" el sindicato. Gómez, por su parte, dejó a sus compañeros en banda y se fue de la ciudad. La jueza López Lestón (familiar de los K) apretó a los detenidos para que se autoincriminen a cambio de la libertad. El secretario adjunto Díaz lo habría hecho y fue el único liberado. El resto de los detenidos ha negado su participación en el incendio, por lo que permanecen presos a la espera de un juicio que ya tiene tribunal. Pasaron varios meses hasta que se logró organizar a los familiares y denunciar su detención como parte de la política de criminalización de las protestas. Hace pocos días, ATE ha prometido instalar una campaña pública nacional por sus propios presos. Es en la nueva CTA de Santa Cruz donde los familiares han encontrado un espacio de organización. A partir de allí se ha logrado interesar a organismos de derechos humanos de orden nacional y se ha comenzado a instalar la lucha por la libertad de los presos de Río Gallegos. En el paredón del viejo edificio hay una pintada del Partido Obrero que reclama la libertad de los presos de ATE. La campaña avanza y es urgente ampliarla ante la realización del juicio. ¡Vamos por la libertad de los compañeros!.

El Frente de Izquierda y de los Trabajadores presentó un Proyecto de Ley que plantea la nacionalización integral bajo control obrero de la industria hidrocarburífera. El proyecto ha sido firmado por los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Pablo López y Néstor Pitrola. Pablo López, en su intervención, afirmó: "Hoy presentamos este proyecto que se contrapone completamente al del gobierno, en momentos en que la Presidenta está reunida con Soros, el cuarto accionista privado de YPF, donde, a partir del proyecto entreguista de hidrocarburos que ha comenzado a debatirse en el Congreso, el gobierno pretende abrir una nueva etapa de entrega de los recursos naturales al capital financiero".

Encrucijada Estamos en un momento de encrucijada con relación a la cuestión petrolera. Es lo que ocurrió a finales de los años ’20, con el derrocamiento de Irigoyen y la ofensiva de la Standard Oil; o cuando el gobierno de Frondizi abrió la explotación petrolera a los privados a través de contratos o su posterior anulación por parte de Illia; o cuando, ya en los ’90, se convierte a YPF en sociedad anónima, llegando a girar más dividendos que utilidades y dando paso a su vaciamiento. Los Kirchner -continuó Altamira- conservaron la estructura de sociedad anónima que sometió a YPF a los intereses que manejan la bolsa. Ello no fue alterado por la "estatización", que dejó al 49% de la firma en manos de esos mismos fondos. Esta YPF fue el vehículo para el ingreso de Chevron en Vaca Muerta. Así, en la Argentina se ha formado un núcleo de poder entre la Presidenta, Galuccio y Chevron. Kicillof lo reconoció cuando expuso días atrás sobre la ley de presupuesto: "nuestro eje es Vaca Muerta". La ley de hidrocarburos es la señal de que hay un gobierno dispuesto a entregar lo que sea -en este caso las reservas petroleras- para habilitar a un rescate del capital financiero internacional. Núcleo de poder y cambio de régimen Altamira ligó la cuestión petrolera al conjunto de la situación política. Señaló que si este gobierno se mantiene aún en pie, a pesar de toda la desorganización económica, es porque existe ese núcleo de poder que lo sostiene, a partir del acuerdo con Chevron y de otros similares con Petronas y otras empresas. La centralización de la entrega petrolera en este núcleo explica la brutalidad del choque con las provincias. No es cierto que estén buscando el autoabastecimiento: están trabajando por la exportación masiva de hidrocarburos. La conversión de Argentina en una exportadora de petróleo y gas comporta una política de depredación acelerada de reservas, y de entrega de la renta petrolera a los monopolios internacionales -ello, en vez de servirse de esa renta para una industrialización del país. Por caso, la exportación de shale gas exige construir costosísimas terminales de licuefacción y de regasificación del fluido. La tan anunciada megainversión de 200 mil millones de dólares en el shale está concebida en función de esa gigantesca plataforma exportadora. Pero si se tratara del autobastecimiento, las exigencias de inversión resultarían sustancialmente menores. En definitiva, la nueva entrega petrolera comporta un cambio en la propia naturaleza económica del país, en función de la captura de la renta petrolera. Se trata, señaló Altamira, del último salvavidas del gobierno y de los partidos del régimen frente a una nueva crisis de fondo. Lucha entre pulpos En este marco, Altamira destacó que existe una lucha muy severa entre monopolios petroleros. Por un lado, Cristina, Kicillof y Galuccio quieren que YPF sea protagonista de este proceso de entrega, en asociación con Chevron, Petronas y otros. En función de ello, le han reducido a las provincias la participación impositiva en el negocio petrolero. Por otro lado, están los pulpos que rechazan a YPF como organizador o centralizador de las nuevas concesiones. Los que están en este grupo, probablemente encabezados por el presidente de Shell en Argentina, asocian ese rechazo al relevo de la camarilla kirchnerista. Chevron, en cambio, parece dispuesta a seguir con su asociación a YPF sin importarle la desorganización económica presente y las crisis políticas en puertas. Estamos, en definitiva, ante una disputa de buitres por el acaparamiento de la renta petrolera. Quienes auspician este desarrollo petrolero en nombre de la "afluencia de inversiones", continuó explicando Altamira, ocultan que el verdadero financista de esta operación económica es el consumidor. Ya se ha producido un aumento de la nafta y del gas -o sea que todavía no hay shale gas, pero ya lo estamos pagando. Mientras tanto, el jefe de los petroleros "opositores", Aranguren, se declaró conforme con el actual precio de la nafta, siempre, claro, que no hubiera una devaluación. Pero lo que justamente está en marcha es una megadevaluación, lo que desatará, por parte de las petroleras, el inmediato reclamo de otro tarifazo. Por otra parte, y como ya se comprobó con Chevron, los pulpos obtienen una renta con una inversión inicial pequeña, y los nuevos aportes son sólo una reinversión de las ganancias. Por lo tanto, la inversión neta, deducidas las utilidades, es muy baja. Los acuerdos, además, son muy graves por sus consecuencias ambientales. El antecedente de ello es el propio contrato de indemnización a Repsol, que cerró todas las vías para un resarcimiento de los daños al medio ambiente. Vaca Muerta y los buitres El análisis de Altamira incluyó una reflexión sobre lo que ocurre con el shale gas en Estados Unidos. Allí, la industria usuaria de gas ha ejercido una gran presión para que no se exporte el shale. Como resultado de ello, este gas se vende en el país a precio de remate, reforzando la competencia de la industria norteamericana respecto de la europea. En ese cuadro, las empresas petroleras van a Ucrania o a la Argentina a explorar gas ‘exportable’. El bajo precio, por su parte, va a llevar a la quiebra a las empresas medianas que lideraron su exploración en los Estados Unidos, y a una concentración en manos de los grandes productores. En estas condiciones de derrumbe de precios, la competencia internacional de la nueva industria no convencional de Argentina se encuentran cuestionadas. Cuando Kicillof dice que "lo central es Vaca Muerta", reconoce que toda la negociación que están llevando con los fondos especulativos está condicionada a los propósitos de la entrega petrolera. En oposición a esta política, Altamira reivindicó la necesidad de una explotación ligada a un plan de industrialización integral, a cuyo servicio deben estar los recursos energéticos que se extraigan. El punto de partida para una reapropiación social y nacional de la energía, concluyó Altamira, es la nacionalización integral del petróleo, bajo el control y gestión de los trabajadores.

Pasó poco más de un mes desde que la patronal yanqui abandonó la empresa y los trabajadores volvieron a ponerla parcialmente en funcionamiento. Aunque el principal cliente de la ex Donnelley, Editorial Atlántida, sigue imprimiendo la mayor parte de sus revistas en la planta de Pacheco, los pagos por los últimos trabajos fueron retenidos por el síndico. El juez Santicchia, por su parte, se niega a liberar fondos de la cuenta corriente para los salarios (los trabajadores no han cobrado siquiera los días de agosto anteriores al cierre). Los Repro prometidos por Tomada tampoco llegan y el dinero aportado por el sindicato fue bastante menos que la cifra que publicitó en una solicitada. Con la otra mano -denuncian los trabajadores-, el mismo gremio les cortó los servicios de la obra social. El ahogo económico es parte de la "extorsión" dirigida a imponer una "salida cooperativa" según los moldes que han seguido otras empresas: transfiriendo a los trabajadores el muerto de la quiebra. Si bien la parte del personal que defiende la continuidad (la mitad aproximadamente repudió la ocupación y se retiró) se pronunció por la estatización, la urgencia de contar con alguna plataforma legal que permita facturar terminó imponiendo -como medida transitoria, aclaran- la formación de una cooperativa. En estos días se informó que, después de algunas dilaciones, el Inaes dio curso a la inscripción de MadyGraf (el nombre es un homenaje a la hija de Eduardo Ayala, dirigente de la fábrica), aunque faltarían ciertos "trámites administrativos". Como se sabe "el diablo está en los detalles", así que habrá que seguir atentamente esos trámites que faltan; sin olvidar que la Justicia, el Inaes y el ongarismo son engranajes de un único mecanismo (Orbaiceta, director del Inaes, es un estrecho aliado de la Federación Gráfica) que actúa todo el tiempo para canalizar el conflicto en los marcos estrechos de la reformada ley de quiebras y minar la autonomía de los trabajadores. Días atrás, el juez anunció que enviaría técnicos para ingresar a la red interna y tomar datos que necesita (aunque dispone de varias fuentes de consulta: Anses, Afip, los bancos o el sindicato), mientras el síndico intentó -sin éxito- ingresar a la planta acompañado de un ex jerárquico de la patronal. A fines de este mes, la Cámara de Diputados de la provincia podría dar tratamiento al proyecto de ley de expropiación presentado por el Frente de Izquierda. Según Cristián Castillo, del PTS, el FpV apoyaría el proyecto, pero rechazando cualquier variante de estatización. O sea que la expropiación sólo podría avanzar en función de la transformación de la empresa en cooperativa. Es necesario un plenario de delegados para discutir un plan de lucha de todo el gremio. La comisión de seguimiento que propusimos (ver PO Nº 1.330) sería un polo de oposición a las maniobras estatales-burocráticas y un factor de movilización por la expropiación bajo control obrero, así como también para que sea el Estado el que asegure la continuidad de la producción y el respeto a todas las condiciones laborales y salariales. Expropiación bajo control obrero.

La persistencia del slogan "fábricas sin patrones" es muy nociva para el movimiento obrero, porque hace suponer que podría existir tal cosa en un régimen capitalista. Si la emancipación de la explotación patronal puede tener lugar bajo el capitalismo, ¿cuál es la necesidad de abolirlo? La "fábrica sin patrones", el control obrero y la gestión obrera solamente pueden ser fenómenos transicionales, en períodos revolucionarios. O culminan con un gobierno de trabajadores y la dictadura del proletariado, o son derrotados -sea en forma directa o mediante una degradación progresiva de sus condiciones laborales. No es casual que el punto de partida de estos emprendimientos haya sido la crisis de 2001/2, de características pre-revolucionarias, y que vuelvan a insinuarse en la crisis que está comenzando. La “normalización” kirchnerista se ha encargado de desvirtuarlas, contenerlas o ponerles limitaciones insuperables. La “recuperación” es un mito Las expropiaciones que dieron lugar a las "empresas recuperadas" imponen a los trabajadores el pago de las indemnizaciones. La “recuperación” es una expresión mistificadora, esto porque el trabajador no se apropia del fruto de su trabajo, sino que tiene que realizar todavía mucho trabajo para “recuperar” lo que no le va a ser reconocido por el derecho y el Estado, sino con fuertes condicionamientos. La forma jurídica de una empresa “sin patrones” existe en el derecho corriente: es la cooperativa de producción. En este caso, los socios son la patronal del emprendimiento, cuyo progreso buscan maximizar, fundamentalmente a través del esfuerzo propio o la autoexplotación; se aplica con mucha frecuencia en los casos de tercerización. Cuando se admite que puedan contratar obreros, las cooperativas asumen características plenamente capitalistas. Presentar a la "fábrica sin patrones" como perspectiva de una etapa de lucha ascendente, significa desviar y frenar el ascenso que promete la etapa; en una etapa de retrocesos, equivale a embellecer el recule y deformarlo desde un punto de vista político. Una cooperativa de producción sería más bien una "fábrica sin obreros" que una "fábrica sin patrones". Es necesario diferenciar esto de la cooperativa de consumo, y en especial cuando se trata de una iniciativa sindical, porque este tipo pretende ser un método de acción muy limitado contra la carestía de la vida y para proteger el valor de la fuerza de trabajo; nunca se presentó como una liberación de la explotación de la fuerza de trabajo. Nuestra defensa Nuestro partido ha defendido, sin excepción, las "empresas recuperadas" y las "fábricas sin patrones", en primer lugar porque han surgido de iniciativas extraordinarias de los trabajadores, como las ocupaciones de empresas. Esta defensa se encuentra sujeta a condiciones: defensa del derecho al trabajo (ni cierre ni despido); expropiación real del capital (sin indemnización); transformación en propiedad pública condicionada (control obrero o gestión obrera). En resumen, es la defensa en base a un programa y a la perspectiva de un movimiento obrero independiente -no autogestionario. La autogestión separa a sus sujetos del movimiento obrero y de la lucha por un gobierno de trabajadores. Estas empresas han dejado de participar de las huelgas generales del último tiempo. Los hechos confirman nuestra caracterización. La ex Zanón, ahora Fasinpat, enfrenta una situación absolutamente precaria, no puede ser esgrimida como emancipatoria. En todos estos años, la empresa no ha contado con apoyo estatal ni con acceso al crédito. La expropiación recayó sobre las espaldas de los trabajadores (deben pagar la indemnización) y el Estado no cumple el compromiso de comprarle la producción. La venta de lo producido alcanzó sólo para pagar los salarios, en general por debajo de lo establecido en el convenio colectivo de los ceramistas, pero no para renovar el parque tecnológico. El mercado capitalista impone a los compañeros condiciones sociales de explotación cada vez peores. La mayoría de las experiencias cooperativistas heredadas de la quiebra del 2001-02 se han convertido en tercerizadas, cuyo patrón es el capitalista de la empresa central. La “recuperada” Bruckman produce para terceros, incluso algunos para empresas semi-estatales como Aerolíneas Argentinas, facturando a precios que suponen salarios muy bajos. La solución cooperativa para Donnelley tiene el apoyo de la burocracia sindical ongarista, que ya maneja una larga red de cooperativas, en las cuales no se cumple el convenio colectivo ni el salario establecido en las paritarias. Las patronales gráficas suelen derivar su producción a estas cooperativas para sortear las huelgas en sus propios establecimientos, con la total complicidad del sindicato. En la fábrica Indugraf, en Parque Patricios, el ongarismo la colocó bajo su tutela, luego de que lograra colaboración para derrotar a los delegados clasistas. Fábricas ocupadas En el caso de Donnelley, el síndico de la quiebra tiene la facultad de disponer de los bienes de la empresa para hacer frente a las demandas del conjunto de los acreedores, incluidos los trabajadores. Una cooperativa debería hacerse cargo del fallo judicial de la quiebra, que en cualquier caso será perjudicial para los trabajadores en términos económicos. La defensa del derecho al trabajo debería hacerse con el reclamo de la expropiación de la empresa por parte del Estado y el reconocimiento de todos los derechos adquiridos por los trabajadores. La reivindicación de las "fábricas sin patrones" no figura en el programa ni en el Manifiesto Político del Frente de Izquierda. Es un planteo que neutraliza el carácter revolucionario de las ocupaciones de fábrica -la expropiación del capital que despida o cierre. Los problemas que enfrentan las empresas y fábricas que fueron ocupadas en 2001/2 y puestas a producir por sus trabajadores exigen una campaña por la estatización de esas empresas bajo control obrero y la defensa del convenio colectivo. Es la tarea a la que se abocará el Congreso del movimiento obrero y la izquierda.

El 10 de septiembre se votó una ley absolutamente atípica en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense: el boleto educativo gratuito. La votación fue el resultado de una enorme lucha política. Desde principio de año hubo asambleas y reclamos en los centros universitarios adonde concurren estudiantes de lugares alejados, como La Plata o Luján. En el gran escenario de la lucha docente, el Frente de Izquierda planteó el proyecto de boleto educativo gratuito para docentes, estudiantes y auxiliares de todos los niveles. Se adhirieron inmediatamente la Fulp, los Suteba combativos y ATE. La UJS hizo una importante campaña que incluyó afiches, charlas, miles de firmas en apoyo al proyecto y la adhesión de una veintena de centros de estudiantes de distintos niveles. Contra el acuerdo K-UCR En julio, un acuerdo de la UCR y los K pretendió consagrar un boleto puramente estudiantil, con sólo una reducción parcial del costo, como ocurre en muchos municipios. Fue la intervención en las comisiones del Frente de Izquierda, así como de docentes y estudiantes que concurrieron a discutir, lo que llevó a incluir en los despachos las características del boleto educativo gratuito también para trabajadores y alumnos de todos los niveles. Ese mismo mes, un despacho fue falsificado según los términos originales del acuerdo K-UCR y su tratamiento fue bloqueado por el Frente de Izquierda. Cada reunión de comisión contó con una importante presencia de estudiantes que se movilizaron a la puerta de la Legislatura y estuvieron presentes en su funcionamiento a instancias de nuestro bloque. Luego de rechazar nuestro proyecto por demasiado ambicioso y votar en el Senado otro que se limitaba a reducir el precio del boleto en un 50% -pero sólo a los estudiantes-, en la última reunión de comisión hubo un giro de 180 grados: los K y UCR aceptaron los términos de nuestro proyecto, dándole la forma de un despacho de consenso y, por lo tanto, adjudicándose su autoría. Sus organizaciones universitarias buscaron reubicarse frente a la campaña de la izquierda. Incluso los legisladores de Massa, que se opusieron al proyecto en las comisiones, votaron a favor en el recinto para no quedar en evidencia. Los partidos patronales lograron diluir el ataque a las patronales vaciadoras del transporte que planteábamos en nuestro proyecto original. Primer triunfo de la movilización La ley fue votada en el marco de una movilización de más de 3.000 compañeros de la Fulp, ATE y los Suteba combativos, que se mantuvo hasta la votación -que ocurrió seis horas después-, mientras el bloque del Frente para la Victoria demoraba la sesión y se sostenía una reunión con la Cámara de Transporte. Los bloques mayoritarios eliminaron de la ley nuestro planteo que el boleto estudiantil no debía implicar nuevos subsidios a las patronales: de ese modo, se reservaron la chance de incluir esas prebendas en la reglamentación de la ley. La noche terminó con los dirigentes del PO, el PTS y las organizaciones movilizadas celebrando, pero también alertando sobre la necesidad de mantener la movilización para lograr la votación de la ley en el Senado y su promulgación sin modificaciones. Esta ley golpea la política de ajuste y tarifazos en el transporte de los gobiernos nacional y provincial. También refuerza la lucha para lograr el tratamiento de los proyectos del Frente de Izquierda contra el ajuste educativo cuyo tratamiento está bloqueado en las comisiones: emergencia edilicia, pago de salarios adeudados de docentes y auxiliares, acceso universal a los comedores escolares, jardines maternales para los docentes. Un vasto movimiento de lucha puede conquistar que esta media sanción se transforme en realidad y que no se le haga pagar la factura a los trabajadores mediante nuevos subsidios y tarifazos. ¡Adelante compañeros!

La ministra de Educación de Scioli, Nora de Lucía, ha anunciado un nuevo régimen académico (NRA) para la educación primaria bonaerense. Es una continuidad de la reforma educativa oficial: lenguaje progresista, deterioro de los contenidos y de la función educativa de la escuela, así como también una recarga laboral para el docente, sin destinar presupuesto a las necesidades mínimas de las escuelas. La obligatoriedad de la educación desde la sala de 4 años hasta la educación secundaria no pasa de ser una mera declamación. Aunque la educación primaria es el nivel que mantiene el más alto grado de escolaridad, persiste la deserción y, sobre todo, la escolaridad intermitente. El NRA descarga en la "escuela" -o sea en los docentes- la responsabilidad del sistema. Se considera que el alumno es parte de la escuela desde que se inscribe hasta que egresa o se haya certificado su pase a otro establecimiento. Si concurre o no a clase es otro tema, pero ya estará estadísticamente "incluido". La escuela tendrá que ver cómo hace para que los chicos que abandonan regresen, para que todos alcancen los conocimientos mínimos o sean integrados -ello, casi sin docentes integradores y sin espacio en los edificios. Lo mismo vale para el armado de proyectos especiales, el seguimiento de las trayectorias escolares o para verificar que entre un ciclo de enseñanza y otro nadie deje de inscribirse: un sinfín de tareas que se descarga sobre la escuela, con el mismo personal y los mismos recursos. Es el paraíso de la "polivalencia" laboral docente, donde todos hacen todo. Los maestros de materias especiales también deben cuidar en los recreos, los de grado tienen que diseñar estrategias especiales para cada situación diferente. Y todo sobrecargado de papeles: proyectos, informes, planificaciones. El "nuevo régimen" deposita totalmente en el docente la responsabilidad ante las situaciones de fracaso escolar o de dificultades para que los alumnos alcancen los contenidos mínimos. Se pretende bajar la tasa de repitencia a fuerza de imponerla administrativamente, no porque se logre una mejoría en el aprendizaje. El régimen, en ese aspecto, sólo blanquea una situación preexistente. Lo mismo vale para la eliminación de los aplazos, que sólo apunta a disimular el fracaso escolar. El nuevo régimen académico es una adecuación de la escuela a la crisis capitalista y a la descomposición y la miseria social crecientes que ésta trae, la cual estalla todos los días al interior del sistema educativo. Cínicamente, los educadores "nacionales y populares" plantean que el niño "no debe ser estigmatizado con un aplazo", como si ello pudiera evitar el estigma de la desocupación, la precarización laboral o el hacinamiento habitacional que preceden a la escuela. De cara a este derrumbe, los pedagogos kirchneristas quieren construir un "indec" de las calificaciones escolares. Del otro lado, los críticos derechistas al nuevo sistema académico sólo atinan a oponerle un régimen escolar represivo y expulsivo. La crisis educativa es nacional y abarca todos los niveles. Está ligada al derrumbe social general y al agotamiento de todas las salidas ensayadas, que han intentado convertir a la educación en una fuente de negocios y en un blanco permanente de las condiciones laborales de sus trabajadores. Esta reforma es parte indisoluble del proceso iniciado con la Ley Federal de Educación y todas las posteriores modificaciones antieducativas. A espaldas de los docentes, siguen deteriorando contenidos y funcionamiento. La rechazamos de conjunto. Docentes que trabajen un solo cargo con un salario igual a la canasta familiar, preceptores en primaria, docentes de apoyo para proyectos, agrupamientos especiales y todos los cargos necesarios, edificios y espacios escolares acordes, material didáctico, becas para los estudiantes de todos los niveles, equipos de orientación escolar con el personal necesario para el seguimiento de toda la matrícula son, entre otras cosas, lo mínimo indispensable para encarar una reorganización de conjunto de la educación. Ello, junto a la unión del docente y de sus sindicatos con el conjunto de los explotados, para luchar por una transformación social que saque a la juventud y a la familia trabajadora del pantano actual.

Después que Felletti reconociera de que "el único bloque (del Congreso) que no está presente en la comisión de presupuesto es el Frente de Izquierda" -una proscripción que tiene muy presente-, Néstor Pitrola comenzó su intervención expresando la solidaridad con los trabajadores del Ministerio de Economía que elaboran el presupuesto, a los cuales les ha sido quitada una compensación del 20%. Luego de señalar que la referencia a "un presupuesto dibujado es hoy un lugar común", Pitrola se concentró "en lo que no está dibujado. Estamos frente a un presupuesto de ajuste, que prevé aumentar la recaudación un 28 contra un aumento del gasto del 14%. Entonces, no es casual que no esté previsto un aumento de salarios." "Hay otro dato fuera de discusión: que se van a gastar 11.899 millones de dólares de las reservas para cumplir puntualmente con el pago de la deuda externa. Pero las reservas efectivamente disponibles son inferiores a 17 mil millones. ¿Cómo se va a afrontar semejante deuda? Es evidente que se tramita un rescate cuya garantía serán las reservas petroleras de Vaca Muerta. Ese es el objetivo de la reunión con un jefe de buitres como Soros." Pitrola se refirió luego a la cuestión del impuesto a las ganancias. "¿Cuál es el componente que viene de los salarios y qué se piensa a hacer con el mínimo no imponible?". El diputado del Frente de Izquierda contrastó esta confiscación con los beneficios extraordinarios que cosechan los bancos, los que no son gravados. Luego, denunció la detracción de fondos de la Anses, donde unos 49 mil millones de pesos de intereses percibidos por el "fondo de garantía" irán al Tesoro "cuando se prevé solamente 10.500 millones de pesos para pagar juicios de los jubilados". Mientras tanto, las exenciones a empresas superan los 140 mil millones de pesos. "Si la jubilación mínima apenas alcanza a la mitad de la canasta de los jubilados, ¿por qué van a continuar sosteniendo las rebajas de contribuciones patronales?".

La insistencia de los funcionarios acerca de que el valor del blue es ilegal, y como tal no debe ser tenido en cuenta, apunta a encubrir la responsabilidad del gobierno en la depreciación del peso. Los diarios informan cómo es el propio Banco Central el que pide a las empresas que consigan divisas apelando al "contado con liquidación", al que se accede mediante la compra de títulos públicos, o al llamado "dólar bolsa", mediante la compra de acciones. Por la demanda ascendente estos instrumentos, que mueven diez veces más volumen que el blue, ya cotizan por arriba de los $ 14 por dólar. Es claro que este mecanismo promovido por el Banco Central es claramente inflacionario. Los importadores que se hagan de divisas a $ 14 en vez del $ 8.40 del dólar oficial, trasladarán esa diferencia a los precios internos. Cristina puede denunciar terrorismo financiero en la ONU, pero fronteras adentro es su gobierno el principal responsable de la bancarrota económica. La suba del dólar también está presente en el proyecto del Presupuesto 2015, que prevé utilizar 12.000 millones de las reservas del Central para pagar la deuda externa. Ni más ni menos, significa casi el 70% de las actuales reservas, una vez que se deducen los plazos fijos en dólares y préstamos recibidos de bancos centrales de otros países. La situación creada por el gobierno se ha vuelto insostenible. La brecha de casi el 80% entre el dólar oficial y los otros valores paralelos de las divisas agravará el sabotaje de los sojeros a la liquidación de la cosecha, que debe hacerse a un dólar de $ 8.40. Para colmo, esta situación se combina con una caída de los precios de la soja en el mercado mundial. La devaluación que prepara el gobierno es reclamada por toda la clase capitalista y también por los partidos de la oposición patronal. Para unos y otros, es un paso inevitable para el levantamiento del cepo cambiario, y para reiniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional. La devaluación supone una desvalorización general de los activos del país y por sobre todo de los salarios. Denunciamos los planes devaluatorios, y planteamos el no pago de la deuda externa, la intervención de las sociedades de Bolsa y la nacionalización de la banca.

No es un dato menor que el discurso de Cristina Kirchner en la ONU comenzara evocando al “defol más grande de la historia”. Después de recordarle a los jefes de Estado que el kirchnerismo fue el que rescató la deuda contraída por Videla, Martínez de Hoz, Cavallo y De la Rúa, la Presidenta reivindicó el pago de 190.000 millones de dólares al cabo de una década. En cambio, no dijo que, al cabo de semejante sangría, la deuda argentina duplica hoy a la de 2001, sólo por haber refinanciado y capitalizado intereses impagos. Como consecuencia de ello, Argentina enfrenta una nueva bancarrota general. Pero la confesión de esa quiebra no pasó por Nueva York. Mientras Cristina peroraba en la ONU, los funcionarios kirchneristas les avisaban a los importadores que sólo podrían obtener dólares por medio de la Bolsa o de la compra de títulos públicos -o sea, a 14 pesos. La generalización de este mecanismo es la señal de largada de una megadevaluación. En Washington, la Presidenta habló de la cesación de pagos de 2001. Pero, en Buenos Aires, avanzaba una nueva declaración de quiebra del país. Entre la reestructuración y el petróleo En la tribuna de Washington, CFK acusó a los buitres de “querer tirar abajo la reestructuración de deuda de 2005 y 2010”. Pero ocurre que esa reestructuración ha colapsado, no por el incidente con los buitres, sino porque la deuda en su conjunto se ha tornado impagable. Los funcionarios oficiales ya han comenzado a negociar un canje, al menos, con los tenedores del Boden 2015 para postergar el pago de los ¡6.800 millones! de dólares que vencen en octubre del año próximo. Pero el evidente fracaso de la ley de “pago soberano” podría ser la excusa para una reestructuración general de la deuda, que elevará el valor de los títulos y reportará beneficios extraordinarios a los buitres “amigos” del gobierno, que los compraron a menor valor en medio de la crisis con el juez Griesa. Entre ellos estaría el propio Soros, quien se reunió con Cristina en el periplo neoyorquino. Los “buitres” amigos han reflotado la oferta de comprarles la deuda a los buitres “malos”: los K insisten en que no reconocerán el 100 por ciento que reclama Griesa, incluso porque la cláusula Rufo podría extenderse hasta después de 2014. Pero Soros y otros miran más lejos: en la charla con Cristina se habló del “potencial agroalimentario y petrolero de Argentina”, puesto que “Soros está muy interesado en el yacimiento de Vaca Muerta” (Ambito, 23/9). Para socorrer a la Argentina, los buitres amigos exigirán un lugar privilegiado en la futura recolonización petrolera. Las condiciones de ese rescate son conocidas: una devaluación de la moneda, que reduzca a valores de ganga los activos nacionales para quienes vengan a pagarlos con divisas; un tarifazo en regla, que asegure el acaparamiento de la renta petrolera para los pulpos y sus financistas, y la libertad para remitir al exterior los beneficios obtenidos. Por lo visto, la devaluación se encuentra en marcha. Y el presupuesto 2014, que es casi totalmente un dibujo, no lo es en una cuestión crucial: el congelamiento de subsidios al transporte y los combustibles, lo que augura un aumento general de tarifas. Mientras su jefa hablaba en Nueva York, los funcionarios kirchneristas diseñaban el nuevo régimen económico que exigen los Soros y otros buitres como condición para un rescate. El lugar del Papa Es a la luz de la conmoción social y política que provocará esta monumental confiscación a los trabajadores y al país que adquiere significado el nuevo encuentro de Cristina con el Papa. Otra vez, el conflicto con los buitres ha sido la coartada: que el cambio de régimen que ponen en marcha los K -que aspiran a continuar Massa, Macri o Scioli- tendrá que atravesar por contradicciones explosivas. La devaluación implicará un nuevo golpe inflacionario y obligará a redoblar el tarifazo, si se quieren precios “internacionales” de los combustibles. De cara a esta realidad, las normas de “abastecimiento” pasan a ser cartón pintado, al igual que los planes para inflar el consumo en base al endeudamiento de los trabajadores. El llamado papal a “cuidar a Cristina” toma nota de esta perspectiva convulsiva. Pero la promesa de un blindaje vaticano no será gratuita: a la vuelta de Roma, los K desempolvaron la reforma al Código Civil con los agregados reaccionarios que impuso el clero. Lo mismo ocurre con la burocracia sindical: en vísperas de este paquetazo, Barrionuevo y Moyano han resuelto tomarse vacaciones adelantadas. Es lo que no pueden hacer los obreros de Acindar, de las automotrices o autopartistas semiparalizadas, los metalúrgicos de Córdoba, los del Neumático o los gráficos, quienes rechazan las suspensiones, la caída de los salarios o la carga cada vez más confiscatoria del impuesto a las “ganancias”. Como nunca, las luchas en curso y las que vendrán necesitan unirse a una deliberación y a un programa propio de los trabajadores frente a la crisis. Este es el gran propósito del Congreso de unidad del movimiento obrero y la izquierda. Con la constitución de mesas en varias regiones y provincias, destacados luchadores toman la convocatoria en sus manos. El programa de este congreso, que es el protagonismo de la clase obrera, es también su método.

En el auditorio de las Naciones Unidas, Cristina Kirchner habló contra los fondos buitre. Pero, pocas horas antes, se había reunido con un buitre “amigo”, George Soros. Allí, le prometió lo que los usureros reclaman a gritos: la entrega, sin condiciones, de las reservas petroleras de Vaca Muerta. A cambio de ello, los especuladores le ofrecen a los K un salvavidas, al menos hasta 2015. El libreto de esta entrega ya ha sido presentado en el Congreso. Es la nueva “ley de hidrocarburos”, que generaliza todas las cláusulas leoninas del acuerdo con Chevron. El proyecto oficial centraliza el remate de los yacimientos en la camarilla de Kicillof-Gallucio-Cristina. Asegura, además, precios dolarizados para los combustibles, lo que implicará nuevos tarifazos. Por cierto, es mucho más que una ley petrolera: es la punta de lanza para un nuevo régimen económico que implicará una enorme confiscación social. Exige otra devaluación, que los K ya han puesto en marcha. Así, los pulpos petroleros y sus financistas podrán hacerse de los recursos nacionales a precio de ganga. Los Massa, Macri, Carrió o Binner no se oponen al remate: sólo actúan a cuenta de los monopolios que aún no participan del botín. Impulsemos una gran acción contra el proyecto entreguista. Rodeemos el Congreso con una gran movilización, para que no pase la “ley Chevron”.

Los metalúrgicos cordobeses ocuparon otra fábrica cerrada, Cimetal. En la misma provincia Montich, otra autopartista, pide Repros, Conmeca está en concurso de acreedores y vacía maquinarias para trasladar la planta. Cuatro sindicatos reclaman reapertura de paritarias por hundimiento de sus salarios: los docentes de UEPC, el gremio más grande de la provincia, Luz y Fuerza, Aoita del transporte y Sadop de docentes privados. Al Smata no le va mejor, ni en Córdoba ni en ningún lugar del país. Pero Córdoba es sólo un botón de muestra. La consultora SEL indica que los conflictos en agosto crecieron 25 veces respecto del mismo mes del año anterior, y que el 64% provienen de los cuerpos de delegados y sindicatos seccionales enfrentados a las direcciones de sus sindicatos. Las demandas del paro del 28 de agosto no sólo están pendientes, se agravan. La respuesta del gobierno ha sido profundizar el ajuste. Mantiene los mínimos de ganancias, incrementó el salario mínimo sólo un 22%, aumentó los combustibles y la luz y le niega un aumento de emergencia a los jubilados. Crecen las suspensiones y despidos de la mano de un récord de quiebras y convocatorias de acreedores, ante lo cual el gobierno sólo puso en marcha los Repro, es decir, un subsidio a las patronales. Los que se arrogan la "intervención del Estado" -por una ley de abastecimiento inútil- dejan a miles de trabajadores librados a su suerte: a Donnelley la condenan al calvario de una cooperativa, y Emfer agoniza en medio de la negativa a estatizar ese importante taller ferroviario. Tampoco mueven un dedo ante los cierres de frigoríficos, que ya suman 17 mil despidos. Los motivos para dar continuidad al paro sobran. Pero para Moyano, un plan de lucha "es de principiantes". Tras el paro de agosto, su hijo Facundo se ha alineado definitivamente con Massa. Mientras tanto, Plaini se alinea en el sciolismo, para armar la "mesa sindical" del candidato kirchnerista que rigorea a medio millón de estatales provinciales. En lo que respecta al propio Moyano, ha reforzado sus vínculos con Macri. La burocracia sindical se ha zambullido de lleno en el apoyo a las variantes capitalistas que se disputan la sucesión política y que son completamente hostiles a los reclamos obreros que enfrentan desde sus propias gobernaciones. Pero el inmovilismo de la burocracia opositora sería también una posible prenda de unidad del sindicalismo peronista, que han considerado Gerardo "Batallón 601" Martínez y Moyano. Esa unidad de la burocracia busca neutralizar al nuevo activismo en los sindicatos, el terreno donde se desarrolla la izquierda. Cristina intimida a las luchas obreras y sus demandas agitando el fantasma de un "estallido". Pero al "estallido" lo preparan los capitalistas y el mismo gobierno, mediante una nueva devaluación. Nuestra política de impulsar el paro de 36 horas y la continuidad del plan de lucha debe ser motivo de una gran campaña política en el seno del movimiento obrero, planteando la cuestión de un Congreso de Delegados electos de los trabajadores para discutir un plan económico a partir de nuestras reivindicaciones. Ellas son: prohibición de despidos y reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; ocupación de toda fábrica que cierre; reapertura de paritarias y salario mínimo equivalente a la canasta familiar; aumento de emergencia a los jubilados; abolición de ganancias en los salarios convencionales y el rechazo a todas las leyes represivas. La agitación política a favor del repudio de la deuda externa y un referendo para decidir, contra la entrega petrolera y a favor de la nacionalización de los recursos estratégicos, la banca y el comercio exterior, forman parte de un programa político de la izquierda revolucionaria ante la crisis. Con esta orientación, hemos planteado a toda la izquierda y el activismo clasista el Congreso del movimiento obrero y la izquierda para el 8 de noviembre próximo.

Jorge Altamira • Sábado 27/9. Conferencia Provincial del PO en Salta. • Viernes 3/10, 18 hs. Asamblea general de zona oeste GBA (en el Instituto Rural Inta). • Sábado 4/10, 16 hs. Asamblea general de zona norte GBA. • Sábado 11/10, 16 hs. Feria del Libro de San Nicolás. Néstor Pitrola • Viernes 26/9, 18:30 hs. Asamblea general de zona sur (GBA). • Sábado 27/9, 14 hs. Pompeya (Av. Del Barco Centenera 3015). • Sábado 4/10. Asamblea general en Mendoza. • Jueves 16/10, 18 hs. Asamblea general en La Matanza. • Sábado 18/10, 11 hs. Asamblea con aeronáuticos en Morón. Marcelo Ramal • Sábado 27/9, 10 hs. Asamblea de docentes primarios y de media en Mitre 2162 • Sábado 27/9, 14:30 hs. Plenario con abogados en Mitre 2162. • Sábado 4/10, 16 hs. Mataderos (Av. De los Corrales 6701). • Viernes 24/10, 18 hs. Saavedra (Balbín 4224). Gabriel Solano • Jueves 25/9, 19:30 hs. Universidad de La Matanza. • Viernes 26/9, 20 hs. Asamblea en la Facultad de Medicina. • Sábado 27/9, 17 hs. Abasto (Gallo y San Luis). • Viernes 3/10, 18 hs. Caballito (Riglos 571). • Sábado 4/10, 17 hs. Asamblea en Villa Urquiza (Donado 2515). Asambleas y reuniones en la Ciudad de Buenos Aires • Sábado 27/9, 12 hs. Asado de la Naranja telefónica en Cochabamba 360. • Sábado 27/9, 14 hs. Asamblea de secundarios en Barracas (Vieytes 1254). • Sábado 27/9, 14 hs. Plenario de trabajadores del subte. • Sábado 27/9, 17 hs. Lugano (Soldado de la Frontera 5501). • Sábado 27/9, 16 hs. Trabajadores de call center con Rubén Schofrin, en Mitre 2162. • Sábado 4/10, 13 hs. Plenario de la lista de la CTA en Mitre 2162. • Sábado 4/10, 17 hs. Asamblea en Villa Ortúzar (Charlone 1999). • Viernes 17/10, 18 hs. Belgrano (Balbín 2428). • Sábado 25/10, 14 hs. Inauguración del local de Chacarita (Forest 800). Asambleas de la UJS • Jueves 25/9, 18:30 hs. Universidad de La Matanza, con Gabriel Solano. • Viernes 26/9, 19 hs. Asamblea de Medicina y Farmacia, con Gabriel Solano. Agenda de asambleas y reuniones en IPBA • Sábado 27/9, 16 hs. Pergamino, con Nora Biaggio. • Sábado 27/9, 16 hs. Asamblea regional en Mar del Plata con Daniel Rapanelli. • Sábado 4/10, 16 hs. Baradero con Nora Biaggio. Agenda de asambleas y reuniones en Córdoba • Jueves 25/9. Asamblea de Secundarios en el Colegio Belgrano, con Cintia Frencia. • Sábado 27/9, 10 hs. Asamblea de docentes, en Mariano Moreno 69, con Jorge Navarro. • Sábado 27/9, 18:30 hs. Alta Gracia, San Martín 150, con Eduardo Salas. • Sábado 27/9, 18 hs. B° Hogar III, con Anabel Allochis. • Sábado 27/9, 16 hs. Trabajadores de UTA, Mariano Moreno 69, con Eduardo Salas. • Sábado 27/9, 18:30 hs. Bº Rosedal-Matienzo, Lagunilla 3330, con Jorge Navarro. • Jueves 27/9, 18 hs. La Falda-Huerta Grande, en San Martín 1032, con Cintia Frencia. • Jueves 2/10, 19 hs. Asamblea en la UNC, en Facultad de Filosofía, con Cintia Frencia. • Viernes 3/10, 19 hs. Bº Alberdi, Mariano Moreno 69, con Jorge Navarro. • Viernes 3/10, a las 18 hs. Bº San Vicente, Estados Unidos y Yapeyú, con Anabel Allochis. • Sábado 4/10, 18 hs. Capilla del Monte, Río de la Plata 39, con Cintia Frencia. • Sábado 4/10, 16 hs. Trabajadores de Smata- UOM, M. Moreno 69, con Eduardo Salas. Agenda de Santa Fe • Sábado 27/9, 18 hs. Reunión en Rafaela (Centro Cultural Estación Esperanza). • Sábado 4/10, 18 hs. Asamblea en Santo Tomé (Sarmiento 2781). Agenda de Chaco • Sábado 27/9, 12 hs. Asamblea general provincial en Resistencia.

Los trabajadores del Banco Central están desde hace tres semanas desarrollando un intenso plan de lucha: tras un paro 24, siguió otro de 48 horas con una adhesión de más del 80 por ciento del banco. Se han sumado otras medidas, como una movilización al Banco Nación, donde se estaba desarrollando un seminario con participación de los directores del BCRA y otra al Ministerio de Trabajo. La lucha se desató a partir de la imprevista marcha atrás en la firma del acuerdo de mejora de la paritaria de La Bancaria, sobre algunos adicionales que se había arrancado en agosto. Del lado de las autoridades, se dejan inferir enfrentamientos en el directorio y la crisis entre Kiciloff con Fábregas como excusa. Pero los trabajadores del Central tienen en claro que no van a aceptar la crisis de la camarilla kirchnerista como excusa para resignar un derecho adquirido. Asimismo, la inflación delata la insuficiencia del acuerdo firmado por la Asociación Bancaria. La repercusión de la medida ha involucrado prácticamente a todos los sectores, pese a los aprietes de las autoridades que han llegado a pedir listas negras, generando el repudio de todos los trabajadores del banco. Hay una completa decisión de no dejar pasar este intento de ajuste salarial; si las autoridades no suscriben el acuerdo la lucha seguirá e inevitablemente se sumarán las demás reivindicaciones pendientes que ya han sido votadas en asamblea: que el banco se haga cargo del impuesto a las ganancias, el fin de la flexibilidad laboral (tercerización) y la mejora del plan de salud para los jubilados del banco.

El viernes 19 murió a los 88 años Herminia Severini, madre de la Plaza 25 de Mayo -Rosario. Herminia nos acompañó desde las primeras marchas, cuando en 2004 recuperamos Amsafe Rosario. Esa fue una de las imágenes que ha quedado registrada en la película "Granito de Arena", cuando muestran fotos de las luchas docentes de todo el mundo, de Argentina, estamos con Herminia encabezando una de esas primeras marchas. Su hija Adriana Bianchi, fue secuestrada a los 21 años, en 1977, en la ciudad de Santa Fe. Herminia comenzó a organizarse para buscarla a partir de ese momento. Trabajó como enfermera, amaba su profesión. Trabajó en sanatorios privados, donde conoció la explotación, ya en aquel momento ella se había organizado para luchar. Tempranamente rompió, junto a otros compañeros, con el PC. Participó no sólo en las luchas docentes, sino en todas las que pudo estar presente. Recuerdo el acto en Capitán Bermúdez, cuando Jorgelina Signa, asumió como concejal, Herminia nos acompañó y terminó su discurso como eran siempre sus palabras finales, "hasta la victoria siempre". Grande fue su alegría y su asombro, cuando Jorge Altamira, al terminar su discurso, le pidió permiso para hacerlo él también con estas palabras. Viajó a Famatina y participó de las movilizaciones en contra de la megaminería. No dudó en delimitarse públicamente de Hebe de Bonaffini, y decir, "si uno defiende a los que luchan , no puede estar con el gobierno". Siempre se rodeó de jóvenes y una de sus actividades favoritas era dar charlas en las escuelas. Los chicos la escuchaban con mucha atención. Herminia, de nuevo, ¡hasta la victoria siempre!

La conducción kirchnerista del sindicato del Subte se ha propuesto imponer un estatuto altamente proscriptivo. Su proyecto establece una Comisión Directiva de 27 miembros, de los que "concede" los tres últimos vocales a la lista que, entrando segunda, obtenga un mínimo de 30 por ciento de los votos. Así, una lista que obtuviera un 49 por ciento ocupará 3 cargos menores, y una con el 29 por ciento ninguno. En el sindicato que surgió de una ruptura con la UTA por su carácter burocrático y en defensa de la "libertad sindical", intenta perpetuarse una camarilla que ha sometido a la AGTSyP a la patronal y al kirchnerismo, suprimiendo, en la medida que pudo, el carácter combativo que caracterizó a los luchadores del Subte. Este proyecto de "unicato" es un primer paso de toda una agenda de la conducción para perpetuarse. Sigue con las elecciones de la CTA-Yasky, de la que es devota, en noviembre, donde intentará reforzar lazos con el oficialismo. Y adelantará -según ha trascendido- para diciembre la elección de la comisión directiva. Se parapetan para retener el timón del subte por cuatro años más, en medio de un proceso de desgaste fuerte ante la base. Es que la subordinación política al Estado los paraliza ante los golpes sistemáticos del macrismo: sanciones a troche y moche contra medidas gremiales, procesos judiciales a delegados, incorporación a dedo de personal de la Uta que hostiliza al activismo de la AGTSyP y se presta a la flexibilización. Ni hablar del carnereaje de los paros nacionales, la defensa abierta del impuesto a los sueldos y la acusación a los huelguistas de ser funcionales a Griesa y a los buitres (comunicado de la directiva, 28/8). Esto, al costo de la reprobación de amplios sectores de la base y disidencias dentro de la propia conducción. La Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM) está realizando en las líneas una fuerte campaña contra el estatuto mordaza y por la máxima democratización de la AGTSyP, como parte de una campaña por otra conducción, clasista, que encare de verdad los agravios de la patronal y el macrismo.