Prensa Obrera N° 1321

EXCLUSIVO DE INTERNET El Jueves 26/06 un centenar de personas participaron de charla-debate "Deuda externa y fondos buitres" organizada por el centro de estudiantes del Avanza de Bahía Blanca. Esta actividad fue precedida por un gran interés expresado con los debates en las aulas, entre estudiantes y docentes sobre qué postura tomar frente al fallo del Juez Griesa y la sentencia que obliga al Estado Argentino pagar el 100% de la deuda con los hold outs. Desde el Centro de estudiantes propusimos continuar el debate de las aulas y trasladarlo a una charla-debate. La enorme participación mostró que existía un interés real sobre el tema. La charla estuvo a cargo del Doctor en Economía Gustavo Burachik. En la exposición quedó de manifiesto el carácter histórico de la deuda y su función político-económica (la de estrangular el desarrollo del país). Se señaló el carácter fraudulento de la deuda, que la misma creció raudamente bajo la última dictadura militar a través del mecanismo de nacionalización de deudas privadas y que los sucesivos gobiernos de la democracia honraron pagando religiosamente. Se explicó además que la capitalización de intereses (anatocismo) es el mecanismo a través del cual la deuda creció a tal punto que aparece como impagable. Las intervenciones del público recogieron el caso de Islandia que a través de un Referéndum la población se pronunció en su mayoría por el no pago de la deuda externa. Además del peso insalvable que implica para las condiciones de vida del pueblo trabajador. Al finalizar se hizo un llamado a organizarnos de manera independiente respecto al gobierno y la oposición patronal. Terciarios Bahía Blanca

El jueves 26, una multitud concurrió a la movilización y acto sobre el Puente Pueyrredón que convocaron más de 50 organizaciones sindicales, sociales, políticas y de derechos humanos.En la cabecera que subió al puente marcharon Vanina, hermana de Maxi, y Alberto, padre de Darío, junto a representantes de las organizaciones y los tres diputados del Frente de Izquierda, Néstor Pitrola, Pablo López y Nicolás del Caño.

Ley de hidrocarburos La crisis que ha estallado con los fondos buitre alienta a las grandes empresas vinculadas con el área petrolera. El escenario actual, dominado por un parate económico creciente y la amenaza de una cesación de pagos, constituye campo orégano para que el gran capital pueda sacar un mayor provecho económico. Por lo pronto, la vulnerabilidad financiera que atraviesa el país es el argumento que viene utilizando el gobierno nacional para acelerar la política de entrega. La nueva ley de hidrocarburos tiene como propósito generalizar el pacto celebrado con Chevron y apunta a remover cualquier posible interferencia local, apartar a las provincias y centralizar en YPF este nuevo ciclo de acuerdos con los pulpos. El pacto con Chevron admite que la petrolera ingrese divisas con un cambio especial, y luego remita utilidades al exterior y exporte parte de la producción. Aquí están delineados los puntos centrales de un programa que vienen fogoneando la clase capitalista y la oposición patronal, el cual plantea el levantamiento del cepo cambiario y poner fin, de un modo general, a las regulaciones presentes en la política económica oficial. Esto es, precisamente, sobre lo que ponen énfasis las provincias. Los gobernadores, encabezados por Jorge Sapag, Martín Buzzi y Paco Pérez, han elaborado una contrapropuesta al proyecto K nacional, en la que apuntan a defender su tajada en el negocio pero, como contrapartida, terminan yendo incluso más lejos que el gobierno nacional. Junto a la necesidad de extender las concesiones a 35 años, plantean un régimen de promoción , exenciones y beneficios fiscales similares a los que cuenta la actividad minera y el establecimiento de otro régimen cambiario que permita la libre disponibilidad de las divisas y la autorización de girar utilidades al exterior. Por otro lado , con la excusa de aumentar la recaudación por regalías, plantean un nuevo salto en el precio de los combustibles. La contrapropuesta señala que en los precios del mercado interno no puede haber una discrepancia mayor del seis por ciento, apuntando a "atar el precio de todos los crudos al Medianito que se extrae en Neuquén, el más caro por su rendimiento en refinerías" (El Inversor, 27/6). La nación y las provincias, en resumen, vienen reclamándose, la una a la otra, otorgar nuevas concesiones a la medida de las exigencias que están haciendo las petroleras como condición para invertir. En ningún caso está presente el interés nacional. Quienes terminarán ganado en esta disputa son los pulpos petroleros, que podrán sacar provecho de esta pelea y obtener concesiones de ambos bandos. El choque tiene como telón de fondo una pelea entre grupos capitalistas por el reparto del botín de los recursos no convencionales. Galuccio y Kicilloff son los representantes de Chevron, Exxon y otros petroleros yanquis y proveedores asociados, que pretenden desplazar a los pulpos beneficiados con los contratos de la última década. El gobernador de Chubut ha cerrado filas con Pan American Energy, en la que son socios los Bulgheroni. En los últimos días, han vuelto a reactivarse las denuncias por corrupción por la extensión del contrato por 30 años de los yacimientos de Cerro Dragón, concretados en 2007 a favor de dicha compañía por el gobierno provincial -una movida originada, según los trascendidos, en los despachos de Gallucio y Kicilloff. El gobierno de Río Negro, a su turno, está asociado con Petrobras y acaba de estallar una crisis ante el anuncio de extender la concesión diez años más. Una fracción del Frente por la Victoria, encabezada por el senador Miguel Angel Pichetto, se ha rebelado y sumado su voz a los cuestionamientos de la oposición. Tanto Paco Pérez como Sapag defienden los acuerdos preexistentes, en los que no participa YPF. En oposición a esta disputa de buitres petroleros, planteamos la nacionalización integral de los hidrocarburos bajo control obrero, para colocar dichos recursos al servicio de un plan de desarrollo nacional independiente, de industrialización del país y de las necesidades populares. Pablo Heller

Israel: en vísperas de una nueva masacre palestina El Estado de Israel potenció en el último mes su ocupación militar sobre los territorios palestinos. El argumento fue la desaparición de tres jóvenes israelíes que se encontraban en Hebron (Cisjordania), quienes más tarde aparecieron asesinados. El gobierno israelí culpa a Hamas y emprendió una gran campaña mediática para justificar la operación, la que en escasos días dejó cinco muertos y más de 500 detenidos, entre ellos Aziz Dweik, el presidente del Consejo Legislativo Palestino, constitucionalmente el sustituto del presidente Mahmoud Abbas. Netanyahu ha dicho que es el momento de aniquilar a Hamas, una pérfida declaración que busca disimular una campaña de terror que tendrá como blanco al conjunto de las masas palestinas y que ya incluyó bombardeos sobre Gaza. Voceros del Estado sionista admiten que gran parte de la operación, tanto en el campo como en inteligencia, no estuvo dirigida a la búsqueda de los secuestrados (Haaretz, 18/6). Los cobayos humanos de la Iglesia y los laboratorios A poco de conocerse las fosas comunes de 796 niños en un convento de Irlanda, donde se explotaba a mujeres sin familias y madres solteras, se reveló que se usaba a los chicos también para experimentar con drogas farmaceúticas. Se ha comprobado que 80 de ellos murieron porque les suministraron una vacuna para ganado, por error. Una de las monjas acusadas manifestó que las madres "consentían" para que esto ocurriera, cuando en realidad vivían en condiciones de esclavitud. La multinacional farmaceútica Glaxo (GSK) se fusionó hace 20 años con el laboratorio que asesinó a 80 de estos niños con sus experimentos y manifestó que no fue partícipe. Irlanda no es el único lugar donde esto ha ocurrido: en 1996, la empresa Pfizer experimentó con drogas con niños de Nigeria, por lo que debió pagar indemnizaciones, pero sin pena de cárcel para ningún responsable, ni inhabilitaciones. La Iglesia católica lucra también comprando acciones de empresas farmacéuticas: el BI Gran Premiere, banco español de la Iglesia, tuvo acciones de Pfizer (El País, 1º/3/08) y el Pax Bank, banco católico alemán, realizó inversiones en dos laboratorios farmaceúticos. El arzobispo de Dublin pidió la creación de una comisión judicial sin miembros de la iglesia para que investigue, porque hay más casos; pero los intereses de la Iglesia van de la mano con el de los capitalistas y su Estado.

Por más de una década, los empleados municipales soportaron maltrato laboral, pésimas condiciones de higiene y seguridad (incluidas ratas) y el salario más miserable de todos los municipios del Alto Valle de Río Negro -las categorías más bajas no superan los 2.250 pesos. Sobre alrededor de 400 empleados hay cerca de 160 contratados, a quienes se les venía renovando el contrato cada seis meses. A partir de que los trabajadores comenzaron a organizarse en ATE (existen UPCN y Soyem), la catarata de reclamos se abrió paso. Hubo ocupaciones del corralón y del palacio municipal, asambleas y marchas sobre la ruta 22. El gobierno respondió con el descuento de más de mil pesos desconociendo las franquicias gremiales, denuncias penales contra el activismo y, ahora, el cese de contratos -ya son 15 y se esperan otros tantos. Con una nueva toma del corralón, recuperado por el grupo represivo Coer, se resolvió mantener la protesta con olla popular frente al municipio. Elevamos al Concejo Deliberante la exigencia de un pronunciamiento por la prohibición de los despidos, el repudio a la creciente represión y constante persecución, y la reincorporación de todos los cesantes. Dimos cátedra en esa sesión, denunciando el ajuste feroz del gobierno del FpV y su contracara de concesiones al capital financiero. Los concejales del vecinalismo y de la UCR se comprometieron a tratar los despidos en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Es necesario comentar la creciente bronca de los compañeros de este heroico cuerpo de delegados hacia la conducción electa de la CTA de la Lista 1, que ellos mismos votaron, ausente totalmente en este conflicto. Además, rechazaron un corte de ruta "para la foto" y votaron continuar el reclamo recogiendo adhesiones de los vecinos y exigiendo el cumplimiento del "nos tocan a uno, nos tocan a todos" por parte de ATE. Se concurrirá a la feria del trueque para hacer firmar un petitorio entre los vecinos y se instalarán alcancías para el sostenimiento de los despedidos. Norma Dardik (Tribuna Estatal - Coordinadora Sindical Clasista)

MENDOZA Se multiplican los precandidatos patronales marcando una fuerte disgregación política. En contrapartida, en una provincia en sublevación, el PO y el Frente de Izquierda crecen por dar respuesta en términos políticos a las demandas, reclamos y luchas populares. Los estatales a punto de volver a la lucha por la homologación de las paritarias; los obreros de Vale con sus piquetes, marchas y asambleas; los telefónicos rechazando la entrega de la burocracia; los docentes universitarios con sus parazos; los trabajadores de casinos en lucha; los municipales de varias localidades deliberan en reuniones, asambleas y cuerpos de delegados sobre la necesidad de una medida de lucha contundente y unificada por abajo contra las federaciones entregadas al gobierno y el radicalismo. Los judiciales siguen reclamando la jornada de seis horas y mejoras en las condiciones de trabajo; los docentes se aprestan a plantear la reapertura de paritarias. Mendoza es una provincia sublevada y, en este cuadro de ascenso de la lucha obrera, la CTA realiza su primera asamblea de delegados y activistas para dar una respuesta conjunta de los trabajadores contra el ajuste. ¡Estamos construyendo el congreso de delegados de base y preparando la recuperación de los gremios de manos de la burocracia! Los radicales y demócratas, en un pacto de gobernabilidad, votan junto con el gobierno a cambio de que el gobernador, Paco Pérez, haga pasar las decisiones trascendentales por la Legislatura. La política patronal judicializada y parlamentarizada usadas como recursos de su propia crisis. Pero las contradicciones son muy fuertes: Paco Pérez y la UCR han llevado su pelea por el endeudamiento provincial a la Corte Suprema de Justicia, que deberá resolver si avala o no la colocación de un nuevo bono por casi 1.300 millones de pesos. Luchas obreras Paco Pérez era partidario de no dar el brazo a torcer en el reclamo de los obreros de Vale y su ministro de Ambiente intentó utilizar a los obreros, junto con la Cámara de proveedores mineros, para armar un piquete en la casa del gobernador para presionar por la habilitación de la megaminería. La necesidad urgente de fondos y de hacer frente al índice de desocupación presiona cada vez más a los aparatos patronales para asumir los costos políticos de voltear la ley del pueblo, la ley antiminería contaminante. Los diputados del PO en el bloque del Frente de Izquierda presentaron un proyecto de declaración contra la megaminería contaminante, mientras que medio bloque radical y medio bloque del FpV se levantaron y dejaron sin quorum la sesión. El Frente de Izquierda madura como la única oposición real al decadente gobierno de Paco Pérez. Ahora más que nunca tenemos que redoblar los esfuerzos por un congreso de unidad del movimiento obrero y la izquierda. Víctor D.

La huelga ferroviaria terminó definitivamente el 24 de junio, luego de más de diez días de duración. La reivindicación central de la huelga fue la oposición a la ley de reforma, que precisamente se aprobó ese día en la Asamblea Nacional, con cambios cosméticos en relación al proyecto original del gobierno. El gremio ferroviario (de más de 150.000 asalariados) es uno de los más sindicalizados y está disperso en todo el país. Todas las centrales obreras están representadas y hay, entonces, varias federaciones nacionales y sindicatos por lugar de trabajo. La CGT es el sindicato tradicional y mayoritario, aunque sufrió un retroceso importante en los últimos años (menos del 40 por ciento de los votos en las elecciones de la empresa). SUD (Solidaires) tiende a agrupar a los sectores más jóvenes y combativos, y está creciendo (con el 10 por ciento de los votos). La ley de reforma está destinada a favorecer la privatización de las actividades lucrativas del servicio y a dislocar el convenio colectivo de trabajo. Es una ley contra el servicio público. Forma parte del arsenal de “reformas” antiobreras y antipopulares, orquestadas por la Unión Europea y reclamadas con urgencia por la burguesía. El gobierno planteó negociar la reforma con las centrales, entre ellas la CGT, lo que no impidió la convocatoria a la huelga, declarada inicialmente por las federaciones ferroviarias de la CGT y de SUD (luego adhirió Force Ouvrière), el viernes 13 de junio. La dirección nacional de la CGT y en parte la federación organizaron el levantamiento de la huelga para ese fin de semana. Fue una maniobra que fracasó. Las asambleas en los lugares de trabajo votaron por la continuidad de la huelga, gracias al impulso de los militantes de SUD, independientes, FO y también de la CGT. La federación CGT tuvo que cambiar de posición y continuar la huelga. La duración de la huelga durante diez días, en lugar de las 48 horas previstas, fue la primera derrota del gobierno -y de la CGT nacional. Al mismo tiempo que el gobierno organizaba una campaña de propaganda contra la huelga, uno de los sectores más organizados de la clase obrera deliberaba en asambleas y se pronunciaba por resistir a la política a través de la acción directa y sin el apoyo -sino más bien con la hostilidad- de la burocracia. Fue una huelga política de masas contra el gobierno socialista y su política, con una dimensión nacional aunque estuvo circunscripta a un sector de la clase obrera. La huelga fue un progreso en el movimiento de resistencia obrera a la austeridad capitalista en Francia y en Europa. Sin embargo, las asambleas generales que votaban la continuidad de la huelga no ponían en pie comités de huelga -o al menos comités de acción. Continuaban delegando en los sindicatos. En algunas asambleas hubo intentos en este sentido y en París se organizó, el jueves 19, una asamblea federativa de las diferentes asambleas locales, pero sin mandato electivo. Fueron intentos dispersos, localizados y tardíos ante el esfuerzo conjunto del gobierno y la CGT para levantar la huelga. Hubo un momento de confluencia en las calles parisinas con otros sectores en lucha (del espectáculo, correo, salud) el jueves 19 y se volvió a intentarlo el martes 24. Se constituyeron comités de solidaridad con la huelga en diversas ciudades. Pero los aparatos, en primer lugar los de la CGT, no perdieron el control del movimiento y lograron finalmente ahogarlo. En las movilizaciones intervino una capa de obreros jóvenes, al margen de las organizaciones tradicionales de la izquierda, que aún sin su disciplina y experiencia políticas, intentó abrir otras perspectivas. Roberto Gramar

El 9 de enero, la clase obrera de Tandil amaneció con una trágica noticia: el horno N° 6 de Metalúrgica Tandil, subsidiaria de Renault Argentina, explotó derramando hierro fundido sobre tres operarios. Años de vaciamiento, desinversión, despidos y precarización laboral condujeron a este crimen social, ejecutado por la patronal y apañado desde el Estado. Luciano Vargas, Lucas Serén y Juan Cruz Andrade fueron falleciendo en días sucesivos. Hablamos con Natalia, Soledad y Analía, compañeras de las víctimas, e hicimos un resumen de lo que nos plantearon. Ellas convocan el 9 de julio, a las 16 horas, a descubrir una placa en memoria de los tres metalúrgicos en las puertas de la fábrica. -¿Por qué el lema que usan en sus convocatorias es "Prohibido Olvidar"? S.: Es para que no quede todo en la nada. Este es un caso que tiene que servir para que la gente tome conciencia de las condiciones en que se trabaja. Sabemos en qué ciudad vivimos, donde todo suele quedar en el olvido. Ya nos está costando: los tiempos de la Justicia, las trabas, todo está encajonado y la noticia sólo se difundió por medios locales. N.: "Prohibido olvidar" muestra que no fue algo natural. Los chicos fueron a trabajar y si la fábrica hubiera estado en condiciones, no hubiera ocurrido eso. El tema está tapado por el poder. Ya vimos que lo silenciaron todos los medios nacionales. -¿Cuáles fueron las conductas de la UOM y del gobierno municipal (radical)? S.: Se tiran la pelota uno al otro. El intendente Miguel Angel Lunghi dice que no tiene nada que ver porque no es metalúrgico, es médico. La UOM dijo que mantuvo silencio por respeto a los familiares. Ahora hacen como que se acercan a nosotras, pero con el despido de cuatro trabajadores están saliendo a meter miedo. A.: Carlos Romano [secretario de UOM Tandil] no se juega, por otro tipo de intereses que tiene. N.: El está saliendo a decir que la fábrica está por cerrar y que la desinversión provoca la pérdida de fuentes de trabajo. Pero en ninguna de las notas mencionó que la desinversión también provoca muertes. -¿Por qué ven que esta lucha es en beneficio de todos? A.: Porque lamentablemente los chicos ya no están más. Y queremos tratar de que los metalúrgicos tengan el trabajo en condiciones. S.: Lo que les pasó a los chicos se podría haber evitado. Si hubiese habido un supervisor, eso no pasaba. Tampoco había matafuegos, enfermera, nada. Sabemos que quieren mostrarlo como un accidente laboral, pero eso es cuando es una desgracia del destino, que no es culpa de nadie. N.: Hay presión y miedo a perder el trabajo, y por eso volvieron a trabajar a los quince días de la tragedia, cuando seguía todo igual. -¿Qué significaría obtener justicia? S.: Los responsables de la tragedia son la multinacional Renault, Metalúrgica Tandil SA y el personal jerárquico: gerente general, jefes de planta... N.: Es un efecto dominó, porque también involucra al Ministerio de Trabajo de la provincia, a la intendencia, etc. No hay que aflojar. Agustín MSz

TUCUMAN El 8 de julio está prevista la realización de la audiencia pública convocada por la Comisión de Familiares Víctimas de la Impunidad y el bloque de diputados nacionales del Partido Obrero - Frente de Izquierda en la Plaza Independencia. A esta convocatoria se han sumado otros bloques parlamentarios nacionales y provinciales, así como distintas organizaciones políticas, sindicales y personalidades. A partir de las 15 horas, los parlamentarios se instalarán en la Plaza y recibirán todas las denuncias sobre casos impunes y atropellos del poder. A las 19, se volcarán las conclusiones de la audiencia y a las 20 habrá un acto con una marcha en el centro de la ciudad. La concreción de esta convocatoria se produce en momentos de gran tensión por la citación de diez personas para que se les extraigan muestras de ADN y se puedan cotejar con los cabellos encontrados en el cuerpo de Paulina Lebbos. Entre las personas citadas se encuentra Gabriel Alperovich, uno de los hijos del gobernador, y Sergio Kaleñuk, el hijo de Alberto Kaleñuk, un ex comandante de Gendarmería y ex jefe de la policía, quien fue procesado por malversación de caudales. Alberto Kaleñuk es el secretario privado de Alperovich. Todas las personas concurrieron a la citación con excepción del hijo de Alperovich, quien alegó compromisos laborales para faltar a la cita. Lo significativo del faltazo es que fue resuelto a último momento si se tiene en cuenta el enorme operativo policial uniformado y de civil, que se había desplegado en la cita fallida. A su vez, el caso de Pamela Laime, una jovencita asesinada hace 14 años, sigue en el candelero, pues se siguen sumando contradicciones en los informes policiales y judiciales, y no logran encontrar en el cementerio el cuerpo de Pamela, donde fue enterrada como NN luego del crimen. Tampoco han podido encontrar el expediente del caso. Para denunciar estos hechos, el Plenario de Trabajadoras y familiares de Pamela realizaron, este lunes 30, un acto frente a los tribunales de la provincia. Por otro lado, los bancarios que vienen realizando un plan de lucha por la reincorporación de 36 trabajadores despedidos de la Caja Popular y la represión que sufrieron el 13 de mayo pasado van a realizar un paro nacional y van a converger con la jornada de lucha contra la impunidad. El gobierno, como ha ocurrido en otras oportunidades, ha lanzado una campaña de aprietes en todos los medios para que nadie pueda hablar del caso Lebbos y una acción sobre familiares de casos impunes, donde distintos personeros del gobierno ofrecen prebendas para que sigan con las denuncias contra la policía o la Justicia pero que se separen de Lebbos y no denuncien al gobierno. En este escenario, el Partido Obrero viene realizando una intensa campaña de agitación y organización de la jornada del 8 por medio de charlas, mesas redondas y actos. Daniel Blanco

Salta Miles de trabajadores y jóvenes en todo el país, nos encontramos en una profunda deliberación política sobre los desafíos que plantea una nueva etapa de transición histórica. Ante el fin de régimen K, las luchas por el salario y la defensa de los puestos de trabajo en todo el país que desata el ajuste avalado por oficialistas y opositores tradicionales, encuentran en el Frente de Izqquierda y el Partido Obrero una natural referencia política; lo que marca la base y continuidad del ascenso de la izquierda. En Salta, la victoria de la heroica huelga docente, no sólo puso en cuestión al vaciamiento educativo, la miseria salarial y la precariedad laboral; sobre todo impuso un golpe a la política de ajuste del gobierno de Urtubey y del gobierno nacional. Expuso también un método para superar la burocracia sindical a través de la democracia obrera y abrió una nueva etapa política y de lucha de clases en la provincia. Es la continuidad de la tendencia popular a rebelarse contra el régimen de los Romero, los Urtubey y los Olmedo, que se expresó en las elecciones de 2013 con el triunfo del PO en Salta capital. La lucha por una alternativa de los trabajadores, a través de la fusión de la clase obrera y el socialismo revolucionario, es una tendencia en acto y con un sustrato cada vez mayor para ser desarrollada. La Campaña Financiera nacional del PO tiene, sobre todo en la provincia de Salta, el objetivo de avanzar sobre esta perspectiva, por lo que debe traducirse en el desarrollo del PO como partido de la clase obrera. Es una batalla política más para que los trabajadores establezcan otro tipo de relación política, rompiendo con los métodos clientelares con que los partidos patronales coaccionan a lo explotados. Estamos combatiendo fuertemente la idea de que por tener un desarrollo parlamentario, debamos resignarnos a depender de los recursos que provienen de un Estado que tiene por objetivo histórico consagrar el dominio político y social de la clase capitalista contra los trabajadores y demás capas explotadas. A la vez, queremos llegar a un sector de la clase media que votó al PO, porque el urtubeísmo y el conjunto de los partidos del régimen, se encuentran cada vez más reñidos con el más elemental principio democrático. La violación de la voluntad popular expresada en las últimas elecciones, a través de la cooptación de la oposición tradicional para bloquear el avance del PO, como pasó con la presidencia del Concejo Deliberante; o el intento de sanción a Claudio Del Plá por defender la toma de la Legislatura por parte de la docencia en huelga; son claros signos del carácter reaccionario de los partidos tradicionales y este régimen, los que colocan al PO como un bastión para la defensa de las libertades democráticas. Con este encuadre político, queremos conquistar 600 aportistas en toda la provincia, fundamentalmente de jóvenes luchadores y estudiantes, trabajadores del azúcar, ceramistas, choferes, trabajadores de Luz y Fuerza, y de aguas gaseosas, ordenanzas de escuelas, docentes provinciales y universitarios, trabajadores judiciales, municipales y periodistas; profesionales, artistas y compañeros desocupados. Un objetivo ampliamente superior al de campañas pasadas, en todos los planos. Preparándonos con plenarios partidarios y de responsables, al día de hoy ya alcanzamos el 40% del objetivo financiero. Tenemos ingresado ya el 80% de los aportes internos en Capital y ahora debemos avanzar en el interior en donde recién vamos por un 20% de aportes ingresados. Un objetivo particular es que los nuevos compañeros que se incorporaron en el último período, se cohesionen con los métodos del partido, sobre todo en las nuevos núcleos del interior. Como iniciativas colectivas ya realizamos fiestas y una cena debate; y tenemos planificados barrios, colectas en los lugares de trabajo y un gran festival cultural. La campaña financiera es un factor de movilización política de militantes viejos y nuevos, y de toda una periferia al calor de estas actividades. Las próximas semanas de julio serán de una intensa actividad para rematar esta gran campaña y alcanzar los objetivos propuestos. Tenemos votado alcanzar la visita de la totalidad del padrón de objetivos de aportistas externos y el ingreso del 100% de los internos; pero para llegar a estos objetivos, nos dimos un plan muy preciso distinguiendo los aportes externos de montos significativos y los aportes políticamente valiosos, para que sean estos los primeros que ingresen y permitan un salto del 40% más en la primera semana de julio. De esta manera contribuimos al objetivo nacional de 2.500.000 pesos y más de diez mil aportistas externos. Vamos por el éxito total de la Campaña Financiera. Esta es parte integral de la lucha por el gobierno de los trabajadores. Violeta Gil - Julio Quintana

Sin lucha, Moyano firmó muy lejos del 40% que publicitó. En 2014, los camioneros recibirán una cuota del 18% en julio, otra de 8% en noviembre, es decir un 26% de aumento del básico y recién en marzo de 2015 el restante 7%. La pelea fue menos que tibia. Consistió en un pequeño quite de colaboración en la rama recolección y un paro de 24 horas sólo en los coches de recaudación de caudales, sólo el 2% de los camiones del gremio y después sólo bravatas de paros en el combustible y de un paro general que nunca llegó. Pablo Moyano levantó el plenario de delegados previsto para el jueves 26, donde eventualmente se votaría un paro el lunes siguiente cambiándolo por el cínico estado de "alerta y movilización", el que adelantaba que la dirección del gremio firmaría sin chistar el ofrecimiento patronal. Hay que aclarar que la escala básica de conductor inicial pasa ahora de 5.236 a 6.168 pesos desde julio, terminando con el mito de convenio "testigo". Camioneros no es un buen convenio, no marca tendencia en el movimiento obrero y está perdiendo el terreno ganado en años de amparo ministerial y subsidios por debajo de la mesa que hoy no cuentan. El actual salario de los camioneros está compuesto por un mar de adicionales por productividad, viáticos, kilómetros, comidas, tiempos de espera. Hoy más del 50% del salario de los camioneros es un conformado variable, con el agravante de que muchos de sus ítems no están ligados a la suma automática de lo convenido en paritarias, sino que debe ser discutido año a año con las distintas ramas. En algunas ramas, por estos importes variables, el impacto del impuesto al salario es muy grande y hay mucha bronca por la situación. Se trabajan dobles turnos y feriados, con el trabajador alejado de su familia, y la diferencia se la lleva el fisco. En resumen, el moyanismo hace "ruido" pero actúa exactamente igual que el resto de la burocracia sindical. La regimentación y el temor a la movilización obrera independiente estuvieron presentes en cada maniobra de esta paritaria. Nuestra agrupación plantea varias cuestiones centrales para el gremio: reabrir esta pésima paritaria de acuerdo con la evolución del costo de vida y ante posibles nuevas devaluaciones, luchar contra el impuesto al salario, el cual implica una rebaja al pobre 33% logrado. Terminar con las cuotas, la actualización de los salarios por inflación y un básico de 12 mil, equivalente a la canasta familiar junto a la abolición del impuesto al salario. A la par, el pase a planta de todos los tercerizados. Ante la bancarrota de la obra social, el otro tema que conmueve al gremio: devolución incondicional de los fondos, derogación de la ley menemista, apertura de los libros de la obra social a comisiones obreras electas en asamblea y elección de autoridades revocables por el voto directo de los trabajadores. Corresponsal

SALTA Cuestionado por delitos mafiosos Con un verdadero "tratamiento exprés", el Senado de Salta aprobó sobre tablas y sin ningún tipo de debate, la prórroga del contrato con el Banco Macro hasta 2026. Al respecto, Julio Quintana, diputado del PO, declaró: "El oficialismo aprueba conspirativamente una ley cuando debería ser ampliamente discutida. No solamente porque el Banco Macro le costó a la provincia, en los últimos 20 años, una cifra aproximada de 2 mil millones de pesos, y costará, en los próximos 10, al menos unos mil millones más. Siendo agente financiero exclusivo del Estado de Salta, y por fuera de la comisión que se le paga por ello, el Macro se apropia de una renta extraordinaria por el engrosamiento de su cartera de créditos, las calificaciones y cotizaciones gracias a los recursos del Estado. Estamos hablando de miles de millones de pesos más, los cuales serían parte de una capitalización del ahorro provincial, si hubiera un banco provincial.” “No sólo se trata de una entrega de los resortes financieros de la provincia. Se debería abrir una discusión sobre las condiciones crediticias que el propio Macro garantizó y debe garantizar para el conjunto de la población. Tanto para la masa cautiva de los 50 mil trabajadores estatales, como para los pequeños productores y empresarios que necesitan financiamiento para el desarrollo productivo local. Urtubey y los senadores aprueban conspirativamente este contrato para evitar este debate que interesa a toda la población salteña." La bancada del PO va a rechazar cualquier tipo de tratamiento exprés y de espalda al conocimiento y los intereses del pueblo salteño, y exigirá que se debata ampliamente el tema, convocando a los sectores de la población y en la perspectiva de la recuperación de la autonomía financiera del Estado a través de un banco propio, para que los resortes financieros estén al servicio del desarrollo económico y social y bajo el control de los que vivimos de nuestro trabajo. En esta línea, antes del tratamiento del tema, se presentará un extenso pedido de informes cuya respuesta es indispensable. A su turno, el diputado Claudio Del Plá afirmó: "El Banco Macro está cuestionado desde su origen por lavado de dinero y ahora está denunciado como financista de Boudou en el caso Ciccone. Queremos saber si no es parte de los acreedores-buitre que hoy tienen al país contra las cuerdas. Queremos que hablen los pequeños productores y los empleados públicos para ver cuál es la gestión del banco, qué tasas les cobra cuando deben tomar un crédito. El ministro Parodi se pasea por Nueva York con los gerentes del Macro y del Citibank dando garantías a los tenedores de los bonos que emitió la provincia, garantizados por las regalías petroleras, de que Salta va a pagar (aunque pagar hunda en la pobreza a los trabajadores salteños). Aquellos bonos que financiaron el tristemente famoso Fondo de Reparación Histórica, le permitieron un negocio fenomenal al Macro, que ganó varios millones de dólares como intermediario en su colocación y luego recibió 900 millones de pesos en un plazo fijo por el que pagó 12 por ciento anual a la provincia contra una tasa inflacionaria no menor al 30." Quieren prorrogar el contrato para que el banco se quede con las finanzas públicas y el monopolio del crédito 12 años más, es decir el equivalente a tres mandatos de gobierno, sin ningún tipo de discusión, cuando existe una crisis financiera enorme a nivel país y la provincia encabeza las cifras de desocupación, trabajo en negro y de pobreza estructural. Corresponsal

La militancia del Partido Obrero se encuentra empeñada desde principios de junio en la tradicional campaña financiera que se realiza junto con el aguinaldo para obtener los recursos necesarios que demandan la lucha cotidiana contra los despidos, las suspensiones y el ajuste que el gobierno y las patronales quieren descargar sobre las espaldas de los trabajadores. Durante las próximas dos semanas, la campaña entra en un momento fundamental con el cobro del salario y los aguinaldos. Nos proponemos conquistar la adhesión de miles de trabajadores, con planes especiales de campaña en gremios como docentes, estatales, petroleros, perfumistas y gráficos entre otros, para apuntalar el desarrollo de una corriente clasista en el movimiento obrero y, ahora también, para sostener su propio periódico como El Clasista. En la juventud nos proponemos reunir el apoyo de miles de jóvenes de las universidades y los colegios, en particular, de la UBA, en la perspectiva de desarrollar a fondo una UJS de masas para enfrentar el ajuste en la educación. La campaña en este sector es clave, pues nos encontramos a poco tiempo de entrar en el receso por las vacaciones de invierno. En los locales partidarios, se vienen desarrollando actividades para la recolección de aportes, colectas y actividades especiales como cenas, fiestas y torneos de fútbol. Las cenas y las fiestas reúnen a una gran cantidad de nuevos sectores que se han acercado a la izquierda a partir del ascenso registrado por el Frente de Izquierda. Los compañeros del Polo han participado con múltiples actividades como locrazos o polladas en las villas de Capital y la provincia. Nos planteamos el objetivo de realizar una gran campaña financiera para abrir locales en nuevos barrios de Capital y Gran Buenos Aires. Al mismo tiempo, la campaña plantea un desafío en provincias como Salta y Mendoza, donde el PO y el Frente de Izquierda han registrado un desarrollo electoral extraordinario que ahora queremos traducir en la organización de los miles de simpatizantes que nos apoyan, y en aquellas provincias donde estamos comenzando a poner en pie al partido como Misiones, Chubut y La Rioja. Vamos por una gran campaña financiera para fortalecer el desarrollo de una alternativa obrera y socialista. Ezequiel Queka

PATY La empresa llevó delante un lock-out patronal y les informó a los trabajadores que cerraría la planta para trasladarla a Santa Fe, dejando a 250 familias en la calle. No despidió directamente a ningún trabajador, pero al anunciar el cierre de la empresa les ofreció un retiro voluntario de un 20% encima de la indemnización correspondiente. Un centenar de trabajadores con su cuerpo de delegados, ocupó la planta en defensa de su fuente de trabajo. Pero con un gigantesco operativo policial se produjo el desalojo de la planta. Entonces, la inmensa mayoría de los trabajadores aceptó el chantaje de los retiros voluntarios quedando en lucha unas decenas de compañeros. A partir de momento, decidieron encadenarse en los ingresos para evitar el vaciamiento. El jueves a la madrugada irrumpió la infantería y corrió a los trabajadores que se encontraban encadenados. Luego se retiraron un par de camiones con herramientas que son fundamentales para su funcionamiento. Ese mismo día hubo una reunión en el Ministerio de Trabajo de la zona, donde denunciaron el vaciamiento, sin que haya respuesta alguna para garantizar la continuidad laboral. El viernes, los delegados junto a dirigentes sindicales de varios gremios hicieron una conferencia de prensa, también con los diputados del Frente de Izquierda, en el Congreso Nacional y acordaron presentar un proyecto de ley para defender la fuente trabajo. Más tarde se movilizaron en un importante número al sindicato para exigir la intervención del gremio en el conflicto. El sindicato se niega a tomar ninguna medida de lucha por Paty. La zona norte es un polvorín con conflictos en el parque industrial: Gestamp, Paty, Lear. Frente a la crisis económica y política del gobierno y la situación recesiva las patronales, con la abierta complicidad de la burocracia sindical, se han largado a despedir y suspender trabajadores. Los reclamos contra los despidos y las suspensiones están a la orden del día, lo que amerita una gran campaña nacional por su prohibición y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la nacionalización de toda empresa que cierre, bajo control de sus trabajadores. Don Ald

SALTA Después de casi dos meses de dilaciones, en la sesión del martes 1º de julio de la Cámara de Diputados salteña, el oficialismo terminó aprobando una vergonzosa sanción al diputado del Partido Obrero, Claudio Del Plá, responsabilizándolo por las acciones de protesta que llevaron adelante los docentes el 6 de mayo pasado sobre la Legislatura. En esa ocasión, estos se movilizaron y rodearon la legislatura para exigir la derogación de la Ley 6.821, que fue impuesta por el ‘neoliberal’ Romero en 1995 y que reglamenta y sanciona el derecho a huelga para los estatales. Un régimen reaccionario La comisión armada por el oficialismo para determinar una sanción a Del Plá estuvo viciada desde el inicio. Estos se dieron mayoría absoluta e impidieron, en primer lugar, que se establezca un procedimiento de relevo de pruebas que habilite una verdadera investigación. Así, rechazaron los testigos que desde la defensa del PO exigimos se citasen, como también evitaron que se cite a los trabajadores en que cobardemente se escudó el oficialismo para acusar a Del Plá. Aun cuendo el resultado de la comisión estaba cantado de antemano por estos vicios de procedimiento, los partidarios del gobernador Juan Manuel Urtubey comenzaron a vacilar y a dilatarlo, ya que no tenían en claro el saldo político de una sanción a Del Plá. A la comisión llegaron miles de firmas, pronunciamientos de sindicatos, organismos de derechos humanos, concejos deliberantes y personalidades en general, rechazando cualquier tipo de sanción. Por esta misma razón, el oficialismo degradó sus propias pretensiones y dictaminó en favor de un “severo llamado de atención”. El romerismo hizo lo propio, cuando planteó un dictamen confuso, reconociendo que no había comprobado ninguna de las acusaciones contra Del Plá pero, a la vez, afirmaban que la cuestión de privilegio abierta ya era suficiente sanción y que por esto no correspondía ninguna otra. En la sesión en donde los urtubeístas votaron la sanción, y donde recién se pudo conocer la letra de los dictámenes, llegaron al ridículo de cambiar la acusación contra Del Plá. Después de acusarlo de “instigar” a los docentes a rodear la Legislatura, finalmente el dictamen oficialista cambió el libreto y terminó acusándolo de actitudes “deshonestas”, lo que agrava aun más los vicios de procedimiento. Esto le valió una crisis en el propio recinto, ya que diputados liberales del oficialismo y la oposición votaron en contra de la sanción, para evitar lesionar las facultades de expresión política que necesariamente tienen que tener los parlamentarios. Ya los diputados del PO habíamos advertido esto, denunciando que el oficialismo atrasaba 400 años de historia al sancionar a un diputado por un discurso político, violando los fueros consagrados, justamente, para evitar que se imponga mordaza alguna sobre los que somos elegidos por el voto popular para defender este interés dentro del parlamento. Advertimos, también, que los que se dicen demócratas violaron sus propios mecanismos y procedimientos institucionales, para poder avanzar en una sanción contra Del Plá. El oficialismo, conciente de esta situación, prefirió votal la sanción para presentar la lucha docente como una conspiración antigubernamental urdida por el PO, como si el gobierno, y el régimen social que defiende, no fuera responsable de la devaluación y la inflación, los salarios de miseria, la precariedad laboral, el derrumbe educativo y la cooptación sindical. Un claro intento de encubrir sus responsabilidades políticas y de vaciar de contenido social la lucha docente, pero también de contenido político. Urtubey teme como a la peste el avance del PO como expresión de un desarrollo más general: el de un polo social e histórico que cuestione este régimen de explotación desde sus raíces y proponga su superación. Ante esta tendencia histórica, los que se tildan de “demócratas” no tienen empacho de avanzar contra los limitados visos democráticos de su propio régimen y, cuando se sienten amenazados, rápidamente dejan de lado las formas para defender sus sillones de burócratas contra el pueblo. Lucha democrática y gobierno de los trabajadores En la defensa de Del Plá y la denuncia de esta verdadera Inquisición, dejamos en claro que ningún tipo de sanción doblegará la convicción del PO de defender el mandato popular para el que fuimos votados: la defensa de los intereses populares contra el ajuste que impulsa el kirchnerismo, Urtubey y el conjunto de la oposición tradicional; y el desarrollo de una alternativa política independiente. El campo de acción que abre este tipo de avanzadas reaccionarias, coloca al PO como el único referente de defensa de las libertades democráticas de la población. Por eso evaluaremos la posibilidad de impugnar judicialmente la violación del debido proceso en la sanción a Del Plá, en la perspectiva de unir la lucha contra toda avanzada reaccionaria y antidemocrática y la necesidad de lucha por un gobierno de los trabajadores -como expresión más plena de la democracia política y de la soberanía popular. Julio Quintana

ROSARIO Con un salón de actos con más de 200 compañeros, tuvo lugar la charla sobre las conclusiones del XXII congreso del PO con Jorge Altamira en la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR. La actividad tuvo como marco la huelga general de la docencia universitaria, y una extensión de la huelga salarial en la ciudad de Rosario con paros y movilización de Amsafe Rosario, Pami y Anses. Por ello, la charla en sí misma fue un fuerte pronunciamiento por la victoria de estas importantes luchas en curso. La secretaria general del gremio de docentes universitarios, Gloria Rodríguez, saludó en su inicio. La charla contó con la presencia de jóvenes universitarios, terciarios y secundarios empeñados en una fuerte campaña por la victoria de los docentes. Trabajadores de diversos gremios de la ciudad y del cordón industrial se acercaron a presenciar la charla. Concurrieron compañeros delegados e integrantes de comisiones internas de numerosas fábricas y una gran cantidad de docentes. Por el gran número de intervenciones y planteos a la hora del debate, la charla funcionó como una gran asamblea en la cual distintos compañeros daban opiniones al respecto. Altamira comenzó exponiendo sobre el lugar alcanzado por la izquierda en el país. Señaló que la izquierda se ha transformado, a través del Frente de Izquierda y del Partido Obrero en un principio de referente político de la clase obrera y del conjunto de los trabajadores y no ya simplemente en un protagonista sindical. Para la Argentina, esto significa una transición histórica, desde el momento que en la estructura política del país, el movimiento obrero estaba dominado políticamente por el peronismo y por la burocracia sindical. Es decir que estamos disputando la realidad histórica de los últimos cincuenta años. En referencia a la iniciativa de convocar a un congreso de la izquierda y del movimiento obrero, Altamira expuso que lo que debe comprenderse de nuestra propuesta en relación a este congreso es que queremos señalar públicamente y hacer conciente que la perspectiva política del país tiene un nuevo eje, y es la izquierda y el movimiento obrero como un bloque político común. El mismo día de la charla, Kicillof anunciaba el depósito a los acreedores. Altamira señaló que pagar 700 millones de dólares en Buenos Aires y 300 en Nueva York significa que los buitres están en casa. La deuda externa es un tributo que pagan los trabajadores argentinos a los capitalistas extranjeros y nacionales. Detrás de este pago, hay una acción desesperada, una aventura. Cuando la izquierda plantea repudiar esta deuda, es porque quiere destinar los recursos del país al desarrollo de los trabajadores y del propio país. Bajo los gobiernos actuales esos recursos salen de la Argentina y vuelven en la forma de un mayor endeudamiento. Es un mecanismo histórico de confiscación del capitalismo sobre los trabajadores. Damián Blanco

RR Donnelley Foto: Santiago García Sánchez El texto que fundamenta el Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC) presentado al Ministerio de Trabajo por la patronal es una verdadera declaración de guerra. Anuncia el despido de 123 gráficos (habría más bajas de trabajadores no convencionados) con el 65 por ciento de la indemnización a abonar en doce y veinticuatro cuotas, la posible modificación de turnos, una reasignación de tareas y la rebaja del 40 por ciento del salario para el personal "sobreviviente". Exige al ministerio un tratamiento expeditivo y amenaza con discontinuar sus operaciones en caso de no prosperar la solicitud. ¿Cómo responder a semejante chantaje contra no ya 123, sino más de 300 familias gráficas? Es claro que el rechazo formal, cosa que ya han hecho la interna y el sindicato, es un paso necesario. Habitualmente esto debería trabar el procedimiento administrativo, pero no será un freno a los despidos. Apostar fichas a esta variante sería la vía más corta a una derrota. El fracaso de los planes empresarios o incluso la apertura de una negociación dependerá de la contundencia de la reacción obrera. La clave es preparar desde ahora la huelga y la ocupación de la planta. La "paz social" que ordena el ministerio hasta que concluya el trámite del PPC nos plantea una cuestión de estrategia. Los despidos en ciernes no pueden enfrentarse tan sólo con acciones callejeras como las dos movilizaciones -a la sede de Relaciones Laborales y a la esquina de Callao y Corrientes- de las que, por supuesto, participó La Naranja (en la segunda con una delegación numerosa de AGR-Clarín). La sobrestimación del impacto mediático es uno de los peores males de una parte de la izquierda argentina. Defendemos un concepto que motivó debates en otros conflictos como el de Jabón Federal en 2006 y el de FP Impresora en 2009: los recursos legales o los espacios en la prensa pueden "ayudar", pero no sustituyen la lucha colectiva, directa, por el control del lugar de trabajo; es decir la huelga y consecuentemente, la ocupación. No se nos escapa que desde Valeo y mucho más después de Gestamp, el gobierno lanzó una cruzada contra el peligro de las ocupaciones de fábricas. Pero se trata de un "reconocimiento" por la negativa de la eficacia de un método que el movimiento obrero ha incorporado a su programa histórico contra los cierres y despidos masivos. La "declaración de alerta y movilización" de la Federación Gráfica Bonaerense es para la foto; todo el mundo sabe que el ongarismo siempre fue funcional a los despidos. Ahora mismo, los compañeros de Impresores están siendo víctimas de una lenta sangría sin que la nueva interna verde diga "esta boca es mía". El sindicato denuncia que la caída de la producción esgrimida por la patronal de Donnelley se debe al desvió de trabajos, pero no hace nada para impedirlo. Más aún, se enfrentó duramente a los activistas de AGR cuando realizaron piquetes frente a algunos talleres para defender su conflicto. De manera que lo primero que debe garantizar el sindicato es un cordón de solidaridad, haciendo asambleas desde ahora mismo en todos los talleres de la especialidad para que no se impriman las revistas y trabajos de Donnelley. Hay que arrancar la convocatoria urgente a un plenario de delegados para poner en marcha una amplia movilización y transformar la lucha contra los despidos en Donnelley en una batalla decisiva por la estabilidad en todo el gremio gráfico. Miguel Bravetti

Con Cintia Frencia y el pueblo de Córdoba Expresamos nuestra solidaridad y nos ponemos a disposición del pueblo de Córdoba y de la legisladora del Frente de Izquierda Cintia Frencia. Repudiamos la represión ordenada por el delasotismo para aprobar la mal llamada "ley de medio ambiente", la cual está pensada para los grupos capitalistas responsables de la depredación ambiental y el saqueo. Concretamente, a favor de Monsanto. Consideramos que la legisladora Cintia Frencia es víctima de una gran campaña de difamación que lanzaron los legisladores del radicalismo y a la que se sumó el propio gobernador de la provincia. Los legisladores que hoy la juzgan y hablan de democracia son los mismos que hicieron todo lo posible por que esta ley sea aprobada de espaldas a la ciudadanía. Este ataque al pueblo de Córdoba se inscribe en una ofensiva de los pulpos capitalistas por echar mano a los bienes comunes y recursos naturales; en Mendoza, a favor de los pulpos megamineros con el intento de modificación de la ley del pueblo 7.722, que prohíbe el uso de materiales contaminantes en la actividad minera. Nosotros decimos: No a la sanción a la compañera Cintia Frencia. No a los agrotóxicos, por un ambiente sano, fuera Monsanto de Córdoba. No a la modificación de la ley 7.722, fuera los pulpos megamineros de Cuyo. Guillermo "Polo" Martínez Agüero - Soledad Sosa - Javier Riollo, por la junta ejecutiva de la Central de Trabajadores Argentinos Mendoza

EXCLUSIVO DE INTERNET Los gremios ferroviarios acaban de firmar con el gobierno un acuerdo salarial del 28%, más el pago de dos únicas sumas fijas no remunerativas de entre 1.000 y 2.750 pesos, a pagar con los sueldos de julio y noviembre, y que desde enero de 2014 se incorporarían al básico, incrementando otros 4 puntos, aproximadamente, el incremento salarial final. Una vez más, los sindicatos firmaron de espaldas a los ferroviarios, cuyas expectativas en una verdadera pelea por el salario crecieron con el quite de colaboración del Sarmiento por el 40% de aumento y del cobro de la deuda por tickets, más el resarcimiento por cambio de empresa. Sin embargo, la conciliación obligatoria dictada por el gobierno alcanzó para enfriar esa lucha y, con el marco de la crisis con los fondos buitres de fondo, los gremios se avinieron a acordar 10 puntos por debajo de la inflación anual estimada y resignar la deuda que reclaman los trabajadores. No hay cláusula alguna que actualice el salario frente a una inflación que se disparará como consecuencia del ajuste actual y del que sobrevendrá para afrontar el reendeudamiento de Kicillof. Los adicionales pactados representan menos de lo que volverá a las arcas del gobierno por el impuesto al salario, contra el cual tampoco lucha la dirigencia gremial. Se trata de una nueva rebaja del salario. Esta nueva traición debe ser repudiada por los trabajadores. Es la consecuencia de tener a la Unión Ferroviaria de rehén de la candidatura presidencial de Randazzo, quien pretende postularse haciendo campaña contra los ferroviarios, a quienes hace responsables del colapso de los ferrocarriles. El cacareo pseudocombativo del líder de La Fraternidad Omar Maturano, que junto a Fernández de la UTA amenazaron con un paro del transporte si el gobierno ofrecía menos del 35 por ciento, se derrumbó más rápido que el plan de lucha de Moyano. A medio camino entre el camionero y la CGT Caló, la conducción fraternal editó un afiche con la consigna "unidad sindical contra los buitres", mientras Maturano se reunía en un asado con el Gallego Fernández, el segundo de Pedraza preso por el asesinato de Mariano Ferreyra, y con la gerencia del Roca. Una unidad empresaria y criminal contra los trabajadores. Para luchar por el salario, la deuda de tickets y todos los derechos adquiridos, contra la persecución laboral de Randazzo y para que el ajuste no lo paguemos los trabajadores, necesitamos una UF independiente de la patronal y el Estado. Proponemos convocar un congreso ferroviario de base para unir a todos los que queremos una nueva dirección democrática y de lucha en los ferrocarriles. Para impulsar asambleas que rechacen este acuerdo y retomen todos los reclamos postergados. Para poner en pie listas independientes y antiburocráticas para las próximas elecciones de delegados en todas las líneas ferroviarias. Jorge Darío Hospital Añadir nuevo comentario

Por un congreso de la izquierda y el movimiento obrero Vení a debatir las conclusiones del XXII Congreso del Partido Obrero Agenda de Jorge Altamira Jueves 3 de julio, recorrida de medios y charlas en Chaco y Formosa Miércoles 16 de julio, a las 18 hs, en el salón de actos de la Escuela Nº 1, Mitre 144 (Marcos Paz) Viernes 18 de julio, a las 18 hs, en el Sitraic (Remedios de Escalada) Sábado 19 de julio, 13 hs, en Av. Belgrano 1356 (Avellaneda) Sábado 19 de julio, a las 19 hs, inauguración del nuevo local en San Isidro (Márquez y Panamericana). Agenda de Néstor Pitrola Jueves 3 de julio, acto en Córdoba en apoyo a Cintia Frencia Viernes 11 de julio, cena con docentes universitarios en Mitre 2162, Capital Federal Martes 15 de julio, gira y recorrida por Bahía Blanca Viernes 18 de julio, gira y charla por La Plata Sábado 19 de julio, en Ezeiza (Santa Angela 321), 18 horas. Agenda de Guillermo Kane Sábado 26 de julio, a las 19 hs, en Merlo (Cámpora 2161). Agenda de Marcelo Ramal Sábado 5 de julio, a las 17 hs, charla en Villa 31 (Bº Cristo Obrero, Mz: 11 C: 51bis, Villa 31 bis) Miércoles 9 de julio, a las 13 hs, locro en Villa Ortúzar (Charlone 1999) Sábado 12 de julio, a las 17 hs, en Parque Patricios (Av. Caseros 3093) Martes 22 de julio, a las 18 hs, mesa redonda por proyecto de enfermería en la Legislatura. Agenda de Gabriel Solano Viernes 4 de julio, a las 17 hs, con trabajadores del subte en Mitre 2162 Martes 8 de julio, a las 18 hs, debate en la Unqui con Rolando Astarita (Roque Sáenz Peña 352, Bernal) Jueves 10 de julio, a las 18 hs, charla en la Facultad de Arquitectura de la UNLP. Agenda en la Provincia de Buenos Aires Jueves 3 de julio, a las 18 hs, San Vicente 51 (Villa Domínico), charla con Hugo Lorenzatto. Agenda en la Ciudad de Buenos Aires Sábado 5 de julio, a las 16 hs, Freddy Gima en Balvanera (Alsina 2268) Sábado 12 de julio, a las 17 hs, Ezequiel Dolber en La Boca (Alte. Brown 600) Sábado 12 de julio, a las 16 hs, Rubén Schofrin en Devoto (Av. San Martín 1600) Sábado 19 de julio, a las 16 hs, Vanina Biasi en Ortúzar (Charlone 1999) Sábado 19 de julio, a las 16 hs, Sergio Villamil en Floresta (Av. Segurola 1810) Sábado 19 de julio, a las 16 hs, Freddy Gima en Boedo (Cochabamba y Prudan).

El final del primer semestre y el comienzo del último período del ciclo lectivo están surcados por el reinicio de paros y movilizaciones docentes que reclaman la reapertura de las discusiones salariales y la atención de un largo listado de reivindicaciones, el cual está encabezado por la falta de pago a miles de trabajadores, el deterioro sistemático de la infraestructura y del mobiliario, y el recorte drástico de los comedores escolares. En Amsafe-Rosario, en una votación masiva en las escuelas, la docencia rosarina votó mayoritariamente la moción de paro de 24 horas de advertencia para reabrir la discusión salarial, a propuesta de Tribuna Docente, que ganó frente a la postura contraria a salir al paro del resto de las agrupaciones de la comisión directiva. La huelga se realizó el 26 de junio y la adhesión de los docentes fue masiva. También resolvieron no iniciar las clases al regreso de las vacaciones. El mismo día del paro de Amsafe-Rosario, en la ciudad de La Plata se reunió el cuarto Plenario Provincial de Delegados de escuela con mandato, convocado por los Suteba combativos, que dirigen nueve de las principales y más numerosas seccionales de Buenos Aires. Participaron más de 700 delegados. Una enormidad, representativos de más de 5.000 docentes. Además de las seccionales combativas, los delegados provenían también de 17 seccionales dirigidas por la burocracia celeste. Luego de una jornada de debate, por unanimidad se resolvieron acciones distritales durante la primera y segunda semana de julio. Para la semana del 14 de julio, se votó una jornada de movilización provincial y la propuesta de un paro de 24 horas a refrendar en asambleas de cada distrito, con fecha tentativa para el 16 de julio. Se votó también el no inicio después del receso invernal, con paro y asamblea. En Salta, el 5 de julio próximo, una nueva asamblea provincial de docentes autoconvocados, ante el incumplimiento de los principales puntos acordados con Urtubey al finalizar el conflicto, se prepara para reiniciar la huelga al regreso del receso invernal. En Misiones, un sector de la docencia convocó a parar el 26 de junio, el 1º y 11 de julio. En Tierra del Fuego, por salarios, defensa del régimen jubilatorio y contra la reforma educativa que todavía no se aplicó por completo en la isla, también habrá medidas de fuerza. En Jujuy, el 2 de julio los docentes de media y superior en el Cedems también van al paro, y Ademys ha convocado a un cese de tareas para el 3 de julio, también preparatorio de medidas de lucha más profundas. En Santa Cruz también está planteado enfrentar el deterioro salarial con medidas de fuerza que serán discutidas por docentes y estatales. Allí donde la docencia tuvo la posibilidad de deliberar y organizarse sin condicionamientos, se expresó una tendencia a enfrentar el ajuste K, lo cual expresa el estado general del gremio. Contrariamente, el 27 de junio, Ctera realizó un congreso clandestino, desconocido para la inmensa mayoría de los docentes del país. Mientras en el plenario de los Suteba combativos se repudió el pago de la deuda extrena, en el congreso de Ctera se avaló la política de capitulación colonial del gobierno cristinista ante los fondos buitre y se aprobó la elaboración, junto con el gobierno nacional, de un convenio laboral docente, también desconocido por la mayoría de los trabajadores, que implica la eliminación de los estatutos docentes y la conculcación de los derechos de los trabajadores de la educación. Ese mismo día, el encuentro nacional docente de oposición tomó una serie de medidas de acción conjunta en todo el país, encabezada por una jornada nacional de lucha por la reapertura salarial, con paros y movilizaciones, para el 4 de agosto. Romina del Plá Daniel Sierra

CORDOBA A una semana de aprobada la "ley Monsanto", en medio de una brutal represión descargada sobre los manifestantes y las asambleas populares que expresaron el rechazo a la ley, las calles de Córdoba fueron copadas nuevamente por cientos de jóvenes, organizaciones sociales y de izquierda para denunciar el carácter represivo del gobierno, para terminar con la impunidad y exigir la derogación del Código de Faltas. A la marcha, convocada desde hacía más de un mes, se sumó el rechazo a la ley provincial de ambiente. La columna fue encabezada por familiares de Lautaro Torres, Exequiel Barraza y Ezequiel Avila, víctimas de gatillo fácil; y se destacó una activa presencia de la Asamblea de Malvinas Argentinas y miembros de demás asambleas ambientales, así como también el Colectivo de Jóvenes, quienes organizan la "marcha de la gorra" contra el código de faltas todos los años. El acto de cierre se realizó en las puertas de la Policía Federal para repudiar no sólo el accionar impune de la narcopolicía cordobesa, sino también la represión sufrida por las organizaciones sociales en Buenos Aires, cuando se solidarizaron con la lucha contra Monsanto. El documento común leído realizó una contundente denuncia contra el avance de las políticas represivas por parte del gobierno provincial, denunció el carácter descompuesto del aparato policial y sus lazos con el narcotráfico, las redes de trata y el crimen organizado, y finalmente denunció los intentos de reforzar este aparato descompuesto por parte del gobierno de De la Sota para hacer pasar medidas de ajuste y proyectos antipopulares que son activamente resistidos por los cordobeses. Las organizaciones convocantes se pronunciaron contra el ataque a la banca del Frente de Izquierda descargada por peronistas y radicales, señalando que se trata de una maniobra política digitada desde el ejecutivo provincial, con el único objetivo de combatir a la única oposición política, y avanzar en la instalación de Monsanto Cintia Frencia, legisladora del Frente de Izquierda

EXCLUSIVO DE INTERNET El domingo 18 de septiembre de 2011, Paula Perassi, oriunda de la ciudad de San Lorenzo (Santa Fe) recibió un llamado telefónico a su celular. Se despidió de sus dos hijos (de 4 y 6 años), de su pareja y se fue. Dijo que iba a buscar la tarea de uno de sus chicos, salió con lo puesto, sin documentación y desde ese momento no se supo nada de ella. Desde el día siguiente, sus padres y su esposo comenzaron a realizar las denuncias para saber dónde estaba. Su padre pidió la lista de llamados a la compañía de celular, la llamada había salido de un locutorio de la ciudad. Sin embargo, la policía llegó recién a los once días a retirar la cinta, cuando las filmaciones ya habían sido borradas automáticamente. A los diezas de la desaparición se acercó Strumia (hasta ese momento amigo del papá de Paula, Alberto Perassi) al taller de Perassi y le mostró un mensaje con un número de celular, diferente al de Paula, que decía "estoy llegando a San Juan. Soy Paula". Luego se supo que Paula estaba embarazada de seis semanas, y que ese embarazo era de una relación extramatrimonial con este hombre, Gabriel Strumia -hubo 40 llamados cruzados entre Paula y Strumia días anteriores a la desaparición. Detenido junto a su mano derecha, Antonio Díaz, Strumia permaneció en prisión por poco más de dos meses, cuando fue liberado y desprocesado. El 18 de cada mes se realiza en San Lorenzo una marcha para pedir justicia por Paula. Con el juez, Eduardo Filocco, y el fiscal, Román Moscetta, en la mira de quienes reclaman justicia, por su desempeño en la causa luego de dos años y nueve meses de la desaparición. Alberto habla de complicidad entre funcionarios judiciales, políticos y la policía, ya que el principal sospechoso estaría vinculado con un alto funcionario de la Unidad Regional XVII de Policía de San Lorenzo, Daniel Puyol, que no accionó frente a ninguna de las denuncias de la familia y tiene una relación de amistad y de negocios con Strumia. Además, según explican los abogados de la familia Perassi, hubo una total inacción del fiscal Román Moscetta, así como de la fiscalía municipal que preguntó sobre el caso recién al año y siete meses de su desaparición. El mes pasado Perassi llevó su caso a la cámara de la Nación para plantear su tema en una audiencia que convocó el Frente de Izquierda por el caso Paulina Lebbos de Tucumán. Allí se señaló "que los testimonios expusieron una impunidad cuya envergadura no admite otra salida que una revolución social, no alcanza con una limpieza aislada del sistema jurídico o policial". Se llamó a una movilización para el próximo 9 de julio en Tucumán, en el marco de una sesión especial contra la impunidad, además de un proyecto de resolución para lograr una comisión bicameral de observación de los derechos humanos en Tucumán. Una delegación de sanlorencinos junto al papá de Paula estará presente en dicha movilización. Jorgelina Signa

Aniversario del estreno de La Patagonia rebelde El 13 de junio de 1974 se estrenó “La Patagonia rebelde”, film basado en el documentado libro de Osvaldo Bayer Los vengadores de la Patagonia trágica, que describe como pocos uno de los episodios más infames en la historia de la clase dominante argentina y su Estado. En 1921, los trabajadores santacruceños, con su lucha, alcanzaron un alto grado de organización y conciencia, e impusieron a los explotadores varias conquistas. La oligarquía local se sintió humillada y el gobierno radical de Hipólito Yrigoyen envió al Ejército, el cual masacró a los huelguistas al declararse la ley marcial. Se calcula que 1.500 trabajadores (en su mayoría peones de campo) fueron fusilados y enterrados en fosas comunes. Los delegados de los peones, tras ser señalados por sus patrones, fueron apaleados antes de ser matados. A diferencia de otras películas del cine político de la época, “La Patagonia Rebelde” no fue filmada en la clandestinidad ni por un grupo de cineastas vinculado con la izquierda, sino bajo el gobierno constitucional de Cámpora y por un director proveniente del cine comercial, Héctor Olivera, con la asistencia en el guión y los sets de filmación de Bayer. El final del largometraje tuvo que ser cambiado por amenazas de los militares. El gobierno de Perón "demoraría" su estreno dos meses. En los pocos meses que estuvo en cartel, fueron a verla 400 mil personas. Isabel, finalmente, prohibió la película, y Olivera, Bayer, los actores y gran parte de la producción fue amenaza por la Triple A, lo que obligó a muchos al exilio. “La Patagonia rebelde” recién se pudo ver en la Argentina diez años después. Estrenada a dos años de los fusilamientos ocurridos en la vecina Trelew, la película (que contaba con un gran elenco) no podía dejar de estar inmersa en el clima político y los debates de su época de realización: por ejemplo, el rol del ejercito como último recurso de las clases dominantes frente la lucha popular y la cuestión de la autodefensa frente a la violencia del opresor. Tampoco está ausente una sensación premonitoria. "Hay que arrancar a la subversión de cuajo", dice el comandante Zavala (basado en el teniente coronel Varela, jefe de la represión). En otro momento, Zavala/Varela anticipa también el discurso de la "obediencia debida" y desenmascara al mismo tiempo la responsabilidad yrigoyenista: "Tal vez digan que fui un militar sanguinario, pero nunca dirán que fui un militar desobediente". “La Patagonia rebelde” es una gran cumbre del cine nacional, aunque se critique su linealidad y didactismo. En efecto, es una película que quiere narrar de forma concentrada y clara un proceso político, una situación de lucha que asumió características cada vez más dramáticas, donde los personajes revelan su personalidad en la confrontación. El "didactismo", es decir, el objetivo explicativo está reflejado en su apego a los hechos, sin dejar de desarrollar al mismo tiempo una búsqueda estética. Ahí está para probarlo la gran reconstrucción de época o la capacidad de los realizadores de llevar a la pantalla la tarea que se dieron esos militantes del sur para organizar a trabajadores de las ciudades y las estancias, recorriendo cientos de kilómetros de paisajes hermosos y desiertos casi sin recursos ni cuadros. El espectador no puede dejar de sentir la piel de gallina cuando, en la última asamblea, el secretario general de la Sociedad Obrera de Río Gallegos, Antonio Soto (interpretado por Luis Brandoni), insiste en continuar la huelga, porque rendirse era equivalente a ser derrotado y la derrota equivalía a la muerte. Bayer -a quien actualmente buscan censurarle un documental sobre la historia económica de la familia Martínez de Hoz- repudió en una carta la condena a los petroleros de Las Heras en Santa Cruz. Hoy, como ayer, el Estado actúa con sus diferentes instituciones contra los trabajadores que luchan y se organizan para mejorar sus condiciones de vida. Nicolás Rijman

TUCUMAN Luego de 45 días de lucha, la docencia tucumana está enfrentando ahora un intento de carneraje, tutelado por las propias autoridades de la UNT, en las escuelas preuniversitarias. La asamblea de Adiunt votó enfrentar el carneraje con ocupaciones de colegios y la denuncia judicial de los responsables políticos. También votó protestar durante la visita del ministro Sileoni a Tucumán. A su vez, un sector de la dirigencia de Adiunt, el jueves 26, creyó que podía levantar por mail una marcha de antorchas, que estaba convocada por una asamblea masiva, argumentando razones climáticas. La docencia realizó la marcha igualmente y pasó factura de esa actitud. Este hecho volvió a demostrar que el proceso de lucha está bajo el control de la asamblea general y de un cuerpo de activistas de distintas facultades que garantizan el cumplimiento de las resoluciones de esa asamblea. También se exigió nuevamente a la CTA un paro nacional. Desde la Naranja lo venimos reclamando desde el primer día de esta huelga. La CTA Tucumán se ha limitado a mandar dos personas con chaleco a las marchas y actos. La conducta de la CTA tucumana es similar a la de la CTA nacional. Ahora ya estamos frente al cierre del cierre del cuatrimestre y el receso invernal, lo que nos plantea el desafío de organizar la lucha bajo otra forma, para retomar la huelga con la finalización de las vacaciones. Diego Toscano

CORDOBA Foto: Virginia Tadey Un proceso sustentado en falsedades. Radicales y peronistas sesionan en secreto para sancionar a Frencia. No le permiten a nuestra legisladora hacer preguntas a sus acusadores. Atacan a la única banca que se opuso a la ley Monsanto. El Frente de Izquierda defiende el mandato popular. Desenvolvamos una fuerte campaña contra cualquier sanción a Cintia. El gobierno provincial, en sociedad con el radicalismo, y respaldado por el silencio cómplice de juecistas y kirchneristas, ha lanzado una ofensiva contra el Frente de Izquierda. Mediante falsas acusaciones responsabilizan a nuestra legisladora, Cintia Frencia, así como también a Eduardo Salas, de instigar a la violencia y de señalar a legisladores del radicalismo para que sean atacados por los manifestantes que se movilizaban a las puertas de la Legislatura provincial en rechazo a la aprobación de la ley Monsanto. Sobre esta base, radicales y delasotistas iniciaron dentro de la Legislatura una cuestión de privilegio para sancionar a Frencia. Se trata de un proceso lleno de irregularidades: reuniones cerradas donde no se permite el ingreso ni a la prensa ni a las autoridades del bloque del Frente de Izquierda, donde se impide a Frencia ejercer su derecho a defensa haciendo preguntas a quienes la incriminan, porque bastaría con un pedido de precisiones para hacer caer testimonios que son insostenibles. Exigimos que las reuniones sean públicas y se permita preguntar a la legisladora. El intento de sanción a Cintia es una maniobra política, cuyo objetivo es atacar a la única banca que denunció claramente el carácter reaccionario de la ley que se aprestaban a votar, y que le opuso un proyecto alternativo respaldado por las asambleas populares. El ataque al Frente de Izquierda es un tiro por elevación al movimiento popular que puso un freno a la instalación de la multinacional Monsanto, un movimiento que no pudieron quebrar, a pesar de la represión sistemática sobre el acampe o las movilizaciones contra Monsanto. La directiva para semejante ataque fue dada desde el propio gobierno provincial, primero con la intervención del gobernador De la Sota atacando a Frencia a través de los medios masivos de comunicación y, luego, con el vicepresidente provisorio de la cámara, Oscar González, quien, en una nota de opinión en La Voz del Interior, señala como indisociable el voto del Frente de Izquierda en la legislatura con los "sectarios encapuchados, recalcitrantes, (que) ejecutaban un oscuro mandato... mediante amenazas, insultos y destrozos". Buscan condenar al Frente de Izquierda por defender férreamente el mandato popular que nos dio la banca. A la vez, se condena el conjunto de nuestro accionar político. Nuestra campaña contra los despidos y suspensiones colocó al gobierno provincial y a la oposición del lado de las patronales. Quedó claro, frente a los trabajadores, quiénes somos los que ofrecemos un programa de salida obrera ante la situación crítica en la industria automotriz. Nuestra agitación política con el proyecto, dentro y fuera de la Legislatura, obligó al oficialismo y a la oposición a pronunciarse, arrancó una sesión especial, fogoneó el proceso de lucha dentro de la UOM -que le impuso un paro general a la burocracia delasotista de Urbano. Finalmente, montamos un acto internacional contra los despidos y suspensiones. De la misma forma actuamos ante conflictos como el de Weatherford y Estancias del Sur. Se pronunciaron contra la sanción a Cintia Frencia numerosos activistas de las asambleas de Chavascate, Malvinas Argentinas, Punilla, Todos por San Marcos, Vecinos Unidos de Río Ceballos, Conciencia Solidaria, Río Cuarto sin agrotóxicos, asamblea contra Porta, etc; también lo han hecho la seccional CTA de Río Cuarto, el Partido Solidario de Capilla del Monte, el FPDS, la Fuba, la AGD-UBA, la CTA de Mendoza y diferentes activistas obreros, personalidades y periodistas, delegados docentes, de ATE, UOM y Smata. Avanzamos así con una gran campaña política. Realizaremos, en la puerta de la Legislatura, un acto abierto a todos los sectores contra la sanción, que contará con la presencia de Néstor Pitrola. E. S.

EXCLUSIVO DE INTERNET Daiana Romina Corso (15 años) fue vista por última vez el viernes 13 de junio, subiendo al colectivo que la trasladaba a su escuela. Su madre, Laura, hizo la denuncia policial e intentó ser recibida por algún funcionario de la Municipalidad de Merlo. La derivaron a prensa. Allí le pidieron fotos de Daiana para armar un afiche. Un día después le entregaron a la madre cientos de afiches para que ella misma pegara: "llamado a la solidaridad" estaba inscrito en el afiche, para ocultar la desaparición concreta. La familia distribuyó el afiche junto a vecinos, amigos y familiares de otros distritos. Hasta el 22 de junio, los oficiales de la Comisaría 1ª de Merlo sólo se comunicaban con la madre para preguntarle a ella si tenía novedades (¡!). El fiscal interviniente de la causa no entró jamás en comunicación con Laura. Por la desesperación, la familia sugirió la organización de una marcha al centro de Merlo. Sólo después de hacer pública la convocatoria a la marcha el lunes 23, mediante un comunicado de prensa, empezó a sonar el teléfono de la madre. La inspectora escolar, la secretaria del Ministerio de Seguridad de la provincia, el comisario, el municipio, la directora de la escuela se comunicaron con Laura para ofrecerle toda la ayuda que durante diez días no había recibido. Un puntero del PJ del barrio se entrevistó con la madre también el martes 24, horas antes de la marcha, para recomendarle que no la hiciera, que esa marcha terminaria en disturbios y que no se dejara engañar por "grupos violentos". Nos movilizamos, familiares, vecinos, amigos de Daiana, compañeros del Partido Obrero, del Polo Obrero, un referente de ATE de la zona y una nutrida columna de compañeros de Daiana de la escuela secundaria 25, convocados por el Centro de Estudiantes. La Comisaría 1° de Merlo nos recibió vallada y la Municipalidad de Merlo con una veintena de patoteros. El final de la marcha tuvo su broche de oro: ¡Daiana había aparecido! Se había comunicado con su hermana mayor vía facebook. Estaba en Flores, desorientada y con ganas de volver a su casa. El intendente de Merlo, una vez más, intentó ocultar el problema (en casos de desaparición de mujeres, se recomienda actuar con la mayor celeridad posible, nótese el caso de la chica asesinada en Moreno en la misma fecha que apareció Daiana). Es imperdonable que la fiscalía, la Municipalidad de Merlo y la policía hayan esperado diez días para poner su concentración en el caso de una menor desaparecida. La movilización popular (facebook, comunicado de prensa, pegar carteles y la marcha) recuperó a Daiana y le generó a la nena esa contención social que necesitaba: éramos muchos buscándola. Muchos, pero no todos: policía, Justicia, intendencia son políticamente responsables de inacción. Cristian Franco

El presidente Mujica, con su tradicional demagogia, concurrió al aeropuerto de Carrasco junto a miles de uruguayos a esperar la llegada de Luis Suárez, expulsado del Mundial y del fútbol por cuatro meses, al que le aplicaron una multa de 111 mil dólares. Mujica se dio por enterado allí que la Fifa es una transnacional y que tiene rango de Estado dentro de los Estados, que se rige por sus propios tribunales y que los demás Estados no pueden ni siquiera apelar sus propias y arbitrarias leyes. Para el gobierno del FA, la expulsión de Suárez se transformó en una cuestión de Estado, pero nada dijo el gobierno uruguayo mientras los militares tomaban las favelas ni mientras las movilizaciones de decenas de miles de brasileros eran reprimidas por luchar contra los exorbitantes gastos del Mundial en desmedro de la salud y la educación del pueblo brasileño. Para los que se adaptan fácilmente a los poderosos, tanto Suárez como Maradona eran y son "indefendibles", pero lo único realmente indefendible y lo único verdaderamente antideportivo es la Fifa, una gran multinacional que domina el fútbol mundial con dirigentes que nunca tocaron una pelota y que han trasformado a esa institución en una inmensa comisionista de grandes grupos imperialistas como Nike, Adidas o Coca-Cola, que cínicamente alientan en cada país un nacionalismo trucho que sólo favorece sus grandes intereses, mientras se nutren del trabajo de niños esclavos para hacer pelotas de fútbol y camisetas. No hay nada más indefendible que los dirigentes de la Fifa, que ya han comercializado el próximo mundial en Qatar y que tienen establecida, como Grondona en la Argentina, la reelección eterna de sus dirigentes. Juan Ferro

Con más de un mes de huelga a cuestas, los docentes universitarios tucumanos se pusieron a la cabeza de la mayor lucha del gremio desde 2005. El recule del gobierno, al ofrecer un retroactivo de un mes (que se incorporaría al aguinaldo), fue rechazado por los docentes que reclaman como cuestión fundamental un incremento de emergencia retroactivo a marzo y 8.000 pesos para el cargo testigo. La maniobra orquestada por el ministerio y la burocracia sindical para levantar la huelga sin discusión, el martes de la semana pasada, fue quebrada con una huelga en alza y con la realización de un gran piquete (con partido de futbol incluido) en el Obelisco, denunciando el intento de entrega. La extensión del paro puso de manifiesto la bronca de los docentes universitarios con el acuerdo de 16 meses firmado por las burocracias sindicales con el gobierno en las paritarias 2013, acuerdo que quebraba la fuerza de una lucha conjunta con el resto de los sectores a principios de año. Esta razón pesa a la hora de entender la fuerza de la huelga en la Universidad de Rosario y en los preuniversitarios de Córdoba, ambos dentro de la Conadu yasquista. Todas las burocracias le huyeron como la peste a los huelguistas y firmaron un acuerdo a la baja y hasta julio de 2015. Esto no les será gratuito. Las burocracias oficialistas de Ctera, Fedun y Conadu tuvieron que fingir consultas "a las bases" y demorar la firma ante la bronca de los trabajadores, que en varios casos decidieron continuar la huelga. La oficialista Fedun va a firmar, a pesar de tener un rechazo de la mitad de los docentes y la Conadu le dará la espalda a Rosario, donde el 70 por ciento de los 1.500 consultados votó contra el acuerdo, y a Río Cuarto, que seguirá de paro durante toda la semana próxima. En la La Plata, el rechazo consiguió más del 30% de los votos en la asamblea, donde la Naranja y los activistas tuvieron que enfrentar a los decanos y a los docentes afines de la Facultad Néstor Kirchner de Periodismo. La Conadu Histórica no estuvo ajena a las presiones y, luego del congreso del martes frente al Ministerio de Educación, sesionó su plenario de secretarios generales en Tucumán, la provincia de la rebelión docente que, con una intensa movilización garantizó el rechazo tanto del ofrecimiento del gobierno como de la firma del acta. El plenario reflejó, no obstante, las maniobras de varios sectores para desmoralizar a la docencia, planteando que la firma de las burocracias nos dejarían sin condiciones de seguir con la lucha. En la UBA, la AGD logró, además de un paro creciente, organizar cortes y actos callejeros que lograron instalar en la prensa nacional el conflicto y el programa de los docentes combativos del país. El mejor comunicado de prensa son los 90.000 docentes en huelga, en la mayor medida de lucha en años. Esta razón llevó a un incremento de la persecución judicial que significó esta semana la apertura de una causa contravencional al secretario general del gremio, Santiago Gándara, y al secretario general de Filosofía y Letras, Eduardo Glavich, quien ya ha sido citado. El ataque a los docentes se repite en el resto del país, donde sectores de Franja Morada y del gobierno organizan movilizaciones de alumnos y padres contra la huelga. El lunes se realizó una audiencia en el Congreso de la Nación con Pitrola y diputados de varios bloques en apoyo a la lucha docente. El jueves un nuevo congreso de la Conadu Histórica sesionará frente al ministerio con un nuevo acampe, para evaluar la continuidad de las medidas ante la entrega de la burocracia sindical de los sindicatos oficialistas. Se encuentran dadas todas las condiciones para un gran congreso de delegados de base de los docentes en lucha, para garantizar el triunfo de la huelga y la expulsión de la burocracia docente de la universidad. Cristian Henkel

Crisis de deuda La burguesía argentina y sus partidos hacen coro para reclamar un nuevo arreglo de deuda, pero le ocultan al pueblo sus consecuencias. La condición que pone el capital financiero para refinanciar esta hipoteca es un régimen económico que se adapte integralmente al pago de la deuda, que demolería definitivamente la capacidad de arbitraje del gobierno. Los pilares de ese viraje son, por un lado, el levantamiento del cepo cambiario -que debe conducir a una fuerte devaluación-, y por el otro, un brutal ajuste fiscal, que lleva a su vez a un tarifazo en regla. El kirchnerismo quiere demostrar que va en esa dirección. Por eso, aumentó el transporte y los combustibles, una de las exigencias fundamentales del nuevo régimen petrolero. En cambio, dejó “congelado” el impuesto al salario, hundiendo en esta confiscación a dos millones de trabajadores. Mientras tanto, militariza los conflictos obreros contra las suspensiones y despidos -Donnelley, Lear, Gestamp-, que son otro resultado de la bancarrota del ‘modelo’. Las grandes crisis de la deuda -1982, 1989 ó 2001- han precedido a cambios de régimen, o sea que han planteado una cuestión de poder. Esta crisis no será una excepción. Por eso mismo, planteamos ligar la cuestión de la deuda a una reorganización social integral, que sólo puede ser llevada adelante por un gobierno de trabajadores. La deuda externa es un régimen de confiscación sistemática del ahorro nacional: la quiebra de este mecanismo exige el repudio de la deuda, la nacionalización de la banca y el comercio exterior y un plan económico debatido por un congreso de trabajadores. En esta línea, denunciamos el carácter conspirativo de todo el manejo de la deuda, en manos de una camarilla que en su mayor parte no ha sido electa por nadie y que es responsable de habernos conducido a la crisis actual. Este carácter se extiende al conjunto de los términos de la deuda, cuyas condiciones son secretas. Junto al planteo de una consulta popular vinculante para decidir sobre la cuestión de la deuda, reclamamos que se den a conocer los términos de todos sus contratos. Marcelo Ramal

EXCLUSIVO DE INTERNET La gran polémica generada por la sanción disciplinaria a Luis Suáarez abrió varias aristas. Lo más monstruoso que ha evidenciado es la carencia de un sindicato que pueda defender los derechos laborales de un trabajador que ha quedado cesante por cuatro meses. Uno podrá pensar que a Suárez el estar cuatro meses parado no le significa mucho, y menos la multa en euros cuando estamos hablando de uno de los cinco mejores delanteros del mundo y, por consiguiente, uno de los mejores pagos. Pero ¿qué pasaba si la sanción recaía sobre el segundo arquero de Corea? ¿Quién iba a velar por sus intereses? Discutir si la sanción está bien aplicada o no se cae de maduro cuando se trata de una mordedura en un partido de fútbol, que se juega con los pies y se golpea (casi con normalidad) con los brazos; si es mucha o poca también es un absurdo cuando Luis ya tiene antecedentes de haber sido sancionado con 17 fechas por dos eventos similares en la liga que él compite; pensar en un complot para que Brasil llegue sano y salvo, es un poco menos descabellado, pero tampoco olvidemos que a dos brasileros en la historia de los mundiales ya fueron sancionados, y como no eran ni Pele ni Garrincha, ni Romario, la resonancia fue nula, pero la sanción existió. Pero en esta línea de pensamiento (la de un favorecimiento a Brasil, no podemos ignorar que la decisión de expulsar a Suárez, le da cierta ventaja deportiva que no les asegura nada a la selección local, pero aumenta de forma estrepitosamente morbosa la cantidad de audiencia televisiva y con ello la facturación que se lleva Blatter y compañía. Hoy, Elizondo (árbitro argentino de la final 2010), el jugador de Italia al que le hicieron la falta, Maradona y Lugano, entre otros, estuvieron todos de acuerdo en que debía haber sido menor la sanción disciplinaria para este jugador, pero ahí quedó, en un grito al aire. Lugano debería haber planteado un paro hasta que revean la sanción, y si expulsaban a los charrúas llamar a las otras selecciones a parar. ¿Hay que discutir si la penalidad es mucha o poca? Claro que sí, pero la tienen que discutir los trabajadores del fútbol contra la trituradora de la empresa Fifa. La única solución posible que tienen los trabajadores del fútbol es la de agruparse para combatir la sanción (a mi gusto absurda) de un compañero de trabajo. ¿Qué queda para una patada de esas que se pegan en Argentina? (sino recuerden la de Krupoviesa a Montenegro en un clásico Boca-River). Futbolistas agremiados, ¿para que sirve si no es para intervenir en estos casos?, o mejor aún ¿para qué sirve Futbolistas Agremiados? En síntesis, trabajadores del mundo del fútbol, uníos! Pehuén R.

- Viernes 4 de julio , a las 18 horas, en Lanús (Anatole 2080, esquina 9 de Julio) - Sábado 5 de julio , a las 11 horas, Vanina Biasi con agrupaciones sindicales en Mitre 2162, Capital - Sábado 5 de julio , a las 18 horas, Vanina Biasi en Barracas (Vieytes 1254) - Sábado 12 de julio , a las 16 horas, en Balvanera (Alsina 2268) - Sábado 12 de julio , a las 17 horas, Villa Pueyrredón (Alballenas 2808, esquina Terrada) - Jueves 17 de julio , a las 18 horas, en Floresta (Av. Segurola 1810) - Sábado 19 de julio , a las 16 horas, en Almagro (Yatay 334) - Sábado 26 de julio , a las 16 horas, con compañeras de Laferrere

Campaña de provocaciones de la patronal. Urtubey manda refuerzos policiales para apoyar a la empresa. La huelga, dividida por la burocracia. Los concejales del PO impulsan una fuerte movilización de todo el pueblo de Orán. Desde hace casi un mes, se desarrolla la paritaria para los obreros del ingenio Tabacal, quienes exigen un salario de 9.700 pesos inicial para la tira final (incluye premios por finalización de zafra y otros items). Seaboard Co., dueña de Tabacal, desde el inicio rechazó el planteo del Sindicato de Trabajadores del Azucar (STA), diciendo que era un pedido inalcanzable y totalmente fuera de la realidad. Ante el 42 por ciento de aumento exigido, la patronal ofreció inicialmente un 36 y ahora realizó una última oferta de un 39 por ciento, lo que implicaría un salario de 8.900 pesos, el cual terminaría cobrándose en mayo de 2015. Por su dilación en el tiempo y por el apriete de la patronal, los obreros rechazaron esta oferta en su última asamblea del fin de semana. El STA denuncia que sólo el 20 por ciento de los trabajadores es permanente, mientras que el 80 por ciento trabaja durante aproximadamente cinco meses. A través de la tecnificación de una serie de ramas de la producción, Seaboard está reduciendo el período de zafra-año y avanza en la tercerización del trabajo en la fábrica. También está amenazando con un eventual cierre, ante los paros de cuatro horas por turno que los obreros llevan adelante día por medio, y azuza con el descuento de los días de paro. Ya en 2012, Seaboard impuso un lock-out y 52 despidos para quebrar el paro obrero, y terminó radicalizando la lucha y provocando una verdadera rebelión obrera y popular que derrotó una represión de más de cuatro horas. En ese entonces, los obreros y el STA impusieron la reincorporación de los despedidos y el aumento salarial exigido en paritarias. Esta experiencia está latente en la conciencia de los obreros y seguramente también de la patronal. Es por eso que la empresa renunció a litigar penalmente contra un sector de la directiva que está procesada por la denuncia patronal de violación de domicilio (este es el nombre que le da Seaboard a la huelga en los lugares de trabajo y hoy en día sigue considerando ilegales los paros actuales con el mismo argumento). Un momento decisivo La patronal montó una campaña mediática de provocaciones contra las medidas de fuerza de los obreros y el STA con el argumento de que su oferta es de las mejores del país en todas las ramas. Se apoya en la entrega de la Fotia tucumana, que cerró un acuerdo del 35 por ciento en cuotas y una tira final de 8.024 pesos. Desde hace por lo menos cuatro años que los obreros de Tabacal vienen arrancando aumentos superiores. Todo indica que, para una escalada mayor contra los obreros, Seaboard contará con el apoyo del gobierno provincial de Juan Manuel Urtubey, quien ya movilizó 150 efectivos policiales más hacia el departamento de Orán, para que puedan actuar en una eventual represión. Hoy el paro está dividido, ya que la directiva del STA era partidaria de aceptar la última oferta patronal; el rechazo se impuso desde las bases. Es necesario ir a fondo en la movilización del conjunto de los trabajadores y del pueblo de Orán en solidaridad con la huelga de los obreros de Tabacal. Las bancadas del PO de Colonia, Yrigoyen y Orán presentarán proyectos en los concejos deliberantes, para reclamar la solidaridad y exigir que la patronal satisfaga el pliego obrero en su totalidad para reestablecer las actividades. También nos pondremos a la cabeza de la organización de una comisión de mujeres de los obreros, que en las grandes huelgas anteriores jugaron un rol clave. Desde la representación de minoría que hemos obtenidos en la CTA de Yrigoyen en las elecciones pasadas, impulsaremos que la central local, dirigida por la directiva del STA, llame a una acción pública de solidaridad y defensa de los obreros de Tabacal al conjunto de los trabajadores, a sus sindicatos y a la población en general. La deliberación popular que genera esta lucha vuelven a poner sobre el tapete un problema de fondo: hoy en día es Seaboard Co. la que determina el uso del conjunto del suelo en todo el departamento, trayendo consigo la destrucción de casi ocho mil fuentes de trabajo, mientras duplica las hectáreas sembradas con caña, en detrimento de producciones intensivas como el citrus y las hortalizas. La convocatoria a un congreso obrero de todo el departamento para discutir esta situación ahora se combina con la tendencia a la huelga general no sólo de los obreros de Tabacal, sino también de la docencia, que está discutiendo el no inicio para el segundo cuatrimestre, al igual que la docencia universitaria. Su realización en el marco de la huelga de los obreros del Tabacal debe servir para impulsar su victoria y abrir una acción de conjunto del movimiento de los trabajadores de la zona por una salida propia al impasse histórico que impone el dominio capitalista de Seaboard Co. sobre las fuerzas productivas locales. Julio Quintana

Un sorprendente Artemio López advierte, en una columna publicada en Perfil el domingo 29 de junio ("Contra el pragmatismo extremo"), que el kirchnerismo puede sucumbir ante la "aparición del discurso neoliberal al interior del movimiento nacional", lo cual -añade- "supone aceptar la orientación social y económica -y luego la conducción política- que imprimen las corporaciones en general y -en esta etapa con gran potencia- el sector financiero..." López se refiere específicamente a la extorsión de los fondos buitre, ante la cual "muchos dirigentes de la oposición y algunos oficialistas (...) proponen desplegar un pragmatismo conservador". Si ese giro se produce, señala López, "no se sostendrá la unidad político-ideológica construida desde 2003". En ese caso, remata el encuestador K con una cita de John William Cooke, "nos encaminaremos a la disgregación, a la esterilidad histórica". En definitiva, López advierte que ocurrirá lo que ya ocurrió. Lo que Artemio descubre ahora, el Partido Obrero lo ha venido señalando y con mucha anticipación. El kirchnerismo, como la reconstrucción de la llamada burguesía nacional, ha entrado en crisis hace largo tiempo. El ajustazo y las devaluaciones, que están muy lejos de concluir, no solamente son la expresión de un desequilibrio económico: son la manifestación, por sobre todo, del agotamiento del proceso que pretendió superar la bancarrota precedente. La crisis de los fondos buitre es la culminación de una tentativa nacionalista fracasada. Artemio advierte sobre la necesidad de corregir el rumbo y volver a las fuentes, lo cual es una quimera desde el momento que el viraje actual es un resultado, precisamente, del fiasco del modelo, así como del impasse y contradicciones insuperables en que había entrado el intervencionismo oficial que caracterizó la gestión kirchnerista durante esta década. El encuestólogo oficialista no tiene más remedio que admitir lo obvio: el kirchnerismo se disgrega, y él mismo está haciendo las valijas. Es una disolución del frente político que llevó a los K al gobierno. Hoy, los únicos que se reivindican kirchneristas son los de La Cámpora -y hasta cierto punto. Pero no sólo se circunscribe al kircnerismo, nos referimos también de la disolución del peronismo, que está atravesado por disputas intestinas y de aglutinamientos provisorios o de camarilla. Hay un hundimiento del nacionalismo burgués. No importa que los kirchneristas lo nieguen y digan que el tarifazo es una redistribución del ingreso en favor de los más pobres o que el pago a los fondos buitre es el tributo que hay que pagar frente a una extorsión para seguir defendiendo el modelo de inclusión . La disolución del peronismo modifica el panorama político. La parte de la población que tiene una tendencia al seguidisimo del nacionalismo burgués se ha quedado sin referencia política, lo cual crea las condiciones para la emergencia de un nuevo movimiento popular, bajo las banderas del socialismo. El XXII Congreso del Partido Obrero abordó pormenorizadamente esta transición. La conclusión fundamental del mismo es que el principal desafío de la etapa política que entramos consiste en unir políticamente al movimiento obrero y la izquierda. En cuanto a Cooke, bien podría recordarse lo que dijo al final de su vida: "El nacionalismo burgués es inviable". Los problemas nacionales y sociales de la Argentina, como los de América Latina, sólo tienen solución bajo la dirección de la clase obrera. Pablo Heller

EXCLUSIVO DE INTERNET Foto: Violeta Montoya El proyecto del PRO -que no logró reunir los votos en la Legislatura porteña en el año 2013 y provocó paros y movilizaciones docentes- fue nuevamente presentado en la Comisión de Educación para su tratamiento junto a otros dos proyectos de los K y el Unen. El proyecto original es una copia de las reformas y evaluaciones internacionales que pretenden disciplinar a los docentes metiendo un salario diferenciado como resultado de evaluaciones estandarizadas y establecer un ranking de escuelas que implique un presupuesto distinto según su rendimiento académico. El caso de la reforma ecuatoriana, donde además se avanzó en declarar a la educación como un servicio al quitar el derecho a huelga a los docentes, es un modelo que se cita para seguir el libreto de las reformas capitalistas. El proyecto plantea en su articulado que la evaluación "aliente el desempeño laboral", que dicho instituto sea "autárquico" y que pueda recibir financiamiento "público, privado, nacional e internacional". El gobierno lanza este ataque cuando todavía sigue abierta la crisis por la implementación de la NES y la falta de vacantes con la inscripción online. Los K y la Ctera (UTE) son cómplices de estas iniciativas, pues comparten la misma orientación. La ley Nacional Educativa del año 2006 plantea instancias de evaluación como el actual ONE y el debate que impulsan a través de su proyecto sólo se limita a la cuestión del financiamiento. No han llamado a una sola instancia de movilización ni deliberación al gremio. Los restantes proyectos son intentos de retocar el texto y ubicar el proceso dentro de la órbita del Ministerio de Educación con la idea de limitar su alcance, pero no escapan al sentido de este tipo de reformas, como la de educación media (NES) que intentan devaluar la enseñanza, los títulos y el trabajo docente. La cuestión no es evaluar o no evaluar. Todo este tipo de dispositivos y mediciones forman parte de la tendencia a la mercantilización de la educación que avanza en las condiciones de enseñanza y trabajo docente, privatizando el sistema educativo cada vez más. El Partido Obrero llama a poner en pie un movimiento general de docentes, padres y estudiantes contra toda esta política en defensa de la escuela pública. Abajo la "evaluación docente" y la NES. Unidad docente-estudiantil contra la reforma del PRO y los K. Amanda

La década perdida de las mujeres pobres Foto: Ignacio Smith Melisa es una joven de 24 años que permaneció un mes detenida en Bariloche por orden del juez Calcagno, el mismo que mantiene encajonada la causa por los asesinatos policiales contra los pibes del gran Bariloche. Esta joven es madre de dos hijos de 5 y 9 años, sostén del hogar, víctima de violencia familiar que varias veces denunció frente a la policía y vive en un barrio carenciado en una casilla con letrina. Pidió asistencia y el Estado le devolvió el pedido con un encarcelamiento. Luego de la acción del movimiento de mujeres de la provincia, las que rápidamente interpelaron al fiscal y exigieron la libertad, un ministro del gobierno pidió "libertad o prisión domiciliaria". Por supuesto, sin hacerse cargo en lo más mínimo sobre sus propias responsabilidades al respecto. El juez Calcagno es un juez cuyas posiciones son funcionales al gobierno, condenando y criminalizando la pobreza en todos sus aspectos. Casi simultáneamente, en la provincia de Jujuy fue detenida una mujer de 37 años, madre de un niño de 10, acusada de practicar un aborto clandestino. Dos de sus amigas fueron acusadas de complicidad. Nuevamente jueces cobardes con los poderosos, en este caso un agente directo de los Blaquier, dueños de toda la zona del departamento de General San Martín, quienes actúan bravuconamente contra mujeres pobres, violentadas institucionalmente por el Estado en varias oportunidades. Estas mujeres, en una punta y otra del país, fueron acusadas de "homicidio agravado por el vínculo" por un Estado que las tiene como víctimas dado que incentiva la pobreza y el abandono sanitario de las mujeres pobres, a la vez que coloca a las mujeres frente a la disyuntiva permanente del aborto clandestino porque fomenta los ataques sexuales, el trabajo precario que impide la maternidad, la precariedad de la vivienda y la vida social en general . Estas mujeres no son asesinas: son mujeres víctimas de un orden social fomentado por el Estado capitalista. La mujer de Jujuy debió abortar luego de una violación. Melisa pidió asistencia y finalmente parió en su casa sin condiciones. Ninguna es una asesina, las dos son víctimas de este miserable orden social. No pudieron evitar las condiciones sociales miserables de vida porque no depende de ellas poder hacerlo, no pudieron acceder al derecho al aborto no punible porque el gobierno nacional y los gobiernos locales usan este poderío sobre la mujer pobre para someterla y disciplinarla. Y, finalmente, son usadas por jueces y el poder político para fingir actos de justicia contra la población más empobrecida, cuando actúan protegiendo a los grandes estafadores nacionales y a los grandes delincuentes. Exigimos la libertad de las mujeres de Jujuy. El aborto legal seguro y gratuito. La protección especial de las mujeres varias veces victimizadas por el Estado. Acusamos desde el movimiento de mujeres a los gobernadores de Río Negro y Jujuy. El movimiento de mujeres debe levantar esta bandera en la preparación del Encuentro Nacional de Mujeres y reclamar más que nunca un encuentro laico y anticlerical, que luche por los derechos de las mujeres trabajadoras. Vanina Biasi

El pacto de la patronal yanqui con el gobierno K y la burocracia del Smata La patronal de Lear Corporation ha dado un nuevo paso contra los trabajadores. Más de cien compañeros fueron despedidos. Estos despidos son tanto de trabajadores que estaban suspendidos como de otros que permanecían trabajando. La patronal, que hasta el momento utilizaba la crisis de la industria automotriz con el fin de avanzar en suspensiones masivas, ha cambiado su curso y en las cartas documento enviadas a los trabajadores plantea el argumento de que cada uno de los despidos es simplemente por "bajo rendimiento". La patronal importa los mazos de cables de sus plantas en el exterior para garantizar la producción en la Ford, que no ha sufrido retrocesos. Frente a esta situación, la comisión interna y los trabajadores definieron iniciar paros progresivos en la planta, junto con un acampe en las puertas. El lunes 30, el paro se realizó con éxito, extendiéndose durante casi toda la jornada de trabajo. Junto con el comienzo del paro se realizó una movilización que llevó a cabo un corte en 197 y Panamericana. Se destacó la presencia de la Coordinadora Sindical Clasista - PO, con más de doscientos compañeros, con la presencia de compañeros del Sutna San Fernando, del Suteba La Matanza y Escobar, comisiones internas del gremio de prensa y gráficas, del plástico, perfumistas, estatales y telefónicos. También estuvo presente la Fuba con una importante delegación de compañeros. Al día siguiente, la patronal impidió el ingreso de los delegados para evitar que continúe el paro. Es evidente la importancia de las medidas de lucha que los trabajadores realizan dentro de la fábrica. La adhesión de los trabajadores que aún conservan sus puestos de trabajo, sigue siendo la clave para torcerle el brazo a la patronal. Al mismo tiempo, es primordial la solidaridad en las puertas de la planta, donde se desarrollan bloqueos de los trabajaodres despedidos y suspendidos. El gobierno nacional ha actuado decididamente contra los trabajadores. Ha puesto a disposición de la patronal yanqui el aparato represivo del Estado para quebrar la lucha de los compañeros. Tanto adentro como afuera de la fábrica se encuentra un operativo de centenares de gendarmes y policías, para amedrentar a los trabajadores e impedir cualquier intento de ocupación de la planta. Todo esto sucede mientras el gobierno habilita la importación. El Ministerio de Trabajo, que había señalado "ilegal" las suspensiones en Lear, se mantiene al margen de cualquier tipo de definición positiva para los trabajadores. En ediciones anteriores de Prensa Obrera alertamos sobre la resolución del ministerio, el cual desconocía a la comisión interna como representante de los trabajadores, y dejaba en manos de la patronal y el sindicato la resolución del conflicto. El Estado capitalista, en esta etapa de agudas crisis, deja ver sin mediaciones su carácter patronal. Por su parte el Smata no ha fijado posición alguna. Los elementos ligados a la verde recorren la fábrica diciendo que "esto se soluciona cuando no estén más estos delegados". Luego del papel jugado por esta burocracia en el conflicto de Gestamp, ha quedado al descubierto el profundo rol antiobrero de la dirección del Smata que, en el caso de Lear, ataca al conjunto de los trabajadores de una fábrica que establecieron un camino de independencia y lucha. Luego de los conflictos de Gestamp y Paty se suma esta lucha de los trabajadores de Lear contra la enorme ofensiva patronal. El gobierno y la burocracia sindical actúan con un libreto que pretende liquidar a las expresiones independientes y de lucha del movimiento obrero, para evitar que estas sean un factor de organización para los trabajadores que inevitablemente enfrentarán el intento de las patronales de descargar la crisis sobre sus espaldas. El Partido Obrero interviene y apoya todas y cada una de estas luchas, que expresan la necesidad de una salida obrera y socialista a la crisis del régimen. Juan Pablo Rodríguez

La resolución del juez Lijo contiene evidencias abrumadoras que colocan al vicepresidente a la cabeza de la red mafiosa que se quedó con Ciccone. El juez apresuró el procesamiento en momentos en los que Boudou -con aval de la Presidenta- preparaba una ofensiva contra el juez, respaldado para eso en camarillas judiciales afines al gobierno. Boudou sustentaría sus acusaciones en la parálisis del juez para investigar la llamada "ruta del dinero" y en las irregularidades que Lijo habría cometido con los Ciccone, a quienes pasó de imputados a testigos reservados, de testigos a querellantes (con lo cual los habilitó para demandar al Estado), luego otra vez a imputados y ahora a procesados. La contraofensiva judicial del oficialismo termina además de derrumbarse con el caso del fiscal José María Campagnoli: los intentos por destituirlo se encaminan, al menos por el momento, a un fracaso ruidoso. El procesamiento abre las puertas a un cuestionamiento integral de la camarilla presidencial. El juez Lijo, sin embargo, ha tenido el cuidado de circunscribir el círculo de afectados: no fue procesado, entre otros, el actual jefe de la Afip, pese a que su firma fue fundamental para otorgarle a Ciccone una moratoria especial y permitirle salir de la quiebra. Los avatares del juicio van de la mano de la actual crisis de la deuda. El gobierno intenta usar en su favor la crisis con los buitres y pide no hacer olas mientras se negocia en el juzgado de Griesa. Conciente de lo que está realmente en juego, CFK no piensa pedirle la renuncia a Boudou. La consigna oficial es "Lijo es Griesa" -es decir: mete en la misma bolsa los fallos de la Justicia de Estados Unidos por la deuda con los fallos de la Justicia argentina por su vicepresidente. La impostura acá salta a la vista: CFK ya ha decidido arreglar con los buitres, sólo resta ver como compatibiliza el pago del 100% de sus reclamos con los vericuetos legales y judiciales. El escándalo Boudou ha puesto en evidencia la descomposición acelerada de las camarillas de gobierno. Ha salido a la luz toda una trama que envuelve a los familiares de Lijo, De Vido y hasta de Boudou, alimentada por la acción conspirativa de los servicios de inteligencia, los que están tan divididos como el propio peronismo. En este cuadro, no es casual que Boudou crea que la causa en su contra está alimentada desde un sector del propio gobierno. Cuando la oposición reclama que se vaya Boudou o eventualmente la realización de un juicio político, incurre en una maniobra por partida doble: por un lado, saben que carecen de los votos para realizar un juicio político, pero por el otro, les permite a bajo precio blanquearse a ellos mismos como "honestos", siendo que cuando les tocó el turno de gobernar estuvieron también comprometidos en casos de corrupción. Por eso hay que poner las cosas en su lugar: mientras reclamamos que se vaya Boudou, denunciamos que la oposición no tiene autoridad política ni moral para presentarse como los adalides de la lucha contra la corrupción. Que se vaya, y Macri también Ahora bien ¿por qué tendría que irse solamente Boudou, si también Mauricio Macri está procesado? Por supuesto que Boudou no puede permanecer en el gobierno, tiene que irse porque es la cabeza visible del entramado mafioso que se quedó con Ciccone, con la máquina de fabricar billetes. No puede permitirse que se sirva de su cargo y de los recursos del Estado para protegerse a sí mismo o desviar el curso de la causa penal. Denunciamos el encubrimiento de este mafioso por parte de toda la camarilla presidencial, incluidos los enemigos internos de Boudou. Planteamos una consulta popular vinculante para que el pueblo decida. Gabriel Solano

EXCLUSIVO DE INTERNET El 24 de Junio, la Corte Suprema dictó dos fallos en los que ordena al gobierno que "garantice" un "trato digno" a los pasajeros del ferrocarril. Responde a dos causas: una de 2001, de la Unión de usuarios y consumidores contra TBA por ejercer un trato discriminatorio entre los usuarios del ramal Once-Moreno, en relación a los usuarios del ramal Retiro-Tigre; y contra el Estado nacional y la CNRT por incumplir con su deber de control. La segunda, de 2005, del Defensor del Pueblo contra TBA a fin de que preste el servicio de transporte en las líneas Once-Moreno y Retiro- J. León Suárez "en forma digna y eficiente" y garantice el desplazamiento de personas con discapacidades; y contra el Estado nacional. En ambos casos, la Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso- Administrativo falló rechazando la acción de amparo, porque el amparo no es "la vía idónea" para resolver el tema ya que es necesario una mayor amplitud de prueba y debate; que existió un estado de emergencia y que "se han operado cambios positivos en la prestación del servicio desde la fecha de inicio de esta demanda". El fallo de la Corte Suprema recoge una pericia que señala que "lo que necesitan los pasajeros del Sarmiento son más coches o más metros cuadrados en cada coche". Asimismo, también, un reconocimiento judicial de un tribunal de primera instancia que da cuenta del estado deplorable de la línea. De ello se ha valido la Corte, en una resolución tibia y que evidentemente de ningún modo resolverá el problema. Esto ocurre mientras tiene lugar el proceso del juicio por la masacre de Once. Ante esta resolución, Capitanich se limitó a señalar que Randazzo "remitirá a la Corte Suprema de Justicia un exhaustivo informe respecto de todas las inversiones que el gobierno nacional realiza". Sin embargo, para los trabajadores usuarios de todos los ferrocarriles queda de total manifiesto que el gobierno nacional no ha roto su alianza con los vaciadores del sistema. Muy por el contrario, continúa otorgándoles lugares privilegiados en su operación. Esos mismos empresarios que con los funcionarios de la Secretaría de Transporte y la burocracia sindical sobrefacturan tareas al Estado y defienden la tercerización a cualquier costo. Una vez más, el hilo conductor en el crimen de Mariano Ferreyra y la masacre de Once se pone en el tapete: la asociación de los privatizadores, la burocracia sindical y el poder político a costa de los trabajadores y usuarios bajo el encubrimiento oficial. Para que en los hechos los usuarios tengamos un servicio de transporte publico "digno y eficiente" no alcanza un fallo judicial. No resta alternativa más que su reestatización, bajo la gestión directa de los trabajadores. Fuera los vaciadores y la burocracia sindical del sistema ferroviario. Valeria (APEL)

La Plata, ATE EDUCACION El 10 de junio, tres de los compañeros procesados -Marcelo Ardeti, Silvia Valdez Avalos y Giselle Mendoza- declararon ante la fiscal Betina Lacki. Fueron citados a declarar ante su propio pedido, que había caído en saco roto cuando fue presentado ante el fiscal Tomás Morán. En sus declaraciones plantearon que la lucha del año 2012 contra el recorte salarial y los despidos, que terminó en forma favorable a los trabajadores, tenía vastos antecedentes. Que la Junta Interna de ATE lleva más de diez años impulsando la organización de los trabajadores por el salario, por el pase a planta de los precarizados, por el mejoramiento de las condiciones edilicias, contra el vaciamiento y los despidos. Y que muchas de esas luchas, como la de 2012, tuvieron un saldo favorable para los trabajadores. En la actualidad, cientos de trabajadores que ingresaron como precarizados están integrados a la planta permanente. Lo mismo ha sucedido con la obtención de compensaciones salariales en muchas reparticiones. Por lo tanto, la huelga de 2012 -por la cual los compañeros están procesados acusados de coacción agravada- no fue un hecho aislado y reducido, sino el resultado de un extenso proceso de organización, de lucha y de fusión con los trabajadores del ministerio. En la actualidad, la Junta Interna de ATE organiza la lucha de los trabajadores de Educación de la Torre I por una recomposición salarial e impulsa la lucha de los trabajadores de Informática contra el intento de imponer un régimen de 40 horas de trabajo semanal. La declaración fue apoyada por una concurrencia muy importante de empleados de Educación, por la presencia del resto de los procesados, de la militancia sindical de ATE de la región y por una delegación de ATE Sur. Fue un paso más de la campaña por el cierre de las causas de los trabajadores de Educación. Alejandro Sánchez Moreno

La crisis con los fondos buitre es un problema de primer orden para el movimiento obrero. Si vamos al default, se reproduciría el brutal camino ya vivido en 2002 para garantizar el repago. Y si pagamos, por el peso descomunal de otra nueva deuda de por lo menos 20 mil millones arriba de la saga de Repsol, Club de París, etc. En medio de una recesión, con salarios y jubilaciones en baja, los nuevos ajustes por la deuda serían sobre llovido mojado. Sin embargo, la cuestión de los buitres ha descolocado a la burocracia sindical. Ambas alas, CGT oficial y opositora, prometieron sendas solicitadas que jamás salieron a 15 días vista de una crisis que conmueve a todo el país. La súbita "despolitización" frente a semejante cuadro expresa que están en el campo del pago a los buitres. Los de Caló (y Massa) tuvieron, en contraste, un reflejo de rayo para sacar la solicitada contra las ocupaciones de fábrica y contra la izquierda, lo cual fue una voz de mando para cerrar filas contra todo proceso de resistencia. El moyanismo junto a Micheli, de manera rutinaria, preparan alguna movilización por ganancias para mediados de julio y tal vez otro paro nacional en agosto (¡cuatro meses después del 10 de abril!), desprendido de todo proceso de lucha, sea por parte de las fábricas que sufren despidos o de los gremios que lucharon por salarios. La propia paritaria de Camioneros fue cerrada sin lucha, ni convocatoria alguna a la base del gremio, en tres cuotas que no mueven el amperímetro de las paritarias a la baja de todo el movimiento obrero. El potencial del paro de abril y especialmente la combatividad de las huelgas generales docentes, fue desperdiciada. Hoy mismo, la rebelión en la asamblea telefónica o el masivo "no" en el plebiscito del neumático, así como la huelga universitaria -la más fuerte desde 2005-, indican la continuidad de esas tendencias combativas. De conjunto, la burocracia sindical es garante del ajuste. La política de las suspensiones pactadas, los retiros y los recursos de crisis más o menos discutidos, es una estrategia de desmoralización del movimiento obrero para hacer pasar el ajuste presente y desarmarlo hacia el futuro. Lo desarman frente a futuras devaluaciones y por lo tanto caídas de salarios y jubilaciones, frente a la previsible tenacidad del gobierno en no mover los mínimos de ganancias para sostener el presupuesto público ante los nuevos compromisos de deuda y, por sobre todo, frente al agravamiento de la crisis de despidos y suspensiones. La ocupación triunfante de Valeo en Córdoba, en los primeros meses del año, o la reciente huelga de Calsa que puso un límite a los despidos, han sido experiencias valiosísimas pero aisladas. La burocracia en Gestamp o Paty, lo mismo que en las grandes automotrices está imponiendo su ley atemorizando a los trabajadores con las armas de la patronal y de la represión del Estado y sus patotas. Nuevos conflictos se avecinan, por caso Lear con 50 despidos y Donnelley donde la patronal ofrece 60% de indemnización a 123 compañeros, el 40% de la fábrica. Indudablemente, el punto es establecer una línea de resistencia obrera mediante huelgas y ocupaciones de fábricas contra los despidos. Para esto necesitamos contrarrestar la presión patronal y del gobierno mediante un programa obrero para que la crisis la paguen los capitalistas. Llevando la conciencia de una salida de conjunto del movimiento obrero frente a la ofensiva de conjunto de la patronal. Es necesario explicar mediante una gran agitación que se repartan las horas de trabajo disponibles sin afectar el salario, que se abran las cuentas y libros de empresas que ganaron fortunas en los últimos años y ahora ajustan contra los trabajadores. Incluso el caso de Cables Lear merece otra apertura de registros, los de importación de cables para Ford que hasta ayer se hacían acá, contrariando todo el verso de la sustitución de importaciones de Débora Giorgi y el kirchnerismo. Los salarios deben ser actualizados de acuerdo con la inflación y las jubilaciones deben tener un inmediato aumento de emergencia, condiciones imprescindibles para defender el ingreso de las familias y el mercado interno. Lo mismo respecto de la derogación del impuesto a las ganancias sobre los salarios. Mientras fijamos posición a favor de un referendo para no pagar la deuda usuraria, colocamos a las reivindicaciones obreras frente a la crisis como parte de un plan económico de los trabajadores para que la crisis la paguen los capitalistas. Néstor Pitrola

¿Por qué la ‘biblia’ del capital financiero internacional -el Financial Times- examina, nada menos que en un editorial (26/6), la conveniencia de que Argentina rechace el fallo Griesa y proceda a reestructurar la totalidad de la deuda externa y ponerla bajo jurisdicción nacional, lo cual equivaldría a una cesación temporaria de pagos? Las razones que esgrime el diario dejan en evidencia que cualquier arreglo con los fondos buitre podría desencadenar una ola de juicios de parte de los acreedores que entraron en los canjes de 2005/10, en virtud de la cláusula que les permite reclamar las ventajas económicas que se concedan a aquellos. Un día antes, el jefe editorial del Financial Times había puesto en duda que esa cláusula fuera inaplicable para el caso de que el arreglo con los fondos buitre fuera el resultado de una decisión judicial y no de un acuerdo ‘voluntario’. Una extensión del arreglo con los buitres a todos los acreedores duplicaría de una vez el monto total de la deuda externa de Argentina. A la vista de este resultado, el Financial Times califica de "extorsión" la orden de pagar al mismo tiempo a los buitres y a los acreedores regulares, y descalifica el criterio de ‘pari passu’ (igual trato) aplicado por la Justicia norteamericana. En resumen, Argentina se encuentra en un laberinto: si no cumple con el fallo entra en defol, y si lo hace se arriesga a una serie de procesos judiciales que la arrastrarían al defol. Defensor del capital financiero internacional, el Financial Times recomienda arreglar con los ‘buitres’ y afrontar el riesgo de juicios ruinosos. El planteo de que el pago a los buitres, en el caso de una orden judicial, sería inocuo, no es más que una triquiñuela mediática que pondría a la Argentina en un estado de vulnerabilidad financiera y política sin precedentes, en la larga historia de claudicaciones de las clases dominantes del país. La advertencia condicional del Financial Times es compartida por el gobierno K, el cual sigue, sin embargo, la ruta de arreglar con los buitres con un pago en títulos del Estado, lo cual significaría, de entrada, un aumento de la deuda externa en 15 mil millones de dólares. Procede de esta manera bajo la presión de los intereses de clase que representa: la burguesía nacional reclama el restablecimiento del financiamiento internacional para ella y para los proyectos de gas y petróleo. La burguesía nacional, que posee asimismo gran parte de la deuda externa, quiere cobrar y de ningún modo ser víctima de una cesación de pagos. Desde un punto de vista más amplio, un defol como el que sugiere el Financial Times requeriría de inmediato medidas internas de fondo para contrarrestar un boicot financiero internacional. Nos referimos a la nacionalización de la banca y el comercio exterior, para aplicar el ahorro y los recursos nacionales a un plan de inversiones y desarrollo económico y social. Argentina establecería, en esas condiciones, una contabilidad nacional única, lo cual implica la apertura de los libros de las compañías grandes y el control obrero de los monopolios capitalistas. En oposición completa a esta alterativa, el gobierno ‘nacional y popular’ ha preferido reforzar su acción de "pagador serial", mediante el cierre de acuerdos ruinosos con Repsol y el Club de París y en el Ciadi (Banco Mundial), que han incrementado la deuda externa -sin contar los intereses- en cerca de 20 mil millones de dólares. El tema de los fondos buitre y los fallos antijurídicos de la Justicia norteamericana ha ocultado el latrocinio económico y jurídico que tiene lugar en el Ciadi, donde las empresas privatizadas bajo el menemo-kirchnerismo, reclaman la redolarización de las tarifas que fueran pesificadas en 2002. De acuerdo con El Cronista, el monto en litigio es de 22 mil millones de dólares. La aceptación de las sentencias del Ciadi, por parte del gobierno K, no solamente lleva al país a la bancarrota, sino que es un atropello descomunal de la soberanía argentina y una violación del orden jurídico. Ocurre que la pesificación fue legitimada por una acordada de la Corte Suprema de Argentina, que es colocada por el propio gobierno argentino por debajo de un tribunal arbitral de un banco internacional. La Corte no ha abierto la boca sobre esto. ¿Cómo protestar contra las vejaciones de la Justicia norteamericana cuando el mismo gobierno nacional autoriza la degradación de las instituciones jurídicas del país y, por lo tanto, de la Constitución Nacional? Mientras la City de Londres admite la conveniencia de una declaración de defol, la City porteña y el establishment político que la representa reclaman cumplir los fallos coloniales y re-endeudar otras diez veces al Tesoro nacional. Se ha formado un frente nacional a favor de un arreglo con los buitres desde los K hasta Massa, Binner, Cobos, Macri, Carrió. Los K alegan que lo hacen para defender el modelo y los otros para superar los desequilibrios, como si el resultado de un nuevo endeudamiento masivo pudiera ser otro que la confiscación de los ingresos y de las condiciones de vida de los trabajadores. Nuestra posición es: rechazo del fallo yanqui y de cualquier acuerdo con los buitres y de los arreglos en el Ciadi; repudio de la deuda usuraria; adopción de las medidas de nacionalización y control obrero necesarias para establecer una contabilidad y un plan económico de industrialización y de mejora de las condiciones de las masas. Que el pueblo decida: por un plebiscito sobre el fallo yanqui y la deuda externa. Jorge Altamira

EXCLUSIVO DE INTERNET El pasado 24 de junio, se llevó adelante la elección de la Junta Interna de ATE en ARBA (Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires), se impuso la lista "Unidad" constituida por independientes, Tribuna Estatal, y el PTS, sobre la lista "Arba desde abajo" constituida por la Verde Anusate Germán Abdala y el FPDS entre otros. Esta nueva Interna viene de dar una dura batalla junto a los compañeros de economía, que conformaban una única junta, contra la división de la misma por parte de la conducción de ATE, la verde de Cachorro Godoy. La burocracia verde dividió este organismo sindical sólo para aislar al activismo e intentar así ganar en ARBA, por esta razón la elección fue muy reñida. Finalmente "el tiro les salió por la culata": no sólo el clasismo se impuso en Arba, ahora hay clasistas en dos juntas internas, incluyendo a la de Economía. La lista Unidad viene de organizar la lucha contra las paritarias a la baja, el pase a planta permanente de los pibes del Call center, marchó junto a los docentes en huelga, el 14 de abril se sumo a los piquetes del paro nacional, se encuentra organizando el reconocimiento de la antigüedad de los contratados, con el método de las asambleas y la movilización. La victoria de la lista Unidad es la de esa política: contra las negociaciones a espalda de los trabajadores, contra la división entre los trabajadores, por la democratización del sindicato, y por la libertad sindical. Queda una ardua tarea por la seccional La Plata de ATE, por la reapertura de las paritarias, y por el blanqueo de todas las sumas en negro en el salario. En la misma semana una lista de trabajadores independientes recuperó la junta interna de ATE OPDS (Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible) en manos de la Verde Anusate. Evidentemente comienza a profundizarse el camino abierto por las juntas combativas de la DGCyE , IOMA, entre otras, que puja por una nueva conducción en los sindicatos, de la mano del clasismo, y por la independencia política de los trabajadores. Laura Kohn Delegada de ATE Economía - Pia Garralda Delegada de ATE ARBA

Santa Cruz Con fecha 24 de junio, fuimos notificados de que en el término de cinco días deberemos comparecer a juicio en el Juzgado Federal de Caleta Olivia, imputados en la causa Francés, Jesús Alberto y otros s/entorpecimiento de servicios públicos (artículo 194). Se trata de la causa que se armó por la manifestación realizada en el acceso norte de la ciudad, en el marco de la enorme huelga de los docentes de Santa Cruz de 2011. Después de varios días de paro, con movilizaciones cotidianas y hasta una marcha a "pata y pulmón" de 770 Km desde Caleta Olivia a Río Gallegos, los alumnos de varios colegios tomaron los establecimientos en reclamo al Gobierno por una solución a los docentes para poder volver a clases. Se constituyó, al calor de esa enorme movilización educativa, la Comisión de Padres Autoconvocados, que luego de una masiva Asamblea Popular en el Colegio salesiano San José Obrero se movilizó hacia la ruta 3 en reclamo de solución a la crisis educativa. Fueron varios días de movilización y volanteo frente al cartel de bienvenidos a Caleta Olivia, lugar emblemático donde petroleros, marineros, desocupados, municipales, La Fundación, Empasa, docentes, médicos, enfermeros y hasta los jubilados de YPF llevaron en los últimos años sus reclamos. La crisis del agua, con sus veinte días de corte de ruta y asambleas de 6.000 vecinos, tuvo allí también su epicentro. De las tareas de "inteligencia" se desprende que allí estuvieron entre otros, como padres autoconvocados, Marcelo Zabala (policía retirado después de los autoacuartelamiento de 2010); Alberto Francés (enfermero, ex delegado de Ate en el Hospital) y los docentes Daniel Gómez y Omar Latini. No es nada casual que dos ex secretarios generales de Adosac fueran "individualizados" entre los manifestantes. Pretenden escarmentar a la indomable clase obrera del norte de Santa Cruz que sistemáticamente es empujada a la ruta para ser escuchada y defender sus derechos. Se trata de ocultar el inmenso derrumbe de la Educación, que tiene como emblema la Escuela Industrial N° 1 de nuestra ciudad, un edificio nuevo clausurado desde hace tres años con sus paredes rajadas. Vamos al juicio a demostrar el derrumbe de la educación pública, a defender el derecho a luchar y a sentar en el banquillo de los acusados al régimen político que nos quiere condenar. Omar Latini

Días antes del procesamiento de Boudou, con una sincronización que difícilmente sea casual, se difundieron escuchas judiciales en las que el presunto narcotraficante Juan Ignacio Suris, novio de Mónica Farro y amigo de Leonardo Fariña, menciona una relación "de negocios de exportación e importación" con Zamora y su hijo. Evidentemente, estas escuchas están siendo filtradas por un sector de los servicios de inteligencia y del propio poder judicial que buscan intervenir conspirativamente en la crisis política nacional. Estos sectores no tienen interés alguno en ir a fondo contra las redes de narcos, de las cuales incluso forman parte y que se vienen convirtiendo en un factor de crisis muy profundo en todo el país, particularmente en el norte. En una reciente reunión oficial en Salta, jueces federales de todo el NOA (entre ellos, el tío de la gobernadora Claudia Zamora) admitieron que la región se ha convertido en tierra liberada para el narcotráfico. Santiago del Estero, en particular, se ha convertido en un paraíso narco: existen cientos de pistas de aterrizaje clandestinas, que también se vinculan con el tráfico de bebés, particularmente centrado en Añatuya. A la vez, con el auspicio estatal y subsidios oficiales, ha habido un crecimiento exponencial de hoteles y casinos, ámbito ideal para el lavado de dinero. La ubicación y el accionar de los narcos son de público conocimiento en la provincia, pero no hay ningún tipo de investigación ni accionar por parte de los jueces, que en Santiago se limitan a perseguir consumidores (por ejemplo, el joven Alexis Torrijo, quien pasó meses detenido, acusado de "narco" por llevar un porro en su mochila). Desde el Partido Obrero exigimos una investigación a fondo de las denuncias de vinculación del gobierno y el régimen político con el narcotráfico, así como una auditoría pública y exhaustiva de los casinos y hoteles que funcionan en la provincia, y la apertura de las cuentas del Banco Santiago del Estero, vinculado a este sector económico. Edmón

Las reuniones entre el gobierno y los fondos buitre, para pagarles la deuda que reclaman, todavía no han empezado. Pero el gobierno ya está escribiendo el libreto que los banqueros quieren escuchar. La semana comenzó con otro tarifazo del 20 por ciento en el boleto de colectivo. El aumento en el último año llega ya al 100 por ciento. Pero también con un aumento de las naftas, las que duplicaron su valor desde la intervención “nacional y popular” de YPF hasta hoy. Los agentes financieros y los grupos petroleros celebran el tarifazo. Porque quieren que los subsidios a los servicios públicos se reemplacen con aumentos de tarifas, para que el presupuesto público se dedique a pagar la deuda. Y que la nafta y el petróleo se coticen a valores internacionales, en beneficio de los monopolios petroleros. Estas son las condiciones que ponen los usureros internacionales. Para que paguemos la interminable montaña de la deuda… con nuevas deudas. Pero hay otra condición: arremeter contra la clase obrera. Contra su salario y el derecho al trabajo. Por eso dejan pasar los miles de despidos y suspensiones que ha provocado el rodrigazo oficial. Y no sólo eso: allí donde el activismo clasista resiste esa escalada, militarizan las fábricas con la Gendarmería. Semejante ataque a los trabajadores sería el precio a pagar para “no caer en la cesación de pagos”. Otra vez mienten y nos quieren someter a un sacrificio inútil: la deuda impagable que asumió el kirchnerismo nos lleva, más temprano que tarde, a un nuevo defol. De Macri a Binner, de Massa a Sanz, la oposición tradicional apoya este rumbo de bancarrota. Opongámosle un programa y una lucha: • Por el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario y la prohibición de suspensiones y despidos. • Por la derogación del impuesto al salario y la indexación mensual de los salarios según la inflación. • Ningún tarifazo: apertura de los libros y costos de todos los servicios públicos; que se nacionalicen bajo control de los trabajadores. • ¡Abajo la deuda usuraria! Que el pueblo decida a través de una consulta popular. Debatamos este programa y un plan de acción en todas las organizaciones obreras y de lucha.

EXCLUSIVO DE INTERNET Después la contundente audiencia pública donde presentamos el proyecto de declaración elaborado por la banca del Frente de Izquierda, junto a representantes y organismos de derechos humanos contra el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) que impulsa el kirchnerismo, el Frente para la Victoria se ocupó de bloquear el debate. Ocurrió el martes 24 de junio, durante una reunión de asesores de la Comisión de Derechos Humanos. Allí, los representantes del Frente para la Victoria se opusieron a que el proyecto fuese tratado por los diputados. Para obstruir el debate político, alegaron la existencia de un fallo de Cámara del fuero Contencioso Administrativo contra una medida cautelar solicitada por familiares de desaparecidos que tienen sus muestras en el BNDG. Se trata de una chicana. La resolución judicial no se encuentra firme, pero tampoco es lo que estaba en debate. Lo que pretenden es evitar que se discutan la manipulación K del banco y la inconstitucionalidad de los artículos 2 y 5 de la ley nacional 26.548, que restringieron su competencia a los casos anteriores al 10 de diciembre de 1983, como si la sustracción de identidad y la desaparición forzada de personas hubieran dejado de existir a partir de la asunción de Raúl Alfonsín (Luciano Arruga, Julio López y una lista de más de 200 casos bajo gobiernos constitucionales lo desmienten). Esta inédita regresión de derechos impulsada por diputados y senadores kirchneristas fue un primer paso. El objetivo del gobierno -ahora apenas disimulado- es convertir el BNDG en la base de un "Instituto de Genómica Humana" en sociedad con laboratorios privados. Es decir, una privatización. Por otra parte, a partir de esa restricción funcional del banco comenzaron a proliferar propuestas de creación de nuevos bancos genéticos que atiendan distintas problemáticas, como las desapariciones relacionadas con la trata de personas. Un desquicio generado por esta malversación oficial de un instituto de gran reputación internacional. Los asesores K "chapearon" el apoyo "institucional" (sic) de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo al traslado del BNDG, en una muestra más de que la cooptación y estatización de los organismos de derechos humanos están al servicio de sus fechorías. Por caso, la declaración impulsada por el Frente de Izquierda reúne el compromiso de referentes como Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj), las Madres de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, Mirta Baravalle y Elia Espen; las Abuelas "Chicha" Mariani y Elsa Pavón, y organizaciones de familiares y sobrevivientes como el Colectivo Memoria Militante y la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, entre otros. La mesa de trabajo que conformamos Apel, junto a otros organismos que luchan por preservar el BNDG continuaremos impulsando el tratamiento del proyecto a través de reuniones con los diferentes bloques y de una importante campaña de agitación en las calles y medios de difusión. Diego Aysine (Apel)

En la misma sala donde se desenvolvió el juicio al ex gobernador Jorge Sobisch, por la zona liberada de Plaza Huincul en 2006, fue descubierto un servicio de inteligencia que pretendía filmar a los periodistas que cubrían el juicio. El jefe de la Policía provincial, Raúl Laserna, debió emitir un comunicado en el cual reconoció haber infiltrado un agente "por probables incidentes que puedan ocurrir". A raíz del escándalo suscitado, salió a la luz que el gobierno de Jorge Sapag mantiene en pie una oficina llamada "Actualización Social", que cuenta con un presupuesto propio, con 'partidas extraordinarias' y con un plantel de 25 agentes. Se trata de un aparato de inteligencia para infiltrar a las organizaciones políticas, sociales, sindicales y periodísticas. Cuentan con la suficiente tecnología para intervenir comunicaciones telefónicas y hackear computadoras. En 2013, en la base de datos del "Proyecto X" de Nilda Garré, Sergio Berni y la presidenta CFK, ya habían quedado expuestos datos sobre organizaciones sociales, sindicales y políticas de Neuquén. Es decir que la oficina de espionaje "Actualización Social" de Sapag y el ministro de Seguridad Gastaminza es, al mismo tiempo, el brazo local del "Proyecto X". La existencia de un aparato de espionaje en Neuquén ha puesto una vez más en evidencia el carácter rabiosamente represivo del gobierno del MPN. En el mismísimo juicio a Jorge Sobisch, responsable político del asesinato del maestro Carlos Fuentealba, el gobernador Sapag puso a trabajar el aparato de inteligencia del Estado para 'fichar' y amedrentar a los periodistas que ventilen lo sucedido en el juicio. Es un gobierno de espías seriales. Como parte de los planes de inteligencia y amedrentamiento se deben inscribir los robos de computadoras y pendrives de la casa de la dirigente docente y del PO, Patricia Jure, el día del aniversario del asesinato de Carlos Fuentealba en 2013 y en el marco de una intensa huelga de Aten. La causa abierta fue archivada en menos de un año, luego de que la Justicia haya pretendido investigar a la víctima, insinuando un autorobo. Las denuncias realizadas por el Frente de Izquierda en el momento de la llegada del FBI a la región a principios de este año se han revelado como certeras. El gobierno perfecciona un aparato de inteligencia y espionaje destinado, por sobre todo, a reprimir y criminalizar la protesta social, que crece como fruto del ajuste en marcha contra los trabajadores y de la entrega de los recursos naturales de Neuquén. En esa dirección van los ataques a los piquetes de desocupados en las puertas de las refinerías por orden y cuenta de las petroleras o las amenazas de desalojo de los cortes de los compañeros de Cerámica Neuquén. El Partido Obrero en el Frente de Izquierda ha emprendido una movilización política y presentó ante la Justicia un habeas data reclamando toda la información recabada por la actividad de espionaje vinculada con nuestra organización. La bancada del Frente de Izquierda ha presentado en la Legislatura provincial, junto a organizaciones de derechos humanos de la provincia, un pedido de informes al ministro Gastaminza. Exigimos el desmantelamiento de la unidad de "Actualización Social" y el castigo a todos los responsables. Pablo Giachello

Provincia de Buenos Aires El Frente de Izquierda reclama que ministros de Scioli comparezcan en la Legislatura La semana pasada, el gobierno provincial anunció el recorte de un 30 por ciento del padrón de comensales en los comedores escolares de la provincia. Esto excluiría entre 500 mil y 600 mil alumnos que recibían comida en sus escuelas hasta hoy. Sólo en La Matanza, el Consejo Escolar denuncia que quedan fuera de los comedores 50 mil chicos. Esta medida se toma en el momento en que los aumentos de precios y la recesión económica hacen más necesarios que nunca los comedores. El funcionamiento de los comedores ya viene arrastrando un funcionamiento completamente negativo. La ración por chico, hoy aumentada a 6,30 pesos, no sirve ni para preparar un plato de fideos con aceite. Las crisis en las entregas de alimentos, por falta de pago del gobierno provincial a los proveedores privados, son sistemáticas Se acuerdan de que la educación es un "servicio esencial" para quitarle a los maestros el derecho a reclamar. Sin embargo, la población sabe que son los propios docentes, junto a toda la comunidad educativa, los principales interesados en garantizar el pleno acceso a la educación de los alumnos. Los sindicatos docentes, en particular los Suteba combativos, han tomado en sus manos la defensa de los comedores y protagonizado movilizaciones distritales y provinciales. El Frente de Izquierda ha planteado en la Legislatura su rechazo a este recorte y la necesidad de reponer urgentemente el pleno funcionamiento de los comedores. Reclamemos que los ministros Aparicio (Desarrollo Social) y De Lucía (Educación) comparezcan ante la Camara de diputados a dar respuesta por este brutal ajuste. Proponemos poner en pie un movimiento de lucha en defensa de la educación pública y en primer lugar, del acceso universal a los comedores escolares de todos los alumnos. El Estado provincial debe brindar los fondos necesarios para un menú nutritivo, a tono con el desarrollo de niños y adolescentes y de la actividad mental y física que deben desarrollar, no restringido por cifras puestas arbitrariamente por administradores del ajuste. Convoquemos asambleas abiertas de la comunidad educativa. Organicemos comisiones de padres y votemos delegados de los alumnos de secundarias por curso para movilizar junto a los docentes por el acceso de todos a la alimentación necesaria y a la educación pública. Guillermo Kane

EXCLUSIVO DE INTERNET Foto: Tatiana Kertesz El estado de las escuelas es más que desastroso. El derrumbe del pozo ciego en la EP 4 no es una excepción ni un accidente, es la muestra del estado de las escuelas del distrito de Malvinas Argentinas y el reflejo del derrumbe de todo el sistema educativo provincial. Los propios docentes hemos realizado los relevamientos por problemas de infraestructura de las escuelas y los hemos presentado como reclamos ante el Consejo Escolar de Malvinas Argentinas el 10 de abril. Fuimos recibidos por el tesorero y la pdel Consejo Escolar. En la multitudinaria marcha a DGCyE a La Plata, convocada por los Suteba combativos el 22 de mayo, se reiteraron los reclamos y el jefe de Infraestructura se comprometió a venir a nuestro distrito a dar respuesta concreta y solución a los conflictos de infraestructura denunciados. Aun no cumplió y no recibimos respuesta alguna por parte de las autoridades. El 18 de junio, en la EP 4 de Villa de Mayo, un niño de 6º año cayó, al derrumbarse el pozo ciego ubicado en el patio de la escuela. Se salvó milagrosamente gracias a que se encontraban en el recreo y un auxiliar que lo sacó del pozo con una soga de saltar de otra alumna. Escandalosamente, los docentes de la primaria fueron silenciados por el personal jerárquico, y el hecho se conoció gracias a una compañera que llamó a los medios de comunicación y a que los docentes de la secundaria contigua, se solidarizaron y se animaron a hablar ante los medios. Sospechamos, a partir de dichos de las docentes, que la intención de los funcionarios es caratular esto como un accidente, cuando no cabe duda alguna que se trata del resultado de la negligencia del gobierno provincial y las autoridades educativas. Es por esto que nos acercamos a la escuela a interiorizarnos sobre este episodio nefasto de la decadencia de las escuelas de Malvinas y a solidarizarnos con las compañeras que se encuentran en un estado de conmoción, temerosas de posibles medidas que se puedan aplicar en su contra. En el plenario de delegados con mandato realizado en La Plata el 26 de junio, se leyó el mandato de esta primaria, el cual recibió un masivo apoyo por parte de todos los docentes presentes y una carta de solidaridad escrita por Claudia Consiglio, secretaria adjunta de Suteba Escobar y firmada por Amelia García, secretaria general de Suteba La Plata; José Magallanes, secretario general de Suteba Escobar, y el diputado provincial del Frente de Izquierda y del Partido Obrero, Guillermo Kane. Basta de las mentiras del gobierno provincial y a su ajuste. En Malvinas y en todo General Sarmiento vayamos al plan de lucha junto a los Sutebas combativos, preparemos el no inicio por la emergencia educativa. Claudia

EXCLUSIVO DE INTERNET En pocos días la justicia se expedirá sobre la destitución del Intendente Tellechea (FpV). La caída de Tellechea es una expresión de la disgregación del kirchneriskmo. Hombre de Mariotto, defendió los intereses del vicegobernador vinculados a los negocios del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén, relacionado con financieras de Lázaro Báez, en particular la licitación del "Giro Cero", una nueva plataforma de elevación de granos en construcción. Tras la destitución de Tellechea, Mariotto perdió la puja con el sciolismo por el control del Consorcio. Sus hombres fueron desplazados por los del gobernador. La disgregación del régimen es muy profunda en la ciudad. El FpV está fraccionado y el radicalismo carga la mochila de su último y repudiado gobierno. El partido FE (Venegas), que no pasó las PASO a nivel provincial, ganó las elecciones a nivel local. Ahora apuesta a una elección adelantada para capturar la intendencia como otro bastión para sus negocios. Sin embargo la decisión que puede disparar la elección anticipada está en manos de organismos que Venegas no controla. Tellechea presentó un recurso alegando un "conflicto de poderes" que la Corte Suprema bonaerense debe dirimir. La riqueza pasa en camiones hacia el puerto, pero la desocupación, el empleo tercerizado, en negro y a destajo -en el caso de los municipales- afectan a la mayoría de los trabajadores. La municipalidad -con Tellechea a la cabeza- incrementó la deuda heredada del radicalismo de $60 millones a 89 en sólo dos años: el deterioro de la infraestructura se agravó y es mayúsculo. La comuna está "tercerizada" en "entidades intermedias", como ONG, sociedades de fomento y cooperadoras, que se hacen cargo de sostener los hospitales, los dispensarios, las escuelas municipales y provinciales y los comedores populares. Frente a este deterioro, una corriente asamblearia va tomando cada vez mayor cuerpo: la Asamblea Ambiental de Quequén, la Carpa de la Autonomía, la movilización por los comedores, por la seguridad, y últimamente los vecinos del emblemático parque Miguel Lillio que se autoconvocaron para defender esa reserva arbórea de los apetitos inmobiliarios del veneguismo. Es momento de que los vecinos que impulsamos la lucha por todos los reclamos populares, y las organizaciones que se hacen cargo de lo que el municipio abandona, nos convoquemos a una Asamblea Popular que elabore un programa de salida para Necochea, y organice la movilización para imponerlo. Ni el kirchnerismo, ni los sciolistas, ni los massistas, ni el partido de Venegas, todos profundamente comprometidos con los explotadores, van a sacar al distrito del caos económico y de la crisis política cuyos platos rotos paga el pueblo. Mónica (PO-Necochea) Añadir nuevo comentario

La "causa de las coimas" ya suma la excusación de más de 20 jueces. Pronto se cumplirán cuatro años desde su inicio, pero nadie parece dispuesto a investigar este caso flagrante de corruptela judicial que tiene repercusiones directas en las condenas de José Pedraza, "El Gallego" Fernández y los principales autores del crimen de Mariano Ferreyra. La causa Las escuchas ordenadas por la jueza Wilma López dieron lugar a esta investigación, desarrollada en forma paralela a la del crimen de Mariano Ferreyra. Las conversaciones revelaron una conspiración urdida entre Pedraza, funcionarios judiciales, jueces y agentes de inteligencia para sobornar al tribunal de la Cámara de Casación y obtener la excarcelación de los primeros detenidos por el crimen de Mariano. Su objetivo último era evitar que la causa avanzara hasta la cúpula de la Unión Ferroviaria. Los jueces que condenaron a Pedraza por su participación necesaria en el asesinato de Mariano dieron por probado su protagonismo en esta maniobra. Además de las escuchas, en el marco de la "causa de las coimas" se produjeron allanamientos en cajas de seguridad y despachos de algunos de los intermediarios entre Pedraza y los jueces, donde fueron incautados armas y dólares en su poder. El juez a cargo del primer tramo de la investigación, Luis Rodríguez, demoró más de un año en procesar a Pedraza y a varios de sus cómplices. Pocos días después del dictamen, el kirchnerismo nombró a Rodríguez titular de un juzgado del fuero penal. Su despacho del juzgado de instrucción quedó vacante y es subrogado por jueces que van rotando cada seis meses. Prácticamente todos ellos se excusaron cuando les tocó esta causa. Excusados Hace pocos meses, el juez Ormaechea resolvió imputar a los camaristas Riggi, Mitchell y Palazzo, pero inmediatamente se declaró incompetente para continuar la investigación, que por lo tanto volvió a quedar en el limbo. Paradójicamente, mientras tanto, un plenario de la Cámara de Casación desplazó a Mariano Borinsky de la Sala IV, la cual tiene a su cargo la revisión de las condenas contra Pedraza y su pandilla. Su reemplazante es Eduardo Riggi. "Don Eduardo", como se lo nombra en las escuchas de las coimas. Jacyn

En su "Informe de Conyuntura" Lozano reivindica el cambio de banco y jurisdicción para continuar pagando normalmente los canjes 1 y 2. Propone "asamblea de bonistas para aprobar el cambio de jurisdicción" y señala que esto significaría "una notable recuperación de soberanía". El informe señala que "las definiciones del gobierno de los Estados Unidos, de gobiernos europeos, del resto de los acreedores, del Financial Times, de la UNCTAD y de organismos multilaterales como el FMI en cuestionamiento a los efectos que podría tener el fallo (Griesa) revelan que existe margen político para defender la posición argentina". El informe, que en relación a los buitres sólo dice "el fallo no tiene por qué ser asumido en los términos que ha sido planteado", culmina proponiendo "en este marco, y manteniendo los pagos tal cual han sido convenidos, planteamos la necesidad de conformar una Comisión Bicameral Investigadora de la Deuda Pública." En su punto final agrega un impuesto a los capitales fugados, que naturalmente sería para afrontar los pagos propuestos. A la hora de las definiciones, el ala radical del centroizquierda rescata el mecanismo colonial de opresión de la deuda externa. La investigación propuesta, en su afán de ser compatible con las "instituciones vigentes", además de partir del pago, y no de su suspensión, resulta conformada al estilo Massa, mediante una bicameral de las mismas fuerzas que hundieron al país con el reconocimiento y la multiplicación de esta deuda ilegítima, desde la dictadura hasta la fecha. Para la corriente dirigente de la CTA, una organización obrera, no es menor ni secundario un planteo de este tipo. Implica una connivencia con el ajuste en marcha. La subordinación a la burguesía nacional, implicada hasta el cuello en el negociado de la deuda mediante la recompra de títulos con los capitales que fuga, resulta una barrera infranqueable de toda la centroizquierda. No se nos escapa que este planteo pone a Unidad Popular como virtual asesora de Axel Kicillof, y que hace una defensa implícita del gobierno kirchnerista y de sus canjes. Una línea confusa de separación que ya se expresó en la abstención frente a la rebaja de impuestos a los grupos sojeros del biodiesel y ante la ley de rebaja de aportes patronales. Néstor Pitrola

EXCLUSIVO DE INTERNET Una jornada de lucha y paro resuelta por el Plenario Autoconvocado de delegados se realizará el 2 de julio en repudio al acta salarial suscrita en el Ministerio de Trabajo por las cámaras patronales y la directiva fraudulenta e ilegítima de la UTPBA. La jornada viene precedida de luchas y paros por empresa, como el caso de Página 12 y El Cronista, entre otras, frente al intento de las patronales por imponerle sin cambios la paritaria firmada a la baja y que no representa los intereses de ningún trabajador de prensa. El repudio al acuerdo en las asambleas es masivo y, en muchas empresas, se realizará un paro general de 24 hs. Como señalamos en otra oportunidad, hace falta un paro general para responder de conjunto a la ofensiva de las patronales, el gobierno y la burocracia. El paro será solo el puntapié de una lucha más vasta que encontrará, en esta etapa, a las comisiones internas a la cabeza de luchar por lograr la mejor aplicación posible de las paritarias y para enfrentar la persecución gremial en BAE, Crónica y Perfil. Sin embargo, no podemos ni debemos renunciar al objetivo de reabrir la paritaria con la inclusión de los paritarios elegidas en asamblea. Experiencias como la huelga general docente autoconvocada en Salta refleja que es posible lograr reabrir una paritaria y, más importante aun, lograr el reconocimiento de un organismo de base autoconvocado por fuera del aparato de la burocracia sindical. Este es el camino que debemos desarrollar los trabajadores de prensa para evitar una regresión a la etapa de paritarias por empresa a donde nos quieren llevar las patronales -es decir, donde estamos más debilitados en el uno a uno. Así, Clarín -que ostenta el control de la principal cámara patronal- otorgó un aumento unilateral mayor al que arregló con la UTPBA, una verdadera extorsión a los trabajadores. El reclamo de reapertura con los paritarios adentro busca quebrar de raíz las maniobras patronales y de la burocracia, para volver a atomizar al gremio. Por otro lado, la firma del acuerdo expresa el agotamiento de una experiencia de dualidad al interior del gremio de prensa con una directiva fraudulenta e irrepresentativa y un plenario de delegados vigoroso, organizado por la base. Esta dualidad, transitoria por definición, ha sido saldada con la intervención del Estado-Ministerio de Trabajo en favor de la burocracia. En este cuadro, se intenta disciplinar y subordinar al Plenario como rueda auxiliar de la Directiva ilegítima en las redacciones. No es el sentir de los trabajadores de prensa que reclaman que el Plenario se ponga a la cabeza de una nueva organización gremial. Desde la Naranja de Prensa recogemos las distintas iniciativas que han empezado a manifestarse en intervenciones de compañeros dentro del plenario y las asambleas y proponemos darle forma mediante la convocatoria a una asamblea abierta, de trabajadores de prensa afiliados y no afiliados, a realizarse en Agosto, como marco democrático en el que discutir y lanzar la inciativa del nuevo sindicato. Llamamos a las agrupaciones del gremio, a las comisiones internas y activistas a empezar a trabajar ya para prepararla en común. Hay mucho por hacer, ¡manos a la obra!

ESMA La Secretaría de Derechos Humanos presentó un recurso de casación solicitando se revoque lo ordenado por la Cámara de Apelaciones, la cual había prohibido alterar el Casino de Oficiales de la Esma en el entendimiento de que el edificio todavía constituye prueba judicial. El gobierno pretende instalar allí un "proyecto museográfico" que celebre el relato oficial del "gobierno de los derechos humanos", una usurpación de la memoria por parte de los defensores de Milani, Gerardo Martínez, la ley antiterrorista y la regimentación de los piquetes y las protestas sociales. La Cámara de Apelaciones también había señalado en su resolución que cualquier emprendimiento en Esma debía ser aprobado por el ahora extinto Espacio para la Memoria (IEM). La ley 26.415 así lo determinaba. Como el proyecto presentado por la Secretaría de Derechos Humanos no obtuvo esa autorización y encontró una gran oposición de sobrevivientes y organismos de derechos humanos, el gobierno nacional resolvió que todos los centros clandestinos de detención pasaran a la órbita del estado Nacional, cerró un acuerdo con el PRO despojando a la Ciudad de la posibilidad de tener sus propias políticas de memoria y juntos disolvieron el IEM. Quedará en manos de la Cámara de Casación Penal resolver la autorización para la realización del proyecto kichnerista. Los ex Centros Clandestinos de Detención (CCD) todavía tienen una enorme importancia en la lucha contra la impunidad. Hace pocos días, sin ir más lejos, declaró en el juicio de la Esma el perito Luis Fonderbrider, quien contó que en el Campo de Deportes de la Esma -donde se hacían los "asaditos" y testigos dieron cuenta de haber visto restos humanos- se realizó una inspección limitada a un pequeño sector y que no pudieron proseguir porque no se les dieron las maquinarias solicitadas. De ello ya pasaron cinco años. Continuaremos defendiendo la memoria contra todo intento de usurpación. Instamos al Estado que se ocupe de investigar en profundidad todos los campos clandestinos. Liliana Alaniz (Apel)

MENDOZA Luego de la aprobación de una declaración contra el pago "indemnizatorio" a la vaciadora Repsol y por el pago de las acciones a los ex trabajadores ypefianos en el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo -sede de una de las más importantes destilerías de YPF- viene creciendo la Coordinadora nacional de ex trabajadores de YPF regional Mendoza. La declaración de nuestra bancada fue repartida junto con varios ypefianos en las puertas de la destilería y en barriadas donde viven los trabajadores de la misma. Esta constituye una denuncia política del rol que jugaron los partidos patronales durante la privatización y el vaciamiento de YPF, también de las consecuencias de este proceso y de la actual reprivatización en favor de grupos como Chevron, de las condiciones de trabajo y de tercerización de la mayoría de los obreros petroleros. Como parte de la jornada nacional de lucha de la Coordinadora Nacional de ex ypefianos, el martes 24 de junio unos 20 ex ypefianos, acompañados por el diputado del PO Héctor Fresina, realizamos una radio abierta en las puertas de la Legislatura mendocina, la misma que se negó y se niega a discutir el problema, mientras se prepara para avalar la entrega de Paco Pérez a la Nación y a YPF de la potestad sobre los recursos energéticos de la provincia. Facundo Terraza, concejal en Luján de Cuyo - Mendoza