Prensa Obrera N° 1320

Por un congreso de la izquierda y el movimiento obrero Agenda de Jorge Altamira Jueves 26 de junio, recorrida de medios y charla en Rosario Viernes 27 de junio, a las 19 hs. con trabajadores telefónicos en Mitre 2162 Lunes 30 de junio, a las 18 hs., en Auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales Miércoles 2 y jueves 3 de julio, recorrida de medios y charla en Chaco y Formosa Sábado 12 de julio, en inauguración del local de Chacarita Miércoles 16 de julio, a las 18hs., en el Salón de actos en Escuela No1, mitre 144 (Marcos Paz) Viernes 18 de julio, a las 18 hs., en el Sitraic (Remedios de Escalada) Sábado 19 de julio 13 hs. en Av. Belgrano 1356 (Avellaneda) Agenda de Néstor Pitrola Viernes 4 de julio, a las 18 hs., con estatales CABA en Mitre 2162 Miércoles 9 de julio, actividad en La Plata Viernes 11 de julio, cena con docentes universitarios Martes 15 de julio, gira y recorrida por Bahía Blanca Sábado 19 de julio, en Ezeiza Agenda de Guillermo Kane Viernes 27 de julio, a las 19hs., en el Instituto Superior 115 (Acevedo 664, Baradero) Miércoles 16 de julio, a las 19 hs., en Luján Viernes 25 de julio, a las 19 hs., en Merlo Agenda de Marcelo Ramal Viernes 11 de julio, a las 18 hs., mesa debate con Héctor Giuliano en Hurligham Sábado 5 de julio, a las 14 hs., Marcelo Ramal en villa 31 Miércoles 9 de julio, a las 13 hs., locro en Villa Ortuzar Sábado 12 de julio, a las 17 hs., en Parque Patricios Martes 22 de julio, a las 18hs, mesa redonda por proyecto de Enfermería en la Legislatura Agenda de Gabriel Solano Viernes 4 de julio, a las 17 hs., con trabajadores del subte en Mitre 2162 Sábado 12 de julio, a las 16 hs., en Palermo Viernes 25 de julio, a las 18 hs., en Quilmes Agenda en la Provincia de Buenos Aires Viernes 27 de junio, a las 19hs., en Calle 22 entre 31 y 33 (Mercedes) con JP Rodriguez Sábado 28 de junio, a las 17 hs., en Junin con Daniel Rapanelli Sábado 28 de junio, a las 17hs., en Av. Belgrano 1356 (Avellaneda) con Hugo Lorenzatto Jueves 3 de julio, a las 18hs, San Vicente 51 (Villa Domínico) con Hugo Lorenzatto Viernes 18 de julio, a las 18 hs., Romina del Plá en Ezeiza Agenda en la Ciudad de Buenos Aires Viernes 27 de junio, a las 19hs., charla sobre la deuda en Caballito (Riglos 573) Sábado 5 de julio, a las 18hs, Vanina Biasi en Barracas Sábado 5 de julio, a las 16hs., Freddy Gima en Balvanera Sábado 12 de julio, a las 17 hs., Ezequiel Dolber en La Boca Sábado 12 de julio, a las 16 hs., Rubén Schofrin en Devoto Sábado 19 de julio, a las 16 hs., Freddy Gima en Ortuzar Sábado 19 de julio, a las 16 hs., Sergio Villamil en Floresta Sábado 19 de julio, a las 16 hs., Vanina Biasi en Boedo

Tucumán En el caso tucumano, la huelga lleva más de un mes. Las masivas movilizaciones -como la marcha de antorchas del lunes 16, que reunió a más de 3.000 personas, incluidos padres de alumnos de escuelas preuniversitarias- muestran que la huelga se ha afirmado. Todas las semanas se han sumado nuevos sectores a la lucha. En la última, fueron los centros de estudiantes de algunas de las escuelas preuniversitarias donde los sectores kirchneristas habían intentado hacer pie en contra de la docencia. Otra expresión son los nuevos contingentes de docentes que se suman a la huelga, como Ciencias Económicas. La base del proceso es la asamblea general, que va adquiriendo un alto grado de madurez. El jueves 19 resolvió por primera vez, por propuesta de la Lista Naranja, que los delegados al congreso de Conadu Histórica sean elegidos por la propia asamblea general y se estableció un claro mandato: rechazar cualquier propuesta que no dé respuestas al pliego reivindicativo por el que se está luchando (8.000 pesos para el cargo testigo), continuar la huelga general por tiempo indeterminado, poner el proceso de lucha bajo su control (sólo el congreso de Conadu Histórica puede resolver sobre el plan de lucha) y a aceptar en el congreso con voz y voto a las asociaciones en lucha ajenas a la federación. No hay ninguna confianza en el oficialismo de la federación entre la docencia tucumana, lo que se expresó en la propuesta de que se constituya un comité de huelga nacional. Asimismo, se planteó el reclamo a la CTA para que convoque a un paro nacional. Entre los delegados más votados estuvo Ariel Osatinsky (aclamado), que es el principal referente de la Naranja y uno de los compañeros que ha estado a la cabeza de esta lucha. En contraste, entre los sectores menos votados, estuvo la propia conducción del gremio, a la que la docencia le reclama no estar a la altura. Tras la experiencia del último plenario de secretarios generales, donde la docencia pudo ver el carácter conciliador de la conducción de la Federación, una aguerrida delegación de más de 50 docentes se anotó para viajar a Buenos Aires a defender el mandato en el Congreso, acompañando a los congresales tucumanos. La asamblea también se expidió para que el ex rector de la UNT, Cerisola, al que la Justicia federal ha citado para ser indagado en una causa por corrupción, no sea designado como representante de la universidad en el directorio de Ymad, el organismo por medio del cual se consuma la asociación de la UNT con las multinacionales mineras, como ocurre en el caso de la Alumbrera. Es una causa judicial que, de avanzar, involucraría a la actual rectora (era la vicerrectora del gobierno anterior) y a su camarilla de funcionarios. Diego Toscano

A la deuda externa impagable, que el gobierno K multiplica con nuevos pagos en bonos en beneficio de Repsol, del Club de París y las privatizadas que litigan en el Banco Mundial y los fondos buitres, se suma la bancarrota del Banco Central. Los activos del Banco Central suman unos 100.000 millones de dólares -pero las reservas netas en divisas son solamente unos 15.000 millones de dólares. Unos 70.000 millones de dólares son créditos incobrables al Tesoro Nacional (Ambito Financiero, 21/5), la mayor parte bajo la forma de letras intransferibles, o sea que no pueden venderse en el mercado. Otros 14 mil millones de dólares son créditos otorgados al Banco Central por los bancos centrales de Francia y Basilea, por un lado, y depósitos de clientes, por el otro (Héctor Giuliano, Argenpress, 16/7). El pasivo del Banco Central está constituido por los pesos en circulación y la deuda del Central con los bancos locales. Esta última es ya de 25.000 millones de dólares, en pesos, lo cual supera el doble de las reservas disponibles. La base monetaria, de un billón de pesos, aproximadamente, es siete veces superior a las reservas. Si se considera que dos tercios de los activos son incobrables, el patrimonio neto del Banco Central (activo menos pasivo) es negativo (el monto depende de la valuación que se haga de los activos incobrables). La quiebra de un Banco Central significa que no puede seguir emitiendo moneda sin depreciar al mismo tiempo su valor, o sea, que desataría una inflación imparable. Para evitar este resultado hiperinflacionario, el Central se endeuda en forma creciente con la banca local, de la cual obtiene pesos, a tasas elevadas en dólares. En determinado punto la banca local dejará de prestar sus fondos al banco central, para protegerse de un defol o de una devaluación superior a la tasa de interés que aplica a esos préstamos. Todo esto significa que mientras impulsa pagar toda la deuda externa, gobiernos y opositores preparan o admiten, por un lado, un defol de la deuda del Tesoro con el Banco Central y, por el otro, una devaluación del peso que revalorice las reservas disponibles en dólares y desvalorice la deuda en pesos con los bancos locales. Las reservas disponibles revalorizadas se acercarían al valor de los pesos en circulación, que quedarían desvalorizados por una devaluación. O sea que el reequilibrio financiero pasa por un golpe inflacionario contra los trabajadores. Marcelo Ramal

Foto: Tatiana Kertesz El ministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, acaba de ingresar en la Legislatura bonaerense un proyecto de ley para establecer exenciones impositivas a quienes contraten a víctimas de trata de personas. La iniciativa contempla la modificación del artículo 208 de la Ley 10.397 (Código Fiscal de la provincia de Buenos Aires). Se trata de un proyecto propagandístico, sin impacto real sobre la población de mujeres víctimas de la trata para la explotación sexual y laboral en la provincia, basado sobre un principio fiscal de recortes de aportes patronales, que incluso, por la ausencia de controles y la complicidad del Estado con el delito, beneficia también a empresarios esclavistas. La provincia no sólo tiene víctimas de explotación sexual sino también laboral, como ocurre con las decenas de víctimas esclavizadas en las granjas avícolas Nuestra Huella, proveedora del mercado interno y exportadora de huevos a países como China, cuyo régimen laboral produjo la muerte de niños -el caso del niño Ferreyra, por ejemplo. Scioli y Casal siempre encubrieron a los dueños de estas granjas, vinculados con el ex intendente Zúccaro y otros punteros del PJ de Pilar. Una política a favor de las víctimas requiere que el Estado acerque a ellas las soluciones a los problemas. La propuesta del Partido Obrero en el Frente de Izquierda es que las víctimas de trata deben estar exentas de pagar el IVA en absolutamente todos los productos como primera medida. El Estado deberá garantizar el acceso a una vivienda digna, que sólo será abonada por la víctima si logra insertarse laboralmente, con un régimen de tasa 0 por ciento y sin que supere la cuota a pagar el 30 por ciento de los ingresos de la víctima, la que deberá ser costeada por el Estado con los fondos provenientes de la incautación de bienes de tratantes. Por último, el Estado deberá garantizar el acceso de la víctima de forma fácil y sin interposiciones burocráticas a la finalización de sus estudios, siempre que la víctima así lo quiera; y darles cursos de capacitación laboral y jardines maternales u otro tipo de ámbito de contención de los niños, para garantizar la adecuada inserción de las mujeres. El delito de trata está entrelazado con una serie de impedimentos objetivos, empezando por la participación del propio Estado, para que las víctimas denuncien o puedan afrontar esta recomposición de sus vidas: la negativa del Estado a desmantelar redes, o sea a autoinvestigarse, permite el dominio de la víctima por parte de los captadores de niñas y mujeres con absoluta impunidad. El proyecto Casal es de una impostura total también porque la víctima de trata en general es mujer y con una nula o escasa formación para una inserción laboral en blanco. La víctima está obligada a recurrir a un circuito absolutamente informal (las mujeres son las más precarizadas de nuestro país). Denunciamos la utilización de las víctimas de trata y reclamamos para ellas una verdadera asistencia. Denunciamos la participación del Estado en la trata de personas y la proliferación en el territorio provincial de la explotación sexual y laboral. Vanina Biasi

Foto: Miles Harvey Con cinco universidades en huelga por tiempo indeterminado (Tucumán, desde hace un mes, Río Cuarto, San Luis, Rosario y Cuyo) y otras 22 de paro desde el sábado 14, el gobierno presentó el martes pasado, en la quinta reunión paritaria, tras sucesivos cuartos intermedios, una propuesta que apenas maquilla la que fue rechazada por toda la docencia en lucha: un 16,5% de incremento que se adelanta a julio, un 10% a cobrar en agosto, un 2% en concepto de jerarquización laboral y el compromiso de modificar -con un porcentaje indefinido- el nomenclador docente. Porcentajes que fueron corridos por los 90.000 docentes en huelga, y que están dentro de la pauta del gobierno que firmaron las burocracias de UPCN y Fatun para el resto de los estatales, y que siguen dejando a los docentes universitarios como los peores pagos del Estado nacional. Como era previsible, las burocracias de Conadu/Feduba, Fedun/Aduba y UTE Ctera ya manifestaron su acuerdo ante un pretendido mejoramiento de la oferta, se dispusieron a levantar una virtual convocatoria a parar el miércoles y manifestaron su voluntad de cerrar el acuerdo paritario. Casi igual que hace un año y medio, cuando firmaron la paritaria de 16 meses a pedido del gobierno, para congelar nuestros salarios. Pero el rechazo de la docencia se hizo sentir en la misma plaza con una asamblea improvisada por AGD-UBA, que sostenía una carpa frente al Ministerio, donde no sólo manifestamos nuestro rechazo, también organizamos un corte de calle en Corrientes y 9 de Julio, y de un partido de fútbol para aprovechar todos los medios para denunciar la oferta y la operación que montarían las burocracias para cerrar el conflicto a través de la prensa. El paro en las 27 universidades y más de 50 colegios preuniversitarios continúa hasta el viernes 27, cuando se realizará el Plenario de Secretarios Generales de la Conadu Histórica. Allí se evaluarán los balances y los mandatos de cada asociación de base. Ya las primeras asambleas marcan una tendencia: en Cuyo y en Luján, el rechazo a la oferta del gobierno fue unánime. La batalla de Buenos Aires La chispa que nacionalizó el conflicto fue la huelga por tiempo indeterminado de los docentes de Tucumán, que ya lleva un mes. Tras un plenario de secretarios generales realizado en Tucumán, la Conadu Histórica convocó a la huelga en todo el país. Varias asociaciones de la otra Conadu (Rosario y Río Cuarto), en contra de su propia federación, y San Luis (no federada) ya venían en huelga, lo cual pone de manifiesto una crisis de la burocracia que la dirección de Conadu Histórica no explota. En este marco de radicalización y ascenso de la huelga, que creció en la UBA con una adhesión inédita en los últimos tiempos, sesionó el lunes 23 en Buenos Aires el congreso de Conadu Histórica. Se trató de una gran batalla política, que se inició incluso antes de su apertura. Por iniciativa de la Naranja y de AGD-UBA, y venciendo las resistencias de la propia dirección de la federación, el congreso se realizó en una carpa instalada en la puerta del Ministerio de Educación, preparando el clima de movilización el mismo día de la reunión paritaria. Hubo una olla popular y una gran presencia de huelguistas de la UBA y decenas de compañeros llegados en micro desde Tucumán. En el congreso se polarizaron las posiciones entre la dirección de Conadu Histórica, por un lado, y la combativa delegación tucumana junto a los congresales de AGD-UBA y otros sectores partidarios de ir a fondo con las medidas de lucha, por el otro. En un marco de fuerte movilización, fue aprobada la continuidad de la huelga casi por aclamación. La conducción logró imponer que la continuidad de las medidas no sea resuelta por otro congreso, sino por el más reducido plenario de secretarios generales. Pero fue una victoria pírrica: acto seguido, se logró derrotar a la dirección y votar la realización de dicho plenario en la ciudad de Tucumán, en lo que fue recibido por los huelguistas como un fuerte apoyo a su lucha. El gobierno y la burocracia, en crisis El paro sigue e ingresa en una etapa decisiva. El Plenario en Tucumán será un escenario de otra gran batalla política entre quienes dentro de la Conadu Histórica se muestran proclives a la firma del acuerdo y a levantar toda medida, de un lado, y quienes vamos por el rechazo y la continuidad del plan de lucha nacional. Vamos con todo por nuestros reclamos. Lucas Poy

¿Es lo mismo un defol declarado por Cristina Kirchner (o por otro gobierno capitalista) que el repudio de la deuda usuraria por parte de un gobierno de los trabajadores? El defol es una interrupción de pagos para propiciar una reestructuración o refinanciamiento de la deuda impagable. El repudio de la deuda equivale, en cambio, a una expropiación de los capitalistas que lucran con una deuda usuraria y confiscatoria, aunque deja de lado a los especuladores pequeños que depositan sus ahorros en la deuda externa. El defol mantiene sin modificaciones las relaciones y la estructura económica que produjeron la bancarrota. Rodríguez Saá, por ejemplo, declaró el defol cuando el país había agotado la posibilidad de seguir pagando, y lo hizo con el propósito de generar las condiciones para volver a pagar. Al mismo tiempo, Duhalde inyectó luego una suma multimillonaria de pesos para rescatar a los bancos y AFJP que tenían una cartera de títulos de deuda externa superior a su patrimonio neto. El defol habilitó en un gran negocio para los capitalistas que, mientras tanto, habían fugado capitales durante 2001 y luego lograron, en la reestructuración de la deuda llevada adelante por los K, el reconocimiento de los intereses usurarios aplicados a los blindajes y megacanjes realizados por De la Rúa-Frepaso-Cavallo en 2001. Además recibieron los llamados cupones del PBI -40.000 millones de dólares. El Partido Obrero es preciso con sus consignas: no al defol, sí al repudio definitivo de la deuda usuraria. Un defol, por parte de Cristina Kirchner, iría acompañado por un caos económico generalizado en perjuicio de los trabajadores, en primer lugar. Un repudio de la deuda usuraria, que solamente podría ejecutar en forma consecuente un gobierno de trabajadores, iría acompañado con un plan económico obrero y popular financiado con el ahorro nacional salvado del pago de esa deuda. Es un paso hacia la reconstrucción socialista del país. Nuestro planteo de no pago forma parte de un programa de transformación social integral del país bajo la dirección de los trabajadores. Para eso se impone la nacionalización de la banca y del comercio exterior y la creación de una banca única dirigida por los trabajadores. Los bancos y los pulpos comerciales son los canales principales de confiscación del ahorro nacional y la convierten en deuda pública que expolia a la fuerza de trabajo. Si el gobierno se ve obligado a rechazar el fallo de Griesa y a suspender el pago de la deuda, nos movilizaremos para que este rechazo se convierta en repudio de la deuda y para impulsar la convocatoria a un congreso de trabajadores que aplique los recursos rescatados a un plan obrero y popular. Gabriel Solano

EXCLUSIVO DE INTERNET En el marco de devaluación, ajuste, inflación y crisis políticas que vivimos todos los trabajadores de nuestro país, los trabajadores de la Anses venimos llevando adelante la lucha por nuestro salario, el pase a planta permanente y condiciones de trabajo mediante quite de colaboración y asamblea permanente sin atención de público en la Unidad de Atención Integral (Udai) de todo el país. El martes pasado, el Ministerio de Trabajo de la mano de la empleadora (Bossio) y los sindicatos al servicio de ella, UPCN Y SECASFPI, firmaron la pauta salarial del 28,15%. Ese porcentaje de aumento firmado significa para los trabajadores de la Anses, cerca de un 20%, debido a la confiscación sistemática que venimos sufriendo por el impuesto al salario. Por lo que nuestra paritaria especifica que hace ya tres años, en los hechos, se transformó en una réplica de la paritaria nacional desvirtuando su carácter, hoy se muestra como un recorte salarial liso y llano, un ataque en regla a los trabajadores que nos desempeñamos en un organismo desbordado de trámites y sentencias judiciales, lo que afecta cotidianamente la salud de los trabajadores y sus condiciones de trabajo. Esta paritaria, además, tuvo una característica particular que cristaliza la perversión de los manejos que se han hecho en nuestros lugares de trabajo. Se firmó un acta donde se pasa a planta permanente a todos los trabajadores, lo que por un lado es una victoria de los trabajadores que venimos luchando hace años por ello. Por otro lado, miles de militantes de La Cámpora, Moviendo Evita y otros pasarán a planta permanente, en algunos casos con menos de tres meses de antigüedad. El copamiento por parte de los aparatos al servicio del gobierno y sus distintos punteros municipales y fracciones políticas es mayúsculo. Todos ellos en el desarrollo de esta lucha han tenido un objetivo muy claro, impedir cualquier medida de fuerza y organización independiente de los trabajadores. Han actuado en todos los casos como carneros y provocadores al servicio del patrón. Las conducciones sindicales de Apops (sindicato específico de Anses) que responde a Moyano, ATE en sus dos versiones Micheli / Yasky y un sector de SECASFPI -recientemente dividida en dos fracciones, con denuncias cruzadas de fraudes- han convocado a un paro sin presencia para el 25 de junio, lo que demuestra que no serán los trabajadores los que decidiremos el curso de esta lucha para ganar, sino la impotencia de estas conducciones sindicales que responden a distintas orientaciones políticas patronales. Están repitiendo lo que han hecho en otras paritarias, cerrando acuerdos por acción u omisión, con paros aislados sin continuidad ni plan de lucha, decididos por arriba. Cristina se dispone a honrar una deuda con los fondos buitres que recaerá sobre nuestras espaldas. Ahora más que nunca debemos pelear por la eliminación del impuesto al salario, un aumento salarial no menor al 35% y eliminar el reglamento de personal que persigue a los trabajadores que se enferman. Imponerle a la burocracia un plenario de delegados con mandato de base para votar un plan de lucha progresivo hasta conseguir nuestros reclamos es la tarea.

JUJUY En Libertador General San Martín (Ledesma), la Organización de Mujeres Plenario de Trabajadoras - Partido Obrero (PDT) debutó con la charla púbica Violencia de Género e Impunidad: el caso Romina Aramayo, que contó con la participación de alrededor de 40 personas. El jueves 19 de junio, el PDT y la familia Aramayo convocaron a una charla en la que tuvimos como invitada a la compañera Gabriela Cerrano, senadora provincial de Salta por el Partido Obrero, quien además es referente de la lucha contra la impunidad en su provincia y una reconocida activista por los derechos de las mujeres. Romina, una joven ledesmense de 25 años de edad, que tuvo que trasladarse a San Salvador de Jujuy en busca de trabajo, fue asesinada cruelmente. La joven salió de su casa el viernes 4 de abril para dirigirse a la capital de nuestra provincia. Durante ese fin de semana, la familia no supo nada de ella y empezaron a buscarla. La semana siguiente, Romina apareció muerta en el Dique Los Molinos. La autopsia realizada reveló que la joven fue asesinada el sábado 5 de la forma más brutal: a golpes. Se presume que detrás del crimen están involucradas la policía y las mafias relacionadas con la trata. El caso de Romina no es un hecho aislado, ya que es el mismo Estado el que pone a las mujeres en situación de indefensión al excluirlas del mundo laboral o sólo proporcionarles trabajo en negro o precario. Además de contar con la presencia de toda la familia de Romina y de sus amigos, también se acercaron familiares de dos casos más de impunidad, el del joven de 16 años, Iván Posincovih, quien fue asesinado por una patota el 21 de abril de 2013, y el de la abuela Rafaela Flores. Ante el público, la compañera Gabriela Cerrano compartió la experiencia de las Comisiones de Familiares que luchan contra la impunidad tanto en Salta como en Tucumán. Las familias afectadas y el Plenario de Trabajadoras, resolvimos realizar una marcha que aglutine a los casos de Libertador para exigir justicia, ya que la conclusión que se sacó es que sin la presión popular -es decir, sin la organización y movilización independientes del Estado y de las patronales- seguirá reinando la impunidad. Además, las mujeres presentes se anotaron para viajar al XIX Encuentro Nacional de Mujeres, para llevar sus reclamos por Justicia y participar activamente del mismo. Por una comisión investigadora independiente, que investigue todos los casos impunes de la provincia. ¡Justicia por Romina Aramayo, por Iván Posincovih, por Rafaela Flores y por todas las víctimas de la impunidad! Paula (Plenario de Trabajadoras - Jujuy)

La votación de la ley de policías comunales, que Scioli pretendía mostrar como el aspecto más novedoso de su "Emergencia de Seguridad", pasó de ser punta de lanza de un reposicionamiento político a un verdadero dolor de cabeza. Para su tratamiento, contaron con el disciplinamiento de todos los legisladores cristinistas de “Chino” Navarro y La Cámpora, quienes dejaron de lado sus campañas propagandísticas anti-Bonaerense de épocas pasadas y se alinearon sin chistar al "empoderamiento" de la maldita policía que anunciaron Scioli y Granados en el paquete de Emergencia de Seguridad. La oposición al proyecto ha quedado limitada a expresiones aisladas de Verbitsky y la Comisión Provincial de la Memoria, que denuncian el reforzamiento de la Bonaerense. Según éstos, el resultado de la emergencia de Scioli mantiene a la policía y al servicio penitenciario, responsables de la organización de los jóvenes para delinquir y del aumento de abatidos en enfrentamientos armados (se proyectan 300 para el año, si se mantiene el ritmo actual), el aumento de detenciones, cacheos y secuestros policiales sin orden judicial, y la incorporación de personal retirado sin ninguna revisación real de sus antecedentes (Página/12, 1/6). Sigue el desbande del PJ Las principales dificultades para aprobar la nueva normativa provienen de su frente interno. Nuevo Encuentro aprobó, finalmente, el proyecto de policías comunales -consensuado entre Scioli y Massa-, a cambio de la inclusión de cláusulas "democráticas", como la posibilidad de una consulta popular para remover el jefe de la policía comunal y la obligación de los intendentes de comparecer ante los Concejos Deliberantes e informar sobre el desempeño de estas fuerzas. Estos agregados dieron lugar a que el propio FpV hiciera caer la sesión de Diputados citada para el proyecto y que dichas cláusulas fueras removidas a pedido de los intendentes oficialistas. Una nueva sesión aprobó el proyecto, con el apoyo de los aliados permanentes del sciolismo, Nuevo Encuentro y los restos de De Narváez. En el Senado, la cuestión se pudrió nuevamente frente a la oposición de Massa en relación al método de giro de fondos provinciales a los municipios y en la defensa de que los policías comunales actúen armados fuera de su horario de servicio. El Frente Renovador encontró eco en sectores que el FpV contaba como propios, como Ishii. El FpV pasó a cuarto intermedio antes de perder la votación. En los días posteriores, el desbande se profundizó, con la relativización de Mussi sobre la importancia de la ley y las declaraciones públicas de Insaurralde en línea con los planteos de Massa. Para terminar de configurar este escándalo, las referencias del jefe de la bancada massista en el Senado, que habló de la "sombra de la Banelco", en referencia a coimas y presiones para hacer pasar la ley, ha dado lugar a que un fiscal platense tome la denuncia de oficio y cite a declarar a los senadores provinciales para que den testimonio del tema. Guillermo Kane

La decisión del gobierno de negociar con los fondos buitre y el juez Griesa está lejos de cerrar la crisis de deuda externa abierta por el fallo. Por un lado, no está claro cómo se va a evitar que el fallo desate una escalada de demandas judiciales por parte de los acreedores que aceptaron ingresar a los canjes de deuda. Es probable, incluso, que los buitres tengan bonos de ese canje, por lo que buscarían cobrar dos veces: por los bonos en defol y por la aplicación del fallo a los bonos activos. El ultimátum de la Justicia yanqui puso de manifiesto la condición colonial de los acuerdos de deuda que refrendaron los nacionales y populares. Rodrigazo para los ‘inversores’ Pero un arreglo final con los fondos buitre también agravará la crisis porque incrementará la deuda externa en otros 15 mil millones de dólares o más, lo que se suma a la nueva deuda contraída por los pagos a Repsol y al Club de París, por cerca de 20 mil millones. En contraste, las reservas "netas" del Banco Central son de 12 mil millones de dólares. Para conseguir afuera los dólares que permitan pagar -con más deuda- la deuda externa que vence hasta finales de 2015, el gobierno deberá levantar el cepo y devaluar aun más la moneda, además de terminar con las tarifas subsidiadas, como ya ocurre con la nafta. Un ex director del Banco Central recomienda, además, "una tasa de interés significativamente más alta" (La Nación, 24/6), lo que podría convertir a la recesión industrial en una depresión. La misma libertad cambiaria exigen los monopolios petroleros para venir a Vaca Muerta. Este es el rodrigazo que impulsa el capital financiero. Nuestro planteo Los que nos conducen a esa nueva quiebra nacional justifican el nuevo arreglo con los buitres con el argumento de evitar un defol, sin advertir que es el arreglo lo que llevará a una nueva cesación de pagos. Es simple: la deuda es impagable. La burguesía nacional aboga por pagar a los buitres porque ella misma tiene la mitad de la deuda externa en su cartera, de modo que un no pago hundiría su valor. No es Argentina la que paga la deuda, sino los trabajadores; el capital no paga, cobra. La deuda externa es un método de concentración de capital en menos manos y de apropiación sistemática del ahorro nacional por parte del capital financiero. Esa deuda ha alcanzado de nuevo un nivel incompatible con el desarrollo de las fuerzas productivas. El no pago, por lo tanto, debe implicar una recuperación del ahorro nacional por medio de una confiscación del capital financiero. Esto significa aplicar ese ahorro en base a un plan discutido por los verdaderos productores -los trabajadores y, por lo tanto, un gobierno de la clase obrera y de los trabajadores. En oposición a que la camarilla de CFK-Kicillof-Gallucio decida que la deuda la paguen los trabajadores en beneficio de los capitalistas, desde el Frente de Izquierda planteamos que la decisión quede en manos una consulta popular vinculante. Por el repudio del conjunto de la deuda externa con el capital financiero nacional e internacional; prohibición de suspensiones y despidos y el reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario; indexación automática de los salarios de acuerdo a la inflación; por la abolición del impuesto al salario. Sobre esta base planteamos una campaña política integral del Frente de Izquierda, con actos, debates y agitaciones en todo el país. El desarrollo político del Frente de Izquierda es inseparable de esta lucha contra el rodrigazo oficial y de las conclusiones políticas de esta lucha, o sea un gran congreso de los trabajadores y la izquierda. Marcelo Ramal

EXCLUSIVO DE INTERNET La Revolución Clausurada en Río Negro y Neuquén Grabado: Luis Mazzey Cuando Patricia Jure, al presentar !La Revolución Clausurada" en Neuquén, tuvo el acierto de leer lo que los textos escolares señalan sobre Artigas y la segunda oleada revolucionaria de la Revolución de Mayo, hubo una cierta conmoción en el auditorio. Tanto el caudillo, como el levantamiento popular que logró la sanción del Reglamento de Tierras -entrega de predios, ganado y marca- y la ocupación de latifundios, estaban fuera de la "historia oficial". Fue tema de debate en todas las presentaciones -en General Roca y Bariloche inclusive- esta segunda oleada, así como la reacción violenta de las clases acomodadas y el pedido de auxilio a Portugal, para que aplastara el levantamiento popular. Un desenlace que tuvo como protagonista al amañado Congreso de Tucumán -"la independencia para poner fin a la revolución". Otro tema fue la selección de un procerato como política de las clases dominantes en función de una regimentación hacia finales del siglo XIX e inicios del XX, frente a la ola inmigratoria preñada de tendencias socialistas y anarquistas empeñadas en la puesta en pie de las primeras organizaciones obreras. Un tercero, las peculiaridades de la política colonial británica de la época, donde con las invasiones inglesas perseguían instalar enclaves para la comercialización de sus productos. La gira fue auspiciada por la Universidad del Comahue y hubo una concurrencia significativa en todos los casos -las intervenciones en los medios jugaron un papel importante. En el caso de Bariloche, el libro -que tiene la autoría de Christian Rath y Andrés Roldán- fue presentado por dos reconocidos profesores de Historia del Instituto de Formación Docente local. En el prólogo de esta actividad se proyectaron fragmentos de la película "La Redota", referida al Exodo Oriental, otro acierto. Elena Florín

El martes 17 realizamos una audiencia pública en la Legislatura, convocada por la banca del Frente de Izquierda, con la consigna "Por la universalización del derecho a la identidad - No al traslado del BNDG". El panel de oradores estuvo integrado por Marcelo Ramal; Mirta Baravalle, de Madres de Plaza de Mayo; Rosaura Barletta, de Familiares y Amigos de Luciano Arruga; Luis Verdina, de la ONG "¿Quiénes somos?"; Belén Rodríguez Cardozo, directora del BNDG, y los abogados Diego Aysine, de Apel, y Gabriela Figueroa. Además, participaron Nora Cortiñas y Elia Espen (Madres de Plaza de Mayo); Adolfo Pérez Esquivel (Serpaj); Elsa Pavón, de la Asociación Anahí; Margarita Pinto y Marcela Gudiño, del Colectivo Memoria Militante; Osvaldo Barros y Néstor Carlini, de la Asociación ex Detenidos Desaparecidos, entre otros. El objeto de la audiencia fue presentar el proyecto de declaración impulsado por el Frente de Izquierda contra el traslado del Banco de Datos Genéticos impulsado por el kirchnerismo, una maniobra que tiene por finalidad la privatización del organismo. A través de las comparaciones de material genético realizadas en el BNDG, se pudo restituir la identidad de un centenar de chicos apropiados por los represores durante la dictadura militar y también la de muchas personas cuya identidad fue sustraída en democracia (chicos nacidos en las redes de trata, por ejemplo). Actualmente, el BNDG es un ente autárquico que funciona dentro del Hospital Durand. El kirchnerismo pretende trasladarlo al edificio del Ministerio de Tecnología. Su finalidad es desarrollar a partir de él un "Instituto de Genómica Humana" en sociedad con laboratorios y capitalistas de la salud. Para consumar este despojo, debe contar con el acuerdo del gobierno de la Ciudad, que hasta ahora se mantuvo en silencio. El proyecto impulsado por la banca del Frente de Izquierda plantea, además, el rechazo a los artículos 2 y 5 de la ley 26.548, que limita la competencia del banco al esclarecimiento de los casos de desaparición forzada ocurridos antes del 10 de diciembre de 1983. Esta regresión excluye de su intervención los casos de desaparición forzada de personas y sustracción de identidad ocurridos en democracia, como son los de Luciano Arruga, Daniel Solano o Julio López. La sanción de esa ley -en la que intervinieron activamente lobbistas de grandes laboratorios- fue el primer paso hacia el desguace. Un trabajador del BNDG manifestó durante la audiencia que 15 personas por día se acercan a la institución para consultar por su identidad. El mismo estudio que se realizaba gratuitamente en el BNDG tiene, en un laboratorio privado, un costo aproximado de 9.000 pesos. Todos los oradores coincidieron en denunciar que si el traspaso del BNDG se concreta, será a través de otro pacto entre los gobiernos de Mauricio Macri y CFK, como ocurrió con la reciente disolución del Instituto Espacio para la Memoria (IEM) y el traspaso de la ex Esma. En el cierre, Ramal llamó a "defender esta causa con toda firmeza e impulsar para el BNDG un directorio electo con representantes de técnicos, especialistas y miembros de las organizaciones de derechos humanos y de los grupos familiares que han acudido al Banco". Diego Aysine, abogado patrocinante (Apel)

Los alegatos en el proceso al fiscal José María Campagnoli debieron suspenderse por un extraño pedido de licencia por enfermedad hecho por uno de los jueces de un tribunal cuyo fallo venía cantado. ¿Ese tribunal se le ha partido al oficialismo? El caso ya tiene para el gobierno un costo político enorme, que no disminuiría (por el contrario, seguramente se hará mayor) aun en el caso de que lograran echar al acusado. La ofensiva contra Campagnoli obedece al interés de blindar los negociados de Lázaro Báez, que involucran directamente a la familia presidencial. Pero lo que ha logrado es abroquelar a la defensa de Campagnoli y hasta movilizar, con ese mismo propósito, a los "caceroleros". José María Campagnoli fue miembro de una secta judicial derechista llamada "Los Centauros", liderada por Norberto Quantín. En esa logia estaba también Alejandra Gils Carbó, la actual acusadora de Campagnoli (por eso Página/12, esa suerte de página Facebook del gobierno, no cita jamás ese antecedente). No se trata, como se ve, de una lucha ideológica entre los partidarios de una "Justicia independiente" y los que prefieren una "Justicia legítima". Se trata de una lucha entre camarillas. Son los mismos que aplauden juntos el acuerdo con el Club de París y el acatamiento al fallo del juez buitre Thomas Griesa. El Poder Judicial, tan afín al gobierno en el pasado reciente, cierra filas ahora en defensa de Campagnoli, aunque el fiscal acumula una veintena de denuncias en su contra, formuladas mayoritariamente por sus propios colegas o por empleados judiciales. Pero es un apoyo condicionado a que el gobierno no caiga en momentos en que la burguesía se junta al gobierno para evitar un defol ante la ofensiva de los fondos buitre. Los fiscales K acusan a Campagnoli de haber cambiado el objeto procesal en la causa en la que investigaba al valijero Federico Elaskar, involucrado en maniobras de lavado de dinero por cuenta de Báez. Elaskar, acusado de administración fraudulenta de la financiera SGI ("la Rosadita" de Puerto Madero, ese bastión de la revolución nac&pop), fue considerado por Campagnoli, al mismo tiempo, víctima de una extorsión del propio Báez. Ese proceder del fiscal fue defendido por la jueza de instrucción Gabriela Lanz, que tuvo a su cargo la primera causa vinculada con Báez, y por la también jueza de instrucción Wilma López. A. Guerrero

Cuando en el día de la Bandera Cristina Kirchner prometió pagarle a los fondos buitres, la Bolsa saludó la decisión con una suba mayor al 10 por ciento. Los banqueros y grandes empresarios de nuestras pampas tuvieron motivos para festejar. Con sus beneficios invertidos en los títulos de deuda argentina, la suba de su cotización representa para ellos un negocio especulativo extraordinario. El promocionado “modelo productivo” del kirchnerismo se reveló como un fraude: el centro de gravedad siempre estuvo en los negocios rentísticos y financieros. Pero son los capitalistas los que festejan, no los trabajadores. Es que crecen los despidos, las suspensiones y el deterioro del salario como resultado de la alta inflación. El impuesto al salario, agravado ahora con el cobro del medio aguinaldo, vuelve a afectar a más de un millón de trabajadores. Y hasta el mismo Indec reconoció que el 50 por ciento de los asalariados cobra menos de 4.500 pesos. Esta situación, sin embargo, sufrirá un mayor deterioro con el acuerdo que se trama con los buitres. Crecerá, aún más, el peso de una deuda usuraria que ya totaliza los 300.000 millones de dólares -la más alta de toda la historia nacional. Se trata de una deuda impagable, cuyo pago condena al país a un atraso histórico y a los trabajadores a nuevas y mayores penurias. Que la crisis la paguen los capitalistas. No a los despidos y las suspensiones. Reparto de las horas de trabajo. Ajuste salarial mensual de acuerdo al índice inflación. Eliminación del impuesto al salario. Repudio de la deuda usuraria. Por un banca nacional única y el monopolio del comercio exterior. Por una transformación social de país bajo la dirección de los trabajadores.

EXCLUSIVO DE INTERNET Desde el espacio Justicia Ya!, que conformamos las compañeras de Apel La Plata junto a otras organizaciones, somos parte querellante en el juicio oral donde se juzgan los crímenes de lesa humanidad, acaecidos en 1977, en el Centro Clandestino de Detención (CCD) conocido como La Cacha. Este CCD estaba ubicado en las inmediaciones de la cárcel de Olmos, en La Plata. Fue uno de los centros clandestinos más sofisticados de la última dictadura por la participación conjunta de personal del Ejército, la Marina, el Servicio Penitenciario bonaerense y el servicio de inteligencia del Ejército. En el banquillo de los acusados, por 127 víctimas, se encuentra el ex comisario Miguel Etchecolatz, entre otros veinte genocidas. A poco de los alegatos, los testimonios de los sobrevivientes y familiares de compañeros desaparecidos o asesinados han dejado expuesto cómo los hechos que se juzgan forman parte del plan sistemático de exterminio que llevó a cabo el I Cuerpo del Ejército en la zona de influencia de La Plata, Berisso y Ensenada. La totalidad de las víctimas que pasaron por La Cacha eran militantes políticos, trabajadores y estudiantes. Estela de Carlotto prestó testimonio por su hija Laura, cuyo caso está siendo juzgando y aclaró, que iba a hablar como madre de Laura y no como abuela de Plaza de Mayo, con lo cual no hizo mención sobre compañeras embarazadas que compartieron cautiverio con Laura Carlotto en el CCD ni a la maternidad clandestina que funcionaba en la U8 de Olmos, ubicada a pocos metros de La Cacha. Este juicio está caracterizado por el juzgamiento parcial de un pequeño grupo del total de las víctimas, la revictimización de testigos y exigencias procesales propias del juzgamiento de delitos comunes. Nuestra querella ha denunciado la comodidad con la que se manejaban los genocidas para moverse en el recinto; ha preguntado constantemente sobre la presencia de los imputados en la sala y ha logrado que el personal de custodia dejara de ubicarse frente al público, para colocarse de frente a los reos, por la peligrosidad de los mismos. Hemos pedido la revocación de la prisión domiciliaria de los que gozan del beneficio y hemos logrado que las víctimas testigos del CCD de 1978, también puedan ser escuchados, a pesar de la disposición del tribunal de no dejarlos declarar por no estar comprendidos en el objeto procesal de la causa. Nos hemos opuesto a los reconocimientos fotográficos pedidos por la defensa, por entender que producen la revictimización. Esta ha sido la tarea de Apel La Plata en el juicio oral de La Cacha. Apel La Plata

La Cámara de Casación desplazó al juez Mariano Borinsky como subrogante (suplente) de la Sala IV. Será reemplazado por Eduardo Riggi, quien se encuentra imputado en la "causa de las coimas". La sala IV tiene a su cargo, entre otras causas, el caso Ciccone y la revisión de la sentencia de Pedraza y los principales autores del crimen de Mariano. La decisión, tomada en un plenario de camaristas, refleja los realineamientos que se están produciendo al calor de la desintegración política del gobierno. Borinsky continuará presidiendo la Cámara a fines administrativos, pero no dictará sentencia. Quien ahora será su reemplazante votó a favor de esta marginación. De este modo, según La Nación, Riggi le pasó factura a Borinsky por haber "recordado" en un plenario de la Cámara su vinculación con la causa de las coimas. "Justamente será ahora Riggi, en su nuevo rol de juez de la sala IV, uno de los que deben revisar la condena a Pedraza. Ese vínculo podría dejarlo fuera del caso" (La Nación, 11/6). Como es obvio, corresponde que Riggi se aparte. Nosotros, podemos anticipar, lo recusaremos. Las escuchas comprometen sin lugar a dudas a Riggi y sus colegas Gustavo Mitchell y Mariano Palazzo en la causa de los sobornos. De los tres, Riggi es el único que aún continúa revistiendo como camarista. J.

COORDINADORA DE EX TRABAJADORES DE YPF Foto: Tatiana Kertesz El martes 24, la Coordinadora de ex ypefianos realizó actividades en el Congreso Nacional, la Legislatura de Mendoza y el Concejo Deliberante de Caleta Olivia, Santa Cruz, como parte de la campaña para que el gobierno pague a los ex trabajadores ypefianos las acciones del PPP (Programa de Propiedad Participada que, con en las privatizaciones, reservaba el 10 por ciento de las empresas para los trabajadores). En el Congreso instalamos una radio abierta, donde denunciamos la indemnización millonaria a la vaciadora Repsol, en contraste con los 22 años de negativa a nuestro resarcimiento. Intervinieron los diputados Pitrola y López. En Mendoza, una numerosa movilización de ex ypefianos junto a los legisladores Fresina y Dalmau y el concejal Terraza, del Frente de Izquierda-PO, denunciaron que el PJ dilata la aprobación del pronunciamiento por el resarcimiento, y señalaron la votación a favor lograda en el Concejo Deliberante de Luján de Cuyo. En Caleta Olivia, los ex trabajadores presentaron en el Deliberante un pronunciamiento, con firmas de apoyo. Estuvieron presentes ex ypefianos de La Plata, Ensenada y Berisso y se recibió adhesión de Bahía Blanca. Todos apoyan la presentación de los proyectos de ley de resarcimiento económico y laboral/jubilatorio que hará el Bloque FIT-PO en el Congreso. Silvia Jayo, José Luis Poverene y Leticia Vasarhelyi (de la CN de ex trabajadores de YPF)

EXCLUSIVO DE INTERNET Justo en la semana en que se reprime brutalmente en Córdoba a los manifestantes contra la "Ley Monsanto", en Rojas han despedido a 60 trabajadores sin que llegue a término en los meses de contrato. ¿Es por la crisis económica? ¿Les cabe la baja de las ventas? Ni una cosa, ni la otra. Todas las temporadas, esta patronal -amparada en el Estatuto del Peón Rural (K)- contrata trabajadores en blanco, pero temporarios. Son alrededor de 600 a 800. Además tiene peones golondrina traídos desde Santiago, que trabajan por tanto, completamente en negro. Estos son alrededor de 1.000. La novedad es que en 2013 y ahora, despide sin terminar de cumplir el contrato temporal. El conflicto de días durante 2013, en el que se disputaron el encuadre sindical Uatre y Urgara, expresó el reclamo obrero de pase a planta permanente de todos y trabajo continuo. La pulseada la ganó Uatre, que es la principal responsable de las pésimas condiciones de trabajo y de contratación de los trabajadores agrarios, que ya no son peones, sino obreros de empresas capitalistas, con sus líneas de producción como cualquier fábrica. El resultado del conflicto fue el contrato por doce meses de 114 trabajadores y el pago de sumas adeudadas de unos 30.000 pesos (por supuesto que en cómodas cuotas y descontando ganancias). Atención, sólo 114 trabajadores sobre 1.600 que ocupa para la producción. En estos días se vuelve a plantear la misma situación: terminación adelantada del contrato, inestabilidad, la consecuente miseria de los trabajadores que llevan años de ser explotados por Monsanto. Estalla la farsa de que están en blanco por figurar como temporarios en el Convenio del Peón Rural. Venegas y sus burócratas no han abierto la boca ante los despidos. No es para menos. Uatre es, en varios distritos, la agencia de contratación. Han dejado desprotegidos a los trabajadores. En Rojas, los despedidos están buscando organizarse para luchar por el contrato continuo por el pase a planta permanente. Los trabajadores, por experiencia propia, ven que hoy en día la producción agrícola se ha acrecentado y manejan cantidades de producción que son records históricos. Saben que de la mano de los pools de siembra, con el imperio de los transgénicos y los agroquímicos, con el poder de acopio en manos de los pulpos (de los que Monsanto es parte), la "temporalidad" es cosa del pasado. Argentina se encuentra en segundo lugar, después de Estados Unidos en el uso de tecnología que permite conocer las condiciones del suelo, las condiciones climáticas y la productividad que tendrá cada cosecha. Ha dejado de ser azaroza la producción agropecuaria. Es momento de ir por la abolición de Convenio del Peón Rural e imponer un nuevo convenio que libre a los obreros rurales del estigma de ser los que peores condiciones de trabajo tienen en la Argentina, agropecuaria. El gobierno de los Kirchner, con su relato y su maquillaje del Estatuto del Peón Rural, ha permitido que se mantenga esta forma de contratación, de pago y de superexplotación. Estos obreros de años en Monsanto, defienden su estabilidad y continuidad en el trabajo y también a los obreros golondrina que siguen siendo los que peor la llevan en el circuito de producción agropecuaria. Nora Biaggio , sobre la base del informe de Diego Ricardo y de Juan Narvaiza

En las últimas semanas, Pedraza solicitó el beneficio de la prisión domiciliaria y pidió su absolución mediante un escrito. Pablo Díaz hizo un pedido similar. El pedido de domiciliaria ante el Tribunal Oral Criminal 21 tiene un antecedente inmediato: los jueces ya concedieron este beneficio a su segundo, Juan Carlos "Gallego" Fernández -aunque sólo sería por dos meses para que se recupere del triple bypass al que fue sometido. El informe que presentó la defensa sobre la salud de Pedraza no alcanza para respaldar sus pretensiones. Los forenses dan cuenta de un "deterioro cognitivo" y "componentes depresivos", pero su recomendación es proceder al "abordaje psiquiátrico y seguimiento neurológico en su lugar de alojamiento", lo cual no lo aleja ni un centímetro del penal de Ezeiza. Pedraza pretende que su reclusión transcurra en el piso millonario que tiene en la torre El Faro, en Puerto Madero. Por su parte, mientras convalece de su operación, "el Gallego" Fernández recibe en su casa de Banfield la visita solidaria de sindicalistas y gerentes de la ex Ugofe -la ley no impide que concurran a su domicilio. El Tribunal negó a las querellas la vista de los informes médicos para que se pronuncien y éstos quedarán bajo exclusiva verificación de la fiscalía. Casación Simultáneamente, Pedraza presentó a la Cámara de Casación una "mejora" de los fundamentos con los que pretende la nulidad de la sentencia y su absolución. Pedraza refiere a una supuesta "injerencia del poder político" en el fallo, pero sin alusiones directas a la Casa Rosada, sino a la presencia de Altamira, Pitrola, Sandra Rodríguez (viuda de Fuentealba), Sobrero y "varios diputados" (sic) en la sala de audiencias durante la lectura de las sentencias. Luego, esencialmente, denuncia haberse sentido agraviado moralmente por la síntesis oral de los fundamentos que hizo el juez Días; sostiene que el tribunal fue "parcial" durante el desarrollo del juicio y que no hay pruebas "directas" en su contra. En el colmo, afirma que la "causa de las coimas" -que lo involucra en una tentativa de soborno a los jueces que debían resolver la excarcelación de su patota- no puede ser considerada un indicio de su participación criminal, porque sería -según su defensa- un "hecho posterior ajeno al hecho investigado". Una tautología siniestra. También Pablo Díaz -jefe del Cuerpo de Delegados del Roca, a través de quien Pedraza y Fernández dirigieron el ataque en el lugar de los hechos- amplió los argumentos de su pedido de absolución. Sostiene con descaro que durante el juicio no se probó su rol de liderazgo sobre la patota. Ridículo: no sólo los testimonios objetivos lo señalaron dirigiendo el ataque, incluso sus amigos lo entronizaron como jefe de la banda agresora. Además, sus declaraciones ante las cámaras de televisión, apenas cometido el crimen, jactándose de "hacer lo que la policía no hace" -incluidas en la película "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?"- son una confesión. Jacyn

Nuevo testigo de crucial importancia. En la audiencia pública en que se volcó su testimonio se adoptó un importante plan de acción. Una nueva testigo de crucial importancia brindó su testimonio en el Congreso: según contó, el militar que comandó el operativo ilegal de su secuestro bajo la dictadura fue el teniente general Milani. Verónica Matta se apersonó a la audiencia pública convocada por los diputados Néstor Pitrola y Pablo López, del Frente de Izquierda, al enterarse que estaría presente Graciela Ledo, hermana del desaparecido Alberto Agapito Ledo, a quien Matta había conocido. Matta contó que reconoció a Milani, cuando lo vio por primera vez en la televisión, como el joven militar que había comandado su apresamiento en La Rioja cuando ella era una estudiante secundaria y tenía 17 años. Matta fue detenida un mes después de la desaparición de Alberto Ledo y recluida junto a otros activistas estudiantiles en el Instituto de Rehabilitación Social, un centro clandestino riojano, en una suerte de "Noche de los lápices" local. "Esa noche yo estaba durmiendo cuando el ruido de unos autos me despertó -recuerda Matta. Salí por el balcón y vi tres autos con militares armados. Mi viejo subió a mi cuarto y me avisó que me buscaban. Me vestí con bastante parsimonia mientras los militares esperaban en la sala. Bajé y vi toda la escena. Había hombres más grandes, todos con armas. Mi viejo preocupado hablaba con ellos. Había una figura que contrastaba con el resto de los presentes. Era un jovencito vestido de militar, muy puesto, carilindo, y que llevaba la voz cantante. Le decía a mi viejo: ‘No se preocupe, doctor’. Mi papá preguntaba: ‘¿Pero a dónde la llevan?’. ‘No le podemos decir, doctor’, respondía (...) También lo vi mientras estaba detenida, cuando me trasladaban para un interrogatorio, mi venda quedó baja y lo pude ver: era el mismo joven militar de mi detención, estaba dentro del centro clandestino". El testimonio de Matta es muy comprometedor, pero no es el único hecho que agrava la situación de Milani. Las actas que le solicitan al juez la declaración indagatoria del jefe del Ejército señalan que está probado que Milani era subteniente en el Batallón de Ingenieros de La Rioja; que fue afectado a Tucumán a partir de mayo de 1976 e integraba el área de Inteligencia; que Ledo era su asistente personal y que Milani confeccionó el sumario que acusó a Ledo de deserción, cuando en realidad había sido desaparecido. Lo más importante: que Ledo estaba sindicado por informes de inteligencia como un militante del PRT-ERP y que por eso había sido trasladado de La Rioja a Tucumán junto a Milani, para ejecutar su desaparición. Los abogados querellantes sostienen que Milani, en tareas de inteligencia, no podía ignorar el informe que sindicaba a su asistente personal como militante del ERP. Para los representantes de la familia Ledo, existe semiplena prueba de su participación en la desaparición del conscripto. En la audiencia pública en que se volcó este testimonio se adoptó un plan de acción -viaje de diputados a La Rioja, sesión especial en el Congreso- para continuar la campaña por la destitución del jefe de ejército. Las pruebas sobran: Milani se tiene que ir. Diego Rojas

EXCLUSIVO DE INTERNET Foto: Lucía Ferradas Con recorridas de candidatos por un vasto número de hospitales del conurbano, y con el apoyo de los militantes del Partido Obrero para el interior de la Provincia de Buenos Aires, llega a su fin la campaña por las elecciones de Cicop (profesionales de la salud). La campaña de por sí marcó una gran diferenciación de nuestras posiciones respecto de las otras tendencias en el gremio. No quedó reducida a atraer votos sino que fijó una agenda para Cicop en el próximo período, particularmente en el segundo semestre del 2014, convocando al conjunto del activismo de los hospitales a un plan de lucha por la reapertura de las paritarias, la anulación del impuesto al salario y por el aumento del presupuesto de salud. Al mismo tiempo fue una oportunidad óptima para instalar el planteo de un Congreso de la Izquierda y el Movimiento Obrero, donde los hospitales se pueden convertir en un escenario fundamental para enfrentar el ajuste del gobierno de los buitres, del ciadi y de las petroleras. La campaña revela el crecimiento de las posiciones de Tribuna de Salud, que sus delegados congresales y su representación en el Consejo Directivo vienen sosteniendo en posición de minoría desde hace años. Pegada a las elecciones de la CTA, al mismo tiempo pone de manifiesto el ascenso de la izquierda revolucionaria también en Cicop, donde la Lista 2 y Tribuna De Salud representan la única oposición al centroizquierdismo en bancarrota, representado por el Michelismo, el MST y el PCR en la Lista 1. La Lista 3, donde se instaló el kichnerismo, es un armado oportunista sin diferenciación política de la Lista 1. Tal es así, que la decidieron separar todas las listas seccionales de las provinciales, dejando ver la carencia de un planteo político de conjunto a nivel provincial y su carácter subsidiario del centoizquierdismo en declive. La lista 5 (PTS) es al mismo tiempo un armado oportunista de último momento referenciado en nuestro desarrollo. Llamamos a la reflexión sobre este hecho a los compañeros del PTS y los convocamos a formar parte de la campaña por nuestro programa. El llamado a votar a la Lista 2 "PROFESIONALES EN LUCHA" es un salto en calidad que ha dado un sector de asociados y dirigentes seccionales de Cicop y que redundará en un mejor posicionamiento de un planteo de los trabajadores, independiente de los partidos patronales, hacia el interior del Consejo Directivo, pero que, fundamentalmente, cambia el mapa del Congreso de Delegados. Nuestra agrupación Tribuna de Salud, como el Partido Obrero y el Frente de Izquierda, queda instalada como un polo de referencia en el conjunto de los trabajadores de la salud. Las conclusiones que estos saquen de las elecciones de la CTA y las de Cicop, serán fundamentales para fortalecer un agrupamiento en la lucha por sus reivindicaciones en las batallas que se avecinan.

Luego de 50 días de paro y acampe, los trabajadores decidieron en asamblea levantar el paro y el bloqueo, en medio de una gran bronca. El conflicto de Calsa fue, indudablemente, una de las luchas más destacadas de lo que va del año. Una lucha contra 60 despidos arbitrarios y sin causa. Los trabajadores hicieron frente a las denuncias penales y una campaña pública de difamación con solicitadas carísimas. El Ministerio de Trabajo de la provincia convocó a decenas de audiencias de desgaste y avaló los 60 despidos. La patronal logró finalmente despedir a 16 de los 60 echados inicialmente y acordó pagar el 90 por ciento de las horas caídas -un punto significativo luego de tantos días de huelga. La asamblea no vivió una derrota. La directiva del sindicato se empeñó en lograr un desgaste, se negó a incorporar el reclamo de reincorporación a la negociación paritaria, hizo un trabajo sucio de desmoralización improvisando reuniones y asambleas para revisar decisiones votadas, y trabajó incansablemente para levantar el bloqueo como pedía la empresa. La mayoría del cuerpo de delegados mostró una gran disposición a la lucha. El desafío es que sobre las lecciones de esta gran experiencia, que marcó a fuego a los trabajadores de Calsa, se conforme un agrupamiento clasista que refuerce la organización interna y se incorpore a la lucha general por recuperar el sindicato para los trabajadores. Emiliano Bonfiglio

Una nueva experiencia de lucha Foto: Martín Treslobos El 26 de mayo se realizó la Audiencia Pública en el Congreso de la Nación que había sido aprobada por unanimidad por los trabajadores del Inti, en una gran asamblea que contó con la presencia del diputado Pablo López, con el objetivo de dar difusión al pliego de reclamos que se sintetiza en los siguientes ejes: el pase a planta permanente de los 2.000 trabajadores precarizados, detener el vaciamiento, un aumento salarial del 35 por ciento que lleve al salario de auxiliar a 9.000 pesos y denunciar la militarización del Instituto con tropas de Gendarmería y la Policía Federal. Durante más de un mes, la Agrupación Naranja recorrió los sectores y realizó reuniones en las que los trabajadores aportaron un muy valioso material que sirvió para nuestro "Informe del Vaciamiento". Los resultados de la campaña de La Naranja se reflejaron en la propia audiencia: la sala fue colmada con más de 100 trabajadores. Una parte quedó haciendo el aguante afuera. De la Audiencia participaron los diputados Pitrola, López y Del Caño, del Frente de Izquierda; el diputado provincial Guillermo Kane y el legislador porteño Marcelo Ramal, también del Frente de Izquierda. Además, Víctor De Gennaro y Claudio Lozano por Unión Popular, y el legislador de Proyecto Sur Pablo Bergel. Al final de la misma, se acordaron las siguientes iniciativas: enviar a todos los diputados y senadores del Congreso Nacional el informe sobre vaciamiento y militarización presentado en la audiencia; realizar una visita al Inti con una delegación invitando a más diputados, legisladores y senadores de todos los bloques; además, los diputados se comprometieron a elevar nuestro reclamo a las comisiones de Ciencia y Técnica, Trabajo, Industria y Derechos Humanos; por último, realizarán un pedido de informe a la ministra Débora Giorgi, como responsable política de esta situación. Luego de la Audiencia Pública, los trabajadores intervenimos en varios medios masivos de comunicación, entre ellos el programa de Nelson Castro. Al mismo tiempo se generó una reacción macartista de la burocracia de ATE y UPCN contra la Agrupación Naranja y el PO, colocando a debate y votación en una asamblea de trabajadores del Inti, el repudio a los referentes de La Naranja por haber aceptado ir a un programa de TV sin la participación de la comisión interna. La maniobra tuvo corto alcance, ya que al repudio de la burocracia le siguió el repudio de los trabajadores de diferentes sectores a la utilización de la asamblea para denostar a compañeros de lucha. A instancias de la presencia de Capitanich en la Cámara de Diputados se volvió a tocar el tema por parte de los diputados del Bloque Frente de Izquierda, denunciando la militarización del Instituto. En las últimas semanas comenzaron a aparecer insumos en muchos sectores, la patronal ofreció una tercera cuota para noviembre (además del 28,15 por ciento en dos cuotas que pactaron UPCN y CFK) y se ha retirado la policía de la puerta del Instituto (aunque mantiene una guardia permanente en la zona de General Paz). La madre de todas las batallas será por el pase a planta permanente de todos los contratados. Daniel Luna

EXCLUSIVO DE INTERNET Scioli ha lanzado, como parte de su carrera presidencial, una campaña de spots enarbolando los supuestos "logros" de su gestión. Allí menciona al programa "Envión" como uno de los pilares de sus políticas de Niñez y Adolescencia con "inclusión social" y sostiene que 40 mil jóvenes se están capacitando en oficios. Esto es un verdadero insulto para los jóvenes y los trabajadores de un programa que está siendo vaciado a través de despidos, cierre de sedes y el no pago de becas. Los sueldos, congelados desde hace más de un año, son miserables: los más altos no superan los 3.600 pesos, los operadores perciben mucho menos y algunos apenas 1.000. El ajuste abarca a otros los organismos y programas del área de Niñez de la provincia como el programa "Podes" o los servicios locales de Protección de Derechos, cuyos trabajadores están en constante situación de precariedad laboral, con sueldos que no superan el tercio de la canasta familiar y trabajando en condiciones deplorables: sin recursos y atravesando infinidad de situaciones de riesgo, completamente desprotegidos cuando deben enfrentar a un abusador o a un violento, etc. Lo mismo ocurre con los operadores y trabajadores sociales que realizan visitas domiciliarias, desde hace mucho tiempo, que vienen haciendo planteos en la provincia y los municipios para mejorar sus condiciones de trabajo y la calidad de los servicios de Niñez. Sin embargo, lejos de proponer mejoras significativas, se persigue a los compañeros que luchan por organizarse, alegando que el "perfil profesional" de los mismos no se condice con los "objetivos del programa". El vaciamiento y ajuste de los programas de Niñez y Adolescencia ocurre en el momento en que las condiciones de vida de las familias se deterioran como consecuencia de la inflación y la creciente pérdida de puestos de trabajo. Para enfrentar el ajuste en Niñez y para que la crisis a paguen los capitalistas: • pase a planta permanente para los trabajadores de Niñez y Adolescencia; sueldo mínimo igual a la canasta familiar. No a la baja de edad de imputabilidad; aumento del presupuesto acorde a las necesidades del área. Por un congreso nacional del movimiento obrero y la izquierda. Tribuna Estatal La Matanza

Foto: Tatiana Kertesz A finales de 2013, el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos (Meca) presentó un proyecto de ley para la regularización de los centros culturales. Creemos necesario profundizar el debate en torno de cuestiones que consideramos fundamentales y que la ley aún no contempla. El proyecto de la ley Meca apunta, en primera instancia, a facilitar la habilitación de espacios de arte y cultura, pero no garantiza herramientas para llegar a estas condiciones. Por un lado, baja el piso de exigencias para la habilitación de emprendimientos privados o semiprivados de hasta 500 espectadores; por el otro, para los centros culturales realmente autogestionados e independientes no establece ningún tipo de partida presupuestaria para cumplir con los requerimientos. Los centros culturales nacen por la necesidad del pueblo de apropiarse del arte y la cultura, y enfrentar el vaciamiento del sistema de educación artístico y de los museos, así como la privatización de los espacios públicos. Los trabajadores de los centros se ven obligados a vender comidas, bebidas o entradas en los eventos culturales para sostener el mismo centro, y sacan dinero de su bolsillo para el sostenimiento de la actividad. No sólo el Estado debe garantizar las condiciones para la habilitación de los centros, sino que también debe hacerse cargo de un sostenimiento económico para los trabajadores, docentes y artistas. Este sostenimiento económico por parte del Estado de ninguna manera puede amenazar o condicionar la autodeterminación e independencia de los centros. En este punto, defendemos el método asambleario y de votación de los trabajadores de los centros para definir de qué forma va a llevarse adelante el contenido y para controlar las condiciones en que se desarrolla. La organización independiente de los trabajadores y la asamblea es el método histórico de la clase obrera para conservar la independencia ante cualquier intento de subordinación. Manrique - Treslobos

El Congreso del PTS ha nominado candidatos para integrar la “fórmula presidencial”. El acento en las elecciones de fines de 2015 contrasta con el carácter de la situación de Argentina. La tarea del Frente de Izquierda es ser un factor para el desarrollo de la lucha de clases. Por un congreso de la izquierda y el movimiento obrero. No conocemos aún el cuerpo de conclusiones del reciente congreso del PTS sino las que emergen de los comunicados que se han dado a conocer. La parte principal de ellos se refiere a la nominación de cuatro dirigentes para integrar la "fórmula presidencial" del Frente de Izquierda para las elecciones del año que viene. Desconcierta la cantidad de nominados para una sola candidatura. Esta nominación contrasta con el método del Frente de Izquierda de acordar las listas electorales y de ningún modo salir a una competencia pública de candidatos. El Congreso del Partido Obrero, en abril pasado, ni siquiera abordó la cuestión de las candidaturas. Somos un frente revolucionario, donde el acento está puesto en el contenido y el programa, esto especialmente cuando se trata de elecciones, porque estas disimulan los intereses de clase en disputa como una rivalidad entre personas. El énfasis en las elecciones de fines de 2015 y la designación de candidatos contrasta con el carácter fundamental de la situación de Argentina, que es la crisis económica, la crisis de deuda externa, la crisis industrial, los despidos, suspensiones, el trabajo precario y los impuestos al salario. El Congreso del PO definió a este cuadro de conjunto como la expresión del derrumbe de otra tentativa de salida de la burguesía nacional y la profundización de una transición histórica que debe reunir en un solo movimiento a la clase obrera y a la izquierda revolucionaria. El Congreso del PO no proclamó candidaturas. Nuestros principales dirigentes aparecen en el escenario público como portavoces de la política de nuestro partido y del Frente en esta crisis, y como portavoces de las luchas -no como candidatos. Somos voceros de la salida a la crisis capitalista, no candidatos hipotéticos a una elección futura. Un partido revolucionario debe abordar la cuestión parlamentaria y electoral desde el punto de vista de la lucha de clases, no del parlamentarismo o el electoralismo. Caracterización errónea El PTS lanza una campaña electoral prematura a partir de la caracterización de que "la burguesía ya se largó a las elecciones". La expresión textual es un clásico de la tradición morenista. Pero, ¿por qué debemos determinar nuestra táctica a partir del prisma interesado de la burguesía y no de la crisis y la lucha de clases tomada como conjunto? La caracterización que el PTS pone como central supone que se ha producido una derrota de la clase obrera ante el ajuste y el rodrigazo del capital; supone, incluso, que la crisis social y política ha quedado clausurada -‘liberando’ el terreno para las elecciones. ¿Se ha producido un volantazo del obrerismo al electoralismo? Esperamos que no -que si esta es la conclusión del congreso se corrija rápido. El temprano arranque de la campaña electoral tiene que ver con el temor a que se produzca un veloz vacío de poder ("cuidemos a Cristina”) y a desviar una acentuación de la lucha de clases hacia el campo electoral. Debemos aprovechar esta brecha de deliberación política para desarrollar una fuerte agitación de cara a los trabajadores, no para competir en términos electorales. El ascenso de la intención de voto hacia Altamira es un resultado de esta política de lucha de clases, no de una campaña electoral. En casi todas las provincias y parlamentos en los que actúa el Frente de Izquierda se ha desatado un feroz ataque del Estado contra nosotros, debido a nuestra participación en la lucha de clases -no en clave electoral. La conclusión de todo esto es que deberíamos hacer un gran acto público frente a la crisis de la deuda y los ataques a los trabajadores, y de otro lado convocar en común a un congreso del movimiento obrero y de la izquierda, para intervenir en la crisis con un planteo estratégico. La tarea del Frente de Izquierda El otro planteo que señala el comunicado del PTS es la realización de un acto del llamado Encuentro de Atlanta, en el Luna Park. Al lado del planteo electoralista se reitera el sindicalista, con el agravante, en este caso, de que tiene un carácter propagandístico. Ocurre, sin embargo, que el Encuentro tiene en su liderazgo a representantes hostiles al Frente de Izquierda. O sea que se promueve, por un lado, a un grupo de candidatos para el Frente y se insiste, por el otro, en seguir con una alternativa políticamente antagónica al Frente de Izquierda. El escenario del Luna Park es propicio para la propaganda, no para la unidad de acción. El congreso del PTS realiza una amalgama de electoralismo y sindicalismo -con dirigentes adversos a la independencia política del proletariado ("Perro" Santillán). En lugar de este eclecticismo paralizante, proponemos rematar en el Luna Park un congreso del movimiento obrero y de la izquierda, que profundice una alternativa política de clase. Porque lo que plantea esta etapa es el desarrollo de esa alternativa sobre la base de una lucha de clases conciente. La izquierda revolucionaria no puede lanzar una campaña electoral haciendo abstracción de la lucha de clases. Una derrota de la clase obrera en la crisis industrial actual tendría una repercusión negativa sobre el Frente de Izquierda en términos electorales, salvo que hayamos participado fuertemente en la defensa de los trabajadores y desarrollado una real conciencia de clase. Nosotros no somos la griega Siryza ni la española Podemos, ni la vasca Bildu ni el Frente de Izquierda de Francia: nuestro Frente de Izquierda está ligado al proletariado. La tarea del Frente de Izquierda en esta etapa es ser un factor para el desarrollo de la la lucha de clases. Nuestra propuesta de realizar un congreso de la izquierda y el movimiento obrero atiende a esta cuestión estratégica. Sintetiza, por un lado, la necesidad de intervenir y reforzar las luchas obreros contra la crisis capitalista, y del otro, el desarrollo del Frente de Izquierda como bloque político anticapitalista contra todos los partidos de la clase patronal y el Estado. Es lo que tenemos planteado. Gabriel Solano

SANTIAGO DEL ESTERO Foto: Angie Durán El miércoles 18 de junio se llevó a cabo el seminario sobre violencia de género y régimen político en el salón Azul de la Facultad de Ciencias Exactas de Santiago del Estero. Se contó con la presencia de la diputada provincial por el Partido Obrero de Salta, Gabriela Jorge, quien fue oradora. En el seminario, la diputada resaltó la connivencia del régimen político con los crímenes impunes y las redes de trata, así como el papel importante de la policía como aparato represivo del Estado y su vínculo directo con el delito organizado. El caso del doble crimen de las turistas francesas estuvo presente en la disertación, ya que Salta viene convulsionada por la manipulación del poder político sobre el caso, lo que quedó al desnudo, y la actuación de los familiares víctimas de impunidad que, con más de 169 marchas, no han dejado que se convalide la historia oficial que quería imponer el gobierno provincial salteño acerca del mismo. En su intervención, Gabriela Jorge destacó el rol de la bancada en estos movimientos antiimpunidad y su organización. La diputada provincial del Frente de Izquierda, Andrea Ruiz, lanzó -en el marco del seminario- el Observatorio de la Mujer en Santiago del Estero. En una nueva reunión se delinearon los objetivos y alcances del observatorio, y su método de funcionamiento. Quedaron en reunirse una vez cada 15 días y se programó que se capacite a sus integrantes con charlas-debate, para dar difusión a su tarea y para que los datos obtenidos se conozcan. De los 27 departamentos de la provincia de Santiago del Estero, sólo se conocen casos de violencia de género y abusos a mujeres en dos departamentos: capital y Banda. Andrea Ruiz

Alimentación Luego de casi un mes de medidas de fuerza, se cerró la paritaria salarial por un 35 por ciento de aumento en dos cuotas (20 por ciento desde mayo y luego otro 15 por ciento en octubre) más una suma fija de 1.500 pesos no remunerativos para fin de año. El acuerdo (que anualizado apenas supera el 30 por ciento) quedó por debajo de la proyección inflacionaria, que ronda el 40 por ciento, y no recupera el retraso del 2013. Sin embargo, superó por cinco puntos la pauta que siguieron los gremios oficiales y por bastante más lo que las patronales ofrecieron de entrada. El principal límite de la negociación fue la política de la Verde, más preocupada por contener la fuerza del gremio, en especial de las grandes plantas que no controla. La dirección de la Verde no convocó a asambleas ni a acciones de conjunto y mantuvo toda la discusión a espaldas de los trabajadores. Las medidas, que se dispusieron sin consulta alguna, fueron “tibias”, aunque en las fábricas fue muy clara la lucha, ya que se hicieron asambleas y se expresó de muchas maneras la tendencia a superar a la burocracia: en Arcor de Córdoba y San Luis, se impulsó el paro por 24 horas; las plantas de Unilever realizaron bloqueos a los portones, lo mismo que Bimbo; los paros de cuatro horas por turno fueron fuertes también en Kraft y Pepsico (que los extendió un día más luego de la firma del convenio). La paritaria estuvo atravesada por el prolongado conflicto de Calsa en Lanús. Los despidos de la patronal inglesa apuntaban a descabezar un cuerpo de delegados combativo que avanzó en las conquistas dentro de la fábrica y en la delimitación con la Verde. Por eso mismo el STIA rechazó en todo momento incorporar el tema a la negociación paritaria como correspondía. Se abre una etapa de movimientos fabriles por la aplicación de la nueva escala al conformado de cada lugar de trabajo. Pero el balance general deja planteada la cuestión del papel de la oposición clasista para romper el corset de la burocracia, algo que no se logra con movilizaciones de activistas al margen de una lucha de la masa fabril y que debería formar parte de una coordinación nacional en el gremio. Corresponsal

Legislatura Porteña El miércoles 18 se realizó en la Legislatura una presentación de delegados de la AGTSyP, pertenecientes a la Agrupación Trabajadores de Metrovías (ATM), organizada por el diputado Marcelo Ramal, del Frente de Izquierda, donde se denunciaron graves falencias en el mantenimiento y seguridad del material rodante. En la exposición, ante treinta trabajadores del subte, además de legisladores, asesores y periodistas, los delegados demostraron que la política de mantenimiento y seguridad de Metrovías y Sbase pone en grave peligro a trabajadores y usuarios. Denunciaron la política de inversiones en esta materia, que sólo alcanzó al 1% del total de sus erogaciones durante los 18 años de concesión. También mostraron la violación sistemática de los cronogramas de mantenimiento de las formaciones que proveen los fabricantes y la fraudulenta tercerización de tareas a talleres externos -uno de ellos del propio grupo Roggio- que devuelven los trenes en las mismas o peores condiciones. Todo esto ha redundado en el aumento de fallas, demoras y hasta la suspensión del servicio. También se denunció la responsabilidad de empresarios y funcionarios en la compra de coches que, pasando por nuevos, son material de descarte en el transporte subterráneo de otros países. Los delegados señalaron que todas las denuncias fueron presentadas ante los organismos correspondientes, Metrovías, Subterráneos de Buenos Aires, el gobierno de la Ciudad y los organismos de control, sin tener respuesta. El diputado Ramal anunció la presentación de dos pedidos de informes basados en las denuncias de los delegados de AGTSyP. En su intervención, señaló que, luego del traspaso del subte, Macri ha profundizado el vaciamiento iniciado por el kirchnerismo. "Estamos en presencia del mismo esquema de vaciamiento, tercerización y precarización laboral que resultaron en el asesinato de Mariano Ferreyra y la masacre de Once". Ramal recordó que la campaña fascista que desarrolló el gobierno de Macri el año pasado apuntó a responsabilizar a los trabajadores del vaciamiento del subte. El diputado del Frente de Izquierda llamó a usuarios y trabajadores a enfrentar juntos a los verdaderos responsables del descalabro actual y destacó "la enorme capacidad de los trabajadores que elaboraron el relevamiento, demostrando la condición de la clase obrera de gestionar el servicio y, en definitiva, el país". Corresponsal

Hoy falleció Carmen Magriñá de Del Plá, en Salta DOÑA Carmen. Madre, abuela, compañera. Si hay mujeres valientes, esa fue doña Carmen. Si hay mujeres que aman a sus hijos y nietos y…biznietos, esa es doña Carmen. Si hay mujeres que viven la revolución, que nos han cuidado en los momentos más crueles de la dictadura militar, esa es doña Carmen. A mi querido Miguel, a Claudio y Silvia. A Arielito. Y a Romina. Mis saludos. Todos ellos retoños de Doña Carmen Nora Biaggio

La patronal anunció 123 despidos en Donnelley La crisis que aduce la patronal es una maniobra fraudulenta. Hay que preparar la huelga y la ocupación de la planta, además de la movilización de todo el gremio. La actividad gráfica experimentó en los últimos años un crecimiento de varios puntos por arriba del promedio de la industria basado en una enorme precarización, una escala salarial bajísima y un convenio obsoleto. La edición de diarios, revistas y folletos se encuentra, sin embargo, en retroceso por el desarrollo de los soportes digitales. Esta tendencia empuja una reconversión mundial hacia otras ramas, como la de envases. Varios pesos pesados europeos -por ejemplo, el consorcio Mayr-Melnhof Packaging- aterrizaron en Latinoamérica “calentando” la competencia e impulsando una reestructuración general que hoy es acelerada por la crisis económica. La Nación, Clarín, Maggio, Celomat, Cortiñas son algunos de los talleres que sufrieron fuertes recortes con el objetivo de “mejorar la competitividad” y, en ciertos casos, como en Crónica o Impresores, para quebrar además la organización gremial. En este contexto hay que ubicar el recurso preventivo presentado por la patronal de RR Donnelley y su anuncio de despedir a 123 trabajadores (un tercio del plantel) abonando el 65 por ciento de las indemnizaciones en cómodas cuotas; además de una drástica reducción de los salarios del resto. Donnelley, de capitales yanquis, es el holding más importante de la industria gráfica de todo el mundo, con centenares de plantas en varios países y ganancias netas por 220 millones de dólares. La crisis que aduce la patronal es parte de una maniobra que involucra al propio Estado -que ya el año pasado le otorgó un subsidio (Repro) para el pago de salarios, que la empresa invoca ahora como antecedente. La producción de la planta se derrumbó de 80 a 35 millones de pliegos mensuales, pero una parte sustancial de los trabajos es desviada hacia otros talleres. Esta tercerización es una práctica común de las grandes patronales para torpedear los reclamos y debilitar la organización. Entre los principales destinatarios de esta operación fraudulenta se encuentran los talleres de la Red Gráfica de cooperativas ligada al sindicato (autoflexibilizadas). En el último conflicto de AGR-Clarín se produjo una fuerte polémica entre la Verde y los activistas, quienes hicieron piquetes frente a esas plantas para defender su lucha. Tampoco los “sobrecostos salariales” son reales: Donnelley está un 40 por ciento sobre los básicos (paupérrimos), pero muy lejos de otros talleres líderes como Morvillo o Interpack. El rechazo a los argumentos patronales y la impugnación del recurso preventivo que presentó la comisión interna están bien, pero no alcanzan. Los propios términos del proceso administrativo incluyen una advertencia tramposa: “los trabajadores no podrán ejecutar la huelga u otras medidas sindicales hasta la conclusión” del trámite. Seguramente, éste sea el más serio desafío para los compañeros de Donnelley: quebrar la determinación de una empresa tan poderosa requiere una lucha en regla. Hay que preparar la huelga y la ocupación de la planta, además de la movilización de todo el gremio. La directiva del sindicato se declaró en “estado de alerta y movilización ante la amenaza de Donnelley o de cualquier otra empresa que quiera imitarla”, un saludo a la bandera, recordemos que el “preventivo” de La Nación en 2010 pasó sin la menor respuesta de conjunto. De inmediato: plenario de delegados para votar la solidaridad activa del sindicato y un programa contra el ajuste. Ni un despido más, reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, apertura de los libros para conocer el estado de los balances, garantía estatal de continuidad productiva y salarial. La Lista Naranja compromete todo su apoyo a los compañeros de RR Donnelley en defensa de sus puestos de trabajo. Miguel Bravetti

CORDOBA Foto: Matías Spicogna A través de una carta documento, Cintia Frencia, legisladora por el Frente de Izquierda, intimó a De la Sota a que en el término de 24 horas se rectifique de las declaraciones falsas, injuriosas y difamantes contra su persona, efectuadas a un programa televisivo de gran audiencia. De no hacerlo será demandado penalmente. Haciéndose vehículo de falsas imputaciones sostenidas por legisladores radicales y sin ningún tipo de pruebas, De la Sota utilizó su investidura y el poder que le otorga ser gobernador de la provincia para acusar a Frencia de "señalar legisladores para que sean golpeados por los manifestantes" (sic) que rechazaban la aprobación de la ley de Ambiente frente a la Legislatura el pasado 11 de junio. También responsabilizó a Frencia de los incidentes fuera de la egislatura y en los daños materiales ocasionados. La política de "señalamientos" es ajena a nuestro método, sí es propia del gobierno que da continuidad a los métodos de espionaje, persecución política y represión del gobierno nacional, institucionalizado en el Proyecto X y en la utilización de los servicios de "inteligencia" infiltrándolos en los movimientos populares. La difamación persigue un fin político preciso: ocultar la denuncia sostenida por el Frente de Izquierda de que la ley que se aprobó está al servicio de facilitar la instalación de la multinacional Monsanto, de ayudar a que ésta sortee los fallos judiciales, las resoluciones que el propio gobierno se vio obligado a dictar y la legislación vigente que hoy le impiden instalarse en el predio de Malvinas Argentinas. La banca del Frente de Izquierda no sólo fue la única en denunciar y rechazar esta ley, sino en presentar un proyecto para declarar la emergencia ambiental en Córdoba, un reclamo sostenido por el conjunto de las asambleas populares. El ataque de De la Sota contra Cintia Frencia se inscribe en la línea de la solicitada del Smata en Buenos Aires, de las declaraciones de Pignanelli contra Pitrola, de la cuestión de privilegio contra Claudio del Plá en la Legislatura salteña o las agresiones físicas contra Andrea Ruiz en Santiago del Estero. Los políticos de la burguesía -actúan como representantes del Estado contra el pueblo que los votó- ven en la acción parlamentaria del Frente de Izquierda, que defiende las reivindicaciones y actúa en estrecha relación con los trabajadores y con los movimientos populares, la mayor denuncia de su impostura. Eduardo Salas

El grupo insurgente EIIL (Estado Islámico de Irak y el Levante) avanza, desde principio de año, desde la frontera norte de Siria e Irak hacia Bagdad. Ya tomaron varias ciudades clave como Mosul, al norte, de la cual el ejército iraquí huyó y dejó el control completo a las milicias islamistas. La integridad de Irak hace agua debido a que el hundimiento del régimen político instalado por la ocupación norteamericano ha sido aprovechado por el gobierno local kurdo, en el norte del país, para desarrollar lo que se perfila como un Estado nacional, al cual podrían unirse los kurdos que han establecido un gobierno autónomo en Siria. El desarrollo estatal de la nación kurda representa una amenaza para Irán, que alberga una población kurda, y para Turquía, donde reside la mayoría de este pueblo. En el caso de Turquía, sin embargo, se ha desarrollado una suerte de ‘síndrome de Estocolmo’, pues ha dado lugar a una alianza petrolera entre kurdos de Irak y el gobierno de Ankara, que se encarga de la exportación de esos hidrocarburos a Europa. Esta semana salió desde el puerto de Ceyhan, Turquía, el primer barco cargado con crudo kurdo que, a pesar de la amenaza de sanciones, encontró destino en las costas de Ashkelon; el acuerdo Turquía-Kurdistan tiene como primer cliente a Israel, que compró el cargamento "a mitad de precio" (The National, 23/6). Si Turquía, sin embargo, intentara instalar una suerte de protectorado sobre el Kurdistán, que privilegie los intereses nacionales de la elite kurda, crearía otro conflicto enorme en el escenario del Medio Oriente. Por otro lado, los límites de una aventura turca en el Kurdistán son evidentes, porque alentaría un movimiento nacional separatista dentro de las fronteras de Turquía. Una coalición contradictoria Las posibilidades políticas de EIIL son también limitadas, pues se apoya en una coalición contradictoria de intereses dentro de Irak e internacionales, que no aspiran de ningún modo a crear un nuevo Estado sobre las ruinas de Irak, Siria y Jordania. El movimiento suní en Irak, que se ha coaligado con el EIIL, solamente aspira a recuperar una posición dominante en este país -no tiene intereses fuera de sus fronteras. El problema es que no podría reconstituir el Estado iraquí sobre la misma base de Saddam Hussein. Por eso ha vuelto sobre la mesa una vieja propuesta del vicepresidente norteamericano, Joe Biden, de dividir a Irak en tres: una región kurda, otra suní y una tercera chiíta en el sur. Semejante esquema haría caer al espacio chiíta bajo el dominio de Irán. Arabia Saudita y los califatos del Golfo, por otro lado, aunque han financiado al movimiento sunita en Siria y en Irak, no admitirían una partición que pudiera fortalecer a Irán. La historia ha vuelto al espacio árabe al período posterior a la primera guerra mundial, cuando se hundió el Imperio Otomano. Con una diferencia: que al cabo de un siglo se agotaron todas las tentativas imperiales y nacionalistas para crear un marco político estable y que las contradicciones sociales e históricas en el Medio Oriente son, en la actualidad, infinitamente más agudas que en el pasado. Las ruinas de las dictaduras nacionalistas de Saddam Hussein y Bashar al Assad, en Irak y en Siria, han abierto un período de desintegración estatal y de reconfiguración nacional en todo el Medio Oriente. Es tentador concluir de todo esto que el gran beneficiado es el sionismo, que asiste al desmoronamiento de sus enemigos territoriales. Pero este desmoronamiento señala el fracaso estrepitoso de la estrategia de rodear al Estado sionista de regímenes árabes ‘amigos’, como lo ha sido el de Egipto y ha vuelto a serlo con la instalación de la dictadura sangrienta del general Sissi. Ese desmoronamiento afectará, en última instancia, a las monarquías petroleras, que sufrieron un aviso con la rebelión popular chiíta en Baharein, hace cuatro años. Las revoluciones populares que arrancaron en Túnez y Egipto en 2011 fueron capaces de sacudir fuertemente a las dictaduras proimperialistas, que dejaron un vacío político que dichas revoluciones no pudieron llenar por la ausencia de una clase obrera como fuerza dirigente. Ese vacío afectó a toda la región, lo cual se manifestó en nuevas revoluciones populares y crisis políticas, por ejemplo en Libia y Siria, que fueron capturadas por fuerzas reaccionarias o financiadas por el propio imperialismo. Sin la victoria de una revolución dirigida por el proletariado, el Medio Oriente y el norte de Africa se ven enfrentados a la desintegración política, guerras tribales y civiles. Las bandas armadas que operan en Nigeria, Kenya, Centroáfrica y otros, son emergentes del vacío creado por el derrocamiento del régimen del libio Kaddafi. Perspectivas Obama intenta salir del atolladero mediante la sustitución del gobierno chiíta de Irak por un gobierno de unidad de sus tres componentes históricos. Para esto pretende obtener el apoyo de Turquía, Arabia Saudita y Egipto. Pero ninguna combinación circunstancial puede sustituir la ausencia de una base nacional auténtica. El resultado podría complicar la relación con Irán, justo cuando se necesita su apoyo para combatir al EIIL y convertirla en un sostén del orden político regional. El papel de Irán es fundamental en el Líbano y Siria, por el papel que juega el movimiento nacional Hizbollah. Irán llamó a un "frente único antiterrorista" contra el EIIL y otros. Una nueva irrupción revolucionaria cambiaría toda la situación. Es lo que se incuba, a un ritmo desigual, en Turquía y en Egipto. Miguel Briante

Con la presencia de delegados y activistas de Siderca, Acindar y, por primera vez, de Siderar de San Nicolás se realizó un asado de siderúrgicos en el local de Baradero convocado por las agrupaciones clasistas El Martinete, de Villa Constitución, y El Mandril, de Siderca. Durante la reunión hubo un extenso intercambio de experiencias y comentarios sobre el desarrollo del conflicto siderúrgico; las condiciones laborales, en particular los intentos de acentuar la flexibilidad y el rol de la directiva que favorece la fragmentación del gremio no sólo por la discusión de la paritaria por rama sino, como en el caso de los siderúrgicos de la rama 21, por empresa. Y aun dentro de ellas, como se trata de grandes fábricas, se divide a los sectores. Tomamos nota de las tendencias a la fractura de la directiva, dada la inconducta de Brunelli, de San Nicolás, quien actuó en el conflicto como agente directo de las patronales. También fueron motivo de debate los logros y las dificultades de la puesta en pie de agrupaciones clasistas. En referencia al conflicto siderúrgico, los compañeros señalaron la capitulación de la directiva de la UOM, que tras el vigoroso paro del 13 de mayo aceptó sucesivas conciliaciones obligatorias y a escasas horas del paro de 48 horas, resuelto en los congresos de delegados de todas las seccionales, acordó una "conciliación voluntaria". Luego firmó un acuerdo que deja en pie lo sustancial del planteo de las patronales: que cada empresa discuta por separado la incorporación del aumento en todo aquello del salario que no fuera el básico. Una verdadera estafa, dado que ya había antecedentes como el de Siderca, que postergó el pago de la última cuota de la paritaria 2013 de noviembre a abril de este año. Hoy, la empresa no quiere incorporar el aumento a los adicionales salariales (UAS), claramente un robo. Esto, cuando las empresas están siendo beneficiadas por el enorme aumento de los precios, en particular de las exportaciones, y han producido un 12,5 por ciento más en el primer cuatrimestre respecto del año pasado, con menos personal. Se señaló también la inquietud de los compañeros por las consecuencias sobre el trabajador y la economía en general de la crisis de la deuda externa, agravada por la resolución del juez yanqui. Con el escenario de fondo de la lucha de Córdoba contra los despidos y suspensiones que ya son plaga, la pelea de los despedidos y contratados metalúrgicos de Tierra del Fuego, el paro de los compañeros de Aluar por el 40 por ciento de aumento, la indignación por el impuesto al salario y el crecimiento del activismo independiente y de izquierda en los cuerpos de delegados y en las luchas, se trata de preparar las condiciones para lanzar un plan de lucha por éstas y todas las reivindicaciones, con el método de la asamblea y los plenarios de delegados soberanos. Carlos Frígoli

TUCUMAN En las últimas semanas se han producido varias novedades en el caso Lebbos. La más resonante es la citación a uno de los hijos de Alperovich para una extracción de sangre para cotejar su ADN con algunos restos encontrados en el cuerpo sin vida de Paulina Lebbos. El mismo procedimiento se va a realizar con otras 7 personas nombradas en el expediente del caso, algunas de ellas están actualmente procesados, otros a punto de ser procesados. Recientemente, los abogados de uno de los hijos de Alperovich han vuelto a insistir en el pedido para que la justicia resuelva desafectarlo en la causa, un pedido llamativo cuando el hijo de Alperovich no está imputado aún en la causa. Otra de las novedades ha sido el otorgamiento de la jubilación con el 82% al fiscal Albaca, que tuvo la causa del crimen de Paulina durante 7 años, con lo cual el proceso de juicio político que había comenzado a sustanciarse en la legislatura quedó sin efecto. En su descargo, en el proceso de juicio político que ahora ha quedado sin efecto, Albaca presentó un informe de mas de 100 hojas acusando al ex jefes de fiscales, Luis De Mitri y a dos miembros de la Corte, acerca del conocimiento que tenían ellos de todos los pasos que dio esa fiscalía en la causa Lebbos, dando una señal de que está dispuesto a agarrar el ventilador si avanzan las causas abiertas en el fuero penal donde se esta investigando si hay causales para procesarlo por faltas cometidas en la investigación en relación a la causa Lebbos. Aquí también se ha armado todo un culebrón, que hasta el momento ha obstruido el inicio de la investigación de Albaca. Paralelo a esto, otro que renunció para acogerse también a la jubilación del 82% ha sido quien desde hace 13 años venía desempeñándose como Jefe de Fiscales, Luis Di Mitri, quien aparece denunciado como cómplice en el entramado de encubrimiento judicial en la causa Lebbos, entre otras, y por lo cual había un pedido de juicio político que ahora quedó, como en el caso Albaca, sin efecto. Otro reclamo a la justicia provino de los abogados de el ex subjefe de la policía de Tucumán, Barrera, quien junto con Rubén Brito, ex jefe de la Brigada Norte de la policía, están procesados por encubrimiento agravado, para que se declare prescripta la causa y por lo tanto se deje sin efecto el procesamiento. Todas estas maniobras se producen en momento en que sería inminente el pedido por parte del fiscal Diego López Ávila para elevar a juicio oral a Barrera y a Brito quienes ya están procesados, pero también al ex Jefe de la Policía, Hugo Sánchez y el ex secretario de Seguridad, De Lella, quienes ya están imputados en la causa. En este sentido, la audiencia publica convocada por Alberto Lebbos y la Comisión de Familiares junto al bloque de diputados nacionales del Frente de Izquierda del PO para el 8 de julio y la que se espera que adhieran otros bloques parlamentarios nacionales y provinciales como asimismo organizaciones políticas, sociales y sindicales, tiene que servir para denunciar y darle un impulso mayor a la lucha contra el régimen de Alperovich, cuya política ha llevado a un florecimiento de los negocios mafioso de la prostitución y la trata, el narcotráfico y el gatillo fácil, y para impedir que todas las causas criminales relacionadas con el poder político, como es el caso del crimen de Paulina, puedan quedar impune. Daniel Blanco

Atrasa cien años Hace unas pocas semanas el Papa Francisco recibió a Alberto Barbieri en el Vaticano. En una audiencia privada el papa comprometió la participación de los curas villeros en el proyecto que lleva adelante la universidad para la creación de escuelas secundarias orientadas y técnicas en zonas carenciadas de la ciudad de Bueno Aires y el conurbano. Además Barbieri adelantó que la UBA adherirá al programa Scholas Ocurrrentes, dependiente de la Pontificia Academia para las Ciencias del Vaticano y que tiene como misión "promover la articulación de todas las escuelas del mundo y cuya filosofía orienta el papa" (Telam), una manifestación de entrega total a la curia del conocimiento científico que se produce en la universidad pública. No es la primera manifestación de simpatía del rector hacia el jefe de la Iglesia Católica, el pasado 13 de marzo participó de un festejo en la UCA por el primer aniversario de la elección de Bergoglio como sumo pontífice. Barbieri, un hombre cercano a la camarilla del Ministro De Vido que cuenta con el apoyo estudiantil de Franja Morada, posan de "reformistas" pero están muy lejos de los principios que llevaron a la reforma de 1918 expulsando al clero de las cúpulas de la universidad. En los hechos son parte de las camarillas de la Facultad de Medicina que sostienen cátedras vinculadas a la curia y a sus representantes en el Consejo Superior que fueron los únicos que no aprobaron el apoyo al tratamiento del aborto legal en el Congreso. De la misma forma que defienden la presencia de curas en los comités de bioética de los hospitales de la UBA. El Plenario de Trabajadoras se empeña en una fuerte campaña hacia el Encuentro Nacional de Mujeres en Salta por la separación de la iglesia y el estado. Vamos por un encuentro laico y anticlerical que se transforme en un organizador de la lucha por nuestros derechos, que pelee por el aborto legal, seguro y gratuito, la educación sexual laica y científica, por anticoncepción gratuita en todos los hospitales, por tratamientos de fertilización asistida gratuitos y el rechazo al Código Civil reaccionario. El avance clerical en una universidad cogobernada por el kirchnerismo, el macrismo y los radicales es una muestra en definitiva de que estas expresiones políticas representan el atraso social. Luisina Montenegro

En la gran mayoría de los gremios industriales, a un trabajador casado con dos hijos, que en 2013 cobró de bolsillo 12.500 pesos, le descontaron 3.561 de impuesto a las ganancias. Al recibir en 2014 un incremento del 30 por ciento, el sueldo de bolsillo del trabajador queda en 16.250 netos mensuales y pagará casi el triple de ese valor -11.500 pesos. Los recientes acuerdos firmados en el cordón industrial de San Lorenzo ubican ya a todos los tercerizados dentro de la quita de ganancias y la situación es más grave en el caso de los efectivos. La cooperativa portuaria del Cordón Industrial de San Lorenzo acordó hacerse cargo directamente de ese impuesto como única forma de que los acuerdos firmados no tengan una distorsión absoluta. Similar desenlace se planteó en el diario Tiempo Argentino, donde su comisión interna acordó que el 50 por ciento del impuesto y el pago del salario familiar esté a cargo de la empresa, o en el Banco de la provincia de Buenos Aires, que se hace cargo del impuesto. En Aluar Puerto Madryn, después de un paro y movilizaciones, se logró un aumento del conformado del 34 por ciento, lo que ubica el salario promedio en 21.800 pesos, pero que significa también en las escalas promedio un descuento de ganancias de 21.000 pesos que se eleva a 37.000 en las escalas superiores. La quita es tan enorme que los metalúrgicos, junto con otros gremios de la zona, harán una movilización contra el impuesto, la cual ya habían anunciado en junio, pero que fue postergada por el conflicto paritario. Los partidos de la oposición patronal se niegan a plantear lisa y llanamente la abolición del impuesto al salario, sino que proponen compensar una reducción del impuesto al salario con otros impuestos, en general al consumo, de modo que los trabajadores seguirían pagando la factura. El Frente de Izquierda, contrastando con toda la oposición patronal que pretende un retoque del mínimo no imponible, plantea la abolición definitiva del impuesto al salario y el establecimiento de un impuesto extraordinario al gran capital para recomponer los fondos de la Anses y del Banco Central. Juan Ferro

El 29 de mayo, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura aprobó la apertura del procedimiento de remoción y suspensión de los jueces Luis René Herrero y Emilio Fernández, pedida por la Anses y el gobierno, por colocarse del lado de los jubilados. Estos jueces han fallado denunciando públicamente las apelaciones de la Anses a las sentencias de actualización de los haberes de los jubilados y la carencia de condiciones de trabajo mínimas, frente a los 325.000 juicios en trámite. El voto de solicitud del jury de enjuiciamiento fue votado por los representantes del gobierno y los consejeros que le responden. Todas las imputaciones a Herrero y Fernández son por defectos de forma. Sus acusadores invocan que los magistrados no respetaron el orden de votación en distintos fallos, omitieron considerar el voto en disidencia de su compañera de Sala, no se excusaron ante supuestos casos de amistad con una de las partes y hablaron con los medios de comunicación sobre el estado del fuero previsional. No existe una sola acusación que provenga del desconocimiento de una ley de fondo o de la Constitución Nacional. Esta ofensiva contra los jueces busca amedrentar a los jueces previsionales y a quienes se hagan cargo de tal tarea, y obra en defensa de la política oficial de confiscación de los jubilados -cuyo ejemplo emblemático es el no pago del 82% móvil. Cuenta a favor con la ausencia de difusión masiva en los medios, por lo que estamos en presencia de un nuevo caso Campagnoli, sin la resonancia de éste. La Corte Suprema de Justicia produjo una acordada en defensa de Herrero a fines de 2012 y no volvió a intervenir desde entonces. El actual titular de la Anses llegó a plantear que los fallos de Herrero atentaban contra la "sustentatibilidad del sistema previsional", siendo que este sistema se hunde por ser la caja que utiliza el gobierno para pagar la deuda pública, financiar los déficits del Tesoro, darle en su momento crédito a las empresas y financiar un conjunto de prestaciones y planes sociales. Corresponde denunciar, pronunciarse y actuar contra la persecución que sufren los jueces que han defendido los reclamos de los jubilados y exigir el fin de las causas iniciadas. C.R.

Campaña nacional de la UJS Hace 10 años los compañeros de la UJS de Veterinaria y Agronomía de la UBA entablaron un vínculo con el Movimiento Campesino de Formosa y comenzaron a organizar pasantías donde estudiantes de la universidad viajan al interior de nuestro país viviendo la marginalidad a la que son sometidos los campesinos y originarios, buscando hacer un aporte desde el conocimiento universitario y, sobre todo, forjando lazos de solidaridad. En 2011 extendimos la iniciativa al conjunto de la UBA y a algunos terciarios y universidades del conurbano con gran éxito: viajamos 100 jóvenes de las más diversas carreras, logrando una verdadera "pasantía interdisiplinaria". Con esta experiencia a cuestas lanzamos ahora una campaña nacional para llevar cientos de jóvenes de las universidades, terciarios y escuelas del país a que hagan, junto con la UJS, una experiencia que se opone por el vértice a las pasantías que hoy impulsa la universidad. Las pasantías, tal como funcionan actualmente en la universidad, son una forma de entrelazamiento con las grandes empresas y de precarización de los estudiantes: estudiantes de Farmacia que trabajan de repositores en Farmacity, estudiantes de ingeniería que cortan cables o los cientos de estudiantes de economía que hacen la "planta" del ministerio, son la muestra de ello. Bajo la dirección de las camarillas capitalistas que gobiernan la universidad, las pasantías no sólo han perdido su carácter social, en el sentido de vincularnos a los problemas más sentidos de nuestro pueblo, sino incluso su carácter formativo. La UJS se propone recuperar ese cáracter de las pasantías. Así como peleamos por terminar con la penetración capitalista en la universidad y poner el conociemiento al servicio de las necesidades populares, contraponemos a las pasantías precarizadoras y vinculades a las corporaciones una pasantía interdisiplinaria junto a los explotados de nuestro país. La campaña ya ha comenzado con gran éxito en la UBA, en el Joaquín V. González, en el Iuna, en las Universidades de La Plata, Tres de Febrero y Lanús. Todos los días llegan nuevos emails de estudiantes de distintas universidades que quieren participar, desde Tandil hasta Catamarca. El gran desafío ahora es desarrollar una campaña militante para financiar el viaje y que ninguno de los interesados se quede afuera. En Capital hemos realizado una exitosa actividad de proyección del documental realizado en una pasantía anterior con la participación de 50 estudiantes y con una barra para aportar al financiamiento. Convocamos a los estudiantes de todo el país a sumarse a la pasantía de forma activa, no sólo durante los 10 días del viaje, sino desde ahora, realizando activiades que ayuden a difundirla y a conseguir los recursos. ¡Adelante compañeros! Juan

Foetra: sigue la lucha contra el fraude y por el salario El gremio telefónico se encuentra atravesando una gran lucha. La dirección kirchnerista de Foetra sufrió una derrota sin atenuantes en la asamblea general, en la que pretendía hacer pasar una paritaria a la baja con cláusula de "paz social". La mesa directiva -de Iadarola y Marín- pretende desconocer este resultado, por lo que se puso en pie un movimiento de lucha que empezó en la misma asamblea. Dos días después, 400 trabajadores se movilizaron al Ministerio de Trabajo para exigir que se respete la decisión soberana de la base. En apenas una semana, un grupo abierto de Facebook reunió a más de 1.800 telefónicos por el rechazo al preacuerdo y se extienden las iniciativas en numerosos edificios y sindicatos de todo el país. Los delegados y activistas de Mendoza han protagonizado dos movilizaciones, y en Buenos Aires circula un petitorio que le exige a la directiva que convoque dentro de los 30 días como establece el Estatuto (artículo 81) una votación por urna para decidir sobre la paritaria y que lo firmado quede a cuenta del aumento. Córdoba: cierra frigorífico en Huinca Renancó A las suspensiones y despidos en la industria metalmecánica de Córdoba, que abarca a las autopartistas y tres de las terminales, y a los 3.000 puestos perdidos en la construcción se suma ahora el cierre del frigorífico Carnes Huinca de la localidad de Huinca Renancó, en el sur provincial, por lo que han quedado en la calle 200 trabajadores, una cifra alta para una población de unos 8.500 habitantes. El frigorífico pertenece al grupo Cencosud y Casino, los dueños de los supermercados Jumbo, Disco y Vea, que han decidido concentrar su actividad en la planta que tienen en Villa Mercedes, San Luis, con el objetivo de "abaratar costos". Es el segundo frigorífico a cerrarse en Córdoba, ya que desde hace diez meses está cerrado Estancias del Sur, del grupo brasileño Mafryg, en Río Ceballos. Aunque allí los 520 trabajadores cobran la garantía horaria, crecen los rumores de un cierre definitivo, para seguir el mismo destino que Carnes Huinca: concentrar la actividad en San Luis, en busca de "condiciones laborales más precarias".

El gobierno ha dispuesto ampliar en diez años la moratoria previsional. Quienes no han reunido los años de aportes para jubilarse pueden hacerlo a través de una quita en sus haberes. La nueva disposición permitirá incluir los aportes previsionales no ingresados hasta diciembre de 2003. La cuota de la moratoria será descontada, mensualmente, de los haberes de los nuevos jubilados, quienes pueden terminar percibiendo en mano menos de 2.000 pesos en promedio. Las cuotas de la moratoria se ajustarán con el índice de la movilidad jubilatoria -que no se basa en la inflación real, sino en un promedio entre los recursos ingresados al sistema previsional y un índice oficial de salarios- lo que podría reducir un beneficio ya de por sí paupérrimo. Por otra parte, la Anses hará una verificación del estado patrimonial de los solicitantes, cosa que no se hizo en la experiencia anterior, lo que deja en sus manos vetar discrecionalmente el acceso a la moratoria, aduciendo la existencia de otras fuentes de ingreso o la capacidad económica del solicitante. Además, se exigirá “un mínimo de cuotas previas” que será determinado por la reglamentación. Los nuevos jubilados no serán considerados como parte de la masa de beneficiarios que están incluidos en la fórmula que determina el aumento de las jubilaciones, lo que habría provocado un ajuste a la baja de las actualizaciones para el conjunto. Moratoria por siempre El gobierno justifica la nueva moratoria en que, a partir de 1995, se produjo un importante ascenso en el número de desocupados y trabajadores en negro, imposibilitados de tener sus aportes al día, una situación que se agravó con la crisis 2001/2. Pero esa situación no ha cambiado bajo la década K: con una precarización laboral y/o trabajo en negro del 35% de la fuerza laboral y otro 10% de desocupados, la mitad de los trabajadores tendrán que depender de la moratoria para poder jubilarse. Así, la moratoria se ha convertido en el método permanente para jubilar a la mitad de los trabajadores argentinos. La moratoria supone la condonación de todos los aportes que las patronales no hicieron en su momento o les robaron a los trabajadores y la exculpación del propio Estado, que fue y es cómplice del trabajo en negro. A pesar de que la beneficiaria de esa confiscación es la clase capitalista, el gobierno "nacional y popular" hace que el propio trabajador se autofinancie la moratoria, y termine percibiendo una jubilación de indigencia. La Anses se hace cargo de la nueva moratoria, como lo hizo con la anterior. O sea que las moratorias son financiadas sobre la base de vaciar los recursos de los jubilados y del sistema de seguridad social. Ese vaciamiento tiene como horizonte lo que reclama toda la burguesía: una jubilación "asistencial". Planteamos que el Tesoro se haga cargo de la moratoria, sobre la base de un impuesto extraordinario a los evasores capitalistas y del reconocimiento del 82% móvil a todos los jubilados. Christian Rath

Secundarios de capital Foto: Violeta Montoya El viernes 27 a las 15 horas los estudiantes secundarios nos movilizaremos desde el Ministerio de Educación Nacional al Ministerio de Educación de la Ciudad. La marcha, convocada por la Coordinadora de Estudiantes de Base (CEB), es el fin de una larga tregua pactada entre la dirección filo-kirchnerista de la CEB (La Revancha, La Mella, Oes-Gleyzer) y el gobierno macrista. El año pasado, tras una ola de movilizaciones y tomas de escuelas contra el vaciamiento de la secundaria (NESC), la dirección de la CEB había llegado a un acuerdo con el gobierno PRO, por el cual se aplazaba un año la aplicación de la reforma, se garantizaban algunas orientaciones y se convocaban a "jornadas institucionales" para abrir el debate en las escuelas. Este "triunfo" dejaba en pie, sin embargo, el grueso de la reforma que implica recortar más de 140 orientaciones con la consecuente degradación de los títulos La burocracia yaskista de UTE-CTERA dio su beneplácito y custodió todo este acuerdo. Ahora, la tregua está entrando en crisis por todos los costados. Ocurre que mientras la dirección de la CEB y la burocracia de UTE hacían la plancha, el gobierno de Macri no paró de avanzar. El año empezó con el cierre de cursos y el ajuste "on-line", que tercerizó las inscripciones sacándolas del control de las escuelas. Las "jornadas institucionales" se convirtieron en una farsa, vaciadas de todo carácter resolutivo. Los colegios conducidos por las agrupaciones filo-K y por la UTE fueron los primeros en aceptar las "reformas piloto", que adelantaron la aplicación de la NESC. En este momento ya son más de 80 los colegios que funcionan bajo esa modalidad (el 40%). En muchos de ellos, los docentes comienzan a enterarse de que los cambios en los planes de estudio los dejarán afuera. Ademys, el sindicato conducido por la izquierda, ya tomó el reclamo.El PRO ya colocó en la Legislatura los proyectos que pretenden avanzar en la llamada "evaluación docente" a través de la creación de un "Instituto Evaluador de la Calidad Educativa". El gobierno de Macri y el gobierno nacional se encuentran unidos detrás de la reforma. El bloque de UNEN y el resto de la Legislatura apoyan, con la excepción del Frente de Izquierda. Los secundarios tenemos el desafío en reunificar la lucha de los colegios para voltear la reforma, Luego de la marcha, el sábado 28 está planificado el Congreso de la coordinadora. Sin embargo, la dirección de la CEB no quiere que sea un Congreso masivo, que organice un plan de lucha para el segundo cuatrimestre. Aunque parezca sorprendente, los militantes de la Revancha, la Mella y la Oes-Gleyzer están impulsando mandatos para que el Congreso no se llame "Congreso" y, por sobre todo, que no tenga capacidad resolutiva. La excusa es que "cada área y cada colegio debe resolver por su cuenta". Se trata de una política a la medida de la reforma, que debilita al movimiento secundario. La UJS-PO rechaza esta capitulación frente al PRO. Llamamos a reforzar la movilización el 27 y el 28, para que la CEB tenga un Congreso abierto, masivo, que impulse un plan de lucha para el segundo cuatrimestre y centralice la fuerza del movimiento secundario. Abajo la reforma PRO-K, todos a la marcha y al Congreso de la CEB. Impulsemos asambleas y mandatos en este sentido. Fede Cantaluppi (UJS Secundarios)

Prensa El gremio de prensa está rechazando, en estas horas, la horripilante paritaria de Prensa Escrita, firmada por la burocracia de la UTPBA con las cámaras patronales, bajo el amparo del Ministerio de Trabajo. No hay asamblea que no repudie el miserable acuerdo. En cada redacción, el 99 por ciento de los compañeros se ha pronunciado exigiendo la reapertura de las paritarias y la presencia en las mismas de los paritarios electos en asamblea. Frente a una inflación proyectada del 40 por ciento, ¿qué otra cosa puede decirse del 28 por ciento en tres cuotas (26 para salarios mayores a 15 mil pesos), pactado a espaldas del gremio? Además, la última cuota se cobrará con el salario de enero del año próximo. Las dos cuotas de 500 pesos de agosto son, simplemente, una burla. En concreto, la UTPBA firmó un aumento del 21 por ciento para este año, que se terminará de cobrar durante septiembre. Con este aumento a la baja, la burocracia busca desmoralizar al gremio real, organizado en torno al Plenario Autoconvocado que nuclea a la totalidad de los delegados de las empresas. En este cometido, la burocracia no está sola. El Ministerio de Trabajo le ha dado aire a las Fagale y los Camaño al incorporarlos a la negociación paritaria y al dejar afuera a los delegados de base. Para el ministro Tomada, la presencia de los paritarios electos en asamblea y la agenda reivindicativa eran incompatibles con la intención del gobierno de imponer un techo salarial para que sean los trabajadores quienes paguen la crisis y generar los recursos para pagar la deuda ilegítima a los buitres. Desde el momento en que la cartera laboral excluyó al Plenario Autoconvocado de la negociación, quedó claro que nada bueno podía salir de esta paritaria. Frente a este atropello, la estrategia de la mayoría de las agrupaciones del gremio de prensa, comandadas por el Colectivo de Trabajadores de Prensa (CTP), fue la de sacarle el cuerpo al plan de lucha, realizando un festival anodino en el día del Periodista, para finalmente negarse a participar de un Plenario de Delegados ante la inminencia de la firma del acuerdo bochornoso. Frente al complot de la burocracia y Tomada, la negativa a profundizar las medidas tiene su raíz en las expectativas del CTP y el resto de las agrupaciones en una intervención del ministerio contra el sindicato. Esta política ha terminado en fracaso y ha sido funcional a la burocracia de la UTPBA en su intento de destruir la organización de base de los trabajadores de prensa. En este contexto, debe entenderse la decisión ministerial de otorgar la personería gremial a un nuevo sindicato de empresa en Télam, en la línea de enajenar a los trabajadores de la agencia del proceso de lucha de todo el gremio. Para reabrir las paritarias, se impone un plan de lucha con paro de 24 horas, movilización a las cámaras, al ministerio y a la sede de la burocracia. La política de coexistencia con la UTPBA ha terminado en un fiasco. Es necesario convocar a una asamblea abierta de todo el gremio, que ponga en pie un sindicato de prensa en defensa del salario y las condiciones laborales de los trabajadores. Rubén Schofrin

El debate sobre la nueva ley de hidrocarburos ha provocado realineamientos políticos en la provincia. Luego de la oposición inicial, Sapag está avanzando en un compromiso con el gobierno nacional. Desde el momento que defiende el pacto con Chevron, el pago a Repsol y el arreglo con el Club de París, porque "favorecen las inversiones en Vaca Muerta", terminará arreglando con los K. Lo mismo puede decirse de la oposición al proyecto del burócrata sindical y ahora senador Guillermo Pereyra, otro defensor a ultranza de la "reprivatización" ypefiana y del pago a Repsol. En la agenda de la negociación con Cristina Kirchner reclamarán algún punto adicional en las regalías petroleras, como ya lo está haciendo el mendocino "Paco" Pérez. A cambio de ello, coinciden con los K en acentuar las concesiones entreguistas a los pulpos petroleros. En la Legislatura, los bloques "opositores" a Sapag, desde Libres del Sur hasta la UCR, convocaron a "estar al lado del gobierno de la provincia para defender los intereses neuquinos". Este planteo de subordinación a Sapag los llevará a entregar los 'intereses neuquinos' a Kicillof, Galluccio y los pulpos. Es necesaria una movilización independiente de las organizaciones obreras de la provincia contra la nueva ley entreguista y por la defensa de todas las conquistas del convenio petrolero; por la nacionalización integral de la industria hidrocarburífera bajo control obrero; por un plan de exploración, explotación e industrialización de las provincias petroleras, resuelto por un congreso de sus trabajadores. Norberto Calducci

Mundial de fútbol 1978: el genocida Videla visita la concentración de Perú y éste equipo pierde 6 a 0 contra Argentina. En la Esma represores y torturados escuchan los gritos de gol y "Argentina, Argentina" que llegan desde la cancha de River. Mundial de fútbol 1982: el Reino Unido y la Otan nos tiran con todo en Malvinas, incluso fuera de la zona de exclusión, hunden al Crucero Belgrano. Los milicos mandan igual una selección que nos representa en España. Charly García canta "No bombardeen Buenos Aires", y el periodista Gómez Fuentes desde ATC dice "¡Vamos ganando (la guerra)!". Mundial 2014: Griesa y los buitres no perdonan (¿se podía esperar otra cosa?); la TV Pública transmite casi todo el día fútbol, en los entretiempos de los partidos nos quieren dar clase sobre "la década ganada". Está todo, tan alevosa e intencionalmente armado, que por momentos uno mira con recelo, hasta a los propios jugadores, porque pretenden convertirlos en instrumentos de un relato. Que "el mundial de Messi" y la "mar en coche". Sabelo kirchnerismo reconstructor de la burguesía nacional y pagador serial de la deuda a costa de los trabajadores, cuando grito por la selección argentina lo hago desde un lugar diferente al tuyo. Ninguna pasión futbolística, artística o de otra índole van a confundir mi pertenencia de clase. Ahora sí, ¡Vamos Argentina! Fabián de Ezeiza

26 de junio, plenario de delegados en La Plata Foto: Ignacio Smith El gobierno de Scioli incumplió la mayoría de los puntos comprometidos en la paritaria firmada, luego de los 17 días de la gran huelga docente. Especialmente, los puntos concernientes a los comedores escolares, los pagos de los miles de cargos docentes adeudados y las necesidades de infraestructura y mobiliario. Esta situación de paralización de la educación, junto al reclamo del adelantamiento a junio de la cuota final del acuerdo salarial firmado por la dirección, fue la base de las grandes movilizaciones realizadas por los Suteba combativos, especialmente en la ciudad de La Plata, sede de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia: el 16 de mayo, por el pago de los salarios adeudados; el 21 de mayo, por infraestructura, comedores y mobiliario, y el 9 de junio, en defensa de Ioma, en cada caso hubo multitudinarias marchas de la docencia bonaerense. En cada una de ellas se abrió, de hecho, la discusión paritaria, arrancando importantes compromisos de parte de los funcionarios. Los miles de docentes que apoyaron los reclamos reflejaban un mar de fondo en toda la docencia bonaerense por la pauperización salarial, porque la inflación y la carestía, sumada a la maxidevaluación del peso, disolvieron los magros aumentos acordados por la dirección del Suteba. Ya en la marcha del 21, la reapertura de la paritaria por el salario se convirtió en uno de los principales reclamos de los docentes en las columnas. Paralelamente, en todos los distritos hubo acciones por infraestructura y el pago de salarios adeudados, que alimentaron las movilizaciones generales de la oposición a la ciudad de La Plata. Este estado general de movilización obligó a la burocracia del Suteba y del Frente Gremial a convocar a una marcha a la Casa de la provincia de Buenos Aires. La movilización fue clandestina para la mayoría de la docencia y muy minoritaria. Los Suteba combativos, de la noche a la mañana, movilizaron la cuarta parte de la concurrencia. Los discursos de Petroccini y Baradel fueron una letanía, señalando todos los aspectos no respetados por Scioli del acuerdo que ellos habían firmado. Si lo que la burocracia firmó no fue respetado por el gobierno, lo que debían hacer era convocar a un plenario de delegados de escuela con mandato, que resuelva un plan de lucha hasta obtener todos los reclamos. Todo lo demás, es jarabe de pico. En esa sintonía, los Suteba combativos convocan para el próximo 26 de junio, en la emblemática ciudad de La Plata, al cuarto plenario de delegados de escuela con mandato, que será de miles de docentes. En él, se resolverá una marcha y un paro de 24 horas de advertencia antes de las vacaciones y el no inicio de clases para el regreso de las mismas, por la reapertura de la discusión salarial y un aumento que permita cubrir la canasta familiar. Romina del Plá - Daniel Sierra

HIDROCARBUROS Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Apuntan a remover "la interferencia" de los gobiernos provinciales. La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones. La nueva ley de hidrocarburos que será girada al Congreso apunta a ordenar la explotación petrolera y gasífera en función de las exigencias de los grandes pulpos. Los K pretenden generalizar el acuerdo con Chevron. Para ello, Galluccio y su equipo plantean que es necesario superar "la interferencia" de los gobiernos provinciales. Por caso, las concesiones que tiene YPF en Vaca Muerta caducan en 2027, lo que choca con un proyecto de explotación a largo plazo como el que exigen Chevron u otras corporaciones petroleras. La "provincialización" de los recursos petroleros -que bajo el menemismo y también los K fue un vehículo para la entrega de los recursos- se ha convertido ahora en un obstáculo. El nuevo marco regulatorio del gobierno nacional y Galluccio va dirigido a dejarle a YPF el terreno despejado para negociar con los pulpos, sin intermediarios locales. El proyecto de la Casa Rosada plantea que la participación de las provincias en la renta petrolera sólo podría concretarse mediante la percepción de regalías, que en la actualidad tienen un techo del 12%. Eso elimina la participación de las empresas petroleras provinciales (como las que funcionan en Neuquén y en otras jurisdicciones) en el negocio, a través del denominado "carry" (acarreo). En ese régimen, la compañía provincial aporta el área a cambio de mantener un porcentaje en el negocio, sin hacerse cargo de las inversiones. El proyecto oficial también extiende los plazos de las concesiones a las empresas que se dediquen a la explotación de recursos no convencionales. Las provincias vienen adaptándose a la presión oficial. Han aceptado los lineamientos centrales del proyecto K, a sabiendas que está en sintonía con las pretensiones de las grandes petroleras internacionales. La resistencia actual se circunscribe a regatear en el monto de las regalías y en algunos mecanismos compensatorios por el desplazamiento de las empresas petroleras provinciales. En el caso de la petrolera neuquina, habría un principio de acuerdo en torno del reconocimiento de los "derechos adquiridos", a cambio de que se aprueben las nuevas reglas del juego de ahora en más. El proyecto oficial reduce a 250 millones de dólares la inversión mínima para acceder a sus beneficios, en lugar de los actuales 1.000 millones. Las pretensiones se han achicado, con la esperanza de atraer inversiones. Es una confesión de que el panorama es menos alentador del que se pinta. Hasta el día de hoy, y pese a la alharaca sobre el potencial de Vaca Muerta, la explotación de petróleo no convencional sólo representa un 10 por ciento de la producción neuquina. El cuadro es más incierto en el gas, que demandaría una costosa infraestructura en transporte y almacenamiento. A fines de 2013, la producción de shale gas de Vaca Muerta contaba con sólo cuatro pozos y correspondía mayoritariamente a Total -no a la "nac&pop" YPF SA. El gobierno nacional y provincias, en cambio, coincidieron por completo en la creación de "nuevas modalidades laborales"; es decir, la liquidación del convenio colectivo de petroleros y la generalización del régimen de trabajo fuera de convenio -o sea, la reducción del salario y de las condiciones laborales. Es un ataque abierto a los obreros petroleros, que las empresas reclaman como "baja del costo laboral". La mentada lluvia de inversiones no ha llegado y están en la agenda nuevas concesiones. Esta cuestión ya se ha asomado también en las discusiones de la nueva ley. Por lo pronto, los gobernadores incorporaron "la necesidad de crear un sendero de precios y garantizar el giro de utilidades para las empresas extranjeras, casi dos temas tabú para el kirchnerismo" (La Nación, 21/6). Las cuestiones fundamentales de Vaca Muerta siguen en la oscuridad: costo de la explotación, en un marco de descenso de precios internacionales; la carga por el pasivo ambiental; el costo de la exportación, que requiere instalaciones de licuación y regasificación del combustible; monto de las inversiones netas -con exclusión de reinversión de beneficios. La disputa para copar las concesiones de explotación en beneficio de los pulpos no resuelve la crisis de energía en Argentina. Pablo Heller

Documental: "The Price of the World Cup" Las estadísticas son criminales: desde 2007 -cuando Brasil fue elegido como anfitrión de la Copa del Mundo- hasta 2012, la policía en Río de Janeiro mató un promedio de 885 personas por año. En el área de asentamientos Metro Do Mangueira, situada justo a la entrada del Maracaná, 600 familias fueron desalojadas para la construcción de un estacionamiento para el mundial. A cinco kilómetros del Maracaná, en la favela de Providencia, 150 familias fueron desalojadas a la fuerza para derrumbar sus casas y construir un teleférico para turistas. Según organizaciones no gubernamentales, se estima que cerca de 200 mil personas fueron desalojadas a la fuerza por construcciones relacionadas al Mundial. Fortaleza, sede de seis partidos del Mundial, y que cuenta con tres millones de habitantes, es la quinta ciudad más desigual en el mundo, donde el 7% de los más ricos son dueños de un cuarto de las riquezas de la ciudad. El Estado de Ceará, donde está ubicado Fortaleza, invirtió más de 110 millones de euros en la reconstrucción del estadio. Esto equivale a la misma suma que el Estado ha invertido allí en escuelas públicas en los últimos cuatro años. Estos datos se desprenden del documental "The Price of the World Cup", realizado por el periodista y documentalista danés Mikkel Keldorf Jensen. Un hecho estremece los casi 30 minutos de la filmación: la denuncia de la vigencia de escuadrones de la muerte que exterminan niños pobres de las calles de Fortaleza, en Brasil, en pleno gobierno de la ‘progresista' Dilma Rousseff. "Comenzaron a haber en las ciudades grupos de exterminio, disparando a los niños durmiendo en la calle. Niños y adultos también. (Lo hacían) para propagar una señal de terror, para que esas personas dejen las calles". El testimonio, expresado en este documental, corresponde a Manoel Torquato, coordinador de un proyecto nacional en Brasil cuya traducción al castellano es "El niño no es de la calle". El coordinador social agregó que "los organizadores en Brasil no quieren que los turistas y la prensa internacional -que todos los vengan al torneo de la Fifa- vean el lado pobre y desigual de nuestro país". Según datos relevados por organizaciones locales de Fortaleza, se registraron 121 niños muertos en estas condiciones durante 2013. Otros testimonios certifican las denuncias. Marcelo Freixo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Río de Janeiro, sostuvo: "En la mayoría de los casos son personas del sector de seguridad pública, policías o militares. Son contratados por empresarios, por personas del poder local para realizar un servicio de exterminio, para matar asaltantes, personas de la calle, aquellos indeseables". Y agregó que "los líderes de estos escuadrones de la muerte a menudo representan al gobernador local, concejales electos o el alcalde". En Brasil, durante 1990, los escuadrones de la muerte asesinaron a 445 niños en Río de Janeiro. En ese momento, el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) había revelado que el 63% de los niños de nueve a 12 años que murieron en ese país en 1989 fue asesinado (El País, 9/1/1991). No debe sorprender que en Brasil, por el mundial, se movilicen 180 mil agentes de seguridad, incluyendo personal de seguridad privada y de las Fuerzas Armadas (Prensa Obrera, 30/4). Las voces, en el documental, aprietan las gargantas. Una de ellas es la de Neuzimar, una mujer que iba a ser desalojada de su hogar. "Cuando veo esto siento desesperanza (...). Pero tienes que luchar. Es tu tierra, si entrego mi casa, ¿dónde voy a vivir?". También está la voz de Igor, un chico de 15 años: "Es la ruina (vivir en la calle); siempre tengo hambre y sed y no tengo donde dormir". Denuncias de escuadrones de la muerte que asesinan chicos de la calle, desalojos masivos y militarización del país: el Mundial también arrancó en Brasil para los condenados de la tierra. Daniel Mecca

Elecciones de la CTA Para disimular el avance de la izquierda Foto: Martín Treslobos A un mes de las elecciones, la junta electoral nacional de la CTA no ha dado a conocer los resultados generales y parciales completos, no ha dado respuesta sobre las graves impugnaciones realizadas por la Lista 3 de la Coordinadora Sindical Clasista-Partido Obrero (en Tucumán, La Rioja, Hurlingham o Florencio Varela, entre otros lugares) ni reconocido públicamente los resultados en los que la izquierda y la CSC-PO han ganado la dirección de importantes regionales y seccionales: Río Turbio, Gregores, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Bahía Blanca. Tampoco donde obtuvimos minorías: La Matanza, Rosario, Escobar, Vicente López, El Dorado, Orán e Irigoyen en Salta -lo que acredita más de 35 cargos en las directivas de la CTA, los que fueron ganados como oposición clasista a la Lista 1 de Pablo Micheli. Además, del número de 300 mil votantes informado por Micheli a Clarín el día de la elección, se pasó ahora a reconocer oficialmente sólo 144 mil votos positivos -que, por supuesto, tampoco sabemos si votaron. Los datos sueltos aportados a regañadientes dan cuenta de un dibujo. Recordemos que frentes únicos de izquierda ganaron en Mendoza, Santa Cruz y Neuquén. En esta última provincia, Micheli convalida un fraude escandaloso de la junta local en favor de la Lista 1 del yaskista Quintriqueo, quien paró el escrutinio con patotas a horas de su inicio. Producto de estos resultados, deben sumarse tres integrantes de las listas opositoras provinciales a la dirección nacional de la CTA, según el estatuto. Micheli quema las urnas, como la burocracia de West Ocampo o Pedraza, y vuelve al fraude que ya había realizado, junto a Hugo Yasky, con el robo del Suteba La Plata en 2009 y en la elección donde se partió la central. El esfuerzo de los miles de trabajadores que sostuvieron y votaron a la Lista 3 y a las listas clasistas provinciales y seccionales es un mandato y una conquista de la izquierda y del clasismo para todo el movimiento obrero, que vamos a defender y poner en funcionamiento. Expresan el enorme acierto de dar una lucha a fondo contra la burocracia sindical frente al abstencionismo cómplice de un sector de la izquierda. Especialmente, convocamos a todos los activistas combativos y honestos de la CTA a una gran campaña en defensa del triunfo de la Lista 2 en Neuquén. Llevaremos esta denuncia y esta campaña a todas las instancias necesarias para hacer valer la voluntad de los trabajadores. Daniel Sierra

LEGISLATURA DE LA CIUDAD En su última sesión, la Legislatura de la Ciudad aprobó una declaración consensuada entre el kirchnerismo y la mayoría del PRO, saludando las gestiones oficiales y de opositores en pos de un arreglo de deuda con los fondos buitres, y para continuar con el pago del conjunto de la deuda. La declaración saluda la decisión del gobierno "de arbitrar las medidas para que el 92% de la deuda pueda seguir cubriéndose normalmente". Naturalmente, la primera de esas 'medidas' consistirá en un arreglo con los fondos buitre. La declaración ni siquiera esboza una crítica al fallo de la Corte norteamericana. La izquierda cristinista -Descamisados, La Cámpora, Movimiento Evita e Izquierda Popular-, la que abunda en el bloque K en la Legislatura, votó a libro cerrado esta declaración colonial, junto a la mayoría del macrismo. Además del consenso en torno del contenido de la declaración, el kirchnerismo y el macrismo se complotaron para una votación "sin discursos", impidiendo un debate sobre la cuestión. La mayoría no votó la declaración, pero por varios motivos diferentes. Una parte criticó el doble discurso oficial -que "habla de extorsión y luego negocia con los acreedores". Reclamaban terminar con la verborragia oficial y encaminarse rápidamente a un arreglo de deuda con los buitres. El sector radical que responde a Lousteau no se pronunció, aunque luego se mostró partidario de la línea de consenso con los K. Finalmente, el sector de Vera propuso su propia declaración, reclamando la suspensión del pago de la deuda. A pesar de la férrea negativa del PRO y los K a abrir la discusión, señalamos que "es maravilloso ver cómo el kirchnerismo y la derecha votan juntos el reconocimiento de esta hipoteca nacional que se viene pagando desde Videla, y que conducirá a nuevas confiscaciones contra el pueblo argentino. Ustedes han consensuado una declaración tan servil, que ni siquiera condena el fallo colonial de la Corte americana contra el país. Para evitar un bochorno mayor, resolvieron hacerlo sigilosamente; es decir, impidiendo que los bloques expresen su posición". Nuestra declaración "La Legislatura repudia el fallo colonial de la Corte de los Estados Unidos contra Argentina, que pretende resarcir a los fondos que no adhirieron a los canjes de deuda, así como disponer embargos contra el patrimonio nacional en el exterior. Asimismo, rechazamos la decisión oficial -y de la oposición tradicional- de asumir el pago de esta nueva hipoteca contra el país, con los mismos principios abusivos de los arreglos concretados con Repsol, el Club de París, el Ciadi y los canjes de 2005-2010, para reconocer una deuda que constituye una mera capitalización de intereses -o sea, que reviste un carácter usurario. Reclamamos la inmediata suspensión del pago de toda la deuda externa y una auditoría integral a cargo del Congreso y de la Justicia. Que el pueblo decida, a través de un referéndum, qué hacer con una hipoteca cuyo pago conducirá a una nueva devaluación y a una confiscación en regla contra trabajadores, jubilados y contribuyentes. En momentos en que la deuda internacional supera los 1.000 billones de dólares y está conduciendo a los pueblos del planeta a una verdadera catástrofe social, propugnamos la convocatoria a una acción internacional de movilización por el repudio de las deudas usurarias. Integramos la cuestión del repudio de la deuda a la perspectiva y la lucha por un gobierno de trabajadores, que dispondrá del ahorro nacional, no para su dilapidación a manos de los usureros internacionales, como ocurre ahora, sino para la reindustrialización del país y la reorganización de su economía sobre nuevas bases sociales." Marcelo Ramal