Prensa Obrera N° 1266

Este 1° de Mayo, día internacional de los trabajadores, será una jornada de lucha y de movilización política. Es que los trabajadores de Neuquén no estamos por fuera de la realidad que golpea a los trabajadores del país. Por el contrario, Neuquén se encuentra atravesada por una profunda crisis social, siendo una de las cuatro provincias más pobres de la Argentina. La inflación creciente que desvaloriza los salarios, el impuesto a las ganancias que funcionA como un cepo al progreso social del trabajador, la precarización laboral y el trabajo en negro que afecta en masa a la juventud, la carencia de loteos y viviendas populares en favor de la especulación inmobiliaria, son las penurias que padecen los trabajadores neuquinos. Un malestar creciente entre importantes sectores de trabajadores se ve expresado en la extraordinaria huelga de Aten, en los paros de los trabajadores judiciales reclamando el 35% de aumento salarial, en la lucha de los estatales del Ente Provincial de Agua y Saneaiento (Epas) en defensa de la fuente de trabajo y contra la privatización del ente, o en la lucha de los trabajadores de los hospitales frente al derrumbe sanitario. El paro provincial que protagonizaron los trabajadores estatales el miércoles pasado, precedido por los dos meses de huelga docente, es un nuevo salto en la impugnación de la política laboral y salarial del gobierno de Sapag. Es al mismo tiempo, expresión del fracaso de la política de "paz social" que las dirigencias sindicales de CTA, UPCN y compañía firmaron a fines del año pasado. Aten, por el contrario, se puso a la cabeza de la lucha salarial y la defensa de la educación pública. La dificultad de la docencia por conquistar lo reclamado, reside en gran medida en el papel bombero de las centrales sindicales. El paro provincial debe ser anotado como un primer paso de una respuesta colectiva que los trabajadores de la provincia le debemos dar a la política de ajuste del gobernador Sapag. Está planteada la necesidad de un congreso de bases de toda la CTA, donde se le dé impulso a un plan de lucha unificado de todos los trabajadores del Estado. Es el único camino para quebrar la política del gobierno, reclamando el adelantamiento de la mesa salarial y una salida al resto de las reivindicaciones pendientes. La huelga docente ha tenido el mérito de desnudar como nadie la orientación social del gobierno del MPN. Mostró como Sapag le concede fortunas a las petroleras, la patria financiera y capitalistas de la región; mientras el salario, la educación y la salud pública son la variable de ajuste. El presupuesto 2013 aprobado en la Legislatura provincial en las últimas semanas, delata un sistema impositivo profundamente regresivo, donde el ingreso por regalías petroleras ha caído del 42 al 27% en los últimos años, mientras se le da vía libre a nuevos impuestazos contra los trabajadores. Pero ¿qué se puede decir de los "opositores" al gobierno provincial? El intendente Quiroga no tiene el menor empacho en admitir ser un hombre de la empresa de transporte Indalo y del capital inmobiliario. Por eso alardea con impulsar la candidatura de un empresario como concejal. Quiroga defiende el negocio de la especulación inmobiliaria en la ciudad donde florecen las tomas de tierras por parte de las familias trabajadoras y 300 familias viven en lugares de riego. El reclamo del "Pechi" al gobernador Sapag de mayor firmeza a la hora de "liberar las rutas", pinta de cuerpo entero su naturaleza antiobrera. En el campo del centroizquierda, en las últimas semanas se ha hecho pública la ruptura de la fuerza política que emergió de las entrañas de la CTA, el UNE. Lo que pretendió ser "un instrumento político de los trabajadores", se dividió entre un bando kirchnerista y otro binnerista. En este 1º de Mayo es necesario insistir en la necesidad del desarrollo de una alternativa política de los trabajadores, vinculada indefectiblemente con el desarrollo de una alternativa desde la izquierda. Es necesario oponer a la política del ajuste, la necesidad de restructurar la provincia sobre la base de la defensa del salario, el trabajo, la educación y la salud pública. Por un plan de obras públicas y viviendas populares financiado con un impuesto progresivo al gran capital y el no pago de la deuda con el capital financiero.

Pasaron cinco meses desde el inicio del ‘megajuicio’ Esma II, donde se juzga a 67 genocidas -siete de ellos por los vuelos de la muerte- por un total de 789 víctimas. Se escuchará a más de 830 testigos en los dos años proyectados para arribar a la sentencia. Apel representa en la sala de audiencias a la querella colectiva que conforma Justicia Ya! El desarrollo de este tercer juicio por la Esma es una radiografía de la pereza estatal a la hora de impulsar las causas, así como de la impunidad de la que todavía gozan militares y civiles que participaron del genocidio. Prisiones domiciliarias El juicio comenzó con nuestro pedido de revocatoria de las prisiones domiciliarias de los acusados. El 40 por ciento de los genocidas goza de este beneficio. Fuimos la única querella que hizo esta petición. Luego, se hizo público que el represor Jorge Magnacco burlaba sistemáticamente su prisión domiciliaria (se fue de shopping a la salida de una audiencia). Aunque los agentes del kirchnerismo pusieron el grito en el cielo, no pidieron la revocatoria. Juan Alemann Carlos Lorkipanidse, de la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, una de las víctimas a quienes representamos, describió la presencia de Juan Alemann, secretario de Hacienda bajo la dictadura, en la Esma, donde fue recibido con honores por los genocidas y acompañó la sesión de torturas a uno de los secuestrados, Orlando Ruiz. Lorkipanidse declaró que “Alemann no era un visitante más que llevaban a ver la escuelita del horror, era el jefe de todos los demás, le rendían homenajes”. Nuestra querella hizo expresa reserva de solicitar la ampliación de indagatoria del ahora imputado Juan Alemann. Es el primer funcionario civil de la dictadura que podría ser condenado, a casi 40 años del golpe. Los espías de la dictadura La querella de Justicia Ya! solicitó que se llame a prestar declaración indagatoria a los 403 integrantes del Servicio de Inteligencia Naval (SIN) que actuaron en el período 1975/1983. Esos nombres surgen de un informe del Ministerio de Defensa, que ofrece una lista de oficiales, suboficiales y personal civil que perteneció al SIN. El gobierno nacional cuenta con esta información desde hace tres años, pero no impulsó ninguna medida. Es lo esperable de un gobierno que mantiene una férrea alianza con Gerardo “601” Martínez, buchón del Batallón 601 y líder de las patotas de la Uocra. Las víctimas y las asociaciones de derechos humanos han tomado el trabajo de cruzar la información entre los ‘testigos’ presentados por los defensores y ese listado de espías para denunciar su complicidad y llevarlos al banquillo de los acusados. Así ocurrió con la declaración de Alcayaga, un integrante del SIN que la defensa pretendió introducir como testigo y fue denunciado por nosotros en el acto. El papa Francisco Mientras el kirchnerismo ‘descubría’ con regocijo que el papa Francisco era peronista (aunque lo fuera de la derechista Guardia de Hierro), su nombre está presente en el juicio Esma. Hace pocos días, varios testigos (entre ellos la hermana del cura Yorio -secuestrado y torturado en el ’76- y otras catequistas) ratificaron en el estrado que Bergoglio les retiró toda cobertura a los sacerdotes Yorio y Jalics, aun a sabiendas de que sus vidas corrían peligro. Junto a los dos curas, fueron secuestrados y llevados a la Esma otros siete jóvenes. Ayer y hoy Por medio de la lucha, se logró que las declaraciones testimoniales tuvieran una correlación cronológica. A esta altura, abarcamos desde el 24 de marzo de 1976 hasta junio de ese año inclusive. De esas declaraciones, hemos recabado al menos 25 casos que no fueron objeto de ningún proceso judicial anterior. Estamos presentes en la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy.

La intendencia de la capital salteña sufrió una nueva crisis que la enfrentó, como en el impuestazo, a la denuncia y movilización popular. Durante el verano, el intendente Isa aprobó -a referéndum del concejo, una ordenanza que habilitaba una zona industrial en San Luis, distrito residencial de la capital. San Luis adolece de serias deficiencias en servicios y obras estructurales. Frente a la perspectiva de un futuro colapso sanitario y ambiental, los vecinos se movilizaron a exigir que el Concejo derogue la ordenanza. El oficialismo respondió dejando a las sesiones sin quorum, y atacando mediáticamente la movilización. Inclusive Urtubey defendió públicamente a Isa, tildando a los vecinos de alarmistas. Pero la lucha se reforzó, ganando el apoyo popular. Los vecinos destruyeron los argumentos acerca de la factibilidad del proyecto y denunciaron los negociados con la tierra que Isa y Urtubey esconden detrás. En retroceso, la intendencia propuso la suspensión de la ordenanza mientras intentaba dividir al movimiento, pero no hizo más que precipitar su propia derrota: en la última sesión de Consejo, el oficialismo se partió, ante la imposibilidad de quebrar la presión vecinal. Dos de sus miembros, los romeristas y el derechista PPS, terminaron votando la derogación de la ordenanza junto al PO, a contramano de su histórica línea de apoyo a los negocios con el suelo. Un gran aprendizaje político Tras años de imponer negociados en el Concejo, el oficialismo sufrió un revés en manos de los vecinos movilizados. La especulación inmobiliaria, los impuestazos y el vaciamiento municipal, son afrentas que la población ya no está dispuesta a tolerar. El romerismo intenta coquetear con un proceso que potencialmente lo excede; es un pilar de la intendencia y sus denuncias se centran en algún funcionario, exculpando al intendente. La crisis va enfrentando al régimende los Urtubey, Isa y Romero con la población. Luego de la derogación, Isa explicaba que la movilización de San Luis, al igual que la lucha contra el impuestazo, era un producto artificial del PO. Con su mentalidad policíaca, reconocía deformada y negativamenteel rol político de un partido, que tras años de luchas y denuncias, influye notablemente en la crisis. La victoria alcanzada nos anima a una lucha más amplia para terminar con los negociados de la tierra y el desquicio urbano de la política capitalista en la Ciudad. Los concejales del PO exigimos también crear un fondo de emergencia para la obra pública mediante el revalúo de once predios urbanos especulativos que pagan impuestos rurales. Además, seguimos con la exigenciade que se destine el 40% del suelo urbano ocioso a un plan habitacional-ambiental de acceso universal.

El sabado 27, casi medio centenar de personas se concentraron en el local del Partido Obrero de Almirante Brown participando de una charla-debate con Eduardo Belliboni, dirigente nacional del PO y candidato a concejal en el distrito. Luego del informe, delegados y activistas de los gremios de la UOM, Atilra (lecheros) y ceramistas mantuvieron un interesantísimo debate, junto a estudiantes secundarios, Eduardo Belliboni desarrolló el balance y perspectivas de la lucha por justicia por Mariano. El debate sirvió para clarificar el rol que cumple la tercerización laboral en el "modelo" kirchnerista y el entramado mafioso entre Burocracia, patronal y estado, que se monto para sostener el negocio de la tercerización en el Ferrocarril. Este punto causo enorme interés entre los participantes. Por último y luego que Eduardo Belliboni explicara cómo la película "¿Quién Mató a Mariano Ferreyra?" no fue proyectada en el espacio del INCAA en Burzaco, alegando un supuesto problema "técnico" cuando otras películas si pudieron ser proyectadas. Los jóvenes y trabajadores presentes en la charla resolvieron lanzar una campaña contra la censura del film.

Decenas de heridos provocados por la represión policial realizada en el ámbito de un hospital psiquiátrico. La frase condensa toda la violencia producida el viernes por la mañana. Una violencia que se posó sobre trabajadores estatales, personal médico, pacientes e incluso periodistas y fotógrafos que cumplían con su labor cotidiana, que es intentar reflejar la realidad. Las imágenes de la represión en el Hospital Borda y los testimonios de esos momentos salvajes produjeron que se exija la renuncia de Guillermo Montenegro, ministro de Justicia y Seguridad porteño, responsable político de la acción policial. “No es mi idea renunciar”, dijo Montenegro, que enfrentó el pedido en una sesión de interpelación en la Legislatura porteña y a quien, junto a su mandante Mauricio Macri y la vicejefa de Gobierno María Julia Vidal, les fue dedicado el paro de trabajadores estatales en repudio a la represión. La dirección de la Metropolitana, fuerza de Seguridad porteña, tiene en Horacio Giménez, un hombre de la Federal exonerado de esa institución, a su jefe y comandante del operativo en el Borda. No es el único exonerado de la fuerza nacional que pasó a integrar la policía porteña. Y no es el único ex federal, el personal de la Metropolitana está atravesado por los vicios de la aquella otra fuerza. Tanto así que actuaron de manera conjunta cuando reprimieron en el parque Indoamericano y se cobraron las vidas de dos de sus ocupantes. Por esa acción, la Justicia acaba de llamar a indagatoria a 40 policías de ambas instituciones policiales. Montenegro es el responsable político de las represiones con balas de goma y violencia en el parque Centenario. Y es el responsable político de la represión con balas de plomo, que hirieron a tres personas y que podrían haber causado muertos, cuando los acontecimientos del Teatro San Martín. Montenegro es el responsable político de una fuerza policial que tenía entre su periferia al espía Ciro James, jefe de una red de espionaje promovida por los altos mandos del gobierno porteño. La acción del viernes no es una excepción de la policía Metropolitana, sino que responde a un método. A un modus operandi. Ilegal de toda ilegalidad y salvaje de todo salvajismo, la represión policial amparada por el gobierno de Mauricio Macri y cuyo responsable político es Guillermo Montenegro provocó decenas de heridos y retrató el modo con que piensa defender los negocios inmobiliarios (promovidos por el pacto macrista-kirchnerista en la Legislatura) la intendencia de la ciudad. “No es mi idea renunciar”, dijo Montenegro. La historia demuestra que los hombres muchas veces cambian de idea movidos por la realidad de sus circunstancias.

El sábado 27 se realizó una masiva asamblea abierta de documentalistas convocada por su asociación (Doca) para debatir los pasos a seguir en la lucha contra la resolución 982 del INCAA. Esa resolución disuelve el comité de evaluación autónomo para decidir el financiamiento de documentales, cuya selección pasa a depender por completo de la regimentación oficial. Luego de la movilización de doscientos realizadores frente a las puertas del Instituto, la gestión convocó a las seis asociaciones de directores que conforman el comité de evaluación disuelto por la resolución, para intentar una revisión de la medida en sus términos. Allí la presidenta del INCAA, Liliana Mazure, se manifestó dispuesta a revisar cuestiones menores, pero en ningún caso el control de la designación de los comités de evaluación ni los topes a la cantidad de proyectos que analizarían esos comités. En cuanto al funcionamiento del comité se encargó de aclarar cuál era el sentido de esta resolución: no podía tolerar que no se aprobaran ciertos proyectos de organizaciones o personas afines al gobierno, mientras que había recibido pedidos de censura hacia otro que denunciaba a la burocracia sindical. Más claro, agua. El debate público Sólo Doca emitió un comunicado destacando el carácter de la reunión, denunciando la intención de tomar el control político del comité para aplicar la censura y el recorte. La publicación por medios de la "corpo" desató la ira K y Mazure salió a contestar por el canal "público", acusando indirectamente a Doca de "querer enquistarse en el poder". Puso en evidencia que su lucha es por el poder de designación del comité y no por ninguna "democratización". Dentro de la Red Argentina de Documentalistas (RAD) funcionarios de la gestión intentaron infructuosamente sacar un comunicado contra Doca acusándola de encarnar "un frente de la ultraizquierda con Lanata y Clarín contra la gestión nacional y popular" del INCAA. No lo lograron. Los documentalistas rechazaron el macartismo. La publicación de las posiciones de Doca por estos medios no son el producto de ninguna alianza, sino de la censura de los medios públicos y de la corpo K. La propia Mazure cínicamente saludó la movilización realizada diciendo que "le viene bien porque nadie critica al INCAA". Hace un año, una nota en Perfil daba motivos para comprender ese fenómeno. Mientras señalaba a Fernando Sokolowicz como primer beneficiario de los subsidios del instituto destacaba, a su vez, que el segundo era Patagonik Films, del grupo Clarín. Sin embargo, tampoco es cierto que nadie critique al INCAA. Los medios de la "opo" le vienen reclamando hace años un recorte en sus beneficios, y que se hagan menos películas con más plata (para los Patagonik, claro). Desde el año pasado, se sumó a este reclamo Página/12 en una memorable columna de Horacio Bernardes. Aquí sí se consumó un frente -de Clarín y los K- contra los realizadores independientes. Se puede parar El atropello que significa la 982 encontró una gran resistencia. Mientras las maniobras para hacerla pasar no cesan, está planteada una prórroga por tres meses más del comité de evaluación. A la prórroga quisieron endosarle un amistoso párrafo, señalando que"las asociaciones trabajan conjuntamente con el INCAA en la mejora de la 982". Doca lo rechazó y logró que se retire. El movimiento, que crece en participación y masividad, ya dejó planteado un plan de lucha. Vamos a una campaña nacional de apoyo a la lucha contra la censura y el recorte al cine documental y a un gran festival frente al INCAA para el viernes 10 de mayo.

Los trabajadores de la planta Aulnay de Peugeot, ubicada en las cercanías de París, están transitando su cuarto mes de huelga. Aunque la medida de fuerza es cumplida sólo por el 10 por ciento del personal, la patronal no ha podido quebrarla. La gran mayoría de la planta es solidaria con los huelguistas y se ha negado a colaborar con la empresa en una "reprogramación" de tareas. En consecuencia, la patronal no puede cumplir con su "plan de emergencia" para producir la tercera parte del standard normal de la planta. Los huelguistas están organizados en un comité de huelga y asambleas diarias. El comité de huelga es una usina permanente de iniciativas y agitación que irradia hacia otros sectores del movimiento obrero y, en particular, a las otras plantas de Peugeot y a toda la industria automotriz. El fondo de huelga ha logrado concitar la solidaridad popular y permite sostener a los compañeros en huelga. Estamos frente a un esfuerzo heroico del activismo por quebrar el cerco impuesto por la burocracia sindical. La burocracia y Hollande La reforma laboral del gobierno Hollande no ha logrado frenar los cierres de plantas y despidos. El próximo año podrían quedar en la calle 200 mil trabajadores. Las rebajas salariales y el recorte de las condiciones de trabajo no han servido para detener la sangría. Peugeot tiene en carpeta 10 mil despidos. Francia ha entrado en el mismo torbellino que sacude a países como Italia o España: está en duda su capacidad de hacer frente a sus compromisos externos. Por lo pronto, su costo de endeudarse duplica holgadamente a las tasas de interés que viene pagando Alemania. Al derrumbe económico se le une el colapso político. La denuncia de corrupción que se llevó puesto al ministro de Presupuesto —una de las figuras más reconocidas del gobierno, perteneciente al riñón de Hollande. La decisión de Hollande de dar a publicidad el patrimonio de los miembros del gobierno no revierte el clima de malestar y decepción que se ha apoderado de la opinión pública. En este cuadro, el Frente de Izquierda, integrado por el PC y un sector disidente del PS liderado por Jean-Luc Mélenchon, se cuece en la fórmula vacía de una refundación del sistema político. El FI respalda la tregua que vienen llevando adelante las centrales obreras. Las centrales CGT y Force Ouvrèire no han firmado la nueva reforma laboral, pero no adoptaron ninguna medida de fuerza para enfrentarla. Sigue una política de aislamiento de las luchas.

No es cierto que el gobierno PRO de la Ciudad se haya “equivocado” al actuar del modo brutal en que lo hizo en el Hospital Borda. Se planteó la misma política que les rindió frutos en anteriores circunstancias. Frente a la cautelar que impedía avanzar con las obras, presentaron una apelación para habilitar la ocupación y demolición de los talleres del hospital, reservados al trabajo reparador para los pacientes. Es lo que hicieron en anteriores circunstancias: “nosotros y nuestros abogados consideramos que con la apelación se podría avanzar con la obra. Así lo hicimos con otras obras en la ciudad que hoy disfrutan miles de vecinos”, dice Rodríguez Larreta (La Nación, 29/4). La decisión de actuar fue precipitada por otra circunstancia. La Junta Interna del Sutecba y luego las dos listas de ATE -la oficialista Azul y la pretendidamente opositora Verde- convocaron a una movilización para el 26 de abril, al cumplirse un año de la asamblea histórica donde los trabajadores del Borda repudiaron la decisión de la Mesa Intergremial que, con la honrosa excepción de la Junta Interna del Sutecba, avaló la construcción del Centro Cívico en el Borda. El gobierno PRO temió que esa movilización decidiera la ocupación del predio destinado al emprendimiento inmobiliario y creara una nueva situación. El gobierno venía, por otra parte, tonificado por sus “victorias” en el enrejado del Centenario y el desalojo de la Sala Alberdi. Con la demolición, quería anticiparse a cualquier iniciativa de los trabajadores, crear un hecho consumado y provocar una desmoralización final. ¿Qué falló? La resistencia de los trabajadores y la conciencia que anida en el pueblo sobre la necesidad de defender la última trinchera que protege a “los locos pobres”. Estos concretaron, luego del piquete ante el corte del gas y aquella asamblea, su tercera gran batalla contra el desmantelamiento. Los activistas (y pacientes) enfrentaron como pudieron a las topadoras y dieron la mejor lección que podía esperarse en defensa de la salud y el hospital público. El gobierno logró demoler el taller 19 (que debe ser reconstruido), pero sufrió una derrota política. El pacto PRO-K sigue El debate en la Legislatura se ha centrado en las características de la represión y la violación a la protección establecida por la justicia. Pero se ha cuidado de volver sobre la cuestión de fondo, que es el proyecto inmobiliario votado en masa por los legisladores del gobierno y la “oposición” K y filo K (lo que colocó en crisis total la política de la CTA y ATE, que en el complejo de salud mental responde al gobierno nacional). Nadie ha salido a plantear la eliminación de las leyes que habilitaron a la acción de las topadoras y que, en una acción delictiva, omitieron colocar el lugar exacto en que se iba a emplazar el Centro Cívico, para ocultar las huellas del crimen. En efecto, los K aceptaron consensuar esa ley a condición de que dijera que el Centro Cívico se emplazaría “en la zona sur de la Ciudad” (sic), a sabiendas de que el lugar elegido no era otro que los terrenos del Borda. El gobierno ha quedado con facultades para seguir actuando y, como se sabe, las cautelares son una aspirina. La lección es clara: la defensa del Borda y del complejo de salud mental está en manos de sus trabajadores - desde los profesionales hasta los que son víctimas de la tercerización. Ello exige, además, tener claridad sobre el papel de la burocracia sindical. Las conducciones centrales de UPCN, Sutecba y la AMM (médicos municipales) son los pilares de la política de desmantelamiento de la salud pública que se opera por múltiples vías. ATE y CTA son los responsables de haber desviado el movimiento de lucha hacia el apoyo al “gobierno nacional y popular”, mientras los legisladores K pactaban la entrega de los terrenos. El vaciamiento del Borda Por esta política, el vaciamiento sigue y no hay plan de lucha. ¿Por qué hoy se reconocen 635 pacientes en el Borda y hace tres años superaban el millar? Porque se los ha derivado hacia clínicas privadas o directamente se los ha expulsado -apelando incluso al argumento “progre” de “eliminar los manicomios”. ¿Por qué el Borda no recibe las rendiciones de las obras sociales? Porque se lo quiere ahogar económicamente. ¿Porqué decenas de profesionales (y artistas) que cumplen una tarea excepcional no cobran un peso? Porque corresponde a una política de vaciamiento. “Que se vaya Picasso” (ovación) En la asamblea realizada en el Borda el lunes 29 se votó el paro y la movilización para el día siguiente. La moción presentada por la Junta Interna del Sutecba y los Autoconvocados, que planteaba la expulsión del director Picasso, el impulsor del Centro Cívico en los terrenos del Borda, fue ovacionada. Pero la dirección de la asamblea -UPCN, AMM, ATE- se negó a hacerla votar, desviando la deliberación hacia una conferencia de prensa. Tribuna de Salud defendió esta moción, junto al planteo de una Comisión de Defensa del Borda electa por los trabajadores y un plan de lucha por la reconstrucción integral del Borda bajo el control de esa comisión.

Los dichos de Mujica en referencia a Cristina Kirchner ("esta vieja es peor que el tuerto") no son simplemente una manifestación de chochera de un presidente viejo. La historia se repite: en 2002, el presidente Jorge Batlle, pensando también que los micrófonos estaban apagados, dijo: "Los argentinos son una manga de ladrones, del primero al último". No es una coincidencia ni una cuestión de edad, sino que responde a otro fenómeno: la defensa de los capitales instalados en nuestro país. Mujica defiende a los capitalistas locales e internacionales instalados en Uruguay frente a las medidas proteccionistas que ha tomado Argentina (hay una caída, en el último año, del 15 por ciento de las exportaciones al vecino país), producto de la profundización de la crisis mundial en la región. En la última semana de marzo, el ministro de Economía les dijo a los exportadores: "Olvídense de Argentina". La ‘preocupación nacional’ por el proteccionismo argentino les ha dado la excusa a las patronales para despedir a más de mil trabajadores del sector de la vestimenta, la industria automotriz, trabajadores gráficos y de la industria del papel (El País, 14/3). Medida que el PIT-CNT no enfrentó. La ‘solución’ a este problema fue la movilización en conjunto en algunas fábricas, con las patronales, contra las medidas proteccionistas argentinas, pidiendo subsidios. Como se ve, ésta ha sido también la excusa del gobierno para entregar sólo durante el año pasado 307 millones de dólares en subsidios a los capitalistas de estos sectores, para ocultar que el problema obedece a una recesión. Lo que con claridad evidencia este ‘escándalo’ es el agotamiento del Mercosur y, por lo tanto, el fracaso de la integración capitalista sur-sur. La unidad latinoamericana tiene un límite insalvable sobre bases capitalistas. El proteccionismo manifiesta que los gobiernos de la región han decidido actuar en custodia del gran capital instalado en sus naciones. Ya el año pasado se escucharon voces desde el gobierno uruguayo -con el apoyo de la oposición de derecha- reclamando la posibilidad de concretar tratados de libre comercio por afuera del Mercosur. La crisis muestra que el proyecto ‘nacional’ de ‘integración’ de la burguesía latinoamericana se agota en un marco de creciente crisis mundial y, por lo tanto, de agudización de la lucha comercial entre las principales potencias. La crisis del comercio internacional desintegrará al Mercosur. Estamos ante un evidente fracaso de la burguesía nacional. Los objetivos de independencia nacional de nuestro continente sólo podrán alcanzarse por medio de la unidad socialista.

Tras diez días de huelga, los trabajadores del hospital siguen reclamando nombramientos, seguridad, pago de reemplazos de guardias, pago de la desfavorabilidad (un 15 por ciento de aumento en los salarios) y cobertura de cargos de guardia. Después de varias promesas, el gobierno se comprometió a pagar el retroactivo de la desfavorabilidad con el pago de abril. Como éste no se concretó, fue lanzado el paro por tiempo indeterminado. Durante el mismo se desarrolló un corte de la avenida frente al nosocomio, asambleas abiertas con la participación de organizaciones populares y de otros hospitales. El miércoles se cortó la autopista. En ese momento, en la guardia, algún 'usuario' agredía al personal y rompía el mobiliario. El médico de terapia intensiva, por su parte, renunciaba a su cargo por las condiciones de sobrecarga de tareas y estrés. Es una muestra de que las situaciones de violencia son generadas por la propia explotación a la que se ven expuestos los trabajadores del hospital. Durante la asamblea, las intervenciones de compañeros del Polo Obrero, de un delegado del Garrahan y del delegado interno de ATE, donde se mencionó a la lucha por Mariano Ferreyra como una causa de los trabajadores contra la precarización laboral y la complicidad de las burocracias sindicales, fueron aplaudidas por el conjunto. Desde Tribuna de Salud planteamos extender la lucha a todos los gremios hospitalarios por: -Apertura de paritarias y reapertura para la Ley 10.430. -Anulación del impuesto al salario y restitución de las asignaciones familiares. -Pase a planta de todos los servicios tercerizados. -Triplicación del presupuesto para salud.

El viernes 26 de abril se realizó la primera audiencia paritaria de prensa escrita. La reunión fue acompañada por un impresionante paro de tres horas y una movilización de más de 500 compañeros, impulsada por el plenario de delegados paritarios electos por asambleas en cada una de sus empresas. El paro incluyó, por primera vez en la historia del gremio, a los principales portales web, revistas, agencias nacionales e internacionales, las que se movilizaron en una columna unitaria desde Palermo. Durante la reunión en el ministerio, los delegados paritarios exigieron 1.800 pesos a cuenta del futuro aumento salarial, debido a las dilaciones en la convocatoria. La parte patronal -Aedba, Afera, AER, agencias y patronales individuales- apareció profundamente dividida, no sólo por la pelea entre medios oficialistas y opositores, sino también por la contundencia de las medidas de fuerza resueltas. A tal punto que el representante de Aedba (Clarín) intentó curarse en salud pidiendo la conciliación obligatoria durante el desarrollo de las paritaria. En la audiencia, el gobierno abrevó de su propia cosecha al informar que la patronal de Télam no fue convocada a la reunión "por ser del sector público". Luego, el funcionario reconoció que ahí había un "límite", asumimos que político. Es otra de las maniobras que habrá que desbaratar. La primera audiencia paritaria deja un saldo positivo. Quebramos las dilaciones de las patronales y el ministerio, y logramos el reconocimiento de la Comisión Paritaria. Pero es sólo un primer paso: queda una importante lucha por delante para conquistar el pliego de reivindicaciones: 35 por ciento de aumento, 7 mil de básico, 1.000 pesos de base por colaboración, pase a planta de los colaboradores, entre otras. ¡Vamos con todo, compañeros!

El lunes 15 de abril, dos bombas explotaron cerca de la línea de meta de la Maratón de Boston. Aunque sólo tres personas murieron, más de 170 resultaron heridas, algunas de gravedad. Los sospechosos, dos chechenos de 26 y 19 años, fueron objeto de una descomunal persecución, que terminó con uno de ellos muerto y el otro malherido. Apresado el sospechoso, el gobierno de Obama anunció que no se respetaría su derecho a permanecer en silencio ni el de tener un abogado, para que pudiera ser "ampliamente interrogado". El detenido, en su primera declaración, afirmó que su atentado era una respuesta a los ataques norteamericanos en Afganistán e Irak. El gobierno norteamericano perpetra masacres sin pausa desde hace décadas en defensa de sus negocios capitalistas -ahora, con la excusa del terrorismo. Pero así como la "guerra contra el terrorismo" no conoce límites en el tiempo ni en el espacio y se ha tornado permanente, lo mismo ocurre con la dimensión interna de esa guerra. Los acontecimientos de Boston pusieron otra vez en evidencia la progresiva militarización de Estados Unidos. Algún acto de violencia, llevado a cabo por individuos, tal vez con la ayuda de elementos dentro del Estado (se sospecha que este atentado podría haber sido una de las tantas operaciones que facilita el FBI, para desbaratarla a último momento, pero que se les fue de las manos), el Estado lo declara un ataque terrorista. Desde el atentado a las Torres Gemelas en 2001, bajo la bandera de la "lucha contra el terrorismo", el establecimiento del "Acta Patriótica" ha violado las libertades democráticas reconocidas en su propia Constitución. El llamado Estado de emergencia, de ser una excepción se ha transformado en regla. Durante 2011, las movilizaciones de la juventud norteamericana fueron reprimidas sistemáticamente tanto por republicanos como por demócratas. Están regresando los toques de queda nocturnos para los menores y el país sigue contando con la mayor población encarcelada del mundo -con 2,3 millones, el 25% de los presos del mundo- y la tasa más alta de encarcelamiento per cápita -752 presos cada 100.000 habitantes (Human Rigths Watch: Informe Mundial 2012). La instauración de un Estado policial es el reflejo de la decadencia del capitalismo norteamericano. El estallido de la crisis mundial capitalista ha provocado una acentuación de sus tendencias más alienantes. Cuarenta y seis millones de personas viven en la pobreza (el mayor número del último medio siglo), cuatro millones de familias han sido desalojadas de sus viviendas y se consolida un desempleo de masas, especialmente en la juventud. El "sueño americano" ha muerto. Una desigualdad social enorme está provocando una profunda escisión en la sociedad (ver PO Nº 1.130). Las medidas represivas, en última instancia, reflejan el temor de la clase capitalista a que la crisis desate una agitación social de masas. Pero así como el Estado policial -y su sofisticada tecnología- ha sido impotente para evitar los ataques, menos aún podrá conciliar los antagonismos sociales o internacionales o contener la crisis del capitalismo mundial, cada vez más explosiva. Ningún "gran hermano" puede encerrar en un cuadro artificial a las contradicciones insalvables del capitalismo, que obliga a las masas trabajadoras a ponerse en movimiento para forjar su propio destino.

La situación poco natural de las inundaciones ha sacado a la luz el grado de desinversión en la obra pública por parte de los gobiernos, municipal, provincial y nacional. La falta de planes de vivienda, planeamiento urbano, y de datos oficiales de los desarrollos formales e informales de urbanismo, recrean en cada lluvia las condiciones para una nueva inundación. El Cipba (Centro de Ingenieros de la provincia de Buenos Aires), destaca que el "desmedido crecimiento urbano y la subejecución de obras hidráulicas, junto con obras de pavimento y reducción de superficies absorbentes", desembocaron en la inundación del pasado 2 de abril, en La Plata. Para el organismo, la situación se agrava por "la falta de abordaje de la problemática de los desagües hidráulicos desde un punto de vista interdisciplinario"; "la ausencia de diagnósticos de infraestructura, condiciones ambientales, estructura vial, hidráulica y crecimiento demográfico". No es sólo desidia del gobierno, es una política de urbanización que favorece el negocio especulativo inmobiliario, la consecuencia de esto es un desarrollo vertiginoso de barrios en las periferias de la región, dejando a más de un centenar de asentamientos en La Plata, Berisso y Ensenada. A fines de 2009, la ONG, "Un Techo para mi País", presentó un relevo de 127 asentamientos, entre La Plata, Berisso y Ensenada, que reunían a casi 19 mil familias que viven con escaso acceso a los servicios básicos. También daban cuenta de que la mayor concentración de viviendas precarias se asentaba en la zona de Melchor Romero y los Hornos. A esto, hay que sumarle la precariedad del hábitat, de la dificultad para contar con servicios tales como recolección de residuos o alumbrado público, además de tampoco acceder con facilidad a otras prestaciones esenciales como gas, luz y agua corriente. En muchos casos, con hospitales alejados de sus áreas y deficiencias en el sistema de transporte. En el 34,1% de las villas y los asentamientos, los vecinos cuentan con acceso al sistema de agua potable a través de perforaciones o pozos mientras que el 32,4% de los mismos accede al agua potable únicamente a través de la red pública. Con respecto al gas, el 83,4% de los residentes en las villas y los asentamientos no tienen acceso a la red, dependiendo su provisión del gas envasado (garrafa), la leña o el carbón, o el calentador eléctrico (En Relevamientos de Villas y Asentamientos de Gran Buenos Aires, Un techo para mi país, octubre de 2011). Los desagües pluviales directamente no existen, por ello, estas zonas fueron directamente tapadas por el agua el pasado 2 de abril. Los planes federales de vivienda, impulsados en algún momento en campaña electoral de los Kirchner, con fondos nacionales, nunca fueron terminados, las obras de los arroyos Del Gato, Maldonado y Carnaval que le corresponde al Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires, tampoco se realizaron, mientras la intendencia de Pablo Bruera aprobaba el Código Urbano en beneficio de las empresas constructoras e inmobiliarias. Esto fue puesto a la luz aquel 2 de abril, y por ello en las asambleas populares, los vecinos exigen una respuesta no sólo a las necesidades inmediatas, también reclaman las obras de compleja planificación e infraestructura, pero bajo control vecinal. Es necesario un programa de salida, La derogación inmediata del Código de Ordenamiento Urbano. La inmediata ejecución de obras hidráulicas bajo control de las asambleas vecinales. Desagües Pluviales, y Entubamiento de Arroyos. La implementación y desarrollo de: redes de agua potable, cloacas y gas. Un plan de viviendas populares, solventado con la reservas del Banco central e impuestos a los capitalistas.

Las paritarias siguen empantanadas. Centenares de gremios esperan que la UOM, Uocra, gastronómicos y otros grandes gremios marquen pauta. Todo aparenta calma en el movimiento obrero. Los gremios docentes de la provincia de Buenos Aires, cuando retomaban los paros después de la excusa de las inundaciones, terminaron acatando una conciliación obligatoria de Scioli, o sea de la propia patronal. Los docentes neuquinos y chaqueños extremaron esfuerzos en huelgas deliberadamente aisladas por la burocracia sindical. Sin embargo, hay bronca por abajo y crisis por arriba. Un plenario de gremios azucareros de Salta y Jujuy fijó un pliego de 8 mil pesos de mínimo y un convenio único. Empiezan las asambleas en los ingenios. Los trabajadores de prensa protagonizaron una movilización histórica en respaldo a paritarios elegidos por las bases, para reclamar un 35 por ciento de aumento. Los gráficos le pusieron el cuchillo al cuello a su burocracia, mediante una gran movilización de una docena de fábricas. Se espera ahora un plenario de delegados que, de concretarse, sería el primero en veinte años. En la UTA, las patotas de Fernández no han podido detener la extensión de un movimiento por 10 mil pesos de sueldo inicial que encabezan la 60 y Ecotrans. En la alimentación se han sucedido los mandatos fabriles por el 35 por ciento. Una asamblea general del Fate ha fijado el 35 por ciento de reclamo y se pronunció contra los dos años de extensión pretendidos por la conducción de Watsejko. En Conadu Histórica se procesa una crisis interior por la firma de un convenio a 16 meses, claramente inferior a la inflación. Caló y Gerardo Martínez maniobran a la baja, como siempre, pretextando una caída en la actividad. La burocracia sindical oficialista busca cómo plegarse a la política oficial de topes y cuotas inferiores a la inflación, cuando todas las demás variables se le escapan: el dólar, los precios "congelados" o los combustibles. Aun así -y como resultado de la crisis inflacionaria y de la presión obrera-, los pretendidos plazos de 18 meses parecen entrar en el olvido, con excepción de Luz y Fuerza. Moyano-Micheli La pasividad del sindicalismo opositor es completa. Moyano y Barrionuevo dejaron colgado a Micheli con el paro del 15 de mayo, depusieron la entrega de firmas por los salarios familiares y callan en relación a las paritarias y el impuesto al salario. Sus desvelos pasan por insertarse en el peronismo disidente de los De Narváez y los Massa. El triunfo de listas clasistas en Coca Cola, tanto en aguas gaseosas como en plásticos; en Impresores, la gran gráfica de Pilar; en la ceramista Lourdes de la zona Sur y en la plástica Mascardi; el impulso enorme de las 32 listas opositoras en el Suteba, las listas clasistas en el cuerpo de delegados del subte, la huelga petrolera del activismo santacruceño o la formación de una gran lista opositora en Foetra indican una tendencia subjetiva del activismo que se desenvuelve sin pausa.

La tasa de desempleo ha subido, en Francia, al 10% y el número de pedidos de seguro por desempleo se encuentra en un récord. El desempleo en Europa en su conjunto registra un récord del 12%. Hace dos años, la tasa de desempleo en Portugal era del 12%; ahora es alrededor del 17%. La tasa de desempleo en España ha alcanzado el récord del 27%. Incluso durante la depresión de los años 30, en Estados Unidos, el desempleo no había llegado a ese nivel. La tasa de desempleo, en España, entre los jóvenes menores de 25 años, ha alcanzado la tasa inimaginable del 57,2%. La tasa de desempleo en Grecia ha alcanzado la tasa del 27,2%. Incluso durante la depresión de los años 30, en Estados Unidos, el desempleo no había llegado a ese nivel. La tasa de desempleo en Grecia entre los menores de 25 años ha llegado al escalofriante 59,3%. La venta de automóviles en Francia fue, en marzo, un 16% inferior a la del año precedente. La venta de automóviles en Alemania fue, en marzo, un 17% inferior a la del año precedente. En los Países Bajos, la deuda de los consumidores es del 250% de su ingreso disponible. La producción industrial de Italia se hundió a un descomunal 25% en los últimos cinco años. Las firmas que han presentado pedidos de quiebra, en España, es aún mayor que el año previo. Desde 2007, el valor de los préstamos incobrables ha aumentado, en Europa, un 150%. Los retiros de depósitos, en Chipre, se duplicaron en marzo respecto de febrero pasado, a pesar de que los bancos estuvieron cerrados la mitad del mes. Debido al derrumbe absoluto de la vivienda, en España hay tres millones de unidades habitacionales vacantes. Las cosas van tan mal en España que edificios enteros se encuentran tomados por gente sin vivienda. El hambre infantil en Grecia ha alcanzado tales proporciones que los maestros informan que los niños hambrientos le piden comida a sus compañeros de aula. En Italia, la deuda pública supera el 136% del PBI. El 25% de los activos bancarios en Gran Bretaña se encuentran en bancos cuya relación activo-capital es de 40 a 1. El gigante bancario alemán, Deutsche Bank, tiene 55 billones de euros (más de 72 billones de dólares) expuestos a los productos financieros derivados. Pero el PBI de Alemania es, solamente, de 2,7 billones de euros. 29/4

La conducción de la Conadu Histórica resolvió dar por finalizado el plan de lucha, al firmar un acta con el gobierno nacional en la que reconocen "la legalidad y vigencia" del acta-acuerdo que firmaron las burocracias de las otras federaciones. Por ese acuerdo, nos dieron un aumento miserable de 29% en cuatro cuotas, y por 18 meses (hasta junio 2014). Esta actitud fue repudiada por casi la mitad de los congresales en el último congreso, quienes nos retiramos del mismo para no avalar semejante entrega. Quienes sí se quedaron para avalar lo actuado fueron los congresales que responden a la conducción filokirchnerista de Adiunt. Con su presencia, se colocaron objetivamente de espaldas de la docencia universitaria tucumana, que rechaza masivamente el ofrecimiento salarial del gobierno y lo actuado por la conducción nacional. Lo señalado también explica la parálisis en la que se encuentra Adiunt en cuanto a sus reclamos por la carrera docente y la estabilidad laboral, los graves problemas presupuestarios que afectan a la UNT y ante las dificultades crecientes en nuestra obra social, entre otras demandas. Pero la crisis del gremio se agravó por una conducta anti-gremial de su secretaria adjunta, quien aceptó una designación directa en un cargo nuevo en la Facultad de Artes. Adiunt siempre defendió el ingreso a cargos nuevos en la UNT a través de concurso, lo que a su vez forma parte de uno de nuestros principales reclamos (la carrera docente). Con la política de Tomada ante Pedraza -"no hay mejor defensa que un buen ataque", la conducción, ante la imposibilidad de explicar tal conducta, lanzó una campaña macartista contra el PO, que en el caso de la Facultad de Artes tiene el apoyo institucional de la decana y su camarilla adicta. Con su conducta, la actual conducción avanza en dislocar al gremio y en pisotear sus tradiciones sindicales. Por eso, llamamos a toda la docencia a repudiar este accionar de la dirección de Adiunt. Una asamblea general debería saldar estos temas y reorientar el sindicato, en esa perspectiva estamos trabajando.

Hace dos semanas tuvieron lugar en Telecentro las elecciones de comisión interna. Con la participación de unos 500 compañeros que acudieron a votar, el activismo nucleado en torno de la Lista Verde-Naranja obtuvo el 41 por ciento de los votos (190), a sólo 80 votos de la actual conducción, la que dirige desde hace siete años el cuerpo de delegados. La gran votación obtenida por la lista antiburocrática refleja la profundidad del proceso de reorganización sindical que se viene incubando entre los trabajadores para ponerle un freno a los atropellos de Pierri. El avance en relación con la elección de hace dos años fue notorio. Tanto en Zona Oeste y Zona Norte como en Capital, el voto fue mayoritario para los compañeros que desde hace años vienen luchando contra el impasse de la Azul y Blanca en torno de las condiciones de trabajo, la tercerización y la persecución gremial. Los volantes de campaña de la Verde-Naranja fueron desenvolviendo los ejes por los que deberá pasar la recuperación sindical en la próxima etapa: enfrentar la política de tercerización masiva (los tercerizados que hoy triplican al personal de planta), establecer la independencia de los trabajadores en la toma de decisiones, garantizar condiciones dignas de trabajo y un aumento salarial sobre la base de un "plus por telefonía" y el rechazo al impuesto a las ganancias, en un contexto de expansión notoria de la empresa a la luz de los acuerdos con el gobierno nacional. Este avance abre al conjunto de los trabajadores de la rama de la televisión -nucleados en el Satsaid- la posibilidad de retomar reclamos abandonados por años y de reagrupar a los sectores más activos.

La mayoría de las 4.500 fábricas textiles de Bangladesh han entrado en huelga a partir del derrumbe del edificio donde trabajaban casi 4 mil obreros en la capital (Dhaka), en su mayoría mujeres. Han fallecido, en condiciones horrorosas, casi 400 trabajadores hasta el momento y más del doble de esa cifra ha quedado mutilada para toda la vida. La huelga se fue imponiendo desde abajo, al conocerse la magnitud de la masacre y las condiciones en que se produjo. El martes 23, los trabajadores advirtieron sobre fisuras en el edificio, pero su dueño, un dirigente político de la gobernante Liga Awami, invocó el informe de un ingeniero para sostener que el edificio estaba en condiciones de operar "por otros cien años" ( Wall Street Journal , 28/4). Los patrones textiles, que conocían la situación, presionaron a los trabajadores para que concurriesen masivamente a sus tareas. La reacción obrera paralizó al país y abrió una crisis en el gobierno. Piquetes de trabajadores sitiaron las fábricas cuyos patrones se negaban a paralizar las tareas y forzaron su abandono. El viernes 26, una movilización multitudinaria recorrió las calles de Dhaka, convirtiéndose en una suerte de piquete masivo que obligó a cerrar plantas y paralizó las carreteras. Los trabajadores se enfrentaron físicamente con la policía, que trató de evitar la acción obrera por la huelga aún en los suburbios más extendidos de la capital. Fruto de esta reacción, los sindicatos decretaron una jornada de huelga general para el domingo 28 -en Bangladesh es un día hábil más- en reclamo de mejores condiciones de trabajo, y los empresarios resolvieron la paralización de tareas para el sábado y el domingo, en un hecho absolutamente inédito. El gobierno se vio forzado a disimular su complicidad y ordenó el arresto del dueño del edificio, detenido cuando huía del país junto a otros tres propietarios de las fábricas textiles que operaban en el predio. Un ajuste de cuentas Las movilizaciones masivas mantienen bloqueados los accesos a tres de los más importantes suburbios industriales. En torno del edificio derrumbado se libra una batalla campal, con trabajadores y familias desafiando el intento de la policía de alejarlos del lugar y eliminar el mayor foco de deliberación y presión política. La clase obrera de Bangladesh ha emprendido un demorado ajuste de cuentas. Más de 700 trabajadores han caído en incendios y derrumbes de fábricas en los últimos cinco años: 112 en 2012, 22 en 2006, 64 en 2005. La industria textil concentra el 79% de las exportaciones del país con una clase obrera que percibe, en su mayoría, un salario que ronda los 40 dólares al mes por jornadas de 15 horas. La vida de la clase trabajadora no cuenta. Las reglamentaciones de seguridad no existen, fruto de una acción criminal concertada entre el Estado y las empresas extranjeras que tercerizan el trabajo. El ministro de Trabajo de Bangladesh declaró que tiene sólo 18 inspectores para controlar la seguridad en el trabajo en más de 100 mil establecimientos fabriles sólo en la capital. El dueño del edificio colapsado fundó la estructura sobre un terreno pantanoso y se valió de la autorización formal de las autoridades del municipio. Esta impunidad está amparada por una red de ONG que certifican para las empresas que tercerizan las "buenas condiciones" en que se desenvuelven las tareas de los trabajadores. Al menos dos de las fábricas que funcionaban en el edificio que colapsó habían sido recientemente auditadas por la Business Social Compliance Iniciative (BSCI), una organización que representa a unos mil comerciantes europeos -incluyendo Adidas, Esprit y Hugo Boss. No sólo es China La rebelión obrera en Bangladesh tiene un fuerte antecedente en 2009, cuando, a partir del cierre de plantas y el no pago de salarios, un gigantesco piquete obrero paralizó a cerca de 20 mil trabajadores. Las obreras y obreros de Bangladesh siguen los pasos de sus pares de China, Corea, Vietnam, expresión de un protagonismo en un escenario de crisis profunda, provocado por las contradicciones que genera la crisis capitalista mundial.

Nuevamente, el Iuna se encuentra ante una crisis presupuestaria que raja las paredes. Con la llegada de la nueva rectora ultra K (quien fuera parte de la gestión radical que gobernara hasta el año pasado) las autoridades prometían dar salida al problema presupuestario. Sin embargo, sólo han conseguido adaptarse al presupuesto de miseria ya existente para el Iuna, del cual el 95 por ciento se destina a los bajos salarios docentes. Las distintas camarillas que gobiernan la universidad se han abroquelado tras la figura de la nueva rectora kirchnerista para profundizar el ajuste. La respuesta de las autoridades a la crisis ha sido la generación de recursos propios por medio de posgrados arancelados, cursos de extensión pagos y el alquiler de espacios a privados. La profundización de la restricción en el ingreso por parte de las autoridades ha sido otra respuesta a la crisis presupuestaria. Siete de cada nueve carreras han profundizado los ingresos eliminatorios, imponiendo más cupos. En este marco, las agrupaciones estudiantiles ligadas a La Mella han reforzado su adaptación al gobierno nacional y, en consecuencia, a las gestiones que gobiernan el Iuna. Argumentando 'defender la institucionalidad del departamento', han dado quórum a la elección de decano y llevan adelante un vaciamiento del centro de estudiantes, convirtiéndolo en una extensión de la oficina de alumnos. Lejos de denunciar el ajuste que impulsan las gestiones y el gobierno, paralizaron al movimiento estudiantil de visuales. En Artes Dramáticas han votado a favor del recorte de la carrera de dirección, rechazando la lucha por un ingreso irrestricto. Su adaptación al gobierno los ha llevado al punto de oponerse a que el centro de estudiantes convoque a la movilización del veredicto por el juicio de Mariano Ferreyra. Elecciones de consejeros En este cuadro, se llevarán adelante en todo el Iuna las elecciones de consejeros estudiantiles del 27 al 31 de mayo. Desde la UJS llamamos a impulsar listas de izquierda independientes del gobierno y las gestiones en todas las carreras. Es necesario desarrollar una gran campaña de debate con el conjunto de los estudiantes que pueda esclarecer la responsabilidad del gobierno nacional en la crisis presupuestaria y la política privatista que impulsan las autoridades. El movimiento estudiantil del Iuna tiene en sus manos una enorme tarea, debe recuperar los consejeros que hoy están en manos de la burocracia estudiantil y de agrupaciones que profundizan su adaptación al gobierno. La formación de una Federación Estudiantil del Iuna es otra tarea pendiente. Llamamos a toda la juventud del Iuna a participar del plenario abierto de la UJS, el sábado 11 de mayo a las 18 horas en el local del frente de artistas, Yatay 334.

El miércoles 17, los trabajadores de Fel-Fort, impulsados por la recientemente reelecta junta interna, dieron comienzo a un plan de lucha. Durante cinco días, llevaron adelante paros y asambleas en todos los turnos. Entre los puntos que están reclamando los trabajadores, figuran el pase a planta permanente de alrededor de 200 contratados, sobre un total de 700 trabajadores. En algunos casos, superan el año de actividad, cuando el período de prueba es de sólo tres meses. Además, reclaman recategorizaciones (que fueron relegadas para los trabajadores de planta), un plus de 1.500 pesos por la producción en Pascuas, un aumento salarial de 1.000 pesos por fábrica, mejoras en las condiciones de salubridad, seguridad e higiene y el rechazo a los descuentos de los premios por días de paro y asambleas. La actitud patronal dejó en claro la intención de ningunear la representación de los trabajadores y no reconocer los fueros de los delegados. Sin embargo, no hizo más que fortalecer la disposición de lucha que, con cortes y actos callejeros, sostuvieron desde afuera y a contraturno a los huelguistas de adentro y sumaron la solidaridad de agrupaciones clasistas y partidos de izquierda. El martes 23, el ministerio dictó la conciliación obligatoria, cuando el conflicto estaba en su punto más alto. Entonces, hizo su primera aparición el sindicato, para garantizar su cumplimiento. El acatamiento de la conciliación atravesó fuertes debates y votaciones divididas en las asambleas. Ocurre que no es la primera vez que la fábrica atraviesa la experiencia de una conciliación para desmontar la huelga, sin obtener resultados. De hecho, elementos de la patronal aprovecharon el impasse para diseminar la idea de que se descontarían los días de paro, intentando desmontar definitivamente el plan de lucha. En una nueva audiencia del martes 30, la patronal ofreció mejoras en las condiciones de trabajo para algunos sectores y el compromiso de algunos pases a planta, así como se notificó de los pedidos de recategorización. El recule patronal es el resultado de la profundidad del conflicto y la fortaleza de la lucha. Pero se trata todavía de un compromiso verbal, que no abarca todos los puntos reclamados. El próximo miércoles 8 habrá una nueva audiencia previa al vencimiento de la conciliación obligatoria. La unidad y la fortaleza de los trabajadores demuestran que hay condiciones para imponer los reclamos.

En una actividad precedida por pegatinas de afiches, agitación en el centro político y gacetillas en los medios de prensa, el jueves 25 Néstor Pitrola visitó nuestro distrito. Por la mañana atendió una amplia agenda de medios acompañado por la dirigente local del PO, Virginia Villanueva y, por la tarde, una reunión con vecinos en Quilmes Oeste, en la sociedad de fomento 14 de Agosto. En la reunión con los vecinos, Pitrola comentó su salida en el programa El Termómetro, origen de la escucha propagada por Jorge Lanata, en la que el intendente Francisco Gutiérrez insulta a un fiscal por un caso de corrup- ción que lo involucra. Néstor señaló que "este ataque al estilo barrabrava contra un fiscal que lo investiga demuestra que los 'lázarogates' están en todos los niveles del Estado (...) Haber llegado a la corrupción con el dinero de los planes Argentina Trabaja es la decandencia moral definitiva del progresismo kirchnerista, justamente la corriente de la que se pretende Gutiérrez". Allí discutimos que nuestra campaña tiene que llegar a todos los confines del distrito, para que la voz de los trabajadores llegue al parlamento nacional y al Concejo con una salida anticapitalista. Se votó el apoyo a la lista opositora del sindicato docente (Suteba) donde participan compañeros de Tribuna Docente, una campaña pública hacia los barrios quilmeños con la propuesta de obras públicas necesarias para evitar las inundaciones, contra el proyecto de Costa del Plata, en el cual Gutiérrez y Scioli le entrega la ribera a Techint, para realizar allí un proyecto inmobiliario, que elevará el nivel de la costa y promoverá el desborde de los arroyos que recorren el distrito. Resolvimos también impulsar la concurrencia el 1o de Mayo al acto del Frente de Izquierda, convocando previamente a los locales del PO de Solano y de Quilmes. También se aprobó continuar la campaña por perpetua a Pedraza, denunciando el encubrimiento del poder político de parte del tribunal que intervino en el juicio por Mariano Ferreyra. Se votó una campaña especial para organizar a la juventud del distrito y una actividad política en la Unqui, con Pitrola, donde compartimos la dirección del centro de estudiantes en una lista de izquierda.

El martes 23 de abril, más de 500 estudiantes del Normal 1, el Belgrano y la Media 8 se movilizaron al Ministerio de Educación, acompañados por el Centro de Estudiantes del ISFD Nª 95, docentes y padres.La movilización surgió luego de una masiva asamblea llevada adelante por el conjunto de la comunidad educativa del Normal 1, que discutió dos cuestiones: la reforma del régimen académico y la crisis edilicia. Por un lado, la reforma del llamado "régimen académico" propone que "lo que comúnmente se denomina 'horas libres' debe conformarse como espacios de aprovechamiento pleno de la jornada escolar...". En la práctica, este "aprovechamiento" no es tal, ya que, debido a la falta de designación de docentes y preceptores, los alumnos quedan obligados a permanecer en el establecimiento sin recibir ningún tipo de formación. Por otro lado, apareció nuevamente el reclamo histórico por las mejoras edilicias. En un comunicado, los estudiantes del Normal 1 denuncian que "desde hace un año, el gimnasio se encuentra clausurado por peligro de derrumbe, el subsuelo se inunda cada vez que llueve y el establecimiento no cuenta con calefacción ni rampa para discapacitados". Las denuncias hechas por el centro de estudiantes del Normal 1 es un botón de muestra de la situación en la que se encuentran el 77 por ciento de las escuelas de la provincia de Buenos Aires. La crisis edilicia en los colegios se ha agravado luego del 2 de abril: miles de estudiantes no han podido comenzar las clases debido al deterioro sufrido por las inundaciones. La importante movilización del Normal 1 marca el camino. Desde la UJS llamamos a organizar asambleas en todos los colegios para elaborar nuestros pliegos reivindicativos y confluir en un plan de lucha unificado de todos los secundarios de La Plata, Berisso y Ensenada que lleve a la victoria al movimiento estudiantil.

El viernes 26 de abril se realizó la asamblea general de la fábrica convocada por el Sutna San Fernando con una importante participación de trabajadores. La planta quedó casi paralizada. Se resolvió por unanimidad la exigencia a la patronal del pago de un 26 por ciento de piso del premio "celular" (el que integra producción y calidad en la misma ecuación), dada la enorme manipulación que practica la patronal en su pago. Se votó el plazo de una semana para que la patronal dé respuesta. En caso contrario, habrá asambleas en todos los sectores y turnos a partir del lunes 6 de mayo. También se dispuso exigirle al sindicato del neumático el adelantamiento de la discusión paritaria, iniciando una campaña con un petitorio por el 35 por ciento de aumento por nueve meses, hasta el 1º de marzo de 2014. Se exige, además, que la patronal se haga cargo del impuesto a las ganancias. La asamblea resolvió que el petitorio sea entregado en una movilización al sindicato y al Ministerio de Trabajo. Otro de los planteos dirigidos al gremio es la convocatoria a una asamblea general, para organizar un reclamo a la escala de todo el neumático. Al mismo tiempo, el Sutna San Fernando convocará a "otras representaciones sindicales" a unificar el reclamo contra el impuesto a las ganancias y la realización de una movilización contra el mismo. Ya tiene fecha un encuentro con ese objetivo, para el próximo sábado 11. Está claro que el reclamo contra el impuesto a las ganancias sobre los salarios es una lucha contra la confiscación del gobierno kirchnerista, pero el planteo transicional de que la patronal se haga cargo del impuesto es un camino de lucha para el neumático y para todo el movimiento obrero fabril. En una entrevista en Página/12, Pedro Wasiejko, secretario general del gremio, llama a los trabajadores a "no discutir sólo salarios", para jugar un rol activo "en las políticas de los gobiernos populares de la región". Según Wasiejko, el reclamo de aumento salarial sería funcional a los grandes grupos económicos, que trasladarían los aumentos a los precios y reforzarían la presión para devaluar el peso. Los argumentos de Wasiejko -más propios de un secretario de Comercio que de un sindicato obrero- preparan el agua para un acuerdo dentro del repertorio que está firmando la burocracia sindical, con un convenio que se extienda más de un año e incluya "productividad y competitividad", o sea una mayor presión patronal sobre ritmos y condiciones de trabajo. El sindicalismo más kirchnerista enarbola la política de la Unión Industrial. Las resoluciones de Fate han dejado un mandato de lucha, marcan un principio de recomposición de esta combativa fábrica y un camino para las otras dos grandes del neumático. La convocatoria al encuentro del 11 de mayo será discutida de inmediato por la Coordinadora Sindical Clasista, que tiene entre sus prioridades una campaña nacional contra el impuesto al salario.

En Saavedra La presencia de Jorge Altamira en Saavedra atrajo a una gran cantidad de vecinos. Con el local del bar "La Facha" completamente lleno, muchos siguieron la charla desde la calle, donde también se había instalado un equipo de sonido. Fue una demostración del crecimiento de la candidatura de nuestro compañero en el distrito y más allá de él. Altamira logró establecer un diálogo animado durante dos horas con los vecinos, que plantearon interrogantes, acuerdos y varias críticas. Un tema dominante fueron las inundaciones y la crisis urbana en general, una combinación de anarquía inmobiliaria, abandono de la vivienda popular y de la infraestructura de los barrios más carenciados, y el desvío de los fondos del presupuesto hacia negociados y obras para el turismo. Una moción de los vecinos -convocar a una asamblea inter-comunas- fue votada con entusiasmo. Para una nueva reunión, también votada, los asistentes se comprometieron a traer propuestas programá- ticas. En la reunión se hicieron presentes trabajadores ferroviarios y del subte, trabajadores de comercio y empleados públicos. La conversación se extendió, luego de la partida de Jorge, hasta bien entrada la noche, en una cena muy numerosa y compartida con los vecinos. Como ya ocurriera en la asamblea en el barrio de Belgrano, en Saavedra se planteó, de parte de los asisten- tes, el tema del carácter de clase del partido. Esto traduce la veloz comprensión, entre el electorado reciente del PO-Frente de Izquierda, de que somos una fuerza con intereses sociales definidos. Altamira aprovechó para explicar que el nombre de nuestro partido obedecía a la necesidad de refutar el planteo policlasista del peronismo, donde la clase obrera actúa como el furgón de co- la de la burguesía nacional. La determinación obrera del partido significa la transformación de la clase obrera en clase dirigente del conjunto de las clases oprimidas por el capital. El desenvolvimiento de este tema elevó en forma considerable el nivel de debate de la asamblea. Mario Diamonte Con los Bancarios El viernes 26 de abril, más de cincuenta compañeros bancarios compartieron un asado con el candidato a diputado nacional por la Capital del Partido Obrero y el Frente de Izquierda, Jorge Altamira. Los compañeros de Tribuna Bancaria organizaron la actividad con el objetivo de discutir con los compañeros una alternativa de izquierda a la disputa entre el gobierno y la oposición patronal. La actividad representa un salto político importante de la agrupación y un gran desafío. Había compañe- ros de toda la banca pública y de los más importantes bancos privados, con delegaciones numerosas del Provincia y el Galicia, donde nuestra agrupación ha conquistado posiciones importantes. El debate arrancó con el 18-A. Jorge explicó que, si bien los reclamos por los cuales se salió a las calles eran justos, no existía una delimitación clara de la oposición patronal. Señaló que "nuestra delimitación tiene que ser tanto con los chavistas como con los Capriles criollos", para afianzar una salida por izquierda a la crisis capitalista. Jorge afirmó que "estamos en una situación de transición en el movimiento obrero, se está procesando un acercamiento a la izquierda y al Partido Obrero, y es un cambio cada vez más intenso", y agregó: "Toda nuestra política apunta a reclutar una poderosa fuerza militante a partir de este fenómeno en desarrollo. Huimos del sectarismo como de la peste. Está claro que el Partido Obrero tiene vocación mayoritaria". También debatimos sobre Venezuela, la reforma reaccionaria de la Justicia y la importancia de la cons- trucción del partido, de su programa y su financiamiento. Todos se llevaron Prensa Obrera y el Boletín de Tribuna Bancaria. Y muchos comprometieron su presencia en el acto del 1o de Mayo del Frente de Izquierda. Tribuna Bancaria En el Bajo Flores y en la Villa 1-11-14 El sábado 27 de abril, más de 40 vecinos se reunieron en nuestro local del Bajo Flores para conversar con Jorge Altamira. Luego de la charla, Altamira recorrió la Villa 1-11-14, donde se realizó una asamblea con más de cien compañeros. La asamblea se convirtió en una interpelación. Los vecinos plantearon el problema de la seguridad, puesto que Gendarmería ocupó el lugar pero ésa sigue siendo una zona liberada para el delito. Para Altamira, el camino a seguir es la organización independiente del barrio para ejercer el control sobre la Gendarmería, que debería responder en forma diaria por sus actividades y por sus resultados. Altamira agregó que el comité popular de control debería tener injerencia en las detenciones que realiza la Gendarmería, para distinguir la responsabilidad de las organizaciones delictivas de aquellos delitos individuales determinados por la miseria social, en particular cuando son realizados por jóvenes. En este sentido, el comité vecinal de control debería ejercer una actividad de tribunal, que ofrezca salidas sociales diferentes a las condenas y castigos de la justicia institucional. Jorge aclaró que si se había detenido un largo tiempo en este punto es porque es así como se desarrollará el programa de transición de un gobierno de trabajadores, que enseguida entregará la gestión de seguridad a los comités populares y procederá a erradicar las causas del deshaucio social. En relación con la lucha contra la drogadicción, Jorge insistió en lo que ha venido planteando en asambleas anteriores, o sea la necesidad de una campaña de las organizaciones obreras para arrancar a la juventud de la droga y el narcotráfico, y formarla en una conciencia de clase y espíritu militantes. Sobre la urbanización de la 1-11-14: Altamira respondió que con el 10 por ciento de una cuota de la deuda externa se urbaniza la villa. Es decir que hay cambiar la organización social, que hoy se encuentra dominada por el capital finaniero y bancario. Altamira señaló que la cuestión urbana se ha presentado como un problema fundamental en otros barrios, incluso de clase media, donde la especulación inmobiliaria y la desinversión en infraestructura y en mantenimiento de viviendas, está provocando un derrumbe de las condiciones de vida de la ciudadanía. Es lo que demostraron las últimas inundaciones. Osea que hay que ir a un frente único de trabajadores sobre un plan urbano obrero y popular. ¿Se puede confiar en el PO? Una vecina planteó de un modo muy enérgico su desconfianza en partidos y políticos, a partir de una experiencia de engaños. Jorge respondió la única forma de evitar esta traición es con la participación militante en nuestro partido, que convierte a cada uno en protagonista conciente de su propio destino político. A diferencia de los Macri y los K, en el Partido Obrero, destacó Altamira, existe la democracia obrera y una actividad intensa de capacitación política, para que cada miembro se convierta en cuadro de dirección de las grandes masas. La charla culminó con la convocatoria a concurrir con todas nuestras fuerzas al acto del 1° de Mayo. Corresponsal

Desde los barrios más anegados, donde los trabajadores han sido abandonados por el gobierno, emergen nuestros militantes del Polo Obrero. Ellos, desde el mismo momento en que el agua entraba a sus casas, pensaban en cómo salvar la vida de sus vecinos que vivían cerca del arroyo. Así, rescataron a varios niños, como ocurrió en el barrio Las Palmeras. Esa condición humana de nuestros militantes es la que fortalece nuestra organización. Con ese ímpetu, se desarrollaron asambleas de 30 compañeros en Los Hornos, se ampliaron los barrios de Hernández con dos asambleas que agrupan a 60 vecinos, se revitalizó el trabajo de Altos de San Lorenzo y se ha ampliado el trabajo en Tolosa. El día del temporal, Villa Nueva, el barrio histórico del Polo, movilizó a todo el barrio, obligando a que la intendencia de Enrique Slezack les brinde el gimnasio municipal como albergue. Cuando volvieron al barrio, los compañeros se pusieron a la cabeza de la entrega solidaria de donaciones, y de la construcción de una asamblea popular de 80 vecinos. Luego, hicieron lo mismo junto a los compañeros de la UJS, en el barrio Villa Roca, Santa Cruz, y Villa Argüello. El Polo Obrero llevó la solidaridad de clase a todos los barrios, repartiendo ropa, alimentos, artículos de limpieza, agua y colchones a todos; desarrollando asambleas populares, discutiendo quiénes son los responsables políticos de la muerte de nuestros hijos. La explicación de que la inundación tuvo como responsables a Bruera, Scioli y Cristina por la falta de obras, fue tomada por el conjunto de nuestras asambleas. El Polo Obrero rompió con todo intento corporativista de las agrupaciones, llamando a organizarse en asambleas populares, de vecinos. La Cámpora, y los punteros del PJ, intentaron en varias de ellas impedir su realización, pero el Polo puso toda su tenacidad militante, y volvió a convocar casa por casa, con petitorio y volante en mano, transformándose en el motor de muchas de ellas en Berisso, y en La Plata. Un cuerpo de delegados representando a una decena de barrios se ha fortalecido luchando contra los gobiernos responsables de esta catástrofe, el Polo sale adelante y va por más.

El 24 de abril se cumplieron dos años de la intervención del Sindicato Petrolero de Santa Cruz. El mismo día se conoció la decisión de la Federación Nacional de Petróleo y Gas Privado de extenderla por un año más. Fue la gota que rebalsó el vaso. En este período, fueron cientos los despidos y suspensiones, las persecuciones de activistas, la rebaja de categorías y la pérdida de beneficios por parte de los trabajadores. La nueva Ley de ART, el impuesto al salario, los topes en las asignaciones familiares y la falta de atención de la obra social fueron el revulsivo de esta rebelión obrera. Al conocerse la decisión de la Federación, se realizaron asambleas autoconvocadas y multitudinarias: 1.200 compañeros en Caleta Olivia y Pico Truncado y 700 trabajadores en Las Heras votaron comenzar un paro por tiempo indeterminado hasta que se vaya la intervención y se fije la fecha de convocatoria a la asamblea que elija la junta electoral. Inmediatamente, más de 8 mil trabajadores entraron en medida de fuerza. Toda la región se conmocionó. Recule oficial y nueva asamblea En este cuadro, el viernes 26 de abril, el Ministerio de Trabajo debió declarar ilegal la intervención, pidiendo a la Justicia federal de Caleta Olivia que proceda a la normalización del sindicato. La huelga había conseguido su principal objetivo: terminar con la intervención. Esa tarde, una asamblea de 6 mil obreros en Pico Truncado analizó la situación y el pedido de Tomada. Se resolvió: -que la negociación se haga en Santa Cruz y no en Buenos Aires; -designar a dos compañeros de cada localidad (Caleta, Pico Truncado, Las Heras y Río Gallegos) para llevar adelante las negociaciones y el proceso de convocatoria a elecciones; -que se reconozcan los días caídos por la medida de fuerza y ninguna sanción o persecución a los huelguistas; -que se incorpore al padrón electoral a todos los compañeros ingresados en los últimos seis meses; -que se reincorporen a las empresas a todos los despedidos de los últimos dos años de intervención; -que se elijan delegados y/o representantes que sean reconocidos por las empresas y los normalizadores hasta que se hagan las elecciones; -continuar la medida hasta que se firmen los acuerdos con el Ministerio de Trabajo y el Juzgado federal. Terminada la asamblea, los trabajadores se retiraron a sus puestos de lucha y allí pasaron el fin de semana apostados a la vera de los accesos al yacimiento petrolero. El apuro de Tomada-De Vido tenía sus razones: el lunes 29 estaba prevista la visita de Cristina K a Las Heras. Pero el gobierno nacional sigue sus propios intereses en esta crisis, puesto que el fin de la intervención es un golpe al gobierno provincial. Basta recordar que fue el gobernador Peralta, hace dos años, quien pidió que se interviniera el gremio petrolero y alineó con él a varios "normalizadores". En todos estos días se destacó la agitación política del Partido Obrero en la zona. Una conferencia de prensa, pintadas, diarios, TV, radios y portales petroleros reflejaron nuestro planteo: que Cristina y Peralta le devuelvan el sindicato a los petroleros, sacando las conclusiones políticas de esta lucha que nace de las entrañas de las necesidades obreras. Cómo seguimos En la mañana del lunes 29 sesionó la asamblea general de los petroleros, con la siguiente novedad: la Justicia emitió una resolución que ordena el cese de la intervención de la Federación y ordena al Ministerio de Trabajo la normalización del sindicato. Se designa una comisión con un normalizador y los ocho trabajadores elegidos en asamblea para tal fin. La resolución establece la elección de la junta electoral por asamblea ordinaria para el 14 de mayo. Con esta decisión en la mano, la asamblea levantó la medida de fuerza. Queda planteada la organización de los propios trabajadores para instrumentar y garantizar los puntos votados en la Asamblea, evitar las maniobras de los viejos personeros ligados a la burocracia y las de los intendentes K (Córdoba y Camino) y el vicegobernador Cotillo. Entonados por esta victoria, vamos por una lista independiente de la burocracia, el gobierno y las patronales.

Compañeras y compañeros: Reciban en este primero de Mayo internacionalista el más caluroso saludo militante y revolucionario.Y también un saludo a nuestra compañera Elsa Rodríguez, a la que no olvidamos y tenemos presente como símbolo de coraje personal, de coraje de clase y, como buena uruguaya, de coraje internacionalista. Este primero de mayo es, probablemente, uno de los más duros de los últimos tiempos. La crisis capitalista -y el dominio que aún conserva el capital en esta crisis- está provocando enormes sufrimientos, dolores y tragedias a la clase obrera mundial. Veintiocho por ciento de desocupación en España no es un número: son masas obreras que se han quedado sin empleos y sin viviendas. Sesenta por ciento de desocupados en la juventud: es un verdadero crimen social, que es la fuente de las más gigantescas rebeliones que se van a producir en el período que se abre. Ninguno de estos trabajadores va a perdonar el suicidio de su padre, la pérdida de perspectiva de sus hijos; y han empezado a cobrárselos. Porque en el derrumbe infame de ocho pisos en la capital de Bangladesh no sólo hay más de 400 víctimas, no sólo hay una demostración del apetito implacable de ganancia sobre el trabajo humano por parte de la clase capitalista: hace diez días que Dhaka, la capital de Bangladesh, está en rebelión. Hay decenas de miles de manifestantes en las calles, se están ocupando las fábricas y hay choques con los policías. Desde esta tribuna, le prometo al capitalismo mundial mil Dhakas en la etapa que se viene de aquí en más. No podemos esconder esta situación. Los dolores de parto de la gran rebelión obrera en el mundo contra el capitalismo son cada vez más intensos. Pero son esos dolores y ese parto a los que apostamos los partidos que integramos el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Es nuestra perspectiva. Y cualquier estrategia tiene como punto de partida una perspectiva. A la catástrofe capitalista sólo le puede poner remedio la revolución social, el gobierno de los trabajadores y la república mundial de la clase obrera. Una crisis excepcional en Argentina Argentina no es un oasis en esta crisis: 35% de tercerizados, jubilados con 2.100 pesos, un 80% de trabajadores que ganan menos de 4.000 pesos. Y la destrucción de la salud pública, porque lo ocurrido con el neuropsiquiátrico Borda es una política general: el Hospital Rawson está prácticamente vaciado, completamente en ruinas. Es muy claro para todos que Argentina vive una crisis política excepcional: crisis de poderes, luchas de camarillas, ataques entre clanes y mafias capitalistas de la oposición y del oficialismo. Se salen de la vaina por lanzar una guerra de unos contra los otros y no lo hacen por temor a la reacción de la clase obrera. Lo importante de esta crisis es que no hay en el campo capitalista una salida. Abarca a los dos grupos capitalistas: opositores y oficialistas. Esta es la importancia de este acto, y de este agrupamiento de fuerzas de la clase obrera y de la juventud. Porque en este contexto político es la única alternativa consecuente al derrumbe del país y de su economía. Y aquí también: ésta es nuestra perspectiva y sobre la base de esa perspectiva, ahí está nuestra estrategia. Compañeros: comparen este acto con nuestro acto de inauguración del Frente, el 1º de Mayo de 2011. Las circunstancias me ponen a mí en una situación privilegiada, como seguramente ocurre con los compañeros que me precedieron, para valorarlo. Yo podía ver el Cabildo hace dos años. Ahora, sólo veo el primer piso del Cabildo (aplausos). Hay una multitud de trabajadores que, en este día nublado, han venido aquí a apoyar al Frente de Izquierda. Es un hecho objetivo. La conquista política de la clase obrera Lo que nosotros hemos desarrollado y conquistado, compañeros, tiene que ser entendido con mucha precisión. Nosotros hemos comenzado a cambiar la cabeza política de la clase obrera argentina. A nosotros nos escuchan centenares de miles de trabajadores. Hemos desenvuelto una campaña política y electoral implacable. Es la primera vez en la historia argentina que una izquierda revolucionaria discute el pensamiento político de la clase obrera. Eso es mucho más que un conflicto, que una lucha parcial -con la importancia que le damos, no ya a una lucha parcial, sino al más pequeño roce con la clase patronal. Pero no estamos hablando de discusiones entre decenas, sino entre miles y miles de trabajadores. ¿Qué dicen las encuestas? Que el Frente de Izquierda tiene como piso electoral, en este momento, seis meses antes de las elecciones, el techo que obtuvo en las elecciones generales de octubre de 2011. Partimos de 600.000 trabajadores, (…) Cómo no comprender la importancia de la lucha política que hemos iniciado y a la cual nos hemos a-pli-cado en forma consecuente, entendiendo que toda crisis capitalista -para que la expresión no sea un verso- es una crisis de poder. Y una crisis de poder le plantea a los explotados una revisión total de los pensamientos recibidos y de los prejuicios. Y nosotros vamos por la cabeza, la conciencia y la tradición histórica del proletariado de la República Argentina. Compañeros y compañeras: nuestros adversarios de la centroizquierda, del estalinismo y de la izquierda democratizante han fracasado en el intento de conquistar a la clase obrera. Pero ni siquiera esto: han renunciado para siempre a ese propósito. Nosotros ya estamos protagonizando la historia de los próximos años de este país. Ya estamos en una disputa de poder. Esto vemos desde el Partido Obrero con toda claridad. En octubre pasado, nos largábamos con todo a la lucha política, con la previsión de este desarrollo. El resultado está ahí: en la Ciudad de Buenos Aires, las asambleas que realizamos por barrio tienen la concurrencia de centenares de personas. No hay barrio donde no haya una organización del Partido Obrero y del Frente de Izquierda. En la Recoleta todavía no se formó… pero no renuncio a la Recoleta, porque existe un antro de explotación que probablemente no exista en Caballito o en Flores: no hay que mirar los rascacielos, hay que mirar lo que pasa adentro. ¡Y las discusiones que se plantean sobre la transformación del país! Viene gente de clase media a discutir, ¿ qué están haciendo ellos en una asamblea con un partido que se llama… Obrero? Vienen a que le digamos por qué es importante que esta lucha tenga un carácter de clase. En la provincia de Buenos Aires, al menos en lo que hace al Partido Obrero, nos vamos a presentar en cerca de 90 distritos, con candidatos de trabajadores, con compañeros que trabajan en una fábrica, pero, además, se levantan como expositores de una línea política, y salen a debatir y a pelear con los caretas de la clase capitalista, formados en universidades extranjeras. Estamos formando una clase obrera consciente y esto es lo que está en juego en la campaña electoral que se abre. La condena a Pedraza Compañeros: el 1º de Mayo es un día de balance para nosotros y para la clase obrera. Nosotros hemos disputado, en los últimos dos años, la batalla política más importante en décadas. Mandamos en cana, por quince años, a la burocracia sindical. Nadie antes lo había logrado. Hemos puesto dinamita a esa rutina que cree que la burocracia sindical es imbatible. No fue por un conflicto en una fábrica, por una reivindicación o por la elección de una interna: fue la consecuencia de una lucha política sin compromisos. Porque después de haber obtenido los quince años a Pedraza, le dijimos al país entero que estamos en contra y que vamos a apelar. No hubo concesiones, no transamos con el gobierno “nacional y popular”. Lo marcamos a fuego en cada etapa de esta lucha. Y eso tiene que ver con la conquista política de la clase obrera, que por primera vez se va a producir por la acción de la izquierda revolucionaria representada en el Frente de Izquierda y de los Trabajadores. Si no entendemos la lucha política que se ha abierto y la desvalorizamos como una pelea electoral, que lamentablemente tenemos que atravesar porque así lo dicta la Constitución del Estado, estamos como Robinson Crusoe en la isla: perdidos. Nosotros queremos esta lucha, queremos ir a que recuenten los votos. Nosotros tenemos más de lo que teníamos. Es el vuelco de la clase obrera, que será lento (...) Pero basta que se rompa una pequeña compuerta, como ocurrió con la condena a la burocracia sindical, para que nuevos contingentes fluyan. Como consecuencia de este desarrollo, también en el campo estudiantil obtuvimos triunfos: por décimo o undécimo año consecutivo, hemos derrotado a la derecha en la UBA, en la Fuba y en AGD. Pero además hemos destruido el boicot de La Cámpora, que quería formar una Federación paralela. Esta es la acción de una juventud politizada, entrenada en la combinación de la estrategia y de la práctica, que recorre todos los recodos y laberintos necesarios para golpear al capital, al poder, para afirmar a la juventud y a la clase obrera en el avance al socialismo. La clase obrera en movimiento Llevo el 1º de Mayo en la sangre y por eso siento la obligación de ponerle altura a una línea política. Y concluyo con un saludo a los trabajadores petroleros de Santa Cruz que, junto con el Partido Obrero hemos echado a la burocracia sindical encaramada a través de la intervención del Estado. Y vamos, en las próximas elecciones, por una dirección antiburocrática entre los petroleros de la patria de los Kirchner. Tomo el saludo de mis compañeros que me precedieron al frente que va a pelear el Suteba, y el reconocimiento a la compañera Romina del Plá, elegida por todos sus compañeros de izquierda para rescatar al sindicato de La Matanza de las manos de la burocracia y llevarlo al campo del clasismo y antiburocrático; a los compañeros de Siderca en Campana, que han montado una gran agrupación que va a pelear el control del cuerpo de delegados y la comisión interna en esa gran fábrica de Techint. A los compañeros del parque industrial de Pilar, a los gráficos, a los plásticos de Coca-Cola del norte de la provincia, a los trabajadores de prensa que están luchando por una paritaria libre contra la burocracia sindical, a la Asociación Gremial Docente. Un saludo a esta enorme fuerza en movimiento que es la clase obrera, que, a través de la lucha política, la tarea más importante del militante socialista, debe ser ganada a la causa del socialismo. Porque ésa es la condición para transformar el mundo sobre nuevas bases sociales, erradicar la explotación y liberar a la humanidad del yugo de la explotación del hombre por el hombre. Ha sido un gran 1º de Mayo. Volvamos a nuestras tareas políticas y de lucha animados de un gran entusiasmo, porque estamos trazando el camino de la victoria. Buenas noches, compañeros.

El gobierno, a último momento, cedió el manejo del presupuesto del Poder Judicial a la Corte Suprema, cuando el proyecto de reforma de la Justicia (que ya había votado el Senado) preveía que recayera en el Consejo de la Magistratura. Este giro político descomunal ha sido minimizado tanto por la prensa oficial (que intenta encubrir al gobierno) como por la opositora (que no sabe si es una concesión del oficialismo o si, por el contrario, es un toma y daca para que la Corte se convierta en ‘cortesana’). El recule del kirchnerismo, sin embargo, es inconfundible y, por sobre todo, comprensible. El traspaso del presupuesto del Poder Judicial al Consejo de la Magistratura era consecuente con el propósito declarado del gobierno de que el control de la Justicia quedara a cargo del organismo elegido por el sufragio popular. El recule convierte a esta soberanía popular sobre la Justicia en un verso. En esa misma línea se encuentra la segunda concesión hecha por el oficialismo, que mantiene la designación de los secretarios de los juzgados a cargo (a dedo) de los propios jueces. El resultado es que la “democratización de la justicia” perpetúa el gobierno de las camarillas judiciales. De acuerdo con muchas versiones, los jueces de la Corte habían comunicado al gobierno la decisión de renunciar en pleno si, finalmente, eran privados del manejo del presupuesto judicial. Si esto es cierto, estamos ante un golpe de estado judicial. Aporta a la verosimilitud de esta versión la amenaza pública de renuncia por parte del presidente de la Corte, Lorenzetti, en caso de que el gobierno canjease los ‘ahorros’ -de unos 5.000 millones de pesos- que tiene el Poder Judicial por un bono de deuda emitido por el Tesoro. A Lorenzetti no se le pasó por la cabeza renunciar cuando el gobierno se quedó y se sigue quedando con los fondos de la Anses y del Banco Nación a cambio de bonos que no piensa pagar jamás (‘pagadios’). La Corte Suprema, cabeza política de la corporación judicial, ha impuesto su salida mediante una extorsión. Esto avizora un mal pronóstico para el kirchnerismo: a cambio del copamiento del Consejo de la Magistratura, que de todos modos será cuestionado en sede judicial, los K han entregado el ciento por ciento del cuerpo político de la reforma. Ha quedado al desnudo un conflicto de poderes, cuyo primer turno ha sido ganado por la corporación judicial -en definitiva, los estudios de abogados que trabajan para las mayores corporaciones capitalistas. Esto tiene lugar cuando una parte de la oposición va por la yugular del oficialismo, Julio de Vido, en la ofensiva contra el lavado de dinero de Lázaro Báez. La estabilidad política marcha por un camino de cornisa.

Las dos tandas de descuentos masivos provocaron un repliegue de la mayoría de los huelguistas y la irrupción de una tendencia oportunista, falsamente radicalizada, que sembró confusión entre los luchadores más decididos -y desesperados- tras semanas de la heroica huelga. Cuando comenzó la negociación, fogonearon la negativa a realizar una contrapropuesta al gobierno, que impulsaba Tribuna Docente. Incluso cuando pusimos a consideración de las asambleas un cambio de estrategia con paros semanales, ante la caída de la adhesión, tensaron las asambleas y plantearon el rechazo a secas y la defensa irrestricta del pliego original. Impusieron los cortes por la vía de los hechos para presionar, no ya a Sapag, sino al plenario de secretarios generales. Esta tendencia estaba impulsada por la conducción celeste del FUS, que durante el último período se adaptó a las políticas del gobierno nacional y provincial, eliminó las asambleas y plenarios y aún está pendiente que rindan cuentas sobre sus responsabilidades frente al desmanejo de los fondos sindicales. Con ellos actuó en común la Lista Lila, que en las pasadas elecciones habilitó con su presentación y votación raquítica, la continuidad de la celeste en la dirección provincial como minoría. A esta orientación corrieron a acoplarse la Púrpura (POR), Democracia Obrera y hasta Convergencia Socialista (Colorada). La Fucsia (IS), que se bandeó durante toda la huelga entre posiciones conservadoras y ultimatistas, criticaba la huelga general y al mismo tiempo rugía radicalismo cuando la huelga empezó a agotar sus posibilidades. Esta actitud irresponsable ha ido muy lejos. Paralelamente a las declaraciones de Sapag contra la izquierda, promovieron además una acción violenta, reaccionaria y macarthista contra Aten recuperada por los sectores combativos y la izquierda, al extremo de pintar las paredes del sindicato y manifestarse frente a la Casa de Gobierno con una columna que igualaba a la conducción de Aten con la burocracia de Moyano y Pedraza, y no denunciaba a la burocracia yaskysta y michelista que aisló la gran lucha que nuestro sindicato llevó a cabo. Aten ha recuperado sus asambleas, sus plenarios abiertos, en donde todos los afiliados hacen uso de la palabra y se garantizan los recursos económicos para el transporte y comida. Esa fue la base de esta gran huelga. Hay que seguir de largo de este faccionalismo antiobrero, que apunta contra el propio sindicato, y sacar un balance de clase, especialmente en virtud de las nuevas elecciones en puerta para vocalías y juntas de clasificación.

A los ojos de todo el país, se ha revelado el prontuario de los capos del ‘modelo’ oficial. Los empresarios K -beneficiarios de contratos, subsidios y todo tipo de prebendas- han organizado un gigantesco circuito de dinero negro. Los fondos arrancados al presupuesto público han ido a parar al exterior. La revelación desató la respuesta de los K: por lavado de dinero también están escrachados los responsables del pulpo Clarín. Durante muchos años, unos -los Báez o Cristóbal López- y otros -la ‘corpo’- obtuvieron ganancias extraordinarias, a costa de la explotación obrera y los fondos públicos. Pero la quiebra del ‘modelo’ ha desatado esta lucha "por arriba". La misma pelea que está haciendo crujir a todos los poderes del Estado. Para mantener a salvo la confiscación a jubilados y trabajadores, el Congreso votó la reforma judicial de los K. Para mantener a salvo sus prerrogativas, la camarilla judicial chocará ahora con el Congreso. La oposición protesta por la supresión kirchnerista del derecho a peticionar. Pero uno de ellos, Mauricio Macri, ha barrido con esos mismos derechos en el Borda por la vía de los palos, los gases y las balas. La guerra "por arriba" delata una crisis de fondo, que abarca por igual a oficialistas y opositores. Es la oportunidad para hacer emerger, con toda su fuerza, una alternativa de izquierda.

En los últimos días, las denuncias de Lanata y el grupo Clarín en relación con los manejos económicos de la camarilla oficial han subido otro peldaño, pues tienen como blanco muy concreto al padre de todas las corruptelas -Julio De Vido, el ministro de Obras Públicas-, como cajero universal de la familia K. Todo está en marcha para ir por la jefa de los jefes, Cristina Fernández. De Vido, sin embargo, atribuye la operación mediática a un objetivo menor, como ‘frenar obras’, en alusión a la licitación de dos centrales hidroeléctricas de Santa Cruz, que ya tiene a Báez como número puesto. Báez, asociado a capitales chinos y a la empresa local IECSA, perteneciente al primo de Mauricio Macri, compite con las grandes contratistas brasileñas. En la trama de denuncias se ha incorporado al presidente del Banco Macro -Jorge Brito- y hasta el sistema de lavado de la banca uruguaya. Demasiada riña para aguantar un fallo desfavorable en la disputa con los fondos buitres. Si De Vido tuviera razón en adjudicar el complot a los brasileños, el caso se estaría añadiendo al retiro de la poderosa Vale do Rio Doce de la explotación de potasio en Mendoza. La crisis sería más amplia que la que está a la vista. Con un par de razones similares se han parado los trabajos en la explotación de oro de Pascua Lama. La disputa afecta también al comercio automotriz con Brasil, que Argentina condiciona a un incremento de la inversión para producir autopartes en territorio nacional. Ratazzi, el mandamás de Fiat, ya se ha puesto en la vereda de enfrente. Por las mismas razones que alegan las mineras, el mayor de los pooles de siembra, El Tejar, ha decidido dejar de arrendar tierras en Argentina y redireccionar sus principales inversiones al Brasil. Por su parte, Petrobras está negociando la venta de sus activos a Cristóbal López. Los empresarios K se vienen quedando con concesiones petroleras que los grandes pulpos no quieren operar bajo las actuales condiciones (paridad cambiaria, restricción al envío de utilidades). Algunos han llamado a Báez el “Yabrán de los Kirchner”. Pero el ‘affaire’ Yabrán no puso fin al gobierno de Menem, sino que impidió una sucesión a cargo de Duhalde. Sobre el desenlace, en el caso actual, se reciben apuestas. Durante una década, la gran burguesía toleró los peculados de la camarilla oficial, mientras -como diría Cristina- “la juntaba con la pala”. Ahora, irrumpe la crisis capitalista y, según algunos, un ciclo de descenso para las materias primas. De todos modos, el revoleo de carpetas y valijas recién comienza.

El 24 de abril, luego de nueve semanas de huelga, fueron suspendidas las medidas de fuerza en el plenario de secretarios generales de Aten. Los objetivos iniciales de la huelga no fueron conseguidos, pero el gobierno echó lastre ante algunos de los reclamos y está pendiente el pago de días caídos. Los docentes y auxiliares han desarrollado una lucha excepcional por el 35 por ciento de aumento salarial, en defensa del lSSN (obra social y caja de jubilaciones), por la infraestructura escolar y las condiciones laborales de los auxiliares precarizados. Es necesario hacer un balance riguroso de la huelga, para sacar las conclusiones y tareas precisas que arroja su desenlace. Una lucha extraordinaria La huelga de Aten puso de manifiesto el carácter rabiosamente capitalista del gobierno, traducido en la orientación de los fondos públicos, el negociado con las petroleras, el endeudamiento sin control, los negociados millonarios del presupuesto y el desvío de fondos para el rescate de bancos y empresas; el sobreprecio de la obra pública, el colapso educativo y la política privatizadora, el rol autoritario y extorsivo del gobierno y la complicidad política de la oposición patronal. Al denunciar adónde van los recursos del presupuesto, Aten fundamentó el pliego de reclamos frente a la población, que también es víctima del ajuste del gobierno. Incluso en medio del conflicto, se produjeron tres "accidentes" con el desplome de un pizarrón en la escuela 188 de San Martin de los Andes, un cielorraso en la Escuela Especial 1 de Neuquén y una puerta en un jardín de infantes en Chocón. El movimiento de lucha extremó sus esfuerzos en múltiples iniciativas durante 58 días de lucha: reuniones con directores, de delegados, asambleas permanentes, movilizaciones masivas, encuentro de auxiliares de servicio, piquetes, permanencias en el Consejo de Educación, la Casa de Gobierno y el ISSN, volanteadas, campaña de firmas, multisectoriales, reuniones con diputados, pronunciamientos en los concejos deliberantes, asambleas con madres y padres, y acciones de solidaridad en Buenos Aires, Córdoba y Mendoza. Si Sapag calificó de "golpista y destituyente" a la huelga, es porque puso en evidencia la orientación antipopular de su gobierno. Lo que enfrentó la huelga La batería de ataques a la huelga fue creciente: descuentos masivos, doble ataque a la vivienda y amenazas telefónicas a la compañera Patricia Jure y a delegados, el intento de incendio de un vehículo de la seccional Aluminé, los aprietes de punteros del MPN en la escuela 181 y la 351, el fallo de la jueza Rossi en Chos Malal para imponer suplentes a los huelguistas, entre otras agresiones. La huelga resistió a pesar del aislamiento nacional de la Ctera y CTA provincial, y fue el único sindicato que se puso de pie ante la "paz social". La tenaz huelga sacudió la tregua que la dirección de la CTA le otorgó al gobierno de Sapag desde fines del año pasado. En el marco de la lucha docente, se vieron obligados a convocar a dos paros provinciales, donde se registraron marchas de más de 10 mil trabajadores. La Celeste, que dirige nueve de las 22 seccionales, puso todo su empeño en degradar la huelga y su pliego. Le proporcionó información al gobierno y a la prensa oficialista desde adentro del conflicto, apostando a su derrota. La orientación general de los kirchneristas en Aten fue contraria al paro, incluso cuando Baradel rechazaba el 22 por ciento de Scioli y estaba obligado a convocar paros en Buenos Aires. Sus direcciones promovieron la información de listados de huelguistas en las escuelas. La dirección En diciembre de 2012, Aten fue recuperada por el Fura, un frente antiburocrático que integra Tribuna Docente junto otras quince agrupaciones. Frente a la estrategia de desgaste de Sapag contra la huelga y la caída de la adhesión al paro, una parte mayoritaria de la dirección provincial y seccionales (Naranja, Azul, Indigo-PSTU, Rosa, Verde-PCR y MST) se pronunció por suspender el paro dos semanas antes de su desenlace definitivo. Esta inclinación de la mayoría de la directiva a doblegarse frente a las brutales presiones del Estado y los medios fue rechazada por las asambleas, que defendieron hasta el final continuar con la lucha. Ante la tenacidad de la huelga, el gobierno intentó echar lastre en una mesa de negociación. Allí, estampó su compromiso respecto de una serie de puntos, pero se guardó como un botín la negativa a devolver los días descontados y recomponer salarios. Al filo del esfuerzo, las asambleas votaron continuar y sostener una negociación que se concentraba en una contrapropuesta por los reclamos pendientes (anulación del fallo para imponer suplentes, devolución de los descuentos y mesa salarial). Ante el desgaste y la manifiesta ruptura de la unidad de acción de Aten, Sapag abortó la negociación y lanzó a los punteros a reclamar suplentes y a exigir el fin de la huelga. El plenario de secretarios generales del 24 de abril se encontró ante la encrucijada de la exigencia estatutaria de los dos tercios de los votos para continuar el paro, aunque la mayoría de los mandatos se orientaban en ese sentido. Esta situación expuso aún más los límites y vacilaciones políticas de una parte mayoritaria del Fura, que priorizó un pretexto estatutario e impuso la posición de una minoría sobre la mayoría. Tribuna Docente, en sintonía con lo votado en la mayoría de las asambleas de las seccionales, defendió una perspectiva: que se reabra la negociación y una vía a los reclamos más sentidos que votaron las asambleas, junto a la unidad de todos los movimientos de lucha (al día siguiente sería el paro de la CTA). Sostuvimos que la continuidad podía apoyarse en las reservas del movimiento (el paro crecía los días de movilización provincial) y en la crisis misma del MPN en el gobierno. La votación de la ley de presupuesto y la manifestación en Buenos Aires en apoyo a la lucha de Aten, Sitech y Suteba también lo justificaba. Lo que está en juego Durante el conflicto, el gobierno tuvo que echar lastre en las mesas de negociación. Lo que está en juego ahora es el cumplimiento de los compromisos parciales que el gobierno plasmó en la última mesa, sobre la realización de la obra pública escolar en cinco anexos; no nacionalizar ni "armonizar" las condiciones previsionales con la Anses, hacer los aportes mensuales necesarios para el funcionamiento del ISSN y el pase a planta de los auxiliares de servicio. Es necesario defender a los huelguistas de cualquier tipo de intimidación, procesamiento y descuentos, para lo cual el plenario resolvió convocar inmediatamente a asambleas que resuelvan un curso de acción. Que este primer round no haya logrado quebrar el brazo del gobierno, no nos habilita a silenciarnos ni a cambiar nuestra posición combativa frente a Sapag. Llamamos a los trabajadores de la educación a sacar las conclusiones, en defensa de la lucha emprendida y del sindicato. Sobre esa base, nos apoyaremos para dar continuidad a nuestra lucha. Y a poner en pie una gran Tribuna Docente como alternativa a todos los problemas políticos que puso de manifiesto la huelga. Tenemos el desafío de edificar la unificación de un plan de lucha de todos los estatales. Ellos han hecho una experiencia histórica respecto de su propia conducción, que aceptó la miseria de Sapag sin chistar. Es el camino necesario para quebrar la política del gobierno, reclamando el adelantamiento de la mesa salarial y una salida al resto de las reivindicaciones pendientes. Aten llevó adelante una gran pelea que promete nuevos capítulos, más allá de las pretensiones de Sapag de dar por concluida la lucha salarial. Preparémonos para intervenir en ellos desde el escalón que alcanzó nuestra gran huelga.

El cacerolazo del 18 de abril implicó distintos análisis por parte de la izquierda. Para El Socialista (IS) “otra vez la clase media y sectores populares ganaron las calles, plazas y avenidas para repudiar a este gobierno (...) No compartimos la visión de algunos sectores de izquierda que la consideraron una acción reaccionaria dirigida por el PRO o los radicales. Estos partidos patronales estuvieron, pero la movilización surgió por reivindicaciones genuinas”. La caracterización de IS es ambigua o centrista, porque le esquiva el bulto a la caracterización del contenido político de la movilización. IS propone “salir a convencer desde ahora que hace falta una salida distinta, revolucionaria, al servicio de los trabajadores y demás sectores populares. Para eso promovemos la unidad de la izquierda con el FIT”. Esta última frase merece una aclaración que IS no proporciona: ¿en quiénes está pensando como aliados del Frente de Izquierda? Dado que los plazos apremian sería importante que clarifique este punto. Para el PCR, por su lado, “este cacerolazo fue muy heterogéneo: muchos jubilados y jóvenes (asalariados, estudiantes, profesionales, etc.) que han asumido esa forma de protesta; en la Capital Federal con gran peso de capas medias de la zona norte, con sectores de derecha como el PRO, Patricia Bulrich, algunos de los servicios K como Cecilia Pando, entre otros”. Otro que esquiva el bulto. La movida del 18 responde, al menos de conjunto, a la línea de que “la oposición se una”, una suerte de ‘caprilismo’ en clave rioplatense. Libres del Sur participó del cacerolazo del 18A “en defensa de la justicia y en repudio de la corrupción gubernamental” e incluso cita, aprobatoriamente, al radical Gil Lavedra, quien enmarcó la movilización en la “defensa de la honestidad y de la justicia independiente”. O sea: ‘la corrupción mata, el capitalismo es salud’. Marea Popular prefirió condenar a los manifestantes: “No te vi cacerolear por mí”. Esto es ultrakirchnerismo obsceno. Los “10 millones de pobres, 40 por ciento de trabajadores sin plenos derechos, los niños sometidos a trabajo infantil, los jóvenes que no estudian ni trabajan, los hogares arruinados por el paco, las personas reducidas a la servidumbre en prostíbulos y talleres clandestinos, los campesinos e indígenas desplazados por el agronegocio, los argentinos sin vivienda digna, las villas y asentamientos sin infraestructura social básica y los pibes asesinados por el gatillo fácil”, que Marea Popular invoca para atacar a la clase media que exige la cabeza de Lázaro Báez, no la creó ella sino los K -desde la dictadura en adelante (sin omitir su década menemista). Marea utiliza datos que condenan al gobierno, contra la clase media que ataca al gobierno responsable de esta situación. Por eso repetimos que no es una marea, sino un mareo. Para la Verdad Obrera “las denuncias de corrupción contra los Kirchner y sus empresarios amigos, y las evidentes maniobras para aprobar esta reforma reaccionaria [de la Justicia] intentaron ser aprovechadas por los partidos patronales opositores que se sacaron la foto en los cacerolazos de las clases medias”. En el análisis, asegura que “esto no implica que mecánicamente la pérdida de hegemonía del gobierno se manifieste en una derrota electoral profunda como en 2009, sobre todo teniendo en cuenta las debilidades de la oposición patronal. Si por algún motivo el gobierno mantiene una relativa fortaleza política, pese a su decadencia, es porque esta oposición es igual o peor que ellos”. Lo que importa, sin embargo, no son esos eventuales resultados electorales que pueda obtener el oficialismo, sino la pérdida de hegemonía de unos y la incapacidad de capitalizarla de los otros. Esto configura una crisis de conjunto, es decir de régimen, que potencia un ascenso electoral y político de la izquierda revolucionaria. La potencialidad política de una crisis por arriba, o sea la capacidad de suscitar la intervención latente desde abajo, es una omisión sistemática de los articulistas de La Verdad Obrera.

La movilización permanente de los trabajadores municipales de la salud de La Matanza ha provocado una crisis de gabinete. Los funcionarios de la Secretaría de Salud fueron removidos. La prensa local destacó el cambio, pero omitió varias cuestiones. La nueva secretaría debe enfrentar una crisis colosal. Forman parte de un gobierno que está llevando adelante un ajuste, no sólo en salud sino también en infraestructura y cuidado del medio ambiente. Debe revertir el aumento de la mortalidad, mientras está pendiente el pase a planta permanente de unos cien profesionales precarizados y la incorporación de al menos 130 más, para recuperar lo más elemental de la planta profesional perdida. También está planteado el llamado a concurso para cubrir estos cargos y jefaturas, la recuperación del Cemefir y de la maternidad del Policlínico de San Justo, la finalización de las obras en el Hospital de Niños de San Justo y el pase a planta de un centenar de profesionales del plan “salud familiar”. En esta línea, además, la nueva secretaría debería eliminar el sistema de módulos para volver a las horas extras, evitando así la malversación de recursos que deberían ser destinados a cubrir de forma rápida los déficit que la propia administración creó. No obstante, a la cabeza de toda esta larga (e incompleta) lista de déficit, se encuentra el atraso salarial. Los profesionales reclaman una recomposición del 30 por ciento. En el mismo distrito, los profesionales asociados a Cicop sostienen un plan de lucha por el aumento salarial en el Hospital Paroissien y en el del kilómetro 32. La crisis sanitaria no se resuelve con un cambio cosmético de gabinete, que no contemple la triplicación del presupuesto de salud. Los profesionales de la salud de La Matanza sean de APS o Cicop vienen marcando el camino de salida a la crisis. Organización y lucha. La salida es por la izquierda.

“Todos están de acuerdo” con que es preciso desarrollar la conciencia política de la clase obrera. Pero ¿cómo hacerlo y qué es necesario para hacerlo? La lucha económica “hace pensar” a los obreros sólo en las cuestiones concernientes a la actitud del gobierno ante la clase obrera; por eso, por más que nos esforcemos en “dar a la lucha económica misma un carácter político”, jamás podremos, en los límites de esta tarea, desarrollar la conciencia política de los obreros (hasta el grado de conciencia política socialdemócrata), pues los propios límites son estrechos (...). Al obrero se le puede dotar de conciencia política de clase sólo desde fuera, es decir, desde fuera de la lucha económica, desde fuera del campo de las relaciones entre obreros y patronos. La única esfera de que se pueden extraer esos conocimientos es la esfera de las relaciones de todas las clases y sectores sociales con el Estado y el gobierno, la esfera de las relaciones de todas las clases entre sí. Por eso, a la pregunta de qué hacen para dotar de conocimientos políticos a los obreros no se puede dar únicamente la respuesta con que se contentan, en la mayoría de los casos, los militantes dedicados a la labor práctica, sin hablar ya de quienes, entre los, son propensos al “economismo”, a saber: “Hay que ir a los obreros”. Para aportar a los obreros conocimientos políticos, los socialdemócratas deben ir a todas las clases de la población, deben enviar a todas partes destacamentos de su ejército. (...) Tomemos el tipo del círculo socialdemócrata más difundido en los últimos años y examinemos su actividad. “Está en contacto con los obreros” y se conforma con eso, editando hojas que fustigan los abusos cometidos en las fábricas, la parcialidad del gobierno con los capitalistas y las violencias de la policía; en las reuniones con los obreros, los límites de estos mismos temas; sólo muy de tarde en tarde se pronuncian conferencias y charlas acerca de la historia del movimiento revolucionario, la política interior y exterior de nuestro gobierno, la evolución económica de Rusia y de Europa, la situación de las distintas clases en la sociedad contemporánea, etc.; nadie piensa en establecer y desenvolver de manera sistemática relaciones con otras clases de la sociedad. En el fondo, los componentes de un círculo de este tipo conciben al militante ideal, en la mayoría de los casos, mucho más parecido a un secretario de sindicato que a un jefe político socialista (...) En una palabra, todo secretario de un sindicato sostiene y ayuda a sostener “la lucha económica contra los patrones y el gobierno”. Y jamás se insistirá bastante en que esto no es aún socialdemocracia, que el ideal del socialdemócrata no debe ser el secretario de un sindicato, sino el tribuno popular, que sabe reaccionar ante toda manifestación de arbitrariedad de opresión, dondequiera que se produzca y cualquiera que sea el sector o la clase social a que afecte; que sabe sintetizar todas estas manifestaciones en un cuadro único de la brutalidad policíaca y de la explotación capitalista; que sabe aprovechar el hecho más pequeño para exponer ante todos sus convicciones socialistas y sus reivindicaciones democráticas, para explicar a todos y cada uno la importancia histórica universal de la lucha emancipadora del proletariado. Comparen, por ejemplo, a hombres como Roberto Knight (conocido secretario y líder de la Sociedad de Obreros Caldereros, uno de los sindicatos más poderosos de Inglaterra) y Guillermo Liebknecht. Verán que R. Knight “ha exhortado” mucho más “a las masas a ciertas acciones concretas”, mientras que G. Liebknecht se ha dedicado más a “explicar desde un punto de vista revolucionario todo el régimen actual o sus manifestaciones parciales” (...). Debemos “ir a todas las clases de la población” como teóricos, como propagandistas, como agitadores y como organizadores. Nadie pone en duda que la labor teórica de los socialdemócratas debe orientarse a estudiar todas las peculiaridades de la situación social y política de las diversas clases. Pero se hace muy poco, poquísimo, en este sentido, desproporcionadamente poco si se compara con la labor tendiente a estudiar las peculiaridades de la vida fabril. En los comités y en los círculos podemos encontrar personas que incluso estudian a fondo especialmente algún ramo de la siderurgia; pero apenas encontrarán ejemplos de miembros de las organizaciones que (obligados por una u otra razón, como sucede a menudo, a retirarse de la labor práctica) se dediquen de manera especial a reunir datos sobre algún problema actual de nuestra vida social y política que pueda servir de motivo para desplegar una labor socialdemócrata entre todos sectores de la población. Cuando se habla de la poca preparación de la mayoría de los actuales dirigentes del movimiento obrero, es forzoso recordar asimismo la preparación en este aspecto, pues está ligada también a la concepción “economista” del “estrecho contacto orgánico con la lucha proletaria”. Pero lo principal, por supuesto, es la propaganda y la agitación entre todos los sectores de la población. El socialdemócrata de Europa Occidente ve facilitada esta labor por las reuniones y asambleas populares, a las que asisten cuantos lo deseen, y por la existencia del Parlamento, en el cual el representante socialdemócrata habla ante los diputados de todas las clases. En nuestro país no tenemos ni Parlamento ni libertad de reunión; pero sabemos, sin embargo, organizar reuniones con los obreros que quieren escuchar a un socialdemócrata. Debemos saber también organizar reuniones con los componentes de todas las clases de la población que deseen escuchar a un demócrata. Porque no es socialdemócrata quien olvida en la práctica que “los comunistas apoyan por doquier todo movimiento revolucionario”; que, por ello, debemos exponer y recalcar ante todo el pueblo los objetivos democráticos generales, sin ocultar en ningún momento nuestras convicciones socialistas. No es socialdemócrata quien olvida en la práctica que su deber consiste en ser el primero en plantear, acentuar y resolver todo problema democrático general.

Una gran asamblea con 500 participantes desbordó las instalaciones del club Almafuerte de Lomas de Zamora en reclamo de obras hídricas para el distrito. Se resolvió convocar a una movilización popular para el 9 de mayo en Camino Negro y Recondo con esos objetivos, y en reclamo de mil puestos de trabajo para su realización. La multitudinaria asamblea fue convocada por Sitraic, Mossol, Foro Hídrico de Lomas de Zamora, Espacio Amplio, Vecinos de Santa Catalina, Fundación Che Pibe, Salvemos al Tren, Polo Obrero, Convergencia Socialista, Partido Obrero, Agrupación La Roja Instituto 103 de Lomas de Zamora (miembros de la comisión directiva), Frente Nacional Pueblo Unido y la Lista Verde de Suteba. Adhirieron a la convocatoria ATE Sur, Colectivo Avanzar por la Unidad del Pueblo, las radios Rockultural y Perspectiva de Clase, Frente Nacional Pueblo Unido, Agrupación Tribuna Ambiental, Frente Darío Santillán, la agrupación Víctor Choque y la agrupación sindical Rompiendo Cadenas. Se sumaron representantes de diferentes barrios de Lomas de Zamora, entre ellos de Budge, Campo Tongui, Rosas, Nueva Esperanza, Fiorito, Santa Catalina I, II, y III, El Faro, Provincias Unidas, Barrio Obrero, Gabriel Miró, Villa Albertina, 2 de Abril, Facundo Quiroga, Esperanza, Olimpo y Villa Nocito. Además hubo representantes de distritos vecinos: Berazategui, barrio Belgrano, Asunción, San Blas, El Foquito, Florencio Varela, Villa Mónica, 9 de Abril, Caracolitas, Santa Rosa, San Nicolás, La Carolina, Presidente Perón, San Pablo, La Yaa, Santa Elena, Los Pinos, La Loma, Lanús, Villa Jardín, Barrio Obrero, La Fe, Ezeiza barrio Internacional, Villa Guillermina y representantes de Echeverría y Avellaneda. La asamblea fue presidida en forma honoraria por los muertos de las inundaciones de La Plata y la Capital y por la extraordinaria asamblea de los petroleros de Santa Cruz, en reclamo de democracia sindical y de la expulsión de los burócratas interventores del gremio. La mesa estuvo constituida por el secretario general del Sitraic, Víctor Grosi; Mondragón, del Foro Hídrico; Ancarola, de la directiva de ATE Sur; un miembro de Convergencia Socialista; Eduardo Belliboni, por el Polo Obrero, y Néstor Pitrola en representación del Partido Obrero. Noemí Eusebio, dirigente del Mossol, fue la coordinadora general de la asamblea. Entre las numerosas intervenciones se destacaron las de los activistas del Sitraic, asumiendo como sindicato el compromiso de la iniciativa de lucha que llevarían adelante. Mondragón, dirigente del Foro Hídrico, describió técnicamente el plan de obras necesarias. Denunció que “las obras que están hechas en Lomas no soportan más de 50 milímetros de lluvia”. Néstor Pitrola comprometió el apoyo del Partido Obrero a la iniciativa, indicó que en su campaña política 2013 levantó en 30 distritos las denuncias del Sitraic acerca del carácter “cosmético” de las obras que promete De Vido, señaló que mientras las patotas del “Pata” Medina se peleaban con La Cámpora en La Plata pusimos en pie decenas de asambleas populares junto a los vecinos y planteamos que se usen las reservas del Banco Central para las obras y no para pagar la deuda externa. Comprometió tomar “paquete en mano” el programa del Foro Hídrico para llevarlo al Concejo Deliberante con concejales del Frente de Izquierda. Terminó con una encendida convocatoria al acto del 1º de Mayo a todos los presentes. Víctor Grosi pasó lista a todas las mociones de la asamblea, que fueron votadas una por una. La más importante de ellas fue el documento político aprobado en forma unánime por todas las organizaciones convocantes, que contiene un agudo planteo en materia de respuestas obreras a las inundaciones. Señala: “El problema de las inundaciones no es sólo el socorro a las víctimas. Es cemento, hierro, maquinarias, desmontes, estaciones de bombeo y mantenimiento. Son obras y puestos de trabajo para realizarlas. Ahora se hace necesario que lleguen las soluciones definitivas desde el Estado nacional y provincial, de lo contrario viviremos de colecta en colecta, pero se agravará nuestra calidad de vida”. La iniciativa del Sitraic constituye la respuesta obrera más contundente emanada desde un sindicato ante la grave situación de las inundaciones. La asamblea deja de manifiesto la necesidad de desarrollar en todos los lugares inundables una agitación y un reclamo similar.

En su informe global del primer trimestre de 2012, los directivos de Barrick a nivel mundial, deslizaron la posibilidad de suspender la construcción de Pascua Lama. Este gigantesco proyecto binacional de oro en la frontera de San Juan con Chile ocupa actualmente a más de 6 mil trabajadores en forma directa del lado argentino. Tiene previsto un pico para la primavera-verano de cerca de 10 mil. Esto ocurre cuando se acaba de confirmar el retiro de la brasileña Vale del proyecto de Potasio Río Colorado en la vecina provincia de Mendoza, con su secuela de miles de puestos de trabajo destruidos y la parálisis de los megaproyectos de cobre (Pachón y Agua Rica). La posibilidad de la suspensión de Pascua Lama es el resultado de tres factores concurrentes. En primer lugar la caída de los precios de los metales (un derrumbe en el caso de los precios del oro y de la plata). En segundo lugar, las condiciones nacionales, cepo cambiario, obligación de liquidar las divisas en el país y la restricción a la remesa de utilidades, incremento de los costos en dólares. Según los dueños, el presupuesto de la construcción de la mina se fue de los 3.500 millones de dólares originales a 9 mil. En tercer lugar, el fallo de la Cámara de Apelaciones de Copiapó, en Chile, que ratifica la suspensión de las faenas del lado chileno del proyecto por incumplimiento de los requisitos ambientales. Este conjunto de factores ya se llevó puesta a la cúpula sudamericana de Barrick, radicada en Santiago de Chile. La suspensión en Chile Las quejas y reclamos de las comunidades chilenas afectadas por Pascua Lama vienen de larga data. La construcción del proyecto del lado chileno, donde están ubicadas las principales concentraciones de material, y el tajo a cielo abierto consiste en gran medida en operaciones de movimientos de suelo que generan enormes nubes de polvo que, como era previsible, están afectando el ambiente glaciar y la calidad de los ríos que descienden sobre las poblaciones aguas abajo. Los glaciares Toro 1 y 2 son los más dañados. “Barrick reconoció que a fines de 2012 ‘suspendió las actividades de pre stripping (movimiento de suelos) en Chile, para controlar el aumento de polvo en la zona’, que llamativamente atribuyó a ‘vientos más fuertes de lo normal’”. Agrega que hay otras “restricciones regulatorias que también han sido puestas sobre el proyecto, debido a la necesidad de reparar y mejorar determinados aspectos del sistema de gestión de agua en Chile”. El informe oficial de la minera sostiene que “hasta que no tengamos claridad sobre los aspectos regulatorios y legales, no podemos evaluar completamente el impacto en el presupuesto de capital, los costos operacionales y el calendario del proyecto” (Diario de Cuyo, 25/4). En el mismo informe plantean que “recién para el primer trimestre de 2014 está proyectada la finalización de las obras que debe hacer en Chile según los requerimientos ambientales que la ha hecho la Justicia”. La ministra chilena de Medio Ambiente, María Ignacia Benítez, declaró que Barrick “tendrá que tomar todas las medidas que sean necesarias para dar total cumplimiento a las condiciones que se establecieron en la Resolución de Calificación Ambiental (RCA)” (BAE, 25/4). La decisión trasandina pone al desnudo la miserable actitud del gobierno de Argentina que tolera la destrucción de glaciares, prohibida por ley. Como otros asuntos, este tema pasa al próximo presidente de Chile. Un dirigente de la Casemi sanjuanina (Cámara de proveedores mineros), “destacó como positivo el que la ex presidenta Michelle Bachelet sea una de las candidatas preferidas ya que ‘ella es una de las impulsoras de este proyecto minero binacional” (Diario de Cuyo, 25/4). Crisis mundial El derrumbe de los precios del oro en los últimos días -su mayor caída en 30 años-, causó una conmoción en Barrick, líder mundial. Esto se suma a otro conjunto de factores negativos: incremento de costos de Pascua Lama y las medidas judiciales chilenas que paralizaron el proyecto, y por sobre todo su elevado endeudamiento para hacer frente a megaproyectos como el de Pascua Lama. “‘En un ambiente de precios del oro a la baja, Barrick es uno de los peor posicionados debido a su alta deuda’, aseguró Topping, quien añadió que si el oro cae a 1.200 dólares la onza, Barrick gastará un 27 por ciento de su flujo de caja de 2014 sólo en pagos de intereses” (ídem). Esto llevó “a que a que Moody’s colocara el miércoles bajo revisión para una posible rebaja a la deuda de Barrick por 7.500 millones de dólares” (ídem). En estas condiciones la acción de Barrick está en caída libre -debajo de los 19 dólares cuando a principios de año cotizaba a más de 35 y hace dos años superó los 55. Barrick estaría buscando compradores para tres de sus minas de oro en Australia. “Las principales mineras como Barrick, Río Tinto y BHP Billiton están buscando vender activos más pequeños o menos rentables y aumentar los retornos a los accionistas después de fuertes caídas en los precios de muchos commodities” (Wall Street Journal, 19/4). Perspectivas Es indudable que las declaraciones optimistas de los funcionarios argentinos, nacionales y sanjuaninos sobre que el Pascua Lama no peligra, no resisten la menor prueba. Barrick ya había ralentizado el año pasado la construcción del proyecto. Hoy el proyecto está pendiente de un conjunto de factores difíciles de prever. El presidente de la Cámara Minera de San Juan, fuertemente crítico hacia las autoridades mineras nacionales habló de la posibilidad de la suspensión del proyecto que “existe toda la posibilidad de que eso ocurra, hasta de que Barrick se asocie o se venda a otra empresa, como lo que pasó con Xstrata Copper. En el mundo de los negocios mineros hay posibilidad de que pasen muchas cosas”, dijo. Además explicó que “Barrick ha pasado a ser una empresa barata en el mercado inmobiliario minero porque ha bajado el valor de la acción”. Las autoridades argentinas tienen espanto a que se repita una retirada como la de Vale. Las direcciones sindicales están completamente paralizadas como lo estuvieron frente al retiro de Vale. El jueves 18 de abril, Techint celebró sus diez años en San Juan con grandes elogios mutuos entre José Luis Gioja y Carlos Bacher, presidente de Techint Construcciones. Todos destacaron el clima de colaboración de la Uocra local (al cual están afiliados la enorme mayoría de los trabajadores de Pascua Lama, como los de Vale). Aoma, el sindicato minero, hizo su congreso en Jujuy, celebrando junto a las patronales y autoridades provinciales y nacionales, el gran desarrollo de la minería en el país. Están mirando otro canal.

La Fuba no sólo renovó autoridades en forma ordinaria, sino que también resolvió un programa y un plan de acción en un plenario masivo, en el que participaron cerca de 1.500 estudiantes. Todas las resoluciones fueron fruto de una intensa lucha política al interior del frente de conducción, que se desarrolló a través de paneles y comisiones. El plenario votó una campaña nacional para enfrentar la política anti-educativa del gobierno, coordinando junto a los docentes y estudiantes de todo el país una movilización a la Plaza de Mayo. La Mella-Marea Popular insistió en que no podíamos denunciar un “ajuste” en la educación, ya que “ajustes eran los que hacían gobiernos como el de López Murphy”. Este planteo demuestra, por parte de La Mella, un seguidismo mecánico a los K. El ajuste de estos no tiene todas las mismas características de otros ajustes que lo antecedieron, pero es un ajuste: una transferencia estructural de ingresos de los jubilados y trabajadores a los usureros internacionales y del trabajo al capital. Tras el debate, el plenario votó por amplia mayoría la unidad con la clase obrera para enfrentar el ajuste del gobierno K y los gobiernos provinciales. La Fuba promoverá asambleas, cortes de calle y ocupaciones de facultades el próximo 15 de mayo, cuando pare la CTA. El congreso también resolvió posicionamientos políticos importantes: rechazo a la reforma judicial reaccionaria del gobierno, que ataca el derecho a huelga, y denuncia de la oposición, que defiende una burocracia de jueces y fiscales al servicio de los grandes estudios jurídicos ligados a las corporaciones capitalistas. La Mella pretendió que el congreso de la Fuba “saludar(a) el debate” sobre la reforma judicial, o sea rendir homenaje al tratamiento parlamentario. El plenario aprobó por mayoría el rechazo a la re-reelección que promueve la camarilla CFK-De Vido. En minoría quedó la moción de La Mella-Marea Popular que apoyaba la convocatoria a una Asamblea Constituyente, sin especificar su contenido, propósito o método de convocatoria. Con estas votaciones, la Fuba reivindicó su carácter independiente del gobierno y la oposición tradicional. Por último, la Fuba discutió especialmente el relanzamiento de la lucha por la democratización del gobierno universitario, o sea una autonomía política efectiva del Estado capitalista, que vuelve a estar sobre el tapete por la renovación de autoridades prevista para este año. Por unanimidad, rechazó la re-re del rector K Hallú, su reemplazo por el vice Barbieri, también oficialista, o cualquiera de los decanos actuales, cómplices del ajuste y la privatización. Todas estas campañas serán aseguradas por un funcionamiento periódico de las Juntas Ejecutivas y Representativa, otra de las resoluciones del Congreso.

El fallo de la Cámara Civil y Comercial Federal a favor de Clarín no se limitó a declarar la inconstitucionalidad de una parte de una ley -en este caso la de medios. Mediante la aprobación de ciertos artículos y la nulidad de partes de otros, los jueces han armado una nueva ley de medios. Mientras el gobierno intenta convertir a la Justicia en una dependencia del Ejecutivo, la Justicia pretende sustituir al Congreso. La llamada ‘crisis de poderes’ (en realidad un final de régimen político) tiene doble vía. Si el Ejecutivo y sus escribanos habían redactado una ley a medida del desguace de Clarín y de la proliferación de sus alcahuetes en los medios, el fallo de la Cámara sanciona su propio régimen audiovisual a medida: el que consagra el monopolio capitalista de los medios como el único compatible con la libertad de expresión. Ocurre que la dominación de Clarín en la TV por cable es defendida por los jueces como una condición de la independencia económica necesaria para resistir las presiones del Estado o gobiernos de turno. Dicho de otro modo, la condición de la libertad es la apropiación de los medios por el capital, y en segundo lugar que esa apropiación sea cuasi monopólica. Solamente el monopolio privado asegura, dicen la troika judicial, la libertad frente al Estado. De un plumazo, los magistrados han abolido el derecho a la libre expresión individual (queda subordinada a los monopolios mediáticos) e incluso derogan la potestad del Estado para asegurar la competencia en el negocio de los medios. Según los jueces, la libertad del ciudadano está asegurada por el derecho al ‘zapping’, o sea a preferir el canal con mayores recursos para entretenerlo y ‘hacerle la cabeza’. Pero Clarín no llegó a la posición dominante que goza como consecuencia de una selección ejecutada desde el living familiar, sino mediante el sometimiento de los canales independientes, que convirtió en sucursales o repetidoras. La Cámara omitió esgrimir el único argumento que habría podido justificarla: que la orden de desinversión a Clarín apunta al intento oficial de transferir el monopolio mediático a los amigos del gobierno -a crear otros monopolios que la misma Cámara podría defender en el futuro con los mismos argumentos con que hoy defiende a Clarín. A la Corte Asistimos a un nuevo capítulo del choque entre el gobierno y la Justicia. Si el gobierno apela el caso irá directamente a la Corte Suprema, con pronóstico negativo. Pero, en este caso, la Corte no habrá producido un fallo sino una ley, esto porque la organización del sistema audiovisual es potestad del Congreso, no de los jueces. Los K, curiosamente, no han planteado este enfoque, porque de hacerlo estarían obligados a desacatar el fallo o advertir a la Corte que lo haría si ella confirma a la Cámara. El gobierno, al igual que la Cámara, opina que la condición de la libertad de expresión es el monopolio de los medios; sólo difiere en quiénes deben ser sus titulares. Por eso no desacata. Denunciamos el carácter reaccionario del fallo de la Cámara, que (repetimos) condiciona la vigencia de la libertad de expresión al monopolio de los medios. Nosotros, por el contrario, la condicionamos a la abolición del monopolio capitalista de los medios, en su forma privada o estatal, otorgando la gestión de los medios a las organizaciones populares del trabajo y la cultura, con un presupuesto especial que sea votado en forma periódica por la ciudadanía. Advertimos que el fallo se arroga facultades del Congreso y por eso avanza en la crisis política. Señalamos la capitulación completa del gobierno, que renuncia al desacato del fallo, porque quiere preservar el monopolio capitalista de los medios y evitar una confrontación consecuente con la camarilla judicial.

El frente de agrupaciones de izquierda “Por otro 1918” (UJS-Partido Obrero, La Mella-Marea Popular, CRCR, Cauce, IS, MST) conquistó la conducción y mayoría en la Junta Ejecutiva de la Fuba, con 56 delegados sobre 72 presentes. La UJS, como principal corriente del frente ganador, contará con cinco secretarías de las trece obtenidas por el Frente. Unidos y Organizados (La Cámpora y otros) obtuvo dos secretarías sobre dieciséis -entre ellas la general-, por el voto de trece delegados. Por último, el PTS consiguió la última secretaría a partir de sus tres delegados. De este modo, Julián Asiner será el nuevo copresidente por la UJS-PO, junto a Martha Linares (Marea Popular). Adrián Echaide, de la CRCR, ocupará la vicepresidencia, mientras Cauce, IS y MST integran secretarías. En paralelo a la elección de la dirección, tuvo lugar el plenario final de votación de resoluciones (véase nota). Golpe al vaciamiento La realización del congreso implicó una derrota de la estrategia vaciadora -quitar quórum- que durante más de un año impulsaron de común acuerdo Franja Morada y La Cámpora. Replicando el pacto que “por arriba” tienen para la gestión de la universidad, “por abajo” apostaron a la división del movimiento estudiantil, habida cuenta de que una Fuba de izquierda es su “mal mayor”. Otro de los grandes derrotados fue el rectorado. La Fuba discutió especialmente el relanzamiento de la lucha por la democratización del gobierno universitario, que vuelve a estar sobre el tapete por la renovación de autoridades prevista para este año. El congreso rechazó la re-re del rector K Hallú, su reemplazo por el vice Barbieri, también oficialista, o cualquiera de los decanos actuales, cómplices del ajuste y la privatización. La lucha política por la realización del congreso y la lista La “foto” final del congreso estuvo precedida por una aguda lucha política. La UJS realizó una intensa campaña acerca de los desafíos de la Fuba respecto de su agenda y su programa. Partíamos de un balance negativo de la última etapa, que abarcaba especialmente al frente de conducción. Por eso reclamamos una modificación del funcionamiento de la Fuba, para que fueran sus instancias orgánicas las que determinaran el curso a seguir, con completa claridad en torno de las posiciones en pugna. Propusimos un método para superar la “tupacamarización” de la Fuba, que, de proseguir, concluiría en el desprestigio de la izquierda y la victoria de la derecha. A la luz de este balance, planteamos pasar a un orden de prelación en la lista siguiendo estrictamente los delegados que cada fuerza ostenta. No hubo acuerdo sobre este punto. El resto de las corrientes rechazó nuestro planteo, pues la negativa a reconocer la mayoría relativa de la UJS preserva su sobrerrepresentación. Marea Popular, sin embargo, fue más allá. Planteó que ambos aspectos constituían la “disolución” del frente, y reclamó un funcionamiento de la Fuba por “consenso”. Pero sucede que, como ya señalamos en Prensa Obrera, “no fingimos que nos une un programa o un sistema de principios de conjunto, sino una intención transitoria: bloquear a la derecha, evitar la acefalía, mantener la independencia de la Fuba del Estado”. La UJS propuso un método para superar la crisis actual; de lo contrario íbamos a la disolución, ya no de la conducción sino de la propia Fuba. Finalmente, la lista “Por otro 1918” mantuvo el compromiso “técnico” de la copresidencia, y estableció entre sus acuerdos la convocatoria de las juntas Ejecutiva y Representativa, cada quince días respectivamente. Otro aspecto de debate fue la presencia de Libres del Sur. Nuestra propuesta fue rechazar su sobrerrepresentación, cuestionada en función de que, mientras se presentan como izquierda en la UBA, protagonizan un frente junto a banqueros y radicales en la Ciudad. Estuvimos dispuestos a aceptar la contradicción extrema de que integraran la lista de la izquierda, siempre y cuando fuera para contribuir a la derrota de Franja y los K, y no para usurpar una representación. Ello significaba que ocuparan una secretaría, a la que sus cuatro delegados habilitan. Marea Popular y la CRCR, en cambio, plantearon que continuaran en la vicepresidencia. Libres del Sur reveló sus intenciones con una extorsión: “Sin vicepresidencia, no damos quórum”. La firme oposición del PO desencadenó su apartamiento, evidenciando que el único interés de Libres del Sur era aprovecharse de su ambivalencia para obtener un cargo, y de ningún modo la contribución a la independencia política de la Fuba. El ingreso de La Cámpora La participación del kirchnerismo en el Congreso presenta elementos contradictorios. Por un lado, es una inocultable derrota en relación con la política de vaciamiento y división que impulsan en el movimiento popular, y en el estudiantil en particular. Luego de sabotear el quórum por más de un año, debieron retroceder en sus pasos y acreditar los delegados que la votación estudiantil les otorgó. Ello no significa en modo alguno que hayan “revisado” su orientación. No se nos escapa que los K buscarán utilizar la secretaría general obtenida para alimentar su FUA paralela, un engendro parido en las oficinas del Ministerio de Educación y la Jefatura de Gabinete. De hecho, el congreso votó una declaración denunciando a la “FUA K”, al tiempo que reivindicó la lucha por la recuperación de la Federación nacional, vaciada por Franja Morada. Este cuadro refuerza la necesidad de una confrontación sistemática de posiciones en los organismos de la Fuba. Límites y desafíos La victoria tiene como mérito principal la claridad con la que abordamos sus límites; no depositamos expectativas en que el frente de conducción por sí solo las aborde. La lista resultante sigue siendo un compromiso extremo, aunque basado en un principio decisivo: la derrota de las fuerzas del régimen. Los chavistas de Marea Popular mantienen como contradicción preferir “confundirse” con los “troskos” en la dirección de la Fuba antes que con La Cámpora. Por caso, las numerosas resoluciones que adoptó el congreso abierto no serán de “aplicación automática”. Pasamos a una nueva fase de lucha política, donde nuestra apuesta es el desarrollo de la Fuba, no el ajuste de cuentas. La presencia del kirchnerismo en la Ejecutiva, a su vez, refuerza la necesidad de una batalla política a fondo. Nuestra línea rectora será la unidad del movimiento estudiantil para enfrentar el ajuste de los K y su oposición. La Fuba tiene el extraordinario desafío en 2013 de desatar un intenso movimiento por la transformación de los órganos de gobierno - la “democratización”. La UJS, principal fuerza de la izquierda, se valdrá de esta victoria para desenvolver todas las conclusiones del caso, que apuntan a la organización del movimiento estudiantil junto a la clase obrera y, en definitiva, al fortalecimiento de una alternativa socialista de la juventud. Delegados al Congreso de la Fuba UJS - Partido Obrero 24 La Mella-Marea Popular 17 CRCR 5 Cauce 4 IS 2 Fana (aliados Marea) 2 MST 1 MxE (frente MP-Cauce-UJS) 1 Unidos y organizados (La Cámpora, el Movimiento Evita, la JP Descamisados, Nuevo Encuentro, PCCE, Peronismo Militante, Kolina, PC, El Gradiente, 14 bis, El Mate y La Cullen) 13 PTS 3 Libres del Sur (finalmente no acreditó) 4

El 24, realizamos un piquete con 200 compañeros de los barrios de Soldati, la Villa 20, barrio Rivadavia, la Villa 1-11-14 y el Charrua. También vinieron delegaciones del barrio de la Boca y de la Villa 31. Cuando llegamos a las oficinas de Promoción Social, cortamos Entre Ríos y pedimos una reunión. Al percibir que la dilataban para desgastarnos, las compañeras de los comedores con las delegadas a la cabeza decidieron entrar, desafiando a una patota que intentó desalojarlas. El gobierno, frente a semejante firmeza, dio la reunión de inmediato, la misma que nos venían negando desde hace meses. En la reunión, arrancamos varias reivindicaciones. Seguimos la lucha por trabajo para los desocupados. Exigimos que se contrate a los compañeros desde el Estado para realizar las obras que son tan necesarias en nuestros barrios, desde barrido y limpieza hasta la urbanización de las villas. Utilicemos esta pequeña victoria para ir por más.

Un “perito” a juicio oral Roberto Jorge Locles, un capitán retirado del Ejército, será sometido a juicio oral en junio por haber adulterado el proyectil extraído del cuerpo de Mariano Ferreyra. Locles era perito de parte del acusado Guillermo Uño, miembro de la patota que atacó a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre. Locles ni siquiera es perito y ha actuado como provocador en varios casos de resonancia pública. Una resolución ya antigua de la Corte, de 1998, indica que Locles no es perito ni idóneo en la materia, por lo que fue excluido del listado de peritos en balística dado que no tiene título habilitante. El abogado Gustavo Igounet, defensor de Uño, vinculado con un estudio que supo defender a represores de la Fuerza Aérea, difícilmente desconociera esa condición de Locles, quien es, además, un personaje casi bufonesco. En otras palabras, corresponde preguntarse si la función de Locles, contratado por la Unión Ferroviaria, no era precisamente ésa: destruir una prueba. Locles tiene experiencia en ese sentido: unos cincuenta asesinos policiales de la Bonaerense, acusados por casos de gatillo fácil, lograron zafar gracias a los “peritajes” de este sujeto. Ahora, Locles va a juicio porque, según el dictamen fiscal, “con la supuesta finalidad de explicar su teoría (que el proyectil habría rebotado antes de herir a la víctima), golpeó de manera reiterada el proyectil contra la mesa de trabajo existente en el gabinete”, lo que le provocó a la bala “leves aplastamientos en la parte de su ojiva y cuerpo, más específicamente donde se hallaban las deformaciones lineales y paralelas que presentaba el proyectil”. Igounet, conviene recordar, no recibía honorarios de Uño sino de la Unión Ferroviaria y mantenía al tanto de sus gestiones y estrategias jurídicas al condenado “Gallego” Fernández, uno de los instigadores del asesinato de Mariano. El propósito evidente de Locles fue deformar el proyectil, lo cual tenía consecuencias directas, no sólo para establecer el supuesto rebote, sino que, además, esa deformación dificultaba la posibilidad de determinar la dirección del disparo, puesto que el lado golpeado era, precisamente, el que tenía las marcas lineales y paralelas que indican el sentido en el cual el tirador apuntó. Locles pretendía con esa acción delictiva apuntalar la teoría disparatada que Igounet intentó introducir: que el disparo que mató a Mariano no sólo era producto de un rebote, sino que nuestro compañero había sido víctima de “fuego amigo”. Los compañeros del Partido Obrero que resultaron heridos aquel 20 de octubre son ahora querellantes en la causa contra Locles, para quien se pedirá una condena de cuatro años de prisión efectiva -la máxima prevista para estos casos- y su inhabilitación también por el máximo previsto por el Código Penal. La causa por el intento de coimas a Casación Susana Planas, amiga de la infancia de la mujer de Pedraza; Graciela Coria, es una nueva imputada en el caso del intento de coima a la Cámara de Casación para lograr la excarcelación de Pedraza durante el juicio por el asesinato de Mariano. Planas era apoderada del Belgrano Cargas y de la “cooperativa” Trabajo del Mercosur. En esa causa, como se sabe, ya estaban procesados Pedraza; el ex agente de la Side Juan Riquelme; Angel Stafforini, contador de la Unión Ferroviaria y directivo del Belgrano Cargas; el ex juez federal Octavio Aráoz de Lamadrid y Luis Escobar, empleado de la Cámara del Crimen. Planas fue imputada por haber acompañado a Stafforini a entregar los 50 mil dólares de la coima en la oficina de Aráoz de Lamadrid, para que éste la entregara a su vez, según eran sus intenciones, a los jueces de Casación. El juez Guillermo Rongo, a cargo del expediente, no se ha apartado de lo decidido por el juez Alberto Baños cuando procesó a los primeros imputados, en el sentido de que a los camaristas a quienes estaba destinado el soborno no se les puede atribuir el conocimiento de las intenciones de los acusados. No obstante, de las escuchas obrantes en la causa se desprende claramente que Riquelme tuvo reiterados contactos con el camarista Eduardo Rafael Riggi y, además, que habló del asunto con miembros de la Unión Ferroviaria. Recientemente, Gerardo “601” Martínez, el capo de la Uocra y dirigente de la CGT-Balcarce, fue citado a declarar en condición de testigo, porque las escuchas permitieron establecer que Riquelme se comprometió a hablar con él para conseguirle una vivienda al hijo de Riggi. Hasta el momento se ha querido preservar a los camaristas involucrados en la cuestión. De todos ellos, las principales sospechas recaen sobre el citado Riggi, quien aún es vicepresidente de la Sala III de la Cámara de Casación Penal, puesto que Riquelme, desde su casa, habló con Pedraza para informarle que se había reunido con él. Una resolución que pasó inadvertida Una de las resoluciones del fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 21 que dictó sentencia por el homicidio de Mariano Ferreyra y las tentativas de homicidio contra Elsa Rodríguez y otros compañeros, ordena que se investigue al testigo Alejandro Benítez. El tal Benítez es nada menos que el famoso testigo protegido que llegó a la causa de la mano del intendente de Quilmes, Francisco “Barba” Gutiérrez, en una operación seguida personalmente por Néstor Kirchner. Luego, como se sabe, la Presidenta le atribuiría al gobierno todo el mérito de la investigación, precisamente por haber aportado ese testigo. Benítez fue captado por las imágenes de C5N cuando llegaba con la patota que integraba para atacar a los trabajadores tercerizados aquel 20 de octubre de 2010. Se lo ve en primera fila, corriendo mientras fuma, con una mochila a sus espaldas, vestido con un buzo a rayas celestes y blancas. Ex boxeador, Benítez trabajaba en un gimnasio de la Unión Ferroviaria que funcionaba en la estación Constitución. El hombre disfrutaba de un régimen especial de trabajo gracias a las gestiones que hizo en su favor Antonio Luna, ex subsecretario de Transporte. El testimonio de Benítez fue uno más de los que determinaron la culpabilidad de los imputados. Es más, su declaración fue coincidente con la de otros “arrepentidos” de la patota. El indicó que Cristian Favale fue uno de los tiradores y señaló el papel que cumplió Pablo Díaz en el lugar del crimen. Ahora, el TOC 21 ordenó investigarlo por ser presunto partícipe del asesinato, puesto que un testigo lo vio mientras daba órdenes junto al condenado Jorge Daniel González. Benítez, según ese testigo, llevaba un objeto que parecía un arma. Así las cosas, el testigo aportado por el gobierno bien podría ser uno de los criminales. No obstante, no se nos escapa que este punto pretenderá ser usado por las defensas, las que habían pedido la nulidad de la declaración de Benítez y la anulación de su testimonio.

La campaña de asambleas de vecinos y trabajadores con los voceros partidarios está tomando notable proyección. En la comuna de Delfín Gallo participaron 150 vecinos y trabajadores en el salón de un club que rebalsó el espacio. En la comuna de Agua Dulce (Leales), una zona rural cañera, se reunieron 50 personas en la sede del PO en la zona. En Los Ralos concurrieron 70 vecinos al centro cultural que tiene el Polo Obrero en esa comuna. En Los Gutiérrez (departamento de Cruz Alta) fueron de la partida 50 compañeros. En todas estas asambleas, presididas por un informe de la situación de conjunto, emergieron numerosas intervenciones dando cuenta de un sin número de atropellos. Los problemas educativos, de vivienda, salud, e inseguridad estuvieron presentes en todas las reuniones. En todos los casos, se arribó a conclusiones muy importantes para el desarrollo del PO y la organización de los vecinos. Se aprobaron declaraciones y materiales para informar a la población sobre las conclusiones de cada reunión. En la práctica, numerosos vecinos se sumaron a su distribución. Se han constituido comisiones de vecinos (en algún caso se eligió en la propia asamblea, en otros a posteriori) que están coordinando las distintas iniciativas votadas junto al PO. En algunas de las asambleas participaron vecinos de pueblos cercanos, que aportaron sus denuncias y quedaron comprometidos a convocar en sus localidades (La Florida, La Cejas, Jhonas) a asambleas con los dirigentes del PO. El crecimiento de la concurrencia en relación con experiencias anteriores expresa un salto en la inquietud popular, en el marco de las dificultades políticas y económicas de Alperovich y de un derrumbe de la Mesa del Diálogo macrista-radical- centroizquierdista, que se había presentado como la única oposición que podía derrotar al gobierno. En este cuadro, ha crecido la agitación política del PO. Como resultado de las resoluciones adoptadas varios compañeros se han incorporado al partido, se ha consolidado la venta de la prensa y, a la vez, ha tomado impulso la organización de la juventud en las diferentes localidades. También se han concretado reuniones de trabajadores, como en el Hospital del Carmen. Allí, un grupo de profesionales acordó formar un comité de apoyo a nuestra campaña política. Lo mismo ocurrió en otra importante reunión con docentes y profesores. En la agenda de actividades hay una larga lista de localidades, lugares de trabajo y frentes de intervención donde está en preparación la realización de nuevas asambleas.