Prensa Obrera N° 1267

"Yo podía ver el Cabildo hace dos años. Ahora sólo veo el primer piso", de ese modo sintetizó Altamira, desde la tribuna de la Plaza, la masividad de este 1°. El día estuvo atravesado por el anuncio de lluvias que se iban a desatar en el transcurso de la tarde. Todas las actividades previas en los más de 60 locales del PO de Capital y Buenos Aires se hicieron desafiando la amenaza de mal tiempo. El acto contó con una nutrida y destacada concurrencia. Las fuerzas que integran el Frente de Izquierda y aquellas que lo apoyan se dispusieron en la plaza de manera similar a la del año pasado. El PSTU se colocó detrás de IS, la CCUR (Convergencia Socialista y otros) en las inmediaciones de la fuente. Para ingresar al acto, las tres fuerzas del FIT nos encolumnamos sobre Avenida de Mayo. Primero ingresó IS, luego el Partido Obrero y, finalmente, el PTS. Mientras leíamos las adhesiones al acto, advertimos que las dimensiones de la columna del Partido Obrero estaban obstruyendo el ingreso en la Plaza de los compañeros del PTS. La cabecera del PO ya había llegado a su lugar junto al escenario y aún no habían terminado de entrar las últimas regionales. Allí mismo se organizaron los compañeros para colocar una columna de 500 trabajadores y estudiantes de la zona Norte de provincia a un costado de la Avenida de Mayo y así permitir el ingreso de los compañeros del PTS, ya que el acto debía comenzar. Más de dos tercios de la concurrencia a la Plaza pertenecían al aporte que hizo el PO, con columnas integradas por trabajadores nucleados en la Coordinadora Sindical Clasista; estudiantes universitarios, que vienen de conquistar nuevamente la conducción de la Fuba, terciarios y secundarios; vecinos de diferentes barrios de Capital y provincia, que vienen de realizar la experiencia de acercarse a la izquierda a partir de la campaña política del PO; inundados de Saavedra y La Plata y trabajadores de diferentes gremios. A pesar de la adversidad del tiempo, que nos afectó a todos por igual, la lucha política de estos últimos meses nos permite acercar y nuclear a nuevos sectores. Esto se vio con claridad en este importante acto de la izquierda.

Uno de los policías implicados en el asesinato de nuestro compañero Mariano Ferreyra, Hugo Lompizano, fue condenado a dos años de prisión en el marco del juicio cuyo veredicto ocurrió el 19 de abril. Además de su función en la fuerza policial, se desempeña como profesor en uno de los principales profesorados de educación física de la Ciudad de Buenos Aires, el Instituto Superior de Educación Física Nº 1 “Romero Brest”. Desde el inicio del juicio, venimos levantando el pedido de destitución como docente porque entendemos que su enorme responsabilidad en el homicidio de nuestro compañero es incompatible con la docencia. Un policía, entrenado en antiterrorismo, condenado por la Justicia en el marco de un juicio por el asesinato de un militante político, no puede estar a cargo de formar futuros docentes. A pesar del fallo, Lompizano sigue cumpliendo tareas en el Romero Brest. Hacemos responsable al Ministerio de Educación de la Ciudad por la dilación en la toma de una decisión que es evidente: su expulsión definitiva del sistema educativo. Invitamos al conjunto de la comunidad educativa, a las organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos, y a la ciudadanía en general, a sumarse al pedido, adhiriendo al petitorio que entregaremos el próximo viernes 17 de mayo, en una concentración en las puertas del Ministerio de Educación (avenida Paseo Colón 255) a las 10 horas. ¡Fuera Lompizano de la formación docente! Justicia para Mariano Ferreyra.

Luego de que el dólar se disparara a más de diez pesos, el gobierno salió a proponer un menú de títulos y certificados en dólares, para los que quieran blanquear divisas no declaradas y de dudoso origen. De la pesificación volvemos a la dolarización; del desendeudamiento, que no fue tal, a un nuevo endeudamiento en dólares. El blanqueo beneficia a evasores y narcotraficantes, lo que convierte a Argentina en paraíso fiscal y lavadero de dinero malhabido. Asistimos a un reforzamiento político de la burguesía vinculada con los negocios sucios -desde la efedrina a los casinos. En el anuncio del blanqueo, el gobierno aseguró que quedarían excluidos los imputados o procesados por lavado de dinero, como el caso reciente de Báez-K. Pero las empresas de esos imputados -o sus testaferros- bien podrían acceder a los beneficios del blanqueo. Es altamente improbable, sin embargo, que éstos y otros evasores decidan entregar sus dólares a un Banco Central con patrimonio negativo y sin reservas suficientes para enfrentar la actual corrida cambiaria. Los anuncios, en definitiva, podrían tener el mismo destino que la Supercard o el congelamiento fallido, y marcar otro episodio en la desintegración del programa oficial. La emisión de títulos para financiar a YPF o para comprar inmuebles significa, de todos modos, que se oficializan dos mercados de cambios. También introduce un sistema bimonetario, esto porque al lado del peso circulará un certificado inmobiliario, con convertiblidad inmediata al dólar. Los K aplican, en forma parcial, la receta de Alemania frente a la hiper de los años 20. De la 'soberanía monetaria' retornamos al colonialismo. El desdoblamiento cambiario -que, al lado del oficial, rige para el mercado de capitales y, ahora, oficializan para el inmobiliario- convalida la fenomenal devaluación del peso de los últimos meses. No fue necesario que CFK se fuera, como prometió, para que ello ocurriera. Podría contener la disparada del dólar, si ingresan los dólares ilegales y los pesos en negro no van a la compra de dólares para entrar en el blanqueo, pero establece un premio para los devaluadores, aunque esta contención sea por poco tiempo. El reconocimiento de la devaluación del mercado financiero impulsará la suba de precios corrientes y afectará al comercio exterior. Una ‘salida monetaria’ al desbarajuste de la política K, como sería una devaluación completa del peso o subas confiscatorias de la tasa de interés, significará que el derrumbe lo pagarán los trabajadores con mayor inflación y despidos. Entrarán también ganancias especulativas fabulosas para los capitalistas, quienes han continuado, en la época K, sin pagar impuestos a estas rentas financieras. La salida positiva solamente puede ser social y política, y debe tener como sujeto (ejecutor) a la clase obrera. Planteamos: 1. Impuesto del ciento por ciento a la ganancia especulativa en el mercado de capitales. 2. Nacionalización de la banca y el comercio exterior, cuyos operadores son responsables de la especulación contra el peso -bajo control de los trabajadores. Cese del pago de la deuda externa. 3. Indexación mensual de salarios y jubilaciones, derogación del impuesto al salario, salario mínimo igual a la canasta familiar y 82 por ciento móvil para los jubilados; paritarias libres. 4. Por un gobierno de la izquierda y los trabajadores.

En la crónica del 1º de Mayo de La Verdad Obrera (PTS) se dice “las columnas más importantes las aportaron el PTS y el PO, que tuvieron la misma cantidad de participantes”. Se trata, seguramente, de un error involuntario que se ha deslizado en el apuro del cierre, puesto que la columna del PO era 3,5 veces superior a la del PTS, circunstancia registrada por propios y extraños.

El 1º de Mayo, llamado Día del Trabajo en Bangladesh, miles de trabajadores marcharon por las calles de Dhaka, la capital, con el reclamo que sintetizó una dirigente sindical: “Exigimos la pena de muerte para el dueño del edificio que se derrumbó en Savar. Debería ser colgado y darse una compensación por todos los trabajadores muertos y heridos”. A estas horas los muertos reconocidos son 660 y los heridos 2.400, en su gran mayoría mujeres trabajadoras. El edificio de ocho pisos que albergaba cinco fábricas textiles se derrumbó en minutos, aplastando en masa a sus moradores, que habían denunciado horas antes su inestabilidad. Se ha confirmado que el Rana Plaza -así se llama el edificio- fue construido encima de un pantano cubierto con tierra apelando a una autorización “provisoria”. Como en una trama macabra, la primera ministra reconoció la existencia de “algunos problemas” y formó “una comisión” para observar la seguridad de los edificios -existen 18 inspectores para controlar 5 mil plantas textiles, sólo en la capital. La movilización obrera en Bangladesh es un grito profundo y extendido frente a un régimen de explotación que se mide en tres cifras y no requiere de adjetivos: 800 trabajadores textiles muertos en una década, sin contar los caídos con el derrumbe del Rana Plaza; chicos de 7 a 12 años que reciben 25 dólares al mes y adultos que cobran 40 -un cuarto de lo que gana su par en China- por jornadas sin límite de tiempo ni días de descanso. Es la realidad de la tercerización montada por el gran capital, que domina el negocio de las prendas de confección: Hennes & Mauritz (Suecia), Wall Mart (USA), Benetton (Italia), HyM (Inglaterra), Zara (Esp) y muchas otras. De a una, cada una ellas está haciendo esfuerzos inusitados para aparecer desvinculados de las contratistas, a través de una compleja operatoria que suma subcontrataciones y que está concebida para hacer casi imposible identificar a las firmas responsables cuando, como en este caso, se produce una catástrofe. Los propietarios están cerrando apresuradamente las plantas contratadas y colocándose detrás de la cámara patronal de exportadores y fabricantes de ropa de Bangladesh, que ha puesto el acento en la necesidad de superar “las alteraciones de la producción” provocadas por la “agitación”. Clase obrera y crisis Fruto de la catástrofe, la clase obrera se ha adueñado momentáneamente de la situación. Impuso una huelga general a fuerza de piquetes que ocuparon las calles de la capital, en particular el 26 de abril y el 1º y 2 de mayo, exigiendo el juicio y castigo y la indemnización para las víctimas y sus familiares. La clase obrera de Bangladesh no hace sus primeras armas en esta batalla. La guerra nacional que llevó a la independencia de Pakistán en 1971 tuvo como protagonista a los sindicatos y el activismo político de la izquierda, y esa herencia sigue presente en el reconocimiento del 1º de Mayo como conmemoración nacional. El golpe contrarrevolucionario de 1975 convirtió a la nación en un engranaje de la tercerización del gran capital textil y se crearon las Zonas de Procesamiento para la Exportación, en las que se prohibieron las organizaciones sindicales. Este edificio de contención y represión comenzó a tambalear con la crisis capitalista. Una menor actividad en las tiendas de los países centrales provocó el despido de una cuarta parte de los trabajadores textiles de Dhaka a partir de 2007 y una respuesta de lucha que se expresó en huelgas y movilizaciones y produjo sus primeros mártires. Aminul Islam, organizador del Centro Sindical de Trabajadores de Confección de Ropa de Bangladesh, fue torturado y asesinado un año atrás, más que presumiblemente por la policía del régimen. El gobierno creó una fuerza de policía industrial cuya finalidad no es precisamente controlar la seguridad laboral sino espiar a los trabajadores. La clase obrera de Bangladesh -siguiendo los pasos de su hermana china- está poniendo en práctica su propia medicina: la organización y la huelga general.

Frente a los ojos de todos, está en marcha un enorme saqueo contra el país. En las filas de los capitalistas y sus partidos se multiplican los reclamos por una devaluación de la moneda. A la espera de esa devaluación, los capitalistas interrumpen la producción y sus inversiones. Los trabajadores pagan la parálisis económica con despidos, suspensiones y mayor precarización. Una devaluación agravaría aún más esa situación, porque no es otra cosa que una desvalorización del salario y de las jubilaciones. Además, convalidaría los beneficios de quienes vienen especulando contra la moneda y desataría una mayor carestía. Aunque el gobierno dice rechazar la devaluación, su política conduce a ese desenlace. No sólo eso: son los propios recursos del Banco Central los que financian la corrida contra el peso. Durante diez años, los fondos públicos -desde el presupuesto nacional a las reservas de divisas- han servido para pagar la deuda externa usuraria y bancar a los privatizadores del ferrocarril o la energía. Ahora que esos recursos se han agotado, los beneficiarios de ese saqueo han montado una gigantesca especulación contra la moneda nacional. Para apaciguar a los especuladores, el gobierno no ha tenido mejor idea que premiarlos con un blanqueo del dinero negro. A cambio de esto, van a perdonarles los impuestos evadidos y el origen de los fondos mal habidos. Ello, en el país donde dos millones de trabajadores pagan un impuesto al salario. Para sostener su política, el gobierno quiere avanzar con nuevas confiscaciones. “Reforma” la Justicia para ningunear los reclamos de jubilados y trabajadores. Y proyecta una nueva confiscación sobre las obras sociales. Mientras tanto, quiere imponernos paritarias a la baja, con aumentos de salarios muy por debajo de la inflación. ¿Qué dicen los opositores, de Macri a Binner, pasando por De la Sota? Le exigen al gobierno que haga el trabajo sucio del ajustazo y la devaluación. Es lo que reclaman los economistas de Macri. Pero también el gobernador de Santa Fe, que responde a Binner y al FAP. Si la salida a la crisis queda en manos de estos otros ajustadores, los trabajadores volveremos a pagar la factura. El Partido Obrero, por el contrario, plantea la dirección y la gestión de los recursos de la economía por parte de los propios trabajadores. De ese modo, procederíamos a rescatar el salario, las jubilaciones, la educación y la salud, a costa de los que nos llevaron a esta crisis. A partir de la centralización de los recursos de la banca y el comercio exterior, planteamos un plan económico dirigido a la industrialización, a la vivienda y a las obras públicas elementales que exige la población laboriosa. Como medidas urgentes, planteamos: cese del pago de la deuda internacional usuraria y nacionalización de los bancos y el comercio exterior, bajo la dirección de los trabajadores; salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, reparto de las horas de trabajo entre toda la población activa, formación profesional en las empresas. Abajo el impuesto al salario; 82% móvil para los jubilados; impuesto extraordinario sobre los operadores de Bolsa y toda la renta financiera. Impulsemos una alternativa política de los trabajadores y la izquierda, para terminar con el saqueo nacional y luchar por un gobierno de trabajadores.

El Partido Obrero de Tandil organizó el martes 30 a la noche, en vísperas del 1º de Mayo, una jornada social y cultural para recibir con todo este Día del Trabajador. La jornada incluyó una cena, música en vivo y la proyección del film "¿Quién mató a Mariano Ferreyra?". Tuvo una destacada concurrencia, en especial de simpatizantes, jóvenes y docentes. Nuestros dirigentes hicieron intervenciones donde destacaron la situación política y económica y nuestro programa ante la crisis. Asimismo llamaron a apoyar la presentación de nuestras listas locales y a trabajar por la victoria de la candidatura a diputado nacional por la provincia de Néstor Pitrola, por el PO en el Frente de Izquierda. Se vendieron libros, prensas y se junto una considerable cantidad de adhesiones. Sigamos con la lucha compañeros, por una alternativa de izquierda, obrera y socialista.

La Plaza del miércoles 1º verificó un ascenso político de la izquierda revolucionaria. La concurrencia superó a cualquiera de las otras convocatorias de ese día. Este crecimiento se enlaza con un desarrollo que arranca en la elección de 2011 y que ha impactado en el activismo que lucha cotidianamente en las fábricas o lugares de trabajo y, de un modo sorprendente, en el conjunto de la opinión pública. Se puso de manifiesto la enorme importancia que tiene la propaganda y la agitación política socialista en el desarrollo de la izquierda revolucionaria, en especial en un período de bancarrota capitalista y crisis políticas generalizadas. Es el hilo conductor de la campaña que el Partido Obrero viene desplegando desde octubre, a través de asambleas abiertas en numerosos barrios y frentes gremiales de la Capital, de Buenos Aires y de la mayor parte del país. Altamira destacó, en esas actividades, el interés popular en debatir e interpelar a la izquierda revolucionaria, incluso por parte de sectores de clase media que se interrogan a sí mismos acerca de la necesidad de una lucha con contenido de clase. Altamira, por lo tanto, no trajo a la plaza unareivindicación general del socialismo revolucionario, que pudiera valer para cualquier 1º de Mayo. La tarea a desarrollar -en el marco del agotamiento del régimen K, la crisis económica y las elecciones de octubre- es explicar sistemáticamente la ausencia de salidas de los bloques capitalistas; denunciar los agravios que sufren las masas y los que se preparan contra ellas, y exponer un programa socialista y una táctica de lucha. Las otras plazas Las razones por las cuales el acto del Frente de Izquierda suscitó las mayores expectativas fueron explicadas en la propia Plaza -en la exposición de una perspectiva política propia en medio de una gran crisis nacional. En oposición a ello, la CGT Moyano sólo puso el escenario y el sonido para impulsar un reagrupamiento del pejotismo opositor. Su principal cabeza -De la Sota- es un lobbista de las grandes corporaciones (las que condicionan la continuidad de sus inversiones a una megadevaluación). La burocracia exhibió, sin maquillajes, el maridaje político con una parte de los herederos de Menem y Duhalde, así como con las viudas del kirchnerismo. La jornada del 1º fue también otro episodio en la desintegración del centroizquierdismo. El FAP de Binner y Proyecto Sur, a quienes apostaban la CTA Micheli y sus representantes políticos, se reparte hoy entre los favores a Carrió, "J.P. Morgan" Prat Gay o la UCR. La izquierda que, por seguirlos, renunció a cualquier perspectiva independiente, terminó concretando un acto intrascendente en la plaza Congreso. La etapa abierta La repercusión del acto confirma el acierto de haber arrancado la campaña en octubre pasado, a partir de una caracterización de la naturaleza y los ritmos de la crisis política. Esta crisis ha entrado ahora en una nueva etapa, como lo ponen de manifiesto la corrida cambiaria y las respuestas impotentes del oficialismo, el cual ha pasado de la pesificación a una nueva dolarización sin estaciones intermedias. Por parte del Frente de Izquierda, la capacidad para intervenir en la crisis exige que nos lancemos a una gran campaña política.

Aunque hubo protestas a lo largo de todo el planeta, el centro de atención de las movilizaciones del 1° de Mayo estuvo en Europa. A pesar del enorme rechazo a los gobiernos ajustadores, sean de derecha o socialistas, en líneas generales las centrales sindicales parecen haber fracasado en expresar organizativamente ese repudio. La convocatoria en España estuvo precedida por la difusión de datos indicando que el desempleo trepó al 27 por ciento (mucho mayor en la juventud). Las ochenta movilizaciones que realizaron la UGT y CCOO, cuyo punto más alto fueron los 40 mil manifestantes en Madrid, no parecen haber traducido el hartazgo de las masas, verificado en el derrumbe del PP y del Psoe en las encuestas de opinión pública —un hecho que ha sido potenciado por los escándalos de corrupción que envuelven a todos los partidos patronales e incluso a la monarquía. Las centrales sindicales españolas le regalaron la cabecera de los actos a los políticos del Psoe y tienen una política de conciliación, lo que puede haber influido en la pérdida del poder de convocatoria. La responsabilidad de la burocracia sindical también debiera ser examinada en el caso de Grecia, que lleva seis años de recesión, y donde la movilización decayó respecto del año anterior. Los sindicatos públicos y privados convocaron una huelga general que paralizó los ferrocarriles, puertos y medios de prensa, pero la movilización central hacia la plaza Syntagma, en Atenas, habría caído de 100 mil a 15 mil personas. Según algunos medios, el Partido Comunista (KKE) volvió a marchar de manera separada con un puñado de militantes (Terra, 1/5). En Francia, la CGT y Solidaires realizaron los actos más sobresalientes al congregar 160 mil personas en todo el país, con los obreros de PSA Peugeot-Citröen (que enfrentan un plan de 10 mil despidos) a la cabeza de una de las manifestaciones. La CFDT realizó un acto de 10 mil personas en las afueras de París, y Fuerza Obrera realizó una pequeña actividad de 500 personas. La pérdida de popularidad del socialista Hollande es patente en todas las clases sociales, pero en particular en las filas de los trabajadores. La sobrevivencia del gobierno depende cada vez más del colaboracionismo de la burocracia sindical. Los múltiples actos del 1° de Mayo se mantuvieron dentro de este libreto, marcaron el paso en el mismo lugar. Las centrales obreras están empeñadas en preservar la tregua social, mientras condenan al aislamiento y al desangre a los conflictos que vienen sosteniendo diferentes sectores del movimiento obrero, como consecuencia de la severa crisis industrial. En el caso de Portugal, a pesar de que las centrales sindicales marcharon divididas, en las numerosas movilizaciones de la jornada se sintió el masivo rechazo a la política de ajuste de la Troika y el gobierno. Un millón de personas se habían movilizado en marzo pasado (en un país de doce millones de habitantes). En Italia la jornada fue precedida por otro episodio de desesperación ante la crisis: un albañil desempleado disparó en medio de la asunción del nuevo presidente del gobierno, Enrico Letta, con el propósito de abatir algún político. Al igual que en España, en este país se multiplican los suicidios ante la crisis. Las tres centrales sindicales italianas convocaron movilizaciones cuyo eje estuvo colocado en la desocupación. Las protestas en Europa alcanzaron también a la Alemania del “pleno empleo”, donde siete millones de empleados trabajan “bajo contratos llamados ‘mini-job’ (miniempleo) con horarios reducidos y hasta un máximo de 450 euros al mes” (La Nación, 5/5). En América Latina En América latina hay que destacar que, en Colombia, cerca de un millón de personas se movilizaron a lo largo de 69 municipios, cien mil de ellas en Bogotá. El eje de las protestas fue el reclamo de aumento salarial (el salario mínimo colombiano es uno de los más bajos de la región), a lo que se sumó el repudio a la informalidad laboral (que alcanza al 68 por ciento de los trabajadores) y a los asesinatos contra activistas y dirigentes sindicales. La jornada estuvo precedida por huelgas extraordinarias de los obreros del carbón, que no registran antecedentes en los últimos veinte años y que golpean en el corazón de la política prominera de Santos: en la mina Cerrejón, la más importante del país, sus 4.600 obreros pararon durante 32 días y consiguieron un aumento salarial y el pase a planta de 600 contratados en febrero-marzo. Un medio resumió la cuestión al observar en febrero que “alrededor del 85 por ciento de la producción diaria de carbón de Colombia está paralizada por la suma de conflictos por reivindaciones sociales” (sitio de Venezolana de Televisión, 22/2). En el Ecuador del nacionalista Correa, donde se han difundido datos que ubican al trabajo en negro en el 60 por ciento, también hubo protestas, aunque lo sobresaliente fue el copamiento de la plaza principal de la capital por parte del gobierno, para realizar un acto oficialista e impedir la llegada de manifestantes opositores. Las protestas indígenas van en ascenso, como resultado de una política minera que amenaza una de las reservas naturales más importantes del mundo. En el caso de Bolivia, mientras Evo Morales anunciaba en un acto la expulsión de la Usaid, la Central Obrera Boliviana (COB) llamaba en otro a una huelga general para el 6 de mayo, exigiendo el 100 por ciento del salario como base de liquidación de las jubilaciones y la defensa de la estabilidad laboral (ver nota en pág. 16). En Venezuela, en cambio, la conmemoración fue hegemonizada por el chavismo, en un acto que encabezó el presidente Maduro.

El 30 de abril caducó la posibilidad de que los jóvenes pudieran renovar sus DNI y, en consecuencia, quedar incluidos en el padrón electoral. El gobierno estuvo muy lejos de promover un empadronamiento universal, donde todos los jóvenes tengan acceso al sufragio, valiéndose también de su carácter optativo. El titular del Registro de las Personas en Salto, en complicidad con las maniobras del gobierno nacional, tergiversó la situación al manifestar que había fomentado la renovación de los DNI a través de campañas en las escuelas. Pero la UJS, por su parte, estuvo recorriendo diferentes escuelas y dialogando con los estudiantes, quienes sostuvieron que no habían participado de ninguna campaña que los incentivara a renovar sus documentos. Por todo esto, la UJS y el Partido Obrero de Salto denuncian la clara medida arbitraria y limitacionista que promueve el gobierno nacional, así como la complicidad de los funcionarios locales. Reclamamos que se incluya en el padrón a la totalidad de los jóvenes que cumplan 16 años antes de la elección e impulsamos el empadronamiento y la renovación de los documentos de todos los jóvenes para que nadie se quede sin votar. En este sentido, exigimos a las autoridades de los colegios y al gobierno que coloquen puestos de renovación del DNI en todos los colegios para facilitar el trámite. Los estudiantes secundarios y sus organizaciones -centros de estudiantes, federaciones estudiantiles y coordinadoras- deben tomar en sus manos la lucha para que todos los jóvenes puedan votar, derrotando la maniobra oficialista. Planteamos también la apertura de los colegios a la presencia de los partidos políticos para que expongan sus propuestas y puedan ser interpelados acerca de sus responsabilidades en la crisis que pagan los trabajadores y la juventud.

A un mes de la trágica inundación, miles de vecinos -acompañados por organizaciones de derechos humanos, políticas y estudiantiles- nos dimos cita en la puerta de la municipalidad platense para luego marchar hacia la gobernación, bajo la consigna "Cristina, Scioli y Bruera son responsables. Basta de inundaciones". La movilización estuvo precedida por la presentación de un petitorio con más de 10 mil firmas y un homenaje a las 74 víctimas relevadas hasta ahora por las asambleas barriales y no reconocidas por el gobierno. También se leyó un documento donde se exigió la constitución de una comisión investigadora independiente -formada por familiares, asambleas barriales y organismos de derechos humanos- que determine el número real de muertos y garantice el "juicio y castigo a los responsables políticos de este crimen social". la realización de un "plan maestro hidráulico bajo control de las asambleas vecinales" y la "derogación del actual código de ordenamiento urbano", el cual se encuentra al servicio de la especulación inmobiliaria. Tampoco faltó en el documento el reclamo de subsidios para los damnificados sobre la base de la eliminación de las exenciones impositivas a grandes empresas -que suman unos 4.500 millones de pesos- y el esclarecimiento de lo sucedido en YPF. Por último, se repudiaron los ataques sufridos por las asambleas barriales por parte de las patotas del municipio. Es mucho que 10 mil personas se movilicen un mes después de las inundaciones. Pero que lo hagan a través de un proceso de asambleas vecinales que reproducen -y superan- el proceso de las asambleas populares de 2001, lo es todavía más. Esto se aprecia en el carácter del programa, que supera por lejos las maniobras de la oposición pejotista y del FAP, quienes sólo buscaron capitalizar el "fuera Bruera" para rédito de algún edil opositor. Las asambleas se han enfocado no sólo en el carácter no reembolsable de las ayudas, sino también en su financiamiento mediante impuestos a los especuladores inmobiliarios, los que -junto a funcionarios y la patria contratista- son los responsables de la catástrofe. Luego, el reclamo por la derogación del Código de Planeamiento Urbano no tiene antecedentes, porque cuestiona la organización del espacio urbano en función del lucro capitalista, a través de un ordenamiento que fue votado por todos los bloques. La situación actual continúa siendo grave: 123 nuevos barrios en la ciudad no tienen agua potable, cloacas ni desagües pluviales. Tampoco se ha dado respuesta a las reivindicaciones planteadas por las asambleas. La presencia de organizaciones sindicales y políticas fue agradecida por los organizadores, entre ellas la del PO, que encabezaron Laura Khon y Néstor Pitrola. La inmensa movilización popular ha demostrado el alto grado de organización que crece en los barrios al calor de las asambleas populares. Sigamos desarrollando las asambleas e impulsemos un plan de lucha de todos los barrios de La Plata, Berisso y Ensenada que le exija al poder político la inmediata satisfacción de todas las reivindicaciones planteadas.

Una acción sistemática de persecución a toda acción gremial se ha impuesto en la Caja. La intervención designada por Alperovich ha militarizado al banco. Se ha denunciado una acción permanente de los servicios de inteligencia (D2) en acciones de seguimiento a los dirigentes y hasta simples activistas. El año pasado, el gobierno retiró 172 millones de los fondos del departamento de seguros, y aún no los ha devuelto. Pero no se trata sólo de esta acción de saqueo. La cuestión más importante para Alperovich es el entrelazamiento del Estado con el negocio del juego. Ese negocio cobra ahora un nuevo impulso con la inauguración dos grandes hoteles de categoría internacional con salas de juegos, y hay otros grandes hoteles en acelerada construcción. La Caja Popular tiene en este momento el software del juego de quinielas que es manejado por la empresa Ivisa, que tiene la concesión por tiempo indefinido. En una palabra, los sorteos de quinielas están privatizados de hecho. Para aumentar aún más las ganancias apuntan contra los trabajadores, para hacerles perder su condición de bancarios y pasarlos a empleados públicos. Para ello, necesitan desarticular toda resistencia de La Bancaria. Las medidas persecutorias son sistemáticas. A algunos activistas los trasladaron a sucursales hasta 80 kilómetros, sin causa alguna. A los contratados los citaron a reuniones intimidatorias, para imponerles la renuncia a La Bancaria y el compromiso de no participar de ninguna actividad gremial. Quienes no aceptaron esta imposición fueron despedidos. El 30 de abril fueron despedidos 14 empleados contratados (durante el año ya van 30 despidos). Ese mismo día, La Bancaria había convocado a la mañana un acto por el Día del Trabajador frente a la Caja Popular, al que se sumaron distintas organizaciones sindicales, de jubilados, democráticas y políticas, entre ellas el Partido Obrero. Más de dos mil trabajadores repudiaron al gobierno. Se impone la necesidad de convocar a la asamblea general de todos los bancarios de la provincia, para votar una lucha de conjunto y que, a la vez, comprometa a las centrales sindicales a convocar a un paro activo provincial por la reincorporación de los despidos y el despido de la intervención alperovichista.

Tras un mes de constitución, organización y debate de las asambleas populares, el programa que levantaron 10 mil personas de la capital bonaerense, dejaba al desnudo los intereses que representan los tres representantes del gobierno, Cristina, Scioli, y Bruera, como muy bien coronaba la bandera que encabezaba la movilización. La movilización popular exigía la derogación del Código de Ordenamiento Urbano (COU) y la inmediata paralización de las grandes obras, hasta verificar bajo control popular de las mismas, el impacto sobre el flujo pluvial. Se trata de un enorme salto cualitativo, que pone en jaque el modelo de ordenamiento urbano en beneficio de grandes constructoras inmobiliarias- como Dacal, Buildings, y Moragues- las cuales tienen copado el casco céntrico bajo el amparo del municipio y la gobernación. El debate que se ha abierto entre los platenses, plantea la necesidad de un nuevo ordenamiento urbano, que termine con la especulación inmobiliaria y plantee una nueva urbanización al servicio de la población, en desmedro de los negocios de un puñado de constructoras. Ninguno de los tres estamentos gubernamentales ha recibido hasta ahora a los asambleístas. El día después, una leve lluvia dejó como saldo 150 evacuados en Berisso y Ensenada, poniendo en evidencia un insoportable impasse político: no se tomarán medidas de fondo, para evitar un nuevo desastre. La crisis fiscal provincial es la preocupación más urgente para el gobernador Scioli, y una nueva autorización del gobierno nacional, a tomar deuda por unos 1700 millones de pesos, tuvo un principio de ilusión de que fueran destinados a las grandes demandas del pueblo platense. Sin embargo, sólo tendrán como destino el pago de vencimientos de otras deudas. La intendencia se apresta sólo a limpiezas cosméticas de zanjas y arroyos, mientras los vecinos piden indemnización, rechazo a los créditos y obras estructurales. Un choque importante de intereses, que dejará a Pablo Bruera cerca de su sepultura política. Hasta la comisión investigadora que constituyó el Concejo Deliberante, por los mismos que aprobaron el COU tuvo que admitir la "revisión" de la norma. Está claro que estos ediles no pueden ni auto-investigarse, ni crear alguna norma en beneficio de los trabajadores platenses. Por ello crece la bronca popular, y la conclusión política de que deben irse Bruera y todos sus secuaces. Hay una crisis de poder en el municipio, y un debate abierto sobre cómo debe urbanizarse la ciudad sobre nuevas bases sociales. Está en debate el destino de 120 asentamientos inundables y sin servicios, el manejo y propiedad del suelo ocioso, el control sobre la demolición de viviendas y la construcción irracional de megatorres. En suma, el des-modelo urbano capitalista está en discusión. Sobre nuevos principios que atiendan el interés de los explotados, de las mayorías y del medio ambiente, el pueblo delibera para abrir una salida a la catástrofe y evitar su repetición. Extender y profundizar las asambleas con la movilización popular, y construir una alternativa política de los trabajadores, la salida al impasse de un gobierno agotado.

El kirchnerismo está metiendo la mano en el sistema de las obras sociales y la crisis puede llevarlo mucho más lejos todavía. Para que la sangre no llegue al río, la Presidenta mandó a decir a la CGT-Balcarce que no habrá cambios, como si eso resolviera algo. Contra las expectativas del colaboracionista Caló, el gobierno de Cristina no sólo no devolvió los 12 mil millones de deuda con las obras sociales que acumuló el ex colaboracionista K Moyano, sino que ahora, esa deuda ascendería a 16 mil millones. Lógicamente, después de que el gobierno intentara quedarse con la caja de la Corte, cómo no sospechar que vengan por las cajas de salud, por las que suman una cifra seis veces mayor y que son administradas por la desprestigiada y dividida burocracia sindical. En estos días circuló un nuevo proyecto sobre el tema. Luciano Di Césare, mandamás del Pami, propuso la creación de un Seguro Universal de Enfermedades Catastróficas, instrumento por el que se apropiarían de 7 mil millones anuales que hoy integran el Fondo de Redistribución y el ex APE (prestaciones especiales). En ese caso, estos fondos pasarían directamente a la Jefatura de Gabinete. El caramelo “nacional y popular” de semejante zarpazo es que se crearía una cobertura a toda la población que no la tiene. Así, lo que debería atender el hospital público sería financiado por el aporte de los trabajadores, a través de las obras sociales. Sería una redistribución de la (falta de) salud entre los pobres. Semejante proyecto “progresista” sería la excusa para no devolver los 16 mil millones que Caló esperaba recuperar, al menos en cuotas, a cambio de aceptar todo tipo de atropellos al movimiento obrero. El núcleo del problema, sin embargo, es otro. Hasta la propia burocracia de la CGT-Balcarce advierte que se “pondría a las obras sociales al servicio de un grupo de prestadores que elegirá Di Césare”, o sea unas Obras Sociales SA. De eso saben los burócrateas, porque buena parte de las actuales obras sociales son gerenciadoras de los prestadores privados, en desmedro de una capacidad instalada propia en permanente decadencia. Este esquema es el eje de los negociados del Pami. Los burócratas sindicales denuncian que cada jubilado que se quedó en el sistema de obras sociales cuesta 192 pesos, mientras que en el Pami cuesta 700. De ser cierto, ello es el resultado de la pésima atención de la tercera edad en las obras sociales, por un lado, y del robo de los Lázaro Báez de la salud que operan en el Pami, del otro. La burocracia sindical tiene una responsabilidad histórica en este latrocinio de la salud obrera. En esta “década ganada” se ha consolidado el despojo de los años menemistas. Justamente, el 10 por ciento de los aportes obreros (y el 15 de los de personal de dirección) han ido a parar a las arcas del Estado, para formar el “fondo de redistribución” que el gobierno jamás reintegró a las obras sociales sindicales. De ese modo, el kirchnerismo se apropió de miles de millones que son propiedad de los trabajadores. Es una creciente confiscación del salario a favor de un Estado que subsidia a los capitalistas. Aunque esos fondos fueran a financiar al vaciado hospital público, se trataría de una nueva defección del Estado, para destinar los actuales recursos del presupuesto de salud a los acreedores de la deuda, a las privatizadas y a la patria contratista. Las obras sociales están cerca de la quiebra, por todo lo anterior y por razones más profundas. El 70 por ciento de los asalariados no cubre ni la mitad de la canasta familiar, por lo que el porcentual de aportes no cubre tampoco la canasta de salud. El 36 por ciento de los trabajadores está en negro, lo cual golpea al corazón del sistema. Además, la estructura interna del salario contiene importes en negro, no remunerativos, extras en negro y hasta fraudes como el monotributo. Ello además del robo de la burocracia sindical, de los prestadores y funcionarios. Frente a este despojo, planteamos: devolución incondicional de los fondos, derogación de la ley menemista, apertura de los libros de las obras sociales a comisiones obreras electas en asamblea, elección de autoridades revocables de cada institución por el voto directo de los trabajadores. La recuperación de la salud se asocia a la lucha por la expulsión de la burocracia sindical.

La enorme victoria que obtuvieron los obreros de Tabacal el año pasado, no es un episodio olvidado. Ni para los obreros, ni para su patronal, la Seaboard Corporation. Las asambleas llamadas por el sindicato (STA) están demostrando una gran predisposición de combate por parte de las bases. En ellas, se decidió nuevamente denunciar el trabajo tercerizado, que redunda en la demora de la incorporación de los obreros temporarios y en algunos caso hasta en su reemplazo. Además, se ha establecido un pliego de reivindicaciones sobre las condiciones de trabajo, que hasta ahora no se resuelven, sobre todo para los trabajadores del campo. A la par de ello y como parte del Bloque Azucarero (ver nota aparte), el STA ya ha fijado exigir un aumento salarial del 60 por ciento para las próximas paritarias; lo que llevaría a 8 mil pesos la categoría mínima. La dilación del Ministerio de Trabajo para abrir las discusiones paritarias del sector, cuando el acuerdo arrancado el año pasado venció en abril pasado, azuza las tendencias combativas. En este marco, Claudio Colque, secretario adjunto del STA declaró ante los medios que "vamos a enfrentar a dos patrones, uno es el Tabacal para lograr un amento igual a la canasta familiar, y el otro será el gobierno que nos descuenta el impuesto a las ganancias". Y agregó: "Por eso somos muy serios con nuestros compañeros al decir que estamos en pie de guerra". La patronal de Tabacal también ha acusado recibo de la fuerza de los obreros. El último pliego obrero presentado por el STA y votado en asamblea, fue rechazado en la mayoría de los puntos. Además, un plan de viviendas armado por la patronal pasa directamente por fuera del sindicato, y la empresa determina quién puede acceder y quién no. Esto, para que los obreros no puedan intervenir y fijar los términos de ese plan, a la vez que se quiere desconocer a su representación gremial. Hay que integrar a la próxima discusión paritaria la cuestión de viviendas para los trabajadores bajo control de éstos y de sus organizaciones. Con el inminente comienzo de la zafra, las asambleas obreras deben desarrollarse en los lugares de trabajo, para integrar a todos los obreros en la deliberación y la preparación de la lucha que se viene. Lo mismo para la difusión entre la población y las organizaciones populares, porque la vida de todo un pueblo trabajador gira en torno del ingenio.

En estas últimas semanas el movimiento estudiantil de la Facultad de Psicología de la UNC viene de victoria tras victoria. La acreditación ante la CoNEAU, que intentaba ser impuesta por la gestión de la facultad, no puede avanzar porque se encuentra a su paso con la organización de los estudiantes desde las bases. Pese a las maniobras ejecutadas por la conducción K del Centro de Estudiantes (Asociación Libre -La Bisagra-), una organización adicta al rectorado, los estudiantes rechazan la acreditación por CoNEAU. La última semana de abril una movilización desembocó en el consejo directivo, presentando un proyecto que exigía el rechazo a la acreditación, hasta tanto no se resuelva sobre el proyecto presentado por la Asamblea de estudiantes. Los sectores que hace muy poco tiempo atrás de disputaban el rectorado de la UNC hoy se unen con el objetivo de profundizar en la destrucción de nuestra formación profesional. Tanto Claudia Torcomian (decana de la Facultad) como Francisco Tamaritt, rector recientemente electo, son responsables de la situación de precariedad de nuestra formación. Estudiantes cursando en el piso, falta de aulas, pocos turnos de cursado, docentes precarizados y flexibilizados y la proliferación de posgrados arancelados son la materialización de la política ajuste educativo que quiere profundizar CoNEAU. No está de más clarificar que estos sectores son la correa de trasmisión de la política educativa kirchnerista, quienes vienen gobernando hace más de diez años con la nefasta Ley de Educación Superior. Sólo la independencia política de las camarillas de la UNC y los gobiernos ajustadores dará vía a la posibilidad de avanzar en las conquistas de cada una de nuestra reivindicaciones. La UJS en Psicología tiene la enorme tarea de profundizar la lucha por la defensa de la educación pública, contra la acreditación de la carrera a la CoNEAU y el avance hacia la posibilidad que el estudiantado recupere su Centro de Estudiantes, para ponerlo a la cabeza de las luchas que continúan.

La campaña político-electoral es un tema destacado para muchas prensas de la izquierda. El MST, por ejemplo, informa en Alternativa Socialista sobre la constitución de diversos frentes. En Chubut, anuncian su participación en el Frente Unidad Sur junto al Partido Socialista, Proyecto Sur, el PTP-PCR y el Frente Vecinal Esquel. Con relación al programa, se menciona “la posibilidad de un cambio real y una sociedad más justa e inclusiva”, una formulación ajena a cualquier planteo anticapitalista que el MST reivindica enarbolar. También se bajan del reclamo de no pago de la deuda externa, que reemplazan por la “suspensión inmediata de la parte ilegítima determinada en el fallo del juez Ballesteros”. Para Neuquén, informan sobre la formación del FPS, junto a Proyecto Sur, PTP-PCR, Unidad Popular y el Partido Socialista, mientras en Tucumán integran una alianza con Parajón (ex UCR), PC y PTP-CCC. Sobre las elecciones porteñas, Alternativa Socialista afirma que “lamentablemente, al menos hasta ahora Pino y el Partido Proyecto Sur optaron por privilegiar un acuerdo con Carrió poniendo en riesgo, a nuestro modo de ver, el proyecto emancipador que en unidad veníamos construyendo”. La divergencia sobre el “proyecto” vale sólo en los límites de la Ciudad de Buenos Aires, pues no hubo obstáculos para coaliciones con el mismo partido en otros distritos. En la misma página, anuncian una reunión con el FAP bonaerense, donde el MST destacó “la idea de avanzar con las fuerzas que venimos participando en la provincia en el Movimiento Proyecto Sur, la Coalición Cívica provincial [el partido de Carrió] y fuerzas de la izquierda política y social”. Hoy también refiere a las actitudes políticas de Solanas, pues “algunas de las fuerzas con las que el PTP y el PCR construyeron frentes en el 2011 (...) ahora cambian su programa. Pino Solanas acordó con Carrió. La diputada Carrió acaba de hacer una denuncia ante la OEA, en la que pisan fuerte los yanquis”. Semejante acusación pone en cuestión el carácter antiimperialista de Pino y los suyos, pero el PCR toma nota sólo de la Capital. Libres del Sur, por otro lado, reseña su encuentro de la primera sección electoral. En él, habló Jorge Ceballos, quien “comenzó su discurso agradeciendo la presencia de María Luisa Storani, diputada nacional de la UCR, y del diputado nacional (MC) Horacio Alcuaz y del provincial Juan Carlos Juárez, ambos del GEN”. Ceballos destacó que “tenemos el ejemplo de Santa Fe, 22 años de gobierno en Rosario. No hay una sola denuncia de corrupción. Ser progresista es sinónimo de honestidad”. Pero tanto Rosario como Santa Fe son paraísos de la flexibilidad laboral y del desquicio ambiental -o sea que gobiernan las grandes empresas. La identificación de “progresismo” con “honestidad” es curiosa, pues el gobierno de la Alianza -que el PS integró- tuvo a la ley Banelco. Marea Popular, por otro lado, publicó el tercer número de su revista, que titula “¿Una nueva derecha en argentina? Construir una alternativa contra un peligro en ascenso”, junto a fotos de Macri, Massa, De Narváez y Scioli. El kirchnerismo de Marea no sólo es explícito en la tapa de su mensuario; el editorial asegura que “el gobierno nacional ha elegido como estrategia no disputarle al macrismo la ciudad (...) ha tenido una política que muchas veces sirvió para fortalecer la gestión del PRO. Los acuerdos en la Legislatura porteña son una muestra”, como si la confluencia con Macri no estuviera determinada por la orientación social estratégica que en definitiva ambos bloques comparten. La Verdad Obrera afirma que el locro del PTS y el acto del 1º de Mayo “demostraron que la izquierda clasista es un polo, pequeño pero significativo, en el movimiento obrero y la juventud combativa”. Separan las cuestiones “sindicales” de las “electorales” -una variante del electoralismo. Así, afirman que existe “por un lado, la posibilidad de extensión militante de la izquierda clasista y las oportunidades para continuar recuperando comisiones internas y cuerpos de delegados (...). Por el otro, también se abre la perspectiva electoral de conquistar nuevos legisladores para el Frente de Izquierda”.

Los gremios que representan a los trabajadores de los ingenios de Salta y Jujuy han decidido conformar un Bloque Azucarero para discutir en común las paritarias del sector. El Bloque ha acordado reclamar un aumento que equipare la mínima categoría al valor de la canasta familiar, equivalente a 8 mil pesos. Este reclamo implica un aumento que va del 60 al 80 por ciento, según el ingenio. También solicitaron una reunión al Centro Azucarero Regional del Norte Argentino para discutir sus reclamos. Pero esa cámara ninguneó la petición, escudándose en que el Ministerio de Trabajo no ha convocado formalmente a la discusión paritaria. Ante esta posición, los gremios del Bloque se han declarado en "estado de conflicto laboral" y exigen que se convoquen formalmente a las paritarias. La mayoría de los convenios firmados el año pasado vencieron en abril. La conformación de este Bloque fue precedida por las enormes luchas obreras que se desarrollaron en los últimos años, destacándose la de los Obreros de Tabacal (Salta) y de La Esperanza (Jujuy). Pero también en La Mendieta, Ledesma (Jujuy) y en San Isidro (Salta) se han desarrollado luchas y renovaciones en las comisiones directivas de sus respectivos sindicatos. Ha pesado, además, el intento fracasado de negociar junto con la Fotia Tucumana, ya que la burocracia de esa federación ha entregado sistemáticamente las paritarias del sector. En ese cuadro, las bases obreras de los ingenios de Salta y Jujuy presionaron sobre sus direcciones para evitar que se bajen de sus propios reclamos. En el Bloque participa la CTA Micheli, mientras que la Fotia está alineada con la CGT kirchnerista. El Bloque Azucarero todavía está a prueba: el año pasado, los sindicatos ligados a la CTA Micheli (Ledesma, La Mendieta y Tabacal) también intentaron abordar juntos las paritarias, pero fracasaron por la defección del sindicato de Ledesma, que cerró un acuerdo por debajo del reclamo conjunto. Tampoco reaccionaron como bloque ante la heroica lucha del Tabacal, con una pueblada que enfrentó y derrotó la represión, reincorporó a los 52 despidos, quebró el lock out patronal de la Seaboard Corporation y consiguió un aumento salarial del 35 por ciento. La CTA Micheli tampoco desarrolló una acción nacional en apoyo a esta lucha. La política de cepo salarial impulsada por el gobierno nacional, más el desarrollo de la crisis capitalista, con la consiguiente caída del precio del azúcar, preanuncian un escenario de confrontación aguda en las paritarias azucareras. El ninguneo que ha recibido el Bloque Azucarero por parte de las patronales es el mismo que la mayoría de las direcciones sindicales, sobre todo de Ledesma y Tabacal, ya recibían. Por lo tanto, la intervención conjunta no asegura por sí misma que puedan imponer su pliego. Hasta ahora, el Bloque sólo ha funcionado a través de reuniones entre las direcciones de los sindicatos de los conforman. Para enfrentar a la cámara regional, que ya ha manifestado como inviable el pedido de 8 mil pesos, es necesaria una gran deliberación y movilización obrera a través de un congreso de bases, que reafirme el pliego y determine un plan de lucha.

Durante 60 horas, los trabajadores del transporte urbano de la ciudad de Córdoba realizaron un paro total del servicio. Esta huelga, que es la cuarta en menos de un mes, se convocó por la negativa del intendente radical Mestre a dejar participar a los cuerpos de delegados de la audiencia pública donde se llevaría a cabo la licitación de los recorridos del transporte de pasajeros de Córdoba. La huelga fue decretada contra la privatización de la empresa municipal Tamse, que dejará un tendal de trabajadores despedidos, en el marco de una nueva licitación del transporte urbano que traerá un gran detrimento del servicio y aumento de tarifas. Apenas pasado el mediodía del martes 30 y desde el subsuelo de la municipalidad, se convocó al paro. En menos de dos horas, se paralizó la totalidad del servicio y se armaron piquetes en las principales esquinas de la ciudad. El conflicto se encontraba en conciliación obligatoria dictada por el ministro de Trabajo de De la Sota, quien pretendía salvar a Mestre y mantener maniatados a los choferes mientras se desarrollaba la licitación. Sin embargo, a las 23 horas, con la ciudad totalmente paralizada y una fuerte campaña mediática contra la huelga, una reunión de delegados y comisión directiva de UTA decretó 48 horas más de paro. Ese mismo día el Frente de Izquierda concluyó su acto del primero de mayo marchando hacia las puertas del sindicato, donde más de un centenar de trabajadores esperaba la resolución del cuerpo de delegados. Los huelguistas recibieron con entusiasmo a nuestra columna y pedían que no nos fuéramos. Esto se debe a que el Partido Obrero es la única fuerza política que ha salido decididamente a enfrentar la privatización, sobre todo cuando el mismo gremio la defendía. Nuestra intervención, y la de la agrupación clasista Ortuta en los últimos 6 meses ha sido un factor decisivo para esta lucha. La presentación del proyecto de ordenanza en el Concejo Deliberante contra la privatización de Tamse obligó a la misma conducción a apoyarlo en asambleas. Transporte: crisis y negocios La licitación, que los trabajadores rechazan, está enmarcada en la necesidad de garantizar un negocio en el marco del derrumbe fiscal que amenaza con llevarse puestos los subsidios (los nacionales y municipales). Con el objetivo de lograr una "mayor productividad", se diseñó un marco regulatorio que implica menor cantidad de unidades (y por lo tanto de trabajadores y de frecuencias), que privilegia las líneas troncales (que son las redituables) mandando al bombo las que penetran en el corazón de los barrios y un sistema de diferenciación tarifaria (horario nocturno, combinaciones, etc.) que permite aumentos encubiertos de tarifas; de todas maneras está autorizado un aumento del 15% de movida de la tarifa llevándola a $ 4.70. En resumen un ataque en regla a trabajadores de las empresas y usuarios. Mientras el paro transcurría, Mestre intentó, sin ningún resultado, tirarlo abajo. Los dirigentes delasotistas y kirchneristas que habían concurrido a las movilizaciones de los trabajadores de Tamse para repudiar a la "privatización neoliberal" brillaron por su ausencia y se mandaron a guardar; mientras el ministro "obrero" -Dragún del Smata- decretaba la ilegalidad de la huelga. El silencio se debe a que delasotistas y kichneristas tienen intereses propios en la licitación. De hecho, las empresas privadas que se presentaron a la licitación están referenciadas con el gobierno nacional y provincial. Ninguno es de cuño radical. El nuevo esquema de transporte de Mestre promete un horizonte de crisis y nuevas rebeliones obreras. A ellas, se sumarán el resto de los trabajadores municipales que hoy están en lucha. Mientras de un lado de la Municipalidad la UTA decretaba el paro, del otro, decenas de trabajadores municipales de la salud se movilizaban contra el intento de Mestre de cerrar el nuevo hospital de la zona sur de la capital. El Partido Obrero apoya decididamente la lucha de los trabajadores de Uta. Los llama, junto a todos los vecinos de la ciudad de Córdoba, a no dejarse embaucar por las maniobras y provocaciones establecidas por los que sólo quieren garantizar un nuevo negociado, que perjudicará por igual a trabajadores y vecinos, es decir al pueblo trabajador. Sobre la más amplia unidad de los trabajadores, nos esforzaremos para convocar una Asamblea Popular que ponga a la orden del día las necesidades de los trabajadores y no el negociado de los capitalistas y sus gobiernos. Vamos contra la privatización de Tamse, para que no haya ningún despido, por un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, por un boleto congelado a $4,10 y por un sistema que garantice un transporte de calidad para todos los vecinos.

Convocada por Tribuna de Salud, y con la presencia de más de 60 trabajadores de salud de hospitales porteños y el conurbano, se concretó el viernes 3 una asamblea con Jorge Altamira. Después de un debate con gran participación de los presentes, donde se presentaron denuncias y se expusieron avances en la organización de los trabajadores, se arribó a una conclusión fundamental: la cuestión de la salud resume una gama inmensa de contradicciones sociales y políticas, como lo prueba el hecho de que muchas enfermedades están asociadas a la miseria social, a la contaminación ambiental (cuenca Matanza-Riachuelo, crecimiento del cáncer en pueblos mineros), a las crisis urbanas (¡inundaciones!) o a las malas condiciones de trabajo en las fábricas y en las fincas. Enfermedades que han sido superadas desde el punto de vista científico siguen produciendo muertes como consecuencia del retroceso en las condiciones de vida de muchos sectores populares. La cuestión de la salud, por lo tanto, debe combinar un programa que abarque las cuestiones que le son propias con medidas de transformación social general que terminen con la superexplotación, la miseria y la destrucción del medio ambiente. Tomada con esta amplitud, se enfatizó sobre el desafío que tienen los luchadores del PO y del Frente de Izquierda que actúan en el terreno de la salud. Junto a la pelea por las reivindicaciones de sus compañeros en materia salarial y laboral, se trata de ofrecer un programa de conjunto que convoque a sectores sociales populares para una acción política unificada. En esa dirección surgió una iniciativa aún no explorada: fomentar la organización de los pacientes en los hospitales públicos, quienes muchas veces se enfrentan físicamente con médicos y trabajadores de la salud, ya que los responsabilizan por el vaciamiento del hospital público. Una organización de los pacientes serviría para que ellos verifiquen por sus propios medios que la mala atención no es responsabilidad de los trabajadores, y sobre esa base plantear luchas comunes. El debate abarcó también el plan del gobierno de quedarse con las obras sociales, lo que se expresa en la apropiación de 15 mil millones de pesos que le pertenecen a éstas. También se discutió sobre la transferencia de recursos del hospital público a la medicina privada, la tercerización de servicios y la privatización de la facturación en los hospitales. No se eludió un tema de importancia: que bajo la actual política capitalista, sectores médicos actúan como corporaciones, aprovechando sus conocimientos y recursos. Ante ello, se insistió en el planteo de la elección de los directores de los hospitales y el control de los trabajadores sobre el presupuesto y el funcionamiento de los institutos de salud pública. Los compañeros presentes denunciaron la complicidad de los gremios (ATE/CTA, UPCN, Sutecba y AMM con los gobiernos de Nación, provincia y ciudad de Buenos Aires. Se denunció que la ofensiva contra el Borda responde al doble objetivo de vaciar la salud mental y utilizar las tierras del hospital para negocios vinculados a la especulación inmobiliaria. La lucha reivindicativa en los hospitales de la provincia ha permitido que destacados compañeros integren por la oposición la conducción de Cicop. El encuentro saludó la oficialización de la lista antiburocrática Frente de Recuperación Gremial (FRG), que disputará la conducción del gremio médico en la Capital el 6 de junio, así como la presentación de listas locales antiburocráticas en doce hospitales porteños. Una de estas listas, la “Delfina Marull”, acaba de recuperar la gremial medica de la maternidad Sardá ante la imposibilidad del oficialismo de la AMM de conformar lista propia en ese hospital, por el masivo rechazo de los médicos. Finalmente, se informó de la presentación de la lista Graduados de Izquierda para las elecciones de claustro en la facultad de Medicina los días 7, 8 y 9 de mayo. El éxito en la concurrencia a la asamblea fue el resultado de un desarrollo concreto, a partir de una lucha política como partido contra representantes del gobierno, la oposición patronal y sus expresiones en las corporaciones médicas privatizadoras. El muy numeroso grupo de jóvenes profesionales, surgidos en la camada que recuperó los centros de estudiantes de las facultades médicas de la UBA, fueron una expresión de ello. La asamblea aprobó dos resoluciones importantes: sacar una declaración para dar a conocer sus conclusiones a todos los sectores de la salud y elaborar un programa para realizar un foro en defensa de la salud pública, como parte de un programa más general de reorganización social en función del interés de los trabajadores.

El 9 de mayo, la AGD -junto con tres asociaciones de base de la Conadu Histórica- convoca a una jornada de protesta nacional con caravana y carpa frente al Ministerio de Educación. La AGD-UBA -como parte de un frente nacional de la izquierda, el cual está integrado por los congresales que rechazamos el acta junto a la dirección de las asociaciones de base de Comahue, San Juan y Cuyo- ha dado un paso adelante. En conjunto, hemos convocado a esta jornada nacional de protesta, que saque la universidad a la calle y diga: no a la paritaria de 16 meses, no al incremento del 22 por ciento en cuotas para 2013, no a las cesantías en la UBA y en La Rioja, no al trabajo gratuito de decenas de miles de ad honorem, no al impuesto a las ganancias, no al tope a las asignaciones familiares, no al robo de la Caja Complementaria conducida por el Ministerio de Educación y las burocracias adictas, basta de precariedad e inestabilidad laboral (la cual se expresa en más de 70 mil docentes interinos) y no a la corrupta cuota de solidaridad con la que compraron las firmas del acta. Esta jornada nacional de protesta se levanta ante la “paz social” que han establecido -de hecho y de derecho- las burocracias serviles de Fedun, Ctera, UDA, Fagdut y Conadu. También ante la inocua semana de difusión propuesta al Congreso por la mayoría de la dirección de la Conadu Histórica, tras haber convalidado la “legalidad y vigencia” del acta repudiada por todas las asambleas de la propia Federación. El jueves 9 no sólo se expresará el repudio de los docentes a la paritaria de 16 meses. También será el primer paso para la organización de un gran movimiento nacional de todos los que reclamamos la reapertura de la paritaria, que la duración del acuerdo sea de doce meses y que se actualicen periódicamente los salarios. Al igual que en gráficos y periodistas, la izquierda toma la iniciativa en sus manos para enfrentar la desorganización económica y la política de ajuste del gobierno, así como el repudio a la entrega de las burocracias sindicales.

El pasado lunes 22, Eduardo Salas, candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda en Córdoba, participó de una reunión del cuerpo de delegados del sindicato de trabajadores municipales de la ciudad. Salas fue invitado a explicar el proyecto que va a presentar en la legislatura provincial con el objetivo de prohibir toda forma de precarización laboral (contratos, tercerizaciones, monotributos, etc.) en el ámbito del estado provincial, los municipios y las empresas del Estado. Los trabajadores municipales vienen desarrollando una ardua lucha contra la precarización, sobre todo en el área de salud. La política de tomar monotributistas (a los cuales se les paga con 8 meses de atraso) ha llevado a un derrumbe sin precedentes de los hospitales municipales y a la paralización entera de servicio. En otras áreas, como la de obra,s los trabajadores denuncian tercerizaciones que los dejan sin trabajo. El proyecto expresa estos problemas y tiene como objetivo al conjunto de los trabajadores, tanto del estado provincial como de los municipios, en una lucha común para terminar con la precarización laboral.Los delegados y la comisión directiva comprometieron aportes al proyecto, así como se planificaron reuniones en diversas dependencias. El juicio por Mariano Salas informó además sobre las conclusiones del Partido Obrero sobre la sentencia contra Pedraza y demás imputados en el juicio por el asesinato de Mariano, producida unos días antes. (Al inicio del juicio Salas había concurrido a una reunión similar para dar cuenta de la acción del PO frente al juicio). El secretario general del gremio, Daniele, tomó la palabra para solicitar un fuerte aplauso para el Partido Obrero por ser el responsable de haber llevado la lucha contra los asesinos de Mariano a un hecho histórico en nuestro país como es la cárcel a Pedraza, además de sumar su apoyo al reclamo de perpetua.

El 3 de mayo se realizó en el Congreso un "Encuentro Nacional contra la Violencia Institucional", impulsado por el diputado kirchnerista Leonardo Grosso, que se constituyó en un verdadero monumento a la hipocresía. Participaron funcionarios, jueces, legisladores y familiares de víctimas. Al final, se emitió un documento de ‘conclusiones’. "El desafío de una democracia sin violencia institucional necesita de los familiares y las organizaciones que creen que una Justicia democrática es posible, para fortalecer un Estado que castiga a los responsables de violar los derechos de aquéllos a quienes deben cuidar", leyó Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo, a modo de cierre. De esta manera, resulta que el Estado convoca a los agraviados a solidarizarse con las políticas de los que sostienen y amparan la ‘violencia institucional’, así como también con una ‘democratización de la Justicia’ que constituye un ataque en regla contra los trabajadores, los jubilados y el derecho a huelga. Sin tapujos, el documento final se refiere a "las dificultades que la democracia todavía tiene para entrar de lleno y apropiarse de las instituciones de seguridad y de justicia". ¿Estamos ante una confesión del fracaso de la ‘doctrina de seguridad democrática’ impulsada por Nilda Garré y Horacio Verbitsky? La ‘profesionalización’ de las fuerzas de seguridad que postulan está dirigida contra las luchas y movilizaciones populares, como lo revelan la existencia del Proyecto X y la sanción de las leyes antiterroristas. No se había terminado de secar la tinta del documento final cuando salía a la luz la infiltración de la Policía Federal sobre la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh (ver nota), confirmando que el espionaje sobre los movimientos populares constituye una política de Estado. Los lavadores de dinero y los vaciadores ferroviarios, en cambio, pueden dormir tranquilos y continuar operando bajo su amparo. Con Ruckauf, Arslanián y Garré, la descomposición del aparato represivo del Estado creció hasta su fusión definitiva con toda la actividad delictiva que se desarrolla en el país. Los 5.000 luchadores judicializados, los más de 2.200 casos de ‘gatillo fácil’ registrados en la ‘década ganada’ de los K, las 20 muertes en protestas sociales ocurridas desde 2010 a esta parte, el encubrimiento oficial sobre los jefes policiales cómplices de la patota que asesinó a Mariano Ferreyra, el sistemático genocidio de los Qom en territorios gobernados por aliados del gobierno nacional, la militarización de las huelgas que plantea la reforma judicial del kirchnerismo, la completa ausencia de Julio López en el ‘relato oficial’ y la alianza con el buchón de los genocidas, Gerardo Martínez, entre otros, desmienten la impostura de los funcionarios y alcahuetes oficiales y recalcan sus responsabilidades. El ‘encuentro’ estuvo encuadrado por la ofensiva oficial sobre el Poder Judicial, pero también abundó la demagogia K por la represión de la Metropolitana en el Borda. "Macri creó esa fuerza, porque quería espiar y reprimir a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires cuando algo no le gusta", declaró Amado Boudou (Página/12, 4/5). Lo que debería explicar Boudou entonces es por qué el kirchnerismo votó en la legislatura porteña a favor de su creación -pero eso es pedirle peras al olmo. Lo que necesitamos es desarrollar una movilización independiente del Estado y de todos los gobiernos por el castigo a los culpables de todos los crímenes contra el pueblo y la disolución del aparato represivo, heredero estructural de la dictadura genocida.

Recientemente, la Justicia laboral resolvió, mediante una sentencia definitiva, la reincorporación a mi puesto de trabajo. Siendo actualmente congresal del sindicato gráfico por la Lista Naranja, fui despedido en agosto de 2011, luego de postularme como candidato a delegado. El viernes 3 de mayo, un oficial de justicia se hizo presente en la puerta de la fábrica para hacer cumplir la orden judicial. Una vez más, fue desoída por la patronal, en abierta rebelión contra la Justicia. Realizamos un acto en la puerta del diario, con el apoyo de varios cuerpos de delegados gráficos, entre ellos AGR Clarín, Morvillo, Interpack e Ipesa. Se hicieron presentes delegados de prensa del diario Crónica y del diario BAE, que pertenecen al mismo grupo económico de Crónica, junto con varios trabajadores de dichos medios, compañeros de la Federación Universitaria de Buenos Aires (Fuba) y del Partido Obrero, además de trabajadores de distintos gremios. Se planteó denunciar a Olmos ante los organismos que distribuyen la pauta oficial para exigir que dejen de subsidiarlo. Como premio por su obsecuencia con el gobierno nacional, en 2012 recibió 60 millones de pesos en ese concepto. Mientras tanto, la empresa mantiene mi despido e impide la elección de delegados, avanzando sistemáticamente contra el convenio gráfico y los puestos de trabajo. Seguiremos llevando adelante esta lucha hasta que el reingreso sea un hecho. Y luego, luchando para que el taller se organice con un cuerpo de delegados que represente los intereses de los compañeros de Diario Crónica.

En noviembre pasado, la Legislatura porteña sancionó la ley que crea el Distrito de las Artes en el barrio de La Boca y una parte de San Telmo y Barracas, en terrenos pertenecientes a las comunas 3 y 4 de la ciudad. La ley define como beneficiarios a "desarrolladores de infraestructura artística", centros privados de educación y artistas consagrados. Por otra parte, beneficia con exenciones impositivas extraordinarias a los "desarrolladores" radicados en la zona: sus ganancias no pagarán Ingresos Brutos por diez años y además podrán descontar del mismo impuesto hasta el 35% de lo que inviertan. Como si esto fuera poco, se los exime del pago de alumbrado, barrido y limpieza por diez años. Habría que salir a difundirlo entre los inundados de la Ciudad, para ver qué opinan. Las consecuencias directas de esta ley serán el aumento de las propiedades y alquileres, tornándolos inaccesibles para quienes los habitan y provocando su expulsión del "distrito". Ni hablar de los artistas, que tendrán que competir con las empresas culturales que se afinquen allí. El esperpento contó con el voto positivo del bloque macrista, que fue su promotor, y del kirchnerismo. Susana Rinaldi votó en contra del adefesio. Esta ley tiene como antecedente la Ley de Autarquía del Teatro Colón y la ley 3.368, de fines de 2009, que habilita al alquiler de teatros, salas y centros culturales de la Ciudad para actividades privadas. También tuvo el voto favorable del PRO y los K. La privatización completa de los recursos culturales de la Ciudad forma parte del pacto legislativo que envuelve a las tierras públicas y al propio presupuesto de la Ciudad.

Una delegación de compañeros del Partido Obrero de Formosa visitó a Félix Díaz en el Hospital Juan Domingo Perón, donde se encuentra internado su hijo Abelardo, luego de que le fuera propinada una feroz golpiza en la Comunidad La Primavera. La delegación del Partido Obrero, encabezada por el dirigente Fabián Servín, le llevó su solidaridad a Díaz y lo respaldó frente a los ataques del gobierno provincial. Al salir de la reunión, Fabián Servín sostuvo: "Estos hechos tienen que ser investigados y los responsables tienen que ser enjuiciados, porque se enmarcan en toda una serie de ataques contra Félix Díaz por parte del gobierno de Insfrán. La Justicia lo acusó como supuesto usurpador por las tierras que ocupa la comunidad. Han aparecido pintadas que lo amenazan en la capital, pero lo peor es que los punteros del gobierno están actuando contra Díaz en la propia comunidad, buscando dividirla para quebrar y someter los reclamos de La Primavera, los que son defendidos por el líder Qom". Servín agregó: "No es la primera vez que vemos que los gobiernos actúan contra referentes de las comunidades campesinas e indígenas por medio de patotas. Ya se cobraron la vida de Miguel Galván y Cristian Ferreira en Santiago del Estero, se debe investigar la muerte de Mártirez López en Chaco y la propia comunidad La Primavera ha sufrido ataques similares. En este caso, fue notoria la zona liberada por la policía con la que contaron los agresores". Servín concluyó: "El régimen de Insfrán pretende instalar una verdadera dictadura en la provincia. Pero actúa con la venia del gobierno nacional. El kirchnerismo viene de darle un respaldo explícito a Insfrán al votar en el Senado un repudio a la nota de Página/12 que criticaba al gobierno provincial. El Partido Obrero se pone a disposición de Díaz y se movilizará para que cesen los ataques contra el pueblo Qom.

La Comisión Directiva del sindicato del subte firmó un acta de convenio con Metrovías, y ante la Subsecretaría de Trabajo de la Ciudad, que establece un aumento salarial de 23 por ciento, con vencimiento al 28 de febrero de 2014. Lo hizo poco después de que la UTA hubiera cerrado el mismo acuerdo. El acta agrega otras reivindicaciones, como la ampliación de cupos en la bolsa de trabajo para familiares de trabajadores y ciertas licencias. ¿Qué evaluación hacemos de este acuerdo? En primer lugar, el aumento salarial es a la baja, teniendo en cuenta que la inflación estimada para el período fue de un 30 por ciento y que venimos de una corrección del período anterior que también fue a la baja. Luego, recordar que el mandato de las asambleas de línea fue del 30 por ciento. La directiva lo rebajó al 28 por las suyas y terminó firmando por el 23. Esta reducción del salario se verá con crudeza después de agosto, cuando se terminen de cobrar los retroactivos. Pero lo más importante es el método empleado: una vez más se fue a la rastra de la burocracia de la UTA, siendo que éste es el gremio minoritario, exclusivamente por favor y gracia del gobierno K que se niega a reconocer a la AGTSyP. La actitud vergonzante de los signatarios queda revelada por su firma “ad referéndum” de una consulta a las bases, que no sería criticable si se convocara a asambleas por línea y una asamblea general, las cuales nunca se realizan. En el viejo cuerpo de delegados, el que hizo historia, las medidas no se levantaban hasta que la totalidad de las líneas no hubieran aprobado las actas propuestas, y menos cuando firmaba Palacios. Esta firma deja al subte por detrás de otras expresiones del movimiento obrero en estas paritarias, como los periodistas, Fate, azucareros de Salta y Jujuy, decenas de gráficas o las fábricas de la alimentación, que reclaman 35 por ciento o más. Pero hay algo más: en el cuadro de los ataques macristas al salario y las condiciones de trabajo, la movilización del sindicato alrededor de todo un programa para el debate paritario -flexibilización, tercerizaciones, seguridad- hubiera modificado la relación de fuerzas y abierto el camino para la conquista de la personería de la AGTSyP y la expulsión de la UTA. ¿Para qué se pidió que Macri se haga cargo? ¿Para comernos ahora sus topes salariales sin lucha? Antes, porque aceptábamos los topes “nacionales y populares” de Tomada, el socio de Pedraza que jamás nos dio la personería, por la dependencia de los subsidios, etc. ¿Y ahora? Este balance debe formar parte de asambleas de sector autoconvocadas por los delegados de las líneas. Sus conclusiones serán parte de la discusión y votación de los nuevos delegados que próximamente se elegirán en todas las líneas.

Más de 43 mil docentes afiliados de Amsafe irán a las urnas el próximo 12 de junio para elegir a la conducción provincial del gremio y de las 19 delegaciones departamentales. A nivel provincial se presentaron dos listas; Trabajadores de la Educación, que responden a la Celeste de Yasky y el Frente Gremial 4 de Abril, que será encabezado por Daniela Vergara (Margen Izquierdo) ,actual directiva de Amsafe Rosario, y lleva como adjunta a Rita Tisera (Tribuna Docente) de Amsafe San Lorenzo. El Frente gremial sacó el 40% de los votos en las anteriores elecciones provinciales , ganando 5 de las 19 delegaciones incluyendo Rosario, la principal seccional de la provincia y la segunda en importancia de Ctera. La elección provincial es de carácter estratégico para el futuro de Ctera. El 40% de la docencia santafesina rechazó el acuerdo que hizo la directiva Celeste en complicidad con el Binnerismo. La Celeste logró que se aceptara un aumento desdoblado en tres cuotas del 24%, para todo el 2013 que no ha dejado conformes a los docentes. Si el frente de la oposición se impone en las elecciones, la Celeste de Yasky habrá perdido otra provincia clave como ya ocurrió con el triunfo del Fura en Neuquén. Las elecciones en Rosario Las elecciones de Rosario son escenario de una intensa lucha política. Se presentan tres listas: 1) La del Frente Gremial 4 de Abril, encabezado por Gustavo Teres y que lleva como secretaria adjunta a María Elena Molina (Tribuna Docente) 2) La Celeste que lleva como candidatos principales a Paulo Juncos y Cristina Castañeiras. 3) La tercera lista es "Nuestra Amsafé "que encabeza Daniel Couselo, actual secretario general la seccional, y de adjunto va Diego Mattos, ambos cooptados por el kirchnerismo. La estrategia de la Celeste, perdedora en Rosario en varias elecciones consecutivas, es que el grupo de Cousello actúe como un caballo de Troya dentro de la Amsafe recuperada, dividiendo y tratando de debilitar al Frente Gremial. Un gran plenario de delegados y activistas de 150 compañeros ratificó la lucha por mantener Amsafe recuperada y eligió los tres primeros cargos por votación interna. El plenario proclamó a María Elena Molina como Secretaria adjunta del Frente, en reconocimiento a la dura lucha librada contra los elementos cooptados de la directiva y a su desarrollo político y militante. Tribuna Docente obtuvo ocho secretarías en la lista. Encabeza además la única lista de oposición en Amsafe San Lorenzo, también el Frente Gremial en Santa Fe capital y tiene representaciones en las listas de varios distritos del interior. El compromiso de Tribuna Docente En Santa Fe, se aplican todas las políticas de ajuste, que impone el gobierno nacional, como el impuesto al salario y los topes salariales por debajo de la inflación. Tribuna hace 9 años que defiende AMSAFE recuperada en Rosario, y nos hemos dado una política en toda la provincia para superar a la dirección yaskista de la Celeste y defender un programa: salario igual a la canasta familiar, por una jubilación con 25 años de servicio, el 82% móvil para nuestros jubilados, y para que todos los chicos puedan estar en las escuelas. La campaña política del PO en el Frente de Izquierda contribuyó a este desarrollo, llegando a miles y miles de santafesinos con la crítica obrera y socialista al binnerismo y al kirchnerismo. Tribuna Docente ha dado un gran paso adelante en el gremio. Nuestro compromiso es desarrollar una gran campaña del Frente Gremial 4 de Abril en toda la provincia y defender en los próximos tres años el funcionamiento de todos los cuerpos de delegados, la democracia sindical y una política de movilización, de independencia del gobierno nacional y del FAP, para sacar a la Celeste de la AMSAFE, recuperar el gremio para el clasismo e imponer un programa en defensa de la escuela pública.

La infiltración y el espionaje a organizaciones políticas o populares no es privativa de la Gendarmería y su Proyecto X. En más de una oportunidad, constatamos que agentes de la Federal se hacían pasar por periodistas en determinadas movilizaciones, para conseguir "reportajes" que luego eran usados judicialmente contra los entrevistados. Este fue el caso del juicio contra Luis Antón. Justamente, la Justicia consideró nula la ‘prueba’ arrancada por esos métodos, lo que llevó a su absolución en 2007. Lo que se ignoraba es que hubiera infiltrados permanentes en medios de comunicación independientes. La infiltración del oficial Américo Alejandro Balbuena en la Agencia Walsh, durante los diez años de gobierno kirchnerista, deja al desnudo que el espionaje constituye una política de Estado. Balbuena, oficial de inteligencia de la Policía Federal, ingresó en la agencia en 2002 -bajo el gobierno de Duhalde- y se mantuvo espiando a sus integrantes hasta hace pocos días. Fue responsable de la agenda de actividades políticas, lo que le permitió trazarse un ‘cuadro de situación’ del movimiento popular. De ese modo, desde la agencia pudo tener acceso a decenas de organizaciones populares. Balbuena era una presencia infaltable en todas las actividades de las organizaciones de izquierda, antiburocráticas, estudiantiles o piqueteras. El Ministerio de Seguridad informó que "pasó a disponibilidad" al infiltrado de la policía en la agencia Walsh y que le abrió "sumario administrativo". Ello, como si fuera posible que la acción de Balbuena hubiera sido una iniciativa individual y aislada. Deschavado por sus víctimas, Balbuena es destituido por quienes lo mandaron a espiar. El gobierno de los "derechos humanos" ha hecho de la infiltración y el espionaje un método permanente. Reclamamos la inmediata apertura de todos los archivos de inteligencia de la Side, la Federal y todos los organismos estatales.

Formalmente, ha finalizado el conflicto de los choferes de larga distancia. La UTA ha levantado el paro sin que las cámaras empresarias den garantías del pago del 23 por ciento reclamado por el gremio. Las patronales, sin embargo, siguen condicionándolo a un aumento de tarifas o mayores subsidios. El actual conflicto de larga distancia de la UTA se enlaza con la crisis de conjunto de la política oficial. Al paro obrero por un modesto aumento del 23 por ciento, que las patronales se niegan a pagar, se suma un lock-out patronal por subsidios del Estado, para solventar el aumento. La huelga de los trabajadores de larga distancia tiene antecedentes, puesto que se trata de una combativa rama de la UTA. Pero, además, el proceso entronca con las luchas de la 60, de Ecotrans y de diversas líneas que se han pronunciado por 10 mil pesos de mínimo. Las patronales quieren colar sus reclamos en el conflicto. Durante casi una década, las compañías se abastecieron de un gasoil diferencial equivalente al 25 por ciento del precio en las estaciones de servicio. Ahora pagan el combustible a los valores cada vez más altos del mercado. Además, los colectivos han perdido las bonificaciones que percibían en los peajes. Las patronales aducen que venden menos boletos que hace dos años, a cuenta de los aviones subsidiados de Aerolíneas Argentinas y de un menor desplazamiento de personas, en el marco del parate económico. Las cuentas de los trabajadores están a la vista, ya que el básico de la UTA dista de la canasta familiar. Las patronales, en cambio, nunca abrieron sus costos y cuentas a la consideración popular. Pero han embolsado beneficios cuantiosos en esta década. La UTA reclama el 23 por ciento ya firmado por las cámaras de corta distancia. Las patronales de larga distancia condicionan el pago a que se rediscuta peajes bonificados, subsidios al gasoil y están en pie “de lucha”. El mismo secretario general de la UTA, Roberto Fernández, ha salido a declarar que le da vergüenza su propio gobierno. El burócrata actúa condicionado por los reclamos por abajo, que impidieron que firme en cuotas y por más de un año. Como se aprecia, la huelga forma parte de la desorganización económica del gobierno y es parte de una crisis en desarrollo del gobierno con la CGT-Balcarce. Garantizar el pago del 23 por ciento, sin condicionamientos a ninguna prebenda a las patronales, es la consigna para los choferes de larga distancia. Desde luego, esta enorme crisis “sistémica” del transporte ha desplazado el hecho de que el 23 por ciento es un monto muy por debajo de la inflación. Que no sea el salario de los choferes la variable de ajuste. Ningún tarifazo. Actualización según la evolución del costo de vida.

Argentina es noticia hoy por un número considerable de desarrollos desestabilizantes. A medida que se suman, van configurando una crisis política de características excepcionales. Por un lado, los actos de corrupción de empresarios vinculados al gobierno nacional han alcanzado una dimensión novedosa con la aparición de personajes dispuestos a aportar testimonios sobre las tramoyas cometidas. Esto ocurre cuando el oficialismo ha dejado en el camino a una larga lista de funcionarios, camaradas de ruta y grupos económicos que habían acompañado su gestión a partir de 2003. La corruptelas que se ventilan son la consecuencia de esta sangría en cámara lenta y, al mismo tiempo, su causa. El régimen de poder matrimonial ha dejado al desnudo diferencias y divergencias en los métodos de gobierno. Los escándalos no pueden ser confinados al área de asuntos mundanos, sino que son expresión de una crisis política. De naturaleza diferente -pero ligada por un cordón umbilical- es, por otro lado, la crisis desatada con el Poder Judicial a partir de una propuesta de “democratización de la Justicia”. Nadie pone en duda que se trata de un intento de controlar a quienes deberían determinar el destino de los comprometidos en los actos de corrupción. Todo indica que Argentina marcha hacia un enfrentamiento de poderes, sea por la eventual declaración de inconstitucionalidad de diversas piezas de la reforma judicial, como por la posibilidad (menos probable) de un desacato del Ejecutivo a las determinaciones de los jueces. En tercer lugar, aparece la crisis financiera potenciada por una corrida cambiaria, la que ha provocado una brecha del ciento por ciento entre la cotización oficial y no oficial del peso. Montado en este descalabro, algunos grupos capitalistas han decidido postergar o cancelar sus inversiones -como la minera brasileña Vale do Rio Doce; la australiana-canadiense Barrick Gold, en relación a la explotación de la mina de oro de Pascua Lama; la sojera El Talar, que ha trasladado su matriz a San Paulo; e incluso Chevron, cortejada por el kirchnerismo para explotar la cuenca de gas y petróleo no convencional en Neuquén. Estos acontecimientos han acentuado los roces políticos de Argentina con Brasil y hasta con Uruguay. El nunca peor llamado proyecto ‘nacional y popular’ opera con los instrumentos manuales y en contacto de emergencia con las torres de control. “Quién ha visto un dólar” El oficialismo de Argentina exhibe una indiferencia fingida por la corrida cambiaria, a la que caracteriza como “marginal”. Sin embargo, es exactamente lo contrario, porque campea a sus anchas no en las casas de cambio de Colonia o Montevideo, sino en el Mercado de Valores y en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde se transan la deuda pública y las acciones corporativas. Cada suba de las cotizaciones de estos valores en moneda nacional establece la tasa de cambio decreciente del peso de Argentina, cuando se las confronta con las cotizaciones en divisas de esos títulos en el mercado internacional -Londres y Nueva York. El valor del peso argentino en el mercado de capitales es de diez centavos de dólar. Dados los vasos comunicantes que caracterizan a la economía de mercado, la desvalorización del peso en el mercado de capitales se derrama por el conjunto de la economía. El mercado inmobiliario se encuentra parado, los precios al consumo suben a pesar de los congelamientos establecidos, los capitalistas extranjeros frenan inversiones o desvían ganancias hacia la calesita financiera, los sojeros retienen las cosechas en silos-bolsa, la deuda pública va pasando progresivamente a manos de acreedores que operan desde el exterior. Las razones objetivas de la corrida cambiaria son dos. Por un lado, un desajuste manifiesto entre la inflación interna, del orden del 30% anual, y la del exterior, que se mueve en un arco del 0 al 7%. El costo de las exportaciones de Argentina se ha encarecido y el precio de las importaciones, abaratado. A esta causa general se añade otra más específica: el Banco Central de Argentina no puede comprometer sus reservas internacionales en la tarea de contener la desvalorización del peso sin el riesgo de vaciar las arcas y producir un derrumbe de la moneda. Pero un motor listo para operar sólo puede hacerlo con la ayuda del combustible. La nafta para el fuego la aporta una tasa de interés negativa y una fuerte emisión de moneda, tanto para hacer frente al déficit fiscal como al pago de la deuda externa. De esta manera, los que especulan contra el peso hacen tomas de ganancias fabulosas entre la cotización que sube y el costo reducido del dinero ajeno con el que operan. Debido a esta bicicleta financiera, ganan tanto los que compran como los que venden, en perjuicio de quienes ofrecen el dinero para especular, que -en definitiva- es el Banco Central de Argentina, financista del sistema bancario. Por sorprendente que pueda parecer, el pirómano del relato es el mismo gobierno nacional y popular, que se jacta de haber ‘recuperado la soberanía monetaria’ y producido una ‘reforma del mercado de capitales’ (aún en pañales) para hacerlo ‘transparente’. Por cierto, una suba extraordinaria de la tasa de interés oficial derribaría en el acto toda esta corrida cambiaria, pero sería al precio de una bancarrota de los capitales invertidos -que en buena parte son del oficialismo- y de una depresión industrial fulminante. Advertidos de esta disyuntiva catastrófica, algunos economistas neoliberales han sugerido que el Banco Central venda los títulos del Estado que tiene en su poder (tanto en dólares como en pesos) como contrapartida del financiamiento del Tesoro, para producir un recule moderado de la cotización de deuda y acciones en pesos (y, al mismo tiempo, compartir los beneficios que ha dejado la corrida). Esta alternativa, sin embargo, convertiría a la deuda inter-estatal (Tesoro vs. Banco Central) en una deuda pública con el capital privado. Sería la lápida sobre la tumba oficial, porque habría perdido la autonomía de acción monetaria que se había jactado de obtener con la intención de ‘recuperar soberanía’ y mejorar el ‘consumo del pueblo’. La salida que se ventila dentro del gobierno es ‘desdoblar’ el mercado de cambios, o sea legitimar ‘la brecha’ -lo cual serviría para evitar la quiebra de los especuladores, pero no resolvería los problemas del comercio exterior ni detendría por mucho tiempo el ataque a la moneda nacional. La llamada oposición acaba de oficializar la posición de devaluar lisa y llanamente el peso en un 40%; lo que en las actuales condiciones llevaría a una hiperinflación o rodrigazo. La oposición, sea de derecha o centroizquierda, es el ‘lobby’ devaluacionista de los grupos exportadores. Pretende que el gobierno se inmole políticamente, como ha ocurrido en parte en Venezuela, con el retroceso de la candidatura de Maduro. Excepcionalidad A este resultado se ha llegado luego de haber impulsado una reestructuración perversa de la deuda externa, cuyo punto de partida fue el reconocimiento de los niveles usurarios que había alcanzado antes de la quiebra de 2001 (y de la estatización de la deuda privada), la que fue acompañada con la entrega de un título usurario (el cupón del PBI), el cual significará -en su período de vigencia- una sangría de 40 mil millones de dólares adicionales. Incapaz de tomar una decisión de conjunto -¡y mucho menos repudiar la deuda externa usuraria!-, el kirchnerismo pretende sobrevivir hasta las elecciones de octubre con un régimen económico de caja, que consiste en reglamentar todas las operaciones económicas con vistas a asegurar el pago de la deuda externa del año corriente y 2014. Es lo que busca asegurar también en el plano político-judicial, mediante el blindaje del tesoro del Estado contra los recursos que se presenten contra medidas oficiales de distinto orden. Por eso pone freno a los reclamos de los jubilados y los trabajadores (el 35% no se encuentra registrado y carece de protección sanitaria y laboral), limita el derecho de huelga y, finalmente, se atribuye el monopolio de la designación de los jueces (para protegerse de las denuncias de corrupción). El estado económico de emergencia se complementa con la necesidad de un estado de excepción en lo político. En un cuadro de estas características, el Frente de Izquierda y de los Trabajadores realizó el acto más convocante el pasado 1º de Mayo, lo cual ha dejado planteada no solamente una alternativa socialista a la bancarrota en curso, sino la lucha por conquistar el pensamiento político de la clase obrera de Argentina. Para la izquierda, “la crisis la deben pagar los capitalistas”, lo que significa repudio a la deuda externa usurera, salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, jubilación del 82% del salario, reemplazo de los impuestos al consumo por impuestos progresivos al capital y a las grandes fortunas, así como la nacionalización de la banca y del comercio exterior bajo control de los trabajadores.

El 1º de Mayo, los trabajadores de la UTA entraban en su segundo día de paro contra la licitación del transporte urbano de pasajeros por parte del intendente Mestre. Cuarto paro en un mes en defensa de sus puestos de trabajo, las condiciones laborales y el propio servicio público. Ese día Moyano estuvo en Córdoba, pero ni pisó la UTA. Fue directo a la Casa de Gobierno, a un locro “popular” organizado por De la Sota. En él -junto a Lavagna, De Narváez, Claudia Rucci y Barrionuevo- dieron nacimiento a un frente del PJ anti-K. Moyano y De la Sota fueron los oradores de fondo y (tal vez por el día) repudiaron el impuesto al salario y la ley de las ART. Lavagna prefirió no hacer “grandes definiciones”, al igual que De Narváez, otro de los oradores. Con enormes afiches con su figura como telón de fondo, hizo una reivindicación del burócrata José Rucci. El carácter profundamente antiobrero de este “frente” no sólo está dado por el historial de todos los que ahí participaron. Se trata, además, de los partidarios (y ejecutores) de una megadevaluación y de aumentos de tarifas e impuestos; es decir, de un ajuste en regla para endosar la hipoteca capitalista a las masas trabajadoras. El objetivo de este frente anti-K, en palabras de los convocantes, es ganar la “batalla de 2013”, sintiéndose intérpretes del reclamo de Clarín de unir a la oposición (en este caso del PJ) y dar respuesta a los “reclamos a la oposición del 18-N”. Pero entre el deseo y la realidad hay un trecho. Barrionuevo, que firmó el documento, decidió no participar del acto por sus diferencias con Moyano. Macri, de quien dijeron que lo quieren sumar, cuestionó el acuerdo, poniendo en crisis la candidatura de Lavagna en Capital en un frente del peronismo disidente con el PRO. El acto sirvió para que el secretario general de la CGT delasotista, José Pihén, declarara la pronta unidad con la otra CGT (la “nacional y popular”). Está claro que cuando Moyano (y la burocracia anti-K) repudian al gobierno es para llevar a los trabajadores detrás de candidaturas de la derecha y la oposición patronal. Los K, otra crisis La contrapartida del locro delasotista fue otro locro de los (no muy) Unidos y (no tan) Organizados, en instalaciones de la ex Fábrica Militar de Aviones (Fadea). De allí, según se suponía, saldrían los candidatos a defender el impuesto al salario y la reforma judicia, para enfrentar al “neoliberalismo delasotista”. Carolina Scotto, hasta hace poco la rectora de la UNC, se “había hecho” los rulos para su proclamación a la cabeza de la lista K. Pero no hubo acuerdo en un documento y tampoco hubo oradores. La postulación de Scotto entró en un cono de sombras. Ante la imposibilidad de alinear a los divergentes del delasotismo detrás de la candidatura de la ex rectora, el kirchnerismo se ha lanzado a fogonear listas del PJ que le compliquen el panorama al oficialismo provincial. Un derrumbe político. El Frente de Izquierda El Frente de Izquierda realizó un importante acto, en el marco (y con las dificultades) del paro del transporte. Quien esto escribe, en representación del Partido Obrero, llamó a realizar una enérgica campaña política para ganar la conciencia de los trabajadores y producir así un giro hacia la izquierda que se manifieste en las próximas elecciones, y a poner en pie una alternativa de los trabajadores y la izquierda. El acto del Frente de Izquierda marchó hacia las puertas de la UTA a apoyar el reclamo y la lucha de los trabajadores que estaban reunidos frente al gremio, esperando las resoluciones del cuerpo de delegados.

Un comunicado de prensa de la comisión organizadora del Encuentro, informando de la postergación del mismo al mes de noviembre, da cuenta de los vínculos de su dirección con los sectores patronales y clericales. El Encuentro, que anualmente se realiza en octubre, coincide cada dos años con la fecha de las elecciones. Pero ello nunca fue motivo de postergaciones. Este año, el encuentro está previsto en San Juan, gobernada por el kirchnerismo a cuenta de los pulpos mineros, de quienes todos los dirigentes -del gobierno y de la oposición- son tributarios. Dando respuesta a un reclamo de la gobernación K, que le teme a la afluencia de mujeres que demandarán contra la minería contaminante en apoyo a los movimientos de lucha provinciales, y también a la demanda del clero local, la dirección del PCR volvió a traicionar al movimiento de mujeres. A sus espaldas, ofreció como prenda de negociación la postergación. No creemos para nada que dicha entrega haya sido gratuita, ni política ni materialmente, mucho menos luego de las graves denuncias que se realizaran sobre los vínculos con el pool de siembra El Tejar, con la Iglesia católica y, en consecuencia, la hostilidad hacia la lucha por el aborto legal. Desde el PO, venimos denunciando desde hace años a esta dirección burocrática que lleva al fracaso cualquier intento de organización independiente de las mujeres. Llamamos a todas las organizaciones a reunirnos y discutir un rumbo a seguir frente a este nuevo ataque al Encuentro Nacional de Mujeres.

El último domingo tuvo lugar en el Campus de Resistencia la segunda convocatoria para el 29° Congreso Ordinario de la Federación Universitaria del Nordeste (Fune). El 15 de diciembre pasado se había realizado el primer llamado, del cual la Franja huyó luego de no juntar los votos para poder reelegirse, dejando acéfala a la Federación. El Congreso actual se convocó, nuevamente, sin comisiones, debate ni plan de lucha, ni nada. La novedad, esta vez, fue el triunfo del bloque entre la Cepa y los K. El PCR triunfó apoyado por todos los grupos kirchneristas. Uno de sus referentes -Atanasoff- es el funcionario del gobierno de Capitanich, responsable del despido de los delegados del Frigorífico Toba. La Franja sufrió las consecuencias de un largo retroceso. En el último período han entrado en proceso de acreditación a la Coneau tres carreras en Humanidades, las condiciones de cursada son pésimas, en Odontología les cobran los materiales a los alumnos, el ajuste pega en la Universidad y la Federación es un gran cero a la izquierda. Si tenemos en cuenta que después de 38 años la Franja perdió la Federación, debiéramos estar hablando de un "día histórico", pero no es así. Con la "nueva dirección", la Cepa le ha entregado la copresidencia al kirchnerismo. La excusa de haber "firmado un programa" no puede esconder esta realidad. El apoyo de los K también tiene una lógica: desde sus centros, la Cepa no ha presentado ninguna iniciativa de lucha para que los estudiantes salgan a la calle a defender sus reclamos. La nueva dirección de la Fune, ¿saldrá a la calle a apoyar la gran huelga docente? ¿O se alineará con el gobierno que lleva más de 40 días de represión y sanciones? Desde la UJS, junto a la agrupación Cienfuegos, propusimos un debate hacia los compañeros y nos opusimos a la integración de un frente con el gobierno. Como parte de esa lucha, decidimos no entrar al Congreso e iniciar una campaña de agitación por todos los cursos, para que se discuta un plan de lucha que dinamice a la Federación y que pueda acompañar y ser protagonista de las grandes luchas. Llamamos a construir una alternativa para los estudiantes, que pueda plantearse los problemas en conjunto con la clase obrera. Sólo así la consigna "obreros y estudiantes, unidos y adelante" estará más vigente que nunca.

El 30 de abril hubo dos convocatorias políticas en la plaza Independencia. Una la realizó el Frente Alternativa Popular (FAP) que forman Pueblo Unido, MST, PCR y PC (regional Tucumán). El acto del FAP comenzó entonando el himno nacional. El orador de fondo fue Gumersindo Parajón, líder de Pueblo Unido, con un discurso llamando a unir a los obreros y a los intelectuales con los pequeños y medianos productores, y con el empresariado nacional. Apenas concluido ese acto, dio comienzo el del Partido Obrero, que convocó casi la misma cantidad de gente que el FAP. Entre los oradores se destacaron Martín Correa, Raquel Grassino (delegada docente en Atep) y Alberto Lebbos, quien en su intervención destacó la personalidad de Mariano Ferreyra, llamó a la concurrencia a comprometerse como lo hizo Mariano y concluyó con un “viva el Partido Obrero”. El cierre estuvo a cargo de Daniel Blanco, quien convocó a desarrollar una alternativa de izquierda en toda la provincia y reivindicó la campaña de asambleas abiertas que el PO ya ha puesto en marcha. El PTS, lamentablemente, se negó a organizar en común el acto. Prefirió hacer un locro el propio 1º en su local, renunciando de esta manera a ocupar el escenario de la plaza Independencia y a librar la lucha política contra el FAP, que emerge contra la izquierda y el Frente de Izquierda.

La Justicia falló contra la Iglesia católica en la denuncia de Gabriel Ferrini (25), por el abuso sexual que sufrió por parte de un cura del obispado de Quilmes en 2002. La Iglesia deberá pagar por los daños causados a Gabriel y su mamá, Beatriz Varela, por la suma de 150 mil pesos. Este fallo tiene, como el de Mariano, un carácter histórico. Por primera vez, la Iglesia deberá pagar por un caso de pedofilia. El cura Rubén Pardo, que abusó de Gabriel, murió en 2005 enfermo de Sida. Las denuncias que Beatriz (quien confiaba que la Iglesia podría ayudarla) hizo ante el obispado de Quilmes y luego en el arzobispado de Buenos Aires sólo resultaron en una sanción a Pardo. Le dijeron a la madre que tuviera misericordia, que los sacerdotes podían pasar por momentos de debilidad en el celibato. Pardo sería luego trasladado a otra diócesis por orden del arzobispado, a cargo en ese entonces de quien hoy es el Papa. Esta institución mafiosa y corporativa es la misma que se opone al aborto, montó la 'guerra de Dios' contra el matrimonio igualitario y frena la educación sexual en las escuelas. La lucha de Gabriel y Beatriz siguió por la vía judicial y, tras diez años de maniobras, apelaciones y defensas inescrupulosas ganaron esta batalla, que será la primera de muchas más que vendrán. La complicidad última de los pedófilos está en el Estado, que financia a la Iglesia y subsidia la educación religiosa. Como dijo un familiar de Gabriel, como dijimos el 19 de abril por Mariano Ferreyra, la lucha sigue.

El gobierno y La Cámpora van a fondo en la creación de su propia FUA. Recordemos que luego de retirarse del Congreso ordinario de junio, las agrupaciones kirchneristas montaron un encuentro en noviembre de 2012, al que llamaron Consejo Nacional de Centros (CNC) -una instancia prevista por el reglamento de la FUA original. Ahora, La Cámpora informa que "a mediados del año pasado, la FUA de los estudiantes votó el nuevo estatuto. Conforme a él, se han dado cita para fijar la fecha de elección de autoridades para el 29 de junio en la Universidad de Cuyo". La presencia de centros que informan los K es puro humo: con mucha suerte podrían reseñar la presencia de militantes, pero jamás de los gremios en cuestión, los que no dirigen. La falta de peso en el movimiento estudiantil tampoco fue combatida por La Cámpora y sus aliados, vale destacarlo, con una lucha política "por abajo". En otras palabras, las agrupaciones K no promovieron ningún tipo de deliberación o votación estudiantil para avalar su FUA. Se trata de un armado superestructural para crear una organización estudiantil estatal -una suerte de ministerio juvenil. La iniciativa coincide con el cuestionamiento creciente que recibe la política oficial, o sea que va a contramano de un pretendido ascenso. Una línea divisionista El kirchnerismo ya tiene historia en 'paralelizar' o armar sus propias federaciones. En Salta, por ejemplo, el MPE (un grupo que originalmente se reclamaba de "izquierda independiente") armó su propia federación. Algo similar sucede en Cuyo, donde dos sectores distintos del kirchnerismo proclaman dirigir su federación. La continuidad lógica de esta ruptura de la FUA por parte de los K es que tenga expresión a nivel de los centros de estudiantes. Una fractura espejada El método con el cual los K pretenden hacer su congreso es igual de maniatado que el de la FUA de la Franja Morada. Con tal de tener un sello, los pibes de Alfonsín han armado los congresos como se les cantó, separando cada vez más al movimiento estudiantil de su federación nacional. La propia Franja creó las condiciones para que el kirchnerismo pueda armar una FUA paralela, al manipular sus congresos y vaciarla para que sea un instrumento al servicio de una política patronal. Recordemos que la conducción de la Federación nacional se elige con un método amañado, donde pequeñas universidades tienen la misma representación que las más grandes -hoy dirigidas por la izquierda. Sigue siendo una tarea vigente la convocatoria de un consejo de centros real, donde se discuta un plan de lucha para enfrentar la sangría a la cual están sometiendo a la educación -tanto el gobierno como los opositores- y donde se discutan las modificaciones estatutarias que permitan elegir autoridades de la FUA sin manipulaciones. La Fuba También en la UBA los kirchneristas han boicoteado e intentado crear una federación paralela. Esa estrategia sufrió un duro revés en el reciente congreso, al que debieron ingresar. No se nos escapa, sin embargo, que el lugar conquistado por los K en la Fuba -Secretaría General- será utilizado para intentar legitimar a la FUA "blue". Vale destacar, también, que si obtuvieron ese lugar, es por la sobrerrepresentación que les permitió la ausencia de Franja Morada. Al aplicar la misma política que los K -el sabotaje-, ésta dejó servida la secretaría general a una lista minoritaria de trece delegados. Será una de las peleas políticas en la nueva etapa de la Fuba, que se inició positivamente con una declaración del congreso. Impulsada por la UJS, ésta rechaza el divisionismo oficial y defiende la unidad del movimiento estudiantil. A la vez, denuncia el vaciamiento por parte de la Franja a la FUA original. La votación reivindica, también, la pelea por recuperar la FUA para que sea motor de la lucha estudiantil junto a la clase obrera y al servicio de la transformación social.

El PO impulsó la realización de actos en apoyo a las luchas en curso, tanto en Caleta Olivia como en Río Gallegos. En Caleta concurrieron unos 250 compañeros, entre ellos el grueso de los cooperativistas del hospital regional, quienes reclaman por el aumento salarial de su trabajo precarizado; una delegación de los petroleros en lucha, representantes de la docencia y otros gremios. Los medios reflejaron la “encendida intervención del dirigente del PO Omar Latini” en este acto. En Río Gallegos, la iniciativa partió de la asamblea del gremio municipal en huelga, invitando a otros sectores en lucha. Inmediatamente se sumaron los autoconvocados de la administración pública, también de paro por aumento salarial. A último momento se incorporó una delegación de la Mesa de Unidad Sindical, con grupos de judiciales, viales y docentes. El acto se concretó al mediodía frente al Ministerio de Economía de la provincia, ocupado parcialmente en su interior por un piquete de los autoconvocados, que hace varios días mantienen cortado el tránsito en la principal arteria de la capital. La concurrencia sumó unos 200 compañeros, incluyendo a un grupo de trabajadoras precarizadas del Ministerio de Desarrollo Social y una nutrida columna del PO y la UJS. El acto fue abierto por Miguel Del Plá en representación de nuestro partido, quien, además de saludar la decisión de realizar este acto en apoyo a las huelgas, denunció “la impostura de Hugo Moyano, que estuvo en Río Gallegos el 30 de abril y se entrevistó apenas bajó del avión con el gobernador Peralta en su residencia oficial, y luego partió para realizar la inauguración de una clínica de su gremio, pero no tuvo un minuto para acercarse a las cubiertas ardiendo frente al Ministerio de Economía, a solidarizarse con los empleados públicos que le reclaman a Peralta un aumento salarial que lleve el mínimo a 7 mil pesos, en salarios que ese gobernador amigo de Moyano hace 24 meses tiene congelados”. Del Plá planteó la “necesidad de construir una alternativa política que tendrá que ser de izquierda, para dar una salida que asegure los reclamos de las luchas en curso” y terminó llamando a “la unidad para asegurar el triunfo de las huelgas estatales”. La compañera Gabriela Ance, en nombre de la UJS, reivindicó en su discurso la unidad obrero-estudiantil y destacó la presencia de jóvenes de colegios secundarios, institutos terciarios y de la universidad local. También se dirigieron al público Pedro Cormack, secretario general de Adosac; el presidente del Centro de Estudiantes de la UNPA, un dirigente del MST, Juan Manuel Valentín por Tribuna Docente y Ana María Espinoza, de autoconvocados, quien agradeció la solidaridad de los presentes y reclamó contra la falta de apoyo de los gremios estatales a su huelga. Ese conflicto ha debido sostenerse como autoconvocados, con el único aval de una de las fracciones de ATE. Cerró el acto el secretario del SOEM, Pedro Mansilla, quien exaltó la importancia de la huelga de un mes que en ese momento llegaba a su fin con un acuerdo salarial de más del 45% en dos tramos, que llevará a la categoría más baja de los municipales en agosto a un sueldo de 6 mil pesos. Hacia las 16 horas, en el colegio secundario N° 36, comenzaba el acto convocado por el Partido Obrero para plantear en profundidad en el día de lucha internacional de la clase obrera, la campaña política que se viene, así como la oportunidad que nos plantea el derrumbe político del kirchnerismo en la provincia. Entre los presentes, hubo representantes de los autoconvocados, de un asentamiento que lucha contra el desalojo, de los trabajadores precarizados de Desarrollo Social, docentes, jubilados y estudiantes. Se desarrolló allí extensamente el análisis de la crisis nacional y provincial, y luego se habilitó el uso de la palabra a los sectores en lucha que se encontraban presentes. La intensa jornada del 1° rindió sus frutos con una intensa agitación, la difusión por los medios de nuestro acto y la presencia de nuevos compañeros vinculados directamente con los procesos de lucha en que estamos interviniendo.

Una abogada de la Red contra la Violencia de Género, asesora legal de la AFSCA, denunció al programa "Poné a Francella", creado hace 12 años, porque "promueve el acoso y abuso sexual a menores". El sketch juega con la perversión de un mayor con una adolescente. La Red reclama la supresión de dicho ciclo de la programación actual de la grilla de Telefé. La denunciante es una asesora legal del antes Comfer y ahora Afsca durante todo el periodo kirchnerista. El cargo que detentó durante diez años es político y no de planta. Hermida Leyenda, la denunciante, quien integra la Red Contra la Violencia de Género, es también la defensora de un hombre condenado a 16 años de prisión por matar a su novia. Se trata de Daniel Bellini, dueño de Pinar de Rocha, legendario boliche de Ramos Mejía. Bellini fue conocido durante años por gestionar, de manera despótica, ese establecimiento con trabajo hiper-precarizado (quien escribe estas líneas fue trabajadora en negro del lugar, en el que el 80 por ciento de los trabajadores cobraban en negro). Allí se explotaba la prostitución ajena y se desarrollaba el narcotráfico, temas que habían suscitado viejas causas, todo bajo el amparo del ministerio de Trabajo de Tomada y el encubrimiento de los diferentes intendentes de La Matanza. El defendido por la doctora Hermida Leyenda había contratado, antes de 2001 y en varias oportunidades, a la protagonista de la tira "Poné a Francella", Julieta Prandi, para hacer presencia en el boliche de marras, las que lejos estaban de ofrecer una imagen diferente a la que comúnmente se ofrece en esta sociedad: mujeres ofrecidas como objetos. Cuesta mucho creer que esta vulgar campaña impulsada por una empleada kirchnerista (todo-terreno) contra la tira de Francella, luego de doce años de estrenada, no tenga nada que ver con las declaraciones del actor sobre cuestiones de "fanatismos" y "fundamentalismos" en el país, publicadas en el diario La Nación. El kirchnerismo es una agencia cada vez más torpe de procedimientos profundamente arbitrarios contra gente crítica, aún en términos muy livianos como los expresados por Francella, quien en estos últimos doce años creció en popularidad a partir de importantes intervenciones artísticas. No sólo en tiras como "Casados con hijos", sino en películas como "El secreto de sus ojos". Para hacer su campaña persecutoria, el kirchnerismo recurre a una falsa defensa de las mujeres y niñas. Ataca la descripción humorística de la perversión de un mayor hacia una adolescente, un producto bastante extendido dentro de esta sociedad y con un correlato trágico en la realidad. Cada uno debe juzgar la calidad de ese humor: si desnuda la afrenta o hace su apología, y tener la posibilidad de expresar la opinión crítica de modo abierto. Lo que importa es que el pueblo se exprese, no que ese derecho sea reservado a una puntera con antecedentes cuestionables. El gobierno, que manda la campaña, tiene en haber una negociación con la Iglesia católica, genocida y pedófila. Eva Giberti, también K, ha asegurado en declaraciones públicas que el gobierno no sabe cómo abordar el crecimiento de la violación intrafamiliar. El 10 de febrero cerraba una nota con perplejidad: "¿A quiénes tenemos que apelar (se interrogaba) para evitarles abusos y violaciones?". El humor convencional reproduce cánones sociales. Cotidianamente se naturaliza la explotación laboral, las vejaciones que vienen detrás de ellas (una de las más naturales, el abuso de parte de patrones precarizadores y gerentes contra las mujeres). Ninguna de las que vociferaron a favor de la presentación realizada por la defensora del asesino Bellini, ha dicho ni mu cuando la presidenta Cristina Kirchner se presenta aquí o en Angola de la mano de Jorge Castillo, un hombre que en su rubro no sólo regentea la trata de personas para el negocio de la indumentaria sino el abuso sexual contra mujeres, que trae aparejado el trabajo precario. La campaña es una cortina de humo para encubrir las responsabilidades del Estado, promotor de los estándares sociales que repudiamos, y los individuos o empresas, o artistas que hacen lo propio. La lucha contra el humor convencional, que convalida abusos y arbitrariedades, debe ser desarrollado con planteos y luchas anticapitalistas y socialistas, porque solamente cambiando las bases materiales de la sociedad actual se puede erradicar el espectáculo y el lenguaje que lo legitima. Sólo la organización independiente de las mujeres podrá poner en su lugar la agenda de un cambio social vinculado con la abolición de la explotación del hombre (y la mujer) por el hombre (y sus socias).

El 9 de mayo está prevista la primera reunión de Junta Ejecutiva tras la renovación de autoridades. Se pone en práctica, así uno de los planteos de la UJS: el compromiso de funcionamiento sistemático de las instancias orgánicas, para discutir y resolver las campañas y posicionamientos de la Fuba. No es la única novedad. Sucede que en esta nueva Junta participará el kirchnerismo (La Cámpora y aliados) con dos votos sobre dieciséis. Nuestro planteo El desafío principal que tienen la Fuba y el movimiento estudiantil es desarrollar una intensa lucha contra la política del gobierno K. Varias resoluciones del Congreso abierto apuntaron en esa dirección: por caso, una campaña nacional para enfrentar la política anti-educativa actual, o el rechazo a la reforma reaccionaria de la Justicia que impulsa el oficialismo y a la defensa de las grandes corporaciones que practica la oposición tradicional. Cabe destacar, sin embargo, que estas posiciones votadas por mayoría no encontraron en el mismo terreno a otros integrantes de la conducción. Como reseñamos en Prensa Obrera Nº 1.266, Marea Popular prefirió en muchas votaciones estratégicas "quedar pegada" a los K. En los días posteriores al Congreso, acentuó esta perspectiva, participando en un acto del 1º de Mayo organizado por el Movimiento Evita, donde habló la flamante copresidenta de la Fuba. La Cámpora y sus aliados intentarán explotar esta contradicción, buscando un aliado en la Ejecutiva para impulsar planteos favorables -o al menos condescendientes- con el gobierno. A la vez, los K tratarán de manipular el lugar obtenido -Secretaría General- para legitimar su FUA "paralela". Se presenta, por lo tanto, un escenario de fuerte pelea política por el rol que jugará la Fuba. Para la UJS, el desafío es que la Federación intervenga como referencia independiente de toda variante patronal en la crisis actual. La Fuba debe orientar al movimiento estudiantil a la lucha contra el principal agente del ajuste educativo, el gobierno de los K. No se trata, por lo tanto, de una disputa por "caracterizaciones", o peor aún, de "ajustes de cuentas". Por eso, le propondremos al frente de conducción de la Fuba la presentación de mociones comunes para impulsar esta lucha. Sin embargo, rechazamos los acuerdos que, con la excusa del "consenso", neutralicen a la Federación en sus posiciones. En la primera reunión, está planteada la instrumentación de las principales campañas que dejó el Congreso: marcha nacional contra el ajuste en la Educación, participación en el paro de la CTA y rechazo a la reforma judicial. A la vez, presentaremos una propuesta de declaración para que la Fuba denuncie la sangría económica en curso, rechazando las alternativas devaluacionistas y ajustadoras tanto del oficialismo como de la oposición, y proponiendo un programa de defensa de los intereses de trabajadores y estudiantes. Se abre una nueva etapa para la Fuba.

Un fin de semana con gran ritmo llevó a que más de 120 jóvenes se acerquen al local del PO de San Fernando. Los conjuntos Zona Roja, Miserere y Reyes de la Costa le dieron música y energía a la lucha cultural que se está llevando adelante en el distrito. Pasaron por el pintoresco local jóvenes de distintos centros culturales del distrito, La Casa, Casa Rebelde y de Villa del Carmen, todos comprometidos con la lucha contra el vaciamiento cultural del intendente Luis Andreotti (Fuerza Renovadora, respaldado por Sergio Massa). También concurrieron socios y directivos de la histórica biblioteca Madero, que sufrió un recorte de su presupuesto que pone en jaque su funcionamiento y que también es parte de esta lucha. El movimiento obrero no se quedó afuera de la fiesta: los ferroviarios colaboraron con las tareas y la música. Perfumistas y docentes también participaron La lucha en defensa de la cultura está en el orden del día. El ímpetu y las ganas de los que estamos dispuestos a ir a fondo con nuestros reclamos así lo demuestran. Las conclusiones que sacamos el sábado nos llevan a fortalecer el Frente de Artistas y darle una perspectiva de lucha a los reclamos culturales.

"La protesta de trabajadores y sectores sociales afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) ha logrado un inusitado crecimiento en su convocatoria, durante el segundo día de protesta contra el gobierno" -informaba El Diario del martes 7. El occidente de Bolivia estaba aislado del oriente por nueve cortes de ruta. Una movilización de la COB comenzaba a marchar desde La Ceja de El Alto hacia el centro de La Paz. A la tarde, los docentes paceños tenían prevista también una movilización. La mayoría de las organizaciones docentes, dominadas por direcciones afines al MAS, no habían adherido a la huelga, pero esto cambió a partir de los bloqueos. A esta altura, se han sumado a la huelga indefinida las departamentales docentes de Cochabamba y Santa Cruz -y puede hacerlo en las próximas horas, la de La Paz. Lo más relevante es la decisión de los mineros de Huanuni -la mayor mina estatal de Bolivia, con 5 mil trabajadores- de sumarse y participar de los bloqueos. Mineros, fabriles, docentes universitarios, trabajadores de la salud, departamentales de Cochabamba, Oruro y La Paz son, a esta altura, los protagonistas de la huelga general. Los petroleros -también dominados por el MAS o escindidos por la tercerización- son los grandes ausentes. La COB exige la modificación de la Ley de Pensiones y la revisión de la Ley General del Trabajo, en la que se plantea la defunción de la estabilidad laboral. No está presente el reclamo del salario mínimo, el trabajo en negro y el aumento de los básicos. A principios de abril, la dirección de la COB acordó con el gobierno un salario mínimo de 1.200 bolivianos (172 dólares) luego de reclamar 8 mil pesos (costo de canasta familiar) y un 8 por ciento de aumento en los básicos, irrelevante en un país donde más del 70 por ciento de los trabajadores se encuentra en negro. El gobierno denuncia que el reclamo de la COB pretende favorecer en particular a los trabajadores mineros, en desmedro de la mayoría de los jubilados. La Ley de Pensiones, pactada en 2010, estableció una "jubilación asistencial" a partir de un mínimo de 476 bolivianos mensuales (68 dólares) a condición de aportar durante diez años. Los asalariados deben hacer tres tipos de aportes: un 10 por ciento destinado a la cuenta individual, un 1 por ciento destinado al Fondo Solidario y a gastos de gestión, y un 1,71 por ciento por riesgos de trabajo: total 12,71 por ciento. Los patrones deben aportar solamente un 3 por cieno del total ganado por cada uno de sus empleados con destino al Fondo Solidario y un 1,71 por riesgo profesional. La ley establece una jubilación del orden del 70 por ciento del salario en actividad a los treinta años de aportes y 58 de edad, y aun menos en función de los años de aportes. El reclamo de la COB -y de los mineros- es una jubilación al 100 por ciento del salario en actividad. El Código de Seguridad Social (1956) del "viejo nacionalismo" establecía un 21 por ciento de aporte patronal y un 10,5 de aporte obrero. El programa actual de la COB no plantea la financiación íntegra de la jubilación, que es un salario de pago diferido, a cargo de las patronales (incluido el Estado). No plantea la eliminación del trabajo en negro, a través de la organización masiva de los lugares de trabajo y el cobro compulsivo hasta la expropiación de toda empresa que no aporte. Ni el control de los fondos jubilatorios por comisiones electas por trabajadores y jubilados. En las próximas horas se jugará la fuerza de la huelga general, en la medida que se extienda a nuevos sectores y regiones.

La autodenominada "izquierda independiente", Marea Popular, participó de un acto con un conjunto de organizaciones que incluyeron al Movimiento Evita, así como también a Quebracho y el MTR la Dignidad. Todos juntos marcharon en la mañana del 1° de Mayo. Fueron desde el Ministerio de Trabajo hasta el monumento al Trabajo en Paseo Colón. Los manifestantes eligieron ese recorrido y no el inverso, para que ni siquiera se sospechara de algún reclamo al Ministerio de Tomada, el amigo de Pedraza . Los convocantes, la Federación de Cooperativas, pertenecen al programa de trabajo precario Argentina Trabaja. La Federación es dirigida por el Evita, que además controla ese programa desde el ministerio de Desarrollo Social de Alicia Kirchner. La Federación de Cooperativas dirige y ejecuta los programas del Estado como si fuera un municipio. El "Argentina Trabaja" es un régimen de trabajo precario que conlleva un fraude laboral y una violación de varios convenios colectivos. Pero en los distritos donde los municipios no son "del palo", o se muestran díscolos con el copamiento de sus funciones, la Federación de Cooperativas funge como ente ejecutor y se constituye como la patronal que compra y distribuye los materiales, herramientas y ropa de trabajo para las cooperativas del distrito. El pago de los salarios queda a cargo del ministerio. Marea, Quebracho y el MTR dicen que se movilizaron con los excluidos y desocupados, cuando en realidad lo hicieron con la federación que armó el Evita. Al finalizar la marcha, los oradores hicieron una reivindicación histórica de la CGT de los Argentinos. Pero no levantaron ninguna reivindicación obrera actual. Los oradores hablaron sobre las bondades del cooperativismo y la autogestión, pero no se oyó ningún reclamo acerca de los precarizados, ni sobre las condiciones de trabajo, la carencia de elementos de seguridad y los trabajos peligrosos. Mucho menos, el reclamo elemental del pase a planta y bajo convenio de todos los precarizados y tercerizados del país, que sí levantan el Polo Obrero y las organizaciones de desocupados que son independientes del Estado. En su debut en un 1° de Mayo, "Marea" marchó con los precarizadores del trabajo y los funcionarios del programa más negrero de la historia.

Luego del escándalo nacional por las inundaciones en barrio Mitre (Capital) causadas por el shopping “Dot”, el gobierno de Capitanich junto a Aída Ayala, la intendenta radical de Resistencia, han puesto en marcha un mega emprendimiento similar: la construcción de un shopping junto a la ribera del río Negro, que atraviesa la Ciudad. La ribera del río es un área restringida para construcciones, que se encuentra bajo control de la Administración Provincial del Agua. El shopping se construirá en terrenos rellenados de la ribera, que actualmente sirven para el drenaje de las aguas del sistema de desagües. Ni la Municipalidad ni la provincia han realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes. Están obnubilados por un mega-negociado a costa de las tierras públicas, que tendrá una inversión de 43 millones de dólares. Resistencia todavía recuerda las inundaciones del año ‘83, una tragedia comparable a la reciente inundación en La Plata y Capital. La construcción de una línea de defensa contra inundaciones, posterior a la inundación, morigeró los riesgos. Esta línea depende del sistema de desagüe de la Ciudad, en el cual el Río Negro cumple un rol esencial. La construcción del shopping y la habilitación de los terrenos ribereños a la especulación inmobiliaria es la crónica de un retorno seguro a las inundaciones. El estudio de impacto ambiental ha sido realizado por la misma empresa interesada en la construcción. La crisis de la vivienda en Resistencia, mientras tanto, está en pleno desarrollo. Las ocupaciones de terrenos en el Gran Resistencia involucran a miles de familias. Los planes son totalmente insuficientes y están manejados a dedo por punteros. El gobierno ni siquiera regulariza la tenencia, mientras le entrega tierras públicas en gran escala al capital inmobiliario -y tierras rurales a los sojeros. El polvorín de la vivienda lleva a la ocupación de espacios que tienen un riesgo de inundaciones y catástrofes naturales evidentes -como los terrenos cruzando la Avenida Soberanía Nacional. La intendenta radical y el gobierno de Capitanich se tiran la pelota por el atraso de la limpieza de los canales de desagüe, pero ambos gobiernan para la especulación inmobiliaria. Las condiciones de vivienda en el gran Resistencia también son muy duras e involucran toda clase de atropellos del Estado: por ejemplo, en Fontana, los vecinos vienen reclamando hace meses que se retire un transformador eléctrico que ya ha provocado dos casos de leucemia infantil. La empresa -estatal- se desentiende del problema y niega que el transformador sea cancerígeno. El gobierno sostiene que el shopping va a ayudar a paliar el reflujo de la construcción. Pero para abordar este problema, la solución es más sencilla: tiene que haber un plan de vivienda popular masivo, bajo control de los trabajadores y delegados barriales, que dé respuesta a las necesidades de la población. Se tiene que construir la infraestructura urbana para todos los barrios populares, financiada con impuestos al gran capital sojero, los bancos de la provincia y las grandes empresas. La tenencia de tierra para la vivienda personal tiene que ser regularizada de inmediato.

El miércoles 1° de mayo inauguramos el local del Partido Obrero en el barrio Cristo Obrero de la Villa 31. La agitación con la prensa y el volante del 1° de Mayo durante los días previos a la inauguración, generó una muy buena recepción entre los vecinos y activistas del barrio, que reconocen nuestra actividad defendiendo las luchas reivindicativas y políticas contra los aparatos punteriles de Macri y Kirchner. Una veintena de vecinos compartieron junto a los militantes del partido una choriceada desde el mediodía. Hicimos un balance del juicio por el asesinato de Mariano Ferreyra, y las tareas que se abren luego de la gran campaña que logró convertir en una causa popular la lucha por la perpetua a Pedraza. Además, hicimos una exitosa actividad en el barrio YPF, donde se desarrolló una ardua tarea en la organización de los inundados del barrio Saldías. Varios de ellos participaron del acto en la Plaza el 1º de Mayo. Cuadro de situación La Villa 31 ha cuadruplicado o quintuplicado su población luego de 2001. Junto a ello, también los alquileres y el precio de las casas se han multiplicado. La 31, como todos los barrios precarios de la capital, cuenta con innumerables problemas de urbanización. Existe un fallo jurídico que ordena que la villa debe ser urbanizada, e incluso una ley que el gobierno macrista se niega a cumplir. Los punteros que responden a ellos y a los K favorecen el trabajo precario de las cooperativas, pero no mueven un dedo por la urbanización del barrio, ni para organizar a los vecinos para exigirla. Sobran las razones para instalar la agenda del Partido Obrero en la Villa 31. Los trabajadores que viven en ella son los más explotados, con un alto porcentaje de trabajo en negro con una inflación que depreda los sueldos, con servicios básicos incumplidos, y una salud y educación escasas o inexistentes. Dimos un gran paso en la apertura de nuestro local para constituirnos, también en la Villa 31, en alternativa política.

La enorme columna que llevó el Partido Obrero al acto del 1º de Mayo tuvo, entre sus presencias destacadas, más de 40 dirigentes de los gremios de la Coordinadora Sindical Clasista. Ellos -junto a los dirigentes nacionales del PO Jorge Altamira, Néstor Pitrola, Marcelo Ramal y Gabriel Solano, y el nuevo presidente de la Fuba, Julián Assiner- encabezaron la marcha multitudinaria que ingresó por Avenida de Mayo a la plaza. Marcharon más de 250 docentes, entre ellos decenas de directivos y delegados del gremio de la provincia de Buenos Aires, candidatos a directivos en los treinta distritos donde la Lista Rosa, de Tribuna Docente, es parte integrante de la Lista Multicolor (la creciente oposición a Baradel en el Suteba). Varios de ellos, como Romina del Plá, de Matanza; Amelia García, de La Plata; Daniel Rapanelli, de Ensenada; o Claudia Consiglio, de Escobar, son cabezas de listas que disputan por la victoria el próximo 22 de mayo. De la CABA, participaron 50 activistas y delegados de UTE, así como integrantes de Ademys y de su dirección por la minoría. Los docentes universitarios de la Naranja, la agrupación dirigente de AGD, realizaron un almuerzo previo donde intervino su secretario general, Santiago Gándara, con 85 compañeros a los que luego se sumaron varios en la propia plaza. Es la mayor concurrencia a un acto del 1º en este sector, el cual evidencia un desarrollo político del activismo clasista constructor de la AGD. Con ellos y varios dirigentes de la interna de Sociales, se movilizó un numeroso grupo de no docentes de la UBA. Los gremios industriales participaron como nunca: más de 50 compañeros del Sitraic, con una pancarta contra Gerardo Martínez y anunciando su próxima movilización del 9 de mayo por obras hídricas; una delegación de la Naranja Gráfica de 45 compañeros, encabezada por Miguel Bravetti, con presencia de varias internas y decenas de delegados; perfumistas con delegados y activistas de las fábricas Avón y Amodil; la agrupación Papeleros Combativos, con Walter Relañez a la cabeza, y toda la comisión interna de Kimberly Clark y activistas de otras papeleras de la zona sur; delegados y activistas plásticos de la zona norte, de fábricas del caucho, delegados metalúrgicos de varias fábricas de Capital, de Quilmes, Avellaneda, San Martín, La Matanza y zona oeste. También hubo delegados del SAT y miembros de la lista antiburocrática de Telecentro, textiles, activistas del Smata de tres fábricas, activistas de Siderca de Campana. Nuevos delegados y activistas de ceramistas participaron por primera vez de un acto de este tipo. También de Atilra, de la leche. Del transporte, encabezados por delegados de Ecotrans, estuvieron activistas de la 60 y de varias líneas que participan de la oposición en la UTA. La agrupación "La Pista", con activistas de tres gremios aeronáuticos y delegados y activistas a Aerolíneas y Austral; los ferroviarios encabezados por Jorge Hospital, de Causa Ferroviaria, con activistas de cinco líneas de trenes. Los camioneros de varias reparticiones de recolección de residuos, rama correos, Farmacity y otras logísticas. Una nutrida delegación de ATM del subte, con Charly Pérez a la cabeza, incluidos los nuevos candidatos a delegados en las próximas elecciones. Por los periodistas, con Rubén Schofrin a la cabeza, participaron decenas de delegados y activistas de prensa, muchos de ellos paritarios elegidos en asamblea. Varias decenas de bancarios que venían de una exitosa actividad con Altamira en el marco de la campaña política. Una nutrida delegación de telefónicos con delegados y activistas de la Naranja Telefónica, lo que muestra el crecimiento de esta agrupación, muy activa hoy en la formación de una lista única de oposición en Foetra. También estuvieron activistas y delegados de Combativos Mercantiles (empleados de comercio). En salud, la concurrencia evidenció la explosión del trabajo revolucionario en el sector, tanto en la provincia como en la Capital: jamás habían participado de un 1º de Mayo, tantas decenas de médicos, quienes, además, son protagonistas en Cicop, en Médicos Municipales de Capital y en todas las organizaciones y luchas del sector. Hubo también activistas de Sanidad y ATE de varios hospitales de Capital y GBA. En Comercio se destacaron los jóvenes compañeros de los call-center, delegados de supermercados del Gran Buenos Aires y de Claro, que viene de protagonizar una lucha contra la patronal. La representación de los gremios estatales fue muy importante. Encabezados por Luis Perea, paritario de ATE y secretario general de la junta interna de Inta, la agrupación Naranja del Inti -tanto en Inta como en Inti se han formado comités de apoyo al PO en el FIT- nueve reparticiones estatales, entre ellas el cuerpo de delegados de Educación La Plata, varias de Capital con destaque de Economía, participantes activos de un gran conflicto reciente. La agrupación Judiciales en Lucha de Capital y provincia, metida a fondo en los paros judiciales, llevó también nuevos activistas. Unos 600 dirigentes sindicales, delegados y activistas de la Coordinadora -formada en la Conferencia Sindical del Partido Obrero 2012- en un acto del 1º de Mayo son un síntoma no sólo del desarrollo del clasismo, sino de un proceso de recomposición de la clase obrera y de fusión con la izquierda revolucionaria de toda una fracción de la juventud obrera combativa.

La película se estrenó en Resistencia, Formosa y Oberá. En Resistencia asistieron más de 100 invitados a la avant premiere, y la película entró en cartel el 2 de mayo. En Oberá, se presentó con una importante asistencia. En Formosa y Resistencia se realizaron actividades presentando la película y el libro ¿Quién mató a Mariano Ferreyra?, con presencia de Diego Rojas, que también fueron muy concurridas. La presentación en Formosa se produjo en el momento en el cual se conocía el ataque por parte de una patota al hijo de Félix Díaz. El hecho fue denunciado, así como el intento por parte del gobierno de someter mediante ataques y presiones al combativo dirigente de la comunidad La Primavera. La visita de Diego Rojas, que presentó su libro en Resistencia y en Formosa, generó un interés en los medios locales. Explicamos, en diversas entrevistas radiales y en diarios, nuestra posición frente a la sentencia y la necesidad de avanzar para que sean condenados todos los responsables del crimen de Mariano Ferreyra, incluyendo a los funcionarios políticos y a los responsables empresariales.

Durante los días 27 y 28 de abril arribaron al pueblo de Alberti referentes de las asambleas de Pueblos Fumigados de todo el país, para llevar a cabo una asamblea extraordinaria que tenía como eje la lucha contra los agrotóxicos y los transgénicos. Diversas organizaciones sociales, políticas y culturales se hicieron presentes, acompañando a las vecinas y vecinos del distrito que llevan 25 días de acampe frente al edificio municipal. Dos de ellos se encuentran desde entonces en huelga de hambre. Sofía Gatica, María Godoy y Darío Avila, integrantes de la asamblea Madres de Ituzaingó Anexo de la provincia de Córdoba, relataron su experiencia contra Monsanto. El domingo, luego de un largo debate, se cerraron las propuestas de acción para 2013, con un potente cierre musical. La banda quilmeña Ayre llevó su pedido de justicia por Mariano Ferreyra y los pueblos sometidos al gobierno entregado a los intereses del agronegocio y los transgénicos. La asamblea formada con representaciones de varios pueblos y ciudades de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe, arribó a una agenda cuya primera actividad será el 25 de mayo en la jornada mundial de lucha contra Monsanto, en Buenos Aires, frente a las oficinas de la multinacional.