Prensa Obrera N° 1286

El miércoles 11 de setiembre, el día nacional de Cataluña, más de medio millón de personas formaron una "cadena humana" desde la frontera con Francia, en el norte, hasta el extremo sur del país, en el límite con Valencia. A un año de la histórica manifestación del 11 de septiembre de 2012, cuando más de un millón de personas salieron a la calle para exigir la independencia, el reclamo catalán se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda política en toda España. Según las últimas encuestas, un 80% de los catalanes está a favor de un referéndum sobre el derecho a la autodeterminación, y más del 50% se manifiesta a favor de la independencia. El "Camino Catalán", en referencia al llamado "Camino Báltico", una protesta realizada en 1989 en Lituania, Letonia y Estonia que aceleró la ruptura con la ex URSS, muestra algunas limitaciones del movimiento, una vez que las naciones bálticas se han convertido en vasallas de la Unión Europea y en ‘conejillos de Indias' de los peores experimentos de ‘ajuste'. La UE es una opositora feroz a la independencia de Cataluña. El gobierno catalán, por su lado, se ha sumado, con pocas resistencias, a los planes de ‘ajuste' del ‘españolista' Rajoy. La Asamblea Nacional Catalana, organizadora de la protesta, reclamó que el referéndum por la independencia se realice en 2014 y que tenga "una pregunta clara". Según El País, la ANC "quiso dar un paso adelante para dejar claro que no sólo defienden la opción del 'derecho a decidir' sino que abogan directamente por la independencia" (12/9). La iniciativa fue apoyada por una parte de Convergencia i Unió, el partido gobernante en Cataluña, así como por Esquerra Republicana, que integra la coalición de gobierno. La burguesía catalana, sin embargo, ha dejado en claro su posición contraria a la independencia, y por buenas razones: el 68% del comercio catalán tiene lugar con el resto de España, y el capital europeo y norteamericano invertido en España no tiene ningún interés es una fragmentación del Estado español. El movimiento catalanista expresa la ilusión de la pequeña burguesía de poder esquivar la austeridad de Rajoy, mediante una autonomía fiscal que cierre el grifo de sus aportes a otras comunidades de España. Buena parte del gabinete de Artur Mas participó de la protesta para desviar la presión del descontento social. Lo cierto, sin embargo, es que las negociaciones iniciadas por el gobierno catalán con Rajoy han abierto una crisis con la ANC y el propio Mas. "Las alarmas entre los independentistas saltaron la semana pasada cuando Mas admitió que no podría hacerse la consulta el año que viene si no tiene el visto bueno del gobierno" (ídem). En un encuentro realizado ante corresponsales de la prensa internacional, Mas aclaró que podría modificar los términos del referéndum "en caso de que el gobierno central y la Generalitat alcanzaran un acuerdo sobre financiación". El referendo es inconstitucional para el Estado español. La negociación en curso busca disminuir el aporte de Cataluña al Tesoro de España. La burguesía catalana extorsiona a Rajoy con el cuco de la independencia. En paralelo a la movilización convocada por la ANC, la izquierda independentista realizó su propia manifestación, que con 30.000 personas resultó la más multitudinaria en muchos años. La consigna de los convocantes, "independencia, socialismo y feminismo para cambiarlo todo en los Països Catalans", buscó diferenciarse de la convocatoria de la ANC y los partidos del gobierno de la Generalitat. La crisis expresa el agotamiento sufrido por la aclamada "España de las autonomías", como consecuencia del derrumbe capitalista. Fue un chaleco de fuerza al conflicto nacional en España, con la zanahoria del ingreso a la Unión Europea. Ahora se trata de determinar quién paga con el costo de los ajustes y recortes. El reclamo de CiU de "un Estado propio dentro de la Unión Europea" implicaría convertir a Cataluña en un virtual protectorado de Alemania, aunque Alemania se encuentre mejor servida con dominar al conjunto de España. En los marcos en que la pequeña burguesía plantea la cuestión nacional, sin romper con la burguesía de su propia nacionalidad, el planteo tiene un fuerte carácter diversionista de la lucha de clases, sin dejar de ser un episodio de una crisis que crece. Defendemos el derecho a la autodeterminación de todas las naciones de España, para construir en libertad una Federación Socialista de Pueblos ibéricos y de los Estados Unidos Socialistas de Europa, incluida Rusia.

El Juez Federal en lo Contencioso Administrativo Ernesto Marinelli, hizo lugar a nuestro pedido y ordenó al Estado Nacional suspender provisoriamente el traslado del Banco Nacional de Datos Genéticos. La demanda había si presentada por luchadores reconocidos de los derechos humanos como Chicha Mariani y Elsa Pavón y la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, junto a Apel y otros organismos integrantes del Encuentro Memoria Verdad y Justicia para frenar el desguace del BNDG. El Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación pretende crear, a partir de los recursos del Banco, un "Instituto de Genómica Humana" (diseño de medicamentos "a medida") que servirá de trampolín para gestionar y desarrollar negociados con los laboratorios y cadopitales privados. El primer paso fue la aprobación de la ley 26.548, en 2009, impulsada por el kirchnerismo, que recortó las competencias del BNDG a solamente los casos ocurridos con anterioridad al 10 de diciembre de 1983. Hasta ese momento, el BNDG tenía alcance universal y se ocupaba de todos los casos de restitución de identidad. Esto desmiente el discurso oficial sobre la "ampliación de derechos" que promovería el kirchnerismo. Asimismo, advertimos en nuestra presentación que el traspaso compromete la cadena de custodia de las muestras resguardadas (más de 20.000), su equipamiento tecnológico de punta y el personal altamente capacitado y experimentado formado en más de 25 años de experiencia. La lucha en defensa del BNDG continúa. Exigimos se garanticen las incolumnidad de las muestras custodiadas en y por el BNDG. Unificación de las bases de datos con las del Equipo Argentino de Antropología Forense y la Conadi. Restitución de todos los hijos apropiados por los genocidas, castigo a todos los culpables, aparición con vida Julio Lopez y todos los desaparecidos en democracia. Apertura de todos los archivos de la dictadura, exhaustivo rastrillaje e investigación sobre todos los centros clandestinos de detención del país.

El jueves 12 de septiembre, Jorge Altamira visitó la provincia de Mendoza, con una amplia repercusión en los medios masivos y una charla de cierre con más de un centenar de compañeros, principalmente del movimiento obrero. Su paso por las calles mendocinas recogió fuertes muestras de adhesión, expresando el alcance nacional de este ascenso de la izquierda. La agenda de Altamira comenzó en primeras horas de la mañana junto a Soledad Sosa y los candidatos locales Martín Dalmau y Héctor Fresina. A media mañana arrancó una campaña conjunta del Frente, con la presencia de Nicolás del Caño y Myriam Bregman se realizó una conferencia de prensa que tuvo lugar al final de la tarde. Con nuevas encuestas que nos dan entre el 11 y el 14% de la intención de voto en la provincia -y en la disputa por el quinto diputado nacional-, nos hemos fijado el objetivo de dos mil fiscales hasta el 27 de octubre, para enraizar el crecimiento electoral en una fuerte organización partidaria. El ingreso de Nicolás del Caño y Soledad Sosa (rotación de cargos) al Congreso de la Nación, significaría también la conquista de un bloque de la izquierda en Diputados y en el Senado de la provincia, y concejales en al menos media docena de municipios. La tendencia que recogen las encuestas se palpa en las calles y lugares de trabajo. En la charla que cerró la gira, Altamira explicó que, a través del Frente de Izquierda, la izquierda había recuperado a las instancias electorales como una tribuna de agitación, propaganda y reclutamiento revolucionarios. Los más de 74 mil votos conquistados en Mendoza representan una rebelión popular en la conciencia de los trabajadores, señaló Altamira. Es un rechazo enérgico al ajuste capitalista de los partidos del régimen. El mandato es avanzar en la organización consciente de lo más avanzado de esta legión de trabajadores. El lugar alcanzado por el Frente de Izquierda se manifiesta en las preguntas recurrentes, en la calle y en los medios, respecto de las medidas y salidas que adoptaríamos de cara a la crisis actual, en caso de ser gobierno. Esto refuerza la necesidad de contar con un desarrollado planteo transicional, entre el actual estado de las cosas y el gobierno de trabajadores al que aspiramos. Como conclusión de la gira, quedaron planteados nuevos desafíos: aglutinar el desarrollo de un movimiento popular diverso desde la cohesión de un planteo estratégico.

Los residentes han abandonado sus casas por decenas de miles según algunas estadísticas: Detroit, el otrora imperio de la industria automovilística, está entre las ciudades más "abandonadas" de Estados Unidos a partir de la crisis: las mascotas primero deambularon abandonadas, miles murieron, pero las que sobrevivieron han ocupado centenas de casas abandonadas y se multiplicaron a tal punto que hoy, semisalvajes, se han convertido en un verdadero peligro público. Miles de perros vagabundos merodean por las calles y las casas deshabitadas de la quebrada Detroit, reemplazando a los residentes, amenazando a los seres humanos que siguen viviendo allí y superando la capacidad de la ciudad para hacer algo con ellos. Se han encontrado guaridas con decenas de canes en las casas abandonadas de la comunidad de 700.000 habitantes que en otro tiempo albergara a 1,8 millones de habitantes. Un oficial de la división de Control Animal del Departamento de Policía recordaba a una jauría que se bañaba en un sótano inundado luego de que los ladrones arrancaran las cañerías de agua. "Los perros se divertían como en una fiesta en una piscina", dijo Lee Moore, de 30 años. Los perros vagabundos han matado mascotas, mordido a los carteros y atestado los refugios para animales, donde más del 70% de ellos son sacrificados. Hay más de 50.000 perros merodeando la ciudad, dice Harry Ward, jefe de control animal. "Tener esos grandes espacios abiertos con casas vacías es como haber armado una situación que causa problemas con los perros", dijo Ward. Alcanza ya a una crisis humanitaria La cantidad de perros vagabundos habla de una crisis humanitaria, según afirma Amanda Arrington, de la Humane Society of the United States, con sede en Washington. Arrington dirige un programa que donó 50.000 dólares a una serie de organizaciones de Detroit y otras nueve ciudades para que se vacune, se alimente y se castre a las mascotas. Arrington cuenta que, cuando viajó a Detroit recientemente, "la ciudad parecía post-apocalíptica, ya que no hay empresas ni ninguna otra cosa salvo personas en las casas y perros corriendo por ahí". "El sufrimiento de los animales va de la mano del sufrimiento de la gente", agregó. Además, los dueños de mascotas que se mudan abandonan a los perros con la esperanza de que los cuiden sus vecinos. Esos perros empiezan a vivir en la calle y se reproducen. A eso se suman los aproximadamente 70.000 edificios deshabitados que brindan abrigo a los perros o donde algunos son encadenados sin recibir cuidados para que alejen a los ladrones, explicó Ward.

El domingo 1º, y en el marco de una intervención policial a partir de una supuesta infracción de tránsito, fue asesinado el trabajador tercerizado de Acindar, David Vivas, de 24 años. La respuesta de familiares, amigos y vecinos fue fulminante: ya se han realizado tres movilizaciones multitudinarias solicitando total esclarecimiento y justicia por el caso. El asesinato del "Poro " Vivas es una radiografía de la situación de millones de jóvenes, desocupados o contratados, que viven hacinados en barrios. En este caso, como en tantos otros, la policía no sólo no enfrentan la inseguridad sino que es parte de ella, al igual que jueces y políticos capitalistas. La movilización creciente ha logrado un giro jurídico, con el procesamiento del autor material y obligando al juez interviniente a calificar el hecho como "homicidio doblemente calificado".

Con la presentación de las listas a legislador provincial y concejales en Jujuy, entramos en la recta final hacia las elecciones del 27. Los Blaquier, patrones del ingenio Ledesma le "marcan el paso" a Fellner y a Morales, quienes, en representación del PJ y la UCR, se reparten el poder en la provincia. Esta patronal se animó a "jugar en la calle" promoviendo movilizaciones que exigen impunidad en los delitos cometidos durante la dictadura, atacan a la nueva dirección del sindicato azucarero -que ha recuperado la capacidad de lucha de los trabajadores- y empujan a la devaluación de la moneda. En 15 días, se han sucedido dos represiones brutales contra trabajadores estatales: Fellner está dispuesto a llevar adelante un libreto de mano dura y ajustes, como lo exigen las patronales. Venimos de obtener 30.000 votos, con porcentajes más altos en las grandes concentraciones obreras. Defendiendo esta votación lograríamos el hecho histórico del ingreso, por primera vez, de la izquierda en la Legislatura. Sería un paso fundamental para avanzar en la construcción de una alternativa política independiente de los trabajadores jujeños, que en un par de décadas tumbaron varios gobiernos, pero nunca pudieron constituirse como alternativa política. Una que se propone impedir esta conquista es Milagro Sala. Ella presenta la ficción de un "kirchnerismo nacional" al que sigue adjudicando posibilidades progresistas, en referencia a un Fellner "conservador". ¡La impostura no puede ser mayor! De ese conservadurismo forma parte el mismo ‘modelo’ de Sala, con sus límites muy claros: decenas de miles viviendo de un plan social, cooperativas que realizan obras públicas por la mitad del convenio colectivo de trabajo. En vivienda, defendió el plan "un lote para cada familia" que inscribió a decenas de miles hace dos años y sólo entregó unos pocos hasta ahora. La otra función del partido de Sala la acaba de exponer el diputado Miguel Tito, que integra su frente, cuando declaró que "cuando Milagro llegue a la Legislatura se van a acabar los cortes y ella se va encargar de asegurarlo". Sala no va a la Legislatura en representación de los oprimidos. Su candidatura explicita su conversión definitiva en burócrata estatal. Por eso presenta el planteo del ingreso al parlamento como un abandono de la "calle". Si ello es suicida para los trabajadores, lo es doblemente cuando está a las puertas un brutal plan de ajuste. En cualquier caso no hace falta que la Tupac llegue al parlamento para verla jugar este papel de mordaza. Ya funcionaron como apéndice del Estado en el desalojo físico de buena parte de las miles de familias asentadas hace un par de años. Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda, apuntamos a ingresar a la Legislatura para potenciar las luchas, defender a las organizaciones obreras contra la regimentación y represión estatal y desarrollar un programa. Planteamos una salida al problema de la vivienda en base a la reserva y expropiación del 40% del suelo urbano, y exigir que el estado garantice el pago del convenio a los trabajadores de las cooperativas. Plantearemos que el ingenio La Esperanza con sus 65.000 hectáreas se integre a un plan de desarrollo urbano y de diversificación productiva gestionado por trabajadores y vecinos. De este modo pondremos fin a décadas de gestiones patronales que recibieron subsidios millonarios del Estado, eliminaron puestos de trabajo y no invirtieron un peso en la modernización de la planta. El desarrollo del Frente de Izquierda El Frente de Izquierda ha presentado su lista a diputados provinciales, que es encabezada por José Mendoza (PO) y Alejandro Vilca (PTS) en segundo término. Además, hemos presentado listas a concejal en San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, San Pedro, La Esperanza, Libertador (Ledesma), Monterrico, El Carmen, La Quiaca y Tilcara. Esto implica un desarrollo, puesto que nos presentamos en más lugares que en 2011. Nuestra tarea ahora es reforzar nuestra intervención de cara a octubre para llevar a la izquierda a la Legislatura.

La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ha ratificado el fallo de primera instancia, resuelve la nulidad del despido y la reincorporación de Esteban Salcedo en Crónica diario. Esteban es congresal del gremio gráfico por la Lista Naranja. Desde que lo despidieran por postularse a delegado, la Justicia ha intimado a la patronal en más de cinco oportunidades, incluso mediante un oficial de Justicia, por la reincorporación de Esteban. Este medio oficialista se ha negado a cumplir la orden, planteando que no estaba "firme" a causa de las apelaciones -las cuales, en realidad, no interrumpen la orden judicial. Un calco de la conducta de Clarín contra los delegados gráficos durante años. Estos incumplimientos en la actualidad están generando multas contra el diario de la patota de la UOM y una denuncia penal por desobediencia contra sus directivos. Pero, además, el fallo de la Cámara ya casi no deja márgenes de maniobra a la patronal, a la que sólo le resta recurrir a la Corte. Mientras, en las plantas gráficas de Crónica, los atropellos al convenio y las pésimas condiciones de trabajo se han profundizado de la mano de la prohibición total de la organización gremial, que es combatida con despidos y una patota de patovicas. Así, la jornada pasó a 8 horas (perdiendo las 6 horas de diario), las paritarias no existen, las horas extras son en negro y mal pagadas, no se cumple con la nocturnidad, se violan los francos compensatorios y la patronal suspende y despide a su antojo. Un párrafo aparte merece la conducción del sindicato gráfico, que no ha movido un dedo frente a estos contínuos atropellos. No conformes con ello, en el último plenario de delegados impidieron la participación del congresal despedido. En días venideros, estaremos realizando un acto en la puerta de Crónica, para exigir la reincorporación de Esteban, reclamando la libre organización sindical dentro de la planta ante los atropellos mencionados, denunciando la complicidad del sindicato gráfico y la patronal de Olmos ante un Estado que llena los bolsillos de los empresarios y hace la vista gorda ante las exigencias de los trabajadores.

El viernes 13, más de tres mil efectivos policiales desalojaron a los maestros de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) de la Plaza de la Constitución (más conocida como el Zócalo), en la que éstos acampaban desde hacía tres semanas en rechazo a la reforma educativa. El operativo represivo incluyó el uso de tanquetas y helicópteros, y fue seguido de una cacería por el centro de la capital mexicana, que dejó como saldo decenas de heridos y detenidos. El motivo inmediato del desalojo fue garantizar la celebración de los festejos por el aniversario de la independencia de México, que se desarrollan en el Zócalo durante los días 15 y 16 de septiembre. Más de fondo, el gobierno ha recurrido al desalojo con la intención de detener un movimiento que lleva varios meses y que no se circunscribe a la capital. En Oaxaca, por ejemplo, los maestros también acamparon y realizaron cortes de rutas. Como respuesta a la represión gubernamental, hubo una importante movilización de repudio el 17, a la que se sumaron el Sindicato Mexicano de Electricistas, jubilados y estudiantes de la universidad (Unam). Dos días antes, al "grito de independencia" de las celebraciones del gobierno, los maestros opusieron un "grito de la resistencia". Mientras el magisterio debate si regresa o no al Zócalo, algunos manifestantes continúan el acampe frente al Monumento a la Revolución. Según denuncian los maestros mexicanos, la reforma (o contrarreforma) que promueve el gobierno apunta a una privatización de la educación básica y a la flexibilización laboral. Se inscribe dentro de un paquete de medidas reaccionarias conocido como Pacto por México, suscripto por el PRI, PAN y PRD, que incluye la liquidación de Pemex, la petrolera estatal.

La situación social en el departamento de Orán refleja un impasse histórico. La degradación de las condiciones de vida de su población se agrava día a día. Se ha producido una enorme destrucción de puestos de trabajo como consecuencia del desplazamiento de la producción de poroto, frutas y hortalizas por parte de las plantaciones de soja y caña. El Ingenio Tabacal (Seaboard Co) ocupó en la última zafra a 1.500 trabajadores, frente a los 7.000 de más de una década atrás. La confiscación de pequeños productores (tres mil empleos) extendió las hectáreas sembradas de soja y caña de 25 a 50 mil hectáreas. Un proceso clásico de expropiación por parte del capital. Semejante desangre ha dislocado a todo el proceso social de la zona. Una gran parte de la población se ha volcado obligadamente al comercio ilegal de frontera -unos 6 mil bagayeros (pasadores de mercancías). Otro sector de trabajadores vive penosamente de la asistencia estatal o han sido convertidos en mano de obra casi gratuita (algunos cobran 400 pesos por 4 ó 6 horas de trabajo diario) en los municipios, escuelas, centros de salud y hospitales locales. Han crecido la desocupación y la desnutrición; hay una asfixia del desarrollo urbano y crece el déficit habitacional. Han surgido problemas ambientales por las fumigaciones y el volcado en crudo de efluentes tóxicos por parte del Tabacal. Se ha expulsado de sus tierras a campesinos y originarios en la zona de Río Blanco. Han avanzado enfermedades como el dengue o el hanta virus. En este cuadro también hay que denunciar el avance del narcotráfico en toda la región, amparado por el poder político y el aparato policial. El ex gobernador Romero, primero, y luego Urtubey, han defendido al Ingenio Tabacal como el "modelo productivo". Lo mismo el sojero Olmedo. En realidad, la producción de soja se encuentra subsidiada por un impuesto a la tierra ínfimo; la de caña por un subsidio explícito, de cien millones de dólares al año, a los biocombustibles. Se podría decir que la ‘pujanza’ del capital necesita de una fuerte ‘carpa de oxígeno’. El monopolio de la Seabord no aporta fuerzas productivas al departamento -las bloquea y las suprime. La Seabord ha convertido a la gran masa obrera del ingenio en personal ‘temporario’. Sin medidas que recuperen para sus verdaderos productores el patrimonio del departamento, hoy apropiado por los grandes terratenientes y el Tabacal, el pueblo trabajador de la región no tiene salida. Se impone la necesidad de discutir la reorganización económica del departamento de Orán. El avance político-electoral del Partido Obrero debe entenderse como un proceso de maduración de los trabajadores para avanzar en esa dirección. Es necesario hacer notar que un sector amplio de los trabajadores del propio ingenio, en el marco de su lucha el año pasado, ya discutía -y levantaba- la consigna de estatización, mientras que otro denunciaba los abusos de la Seabord Co, como consecuencia de la protección que le ofrecen Urtubey y el gobierno nacional. Esto plantea la cuestión del control obrero y la derrota política del oficialismo a manos de la izquierda. El impasse histórico del departamento de Orán plantea la necesidad de un congreso de trabajadores, que es la perspectiva que abrirá el nuevo ascenso electoral del Partido Obrero, para debatir un programa y un plan de acción de conjunto. Con Urtubey a la cabeza, los intendentes Lara Gros, Jalit, Quiroga y Pedroza, han sido defensores a ultranza de este régimen acabado. Ahora, debido a su acentuada descomposición, sus bloques han estallado en decenas de listas. En el lado de enfrente, el Partido Obrero ingresa en su segunda década de crecimiento, tanto en Orán como en el conjunto de la provincia de Salta.

El 11 de septiembre se realizó la primera asamblea extraordinaria después del reconocimiento de la inscripción del Sitraic. Se eligió una Junta Electoral y se realizó un cronograma para la elección de las nuevas autoridades del sindicato. También se aprobó la cuota sindical voluntaria de sus afiliados. Víctor Grosi, secretario general, trazó el balance de la lucha del Sitraic y describió el contenido y los propósitos de esta nueva etapa que se abre para los trabajadores de la construcción. "Queremos un sindicato independiente del Estado. Queremos construir un sindicato clasista. ¿Qué significa esto? Que queremos atar nuestro destino sindical a la historia del clasismo en la Argentina y que, políticamente, nos referenciamos en la izquierda. Porque la clase obrera no puede vivir luchando contra las patronales y después ir detrás de candidatos patronales, quienes ponen en sus listas a dirigentes la Unión Industrial, de la Mesa de Enlace de la oligarquía y a burócratas sindicales enemigos de los trabajadores. ”Debemos defender un método de construcción sindical basado en el respeto por las asambleas generales, en la realización de las asambleas de obras y de un plenario mensual de delegados, que será la referencia de las acciones cotidianas del gremio. Defenderemos también la salida regular de un boletín sindical bilingüe (español y guaraní), porque no abandonamos la enorme lucha para conquistar a los miles y miles de trabajadores extranjeros que las patronales pretenden que sean la mano de obra barata de la construcción. ”Le daremos una importancia sindical a la capacitación gremial con un contenido de clase. Sin esa base, un sindicato puede rápidamente involucionar hacia una nueva construcción burocrática. No importa el nivel educativo que tenga el compañero que va a ser elegido delegado. Importa si tiene o no voluntad de formarse como un luchador de la clase. ”Vamos a establecer un programa de acción sindical y social. En menos de seis meses, cambiaremos nuestra sede social. Queremos que nuestras asambleas, plenarios y cursos de formación se desarrollen en esta nueva sede, la cual tendrá sus puertas abiertas a todas las luchas y procesos de organización obrera de la zona Sur. Los trabajadores tienen cerradas las puertas de los sindicatos para organizarse, se las han cerrado los burócratas. La sede del Sitraic será una suerte de CGT clasista para la zona, pues todos tendrán en ella un lugar para organizarse. ”Finalmente, la inscripción del Sitraic ha despertado un enorme interés en los trabajadores del país. Nos llueven las llamadas para saber cómo somos, cómo nos organizamos, cómo hay que hacer para desembarazarse y romper definitivamente con la dirección de la Uocra, sus patotas, sus coimas y el vaciamiento de un sindicato de cerca de un millón de trabajadores. A todos ellos les llevaremos nuestro programa, que tiene 10 puntos, los cuales son la base de una construcción clasista. Hoy para nosotros empieza una nueva etapa: sería un triunfo estratégico para la clase obrera que también lo sea para todos los trabajadores de la construcción".

"El panorama es incierto. Hoy no podemos decir que vemos algo hacia delante (...) no hay que confundir el patentamiento con producción. Que se vendan más autos no quiere decir que haya más producción" (Clarín, 6/9). Las declaraciones corresponden al ministro de Industria de Córdoba, Jorge Lawson -el mismo que hace unos meses, en la Comisión de Industria de la Legislatura, dijo ante la requisitoria del bloque del Frente de Izquierda que "tenemos todo monitoreado día a día y no hay por qué preocuparse". "Unos 16 mil trabajadores se verán afectados por suspensiones y el adelantamiento de vacaciones", declaró el secretario general del Smata, Dragún, ex ministro de Trabajo de De la Sota. En Córdoba, Fiat (la más ligada al mercado brasileño) ya viene aplicando suspensiones desde julio y ahora las ha incrementado; VW inició las suspensiones en un sector -en este caso, el problema es el mercado mexicano y europeo. Los informes, hasta hace apenas unos días, hablaban del crecimiento de la producción gracias a Renault, pero esta empresa es la que ha salido a blanquear el adelantamiento de vacaciones como salida. Según la Asociación de Fabricantes de Automóviles, en agosto, la baja interanual fue del 21,6%; a esto se agrega una caída del patentamiento de autos en el 1,2% respecto del año pasado. La razón que todos esbozan es la caída de las exportaciones a Brasil como consecuencia de la reducción del mercado en ese país. Brasil está devaluando el real, el acuerdo automotriz entre ambos países está vencido y la renegociación del mismo está en crisis, en parte porque Brasil está mirando hacia el Mercado Común Europeo y abandonando el Mercosur. El "atraso cambiario" es el otro problema resaltado. Dragún y Lawson se suman al carro de las patronales que reclaman la devaluación, mientras están preparando el terreno para hacer pasar las suspensiones y los adelantos de vacaciones. La devaluación no traerá aparejado un desarrollo industrial, sino exactamente lo contrario. Metida en la guerra devaluatoria con los demás productores, la industria metalmecánica argentina lleva las de perder, fundamentalmente por el fuerte retroceso sufrido: es una simple armaduría o ensambladora de autopartes importadas. Lo que la devaluación sí implica es una confiscación a los trabajadores por la vía de la liquidación de sus salarios y, luego, de los puestos de trabajo. La salida pasa exactamente por desprenderse de la política de las patronales y defender los puestos de trabajo impidiendo las suspensiones. Estas y el adelantamiento de las vacaciones son el anticipo de la segunda fase: los despidos, para lo cual lo conveniente es tener a los trabajadores alejados de las plantas de producción. Los burócratas sindicales y gobierno saben que es así. Para preservar los puestos de trabajo, el ingreso de los trabajadores y su presencia en las plantas: ni suspensiones ni despidos; reparto de las horas de trabajo sin afectar el salario, el cual debe ser sostenido por las patronales que embolsaron grandes ganancias en la "década ganada", como la misma Cristina lo reconoció. En este sentido, relanzaremos la campaña por la aprobación del proyecto de ley prohibiendo despidos y suspensiones que el Frente de Izquierda presentó en la Legislatura. El segundo aspecto clave es reorganizar la industria bajo gestión obrera, porque las patronales automotrices están bloqueando la industrialización y el empleo, ya que no saldrán del estadio de ensambladoras.

El plan de desarme químico puesto en marcha para Siria tiene un carácter precario e incierto. Su implementación está sujeta a numerosos interrogantes: entre ellos, la capacidad de los inspectores de Naciones Unidas de verificar ‘in situ' dicho operativo. El pacto se inscribe en un compromiso político de orden más general. El anunciado propósito de realizar una conferencia de paz en Siria apunta a una transición controlada. El núcleo de este pacto fue acordado en secreto por Obama y Putin en la reciente reunión del Grupo de los 20, en Moscú, y luego presentado en cuotas a la opinión pública, como si se tratara de una aproximación espontánea. La amenaza de un ataque militar a Siria fue acordada en esa reunión, en carácter de ultimátum al régimen de Al Assad. El desmantelamiento del arsenal químico de Siria es la cobertura ‘humanitaria' de un cambio de poder en Siria. Rusia y China repiten, con demora y con un cuidado mayor, la política de adaptación a la Otan, que desplegaron a su propia costa en la agresión a Libia. El plan en marcha procura una salida semejante a la que se implementó en Yemen. La escalada militar apuntó a quebrar un largo impasse y forzar una salida política tutelada. El nuevo gobierno de Irán Una transición de estas características contaría con una mirada favorable por parte de Rusia y hasta de Irán, ahora que se ha operado un viraje de su régimen interno. "Más allá de sus posibilidades de éxito, el paréntesis que se abre ante la propuesta rusa da un respiro a Irán. No está claro que Teherán esté dispuesto a implicarse en un conflicto fuera de sus fronteras... El propio Rohani ha dado a entender con gran sutileza los límites del apoyo iraní a Damasco. Incluso han habido especulaciones, desmentidas por portavoces iraníes, de que Irán estaba trabajando con Rusia en un plan para sustituir al líder sirio" (El País, 14/9). En igual sentido, el diario israelí Haaretz destacó que Irán viene sosteniendo posiciones muy críticas con Siria y plantea que la impasse actual "se abra con elecciones en las cuales no participe el clan de los Assad" (Clarín, 10/9). Turquía e Israel Quienes han presentado mayores reservas a este pacto son Turquía e Israel. Turquía ha abogado por una incursión terrestre. El régimen de Erdogan contemplaba el desmembramiento de Siria, por medio del acuerdo que ha suscripto con el kurdo PKK. El interés del régimen sionista, en el ataque imperialista a Siria era la oportunidad de un ajuste de cuentas con Hizbolla. Lo prueba la persecución implacable del ejército de Egipto, con la complicidad sionista, contra la resistencia de Gaza. Un ‘arreglo' para imponer una salida imperialista en Siria, desarrollaría ese objetivo por otra vía; aislar a Hizbolla en las fronteras de Líbano. Perspectivas La transición que ahora pretende ponerse en marcha no sólo trataría de deponer a Al Assad y su camarilla, sino también poner un fin a las revoluciones árabes; sería una prolongación de lo que ocurre en Egipto. Pero no se atenuarían las contradicciones en la región. Turquía, Arabia Saudita y Qatar vienen disputando su hegemonía y tienen posiciones contradictorias respecto a Irán. La vigencia del pacto de desarme químico, más allá de sus dificultades en el terreno, depende del mantenimiento de la amenaza de un ataque militar por parte del gobierno de Estados Unidos. La extorsión militar sigue firmemente en pie; como no está excluida como un recurso último, ese desarme estará sujeto a crisis y provocaciones de todo tipo, y servirá, por sobre todo, para que el sionismo avance con su plan colonizador y la liquidación de Hamas, en Gaza, con la colaboración de la dictadura militar que se instaló en Egipto.

En la Avenida Balbín al 4200 tuvo lugar un acontecimiento político importante, pues se inauguró un nuevo local de nuestro Partido (el número 32), lo que mide el desarrollo del PO en la Ciudad. Nada más natural, entonces, que la apertura de esta sede convocara una audiencia numerosa -más de 120 asistentes. Docentes, trabajadores de Energía Atómica, municipales, gastronómicos, motoqueros, profesionales de la salud, abogados, ingenieros, arquitectos, artistas, jubilados, vecinos del barrio Mitre, una delegación de vecinos de la Asamblea de Saavedra, y una gran concurrencia de jóvenes estudiantes. El local llevará el nombre de Jorge (Pato) Fischer y Miguel Bufano, dos activistas sindicales y grandes cuadros políticos del Partido Obrero (entonces Política Obrera), asesinados por la Triple A en diciembre de 1974, cuando eran dirigentes destacados (no sólo delegados) en la fábrica de pinturas Miluz, cerca del nuevo local, en Villa Martelli. Las intervenciones de Ramal y Altamira, seguidas con interés, dieron lugar a numerosas preguntas vinculadas con los principales problemas que plantea la crisis política que da el marco a las elecciones. En referencia a la inundación del 2 de abril, Marcelo Ramal, candidato a legislador porteño, destacó que "el pulpo Elsztain, propietario del shopping Dot, es un beneficiario de la enajenación de todos los espacios públicos por parte de la alianza del PRO y los K en la Legislatura”. Ramal señaló que "la Ciudad es el ámbito de una intensa explotación social, encarecimiento de la vivienda o el suelo, un transporte público que alarga las ya largas jornadas laborales, donde la educación y salud pública se encuentran en proceso de demolición". Altamira abordó el ascenso de la izquierda en el plano nacional y en los ámbitos educativos, sindicales y fabriles. Denunció los lazos entre los partidos patronales que parecer representar intereses diferentes. Es el caso de la reciente votación del canje de deuda, que unió a los K, al PRO y a los radicales del Unen con la abstención complaciente de Carrió. La posición de cada uno frente a la deuda usuraria y confiscatoria es la piedra de toque de la política nacional. En el final de su intervención, Altamira convocó a imprimirle a la campaña electoral un activo despliegue de militantes y simpatizantes en las redes sociales y un salto sustancial en el reclutamiento y organización de los fiscales, como modo de extender la conquista por el voto. La jornada se prolongó hasta bien entrada la noche, con numerosos corrillos, y compartiendo una linda choriceada con el compromiso de los asistentes de sumarse a las numerosas actividades planteadas en el nuevo local, y a organizar una masiva fiscalización para defender nuestros votos en octubre.

Más de 4 mil trabajadores participaron de la marcha al Ministerio de Trabajo por la abolición del impuesto al salario, la restitución de las asignaciones familiares y por el fin de la precarización laboral. La convocatoria, realizada por el plenario del Sutna San Fernando, superó la movilización del 24 de mayo, cuando el gobierno todavía no había aumentado el mínimo no imponible. Después del decreto presidencial se desarrolló un profundo debate en las grandes plantas sobre los alcances y los límites de la decisión oficial. La percepción general del activismo, que acertadamente mantuvo la marcha programada, es que el impuesto al salario sigue en pie, ya que afecta en forma directa a más de un millón de trabajadores y que esa cifra se incrementará ante las nuevas paritarias. El piso de 15 mil pesos que el decreto exceptúa del pago del impuesto significa, en realidad, 12.200 pesos 'en mano'. La medida sólo se extiende hasta fin de año y tampoco es retroactiva. Por lo tanto, seguía planteada claramente la lucha por la abolición definitiva de este impuesto. Esa fue la consigna que presidió la bandera de cabecera la movilización. Concurrencia La muy destacada participación de los docentes de los Suteba recuperados y la AGD-UBA, del Sitraic, decenas de compañeros gráficos, metalúrgicos, ferroviarios, telefónicos, papeleros, camioneros, del subte, alimentación, músicos, empleados de comercio y muchos otros expresó una tendencia a la organización independiente de los reclamos, ante el abandono realizado por la CGT y la CTA de la lucha contra el impuesto al salario. Desde el escenario, se reclamó a las centrales obreras que convoquen un plan de lucha para lograr la abolición definitiva del mismo. La convocatoria tuvo repercusión nacional, lo que se expresó en las adhesiones. Los compañeros de la metalúrgica Alloco, del gran Rosario, quienes protagonizan un gran conflicto; los luchadores de la gráfica Impresores (también con paros y movilizaciones) y los tercerizados ferroviarios saludaron la movilización. También enviaron una adhesión los compañeros del cuerpo de delegados de Aluar de Puerto Madryn, los que han conquistado devoluciones del pago de ganancias por parte de la patronal. La participación de la Fuba y las nuevas conducciones de izquierda de los centros de estudiantes también fue un paso importante en el reagrupamiento clasista que se está gestando. La jornada culminó con unas palabras de Alejandro Crespo, de la ejecutiva del Sutna, quien destacó el crecimiento del clasismo en las filas del movimiento obrero y la profunda crisis de la burocracia sindical, así como su nefasto papel. La movilización dejó expuestas dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, la importancia del método de reagrupar a los diferentes sectores del movimiento obrero combativo alrededor de un programa y de acciones de lucha; en segundo, la continuidad del planteo de la abolición del impuesto al salario -donde toma suma importancia el proyecto de ley presentado por el PO en el Frente de Izquierda, el cual excluye definitivamente del impuesto a los convencionados y preserva un mínimo no imponible de tres canastas familiares (25.500 pesos), incluso para los monotributistas y jubilados. La lucha por las reivindicaciones obreras no puede entenderse por fuera de la conquista de una referencia política para la clase obrera y el conjunto de las clases populares. Cada lucha, cada debate, cada esfuerzo militante va en esta dirección.

La jueza María D'Agnillo, del fuero laboral, ha suspendido las elecciones en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (las que iban a desarrollarse los días 26 y 27 de este mes). El fallo hace lugar a las impugnaciones que presentó La Multicolor de Prensa, "Frente Unidad para Luchar", ante el fraude escandaloso que preparaba la burocracia de la UTPBA. La trampa era de tal magnitud que los comicios se iban a desarrollar sin padrón general ni de cada empresa. La jueza obliga a la inmediata entrega del padrón a nuestra lista o dejarlo en custodia en el Ministerio de Trabajo. Horas antes de este fallo, se realizó una audiencia "conciliatoria" en ese ministerio. Ahí, a pesar de quedar en evidencia que la burocracia había violado la normativa vigente, la cartera laboral le pidió a la UTPBA que corrigiera el "error", dando por válido todo el proceso. "No es costumbre de este ministerio suspender un comicio", dijo la directora nacional de Asociaciones Sindicales del ministerio, Elena Otaola, frente a este fraude monumental. Es obvio por qué la burocracia sindical de todo pelaje considera a ésta una década ganada. El fallo de la jueza no está firme. Puede ser apelado por la burocracia y, de esta forma, mantener los comicios fraudulentos. Los plazos se acortan y la apelación podría terminar en la Cámara. La campaña contra el fraude de La Multicolor debe tomar ahora un vuelco mayor, ya que el padrón trucho es la base del fraude. En un gremio vaciado de afiliados (menos de un 20% del total de los trabajadores), la burocracia se vale de "afiliados" aportados por punteros kirchneristas, sabbatellistas y radicales del conurbano, quienes votan en masa en radios FM sometidas a la "pauta oficial" y en la sede sindical, por lo que se puede manipular los resultados. Hace tres años, la oposición ganó en las empresas periodísticas con el 54%, pero quedó relegada a un 22% como consecuencia del padrón trucho e inflado. La Naranja y La Multicolor lucharán para quebrar el fraude que ya está en marcha. No sólo juntando centenares de fiscales para controlar los comicios, sino también, llevando la denuncia pública al Ministerio de Trabajo y la Justicia. Hasta el momento, la cartera laboral ha jugado abiertamente a favor de la manipulación de la junta electoral y del padrón trucho. La gran movilización por las paritarias de este año ahondó el abismo entre la conducción y el gremio de prensa. Además de la pérdida (desde hace años) del control en las empresas de prensa escrita, la burocracia ha sufrido nuevos golpes (como el alejamiento de las comisiones internas de las radios y de los canales de TV). En el caso de los medios del Estado, tanto los trabajadores de Radio Nacional como los de la TV Pública han seguido el camino de los de la agencia oficial Télam y rompieron con la burocracia. La Multicolor es el resultado de un acuerdo entre La Naranja y un conjunto de agrupaciones partidarias de la ley de medios K, volcadas a un proceso de organización del gremio contra la burocracia. El porvenir de la lista y, por lo tanto, su propio desarrollo electoral se deben basar en orientarse como un poderoso frente de lucha de todo el activismo -como sucediera en Ctera, en Telefónicos y, recientemente, en el sindicato de Músicos- y denunciar do la complicidad del Ministerio de Trabajo y el gobierno en la perpetuación de una burocracia podrida que hace 27 años parasita a los trabajadores de prensa. ¡Vamos con La Multicolor!

Nunca, desde que sus multitudinarias manifestaciones aceleraron la caída de la dictadura estalinista de Wojciech Jaruzelsky en 1980, los astilleros polacos de Gdansk se habían movilizado tan masivamente. El sábado 14, desde las primeras horas de la mañana, más de 100 mil trabajadores, convocados por la central obrera Solidaridad, marcharon por las calles de Varsovia contra los planes de ajuste del gobierno derechista, que pretende hacerles pagar los costos de un dificultoso ingreso en la eurozona. Los manifestantes exigieron la renuncia del primer ministro, Donald Tusk. A los obreros de los astilleros se sumaron docentes, jubilados, empleados bancarios y metalúrgicos. El sábado fue el cuarto día de protestas masivas, pero recién entonces Solidaridad y las otras centrales obreras se plegaron y aceptaron convocar a la movilización, cuando el gobierno de Tusk se propuso ampliar la jornada de trabajo y extender los empleos precarios y contratos basura. Además, el gobierno aumentó la edad jubilatoria de 65 a 67 años, al tiempo que la inestabilidad laboral impide a buena parte de los trabajadores acceder a los servicios de salud. Todo esto sucede cuando la economía polaca sufre un severo estancamiento. Así las cosas, la coalición gobernante conducida por Tusk ha quedado en la cuerda floja, y podría ser en breve uno más de los tantos gobiernos derribados por la crisis. En el parlamento, la alianza que sostiene al primer ministro -compuesta por su partido, Plataforma Cívica (PC), y el Partido Campesino Polaco (PCP)- tiene una mayoría demasiado frágil después de la salida de su ala más derechista, dirigida por el ex ministro de Justicia Jaroslaw Gowin. Además, el oficialismo perdió varias elecciones parciales en los últimos tiempos, en beneficio de una oposición también conservadora, la de Derecho y Justicia (DyJ). De todos modos, la intención de voto de oficialistas y opositores, sumados, no supera el 50 por ciento. Otro factor de crisis se tiene en la capital del país: Varsovia votará el 13 de octubre un referendo revocatorio que puede provocar la salida anticipada de la alcaldesa, la liberal Hana Gronkiewicz-Waltz. El estancamiento Polonia, con 38 millones de habitantes, es la economía más importante de Europa central. En el primer trimestre de este año rozó la recesión, con un crecimiento de apenas el 0,4 por ciento respecto de los tres meses anteriores. El año pasado, el PIB creció un 1,9 por ciento, contra el 4,5 por ciento de 2011. Este año, según el FMI, el producto polaco no crecerá más del 1,2 por ciento y llegará al 2,2 por ciento en 2014. Ahora, la burguesía polaca se ve ante la necesidad de ingresar en una eurozona devastada por la crisis, lo cual obliga al gobierno a promover ajustes durísimos contra los trabajadores para reducir los costos laborales y el déficit fiscal. Se han recortado gastos, autorizado a las empresas a incrementar a su gusto las jornadas laborales, se aumentó la edad jubilatoria, y el salario se retrasa aceleradamente. Y, sobre todo, se extienden las tercerizaciones, el empleo precario, y la inestabilidad laboral. He ahí las imposiciones de la "troika" (FMI, Unión Europea, Comisión Europea) para que Polonia ingrese en la zona del euro. Entretanto, la desocupación en el país llega al 13 por ciento y el promedio salarial, de 1.150 dólares mensuales, está entre los más bajos de Europa. En ese cuadro, la crisis económica se transforma en crisis política. Tusk evalúa, según él mismo ha dicho, la posibilidad de convocar a elecciones anticipadas. Si el gobierno pierde la mayoría, añadió, "las elecciones anticipadas representan una alternativa, porque un gobierno minoritario durante los próximos dos años es lo último que se le puede desear a Polonia" (EFE, 14/9). Hay, en este caso, un dato clave en la vida política polaca. La crisis no podrá resolverse entre bambalinas, por acuerdos y conspiraciones de los partidos burgueses. Más de 100 mil trabajadores, que entraron en Varsovia entre bombas de estruendo, al grito de "¡fuera Tusk!" y bajo amenaza de ir a la huelga general, impiden que así sea. La clase obrera está presente en la crisis.

En un momento de la intervención, Altamira destacó la pertenencia de Fischer y Bufano a la generación obrera que desafió a la burocracia sindical y libró, a la vez, batallas cruciales por la independencia política de los trabajadores. Altamira relató que Jorge y Miguel Angel, miembros de la Comisión Interna de la fábrica Miluz, enfrentaron un particular desafío en las vísperas del 12 de junio de 1974, cuando Perón llamó a su última convocatoria en vida a Plaza de Mayo, para respaldar un ‘pacto social' basado en el congelamiento de los salarios. La comisión interna de la fábrica convocó, entonces, a instancias de nuestros compañeros, a una asamblea para decidir la conducta a seguir. La posición de no asistir a la convocatoria del gobierno peronista y de la burocracia sindical, explicada por los compañeros, ganó en siete de las ocho secciones de la fábrica. Altamira relacionó ese episodio con el asesinato de los dos compañeros, en diciembre de ese mismo año, y reafirmó una conclusión política: el gran objetivo del golpe videliano -que los zarpazos de las Tres A anticiparon- fue la destrucción de la generación obrera que emergió con el Cordobazo, que recuperaba los sindicatos y que, potencialmente, luchaba por una dirección política de la clase obrera. "La nueva generación que hoy conquista sindicatos y comisiones internas, concluyó Altamira, recoge aquel hilo conductor. La actual irrupción clasista es ‘un nuevo comienzo'".

La crisis de la burocracia sindical (que alcanzó un punto explosivo con el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra y la condena a Pedraza) y su atomización, al ritmo de las fracturas del PJ, ha instalado en la agenda política la cuestión del régimen de los sindicatos. El ascenso del activismo en empresas y sindicatos ha sido uno de los factores principales de esta crisis. Varias decisiones de la Corte Suprema, las que reconocen la capacidad de representación colectiva a los sindicatos simplemente inscriptos, han convencido a la burocracia de que el viejo régimen ha entrado en contradicción con los trabajadores y con el régimen político. Por eso, han comenzado a pronunciarse en favor de cambios parciales, que les permitan conservar el monopolio de las organizaciones. También dio lugar a que Massa y el moyanismo hayan comenzado a plantear "democratizar algunos aspectos" y "perfeccionar el modelo sindical". Facundo Moyano anunció un proyecto de ley para "terminar con la reelección indefinida y algunos aspectos de los estatutos que impiden la presentación de listas opositoras". Ante los respingos de Caló, Facundo tuiteó que "la falta de democracia obliga a algunos laburantes a crear sindicatos paralelos en vez de disputar internamente". Según Julián De Diego, la atomización de los sindicatos ha creado preocupación en la UIA, que alega el peligro de una proliferación de interlocutores sindicales. El agotamiento de la experiencia de liderazgo de Moyano fue, no casualmente, el síntoma más fuerte del derrumbe del arbitraje del gobierno K. Está en debate un aspecto clave del régimen político en la Argentina: la regimentación de los sindicatos. La burocracia ha estado de espaldas a los reclamos contra la ‘precariedad laboral’ que sostuvo la salida a la crisis de 2001. Las huelgas obreras( como los petroleros, Dragones, las empresas de la alimentación, Cables Lear, Impresores, Kromberg, Masccardi, docentes neuquinos, las ocupaciones del Ingenio en Orán, por citar algunos ejemplos) escaparon a los sindicatos formales. Lo sufrió hasta Moyano, cuando mil compañeros de Aesa y Cliba pararon al margen de la dirección camionera ante el descuento confiscatorio de ganancias en el último medio aguinaldo. Los convenios y acuerdos salariales no son aprobados en asambleas de gremio, los paritarios son elegidos a dedo y no tienen mandato previo. La única paritaria de base ha sido protagonizada por el gremio de prensa, precisamente por la oposición antiburocrática. La seudo "democratización" que plantea un sector de la burocracia busca neutralizar el proceso de lucha por una nueva dirección en el movimiento obrero. Facundo Moyano explica que el "modelo sindical argentino es el mejor del mundo, pero eso no indica que no sea perfectible". El propio moyanismo tiene sindicatos simplemente inscriptos en gremios de sindicatos rivales. Quiere cambiar algo para que nada cambie. Remover algunas caras, sin embargo, no hace al fondo de la cuestión. Massa ha recogido el problema que plantea la próxima etapa del postkirchnerismo; por eso ha tomado la iniciativa de ‘reunificar’ a la CGT, sobre la base de un pacto político -en esencia, una tregua de medio año para ‘aguantar’ la devaluación del peso. Una reorganización económica con eje en la devaluación requiere algún tipo de pacto social. Binner también ha planteado la necesidad de un "consenso social". El aprovechamiento de esta crisis para avanzar en la independencia y democracia en los sindicatos, y en el ascenso de direcciones clasistas plantea una lucha integral -sindical y política-; o sea, una fusión de la izquierda revolucionaria en ascenso con el activismo obrero y el movimiento obrero en su conjunto. El primer punto de esta agenda estratégica es la lucha por los aumentos de salarios y jubilaciones ajustados según la inflación, y la reapertura de las paritarias. Es necesario desarrollar la conciencia contra la tregua postkirchnerista que están tejiendo, en estos mismos momentos, las burocracias sindicales con el oficialismo y con Massa, Binner, De la Sota y las patronales. La derogación de la ley de asociaciones sindicales, que consagra la estatización de los sindicatos, no debe entenderse en clave legislativa sino de lucha, como una rueda auxiliar para cuestionar a la burocracia y reunir las condiciones para expulsarla de los sindicatos.

El Fondo Educativo que deposita Nación en la provincia de Buenos Aires, y que ésta envía a los municipios, es apropiado como un botín por los Intendentes. Hecha la ley, hecha la trampa. La "letra chica" de la Ley de Presupuesto "habilita" estas maniobras. Bahía Blanca recibió en los primeros meses del año 6,5 millones de pesos que el intendente Bevilaqua desvió a obras de pavimentación. Destapada la olla, el intendente "justifica" el desfalco diciendo que los fondos se usaron para asfaltar calles aledañas a las escuelas. Pero el municipio tiene partidas específicas para estos trabajos. Hace un tiempo, Integración Ciudadana (partido local) presentó un proyecto de ordenanza en el que proponía crear una Comisión para "articular" el uso del Fondo Educativo integrada por el Ejecutivo, el Deliberante, el Consejo Escolar y la Dirección de Infraestructura provincial. El lobo a cuidar las ovejas. A IC no se le ocurre ni por un momento que estos fondos deben ser controlados por los gremios docentes, estatales y estudiantiles, que son los que ganan las calles en defensa de las escuelas. Numerosas manifestaciones docentes han denunciado la situación insostenible de la estructura edilicia de los establecimientos de la ciudad, en los que falta el gas, se caen los techos, las paredes están a la miseria, los baños son focos infecciosos, fallan las instalaciones eléctricas, y se filtra el agua. El Partido Obrero exige un informe público del uso del Fondo Educativo en Bahía. 1. Que se restituyan los fondos mal utilizados para ser destinados a un plan de mejoras votado y controlado por los gremios docentes, de auxiliares y por los Centros Estudiantiles. 2. Que las cuotas restantes que deben ingresar al municipio a lo largo del año sean aplicadas al mismo plan.

Ken Loach regresa a la gran pantalla con El espíritu del ’45. ¿Remataremos nuestra victoria sobre el fascismo?". Es casi una de las primeras preguntas que se plantean en la nueva película de Ken Loach, El espíritu del ’45, cine documental de valioso contenido, con el que el cineasta británico hace un llamamiento a la lucha contra el capitalismo y sus vasallos, donde proclama los males de las políticas conservadoras y desde donde advierte de la fatalidad si el gobierno (en este caso el británico) consigue privatizar la sanidad. "Estaremos acabados -dice uno de sus protagonistas. Hay que impedirlo haciendo lo que haga falta, incluso violando la ley". Al más puro estilo Loach, sencillo, limpísimo y sincero, el filme recorre la historia de un país que venció al paro, la pobreza, la ignorancia, la enfermedad y la miseria con la voluntad popular de cambio. En 1945, al final de la Guerra Mundial, en Inglaterra "creíamos que nunca más íbamos a dejar que la pobreza, el desempleo o el ascenso del fascismo desfiguraran nuestras vidas", recuerda el cineasta, que reconoce que hoy, en una situación de deterioro social parecido al de entonces, el gran problema es el vacío absoluto en la izquierda, "necesitamos desesperadamente un partido de izquierdas". "El momento de recordarlo" En 1945, la sociedad vivía la determinación de mejorar. Si juntos habían luchado en la guerra, juntos harían casas para los que nos las tenían, juntos crearían un servicio social de salud y de transporte, juntos reconstruirían el país. "La idea central -explica Ken Loach- era la propiedad común, donde la producción y los servicios beneficiarían a todos. Unos pocos no se enriquecerían a costa de los demás. Era una noble idea, popular y aclamada por la mayoría. Era el Espíritu de 1945. Quizá hoy sea el momento de recordarlo". Así, a pesar de la fuerza política de Churchill, en las elecciones generales de 1945 en el Reino Unido se produjo una de las victorias más aplastantes que se recuerdan del Partido Laborista. Y, con Clement Attlee a la cabeza, se inició una transformación del país, física y psicológica, que devolvió a los ciudadanos el timón de sus vidas. Ken Loach acude a los recuerdos personales de médicos, mineros, activistas políticos, enfermeras, ferroviarios, trabajadores de correos o simplemente los que eran jóvenes en aquella época y reconstruye esta reciente historia política y social. "Sólo lo mejor es bueno para la clase trabajadora" Uno de ellos cuenta cómo en su casa, en su infancia, él y cuatro de sus hermanos dormían en la misma cama, un colchón viejo invadido por las pulgas y las chinches. Otro explica cómo murió su madre, víctima de la pobreza en un país en el que la salud se pagaba muy cara... Los testimonios se suceden y van ganando en color a medida que en la película se van explicando los cambios producidos en el país. La creación del Servicio Nacional de Salud y la colocación de los cimientos del estado de bienestar, gracias a la decisión y valentía de Nye Bevan; la nacionalización del transporte -a partir de la cual ya no hubo despidos forzosos de los trabajadores del ferrocarril-, la nacionalización del gas, de los muelles, de la electricidad, del agua -monopolios naturales, como se denominan en la película-, y la puesta en marcha del Plan de Vivienda, que nació sobre una convicción: "Sólo lo mejor es bueno para la clase trabajadora". Así, con Bevan vigilante de cada proyecto, las casas de protección que se edificaron tenían jardín privado, dos pisos, cuarto de baño en ambos.. "El capitalismo se está desmantelando" Pero en 1979, cuando los ciudadanos disfrutaban de un admirable estado de bienestar, todo se torció con la victoria de Margaret Thatcher. Todo lo que había pasado a estar bajo el control público volvió a manos privadas. El afán privatizador de aquel gobierno, que vendió absolutamente todo lo que pudo, destrozó en un abrir y cerrar de ojos el hermoso sueño colectivo que tanto esfuerzo había costado convertir en realidad. Otras voces surgen entonces en la película de Ken Loach, a los testimonios anteriores se unen ahora los de economistas, representantes de los pensionistas, escritores, activistas políticos, profesores, antiguos y nuevos sindicalistas... Todos coinciden en lo mismo, aún queda el Servicio Nacional de Salud y hay que defenderlo por encima de todo. "Si no, estamos acabados". Y todos, sin una sola fisura, están también de acuerdo en que la solución es la lucha contra el sistema capitalista, responsable del deterioro de la calidad de vida de los trabajadores. "Todos hemos oído hablar del capitalismo amable, pero nadie lo ha visto porque no existe", dice uno de ellos, que añade: "El capitalismo no es fuerte, vemos cómo hoy se está desmantelando, lo único que es fuerte es la idea del capitalismo". "¿Recortes? Lucha". Y Ken Loach, que ha contado toda esta historia en blanco y negro vuelve al comienzo, a las primeras imágenes, donde hombres y mujeres, mayores, jóvenes, niños, celebran el final de la guerra. Pero ahora hay color, porque la mirada es positiva, porque si ellos lo hicieron un día, puede volverse a hacer. "La clase trabajadora puede cambiar toda la historia, lo único que pasa es que aún no se da cuenta del poder que tiene". "Necesitamos un partido de izquierdas" Por supuesto, Loach no es ningún ingenuo, es absolutamente consciente de hasta dónde el Partido Laborista británico actual ha colaborado en la destrucción del sistema de bienestar. Su apuesta en El espíritu del ’45 no es por este partido, sino por los trabajadores. Y, por ellos, hace también otra petición. El cineasta reclama, casi exige, a esos veteranos que han contado su pobreza en la infancia, su entusiasmo en la época de cambios, su pesar en los días negros de la Dama de Hierro, que vuelvan a contar esta historia, que no dejen morir su recuerdo. A pesar de sus ochenta, en algunos casos, noventa años, tienen el deber de seguir luchando, de animar con su memoria a la lucha. Y sobre esa convicción ha nacido El espíritu del ’45. "La gran cuestión es que hay un vacío absoluto en la izquierda", sentenció recientemente Loach en una entrevista realizada en Londres a propósito de esta película. "Ha habido intentos de crear coaliciones. Creo que yo me he sumado a la mayor parte de ellas. Pero no han funcionado. Necesitamos desesperadamente un partido de izquierdas, un movimiento en la izquierda. Nos han fastidiado esos líderes carismáticos con vanidades demasiado grandes. O ha sido el sectarismo. Esto tiene que ser un movimiento amplio, popular y democrático que se base en una agenda política que lo primero que diga es que el sistema se equivoca".

No es un hecho nuevo que el gobierno manipula los índices de precios y el presupuesto. Los K decían que, de ese modo, el país se ahorraba pagar varios miles de millones de pesos por los bonos que ajustan por la inflación. ¿Qué van a decir ahora, cuando el presupuesto 2014 apela nuevamente a un dibujo, cuya consecuencia es un aumento importante en el pago de la deuda? El presupuesto supone un aumento de más del 6 por ciento en el crecimiento del PBI. Pero ese supuesto incremento sólo se producirá como resultado de la falsificación en el índice de precios, el cual, al subestimar la inflación real, sobredimensionará el crecimiento de la economía. Mediante este artilugio, le asegura a los tenedores del cupón PBI -el cual se cobra cuando la economía argentina crece más del 3 por ciento- embolsar la friolera de 4.000 millones de dólares. Incluso, por el efecto arrastre, algunos especialistas proyectan que se garantiza otro tanto para 2015. Los ‘mercados’ lo celebraron con una fuerte alza de ese título. Semejante anuncio en favor de los bonistas adheridos a los anteriores canjes de deuda se produce en medio del litigio con los fondos buitre. No es de extrañar que, con estas jugosas concesiones, el gobierno argentino busque ganarse el favor de una parte del capital financiero internacional, para al menos dilatar en el tiempo el desenlace de aquel juicio. Quiebra del Banco Central, la Anses y el Nación Para asegurar que esto va en serio, el gobierno ha previsto casi 10.000 millones de dólares para el "fondo de desendeudamiento", los cuales saldrán de las reservas del Banco Central. Ni más ni menos que el 28 por ciento de esas reservas. En el año 2013, con cepo cambiario incluido, el Banco Central perdió más de 12.000 millones de dólares. En la actualidad, las reservas han quedado reducidas a 35.000 millones. Si a eso le sumamos el pago de los 10.000 millones previstos en el presupuesto 2014 y la enorme factura del vaciamiento energético (otros 15.000 millones de dólares), no son descabellados los pronósticos que señalan que las arcas del Banco Central estarían virtualmente en cero a principios de 2015. Las reservas actuales representan apenas seis meses de importaciones. Es una relación inferior a la de diciembre de 2001, cuando se dispuso el corralito y se entró en cesación de pagos. El Banco Central ya tiene en sus manos el 33 por ciento de la deuda pública. En lugar de los dólares originales que han ido a parar a manos de los acreedores, el Central tiene certificados del Tesoro que no cobrará nunca. Para el Banco Central, previsionar como incobrables esas acreencias implicaría su quiebra, pues cuadriplican su patrimonio y representan el 58 por ciento de sus activos. Del mismo modo, los títulos públicos representan el 60 por ciento del fondo de garantía de la Anses y el 45 por ciento del activo Banco Nación. El sistema previsional y la banca pública marchan a un default. Ajuste Mientras honran a los especuladores, el pago de las sentencias judiciales desfavorables al Estado seguirá condicionado. La previsión (que nunca se cumple) es pagar 40.000 juicios en 2014. Pero el número de juicios por la jubilación aumenta a razón de 100.000 nuevos casos por año. El ajuste irá más lejos, pues los ingresos crecerán al 27% -un valor cercano a la inflación real- y los gastos sólo lo harán en un 16%, anticipando una nueva baja en el salario real de los estatales. Un blanco de la poda serán las provincias: en el presupuesto no se contempla el refinanciamiento de sus deudas. En cambio, aumentan los subsidios en favor de los privatizadores. El gobierno se ha reservado los poderes especiales de la emergencia económica para reasignar partidas y manejar el presupuesto a su arbitrio. Aunque es lo mismo que viene haciendo desde 2003, en esta oportunidad los superpoderes tendrán que vérselas con un escenario de bancarrota. La oposición denuncia al presupuesto 2014 como un "dibujo". Pero lo que disimula ese "dibujo" son las medidas antipopulares que se preparan para cerrar las cuentas: aumentos de tarifas y una devaluación -algo que también reclaman los opositores. Cuando piden el "fin de la emergencia económica", le exigen al gobierno que esas medidas de ajuste sean explicitadas en el presupuesto. Por eso mismo, ya han adelantado que no privarán al gobierno de "contar con un instrumento para gobernar" -una forma sibilina de dar un guiño a la política oficial. Esa misma oposición consintió -con votos a favor o abstenciones- la reapertura del canje de deuda. Por lo tanto, comparten la orientación estratégica del presupuesto oficial. El debate del presupuesto vuelve a colocar la cuestión de quién paga la crisis, cuando el país vuelve a estar bajo la amenaza de un defol. En lugar de salvar a los usureros, hay que rescatar las reivindicaciones apremiantes del pueblo. Es necesario un impuesto extraordinario al capital, de modo de reconstruir el patrimonio vaciado de la Anses y del Banco Central, para utilizar esos recursos en beneficio de los trabajadores, los jubilados, la reconstrucción de la salud y la educación, y la reorganización del país sobre nuevas bases sociales.

Desde 2011, la jubilación mínima en Buenos Aires se mantuvo congelada en 886 pesos. Ahora Scioli, en un intento desesperado de frenar la debacle electoral del kirchnerismo, ha salido a propagandizar un aumento del 112% en tres cuotas. La mínima quedará en 1.217,22 en setiembre, lo que implica un aumento de 331 pesos. En enero se pasa a cobrar 1.548,45 (231 pesos más). Recién en abril del año que viene la mínima estaría en 1879,67. Sólo aplicando el 82% móvil al salario mínimo que está en 3.300 pesos llevaría la jubilación mínima provincial a 2.706 pesos (retroactivos a marzo 2013), mil quinientos pesos más que la miseria sciolista resuelta para septiembre. Por donde se lo mire, lo de Scioli es una impostura. Por otra parte el anuncio sólo involucra al 5,5% de los jubilados que cobran la mínima. El resto de los jubilados de IPS cobrarán en septiembre el aumento del 8 por ciento correspondiente a la segunda actualización anual. La anterior fue del 14% en marzo. Scioli-Insaurralde mantienen la política de confiscación de los fondos de los jubilados, al igual que Cristina lo hace con la Anses. Para terminar con el vaciamiento de las cajas jubilatorias y conquistar el 82% móvil es necesario ejercer el control y la dirección por parte de los trabajadores y de los jubilados del IPS y de la Anses. Un paso firme en esta dirección es la conquista de direcciones clasistas en los sindicatos, como las 11 seccionales opositoras en Suteba. Otro paso serán los miles de votos al Frente de Izquierda, cuyos candidatos defienden estos reclamos en los lugares de trabajo, y llevarán a la legislatura y al congreso el proyecto del 82% móvil para todos los jubilados.

El lunes 16 de septiembre, los estudiantes secundarios de la Ciudad volvieron a tomar los colegios en rechazo a la reforma educativa que macristas y kirchneristas impulsan en la Capital. La reforma elimina más de 140 orientaciones, degrada los títulos de los colegios, divide la escuela media en ciclos al estilo del polimodal e incorpora las prácticas profesionales (trabajo gratuito) en los colegios técnicos como condición para recibirse. Al cierre de esta edición, el Mariano Acosta y el Normal 1 se encuentran tomados, mientras en decenas de colegios más las asambleas estudiantiles debate la posibilidad de generalizar las tomas. Desde 2012, los secundarios vienen movilizándose en rechazo a la reforma PRO-K. Las tomas son la reacción natural de los estudiantes frente a la falta de respuestas por parte del gobierno. Pero además, son la respuesta a una grosera maniobra del gobierno contra los estudiantes. En el marco de la oposición creciente a la llamada "Nueva escuela secundaria" (NES), el gobierno se había comprometido ante el movimiento estudiantil y docente a postergar su aplicación a 2014. Desconociendo este acuerdo, siguieron impulsando la reforma a través de las autoridades de los colegios, bajo la forma de 'colegios pilotos'. De esta manera, pretenden convertir la pelea por la reforma en un debate "colegio por colegio". Las tomas son la reacción a esta tentativa fraudulenta de avanzar con la reforma a como dé lugar. La Celeste de UTE y La Cámpora han hecho lo imposible para impedir esta lucha. Según los K, tomar los colegios sería "funcional" a la reforma. La impostura no podría ser mayor. Son ellos los "funcionales" a la reforma, cuando proponen convertir a los colegios en "piloto" (es decir, reformándolos). Finalmente, la reforma educativa que se quiere aplicar en la Ciudad es hija de la Ley de Educación Nacional K. Por eso, el rechazo público de Sileoni a las tomas tiene una lógica de hierro: los estudiantes cuestionan una reforma parida por su ministerio. Las tomas avanzaron como resultado de una derrota política de La Cámpora y los K. Las agrupaciones que dirigen la Coordinadora de Secundarios (CEB) -La Mella, La Revancha y la OES- se jugaron a fondo a evitarlas. Por eso, cuando el lunes pasado se tomó el Pellegrini, de inmediato se hicieron presentes para pedirle a los estudiantes que "levanten la toma por el bien del movimiento secundario". Luego de dos horas de debate, la toma finalmente se levantó. Las ocupaciones del Acosta y el Normal 1 demuestran el desarrollo de un nuevo activismo pujante contra este tipo de maniobras, como se ha verificado en la marcha del 16 (ver artículo). La UJS apoya sin condiciones la lucha en curso. Desde el principio nos jugamos a fondo contra la reforma. Durante toda la semana pasada, agitamos un volante planteando ‘organizar el estudiantazo'. Ahora llamamos a extender el movimiento al resto de los colegios, para efectivamente derrotar la reforma educativa de Macri y los K.

El Estado no inaugura su intervención en materia ferroviaria con las recientes estatizaciones anunciadas por el Ministerio de Interior y Transporte de Florencio Randazzo. Luego de resolver la preservación de las concesiones ferroviarias, el ex presidente Néstor Kirchner ratificó la prórroga del decreto de emergencia ferroviaria dictado por su antecesor Eduardo Duhalde, por el cual se eximía de asumir nuevos costos operativos y de llevar adelante las inversiones y el mantenimiento exigidos por los pliegos de concesión a los Taselli, Cirigliano, Roggio y Romero, quienes tenían a su cargo los servicios urbanos de pasajeros desde los tiempos de la privatización. Poco después, en 2006, el Poder Ejecutivo creó dos empresas estatales: una para administrar la infraestructura (Adif), a la que dejó en manos de la conducción de La Fraternidad, y otra para operar servicios (Sofse), para la cual fueron designados directores del gremio de los conductores y de la Unión Ferroviaria. Entre éstos, Juan Araya, quien se hizo conocido por su intervención para contratar a los abogados que defendieron a la patota de Pedraza tras el crimen de Mariano Ferreyra. Por aquellos tiempos, Kirchner no tuvo más remedio que retirar la concesión a Taselli en el San Martín, el Belgrano Sur y el Roca, tras una pueblada en Plaza Constitución contra los incumplimientos del servicio -la que fue reprimida con palos y gases por el gobierno. Como complemento de esta medida, el Estado asumía el pago total de salarios, cuyos fondos provenían de la Secretaría de Transporte y eran triangulados hacia Ugofe, la nueva operadora. La aprobación legislativa de la ley ferroviaria kichnerista y la creación de Ugofe fueron el puntapié inicial del apogeo de poder sindical en los ferrocarriles. Eran los tiempos del alineamiento incondicional del pedracismo con Moyano y los Kirchner; de los negocios con Jaime, primero (hasta sus primeros procesamientos) y de Schiavi, después; del ingreso masivo de personal para ampliar la base de sustentación de la burocracia en los sindicatos y del kirchnerismo en el conurbano bonaerense. La génesis y desarrollo del kirchnerismo está indisolublemente asociada a esta trilogía siniestra de funcionarios, empresarios y burócratas sindicales. Rescate de los privatizadores No hay en los actuales decretos medida alguna que apunte a hacerles pagar a los vaciadores el desfalco al patrimonio público. Por el contrario, el Estado aparta a los privatizadores de una concesión en ruinas para hacerse cargo de los platos rotos, en momentos en que se encuentran cuestionados por causas penales y por la indignación popular. Los K le cargan al presupuesto nacional la factura que dejaron los concesionarios y preparan el camino de una nueva privatización. Mientras tanto, esos mismos privatizadores continúan al frente de los talleres de mantenimiento ferroviario, por lo que seguirán lucrando como contratistas del Estado. Sólo la movilización e intervención directa de trabajadores y usuarios para exigir la apertura de los libros contables de las empresas, de los contratos leoninos a favor de las tercerizadas, de las compras de repuestos y material rodante. En definitiva, el control y la gestión obrera de los ferrocarriles será la vía para que la inversión ferroviaria no siga siendo una fuente de malversación del patrimonio público. Planteamos la expulsión de los privatizadores y la burocracia sindical del ferrocarril; la incautación del patrimonio de los vaciadores y la gestión integral del sistema ferroviario -ramales de pasajeros, de carga y talleres- por parte de sus trabajadores. Los ferrocarriles serán un factor de desarrollo social sólo de la mano de una gestión integral de la economía nacional por parte de los trabajadores, en un régimen social establecido sobre nuevas bases políticas y económicas.

Luego de cosechar el repudio popular hacia el proyecto de Policía Municipal del intendente Pulti, se ha avanzado en otra vía de reforzamiento" policial: una verdadera "ocupación" de Mar del Plata con más de 600 policías y unos 200 gendarmes. Esta "ocupación" se produce después de una seguidilla de secuestros extorsivos que sufrieran varias familias poderosas. Se acumulan en las fiscalías las evidencias de la actuación de bandas mixtas, integradas por policías y otras fuerzas de seguridad detrás de la mayoría de los "hechos delictivos". La oposición tradicional critica la medida por electoralista y en el caso del Frente Progresista reclama que este verdadero "ejército",se quede en forma permanente luego del 27 de Octubre. Es decir que reivindican la militarización de la ciudad y reclaman profundizarla. El silencio de la lista kirchenrista "pura" de Cheppi muestra la conformidad con la militarización a lo Berni (o a lo Granados-Casal). Mientras se despliegan estas fuerzas por el centro de la ciudad, en los barrios períferico se acrecientan los hechos de violencia, en clara demostración que la "inseguridad "está asociada a la descomposición social creciente, agravada por la aguda crisis política y la acción de las mafias de la droga, la trata, los desarmaderos, el juego clandestino, ligadas todas al Estado. Denunciamos entonces que esta "invasión "policial tiene el objetivo de encubrir las mafias y las pruebas de su actuación, reordenando, en sus términos, los negocios del delito. Y como objetivo suplementario, reasegurar al poder político frente al creciente descontento y reclamos sociales. Es inconcebible la fabulosa masa presupuestaria que se destina para garantizar esta movilización de tropas, mientras escuelas y hospitales se caen a pedazos. El Partido Obrero, en el Frente de Izquierda, rechaza la militarización de la ciudad, y llama a la ciudadanía a movilizarse por el esclarecimiento de todos los hechos delictivos y justicia para los crímenes cometidos reclamando: • Destitución de todos los mandos de la bonaerense. • Elección y revocatoria popular de comisarios, jueces y fiscales. • Apertura de los libros de guardia de las comisarías. • Selección de efectivos bajo control de organizaciones de derechos humanos y populares. • Basta de "gatillo fácil"

A 37 años de la Noche de los Lápices, más de mil estudiantes secundarios de 30 colegios de la Ciudad se movilizaron desde el Congreso a la Plaza de Mayo con las históricas banderas del juicio y castigo, y reclamando al gobierno por el nombramiento de Milani al frente del Ejército, el Proyecto X, el gatillo fácil, y contra la baja en la edad de imputabilidad, entre tantos otros reclamos. La movilización reclamó también contra la reforma educativa que kirchneristas y macristas impulsan en la Ciudad, y que ha llevado a los estudiantes a una nueva ola de tomas de escuelas. La movilización estuvo atravesada por una intensa lucha política. Las agrupaciones kirchneristas junto con la OES -que recientemente ha definido su ingreso la colectora porteña de los K Alternativa Popular- pretendieron convertir la jornada en un acto contra Macri. El fracaso de su política no podría haber sido mayor: la enorme mayoría de las escuelas se pronunciaron por una movilización independiente a la Plaza de Mayo. Frente a la derrota, los K y la OES armaron una maniobra para confundir y apropiarse de la jornada: cuando las columnas de los centros de estudiantes estaban concentradas esperando el inicio de la marcha, armaron un cordón de seguridad al frente de la movilización a modo de 'tapón' para evitar el ingreso de la columna en la Plaza de Mayo. Nuevamente, fueron derrotados, y el conjunto de los centros de estudiantes de los secundarios ingresó a la Plaza junto con la Fuba, los centros de estudiantes recuperados, y la izquierda, para realizar el acto. El fracaso del 'copamiento' K fue tal que, cuando los actos se dividieron, la columna de Nuevo Encuentro, junto con la del Movimiento Evita, entraron en la Plaza y participaron del acto convocado por los secundarios. Pero la lucha política no fue simplemente con los K. La Mella y La Revancha (que dirigen la Coordinadora de Secundarios -CEB) pretendieron que el acto de Plaza de Mayo sólo denunciara a Macri. Para eso intentaron que sus colegios votaran consignas sólo contra Macri “para defender la unidad de los secundarios". Finalmente, fueron derrotados hasta en sus propios centros. El intento de encubrir al gobierno de Milani, el Proyecto X y la baja de la edad de imputabilidad, incluso en su versión de ‘izquierda‘ (haciendo el acto igual en la Plaza de Mayo) ha fracasado. La movilización del 16 ha mostrado una fuerte tendencia de la juventud a organizarse en forma independiente del gobierno. En ese sentido, la jornada ha dejado planteado un enorme campo de desarrollo para la izquierda en el movimiento secundario.

Mientras Cristina Kirchner fatiga la tribuna acusando a la oposición de representar los "intereses corporativos", sus representantes recorren Nueva York tejiendo un delicado acuerdo con los fondos buitres, el FMI y el Banco Mundial, los que suponen una modificación radical de la actual política económica. El silencio de Massa, Macri y Binner sobre estos manejos de trastienda no deja de ser clarificador, no sólo porque muestran el carácter artificial de sus campañas electorales, sino porque delata un acuerdo de fondo entre los políticos capitalistas para aplicar un programa contrario a los intereses de los trabajadores. Detrás del presupuesto Es indudable que el proyecto de Presupuesto 2014 enviado por el gobierno al Congreso es un "dibujo". Tampoco son ciertas las proyecciones de inflación o el superávit fiscal que se anuncian, por lo que se marcha a un agujero del fisco de proporciones a financiar mediante la emisión monetaria y el saqueo de la Anses, el Banco Nación, el Central y otras cajas del Estado. Detrás de la adulteración estadística se esconde el propósito de manejar la política económica por medios de excepción. La oposición denuncia el "dibujo", pero no cuestiona en lo más mínimo la cuestión de fondo. El Presupuesto plantea utilizar casi 10.000 millones de dólares del Banco Central para cancelar vencimientos de capital de la deuda externa, así como una cifra exorbitante en pesos para enfrentar el vencimiento de intereses. Dentro de los pagos presupuestados para 2014, estarían los 4.000 millones de dólares para el Cupón PBI, que surgiría de presentar un crecimiento económico muy por encima del real. El pago de este Cupón, desde que fuera emitido con el canje de deuda del año 2005, sirvió para neutralizar la promocionada "quita" realizada por Néstor Kirchner y Lavagna. Finalmente, es una de las causas que explican por qué la deuda pública creció hasta superar holgadamente los 200.000 millones de dólares, aunque en ese mismo lapso pagamos deuda por 176.000 millones -según reconociera la propia Presidenta cuando se autocalificó como "pagadora serial". En busca de un acuerdo El pago del Cupón PBI que establece el Presupuesto para el año que viene no puede explicarse si no es por el intento del gobierno de ofrecerle un gancho a los acreedores y a los fondos buitres para buscar un acuerdo por afuera de la Justicia de Nueva York. Ha trascendido que el acuerdo podría incorporar el pago en efectivo de una parte de la deuda y el resto ser compensado con la emisión de nuevos bonos, a los que se le añadiría el cupón PBI. En cualquier caso, el resultado final sería un nuevo incremento del stock de deuda, lo que la llevaría por encima de la relación promedio entre la deuda y el PBI que Argentina tuvo en la década del ’90. Para avanzar en la negociación con los fondos buitres, el gobierno debe resolver toda la agenda pendiente que reclama el capital financiero. Por eso mismo, ya habría un acuerdo con las cinco empresas que ganaron los juicios en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi), a las cuales el gobierno les pagaría 500 millones de dólares emitiendo nuevos bonos. Pero la lista en el Ciadi es más larga: está el caso Repsol, el más importante de todos, con su demanda por la expropiación de sus acciones por parte del Estado. De más está decir que el reconocimiento de los juicios en el Ciadi, un tribunal que pertenece al Banco Mundial y que viola por completo la soberanía nacional, supone otro factor de aumento de una deuda usuraria. Con la negociación con el Ciadi y con el Club de París (que reclama una deuda de 7.000 millones más intereses), el gobierno gana tiempo para cerrar un acuerdo con los fondos buitres. Es que recién el año que viene vence la cláusula que Néstor Kirchner inscribió en el canje de 2005, que establecía que cualquier beneficio que se le otorgue en el futuro a un bonista que no entró al canje debe generalizarse para todos. Pasada esa fecha, el gobierno queda con las manos libres para cerrar un acuerdo con los fondos buitres, entregándoles nuevas concesiones. Endeudamiento y devaluación Estas negociaciones realizadas por el gobierno suponen, en el caso de prosperar, un cambio general de la política económica. La necesidad de hacer frente a nuevos pagos de la deuda requiere el ingreso de dólares del exterior, los que no pueden depender exclusivamente de un saldo comercial favorable -el cual, dicho de paso, está en claro retroceso. Pero el ingreso de dólares no es compatible con el cepo cambiario y con la restricción existente en el giro de utilidades, como lo probó el fracaso del blanqueo de capitales y la emisión de Cedines. El gran capital reclama recuperar libertad de movimientos para llevar a cabo un nuevo ciclo de endeudamiento. Quien dio el primer paso en ese sentido fue la "nacional y popular" YPF, que colocó deuda en Londres como parte de un plan más amplio de endeudamiento en esa y en otras plazas del capital financiero internacional. Este giro general de la política económica no puede darse sin una fuerte devaluación de la moneda, la que permita, por un lado, levantar el cepo y las restricciones al giro de divisas y, por el otro, incentivar el ingreso de dólares mediante el abaratamiento generalizado de la economía. Una devaluación de tal magnitud podría conducir a una hiperinflación, salvo que se la complemente con fuertes medidas recesivas -como, por ejemplo, la reducción del gasto público con un ajuste fiscal y, por sobre todo, con un ataque directo al salario de los trabajadores. La clase capitalista reclama este giro. Como parte de las previsiones de lo que se viene, deben entenderse las negociaciones sobre un nuevo índice inflacionario que se están sustanciando entre el equipo económico y el FMI. La idea es preparar el terreno para habilitar una indexación de la economía, que alcance incluso a los títulos de deuda que emita el gobierno. De este modo, queda claro que el llamado "desendeudamiento" -el cual fue una transferencia de deuda del gran capital financiero a la Anses, el Banco Central y hasta el Pami-, será usado ahora para iniciar un nuevo ciclo de endeudamiento internacional. La campaña electoral El desarrollo de la campaña electoral de acá a octubre estará atravesado por los intentos del gobierno de arribar a un acuerdo con los fondos buitres, el Ciadi y el FMI. De igual modo que el gobierno sepultó su política de "derechos humanos" para poner al pistolero Granados al frente del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, la derrota sufrida en las Paso acelera la tendencia ya existente en el gobierno para tomar el programa de la clase capitalista a favor de una devaluación, un ajuste y un nuevo ciclo de endeudamiento que pagarán con creces los trabajadores. En esta nueva fase de la campaña electoral que se abre, el Frente de Izquierda denunciará la dependencia del gobierno y de la oposición tradicional con los saqueadores del país.

Desde hace un año la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina viene recogiendo testimonios que denuncian la existencia de un centro clandestino de detención y tortura en el predio de la ex fábrica textil Campomar. A fines de la década del '60, cuando se vació la fábrica y se perdieron más de 2.000 puestos de trabajo, Campomar pasó a ser un secreto de Estado entre la Nación y el municipio de Lanús. Al cabo de diversos enjuagues, la propiedad del predio pasó de mano en mano a inmobiliarias, a financieras truchas y hasta a una curtiembre. La Comisión de Vecinos, sin ningún medio a su alcance, obtuvo desde 2012 más de una docena de desgarradores testimonios luego de 30 años de "silencio democrático" donde el régimen político decidió no hacer olas. La Conadep, 30 años atrás, identificó 600 Centros Clandestinos pero... el régimen "democrático" señaló como tales sólo a 60, impidiendo que sepamos el funcionamiento de las mazmorras y las complicidades de las instituciones de la época. Por la presentación de la Comisión de Vecinos estuvo parado el proyecto de varias torres de súper lujo en Campomar auspiciado por la presidencia de La Nación y bajo la ejecución de Electroingeniería. Finalmente la Cámara de Apelaciones decidió no investigar y dio vía libre a la destrucción de pruebas. Presentamos al único sobreviviente que denunció haber sido torturado dentro de Campomar en 1977, la Cámara Federal lo desestimó. Presentamos al sobreviviente como querellante, la Justicia no dio lugar. El 5 de septiembre, la Asociación de Ex detenidos Desaparecidos, la Unión por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, la Asociación por la Defensa de la Libertad y los Derechos del pueblo (Liberpueblo), la Asociación de Profesionales en Lucha (Apel) y Justicia Ya! acompañados por la Comisión de Vecinos de Valentín Alsina por Memoria Verdad y Justicia para Campomar, presentaron en los Tribunales de La Plata denuncias y pruebas solicitando ser tenidos como parte querellante para que se investigue a Campomar donde funcionó un centro clandestino de detención, tortura y exterminio durante la última dictadura militar. La Comisión de Vecinos decidió acompañar la presentación judicial con una serie de actividades denunciando las zancadillas que impiden la investigación científica del predio. Durante los primeros días de octubre se hará un acto y festival en la plaza Belgrano de Lanús. A la semana siguiente nos movilizaremos al Concejo Deliberante juntos a los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales y políticas presentando un proyecto de ordenanza para que se expropie el predio en resguardo de la memoria colectiva, para detener la destrucción de pruebas y se investigue la actividad criminal de la dictadura y sus cómplices civiles, que tiraron cal viva en el cementerio para evitar la identificación de los NN. A mediados de octubre la Comisión junto a organismos de derechos humanos convocará en Lanús una charla debate sobre el destino de memoria colectiva y uso social que debería dársele al predio de Campomar.

La Noche de los Lápices tuvo en Tucumán un marco extraordinario: 3.000 estudiantes, docentes universitarios y diversas agrupaciones se dieron cita para reafirmar los reclamos y las luchas de la actual rebelión estudiantil. La "primavera" tucumana se desató por episodios de inseguridad y vejámenes a varias alumnas a la salida de la universidad. A este reclamo, que sigue pendiente, se ha añadido un amplio pliego ligado a la lucha contra el vaciamiento educativo. Una semana muy intensa El martes 10, alrededor de 2.400 estudiantes y unos 100 docentes se concentraron en el Rectorado. Allí, una comisión de voceros (delegados) de las facultades de Psico y Filosofía (ocupadas ya desde hace 20 días) y de otras facultades fue recibida por funcionarios del rectorado, quienes plantearon que ya tenían diversos proyectos de boleto estudiantil y comedor universitario presentados por Franja Morada y Nueva Línea (JP alperovichista). Los voceros denunciaron que esos proyectos eran desconocidos por el movimiento estudiantil, y que desde las facultades en lucha se estaban elaborando otros proyectos. No hubo acuerdo. Retornaron marchando hacia la plaza Independencia, y allí se encontraron con Lebbos y los familiares de Víctimas de la Impunidad. Lebbos hizo un discurso muy emotivo de apoyo a la lucha estudiantil. La extraordinaria movilización estudiantil, con delegaciones de casi todas las facultades, duplicó el número de las manifestaciones anteriores. Incluso se sumaron unos 30 jóvenes trabajadores bancarios despedidos de la Caja Popular. La manifestación se hizo en el marco de un paro de la docencia, que fue cumplido en casi un 75%, pero tampoco tuvieron respuesta al reclamo de la carrera docente. Al día siguiente, se realizó una nueva interestudiantil, que contó con la presencia de Julián Asiner, presidente de la Fuba. Esa asamblea se concentró en definir los contenidos de los proyectos de comedor, boleto, y los reclamos de género y por la inseguridad. En ese ínterin los estudiantes del Lillo (Facultad de Ciencias Naturales) en asamblea decidieron tomar la facultad. Por su lado, la docencia agrupada en Adiunt votó por unanimidad, en una nueva asamblea general y por iniciativa de los sectores combativos, apoyar la convocatoria estudiantil del lunes 16, y luego un paro de 48 horas, el martes y el miércoles. Alperovich planteó que los reclamos "no eran competencia del gobierno". Como si la cuestión del transporte, la inseguridad, y la violencia a la que diariamente son sometidas las mujeres en diversos hechos, entre ellos los abusos que sufrieron las estudiantes, fueran ajenos a las políticas oficiales y al papel de la policía. Por otro andarivel, el rector señaló que los reclamos por medio de la fuerza eran ilegales, y hasta culpó al movimiento estudiantil de la década del ’70 por el golpe militar. En consonancia con ese ataque, Franja Morada, Sur y la JUP llamaron a movilizarse hacia las tomas y a las asambleas de las distintas facultades para imponer que se desocupen las facultades. El sábado 14, la nueva interestudiantil terminó de definir los reclamos y la jornada del 16. El lunes 16 se realizó en Artes una asamblea general con la presencia de 200 estudiantes. Franja, con sus dirigentes regionales, y Sur, se hicieron presentes planteando (antes de que se desarrollara la asamblea) que se votara que la facultad no se iba a tomar. Esa moción ridícula fue derrotada. La asamblea terminó votando una toma de 48 horas y nueva asamblea, y el apoyo al paro y movilización de Adiunt. En paralelo se conocía un bloqueo de los estudiantes de Cine en la entrada del Canal 10, reclamando que el canal vuelva a ser de la universidad (hoy lo dirige el gobierno y aplica una censura a fondo de la lucha estudiantil) bajo control de la comunidad universitaria. El movimiento de lucha se ha afirmado. La tendencia a la ocupación de las casas de estudio se ha ido extendiendo. Las medidas de movilización han crecido en masividad. Los ataques de las autoridades y sus agentes directos (la Franja, Sur y la JUP) han logrado ser neutralizados. La lucha política en el interior del movimiento es muy intensa. Los agrupamientos inconsistentes y demagógicos, las sectas derrotistas y facciosas, van chocando frente a la realidad de un movimiento de lucha que requiere para triunfar de una estrategia independiente: la huelga general universitaria con ocupación de todas las facultades hasta que otorguen los reclamos. Esto supone la necesidad del frente único estudiantil con los docentes también volcados a la lucha, que se debe hacer extensivo al conjunto de la comunidad educativa provincial y la población laboriosa, para conquistar su apoyo solidario y así facilitar la victoria de la lucha.

El gobierno ha presentado el presupuesto 2014. Hay algo que está claro: van a destinar casi la tercera parte de las reservas del Banco Central -10.000 millones de dólares- a pagar la deuda externa. Mientras tanto, los gastos aumentarán sólo la mitad de lo que lo hará la inflación. Entonces, preparan un ajuste sobre la educación, la salud pública y los gastos sociales. Con impuestazos y recortes salariales, quieren que los trabajadores nos hagamos cargo de una deuda usuraria, la que el país ya ha pagado varias veces. La oposición critica los poderes especiales que se adjudicó el gobierno para manejar el presupuesto a su antojo. Sin embargo, coinciden en el objetivo que el gobierno le dará a esas medidas de excepción: aumentar la hipoteca de la deuda externa sobre la economía nacional. ¿O no votaron todos juntos (los K, el PRO, los de Massa y el Unen) reabrir el canje de deuda en favor de los fondos buitre? Para traspasarnos a los trabajadores esta nueva y pesada mochila, irán por una devaluación en regla de la moneda. O sea, una desvalorización aún mayor de nuestros salarios y jubilaciones. La misma devaluación que la oposición que está en el Congreso le viene exigiendo a los K. Lo que se viene refuerza, como nunca, la necesidad de votar al Frente de Izquierda el próximo 27 de octubre. Ampliar la importante votación alcanzada en agosto permitirá, por un lado, que diputados de izquierda levanten bien alto la agenda de los trabajadores en el Congreso y las legislaturas. Pero, además, una fuerte votación al Frente de Izquierda será también un pronunciamiento popular contra el ajuste. Un señalamiento claro de que los trabajadores no estamos dispuestos a pagar la crisis que han causado los capitalistas, sus gobiernos y partidos. -Por un salario que cubra el costo de la canasta familiar. -Por la abolición definitiva del impuesto al salario. -Por el 82% móvil y la dirección de la Anses a cargo de trabajadores y jubilados. -Por el fin de la precarización laboral. -Por la reconstrucción de la salud y la educación públicas. -Por la gestión de la economía nacional por parte de los trabajadores. En octubre, votemos contra el ajuste. Votemos al Frente de Izquierda.

El grupo musical Plaza Miserere lanzo un video animado de apoyo al Frente de Izquierda. Tuvo un impacto espectacular. En menos de 24hs supero las 6000 visitas. El material fue recogido por los principales portales informativos. "El Frente de Izquierda puso primera en la campaña rumbo a las elecciones de octubre y, al menos en el rubro videos para captar votos, los primereó a todos." (clarín.com) Y continua diciendo "La canción continúa entre consignas que apoyan al trabajador y condenan a los capitalistas, hasta su climax: el momento en el que el dibujo de Altamira toma la palabra en medio de todos los personajes. Abolición del impuesto al trabajo, defender la salud y la educación pública, basta de burócratas y empresarios, son algunos de los mensajes del video." (idem) Ésta fue la noticia mas vista del portal. Esto reproduce lo que ya vienen haciendo muchos artistas del Partido Obrero. Tomar la iniciativa creativa para expresar el programa del Frente de Izquierda en esta etapa. El crecimiento de la influencia de la izquierda revolucionaria ha dotado a la campaña de nuevas herramientas y queremos aprovecharlas a fondo. No hay empresa de publicidad que pueda ponerse a la altura de este tipo de trabajos, porque no nos mueve un interés material, sino la conciencia de que es necesaria la construcción de una alternativa de los trabajadores para darle una salida positiva a la crisis del capitalismo. Este video, es también, un llamado a reforzar la iniciativa y la agitación política de los artistas. ¡Manos a la obra! Mirá el spot en www.youtube.com/watch?v=8zekDJT4ZgQ&feature=youtu.be

Un informante extraoficial de la división drogas de la policía provincial, Juan Viarnes, deschavó por televisión al jefe de esa división y a otros cinco oficiales por manejar droga, que utilizan como parte de pago a los narcos que les pasan información. A su vez, el informante reveló que los oficiales protegen a estos elementos, y que se quedan con una parte de lo que incautan. En definitiva: que la policía actúa como narcotraficante. Viarnes es un personaje ligado a la inteligencia militar, según él mismo proclama, y ya actuó como buchón en hechos resonantes, como el secuestro y asesinato del joven correntino Cristian Schaerer. Detenido por el uso de dólares falsos (donde según él estaban implicados oficiales de la policía), Viarnes ya había declarado al fiscal federal Senestrari sobre los operativos donde la división de Lucha contra el Narcotráfico fraguaba pruebas y se quedaba con estupefacientes. Pero su aparición en la televisión precipitó las cosas. En un allanamiento al Departamento Central de Policía y a las dependencias de la División Lucha contra el Narcotráfico, el fiscal encontró droga no declarada y armas sin número de identificación. El fiscal sostiene que son elementos para fabricar causas. A partir de esta situación, la crisis se precipitó y llegó al seno del gabinete. Sosa y otros cuatro oficiales fueron detenidos. Uno de los acusados en el programa apareció muerto a los pocos días de emitido, y no llegó a estar preso. Según la Justicia provincial se habría suicidado, pero el fiscal federal desconfía de esa versión y pidió asumir la causa. Ahora, también aparece implicado un anterior jefe de drogas de la época de Schiaretti. El delasotismo y el jefe de policía acusaron al kirchnerismo de armarles la denuncia y la emprendieron contra el fiscal, que es miembro declarado de Justicia Legítima. Cualquiera sea su origen, la denuncia no tomó por sorpresa a nadie. Hace apenas unas semanas, una banda de policías fue implicada en robos a propiedades; todos ellos eran parte de telecomunicaciones y del servicio 101, donde la población denuncia los ilícitos. La liberación de zonas era el modus operandi. En los últimos dos años, hubo más de 30 policías denunciados por delitos en los juzgados federales. La contundencia de los hechos estableció una línea directa con De la Sota, quien debió pedirle la renuncia al jefe de policía y al ministro de Seguridad. En el lugar de éste último puso a una funcionaria de ese mismo ministerio, una "técnica" que actuó en el área de seguridad en Colombia. Luego, el jefe de gabinete anunció el envío de un proyecto para que el jefe de drogas sea avalado por la Legislatura, con el mismo mecanismo que se eligen los jueces. Así, abrió la posibilidad de que la función quede en manos de un civil. La medida, sin embargo, tiene el mismo límite que la actual selección de los jueces: la elección del ‘jefe antidrogas' quedará en manos del mismo elenco político y estatal que hoy protege al aparato policial y sus negocios. Un aparato podrido No se pueden predecir aún los alcances de la crisis desatada, en la medida que es la confesión de la pudrición que corroe a todo el aparato estatal y a su principal cuerpo de represión, por un negocio que progresa a costa de la salud y la vida de la población, sobre todo de la juventud. La acción judicial nunca va más allá de los implicados directos. Si buceara en el conjunto del Estado, haría saltar una red de complicidades y asociaciones ilícitas que incluyen a funcionarios políticos, a grupos bancarios y, también, a funcionarios judiciales. Radicales y juecistas han tratado de explotar la situación, aun cuando ella reproduce la misma crisis que estalló meses atrás en Santa Fe (incluso De la Sota llamó a Bonfatti para pedirle consejos). De todas maneras no han hecho ningún planteo de fondo, sólo señalaron la preocupación por el "daño que representa para la credibilidad y la confianza en las instituciones de seguridad de la democracia". Nuestro planteo Nuestro partido reclamó el desmantelamiento de este aparato descompuesto. En el mismo sentido acaba de salir una declaración del Frente de Izquierda, anunciando a su vez la presentación de un proyecto de ley para derogar las disposiciones que dan más poder e impunidad a la policía, como son el Código de Faltas y las llamadas leyes "antinarco" y "antitrata". El involucramiento policial con el delito "mayor" (narcotráfico, trata de personas, robo de automotores, secuestros, etc.) plantea la disolución del actual aparato de represión y la investigación de los lazos que lo unen al poder político, al judicial e incluso a los bancos (¿dónde va la plata del narcotráfico?). Este entrelazamiento es la causa fundamental de la inseguridad, incluso de los arrebatos, y de la cooptación de jóvenes, vía la droga, como mano de obra barata y luego descartable, a través del gatillo fácil; son los mismos jóvenes a los cuales se condena a la pobreza vía la precarización laboral, la desocupación, las limitaciones para acceder a la educación y la falta de viviendas. El cuidado de la vida y los bienes de la población tiene que estar en manos de un cuerpo cuidadosamente elegido, con miembros electos por los organismos de derechos humanos y las organizaciones obreras. A su vez, la acción de los mismos tiene que ser sometida al control popular efectivo, con jefes elegidos por el voto popular y revocables, y los libros de las dependencias de seguridad abiertos al control de las asambleas vecinales. Nuestra planteo de la nacionalización de la banca bajo control obrero es también una respuesta para la liquidación del narcotráfico y del delito, porque en los bancos se lava el dinero de la delincuencia.

El pasado miércoles 11 tuvo lugar la visita de Néstor Pitrola a la ciudad de Azul como parte de la campaña electoral del Frente de Izquierda, de cara a las elecciones generales de octubre. La jornada comenzó con una extensa recorrida por los distintos medios de la ciudad, donde se dejó de manifiesto la gran elección obtenida por el Frente de Izquierda en agosto pasado y las perspectivas hacia octubre, donde podemos llegar a consagrar un concejal en el ámbito local. El día comenzó a primera hora de la mañana participando de distintos reportajes radiales, entrevistas televisivas, reportajes gráficos y finalizando en el programa político de la televisión de la ciudad. En el medio de esta intensa jornada se llevó a cabo la asamblea abierta que reunió a un gran número de personas -aproximadamente 70- de distintos frentes de lucha. Entre los asistentes se destacaron estudiantes secundarios, terciarios y universitarios, trabajadores de la educación, dirigentes y delegados de ATE (quienes llamaron a votar al Frente en agosto), periodistas, trabajadores de la fábrica papelera bajo control obrero, trabajadores judiciales y vecinos en general. Al concluir la exposición de Néstor, se intercambiaron ideas entre el público presente y nuestros candidatos; principalmente en lo que respecta a nuestros proyectos de abolición del impuesto al salario y del 82% móvil, como también el planteo del partido acerca de la corrupción, la inseguridad, el cual sería nuestro primer proyecto en la Legislatura. Además, se registraron gran cantidad de contactos para trabajar a futuro y se pasó el periódico, que tuvo una muy buena acogida, agotando la mayoría de los ejemplares. Al finalizar la actividad, nuestros candidatos hicieron alusión a la presencia de los trabajadores papeleros -quienes llevan dos años de toma en la fábrica-, los cuales agradecieron al Partido Obrero de manera muy emotiva por el acompañamiento en su lucha. Pitrola cerró la jornada en el principal programa político donde abordó la crisis nacional y ante la pregunta sobre el proceso de corrupción en el municipio (por el que se formó una comisión investigadora del intendente por sobresueldos mediante decretos secretos), planteó: "Si el intendente se tiene que ir, que se vaya, estamos por el carácter revocable de los funcionarios electos, que se abran todas las cuentas del municipio a una comisión investigadora independiente y no solamente las denunciadas".

Desde hace dos meses, los trabajadores de curtiembres Becas decidieron ocupar las dos plantas donde trabajan, luego de soportar una enorme deuda que mantiene la patronal en jornales, obra social y cuota sindical. Becas es una histórica industria de la zona de Sarandí. Sus empleados tienen un promedio de antigüedad de 30 años trabajando en la empresa. Becas no ha sido ajena al derrumbe de la industria curtiembrera. Pero hay que agregar un cambio de administración y un vaciamiento, desviando fondos y subsidios del Estado hacia negocios personales. Mientras tanto, las nefastas condiciones de seguridad e higiene y el deterioro edilicio han llevado a cobrarse la vida de un trabajador. Los trabajadores de Becas vienen soportando un ataque constante de la patronal, desde causas penales hasta un intento de desalojo con más de 300 efectivos policiales. Esa tentativa fue frenada por una gran movilización de trabajadores curtidores de distintas fábricas convocada por el gremio, y los vecinos de la zona que se han solidarizado desde el inicio del conflicto. Los trabajadores de Becas vienen sosteniendo una lucha tenaz por el sostenimiento de 70 familias que buscan una solución al conflicto de parte del Ministerio de Trabajo y el sindicato. Desde el Partido Obrero de Avellaneda llamamos a rodear la lucha de solidaridad y apoyo.

Más de 25.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego, en lo que ha sido el mayor incendio de la provincia en los últimos tiempos. Rápidamente, De la Sota caracterizó al desastre como inevitable. El kirchnerismo y los intendentes de las zonas afectadas coincidieron con el gobernador. Así, quisieron encubrir la responsabilidad que les correspondía en la producción y expansión del desastre y, a la vez, justificar la completa inacción de los gobiernos. Desde 2005 rige el impuesto al fuego, que paga toda la población y le deja al gobierno cerca de 60 millones de pesos anuales. No obstante, la prevención no existe en la provincia. En las zonas críticas no se abren caminos para contener el avance del fuego. La provincia no cuenta con brigadas forestales, las pocas que existen están conformadas por voluntarios que no reciben ningún apoyo; es decir, no hay especialistas. Los cuarteles de bomberos en las ciudades del interior se nutren de voluntarios sin la capacitación adecuada. Tanto los brigadistas como los bomberos no tienen seguro ni cobertura médica, y tienen que dejar de trabajar y perder su salario para acudir a los siniestros. Los cuarteles no cuentan con el equipamiento necesario, casi no hay autobombas especiales, y la provincia tiene apenas dos avionetas hidrantes. Desde el comienzo de los incendios, distintos cuarteles de bomberos, vía las redes sociales, apelaron a la solidaridad de la ciudadanía, solicitando agua en botellas, medicamentos y frutas. La perfidia de De la Sota llegó al extremo cuando llamó a la población a no acercarse a los cuarteles, porque, supuestamente, se encontraban aprovisionados. Con los incendios salió a la luz que Córdoba no tiene de dónde sacar agua para sofocarlos. La población de las sierras y de otras localidades viene reclamando desde hace mucho en contra de la deforestación impulsada por los capitalistas del agro y los especuladores inmobiliarios, que cuentan con el aval del gobierno provincial y de los intendentes. El gobierno no ha realizado las obras hídricas para resolver esta cuestión, que ahora se agrava, pero habilitó la instalación de Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, para que haga uso y abuso del acuífero subterráneo más grande del país. La instalación de Monsanto está ligada a la industria del biodiesel, asociada a una mayor extensión de los monocultivos. La destrucción del bosque que producen los incendios será aprovechada por los grandes capitalistas inmobiliarios y agrarios. Días después del desastre, tuvo lugar en Malvinas Argentinas una asamblea provincial que reunió cerca de 150 representantes de organizaciones de vecinos que vienen luchando contra la instalación del pulpo agroquímico, los desmontes y por el agua. En la misma se resolvió una movilización provincial a la Casa de Gobierno para el 9 de octubre próximo, con un pliego unificado. Ahora, De la Sota promete "reparación", pero ello dará lugar a un nuevo impuestazo. Córdoba se incendió porque tiene un gobierno que resguarda los intereses de los capitalistas y no los de la población trabajadora. Desde el Partido Obrero planteamos: reparación económica integral para las familias damnificadas; aprovisionamiento de todos los cuarteles y que el gobierno provincial cubra salario y seguro de los voluntarios mientras prestan servicios; remediación del suelo y reforestación del 100 por ciento de las áreas afectadas; obras hídricas que garanticen el acceso al agua de toda la población y las reservas necesarias; por un plan de prevención provincial, bajo control de los trabajadores, bomberos y organizaciones ambientalistas; derogación de la ley de bosques provincial. Fuera Monsanto.

El martes 3 de septiembre trabajadores de la Dirección General de Escuelas, junto a delegados de ATE y activistas, realizamos una foto en las escalinatas del ministerio, escenario de las asambleas histórica de la toma, con un cartel sostenido por nuestras manos, llamando a votar al Frente de Izquierda. Se reflejaron así las ganas de muchos trabajadores de empeñarse en forma práctica por llevar la izquierda al Congreso Nacional, a la Legislatura provincial y al Concejo Deliberante platense. Los resultados de la elección del Frente de Izquierda causaron enorme alegría entre los empleados del Ministerio. Llovían las felicitaciones y los abrazos. Tenemos un desafío por delante, profundizar la lucha electoral en la Dirección de Escuelas, más fiscales para octubre, y en 10 ó 15 días una nueva foto con el doble de trabajadores.

Esta semana se realizó una asamblea abierta del Partido Obrero de Luján con la presencia de Daniel Sierra, candidato a senador por el Frente de Izquierda en la primera sección electoral. Previamente fue entrevistado, junto a José María Escobar (candidato a concejal) por la TV Canal 2, en nuestro local partidario y por El Civismo de Luján. La asamblea fue nutrida con trabajadores de los barrios, de la fábrica Argensur, chóferes, docentes, estudiantes de la Unlu (Universidad de Luján) y más de 70 compañeros presentes. Daniel Sierra brindó un informe breve pero muy completo de la situación política nacional. Otras intervenciones fueron completando las tareas del momento. La reunión se solidarizó con los trabajadores de Curtarsa, que reclaman la continuidad de sus puestos de trabajo y con los compañeros de Argensur, que eligieron un delegado y fue despedido, yendo a una fuerte lucha que logró frenar la ofensiva antisindical de la patronal, pero sin lograr aún su reincorporación. Estuvo presente en la asamblea e intervino el compañero Troncoso, de Izquierda Socialista. Daniel Sierra denunció la votación en Senadores a favor de la reapertura del canje de la deuda. "Los que se presentan en las elecciones como ‘opositores', votaron todos juntos en favor de los fondos buitres". José María Escobar resaltó la importancia de un bloque de diputados que defienda los intereses populares y amalgamó la lucha por el reordenamiento urbano con la defensa del derecho de miles de familias obreras a acceder a su terreno y a su vivienda. Se resolvió la puesta en marcha de casas electorales en los barrios. Ahí mismo se planteó la apertura de una Casa Electoral y la constitución de un núcleo para la campaña en la localidad de Open Door. Más de diez compañeros se anotaron como nuevos fiscales para la próxima batalla electoral.

La provincia está, de nuevo, en un momento de convulsión política y social. Por un lado, la rebelión docente-estudiantil ha puesto en jaque al Ministerio de Seguridad de Alperovich y al Rectorado de la UNT, gobernado por la UCR junto a La Cámpora (véase nota). Por el otro, los trabajadores de Luz y Fuerza han desplazado a una dirección mafiosa. A todo esto se suma la crisis del agua (véase nota). Las movilizaciones estudiantiles y asambleas barriales están en el orden del día en la provincia. Caja Popular El conflicto en la Caja Popular lleva más de un año. Alperovich mantiene a capa y espada la intervención, para contar con una caja que financie el creciente déficit fiscal. A partir de la resistencia de la Asociación Bancaria se ha iniciado una escalada antisindical, con provocaciones patoteriles y el despido de 36 trabajadores. Alperovich ha rechazado el planteo de Tomada de desplazar al interventor y reincorporar a los despedidos, y presentó un proyecto para desconocer el rol del Ministerio de Trabajo nacional en el conflicto de la Caja. La Justicia provincial ha impedido al secretario de la Bancaria acercarse a menos de 200 metros del interventor de la Caja. La "autonomía provincial" se ha convertido en una suerte de estado de sitio contra los trabajadores bancarios. Disgregación, rejunte Se perfila un cambio de frente político de Alperovich. El intendente de la capital, varios legisladores y algunos intendentes y delegados comunales están arrimándose a Massa. Sectores de la izquierda K, por su parte, coquetean con las denuncias populares. El Acuerdo Cívico (UCR, FAP, Libres del Sur, Coalición Cívica y otros), liderado por la UCR, que tiene como referente al senador nacional Cano, logró recientemente el apoyo de la Bancaria, de toda un ala de los ex bussistas, y de los referentes de Rodríguez Saá. Cano realizó una reunión con importantes exponentes de la patronal local. Cano no ha vacilado en cerrar filas con el alperovichismo para defender al rectorado de la UNT contra los estudiantes. Ha promovido la organización de grupos para romper las asambleas y desocupar las facultades. En ese escenario, por medio de una gran agitación y propaganda anticapitalista, están avanzando la organización e influencia del PO y el Frente de Izquierda.

Milagros González desapareció el 16 de marzo de la plaza de Burzaco. A partir de ese instante, comenzó la búsqueda desesperada de su madre Silvia y de toda la familia, enfrentando la desidia y el maltrato de los funcionarios policiales de la comisaría segunda de Burzaco. Diez días después de su desaparición, Milagros logró escaparse de un prostíbulo donde la esclavizaban sexualmente. Entonces comenzó su segunda victimización: el Estado, responsable de que Milagros no sufra esto, la encerró en un psiquiátrico, orden judicial mediante. Para encubrir su propia responsabilidad, los funcionarios acusan a la familia de la víctima por incompetencia. La misma postura sostuvo desde el Tribunal 6 de Familia de Lomas de Zamora. Insinúan que Milagros fue víctima de este delito porque la familia es pobre, la solución que dieron fue encerrarla en un loquero. Hubo una lucha tenaz contra esta injusticia, movilización y corte de calles en Almirante Brown, reclamando que el Estado debe garantizar los elementos necesarios para que Milagros vuelva con su familia. Gracias a esta lucha, junto a la comisión formada de mujeres contra la trata en Almirante Brown, se consiguieron todos los requisitos indispensables para que Milagros retorne con su familia y deje el claustro donde la mandó la Justicia de Lomas. El martes 17 recuperaría la libertad (!!!), volvería a su casa y a la escuela. Es un gran triunfo, pero ahora queda otra dura tarea: desarmar la red de trata de personas que actúa en Almirante Brown y la zona sur del conurbano; la complicidad de la mafia policial y el encubrimiento que presta el Estado convierten al esclarecimiento de estos delitos en una difícil tarea. • Justicia para Milagros González. • Castigo a todos los responsables materiales, intelectuales y encubridores del secuestro, la explotación sexual, y las torturas sufridas por Milagros. • Aparición con vida de Ailén López, desaparecida hace más de siete meses en la zona de Almirante Brown. • Desmantelamiento de todas las redes de trata, cárcel a los proxenetas, e incautación de sus bienes. Sin la complicidad del Estado, no hay impunidad ni esclavitud sexual.

A semanas de haberse iniciado la audiencia pública en la que confluyen los representantes del gobierno y del grupo Clarín, vecinos, jóvenes y trabajadores de medios alternativos de la ciudad de Alta Gracia participaron en la presentación del libro de Julián Morcillo y Cristian Henkel "La palabra liberada". La presentación contó con la presencia de uno de sus autores -Cristian Henkel- quien desarrolló ampliamente las limitaciones que tiene el nacionalismo burgués para garantizar la democratización de los medios, el derecho a la opinión y a la información para los trabajadores. La actividad fue organizada por escritores y artistas del Partido Obrero, en el marco de la campaña del Frente de Izquierda, para abrir el debate sobre los mitos que el gobierno nacional creó en torno a la aprobación de la ley de medios audiovisuales y poder oír la voz de quienes no están representados en la ley y mucho menos en las audiencias públicas. La exposición de Henkel suscitó un importante debate entre los presentes sobre el lugar que los trabajadores debieran tener en esta discusión y la manipulación que se establece hacia los medios alternativos, comunitarios, que en la ciudad de Alta Gracia tienen un rol importante y se encuentran con permisos provisorios para seguir funcionando (dependiendo en gran medida de la pauta publicitaria del oficialismo para mantenerse). "La palabra liberada", en su paso por Alta Gracia, enfrentó el intento del kirchnerismo de presentar a la ley de medios como un hecho revolucionario, marcó claramente la intrascendencia que la ley tiene en cuanto al ordenamiento de los medios de comunicación y el desamparo que sostiene la ley sobre el tercer sector donde están las radios, televisiones comunitarias etc. El atributo mayor del libro fue abrir el debate sobre un eje central del gobierno nacional que plantea al Estado como garante imparcial de la libertad de expresión, desarrollando una critica marxista que pone a los trabajadores a discutir y organizarse para eliminar el monopolio capitalista de los medios de comunicación que busca, por un lado, el beneficio privado y, por el otro, sostener un sistema de explotación económica y social.

Miles de hogares sin agua. Maestros que les piden a los chicos que lleven el agua desde sus casas que, en muchos casos, tampoco existe. Bares del centro que han dejado de servir café. Desde el gobierno le echan la culpa al clima. Bajo la cobertura de la necesidad de racionar su uso, se anunció la instalación de medidores. La cuestión climatológica estaba prevista, pero no se adoptaron medidas para enfrentarla. Desde hace décadas, se postergan obras vitales para asegurar el abastecimiento de la población en una época de sequía. La SAT (la empresa estatal de agua) ya impuso dos tarifazos este año, alegando obras que nadie conoce. Los especialistas señalan que el ciclo seco durará más de una década. Los ingenios, las citrícolas y las empresas de bebidas tienen piedra libre, sin embargo, para el uso indiscriminado del agua de los pozos perforados por la SAT. La reacción no tardó en llegar. En Tafí Viejo hay un proceso de asambleas y movilizaciones. En varios barrios de la capital se han producido cortes y cacerolazos. En el interior, algunas escuelas han sido ocupadas por sus estudiantes (Delfín Gallo) por la falta de agua en los baños. La crisis del agua tira abajo el principal slogan de campaña del gobierno: las obras realizadas, y la política de salud. Hoy se percibe que las obras han sido sólo cosméticas (asfalto) o negociados. La salud de la población está expuesta a la falta de agua potable. En las asambleas y la coordinación, estamos planteando un impuesto de emergencia a los grandes usuarios (ingenios, citrícolas, Coca Cola, etc.) para realizar obras de emergencia, perforaciones e inicio de las obras prometidas (acueductos). Y obligar a los grandes usuarios a que inviertan en el reciclado del agua y en perforaciones propias, a niveles de profundidad que no afecten las actuales napas de abastecimiento de la población.

La marcha de los "guardapolvos blancos" reunió en las calles de nuestra ciudad a por lo menos 4.000 trabajadores. Participaron la CTA, Suteba, CEB, ATE, Soeme, Aduns y las asociaciones de profesionales del hospital regional Penna y el municipal. Se trata de la tercera marcha de docentes, auxiliares y médicos en lo que va del año, en las que vienen participando miles de personas. Esta última fue motorizada en una asamblea conjunta de Suteba y ATE, lo que no sucedía en años. Se aprovechó la convocatoria a marchar contra el impuesto al salario de la cual participaron varios Suteba de la provincia. Sucede que los reclamos más apremiantes siguen pendientes. Se contabilizan 600 docentes bahienses que siguen sin cobrar. La falta de obras para infraestructura alcanza a la mayoría de las escuelas y los hospitales, y el Ioma sigue desmantelado. El estado de movilización protagonizado por los trabajadores de la educación y salud pública marca un verdadero rumbo político y de prioridades frente al ajuste de Scioli y CFK. La reciente derrota de la burocracia de la Celeste de Yasky en las elecciones de Ctera ha sido abrumadora. El municipio y el Concejo Deliberante son cómplices de este ajuste. El intendente interino Bevilacqua (cuyo pase al massismo es inminente) ha echado mano al dinero del Fondo Educativo para hacer asfaltado de calles, en un acto típico de demagogia electoral. La "oposición" en el Concejo Deliberante no canaliza ninguno de estos reclamos. Luego de la movilización, la asamblea del Suteba votó una sentada frente al Municipio para la semana próxima, mientras que ATE está convocando a un paro provincial de 48 horas. Es necesario avanzar hacia un plan conjunto de ambos sindicatos, que busque entroncar con el resto de las seccionales recuperadas del Suteba, sumar a los médicos, y arrancarle un plan de lucha a Suteba y ATE de la provincia.

Las prepagas acaban de reclamar que se les autorice de aquí a fin de año un ajuste del 25% en las cuotas. Además, que el Estado afronte el financiamiento de las nuevas coberturas médicas como la fertilización asistida, la obesidad o los tratamientos para celíacos. De otro modo "la gente va a empezar a tener menor calidad en los servicios", advirtió el titular de la cámara de prepagas. Luego de las paritarias de Sanidad, a fines de agosto, las clínicas y sanatorios decidieron no atender durante 48 horas a afiliados de las prepagas, invocando los mayores costos salariales. El gobierno, de apuro, otorgó un aumento del 9,5% en las cuotas. Desde el año 2002 hasta 2010, los incrementos en el valor de las cuotas de medicina prepaga prácticamente duplicaron a la inflación, incluso considerando el índice de precios que elaboran las consultoras privadas. Las prepagas tuvieron un crecimiento del 10% anual entre 2004 y 2012, pasando de 2,1 millones de afiliados a 4,9 en este último año. De ese total de afiliados, la mitad proviene de las obras sociales, a partir de la desregulación de la "década neoliberal" que los gobiernos K mantuvieron inalterada. El gran fiasco de la "regulación" En 2011, el Congreso convirtió en ley la "regulación" de las empresas de medicina prepaga propiciada por el gobierno; tuvo el apoyo de la UCR, el peronismo disidente, Proyecto Sur (Lozano), el socialismo (Binner) y el GEN (Stolbizer). La ley estableció que las prepagas podían seguir captando afiliados sin límites de las obras sociales a través del actual sistema de derivación de los aportes de la seguridad social, establecido por Menem-Cavallo. Esta ley específica superó el texto controvertido aprobado en los '90. Al mismo tiempo fue autorizado el cobro de una cuota diferenciada según la edad del usuario de hasta tres veces el valor del plan más bajo y una cuota aún más alta si el afiliado tiene 65 años y no más de diez años de antigüedad. La reglamentación incluyó en el marco de la ley a las cooperativas, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones y obras sociales sindicales. Capital financiero Seis empresas -Osde, Swiss Medical, Galeno, Medicus, Onmint y ASE Medifé- concentran el 76% de los afiliados a la medicina privada, uno de los centros de captación del capital financiero. El gran salto del negocio ha sido el virtual gerenciamiento de las obras sociales -uno de cuyos ejemplos emblemáticos es UP, de la UPCN. Las prepagas se han apoderado de los aportes de los afiliados de altos ingresos de las obras sociales. El gobierno se ha negado a repartir los fondos excedentes del Fondo Solidario de Redistribución, unos 16.000 millones de pesos, que están destinados a garantizar un ingreso per cápita mínimo a cada obra social y los tratamientos de alta complejidad. La contracara de esta privatización es el desquicio de los hospitales públicos -que a escala de todo el país, y si sólo asistieran a las personas sin cobertura de ningún tipo, deberían hacerse cargo de la salud del 40% de la población. El aumento desorbitado a las prepagas es otra forma de impuesto al salario. Que las prepagas abran los libros, para que se puedan discutir los costos que exhiben y para proceder a una reorganización del sistema de salud, que permita un servicio de calidad y barato y el mejoramiento del régimen laboral y salarial de médicos, enfermeros, profesionales y el conjunto de trabajadores del sector.

"Esperamos que el deporte siga siendo un puente de unión, solidaridad e inclusión de todos los pueblos del mundo y que continúe sirviendo para profundizar sus valores más nobles", declaró el secretario de deportes de la Nación, Claudio Morresi, luego de conocerse la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI) de transformar a Tokio en sede de los Juegos Olímpicos de 2020. Sin embargo, para ese momento Buenos Aires (sede de la asamblea olímpica) ya había sido testigo de la disputa nada noble entre naciones por acaparar un nuevo negocio. El primero en caer en la carrera para la organización de los juegos fue Roma, que se retiró tempranamente en marzo de 2012 por falta de apoyo financiero del gobierno italiano. Madrid intentó seducir a los integrantes del COI al hacer de la necesidad virtud y presentarse como la opción austera, más acorde con estos tiempos de crisis capitalista. Alegó en su favor que la mayoría de la inversión ya estaba realizada. Asustado por el descontento de la población española por el gasto de 100 millones de euros en la presentación de la candidatura, y quizás con la mente puesta en las protestas del pueblo brasileño ante las obras faraónicsas para el mundial de fútbol 2014, el responsable de la candidatura española, Alejandro Blanco, prometió a sus compatriotas un "proyecto realista", la creación de 300 mil puestos de trabajo y una afluencia masiva de turistas. En busca del milagro, el príncipe Felipe encabezó una delegación junto a Rajoy y los ministros de Industria, Asuntos Extranjeros, Educación y Deportes. Nada de esto alcanzó: en la primera votación, Madrid cosechó apenas 26 votos frente a los 42 de Tokio, y tuvo que ir a un desempate con Estambul, que lo derrotó. Estambul llegó a la votación final frente a Tokio. A diferencia de Madrid, su carta de presentación fue la 'fastuosidad'. Con un presupuesto de 15 mil millones de dólares, el presidente de la candidatura, Hasan Arat, prometió entre otras obras "un tercer aeropuerto en Estambul y un subte por debajo del mar que conecte los dos continentes", Europa y Asia (Clarín, 3/9). Pero los integrantes del Comité habrían desconfiado de la capacidad de Turquía, cuya economía se desacelera, para conseguir esas inversiones. No sólo eso: la delegación turca debió dar explicaciones por las recientes movilizaciones populares en su país. Otro elemento que habría perjudicado a Turquía es el doping positivo de 30 atletas turcos en apenas algunos meses. La enorme presión sobre los atletas para potenciar su rendimiento destruye sus cuerpos y produce esas manifestaciones "antideportivas". Tokio, que se quedó con la organización de los Juegos, prometió la construcción de una villa olímpica de 726 millones de euros "con vista al océano" (ídem), sólo que en momentos en que se conocían nuevas filtraciones de radiactividad al Pacífico desde la central nuclear de Fukushima. En lugar de deshacerse en excusas por el peor accidente nuclear desde Chernobyl, el premier Shinzo Abe optó por el pragmatismo. Dijo que por lo menos a Tokio "no le hizo ni le hará ningún daño" (Página/12, 8/9), con lo que el negocio quedaba preservado. El premier nipón promete que los Juegos serán la "cuarta flecha" de su plan de recuperación económica ("Abenomics"), que ha incluido una flexibilización de la política monetaria. Los Juegos son presentados, así, como parte del plan para salir de una deflación que el país arrastra desde hace casi quince años. Más ambicioso que el de Estambul, el proyecto olímpico espera un fuerte impulso a la infraestructura, un boom del consumo y la afluencia de 8,5 millones de turistas adicionales para el año de los Juegos. El Nikkei saludó la decisión del Comité Olímpico con una suba del 2,48%. Detrás de la selección de la sede de los Juegos, estuvo presente el telón de fondo de la bancarrota capitalista y las rebeliones populares.

Sin prisa y sin pausa, el macrismo continúa su ofensiva contra los trabajadores del subte. Luego del intento de inaugurar nuevos tramos de la Línea B sin el personal ni las formaciones suficientes para mantener las frecuencias y las condiciones mínimas de seguridad, vino una apretada al taller San José para compactar turnos de trabajo y modificar el plan de mantenimiento que allí se realiza. Al mismo tiempo, continuó la campaña contra los delegados de la Línea B y la aplicación de sanciones a los trabajadores y al delegado de San José. Luego de esto, dos obreros recién ingresados a la Línea C fueron despedidos arbitrariamente y Roggio procedió a contratar empresas (tercerización) para diversas tareas. En la estación Alem, cuadrillas de personal precarizado, sin ropa adecuada ni elementos de protección, limpian los grafitis de los coches con solventes de alto poder tóxico, los que ya produjeron consecuencias en la salud de algunos de ellos. La inauguración de las nuevas estaciones de la Línea A ha sido postergada, a la espera de que los trabajadores de tráfico se adecuen a las frecuencias y dotaciones que pretende la empresa. Se produjo también el despido de trabajadores tercerizados. Estamos ante una pandilla de aventureros derechistas, quienes no vacilan en poner en riesgo la seguridad de trabajadores y pasajeros en aras de mostrar una supuesta renovación del subte. La conducción de la AGTSyP (enrolada mayoritariamente en el sabbatellismo) ha dejado que cada conflicto se desarrolle por separado; se limita a obrar como mediador cuando la negociación llega al Ministerio de Trabajo. ¿Condicionan la lucha a los especulaciones electorales del kirchnerismo en la Ciudad? Después de las elecciones, vendrá la crisis política que dejará la derrota del gobierno y luego las vacaciones. ¿Imaginan esperar hasta marzo? La ofensiva macrista exige una respuesta. Esto plantea la necesidad de un reclamo integral frente a las modificaciones del servicio, una fuerte divulgación entre los usuarios y la convocatoria a asambleas. La lucha es inevitable y debería ser preparada con el método de movilización.

El viernes 13 se reunió, en sesión extraordinaria, el Consejo Directivo que debía entrar en vigencia a partir de marzo de 2014 y donde el MxE conquistó la minoría estudiantil. Pretendiendo montar una fiesta, las autoridades y Nuevo Espacio (franja morada) se preparaban para definir el nuevo decano de la FCE. El elegido fue un "hombre de la casa", José Luis Giusti, actual secretario de hacienda de la UBA y ex candidato a legislador por el PRO. En Económicas, radicales y kirchneristas se pusieron de acuerdo en la sucesión a Barbieri (jugado de lleno en la pelea por ser el próximo rector de la UBA), y lo hicieron por un macrista. Hemos dicho que esta facultad es el mejor ejemplo del "acuerdo de gestión" -o más bien de negocios- entre el oficialismo y las viejas camarillas. El decano kirchnerista que pretende suceder a Hallú dirigió la Facultad en total coordinación con los "pibes" del Centro dirigido por Franja. Finalmente, los K y su oposición tradicional comparten intereses sociales de fondo. Giusti se consagró con 15 votos a favor y uno en contra (MxE). La única oposición fue la de la izquierda, que señaló oportunamente el carácter antidemocrático del Consejo, la necesidad de darle otra orientación social a la facultad y planteó un programa de reivindicaciones de los estudiantes y los trabajadores de económicas. En el discurso de asunción, el nuevo decano mostró la hilacha de forma contundente. Arrancó marcando que su gestión buscaría ser la continuidad de la gestión saliente: con los negociados a costa de la educación pública, la proliferación de los posgrados, las pasantías negreras y los miles de convenios con empresas privadas que llenan las arcas de la facultad, al tiempo que más de 2.500 docentes trabajan gratis. Por si la reivindicación de todo esto no fuera suficiente, Giusti decidió homenajear a uno de sus "grandes maestros de la vida": Schuberoff, un tipo que ilustra como nadie lo peor de la universidad, la corrupción y privatización. Finalmente, optó por hacer mención a sus compañeros de la franja, a Nuevo Espacio y a su principal dirigente: Emiliano Yacobiti. Tareas y desafíos El movimiento estudiantil de económicas ha dado un paso fundamental consiguiendo, por primera vez, un consejero de izquierda. Nuestra tarea será llevar la voz de los estudiantes, de los docentes y de los no docentes a un espacio históricamente vedado. En el corto plazo, se desarrollará la asamblea universitaria que deberá elegir el nuevo rector. El principal candidato es el decano de económicas, quien ha desarrollado en los últimos ocho años un complejo entramado de negociados y privatización en la facultad. El MxE es la única fuerza política que ha denunciado oportunamente esta orientación, lo que nos permitió acceder al consejero con más de 7.000 votos. Hoy nuestras fuerzas deben estar puestas en función de convocar a los 40.000 estudiantes de la facultad a luchar contra las camarillas universitarias, por la democratización de los órganos de gobierno que nos permita transformar el régimen universitario y colocarlo al servicio de las necesidades mayoritarias.

La Cámara de Diputados aprobó la iniciativa del Ministerio de Educación de la Nación y de la diputada oficialista Mara Brawer, que convierte en ley la penalización a los alumnos que protagonicen hechos de violencia y acoso en las escuelas, incluyendo la expulsión de los agresores. La ley fue aprobada a las apuradas, con amplio apoyo de la oposición patronal, luego del impacto causado por la difusión mediática de una brutal golpiza contra una alumna en una secundaria de Quilmes. Envuelta en una fraseología mentirosamente "progre" (el alumno no debe ser excluido de su escolaridad) se trata de una línea que carga la responsabilidad de la violencia en los alumnos, y exculpa al Estado y al régimen social capitalista. Además, se legaliza en las escuelas un cuadro de persecución y de espionaje: la ley crea una línea de atención telefónica gratuita para que llamen las víctimas que no se atreven a denunciar su caso en la escuela o que encuentren que ésta no da respuesta a su reclamo. Insaurralde, De Narváez, Massa y compañía ya tienen su ley de imputabilidad desde los 12 años en la secundaria, pero que arranca desde el jardín, porque, adaptada a cada nivel, la ley es aplicable a todo el proceso educativo. La ley es un ataque a los docentes, a los que se acusa de ser responsables de "silencio pedagógico"; es decir, de ser cómplices del cuadro de violencia. "Cuando se generan situaciones de violencia en una escuela -declaró Brawer a Página/12- no es responsabilidad de un solo docente, sino de todos los miembros que integran esa comunidad educativa". El único objetivo de la ley es establecer un régimen persecutorio. Cuando a Brawer se le preguntó por la falta de equipos pedagógicos en la inmensa mayoría de las escuelas, volvió a responsabilizar a la "falta de intervención de los adultos (que) es un fenómeno que se acrecienta". Es la violencia del Estado, que se ejerce sobre toda la comunidad educativa, la que termina manifestándose en las situaciones de violencia entre alumnos o hacia los docentes, que crecen en forma alarmante en todas las escuelas. En diez años, la política K ha dinamitado las condiciones de vida de la mayoría popular, agravado el hacinamiento en barrios y en asentamientos, pauperizado a los trabajadores con desocupación, trabajo precario y en negro, salarios promedio por la mitad de la canasta familiar, y generado la situación extrema de que casi un millón de jóvenes menores de 18 años no tengan condiciones dignas para estudiar ni trabajo para sostenerse como adultos jóvenes. Sólo uno de cada tres chicos termina el secundario, los colegios se caen a pedazos y la devaluación de programas y contenidos ha llevado a la educación pública al colapso, a favor de la privatización de la educación y de la devaluación del valor de la fuerza de trabajo en favor de los empresarios. Los alumnos son las primeras víctimas de esta degradación y los docentes somos la cara visible de las aulas superpobladas, las dificultades edilicias y las promesas incumplidas de acceso a una educación en retroceso. Expresiones extremas de este cuadro explosivo fueron la matanza de Carmen de Patagones (setiembre de 2004) y el ataque a un director de una escuela de Pergamino (2011) por parte de una madre y su hijo. La respuesta del gobierno K en aquellos casos fue la misma: los alumnos fueron expulsados y la madre fue procesada y condenada. La recuperación de la educación pública y el fin de la situación de violencia escolar sólo es posible recuperando el conjunto de la economía nacional al servicio de las mayorías trabajadoras. Para la juventud, ni leyes de persecución escolar ni regímenes penales carcelarios: trabajo bajo condiciones de convenio y con un salario que cubra la canasta familiar y educación en escuelas dignas, con una canasta educativa básica de 2.500 pesos para los alumnos.

En una nueva jornada de lucha, los trabajadores de salud de la Ciudad se movilizaron por las calles porteñas. Los actos en las zonas sur y norte de la Ciudad fueron multitudinarios. En el sur, en Entre Ríos y Caseros, el acto convocó a centenares de compañeros profesionales, técnicos, residentes, concurrentes y enfermeros, quienes marcharon desde los hospitales Borda, Moyano, Muñiz, Penna, Argerich, el Centro de Salud Nº 10 y la Maternidad Sardá. Estuvo presente Jorge Pachamé, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales (AMM) por la oposición (Frente de Recuperación Gremial); la presidenta de la Asociación de Bioquímicos; la vicepresidenta de la Asociación de Psicólogos del GCBA; dirigentes de ATE; de la Asociación de Profesionales del Borda y de ALE. Acompañó el acto Marcelo Ramal, candidato a legislador de la Ciudad por el Frente de Izquierda. En el norte porteño, en Santa Fe y Coronel Díaz, los compañeros de los hospitales Gutiérrez, Fernández, Rivadavia, Durand, del Centro de Salud Mental Ameghino y de la Asociación de Profesionales del Hospital Garrahan con representantes de ATE y CTA, de la Asociación de Psicólogos del GCBA, ALE (Asociación de Licenciados en Enfermería), La Sindical (minoría de Psicólogos GCBA), Psicólogos en Frente (UBA), Revista Topia y comuneros (comunas 2 y 10). Paso atrás del gobierno A tres meses de la rebaja de los sueldos, el gobierno de Macri y la burocracia sindical de la AMM y la Federación de Profesionales mantienen el descuento compulsivo. Si bien el gobierno exigió desde el comienzo la quita retroactiva de los ocho meses previos, no la ha aplicado hasta el momento. El mismo 10 de septiembre, la dirigencia de la AMM se reunió con la ministra de Salud porteña, quien se comprometió a responder por los nombramientos pendientes, que son más de 1.000. Por ahora, la movilización de los trabajadores en los hospitales y en las calles ha puesto un límite al intento patronal, presiona fuertemente a la burocracia y ha paralizado en parte la decisión del gobierno PRO. La paritaria en la que la dirigencia de la AMM acordó con el gobierno discutir la forma de realizar el descuento (a espaldas de la lucha de los trabajadores) está paralizada. Plan de lucha El reclamo de los trabajadores ha crecido en organización y se encuentra ante el desafío de profundizar la movilización para ganar la pulseada con el gobierno y la burocracia sindical. La perspectiva de un paro en todos los hospitales y centros de salud, con una movilización a la Jefatura de Gobierno está a la vista. Planteamos que las representaciones de los hospitales y centros de salud, el Frente de Recuperación Gremial, las filiales recuperadas de la AMM y las listas opositoras, el sindicato de Bioquímicos, la Asociación de Psicólogos, las asociaciones de profesionales, residentes y concurrentes, técnicos y enfermeros, ATE, ALE convoquen a un paro con movilización en la primera quincena de octubre, con columnas que partan de los cuatro puntos cardinales de la Ciudad y converjan en la Jefatura de Gobierno. El reclamo sigue firme: no a la rebaja del salario, por la devolución inmediata de la quita, por el nombramiento inmediato de todos los cargos pendientes y un aumento salarial de emergencia del 30 por ciento para todos los trabajadores de la salud porteña.

El Partido Obrero se hizo presente en el Primer Foro Regional de discusión del proyecto de Ley de la Verdad, en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Centro, en Olavarría. Los dirigentes del Partido Obrero de Azul Jorge Moreno y Luz Ramallo, candidatos del Frente de Izquierda - a concejal en esa ciudad y a senadora provincial por la séptima-, que militaron durante muchos años en el movimiento de derechos humanos, intervinieron en la jornada organizada por los autores del anteproyecto, todos ellos de las filas kirchneristas. Frente a un público conformado fundamentalmente por alumnos, profesores y autoridades de la facultad y referentes de organizaciones de derechos humanos de la ciudad y la zona, identificadas con el gobierno nacional, Jorge Moreno ocupó el estrado. Desde allí contestó a los expositores que exaltaron a Néstor Kirchner y a Cristina como los abanderados de la causa de los desaparecidos y, dirigiéndose al público -al que advirtió que estaba allí como militante del Partido Obrero-,resaltó que la necesidad de militar un proyecto como el que ponían a debate -los oradores que lo precedieron hicieron mucho hincapié en la necesidad de militarlo- era la prueba contundente de que la década no había sido ganada tampoco para esta larga lucha que, dijo, no puede serle expropiada por el oficialismo a las organizaciones que la vienen sosteniendo desde la época de la dictadura. Después de observar que el Estado no ha asumido la tarea a la que estuvo obligado, de perseguir en serio a los represores, apropiadores y genocidas, Moreno advirtió que el delito de apropiación se siguió consumando en todos los años que siguieron al acto de apropiación y todavía se sigue perpetrando. En este sentido, explicó que el Estado tiene obligación de intervenir también para detener la comisión de ese crimen, sobre lo que el gobierno nac&pop no profundizó sus políticas. En cambio, siguió, está intentando trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos del Hospital Durand para colocarlo bajo la órbita del Ministerio de Ciencia y desde allí, ponerlo al servicio de los intereses de los laboratorios privados. Pero, además, remarcó, se ha restringido su uso ¡y por ley! al caso de los hijos de desaparecidos nacidos en cautiverio antes del ´83 y deja sin amparo a un vasto universo de casos similares ocurridos en democracia. Moreno también recordó que en un acto en la Esma -del que irónicamente surgió Cabandié-, la agrupación HIJOS le reclamó públicamente a Néstor Kirchner, por entonces presidente, la apertura de los archivos oficiales, en procura de la verdad, reclamo que nunca fue atendido. Para cerrar, Moreno sintetizó que en la década kirchnerista, el Estado delegó en organizaciones no gubernamentales de derechos humanos, específicamente en este tema, en las Abuelas, la tarea de perseguir a los apropiadores a través de la búsqueda de sus nietos, desligándose de esa forma de una función que le era propia. La intervención de Moreno arrancó el aplauso de la concurrencia en pleno.

Sería muy sencillo pensar que el acoso escolar o el "bullying" es algo que ocurre en el ámbito educativo, que si bien siempre existió ahora está tomando mayor relevancia y se lo puede combatir con una ley. La Cámara de Diputados, que aprobó el anteproyecto de la ley de "bullying" el 12 de septiembre, lo define como “maltrato psicológico o físico que sufren los niños y adolescentes por parte de sus pares, de forma presencial o a través de Internet”. El proyecto propone la creación de un entorno de contención en las escuelas, del que formen parte padres y docentes, para asistir a las víctimas y abordar de forma integral el problema con un trabajo en el aula. Han creado también un 0800 en donde se pueden hacer denuncias para que, las personas que no se animan o no se sienten contenidas por dicha institución, puedan "alertar" sobre lo que está ocurriendo. Se han formado grupos como Bullying Cero Argentina, que ofrecen supuestas capacitaciones en colegios y charlas abiertas a la comunidad. La pediatra Flavia Sinigagliesi, coordinadora del grupo, comenta que "si bien el bullying ha existido siempre, ahora la sociedad es mucho más violenta y eso termina repercutiendo en los niños". Según Sinigagliesi, "todo depende de la vulnerabilidad de cada chico y de su capacidad de volver al estado inicial luego de una experiencia traumática". En estos momentos hay un montón de información que circula por las redes, medios, en la que se culpa a los docentes por "mirar hacia otro lado", por guardar silencio, o a las instituciones educativas y a las familias por no contener a los niños, a las familias. Involucrar a los adultos es esencial, puesto que, muchas veces, los episodios de agresión y discriminación ocurren fuera de su vista, y la preocupante difusión de casos de acoso a través de las redes sociales. Este enfoque, sin embargo, desvía nuestra atención y no interpela el por qué la escuela es el vertedero de situaciones que se van de control. Esto no tiene que ver solamente con algo educativo; es producto de una descomposición del sistema social en el que vivimos. La violencia se ejerce desde la cúpula del poder político y económico, que niega el acceso a una vivienda digna, la alimentación básica, un sistema de salud decente. Contribuye a la violencia escolar la falta de una educación de calidad, escuelas públicas cada vez más deterioradas en lo edilicio y en una currícula vaciada de contenido. La desintegración familiar es un aspecto relevante de la miseria social, la cual no se identifica sólo con los salarios bajos. La desvalorización de la vida se manifiesta en conductas de riesgo, desconfianza, agresividad y tendencias impulsivas son consecuencia de lo mismo. Esto no lo arregla una ley. ¿Qué le va a decir a los chicos, que no sean violentos o no discrimines, cuando el discriminador mismo es un discriminado? La verdadera salida es que los chicos sean parte del cambio, fomentando que se organicen, debatan en conjunto y se movilicen por sus reivindicaciones, las de sus padres y sus maestros. El poder, en cambio, baja la edad de imputabilidad del delito, apela al gatillo fácil, criminaliza las protestas. Hay un ‘bullying' del Estado contra la niñez, la adolescencia y la juventud. Es necesario ayudar a la juventud a rebelarse, no a coartar esa rebelión, pues el proceso de rebelarse, afirmarse y obtener logros, favorece colocar sus conflictos en un nivel de simbolización que les va a permitir bajar el nivel de la angustia. No debemos dejar que los medios y los gobernantes, manipulen la tesis del conflicto, oponiendo al método del ‘disciplinamiento' una teorización positiva de la rebelión. "Obreros y estudiantes, unidos adelante". La consigna de la Reforma Universitaria del 18.

La tregua duró apenas una semana. La voluntad de encontrar una salida negociada que demostró la comisión interna chocó con la conducta cerrada de una patronal que no se resigna a perder su poder en la fábrica. Primero, alegó que no podía considerar los reclamos -el despido de un compañero- hasta que no se normalizara el "clima de convivencia"; vale decir, frenar las recriminaciones por parte de los huelguistas al núcleo que carnereó -algo inevitable en una lucha tan dura y prolongada. Está claro que una derrota del conflicto invertiría la presión. De hecho, es lo que buscó generar la empresa al suspender a un activista por supuestas "amenazas" contra otro trabajador, en un episodio que, en realidad, no pasó de una ruda discusión. La tensión que sufren algunos que entraron a trabajar durante la huelga no proviene del hostigamiento, sino de la atribulación por haber violentado una decisión colectiva. Un ejemplo de esto es el compañero que presentó su renuncia -rechazada por la empresa- y luego votó a favor de la continuidad de la lucha. Casos como éste se multiplicaron; de hecho, las asambleas votaron (por una mayoría sensiblemente mayor que en el pasado) retomar el plan de lucha con paros escalonado de dos horas por turno, luego de una audiencia que tendrá lugar en La Plata. La moción presentada por la interna fue discutida previamente en una reunión de cincuenta activistas que saldó varios debates; entre otros, la conveniencia de desarrollar las medidas dentro de la empresa. A los puntos ya exigidos, se agrega la rectificación de la sanción y el retiro del grupo de seguridad privada que se instaló en los vestuarios, el estacionamiento y los playones de la planta. Todo parece indicar que este histórico conflicto ingresa a una nueva etapa.